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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 125, de 30/06/2020
cve: DSCD-14-CO-125
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 125
HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 6
celebrada el martes,
30 de junio de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre incentivos fiscales al arrendamiento de vivienda. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000094) ... (Página2)

- Relativa al cobro de la deuda del Estado a las comunidades autónomas por impago de la recaudación del IVA de diciembre de 2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000160) ... (Página6)

- Relativa a aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios funerarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 161/000266) ... (Página11)

- Relativa a facilitar la supresión del recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000555) ... (Página15)

- Relativa a inyectar liquidez en la economía mediante el pago de deudas pendientes por parte de las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/000592) ... (Página19)

- Sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por el COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000632) ... (Página24)

- Relativa a la necesidad de que se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Presentada por el Grupo


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Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/000874) ... (Página30)

- Relativa a la reducción del tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido, del 21 % al 4 %, a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus, al menos, mientras el país se encuentre en situación de crisis sanitaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001023) ... (Página35)

Votaciones ... (Página40)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE INCENTIVOS FISCALES AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000094).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar esta sesión con el primer punto del orden del día, proposición no de ley sobre incentivos fiscales al arrendamiento de vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene cinco minutos para su defensa. ¿La señora España es la que lo lleva? (El señor Castellón Rubio: Lo voy a llevar yo, presidente). Cuando quiera.

El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias a todos. Buenos días.

Como bien ha dicho el presidente, presentamos esta proposición no de ley, donde pedimos la aprobación de determinados incentivos fiscales al alquiler de viviendas, al arrendamiento de viviendas. Creo que es por todos compartido que en España tenemos un problema de vivienda y que hay que poner medidas encima de la mesa para solucionarlo. Qué duda cabe que el alquiler de viviendas es una política que hay que fomentar desde el Gobierno. Desde el año 2013 ha habido un aumento del precio del alquiler de casi el 50 %, algo que no se ha acompasado con una subida de los salarios, que ha sido inferior, y que por tanto ha dificultado o ha imposibilitado en estos años -en los que también ha habido una crisis económica importante- el acceso al alquiler de una vivienda por parte de la población española, sobre todo de aquellos más vulnerables. Desde el Grupo Popular creemos que gran parte del problema en el mercado de la vivienda puede ser consecuencia de la escasez de oferta y, por tanto, creemos que las políticas que se adopten por parte del Gobierno para el fomento del alquiler deben ir en la línea de fomentar la oferta del alquiler y, por supuesto, también en la línea de garantizar la seguridad jurídica de aquellos propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler, sobre todo, porque, como ustedes saben, el grueso de los arrendadores son pequeños propietarios, son particulares, no son grandes tenedores, no son fondos, aunque los hay. Por ello, insisto en que hay que garantizar la seguridad jurídica, sobre todo a aquellos particulares que deciden poner sus viviendas en alquiler y, por supuesto, también a ellos deben ir destinados los incentivos que proponemos en el día de hoy.

El Gobierno ha tomado pocas medidas que, además de aisladas, creemos que han sido erróneas. Un plan de vivienda y un decreto de alquileres parecen medidas insuficientes para fomentar el alquiler de viviendas. Y, por supuesto, estamos absolutamente en contra de esa política sancionadora -que a veces tanto le llama la atención y le gusta a la izquierda- a aquellos propietarios que tienen viviendas vacías. El fomento del alquiler no se consigue con medidas punitivas o coercitivas, sino, todo lo contrario, fomentando, dando garantías y dando oportunidades a aquellos propietarios que deciden poner sus viviendas en alquiler.

El Gobierno del Partido Popular en el año 2013 aprobó la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Creemos que fue una medida muy positiva porque actuaba en dos líneas: por un lado, planteaba ayudas al alquiler y, por otro lado, ayudas a la promoción para viviendas de alquiler. Además, se hacía en pro de los colectivos más desfavorecidos, de colectivos especialmente vulnerables, como, por ejemplo, los jóvenes, que tenían dificultades para el acceso al mercado de la vivienda, y tuvo como consecuencia un aumento del porcentaje de viviendas disponibles


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en el mercado de en torno a un 23 %. Es un balance muy positivo que hay que copiar y, por supuesto, hay que ir mejorando y ampliando las medidas contenidas en esa ley.

Lo cierto es que, a pesar de ello, hoy tenemos población con especial dificultad para el acceso a la vivienda -los jóvenes y los mayores de sesenta y cinco años, sin duda, son los mayores perjudicados- y por eso planteamos esta PNL, en la cual pedimos la implementación de incentivos fiscales al alquiler con la reducción del cien por cien del rendimiento neto derivado del arrendamiento de viviendas que vayan destinadas a arrendatarios de dieciocho a treinta años y también a los mayores de sesenta y cinco años cuyos únicos ingresos sean procedentes de prestaciones o pensiones de cuantía mínima.

Por otro lado, nos parece que la política de arrendamiento del Gobierno en los últimos meses ha sido errónea, sobre todo en lo referente al COVID y a la política de arrendamientos comerciales. Presuponer que todos los arrendadores son grandes tenedores es un error. Intentar hacer la política de "yo invito pero tú pagas" -teniendo en cuenta que se han propuesto beneficios al arrendatario a costa del arrendador por parte del Gobierno en estos arrendamientos comerciales- creemos que es errónea. Hay que dar garantías jurídicas y más apoyo fiscal al arrendamiento -y termino, señor presidente, porque me estoy excediendo- y no provocar enfrentamientos entre arrendadores y arrendatarios. También creemos que hay que dar una solución a la ocupación ilegal de viviendas. Esta PNL, con estos incentivos fiscales, pretende sacar más viviendas al mercado y sería una medida importante para luchar contra la ocupación ilegal, que supone hoy miles de dramas para miles de familias españolas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón.

Por el Grupo Parlamentario VOX se ha presentado una enmienda. Tiene la palabra el señor Jiménez, por tres minutos.

El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Creemos que solo aborda la cuestión del arrendamiento de viviendas por el lado de la oferta, es decir, que solo está teniendo en cuenta a los arrendadores y no aborda la cuestión desde la perspectiva de la demanda, es decir, no tiene en cuenta a los arrendatarios. Y si el objetivo es que todos los españoles tengan acceso a una vivienda digna, este grupo parlamentario cree que deberemos facilitar su accesibilidad con incentivos fiscales.

Se han presentado algunas enmiendas dirigidas a la recuperación de la deducción por vivienda habitual a los contribuyentes -eliminada en 2013-, y creemos que es un tema muy importante. Lo digo también desde mi experiencia anterior como consultor fiscal. Recuerdo que cuando se hacían las declaraciones de la renta en mayo y en junio, aquellos que habían adquirido una vivienda o incluso arrendado un inmueble se beneficiaban de esas deducciones por la adquisición de vivienda o también por el arrendamiento, aparte de las deducciones autonómicas, y con esas devoluciones se iban de vacaciones. Esto generaba mayor consumo y también inyectaba liquidez a las familias. Por tanto, creemos necesario que el Partido Popular tenga en cuenta nuestras enmiendas por lo dicho al inicio, porque el PP atiende solo a la oferta, a los arrendadores, pero creemos que también se debe atender a la parte de la demanda, a los arrendatarios.

Nada más. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra.

El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días a todos.

Tengo cierta experiencia en este asunto, por haber sido consejero de Vivienda bastante tiempo, y, efectivamente, es un tema bastante complejo. En Cantabria se han intentado todo tipo de mecanismos, desde incentivos a los propietarios para que cedan viviendas en alquiler a muchos otros, y la verdad es que el éxito de la mayoría de los programas ha sido muy relativo. Por eso entiendo que es un tema difícil. Aun pareciéndome bien la filosofía de la enmienda, nos vamos a abstener, porque el Gobierno debería actuar del lado de la demanda. Hay que compaginar el derecho al libre mercado con el derecho a la vivienda. En este caso, la vivienda es un bien y no tiene que ser utilizada con fines especulativos. Es muy difícil incentivar fiscalmente los arrendamientos cuyos precios estén dentro de un determinado baremo, porque la casuística en España es enorme, pero creo que hay que ir por esta


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vía. También hay que adoptar medidas contra el fraude fiscal, porque hay mucha vivienda que no se utiliza o alquileres que no se declaran. Ahí tendríamos que actuar y estudiar muy al fondo cómo compaginarlo con el uso de las viviendas turísticas. En España hay muchísimas provincias que tienen un parque de viviendas que se alquila en el verano, en la temporada estival o por más tiempo. No son alquileres como los que se realizan ahora a través de plataformas, sino el alquiler turístico de toda la vida, por el que prácticamente sacaban más ingresos en dos meses de verano que en todo el año. Yo creo que la vía es el incentivo fiscal y evitar el fraude de este tipo de viviendas. Y otra vía fundamental es la de dotar de un parque público de vivienda, que al final es lo realmente efectivo. Cuando hay un parque público de vivienda, ya sea de las comunidades autónomas, del Estado o de los ayuntamientos, se pueden poner unos precios asequibles, considerando especialmente la situación de los arrendatarios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

Por el Grupo Parlamentario de Bildu no hay nadie, así que tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Como saben ustedes, nosotros tenemos un sistema propio, nuestras propias haciendas. En este caso, estamos hablando de un impuesto concertado de normativa autónoma, lo que se está planteando aquí es IRPF y sociedades. Por lo tanto, tenemos competencia en la materia y nos vamos a abstener, en principio, en la votación. Además, en el caso de Vizcaya, por ejemplo, ya tenemos una serie de bonificaciones sobre los rendimientos íntegros por el inmueble, deducciones también por interés de los capitales ajenos en la adquisición, rehabilitación y mejora de bienes, y una serie de deducciones en vivienda habitual. Además, la comunidad autónoma dispone de un parque público de viviendas. El tema de vivienda es competencia exclusiva de la comunidad autónoma y, por lo tanto, nos vamos abstener. De todas formas, señor Mazón, estamos muy de acuerdo con que hay que evitar ese fraude en el tema de los alquileres turísticos. Yo vengo de un pueblo pequeño, donde hay muchos alquileres tradicionales de vivienda para verano y habría que intentar que ese fraude no se dé.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.

Nosotros siempre hemos pensado que fomentar y apoyar una ayuda para el alquiler, sobre todo de cara a los colectivos más vulnerable, es positivo. El nivel de desempleo de jóvenes entre los dieciocho y los treinta años es muy alto. Les cuesta mucho conseguir su primer trabajo. Una manera de apoyar a los jóvenes es que tengan esas deducciones y se puedan independizar y desarrollar su vida profesional. Además, en muchas ocasiones se tienen que ir del lugar donde reside su familia, con lo cual es una manera de ayudar a los jóvenes a buscar empleo.

No hemos presentado enmiendas y, en principio, votaremos a favor, a la espera de ver cómo queda la enmienda de VOX.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Esta PNL intenta atajar un problema que es evidente y que se debe afrontar desde una política más integral, en donde los incentivos fiscales pueden tener consideración. Sin embargo, no compartimos el planteamiento que se hace en esta propuesta del Partido Popular ni compartimos las enmiendas de VOX, que de alguna forma intentan matizar las reducciones. No nos parece adecuado reducir al cien por cien el rendimiento neto derivado del impuesto sobre sociedades sin ningún tipo de limitación en el IRPF o patrimonio para determinados casos sin tener en consideración cuáles son las rentas y los tramos. Entendemos la voluntad del Partido Popular de intentar afrontar la problemática, pero nosotros no vamos a apoyar la proposición no de ley.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora López.

La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Buenos días, presidente.

Agradecemos al Partido Popular que haya presentado esta iniciativa en materia de vivienda, pero lo que propone no va a solucionar el problema y, además, merma unos ingresos que son necesarios para el mantenimiento del Estado del bienestar. Esta iniciativa se basa en que si no hay alquileres es porque no son rentables, de manera que se está mercantilizando otra vez el derecho a la vivienda. No entiendo que con unos alquileres que en determinadas comunidades autónomas de España llegan a los 800 euros, se diga que el alquiler no es rentable. La manera más efectiva de dar solución al problema y que las personas puedan acceder a la vivienda es regular el precio, regular los alquileres turísticos y, sobre todo, tener un parque de viviendas públicas de alquiler lo más amplio posible. En este sentido, entiendo que el Partido Popular no tenga ganas de ampliar el parque público de viviendas, porque tienen la costumbre, cuando están en las alcaldías -por ejemplo, en Madrid, con Ana Botella-, de vender las viviendas sociales a fondos buitre. Yo estaría encantada de que mi grupo pudiera dar un voto afirmativo a esta propuesta, pero no veo ninguna ayuda para las personas que necesitan alquilar; no veo propuestas, como les comentaba, para ampliar el parque público de alquiler y tampoco para aumentar los recursos de los ayuntamientos que puedan dar respuesta a sus ciudadanos. Lo único que veo es lo de siempre: seguir favoreciendo a los ricos e incrementar las desigualdades sociales. Estas desigualdades sociales se ponen de manifiesto por la falta de vivienda de muchas personas. Hay personas que viven en la calle y hay personas que viven en vivienda. Por ejemplo, yo vengo de Girona, y las viviendas de la Font de la Pólvora no están en un barrio suficientemente acondicionado, porque siguen teniendo cortes de luz. El problema de la vivienda se tiene que afrontar de manera integral y ayudar a las personas, no a las empresas y a las personas ricas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuatrecasas.

El señor CUATRECASAS ASUA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

En relación con la proposición mencionada, debe indicarse la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, con entrada en vigor el día 1 de enero de 2015, en su primera reducción del 100 %, establecida por el apartado 2 del artículo 23 de la ley, consistente en la reducción del 100 % de los rendimientos para alquiler de vivienda a personas entre dieciocho y treinta años. La razón de la supresión se basaba, fundamentalmente, en recomendaciones formuladas en los últimos años por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la ONU, orientadas, en suma, a la eliminación o limitación de la deducción por vivienda, ya que la deducción se traslada automáticamente al precio de aquella, ergo el beneficiario final de la misma no es el adquirente, sino el oferente, lo que, a nuestro juicio, se traslada por igual motivo a la deducción por alquiler de vivienda, que también fue suprimida por la mencionada Ley 26/2014, eliminándose la referida reducción para arrendatarios de entre dieciocho y treinta años, al no tener efectos sobre la finalidad buscada con dicha reducción, que no es otra que reducir el precio del alquiler para dichos arrendatarios, manteniéndose una reducción del 60 % en los rendimientos de capital inmobiliario procedentes de alquiler de vivienda.

Además -y como observación de carácter general-, indicamos que, en la actualidad, las políticas de gasto público, a través de subvenciones u otras formas de ayuda directa, se erigen como instrumentos más eficaces que los incentivos de carácter fiscal articulados a través del presupuesto de ingresos del Estado, en tanto que permiten un mayor control presupuestario, una mejor selección del destinatario de la ayuda, un análisis previo de la posible eficiencia de los diversos proyectos susceptibles de subvención, y una conexión temporal más directa entre el gasto y la ayuda percibida.

Este Gobierno es muy sensible al problema de la vivienda, y ya lo ha demostrado con la aprobación, por ejemplo, del Real Decreto 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Adicionalmente, hay que señalar también que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, sobre la base de que se adopten medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID -actualmente en trámite como proyecto de ley- con medidas específicas de apoyo a las familias y a los colectivos más vulnerables, que tras la paralización de gran parte de la actividad económica, han visto afectados sus ingresos, ergo su capacidad para hacer frente a


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los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares. Asimismo, se establecen medidas relativas a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica.

También se incorpora un nuevo programa de ayudas al alquiler al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, el programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID en los alquileres de vivienda habitual, y la creación, mediante acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficial, ICO, de una línea de avales del Estado específica, con acceso de todos los hogares que puedan estar en situación de vulnerabilidad a consecuencia de la expansión del COVID, y que no comportará ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante, lo cual quiere decir que este Gobierno sí ha actuado en el tema de vivienda, sí ha actuado en el tema de arrendamiento de vivienda.

Por todo ello, el criterio de este grupo es desfavorable.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuatrecasas.

A los efectos solo de aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Castellón.

El señor CASTELLÓN RUBIO: Gracias, presidente.

Estamos de acuerdo en parte de la enmienda, pero en otra parte no. Se perdía el sentido de la proposición no de ley con la enmienda que ha presentado el grupo VOX, con lo cual preferimos que se vote en los términos de la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón, por la aclaración.

- RELATIVA AL COBRO DE LA DEUDA DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR IMPAGO DE LA RECAUDACIÓN DEL IVA DE DICIEMBRE DE 2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000160).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la segunda iniciativa, que es la proposición no de ley relativa al cobro de la deuda del Estado a las comunidades autónomas por impago de la recaudación del IVA de diciembre de 2017, que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Mazón, por cinco minutos.

El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Han pasado cinco meses desde que registramos esta proposición no de ley, relativa al cobro, por parte de las comunidades autónomas, de una deuda que el Estado tiene con ellas a cuenta de la recaudación del IVA de 2017. Lo normal es que esta proposición no de ley hubiera decaído después de haber pasado tanto tiempo y la cantidad de reclamaciones que ha habido, porque ha habido reclamaciones de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Socialista. El hecho es que Hacienda sigue negándose a abonar los 2500 millones, aproximadamente, de recaudación del IVA de 2017, asegurando que ese dinero no se puede cobrar porque ya está liquidado el ejercicio y porque está invertido. En Cantabria representa del orden de 40 millones, que es casi el 2 % del presupuesto, con lo cual la cantidad es muy importante.

La historia es un poco larga y la recuerdo porque han pasado ya meses desde que se presentó. El hecho es que en el año 2017 -para los que no lo tengan fresco-, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso en marcha el suministro inmediato de información del IVA y modificó la fecha en la que se hacían las autoliquidaciones, pasándola del 20 de diciembre al 30 de diciembre. ¿Qué ocurrió? Pues, lógicamente, que al hacer las autoliquidaciones el 30 de diciembre, la caja no entraba hasta enero, y esta medida supuso que en aquel año el IVA mensual de diciembre pasará a enero de 2018; es decir, que se cobraron once meses del año 2017, en vez de doce. La consecuencia es que, cuando llegó el año 2019 y se hizo la liquidación del ejercicio 2017, ya quedó claro que aquello no se pagaba.

A continuación, hubo un cambio de Gobierno. Pedro Sánchez incluyó en los presupuestos generales, en el borrador de 2019, un cambio normativo que, provisionalmente, volvía a adelantarlo del 30 de diciembre al 20, para tener ese año trece meses, en vez de doce. El hecho es que no salieron adelante -votaron en contra tanto el Partido Popular, como Ciudadanos, como los socios catalanes- y, acto seguido, las comunidades autónomas empezaron con una campaña, lógicamente, para volver a reclamar


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este IVA al Gobierno. ¿Qué dijo la ministra de Hacienda? Pues, en enero, María Jesús Montero afirmó muy tajantemente que el Gobierno no pensaba devolver este dinero y echaba la culpa al Partido Popular por aquella modificación que hizo en tiempos del ministro Montoro.

