DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 27, de 10/06/2020
cve:
DSCD-14-PL-27
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 27
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 26
celebrada el miércoles,
10 de junio de 2020
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre la
política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana tras finalizar la emergencia sanitaria del COVID-19. (Número de
expediente 172/000034) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo Iturbe), sobre las
políticas que va a desarrollar el Gobierno de España para favorecer la
conectividad y la recuperación del turismo en Canarias. (Número de
expediente 172/000037) ... (Página37)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a la ministra de Industria,
Comercio y Turismo sobre las medidas previstas para dotar de flexibilidad
a los sectores clave de la actividad económica. (Número de expediente
172/000038) ... (Página43)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y
Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
("BOE" núm. 150, de 27 de mayo de 2020). (Número de expediente
130/000020) ... (Página50)
- Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el
ingreso mínimo vital. ("BOE" núm. 154, de 1 de junio de 2020). (Número de
expediente 130/000021) ... (Página66)
- De los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la retirada de
condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen
observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los
principios de protección de los Derechos Humanos. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie D, número 93, de 29 de mayo de 2020. (Número de
expediente 162/000268) ... (Página87)
- Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre protección de los
trabajadores autónomos a raíz de la crisis del COVID-19. "BOCG. Congreso
de los Diputados", serie D, número 70, de 21 de abril de 2020. (Número de
expediente 162/000222) ... (Página99)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página110)
Las señoras y los señores diputados presentes en el hemiciclo guardan un
minuto de silencio, puestos en pie, en recuerdo de los fallecidos como
consecuencia de la COVID-19.
Del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera el
Gobierno que de esta crisis sanitaria hemos salido más fuertes los
españoles? (Número de expediente 180/000194) ... (Página7)
Del diputado don Edmundo Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree que el Gobierno está
ayudando a generar un clima de entendimiento político? (Número de
expediente 180/000200) ... (Página9)
De la diputada doña Mertxe Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Se
compromete a no hacer recortes? (Número de expediente 180/000192) ... (Página10)
De la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora
vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática: ¿Qué grado de compromiso tiene el Gobierno
con la verdad? (Número de expediente 180/000195) ... (Página12)
Del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al señor vicepresidente segundo y ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030: ¿Considera el vicepresidente segundo que
sus iniciativas van a favorecer la reconstrucción económica de España?
(Número de expediente 180/000196) ... (Página13)
De la diputada doña María Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario
Republicano, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno español
considerar como terrorista al movimiento antifascista? (Número de
expediente 180/000205) ... (Página14)
Del diputado don Mikel Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Política Territorial y
Función Pública: ¿Cree el Gobierno que ha protegido los derechos
fundamentales de la ciudadanía a lo largo del estado de alarma? (Número
de expediente 180/000202) ... (Página16)
Del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo
Parlamentario VOX, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿Qué
impuestos está valorando subir el Gobierno? (Número de expediente
180/000207) ... (Página17)
De la diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué
pasos tiene previsto el ministro del Interior para avanzar en su proyecto
de remodelación de la Guardia Civil? (Número de expediente 180/000197)
... (Página18)
De la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX,
que formula al señor ministro del Interior: ¿En qué se basa para acusar
al Coronel Pérez de los Cobos de ser responsable de la filtración de
informes policiales a los medios de comunicación? (Número de expediente
180/000208) ... (Página20)
De la diputada doña Laura Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario
Plural, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué está haciendo el
Gobierno, después de que Pedro Sánchez reconociera la existencia de una
mal llamada "policía política", dedicada a encubrir delitos y perseguir
adversarios? (Número de expediente 180/000201) ... (Página21)
Del diputado don Antonio González Terol, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al señor ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana: ¿Qué criterios guían la política de nombramientos en el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana? (Número de
expediente 180/000198) ... (Página22)
Del diputado don Juan Francisco Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación: ¿Cómo ve el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
la situación actual del olivar y las perspectivas de la próxima campaña
2020/2021? (Número de expediente 180/000193) ... (Página24)
Del diputado don Carlos García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto, que
formula a la señora vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: ¿Cuándo tiene previsto
el Gobierno retirar el recurso de inconstitucionalidad, promovido por el
presidente del Gobierno, contra el artículo 2 de la Ley Foral 21/2019, de
4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho
Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo? (Número de expediente 180/000203)
... (Página25)
De la diputada doña Margarita Prohens Rigo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Igualdad:
¿Por qué animó a miles de mujeres a participar en las manifestaciones del
8 de marzo cuando -según hemos sabido ahora- conocía usted el alto riesgo
de contagio que ello suponía? (Número de expediente 180/000199) ... (Página27)
De la diputada doña Patricia Rueda Perelló, del Grupo Parlamentario VOX,
que formula a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo:
¿Considera el Gobierno que ha tomado las medidas necesarias para
reactivar el turismo en España? (Número de expediente 180/000206) ... (Página29)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre la política
ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras
finalizar la emergencia sanitaria del COVID-19 ... (Página30)
Formula la interpelación urgente el señor Martínez Oblanca, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Ábalos Meco).
Replica el señor Martínez Oblanca y duplica el señor ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo Iturbe), sobre las políticas
que va a desarrollar el Gobierno de España para favorecer la conectividad
y la recuperación del turismo en Canarias ... (Página37)
Formula la interpelación urgente el señor Quevedo Iturbe, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Industria, Comercio
y Turismo (Maroto Illera).
Replica el señor Quevedo Iturbe y duplica la señora ministra de Industria,
Comercio y Turismo.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a la ministra de Industria,
Comercio y Turismo sobre las medidas previstas para dotar de flexibilidad
a los sectores clave de la actividad económica ... (Página43)
Formula la interpelación urgente la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Industria, Comercio
y Turismo (Maroto Illera).
Replica la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea y duplica la señora
ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página50)
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y
Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 ...
(Página50)
El señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Planas Puchades)
expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la
promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca,
del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez
Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil,
Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Eritja Ciuró,
del Grupo Parlamentario Republicano, y Sánchez Serna, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común; la señora Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX; y los señores
Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y González
Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el
ingreso mínimo vital ... (Página66)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión) y el señor ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte) exponen a la
Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real
decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte
Gimeno, Martínez Oblanca, García Adanero y Quevedo Iturbe, la señora
Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario
Mixto; los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal
Herria Bildu, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
los señores Rego Candamil, Errejón Galván y Boadella Esteve, del Grupo
Parlamentario Plural; y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario
Republicano; las señoras Garrido Gutiérrez, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Ruiz Solás,
del Grupo Parlamentario VOX; Marcos Domínguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Hacen uso de la palabra las señoras Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Lastra Fernández, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Cierra el debate el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
De los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la retirada de condecoraciones a
funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas
incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección
de los Derechos Humanos ... (Página87)
Defienden la proposición no de ley la señora Velarde Gómez, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, y el señor Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Iñarritu
García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Díaz Gómez, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Sánchez García, del Grupo Parlamentario
VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca, García Adanero y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los
señores Rego Candamil y Errejón Galván y la señora Nogueras i Camero, del
Grupo Parlamentario Plural; la señora Bassa Coll, del Grupo Parlamentario
Republicano, y el señor Santamaría Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene el señor Sicilia Alférez.
Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre protección de los trabajadores
autónomos a raíz de la crisis del COVID-19 ... (Página99)
Defiende la proposición no de ley el señor Capdevila i Esteve, del Grupo
Parlamentario Republicano, así como la enmienda presentada por dicho
grupo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Muñoz
Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Cañizares Pacheco, del Grupo
Parlamentario VOX; el señor Ortiz Galván, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, y la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García
de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Barandiaran
Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rego Candamil, Baldoví
Roda y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural, y la señora
Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página110)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26
de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y
tributarias para paliar los efectos del COVID-19, se aprueba por 75 votos
a favor más 214 votos telemáticos, 289; y 21 abstenciones más 39 votos
telemáticos, 60.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se aprueba por 93 votos a favor más 251 votos
telemáticos, 344; y 3 abstenciones más 2 votos telemáticos, 5.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, se aprueba por
79 votos a favor más 218 votos telemáticos, 297; y 17 abstenciones más 35
votos telemáticos, 52.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se aprueba por 92 votos a favor más 249 votos
telemáticos, 341; 1 voto telemático en contra y 4 abstenciones más 3
votos telemáticos, 7.
Se suspende la sesión a las siete y quince minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Comenzamos hoy otra sesión plenaria recordando a quienes siguen trabajando
por la salud y la seguridad de todos para agradecerles, en nombre de
todos los ciudadanos y ciudadanas, su irremplazable tarea. Asimismo,
encontrándonos aún en situación de vigencia del estado de alarma y
emergencia sanitaria, expresamos de nuevo nuestro pesar por quienes han
fallecido como consecuencia de la pandemia y nuestras condolencias a sus
familiares y allegados, guardando un minuto de silencio en su recuerdo.
(Las señoras y los señores diputados presentes en el hemiciclo, puestos
en pie, guardan un minuto de silencio).
Muchas gracias. (Aplausos).
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON PABLO CASADO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO QUE DE ESTA CRISIS SANITARIA HEMOS SALIDO MÁS FUERTES LOS
ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000194).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden
remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del
Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, ya ha culminado su desescalada. Su
fase 1 fue en febrero y en enero, la de la ocultación de las alertas
cuando la hecatombe se veía venir, tal y como dijo el forense en el día
de ayer en esa investigación que ha desatado una purga en la Guardia
Civil, pero que le debería costar el cargo a su fiscal, a su ministro y a
su delegado. Su fase 2 fue la de marzo y abril, la de la incompetencia
con las mascarillas y los test falsos y el caótico mando único por el que
tendrá que rendir cuentas en una comisión de investigación. Y la fase 3
fue la de mayo y junio, la del abuso del estado de alarma para controlar
la redes, para amenazar a la prensa, tomar el CNI y el CIS, también
Enagas, la CNMC y enchufar a altos cargos. Y así ha llegado a su vieja
normalidad, que es hacer oposición a la oposición. Eso sí, mientras, dice
que la oposición de Trump y la de Johnson lo hacen muy bien por
criticarles, pero aquí quien no alaba a Sánchez, crispa. Aunque tenga la
peor cifra de muertos por habitantes del mundo -por cierto, ¿por qué no
recogen ya los 16 000 fallecidos más que dicen el Instituto Carlos III y
el INE?-, o aunque tenga la peor gestión económica, tal y como el Banco
de España ayer agravaba con un 15 % de desplome del PIB o un paro masivo
del 25 %. ¿Cree que así salimos más fuertes, señor Sánchez? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias,
señora presidenta.
Menos mal, señor Casado, que iba usted a moderarse, que iba a centrar al
Partido Popular durante estas semanas.
Yo creo que tenemos que sacar algunas lecciones de esta pandemia. La
primera de ellas es que acertamos cuando estamos unidos; unidos las
instituciones, todos los grupos parlamentarios y el conjunto de
ciudadanía española hemos vencido al virus. Y creo que ustedes han errado
durante estas semanas uniéndose a la ultraderecha, creándose el frente
del no a todo (rumores), oponiéndose a cualquier consideración y
utilizando el virus precisamente para hacer caer a un Gobierno legítimo y
democráticamente votado por los ciudadanos españoles. Eso es lo que
ustedes han hecho durante estas últimas semanas. Por tanto, señor Casado,
yo le planteo una pregunta. Ahora que estamos todos convocados a la
reconstrucción social y económica, ¿usted va a perseverar en la
provocación y en la bronca? (Rumores.-Risas).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): ¿O va a retomar
el camino de la unidad, que es precisamente lo que demandan los
ciudadanos al conjunto de los políticos que estamos aquí presentes?
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Casado Blanco.
El señor CASADO BLANCO: Esa pregunta tendrá que responderla usted.
Señor Sánchez, desde la moción de censura, le he ofrecido una docena de
pactos de Estado que usted ha rechazado. La última vez que fui a Moncloa
-el 17 de febrero- le tendí la mano si rompía con batasunos y con
independentistas, pero ha recuperado la mesa por la autodeterminación y
ha pactado con Bildu la derogación de la reforma laboral. Después de
apoyarle dos meses el estado de alarma, sin pedir nada cambio y
recibiendo todas las críticas e insultos de su bancada, usted ni siquiera
ha valorado los cuatro acuerdos que le hemos ofrecido. El primero, el
Pacto Cajal por la sanidad, dentro de la comisión parlamentaria, que yo
le propuse, en la línea del Pacto de Toledo por las pensiones. El
segundo, una comisión en el Senado, que ayer le volvieron a ofrecer para
coordinar las políticas sociales de competencia autonómica en las ayudas
europeas. El tercero, el plan de reactivación económica, como ha hecho
Alemania, bajando 20 000 millones de euros los impuestos, que es justo la
cantidad que usted despilfarró en los decretos electorales. Recuerde cómo
acaba la cigarra en la fábula. Y el último, una oficina de atención a las
víctimas: sanitaria, para los enfermos; psicológica, para los familiares,
y de reconocimiento, a los fallecidos. Si hoy usted tampoco valora estas
propuestas tan necesarias, quedará muy claro para toda España que son
ustedes y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a
todos los españoles. Nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted
depende, la pelota está en su tejado.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Prolongados aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias,
señoría. Gracias, señora presidenta.
Yo creo que España, la Unión Europea y el conjunto del mundo nos hemos
enfrentado a la mayor pandemia, a la mayor emergencia sanitaria durante
estos últimos cien años -cien años, señor Casado-. ¿Qué es lo que ha
hecho el Gobierno? En la cuestión de la emergencia sanitaria lo que ha
hecho ha sido valerse de un instrumento constitucional -el estado de
alarma-, que ha salvado 450 000 vidas. No lo estoy diciendo yo, lo están
diciendo estudios científicos independientes, que dicen que como
consecuencia de ese confinamiento se han salvado 450 000 vidas. Hemos
perdido la vida de más de 27 000 compatriotas, pero hemos salvado la vida
de 450 000 personas. En el ámbito económico y en el ámbito social ahí
están el ingreso mínimo vital, también los ERTE y las líneas ICO para
garantizar la liquidez a pequeños y medianos empresarios y a trabajadores
autónomos. En definitiva, eso es lo que ha hecho el Gobierno.
¿Qué ha hecho la oposición, señoría? ¿Qué ha hecho usted durante estas
semanas? ¿Qué es lo que han visto los ciudadanos durante estas semanas?
Se lo diré, lo que han visto es a una derecha y a una ultraderecha
creando un frente común para hacer descabalgar a un Gobierno legítimo y
democráticamente elegido por los ciudadanos. (Rumores).
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Eso es lo que
ustedes han hecho, utilizar el virus precisamente para derrocar al
Gobierno de España. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un gran fracaso,
el Gobierno está en pie, gobierna, legisla, y la cuestión que ustedes
tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar,
señor Casado, el de la bronca o el de la unidad. Si toma el de la unidad,
aquí está el Gobierno; si continúa la bronca, ahí tiene a la
ultraderecha. (Prolongados aplausos).
- DEL DIPUTADO DON EDMUNDO BAL FRANCÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE QUE EL
GOBIERNO ESTÁ AYUDANDO A GENERAR UN CLIMA DE ENTENDIMIENTO POLÍTICO?
(Número de expediente 180/000200).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Edmundo Bal Francés, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor BAL FRANCÉS: Señor Sánchez, ¿cree usted que los españoles se
merecen este clima de enfrentamiento y de crispación que tenemos en la
política nacional? ¿El Gobierno de España va a hacer algo por rebajar el
tono en lugar de acentuarlo?
La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora
presidenta.
Gracias, señoría. ¿Queremos el entendimiento desde el Gobierno? Por
supuesto que sí. ¿Vamos a hacer todo lo posible para lograr ese
entendimiento? Vamos a hacer todo lo posible y más, señoría. Además, creo
que su grupo ha sido testigo de esa voluntad de entendimiento durante
estas semanas, logrando acuerdos que creo que son buenos para el conjunto
de la ciudadanía española. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Señor Sánchez, como usted siempre se encarga de
recordarnos, es usted el presidente del Gobierno, es usted el responsable
de toda la política del Gobierno, es usted el responsable de liderar una
política de moderación constructiva y de pactos de Estado. Pero parece
que su Gobierno no le hace caso, va desmandado. Me refiero, por ejemplo,
a su vicepresidente Iglesias, que nada menos que en la Comisión de
Reconstrucción monta un espectáculo y acusa de golpistas a un grupo
parlamentario, o que en algún otro momento dice que una comunidad
autónoma se comporta de una manera criminal, o que se sube a la tribuna
para ofender a los miembros de la oposición; o al ministro Garzón, que
dice que las Fuerzas Armadas están deseando dar un golpe de Estado o que
dice respecto al sector turístico -cayendo en una absoluta crispación-
que no aporta valor añadido; o el ministro Marlaska -para qué hablar-, la
que ha liado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en
especial en la Guardia Civil; o de la señora Lastra y del señor Simancas,
que culpan de la gestión de la pandemia a la Comunidad de Madrid. ¿No va
usted a llamarles al orden, no va a decirles nada, no va a bajar el tono
de su Gobierno? Porque mire, el consenso se consigue hablando, tendiendo
la mano a quien piensa diferente. Y es verdad que en esta Cámara hay
grupos que están muy cómodos en esa guerra de trincheras, pero es usted
el que tiene la responsabilidad.
Hay países de nuestro entorno -Portugal, Alemania o Grecia- que han
acometido esta crisis de una manera más satisfactoria que el Gobierno de
España. ¿Cómo lo han hecho? Con consenso, hablando con la oposición. En
España lo hemos conseguido en otros ambientes diferentes a los de esta
Cámara, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Granada, en Castilla-La
Mancha, en Castilla y León, en Aragón o en el Parlamento Europeo. ¿Es que
estamos condenados a la guerracivilismo, a la bronca, a la política de
trincheras? Inés Arrimadas hace ya más de dos meses le ofreció esos
pactos de Estado por la reconstrucción, tendiendo una mano exigente al
Gobierno, pero brindándole el apoyo de mi grupo parlamentario para las
soluciones buenas para los españoles. Quiero apelar a su responsabilidad
como presidente del Gobierno para que aparque las batallas ideológicas,
sectarias y partidistas, para que piense en grande, para que trabaje para
los españoles, para las familias, para los autónomos, para todos, para
los trabajadores. Eso sí será la nueva normalidad, eso sí será la nueva
política. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, ¿podemos hacer más? Estoy convencido de que podemos hacer más;
seguro que podemos hacer mucho más. Es cierto también que desde el
Gobierno hemos planteado una Comisión parlamentaria para la
Reconstrucción Social y Económica, que hemos celebrado ya -creo recordar-
catorce conferencias de presidentes, mientras que a lo largo de la
historia de nuestra democracia y de nuestra Constitución solamente se
habían celebrado seis conferencias de presidentes en más de cuarenta
años. Por tanto, hay un esfuerzo también por ese acuerdo
interinstitucional. Hemos hecho lo propio con la Federación Española de
Municipios y Provincias. Eso se ha hecho también por parte de todos los
ministerios del ramo; en definitiva, se han hecho conferencias
sectoriales interterritoriales con los responsables de los Gobiernos
autonómicos. Hemos impulsado el diálogo social, hemos llegado a acuerdos
con los empresarios y con los sindicatos para extender los ERTE que está
manteniendo y sosteniendo la rentas de un 31 % de la población ocupada en
nuestro país. En definitiva, creo que hemos hecho un esfuerzo por
consensuar, por acordar, por rebajar la tensión, por apelar entre todos a
la unidad. Esa ha sido la voluntad del Gobierno de España y, desde luego,
es la voluntad que manifiesto ante esta Cámara.
¿Que podríamos hacer más? Sin duda, podemos hacer más. Señoría, al
principio del estado de alarma propuse lo siguiente: que una vez superada
la emergencia sanitaria en esta Cámara se constituyera una comisión de
evaluación del COVID-19 para tener un debate constructivo, para saber
exactamente qué es lo que tenemos que mejorar de nuestro sistema de salud
pública y qué medidas tenemos que propiciar también en nuestro sector
productivo para autoabastecernos de material, que claramente en una
pandemia como la que hemos sufrido ha sido insuficiente como consecuencia
de nuestra dependencia de terceros países.
Desde luego, nosotros, señoría, vamos a seguir rindiendo cuentas en el
Congreso de los Diputados ante ustedes y sin duda alguna también vamos a
tratar de esforzarnos por que estas cuestiones que han suscitado mucho
debate a lo largo de estas semanas en el Congreso de los Diputados -me
refiero en cuanto a la carestía de material y a los déficit en nuestro
sistema de salud pública- sean dirimidas en esa comisión de evaluación
del COVID-19 que propongo a esta Cámara.
Gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MERTXE AIZPURUA ARZALLUS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
EUSKAL HERRIA BILDU, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿SE
COMPROMETE A NO HACER RECORTES? (Número de expediente 180/000192).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Mertxe Aizpurua
Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Señor Sánchez, hoy le hago la pregunta que
prácticamente toda la ciudadanía se está haciendo: ¿hará usted recortes
públicos y sociales? ¿Aplicará las recetas de austeridad y recortes que
tanto daño hicieron en 2008 a la gente? Le pido claridad en su respuesta,
no por nosotras, sino porque la ciudadanía se merece claridad y que le
digan la verdad. Por eso le pregunto directa y claramente: ¿Se compromete
a no realizar recortes?
La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias,
señora presidenta.
Gracias, señoría, por su pregunta. Efectivamente, la ciudadanía se merece
claridad y la verdad, y, por tanto, hay que contextualizar los debates
que se tienen que suscitar en esta Cámara. El Gobierno de España ha
planteado que la respuesta a esta crisis tiene que ser una respuesta en
positivo, sostenible e inclusiva. Ese es el planteamiento que tiene el
Gobierno de España tanto en Europa como en nuestro país. Ahora, si usted
lo que me está preguntando es si va a haber recortes o no va a haber
recortes, lo que le planteo es lo siguiente, señoría. Lo que tiene que
haber son políticas anticíclicas, de respuesta al ciclo en función
inversa. Es decir, cuando hay una crisis económica, lo que tenemos que
hacer es endeudar, gastar más, porque tenemos que proteger a
muchos sectores como estamos haciendo, pero, evidentemente, situaciones
con déficit de un 10 % del producto interior bruto tendremos que
atajarlas en un futuro. ¿Y cómo lo tendremos que atajar? Primero,
espoleando el crecimiento y, en segundo lugar, haciendo una reforma
fiscal para que haya una mayor justicia fiscal a la que ha habido ahora,
y evidentemente habrá -esperemos- políticas que lógicamente se irán
reduciendo debido a una mayor creación de empleo. En consecuencia, no
vamos a tener que prestar tanta protección al desempleo porque habrá una
reducción de la tasa de desempleo en nuestro país.
En definitiva, señoría, si tenemos que hacer ese planteamiento, ese debate
de política económica, nosotros estamos abiertos, pero hagámoslo de
manera seria, de manera rigurosa y siendo muy conscientes de que este es
un Gobierno comprometido con una respuesta positiva a la crisis desde el
punto de vista de la inclusión social, como hemos hecho, por ejemplo, con
el ingreso mínimo vital, o también desde el punto de vista de la
sostenibilidad, como estamos haciendo durante estos últimos Consejos de
Ministros, con la aprobación de anteproyectos de ley tan importantes como
el del cambio climático, la estrategia de economía circular, o ayer mismo
con la aprobación, por ejemplo, de un reforzamiento de los mercados de
emisión de CO2, que también es algo que compromete a nuestro Gobierno en
esta adaptación y en esa mitigación del cambio climático. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Señor Sánchez, le he pedido claridad y usted
no me la ha dado del todo. Usted y su Gobierno han afirmado
insistentemente en este hemiciclo que en esta crisis no sucedería como en
2008, que no se apostaría por las mismas recetas y que no se dejaría que
la ciudadanía pagara las consecuencias una vez más, pero a la vez se
apunta ya a un plan de ajuste -entiéndase recortes- para contentar a
Europa, que conllevaría un aumento en la edad de jubilación o mayor
indefensión para los trabajadores, con más precarización, más bajada de
salarios y despidos. Otra vez, haciendo pagar a los de siempre. Y se lo
vuelvo a preguntar, ¿está el Gobierno pensando en esto, señor Sánchez?
Porque, si hoy no es claro y no toma el compromiso frente a esta Cámara y
frente a la sociedad de no realizar recortes ni planes de ajuste nocivos
para la vida de la mayoría social y trabajadora, entenderemos que estos
recortes están sobre su mesa.
Señor Sánchez, se lo hemos dicho ya muchas veces, si pretende recortar en
derechos a la ciudadanía, no contará con la mayoría progresista de esta
Cámara, no con la nuestra al menos. O los intereses y beneficios de unos
pocos, o los derechos y el bienestar de muchos; elija usted. Porque debe
tomar ya las decisiones necesarias para que el escudo social y económico
que su Gobierno tanto alaba y que consideramos positivo no sea algo
pasajero, no sea una respuesta puntual a una situación de emergencia,
sino la base para asegurar, desarrollar y ampliar ese escudo. Si lo hace,
nos encontraremos. Si apuesta por los recortes, no lo dude, nos tendrá
enfrente, porque, si de nosotros depende, no vamos a permitir que la
ciudadanía vuelva a pagar esta crisis ni en nuestro país ni en este
Estado. Tenemos claro que esta vez, esta vez sí, la crisis deben pagarla
los ricos y el capital, el resto lo ha pagado sobradamente, señor
Sánchez.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, yo creo que el debate es otro. Ese es un debate de parte, es un
debate interesado a lo mejor para la pregunta parlamentaria que usted
quiere hacer en una época preelectoral en el País Vasco. Yo creo que aquí
el debate es que esta crisis ha acelerado cambios que ya veíamos venir en
la digitalización, en la transición ecológica, en la creación de empleo,
en la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, en la creación de
políticas públicas, como por ejemplo el ingreso mínimo vital. Esas son
las cuestiones en las que está el Gobierno, en dar una respuesta positiva
a una crisis que ha acelerado cambios que sabíamos que iban a venir y que
se han acortado los plazos, por ejemplo, en el ámbito de la educación o,
por ejemplo, en el ámbito de la regulación laboral del teletrabajo. Ahí
es donde va a estar el Gobierno, señoría, y ahí es donde me gustaría
encontrar a la mayoría de esta Cámara. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: ¿QUÉ GRADO DE COMPROMISO TIENE EL GOBIERNO
CON LA VERDAD? (Número de expediente 180/000195).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta primera
del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Señora Calvo, hace una semana,
en lugar de contestarme se dirigió usted al líder de la oposición y, casi
a gritos, le espetó: "... ¿en qué anda usted, señor Casado? ¿En qué andan
contra el Gobierno [...]? ¿En qué andan? Cuénteselo a los españoles". Es
decir, usted se sumó a sus colegas vertiendo tóxicas insinuaciones sobre
la implicación del Partido Popular en una presunta conspiración para
derrocar al Gobierno. Sus palabras están en el Diario de Sesiones, en la
historia no siempre ejemplar del parlamentarismo español, y eso a usted
la emplaza desde el punto de vista moral y político.
Señora Calvo, o usted se atreve a afirmar que el Partido Popular está
implicado en un golpe de Estado y -¡ojo!- lo demuestra o usted admite,
con lógico rubor en la cara, la verdad. Diga ante esta Cámara: no, ese
fantasmagórico golpe de Estado es un maligno bulo cuyo único propósito es
camuflar la responsabilidad del Gobierno en la muerte de miles y miles de
españoles. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo
Poyato): Gracias, señora presidenta.
Déjeme que manifieste algo que creo que sentimos todos aquí, la alegría
por ver mucho más poblada ya esta Cámara.
Señoría, voy a cumplir estrictamente el Reglamento. Usted me pregunta qué
grado de compromiso tiene este Gobierno con la verdad. Pues, mire, usted
y yo -ambas, cargos públicos, aunque de manera diferente-, en el
ejercicio de nuestros cargos no tenemos un compromiso con la verdad,
tenemos una obligación con la verdad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Es un compromiso que ustedes
incumplen cada día de sus vidas, y hoy mismo lo ha hecho usted ahí.
Hoy tiene que contestarme. Usted ha insinuado que el Partido Popular apoya
un golpe de Estado. Un golpe de Estado. ¿Usted es consciente de lo que ha
dicho? Las palabras pesan, tienen un valor, son la fibra de la
democracia, y usted la desprecia. Le voy a decir a usted tres cosas. Una,
usted es partícipe de una vulgar operación de camuflaje fruto de la
desesperación terminal. Para tapar su letal gestión del virus, hoy en los
tribunales, ustedes están diseminando otro virus, la mentira de una
España condenada al guerracivilismo y a la involución. Dos, su bulo ha
alcanzado tales proporciones que la ministra de Defensa ha tenido que
ratificar el compromiso de las Fuerzas Armadas y de seguridad con la
Constitución. No cabe mayor ofensa a la dignidad de los militares y
agentes y a la inteligencia general de los españoles, aunque en realidad
es verdad que con sus insidias más que degradarnos a los demás se
degradan a sí mismos. Y tres, en una semana ustedes han apartado al leal
Pérez de los Cobos y han auxiliado al desleal Trapero. Al primero,
mediante una decisión ilegal del todavía ministro Marlaska -que no sé qué
hace en su escaño aún-, y al segundo, mediante un uso inmoral de la
Fiscalía.
Por tanto, señora Calvo, la pregunta no es en qué andamos nosotros, sino
en qué andan ustedes. Se lo voy a decir sin insinuaciones y con el aval
de los hechos: ustedes andan en lo mismo que hizo presidente al señor
Sánchez y con los mismos; ustedes andan legitimando y consintiendo a los
golpistas -ellos sí- mientras ultrajan a los demócratas. En eso andan y
de eso cojean. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo
Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señoría, es la segunda vez que se dirige de manera directa y personal al
ministro Marlaska. Le voy a decir por qué está ahí sentado: porque el
presidente legítimo y constitucional de España está sentado aquí y es
quien nombra y quien cesa. (Aplausos).
Señoría, vuelvo al Reglamento de esta Cámara para contestar a su pregunta
sobre la verdad. ¿Se acuerda usted de esa comedia que se titulaba ¿Por
qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?? ¿Por qué viene usted a
hablar aquí de verdad cuando usted lo único que ha hecho -y hace cada
día, legítimamente- es manifestar sus verdades, su posición ideológica,
su estrategia? ¿Por qué enreda constantemente con esa especie de
autoproclamada superioridad moral y ética en la política? Porque este es
el verdadero problema.
Mire, en democracia y en el Estado de derecho la única verdad
incontestable es el cumplimiento de las leyes, de todas, y todos por
debajo de la ley, poderes y ciudadanos; la única incontestable.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo
Poyato): Pero, como usted ha hecho una pregunta interesante, y yo cada
miércoles vengo aquí con la expectativa de que su debate conmigo sea
también productivo e interesante, y ha hecho una pregunta enciclopédica,
filosófica, política y jurídicamente hablando, viniendo de la oposición
al Gobierno, tómese un café conmigo con un par de horas por delante,
acéptelo. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON TEODORO GARCÍA EGEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE
DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: ¿CONSIDERA EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO QUE
SUS INICIATIVAS VAN A FAVORECER LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA?
(Número de expediente 180/000196).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo
del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del
diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.
Señor Iglesias, ¿por qué no responde a las preguntas? Yo no quiero que me
invite a café, simplemente que me responda a las preguntas. Porque o bien
le da vergüenza o bien le da igual lo que le preguntemos. Conteste algo.
¿Sigue pensando que las puertas giratorias son una forma de corrupción?
No sabemos lo que piensan en Podemos; sabemos que, al menos, hay uno, que
es el que usted ha colocado, que sí está a favor de las puertas
giratorias. Pero ¿usted qué piensa? Porque usted es un pésimo
vicepresidente, pero ha quedado demostrado que es un buen amigo.
Entenderá ahora el enfado de la gente que no cobra los ERTE en casa, pero
sí ven cómo su amigo cobra de esa puerta giratoria.
Por tanto, señor Iglesias, ¿considera que sus iniciativas van a favorecer
la reconstrucción económica de España o solo la de los miembros de su
partido? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS
SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor García Egea, ha formulado usted dos preguntas. La respuesta
a la primera es sí.
En cuanto a la respuesta a la segunda, me va a servir leerle algo que ha
dicho alguien poco sospechoso de socialcomunismo, como un portavoz del
Fondo Monetario Internacional, a propósito del ingreso mínimo vital -eso
que ustedes llamaban paguita-: Sobre la cuestión del nuevo ingreso mínimo
vital, las enérgicas medidas del Gobierno español para proteger las
rentas de las personas vulnerables durante la actual crisis son
enormemente bienvenidas por el Fondo Monetario Internacional. Asegurar la
protección suficiente para los hogares más vulnerables es particularmente
crucial, y la puesta en marcha de un
programa de rentas mínimas focalizado es una contribución importante para
ampliar la red de protección social en España, especialmente en este
momento.
¿Sabe lo que significa que el FMI diga esto? (Rumores). Que es un consenso
transversal, social e internacional, que hay que responder, como decía el
presidente, a una situación de crisis como esta con políticas
anticíclicas. ¿Y sabe cuál es el problema de ustedes? Que ese consenso
social e internacional es la prueba de su derrota política y, por eso,
gritan; por eso, mienten, y, por eso, patalean, señoría. Y, si quiere,
tomamos un café. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Es usted el vicepresidente de Derechos Sociales, y
el primer derecho social que tienen los españoles es que sus gobernantes
no se rían de ellos a la cara, como usted hace todos los miércoles.
(Aplausos).
Usted asumió el mando único de las residencias de mayores, es decir, el
único que manda en este tema. (Rumores.-Protestas).
La señora PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor GARCÍA EGEA: ¿Me podría usted decir una decisión concreta que
haya tomado en materia de protección a nuestros mayores? Una, porque
sabemos que le ha dado tiempo a ocupar un sillón en el CNI, a nombrar a
noventa y dos asesores a dedo, y a insultar al presidente Casado y a los
que de verdad han salvado vidas en esta pandemia y se han anticipado a
todos ustedes, que son los presidentes autonómicos del Partido Popular.
Pero, algo concreto, porque ahora, seguramente, se esforzará en hacer uno
de estos numeritos suyos.
Señor Iglesias, ¿qué es eso tan grave que ocurrió el 8 de marzo que
ustedes quieren tapar? (Muestra un recorte de prensa del diario El
Mundo). ¿Qué es eso tan grave para que tengan que presionar al Poder
Judicial? Señor Iglesias y señor Sánchez, qué tiene de moderado y
centrado presionar a los jueces desde el Gobierno. Usted y el señor
Sánchez están acusando de falta de rigor a la Guardia Civil; usted y el
señor Sánchez, los de los test falsos, los de las mascarillas falsas;
ustedes, que no saben ni contar a nuestros muertos. Ya sé, señor
Iglesias, que usted no me va a responder, y ya sé por qué, y es porque
cuando usted ha conseguido el sillón ya no le duele el sufrimiento de la
gente. Usted en campaña es de Podemos y en el Gobierno estamos viendo un
monaguillo del señor Sánchez. (Prolongados aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS
SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.
Señor García Egea, que ustedes mientan no es una novedad (rumores), pero
que ustedes lo hagan a los niveles a los que lo están haciendo, cuando se
trata de vidas de millares de ancianos en este país, es algo deleznable
incluso para ustedes. Usted ha traído argumentarios, datos y recortes del
periódico El Mundo; yo le voy a leer simplemente la Orden del Ministerio
de Sanidad de 23 de marzo sobre las residencias de mayores (rumores): "Se
faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de
la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o
territorio concreto [...] a intervenir los centros residenciales [...].
Los centros residenciales [...] quedan sujetos a la inspección de los
servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente".
(Rumores). Ustedes tuvieron la indecencia, cuando se publicó la orden en
la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos
de los centros de mayores, de negar la existencia de esa orden, y tuvo
que llegar el consejero de la señora Ayuso a decir que tenía firma
digital y a decir -el consejero de la señora Ayuso- que esa orden, señor
García Egea, era ilegal e inmoral. ¡Qué poca vergüenza, señoría!
(Prolongados aplausos.-Rumores).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CARVALHO DANTAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
REPUBLICANO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ESPAÑOL
CONSIDERAR COMO TERRORISTA AL MOVIMIENTO ANTIFASCISTA? (Número de
expediente 180/000205).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia.
Pregunta de la diputada doña María Carvalho Dantas, del Grupo
Parlamentario Republicano.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, presidenta. ¿Piensa el Gobierno
español considerar como terrorista al movimiento antifascista?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias, señora presidenta.
Señoría, gracias por su pregunta, aunque le voy a ser sincero, no la
entiendo. Pero le voy a decir una cosa, el Gobierno de España no
criminaliza ningún movimiento ideológico. Es más, cree de forma
fehaciente en la libertad ideológica como uno de los sustentos y pilares
del Estado. La calificación de terrorista la tienen que realizar los
órganos jurisdiccionales de este país. El terrorismo en su acepción más
común, como subvertir el orden constitucional por medios ilegítimos, por
medios violentos, es una cuestión que tienen que realizar los tribunales
de Justicia. Por tanto, ninguna instancia del Gobierno puede realizar esa
calificación. Sea como sea su pregunta, la respuesta es un no rotundo.
(Aplausos).
Lo pregunto básicamente porque en mayo de este año el secretario general
de la ONU dijo que la pandemia sigue desatando una oleada de odio y de
xenofobia y que los países en todo el mundo deben ejercer el
fortalecimiento para la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus
del odio. Señor ministro, me gustaría traer el recuerdo de Lucrecia
Pérez, una inmigrante que fue asesinada a finales de 1992. Fue el primer
crimen de odio cometido, juzgado y sentenciado en el Estado español;
abrió los ojos a la sociedad, fue un crimen racista. Felipe Carlos Martín
fue su asesino y era un guardia civil. Un año después, señor ministro,
también es muy bueno recordar que Guillem Agulló, un joven antifascista,
fue apuñalado por un neonazi, Pedro Cuevas, en Valencia.
Tras explicar estos dos asesinatos, racista y fascista, es importante
decir que después de la muerte del dictador fascista Francisco Franco, en
el Estado español ya había surgido una nueva generación de jóvenes
antifascistas y también una generación de nuevos fascistas. ¿Ustedes son
capaces, señores del Gobierno, de ver que el franquismo aún despierta un
entusiasmo y que la tradición fascista española se une a la oleada de
nuevos grupos fascistas en Europa y en el resto del mundo? ¿Ustedes son
capaces de ver la relación entre las conductas racistas y fascistas:
continúan dando palizas, haciendo redadas, torturando, matando en
Lavapiés, en la Rambla de Barcelona, en la frontera sur y en muchas
partes del Estado español? Las antifascistas luchamos contra esto, contra
esto luchamos las antifascistas. ¿Ustedes piensan que fue terrorismo
luchar contra la sublevación fascista del 36, por ejemplo? Nos preocupa
saber, por ejemplo, si Estados Unidos pide la extradición de alguien...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho, se ha acabado su tiempo.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias señora, presidenta.
Señoría, le voy a hacer una reflexión. Creo humildemente que este Gobierno
ha demostrado en lo que va de legislatura unas grandes dosis de
tolerancia, de lealtad institucional y -aquí voy a ponerle énfasis-
paciencia o, mejor dicho, mucha paciencia. Le invitaría a que leyéramos
el Diario de Sesiones para ver las barbaridades que recoge, y solo hablo
de este foro.
Hace doce años vivimos una crisis de pirámide social y las partes más
frágiles fueron las que más las sufrieron. Estábamos recomponiéndonos y
nos entra una nueva crisis, donde nuestro modelo social se rompe; una
crisis sanitaria con unos enormes costes económicos, pero que realmente
lo que determinan es una crisis constituyente. Tenemos que abordar entre
todos la salida de la misma. No es fácil, no es fácil porque, junto a la
crisis constituyente, tenemos también un debate constituyente y tenemos
que hacer entre todos que eso sea así, no podemos dejar a nadie fuera.
Por tanto, libertad ideológica y libertad de expresión son pilares
básicos a los que nos tenemos que atar como mástiles en medio de una
tormenta, porque esto no consiste en calibrar si hay más aplausos o más
caceroladas, en lo que consiste es en las ideas que subyacen y qué se
quieren imponer. Es necesaria una lectura conjunta -porque, como le
decía, esto no es una crisis piramidal, esto es una crisis social en
cadena-, todos nos necesitamos a todos y tenemos que contribuir entre
todos a dejar una mejor sociedad que la que hemos encontrado. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON MIKEL LEGARDA URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CREE EL GOBIERNO QUE HA PROTEGIDO LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA CIUDADANÍA A LO LARGO DEL ESTADO DE ALARMA? (Número
de expediente 180/000202).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado Mikel Legarda Uriarte, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta, y buenos días,
ministro.
Le preguntamos si considera que el Gobierno ha protegido suficientemente
los derechos de la ciudadanía durante el estado de alarma.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias, presidenta.
Señor Legarda, muchas gracias por su pregunta. Como muy bien sabe, los
Estados de derecho conforman el funcionamiento de sus instituciones tanto
en épocas o momentos de normalidad como en momentos de convulsión o de
graves anomalías, y esas emergencias solo se pueden cubrir en nuestro
ordenamiento jurídico con alarma, excepción o sitio. La alarma es el
instrumento, ante una situación, entre otras circunstancias, de pandemia.
Por tanto, le diré que declararlo, declarar ese estado de alarma ha
servido para proteger nuestros derechos y libertades fundamentales, para,
sin duda, proteger la salud pública y para regular los servicios
esenciales y que no nos fallen a ninguno. Pero le digo una cosa: ha
servido para contener el virus y, sobre todo, para salvar la vida de
miles de personas. Por eso le digo: sí, un rotundo sí, este Gobierno ha
velado por los derechos fundamentales de los ciudadanos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, ministro.
No ponemos en duda que España sea una democracia plena, creemos que lo es,
ni tampoco que no se haya mantenido un equilibrio entre las exigencias
sanitarias, como usted decía, los requerimientos económicos y sociales y
el respeto en general a los derechos y libertades. Sin embargo, y por el
contrario, creemos que el Gobierno no ha respetado el derecho ciudadano a
saber y a preguntar y la correlativa obligación del Gobierno de
responder, un derecho que enlaza con el principio democrático, con el
derecho a la participación en los asuntos públicos, con el derecho a
recibir información veraz y, en definitiva, con el principio de rendición
de cuentas.
El Gobierno nos ha dicho que el portal de transparencia ha estado abierto
y funcionando, y esto es solo una media verdad, porque solo lo ha estado
para la publicidad activa del Gobierno, no para contestar las solicitudes
de información, que precisamente se formulan sobre asuntos que no
encuentran respuesta en la publicidad activa del Gobierno por no resultar
normalmente beneficiosos para este. El Gobierno también nos ha dicho que
no se ha respondido a las preguntas de la ciudadanía porque los plazos
administrativos estaban suspendidos, y lo estaban para garantizar y
proteger sus derechos. Sin embargo, podría haberse levantado la
suspensión, como lo hicieron algunos ministerios para cobrar cotizaciones
y recaudar impuestos. Nosotros consideramos que se protege a la
ciudadanía dándole la información que solicita, no negándosela.
Señor ministro, la crisis sanitaria no es una crisis de transparencia.
Consideramos que ha sido un error grave que pudieron haber evitado la
suspensión injustificada del derecho ciudadano a la información pública,
cuando lo más sencillo era precisamente lo contrario, al ser las
solicitudes, las tramitaciones y las respuestas telemáticas, y cuando era
lo más congruente con extremar las medidas de control en una situación
exorbitante para el Ejecutivo y para contrarrestar bulos y noticias
falsas. Señor ministro, por eso le preguntamos si no ha sido una
prioridad la transparencia para el Gobierno y por qué ha estado confinada
la transparencia durante el estado de alarma.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Le agradezco su intervención
y, creo que hoy hay que ponerlo más en énfasis, su tono, un tono
constructivo que marca una nueva forma de hacer política en la que todos
deberíamos poner todo nuestro empeño, porque es importante que desde las
diferencias seamos capaces de sumar. Creo que es un momento, como decía
en la pregunta anterior, de elevar la mirada. La pandemia nos ha retirado
a nuestras casas, podríamos decir que la pandemia ha supuesto una
experiencia, pero creo que no sería justo decirlo. La pandemia nos ha
provocado una vivencia, como ese elemento transformador de los individuos
y de la sociedad. Por eso tenemos que abordar los problemas antiguos con
soluciones nuevas, tenemos que elevar esa mirada que decía, y aquí nos
necesitamos todos.
Claro que el Gobierno ha hecho un ejercicio enorme de control
parlamentario, de contestación a las preguntas, de comparecer
semanalmente el ministro de Sanidad para informar y hacerlo diariamente
ante los medios de comunicación. Creo que el ejercicio de transparencia
ha sido absolutamente agotador. Puede ser que no haya sido suficiente,
pero les digo una cosa: lo que nos está pidiendo ahora mismo la
ciudadanía en las encuestas del CIS, un 90 % de los encuestados, es que
no consiste en salir vencedores y vencidos, sino cohesionados, porque
aquí nos necesitamos todos. Por tanto, si no somos capaces de desterrar
del debate político el insulto y la arrogancia y nos decidimos a aportar,
nos irá mal. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿QUÉ
IMPUESTOS ESTÁ VALORANDO SUBIR EL GOBIERNO? (Número de expediente
180/000207).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Hacienda.
Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del
Grupo Parlamentario VOX.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, se lo he preguntado ya durante tres semanas y usted
parece no querer contestar, así que se lo voy a preguntar de manera más
específica. ¿Va a subir el Gobierno el IRPF a los trabajadores españoles,
sí o no? ¿Va a subir el Gobierno el impuesto de Sociedades, sí o no?
¿Subirán de nuevo las cotizaciones sociales que gravan la creación de
empleo, sí o no? ¿Pueden estar tranquilos los autónomos sabiendo que sus
cotizaciones no van a subir, sí o no? ¿Van a volver a obligar a pagar el
impuesto sobre sucesiones y donaciones sobre el patrimonio neto de los
españoles, sí o no? ¿Van a impulsar una nueva fiscalidad verde con la
excusa de la transición ecológica, sí o no? ¿Van a crear un impuestazo al
diésel, con lo que ello tiene de gravedad para la industria española, sí
o no? ¿Van ustedes a crear unos nuevos impuestos sobre los billetes de
avión, sí o no? ¿Van a inventarse una nueva tasa COVID, sí o no? Señora
ministra, ¿qué impuestos tiene pensado subir el Gobierno a los españoles?
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señor Espinosa, vengo contestándole a esta creo que es la cuarta pregunta
que me hace usted en relación con este tema, y se lo voy a decir con
mucha claridad: Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase
media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta
Cámara, con algunas figuras fiscales y el proyecto de presupuestos que se
presentó y finalmente no salió, que contiene la política fiscal que va a
desarrollar el Gobierno. Le repito: No vamos a subir los impuestos ni a
la clase media ni a la clase trabajadora. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Espinosa de los Monteros de Simón.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias.
Por cuarta semana consecutiva no me contesta usted a preguntas muy
concretas, porque no le he preguntado sobre lo que usted considera clase
media, le he preguntado sobre impuestos muy específicos, porque a los que
ustedes llaman clase media es a los que precisamente luego van a cargar
con más impuestos, y lo han hecho siempre. Además, en las últimas semanas
cada vez que le pregunto por esto, nos trae unas respuestas adanistas, un
poco importadas de ese mundo de Podemos, que creen que lo han inventado
todo. Antes de ustedes ya existían los impuestos, antes de ustedes ya
existían los ministros de Hacienda. En España hay ministros de Hacienda
desde 1705, desde Felipe V. Lo que pasa es que ha habido ministros de
Hacienda más moderados; por citar alguno reciente, el señor Solbes o la
señora
Salgado, ambos de su propio partido. Aquellos ministros, comparados con lo
que tenemos hoy, parecen muy moderados, pero lo que ustedes están
haciendo, con lo que ustedes están amenazando precisamente cuando el
presidente ha hablado de políticas anticíclicas es exactamente todo lo
contrario. En el momento de la historia en que los españoles están peor,
en el momento de mayor crisis económica de la historia, en el peor
momento de liquidez, en parte por la epidemia, en parte por su gestión de
la crisis, ustedes están amenazando con tasas nuevas, con impuestos
nuevos. Hoy traen uno, no es el peor, pero están constantemente
amenazando el crecimiento de la economía española, están ustedes
amenazando a los trabajadores españoles. Y lo que yo le pido a usted,
señora ministra, y a todos los miembros del Gobierno es que vuelvan a la
senda de la moderación, que vuelvan a la senda tradicional del Partido
Socialista. En esta semana hemos escuchado aquí a dos ministros
socialistas de anteriores Gobiernos que, comparados con ustedes, son
mucho más moderados. Vuelvan por esa senda, y no se dejan arrastrar por
los radicales, como el señor vicepresidente del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señor Espinosa, no me a encontrar en los ataques personales ni a los
miembros de este Gobierno ni a los diputados de mi grupo parlamentario,
no nos van a encontrar respondiéndole a esos ataques personales.
Se lo digo muy claro, se lo he dicho durante estos días, ustedes defienden
un modelo de sociedad, ustedes hacen una defensa de la fiscalidad de
aquellos señores que ustedes representan y que se manifiestan en los
descapotables y con los palos de golf. (Rumores). Nosotros defendemos
otra cosa, señor Espinosa de los Monteros, nosotros defendemos un modelo
de sociedad en el que, al menos para la sanidad, para la educación, para
las políticas que nos permiten ser más fuertes ante las situaciones de
vulnerabilidad, tengamos capacidad de defendernos como colectivo, como
ciudadanía, como con ese ingreso mínimo vital que tampoco les gusta a
ustedes y que vienen denostando en las últimas semanas.
Señor Espinosa, creo que si hay alguna que representa una amenaza, como
usted decía, es la posición de VOX, desde la que permanentemente ustedes
están haciendo una incitación a la confrontación, al odio, a intentar
enfrentar diferentes colectivos y diferentes territorios en el conjunto
de España. Eso es lo que realmente le preocupa a la ciudadanía, que
asiste atónita a las declaraciones que ustedes hacen. Pero, señor
Espinosa, siempre le he dicho que no me preocupa del todo esa posición de
VOX. Me preocupa la posición del Partido Popular. Y me preocupa que
ustedes dijeron, por ejemplo, a propósito del orgullo gay, que esa
manifestación dejaba mal olor, o algo de ese tipo. (El señor Espinosa de
los Monteros de Simón muestra una tableta con el texto: "Por favor,
cíñase a la pregunta. Gracias".). Y ayer le contestó el señor Maroto que
España huele al 8-M. Señorías del Partido Popular, ¿qué significa que
España huele a 8-M? ¿A qué olemos las mujeres? (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ ÁLVAREZ FANJUL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ
PASOS TIENE PREVISTO EL MINISTRO DEL INTERIOR PARA AVANZAR EN SU PROYECTO
DE REMODELACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL? (Número de expediente 180/000197).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior.
Pregunta de la diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias, presidenta.
Señor ministro, hace menos de veinticuatro horas pudimos escuchar en
Moncloa, de la boca del propio vicepresidente de su Gobierno hablar de la
desmilitarización de la Guardia Civil. ¿Nos podría explicar qué entiende
usted con ello? ¿Qué implicaciones tiene la desmilitarización en su
proyecto de remodelación de la Guardia Civil? Cuando su Gobierno habla de
remodelar la Guardia Civil, no me queda muy claro si se refiere a los
ceses políticos para que no se les investigue, si se refiere a
emocionarse con la paliza a miembros de los cuerpos de seguridad, como
decía el propio Pablo Iglesias, o si se refiere a despreciarlos
llamándolos policía patriótica, como dice su presidente. Por favor, deme
solo una versión, no me mienta, no se mimetice con su presidente, porque
va a acabar usted contándome más versiones que el ministro Ábalos en
Barajas.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias,
señora presidenta. Muchas gracias, señoría.
Señora Álvarez, lamento otra vez que la pregunta no figure en el orden del
día. Pero no tengo ningún reparo en contestarle.
Primero, tengo que referir que tampoco me extraña, por las falsedades, por
las teorías de la conspiración, por intentar patrimonializar las
instituciones que el Partido Popular realizada normalmente. Y eso es
consecuencia lógica de su mala gestión, del desprestigio del propio
Ministerio del Interior durante sus siete años de Gobierno. En ese
sentido, déjeme que le diga una cuestión, porque le contesto a la
pregunta que me acaba de referir. La Ley Orgánica 11/2007, de derechos y
deberes de la Guardia Civil, lo explicita, y es un avance sustancial en
el ejercicio de los derechos y libertades de todos los miembros de la
Guardia Civil, es realmente un hito importante en la adquisición y
asunción de derechos por parte de la Guardia Civil. ¿Y esto qué
representa? Que algo tan importante para la Guardia Civil, que forma
parte de su espíritu, de sus 176 años de historia, como es la naturaleza
militar no es ningún obstáculo para la posible y necesaria asunción de
derechos y libertades. Y seguiremos trabajando por que los derechos y
libertades profesionales y personales de la Guardia Civil vayan
incrementándose, dentro, evidentemente, de su naturaleza militar, que no
está discutida por este Gobierno. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez Fanjul.
La señora ÁLVAREZ FANJUL: Señor Marlaska, el desprestigio del Ministerio
del Interior tiene nombre y apellidos, se llama GrandeMarlaska.
En numerosas ocasiones usted ha hablado del respeto a la Guardia Civil.
Pero ¿cómo puede pedir usted respeto a la Guardia Civil cuando no uno,
sino hasta tres coroneles han rechazado que usted los nombre en
sustitución del coronel Pérez de los Cobos porque lo consideran un
deshonor? Hasta el director adjunto operativo, Laurentino Ceña, ha
preferido dimitir a traicionar los principios de la Guardia Civil y del
Estado de derecho que usted pretende quebrantar.
Señor ministro, ¿es necesario enterarnos de la verdad, como nos ha pasado
con la ministra Irene Montero, a base de off the records, de que la
Guardia Civil cumplía de manera imparcial, neutral y profesional con su
deber, investigando las negligencias criminales de su Gobierno, mientras
usted utilizaba la Fiscalía General para taparlas? Porque, claro, ¿de
quién depende el fiscal general, señor Marlaska? Como gritaban ustedes el
8 de marzo -¿se acuerda?-: ¡no se besa!, ¡no se besa!, aplíquese el
cuento: los informes de la Policía Judicial no se tocan, no se tocan.
Señor ministro, yo no le voy a pedir que dimita, porque, si después de
todo lo que ha hecho no ha dimitido usted, no lo va hacer porque lo pida
una diputada, pero hágase un favor... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Álvarez.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señora Álvarez, de ustedes, que tanto proclaman la separación de poderes,
la división, el Estado de derecho, Montesquieu, usted ya ha dictado
sentencia en no sé cuántas cuestiones en el día de hoy en menos de dos
minutos y medio. Dejemos que cada poder judicial dicte la suya.
Le recordaré, respecto a la policía patriótica de la que habla, que en
esta Cámara en 2017 una Comisión al respecto indicó un uso partidista por
parte de su partido, por parte del Partido Popular, de recursos,
efectivos y medios del Ministerio del Interior. Nosotros, durante los dos
años que llevamos en el Gobierno, en este nuevo Gobierno de coalición,
tratamos de devolver el prestigio al Ministerio del Interior, y gozamos
de lo mejor, con más de 170 000 hombres y mujeres, que, en su inmensa
mayoría, son auténticos... (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MACARENA OLONA CHOCLÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿EN QUÉ SE BASA PARA ACUSAR
AL CORONEL PÉREZ DE LOS COBOS DE SER RESPONSABLE DE LA FILTRACIÓN DE
INFORMES POLICIALES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? (Número de expediente
180/000208).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclan,
del Grupo Parlamentario VOX.
La señora OLONA CHOCLÁN: Gracias, presidenta.
Ministro, buenos días. Usted está acorralado y sus mentiras no se
sostienen. Se encuentra ahora mismo en una permanente huida hacia
delante. Hoy hace justo dos semanas que le formulé cinco sencillas
preguntas relacionadas con la destitución del coronel Pérez de los Cobos.
Usted mantuvo un cobarde silencio. Hoy, a diferencia de hace dos semanas,
lo que tenemos es la certeza documental de lo que entonces era una
convicción moral y, en mi caso, un conocimiento anticipado de las
respuestas que yo le estaba preguntando. Usted mintió, ministro, usted
mintió. Y le dije que iba a caer por sus subordinados. Y es precisamente
su subordinada, la directora general, quien ha puesto de manifiesto que
usted mentía en las sucesivas versiones que nos ha estado dando. La
realidad, ministro, es que usted mintió cuando apeló a una supuesta
reestructuración de equipos de confianza para justificar la destitución
del coronel Pérez de los Cobos. Y mintió de manera miserable cuando
justificó ese cese en una supuesta implicación del coronel Pérez de los
Cobos en la filtración de los informes policiales a los medios de
comunicación.
