ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente (orgánica). Senado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 124/000001 y número de expediente del Senado 622/000002) ... (Página2)

Comparecencia del señor secretario de Estado de Justicia (Zapatero Miguel):

- Para informar de las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 y para impulsar la transformación del servicio público del sector justicia. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000471) ... (Página2)

- Para dar cuenta de la gestión de la ORGA (y del centro directivo que la sustituyó asumiendo sus funciones en el Ministerio de Justicia entre junio de 2018 y enero de 2020) y de los resultados de su actividad correspondiente a las anualidades de 2018 y 2019, para dar cumplimiento al artículo 17 del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, modificado por el Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000012) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:

- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN FORZADA O NO CONSENTIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCAPACITADAS JUDICIALMENTE (ORGÁNICA). SENADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 124/000001 y número de expediente del Senado 622/000002).

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.

Conforme al orden del día que les ha sido comunicado para esta sesión de la Comisión de Justicia y al acuerdo adoptado por la Mesa y portavoces de la Comisión, vamos a proceder a la ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Someto a la aprobación por asentimiento de la Comisión esta ratificación. (Asentimiento).

Así se acuerda. Muchas gracias, señorías.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (ZAPATERO MIGUEL):

- PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR EL COVID-19 Y PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL SECTOR JUSTICIA. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000471).

- PARA DAR CUENTA DE LA GESTIÓN DE LA ORGA (Y DEL CENTRO DIRECTIVO QUE LA SUSTITUYÓ ASUMIENDO SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA ENTRE JUNIO DE 2018 Y ENERO DE 2020) Y DE LOS RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LAS ANUALIDADES DE 2018 Y 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 17 DEL REAL DECRETO 948/2015, DE 23 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 93/2018, DE 2 DE MARZO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000012).

La señora PRESIDENTA: A continuación y conforme al acuerdo adoptado en Mesa y portavoces, tenemos el placer de recibir al secretario de Estado de Justicia, al señor Zapatero Miguel, para su comparecencia a petición propia y también de grupos parlamentarios.

Señor secretario de Estado, bienvenido a esta Comisión en esta su primera comparecencia, que no tenemos duda de que será la primera de otras muchas que realizará ante la misma.

El señor SECRETARIO ESTADO DE JUSTICIA (Zapatero Miguel): Muchas gracias, presidenta.

Es la primera vez que comparezco ante una Cámara como secretario de Estado. Es para mí un gran honor dar cuenta en la sede de la soberanía popular sobre las medidas adoptadas para combatir el COVID e impulsar la transformación del servicio público de justicia desde la anterior comparecencia del ministro Justicia, Juan Carlos Campo, en mayo de 2020.

Antes de empezar, quiero agradecerles de forma expresa y muy destacada el amplio apoyo parlamentario a la Ley 3/2020. Sin la convalidación de este real decreto-ley por su parte el pasado 13 de mayo no podríamos haber respondido eficientemente al desafío que supuso esta crisis en los últimos meses, y, al tiempo, su conversión en ley el 18 de septiembre permite que sentemos entre todos las bases de un proyecto compartido de mejora de eficiencia técnica en el sector que dará resultados muy positivos. Emplearemos las posibilidades de gestión que la nueva norma nos ofrece para producir más y mejores resultados. Gracias, por tanto.

Como saben, comparezco a petición propia, es un compromiso adquirido como dación de cuentas regular de los compromisos del Ministerio de Justicia, pero también lo hago para tomar nota de sus recomendaciones, propuestas y críticas, que asumo que serán en su mayoría constructivas.

Dividiré la intervención en dos bloques para explicar mejor los avances y medidas adoptadas. El primero se refiere a qué medidas hemos adoptado para combatir el COVID-19 y el segundo a qué estamos haciendo ya para mejorar la eficiencia del servicio público.

En lo que respecta a las medidas adoptadas, debo empezar destacando que la crisis del COVID y la declaración del estado de alarma se produjeron cuando llevábamos apenas dos meses en nuestros

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cargos. Estábamos inmersos en un proceso de análisis y consultas para lanzar un plan de trabajo para nuestra Administración de Justicia, el denominado Plan Justicia 2030, del que ya han oído hablar. La crisis nos mostró abruptamente las carencias del sistema e hizo impulsar con mayor vigor si cabe su transformación a pesar de las circunstancias o precisamente porque lo que era urgente en ese momento se había convertido en una exigencia necesaria. Por ello, como saben, entendimos que el Proyecto Cero de Justicia 2030 debía dar una respuesta adecuada desde la Administración de Justicia a la crisis, y lo hicimos en esencia articulando una respuesta coordinada y alineándonos con todas las administraciones competentes en los siguientes aspectos: por un lado, para garantizar la continuidad de la actividad jurisdiccional y, por otro, para reforzar a medio y largo plazo nuestra respuesta económica y social en relación con la actividad de la jurisdicción. En ello hemos estado concentrados en los últimos meses y a este respecto les voy a hablar de dos iniciativas destacadas que creo que son relevantes: el Proyecto Cero de Justicia 2030, como les decía, que es nuestra hoja de ruta para responder a las implicaciones del COVID, y la nueva estructura de cogobernanza que hemos creado para hacer realidad los diferentes cambios, dotándonos entre todos de una coordinación entre instituciones reforzada.

El primero de ellos, el Proyecto Cero, contiene seis elementos interrelacionados: tres elementos normativos y organizativos y tres elementos tecnológicos. Respecto a los elementos normativos y organizativos del Proyecto Cero, destacaré en particular el Real Decreto-ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado el pasado 18 de septiembre como Ley 3/2020, a la que me he referido hace un momento, respecto a cuya convalidación y posterior aprobación reitero el agradecimiento en nombre de todas las instituciones que dieron forma a su contenido originario. Sin ello no podría estar hablándoles de muchas de las iniciativas y proyectos que abarca esta intervención que nos colocan en un mejor punto de partida ahora para controlar la evolución del COVID y, muy importante, hacer posible la recuperación y resiliencia. No me voy a detener en el instrumento transformado en ley, que conocen bien, porque ustedes lo han negociado, pero querría destacar muy especialmente varias de sus herramientas de política pública que a mi juicio son esenciales: en primer lugar, la regulación de juicios telemáticos, así como el compromiso para aprobar una ley de actuaciones telemáticas; en segundo lugar, la flexibilización en la asignación de funciones a los efectivos en los centros de trabajo, de conformidad con el artículo 21 de la ley; en tercer lugar, la cita previa para el público y la limitación de aforos; en cuarto lugar, el compromiso de creación de unidades judiciales, ya que en la disposición adicional quinta, como saben, se prevé la creación de cien unidades COVID, de las que un tercio corresponden a 2020; en quinto lugar, el fortalecimiento temporal de la prestación del servicio, estableciendo jornadas de trabajo de mañana y tarde; y, por último, la autorización o ratificación por los TSJ de las medidas sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas en este ámbito. Algunas de las herramientas y medidas implementadas son evidentes mejoras técnicas que redundan en ventajas para la ciudadanía, por lo que creo que han venido para quedarse y esperamos que terminen encontrando acomodo en nuestra legislación procesal de forma permanente. Realidades como el teletrabajo de los funcionarios, el acceso remoto al expediente de los profesionales designados, la identificación a distancia de intervinientes, las actuaciones judiciales telemáticas, etcétera, deben pasar a formar parte de manera permanente de nuestra realidad judicial.

El segundo elemento destacable es la ley de eficacia procesal para un servicio público de justicia, que constituye nuestra apuesta decidida por la agilización procesal del servicio público, que en un contexto de crisis debe ser prioritaria y cuya tramitación les adelanto que se iniciará con prontitud, en todo caso en las próximas semanas. De este instrumento, derivado de cientos de horas de trabajo en consultas con todo el sector y detallado en ciento cincuenta y cuatro aportaciones en fase de consulta pública, les hablaré brevemente en la segunda parte de mi exposición.

El tercer elemento son los planes de reactivación de la jurisdicción, como no podía ser de otro modo. Como saben, la Administración de Justicia ha sufrido una ralentización significativa como consecuencia de la crisis sanitaria, por lo que debemos procurar dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma. Al mismo tiempo, nuestras actuales estimaciones indican que podría aumentar el número de asuntos en 2021 un 140 % en la jurisdicción social, un 145 % en la civil, un 125 % en la contencioso-administrativa y un 66 % en la penal. Por ello, la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020 mandató al Gobierno para que quince días tras el levantamiento del estado de alarma aprobara un plan de actuación para agilizar la actividad judicial, en particular, en los órdenes social, contencioso-administrativo y mercantil. Ese plan se adoptó el 7 de julio, desplegado en dos fases y en este momento afecta a más

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de trescientos juzgados. Con una dotación económica de más de 50 millones de euros, la estructura de incentivos del plan, diseñada conjuntamente con las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, está sujeta a revisión y mejora regular con todos los operadores implicados, incluidos los TSJ, y en consultas directas con las propias asociaciones. El objetivo es realizar tres revisiones mensuales hasta diciembre, de las cuales ya se ha hecho la primera, y cuatro revisiones durante 2021 con todas las ideas y propuestas de mejora por adelantado sobre la mesa. Esto ha permitido, por ejemplo, incluir el denominado tramo cero a propuesta de las asociaciones, así como la proporcionalidad en los tramos y un ajuste específico en diciembre. Gracias a este plan, disponemos ya de una herramienta cada vez más sólida y eficiente para responder al previsible aumento de pendencia en las jurisdicciones que van a ser más castigadas. A partir de ahí, nuestro objetivo de futuro es emplear este plan 2020-2021 como un piloto para una nueva herramienta de gestión que permita reasignar recursos humanos con celeridad, en tiempo real y en función de los datos de cargas. Ahora bien, como ustedes saben, señorías, las medidas coyunturales que hemos adoptado para combatir los efectos de la pandemia no han supuesto que dejemos de atender las necesidades del sector. Por ello, este año se crearán treinta y tres unidades judiciales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2020, en la que nos hemos comprometido junto con las comunidades autónomas a crear al menos cien nuevas unidades judiciales en el plazo de tres años. La tramitación del real decreto-ley se está ultimando ya y en breve se remitirá al Consejo de Ministros.