Luego, presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta, que fue rechazada por todos, incluidos los consejeros del PSOE de las comunidades autónomas, un poco con la boca pequeña, pero, al final, todo el mundo lo rechazó, porque lo que hacía, en el fondo, era ofrecer un préstamo a interés cero para que se pudieran compensar y, al mismo tiempo, reducir la parte del déficit. En fin, esto se consideró un parche prácticamente por todos. Y en este tira y afloja, resulta que todavía seguimos reclamándolo, se sigue reclamando con carácter urgente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y yo creo que tiene muy fácil solución -y ya se lo he dicho en otra ocasión a la ministra, en una interpelación- porque, en resumen, ese impago supuso un aumento del déficit y de la deuda de las comunidades autónomas que está ahí. Si en estos momentos el Estado se lo devuelve, lo único que hacemos es cambiar la deuda de bolsillo. Es decir, que esta deuda, en vez de estar en las comunidades autónomas, pasaría al Estado; y, de cara a Europa y a todos los objetivos, seguiría siendo la misma. Yo creo que es una cuestión de justicia, y espero que esta vez, si aquí tenemos una mayoría que lo apruebe, por fin se decidan a cumplirlo.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. El señor De Olano tiene tres minutos para su defensa.

El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señor Mazón, le agradezco que haya traído esta proposición no de ley reclamando para las comunidades autónomas los 2500 millones de euros correspondientes al 50 % de la recaudación del IVA de diciembre de 2017, que el Gobierno del señor Sánchez ha decidido apropiarse ilegítimamente. Serán los tribunales los que decidan si también ha sido ilegalmente. Y se lo agradezco, porque se trata ya de una vieja reclamación del Grupo Parlamentario Popular, que lleva pidiendo solucionar este problema desde octubre de 2018, cuando presentamos una proposición de ley que fue tomada en consideración por amplísima mayoría en esta Cámara.

Señorías, seríamos injustos si nos limitáramos a destacar que el sistema de información inmediata solo ha generado problemas. Esto no es verdad, y así lo han destacado repetidamente tanto los funcionarios de la Agencia Tributaria como los usuarios. Este sistema reduce obligaciones formales, permite recibir información fiscal actualizada casi en tiempo real, disminuye la burocracia, agiliza las devoluciones del IVA y además para la Administración tributaria supone una herramienta fundamental en la lucha contra el fraude fiscal.

Señorías, limitarnos a argumentar que este problema se generó por una norma aprobada por otro Gobierno y a la vez no hacer nada -que es lo que hemos hecho, o ha hecho la mayoría de esta Cámara durante los últimos dieciocho meses, no hacer nada para solucionarlo- es casi tanto como negar la razón de ser del Congreso de los Diputados; esto es, aprobar leyes. Lo que llevamos pidiendo estos últimos dieciocho meses es resolver un problema que ha provocado que casi todas las comunidades autónomas hayan incumplido las reglas fiscales en 2019 -reglas establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria- con las consecuencias que todos conocemos. Pero, para más inri, con esta apropiación indebida por parte del Gobierno Central ni siquiera la señora Montero le ha permitido cumplir a la Administración Central -a la Administración General del Estado- con esas reglas fiscales; por mucho que lo repita, la Administración General del Estado ha incumplido las reglas fiscales. Y apelar al fondo de 16 000 millones derivado del COVID carece también de sentido, a mi juicio, toda vez que nada tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es una deuda que se tiene y hay que pagar, y otra cosa son las consecuencias derivadas de la pandemia que estamos sufriendo.

Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que complementa esta PNL, en la que solicitamos que, además de devolver estos 2500 millones de euros a las comunidades autónomas, se proceda también a la devolución de los 750 millones de euros que la Federación Española de Municipios y Provincias estima que se le adeudan por el mismo concepto, por el IVA de diciembre de 2017, y asimismo se cumpla con lo estipulado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y se abone a las comunidades autónomas cumplidoras con los objetivos de estabilidad el dinero que se les debe, que en el caso de mi comunidad autónoma, Galicia, asciende a más de 170 millones de euros. Asimismo,


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solicitamos que se devuelva el dinero correspondiente a las políticas activas de empleo, a la formación profesional, que ha sido requisado por el Gobierno del señor Sánchez hace escasos dos meses y que alcanza los 1000 millones de euros.

Señorías, España es un país descentralizado y países como el nuestro es donde más importante es la lealtad entre las distintas administraciones públicas y, desde luego, convendrán conmigo en que resulta sorprendente que con la única comunidad autónoma que ha sido absolutamente desleal con el Estado -con el conjunto de nuestro país- el señor Sánchez sí se siente a negociar en la llamada mesa de la vergüenza y, sin embargo, al resto de comunidades autónomas, que sí son leales con su país, con el conjunto del Estado, a estas les niega siquiera la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, les requisa el dinero para las políticas activas de empleo, no les paga los incentivos acordados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y no les paga el dinero que les debe por el IVA del año 2017.

Así gobiernan el señor Sánchez y el señor Iglesias, mientras presumen, por otra parte...

El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señor De Olano, por favor.

El señor DE OLANO VELA: Sí, termino ya.

Digo que así gobiernan el señor Sánchez y el señor Iglesias, mientras presumen de autonomistas. Sin duda, otra mentira más.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Olano.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.

Nosotros entendemos la problemática, pero también saben que estamos en otro sistema -lo vuelvo a decir-, el sistema del concierto. Estamos a favor, desde luego, de que se solvente sobre todo el problema de la financiación del régimen común. No queremos condicionar con nuestro voto este tema, pero entendemos que han de llegar a un acuerdo para poder recuperar este dinero o por lo menos solventar este problema, sobre todo en esta situación de pandemia en la que tan necesario es el dinero para hacer frente a todas las consecuencias del COVID.

No sé cómo quedará la enmienda, si van a pactar una transaccional o no, pero nosotros -como digo- nos vamos a abstener en principio, aunque también es verdad que estaríamos de acuerdo con parte de la enmienda del Grupo Popular, sobre todo en lo que respecta a las políticas activas de empleo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, señor presidente.

Este es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Mi grupo parlamentario ha presentado diversas iniciativas sobre este tema porque entendemos que ese es un dinero que corresponde a las comunidades autónomas, y es que incluso cuando la ministra ha comparecido aquí, en la Comisión de Hacienda, ha dicho que ya lo tenían. Es curioso que estemos todos escandalizados, porque, ¿cómo puede decir que ese dinero ya lo tienen las comunidades autónomas?

Creemos que no es lo mismo que ese dinero llegue como debe llegar -en los importes en los que debe llegar- a que se permita el aumento del endeudamiento de las comunidades autónomas. Eso conlleva un gasto y si quiere endeudarse tendría que asumirlo el Estado, pero está claro que lo que necesitamos es que se hagan las transferencias que necesitan las comunidades. Por lo tanto, a la espera de ver qué deciden con la enmienda presentada, vamos a votar a favor porque es algo que las comunidades necesitan, sobre todo en estos momentos. Si hubiera llegado ese dinero, quizá hubiera sido más fácil encarar ciertos problemas, como ha sido esta pandemia, esta crisis sanitaria, la crisis económica, apoyar a ciertos sectores y hacer frente a esos gastos que han llegado de manera extraordinaria. Creemos que es una responsabilidad del Estado, que no puede mirar hacia otro lado, y que el Partido Socialista tiene que responder a esto única y exclusivamente con la transferencia de dichos importes.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

Por el Grupo Plural, el señor Bel tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero felicitar al señor Mazón por lo acertado de la iniciativa a la hora de reiterar esta petición. Ha habido diferentes iniciativas en el seno de esta Cámara. Yo creo que esta es la primera vez que llega a la Comisión de Hacienda, por tanto, enhorabuena, señor Mazón, y va a contar obviamente con nuestro apoyo.

La verdad es que esto -como ha pasado en otras ocasiones- puede acabar convirtiéndose simplemente en un intercambio de acusaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y en el medio están las comunidades autónomas que no reciben el dinero. Sí discrepo con el señor Mazón en la descripción que ha hecho de acuerdo con lo que establece en algún momento el discurso del Gobierno, de que esto no se solucionó porque no se apoyaron los presupuestos, entre otros, por parte de los grupos catalanes. Esto, señor Mazón, como usted conoce, tendría una fácil solución, porque una cosa es que no se aprueben los presupuestos y otra cosa es que a lo largo de estos dos años de Gobierno socialista y de Podemos, en los que yo creo que acumulamos -estoy hablando de memoria- cerca de 80 reales decretos leyes, esto se podría haber solucionado tan fácilmente como aprobando el 81 o 78 -el que correspondiese- real decreto ley. Es un tema de falta de voluntad política, clarísimamente. Y, si me permiten, resulta grotesco escuchar a la señora ministra decir que las comunidades autónomas ya han dispuesto de estos recursos porque se les ha dejado mayor capacidad de endeudamiento. La verdad es que si uno se lo toma en serio es para echar a correr y no parar. Comparar los recursos propios con una mayor capacidad de endeudamiento -que van a tener que devolver las comunidades autónomas en un futuro con sus propios recursos- yo creo que en las comunidades autónomas acentúa todavía más el rechazo hacia cualquier propuesta del Gobierno en ese sentido.

Yo creo que es muy sencillo, estos recursos, estos 2400 millones -400 millones en el caso de Cataluña-, no los ingresaron las comunidades autónomas -los ingresaron, por tanto, de menos- y los ingresó de más la Administración General del Estado, con lo cual es evidente que unos lo tienen y otros no lo tienen. Y como les corresponde a estos segundos, de lo que se trata es de que se pague y se haga efectivo en cualquiera de las modalidades. Por tanto, nos parece bien, señor Mazón, lo que plantea esta PNL que nosotros vamos a votar a favor. También estamos de acuerdo con todo lo que ha planteado el Partido Popular. Yo creo que en este caso se dispersa más la atención, pero tampoco tendríamos inconveniente en apoyar estas diferentes iniciativas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.

Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, señor Mazón, sobre esta iniciativa que presenta usted tendría que decirle que inicialmente vamos a decir que nos resulta simpática, en el sentido de que es verdad -y siempre lo hemos dicho- que hay una necesidad de financiación en las comunidades autónomas desde tiempos inmemoriales y es verdad que desde hacía ya meses se venían reclamando medidas de este tipo. Sin embargo, vamos a votar en contra y le voy a tratar de explicar el porqué.

En primer lugar, porque ha habido una pandemia y en estos últimos tres meses digamos que las cuentas públicas han sufrido un terrible alboroto, por no decir que lo siguen sufriendo. Como usted sabrá, según las previsiones de la AIReF, el Estado prevé ingresar hasta 55 000 millones de euros menos a lo largo de este año. Cuando la caja fiscal del Estado está como está, yo le diría que hiciéramos experimentos con gaseosa, porque creo que no está la cosa ahora mismo como para meterse en este tipo de fregados, si me permite la expresión. Ciertamente el Gobierno debe esos 2500 millones a las comunidades autónomas, pero quizá sea bueno recordar también en este punto, señor Mazón, una serie de ayudas que el Gobierno ya ha hecho llegar a las comunidades autónomas. No le voy a hablar de esos 16 000 millones del Fondo COVID, pero se han visto además beneficiadas por otras medidas como la actualización de las entregas a cuenta. Las comunidades van a recibir a lo largo de este año hasta 7900 millones más que el año anterior por el sistema de financiación. Además, hablábamos del reparto de otros recursos como el Fondo Social Extraordinario y vamos a hablar para este año de unas transferencias directas por parte del Gobierno a las comunidades autónomas de 24 532 millones más que el año pasado. Es decir, ciertamente


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podrían pagarse esos 2500 millones, pero creo que el Gobierno, por otra parte, ha hecho un esfuerzo monumental para poder inyectar financiación a esas comunidades y sobre todo para poder dar los servicios sociales de los cuales dependen principalmente.

Dado este nuevo contexto, me parece que hay que dejar trabajar al Gobierno, por lo menos a la ministra de Hacienda. Es voluntad de este grupo parlamentario seguir apoyando a este Gobierno, pero le diría más, con especial pulcritud a la ministra de Hacienda, precisamente porque como tenedora de la llave de la caja del fisco público español creo que la tenemos que mimar especialmente, y permítame la expresión, en el sentido de que va a tener que tomar y ya está tomando decisiones de una trascendencia inmensa para el país. Como usted sabe, cuadrar la contabilidad nacional no es nada fácil, y me temo que medidas fragmentarias como la que usted propone aquí terminan por descuadrar el cuadro completo. Dado que la ministra tiene ante sí una tarea ingente y casi casi imposible, yo le diría que más vale no meneallo, haciendo honor al diputado gallego que aquí nos acompaña.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guijarro.

Por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Jiménez tiene la palabra.

El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Voy a ser breve. Gracias, presidente.

No hemos presentado ninguna enmienda porque consideramos que es un problema generado por el anterior ministro Cristóbal Montoro al rechazar la propuesta del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y que no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas. Y hasta aquí hemos llegado. La actual ministra Montero -de Montoro a Montero- lo que pretende es compensar el IVA, como ha dicho el señor Mazón, con un fondo extra de liquidación autonómico al cero por ciento de interés. Este grupo parlamentario considera que podría ser una solución, pero nos parece injusta esta medida, ya que al final el Estado se ha quedado un IVA que no le pertenece. Entendemos que es de sentido común devolver aquello que no es tuyo. Por eso este grupo parlamentario apoyará la proposición no de ley presentada por el señor Mazón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Mínguez tiene la palabra.

La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Mucha gracias, presidente.

Como les decía, no es por el fondo de la proposición, sino por la forma. Todos saben que es extemporánea: esto ya se ha liquidado en el ejercicio 2019 y a efectos de contabilidad nacional, como ustedes saben, no puede computarse ahora en el presente. Pero agradecemos al Partido Regionalista de Cantabria, señor Mazón, que la presente y que haga esta exposición de motivos para que todos sepamos de dónde partimos y que es un lío que se montó por culpa de la implantación del sistema de suministro de información inmediata del IVA que hizo el señor Montoro. Como se ha explicado, a efectos de IVA, de recaudación y de liquidación, el año 2017 solo tuvo once meses, con lo cual, cuando se dice, como acaba de decir el señor Bel, que no lo ingresaron las comunidades autónomas pero sí que lo ingresó el ministerio, tampoco es cierto. Es decir, el año 2017 fue de once meses para todos, y lo fue porque el señor Montoro implantó este sistema y, no entendemos muy bien por qué, concedió estos diez días de más de liquidación a las grandes empresas. Esa medida benefició a las empresas y perjudicó a las comunidades autónomas, y aquí también me gustaría hacer una reflexión. Si en aquel momento no se pensó en las comunidades autónomas, pensemos también ahora, justo hoy que estamos en una Comisión de Hacienda donde se van a presentar diferentes iniciativas de bajadas de impuestos, en las comunidades autónomas, porque los efectos de recaudación también tendrán repercusión en las comunidades autónomas. Es importante recalcarlo porque vamos a tomar medidas importantes que luego tendrán unos efectos secundarios que tendremos que corregir, como nos ha pasado en este momento.

¿La ministra ha sido sensible con este asunto? Sí, ya se ha dicho: en los Presupuestos Generales del Estado se llevó una propuesta de solución y los presupuestos fueron rechazados. Así y todo, ¿se ha continuado buscando una solución? También, y aquí me gustaría destacar las palabras del señor De Olano y del señor Bel cuando dicen que falta voluntad política. Yo creo que no es falta de voluntad política cuando esta situación compleja del año 2017 afecta a las comunidades autónomas en el cumplimiento del objetivo de déficit de 2019 y la ministra no solo ha puesto una medida encima de la mesa, sino que se han


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puesto tres medidas para poder solucionarlo: no computar esta parte del IVA que se ha dejado de percibir, es decir, si una comunidad autónoma cumple con el objetivo de estabilidad sin tener en cuenta este IVA, no va a tener que presentar el plan económico y financiero y podrá también acogerse a los fondos de facilidad financiera; segunda medida, si afecta al pago de los proveedores, el Gobierno pondrá a disposición un extra-FLA al tipo del cero por ciento de interés, y tercera medida, flexibilidad presupuestaria suavizando las sendas del déficit al 0,2 %, que eso ya significa y supone los 2500 millones. Nos gustaría que quedara claro que no es que el Ministerio de Hacienda haya cobrado un dinero que no quiera pagar, porque no es el caso. El año 2017 tuvo once meses, señor Bel, para todas las administraciones, incluso también para el Gobierno. Se quiere facilitar una solución, está encima de la mesa, pero lo que no se puede hacer es intentar proponer una solución que queda fuera de la contabilidad nacional y fuera del reglamento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mínguez.

Tiene la palabra el señor Mazón, a los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda.

El señor MAZÓN RAMOS: Aunque nos parece bien el contenido, creo que son temas bastante dispares y me gustaría centrar el tema y que saliera aprobado para poder exigirlo con más contundencia. Por tanto, no vamos a admitir la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

- RELATIVA A APLICAR EL TIPO REDUCIDO DEL IVA A LOS SERVICIOS FUNERARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente 161/000266).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera iniciativa, proposición no de ley relativa a aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios funerarios, presentada por el Grupo Parlamentario Plural. Para su defensa, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Esta es una proposición no de ley que no es nueva, que ustedes ya conocen porque la aprobamos en marzo de 2017, en aquel momento con una enmienda del Partido Socialista, en el sentido de implementar una ley de servicios funerarios que a nosotros también nos parecía bien y que todavía hoy está pendiente. Aquí se trata de aplicar una reducción del IVA del 21 % al 10 % en los servicios funerarios. Esto implicaría un ahorro de entre 300 y 500 euros por cada uno de los servicios funerarios que se implementarían. Esto, evidentemente, tiene -como alguien recordaba antes- un efecto en la recaudación, aquí asumido en un 50 % por las comunidades autónomas y en un 50 % por la Administración General del Estado, pero nos parece absolutamente necesario plantearlo. Yo le recordaba en 2017 que hay países que tienen este IVA reducido en el marco de la Unión Europea: Bélgica, República Checa, Chipre, Grecia; hay países que tienen un IVA superreducido como el mismo Luxemburgo, pero es que hay países que estos servicios los dejan exentos, como Dinamarca, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, Finlandia o Suecia. Por tanto, más allá de afrontar una legislación integral de todo lo que son los servicios funerarios, nos parece que sería útil, sobre todo para los ciudadanos que deben afrontar estas situaciones y el pago de unos servicios que no son nada baratos -al contrario, son caros-, con una reducción de un 11 % que, repito, podría situarse entre 300 y 500 euros. En aquel momento contamos con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. El Gobierno de aquel momento y el Gobierno que lo sucedió no pudieron implementar esta reducción del IVA de los servicios funerarios, dado que a uno le quedaba poco tiempo en el Gobierno y el otro también entró en una situación de interinidad que podemos entender. Pero en estos momentos yo sí les pido apoyo.