Ministro, ¿en qué se basa para hacer esas afirmaciones? ¿En qué se basa
para imputar ese presunto delito al coronel Pérez de los Cobos? ¿Qué
pruebas tiene para mantener esas calumnias?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señora Olona, usted acaba de hacer una imputación muy grave. Este ministro
del Interior sabe cuáles son las diferencias y las competencias de cada
poder del Estado y no ha realizado ninguna imputación de hecho criminal a
persona alguna, primero, porque no le corresponde y, segundo, porque
sería una temeridad. Usted, en cambio, trae aquí falsedades e imputa, y
no pasa nada. En ese sentido, tenga en cuenta que usted también es una
jurista y que debe tener cuidado en el uso y la utilización del derecho y
de la ley.
Lo que dije y referí es la gravedad de un acontecimiento que se había
verificado en una causa judicial secreta, cual era la filtración de unos
informes policiales. Y usted sabe que la filtración es muy grave, en
primer lugar, porque va en contra del principio de presunción de
inocencia; en segundo lugar, porque se presta a juicios paralelos
interesados, a los que ustedes son muy dados, para dictar sentencia
previamente, y no dejar que los tribunales tramiten los procedimientos
adecuadamente; en tercer lugar, porque también es un delito,
evidentemente, la filtración y la revelación de secretos y debe
investigarse desde el primer momento, y, por último, porque va en contra,
evidentemente, los principios de todo Estado de derecho. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Olona Choclán.
La señora OLONA CHOCLÁN: Gracias, presidenta.
Ministro, nuevamente comparece aquí para no decir absolutamente nada. Sus
palabras están vacías de contenido. Pero la realidad va acabar aflorando,
ministro, previo clonado de los ordenadores, como está haciendo ahora
mismo en la unidad de Policía Judicial. Le aseguro que la verdad va a
acabar aflorando.
Hay dos imágenes que muestran su degradación, ministro: una de 2001
(muestra una fotografía), cuando usted es uno de los seis magistrados que
portaba el féretro de José María Lidón, vilmente asesinado por ETA, y
otra del año 2019 (muestra otra fotografía), diciembre pasado, cuando era
uno de los ministros que aplaudía precisamente a los herederos proetarras
en esta Cámara. La realidad que esconde la destitución del coronel Pérez
de los Cobos, como la del coronel Sánchez Corbí, como la de apartar a los
mandos de la Guardia Civil del Gabinete de Coordinación y Estudios es que
usted odia profundamente a la Guardia Civil, y el origen de ese odio,
ministro, está hace veinte años en Bilbao. Le pido que aflore la verdad y
que diga a su presidente, al Partido Socialista, a todos los presentes
aquí en
esta Cámara, qué ocurrió hace veinte años en Bilbao, cómo tuvieron que
recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía, y
qué hizo usted, o más bien que dejó de hacer como magistrado para evitar
que determinada información saliese a la luz pública. (Aplausos).
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias,
señora presidenta. Señorías.
Señora Olona, yo no creía que iba a tener que actuar de esta forma ni
decir lo que voy a decir en esta sede parlamentaria pero, evidentemente,
hay límites a todo. Sea usted lo suficientemente valiente, si lo es, de
decir qué hice o dejé de hacer, porque quien le habla y quien usted sabe
y portaba, evidentemente, ese féretro con mi compañero José María Lirón,
asesinado vilmente por la organización terrorista ETA, es el mismo que
está aquí de pie delante suyo (aplausos); es el mismo que ha sido
amenazado por la organización terrorista ETA, es el mismo que ha sido
objeto de dos ataques frustrados de la organización terrorista ETA. Es el
primero que, por la circunstancia concreta de su profesión, no por ningún
interés personal ni de orgullo ni de soberbia, sino por estar donde
estaba, trabajó para vencer, dentro del Estado de derecho, a la
organización terrorista ETA; y que como ministro del Interior sigue
trabajando para que evidentemente todos los crímenes de la organización
terrorista ETA sean desvelados, así como sus autores, y que sigue
trabajando por el conjunto de las víctimas de la organización terrorista
ETA. Y solo le pido una cosa: sea lo suficientemente valiente, porque,
mire, yo me he librado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena pero
también de los silencios. (Rumores.-Prolongados aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA BORRÀS CASTANYER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL
GOBIERNO, DESPUÉS DE QUE PEDRO SÁNCHEZ RECONOCIERA LA EXISTENCIA DE UNA
MAL LLAMADA "POLICÍA POLÍTICA", DEDICADA A ENCUBRIR DELITOS Y PERSEGUIR
ADVERSARIOS? (Número de expediente 180/000201).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Laura Borràs Castanyer,
del Grupo Parlamentario Plural.
La señora BORRÀS CASTANYER: Muchas gracias, señora presidenta.
El pasado 3 de junio, aquí mismo, el presidente Pedro Sánchez se refirió a
una mal llamada policía política. Este domingo reconocía también la
dudosa fiabilidad de los informes confeccionados por la Guarda Civil,
decían en rueda de prensa, y cito: Me gustaría que los informes de la
Guardia Civil se elaboraran con garantías y confidencialidad. Y recordó
que desde hace dos años se investiga en los tribunales un uso fraudulento
por parte de la anterior Administración de una 'parapolicía'. Son sus
palabras. Añadía que si hay un ministro que ha colaborado en la remisión
de datos sobre este asunto ha sido usted. Por eso le preguntamos señor
ministro: ¿Qué está haciendo el Gobierno después del inquietante
descubrimiento de la existencia de una policía política dedicada a
encubrir delitos y a perseguir adversarios?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias,
señora presidenta. Gracias, señora Borràs, disculpe que le dé la espalda.
Permítame que le haga primero una aclaración al respecto porque esta
Cámara, como he indicado anteriormente, ya reconoció en los puntos 3 y 4
del dictamen de la Comisión de Investigación del año 2017, donde mi
compañero el ministro del Interior tuvo una concreta intervención como
parlamentario -y abro comillas-: La inaceptable utilización partidista de
los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior -cierro
comillas-. Algo que evidentemente, como hemos visto hoy, no le gusta
escuchar al Grupo Popular ni tampoco le gusta escuchar a su socio VOX.
Para darle una respuesta, señoría, desde junio del año 2018, cuando hemos
tomado posesión y soy ministro del Interior, el ministerio está
trabajando en la modernización de las políticas de seguridad, en las
mejoras de las condiciones laborales y retributivas de nuestros hombres y
mujeres y en la recuperación -esto es lo importante- del prestigio del
conjunto del Ministerio del Interior. ¿Sabe cómo? Con equipos
directivos definidos, en todo caso, por su prestigio profesional y guiados
siempre por una actuación de neutralidad, de profesionalidad y de
compromiso inequívoco con el Estado de derecho. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Borràs Castanyer.
La señora BORRÀS CASTANYER: Gracias, señor ministro.
La verdad es que el conocimiento de hechos como los descritos deberían
llevar al Gobierno de cualquier Estado que quiera autodenominarse
democrático a promover cuantas medidas fueran necesarias para investigar,
esclarecer los hechos -todos los hechos-, determinar quiénes fueron las
personas implicadas y, en su caso, plantear su correspondiente denuncia.
Sin embargo, poca transparencia ha habido hasta el momento en la limpieza
de cloacas que usted negó hace un año, aunque añadía que se habían tomado
medidas. Les anuncio que ya hemos registrado una proposición no de ley
para investigar y denunciar los abusos de Estado realizados por parte del
Ministerio del Interior desde 2012, porque desde que el Partido
Socialista está en el Gobierno, hace ya más de dos años, no consta que el
Ministerio del Interior haya dado cuenta a la fiscalía de las
irregularidades, ni consta tampoco que se hayan depurado
responsabilidades. No es suficiente con modernizar las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. ¿Van a revisar todas las causas o las van a
dejar como están? Iba siendo ya hora de que reconocieran la existencia de
esta policía patriótica y de estos informes falsos de la Guardia Civil
-algunos, por desgracia, sabemos de lo que hablamos ya que hace años que
los padecemos-, la lástima es que hayan tenido que esperar a que los
damnificados hayan sido ustedes mismos, pero trabajen porque hay indicios
de que también hay una fiscalía patriótica y una justicia patriótica. No
esperen a ser ustedes los afectados. Como dice el poeta Ponç Pons:
(Continúa su intervención en catalán).
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señora Borràs, como le refiero, el hecho mismo de la Comisión
parlamentaria a la que he hecho indicación previamente, el hecho de todos
los procedimientos judiciales al respecto sobre prácticas indebidas
-vuelvo a decir, una mínima dentro de la amplitud de la actuación de
nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que rindo otra
vez un agradecimiento y un homenaje- indica que estamos en un Estado de
derecho. Desde que estamos nosotros en el Gobierno, vuelvo a decirlo,
hemos procedido a una renovación tanto de políticas como de equipos y
siempre guiados hacia una de las mejores políticas de seguridad. No hemos
ido a una purga, como dicen VOX o Ciudadanos y también el Grupo Popular,
pero tampoco hemos mantenido las estructuras, como dicen algunos otros
grupos, incluso el suyo. Nosotros seguiremos trabajando en crear los
grupos necesarios para las políticas de seguridad precisas, que también
estamos abordando con criterios de ejemplaridad, vuelvo a decir,
profesionalidad y neutralidad para que, evidentemente, no se repita
ningún acontecimiento que no debió producirse. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GONZÁLEZ TEROL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA: ¿QUÉ CRITERIOS GUÍAN LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS EN EL
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA? (Número de
expediente 180/000198).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta del diputado don Antonio González
Terol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Gracias, presidenta.
Señor Iglesias, aunque se está usted yendo, repase los datos: la Comunidad
de Madrid es una de las comunidades autónomas que tiene menor porcentaje
de mayores fallecidos en residencias; la que tiene más es una comunidad
del Partido Socialista. (Aplausos).
Señor Ábalos, le voy a leer dos citas: Apostaré por un nuevo modelo
laboral en el que prime la meritocracia y no el enchufismo. Sentarse en
un consejo de administración como el de las eléctricas, operar en las
puertas giratorias, eso sí, eso sí, es traición a España. Estas palabras
no son de ningún miembro del Partido Popular, son del presidente del
Gobierno y del vicepresidente del Gobierno de España. Un Gobierno, el
suyo, que hoy no es ningún ejemplo de transparencia, ni de gestión, ni de
regeneración democrática. Han colocado a un asesor de Podemos y a dos
exministros en el Consejo de Administración de Enagas. Señor ministro,
¿esto son puertas giratorias? Y a una asesora de Moncloa presidenta de la
CNMC. Y usted, señor ministro, colocó a su chófer y guardaespaldas en el
Consejo de Administración de Renfe Cercanías. Por último, por el BOE nos
hemos enterado de que el nuevo director general de Agenda Urbana es el
mejor amigo de la infancia del señor Sánchez. ¿Cuáles son los criterios
de este Gobierno para nombrar altos cargos, señor ministro?
La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco):
Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, los criterios que guían la política de nombramientos de
este ministerio, como no puede ser de otro modo, son los que marca la
ley, en concreto la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Ahí está el origen. (Aplausos.-Rumores.-Un señor
diputado: No se puede hablar).
La señora PRESIDENTA: Señor González Terol.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Señor ministro, hay un mérito que tiene el nuevo
director general de Agenda Urbana y es que es el único español al que
Sánchez no ha mentido. Le prometió en un programa de televisión que lo
ficharía y se ha sumado el mastodóntico ejército de 260 altos cargos, un
45 % más de altos cargos de los que tuvo el último Gobierno del Partido
Popular, al coste de 78 millones de euros en sueldazos, un 28 % más de
coste que el último Gobierno del Partido Popular, convirtiendo a este
Gobierno en el campeón del dedazo y del despilfarro; pero lo preocupante
es que lo hacen creando una dirección general sin contenido,
exceptuándolo de la condición de funcionario y además haciéndolo en pleno
estado de alarma, cuando ha estado vacante durante cuatro meses. ¿Y sabe
que es lo más preocupante de este caso? Que no es el único. Sesenta y
seis miembros del Partido Socialista han sido nombrados altos cargos
desde el año 2018: Tezanos en el CIS, Juan Manuel Serrano, el ex jefe de
gabinete de Sánchez, en Correos, y tantos otros que se suman, junto a
treinta directores generales exceptuados de la condición de funcionario,
un 150 % más de veces de las que lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy y
un 172 % más que el Gobierno de Zapatero. ¿Dónde queda la tan cacareada
meritocracia de Sánchez? Se lo digo yo: en el mismo sitio que sus
promesas de no pactar con Bildu, con Esquerra o con Podemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco):
Gracias, señora presidenta.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene once
direcciones generales, de las cuales solo una está excepcionada. El
resto, los otros diez, son funcionarios. Cuando yo entré al ministerio
esta dirección estaba excepcionada. Es más, en el periodo de Gobierno de
Mariano Rajoy, de los tres directores generales de Vivienda, dos
estuvieron excepcionados y el único que era funcionario tuvo que dimitir
por estar imputado en la venta ilegal, cuando era miembro de la Comunidad
de Madrid, de casi tres mil viviendas. (El señor González Terol muestra
un gráfico). Entiendo que eso debió ser un mérito a la hora de nombrarlo,
vender y desprenderse de viviendas sociales. Era el único funcionario;
los otros dos no lo eran, así que no debería extrañarle esto. (El señor
González Terol muestra otro gráfico).
Usted debe saber que Naciones Unidas estableció una agenda urbana como
consecuencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que a partir de
ahí Europa promovió la Estrategia de Agenda Urbana y mandató a los
Estados miembros que hiciéramos lo propio. Así, el Gobierno anterior
aprobó la Estrategia española de agenda urbana. A partir de ahí, alguien
tenía que cubrir esta área y se pensó que lo conveniente era aquel
ministerio que tuviera que ver con algunas de esas cuestiones. Por tanto,
esta dirección general
lo que hace es asumir la estrategia aprobada por el Gobierno, en ese caso
asumir también unas competencias que ahora ejerce el Ministerio de
Hacienda, que tienen que ver con los fondos europeos de desarrollo
urbano, que no los teníamos todavía, las competencias de arquitectura y
el 1,5% cultural. Lo digo para su información. Pero yo me pregunto por
qué me hace usted esta pregunta que no tiene nada que ver con esta
competencia. Porque sabe mucho de urbanismo. Usted viene del epicentro
del caso Gürtel, donde a su plan general lo declararon nulo. (Aplausos).
Usted sí que sabe de urbanismo. Y le digo dos cosas, pero para que se
vaya tranquilo... (Rumores.-El señor González Terol señala al Grupo
Parlamentario Socialista).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco):
... para que se vaya con algo a su municipio, para que tenga sentido su
representación política y algo les pueda decir a sus representados: El
sábado se publicó la licitación del contrato para la viabilidad del
cercanías a su municipio. ¡Llévese algo para casa, hombre! (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CÓMO VE EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN LA SITUACIÓN ACTUAL DEL OLIVAR Y LAS PERSPECTIVAS DE LA
PRÓXIMA CAMPAÑA 2020/2021? (Número de expediente 180/000193).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Pregunta del diputado don Juan Francisco Serrano
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, un gobernante es creíble en la medida en que los hechos
acompañan a las palabras y por eso el Partido Popular no puede mirar a
los ojos de los hombres y mujeres que dedican sus manos, su energía y su
esfuerzo al sector del aceite de oliva. Porque durante los nefastos años
del Gobierno del Partido Popular se incumplió con el olivar, se
malgestionó la PAC y se malrepartió entre los agricultores. Siempre que
el Partido Popular gobierna en España, siempre, España pierde fondos de
la PAC. ¿Y quién paga las consecuencias? Los pequeños y medianos
agricultores. (Fuertes protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Se contaron medias verdades. Contaron medias
verdades, porque no es -nunca lo fue- una prioridad para el Partido
Popular el olivar. (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Ruego silencio.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Y abandonaron a su suerte a una parte, al
sector del olivar, a aquellos que producen más del 50 % de la producción
mundial. Por eso, señor ministro, resulta certero y nos encontramos
satisfechos con la gestión y la planificación del Gobierno... (Rumores y
protestas).
La señora PRESIDENTA: Señor diputado, espere un momento, por favor.
Ruego respeto a quien tiene el uso de la palabra. (Rumores). Silencio, por
favor.
Continúe, señor diputado.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Por eso, señor ministro, nos resultan satisfactorias la gestión y la
planificación del Gobierno a corto, medio y largo plazo con una
estrategia inteligente para el olivar. El olivar constituye una parte
esencial de la economía, de la biodiversidad, de la vertebración y la
cohesión territorial de nuestro país y también de mi provincia, la
provincia de Jaén, con sus ochenta y seis millones de olivos. La
situación provocada por el coronavirus, la tendencia a la baja de los
precios previa a la pandemia y la necesidad de un precio justo que
mantenga la renta de los olivareros han hecho que este Gobierno haya
tomado medidas serias con una prioridad muy clara: mantener las rentas y
mejorar la competitividad del aceite de oliva en el mundo.
Permítame una reflexión, señor ministro, que a mi juicio es imprescindible
-y usted bien lo sabe-, y que es la valoración honesta de su gestión a
favor del olivar tradicional; sí, el olivar que olvidó el Partido
Popular cuando gobernaba. Es una apuesta valiente la que usted ha hecho,
la que el ministerio ha hecho, por la viabilidad del olivar tradicional.
Como bien sabe, eso tiene consecuencias muy positivas para nuestro país.
Por eso, hoy el olivar tradicional cuenta con un Gobierno que es cómplice
y que ayuda a sacarlo adelante, cuenta con un aliado que es el Gobierno
de España. Por eso, señor ministro, usted puede mirar a los ojos de los
olivareros, porque ha hecho un trabajo valiente. En este sentido, señor
ministro, ¿cómo ve el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la
situación actual del olivar y las perspectivas para la próxima campaña
2020-2021?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Serrano.
Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Planas Puchades):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor diputado, muchas gracias por su pregunta. Comparto enteramente su
reflexión. Efectivamente, este es un Gobierno que actúa en un sector en
el cual somos líderes mundiales en cantidad y en calidad. Pero no hace
falta solo decirlo, sino que hay que hacerlo. Hemos tenido una campaña
2018-2019 con una cosecha récord de 1 800 000 toneladas, hemos tenido
después una campaña 2019-2020 más baja, un 37 % más baja, y todo ello ha
producido un desajuste estructural arrastrado desde atrás entre la oferta
y la demanda y, claramente, una bajada de precios que no retribuyen
justamente a los olivareros; especialmente, como usted muy bien señalaba,
a los olivareros tradicionales, a esos pequeños olivareros que no solo
explotan la tierra y nos dan un buen producto, sino que además mantienen
el tejido social y el medio ambiente de nuestra tierra y, por tanto, son
tan importantes. Por eso, me he reunido en los últimos días con todo el
sector, cuatro meses antes del comienzo de la próxima campaña. Me he
reunido con cooperativas agroalimentarias de España, con las
organizaciones profesionales agrarias, con la interprofesional, con la
industria, con las almazaras, con los exportadores, con el sector del
orujo de oliva y también con el de la aceituna de mesa para conjuntamente
establecer diez medidas. Es un paquete potente en materia de ordenación
de la oferta, de la calidad, de la trazabilidad y de la promoción que el
Gobierno llevará adelante para conseguir que este sector tenga un
presente y un futuro, que lo tiene y que es optimista. Vamos a trabajar
con corresponsabilidad con las comunidades autónomas y con todos los
actores -con las cooperativas, que tienen dos tercios del volumen del
sector, y también con la interprofesional- para diseñar esas medidas y
llevarlas adelante, con el apoyo de la Unión Europea y con el diseño de
la futura PAC 2021-2027, para conseguir que este sector sea rentable y
que tenga un futuro desde el punto de vista económico, social y
ambiental. Este es el objetivo de este Gobierno, que se preocupa por los
agricultores, los ganaderos y los pescadores, que se preocupa por todos
aquellos que nos dan alimentos suficientes en cantidad y calidad y de los
cuales estamos muy orgullosos.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON CARLOS GARCÍA ADANERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: ¿CUÁNDO
TIENE PREVISTO EL GOBIERNO RETIRAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD,
PROMOVIDO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, CONTRA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY
FORAL 21/2019, DE 4 DE ABRIL, DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA O FUERO NUEVO? (Número de
expediente 180/000203).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Política
Territorial y Función Pública.
Pregunta del diputado don Carlos García Adanero, del Grupo Parlamentario
Mixto.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿cuándo piensa el Gobierno de España retirar el recurso
de inconstitucionalidad a la Ley Foral que regula el Código Civil navarro
o el Fuero Nuevo?
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Política Territorial y Función
Pública.
La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San
Sebastián): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor García, el entendimiento y el diálogo para este Gobierno de progreso
es fundamental; en un Estado descentralizado, si cabe, aún más todavía,
pero también entenderá que el principio de legalidad es el vector
fundamental que rige también la acción de este y de cualquier Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Señor García.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
En el debate de investidura el señor Sánchez dijo que respetaba el Régimen
Foral, que era partidario del Régimen Foral y que defendía el Régimen
Foral. Fue decir eso y echarnos a temblar. A raíz de ahí ¿qué hizo?
Pactar con aquellos partidos que tienen como objetivo político que
Navarra desaparezca como comunidad política diferenciada con sus
instituciones propias dentro de la unidad de España y, a continuación, la
primera actuación del Consejo de Ministros fue recurrir la Ley Foral que
regula el Derecho Civil navarro, el Fuero Nuevo, ante el Tribunal
Constitucional. Y es que yo creo que no han entendido nada. Después de
unos meses que en esta misma Cámara por parte de un grupo parlamentario
se le hizo una pregunta similar o casi igual a la que le hago yo, ustedes
respondieron lo mismo, y no son conscientes de que esto no es una
cuestión de hablar o de dejar de hablar, sino que esto es una cuestión de
respeto. Es que el Derecho Civil Foral navarro es una competencia
exclusiva de la Comunidad Foral de Navarra y es que nosotros hace ciento
ochenta años éramos un reino. Es que al Derecho Civil Foral navarro
nadie, ningún Gobierno -y ha habido Gobiernos de todo tipo y hemos pasado
de todo-, nadie se ha atrevido a ponerlo en cuestión, porque forma parte
de la esencia fundamental de Navarra y de sus instituciones. Ustedes no
han entendido nada; esto no es una cuestión de que haya que ceder algo o
que lleguemos a un acuerdo, que no, que es que el Parlamento de Navarra
aprobó por unanimidad el Derecho Civil Foral navarro, que es competencia
exclusiva y está muy claro en la Constitución. Por tanto, a ustedes, que
tanto se les llena la boca de decir que hablan con la gente, quiero
decirles que no es cuestión de hablar, sino de respeto. Respeten las
instituciones navarras, respeten la vieja historia del viejo Reino de
Navarra, respeten el Derecho Civil Foral navarro, respeten a los
navarros, respeten a las navarras y respeten las instituciones. Nosotros
somos una comunidad leal con España, pero exigimos respeto y por parte
del Gobierno de Sánchez no se nos está respetando. Por tanto, respeten,
respeten y respeten a la Comunidad Foral de Navarra. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Política Territorial y Función
Pública.
La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San
Sebastián): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, cuando habla usted de respecto ¿a qué se refiere? ¿A faltar el
respeto a la Constitución española? ¿A faltar el respecto al artículo 149
que establece cuál es el reparto competencial? ¿A esa falta de respeto se
refiere? Creo que no, señoría. En el año 2019, en abril, se publicó y se
aprobó la Ley del Fuero Nuevo. A partir de ahí se establecieron
negociaciones porque hubo invitación al diálogo para llegar a un acuerdo,
y en los dieciocho puntos en los que se cuestionaba la dudosa
constitucionalidad de la misma, en nueve se llegó a un acuerdo. Por
tanto, ese diálogo se ha iniciado ya y seguimos en ello. De hecho, en mi
primer Consejo de Ministros al que asistí teníamos indefectiblemente que
presentar el recurso porque el plazo procesal se acababa el día 16 de
enero y me estrené lamentablemente con esta interposición del recurso.
Hablé con la presidenta Chivite, como hago siempre que interponemos, en
este caso, señoría, un recurso de inconstitucionalidad, lo hice y
seguimos trabajando en el acuerdo. ¡Claro que sí! Pero también en el
respeto a la constitucionalidad, porque los informes de la Abogacía del
Estado dicen que hay posibles vulneraciones en cuanto a la ordenación y
registro de los instrumentos públicos, que hay posible vulneración en
cuanto a las normas para resolver los conflictos de leyes y que hay
posible vulneración en cuanto a las bases de las obligaciones
contractuales. (Denegaciones del señor García Adanero). Esa es la
realidad jurídica. Por cierto, informes de la Abogacía a la que nos
debemos. Y esta ministra es absolutamente respetuosa porque, si
hiciéramos lo contrario, ¿qué pasaría o qué oiríamos en esta Cámara
después de todo lo que estamos oyendo?
Por tanto, señoría, no me hable de respeto. (El señor García Adanero
pronuncia palabras que no se perciben). No, no, usted me lo está faltando
a mí porque me está interpelando constantemente y yo a usted le he
escuchado. No me hable usted de respeto cuando usted no me lo tiene a mí.
En esta Cámara,
aparte de un poco de cortesía, se exige un poco de educación y yo la echo
en falta, echo en falta educación en esta Cámara. (Aplausos). Ya no le
pido cortesía, le pido educación. Este Gobierno va a seguir trabajando.
Ya le he dicho, de los dieciocho puntos, en nueve, digamos, hay
controversia jurídica. Vamos a seguir trabajando, aunque es verdad que
estos tres meses de pandemia han supuesto una paralización porque estaban
los plazos procesales también suspendidos. Por tanto, señoría, vamos a
seguir trabajando desde el máximo respeto. Claro que sí, pero tanto el
respeto... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA PROHENS RIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE IGUALDAD:
¿POR QUÉ ANIMÓ A MILES DE MUJERES A PARTICIPAR EN LAS MANIFESTACIONES DEL
8 DE MARZO CUANDO -SEGÚN HEMOS SABIDO AHORA- CONOCÍA USTED EL ALTO RIESGO
DE CONTAGIO QUE ELLO SUPONÍA? (Número de expediente 180/000199).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad.
Pregunta de la diputada doña Margarita Prohens Rigo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora PROHENS RIGO: Gracias, presidenta.
Para hablar de corrupción, señores del Gobierno, miren a su bancada. El
PSOE de Simancas, con 1 millón de euros de financiación ilegal.
Lecciones, ninguna. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Rumores.-Aplausos).
Señora ministra, del no se podía saber, al no se podía decir. El 25 de
febrero había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una
hecatombe sanitaria. El 2 de marzo la Unión Europea pide evitar
concentraciones. Italia, Corea, y Japón suspenden los actos del 8-M. El 8
de marzo había en España 589 casos y 17 fallecidos y, sí, también
partidos de fútbol y actos políticos y ninguna restricción a la movilidad
porque los datos entonces eran confidenciales, ¿verdad? Pero el 9 de
marzo dan vía libre para suspender concentraciones y colegios. ¿Desde
cuándo manejaba esta información? ¿Por qué animó a las mujeres a asistir
al 8-M? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias, presidenta.
Señora Prohens, todas sus afirmaciones, de la primera a la última, son
mentira. Así que, por respeto a esta Cámara, le pediría que retome su
turno de palabra para decir alguna verdad, aunque no la tenga preparada
en sus papeles.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Prohens Rigo.
La señora PROHENS RIGO: Gracias, presidenta.
Si todo es mentira, señora ministra, ¿por qué obstaculizan la
investigación judicial? ¿Cuándo vieron que la distancia social era clave
para evitar contagios? ¿Sabe lo que hubiera sido feminista? Compartir
esto con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir -como hicieron
ustedes- si con la mano o no y si no se besa. Nada menos feminista que
confundir las críticas a su incompetencia con críticas a todas las
mujeres y al movimiento feminista. Usted no es el feminismo, señora
Montero, usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8-M
estábamos en peligro. No confunda, el feminismo no es culpable; usted,
sí. (Rumores).
Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la
igualdad, pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a
la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso con las que somos de riesgo.
Un Gobierno antifeminista. ¿Qué feminismo es el suyo que calla ante las
menores tuteladas, las mujeres con discapacidad, la mujer rural, la
discriminación de las futbolistas o la ausencia de plan de
corresponsabilidad? ¿Qué solidaridad practica cuando le hacen tres o
cuatro test, mientras las sanitarias de este país no tienen ninguno?
(Rumores). ¡Viva la igualdad, señora Montero! ¡Y vivan los Gobiernos que
no mienten! ¡Y vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres,
aunque les vaya la foto en ello! (Varias señoras y señores diputados:
¡Muy bien.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias, presidenta.
Mire, yo hago mías las palabras del presidente del Gobierno. Es evidente
que toda España y toda Europa llegamos tarde, no a la primera semana de
marzo sino seguramente a mediados de febrero, que es cuando los expertos
saben ahora lo que no sabían entonces y es que el virus ya se estaba
extendiendo. (El señor Guijarro García: No se callan; es que no se puede
escuchar). Y llegamos tarde, como le digo, porque no lo sabíamos ni en
España ni en Europa, donde también se produjeron... (Rumores.-El señor
Guijarro pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor! (El señor Guijarro García:
¡Dejadla que hable, hombre!). Señor Guijarro, por favor, silencio. (El
señor Guijarro García continúa pronunciando palabras que no se perciben).
Señor Guijarro, por favor, ruego silencio.
Señora ministra de Igualdad, continúe.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias... (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. (Rumores.-Un señor diputado:
Tiene toda la razón el señor Guijarro. Es una
vergüenza.-Risas.-Protestas). ¡Ruego silencio, por favor! (Continúan las
protestas.-El señor Guijarro García: ¡Hora y media escuchándolos!).
¡Ruego silencio! (Un señor diputado: ¡Más educación, más
educación!-Protestas). Señorías, por favor, vamos a continuar con la
sesión de control. Ruego silencio a todos.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias, presidenta.
Le decía, señora Prohens, que yo acudí y acudimos a la movilización del 8
de marzo -igual que ustedes, y lo ha dicho usted en su intervención-
porque los derechos de los que usted y yo disfrutamos son consecuencia de
la movilización y de la lucha de las mujeres en movilizaciones como la
del 8 de marzo, como el divorcio o como el aborto. Es más, señoría,
durante esta crisis curiosamente todos los días, todos los días han sido
8 de marzo, porque han sido las mujeres las que han estado al frente en
las profesiones que se han desvelado esenciales, las sanitarias, la
limpieza, las trabajadoras del hogar. Y han sido las mujeres las que han
cargado la sobrecarga de cuidados que ha implicado esta crisis en las
familias. (Aplausos). Por eso, señoría, es tan importante que este
Gobierno y esta Cámara haga políticas feministas que ustedes no han
apoyado en esta Cámara. A esta Cámara este Gobierno ha traído la
declaración de servicios esenciales de todo lo que tiene que ver con la
atención integral a víctimas de violencia machista y ustedes no lo han
apoyado. A esta Cámara, el Gobierno de España ha traído un ingreso mínimo
vital que permite salir de la pobreza y de la exclusión a miles de
mujeres y ustedes lo han llamado paguita, señoría. (Rumores). Y el
problema es que son el principal partido de la oposición y no tienen una
sola propuesta. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Yo Entendería que viniera
aquí a hablarnos de cosas de derechas y dijese: oiga, para salir de la
crisis hace falta una amnistía fiscal para los ricos, hacen falta
recortes, hacen falta privatizaciones... (Rumores y protestas).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Y podríamos debatir,
señoría, pero es que no tienen una sola propuesta. (Rumores). Ustedes
criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas
traen muerte; yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo
que traen son supervivientes de la violencia machista (rumores),
supervivientes del suelo pegajoso. (Aplausos). ¡Y aquí va a estar este
Gobierno para seguir defendiendo el feminismo! Vigilen -que están muy
ocupados con el 8 de marzo- a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar
a los ancianos a los hospitales. ¡Vigilen! (Prolongados aplausos de las
señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).
- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA RUEDA PERELLÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX,
QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:
¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE HA TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
REACTIVAR EL TURISMO EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000206).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Industria,
Comercio y Turismo. Pregunta de la diputada doña Patricia Rueda Perelló,
del Grupo Parlamentario VOX.
La señora RUEDA PERELLÓ: Gracias.
¿Considera el Gobierno que ha tomado las medidas necesarias para reactivar
el turismo en España?
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera):
Gracias, presidenta.
Señora Rueda, compartirá conmigo que el turismo es uno de los sectores más
afectados por la crisis sanitaria. Para reactivar el turismo era
necesario, en primer lugar, protegerlo para evitar el cierre de empresas
y la pérdida de empleo. Y tengo que decirle que este Gobierno actuó de
una manera rápida y contundente y ello ha permitido mantener cerca de un
millón de puestos de trabajo en el sector turístico gracias a los ERTE y
financiar más de 10 500 millones de euros a través de la línea ICO.
Además, 262 000 autónomos de turismo y hostelería se están beneficiando
de la prestación por cese de actividad. Ahora, señora Rueda, a medida que
avanzamos hacia la nueva normalidad, el Gobierno está trabajando para
reactivar un turismo seguro. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Rueda Perelló.
La señora RUEDA PERELLÓ: Gracias, señora presidente.
Ministra, ERTE que aún no se han cobrado, ICO que no llega. El sector
cuantifica pérdidas de miles de millones de euros. Representantes de
hoteles y alojamientos turísticos, agencias de viaje, hosteleros, rent a
car, comercios, transportes, muchos autónomos les piden medidas urgentes
para salir de la crisis a la que les ha llevado estos tres meses de
cierre. Y estas medidas no llegan o llegan tarde, y el Gobierno no
plantea un plan claro para reactivar el turismo, lo que plantea genera
incertidumbre. El pasado jueves usted declaró que se abrirían fronteras
terrestres y horas más tarde el Gobierno rectificó. El 23 de abril se
encarga al Issste guías de protocolos y Portugal ya el 24 de abril tenía
su sello de seguridad. En esas fechas se habla de corredor seguro
Alemania-Austria, y aquí nada. Portugal, Grecia, Croacia se promocionan
como destinos turísticos libres de COVID y aquí mientras Alemania nos
veta recomendando no viajar a España. El 15 de mayo se impone cuarentena
para turistas. El sector lo ve como perdidas del mes de junio y además
Francia y Bélgica, entre otros países, nos la impone a nosotros. Y
cierran fronteras porque, según El País, Sánchez decía que la apertura
ponía en riesgo la mejora sanitaria, pero el señor Sánchez no ve riesgos
en los actos multitudinarios del 8-M ni en los que se celebran a favor de
los presos de ETA, no ve riesgo en su nefasta gestión, que lleva al
cierre de empresas, destrucción de empleo y pérdida del liderazgo en
turismo.
Señora ministra, recuérdeles a Sánchez -que no está-, al vicepresidente
Iglesias -que no está- y a Garzón el valor del turismo. El turismo en
anteriores crisis ha sido uno de los motores para la recuperación del
sector, es el principal sector en el que se emplea casi a 3 millones de
personas. Escuchen cuando les pedimos menos trabas y duplicidades entre
administraciones, menos impuestos, que es lo que siempre defiende VOX, y
que coincide con lo que el sector demanda. Miles de empresas y autónomos
ven amenazada su supervivencia. Tome en consideración las peticiones del
sector, lean todas las iniciativas que hemos registrado. Y, señora
ministra, por favor, empleo y liquidez, protejamos a España.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera):
Muchas gracias, presidenta.
Señora Rueda, empleo y liquidez han sido las medidas que ustedes han
votado en contra en este Parlamento, así que empecemos a hablar de empleo
y liquidez. (Aplausos). Mire usted, le decía que desde el Gobierno hemos
trabajado sin descanso para proteger al sector turístico, a las empresas,
a los
trabajadores y ahora estamos trabajando para relanzar la actividad
turística. España cuenta en estos momentos con protocolos adaptados a
veintiuna actividades turísticas para asegurar que España es un destino
seguro, no solo para los visitantes, también para los trabajadores y,
cómo no, para los residentes de los territorios que los acogen. El
objetivo, señoría, es recuperar la confianza y la credibilidad como
destino seguro, porque si no, señoría, no habrá reactivación del turismo.
Y estamos desarrollando, como sabe, una campaña de promoción con el lema
"España te espera" para incentivar el turismo nacional e internacional.
Todas estas medidas y otras que estamos trabajando dentro de un ambicioso
plan de apoyo al sector, un plan que no solo tiene como objetivo mitigar
los efectos del COVID sino también dar una respuesta a los retos que
tiene el sector turístico en un ámbito, por ejemplo, como el cambio
climático. Se trata de un esfuerzo en el que todos debemos trabajar
juntos, empresas, trabajadores, administraciones públicas y fuerzas
políticas. Porque, señoría, el prestigio de España como destino turístico
depende de todos, también depende de ustedes, aunque sea más cómodo
desentenderse, ¿verdad, señora Rueda? Si tanto presumen de patriotas, si
tan defensores de España dicen ser, dedíquense a sumar, señora Rueda, en
lugar de a restar. España cuenta con una fortaleza, lo ha dicho usted, un
sector turístico profesional que este Gobierno ha protegido, señoría, a
pesar de ustedes. Vamos a salir adelante, señoría, porque España es un
gran país.
Muchas gracias. (Aplausos).
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), SOBRE LA
POLÍTICA FERROVIARIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA TRAS FINALIZAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19. (Número de
Expediente 172/000034).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al
Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Martínez Oblanca, sobre la política ferroviaria del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras finalizar la emergencia
sanitaria del COVID-19.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha obstaculizado gravemente el normal
desarrollo de la vida ciudadana y las administraciones deben tomar
decisiones para acomodar sus prioridades, previsiones y actuaciones una
vez superados los efectos de la pandemia. Señor ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, el ferrocarril es el transporte más sostenible
y el que mayor atención recibe de la Unión Europea, y el más importante
hoy para Asturias, cuya incomunicación por tierra, mar y aire es uno de
los factores básicos que nos sitúa a la cola de España en tasas de
aumento de población, crecimiento económico, creación de empleo,
desarrollo turístico e industria. Permítame, señor Ábalos, el siguiente
preámbulo. Mientras su ministerio rescata peajes en los territorios de
España que le resultan políticamente más interesantes al PSOE, excluye el
de la AP-6 entre Villalba y Adanero y se olvida de su irresponsable
promesa de quitar alegremente el peaje del Huerna. Asturias es la única
región de la fachada cantábrica sin autopista del mar con Europa, en
beneficio de las comunidades autónomas limítrofes como Galicia y
Cantabria. El aeropuerto de Asturias bate dos récords lamentables: el que
menos enlaces nacionales e internaciones tiene y el que ofrece los
billetes más caros de España.
Con este escenario nada alentador, subo a esta tribuna para emplazarle a
que explique diferentes aspectos relacionados con las comunicaciones
ferroviarias, que son un factor básico de localización para superar el
aislamiento que penaliza la competitividad y para favorecer la creación
de empleo. Asturias está a la cabeza de la incomunicación ferroviaria en
España y en Europa, tal y como reflejan los indicadores oficiales, de ahí
que se necesite con urgencia la aplicación de remedios para que la mejora
de la calidad, la renovación de los equipamientos, la modernización del
tren, en lugar de su desmantelamiento, la culminación de infraestructuras
que se vienen prolongando desde hace muchos años y, en definitiva, el
acuerdo del cumplimiento de los acuerdos y planes específicos
comprometidos sean una realidad en el menor plazo posible.
Le quiero plantear varias cuestiones, para las que reclamo, señor
ministro, su atención, habida cuenta, además, de que el estado de alarma
vigente desde el pasado 14 de marzo no ha sido freno para que en materia
ferroviaria se hayan anunciado decisiones con la que los socialistas
vuelven machaconamente a las andadas en perjuicio de los asturianos.
Empezaré refiriéndome a una actuación interminable, la del soterramiento
en Langreo para la integración de la línea de ferrocarril Gijón-Laviana,
obras que se iniciaron
en 2009 después de que el proyecto fuese incluido a principios de siglo
por el primer Gobierno del PP dentro del Plan de la minería del carbón.
Fue llegar a la Presidencia el señor Rodríguez Zapatero y los trabajos
que iban a durar treinta y seis meses comenzaron a atravesar no pocas
vicisitudes presupuestarias. Llevan paralizados desde 2017, a la espera
de firmar un nuevo convenio entre las administraciones concernidas, el
cuarto de la serie, que es clave para poder completar la ejecución del
proyecto, que, en todo caso, difícilmente podrá entrar en servicio antes
de 2023, cuadruplicando el plazo temporal estimado inicialmente. Los
langreanos afectados vienen sufriendo todo tipo de problemas de
seguridad, limpieza e incomodidad, además de impaciencia. En Avilés
también aguardan a que se avance la eliminación de las vías con su
soterramiento en paralelo a la ría y la creación de una terminal de tren
y autobuses. Este proyecto, planteado por su predecesor en el ministerio,
es también una necesidad apremiante, que tiene que combinarse
paralelamente con la resolución de otra carencia para los avilesinos,
como es la Ronda Norte para sacar el tráfico pesado y peligroso del
centro de la ciudad.
Señoras y señores diputados, un caso singular, diríase que único en
cuestión de integraciones ferroviarias en las tramas urbanas, es el de
Gijón, impulsado por el Gobierno del PP, entonces presidido por José
María Aznar, y firmado en la casa natal de un español extraordinario,
Jovellanos, cuya figura, por cierto, está evocada en el techo de este
hemiciclo. Fue aquel un gran acuerdo, firmado en septiembre de 2002, por
las tres administraciones, Renfe y FEVE, para lograr la integración
ferroviaria en la ciudad con la centralidad y la intermodalidad como
referencias imprescindibles. Sin embargo y desde entonces, siempre que el
PSOE ha tenido oportunidad de meter palos en las ruedas del único
proyecto serio en cercanías, conocido como metrotren, no ha desperdiciado
la ocasión. Señor Ábalos, hace un año, en una visita electoral, usted
proclamó en Gijón lo siguiente: En diez meses hemos solucionado lo que no
se solucionó en diecisiete años. Ahora, sin embargo, el periodo de
pandemia se ha llevado por delante el consenso y los socialistas,
unilateralmente, han roto el amplísimo acuerdo político y social
alcanzado en la ciudad, y quieren hacernos retroceder a la casilla de
salida para alejar la futura estación ubicándola en el entorno de Moreda,
triturando uno de los elementos clave de cualquier gran estación europea,
la centralidad. Lo de Gijón no sucede en ningún lugar del mundo; a causa
de las decisiones socialistas tiene hoy una estación chamizo, bautizada
como provisional, que ha espantado desde su inauguración en 2011 a tres
millones de usuarios del ferrocarril; desde hace trece años un túnel de
casi 4 km sin uso e inundado; y ahora, contrariamente a lo que se hace en
toda Europa, quieren alejar la futura estación término del centro urbano.
Además de paralizar, con los más variados pretextos, la puesta en servicio
de metrotren y su túnel, construido para aproximar el ferrocarril a los
ciudadanos con varias estaciones subterráneas, captar viajeros, vertebrar
el territorio, mejorar la movilidad, solucionar el desastre de las
cercanías uniendo los centros de Oviedo y Gijón, los campus
universitarios, y retirando el tráfico en superficie del área más
contaminada de la región; el PSOE también hurtó a Asturias, en 2005, la
alta velocidad, con 4000 millones de euros invertidos y malversándose
escandalosamente. El paso del tiempo también deja en evidencia el
desastre de su política ferroviaria en la incorporación de Asturias a la
red española de alta velocidad. Lo último que hemos sabido, también con
la pandemia, es que ADIF confirmó que esta red no llegará a los tres
principales núcleos de población de Asturias y se quedará en Pola de
Lena, excluyendo su prolongación hasta Oviedo, Gijón y Avilés. Asimismo,
tras el colosal paso atrás que supuso la inauguración y puesta en
servicio en 2011, por el anterior Gobierno socialista, de la estación en
fondo de saco de León, que penaliza el tiempo de recorrido entre Asturias
y Madrid dentro del corredor norte-noroeste, su Gobierno ha decidido
aplicar en la variante de Pajares el ancho de vía ibérico, que descuelga
a Asturias de las directivas ferroviarias europeas tanto para el
transporte de viajeros como para el transporte de mercancías. Los
asturianos no somos ciudadanos de segunda, señor Ábalos. Queremos el
mismo trato que el resto de los españoles. Queremos alta velocidad
española, no baja velocidad española. Queremos la equiparación de la
línea Madrid-Asturias al resto de las líneas AVE españolas y no quedar
convertidos en un gueto ferroviario.
Los enlaces portuarios tampoco se libran del olvido y de la negligencia.
En estas semanas de emergencia por coronavirus se ha conocido que su
ministerio quiere renunciar, irresponsablemente, al convenio firmado en
2005 para las conexiones viarias del puerto de Gijón; anuncio que se suma
a las imprevisiones para que los grandes puertos de El Musel y Avilés
tengan conexiones ferroviarias en ancho estándar o europeo, lo mismo que
todos los puertos españoles de interés general competidores, como los
vascos o los levantinos. Es decir, lo mismo que todos los demás espacios
portuarios españoles de interés general, tanto por la competitividad en
los puertos como por el aprovechamiento de las grandes
ampliaciones ya ejecutadas en ellos, como para avanzar hacia el objetivo
de crear empleo en una comunidad que ocupa crónicamente el farolillo rojo
en la tasa nacional de población activa, porque no somos más que nadie,
pero tampoco aceptamos recibir menos atención que los demás. No existe ni
una sola razón ferroviaria ni de equidad constitucional para que la línea
de alta velocidad Madrid-Asturias no sea igual a las demás líneas AVE del
resto de España, y las conexiones de El Musel y de Avilés no sean vías de
ancho europeo; como no caben los pretextos de ADIF para renunciar ahora a
uno de los objetivos para los que se afrontaron las grandes y costosas
obras para perforar Guadarrama y Pajares, que era comunicar Madrid y
Oviedo en menos de dos horas y media. El noroeste de España también
existe, señor Ábalos.
Señorías, en su primera comparecencia en esta XIV Legislatura el titular
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anuncio aquí, en el Congreso de
los Diputados, un impulso de un nuevo plan de cercanías 2020-2025 que
-según sus palabras- integre y optimice en toda España los planes que ya
están en ejecución. ¿Traducido en el caso de Asturias?; el ministerio ha
decidido enviar a la papelera el Plan de Cercanías 2017-2022, aprobado
por consenso del Gobierno socialista del Principado y del Gobierno de
España del PP, que contaba con dotación y calendario presupuestario,
además de un amplísimo respaldo político, sindical, empresarial y social.
Para Foro es imprescindible la continuidad de este plan presentado
públicamente a finales de 2017, porque el estado de la red de cercanías
en Asturias precisa de actuaciones de emergencia en las líneas de ancho
métrico de FEVE y en las convencionales de Renfe, dado que la situación
es caótica, con miles de cancelaciones el pasado año, cierre de
apeaderos, menos frecuencias y una pérdida constante de viajeros cifrada
en un 12 % el pasado año.
Por todo ello -y concluyó mi interpelación, señora presidenta-, emplazo al
señor ministro a que proporcione respuestas para superar este panorama
ferroviario que mantiene a Asturias en el siglo pasado, solicitándole
compromisos concretos para recuperar el tiempo perdido en el cumplimiento
de los convenios, en lugar de deshacerlos, y reclamándole racionalidad
para estar a la altura de los acuerdos y amplios consensos políticos y
sociales alcanzados en beneficio de los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez Oblanca.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor
ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco):
Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de nada, debo decirle, señor diputado, que me alegra verle por aquí
recuperado y le agradezco también la buena predisposición que tuvo para
aplazar esta interpelación, dado que el pasado miércoles coincidía con mi
comparecencia en el Senado. No obstante, quiero aclararle, aunque no sea
parte de la interpelación, que este Gobierno no ha rescatado ninguna
autopista, fue el anterior. Nosotros simplemente hemos asumido el
vencimiento de unas concesiones, sin prorrogarlas. Es todo lo que hemos
hecho, asumir los compromisos, pero desde luego no hemos rescatado ni
tampoco hemos prorrogado ninguna autopista, y el agravio que resulta
respecto a Asturias, por lo tanto, no lo hay. Lo único que hubo en la
autopista León-Campomanes es que por Real Decreto 392/2000 el entonces
ministro, Arias Salgado -siendo vicepresidente Álvarez-Cascos, fundador
de su partido-, prorrogó esta autopista hasta el 17 de octubre de 2050.
Eso es lo que hace un Gobierno y lo que hace otro.
Pero, centrándonos en el motivo de su interpelación, desde nuestra llegada
al Gobierno hemos planteado un cambio de enfoque en la política
ferroviaria -tal y como ya les he podido explicar en mis comparecencias
anteriores tanto en esta Cámara como en el propio Senado sobre las líneas
generales del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la
legislatura-, algo que tampoco hemos podido desarrollar en plenitud y
como hubiera sido nuestro gusto, dado que no conseguimos en su momento la
aprobación del presupuesto en el que, efectivamente, quedaba claro este
giro estratégico en materia ferroviaria. Apostamos por el usuario y, en
concreto, por mejorar la movilidad de forma segura, sostenible y
conectada, pero esta declaración de intenciones no se queda aquí, sino
que llega hasta todas las actuaciones que tenemos en marcha o previstas a
corto, medio y largo plazo.
En el caso de las ciudades asturianas, como en el resto de España, nuestra
prioridad en materia ferroviaria son las cercanías, con un número muy
elevado de usuarios. Para ello, desde el primer momento
asumimos de forma racional y responsable los planes de cercanías que en
ese momento se estaban ejecutando, pero nuestra obligación es adaptarlos
a la nueva política de movilidad, que supone un giro en el papel inversor
poniendo el foco en potenciar la renovación, mantenimiento y mejora de la
capacidad y fiabilidad de las infraestructuras existentes y del material
móvil.
Comenzaré tratando el primer punto que usted plantea: la incorporación de
Asturias a la red española de alta velocidad hasta Oviedo Gijón y Avilés.
Antes de entrar en detalle, le adelanto que Asturias contará con
servicios de alta velocidad equiparables en prestaciones, en tiempo y en
todo a los de las grandes ciudades españolas y europeas, y en eso se está
avanzando como nunca. En primer lugar, la ejecución de las obras del
soterramiento de la estación de León, cuya finalización tendrá gran
influencia en la mejora de los tiempos de viaje a Asturias, en torno al
95 %. En el siguiente tramo, León-La Robla, se dispondrá de doble vía con
ancho mixto. Las obras de renovación de vía para implantar dicho ancho y
suprimir los pasos a nivel se encuentran en ejecución, así como trabajos
en las instalaciones de seguridad. A continuación, en la variante de
Pajares, espectacular obra de ingeniería y de gran complejidad, cuyo
coste es cercano a los 4000 millones de euros. Están finalizados todos
los tramos de la plataforma, el resto de actuaciones, vías,
electrificación, sistemas de señalización, están en obras o con la
contratación avanzada. Se ha dado una solución definitiva al esquema de
ancho de vías basado en criterios técnicos. Las capacidades de tráfico
necesarias de pasajeros y mercancías quedarán garantizadas por los nuevos
túneles de la variante. El desarrollo de los trabajos permitirá el inicio
de las pruebas en 2021. Y como muestra del impulso que estamos dando,
hace justamente dos semanas adjudicamos el contrato para la ejecución de
las obras civiles exteriores en la variante de Pajares, con un
presupuesto de más de diez millones de euros. Para el último tramo, Pola
de Lena-ciudades asturianas, será la estrategia indicativa para el
desarrollo, renovación y mantenimiento de la red ferroviaria de interés
general durante los próximos años, que estamos elaborando, la que va a
establecer los criterios sobre los que planificar y diseñar la
finalización de los grandes corredores de alta velocidad en España, entre
ellos la conexión con estas ciudades asturianas. La terminación de las
actuaciones en marcha de alta velocidad y la mejora de la red existente
para extender sus beneficios seguirán siendo un pilar fundamental de las
inversiones en infraestructura ferroviaria. En definitiva, el llevar los
servicios de alta velocidad a una determinada ciudad deberá realizarse
siguiendo criterios de racionalidad, eficiencia y sostenibilidad, sobre
todo en lo relativo a las infraestructuras, y en cada caso habrá que
adaptarse a los condicionantes y particularidades de cada corredor. (El
señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Nuestras prioridades en materia ferroviaria para las principales ciudades
asturianas -Oviedo, Gijón y Avilés- son coherentes con el nuevo modelo de
movilidad y están alineadas con las identificadas en el Plan de Cercanías
de Asturias. Con esas premisas estamos incidiendo en las actuaciones con
mayor valor añadido en las conexiones entre Oviedo, Gijón y Avilés, con
el objetivo de mejorar la capacidad de la infraestructura y poder
establecer nuevos servicios ferroviarios. Así estamos avanzando en la
explotación del tramo de Olloniego y el nudo ferroviario de Villabona,
para lo que en septiembre del año pasado iniciamos un estudio
informativo.
El segundo punto de su interpelación son las conexiones en ancho estándar
de los grandes puertos de El Musel y Avilés. La configuración diseñada
con la llegada prevista del ancho estándar hasta Campomanes, evidencia el
compromiso de avanzar en la unificación del ancho estándar en toda
nuestra red, pero partiendo de una planificación racional, pues para
alcanzar este objetivo final es obligado dotar de continuidad en los dos
anchos a nuestra extensa y capilar red ferroviaria. Asimismo, las redes
gestionadas por los puertos de Avilés y Gijón comprenden las
instalaciones ubicadas en el interior; ambos puertos cuentan con una red
en ancho ibérico y en ancho métrico. En el momento de disponer de un
calendario de puesta en servicio del ancho estándar en el corredor de
mercancías que conecta con los puertos de Gijón y Avilés, incluidos los
accesos a estos puertos, las autoridades portuarias estarían en
condiciones de programar la dotación de ancho estándar en sus redes. En
definitiva, se ha adoptado la decisión que propusieron los técnicos, que
evita dejar aislados a los puertos asturianos, que no tiene ningún
impacto en tiempos de viaje -al contrario, recorta algunos minutos el
viaje de vuelta-, que permite tener financiación europea y que no
hipoteca el futuro. Cuando la configuración general de la red en España
aconseje cambiar el ancho para beneficiar a la industria y a los
cargadores asturianos, se cambiará porque es traviesa polivalente.
El tercero de los puntos por los que usted se interesa es el Plan de
Cercanías, que, como usted bien dice, se aprobó por consenso entre el
Gobierno del Principado y el Gobierno de España. Las cercanías, como he
indicado, son uno de los pilares de nuestra política de movilidad, por lo
que sin duda seguiremos
trabajando en el plan existente; en el plan de choque que pusimos en
marcha en octubre de 2019, con ratios de inversión prevista para los
próximos años muy significativas en relación con el resto de núcleos de
cercanías, y en la integración -que no sustitución- de todo ello en el
nuevo plan de cercanías 2020-2025. De manera más particular, ADIF tiene
actuaciones impulsadas por valor de más de cuatrocientos millones de
euros. Dentro de ellas podemos destacar, en la red de ancho métrico, las
renovaciones de vía, la mejora de accesibilidad en la estación de Pola de
Siero, sustituciones de pasos a nivel en la línea Fuso-Collanzo, el
refuerzo de puentes, trincheras en la línea Gijón-Pravia, mejora de
impermeabilización de túneles, eliminación de arbolado y vegetación para
mejora de la visibilidad en toda la red y otras relacionadas con las
instalaciones de seguridad. En red convencional hay que destacar el
proyecto de la renovación de los centros de control de tráfico
centralizado en León y Oviedo, cuya obra está ya en ejecución. Además, se
están impulsando mejoras de plataforma, impermeabilización de túneles,
mejora de la rasante de vías en tramos localizados y mejora de
instalaciones de seguridad, entre otras. Renfe, además de haber ejecutado
ya cerca de veinte millones de euros en actuaciones de mejora de
estaciones y modernización de la flota, en lo que respecta al Plan de
renovación de material rodante, en pocas semanas, desde luego antes de
agosto, adjudicará el concurso de los trenes de ancho métrico para
renovar el material de las líneas de la antigua FEVE en Asturias.
