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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 137, de 11/09/2020
cve: BOCG-14-D-137
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
11 de septiembre de 2020

Núm. 137


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/001256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que prevea las situaciones de enfermedad e incapacidades en electores, que pudiera dar lugar a restricciones en los procesos electorales y en el ejercicio del artículo 23 de la Constitución ... (Página13)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo a la oposición democrática en Venezuela ... (Página15)

161/001198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a iniciar las negociaciones para ampliar el periodo de vigencia del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa, anejos y canjes de notas anejas al mismo, hecho en Madrid el 1 de diciembre de 1988 ... (Página16)

161/001214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la Declaración de Hizbulá como organización terrorista ... (Página19)

161/001241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el Examen Periódico Universal a España ... (Página20)

161/001257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a las capacidades y actuaciones de distintos países para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de reforzar el sistema de gobernanza multilateral con el fin de promover la defensa de los derechos humanos y la justicia global ... (Página22)

161/001261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reislamización de la Basílica de Santa Sofía de Estambul ... (Página23)

Comisión de Justicia

161/001173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la evolución de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad ... (Página25)


Página 2




Comisión de Defensa

161/001159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas ... (Página27)

161/001160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre eliminación de las discriminaciones por razón de discapacidad contenida en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar ... (Página29)

161/001221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina, dotándolas de la oportuna actividad militar ... (Página31)

161/001280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la construcción de dos buques logísticos para el Ejército de Tierra ... (Página33)

Comisión de Hacienda

161/001177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la lucha contra el fraude fiscal ... (Página36)

161/001193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas destinadas a incrementar la liquidez disponible de las empresas ... (Página37)

161/001196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la exención de la obligatoriedad en la presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a aquellos empleados incluidos en un ERTE que no superen los 22.000 euros de renta ... (Página41)

161/001219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las reformas necesarias para impulsar la colaboración público-privada en el ámbito de las infraestructuras ... (Página43)

161/001240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la derogación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y permitir a las entidades locales atender sus competencias propias con cargo a los remanentes y/o el superávit ... (Página45)

161/001248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la presentación de un Plan de Reequilibrio Presupuestario ... (Página46)

161/001260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a la modificación del régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, con el fin de dinamizar el mercado laboral de nuevas tecnologías en España ... (Página48)

161/001265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción del IVA en el sector turístico ... (Página57)

161/001282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el establecimiento del requisito del conocimiento de las lenguas cooficiales para los trabajadores y trabajadoras de Correos ... (Página58)

Comisión de Interior

161/001157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la construcción de una nueva Comisaría Local de Policía Nacional en Alcantarilla (Murcia) ... (Página59)

161/001182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños agrícolas producidos por la borrasca Gloria en la localidad de Níjar y otros municipios de la provincia de Almería ... (Página60)


Página 3




161/001183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a mejorar las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los Cuerpos Penitenciarios ... (Página61)

161/001262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modificación del reglamento penitenciario para el reconocimiento de la igualdad efectiva de los padres a mantener a los hijos menores de tres años en su compañía dentro de la prisión en las mismas condiciones que las madres ... (Página63)

161/001267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre migración y refugio ... (Página66)

161/001268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover la construcción urgente de una planta incineradora de la Administración General del Estado para generación de energía, que centralice la destrucción prioritaria de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes ... (Página68)

161/001269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la puesta en marcha del Centro de Estudios Penitenciarios ... (Página70)

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

161/001151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ubicación de la estación intermodal de Gijón en el entorno del Museo del Ferrocarril ... (Página72)

161/001152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a restaurar los servicios y cumplir los compromisos existentes con Ávila en materia industrial, viaria y ferroviaria ... (Página73)

161/001156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el transporte ferroviario de pasajeros entre Madrid y Castilla y León ... (Página74)

161/001174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones relacionadas con la Alta Velocidad a Galicia ... (Página76)

161/001191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre prórrogas en la concesión de autopistas de peaje con motivo de la COVID-19 ... (Página77)

161/001208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la implantación de medidas para la mejora de la red de Cercanías ... (Página78)

161/001212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la recuperación de todos los servicios ferroviarios que Renfe venía prestando hasta la declaración del estado de alarma por el COVID-19 ... (Página81)

161/001218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las reformas necesarias para impulsar la colaboración público-privada en el ámbito de las infraestructuras ... (Página82)

161/001227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre mejora de la seguridad vial en la N-VI a su paso por Coirós ... (Página84)

161/001266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a la divulgación del Pase Interrail ... (Página85)

161/001288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a exigir a ADIF la ejecución del Convenio firmado con el Gobierno de Cantabria y con el Ayuntamiento de Piélagos en el año 2019 ... (Página86)

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/001203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa y ayuda a la escuela concertada tras el impacto económico y social del COVID-19 ... (Página87)


Página 4




161/001230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación del Instituto de Desarrollo Curricular ... (Página90)

161/001231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar un grupo de trabajo que realice un plan contra la segregación escolar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación ... (Página91)

161/001232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a manifestar el agradecimiento y reconocimiento a nuestros docentes ... (Página92)

161/001233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo y atención al alumnado de altas capacidades ... (Página93)

161/001276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar un Plan de Refuerzo y Apoyo Educativo a través de tutorías individualizadas ... (Página95)

161/001293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas de seguridad, desarrollo y evaluación del curso escolar 2020/2021 ... (Página97)

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

161/001211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a rechazar las regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares, en línea con el compromiso europeo de 2008 ... (Página99)

161/001242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el plan de reactivación económica específico para las Illes Balears ... (Página100)

161/001272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a acabar con las reiteradas fugas de los inmigrantes irregulares sometidos a cuarentena ... (Página101)

161/001277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fenómeno de la inmigración irregular y la lucha contra el tráfico ilegal de personas en Canarias ... (Página103)

161/001284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre traspaso de competencias del SEPE a la Generalitat de Cataluña ... (Página104)

161/001295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional para el personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios ... (Página106)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/001189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la industria textil, moda y calzado, y al comercio relacionado con dichos sectores ... (Página107)

161/001220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la exigencia de la parte equivalente de los recursos y presupuestos de Turespaña ... (Página115)

161/001243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la urgencia extrema en la adopción de medidas de apoyo a las empresas electrointensivas con el fin de mantener su competitividad y el futuro de los puestos de trabajo en las factorías que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo) provincia de Lugo ... (Página117)

161/001255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a la recuperación y reactivación del sector turístico español ... (Página119)


Página 5




161/001279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de los estudios de Turismo ... (Página120)

161/001296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas para asegurar la supervivencia del sector del ocio nocturno, la hostelería y los espectáculos masivos ... (Página122)

161/001299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para proteger y apoyar al sector del ocio nocturno español ... (Página123)

Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad

161/001095 Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre apoyo a las entidades catalanas del tercer sector social y para la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación de la asignación tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales, sea debatida ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en lugar de ante la Comisión de Hacienda ... (Página126)

161/001228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar medidas de apoyo al pueblo gitano ante las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19 ... (Página127)

161/001229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar los derechos y libertades de las personas que trabajan estacionalmente en los campos de cultivo de España ... (Página128)

161/001254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de la atención de los sistemas sociales y sanitarios a las mujeres con enfermedades crónicas ... (Página129)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/001164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el establecimiento de un contingente arancelario autónomo de lomos de atún beneficioso para el sector conservero español ... (Página131)

161/001166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020 ... (Página132)

161/001167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo al sector apícola y la calidad en la producción de la miel ... (Página133)

161/001168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al olivar de montaña ... (Página135)

161/001175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a modificar la Orden ministerial 423/2020 por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el Mediterráneo ... (Página136)

161/001181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a aplicar una rebaja fiscal para las actividades agrarias que en 2019 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas extraordinarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía ... (Página137)

161/001197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre protección y fomento del Instituto Español de Oceanografía (IEO) ... (Página138)


Página 6




161/001223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la legislación vigente sobre la PPA (peste porcina africana) y medidas a adoptar ... (Página141)

161/001249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre medidas de protección del sector olivarero y oleícola español y del aceite de oliva español ... (Página144)

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/001176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ejecución del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, de 9 de marzo de 2018 ... (Página147)

161/001195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la retirada de banderas no oficiales sitas en el exterior de los edificios y espacios públicos ... (Página147)

161/001274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la movilidad de los empleados públicos ... (Página148)

161/001275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación del Estatuto del Directivo Público Profesional en la Administración General del Estado ... (Página149)

161/001290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público ... (Página151)

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

161/001184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones para la recuperación y protección del Mar Menor ... (Página152)

161/001200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre poner en valor las cifras reales del reciclaje en España ... (Página155)

161/001201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reducir el impacto del "littering" de residuos de envases ... (Página156)

161/001202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el rechazo a la Ecotasa Aérea ... (Página157)

161/001204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación de la garrapata Hyalomma (Hyalomma marginatum) ... (Página158)

161/001205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación del mosquito tigre (Aedes albopictus) ... (Página160)

161/001226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre digitalización en entornos rurales ... (Página162)

161/001234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la adopción de medidas de carácter urgente para la sostenibilidad del Mar Menor ... (Página164)

161/001247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación del mosquito japonés (Aedes Japonicus) ... (Página166)

161/001281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones y medidas para paliar los daños producidos por las inundaciones y tormentas en distintas regiones de España durante la segunda semana de agosto de 2020 ... (Página167)


Página 7




161/001287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas contra el visón americano (Neovison Vison) ... (Página169)

161/001289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones y medidas de prevención en los episodios de alta pluviometría e inundaciones ... (Página171)

161/001298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación de la zona afectada en el incendio de Quesada durante el mes de julio de 2020 ... (Página173)

Comisión de Cultura y Deporte

161/001178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la presencia permanente del fútbol femenino en las quinielas ... (Página174)

161/001180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a afrontar la violencia verbal en las actividades deportivas ... (Página176)

161/001188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a elaborar un nuevo Plan de fomento de la lectura 2020-2023 ... (Página177)

161/001190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración del Románico Palentino como Patrimonio Mundial ... (Página180)

161/001215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la digitalización en el ámbito del deporte ... (Página184)

161/001216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el valor estratégico del deporte en la reputación internacional de España ... (Página185)

161/001217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre deporte seguro en el marco de la nueva normalidad ... (Página186)

161/001239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa del patrimonio histórico-artístico que conforman las catedrales y demás edificios religiosos en nuestro país ... (Página187)

161/001250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a apoyar la inclusión del Conjunto Monumental de las Murallas Reales de Ceuta en la Lista Indicativa Española ... (Página190)

161/001259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a apoyar la inclusión de la Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ... (Página193)

Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital

161/001154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre medidas urgentes para el impulso de la Radiodifusión Sonora Digital Terrestre ... (Página196)

161/001162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo rural y la implantación de los pueblos inteligentes en España ... (Página206)

161/001192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas para fomentar el incremento del tamaño medio de las empresas españolas ... (Página207)

161/001199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a incluir en el sistema general de espacios libres la parcela de las antiguas fábricas de salazón de Quenxe y solicitar de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) su cesión gratuita ... (Página212)


Página 8




161/001213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un verdadero mecanismo de segunda oportunidad y el papel el crédito público ... (Página213)

Comisión de Sanidad y Consumo

161/001158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la definición de la figura del consumidor y usuario vulnerable en el ordenamiento jurídico español, así como a la aprobación y puesta en marcha de un plan transversal e integral con el que mejorar su protección ... (Página214)

161/001161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ... (Página216)

161/001186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elección de mascarillas elastoméricas versus las N95 ... (Página217)

161/001187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la prohibición con carácter provisional de nebulizadores refrescantes por aerosoles, en espacios públicos mientras dure la epidemia por coronavirus SARS-CoV-2 ... (Página220)

161/001194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la atención y protección efectiva de los pacientes crónicos ... (Página222)

161/001206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas para la atención de personas afectadas por fibromialgia, síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica, sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad ... (Página223)

161/001207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la salud mental de las personas como consecuencia del impacto de la COVID-19 ... (Página225)

161/001237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la participación de las asociaciones de pacientes en el Sistema Nacional de Salud y a la sostenibilidad económica de sus actividades ... (Página226)

161/001238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la incorporación de un equipo multidisciplinar de veterinarios y farmacéuticos como rastreadores de la COVID-19 ... (Página227)

161/001244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la formación continuada de los profesionales sanitarios y su sostenibilidad económica ... (Página229)

161/001251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la disponibilidad de pruebas diagnósticas en el Sistema Nacional de Salud para garantizar un diagnóstico diferenciado y preciso de la gripe estacional y de la COVID-19 ... (Página231)

161/001252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la solicitud de datos personales para garantizar un contacto ágil y directo ante contagios por la COVID-19 ... (Página232)

161/001263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la legislación vigente sobre la integración de médicos de instituciones penitenciarias en la salud pública ... (Página233)

161/001270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al recuento preciso de los fallecidos por COVID-19 ... (Página235)


Página 9




161/001271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a priorizar la legislación a nivel nacional de los cuidados paliativos sobre la regulación de la eutanasia ... (Página236)

161/001285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al impulso y coordinación interadministrativa necesarios para la puesta en marcha urgente de la app de rastreo Radar COVID en toda España ... (Página237)

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/001163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación de los sistemas basados en Inteligencia Artificial, algoritmos y tecnología robótica ... (Página238)

161/001209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reducir el índice de endogamia en el personal docente e investigador de la Universidad pública ... (Página240)

161/001222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a prohibir a compañías extranjeras al servicio de regímenes autoritarios el acceso a la contratación pública y al régimen de liberalización de inversiones extranjeras ... (Página247)

161/001235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un "Proyecto país" que desarrolle, apoye e impulse las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2 ... (Página253)

161/001258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la transferencia de las competencias para la total gestión económico administrativa de los centros del Instituto Oceanográfico Español en Galicia con el objeto de que pasen a formar parte de la estructura propia de la Xunta ... (Página254)

161/001286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reconocer y promocionar el legado español en Iberoamérica ... (Página256)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/001246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas de fomento de la cooperación internacional en el ámbito sindical ... (Página258)

Comisión de Igualdad

161/001179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la presencia permanente del fútbol femenino en "La Quiniela" ... (Página261)

161/001236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para ajustar el lenguaje a las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua (RAE) ... (Página262)

Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales

161/001245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reforma de la regulación sobre comunicación y publicidad institucionales y publicidad comercial de las empresas públicas ... (Página265)


Página 10




PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Defensa

181/000438 Pregunta formulada por el Diputado don Joseba Andoni Agirretxea Urresti [GV (EAJ-PNV)], sobre proyecto de infraestructura militar que tiene pensado desarrollar el Ministerio de Defensa en el monte Ezkaba y alrededores del Fuerte de San Cristóbal (Navarra) sabiendo que es un importante espacio natural y de memoria histórica ... (Página272)

Comisión de Interior

181/000443 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), sobre medidas de control sanitarias así como de protección a los policías adoptadas tras los incidentes acaecidos en la zona próxima al asentamiento ilegal de la carretera de Las Peñas de San Pedro, Albacete ... (Página272)

181/000457 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), sobre medidas adoptadas para evitar los contagios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los primeros intervinientes en las llegadas masivas de inmigración ilegal, así como actuaciones previstas con los inmigrantes ilegales para que no contagien CIE, comisarías y provincias enteras ... (Página272)

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

181/000436 Pregunta formulada por el Diputado doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC), sobre actuaciones e inversiones previstas en materia de cercanías en Asturias, así como plazos de ejecución ... (Página273)

181/000450 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Fernando Santiago Romero (GCUP-EC-GC), Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-GC), sobre previsiones que existen para la construcción de una estación en Pola de Lena que preste servicio a la variante ferroviaria de Pajares y a la llegada del tren de velocidad alta a Asturias ... (Página273)

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

181/000444 Pregunta formulada por el Diputado doña María Tamara Raya Rodríguez (GS), sobre previsiones acerca de alargar los ERTE para el sector turístico ante la incertidumbre económica creada por la crisis generada por la COVID-19 ... (Página273)

181/000445 Pregunta formulada por el Diputado doña María Tamara Raya Rodríguez (GS), sobre previsiones acerca de algún subsidio especial para autónomos de temporada ... (Página274)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

181/000437 Pregunta formulada por el Diputado don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), sobre existencia de alguna previsión de modificación, así como un plazo para el inicio de su tramitación formal, del estatuto de consumidores electrointensivo ... (Página274)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

181/000435 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre criterios y datos utilizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el cálculo del régimen de esfuerzo pesquero de los recursos demersales en la flota de arrastre del Mar Mediterráneo ... (Página274)


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Comisión de Política Territorial y Función Pública

181/000439 Pregunta formulada por el Diputado doña Llanos de Luna Tobarra (GP), sobre previsiones acerca de suprimir las distintas mutualidades, entre ellas MUFACE ... (Página275)

181/000440 Pregunta formulada por el Diputado doña Llanos de Luna Tobarra (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si la contradicción entre dos Ministerios respecto a los planes de futuro del mutualismo administrativo contribuye a dar seguridad jurídica a los funcionarios y a sus familiares beneficiarios de la asistencia sanitaria ... (Página275)

181/000441 Pregunta formulada por el Diputado doña Llanos de Luna Tobarra (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si existe coordinación entre las políticas del Ministerio de Sanidad y de Política Territorial y Función Pública en lo relativo al mutualismo administrativo ... (Página275)

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

181/000442 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre valoración que hace la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la respuesta que han dado los Ayuntamientos a la solicitud que dirigió a las ciudades españolas, mediante una carta pública a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que impulsaran el uso de la bicicleta como alternativa de transporte saludable y sostenible durante la desescalada de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ... (Página276)

181/000446 Pregunta formulada por el Diputado doña Carmen Navarro Lacoba (GP), sobre criterio de transparencia y objetividad que aplica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la publicación de la agenda de la Ministra y los demás altos cargos del Ministerio ... (Página276)

Comisión de Sanidad y Consumo

181/000447 Pregunta formulada por el Diputado doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Consumo para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en relación a las compañías aéreas y plataformas de venta de billetes tras la cancelación de viajes por el estado de alarma decretado por el Gobierno por el COVID-19 ... (Página276)

181/000448 Pregunta formulada por el Diputado doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre compañías aéreas y plataforma de ventas de billetes que ha identificado el Ministerio de Consumo como incumplidoras de prácticas abusivas en relación a los derechos de los consumidores y usuarios tras la cancelación de viajes por el estado de alarma decretado por el Gobierno por el COVID-19 ... (Página276)

181/000449 Pregunta formulada por el Diputado don Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre consultas, quejas, reclamaciones y denuncias recibidas en el Ministerio de Consumo, las Asociaciones de Consumidores y las Comunidades Autónomas por prácticas abusivas de las compañías aéreas y plataformas de ventas de billetes en relación a los derechos de los consumidores y usuarios tras la cancelación de viajes por el estado de alarma decretado por el Gobierno por el COVID-19 ... (Página277)

181/000451 Pregunta formulada por el Diputado doña Elena Castillo López (GP), sobre actuaciones previstas para el turismo ... (Página277)

181/000452 Pregunta formulada por el Diputado doña Elena Castillo López (GP), sobre previsiones acerca de si el Señor Garzón piensa marcharse cuando acabe con la regulación de la publicidad del juego e implante el sistema de etiquetado Nutriscore ... (Página277)


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181/000453 Pregunta formulada por el Diputado doña Elena Castillo López (GP), sobre actuaciones previstas para el sector del juego, más allá de la regulación de la publicidad ... (Página278)

Comisión de Igualdad

181/000454 Pregunta formulada por el Diputado doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), sobre acciones previstas para combatir el acoso sexual en el ámbito laboral, así como valoración de la gravedad de este problema ... (Página278)

181/000455 Pregunta formulada por el Diputado doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si las acusaciones falsas de acoso sexual, como el sufrido por el abogado José Manuel Calvente, están siendo un obstáculo importante para combatir este problema ... (Página278)

181/000456 Pregunta formulada por el Diputado doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), sobre valoración del peso de las denuncias falsas en el ámbito del acoso sexual en el trabajo ... (Página278)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/015793 Autor: Mena Arca, Joan

Uso del catalán en la Justicia ... (Página279)

184/017193 Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando

Construcción de un hotel en la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife ... (Página280)

184/018379 Autor: Baldoví Roda, Joan

Nuevo tramo proyectado por el Gobierno sobre la ampliación de la V21 con el fin de trasladar una torre eléctrica proyectada en la partida de Saboia, en el término municipal de Alboraya (Valencia) ... (Página281)

184/019545 Autor: Gorospe Elezcano, Josune

Convenio entre Aena y las autoridades portuarias en el que se detallen los medios necesarios, aeropuertos en los que se preste el servicio, los procedimientos de coordinación, los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros internacionales ... (Página282)

184/020502 Autor: Olona Choclán, Macarena Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo Utrilla Cano, Julio

Explicación de en qué consiste el "rastreo de redes" por miembros del dispositivo de seguridad del Presidente el Gobierno y unidad a la que pertenecen, así como participación de personal del Centro Nacional de Inteligencia en dicho dispositivo ... (Página283)

184/020953 Autor: Rego Candamil, Néstor

Previsiones acerca de poner a disposición de la ciudadanía de forma inmediata una actualización de la aplicación Radar COVID que permita a los usuarios y usuarias acceder a la misma en la lengua oficial de su elección y concretamente en gallego ... (Página284)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/001256

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que prevea las situaciones de enfermedad e incapacidades en electores, que pudiera dar lugar a restricciones en los procesos electorales y en el ejercicio del artículo 23 de la Constitución, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

La pandemia causada por el coronavirus ha puesto en evidencia que la conciliación entre el derecho a la vida y a la seguridad y el derecho básico a la participación política a través de los procesos electorales no siempre es sencilla ni puede solucionarse con reglas particulares que atiendan a situaciones puntuales. Por otra parte, no parece conveniente sobrecargar a los órganos competentes del Poder Judicial o a la administración específica de los procesos electorales (Juntas Electorales) con decisiones que afectan a la fibra misma de la democracia. El posible incremento de la abstención, derivada de la incertidumbre ante estos hechos debe atajarse.

Aunque hayamos conocido en las Elecciones Autonómicas vasca y gallega casos precisos, también han servido para recordar que hay situaciones de otros procesos infecciosos o problemas de otro carácter que, al limitar a los enfermos o personas en situación de insuficiente movilidad no subsanable con el transporte en ambulancias, se les priva de facto de su Derecho al voto. Es una privación que, además, puede verse agravada por la indeterminación acerca de los sujetos que ven restringida así su condición ciudadana más elemental, sobre si todo si queda ligada la restricción al habitar en un lugar determinado, incluso aunque la persona no esté enferma o no padezca un padecimiento contagioso. No es preciso insistir en que, con independencia de situaciones extremas, queda abierta una puerta al abuso: aunque cuenten con el refrendo de una autoridad electoral o judicial, el acotamiento de las zonas en las que se aplican las restricciones dependerá de gobiernos, lo que, pese a estar asesorados, quizá, por técnicos sanitarios, epidemiólogos, etc., abre sombras potenciales de duda si se generaliza el procedimiento.

Por otra parte, el recurso a la reiterada suspensión de Elecciones en sus diferentes ámbitos, o en algunas circunscripciones, supondría alteraciones en la normalidad democrática difícilmente aceptables y que ni siquiera han sido previstas en la Constitución. Funcionar en tales casos por analogía jurídica o atendiendo a las urgencias del momento es ciertamente peligroso. La fragmentación de las regulaciones en normas electorales particulares o de tipo socio-sanitario, no parece, tampoco, el mejor procedimiento.


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Por todo ello, presento la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a presentar, en el próximo Periodo de Sesiones, un Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que prevea las situaciones de enfermedad e incapacidades en electores, que pudiera dar lugar a restricciones en los procesos electorales y en el ejercicio del artículo 23 de la Constitución. La mencionada reforma debe hacer real lo dispuesto en el artículo 3.2: "Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera".

Por todo ello, dicha reforma deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:

1. Definir los requerimientos para decidir las personas, grupos de personas o zonas geográficas afectadas por una enfermedad inhabilitante para ejercer el Derecho de voto y las competencias de las Juntas Electorales para dirimir los potenciales conflictos. Todo ello bajo el principio de una interpretación favorable al ejercicio del Derecho a la participación política.

2. Establecer mecanismos para el voto electrónico, con las debidas garantías, incluyendo, para los casos señalados en el párrafo anterior, y si fuera necesario, la posibilidad de desplazamiento de personas especializado, con el instrumental informático necesario, a domicilios, hospitales, residencias, etc., que gocen de la acreditación necesaria acerca de la imposibilidad o inconveniencia de ejercer su derecho al voto de la manera habitual, y asistidos por personal de la administración electoral y apoderados de las formaciones políticas que concurran a las elecciones.

3. Establecer periodos extraordinarios de voto por correo para los casos indicados, en casos de confinamiento o limitación de movimientos o incremento desusado de personas con problemas sanitarios, todo ello con garantías similares a las existentes actualmente en el artículo 72 de la LOREG.

4. Establecer, para casos extremos, bajo vigilancia de la autoridad electoral y con asistencia de apoderados de las fuerzas políticas, la existencia de "urnas volantes" para las personas enfermas o incapacitadas, extremando las garantías y restringiendo su uso a algunas horas de la jornada electoral.

5. Los aspectos introducidos en los puntos anteriores no deben romper la idea de adscripción individual a una circunscripción, Sección electoral, según el censo, y una mesa, según establecen los artículos 4 y 23 de la LOREG: nos encontraríamos ante otros casos particulares como los que el mismo artículo 4 tolera para el voto por correo o el de los interventores.

6. En caso necesario, las prescripciones establecidas para personas con problemas de salud, podrían ampliarse a personal sanitario, de residencias de mayores, fuerzas de seguridad, etc. que presten servicios de primera necesidad en una crisis sanitaria.

7. Establecer nuevas fórmulas de prevención que garanticen que los colegios electorales sean seguros, tales como más separación entre los elementos tradicionales del voto -mesas de papeletas, urnas, cabinas, etc.- así como el mantenimiento de distancia entre los que acuden a votar, miembros de las mesas, asistencia administrativa y policial, etc. y, finalmente, la organización de las mesas en lugares ventilados y de fácil acceso.

8. Definir un mecanismo excepcional para el aplazamiento de Elecciones ya convocadas, que pueda incluir la autorización por mayoría cualificada de los respectivos órganos parlamentarios y ligada a la existencia de la declaración de los estados excepcionales indicados en los artículos 55 y 116 de la Constitución. A tal efecto, si fuese necesario, se propondría también la modificación de la Ley Orgánica que los regula."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2020.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejon Galván, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.


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Comisión de Asuntos Exteriores

161/001155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de Apoyo a la oposición democrática en Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El 17 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) designado por el chavismo ha retirado la personalidad jurídica del principal partido de la oposición para ponerla en manos de personas afines al régimen. Se trata de un paso más para tratar de legitimar, mediante una violación de las normas de respeto al juego democrático, un régimen autoritario con falsa apariencia de democracia. Quien toma la decisión no es el Tribunal Supremo de Justicia elegido por la Asamblea Nacional -actualmente en el exilio- conforme a lo que propone la Constitución venezolana, sino un TSJ impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro Moros.

La sentencia n.º 0072-2020, dictada por Arcadio Delgado Rosales, suspende la Junta Directiva del Movimiento Primero Justicia y designa una Junta Directiva ad hoc, encabezada por José Dionisio Brito, a la que encarga llevar adelante el "proceso de reestructuración", lo que en la práctica supone desactivarlo como partido opositor. Además del Coordinador General, se designan un Coordinador Nacional Adjunto, un Secretario General, un Secretario General Adjunto y un Secretario de Organización, y se les encarga designar autoridades regionales, municipales y locales en sustitución de las existentes.

El ilegítimo TSJ concede a la Junta Directiva ad hoc autorización para la elaboración de listas electorales y uso de los censos, logotipo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de dicha organización. Por último deja sin efectos las expulsiones por casos de corrupción de las personas ahora puestas al frente del partido por el chavismo.

No es esta la única violación de los derechos democráticos sufrida por la oposición a lo largo de 2020. El 5 de enero, el régimen dictatorial de Maduro cortó las comunicaciones e impidió el acceso a la Asamblea Nacional de los diputados que, conforme a lo que ordena la Constitución, iban a votar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Cámara, vulnerando el Reglamento que consagra la inviolabilidad y autonomía del parlamento. Los diputados terminaron realizando la elección mediante voto nominal y verificable, en un proceso público que contó con la presencia de diplomáticos extranjeros y representantes de medios de comunicación internacionales.

Esta intentona por parte del régimen de Maduro recibió el rechazo unánime de los organismos multilaterales y los 54 países que, como el Reino de España, reconocen a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.

Lo ocurrido ahora demuestra la nula voluntad por parte del régimen de avanzar hacia un proceso democrático; por el contrario, manifiesta la intención de perpetuar un régimen comunista que ya ha provocado la salida de más de 5 millones de venezolanos según ACNUR, que antes de fin de año, podrían llegar a ser siete millones, en lo que supone el mayor éxodo de este siglo, con cifras similares al causado por la guerra en Siria. El colapso de un sistema económico inviable, la catástrofe humanitaria y la crisis del COVID-19 agravan aún más las perspectivas de futuro de los venezolanos que todavía permanecen en país.

En este contexto político, económico y social, es inviable celebrar elecciones presidenciales limpias y democráticas que restablezcan el proceso democrático, sin que exista una acción internacional coordinada y de mayor calado en defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, incluyendo sanciones individualizadas a los responsables de la represión y sus testaferros y colaboradores.

Venezuela se convirtió en noviembre de 2017 en el primer país latinoamericano al que la UE ha aplicado sanciones personalizadas, la congelación de activos y la prohibición de viajar a cualquier país del territorio Schengen a un total de 36 personas. Son medidas restrictivas que tienen como finalidad promover una solución política, pacífica y democrática, mediante la celebración de unas elecciones presidenciales creíbles y transparentes bajo observación internacional, que permitan restablecer la democracia, el estado


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de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. En noviembre de 2019 la UE aprobó extender esas medidas, al menos durante un año. También EE.UU. ha aplicado sanciones, bloqueando todos los activos del Gobierno de Nicolás Maduro en EE UU., prohibiendo a las empresas estadounidenses hacer negocios con Caracas e impidiendo la entrada de la cúpula del régimen a su territorio.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Condenar las violaciones de los derechos civiles y democráticos por parte del régimen dictatorial venezolano, como la ocurrida el 16 de junio de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela al otorgar la personalidad jurídica de los partidos políticos de la oposición a personas afines al régimen.

2. Pedir la elección de un Comité Nacional Electoral elegido por la Asamblea Nacional Venezolana que permita la participación de todos los partidos en las elecciones, para que sean unas elecciones creíbles y verificables.

3. Reconocer la legitimidad de Juan Guaidó como presidente encargado al haber sido designado por la Asamblea Nacional surgida de las últimas elecciones legislativas democráticas celebradas en Venezuela.

4. Exigir la inmediata liberación de los presos políticos actualmente encarcelados.

5. Instar al Gobierno de España a que condicione cualquier negociación, cooperación o diálogo diplomático con la dictadura a la demostración de avances en materia democrática y de respeto de los derechos humanos.

6. Instar al Gobierno de España a conceder privilegios diplomáticos a los representantes designados por el Presidente encargado Juan Guaidó y por la Asamblea Nacional legítima de Venezuela.

7. Instar al Gobierno de España a dar una respuesta contundente ante las graves acusaciones del régimen de Maduro sobre nuestra delegación diplomática en Venezuela.

8. Felicitar a la Unión Europa por la imposición de once sanciones individuales más contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y expresar su respaldo a la Embajadora de la UE que ha sido expulsada de Venezuela por este motivo.

9. Instar al Gobierno de España a liderar en las instituciones de la Unión Europa la exigencia de seguir imponiendo sanciones individuales contra los responsables de la represión, sus testaferros y colaboradores necesarios.

10. Instar al Gobierno de España a liderar en la Unión Europea la conformación de una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE) encaminada a dar asistencia humanitaria a toda la población; ayudar a la reconstrucción de las infraestructuras de emergencia; promover el Estado de derecho y restaurar la democracia mediante elecciones presidenciales democráticas, libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias necesarias para hacerlo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2020.-Marta González Vázquez, María Valentina Martínez Ferrero y Belén Hoyo Juliá, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001198

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Agustín Rosety Fernández de Castro y don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a iniciar las negociaciones para ampliar el periodo de vigencia del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa, anejos y canjes de notas anejas al mismo, hecho en Madrid el 1 de diciembre de 1988, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.


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Exposición de motivos

Primero. Hace más de seis décadas de la firma, el 26 de septiembre de 1953, de los denominados Pactos de Madrid, por los que se daba comienzo a las estrechas relaciones hispano-estadounidenses en materia de defensa.

El tercero de los Pactos de Madrid regulaba la ayuda para la defensa mutua, mediante el establecimiento de bases militares norteamericanas en territorio español. Así, el gobierno español autorizaba a su homólogo norteamericano a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, junto con el gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio español y bajo jurisdicción española, que fueran acordadas por las autoridades competentes. De tal forma, las zonas que en virtud de ese convenio se preparasen para su utilización conjunta, quedarían siempre bajo pabellón y mando español, y España asumiría la obligación de adoptar las medidas necesarias para su seguridad exterior. No obstante, los Estados Unidos, podrían, en todo caso, ejercer la necesaria vigilancia sobre el personal, instalaciones y equipo estadounidenses.

Segundo. Desde aquellos tiempos, las relaciones hispano-estadounidenses han evolucionado de manera esencial, consecuencia de los cambios experimentados por ambas sociedades individualmente consideradas, así como por la sociedad internacional en su conjunto.

Los sucesivos convenios de 1963,1970,1976 y 1982, reflejaban las etapas de una relación en el ámbito de la defensa tan próxima como cambiante, pues la misma está fuertemente condicionada por la obligada geoestrategia de los EE.UU. y, a su vez, por la aspiración de España de alcanzar una relación más equilibrada y acorde con su creciente peso económico, social y político en el plano internacional.

El Convenio de Cooperación para la Defensa de 1 de diciembre de 1988 (en adelante, el Convenio), afianzado el régimen democrático y con el ingreso de España en la OTAN y la Comunidad Económica Europea -ahora integrada en la Unión Europea-, establecía un nuevo acuerdo cuyo fundamento único eran los intereses de seguridad mutua. Además, en ese mismo año, se implantó el Comité Permanente Hispano-Norteamericano, que tenía por objeto velar por el normal cumplimiento del Convenio. El justo equilibrio logrado en el acuerdo de 1988 justifica su duración en el tiempo. Incluso con la declaración conjunta hispano- estadounidense de 2001, que supuso un nuevo impulso a las relaciones bilaterales, no se procedió a la redacción de un nuevo convenio, y ello porque seguía siendo adecuado -el de 1988- para los objetivos presentes de cooperación defensiva. Por ello, se acordó una mera actualización, plasmada en el Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002.

Posteriormente, en Bruselas, el 10 de octubre de 2012, con el fin de garantizar una respuesta más adecuada a las amenazas que se planteaban a nivel internacional en aquel momento, se pactó un segundo protocolo de enmienda del Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988. Este, que entró en vigor el 21 de mayo de 2013, estructuraba la participación de España en el programa de defensa contra misiles balísticos de la Alianza Atlántica, permitiendo el estacionamiento en la Base Naval de Rota de cuatro destructores estadounidenses dotados del sistema de radares AEGIS. La Disposición Final del Segundo Protocolo de Enmienda establecía un nuevo periodo de vigencia de ocho años a partir de la fecha de su entrada en vigor, cuando las partes se comunicaron por escrito y por vía diplomática que habían cumplido sus respectivos requisitos constitucionales. En consecuencia, el periodo de vigencia del Convenio revisado expirará el 22 de mayo de 2021.

Tercero. No se puede obviar, que el papel de España en el plano militar ha sido el de potencia secundaria, y lo que ha conferido a nuestra nación cierto poder es su localización estratégica en el Mediterráneo, situándola en el centro del interés trasatlántico. Tal circunstancia ha sido, precisamente, la que ha motivado los convenios militares con los Estados Unidos y sus prórrogas, y que estos últimos continuaran con el uso de la bases de Rota y Morón.

Concretamente, la Base de Rota está en una situación geoestratégica privilegiada. Puerta del Estrecho, uno de los principales cuellos de botella de la navegación marítima mundial; punto medio entre los Estados Unidos y el Medio Oriente; plataforma avanzada de Europa cuando se trata de problemas en Centro África y en el Sahel. De ahí que sea una de las bases más importantes para EE.UU. y la OTAN en Europa, y que la administración norteamericana vaya a renovar su flota sita en este emplazamiento. En junio del año pasado, la Sexta Flota anunció a través de un comunicado que renovaría los cuatro buques actuales por otras naves más "nuevas y modernizadas, con el objetivo de posicionar a las fuerzas con más capacitación en el área de responsabilidad (Comando Europeo de EE.UU., EUCOM)". Igualmente anunciaban que


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traerían un nuevo escuadrón de helicópteros, "de ataque marítimo (HSM)" a Rota en apoyo de los destructores, para mejorar los roles multimisión de estos barcos. La rotación comenzaría este año con el USS Roosevelt, que relevó al USS Carney (DDG64) el pasado mes de mayo.

Cuarto. Así las cosas, y restando menos de un año para la finalización del Convenio, en los últimos días, los medios se hacen eco de una supuesta oferta realizada por Marruecos a los americanos. Así, la nación africana ha ofrecido su enclave naval de Alcazarseguir como sustituto de la base de Rota.

A fin de mantener la base de Rota, las negociaciones que habrán de ser mantenidas antes del 22 de mayo de 2021 -fecha de vencimiento del acuerdo- han cobrado especial trascendencia. EE. UU. siempre ha sido un fiel aliado de España, y la pérdida de la Base de Rota sería un nuevo varapalo para las relaciones bilaterales con España.

Sobre la mesa de negociación, necesariamente habrá de figurar la petición que supuestamente realizaron los estadounidenses, esto es, el aumento en 600 marinos y dos destructores, pese a que la Ministra de Defensa, Margarita Robles, negara en una comparecencia ante el Senado, el pasado mes de mayo, que EE.UU. hubiera presentado una solicitud formal al efecto de ampliar los efectivos antedichos en la base de la Rota.

Quinto. En cualquier caso, Marruecos ha pasado a ser un gran competidor de España en el plano militar. Cuenta con cuatro bases en funcionamiento en el norte y, además, existen tres proyectos para la construcción de más bases militares, a saber: Guercif, Taourirt, Alcazarseguir y Monte Arruit.

Alcazarseguir ( a escasos kilómetros de la costa de Cádiz) y Monte Arruit, que están siendo ampliadas, controlan el paso del Estrecho y, además, podrían suponer la pérdida de influencia de España en una zona de especial relevancia.

En caso de formalizarse finalmente el acuerdo, las repercusiones para España podrían ser muy negativas. Los buques estadounidenses, podrían hacer escalas en sus incursiones al Mar Mediterráneo, y, España perdería control -aún más- sobre El Estrecho. A ello se suma que Estados Unidos es el gran proveedor armamentístico de Marruecos y, las relaciones entre ellos, han visto una considerable mejora en los últimos años.

Al inicio de la fase de construcción de la base de Alcazarseguir, las autoridades estadounidenses la visitaron, equipándola, además, con el primer radar capaz de detectar todo tipo de blancos marítimos desde el aire.

España tiene poco tiempo de reacción, y Marruecos, aprovechando el deterioro de las relaciones con los Estados Unidos, tratará de alcanzar el acuerdo, accediendo a albergar a los 600 marinos y a los dos destructores que los estadounidenses pretenden incorporar a la base de Rota.

Para los intereses de España, resulta de vital importancia que el Convenio sea prorrogado más allá de mayo de 2021, y, si efectivamente existiera una solicitud por parte de los EE. UU. de aumentar en 600 marinos y dos destructores la Base de Rota, es imperativo que España, en el marco de una negociación bilateral, accediera a la misma.

En el mismo sentido, y también de trascendental importancia para las relaciones bilaterales con los EE.UU., sería la instalación, en las Islas Canarias, del Mando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en África.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Iniciar las negociaciones para ampliar el periodo de vigencia del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa, anejos y canjes de notas anejas al mismo, hecho en Madrid el 1 de diciembre de 1988.

2. Que de existir una solicitud formal por parte del Gobierno estadounidense relativo a la ampliación de la Base de Rota en 600 marinos y dos destructores, acceda a la misma, previa negociación de la ampliación del Convenio antedicho."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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161/001214

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la Declaración de Hizbulá como organización terrorista, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El 17 de julio de 2012, un terrible atentado terrorista contra un autobús turístico en Bulgaria se cobró la vida de cinco israelíes que disfrutaban de sus vacaciones en la localidad de Burgas, en el Mar Negro, así como del conductor, un ciudadano europeo. Tras seis meses de investigación, las autoridades búlgaras confirmaron lazos de los terroristas, que se inmolaron para perpetrar su ataque, con la organización Hizbulá. Ambos terroristas habían vivido en el Líbano, país donde se radica la organización, entre 2006 y 2010, lo que produjo declaraciones muy duras del entonces primer ministro libanés, expresando su total apoyo y colaboración a las autoridades búlgaras.

Como resultado de este ataque, la Unión Europea decidió en 2013 declarar al brazo armado de Hizbulá como organización terrorista. Entonces, la decisión de hacer una distinción entre la organización política y su brazo armado vino motivada por el papel crucial que Hizbulá juega en la política de Líbano, un país extremadamente frágil pero vital para la seguridad y la estabilidad de Oriente Próximo y de la propia Unión Europea. De este modo se intentaba mantener un canal de diálogo con una organización que tiene una importante influencia en el gobierno libanés. Sin embargo, ni siquiera la propia organización hace esa distinción entre un brazo armado y un ala de carácter político, asumiendo que ambas almas son un todo. Los sucesos derivados de la llamada Primavera Árabe de 2011 y el papel que Hizbulá ha jugado extendiendo sus redes islamistas por otros países confirman esa visión unitaria de la organización donde la acción política y la acción armada son dos caras de la misma moneda.

Sin embargo, Hizbulá tiene importantes lazos políticos y económicos con el régimen teocrático de Irán, y actúa como un proxy de los intereses de ese régimen en Oriente Próximo, como se ha podido comprobar en la guerra civil que sigue asolando Siria. Los propios libaneses han encadenado protestas populares contra Hizbulá, que continúan pidiendo el desarme de la organización tal y como establece la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como resultado, el Líbano ha vivido cruentos enfrentamientos entre los defensores de Hizbulá y sus detractores, que ven cómo la organización está reforzando su control armado sobre todos los aspectos de la vida pública y privada. Ya en 2019, las protestas ciudadanas contra la corrupción de la élite gobernante en el país provocaron la dimisión y huida del entonces Primer Ministro Saad Hariri, algo que Hizbulá consideró malo para sus intereses políticos. Finalmente, la organización consiguió asegurarse de nuevo el control del gobierno y el candidato que respaldaba, Hassan Diab, se convirtió en el nuevo jefe del gobierno libanés en diciembre de 2019. Las protestas ciudadanas, sin embargo, continúan en los primeros meses de 2020.

Ante esta situación, y siendo conscientes de las actuaciones de Hizbulá en Líbano y en otros países para extender la influencia del régimen iraní en la región, varios países han comenzado a extender esa calificación de organización terrorista a toda la organización de Hizbulá. Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y, más recientemente, Alemania han tomado esta decisión sin comprometer además sus relaciones diplomáticas con Líbano. Sin embargo, incorporar toda la estructura organizativa de Hizbulá en esta designación puede tener importantes consecuencias para su capacidad de financiación y de movilización internacional, así como para poner fin a sus actuaciones armadas en Siria y en el resto de la región de Oriente Próximo. Los lazos entre Hizbulá y la teocracia iraní son tan claros y estrechos que el propio régimen de Teherán condenó la decisión tomada por Alemania en 2019, calificándolo sin embargo como "un movimiento vacío sin ningún tipo de relevancia".