Hay alguien que pudiera pensar que normalmente esto a las familias no les afecta porque tienen algún seguro para la cobertura de esta situación, pero eso es aproximadamente para el 50 % de las familias; el resto no se encuentra en esta situación y cuando las familias con unas rentas más reducidas tienen que afrontar estos pagos, de 300 a 500 euros, es una cantidad muy significativa. Tampoco me gustaría que se escudaran en la situación pos-COVID diciendo que este es un momento difícil para las finanzas públicas, que lo es, pero también es un momento difícil para las finanzas particulares y, por tanto, no podemos poner como excusa esta situación. En todo caso, repito, este sería un esfuerzo que harían por igual las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Por tanto, les pido un voto favorable, les


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pido que mantengamos la misma posición que habíamos mantenido en esta Cámara en marzo de 2017 y estoy seguro de que todos saldríamos muy beneficiados y nos homologaríamos a una situación que mantienen la mayoría de los países de la Unión Europea. Esperemos que esta vez, si es aprobada, pueda ser formulada por parte del Gobierno. También podría incorporarse a algunos de los proyectos de ley que están en marcha en la Cámara o al mismo proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, si el Gobierno lo tiene a bien.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Tiene la palabra el señor Castellón.

El señor CASTELLÓN RUBIO: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado una enmienda, pero realmente lo que nos gustaría presentar es una enmienda a la totalidad a la política fiscal del Gobierno del Partido Socialista y de Podemos, sobre todo viendo la posición del portavoz de Podemos, que está muy preocupado por asegurar los ingresos del Estado. Como yo decía ayer, esta conversión que estamos viviendo nos alegra y esperemos que también que se manifieste en otros sentidos, sobre todo, en la política fiscal, que, como decía, creemos errónea porque se basa en aumentar la presión fiscal a las familias. Estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Plural en que hay que aliviar el bolsillo de las familias, sobre todo porque muchas de ellas lo están pasando mal y, por tanto, hay que hacer políticas fiscales que vayan a favor de la familia, a favor de las empresas, que incentiven la inversión, que incentiven la creación de empleo y que, por tanto, el círculo virtuoso de la economía sea el de que mayores beneficios fiscales para familias y empresas suponen mayores ingresos para el Estado. Por tanto, el anhelo del portavoz del PSOE quedaría resuelto y, además, con mejores servicios públicos y funcionando todo mucho mejor.

La enmienda que hemos presentado pretende declarar exentas del impuesto de sucesiones y donaciones, además de lo que recoge la PNL, las cantidades recibidas por los herederos como consecuencia de los fallecimientos causados desde el inicio de la crisis sanitaria del COVID hasta finales del año 2020. Creemos que viene a completar en gran medida la proposición no de ley que debatimos hoy, a pesar de que hoy lo que nos gustaría es estar hablando de más bajadas de IVA, de muchas más bajadas de impuestos de la que hoy se ha presentado. Deberíamos estar hablando de bajadas de impuestos, por ejemplo, el IVA del turismo; deberíamos estar hablando de mayores bonificaciones fiscales al comercio, a la hostelería. En definitiva, creemos que este es el camino, el de apostar por la bajada de impuestos, no el de aumentar la presión fiscal que es la senda por la que ha optado el Gobierno, por la que ha optado el Partido Socialista y Podemos y que, sin duda, está generando mucha incertidumbre en la economía española y en las familias.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón para fijar su posición.

El señor MAZÓN RAMOS: Muy brevemente.

Vamos a apoyar esta proposición no de ley porque entendemos que en estos momentos, y en general, los servicios funerarios son muy caros, son una sorpresa que se encuentra cada uno, un gasto obligatorio que no se puede escoger entre tenerlo o no tenerlo, es decir, no se puede evitar y, por lo tanto, yo creo que es conveniente reducir el IVA.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mazón.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.

Hoy el PDeCat nos plantea una iniciativa, es verdad, para la reducción de los servicios funerarios, básicamente por dos motivos: uno, por el alto coste que los gastos del sepelio suponen para las familias, y dos, porque la normativa europea permitiría un IVA más reducido que el actual. Argumentos que son ciertos, pero también hay que decir que nos encontramos con un sector con una muy alta concentración empresarial, incluso con posiciones de dominio en el mercado, y eso también tiene un impacto en los costes de los servicios que prestan estas funerarias, por lo que entendemos que sí que hay que ir dando


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pasos para reducir este coste, ya que, como bien ha dicho el señor Mazón -y siento lo que voy a decir-, morirse también resulta a veces caro.

Tendríamos que conocer, además, el impacto que puede tener esa reducción del IVA en el precio final de los servicios en un mercado en el que la competencia también es prácticamente nula, con barreras de entrada además muy fuertes, sobre todo en cuanto a normativas, permisos, experiencia, fianzas, características que a lo mejor, a pesar de la reducción del IVA, podrían no trasladarse a ese precio final. A todo esto, además, hay que añadir que la demanda de este servicio está condicionada, desde luego, por la vulnerabilidad del consumidor y que es verdad que los servicios funerarios son necesarios y no se puede prescindir de ellos, sobre todo en lo que se refiere a las prestaciones básicas, aunque dentro de esta gama de servicios también hay algunos que por su elevado coste no pertenecerían a esa categoría de servicios básicos o de primera necesidad, y en ese caso sí que entendemos que la contratación sería voluntaria. Asimismo, también entendemos que en estos casos los consumidores se comportan de modo poco usual porque se contrata en circunstancias bastante emotivas o de presión y con escaso margen de tiempo para decidir, sin suficiente información e incluso muchas veces no se pueden ni comparar los servicios que ofrecen las distintas funerarias y que puede llevar a veces a contratar servicios que, a lo mejor, uno realmente no quiere. Estamos en un mercado en el que tampoco es fácil definir un estándar para considerar qué es básico y qué no lo es, ni fijar un límite a partir de ese estándar por encima del cual los bienes podrían ser considerados de lujo.

Por todo ello, es verdad que también nos parece también interesante regular los servicios funerarios y, a partir de aquí, definir ese IVA para los distintos productos o servicios, evaluando los efectos que, además, pueda producir este impuesto, pero, en principio, lo vamos a apoyar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, señor presidente.

En esta PNL nos encontramos que se trata de reducir el IVA de un servicio esencial. Yo creo que la PNL que hoy mi grupo parlamentario presente aquí va dirigida un poco en el mismo sentido, servicios esenciales u obligatorios porque este no deja de ser un servicio que hay que utilizar sí o sí que viene impuesto por el devenir. Por ello es una manera de aliviar a las personas, al final es una ayuda que impacta directamente en los consumidores, en las personas, y creemos que es positiva siempre que se entienda como un servicio esencial. Sí que es verdad que, como ha dicho la portavoz del PNV, habría que ver qué tipo de servicio es el esencial y cuál no, pero, de manera global, nadie en esos momentos va a buscar un servicio que se salga un poco de lo que es el servicio básico esencial. Así que votaremos a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, la señora López tiene la palabra.

La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.

Veo que se quieren mostrar preocupación por el malestar de las personas cuando pasan una situación tan difícil como es preparar la muerte de uno mismo o la muerte de un familiar, allegado o amigo, pero tengo que decirles que me extraña un poquito, y me extraña por dos cosas. Una, porque estamos hablando, otra vez, de reducción de impuestos cuando lo que necesita nuestra sociedad es aumentar el sistema fiscal para que pague más el que más tiene y podamos tener un Estado de bienestar fuerte. Pero, además, no está hablando solo de reducción de impuestos sino que ustedes, junto a otros partidos de la derecha, están situando el debate en los impuestos más regresivos, los impuestos indirectos, y creo que este no es el debate. Como usted ha dicho, nuestro grupo podía estar de acuerdo con nuestra propuesta, lo que pasa es que llega en un momento en que ya se han tomado cartas en el asunto. Como usted sabe, el ministro Garzón limitó los precios para que no fueran aumentando durante la pandemia. Así que me parece que lo que están haciendo es poner simplemente un parche que no aliviaría el esfuerzo de las familias más que nada porque, como le comentaba, es un impuesto regresivo, pero esto ya entraría en otra intervención.

Ahora también quería hacer hincapié en que realmente me extraña que muestren este interés porque la manera de prestar unos servicios funerarios que no socaven los bolsillos de las personas sería una


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funeraria pública. Curiosamente, cuando en Barcelona se presentó esta iniciativa, su partido votó en contra. La funeraria pública no es que permita reducir el IVA sino que funciona a través de tasas, las cuales pueden tener un sistema de bonificación progresiva que realmente ayude a las personas que no pueden pagar un sepelio. Luego, no entiendo su propuesta.

La última cosa que me llama la atención es que la subida del IVA, si no recuerdo mal, fue en julio de 2012, Gobierno de Rajoy, presupuestos que ustedes apoyaron. (Rumores). Bueno, en todo caso, en julio de 2014 -sí que le doy la razón, usted ya insistía en este tema-. (Rumores). No, no aprobó lo de julio, le doy la razón, pero sí que aprobaron los presupuestos pasados y dieron... (Rumores). Bueno, en todo caso, señor Bel, me parece que la propuesta es totalmente insuficiente y que no es del todo coherente con las actuaciones, ya que tendríamos que ir encaminados hacia un servicio público funeral.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.

Para finalizar esta iniciativa, por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Vilches... Perdón, VOX, lo siento, otra vez.

La señora Cañizares tiene la palabra.

La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Créame que no lo hago conscientemente.

La señora CAÑIZARES PACHECO: Ya sé que no lo hace con mala intención, es que como somos nuevos se le olvida, ya lo sé.

Respecto a esta proposición no de ley, nosotros vamos a votar a favor porque, efectivamente, consideramos que los servicios funerarios no son unos servicios que se eligen sino que son esenciales, que son básicos, que son necesarios, y entendemos que el espíritu de la ley también debe atender un poco a las demandas sociales y esta es una demanda social no solamente del grupo que la presenta sino, en general, de los ciudadanos.

Como ya se ha dicho aquí y todos sabemos, en 2012 estos servicios estaban gravados al 8 % y, repentinamente, subieron al 21 %, como ocurrió con otros servicios que, curiosamente, sí que han vuelto a tributar con posterioridad al tipo reducido. También se ha dicho que España es uno de los países más caros a la hora de morirse a nivel impositivo y, efectivamente, son las familias que pagan de su bolsillo ese incremento de precio que decimos y que consideramos que es sobre un servicio esencial básico y necesario. Esta PNL, como ya se ha dicho, se aprobó en su momento y consideramos que es de justicia que se tomen cartas en el asunto. Efectivamente, la Directiva del Consejo Europeo sobre el sistema común del IVA confiere a los Estados la potestad o la posibilidad para establecer un tipo reducido a determinadas prestaciones de servicios y entrega de bienes. Por ejemplo, la entrega de flores en un sepelio -que sí consideramos que no es un servicio básico esencial- está gravada al 10 % cuando, por ejemplo, el traslado de un cadáver -que sí es necesario- es al 21 %, lo cual carece de todo sentido. Por tanto, vamos a apoyar esta esta PNL.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.

Ahora tiene una palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Vilches.

La señora VILCHES RUIZ: Gracias, presidente.

Señorías, buenos días. Debatimos en el seno de esta Comisión la propuesta de Junts per Cat al Gobierno para que impulse los cambios normativos necesarios de manera que la prestación de servicios realizados por funerarias y servicios de cremación estén sujetos al tipo reducido de IVA.

El grupo proponente hace referencia a la Directiva europea 2006/112 relativa al sistema común del IVA, cuyo apartado 18 establece concretamente que los servicios realizados por funerarias y servicios de cremación pueden ser productos y servicios que tengan tipo reducido de IVA. Sin embargo, también es cierto que los Estados miembros pueden optar por establecer o no un tipo impositivo reducido de IVA. De hecho, los Estados miembros en la propia Comisión Europea han asumido un compromiso para, por un lado, limitar la aplicación de los tipos reducidos y, por otro, para no incluir nuevas categorías de bienes y servicios que puedan ser susceptibles de recibir una tributación reducida. Aunque, como se ha mencionado, es cierto que muchos países europeos tienen un tipo impositivo más bajo para estos


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servicios, también es cierto que países como Alemania o Austria tienen tipos similares y otros incluso más altos. Pues bien, las razones para limitar la aplicación de estas reducciones son obvias, la principal es que no es el momento. No es el momento, señoría, por, de un lado, el impacto presupuestario que traería consigo, ya que una reducción sin contraprestación alguna no tiene sentido, especialmente en una situación como la actual, cuando justamente el mandato que estamos recibiendo de la ciudadanía es la apuesta por la calidad de lo público y por un fortalecimiento del Estado de bienestar. Así que, ahora más que nunca, lo que es necesario es un sistema impositivo justo y eficiente.

De otro lado, también quiero resaltar el reducido efecto que tendría en los consumidores. En este punto quiero remarcar el hecho de que, según datos estadísticos -concretamente proporcionados por la Asociación de Entidades de Seguros, ICEA-, en España hay más de 20 millones de personas que tienen esta contingencia asegurada, de tal manera que al reducir el IVA resultarían beneficiarios también oligopolios de empresas aseguradoras que, en ningún caso -seamos realistas-, reducirían el coste de las pólizas de los seguros a sus clientes. Además, otra cuestión que quiero señalar es que estos servicios si son prestados por administraciones públicas, como los ayuntamientos, también reciben la contraprestación mediante las correspondientes tasas municipales.

Así que, por todo lo expuesto el criterio de nuestro grupo será desfavorable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vilches.

Tiene la palabra el señor Bel para decir si acepta o no la enmienda.

El señor BEL ACCENSI: Quiero pedir disculpas al Grupo Popular porque en mi turno no me he posicionado respecto a la enmienda que, en algunos aspectos, podríamos a aceptarla, pero para centrar la atención y no desvirtuarla respecto también a las votaciones que habíamos hecho antes y, efectivamente, para -como ha dicho en la anterior moción el señor Mazón- centrarla en un tema concreto, vamos a votarla en sus términos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

- RELATIVA A FACILITAR LA SUPRESIÓN DEL RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAES). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000555).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 4 del orden del día: Proposición no de ley relativa a facilitar la supresión del recargo provincial del impuesto sobre actividades económicas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la portavoz, la señora España, por cinco minutos.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente. Señorías.

Hemos presentado una proposición no de ley precisamente para facilitar la supresión del recargo provincial del impuesto sobre actividades económicas. A nadie se le escapa que la crisis provocada por el coronavirus ha supuesto una perturbación sin precedentes en la economía, que ha causado un deterioro muy acusado a corto plazo. Los primeros datos que se conocieron -estamos hablando de primeros de abril, cuando se presenta esta proposición no de ley- fueron demoledores: la matriculación de automóviles se había desplomado, los establecimientos minoristas suspendidos en las actividades de hostelería y restauración, miles de autónomos de baja, miles de empleos destruidos; es decir, una situación absolutamente crítica que exigía y exige medidas de apoyo por parte de todas las administraciones públicas, cada una en su ámbito de competencias.

También he de recordarles que con respecto al Real Decreto-ley 8/2020, que habilitaba a las corporaciones locales a utilizar hasta 300 millones de euros del superávit de 2019 para financiar ayudas económicas y las prestaciones gestionadas por los servicios sociales, nosotros, en esa tramitación como proyecto de ley, hemos presentado enmiendas para suprimir ese límite de 300 millones de euros y para que el superávit de 2019 se pueda destinar a bonificar los impuestos municipales tanto a autónomos como a pymes, así como a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que hay que hacer más, todo lo que se pueda hacer es poco. Pensamos que se pueden hacer más cosas para contribuir a la continuidad del tejido empresarial, y por eso vimos que una alternativa era la posible bonificación del impuesto de actividades económicas, en concreto en el recargo que se aplica por parte de las diputaciones provinciales. Para ello, para que las diputaciones provinciales


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tengan recursos suficientes para poder suprimir o reducir este recargo provincial del IAE es imprescindible que el Ministerio de Hacienda habilite esa posibilidad mediante una norma con rango de ley, como ha establecido el Tribunal Supremo en diferentes sentencias. Por eso en la parte dispositiva instamos al Gobierno a tramitar una norma con rango legal que ampare la aprobación de la exención total o parcial del recargo provincial del impuesto sobre actividades económicas, para que pueda ser aplicada por aquellas diputaciones provinciales que tengan recursos y que quieran contribuir al mantenimiento de la actividad empresarial de su provincia.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.

Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario VOX. El señor Jiménez tiene la palabra para su defensa.

El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente. La propuesta del Grupo Popular sobre la supresión, modificación o bonificación de este impuesto de actividades económicas utilizando el superávit de las corporaciones locales de 300 millones, o ampliarlo, nos parece desacertado, ya que dicho impuesto solo lo pagan los que tienen una cifra de negocio superior a 1 millón de euros, y los dos primeros años del ejercicio ya está bonificado. Consideramos que el pago del impuesto sobre actividades económicas ahora mismo, dada la situación económica y con el descenso generalizado de las ventas, con el cierre de negocios, muchas pymes y autónomos no tendrán obligación de pagarlo. Creemos que dicho superávit sería necesario o más conveniente utilizarlo en ayudas directas a pymes y autónomos o también, por poner algunos ejemplos, en prestaciones a servicios para personas dependientes, residencias de ancianos o de otra naturaleza análoga. En definitiva, parte del dinero del superávit debería utilizarse en estos momentos de crisis en ayudas directas, y esta que propone el PP nos parece positiva en cuanto a bonificar y reducir impuestos, pero desacertada en cuanto a utilizar parte del superávit para bonificar este impuesto. Creemos que este impuesto se podría bonificar con una mejor gestión del gasto en las corporaciones locales y provinciales y evitar dotaciones innecesarias a determinadas asociaciones afines.

Nada más, muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra.