El cuarto y último de los puntos de su interpelación es el correspondiente
a los soterramientos y estaciones intermodales para las integraciones del
ferrocarril. En el caso de Gijón, el nuevo convenio, suscrito el 8 de
mayo de 2019, para la ejecución de las actuaciones contempladas en el
mismo, dispone el reparto de las aportaciones de los distintos socios de
la Sociedad Gijón al Norte, con una inversión de más de ochocientos
millones de euros. Para la nueva estación intermodal de Gijón, hace menos
de una semana, el pasado jueves, publicamos en el BOE la información
pública del estudio informativo para la supresión de la barrera
ferroviaria en Gijón. Tal y como he indicado en ocasiones anteriores, la
voluntad del ministerio es trabajar desde el acuerdo con las
administraciones competentes para la integración en Gijón. Para ello
hemos redactado un nuevo estudio informativo que nos permite situar los
costes de las actuaciones ferroviarias y, por tanto, las aportaciones que
se requerirán de cada una de las tres administraciones. El estudio
informativo redactado plantea dos alternativas, la solución Moreda y la
solución Museo del Ferrocarril. Entendemos que se trata de un proyecto de
futuro y de una oportunidad no solo para Gijón, sino para Asturias, de
contar con un enclave central en el que el ferrocarril contribuirá de
manera importante a hacer ciudad y a mejorar la movilidad urbana e
interurbana. No le quepa la menor duda de que se tomará la mejor solución
atendiendo a los riesgos, la funcionalidad, el coste, el medioambiente y
el plazo. Con independencia del estudio informativo antes comentado, ADIF
va a redactar los proyectos y ejecutará las obras necesarias para la
puesta en servicio del metrotren desde el pozo de extracción hasta
Cabueñes, con un trazado totalmente soterrado. Los proyectos que
actualmente ADIF ya tiene en redacción son los siguientes: la estación de
Plaza Europa, estaciones de Bibio y Viesques y prolongación hasta
Cabueñes. En cuanto a Avilés, seguimos redactando el estudio informativo
con un contrato que se firmó en julio de 2019 y cuenta con un plazo de
redacción de veinticuatro meses.
Por último, para el soterramiento de la línea de red de ancho métrico en
Langreo, nuestro compromiso es el de hacernos cargo a través de ADIF de
la obra de superestructura sobre la obra de infraestructura ejecutada por
el Principado. Incluye la redacción y aprobación de los proyectos y
posterior licitación de las obras. En la actualidad los proyectos
constructivos de la superestructura se encuentran aprobados y nuestro
deseo sería que, una vez superadas las trabas administrativas
-precisamente, tengo entendido que hoy el proyecto va al Pleno del
ayuntamiento-, podamos comenzar las obras lo antes posible.
Concluyo. En el ministerio estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes
para modernizar la infraestructura y los servicios ferroviarios de
Asturias y así queremos continuar.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor
ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ábalos, gracias por sus palabras iniciales respecto a mi
recuperación. En relación con su comparecencia en el Senado, en fin, para
quien ha sido senador qué menos que favorecer la comparecencia del
ministro de Transportes y dar juego a la Cámara Alta.
Hablaba usted del peaje, y me gustaría matizar y recordarle que en 2020 se
rebajó el peaje de la autopista entre Campomanes y León y, también, se
canceló el proyecto socialista de ampliarla 70 kilómetros de León a
Benavente de pago. Eso lo canceló el Gobierno del Partido Popular. Señor
Ábalos, lejos de aportar buenas noticias, usted ha confirmado todas las
maniobras de su ministerio para retrasar, liquidar, cancelar y prostituir
los proyectos ferroviarios claves para el futuro de Asturias. Mire, si
las cuentas no me fallan, es usted el sexto ministro con el que he tenido
oportunidad de debatir en las Cortes el aislamiento ferroviario de
Asturias, pero usted, a diferencia de los demás, tiene una herramienta
que ellos no tenían, una dotación extra de 62 millones de euros
incorporada en los Presupuestos Generales del Estado aún vigentes,
gracias a las enmiendas del Partido Popular y Foro para rentabilizar
socialmente las grandes obras ferroviarias y ponerlas en servicio cuanto
antes. Una dotación añadida a las partidas que ya estaban incorporadas en
el proyecto de presupuestos y que ustedes han desperdiciado.
Estos días se cumplen dos años de la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.
Me permitirá que recuerde que en esta misma tribuna el señor Sánchez dijo
lo siguiente: Lógicamente, nosotros vamos a respetar la ejecución de las
obras que han sido presupuestadas en materia de infraestructuras por
parte del actual Gobierno; no queda otra - añadía el señor Sánchez-
porque, evidentemente, no son nuestros presupuestos, pero desde luego no
vamos a incumplir al acuerdo de esta Cámara. Dos años después se constata
la mentira, la falsedad del presidente del Gobierno.
Señor Ábalos, escuchando sus anuncios me fui convenciendo de que usted no
deja de pensar en la enorme diferencia que supone una interpelación sobre
los compromisos ferroviarios con su tierra valenciana y levantina o
preparar una interpelación sobre los compromisos ferroviarios con
Asturias y las regiones vecinas del Cantábrico. En Levante tiene a los
Gobiernos autonómicos y a los empresarios liderados por AVE, la
Asociación Valenciana de Empresarios, apretándole continuamente sobre la
urgencia de finalizar las obras y poner en servicio los 1000 kilómetros
de AVE del Mediterráneo entre Algeciras y Figueras. En Asturias tiene a
sus compañeras del Gobierno del Principado haciéndole la ola cuando
anuncia que no va a instalar alta velocidad europea desde León en la
vertiente de Pajares o que no pondrá en servicio el metrotren de Gijón,
con respectivos túneles de 25 y 4 kilómetros inutilizados desde hace doce
años. En Levante tiene a los Gobiernos autonómicos exigiendo la alta
velocidad europea sobre una plataforma doble, ancho de vía europeo UIC en
todo el itinerario, y en Asturias tiene al consejero de Infraestructuras
aplaudiendo la puesta en marcha de un tren de medio pelo sobre el ancho
Renfe que hará el recorrido Madrid-Gijón en tres horas y media; la
confirmación de que el ancho europeo no llegará a los puertos de El Musel
y de Avilés; o el anuncio de la ruptura por segunda vez en quince años de
un pacto alcanzado alejando a la estación término de Gijón al extrarradio
de la ciudad. Conclusión: es un hecho que la política ferroviaria del
Ministerio de Transportes consagra la desigualdad entre las dos Españas,
entre los españoles de Levante y del Mediterráneo y los españoles de
Asturias y las regiones del Cantábrico. Así nos luce el pelo a los
asturianos, siendo los zagueros en las estadísticas oficiales del
Instituto Nacional de Estadística. (Muestra un cartel). Señor Ábalos, yo
quiero para Asturias exactamente lo mismo que para su tierra; quiero alta
velocidad; quiero la solución definitiva. El ancho internacional que
usted va a aplicar en el corredor mediterráneo, en sus mil kilómetros; lo
quiero yo para los sesenta kilómetros entre Pola de Lena y La Robla, en
la variante de Pajares. Quiero alta velocidad igual que los demás, ancho
internacional para viajeros y para mercancías, señor Ábalos; mismo trato
para Asturias que para los levantinos y para el resto de los españoles.
Integración ferroviaria. ¿Puede usted citar algún caso en el que se quiera
llevar una estación término a una periferia urbana? En Gijón estamos
hablando de la quinta estación en lo que llevamos de periodo democrático,
la quinta; dos ya existían de antiguo; otra la inauguró el Gobierno
socialista en 1990, lejos del centro, gran innovación, gran desastre,
ahuyentó a los viajeros; y la que habilitaron ustedes en 2011 en forma de
tendayu, lo mismo, otro fiasco y ahora más lejos todavía, a Moreda, una
barrabasada. ¿Y dice usted que su prioridad son los viajeros? No, señor
ministro, no se burle, por favor, de los asturianos.
Concluyo, señor presidente, anunciando que presentaré la correspondiente
moción consecuencia de interpelación para reorientar la desastrosa
política ferroviaria de este Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el
señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchísimas gracias.
El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco):
Gracias, presidente.
Señoría, voy a darle algunos datos para que pueda comprobar qué está
haciendo este Gobierno por Asturias y, de esta manera, ver qué es lo que
no hizo el Gobierno al que usted apoyaba. Desde junio de 2018 a mayo de
2020, que es el tiempo que he estado de ministro, hemos licitado más de
trescientos millones de euros frente a los algo menos de doscientos
millones que se licitaron en el último periodo de igual duración del
anterior Gobierno, entre junio de 2016 y mayo de 2018, casi un 60 % más.
Si solo tomamos licitaciones de inversión, el porcentaje se incrementa
hasta un 115 % más. Para estos mismos periodos de tiempo, nosotros hemos
ejecutado más de 257 millones de euros en inversión frente a los 242
millones que ejecutó el Gobierno al que usted apoyaba, un 6 % más. Los
Presupuestos Generales de 2019, que usted no apoyó, daban a Asturias 48
millones más, un 15 %. En infraestructuras del Plan de Cercanías, el
Gobierno ha invertido ya más de 26 millones frente a los algo menos de
cuatro millones del anterior Gobierno, un 564 % más -como las cifras son
pequeñas, los porcentajes son muy altos-, y el material móvil contaba con
unidades de hasta cuarenta y cinco años de antigüedad, que le he
informado anteriormente que vamos a renovar.
En cuanto al tramo Pola de Lena-ciudades asturianas, quiero aclararle que
había unos estudios informativos en marcha que pretendían analizar la
extensión de la red de alta velocidad desde Pola de Lena hasta las
ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. Sin embargo, tras haberlo sometido a
información pública en 2015 con resultados negativos por la oposición de
varios municipios afectados y de alguna industria, como el Grupo Minersa,
así como por las dificultades técnicas con un coste por kilómetro muy
elevado y una reducción muy pequeña en los tiempos de viaje -no sé si
eran en torno a siete o nueve minutos-, en el año 2017 el anterior
Gobierno, Gobierno al que usted apoyaba, decidió desistir de dichos
estudios informativos. Eso es lo que nosotros nos hemos encontrado y en
eso es en lo que estamos trabajando, porque lo que queremos es que llegue
la alta velocidad hasta todas las ciudades. A veces, según lo que oyes,
parece que van a tener que bajarse del tren, pero usted sabe
perfectamente que el tren llega a estas estaciones, que es verdad que
disminuye algo la velocidad, pero es tan corto el tiempo que creo que
estamos hablando del orden de 4000 millones para siete minutos. No sé yo
cuál es la ansiedad por hacerlo. Si podemos hacer las cosas bien y con
menos recursos, creo que la opción está clara.
En cuanto a Gijón, nuestra actitud ya se la he dicho, es de absoluta
colaboración. Vamos a ver qué dice el estudio informativo -no le tengamos
miedo a los estudios técnicos- y, en función de lo que nos arroje,
lleguemos a acuerdos. Nosotros no tenemos ninguna disposición previa,
ningún prejuicio, ninguna voluntad anticipada; simplemente a ver qué
dicen los estudios informativos, qué cuesta, cómo se puede hacer, cómo
repartimos los costes y entre todos, las tres partes, tomamos la
decisión. Le aseguro que no tenemos ningún prejuicio. Por lo tanto, no se
nos anteponga ninguna decisión. Hemos puesto en marcha el estudio
informativo. De todas formas, si revisa luego bien mi intervención,
algunos anuncios he hecho, algunos plazos he dado, algunas fechas
concretas de licitación he dado. Evidentemente, siempre queda mucho por
hacer y, hasta que no concluyamos, está por hacer. Entiendo su presión,
es para eso para lo que está aquí. También a mí me da una ocasión para
decir cosas que, si no me interpelara, igual no tendrían ningún eco. Así
que también le estoy agradecido por ello.
Con respecto al agravio con la Comunidad Valenciana y el Mediterráneo, me
gustaría que esto lo dijera allí, porque allí me dicen lo contrario. Me
haría una buena campaña diciendo eso, porque usted sabe que en todas
partes la reivindicación es mayor de lo que uno puede hacer, y en mi
tierra me dicen lo contrario. Por eso le digo que esto igual sirve para
que lo vean también. Este tema de los agravios territoriales es algo que
ocurre en toda España; España es diversa, son muchos los intereses, pero
a algunos nos toca hacer España en plenitud y España al completo y, por
lo tanto, tratar de equilibrar las inversiones y tener una estrategia
española para todo el país.
Muchas gracias de todas formas, señor Oblanca, porque le aseguro, de
verdad, que me ha dado una oportunidad para poder explicarme. Gracias.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias,
señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede
a desinfectar la tribuna de oradores).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR QUEVEDO ITURBE), SOBRE LAS
POLÍTICAS QUE VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA FAVORECER LA
CONECTIVIDAD Y LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO EN CANARIAS. (Número de
expediente 172/000037).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación,
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las políticas
que va a desarrollar el Gobierno de España para favorecer la conectividad
y recuperación del turismo en Canarias. Para su defensa, tiene la palabra
el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días
a todas y a todos.
Señora ministra de Turismo, soy consciente de que lo que le voy a plantear
en esta interpretación en realidad no afecta exclusivamente al Ministerio
de Turismo, pero también creemos que en esta segunda etapa de pandemia,
que es la social y económica, el Ministerio de Turismo debe de asumir un
papel de liderazgo claro. Porque el peso del turismo en el Estado español
es del 12 % sobre el PIB y sobre la generación de empleo,
aproximadamente, depende del turismo, pero en Canarias resulta que el
impacto sobre el PIB es del 35 % y del 40 % sobre el empleo, es decir,
más del triple de la media del Estado español. Por ese motivo hemos
estado diciendo que hay dos pandemias para Canarias, aunque nosotros
somos completamente solidarios con el resto del Estado, como puede
comprender.
La pandemia sanitaria la hemos sobrellevado bien, yo creo que se han hecho
bien las cosas, y Canarias prácticamente es un territorio libre de virus.
Pero la segunda parte de la pandemia, que es la social y la económica, va
a impactar de una forma devastadora en Canarias después del cero
turístico que estamos sufriendo. Porque el impacto que tiene el turismo
sobre Canarias, si está en cero, es sencillamente demoledor, hasta tal
punto que, en este momento, entre las personas que están en ERTE, es
decir, que están en paro y que necesitan ayuda, tenemos más del 40 % de
la población activa en una situación de riesgo. Esto es una monstruosidad
y yo me imagino que nos entendemos en este tema sin necesidad de que le
dé más explicaciones.
Miren, la sociedad canaria, no el Gobierno de Canarias ni Nueva Canarias,
la sociedad canaria ha aprobado un plan para la reactivación social y
económica por abrumadora mayoría, en el que entre sus prioridades
estratégicas 4 y 5 se habla de la recuperación del empleo y del impulso a
la actividad económica. Y, en ambos casos, la referencia necesariamente
pasa por la reactivación efectiva del turismo en las islas para las dos
cuestiones. Ahora bien, Canarias no puede sola; por muy bien que se hagan
las cosas, lo que está claro es que la dependencia en relación con el
fenómeno turístico en Canarias es supracanaria; es decir, por muy bien
que lo hagamos, no depende solo de que Canarias lo haga muy bien para
recuperar la actividad turística en el archipiélago. Le daré algún dato:
los aeropuertos canarios están conectados con 150 aeropuertos de 27
países del mundo; por tanto, manejan aproximadamente 20 millones de
plazas de personas que llegan al año a Canarias, esto es una cifra
monstruosa que, hagamos lo que hagamos, no es suficiente si ustedes no
nos ayudan desde el Gobierno de España. En segundo lugar, sin vuelos
internacionales no es posible recuperar la actividad; después
explicaremos el papel que tiene cada uno de los sectores emisores de
turismo a Canarias. Pero, miren, de 15.1 millones de turistas -se dice
pronto esto ¡eh!- en el año 2019, más de 13 millones es turismo
extranjero; por tanto, yo creo que queda bien claro qué es lo que pesa
cada cosa.
Por ello, nosotros planteamos en esta interpelación dos tipos de medidas,
como habrá visto: un tipo de medidas que están anunciadas por el
presidente del Gobierno y la ministra portavoz, con las que nosotros
estamos de acuerdo y esperamos que se cumplan, lógicamente, que van
destinadas a proteger al sector hasta la normalidad. Ahí tenemos la
continuidad de los ERTE hasta que se recupere un régimen relativamente
normal, esto es fundamental: la prolongación de los ERTE para el turismo
y las actividades asociadas; la facilitación de liquidez a las empresas
turísticas a través de las líneas ICO, y los planes específicos para
impulsar el turismo para Baleares y Canarias, ambos archipiélagos, aunque
tenemos algunas diferencias. Este es un conjunto de medidas que no
dependen solo de usted, evidentemente, pero que son completamente
determinantes.
Hay otro tipo de medidas que tienen que ver con la conectividad y con la
seguridad de las comunicaciones con Canarias. En relación con facilitar
los viajes a Canarias, mire, una vez decidida la apertura de las
fronteras de España, el Gobierno está llevando a cabo un conjunto de
negociaciones con diferentes países del ámbito europeo, especialmente con
aquellos que tienen, digamos, una situación similar desde el punto de
vista de la evolución positiva de la pandemia provocada por la COVID-19.
Canarias debe participar en la creación de corredores seguros entre los
países que tienen situaciones epidemiológicas
similares y positivas. Pero, aunque esto que parece evidente podríamos
darlo por sentado, nos preocupa enormemente la evolución de las
propuestas de la Comisión Europea sobre esta cuestión, porque necesitamos
conocer cómo están evolucionando las negociaciones y los acuerdos que
está llevando a cabo este Gobierno de España para el establecimiento de
corredores entre distintas regiones europeas, entre las que debe estar
Canarias, evidentemente. Tenemos dudas de si eso se está haciendo así.
Por otro lado, es necesario garantizar la seguridad para nuestros
visitantes, para los trabajadores y para los residentes. En lo que
respecta a la seguridad, ya lo he dicho: Canarias es en la práctica un
territorio libre de virus y esto es una fortaleza enormemente relevante
que hay que utilizar. Es necesario que la reapertura de las fronteras y
de la actividad turística se realice en condiciones de seguridad
suficientes, porque es absolutamente necesario que vendamos Canarias como
un destino seguro y responsable. Debemos garantizar que todas las
personas que llegan a Canarias deban ser sometidas previamente a pruebas
diagnósticas efectivas para garantizar a todas aquellas personas que
viajen que ni contagian ni van a ser contagiadas, porque si esto no
ocurre, nosotros sabemos que algo como lo que ocurrió con el vuelo a
Lanzarote, que afortunadamente no fue nada, nos ocurre en dos vuelos y
nos hunde la temporada. Por lo tanto, este es un tema enormemente serio.
El Gobierno de Canarias ya se ha comprometido a realizar las pruebas en
destino, en Canarias. ¿Por qué? Porque si no garantizamos la seguridad
con pruebas PCR difícilmente vamos a convencer a nadie de que merece la
pena hacer un viaje a Canarias, cuando precisamente estamos en un tiempo,
como es el verano, que no es la mejor temporada para Canarias, como sabe.
Por tanto, necesitamos que el Gobierno de España impulse una fuerte
campaña de comunicación internacional poniendo la seguridad como un
argumento esencial. Creemos que esta medida necesita de su ayuda; esto no
puede caer solo en manos de los propios turistas o de los operadores
turísticos porque entonces será inviable.
La siguiente cuestión es la de incentivar la conectividad aérea con las
islas. Mire, nosotros dependemos -ya se lo he explicado- básicamente del
turismo internacional; nosotros, en un cien por cien, porque el peso del
turismo canario -los canarios harán todo lo que puedan, como el resto de
los ciudadanos españoles, por ayudar- es del 1 % y en el caso del turismo
español es más o menos del 10 %, y así y todo habrá que tomar medidas de
estímulo con el turismo español para convencer a la gente del Estado de
que merece la pena llegar a Canarias. Pero nosotros dependemos
absolutamente de la conectividad exterior; el peso del turismo
internacional es determinante y, además, el verano es un tiempo bajo para
la actividad turística de Canarias porque se abren los destinos
mediterráneos, están más cerca, es más barato para las líneas aéreas,
muchas de ellas en quiebra prácticamente, como saben, y por tanto hay un
riesgo tremendo de que nosotros no recuperemos una actividad razonable.
Por este motivo -¡mi madre, con el poco tiempo que me queda!- es necesario
favorecer la demanda de conexiones aéreas que faciliten la conectividad
aérea internacional con Canarias y para ello necesitamos que se aprueben
medidas extraordinarias y específicas para favorecer la conectividad. Dos
paquetes fundamentales: uno, la reducción de las tasas aéreas y las
bonificaciones para las plazas adicionales que se programen a partir de
julio. Esta primera cuestión de la reducción de las tasas aéreas ya se
hizo en la pasada crisis y provocó un incremento sustancial, de 1,6
millones de turistas adicionales, entre los años 2009 y 2012. La bondad
de esta medida es evidente. En 2020, si llegamos a 5 millones de turistas
-es decir, un 65 % menos, con un retroceso sobre el PIB del 20 % y una
pérdida de facturación de más de 9000 millones de euros- y no conseguimos
mejorar estos números, nos vamos a poner en una tasa de paro altísima,
pues les recuerdo que la crisis anterior fue menor que esta y llegamos al
34,7 %. Esta cifra es monstruosa. No sé si estoy trasladando con claridad
cuál es el problema. Por tanto, esta es la primera consideración. La
segunda es la de las bonificaciones, y hay dos medidas en este terreno:
una, las bonificaciones a las tasas aeroportuarias, que ya se ha hecho
con la crisis de Thomas Cook con buenos resultados, pero ahora
necesitamos hacer extensiva esta idea a los nuevos asientos que se
programen a partir de julio hacia Canarias, tanto en los vuelos
nacionales, estatales, como en los vuelos internacionales. Por otro lado,
la reducción de la tasa de la navegación aérea en ruta, la llamada tasa
de ruta que gestiona Enaire, como saben. Nosotros lo que queremos es algo
muy sencillo: como esto penaliza la distancia, aplíquennos la misma tasa
que a aquel lugar del Estado español que esté más cerca de Canarias y
entonces nos equipararemos al territorio peninsular, lo cual es una
medida completamente razonable. Les diré que todas estas medidas no son
ni exóticas ni ocurrencias, están en el Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, artículo 4.4.
En último lugar, es necesaria la promoción urgente de un paquete
específico y temporal de incentivos a las líneas aéreas. Esta es una
cuestión con la que tiene que ver, como saben muy bien, la Comisión
Europea. Esta es una cuestión que está relacionada con la generación de
ayudas de Estado para combatir los efectos de la COVID-19 y en la que hay
que utilizar -sugerimos, le pedimos que utilice con la energía
correspondiente- la condición ultraperiférica de Canarias, porque eso
precisamente nos coloca en buenas condiciones para que Europa entienda el
esfuerzo adicional que hay que hacer con Canarias. Yo confío en ello. Por
supuesto, como puede suponer, haremos una moción muy concreta sobre esto,
pero confío en la sensibilidad del Gobierno de España y en la de su
ministerio y espero que entiendan que Canarias se la juega como nadie,
como ninguna otra comunidad del Estado, en esta situación pospandemia.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra
de Industria, Comercio y Turismo.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera):
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Quevedo, como usted acaba de exponer, Canarias se enfrenta a una
situación muy compleja como consecuencia del impacto de la crisis
sanitaria. Somos muy conscientes de ello y por eso el Gobierno está
haciendo un seguimiento específico tanto de las medidas que se han
adoptado hasta el momento como de las que vamos a seguir aprobando. Como
usted ha dicho, Canarias tiene una singularidad por motivos evidentes
relacionados con su situación geográfica y con su elevada dependencia del
turismo, que, como señalaba, está en torno al 35 % de su PIB y al 40 % de
su empleo. Estas dos circunstancias, región ultraperiférica y alta
dependencia del turismo, hacen que Canarias se haya visto afectada desde
un primer momento por las restricciones de movilidad adoptadas para
controlar la crisis sanitaria, restricciones que, como sabe, se han dado
en el conjunto de países de nuestro entorno. Como le decía, somos muy
conscientes de la situación específica en la que se encuentra Canarias y
por eso desde el primer momento hemos actuado decididamente para que la
crisis no ponga en riesgo la quiebra de las empresas y para proteger a
los trabajadores del sector turístico, una actuación extraordinaria,
señoría, que ha sido fundamental para sostener el turismo, porque la
recuperación no ha empezado ahora; empezó con las primeras medidas que
adoptamos en el momento en el que se declaró la pandemia, medidas que,
como decía, han amortiguado el impacto de esta crisis y han servido como
dique de contención para iniciar cuanto antes la recuperación económica
En este sentido, permítame recordarle que la primera medida que puso en
marcha este ministerio fue precisamente para el sector turístico. Como
sabe, ampliamos hasta 400 millones de euros la línea ICO que creamos en
otoño pasado tras la quiebra de Thomas Cook. También entonces nuestra
reacción fue inmediata y eficaz al recuperarse gran parte del tráfico
aéreo tras la quiebra de Thomas Cook. Esta línea, señoría, ha permitido
financiar más de doscientas operaciones en Canarias por un valor de 23
millones de euros. Pero sin duda la medida más importante para proteger
el tejido productivo en esta situación extraordinaria ha sido la línea
que posteriormente aprobamos, hasta 100 000 millones de euros en avales
públicos del ICO, que, como sabe, se está desplegando en varios tramos.
Según los datos disponibles hasta el pasado 1 de junio, el ICO ha
facilitado financiación a más de diecisiete mil empresas en Canarias, que
han recibido más de 2500 millones de euros en financiación con aval del
Estado, lo que supone un 4 % del total. De hecho, el turismo, como decía,
que es el sector más afectado por la pandemia, también es el sector que
más se ha beneficiado por la línea de financiación proporcionada por el
ICO, aproximadamente el 17 % del total.
Hemos aprobado asimismo otras medidas para proteger el empleo y la quiebra
de las empresas, como la flexibilización de los ERTE o la prestación
extraordinaria para autónomos, que han beneficiado de manera destacada al
sector turístico, donde más del 70 % de los trabajadores afiliados en
todo el país se encuentran dentro de alguna de estas medidas. Además,
dentro del marco del diálogo social, como sabe, hemos acordado extender
la utilización de los ERTE y establecer un procedimiento de posible
extensión de este mecanismo extraordinario, que supone sin duda un
importante despliegue de recursos del Estado para proteger el empleo. El
objetivo es ir adaptando este sistema extraordinario y flexible de apoyo
de los ERTE en los sectores más afectados y, evidentemente, el turismo va
a ser uno de ellos. Asimismo, estamos analizando con los agentes sociales
cómo adaptar los ERTE para acompañar el proceso de desescalada e
incentivar al mismo tiempo la recuperación económica. Le aseguro que el
turismo y la hostelería son los sectores, como decía, más beneficiados
del plan de choque del Gobierno.
Señoría, me interpela por las políticas que va a desarrollar el Gobierno
para favorecer la conectividad, pero también la recuperación del turismo
en Canarias. Como conoce su señoría, vamos a poner en marcha proyectos
piloto de corredores turísticos seguros antes del 1 de julio. Como sabe,
el lunes ya anunciamos y aprobamos el primer corredor turístico que va a
desarrollar el Gobierno de Baleares con Alemania y estamos también
trabajando con Canarias. Son corredores que puede proponer cualquier
comunidad autónoma que se encuentre en la fase 3 de la desescalada. Esta
experiencia previa, además de contribuir de manera relevante a la
recuperación de la conectividad y de la actividad turística, nos va a
permitir también comprobar que todos los protocolos de seguridad
sanitaria de los que nos hemos dotado funcionan correctamente. En las
últimas semanas, distintos miembros del Gobierno estamos trabajando para
coordinar en el marco de la Unión Europea la eliminación de los controles
de fronteras intraeuropeas y con terceros países de la Unión Europea.
Hemos mantenido y seguimos manteniendo contactos permanentes con nuestros
principales mercados emisores con la intención, como señalaba, de
impulsar cuanto antes la conectividad con España y con Canarias, pero,
como usted también señala en su intervención, con las máximas garantías
sanitarias. Compartirá conmigo que la desescalada ha sido y está siendo
gradual, asimétrica y coordinada, pero ante todo está siendo una
desescalada segura, porque no estamos en una carrera a ver quién va a
llegar primero, sino a ver quién es más seguro. La mayor garantía -lo
decía el otro día- para reactivar el turismo es mantener a raya al virus.
Después del esfuerzo colectivo que hemos hecho, tenemos que evitar volver
a la casilla de salida, lo cual, sin duda, sería fatal para la
credibilidad y para la imagen de España. Estará de acuerdo conmigo, señor
Quevedo, en la importancia capital que tiene recuperar la fortaleza y la
confianza del sector turístico español, de recuperar la actividad
económica en un marco en el que podamos garantizar la seguridad y la
salud de todas las personas que vengan a nuestros maravillosos destinos.
Desde el ministerio que dirijo hemos encargado al Instituto para la
Calidad Turística Española la elaboración de más de veinte guías y
protocolos que, sin duda, van a ser fundamentales para poder reiniciar la
actividad con las máximas garantías sanitarias, pero también ofreciendo
confianza a los visitantes, a los trabajadores y, como decía, a los
residentes de los destinos. Son guías que ya están disponibles y
validadas por el Ministerio de Sanidad. Como decía, han sido elaboradas
de forma concertada con las comunidades autónomas y con los agentes
sociales y tienen especificaciones muy claras sobre el servicio, la
limpieza y desinfección, el mantenimiento y la gestión del riesgo para
los diferentes subsectores del sector turístico. Además, estamos ya en un
proceso de certificación de estas guías, tanto a través de UNE como a
través de ISO, y también estamos desarrollando distintivos para que
nuestro destino sea seguro.
Me preguntaba también por la reactivación del turismo. Como dije hace
algunos días, estamos trabajando de forma intensa en la elaboración de un
plan de apoyo al sector que tendrá al menos cuatro ejes prioritarios. El
primero lo señalaba usted a lo largo de su intervención: la seguridad
sanitaria. Como decía, la seguridad ya la tenemos muy avanzada a través
de estos protocolos que, además, van a ser también guías de buenas
prácticas para muchos países de nuestro entorno, puesto que España ha
participado en estos meses en el comité de crisis de la Organización
Mundial del Turismo. La semana pasada tuvimos ocasión de presentar estas
guías, de forma que España va a ser, sin duda, un referente de buenas
prácticas en el ámbito de la seguridad sanitaria, porque para nosotros lo
prioritario es recuperar la confianza como destino seguro.
Otro ámbito de este plan de apoyo tiene que ver con el refuerzo de las
medidas económicas que ya hemos implementado y que requieren de una
continuidad. Vamos a reforzar la financiación y la liquidez en el sector
turístico con un nuevo subtramo en la línea de avales ICO específica para
el turismo con 2500 millones de euros. También, como sabe, la comisión de
seguimiento tripartita que en estos momentos está trabajando en la
definición de las medidas de acompañamiento en el ámbito del empleo que
serán necesarias tras el 30 de junio, cuando finaliza -como sabe- la
extensión de los ERTE, está trabajando para flexibilizar esta medida, de
forma que las actividades turísticas puedan tener una prolongación de
esta medida tan importante para proteger el empleo y también para
proteger a las empresas, permitiendo, entre otras cosas, la
reincorporación gradual de los trabajadores en función del nivel de
recuperación de la actividad, como usted señalaba, y estableciendo
incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en
sectores donde la actividad no se recupere por completo. Un plan que
también vamos a reforzar desde el punto de vista de la inversión en
digitalización y en entornos sostenibles tanto en destinos turísticos
pioneros como en destinos del interior. Un plan en el que también vamos a
reforzar la red de destinos turísticos inteligentes con 75 millones de
euros, una red en la que, como sabe, participan varios
destinos canarios. Entre otras medidas, el plan recoge también la mejora
del conocimiento turístico. En estos meses de crisis de la pandemia hemos
necesitado y hemos desarrollado todo un sistema de información turística
que nos va a permitir tomar mejores decisiones para desarrollar las
políticas turísticas adecuadas. Más indicadores, datos e información a
tiempo real que vamos a compartir con las comunidades autónomas y el
conjunto del sector turístico.
Por último, usted hablaba de la promoción, de la promoción de España como
destino seguro y sostenible no solo de cara al turismo nacional, sino
también internacional. Con respecto a la promoción he de decirle que
estamos trabajando de manera coordinada con las comunidades autónomas,
los organismos de promoción y los clubes de productos en una nueva
campaña de comunicación, primero nacional y después internacional, con el
objetivo de recuperar el volumen de turistas que cada año escogen España
para sus vacaciones, una campaña, sin duda, necesaria, que tiene que
generar confianza y seguridad en todas las aceptaciones y que haga que
nuestro país sea referente como destino turístico.
Con respecto a la coordinación en Europa a la que antes se refería y que
sin duda es un aspecto fundamental para Canarias, pero también para los
países que se encuentran dentro de sus mercados emisores, he de decirle
que el 11 de mayo nueve países liderados por España presentamos una
declaración conjunta en la última reunión informal de ministros de
Turismo para solicitar a la Unión Europea un plan de recuperación
destinado a paliar el impacto negativo de la pandemia en el sector
turístico europeo, un plan donde específicamente solicitamos la atención
a la problemática de la regiones insulares y ultraperiféricas como es
Canarias.
Señoría, el Gobierno está atendiendo de forma prioritaria al sector
turístico. El transporte, sin duda, merece también una mención, y después
me referiré a ello en la réplica, pero lo que le quiero trasladar es que
es urgente -yo diría que es lo más importante en este momento- reactivar
el turismo, poner en marcha este gran país que es España y Canarias como
uno de los destinos más elegidos, lo tenemos que hacer con todas las
garantías sanitarias y esperamos, sin duda, contar con su grupo y contar
con todas las fuerzas políticas, y tiene el compromiso claro de esta
ministra de colaborar y trabajar juntos para reforzar la fortaleza de
nuestro sector turístico canario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora
ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias de nuevo, señor presidente.
Señora ministra, la he escuchado con atención y la verdad es que el título
de la interpelación es conectividad y recuperación, y si usted contesta a
la conectividad en la réplica, no tengo tiempo de replicarle a mi vez. Lo
que sí que le digo es que, como puede suponer, habrá una moción la
próxima semana en la que precisaremos más de lo que se ha precisado en su
respuesta. Comprendo que no es fácil hacer una respuesta concreta, pero
usted tiene que entender que todo está muy bien, pero el problema que
tenemos es que si no llega el turismo internacional de forma suficiente,
estamos muertos. Por tanto, está todo estupendo, pero ese es el problema.
Y los ERTE están muy bien, pero nosotros preferimos recuperación de la
actividad a los ERTE. Los ERTE son una medida fundamental, pero nosotros
preferimos que se recupere la actividad, porque ni a los propios
afectados por los ERTE les interesa cobrar lo que no cobraban ni al
Estado le interesa, ni a Canarias tampoco, estar pagando 300 millones de
euros al mes por la cuestión de los ERTE. Luego, cualquier medida que
esté relacionada con reabrir de la forma más rápida posible el mercado
turístico en Canarias supone en realidad un ahorro. Por eso, la seguridad
es determinante, porque si no fuese seguro, el gasto en seguimiento y
monitorización de los posibles contactos que llegasen a Canarias más el
de los ERTE resultarían al final más caros que lo que nos ahorramos
haciendo las pruebas en origen, que es lo que le he planteado con
claridad; no he obtenido una respuesta y supongo que ahora me dirá algo.
En la cuestión de Thomas Cook, claro, lo de Thomas Cook funcionó. Por eso
le estoy pidiendo que lo volvamos a hacer. Hay que volver a hacerlo.
Nosotros le estamos planteando con claridad la necesidad de establecer un
conjunto de bonificaciones a las tasas aeroportuarias y las tasas que
tienen que ver con los asientos adicionales, que ya ha funcionado. Lo que
estamos planteando es que se haga. No sé si yo soy capaz de trasladar
esto. Están bien las medidas genéricas de actividad turística, pero en
Canarias no funcionará el turismo por carreteras. Los países van a
estimular el turismo interior y España lo va a hacer también, y hacen
bien. Va a funcionar el turismo por carretera, muchísima gente se moverá
así. El tren
también será una vía muy importante. Pero, como saben, Canarias, en eso,
cero; no existe. Y hay países que van a favorecer el turismo interior,
con medidas como las de Italia, por ejemplo, que va a dar 500 millones de
euros a los italianos que hagan reservas turísticas en Italia. No es el
caso de Canarias. Tenemos compañías aéreas en una situación dramática; es
decir, nosotros, o lo ponemos seguro, muy seguro, fácil, muy fácil, y
demostramos las fortalezas de Canarias -por cierto, no sé por qué no
estamos en la prueba de los corredores turísticos; esto está solicitado,
los llamados corredores seguros- o no tenemos ninguna posibilidad de
recuperar el sector y menos aún este año. Por tanto, creo que si lo
hacemos bien ahora, si lo apoyamos decididamente, en realidad supondrá un
ahorro al esfuerzo del Estado y una tranquilidad para el sector en
Canarias.
He estado escuchando con atención el planteamiento que me ha estado
haciendo y quiero decirle que el sector turístico en Canarias tiene
desarrollados planes de excelencia absoluta. El problema es que no
depende solo de nosotros. Nosotros podemos hacer lo que se quiera, pero
tiene que venir la gente y básicamente el turismo internacional, por
mucho que sea muy bienvenido el turismo español. Por cierto, en este tema
confío en que no se vuelvan a disparar los precios de los billetes aéreos
a Canarias. Estoy seguro de que el ministro Ábalos ya lo tiene claro:
pagar determinadas facturas gratuitamente porque alguien abusa con esto
no es buena idea. En Canarias la dependencia del turismo internacional
-se lo he dicho antes- es muy grande, de 15 millones de turistas más de
13 son turistas extranjeros, turistas de terceros países. Por lo tanto,
es esencial la cuestión de facilitarles la llegada, es decir, tenemos que
convencer a estos turistas -por ejemplo, a un alemán de Hamburgo que se
sube a un avión lleno durante más de cuatro horas- de que estén
tranquilos porque ni van a contagiar ni van a ser contagiados. ¿Cómo les
convencemos? Porque, si no lo hacemos, hay países que no están
recomendando viajar. Nosotros tenemos que facilitar esto. Por lo tanto,
lo que estamos planteando de los PCR, de las pruebas previas, no es
ninguna bobería; es más, es un ahorro al final. Lo que pasa es que no
puede caer sobre el pescuezo tanto del viajero como de los operadores
turísticos encareciendo la factura, porque entonces no vendrán porque es
caro. Tenemos que encontrar una manera y lo que le estamos pidiendo es
una negociación con los países en situaciones epidemiológica similares.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
Para concluir el debate, tiene la palabra nombre del Gobierno la señora
ministra de Industria, Comercio y Turismo.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera):
Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, señor Quevedo, me quedaba alguno de los elementos por
desarrollar en la intervención y voy a aprovechar estos cinco minutos.
Quería hablarle del transporte aéreo, que sin duda merece una especial
atención en la pregunta que usted me plantea. Como sabe, la Agencia de
Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de
las Enfermedades publicaron el 13 de mayo toda una serie de
recomendaciones para el sector que el Gobierno quiere trasladar como
obligatorias en una regulación que ya está desarrollando el Ministerio de
Transportes. Quería también señalarle que, en el caso de AENA, ya ha
puesto en marcha un plan de recuperación operativa, que se va a
desarrollar en dos fases. En la primera fase, mientras dure la pandemia,
se están ya aplicando medidas para garantizar la seguridad sanitaria,
coordinándose con la autoridad sanitaria todas las medidas del control de
pasajeros. En una segunda fase, se van a llevar a cabo en AENA una serie
de inversiones para el desarrollo tecnológico en materia de
infraestructuras que sin duda van a permitir también mejorar la
experiencia en el ámbito de la aviación. Pero, además, me consta que
Canarias está interesada en el desarrollo de aplicaciones de móviles, de
app, para el 'traceo' de contactos, un aspecto sin duda crucial para
evitar un posible rebrote de la pandemia. Como sabe, estamos trabajando
-le decía antes- con el Gobierno canario en implementar estas medidas y
para poder aprobar muy pronto distintos corredores turísticos seguros
-como ya lo hemos hecho el lunes en el caso de Baleares- y esperamos que
en los próximos días podamos anunciar también que en el ámbito de
Canarias -y todas aquellas comunidades autónomas que lo soliciten-
podemos abrir esos corredores para que puedan venir los turistas cuanto
antes porque para nosotros es crucial en este momento la reactivación del
sector turístico, teniendo en cuenta -como señalaba- que además Canarias,
desde el punto de vista epidemiológico, está ahora mismo en una situación
de control de la pandemia.
Señalaba usted el tema de los PCR. Quiero decirle que en este ámbito
estamos trabajando con el Centro Europeo de Prevención y Control de
Enfermedades en el ámbito de la Comisión Europea, que es la que determina
cuáles son las recomendaciones a implementar. No hay consenso en cuanto a
la utilización de los PCR en origen y en destino, pero eso no significa
que el Gobierno de España no esté abierto a todas las propuestas que,
tanto en el ámbito de los países de la Unión Europea como en el ámbito de
las comunidades autónomas, se nos planteen. En el caso de Canarias,
teniendo en cuenta la alta dependencia que tiene del turismo
internacional, necesitamos acuerdos de reciprocidad para que esta medida
se pueda implementar y le aseguro que estamos trabajando -y no solo la
ministra de Turismo, somos un grupo de ministros- en estos momentos y
estamos liderando en la Unión Europea con nuestros países homólogos que
el turismo sea prioritario en la agenda europea, y en el marco del plan
de recuperación de la Unión Europea sabe que va a ser uno de los
principales sectores beneficiados.
Para terminar, quiero reforzar dos ideas. La primera, que el turismo es
una prioridad en la agenda del Gobierno. Lo ha sido desde que llegamos al
Gobierno y en particular, como le decía, hemos abordado ya una crisis
anterior importante que impactó a Canarias en particular, la crisis de
Thomas Cook, y por supuesto en estos momentos estamos -y llevamos ya tres
meses- trabajando para que el impacto del COVID sea el menor posible y
para que la reactivación del sector turístico se haga lo antes posible y
con garantías de seguridad, que es lo que necesitamos. La segunda es que
el sector turístico nos necesita, lo decía usted. Ha habido un gran
acuerdo de la sociedad canaria pidiendo que se reactive cuanto antes, con
unas medidas muy concretas que yo agradezco que nos traslade. Decía que
nos está pidiendo la sociedad canaria, pero también el conjunto de la
sociedad española, que conformemos un gran acuerdo país en torno al
turismo. Espero, sin duda, que los resultados de la mesa de
reconstrucción que está desarrollándose en esta Cámara refuercen la
necesidad de articular medidas de apoyo desde las diferentes
administraciones públicas competentes y también con la participación del
sector privado para que lo antes posible se recupere la actividad
turística y, por lo tanto, esa fortaleza de nuestro sector y la
generación de empleo. También es un momento para seguir reforzando las
fortalezas de nuestro modelo turístico, mejorando su resiliencia a una
crisis sanitaria -no sabemos cuánto tiempo estará con nosotros el COVID-
y sobre todo las fortalezas desde el punto de vista de la hospitalidad y
de la excelencia del producto turístico que Canarias tiene.
Termino con las palabras que el presidente dijo hace dos semanas. Este
verano habrá temporada turística y esperamos que tanto los residentes
como los visitantes internacionales redescubran España. Sin duda, les
estamos esperando.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señora
ministra. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar
la tribuna de oradores).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), A LA MINISTRA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA DOTAR DE FLEXIBILIDAD
A LOS SECTORES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. (Número de expediente:
172/000038).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a la ministra de Industria,
Comercio y Turismo sobre las medidas previstas para dotar de flexibilidad
a los sectores clave de la actividad económica.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Buenos
días, ministra.
Esta es la tercera interpelación en relación con la industria. En tres
semanas, tras interpelaciones de distintos partidos políticos. Y es
verdad, a pesar de que a nosotros no nos une nada ideológicamente con los
mismos, parece que lo que sí existe es una preocupación por la industria.
Mi intención con esta interpelación es trasladarle nuestra preocupación,
realizar una crítica constructiva, pero también volver a expresar la
disposición al acuerdo y al diálogo. A usted le suele gustar hablar de
certezas y le planteamos una de esas certezas como punto de partida de
esta crisis sanitaria, que además es incierta. Es evidente que la crisis
es asimétrica y por tanto su salida también. La estructura del tejido
productivo es muy distinta dentro del Estado compuesto en el que estamos,
y es la estructura productiva de una región uno de los factores
principales para explicar su resiliencia. Así, aquellas economías más
diversificadas, con más industria, están siempre en mejor situación de
partida: ante una crisis la caída es menor y la resistencia,
mayor. Por eso es necesario apostar por la industria. El Partido
Nacionalista Vasco lo ha hecho siempre así, hemos apostado y apostamos
por la industria como motor de la economía. Siempre hemos mostrado la
preocupación por la inexistencia de una política industrial
independientemente de quién haya estado gobernando, una preocupación que
el propio sector remarca y también algunos de los ponentes en el grupo de
trabajo de reactivación económica del pacto de reconstrucción. Me podría
decir que la política industrial es competencia exclusiva, y así es,
efectivamente, pero convendrá también conmigo en que debe estar
coordinada con los distintos ministerios y con el suyo -ministerios
además cuyas competencias a lo mejor no son exclusivas, como las de
energía o trabajo- de forma que las decisiones sean coordinadas y no
perjudiquen a la viabilidad y competencia del sector industrial.
En su última comparecencia antes del COVID yo le decía que en los últimos
tiempos en industria se estaban poniendo parches o, mejor dicho, apagando
fuegos para capear los problemas ante situaciones críticas que iban
llegando, como Navantia, ArcelorMittal, Alcoa, y ante aquellas otras
derivadas de anuncios un tanto precipitados, como el diésel, que lo que
evidenciaban era una falta de coordinación entre algunos ministerios y
cuyas consecuencias, por ejemplo, en el sector de automoción se
tradujeron en una disminución de ventas. Con esto desde luego no queremos
atribuirles a su Gobierno la responsabilidad de las crisis industriales,
porque está claro que una crisis industrial no nace de un día para otro,
sino que son consecuencia de muchos factores y de muchas decisiones,
principalmente de las empresas a lo largo del tiempo. Pero el Gobierno sí
puede hacer algo, puede establecer las bases y las políticas para atraer
y para retener a las empresas y, por tanto, reducir todos estos riesgos.
Pero ahora estamos en un contexto distinto, con una caída importante de la
actividad, una situación todavía de incertidumbre, con un impacto
económico del que no tenemos precedentes ni tampoco información
suficiente. La expansión del virus y su efecto en la actividad productiva
están poniendo en jaque a sectores con alto impacto en la economía
arrastrando incluso a la industria auxiliar. Por ello, además de medidas
concretas y generales válidas para todas las empresas independientemente
del sector al que pertenezcan -que no ponemos en duda-, aquellos sectores
que son claves en la economía necesitan de un impulso específico. Me
estoy refiriendo a automoción, aeronáutica y máquina herramienta,
sectores de alto impacto en el empleo, en el desarrollo tecnológico y en
el desarrollo de sectores conexos, que además son altamente innovadores y
altamente exportadores. Esta es, en definitiva, la motivación de la
interpelación que le hacemos. Nuevamente, ministra, a pesar de que
entendemos que la gestión del COVID es compleja, tenemos la sensación de
que su ministerio está ausente en aquellas decisiones estratégicas y más
relevantes tomadas durante la crisis y que afectaban y afectan de lleno a
estos sectores. Me refiero al cierre de la actividad a las doce de la
noche de un domingo cuando su ministerio conocía perfectamente que la
industria necesita una paralización programada y ordenada para minimizar
el daño en la cadena de producción. Y ausente también en la toma de
medidas específicas para estos sectores. Me puede decir a lo mejor que
sin salud no hay economía, pero es que sin economía no hay salud. No se
trata de ese dilema, sino de conciliar economía y salud, conciliar
economía y seguridad en el trabajo, ya que son pilares que se soportan
uno al otro.
Hace dos semanas le preguntaba por las medidas de automoción y no me dijo
prácticamente nada para luego sí encontrarnos en la prensa un plan de
automoción del que hoy apenas conocemos nada. Bueno, conocemos que se ha
retrasado. Un plan que entendemos que dependerá de los fondos europeos,
porque usted la semana pasada dijo que había heredado un presupuesto
raquítico, el de 2018, y si bien es cierto que ese presupuesto después de
dos prórrogas no da más de sí, también hay que decir que es al actual
Gobierno al que le compete buscar los acuerdos necesarios para un nuevo
presupuesto. Ahora tienen esa oportunidad, tienen que dar esos primeros
pasos -estamos a las puertas de julio-, y ahí es donde veremos las
prioridades y cifras que marcan su política industrial. Desde luego, no
dudo de su buena voluntad ni de su actitud prodiálogo, pero no es
suficiente. Estamos en un momento que requiere de iniciativas, medidas
concretas y claras, pero también arriesgadas. No se puede seguir con una
visión pasiva de la política industrial, que lo único que ha hecho es
fomentar la desindustrialización. Hablando de certezas, no invertir en
política industrial resulta caro y de ahí la necesidad ahora de no
cometer los mismos errores. El pasado nos sirve para aprender lo que
debemos hacer y lo que no debemos hacer y para mirar sobre todo al
futuro.
Voy a centrarme en tres sectores y en el efecto de las crisis en los
mismos, pero creo que también resultará extrapolable a otros sectores
afectados por esta crisis y que igualmente necesitarán de una misma
reflexión y un ministerio que les atienda. Respecto a la máquina
herramienta, los largos periodos de duración de sus productos
posibilitaron su carga de trabajo. Sin embargo, los nuevos pedidos, los
servicios de asistencia técnica, la recepción de maquinaria en fábrica, la
imposibilidad de viajar, de reunirse con los clientes y atenderles,
actividades todas ellas fundamentales, han detenido casi toda la demanda.
Además, esto va a tener un reflejo mucho mayor a partir de septiembre. El
sector aeronáutico es uno de los peor parados debido a la reducción
drástica de la movilidad aérea a nivel global, con una caída del 90 % del
tráfico de pasajeros. Las cadencias de fabricación de los diferentes
modelos de los principales clientes de las empresas del sector se han
hundido, sobre todo por la cancelación y falta de nuevos pedidos de las
aerolíneas y, además, por la gran incertidumbre futura. Automoción.
Representa el 10 % del PIB. Los datos son elocuentes: su producción se ha
desplomado un 97,5 para turismos y un 98 % en la exportación. El COVID ha
supuesto la ruptura de su propio modelo de abastecimiento, basado en una
cadena de suministros de piezas just in time: paralización de fábricas,
paralización de venta de automóviles como consecuencia del hundimiento de
la demanda debido al confinamiento, restricciones a la movilidad y cierre
de concesionarios de venta. Además, ha arrastrado a la industria de
componentes y auxiliar. Es un sector, además, que estaba inmerso en la
transformación de su modelo de negocio: cambio de producto hacia la
electrificación, obligación de cumplimiento de objetivos de reducción de
emisiones, incertidumbre en la regulación, y con un mercado de ventas a
la baja.
Estos sectores, ministra, están abordando esta situación con la puesta en
marcha de medidas de ajuste para adaptarse a la nueva realidad del
mercado, reduciendo sus costes operativos y su capacidad productiva y
organizativa, manteniendo empleo y reajustando la organización parcial de
su trabajo para no perder el talento de las personas. Pero estas medidas
por sí solas no son suficientes, necesitan mayor flexibilidad para
adaptarse, porque la incertidumbre está para quedarse durante un tiempo y
necesitan un entorno más seguro y predecible para nuevas inversiones,
evitando escollos y trabas. Todos sabemos que los sectores productivos
toman sus decisiones a largo plazo, y esto requiere, nuevamente, certeza
y seguridad jurídica. Y más allá de las medidas de choque a corto plazo,
también se hace necesario un plan coordinado para apoyar a la industria,
para reactivar la inversión, una inversión que además genere retorno
económico y social, y para que la industria pueda afrontar con músculo
financiero no solo las consecuencias económicas del COVID, sino también
los nuevos retos a los que se va a enfrentar. España, una vez más, se va
a quedar rezagada a la hora de dar una respuesta industrial en este nuevo
contexto. Mientras los competidores de Europa, Francia, Alemania, y el
resto de países ya cuentan con apoyos específicos, con planes de
mantenimiento y fortalecimiento de la industria más competitiva, aquí
estos sectores, a falta de noticias específicas del Gobierno, se van
defendiendo y adaptando a las nuevas circunstancias de mercado. Dos
certezas, ministra: mientras Francia cuenta con un plan de automoción,
aquí el anunciado se retrasa; mientras Francia ayer anunciaba un plan
para el sector aeronáutico, aquí, de momento, ni se plantea. Usted hoy
igual me cuenta algo más de ese plan de automoción anunciado, pero
seguramente me volverá a hablar de las líneas ICO, de los ERTE; medidas
horizontales, generales y válidas para todos los sectores, sin atender a
sus especificidades.
Evidentemente, son medidas positivas. Nosotros hemos apoyado con nuestro
voto todos los reales decretos que regulan esas medidas, pero también le
digo que, con respecto a los ERTE, tiene que hablar y coordinarse con la
ministra de Trabajo. Extiendan los ERTE sectorialmente por fuerza mayor
hasta finales de año y faciliten una transición ágil y flexible a nuevos
ERTE por causas económicas y organizativas. Es una decisión que ha de
tomarse ya. No le estamos pidiendo ERTE generalizados, estamos hablando
de ERTE para sectores que son competitivos, porque tienen producto y
mercado, porque son sectores viables, con potencial de crecimiento y que
generan valor a través de la innovación, pero que necesitan todavía y
durante un periodo de tiempo mayor más flexibilidad para acompasar el
retorno de la actividad empresarial y poder ir reincorporando a toda la
plantilla a medida que exista demanda. Y es que si por algo se
caracterizan los ERTE es por la flexiseguridad: facilitar la flexibilidad
de la empresa para adaptarse a nuevas situaciones, sobre todo en
situaciones de crisis, y seguridad para las personas trabajadoras. Es
necesaria una estrategia compartida que se base en los activos
disponibles. Hay que aprovechar lo existente y dotarles de un nuevo
impulso que permita sostener la actividad y el empleo del sector a corto
plazo. Pero también hay que mejorar la competitividad futura. Por eso se
debe seguir apoyando a estos sectores, en el corto plazo mediante la
ampliación de los ERTE y, en el medio y largo plazo con una planificación
ad hoc. Somos conscientes del esfuerzo que le estamos solicitando,
ministra, pero también cuentan con el programa SURE de Europa para ello.
En cuanto a la certeza y seguridad jurídica, es el Gobierno quien dispone
de la capacidad normativa para crear las condiciones adecuadas para que
las empresas inviertan, compitan en el mercado, generen riqueza y empleo;
para dar señales positivas a inversores y consumidores de manera
transversal entre los ministerios de Industria, Transición Ecológica,
Economía, Transformación Digital, Trabajo; para adoptar medidas para
abordar un plan de choque ante los retos no solo del COVID, sino de la
industria 4.0.
Nosotros de esto algo sabemos; ya hemos pasado por una reconversión
industrial y estamos dispuestos a arrimar el hombro con una estrategia
compartida, una estrategia común que aglutine esfuerzos para atender el
presente, pero sobre todo el futuro de estos sectores, que son clave en
la economía. Es necesario defender la industria existente, asegurar su
sostenibilidad, construir -como he dicho- sobre las capacidades
existentes y, a su vez, ir desarrollando una nueva industria. La
industria es un sector clave para salir de esta crisis y un buen
amortiguador para las futuras. Por eso le insistimos en que no es el
momento de un ministerio residual, sino de un ministerio que tiene que
liderar esa reconversión industrial. No hay buenas o malas industrias,
sino que hay buenas o malas formas de hacer las cosas. Por eso
necesitamos que haya una estrategia a largo plazo y de continuidad,
integrando de forma progresiva todo el conjunto de actores implicados.
Ministra, una de las principales reivindicaciones del sector ha sido
históricamente que existiera un Ministerio de Industria que entendiera e
impulsara esas políticas industriales necesarias, sobre todo que
escuchara al sector y lo acompañara. El sector está esperando; es el
momento de impulsar el conjunto de la industria, la educación y la
investigación para crear un ecosistema científico productivo, con apoyo
público, orientado a las demandas de producción. Por eso hoy traemos esta
interpelación, para que nos explique qué va a hacer por estos sectores
clave de la economía, automoción, aeronáutica, máquina herramienta,
porque son competitivos, porque tienen producto y mercado, porque son
viables, porque tienen potencial de crecimiento y porque generan valor a
través de la innovación.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora
ministra de Industria, Comercio y Turismo.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera):
Gracias, presidente.