Abordados ya los tres elementos normativos y organizativos del Proyecto Cero de Justicia 2030 dirigido a responder al COVID, me referiré brevemente a los tres elementos tecnológicos que lo completan y complementan: inmediación digital, teletrabajo y cita previa. Respecto al primero de ellos, la inmediación digital, se trata de un servicio implantado y en desarrollo, cuyo primer piloto activamos el 18 de mayo de 2020 celebrando el primer juicio telemático en Ciudad Real. Como bien saben, las infraestructuras legales y tecnológicas de este proyecto suponen un cambio de paradigma sobre cómo administrar los actos judiciales con presencia física en un entorno digital con todas las garantías y seguridad. Un gran número de trámites que se celebraban en los juzgados con presencia física pueden realizarse a distancia, sin que ello suponga ninguna merma de los derechos de los ciudadanos. Igualmente, tanto los profesionales independientes como los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y el resto de funcionarios pueden prestar sus servicios a distancia, minimizando los desplazamientos y los contactos. A través de tres herramientas: el sistema de grabación de salas de vistas, el sistema de videoconferencia fija y el sistema de videoconferencia móvil, se hace posible la celebración de vistas virtuales, que quedan incorporadas al expediente judicial electrónico con todas las garantías, al igual que en las vistas realizadas de forma presencial. A día de hoy desde la Secretaría de Gobierno de los tribunales superiores de justicia se nos ha comunicado la celebración de 68 085 actuaciones judiciales; no solamente juicios, sino declaraciones y otras comparecencias por videoconferencia. Este sistema permite la celebración de reuniones virtuales para todos los usuarios al servicio de la Administración de Justicia. Además, ofrece el servicio para que usuarios ajenos a la organización puedan conectarse: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados, etcétera. El proyecto se completará en 2021 con una plataforma de intermediación que evitará que los ciudadanos tengan que desplazarse a las dependencias del Ministerio de Justicia para la petición de certificados solicitados por parte de otras administraciones.

Gracias a la progresiva implantación de la cita previa en los distintos órganos judiciales, registros civiles y gerencias territoriales, dentro de cuatro semanas se va a realizar el primer piloto para algunos trámites de órganos judiciales, que servirá como lanzamiento para el resto y en el que un ciudadano podrá solicitar ser atendido por videoconferencia con plenas garantías a la hora de identificarse de manera segura e intercambiar documentos con las mismas garantías que ofrece la firma electrónica. En este proyecto, que se está poniendo en común con las comunidades autónomas interesadas y con las que se podrán definir conjuntamente protocolos operativos, confluyen dos transformaciones importantes: una organización más eficiente del trabajo de nuestros profesionales a través del puesto de trabajo deslocalizado y la prestación de un servicio más eficiente a la ciudadanía, a la que se le ahorran desplazamientos. Ahora bien, algunas de estas actuaciones requieren asegurar la correcta identificación de los comparecientes a distancia. Por ello, el nuevo sistema de identificación PIN Justicia permitirá la identificación unívoca de los ciudadanos a través de videollamada. Tanto la generación como la validación de ese pin empleará a los servicios de la Agencia Tributaria, integrándose con la Cl@ve PIN de esta última. De esta forma, aprovechamos el sistema clave de la Administración General del Estado para que nuestro sistema de inmediación digital, integrando cita previa, sirva para todas las administraciones del

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Estado, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos que deseen dar servicios no presenciales con plena seguridad jurídica digital. En este sentido, el proyecto no solo se extiende a otras administraciones, como, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que, de hecho, ya estaba participando para evitar miles de horas de desplazamientos a sedes judiciales de personas privadas de libertad, sino a otros muchos colectivos profesionales e instituciones, como, por supuesto, notarios, registradores y abogacía. En la práctica, con este proyecto fundamental estamos desarrollando una arquitectura normativa y tecnológica que nos permite realizar actuaciones presenciales digitales con plena validez y seguridad jurídica. Es un cambio muy significativo por el que han mostrado interés nuestros colegas europeos. De hecho, lo hemos expuesto ya en el Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea el pasado viernes y tendremos la oportunidad de desarrollarlo en detalle en el JAI organizado bajo la Presidencia alemana en el próximo mes de diciembre. Sin duda, la seguridad jurídica digital es una infraestructura crítica para el correcto funcionamiento del imperio de la ley en el mundo digital y, por tanto, para el servicio público de justicia que lo hace realidad. Impulsamos este nuevo proyecto de forma decidida, pues para nosotros es un proyecto país.

En lo que respecta al segundo elemento, el puesto de trabajo deslocalizado, como saben, es un servicio ya implantado y en desarrollo, que ha sido una herramienta muy útil para la prestación de servicios esenciales. Es uno de los aspectos fundamentales que contempla la Ley 3/2020 como impulso a la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Esta modalidad de prestación del servicio se basa en normas legales que ustedes han aprobado y transformado en ley y cuyos estándares trataremos de desarrollar y perfilar progresivamente en normas y políticas públicas conjuntamente adoptadas con las comunidades autónomas con competencias transferidas. Hasta el momento se ha conseguido que en el territorio del ministerio más de 10 000 usuarios tengan a su disposición las herramientas tecnológicas para teletrabajar, habiéndose desempeñado desde marzo más de dos millones de horas de teletrabajo, y ahora estamos moviéndonos en algo más, y en lo que respecta específicamente al ministerio, se han adquirido ya 5500 equipos de teletrabajo. En la regulación de este punto, es importante informar de que el grupo técnico sobre trabajo deslocalizado, compuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid, Valencia, Canarias, Galicia, Aragón y el propio Ministerio de Justicia, ya ha presentado un primer borrador de norma en la conferencia sectorial técnica. Nuestra idea es aprobarlo conjuntamente en las próximas semanas como norma común o norma espejo y tras consulta con los sindicatos, con los que ya estamos trabajando. Esta norma facilitará, además de la conciliación de la vida profesional y personal, que las tareas administrativas deslocalizadas se puedan llevar a cabo mediante el teletrabajo o desde ubicaciones físicas de la propia Administración pero situadas en lugares distintos a las sedes físicas de los tribunales, un planteamiento que conecta con el proyecto de oficina judicial en el municipio, del que ya habrán oído hablar y al que me referiré más adelante.

El sexto y último elemento es el proyecto de cita previa. Como es evidente, en un escenario de pandemia debíamos asegurar la distancia social, lo que hizo capital acelerar un proyecto a este respecto. A fecha de hoy, el servicio está ya operativo, implantado y en desarrollo en territorio ministerio. Gracias a él, se permite una más eficiente ordenación de entradas y movimientos en las sedes judiciales. Mediante este proyecto se persigue habilitar un nuevo canal de atención a los usuarios de justicia tanto telefónica como vinculada a la inmediación digital. Actualmente, hay siete oficinas judiciales, once registros civiles y para las gerencias territoriales con cita previa está planificada para los próximos dos meses la implantación de más de cuarenta sedes entre oficinas y registros. Asimismo, se han instalado varios quioscos y tenemos prevista para las próximas siete semanas la instalación en otras dieciséis sedes. Este proyecto continuará durante los próximos meses, avanzando ya hasta mediados de 2021, hasta lograr que la mayor parte de los registros civiles y un porcentaje elevado de los órganos judiciales dispongan de cita previa a través de Internet y telefónicamente. La tecnología está plenamente disponible para las comunidades que no dispongan de la suya propia o que valoren incorporarla.

Explicado el Proyecto Cero de Justicia 2030, que sigue abierto y evolucionando para responder a la pandemia, paso a referirme al segundo punto relevante que creo que es la estructura de cogobernanza. Sin duda, el COVID nos ha empujado a crear un nuevo modelo de relación entre instituciones públicas, la cogobernanza, como la hemos terminado llamando todos. El ejemplo de diálogo y cooperación en justicia a este respecto es evidente. En una sociedad plural, que no quiere conflictos sino grandes acuerdos, hemos demostrado que somos capaces de responder adecuadamente a la ciudadanía. En este sentido, nuestro objetivo como equipo ministerial es subir un escalón más en políticas compartidas para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio público de justicia. También es necesario mostrarlo disponible

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a otros, hoy más que nunca, y, obviamente, hacerlo sostenible. Hacerlo sostenible es una obligación y un imperativo en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Lo que no pueda terminar este equipo ministerial en el tiempo que estemos en el cargo pasará, idealmente, a los que lleguen después para que hagan también su parte, como nosotros estamos haciendo la de aquellos cuya tarea continuamos, desde un punto de partida esperamos en este momento que sea algo mejor, a ser posible obviamente significativamente mejor. Por eso, porque creemos firmemente en ello, todos trabajamos en equipo, diseñando políticas y tomando decisiones compartidas, y por eso mismo entre todos hemos empezado a armar una estructura de cooperación reforzada, que esperemos que llegue para quedarse y consolidarse, dado que es absolutamente necesaria para desarrollar políticas legítimas y efectivas en un sector de competencias tan fragmentadas.

En fin, en positivo, en justicia, hemos logrado administrar razonablemente esta crisis, con una tasa de contagio de 0,4 y un comportamiento ejemplar de los profesionales de la Administración de justicia, porque hemos trabajado juntos y de manera leal, sencillamente. El dato cualitativo más destacado que puedo darles en este sentido es que hasta la fecha hemos tenido veinticuatro conferencias técnicas y sectoriales con las comunidades autónomas en nueve meses, lo que habríamos logrado hacer en veinticinco años en la cadencia y el formato de trabajo anterior, un cambio positivo, absolutamente fundamental para un Estado autonómico, el nuestro. Así debemos seguir por el bien la ciudadanía, desarrollando conjuntamente políticas de justicia, porque desde que comenzó la pandemia empezamos a trabajar codo con codo con nuestros compañeros de comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, fiscalía y resto de operadores de la Administración de Justicia. De ahí, resultaron múltiples sesiones de trabajo con documentos y borradores por adelantado que entre todas las administraciones fuimos afinando y conformando: más de veinte instrumentos desarrollados en tiempo real, empleando y experimentando múltiples metodologías de técnica regulatoria, en general, y, por supuesto, corregulación, en particular.

La gestión de la crisis sanitaria ha supuesto uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado nuestra Administración de justicia, un proceso regulatorio en toda regla para una situación inédita. Los centros escolares, las universidades y otros centros educativos tuvieron que cerrar. Otras administraciones, como la Administración tributaria, tenían un modelo de digitalización que les permitió de manera rápida organizar un sistema de teletrabajo. En el caso, por ejemplo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado existe un mando único, ejercido por el Ministerio del Interior, que permite una actuación homogénea. Nada de eso sucedía en justicia. No podíamos cerrar, puesto que somos un servicio esencial. No teníamos un nivel de digitalización, al menos en todo el territorio, para organizar rápidamente la prestación no presencial del servicio. No tenemos un mando único, sino más bien al contrario: un complejo y fragmentado modelo competencial, diría yo que hasta el paroxismo, en el que son múltiples las instituciones competentes implicadas. Por tanto, casi la primera medida que adoptamos para establecer un esquema de trabajo coordinado en el que participasen el consejo, la fiscalía, las comunidades, los colegios profesionales, los sindicatos e intentando también dar cabida a las asociaciones de jueces y fiscales era nuestra primera necesidad, y así fue durante los diez primeros días, incluso antes de la declaración oficial del estado de alarma. En concreto, los días 12 y 13 de marzo se celebraron las dos primeras reuniones telemáticas con todos los implicados. Este fue el espíritu de trabajo desde el primer momento, algo poco habitual en el sector justicia, y nos acompañó durante todo el proceso regulatorio que desarrollamos. Las primeras medidas fueron las vinculadas a la declaración de servicios esenciales, como saben, y el establecimiento de dotaciones para atenderlos: la resolución de 14 de marzo y sus sucesivas adaptaciones a la situación sanitaria. Al mismo tiempo, desde el 14 de marzo empezamos a celebrar una reunión telemática semanal todos los viernes en las que contamos con la participación de vocales del consejo, un representante de la fiscalía, las comunidades autónomas y la presidenta de Unión Profesional, en representación de los colegios profesionales. Este esquema de trabajo incorporaba también de forma semanal antes de dichas sesiones técnicas de trabajo reuniones previas tanto de la denominada Trista -ministerio, consejo y fiscalía-, como del ministerio con los consejos profesionales, así como de forma regular con asociaciones y sindicatos. Las reuniones de trabajo se producían con documentos por adelantado y todas ellas culminaron en acuerdos y con normas, como el esquema general de seguridad de 23 de marzo o algo tan vital como el programa de importación de EPI de la Administración de justicia, lanzado el 25 de marzo. Debo expresar un especial reconocimiento en nombre del equipo ministerial y de todos los compañeros que han hecho posible el proyecto a todas las compañeras y compañeros que participaron tan activamente en este proceso regulatorio conjunto.