El señor MAZÓN RAMOS: Muy brevemente, intervengo para decir que nos vamos a abstener. En Cantabria, como es una comunidad autónoma uniprovincial, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer recargos para la propia diputación, por lo tanto, vamos a abstenernos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

La señora Sagastizabal tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: En Vizcaya, Álava y Guipúzcoa están exentos del impuesto los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferiores a 2 millones de euros. Viendo la proposición no de ley, entendemos que no es necesaria una norma de rango legal para aprobar esa exención del recargo provincial por cuanto que tienen la posibilidad de poner el recargo o no, ya tienen esa posibilidad; además, podrían imponer incluso un tipo cero, con lo cual tampoco haría falta a lo mejor una exención. Pero, además, creemos en la autonomía de las entidades locales y de las diputaciones y, por tanto, entendemos que les corresponde a ellas tomar esta decisión y porque ya lo tienen abierto en este sentido.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, en los reales decretos que están pendientes de tramitarse como proyectos de ley hemos presentado enmiendas dirigidas en el mismo sentido que esta PNL que presenta hoy el Partido Popular. Además, que es muy interesante como está registrada, porque no es solo


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la eliminación o la supresión, sino incluso solo bonificar una parte, y muestra muy bien el sentido común de la idea. La idea es aliviar a algunas empresas si así la diputación puede hacerlo. Así que nosotros votaremos a favor, porque es una manera de aliviar a las empresas, y entendemos que el hecho de que se tramite con rango de ley aquí, en el Congreso de los Diputados, facilitaría también a las diputaciones la aplicación de esta normativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bel, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Más allá de que podamos compartir la intencionalidad de la PNL, la verdad es que no acabamos de comprender exactamente la propuesta porque, de hecho, las diputaciones provinciales, como se fija en la misma PNL y de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Haciendas Locales, tienen la potestad de establecer este recargo al impuesto y tienen la potestad de modificarlo e incrementarlo o reducirlo. Por tanto, en este sentido, estas corporaciones locales ya tienen todo el margen de maniobra que se debería tener desde nuestra perspectiva.

En todo caso, sí nos parecería prioritario hacer una modificación de la Ley de Haciendas Locales para dar margen a las corporaciones locales, sobre todo a los ayuntamientos, y así poder hacer frente a ciertas bonificaciones o cambios en situaciones sobrevenidas, como ha pasado en esta pandemia, y como han tenido que hacer, digamos, ingeniería fiscal algunos ayuntamientos para poder bonificar las terrazas o para poder bonificar el período de algunos impuestos o de tasas que no se han prestado, como las basuras, etcétera, a ciertos comercios, y eso ha generado cierta inquietud y disparidad. Nosotros hemos presentado alguna iniciativa, pero con más trascendencia, digamos, para modificar la Ley de Haciendas Locales y hacerla flexible en este sentido y por ello no vamos a apoyar esta propuesta.

En todo caso, para que conste simplemente en el Diario de Sesiones de la Comisión, señor presidente, yo le recomendaría a las dos portavoces, a la de Unidas Podemos y a la del Grupo Socialista, que han intervenido en la anterior cuestión sobre el IVA de los servicios funerarios, que consultasen el discurso totalmente opuesto que hicieron sus compañeros en 2017, y no es un tema de coyuntura, es un tema de que el IVA era igual de regresivo en 2017 que en 2019...

Sí, señor presidente, sé que no toca en este punto. Por tanto,...

El señor PRESIDENTE: Se está yendo del tema, señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Termino aquí mi intervención y dejo constancia en el Diario de Sesiones de lo que quería dejar constancia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.

Solo un comentario a lo que acaba decir el señor Bel, un pequeño comentario, señor presidente. Decía él que no tiene nada de coyuntura y yo le diría que en estos tiempos que nos ha tocado, señor Bel, todo es coyuntura, absolutamente todo, y más cuando tratamos de asuntos fiscales.

Entrando ya en la propuesta que nos toca discutir dentro del orden del día, nosotros nos vamos a oponer a esta iniciativa por dos razones. La primera, por lo que ya se ha esgrimido, por una cuestión de pertinencia normativa. En primer lugar, nos parece que no es necesario, como ya han explicado aquí los anteriores intervinientes, remitirse a una norma con rango de ley para realizar el cambio que se propone. En segundo lugar, también es una cuestión casi más doctrinaria que tiene que ver con el hecho de que no nos parece que sea el momento de menoscabar la caja fiscal del Estado. Vuelvo un poco al argumento que había dicho antes. No está el horno para bollos, no estamos ahora mismo como para dar por no necesitados una serie de recursos que, desde luego, ahora mismo son fundamentales.

Digo todo esto porque me sorprende que el proponente no termine de aclarar cómo vamos a resolver el gran problema presupuestario que tiene este país. Si queremos ayudas para las empresas, si queremos exenciones, si queremos que lleguen las líneas de crédito, si queremos financiación y si queremos que el Estado se involucre precisamente para romper la tendencia hacia la desigualdad que puede generar esta


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crisis, entonces el Estado tendrá que tener recursos. Lo que no se puede es pedir que el Estado tenga menos recursos, a la vez que dé más ayudas y a la vez que no haya déficit porque esto, insisto, sencillamente es una cuestión de cuadrar las matemáticas y, como no cuadran, y la magia de momento está un poco ajena a nuestras capacidades, yo diría que mantengamos un debate en este sentido bien orientado, bien centrado y que, si proponemos exenciones, entonces automáticamente propongamos en qué partidas presupuestarias nos vamos a gastar menos dinero, porque no me parece correcto pedir leche a la vaca cuando no la alimentamos.

Así que aquí lo dejo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.

Para finalizar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Un preámbulo. Si las proposiciones pasan por un control de calidad, siento decirles que esta no lo pasaría y no lo pasaría por partir de premisas falsas. Siento que sea la señora España quien la presente y teóricamente la autora. La tengo mucho cariño y aprecio y, desde luego, tengo que decir que no superaría un control de calidad por premisas falsas de la propia proposición. ¿Cuáles son? Tres en concreto. Dice la proposición: El impuesto de actividades económicas lo pagan las personas físicas. No es cierto; las personas físicas o autónomos no pagan el impuesto de actividades económicas, salvo que sean no residentes, y lo pagan las sociedades y las comunidades de bienes. Es cierto, pero con dos condiciones: que lleve como mínimo más de dos años de actividad y que su nivel de negocio sea superior a 1 millón de euros. Eso significa que las pymes tampoco pagan el impuesto de actividades económicas. Por tanto, primera premisa falsa.

Segunda premisa. Se olvida que es un recargo voluntario, y voluntario significa que se regula a través de una ordenanza fiscal de la propia diputación provincial y que tiene la posibilidad de dejarlo hacer. En concreto, hay comunidades que son uniprovinciales, como es el caso de Cantabria, que lo tienen a cero, tienen un tipo de gravamen cero y no cobran recargo, o como es el caso de Madrid. Sin embargo, hay otras como, por ejemplo, Salamanca, que es del Partido Popular, que lo tiene al máximo, del 40 %, u Ourense, que es del Partido Popular y tiene al máximo el coeficiente o tipo de gravamen del 40 %. Con lo cual, si voluntariamente la Diputación de Málaga decidiese del 35 %, que es como lo tiene en estos momentos, dejarlo al 0 %, podría hacerlo con una simple modificación de su ordenanza.

Tercera premisa falsa. No todas las cuotas del IAE pagan el recargo. Lo dice el artículo 137 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Solamente las cuotas municipales, no las cuotas provinciales ni las cuotas nacionales. Por tanto, partiendo de ahí, ya decaería por sí la proposición. Le tengo que decir en ese sentido otra cuestión de oportunidad. ¿Y la oportunidad significa que podemos eliminar ese artículo del texto refundido? Evidentemente, con un cambio de la propia ley. Pero lo adecuado sería embarcar ese cambio de la propia ley en un nuevo sistema de financiación de los entes locales porque requeriría de una compensación. Si un ente local pierde una figura tributaria, el Estado se vería obligado a compensar, con lo cual, en ese marco de un nuevo sistema de acción se podría dar esa casuística. Luego la FEMP, que es la representante de todos los entes locales, diputaciones y de ayuntamientos, ha señalado diecinueve medidas consensuadas por todos los grupos políticos.

El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene que ir acabando.

El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir. Diecinueve medidas por el COVID y ninguna de ellas es justamente esta, la que señala en este caso esta proposición. Por tanto, no tiene sentido y luego va en dirección contraria a lo que es el principio de corresponsabilidad fiscal establecido en la Constitución. La diputación tiene una única figura tributaria que se refrenda en la corresponsalidad fiscal y luego, por otra parte, va en dirección contraria a los principios de suficiencia y autonomía financiera.

Y concluyo, yo soy de Córdoba y usted de Málaga, y Diputación de Córdoba está haciendo un esfuerzo extraordinario con sus propios recursos gracias a que recauda, entre otras cosas, un recargo que le aporta aproximadamente algo más de 3 millones de euros a las arcas públicas. Esto está significando que está utilizando o ha utilizado más de 14 millones de euros para planes de empleo municipales, para compra de mascarillas, para desinfección de la residencias de mayores y para ayudas a los autónomos. ¿Por qué? Porque, evidentemente, tiene recursos gracias a este recargo provincial que le aporta, como he dicho,


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algo más de 3 millones de euros. Por tanto, decae por falta de calidad de la propia proposición no de ley y por falta de oportunidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

Para indicar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra la señora España.

La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidente.

Es fácil buscar excusas cuando no se quiere bajar los impuestos.

Por aclarar una cuestión diré que fue la Diputación de Alicante la que pidió esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Señora España, por favor.

La señora ESPAÑA REINA: Entro en la cuestión de la enmienda de VOX.

No podemos aceptarla, puesto que lo que hace es anular la proposición no de ley. Creo que no la ha entendido bien. En cuanto al fondo, nosotros no hablamos de utilizar el superávit para reducir los impuestos -de eso hablamos en la enmienda al Real Decreto 8/20-, simplemente lo que establecemos en esta proposición no de ley es la posibilidad de suprimir o reducir el recargo provincial. Y en cuanto a la forma, hacer una enmienda para anular completamente la parte dispositiva de la proposición tampoco tendría mucho sentido; tendría sentido a lo mejor votar en contra. Por todo ello le pido, señor presidente, que se vote en sus propios términos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- RELATIVA A INYECTAR LIQUIDEZ EN LA ECONOMÍA MEDIANTE EL PAGO DE DEUDAS PENDIENTES POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/000592).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al número 5 del orden del día: Proposición no ley relativa a inyectar liquidez en la economía mediante el pago de deudas pendientes por parte de las administraciones públicas, que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX.

Para la defensa de la iniciativa, el señor Jiménez tiene la palabra.

El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, señor presidente.

La crisis sanitaria originada por el COVID-19 obligó finalmente al Gobierno a tomar una serie de medidas destinadas a contener la propagación del virus cuyo impacto, desde luego, hubiera sido menor si el Gobierno no hubiera antepuesto su agenda ideológica a la salud no física, sino económica de todos los españoles. Y vamos, no es un dato que este grupo parlamentario se esté inventando, sino que ya hay muchas voces que afirman el hecho de que si no se hubiera producido el 8 de marzo y el confinamiento se hubiera decretado antes, la cifra de contagios por el COVID-19 hubiera sido sustancialmente menor. Estamos hablando concretamente de que hubiera habido un 62,3 % menos de contagios, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea. Por tanto, podemos afirmar que el 8 de marzo provocó un impacto mayor no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico y, por ende, una destrucción de nuestro tejido productivo. Tras el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Banco de España y la AIReF, le llega el turno a la OCDE, que se muestra muy contundente en el caso español manifestando lo siguiente: "La caída en la demanda doméstica por la destrucción de empleo y el cerrojazo de la actividad será el principal artífice de la contracción".

Pero no serán esos los únicos factores que manden a la economía a la lona en 2020; el descenso de la demanda externa y, muy particularmente, de los servicios turísticos pesará también mucho. Según los economistas de la OCDE, el paro, la variable siempre más sensible a hundimientos del PIB, cerrará 2020 entre el 19,2 % y el 20,1 %, de nuevo en función de si se produce o no un rebrote. La falta de ingresos de las empresas ha originado serios problemas de liquidez para seguir haciendo frente durante el estado de alarma a las obligaciones contraídas. El reinicio parcial en numerosos sectores, especialmente los vinculados al sector servicios, no va a solucionar los problemas de liquidez, ya que se estima que hasta bien avanzado el año 2021 no se alcancen los niveles previos de actividad. Por ello, tenemos la obligación


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de inyectar liquidez a la economía para que se reactive cuanto antes. Una de las medidas del Gobierno ha sido inyectar 100 000 millones de euros a través de créditos con avales ICO, y lo ha estado haciendo por tramos, encontrándose en este momento en el último tramo aprobado. El ICO ya ha liberado 84 500 millones de euros de esta línea de avales para pymes, autónomos y empresas, pero también es cierto que, aunque el Gobierno haya sacado esta línea de financiación, esta financiación produce en las empresas un pasivo que hay que devolver que, sumado a las pérdidas ocasionadas por el cese temporal de la actividad, puede generar un grave desequilibrio patrimonial para muchas empresas cuando su patrimonio neto esté por debajo de la mitad de su capital social, por lo que sería causa de disolución de la sociedad siempre y cuando no sea procedente solicitar la declaración de concurso, tal y como establece el artículo 363.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital. Por ello, la proposición no de ley presentada por este grupo parlamentario es considerada de máxima prioridad. Como dice nuestra exposición de motivos, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad a finales de 2019 determinó que se realizaron pagos en diciembre por importe de 9260 millones de euros y que quedaron pendientes de pago, excediendo los plazos legales, facturas por importe de 8621 millones de euros. Esta misma plataforma ha revisado también los balances del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo a partir de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ha detectado que, a 31 de diciembre de 2019, las compañías del mercado continuo tienen facturas pendientes de pagar a sus proveedores por valor de 122 000 millones. En definitiva, nos encontramos con una cantidad de 130 000 millones de euros de deuda que, sin duda alguna, contribuiría a paliar las dificultades de liquidez que apremian a nuestro tejido productivo, especialmente a pymes y autónomos, los cuales son los principales generadores de empleo y riqueza en nuestro país y, desde luego, evitarían su mayor endeudamiento y, por ende, balances más saneados.

Por ello, proponemos instar a las administraciones públicas y a las grandes empresas a cumplir con sus obligaciones de pago. Tendría un efecto tractor sobre la economía española de mayor magnitud que la línea de avales ICO. Según consta en la web del ICO, a fecha 15 de junio de 2020, con este programa se han avalado un total de 565 118 operaciones correspondientes a más de 400 000 empresas. El importe total avalado es de 57 700 millones. Esto ha permitido que las empresas hayan recibido aproximadamente 70 000 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir su necesidad de circulante. Se trata de la mitad de la deuda de las grandes empresas y administraciones públicas con sus proveedores. Además, los avales ICO, como indica su propio nombre, se emplean para respaldar préstamos financieros de los que el 83 % son a largo plazo, entre cuatro y cinco años; es decir, incrementan el pasivo de las empresas y, en caso de impago, el Estado -o sea, la ciudadanía- deberá responder a las obligaciones con las entidades de crédito.

Para finalizar, es imprescindible que se inyecte liquidez a la economía y sería imperdonable que una pyme o un autónomo tuvieran que cerrar porque las grandes corporaciones o las administraciones públicas no cumplieran con sus obligaciones de pago.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.

Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. El señor Píriz tiene la palabra.

El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Venimos a debatir la proposición no de ley de VOX que, en medio de la pandemia de la COVID, tiene aún más importancia de la que podía tener antes. Hablar de liquidez para las empresas siempre es importante y apropiado, pero en este caso aún más. Quiero defender la enmienda de mi grupo, con la que intentamos sumar y aportar a la proposición no de ley, que hace referencia a aquel programa de pago a proveedores del Real Decreto-ley 4/2012 que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha y que supuso una liquidez de 41 815 millones de euros para la economía española. Se pagaron ocho millones de facturas en aquel momento cuando no había liquidez, cuando los bancos no aportaban nada y cuando el Estado tampoco tenía liquidez; usando palabras de alguien que ha intervenido antes, cuando no había coyuntura. Se sumaron a los 62 774 millones de euros del FLA, los 94 817 millones de importe total de pago a proveedores que se hizo durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Es importante en este momento aportar liquidez a las empresas. Es fundamental y es básico darles aire antes de que mueran. Cuando mueran será demasiado tarde y será imposible hacerlo. Para eso, el Gobierno de España tiene que poner liquidez en el mercado, liquidez a disposición de las empresas. Cuando escucho


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hablar del esfuerzo monumental del Gobierno de España, yo siempre vuelvo a los datos que son, como digo siempre, inapelables: 600 000 millones de euros en avales ha puesto Alemania para sus empresas, 360 000 millones el Reino Unido, 300 000 millones Francia y 100 000 millones España. España es el país que, según el Fondo Monetario Internacional, va a vivir de forma más dura y más intensa la crisis y la caída del PIB durante este año y el año que viene. ¿Es que necesitan acaso las empresas españolas menos liquidez que las de Reino Unido, las francesas o las alemanas? ¿O es que no somos capaces de otorgar a estas empresas los mecanismos que necesitan? Me enternece absolutamente la defensa que hace Podemos de la ministra Montero, cuando lo que quiere hacer es meter la mano en la caja de los ayuntamientos, en su superávit, o subir impuestos indiscriminadamente a autónomos, a empresas y a ciudadanos. Se me saltan las lágrimas. Estamos en una situación en que desaparecen en España 2192 empresas cada día, 91 empresas cada hora. Durante esta Comisión van a morir en España 370 empresas. Creo que es una situación tan importante como para que hablemos de liquidez, como propone el Grupo Parlamentario VOX, para que apoyemos esta propuesta y, si puede ser, nuestra enmienda, y para que decidamos -sí o no- apoyar de forma definitiva a nuestras empresas o no.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra.

El señor MAZÓN RAMOS: Intervendré muy brevemente. Creo que esta proposición no de ley, teniendo como tenemos tantas medidas en marcha y tantos decretos leyes pendientes de convalidar y de tramitar luego por el procedimiento ordinario como proyectos de ley, va a añadir confusión. Por lo tanto, quiero escuchar a los representantes de los partidos que apoyan al Gobierno antes de tomar una decisión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) no hay nadie. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero decir que si de algo ha servido la Comisión para la Reconstrucción es para ver que muchas empresas han puesto de manifiesto el problema de la morosidad. Es un problema al que no es ajeno mi grupo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos. De hecho, nosotros presentamos un proyecto de ley contra la morosidad porque creemos que es importante que se cumpla con los plazos de pago. Pero lo más importante de todo es que la Administración pública cumpla con esos plazos de pago. Las ayudas que se han puesto encima de la mesa se han mostrado del todo insuficientes en muchas ocasiones, porque realmente lo que hacen es aumentar el endeudamiento, cuando muchísimas pymes y muchísimos autónomos tienen un dinero pendiente de recibir por parte de las administraciones como pago a sus facturas, a sus servicios, a su trabajo. Esa es la manera directa de inyectar liquidez. Aquí no les estamos pidiendo un favor especial, no les estamos pidiendo una medida extraordinaria; VOX está solicitando algo que nosotros hemos pedido en muchísimas ocasiones, y es que se cumpla con el pago. Creo que las primeras que deben cumplir con el pago son las administraciones, de esa manera se podrá seguir la cadena de pago. Viendo la enmienda que ha propuesto el Partido Popular, al final lo que se busca es que la Administración pague a sus proveedores de servicios por su trabajo, no porque se le dé una ayuda extraordinaria sino por su trabajo, por sus servicios o por sus productos y que, a partir de ahí, la cadena de impagos pueda mejorarse. Creemos que es imprescindible que esta medida se lleve a cabo y lo hemos visto en la misma Comisión para la Reconstrucción, pero es que además es una de las cosas que los empresarios están pidiendo desde hace muchísimo tiempo.