La verdad es que, señora Sagastizabal, la pregunta que usted me planteaba
era qué medidas tenía previstas para dotar de flexibilidad a los sectores
clave de la economía española. Acabamos de estar hablando de turismo con
el señor Quevedo; probablemente el sector turístico será para Canarias y
Baleares su sector clave; pero, sin duda, hablaremos de industria y
hablaremos de estas tres actividades que tan importantes son para el País
Vasco y para el conjunto de la economía española. Le agradezco la
interpelación porque, sin duda, nos permite hablar -como decía- de los
sectores clave para sentar las bases de la reconstrucción económica y
social de nuestro país después de los devastadores efectos de la pandemia
del COVID-19.
Como usted ha señalado, la crisis sanitaria, ha tenido -y sigue teniendo-
un gravísimo impacto en los diferentes sectores económicos, especialmente
-como usted constataba- en la industria de automoción, aeronáutica o la
maquinaria de herramientas, que aguantó al principio, pero que ahora,
efectivamente, tiene un horizonte complicado y los indicadores
coyunturales indican que, efectivamente, así se está produciendo. Como
decía, la industria ha ralentizado su actividad, con problemas de
suministro en las cadenas globales, pero también por una caída importante
en la demanda, tanto a nivel nacional como internacional. Fíjese, no
debemos olvidar que estamos ante una crisis económica a nivel mundial. El
propio Fondo Monetario Internacional la ha calificado como el "Gran
Bloqueo". Señalo esta perspectiva porque parecería, por todas las
intervenciones, que España está sumida en una crisis económica nacional,
pero hay que ser conscientes de que la economía internacional y la
reactivación económica mundial es prioritaria, sobre todo en los tres
sectores que usted ha comentado, que son altamente exportadores.
Lo diferente de esta crisis económica y social es su origen, se origina en
una pandemia y, por lo tanto, lo urgente en el momento del inicio de la
pandemia en la agenda no solo de España, sino de todos los países
afectados, fue proteger la salud de la población y salvar vidas. Lo
urgente fue la salud, aunque -como bien dice- también es importante la
economía. Y para proteger la salud fue necesario adoptar el estado de
alarma, un instrumento constitucional que ha permitido controlar la
pandemia y, a la vez, nos ha permitido ir recuperando de forma gradual y
segura la actividad económica. Quiero agradecerle una vez más a usted y a
su grupo parlamentario la responsabilidad en el apoyo a la convalidación
de los numerosos reales decretos-leyes y las sucesivas prórrogas del
estado de alarma, que han sido fundamentales a corto plazo para controlar
la pandemia, para amortiguar ese impacto
negativo sobre el tejido productivo y el empleo, medidas sin duda
extraordinarias, pero, señoría, que están permitiendo sostener al país,
son ese dique de contención que nos va a permitir reactivar la economía
más deprisa.
Desde el inicio de la pandemia -y usted y su grupo han apoyado todas las
medidas aprobadas en esta Cámara-, se puso en marcha una ambiciosa red de
seguridad para amortiguar los impactos negativos de la pandemia, medidas
orientadas a ofrecer a empresas y a autónomos de los distintos sectores
económicos un marco flexible que permitiera su supervivencia, proteger a
millones de trabajadores afectados por las medidas temporales de
regulación de los empleos, unos ERTE que han permitido proteger a más de
3 millones de trabajadores. En estos momentos -esta mañana el ministro
Escrivá daba los datos- ya se han incorporado 700 000 de los trabajadores
afectados por los ERTE -lo que da idea de que se está empezando a
recuperar la actividad económica-, más otros 200 000 que se incorporaron
en el mes de mayo. La prestación extraordinaria por cese de actividad
sabe que ha protegido a más de 1,3 millones de autónomos y en estos
momentos el ICO está ofreciendo liquidez a más de 371 000 empresas del
conjunto de los sectores económicos. Decía que no hace falta que
recordemos estos datos, pero estamos todavía con el plan de choque y
estamos todavía viendo efectivamente los resultados de este plan, y
detrás de cada medida hay personas, hay empresas y, por lo tanto, es
justo también ponerlos en el debate.
En estos momentos estamos avanzando hacia la nueva normalidad, se está
recuperando de forma gradual la actividad económica y también, como
decía, de forma segura para evitar cualquier rebrote de la pandemia que,
sin duda, tendría efectos muy negativos. Vamos poco a poco reconstruyendo
nuestro tejido productivo, recuperando parte del empleo perdido, y
muestra de ello son los datos que le acabo de dar de la Seguridad Social.
La mayor parte de España se encuentra ya en la fase 3 de la desescalada y
es ahora cuando debemos centrar todos nuestros esfuerzos en recuperar la
capacidad productiva de nuestra economía, especialmente en los sectores
más afectados por la pandemia, entre los cuales, como señalaba, está la
automación, pero no solo la automación, señora Sagastizabal, sin duda el
turismo, pero también el comercio -muy importante también la acción de su
Gobierno en materia de comercio en el País Vasco- son asimismo necesarios
para reactivar de una manera conjunta toda la actividad económica. En
estos momentos tenemos que ser proactivos para recuperar un elemento que
es clave, la confianza. Tenemos una crisis de demanda y, por lo tanto, es
necesaria la confianza de los turistas para que vengan a España, en el
consumo para que vuelva a recuperar los niveles previos a la pandemia; en
definitiva, recuperar esa senda de crecimiento futuro y que en buena
medida depende también de ese plan al que usted ha hecho referencia de
recuperación de la Unión Europea, donde España está liderando una
respuesta muy distinta a la de la crisis de 2008 y que nos va a permitir
canalizar importantes recursos para apoyar a los sectores clave a los que
se ha referido. Luego hablaré de ello.
En estos momentos, como decía, estamos trabajando en distintos planes
sectoriales, uno de ellos -lo he referido antes- es el del sector
turístico y otro el del sector de la automoción por su importante peso en
el PIB y en el empleo, pero también en la cohesión social y territorial;
planes para apoyar a las empresas y seguir protegiendo y apoyando a los
trabajadores. Y está de acuerdo conmigo -y así lo ha señalado- en que es
necesario seguir trabajando para que los ERTE se extiendan más allá del
30 de junio. Como sabe, son una herramienta que favorece el ajuste del
empleo: que vaya, en lugar de a despidos, a horas; impulsar la formación;
la distribución irregular de la jornada laboral; la reorientación
profesional de los trabajadores que no se pueden incorporar de forma
inmediata a sus puestos de trabajo. Como sabe, en estos momentos en el
marco del diálogo social, en la Comisión de seguimiento tripartita
laboral, se están reuniendo los representantes de Comisiones, UGT, CEOE y
Cepyme y junto con el Gobierno están trabajando en la adaptación de los
ERTE tras el proceso de desescalada, y esperamos, como usted decía, que
se llegue a un acuerdo lo antes posible. Necesitamos certezas, nuestros
sectores productivos necesitan saber qué va a pasar después del 30 de
junio para adaptarse también a esta nueva normalidad. Sin duda, sería una
gran noticia que todos los sectores de todas las actividades económicas
requieran de esa mayor flexibilidad interna, insisto, y en esto estamos
trabajando en el marco de la comisión tripartita.
No voy a hablar de turismo porque ya le he referenciado al señor Quevedo
cuáles son los pilares del plan en el que estamos trabajando.
Usted me hablaba de industria y, efectivamente, el presidente anunció hace
dos semanas que estamos trabajando en un plan de impulso a la industria
de automoción, en el marco de una transición hacia un modelo económico
más sostenible, aprovechando el posicionamiento de este sector como
industria
estratégica, y centrando los esfuerzos en conseguir una autonomía
tecnológica frente a terceros, tanto en nuestro país como en el conjunto
de la Unión Europea, que garantice la fortaleza y también la resiliencia
necesaria para enfrentar esta grave crisis sanitaria. Es un plan que
tendrá medidas de corto plazo, que se implementarán y ejecutarán en este
año, pero también medidas estratégicas de medio y largo plazo que nos van
a permitir también orientar, como decía, esa transición en la que se
encuentra nuestro sector automovilístico.
Todas las medidas están destinadas a impulsar la industria del automóvil a
lo largo de toda la cadena de valor, de forma que se consiga el
mantenimiento y el refuerzo del empleo estable y de calidad, que se
multipliquen las inversiones y la innovación para acelerar la evolución
del parque existente hacia vehículos más limpios y sostenibles, en
definitiva, consolidar nuestra industria automovilística que, como sabe,
es líder a nivel mundial. Son medidas que se articulan en torno a seis
grandes pilares, a los que me voy a referir brevemente. El primero, la
urgente renovación del parque de vehículos que, como sabe, se desarrolla
a través del estímulo a la demanda para que compremos vehículos más
eficientes. El segundo de los pilares es la inversión, que es inversión
para estimular la modernización de la fabricación de vehículos por parte
de nuestra industria automovilística. El tercero, el impulso a la I+D+i a
través de proyectos como las misiones de movilidad sostenible, que como
saben está liderando el CDTI. El cuarto, la adaptación también de la
fiscalidad del sector de automoción. El quinto de los pilares tiene que
ver con la liquidez y la financiación de las empresas, algo que, como
sabe, ya estamos haciendo a través de las líneas ICO, y el último, un
ámbito muy importante que tiene que ver con medidas de formación y
cualificación profesional.
Son cuestiones en las que estamos trabajando con el sector y con los
agentes sociales, como ya lo hemos estado haciendo, señoría, a lo largo
de estos dos años. De hecho, quiero recordarle que en marzo del año
pasado ya presentamos un plan de apoyo al sector del automóvil con un
horizonte 2025 que, como bien señalaba, como consecuencia de las
diferentes elecciones que paralizaron prácticamente el país durante
meses, pero también como consecuencia de que no se aprobaron unos
presupuestos, los del 2019, que eran la hoja de ruta para desarrollar
este plan, hoy creemos que hay que reforzarlo. Esta es la voluntad del
Gobierno, reforzar este plan para que el sector sea un sector que avance
hacia modelos de movilidad más eficiente y sostenible.
Estos proyectos tractores están muy alineados con la agenda europea, como
le decía, porque tenemos que impulsar proyectos que nos permitan
desarrollar capacidades en el medio y largo plazo. Y ahí España está
liderando, junto con otros países europeos, que el plan de reconstrucción
europeo tenga una parte muy importante de inversión en el sector
automovilístico; inversión que va a permitir seguir desarrollando las
capacidades productivas hacia esa movilidad sostenible de la que hemos
hablado. Un plan en el que, como sabe, el Gobierno de España está
ejerciendo un liderazgo claro en Europa. Hemos solicitado que se
sustancien en torno a 750 000 millones de euros y, como sabe, nuestro
país será uno de los principales beneficiarios. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia).
Termino ya, porque me falta muy poco tiempo, diciendo que estamos actuando
con determinación y rapidez para sostener todos los sectores claves de
nuestra economía, sin duda los que usted ha señalado, por su importante
peso en el PIB y en la atracción de inversiones y de exportaciones. Estoy
convencida de que si trabajamos juntos, saldremos mucho mejor preparados
de esta crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Industria,
Comercio y Turismo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, Conchi.
Tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Gracias, ministra, por su intervención. Estamos de acuerdo en que la
crisis es global. La verdad es que me habría gustado que hubiera recogido
con más contundencia el guante de la flexibilización de los ERTE, pero me
conformaré con que lo van a estudiar.
He hablado del plan de automoción. ¿Sabe lo que he echado en falta? El
acuerdo y el consenso con las comunidades autónomas, porque creo que lo
habrán trabajado con el sector, pero no con las comunidades autónomas, y
me consta que son las conocedoras de las capacidades industriales, de las
capacidades de este sector y de los activos disponibles. Y me consta
porque le han remitido una carta
junto con ocho comunidades autónomas para constituir una mesa de diálogo
pivotada sobre todo para el plan de la automoción.
Dicho esto, creemos que es necesario definir una hoja de ruta coherente y
compartida por los sectores económicos, sociales, comunidades autónomas y
partidos políticos, para superar los problemas en el corto plazo, pero
también con un horizonte a medio plazo para definir proyectos de futuro a
nivel sectorial y transversal. Usted siempre nos ha hablado de la
fortaleza de la industria, nosotros también, pero lo que nos ha
demostrado la epidemia es una de sus mayores debilidades, y es su
dependencia exterior, pero también nos ha demostrado otra cosa, la
capacidad parda resetearse. Han demostrado capacidades que no conocían,
por lo que creo que es necesario que se tengan que explorar, que sepan
explotarlas. Hay sectores de los que hoy he hablado que nos han
demostrado la capacidad de diversificación, de emprendimiento, de la
apuesta por el I+D+i y de su actitud proactiva. Han sido capaces de
adaptar sus fábricas y maquinarias a las nuevas necesidades en ausencia
de una política industrial, al igual que lo hicieron en 2008 con su
salida exterior. Por eso creo que es necesario un acompañamiento, tanto
en el corto plazo como en el medio o largo plazo, para sentar esas bases
de una verdadera política industrial.
Es su ministerio quien tiene que liderar esta reconversión, aprovechar la
determinación y la actitud del sector para que se pueda superar esta
coyuntura adversa. Las medidas que se adopten para salvaguardar la
industria van a ser determinantes para el desarrollo y el crecimiento
futuros. La industria, y concretamente estos sectores de los que he
hablado, con alto impacto en el empleo, en el desarrollo económico,
tractores de otros, altamente exportadores e innovadores, necesitan, como
le he dicho, más tiempo para organizar su capacidad productiva y su
empresa a lo largo de estos meses. Es necesario, por tanto, adaptar su
capacidad productiva a las nuevas circunstancias. Por eso le vuelvo a
repetir que es necesario extender los ERTE por fuerza mayor de forma
automática, atendiendo a las especificidades de esos sectores, así como
ofertar una transición ágil y flexible a nuevos ERTE por causas
económicas y organizativas, y es que la normativa laboral en estos
momentos es crucial también como palanca para el mantenimiento del
sistema productivo. Es la manera de salvaguardar los empleos y dar a
estos sectores un mayor nivel de oxígeno para no ahogarles al tiempo que
se recomponen. Una retirada prematura de estos ERTE puede dañar de forma
innecesaria el tejido productivo y, por tanto, el empleo en estos
sectores, que, como he dicho, tienen margen de maniobra y desde luego de
recomposición.
Ministra, nos interesa la política industrial como motor y palanca de
cambio en este mundo globalizado. Me constan, vuelvo a reiterarlo, sus
buenas intenciones, y por eso la animo a que se arriesgue y tome la
riendas para impulsar una verdadera política industrial, priorizando los
sectores clave de la economía, y hágalo de manera transversal con los
ministerios de Industria, Transición Ecológica, Economía y Transformación
Digital, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas,
porque los instrumentos y las políticas industriales recaen, sí, en una
parte muy importante o relevante en los ámbitos autonómicos, en los que
me consta, como le he dicho, que están firmemente comprometidos con una
industria 4.0, una industria digitalizada y alineada con la
sostenibilidad para mejorar la competitividad industrial, lo que
redundará desde luego en mayores y mejores empleos y en mayores y mejores
salarios. Es necesario generar un clima social que consolide la
industria, porque es la base para salir de la crisis, para generar empleo
y para aportar recursos al sistema, garantizar las prestaciones sociales
que demanda esta crisis y no dejar a nadie atrás. Para redistribuir es
necesario consolidar y crear empresas. Ministra, como usted dice,
políticas certeras y claras ya. El sector lo sigue esperando.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora García.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la
señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera):
Muchas gracias.
Gracias por su intervención, sin duda importante en el debate, y porque
estamos ahora inmersos en un debate, este tiene que ser constructivo
sobre cuáles van a ser los pilares de la reconstrucción económica y
social, tanto en las mesas que se están sustanciando en esta Cámara como
en la propia Comisión de Industria, Comercio y Turismo, donde -como usted
conoce- se están también desarrollado intervenciones de todos los
sectores económicos, y estoy convencida de esa hoja de ruta que yo puse
como una prioridad para este Gobierno al inicio de esta legislatura: ese
pacto por la industria, esa modernización de una Ley de Industria que
data de 1992 y que, sin duda, no responde a la industria que este país
necesita, pero
también la estrategia que aprobamos y que es el marco para hablar de la
industria en el año 2030, las agendas sectoriales. En fin, podría estar
relatándole estos dos años de acción del Gobierno. Usted dice que los
sectores nos esperan; los sectores, señoría, nos han encontrado. Estaban
esperando recuperar a un ministerio de Industria Comercio y Turismo y,
sin duda, nos han encontrado. Hemos aprobado en estos dos años sendas
agendas que han permitido situar en el foco de la política, pero también
de la opinión pública, lo importante que es la industria. Aprovecho
-porque usted lo ha señalado al hablar de esa reinvención de la industria
como consecuencia del COVID- para agradecer a todas las empresas y a
todas las personas que de una manera generosa se pusieron a trabajar para
salvar vidas. Se han desarrollado muchos proyectos; usted conoce a la
Corporación Mondragón, que trabajó y colaboró de forma muy cercana con el
Gobierno para poder tener hoy una provisión de mascarillas que nos
proteja de ese virus que se llama COVID.
Por tanto, la industria se reinventa, la industria se pone al servicio de
la sociedad y por eso, señoría -y en esto no tengo que convencerla-,
necesitamos aumentar el peso de la industria en nuestro país. Ese
objetivo del 20 % que ya en este año tendría que estar cumpliendo España,
lamentablemente, se queda muy rezagado de lo que son los objetivos. Yo me
comprometo, señoría, porque así me lo ha trasladado, a crear esa mesa por
la automoción, con la participación de las comunidades autónomas. He
hablado ya con alguno de los consejeros y consejeras mucho antes de que
me llegara la carta, y en particular con su consejera, y también con la
consejera de la Generalitat para atender esa crisis a la que es
necesario, también desde un punto de vista político, dar respuesta, que
es la crisis de Nissan, de esos trabajadores y trabajadoras que necesitan
de un compromiso de los Gobiernos y de los agentes sociales para salvar
tantos empleos que dependen de ese sector. Así que sirva también esta
tribuna para expresar el compromiso del Gobierno con esa mesa de
automoción que necesita este país, donde todos -administraciones, agentes
sociales y también la sociedad en su conjunto- hagamos del sector de la
automoción ese pilar que ha sido, que es y que estoy convencida de que
seguirá siendo para traccionar nuestros territorios, y ese gran pilar en
el que nosotros estamos trabajando y con el que estamos comprometidos,
que es abordar el reto demográfico. Porque, sin duda, si hay un sector -y
hay muchos- que contribuye de una manera muy clara al reto demográfico es
el sector de automoción. Así que sirva también esta tribuna para que ese
compromiso esté compartido.
Termino ya. Creo que este Gobierno tiene voluntad de diálogo y de
consenso. Lo hemos demostrado a lo largo de estos dos años y, por tanto,
la mesa de reconstrucción tiene que servir para sentar las bases de esas
palancas que necesita España no solo para salir de la crisis del COVID,
sino para salir reforzados con una fortaleza que depende de todos
nosotros. Apelo de nuevo a la responsabilidad de todas las fuerzas
políticas para construir nuestro maravilloso país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Industria,
Comercio y Turismo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 19/2020, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19.
(Número de expediente 130/000020).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto correspondiente a la
convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar,
corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y
Seguridad Social, y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Planas Puchades):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, efectivamente, comparezco en nombre del Gobierno para
solicitarles la convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, por el que se
establece la prórroga de determinadas medidas extraordinarias en materia
de empleo agrario que, como ustedes recordarán, adoptamos como
consecuencia de la declaración del estado de alarma hace ya algunas
semanas, y también de otras medidas de carácter social y laboral que se
han manifestado imprescindibles para afrontar los momentos en los que nos
encontramos, y particularmente la crisis sanitaria y las consecuencias de
la misma, desde el punto de vista de la salud, pero también desde el
punto de vista económico y social.
Esta es una obra coral, este es un real decreto-ley que implica a nueve
ministerios, que tiene hasta veintidós temas principales en su contenido
-me voy a detener únicamente en los más significativos-. Abarca los
ámbitos agrario, como he indicado, pero también científico, económico, de
empleo y Seguridad Social y tributario, todos ellos para impulsar la
recuperación de nuestra economía, la recuperación económica y la
recuperación social, y para dar garantías de que el conjunto de las
normas que hemos aprobado en el Gobierno desde la declaración del estado
de alarma sean complementadas de forma adecuada y nos permitan conseguir,
en esta nueva fase en la que entramos y en este nuevo periodo, los
mejores resultados colectivos para el conjunto de la sociedad española,
para todos los españoles y, en definitiva, para España.
Empiezo con lo referente a las medidas en el ámbito agrario, también en el
pesquero y conexas. Como ustedes recordarán, el Real Decreto-ley 13/2020,
que supuso una auténtica innovación en materia de empleo agrario,
estableció medidas extraordinarias de flexibilización para mantener la
actividad agraria y, particularmente, la contratación de trabajadores
temporeros hasta el día 30 de junio de este año, todo ello para asegurar
el conjunto de las actividades agrarias necesarias, las relativas al
sector básicamente frutícola y hortícola, y todas aquellas labores
ordinarias de mantenimiento y de actividad en el sector agrario y
ganadero. Yo diría que el objetivo de ese real decreto-ley se ha
alcanzado, en la medida en que ni una sola tarea agraria ha quedado por
hacer por falta de trabajadores dispuestos a ello. Yo creo que eso es un
logro económico y también social, razón por la cual traigo ante sus
señorías esta prolongación hasta el 30 de septiembre, para dar una mayor
tranquilidad y una mayor seguridad a todo el conjunto del sector agrario.
Como decía antes esa norma, ese Real Decreto-ley 13/2020, como
complemento de la contratación ordinaria y también de la facilitación del
pase a las diferentes fases y de las normas en materia de control de
fronteras exteriores, nos ha permitido que determinados trabajadores -por
ejemplo, fijos discontinuos que se encontraban en anteriores campañas
presentes en el sector- pudieran regresar para efectuarlas a partir de
final de este mes de junio. Por tanto, creo que el objetivo se ha
cumplido, y agradezco a sus señorías el apoyo mayoritario que dieron en
su momento al real decreto-ley cuya prolongación traemos hoy.
Un segundo aspecto es el relativo a una de las consecuencias sociales, yo
diría que pequeña en el número, pero muy significativa desde el punto de
vista de la implicación, que se refiere a un tema migratorio, la
concesión de una autorización de residencia y trabajo a aquellos jóvenes
extranjeros de entre dieciocho y veintiún años que efectivamente se hayan
acogido y hayan trabajado, con amparo de este real decreto-ley, y a los
cuales el Gobierno estima que se les debe dar, al menos, una residencia y
un permiso de trabajo con vigencia de dos años, prorrogables por dos más.
Un tercer aspecto muy puntual, pero importante, es la modificación de la
Ley de Pesca Marítima del Estado para permitir que el sector marisquero
y, en particular, la mayoría de sus actores, que son mujeres -las
marisqueras-, puedan acogerse a las ayudas europeas que hemos conseguido
con ocasión de la flexibilización del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Por eso traemos esa modificación.
Finalmente, un punto de Seguridad Social, pero vinculado al sector
agrario, que es la modificación de la Ley General de Seguridad Social.
Como ustedes saben, un trabajador autónomo del Régimen Especial Agrario
puede tener hasta dos trabajadores. En algunos casos había explotaciones
de dos titulares, y para permitir que pueda estar contratado un tercer
trabajador y pueda mantener su condición de autónomo en el Régimen
Especial Agrario traemos ante sus señorías esta modificación.
El segundo ámbito concreto de este real decreto-ley es el científico. La
Unión Europea está llevando a cabo un ambicioso programa para desarrollar
la fusión como fuente de energía, en una colaboración internacional sin
precedentes que afecta a un buen número de países, China, Corea, Estados
Unidos, India, Japón y Rusia, entre otros. En ese contexto España
presentó en agosto del año 2017 una candidatura en el marco del Programa
Ifmif-Dones para llevar a cabo un proyecto para desarrollar esas tareas.
En el decreto se trae la autorización de la constitución de un consorcio
entre el Gobierno de España y la Junta
de Andalucía para que tal proyecto, cuya candidatura se presentó -como
decía- en agosto de 2017, pueda llevarse a cabo, tarea del Ministerio de
Ciencia e Innovación.
En el ámbito económico son varias las medidas a las que me quiero referir.
En primer lugar, en el ámbito de las telecomunicaciones, como ustedes
recordarán, señorías, con ocasión del decreto del estado de alarma -y a
fin de poder concentrar en tarea esencial lo que se refería a la gestión
de las comunicaciones-, se suspendió la portabilidad y la posibilidad de
conservar los números de los teléfonos móviles durante este periodo. Pues
bien, en este real decreto-ley levantamos esa suspensión, de forma que se
pueda proceder de nuevo a algo que yo creo que el conjunto de los
ciudadanos aprecia mucho. Así como un segundo aspecto, por la implicación
también económica y social de la situación actual, es decir, la
posibilidad de fraccionar y aplazar la deuda que particulares abonados
puedan tener, desde el momento del estado de alarma hasta el 30 de junio,
con ocasión de sus gastos en materia de telefonía y datos. Segundo
aspecto en materia económica. La recomendación del Banco Central Europeo,
del supervisor bancario, sobre el hecho de que las entidades de crédito
se abstengan de repartir dividendos y de contraer compromisos
irrevocables para repartirlos respecto de los ejercicios 2019 y 2020,
tiene una consecuencia práctica en relación con las fundaciones bancarias
y, lógicamente, con los dividendos, que son su fuente de financiación.
Por tanto, siguiendo lo que indicaba el Banco Central Europeo, hemos
decidido suspender este año 2020 la obligación de dotar el Fondo de
Reserva, de forma tal que se pueda cumplir la legislación en esta
circunstancia extraordinaria en que nos encontramos. Otra de las medidas
en este ámbito económico, muy importante, es la relativa al instrumento
europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una
emergencia, el llamado Instrumento SURE, que, como ustedes saben, en el
ámbito del Eurogrupo se ha conseguido dotar de hasta 100 000 millones de
euros. Es muy importante porque supone un mecanismo evidentemente de
apoyo a la financiación de los ERTE en materia de cobertura de desempleo.
De estos 100 000 millones, 25 000 millones lo son con aval de los Estados
miembros en relación con la cuota de reparto por su producto nacional
bruto. A España le corresponde una cifra ligeramente superior a los 2000
millones de euros a avalar, y en este real decreto-ley se autoriza a la
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital a suscribir el
aval correspondiente. Igualmente, en materia de avales, saben ustedes que
con el Programa Nacional de Avales del Estado -por importe de 100 000
millones de euros que hemos dado como respuesta de liquidez en esta
situación- se da cobertura presupuestaria a través de ese real
decreto-ley a esta medida adoptada. Finalmente, en este ámbito económico
una última medida se refiere a lo que se denomina la moratoria no
hipotecaria, regulada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Pues bien, se modifica el artículo 21 de este real decreto-ley para poder
incluir también los contratos de arrendamiento financiero, dentro de su
ámbito de aplicación.
El cuarto ámbito de aplicación es el relativo a las normas laborales y de
Seguridad Social. Se modifica el Real Decreto-ley 18/2020, a fin de
incorporar referencias al Instituto Social de la Marina y facilitar la
aplicación de los ERTE en este ámbito. Hay una medida sobre la que me
quisiera detener un momento, porque me parece particularmente
significativa, que es el reconocimiento como accidente de trabajo de las
prestaciones de la Seguridad Social que cause el personal que presta
servicio en los centros sanitarios y sociosanitarios, en el ejercicio de
la profesión, que hayan contraído la enfermedad -con ocasión y causa,
evidentemente, del COVID-19- durante cualquiera de las fases de esta
pandemia, por haber estado expuestos profesionalmente a este riesgo.
Hemos hecho un reconocimiento expreso, creo que todos, de la labor de los
sanitarios en primera fila, que, desde el punto de vista laboral y de
Seguridad Social, es un mínimo reconocimiento a su labor que debemos
significar.
Finalmente, el quinto ámbito es el ámbito tributario y presupuestario. En
este ámbito, de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley, he
indicado ante sus señorías únicamente aquellas que tienen una
significación más relevante. La primera de las mismas se refiere a sendas
modificaciones presupuestarias en el presupuesto de gastos del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lo son de dotación a la
Seguridad Social en relación con la financiación de las prestaciones no
contributivas, y también para equilibrar el impacto en las cuentas de la
Seguridad Social derivado de la pandemia del COVID-19. En segundo lugar,
la ampliación a cuatro meses del plazo de devengo de los intereses de
demora en los aplazamientos del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020.
En tercer lugar, facilitar la declaración del impuesto sobre sociedades,
ampliando al 15 de noviembre la fecha límite en que pueda tener lugar la
junta general ordinaria de la sociedad correspondiente. Y también en este
ámbito, y con carácter excepcional para el año 2020 y hasta el 30 de
septiembre, el período de tiempo en que se podrá hacer público el listado
de los defraudadores a la Hacienda pública. Finalmente, en este ámbito
quisiera
referirme a la aceptación de la modificación de la norma vigente del
límite de gasto en materia de retribuciones públicas, a fin de hacer
posible la aplicación, para este ejercicio, para el año 2020, del acuerdo
suscrito entre el Ministerio del Interior, los sindicatos de la Policía
Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil sobre los acuerdos en
materia de equiparación tributaria.
Como ven ustedes, señorías -y he hecho un breve resumen-, son un conjunto
de medidas que todas ellas significan un complemento a las ya adoptadas
por este Gobierno, que van en el sentido de intentar la más pronta
recuperación de nuestra economía y de nuestra sociedad, y evidentemente
al servicio de España y de todos los españoles, razón por la cual les
pido su voto favorable para la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede
a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez
Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Permítame que le diga que se ha ganado usted el sueldo hoy, porque lo han
reconvertido en un multiministro para presentar este amplísimo real
decreto-ley en el que, además de la agraria, también acomete la materia
científica, la economía, de empleo y Seguridad Social, así como medidas
tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Apoyaré la
convalidación de este real decreto-ley cuyo contenido usted acaba de
explicar, si bien confío en que, de ser aprobado, su tramitación se
realice como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, porque hay
algunas cuestiones que pueden ser mejoradas, como trataré de reflejar a
continuación.
No obstante, quisiera comentar algún aspecto que llama la atención del
texto normativo que se somete a consideración de esta Cámara, como la
inmoderada extensión de la exposición de motivos que, una vez más, como
si fuera un efecto secundario de la excesiva aplicación del estado de
alarma en el seno del Consejo de Ministros, alcanza prácticamente la
mitad de las páginas de este Real Decreto-ley 19/2020. Es una
circunstancia que no deja de producir desconfianza en una norma que
consta de doce artículos, ya que parece que lo que se busca es
predisponer al lector acerca de las bondades de lo que va a venir a
continuación, haciéndonos recordar la célebre expresión latina: excusatio
non petita, accusatio manifesta. Pero no solo es la cantidad, sino
también la calidad. Si acudimos al propio texto de la exposición de
motivos, vemos que se tiende a repetir el contenido del articulado loando
sus bondades y las del Gobierno, sin respetar lo que debe ser la
verdadera esencia de todo preámbulo, que es precisamente exponer los
motivos que han llevado al legislador delegado a decidir implementar una
serie de cambios administrativos debido a una situación fáctica
precedente que aconseja su intervención. Resulta, por tanto, relevante
conocer lo que dice la exposición de motivos para interpretar la norma en
atención a su espíritu y finalidad, y no puede servir a otros fines como
los que parece perseguir el Gobierno, que no son otros que los meramente
propagandísticos. Este nuevo estilo del legislador, que ya genera
empacho, está siendo una constante en la actuación del Gobierno a lo
largo de esta XIV Legislatura, como ya he tenido ocasión de señalar en
esta tribuna en anteriores convalidaciones, y no he sido el único que lo
ha hecho. De seguir en su progresión actual, no es descartable que en la
presente legislatura las exposiciones de motivos acaben situándose al
final del texto normativo en lugar de al principio y cambien su
denominación por la de moraleja, que sería lo apropiado, vista la deriva
legislativa del Gobierno.
Señorías, pasando ya al articulado de este real decreto-ley, y a pesar de
que la exposición de motivos también se esmera en justificar la
extraordinaria y urgente necesidad, es lo cierto que hay cuestiones a las
que se refiere la norma en las que cabe considerar que no concurren tales
circunstancias de manera evidente, como lo referido a las sanciones por
la pesca atendiendo al tamaño de los moluscos o la concurrencia a una
candidatura para la construcción de una planta demostradora de energía
eléctrica de fusión. Ninguna de esas dos cuestiones guarda relación
alguna con el COVID-19 ni tampoco parece apreciarse la urgente necesidad
que demanda la aprobación de estas normas.
En relación con las medidas concretas propuestas, en el artículo 3 se
establece un fraccionamiento y aplazamiento de deudas en los servicios de
comunicaciones electrónicas, en el que no se establece requisito alguno
respecto a las condiciones económicas del solicitante. Hubiera sido
procedente porque un aplazamiento y/o fraccionamiento general
innecesariamente puede poner en riesgo la estabilidad financiera de
algunos de los operadores del sector. Cabe señalar, además, que en un
texto llamado a
convertirse en ley se desarrollan ciertos aspectos con un detalle y
concreción que deberían ser afrontados en vía reglamentaria, como el caso
de los artículos 6, 7 y 8, referidos a las moratorias de operaciones de
financiación, lo que evidencia una deficiente técnica legislativa. Al
hilo de esta conclusión, procede también preguntarse por qué el Gobierno
continúa dando la espalda al Consejo de Estado en este nuevo producto
legislativo, cuando es notoria su necesaria participación, además de su
pertinente concurso para tratar de mejorar las normas.
Por último, quiero referirme a lo preceptuado en el artículo 9, titulado:
Consideración como contingencia profesional derivada de accidente de
trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en
centros sanitarios o sociosanitarios como consecuencia del contagio del
virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma. En el afán del Gobierno por
dictar publirreportajes de cara a la galería -o más bien del telediario-,
se dicta esta norma que puede tener el objeto de perjudicar al colectivo
al que supuestamente está llamado a beneficiar, y ello porque el supuesto
de hecho contemplado en el artículo 9 de nuestro marco legislativo actual
sería calificado como enfermedad profesional, según lo dispuesto en el
artículo 157 de la Ley General de Seguridad Social y su regulación de
desarrollo. Lo que se hace ahora con este real decreto-ley es introducir
requisitos perjudiciales para la necesidad de acreditación por los
servicios de prevención de riesgos laborales y salud laboral, lo cual, en
el caso de enfermedad profesional, no sería necesario. Menos entendible
aún es la vigencia temporal para los contagios producidos hasta un mes
después del estado de alarma o para los fallecimientos tras cinco años.
¿Qué ocurre con los posteriores? ¿Vuelven a ser considerados enfermedad
profesional? En conclusión, este artículo, o bien es un despropósito, o
es un castigo más para los profesionales sanitarios que tanto han sufrido
esta crisis y que, más que aplausos y brindis al sol, lo que necesitan es
que sus derechos y condiciones laborales de prevención sean oportuna y
efectivamente respetados.
En todo caso -y con ello concluyo, señora presidenta-, respaldaré la
convalidación de este real decreto-ley y su tramitación urgente como
proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta.
Hoy voy a ser muy breve. Volvemos a debatir un nuevo decreto,
concretamente el número 19/2020, sobre medidas de diversa índole para
contrarrestar el impacto del COVID-19; un decreto-ley que ya forma parte
de una serie de normas aprobadas con carácter de urgencia, obedeciendo
todas ellas a una clara finalidad, que es la de hacer frente a esta
pandemia. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la
Presidencia). En su larga exposición de motivos se justifica -entendemos-
adecuadamente, en lo que respecta a la mayoría de las medidas, la
extraordinaria y urgente necesidad que conduce a su aprobación por parte
del Gobierno, cumpliendo, por tanto, los condicionantes contenidos en el
artículo 86 de la Constitución. Señor ministro, usted sabe que hasta
ahora nosotros hemos apoyado con lealtad y con voluntad de acuerdo casi
todos los decretos, pero también con exigencias, y hoy también lo
haremos. Apoyaremos este decreto, cuyos objetivos, desde luego,
compartimos. Además, tengo que decir que en este decreto se contemplan
determinadas medidas, como el levantamiento de la suspensión de la
portabilidad y la suspensión de la obligación de aportar al fondo de
reserva de las fundaciones bancarias, que fueron solicitadas por este
grupo y que han sido atendidas.
Me gustaría hacer algunas matizaciones en relación con algunas medidas que
creemos que se deberían mejorar o matizar. No entendemos, señor ministro,
que la prolongación del trabajo en el ámbito agrario y en explotaciones
intensivas de trabajadores extranjeros, aunque la consideramos correcta y
la vemos bien, sea solo hasta el 30 de septiembre, ya que esta fecha deja
fuera algunas actividades agrarias, como la vendimia. A lo mejor se
debería extender esta medida hasta finales de año. Asimismo, las
autorizaciones de trabajo y residencia para los extranjeros tienen una
duración de dos años, prorrogables por otros dos. Nos encontramos con una
situación similar a la de los trabajadores fijos discontinuos y esta
circunstancia aconseja regularizar la situación de buena parte de esos
trabajadores extranjeros, a nuestro entender, a través de los
procedimientos de arraigo previstos en los artículos 32 de la Ley de
extranjería, la Ley 4/2000, reformada por Ley 4/2009, y en el artículo
124 del Real Decreto 537/2011.
En cuanto a las medidas relativas al ámbito de la moratoria de hipotecas,
he de decir que son positivas. Es cierto que se establecen regulaciones
que se saltan normas secularmente establecidas que proporcionan
estabilidad y seguridad a nuestro tráfico jurídico, pero nos encontramos
en una situación de extraordinaria excepcionalidad que obliga a dictar
también normas excepcionales. Por eso, en general, nos parece positiva la
redacción propuesta, ya que, a pesar de que esta excepcionalidad, no
incurre en excesos que puedan acabar deviniendo en una ineficacia de la
norma. Asimismo, hemos apreciado cuestiones de índole técnica que se
deberían mejorar, así como aspectos relativos a la seguridad jurídica y a
la actuación de los fedatarios públicos. Por otro lado, se regulan
medidas de índole tributario que consideramos convenientes. Y,
finalmente, en cuanto a la disposición transitoria tercera, entendemos
que carece de sentido la distinción de los dos periodos previstos en la
misma, en cuyo párrafo primero se considera como derivada de contingencia
común hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 19/2020,
prorrogándose dicha calificación si continúa el proceso de incapacidad
temporal hasta su extinción por el alta médica, y la calificación de
contingencia profesional en el supuesto de recaída, una vez reconocida la
contingencia de accidente de trabajo.
Por todo ello, a pesar de estas pequeñas matizaciones, que son más bien de
índole técnico, votaremos, desde luego, a favor de la convalidación del
decreto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora
Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez
Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta. Gracias, señorías. (El
señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Hoy estamos debatiendo el Real Decreto-ley 19/2020, un decreto con
muchísimas materias y de muy diversa índole, aunque en principio hay unos
temas mucho más importantes y en ellos centraremos nuestra intervención,
dado el poco tiempo que tenemos. Son temas muy variados y todos buscan
ampliar las medidas aprobadas en anteriores reales decretos-leyes o
establecer medidas complementarias que apoyen a la desescalada. Algunas
de estas iniciativas han ayudado más que otras, otras se han quedado a
mitad de camino para solucionar los problemas reales de los ciudadanos y
otras se han vendido por el Gobierno como grandes soluciones pero sabemos
por parte del sector que no están funcionando adecuadamente. Es curioso
que se haya utilizado este real decreto para introducir una medida
llevada al Consejo de Ministros de forma sorprendente y que se ha
planteado no pensando en los ciudadanos ni en las personas a las que va
ayudar, sino para distraer a los ciudadanos de uno de los escándalos más
vergonzosos de este Gobierno en las últimas semanas y en el que ha
participado el señor Marlaska. El Gobierno aprovecha este Real
Decreto-ley 19/2020 para aprobar el pago del tercer tramo de la subida
salarial a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque no
la equiparación salarial, por supuesto. Nosotros estamos a favor de esta
medida, porque nosotros estamos defendiendo a nuestras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Ahora bien, se anunció que no llegaría en 2020;
que, en cualquier caso, solo cuando hubiera un presupuesto; nunca por
decreto, y nunca antes de verano. Pero resulta que, dentro de la peor
crisis económica que estamos viviendo en los últimos años y haciéndola
coincidir con las unánimes críticas al Gobierno por el trato y el
descrédito infligido a la Guardia Civil, la traen en este real decreto.
Se utiliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no se
las respeta. Por cierto, a este descrédito siguen contribuyendo otros
ministros de este Gobierno, como el señor Garzón, que ha dicho en una
entrevista pública que pueden existir en el instituto armado o en la
Policía elementos reaccionarios -y cito textualmente- que asuman el
discurso que invita a dar un golpe de Estado. Es increíble e
imperdonable. Nosotros en Ciudadanos ya hemos pedido que dé explicaciones
el ministerio y el Gobierno sobre estas declaraciones. Nosotros ya hemos
hablado muchísimo de este tema y nos hemos dirigido en diversas ocasiones
al señor Marlaska, pero le voy a decir dos cosas más.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, he de
solicitarle que recupere el debate en el que nos encontramos.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: ¿Esto no está en el real decreto?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Me refiero no a lo que
ya ha mencionado, sino a la deriva en la que continúa, por favor.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Aprovechamos para pedir de nuevo la dimisión
del señor Marlaska.
Vamos a centrarnos en el resto de temas que son también muy importantes.
Dada la limitación de tiempo, nos vamos a centrar en los importantes. El
empleo agrario. Llegó el Real Decreto 13/2020 con unas soluciones para el
empleo agrario que nosotros consideramos insuficientes, y ahora trae una
ampliación que también vemos insuficiente. Nosotros volvemos a recordar
al ministro y a poner encima de la mesa esas iniciativas que propusimos,
como puede ser el hecho de crear una plataforma digital que una oferta y
demanda en el sector agrario, que algunas organizaciones han puesto en
marcha y que han funcionado muy bien. Creemos que son medidas que pueden
servir ahora y también en el futuro, pueden llegar para quedarse.
También estamos bastante contentos con el hecho de que se haya aprobado la
ampliación de dos años para extranjeros entre dieciocho y veintiún años
que se hayan acogido a las iniciativas de ese Real Decreto 13/2020 que he
nombrado anteriormente. Pero creemos que, dado el momento de la
desescalada en el que nos encontramos, sería necesario que también se
intentara dar movilidad a las provincias que puntualmente se encuentren
con necesidad de mano de obra.
El Fondo SURE. Este real decreto contiene la autorización de los avales
para asegurar la participación de España en el mecanismo para atenuar los
riesgos de desempleo en una emergencia. Sería interesante que estuviera
operativo antes de junio. Por eso, nos alegramos de que el Gobierno lo
haya puesto ya en marcha y lo haya incluido en este real decreto.
Los avales ICO. Es la medida a la que me refería antes y desde el
Ministerio de Hacienda se han dado unos números que nosotros entendemos
que no son reales. No muestran la realidad, dado que el sector, las
empresas y los autónomos han dicho, incluso en la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica, que no son suficientes y que no están
llegando adecuadamente. Nosotros queremos tener esos datos y saber por
qué no se han dado esos avales para ayudar a las empresas y autónomos
estableciendo o proponiendo otra serie de ayudas. La mejor noticia de
todo este real decreto es que se proteja a aquellos que nos han
protegido, a los sanitarios, y que se reconozca como accidente laboral el
contagio por el COVID-19. Es incomprensible que no se haya hecho antes.
Han tardado dos meses en tomar la decisión, llegan tarde y llegan a
medias porque no va a cubrir a las personas que han causado baja antes de
la aprobación de este real decreto. Creemos que tienen que estar
incluidas esas personas que han llegado más tarde, pero también que es
insuficiente que se pare esta medida y que no se implemente a partir del
día 22 de junio, cuando acabe el estado de alarma. El virus sigue ahí, no
hay una vacuna y nuestros sanitarios siguen trabajando, siguen al pie del
cañón. Así que, por favor, desvinculen del estado de alarma esta medida
porque, si de verdad apreciamos a nuestros sanitarios, es imprescindible.
Medidas fiscales. En cuanto al impuesto sobre sociedades, debería haberse
retrasado su presentación; es lo único, y lo más fácil, para dar una
solución a las pequeñas empresas. Aquí lo único que se ha recogido es que
se amplíe el plazo para la formulación y la aprobación de las cuentas
anuales. Es insuficiente. Lo que necesitan es retrasarlas. ¿Y por qué?
Porque el hecho de presentar dos veces las cuentas anuales o presentar
declaraciones complementarias conlleva más carga para los contribuyentes
y también el pago de intereses de demora. Por lo menos revisen eso, que
no tengan intereses de demora, ya que no van a implementar el resto de
medidas.
Hay muchísimas medidas fiscales que deberían haberse contemplado y no se
han contemplado, como la ampliación del plazo para el IRPF de este año.
Si se hubiera llevado a septiembre, muchas personas a las que les sale a
pagar podrían verse beneficiadas por ese retraso en el pago durante estos
primeros momentos de desescalada.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis) Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores). Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego
Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señor presidente.
Poco más de un minuto para explicar por qué nos vamos a abstener, porque
entendemos que en este decreto hay elementos positivos y otros que no
valoramos como tales.
Una vez más, van diciendo que tenemos que convalidar legislación de
urgencia, en este caso con una amalgama de reformas de diferentes
temáticas, algunas de dudosa urgencia y otras dedicadas a autocorregirse,
modificando anteriores decreto-leyes. Entre los temas que dudosamente
pueden justificar
la urgencia por la crisis sanitaria del COVID-19 está, por ejemplo, la
modificación del régimen sancionador de la Ley de Pesca Marítima del
Estado, por el que se considera leve la primera venta de molusco de talla
o peso inferior a la reglamentaria, cambio que consideramos acertado en
lo que se refiere a la talla, pero no tanto en el caso del peso, y lo
sabrían si, en vez de legislar unilateralmente, hablasen con el sector.
También se acuerda modificar la Ley 26/2013, de Cajas de Ahorros y
Fundaciones Bancarias, para que se pueda retrasar la constitución del
fondo de reserva para imprevistos en caso de que no apostaran por reducir
su posición mayoritaria, preocupándose por la banca, que no va a poder
repartir dividendos, pero a las empresas, que deben abonar el impuesto
sobre sociedades, les exigen abonar los intereses en el caso de que su
liquidación provisional, por no tener las cuentas definitivas como
consecuencia del COVID-19, necesitase una regularización por haber
ingresado de menos, pero no se pagan intereses si fuese al revés.
Y termino. Para ayudar a los particulares y pymes con sus hipotecas y
préstamos siguen apostando por las moratorias en vez de por las
condonaciones, pero las familias y autónomos van a tener igualmente
graves dificultades dentro de dos o tres meses para hacer frente a las
facturas ordinarias y, además, a aquellas otras que correspondan, por lo
que simplemente son medidas que retrasan el problema, fomentan el
endeudamiento pero no lo resuelven, a nuestro juicio.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
Tiene a continuación la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
En estos dos minutos, y con su permiso, intentaré marcar la postura de
Compromís en los dos decretos -en este y en el siguiente-, porque los
grupos plurales a veces tenemos dificultades. Serán solo dos líneas, dos
líneas solo.
El primer decreto nos parece pertinente. Vamos a aprobar este y el
siguiente. Especialmente creo que es pertinente en la ampliación del
periodo de contratación agrario, aunque, probablemente, en temas de
vendimia -como ha dicho la portavoz del PNV- tengamos que adelantarlo. En
cuanto a los artistas, nos parece bien que también se puedan acoger a
estas medidas porque se habían quedado fuera. Pero voy a señalar algunas
cosas que siguen quedando fuera. Los técnicos que trabajan en cultura se
quedan fuera. Y siguen quedando fuera -y lo digo para que usted en el
Consejo de Ministros lo pueda debatir- algunos sectores, como el de la
venta ambulante, las atracciones de feria y la hostelería, porque el 14
de marzo no estaban de alta. Y también los transportistas autónomos
-sobre todo los más pequeños- en el aplazamiento de las cuotas de los
camiones.
Y en el segundo decreto, el del ingreso mínimo vital, votaremos que sí.
Nos parece un decreto justo y necesario. Dimos la mayoría a este Gobierno
justamente para que hiciera esto, y lo hacemos muy a gusto porque vemos
que la derechita indecisa y la derechona despiadada no lo tenían claro.
Bueno, unos no lo tenían claro pero ahora sí lo tienen. Votaremos a
favor, aunque nosotros seguimos diciendo que preferimos que la gestión la
lleven las comunidades autónomas que quieran que se transfieran esos
fondos y que haya una unificación de itinerarios y de prestaciones.
Moltíssimes gràcies, senyor president, per la seva amabilitat.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señor ministro, nosotros vamos a votar que sí a este real decreto-ley.
Pedimos su tramitación como proyecto de ley porque entendemos que hay
muchos elementos que se deberían complementar. En todo caso, empezando
por el artículo 1, la prórroga a algunas medidas de flexibilización al
sector agrario, estamos plenamente de acuerdo.
Quiero aprovechar también que estoy en esta tribuna hoy para manifestar
que el sector agrario cumple casi al cien por cien la normativa y la
cumple de forma estricta, y también en el ámbito laboral de la Seguridad
Social. No se puede consentir que se intente manchar, como ha pasado esta
semana en Lleida, a todo el sector agrario por situaciones absolutamente
puntuales, vinculándolo con el racismo. Obviamente, estamos en contra del
racismo, pero no es justo que se intente estigmatizar a todo un sector
que está cumpliendo con su normativa, que está cumpliendo con las
condiciones laborales y también de habitabilidad
para todos los temporeros, con la colaboración de los ayuntamientos y de
otras administraciones. Por tanto, desde aquí expreso mi defensa cerrada
y estricta, que espero que todos ustedes compartan.
Dicho esto, señor ministro, también quiero hacer algunas matizaciones. El
mismo artículo 3 establece un fraccionamiento y un aplazamiento para las
deudas pendientes de los servicios de telecomunicaciones y servicios
digitales, y nosotros estamos de acuerdo, pero hay que tener en cuenta
que aquí no solo hay grandes empresas, sino que también hay pequeñas y
medianas empresas, pymes que son prestadoras de estos servicios. Ustedes,
el Gobierno, y ahora la Cámara, estamos pidiendo que aplacen
obligatoriamente y fraccionen las deudas de sus clientes, y estamos de
acuerdo, pero esto debería ir acompañado de la misma facilidad que tiene
que dar la Administración tributaria para aplazar el IVA de las facturas
aplazadas. No tiene ningún sentido que se obligue a las empresas -también
a las pequeñas y medianas- a aplazar y fraccionar una parte de sus deudas
y, en cambio, tengan que ingresar el IVA al mes siguiente o a los tres
meses siguientes.
Tenemos multitud de medidas, pero también debemos hacerles un
reconocimiento. Con este real decreto-ley ómnibus -ya es casi habitual-,
ustedes modifican -si no recuerdo mal- los reales decretos-leyes 7, 8,
11, 13, 17 y 18. Eso es síntoma de que rectifican, pero quizás también es
síntoma de que no han sido suficientemente diligentes cuando están
legislando. Les hemos hecho muchas aportaciones para que subsanen algunas
de las deficiencias de estos reales decretos. Algunas las han escuchado y
las incorporan en este real decreto-ley -y, por tanto, también es otro
motivo por el que vamos a votar a favor-, pero hay otras que todavía
están pendientes de rectificación y subsanación. Y dado que el plazo
parlamentario para presentar enmiendas se va alargando semana tras semana
y esto no va a finalizar, está claro que si queremos favorecer a algún
sector y que tengan eficacia las enmiendas que presentamos, debemos
aspirar a que las incorpore el Gobierno en el próximo real decreto-ley -o
en los próximos- porque si no, cuando terminemos aquí el trámite
parlamentario, prácticamente no tendrán sentido las enmiendas que podamos
presentar.
En todo caso, gracias, señor ministro, y confiamos en su tramitación como
proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja
Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenas tardes. Quisiera empezar con una reflexión que creo
que compartimos la mayoría en esta Cámara. Cuando se ha tenido la
voluntad de acordar y dialogar las medidas a tomar ante la pandemia con
otros grupos políticos e incluso con los sectores y con los agentes
sociales, se han logrado mejores acuerdos y se han tejido consensos mucho
más amplios. Hemos hablado mucho del ruido y de la bronca que se ha
generado estos días alrededor del debate sobre la gestión de la pandemia.
En cambio, creo que se ha invertido poco tiempo en escuchar mucho más a
aquellos que realmente no levantaban tanto la voz pero que eran más
efectivos en el trabajo cotidiano, en el día a día. Nuestra impresión es
que demasiadas veces el Gobierno ha llegado tarde, y quizás mal, a la
hora de tomar medidas y que para aislarse de los chillidos de aquellos
que no tienen ningún interés, más allá del desgaste y del cálculo
electoral inmediato, se ha aislado también de los argumentos y las
razones que muchas veces se hacían sin aspavientos, pero que merecían ser
escuchados y tomados en consideración. Llevamos ya más de veinte reales
decretos desde el inicio de esta crisis a los que hemos dado apoyo porque
entendíamos que, pese a no estar muchas veces de acuerdo -por poco
ambiciosos o inconcretos- y pese a tener la sensación de que a veces
acaban cayendo en saco roto, no podíamos abdicar de nuestra
responsabilidad de tejer acuerdos en beneficio de las personas en un
momento tan complicado como el que estamos viviendo. La responsabilidad
de generar la confianza necesaria para buscar acuerdos es de todos,
cierto, pero sobre todo y en primera instancia del Gobierno y de los
partidos que lo conforman. Creo que deberían hacer una reflexión profunda
sobre cómo han gestionado este periodo y sobre la falta de diálogo y
comunicación con los actores implicados en las necesarias decisiones a
tomar ante una crisis de esta gran magnitud. No estoy hablando ya de este
diputado ni del grupo al que represento, sino que mi reflexión va mucho
más allá.
Y ahora ya, sin querer ser exhaustivo, quisiera hacer referencia a algunas
de las medidas que consideramos importantes y por las cuales creemos que
vale la pena sacar adelante este real decreto, aunque en algunos casos
consideremos que pueden ser insuficientes. En el ámbito de la
portabilidad,
celebramos que el Gobierno haya entrado en razón en línea con las
reivindicaciones que hacía nuestro grupo con este decreto legal y que se
ponga fin a una regulación claramente anticompetitiva. Nos referimos a la
prohibición de cambiar de compañía de teléfono e Internet durante todo el
estado de alarma. Una regulación desorbitada que favorecía a las grandes
compañías de telecomunicaciones en detrimento de las pequeñas compañías,
que en los últimos tiempos precisamente habían ido ganando mercado; todo
ello en un contexto de incremento de demanda de sus servicios por motivos
obvios, debido al confinamiento. Así, nos parece de sentido común acabar
con una prohibición que solo existía -fíjense- en repúblicas como Perú y
parcialmente en Sudáfrica. No tenía ningún sentido mantener esta
situación.
En el ámbito de las obligaciones tributarias, este decreto-ley recoge
medidas del ámbito económico, como la ampliación a cuatro meses del
periodo durante el que no se pagan intereses de los aplazamientos de
impuestos para pymes y trabajadores autónomos. Creemos que estas medidas
son imprescindibles, aunque no suficientes, y deberían estar
continuamente adaptándose a un contexto cargado de incertidumbre, pero el
objetivo sigue siendo el mismo: evitar sobre todo que la tesorería del
tejido productivo se colapse.
El papel de las administraciones públicas debe ser contundente en este
caso y pasa por aliviar en la medida de lo posible esas cargas fiscales a
los colectivos más afectados por la crisis. Ayer mismo, la Generalitat de
Catalunya anunció precisamente la congelación de una tasa turística hasta
2021, una medida para un sector que aglutina el 24 % de los trabajadores
afectados por un ERTE. Son pequeñas medidas que siempre son
insuficientes, pero que son importantísimas para según qué sectores. Está
perdida de recaudación de impuestos debe ir acompañada, eso sí, de una
reforma fiscal profunda, que ponga fin a los miles de millones que cada
año se dejan de recaudar debido al fraude y a la elusión fiscal. En ese
sentido, no entendemos muy bien cómo en medio de todo ese entramado se
prorroga hasta octubre la obligación de publicar la lista de morosos de
más de 1000 millones.