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El proceso desemboca en la Conferencia Sectorial de Justicia de Lerma, que fue una conferencia presencial celebrada el 13 de julio de 2020. ¿Qué hemos hecho en Lerma? Pues en esencia lo que hemos hecho ha sido empezar a consolidar el trabajo en equipo con tres actuaciones básicas: la primera de ellas, la aprobación de la reforma del reglamento de la conferencia sectorial; la segunda, la aprobación del protocolo de coordinación reforzada de la Administración de Justicia, y la tercera, la aprobación del protocolo de colaboración para una justicia basada en datos.

El nuevo reglamento de la conferencia sectorial introduce un nuevo modelo de gobernanza que permite una cooperación más estrecha con las comunidades y demás instituciones competentes, tanto el consejo, la fiscalía como los colegios profesionales, que podrán ser invitados específicamente a participar en sus sesiones. Por lo que respecta al segundo instrumento, el protocolo de coordinación reforzada, como saben, la actual arquitectura de coordinación de la Administración de Justicia es débil y requiere una mayor integración para mejorar su eficiencia y la coherencia de sus políticas comunes, corrigiendo algunos ángulos ciegos y aumentando la participación. En la actualidad. la coordinación de todo este conjunto de instituciones se realiza a través de los distintos órganos de cooperación: Conferencia Sectorial de Justicia, Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica, Comisión Nacional de Estadística y Comisión Mixta, sin que exista un foro general ni un proceso multilateral en el que todos los operadores de justicia participen de forma regular en la conformación de un proyecto general común para el servicio público de justicia.

En lo que respecta específicamente a las convocatorias de la conferencia sectorial, a partir de ahora el pleno se convocará con carácter trimestral, celebrándose dos reuniones presenciales al año, sin perjuicio de incrementar su frecuencia en el caso de que las circunstancias así lo hiciesen necesario. La próxima será en diciembre, en Canarias. La comisión sectorial, por su parte, se reunirá con una periodicidad mensual, priorizándose las reuniones telemáticas. Del mismo modo -creo que es importante-, la Comisión de Recursos Humanos se convocará al menos una vez cada trimestre. En definitiva, una arquitectura suave y dúctil para la cogobernanza de la Administración de Justicia.

Ya estamos trabajando conforme a este esquema, realizando sesiones de trabajo de conferencia sectorial los primeros viernes de cada mes, así como alineadas ese mismo día con sesiones con los consejos profesionales de la Administración de Justicia, así como con la Trista los miércoles de esa misma semana y con asociaciones judiciales y fiscales el segundo lunes de cada mes, entre otros operadores.

El tercer y último instrumento aprobado es el protocolo de colaboración para una justicia basada en datos. Este protocolo constituye el punto de arranque de una nueva arquitectura de información de la Administración de Justicia, que debe ser necesariamente abierta para evitar los silos de información y hacerla eficiente. Este protocolo permitirá crear una plataforma interadministrativa de datos con acceso abierto y por perfiles, a través de la que integremos los distintos sistemas de información cuantitativa desagregada y georreferenciada, tanto de las administraciones prestacionales de justicia como de otras administraciones cuyos datos faciliten la adopción de decisiones de gestión en este sector.

El proyecto abarca las siguientes actuaciones: integración conjunta de información en una plataforma común abierta, como les apuntaba, desarrollo y perfeccionamiento conjunto de indicadores y explotación para una adecuada gestión de la Administración de Justicia y adopción de políticas públicas. Para activar este proyecto, aprobado ya el protocolo, este ministerio ha puesto a disposición de las comunidades autónomas con competencias transferidas todos los datos de ámbito estatal de los que dispone, contenidos en Lexnet y Siraj, así como aquellos propios del sistema de gestión procesal Minerva. De este modo, integrando esta información de forma progresiva con los datos cuantitativos del rendimiento del resto de sistemas informáticos de gestión procesal, ya sea de forma automatizada o por remisión periódica -además del resto de administraciones ya interesadas que quieran participar en régimen de reciprocidad- posibilitaremos medir, y por tanto administrar, la eficiencia procesal y organizativa de la Administración de Justicia con una analítica compartida por todos, robusta, completa y coherente. Al tiempo, podremos facilitar a otras administraciones e instituciones información empírica que permita incidir y mejorar los procesos de creación de normas, tanto autonómicas como estatales.

El acceso a esta plataforma de datos, adaptada a las normas técnicas del expediente judicial electrónico (y otras normas técnicas aprobadas por el CTEAJE) estará sujeto a un régimen de datos abiertos y, por tanto, al principio de reciprocidad, tal y como se ha acordado en la conferencia sectorial, y de conformidad con el artículo 157 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Volveré sobre ello muy brevemente en la segunda parte de mi intervención, cuando me refiera a las medidas tecnológicas para mejorar la eficiencia del servicio público.

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¿Por qué hemos decidido impulsar entre todos estos protocolos y no otros? ¿Por qué estas iniciativas y no otras? Pues básicamente porque toda comunidad de trabajo requiere empezar por verse más y compartir información, sencillamente. Arrimando el hombro todos, despejando prejuicios y dando ideas, con espíritu crítico constructivo, impulsaremos políticas más efectivas. Es un imperativo legal y de pura ética pública en nuestro Estado autonómico. En este punto tenemos todos mucho por hacer, dando así un necesario salto cualitativo.

Paso a la segunda parte de mi intervención: qué estamos haciendo para mejorar la eficiencia del servicio público. Los compromisos del equipo ministerial que lidera Juan Carlos Campo se concretan en un plan de trabajo dinámico y colaborativo, como les decía, Justicia 2030, que toma como dos grandes referentes la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Justicia. Este plan, como saben, tiene por objetivo contribuir a la trasformación de la Administración de Justicia en los próximos cuatro años y sentar las bases para una completa transformación en 2030 de forma consensuada, un plan que sea de todos y que idealmente pueden hacer suyos equipos ministeriales subsiguientes.

A falta de pactos, a falta de un pacto de Estado -y recuerdo el pacto de 2001, hace ya casi dos décadas-, es lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad; un plan de trabajo conjunto que permita avanzar un resultado equivalente por la vía de la consulta, la iteración y la inclusión. A fin de cuentas, no es un mal sustituto. Con justicia 2030 queremos aumentar la eficiencia y calidad del servicio público, asegurar una mayor accesibilidad a la ciudadanía y conectar con ella, contribuyendo a un proyecto de país. Aspiramos a evolucionar la justicia poniendo pequeños avances presupuestariamente posibles y realizables. Nuestra idea es poder entre todos impulsar la Administración de Justicia diez grados y, con esos diez grados, pasar de la justicia que solo afecta al 6 % de la ciudadanía a la justicia del 60 %. Para ello, impulsamos un plan de trabajo incluyente, que permita realizar mejoras asentadas o ya maduras huyendo del adanismo. En definitiva, buscamos aumentar la eficiencia del sistema haciendo ajustes razonables a partir de lo que tenemos, de forma orgánica.

Paso, por tanto, a referirme a tres grandes áreas para la mejora de eficiencias que estamos ya plasmando en medidas concretas en el ámbito de eficiencia procesal, eficiencia organizativa y eficiencia basada en datos. Estas tres áreas requieren que impulsemos tres instrumentos normativos básicos, así como sus correspondientes programas de implantación. El primero de ellos es un anteproyecto de ley para la eficiencia procesal del servicio público de justicia, que remitiremos en unas semanas, en los próximos días, en primera vuelta, al Consejo de Ministros. El anteproyecto, sometido a un extenso proceso de consulta, es una respuesta directa a la pandemia orientada a agilizar la actividad de la justicia en términos estructurales. Debíamos dar una respuesta ágil pero estableciendo políticas públicas definidas. Se estructura en tres ejes: reforma de las leyes procesales, desarrollo de la trasformación digital y promoción de la solución adecuada de diferencias.

Respecto a las reformas procesales en los cuatro órdenes jurisdiccionales, hay una medida transversal a todos los órdenes, que es introducir las sentencias orales en determinados procedimientos como medida de agilización que pueda usar el juez en atención a las concretas circunstancias del proceso. En relación con el orden jurisdiccional civil, se amplía el ámbito del juicio verbal. Procedimiento testigo y extensión de efectos para una gestión ágil y eficaz, como algunos de ustedes nos han planteado ya en varias ocasiones. Se potencia asimismo la subasta judicial electrónica y se modifica de manera muy relevante el recurso de casación, desarrollando después de más de veinte años el modelo de recursos extraordinarios en materia civil, casación e infracción procesal creado en la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000.

Respecto al orden jurisdiccional social, se generaliza la acumulación de acciones y procedimientos, eliminando duplicidades y evitando pronunciamientos contradictorios. Se potencia el acto de conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia adelantándolo respecto al juicio, y agilizamos y optimizamos el trabajo mediante una agenda doble de jueces y LAJ. Se introduce, por último, el procedimiento testigo y la extensión de efectos de sentencias firmes también en esta jurisdicción.

En lo que respecta al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se crea una obligación de remisión del expediente administrativo en soporte electrónico por parte de la Administración. Esto producirá mayor agilización y refuerzo de la conservación documental. Asimismo, se establece el deber de los funcionarios públicos de relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios telemáticos o electrónicos en los casos en que comparezcan por sí mismos. Por último, se reducen los plazos para algunos trámites intermedios del recurso de casación, salvo en los escritos de preparación, interposición y oposición.

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En el orden jurisdiccional penal, pendiente de la aprobación de la nueva Lecrim, se incide en cuestiones puntuales para agilizar los actuales procedimientos.

En lo que respecta a las reformas procesales para la transformación digital, se introduce la regulación de los sistemas de identificación y autenticación para adaptar nuestra legislación al Reglamento 910/2014, el reglamento eIDAS. Asimismo, generalizamos la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia. Por último, impulsamos un registro electrónico de apoderamientos apud acta, que permitirá otorgamientos telemáticos.