Creo que falta de verdad una apuesta decidida por cumplir con los ciudadanos, y esta sería una buena medida que nosotros hemos defendido muchísimas veces, ha sido una bandera que hemos querido poner en otras iniciativas encima de la mesa y ahora quizás es el momento de planteárselo mucho más en serio, cuando las necesidades reales de liquidez devienen de una situación de extremada necesidad. No podemos permitir que nuestros autónomos y nuestras pymes sean quienes financian al Estado; tiene que ser al revés, el Estado tiene que ayudar a las pymes a sobrevivir, no asfixiándolas con impuestos y, por supuesto, pagándoles las facturas que les deben. Por eso votaremos a favor de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

El señor Bel, por el Grupo Plural, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

La verdad es que esta PNL intenta afrontar uno de los problemas más importantes que tienen hoy en día las empresas y especialmente las pequeñas y medianas empresas: la falta de pago de las facturas les genera un exceso de necesidad de liquidez, en ocasiones un exceso de endeudamiento -que a veces pueden alcanzar y a veces no- y les resta competitividad. Efectivamente, en las pequeñas y medianas empresas, que ya carecen de la capitalización necesaria, esta combinación es letal, es mortal. Aquí se plantean diferentes situaciones o diferentes problemas que se quieren abordar. Es evidente que la Administración General del Estado debería pagar las facturas. A lo largo de los últimos años ha habido una mejora sustancial, como también la ha habido en los pagos de las facturas del resto de las administraciones públicas, tanto de las corporaciones locales como de las comunidades autónomas, aunque debo reconocer que todavía no todas están pagando en plazo. Por tanto, se debe instar a que paguen todas ellas en plazo.

No estoy del todo de acuerdo en el segundo punto, porque dice: "Instar a los contratistas vinculados a la cadena de contratación pública a abonar las facturas pendientes de los subcontratistas en el momento que reciba el pago de la correspondiente Administración pública". Esto, por supuesto, pero si la Administración pública -la que sea- no paga eso no puede servir de eximente a los contratistas para no pagar a los subcontratistas. Ellos ya no concurren porque seguramente no tienen capacidad de concurrir a estos concursos públicos. Por lo tanto, esto se debe evaluar.

Respecto a requerir a las empresas cotizadas en el mercado continuo a cumplir la Ley de lucha contra la morosidad, creemos que hay que requerir a las que coticen y a las que no coticen, de verdad. Nosotros presentamos en la anterior legislatura -y también presentó una Ciudadanos- una iniciativa legislativa para el régimen sancionador. Es decir, las empresas que no cumplan sus plazos de pago deberán ser sancionadas. No nos gusta sancionar, pero es que es la única solución. Ahora lo hemos vuelto a presentar y esperamos que esta vez prospere.

Por tanto, a expensas de cómo quede la transaccional, en principio vamos a apoyar esta iniciativa y -simplemente lo digo a beneficio de inventario- espero que el concepto "coyuntural" no sea vinculado a si estoy o no estoy en el Gobierno, sino que tenga otras vinculaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Confederal Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señor Bel, la coyuntura evidentemente tiene que ver con que estemos o no en el Gobierno, no le voy a engañar, pero más coyuntura aún es el hecho de que haya una epidemia. Eso yo diría que es el elemento coyuntural con mayúsculas y luego, si quiere, le ponemos todos los adornos que usted quiera, pero me parece que el contexto es el que es.

Yendo ya al punto de referencia, lo primero que me gustaría hacer es alabar la actitud del señor Mazón. Todos nos hemos sorprendido cuando ha dicho que va a esperar a ver qué es lo que dicen otros portavoces. En realidad, esta debería ser la dinámica habitual de un sistema parlamentario y el que en todas nosotras y nosotros genere una cierta sorpresa, no deja de señalar el hecho de que tenemos mucho que mejorar en términos de debates parlamentarios.

También he de decir, por ser honestos con sus señorías, que esta es una de las PNL que más nos ha problematizado, en el sentido de que pretende resolver un problema que ha definido el señor Jiménez y con cuyo diagnóstico estamos completamente de acuerdo. Es cierto que el panorama siniestro, sombrío, que el señor Jiménez ha dibujado coincide con nuestros planteamientos pero -como ha dicho el señor Bel- también es cierto que en los problemas de morosidad que tenemos ahora mismo en España la Administración pública ocupa un porcentaje menor, un porcentaje mucho mayor viene del sector privado, y además es un porcentaje que se ha reducido, como también explicaba muy bien el señor Bel; digamos que los procesos de pago por parte de la Administración pública han mejorado en estos años y eso ha permitido en parte amainar el problema. Con la llegada de la coyuntura de la crisis, es claro que los problemas de liquidez en las empresas se hacen mucho más acuciantes. En ese sentido, mi grupo parlamentario lleva desde hace tiempo discutiendo con el Gobierno para tratar de ofrecer una solución


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integral a este problema, no solo desde las administraciones públicas sino también desde todos los actores económicos que concurren en este problema y cuya resolución -como bien decía el señor Jiménez- permitiría inyectar un volumen nada desdeñable de liquidez al sistema y, por tanto, oxigenar para que aguanten mejor este tiempo.

Decía que la propuesta en sí me ha problematizado puesto que estamos de acuerdo con algunos de sus puntos, pero, claro, luego el señor Jiménez se ha soltado una perorata sobre el 8 de marzo y me ha hecho recordar de qué montes bajan esos ríos, lo cual evidentemente me facilita una toma de posición en contra de esta PNL, precisamente con la esperanza y con la voluntad de que podamos llegar a un entendimiento con el Gobierno de cara a solucionar este acuciante problema, como decíamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.

Para finalizar, por el Grupo Socialista, el señor González tiene la palabra.

El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero manifestar la posición del Grupo Parlamentario Socialista de apoyo a todos nuestros autónomos y pymes de este país en un momento difícil en el que hemos demostrado además ese apoyo con hechos, como la mejora de la liquidez que se ha dado en este duro tiempo. Sin lugar a dudas, esas políticas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez son mucho más ambiciosas que la iniciativa presentada por VOX. Este Gobierno está demostrando que no deja a nadie atrás y, sin lugar a dudas, no deja atrás a los que levantan la persiana día a día, como son nuestros autónomos y pymes. Lo hacemos mejorando la liquidez, con más de 100 000 millones de euros en avales; lo hacemos con una moratoria a los tributos; lo hacemos también dando una ayuda de una prestación por cese de actividad, que es inédita, y lo hacemos también mejorando el pago a las comunidades autónomas con unas históricas entregas a cuenta de más de 24 500 millones de euros, sin contar con el fondo no reembolsable COVID.

Nos manifestamos en contra de esta iniciativa del Grupo Parlamentario VOX, en primer lugar, porque es redundante. Con esto también quiero convencer al señor Mazón. Entendemos que es una propuesta redundante, que ya se contempla en leyes como la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley del IVA y la Ley de lucha contra la morosidad. También pensamos que con esta iniciativa el partido VOX quiere hacerse un lavado de cara, porque no ha estado a la altura de los autónomos, no ha estado a la altura de las pymes de este país. Cuando recientemente se han votado iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez en apoyo a los autónomos para fomentar su liquidez, el partido VOX no ha estado a la altura, sino que ha puesto palos en las ruedas.

Es importante, como ha dicho el señor Bell, destacar el esfuerzo del sector público para mejorar la liquidez. Yo solo voy a dar dos datos. En el mes de abril, las comunidades autónomas, gracias también a ese esfuerzo hecho por el Gobierno de España, pagan a treinta y cuatro días un 2 % menos que el mes pasado y la Administración General del Estado en veintisiete días, casi dieciséis días menos que con el Gobierno de Rajoy. En definitiva, entendemos que este tiene que ser un debate serio. Sin duda, tenemos que seguir mejorando, como se está haciendo, pero estas iniciativas tienen que hacerse con seriedad. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado iniciativas en este Congreso para la mejora de los pagos y, por supuesto, todas las políticas se tendrán que hacer con el acuerdo del Consejo Estatal de la PYME y los colectivos de pymes y autónomos.

Señor presidente, hoy es el Día Internacional del Parlamentarismo y, por tanto, pediría responsabilidad. En concreto, pediría al Partido Popular, al señor Píriz, que en este Día Internacional del Parlamentarismo tomara nota del sacramento de la penitencia de San Agustín cuando hable de Montoro, del desaguisado que montó en este país y las condiciones leoninas que puso a las administraciones o el olvido que tuvo con los autónomos. Les pido a los dirigentes del Partido Popular en este Día Internacional del Parlamentarismo que tomen nota del sacramento de la penitencia de San Agustín, que hablaba de perdón de los pecados y propósito de enmienda. Hagan ustedes un poco de propósito de enmienda, sobre todo para mejorar este país. Les dejo ese consejo.

En definitiva, este Grupo Parlamentario Socialista está en esa línea de seguir avanzando con un debate serio, no con redundancias que quieren salvar...

El señor PRESIDENTE: Señor González, tiene que ir acabando, por favor.


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El señor GONZÁLEZ CABALLERO: ... la imagen de un partido que no ha estado a la altura de los autónomos y pymes.

Gracias por su generosidad, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

Para aceptar o rechazar la enmienda, tiene la palabra el señor Jiménez.

El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente.

Quiero hacer dos puntualizaciones a lo que han dicho los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el señor Mazón ha hablado, si he entendido bien, de oportunismo de esta PNL. Todo lo contrario. Es de justicia que se paguen las facturas pendientes y que se inyecte liquidez. Me sorprende que deje la decisión...

El señor PRESIDENTE: Señor Jiménez, solamente tiene que aclarar si acepta o no la enmienda.

El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Perfecto.

Aceptamos la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias. Muy amable.

- SOBRE LA ORIENTACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ANTE LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000632).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición número 6 sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por el COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, la señora Blanquer.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente. Señorías, fortalecer los servicios públicos es tarea de todos. Todos debemos contribuir a ello de acuerdo a nuestra capacidad económica, como bien dice el artículo 31 de la Constitución española. Nadie debe quedar al margen y es importante contribuir a que se tenga conciencia de ello. La Comisión de Hacienda es un buen espacio para hacer pedagogía y contribuir a este objetivo, y eso es lo que hemos pretendido con esta PNL, especialmente cuando vivimos momentos tan complejos. El Fondo Monetario Internacional sitúa los indicadores de incertidumbre a niveles sin precedentes. El confinamiento y la hibernación de actividades empresariales para afrontar la crisis sanitaria han provocado efectos negativos sobre la actividad económica en su conjunto a nivel nacional e internacional. El Gobierno, en coordinación con Europa y con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ha adoptado medidas para paliar y eliminar los efectos más nocivos de la crisis y así evitar deterioros de carácter permanente en la economía española. El objetivo ha sido salvar vidas y proteger empleos y rentas de los más vulnerables. Pero sabemos que la pronta recuperación económica estará claramente condicionada a la no existencia de nuevos rebrotes y a la pronta obtención de una vacuna.

Ante esta situación, todos los esfuerzos son pocos, pero, sin duda, el Gobierno de España ha conformado un gran escudo sanitario y social ante esta pandemia de enormes dimensiones, y con ello esta crisis ha evidenciado la gran fortaleza del Estado del bienestar, con unas administraciones próximas a la ciudadanía como mejor herramienta de un país para hacer frente a las adversidades. Ha evidenciado también la importancia de contar con un buen sistema sanitario y un adecuado mecanismo de prevención, alerta y contención de emergencias; en definitiva, contar con servicios públicos fortalecidos que nos permitan rapidez en la actuación y capacidad de adaptación a nuevas y sobrevenidas circunstancias. Pero para ello necesitamos contar con margen fiscal, con ingresos con los que financiar el mayor gasto que provocan estas situaciones. Sabemos que las crisis económicas por sí solas conllevan menor recaudación, pero sin embargo afloran las peticiones de bajadas indiscriminadas de impuestos y aparece el riesgo de un posible crecimiento de la economía sumergida, debilitando, si cabe aún más, la capacidad de financiación de las políticas públicas. Sin ir más lejos, en esta Comisión se han registrado ya veintiséis PNL con peticiones de bajadas de impuestos; todo un contrasentido. Hoy mismo se debaten importantes bajadas de impuestos que repercuten en una menor financiación para las comunidades autónomas, que


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son quienes sustentan la mayor parte del Estado del bienestar. Fíjense, de 8 puntos, el 50 % habla de la bajada de impuestos.

Por lo tanto, nos encontramos ante un nuevo virus, que amenaza en tiempos de crisis y que denominamos deterioro de la conciencia tributaria y fiscal. Para afrontarlo, destaco algunas de las medidas. No me da tiempo a hablar de todas, pero sí me gustaría centrarme en algunas. En primer lugar, es importante la mejora del sistema para fortalecerlo; de ahí, es esencial, por una parte, avanzar en una fiscalidad común a nivel europeo adaptada al siglo XXI, a una nueva realidad digitalizada y global, para contar con un sistema fiscal justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que nos permita sostener los gastos públicos, donde aporte quién más tiene y reciba quién más lo necesite. Por otra parte, es necesario afrontar la reforma del sistema de financiación autonómica, que es una prioridad para el Gobierno y, en particular, para el Ministerio de Hacienda, que está trabajando con el objetivo de que cada una de las comunidades dispongan de la capacidad financiera suficiente para proveer los servicios que son de su competencia y resolver, así, con diálogo y participación, las carencias del sistema. En segundo lugar, me gustaría poner en valor que tenemos que fomentar una cultura tributaria responsable y voluntaria, promoviendo y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente en tiempos de crisis. En este sentido, cabe destacar los esfuerzos que se están haciendo para avanzar en la digitalización y la apuesta por la simplificación de los trámites en la presentación de impuestos y también, cómo no, en el aplazamiento de pagos para facilitarlos en el tiempo. Asimismo, nos consta que se está explorando en nuevos instrumentos de administración cooperativa en beneficio de un mejor cumplimiento tributario general en la línea de la Administración al servicio del contribuyente. Impulsar sellos de excelencia en la contribución fiscal de las empresas es sin duda una buena medida de reconocimiento social y/o indicador de riesgo reputacional sobre el que tenemos que avanzar. En tercer lugar, es necesario dificultar la existencia de la economía sumergida y, para ello, es necesario avanzar en el análisis de las causas para prevenirla, perseguirla y erradicarla. Dentro de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, es importante destacar no solo la reducción de los límites del pago en efectivo, con un objetivo a largo plazo, de una forma gradual, consensuada y coordinada en el ámbito de la Unión Europea, como indica nuestra autoenmienda, sino también la profundización en la lucha contra el fraude de la economía digital sobre el uso de medio de pago que intenta escapar al control fiscal. Por último, es necesario promover campañas de explicación para que la ciudadanía reciba información de manera sencilla y transparente del destino de sus impuestos, así como fomentar la formación y la conciencia tributaria en el ámbito de una educación para la ciudadanía.

Por último, señor presidente, quisiera que no se me escapara una cuestión que nos parece fundamental, la de fomentar la publicidad responsable y respetuosa en términos de conciencia fiscal. Debemos erradicar los mensajes tóxicos, como las campañas comerciales del "Día sin IVA", publicidad engañosa porque hace pensar al contribuyente que no paga IVA, cuando lo que se hace es un descuento equivalente. Con ello lo que se hace es asociar el impuesto a la causa del encarecimiento del producto, favoreciendo una valoración negativa del mismo, devaluando su importancia para el sostenimiento de los gastos públicos. No es de extrañar que en las encuestas la mayor tolerancia en fraudes se centre en el pago de facturas sin IVA.

Por tanto, señorías, y dado que se me termina el tiempo, quiero decirles que, más allá de lo propuesto en cada punto de la PNL, lo importante es la intención con la que se propone, que no es otra que la de contribuir con estas acciones y mensajes a la mejora de la concienciación tributaria. Con un escenario de más gasto público, deuda y menos PIB, necesitamos mayor pedagogía y transparencia. Este compromiso, señorías, es de todos y todas, especialmente de nuestra Comisión. Contribuyamos a ello con responsabilidad, por lo que les pido el voto favorable a nuestra PNL.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.

Se han presentado varias enmiendas a esta iniciativa. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, señor presidente.

Quería comentar que la exposición de motivos de esta iniciativa, de esta PNL, realmente es un autoalegato a qué bien lo hemos hecho y todo está maravilloso; es decir, todo muy positivo y qué bien lo hemos hecho. Pero me llama la atención una cosa, que hay que decirla, y es que, dentro de estas buenas intenciones, siempre hablen de la fiscalidad, pero no del control del gasto superfluo. Me gustaría que, en algún momento, en algunas de las PNL que tienen o de las enmiendas que nosotros proponemos, no solo


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aquí, sino también en la Comisión de Reconstrucción, y, como portavoz de esta Comisión se lo solicito -porque también entiendo que tiene que ser un lugar para la pedagogía- que también hablemos del gasto, no del gasto en Sanidad y en Educación que, por supuesto, necesitan todos los recursos y mucho más ahora, sino del gasto superfluo. Me gustaría que lo tuvieran en cuenta.

Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas y, por su discurso, realmente parece que alguna tendrán que aceptar, porque es verdad que necesitamos pedagogía y qué mejor manera de hacerla que introducir la concienciación social fiscal dentro de los itinerarios curriculares, por ejemplo.

También creemos que hay que introducir un refuerzo para controlar el fraude fiscal, pero dotando de medios a la Agencia Tributaria. Ellos mismos han venido aquí a comparecer y así lo han comentado, que hay que reforzar todos los medios que ellos tienen. También hablaba de que hay medidas de prevención y que van a ver cómo recoger información acerca de cómo ve la sociedad estos planteamientos. Esperemos, de verdad, que el CIS haga unas encuestas dirigidas a ver eso, y no que estén mediatizadas, como han estado en muchas ocasiones las últimas encuestas del CIS, como hemos estado viendo; que los estudios que haga de verdad sean serios y se centren en los problemas que realmente tienen los ciudadanos.

Nos gustaría, sobre todo, que revisen nuestras enmiendas y que, en materia de control de efectivo -que sé que ha habido una autoenmienda, que he revisado-, tengan en cuenta las zonas rurales, porque, al final, en las zonas urbanas podremos adecuarnos a esa restricción de efectivo, aunque creo que no todo el mundo podrá hacerlo, pero en las zonas rurales, incluso para ese pago en efectivo, para la utilización de internet, todavía no están preparados, y esa progresividad de retirada del efectivo tienen que hacerla con mucha cabeza. Yo creo que tienen que pensarlo bien, porque nuestras zonas rurales son las que más afectadas se van a ver.