Expertos del think tank, Counter-Extremism Project (CEP) han celebrado estas decisiones, afirmando que Hizbulá recibe una financiación considerable de parte de la diáspora libanesa y a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el contrabando en todo el mundo. Además, según estos expertos, este tipo de movimientos para atajar las actuaciones de Hizbulá son especialmente importantes para combatir la radicalización y la movilización de militantes islamistas en los países en los que se producen. Es más, expertos del Council for Foreign Relations han destacado la peligrosidad del componente antisemita de algunas de las acciones relacionadas con Hizbulá en territorio europeo en el pasado. Por tanto, la decisión


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de declarar a esta organización en su totalidad como organización terrorista es también una cuestión de garantizar la no discriminación por razón de raza, origen o religión.

Teniendo esto en cuenta, y con el recuerdo de las víctimas del terrorismo siempre presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Se insta al Gobierno a:

1. Declarar a Hizbulá como organización terrorista, sin distinguir entre su brazo armado y su brazo político, tal y como hace la propia organización a la hora de llevar a cabo sus actividades.

2. Impulsar, tanto en el seno de las instituciones de la Unión Europea como en sus relaciones bilaterales con sus homólogos en el resto del mundo, una declaración similar por parte de las autoridades competentes.

3. Reforzar la lucha contra el radicalismo, la discriminación racial y el antisemitismo en territorio español, prestando especial atención a la financiación de grupos extremistas que operen en nuestro país.

4. Mantener abierto el canal de cooperación diplomática con su homólogo libanés, ofreciendo el apoyo institucional necesario para luchar contra la radicalización y el extremismo islamista en ese país y para reforzar sus instituciones democráticas y el Estado de Derecho."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001241

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada doña Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Examen Periódico Universal a España para su debate en instancia en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Teniendo por objeto la mejora de la situación de los Derechos Humanos en los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de dicha institución cuenta con un mecanismo llamado "Examen Periódico Universal".

El Examen Periódico Universal es un proceso circular de cinco años que está dividido en 3 etapas: el examen de la situación de los Derechos Humanos del Estado en cuestión, la implantación de las recomendaciones recibidas a partir del examen de la situación y la elaboración del informe sobre la implementación de las recomendaciones y promesas adoptadas a partir de la revisión anterior. En el caso del Estado español, se ha pasado por tres exámenes: el 5 de mayo de 2010, el 21 de enero de 2015 y el 22 de enero de 2020, habiéndose presentado las conclusiones finales de este tercer ciclo el 16 de julio de 2020.

El resultado de este tercer Examen Periódico Universal ha sido la formulación por parte de los países miembros del Consejo de 275 recomendaciones en relación a diversos ámbitos de los derechos humanos, como son la promoción, la protección y la garantía, pero también sobre la reparación de vulneraciones y violaciones de los mismos. De estas 275 recomendaciones, el representante del Gobierno anunció el compromiso para con 252 de estas recomendaciones, aceptando parcialmente 13 de ellas y tomando nota del resto (10). Cabe remarcar que los Estados no pueden rechazar recomendaciones, por lo que las opciones "aceptada parcialmente" o "tomar nota" pueden ser considerados como eufemismos, ya que no dan pie a compromiso y se dificulta el seguimiento de las mejoras aplicadas en dichos campos.

Si bien es cierto que el compromiso del Gobierno con las recomendaciones ha llegado al 90 %, algo que siempre hay que considerar positivo, existe el peligro que supone que estas recomendaciones no sean cumplidas en su totalidad, o queden en el terreno de la retórica sin una materialización concreta o fiel al sentido original de la propuesta. Así pues, ONGs como Amnistía Internacional o PlatRefugio,


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plataforma que es resultado de la unión de 15 entidades sociales que trabajan por los derechos de las personas migrantes y refugiadas en el marco del EPU para la presentación de un informe a Naciones Unidas sobre las vulneraciones de los Derechos Humanos de dicho colectivo, han alertado de los riesgos de asumir que algunas de las recomendaciones propuestas (y aceptadas) están siendo ya implementadas o que están en proceso de implementación sin plantearse las reformas o cambios estructurales necesarios para la reorientación del enfoque de la política actual.

Vemos con preocupación, al igual que un gran número de ONGs y algunos países miembros, que 23 de las propuestas concernientes a temáticas consideradas como muy relevantes queden fuera de los compromisos adoptados por el Gobierno con el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. De estas, se pueden distinguir dos ámbitos principales: las recomendaciones relativas a la protección de los derechos de las personas migrantes, regulares e irregulares, y la más que necesaria reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, la "Ley Mordaza".

Por un lado, uno de los grupos de recomendaciones más numerosos ha sido el de la protección, promoción y garantía de los derechos de las personas migrantes. Pese a haber sido muchas las recomendaciones aceptadas, a plataformas como PlatRefugio les preocupa que ese compromiso para con el despliegue de medidas legislativas y políticas públicas encaminadas a la mejora del procedimiento de solicitud de asilo no se traduzca en un cambio profundo, que vaya a la raíz, así como la poca efusividad que denota la expresión "se toma nota" en relación a recomendaciones como la firma y ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de Trabajadoras Migrantes y sus Familias, la petición de supresión de deportaciones en caliente o la provisión de alojamiento humanitario y protección de los migrantes irregulares como alternativa a la detención en los CIEs, entre otras.

En lo que se refiere a la reforma del Código Penal, Amnistía Internacional, pero también Naciones Unidas, señala que quedan recogidos en él algunos delitos que no están en consonancia con los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión y de opinión, y que, por lo cual, se pide su despenalización, como son los delitos políticos y las injurias (especialmente a la Corona). También se demandan investigaciones exhaustivas sobre excesos policiales en manifestaciones pacíficas, dotar de garantías o abolir el régimen de detención incomunicada y abordar las reformas de normativas que sean necesarias para avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos, como las nombradas anteriormente del Código Penal y de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Los titulares poniendo de relieve que el Presidente Sánchez aceptaba las recomendaciones de Venezuela sobre la necesidad de establecer un diálogo entre el gobierno español y el pueblo de Catalunya no pueden impedir que la noticia sea que, de un informe de 160 páginas, el compromiso político contundente, más allá de la retórica, frente a determinadas vulneraciones de Derechos Humanos, brille por su ausencia.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Comprometerse a revertir las violaciones de Derechos Humanos señaladas en las 275 recomendaciones del Examen Periódico Universal, sin exclusión alguna.

2. Presentar un plan estratégico, que incluya plazos temporales e indicadores evaluables, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados en el que se comprometa a cumplir las 275 recomendaciones del Examen Periódico Universal.

3. Presentar un informe de valoración de los tres Exámenes Periódicos Universales a los que el Estado español se ha sometido, donde queden recogidas todas las recomendaciones, y en el cual se establezcan indicadores para poder evaluar el grado de esfuerzo invertido en cumplir con las recomendaciones, así como los marcos temporales y el grado de cumplimiento en sí mismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2020.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


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161/001257

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a las capacidades y actuaciones de distintos países para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de reforzar el sistema de gobernanza multilateral con el fin de promover la defensa de los derechos humanos y la justicia global.

Exposición de motivos

En una situación como la actual es fácil anticipar que la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 dejará un mundo diferente al que conocíamos. 2019 nos dejó ante una situación geopolítica global ya complicada e inestable, marcada, entre otras, por las guerras y los conflictos, las guerras comerciales, la emergencia climática y las vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional. En este sentido, la pandemia está acelerando de muchas de estas tendencias, y las actuaciones geopolíticas e internacionales de este periodo marcarán el futuro no solo de España y de Europa sino de los países del mundo entero.

En este sentido, cabe destacar las enormes dificultades que atraviesan numerosos países y poblaciones del mundo para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, algunos de ellos se encuentran inmersos en guerras y crisis humanitarias. Frente al riesgo de que la pandemia pudiera agravar dichos conflictos, el 23 de marzo el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un alto al fuego mundial para dar paso al establecimiento de treguas en todos ellos y facilitar así la creación de corredores humanitarios para que pudiera llegar la ayuda a estas poblaciones.

Otra de las grandes dificultades que enfrentan algunos países tiene que ver con su sometimiento a regímenes de sanciones internacionales, así como otras medidas de presión económica, cuyo mantenimiento continuado obstaculiza los esfuerzos sanitarios y económicos de sus gobiernos para combatir la pandemia y asistir a sus poblaciones, algunas de ellas ya antes afectadas por conflictos o emergencias humanitarias.

También existen grupos y colectivos de personas que se encuentran expuestas a una mayor vulnerabilidad frente a la expansión del coronavirus. Entre ellas se encuentran las personas migrantes y refugiadas, muchas de ellas alojadas en campos de refugio donde las condiciones de vida, higiene y distanciamiento son más que cuestionables. Tal es el caso también de las personas presas en cárceles de todo el mundo, cuyas condiciones de sobrepoblación y falta de higiene contribuyen a la rápida propagación de la COVID-19 en muchas instalaciones.

Otra gran dificultad que enfrentan muchos países empobrecidos es la relacionada con el pago de las deudas soberanas que mantienen con algunos países y organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Estas obligaciones tienen un claro papel obstaculizador a la hora de implementar las políticas necesarias para atajar las consecuencias de la pandemia. Ello ha desencadenado una serie de acciones en el ámbito internacional encaminadas a la consecución de unas relaciones justas en el ámbito de las finanzas internacionales; entre ellas, el acuerdo de los países del G-20 en torno a la moratoria hasta el final de 2020 en el pago de la deuda que mantienen con ellos los países más empobrecidos. Se trata de un avance positivo y sobre el cual cabe seguir trabajando.

Hoy existen más razones que nunca para defender, particularmente en la política exterior de España y Europa, un multilateralismo fuerte y orientado a la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo, las relaciones comerciales justas, la sostenibilidad de la vida en el planeta y la reducción de las desigualdades globales, así como a continuar la batalla contra el calentamiento global, el crecimiento armamentístico y las guerras por los recursos que se dan precisamente por estos motivos.

En última instancia, el sistema multilateral debe avanzar en la protección de la salud pública como un derecho universal. En este sentido, preocupa la reciente decisión por parte del Gobierno de EE.UU. de congelar temporalmente los fondos destinados a la OMS, lo cual supone un grave riesgo para la dotación de recursos al organismo y la atención sanitaria de millones de personas en todo el mundo. Hoy más que nunca el mundo acusa la falta de un sistema de gobernanza global de la salud que funcione de forma eficaz para garantizar que las pandemias, globales o no, son detectadas de forma temprana y que los


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países afectados obtengan el material médico necesario y cooperen en la obtención y acceso igualitario de las vacunas para poner fin a las tragedias que, hoy de manera más evidente que en 2019, asolan a las poblaciones mundiales y nuestro planeta mismo.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"En la que instamos al Gobierno a:

1. Promover en la UE la adopción de medidas inmediatas para alentar y colaborar en el establecimiento de treguas en las guerras y conflictos actuales;

2. Impulsar en la UE el levantamiento total de sanciones y otras medidas de presión económica para que los países afectados por la pandemia puedan dedicar todos sus esfuerzos a asistir a sus poblaciones y, en un mundo interconectado, controlarla y mitigarla para prevenir su expansión;

3. Promover en la UE la adopción de medidas específicas para la protección de las personas migrantes y refugiadas frente al coronavirus, así como la puesta en marcha de una política migratoria basada en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos, con un sistema europeo de asilo común que asegure el establecimiento de canales legales y seguros, la protección internacional efectiva de las personas refugiadas y una asunción solidaria de las responsabilidades entre los Estados miembros.

4. Sumarse a la petición humanitaria de medidas alternativas a la privación de libertad de las personas presas en países donde no se cumplan condiciones mínimas de salubridad y haya un alto riesgo de contagios, especialmente de las personas enfermas, las de avanzada edad y las que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, para garantizar el derecho a la salud de los y las reclusas;

5. Promover que los gobiernos que están implementando políticas claramente contrarias a los derechos humanos y lejanas al cumplimiento de los objetivos sanitarios, reviertan dichas políticas y adopten una estrategia de salud pública que proteja a la población y sus derechos ante la pandemia;

6. Impulsar en la UE y el Club de París unas finanzas internacionales justas, que incluyan la revisión y reestructuración de deudas de los países empobrecidos y de renta media con el objetivo de que puedan poner en marcha políticas sanitarias, económicas y sociales necesarias para activar su sistema productivo y proteger a sus poblaciones;

7. Reforzar e impulsar un sistema de gobernanza multilateral basado en la justicia global y la defensa de los derechos humanos ante la situación actual de graves cuestionamientos de los consensos internacionales y las flagrantes infracciones del derecho internacional;

8. Fortalecer los marcos de cooperación internacional y adaptar los fondos de cooperación y desarrollo a las necesidades especiales de la pandemia, con la atención de colectivos vulnerables en terceros países;

9. Impulsar en el ámbito europeo e internacional un sistema de gobernanza de la salud que permita desplegar mecanismos eficaces de prevención y alerta de pandemias, de abastecimiento de medicinas y material médico y de cooperación científica para el desarrollo de vacunas y su acceso por parte de los países en condiciones de justicia y equidad;

10. Liderar una agenda europea e internacional de paz, justicia y multilateralismo, a través de una política exterior autónoma de las grandes potencias y crítica con iniciativas unillaterales contrarias a la estabilidad global, como las propiciadas por la Administración Trump en los Estados Unidos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. Iván Espinosa de los Monteros de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Pedro Requejo Novoa, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Francisco José Contreras Peláez, D. José Ramírez del Río, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Georgina Trías Gil y D. Rodrigo Jiménez Revuelta, en sus respectivas condiciones


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de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley en relación con la reislamización de la Basílica de Santa Sofía de Estambul, para su debate ante la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Primero. El historiador Steven Runciman, citando fuentes griegas y turcas de la época, describe así la irrupción de los asaltantes otomanos en la basílica de Santa Sofía, el 29 de mayo de 1453:

"La iglesia estaba aún rebosante. La sagrada liturgia había terminado y se comenzaba a cantar el oficio de maitines. Al oír el estruendo del tumulto exterior, cerraron las enormes puertas de bronce del edificio. Dentro, la asamblea pedía el milagro que solo podía salvarlos. Pero su súplica resultó vana. Los fieles estaban atrapados. Algunos de los ancianos y débiles fueron asesinados allí mismo, pero la mayoría fueron maniatados y encadenados unos con otros. Arrancaron los velos y los chales de las mujeres para usarlos como cuerdas. Muchas de las más agraciadas doncellas y jóvenes, y muchos nobles ricamente vestidos, fueron casi despedazados, pues sus captores se peleaban por ellos. Pronto una larga procesión de desordenados grupos reducidos de hombres y mujeres bien atados unos con otros eran arrastrados a los vivaques de los soldados para disputárselos una vez más [y venderlos como esclavos]. Los sacerdotes seguían salmodiando en el altar hasta que fueron asimismo apresados. Si bien en el último momento -creían los fieles- algunos de ellos cogieron los vasos sagrados y se trasladaron al muro sur del santuario. Lo abrieron y los escondieron tras él, y allí permanecerían hasta que el sagrado recinto se convirtiese en iglesia otra vez" (Steven Runciman, "La caída de Constantinopla", Espasa-Calpe, pp. 224-226).

La caída de Constantinopla -y, dentro de ella, el asalto a la basílica de Santa Sofía, entonces la mayor iglesia de la cristiandad- conmovió en 1453 a una Europa que, sin embargo, se había mostrado cicatera frente a las desesperadas demandas de auxilio del emperador Constantino XI Paleólogo, confiando quizás en que la nueva Roma resistiría una vez más el asalto del Islam -como había hecho, por ejemplo, en 673 y 717- gracias a sus murallas inexpugnables. Bizancio, aunque declinante desde la derrota de Manzikert en el siglo XI, representaba la continuidad de 2.500 años de helenismo, 1.500 años de legitimidad imperial romana y ochocientos de contención exitosa del Islam. El espíritu de renovada resistencia frente a la expansión islámica tendría eco, en el otro extremo del Mediterráneo, en la decisión de los Reyes Católicos de activar la guerra de Granada y completar la Reconquista. El cierre de las rutas comerciales terrestres hacia Oriente también contribuyó a relanzar la expansión atlántica de España y Portugal, que daría lugar al descubrimiento e hispanización de América. En el siglo XVI, España jugaría un papel esencial -junto a Venecia y los Caballeros de Rodas-Malta- en la contención del poder turco en el Mediterráneo, destacando la gran victoria de Lepanto (1571).

Convertida en mezquita durante casi cinco siglos, cubiertos con cal sus maravillosos mosaicos, el fin del culto musulmán en 1931 y la conversión de Santa Sofía en museo por la Turquía laica de Kemal Atatürk en 1935 había representado un gesto conciliador hacia Occidente. Siguió la declaración de Santa Sofía como "patrimonio de la humanidad" por la UNESCO en 1985.

Segundo. Todos esos gestos han sido desactivados por el Gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan, que ha cumplido en julio de 2020 su vieja promesa de volver a convertir Santa Sofía en mezquita. El Tribunal Supremo turco ha dictaminado que Santa Sofía pertenece al Islam por derecho de conquista. El pasado viernes 24 de julio se celebró allí -por primera vez en 89 años- el culto musulmán, con asistencia del propio Erdogan. Los mosaicos del Pantócrator y la Virgen y el Niño fueron tapados, en aplicación de la iconoclastia islámica. El imán encargado de dirigir la oración, Ali Erbas, presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos, ascendió a un mimbar flanqueado por dos banderas verdes con una espada en su mano, símbolo de la conquista otomana: "El Islam crece y los turcos están construyendo un nuevo futuro", señaló el clérigo durante su intervención, que se retransmitió en directo por televisión, mientras 350.000 personas, según fuentes gubernamentales, seguían el acto en los alrededores del templo.

La reislamización de Santa Sofía significa el fin de la Turquía laica de Atatürk, deseosa de integrarse en Europa. Turquía apuesta por convertirse en el Estado líder de un mundo islámico que ha carecido de él durante un siglo; es un papel al que no puede aspirar Irán, por el carácter minoritario del chiísmo. Interesa recordar que, en la concepción islámica, el mundo se divide en Dar Al-Islam (los territorios ya islamizados) y Dar Al-Harb (la "casa de la guerra": los territorios aún no sometidos a la ley coránica). Los


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países alguna vez dominados por el Islam siguen perteneciendo de iure a Dar Al-Islam. De ahí las frecuentes alusiones de Bin Laden y otros líderes islamistas a Al-Andalus; de ahí, también, que en vídeo publicado en Twitter el pasado 11 de julio, Erdogan afirmara que "la resurrección de Santa Sofía como mezquita tiene valor para todo el mundo musulmán, de Bujara a Andalucía".

Tercero. En un Oriente Medio caracterizado por la creciente presión contra las minorías cristianas y la violación de su libertad religiosa -asunto sobre el que el Grupo Parlamentario VOX ya presentó una PNL (161/000411) el pasado 13 de abril- la revocación del estatuto neutral de un lugar de la relevancia histórica de Santa Sofía -imaginemos la conmoción que se produciría, por ejemplo, si Israel convirtiese en sinagoga la mezquita de Al-Aqsa- constituye a todas luces un gesto hostil. Así ha sido interpretado por Grecia, que ha protestado formalmente; el arzobispo de Atenas y primado de la Iglesia Ortodoxa Griega ha declarado que se trataba de "un día de luto para la Ortodoxia, el cristianismo y el helenismo". Así lo han entendido también intelectuales musulmanes moderados como Nazif Ay, Mehmet Ali Óz y Yusuf Dülger, que han hablado de "un error grave e irresponsable". El patriarca caldeo Raphaél Sako y el Consejo de Iglesias de Oriente Medio han expresado igualmente su consternación.

Irónicamente, Erdogan había sido el socio de Rodríguez Zapatero en el lanzamiento del trampantojo buenista de la "Alianza de Civilizaciones", después asumido por la ONU, y al que todavía contribuye España económicamente, y en la que el español Miguel Ángel Moratinos ostenta la condición de Alto Representante. En un mundo en el que, como diagnosticara Samuel P. Huntington, las civilizaciones se afirman cada vez más en sus respectivas raíces histórico-culturales, solo Occidente reniega de las suyas y apuesta por un multiculturalismo abstracto que es en realidad "voluntad de vacío" (Chantal Delsol).

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Elevar una protesta formal al Gobierno turco por la revocación del estatus neutral de la basílica de Santa Sofía.

2. Retirar la contribución económica a la "Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas", copatrocinada por Turquía.

3. Interceder ante los Gobiernos correspondientes por la libertad religiosa de las minorías cristianas perseguidas en Oriente Medio."

Palacio del Congreso de los Diputados, a 31 de julio de 2020.-José Ramírez del Río, Mireia Borrás Pabón, Francisco José Contreras Peláez, Pablo Juan Calvo Liste, Georgina Trías Gil, Rodrigo Jiménez Revuelta y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Justicia

161/001173

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la evaluación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue prontamente ratificada por España y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, reconoce en su artículo 28 el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias y a la mejora continua de sus condiciones de vida.


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En la satisfacción de este derecho inciden una serie de problemas que se derivan, paradójicamente, de la espectacular evolución científica y técnica y de la mayor calidad de vida que disfrutamos.

El progresivo envejecimiento de la población hace crecer el número de personas dependientes y la incidencia de enfermedades que pueden generar una discapacidad, como el Alzheimer o el Parkinson; los accidentes de tráfico han generado nuevas discapacidades. Además, la mejora de los servicios sanitarios y el imparable avance de la investigación contribuyen también a alargar la vida de las personas con discapacidad.

El crecimiento de la esperanza de vida, que merece sin duda una valoración muy positiva, lleva también aparejadas algunas consecuencias inciertas: cuando a la discapacidad se le suman factores como el deterioro físico y mental vinculado al envejecimiento, aumentan las necesidades y el grado de dependencia de estas personas. Por otra parte, esta mayor supervivencia determina que, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad sobrevivan a sus padres o a sus familiares cuidadores, generando situaciones de desprotección o desamparo.

La conjugación de todas estas variables produce una gran preocupación acerca del futuro de las personas con discapacidad, tanto en el aspecto material o económico, como en el relativo a la asistencia y cuidados que van a serles imprescindibles.

Aunque persisten deficiencias que deben ser corregidas, España se encuentra entre los países que han adoptado medidas legislativas más avanzadas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Entre ellas, destaca la Ley 41/2003, de 18 de diciembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Normativa Tributaria con esta finalidad. Esta norma tiene por objeto regular nuevos mecanismos de protección de las personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial como es el patrimonio, dado que uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad es la existencia de medios económicos a su disposición, suficientes para atender sus necesidades vitales.

El objeto inmediato de la ley es la regulación de una masa patrimonial, la cual queda inmediatamente y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad. La Ley incorpora, además, distintas modificaciones de la legislación vigente que tratan de mejorar la protección patrimonial de las personas.

Entre estas modificaciones destaca en primer lugar la regulación de la autotutela. Asimismo, se introducen distintas modificaciones del derecho de sucesiones, así como en relación con el mandato y el contrato de alimentos. Por último, la Ley contempla modificaciones de la normativa tributaria para favorecer las aportaciones a título gratuito a los patrimonios protegidos, afectando a diversos preceptos de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados.

Posteriormente, la Ley 1/2009, de 25 de marzo y la Ley 15/2015, de 2 de julio modificaron diferentes preceptos de la Ley 41/2003 con el fin de facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido, resolver ciertas dudas en su aplicación y adaptar sus disposiciones a las previsiones contenidas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Catorce años después de la entrada en vigor de la Ley 41/2003, se hace necesario proceder a evaluar la efectividad de dicha norma ante la casuística surgida durante su vigencia, y estudiar si se han cumplido los objetivos previstos, y si es necesario proceder a abordar alguna modificación de la norma para la adaptación a la nueva realidad social.

Todo ello con el fin de que las personas con discapacidad no tengan impedimentos para el disfrute de los derechos que a todos los ciudadanos se nos reconocen en la Constitución y en las leyes, logrando así que la igualdad sea real y efectiva, tal y como exige el artículo 9.2 de la Constitución.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar una evaluación de la efectividad de la Ley 41/2003 de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad con todos los sectores y profesionales


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afectados, y en particular en consulta con las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

2. Remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de aprobación de esta iniciativa, un informe sobre la evaluación realizada, que incluirá, en su caso, la propuesta de nuevas medidas a adoptar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-Isabel María Borrego Cortés y Luis Javier Santamaría Ruiz, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Defensa

161/001159

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley sobre adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas.

Acuerdo:

Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 3 procedería hacerla en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La Comisión de Defensa, en su sesión del 19 de diciembre de 2018, aprobó con modificaciones una Proposición no de Ley sobre adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas, iniciativa del Grupo Parlamentario Popular publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 467, de 19 de diciembre de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Concluir la realización del estudio para mejorar el actual modelo retributivo de las Fuerzas Armadas para retribuir la especial responsabilidad, diferentes grados de disponibilidad, el horario, la preparación técnica y las singularidades de determinados cometidos, que caracterizan la carrera militar y los cometidos y las funciones asignadas a los militares.


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2. Dicho estudio:

a) Teniendo en consideración la actual estructura por categorías y empleos y su equivalencia con los diferentes Grupo/Subgrupos de clasificación establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, en particular, la adscripción de la Tropa y Marinería con una relación de servicios de carácter permanente y de la Escala de Suboficiales, así como los oficiales de los tres ejércitos, incluirá un análisis de la posible necesidad de actualización, entre los empleos militares en las Fuerzas Armadas, escalas en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y grupos y subgrupos de clasificación laboral de la Administración General del Estado.

b) Incluirá un análisis de las diferencias entre las retribuciones recibidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos profesionales de la Administración del Estado, en especial aquellas retribuciones de carácter variable.

c) Incluirá un análisis de la cuantificación económica que supondría la adecuación progresiva de la retribución a un valor óptimo.

d) Que sus conclusiones sean presentadas ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

e) Que el resultado del estudio se incluya en los próximos Presupuestos Generales del Estado."

A la redacción inicial de la proposición no de ley le fueron incorporados, en el apartado 2.a) los aspectos más relevantes de la enmienda de sustitución propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, rechazándose la enmienda de sustitución propuesta por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el sentido de incluir una equiparación directa entre el complemento e empleo en las Fuerzas Armadas con el implantado en aquel momento en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La proposición no de ley fue aprobada por unanimidad.

Dos meses después, el 4 de marzo, se promulgó el Real Decreto 129/2019 de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones generales, por lo que el Gobierno no adoptó ninguna de las medidas que se habían aprobado.

Transcurrido más de un año, es evidente que no se ha conseguido finalizar el estudio de adecuación salarial al que se instó al Gobierno, o cuando menos, si se realizó no fue puesto en conocimiento de la Comisión de Defensa y por lo tanto no fue trasladado a los Presupuestos Generales del Estado.

Habida cuenta de que, en tanto esto sucede, las retribuciones asignadas a los profesionales de las Fuerzas Armadas continúan produciendo el efecto de una reducida capacidad adquisitiva de dichos profesionales, que se considera no ajustada a los esfuerzos personales y familiares que de los mismos se reclama, produciendo el efecto no deseado de que por parte de algunos suboficiales se considera más ventajoso abandonar su condición de suboficiales de las Fuerzas Armadas para optar a pasar a prestar sus servicios con categoría profesional inferior pero retribuciones superiores a otras instancias de la Administración General del Estado, con preferencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, circunstancia que, sin duda, se verá acrecentada con los recientes incrementos salariales experimentados en las retribuciones de las mismas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, con ligeras adaptaciones textuales a la proposición aprobada por unanimidad en diciembre de 2018, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Concluir la realización del estudio para mejorar el actual modelo retributivo de las Fuerzas Armadas para retribuir la especial responsabilidad, diferentes grados de disponibilidad, el horario, la preparación técnica y las singularidades de determinados cometidos, que caracterizan la carrera militar y los cometidos y las funciones asignadas a los militares.

2. Dicho estudio:

a) Incluirá un análisis de la posible necesidad de adecuación, entre los empleos militares en las Fuerzas Armadas, escalas en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y grupos y subgrupos de clasificación laboral de la Administración General del Estado, teniendo en consideración la actual estructura por categorías y empleos y su equivalencia con los diferentes Grupos/Subgrupos de clasificación establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, en particular, la adscripción de la Tropa


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y Marinería con una relación de servicios de carácter permanente y de la Escala de Suboficiales, así como los Oficiales de los Ejércitos y la Armada.

b) Incluirá un análisis de las diferencias entre las retribuciones recibidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos profesionales de la Administración del Estado, en especial aquellas retribuciones de carácter variable.

c) Incluirá un análisis de la cuantificación económica que supondría la adecuación progresiva de la retribución a un valor óptimo.

3. Que las conclusiones del anterior estudio sean presentadas ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

4. Que el resultado del estudio se incluya en los próximos Presupuestos Generales del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-Carlos Rojas García y Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre eliminación de las discriminaciones por razón de discapacidad contenida en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La Comisión de Defensa, en su sesión del día 19 de diciembre de 2018, aprobó con modificaciones una Proposición no de Ley relativa a eliminar discriminaciones por razón de discapacidad contenida en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos en los siguientes términos publicados en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 475, de 3 de enero de 2019:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Seguir cumpliendo con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y continuar adoptando las medidas legislativas administrativas y de toda otra índole que sean pertinentes para promover, proteger y asegurar el respeto a la dignidad inherente de las personas discapacitadas y la no discriminación.

2. Realizar las modificaciones legales oportunas para erradicar la discriminación por razón de discapacidad advertida en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, eliminando el requisito del apartado tercero de la disposición transitoria decimotercera relativo a los 20 años, así como la diferenciación relativa al origen de la situación de la discapacidad del apartado segundo.

3. Realizar las modificaciones legales oportunas a la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, para que los militares profesionales permanentes de Tropa y Marinería que hayan pasado o pasen a la situación de retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas, se les pueda, previa solicitud de los interesados, conceder el empleo honorífico de cabo mayor, cabo primero, o cabo, respectivamente. Dicho reconocimiento no tendrá efecto económico alguno ni supondrá modificación de la pensión que como retirado perciba el interesado.

4. Interesar del Observatorio de la Vida Militar, la elaboración de un informe sobre la acomodación o no de las leyes que regulan el estatuto profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007, y al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social."


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A la redacción inicial de la proposición no de ley le fueron incorporados los apartados 3 y 4 a propuesta del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, rechazándose la enmienda de sustitución propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de reemplazar la modificación de la ley del punto 2 por la promoción de estudios que resulten necesarios para identificar, en su caso, los supuestos en los que la legislación vigente pueda producir efectos discriminatorios en el ámbito de la discapacidad.

La proposición no de ley fue aprobada por 25 votos a favor y 9 abstenciones.

Dos meses después, el 4 de marzo, se promulgó el Real Decreto 129/2019 de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones generales, por lo que el Gobierno no adoptó ninguna de las medidas que se habían aprobado.

Transcurrido más de un año, es evidente que no se ha tomado en consideración ninguno de los extremos de la Proposición no de Ley y existiendo profesionales que han causado baja por pérdida de condiciones psicofísicas, no contraídas en acto de servicio, que, teniendo menos de veinte años de servicio en el momento de producirse su baja, no tienen la posibilidad de acceder al empleo indicado en la ley para los que causan baja en los términos contemplados en la misma, es a este punto al que se pretende retrotraer el debate por ser el que fue objeto de mayor controversia en el debate inicial de 2018.

Habida cuenta de que se trata de un ascenso honorífico sin coste económico y para personas en situación de retiro, produce un cierto desgarro emocional conocer personas con vocación militar que, por circunstancias sobrevenidas de manera ajena a su voluntad, ven truncada su vida profesional de manera fulminante con una significativa pérdida de recursos económicos y sin consuelo alguno de carácter simbólico por parte de la Institución a la que, de no haber sido por circunstancias imprevisibles, no imputables a ellos mismos, habrían servido por un período de tiempo prolongado que, entre otras cosas, les hubiera permitido acumular los derechos para, al menos, disfrutar de una pensión acorde a su tiempo de servicio.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Seguir cumpliendo con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y continuar adoptando las medidas legislativas, administrativas y de toda otra índole que sean pertinentes para promover, proteger y asegurar el respeto a la dignidad inherente de las personas discapacitadas y la no discriminación.

2. Realizar las modificaciones legales oportunas para sustituir en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, el requisito del apartado tercero de la disposición transitoria decimotercera relativo a los 20 años de servicio, por el de que la insuficiencia de condiciones psicofísicas no producida en acto de servicio, no sea, en modo alguno consecuencia de actos producidos por imprudencia, negligencia o mala fe atribuibles al solicitante del ascenso honorífico.

3. Realizar las modificaciones legales oportunas a la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, para que los militares profesionales permanentes de Tropa y Marinería que hayan pasado o pasen a la situación de retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas, se les pueda, previa solicitud de los interesados, conceder el empleo honorífico de cabo mayor, cabo primero, o cabo, respectivamente. Dicho reconocimiento no tendrá efecto económico alguno ni supondrá modificación de la pensión que como retirado perciba el interesado.

4. Interesar del Observatorio de la Vida Militar, la elaboración de un informe sobre la acomodación o no de las leyes que regulan el estatuto profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007, y al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-Carlos Rojas García y Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/001221

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Pedro Requejo Novoa, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Pablo Calvo Liste, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y D. Víctor González Coello de Portugal, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa la reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina, dotándolas de la oportuna actividad militar, para su discusión en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

Primero. Zamora siempre tuvo una gran tradición castrense. Fue el 1 de marzo de 1476 el escenario de la batalla de Toro, episodio decisivo para la victoria de los Reyes Católicos y, por tanto, de la unidad de los Reinos de Castilla y Aragón. El nombre de Monte la Reina parece venir porque allí se situó Isabel I durante la batalla.

El famoso tercio viejo de Zamora fue el protagonista del milagro de Empel, el 8 de diciembre de 1585, encontrando la imagen de la Inmaculada en la víspera de la batalla y dando lugar al patronazgo del Arma de Infantería.

Zamora fue sede de varias unidades y regimientos, destacando, por su cercanía, el de Infantería Toledo n.º 35.

Segundo. Durante 1944, en una parcela con una extensión de 1.234 hectáreas en el paraje conocido como Monte la Reina, situado en el termino municipal de Toro (Zamora), se abrieron unas instalaciones militares que permanecieron en uso durante medio siglo, pero desde entonces, permanecen cerradas. Entre otras, fue una sede de las Milicias Universitarias. Además de la función militar, suponía una importante fuente de ingresos económicos para la ciudad y provincia de Zamora.

A esta pérdida de actividad económica se han sumado otras "deslocalizaciones" propiciadas por decisiones políticas que han favorecido que la realidad actual de Zamora sea el de una provincia despoblada, envejecida y sin actividad. Sirvan de ejemplo las siguientes:

1. Cierre por el Gobierno del PSOE en 1987 del Cuartel Viriato, en el que había 700 militares y muchas familias de ellos residían en viviendas adyacentes.

2. Cierre de los talleres de Renfe en 1995 por el PSOE, e inutilización de esos terrenos para ninguna actividad. Ya en 1984 había cerrado el PSOE la Ruta de la Plata desde Plasencia a Astorga, que vertebraba esta zona del oeste de España hoy tan despoblada.

3. Cierre por el PSOE en noviembre de 1995 de la Prisión Provincial, que contaba con casi 300 reclusos, trasladados fuera de la provincia de Zamora.

4. Cierre de la sede en Zamora del Banco de España en 2004 por el PP.

5. Reconversión del sector agrario y ganadero, paralelo al industrial de los años 80 realizado por el PSOE, paradójicamente llevado a efecto en buena parte por el socialista zamorano, Carlos Romero.

Tercero. El 14 de enero de 2019, después de reunirse en la Subdelegación Provincial del Gobierno de Zamora con las autoridades locales y provinciales, el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), Teniente General D. Francisco Javier Varela, declaró a los medios informativos que era intención del Ejército establecer en Monte la Reina "una base completa con todos los servicios necesarios".

"¿Qué se necesita? Primero, construir alojamiento "para el treinta por ciento de la plantilla que sea personal soltero" y comprobar que los municipios del entorno tienen capacidad inmobiliaria para el resto de los militares. Además, se deben comprobar, ya se ha hecho, que la zona cuenta con los servicios necesarios, instalaciones sanitarias y colegios para atender a las necesidades de escolarización de los hijos de las familias que pudieran llegar. "El estudio preliminar es positivo" porque "Zamora tiene unas vías de comunicación importantes y unos servicios que están garantizados". "La dificultad está en cómo financiar lo que va a costar la base".

Agregó que "los ingenieros de Defensa analizarán los terrenos la semana que viene, aunque los informes preliminares que ya se han realizado hablan de unas condiciones idóneas".


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Reabrir Monte la Reina permitiría asentar allí una fuerza de unos 1.500 militares. Además, se pretendía que fuera lugar adecuado para realizar maniobras de la OTAN, con el consecuente impacto económico que ello supondría para Zamora.

El 15 de octubre de 2019, el JEME declaró en Zamora que el posible traslado de una unidad del ejército "técnicamente era viable, a la espera de resolver los problemas de financiación", e informó de "la intención de impulsar este proyecto que interesa al Ejército de Tierra y cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa, tan pronto se den las circunstancias favorables para hacerlo"

Cuarto. El lugar de elección respondía según se informó a las autoridades zamoranas, a varias circunstancias que concurrían en Monte la Reina, entre otras las siguientes:

Extensión y orografía de la parcela que cuenta con zona de montes, el río Duero y áreas boscosas, por lo que resulta muy valorada como campo de maniobras.

1. Escasa población en la zona, pero situada a 20 kilómetros de Zamora y 70 de Valladolid o Salamanca, por lo que esos núcleos urbanos permitirían un abastecimiento adecuado y residencia óptima a los militares y sus familias. Además, Toro solo dista 10 kilómetros.

2. Existencia de aeropuertos militares en las proximidades, tanto en Valladolid como Salamanca a menos de 100 kilómetros, y el de León algo más lejos.

3. Contigüidad con una autopista que conecta con los aeropuertos indicados y a una carretera convencional en excelente estado, así como una vía férrea, tanto en ancho español como otra de alta velocidad colindantes con las instalaciones.

4. La comunicación internacional terrestre está asegurada por la autopista E80, que comunica Lisboa con el resto de Europa por Irún, y una vía férrea electrificada paralela a la anterior.

5. Fáciles suministros hídricos y eléctricos.

Se indicó que la inversión a realizar sería importante, de unos 100 millones de Euros y que era una instalación prioritaria para el Ejército.

Quinto. El Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón se comprometió ante un abarrotado teatro Ramos Carrión, en Zamora a que el campamento militar de Monte la Reina se pondría en marcha la próxima legislatura si gobernaba el Partido Socialista.

Pedro Sánchez fue elegido Presidente del gobierno en segunda votación el día martes, 7 de enero de 2020, con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

Con un Gobierno de Pedro Sánchez en funciones, el 22 de enero de 2019, la Ministra Margarita Robles, denominó este compromiso "doble cuestión de estado tanto por el componente de formación de nuestras Fuerzas Armadas como por lo que significa de lucha contra la despoblación" en una reunión con el senador Antidio Fagúndez y con Virginia Barcones, delegada de la junta de Castilla y León, manifestándoles "que se estaba realizando un estudio de viabilidad de esta idea y de la inversión precisa para reutilizar estas instalaciones, que incluya también las necesidades de los militares y sus familias".

El 2 de noviembre de 2019, la vicesecretaria socialista, Adriana Lastra, reafirmó el compromiso del PSOE con la recuperación del campamento militar de Monte la Reina. Un compromiso que atribuyó en exclusiva a la "insistencia" de los socialistas zamoranos durante el periodo de presentación de alegaciones a los frustrados Presupuestos Generales del Estado, que finalmente hicieron que se incluyera.

El propio Sr. Fagúndez ha reiterado que sigue vigente este proyecto, si bien desde enero del presente año, supedita su realización a que la Junta de Castilla y León soporte buena parte de la financiación, circunstancia nunca explicitada antes de las elecciones del pasado noviembre.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina, dotándolas de la oportuna actividad militar y habilitando una partida en los presupuestos generales del Estado del 2021, adecuada y suficiente, que permita el inicio de las obras de instalación de una unidad militar permanente en dicho campamento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Pedro Jesús Requejo Novoa, Pablo Juan Calvo Liste, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y Víctor González Coello de Portugal, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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161/001280

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, y D. Manuel Mestre Barea, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de dos buques logísticos para el Ejército de Tierra, para su discusión en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

Primero. El pasado 10 de agosto, el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), publicó un contrato -valorado en 7,5 millones de euros-, que tiene por objeto la compra de un buque de transporte logístico de segunda mano para el Ejército de Tierra (en adelante, ET). Este contrato vendría a cubrir la imperiosa necesidad del ET de contar con -al menos-, un buque de estas características.

Entre las muchas carencias de nuestras Fuerzas Armadas, una de las más acuciantes es la renovación de los buques logísticos del Ejército de Tierra -operados por la Armada-. Elasta hace un año, el ET contaba con dos buques: "El Camino Español" y el "Martín Posadillo". La misión de estos buques es el traslado de material a las ciudades de Ceuta y Melilla, a los archipiélagos de Baleares y Canarias y el apoyo a las misiones en el exterior.

Segundo. Tal y como publica Infodefensa, "el expediente será tramitado de urgencia por la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material de la DGAM debido a la necesidad sobrevenida de transporte logístico por vía marítima".

Siguiendo con los datos facilitados en la licitación -publicada en la Plataforma de Contratación del Estado-, las características más importantes que debe reunir el buque son las siguientes:

3.1 Antigüedad del buque.

3.1.1;Antigüedad.;El buque no podrá tener una antigüedad mayor de 22 años, entendida la antigüedad como período de tiempo comprendido entre la fecha de entrega del buque por el astillero constructor y recepción del mismo por su primer propietario y la fecha de publicación de la presente licitación.

3.2 Dimensiones del buque.

3.2.1;Eslora.;El buque no podrá tener una eslora total (LOA) superior a 150 m.

3.2.2;Manga.;La manga interior útil de carga en la Cubierta Principal (entendida como la cubierta de acceso directo desde el muelle a través de la rampa/puerta en popa) del buque no será inferior a 18 m.

3.2.3;Calado.;El calado del buque en cualquier condición de carga del buque no será superior a 6 m.


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3.3 Configuración general del buque y capacidad de transporte.

3.3.1;Configuración.;El buque dispondrá, como mínimo, de dos cubiertas para el transporte de carga rodada, con al menos una rampa interior de comunicación entre las ellas en el caso de que sean las dos cubiertas interiores. El ancho mínimo de esta rampa será de 3 m.

3.3.2;Capacidad de transporte.;El buque deberá ser capaz de transportar los medios relacionados en el anexo II, parte A.

3.3.3;Carga rodada.;El buque tendrá una capacidad útil total de transporte de carga rodada, considerando plataformas de 3 m de ancho, de como mínimo 1.500 metros lineales.

El buque debería tener una capacidad de carga mínima de 3.000 t.

3.3.4;Acceso de carga rodada.;El buque dispondrá con al menos una rampa en popa que de acceso directo desde el muelle a la Cubierta Principal de carga. Esta rampa actuará como puerta de cierre de la Cubierta Principal en popa.

3.3.5;Capacidad de la rampa de acceso.;La rampa en popa que de acceso directo desde el muelle a la Cubierta Principal tendrá la capacidad de soportar un peso mínimo de 65 t.

3.3.6;Rampas de acceso a cubiertas.;El buque dispondrá de rampas de acceso a las diferentes cubiertas de carga.

3.3.7;Puntal mínimo de acceso.;El puntal mínimo de acceso a cualquiera de las cubiertas de carga será de 4,5 m.

Por su parte, la página oficial de la Armada nos destaca lo siguiente del "Martín Posadillo"; Buque de transporte de material y carga rodada tipo Ro-Ro (Roll ON - Roll OFF). Cuenta con tres cubiertas de carga con una capacidad total de 400 metros lineales y 600 toneladas. Tiene capacidad de operar con helicópteros, destacando el CH-47D "Chinook". Embarca habitualmente camiones, contenedores, vehículos pesados con o sin cadenas, remolques, etc., y sus características principales son:

Transporte ligero "Martín Posadillo"

Eslora.;75 m.

Manga.;13 m.

Desplazamiento máximo.;2.300 t.

Puntal.;4,5 m.

Velocidad.;10 nudos.

Dotación.;25 personas.

Fuente: Armada Española.