Respecto a los medios adecuados de solución de diferencias, les vamos a proponer abordar por ahora la solución amistosa de diferencias en asuntos civiles y mercantiles, estableciendo como requisito de procedibilidad la actividad negocial previa a la interposición de la demanda. Asimismo, la Administración de Justicia, en distintos momentos procesales, podrá poner a las partes la derivación. También se incluyen incentivos o estímulos a su uso, en la línea de exenciones fiscales. Por último, para la interposición de costas, se podrá valorar la actitud de las partes en la negociación.

De forma complementaria a esta norma procesal, impulsaremos el largo camino de implantación de la nueva Lecrim, cuya consulta se activó ayer mismo, así como la ley de derecho de defensa, cuya tramitación esperamos que esté iniciada el primer trimestre de 2021. Entre tanto, estamos cumpliendo el mandato europeo de desarrollar la Oficina de la Fiscalía Europea en España, contribuyendo a cimentar el modelo de investigación fiscal en el proceso penal. Tanto la ley de eficiencia procesal como estos dos proyectos se terminarán de perfilar en consultas con el resto de actores de la Administración de Justicia, en el marco del protocolo de cooperación reforzada. Por tanto, es un paquete significativo de reformas para la eficiencia procesal que esperamos tengan su aprobación y que permitan mejorar el servicio público.

A este paquete de reformas para la eficiencia procesal le sigue necesariamente otro ambicioso paquete de reformas para su eficiencia organizativa. Probablemente, coincidirán conmigo en que hace falta un nuevo modelo organizativo para hacer de la justicia un servicio más eficiente y de calidad. Ahora bien, algo no encaja en el análisis convencional. Según los informes del Consejo de Europa sobre el gasto en justicia, Cepej 2018, España gasta 79 euros por habitante, más de 15 euros por encima de la media europea, establecida en 64 euros. Asimismo, la media de jueces y letrados de la Administración de Justicia es de 20 por cada 100.000 habitantes. Por ello, resulta extraordinariamente llamativa la situación del servicio público de justicia. Así que, a pesar de que el número de ingresados en el total de jurisdicciones se ha reducido de 2015 a 2019 en un 26 % y el número de asuntos resueltos se ha reducido en un 29,8 %, los asuntos en trámite han aumentado durante dicho periodo un 16,4 %. Las tasas de pendencia no han mejorado, todo lo contrario, hemos pasado de una tasa del 0,28 % en 2015 al 0,47 % en 2019, situación que previsiblemente se verá agravada con el impacto del COVID. Como bien saben, la respuesta tradicional ha sido el puro incrementalismo, es decir, la creación de nuevos órganos judiciales con el consiguiente impacto presupuestario. Sin embargo, la evolución de la pendencia, que les acabo de esbozar, muestra que la creación de órganos no es una medida suficiente para garantizar la respuesta del sistema en tiempo razonable. Por el contrario, esta respuesta tradicional se ha mostrado insuficiente en cuanto a la reducción de los tiempos de respuesta e ineficiente desde una perspectiva económica, al incrementarse el gasto sin mejoras de eficiencia. Por tanto, para nosotros el problema no es tanto un problema de medios como de estructuras organizativas eficientes, que permitan convertir las partidas presupuestarias en inversiones y no en mero gasto. Es un lugar común en los análisis y estudios que se hacen en relación con el funcionamiento de la justicia en España que la misma no funciona bien. A esta conclusión se suele llegar basándose en dos datos: la mala percepción sobre su funcionamiento que tienen los ciudadanos y que se refleja en las periódicas consultas que se les hace sobre el tema y los informes y estudios comparados que desde distintas instancias europeas se hacen periódicamente sobre diversos indicadores y en los que España suele obtener unos pobres resultados.

Más allá de afirmaciones de trazo grueso y que no obedecen a análisis objetivos y rigurosos -es decir, a estudios empíricos-, en lo que sí viene habiendo consenso generalizado durante los últimos quince o veinte años, tanto por parte de los profesionales que trabajan en el sector como por parte de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, es en que el modelo organizativo de nuestra justicia en sus aspectos esenciales está agotado. En este sentido, el caso de la jurisdicción penal es paradigmático y, por ello, el anteproyecto de la Lecrim es cada vez más necesario. En la memoria de impacto normativo que estamos a punto de ultimar este mes identificamos un incremento desde 2015 de las tasas de pendencia de un 64 %, pasando de un 0,14 % a un 0,23 % en 2019. La tasa de congestión se ha

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incrementado un 8 %, desde el 1,13 % en 2015, al 1,22 % en 2019. El actual modelo organizativo es, pues, insostenible y debe ser más eficiente. Y no será por unidades judiciales. En relación con las unidades judiciales, entendidas como juzgados y plazas de magistrados en las audiencias provinciales, en 1988 contábamos con 2394 magistrados. Desde 1989 hasta 2019 se han incrementado en 3206 plazas más hasta llegar a las 5601 unidades, sin contar las 33 que vamos a crear en 2020. Concretamente, desde 2015 a 2019 las unidades judiciales se han incrementado en 433; contamos con más unidades judiciales que nunca. Tampoco es una cuestión de dinero. Los Presupuestos Generales del Estado han venido incrementando la partida destinada al ministerio desde 1 450 000 euros en 2015, hasta 1 800 000 en 2019, un incremento del 24,9 % entre ambos. La partida destinada en los presupuestos en 2019 al Ministerio de Justicia, sin incorporar la partida del Consejo, ha sido la más elevada hasta la fecha de la historia.

Por fortuna, el consenso respecto a la necesidad de reforma organizativa general de la Administración de Justicia no solo se refiere ya a los diagnósticos, sino el propio tratamiento que hay que aplicar, y como prueba basta recordar dos hitos: la reforma llevada a cabo en el año 2003 para la implantación de la nueva Oficina Judicial, que fue fruto del consenso y del Pacto de Estado de Justicia suscrito por el PP y el PSOE 2001 -ahí se ponían las bases para la transformación de la estructura administrativa que sirve de soporte a la actividad de jueces y magistrados-, y el intento de reformar la estructura de nuestros juzgados y tribunales llevadas a cabo, sucesivamente y en términos parecidos, tanto por el Gobierno del PSOE en el año 2011 como por el del PP en el año 2014, los tribunales de instancia. Lamentablemente, ninguno de estos proyectos cuajó en su totalidad. La implantación de la NOJ ha sido parcial, fragmentada y desigual en función del territorio. Solo se encuentra totalmente implantada en 47 partidos judiciales, poco más de un 10 % del total de 431. Quiero recordar que el martes 10 de noviembre se cumplen diez años de puesta en marcha de la Oficina Judicial, una fecha adecuada, en nuestra opinión, para lanzar una consulta pública sobre su evolución, para seguir impulsando sus criterios -recordémoslos- de agilidad, transparencia, eficiencia, eficacia en la racionalización del trabajo, así como optimización de los recursos, pero aprovechando ahora la enorme palanca para la mejora de procesos que nos ofrece el cambio digital.

Por su parte, los proyectos normativos para la implantación de los tribunales de instancia no llegaron a materializarse, como bien saben, pero las ideas fuerza están ahí, suficientemente maduras en el sector. Debemos trabajar, por tanto, en este sentido para terminar de definir y destilar el proyecto entre todos. Habiendo un consenso básico tanto sobre el diagnóstico como sobre el posible tratamiento, habría que buscar las causas de por qué las medidas no llegaron a aplicarse. Dejando a un lado las dificultades presupuestarias que en determinados periodos hayan podido concurrir, solemos identificar dos básicamente. Tanto los tribunales de instancia como la NOJ son dos caras de la misma moneda y deberían haber ido unidos a la hora de su implantación. Por cada Tribunal de Instancia una sola Oficina Judicial y una sola Oficina Judicial por cada Tribunal de Instancia. El tránsito del antiguo al nuevo modelo debería haber ido acompañado de una transformación digital -especialmente en lo que se refiere a la tramitación del expediente judicial electrónico- más completa de lo que se ha llevado a cabo en estos años.

Llegados a este punto, nos encontramos en un momento idóneo para abordar estas reformas que aún hoy siguen pendientes. Para ello, aspiramos a iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia -idealmente, en el primer trimestre del año que viene- que conjugue estos tres grandes aspectos a reformar de forma conjunta: tribunales de Instancia, Oficina Judicial y Oficina Judicial en el municipio, para avanzar de forma significativa hacia un servicio público de calidad. El modelo de juzgado unipersonal, que en la práctica opera como una micropyme -si me permiten la expresión, con ocho funcionarios y un LAJ-, no responde a los actuales y complejos desafíos de la Administración de Justicia.

Siguiendo el modelo seguido en la práctica totalidad de los Estados de la Unión Europea y transformando en 431 tribunales de Instancia los actuales 3718 juzgados unipersonales, lograríamos varias cosas: generar confiabilidad al establecerse criterios comunes entre los miembros del tribunal, que harían que la respuesta fuera uniforme y, por tanto, predecible; dotar de mayor flexibilidad a la planta judicial, permitiendo adaptarla a las necesidades; añadir un plus de calidad al sistema al hacer posible un primer nivel de especialización para distribuir asuntos, compatible con la de los propios tribunales, y reducir la duración de los pleitos al estar dotado el sistema de una capacidad de adaptación inmediata a las necesidades reales de cada momento, sin depender sistémicamente de la creación de nuevos órganos o de su trasformación; y, por último, simplificar el acceso a la justicia, donde habrá un solo tribunal y no juzgados diferentes, mejorando, por tanto, el funcionamiento del primer escalón jurisdiccional y potenciando con ello la confianza en nuestro sistema de justicia.

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El diseño de una nueva Oficina Judicial introducido en 2003 se basaba en el establecimiento de los denominados servicios comunes procesales, como saben. Estos servicios, sin estar integrados en ningún órgano judicial, asumían, y asumen, labores centralizadas de gestión y apoyo a la aplicación de las leyes procesales. Las ventajas que aporta este modelo también son compartidas por todos los actores y generan claras sinergias con las que aportan los tribunales de instancia. En esencia, la ciudadanía obtendrá un servicio más especializado, ágil, predecible, homogéneo y de fácil acceso con estas estructuraciones organizativas.