Así que creo, de verdad, que muchas de las enmiendas que hemos propuesto van en consonancia con el discurso, con la intervención que ha hecho. Así que le ruego que las revise, porque en realidad nos gustaría ver que existe esa mano tendida por parte de los partidos que sustentan al Gobierno, porque en estos momentos estamos revisando enmiendas para el texto de la Comisión de Reconstrucción también, y nos gustaría ver que van a permitir que exista consenso y que todos podamos sumar, siempre desde el sentido común y mirando por el bien de todos los españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario VOX también se han presentado enmiendas. Tiene la palabra su portavoz, el señor Jiménez.

El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, señor presidente.

A la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista, sobre los once puntos que refleja, nosotros hemos presentado enmienda a todos los puntos, algunas de modificación y otras de supresión. Por comentar solo algunas, porque solamente tenemos tres minutos, es necesario transformar el Estado autonómico -que es lo que propone este grupo parlamentario- en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad, en vez de privilegios y división. Se debe revisar el sistema de financiación autonómica y municipal, de tal modo que contribuya a racionalizar y buscar la eficiencia en el gasto público, eliminando el déficit público. Hombre, que el CIS del señor Tezanos sirva para el estudio de la economía sumergida, nos sorprende bastante. No creemos que sea la mejor fórmula; creemos que a la economía sumergida se la combate desde la concienciación y, por ello, consideramos necesario fomentar una cultura tributaria responsable y voluntaria desde la infancia, promoviendo y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Sobre el último punto, el 11 -aquí sí me voy a detener-, dice: eliminación gradual del pago en efectivo con el horizonte de su desaparición definitiva. Aquí hablan de gradual, porque un cambio tan radical es imposible de realizar sin conseguir las protestas de la gente o un intenso rechazo. De salir adelante, esto provocará que las grandes fortunas puedan manejar bitcoin u otro tipo de moneda física, objetivos de los poderosos y los lobbies internacionales, sin que los ciudadanos tengamos esa posibilidad y, lo más importante, que significa la pérdida total de nuestra libertad.

Desde VOX ya presentamos una proposición de ley en defensa del uso del dinero en efectivo, ya que es el único medio de pago para la población adulta no bancarizada, permite un mejor control de las finanzas personales, el coste del metálico es inferior al de otros medios de pago y la eliminación del efectivo dejaría a las personas en exclusión social en una situación tremendamente comprometida. Una


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sociedad sin efectivo es una sociedad teledirigida y esclava de la tiranía globalista que está en marcha y, desde luego, VOX estará enfrente.

Me tiene que permitir, señor presidente, porque lo han hecho otros grupos, contestar a la anterior portavoz del Grupo Socialista sobre lo que ha dicho de que en VOX no estamos a la altura de los autónomos y las pymes, cuando este grupo parlamentario ha presentado más de 370 iniciativas apoyando a los autónomos y las pymes. Nosotros apoyamos -y lo hemos dicho por activa y por pasiva- a la España que madruga y que trabaja, y está claro que ellos, como no saben lo que es eso, hablan sin sentido y sin criterio.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora España.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que esta es una proposición que trae el Partido Socialista única y exclusivamente para justificar la subida de impuestos que la izquierda y la extrema izquierda quieren hacer en este país. Ya lo ha dicho Pedro Sánchez, que se trata de justicia fiscal; es decir, freírnos a impuestos. Ese es el nuevo virus, señora portavoz del Partido Socialista, es el nuevo virus del PSOE y de Podemos, la subida masiva de impuestos.

La verdad es que cuando alguien lee esta proposición parece que es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado con mucha diligencia en la pandemia, que ha actuado con transparencia, que ha frenado la crisis económica. Pero, mire usted, nada más lejos de la realidad. Somos el país con más fallecidos por cada 100 000 habitantes y el que tiene mayor número de profesionales sanitarios contagiados. No ha funcionado la alerta epidemiológica; no ha funcionado el Ministerio de Sanidad en cuanto a las compras y el uso de las mascarillas; ha faltado material sanitario; han faltado test masivos, y las medidas económicas han llegado tarde y se han quedado cortas, por eso le pedimos que extiendan los ERTE hasta diciembre. Falta liquidez en las empresas; hay que hacer un verdadero plan de racionalización del gasto; hay que bajar los impuestos.

Miren, hasta los organismos internacionales dicen que la economía española será de las más afectadas por la crisis del COVID-19. ¿Y cuál es la respuesta fiscal del Gobierno? Pues de las menos generosas de Europa, precisamente por el escaso margen con el que contaban las finanzas públicas antes de la pandemia. Hay que recordar que la ministra Montero incumplió todos los objetivos de estabilidad en 2019, antes del coronavirus, déficit, deuda y regla de gasto. Es decir, se desviaron en época de bonanza y, claro, ahora hay menos margen. En España, las medidas de impulso fiscal inmediato y directo no llegan ni al 4 %, cuando en Alemania hablamos de más de un 13 %, y, según la OCDE, el PIB español podría desplomarse hasta más de un 14 %, la mayor caída de todos los Estados miembros si hay rebrote. Esa es la realidad, señora Blanquer, no la exposición de motivos. Y si el Partido Popular tiene que hacer penitencia, el PSOE tiene que hacer clausura por los 8 millones de parados, los 90 000 millones de déficit y la reducción de sueldos y pensiones.

¿Por qué le digo todo esto? Porque parece que ustedes están en Los mundos de Yupi con esta PNL, y nosotros a esta proposición tan irreal e idílica le hemos presentado algunas enmiendas. Por ejemplo, punto uno: impulsar en Europa una fiscalidad común. Claro, pero entonces que los impuestos sobre transacciones financieras y el uso de determinados servicios digitales se pongan en marcha al mismo tiempo que en el resto de Europa para no perjudicar a nuestras empresas, que es lo que ustedes van a conseguir.

Punto dos: reforzar el Estado del bienestar. Claro, pero que en ningún caso suponga un aumento de la presión fiscal para no poner en riesgo la recuperación económica y el empleo, que es lo que ustedes van a conseguir.

Clarificar las competencias de las administraciones públicas. Claro, pero también reducir el gasto ineficiente, empezando por la propia estructura del Gobierno, que es el más numeroso y caro de toda nuestra historia. Así se las gasta la izquierda, subiendo impuestos para pagar sus cargos de confianza.

Incrementar los estudios de opinión del CIS. Pues, mire usted, no; gastar en información sesgada y partidista es tirar el dinero. Yo lamento que el CIS haya perdido toda su credibilidad.

Fomentar la cultura tributaria responsable. Sí, pero también habrá que reprobar comportamientos fiscales no éticos ni solidarios, como el uso de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos, y de eso, señorías socialistas, saben mucho sus ministros, que tuvieron que dimitir por ello.


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Y, por último, eliminar el pago en efectivo. Pues, mire usted, no; el pago en efectivo no puede desaparecer. Hasta ustedes han hecho una autoenmienda, por eso les decimos que bienvenidos a la sensatez, aunque sea la rectificación número tropecientos mil. Una vez más, el Partido Socialista solo acierta cuando rectifica.

Y termino, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, señora España, vaya acabando.

La señora ESPAÑA REINA: Al final, la receta socialista es paro, despilfarro y más impuestos. Ese es el nuevo virus de la izquierda, subida masiva de impuestos. Por eso, salvo que nos acepten nuestras enmiendas, votaremos que no a esta proposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.

Ahora, en turno fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Mazón.

El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, nuevamente.

Señora Blanquer, realmente es muy difícil oponerse a esta proposición no de ley porque está llena de buenas intenciones. También se ha presentado el 16 de abril, y si vemos el contenido yo creo que es más propio de la Comisión para la Reconstrucción en la que estamos trabajando en estos momentos. Hay una gran parte de cuestiones coincidentes o que están ahí, y yo creo que es un buen momento para incluirlas en las conclusiones que se saquen. Me llama la atención efectivamente el tema de la conciencia fiscal y la reforma fiscal, que yo creo que es muy necesario, pero todo está contemplado desde el lado del buenismo porque todo es concienciar. En fin, si esto no se acompaña de unas medidas sancionadoras no se va a conseguir eliminar el fraude fiscal, porque por mucho que se diga es una de las medidas necesarias. En los países nórdicos y en los países que tanto presumen de tener un porcentaje bajo de economía sumergida esto es así, entre otras cosas porque, cuando cogen a uno, lo brean -la gente, si pudiera, también haría algo parecido-, por eso yo creo que esta iniciativa hay que acompañarla de este tipo de medidas. En cualquier caso, compartimos todo lo que se dice aquí y, por lo tanto, vamos a votar a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

La señora Sagastizabal, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.

Como bien han dicho otros portavoces, es verdad que se trata de una PNL que está constituida por principios rectores más que por propuestas muy concretas; hablan de fomentar, de impulsar, pero, como digo, falta más concreción -cómo, cuándo-, y es verdad que podemos estar de acuerdo, pero luego hay que llevar todo esto a la práctica, porque ese tipo de PNL es verdad que se han presentado en muchas ocasiones en esta Comisión y en otras, pero luego no han tenido ninguna practicidad, no se han tomado en cuenta.

Estamos de acuerdo con lo que ha dicho la señora Blanquer con respecto a las campañas del IVA. Nosotros ya presentamos varias iniciativas para prohibir las campañas que ofertan productos sin IVA, que además fueron aprobadas por este Parlamento. En ese sentido, desde luego creemos que hay que seguir concienciando, porque a pesar de que hay varias propuestas y varias iniciativas aprobadas por este Congreso, seguimos viendo en la televisión que se siguen realizando.

Desde luego, también estamos de acuerdo en que es necesaria una concienciación fiscal, fomentar la cultura tributaria. En Euskadi ya lo estamos haciendo en el ámbito educativo, en los colegios. Creo que es una buena práctica que se debería trasladar al resto del Estado. Es verdad que es necesario un cambio de mentalidad en este sentido para que desde las propias administraciones públicas estemos legitimados para pedir el pago de impuestos. Ahora bien, siempre y cuando la gente vea que ese pago de impuestos redunde en acciones que mejoren la vida de las y los ciudadanos, en el bienestar de los ciudadanos, y no en fraudes o corrupción. Yo creo que eso es importante.

Con respecto al punto 11, que también se ha comentado aquí, creo que el PSOE se autoenmendado. Se quiere establecer la eliminación del pago en efectivo para reducir el fraude, pero entendemos que esto ha de realizarse de forma consensuada y que en estos momentos en vez de solicitar esa eliminación es más propicio lo que estáis solicitando ahora, una eliminación gradual. Ahora mismo habláis ya de


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reducción de los límites de pago en efectivo a largo plazo, de forma gradual, consensuada y coordinada con el ámbito europeo, por lo que estamos de acuerdo con esa autoenmienda, en vez de decir que lo eliminamos en estos momentos. Por tanto, apoyaremos la PNL.

Señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Bel tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

En todo caso, nosotros vamos a apoyar la iniciativa, y si me permiten introducir rápidamente un cierto tono de humor pero realista en esta Comisión, yo les explico un ejemplo que pongo a mis estudiantes de universidad en la signatura de Fiscalidad. Les explico la diferencia que hay entre los países nórdicos y los países mediterráneos con un caso práctico. Una vez un cliente de mi despacho me echó una bronca importante porque en mi despacho no le habían dejado deducirse el IVA de un automóvil de gama alta para la empresa y, en cambio, otra persona en el bar explicaba que el IVA del mismo coche se lo había deducido. Y cuando me pedía explicaciones, yo le dije: Pues ve a fulanito y dile de mi parte que es un mentiroso. Me dijo: Pero, hombre, ¿cómo le voy a decir eso? Le dije: Pues porque fulanito también es cliente de mi despacho y el IVA de este vehículo no se lo ha deducido. ¿Cuál es la diferencia entre un país nórdico y un país mediterráneo, en este caso España? En España no solo puedes defraudar, sino que todavía lo pones en valor y te enorgulleces, y en un país nórdico, además de que defraudan menos, cuando defraudan no lo sabe ni la familia. Esto es lo que tenemos que conseguir, y yo creo que aquí hay una serie de medidas que van en esta línea.

Nosotros teníamos unas dudas razonables respecto al punto 11, que ha sido autoenmendado y, por tanto -según ha quedado redactado-, lo compartimos perfectamente, aunque a alguien le parezca que en algunos aspectos hay ciertas generalidades. Y respecto al sello de excelencia en la contribución fiscal, también tenemos algún tipo de duda razonable, pero, en todo caso, vamos a votar favorablemente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Y por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, la señora López tiene la palabra.

La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.

Permítame, por favor, antes de entrar en materia, dejar una cosa clara. Señora España, sí, en Podemos queremos subir impuestos -sí-, y no lo tiene que decir como si fuera algo malo, porque pagar impuestos no es malo. Queremos que los ricos paguen más y los pobres paguen menos. Dicho esto -discúlpenme; gracias, señora Blanquer, por su paciencia-, ahora sí entro en materia.

Nosotros agradecemos que hayan presentado esta iniciativa, una iniciativa muy amplia que, dentro de los apartados que usted ya ha resumido, viene a ser una adaptación del sistema fiscal para mejorar en eficiencia, en eficacia y también en sostenibilidad. Obviamente, nosotros vamos a votar a favor porque también nos sentimos cómodas con la enmienda presentada finalmente. Y vamos a votar a favor porque creemos que realmente va en la buena dirección para estos objetivos que se han marcado y también porque después de la crisis de 2008 hemos incrementado la conciencia de la sociedad sobre la importancia del Estado del bienestar. Sí es verdad que también creemos que, aparte de mejorar la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad del Estado del bienestar, tendríamos que caminar hacia la consolidación del Estado de bienestar, porque ya saben que la política va y viene y a veces hay periodos en que gobiernan las derechas, y si no tenemos el Estado del bienestar consolidado las clases populares son las que siempre van a pagar y se van a quedar atrás.

Asimismo -aunque creo que tampoco sería este el momento-, a medida que se vayan desarrollando los objetivos de esta PNL yo creo que sería interesante añadir dos perspectivas. Por un lado, la fiscalidad verde. Sabemos que el medioambiente nos está recordando que llevamos muchos años abusando de nuestro planeta y creemos que los impuestos son una buena manera de revertir esta situación y, cuidando el planeta, cuidar también a las personas. Y, por otro lado, la otra perspectiva que me gustaría añadir es la perspectiva de género. Sabemos que las mujeres, por nuestras diferencias en la manera de vivir, a veces también tenemos una relación distinta en la economía, por lo que cuando vayamos tratando todos esos objetivos de manera concreta creo que se tendrían que tener en cuenta estas perspectivas.

Asimismo, y como última aportación, quería hablar de la evasión fiscal. Sabemos que el principal problema de la evasión fiscal se da en las grandes fortunas; creo que tendríamos que intentar evitar que las grandes fortunas defraudasen a Hacienda, ya que esto tiene tremendas consecuencias para las arcas


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fiscales y para la pobreza, en nuestro país y en otros países. También querría recordar que una manera de intentar que la evasión fiscal fuera menor es procurando mejorar la calidad de los servicios públicos, cosa en la que me consta que este Gobierno ya está comprometido. De hecho, según el barómetro fiscal del mismo CIS, alrededor de un 45 % de los españoles estaría dispuesto a pagar más impuestos a cambio de más servicios públicos o de mejor calidad.

Por último -acabo; disculpe, señor presidente-, quiero recordar que, si bien es cierto, como decía el señor Bel en esta amable anécdota que ha comentado, que hay personas que se enorgullecen de evadir los impuestos, nos encontramos con un sector de la sociedad que está claramente al margen del sistema. Son aquellas personas que, como han dicho, no pueden tener una tarjeta porque no pueden ni tener un banco; son estas personas que, como decíamos antes, no tienen vivienda, no tienen ni para comer. Estas personas obviamente a veces no pagan los impuestos que tienen que pagar, y creo que tendríamos que trabajar para mejorar su situación y que dejen de estar en el margen de la sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.

Tiene la palabra la señora Blanquer para comunicar si acepta o no las enmiendas propuestas.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.

Muchas gracias por el tono de todos los ponentes de los grupos parlamentarios que han intervenido. En aras de consensuar todavía más esta proposición no de ley vamos a intentar admitir alguna enmienda que va en el mismo sentido, especialmente del Grupo Ciudadanos, porque creo que puede reforzar en algo la proposición no de ley, y por supuesto la autoenmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que creo que clarifica mucho más lo que se pretendía desde un principio con esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que nos hará llegar el texto al final de la Comisión.

- RELATIVA A LA NECESIDAD DE QUE SE PROCEDA AL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/000874).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición número 7, relativa a la necesidad de que se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos.

Tiene la palabra el señor Guijarro.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Esta iniciativa está basada en la aprobación de la Ley 9/2017, que entró en vigor, solo por hacer algo de memoria, en marzo de 2018 y venía a trasponer, como bien sabrán sus señorías, un paquete de directivas europeas al efecto. Sin embargo, el texto definitivo de la trasposición ha resultado ser enormemente complejo. No señalo al anterior Gobierno, valga esto como excepción, en el sentido de que creo que esa trasposición fue correctamente hecha, lo que pasa es que la complejidad era la que era y no se pudo simplificar más. No es en ese sentido una crítica a la trasposición que hizo el Gobierno de Rajoy. En todo caso, nos parece que la complejidad de la medida obliga a desarrollar algún tipo de iniciativas que aseguren un mejor cumplimiento.

En primer lugar, querría destacar que el reglamento que se está utilizando para estos casos es del año 2001; es decir, estamos hablando de casi dos décadas de antigüedad de un reglamento que por lo demás ha pasado hasta por tres normas diferentes de contratos del sector público. Esto nos lleva a pensar que no está de más empezar a realizar esos desarrollos normativos reglamentarios que especificamos en el punto 1 del resolutivo de la proposición no de ley que presentamos.

Por otra parte, una de las novedades más importantes, por lo menos que más nos seducían a nosotros, de aquella ley que entró en vigor en marzo de 2018 era precisamente su artículo 1.3, la aplicación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales, para la cual se precisan también una serie de guías y documentos para que los distintos poderes adjudicadores puedan aprovechar al máximo el potencial que tiene esta ley. Por lo demás, he de mencionar que se elaboraron ya los planes de contratación pública ecológica de la Administración General del Estado yo creo que es un documento


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muy útil, pero estos planes no solventan la falta de garantías jurídicas y técnicas con las que se encuentran los poderes adjudicadores y funcionarias y funcionarios de las distintas administraciones al aplicar sobre todo alguna serie de artículos.