Por lo expuesto, parece que el sustituto que el Ministerio de Defensa está buscando para el "Martín Posadillo" va a suponer una mejora en prácticamente todos los sentidos: mayor velocidad, mayor capacidad de carga,...

Empero, el buque que adquiera el Ministerio de Defensa no solo tendrá que sustituir al "Martín Posadillo". Tal y como ya se ha mencionado, el Ejército de Tierra también contaba con otro buque de aprovisionamiento/ transporte ligero; "El Camino Español". Este buque fue dado de baja el pasado mes de noviembre.

Tercero. No obstante, el Ministerio de Defensa ya era consciente de esta apremiante necesidad. Ya en 2018, el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE) manifestó su voluntad de disponer de dos nuevos buques de transporte logístico. Ante esta declaración, Navantia elaboró un proyecto de buque,


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cuya denominación es Transporte Logístico Ecológico y Trivalente (TLET). Las dos nuevas unidades TLET sustituirían a los veteranos "Martín Posadillo" y "El Camino Español".

Según publicaron tanto Infodefensa como El diario de Cádiz, el equipo de ingenieros del Astillero de Puerto Real (Cádiz) llevaba más de año y medio desarrollando el proyecto. De hecho, una de las características propias de los TLET es la utilización de gas natural licuado como combustible, contribuyendo al cumplimiento del convenio internacional MARPOL. Cabe destacar que el propio diseño del buque permitía reducir un 22 % el consumo energético, cifra nada desdeñable.

Otra de las características de los TLET es su polivalencia. Este hecho, permitiría a la Armada operarlos como buques auxiliares de apoyo en multitud de operaciones. Concretamente, la cubierta exterior de los TLET se puede utilizar tanto para llevar vehículos, como para operar aeronaves o para cargar contenedores. Incluso se podría instalar un hospital en ella.

El empleo de última tecnología -sobre todo en materia de automatización y domótica-, permite que la dotación necesaria para operar el buque se reduzca a 32 personas. Esto demuestra el alto nivel de cualificación de los trabajadores de los astilleros españoles. Empero, la situación que viven estos trabajadores es crítica.

Cuarto. El pasado 8 de agosto, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, don José Antonio Montilla Martos, remitió a la Presidencia del Congreso de los Diputados los resultados de las empresas que conforman la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) durante el primer trimestre de 2020.

Según el informe remitido, "las empresas de la cartera de control registraron un resultado negativo agregado en los primeros tres meses del ejercicio de 2020 de 62,4 millones de euros, afectado sobre todo por el COVID-19. Corresponde fundamentalmente a las pérdidas de los Grupos Navantia (21,8 millones)..."

Además de estas cifras deficitarias, la plantilla actual del Grupo Navantia -a 31 de marzo de 2020- era de 4.153 personas, con una disminución neta de 1.042 personas respecto a la plantilla final del año 2019 (5.195 personas). Según el citado informe, esta reducción de plantilla -un 20 % del total-, corresponde principalmente a la Sociedad Dominante (Navantia), debido al inicio de la aplicación del ERTE que la Empresa tiene fijado para el periodo 2019-2022.

Esta dramática situación para miles de trabajadores no parece que vaya a mejorar, sobre todo si el Gobierno se dedica a adquirir buques de segunda mano, con varias décadas de antigüedad, en vez de contratar los servicios de Navantia, empresa puntera en el sector a nivel mundial -tal y como demuestran los buques producidos para la Marina australiana, por ejemplo-, sino que además, da trabajo a más de 5.000 personas de manera directa, y miles más de forma indirecta.

Desde el Grupo Parlamentario VOX, seguimos insistiendo en la necesidad de invertir más en la industria de Defensa. Un sector que está puesta en cuestión su propia supervivencia, como gran parte de la industria nacional. No obstante, el sector de defensa ya viene padeciendo una crisis que dura ya más de una década, y que ve su futuro -y el de sus trabajadores- muy complicado, en parte, por la falta de apoyo del Gobierno y el Ministerio de Defensa, que a pesar de ser conocedores de las grandes carencias que padecen las Fuerzas Armadas, parecen no querer poner remedio a esta situación.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reactivar el programa Transporte Logístico Ecológico y Trivalente (TLET) de Navantia.

2. Iniciar los trámites de licitación para la construcción de dos buques TLET que sustituyan al "Camino Español" (A-05) y al "Martín Posadillo" (A-04). La construcción de ambos buques será llevada a cabo por Navantia.

3. Derogar el contrato de "Obtención de un Buque de Transporte Logístico", cuya entidad adjudicadora es la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM.

4. Estudiar la posibilidad de mantener el "Martín Posadillo" en activo, mientras se construyen los dos buques TLET."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de agosto de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Manuel Mestre Barea y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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Comisión de Hacienda

161/001177

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Acuerdo:

Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de que se presente un Plan ante la Cámara se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

A la crisis sanitaria del coronavirus le está siguiendo una crisis económica y social que, siendo global, en nuestro país será más profunda y duradera en el tiempo tanto por la mayor vulnerabilidad de nuestra economía -los sectores especialmente afectados tienen un peso mayor que en otros países- como por la errónea gestión económica llevada a cabo por el Gobierno socialista desde junio de 2018 hasta la propia gestión del coronavirus.

La falta de reformas económicas -incluso siguen vigentes los PGE de 2018 prorrogados-, el descontrol de las cuentas públicas y la inseguridad jurídica generada -p.e. "el diésel tiene los días contados"- ya lastraban nuestra economía antes de la pandemia. De hecho, en febrero de 2020 ya había 84.000 parados más que en junio de 2018, de ellos 21.000 eran jóvenes y 29.000 mujeres.

A ello se unió la tardía reacción, fruto sin duda de un diagnóstico erróneo: el 4 de marzo la vicepresidenta económica afirmaba que el impacto económico del coronavirus en nuestro país sería poco significativo y transitorio. 10 días después de impuso un estado de alarma que se prolongó durante casi 100 días.

Con estos mimbres el resultado económico es dramático: a la histórica caída del PIB del -5,2 % en el primer trimestre de 2020 le puede seguir una caída, según estima el Banco de España, de -16 % a -21,8 % del PIB. Y lo que es más grave, su traslación en destrucción de empleo: somos el país europeo en el que más empleo se ha destruido en el primer trimestre y hoy tenemos 900.000 empleos menos que hace un año.

En términos fiscales, las consecuencias de esta crisis económica y social nos vuelven a los peores tiempos de Rodríguez Zapatero: caída de ingresos de 34.000 millones de euros (estimaciones de Airef), incremento de gasto de 55.000 millones de euros (estimaciones del propio Gobierno), déficits de 2 dígitos (entre -10,9 % y -13,8 % estimado por Airef), y una deuda pública sobre el PIB que se situará entre el 115 % y el 122 %, dejándonos en una situación de enorme vulnerabilidad.


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En este sombrío contexto, la subida de impuestos que propone el ejecutivo socialista no es la solución; al contrario, agravará el problema frenando la recuperación, eliminando puestos de trabajo y, en definitiva, empobrecerá a los ciudadanos y pondrá en riesgo el estado del bienestar como ya sucedió en 2010.

En el Grupo Parlamentario Popular creemos que los ajustes fiscales deben venir por la racionalización del gasto público, siguiendo por ejemplo las recomendaciones del "spending review" realizado por la Airef, e incrementando los ingresos no a través de subidas impositivas sino todo lo contrario, con una política fiscal orientada a mejorar la competitividad e incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo, para alimentar el círculo virtuoso del crecimiento como ya se hizo entre 2014 y 2018.

Esta política fiscal generadora de riqueza debe complementarse con un impulso adicional a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida como el que realizó el anterior Gobierno del Partido Popular que permitió incrementar la recaudación por este concepto un 44 %, pasando de 10.463 millones de euros en 2011 a 15.088 millones de euros en 2018.

Los resultados de la lucha contra el fraude nunca son casuales, sino que son fruto de una adecuada dotación de medios personales -lo que requiere una estrategia a medio y largo plazo-, de la disposición de nuevas herramientas que hagan más eficaz el trabajo de los profesionales de la AEAT -como ejemplo la implantación del Sistema Inmediato de Información Sil para reducir el fraude del IVA-, y de un marco regulatorio adecuado -recordemos la llamada "Ley Antifraude" aprobada en 2012-.

Aumentar los recursos, tanto humanos como técnicos, de la Agencia Tributaria es clave, no solo porque se perdieron casi 3.000 empleados en la crisis de 2008 -cuando hubo que congelar las tasas de reposición y no se cubrían las jubilaciones que se producían- y ha aumentado la edad media de la plantilla en más de 5 años -hasta situarse por encima de los 52 años-, sino porque son empleos con un alto retorno para la sociedad, ya que cada empleado de la AEAT obtiene en media 600.000 euros en la lucha contra el fraude.

Además, es necesario realizar un estudio oficial que ponga cifras a la economía sumergida, que identifique las principales bolsas de fraude, y que sirva de base para elaborar un Plan de Choque que permita reducir el gap de economía sumergida respecto a la media europea que algunos estudios cifran en torno a 10 puntos del PIB. Cerrar este diferencial permitiría incrementar los ingresos públicos en torno a 38.000 millones de euros, mucho más que lo que se puede recaudar con las subidas de impuestos anunciados por el Presidente del Gobierno. No se trata por tanto de que paguemos más los de siempre, sino de que paguemos todos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Potenciar los medios de la AEAT, incrementando tanto los recursos técnicos como humanos, con un compromiso decidido para incrementar la plantilla a través de las correspondientes Ofertas de Empleo Público, que permita compensar tanto su incremento medio de edad como la pérdida de efectivos desde 2008.

- Presentar en el Congreso de los Diputados, en un plazo máximo de 6 meses, un estudio sobre la economía sumergida que sea la base de un Plan de Choque que sirva para erradicar esta lacra."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-Carolina España Reina y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001193

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. Víctor Manuel Sánchez del Real y D. Rubén Manso Olivar, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no


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de Ley relativa a Medidas destinadas a incrementar la liquidez disponible de las empresas, para su discusión en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

Primero. La crisis sanitaria originada por el COVID-19 obligó al Gobierno a tomar unas tardías medidas centradas en el confinamiento de la población y parada de actividades económicas no esenciales. Estas medidas han tenido un fuerte impacto tanto en el lado de la oferta como de la demanda de productos y servicios. Consecuencia de esta situación ha sido la caída del PIB en el 1T2020 del 4,7 % en dato interanual.

Evolución del producto interior bruto a precios de mercado (%)

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Fuente: INE.

Se observa una caída generalizada del Valor añadido bruto (VAB) en el 1T2020 en todos los sectores excepto en el primario, sector clave para el suministro de alimentos a la población durante la pandemia.

Evolución interanual del VAB por sectores económicos (%)

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Fuente: INE.

Esta caída de las tasas de actividad en los sectores productivos ha tenido un impacto medio en las tasas de empleo, que no se corresponde con la caída de la actividad. La explicación a este hecho se debe


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a los ERTE,s (expediente de regulación temporal de empleo) adoptados por la totalidad de los sectores económicos. Este mecanismo supone la suspensión o reducción temporal del contrato de los trabajadores y no implica su inclusión en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como desempleado. Este es el motivo de que la tasa de variación de puestos de trabajo solo haya caído únicamente un -1,33 % en tasa interanual el 1T2020, con especial afección en el sector primario, -7,2 %, y construcción, -4 %.

Evolución interanual de los puestos de trabajo

[**********página con cuadro**********]

Fuente: INE.

Los diferentes componentes del lado de la demanda (consumo y demanda externa) han sufrido un notable deterioro, a excepción del gasto de las AA.PP., que se corresponde con los gastos suplementarios debidos a la gestión de la pandemia.

Debido a que el Estado de Alarma se decretó el 14 de marzo es previsible que los datos, tanto de PIB como de empleo, se manifiesten en toda su crudeza el 2T 2020.

Segundo. En este entorno las empresas han destinado todos sus esfuerzos a incrementar su liquidez mediante la acción combinada de varias medidas:

a) ERTE para la plantilla acompasados con la reducción de producción, lo cual supone ahorro en salarios y seguros sociales.

b) Adopción de los programas de moratoria de impuestos articulados en los diferentes Reales Decreto-leyes promulgados durante el Estado de Alarma.

c) Renegociación de contratos con proveedores, entre ellos alquiler de edificios y oficinas.

d) Adhesión a la Línea Avales COVID-19 del ICO.

Resumen de la línea ICO avales COVID-19 (30 de junio 2020)

;Resumen avales solicitados;;

;Autónomos y pymes;No pymes;Total Línea

Operaciones (número).;649.769;12.608;662.377

Aval solicitado (millones de euros).;46.791,6;17.802,6;64.594,2

Financiación (millones de euros).;58.543,8;26.430,7;84.974,6

Todas estas medidas han dado como resultado que las empresas españolas contarán en abril del 2020 con un volumen de depósitos en máximos desde diciembre de 2013.


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Evolución de los depósitos de las empresas españolas

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Fuente: BdE.

Esta liquidez va a ser empleada en mitigar los efectos que va a originar la recesión económica actual y que, a tenor de las estimaciones, se recrudecerá en los próximos meses, estimando una caída del -14 % en 2020 según la OCDE.

Tercero. La actual política fiscal supone una clara reducción de liquidez de las empresas, ya que los dos principales impuestos a los que está sujeta su actividad, IVA e Impuesto de Sociedades (IS), están sujetos a un sistema de neteados que puede implicar devoluciones del impuesto, caso del IVA, y de un sistema de pagos fraccionados, uno en abril, otro en octubre y otro en diciembre que pueden comprometer la tesorería de la empresa, como en el caso del IS.

Concretamente para el IVA, si la empresa opta por la declaración trimestral, la devolución se hará siempre efectiva en el último trimestre del ejercicio, teniendo la agencia tributaria 6 meses para su pago. En el año 2019 la cantidad a devolver en las declaraciones trimestrales supuso un monto total de 5.000 millones de euros. Además, el IVA tiene el inconveniente de que se debe pagar por el IVA repercutido en facturas aunque estas no hayan sido cobradas, suponiendo un agravio extra al impago de facturas.

Respecto al Impuesto de Sociedades, los pagos fraccionados pueden suponer un exceso del pago en el impuesto que debe ser devuelto por la Agencia Tributaria. La administración cuenta con un plazo de devolución de 6 meses desde el plazo de presentación del impuesto, 25 de julio de cada año. Las devoluciones del IS del año 2019 alcanzaron los 8.500 millones de euros.

Cuarto. Parece evidente que una justa política fiscal no debería amenazar la supervivencia de las empresas mediante impuestos cuya devolución, en caso de que exista, se retrasa o que supone pagos adelantados en lugar de esperar a la liquidación anual.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Respecto del IVA:

- Promover las modificaciones normativas necesarias que hagan posible la adopción del criterio universal de caja y la modificación de las condiciones del criterio de caja para la liquidación del IVA, promoviendo la eliminación de las restricciones establecidas en el artículo 23 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, especialmente en lo relativo al plazo máximo de un año para retrasar el pago del devengo y la limitación del volumen máximo de operaciones del sujeto pasivo.

2. Respecto del Impuesto de Sociedades:

- Promover las modificaciones normativas necesarias que hagan posible deducir, en la base imponible del acreedor, el importe neto de las facturas emitidas no atendidas por sus deudores por


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operaciones comerciales dentro del plazo máximo de la Ley de Morosidad. Si posteriormente se produjera el pago, volverían a integrase en la base imponible de dicho acreedor dichos importes netos deducidos previamente por mora.

- Promover las modificaciones normativas necesarias que hagan posible integrar, en la base imponible del deudor, el importe neto de las facturas recibidas por operaciones comerciales que no haya atendido este dentro del plazo máximo de la Ley de Morosidad. Si posteriormente realizará el pago, volverían a deducirse de la base imponible de dicho deudor dichos importes netos integrados previamente por mora.

- Promover las modificaciones normativas necesarias que hagan posible establecer la compensación automática de los ingresos a cuenta por IS, con las devoluciones por este mismo impuesto pendientes de recibir y hasta el límite del importe de dichas devoluciones.

3. Respecto del IRPF de los autónomos:

- Dado que los regímenes de estimación directa y estimación directa simplificada del IRPF de los autónomos se rigen, con ciertas particularidades, por la misma normativa que regula el Impuesto de Sociedades, se promoverán las modificaciones normativas necesarias que hagan posible, en la misma línea de lo expresado en los dos primeros puntos de lo relativo al Impuesto de Sociedades, lo siguiente:

- Deducir, en la base imponible del acreedor, el importe neto de las facturas emitidas no atendidas por sus deudores por operaciones comerciales dentro del plazo máximo de la Ley de Morosidad.

- Integrar, en la base imponible del deudor, el importe neto de las facturas recibidas por operaciones comerciales que no haya atendido este dentro del plazo máximo de la Ley de Morosidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Rubén Silvano Manso Olivar, Patricia Rueda Perelló y Víctor Manuel Sánchez del Real, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/001196

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan José Aizcorbe Torra, D.ª Inés M.ª Cañizares Pacheco y D.ª Mireia Borrás Pabón en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la exención de la obligatoriedad en la presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a aquellos empleados incluidos en un ERTE que no superen los 22.000 euros de renta, para su debate ante la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

Primero. Debido a la crisis sanitaria originada por el coronavirus en España, el pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Desde el momento en que se declaró el estado de alarma y ante las medidas restrictivas a la libertad y a la actividad económica decretadas por el Gobierno de España, muchas empresas se acogieron a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor; otras, minoritarias, lo hicieron por causas económicas, técnicas, objetivas o de producción (ETOP). De acuerdo con lo publicado por medios de comunicación, los ERTE han afectado a cerca de cuatro millones de personas.

Segundo. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) son un procedimiento por el que se comunica la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de jornada de los mismos. La regulación de este tipo de procedimientos se prevé en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y desarrollado reglamentariamente mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.


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A raíz de la declaración del estado de alarma, el Gobierno de España ha ido aprobando diversas disposiciones legales, algunas de las cuales afectan a las normas reguladoras de este procedimiento, estableciendo determinadas especialidades.

En este sentido, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dispone que "las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo".

La cuantía de esta prestación comprende el 70 % de la base reguladora siempre y cuando el trabajador cumpla determinados requisitos previstos en la ley y de acuerdo a unos haremos mínimos y máximos. El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) es el órgano encargado de pagar la prestación por desempleo recibida por el trabajador.

Tercero. Desde el punto de vista fiscal -concretamente, del IRPF- las cantidades recibidas en concepto de prestación por desempleo consecuencia de un ERTE tienen la consideración de rendimientos íntegros del trabajo [art. 17.1.b) LIRPF]. Por consiguiente, en tanto que rendimientos del trabajo no exentos, están sujetos a tributación, en la forma y condiciones que prevé tanto la LIRPF como el reglamento que la desarrolla (Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero).

Por otro lado, la LIRPF establece que los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir la declaración por este Impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. Sin embargo, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de, entre otros, rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.

No obstante, de nuevo la LIRPF recoge una excepción a la excepción consistente en que el límite de 22.000 euros anuales se reduce a 14.000 euros para aquellos contribuyentes que percibiendo rendimientos íntegros del trabajo procedan de más de un pagador [art. 96.3.a) LIRPF].

Cuarto. Teniendo en cuenta los millones de contratos de trabajo que se han suspendido desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, es seguro que muchos trabajadores se van a ver afectados por la excepción a la obligación de declaración del IRPF prevista en el citado artículo 96.3.a).

Antes de la suspensión de los contratos de trabajo fruto del COVID-19, una parte de estos trabajadores cumplía con los requisitos previstos en el artículo 96.2.a) LIRPF (percibir de un solo pagador menos de 22.000 euros anuales en concepto de rendimientos íntegros del trabajo) y, por lo tanto, no debía hacer la declaración del IRPF del año 2020.

Sin embargo, suspendido el contrato de trabajo y percibida la prestación por desempleo, los trabajadores afectados por un ERTE terminarán el año 2020 habiendo tenido, por lo menos, dos pagadores ya que, tal y como se ha avanzado anteriormente, la prestación por desempleo se satisface por el SEPE.

Esta situación, que de por sí no debería tener más importancia, la tiene respecto de aquellos trabajadores que perciben rendimientos íntegros del trabajo por importe superior a 14.000 euros e inferiores a 22.000 euros y que, como consecuencia de la prestación por desempleo, van a tener que declarar y, en su caso, pagar el IRPF del año 2020 [art. 96.3.a) LIRPF]. Y es que, de no haberse producido la suspensión del contrato de trabajo, estos trabajadores estarían incluidos dentro de la excepción prevista en el [art. 96.2.a) LIRPF].

Es preciso destacar que la retención aplicada a la cuantía de la prestación por desempleo es nula o mínima (2 %), lo que, a efectos prácticos, puede significar que al hacer la declaración del IRPF del año 2020 deban regularizarse las cuantías de las retenciones no satisfechas, y el trabajador deberá pagar la parte correspondiente del IRPF.

A esto hay que añadir que, durante el tiempo en que el contrato de trabajo de los trabajadores ha estado suspendido, los trabajadores han percibido el 70 % de su base reguladora. Es decir, sus ingresos ya se han visto reducidos significativamente.

Quinto. Esta situación puede reducir todavía más los ingresos individuales y familiares de los trabajadores respecto a lo que percibían antes del estado de alarma. Por ello, es preciso adoptar medidas que, en la medida de lo posible, mitiguen los efectos perniciosos del estado de alarma y del virus SARS-CoV-2. Es necesario dotar de liquidez a las familias y esto implica, entre otras medidas, reducir la carga impositiva a las mismas, especialmente a aquellas familias o grupos de personas que puedan considerarse más vulnerables.


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Por todo ello, a los efectos de la presente Proposición No de Ley, el Grupo Parlamentario Vox entiende que debe producirse una reforma de la LIRPF cuyo objeto sea la exención temporal de las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores cuyos contratos de trabajo se hayan suspendido fruto de un ERTE. Esta medida constituiría una ayuda para todos los trabajadores y familias cuyos ingresos ya se han visto reducidos de por sí durante el estado de alarma y, en especial, una medida dirigida a aquellas personas que se pudieran incardinar en el ámbito de aplicación del artículo 96.2.a) de la LIRPF.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la reforma del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en el sentido de incluir una nueva exención que tenga por objeto las prestaciones por desempleo percibidas como consecuencia de un ERTE tramitado a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, a los efectos de la declaración del IRPF del año 2020."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra, Mireia Borrás Pabón e Inés María Cañizares Pacheco, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las reformas necesarias para impulsar la colaboración público-privada en el ámbito de las infraestructuras para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

La colaboración público-privada es fundamental para acometer determinadas inversiones que, por su cuantía y envergadura, en particular en los sectores de infraestructuras y transporte, no podrían ser financiados en solitario por el sector público en un momento como el actual, donde la restricción presupuestaria está más presente que nunca. Además, la búsqueda de sinergias entre la administración y el sector privado puede mejorar el resultado de la inversión. Al sector de los transportes o la energía podemos añadir otros en los que no es tan común la colaboración público-privada en España, como la educación o la sanidad. Esta colaboración tiene muchas formas y no simplemente supone la explotación privada de determinados servicios públicos.

Los beneficios no son solo económicos, también administrativos y de control. Habría ventajas de tiempo y eficiencias entre las que destacan la simplificación al integrar en un contrato el ciclo completo, desde diseño hasta mantenimiento, lo que genera simplicidad administrativa; genera mejor integración entre todas las fases, al estar al frente un integrador. Por otro lado, si el contrato está bien diseñado, genera mejor control en la fase de mantenimiento, ya que se realiza por indicadores.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos de nuestra legislación es la limitación de la rentabilidad de los proyectos de colaboración público-privada, que se sitúa en 200 puntos básicos más la rentabilidad del bono a diez años. Una rentabilidad que en los últimos meses podría rondar el 2,5 %. Si comparamos estas cifras con las experiencias internacionales, países como Corea, con mercados de colaboración público-privado muy desarrollados y eficientes, están pagando una rentabilidad real de media entre 600 y 900 puntos básicos sobre el bono a cinco años, según un estudio publicado por el Banco Asiático de Desarrollo. Otro estudio publicado en 2016, Infrastructure as an Asset Class, sobre las colaboraciones público-privadas sitúa la tasa interna de retorno de los proyectos de infraestructuras a nivel mundial en el entorno del 14 % para las autopistas de peaje, entre el 11 % y el 13 % para los aeropuertos o alrededor del 10 % para infraestructuras sociales. España se encuentra, por lo tanto, muy alejado de estas cifras,


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resultando en la práctica inexistencia de este tipo de colaboraciones. Un claro ejemplo de los efectos de esta regulación es la negativa del sector empresarial a licitar en el Plan de Inversión en Carreteras diseñado por el anterior Gobierno que preveía alrededor de 3.000 millones en inversión en carreteras y que fue suspendido después de que las empresas se negaran a colaborar con el Ministerio de Fomento. El Gobierno del PSOE llegó a ofrecer a las empresas el adelanto de un 50 % de la inversión contra las certificaciones de obra para poder compensar la limitación del plazo y la tasa de descuento.

El Real Decreto-ley 55/2017 de desarrollo de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española, establece en su artículo 10 estos límites de rentabilidad y contiene además otra provisión por la cual, el instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base para el cálculo de la tasa de descuento, puede ser modificado por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, para adaptarlo a los plazos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda está habilitado para resolver esta limitación. Sin embargo, no parece que el Ministerio esté interesado en introducir ningún cambio en la legislación actual.

La rentabilidad de un contrato de colaboración público-privada debe cuantificarse/estructurarse en función del nivel de riesgo del proyecto, los costes de financiación en el mercado, condiciendo al sector, actividades que deba realizar el privado (ejemplo demanda vs. mantenimiento), etc. La regulación actual permite reglamentar a parte las condiciones de rentabilidad para cada sector. Tal es así que el sector de las energías renovables ya cuenta con una específica que les resuelve el problema.

El Consejo Económico y Social en su evaluación del Real Decreto Ley dice textualmente que "el diferencial que se propone no es representativo de las rentabilidades que actualmente ofrece el mercado y, por tanto, no resulta suficientemente atractivo para este tipo de inversiones". Respecto al uso de la rentabilidad de la deuda pública a diez años, el CES establece que "habida cuenta de que no todos los contratos tienen la misma duración, emplear esta referencia como base común no siempre puede resultar conveniente". Finalmente, tal y como apuntamos en este escrito, "las condiciones de financiación son variables a lo largo del tiempo y que los niveles de rentabilidad están estrechamente relacionados con el riesgo de cada proyecto, por lo que el CES no comparte la necesidad de establecer de inicio una rentabilidad fija y común para todos los proyectos". El Consejo considera que resultaría más conveniente buscar una manera objetiva para determinar la rentabilidad de cada proyecto, atendiendo a las condiciones de financiación del mercado en cada momento y al riesgo y plazo de la inversión del mismo.

En esta línea, la CNMC aprobó en 2018 su propuesta de metodología para calcular la tasa de retribución para aplicar el valor de las redes de distribución y transporte de electricidad y el de las energías renovables a partir de 2020 y determinar así la rentabilidad de dichos activos, situando los niveles de rentabilidad en un 5,6 % en las redes eléctricas y de un 7,1 % para las energías renovables. Este cambio en la metodología se aleja de la propuesta por la reforma eléctrica de 2013 que ligaba la rentabilidad de estos activos al bono del Tesoro a diez años más un diferencial de 200 puntos básicos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"Con el objetivo de hacer más atractiva la participación del sector privado en la construcción y gestión de infraestructuras se propone:

1. Habilitar la posibilidad de que la Oficina Nacional de Evaluación pueda establecer los criterios de rentabilidad a nivel sectorial o incluso a nivel de proyecto conocidos, públicos, replicables y estables, pudiendo establecerse mecanismos de revisión de los mismos cuando las características de este así lo requieran, dejando las disposiciones contenidas en el Real Decreto-ley 55/2017 y en la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española como normativa subsidiaria.

2. Extender la actividad de la ONE a licitaciones de obra de elevado volumen y la evaluación de los proyectos de colaboración público-privada y promover la adhesión de las comunidades autónomas y otras entidades para proyectos de similar envergadura, normalizando de esta manera, los criterios aplicados a este tipo de contratos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la derogación de la Ley 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y permitir a las entidades locales atender sus competencias propias con cargo a los remanentes y/o el superávit, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

Acompañando a la reforma del artículo 135 de la Constitución, promulgada el 27 de septiembre de 2011, se estableció la aprobación de una ley orgánica para desarrollar su contenido, esta sería la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, de 27 de abril, y que establece tres reglas fiscales básicas: el equilibrio o superávit estructural, el límite a la ratio de la deuda al 60 % del PIB (3 % en el caso de las entidades locales), y la regla de gasto, según la cual el gasto computable no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo.

Lo datos sobre la deuda viva de los ayuntamientos españoles a finales del 2019 era de 18.971 millones de euros y la de las Diputaciones de 3.876 millones. En el caso de los concellos gallegos aun es mucho menor, dado que la deuda de las cuatro Diputaciones no llega a los 29 millones de euros y la de todos los concellos de Galiza no llega a los 224 millones. Estas cifras vienen a demostrar que las entidades locales gallegas cumplen sobradamente con la ratio de deuda, a 31 de diciembre de 2019 el 0,3 % del PIB gallego.

Según la Ley de Estabilidad, el superávit de los concellos debe destinarse obligatoriamente a amortizar deuda con las entidades financieras, pues aunque los Presupuestos Generales del Estado permitan destinarlo a gastos financieramente sostenibles, los difíciles condicionantes que se imponen en este caso, lo hace casi imposible, por lo que muchos concellos han ido amortizando el total de su deuda, situándose casi a cero, y siguen sin poder destinar superávit a otras finalidades.

La aplicación de toda la normativa derivada de la Ley de Estabilidad ha llevado a que la mayoría de las Administraciones locales hayan acumulado durante los últimos años remanentes que no se les permite gastar. Así, la cantidad de remanentes de las entidades locales gallegas se estima en unos 890 millones de euros.

Como resultado de lo anterior, y ante la situación de crisis económica y social de los últimos meses, los concellos demandan de forma urgente poder utilizar los remanentes acumulados en cuentas bancarias, sin que con ello se incumpliera la regla de gasto ni se incurriera en inestabilidad económica. Así, hay una petición reiterada desde las Administraciones locales de derogar la Ley Montoro, o cuando menos, flexibilizar sus condiciones, para poder utilizar los remanentes en los gastos que estimen necesarios, sen tutela do estado.

Esta demanda ya había sido manifestada, incluso antes de la crisis de la COVID19, por la FEGAMP, que demandaba de forma urgente la flexibilización en la utilización del remanente y superávit a cualquier tipo de inversión que redunde en beneficio de la comunidad, extendiendo el ámbito temporal de aplicación y que se considerara la posibilidad de poder aplicar parte del mismo en gasto corriente.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, haciendo caso omiso de las demandas de las entidades locales, se hace ahora una propuesta con la que se pretende incautar los remanentes locales para su utilización por parte del Estado, y así, poder incrementar su liquidez.

Con su propuesta, el Gobierno no solo está ignorando las necesidades municipales, sino que también obvia las conclusiones fijadas en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción y que el Congreso acaba de aprobar, donde se establece la necesidad de flexibilizar la Ley de Estabilidad y de la regla de gasto para que los concello puedan usar los remanentes y superávit, recogiéndose en el documento lo siguiente:

"104. Estudiar en el marco jurídico vigente la posibilidad:

a) Permitir de manera inmediata que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávits y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020, y posibilitar su aplicación en inversiones y gastos no financieros para hacer frente a las necesidades puestas de manifiesto por esta crisis.


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b) Durante los ejercicios 2020 y 2021 la regla del gasto no será de aplicación para las corporaciones locales.

c) En aplicación del principio de subsidiariedad una parte de los fondos europeos deberán ser gestionados por las corporaciones locales y comunidades autónomas."

La propuesta por parte del Gobierno central de incautarse del superávit de las administraciones locales ha causado gran preocupación e incertidumbre en los concellos de Galiza, por considerar que estas cantidades deben servir para financiar servicios y necesidades municipales y no como préstamo obligatorio al Estado.

El pasado viernes la FEMP convocó una reunión extraordinaria de su Junta de Gobierno para presentar y aprobar una acuerdo entre el Gobierno de España y la propia FEMP para, tal y como se especificaba en la convocatoria, "contribuir desde los municipio a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidados y apoyo a la cultura". Bajo este eufemismo, lo que el acuerdo pretendía era permitir que el Estado realice una operación para dotarse de liquidez a costa de los remanentes municipales. La pretensión de aprobar este acuerdo generó una reacción de rechazo generalizado que obligó al Presidente de la FEMP a suspender la Junta de Gobierno.

Desde el Ministerio se justifica esta maniobra amparándose en las previsiones de la Ley de Estabilidad Financiera, alegando la imposibilidad de incumplir su contenido y que de este modo, no le computará a las distintas entidades locales como déficit. Este argumento no puede darse por válido cuando la propia Comisión europea ha acordado flexibilizar la limitación de endeudamiento de los Estados para hacer frente a la crisis del COVID-19. Sin embargo, aunque los Estados miembros van a poder incrementar su deuda, según la interpretación que realiza el Ministerio, la única administración que va a poder beneficiarse de esta previsión es la Administración General del Estado, mientras que las Administraciones Locales no podrán hacerlo, a pesar de suponer en el caso de Galiza, un 0,3 % do PIB galego, y estar el límite en el 3 %.

Debe ser objetivo prioritario garantizar que la posibilidad de utilización de fondos o el endeudamiento de los concellos no sea utilizado por otras Administraciones para buscar financiamiento, y así, mismo no puede tolerarse la asunción por parte de las entidades locales de competencias impropias, cargando así sobre los municipios el coste de servicios que no pueden ni deben ser asumidos.

Esta es una reiterada demanda por parte del municipalismo gallego, y así ha quedado reflejado en los relatorios aprobados en la Asamblea General de la FEGAMP celebrada en el mes de noviembre pasado y en la que, por unanimidad, se acordó "demandar la flexibilización de utilización del remanente y superávit a cualquier tipo de inversión que redunde en beneficio de la comunidad, extendiendo el ámbito temporal de aplicación y considerando la posibilidad de poder aplicar parte del mismo en gasto corriente".

Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para permitir a las entidades locales atender las competencias propias con cargo a los remanentes y/o superávit, así como ampliar la capacidad de endeudamiento de las Administraciones locales para afrontar dichos gastos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Diputada.-Néstor Rego Candamil, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.

161/001248

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, y D.ª Inés María Cañizares Pacheco, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la presentación de un Plan de Reequilibrio Presupuestario, para su discusión en la Comisión de Hacienda.


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Exposición de motivos

El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), dicta que "en el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores".

El 27 de febrero de 2020, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva senda de déficit 2020-2023 y el techo de gasto.

Objetivo de estabilidad presupuestaria para 2020 Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010 (% PIB)

;2020

Administración Central.;-0,5

Comunidades Autónomas.;-0,2

Entidades Locales.;0,0

Seguridad Social.;-1,1

Total Administraciones Públicas.;-1,8

Objetivo de deuda pública para 2020 (% PIB)

;2020

Administración Central y Seguridad Social.;69,2

Comunidades Autónomas.;23,4

Entidades Locales.;2,0

Total Administraciones Públicas.;94,6

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno decretó el Estado de Alarma en todo el territorio nacional para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en España. Este mecanismo, previsto en el artículo 116 de la Constitución, tenía como fin el garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública, implicando la limitación de la movilidad ciudadana y de los transportes, así como el cierre de comercios y actividades industriales.

Las medidas aprobadas en los diferentes Decretos promulgados durante el Estado de Alarma tendrán un impacto presupuestario para las cuentas públicas de entre 4,1 % y 4,9 % del PIB, dependiendo del escenario.

Las principales partidas de coste son (Fuente: AIReF):

- Coste asociado a los ERTE por fuerza mayor: la AIReF estima que será de entre 23.019 y 25.870 M?.

- La prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la exoneración del pago de cotizaciones se valora entre 6.534 y 7.982 M?.

- Ingreso Mínimo Vital: 1.743 M?.

Por otro lados los ingresos Públicos van a verse del mismo modo afectados por las medadas aprobadas por el Gobierno Los ingresos de las AA.PP. se situarán en el 40,3 % del PIB en 2020 según


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la AIReF. Las nuevas estimaciones de ingresos y gastos públicos van a tener un efecto sobre los niveles de deuda y déficit, empeorando de manera sustancial lo aprobado por el Gobierno tanto en el techo de gasto como en la "Actualización del Programa de Estabilidad 2020". La AIReF, en Informe sobre Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2020 del 15 de julio de 2020, estima que el déficit de las AA.PP. se situará en el 11,9 % sobre el PIB, y podría alcanzar el 14,4 % en el escenario más adverso. Del mismo modo, el ratio de deuda sobre PIB se situaría en un rango entre el 117,6 % y el 123,2 % en 2020, y entre el 118,7 y el 125,7 % en 2021.

La LOEPSF, en su artículo 11, establece que "Excepcionalmente, el Estado y las comunidades autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento".

Como consecuencia de lo expuesto, es necesario clarificar el marco fiscal aplicable a todas y cada una de las Administraciones Públicas de cara a la Elaboración del Plan Presupuestario y los presupuestos de cada Administración.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. A activar la cláusula de excepcionalidad contemplada en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. Que, de conformidad con el artículo 22 de la citada Ley Orgánica, se presente un plan de reequilibrio que habrá de recoger la senda prevista para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria, desagregando la evolución de los ingresos y los gastos, y de sus principales partidas, que permiten cumplir dicha senda.

3. Que en cumplimiento del artículo 23.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, sea remitido dicho plan de reequilibrio a las Cortes Generales para su aprobación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz Grupo Parlamentario VOX.

161/001260

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán y D.ª Inés María Cañizares Pacheco, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley instando a la modificación del Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, con el fin de dinamizar el mercado laboral de nuevas tecnologías en España, para su discusión en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

Primero. Históricamente, España cuenta con una elevada tasa de desempleo que la hace ser el segundo país de Europa en tasa de paro, solo por detrás de Grecia.


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Las causas de este elevado nivel de desempleo son varias, y aunque no sea objeto de la presente Proposición no de Ley, entre las mismas nos gustaría destacar la rigidez del mercado laboral, la baja productividad de la fuerza laboral en España, la elevada tasa de abandono escolar y la propia estructura de nuestro modelo económico.

A pesar de la notable reducción del número de desempleados, que en la anterior crisis económica se situó por encima de los 6 millones en el 1T2013, los 3,3 millones de parados actuales constituyen uno de los principales retos de futuro de la economía española, máxime cuando es de prever que este número se incremente de manera drástica durante los próximos meses debido a los efectos sobre el tejido productivo de la crisis sanitaria del COVID-19. En este contexto, el Banco de España pronostica una tasa de paro cercana al 24 % a finales del 2020.

Segundo. El sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y de Contenidos está formado por 21.114 empresas y cuenta con una facturación, en 2018, de 66.325 millones de euros en los subsectores de Actividades Informáticas y Telecomunicaciones.

España, con más del 9 % de la población de la UE-28, solo cuenta con el 6,6 % del talento digital (380.000 profesionales).


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En el conjunto de la UE la creación de empleo en el sector digital bate a los sectores tradicionales.

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Hasta la crisis sanitaria originada por el Covid-19, el sector tenía unas magníficas perspectivas de futuro. En enero de 2020, el sector había crecido un 5 % interanual frente un 2 % del total de la economía española (TIC Monitor).

La crisis económica ha supuesto un frenazo al sector servicios si bien el grado de afectación ha sido sustancialmente diferente en función de cada una de las actividades.


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Frente a la práctica paralización de la actividad en la hostelería en el mes de abril de 2020, y de una caída del 40 % del índice general del sector servicios, la programación cayó un 15 % y las telecomunicaciones un 3,6 %.

Según el TIC Monitor de VASS Research "casi la mitad de las compañías TIC españolas augura una mejora del volumen de la actividad y de la creación de empleo durante este verano". El indicador del clima empresarial mejora y sube desde una puntuación, en una escala de +/-100, de -70,3 puntos a -11,2. Esto significa que un 44,4 % de las compañías prevé un aumento en su nivel de facturación hasta septiembre cuando, el mes pasado, ese porcentaje se quedaba en el 14,8 %. Nos encontramos con un sector que casi no ha tenido pérdida de empleo durante la pandemia y que ha sido clave para la continuidad de múltiples sectores económicos a través de plataformas tecnológicas de comunicación y e-comerce.

Por otro lado nos encontramos con que tanto las telecomunicaciones como la programación se encuentran entre los sectores con mayores costes laborales por trabajador, indicador clave para entender la alta productividad de ambos subsectores, lo cual implica mayores salarios para sus empleados.


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Tercero. El portal de empleo Infojobs publica anualmente el ranking de los puestos de trabajo con las mejores oportunidades, aunando criterios como el número de vacantes por oferta y el salario medio. En el año 2018 todos los puestos estaban relacionados con la tecnología. A medida que esta se transversaliza, aumentan las necesidades de las empresas y se crea déficits de profesionales en el mercado.

Ranking de los puestos con mejores oportunidades

;Vacantes 2018;Salario Bruto Promedio 2018

Programador J2EE.;7.474;30.322 ?

Arquitecto informático.;5.567;45.881 ?

Programador JAVA.;38.251;31.032 ?

Programador .NET.;17.003;31.115 ?

Programador ABAP.;2.473;34.290 ?

Programador móvil.;4.380;32.587 ?

Desarrollador soluciones Big Data *.;6.413;39.730 ?

Programador ORACLE.;1.537;29.162 ?

Programador C++.;5.003;31.479 ?

Administrador bases de datos ORACLE.;1.624;34.749 ?

Full-stock*.;13.202;35.100 ?

Se trata de puestos de trabajo de alto valor añadido y que por lo tanto son susceptibles de tener mayores salarios.


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Además, los candidatos por puesto de trabajo ofertado en el sector digital se han reducido en el último año, lo que incrementa la empleabilidad en este sector.

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Cuarto. España ocupa la undécima posición en el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020, habiendo descendido un puesto frente al ranking del 2019.

España ha experimentado un significativo avance en algunos componentes tales como conectividad (80 % de los hogares con fibra óptica hasta el hogar (FTTH)) y en datos abiertos y servicios digitales de la administración para ciudadanos y empresas.

España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea en Capital Humano, que tiene en cuenta indicadores sobre competencias digitales, graduados y especialistas en Tecnologías de la Información (TI). Del mismo modo, España tiene margen de mejora en la integración de la tecnología digital de las empresas en áreas como comunicación y comercio electrónico o el uso de redes sociales.

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Las empresas españolas tienen que incrementar sus esfuerzos para digitalizarse y reducir esta brecha digital con el resto de países desarrollados, especialmente en comercio electrónico y capital humano. Dentro del tejido industrial se aprecian notables diferencias en función del tamaño siendo las PYME,s el sector empresarial con mayor potencial de desarrollo.

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La Digitalización de la economía española debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Vencer la resistencia al cambio de los directivos españoles que, en un significativo porcentaje, ven esta transformación más como un gasto que como una inversión.

b) Es necesario contar con un mercado laboral preparado para afrontar el reto tecnológico. Atraer y retener el mejor talento debe ser una de las prioridades para las compañías que busquen transformarse digitalmente.

c) El motor de este profundo cambio hacia la digitalización es la estrategia y no la tecnología. Son los líderes de la organización los responsables de fomentar una cultura que se adapte a los cambios y donde el riesgo juegue un rol clave.

d) Es necesario crear un marco fiscal que favorezca la transformación digital especialmente en formación del capital humano y apoyos financieros al diseño e implementación de planes de transformación digital.

¿Cómo ha respondido la sociedad a esta demanda de profesiones digitales por parte de la economía nacional?

i. Nuevos programas educativos en formación digital: se ha producido un incremento de las titulaciones en materia de ingeniería y arquitectura, donde están incluidas las competencias digitales.


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Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sin embargo la excelencia académica en el ámbito tecnológico sigue siendo un reto para España. No hay ninguna universidad que figure en los rankings mundiales y europeos, donde destacan países como Estados Unidos, Reino Unido y Suiza.

Rankings de los centros formativos más reconocidos en "Computer Science & Information Systems"

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT).Estados Unidos.