El principal problema con el que se encontraron las administraciones para poder implantar este modelo de Oficina Judicial, como recordarán, fue la propia configuración de los servicios comunes. Se partía de que para poder implantar estos de forma eficaz se debían adaptar edificios o dotarlos de espacios físicos que los albergasen: los espacios comunes. Tengamos en cuenta que, en función del tamaño del partido judicial, los servicios comunes pueden llegar a tener destinados doscientos, trescientos o incluso más funcionarios. Coincidirán conmigo en que el desarrollo y uso generalizado de nuevas herramientas tecnológicas, como ha sucedido durante esta pandemia, nos abre un mundo de posibilidades -y, por qué no, con un doble clic-. Conceptos como el puesto de trabajo deslocalizado o las actuaciones judiciales telemáticas que se están llevando a cabo diariamente y con total normalidad hacen que nos encontremos en un punto de inflexión, en nuestra opinión, en el que la implantación digital de la Oficina Judicial es consecuencia lógica y natural, actuando como palanca de cambios. El desarrollo tecnológico que permite la íntegra tramitación electrónica de los expedientes judiciales en la Oficina Judicial supondrá la interactuación de ciudadanos y abogados con los tribunales a través de canales de comunicación seguros y sin necesidad de desplazarse físicamente a las sedes de aquellos, así como el establecimiento de condiciones para que las tareas administrativas de soporte se puedan llevar a cabo de manera deslocalizada.

Por ello, el ministerio va a redoblar sus esfuerzos más allá de la gestión del expediente judicial y las relaciones con los profesionales de la justicia, como ha estado haciendo hasta ahora. Vamos a mejorar la experiencia del usuario -ciudadano, profesional, empresas- en el marco de un catálogo de servicios digitales que presentaremos en el primer trimestre de 2021 y que aumentará trimestralmente en prestaciones de servicios elaborados en consultas con los usuarios. De esta manera, empleando la tecnología como palanca, podremos transformar las actuales secretarías de los juzgados de paz -603- o sus agrupaciones -507-, servidas por funcionarios de Justicia y cuyas competencias actuales son residuales, en oficinas judiciales que acerquen el servicio público de justicia a los ciudadanos en el municipio, permitiendo que, sin desplazarse fuera de él, puedan realizar múltiples actuaciones. Por ejemplo, contribuir a mitigar la brecha digital en relación con la población rural y la población con mayores dificultades para la realización de trámites a través de Internet; conseguir que los residentes en estos municipios no tengan que desplazarse hasta las sedes de los tribunales de Justicia para la realización de la mayoría de sus gestiones; favorecer la deslocalización del trabajo de las oficinas judiciales, permitiendo que parte de sus integrantes presten sus servicios de forma telemática desde oficinas más próximas a sus lugares de residencia y, por tanto, facilitando para ello la conciliación familiar y laboral; prestar servicios de mediación o solución adecuada de conflictos, ya fuera a través de mediador nombrado o a propuesta de las corporaciones locales o instituciones especializadas; facilitar, asimismo, el acceso de los ciudadanos al Registro Civil, dando información sobre su contenido, y realizar trámites y obtención de certificados, y por último, obviamente, practicar los actos de comunicación procesal para los ciudadanos residentes en la demarcación territorial. Es más, si lo analizan con una visión positiva y posibilista, otros posibles servicios podrían estar orientados a la colaboración en el sistema de cita previa con juzgados y gerencias territoriales o a la conexión con los colegios de abogados en relación con el turno de oficio, o con estos y el ministerio o las comunidades autónomas en la tramitación de las solicitudes del reconocimiento al derecho a la asistencia jurídica gratuita. En fin, un conjunto de servicios que creemos que se pueden prestar. De esta medida se beneficiarán más de 14 millones de ciudadanos residentes en 5200 municipios si entre todos somos capaces de hacer realidad esta política, el 30 % del total de la población española. Piensen en la capilaridad, en la prestación de servicios de proximidad que esto representaría en el territorio del Estado y, por extensión, en la denominada España vaciada.

Como verán, nuestras ideas parten de la base de lo que tenemos ya implantado en el servicio público de justicia para mejorarlo de forma orgánica. Tomamos como base el partido judicial porque es perfectamente posible ser eficientes en términos de coste-beneficio, pero también de sostenibilidad social, tomando como punto de partida esas 431 demarcaciones territoriales básicas. El proyecto que queremos

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impulsar con su ayuda promueve, por tanto, una política de capilaridad a través de una justicia próxima a cada localidad. La tendencia a prestar el servicio público de justicia desde grandes urbes homogéneas siguiendo el modelo constructivo de las ciudades de la justicia no es necesariamente sinónima, desde una perspectiva social, de una política pública eficiente. En este sentido, promoveremos la prestación de servicios próximos y de calidad en las comunidades locales para contribuir a la sostenibilidad.

Pero antes de terminar mi exposición en relación con las medidas de eficiencia organizativa, debo hacer una brevísima referencia al nuevo modelo del Registro Civil, así como a la infraestructura crítica de la que disponemos en materia de ejecución: la Oficina de Recuperación de Activos, la ORGA, respecto a cuya actividad de 2018 y 2019 me indica la presidenta de la Comisión que rinda cuentas en esta comparecencia, de conformidad con el artículo 17 del real decreto que la regula. En cuanto al Registro Civil, no me voy a extender ahora mismo sobre la eficiencia organizativa del nuevo modelo que bien conocen, y que por fin entrará en vigor de forma escalonada a partir del próximo mes de abril, después de nueve años pendiente de que se diseñara un programa de implantación.

En cuanto a la Oficina de Recuperación de Activos, que en una semana cumplirá su 5.º aniversario, el 23 de octubre, déjenme que destaque muy especialmente que para este ministerio es un proyecto prioritario; de hecho, por ello la integramos en la nueva Dirección General de Seguridad Jurídica. Consideramos que esta peculiar organización es un modelo de eficiencia organizativa para la Administración de Justicia al servicio de las funciones de ejecución de sentencias. Pasamos al tiempo con ella de un círculo vicioso, como saben, en el que las ganancias delictivas perpetuaban el crimen organizado, a un círculo virtuoso en el que todos salimos ganando, porque revierte fondos en la lucha contra aquél. Esta estructura de incentivos es, sin duda, en términos regulatorios, profundamente eficiente y, por tanto, también en términos organizativos. Por ello, no abandonamos nuestro proyecto de transformarla en un organismo estatal autónomo, aun sabiendo las constricciones presupuestarias, que es lo que hemos propuesto en el pasado. De hecho, seguimos haciendo propuestas para integrarlo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea por puras consideraciones de eficiencia. Asimismo, estamos analizando posibles iniciativas sin descartar reformas legales para que este organismo abarque cualquier investigación y realización patrimonial por cuenta de los órganos judiciales. Mientras tanto, estamos estrechando lazos con Hacienda e Interior, que son nuestros aliados institucionales básicos en este ámbito. En este sentido, respecto al primero, ya se han mejorado recientemente los convenios con la Agencia Tributaria para acceso a información e integración de especialistas tributarios. Por su parte, en lo que respecta a Interior, ya hay un compromiso de valorar y analizar cómo retener el talento de los analistas de Policía y Guardia Civil que se forman en la ORGA. De esta forma, lograremos que el paso por la ORGA forme parte de la carrera profesional y el cursus honorum de los analistas más cualificados que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como todos ellos mismos nos demandan, por otro lado. Debo destacar que la consolidación de su operativa avanza eficientemente. En este sentido, estamos ya implantando las aplicaciones ARGOS I y ARGOS II para aumentar la automatización del proceso de análisis y la interconexión con plataformas públicas y privadas proveedoras de datos especializados. Asimismo, su saldo de cuenta de depósitos y consignaciones es actualmente de 45 600 millones de euros, y en 2019 ya realizó trasferencias al Tesoro público por valor de 1 120 000 euros. A lo largo de 2020 se han ingresado en la cuenta de la ORGA 9 740 000 euros y el total de bienes localizados desde su creación hasta octubre de este año es de 6720, de los cuales el grueso corresponde a productos financieros y cuentas bancarias, así como inmuebles y vehículos. En la misma línea, su operativa ha ampliado su actuación en el terreno y, como saben, se ha creado en marzo de 2019 una nueva unidad de la ORGA en la zona franca del puerto de Algeciras en el marco del Plan integral del Gobierno para el Campo de Gibraltar, que ha tramitado ya hasta la fecha 249 expedientes. Destacaré asimismo que el pasado mes de septiembre hicimos una visita a dicha unidad para hacernos una idea de primera mano, y nos reafirmamos en el potencial de este organismo para aumentar la eficiencia organizativa de la ejecución de sentencias. Haremos, pues, todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a que sea una realidad.

Por último, abordaré las actuaciones de eficiencia procesal y organizativa del servicio público de justicia que este equipo ministerial impulsará en los próximos meses. Hago una brevísima mención a la tercera área básica para la mejora de eficiencia: nuestro proyecto Justicia Digital. El proyecto se centra en esencia en la creación de una arquitectura de información basada en datos para la función de generación de información y conocimiento para la gestión, así como en una arquitectura de información orientada al metadato para la función de la interoperabilidad de aplicaciones. Podemos promover la interoperabilidad

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de nuestros sistemas de facto y ser, por tanto, más eficientes económica y tecnológicamente desplazándonos de la gestión de documentos, que realizan en la actualidad nuestras aplicaciones y, muy en particular, los sistemas de gestión procesal, a la gestión de datos. Esta arquitectura de información, como estrategia básica en dos pilares, se complementará con dos proyectos asociados centrados, por un lado, en crear un catálogo de servicios digitales -del que ya les he hablado- que beneficiaría a ciudadanía, empresas y profesionales y, por otro lado, en consolidar la seguridad jurídica digital de dichos servicios, así como de la Administración de Justicia en su conjunto. Para consolidar estos proyectos que ya están desarrollándose, en parte gracias a la Ley 3/2020, impulsaremos un anteproyecto de ley de seguridad jurídica y Administración de Justicia digital, cuya tramitación se iniciará, si es posible, en el segundo trimestre del año que viene.

Acabo de exponerles en esta comparecencia un conjunto de actuaciones pasadas y futuras para transformar el servicio público de justicia. Lógicamente estamos impulsando más proyectos que no cabe desgranar en detalle en esta sesión, pero respecto a los que estaré encantado de hacerlo en próximas sesiones o reuniones, cuando ustedes lo consideren oportuno. Son proyectos cuya realización completa trasciende a esta legislatura, pero que aspiramos a dejar en fase de implantación avanzada en la actual. En diciembre les podremos explicar en detalle y en particular, de manera directa por parte del propio ministro, los cronogramas, compromisos y objetivos de entrega de Justicia 2030 para 2021. Remando juntos, como venimos haciendo en los últimos meses, podemos hacer posible la transformación de la justicia. Trataremos de presentarles iniciativas ampliamente consensuadas, trabajando en equipo, en círculos concéntricos -si me permiten la expresión- con comunidades autónomas, Consejo General, Fiscalía y con el resto de administraciones, así como con consejos profesionales, asociaciones; en esencia, un trabajo en equipo que desembocará aquí, en la sede de la soberanía popular, donde se rinden cuentas y se transforman en ley las políticas de Estado. En esto, la justicia como servicio público es un ejercicio de corresponsabilidad, eso es lo que entendemos por cogobernanza. Con su ayuda esperamos conseguirlo.

Quedo a su disposición para las preguntas que estimen pertinentes. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado,señor Zapatero.