En el ámbito de la agricultura -usted sabe que estamos todo el día en ese
tema-, durante estas semanas se han ido presentado varias medidas, que
-recuerden- inicialmente tenían como objetivo la flexibilización laboral
para activar, sobre todo, la bolsa de trabajo de proximidad y restringir
así la movilidad interterritorial de trabajadores agrarios, para evitar
sobre todo la generalización del corredor agrario; ese sería el objetivo
inicial. Celebramos la ampliación de las medidas al 30 de septiembre, lo
que permite garantizar las campañas agrarias para este verano y fuera
incluso del plazo de la propia prórroga. Pero la medida más interesante
quizás sería la siguiente: a los jóvenes migrantes en situación
administrativa regular, de entre dieciocho y veintiún años, que hayan
sido empleados en el sector agrario sobre la base del decreto 13/2020, se
les concederá una autorización de residencia y trabajo de dos años,
renovable por otros dos y sin limitación alguna por ocupación o sector de
actividad. Es un gesto importantísimo, aunque usted ya sabe que, por pura
cuestión de dignidad y derechos humanos, nuestro grupo ha defendido desde
el principio la regularización permanente de todas aquellas personas en
situación administrativa irregular. De haber sido así, esa habría sido
sin duda la mejor medida de flexibilización, ya que hubiese permitido
incorporar al mundo laboral a todo un segmento de población hoy excluido
socialmente y muy expuesto ante la crisis que nos viene. En todo caso,
nos consta que propuestas que planteamos, como la de permitir la llegada
de trabajadores transfronterizos de la Unión Europea, con contratos fijos
o discontinuos y que conforman cuadros técnicos intermedios de la cadena
de producción, han sido tomadas en consideración y, en este sentido,
queríamos agradecerle esta medida en concreto. En todo caso, creo que
será necesario más adelante hacer una valoración de si han sido efectivas
o no dichas medidas de flexibilización y por qué motivos, porque no
siempre son motivos que tengamos presencia de que han sido tal cual.
En el ámbito del trabajo y Seguridad Social, en ese decreto-ley vemos que
se incluyen nuevamente préstamos a la Tesorería General de la Seguridad
Social, concretamente por importe de 16 500 millones de euros. Estamos
hablando de unas cantidades con las que la mayor parte de la gente se
pierde. Para situarnos, estamos hablando de más de cinco veces lo
presupuestado para el ingreso mínimo vital o, dicho de otra forma que
quizás se entienda mejor, algo menos de lo que derrochó el Estado español
en el gasto militar el año pasado. Supongo que es cuestión de
prioridades. Evidentemente, nuestro grupo no está en contra de las
inversiones sociales, justo todo lo contrario, pero no se puede
descapitalizar la Seguridad Social, porque esto es pan para hoy y hambre
para mañana; ya lo sabemos con la experiencia que tenemos del anterior
Gobierno. Cada vez que -como se hace por medio de ese real decreto-ley-
se recurre al crédito desde la Tesorería de la Seguridad Social, estamos
hipotecando un poco más la viabilidad de las pensiones del futuro.
Existen multitud de prestaciones sociales que por su propia naturaleza
deben depender de los Presupuestos Generales del Estado y no salir de la
Seguridad Social,
porque la Seguridad Social no es más que la hucha colectiva de los
cotizantes, recordémoslo. Toda la inversión social que no revierta a
estos mismos cotizantes debe existir, claro que sí, pero a cargo siempre
de los presupuestos generales, porque no nos podemos permitir que las
políticas públicas las asuman solo los cotizantes, que son las clases
trabajadoras; también deberían contribuir las grandes empresas, los
grandes tenedores, el sector financiero y las rentas de capital.
Por lo que respecta al último ámbito -y ya termino-, las modificaciones
referentes a medidas de apoyo al sector cultural, evidentemente, nos
parecen positivas y van en la línea de las reivindicaciones del sector y
de lo que ya trasladamos al ministro al principio de la crisis, pero
nuestra impresión y la de todo el sector es que una vez más el Gobierno
actuó tarde y actuó mal. No se aprueba ninguna medida de protección a la
cultura hasta el 5 de mayo, cuando el estado de alarma y, por tanto, el
fin de su actividad laboral se decretó el 14 de marzo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir
finalizando.
El señor ERITJA CIURÓ: Voy terminando.
Lo mínimo que cabía esperar ante este injustificable lapsus es que
sirviera para que se trabajase en medidas consensuadas con el sector y el
resto de los grupos parlamentarios y para que no tuviéramos que volver a
modificar -como ha acabado pasando- unas medidas fallidas vía nuevos
decretos-leyes.
Para terminar, diré que vamos a votar a favor de su tramitación, aunque
creemos que es importante, para ir completándolo con enmiendas,
tramitarlo como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna. (Pausa.-
Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna
de oradores). Muchas gracias.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Señorías, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la
pandemia el pasado 11 de marzo -conviene retener bien esta fecha del 11
de marzo, y no antes, para no caer en los bulos ni en la paranoia de la
extrema derecha-, el Gobierno de España ha adoptado varias líneas de
defensa frente a la emergencia sanitaria, social y económica que ha
traído la COVID-19. El real decreto que hoy debatimos aborda sectores tan
distintos como el agrario, el científico, las telecomunicaciones e
incluso el sistema tributario. Sin embargo, todas las medidas de este
decreto-ley responden a un objetivo común, el de ampliar el escudo social
que el Gobierno de coalición ha levantado y que, a día de hoy, protege a
miles de trabajadores, a miles de empresas y a miles de familias
vulnerables. Sin duda, estamos ante un decreto que trata medidas urgentes
y necesarias para afrontar la difícil situación derivada de la crisis
sanitaria. Me voy a referir brevemente a algunas de ellas.
En el ámbito científico, este decreto-ley incluye medidas importantes,
como la creación de un consorcio europeo para impulsar la fusión como
fuente de energía. Se prevé que este consorcio tenga un retorno económico
para España superior a los 1000 millones de euros, derivado de su puesta
en marcha y funcionamiento. Esto supone un cambio de orientación en la
política científica de nuestro país. Si echamos la vista atrás, veremos
que en la pasada década nuestro país dejo de invertir 20 000 millones de
euros en ciencia y dejó marchar al extranjero a ocho mil de sus
investigadores. Un ejemplo concreto de este destrozo lo encontramos en el
Instituto de Salud Carlos III, una institución de referencia en la salud
pública que en una década ha visto disminuir su presupuesto un 30 %. Por
tanto, con este real decreto comenzamos a corregir el rumbo. No se trata
de ser un país muy rico para invertir en ciencia e investigación, sino de
investigar para generar ese valor añadido y esa innovación.
Este decreto también incorpora medidas fiscales dirigidas a ampliar el
aplazamiento de las obligaciones tributarias. En concreto, se aumenta a
cuatro meses ese periodo de aplazamiento de impuestos para autónomos y
pymes, una medida que va a contribuir a aliviar la situación de liquidez
de miles de autónomos y de pequeñas empresas. Ojalá -y lo tengo que decir
aquí- se hubieran adoptado estas medidas en la anterior crisis económica,
en lugar de las amnistías fiscales del señor Montoro, y en lugar de
premiar el fraude fiscal de unos pocos privilegiados -aunque bien
relacionados, como sabemos, con el Partido Popular-, se hubieran puesto
entonces en marcha las políticas públicas necesarias para evitar la ruina
de tantos y tantos compatriotas.
Este decreto-ley también prorroga las medidas extraordinarias para
impulsar el empleo en el sector agrario de cara a las campañas de mayor
actividad, como son el fruto de hueso o los cultivos de verano.
Seguramente nunca será suficiente el agradecimiento que podamos hacer a
los trabajadores y trabajadoras del campo por su esfuerzo para garantizar
el abastecimiento de alimentos durante esta crisis. Hay que recordar que
justo antes de que empezara la emergencia sanitaria, el Gobierno de
coalición ya prohibió establecer precios por debajo del coste de
producción para garantizar la dignidad del campo y para garantizar la
dignidad de los trabajadores y las trabajadoras del campo, pero sin duda
hay que seguir trabajando en esa dirección para garantizar la
sostenibilidad de nuestro sector agrario y de las gentes que trabajan en
el mismo.
Por otra parte, mediante este decreto se va a conceder un préstamo a la
Seguridad Social de 16 500 millones de euros y se aprueba un crédito
extraordinario de 14 000 millones de euros en el Ministerio de Inclusión
para asegurar prestaciones y mitigar el impacto social de la crisis. De
nuevo, señorías, estamos ante dos modelos de enfrentar la emergencia
social: el de las tijeras neoliberales o el de las garantías sociales; el
modelo de un Gobierno de coalición que hoy va a aprobar un ingreso mínimo
vital, al que van a poder acogerse más de dos millones de compatriotas,
para garantizar el primer derecho de la ciudadanía, que es el derecho a
la existencia, o el modelo de los Gobiernos de la derecha, que recortaron
prestaciones por desempleo, becas al estudio o ayudas a la dependencia:
2800 millones menos en ayuda a la dependencia. Ahora que les preocupan
tanto las residencias de mayores, ¿también eran paguitas las ayudas a la
dependencia?, ¿también eran paguitas?
Si hay una lección que nos deja esta crisis es que los servicios públicos
son la base de la seguridad y el bienestar colectivo. Por eso, este real
decreto también viene a reforzar la protección del personal sanitario, al
considerar la COVID-19 como contingencia profesional derivada de
accidente de trabajo, una medida necesaria que reconoce el riesgo al que
han estado expuestos nuestros profesionales sanitarios y que supone una
mayor cobertura para los sanitarios infectados, porque si algo está claro
es que la sociedad española quiere que los aplausos de los balcones se
conviertan en políticas públicas que ayuden a dignificar las condiciones
laborales de los sanitarios y a reforzar la sanidad pública.
Termino ya, señor presidente. Este real decreto ordena cuestiones
urgentes, cuestiones importantes, y dispone los medios necesarios para
abordarlas. Es tiempo de política grande y no de la que se hizo en la
crisis de 2008. Por eso, vamos a seguir apostando por el interés general,
por reforzar el escudo social con estas medidas y también con el ingreso
mínimo vital.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Borrás Pabón.
La señora BORRÁS PABÓN: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes,
señorías.
Hoy hace cinco días que finalizamos el luto oficial por las víctimas del
coronavirus en nuestro país sin que sepamos todavía la cifra de
fallecidos reales; muertes que a este Gobierno parecen no importarle, ya
que ni siquiera se esfuerzan por conocer sus nombres y apellidos. Desde
VOX no dejaremos de denunciar y exigir su responsabilidad hasta las
últimas consecuencias. Desde aquí, quiero mandar mi más sincero pésame y
todo mi cariño a los seres queridos de estas víctimas, tanto las que
contempla el Gobierno en sus cifras oficiales como las que no.
Entrando en la materia técnica que nos ocupa, el real decreto que venimos
a debatir hoy en esta Cámara es un auténtico caos. A imagen y semejanza
de lo que representa este Gobierno, es un cajón de sastre con medidas ya
decretadas anteriormente en el terreno laboral, en el agrario, en el
económico y en el tributario, muchas de ellas ya planteadas desde nuestro
grupo parlamentario. Sin embargo, algunas nos parecen insuficientes y
contradictorias y otras, incluso, una absoluta tomadura de pelo. Eso sí,
en VOX tenemos la costumbre de ser honestos y denunciar sin dobleces todo
lo que no es bueno para España, pero también, al contrario de otros
grupos, somos capaces de reconocer cuándo algo está bien hecho o bien
dicho, siempre -repito- que sea en beneficio de los españoles. Por este
motivo, he de reconocerles que mencionen expresamente en el real decreto
que llevarán a cabo ajustes técnicos en materia de Seguridad Social a la
luz de problemas de interpretación que sus normas están provocando. Dicen
además, literalmente, que son ajustes necesarios y urgentes, dada la
inseguridad jurídica que la redacción actual está generando. ¡Bien!
¡Bravo! Por fin algo de sensatez en este Gobierno. Por fin han sido
capaces de reconocer que sus normas generan una enorme incertidumbre y
que, por tanto, no están haciendo bien
su trabajo, señores del Gobierno. Nosotros se lo hemos advertido en
numerosas ocasiones: ustedes cambian las reglas del juego a mitad del
partido y vulneran gravemente el principio de seguridad jurídica, que
-como saben- es esencial para la generación de empleo y riqueza de un
país.
También nos complace ver que nos hacen caso en peticiones en las que
llevamos tiempo insistiendo desde VOX. Ver que en el artículo 9
consideran la enfermedad por coronavirus como contingencia profesional
para el personal de centros sanitarios y sociosanitarios nos alegra
enormemente, de verdad, si no fuera porque, de nuevo, vuelven a hacerlo
tarde y mal. Tarde, porque dos meses han pasado ya desde que el grupo
parlamentario VOX registró una PNL para este reconocimiento, y mal,
porque no podemos más que lamentar que este Gobierno haya decidido
excluir de esta medida a otros trabajadores de servicios esenciales, que
durante el confinamiento han estado trabajando a pie de cañón y que, por
lo tanto, han estado especialmente expuestos al contagio. Estoy hablando
de empleados de supermercados, empleados de la limpieza, transportistas,
etcétera, y por supuesto de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, nuestros soldados de las Fuerzas Armadas, los mismos que
desinfectaban residencias mientras el responsable de ellas, el señor
Pablo Iglesias -que no está hoy aquí para decírselo a la cara-, estaba en
su casa muy preocupado por las caceroladas enfrente de su chalet. Mal
también porque, en su habitual falta de rigor, ustedes se contradicen de
nuevo: en el artículo 9.1 dicen una cosa y en la disposición transitoria
tercera dicen otra, y excluyen los contagios producidos antes de la
entrada en vigor de la norma, es decir, a todos los que se han contagiado
antes del 27 de mayo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que para el 27 de
mayo teníamos más de 230 000 contagios y 44 000 muertos, que habían
transcurrido dos meses y medio de estado de alarma y que teníamos más de
50 000 profesionales sanitarios positivos por COVID y 63 sanitarios
fallecidos, ¿nos pueden ustedes explicar quién reconoce a estas víctimas?
Esto es un despropósito y una auténtica vergüenza. Señores del Gobierno,
desde esta tribuna les apremio a que rectifiquen o, en su caso, aclaren
si esta consideración del coronavirus como enfermedad profesional se
aplica con carácter retroactivo o no, y si, por tanto, incluyen los
contagios producidos con anterioridad al 27 de mayo o no. Nosotros nos
encargaremos de que en su tramitación como proyecto de ley todas las
víctimas queden recogidas en esta medida.
También les ruego que dejen de elaborar sus normas a mano alzada en una
servilletita de papel, para luego ir poniendo parches, incorporando lo
que ya vamos avisando desde nuestro grupo parlamentario, porque, ¿cómo
era eso de que éramos unos xenófobos por pedir que se cerraran las
fronteras? Escúchennos, hágannos caso desde el principio, que es más
fácil.
Otro ejemplo de ello es la prórroga de medidas del empleo agrario
previstas en el Real Decreto 13/2020, en el que también advertimos que
deberían ampliarse hasta octubre con el fin de garantizar y hacer frente
a las necesidades de agricultores y ganaderos. Lo que no incluyeron en
aquel real decreto y pretenden incluir en este es que van a conceder un
permiso de trabajo y residencia a los jóvenes migrantes entre dieciocho y
veintiún años que, como bien ha explicado el ministro, tendrá una
vigencia de dos años, renovable por otros dos, para trabajar en cualquier
sector y en cualquier parte del territorio nacional, en un momento como
este, en el que en España no hay trabajo ni dinero y en el que sufrimos
una tasa de paro mayor al 14 % y que incluso llega casi al 50 % entre
jóvenes menores de veinte años. ¿Lo han tenido en cuenta ustedes?, porque
la propia Ley orgánica de extranjería, entre otras cosas, dispone que se
tendrá en cuenta la situación nacional de empleo. Vuelvo a preguntarles:
¿Alguien de este Gobierno lo ha tenido en cuenta?
En medio de esta dramática situación laboral, el Gobierno se inventa un
proceso de regularización de permisos de trabajo encubierto para
privilegiar a migrantes de entre dieciocho y veintiún años, a jóvenes
migrantes que, dadas las circunstancias, previsiblemente se convertirán
en solicitantes del ingreso mínimo vital, cuando no hay ni dinero ni para
pensiones ni para ERTE; casi medio millón de personas siguen aún en
nuestro país sin cobrar su prestación, señorías, desde marzo sin cobrar
un duro. ¿Qué sentido de la responsabilidad tienen ustedes? Desde luego,
también nos ocuparemos de incluir enmiendas en este punto para su
tramitación como proyecto de ley, porque, señorías, la mejor política
social es el empleo y el único camino que debemos seguir ahora mismo,
nuestra única prioridad, debe ser protegerlo. Y ustedes, señores del
Gobierno, en lugar de afrontar el problema y aplicar una política
económica escrupulosa, tensan aún más la cuerda de la Seguridad Social
con medidas como la del ingreso mínimo vital y aplican una política
económica que destruye nuestro tejido productivo y el empleo; y no lo
digo yo, lo dicen los datos publicados por Eurostat.
Y ya termino. España es el país que más empleo ha destruido de Europa:
tres veces más que Italia, cinco veces más que Francia y diez veces más
que la media de la zona euro. ¿De verdad se atreven a decir que salimos
más fortalecidos? Supongo que esto para ustedes es no dejar a nadie
atrás.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado
Arce. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el Grupo Parlamentario Popular, aun no
estando de acuerdo con algunos contenidos de este real decreto, va a
votar a favor de su convalidación y solicitará su tramitación como
proyecto de ley.
Estamos ante un real decreto extremadamente heterogéneo, que contiene
entre sus medidas algunas que han sido ya aprobadas anteriormente en
otros reales decretos y que ahora se rectifican, como la que usted
defendió el 24 de abril, en el debate de convalidación del Real
Decreto-ley 13/2020, de medidas urgentes en materia de empleo agrario. En
aquel debate, nuestra portavoz le avanzó que el periodo de vigencia era
escaso, y ahora se trae esta ampliación.
Señor ministro, yo quisiera aprovechar para trasladarle algunos mensajes
de contenido económico que se tocan en este real decreto. Nosotros
esperábamos hoy la presencia aquí de la señora Calviño, pero usted forma
parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y, por lo tanto, es
buen destinatario de nuestras dudas.
Mire, decía ayer el Banco Mundial que asistimos a la peor recesión de la
Segunda Guerra Mundial y el Banco de España nos alertaba en su informe de
hace exactamente dos días que en 2020 el PIB de España podría caer, en el
mejor de los escenarios, el de recuperación temprana, un 9%, y en el
peor, un 15,1%. Vivimos tiempos de máxima incertidumbre y por ello
debemos reaccionar tanto a nivel interno como en el marco de la Unión
Europea.
Señor Planas, España, usted lo sabe, ha sido uno de los países más
duramente golpeados tanto por la crisis sanitaria como,
consiguientemente, por el impacto sobre la actividad económica de las
medidas de contención. La situación es muy compleja y todos estamos
obligados a trabajar para conseguir que estas negras previsiones no se
cumplan.
Voy a referirme a unos aspectos, en primer lugar, del sector industrial.
Mire, señor ministro, yo creo que usted es conocedor de la economía y de
los sectores industriales de Galicia. Le voy a hablar de dos de ellos que
guardan alguna relación con su ministerio. Sabe que el aluminio es
esencial para actividades tan importantes como la construcción, la
automoción y la aviación, pero también lo es para los envases
alimenticios, para las latas de conserva. España no puede quedarse sin la
única fábrica de producción de aluminio primario en San Cibrao; estoy
hablando de la fábrica de Alcoa, que representa casi el 30 % del PIB de
la provincia de Lugo. Están en juego, en el conjunto de la industria
electrointensiva, cerca de 5000 empleos y hay que poner remedio. Uno de
estos reales decretos que hoy traemos podría dar solución a estos temas.
Su Gobierno está continuamente poniendo excusas para no asumir su
responsabilidad, es decir, fijar un precio eléctrico estable que permita
competir en igualdad de condiciones con el resto de Europa. Su Gobierno,
a día de hoy, todavía no ha presentado el borrador del estatuto
electrointensivo, que lleva prometiendo desde hace más de año y medio, y
tampoco da respuesta a si aceptarán las alegaciones que le han presentado
los Gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria. Yo le requiero usted
encarecidamente, como miembro del Gobierno, a que se comprometa a buscar
ya una solución inmediata y viable para Alcoa y, a medio plazo, a que
elabore un plan específico para este sector industrial con el objetivo de
optar a los fondos previstos por la Unión Europea y que están avanzando
en estas fechas.
Ahora le voy a hablar de otra industria, de la cadena mar-industria. Señor
Planas, usted sabe que en abril del año pasado se anunció que se podría
modificar la Ley de costas; después, en febrero de este año, se anunció
que no se tocarían las concesiones en el ámbito de la zona
marítimo-terrestre para las industrias asentadas de forma legal, repito,
legal. Pero cuando pensábamos que este asunto estaba resuelto, nos
encontramos con que, durante este periodo de estado de alarma, en el
proyecto de Ley de cambio climático se ha introducido una disposición que
modifica la Ley de costas y que ha generado una alarma monumental en el
sector. Esta modificación amenaza la seguridad jurídica y la viabilidad
económica de las empresas de todo el litoral nacional, pero es que en el
caso de Galicia hay cómo mínimo cien empresas y cerca de tres mil empleos
que están pendiendo de un hilo y cinco mil edificaciones con licencia que
están en este espacio marítimo-terrestre. ¿De qué estamos hablando,
señorías? De cetáreas, de depuradoras, de conserveras, de
frigoríficos..., en definitiva, del medio de vida de la práctica
totalidad de los ayuntamientos, de los municipios de la costa. Señor
Planas, usted, que está en el sector y sabe lo importante que es la
cadena agroalimentaria, ha jugado un papel decisivo en esta crisis que yo
reconozco
expresamente. Hay que ponerle freno a esto. Por favor, intervenga. Usted
es una persona de peso en el Gobierno; intervenga.
Termino mandando mensajes telegráficos en materia económica. Decía en el
Congreso de los Diputados el otro día el muy juicioso presidente de la
Cámara de Comercio de España, el señor Bonet: si conseguimos salvar el
verano y asegurar la campaña de Navidad, lograremos que la recuperación
de la economía y, con ella, del empleo sea más rápida y más intensa en
beneficio de todos. Tenemos que activar nuestra hostelería, tenemos que
activar nuestro turismo, tenemos que incentivar el sector Horeca y
tenemos que facilitar, con medidas de política doméstica e internacional,
unos protocolos sanitarios y creíbles que permitan que la gente vea en
España un destino seguro. Si perdemos el tren de la recuperación de este
verano, vamos a tener muchos problemas y vamos a vernos en ese -15 % que
apuntaba el Banco de España.
En materia fiscal, este real decreto contempla aplazamientos de impuestos.
No voy a decir yo que eso no esté bien, pero la situación dramática que
vivimos exige también medidas de suspensión de determinados impuestos
durante periodos temporales. Estoy pensando especialmente en aquellos que
afectan al comercio y al turismo. En concreto, les voy a decir que
estudien la propuesta que acaba de lanzar el presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la línea de bajar el IVA turístico del
10 % al 4 % en el presente año, en el año 2021, con extensión si cabe al
año 2022, para relanzar un sector que es el motor de la economía
española.
Señor presidente, termino en un minuto. Yo voté en este hemiciclo la
reforma laboral del año 2012, yo voté un modelo de flexiseguridad que,
entre otras cosas, lo que pretendía era que el último recurso que
tuvieran las empresas en una situación complicada fuera el despido. Ahí
creamos los expedientes de regulación de empleo que han salvado tantos
empleos y los siguen salvando en esta situación de estado de alarma. Pero
cuando este concluya, es imprescindible seguir prolongando estos ERTE
para determinados sectores y en determinadas condiciones. Por eso digo
que hagan esto, al igual que la prestación por cese de actividad de los
autónomos que todavía no puedan recuperar su actividad normal.
Acabo, presidente. Hace ya tres meses que el presidente del Partido
Popular, Pablo Casado, les propuso a ustedes un plan de choque para
paliar la crisis económica y social. Posteriormente lo hemos reforzado
con un plan, Activemos España, que cuenta con la colaboración de las
mejores cabezas y de muy buenos gestores de este país. Tenemos que dar un
sentido nacional a esta inmensa tragedia y tenemos que ponernos a
trabajar. El Partido Popular se pone a trabajar, está trabajando allí
donde gobierna y quiere seguir comprometiéndose. Las crisis se vencen con
esfuerzo, con trabajo y con sacrificio, y nosotros estamos dispuestos a
ello.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González
Ramos. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. Ministro Planas, le
ha tocado defender este Real Decreto-ley 19/2020, con muchas medidas. En
la primera parte de mi intervención, voy a destacar alguna de ellas y voy
a empezar por lo agrario. Así, el Gobierno aprueba la prórroga de las
medidas urgentes para la contratación temporal de trabajadores en el
sector agrario. Se prórroga hasta el 30 de septiembre de este año la
vigencia de las medidas extraordinarias para promover el empleo temporal
agrario contempladas ya en el Real Decreto-ley 13/2020 de este año.
Mediante esta prórroga, el Gobierno mantiene su compromiso para cubrir
todos los trabajos que hay que realizar en el sector agrario hasta
finales de septiembre y asegurar así la recolección de las cosechas. Se
favorece la contratación temporal de trabajadores mediante el
establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo
de carácter social y laboral.
En el ámbito laboral y de la Seguridad Social, se modifica el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de tal forma que, en
el caso de explotaciones con más de un titular, se podrá contratar
proporcionalmente a más trabajadores, a efectos de poder quedar incluido
en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia. Se modifica
el Real Decreto-ley 18/2020, de medidas sociales en defensa del empleo,
al objeto de incorporar las necesarias referencias al Instituto Social de
la Marina. Se ajusta la prestación por desempleo de los artistas de
espectáculos públicos, con la finalidad de aclarar que es el propio
acceso extraordinario a la prestación el que responde a la crisis
sanitaria del COVID-19, sin que corresponda a los artistas acreditar que
su situación concreta de falta de actividad deriva de la misma. Este real
decreto-ley amplía la cobertura al personal que presta atención en los
servicios sanitarios o sociosanitarios. Se reconoce así que las
prestaciones a este colectivo, cuando hayan contraído la COVID-19, se
considerarán derivadas de accidente de trabajo y en los casos de
fallecimiento se entenderá también que la causa es accidente de trabajo,
siempre que se produzca en los cinco años siguientes al contagio.
Respecto a las medidas tributarias, el decreto aprobado introduce las
adaptaciones necesarias para la presentación de la declaración del
impuesto sobre sociedades a la realidad provocada por la pandemia. Hay
que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 8/2020 amplió los plazos de
los que disponen las empresas para la elaboración y posterior aprobación
de sus cuentas anuales debido a la emergencia sanitaria. En el ámbito
económico y financiero, se suprime la suspensión de la portabilidad, se
vuelve a la situación plenamente competitiva anterior. A partir de este
momento, resulta procedente que el mercado de las telecomunicaciones
recupere la plena operatividad y se permita nuevamente la conservación
del número de abonado en caso de cambio de operador o portabilidad del
número. También se establece un procedimiento que facilita a los abonados
satisfacer las facturas pendientes de un modo flexible.
En el caso de moratorias hipotecarias y no hipotecarias, este real decreto
incorpora un régimen especial para los acuerdos de moratorias alcanzadas
entre las entidades prestamistas y sus clientes. Este régimen especial no
solo amplía el colectivo de personas beneficiarias de un aplazamiento de
su deuda más allá de los económicamente vulnerables, sino que también
permite a estos últimos prolongar el aplazamiento una vez finalizado el
periodo de duración de la moratoria legal. Como ha dicho el ministro, hay
otras medidas, hasta veintidós, pero en esta primera parte de mi
intervención quería resumir las más importantes. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia).
Quería compartir con ustedes en esta segunda parte de mi intervención una
reflexión. No soy ningún ingenuo -llevo ya varios años de diputado-, pero
tras escuchar las palabras gruesas incluso de hoy de la bancada de VOX y
del PP, me permito hacer esta reflexión. Insisto, no soy ingenuo; cuando
acabe mi intervención, dirán que posiblemente lo soy, pero es un deseo
que quiero transmitir aquí y estoy convencido de que todos coincidimos.
Estamos ante el mayor desafío de nuestra historia democrática porque nos
enfrentamos a una grave crisis sanitaria, económica y social por el
COVID-19. Las generaciones presentes y futuras nos van a juzgar sobre si
en este hemiciclo estuvimos a la altura de reconstruir con éxito una
sociedad con los valores del Estado del siglo XXI. Ante este reto,
resulta motivador mirarnos en el espejo de la Transición y comprobar cómo
logramos construir un espacio de libertad y convivencia del que hoy somos
herederos. El reflejo que nos devuelve el espejo de la Transición es una
convicción colectiva de que la unidad era el único medio de alcanzar el
éxito, que la división era la debilidad que nos conducía al fracaso. Yo
os animo, con perdón, os animo a todos a inspirarnos en esa pasión
colectiva por un gran pacto por la reconstrucción social y económica, en
el que seamos ejemplares y demos también así el ejemplo que nos demandan
los ciudadanos. Solo en nuestra capacidad para pactar y en el acuerdo
está la victoria. Entre el escepticismo que niega la verdad y el
dogmatismo que predica la existencia de una sola, existe una alternativa
a la alternativa, en definitiva, de un camino difícil pero fructífero a
través de una nueva cultura del pacto o la cultura de siempre, dialogar y
consensuar. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, el real decreto que hoy
nos trae el Gobierno para su convalidación, que se va a debatir
inmediatamente, es una magnífica oportunidad para cimentar ese gran
compromiso colectivo de país que necesitamos. La sensibilidad social, la
solidaridad, el afecto, el cariño, el recuerdo de las víctimas y sus
familias, el trabajo del personal sanitario y otros muchos colectivos, el
recuerdo de los desempleados, de los más necesitados, de nuestras
empresas, de nuestros empresarios, estos son los valores necesarios,
desde mi humilde punto de vista, a tener en cuenta para la práctica de un
acuerdo dialógico. Está en juego la esperanza de los ciudadanos, está en
juego la esperanza del país. En la unidad está la victoria, y el Grupo
Parlamentario Socialista y sus hombres y mujeres estamos dispuestos a
afrontar este reto desde ese convencimiento, pondremos todo el esfuerzo
para ir juntos en la reconstrucción social y económica que necesita
nuestro país.
Acabo ya, señora presidenta. Se lo debemos a España y a todos los
españoles. Ese es el sentido de patriotismo que un servidor y todos
ustedes entienden, es lo que reclama el pueblo español y es el compromiso
que asumimos. Lo que pido humildemente es: no les defraudemos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González Ramos. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora Guille.
- REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL
INGRESO MÍNIMO VITAL. (Número de expediente 130/000021).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en primer lugar, en
nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS
SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.
Señorías, como saben, hoy ha sido noticia Olof Palme porque dicen que se
ha esclarecido su asesinato. Quiero aprovechar esa circunstancia para
homenajear su memoria y sus ideas en nombre del Gobierno. En un día como
hoy, en el que el Gobierno defiende aquí el ingreso mínimo vital,
recordar a una figura como Olof Palme, amigo de España, amigo de los
demócratas españoles, alguien que entendió que la justicia social es la
base de la democracia, creo que es importante en un momento en el que
esas ideas tienen que ser un impulso de país y un impulso europeo para
afrontar la reconstrucción.
Es un momento muy especial para mí, hace seis años cuando nació mi
formación política, el ingreso mínimo vital era una de nuestras
propuestas más importantes, y se nos dijo de todo. Es un orgullo como
vicepresidente defender hoy aquí una medida que, probablemente, sea el
mayor avance en derechos sociales de nuestro país desde la aprobación de
la Ley de dependencia en el año 2006.
Como saben ustedes, a finales de enero, cuando empezó su andadura este
Gobierno de coalición, hubo un informe demoledor para la dignidad de
nuestra patria. Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas
para la extrema pobreza, vino a España e hizo un informe muy duro en el
que describía las condiciones de exclusión en las que vive una parte muy
importante de nuestros compatriotas, especialmente refiriéndose a niños y
niñas. Es un orgullo para el Gobierno de España que el sucesor del señor
Alston, el señor Olivier De Schutter, esté diciendo hoy que el ingreso
mínimo vital que hemos aprobado en España es un ejemplo para otros
países.
El ingreso mínimo vital es, en primer lugar, una medida de pura justicia
social. En las últimas semanas y en los últimos meses ha sido indignante
escuchar a algunos hablar de paguita, faltando al respeto a muchos
compatriotas que se tienen que esforzar muchísimo para llenar su nevera y
que muchas veces, a pesar de su enorme esfuerzo, no consiguen llevar a
sus casas la dignidad mínima de las condiciones materiales dignas de
existencia. Hay que tomarse muy en serio uno de los fundamentos de la
democracia para entender lo que significa el ingreso mínimo vital, y es
la redistribución. Quizá la medida que defendemos hoy sea la que tiene
mayor capacidad redistributiva de las que se han aprobado en los últimos
años en nuestro país. Además, el ingreso mínimo vital es un instrumento
especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil. Tenemos la
triste desgracia de ser medalla de plata en Europa en tasa de pobreza
infantil, según los datos de Eurostat. Para garantizar que todos los
niños y niñas de nuestro país, independientemente de su origen económico
y de la situación económica de sus padres, tengan las mismas
oportunidades, el ingreso mínimo vital es una medida imprescindible. Ayer
el Gobierno aprobaba el anteproyecto de la ley de protección a la
infancia frente a todo tipo de violencia, pero la condición de
posibilidad de que esa ley funcione es combatir la violencia estructural,
y la violencia estructural contra los niños y niñas de nuestro país se
llama pobreza, señorías.
Sin embargo, el ingreso mínimo vital no es solamente una medida de
justicia social, es también una medida imprescindible para la
recuperación económica. Esos 462 euros, que van a llegar a los bolsillos
de algunos compatriotas, no se van a ir a un paraíso fiscal, no se van a
ir a cuentas en Suiza, van a ir directamente al consumo, porque la gente
que va a cobrar el ingreso mínimo vital no tiene capacidad de ahorrar, y
va a ayudar a que muchos autónomos y muchas empresas puedan seguir
facturando. Hoy es un consenso en Europa la necesidad de hacer políticas
fiscales expansivas para afrontar la crisis. Decía el otro día en una
comisión que hoy todos los demócratas europeos somos neokeynesianos,
porque la manera de afrontar una crisis como la que estamos viviendo nos
la enseñó la crisis de 1929 y también el período de reconstrucción que
siguió a la Segunda Guerra Mundial. Creo que es una buena noticia que el
Partido Popular, finalmente, haya rectificado y que vayan a apoyar hoy el
ingreso mínimo vital. Ojalá sigan ustedes caminando en esa dirección
hacia los consensos europeos. Estamos trabajando ya con otros Gobiernos,
de signo político diferentes al nuestro, como el Gobierno de Portugal o
como el Gobierno italiano, para impulsar un ingreso mínimo vital europeo
que contribuya también a reforzar el cuarto pilar del Estado del
bienestar en Europa.
El ingreso mínimo vital, señorías, supone, además, tomarse en serio la
Constitución española. Muchas veces en esta Cámara la Constitución
española se manosea, se arroja como si fuera un instrumento para hacer
daño al adversario, pero se leen poco sus artículos, en particular sus
artículos sociales. Permítanme, señorías, que les lea el 41: "Los poderes
públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de
desempleo". Aprobar el ingreso mínimo vital es una manera de creernos la
Constitución y de entender que la mejor manera de ser patriota no es
envolverse en una bandera, es asumir lo que significa el interés general.
Quiero dar las gracias, en nombre del Gobierno, a todas las redes de
solidaridad, a todas las asociaciones vecinales, bancos de alimentos,
parroquias, ONG y a todas las entidades del tercer sector de acción
social que han representado durante muchos años una red de seguridad para
muchos ciudadanos y ciudadanas. Pero han estado haciendo un trabajo que
correspondía a los poderes públicos. Por eso el ingreso mínimo vital
asume esa función con mayor intensidad, asumiendo que es una obligación
del Gobierno y de las instituciones combatir la pobreza; una obligación
que no se debe delegar. El ingreso mínimo vital es también una cuestión
de seguridad. La seguridad de las naciones avanzadas no se mide por la
dureza de sus códigos penales, se mide por la intensidad y la cobertura
de sus prestaciones sociales. Las sociedades más igualitarias y las
sociedades que protegen mejor los derechos sociales son sociedades más
seguras.
El ingreso mínimo vital, señorías, también tiene que ver con la libertad
por algo tan sencillo como que no hay libertad si una persona tiene que
invertir toda su energía solamente en sobrevivir y no puede disfrutar
mínimamente de la vida; no hay libertad si no se tienen unas condiciones
mínimas de seguridad económica; no hay libertad, señorías, si no se llega
a fin de mes.
Por último, quiero decir que en medio del clima de crispación y de
berrinche que vivimos demasiadas veces en esta Cámara, creo que medidas
como el ingreso mínimo vital son la mejor vacuna frente a los discursos
del odio y de enfrentamiento del penúltimo contra el último de la
sociedad.
Gracias, para finalizar, a todos los colectivos de la sociedad civil que
durante años han peleado contra viento y marea para poner sobre la mesa
la necesidad de que las instituciones públicas adoptaran medidas como
estas. El ingreso mínimo vital no es un éxito del ministro Escrivá ni mío
ni del Gobierno de coalición, es un éxito de la sociedad organizada
civil, de todos los colectivos, de todos los profesionales académicos que
durante años contra viento y marea han trabajado para que las condiciones
de dignidad en España estuvieran más cerca. A todos ellos y ellas,
muchísimas gracias. Sí se puede. (Prolongados aplausos de las señoras y
los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente segundo del
Gobierno. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, también para presentar el real decreto-ley tiene la
palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá
Belmonte): Gracias presidenta. Señorías, buenas tardes.
El Real Decreto-ley 20/2020 que establece el ingreso mínimo vital y la
política pública que nace con él es el fruto de tres profundas
reflexiones, compartidas no solo por este ministerio y por este Gobierno,
sino, creo yo, por el conjunto de la sociedad. La primera reflexión y más
importante es el reconocimiento de que nuestro país tiene un problema
estructural de desigualdad y pobreza, es un problema que, aunque se
magnifique en épocas de crisis, no remite en épocas de bonanza. Las
autoridades europeas, los informes independientes, los economistas y
sociólogos especializados nos recuerdan una y otra vez en el contexto
europeo que nuestros ingresos están mal redistribuidos por lo
extraordinariamente bajas que son las rentas de los hogares más pobres.
Como en todos los fenómenos sociales complejos, esta anomalía tiene
muchas causas, pero es evidente que una de ellas tiene que ver con
decisiones políticas o, mejor dicho, con la ausencia de dichas
decisiones. Lo vemos en las cifras comparadas de pobreza antes y después
de la intervención estatal por medio de transferencias: mientras que las
transferencias sociales logran reducir notablemente la pobreza severa en
la mayor parte de los países europeos, en España lo hacen de forma muy
limitada. Y eso es así porque, a diferencia de lo que sucede en nuestro
entorno, nosotros no tenemos una red sólida y potente de protección de
rentas de último recurso. El que haya recaído casi toda la
responsabilidad de esta política en las comunidades autónomas, cuyos
programas de rentas mínimas han variado notablemente en cuantía y
generosidad, ha provocado de hecho que las desigualdades entre los
ciudadanos, que estas políticas deberían aspirar a reducir, incluso se
hayan agrandado en el tiempo. Tras un esfuerzo colectivo de reflexión,
análisis y debate considerable, la sociedad española ha logrado poner en
el centro de la agenda política este problema. Que en un contexto como el
actual hayamos empeñado refuerzos, esfuerzos y recursos para mejorar las
vidas de los más débiles creo que nos hace un país un poco mejor y creo,
señorías, que todos deberíamos felicitarnos por ello.
La segunda reflexión es que las transformaciones sociales y económicas de
las últimas décadas nos obligan a repensar las políticas públicas que
aspiran a proteger el bienestar y las oportunidades de las personas más
vulnerables. No podemos, por ejemplo, vincular toda la protección social
al empleo. Las carreras laborables son ahora muy volátiles. La realidad
del empleo precario afecta a muchos trabajadores y la pobreza laboral, lo
que los anglosajones llaman el working poor, es un fenómeno
lamentablemente cada vez más frecuente. No podemos tampoco ignorar las
diferentes realidades de los hogares vulnerables de hoy, como las
dificultades extraordinarias que afrontan las familias monoparentales con
pocos recursos; dificultades que injustamente lastran las oportunidades
de los niños y las niñas que crecen con ellas. Las políticas públicas no
pueden vivir de espaldas a la sociedad en la que despliegan sus efectos.
La sociedad del siglo XXI exige, señorías, políticas del siglo XXI.
En tercer lugar, la pandemia del COVID nos ha obligado a acelerar la
corrección de estos problemas. El brusco parón de la actividad económica
impuesto por las medidas sanitarias ha hecho aún más visibles los costes
que tiene para los hogares más pobres la ausencia de una red última de
protección de rentas. Aunque hemos desplegado políticas destinadas a
proteger ingresos de los afectados por la pandemia, las familias más
vulnerables enfrentan sistemáticamente más obstáculos para acceder a
ellas. En efecto, la pandemia nos ha obligado a acelerar los plazos para
poner en marcha la nueva política, pero siempre hemos creído que, a pesar
de la urgencia de la situación, no había alternativa a diseñar esta
política con el rigor y el análisis que se merecía. El real decreto-ley
por el que se establece el ingreso mínimo vital es una política compleja,
pero que en esencia consiste en dos elementos: por una parte, una
prestación de gran potencia redistributiva diseñada para combatir, de la
forma más eficiente posible, las formas más extremas de pobreza, pero,
por otro lado, es un conjunto de políticas -sí, un conjunto de políticas-
orientadas a garantizar que la satisfacción de las necesidades materiales
básicas sirva para que los beneficiarios de la prestación transiten de la
exclusión y la falta de oportunidades hacia la participación plena en la
sociedad y en la economía en su conjunto. El ingreso mínimo vital debe
entenderse, señorías, simultáneamente como una herramienta para la lucha
contra la pobreza y una palanca para la inclusión social. Aunque el
ingreso mínimo vital estará inevitablemente focalizado en ayudar a los
hogares más vulnerables -aquellos que tienen unos mínimos de renta y
patrimonio determinados-, no debe entenderse tanto como una política
dirigida a grupos o individuos concretos, sino más bien como un seguro
colectivo que, de forma permanente, rescata a las personas en cada
momento que sufran carencias materiales severas y les empuje, les lleve,
hacia la integración en la sociedad.
La primera gran novedad que introduce el diseño del ingreso mínimo vital
es que, tanto a la hora de calcular la magnitud de la prestación como a
la hora de diseñar los itinerarios de inclusión, tendrá en cuenta la
realidad económica, familiar y social de los beneficiados. Este es, creo,
uno de los elementos más novedosos de esta política: poner a los
destinatarios en el centro. En el ingreso mínimo vital es la política
pública la que se adapta a las necesidades de los perceptores y no al
revés, como ocurre muchas veces. Por eso se tendrá en cuenta la
estructura del hogar, sus ingresos y su patrimonio a la hora de calcular
la cuantía de la prestación. Esto es verdaderamente moderno, señorías. La
segunda novedad es la centralidad del objetivo de inclusión que se
vertebra en toda la norma. Para algunos, la inclusión implicará nuevas
oportunidades educativas, para otros, solución a una condición sanitaria
determinada, pero para la mayoría la inclusión implicará la incorporación
al mercado de trabajo o una participación más intensa y estable en él.
Para ello, la norma incorpora una batería amplia de medidas destinadas a
incentivar el empleo de los beneficiarios y a evitar aquello a lo que la
literatura suele referirse como la trampa de la pobreza. Pero tan
importante y novedoso como el contenido del diseño concreto de la norma
es cómo hemos llegado a ella.
El diseño del ingreso mínimo vital se ha basado en un trabajo profundo,
riguroso y meticuloso. Hemos unido toda la información disponible sobre
la renta, la riqueza y las trayectorias laborales de cada una de las
personas que componen todos los hogares españoles. Para ello hemos
contado con la colaboración, entrega y profesionalidad de los
funcionarios de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria, del
Instituto
Nacional de Estadística y de otras unidades administrativas. También hemos
colaborado mucho con las comunidades autónomas. Hemos examinado de manera
exhaustiva la riqueza de esa información con el objetivo de delimitar muy
bien los hogares a los que queremos llegar y conocer bien la realidad de
los potenciales beneficiarios. Gracias a este examen minucioso,
descubrimos, entre otras cosas, la importancia de considerar no solo la
renta, sino también el patrimonio neto de los posibles perceptores. Antes
de elegir el diseño definitivo, hemos simulado y comparado muchísimas
alternativas, evaluando su eficacia en la reducción de la pobreza y su
coste fiscal. Todo ese trabajo nos hace estar razonablemente seguros de
que lo que hoy solicitamos validar en el Congreso es un buen diseño de
una política pública que logrará sus objetivos a un coste fiscal
perfectamente asumible. Y no solo eso. La norma contempla distintas
disposiciones que propician una mayor formalización de la economía, con
los efectos positivos que eso puede tener para la sociedad, incluidos los
de naturaleza recaudatoria y fiscal. Y, por supuesto, frente a los
mensajes que se han deslizado estos últimos días, el ingreso mínimo vital
es incompatible con situaciones de irregularidad administrativa.
Somos humildes y somos conscientes de que será la realidad la que en
última instancia nos dé o nos quite la razón y por eso nos gusta pensar
en el ingreso mínimo vital como en una política viva, que estará
permanentemente aprendiendo de la realidad en la que pretende incidir y
que será evaluada de manera continua, antes, durante y después de su
despliegue, y no solo por nosotros, sino -lo que es más importante-
también por el resto de las administraciones implicadas y organismos
independientes, así como por analistas, investigadores y representantes
del tercer sector de acción social, dentro de un enfoque que la propia
norma define como una evaluación en 360 grados. El ingreso mínimo vital
trae, por así decirlo, ya incorporada la evaluación de casa. Esto le
convertirá en la política que mejorará conforme vaya avanzando en el
tiempo, y esto también es una novedad.
Además de con rigor metodológico y con permanente contraste empírico,
hemos diseñado esta política con el mejor espíritu de diálogo que hemos
sido capaces en la coyuntura de los últimos meses. Se la hemos explicado
y hemos escuchado a los grupos parlamentarios, a los Gobiernos
autonómicos, a los ayuntamientos, a los agentes sociales, a los
empresarios y a los sindicatos y, por supuesto, al tercer sector. A pesar
de las razonables e incluso deseables diferencias, he de decir que he
encontrado en todos ellos -en todos ustedes tendría que decir- un firme
espíritu de compromiso con las ideas centrales que subyacen en esta
política: la necesidad de corregir el problema de desigualdad y pobreza
estructural que afecta a nuestra población más vulnerable, el deseo de
adaptar las políticas públicas a la realidad económica y social de
nuestro tiempo y la urgencia de atender las necesidades surgidas como
consecuencia de la pandemia.
Gracias a este diálogo sincero y a las sugerencias, preocupaciones e ideas
de unos y otros, la norma es hoy mucho mejor y, además, es más de todos.
Creo firmemente que estamos ante una política que dibuja un marco de
acción en el que, más allá de las sanas discrepancias ideológicas, todos
deberíamos sentirnos relativamente cómodos, una política que respeta e
incluso potencia la capacidad de las comunidades autónomas para atender
las necesidades específicas de sus territorios y que cuenta con las
entidades locales y con la sociedad civil para conocer mejor la necesidad
de los beneficiarios.
Aunque en ocasiones damos a entender lo contrario, la opinión pública
merece saber que los representantes políticos somos capaces de dialogar y
de construir y me gustaría que esta política fuera recordada como un
ejemplo de ello. Anteayer, en esta misma casa, en mi comparecencia en la
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tuvimos
un enriquecedor debate en un ambiente de cordialidad y respeto que la
ciudadanía merece presenciar más a menudo. Este espíritu de diálogo
constructivo siempre ha de ser bienvenido, pero para una política como
esta, que nace como respuesta a un déficit estructural de nuestro Estado
del bienestar, que por tanto aspira a desplegar sus efectos varias
legislaturas y que requerirá en su día a día de la implicación activa de
varios niveles de Gobierno y de la sociedad civil, la cooperación no es
solo deseable, sino absolutamente indispensable. Por eso la norma
incorpora también un modelo de cogobernanza, en el que las diferentes
administraciones, los agentes sociales y la sociedad civil serán actores
centrales en el desarrollo y evaluación de la política.
Acabo, señorías. Lo que ahora han de votar es una norma que corrige un
déficit histórico de nuestro modelo del bienestar, que nos pone a la
vanguardia en el uso de datos para la elaboración de políticas públicas y
que, sobre todo, nos dignifica como país. Les pido no solo que voten a
favor de ella, sino que se impliquen plenamente en su despliegue a partir
de mañana. Pueden estar seguros de que en nuestro
ministerio y en el Gobierno, con generosidad y voluntad de entendimiento,
seguiremos como siempre contando con ustedes.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y de los
miembros del Gobierno, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de
limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario
Mixto, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señores ministros, señores
diputados, nosotros vamos a apoyar el ingreso mínimo vital porque lo
consideramos un instrumento que va a enfrentarse a los grandes retos que
tenemos, entre ellos, el de la pobreza y el de la exclusión social.
Durante la gestación de este decreto hemos trasladado a los ministerios
algunas aportaciones nuestras que, en general, no han sido escuchadas. La
aportación fundamental que nosotros hemos querido hacer -y que esperamos
poder hacer en la tramitación como proyecto de ley- es que este
instrumento permite no solo luchar contra estos elementos, que de por sí
ya sería más que suficiente y válido, sino que permite también luchar
contra la despoblación en municipios muy pequeños. Haciendo una pequeña
discriminación positiva de las familias receptoras podría impulsarse la
repoblación y abordar ese otro gran reto, que es el reto demográfico que
tenemos en la España vaciada. En ese sentido, confiamos en que durante la
tramitación como proyecto de ley podamos incorporar estos planteamientos.
Hay muchos trabajos que no se consiguen cubrir en la España vaciada
porque por sí mismos no dan para un sueldo. Sin embargo,
complementándolos con el ingreso mínimo vital se puede conseguir, por una
parte, que los interesados tengan un sueldo sustancial y, por otra parte,
que estos municipios empiecen a tener servicios de los que hasta ahora no
pueden disponer porque no hay ingresos. Estamos hablando de servicios en
la agricultura, en el cuidado de mayores, en transporte, en tiendas de
comestibles, bares... Hay muchísimos puestos de trabajo a crear y a
generar en esta España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Señor vicepresidente, señor ministro, las consecuencias de
la pandemia del COVID-19, que el Gobierno acentuó con sus medidas tardías
y su negligencia tanto en el aspecto sanitario como en el económico y
social, hacen necesario extender con carácter estatal una renta mínima
que ya se aplicaba en algunas comunidades autónomas para corregir y
combatir el empobrecimiento de una parte de nuestra población, agudizado
por la crisis laboral sobrevenida como secuela del coronavirus. Mi voto
será favorable a la convalidación de este real decreto-ley como una
llamada a que el Gobierno se aplique en la reactivación económica y apoye
urgentemente a aquellos sectores que reclaman ayuda para evitar que se
sigan perdiendo puestos de trabajo, que es la gran prioridad antes y
después de la emergencia sanitaria. El empleo es la gran palanca para
impulsar la inclusión social y la lucha contra la pobreza. En este
sentido, reitero la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Consejo
de Ministros contra la destrucción de empleo y su inoperancia ante
situaciones muy amenazantes para la industria, el comercio y el turismo,
por citar tres sectores sobre los que gira el 40 % del empleo en España.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias.
Tiene a continuación la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Bienvenido, señor Iglesias, a la política social. Como bien sabe, esos que
usted llama con desprecio los Gobiernos de las derechas ya llevamos
muchos años en esta materia haciendo cosas; en esta materia en nuestro
caso desde los años noventa y ya desde 2006 como un derecho subjetivo, es
decir, que
independientemente del presupuesto que hubiera todo el mundo que cumplía
unas condiciones tenía derecho a una renta de estas características. Por
lo tanto, bienvenido a las políticas sociales. En este sentido, hay que
decir que nosotros cada vez que hacíamos eso hacíamos más cosas, que yo
creo que también debiera hacer este Gobierno, que es crear las
condiciones para a la vez poder generar puestos de trabajo. Esa es la
diferencia entre aquellos Gobiernos y este; mientras unos Gobiernos
generábamos puestos de trabajo para a su vez poder pagar todo lo demás,
este Gobierno crea esto pero a la vez crea las medidas para destruir
puestos de trabajo.
También me permitirán que me refiera evidentemente una vez más a la
injerencia del Partido Nacionalista Vasco en lo que son las competencias
propias de Navarra. Una vez más hemos sufrido esas injerencias. Las
injerencias del Partido Nacionalista Vasco sobre Navarra son infinitas,
lo mismo que sus escaños son igual a cero, pero eso no les impide seguir
con este tipo de injerencias. Para que esto se entienda, es como si el
señor Rufián cuando negocia con el Gobierno pone condiciones para la
Comunidad de Aragón o para la Comunidad de Valencia. Pero aquí hay un
añadido todavía peor, y es que se ha querido trasladar al conjunto de
España que somos unos insolidarios. Navarra no somos unos insolidarios.
Nosotros estaríamos encantados de que el conjunto de España pudiera
gestionar esta renta, estaríamos encantados, de hecho estamos seguros de
que cualquier comunidad autónoma española va a gestionar mejor esta renta
que el propio Gobierno de España. Por tanto, por nuestra parte que sean
todas las comunidades autónomas las que gestionen esta renta. Y vale ya
de las injerencias del PNV en las competencias de Navarra.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García Adanero. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, Catalina.
Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
Intervengo con gran brevedad, por cierto. Señor vicepresidente, señor
ministro, en nombre de Nueva Canarias, permítame que felicitemos a este
Gobierno efusivamente por la decisión que probablemente había que haber
tomado mucho antes, porque hay algo que ya está perfectamente claro: en
la sociedad que hemos construido entre todos y de la que no se puede
estar demasiado orgulloso es evidente que se ha convertido en un fenómeno
estructural la pobreza extrema y la exclusión social de amplias capas de
la población, ¡y qué les diré en Canarias con una tasa Arope brutal! Por
otra parte, también está claro que lo de la mano invisible de don Adam
Smith, que era un tipo genial, resulta que era verdad y tenía razón, es
invisible, no hay mano. La mano no resuelve nada, no resuelve estas
situaciones dramáticas de pobreza con las que no nos podemos acostumbrar
a vivir. Por lo tanto, es inaceptable que se considere la pobreza extrema
y la exclusión social como algo inevitable y es absolutamente
recomendable que se intervenga desde las administraciones públicas para
tratar de mejorar la evidente injusticia social que supone ese tipo de
situaciones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señor Quevedo. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchísimas gracias.
Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
En este proyecto de ley es, como en el cuento, hay hormigas y cigarras, y
yo me voy a dirigir al ministro Escrivá porque es la hormiga. Ha
trabajado durante estos meses con un gran equipo de gente para que hoy
sea una realidad seria e importante y dé dignidad en este país a esas
iniciales 260 000 personas, pero sobre todo a 130 000 niños, a 76 000
familias. Se ha hecho de forma seria, como hay que hacerlo. Yo le
felicito y ruego transmita esa felicitación a su equipo. Además, nos ha
tenido informados perfectamente a todos los portavoces y a todos los
grupos parlamentarios, y yo se lo agradezco.
Solo quisiera decirle una cosa, y es que establecer la obligatoriedad de
los itinerarios de inclusión social y laboral, más que por desarrollo
reglamentario debería hacerse en el trámite de ley. El tema que remiten
al reglamento yo creo que debe estar en la ley de la compatibilidad de
empleo y prestación. El tema de vivienda debería de estar en la ley,
porque si no vamos a tener problemas tributarios. Hay dudas sobre un tema
que se deberían aclarar, y es la compatibilidad con las pensiones no
contributivas.
En ese sentido, es una satisfacción que hoy podamos luchar contra una
injusticia en este país y que podamos dar dignidad a estas personas.