2. Stanford University. Estados Unidos.

3. Carnegie Mellon University. Estados Unidos.

4. University of California, Berkeley. Estados Unidos.

5. University of Oxford.Reino Unido.

6. University of Cambridge. Reino Unido.

7. Harvard University. Reino Unido.

8. École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).Suiza.

9. ETH Zurich.Suiza.

10. University of Toronto. Suiza.

Fuente: QA Top Universities.

ii. Formación interna de las empresas: las empresas han incrementado sus recursos en atender las necesidades formativas de sus empleados en competencias digitales.

iii. Reclutamiento de trabajadores digitales de otros países: El mercado laboral de perfiles tecnológicos en Europa tiene como principal característica que hay más oferta que demanda, es decir, el trabajador lidera el proceso de selección. La brecha ha crecido en los últimos años, dado el imparable proceso de digitalización de la economía y la aceleración tecnológica han crecido más rápido que la generación de nuevo talento.

iv. Los países del norte de Europa, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza tienen ventaja en la guerra por la atracción de talento porque ofrecen salarios superiores, su legislación laboral está más adaptada y cuentan con un ecosistema tecnológico más maduro. España puede convertirse en un foco de atracción de grandes empresas y fondos de inversión debido a que nuestros costes salariales son menores. Esta llegada de grandes empresas permitirá, y está permitiendo, crear un ecosistema atractivo, que a largo plazo es un factor de atracción de talento más sostenible que los altos salarios.


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Quinto. Los profesionales del sector no dudan en emigrar a otros países motivados principalmente por las condiciones salariales y expectativas profesionales.

Reino Unido es la principal potencia exportadora de talento digital. Es el país de origen de casi el 35% de la emigración de talento europeo. Alemania destaca por la retención del talento digital. Este país concentra el 17% de los profesionales de la UE y, en cambio, es el país de origen de solo el 8,8% del talento con destino internacional.

Movilidad de los trabajadores del sector digital

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Fuente: The State of European Tech 2019 (Atómico); Startup Ecosystem Overview 2019 (Mobile World Capital Barcelona)

Sexto. Tal y como se ha analizado, España cuenta con un déficit de profesionales del sector, situación que a corto plazo no va a experimentar una notable mejoría, por lo que es necesario idear una estrategia que permita cubrir las plazas digitales vacantes de tal forma que nuestro tejido tecnológico empresarial no vea resentida su actividad y se reduzca el riesgo de deslocalización de empresas tecnológicas. Asimismo, la llegada de profesionales digitales de otros países constituirá un efecto tractor sobre el resto de profesionales al producirse un trasvase de conocimiento y de nuevas metodologías de trabajo.

Uno de los mecanismos más eficaces para atraer talento de otros países son las medidas fiscales que establezcan un régimen impositivo más laxo al de los países de origen.

En España el Real Decreto 687/2005, modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente entre 2005 y 2007, e integrada en el Decreto 439/2007 aún vigente, permite a los extranjeros que se muden a España a trabajar el tributar como no residentes. Esto implica pagar impuestos al tipo general fijo del 24% en Renta por los rendimientos del trabajo por los primeros 600.000 euros, como si fueses no residente, pero siendo residente fiscal en España. Por el exceso de 600.000 euros tributaría al 45%.

Este régimen especial es de aplicación a aquellas personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no hayan sido residentes en España durante los diez periodos impositivos anteriores a aquel en el que se produce su desplazamiento a territorio español.

b) Que el desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias:

i. Como consecuencia de un contrato de trabajo (excepto para los deportistas profesionales).

ii. Como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de una entidad en cuyo capital no participe o, en caso contrario, cuando la participación en la misma no determine la consideración de entidad vinculada.

c) Que no obtenga rentas mediante un establecimiento permanente situado en España.

d) Si se cumplen estos requisitos puedes optar voluntariamente por aplicar este régimen especial, en cuyo caso estarás sometido por obligación real al Impuesto sobre el Patrimonio en España.


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Esta aplicación de régimen especial conlleva aparejada las siguientes especialidades, a saber:

a) Se debe tributar por toda renta mundial en España.

b) No pueden compensarse rentas entre ellas, es decir, no se compensan las pérdidas con ganancias.

c) Las ganancias patrimoniales tributan como el resto de residentes, esto es, 19% por los primeros 6.000 euros, el 21% hasta 50.000 euros y el 23% por el exceso de 50.000 euros.

Desde el Grupo Parlamentario VOX entendemos que se deben realizar modificaciones en el Real Decreto 439/2007 de tal forma que se refuerce nuestra estructura laboral digital, eliminando o modificando algunas de las limitaciones para poder acogerse al régimen fiscal de impatriado.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

Promover la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en el siguiente sentido:

- Artículo 93. "Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español":

- Apartado 1: Ampliar hasta los 10 años la duración de este régimen especial desde que el contribuyente adquiera su residencia fiscal en España.

- Apartado 2: Ampliar el límite de retribuciones satisfechas por un mismo pagador de rendimientos del trabajo sujetas al tipo impositivo del 24 %, pasando de 600.000 ?/año a 1.000.000 ?/año.

- Incluir un apartado que iguale la tributación de la vivienda habitual en el régimen especial para trabajadores desplazados con los del régimen General."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/001265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputado presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reducción del IVA en el sector turístico, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

El turismo es un pilar fundamental de la economía española, con un volumen cercano a los 150.000 millones de euros -según la Cuenta Satélite del Turismo España publicada por el INE- representa el 12 % del PIB y da empleo a porcentaje similar de la población activa, más de 2.5 millones de trabajadores contabilizando hoteles, campings, restauración y transporte.

En 2019 nos visitaron 82,7 millones de turistas, lo que nos convierte en el segundo país más visitado del mundo por detrás de Francia, que gastaron 62.500 millones de euros, siendo superados por ingresos solo por Estados Unidos. Además, buena gestión del Gobierno del Partido Popular nos permitió pasar del octavo puesto en 2011 al primero en 2015 en el ranking mundial de competitividad turística que elabora el Foro Económico Mundial.

Frente a estas envidiables cifras de 2019, la realidad de este año como consecuencia del coronavirus es demoledora: el gasto de los turistas internacionales que visitaron España cayó un -63,3% en marzo, un -100% en a y mayo (período en el que las pernoctaciones hoteleras fueron nula) y consiguieron recuperarse en junio a pesar del comienzo de la desescalada (pernoctaciones cayeron un 95 % respecto al año anterior).

Con este panorama, las pérdidas para el sector hotelero y de restauración superan, a 30 de junio, los 45.000 millones de euros, y ante unas perspectivas muy negativas de los próximos meses.


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La situación excepcional que atraviesa el sector exige medidas excepcionales ambiciosas, tal y como lleva reclamando el Partido Popular desde abril de este a y en línea con las que están aplicando países como Alemania o Reino Unido q han bajado el IVA que afecta al sector turístico.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se establezca que el tipo I de IVA a las actividades del sector turístico durante 2020 y 2021 sea el tipo súper reducido".

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2020.-Carolina España Reina y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento del requisito del conocimiento de las lenguas cooficiales para los trabajadores y trabajadoras de Correos para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos (en adelante Correos) es el servicio postal y paquetería del Estado español. Correos es cien por cien propiedad del Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI), siendo uno de los servicios postales más grandes a nivel global. El Grupo Correos está integrado actualmente por Correos y sus filiales: Correos Express, el servicio postal urgente del Grupo; Correos Nexea y Correos Telecom.

Todos los empleados del Grupo Correos deben superar una oposición. Esta obliga a cumplir unos requisitos y tiene en consideración una serie de méritos, además debe superarse un examen teórico y psicotécnico. Sin embargo, cabe la posibilidad de no obtener una plaza a pesar de la superación de la oposición. Ante esta situación existen las convocatorias para acceder a la Bolsa de Trabajo de Correos. Así mismo, también existen las oposiciones de carácter provincial. Esto es, únicamente cuando sea requerido ocupar nuevas plazas y en función de las necesidades de cada provincia saldrán convocatorias donde sea necesario.

En cuanto a los requisitos fijos para cada convocatoria, en los documentos disponibles publicados por Correos sobre las oposiciones de 2017-2018 y 2020 no se contempla como indispensable ningún requisito sobre conocimientos lingüísticos. No obstante, entre los méritos, no eliminatorios, a valorar se encuentra el conocimiento del inglés, así como del árabe en los casos de Ceuta y Melilla.

En tal sentido, y pese a la valoración como mérito del inglés y el árabe, no existe ninguna mención a los idiomas cooficiales: el catalán (denominado valenciano en el País Valencià), el euskera, el gallego y el occitano (denominado aranés en el Arán). La Administración del Estado, teniendo en cuenta la diversidad lingüística y la vocación de servicio público de Correos, ha de garantizar el uso de estas lenguas en Correos y que la ciudadanía pueda dirigirse y ser atendida en la lengua oficial que los interesados elijan, en cualquier servicio ofrecido por Correos, sin que se produzcan dilaciones indebidas por razón de la lengua escogida.

Por todo ello se presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:

1. Incluir como requisito para la obtención de una plaza en Correos, fija o temporal, la capacitación lingüística suficiente para comunicarse en las lenguas cooficiales de aquellos territorios que las tienen.


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2. Establecer el mismo requisito lingüístico en los casos de movilidad geográfica a territorios con lenguas cooficiales de los trabajadores y trabajadoras de Correos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto de 2020.-Pilar Vallugera Balañà, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

Comisión de Interior

161/001157

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de una nueva Comisaría Local de Policía Nacional en Alcantarilla (Murcia), para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La actual Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía situada en Alcantarilla (Murcia) se encuentra ubicada en una vieja construcción de principios del siglo XX, en la que a pesar de las obras de adecuación realizadas hace décadas, las dependencias presentan un estado deplorable y totalmente deficitario, con graves problemas de habitabilidad y accesibilidad que no pueden resolverse debido a la antigüedad del inmueble.

Estas dependencias no son un espacio adecuado para que los 60 funcionarios destinados en ella puedan desempeñar su labor en buenas condiciones, y en especial en la Oficina de Denuncias y en la Oficina de expedición del DNI y pasaporte.

Por este motivo, en diciembre de 2016, tras la visita del entonces Director General de la Policía, D. Ignacio Cosidó, el Ministerio del Interior solicitó al Ayuntamiento de Alcantarilla la cesión de una parcela municipal para la construcción de una nueva Comisaría para el Cuerpo Nacional de Policía.

El Ayuntamiento inició un expediente de desafección de una de las parcelas municipales, que se oficializó en el pleno de 26 de octubre de 2017, donde se acordó ceder gratuitamente a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, un solar de 1.795,45 metros cuadrados de superficie con destino a la construcción de una sede para la Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía en el término municipal de Alcantarilla, una parcela de propiedad municipal, calificada como bien patrimonial, libre de cargas y gravámenes.

Acabado el periodo de información pública y habiendo cumplido todos los trámites establecidos, el 25 de abril de 2018 se firma el Acta de Entrega del solar a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado.

Todo iba desarrollándose de forma ágil y con paso firme, incluso el siguiente Director General de la Policía, don Germán López, ratificó el acuerdo y se comprometió a la licitación durante el año 2018 y con un plazo de ejecución de dieciocho meses para su construcción.

Sin embargo, en junio de 2018, tras la moción de censura, se produjo un frenazo en seco en la construcción de esta Comisaria tan necesaria para la localidad de Alcantarilla y las pedanías de su entorno.

Todo ello pese a que el anterior Gobierno del Partido Popular consignó más de 100.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que permitía comenzar las actuaciones, y un compromiso adquirido para inversiones plurianuales de hasta 2 millones de euros hasta finalizar la construcción de la nueva Comisaría.

El pasado 9 de octubre de 2019 el Director General de la Policía, don Francisco Pardo Piqueras, anulaba in extremis una reunión que tenía concertada con el alcalde de Alcantarilla, don Joaquín Buendía, en Madrid, solicitada desde hacía meses, alegando que no se mantendría ninguna reunión hasta después de las elecciones. Esto puso de manifiesto el escaso interés que el Gobierno socialista tiene por cumplir con el compromiso adquirido con los alcantarilleros en 2016 y que ahora, más que nunca, parece muy lejano.


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Para mayor incertidumbre, el pasado 2 de octubre, el Delegado del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, durante la celebración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, hizo unas declaraciones en las que confirmaba que está previsto un plan de infraestructuras, y que se preveía construir una Comisaría en Yecla y otra en Molina de Segura, sin nombrar en ningún momento la nueva Comisaría de Alcantarilla.

El 27 de enero del presente año el Gobierno, en respuesta a una pregunta formulada por diputados del Grupo Popular en el Congreso contestó: "se informa que no está contemplada a corto plazo la construcción de una Comisaría Local en Alcantarilla".

Alcantarilla es una población en continuo crecimiento y modernización de sus servicios y en este sentido, la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía no puede esperar. La seguridad de las personas que en ella trabajan y también de los ciudadanos que acuden a recibir un servicio público, así lo requiere.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en cumplimiento de los compromisos adquiridos y consignados presupuestariamente por el anterior Gobierno del Partido Popular proceda, en el menor tiempo posible, a la licitación de las obras de construcción de la nueva Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía en Alcantarilla."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-Teodoro García Egea, Isabel Borrego Cortés y José Luis Pedreño Molina, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para paliar los daños agrícolas producidos por la borrasca Gloria en la localidad de Níjar y otros municipios de la provincia de Almería, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Las precipitaciones y las bajas temperaturas registradas como consecuencia del paso de la borrasca Gloria, durante la semana del 20 al 22 de enero, han provocado daños e incidentes en la provincia de Almería, en los municipios de Turre, Arboleas, Vera, Antas, Cuevas de Almanzora, Huercal-Overa y, particularmente, en el municipio de Níjar.

Durante la mañana del pasado 22 de enero una fuerte tormenta acompañada de granizo en el término municipal de Níjar, además de originar la muerte de una persona, producía graves daños en las producciones y estructuras agrícolas de la zona, especialmente entre las barriadas de Campohermoso, Saladar y Leche. Las primeras estimaciones, realizadas por organizaciones agrarias, calculan que la superficie total afectada supera las 1.000 hectáreas, habiéndose visto afectados tanto cultivos en invernadero como al aire libre. Así, 500 hectáreas corresponderían a invernaderos totalmente destruidos debido al colapso de sus estructuras bajo el peso de los más de 20 centímetros de granizo. En resumen, cientos de invernaderos y millones de kilos de hortalizas perdidos.

Las mismas fuentes valoran que los daños originarán pérdidas superiores a los 90 millones de euros considerando la producción inservible y la dañada, tanto por el exceso de humedad como por la helada, sobre las producciones, entre otras, de tomate, calabacín, pepino, berenjena, sandía, pimiento etc., que en muchos casos estaban siendo preparadas para la recolección. A esta cuantía habría que añadir más de 50 millones de euros por los daños en los invernaderos destruidos, cuya única solución será la completa reconstrucción.

En este contexto habría sido necesario contar con un seguro agrario competitivo, ya que se trata de una herramienta vital en situaciones como la que se está sufriendo el campo, en general, y en los


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acontecimientos de Níjar, en particular. Sin embargo, no resultan atractivas las condiciones y los precios del seguro agrario para este tipo de explotaciones y, en consecuencia, no se contratan pólizas.

Por todo lo anterior, añadiendo que el año ha sido especialmente difícil por la crisis de precios, se hace necesario un apoyo firme al sector agrario, que contribuya a recuperar la capacidad productiva de los afectados, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha las ayudas directas necesarias, así como las rebajas fiscales y las exenciones en la Seguridad Social, para compensar las caídas en la producción, que permitan paliar las pérdidas de renta por los daños producidos en la agricultura de la provincia de Almería durante el mes de enero de 2020.

2. Estudiar y proponer las reformas y modificaciones precisas en los seguros agrarios para que resulten atractivos para los agricultores, cubriendo más y mejor los daños y las pérdidas que estos fenómenos meteorológicos producen en la agricultura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-Juan José Matarí Saez y Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001183

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a mejorar las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Con los últimos datos oficiales, de mayo de 2019, en las cárceles españolas había 54.807 reclusos y 4.522 reclusas. Aunque el número ha disminuido en los últimos diez años (eran 70.330 reclusos y 6.070 reclusas en mayo de 2009) la institución penitenciaria ha sufrido cambios de gran impacto en cuanto a la composición de la población reclusa en la última década. Esos cambios han llegado a producir una nueva población más agresiva y peligrosa. Se pueden constatar nuevas formas de organización criminal: bandas armadas paramilitares compuestas por miembros de distintas nacionalidades, mafias del narcotráfico, terrorismo yihadista, etc. Y todo ello en un contexto global de internacionalización del fenómeno criminal del terrorismo y la violencia organizada.

Muchas de estas expresiones violentas, más o menos organizadas, cuentan con capacidad operativa fuera de las cárceles, y es especialmente preocupante la posibilidad de que puedan llegar a cometer actos contra la integridad del trabajador penitenciario, valiéndose de la infraestructura de la banda en el exterior de los Centros. Los sindicatos advierten que este tipo de amenazas y agresiones, cuando se producen, no suelen ser denunciadas por miedo.

Estas novedades, unidas a males endémicos que el sistema arrastra desde hace tiempo (vacantes sin cubrir, envejecimiento de las plantillas, consumo de nuevos tipos de estupefacientes de tipología peligrosa por los reclusos, contacto con enfermos mentales por la escasez de psiquiátricos, contacto con internos pacientes de enfermedades infecto-contagiosas, etc.), favorecen el aumento de las agresiones entre internos, y de internos hacia los funcionarios, así como accidentes laborales.

Según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, en España se registra una media de "un ataque al día" a funcionarios de prisiones con resultado de alguna lesión. Entre 2011 y 2019 se han producido unas 3.000 agresiones a funcionarios de prisiones, y ello sin incluir los datos de Cataluña, que tiene transferidas las competencias, y donde este problema es aún más grave.


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En medio de todas estas dificultades, la tarea de los funcionarios de las cárceles españolas sigue siendo esencial para la democracia y debe ser reconocida. Son ellos los directamente encargados de que el sistema penitenciario sirva para cumplir una de las finalidades principales de la pena privativa de libertad: la reinserción y la resocialización exitosa del recluso. El Grupo Parlamentario Popular ha tenido siempre presente la extraordinaria importancia del trabajo de estos empleados públicos y, desde esa consideración, ha impulsado una Proposición de Ley Orgánica para modificar la Ley General Penitenciaria y reconocer el carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

La retribución que reciben, sin embargo, no parece estar en consonancia con la importancia de esta tarea. A ello se une la necesidad de cubrir las plazas vacantes, una vez superada la crisis económica. Hacerlo redundaría en mayor seguridad en el trabajo, menos agresiones y mejores prestaciones. En suma, haría el sistema penitenciario mucho más funcional.

Otros aspectos que pueden parecer menores son, sin embargo, importantes. La renovación del sistema penitenciario debe llegar también a los uniformes. Porque la protección de los funcionarios cuando deben intervenir en la reducción de un recluso violento no es una cuestión menor. La policía cuenta con pertrechos cuando tiene que detener a criminales peligrosos. Debe dotarse de recursos a los funcionarios de prisiones cuando se enfrentan a situaciones análogamente peligrosas. Existen unos recursos para casos de intervención especial ("medios coercitivos") que se han mejorado recientemente, pero a veces no son compatibles con una intervención rápida.

Por último, y de forma especialmente importante, la falta de formación contínua imposibilita la adaptación a los nuevos tiempos del personal penitenciario, dificultando enormemente la labor encomendada por el mandato constitucional: la reeducación y la reinserción social de los internos e internas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, con carácter de urgencia y sin menoscabo del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, una mejora global de las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios, concretando dicha mejora en las siguientes acciones:

1. Incrementar el complemento específico de cada funcionario, eliminando las diferencias retributivas que existen en la actualidad, siguiendo el siguiente compromiso trianual:

- En 2020, un incremento lineal anual consolidable de 3.500 euros, en el complemento específico de todos los puestos de trabajo adscritos a Instituciones Penitenciarias de la Administración General del Estado, equivalente a un incremento de 250 euros mensuales.

- En 2021, se incrementará en dos niveles el nivel de complemento de destino de todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarías de la AGE y -en los supuestos en que esto no fuera posible por los límites en los intervalos de nivel de complemento de destino de cada subgrupo de funcionarios- se asignará una cuantía equivalente al incremento de los niveles en el complemento específico.

Además, se incrementará, de forma lineal, el complemento específico en 600 euros anuales, equivalentes a 50 euros mensuales y se aplicará a todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias de la AGE. Ambas medidas tendrán carácter consolidable.

- En 2022, se asignará un Fondo adicional de 30 millones de euros, que se acumulará a las medidas retributivas anteriormente señaladas. Para el reparto de este fondo, el Ministerio del Interior elaborará un estudio que se centrará en una nueva clasificación actualizada de los actuales nueve grupos en que se dividen las Instituciones Penitenciarias, sin que en ningún caso esta reordenación pueda perjudicar salarialmente a ninguno de ellos.

- La Administración General del Estado determinará la extensión de todas estas medidas retributivas al personal laboral adscrito o dependiente de las Instituciones Penitenciarias de la AGE, en el marco de la negociación del Convenio Único con las Organizaciones Sindicales.

2. Realizar una Oferta de Empleo Público para el próximo ejercicio de 2020 con una tasa de reposición extraordinaria que permita cubrir las plazas vacantes en Instituciones Penitenciarias, creando,


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paralelamente, con los aspirantes aprobados sin plaza en esa Oferta de Empleo Público, una bolsa de interinos para sustituciones.

3. Fijar la obligación de convocar concursos de traslado de carácter anual.

4. Establecer tras la negociación pertinente una carrera profesional dentro de Instituciones Penitenciarias.

5. Abrir un proceso de negociación para diseñar programas específicos de formación más ambiciosos que los actuales.

6. Iniciar un proceso de negociación para abordar y dar solución a la problemática específica del personal adscrito al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

7. Negociar un cambio de la nomenclatura del cuerpo más acorde con las funciones que desarrolla, con el fin de mejorar el prestigio social de su trabajo.

8. Establecer un nuevo uniforme y equipo adaptado al medio penitenciario y acorde con las situaciones de peligrosidad que se vienen registrando.

9. Abordar la regulación de la segunda actividad del colectivo de forma más acorde con las necesidades del servicio.

10. Acometer todas estas medidas para hacerlas efectivas, a más tardar, en el ejercicio de 2020.

11. Modificar la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los Funcionarios de Cuerpos Penitenciarios en el ejercicio de sus funciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.- Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª M.ª Magdalena Nevado del Campo y D. José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación del reglamento penitenciario para el reconocimiento de la igualdad efectiva de los padres a mantener a los hijos menores de tres años en su compañía dentro de la prisión en las mismas condiciones que las madres, para su discusión en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos:

El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación de los españoles "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.

Desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico una acción política encaminada a la discriminación positiva de la mujer que ha conllevado unos efectos perversos e injustos hacia el hombre, por el mero hecho de serlo.

Tal y como establece la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985.

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de


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las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión Europea y de sus miembros.

Sin embargo, el Gobierno, únicamente ha adoptado medidas de discriminación positiva a favor de la mujer que chocan frontalmente con el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Estas medidas dejan al hombre en una situación desigual respecto a la mujer, ya que, no reconoce solo derechos, sino que otorga ciertos privilegios a la misma que deberían pertenecer en igual medida al hombre.

Así, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano directivo del Ministerio del Interior encargado de la Administración Penitenciaria estatal, en su función de planificación, coordinación y gestión de la acción social a internos y liberados condicionales, que debería favorecer políticas encaminadas a la consecución de la plena igualdad entre la población reclusa femenina y masculina, acordó la realización de cinco talleres jurídicos que tenían como objetivo ofrecer conocimientos prácticos a las mujeres sobre los derechos y deberes que conlleva el Reglamento Penitenciario vigente, el nuevo Código Penal y la normativa específica sobre la violencia de género.

Asimismo, acordó la realización de cinco talleres de salud para mujeres que se encontraran en Centros Penitenciarios privadas de libertad y que tuvieran hijos menores a su cargo, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud integral de las mujeres, fomentando el desarrollo de habilidades que potenciaran su crecimiento personal, el empoderamiento y la autoestima y promover un crecimiento autónomo y saludable de sus hijos e hijas. Todo ello enmarcado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. No obstante, únicamente se aprecian medidas a favor de la mujer.

El artículo 17 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, permite a las internas con hijos menores de tres años que acompañen a sus madres en el momento del ingreso, así como que permanezcan en su compañía en el interior del centro penitenciario. Así, el tenor literal de dicho artículo establece lo siguiente:

"1. La Dirección del establecimiento admitirá a los hijos menores de tres años que acompañen a sus madres en el momento del ingreso. Cuando estas soliciten mantenerlos en su compañía dentro de la prisión, deberá acreditarse debidamente la filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los menores, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal la decisión adoptada a los efectos oportunos.

2. Las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años bajo su patria potestad podrán solicitar del Consejo de Dirección autorización para que estos permanezcan en su compañía en el interior del centro penitenciario, que se concederá siempre que se acredite debidamente la filiación y que tal situación no entraña riesgo para los menores. A tal fin, se recabará la opinión del Ministerio Fiscal, a quien se le notificará la decisión adoptada.

3. Admitido el ingreso de los niños en prisión, deberán ser reconocidos por el Médico del establecimiento y, si este no dispusiese otra cosa, pasarán a ocupar con sus madres la habitación que se les asigne dentro de la unidad de madres.

4. En los posibles conflictos que surjan entre los derechos del niño y los de la madre originados por el internamiento en un establecimiento Penitenciario, deben primar los derechos de aquel, que, en todo caso, deben quedar debidamente preservados en el modelo individualizado de intervención penitenciaria que se diseñe para la madre.

5. La Administración Penitenciaria dispondrá para los menores y sus madres de unidades de madres, que contarán con local habilitado para guardería infantil y estarán separadas arquitectónicamente del resto de los departamentos, a fin de facilitar las especificidades regimentales, médico-sanitarias y de salidas que la presencia de los menores en el centro hiciesen necesarias.

6. La Administración Penitenciaria fomentará la colaboración y participación de las instituciones públicas y privadas de asistencia al menor en las unidades de madres o en las unidades dependientes creadas al efecto para internas clasificadas en tercer grado que tengan en su compañía hijos menores de tres años. A tal fin, celebrará los convenios precisos para potenciar al máximo el desarrollo de la relación materno-filial y de la formación de la personalidad de los niños."

En este sentido, se han creado tres centros penitenciarios (Unidades de Madres de Sevilla, Madrid y Mallorca) con el fin de acoger a las madres que se encuentran en esta situación para favorecer la compañía del menor en el interior del centro penitenciario.

El artículo 25.2 de nuestra Constitución preceptúa que la persona que esté cumpliendo pena de prisión gozará de los mismos derechos fundamentales que el resto de la población, a excepción de los


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que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria, a la vez que le reconoce, entre otros, al desarrollo integral de su personalidad.

Por lo tanto, la estancia en prisión de una persona se traducirá en una restricción de la libertad individual, pero no puede alcanzar otros extremos a los que no se refiere la ley como son las relaciones paterno-filiales, y tal medida debe operar tanto para la mujer como para el hombre, estando obligados los poderes públicos a remover todos los obstáculos que se presentan en la necesaria equiparación y corresponsabilidad del padre y de la madre en la educación de sus hijos.

Sin embargo, y a pesar de dichos mandatos constitucionales, ninguna medida ni acción desde el Gobierno se lleva a cabo para fomentar y hacer efectivo el derecho del padre a mantener las relaciones paterno-filiales para con sus hijos y participar en el desarrollo integral del menor cuando aquel se encuentra privado de libertad, sino que todas y cada una de dichas medidas están encaminadas a mantener y fortalecer la relación entre la madre y el hijo, pero no del padre, privando a este ya no solo de potenciar al máximo el desarrollo de la relación paterno filial sino de participar en la formación de la personalidad de su hijo.

Y no se debe olvidar que las relaciones familiares están presididas por el interés del menor, supremo principio que rige las mismas y que debe primar sobre cualquier otro interés legítimo, como se desprende del artículo 39 CE, del propio Código Civil, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y de los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, de Nueva York, de 20 de noviembre de 1989, así como en la Carta Europea de los Derechos del Niño, de tal forma que el menor tiene derecho a formar y desarrollar su personalidad al lado tanto de la madre como del padre.

Sin embargo, todas estas medidas adoptadas por el Gobierno han ido encaminadas a la protección de la mujer, materializando una discriminación positiva de la misma y dejando, en consecuencia, al hombre en una situación de desamparo en cuanto a su derecho-deber de fomentar las relaciones humanas paterno-filiales y mantener latente la corriente afectiva padre-hijo.

La situación de la sociedad actual debería dar lugar a la modificación de todo el sistema penitenciario para adaptarlo a las nuevas necesidades que van surgiendo con los años, de manera que sería preciso establecer mecanismos legales que permitan al progenitor que cumple una condena de pena privativa de libertad, tener a su hijo bajo su cuidado en el centro penitenciario, siempre que las circunstancias así lo aconsejen y teniendo en cuenta el supremo interés del menor, independientemente de si es hombre o mujer.

Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

- Promover la modificación de la Ley Orgánica, 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para que se reconozcan a los hombres los mismos derechos que a las mujeres internas en un establecimiento penitenciario y, por lo tanto, los internos puedan tener en su compañía a los hijos que no hayan alcanzado los tres años de edad, siempre que acrediten debidamente su filiación y que exista un local habilitado para guardería infantil.

- Además, la Administración penitenciaria celebrará los convenios precisos con entidades públicas y privadas con el fin de potenciar al máximo el desarrollo de la relación paterno-filial y de la formación de la personalidad del niño dentro de la especial circunstancia determinada por el cumplimiento por el padre de la pena privativa de libertad.

- Modificar el Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996 para que, con los mismos requisitos exigidos para las madres, los padres también puedan mantener a los hijos menores de tres años en su compañía dentro del centro penitenciario, tal y como reconoce el artículo 17, de tal forma que los centros penitenciarios deberán ser dotados de Unidades de Padres, que contarán con local habilitado para guardería infantil y estarán separadas arquitectónicamente del resto de los departamentos, a fin de facilitar las especificidades regimentales, médico-sanitarias y de salidas que la presencia de los menores en el centro hiciesen necesarias.

- Para ello, al igual que ocurren con las mujeres que cumplen condena, la Administración Penitenciaria deberá fomentar la colaboración y participación de las instituciones públicas y privadas de asistencia al menor en las unidades de padres o en las unidades dependientes creadas al efecto para


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internos clasificadas en tercer grado que tengan en su compañía hijos menores de tres años. A tal fin, deberá celebrar los convenios precisos para potenciar al máximo el desarrollo de la relación paterno-filial y de la formación de la personalidad de los niños."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2020.-María Magdalena Nevado del Campo y José María Sánchez García, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Maria Carvalho Dantas, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre migración y refugio, para su debate en instancia en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La cifra de desplazados forzosos en el mundo alcanzó un récord el año pasado al crecer a casi 80 millones de personas, de las cuales, 45,7 millones huyeron a otras zonas dentro de sus propios países, 4,2 millones esperaban el resultado de sus solicitudes de asilo, mientras que 29,6 millones eran refugiados u otras personas que se vieron obligadas a desplazarse fuera de su país.

Este número supone casi el doble de la cantidad de personas en crisis registrada hace una década. Generalmente estas personas han huido de sus hogares para salvar sus vidas y buscar seguridad.

Entre las situaciones más dramáticas de los últimos años, figura la de Venezuela, que a principio de la última década contaba con tan solo 6700 refugiados. Desde entonces, más de cinco millones de personas han abandonado el país de los cuales 4,5 millones se trasladaron a 17 Estados de América Latina. A esta le sigue, Colombia donde se estima que, al menos 79 millones de personas fueron desplazadas dentro de su país entre 2010 y 2019 debido a los conflictos y la violencia. En el Estado español, el mayor número de solicitudes de asilo presentadas entre 2019 y 2020 corresponde a personas procedentes de Venezuela y Colombia.

Sin embargo, y pese a encontrarnos en una de las crisis humanitaria más grave de los últimos tiempos desde la Segunda Guerra Mundial, la UE y sus Estados miembros han enfocado toda su energía en construir una fortaleza cada vez más impenetrable para impedir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo a través de sus fronteras, desplegando fuerzas y cuerpos de seguridad y estableciendo complicados sistemas de detección de personas migrantes y posibles refugiadas; así como dejando la responsabilidad del control de la migración a terceros países mediante acuerdos de cooperación con el fin de bloquear la migración irregular hacia Europa.

Cabe destacar, entre otras, el "Acuerdo" UE-Turquía; las medidas legislativas y políticas xenófobas y discriminatorias de países como Hungría; el acuerdo Italia-Libia y el apoyo de la UE a la formación de la Guardia Costera libia, medidas que han resultado en la interceptación y retorno de las personas refugiadas y migrantes que cruzan el Mediterráneo Central, atrapado a las personas migrantes y refugiadas en un país en conflicto, donde sufren abusos graves y sistemáticos, incluidas la detención arbitraria, violaciones y torturas; las expulsiones sumarias y colectivas de solicitantes de asilo, a quienes se envía de manera sistemática, ilegal y, a menudo, violenta a precarios e inseguros campos para personas refugiadas de Bosnia y Herzegovina; las medidas adoptadas por Turquía que dejan a personas migrantes y solicitantes de asilo salir de su territorio e intentar entrar en la UE; las medidas ilegales e inhumanas de las autoridades griegas para evitar la entrada en su país de personas migrantes y refugiadas procedentes de Turquía, entre otros países; y la criminalización y hostigamiento a ONG de salvamento y a otros defensores de derechos humanos en estados como Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Suiza y Reino Unido por mostrar solidaridad con personas migrantes y refugiadas.

Asimismo, el Pacto Europeo sobre migración y asilo que se está negociando actualmente suscita gran preocupación porque parece que contendrá propuestas como la implementación de un procedimiento acelerado y obligatorio en frontera que, reduciría las garantías de estas personas para acceder a un procedimiento justo y efectivo de petición de asilo.


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Además, la COVID-19 se ha utilizado como excusa para, en muchos países, endurecer las medidas y políticas de asilo y migración. En Grecia, el gobierno ha impuesto y prolongado medidas de confinamiento diferenciadas y discriminatorias a las personas migrantes y refugiadas, pese a que el derecho internacional de los derechos humanos exige que se cubran las necesidades de salud de las personas solicitantes de asilo y migrantes y, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, cualquier restricción por razones de salud pública o emergencia nacional deberá ser legítima, necesaria y proporcionada, así como no discriminatoria. La discriminación no protege de la COVID-19. Sin embargo, las 37.000 personas migrantes y refugiadas que viven hacinadas en instalaciones con capacidad para poco más de 6.000 en las islas Lesbos, Chios, Samos, Kos y Leros se han visto atrapadas en carpas o contenedores, sin calefacción, en condiciones inseguras e insalubres y con insuficiente personal médico.

Por otro lado, el Estado español, pese a ciertos avances realizados por el Gobierno para reforzar el actual sistema de asilo y acogida, este adolece de grandes deficiencias, tal y como ya alertaban Amnistía Internacional en un informe publicado en 2016 y el propio Defensor del Pueblo en el año 2013.

Según el ACNUR, el estado español es uno de los principales países receptores de peticiones de asilo con más de 118.000 solicitudes registradas en 2019. En particular, y en el marco de la UE, es el tercero con mayor número de peticiones, seguida de Grecia (74.900) e Italia (35.000).

Sin embargo, y pese al aumento exponencial de solicitudes de asilo, no ha habido capacidad para la planificación de las medidas de choque necesarias, tal y como señala el Defensor del Pueblo. Esta falta de previsión ha supuesto que un número cada vez más considerable de personas con necesidades de protección internacional no vean atendidas sus necesidades. Igualmente el actual sistema de acogida está colapsado y obsoleto. Ya en 2013, el Defensor alertaba que el modelo de acogida no se adecuaba a las nuevas necesidades. Entonces había cifras muy bajas de solicitantes, pero actualmente superamos las 100.000. Hay un desequilibrio muy evidente entre las casi 100.000 solicitudes que se reciben y las poco más de 14.000 plazas de acogida disponibles.

Por último, los Centros de Estancia Temporal para Extranjeros (CETI) en los enclaves de Ceuta y Melilla, siguen siendo de especial preocupación para Amnistía Internacional. En este tipo de centros residen personas en situación de especial vulnerabilidad como solicitantes de protección internacional que, en lugar de ser inmediatamente trasladados a la península, residen largos periodos de tiempo en situación de hacinamiento como sucede concretamente en el centro de Melilla, donde en la actualidad hay más de 1.400 personas cuando tiene capacidad para 782.

Además, las personas solicitantes de protección internacional ven restringidos su derecho a la libertad de circulación. Cabe destacar la reciente sentencia núm. 1.128/2020 de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) que confirma las 22 sentencias, los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid (8 ocasiones, siendo la última de enero de 2020) y Andalucía (14 ocasiones) que, han resuelto favorablemente a la libertad de movimiento de aquellas personas solicitantes de asilo, negando reiteradamente las tesis mantenidas por los distintos gobiernos a través de la abogacía del Estado, el Gobierno sigue negando este derecho a las personas solicitantes de asilo en ambos enclaves.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Apoyar la petición de responsabilidad compartida y justa y el desarrollo de un mecanismo solidario que supere el principio de primera entrada -que establece que el primer país de llegada de los solicitantes de asilo es el responsable de su asistencia y protección- y priorice la reunificación familiar y los vínculos estrechos de los solicitantes de asilo con determinados Estados miembros en el marco de la reforma del SECA y del Pacto sobre migración y asilo. Rechazar, en la futura reforma del SECA, medidas que supongan la generalización de los procedimientos acelerados en frontera y la detención de los solicitantes de asilo que llegan a Europa.

2. Apostar por un modelo de política migratoria a nivel de la UE que priorice las vías legales y seguras y la rendición de cuentas a través de mecanismos de supervisión de las violaciones de derechos humanos en frontera.

3. Apoyar y promover de manera proactiva la creación de un mecanismo de desembarco predecible para las personas que son rescatadas en el Mediterráneo Central, de manera que se garantice que


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aquellas personas rescatadas son desembarcadas inmediatamente en el puerto seguro europeo más cercano y que las personas refugiadas son reubicadas en otros países.

4. Adoptar de manera proactiva políticas de salvamento y rescate para salvar vidas que se encuentran en peligro en el mar, y facilitar a las organizaciones de rescate y a embarcaciones privadas participar en labores de salvamento y rescate, en cumplimiento con el derecho del mar, incluyendo suprimir las restricciones de salvamento y rescate a las embarcaciones con bandera española.

5. Reconocer públicamente el rol y la contribución de las personas defensoras de derechos humanos, así como la legitimidad de sus actividades, incluyendo las labores de salvamento y rescate, en cumplimiento con el derecho del mar.

6. Incrementar sus esfuerzos de reubicación en el estado español en colaboración y coordinación con las CC.AA., especialmente con menores migrantes no acompañados desde las islas griegas.

7. Revisar la legislación y la práctica en materia de asilo para garantizar que los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado son ágiles, eficientes y justos, garantizando todos los derechos, y evitando largos procedimientos que acrecienten la incertidumbre de las personas que solicitan asilo en el estado español.

8. Garantizar una acogida adecuada a todas las personas desde el primer momento de la solicitud y mientras estén como solicitantes de asilo, adaptando el sistema de acogida a las necesidades y los perfiles de las personas solicitantes de asilo e integrando un enfoque de igualdad de género y diversidad.

9. Respecto a los CETI en Ceuta y Melilla, garantizar los derechos previstos en las directivas europeas y en la normativa española, incluyendo la posibilidad de la libre circulación por el territorio español, una vez que la solicitud de asilo ha sido admitida a trámite. Estos centros deben ser puntos de tránsito, por lo que se debe facilitar el traslado inmediato a la península de las personas solicitantes en cuanto sea tramitada su solicitud de asilo, así como del resto de personas en situación de vulnerabilidad.

10. Poner fin a las expulsiones sumarias y colectivas en la frontera sur, y derogar, o en su caso reformar la Disposición adicional décima de la vigente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2020.-María Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover la construcción urgente de una planta incineradora de la Administración General del Estado para generación de energía, que centralice la destrucción prioritaria de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El paso por España de importantes rutas de introducción de sustancias estupefacientes a Europa, e incluso últimamente, la propia producción nacional de alguna de ellas, provocan la necesidad de almacenar importantes volúmenes de droga a disposición judicial durante periodos prolongados de tiempo y gestionar posteriormente su destrucción en el marco del proceso de penal con la debida intervención del Ministerio Fiscal (MF) y de la Autoridad Judicial (AJ).

En el complejo proceso de gestión de droga desde su decomiso hasta la destrucción final, intervienen multitud de actores, lo que hace que el proceso sea complejo. Así mismo, el aumento de sustancias decomisadas, y la falta de una solución verdaderamente eficiente, ha puesto de manifiesto problemas tales como:

- Aumento de las incautaciones y su complicada gestión. La AGE no dispone de depósitos adecuados para recepcionar directamente los alijos, siendo muy costosa la reforma de los existentes, a menudo ubicados en edificios históricos sitos en zonas urbanas, que además implicaría seguir


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almacenando importantes volúmenes de droga en sótanos de dependencias administrativas. Tampoco existen a nivel nacional instalaciones potentes para su destrucción que permitiese un flujo adecuado lo que impide generar un flujo de destrucción que eliminaría toda trascendencia de este vector.

Además, la situación actual de incremento anual de las cantidades de droga incautadas, acaba rompiendo todos los frágiles equilibrios. Aunque no se dispone aún de datos oficiales totales consolidados de las incautaciones efectuadas en 2019, se espera que superen ampliamente las de 2018, que solo en hachís, marihuana y cocaína fueron, según el anuario del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de unas 522 TM (437 TM, 37 TM y 48 TM). Además, existe en los últimos años un problema añadido por la mayor dificultad en la gestión de los importantes alijos de marihuana de producción nacional.

- Deficiencias en los depósitos de droga. No siempre pueden recepcionar los alijos voluminosos o problemáticos a nivel de riesgos laborales, debiendo limitarse a hacerse cargo de la tramitación de las muestras a los laboratorios; por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) deben continuar con la responsabilidad de la custodia del grueso del alijo.

- Dificultad de coordinación interinstitucional. La gran cantidad de actores institucionales implicados en la gestión de dicho ciclo de la droga ha generado históricamente problemas de coordinación y de delimitación competencial. Para evitarlos, en 2012 se firmó el "Acuerdo Marco por el que se establece el Protocolo a seguir en las aprehensiones, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas". Desde la misma se ha intentado paliar el problema de acumulación de droga sin destruir fomentado la mayor aplicación de la destrucción por "silencio judicial positivo", cambios en la planta de depósitos mediante el acuerdo de la Instrucción conjunta 1/2015 y la redacción y aplicación por todos los actores implicados de protocolos acordados, como la II Guía Práctica de Actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Así pues, como puede apreciarse, la complicada aplicación ágil de la normativa vigente para la gestión posterior de la custodia y destrucción los alijos de droga incautados, unido al aumento en los últimos años del volumen de droga incautada, supone un problema ya que acaba provocando un incremento de la droga almacenada indebidamente en dependencias policiales no habilitadas para ello, (55 % del total).

Esta situación de almacenamiento en lugares sin las debidas medidas, además de acarrear importantes riesgos laborales por la afectación tóxica, puede provocar problemas asociados de seguridad; suponiendo también para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) un importante coste y detracción de recursos humanos y materiales que podrían dedicarse a otras labores relacionadas con la seguridad pública.

- Lenta obtención de autorización judicial para la destrucción de decomisos debido a la persistente saturación de asuntos penales que dificulta el trámite judicial y la aplicación en las primeras actuaciones de nuevas formas de destrucción anticipada para algunos tipos de drogas, (vertederos, biomasa, etc.). Y ello a pesar de la reforma de 2015 del artículo 367 ter, apartado 1, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la destrucción, por "silencio judicial positivo" transcurrido un mes desde la comunicación a la AJ, de los decomisos, lo que supuso un importante avance al permitir que, además de la AJ a cuya disposición se encontrase el alijo, pudiera destruirla la "Autoridad Administrativa" bajo cuya custodia se encontrase, si tras analizarla y asegurar la conservación de muestras, lo comunicaba a la autoridad judicial, y esta no ordena su conservación antes de un mes. Pero no ha sido suficiente para lograr esa agilización.