Asimismo, el artículo 3.2.9 de la citada ley establece como una de las funciones principales del Comité de Cooperación la elaboración de una propuesta de estrategia estatal de contratación que, en su caso, sería aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Contratación. Nos parece que ha llegado el momento de retomar esta agenda, de desarrollarla y de comenzar a trabajar en estos momentos en una aclaración de esta serie de directivas. Estamos ahora mismo en el proceso de legislar sobre contratación pública. Entiendo que de una manera u otra esto tendrá algún efecto sobre la materia que estamos discutiendo en estos momentos, pero me parece que en todo caso siguen siendo pertinentes, pese a que esté pendiente esa reforma, los tres resolutivos que proponemos en nuestra proposición no de ley: en primer lugar, como decía, la aprobación de los desarrollos reglamentarios pertinentes; en segundo lugar, hablábamos de medidas de formación, sobre todo en apoyo a entidades locales, en el manejo de herramientas de licitación electrónica, algo que todavía no habíamos visto o percibido como uno de los escollos principales para sacarle rendimiento a esta normativa, y, por último, promover a la mayor brevedad la redacción de la estrategia nacional de contratación pública, que seguramente también, como decía, aclarará en gran medida los términos a los distintos actores que entren en estas discusiones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez para defender su enmienda.

El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Unidas Podemos, cuya incorporación consideramos de vital importancia. Se trata de instar al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de contratos del sector público que mejore la adecuación de su articulado a los principios generales de transparencia, publicidad, integridad y eficiencia que deben regir en la contratación pública, y en concreto de obligar a las entidades adjudicatarias a publicar al menos en la Plataforma de la contratación del sector público una exhaustiva motivación de la concurrencia del supuesto de hecho habilitante; en cuarenta y ocho horas, atribuir a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión la competencia para verificar la motivación ofrecida y mayor control legal a las empresas adjudicatarias por parte de las entidades públicas adjudicadoras, todo ello porque los contratos referidos adolecen de una serie de irregularidades, como hemos podido comprobar durante el estado de alarma al adjudicar determinados contratos, como por ejemplo adjudicaciones no publicadas en el BOE, anuncios adjudicados incompletos, por ejemplo en cuanto a los datos de la empresa sin dirección fiscal, país de residencia, respecto a los bienes o servicio objeto del contrato detalle y enumeración, con relación al transporte de las mercancías adquiridas, discordancias en los datos publicados en las memorias de las adjudicaciones y posteriormente publicados en el BOE, incumplimiento de plazos... Por otro lado, también se han detectado anomalías en torno a las empresas adjudicatarias: empresas vinculadas a paraísos fiscales o incluso condenadas en delitos de estafa, empresas que tienen relación con otras sociedades offshore, empresas que proveen material defectuoso, empresas que suministran material a un precio muy por encima del mercado, empresas especializadas en bienes o servicios distintos del objeto de contrato, contratos en los que una única empresa presenta oferta de licitación... Consideramos que son cosas que se deben tener en cuenta. Por eso, solicitamos al Grupo Parlamentario Unidas Podemos que tenga en cuenta la enmienda presentada por este grupo parlamentario porque la consideramos de vital importancia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.

También ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Píriz.

El señor PÍRIZ MAYA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días de nuevo. Hágase, señor Guijarro; fíjese que le digo hágase y no exprópiese. Ustedes son Gobierno, adelante, háganlo. Que su idilio político con la señora Montero, que ha expresado aquí esta mañana -con Irene no, con María Jesús-, siga adelante. Viene aquí a reclamar cuestiones que están en su tejado, en el tejado del Gobierno, y con las que nosotros, en líneas generales, estamos de acuerdo


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porque hablamos de una ley que salió de aquí con el máximo consenso, con el consenso absoluto de todos los grupos de la Cámara y, sobre todo, con el consenso de la sociedad civil. Yo creo que si algo tuvo esta Ley de Contratos del Sector Público fue un consenso generalizado no solo aquí dentro sino fuera de aquí. Hace dos años que se debería estar trabajando -desde marzo de 2018, como bien ha dicho- en esta ley que es básica y cuyo desarrollo inmediato exigimos porque debe tener resortes y hay que ayudar a las administraciones a su cumplimiento. Creo que se trata de una ley que regula la forma de trabajar de cientos de miles de empresas en nuestro país y, por tanto, de cientos de miles o de millones de españoles que dependen de empresas que tienen que trabajar con la Administración pública y, cuanto más claro esté todo, mejor será para las empresas y para las administraciones públicas. Durante un año ha estado parada la Ley de Contratos del Sector Público de los servicios especiales, que ya parece que está en marcha y en la que ustedes tienen una enmienda en contra del artículo 118 permitiendo el "pitufeo"; esto es, eliminando que la suma de los contratos menores de 15 000 euros al año puedan ser con un único proveedor; 15 000 en suministros, 40 000 en contratos.

Por otra parte, debemos ir -esto lo debatiremos en su momento- hacia la transparencia. Creo que durante esta pandemia si de algo hemos adolecido es de transparencia; el portal de transparencia estuvo confinado durante unos meses en nuestro país, hasta el 1 de junio. Yo creo que hay que dar visibilidad a esta ley; hay que ayudar a las administraciones a su cumplimiento; hay que dar visibilidad a los órganos que la ejecutan y, además, hay que dar transparencia al resultado de las contrataciones de las administraciones públicas porque creo que los ciudadanos merecen y necesitan conocer esa información. Estamos aquí para trabajar, para aportar y en eso estamos. Como cristiano y como parlamentario, al diputado socialista le diría -citando a san Agustín-: "Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti".

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón.

El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.

Efectivamente, creo que es muy necesario hacer un desarrollo reglamentario y profundizar en la mayor medida posible, pero con un objetivo fundamental que es el de suprimir la burocracia y eliminar una serie de trámites y controles que son absolutamente inútiles porque la consecuencia que están teniendo es que los corruptos se vean blindados al haber pasado todos estos controles. Por eso el sentido, literalmente, me parece bien, pero siempre que se interprete de la manera que estoy diciendo. Acabo de escuchar ahora al representante del Partido Popular hablar de los contratos menores, y cuando la mayor parte de los gestores de este país, de los 8000 ayuntamientos, de las juntas vecinales, de las comunidades autónomas, ven medidas como esta, dicen: sus señorías no saben lo que es gestionar. Se ha montado un caos tremendo con los contratos menores, esa desconfianza que hay hacia los gestores está resultando muy negativa. Por suerte, se había cambiado en esta modificación y ahora vuelven a empecinarse en complicar la vida a todos los gestores, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que ya he visto que han vuelto a meter otra enmienda en la Ley de contratos.

Este es un ejemplo y otro ejemplo son las bajas temerarias. Hay también una desconfianza tremenda cuando con los informes de la Administración de una empresa en presunción de temeridad se pasa la presunción a quien debe rechazarlo, es decir, al contrario, a los funcionarios de turno. Y luego todos sabemos los problemas que están dando en la práctica estos contratos. Creo que hay que dar más autonomía y más responsabilidad a los gestores; hay controles suficientes en la normativa. Esta ley, por mucha unanimidad que haya tenido, ha sido muy mal recibida en general por todos los que han tenido que aplicarla: empresas, funcionarios y todo tipo de administraciones. Por eso, este tercer punto que busca el consenso para perseguir la corrupción, también parece que está enfocado a escuchar a todos los órganos implicados. En este Parlamento, en general en la mayoría de Parlamentos, los diputados, los legisladores, no están en la calle, no están a pie de obra y, por eso, está ocurriendo lo que ha ocurrido con esta ley, que ha funcionado muy mal.

Vamos a votar a favor, pero lo que queremos es burocracia fuera, simplificar, confiar en los gestores y el que la haga que la pague, pero lo que no puede ser es tener una organización absolutamente ineficiente, porque cualquiera que lo conozca sabe que se están tardado años en adjudicar las obras cuando hay el mínimo problema y en cualquier contrato menor esto son meses y meses. Votaremos a favor y espero que sea en este sentido el desarrollo de la ley.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Desde luego, nosotros vamos a votar a favor. Es un mandato que está recogido en la propia ley y, por lo tanto, lo entendemos necesario. Además, suscribo las palabras del señor Mazón y sí me gustaría recordar aquí que en el tema de los contratos menores había un consenso por parte de todos viendo la problemática que existía, sobre todo, en los ayuntamientos y no solo en los grandes sino en los pequeños, a la hora de licitar todas estas contrataciones y lo único que teníamos era reparos por el órgano de fiscalización. No se trata, desde luego, de que haya fraude, ni muchísimo menos, porque los propios técnicos de los ayuntamientos son los primeros que van a decir si se puede o no se puede hacer. Pero, además, me resulta sorprendente porque en aquella ponencia de la Ley de sectores excluidos estábamos todos de acuerdo en modificar la Ley de contratos menores en este sentido para facilitar todo este término. Por tanto, yo no creo que se trate en estos momentos de confundir a la ciudadanía haciendo alegatos afirmando que va a haber fraude ahí porque se pone en cuestión y en entredicho el trabajo de los funcionarios de los ayuntamientos, incluso de las diputaciones, y desde luego creo que no ha lugar. Nosotros votaremos a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.

Al leer esta PNL, nosotros lo primero que hemos pensado es que claro que queremos que se continúe con los trámites, por supuesto, y estaremos ahí para cuando digan aun siendo un grupo pequeño. Le digo esto porque siendo uno de los partidos que sustenta al Gobierno, tramitar proposiciones como esta sería mucho más fácil porque, al final, si ustedes tienen interés, pueden hablar con el otro partido de Gobierno, el Partido Socialista, con el ministerio correspondiente y provocar un poco de celeridad. Aquí los partidos pequeños nos ponemos en marcha con ponencias, nos dividimos y multiplicamos, pero después las iniciativas se paralizan por otra serie de motivos cuando realmente tenéis en vuestra mano dar celeridad a la tramitación y hacer el trabajo necesario, que está paralizado. Así que nosotros le lanzamos una pregunta sobre por qué, de forma previa, no nos han dicho que ya estaban en conversaciones y no nos han invitado a acudir al ministerio para tratar este asunto, porque creo que realmente está en sus manos, en las manos del Gobierno, que esto empiece a funcionar, pero, obviamente, oponernos no nos oponemos, claro está.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para finalizar, tiene la palabra el señor Ramos.

El señor RAMOS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Se presenta por parte del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos una PNL con el objeto de practicar un desarrollo reglamentario de la Ley de Contratos del Sector Público. Yo lo primero que diría, escuchando a algunos grupos, es que quizás el árbol no nos deja ver el bosque que tenemos detrás. Esta es una ley que lleva apenas dos años en vigor, una ley ambiciosa, una ley que cambiaba el enfoque de la contratación pública en nuestro país; una ley que pasaba a convertir la contratación pública en una herramienta de desarrollo económico, de desarrollo social, de apoyo a políticas laborales, sociales, medioambientales y de innovación; una buena ley. Por eso tuvo el apoyo parlamentario de casi todos los grupos, una buena ley. Una ley que durante estos dos años ha supuesto un esfuerzo importante de los operadores económicos. Estamos hablando de un sector que mueve casi el 20 % del PIB nacional. En el año 2019 se ha incrementado la licitación pública en más de un 50 % y, por vía electrónica, como establece la ley, en prácticamente más del 50 %.

Es verdad -y compartimos las líneas generales que plantea la proposición no de ley- que necesitamos un desarrollo reglamentario porque es una ley compleja, una ley que necesita equipos, medios y formación, sobre todo, para entidades pequeñas, como ha dicho el señor Mazón y también recoge la proposición no de ley. Pero es una ley que nos ha dado mayor transparencia, han desaparecido los procedimientos negociados sin publicidad, todos los trámites son públicos. Es una ley que nos ha simplificado los trámites, que ha hecho que participen las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que eran los grandes olvidados de la contratación pública. Una ley que ha hecho más eficaz


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el gasto público, que ha hecho que incluyamos cláusulas sociales, que hablemos de la dignidad en el empleo en la contratación pública, que defendamos -lo hemos escuchado aquí esta mañana- la lucha contra la morosidad. Hemos visto cómo se controlan los pagos en las subcontratas o los pagos a proveedores. Es una ley muy importante que entra de lleno en la lucha contra la corrupción, en prevenir la corrupción en materia de contratación pública. Por lo tanto, claro que tenemos tareas pendientes, pero sí quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho estos dos años. Se ha creado una estructura de control y supervisión desde el Comité de cooperación y control, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales; la Oficina independiente de regulación y supervisión, fundamental a la hora de crear esta estrategia nacional de contratación con la que estamos totalmente de acuerdo porque no solo la Comisión Europea en la circular que mandaron en julio, sino el propio informe de la oficina independiente de regulación que se ha elaborado en el mes de enero aconseja la necesidad, como primera medida, de aprobar esa estrategia nacional de contratación.

Por lo tanto, vamos a apoyar este desarrollo reglamentario, sobre todo en aquellos aspectos que necesitan una aclaración, que necesitan un detalle en ese desarrollo reglamentario para que puedan aportar seguridad jurídica y complementar lo que establece la ley, pero siempre poniendo en valor lo que hemos conseguido en prácticamente dos años; dos años de un Gobierno en funciones con elecciones generales y también autonómicas, incluso no ha sido posible convocar el propio Comité de cooperación. Entiendo que se ha avanzado mucho en los principios que inspiraban esta ley ambiciosa de transparencia, de eliminación de trámites, sobre todo, para combatir la corrupción en materia de contratación pública que tanta falta hacía en este país.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos.

He interpretado de forma errónea que el señor Bel no quería intervenir por un gesto que ha hecho. Me solicita la palabra, supongo que no hay inconveniente en que intervenga.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Difícil será un tema en el que no quiera intervenir, pero, en todo caso, agradezco que me dé la palabra.

Señor Guijarro, vemos con simpatía esta iniciativa y no solo la vemos con simpatía, sino que vamos a votar a favor. Es necesaria. De hecho, esta ley se aprobó con la ponencia que más ha durado, al menos estando yo presente en estas Cámaras. Fue muy negociada, muy discutida y creo que salió una buena ley. Una ley que mejoraba de forma muy importante la anterior ley y con muchísimas potencialidades. Es verdad que algunas de estas potencialidades, tres años después, todavía están prácticamente por explotar, con lo cual, seguramente, no acabamos de afinar exactamente algunos aspectos de la ley.

Para que quede constancia -porque va pasando el tiempo y parece que no nos acordamos, y no hay muchos, pero todavía quedan algunos de los ponentes de la ley en esta sala-, es una ley que inicia y finaliza el Partido Popular y todo el problema que tienen ahora las entidades locales con los contratos menores ya les fue advertido. Este diputado que les habla les explicó en la ponencia los problemas que se generarían en las entidades locales con lo que estábamos regulando. Ustedes, que querían introducir en el consenso de la ley a Podemos, sucumbieron e hicieron algunas modificaciones que ahora se deben volver a modificar porque han generado problemas de operativa en las entidades locales. Después Podemos, si no recuerdo mal, tampoco votó favorablemente, sino que se abstuvo. Por tanto, estábamos advertidos.

Se tendrán que hacer modificaciones porque la verdad es que, si en algún momento la corrupción no tiene una gran concreción, es en las entidades locales con los contratos menores, que son cantidades absolutamente pequeñas -no digo simbólicas porque son importantes, sobre todo, en lo vinculado a contratos de servicios- y donde los interventores ya hacen un buen trabajo. La estrategia de contratación pública hace falta, los desarrollos reglamentarios hacen falta, lo compartimos. Es verdad que esto es una potestad del Gobierno y en esta PNL instamos al Gobierno. También es verdad que, efectivamente, ustedes son un grupo parlamentario que está en el Gobierno, pero yo ya entiendo que a veces también desde el Gobierno se necesita impulso y que no se vea que esto es una cuestión de solo un grupo parlamentario, porque todos los grupos parlamentarios -al menos los que trabajamos decididamente en esta ley- también vemos con cierta frustración que tres años después los reglamentos todavía no estén en marcha. Por tanto, no solo la apoyaremos, sino que esperamos tener éxito en esta petición que hacemos al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Tiene la palabra el señor Guijarro para decir si acepta o no las enmiendas presentadas.


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El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.

Solo quiero comentar que no vamos a aceptar la enmienda de VOX porque entendemos que desnaturaliza la propuesta. Nosotros pedimos un desarrollo reglamentario, ellos proponen un cambio normativo, un cambio de la ley. Tampoco vamos a aceptar la del PP porque considero que la enmienda básicamente consiste en eliminar el punto tres -si no estoy equivocado- que es casi, señor Píriz, el que más me interesa. Entonces, me está usted quitando la nata del bollo, por lo cual me temo que tampoco vamos a aceptar esa enmienda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- RELATIVA A LA REDUCCIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO APLICABLE EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, DEL 21 % AL 4 %, A LOS PRODUCTOS SANITARIOS QUE SEAN HOY DE USO OBLIGATORIO O RECOMENDABLE EN LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS, AL MENOS, MIENTRAS EL PAÍS SE ENCUENTRE EN SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001023).

El señor PRESIDENTE: Para finalizar este orden del día pasamos al debate de la proposición número ocho, relativa a la reducción del tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido del 21 % al 4% a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy estamos aquí en la primera Comisión con PNL, que es el sentido que tiene; hacer proposiciones no de ley para intentar que el Gobierno vaya ejecutando mejoras para todos los españoles. Desde Ciudadanos hemos estado durante toda la crisis intentando poner siempre por delante el hecho de salvar vidas y salvar empleos. Ahora tenemos otro trabajo que es ayudar a los españoles a seguir luchando contra este virus. Ahora necesitamos prevenir y seguir trabajando porque el virus sigue ahí. Creemos que es importante -y por ello luchamos- establecer como obligatorio el uso de mascarillas porque es la herramienta más cercana al ciudadano para poder luchar contra este virus. Por eso, al hacer su uso obligatorio -cosa por la que Ciudadanos ha luchado por entender que era la primera medida, la más trascendental, la más importante y la que más solucionaría un posible rebrote-, ahora también necesitamos ayudar al español, ayudar al ciudadano, porque en algunas familias cuya economía está resentida es un gasto más, obligatorio, que van a tener que soportar. Por ello, en nuestra opinión, es necesario reducir el IVA del 21 al 4 % -lo tienen otros productos como la bollería o los refrescos con un tipo superreducido- para estos productos que ahora se vuelven cotidianos y que, incluso, van a tener que llevar puestos niños desde los seis años, porque habrá familias que cuando hagan el cálculo del gasto en mascarillas, en gel hidroalcohólico y otros productos que ahora son de uso obligatorio, van a tener un cargo adicional en su economía ya de por sí bastante afectada por la crisis que ya están viviendo. Es algo natural a contemplar por los grupos parlamentarios porque al final esto lo que hace es ayudar al ciudadano. Hubo un momento en el que se planteó reducir el IVA de revistas y libros, y ahí hubo cierto consenso; hubo muchos partidos que entendieron que había que apoyar la cultura de alguna manera reduciendo este IVA. Y ahora creemos que hay que apoyar a todos los ciudadanos, dado que, si empezamos a multiplicar el gasto que van a tener los ciudadanos en el día a día, sobre todo las familias numerosas y las familias que tengan mayores problemas económicos, va a ser una ayuda y un apoyo que parece que es poco, pero así es como se empiezan a solucionar pequeños problemas en las economías familiares.