Gracias, señor Escrivá.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.- Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene en último lugar la palabra el
señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Buenas tardes, presidenta, ministros. Nosotros
apoyaremos esta medida. Nos parece una medida positiva, pero lo que no
nos ha parecido tan positivo es la retórica grandilocuente que ha
acompañado su puesta en escena. No ha sido el caso de las intervenciones
de hoy, pero sí desde que se lanzó, en intervenciones en prensa,
etcétera. Digo esto básicamente porque se está aprobando una medida que
ya tienen otros Estados de nuestro entorno. Además, los 3000 millones de
euros de dotación económica que se han calculado que se invertirán en el
ingreso mínimo vital son insuficientes, porque quedará fuera gente en
riesgo de pobreza. Esta cifra está por debajo de lo que ustedes
planteaban en sus respectivos programas: el PSOE planteaba dedicar unos
6000 millones de euros a este tipo de ingreso y Unidas Podemos calculó
entre 10 000 y 12 000 millones de euros. Son cantidades que se podrían
invertir en una renta de este tipo, pero implicaría cambios en la
fiscalidad, apretar más a las empresas del IBEX, a la banca privada,
derogar el artículo 135 de la Constitución, cosas que no tengo tiempo de
explicar pero que cambiarían medidas estructurales para poder recaudar
este dinero que es necesario. El problema de la grandilocuencia es que
cierra el horizonte hacia una renta básica universal, que es aquello
necesario por muchísimos motivos, pero sobre todo por el carácter de
universalidad, desde dos puntos de vista que pueden ser puntos flacos del
ingreso mínimo vital. El primero es que, al no ser universal, implica
discriminación, implica trámites, implica papeleo, implica dejar gente
fuera. Es una de las principales críticas que recibe la renda garantida
de ciutadania a Catalunya, que hay gente que queda fuera, que por el
papeleo queda fuera. Y segundo es que si es universal es de todas las
personas residentes en el Estado. Por tanto, gente en situación de
vulnerabilidad, como son las personas inmigrantes en situación irregular,
no deberían quedar fuera. Estas cerca de 600 000 personas en el Estado
español también podrían y deberían ser beneficiarias del ingreso mínimo
vital. Eso se conseguiría con un carácter verdaderamente universal de las
rentas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botrán. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, Catalina.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor
Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Arratsalde on guztioi
En Euskal Herria Bildu afrontamos este debate con tres presupuestos o con
tres ideas principales. La primera, que este debate posibilita el primer
paso para la consolidación de un derecho; no de una ayuda, de una paguita
o de una dádiva -como han señalado algunos-, sino de un derecho, y es,
por tanto, un derecho que tiene que ser no coyuntural, sino estructural,
porque de nada serviría el esfuerzo que se va a hacer ahora si dentro de
unos meses arrojamos a la exclusión social a cientos de miles de
personas.
El segundo precepto o presupuesto es el de la justicia social, como ha
señalado el vicepresidente. No debería hacer falta explicar que una
sociedad democrática, un Estado social y democrático, que se dice de
derecho, ha de atender mejor y con más énfasis a los más desfavorecidos,
a los más desvalidos. Se entiende de manera muy clara en la sanidad;
hemos tenido un duro trance, en el que hemos podido verlo. Se entiende de
manera evidente en la educación. Parece que no se entiende, viendo la
práctica, de manera tan evidente en los cuidados, pero se debería
entender también y, desde luego, se tendría que entender también en esta
materia, en esta realidad. Solo así se podría hablar de un Estado social
y democrático
Y el tercer precepto es el de la sensibilidad y el reconocimiento. Porque
mucha gente ha llenado los balcones durante muchos meses, probablemente
de variada ideología y condición, aplaudiendo a los sanitarios, pero no
solo a los sanitarios; también a las reponedoras, también a los cajeros,
también a los trabajadores de transportes; y es que muchos de ellos y
ellas son, precisamente, los principales beneficiarios de medidas como
estas, porque esos trabajadores esenciales -por cierto, mucho más
esenciales que los miembros de los consejos de administración-, durante
el tiempo más duro de la pandemia, han demostrado con su esfuerzo algo
que merece ser reconocido, y es que no se les puede
dejar caer por los márgenes de la exclusión, dado que son ellos los que
atienden a realidades laborales más precarias.
En definitiva, es -como dijimos en alguna ocasión- una cuestión de
prioridades. Por eso, porque la política es una cuestión de prioridades y
de optar, nosotros vamos a validar y a apoyar con nuestro voto este
ingreso mínimo vital. Creemos que contribuye a terminar con la anomalía
que representaba el Estado español en la lógica de Europa. Cierto es eso,
pese a que el efecto va a ser limitado en la Comunidad Autónoma del País
Vasco y en Nafarroa, en Euskal Herria, que ya cuentan desde hace años con
políticas de garantías de ingresos. En concreto, en la Comunidad Autónoma
del País Vasco hace ya más de treinta años que se puso en marcha, con un
fuerte impulso comunitario -que conviene no olvidar-, la llamada renta de
garantía de ingresos. Más tarde fue la renta garantizada de Navarra.
Pero, en cualquier caso, en ambas cuestiones hay que señalar algo que es
muy evidente, que es un ingreso condicionado, que no es una renta
universal ni una renta básica y que, quizá, esa es la reflexión y el
debate que deberíamos hacer aquí, para convertir en estructural y en un
derecho fundamental, avanzando hacia la universalidad y hacia la garantía
para el conjunto de la ciudadanía, un derecho como el que hoy vamos a
aprobar aquí en torno al ingreso mínimo vital. Por tanto, es un ingreso
mínimo que supone un paso adelante, pero que no es suficiente. Y no es
suficiente, no porque lo digamos nosotros y nosotras, la gente de Euskal
Herria Bildu; lo dice el Cermi, cuando plantea que lo apoyemos pero que
habilitemos el proceso para poder introducir enmiendas. Lo dice incluso
más gente que señala que, por ejemplo, el artículo 7 es una trampa para
pobres, porque deja fuera a algunas personas. Por lo tanto, hay mucho
trabajo que hacer. Servirá para contener una parte, quizá la peor de la
pobreza, incluso su intensidad, pero nace -como le decía- insuficiente
como herramienta para erradicarla. Por eso, esperamos que no sea
concebida como una meta, sino como un punto de partida.
Parece que la RGI ha servido de inspiración para el diseño del nuevo
ingreso mínimo vital, o así lo hemos leído en algunas intervenciones en
prensa en días anteriores. Esperemos que aprendamos de los errores y,
cuando menos, no se reproduzcan las disfunciones que se han evidenciado
en la gestión de la renta de garantía de ingresos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco como, por ejemplo, las relativas a la protección
de las mujeres, de las unidades familiares con hijos o hijas a su cargo,
de las familias monoparentales o 'monomarentales'; a la complejización y
burocratización de su gestión, y sobre todo y fundamentalmente a la
legitimación del sistema. Porque ha habido un intento sostenido y
continuado por parte de las derechas mediáticas y políticas para denostar
la renta de garantía de ingresos, para asociar la renta de garantía de
ingresos y a sus perceptoras con las bolsas de fraude, para hablar del
fraude de la RGI. Hablaban de un fraude real en la RGI los que nunca
miran al fraude de la realeza, que ese sí que es real y que ese sí que
serviría para cubrir todos los microfraudes de la RGI. También damos la
bienvenida a la transferencia de competencia de la gestión del ingreso
mínimo vital a la Comunidad Autónoma del País Vasco o a la de Nafarroa,
que como una prestación integrada en el régimen de la Seguridad Social
estaría ya incluida en el famoso calendario de transferencias. Ahora se
adelanta la transferencia, y no es malo, pero no es más que eso. Sin
embargo, lo importante para nosotros, para quienes queremos gestionar el
ingreso mínimo vital, es convertirlo en una prestación complementaria no
sustitutiva de la RGI o de la renta garantizada de Nafarroa y hacerlo
porque somos conscientes del impacto limitado de este ingreso mínimo
vital en nuestras realidades, en las realidades de la Comunidad autónoma
vasca o de Nafarroa. Sin embargo, puede ser una ventana de oportunidad
para proteger más y mejor y a más gente que tiene necesidades acuciantes
y que se están revelando con más crudeza durante esta pandemia, por
ejemplo en la clase trabajadora. Es una oportunidad, por ejemplo, para
complementar las prestaciones por ERTE o la de los ceses de actividad de
las personas autónomas, que desde luego han demostrado ser insuficientes
para poder vivir en la CAV y en Nafarroa con dignidad, porque al final se
trata de construir vidas dignas de ser vividas. También hemos oído a
diferentes gobernantes de la Comunidad autónoma vasca y de Navarra
cuestiones con las que estamos de acuerdo. Les hemos oído hablar de que
esto posibilita una mejor protección de las personas más vulnerables, y
nos tendrán a su lado; hemos oído hablar del impacto económico de la
gestión del ingreso mínimo vital por parte de nuestras comunidades
autónomas, y nos tendrán a su lado, pero también les hemos oído hablar de
que esto significa invertir de más en la protección de las personas, y
ahí no nos tendrán a su lado. Para nosotros el ingreso mínimo vital es
una oportunidad para transformar el diseño futuro de nuestras políticas
de garantías e ingresos, invertir en la reducción de nuestros niveles de
pobreza y su intensidad y para proteger, como decía, más y mejor, no para
ahorrarnos más dinero.
La crisis sanitaria nos ha enseñado que somos mucho más vulnerables de lo
que pensábamos. En escalada -en la que existía antes de la pandemia, lo
que todo el mundo entendía por escalada-, una línea de vida es un cabo de
anclaje atado al anillo ventral de tu arnés que siempre tendrás
disponible para asegurarte a un punto; un sistema sencillo -relativamente
sencillo- que actúa deteniendo la caída si algo falla en el camino, una
idea que recoge de manera muy clara cómo debería ser el sistema de
protección de garantía de ingresos de un país que quiere o aspira a ser
digno y decente. La crisis sanitaria nos ha enseñado que somos mucho más
vulnerables de lo que pensábamos y nos ha enseñado la importancia de esas
líneas de vida, pero la crisis sanitaria también ha puesto a prueba la
adecuación y la fortaleza de nuestro sistema de garantía de ingresos, ya
cuestionado antes de la crisis. Si las líneas de vida no se renuevan, no
se fortalecen, no detienen nunca la caída.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías,
señor vicepresidente, señor ministro, arratsalde on.
Probablemente, el real decreto-ley que hoy vamos a evaluar y espero que a
convalidar será la medida de política social de mayor calado que se haya
tomado en la historia reciente. Está -como lo ha recordado usted- anclado
en la Constitución, primero en el artículo 9.2, en cuanto insta a los
poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integren sean efectivos,
y, como usted comentaba, la igualdad es un parámetro que también se
maneja a través de este real decreto-ley. Además se configura a través
del artículo 41, efectivamente, que dice que los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de
desempleo. Y ese es el ingreso mínimo vital, el que -de acuerdo a esos
dos parámetros constitucionales- se promueve a través de este real
decreto-ley como una prestación no contributiva del sistema de Seguridad
Social. De su tenor, eso permite adoptar medidas que son redistributivas
de la renta y ello como herramienta de erradicación de la pobreza extrema
y la inclusión social. Así, el objeto del ingreso mínimo vital es
garantizar una renta digna a las unidades de convivencia en situación de
vulnerabilidad social, así como establecer una malla de equidad básica y
general, que podrá ser complementada con otras prestaciones y rentas en
cada territorio atendiendo a sus propias realidades. El Tribunal
Constitucional en su sentencia 239/2002, afirma que esa acción protectora
de la Seguridad Social se configura como una función de Estado para
atender necesidades que puedan ir más allá de la cobertura contributiva
del propio sistema y que por ello pueden incluir en su ámbito
prestaciones de carácter tanto contributivo como asistencial. El artículo
41, como también ha recordado el TC, establece el deber de los poderes
públicos de mantener una determinada estructura protectora de los
ciudadanos frente a situaciones de necesidad y marca unas líneas que han
de orientar el desarrollo evolutivo de aquella, pero no es un precepto
apto para atribuir competencias ni para decantarse a favor de unos u
otros centros de decisión entre cuantos integran el modelo de
articulación del Estado. Es por ello que este artículo 41 es un precepto
neutro que impone los compromisos, a que se ha hecho referencia, a los
poderes públicos, pero no prejuzga cuales de estos han de asumir esas
obligaciones.
Pues bien, es en ese contexto de normativa constitucional y atención a
necesidades y redistribución, en el que se consagra el acuerdo que ha
suscrito mi grupo, el Grupo Nacionalista Vasco, y el Gobierno de España
en relación con el ingreso mínimo vital, porque exigía resolver de forma
escrupulosa y con acierto la articulación entre la nueva prestación y las
ya existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Foral de
Navarra. En este sentido, se han cumplido las tres premisas de las que
habríamos partido en el momento de la negociación: la complementariedad,
la compatibilidad y la subsidiariedad entre ambas prestaciones, entre
ambos sistemas de protección. El ingreso mínimo vital es susceptible de
ser complementado como tal garantía mínima por las prestaciones y ayudas
que en su caso establezcan las comunidades autónomas y otras
administraciones públicas. La RGI de Euskadi y la renta garantizada en
Nafarroa, a las que se ha hecho referencia, como prestaciones de
asistencia social son subsidiarias y, en su caso, complementarias de
otras a las que pudiera tener derecho el beneficiario, lo que avala un
orden de prelación entre ambas en el sentido de considerar que el acceso
al ingreso mínimo vital y su cuantía no se ve afectado por la percepción
de otras como la RGI o la renta garantizada u otras similares de otras
comunidades autónomas, siendo además estas últimas un complemento
compatible con la anterior.
Pero es también un hecho singular -la singularidad también caracteriza
esta nueva prestación- que el ingreso mínimo vital se configura como una
prestación económica no contributiva de la Seguridad Social cuya gestión
corresponde al INSS, lo que no impide que esa gestión pueda ser asumida
por la Comunidad Autónoma del País Vasco o por la Comunidad Foral, tal y
como se realiza actualmente con las pensiones no contributivas de la
Seguridad Social, y además pueden incluirse, en el caso de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en el reivindicado cumplimiento de la previsión
del estatuto en su artículo 18. En ese sentido, me pareció alentador que
el propio señor Escrivá, en su presentación de hace un par de días en la
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entendiera
y definiera esta cuestión también como una cuestión de eficiencia en la
gestión ya que, a la vez de constatar la eficacia de los modelos de lucha
contra la pobreza y la inclusión de la Comunidad vasca y de Navarra,
advertía que uno de los requisitos imprescindibles a la hora de
configurar las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital es la
constatación, el contraste entre el nivel de renta y patrimonio, que en
el caso del país Vasco y Navarra supone mantener esa competencia en la
sede de las entidades forales que las tienen en materia de Hacienda.
Hubiera sido un error de planteamiento no haber situado esta prestación
en las instituciones cuya gestión de una prestación similar se ha
acreditado eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y
con mayor razón si ello requiere de unos datos tributarios que poseen las
haciendas forales. Así, la ciudadanía cuenta con unas administraciones
eficaces que pueden testar el cumplimiento de los requisitos exigibles
para ser beneficiarios de la prestación, además de contar en la
actualidad con un conocimiento muy profundo de ese tipo de ayudas, lo que
servirá para conectar la RGI, la renta de garantía de ingresos, con el
nuevo ingreso mínimo vital. De esta forma, las personas perceptoras de la
RGI y renta garantizada no verán alterada su actual situación, ni los que
tengan derecho al ingreso mínimo vital ni el resto de colectivos que hoy
día no están contemplados en ese ingreso mínimo vital, pero sí están en
la RGI, como es el caso de los pensionistas y personas sin residencia
legal. Todos ellos seguirán percibiendo las cantidades que reciben en la
actualidad y, en su caso, superiores para las personas perceptoras de la
RGI y renta de garantía, que se constituye en una red complementaria de
dignidad.
La realidad es que Euskadi sigue invirtiendo para garantizar una renta a
los colectivos más desfavorecidos. Se mantiene así una conexión necesaria
para su complementariedad por su vinculación con el objetivo común. Pero
para todo ello se requiere que el Estado se comprometa también en la
transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital sin dilaciones, como
establece la disposición adicional quinta de la ley. Eso supone, además,
la efectividad del artículo 18.2.b) del Estatuto de Autonomía de acuerdo
con la Sentencia 133/2019. Pues bien, una vez que se materialice esa
transferencia, la comunidad autónoma se hará cargo de la financiación
íntegra del ingreso mínimo vital en su territorio y el Estado podrá dejar
de financiar esta prestación no contributiva, que pasaría a ser carga
asumida por el País Vasco.
El ingreso mínimo vital -voy acabando ya, que el tiempo se me acaba-,
señorías, representa en el Estado lo que la RGI desde 1990 ha
representado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o lo que desde 1999
ha supuesto la renta garantizada en Navarra. Supone un esfuerzo de
distribución de riqueza que Euskadi lleva realizando más de treinta años,
y eso probablemente tiene mucho que ver con que las tasas de pobreza sean
inferiores a las del Estado, incluso inferiores a las de países europeos
que consideramos más avanzados. Datos de Eurostat de 2018 confirman que
la incidencia de la pobreza en Euskadi es del 18 %, menor que la del
conjunto del Estado que es el 26 %, incluso menor que la media europea
del 22 %. Pues esperemos que estos sean también los logros del ingreso
mínimo vital. Ese es nuestro deseo y por ello apoyaremos este real
decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, Catalina.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez
Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, señor ministro, señorías, desde que estalló la
crisis, me habrán escuchado decir en varias intervenciones que se han
evidenciado y se han puesto realidades encima de la mesa a las que nos
gustaba mirar de perfil. Una de ellas han sido las numerosas carencias,
principalmente de nuestro sistema de prestaciones en general. Por eso es
importante garantizar que todas las personas que se puedan ver en una
situación de vulnerabilidad reciban el suficiente apoyo, el suficiente
acompañamiento
para salir de esa situación de exclusión; exclusión que esta crisis ha
agravado. Tenemos muchas imágenes que no vamos a olvidar de familias
rotas por el coronavirus. Después de haber superado ese pico de
fallecimientos, creo que hay numerosas imágenes que siguen golpeando a
nuestra sociedad -las grandes colas de personas pidiendo ayuda
alimentaria en la actualidad, numerosas llamadas de teléfono en las que
nos dicen que las ayudas no llegan-, con lo cual tenemos un gran reto
pendiente en el ámbito de la igualdad.
Esta normativa de hoy tiene una finalidad esencial, que es abordar la
pobreza estructural, pues, como bien se ha dicho, ya nos han dado
suficientes tirones de orejas por parte de organismos internacionales con
nuestras altas tasas de pobreza. Pero igualmente tiene como finalidad
mirar a nuestra realidad, y la realidad también son aquellas personas
que, fruto del coronavirus, han sido arrastradas a esa situación de
pobreza. Por tanto, el ingreso mínimo vital debe cubrir esa pobreza
estructural y esa pobreza que se ha generado por el propio coronavirus.
Que las tasas de pobreza sean tan elevadas y que además tengan un rostro
de infancia y de mujer, creo que nos evidencia un fracaso social al que
estamos mirando y que queremos atajar hoy de frente. Creo que todos los
representantes públicos deberíamos estar de acuerdo con esta medida.
Ciudadanos claramente va a apoyar una medida de este tipo porque
estaremos siempre al lado de las causas justas, pero además porque
creemos en políticas efectivas de inclusión social, aunque a veces este
Gobierno nos lo ponga algo difícil con tanta propaganda, con las
dificultades a la hora de llevar a cabo los consensos.
Vamos a solicitar que esta tramitación se realice como proyecto de ley
porque creemos que es una normativa que hay que mejorar y hacerla
efectiva. No se debe dejar a nadie atrás, se debe promover la inserción
laboral, se debe promover la coordinación con las comunidades autónomas.
Tenemos una gran oportunidad de hacerlo bien, por lo tanto, debemos
tramitarlo como proyecto de ley. Daremos algunos ejemplos que lo ponen de
manifiesto. En cuanto a los beneficiarios, ya le transmití el otro día al
ministro que debemos ver si no sería más adecuado tener en cuenta
justamente las rentas de los doce meses anteriores a percibir la
prestación porque pongámonos en el supuesto de alguien que en 2019 sí
cumplía el requisito, pero ahora en 2020 ha encontrado trabajo. Me parece
que hay cierto desajuste. También respecto a los beneficiarios, no debe
quedar ninguna persona con vulnerabilidad fuera de esta medida, pero es
que dejamos fuera a los autónomos societarios. No sé si es que hay
ciertos prejuicios con los trabajadores autónomos societarios. ¿Una
persona que tiene una sociedad mercantil automáticamente no puede estar
en una condición de pobreza? Igualmente, cuando hablamos de esos
beneficiarios y de los requisitos de la edad, ¿tenemos en cuenta a los
titulares con capacidad modificada o no los tenemos en cuenta? ¿Tenemos
en cuenta a aquellas personas sin hogar que no están empadronadas o no
las tenemos en cuenta? Lo mismo sucede con los menores que se encuentren
en determinadas situaciones como orfandad, menores extutelados que ya
tengan 18 años, incluso otros menores que se hayan independizado y que se
vean en situaciones de pobreza. Creo realmente que la norma debe ser
mejorada.
Durante estos días hemos estado escuchando distintos discursos en relación
con el ingreso mínimo vital. Me gustaría referirme a algunas cuestiones
que se han dicho por parte del Grupo Parlamentario VOX, por ejemplo,
relacionándolo con un efecto llamada a la inmigración. Leámonos bien la
norma: los inmigrantes tendrán derecho siempre y cuando sean regulares y
lleven un año ininterrumpido en nuestro país. No fomentemos prejuicios y
estereotipos, que creo que ya debemos dejarlos lejos.
Otra de las medidas esenciales y un pilar fundamental en este ingreso
mínimo vital es la inserción laboral. Si lo queremos hacer bien y si
realmente queremos empezar a dar pasos contra la pobreza, me parece muy
bien garantizar unos ingresos mínimos, pero si no lo unimos a la
inserción laboral, vamos a condenar a la gente a un sistema
asistencialista y a la trampa de la pobreza. Por lo tanto, la parte de
itinerarios igualmente debe ser incluida en esta normativa, no debemos
dejarla para su posterior desarrollo. Trabajemos bien esos itinerarios,
veamos el perfil de la persona y trabajemos para que haya incentivos
laborales. Como ya comentaba el otro día, ¿qué incentivos laborales
podemos tener? Podemos promover que en las contrataciones públicas y en
los pliegos de licitación se incluya realmente a los destinatarios del
ingreso mínimo vital; podemos establecer cupos de reserva al ingreso
mínimo vital; podemos establecer bonificaciones en los contratos para
personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Son cuestiones que van a
mejorar la norma y que van a dar realidad a la salida de la pobreza. Si
no lo hacemos bien, si no nos coordinamos bien con las comunidades
autónomas, si no nos coordinamos bien con nuestro actual sistema de
prestaciones y automáticamente integramos la prestación por hijo a cargo,
¿qué sucede con aquellas familias que no son destinatarias del ingreso
mínimo vital, pero sí cumplen el requisito de la
prestación por hijo a cargo? ¿Automáticamente las dejamos fuera? Son
prestaciones que tienen objetivos diferentes.
Simplemente ponemos encima de la mesa nuestras ganas de trabajar para que
sea una política útil; una política que realmente promueva la igualdad.
En estos aspectos de igualdad siempre reclamo altura de miras en la
política; dejemos las ideologías a un lado, pongámonos a trabajar de
manera seria por ello y construyamos una mejor sociedad, y esa mejor
sociedad vendrá si esta política social la enlazamos con la política real
de la inserción laboral.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.
Señor vicepresidente, señor ministro, luchar contra la exclusión social y
contra la pobreza, especialmente la pobreza extrema, debe ser el primer
objetivo de todo Gobierno y también de toda fuerza política. Desde luego
lo es para el BNG y, en ese sentido, ya anunciamos que vamos a votar a
favor. El BNG siempre defendió que hay una necesidad perentoria de
garantizar ingresos mínimos a toda la población que le permitan vivir con
dignidad. Claro que, desde nuestro punto de vista, la mejor manera de
garantizar esa vida digna es asegurar un empleo estable y un salario
justo. Por eso -y en esto cómo se conciba tiene su importancia-, nosotros
siempre hablamos de un salario de inserción laboral y social porque el
principal objetivo debe ser, precisamente, la incorporación al mundo
laboral de todas las personas en condiciones de hacerlo. El horizonte
ideal sería que este salario de inserción se equiparase al salario mínimo
interprofesional y este, a su vez, progresivamente, al salario medio.
Desde esta perspectiva, el ingreso mínimo vital que ustedes proponen,
siendo positivo, nos parece que se queda corto tanto en su concepción
como en su cuantía.
En todo caso, más allá de cuestiones que nos preocupan y que ya hemos
formulado en intervenciones previas en Comisión, especialmente en
relación con los sectores que finalmente quedarán excluidos, el BNG
discrepa de cómo se pretende gestionar este ingreso mínimo vital desde el
Estado, provocando un nuevo episodio -uno más- de recentralización. No
entendemos por qué existiendo ya renta de inserción en las comunidades
autónomas -en el caso de Galiza la Risga-, el Gobierno no opta por
reforzar este mecanismo en vez de crear uno nuevo. Si lo que les preocupa
son las diferencias actualmente existentes -y créame que a nosotros sí,
pues la Risga, en manos de Feijóo y del PP, es de las más bajas del
Estado-, la alternativa sería establecer un mínimo que garantice una
cobertura digna de las necesidades de la población más vulnerable y
transferir los recursos, esos aproximadamente 3000 millones de euros que
el Estado está en disposición de movilizar. Si es posible la gestión
propia en Euskadi y en Navarra, también lo es en Galiza. Por lo tanto,
nosotros pedimos que tomen en consideración esta propuesta de cara al
futuro inmediato.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias, señora Guille.
Por el mismo Grupo Parlamentario, tiene la palabra el señor Errejón
Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, señor ministro, vamos a votar a favor de esta
iniciativa con gusto y lo vamos a hacer por el contenido, pero lo vamos a
hacer también -y quiero destacarlo- por el procedimiento. Nos hemos
reunido varias veces, señor ministro, como usted sabe; hemos
intercambiado ideas; hemos escuchado; hemos podido aportar opiniones, y
le tengo que felicitar por ese procedimiento y desear que el camino sea
siempre así, porque así la verdad es que es mucho más fácil.
En España, la situación de la pobreza es dramática. Según los datos del
INE hay en torno a diez millones de personas en riesgo de pobreza y de
exclusión social. Eso es uno de cada cinco españoles, muchos más si se
trata de los niños, y muchos más que viven cotidianamente con el miedo a
que un golpe de suerte les haga tropezar y les arroje a la cuneta de la
exclusión social. Esto es, en primer lugar, una vergüenza moral; en
segundo lugar, es un problema político de primer orden. Últimamente se
estila hablar mucho de la polarización entre políticos, hablamos
demasiado de nosotros mismos, pero la polarización
más peligrosa en España no es que los políticos nos digamos palabras
gruesas, es la polarización que separa a aquellos que nacen con la vida
solucionada de aquellos que nacen con la vida cuesta arriba. Y es,
además, un desastre económico. Lo expreso con una metáfora muy sencilla.
Es posible que hoy en España la futura vacuna contra el COVID-19 esté en
la mente de un niño pobre, que por ser pobre o por nacer en una familia
con exclusión social, a lo mejor nunca va a poder desarrollar, nunca la
va a poder aportar a la sociedad española. El ingreso mínimo vital va en
la dirección correcta, es un paso en la dirección correcta. Creemos que
se deja a mucha gente fuera y que la condicionalidad supone un problema.
Entonces, lo vamos a apoyar no como punto de llegada, sino como punto de
partida. El horizonte es la reconstrucción del Estado del bienestar para
el siglo XXI, y ustedes saben que eso pasa sí o sí necesariamente por la
renta básica y porque la automatización y la liberación del trabajo no se
conviertan en más precariedad, sino que se conviertan en más libertad.
Déjenme terminar con una referencia a los adversarios o no partidarios de
esta medida; unos van a votar que no, otros van a votar que sí
arrastrando los pies. Son los mismos que seguramente habrían podido votar
que no a las ocho horas, que votan que no o arrastran los pies en este
caso y votarán no a la renta básica. Lo que les une es fundamentalmente
la desconfianza hacia el pueblo español, pero es una desconfianza que
tiene un tufillo clasista porque significa que ustedes desconfían de esta
medida, pero nunca desconfiaron de los regalos millonarios a los bancos
para que sigan jugando al casino, a los fondos buitres o a las
constructoras para que sigan jugando al casino. Ahora bien, cuatrocientos
euros en un hogar humilde para poder reparar la lavadora, para cambiar
las cortinas o para comprar carne a final de mes, eso, justo eso, sí que
les genera desconfianza. Pese a quien pese, hay que avanzar en ser una
sociedad más fuerte, y eso solo se hace con el cemento de la justicia
social. Votaremos que sí.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Gracias.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella
Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias.
Buenas tardes, señor vicepresidente, señor ministro. Nosotros votaremos a
favor de la medida a la vez que les pedimos que voten ustedes a favor de
su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. En primer lugar, me
gustaría agradecer al señor ministro la cortesía de plantear la medida
con tiempo, y no como últimamente habíamos visto con un real decreto que
aparece en rueda de prensa y luego ya en el BOE. Ha habido ocasión de
poder comentar la medida y usted también ha tenido ocasión de explicarse
en Comisión. Yo creo que esto es bueno y enriquece el que los grupos
parlamentarios podamos aportar algunas novedades al planteamiento que
tenga inicialmente el Gobierno. Nos gustaría que este planteamiento
también lo tuvieran otros ministros de este mismo Gobierno. No obstante,
le pedimos que se pueda tramitar como proyecto ley porque creemos que hay
enmiendas de valor que pueden tener una incidencia especial en este
texto: afrontar más a fondo la pobreza infantil, analizar más a fondo
esta incompatibilidad con la prestación por hijo a cargo y, por tanto,
con una prestación que cubre otras situaciones -como se ha planteado aquí
anteriormente- diferentes a las del ingreso mínimo vital. Cuestiones que
todavía no entendemos, como la relativa a las personas incapacitadas
judicialmente que no pueden ser titulares de esta prestación. Cuando se
dice que solo pueden ser titulares de la prestación las personas con
capacidad de obrar, automáticamente se ningunea la propia legislación
española y la propia Convención de Naciones Unidas ratificada por España
en 2008, negando la capacidad jurídica, la capacidad de ser titular de
derechos y obligaciones a las personas que han pasado por un proceso
judicial de modificación de la capacidad. Creemos que este es un gran
tema que hay que corregir en el texto. También cuestiones relativas al
coste de la vida, hemos planteado más de una vez que el coste de la vida
no es el mismo en las diferentes zonas de España y, por tanto, algún
mecanismo de corrección tendría que haber en este real decreto-ley.
Con todo, lo que sí queríamos trasladarle es que forma parte de nuestro
ADN generar riqueza, procurar repartir la riqueza y no repartir la
miseria, subsidiar el empleo antes que subsidiar el desempleo y, por
tanto, aportar todo este conocimiento y bagaje político al real decreto,
pero también este bagaje político nos lleva a tener en consideración que
no queremos dejar a nadie atrás. Por ese motivo votaremos a favor de la
medida. Hoy es urgente también, señor ministro, que la gestión la puedan
realizar las comunidades autónomas y, en la parte que me toca, que la
gestión la pueda realizar la Generalitat de Catalunya. Si lo pueden
realizar otras comunidades autónomas -no sé si las diecisiete lo pueden
hacer-, le aseguro que
la Generalitat de Catalunya puede. Por tanto, nosotros le pedimos que la
gestión de este ingreso mínimo vital pueda realizarse por parte de la
Generalitat de Catalunya que, sobradamente, está preparada para poder
gestionar esta prestación.
Por último, se apuntaba también el hecho de que este ingreso mínimo vital
es la cuarta pata del Estado del bienestar. Tenemos todavía pendiente
resolver la pata de la dependencia, la financiación de la dependencia.
Estaría bien también que vayamos cerrando temas, que vayamos solucionando
temas antes de abrir nuevos frentes. En definitiva -se me acaba el
tiempo-, creemos que hay mucho por implantar, nos van a encontrar a su
lado para hacerlo, queremos que esto sea un trabajo de todos, con
complicidad política, y sobre todo queremos que sea un trabajo con toda
la lealtad institucional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián
Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, señor ministro; buenas
tardes, señor vicepresidente. Entiéndanme, está muy bien que la izquierda
pase de lo underground a lo comercial; está muy bien que la izquierda
pase de lo marginal a la victorioso; está muy bien que la izquierda llene
estadios; está muy bien que la izquierda gane, en definitiva. Lo digo
porque hay una izquierda que siempre sospecha de sus victorias o siempre
sospecha de su pureza frente a las victorias, y esto es precisamente lo
que está pasando hoy aquí, que la izquierda ha ganado, que pasa de la
maqueta al disco, y se ha ganado porque se ha ganado una batalla
cultural. Y no solo hoy se está ganando una prestación o una ayuda, sino
que se está ganando un derecho, y eso está muy bien. El ingreso mínimo
vital puede ser directamente la Ley del divorcio de nuestra generación, y
como tal seguramente la derecha ahora la criticará y en el futuro la
defenderá. Pero cuando algo se gana en la calle, en la política y en el
BOE es terriblemente difícil de revertir.
Hoy aquí el Grupo Republicano les podría hablar de lo bueno de esta ayuda
que dignifica la vida de centenares de miles de personas, que es una
vacuna contra la precarización laboral y, sobre todo, que reactiva el
consumo y, por lo tanto, la economía. O el Grupo Republicano podría
hablarles sobre todo de lo malo de esta ayuda o de este derecho: primero,
que hay que acreditar un año entero de bajos ingresos para poderlo
solicitar; segundo, lo terriblemente complicado que está siendo
compaginarlo con ayudas autonómicas, con otras ayudas muy similares en
Euskadi y en Cataluña; y, sobre todo, lo injusto, incluso cruel, que es
sacar o aislar de esta ayuda a más de un millón de personas mal llamadas
ilegales o irregulares. El principal requisito para solicitar esta ayuda
no debería ser tener o no tener un DNI o un NIE, sino que debería ser
tener o no tener hambre, y eso no pasa. El Grupo Republicano les podría
hablar de todo esto, pero, por un lado, seguro que tendremos tiempo para
hablarlo y enmendarlo y, por otro, en un mundo en el que Bolsonaro,
Trump, Abascal, pasan de la marginalidad terraplanista a ocupar
instituciones, creo que hay que seguir batallando esa lucha cultural de
la que les hablaba antes. Hay una derecha que, cada vez que la izquierda
-da igual la bandera- habla de un ingreso mínimo vital o de que
necesitamos una renta para cualquier persona, para cualquier ciudadano
por el simple hecho de ser un ser humano, viene a decir: ¿qué os creéis?,
¿qué os creéis? ¿Qué es eso de darle 400, 500 o 600 euros a la gente por
la cara? Es una paguita, es un chollo. Creo que hay que decir que no, que
no, que eso no solamente es una falta de respeto para toda la clase
trabajadora de este país, sino que es una falta de respeto para la clase
humilde de este país. Sobre todo hay que decir que no, que la paguita,
que el chollo es que una familia en este país, por su simple apellido y
para su palacio cobre ocho millones de euros públicos al año. Eso es la
paguita y eso es el chollo. Que la paguita y el chollo es que los 'Cid
Campeadores' de la extrema derecha hasta hace muy poco cobraron 80 000
euros en chiringuitos de Esperanza Aguirre en Madrid, y me refiero a
Santiago Abascal. Esa es una paguita y eso es un chollo. Que la paguita y
el chollo es pagarle o perdonarle 20 000 millones de euros a Florentino
por el Castor. Esa es la paguita y el chollo y ese es el país que ustedes
querían y el país que hoy se está batallando.
Acabo con un recuerdo a alguien que el 13 de julio de 2017, en el
Parlament de Catalunya, junto con 133 diputados de dicho Parlament,
aplaudió y se felicitó por una ayuda relativamente similar a esta que es
la renta mínima garantizada en Cataluña. Un recuerdo para Dolors Bassa,
la consellera de Treball hoy injustamente encarcelada. Va por ti, Dolors,
un abrazo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rufián. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta.
Vicepresidente, ministro, hoy con el ingreso mínimo vital -ya se ha dicho
aquí- se toma una medida histórica que permite a España avanzar en
justicia social. El ingreso mínimo vital es una medida fundamental para
acabar con la pobreza; nos lo ha dicho el relator de Naciones Unidas, que
nos visitó no hace mucho tiempo y vio la situación de exclusión en la que
se encontraba mucha gente en este país; por tanto, ha valorado muy
positivamente esta medida. El ingreso mínimo vital es una red de
seguridad para todas las personas a lo largo y ancho de este país y va a
suponer un suelo de ingresos para todas las familias. A partir de ahora,
la ciudadanía en España va a estar más protegida, puede disfrutar de más
seguridad en unas vidas llenas de incertidumbres, de incertezas
provocadas por la precarización vital a consecuencia de las políticas
neoliberales de las derechas. Frente a la salida de 2008, una salida en
clave de recortes de derechos, este Gobierno gira 180 grados y apuesta
por recuperar derechos, sí, pero también amplía el catálogo de derechos
sociales y esto es importante: el ingreso mínimo vital es un nuevo
derecho social. Es más, es un derecho que diría que abre la puerta a una
nueva generación de derechos donde ya se perciben cambios importantes.
Este derecho ya no se encuentra vinculado directamente al trabajo y al
mercado laboral, como decía el ministro, porque ya no estamos en una
sociedad keynesiana del pleno empleo, porque ya el trabajo,
desgraciadamente, no es el método de integración social. Por tanto, los
nuevos derechos sociales no pueden vincularse exclusivamente al
trabajador, como se hacía en el nacimiento del Estado social -y hablo en
masculino, al trabajador-, sino que los nuevos derechos sociales deben
girar alrededor de la persona y de su dignidad. Las feministas hace
tiempo que vienen apostando por la deslaboralización de los derechos
sociales, y en ese sentido el ingreso mínimo vital también es
revolucionario, porque apunta a una necesaria actualización de nuestro
Estado del bienestar, porque pone en el centro la vida de las personas,
de todas las personas, independientemente de su relación con el mercado
laboral.
Ahora me gustaría hacer un poco de pedagogía democrática, sobre todo para
el ala de la derecha. Cuando algunos llaman de manera despectiva al
ingreso mínimo vital 'paguita', haciendo gala -diría- de una gran
ignorancia, yo les contaría un par de cosas. Con el ingreso mínimo vital
el Estado democrático -nuestro Estado democrático- se hace más grande y
más fuerte porque habrá más libertad y más igualdad, que, como ustedes
saben, son los fundamentos de cualquier Estado democrático. Si hablamos
de libertad, la Constitución española la reconoce en el artículo 1.1,
pero no solo reconoce la libertad formal, la libertad de no injerencia,
sino también la libertad positiva. Para que los individuos puedan
disfrutar realmente de libertad es preciso que dispongan de un mínimo de
seguridad económica. Si no cuentan con unos recursos materiales mínimos,
esa libertad es ficticia, es una palabra hueca. Y no es algo nuevo; no es
algo nuevo. Ya hace ochenta años, Franklin Roosevelt, en un famoso
discurso en el Congreso, habló de las cuatro libertades: de la libertad
de expresión, de la libertad de culto, de la libertad de no tener miedo y
de la libertad de vivir sin penurias, de no hallarse en estado de
necesidad. Esta manera de hablar de las libertades implicaba ya la
apertura a los derechos sociales, sobre todo al derecho a un nivel de
vida adecuado, y tuvo una gran influencia internacional y fue recogido,
como sabemos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto,
resumiendo, no hay democracia sin libertad y no hay libertad real cuando
no se puede llenar la nevera.
La segunda de las vinculaciones de este ingreso mínimo vital con el Estado
democrático es la igualdad. Nuestra Constitución reconoce la igualdad,
pero no solo la igualdad formal, no solo la no discriminación, sino
también la igualdad material. El artículo 9.2 da un mandato a los poderes
públicos para que consigan la equiparación en las condiciones reales de
existencia. Por tanto, esa máxima de "todos somos iguales ante la ley" no
es verdad ni es suficiente, primero, porque ni somos todos -porque somos
todas y porque somos 'todes'- ni tampoco somos iguales, porque
pertenecemos a familias distintas y nacemos en condiciones económicas
distintas. Por tanto, la igualdad de oportunidades dependerá otra vez de
la garantía de esas mínimas condiciones de vida y el ingreso mínimo vital
es una pieza fundamental para conseguir ese objetivo, para avanzar en
igualdad.
Además, añadiría otra cosa: el ingreso mínimo vital se encontraba ya en el
corazón del propio sistema constitucional. Es algo que está ahí y que se
deduce directamente de algunos preceptos que todos
conocemos: de la declaración del Estado social, del derecho a la vida y de
la dignidad de la persona. Todo ello hace que todos y todas tengamos
derecho a la existencia, es decir, a un ingreso mínimo vital. Y ha hecho
falta que llegue este Gobierno para ponerlo en papel y para hacerlo
llegar a todos y todas las ciudadanas. De verdad, os doy la enhorabuena.
Es algo que hace más grande el Estado democrático y nuestro sistema
constitucional.
Voy terminando. Es verdad que el ingreso mínimo vital tiene como principal
función acabar o luchar contra la pobreza extrema de nuestro país, pero
quizá tampoco nos tenemos que olvidar en relación con todo lo que he
dicho que lo que va a hacer el ingreso mínimo vital es fortalecer nuestra
Constitución, el constitucionalismo social y democrático de este país.
Así que termino diciendo: enhorabuena, vicepresidente, enhorabuena,
ministro, porque en un momento muy duro y muy difícil que todos hemos
vivido han sido capaces de ensanchar la democracia en el Estado español,
y esto no sucede todos los días.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Garrido. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Ruiz Solás.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, señora presidente.
Señorías, señor ministro, ¡qué extraordinaria oportunidad perdida para que
todos en esta Cámara nos hubiéramos puesto de acuerdo en algo
verdaderamente bueno para nuestros compatriotas! Hoy podríamos estar aquí
celebrando el consenso entre todos y, sin embargo, lamentablemente, vamos
a volver a la senda del desencuentro. Porque, señor ministro, nunca nos
vamos a encontrar más cerca que en el deseo compartido de ayudar a los
ciudadanos que lo están pasando mal. De verdad, nunca nos vamos a
encontrar más cerca. Créame, se lo digo de corazón. (Aplausos). Eso es lo
que VOX lleva clamando insistentemente desde el comienzo de esta crisis,
que se ayude a los ciudadanos, que no se les deje solos. Por eso, les
hemos pedido una y otra vez que pagaran las nóminas a todos los empleados
y autónomos durante tres meses para evitar que perdieran sus trabajos,
para que no dejara de haber liquidez en el mercado, para minimizar el
daño irreparable a tantas empresas. ¡Hubiéramos evitado tanto
sufrimiento, señor ministro! Sin embargo, ustedes prefirieron abandonar a
los españoles a su suerte, permitiendo la destrucción del tejido
productivo e impidiéndoles trabajar a cambio de una prestación que ni
siquiera han sido capaces de garantizar a todos. Ustedes han abocado a
muchos ciudadanos al paro y a la dependencia de las colas del hambre, y
ahora parece que también a la dependencia de un subsidio perpetuo.
Señorías, VOX cree firmemente que hay que sostener a las personas que lo
necesitan. VOX cree que es necesario un sistema de protección social
fuerte que lo garantice y que es necesaria una ayuda extraordinaria y
temporal para complementar el sistema y para apoyar a las familias que no
pueden acceder al mercado laboral. Lo podemos decir mucho más alto, pero
no más claro: queremos un sistema de protección fuerte para los españoles
y para todas las personas que residen de forma legal en España y una
ayuda extraordinaria temporal para sostener a nuestras familias. Espero
que lo hayan oído bien. (Aplausos). El señor Rufián ha salido, pero, si
son tan amables, se lo cuentan después.
Pero, desgraciadamente, señorías, la medida que discutimos hoy aquí no es
una medida extraordinaria y temporal ideada para solucionar el problema
económico y social que ha generado esta crisis sanitaria. Que no se
engañen los españoles: la medida que discutimos hoy aquí no es más que la
famosa y esperada medida estrella del señor Iglesias, una medida sin la
que el Partido Socialista no habría obtenido el apoyo de Podemos para
gobernar. Es una medida que ya formaba parte del plan que el señor
Iglesias y su partido tenían para España mucho antes de que todo esto
pasara. La implantación del ingreso mínimo vital justo ahora y de esta
forma no es más que el precio que tenemos que pagar por el pacto con el
diablo firmado por el señor Sánchez para alcanzar su objetivo, un pacto
que nos va a salir muy caro, porque al diablo le da igual que se ponga en
riesgo nuestro sistema de protección. Eso es justo lo que estamos
haciendo articulando esta medida como una prestación permanente de la
Seguridad Social: poner en riesgo de muerte nuestro sistema de
protección, porque estamos imponiendo nuevas cargas estructurales a un
sistema que ya estaba quebrado por el incremento del gasto de la
jubilación y que, para colmo, va a tener que asumir ahora un aumento
brutal de los recursos destinados al subsidio por desempleo. Además, este
ingreso mínimo vital va a prolongar la situación de desigualdad entre
españoles generada por las autonomías, señor ministro, justo cuando
teníamos la oportunidad de ordenar el sistema de protección de
rentas mínimas autonómicas para que dejara de haber de una vez por todas
españoles de primera y españoles de segunda, por lo menos a la hora de
combatir la pobreza. (Aplausos).
Señores del Gobierno, han perdido ustedes también la oportunidad de
implementar la tarjeta social universal, tal y como tenían previsto, que
hubiera servido para elaborar por primera vez un mapa de prestaciones
públicas esencial para saber cómo y a quién ayudar y poder atender antes
lo más urgente. Y, para colmo, traspasan a Navarra y a País Vasco
funciones y servicios que corresponden al Instituto Nacional de la
Seguridad Social sucumbiendo de nuevo al chantaje de sus otros socios,
rompiendo definitivamente la caja única e hiriendo de muerte el Pacto de
Toledo, algo que es gravísimo, señor ministro. Como también es grave, muy
grave, el tremendo efecto llamada que está provocando el anuncio del
ingreso mínimo vital en los términos en los que ustedes lo han planteado.
Usted, señor ministro, compareció el pasado mes de marzo en la Comisión
del Pacto de Toledo para subrayar la recomendación 19, que dice que el
flujo de migraciones debe canalizarse a través de mecanismos que
garanticen la incorporación de personas al mercado de trabajo, una
posición en la que estaban todos ustedes de acuerdo y que nosotros
también compartimos. ¿Qué ha pasado entonces, señor Escrivá? ¿Cómo es
posible que ahora nos plantee una prestación totalmente desvinculada de
la búsqueda de empleo? Señor ministro, con la que está cayendo no tiene
ningún sentido, ninguno, que se permita ser beneficiario del ingreso
mínimo vital a las personas que tengan la residencia legal en España solo
un año antes de la solicitud sabiendo lo fácil que resulta cumplir este
requisito. Es imposible que podamos hacer frente a todas las solicitudes
que nos van a llegar. No tiene ningún sentido que pueda ser beneficiario
cualquier inmigrante ilegal que sea víctima de trata de seres humanos,
porque eso es como decir que van a ser beneficiarios todos los
inmigrantes que lleguen en patera a nuestras costas, porque todos ellos
son víctimas, señor ministro, víctimas de tráfico y víctimas de trata, y
lo son porque están en una situación de vulnerabilidad terrible. ¿O es
que cuando una madre se mete en una patera con su bebé, arriesgando su
vida y la de su hijo, después de haber pagado un dinero que no tiene a
las mafias de tráfico -dinero que probablemente esas mismas mafias le han
prestado a saber a cambio de qué y con qué intereses-, no es ya
moralmente una víctima de trata?
Señorías, todos los países desarrollados tenemos la obligación legal y
moral de ayudar a los países más pobres; tenemos la obligación de crear
condiciones económicas y comerciales justas para que puedan salir de la
pobreza; tenemos el deber de ayudarles en origen para que no se vean
obligados a dejarlo todo, a venderse a las mafias y a arriesgar sus vidas
en el trayecto. Precisamente para eso están las políticas de cooperación
internacional a las que debemos contribuir con la mayor generosidad y la
mayor responsabilidad. A todos nos preocupan las personas que sufren en
cualquier rincón del planeta, por cualquier circunstancia. Todos tenemos
corazón y sentido de la justicia y conciencia, no son ustedes los únicos,
pero la política nacional se limita a las fronteras de los Estados.
¡Ojalá estuviera en nuestras manos poder salvar el mundo! ¡Ojalá! Pero no
es así. Nosotros solo somos diputados nacionales y estamos aquí con el
mandato claro de velar por el bienestar de nuestros compatriotas, de
proteger y ayudar a nuestros empresarios, a nuestros autónomos, a
nuestros trabajadores, a nuestras familias, de trabajar para que
cualquiera que viva en territorio español tenga un trabajo digno, un
salario suficiente y las mejores condiciones de vida, para que todos
tengan garantizados sus derechos y también para que a todos podamos
exigirles el cumplimiento de su deber, algo que olvidamos a menudo pero
que es fundamental para que no derribemos con una mano lo que construimos
con la otra.
Señor Escrivá, estamos convencidos de que implementar esta medida en estas
condiciones no solo va a traer ruina académica y ruina moral a nuestro
pueblo, también va a hacer que contribuyamos a que las mafias sigan
enriqueciéndose a costa de las vidas inocentes de miles de personas
vulnerables y desesperadas que, en el mejor de los casos, acaban como
mano de obra esclava o como carne de cañón de una sociedad que no tiene
la capacidad real para acogerlas y darles la vida digna que merecen.
Teníamos una oportunidad, señor ministro, una oportunidad preciosa; nos
tenía a su lado para apoyar lo que podría haber sido una buena medida
para ayudar a los españoles que más lo necesitan en un momento tan
extraordinariamente difícil como este...
La señora PRESIDENTA: Señora Ruiz, tiene que terminar.
La señora RUIZ SOLÁS: Termino, señora presidente.
... y lo han estropeado todo articulándolo tan mal. Señor ministro,
ustedes decidieron someterse al chantaje de sus socios, vendieron su alma
a quienes solo pretenden adocenar y empobrecer a los españoles
ofreciéndoles una paga sin honor en lugar de un trabajo digno, fruto de
su esfuerzo individual.
No vamos a votar en contra de esta medida, señor ministro, porque nuestros
compatriotas necesitan ayuda, pero tampoco podemos votar a favor, porque
no podemos ni queremos ni debemos participar de esta locura, cuando lo
que está en juego es el presente y el futuro de nuestros pensionistas, de
nuestros hijos y de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ruiz. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la
señora Marcos Domínguez.
La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Año 1978, Constitución española, título VIII: las comunidades autónomas
aún por constituir se ocuparán de los servicios sociales. Con ese mandato
constitucional, a partir de 1989 las autonomías, y de forma destacada las
del PP, pusieron en marcha las primeras rentas mínimas. Fraga, ¿le suena?
Porque el Partido Popular nunca ha sido ajeno a la lucha contra la
pobreza. Defendemos que el mejor escudo social es el empleo y que una
renta mínima demuestra su eficacia cuando deja de ser necesaria.
Defendemos el empleo como política social, porque queremos una sociedad
solidaria de personas libres, no una sociedad egoísta de personas
dependientes. Por eso, lo más razonable hoy es obviar el sermón benéfico
que nos ha regalado el señor Iglesias. Este IMV no es su proyecto, por
suerte para todos. El 20/2020 pretende implantar algo parecido a un
sistema de complemento de pensión no contributiva para las rentas más
bajas, nada más lejano a las pretensiones de Podemos de renta universal.
Acuérdese, señor Iglesias, de elogiar al señor De Guindos cuando predique
por Zoom, entre esos inscritos que ya no le votan, las bondades de un
proyecto que no es el suyo. (Aplausos). No debe ser un proyecto que
desincentive el empleo e incentive la economía sumergida. Es cierto que
el 20/2020 tiene muchos fallos sobre los que había alertado la AIReF al
comentar la ILP a los sindicatos, pero no es lo que quería Podemos, como
ha explicado con meridiana claridad el señor Rufián. A partir de aquí,
con el permiso del señor Iglesias, hablaré con el señor ministro de
Inclusión, autor del proyecto.
Señor ministro, en 2015 España empezaba a salir de la inmensa crisis
económica que arrancó en 2008 y a sumergirse en una inexplorada crisis
política, que ya es estructural; no hay más que ver su Consejo de
Ministros. Aquel 2015 fue año electoral y se habló de renta mínima. El PP
incorporó en su programa las propuestas de coordinar el sistema existente
de rentas mínimas autonómicas para mejorar su eficiencia. Los sindicatos
entonces recogían firmas para traer al Congreso su ILP. Y por ese
proyecto, en febrero de 2018, y a petición del PP, compareció aquí el
presidente de la AIReF, el señor Escrivá. Tanto interés despertó su
intervención que el presidente Rajoy le encargó un informe. Va a hacer
justo un año que se hizo público, gobernaba en funciones el señor
Sánchez, y en diciembre el pacto entre PSOE y Podemos incluye la renta
mínima. Pero todo eso fue antes de la pandemia, en la España pre-COVID.
Marzo de 2020. Estado de alarma, tres meses y decenas de miles de muertos
después, a la crisis sanitaria se acumula la económica y una masiva
destrucción de empleo y de tejido productivo por la gran recesión. España
será la economía que más se desplomará, alerta hoy la OCDE. El paro
castigará a la cuarta parte de la población activa, avisa el Banco de
España. A esta tragedia se suma un número indeterminado, enorme, de
personas empujadas a la pobreza. Pero las víctimas económicas del COVID
no son las destinatarias de este real decreto-ley, sino que están
empotradas en el 20/2020 para justificar la urgencia.
¿Qué queda, señor ministro, de aquel informe de un lejano 2019?
Recomendaba estas tres cosas. Primera, simplificar el sistema de rentas
mínimas evitando el solapamiento entre prestaciones de diferentes
administraciones. Ahora el ministro Escrivá pide a casi todas las
autonomías que renuncien a sus competencias para no solaparse; al País
Vasco no, no se vayan a enfadar los socios. ¿Y qué pasa con la igualdad
entre los españoles? Segunda, asegurar la complementariedad con las
políticas activas de empleo. Esta recomendación, como casi todo lo
esencial del ingreso mínimo vital, queda para un futuro desarrollo
reglamentario, y sería clave que el IMV estuviera ligado a la búsqueda de
empleo. Y, tercera, encuadrar su puesta en marcha en un plan
presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento
estructural del gasto.
Del déficit, señor ministro, mejor no hablamos, que la semana pasada su
sucesora en la AIReF avisó de un estratosférico 14 %. Es interesante leer
aquel informe y constatar que el ministro Escrivá no está de acuerdo con
el señor Escrivá y, viceversa, que el señor Escrivá estaría furioso con
el ministro Escrivá si supiera que ha sido capaz de traer a esta Cámara
una norma de estas características sin memoria
económica. Posiblemente, hasta el ministro Escrivá esté muy molesto con el
ministro Escrivá, pero no lo va a decir. Nosotros sí, porque nosotros no
estamos infectados de sanchismo.
Le vamos a decir cuatro fallos clave de este real decreto-ley: el Gobierno
se apropia de una competencia autonómica, exceptúa al País Vasco y a
Navarra, asume la duplicación de la prestación y confía en que sean los
Gobiernos autonómicos quienes se hagan a un lado y renuncien a una
encomienda constitucional para dedicar sus recursos a otras políticas.
El proyecto tiene alguna cosa positiva, como la recuperación de la tarjeta
social, que dejó preparada el Gobierno Rajoy. Y usted dijo el lunes -y ha
dicho hoy- que no buscáramos una lucha competencial. Eso abre la puerta a
un modelo razonable, el de coordinación y cooperación, no el de
sustitución que prevé el 20/2020. También está mal que este Gobierno
pretenda que la gestión para la puesta en marcha del nuevo ingreso mínimo
vital recaiga en los ayuntamientos, sin ofrecerles los necesarios
recursos. Que lo hagan con su superávit, dicen. ¿Y si no lo tienen?
Señorías, si hay una Administración pública que se ha volcado en esta
crisis para ayudar de verdad a las víctimas económicas del COVID son los
ayuntamientos. (Aplausos). Nos gustaría trasladar desde aquí el más
agradecido reconocimiento a su trabajo. Y si hay otra Administración
pública que ha usado a las víctimas del COVID para invadir competencias
ajenas y arrogarse el monopolio de la bondad es el Gobierno del señor
Sánchez. Nos gustaría trasladar, desde aquí, el más rotundo repudio a esa
forma de hacer política.