- Costosa ejecución de la destrucción. El método empleado tradicionalmente, por ser el único que garantiza una destrucción adecuada de ciertos tipos de drogas tóxicas, ha sido la incineración en hornos de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, cementeras y otras industrias, que no han sido diseñados específicamente para esta función, ni menos aún para la generación de energía. A ello se une la escasa cantidad económica con la que se les puede compensar por parte de la AGE, lo que no supone un gran beneficio económico para sus responsables. Además, al colaborar pocos hornos, que se dedican a otra actividad y que están sujetos a posibles periodos de paro técnico y mantenimiento, y que se precisa de largos desplazamientos y no se pueden organizar pequeños traslados, sino que hay que aprovechar para organizar traslados conjuntos de varias toneladas y quemarlas durante días. Esto implica importantes dispositivos policiales para traslado y vigilancia, así como la dilatación de los plazos de destrucción.

Todos estos problemas se arrastran históricamente y dado que técnicamente la incineración no puede evitarse para garantizar una destrucción efectiva de la mayoría de los tipos de drogas tóxicas, también


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históricamente ha estado sobre la mesa la propuesta técnica, extendida en otros países europeos, para solventar el problema de una forma definitiva mediante la construcción de un horno de la AGE con su propio depósito y laboratorio.

Con esta solución se ganaría en eficiencia, ya que al diseñarse el proyecto específicamente para esta función, podría mejorarse el aspecto ambiental, se tardaría menos tiempo en destruir los alijos y se abarataría la destrucción, almacenaje, transporte, y custodia.

De hecho, un proyecto de construcción de este tipo llegó a avanzar en el año 2004, aunque no cristalizó finalmente. La posibilidad de retomar un proyecto semejante, requeriría incorporar al mismo todas las mejoras técnicas disponibles de referencia europea para incineración de residuos que se hayan producido desde el año 2004 en la generación eficiente de energía, adecuando el mismo al Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Aunque esta adecuación normativa incrementaría inicialmente el coste, por la redacción del nuevo proyecto, así como el de su construcción, podría, por la producción energética, constituirse en una inversión de rentabilidad futura y obtenerse una reversión social del ciclo de gestión de la droga.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la construcción urgente de una planta incineradora de la Administración General del Estado para generación de energía, que priorice y centralice la destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, existentes a disposición judicial y que están actualmente almacenadas en dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones y Direcciones Insulares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2020.-David Serrada Pariente, Ana Botella Gómez, Ana Prieto Nieto, Rafael José Vélez, Josefa Andrés Barea, Francisco Aranda Vargas, Zaida Cantera de Castro, Santos Cerdán León, Luc André Diouf Dioh, Sonia Ferrer Tesoro, Ignacio López Cano y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha del centro de estudios penitenciarios, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La institución penitenciaria española cuyo sustento normativo reposa sobre la arquitectura representada por la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, primera de esta naturaleza de nuestro recorrido constitucional, se ha convertido a lo largo de los años trascurridos en un referente internacional de primer orden y ha supuesto una transformación radical del ámbito penitenciario español.

Si uno de los parámetros más ampliamente utilizado para concretar la calidad democrática de un país es el de la situación de sus prisiones y la de las personas que en ellas cumplen la privación de libertad impuesta, hemos de acordar que España y su administración penitenciaria suponen una clara demostración del alto nivel conseguido en este ámbito.

Desde su promulgación, la contribución efectuada por los profesionales que en ella prestan servicio, desde los distintos campos de responsabilidad, tales como las áreas de vigilancia, tratamental, sanitaria, educativa, laboral y prestacional, debe ser reconocida de forma pública con una justa consideración social ampliamente merecida.


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Entre de los aspectos más relevantes de la Ley Penitenciaria, destacan las previsiones del artículo 80, en sus apartados 1, que recoge la necesaria cualificación de los funcionarios penitenciarios para el desempeño de sus funciones, y 4, donde se establece la formación específica a recibir a su ingreso. De igual modo la relevancia conferida al tratamiento penitenciario y a los cometidos que, al respecto, asume la Central Penitenciaria de Observación, recogidas en el artículo 70, en sus apartados 1.b), respecto a la resolución de dudas y consultas de carácter técnico que se formulen por el Centro Directivo, 1.c), en cuanto a la realización de investigaciones de carácter criminológico y 1.d), en su participación en tareas docentes de la Escuela de Estudios Penitenciarios.

Así, en la actualidad, se hace necesario conjugar estos extremos con la Orden de 10 de febrero de 2000 por la que se aprueban las normas de organización y funcionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios, unidad administrativa que no ha sido desarrollada, siendo sus competencias asumidas por el Área de Formación, tal y como se establece en su Disposición transitoria primera, recogiendo entre los cometidos asignados la formación y perfeccionamiento de todo el personal al servicio de la Administración Penitenciaria, la realización de funciones de selección en los cursos de formación inicial que tengan carácter selectivo, la posibilidad de organizar actividades complementarias que contribuyan a mejorar la formación y la investigación en materia penitenciaria, tales como seminarios, congresos, jornadas, conferencias y estudios de investigación, así como mantener relaciones de cooperación con otras instituciones y organismos nacionales, tales como Universidades, Institutos de Criminología, Consejo General del Poder Judicial, Colegios Profesionales, las organizaciones sindicales y los centros de formación de las Administraciones Públicas. De igual modo, pudiendo mantener relaciones de intercambio de conocimientos y experiencias con personas, instituciones y organismos de otros países.

Por tanto, el Área de Formación, dependiente de la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en base a la disposición transitoria primera de la Orden citada, asume la formación del personal que presta servicio en la administración penitenciaria -que asciende a más de 22.000 funcionarios y 2.000 trabajadores con categoría de personal laboral-, con las limitaciones en materia de medios humanos y materiales que supone su configuración administrativa, no específicamente diseñada para las tareas formativas y de investigación encomendadas.

Condicionamientos que se verían notablemente mejorados con la estructura prevista en las normas de organización y funcionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios que, si bien deberían ser revisadas y ajustadas a las necesidades actuales, supondrían poder contar con una estructura directiva y jefatura de estudios, profesorado estable y eventual, así como medios humanos integrados por personal funcionario y por personal laboral conforme a lo que se establezca en una relación de puestos de trabajo y en un catálogo del personal laboral diseñados al efecto.

Implementar este Centro de Estudios ha devenido en una realidad demandada no solo por los profesionales penitenciarios, también por otras instancias académicas y, en general, por todos aquellos ámbitos y personas interesados en la realidad penitenciaria, lo que unido a la necesidad de una respuesta cada vez más eficiente a las nuevas formas de criminalidad, hacen que el conocimiento de la realidad y el análisis criminológico, sean una necesidad real y signifiquen un permanente esfuerzo de actualización.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha el Centro de Estudios Penitenciarios, desarrollando las previsiones contenidas en la Orden de 10 de febrero de 2000, con las modificaciones y actualizaciones que sean necesarias, tanto presupuestarias como de medios humanos y materiales, así como de adecuación administrativa.

2. Ampliar las previsiones contempladas en dicha Orden con la creación de un Observatorio de la Realidad Penitenciaria que tenga como cometido fundamental la investigación, análisis de la realidad social y penitenciaria, el diseño de estrategias y colaboración en la puesta en marcha de programas de tratamiento, sanitarios y prestacionales, de perfilación criminal, dirigidos a la población reclusa, así como de colaboración reclusa, y de colaboración en general con las tareas formativas del personal al servicio de esa administración, dando encaje, entre otros aspectos a la faceta investigadora de la Central Penitenciaria de Observación.

3. Otorgar al Centro de Estudios Penitenciarios la categoría de órgano consultivo gubernamental en materia de política criminal y penitenciaria.


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4. Incluir, fomentar y desarrollar las relaciones con organismos internacionales, así como de los Proyectos de colaboración de esta índole, en coordinación con el resto de unidades administrativas penitenciarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2020.-David Serrada Pariente, Ana Botella Gómez, Ana Prieto Nieto, Rafael José Vélez, Josefa Andrés Barea, Francisco Aranda Vargas, Zaida Cantera de Castro, Santos Cerdán León, Luc André Diouf Dioh, Sonia Ferrer Tesoro, Ignacio López Cano y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno de España cumpla lo aprobado por el Congreso de los Diputados sobre la ubicación de la estación intermodal de Gijón en el entorno del Museo del Ferrocarril, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El punto cuarto de la moción presentada por Foro Asturias, consecuencia de la interpelación urgente sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de junio de 2020 y, por tanto, el Parlamento instó al Gobierno a la adopción de alguna decisión de carácter urgente que habrá de ser congruente con lo aprobado.

El punto cuarto rezaba así: "Ratificar el convenio firmado en 2019 entre el Ministerio, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón para la integración del ferrocarril en Gijón, manteniendo la ubicación de la Estación Intermodal (estación término para la larga distancia ferroviaria) en los terrenos próximos al Museo del Ferrocarril, y no en la conocida ubicación de Moreda, con el fin de no seguir discriminando a Gijón respecto de otras ciudades europeas, penalizando aún más la centralidad de la misma que inicialmente se proyectó en la plaza del Humedal (calle Álvarez Garaya)".

El Gobierno de España adoptó recientemente la decisión de cambiar la ubicación de la estación intermodal a Moreda, zona descentralizada que la condena al fracaso y a una infrautilización, como ya sucedió con la estación provisional de ferrocarril de Gijón, que ha perdido el 50 % de sus usuarios. Todo ello en un proceso carente de transparencia, sobre el que toda la oposición en bloque ha pedido informes del expediente.

El Gobierno de España está proyectando una obra desubicada y sin funcionalidad que supondrá una obra de menor inversión pero también mucha menor rentabilidad.

En el año 2019 se firmó en Convenio para la integración del ferrocarril en Gijón, manteniendo la ubicación de la Estación intermodal en los terrenos próximos al Museo del Ferrocarril, y no en la conocida ubicación de Moreda, con el fin de no seguir discriminando a Gijón respecto a otras ciudades. Convenio que aglutinaba consenso y eficiencia.

El Partido Popular ya registró en febrero de este año, y así está publicada en el Boletín oficial de las Cortes Generales, una proposición no de ley del Plan de Vías de Gijón que instaba al Gobierno a:

- Cumplir plazos.

- Explicar detalladamente las razones de los retrasos en su ejecución.

- Retomar el proyecto propuesto por el PP de ubicación a la altura del Museo del Ferrocarril.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir lo aprobado por el Congreso de los Diputados sobre la ubicación de la estación intermodal de Gijón en el entorno del Museo del Ferrocarril."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, Paloma Gázquez Collado, Ana María Zurita Exposito y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a restaurar los servicios y cumplir los compromisos existentes con Ávila en materia industrial, viaria y ferroviaria, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El nivel de compromiso del Gobierno con Ávila durante estos dos últimos años ha sido nulo respecto a los proyectos de infraestructuras de comunicación dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y respecto a los proyectos industriales dependientes del Ministerio de Industria, que afectan a Ávila.

Proyectos de importancia estratégica y presupuestados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018; presupuestos elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy y que, a día de hoy, siguen vigentes.

La restricción de la movilidad ha sido una de las principales consecuencias del estado de alarma decretado por el Gobierno para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Así el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció medidas en materia de transportes que determinaban la reducción de la oferta.

La crisis sanitaria ha derivado en una crisis social y económica, pero la crisis no puede servir de excusa para olvidar los proyectos recogidos en los PGE para el año 2018.

Ávila necesita urgentemente inversiones en infraestructuras ya que, en la actualidad, asistimos a un progresivo y alarmante deterioro del servicio ferroviario convencional que presta Renfe en Ávila y que se viene agravando en los últimos meses sin que el Gobierno demuestre el más mínimo interés por las infraestructuras ferroviarias abulenses.

Son muchos los ciudadanos abulenses que tienen la necesidad de contar con unos servicios ferroviarios en calidad y cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades diarias de desplazamiento. Los abulenses demandan una buena conexión ferroviaria de la provincia y su capital con Madrid, Salamanca y Valladolid.

El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila, así como la Mesa del Ferrocarril abulense han solicitado al Ministerio de Transportes, a Renfe y a todas las entidades públicas con competencias en la materia, que se restauren de manera inmediata todos los servicios ferroviarios que tenían su origen, parada, o destino en las estaciones abulenses y que fueron suspendidos durante el estado de alarma.

Respecto al transporte por carretera, el transporte público por carretera no ha recuperado aún la normalidad pues no ofrece los mismos servicios que había disponibles para los usuarios antes de que se decretara el estado de alarma.

Los Presupuestos Generales del Estado 2018 contemplaban inversiones en la mejora de la línea del ferrocarril, inversiones en el polígono industrial de Las Hervencias, polígono con 300 empresas instaladas y 2.400 empleos, para su modernización y adaptación. Según la Confederación Abulense de Empresarios quedarían por consignar en los PGE 2,6 millones de euros.


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Así mismo, contemplaba inversiones en la Autovía Ávila N-VI, la prolongación de la duplicación de la N-110, todo ello sin ejecutar después de dos años. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular considera que el Gobierno tiene que dar un impulso a la conexión con la A-6, autovía Ávila-Maqueda (la A-40 es un proyecto fundamental para situar a Ávila en el Corredor Atlántico) y a la duplicación de la N-110, y esto unido a la falta de avances en planes prioritarios de infraestructuras, ni en materia logística, ni industrial con la modernización de polígono, industria 4.0.

El Gobierno debe retomar las inversiones previstas en los PGE de 2018 para mejorar las comunicaciones en Ávila, hasta ahora sin ejecutar, y es necesario que se mantengan las inversiones en los próximos años.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que restaure los servicios que había hasta la declaración del estado de alarma , que se cumplan los compromisos existentes con Ávila en materia industrial, viaria y ferroviaria, lo que implica la inmediata licitación de las infraestructuras pendientes y que ya deberían haber sido licitadas; la presentación de un cronograma realista de finalización y adecuado mantenimiento de las ya existentes, así como la mejora de los servicios ferroviarios que fueron alcanzados por parte de Renfe y Ministerio de Transportes en la reunión mantenida el pasado 25 de febrero con la Mesa de Ferrocarril de Ávila."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, y Alicia García Rodríguez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros entre Madrid y Castilla y León para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

España es uno de los países con las mejores infraestructuras de comunicaciones del mundo. En estas infraestructuras destaca la red de alta velocidad ferroviaria que es la más extensa de Europa y la segunda del mundo después de la China.

La mejora de las infraestructuras ha permitido que en España todos los días exista una gran migración de personas que se desplazan de una provincia a otra para acudir a su puesto de trabajo. Los microdatos de la EPA revelan que, en 2019, más de 630.000 trabajadores de media a lo largo del año se desplazaron a diario por motivos laborales al residir en una provincia y desarrollar su actividad laboral en otra.

Esta situación afecta especialmente a Castilla y León, que experimenta una migración de sus jóvenes hacia las grandes ciudades -especialmente de aquellos con titulación universitaria- en busca de oportunidades laborales acordes a su nivel de formación. Es evidente que muchos jóvenes preferirían poder desarrollar su proyecto vital en su provincia (por cuestiones de arraigo y calidad de vida) aunque tuviesen que desplazarse a grandes núcleos, como la capital de España, para desempeñar su actividad laboral. Sin embargo, aunque el escaso tiempo del desplazamiento lo permitiría, los costes de los billetes y las frecuencias de los trenes lo hacen inviable y se ven obligados a emigrar.

Renfe cuenta con servicios de Media Distancia/Alta Velocidad AVANT entre Madrid y varias capitales de Castilla y León, que permiten a segovianos, palentinos, leoneses, vallisoletanos, salmantinos o zamoranos vivir en sus ciudades y desplazarse a Madrid para trabajar y estudiar, ofreciendo un servicio similar al de los Cercanías, un cercanías del siglo XXI. Sin embargo, a pesar de prestar un servicio


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equivalente para los usuarios, los servicios AVANT de Media Distancia tienen un precio muy superior y están mucho menos subvencionados de lo que lo están los Media Distancia Convencional y los Cercanías.

Por poner un ejemplo, se estima que unas 1.000 familias vallisoletanas y otras tantas segovianas se resisten a emigrar y permanecen residiendo en sus respectivas provincias. Estos profesionales y estudiantes abonados a la línea Valladolid-Segovia-Madrid del servicio AVANT de Renfe están convencidos de que serían muchos más si no se viesen obligados a pagar más de 550 euros al mes para poder desplazarse a su lugar de trabajo o estudio (Madrid). Cantidad a la que hay que sumar los gastos que les ocasiona el desplazamiento metropolitano en la Comunidad Autónoma de Madrid (para los usuarios vallisoletanos estos gastos suponen el 33 % de un sueldo medio español, según datos del INE).

Esta situación afecta a las citadas provincias de nuestra Comunidad, pero es muy probable que en un futuro próximo otras como Burgos se encuentren en la misma situación.

Además de los beneficios expuestos, no es menos importante recordar que invirtiendo en el transporte ferroviario estamos evitando multitud de desplazamientos por carretera y fomentando un medio de transporte más alineado con la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático.

Un cambio climático que, unido a la vertebración que supone el AVANT para la Comunidad de Castilla y León, hace de este medio una herramienta "real, medible y sostenible" tanto para fijar población como para recuperar en aquellas ciudades origen ciudadanos que se han visto obligados a emigrar.

A nivel autonómico, fomentar el uso de este medio de transporte también supondría revitalizar la comunicación y movilidad entre las diferentes capitales castellanoleonesas creando nuevas oportunidades en Castilla y León.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Recuperar con carácter inmediato todos los servicios ferroviarios que se venían prestando hasta la declaración del estado de alarma por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020).

2. Desarrollar una política tarifaria comercial específica para usuarios recurrentes que introduzca bonificaciones en los abonos Avant, así como a una obligada flexibilidad de utilización en los mismos, acorde con la situación existente del país, disminuyendo así la brecha tarifaría existente entre estos servicios y los de Cercanías.

3. Contemplar por el Ministerio competente a todos los efectos como Cercanías del siglo XXI, todos los Servicios Avant que estén en un radio de 1 hora y 15 minutos de la capital de España.

4. Fomentar los acuerdos de colaboración y convenios de transportes entre las distintas comunidades e instituciones locales y provinciales, para fomentar el uso por parte de los ciudadanos del servicio Avant como medio de transporte alternativo al vehículo particular.

5. Creación de una Tarjeta de Transporte similar a la empleada en la Comunidad de Madrid, integrando los diversos medios públicos que los usuarios deben emplear a diario (transporte de puerta a puerta).

6. Adecuar las frecuencias de los trenes a las necesidades reales de los viajeros que se desplazan a trabajar y abrir el uso de los distintos medios de Alta Velocidad (Ave y Alvia) para cuando la demanda o la estacionalidad lo permitan, optimizando dichos recursos con viajes de usuarios recurrentes y reduciendo así las brechas horarias actuales de espera en los servicios de Avant.

7. Incluir como nueva Obligación de Servicio Público (OSP) los servicios ferroviarios de Media Distancia prestados sobre la red de altas prestaciones León-Palencia-Valladolid (trayecto de Alta Velocidad).

8. Ofrecer parking gratuito en las estaciones de origen a los usuarios de abonos AVANT u otras alternativas que a nivel local se puedan desarrollar independientemente del coste económico anual de los abonos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, José Ángel Alonso Pérez, Eduardo Carazo Hermoso y Jesús Postigo Quintana, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actuaciones relacionadas con la Alta Velocidad a Galicia, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Don José Luis Ábalos, en su primera comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el pasado 12 de julio de 2018, preguntado sobre si seguiría impulsando las obras de la LAV a Galicia para posibilitar el cumplimiento del compromiso ministerial contraído y con cronograma avalado por Adif Alta Velocidad, dijo: "Con respecto a Galicia, de una de las obras entre Zamora y Pedralba de la Pradería les puedo decir que es el mismo que ya sabían ustedes. Me dan la misma respuesta, de momento que antes que termine 2018 estarán finalizadas las obras entre Zamora y Pedralba de la Pradería y antes del término del próximo año 2019 estén finalizadas entre Pedralba de la Pradería y Ourense; tengo la misma información, de momento lo que puedo hacer es confirmarla".

El 17 de julio de 2018 en Santiago de Compostela se reunió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y, a su conclusión, el titular del Gobierno central declaró que mantenía los plazos fijados por el anterior Ejecutivo del Partido Popular para la llegada del AVE a Galicia en el último trimestre de 2019.

El 29 de noviembre de 2018 la presidenta de ADIF-AV, en una conferencía en Ourense, afirmó que mantenía el objetivo de que los más de 200 km que separan esta capital de Zamora estuvieran listos a finales de 2019.

A partir de esa fecha, cada vez que un miembro del Gobierno de España hablaba en los medios de comunicación sobre el Ave, decía algo diferente y aumentaba la confusión de los gallegos en relación con esta infraestructura esencial.

A fecha de redacción de esta iniciativa, todavía no fue puesta en servicio la línea entre Zamora y Pedralba de la Pradería, ya que las obras no concluyeron en el plazo previsto y, por consiguiente, tampoco se iniciaron a tiempo las pruebas. Tampoco concluyeron las obras desde esa última localidad hasta Ourense.

La Xunta y todos los gallegos carecen de información oficial del Ministerio sobre la previsión de finalización y no sabemos cuándo vamos a poder coger el AVE. No fueron explicadas las causas del retraso. El ministro se comprometió con los gallegos a terminar las obras a finales de 2019 y ahora dice que va a intentar que empiece a funcionar en 2021.

La presidenta de Adif-AV dijo en noviembre de 2019 que las obras del AVE iban a finalizar en enero o febrero de 2020 y ahora dice que lo harán en junio de 2020. Esto no es serio. El ministro Ábalos el 26 de febrero dijo que las obras desde Pedralba hasta Ourense concluirían en la primavera de este año.

Un informe elaborado por técnicos de la Xunta dice que hay un retraso acumulado que dificulta que el AVE se ponga en servicio antes del 2022. Un reciente comunicado de la Comisión Europea sitúa la entrada en servicio también en 2022 y la comunicación de la ministra de Exteriores afirma lo mismo. El ministerio no da fechas, pero insta a desmentir todas las informaciones que sitúan la puesta en servicio del AVE en 2022.

Los gallegos llevamos décadas esperando la llegada del Ave y tenemos derecho a disponer de información oficial, real, certera y contrastable sobre los datos previstos para la finalización de las obras del Ave y para su puesta en servicio.

El Gobierno gallego pidió al Gobierno Central la creación de una comisión de seguimiento de las obras del AVE a Galicia que se reúna con una periodicidad mensual; fórmula, por otra parte, que el propio Gobierno de España creó con otras comunidades como Murcia o el País Vasco. Con todo, a fecha de hoy el Gobierno de España no ha respondido ni a la solicitud de información oficial de la Xunta de Galicia sobre el AVE, ni a la propuesta de creación de esa comisión de seguimiento.

Además Adif-AV anunció en el "Diario Oficial de la Unión Europea" del mes de marzo de 2019 que, en el mes de julio de ese año, se licitarían tres contratos del último tramo de la línea, que es el de nueva


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construcción entre Taboadela y Ourense por importe de 118 millones de euros. Pero lo cierto es que no se licitaron esas obras y el Ministro en su comparecencia en el Congreso del 26 de febrero dio la callada por respuesta a la pregunta de cuándo se licitarían, lo que acredita, una vez más, una notable falta de transparencia.

A la ausencia de respeto se une el hecho de que en días pasados, concretamente el 27 de febrero, el director general de Adif-AV realizó una visita institucional de supervisión de las obras en la línea del AVE a Galicia, sin que se cursase invitación a los representantes del Gobierno gallego pese a la insistencia de información y el interés manifestada en reiteradas ocasiones por parte de la Xunta de Galicia.

Una visita, por cierto, en la que el alto cargo del Adif-AV vino a confirmar un nuevo retraso en las obras del AVE, al fijar en junio del 2021 la entrada en servicio de la alta velocidad a Galicia, cuando no han empezado ni siquiera las pruebas de seguridad; una circunstancia, la realización y validación de pruebas por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que desde el Gobierno central siempre se ha esgrimido para eludir fijar una fecha concreta de puesta en servicio de dicha línea.

El AVE a Galicia necesita salir del terreno de las especulaciones y entrar en el terreno de las certezas. Para eso, es imprescindible que el Gobierno Central le concrete a los gallegos cuando prevé finalizar las obras del AVE y ponerlas en servicio.

Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, y más en concreto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a:

1. Dar una fecha cierta de conclusión de las obras de la línea de alta velocidad entre Pedralba de la Pradería y Ourense, el inicio del período de pruebas y las previsiones de puesta en servicio.

2. Proceder a la inmediata licitación de las obras del último tramo de la línea, es decir, el tramo de la LAV de nueva construcción entre Taboadela y Ourense.

3. Crear una comisión de seguimiento entre la Administración Central y la Administración Autonómica de Galicia para abordar el desarrollo de las obras del AVE a Galicia.

4. Disponer todos los medios humanos, materiales y recursos económicos que posibiliten la puesta en servicio de la LAV a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el año Xacobeo 2021."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco, Ana María Pastor Julián, María Pilar Ramallo Vázquez, Diego Gago Bugarín, Javier Bas Corugeira, Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez, Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001191

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre prórrogas en la concesión de autopistas de peaje en motivo de la COVID-19, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbano, cerró la puerta en abril a la posibilidad de compensar a las empresas concesionarias que explotan la gestión de autopistas por las eventuales pérdidas provocadas por una disminución de la movilidad vial como consecuencia de la COVID-19.

Dicho anuncio se produjo ante las reclamaciones emprendidas por compañías como Abertis que reclamaban que el gobierno compensara las pérdidas que se pudieran producir por la disminución del volumen de tráfico.


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Pese al anuncio inicial del ministerio, el gobierno ha autorizado por decreto ley que estas empresas puedan pedir al Estado una prórroga en los contratos de concesión para compensar las pérdidas ocasionadas por las medidas para frenar la expansión de la pandemia durante el estado de alarma.

En el caso catalán dicha medida podría afectar a las concesiones del tramo de la AP-7 de Cambrils a la Jonquera y de la AP-2 del Vendrell a Lleida. En ambos casos, el contrato con Abertis expira el 1 de septiembre del 2021, pero con el nuevo decreto se podría alargar.

La finalización de las concesiones de la AP-2, en los tramos Mediterránea-Zaragoza y de la AP-7 en los tramos de Tarragona-Alacant y Tarragona-La Jonquera, suponen una gran oportunidad para deshacer el embrollo viario catalán y poder apostar definitivamente por un modelo de movilidad sostenible en el que los catalanes y catalanas no tengan que estar pagando mediante peajes infraestructuras que ya han sido sobradamente amortizadas por unas concesionarias que han recibido beneficios millonarios. Por ejemplo, el tramo de la AP-7 entre Molins de Rei y Martorell ya ha sido pagado más de 80 veces, y sus usuarios aún siguen pagando un precio muy por encima a lo que tendría que ser un precio mínimo ya que no se trata pues de pagar unas infraestructuras pagadas varias veces sino de cubrir los costes de mantenimiento asociados a estas.

Por todo ello se presente la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. No ampliar ni prorrogar, en ningún caso, las concesiones de la AP-2 y la AP-7.

2. No ampliar, en ningún caso, las tarifas y precios de los peajes de la AP-7 y AP-2 hasta la finalización de su concesión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2020.-Francesc Xavier Eritja Ciuro, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

161/001208

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.a Macarena Olona Choclán, D.a Patricia Rueda Perelló, D.a Patricia de las Heras Fernández, D.a Cristina Alicia Esteban Calonje, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Tomás Fernández Ríos, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de medidas para la mejora de la red de cercanías, para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

Primero. El mantenimiento, cuidado y mejora de la red de cercanías española es fundamental debido a que es uno de los servicios ferroviarios más usados por los usuarios. Se trata de un servicio público básico que desarrolla su función de transporte al amparo del contrato con Renfe, en el que se define como Obligación de Servicio Público. La infraestructura ferroviaria y sus distintos subsistemas son, sin embargo, gestionados por Adif.

Según los datos de la Estadística de Transporte de Viajeros (TV) publicada por el INE, en 2019 el número de usuarios de cercanías ascendió a más de 568 millones de usuarios, incrementándose con respecto a 2018 en un 1,7 % y suponiendo más del 89 % del total de viajeros que eligieron la movilidad mediante dicho servicio. Es uno de los medios de transporte preferidos por los trabajadores para ir a sus puestos de trabajo, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pues acaparan el 84,3 % del total de los viajeros de estos servicios.

Además, la importancia de los servicios de ferrocarril de cercanías con respecto al turismo son más que evidentes. Muchos ciudadanos extranjeros, así como turistas nacionales eligen este transporte como


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forma de desplazamiento hacia aeropuertos, estaciones de tren y autobuses, así como medio de enlace con monumentos, centros culturales y otras instalaciones de carácter cultural y turístico.

Segundo. El 17 de julio de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante la "CNMC"), en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 11.5 1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, emitió un informe relativo a la consulta a los representantes de los usuarios sobre el punto de vista del mercado ferroviario.

El citado informe analiza la situación tanto del mercado de transporte ferroviario de mercancías como el del mercado de transporte de viajeros en la red ferroviaria de interés general, y se elabora en base a un cuestionario que se envía a los diferentes representantes de los usuarios 2.

En relación con el transporte de viajeros por ferrocarril, el cuestionario se centra en la calidad del servicio recibido, sobre los precios de los servicios y las formas de comercialización y el estado y calidad de las estaciones y andenes.

Respecto al servicio de cercanías, según el informe, es el sector que genera mayor grado de insatisfacción por parte de los usuarios. Destacan varios aspectos negativos:

- La accesibilidad para personas con necesidades especiales: Los representantes de los usuarios de este servicio destacan la insuficiencia de los espacios reservados para personas con necesidades especiales, así como las limitaciones para acceder a él. Señalan que solo existe un punto de acceso y no siempre está bien señalizado en los andenes.

- Servicios en hora punta: Los usuarios lamentan la falta de capacidad de los trenes de cercanías en hora punta. Esto provoca importantes aglomeraciones en el interior de los vagones, independientemente de la frecuencia de los trenes que consideran adecuada. Asimismo, demandan un mayor cuidado y limpieza en estos servicios.

- Puntualidad en el servicio: Es alta la insatisfacción de los usuarios respecto a la puntualidad del servicio de cercanías. Como medida para abordar este problema, los representantes sugieren reducir el margen de tiempo actualmente marcado para generar derecho a ser indemnizado, reforzando de esta manera los derechos de los usuarios.

- Servicios complementarios: Igualmente, los usuarios expresan su queja respecto a los servicios complementarios en la red de cercanías, como pueden ser las restricciones para el uso combinado de este transporte con otros medios como la bicicleta, la falta de información sobre los viajes debido a las constantes incidencias con la pantallas informativas, las escasas opciones para comprar el billete a causa del cierre de las taquillas físicas, especialmente para las personas de tercera edad para quienes el uso de los medios electrónicos puede constituir un inconveniente para el acceso a este medio de transporte.

- El precio de los billetes: Según los usuarios, el precio de los billetes de cercanías es un obstáculo para un uso más intensivo de los trenes de cercanías. Se señala, además, que el sistema de tarificación perjudica a los usuarios que viven a mayor distancia del punto de destino, y la necesidad de combinar este servicio con el de media a distancias, debido a la insuficiencia de frecuencias, causando un encarecimiento del precio final a pagar para su utilización.

- Estaciones y andenes: Los usuarios denuncian el estado de conservación deficitario de las instalaciones de algunas estaciones, el deterioro del mobiliario y el funcionamiento irregular de los paneles informativos de trenes y horarios. Se insiste en la necesidad de continuar eliminando barreras arquitectónicas que dificultan el acceso de personas con problemas de movilidad. Se subraya, asimismo, que en algunas estaciones se ha puesto los medios pero son deficientes en su funcionamiento y las incidencias se atienden con dilación, es el caso, por ejemplo, de los ascensores y elevados que dan acceso a las vías que sufren irregularidades y cuye reparación se prolonga en el tiempo. Finalmente demandan una mayor seguridad del acceso a las vías.

- Reclamaciones: Debido a la ausencia de asistencia presencial el derecho de los usuarios a presentar reclamaciones y quejas queda limitado. Además, se desconoce los diferentes medios de reclamaciones en línea.

1 1"La Comisión Nacional del Mercados y la Competencia consultará de forma periódica, y en cualquier caso al menos una vez cada dos años, a los representantes de los usuarios de los servicios de transporte ferroviario de mercancías y viajeros para tener en cuenta sus puntos de vista sobre el mercado ferroviario en el desarrollo de sus funciones."

2 Para consultar a los representantes de los usuarios de viajeros la CNMC contactó con las asociaciones registradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), dependiente de la Agencia Española de Consumo, seguridad alimentaria y nutrición (AECOSAN), con las asociaciones más representativas en el entorno de personas de movilidad reducida (CERMI y CONCEMFE), con el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT) y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).


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Por último, el informe concluye señalando que los representantes de los usuarios siguen considerando los servicios por ferrocarril como una buena opción de transporte que podría consolidarse frente a otras alternativas de fomentarse adecuadamente y de producirse mejoras en su calidad y servicio, reforzando la inversión en mantenimiento de la red de cercanías, y la mejora de sus servicios complementarios.

Tercero. Otro de los grandes problemas que presenta la red de servicios de cercanías es la fiabilidad del material rodante. Los incidentes relacionados con el material rodante más destacados se encuentran vinculados con la tracción y las puertas de acceso, y en menor medida se producen averías de pantógrafo y de circuitos neumáticos y compresora 3. Además, gran parte del parque móvil de Cercanías presenta una antigüedad superior a 20 años 4, por lo que la renovación de parte del mismo contribuirá a mejorar el servicio. Es necesario, por tanto, llevar a cabo una estrategia de modernización del material rodante sustituyendo la flota de trenes que mayores problemas presentan para incrementar la fiabilidad del parque móvil, así como invertir en su mantenimiento, garantizando la disponibilidad y el óptimo funcionamiento de los trenes.

Cuarto. Asimismo, es fundamental la promoción de los servicios de cercanías y la integración con otros sistemas de transporte como metro o autobuses, lo que se denomina el transporte intermodal. La coordinación con otros sistemas de transporte servirá para complementar y mejorar los servicios de cercanías. En definitiva, una red de cercanías fiable y eficiente serviría para descongestionar otras formas de transporte, como el transporte por carretera, minimizando así los grandes atascos que se dan especialmente en los núcleos urbanos.

Quinto. Por otro lado, es preciso destacar que España tiene un serio problema con la despoblación de determinadas zonas rurales, lo que se viene denominando la "España vaciada". La población, especialmente los jóvenes, acuden a las grandes ciudades en busca de una oportunidad laboral que no encuentran en sus poblaciones de origen. El servicio de cercanías es una oportunidad para mejorar esta situación. Un ejemplo claro es el estudio de la inclusión de Ávila y Segovia en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, es necesario señalar que existen casos de ciudades o poblaciones que, pese a no ser zonas rurales o no ser lugares despoblados, sus conexiones de cercanías son deficitarias. El caso más popular, a nivel nacional, es el de la Comunidad de Extremadura, no solo para servicios de cercanías sino también para media y larga distancia. También es conocido el incompresible caso de Marbella, una población de más de 100.000 habitantes que no tiene conexión directa de cercanías con Málaga. Revisar estos dos casos y hacerlo extensible al resto de España debería ser una prioridad.

Sexto. La situación económica actual de España, tras el impacto provocado por la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 (COVID-19), es la peor de las últimas décadas y Renfe no se libra de este impacto. Según los pronósticos de la compañía pública en los servicios de tren se va a producir una bajada en la demanda. En este contexto, sería un error proceder a realizar reestructuraciones laborales puesto que empeoraría el servicio de cercanías. Hoy en día es más importante que nunca mantener la confianza en los trabajadores de Renfe para mejorar dicho servicio.

Séptimo. En definitiva, y a pesar de las reclamaciones de los usuarios, existe actualmente una dejadez por parte de la administración en el mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones de la red de servicios de cercanías. Esto afecta de manera evidente a la movilidad y tránsito de pasajeros, y de forma especial a aquellas personas con alguna clase de discapacidad o que tienen movilidad reducida. La lista de barreras arquitectónicas es infinita: mala accesibilidad a las estaciones, falta de rampas o ascensores de acceso, ascensores que no funcionan, escaleras mecánicas inoperantes, etc. Esta situación debe revertirse, entre otros muchos argumentos, por responsabilidad social y para permitir la completa autonomía de los colectivos más vulnerables. La fiabilidad de las instalaciones es imprescindible para dar un buen servicio, por lo que deben abordarse con inmediatez problemas relacionados con las mismas.

Asimismo, y ante la situación económica y sanitaria que vive actualmente España provocada por la COVID-19, impera la necesidad de una actuación urgente por parte de los poderes públicos para evitar que las deficiencias del servicio de red de cercanías ponga en riesgo la salud de los ciudadanos. A tal fin se deben adoptar las medidas necesarias, atendiendo, a su vez, a las distintas demandas de los usuarios, mejorando y aumentado la fiabilidad y seguridad del servicio.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

3 Plan Integral de mejora de los servicios de cercanías de Madrid. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

4 El parque móvil de Cercanías de Madrid está formado por un total de 277 trenes que presentan una antigüedad media de 20 años, elevándose por encima de los 25 años para aproximadamente el 50% de los mismos. (ibid)


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para mejorar la red de cercanías:

- Implementar las mejoras que sean necesarias para mejorar la accesibilidad en las estaciones de cercanías y para eliminar las barreras arquitectónicas, de manera que las personas con movilidad reducida puedan acceder y moverse con total autonomía.

- Cuidado, mantenimiento, revisión y reparación de la infraestructura e instalaciones con especial atención a escaleras mecánicas y ascensores para favorecer el desplazamiento normal de los viajeros, especialmente de aquellos con movilidad reducida.

- Aumentar la frecuencia de paso de los trenes en aquellas líneas y recorridos en los que existe mayor demanda de viajeros o que tienen retrasos o averías habituales que impiden el normal desplazamiento de los viajeros y el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas.

- Establecer una mejora sustancial en los sistemas de información, especialmente los informáticos y las aplicaciones móviles, para que se informe en tiempo real y de manera precisa a los ciudadanos de los retrasos, averías o cualquier otro tipo de incidencia en los trenes de cercanías y las infraestructuras e instalaciones vinculadas a ellos.

- Implantar un sistema consistente en el estudio objetivo de todas las incidencias que se producen en la red de cercanías estableciendo un histórico para conocer qué trenes, rutas y estaciones tienen mayores incidencias para poder corregirlas o minimizarlas.

- Instaurar una estrategia de modernización del material rodante sustituyendo la flota de trenes que mayores problemas presentan en las puertas de acceso y en lo relativo a la tracción para incrementar la fiabilidad.

- Incrementar las prestaciones en las grandes estaciones y núcleos intermodales de forma que la red de cercanías se integre y complemente con otros sistemas de transporte.

- Estudio de la inclusión en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid de las ciudades de Ávila y Segovia así como extrapolar la implantación de esta idea a otras ciudades y poblaciones cercanas a otros grandes núcleos de población para mejorar la comunicación, movilidad, fomentar el impulso económico y evitar la despoblación.

- Mejorar de forma urgente la red de trenes de cercanías de Extremadura así como establecer una conexión directa entre Marbella y Málaga, haciendo extensible estos dos casos concretos a otras poblaciones donde se produzcan situaciones similares de deficiencia en las conexiones de cercanías.

- Mantener los empleados de los servicios de cercanías, así como reforzar e incrementar el personal en aquellas estaciones o servicios en los que sea necesario.

- Constituir una base de datos eficiente que sirva para analizar las reclamaciones de los usuarios exponiendo estas quejas en su totalidad y de manera completamente transparente y pública a través de los medios digitales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/001212

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación de todos los servicios ferroviarios que RENFE venía prestando hasta la declaración del estado de alarma por el COVID-19, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


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Exposición de motivos

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecía en su artículo 14 distintas medidas en materia de transportes con el objetivo de restringir la movilidad. En este sentido, la norma abordaba la reducción de la oferta total de operaciones en los distintos servicios ferroviarios en ciertos porcentajes, los cuales se han ido modificando posteriormente a través de distintas órdenes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad y la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el referido Real Decreto 463/2020. Su artículo 17 hace referencia a que los operadores del servicio ferroviario de competencia estatal, deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda.

Una vez culminada la emergencia sanitaria no hay explicación alguna para que distintos servicios ferroviarios hayan dejado de prestarse. Sin embargo, esta es la situación que se está dando en diferentes trayectos en los que aún no ha retornado la oferta previa al día 14 de marzo. Colectivos y organizaciones de todo el territorio nacional han pedido la reposición de todas estas circulaciones ferroviarias que en estos momentos están suspendidas y contribuyendo así a que estos territorios se encuentren incomunicados. No podría entenderse que el COVID-19 se haya convertido en la excusa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para eliminar servicios elementales dentro de su obligación de servicio público.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la recuperación de todos los servicios ferroviarios que se venían prestando hasta la declaración del estado de alarma por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2020.-Andrés Lorite Lorite, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Javier Merino Martínez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las reformas necesarias para impulsar la colaboración público-privada en el ámbito de las infraestructuras, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

La colaboración público-privada es fundamental para acometer determinadas inversiones que, por su cuantía y envergadura, en particular en los sectores de infraestructuras y transporte, no podrían ser financiados en solitario por el sector público en un momento como el actual, donde la restricción presupuestaria está más presente que nunca. Además, la búsqueda de sinergias entre la administración y el sector privado puede mejorar el resultado de la inversión. Al sector de los transportes o la energía podemos añadir otros en los que no es tan común la colaboración público-privada en España, como la educación o la sanidad. Esta colaboración tiene muchas formas y no simplemente supone la explotación privada de determinados servicios públicos.

Los beneficios no son solo económicos, también administrativos y de control. Habría ventajas de tiempo y eficiencias entre las que destacan la simplificación al integrar en un contrato el ciclo completo, desde diseño hasta mantenimiento, lo que genera simplicidad administrativa; genera mejor integración


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entre todas las fases, al estar al frente un integrador. Por otro lado, si el contrato está bien diseñado, genera mejor control en la fase de mantenimiento, ya que se realiza por indicadores.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos de nuestra legislación es la limitación de la rentabilidad de los proyectos de colaboración público-privada, que se sitúa en 200 puntos básicos más la rentabilidad del bono a 10 años. Una rentabilidad que en los últimos meses podría rondar el 2,5 %. Si comparamos estas cifras con las experiencias internacionales, países como Corea, con mercados de colaboración público-privado muy desarrollados y eficientes, están pagando una rentabilidad real de media entre 600 y 900 puntos básicos sobre el bono a cinco años, según un estudio publicado por el Banco Asiático de Desarrollo. Otro estudio publicado en 2016, Infrastructure as an Asset Class, sobre las colaboraciones público-privadas sitúa la tasa interna de retorno de los proyectos de infraestructuras a nivel mundial en el entorno del 14 % para las autopistas de peaje, entre el 11 % y el 13 % para los aeropuertos o alrededor del 10 % para infraestructuras sociales. España se encuentra, por lo tanto, muy alejado de estas cifras, resultando en la práctica inexistencia de este tipo de colaboraciones. Un claro ejemplo de los efectos de esta regulación es la negativa del sector empresarial a licitar en el Plan de Inversión en Carreteras diseñado por el anterior Gobierno que preveía alrededor de 3.000 millones en inversión en carreteras y que fue suspendido después de que las empresas se negaran a colaborar con el Ministerio de Fomento. El Gobierno del PSOE llegó a ofrecer a las empresas el adelanto de un 50 % de la inversión contra las certificaciones de obra para poder compensar la limitación del plazo y la tasa de descuento.

El Real Decreto-ley 55/2017 de desarrollo de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española, establece en su artículo 10 estos límites de rentabilidad y contiene además otra provisión por la cual, el instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base para el cálculo de la tasa de descuento, puede ser modificado por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, para adaptarlo a los plazos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda está habilitado para resolver esta limitación. Sin embargo, no parece que el Ministerio esté interesado en introducir ningún cambio en la legislación actual.