A continuación, vamos a proceder a desarrollar el turno de intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Les recuerdo que será un turno de diez minutos y no está previsto un segundo turno de réplica, salvo que con carácter excepcional se otorgara por esta Presidencia y sería en todo caso de un máximo de dos minutos. Por lo tanto, vamos a iniciar el turno por orden de menor a mayor y, en esta ocasión, le corresponde, en primer lugar, al señor Edmundo Bal Francés, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Bal, tiene la palabra.

El señor BAL FRANCÉS: Muchísimas gracias, presidenta.

Muchas gracias, señor secretario de Estado, por comparecer. Yo voy a empezar diciéndole un poco lo que le digo al señor Campo -a quien también tengo un gran aprecio y un gran respeto como a usted y lo sabe-: muchas palabras. Su comparecencia es de palabras, una comparecencia en la que usted nos muestra papeles y reuniones, pero no nos enseña dinero, inversiones. No, simplemente nos ha citado la creación de cien unidades judiciales. Verdaderamente es una broma con lo que está cayendo en la justicia; con lo que estaba cayendo en la justicia antes de que tuviéramos la desgracia de la pandemia y ahora agravado por la situación de la pandemia, nos viene usted a decir que va a crear cien unidades judiciales. Mire, aquí lo que nos hace falta para arreglar el problema de la justicia, que todos los que llevamos la toga puesta hemos estado sufriendo -porque este es el verbo que hay que utilizar-, es seriedad en el Ministerio de Justicia y que, de una vez por todas, a alguien se le meta en la cabeza que este servicio público esencial necesita dinero, inversiones. Dice usted, como el ministro de Justicia, que no comparte las visiones incrementalistas. Se puede decir con palabras más vulgares o más llanas, no hace falta utilizar esas consignas que utilizan desde el Gobierno, gobernanza, implementar, etcétera; hace falta, primero, dinero. Y me dirá usted: ¡Hombre, es que no es suficiente! Claro que no es suficiente, pero es necesario.

No me venga usted aquí a contar que con medidas reorganizadoras, reorganizativas, con el cambio de las normas, con tener reuniones, con hacer papeles, con hacer planes estratégicos va a resolver el problema que ya teníamos de la justicia de cuarenta años causado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, y mucho menos que vamos a salir de ese nuevo colapso de la justicia causado por el virus como consecuencia de todo lo que usted nos ha contado. Tengo muchas dudas respecto a lo que usted

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me dice en cuanto a que han escuchado a todo el mundo porque, verá, esto mismo ya lo escuchamos en el Real Decreto 16/2020 cuando decían ustedes que todo el mundo estaba de acuerdo en la habilitación del mes de agosto. Quizá esa era la medida estrella para salir de la pandemia, habilitar veinte días del mes de agosto. Este es el tipo de medidas que el ministerio pone en marcha. Y no era verdad porque los abogados, los procuradores, los graduados sociales estaban en llamas, no estaban de acuerdo; los abogados del turno de oficio, los pobres -los pobres porque les trata mal el ministerio- estaban absolutamente irritados. No, habían quedado ustedes con los que sabían previamente que les iban a decir que sí y no había quedado con los que sabían que les iban a decir que no.

Además de las inversiones, señor secretario de Estado, el plan de choque, que ha sido un fracaso. Yo tengo muchos amigos jueces y magistrados y me dicen que no se han apuntado al plan de choque. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque no les ponen dinero, porque son ustedes tacaños a la hora de establecer el plan de choque, y esa sí hubiera sido una gran medida para salir de este bache, una grandísima medida. Porque al final son las espaldas de los profesionales de la justicia, esos magníficos jueces, magistrados y fiscales que tiene este país, los que hacen que la justicia como servicio público funcione. Hombre, un poco de agradecimiento, un poquito de retribución en forma de productividad, en forma de planes de apoyo, en forma de planes de choque; cosas que ustedes no han hecho. Lo que se deduce de su discurso es lo mismo de toda la vida, usted ha venido a decir directamente, por mucho que las palabras hayan sido muy bonitas, que no tienen dinero.

Cien unidades judiciales, verá, lo repito donde me quieran escuchar: en España hay 12 jueces por cada 100 000 habitantes cuando la media europea es de 21 jueces por cada 100 000 habitantes. No me diga usted que no salimos de esto con posturas puramente incrementalistas porque lo primero que nos hace falta es, por lo menos, llegar a la media europea; por lo menos llegar a la media europea. Y no son cien unidades judiciales; son oposiciones de jueces; es también reorganización, efectivamente, como usted dice, pero no solo; es formación del personal y es una cosa que ha dicho usted que le aseguro -se lo digo, de verdad, con respeto- que me ha soliviantado, me refiero al expediente judicial electrónico. Yo le pido que la próxima vez que venga usted a esta Comisión me traiga un expediente judicial electrónico. Usted habla del expediente judicial electrónico y yo me imagino a lo que usted se está refiriendo; a esa acumulación desordenada de ficheros electrónicos que están en un disco duro al albur, al mejor o peor criterio -perdónenme que utilice la terminología antigua porque ya soy mayor-, del oficial de justicia. ¿Eso es para usted el expediente judicial electrónico? No hay expediente judicial electrónico; y lo peor es sobre todo que no hay expediente judicial electrónico compatible entre las distintas comunidades autónomas, con los sistemas de gestión procesal de las distintas comunidades autónomas. Y esto se lo puede preguntar usted a cualquiera, pero pregúnteselo a abogados del Estado o a fiscales, que tenemos implantación en todo el territorio nacional, y lo vemos claramente; no existe el expediente judicial electrónico, pero ahora tenemos una oportunidad de oro con los fondos de los planes europeos. Por favor, se lo pido, se lo ruego, no la desaprovechen porque tenemos un montón de dinero para la digitalización y, por ahora, la digitalización de la justicia en España es un desastre.

LexNET tiene muy poca capacidad; y lo del papel cero, mire, usted aquí en Madrid se pone una toga y presenta un escrito en un juzgado y se echaría las manos a la cabeza. Le aconsejo, de verdad, que lo haga o que se lo pida a algún amigo suyo que sea abogado. Cuando recibes esa providencia del LAJ, del letrado de la Administración de Justicia, te dice que al día siguiente de aportar en LexNET el documento, por favor, le lleves copias en papel al juzgado. Por aquí veo alguna cabeza que asiente, claro, porque también lo habrá sufrido el compañero abogado que tengo aquí delante. Yo lo sufro todos los días en casa con mi mujer que es abogada colegiada; o cuando LexNET da errores y, entonces, al día siguiente tienes que ir presencialmente a que te anulen el envío a LexNET. ¿Sabe usted por qué? Porque eso de la atención por videoconferencia estilo Star Wars o Star Trek que usted ha planteado, no existe; no te cogen el teléfono en el juzgado. ¡Como para hacer una videoconferencia! Me dirá usted que estoy tratando mal a los funcionarios de los juzgados, que estoy diciendo que son vagos. ¡Qué va, qué va, si los pobres hacen todo lo que pueden! Pero no pueden más porque son muy pocos. Ese es el problema, y porque se apilan los papeles; y porque siguen los autos en papel; y porque los ordenadores son viejos; y porque no hay formación; y porque de la nueva oficina judicial -como bien ha dicho usted- no se ha implantado nada más que el 10 % en diez años. El Partido Popular y el Partido Socialista ya podrían haber puesto más interés si es tan buena la nueva oficina judicial, cosa que yo dudo porque donde está implantada también recibe enormes críticas.

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Me quedo con las cifras que señala usted de incremento de cada una de las jurisdicciones. Por no criticarle en todo, le diré que me ha sonado bien alguna de las medidas que ha planteado usted con respecto a cada una de las jurisdicciones. Las veremos, las debatiremos y le aseguro que en Ciudadanos, como siempre, tenderemos la mano, seremos exigentes, pero trataremos de llegar a acuerdos; pero algunas medidas, se lo digo, me han gustado.

También le digo otra cosa, la justicia gratuita es la hermana pobre -la ha citado usted- de esta pandemia. Esta pandemia ha demostrado que la justicia gratuita está vetusta, que hay que reformarla e incluir a las personas jurídicas para los supuestos de concurso que va a haber cuando ya no tenga lugar la suspensión de la obligación de declararse en concurso, porque ese momento -no sé si lo han valorado ustedes bien- va a ser muy importante para el aumento de casos en la jurisdicción mercantil y en la jurisdicción social, ya que muchos empresarios se van a declarar en concurso y eso va a generar una gran litigiosidad también en la jurisdicción social con los ERE o los despidos individuales. Entonces, personas jurídicas, justicia gratuita; justicia gratuita para supuestos que no están contemplados como, por ejemplo, el contador-partidor o el liquidador de la sociedad de gananciales o en los supuestos de mediación, a los que usted se está refiriendo siempre con el mantra de la mediación, pero que nunca ponen en práctica. Yo no sé qué miedo tienen ustedes a la mediación, cuando todos los países de nuestro entorno más o menos la tienen funcionando con buenos índices. También hace falta justicia gratuita para que la mediación sea eficaz.

No tengo mucho tiempo, iba a comentar la reforma del Registro Civil, que usted ha dicho que tienen también en la cabeza. Esta pandemia pone de manifiesto que existen grandes carencias, por ejemplo, el poder contar los fallecidos en el Registro Civil. Han fallado los registros civiles precisamente como consecuencia de la falta de inversión y no solo por la falta de organización. Es necesario implementar y poner mucho dinero para que tenga lugar de verdad la digitalización de los registros civiles y, desde luego, no enmascarar una cesión de competencias a las comunidades autónomas, sino dejarlo únicamente en el encargado del Registro Civil, en manos del letrado de la Administración de Justicia.

Por último, señor secretario de Estado, se lo tengo que decir: espero que no intenten salir ustedes de la crisis de la pandemia reformando el sistema de selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial a través de una mayoría absoluta, en un auténtico atropello a los derechos de la oposición y, desde luego, una negación absoluta del consenso que debe presidir el nombramiento de la dirección del Poder Judicial.

Permítame un segundo, señora presidenta -termino ya, de verdad, he visto la luz roja-, yo soy también de los que han sufrido la ORGA. A lo mejor aquí, en esta sala, la ORGA les parece a algunos una especie de animal esotérico, pero es que yo la he sufrido también. Los pobres letrados de la Administración de Justicia, que son los que tienen que ejecutar las sentencias, también han sufrido a la ORGA con las gravísimas deficiencias que ha tenido este organismo, porque resulta que en las ejecuciones anteriores al 24 de octubre del año 2015 era la propia ORGA la que decidía voluntariamente si se quedaba con ellas o no. Y solo se quedaba con lo bonito; lo que era feo, por ejemplo, tener que vender un inmueble, se lo dejaba a la pobre Dirección General del Patrimonio del Ministerio de Hacienda, que tenía que ejecutar lo que a nadie le gustaba. Quiero que también usted nos diga si, efectivamente, se han cumplido los destinos de lo que se recauda conforme a la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque no se lo he escuchado, en materia de protección de víctimas, en materia de prevención de delitos, en materia de cooperación internacional, porque he tenido la curiosidad de bajarme de la página web del ministerio el Plan Estratégico 2018-2020 de la ORGA y, claro, me encuentro con seis objetivos generales que son genéricos; me encuentro con cuatro estrategias maravillosas que no dicen nada; y sobre esto tampoco he encontrado absolutamente nada. Me llama la atención que en cinco años no hayan conseguido ustedes crear la comisión de adjudicación de bienes.