Por eso solicitamos a los grupos parlamentarios que están en la Comisión que piensen que realmente es un bien para todos porque, dado el carácter obligatorio del uso de mascarillas, ahora mismo es un producto esencial para la lucha contra el virus. No lo hacemos porque vaya a ayudar en su utilización porque, primero, es obligatorio y después es responsabilidad de todos aceptar que es la mejor medida que se ha implementado y que existe ahora mismo para la lucha y prevención ante posibles rebrotes, porque creemos que todos los españoles van a ser responsables y tenemos que luchar y solicitar desde los grupos parlamentarios esa responsabilidad, sino porque creemos que será una ayuda más para esas


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economías ya desgastadas y una manera de suavizar el impacto económico de esta nueva medida. Así que insto a todos los grupos a que apoyen esta propuesta porque realmente solo piensa en los ciudadanos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario VOX se ha presentado una enmienda. Tiene la palabra para su defensa la señora Cañizares.

La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, señor presidente.

Como bien dice la PNL de Ciudadanos, el Real Decreto-ley 21/2020 habla del uso obligatorio de mascarillas, con lo cual estamos totalmente de acuerdo y, dado que el Estado no va a asumir el coste de esa medida impuesta -que también entendemos, ya que se trata de algo necesario y que, hoy por hoy, es la única vacuna que existe contra el virus-, consideramos que el Estado debe al menos facilitar sobre todo que las personas con menos recursos asuman un menor coste a la hora de adquirir estos productos porque según la RAE, producto de primera necesidad es aquella cosa indispensable para el sostenimiento de la vida de las personas y, en este momento, estos productos lo son.

Nosotros apoyamos esta PNL, no obstante, hemos añadido en la enmienda una cuestión de información para conocer efectivamente cuál es el impacto que esta medida podría tener sobre la recaudación, y hemos aportado este punto dos: Elaborar y remitir a estas Cortes en un plazo no superior a tres meses un informe económico analizando cuál sería la reducción en la recaudación de impuestos y, efectivamente, qué impacto tendría sobre el precio final de los productos. Y también hemos querido incluir que ese IVA que se devenga en la entrega de productos de manera gratuita, como donación por parte de muchas empresas a instituciones públicas o privadas, hospitales o residencias, que efectivamente, puesto que no se percibe nada a la hora de entregar el producto porque es una donación, se pueda tratar con la figura de inversión del sujeto pasivo como autorrepercusión y deducción para que no le suponga un coste adicional al que ya soporta quien está haciendo la donación. Por último, queremos incluir esta medida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que programa el actual Gobierno en la Agenda 2030, ya que se trata de productos necesarios que hoy por hoy son los que pueden garantizar un poco nuestra salud.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra.

El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.

Vamos a votar favorablemente por razones parecidas a otras anteriores, en este caso es un producto obligatorio que hay que comprar y, por tanto, ha generado un gasto nuevo. Creo que los grupos que apoyan al Gobierno no pueden alegar que se va a reducir la recaudación porque, aunque el tipo pase del 21 al 4 %, es algo que ha multiplicado sus ventas por diez o por cien veces, va a haber mucha más recaudación por la cantidad de productos que se están vendiendo y que antes no se vendían, por lo tanto, incluso con un 4 % las arcas públicas en este caso no lo notarán. O sea, que vamos a votar a favor. Además, hay otro aspecto que también es interesante, y es que lo limita al tiempo que dure la crisis sanitaria. Cuando volvamos a la situación normal ya sabemos que todo el conjunto del IVA probablemente será objeto de una modificación, pero para este caso concreto, durante este tiempo, nos parece bien y vamos a votar a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Ya adelanto que también vamos a votar a favor. Además, nosotros en uno de los reales decretos-leyes que se aprobaron como consecuencia del COVID ya presentamos una enmienda en este sentido para reducir el IVA de las mascarillas y, al igual que el grupo proponente, para un tiempo limitado, que no sea una decisión permanente. Entendemos que esta PNL pretende conseguir una reducción del precio de adquisición de estos productos cuyo uso generalizado se impone en aras de la protección de la salud pública y, desde luego, facilitar su adquisición a toda la ciudadanía, máxime teniendo presente, además, que el correcto uso de estos productos requiere una frecuencia importante de reposición. Se trata, por tanto, de una medida de política fiscal que incide sobre una situación extraordinaria.


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De todas formas, hay algo que no acabo de entender porque se alega que esta bajada no se puede realizar con base en una sentencia del TJUE que, si no estoy equivocada, es del año 2013 y, sin embargo, Portugal ha bajado el IVA de las mascarillas del 23 al 6 %. No sé si Europa se lo ha autorizado a Portugal y a España no o por qué Portugal sí lo puede hacer y España no. No sé si alguien lo puede aclarar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Vamos a apoyar la iniciativa, la compartimos plenamente, nos parece razonable y se enmarca mientras dure la situación de crisis sanitaria, que es cuando cabe suponer que continuarán siendo obligatorios este tipo de enseres: mascarillas, guantes, geles. De hecho, creo que el señor Mazón, de forma muy acertada, les ha hecho ver que esto no va a suponer una disminución de la recaudación; el IVA es un impuesto sobre el consumo y en estos momentos el consumo de estos productos se ha incrementado muchísimo. Además, la misma Administración pública lo ha hecho obligatorio, que debía hacerlo obligatorio, no lo cuestionamos, pero es evidente que este consumo inducido, que no es decisión de cada uno individualmente, supondrá un incremento de recaudación muy importante si no se reduce el IVA. Yo ya no me atrevería a decir que el IVA acabará siendo el mismo o todavía más, incluso si pasa del 21 al 4 %, pero allí estaremos. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa.

Me ha parecido también muy acertada la observación que ha hecho la portavoz del PNV y, en todo caso, cuando no se quiere reducir un tipo impositivo, siempre la tendencia fácil por parte de los Gobiernos, ya sean del Partido Socialista o del Partido Popular, es la excusa de que Europa no lo permite, tan fácil como comparar cuáles son los tipos impositivos de estos productos en otros países de Europa para que decaiga el argumento. En todo caso, vamos votar a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora López.

La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Debo reconocer que, en principio, la medida nos pareció agradable, lo que pasa es que luego, cuando la miras con un poco más de calma, me quedo con que es aparentemente agradable. Imagino que deben tener buenas intenciones, pero yo ya le avanzo que nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa y le intento contar muy escuetamente por qué. En primer lugar, y creo que es lo más importante, considero que el Gobierno ya ha tomado las medidas que debía tomar en este aspecto. Le recuerdo que el Real Decreto 15/2020 no es que reduzca el tipo de IVA, sino que, realmente, declara exento el suministro para centros sanitarios y hospitalarios. Por tanto, ya tendríamos una parte de esta provisión no con IVA reducido, sino exenta de IVA. Y la otra actuación del Gobierno es la fijación de precio, medida que, dicho sea de paso, creo que es mucho más eficaz que la simple limitación del precio de las mascarillas y los geles hidroalcohólicos, que son los productos más necesarios y utilizados durante la pandemia que, desgraciadamente, estamos viviendo. Este sería el primero de los motivos y el más importante, que el Gobierno ya está tomando las acciones pertinentes.

El segundo motivo ya lo he comentado antes y también mi compañero, y es que me parece que este debate corre el riesgo de situar en la opinión pública que los impuestos son malos. Los impuestos no son malos; si están realmente distribuidos en la sociedad según la capacidad de pago, son buenos, puesto que ayudan a mantener nuestro deseado Estado del bienestar. Insistiendo en lo que comentaba antes mi compañero, no se puede defender al mismo tiempo un Estado del bienestar grande y bajar los impuestos.

La tercera de las razones por la que no la vamos a apoyar también se ha comentado ya. Si bien es cierto que una rebaja en los impuestos indirectos tiene mayor repercusión en las personas con menos ingresos, en este caso, aunque no es necesario porque ya están tomadas las medidas, creo que se anula este efecto, situando el debate, no obstante, en los impuestos indirectos, que insisto en que son los más regresivos y los que tienen menos capacidad de distribución de la riqueza.

Por último, una apreciación técnica, pero quizá la más contundente para no apoyar la iniciativa, y es que tanto las mascarillas como los geles hidroalcohólicos se han convertido no solo en productos sanitarios básicos, sino que, como ustedes han comentado, son obligatorios, como debe ser y como ha fijado el Gobierno con el consejo de los expertos. Ello los convierte en productos altamente inelásticos.

El señor PRESIDENTE: Señora López, tiene que ir terminando.


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La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Es decir, se van a consumir igualmente en función del precio. Si el precio máximo no estuviese fijado, es verdad que esa mejora revertiría en el consumidor. Pero, como ya se ha fijado, el beneficio no va a ser para el consumidor, de manera que la iniciativa pierde totalmente su objetivo. Por tanto, lo siento mucho. Le he dicho que en principio nos parecía simpática, pero, después de analizarla detenidamente, creemos que el objetivo ya está cumplido por las acciones del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Olano.

El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señorías.

Señora Martínez, mi grupo parlamentario le agradece que haya traído esta PNL, con la que estamos completamente de acuerdo. De hecho, llevamos pidiéndolo mediante diversas iniciativas desde hace meses, ya fuera como PNL en el mes de abril o como enmienda al Real Decreto 15/2020, que, como todos ustedes saben, se está tramitando como proyecto de ley -una enmienda que presentamos hace semanas-, así como en las conferencias de presidentes, donde repetidamente lo han solicitado tanto el presidente Feijóo como el presidente Moreno.

Este asunto de las mascarillas, desde luego, resulta paradigmático en la forma de actuar de este Gobierno a lo largo de toda esta pandemia, ya que han pasado de ser inútiles a obligatorias. Uno se pregunta cuántos contagios nos habríamos ahorrado de haber declarado obligatorias las mascarillas desde el inicio de la pandemia. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, señorías, me van a permitir que cite a la ministra Montero hace tan solo siete días en el Pleno del Congreso de los Diputados. "Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media o trabajadora; repito, este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media o trabajadora", decía la señora Montero. Pero resulta que sí, que aquí tenemos la primera subida de impuestos o, si lo prefieren, detraer de rentas del bolsillo de los ciudadanos, pues estamos, como les decía, ante una subida de impuestos desde el momento en que se hace absolutamente obligatorio, so pena de sanción, el uso de estos productos, en concreto, las mascarillas. Y no es un una subida de impuestos menor, toda vez que, si hacen el cálculo, solo con mascarillas una familia de cuatro miembros pagará al año del orden de 300 euros. Además, y ya se ha dicho aquí, se trata de una subida de un impuesto al consumo, el IVA, que no distingue de rentas. Dicho de otra forma, aquellos a quienes se les llena la boca defendiendo la progresividad del sistema tributario son los que ahora se aprovechan de este impuesto regresivo por excelencia para recaudar más. Señor Guijarro, le he escuchado infinidad de veces defender aquí la regresividad del IVA, cosa que nadie discute, y, sin embargo, ahora ustedes se aprovechan de este impuesto para recaudar más. En definitiva, no sé si esto es lo que el señor Sánchez entiende por justicia fiscal.

Y, señora López, usted decía, y cito textualmente: Sí, queremos subir impuestos, queremos que los más ricos paguen más y los más pobres paguen menos. Con esto pagan todos lo mismo, señora López; entiendo que es una bonita forma de ejecutar esa máxima que usted dice defender. Uno al final no acierta a elegir entre si ustedes simplemente faltan a la verdad con una asiduidad inaudita o simplemente les falta capacidad para estar en el Gobierno de España, si me permite la expresión.

En cuanto a apelar a que la Unión Europea no permite eliminar el IVA en estos productos, eso sería discutible. Desde luego, lo que no se puede afirmar es que no permite reducirlo. Se ha puesto el ejemplo de Portugal, y baste también el ejemplo de Alemania o Francia, que han bajado los tipos del IVA tanto a la hostelería como al turismo.

En definitiva, señorías del Grupo Socialista y Podemos, se trata única y exclusivamente de voluntad política, y ustedes no la tienen, simple y llanamente no la tienen, porque, acerca de si la tuvieran, les podría poner otro ejemplo: en mi comunidad autónoma el señor Feijóo va a repartir mascarillas para las 700 000 familias con menos recursos. Eso es voluntad política y eso es proteger a los que menos tienen, y no lo que hace este Gobierno, que, como digo, les está subiendo los impuestos o, al menos, detrayendo rentas, que, a efectos prácticos, a esas familias les resulta exactamente lo mismo: solo en mascarillas, del orden de 300 euros al año.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Olano.

Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista el señor García tiene la palabra.


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El señor GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos.

En primer lugar, esta iniciativa es bienintencionada. Pero sabe el grupo parlamentario proponente que la Directiva 2006/112 en su artículo 98 contempla la posibilidad del IVA reducido, si bien dicho IVA reducido debe corresponder solo a los productos recogidos en el anexo 3, y que, cuando el Gobierno de España en el pasado ya ha intentado bajar el IVA reducido o ampliar el número de productos, como mascarillas, geles desinfectantes y guantes, tal y como recoge esta PNL, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro, en sentencia del 17 de enero de 2013 lo dejó súper claro, no era posible; la única posibilidad es modificar la normativa europea. Se puede bajar el IVA de cualquier producto, pero no se puede bajar a capricho el IVA de los productos de IVA reducido. Para ello es necesario modificar la normativa europea y, además, por unanimidad. No obstante, cabe señalar que, debido al COVID-19, los Estados miembros han solicitado una decisión comunitaria, que se ha producido el 3 de abril, por la que se concede una franquicia de derechos de importación y una exención del IVA respecto a la importación de productos necesarios para combatir el coronavirus. Eso es lo que ha hecho posible que nuestro Gobierno traslade al Real Decreto 15/2020 el tipo cero del IVA, que ya se ha explicado aquí y me lo ahorro. Y ha sido posible también reducir el IVA del libro y de la prensa digital porque hubo una decisión del Consejo Europeo, por unanimidad, a finales de 2018 que permitía igualar el IVA de la prensa y de los libros impresos con el del libro y la prensa digital. Si no, no hubiera sido posible que el Gobierno de España hubiera reducido el IVA a la prensa y al libro digital.

En segundo lugar, el Gobierno era consciente de las necesidades económicas y sociales de nuestros conciudadanos. Por ello ha puesto en marcha la mayor panoplia de mecanismo de protección de rentas de familias, empresas, trabajadores y trabajadoras y autónomos, entre los que destacan el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital permite cubrir todas las necesidades básicas de aquellas personas en este país que tienen una renta muy baja o ninguna, sin dejarlas al margen de las medidas de protección contra el coronavirus. Por cierto, recuerdo al Partido Popular que los perceptores del ingreso mínimo vital estarán exentos del copago farmacéutico, por si recuerdan algo sobre el pasado, en la crisis anterior. Al mismo tiempo, en la orden del 19 de abril el Gobierno estableció el precio máximo de las mascarillas y geles hidroalcohólicos, y eso no solamente lo hizo para evitar la especulación, sino que es lo que ha ayudado a las familias a tener la posibilidad de acceder a precios razonables a estas medidas de protección. Y estoy convencido también de que sus señorías son conocedoras de las innumerables iniciativas de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para facilitar mascarillas de manera gratuita a las familias y a los ciudadanos con menores recursos. Por lo tanto, no hay ningún español ni ninguna española que se haya visto imposibilitado para acceder a los materiales de prevención contra la COVID-19.

Por último, en estos momentos complicados hay que pedir responsabilidad. El grupo proponente puede retirar esta iniciativa y trasladarla al Parlamento Europeo, con la consiguiente propuesta dirigida al Consejo para la modificación de la directiva a la que hacía referencia al principio. Lo demás es loable, pero no es posible, traduciéndose esta en una iniciativa que solo conduce a la melancolía.

El señor PRESIDENTE: Señor García, tiene que ir acabando, por favor.

El señor GARCÍA GÓMEZ: Termino, señor presidente.

Por el contrario, este Gobierno y los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno no dejan a nadie desamparado y ofrecen respuestas inclusivas, solidarias, serias, reales y muy alejadas de la melancolía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señora Martínez, dígame si admite o no la enmienda.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: En principio, no admitimos la enmienda, y me gustaría justificarlo brevemente. Sé que el Grupo Parlamentario VOX entiende -y así lo ha dicho- que la reducción es una buena medida y que, obviamente, no se hace a capricho ni para siempre, sino temporalmente. Sé que ustedes entienden que es mucho mejor reducir el gasto de las mascarillas y de este tipo de productos que otras medidas para ayudar a las familias. Sé que la AIReF ya hará su evaluación si esto saliera adelante. También entendemos que, al ser temporal, la simple reducción es una medida que beneficiará a las empresas. Sé que ustedes entenderán que lo dejemos ahí, a ver si conseguimos que otros partidos tengan sentido común.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

Suspendemos la sesión por tres minutos antes de votar. (Pausa).

VOTACIONES.

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos para proceder a las votaciones.

Votación de la proposición no de ley sobre incentivos fiscales al arrendamiento de la vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 18; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Segunda proposición no de ley, relativa al cobro de la deuda del Estado a las comunidades autónomas por impago de la recaudación del IVA de diciembre de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto número 3, proposición no de ley relativa a aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios funerarios, presentada por el Grupo Parlamentario Plural.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Punto número 4, proposición no de ley relativa a facilitar la supresión del recargo provincial del impuesto sobre actividades económicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto número 5, proposición no de ley relativa a inyectar liquidez en la economía mediante el pago de deudas pendientes por parte de las administraciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario VOX y a la que se incorpora la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación del siguiente resultado: votos a favor, 14, en contra, 18; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por el COVID-19. A todos los portavoces se les ha hecho llegar los términos de la transacción en la que se incorporan los puntos planteados por Ciudadanos, así como la autoenmienda del Grupo Socialista. La votaremos con las enmiendas planteadas.

Efectuada la votación del siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Proposición no de ley número 7, relativa a la necesidad de que se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público, que ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos y que se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación del siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 5; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Proposición no de ley relativa a la reducción del tipo impositivo aplicable al impuesto sobre el valor añadido del 21 al 4 % a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus al menos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y que se vota en sus propios términos, al no ser admitida la enmienda.

Efectuada la votación del siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, en este momento se levanta la sesión.

Advierto a quienes estuvieran convocados previamente que acto seguido procederemos a la constitución de dos ponencias.

Muchas gracias.

Era la una y veinticinco minutos de la tarde.

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