La rentabilidad de un contrato de colaboración público-privada debe cuantificarse/estructurarse en función del nivel de riesgo del proyecto, los costes de financiación en el mercado, condiciendo al sector, actividades que deba realizar el privado (ejemplo demanda vs. mantenimiento), etc. La regulación actual permite reglamentar a parte las condiciones de rentabilidad para cada sector. Tal es así que el sector de las energías renovables ya cuenta con una específica que les resuelve el problema.

El Consejo Económico y Social en su evaluación del Real Decreto-ley dice textualmente que "el diferencial que se propone no es representativo de las rentabilidades que actualmente ofrece el mercado y, por tanto, no resulta suficientemente atractivo para este tipo de inversiones". Respecto al uso de la rentabilidad de la deuda pública a diez años, el CES establece que "habida cuenta de que no todos los contratos tienen la misma duración, emplear esta referencia como base común no siempre puede resultar conveniente". Finalmente, tal y como apuntamos en este escrito, "las condiciones de financiación son variables a lo largo del tiempo y que los niveles de rentabilidad están estrechamente relacionados con el riesgo de cada proyecto, por lo que el CES no comparte la necesidad de establecer de inicio una rentabilidad fija y común para todos los proyectos". El Consejo considera que resultaría más conveniente buscar una manera objetiva para determinar la rentabilidad de cada proyecto, atendiendo a las condiciones de financiación del mercado en cada momento y al riesgo y plazo de la inversión del mismo.

En esta línea, la CNMC aprobó en 2018 su propuesta de metodología para calcular la tasa de retribución para aplicar el valor de las redes de distribución y transporte de electricidad y el de las energías renovables a partir de 2020 y determinar así la rentabilidad de dichos activos, situando los niveles de rentabilidad en un 5,6 % en las redes eléctricas y de un 7,1 % para las energías renovables. Este cambio en la metodología se aleja de la propuesta por la reforma eléctrica de 2013 que ligaba la rentabilidad de estos activos al bono del Tesoro a diez años más un diferencial de 200 puntos básicos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley.

"Con el objetivo de hacer más atractiva la participación del sector privado en la construcción y gestión de infraestructuras se propone:

1. Habilitar la posibilidad de que la Oficina Nacional de Evaluación pueda establecer los criterios de rentabilidad a nivel sectorial o incluso a nivel de proyecto conocidos, públicos, replicables y estables,


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pudiendo establecerse mecanismos de revisión de los mismos cuando las características de este así lo requieran, dejando las disposiciones contenidas en el Real Decreto-ley 55/2017 y en la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española como normativa subsidiaria.

2. Extender la actividad de la ONE a licitaciones de obra de elevado volumen y la evaluación de los proyectos de colaboración público-privada y promover la adhesión de las comunidades autónomas y otras entidades para proyectos de similar envergadura, normalizando de esta manera, los criterios aplicados a este tipo de contratos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejora de la seguridad vial en la N-VI a su paso por Coirós, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está tramitando el proyecto de mejora de la seguridad viaria en la intersección entre la NVI, pk570+340, y la NVIa pk579+300, en el Ayuntamiento de Coirós. Esta actuación tiene como finalidad mejorar la seguridad viaria en una intersección muy peligrosa, pero tiene importantes carencias pues no contempla medidas muy necesarias en tramos anteriores y posteriores a la mencionada intersección, esto es, desde N-VI pk567 (cruce de la Espenuca) hasta la N-VIa pk580, zona en la que existe peligro para la circulación de los vehículos y también para la movilidad peatonal y ciclista.

Son distintos factores los que influyen en la inseguridad de la vía, así por ejemplo, no hay un arcén adecuado pues, o es demasiado estrecho o está mal delimitadas. Además, el pavimento se encuentra en muy mal estado y falta o está gravemente deteriorada la señalización horizontal. A todo ello hay que añadir la mala visibilidad en los puntos de entrada y salida de los núcleos a ambos lados de la vía (Os Chas, Colantres, Armea, Queirís) y que, aunque en varios tramos existe limitación de velocidad a 50 km/h, esta no se respeta.

Los vecinos y vecinas de los lugares de Queirís y A Espenuca llevan años demandando mejoras en la seguridad vial en la carretera NVI y en la intersección con la NVIa, que no aparecen recogidas en el proyecto en tramitación, que se centra en resolver la siniestralidad de la intersección, pero deja fuera muchas necesidades de movilidad y seguridad viaria de la zona. Sus principales peticiones están referidas construcción de aceras accesibles y seguras, mejora del alumbrado, mejora del pavimento y de la señalización horizontal, paso de peatones regulado por semáforos, medidas disuasorias para garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad, mejora de los accesos y salidas desde los viales transversales y medidas de protección en el contorno del centro social de Queirís.

Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, y concretamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que incluya en el proyecto de mejora de la seguridad viaria en la intersección entre las carreteras NVI, pk570+340, y en la NVI, pk579+300", en el ayuntamiento de Coirós, las demandas de los vecinos y vecinas de la zona, referidas a la mejora de la seguridad viaria y de la movilidad peatonal en las citadas carreteras con las siguientes medidas:

- Renovación del pavimento y de la señalización horizontal en el tramo que va desde el cruce de Queirís hasta el cruce de la Espenuca.


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- Instalación de medidas disuasorias para garantizar el cumplimiento del límite de velocidad en las zonas marcadas a 50km/ h.

- Dotación de aceras más anchas tanto en el tramo anterior como posterior a la intersección, actuación que sería posible eliminando el carril lento desde el punto kilométrico 570+250 hasta el cruce de la Espenuca. También es necesario en el tramo desde la glorieta hasta la N-VIa pk580 donde ya está previsto eliminar el carril lento.

- Mejora de las entradas/ salidas a ambos lados de la carretera en el trecho antes mencionado, para aumentar la visibilidad cuando se realizan estas maniobras.

- Medidas de protección a la altura del local social situado al margen de la carretera.

- Restricción para no residentes del camino de acceso a Queirís en el pk570, en el cual está prevista la remodelación de la entrada/salida.

- Permitir en la salida del pk579+400 a la N-VIa, que es utilizada por vehículos procedentes del Aula de la Naturaleza de Chelo y también del Ayuntamiento vecino de Paderne, que se gire a la izquierda para evitar que utilicen el camino local antes mencionado. En ese lugar la visibilidad es buena y ahora mismo, con tres carriles, ese giro está permitido.

- Habilitar un espacio de estacionamiento para los autobuses con visitantes que habitualmente acuden al Arca de Chelo, manteniendo al mismo tiempo las paradas de los buses ordinarios.

- Ubicar pasos de peatones regulados por semáforos en el entorno de la glorieta prevista en el proyecto para así facilitar el tránsito a pie.

- Mejorar el alumbrado público en toda la zona, incluyendo la rotonda proyectada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Diputada.-, Néstor Rego Candamil, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.

161/001266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el apoyo a la divulgación del Pase Interrail, para su debate en la Comisión de Transportes, movilidad y Agenda Urbana.

Motivación

InterRail es un billete o pase, que puede ser adquirido por personas con residencia permanente en Europa, que permite viajar en las compañías participantes de 33 países europeos y tránsito marítimo entre Italia y Grecia, según las características de la modalidad escogida. Es una forma de viajar económica y ecológica, utilizando las redes ferroviarias, desde Portugal hasta Turquía, los países escandinavos y los Balcanes. Fue creado en 1972 en el 50° aniversario de la Unión Internacional de Ferrocarriles con el objetivo de apoyar y comercializar el transporte ferroviario a nivel mundial para aumentar la movilidad y lograr un transporte sostenible y atraer a los jóvenes para explorar su continente de origen. El proyecto ha contado con la colaboración de todos los operadores ferroviarios nacionales en Europa para apoyar un intercambio intercultural entre los jóvenes europeos.

La imagen y la representación de InterRail están vinculadas a ideas de libertad ilimitada, movilidad y espontaneidad, que se asocian con la cultura de mochilero. Los viajeros ven sus viajes como una puerta de escape de las actividades cotidianas, una oportunidad de desarrollarse como persona, pero también como una búsqueda de experiencias significativas. Para estos viajeros, el hecho de viajar es una parte importante de la experiencia.

Interrail ha creado también rutas para que otros ciudadanos europeos conozcan España, su cultura, gentes y paisajes, de la forma más cómoda y flexible, gracias a que contamos con una magnífica red ferroviaria de norte a sur y de este a oeste, por todo nuestro extenso y variado territorio.

Hay varios factores que obstaculizan el desarrollo de la idea básica del "InterRail pass", como la diversidad de sistemas de gestión ferroviaria y la privatización del sector del transporte. No obstante, el objetivo original por el que nace este proyecto, romper las fronteras entre países y seguir impulsando el


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intercambio cultural entre los jóvenes europeos, merecen todo el apoyo y reconocimiento que podamos prestarle.

Por todo ello, que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar apoyando la divulgación del Pase Interrail entre los ciudadanos españoles y su uso para visitar nuestro país por otros ciudadanos europeos, con objeto de favorecer, a través de la red ferroviaria de los treinta y tres países que participan en el proyecto, el intercambio cultural entre europeos y el conocimiento de la riqueza cultural de España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2020.-Susana Ros Martínez y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001288

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir a ADIF la ejecución del convenio firmado con el Gobierno de Cantabria y con el Ayuntamiento de Piélagos en el año 2019, para su debate en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El pasado 23 de abril de 2019 se procedió a la firma de un convenio a tres partes, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Piélagos y la entídad pública empresarial ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, al objeto de proceder a la supresión de dos pasos a nivel dentro de la localidad de Renedo (Piélagos-Cantabria).

Dicho convenio estaba enmarcado dentro del plan del Ministerio de Fomento para eliminar los pasos a nivel y de las actuaciones a llevar a cabo con motivo de la duplicación de vía entre Santander y Torrelavega, los dos núcleos urbanos más importantes de la región. Esta actuación supone un auténtico desahogo para la capital del municipio de Piélagos, Renedo, en el que el trazado ferroviario de Torrelavega a Santander atraviesa el centro urbano con los consiguientes atascos e inseguridad que se deriva de los dos pasos a nivel objeto del convenio.

El acuerdo alcanzado tiene un coste estimado de 11.705.000 euros, de los cuales 5,32 M? corresponden a obras que se recogían en proyectos redactados por ADIF, aportando el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, los 6,385 M? restantes.

Ahora bien, el Partido Popular ha conocido recientemente que, tras la primera reunión de seguimiento del convenio que se ha producido entre las tres partes implicadas, se ha procedido a reprogramar el cronograma de actuaciones, retrasando la correspondiente supresión de los pasos a nivel dos años.

Por su parte, el Partido Popular de Piélagos no está conforme con la solución técnica adoptada para uno de los pasos a nivel, más concretamente el que afecta al barrio Sorribero Alto, junto a la estación de Renfe en Renedo de Piélagos, ya que les aísla del centro urbano, obligándoles a circular por carreteras municipales de escasa anchura y con gran afluencia de vehículos.

La solución adoptada, en los dos casos, pasa por la eliminación de los pasos a nivel y su sustitucíón por pasos inferiores peatonales, de tal manera que, en uno de los casos, existirá un camino alternativo en el futuro y se podrán comunicar ambos márgenes del trazado ferroviario y, por tanto, conectar con la carretera autonómica CA-234, pero en el caso del barrio de Sorribero Alto, no existe alternativa para los vehículos y el vial municipal existente es de sección insuficiente y con sobrecarga de tráfico.

La gran cantidad de residentes que habitan en el barrio de Sorribero Alto, donde también se ubica una guardería municipal, plantea un serio problema a la zona que, por razones de seguridad y volumen de tráfico, precisa de una circulación en doble sentido y aceras o pasos peatonales.


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Por todo lo expuesto y ante la modificación organizativa y de organigrama temporal de ejecución de las obras nos vemos obligados a presentar la siguiente

Proposición no de Ley

"El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, insta al Gobierno a:

1. Analizar conjuntamente con el Gobierno de Cantabria y con el Ayuntamiento de Piélagos otras soluciones técnicas que, continuando con el proyecto de supresión del paso a nivel que afecta al Barrio de Sorribero Alto (Renedo de Piélagos), garantice también la seguridad de los residentes de la zona con una carretera alternativa de doble sentido que aporte seguridad y fluidez en su conexión con la CA-234.

2. Poner en marcha de manera urgente el convenio que entro en vigor en el año 2019, manteniendo el cronograma que estaba previsto.

3. Ejecutar y/o, en su caso, licitar las actuaciones pendientes para la duplicación de vía entre Santander y Torrelavega."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2020.-Elena Castillo López y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Educación y Formación Profesional

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.a Macarena Olona Choclán, D.a Georgina Trias Gil, D. Joaquín Robles López, D.a Reyes Romero Vilches, D. José Ramírez del Río, D.a Teresa López Álvarez y D.a Mireia Borrás Pabón en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX(GPV0X), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa y ayuda a la escuela concertada tras el impacto económico y social del COVID-19, para su debate ante la Comisión de Educación. y Formación Profesional.

Exposición de motivos

Primero. El pasado 1 de julio de 2020, los Grupos Parlamentarios de Unidas Podemos y PSOE presentaron su propuesta de borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados, que tiene por objeto diversas propuestas y medidas para paliar los efectos causados por el coronavirus en España.

La propuesta contenía diferentes medidas en relación con el sector educativo, bajo la rúbrica "Políticas educativas: corrección de la brecha educativa, educar en equidad y educación especial". Sin embargo, las citadas conclusiones han excluido completamente a la escuela concertada del plan de recuperación frente al COVID-19. Es de destacar la propuesta 18.1 y 18.2. La primera se refiere a la necesidad de incrementar los recursos en las escuelas para "fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo" y, en particular, se prevé una inversión económica de 2.000 millones de euros, de los que se dispone que "la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa". Es decir que, según la propuesta, el reparto de los 2.000 millones de euros tendría a la escuela pública como destinataria exclusiva, lo que supone que la escuela privada concertada no recibiría ninguna de estas cantidades.

Por su parte, la segunda señala la necesidad de promover el fortalecimiento de la educación pública para lo cual las autonomías "promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes". Sin embargo, no se menciona la escolarización en los centros concertados que, actualmente, comprende al 29% del alumnado de enseñanza básica obligatoria. Por ello, la ampliación de las plazas escolares debe comprender también a dichos centros.

En definitiva, como puede apreciarse, las medidas contenidas en la propuesta presentada en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica prescinden total y absolutamente de la escuela concertada.


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Hay que recordar que, en septiembre de 2019, la ministra de Educación, la Sra. Isabel Celaá Diéguez, afirmó que no se iban a "cerrar" ni a "atacar" los centros concertados, añadiendo que afirmar lo contrario "son "fake news"; sin embargo, los hechos posteriores han acreditado, justamente, lo que negó hacer.

Segundo. En los últimos años la enseñanza concertada ha sido objeto de ataques constantes por parte de los diferentes gobiernos socialistas. Las amenazas de recortes en la financiación o el cierre de aulas han sido algunos de las principales ejemplos que ha sufrido este modelo de enseñanza surgido en 1985, e instaurado, paradójicamente, por un Gobierno Socialista mediante la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. (LODE). El borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados son un ejemplo más de la lucha de la izquierda contra la educación concertada. Se trata, en definitiva, de medidas que únicamente responden a motivos puramente ideológicos y excluyentes, que no tiene en cuenta criterios de eficiencia y demanda ni la libertad de elección de centro educativo recogida por la Constitución Española.

En este sentido, hay que recordar, además, que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales, como recoge expresamente el artículo 103 de la Constitución Española (CE).

Igualmente, hay que destacar que la educación concertada comprende a más de dos millones de alumnos y sus familias -todas ellas de origen económico y social muy diverso- las cuales representan, como se ha señalado anteriormente, el 29 % de la enseñanza básica obligatoria.

Sin ánimo de ser exhaustivos, la educación concertada supone un ahorro económico para las cuentas públicas de 2.850 euros por alumno, cifra que, en conjunto, supone un ahorro de aproximadamente 326 millones de euros a la Administración. Por ello, la exclusión de la educación concertada de los recursos económicos que destinará el Gobierno de España a la educación fruto de la crisis del COVID-19 es un flagrante error.

Tercero. Más allá de la visión puramente económica, la educación concertada también representa la materialización del derecho y la libertad de educación, así como el derecho de los padres a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos, derechos fundamentales que están reconocidos en el art. 27 de la CE. Dicho artículo señala expresamente lo siguiente:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

El apartado 3 del artículo 27 de la CE garantiza que los padres puedan escoger en igualdad de condiciones la educación que quieren para sus hijos, de tal manera que la elección de uno u otro centro no sea más o menos gravoso para ellos. Por consiguiente, las Administraciones Públicas deben garantizar la libre elección de los padres, actuando con objetividad.

Por ello, defender y proponer la libertad de elección de centro docente es defender la libertad de los padres para educar a sus hijos, por sí o a través del centro que ellos eligen porque les conviene, interesa o favorece sus objetivos educativos como padres.

Por tanto, la decisión acordada por el Ministerio de Educación arrincona la educación concertada -con los efectos que ello conlleva- y consigue precisamente el efecto contrario, incumpliendo, además,


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con el mandato constitucional de que "Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca". Además, cabe recordar el apartado 2 del artículo 88 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que señala expresamente lo siguiente:

2. Las Administraciones educativas dotarán a los centros [centros públicos y privados concertados 5], de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.

En definitiva, el otorgamiento de créditos o subvenciones únicamente a la escuela pública distorsiona la libertad de elección de los padres y, además, ahoga económica y financieramente a los centros privados concertados que, en las circunstancias actuales, han tenido y van a tener que asumir elevados costes sin recibir ingresos.

Cuarto. Además del ya citado artículo 27 CE, el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a elegir libremente la educación está previsto en otras normas y disposiciones legales, algunas de ellas de carácter internacional:

i. El artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, de 7 de diciembre de 2000, reconoce el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos "conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas".

ii. El artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

iii. El artículo 5.3 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en el campo de la enseñanza dispone que "debe respetarse la libertad de los padres de elegir para sus hijos centros de enseñanza que no sean los creados por los poderes públicos".

iv. El artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos que dispone que "los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres[...] para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

v. El artículo 13.3 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales señala que "los estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres[...] de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o aprueba en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir a la escuela concertada dentro de las medidas aprobadas por el Gobierno en el marco del plan de recuperación y reactivación de España tras la pandemia del COVID-19 y, concretamente, a las siguientes:

a) Incluir a la escuela concertada entre los destinatarios de los 2.000 millones de Euros que el Ejecutivo invertirá en Educación dentro del Fondo COVID-19.

b) Promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros concertados, al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2020.-Georgina Trias Gil, Joaquín Robles López, María de los Reyes Romero Vilches, José Ramírez del Río, María Teresa López Álvarez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

5 1Apartado 1 del artículo 88 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala que "Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario".


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación del Instituto de Desarrollo Curricular, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

La educación es un derecho decisivo para el pleno ejercicio de la ciudadanía que requiere ser garantizado desde la primera infancia. Para ello es necesaria la existencia de recursos con independencia de la comunidad en la que se viva. Además, es necesario garantizar una inversión justa y adecuada en Educación con el fin de poder realizar una adecuada planificación educativa y prever y ajustar las inversiones que una educación moderna y de calidad requiere.

La sociedad del conocimiento nos plantea un reto de gran envergadura: la alfabetización múltiple. Es decir, la necesidad de formarse en competencias clave y en interacción con distintas tecnologías para adquirir las competencias necesarias para participar activamente en el desarrollo de un proyecto de vida propia y en una sociedad más justa.

Estas tecnologías servirán de soporte desde la lectura y la escritura en distintas lenguas naturales (bilingüísmo o plurilingüismo) hasta la utilización del lenguaje matemático, el lenguaje gráfico, el lenguaje visual, o distintas combinaciones de ellas, utilizando tanto los instrumentos tradicionales (lápiz, papel) como los nuevos instrumentos (aplicaciones informáticas).

La alfabetización múltiple debe permitir a cualquier persona desenvolverse eficazmente tanto en los espacios físicos (medio rural y urbano) como en los espacios simbólicos (literatura, pintura, cinematografía... etc.) o en los espacios digitales (plataformas y redes de comunicación). En definitiva, estos procesos de alfabetización múltiple nos obligan a considerar que la capacidad de aprendizaje, la educabilidad, se transforma en una necesidad creciente.

Hacer posibles estos retos y necesidades para el aprendizaje exigen que nuestro sistema educativo apueste por un modelo curricular mixto, flexible, coherente con el modelo de descentralización autonómica, pero que contemple también la importancia de la autonomía del centro escolar. Hace falta, pues, un modelo de currículo abierto al a participación de los centros educativos, tanto en el diseño como en el desarrollo. Definir un currículo mínimo, común, sobre las competencias clave y los aprendizajes imprescindibles que las conforman, sin división entre áreas troncales y de libre configuración. Un modelo de diseño curricular basado en un conjunto de aprendizajes imprescindibles a definir entre la Administración Central y las Autonómicas, y con una asignación propia a los centros educativos para que no sólo puedan contribuir a su desarrollo sino también a su diseño.

En el desarrollo y actualización periódica del curriculo común, es esencial contar con la creación de un organismo estatal autónomo: un Instituto de Desarrollo Curricular. El reparto de responsabilidades en el diseño y desarrollo del currículo requiere una base institucional en la que puedan participar todas las administraciones públicas, centros educativos y especialistas. Dicho Instituto podría elevar propuestas que sirvan de fundamento para las normas reguladoras del currículo escolar que deberán ser aprobadas por las administraciones públicas.

Acorde con lo anteriormente dicho, el Instituto de Desarrollo Curricular seguiría las recomendaciones internacionales y europeas en relación a las competencias clave, con la necesidad de avanzar en las más transversales como aprender a aprender y convivir o la competencia digital. Además, el currículo debería orientarse a preparar al alumnado para su futuro, proporcionándole la formación que verdaderamente necesite, pues no todos necesitan lo mismo, ni todas las asignaturas o áreas deben trabajarse del mismo modo.

Por ello han de utilizarse diversas estrategias de enseñanza: estrategias por descubrimiento o de indagación (campo de las ciencias sociales y naturales) o expositivas (ciencias formales y lingüísticas, con métodos más expositivos), orientaciones plurales sobre los modelos de enseñanza, con énfasis especial en las metodologías activas, y proponer su desarrollo en tareas prácticas de la vida. Y todo ello teniendo en cuenta el tratamiento de los Derechos Humanos y de los valores cívicos y constitucionales en el currículo, una Educación en igualdad (donde se tendrían en cuenta las recomendaciones del Pacto de


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Estado contra la violencia de género), la incorporación de nuevas materias y los Programas plurilingües (donde tendría lugar la enseñanza y aprendizaje de las lenguas cooficiales y de lenguas extranjeras), así como la incorporación de nuevas materias.

La introducción de las competencias básicas en el currículo español debe permitir una mejor identificación de los objetivos y contenidos de las distintas áreas y materias que tienen carácter imprescindible, distinguiéndolos de otros aprendizajes deseables mucho más amplios. Para ello, tendrá también especial importancia la selección y formulación de los criterios de evaluación, ya que deben permitir destacar con más nitidez los aprendizajes que son imprescindibles para la adquisición de las competencias básicas de la educación obligatoria.

De este modo, pretendemos equiparnos con un nuevo currículo más democrático y de más calidad, fundamentado en el desarrollo de competencias emocionales y capacidades críticas, más que en enfoques puramente academicistas, impulsando la flexibilidad del sistema educativo, la innovación y nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje y de su evaluación, enfoques útiles y motivadores, capaces de retener a nuestros jóvenes en el sistema educativo más allá de la escolarización obligatoria

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a disponer los medios y recursos necesarios para la creación de un Instituto de Desarrollo Curricular que lleve a cabo la modernización y la actualización permanente del currículo básico, de modo que garantice una educación integral para adquirir las competencias clave necesarias para afrontar los cambios sociales, ambientales y tecnológicos que nuestra sociedad demanda."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2020.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar un grupo de trabajo que realice un plan contra la segregación escolar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

La segregación escolar es una problemática creciente que amenaza la calidad y la equidad del conjunto del sistema educativo español. Existe una alta correlación entre la segregación escolar y los municipios con mayor tasa de inmigración y de pobreza infantil. La segregación de las escuelas por su diferente composición social y niveles de renta de las familias subvierte el principio de igualdad de oportunidades y condiciona tanto las trayectorias académicas como la desigualdad de resultados.

La segregación escolar no es el reflejo mimético de la segregación urbana o residencial. Es el resultado de las políticas de acceso y de programación de plazas escolares entre la red pública y concertada, existiendo también segregación entre escuelas públicas. Medidas como el distrito único, la liberalización de criterios de admisión o la selección adversa a través de diferentes mecanismos como la imposición de cuotas en la red concertada, son medidas generadoras de segregación escolar.

La evidencia científica y la literatura internacional demuestra que la alta concentración de alumnado de hogares pobres y de bajo capital cultural perjudica su rendimiento a peor como efecto de un contagio fatalista entre iguales o peer effect. Algunas investigaciones han demostrado que el impacto del efecto compañero (peer effect) por la composición social de la escuela es más determinante que el origen social del alumnado, las ratios de aula o la calidad del profesorado.


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España es el sexto país de la Unión Europea con escuelas más segregadas, tal y como señala el informe Mézclate conmigo de Save the Children, que también señala que uno de cada diez centros educativos es un gueto. Otros informes concluyen que el deterioro de resultados se estima en un 20 % de peores puntuaciones PISA en las escuelas-ghetto.

Por otro lado, existe una disparidad preocupante entre las distintas Comunidades Autónomas en referencia a sus índices de segregación escolar con Madrid, Cataluña y Canarias en cabeza y menor en Baleares, Aragón y Galicia según la investigación "Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea" elaborado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido.

Preocupante es la situación de la Comunidad de Madrid que lidera el ranking europeo de segregación escolar, solo por detrás de Hungría, la comunidad donde más ha crecido la segregación escolar en los últimos diez años de Gobiernos autonómicos del Partido Popular, tal como demuestra el citado informe.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación que analice la situación actual en relación con la segregación en los centros educativos de las Comunidades y Ciudades autónomas.

2. A partir del análisis de la situación, valorar la conveniencia de desarrollar un plan específico para prevenir y afrontar la segregación escolar.

3. Impulsar la colaboración entre las administraciones educativas y las corporaciones locales dirigida a establecer las condiciones necesarias para la reducción de la segregación escolar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2020.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para manifestar el agradecimiento y reconocimiento a nuestros docentes, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

Con objeto de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad provocada por el coronavirus COVID-19 y reforzar el sistema de salud pública, el Gobierno decretó, el pasado 14 de marzo, el estado de alarma en España. Con motivo de esta declaración, entre otras medidas, se ha reducido la movilidad, salvo para aquellas personas que atienden al cumplimiento de los objetivos de la declaración y aseguran el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

La declaración del estado de alarma resultó esencial para contener la propagación de la enfermedad y mitigar los efectos de la epidemia.

Desde sus hogares, muchas veces con medios escasos, nuestros docentes se han volcado en continuar su labor hasta donde sus esfuerzos y capacidades tecnológicas podían, alertando de la precaria situación del alumnado afectado por la brecha digital y su peligrosa desconexión del centro y del aprendizaje.

Estos trabajadores y funcionarios han acompañado a nuestros hijos en todo momento, dando acompañamiento constante, incansable y no siempre comprendido, pero esencial en la educación de nuestros hijos.


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Todo derecho individual, supone un deber para otros. Los trabajadores y funcionarios del sector de la educación contribuyen, con el cumplimiento de su deber, a garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas jóvenes de España, el futuro del País.

Es en momentos como la actual crisis sanitaria, en los que se descubre nuestra humanidad vulnerable ante agentes invisibles que todo lo infectan, cuando emerge la grandeza del ser humano, los valores inmunes al contagio que se manifiestan en ciudadanos que, comprometidos con el cumplimiento de su deber, garantizan con ello el bienestar de la sociedad que habitan.

Por eso es obligado manifestar nuestro agradecimiento, en nombre de los ciudadanos que representamos, para que estas acciones se hagan visibles y sirvan de modelo para una sociedad mejor que, entre todos, tratamos de construir.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a manifestar su reconocimiento y agradecimiento a todos los docentes por su labor y continuo acompañamiento y dedicación permanente durante el confinamiento a los niños, niñas y jóvenes españoles. Por su labor y capacidad de adaptación a una situación única, novedosa y desconocida, llena de complejidad y dificultad como es la enseñanza y aprendizaje no presencial, que requiere atención individualizada y sin límite horario, poniendo todos los medios a su alcance de modo que ningún alumno ni alumna se quedara atrás en sus aprendizajes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2020.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo y atención al alumnado de altas capacidades, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

Vivimos tiempos que se caracterizan por el aumento de la sensibilidad social sobre la necesidad de atender la diversidad de nuestras aulas, y con ello, el deseo de proporcionar una respuesta educativa de excelencia, es decir, de calidad y con equidad. La calidad no puede disociarse de un enfoque centrado en la educación y convivencia de los alumnos y alumnas en un contexto normalizado e inclusivo, y al tiempo, debe contemplar una enseñanza personalizada y acorde a los diferentes talentos, motivaciones y expectativas que presenta cada alumno y alumna.

En este sentido, la equidad y la atención a la diversidad ha sido un principio presente en las leyes educativas de las últimas décadas, que se ha ido abordando de manera integrada en los centros y también a través de programas específicos con mayor o menor profundidad según las diferentes leyes educativas, así como en los planes específicos de las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.

La definición de la alta capacidad intelectual es compleja y multidimensional, pues abarca aspectos cognitivos, competencias sociales y afectivas, motivacionales, contextuales, etc. Un concepto tan multifactorial abarca un conjunto de capacidades e incluye diferentes perfiles relacionados con: superdotación intelectual, genio, talento, precocidad, prodigio o eminencia.

Podríamos decir que superdotada es aquella persona cuyas capacidades son superiores a las habituales o a las esperadas para su edad y condición, en una o varias áreas de la conducta humana. En la literatura especializada se utilizan varios términos para referirse a la persona de alta capacidad intelectual. Algunos de ellos -como sobredotada, superdotada o alumnos con altas capacidades- se han usado indistinta y generalmente para referirse a la persona con un alto rendimiento en varias aptitudes.


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En cada Comunidad se utilizan diferentes criterios para determinar si un alumno o alumna tiene o no altas capacidades intelectuales, lo que implica una discriminación en función del territorio en que se escolarizan. Además, en ocasiones, cuando las familias se trasladan de territorio dentro del propio país, su situación puede variar, y por ende la respuesta educativa que reciben también.

Por ejemplo, el talento o el prodigio hacen referencia a una alta habilidad en un área muy concreta. Se puede hablar de talento académico, talento matemático, talento verbal, talento motriz, talento social, talento artístico, talento musical, talento creativo, etc. Es decir, que el término superdotado implica muchas casuísticas y los alumnos diagnosticados (talentosos o en altas capacidades) no tienen que sobresalir en todas las competencias, sino que pueden sobresalir en una o varias, y a la vez tener dificultades en otras. Esta característica de los alumnos de altas capacidades no es socialmente conocida, existiendo la creencia de que un alumno con talento es brillante en todas las asignaturas, cuando no es el caso en absoluto.

Las altas capacidades intelectuales, por tanto, son un concepto multidimensional, que requiere potenciar al máximo diferentes estrategias y metodologías en el aula, teniendo presentes a todos los alumnos sean cuales sean sus potencialidades.

Debemos señalar que este alumnado, que representa un escaso porcentaje, aproximadamente un 2,25 % de superdotados. Sin embargo, según el informe sobre estadísticas e indicadores de la educación en España del Ministerio de Educación, de 2014, el número total de alumnos identificados con alta capacidad intelectual en todo el territorio nacional fue tan solo un 0,2 % de la población escolar en enseñanzas no universitarias. Es importante destacar la ausencia de criterios homogéneos de identificación de alumnado con altas capacidades intelectuales en las distintas CCAA que están basados únicamente en un dato: el Cl. Manifiestan también otra carencia, los datos no están desagregados por sexo, pues es conocido el menor número de alumnas que se registran en comparación con el número de alumnos que se identifican.

Estas cifras demuestran además la escasa atención que este alumnado ha recibido, careciendo de manera generalizada de programas específicos que le ayuden a avanzar en el sistema educativo de acuerdo a sus capacidades.

Existen programas distintos y múltiples teorías educativas para determinar qué método, programas y agrupamientos son mejores para este alumnado. Por ello consideramos fundamental potenciar al máximo todos estos factores a través de diferentes estrategias y metodologías llevadas a cabo en el aula, teniendo presentes a todos los alumnos y alumnas sean cuales sean sus potencialidades.

Algunas iniciativas se han puesto en marcha, como los programas de aceleración, agrupamientos homogéneos de este alumnado, programas específicos extra escolares e incluso programas que se realizan en los períodos vacacionales en los que se trabajan de manera particular las distintas capacidades del alumnado. Sin embargo, pese a que estos programas tienen sus ventajas, tienen también el inconveniente de que la capacidad de socialización, integración y convivencia con el resto de compañeros y compañeras de un centro escolar queda disminuida. Por tanto, la organización para que este tipo de programas se implanten en centros ordinarios es compleja. A modo de resumen, se puede decir que la investigación educativa reconoce la necesidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades específicas de apoyo educativo al alumnado con altas capacidades intelectuales, planificando en cada caso una atención educativa personalizada que incluya programas y medidas específicas, cuando las medidas educativas de carácter ordinario puestas en marcha por el centro escolar no sean suficientes.

Partiendo de la premisa de que todas y cada una de las personas que forman parte de la comunidad educativa de los centros escolares deben favorecer la equidad y la excelencia para todos los alumnos dentro de un entorno educativo común en el que cada persona sea valorada por igual, se debe abordar la respuesta educativa a los alumnos con altas capacidades intelectuales, a lo largo del continuo que va desde lo curricular a lo extracurricular, de la atención educativa "ordinaria" (habitual) a la "diferente" (personalizada).

Es necesario, en primer lugar, aunar criterios y contar con profesorado formado y familias concienciadas para hacer una labor conjunta. Es fundamental también la detección precoz de este alumnado con el objetivo de atender adecuadamente las necesidades específicas derivadas de las altas capacidades intelectuales porque en el caso de no recibirla, perderían el interés escolar, les generaría aburrimiento y podrían acabar en fracaso escolar.

La sociedad no se puede permitir el lujo de que en este siglo se nos sigan quedando niños y niñas sin atender, por la injusticia social que supone y por el "despilfarro" que significa no disponer de los alumnos


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y alumnas con alta capacidad intelectual con una buena formación, cuando nuestro futuro como sociedad, como grupo, va a depender de los avances en el saber.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar, proponer y acordar, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y en colaboración con todas las Comunidades Autónomas, medidas para la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales entre las que se pueden encontrar:

- Incorporar profesionales especializados en altas capacidades en los equipos de orientación y atención psicopedagógica de zona o distrito.

- Acordar una definición común de alumnado con altas capacidades, y promover la realización de protocolos específicos para la detección precoz y en varios momentos de la escolarización del alumnado con altas capacidades, consensuados y comunes.

- Integrar en los Planes de Atención a la Diversidad medidas destinadas a mejorar la atención al alumnado de altas capacidades.

- Potenciar programas, agrupamientos y metodologías adecuadas y colaborativas en los centros educativos para los alumnos y alumnas con altas capacidades de modo que se facilite su integración en el grupo-clase y se desarrollen todos sus potenciales de aprendizaje.

- Favorecer programas de enriquecimiento, estrategias de ampliación curricular especialmente diseñadas para alumnos y alumnas con altas capacidades en un contexto educativo, asumiendo el principio de la inclusión educativa.

- Potenciar la utilización de plataformas, la escuela virtual a distancia y la UNED como vías complementarias para que los niños, niñas y jóvenes puedan avanzar a su propio ritmo de aprendizaje.

- Potenciar la formación del profesorado, de los equipos directivos y profesionales de la orientación en el conocimiento del alumnado con altas capacidades intelectuales y de la respuesta educativa idónea, que cuente con métodos y didáctica para incentivar y apoyar a este alumnado, programas, medidas y recursos específicos.

- Llevar a cabo programas de formación para familias basados en la detección temprana de los niños y niñas con altas capacidades intelectuales y la orientación educativa en el ámbito familiar.

- Establecer protocolos de colaboración con los sistemas de salud para crear y mejorar la cooperación con distintos profesionales de pediatría, psicología, psiquiatría, pedagogía, psicopedagogía, etc, en la fase de detección."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2020.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001276

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un Plan de Refuerzo y Apoyo Educativo a través de tutorías individualizadas, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

El cierre de los colegios como consecuencia de la crisis provocada por SARS-CoV-2 y la COVID-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad existente entre el alumnado en el acceso a los medios y materiales necesarios para acceder a Internet y realizar clases a distancia. La brecha digital no ha sido la única manera en la que se ha manifestado la falta de igualdad de oportunidades en el sistema educativo durante el confinamiento. También cabe tener en cuenta que no todos los padres, madres y tutores han podido ayudar a sus hijos de la misma manera a realizar sus tareas durante este tiempo.


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Los estudios realizados hasta la fecha por diferentes académicos y profesionales de la educación que han analizado las consecuencias educativas de la pérdida de clases por parte del alumnado, apuntan al impacto negativo que puede tener esta situación en el rendimiento académico de los estudiantes. Por citar algún ejemplo, teniendo en cuenta el estudio realizado por Woessmann (2003), "perder un 10 % de horas lectivas podría llegar reducir en un 1,5 % el aprendizaje de los alumnos, lo que en términos de PISA representaría el 20 % del curso escolar respecto a otros países en el caso de España."

Del mismo modo, el confinamiento puede haber ahondado la desigualdad que existe entre el alumnado derivada de las condiciones económicas de los hogares en los que viven. En el caso del sistema educativo de España, el origen familiar y las circunstancias económicas del alumnado sigue determinado claramente el nivel educativo que puede acabar alcanzado y sus expectativas laborales una vez finaliza sus estudios. Las diferencias educativas, "la disponibilidad de recursos tecnológicos, las habilidades no cognitivas", el tipo de trabajo y la situación laboral son factores que inciden de manera directa en el proceso de aprendizaje del alumnado, por lo que todo hace apuntar que la "situación económica y laboral en los hogares más afectados por esta crisis sanitaria también se transmitirá al rendimiento académico, la capacidad de estudio y concentración de los hijos."

Una de las propuestas realizadas hasta la fecha para paliar esta situación, propone impulsar tutorías individualizadas al alumnado por tal de reforzar las competencias y el aprendizaje del alumnado. Simon Burgess, en un artículo publicado recientemente, apunta a que las políticas públicas en materia educativa deben ir dirigidas a mitigar el impacto a largo plazo de la COVID-19 en los resultados académicos del alumnado y en sus expectativas profesionales y vitales. Según su opinión, una forma de reparar el daño causado sería impulsar tutorías de carácter individual, en grupos reducidos, lo cual constituye un método efectivo, con un bajo coste, asumible en su desarrollo y que podría estar operativo en un periodo relativamente corto de tiempo para evitar un grave perjuicio a los estudiantes españoles derivado del cierre de los centros escolares.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a impulsar un Plan de Refuerzo y Apoyo Educativo a través de tutorías individualizadas, programa presencial en horario lectivo y online en horario no lectivo, dirigido a estudiantes de todos los tramos educativos anteriores a la universidad, que tendrá como objetivo general apoyar al alumnado en las tareas escolares y reforzar los contenidos y competencias del currículo no adquiridas como consecuencia de la suspensión de la suspensión de las clases presenciales por motivo de la COVID-19. Las características principales de este Plan serán las siguientes:

a) Las tutorías individualizadas serán impartidas preferentemente por profesores que se encuentren en las Bolsas de Trabajo para Interinos, personas que estén cursando un Máster Habilitante para dar clases en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas o que se estén en posesión de esta titulación, pero se encuentren en situación de desempleo y alumnos de último año de Magisterio.

b) Los profesores que se encuentren en las Bolsas de Trabajo para Interinos, las personas que estén cursando un Máster Habilitante para dar clases o que ya estén en posesión de esta titulación, pero se encuentren en una situación de desempleo, y los alumnos universitarios de último año de Magisterio encargados de realizar las tutorías serán contratados por las Comunidades Autónomas para realizar este Plan por un periodo de 2 años. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, tras una evaluación exhaustiva, valorarán los resultados del programa y determinará la posibilidad de prorrogarlo. El Estado sufragará el 100 % del coste de las contrataciones.

c) El Plan de Refuerzo y Apoyo Educativo a través de tutorías individualizadas se implementará optando preferiblemente por la atención personalizada o en pequeños grupos. En cualquier caso, serán los centros educativos los que determinarán la organización y funcionamiento de dicho Plan así como el alumnado beneficiario.

d) Los centros educativos elaboraran las programaciones oportunas y el material pedagógico a utilizar. El Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas pondrán a disposición de los centros educativos los recursos necesarios para implementar el Plan de Refuerzo y Apoyo Educativo.


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e) El Ministerio de Educación y Formación Profesional establecerá, de la forma que determine, que los estudiantes universitarios o de máster puedan convalidar las horas trabajadas por créditos universitarios o de máster.

f) Se deberá tener en cuenta la formación del profesorado, alumnado y familia para la utilización y el uso correcto de las herramientas digitales necesarias para desarrollar el programa online.

g) El Plan incorporará como beneficiarios en la próxima convocatoria de becas y ayudas al estudio para los cursos 2020-2021 y 2021-2022 a los alumnos que resulten afectados por la COVID-19."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de agosto de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001293

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas de seguridad, desarrollo y evaluación del curso escolar 2020-2021, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

A pocas semanas del inicio del curso escolar 2020-2021, los padres, madres y tutores del alumnado no saben aún con certeza en qué condiciones volverán sus hijos a los centros educativos. Esta situación se da dos meses después de que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación Profesional publicaran la guía de recomendaciones para el curso 2020-21, tras las aportaciones de las Comunidades Autónomas. Aunque alguna de las disposiciones contempladas en este documento pueden ser valoradas de manera positiva y han sido adoptadas mayoritariamente por las CCAA en sus protocolos, en concreto aquellas relativas a la distancia interpersonal, la gestión de casos y el uso de mascarilla por parte del alumnado a partir de seis años, el documento no abordaba problemas, que por sus características, hubieran necesitado de una respuesta común en todo el territorio. Un ejemplo que ilustra de manera bastante clara la actual situación de caos en la que se enmarca el inicio del curso escolar, es que hasta el hasta el momento no existe un criterio común de cuando un centro educativo deberá cerrarse como consecuencia de un rebrote, situación que por desgracia deberemos afrontar. Por el momento, tampoco tenemos noticias que contenidos educativos serán impartidos durante el siguiente curso y cuáles serán los criterios de evaluación. Esta cuestión es especialmente preocupante si atendemos a que el pasado curso el alumnado no pudo asumir todas las competencias y contenidos contemplados en el currículum, situación que seguramente se vuelva repetir este año, lo que debería invitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional a alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas sobre que elementos de currículum deben priorizarse mientras se mantenga la actual situación y que medidas de refuerzo educativo se pueden adoptar a través de la aprobación de Programas de Cooperación Territorial.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha defendido su inacción alegando que las competencias para organizar la vuelta a las aulas son de las Comunidades Autónomas, omitiendo en todo momento que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias/ (30.ª) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Otro elemento de especial preocupación para el que en estos momentos no existe una respuesta común en todo el territorio, es que medidas deberán adoptarse para proteger al profesorado, especialmente aquel que sea considerado grupo de riesgo. Por el momento, son las Comunidades Autónomas las que están dando respuesta a esta cuestión, ya que en la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021 únicamente establece que "las Administraciones educativas adoptarán medidas específicas para la atención a las personas incluidas en grupos de riesgo, para el tratamiento de los casos sospechosos en condiciones de seguridad y para reducir al mínimo los riesgos para el conjunto de la


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comunidad educativa." Aunque aceptáramos que deben ser las autonomías y no en el Estado quienes elaboren los protocolos para garantizar la seguridad y salud del profesorado, ni el Ministerio de Sanidad ni el Ministerio de Educación Profesional pueden desinhibirse de analizar estos protocolos y plantear mejoras en caso de que las consideren pertinentes.