Termino ya, señora presidenta. Lo razonable hubiera sido traer un proyecto
de ley de ingreso mínimo pactado con todos, con autonomías y
ayuntamientos, con agentes sociales y con el tercer sector, hasta con la
oposición -pactado, no solo comentado-, un texto con todas las garantías,
que el 20/2020 no tiene memoria económica, informes del Consejo de Estado
y del Consejo Económico y Social. Y lo importante: para hacer frente a
las victimas económicas del COVID habría que haber impulsado una ayuda
temporal de emergencia para quienes no tengan ninguna otra red de
seguridad por la pandemia.
Ya sabemos que lo razonable con este Gobierno es imposible, pero este
partido ha trabajado siempre con el objetivo de reducir la pobreza. Las
rentas mínimas autonómicas y, sobre todo, las cifras de empleo de todos
los Gobiernos del PP así lo acreditan. Reivindicamos la capacidad de
enmienda de esta Cámara a un texto que no puede gustarle ni a su autor
más serio. Ya sabemos que no gusta, aunque lo disimule, al otro. Pues
bien, esa determinación y esa convicción avalan el sentido de nuestro
voto a un decreto que debe enmendarse como proyecto de ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marcos. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Carcedo
Roces.
La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señora presidenta.
Ministro, muchísimas gracias. Vicepresidente, muchísimas gracias.
(Aplausos). Y también, muchísimas gracias al presidente del Gobierno, que
se empeñó, se empeñó y se empeñó, cada vez que subió a esta tribuna, en
completar nuestro Estado del bienestar y poner en marcha el ingreso
mínimo vital. (Aplausos).
Abro comillas: "Que no provoquen un debate que no se corresponda con la
realidad. Son informes puramente estadísticos". Cristóbal Montoro,
ministro de Hacienda y Función Pública. Estamos ante el negacionismo de
una realidad, como está plagada esta Cámara de negacionismo del cambio
climático, de la segregación, etcétera, desde esa bancada. Pero decía
más, porque esta era una respuesta a Cáritas, pero, claro, quedar mal con
una organización de este tipo es un poco complicado. Entonces dice: No,
no, no, pero reconozco la función social absolutamente vital de impulso a
la cohesión social. ¿Cómo? ¿Quién tiene la responsabilidad de promover la
cohesión social?, ¿las ONG, que se ocupan de atender los efectos más
desastrosos de la falta de cohesión social y de la falta de acción
política de los responsables que tienen que poner en marcha las políticas
públicas dirigidas a la cohesión social? Ese es el problema y ese es el
confusionismo.
Evidentemente, hoy hay muchas personas de bien de este país que están
felices, y desde luego tenemos que estar felices sobre todo porque
estamos haciendo nuestro trabajo atendiendo necesidades muy importantes
de nuestra ciudadanía y dando respuesta a una situación que es evidente,
y es que en este país hay una distribución muy injusta de la riqueza, muy
injusta. (Aplausos). Eso se llama desigualdad y esta medida lo que
pretende es combatir esa desigualdad y combatir los efectos más
perjudiciales de esa desigualdad que es la pobreza, las familias que
viven en pobreza. Y yo suelo decir que no se
preocupen, que no se contagia, pero sí se hereda, y hay niños que viven en
esos hogares que nacen pobres y para los que va a ser un lastre y una
desventaja para toda su vida, y en un país decente eso no se puede
consentir y no se puede tolerar. (Rumores.-Varios señores diputados:
¡Pero que se callen, hombre!-El señor Casero Ávila pronuncia palabras que
no se perciben).
La señora PRESIDENTA: ¡Señor Casero Ávila, Por favor, guarde silencio!
La señora CARCEDO ROCES: Ese es el problema y eso es lo que aquí estamos
hoy debatiendo.
Indudablemente, yo estaba apuntando a quienes apoyan esta iniciativa, por
orientarme un poco, y de verdad que estoy muy contenta de que el Partido
Popular la apoye. (Protestas.-Un señor diputado: ¡Que te calles,
Casero!).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora CARCEDO ROCES: Cuando quieran, continúo.
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, por favor.
Continúe, señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Por cierto, esta renta no es un servicio social,
es una prestación, al igual que otras muchas, y no contributiva, no va a
tocar los fondos de la Seguridad Social del sistema público de pensiones;
es no contributiva. Lo digo por si acaso siguen en el aire algunos
equívocos.
Cuando se pone en marcha una política de este tipo enseguida empiezan los
temores, las desconfianzas: ¿qué va a pasar?, ¡va a haber fraude! Yo les
aseguro que si aquí estuviésemos debatiendo una iniciativa del mismo
importe por una deducción fiscal de cualquier adquisición del mercado que
puedan comprar las personas que tienen rentas que se puedan permitir
determinadas compras, desde luego no habría ni una palabra; por el mismo
coste, ¿eh?, por deducción fiscal. Pero como es un gasto -que sería una
inversión- para las personas más necesitadas, entonces ya van a cometer
fraudes, van a ir a la economía sumergida y van a ser unos vagos porque
no van a querer trabajar. Un poco de respeto a conciudadanos nuestros que
no son de segunda, que son tan de primera como nosotros y como las
personas más ricas de este país; son conciudadanos iguales y
constitucionalmente iguales. Vale ya de apriorismos ideológicos en el
análisis de esta política pública. (Prolongados aplausos).
Hay otra cuestión que también está en el aire... (Rumores). ¡Jolín, qué
pena, chicos! Perdón. (Risas y aplausos.-Protestas). Hay otra cuestión,
que es el desdén temerario por los consensos académicos y por los
acuerdos y consensos de las instituciones multinacionales en medirnos
como sociedad y poder compararnos. En medirnos. Son datos estadísticos,
pero la estadística está consensuada en organismos internacionales de la
OCDE, del FMI, de Eurostat, y todos medimos igual en el INE, y todos nos
comparamos igual, y los organismos internacionales nos vienen diciendo
una y otra y otra vez que tenemos que tomar esta medida. (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Señora Carcedo, un momento, por
favor. (Pausa). No quiero volver a interrumpir al orador para pedir
silencio; silencio y respeto a quien tiene el uso de la palabra en la
tribuna, que en estos momentos es la señora Carcedo, nadie más, solo la
señora Carcedo.
Muchas gracias.
La señora CARCEDO ROCES: Nuestro sistema Eurostat, a través del indicador
de Arope, por ejemplo, nos dice que más de un tercio de nuestros niños
viven bajo el umbral de la pobreza. El FMI, no vuelvo a leer la
valoración que hizo de esta medida, que leyó el vicepresidente del
Gobierno. La OCDE, ¡cada año! hace un informe sobre España y ¡cada año!
nos recuerda que nuestro sistema de distribución de rentas, de
redistribución, es un poco injusto. Por cada euro que se destina a las
rentas del 10 % más pobre, destinamos 5 al 10 % más rico. Por eso les
decía lo de que si aquí hubiéramos traído otra política, no les
preocuparía en absoluto.
Y también les tengo que recordar que se hace el enfoque de esta política
pública desde un constitucionalismo muy selectivo; muy selectivo. Ahora
que aflojó un poco eso del club de los selectos constitucionalistas,
¿cuántas veces en esta Cámara se debatió el artículo 2, interpretaciones
sesudas, debates de todo tipo? ¿Y el 1? La primera condición de nuestro
Estado, el Estado social, ¡cuánta preocupación generó en esta Cámara!
Afortunadamente, hoy la estamos dando. ¿O cuántas veces
hablamos del Título VIII de la Constitución, que discutimos también
jornadas, jornadas y jornadas? ¿Y cuántas veces nos dedicamos al capítulo
tercero del Título I?, ¿dónde está el artículo 40, de redistribución
justa de la renta o el 41, donde se basa esta renta? Es decir, que
tenemos la obligación, ¡la obligación!, el mandato constitucional de
crear un sistema de protección para las personas que están en situación
de necesidad, y muchos de nuestros conciudadanos lo están. O el de
protección para las familias, de todas las familias, de todas, no de
algunas. Y que los niños gocen de la protección social, de acuerdo con
los compromisos internacionales que asumimos como país.
Termino ya, señora presidenta, porque se me acaba el tiempo. Y termino
recordando a Oscar Wilde: "Los niños comienzan por amar a los padres.
Cuando ya han crecido, los juzgan, y, algunas veces, hasta los perdonan".
Hagámonos perdonar por una parte importante de nuestra infancia que está
en situación de pobreza y de grandes desventajas para su futuro, pero
además estamos poniendo en riesgo nuestra competitividad como futuro del
país.
Muchísimas gracias, señora presidenta. (Prolongados aplausos de las
señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en
pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carcedo. (La señora Álvarez
de Toledo Peralta-Ramos pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez de Toledo, ¿en base a qué artículo me
pide la palabra?
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Yo solamente quería informar a
la señora Carcedo de que este grupo va a votar que sí, no sé si usted se
ha enterado, porque por su... (Aplausos.-Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez de Toledo, gracias.
Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (Rumores).
Silencio, por favor. (La señora Vázquez pronuncia palabras que no se
perciben). Señora Vázquez, por favor. (La señora Lastra Fernández pide la
palabra).
Perdón, señor ministro. ¿Señora Lastra?
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Por una cuestión de orden. Llevamos toda la
sesión aguantando a la bancada popular, pero ya los insultos a la
exministra Carcedo desde la bancada popular son algo inaceptable. Así que
les pido a la señora Vázquez y a todos los demás, que llevan veinte
minutos insultando a esta bancada y sobre todo a la exministra Carcedo,
al menos que los retiren y sobre todo que se disculpen. (Aplausos.-La
señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá
Belmonte): Gracias, presidenta.
Gracias, señorías. Yo quiero agradecer el tono general constructivo con el
que se ha recibido este real decreto-ley, esta iniciativa del Gobierno.
Que no haya si no he contado mal votos en contra, el consenso tan general
que ha suscitado, debería ser en este momento un motivo de gratificación
general, y en eso creo que debemos quedarnos. He tomado nota de las
distintas observaciones individuales que se han ido haciendo. Creo que no
es el momento de ir a ellas. Entiendo que si ustedes deciden que se
tramite como proyecto de ley las analizaremos con la máxima atención y
veremos su encaje. Hay algunas que incluso tienen encaje en el desarrollo
reglamentario. Yo creo que ahí tendremos la posibilidad de ver todas
estas observaciones. Pero de nuevo quiero agradecer en este momento y
sobre todo el trabajo de las últimas semanas con los grupos y el trabajo
con las comunidades autónomas. Yo personalmente me he reunido con los
consejeros responsables de asuntos sociales de todas y cada una de las
comunidades autónomas al menos dos veces. Algunos de los elementos que
están en esta norma han sido consensuados y encajados con ellos. Hemos
hablado con los ayuntamientos y con la FEMP, por supuesto también con el
tercer sector, hemos tenido contribuciones de los empresarios, de los
sindicatos, ha contribuido muchísima gente a que esta norma tenga este
nivel de consenso en este momento. Es perfeccionable; tenemos posibilidad
de hacerlo. He dicho antes que es una norma viva, vamos a ir viendo cómo
funciona. Algunas de las observaciones que se han hecho aquí las podremos
ir evaluando con el tiempo. No es que haya
memoria económica, es que jamás una norma ha sido tan evaluada y jamás
hemos puesto a disposición de todos los grupos tanta cantidad de análisis
e información ex ante. Eso nos va a permitir tener discusiones aquí en el
futuro sistemáticamente y poder ver exactamente qué cosas están
funcionando bien y cuáles están funcionando mal. Y termino extendiendo el
agradecimiento, que creo que es necesario en este caso, a los equipos
técnicos, a los funcionarios que han estado trabajando estos meses para
poder traer aquí esta norma y haberla presentado, y no solo eso, sino
desplegado. Se van a empezar a pagar ya nóminas asociadas al ingreso
vital en los próximos días, vamos a tener casi 300 000 personas que la
van a recibir ya en el mes de junio, se va a extender su reconocimiento a
todos los que la pida en tres meses a partir del mes de junio, y creo que
este es un elemento que no podríamos haber hecho sin el esfuerzo de
muchísima gente, de muchísimas instancias en la Administración que han
contribuido. Ellos son también parte, junto a todos nosotros, junto a
todas las instancias con las que hemos interactuado, de este, en mi
opinión, éxito colectivo.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Iglesias Turrión, se acerca
a felicitar al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, Escrivá Belmonte).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora Guille.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, RELATIVA A LA RETIRADA DE
CONDECORACIONES A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES FRANQUISTAS QUE HUBIESEN
OBSERVADO CONDUCTAS INCOMPATIBLES CON LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y LOS
PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente
162/000268).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las
proposiciones no de ley.
Comenzamos con la proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios
Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común,
relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades
franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los
valores democráticos y los principios de protección de los derechos
humanos.
Para la presentación de la iniciativa, interviene, por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Permítanme que empiece mi intervención en defensa
de esta iniciativa dando primero las gracias a todas las mujeres y todos
los hombres que dedicaron los mejores años de su vida a luchar por la
libertad y por la democracia en nuestro país. Y permítanme también que
empiece pidiéndoles perdón a estos hombres y a estas mujeres porque
después de la aprobación de nuestra Constitución, hace ya cuarenta y dos
años, aún no hayamos retirado los honores, los títulos honoríficos y las
medallas pensionadas a esos torturadores que se ensañaron con los
fundadores y con las fundadoras de nuestra democracia.
Muchas veces hablamos de los padres de la Constitución española y nos
referimos solamente a los diputados que participaron en la redacción de
nuestra carta magna, pero los padres y las madres de nuestros derechos y
libertades también fueron hombres como Juan, un jornalero emigrante
andaluz que vino a Madrid a trabajar en una fábrica, que se afilió a
Comisiones Obreras y a quien un día, saliendo de la asamblea del
sindicato y de camino a su casa, lo detuvieron. Lo llevaron a la
Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, y le practicaron la
tortura de la bañera. Para quien no lo sepa, aquella práctica macabra
consistía en llenar una bañera de agua sucia y sumergir la cabeza de la
víctima hasta justo antes de que perdiese el conocimiento o se asfixiara,
y así una hora, dos horas, tres horas, toda una noche. Esta democracia
nuestra se la debemos también a Julián Grimau, también torturado en esas
dependencias de la Puerta del Sol, lanzado al vacío desde un segundo
piso. Se la debemos también a Víctor Díaz-Cardiel, uno de los presos
políticos que más años ha estado en las cárceles franquistas. El delito
de ambos, haber luchado por la democracia desde las filas del Partido
Comunista. Nuestra democracia también la trajeron mujeres como Lidia
Falcón, a la que, como recordaréis bien, el torturador Billy el Niño, que
ha fallecido recientemente con su medalla al mérito policial intacta,
golpeaba en el
vientre mientras que le decía: ¡Ya no parirás más, puta! La trajeron
mujeres como Pilar Aguilar, detenida y torturada en Sevilla por llevar el
Mayo del 68 a la universidad española.
Nuestros derechos y libertades se los debemos a hombres buenos como Chato
Galante, recientemente fallecido a causa del coronavirus, que también fue
torturado por Billy el Niño y que no podrá ver, como otros tantos, cómo
le revocaremos los honores al torturador. Otro padre de nuestra
democracia, Paco Lobatón, fue detenido la facultad de Ciencias Políticas
de Madrid por su militancia en una organización por la libertad y la
democracia. No está aquí la señora Álvarez de Toledo, pero lo digo para
que lo escuche: organizaciones democráticas, no terroristas. (Aplausos).
Durante la Dictadura, la única organización terrorista que había en
nuestro país se llamaba franquismo (rumores.-El señor Guijarro García:
¡Eso, eso!) y los únicos terroristas eran sus miembros. (Un señor
diputado pronuncia palabras que no se perciben).
En Buenos Aires, igual a la señora Álvarez de Toledo no le enseñaron bien
la historia de España, pero creo que sí sabrá que han llegado hasta allí,
hasta Argentina, las causas, las querellas de España.
Por vergüenza democrática, señorías, este Parlamento no puede tardar mucho
más en aprobar una ley que retire los honores a quienes abochornaron
nuestros valores democráticos y a nuestro país. Llegamos tarde y lo
sabemos, tardísimo, pero mejor tarde que nunca.
Hacer justicia, honrar la memoria de los padres y las madres de nuestros
derechos y libertades, quienes pagaron con cárceles, con exilio y con
torturas su compromiso con la democracia es la labor más noble sobre la
que podemos legislar en esta Cámara, señorías. Habrá quienes digan que no
es el momento, que ahora no toca; son los mismos que no han encontrado
nunca en cuarenta y dos años un hueco para que nuestro sistema
democrático rompa sus vínculos con la dictadura franquista. Somos el
único país en Europa que aún no ha desterrado cualquier sombra de
fascismo de nuestras instituciones. En Córdoba, donde vivo, hace unos
meses el Gobierno del PP y Ciudadanos, con el inestimable apoyo de VOX,
ha vuelto a poner a las calles nombres franquistas que ya fueron
retirados en el anterior mandato. Sería impensable que Merkel en Alemania
o Macron en Francia, que son políticos de derechas, pusiesen nombres
nazis en la calles de París o en las calles de Berlín. Impensable. La
diferencia entre la derecha europea y la española es que la derecha
europea es antifascista, que es lo mismo que decir democrática, mientras
que la española no suelta su vínculo con el franquismo, y el antifascismo
es una cultura de paz, de convivencia, de pluralismo, de libertad.
(Rumores). Sí, de libertad, de democracia, de inclusión, de igualdad,
mientras que el fascismo es la muerte. (Aplausos). Así que aprobar esta
PNL es votar a favor de la democracia. No sé si VOX votará a favor,
porque su ideología es la misma que la de Billy el Niño o que la de
Donald Trump, pero ustedes, señores del PP y señores de VOX, deberían
situarse al lado del antifascismo, como hacen sus compañeros en Europa,
para que nuestra democracia no esté manchada por más tiempo por títulos,
nombramientos, honores y medallas pensionadas a torturadores que
maltrataron a los padres de nuestros derechos y a las madres de nuestras
libertades.
Cierro esta intervención, señorías, como la abrí, con dos palabras:
gracias y perdón. Gracias a los movimientos memorialistas por marcarnos
el camino y que estemos hoy aquí, porque este mensaje era urgente, pero
lo que urge es que se traduzca en ley. Gracias a todas las personas que
dedicaron los mejores años de su vida a poner el cuerpo para defender la
libertad y la democracia. Y perdón...
La señora PRESIDENTA: Señora Velarde, tiene que terminar, por favor.
La señora VELARDE GÓMEZ: Termino.
Perdón, y lo digo de corazón, perdón por llegar tan tarde a esta página de
nuestro pasado que urge enfrentar para que quede claro a las generaciones
futuras quiénes fueron los demócratas y quienes los torturadores; quiénes
fueron los villanos y quienes los héroes y las heroínas, y quiénes fueron
los buenos y las buenas y quienes los malvados.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Velarde. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sicilia
Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nadie entendería que en un sistema democrático y de derecho como
el nuestro se pudiera rendir homenaje a aquellos que durante cuarenta
años acabaron con los derechos y las libertades de la
población española y atentaron contra los principios y los valores que hoy
proclama nuestra Constitución. Mientras en Francia o en Austria se
condena la apología de los crímenes de guerra, en nuestra democracia se
podía honrar a un golpista como Franco, que provocó una guerra civil, y
enaltecer la dictadura que impuso. Esa dictadura que mandó al exilio a
miles de mujeres y de hombres anónimos, y no tan anónimos, como Victoria
Kent, María Zambrano o Neus Català. Mientras democracias como la alemana
o la italiana condenan el enaltecimiento de la dictadura que padecieron,
en nuestra democracia se podía honrar a un dictador como Franco y
enaltecer el régimen totalitario del franquismo, ese que mandó fusilar a
miles de hombres y mujeres inocentes, miles de inocentes como Carmen
Barrero, Martina Barroso, Blanca Brisac, Pilar Bueno, Julia Conesa,
Adelina García, Elena Gil, Virtudes González, Ana López Gallego, Joaquina
López Laffite, Dionisia Manzanero, Victoria Muñoz o Luisa Rodríguez de la
Fuente, las Trece Rosas (aplausos), señorías, a las que no dejaremos de
nombrar y de recordar. Por ese motivo, señorías, el Gobierno socialista
de Zapatero en el año 2007 aprobó la Ley de Memoria Histórica. Porque
nuestro país tenía el derecho a conocer la verdad de lo que supuso el
golpe militar de Franco y el franquismo, y nuestra democracia debía hacer
justicia y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura
franquista. Porque una democracia plena y sana, señorías, no podía
consentir tener en la plaza de Santa Ana la escultura de Federico García
Lorca, mientras en la plaza de San Juan de la Cruz estaba Franco a
caballo. Porque una democracia sana, una democracia plena, no podía
soportar tener en su callejero calles dedicadas a Millán-Astray mientras
al lado había una plaza dedicada a Antonio Machado. Por eso la ley de
memoria democrática, la Ley de Memoria Histórica, y queda camino por
andar, como decía Antonio Machado. Por eso, mi grupo, junto a Unidas
Podemos, trae esta iniciativa al Pleno, porque aún queda camino por
recorrer, señorías; camino por recorrer en la recuperación de la memoria
democrática de nuestro país. Uno de esos caminos es impedir que
instituciones de nuestro Estado, que las instituciones ya democráticas de
nuestro Estado puedan premiar a personas que, amparándose precisamente en
esas instituciones, actúan contra los valores del mismo. Por eso,
señorías, debemos buscar la vía legal que permita revocar las
condecoraciones y las recompensas concedidas por el Estado a los
funcionarios o a las autoridades públicas que, antes o después de esa
concesión, realizaran actos o conductas incompatibles con los valores
democráticos y con los principios de protección de los derechos humanos.
Señorías, ya lo saben ustedes, la intención del Gobierno socialista y del
actual Gobierno de coalición de retirar estas condecoraciones no es
nueva. De hecho, ya el anterior Gobierno socialista empezó a trabajar en
este camino. Fue el Gobierno socialista, con el ministro Marlaska, en
junio de 2018 quien reclamó un informe para saber las condecoraciones que
había recibido Billy el Niño durante su carrera policial. En octubre de
2018 el ministro Marlaska anunciaba un texto normativo para proceder a la
retirada de esas medallas a Billy el Niño, un texto que estaba listo, que
solo necesitaba un marco legal en el que incluirlo, pero, como bien
saben, hubo un adelanto electoral que frenó que esto se pudiera llevar a
cabo. El compromiso del Grupo Socialista y del Partido Socialista seguía
intacto, y así lo plasmamos en nuestro programa electoral de abril de
2019, en el que no solo hablábamos de funcionarios policiales, sino de
toda persona -funcionario o no- que hubiera recibido alguna condecoración
oficial y que hubiese actuado de manera incompatible con los derechos
humanos y los valores democráticos.
Señorías, el Gobierno de coalición, el actual Gobierno entre PSOE y Unidas
Podemos, incluía en su acuerdo precisamente tratar este tema que hoy
traemos al Pleno. Lo traemos para revalidar nuestro compromiso, revalidar
el compromiso, más aún tras la muerte de Billy el Niño, de regular la
retirada de estas condecoraciones y de avanzar aún más, señorías; no solo
retirar estas condecoraciones, sino ir más allá en una reforma importante
de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que nos lleve a una nueva ley, a
una ley de memoria democrática. La ley de 2007 fue un hito en el
desarrollo de nuestro país como un país democrático y que velaba por las
políticas públicas de la memoria. Sin embargo, con más de una década de
perspectiva podemos comprobar la necesidad de actualizar esa ley, que
lleva, como digo, diez años en vigor y en la que queremos ir más adelante
para poder alcanzar los objetivos que esa misma ley ya planteaba. Avanzar
con una nueva ley de memoria democrática que permita exhumar a las
víctimas que aún siguen enterradas en las fosas, y hacerlo con el apoyo
de lo público, del Estado, con la financiación del Estado, apoyando a las
familias para que puedan recuperar los restos de sus familiares, con un
banco de ADN que permita identificar a víctimas y a familiares. Proteger
también a través de esa ley de memoria democrática aquellos espacios y
lugares significativos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista,
y poder fijar un día en el año para recordar y reconocer a todas las
víctimas de la dictadura franquista, porque, señorías, el olvido es una
condena que nuestra democracia no puede aplicar a quienes dieron su vida
por una España en libertad. Y miren, señorías, seguramente esto sea una
cuestión difícil,
ya hemos comprobado que es difícil poder retirar estas condecoraciones,
pero más difícil era sacar a Franco del Valle de los Caídos y lo hicimos.
(Aplausos). Esto también lo haremos.
Señorías, hoy es un día memorable para nuestra democracia, hoy aprobamos
un nuevo derecho, el ingreso mínimo vital, y en breve habrá un nuevo
derecho, el derecho que nuestra democracia se merece a la dignidad, la
justicia y la reparación de las víctimas del franquismo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sicilia. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, Pilar.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene,
por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta. Arratsalde
on, buenas tardes a todos a todas.
Antes de comenzar, quería expresar mi pésame a todas aquellas personas que
han perdido a un familiar durante esta dura pandemia y de igual forma
recordar a dos personas: una de ellas es Chato Galante, que nos ha dejado
durante estos días, que fue un referente antifranquista y que sufrió la
represión y las torturas del señor Billy el Niño, y, de igual forma,
quería recordar al señor Bixente Serrano Izko, también un referente
antifranquista de Navarra, de Nafarroa, que fue compañero nuestro durante
la X Legislatura, a los dos les recuerdo, agur eta ohore biei.
Señores de Unidas Podemos, señores del Partido Socialista, vamos a votar a
favor de esta proposición no de ley porque creemos que es positiva y que
es justa. Ahora bien, creemos que llega un pelín tarde o que se esperaba
más, porque a estas alturas de la película, y lo decía el señor Sicilia,
estoy de acuerdo, si miramos la hemeroteca, es cierto que ustedes
constantemente han dicho que quieren quitar las medallas, las
condecoraciones, al señor Billy el Niño y a sus compinches. De igual
forma, este era el acuerdo entre sus dos formaciones y, de hecho, hay un
proyecto de ley que está registrado en esta Cámara, pero sorprende que no
hayan traído una iniciativa legislativa para que tratemos de quitarlas ya
directamente y no estar hablando de lo que hay que hacer a futuro.
Recientemente el diario El País decía que Interior tiene desde hace meses
un plan para retirarle las condecoraciones y los incrementos salariales
especiales a Billy el Niño por los servicios prestados como miembro de la
Policía Nacional. Pues esta semana mismo el Gobierno me ha dicho que ni
plan ni informe ni nota ni nada; alguien miente o era humo.
Nosotros hemos presentado dos enmiendas, y una de ellas es para decir que
no solamente se produjeron torturas y conculcaciones de derechos humanos
durante el franquismo, es cierto que especialmente se produjeron durante
el franquismo, pero también en ese periodo llamado Transición; por
cierto, los animo a leer un libro que hay en esta biblioteca de la
profesora Sophie Baby, de la Universidad de Bourgogne, cuya su tesis
doctoral se refiere al mito de la Transición, es un libro esclarecedor.
De igual forma, se puede echar un vistazo a las decenas de condenas que
ha habido por torturas -en Estrasburgo, condenas del CAT de Naciones
Unidas, de tribunales españoles también- y veremos cómo en algunos casos,
como en los casos de torturas cometidas en el contexto vasco, la mayoría
de agentes que han sido condenados por esos hechos, igual que los que
fueron condenados por delitos relativos al terrorismo de Estado, no
solamente fueron indultados, sino que fueron ascendidos y condecorados;
de hecho alguno durante el mandato del señor Marlaska. Por tanto, es
comprensible y ustedes estarán de acuerdo en que hay que quitar las
condecoraciones a aquellos que han sido condenados por torturar en el
franquismo, pero también a los que han sido condenados por torturar en el
periodo de la transición a la democracia, digo yo.
También hemos presentado una enmienda diciendo que no se trataba solo de
Billy el Niño, no; hemos hecho un listado de todas aquellas personas que
están incluidas en la querella argentina, pero podríamos ir más lejos por
los motivos que mencionaba anteriormente. Creemos que debe ser global, y
hay que quitárselas a los del franquismo y a los del posfranquismo. De
hecho, en una pregunta parlamentaria que le realicé al señor Marlaska el
día 12 de febrero, él mismo me decía que había un proyecto de ley para
realizar esta retirada, y nos animaba a que la apoyáramos desde Euskal
Herria Bildu. Yo le dije que sí, que sin ningún problema: a los del
franquismo y a los del posfranquismo. De hecho, lo que estamos esperando
es precisamente esa normativa y pasar de las palabras a los hechos.
En relación con los títulos nobiliarios, es cierta -lo ha mencionado la
señora Velarde- la ignominia que supone poner nombres de franquistas, de
totalitarios, a las calles de la sociedad de Córdoba, pero les animo
también a que se den un paseo por el Museo del Ejército de Toledo donde,
ante la máscara
mortuoria de Franco -yo hasta hace poco no sabía ni que estaba-, el panel
informativo pone que Franco fue un héroe de España; y esto con un
Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Para que vean que
también ocurren cosas en instituciones que dependen de su Gobierno.
Acabo, señora ministra, diciendo que la retirada de estas condecoraciones
sería positiva no solamente para dar dignidad a las víctimas de la
tortura, sino que también creo que sería positivo para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, para diferenciar el grano de la paja,
para diferenciar a los torturadores de todos aquellos que no lo son, que
me imagino que son la inmensa mayoría. De igual forma, creo que ayudaría
a mejorar a esta sociedad en valores democráticos y en valores de
justicia.
Muchas gracias, señora presidenta. Votaremos de manera positiva.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz
Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Todavía en una pandemia con decenas de miles de muertos, centenares de
miles de personas en el paro, empresas destruidas, familias destrozadas
por haber perdido a un ser querido sabiendo que moría en soledad, ¿y qué
traen ustedes aquí? A Franco. No falla. Por justa que sea la propuesta,
creo que hay más tacticismo que buena intención, y me explico. Traen hoy
aquí, por ejemplo, retirar las condecoraciones a Billy el Niño, famoso
torturador y persona impresentable que murió el pasado mayo con todas sus
medallas. Y murió con todas sus medallas con ustedes en el Gobierno, con
Pedro Sánchez a punto de cumplir dos años en la Moncloa. Es más, en
febrero de este año vio cómo Podemos y el PSOE votaban en contra de
investigar las acciones de Billy el Niño. De todas formas, quiero que
reflexionen sobre estar siempre a vueltas con estos temas, porque también
traen la guerra civil en su texto. Piensen. ¿Alguno de nosotros ha sacado
a su hijo muerto de entre los escombros de un bombardeo? ¿Alguno en esta
Cámara? ¿Alguno de nosotros ha visto fusilar en plena calle a sus amigos
o familiares? ¿Se han llevado ante sus ojos a su padre o a su hermano
sabiendo que le iban a matar? No. Pues, miren, quienes sí sacaron a sus
hijos muertos de los escombros de un bombardeo, quienes sí vieron fusilar
a amigos y familiares en la calle, quienes sí vieron llevarse a
familiares a los que no verían nunca más, pactaron todos ellos en la
transición mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y no me salgan con
genealogías, abuelos o militancias, porque la lucha por la libertad no es
hereditaria. La ideología y los delitos tampoco. Dejen de gorronear en el
pasado méritos que no son capaces de hacer en el presente. Billy el Niño
torturó a personas, el franquismo fue un régimen vil y condenable, y el
fascismo y su primo el comunismo son ideologías nefastas que regaron con
sangre Europa y Asia.
Les hago una reflexión sobre cosas que estamos viendo estos días. ¿Qué
efecto tiene sobre la memoria de las víctimas del fascismo llamar
fascista a cualquiera? ¿Qué efecto tiene llamar genocidio, como hacen los
nacionalistas, a lo que pasa en Cataluña? Este efecto nos lo cuenta
Pascal Bruckner en su libro La tentación de la inocencia, y es que vacían
de contenido las palabras. Si todo es fascismo, cuando vengan por la
calle unos señores vestidos de pardo pegando palos a la gente por ideas
políticas, no tendrán cómo llamarlo. Si todo es genocidio, cuando a un
dictador loco le dé por masacrar a una etnia, denunciaremos un genocidio,
pero las palabras no significarán ya nada. Entonces piénsenlo, piensen
los términos que utilizan muy a la ligera. Y lo mismo les digo a quienes
se autoproclaman víctimas del chavismo, porque tienen que estar en sus
casas durante un estado de alarma. Poco favor les hacen a quienes están
sufriendo a Maduro realmente. Si quieren ser héroes, séanlo por méritos
propios, no parasiten hazañas ajenas. En la PNL llegan a la guerra civil.
¿Con qué criterio? ¿Por qué no nos vamos a siete años antes? En España
había otra dictadura. ¿No será que el PSOE gobernaba con esa dictadura ya
y la aprovechó para erradicar a los sindicatos anarquistas? Nuestras
enmiendas defienden que esto no sea una causa general y votaremos sí si
las aceptan, porque no tiene sentido retirar una condecoración que puede
haber sido dada en el Sáhara, en Sidi Ifni o combatiendo contra el
terrorismo, porque había una banda terrorista en activo durante el
franquismo, señora de Podemos.
Antes de terminar, quiero volver a los años treinta. Ayer una diputada de
Esquerra dijo que la policía en España mata por motivos racistas. Les voy
a enseñar unas cosas, unas cositas de los años treinta. Este (muestra un
cartel) es un cartel en el que pone "Paremos la inmigración" y lo publicó
el Estat Català. ¿Y dónde está integrado el Estat Català? En Esquerra
Republicana. Este (muestra un cartel), en el que pone "Conservemos
nuestra etnia, fuera los españoles", lo firma Nosaltres Sols, que se
integró en el Estat Català, que está integrado en Esquerra Republicana. Y
este (muestra un cartel), en el que pone
"Cuadernos del separatismo, fundamentos científicos del racismo", muy
interesante y disponible en la Universidad Autónoma de Barcelona -habla
de las medidas de los cráneos de los negros, de los blancos, de los
chinos y de la supremacía catalana-, lo firma Nosaltres Sols, integrado
en Esquerra Republicana. Pero sigamos con tiempos más cercanos. ¿Saben
quién dijo: En América los negros tienen un coeficiente inferior a los
blancos? Heribert Barrera, presidente de Esquerra Republicana hasta 1995.
¿Saben quién dijo: Los españoles tienen más proximidad genética con los
portugueses que con los catalanes? Oriol Junqueras, presidente de
Esquerra Republicana. Señora diputada de Esquerra Republicana de
Catalunya, si le preocupa el racismo, respete a la policía y abandone su
partido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias.
También para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario VOX el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señoría.
Después de oír muchas mentiras y quizá más disparates, voy a proceder a
hacer uso de este turno. Hemos presentado cuatro enmiendas de supresión,
cada una de ellas sobre los cuatro puntos de la parte sustancial de la
PNL. En consecuencia, anunciamos el voto en contra de nuestro grupo a
esta iniciativa. VOX es contrario a toda pretensión absurda de
revisionismo histórico del signo que sea, incluida la del Parlamento
Europeo de octubre de 2019 que condenó, tanto el nacionalsocialismo como
el comunismo. Esto no sirve para nada, salvo para lograr lo que ustedes
pretenden hacer hoy, y estas intervenciones que me han precedido dan
buena cuenta de ello. Y ustedes son los que hablan de crispación.
La PNL es de todo punto inaceptable, en esencia por tres razones. La
primera es jurídica. La irretroactividad significa que las leyes son para
los hechos futuros y no para los pasados. Existe ya un fragmento de
Demóstenes sobre esta cuestión, aunque se considera que es Cicerón quien
primero, con autoridad intelectual, trató esta cuestión, curiosamente, en
un discurso contra Cayo Verres, que practicaba estas leyes retroactivas.
Era el tirano que gobernaba Sicilia. En nuestro derecho histórico está
recogido el principio de irretroactividad en el fuero real, en las leyes
de partida, en el constitucionalismo comparado, en la sección décima del
artículo primero de la Constitución norteamericana de 1788, que prohíbe
las leyes ex post facto, y en el código civil modelo de toda la
codificación europea, que es el Código Civil de Napoleón de 1804, en el
artículo segundo. Y todo esto no es un detalle de erudición, que ya sé
que es inasequible para los grupos proponentes de esta iniciativa, porque
no saben nada de esto y además no lo quieren saber, porque no les importa
nada; son muy ignorantes y además son perversos en sus propósitos. No,
esto sirve para poner de relieve que su iniciativa es propia de la
barbarie y contraria a la civilización. Dispone también la
irretroactividad como principio el artículo 2.3 del Código Civil y lo
constitucionaliza el artículo 9.3 del texto de 1978, que enfatiza que lo
es en particular para las disposiciones sancionadoras no favorables. La
revocación propuesta es materialmente sancionadora y no favorable, porque
toda norma que pretendiera dar aplicación a esta pretensión
necesariamente constituiría una sanción, y no sería favorable para aquel
a quien se le priva de su condecoración, honor, galardón o lo que sea;
con mayor motivo cuando lo que se pretende no es regular los efectos no
agotados de esos honores, sino que lo que se pretende es la revocación
del acto mismo de concesión, que es anterior a la ley. Por lo tanto, esto
excluye totalmente la posible constitucionalidad de una norma que diera
cauce a esta pretensión expresada en la PNL, porque ni siquiera sería una
retroacción de grado medio. En las enmiendas se cita la jurisprudencia
constitucional que justifica lo que vengo diciendo, y que por tanto haría
inconstitucional cualquier ley que desarrollase esta PNL.
Se pretende incluso la revocación en relación con personas ya fallecidas,
lo que es propio del delirio jurídico. Existe un informe de la Abogacía
del Estado que ya en su momento advirtió de la absoluta ilegalidad de
esta pretensión. Por cierto, la reciente propuesta registrada en esta
Cámara del Grupo Parlamentario Socialista de ley de memoria democrática,
en su artículo 12, no incluye la revocación de estos honores a personas
fallecidas, lo que ahora la presente PNL parece postular a modo de
remedio. ¿A quiénes pretenden engañar ustedes? Yo se lo digo: a quienes
ignoran lo anterior, es decir, quienes no conocen el derecho, y a quienes
comparten con ustedes sus más desviadas intenciones radicalmente
contrarias a los elementos principales del derecho. Por lo demás, ustedes
siempre desequilibrados. Nada se dice en la Ley de Memoria Histórica de
los crímenes de los gobernantes de la Segunda
República, a pesar de que se mencionan en su exposición de motivos y en su
artículo primero. (Rumores). ¿Puedo seguir?
La señora PRESIDENTA: Se le ha acabado el tiempo, pero termine la
intervención.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta, por su tolerancia.
¿Qué queda entonces de los crímenes de los gobernantes del Partido
Socialista Obrero Español y del Partido Comunista de España en el periodo
republicano, salvo en el bioenio radical-cedista y durante la guerra
civil? ¿A ustedes esto no les interesa? ¿Esto no merece revisión? Ustedes
representan la ideología más mortífera de la historia, cerca de cien
millones de muertos. Recapaciten si quieren pensar en la verdad, dejen de
molestar a los españoles y abandonen ya estas pretensiones sin ningún
fundamento intelectual y llenas de odio, que es lo que ustedes profesan.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, Pilar.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Rechazo esta iniciativa firmada y presentada al alimón por los dos
partidos que forman parte del Gobierno, en su indisimulada estrategia y
escalada hacia el revisionismo histórico del embudo, que alcanza hoy el
capítulo de retirada de condecoraciones y distinciones. Más de cuatro
décadas después de que los españoles hayamos construido por primera vez
en dos siglos una democracia plena e integradora, algunos pretenden
volver a las andadas reabriendo irresponsablemente viejas heridas ya
superadas. Desde Asturias invitamos a los proponentes a que repasen la
historia de España completa porque, igual que el Credo no comienza por
Poncio Pilato, la tragedia de la guerra civil recuerda a otros episodios,
como el golpe de Estado de 1934 contra la Segunda República -alentado
entre otros por significados dirigentes socialistas-, que incendió y
destruyó la Universidad de Oviedo y dinamitó la Cámara Santa en la
Catedral de San Salvador, con irreparable pérdida de vidas y la
desaparición de un patrimonio cultural incalculable.
Señorías, en plena transición esta Cámara aprobó, en 1977, durante la
legislatura constituyente, una Ley de Amnistía precedida un año antes de
otra amnistía parcial para superar definitivamente la etapa precedente, y
comenzar un camino al unísono hacia la democracia para todos los
españoles. Veo con tristeza -y con ello concluyo, señora presidenta- que
algunos no deseen pasar página nunca, pero yo, desde esta tribuna, que
fue escenario de aquellos acontecimientos, apelo al mejor espíritu de
reconciliación para votar en contra de esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor García
Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, a mí también me ha llamado la atención que sean Podemos y el
Partido Socialista los que presenten esta iniciativa como PNL, teniendo
en cuenta que son el Gobierno, y no lo hagan directamente. La verdad es
que llama la atención, pues si tanta prisa tienen por hacer esto, que es
legítimo tener prisa -han pasado dos años de gobierno socialista pero
llevan los meses que llevan en el Gobierno actual con Podemos, así que se
podría decir que igual es Podemos el que ha impulsado más esto-,
lógicamente lo normal es que lo hubieran hecho como Gobierno, que
hubieran traído aquí una iniciativa y nos hubiéramos ahorrado todo este
tiempo. Si hay que hacerlo por ley, a través de una ley, y si lo puede
hacer directamente el Gobierno a través de algún decreto o alguna orden
ministerial, que lo hubiera hecho. Igual a eso responde que no haya nadie
del Gobierno, que le interese bastante poco este tema al Gobierno, y por
eso es posible que no haya nadie. Pero lo que a mí me llama la atención
es que no esté el ministro del Interior, porque si bien es cierto que no
ha dimitido, hoy aquí ya ha ocurrido en este momento, pero va a ocurrir
más conforme vayan saliendo los portavoces, y es que se van a decir cosas
muy despectivas desde mi punto de vista para los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado actuales, no los del franquismo, sino los actuales.
¿O alguien se piensa que se va a perder la oportunidad de hablar de la
Operación Ícaro, por ejemplo, o de la otra operación que hubo en
Cataluña? ¿O alguien se cree, como ha ocurrido ya con el
portavoz de Bildu, que no se va a hablar de la situación de los presos?
¿Pero se creen que nos hemos caído de un guindo? Aquí se va a aprovechar
para cuestionar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actuales,
desde la transición hasta hoy, y ustedes están contribuyendo a ello, y lo
que es imperdonable es que no esté aquí el ministro del Interior para
que, cuando se digan esas barbaridades, en lugar de salir los portavoces
de los grupos, salga aquí el ministro, como responsable de la policía, a
poner pie en pared y a decir cuatro cosas aquí. Pero eso no lo podemos
esperar, y menos de este ministro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Gracias, señora Gil.
En último lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Botran i Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Parece que el señor García Adanero me ha leído
los apuntes.
Bromas al margen, es una cuestión delicada, porque ciertamente cuando uno
lee los relatos de torturas se estremece, y llega a pensar que quien hace
eso es alguien deshumanizado por completo. Pero, como se ha comentado
antes, igualmente de brutales son los relatos de torturas antes del 1978,
como plantea la PNL, que después. Es decir, las técnicas de la bolsa, de
la barra, de los golpes sin dejar marca, etcétera, etcétera, se
practicaron durante el franquismo por esas personas execrables, a quienes
hoy se quiere retirar las condecoraciones, y se practicaron después;
valgan como ejemplo si no los testimonios de los independentistas
catalanes detenidos en 1992 por orden del juez Garzón, cuyos relatos de
torturas podrían haberse dado exactamente igual en tiempos de Franco. Por
cierto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a los
denunciantes porque el Estado español no investigó suficientemente esas
torturas. En el Estado español se ha continuado torturando después de
Franco, porque se ha usado la tortura como arma de guerra, porque no hubo
depuración de los cuerpos policiales, y porque los responsables de parar
la tortura como arma de guerra han sido cómplices, en muchas ocasiones.
Lo han sido jueces, como el ahora ministro Marlaska, que ha formado parte
hasta cinco veces de condenas también del Tribunal de Estrasburgo por no
haber investigado suficientemente estas torturas. Y lo han sido policías,
que luego han estado también condecorados y han sido también ascendidos,
como el señor De los Cobos, que fue investigado por un caso de torturas
que acabó con condenas de otros agentes de la Guardia Civil. Paradojas de
la historia. Los que hoy no se nos aparecen como archienemigos han estado
unidos encubriendo la tortura como arma de la guerra sucia.
Concluyo, presidenta. Hoy se puede dar un paso importante para la
restitución de la memoria antifascista y el siguiente paso, el coherente,
que seguro que contaría con el apoyo de las víctimas de todas y cada una
de las torturas durante el franquismo, sería denunciar e investigar las
denuncias de torturas que se han dado hoy en día y se continúan dando en
el Estado español, porque la función de la memoria histórica es que no se
repitan las atrocidades. Por tanto, lo más coherente con lo que hoy
aprobamos es que se erradique de una vez por todas la práctica de la
tortura en el Estado español. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Fernando Bárcenas recoge en su obra Aprendizaje del dolor después de
Auschwitz importantes reflexiones de pensadores alemanes sobre el
significado del olvido y de la memoria, en relación con pasajes y épocas
sombrías, como el que supuso el nazismo en Alemania. Hans Küng, el
teólogo alemán, señala que ante un pasado sombrío todo pueblo, sin
excepción, prefiere el arte de olvidar al de recordar. Pero este olvido
del pasado no deja de ser una manifestación más del poder de ese pasado
sombrío sobre el presente, facilitando condiciones para, en su caso,
reencarnarse en el futuro. Por esto, la apuesta por la memoria, frente al
olvido, busca recordar, para que no se repita, un pasado trágico. La
apuesta por la memoria es, en definitiva y sobre todo, una
responsabilidad ética que los muertos demandan de los vivos, para que
podamos integrar dentro de nuestra conciencia su propia huella
perdurable, bajo la forma de una ética. Sin embargo, también nos sigue
señalando Hans Küng, a través de la obra que citaba, que la finalidad de
la memoria no puede instrumentalizarse como un medio para crear
identidad, por intereses de ideología de partido o de Estado, sino en
atención a la diferenciación ética entre la humanidad y la
inhumanidad, y la diferenciación ética entre el bien y el mal, para lograr
así una relación crítica con la propia historia, que permita alcanzar una
conciencia moral más profunda y una mayor sensibilidad humana, y que
favorezca que no se repitan los errores del pasado; errores que, sin
duda, pueden repetirse si no erigimos fuertes diques morales, jurídicos y
políticos sobre el valor y el respeto a lo diferente y a los diferentes.
Quizá en esta sociedad que vivimos aún no se ha llegado a este punto de
encontrar un suelo definitivo y compartido sobre la memoria, como
aprendizaje de esa diferenciación de humanidad e inhumanidad, bien y mal,
y como reconciliación profunda; aunque también es cierto que, de manera
lenta y tentativa, va levantándose el manto de silencio y olvido sobre
nuestro pasado trágico.
Un primer hito legal lo fue la misma Constitución del 78, cuando propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico, entre otros, la
libertad, la justicia, el pluralismo y la convivencia democrática al
constituirse como un Estado social y democrático de derecho. A ella le
siguieron diversas medidas y derechos, que se fueron reconociendo hasta
la aprobación de la Ley 52/07, conocida como la Ley de Memoria Histórica,
que nuestro grupo parlamentario apoyó, y que ha llegado el momento de
actualizar su contenido y garantizar que su cumplimiento no sea tan
poroso como hasta ahora. Esta actualización de contenido tendremos
ocasión de debatirla con motivo de la tramitación de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, presentada en enero en esta
Cámara, sobre memoria histórica y democrática, y a la que también, sin
duda, se añadirá el contenido de la iniciativa que ahora se trata, ya que
en esta, aunque no formalmente, pero sí materialmente, se anuncian
autoenmiendas a aquella otra iniciativa de actualización de la Ley de
Memoria Histórica, lo cual no deja de ser -y lo diré de una manera
cordial- un método parlamentario pintoresco, pues se propone, por dos
grupos parlamentarios, instar al Gobierno -aunque seguramente lo que se
pretende es otra cosa- a que adopte una serie de medidas que afectan a
una iniciativa legislativa presentada por uno de ellos, y aún pendiente
de tramitación; cosa que no va a pasar, y no solo por una razón de lógica
de derecho parlamentario, sino también por una lógica política.
Señorías, es en este contexto en el que ahora daremos nuestro apoyo a la
iniciativa contenida en la proposición no de ley de los grupos
parlamentarios Socialista y Podemos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego
Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.
Billy el Niño, sí, pero no solo; un pronunciamiento del Congreso, sí,
también, pero tardío e insuficiente. El BNG abandonó históricamente no
solo la recuperación de la memoria histórica y la dignidad de las
víctimas del franquismo, sino también la reclamación de justicia y
reparación, y muy especialmente el fin de la impunidad mantenida hasta
ahora respecto a los crímenes de la Dictadura. Cuarenta y cinco años
después de la muerte del dictador es una deuda pendiente, y lo es tal vez
porque este sistema constitucional, este régimen del 78 es el resultado
del pacto escenificado como Transición con los últimos gestores de la
Dictadura. No hubo ruptura y eso llevamos cuarenta y cinco años pagándolo
con una baja calidad democrática, con tribunales que condenan por ejercer
la libertad de expresión, con presos políticos o con la pervivencia de
actos brutales del franquismo que nunca fueron revisados.
Hace unos días recordábamos a Alexandre Bóveda, líder nacionalista y
republicano, dirigente, con Castelao, del Partido Galeguista, fusilado
tras ser condenado a muerte en un juicio militar sumarísimo por los
facciosos que aún, vergonzosamente, no ha sido anulado. Por eso, esta PNL
nos sabe a poco. No entendemos que los partidos del Gobierno, en vez de
legislar y actuar, se limiten a un debate que ya se ha producido y sobre
el que hay un amplio consenso social. Votaremos a favor, claro, pero
esperamos, además de gestos como este, una acción decidida en favor de la
verdad, la justicia, la memoria y la democracia para nuestros pueblos.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Errejón
Galván. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).
El señor ERREJÓN GALVÁN: Les confieso que no tenía muy claro si intervenir
en este punto o no, y me alegro de haberlo pedido, porque me estaría
hirviendo la sangre después de las palabras del señor de
Ciudadanos si no lo hubiera hecho. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar
que haya sufrido un bombardeo o al que le haya pasado algo? Sí, mi padre,
señor de Ciudadanos, tenía veintitrés años, lo detuvo Billy el Niño y lo
torturó. Militaba en el PCE(i), que luego se llamó el PTE. Y ni usted ni
el señor de VOX pueden decir que esto es molestar a los españoles. ¿Mi
padre no es español? ¿Es menos español que usted? (Aplausos). Es tan
español que luchó por la libertad de España y la sangró. Y ustedes ahora
dan todas las vueltas y todas las piruetas diciendo que si no nos
remontemos un siglo, que si no nos remontemos siglo y medio, que si lo
que pasó en otro país... La cosa es muy sencilla: vivimos en democracia,
una democracia solo honra a los demócratas y, por tanto, un Gobierno
democrático tiene que saldar esa deuda y garantizar que no se honra a
quienes torturaban a los demócratas; tan sencillo como eso. Hay que votar
sí o hay que votar no; es una cosa extraordinariamente sencilla.
Cuando digo que yo antes no sabía si intervenir es porque me parece una
cosa tan grave como para no traerla como PNL. A mí me gustaría mucho más,
señores del Gobierno, levantarme y leerlo en el BOE. Es mucho más fácil.
¡Si ustedes sacaron a Franco por decreto y se lo aplaudimos! Bueno, pues
háganlo igual. La mayoría ya existe, háganlo; no nos traigan una PNL para
instar a su propio Gobierno o recomendarle lo que hay que hacer. Háganlo,
la mayoría ya existe; háganlo por decreto mañana; ya están tardando.
Estaba en el programa, se preparó una ley en mayo, ustedes sacaron igual
a Franco, el Partido Socialista llevaba dos años gobernando, y antes unas
décadas. Llegamos tarde, no pasa nada, no es cuestión de lo que nos
remontamos atrás, es cuestión de lo que les dejamos a los que vengan
delante. ¡Claro que vamos a votar a favor de una PNL! Pero estaríamos
mucho más contentos de verlo mañana en el Boletín Oficial del Estado, y
eso se puede hacer mañana, mucho mejor que pasado mañana.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Plural, en último lugar, tiene la
palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidenta.
El Gobierno progresista pone fin a una situación injusta sacando una
medalla a un torturador muerto, y a mí me parece bien, pero ¿por qué este
Gobierno progresista no escucha también a Amnistía Internacional, al
grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU y a tantos
otros que están pidiendo que se ponga fin a más situaciones injustas,
también derivadas de la policía patriótica del país que ustedes
gobiernan? Lo que yo creo que pasaría en un país normal, en una
democracia plena y sana, como se ha dicho aquí, es que toda esta basura
estaría en los juzgados, empezando por el [fascista] 1 De los Cobos. Los
partidos pedirían hoy aquí que se destapara toda la boñiga de las cloacas
del Estado y quizás también sacarían medallas a torturadores muertos,
pero lo que seguro que pasaría en una democracia plena y sana es que se
devolvería la libertad al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a los Jordis, als detinguts del 23-S, a Tamara, a
Valtonyc, a Pablo Hasél, a Daniel Gallardo y a tantos otros que también
son víctimas de la policía patriótica que aún sigue activa en el país que
ustedes gobiernan. Esto es en lo que han convertido España, en un país
que, en nombre de una unidad de la patria que jamás ha existido, ha
desplegado la alfombra roja al fascismo porque el enemigo éramos los
terribles y malvados catalanes. Fueron ustedes también los que enviaron
un mensaje muy claro a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el
día que consideraron que la tortura y el maltrato no eran suficientemente
graves como para terminar con la carrera de un policía; treinta y nueve
indultos concedidos por el Partido Popular y por el PSOE a agentes
condenados por torturas.
Y, termino, presidenta. No habrá independencia de la mano del PSOE, de
Podemos, de sus mentiras, de sus blanqueos y de sus propagandas. Tampoco
habrá independència pareciendo menos independentista; la habrá si
contamos que tenemos la oportunidad de ofrecer un futuro mucho mejor,
contando que no va a ser fácil, pero que vale demasiado la pena. Este no
es un Gobierno progresista porque un Gobierno progresista no tiene esos
presos polítics ni exiliats. Y el debate en Cataluña no va de izquierdas
o de derechas, va de evitar o no que el nostre futur s'enfonsi. La gente
merece que le hablemos claro: o la lleialtat a unas siglas o la lleialtat
a un país. Llibertat presos polítics i exiliats. Visca Catalunya lliure y
salut per tothom.
1 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo
104.3 del Reglamento de la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nogueras. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señora Nogueras, voy a pedirle, por favor, que diga si quiere retirar del
Diario de Sesiones una alusión concreta a una persona concreta llamándola
fascista. (Pausa). Señora Nogueras, ¿no lo retira?
La señora NOGUERAS I CAMERO: No, no lo retiro.
La señora PRESIDENTA: Lo retiraremos del Diario de Sesiones. Muchas
gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa
Coll.
La señora BASSA COLL: Moltes gràcies, senyora presidenta. Buenas tardes a
todas y a todos.
Diputados y diputadas del PSOE y Unidas Podemos, la iniciativa que hoy nos
presentan deja en evidencia que sigue vigente el modelo de impunidad
español y la necesidad de una verdadera ley de memoria histórica en el
Estado español que ponga punto y final a esta impunidad. Esta iniciativa
llega tarde, muy tarde. Billy el Niño fue condecorado en 1977 y más de
cuarenta años después ha muerto tranquilamente con sus condecoraciones
intactas. Es decir, que por mucho que ahora le retiren las
condecoraciones, el torturador murió con la conciencia tranquila de haber
servido con honores a su patria y, además, habiendo podido disfrutar de
las gratificaciones económicas que pagamos entre todos y que ha cobrado
durante muchos años gracias a esta condecoración.
La verdadera ley de memoria histórica sigue sin llegar, y es una vergüenza
democrática que miles y miles de personas sigan yaciendo en cunetas
mientras sus asesinos siguen ostentando honores. No en vano el Estado
español sigue reconociendo condecoraciones y honores al dictador
Francisco Franco y a su familia, así como a destacados falangistas y
militares golpistas, entre los cuales se encuentran siniestros personajes
y asesinos como Mola, Moscardó, Queipo de Llano, Yagüe, José Antonio
Primo de Rivera, Onésimo Redondo, Carrero Blanco o Carmen Polo. Y
mientras el Estado español sigue reconociendo con honores a estos
fascistas, sigue tratando a los luchadores antifascistas de terroristas.
Es decir, que España en este sentido... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora BASSA COLL: Es decir, que España en este sentido está más cerca
de Trump que de los países europeos, porque les recuerdo que en Francia
honran y reconocen económicamente a su resistencia antifascista.