Finalmente, le pido perdón porque por ser miembro de un grupo pequeño, me tengo que ir para acudir a otra Comisión, pero sí le rogaría, si quiere usted utilizar el turno de réplica, que me contestara a estas preguntas y yo lo veré en diferido porque son temas que me preocupan mucho. Insisto, muchísimas gracias por su comparecencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.

Le corresponde ahora el turno de intervención a la señora Telechea por parte del Grupo Republicano.

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La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer su comparecencia hoy aquí, señor secretario de Estado de Justicia. También le pido disculpas de antemano por tener que ausentarme de la Comisión ya que, igual que mi compañero Edmundo, nos coincide con otras Comisiones y nos tenemos que dividir. Su comparecencia ha estado bien, nos ha enunciado toda una serie de medidas, pero evidentemente estaremos pendientes de que todas esas medidas se vayan ejecutando tal y como se ha comprometido. Yo no voy a ser muy extensa en la intervención porque al final nos reiteramos constantemente cuando comparece el ministro y en las diferentes Comisiones y, por lo tanto, voy a intentar ser muy breve.

Hay algunos temas que nos preocupan especialmente y nos gustaría conocer, si es posible, el compromiso por parte del ministerio -supongo que saldrá en otras intervenciones- en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es sabido que en los últimos tiempos el desprestigio del Poder Judicial es muy muy preocupante, no solamente con las sentencias de las hipotecas, de La Manada, sino también con la sentencia del procés -precisamente hoy hace un año de esta sentencia-, y la frustrada renovación de los miembros del Consejo por un sistema que no es nada transparente y tampoco plural, ha deteriorado mucho la imagen de la justicia. Entonces, queremos saber el compromiso por parte del ministerio, aunque ya sabemos de las diferentes mayorías y somos conocedoras del sistema.

En cuanto a la modernización de la Administración de Justicia, que debe ser de calidad y eficiente, como usted bien ha dicho, la pandemia nos ha obligado a reinventarnos en muchas situaciones que, de otra manera, hubieran llegado a estar aquí diez o quince años. Esto tenemos que aprovecharlo y hacer de esta situación una oportunidad. Es evidente que esa oportunidad es todo el tema de la digitalización y el teletrabajo que han venido para quedarse y, por lo tanto, suponen una nueva forma de trabajar. Pero, igualmente, debemos ser un poco críticas en cuanto al expediente digital, que debe ser útil y operativo y facilitar la labor jurisdiccional. Es muy importante insistir en este tema y, evidentemente, eso necesita medios económicos y personales, no digo nada que no se sepa.

Otro tema que también nos preocupa es el compromiso del ministerio en cuanto al derecho a la vivienda y la protección de los consumidores, que viene derivado también de la gravedad de la pandemia; las moratorias en el pago del alquiler, de las hipotecas, etcétera. Debemos evitar a toda costa que se acabe desahuciando a las familias de sus viviendas. Eso ha de ser una prioridad, debemos garantizar ese derecho fundamental. Evidentemente, no puede producirse ningún desahucio si no hay una alternativa habitacional. Eso es básico y estamos preocupadas porque la vigencia de las medidas del último real decreto en relación con las moratorias del pago del alquiler y la solicitud de este beneficio finaliza el 30 de noviembre. Nos preocupa lo que va a suceder en los próximos meses. También, como le comentamos al ministro cuando compareció para informar sobre las medidas en el ámbito de la justicia a consecuencia de la pandemia, insistimos en la reforma de la segunda oportunidad. Las personas físicas insolventes deben disponer de un instrumento legal y eficaz para poder liberarse de las deudas. Es básico porque con eso abandonaremos la economía sumergida, las familias abandonarían la economía sumergida y podrían volver a empezar sin deudas que les arruinen de por vida. Es una prioridad que se debe tener en cuenta y en la que insistimos mucho cuando compareció el ministro.

En cuanto a la violencia de género -precisamente cuando me ausente de aquí iré a la Comisión del Pacto de Estado en materia de violencia de género-, debemos abordar firmemente todos los delitos contra la libertad sexual: acoso por razón de género, acoso sexual, mutilación genital, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, etcétera. Se deben abordar de forma integral y sobre todo con perspectiva de género y desde los derechos humanos. Por tanto, también son importantes las modificaciones legislativas derivadas del Pacto de Estado contra la violencia machista. Es importante abordar este aspecto y seguir avanzando en la especialización de los órganos judiciales con competencia en materia de violencia de género. Asimismo, debemos incrementar la atención y protección que se dispensa a los menores perjudicados por la violencia machista, que también durante la pandemia han estado padeciendo situaciones muy complicadas de violencia en los domicilios, dado que no podían ausentarse y, por tanto, han estado conviviendo con situaciones graves de violencia.

En cuanto a la eutanasia, celebramos que por fin se esté avanzando en esta línea. Esquerra Republicana siempre ha dado su apoyo y lo tendrá en la tramitación de la ley. También nos preocupan los temas de igualdad en el ámbito de la justicia. La realidad es evidente, la presencia de mujeres sigue siendo menor que la de los hombres no solamente en las empresas públicas, sino también en las privadas, y en el ámbito de la justicia se agrava aún más ese techo de cristal que hace que a las magistradas les

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cueste acceder a los altos cargos judiciales. Debemos insistir en romper ese techo de cristal y creo que el ministerio tiene una buena oportunidad para hacerlo.

En lo que se refiere a la mediación, no hace falta que le diga más, ya conoce la insistencia de Esquerra Republicana en los temas de mediación, sin olvidar a todos los abogados y procuradores del turno de oficio, a los que debemos proteger y procurar que tengan una retribución digna, como merecen de acuerdo con el trabajo que realizan. Y en general seguimos preocupadas por la recuperación de los asuntos judiciales, que usted ha comentado que se han quedado bloqueados a causa de la pandemia. La situación de crisis sanitaria y humanitaria va a seguir -los datos son evidentes- porque va a haber un segundo rebrote muy importante. Tal vez no pueda buscarse una solución a eso y es posible que se agrave el problema, pero ya venimos de esta situación y, por tanto, aprendamos de ella y no cometamos los mismos errores de cara al futuro.

Por último, debo reclamar las competencias que nuestro Estatuto de Autonomía de Cataluña nos concede. Reclamo esas competencias -siempre dejamos constancia de ello- en relación con las tasas judiciales, la justicia gratuita y el Consell de Justicia de Catalunya, que siempre ponemos encima de la mesa. El Consell de Justicia de Catalunya pretende la descentralización de la justicia, algo que además está contemplado y regulado en los artículos 97 a 100 de nuestro estatuto de autonomía.

He hecho un resumen muy general y nuestra petición es conocer su compromiso en relación con todos los temas que hemos expuesto. Le reitero mi agradecimiento por su comparecencia hoy aquí.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común le corresponde la palabra a su portavoz, el señor Asens.

El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor secretario general. Quiero empezar, en primer lugar, agradeciéndole su presencia y su disposición a rendir cuentas ante esta Comisión, en la sede de la soberanía nacional. No sé si eso es lo que sucedía en el pasado, si era norma esa regularidad con la que usted ha anunciado que quiere venir, pero en todo caso me parece que es un ejercicio sano, democrático, de rendición de cuentas. También quiero agradecerle su detallada y extensa explicación. Nos ha dado mucha información en poco tiempo. De hecho, sería de agradecer que nos proporcionara en próximas ocasiones un resumen escrito para poder examinar con mejor criterio todos los anuncios hechos. En todo caso, queremos poner en valor ese esfuerzo hoy aquí de explicación de las medidas que tienen que servir para combatir el COVID-19 y mejorar la eficacia del servicio público de la justicia, con un binomio cuyo equilibrio no es nada fácil de conseguir; el equilibrio de la continuidad de la actividad judicial con la salud de los profesionales de la justicia y de los ciudadanos o usuarios.

Creo que el desafío en términos económicos que implica esta crisis es enorme y en ese sentido ya ha explicado cuáles son las respuestas a corto, medio y largo plazo. Es evidente que la expansión del virus está poniendo a prueba el sistema judicial, igual que los otros servicios públicos. Se habla mucho de la sanidad y usted ha mencionado también las escuelas, que tuvieron que cerrar. Es un test de estrés -también lo es para la justicia-, pero, como en toda crisis, hay oportunidades. Creo que es una gran oportunidad para resolver las asignaturas pendientes que arrastramos en los últimos años: falta de recursos, de medios, modernización, etcétera. No podemos dejar en cuarentena los derechos de los ciudadanos, evidentemente. Ya lo dijimos en su momento, el informe del Consejo General del Poder Judicial iba en la dirección equivocada cuando planteaba un plan de recorte de derechos en un sector tan vulnerable como el de los internos de los centros penitenciarios, cuando pretendía retirar los recursos contra los permisos de salida para conseguir tener menos carga de trabajo en los juzgados. Creo que ese no es el camino y las medidas que usted ha anunciado en ese sentido van por el camino correcto. Está muy bien todo lo que nos ha explicado sobre la estructura de cogobernanza, todas las reuniones, las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, con sus respectivos responsables, etcétera.

En relación con el tema de la mediación, estamos de acuerdo con lo que ha dicho. Tanto en mediación como en arbitraje estamos lejos de la media europea, falta apostar más por eso y por las medidas de desjudicialización en general. Respecto al objetivo papel cero, un objetivo imprescindible para modernizar la Administración de Justicia y que está relacionado con la transición a la digitalización, ha señalado los retos y ha planteado cuáles son las medidas del Gobierno que tienen que servir como palanca para superar esa excesiva burocratización que existe ahora mismo en los juzgados y que nos aleja de la media europea. Eso

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es, como digo, una asignatura pendiente, nos lo ha recordado muchas veces la Comisión Europea, hay que modernizar los medios informáticos, sin duda. Creo que con su explicación nos ha dado cuenta del salto gigante que estamos realizando. Se está haciendo en pocos meses lo que no se había hecho en los últimos diez años. Por tanto, creo que es un salto muy ambicioso. Teletrabajo, inmediación digital, cita previa, están planteando una serie de modificaciones que representan un cambio de paradigma, a pesar de lo que diga el señor Bal, que ya se ha ido, y que ha empezado criticando la comparecencia porque era una comparecencia de palabras; las comparecencias siempre son de palabras. En todo caso, ha seguido llamando la atención sobre la falta de dinero. Es verdad que las memorias económicas son importantes, pero nosotros creemos que no son lo único. Evidentemente tenemos que aprobar unos presupuestos que superen los presupuestos de Montoro y puedan afrontar muchos de estos retos que tenemos por delante, pero no es suficiente con eso, porque podemos tener el dinero y que igualmente, si no se adoptan esas medidas de reorganización de la Administración pública de Justicia, no nos sirva de nada. O sea, que las medidas incrementalistas simplemente no son suficientes, sí que son una pata importante pero no son suficientes. Por lo tanto, ahí habría un punto de discrepancia con el señor Bal.