Por último, las actuales medidas contempladas en la legislación se presentan como insuficientes para garantizar la conciliación de los padres, madres o tutores e caso de un eventual cierre de los centros educativos o contagio de sus hijos. En estos momentos, en caso de que se diera alguna de estas situación, los progenitores únicamente podrían acogerse a una reducción de jornada con la consiguiente reducción de sus ingresos, lo que seguramente acabaría provocando que los mismos se vieran incentivados a dejar a sus hijos con sus abuelos, situación totalmente desaconsejable al ser un colectivo de riesgo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el conjunto de Ministerios, a:

1. Unificar protocolos de actuación con respecto a tres posibles escenarios sanitarios: "nueva normalidad", "aparición de contagios y brotes" y "confinamiento parcial y total". En concreto, y al menos:

a) Coordinar con las Comunidades Autónomas un estudio de seroprevalencia del alumnado y el profesorado en todas las etapas educativas contempladas en la Ley Orgánica de Educación.

b) Consensuar mecanismos para la supervisión, visado y seguimiento de protocolos y planes de contingencia para garantizar la seguridad del alumnado y el profesorado, con especial atención para los colectivos de riesgo.

c) Acordar el criterio para el cierre de centros escolares en caso que se detecten brotes entre el alumnado. Consensuar mecanismos y fórmulas de actuación en el caso de surgimiento de contagios y brotes.

2. Unificar protocolos educativos con respecto a los tres posibles escenarios. En concreto:

a) Acordar con las Comunidades Autónomas las competencias y contenido curricular mínimo que deberá priorizarse durante el curso 2020-2021, teniendo en cuenta que la docencia podrá realizarse de forma presencial, semipresencial y online según la situación epidemiológica.

b) Acordar con las Comunidades Autónomas unos criterios mínimos de evaluación para el curso 2020-2021 en todas las etapas educativas.

c) Consensuar los mecanismos para la supervisión, visado y seguimiento de los protocolos y planes de contingencia para el acceso y la comunicación con el alumnado en el supuesto de que se implante un modelo semipresencial u online.

3. Implementar acciones y recursos para paliar la brecha educativa y para garantizar la salubridad en el entorno escolar. En concreto:

a) Solicitar al Instituto Nacional de Evaluación Educativa un estudio exhaustivo y con datos desagregados sobre el impacto de la crisis provocada por la COVID-19 en el proceso de aprendizaje y rendimiento del alumnado.

b) Impulsar un Plan de Cooperación Territorial con mecanismos y recursos que garanticen que todo el alumnado puede recibir una educación remota de calidad. Establecer un repositorio de mejores prácticas por materia accesible para todo el territorio.

c) Impulsar un Plan de Cooperación Territorial con mecanismos y recursos que garanticen que todo el alumnado y el profesorado cuenta con los medios materiales necesarios para realizar clases a distancia.

d) Impulsar un Plan de Cooperación Territorial de refuerzo y apoyo educativo mediante tutorías personalizadas.

e) Impulsar, en colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas, las Comunidades autónomas y las corporaciones locales, mecanismos y recursos para garantizar que los entornos donde se desarrolla la actividad docente presencial cumple las garantías de higiene y salubridad.


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4. Desarrollar el marco normativo coordinado necesario para adaptar el sistema educativo a la situación sobrevenida por la pandemia. En concreto:

a) Aprobar las medidas necesarias para garantizar que las familias puedan conciliar y atender al cuidado de los hijos en el supuesto de que deban permanecer en el domicilio por causas relacionadas con la COVID-19.

b) Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para reequilibrar el currículum educativo, para adaptarlo a las necesidades competenciales del alumnado y a las situaciones de excepcionalidad que puedan producirse durante el curso, limitando la presencialidad del alumnado en las aulas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para rechazar las regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares, en línea con el compromiso europeo de 2008, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

El pasado 8 de julio, el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, don Pablo Echenique, anunció una "Iniciativa Abierta" por la que proponía regularizar de manera inmediata a todos los inmigrantes que se encontraban residiendo de manera irregular en España y a todos los solicitantes de asilo cuando se decretó el Estado de Alarma por causa de la pandemia del COVID-19 el pasado 14 de marzo. El propio Grupo Parlamentario de Unidas Podemos estimó en 600.000 las personas a las que afectaría esta medida.

Esta propuesta va en la línea de lo solicitado por ERC en el Senado. Citando la petición de un millar de asociaciones, el senador de ERC don Bernat Picornell pidió al Gobierno el 19 de mayo una regularización masiva de inmigrantes y exigió, literalmente, "papeles para todos" Esta expresión -"papeles para todos"- fue el lema de la regularización masiva implementada por el Gobierno del PSOE en 2005 que terminó con un rotundo fracaso dado que, al concluirse, había más inmigrantes irregulares de los que había al iniciarse. Además, el proceso de regularización masiva generó el rechazo de nuestros socios europeos que exigieron no se volviese a producir nunca.

El ministro responsable de Migraciones, el Sr. Escrivá, rechazó en mayo la posibilidad de una regularización masiva planteada por ERC. Lo hizo aludiendo al hecho de que no es posible llevar a cabo este tipo de regularizaciones porque no está permitido por la normativa europea. Citó el Sr. ministro el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo aprobado en 2008 que no permite las regularizaciones masivas.

El 14 de julio, la senadora de ERC doña Ana María Surra insistió al respecto durante el Pleno de Control del Senado. El Sr. Escrivá se opuso de nuevo a una regularización masiva citando el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo y optó por el estudio de expedientes "caso por caso", así como por un futuro Pacto de Estado sobre inmigración. La senadora Surra negó que el Pacto Europeo de 2008 rechace la posibilidad de una regularización masiva de inmigrantes y exigió que se le traslade el texto que así lo demuestre. Añadió, además, que ERC nunca llegará a un Pacto de Estado sobre Inmigración con el Partido Popular porque la culpa de que haya 800.000 inmigrantes irregulares en España es de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular.

El Pacto Europeo de 2008 es un texto público cuyo apartado II dedicado a "combatir la inmigración irregular" afirma literalmente lo siguiente:

"A tal fin, el Consejo Europeo conviene en lo siguiente:

a) Limitarse a regularizaciones caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales, por motivos humanitarios o económicos;"


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Estos intercambios relativos a una posible regularización masiva de inmigrantes evidencian una tensión y unas contradicciones profundas entre los distintos socios del Gobierno de España. El partido predominante en el Gobierno -el PSOE- dice una cosa mientras que su socio -Unidas Podemos- dice lo contrario y un aliado que aupó al PSOE al Gobierno -ERC- también le contradice.

La gobernabilidad de España se ve, lamentablemente, sometida a una tan innecesaria como grave tensión en un momento particularmente delicado como es el actual debido a una gravísima crisis económica y la amenaza de posibles rebrotes del COVID-19 y sus consiguientes crisis sanitarias. Difícilmente podrá el Gobierno de España tomar decisiones de calado y de éxito para afrontar la actual crisis si sus socios de Gobierno son incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones tan básicas como la gestión de la inmigración.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Impulsar una política de inmigración ordenada y responsable vinculada al mercado de trabajo, luchar contra las mafias de inmigración ilegal y ampliar los tratados internacionales de retorno y expulsión de inmigrantes irregulares.

- Rechazar la propuesta de Unidas Podemos y de ERC de realizar una regularización masiva de inmigrantes, la cual vulneraría nuestros compromisos europeos.

- Abandonar definitivamente la demagogia del "papeles para todos".

- Comprometerse públicamente a cumplir el Pacto Europeo de 2008 en todo lo relativo a "combatir la inmigración irregular" y, por lo tanto, rechazar las regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares.

- Asegurar una mínima coordinación con los distintos grupos políticos que apoyan la coalición de Gobierno para evitar graves contradicciones entre ellos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2020.-Pilar Marcos Domínguez, José Ortiz Galván, María Teresa Angulo Romero y Carmelo Romero Hernández, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001242

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el plan de reactivación económica específico para las Illes Balears, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Las Illes Balears son una de las Comunidades Autónomas más dependientes del sector turístico de todo el territorio español. Las actividades eminentemente turísticas suponen más del 30% del total del PIB, a lo que tienen que sumarse otros sectores con gran dependencia del sector turístico como el sector del comercio, de la construcción, del transporte[...] etc. Según el último informe de la Fundación Impulsa, el peso de estas actividades en el archipiélago duplica prácticamente la media de la UE. De hecho, el sector servicios representa un 85% del PIB total de las Illes Baleares.

A todo ello debemos sumarle la condición de insularidad, doble y triple insularidad que suponen un sobrecoste de productos y servicios y una dependencia total del transporte aéreo y marítimo, que se han visto paralizados durante la crisis del COVID-19 y cuya reapertura está siendo de forma paulatina, anteponiendo lógicamente, el criterio de seguridad sanitaria.

Por todo ello, las Illes Balears son una de las Comunidades Autónomas más afectadas por la crisis económica y social, provocada por la pandemia Covid-19 y los últimos datos así lo confirman. Según datos del último estudio de BBVA Research se prevé una caída del 17% del PIB en 2020, la mayor caída de todo el país. Según este observatorio, Baleares será la región más castigada por la crisis, con un


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retroceso del PIB varios puntos por encima de la segunda de la lista, Canarias (-13%). La caída del PIB que se prevé en Baleares dobla la del conjunto nacional, del 8%.

Los últimos datos de paro indican que en junio había en Baleares 74.293 personas en paro, un 104,26% más que en junio de 2019, siendo el incremento de paro más pronunciado de todo el país. La entidad también avisa de las desigualdades regionales en términos de empleo "la estructura sectorial, la temporalidad y la estacionalidad en el mercado de trabajo dan lugar a que las dificultades puedan perdurar durante más tiempo en aquellos territorios con un mayor peso del consumo social en su actividad". A todo ello hay que sumarle que las Illes Baleares tienen una fuerte estacionalidad en la temporada turística, y que la pandemia por el COVID-19 y la paralización total de las actividades económicas ha coincidido con el pleno inicio de la temporada alta para el archipiélago balear, a diferencia de otras regiones de España, acusando aún más la crisis económica y social provocada por la misma.

En el mes de mayo entre un 25 y un 30% de la actividad económica ha estado parada, según los datos de la propia Consejería de Trabajo, y 151.658 personas del archipiélago Balearse encontraban en un ERTE en el mes de mayo, creciendo también este número respecto al mes anterior al incorporarse a esta medida muchos fijos discontinuos que normalmente empiezan a trabajar en el mes de mayo.

Por sectores el grueso de parados es del sector servicios, con 58.581 parados, seguido del sector de la construcción con 8.140 personas desocupadas. Y, una vez más, las mujeres salen más perjudicadas de esta crisis con 40.302 desocupadas (un 54.2%) frente a 33.991 hombres.

Si hablamos en términos de crecimiento económico, según la propia patronal de Baleares, CAEB, la economía balear se contrae un 4.5% en el primer trimestre del año (sin tener en cuenta todavía la mayor parte del Estado de Alarma que no se recoge en este informe, ya que solo recoge los primeros 15 de los 98 del Estado de Alarma) y las Illes Balears se abren a la recesión por la COVID-19. El sector servicios registra una caída sin precedentes y por nivel territorial las Pitiüses sufren en mayor medida que Menorca el impacto del Covid-19, como consecuencia de la mayor especialización turística.

En la crisis del 2008 Baleares y su sector turístico fue clave para la recuperación económica de España. Por todo ello ahora se requiere un conjunto de medidas que tengan en cuenta las cuestiones anteriormente expuestas y que afectan de manera específica a las Illes Balears.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados Insta al Gobierno de España a:

- Aprobar un plan de reactivación económica específico para las Illes Balears, por su condición insular, su gran dependencia del sector turístico y su pronunciada estacionalidad, que hacen que sea la región de España más afectada por la crisis económica y social provocada por el COVID-19.

- Aprobar la extensión de los ERTES por fuerza mayor hasta diciembre de 2020 y si fuera necesario, hasta fin del primer trimestre de 2021."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Margarita Prohens Rigo y Miguel Ángel Jerez Juan, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acabar con las reiteradas fugas de los inmigrantes irregulares sometidos a cuarentena, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

Durante las últimas semanas, la llegada de pateras a las costas españolas se ha incrementado dramáticamente. Las costas de las Islas Canarias, de Andalucía, de la Región de Murcia y de Alicante


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están sufriendo la llegada de cientos de inmigrantes irregulares, víctimas de las mafias de trata de personas, procedentes tanto de Marruecos como de Argelia. Claramente, se está produciendo una acción coordinada de las mafias para concentrar la llegada de pateras en estas fechas.

A la irregularidad de estas acciones que vulneran la Ley de Extranjería se suma el riesgo para la salud pública que se está produciendo. En efecto, se ha detectado que un número relevante de los inmigrantes irregulares llegados en pateras están o pueden estar infectados por el COVID-19. Ahora que España se encuentra en una situación muy delicada al intentar controlar los rebrotes de esta pandemia que se están produciendo en estas fechas, es particularmente importante evitar que la llegada descontrolada de inmigrantes irregulares pueda contribuir a la expansión de la enfermedad.

Esto ha llevado a que se someta a cuarentena a los inmigrantes irregulares en hospitales de campaña, en muchos casos montados al efecto y sin que medien las necesarias medidas de seguridad para evitar las continuas fugas que se están produciendo. Así, en las últimas fechas, y debido al desbordamiento que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están padeciendo al no recibir refuerzos, se han fugado decenas de inmigrantes irregulares de esos hospitales de campaña situados en Región de Murcia, Granada y Alicante, con el consiguiente riesgo para la salud pública que ello supone.

El Gobierno no está actuando como es debido. Pese a ser la extranjería y el control de fronteras una competencia constitucionalmente estatal, el Gobierno pretende hacer responsables a las Comunidades Autónomas del control de los inmigrantes irregulares, que deben ser sometidos a cuarentena mientras dure el riesgo de contagio por el COVID-19. Esta falta de asunción de responsabilidades es inaceptable, más aún teniendo en cuenta el riesgo de salud pública que la fuga de inmigrantes irregulares de los hospitales de campaña supone para todos los españoles.

El control de la Inmigración es un grave problema que debe gestionar el Ministerio de Migraciones, pero que afecta también a las competencias de los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores. El Gobierno no puede pretender hacer dejación de funciones y trasladar toda la responsabilidad a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Garantizarla llegada legal y ordenada de la inmigración a España luchando, en particular, contra las mafias que trafican con personas mediante la llegada de pateras a las costas españolas.

- Poner a disposición de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas afectadas por la llegada de inmigrantes irregulares de aquellos edificios propiedad del Estado que pueden ser transformados en hospitales de campaña para la cuarentena de estos inmigrantes irregulares.

- Controlar exhaustivamente los hospitales de campaña en los que se está sometiendo a cuarentena a los inmigrantes irregulares de forma que no se produzcan fugas.

- Reforzar los dispositivos de Policía Nacional y de Guardia Civil en los hospitales de campaña para evitar nuevas fugas de inmigrantes que deben guardar cuarentena para evitar nuevos contagios por el COVID-19.

- Contribuir al control de los rebrotes del COVID-19 en España con su acción de control de fronteras y lucha contra la inmigración irregular."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2020.-Pilar Marcos Domínguez, Carlos Rojas García, Marta González Vázquez, Guillermo Mariscal Anaya, José Ortiz Galván, Ana Belén Vázquez Blanco, María Teresa Angulo Romero, María Valentina Martínez Ferro, Carmelo Romero Hernández, Belén Hoyo Juliá, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, María Auxiliadora Pérez Díaz y Javier Bas Corugeira, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fenómeno de la inmigración irregular y la lucha contra el tráfico ilegal de personas en Canarias para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

La política migratoria del Gobierno de España en los últimos meses se ha caracterizado por su falta de coordinación, los numerosos bandazos y las constantes rectificaciones. Hasta el punto de que hoy nadie sabe cuáles son las líneas de actuación de este gobierno en materia de inmigración.

Derivada de esta falta de política migratoria, Canarias está viviendo una grave situación al haberse convertido en una de las puertas principales de entrada a Europa de la inmigración irregular por vía marítima.

De hecho, según el último informe publicado por el Comité Español de Ayuda al Refugiado, este archipiélago se convirtió en el último cuatrimestre de 2019, junto con los Balcanes y las islas griegas, en una de las tres rutas migratorias hacia la Unión Europea en las que aumentó el número de llegadas detectadas respecto a 2018, una tendencia que ha seguido en los primeros meses de 2020.

Desde el 1 de enero, el fenómeno no ha dejado de crecer. En los primeros siete meses un total de 3.269 inmigrantes llegaron a Canarias por vía marítima, frente a los 590 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado, un 454% más. Y también ha habido un aumento del número de embarcaciones, así en lo que va de año han llegado 108 embarcaciones mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 51, es decir, un 111,8%, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior.

En lo que va de año el 32,44% de los inmigrantes que han llegado a España de manera irregular por vía marítima, lo han hecho por las costas de Canarias.

Con estos datos queda reflejado que el número de inmigrantes sigue en aumento y que entre el 1 de enero y el 31 de julio se ha superado la cifra alcanzada en todo el año 2019, que ascendió a 2.698 inmigrantes.

Merece especial mención la preocupante situación que se ha generado durante la declaración del estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En este periodo, lejos de frenarse el goteo de pateras, se ha reactivado el flujo de embarcaciones a Canarias.

Desde el 14 de marzo se ha duplicado el número de inmigrantes irregulares que han llegado a nuestras costas, a un ritmo medio de una patera cada dos días.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que se cumpla con la implementación y ejecución del III Plan África.

2. Que se dote a los centros de acogida de los medios necesarios para albergar dignamente a los inmigrantes y habilitar espacios independientes para que estas personas puedan pasar el correspondiente período de cuarentena.

3. Seguir avanzando en los tratados internacionales con terceros países para luchar contra el tráfico ilegal de personas, reforzando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y dotando de más medios al sistema judicial.

4. Impulsar el despliegue de Frontex para el control de las fronteras en la peligrosa ruta atlántica de la Inmigración irregular hacia Cananas.

5. Seguir avanzando para procurar una inmigración segura, regular y ordenada.

6. Contar con una red de recursos suficientes para poder promover la adecuada guarda y protección de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias.


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7. Que las Administraciones Públicas autonómicas afectadas por la llegada masiva de Inmigrantes irregulares, -como es el caso de Canarias- reciban lo antes posible recursos económicos a cuenta del Fondo de Financiación para la integración de las personas Inmigrantes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2020.-Guillermo Mariscal Anaya, María Auxiliadora Pérez Díaz, Ana María Zurita Expósito, Sebastián Jesús Ledesma Martín, José Ortiz Galván y Pilar Marcos Domínguez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popularen el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre traspaso de competencias del SEPE a la Generalitat de Catalunya para su debate en instancia en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Las medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia del COVID19 han tenido un impacto considerable sobre la actividad económica y la ocupación. Según los últimos datos publicados, la tasa de desempleo en Catalunya ha aumentado hasta el 14,8% durante el pasado mes de junio.

La principal herramienta para combatir el impacto económico de la COVID19 aplicada por parte del gobierno de la Administración General del Estado ha sido la regulación específica de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Las medidas en cuestión, a estos momentos, constan prorrogadas hasta 30 de septiembre, desvinculadas del estado de alarma como se había reclamado.

A fecha 1 de julio de 2020 se habían presentado en Catalunya 91.425 expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor, que podían llevar aparejada una afectación de hasta 609.409 personas trabajadoras. Simultáneamente, a la misma fecha, se habían solicitado 6.712 ERTEs por causas técnicas, organizativas, productivas o económicas que podían llegar a afectar a 111.750 personas trabajadoras.

Los datos de personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo hacían predecible un reto de gestión de las prestaciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal. Desgraciadamente, a la vista de lo sucedido, se ha constatado que el SEPE ha realizado una gestión deficiente de dicha situación, resultando incapaz de dar respuesta a las dificultades planteadas por el gran número de personas en situación de ERTE y haciendo ineficaz para miles de ciudadanos el supuesto "escudo social" planteado por el gobierno.

A fecha 10 de agosto de 2020, transcurridos casi 5 meses desde el inicio del estado de alarma, aún hay personas que, teniendo derecho, no han cobrado la prestación de desempleo que les corresponde. La gestión del SEPE ha estado llena de errores provocando situaciones de impago de prestaciones, de pago indebido del doble de la cuantía o, como en muchos otros supuestos, de pago de cantidades inferiores a 50 euros para personas que habían visto suspendido su contrato a jornada completa. Las organizaciones sindicales más representativas estimaban que solo en Catalunya más de 30.000 personas no habían cobrado las prestaciones que les correspondían para el mes de junio. Lo mismo ha sucedido durante los meses de julio y agosto, con miles de personas que siguen sin cobrar su prestación.

A estos errores de gestión hay que añadir la opacidad con la que ha actuado el gobierno con respecto al resto de administraciones: no ha compartido con la Generalitat de Catalunya ninguno de los datos oficiales sobre personas que han presentado queja o que han sido afectadas por la errática gestión de los ERTEs por parte del SEPE. Al contrario, ha tenido que ser la Generalitat de Catalunya quien abriera un buzón de atención a la ciudadanía para dar respuesta a las personas trabajadoras que se encontraban en esa situación de injusticia por incompetencia del estado. A raíz de esta iniciativa, se recibieron más de 4.600 quejas de personas que no tenían resuelto su ERTE.

Para hacernos una idea del despropósito que supuso que fuera la Generalitat de Catalunya quien diera la cara ante la ciudadanía por los incumplimientos del gobierno del estado, basta con ver que hasta


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el mes de junio se recibieron 350.000 llamadas al número de teléfono facilitado por el Departament de Treball, Afers socials i Famílies a través del SOC. Pues bien, de esas consultas telefónicas, más de 285.000 fueron realizadas por incidencias sobre la prestación de desempleo. Eso supone más del 80% de las cuestiones planteadas. Lo cierto es que el Departament de la Generalitat no dispone de información ni acceso a los datos de reconocimiento de situación de desempleo ni ha estado habilitado para realizar ningún trámite al respecto. Ello nos sitúa en una contradicción evidente: la administración que dispone de las competencias no da respuestas a la ciudadanía y la que se pone a disposición de la ciudadanía no tiene las competencias ni recursos para ofrecer las soluciones.

El colapso del SEPE ha sido admitido por el propio estado, pero no se han ofrecido soluciones. Todo ello contrasta con la actuación de la Generalitat, que durante estos tres meses ha tramitado más de 98.000 ERTEs que tienen una afectación sobre 727.000 personas trabajadoras y lo ha hecho de forma diligente y puntual. El Departament de la Generalitat se ha puesto a disposición del Ministerio de Trabajo hasta en 11 ocasiones para ofrecer apoyo logístico, técnico y humano a fin de ofrecer una mejor atención a las personas con incidencias en el cobro de sus prestaciones.

En última instancia y para dar respuesta a una situación de emergencia generada, en parte, por la falta de pago de los ERTEs, pese a contar con menos recursos que el Estado, la Generalitat creó una línea de ayudas a fin de garantizar la cobertura de las necesidades básicas. Se han destinado 20 millones de euros en forma de ayuda extraordinaria para afrontar los gastos de primera necesidad de trabajadores afectados por ERTEs o con contratos temporales extinguidos así como de trabajadores autónomos con cargas familiares que hayan sufrido una disminución superior al 30% de sus ingresos como consecuencia del COVID19.

Pese a la gravedad de la situación, el ministerio sigue sin dar respuesta al ofrecimiento de la Generalitat de Catalunya para colaborar en la respuesta y resolución de incidencias en el pago de prestaciones derivadas de ERTEs. Ese menoscabo de la voluntad de colaboración del Departament de Treball, afers Socials i Famílies tiene como únicas consecuencias un peor servicio a la ciudadanía, más errores en la gestión de ERTEs y miles de personas con derecho a prestación de desempleo que siguen esperando su cobro. Además, no ha habido únicamente la falta de resolución o de corrección en la resolución de prestaciones, sino una dejadez general en la atención a la ciudadanía, siendo frecuente la falta de atención a los teléfonos de consultas, ausencia de respuesta a las peticiones de información realizadas, etc. La opacidad mostrada por el SEPE ha generado gran incertidumbre, justo lo contrario de lo que se necesitaba en momentos complicados como los vividos durante el estado de alarma y los meses siguientes.

Sin embargo, no se puede obviar que, más allá del impacto del COVID19, nos encontramos ante una problemática de naturaleza estructural. La Generalitat tiene competencia sobre las políticas activas de ocupación, pero no tiene competencia sobre las políticas pasivas. Respecto a las políticas activas, el Departament depende de los recursos que transfiere el estado para hacer efectivas unas medidas del todo inaplazables. Pues bien, de forma alarmante e insostenible, el estado ha anunciado que estos recursos se verían recortados en más de 215 millones de euros, pasando de 388 millones a tan solo 173. Estos fondos constituyen una herramienta esencial para el impulso de la activación laboral y el combate contra el desempleo de larga duración. La ciudadanía no podría soportar que se hiciera efectiva la decisión del Ministerio de Trabajo y Economía Social de recortar la financiación destinada a políticas activas de ocupación en un 55%. Se trata de unos recursos finalistas recaudados a través de las cotizaciones y que constituyen un fondo imprescindible para dar respuesta a las necesidades de las personas durante la reactivación económica.

Así, lo más urgente es la paralización de ese recorte anunciado, pero incluso con eso no bastaría. Cabe recordar que la Generalitat de Catalunya tiene la responsabilidad de ayudar a la ciudadanía a mejorar su ocupabilidad, pero no puede complementar ese apoyo a las personas en busca de empleo mediante la gestión de las prestaciones de desempleo. Desde un punto de vista de reparto competencial, resulta ilógico.

La coordinación de políticas activas y pasivas podría ofrecer un servicio integral necesario para maximizar el beneficio de la ciudadanía afectada por estas políticas, combinando un robusto sistema de protección social con las políticas de activación laboral. El traspaso de competencias en materia de políticas pasivas a favor de la Generalitat de Catalunya permitiría fusionar el conjunto de prestaciones, vincularlo a itinerarios de inserción laboral en los casos en que sea posible y deseable, y prever intervenciones sociales y de activación laboral contando con toda la información.


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Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Llevar a cabo todas las actuaciones conducentes a hacer efectivo el traspaso de la gestión de las prestaciones y subsidios de desempleo que actualmente gestiona el SEPE en Catalunya a fin que desde el SOC se pueda ofrecer una política integral de ocupación que contemple todas sus dimensiones. Este traspaso debería incluir, como mínimo:

a) Organización y administración de servicios.

b) Gestión del reconocimiento del derecho a recibir prestaciones.

c) Traspaso de la infraestructura disponible incluyendo bienes muebles e inmuebles.

d) Financiación por parte del estado de dichas obligaciones económicas y de las disponibilidades presupuestarias que comportaría el traspaso.

e) Dirección, coordinación y control de los sistemas de procesamiento de datos así como la función interventora en la materia.

2. Que el pago de las prestaciones atrasadas reconozca de oficio los intereses de demora, como reconocimiento al perjuicio causado a miles de personas trabajadoras que han estado meses sin ingresos.

3. Revertir inmediatamente la decisión de recortar 215 millones de euros del fondo de la Conferencia Sectorial de Empleo destinado a Catalunya para implementar políticas activas de ocupación al 2020."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2020.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional para el personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

Una de las primeras cuestiones a la que hubo de enfrentarse nuestra legislación laboral y social era la relativa a la cobertura de los trabajadores que hubieran de interrumpir su prestación laboral por tener que someterse a una cuarentena prescrita por los servicios de salud, tanto por razón de aislamiento epidemiológico en caso de contagio confirmado como de aislamiento preventivo en caso de personas que hubieran estado en contacto con las primeras a la espera de la aparición de síntomas o la realización de las pruebas pertinentes.

La primera respuesta a esta circunstancia excepcional se produjo con la aprobación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que en su artículo quinto establecía la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo, si bien a los solos efectos de la prestación económica por incapacidad temporal, de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia de la COVID-19.

Más adelante, el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, en su artículo 9, reforzaba esta protección sociolaboral en el caso específico del personal que presta servicio en centros sanitarios y sociosanitarios, al establecer la consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por este personal como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV-2 durante el estado de alarma.


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La vigencia de esta previsión inicialmente se limitaba a los contagios producidos hasta un mes después del estado de alarma, si bien posteriormente esta duración se extendió hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en virtud de lo establecido en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto.

No obstante, habida cuenta de la especial intensidad que la COVID-19 ha tenido entre el personal que presta servicios en centros sanitarios y sociosanitarios, estas medidas de protección reconocidas hasta la fecha resultan insuficientes. De hecho, el número de infectados sólo entre personal sanitario en España asciende hasta el momento a casi los 55.000, alrededor del 14% del total de contagios en nuestro país, una cifra notablemente alta y que da cuenta de la falta de protección adecuada que en muchos casos han padecido nuestros profesionales pese a encontrase en la primera línea de lucha contra la pandemia.

Es por este motivo por el que desde las organizaciones profesionales y sindicales más representativas de este colectivo se viene reclamando desde hace tiempo la consideración del contagio por SARS-CoV-2 del personal de centros sanitarios y sociosanitarios, que adquieran por razón del ejercicio de su actividad profesional, como enfermedad profesional a todos los efectos previstos en la legislación laboral y de la Seguridad Social.

Una reclamación profesional, por otro lado, que está en coherencia con la recién aprobada Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE y se contempla la inclusión del SARS-CoV-2 como patógeno humano del grupo de riesgo 3, esto es, enfermedades infecciosas causadas por agentes biológicos por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección. La importancia de la medida queda igualmente puesta de manifiesto por el menor número de declaraciones de enfermedad profesional que se han producido hasta el mes de julio, en torno a un 32% del año anterior, diferencia provocada por la incidencia de la COVID-19, que carece de dicha consideración.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, se presente la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que adopte con urgencia las medidas necesarias para reconocer a los contagios de SARS-CoV-2 del personal que presta servicios en centros sanitarios y sociosanitarios la consideración de enfermedad profesional a todos los efectos previstos por la normativa laboral y de la Seguridad Social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de agosto de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Sara Giménez Giménez y María Muñoz Vidal, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D.ª María Ruiz Solás y D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa a la industria textil, moda y calzado; y al comercio relacionado con estos sectores, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Los sectores de industria textil, confección de prendas de vestir y calzado está conformado por un universo de empresas muy atomizado, donde un 93,3% de las mismas cuenta con menos de 20


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empleados. Esta característica del sector textil, común al resto de la industria española, dificulta la ejecución de inversiones, el I+D+i y la conquista de otros mercados.

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De los tres sectores anteriormente mencionados, el que mayor peso tiene en cuanto al volumen de negocio es el de la industria textil, 6.000 millones de ? en el año 2018. Los sectores de confección de prendas de vestir y calzado cuentan con unos volúmenes de negocio muy similares, en torno a 4.500 millones de ? anuales.

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La suma de los tres sectores suma el 2,2 % del volumen de negocio del sector industrial y un total del 5,7% del personal ocupado.

Si se incluye al resto de actores, diseñadores y comercio, la industria textil española tiene un peso en el PIB de casi el 3%, y del 4,3% en el empleo total nacional, así como el 18,9 % en el comercio, de acuerdo con el informe sectorial de la economía española 2019 elaborado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que destaca que, en cuanto a las exportaciones de este sector, España ocupa el quinto lugar de Europa.

Actualmente, la moda aporta el 6% a las exportaciones españolas, pero sin embargo el crecimiento se está frenando. Tras el descenso de las exportaciones del año 2018, el sector recuperó en el 2019 músculo exportador, hasta alcanzar los 21.000 millones ?. La principal zona del mundo destino de nuestras exportaciones es Europa, con un 70,5% del total.

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Respecto a las importaciones del sector estas presentan un valor creciente desde el año 2019, alcanzando en dicho año un valor de 27.000 millones ?, lo cual representa un déficit comercial de -6.000 millones de ? en el año 2019. Las importaciones proceden en un 53% de Asia y en un 36% de Europa.


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La venta dentro de España tanto al por mayor como al por menor de tejidos, confección y calzado constituye un sector específico que merece un análisis particular.

En España se identifican un total de 97.000 empresas de comercio de estos sectores, que dan empleo a un total de 324.000 personas y tienen un volumen de negocio anual de 49.000 millones de ?, un 6,4% del total del comercio en España.

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El informe CESCE revela que en 2018 se produjo una desaceleración de la producción y de las ventas de la industria textil y de la confección, en un contexto de "fuerte competencia internacional" con una gran polarización de las marcas. En 2018, las ventas del comercio textil disminuyeron un 0,8% hasta los 24.800 millones, y las cadenas especializadas concentraron el 34 % del valor total.

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Los motivos que explican esta disminución de las ventas son diversos:

a) Reducción del precio relativo de la ropa y calzado: la entrada en España de grandes cadenas de ropa low-cost, y la optimización de las cadenas logísticas, que permiten la importación de ropa y calzado desde zonas de bajos costes productivos, ha originado una reducción del coste medio unitario.

b) El envejecimiento de la población ha tenido un impacto notable ya que las personas mayores gastan menos en ropa y calzado.


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Es destacable el incremento de la venta on-line de moda que ha pasado de un 1,4% del total en 2012 a un 7,4% del correspondiente a 2019.

Por otro lado, y como consecuencia de la grave crisis generada por el Covid-19, este sector está viéndose especialmente afectado, ya que las empresas españolas de moda tuvieron que cerrar sus tiendas, almacenes y centros de logística como consecuencia de las medidas extraordinarias de emergencia adoptadas durante el Estado de alarma, muchas de ellas actualmente han solicitado la reducción de jornada en forma de "ERTE". Grandes y pequeñas empresas se enfrentan a significativos costes fijos, y a ingresos variables y en muchos casos escasos. El impacto del coronavirus en la industria textil ha sido más fuerte durante el estado de alarma pero sus efectos se están prolongando. En concreto, según el sector, muchas de las empresas no son viables, con una caída en facturación, previéndose cierres y despidos.


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Los cambios producidos en el entorno competitivo, derivados, fundamentalmente, de la liberalización del comercio internacional de productos textiles y la aparición de competidores de bajo coste, obligan a una profunda reestructuración del sector textil-confección español.

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La industria necesita medidas para impulsar la transformación. Las mayores exigencias de los consumidores y una elevada competencia tanto en el mercado europeo como en los mercados internacionales, así como un nuevo entorno competitivo, se articulan alrededor de tres aspectos fundamentales que no se deben obviar: la supremacía del consumidor, la globalidad de los mercados y la tecnología.

Así mismo, existe poco conocimiento de la potencia de la industria de la moda española. La diversificación de los esfuerzos realizados por las Comunidades Autónomas, lejos de mejorar el conocimiento de los productos españoles, ha contribuido a la confusión. También es paradójico que existiendo empresas españolas de distribución de moda de alcance global, no exista una percepción de nuestro país por su excelencia en este campo.

En este sentido, es especialmente ilustrativo que las marcas españolas suelen recurrir a nombres con referencias extranjeras. El estudio Brand Finance de Reputación de Marca 2019 indica que la marca textil con mayor reputación en España es Nike. Zara con la puntuación de 7.1 puntos en reputación, está muy por detrás de su competidor estadounidense Nike, que tiene una puntuación de 7.9.

La industria textil-confección vive un profundo proceso de reestructuración que sólo pueden superar las empresas más preparadas para afrontar las exigencias del nuevo entorno competitivo.

Los productos textiles y de confección requieren una renovación constante, por lo que la innovación, la relación calidad-precio y la fidelidad del consumidor son importantes.

Las empresas que deseen permanecer en el mercado deberán adoptar estructuras organizativas más acordes con el nuevo entorno competitivo, lo que seguramente generará un proceso de especialización. Los mercados altamente competitivos requieren estructuras potentes y de elevada capacitación y especialización, cuyo coste está fuera del alcance de las PYMEs, por lo que también resulta fundamental la cooperación entre el ámbito público y privado. Es destacable que el proceso de globalización inversa o relocalización de la producción consecuencia de la crisis del coronavirus tendrá como uno de los principales protagonistas al sector textil.

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Por todo ello, por la necesidad de mantener e impulsar la creación de empleo, la generación de riqueza, eliminar el retroceso, apostar por la sostenibilidad, proteger nuestra industria y nuestro patrimonio y mantener el liderazgo de la marca España en moda, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la generación y promoción de políticas que favorezcan la competitividad de la industria textil y la marca España, impulsando a tal fin las siguientes medidas:

1. Desarrollo por el ICEX de una marca España de moda que englobe todo el sector y sus subsectores desde el punto de vista geográfico.

2. Fomentar la consolidación de empresas del sector industrial textil para aumentar el tamaño de las mismas mediante incentivos fiscales y mejoras del marco regulatorio.

3. Promover la implantación de I+D+i en el sector, tanto en la industria como en la distribución, al objeto de que el mercado español pueda competir en el mercado europeo y en los mercados internacionales.

4. Fomentar a través de la formación e incentivos a la innovación la utilización de las nuevas tecnologías, con el fin de ofrecer una mayor calidad en el servicio, que se adapte completamente a las necesidades del cliente.

5. Formar y favorecer la creación de una estrategia de acción en redes sociales, que les permita atraer clientes nacionales e internacionales.

6. Instar a los Ministerios que requieren de gran suministro textil, como el de Defensa o Interior, y a las empresas públicas y privadas a promocionar, habilitar e impulsar el consumo de prendas, calzado y complementos Hecho en España, como una propuesta de valor, símbolo de calidad y apoyo a nuestra industria y sus trabajadores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, María de la Cabeza Ruiz Solás y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado don Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la exigencia de la parte equivalente de los recursos y presupuestos de TURESPAÑA, para su debate en instancia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

El Instituto de Turismo de España nace bajo el nombre de Instituto Nacional de Promoción del Turismo (INPROTUR) cuyo régimen jurídico se origina en el Capítulo II, Refundición y asunción de funciones de Organismos Autónomos suprimidos, del Artículo 87.4 con la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985. Para pasar a su denominación actual como Instituto de Promoción del Turismo en España, tal y como queda reflejado en la el Capítulo II, Modificaciones Orgánicas Artículo 81.1 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Finalmente, bajo el Real Decreto de 425/2013, de 14 de junio, se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España (en lo sucesivo TURESPAÑA).

Desde el momento de su constitución TURESPAÑA emerge como uno de los organismos autónomos pertenecientes al Estado Español, cuya principal misión se basa en la asunción de las funciones de promoción del turismo español. Las cuales son, como dicta el Artículo 2.1 del Estatuto de TURESPAÑA, la gestión de la marca España en su dimensión turística; La planificación, el desarrollo y la ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español y el apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior; La investigación de los factores que inciden sobre el turismo; La prestación de


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servicios de marketing en el exterior a las empresas e instituciones turísticas españolas; y la gestión de establecimientos turísticos, así como la realización de las inversiones que le correspondan en los bienes de su patrimonio propio; en particular, es de su competencia ejercer el control de eficacia de la Sociedad Paradores de Turismo de España, S.A., e instruirá la misma respecto a las líneas de actuación estratégicas de la sociedad, sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General del Patrimonio del Estado en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El agujero económico que ha provocado la caída en picado del turismo en el Estado español es ya una losa demasiado pesada. Por una parte, la falta de unas líneas de actuación eficientes genera una incertidumbre constante en el sector. Por otra, la precariedad de todos los empleos directos e indirectos, relacionados con el turismo, no mejora su detrimento.

Indicadores tan preocupantes, como los expuesto por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los cuales los datos de viajeros extranjeros y sus gastos han sido de cero en los meses de abril y marzo consecutivamente, han alertado a todas las administraciones. En especial, es necesario señalar que el sector turístico abarca nada menos que el 12 % del PIB. Por lo tanto, el Estado Español es claramente un país dependiente del turismo y los esfuerzos que han de volcarse sobre solventar la problemática deben ser máximos y eficientes.

No son pocas las fuentes oficiales o prominentes que han informado, sin ningún ápice de duda, sobre la extrema perdida de turismo internacional, mayormente a causa de las restricciones a la movilidad en casi todo el mundo y del cierre de fronteras provocado por las medidas de confinamiento. Exceltur apunta a un descenso del 61,8 % respecto a los 837 millones de extranjeros que visitaron el Estado español en 2019. En consecuencia, se estima que la cifra de turistas españoles alcanzará un máximo de 47 millones, siendo muy difícil estimar la cifra de turismo internacional. Aunque Exceltur se muestra optimista con sus previsiones a raíz de la apertura gradual de fronteras, únicamente se trataría de una mejora del 10 % en relación al escenario expuesto anteriormente. A su vez, a finales de este año se baraja de cifra de unos 725.000 trabajadores del sector afectados por la actual crisis.

Por consiguiente, parece evidente que las mayores incertidumbres giren en torno a la demanda internacional turística y la reactivación de la misma. Además, dicha recuperación no dependerá únicamente de las medidas ejecutadas por parte de las administraciones competentes, como por ejemplo las precauciones sanitarias o la prolongación de las ayudas al sector, sino que las actuaciones en cuanto al turismo internacional se verán condicionadas por una serie de variables externas como la supervivencia de las aerolíneas; la apertura de fronteras o la evolución de la pandemia. Siendo todas ellas medidas de gran dificultad de predecir en el momento actual, lo que dificulta anticipar el ritmo de recuperación de esta demanda. Existe un consenso en el sector, reforzado por la consultora Christie & Co, que estima que la recuperación o las cifras turísticas que conocemos hasta la fecha no se alcanzarán hasta 2023, momento en el que se prevé que el sector pueda volver a los indicadores de 2019.

Por todo lo expuesto, la destinación de la mayor parte de los recursos económicos a las campañas de promoción externa, como la actual "Back to Spain" de TURESPAÑA enfocada al turismo internacional, no parecen la solución más acertada. Actualmente el Estado español no puede darse el lujo de esperar a nadie, es por eso que enmendamos esta decisión, así como consideramos que lo más razonable es centrarse en campañas de promoción interna.

Se debe encontrar la fórmula para equilibrar la recuperación de la confianza internacional, en la cual el Estado español tiene una dependencia enorme, y el mercado temporal que enfrentamos. Dirigir los esfuerzos a recuperar los 837 millones de turistas que visitaron el Estado español en 2019 no es la dirección adecuada en la que abocar recursos públicos. No es que no se deba apostar por recuperar el turismo internacional pero a corto plazo no parece la decisión más apropiada, mucho menos cuando las previsiones son inciertas. La promoción internacional de los territorios debe ajustarse a los países de los que sí se puede recibir turismo, los cuales conforman el espacio Schengen, pero la mayoría de los recursos deben destinarse a las administraciones competentes para que estas gestionen la promoción interna y evoquen sus esfuerzos a promocionar las bondades de cada territorio.

Así mismo, no puede dejarse pasar la oportunidad de apostar por el turismo de calidad, erradicando las externalidades negativas, y esto únicamente puede ser gestionado por las administraciones territoriales competentes. Las competencias de TURESPAÑA hacen referencia a la promoción única de Estado español en su conjunto, por lo tanto, las actuaciones del gobierno frente a la reactivación del turismo actuales son una invasión competencial. Esto es, según el Artículo 171, referente al Turismo, del Estatuto Catalán, corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de turismo. En concreto en lo


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referente a la ordenación y la planificación del sector turístico; la promoción del turismo que incluye la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero; la regulación y la clasificación de las empresas y los establecimientos turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la Generalitat; la regulación de los derechos y los deberes específicos de los usuarios y los prestamistas de servicios turísticos y de los medios alternativos de resolución de conflictos; las enseñanzas y la formación sobre turismo que no den derecho a la obtención de un título oficial y la fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la ejecución y el control de las líneas públicas de ayuda y de promoción del turismo. Por otro lado, el Título IV del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, refleja en el Artículo 49.1.12 la completa potestad competencial de la Generalitat Valenciana en cuanto a turismo. Por último, todavía cabe mencionar el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, el cual en su Artículo 30.11 señala la competencia exclusiva del Gobierno de las Islas Baleares en materia de turismo.