Pero más allá de que sigan reconociendo condecoraciones del régimen
franquista a torturadores, el gran problema es que el régimen del 78 ha
seguido condecorando a personajes vinculados con el terrorismo de Estado,
con la policía patriótica o con las cloacas del Estado, como el comisario
Villarejo. Igualmente preocupante es que se condecore a policías
denunciados por malos tratos en la frontera de Ceuta y Melilla, o que se
condecore a policías que, al grito de 'A por ellos', golpearon impune y
salvajemente a mi gente, a la población catalana, que hacía un ejercicio
democrático y pacifista de desobediencia civil el 1 de octubre de 2017.
(Aplausos). Y se demuestra que el Estado español, lejos de condecorar a
la policía que cumple con los derechos humanos, condecora a una policía
ideológica que nutre las cloacas del Estado enraizadas en el franquismo.
Se siguen premiando conductas policiales más propias de la policía
franquista que de una policía democrática. Si verdaderamente les preocupa
que haya torturadores con honores y gratificaciones económicas, después
de retirar las otorgadas por el régimen franquista, retiren las otorgadas
a torturadores y maltratadores por el régimen del 78.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bassa. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el
señor Santamaría Ruiz.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Errejón, supere el maniqueísmo y los estereotipos. Le habla una
persona cuyos dos abuelos combatieron en el frente republicano, uno de
los cuales fue encarcelado, represaliado, y tíos míos también han sido
víctimas de la represión franquista.
Señorías, no puedo evitar preguntarme qué es lo que ha pasado en España
para que un miércoles del mes de junio de 2020, y después de una
Transición ejemplar, este Parlamento se cuestione la legitimidad
del gran pacto nacional que dio lugar a la Transición, porque es eso en el
fondo lo que nos estamos planteando y de lo que estamos hablando, sobre
todo después de leer y escuchar las intervenciones de sus señorías. Y
tampoco puedo evitar preguntarme por qué algunos de ustedes se empeñan en
hablar del pasado cuando los españoles esperan de nosotros que hablemos
del presente y del futuro de nuestro país. Puedo entender que no quieran
ustedes hablar del presente policial porque ello les lleva
irremediablemente a hablar del ministro falsario del interior, el señor
Marlaska, cuya dimisión o cese seguimos esperando. Puedo entender que no
quieran hablar de la policía en presente, porque ello significa hablar de
las purgas y nos lleva irremediablemente a hablar de sectarismo del señor
Marlaska. Hablar del presente es hablar de Marlaska dando instrucciones a
la Guardia Civil para minimizar el clima contrario a la acción del
Gobierno y hablar del presente es hablar de los informes que
desaconsejaban las concentraciones del 8-M. Entiendo muy bien, señorías,
que hablar del presente es, en palabras de una ministra del Gobierno,
hablar de cosas que no son superguay, tía.
También puedo entender que no quieran hablar de España en el futuro,
porque ello implicaría hablar de las responsabilidades que ya se les
están exigiendo por su pésima gestión al frente de la crisis, lo cual
tampoco sería superguay, tía. Como tampoco lo sería hablar del ridículo
internacional del señor Sánchez. Y dado que de algo tienen ustedes que
hablar y dada su natural querencia a cuestionar la legitimidad del
edificio institucional sobre el que hemos asentado nuestra convivencia
los españoles, toca usar el lenguaje en tiempos pretéritos y dedicar este
tiempo a un revisionismo que, si bien podría remontarse a los tiempos de
la serpiente y la manzana, ustedes limitan a una parte muy triste de
nuestra historia, olvidando que quizá debían plantearse recordar también
el sistema parapolicial de las checas, donde tantos crímenes se
cometieron y que olvidan mencionar.
Mi grupo no caerá en la tentación reedicionista, señorías, ya que siempre
hemos estado al lado de las víctimas, de la no violencia y de los
derechos humanos. Fíjense que podemos llegar a entender que populistas,
filoetarras e independentistas cuestionen ese gran pacto que fue la
Transición, pero que el sanchismo se una a ellos es algo que no podemos
comprender porque es impropio del socialismo que ayudó a construir la
España constitucional. Entiendo que la razón se llama Podemos y su afán
por llevar a España al modelo de fracaso cierto que defienden.
Déjenme que le pregunte a la bancada socialista: ¿El socialismo
reedicionista que ahora defienden es mejor que el socialismo que
defendían el presidente González, los ministros de interior Barrionuevo,
Corcuera, Asunción, Belloch, Alonso o Rubalcaba? ¿Erraban ellos y
aciertan ustedes al proponer la retirada de títulos y condecoraciones?
Por curiosidad, ¿retirarán la de Calvo Sotelo, diputado de esta Cámara
asesinado en una furgoneta policial en la cercana calle Serrano?
¿Quitarán la condecoración que se le concedió a Ramón y Cajal, o la que
se le reconoció a los descendientes de Juan de la Cierva, o el título
concedido a título póstumo a Ramiro de Maeztu, o las tres condecoraciones
que le dio el Gobierno al señor Fernández Ordóñez, que terminó siendo un
gran ministro socialista? ¿Nos lo explicarán durante la tramitación de
las normas necesarias para ejecutar lo que proponen?
Señorías, los españoles decidimos dejar atrás esa etapa y abrir una nueva
etapa de reconciliación que lideró magistralmente Adolfo Suárez. Pensamos
que quienes cuestionan la legitimidad de nuestro sistema olvidan la
generosidad sobre la que se construyó, olvidan la necesaria e
imprescindible amnistía de los presos políticos decretada por Adolfo
Suárez en 1976, cuando hizo lo que tuvo que hacer, a pesar de no ser nada
fácil. (Aplausos). Y también olvidan la Ley de amnistía de 1977, de la
que ustedes nunca dicen, señores de Bildu, que liberó a 1232 etarras, 776
de los cuales se incorporaron de nuevo a la lucha armada, entre ellos los
etarras condenados por el atentado de la calle Correos, donde murieron
trece personas; Francisco Múgica Garmendia, que luego asesinaría a
treinta y siete personas; Santi Potros, autor de la matanza de Hipercor,
y el carnicero de Mondragón, responsable de la muerte de diecisiete
personas. Quienes cuestionan la legitimidad de la Transición olvidan la
generosidad de compañeros como Teresa Jiménez-Becerril o como Jaime
Mateu, que soportaron y soportan el mayor de los sacrificios, como es la
pérdida de un familiar (aplausos), y ellos jamás han cuestionado la
legitimidad del régimen constitucional.
Señores del PSOE, permítanme que termine recordando muy brevemente a don
Miguel de Unamuno, que creyó en la República, de la que muy pronto se
sintió ajeno al degenerar esta en el proyecto revolucionario en el que se
convirtió. Don Miguel de Unamuno, que apoyó el golpe militar y del que
muy pronto se sintió ajeno, cuando se convirtió en la Dictadura
excluyente en la que no cabía la mitad de España. Don Miguel de Unamuno
representa a esa gran mayoría de españoles que cree en la libertad, en la
democracia y en el Estado social y democrático de derecho que es hoy
España y por el que nosotros
Señor Sicilia, al solo efecto de saber si admiten o no alguna enmienda.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Sí, presidenta, solo para informar que
aceptaremos la enmienda de Ciudadanos al punto 3. Dado que los puntos 3 y
4 que propone Ciudadanos están redactados en una única enmienda, estamos
trabajando en una transaccional que solo incluya lo que aceptan Unidas
Podemos y este grupo, solo el punto 3 de la enmienda de Ciudadanos. Ahora
le llevaremos a la Mesa esa enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sicilia. Necesitamos el texto
para esta tarde.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS A RAÍZ DE LA CRISIS DEL COVID-19. (Número de
expediente 162/000222).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Republicano, sobre protección de los trabajadores autónomos
a raíz de la crisis del COVID-19.
Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene
la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda. Moltes gràcies, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
La portavoz del Grupo Socialista seguro que viene armada con multitud de
argumentos para desmentir la afirmación que sigue: los autónomos son los
parias del sistema económico español, la carne de cañón de las crisis,
cuando con poco apoyo podrían ser la caballería ligera de la
recuperación. Argumentos parecidos va a esgrimir el portavoz del PP
refiriéndose a sus años de Gobierno, y quien no estuviese informado
podría, a la luz de las enmiendas que presentan en esta PNL, creer que
habían hecho algo por los autónomos cuando gobernaban. Existe un peligro,
señorías: frente al cero absoluto del PP, el "necesita mejorar" del PSOE
podría llevarnos a ser casi optimistas, pero es necesario no dar la
espalda a la realidad. En el camino de la equiparación de derechos queda
mucho trecho por recorrer. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de
Celis, ocupa la Presidencia).
El consenso predice que un 20 % -uno de cada cinco- de los que bajaron la
persiana durante el COVID ya no la van a poder levantar si no buscamos
remedio con urgencia. La lista de agravios es larga y esta PNL no quiere
más que poner de manifiesto y proponer a la Cámara, proponernos, un plazo
para emprender el camino a la solución de los agravios. Seguramente,
empezar a trabajar aplicando precisión más quirúrgica, más sectorizada.
Dos ejemplos no menores ni despreciables ligados a la arbitrariedad de
buena parte de las medidas adoptadas. Como saben, para que los
trabajadores autónomos tengan acceso a ayudas aprobadas tienen que
acreditar, por meses completos, la minoración de un 75 % de sus ingresos;
75 %, señorías, les pido un ejercicio de empatía. Alguien que facturara
1900 debe quedar por debajo de 500 para tener acceso. Pues bien, algunos
ni eso, los autónomos estivales, con actividad entre abril y octubre. Se
estima que unas 20 000 familias han quedado fuera. Claro, a mediados de
mayo no facturaban. Haber pedido muerte. Los agentes comerciales son otro
caso. En marzo ingresaban comisiones sobre sus ventas de meses
anteriores; obviamente, quedaron fuera. Estos son solo dos ejemplos
dentro de un sector que, pese al tono amigable adoptado y por la buena
intención -hay que reconocerlo- del Gobierno respecto a pymes y
trabajadores autónomos, se ha visto desprotegido durante la gestión de
esta crisis.
En suma, con esta PNL proponemos que se revise una buena lista de
agravios. Queremos la suspensión de la cuota de autónomos, no la
moratoria, y lo denunciamos desde el primer momento. Porque a nadie se le
oculta que cuando se termine la presente moratoria del estado de alarma
-a la vuelta de junio esperemos-, las facturaciones no volverán por
ensalmo a recuperarse a golpe de BOE. Las medidas deben sostenerse
mientras duren las consecuencias del impacto de la crisis sanitaria. No
hay que tener miedo a discutir estas medidas si, al mismo tiempo, hasta
este mediodía -si no me equivoco- se ha discutido si alargar las
condiciones de los ERTE hasta diciembre. ¡Por qué no con los autónomos!
El pago de los alquileres de los locales comerciales exigiría el poco
tiempo que me queda. La moratoria de un año sin intereses de la
liquidación del IVA del segundo y el tercer trimestre para todos los
colectivos afectados es un paso no menor. También es ocasión para
denunciar el cobro acumulado hace pocos días por parte del Ministerio de
Hacienda de todas las liquidaciones pendientes. Si de lo que se trata es
de garantizar la equidad del sistema productivo y no tensionar aún más la
tesorería de los colectivos más afectados, con acciones como esta vamos
en sentido contrario.
También merece capítulo aparte el acceso efectivo al crédito, los créditos
ICO que, en muchos casos, no están llegando al tejido productivo. Cuando
uno habla con los autónomos y pequeños empresarios parece que los ICO
sean un instrumento al servicio de las entidades bancarias. Estos
trabajadores autónomos y pymes te cuentan que al solicitar un ICO les han
endosado seguros, les han alargado otros créditos o les han puesto
intereses absolutamente abusivos, cuando no han sido intercambiados por
congelaciones de otros instrumentos de crédito. Sin ir más lejos, hace
unos días una pequeña empresaria de Osona me explicaba cómo su banco, una
conocida entidad alicantina, le había exigido que avalara personalmente
el cien por cien del capital -sí, el cien por cien- si quería un ICO.
Tenemos a disposición del Gobierno los correos electrónicos. Entonces,
¿quién se acaba beneficiando de los créditos ICO? A esta señora le
dijeron que si no avalaba todo, ni siquiera le pedían el crédito. Aquí
hay algo que no funciona.
Finalmente, y no por ello el último, sino quizás el primero en importancia
de la lista de agravios, la eterna reivindicación de este grupo
republicano y de otros de la Cámara, que es que se debe abordar de manera
inmediata una reforma integral del RETA y establecer una cotización por
ingresos reales. Solo así se podrán equiparar los derechos de los
trabajadores por cuenta ajena a los trabajadores autónomos.
Ya ven sus señorías que este contexto ha dejado en evidencia una vez más
la desprotección que sufren las bases del tejido productivo. Me niego a
hablar más de persianas porque me estoy dando cuenta últimamente de que
los que usan más la imagen de las persianas suelen ser los que jamás han
levantado una.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz
Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Una semana más empiezo mi intervención con un recuerdo a las víctimas de
esta pandemia y un cariñoso abrazo a sus familiares y allegados. Anteayer
conocimos un estudio publicado por la prestigiosa revista Nature, que
decía que el confinamiento ha salvado millones de vidas en Europa y unas
450 000 en España, en nuestro país. Son datos que, de verdad, ponen la
piel de gallina, porque detrás de cada cifra hay vidas perdidas y miles
de dramas.
Señorías, transitamos ahora mismo desde el pico de la crisis sanitaria al
de la crisis económica, millones de españoles se encuentran inmersos en
un ERTE sin saber si podrán volver a su puesto de trabajo, millones de
autónomos han visto reducidos sus ingresos al mínimo y algunos se han
quedado por el camino y miles de pymes miran al futuro con incertidumbre.
Lo que llevamos de 2020 arroja los peores datos de desempleo desde la
crisis de 2008, la caída de la riqueza del país en el primer trimestre ha
sido histórica y las previsiones del Banco de España son cada vez más
negras.
En Ciudadanos nos fijamos desde el primer momento en un doble objetivo:
salvar vidas y salvar empleos. Durante muchas semanas estuvimos peleando
-y solos, he de decirlo- para que el plan de choque económico del
Gobierno contra el coronavirus incluyera también a los autónomos.
Señorías, gracias a la oposición constructiva que desde mi grupo hemos
hecho, hemos logrado impulsar todos juntos medidas de protección a los
asalariados, a los trabajadores temporales, a los parados, a las
familias, a las pymes, a los empleados del hogar, a los colectivos en
riesgo de exclusión y a quienes tienen que hacer frente a una hipoteca.
Pero, ¿qué pasaba con los autónomos? El Gobierno pasó de obviarlos a
decir que estarían todos cubiertos, aunque en realidad, con suerte, solo
un 30 % podrían acogerse a sus medidas de apoyo, suponiendo que fueran
capaces de atravesar en tiempo y forma la maraña burocrática que se había
creado. Esperaron a cobrarles la cuota de marzo para, horas después,
anunciar una supuesta moratoria que llegaría en el mes de mayo, antes de
que acabara el estado de alarma, y, para colmo, al final les dijeron que
podrían aplazar algunos pagos por el módico precio de un 0,5 % de
intereses. Tuvimos que pedírselo por carta al presidente del Gobierno, se
lo imploramos en llamadas telefónicas personales y también desde esta
tribuna en varias ocasiones: España
no podía abandonar a los autónomos a su suerte. Si en Madrid y en
Andalucía, donde Ciudadanos cogobierna, logramos bonificar las cuotas de
los autónomos y aprobar ayudas extraordinarias, ¿por qué no lo hacía el
Gobierno desde el inicio? Finalmente, Ciudadanos, negociando con el
Gobierno, consiguió la prestación extraordinaria a los autónomos, la
suspensión de las liquidaciones trimestrales, cuatro meses de
aplazamientos tributarios sin intereses y más líneas de crédito; medidas
de protección que, sin ser suficientes, seguro que han facilitado un poco
la vida de los autónomos.
Quizás otros partidos que tanto protestan desde el rincón de los enfadados
y los agraviados puedan preguntarse qué han hecho ellos por los
autónomos, por los trabajadores y por las pymes durante esta crisis.
Quizás el grupo parlamentario que ha presentado esta PNL, Esquerra
Republicana -que ahora mismo no está en su sitio-, pueda preguntarse qué
ha hecho su partido por los autónomos catalanes. Yo se lo diré, señorías:
mientras Ciudadanos ponía como condición para apoyar la prórroga que se
desvinculara la prestación extraordinaria de autónomos del estado de
alarma, Esquerra Republicana negociaba solo una mesa, sí, la mesa, esa
mesa que a nosotros nos da vergüenza. Señor Capdevila, como no está el
señor Rufián, se lo digo a usted: dice el señor Rufián que las banderas
ni curan ni alimentan. ¿Saben qué? Que las mesas, su mesa de la
vergüenza, tampoco da de comer a nadie. Bienvenidos, no obstante, a las
causas que mejoran la vida de los españoles. Cuando se trabaja por el
bien común, como lo hacen estas medidas que proponen, no sobra nadie. Eso
sí, hemos presentado una serie de enmiendas a sus propuestas, como
extender la prestación extraordinaria de autónomos hasta el 30 de
septiembre y más allá para determinadas actividades especialmente
afectadas por la COVID, porque, si lo vamos a hacer para los trabajadores
por cuenta ajena con los ERTE, sería consecuente hacerlo también con los
autónomos. Asimismo, planteamos en nuestras enmiendas la tarifa plana
para los autónomos que se han acogido a la prestación extraordinaria,
para que cuando reabran sus negocios puedan pagar 60 euros al mes y no la
cuota habitual.
Esta, señorías, es nuestra forma de entender la política: hacer política
útil y mejorar la vida de las personas. Nos sentimos muy orgullosos de
cómo hemos actuado y de todo lo que hemos logrado durante esta crisis, y
así pensamos seguir. Acepten nuestras enmiendas, porque son buenas para
todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo
Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores). Muchas gracias.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, señor presidente.
En cuanto a la proposición no de ley que sometemos a debate, quería
dirigirme primero al grupo que la presenta, pero veo que no está. (El
señor Capdevila i Esteve se pone de pie y saluda). Hay una pequeña
representación, perdón.
En primer lugar, querría reconocer al independentismo catalán su
preocupación, con matices, por lo que llaman el Estado español y por los
autónomos españoles. Es una gran noticia que el independentismo catalán
apoye a los autónomos de esta gran nación y que las medidas propuestas
sean homogéneas para todos los afectados, independientemente del lugar de
España donde desarrollen su actividad económica. Es un gran paso por su
parte para que sus votantes se den cuenta de que debemos ir de la mano y
para que los ciudadanos españoles vean que el parlamentarismo español
aúna esfuerzos para pedir al Gobierno de España que actúe con firmeza y
determinación para ayudar a nuestro tejido productivo. Pero déjenme que
les haga una pregunta: ¿por qué siguen apoyando a este Gobierno que no
atiende a sus peticiones? ¿Les apoyan acaso, con fines partidistas, por
los indultos a miembros de su formación, o quizá por el abandono a los
trabajadores de la industria de su región? Les diré lo que veo por parte
de su grupo parlamentario: mucha crítica al Gobierno, pero más apoyo al
mismo. Eso, francamente, se llama ser incoherente.
Señorías, hoy subo a esta tribuna después de tres meses de una situación
inédita y desconocida para la historia de España. Aún recuerdo lo que
dije en aquella ocasión, porque hoy cobra todo su sentido. Les decía, en
palabras de Sófocles, que un Estado en el que queda impune la insolencia
y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo, y la
realidad del Gobierno al que ustedes apoyan es que son insolentes, al no
dimitir por sus decisiones infundadas y por su meridiana falta de
responsabilidad. Además, creen que tienen la libertad de hacerlo todo,
cesando a honorables servidores públicos y recibiendo a personas cuya
entrada fue prohibida en la Unión Europea. Sus ministros han conseguido
ser
muy incompetentes, con innumerables rectificaciones públicas, por no
hablar de cambios de criterio. Así las cosas, el único fin posible para
este relato es el que nosotros pretendemos evitar, que arrastren a España
al abismo.
Durante este tiempo, el Estado ha sido taxativo en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones por parte de los ciudadanos -medidas extremas de
confinamiento, imposición de cese en la actividad económica, obligación
de pago de cotizaciones a la Seguridad Social en pleno aislamiento- y
también ha descartado un verdadero aplazamiento de cobro de impuestos,
claro, antes de que cambiase su criterio por enésima vez. El escudo
social diseñado por el Ejecutivo más parece una apisonadora para acabar
con el ahorro de familias, autónomos y pymes, pero una vez que su error
se convierte en evidencia, dicen que van a devolver las cotizaciones a
los autónomos. Están en riesgo millones de puestos de trabajo y, en lugar
de invertir en formación y en políticas de empleo, el Ejecutivo se dedica
a regar con miles de millones de euros a ciertos medios de comunicación,
y los ERTE sin llegar.
En cuanto a las medidas que propone el Grupo Republicano en su proposición
no de ley, sobre las cuatro primeras peticiones, consideramos que son
medidas correctas, aunque menos ambiciosas de lo que merecen los
españoles, pero estamos dispuestos a colaborar, a complementar y a apoyar
su iniciativa para hacer de ellas herramientas de crecimiento de la
realidad económica de los españoles. Para ello hemos presentado una
enmienda que contribuye a aportar mejoras que reportarían un mayor
beneficio. Además de la exención propuesta por ustedes, apostamos por
aprobar una tarifa plana para todos los autónomos hasta enero de 2021
desde que finalice el estado de alarma. Con respecto a los alquileres de
locales comerciales, apoyaríamos esa moratoria, reformando el Real
Decreto 15/2020, para recortar las restricciones impuestas a los
autónomos para acogerse a la misma. Pretendemos que se haga extensiva la
moratoria del pago del IVA a pymes que desarrollan su actividad bajo
diferentes formas jurídicas y que en el fondo están integradas por
autónomos que han generado su propio puesto de trabajo. Queremos
impulsar, por supuesto, la labor del ICO en la inyección crediticia, para
aliviar la carga de autónomos y pymes españolas con mejores condiciones
financieras y permitir el rescate de planes de pensiones sin penalización
fiscal, de modo que la totalidad de dicho rescate pueda ser utilizada por
el ahorrador.
Con respecto a la reforma integral del RETA, consideramos que es una
medida inoperativa por tres razones. En primer lugar, porque obligaría a
las personas físicas incluidas en regímenes fiscales de estimación
directa simplificada y objetiva a llevar una contabilidad más compleja
que la exigida actualmente por las normas fiscales y mercantiles. En
segundo lugar, porque supondría un criterio poco adecuado, ya que el
rendimiento puede verse minorado en periodo intermensual por numerosas
variantes. Y, en tercer lugar, porque quien no tuviera beneficios estaría
exento de cotizar. En definitiva, esta propuesta supone, según el caso,
incrementar la complejidad administrativa o intromisión en la libertad y
criterio de disposición e inversión del capital por parte del propio
autónomo.
En definitiva, la defensa de los trabajadores, en especial de los
autónomos, ha sido una prioridad para nuestro grupo parlamentario, y
prueba de ello son los cientos de iniciativas para apoyarlos que hemos
presentado en esta Cámara, la primera el 18 de marzo de 2020, veinte días
antes que la suya. Por tanto, cualquier medida razonable que suponga una
mayor protección para ellos será bienvenida por nuestra parte. En eso
consiste el espíritu de acuerdo que España necesita, un espíritu que ha
brillado por su ausencia, como atestiguan las portadas y titulares de
días pasados. No olvidemos que todos estamos aquí para representar a los
españoles, y nosotros lo demostramos con nuestras iniciativas día a día,
aunque el Gobierno las ignore o las recoja tarde.
Me iba a dirigir al señor Rufián, pero me dirijo a usted.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe
finalizar.
La señora CAÑIZARES PACHECO: No me verá llevar pegatinas de fuera usted,
sino de gánense el sueldo y trabajen por los españoles.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz Galván.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
Señorías, mis primeras palabras son para enviar un mensaje de esperanza y
de confianza a los autónomos. Sabemos lo mal que lo han pasado y lo mal
que lo están pasando. Los autónomos españoles sufren las consecuencias de
dos virus, el del COVID-19 y el del Gobierno de Pedro Sánchez. Hacerlo
peor es imposible, pero los autónomos saben que no están solos, que el
Partido Popular está con ellos y que las propuestas que hemos presentado
más pronto que tarde serán medidas de Gobierno que pondremos en marcha
bajo el liderazgo de Pablo Casado, para que cada vez más autónomos
levanten a diario las persianas de sus negocios y -lo más importante- lo
hagan con fuerza y con ilusión. Y le pedimos un favor, un solo favor, al
Gobierno socialista y de Podemos. No os riais más de los autónomos, por
favor. Sois vosotros los que habéis dejado sin ningún tipo de ayuda a más
de ochocientos mil autónomos, al fijar como requisito para acceder a las
ayudas que hayan perdido el 75 % de los ingresos, es decir, que si un
autónomo ha perdido el 50 % de los ingresos no tiene ayuda. Empaticemos.
Pongámonos en la situación de los autónomos. ¿Cómo hubiese sido vuestro
final de mes con la mitad de los ingresos? Pues así están muchos
autónomos en nuestro país o mucho peor. Sois vosotros, el Gobierno
socialista y de Podemos, los que habéis cobrado la cuota del mes de marzo
a los autónomos para luego devolverla. ¿No hubiera sido más fácil no
cobrarla? La cuota de marzo la devolvéis el 15 de mayo y la de abril la
vais a devolver el 15 de junio. Muy rápidos para cobrar, pero muy lentos
para devolver un dinero que es de los autónomos y que donde tiene que
estar es en sus cuentas corrientes para que puedan hacer frente a los
gastos fijos de sus negocios y de sus familias. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia).
Señorías, los autónomos no solamente sirven para trabajar. Tienen hogares
y familias a las que mantener y necesitan todo nuestro apoyo y, sobre
todo, todo nuestro respeto. Sois vosotros, el Gobierno socialista y de
Podemos, los que habéis anunciado a bombo y platillo unas ayudas para el
alquiler de los locales comerciales que solo han llegado al 2 %, porque
tenían trampa, como todo lo que hace este Gobierno. El requisito es la
baja censal en Hacienda, pero si se dan de baja, ¿cómo tienen acceso a
las ayudas por el cese de actividad? Sois vosotros los que habéis tardado
más de tres meses en reconocer la ayuda; en cambio, muchos autónomos
están recibiendo las comunicaciones de las mutuas para que acrediten la
caída de los ingresos de más de un 75 % para reclamarles la ayuda,
autónomos que además están ayudando a sus trabajadores, porque a muchos
aún no les han ingresado los ERTE. Y sois vosotros los que habéis tenido
a los autónomos y a muchos trabajadores pegados a un ordenador los
domingos por la noche para leer el BOE, mientras jugabais a quién era más
fuerte, si PSOE o Podemos, en Moncloa.
Señorías, esta es la triste realidad por la que están atravesando los
autónomos por vuestra nefasta gestión, a lo que hay que unir el clima de
desconfianza que se vive en nuestro país y que no es nuevo. Ya se veían
las señales desde antes del estado de alarma. En los tres primeros meses
del año se han perdido 126 500 empleos asalariados y ha descendido el
número de autónomos en 41 000. Pero es que el año pasado, en el año 2019,
cuando no había coronavirus, pero sí un Gobierno socialista, los
autónomos habían reducido por primera vez desde que hay registros el
número de asalariados a su cargo y también bajó el número de autónomos en
el año 2019. De cara a lo que viene, cada vez generáis menos confianza, y
eso se traduce en menos inversión y menos emprendimiento.
Contamos con el peor Gobierno en el peor momento. Desde que gobierna
Sánchez hay más paro, hay más pobreza, menos transparencia, menos
empresas, menos autónomos, menos libertad y más crispación, que es lo que
tanto os gusta. Tampoco ayudan mucho vuestros pactos con Bildu. No ayuda
mucho que elijáis para hablar de reformas a Otegi antes que al líder de
la oposición, Pablo Casado.
Señores del Gobierno socialista, señores del Gobierno de Podemos, los
españoles, los autónomos no quieren ayudas. A ver si os enteráis,
señorías. No quieren ayudas, quieren trabajar, quieren ganarse con
dignidad su sueldo para ser libres, y esto es lo que os molesta. La
izquierda siempre ha querido una sociedad subsidiada para que la gente
dependa de ustedes. Nosotros, lo contrario. No hay política más
antisocial que arruinar a un país, y por eso hemos presentado enmiendas a
esta PNL, con el propósito de estimular la economía. Apoyamos, por
supuesto, el carácter retroactivo de la suspensión de la cuota de
autónomos. Lo hemos defendido desde siempre: a cero ingresos, cero cuota.
También proponemos la puesta en marcha de un plan de ayudas para el pago
del alquiler de locales comerciales y no simples moratorias que no han
servido para nada. Asimismo, pedimos una línea de avales del Estado de 25
000 millones de euros, a través del ICO, con microcréditos con garantías
de hasta el 95 %. Y una propuesta que ayudaría mucho a los autónomos es
una cuota plana mensual de 100 euros para todos los que han cesado su
actividad y vuelven a abrir.
La señora PRESIDENTA: Señor Ortiz, tiene que terminar, por favor.
El señor ORTIZ GALVÁN: Voy terminando, señora presidenta.
Por último, algo que es muy necesario: acordar en el plazo de un año y
dentro del marco del diálogo con las entidades sociales las reformas del
RETA.
Termino. Señorías, dejen la ideología de la izquierda a un lado y apoyemos
a los autónomos. Apoyar a los autónomos es apoyar la creación de empleo,
que, en definitiva, es apoyar a nuestro país, a España. Ciudadanos ha
perdido una oportunidad para prorrogar el estado de alarma poniendo como
condición a los autónomos; la ha desperdiciado. Ahí se ha visto si para
Ciudadanos la prioridad eran los autónomos.
Finalizo como empecé, enviando un mensaje de esperanza y de ilusión a los
autónomos. En 2012 lo hicimos junto a ellos y gracias al esfuerzo de la
sociedad española. Sacamos a España de una gran crisis. Hay que hacerlo
de nuevo. Desde el Partido Popular nos ponemos a disposición de los
autónomos y al servicio de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortiz. (Una trabajadora del servicio
de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas
gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i
Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Buenas tardes.
Señores, a este millón de familias que va a cobrar el ingreso mínimo vital
-que lo sepan- el Partido Popular les llama subsidiados. Lo acaban de
decir. (Aplausos).
Buenas tardes, señorías. Miren, hoy es un día de orgullo para todos,
porque hemos aprobado, como decía la ministra Carcedo, el primer paso, un
paso importante para la lucha contra la desigualdad. El Grupo Socialista
ha presentado una enmienda transaccional que estamos negociando y que
creemos que enriquece la iniciativa presentada por el Grupo de Esquerra
Republicana, porque le da un tratamiento integral, teniendo como marco,
eso sí, la negociación en el diálogo social. Creemos que es un momento
para construir colectivamente, y ahí la unidad, como decía el presidente
esta mañana, es básica, la imagen de España es básica. Pero para eso,
para que demos una buena imagen aquí y fuera, la unidad es muy importante
y decir falsedades no ayuda.
Insisto, hemos presentado una enmienda que hemos hecho con una intención,
con una voluntad de que sea integral, que estudie el COVID y el
post-COVID, es decir, que nos diga exactamente en qué situación estamos y
cómo está afectando a las personas trabajadoras que ejercen su actividad
por cuenta propia. Esperamos que esta transaccional sea acordada por
unanimidad, porque es la mejor noticia que tendrán los autónomos; sí,
señores del PP, que sea acordada por unanimidad. El Grupo Socialista ha
buscado en su propuesta de enmienda las coincidencias más que el disenso,
porque eso es lo que contribuye a un proyecto colectivo.
Coincidimos, señor Capdevila, en que el sector de autónomos tiene un peso
muy importante en nuestro país, un 15 % del PIB nacional, 3,2 millones de
afiliados y un 17 % del total de empleados. Es un tractor económico que
debido a su heterogeneidad exige un tratamiento específico y por tanto
integral, y en esta heterogeneidad debemos hablar de graduados sociales,
de abogados, de mutualistas que están en la mutua alternativa, de
carpinteros, de autónomos de venta ambulante, de feriantes, etcétera.
Coincidimos en que es uno de los sectores más afectados. Evidentemente,
los decretos-leyes que ha aprobado este Gobierno, ingentes
decretos-leyes, iban dirigidos a aliviar la situación difícil de este
colectivo.
Coincidimos, además, en la necesidad de darles una respuesta excepcional
ante una situación excepcional. Para este Gobierno, desde el minuto uno,
lo primero fue proteger la salud y, lo segundo, la actividad productiva,
especialmente en lo que se refiere a la actividad por cuenta propia.
Nunca, nunca se había actuado con tanta presteza y celeridad; en menos de
un mes, el mayor despliegue de medidas -eso no lo puede negar nadie-, y
en un mes ha habido un millón de trabajadores autónomos con prestación
extraordinaria. Las medidas adoptadas han estado en relación con este
colectivo como nunca antes había sido. Me pueden decir que son
mejorables, por supuesto, como todo en la vida; de hecho, el Gobierno ha
ido adoptando medidas de protección a medida que surgían contingencias
que encontraban colectivos desprotegidos. Por lo tanto, no seamos
tremendistas y fijémonos en aquellas medidas que ha adoptado el Gobierno,
que no han sido una sola ni, evidentemente, han sido estériles.
Les voy a dar un dato -lo digo para la señora portavoz de Ciudadanos, que
dice que el Gobierno ha obviado a los autónomos-: el primer Gobierno de
la Unión Europea que dio mayor protección a los autónomos fue el Gobierno
de España y, si no, comprueben los datos de Eurostat. No podemos aceptar
que haya agravios en cuanto a la reforma del RETA, por cuanto fue el
Gobierno de Pedro Sánchez el que hace un año, siendo Magdalena Valerio
ministra de Seguridad Social, llegó a uno de los primeros acuerdos más
importantes en autónomos, mucho antes que el Partido Popular. Y les
recuerdo, porque hay veces que no nos acordamos, que es importante que
los autónomos coticen por los ingresos reales. Es verdad que esta fue una
de las propuestas que hizo el Gobierno hace un año y que hubo
dificultades, costó muchísimo llegar a aquel acuerdo, el primer acuerdo
de autónomos, que supuso, se lo quiero recordar, que el cese de actividad
se incrementara de doce a veinticuatro meses; que se cobrara la
prestación por accidentes desde el día número uno de la baja; que
tuvieran acceso a la formación continuada y que estuvieran exentos de
pagar la cuota de autónomos a partir del segundo mes en caso de IT.
Miren, el diálogo social es importante, esta mañana lo decía el presidente
Pedro Sánchez, pero yo creo que está bien que hagamos un relato de todos
los reales decretos adoptados -voy acabando, presidenta- hasta el
momento: el aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos, con el fin
de evitar las tensiones de tesorería; la prestación extraordinaria por
cese de actividad, que, como he dicho, es la mayor protección de la Unión
Europea. En relación con esto, señores del PP, me parece que les están
asesorando mal. No se tenían que dar de baja censal. Ustedes no lo han
leído bien; no se tenían que dar de baja censal, es más, están cubiertos
precisamente aquellos que ni habían cotizado. Vuélvanselo a mirar. Ha
habido también medidas para que se acogieran a ayudas a vivienda, que,
evidentemente, se hicieron extensivas a los locales; ayudas para las
deudas tributarias, para las moratorias en las cotizaciones sociales. Es
decir, son muchísimas medidas. Nunca ha habido un despliegue tan
importante por parte de un Gobierno para un colectivo como este. Son
mejorables, sí, pero tienen que reconocer que son muchas medidas. Y ahora
lo que plantea el Partido Socialista es: sentémonos...
La señora PRESIDENTA: Señora Perea, tiene que terminar.
La señora PEREA I CONILLAS: ... en la mesa de diálogo -termino-, hablemos,
estudiemos, valoremos y hagamos un seguimiento de todas estas medidas
para llegar a acuerdos.
Hemos intentado buscar las coincidencias en la enmienda transaccional, y
hay más coincidencias que disensos. Podemos diferir en la forma, señores
de Esquerra, pero la magia es llegar a acuerdos. Esa es la magia del
debate de la política.
Por último, y acabo...
La señora PRESIDENTA: Sí, señora Perea, tiene que terminar.
La señora PEREA I CONILLAS: Como decía el presidente del Gobierno, la
unidad es mejor para que nadie quede atrás.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Perea. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor
Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, iba a ser breve y espero
serlo, pese a que voy a alargar un poco esta intervención, porque no
puedo dejar de reconocer que no me ha resultado indiferente la
intervención del representante del Partido Popular. Es más, mientras
hablaba, me he acordado mucho de Mark Twain, de una frase que hace
alusión al valor del silencio y su significado. No suelo ser ofensivo de
manera gratuita y no lo voy a ser ahora, así que no voy a decir la frase
completa, pero cualquiera la puede buscar en Wikipedia. Empieza con algo
así como: "Es mejor estar callado y parecer...". Ahí termino.
Nos ha hablado sobre la posibilidad de acuerdos del Gobierno del Partido
Socialista con Arnaldo Otegi. No, mire usted, es mucho más sencillo.
Nosotros no le decimos al Partido Socialista con quién tiene que pactar o
con quién tiene que hablar para pactar; lo decidirán ellos, tienen
autonomía para hacerlo, evidentemente. Sí que parece evidente que pactar
políticas sociales con ustedes es difícil. Parece difícil hacer algo con
ustedes, que están empeñados en reproducir las recetas de salida de la
crisis que nos llevaron a la situación vivida después de 2008. Pero le
diré más, y para que tampoco le quede ninguna
duda, por aquello que le decía de Mark Twain, se lo pongo más fácil
todavía: para impedir un Gobierno de derechas, que exhibe las
credenciales que están exhibiendo ustedes desde esta tribuna estado de
alarma tras estado alarma, no hace falta que hablen con nosotros,
nosotros lo hacemos gratis. Nosotros, para desalojar a las derechas y a
las derechas extremas -ya lo dijimos en la investidura; no se arroguen
ningún mérito por esto que puede parecer una primicia-, lo hacemos
gratis.
Yendo ya al tema, le diré que vamos a apoyar la proposición no de ley de
Esquerra Republicana de Catalunya, porque creemos que, tanto los cinco
puntos que venían incluidos con carácter inicial eran pertinentes como
los que vienen recogidos en la enmienda, porque, en definitiva, estamos
abordando un tema que debiera preocupar mucho, no tanto por la
consideración que uno u otra pueda tener de los o las autónomas como
colectivo dentro del mercado laboral, que no tiene por qué ser, en ningún
momento -y lo aclaro para que nadie tenga dudas- negativo, sino porque
hablamos de un colectivo muy numeroso, con más de 3,2 millones de
personas, y porque estamos hablando de una realidad que es muy diferente;
y, sin embargo, las medidas que se han tomado hasta ahora por este
Gobierno son muy uniformadoras. Solo así se entiende que, por ejemplo, se
determine que el 75 % de pérdidas es el que permite el acceso a unas
determinadas bonificaciones, cuando todo el mundo entiende que para unos
autónomos mantener el negocio con un determinado volumen de pérdidas
puede ser posible, pero no para todos. No quiero hablar siquiera de los
falsos autónomos, de los riders, que también estarían incluidos dentro de
todas estas cuestiones.
En definitiva -y termino-, decía que estas medidas son insuficientes.
Estamos hablando de un colectivo muy grande y es normal que estén
enfadados. Se lo digo con respeto, señorías del Partido Socialista, es
normal que estén enfadados, llevan décadas hablando del emprendizaje, del
autoemprendizaje, como la receta perfecta para labrarse un futuro. Y si
toda esa gente que ha decidido hacer del autoemprendizaje una realidad a
través de su vocación, o no vocación, sino de su necesaria adscripción al
colectivo de autónomos, lo hace y se encuentran abandonados, es normal
que estén enfadados.
Termino con una cuestión que ha señalado el señor Capdevila, que me parece
muy pertinente, y es la que tiene que ver con el papel de los bancos. Los
bancos tendrían que ser facilitadores de créditos ICO, que, si no me
equivoco, en un 80 % estarían garantizados por el aval del Estado y en un
20 % por el aval de las propias entidades bancarias; de esas que,
recuerdo, se llevaron 60 600 millones de euros del bolsillo de todos y
todas, y que no piensan recuperar y que, además, nadie parece que vaya a
pedirles que lo devuelvan. Pues esos mismos bancos, parece que están
diciendo que no quieren prestar ese 20 % de aval, porque consideran que
el Estado español no es fiable. Eso, lo he podido oír yo, y seguramente
tendrá tanta razón como los correos que exhibía el señor Capdevila,
porque, ayer mismo, una radio de carácter nacional se hacía eco de ello y
aportaba datos. Pongan remedio a este tipo de barbaridades, porque eso no
hace más que darnos la razón a aquellos -que tampoco dejaremos de
hacerlo, aunque este dato no existiera- que decimos que es necesario una
banca pública, porque no nos fiamos de la banca privada.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, nuevamente, señora presidenta.
Señorías, a una diputada que me ha precedido en el uso de la palabra le ha
llamado la atención que independentistas -se refería a los catalanes,
pero también me aludía como independentista vasco- se solidarizaran con
elementos de progreso social. Hoy, hemos visto dos elementos claros: de
una parte, el ingreso mínimo vital y, ahora, también con medidas
relativas a la defensa de los autónomos. Es claro que la conciencia
social tiene que ver con la conciencia política y no exactamente con
prejuicios que se puedan tener con diferentes ideologías políticas.
Señor Capdevila, compartimos el diagnóstico que se hace en la proposición
no de ley que presenta usted y su grupo político, por una parte, porque
el amplio sector de los trabajadores autónomos necesita una nueva
regulación y, por otro lado, porque en los tiempos que corren no están
teniendo una adecuada atención. Y no solo porque los autónomos sean una
modalidad de trabajo esencial para la economía y el empleo, sino también
porque su heterogeneidad, su diversidad, ha permitido que hayan sido
vampirizados por relaciones jurídicas que tienen más que ver con fórmulas
imaginativas de explotación de personas a quienes no se las quiere
reconocer en el marco de una relación laboral.
Pero lo que hace el objeto de la PNL como tal, de lo que estamos hablando,
es de si las medidas que se han adoptado como consecuencia del COVID-19,
que pretenden paliar las consecuencias sociales y económicas de esta
pandemia, son o no adecuadas, si se han adaptado o no a los caracteres de
los autónomos. La respuesta es fácil: no; no lo han hecho, evidentemente.
Por eso, entendemos una PNL como la que se ha presentado y también
algunas otras medidas. Pero, quizá, se ha quedado un poco corta, es un
poco insuficiente. Así, y a nuestro modo de ver, sería conveniente
adaptar las normas y cuantías de cotización a la capacidad de los
autónomos de generar ingresos. Las moratorias, aplazamientos o incluso la
posibilidad de cambiar de grupo de cotización deben ser tenidas en cuenta
a ese efecto. Ni que decir tiene que al igual que sucede y sucederá con
sectores concretos, se ha de contemplar la posibilidad de extender la
duración de la prestación extraordinaria por cese de actividad también
para los trabajadores autónomos y en la medida del impacto real que sufre
esta actividad. En dicho sentido, parece existir una queja generalizada
del sector por el mes de marzo en cuanto que se les ha computado todo el
mes y no se ha tenido en cuenta que el 75 % de reducción de ingresos se
ha de hacer solo en quince días y no en todo el mes completo. También
entendemos necesario contemplar el acceso a dicha ayuda y condiciones
generales a los autónomos cuya actividad económica presenta un carácter
estacional, los que se hubieran debido incorporar ahora a la actividad y
no lo han podido hacer porque han venido muy mal dadas.
Si ha existido un gran olvidado en el conjunto de estas medidas del COVID
ha sido también el de los alquileres de los locales de negocios por parte
de los autónomos, a los que, con todo respeto, creo que el Real
decreto-ley 11/2020 no ha tenido en cuenta, como tampoco posiblemente
haya habido una vía adecuada para que puedan acceder a los créditos ICO o
de cualquier otra entidad financiera -Elkargi en Euskadi-, acceso que
tampoco se les ha podido facilitar o no se les facilita demasiado. Así,
podría continuar con una sucesión de puntos, pero lo cierto es que tengo
conocimiento de que usted ha estado negociando también una transaccional
con otros grupos políticos y, al fin y al cabo, como decía la señora
Perea, en esto lo que conviene es la unidad, es decir, el soporte por
parte de todos. Me adhiero a esa petición y, por ello -y en la confianza
de que esa transacción vaya a unificar, a aunar muchos criterios, muchas
opiniones diferentes-, le anuncio desde ahora el apoyo de mi grupo a su
proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.
Los autónomos y pymes estaban ya en una situación difícil antes de la
crisis del COVID-19, pero es verdad que esta ha supuesto una verdadera
prueba de fuego para la pequeña empresa, que sustenta gran parte de la
economía y que es especialmente importante en el caso de Galiza. Por eso,
el BNG viene defendiendo medidas de apoyo a los autónomos más allá de las
aplicadas y especialmente la condonación de cuotas. En todo caso, creemos
que es necesaria una profunda reforma que facilite la incorporación de
nuevos autónomos y permita el mantenimiento de los existentes. Por eso,
apoyamos esta PNL de Esquerra Republicana, con la que coincidimos en
aspectos importantes: que se considere prioritaria una reforma integral
del RETA para establecer un sistema de cotización por ingresos reales y
la aprobación inmediata y con efecto retroactivo al inicio del estado de
alarma de la suspensión de la cuota de autónomos, con una duración que
vaya más allá de la situación del estado de alarma y mientras dure el
impacto económico de la crisis sanitaria.
Finalizo. Desde el primer momento el BNG ha considerado que las ayudas
estimadas por el Gobierno central a los autónomos eran insuficientes,
pero más grave es que no existieran. En el caso de Galiza, a diferencia
de otras comunidades autónomas, no hubo ayudas complementarias porque la
Xunta, en manos del Partido Popular, no lo consideró necesario. Nosotros
sí creemos que era absolutamente necesario y creemos también que aún
estamos a tiempo de hacer más para salvar a los autónomos de una crisis
que, si no, puede ser realmente grave.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Estando de acuerdo con casi todo lo que han dicho los grupos progresistas
de esta Cámara, simplemente quiero señalar también a los partidos que
sustentan al Gobierno que hagan especial hincapié en una parte de esos
autónomos que se han quedado fuera de todas estas ayudas, básicamente
esos autónomos de temporada que van a tener muy pocos ingresos, y estoy
hablando de los autónomos de atracciones de feria, de una parte de la
hostelería y de la venta ambulante, muchas de cuyas actividades no se van
a poder celebrar, por lo que estaría bien que los pudiéramos integrar.
También quiero hacer una especial mención a los pequeños transportistas
autónomos. Han tenido actividad, porque la suya era una actividad
esencial, pero no se han podido muchas veces acoger a las ayudas y han
tenido una disminución de entre el 50, el 60 y el 70 % de sus ingresos y
algunos están pagando su camión, por lo que deberían adoptar alguna
medida para que pudieran tener una moratoria.
Por último, a la señora Muñoz, de Ciudadanos, quiero decirle lo que
hacemos algunos cuando tenemos el Gobierno. El Gobierno valenciano, y en
concreto la Conselleria de Economía, donde está Compromís, hemos dedicado
57,5 millones en ayudas a los autónomos; están todas resueltas y esta
semana estarán estos 57,5 millones pagados, siendo una comunidad autónoma
mal financiada.
Termino. Señor Capdevila, votaremos a favor de su proposición
gustosamente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo parlamentario, en último lugar tiene la palabra el
señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes.
El señor Capdevila lo comentaba, y es que se habla mucho de los autónomos
y se habla mucho también de que los políticos no saben lo que son
autónomos y no saben cuáles son los problemas reales. Yo quiero trasladar
que hoy les habla un autónomo desde esta tribuna. Yo no levanto una
persiana, abro la puerta de un despacho, pero hay gente que levanta
persianas y abre las puertas de un despacho, gente que tiene montada una
startup y gente, en definitiva, que liquida los IVA, los IRPF
trimestralmente o que incluso pide aplazamientos, que pagan nóminas o
alguna vez incluso pagan alguna indemnización, algo que por supuesto no
gusta a ningún autónomo porque la persona que trabaja por su cuenta lo
que quiere es generar empleo, generar ocupación. Sepan que, conscientes
de todo esto, es cuando se sacan propuestas como esta, que lo que quiere
es ayudar a la gente que está vinculada al régimen especial de autónomos.
Ciudadanos y VOX disparan con el tema de la independencia, con el tema de
la mesa, pero, déjenme que, desde el legado político que represento, les
diga que el catalanismo político ha intentado siempre mejorar España, ha
intentado siempre buscar soluciones para Cataluña y para España, lo que
pasa es que hemos aprendido la lección. Hemos aprendido que no vale la
pena y que la mejor solución para nosotros y para nuestros ciudadanos es
tener un Estado propio, pero seguiremos aquí, no lo duden. Nosotros
estamos aquí, en estos escaños, para defender la independencia de
Cataluña, pero también para defender los intereses de los ciudadanos
catalanes, a los que representamos. Por tanto, conocemos la problemática
y la vamos a seguir abanderando. Vamos a seguir dando apoyo a estas
moratorias en el tema de los impuestos, dando apoyo a estos pequeños
autónomos que han visto cómo a la hora de tramitar los créditos ICO se
han encontrado con seguros de vida, se han encontrado con productos
accesorios que la Conselleria de Empresa de la Generalitat de Catalunya
se ha encargado de denunciar y de perseguir para que no se produzcan.
Vamos a estar al lado también no solo de los autónomos, sino también de
muchos mutualistas que no han tenido tampoco, así como los autónomos, una
prestación por cese de actividad y no han quedado cubiertos en esta
crisis del coronavirus. Por tanto, sepan que lo seguimos de cerca, que lo
vivimos de cerca y que van a tener nuestro apoyo en todas estas medidas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias presidenta.
Señorías, es indudable que la pandemia de la COVID-19 ha traído una crisis
social y económica sin precedentes que afecta fuertemente a los
trabajadores y las trabajadoras autónomas, pero también es
cierto que este Gobierno de coalición progresista ha puesto en marcha unas
medidas de protección a los autónomos y a las autónomas jamás vistas en
este país, por más que la bancada de la derecha, que también ha
gobernado, se dedique a decir que es mentira.
En la anterior crisis, en la que gobernaba el Partido Popular, medio
millón de trabajadores y trabajadoras autónomas perdieron su trabajo,
tuvieron que echar el cierre, y más de un 25 % de aquellos autónomos y
autónomas eran personas jóvenes. Sin embargo, en la actual crisis el
Gobierno ha ampliado la prestación por cese de actividad -que ya lo podía
haber hecho el Partido Popular también en 2012-, lo que es llamado el
cese de autónomo, para que puedan tener acceso a él no solo quienes cesen
la actividad, sino también quienes vean reducidos drásticamente sus
ingresos para así proteger sus empleos y que no tengan que cerrar sus
empresas. Y ha funcionado y lo sabemos, porque los datos lo dicen. La
mitad de los autónomos y las autónomas de nuestro país se han acogido a
esta medida. Creo que eso es una gran noticia.
Además, este Gobierno de coalición ha aprobado diversos reales decretos en
unas condiciones muy difíciles que han permitido cosas como, por ejemplo,
la suspensión de las cuotas de los autónomos y las autónomas que se
acogían al cese de actividad, una moratoria del IVA además de una
moratoria de seis meses de los pagos de las cuotas a la Seguridad Social,
moratorias en el pago de alquileres y de hipotecas de los locales afectos
a sus actividades, además de su propia vivienda, o modificación de los
contratos de suministros. Esto es fundamental por una cuestión muy
básica, que es por justicia social, pero también lo es porque gracias a
ello se va a permitir que no caiga la renta disponible y que por tanto no
caiga la demanda interna para poder asegurar así una posterior
reactivación económica lo más rápida posible. Esto grabémonoslo bien a
fuego en nuestras mentes: justicia social y economía no solo son
compatibles, sino que además deben ir de la mano, como nos ha enseñado
este Gobierno de coalición progresista.
Las dificultades de acceso al crédito en la anterior crisis fueron
determinantes para que muchas de las empresas no pudiesen resistir y
tuviesen que cerrar. Ahora, sin embargo, contamos con líneas de crédito
con aval del ICO para asegurar la liquidez de las empresas. Permítanme
que me pare aquí un momento. En la anterior crisis las entidades
financieras recibieron una enorme inyección de dinero público, de rescate
bancario, del que aún le deben a la ciudadanía 60 000 millones de euros.
Después de esto, qué menos que las entidades financieras y bancarias
cumplan con el real decreto y permitan el acceso a estos créditos sin
imponer otros activos financieros extraordinarios como los seguros o
intereses que no se ajustan a los objetivos del crédito. Creo que eso es
de decencia.
En cuanto a la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos y
autónomas, ya lo podía haber hecho también el Partido Popular, ahora que
ha subido a esta tribuna a vanagloriarse de su necesidad. No podemos
estar más de acuerdo con ello, señor Capdevilla. Es más, estuvimos
trabajando en ello en legislaturas anteriores a través de la comisión del
RETA y además es uno de los puntos principales del acuerdo de Gobierno.
Frente a algunas enmiendas de algunos grupos de la bancada de la derecha,
que proponían tarifa plana de entre 50 y 100 euros, tarifas que no son
tan planas porque en algún momento se acaban y dejan en la cuneta a mucha
gente, es fundamental acabar con las cuotas abusivas, que son además una
anomalía en comparación con otros países de la Unión Europea. Por tanto,
es fundamental una reforma del RETA para establecer un régimen de
cotización progresiva por ingresos reales.
Por último, estas medidas han sido gracias al diálogo social con las
asociaciones más representativas del trabajo autónomo. En este marco, en
el del diálogo social, se están adoptando estas medidas para el tiempo
que viene, que creo que era el objetivo de esta proposición no de ley. La
pena es que estas medidas o estos reales decretos no han sido apoyados
por la bancada de la derecha, de la ultraderecha y de la
ultraultraderecha, del Partido Popular y de VOX. Como se ha dicho otras
veces desde esta tribuna, estamos mal, pero menos mal que estamos.
Dijimos que de esta crisis...
La señora PRESIDENTA: Señora Franco, tiene que terminar, por favor.
La señora FRANCO CARMONA: Con esto termino.
Dijimos que de esta crisis íbamos a salir de una manera diferente a la
anterior, y lo estamos demostrando con la protección a los autónomos, con
medidas urgentes para la mayoría social como las de la protección a la
infancia y con la creación de nuevos derechos como el ingreso mínimo
vital que hoy aquí se va a aprobar.
En definitiva, en la crisis de 2008 se rescataba a la banca y hoy se está
rescatando a la gente. Vamos a votar a favor de esta proposición no de
ley porque los acuerdos siempre nos parecen importantes y porque, además,
señorías, ser patriotas es proteger a tu pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Franco.
La proposición no de ley se votará en los términos de la enmienda
transaccional que ha llegado a la Mesa.
Votamos en tres minutos. Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar
desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la
pantalla. Asimismo, les recuerdo también que aquellas señorías que ya han
emitido el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a
hacerlo desde su escaño presencialmente.
Muchas gracias. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 19/2020, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19.
(Número de expediente 130/000020).
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos las votaciones. Convalidación o
derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de
mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para
paliar los efectos del COVID-19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 96 más
253 votos telemáticos, 349; a favor, 75 más 214 votos telemáticos, 289;
abstenciones, 21 más 39 votos telemáticos, 60.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a dicha
votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 96 más
253 votos telemáticos, 349; a favor, 93 más 251 votos telemáticos, 344;
abstenciones, 3 más 2 votos telemáticos, 5.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL
INGRESO MÍNIMO VITAL. (Número de expediente 130/000021).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que
se establece el ingreso mínimo vital.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 96 más
253 votos telemáticos, 349; a favor, 79 más 218 votos telemáticos, 297;
abstenciones, 17 más 35 votos telemáticos, 52.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
(Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha
solicitud.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 96 más
253 votos telemáticos, 349; a favor, 92 más 249 votos telemáticos, 341;
en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 4 más 3 votos telemáticos, 7.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia.
Señorías, les informo de que desde las 19:30 horas del día de hoy hasta
las 11:00 horas de mañana se podrán votar telemáticamente los restantes
puntos del orden del día. La votación presencial de estos puntos se
producirá al final de la sesión del día de mañana.
Se suspende la sesión hasta mañana a la nueve.
Eran las siete y quince minutos de la tarde.
Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID ·Aviso Legal