Con este fin, así como con la contemplación futura de la reactivación del turismo internacional, exigimos que la parte equivalente de los recursos y presupuestos de TURESPAÑA, dotada con 88.254,63 millones de euros, se cedan a las comunidades autónomas para que cada una de estas administraciones defienda sus políticas de la manera que mejor se adecuen a sus particulares situaciones y pueda aprovecharse la coyuntura para virar hacia un turismo sostenible y de calidad.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a la transferencia y distribución con criterios objetivos de la parte equivalente de los recursos y presupuestos de TURESPAÑA a las administraciones autonómicas competentes, en coherencia con su competencia exclusiva en materia de turismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2020.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

161/001243

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley acerca de la urgencia extrema en la adopción de medidas de apoyo a las empresas electrointensivas con el fin de mantener su competitividad y el futuro de los puestos de trabajo en las factorías de que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo) provincia de Lugo, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Con fecha 28 de enero y 6 de marzo de 2020 el Grupo Parlamentario Popular presentaba a la Mesa del Congreso de los Diputados sendas Proposiciones no de Ley para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo; debate que nunca ha tenido lugar.

Las factorías con las que la multinacional Alcoa cuenta en la localidad cervense de San Cibrao, para la fabricación de alúmina y aluminio, tienen un carácter estratégico por cuanto constituyen el principal motor económico y laboral de la Mariña lucense. Representa el 30 % del PIB y la principal fuente de empleo directo para más de 1.100 a los que hay que añadir otros 5.000 empleos indirectos.

Un factor principal para la competitividad y el futuro de esta viene determinado por el coste de la energía, ya que para transformar la alúmina en aluminio es preciso un proceso de electrólisis intensivo en el uso de la electricidad. Solo Alcoa San Cibrao tiene un consumo similar a 30.000 hogares.

La factura eléctrica representa uno de los gastos más importantes de la cuenta de explotación de la factoría y los elevadísimos incrementos del precio que se han producido, ponen en riesgo la viabilidad y el futuro de este complejo industrial sin que el gobierno hay adoptado ninguna medida de las que se comprometió, entre ellas la aprobación del Real Decreto que incorpora el Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Esta herramienta normativa debe establecer una combinación de medidas, primas,


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subvenciones y descuentos que protejan la competitividad de as empresas altamente dependientes de la energía abaratando el coste final del suministro, una variable especialmente necesaria para empresas que compiten en un mercado global.

En este momento el precio de la electricidad en España es un 50 % más elevado que en Francia o Alemania. El borrador de Real Decreto presentado en el mes de marzo por el Ministerio de Transición Ecológica, no fue satisfactorio para nadie, porque recortaba el sistema de apoyo actual y no incorporaba las demandas del sector.

La Xunta de Galicia validó y presentó, con las empresas electrointensivas y con el aval del Comité de Empresa, un paquete de alegaciones para que el futuro Estatuto incluyera las propuestas de Galicia sin que a día de hoy se haya obtenido respuesta alguna. Conviene recordar que la Ministra de Transición Ecológica, había comprometido la aprobación en el primer consejo de Ministros tras las elecciones del 10N, del referido Estatuto. Nada de eso de ha cumplido. En el capítulo de incumplimientos igualmente, el referido al compromiso del gobierno socialista a recibir a los trabajadores y exponerles el conjunto de medidas, han transcurrido meses sin que este encuentro se haya producido.

La situación actual, contrasta con lo ocurrido durante os sucesivos Gobiernos del Partido Popular, que siempre intentaron buscar la mejor solución posible en apoyo de la industria electrointensiva .con negociaciones al más alto nivel entre el presidente Rajoy y el presidente internacional de Alcoa, estableciendo medidas de apoyo como las subastas por interrumpibilidad la compensación por costes indirectos de CO2, o la construcción del gaseoducto de la Mariña que abarató de manera significativa el coste energético de la factoría.

La situación se vio agravada ya que el mantenimiento d ellos precios actuales no permite la producción de aluminio en condiciones competitivas, lo que llevó a la empresa adoptar decisiones como la venta de las factorías emplazadas en A Coruña y Avilés o la de cerrar 32 cubas en la factoría de San Cibriao.

Es necesario recordar al respecto que ya el Pleno de la Diputación de Lugo, a propuesta del PP, aprobara por unanimidad varios acuerdos con carácter de declaración institucional, con fechas 31 de mayo de 2016, 30 de octubre de 2018 y 26 de marzo de 2019.

A día de hoy, la situación es extremadamente grave, con un gobierno cuyo único papel se ha visto a reducido a mero espectador del desastre. A ello hay que añadir una pandemia que si cabe, ha venido a poner de manifiesto, con mayor intensidad la necesidad de que los países cuenten con un tejido industrial fuerte y competitivo. Es en este escenario, donde Alcoa anuncia el pasado 25 de mayo el cierre de su factoría habiendo iniciado un procedimiento de ERE por extinción, en tanto que el gobierno con su pasividad deja morir la factoría como ya hiciera con la anunciada marcha de nuestro país de la factoría Nissan.

Nunca un gobierno lo tuvo más fácil: El PP garantizó el apoyo al gobierno en la adopción de medidas que proporcionen un precio competitivo que hiciera viable la producción de aluminio. Una y otra vez el PP ha reiterado el apoyo al gobierno para que lleve al Consejo de Ministros un real decreto ley con el estatuto para las industrias electrointensivas que incluya las alegaciones formuladas por la Xunta junto a los Gobiernos de Asturias y Cantabria; si lo hace, el PP apoyará esa iniciativa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar, con carácter de urgencia, todas las acciones necesarias encaminadas a garantizar los centros productivos y los puestos de trabajo de las factorías de Alcoa en San Cibrao (Cervo).

- Garantizar un marco energético estable y competitivo y aprobar, de manera inmediata, el estatuto de apoyo a las empresas electrointensivas, en el que se incorporen las alegaciones presentadas en conjunto por la Xunta de Galicia y las compañías gallegas.

- Realizar propuestas para que la industria de nuestro país sea competitiva, contribuya a la creación de riqueza y empleo atrayendo inversiones de forma que permita fijar la población en el territorio.

- La puesta en marcha de planes de estímulo como hicieran Francia y Alemania."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2020.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/001255

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a la recuperación y reactivación del sector turístico español, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

El turismo español es sin duda el sector más afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, el cierre total de la actividad durante prácticamente 3 meses de empresas de alojamiento, hostelería, agencias, comercio, ocio etc., supone un histórico golpe al tejido productivo del sector económico y laboral más importante de España.

Las medidas que el Gobierno del país más competitivo del mundo en turismo ha adoptado para apoyar a este sector no parecen indicar que desde el ejecutivo estén muy preocupados por cómo se desarrollará esta actividad en los próximos meses que serán fundamentales para la pervivencia del sector.

El turismo español, que esperaba poder comenzar a recuperar la actividad este verano, calcula desde diversos ámbitos que se podrían perder 124.000 millones de euros, el 81,4 % de todo el negocio de 2020 y miles de puestos de trabajo. A finales de julio solo se encuentran abiertos el 30 % de los hoteles españoles (de media) y solo han abierto el 50 % de las agencias de viaje. Los rebrotes de las últimas fechas han supuesto una cancelación importante de reservas y las alertas y cuarentenas de muchos países emisores el último Reino Unido pueden suponer el fin anticipado de la temporada.

Es por tanto necesario el desarrollo inmediato de políticas transversales entre agentes turísticos y no turísticos, públicos y privados, en base a la seguridad de los países de origen y los destinos.

El turismo requiere un trato diferenciado y prioritario al resto de sectores:

a) Último sector en salir de la crisis con toda seguridad (los factores de contagio perjudican seriamente la actividad).

b) El peso del sector en la economía y el empleo (cerca de tres millones de ocupados) no solo es insustituible, sino que tiene un poder de arrastre no comparable con otros sectores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Destinar como mínimo el 30 % del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas creado por el Real Decreto Ley 25/2020 de 3 de julio a empresas del sector turístico.

- Destinar como mínimo el 30 % del importe total del Fondo Europeo de Recuperación a las empresas del sector turístico.

- Que el Gobierno asuma el coste de las pruebas diagnósticas COVID 19 necesarias que se tengan que realizarlos turistas que visitan nuestro país tanto en origen como en destino.

- Establecer corredores turísticos seguros entre nuestros principales mercados emisores de turistas y España.

- Poner en marcha un plan con medidas fiscales específicas que contenga exenciones, bonificaciones y aplazamientos de impuestos estatales, autonómicos y locales, entre las que son esenciales:

a) Establecer un tipo de IVA súper reducido al sector turístico durante 2020 y 2021.

b) Bajada de tasas aeroportuarias del 25 % durante 2020 y 2021.

c) Eliminación de las tasas que gravan pernoctaciones.

d) Incentivos fiscales para reactivar el consumo en España en actividades turísticas.

- Poner en marcha medidas para mejorar la liquidez de las empresas ampliando las líneas ICO así como el plazo de carencia vinculado a la reactivación de la actividad.

- Prorrogar los ERTE por fuerza mayor hasta final de 2020 y, si fuera necesario, hasta el fin del primer trimestre de 2021.


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- Establecer una fórmula excepcional alternativa a los bonos canjeables que alivie la tensión financiera o quiebra de agentes del sector.

- Rechazar cualquier posibilidad de implantación de tasa o impuesto al transporte aéreo.

- Constituir un grupo de trabajo de expertos independientes que evalúe la situación de las empresas del sector, estudiando cada subsector turístico y su viabilidad.

- Proveer de los equipos de detección y protección adecuados a todos los aeropuertos, puertos y estaciones de ferrocarril con tránsito internacional.

- Incentivar una gran campaña promocional turística internacional en coordinación con comunidades autónomas, destinos y empresarios, destinada específicamente a la puesta en valor del destino turístico España como lugar seguro y poner en valor la Marca España.

- Redoblar todos los esfuerzos diplomáticos para establecer una estrategia común en la Unión Europea para apoyar al sector turístico.

- Trasladar una imagen positiva de la actividad turística como uno de los sectores productivos con mayor peso en nuestra economía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2020.-Teodoro García Egea, Guillermo Mariscal Anaya, Isabel María Borrego Cortés y Agustín Almodobar Barceló, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001279

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en su condición de Diputados, y D.ª Macarena Olona Choclán, como Portavoz Adjunta, todos ellos del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de ley relativa a la mejora de los estudios de Turismo, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

El turismo es una de las actividades más importantes de la economía española y uno de los sectores tractores de la misma con mayor repercusión en la imagen de España. Así, según los datos publicados en 2019 6, el turismo representa el 12,3 % de la aportación al Producto Interior Bruto y contribuye con el 12,7 % del empleo.

La calidad y el valor añadido del Turismo en España está fuera de toda duda. Según los resultados internacionales sobre el turismo, España es el segundo país receptor de turismo, por detrás de Francia; y el segundo, también, en cuanto a ingresos derivados del turismo tras Estados Unidos 7.

Además, dentro de los innumerables factores que influyen en el liderazgo de España en el Turismo como el clima benigno y diverso, las instalaciones, monumentos, playas y demás, destaca principalmente el capital humano. El buen hacer de los profesionales del turismo- es un factor clave en el éxito que ha vivido España en cuanto al Turismo.

Esto se ve reflejado claramente en el progresivo incremento en cuanto a número de turistas que nos visitan y el gasto que hacen, con el paréntesis que está suponiendo la presente crisis derivada del virus de Wuhan. Este incremento se debe principalmente porque el sector turístico se sabe adaptar a las nuevas necesidades del turismo y se diversifica y especializa de forma rápida para ofrecer una calidad y una experiencia fuera de toda duda.

Sin embargo, la importancia que tiene el turismo no se ve reflejada en cuanto los estudios de turismo.

Según el U-Ranking 2020 8, en cuanto a empleabilidad o salidas laborales de los estudios universitarios, el grado en Turismo figura el último del ránking. Por su parte, a nivel mundial, el conocido ránking de

6 Cuenta Satélite del Turismo para 2018 - INE.

7 International Tourism Highlights, 2019 Edition - UNWTO.

8 https://www.u-ranking.es/nosotros.php U-Ranking de la Fundación BBVA e IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.


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universidades de Shangai 9 muestra unos datos muy alejados de lo que deberían suponer los estudios turísticos en un lugar como España, líder a nivel mundial.

Así podemos ver que la Universidad de las Palmas de Gran Canaria ocupa el puesto 23, la Universidad de Alicante el 31 o la Universidad de Málaga el 47.

Una de las mayores quejas que hacen los profesionales de la docencia universitaria en Turismo es la falta de peso dentro de los claustros universitarios. Los estudios de turismo son impartidos por profesores que pertenecen a departamentos universitarios de otras ramas, lo que se traduce que el peso dentro de las universidades a la hora de obtener fondos de sus presupuestos para investigación o innovación sea escaso o nulo.

Con este panorama es muy difícil poder obtener unos resultados acordes a la importancia que tiene España en cuanto al turismo, por lo que se deberían dar más peso a estos estudios en vista de la importancia que tiene el turismo en nuestra economía.

Por otra parte, la importancia de la innovación e investigación del turismo está fuera de toda duda. Cuestiones como la sostenibilidad, la digitalización o la personalización son cuestiones que están encima de la mesa y ven su reflejo en los planes y objetivos marcados por los organismos oficiales, como la Organización Mundial del Turismo, la Unión Europea o vienen contenidos dentro del propio Plan de Impulso para el sector Turístico presentado por el Gobierno el pasado 18 de junio.

La formación es imprescindible para afrontar los retos de un mundo cada vez más competitivo, en una economía global y con unas necesidades cambiantes. Por desgracia, la aparición del virus de Wuhan, ha tenido como consecuencia la necesidad de un aumento de la seguridad sanitaria, por lo que el turismo es, quizá, el sector que más se ha visto afectado debido a que su función no es otra que el bienestar de sus clientes y de ahí la necesidad de formarse en seguridad sanitaria sea un requerimiento imprescindible, aunque no el único. Si antes eran imprescindibles los idiomas, ahora es la correcta aplicación de los protocolos sanitarios y la previsión de posibles nuevos casos de epidemias.

Pero las nuevas necesidades relativas a la digitalización y sostenibilidad hacen necesarias que se incida en esta formación.

Dentro del apartado 2.2 del Plan de Impulso para el sector Turístico se muestran varias iniciativas que indica que es necesario reforzar con estudios universitarios, cursos de reciclaje y ampliación de nuevas capacidades. El impulso necesita de I+D+i y es lo que hay que favorecer mediante todas las herramientas al alcance del sector y de las administraciones públicas.

Estos meses de crisis, en los que el descenso de actividad del sector ha llegado a niveles nunca conocidos, bien se puede implantar de forma decidida todos los recursos de formación con toda la celeridad posible, con el fin de que, al finalizar la crisis, España se encuentre preparada y siga liderando el sector.

El sector considera que la importancia del Turismo no se ve reflejada en los actuales estudios del turismo.

Por todo ello el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las medidas necesarias para impulsar la formación turística a todos los niveles y mejorar los estudios y, a tal efecto, que se adopten las siguientes medidas:

1. Impulso de los estudios universitarios de Turismo y competencias relacionadas. Para ello será necesaria la creación de políticas tendentes a prestigiar estos estudios y facilitar la creación de departamentos autónomos dentro de las Universidades para impulsar la investigación y el desarrollo de propuestas. Todo ello con el fin de reconvertir los estudios universitarios de turismo en España en un referente mundial lo que conllevará a elevar nuestra competitividad ante destinos que, tras la actual crisis producida por el virus de Wuham, se han reforzado.

2. Creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes las Administraciones con competencias en turismo y educación, así como los representantes del sector privado con el fin de identificar las necesidades del sector turístico e impulsar la formación turística a todos los niveles. Esta mesa de trabajo

9 Academic Ránking of World Universities (ARWU) - ShanghaiRanking - http://www.shanghairank- ing.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/hospitality-tourism-management.html.


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deberá reunirse con la suficiente periodicidad como para afrontar los retos del turismo con la anticipación necesaria para establecer los programas y soluciones formativas adecuadas.

3. Implantar con la mayor celeridad posible lo contenido en el apartado 2.2 del Plan de Impulso para el sector Turístico con el fin de aprovechar estos tiempos de crisis y menor actividad e invertir en formación, de forma que España no se quede atrás en el liderazgo mundial del turismo.

4. Facilitar la colaboración público-privada en el diseño de los planes de estudio y contenidos de los cursos sobre turismo, impulsando las prácticas en el sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas para asegurar la supervivencia del sector del ocio nocturno, la hostelería y los espectáculos masivos, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

La situación de algunos sectores económicos como consecuencia de la pandemia y de las medidas tomadas para reducir la propagación es ciertamente preocupante y amenaza con convertirse en estructural. Por las características de la actividad que desempeñan, muchos sectores están más expuestos a la evolución de los datos epidemiológicos que otros. Recientemente, hemos asistido a numerosas noticias en relación a los excesos en locales nocturnos o de hostelería que han precipitado las decisiones del ejecutivo respecto a estos sectores.

Los sectores del ocio nocturno, la hostelería y las empresas de eventos masivos han sido de los más afectados y lo seguirán siendo teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y las decisiones tomadas por el Ejecutivo. Según los datos del Banco de España un cuarto de las empresas españolas se encuentran en quiebra técnica y el porcentaje aumenta hasta el 40 % en el caso de las empresas de hostelería.

Por otro lado, el ocio nocturno, que representa el 1,8 % del PIB español y que ahora mismo está paralizado por completo, da por perdida una gran parte de la estructura empresarial y estiman que aproximadamente el 80 % de las empresas del sector cerrarán y presentarán concurso de acreedores. Las limitaciones de aforo, las restricciones de horarios y, en los últimos días, el cierre total de estos locales han condenado a muerte al sector después de que muchas de estas empresas tuvieran que invertir cantidades no desdeñables de dinero para adecuar sus locales a las medidas anunciadas por el Gobierno.

Por lo anterior, la incertidumbre en las medidas adoptadas por el Gobierno está provocando un impacto significativo en estos sectores que, lejos de poder reducirse en los próximos meses, apunta a que se va a incrementar si la situación epidemiológica no permite su reapertura.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener la figura de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal por fuerza mayor para los sectores de la hostelería, ocio nocturno y espectáculos en las mismas condiciones que se establecieron en el Real Decreto-ley 8/2020, asegurando que los trabajadores perciben el 70 % de su salario y que solo se extinguirá cuando se asegure una apertura generalizada y estable de estos negocios.

2. Establecer programas de formación para los empleados que se encuentran en ERTE que complemente sus habilidades actuales y que permita, en caso de que así se estime oportuno por la administración y el trabajador, una reconversión hacia otros sectores.


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3. Conformar una mesa de negociación para llegar a una solución negociada con arrendadores y arrendatarios para aliviar la carga económica del pago de los alquileres de los locales afectos.

4. Tarifa Plana de 60 euros/mes para los autónomos tras reabrir su negocio después de haberse acogido a la prestación extraordinaria cese de actividad por el coronavirus.

5. Bonificación de un 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores, por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional hasta las restricciones a la actividad en el sector turístico y de hostelería finalicen.

6. Exención en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de las nuevas contrataciones hasta diciembre de 2021 del sector turístico y de hostelería siempre y cuando se mantengan los niveles de empleo anteriores a la crisis.

7. Reforzar las líneas de avales estatales actuales y ampliación de nuevas líneas, si fuera necesario, para asegurar que el sector obtiene la liquidez necesaria para asumir todos los gastos fijos durante el periodo de confinamiento y les permite reabrir cuando el estado de alarma finalice.

8. Cancelar el cobro de todas las tasas municipales o autonómicas a las que se encuentran sujetos los negocios que se ven afectados por las restricciones de horario y apertura decretados por el Gobierno.

9. Establecer una mesa de negociación con las empresas y trabajadores del sector dentro del diálogo social para planificar, en función de las condiciones epidemiológicas, establecer las condiciones de apertura segura y controlada de los locales de ocio nocturno, aumentando el personal encargado de vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad y endureciendo las sanciones en caso de transgresión de las mismas, así como otras medidas como impulsar la simplificación de cambio de actividad (a cafeterías, bares en horario dentro de los límites establecidos...), entre otras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de agosto de 2020.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás y D.ª Inés María Cañizares Pacheco, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para proteger y apoyar al sector del ocio nocturno español, para su discusión en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Primero. El sector de ocio nocturno tiene una gran importancia en la economía española, siendo España uno de los líderes mundiales en este sector.

El ocio nocturno en nuestro país emplea unas 250.000 personas de forma directa e indirecta, especialmente de empleo joven, y se calcula que un 23 % de los turistas que vienen a España lo hacen atraídos por su oferta de ocio nocturno. En este sentido, si el turismo, principal sector del que se nutre la economía española, es responsable del 12 % del PIB español, alrededor del 1,8 % de dicho porcentaje se debe al ocio nocturno 10.

10 Ocio Nocturno a nivel global: un fenómeno de dinamización económica. Ostelea School of Tourism & Hospitality.


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Fuente: Ocio Nocturno a nivel global: un fenómeno de dinamización económica. Ostelea School of Tourism & Hospitality.

Segundo. El sector del ocio nocturno en España, como actividad complementaria al turismo, ha sido uno de los sectores económicos más castigados por la crisis sanitaria ocasionada por el brote epidémico del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

El Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el Estado de Alarma para la gestión de la crisis causada por el COVID-19, obligó al cierre de los locales de ocio nocturno desde el 13 de marzo del presente año, provocando un fuerte impacto económico en el sector. Además, a mayor abundamiento, el llamado Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, elaborado por el Ministerio de Sanidad, relegó al citado sector a la tercera y última fase de la "desescalada", con importantes restricciones, lo que hizo más difícil la posible recuperación del mismo en los meses de junio y julio del presente año.

Los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) referidos al mes de julio evidencian unos datos completamente desoladores, especialmente los relativos al sector servicios. Así, de los 3.773.034 demandantes de empleo totales, 2.650.385 están relacionados con el sector servicios, es decir, más del 70 % de los trabajadores en el paro se dedican a este sector. Esta cifra pone manifiesto dos aspectos: en primer lugar, las malas políticas económicas llevadas a cabo por el Gobierno para solventar estas desmesuradas cifras de paro y, en segundo lugar, que el sector servicios necesita el establecimiento de medidas eficientes de forma urgente.

Concretamente, en Andalucía los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con respecto al mes de julio son escalofriantes. La cifra de paro en esta Comunidad ascendió a 958.195 desempleados, siendo la comunidad que más demandantes de empleo tiene, aportando más del 25 % de los parados totales del conjunto del país. Si se analizan los datos en el sector servicios, Andalucía tiene 623.198 parados dedicados a este sector, es decir, el 65 % de los parados en esta Comunidad pertenecen al sector servicios.

Tercero. Tras la pérdida de vigencia del Estado de Alarma el pasado 21 de junio, las comunidades autónomas han asumido la gestión de la actual crisis sanitaria en sus respectivas circunscripciones. No obstante, el Gobierno adoptó una serie de directrices y medidas básicas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la emergencia ocasionada por la COVID-19.

El pasado 14 de agosto, tras la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano de coordinación con las comunidades autónomas, se aprobaron una serie de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la rebrotes por COVID-19. Entre las medidas adoptadas destacan el cierre de los locales de ocio (discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo) y la limitación horario en los servicios de hostelería en toda España.

Sin embargo, dichas medidas han sido adoptadas sin tener en cuenta la-opinión de las patronales del ocio ni de los empresarios, y sin ofrecer ningún plan alternativo ni paquete de ayudas, sociales y económicas al sector. Además, se está demostrando que las citadas medidas, pensadas exclusivamente


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desde el punto de vista sanitario y sin tener en cuenta otros posibles factores, no están siendo efectivas, ya que los rebrotes y el número de contagios siguen al alza en España a pesar del cierre del ocio nocturno. Además, el impacto económico y social que está provocando al sector las citadas medidas puede ocasionar su ruina. De acuerdo con los datos de empresarios y asociaciones del sector del ocio nocturno, desde marzo del presente año el 60 % de los establecimientos no ha abierto y los que lo han podido hacer, lo han hecho en unas condiciones pésimas. Según estas mismas fuentes, se calcula que el 70 % del sector está en serio riesgo de desaparición. Asimismo, se prevé un descenso de la facturación en el global de ejercicio de un 80 % menos que el pasado año.

Ante esta nueva situación de abandono, el sector del ocio nocturno ha recurrido la decisión del Gobierno y de las diferentes comunidades autónomas, demandando, a su vez, un plan de rescate.

Cuarto. Algunas autoridades públicas, ya sea por desconocimiento o a propósito, establecen etiquetas peyorativas al sector. Pero hay que recordar que el sector del Ocio Nocturno es clave para el turismo y la cultura, pues agrupa a 25.000 empresas de distinto tamaño, factura aproximadamente 20.000 millones de euros al año, y genera más de 250.000 empleos, 28.000 de los cuales son autónomos vinculados a las artes escénicas, entre ellos músicos, cantantes, bailarines y técnicos de imagen y sonido, entre otros. Asimismo, este sector atrae a los turistas, ya que más del 30 % de los clientes de estos locales pertenecen a este colectivo. No hay que olvidar, como señala el sector, que numerosos turistas eligen su destino en función de la oferta de ocio nocturno, siendo un complemento turístico de cada región.

Quinto. Como en cualquier otro sector, la mejor política a seguir no es la del prohibicionismo, sino la de establecer medidas sanitarias efectivas y vigilar su cumplimiento. Si, como según el Ministerio de Sanidad manifiesta, se han producido rebrotes en el ocio nocturno se debe estar vigilante pero no debería cerrarlo por completo pues aboca a la mayoría de las empresas del sector a la ruina. Asimismo, con el cierre de estos locales y la imposición de horarios obligatorios de cierre, otros sectores se están viendo afectados, como es el caso de los transportistas, que ven como por la noche y en la madrugada no tienen establecimientos donde tomarse un descanso, darse una ducha o beber un café.

No hay que olvidar la importancia que el sector del transporte ha tenido durante el confinamiento, tiene en la actualidad y tendrá en el futuro para suministrar productos básicos a la población. Igualmente, otros sectores padecen las consecuencias de esta medida como es el sector alimentario que en 2019 alcanzó un valor de aproximadamente 119.000 millones de euros en la producción de alimentos y bebidas y que con los cierres impuestos ven mermada la venta.

Sexto. El Sector ocio nocturno incluye restaurantes, bares, clubs, discotecas, lounges, hoteles y demás proveedores vinculados al sector ocio. Dicho sector genera empleo y aporta a la economía. De él dependen millones de familias y miles de empresas. En definitiva, el mantenimiento del empleo y del tejido empresarial español deber ser uno de los principales objetivos del actual Gobierno, y el ocio nocturno como sector especialmente sensible y vulnerable a la actual crisis económica y sanitaria requiere de un plan de ayudas que tenga en cuenta sus peculiaridades, a fin de proteger su actividad y estructura empresarial.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación, en coordinación con las comunidades autónomas y los representantes del sector del ocio nocturno, de un Plan Nacional de defensa y apoyo al sector del ocio nocturno, a fin de articular un paquete de medidas que tenga en cuenta las peculiaridades del mismo ante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y, concretamente, las siguientes:

- Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del 4 % del IVA al sector del ocio nocturno.

- Prorrogar los ERTEs de suspensión de contrato o reducción de jornada por causas derivadas del COVID-19 para las empresas vinculadas al ocio nocturno hasta junio de 2021, como instrumento decisivo para evitar la pérdida de empleos y dotar al sector de cierta estabilidad y certidumbre.

- Dotar a las comunidades autónomas de mayores recursos económicos con el fin de que se creen nuevas líneas de apoyo a los comercios para el gasto económico que supone la implantación de medidas sanitarias y de seguridad requeridas y que repercuten en la protección y salud del personal trabajador y de los usuarios.


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- Alcanzar acuerdos con comunidades autónomas y Ayuntamientos para que flexibilicen las condiciones de los pagos de tributos locales a las empresas durante el tiempo que dure la crisis ocasionada por el virus.

- Inyectar liquidez mediante la ampliación de las líneas de crédito ICO y créditos al 0 % de interés para las empresas del sector con especial vulnerabilidad.

- Promover el incremento del período de carencia para la devolución de préstamos para evitar dañar más aún si cabe la liquidez de las empresas del sector.

- Establecimiento de un sistema de formación eficaz o protocolo de actuación para todos los agentes intervinientes en el sector de ocio nocturno, enfocado a la seguridad y aplicación de protocolos sanitarios a fin de evitar contagios.

- Bonificaciones de las cuotas de autónomos y de las cotizaciones de los trabajadores de la Seguridad Social, para reducir los gastos y aumentar las posibilidades de contratación de empleados.

- Creación de planes para al mantenimiento del empleo, especialmente de los colectivos más vulnerables, así como medidas para fomentar la contratación indefinida.

- Mantener las medidas adoptadas hasta que la recuperación del sector. Para ello, será necesario llevar a cabo reuniones periódicas de seguimiento con sus principales representantes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás e Inés María Cañizares Pacheco, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad

161/001095

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Republicano.

Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre apoyo a las entidades catalanas del tercer sector social y para la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación de la asignación tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales, sea debatida ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en lugar de ante la Comisión de Hacienda.

Acuerdo:

Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en lugar de por la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y a las Comisiones de Hacienda y de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 125, de 24 de julio de 2020.


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161/001228

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar medidas de apoyo al Pueblo Gitano ante las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

El pasado 8 de abril se celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha en la que los gitanos y las gitanas de todo el mundo conmemoran la celebración del Congreso Internacional de Londres de 1971, en el que se instauraron sus símbolos identitarios -la bandera y el himno-. Una efeméride, por tanto, significativa para la lucha por la Igualdad y la Justicia Social de todos los gitanos y las gitanas del mundo. Una celebración mundial y reivindícativa que nos enseña que, a pesar de los avances logrados en el camino hacia la Igualdad Plena del Pueblo Gitano en los últimos 40 años en nuestro país, todavía existen obstáculos que impiden el ejercicio pleno por parte de los gitanos y las gitanas de derechos reconocidos y recogidos en nuestras leyes; como el acceso a una vivienda digna, a la educación, a la sanidad o al empleo. En tiempos de crisis como los que vivimos ahora, nadie puede olvidar la lucha ejemplar del Pueblo Gitano en su afán de eliminar la discriminación y el antigitanismo.

Esta discriminación que sufren las personas gitanas se ha visto agravada de manera profunda, debido a las consecuencias de la propagación de la COVID-19.

La pobreza afecta especialmente a la población gitana. El 86 % de los gitanos y gitanas que viven en España son pobres, y un 46 % de los hogares formados por familias gitanas sufre pobreza extrema. Los niños y las niñas no escapan a estas terribles cifras, ya que la desigualdad les afecta directamente con mayor intensidad, aún más por la situación de confinamiento en la que nos encontramos en este momento, siendo la tasa de pobreza infantil de un 89 %.

Por otro lado, hay que resaltar que la tasa de desempleo general entre la población gitana es de un 52 % (VIII Informe FOESSA), y que los gitanos y las gitanas tienen una esperanza de vida media 15 años menor que el resto de la sociedad (Encuesta Nacional de Salud). A nadie escapa que la situación de pandemia que sufrimos incide de manera clara y muy intensa en el empeoramiento de estos datos.

Asimismo, hay que añadir la precaria situación que se vive en estos momentos en 953 barrios de 440 municipios españoles, donde habita un amplio porcentaje de población gitana. Barrios que ya sufrían una desigualdad y una situación de exclusión social muy profundas antes de esta crisis, y que ahora se han agravado exponencialmente por la crisis sanitaria que padecemos. A la situación de extrema gravedad económica que sufren estas familias residentes en dichos barrios, hay que añadir la proliferación de bulos y comentarios claramente antigitanos, especialmente preocupante, de los que han sido objeto durante este periodo de confinamiento, algunos de ellos llegando a responsabilizar injustamente al Pueblo Gitano de ser el principal propagador de la enfermedad en nuestro país.

El Gobierno, ante esta situación, ha adoptado un paquete de medidas sin precedentes al objeto de que salgamos de esta crisis sanitaria, económica y social, sin dejar a nadie en el camino. Hablamos de medidas que pretenden paliar las dificultades económicas que sufrimos por culpa de la pandemia y el confinamiento al que nos vemos obligados, y ofrecer soluciones ante la magnitud del presente que vivimos.

En ese sentido, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, ha aprobado un documento técnico de recomendaciones, dentro del Catálogo de referencia de Servicios Sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el 16 de enero de 2013, al objeto de garantizar la atención a estas familias en especial situación de vulnerabilidad, que además viven en entornos sociales segregados. Este documento recoge una serie de medidas encaminadas a proteger a estas familias, y que implican a otros niveles de las Administraciones Públicas (comunidades autónomas y ayuntamientos), además de otras entidades sociales pertenecientes al Tercer Sector, que también juegan un papel esencial a la hora de prestar ayuda y sustento a estas personas.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con la comunidades autónomas y en el marco de sus competencias, a:

1. Impulsar las medidas recogidas en el documento técnico de recomendaciones elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que favorezcan la atención a la situación de emergencia que sufren los sectores sociales más vulnerables, especialmente las minorías entre las que está incluido el Pueblo Gitano, uno de los grupos sociales más afectados por las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la crisis de la COVID-19.

2. Estrechar la máxima colaboración entre las administraciones públicas y los agentes sociales, junto a las entidades del Tercer Sector, que actúan contra la COVID-19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

3. Reforzar las actuaciones en los barrios más segregados y desfavorecidos de nuestras ciudades, en los que reside un amplio porcentaje de población gitana, al objeto de dar una cobertura amplia y eficaz a las necesidades de quienes en ellos habitan.

4. Hacer especial énfasis en la protección de las mujeres gitanas, la infancia y las personas mayores que, dentro de las familias y grupos sociales especialmente vulnerables, son sin duda alguna los más afectados. Del mismo modo, reforzar la lucha contra la brecha digital en el caso de los menores y su educación.

5. Facilitar la coordinación y el seguimiento entre las diferentes administraciones públicas y entidades sociales pertenecientes al Tercer Sector, para que su labor sea lo más eficaz posible a la hora de garantizar la protección y sustento básico de estas familias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2020.-Sonia Guerra López y Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001229

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar los derechos y libertades de las personas que trabajan estacionalmente en los campos de cultivo de España, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la discapacidad.

Exposición de motivos

La situación de las personas que trabajan estacionalmente en los campos de cultivo de España, recolectando el producto de temporada, lleva un tiempo siendo foco mediático por las condiciones laborales que en ocasiones se dan, generando protestas por parte de entidades y colectivos sociales que consideran que se producen bajo el marco de un régimen abusivo, que no garantiza los derechos básicos y la dignidad de las personas.

Esta denuncia social viene produciéndose a lo largo de los últimos años, especialmente en zonas de Andalucía y Cataluña, donde se concentra la mayor necesidad de recolección atrayendo a muchos temporeros y temporeras.

La visita a España a principios de año de Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, produjo un punto de inflexión y sonrojo a nivel internacional al afirmar que las condiciones de los y las trabajadoras migrantes que recogen la fresa en Huelva "eran peores que en un campo de refugiados", documentando un escenario de infravivienda, sin electricidad ni saneamiento y a kilómetros de distancia del agua corriente.


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La mayoría de las personas que contratan cumplen con el convenio agrario y ofrecen alojamiento, pero también hay una parte importante, y sobre todo de ETT, que no lo hacen. Por ello, el Gobierno de España, desde el Ministerio de Trabajo, dictó una instrucción específica a los y las inspectoras de trabajo para las campañas agrícolas de mayo y junio, en la que se incluía un cuestionario para detectar casos de explotación laboral y/o trata, lo que ha provocado enorme revuelo y malestar en el sector, sintiéndose señalado injustamente. Pareciera que los abusos de unos cuantos están manchando la imagen de todo un colectivo profesional fundamental, que además ha jugado un papel clave en el abastecimiento de la población durante el tiempo de confinamiento.

Además, en relación a los trabajadores y trabajadoras migrantes de temporada, en diciembre del 2019 se aprobó la Orden TMS/1277/2019, que junto a la normativa GECCO, desarrollan medidas para mejorar, entre otras cuestiones, las condiciones de habitabilidad que deben reunir los alojamientos.

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los y las temporeras están teóricamente amparados por un contrato temporal en origen, que suele incluir retribución, vivienda y manutención, la realidad es que se dan irregularidades en el trato recibido por estos trabajadores y trabajadoras, que la pandemia no ha hecho sino exacerbar.

Especialmente vulnerable es la condición de las mujeres migrantes en el campo, sobre todo las que no están acompañadas, pues viven situaciones no solo de explotación laboral si no también situaciones de violencia machista, especialmente violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso que tienen tanto a la sanidad como a la justicia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a:

1. Adoptar y promover medidas oportunas para que las personas trabajadoras temporeras cuenten con alojamientos dignos.

2. Dotar de mayores recursos a los servicios sociales de los territorios de producción agrícola en época de recolección para que puedan ser agentes de conexión de estas personas con los servicios comunitarios, evitando situaciones de exclusión social.

3. Crear un plan específico para mujeres temporeras en todo el territorio nacional para la prevención de abusos de cualquier tipo, a través de una atención integral y desde la mediación intercultural con enfoque de género, reforzando y ampliando el cometido de las denominadas consultoras de integración que ya operan en algunas zonas.

4. Propiciar campañas informativas con material en varios idiomas sobre el convenio colectivo del sector y las principales medidas de prevención de riesgos laborales asociadas al desempeño profesional en las explotaciones agrícolas.

5. Fomentar campañas en positivo sobre los y las trabajadoras migrantes, para favorecer la integración sociolaboral y desterrar posibles actitudes xenófobas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2020.-Sonia Guerra López, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001254

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la atención de los sistemas sociales y sanitarios a las mujeres con enfermedades crónicas, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

Actualmente en España y en el mundo la cronicidad y su abordaje se han convertido en uno de los principales retos en salud.


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La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad crónica como una patología de larga duración, por lo general, de presión lenta, y resultante de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales tipos de enfermedades crónicas son: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.

En estas enfermedades los factores sociales y medioambientales desempeñan un papel importante, ya que hay desigualdades manifiestas en la carga de estas enfermedades y en el acceso a la prevención y el control para las personas más vulnerables. Es decir, la pobreza está estrechamente relacionada con las enfermedades crónicas.

Pero además existe un importante componente de género, tal y como demuestran los datos. Según la Encuesta Nacional de Salud 2017, el 68,2 % de mujeres de 15 y más años tienen alguna enfermedad o problema de salud crónico percibido, frente al 60 % de hombres. Estos porcentajes se incrementan a medida que aumenta la edad, siendo superiores en las mujeres para todos los grupos de edad. Además, existen importantes diferencias entre hombres y mujeres relacionados con un peor estado de salud, peor estado de salud autopercibido y con mayor uso de los servicios sanitarios por parte de las mujeres con enfermedades crónicas.

Abordar los comportamientos de riesgo es crucial para prevenir numerosas enfermedades crónicas, así como la detección temprana, convirtiéndose estas en las herramientas más potentes para garantizar la calidad, eficiencia y seguridad de la atención sanitaria a estas personas.

Desde organizaciones como el Observatorio de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, vienen denunciando diferencias sustanciales en la realidad que viven los hombres y las mujeres con enfermedades crónicas. Al retraso en el diagnóstico, se unen muchos otros problemas como son un infra-reconocimiento de la discapacidad o la tardanza en la obtención de la prestación por dependencia. Así también lo recoge en sus conclusiones el informe "Mujer con discapacidad y enfermedades crónicas: género, discapacidad y cronicidad" elaborado por el Observatorio Estatal de Discapacidad.

En lo que al mercado laboral se refiere, a las importantes tasas de desempleo y a las dificultades generales que tienen estas personas al mantenimiento del empleo, se unen realidades discriminatorias hacia las mujeres con enfermedades crónicas. Las mujeres al tener menos reconocimientos oficiales de discapacidad, menos ayudas y menos prestaciones, tienen que trabajar en mayor proporción que los varones, teniendo problemas para conseguir la incapacidad laboral permanente.

Y por último, queremos señalar que muchas de estas mujeres desarrollan tareas de cuidado tanto de sus hijos e hijas, como de personas mayores a su cargo.

Si bien la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, recoge entre sus principales medidas la garantía de la equidad en salud y la igualdad de trato, con el objetivo de disminuir las desigualdades en salud, con especial énfasis en las desigualdades de género, todavía persisten importantes elementos discriminatorios entre hombres y mujeres, que deben de ser abordados por los poderes públicos.

El grupo parlamentario socialista entiende que para hacer frente a la situación de miles de mujeres con enfermedades crónicas, lo importante es mejorar los mecanismos de detección, diagnóstico y tratamiento con perspectiva de género, tanto en el ámbito sanitario como social, para atender de manera integral y evitando situaciones de victimización secundaria de las personas que padecen enfermedades crónicas, especialmente de las mujeres.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, y teniendo en cuenta la perspectiva de género, a:

1. Mejorar los mecanismos de coordinación entre los sistemas sanitarios y sociales para facilitar el diagnóstico y tratamiento precoz de las personas con enfermedades crónicas.

2. Adecuar y revisar los baremos existentes sobre el reconocimiento de la discapacidad a la realidad de las personas con enfermedades crónicas, en el marco de la implantación del nuevo baremo de discapacidad.

3. Desarrollar campañas informativas en el ámbito social y sanitario, destinadas a mejorar la información sobre las prestaciones sociales a las que las personas con enfermedades crónicas tienen derecho, para así evitar victimizaciones secundarias.


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4. Establecer medidas, para que las personas con enfermedades crónicas puedan continuar, en la medida de lo posible, con su vida cotidiana, ya sea en el entorno laboral y/o formativo.

5. Seguir impulsando las ayudas de atención a la dependencia, especialmente entre las personas más vulnerables, entre las que destacan las mujeres con enfermedades crónicas con personas dependientes a cargo.

6. Impulsar políticas públicas que atiendan la creciente soledad en las personas, enfocando especialmente en las personas con discapacidad y/o enfermedad crónica, en el marco de una estrategia contra la soledad no deseada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2020.-Sonia Guerra López y Fuensanta Lima Cid, Diputadas.-Susana Sos Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/001164

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un contingente arancelario autónomo de lomos de atún beneficioso para el sector conservero español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Las conservas de pescado, al natural, en escabeche o en aceite de oliva, de sardinas, atún, ventresca, etc., ocupan un espacio habitual en nuestras despensas y cocinas, formando parte de la cesta diaria de la compra.

Los especialistas destacan la importancia de incluir conservas de pescado en la dieta porque se trata de alimentos con un alto valor nutritivo, pero ha sido en momentos de crisis alimentaria y sociales cuando más se aprecia su valor intrínseco: mantener las características nutricionales durante largos períodos de tiempo.

La Unión Europea reconoció, hace tiempo, que no tenía capacidad de producir cantidades suficientes de determinados productos pesqueros, al igual que agrícolas e industriales, para satisfacer la demanda interna de la Unión y que, en consecuencia, era necesario importar productos o materias primas de países terceros, aplicando unos aranceles reducidos y con unos límites de volumen apropiados, para cubrir las necesidades de los consumidores europeos.

Así, con el fin de garantizar suministros suficientes e ininterrumpidos de determinados productos de la pesca, el Consejo de la Unión Europea dictó el Reglamento (UE) 2015/2265, de 7 de diciembre de 2015, relativo a la apertura y modo de gestión de los contingentes arancelarios autónomos de la Unión de determinados productos pesqueros para el período 2016-2018. En diciembre de 2018, el Consejo acordaba los contingentes arancelarios autónomos para la importación de productos pesqueros de la UE para el período 2019-2020.

Uno de los productos que contempla la norma europea son los "Filetes llamados "lomos" de atunes y listados, que se destinen a una transformación", permitiéndose la importación de un volumen anual de 30.000 Tm al 0 % de aranceles, para este último periodo. El objetivo era abastecer, junto a la producción EU, la mayor parte del consumo interno, estimado en más de 730.000 toneladas anuales.

España elabora anualmente alrededor de 240.000 toneladas de conservas de atún, siendo el primer productor en Europa, y exporta 125.000 toneladas de conservas de atún, especialmente al mercado de la UE (el 94 % del total). Sin embargo, las fábricas de terceros países situadas cerca de las zonas pesqueras abastecen el 54 % de la demanda de la UE.

Esta industria conservera española, que emplea de forma directa a más de 15.500 trabajadores, de los cuales 12.500 corresponden a Galicia, tiene una mayor capacidad de producción, pero las capturas de la flota de la UE no son suficientes para cubrir las necesidades mínimas de materia prima y es necesario


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