Y otro punto de discrepancia, evidentemente, es la referencia que ha hecho a la falta de renovación de Consejo General del Poder Judicial. Ciudadanos se escandaliza, gesticula, sobreactúa cuando se intenta encontrar una solución al actual bloqueo, a la actual situación de, digamos, secuestro de gobierno de los jueces, pero en cambio calla, no dice nada sobre lo que está pasando. Nos propone un modelo alternativo, que puede ser discutido. Nosotros creemos que el modelo actual es correcto, es un modelo que permite que la justicia se parezca mucho más al pueblo del que emana su legitimidad, pero, en todo caso, en lo que no hay ningún tipo de duda, lo que no es defendible, es lo que está ocurriendo en el gobierno de los jueces ahora mismo. Es tan indefendible que la Comisión Europea nos ha llamado la atención. El artículo 122 de la Constitución no se está respetando. Se ha dicho abiertamente que no quiere respetarse este artículo y eso afecta a uno de los principios básicos en democracia, que es la renovación de los órganos constitucionales. El Ejecutivo, cuyo titular es el Gobierno, el Legislativo, cuyo titular es el Congreso, se renuevan cada vez que hay elecciones. Eso debe pasar también con el gobierno de los jueces y no está pasando, lleva años con el mandato caducado. Eso es una impugnación del principio democrático, está socavando los pilares fundamentales sobre los que se ha construido nuestro sistema de garantías. Y una sociedad en la que los órganos constitucionales a los que se confía la dirección de su país, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial, no cumplen sus funciones, las funciones que tiene encomendadas, evidentemente entra en un proceso de corrupción institucional. Por tanto, es nuestra obligación democrática, política, encauzar esta situación que no se había previsto; el Constitucional nunca había previsto que hubiera un partido, el principal partido de la oposición, que se negara a cumplir con la Constitución y además lo dijera abiertamente; un partido que dice que mientras que Unidas Podemos esté en el Gobierno no entrará a negociar nada. Es como si el presidente del Gobierno dijera que cuando se le acabe el mandato no va a convocar nuevas elecciones hasta que el Partido Popular no rompa relaciones con VOX, a todos nos parecería un escándalo. Pues eso es lo que está pasando aquí, el Partido Popular no quiere sentarse a negociar. No es que se siente a negociar y diga: No nos entendemos. No, es que dice que no quiere cumplir con la Constitución. ¿Por qué? Porque dice que no le gustan los partidos que están en el Gobierno, uno de ellos. Bueno, pues eso no es de recibo. Por tanto, evidentemente se tienen que tomar cartas en el asunto y se tiene que iniciar este proceso legislativo.

Más allá de esa referencia que ha hecho el portavoz de Ciudadanos, y simplemente para terminar, como he dicho antes, este es un gran avance, es un avance de dimensiones descomunales, sobre todo en relación con la España vaciada. Creo que la generalización de las vistas y de las declaraciones por videoconferencia representa un menor impacto ambiental y una reducción de la brecha territorial importante que va en beneficio de la España vaciada; esa capitalidad territorial es muy positiva. Y simplemente señalar que en la cuestión que hace referencia a las sentencias orales a algunos abogados nos dan un poco de miedo que eso se haga en detrimento de sus motivaciones y, por tanto, del ejercicio del derecho a recurrir esas sentencias.

Nada más, muchas gracias por su intervención.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens.

El Grupo Parlamentario VOX compartirá su turno de intervención entre la señora De las Heras y el señor Zambrano, tal y como nos han informado.

Tiene la palabra, señora De las Heras.

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La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchísimas gracias, señora presidente.

Muchas gracias, señor Zapatero, por su comparecencia. En primer lugar, debo preguntarle de qué ha servido declarar hábiles los días 11 a 31 de agosto. El colapso judicial está llevando a los juzgados a señalar juicios para el año 2023, tres años para celebrar un juicio. Las medidas adoptadas en otros ministerios no han hecho sino generar un aluvión de demandas en juzgados que ya han denominado desde los propios juzgados como pandemia judicial. Si la Administración de Justicia estaba ya en crisis antes del COVID, imagínense ahora.

Nos ha mencionado aquí una gran amalgama de medidas a futuro: organizativas, procesales, datos, pero ¿con qué recursos piensa dotarla? Le pongo unos ejemplos. ¿Sabe que la isla de Formentera no tiene partido judicial propio? ¿Sabe que la asistencia a los detenidos allí se hace telefónicamente porque no disponemos de medios para desplazarnos en el margen de asistencia? ¿Sabe que en Ibiza hemos tenido durante un año inhabilitación general y suspensión de la actividad jurisdiccional en instrucción penal y violencia de género por un incendio que nos dejó literalmente sin juzgados? ¿Sabe que en Ibiza no tenemos funcionarios de la Administración de Justicia debido al precio de la vivienda? Necesitamos recursos.

Y en relación con las medidas adoptadas para impulsar la transformación del servicio público del sector de la justicia lo que encontramos es ?¡oh, sorpresa!? una nueva vulneración del principio de independencia judicial. Mediante la Ley 3/2020, que usted ha mencionado tanto en su exposición, se ha modificado la competencia relativa a la ratificación de las medidas sanitarias que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales para pasarla de los juzgados de lo Contencioso a los tribunales superiores de Justicia, como todos sabemos, de ternas políticas, es decir, propuestos por las asambleas legislativas autonómicas y finalmente elegidos por el Consejo General del Poder Judicial de entre dicha terna. Ejemplo: si un juez ve que es una auténtica salvajada encerrar a gente sana, como estaba sucediendo, ese juez es un estorbo para la agenda política del Gobierno. ¿Solución del Gobierno? Cambiar de tribunal. Cuando molesta la independencia judicial, sin ley orgánica ni mayoría cualificada cambian la competencia del juez ordinario a su antojo.

Déjenme decir que las medidas para la transformación de la justicia se parecen más a un sistema autocrático. Desde que han llegado al Gobierno, no han dejado de actuar en consecuencia: el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general, las declaraciones del señor presidente del Gobierno manifestando que la Fiscalía depende del Gobierno, la modificación de la competencia del juez ordinario para la ratificación de las medidas que acabo de citar que vulneren derechos fundamentales y luego retuercen la legalidad jurídica para emplear un artículo pensado para confinar a gente enferma, no gente sana. De ahí que el señor Sánchez decretara inicialmente el estado de alarma para poder hacerlo, que, como ya ha dicho mi grupo parlamentario, era más bien un estado de excepción encubierto. Sin embargo ahora, bajo el pretexto de tal artículo, se confinan y encierran ciudades enteras sin mayor exigencia que un ridículo acto administrativo y un control judicial que han decidido modificar a su gusto porque los jueces de lo Contencioso les resultaban incómodos; un total fraude de ley. Así lo hicieron Castilla y León, Lérida, Valladolid, Melilla o Valencia; son ejemplos de Contenciosos que no ratificaron estas medidas. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Aragón rechazó el confinamiento al carecer de cobertura legal la restricción de un derecho fundamental como es la libre circulación cuando las medidas se dirigen a un grupo de población cuya única conexión con la enfermedad es su residencia en un mismo territorio. Las restricciones solo deben aplicarse a enfermos y no a toda una población, argumentación del TSJ de Aragón. A esto debemos añadir que, en plena pandemia, en mayo, el Partido Socialista presentó una iniciativa para la renovación de los órganos constitucionales y organismos institucionales, el Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Administración de RTVE, la Junta Electoral Central, los consejeros del Tribunal de Cuentas o el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¡Qué prisa tienen en negociar los miembros del Consejo General del Poder Judicial! Y aquí el PP más de lo mismo, porque cuando ellos gobiernan, incluso con mayoría absoluta, tampoco les molesta el sistema. ¿Para qué cambiar el sistema si pueden elegir a los jueces? ¿Para qué independencia judicial si puede depender de ellos? El único cambio que puede avalar VOX es trabajar por la independencia judicial ante la deriva autocrática y totalitaria de este Gobierno social-comunista. Estamos sufriendo por que sea cierta la intención del Gobierno de Sánchez de asaltar la institución del Poder Judicial. Chávez estaría orgulloso. Por ello, frente a su último ataque al Estado, sus instituciones y nuestra democracia constitucional para cambiar la manera en que se designa a los magistrados y miembros del Consejo General del Poder Judicial para designarlos

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prácticamente a dedo, presentaremos recurso ante el Tribunal Constitucional. Ya hay asociaciones de jueces, incluso de la Unión Europea, advirtiendo de que es un asalto a la independencia judicial, es inconstitucional. Como decía antes, cuando algo no le gusta a este Gobierno evita las mayorías cualificadas y las rebaja a su gusto para controlar todas las instituciones del Estado. Repito, un golpe de Estado del que Chávez estaría orgulloso.

Y a pesar de que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, a colación de la recientemente aprobada iniciativa socialista de renovación de los órganos constitucionales y ya que está inexorablemente incardinada en la justicia, dicho sea de paso, ¿forma parte de la nueva normalidad que el Tribunal Constitucional ni esté ni se le espere para pronunciarse en relación con un asunto de daño irreparable, como son los confinamientos masivos?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Zambrano García-Raez.

El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señora presidente.

Gracias, don Pablo, por asistir. Mire, un país que se precie de ser democrático y moderno precisa de un sistema judicial que disponga de medios materiales y humanos suficientes para ser eficaz y de un Poder Judicial verdaderamente independiente. A juicio de este diputado, respecto de la independencia judicial ya conocemos el desprecio que se ha demostrado en España desde sucesivos Gobiernos y mayorías, tanto populares como socialistas. En cuanto a los medios materiales y humanos, igualmente sucesivos Gobiernos han hecho constante dejación y nos encontramos con unos juzgados y tribunales sobrecargados de trabajo y con atascos de vergüenza en la tramitación. De esta forma se mantiene un sistema judicial sin medios que es incapaz de llevar a efecto una labor de necesaria protección para los derechos de los españoles y la necesaria labor de control jurisdiccional de la labor política, porque precisamente el Poder Judicial cierra el equilibrio entre los poderes y es el contrapeso para el abuso del poder político.

Todos sabemos cómo la corrupción ha campado a sus anchas por España en los últimos años. Desde el año 2000, más de dos mil casos de corrupción política en España y precisamente la ORGA podría ser un instrumento clave para la lucha contra la corrupción, contra el delito económico, y así se anunció en su día cuando se creó el organismo en España. Todo político corrupto debería estar convencido de que una unidad como esta perseguirá su patrimonio hasta la extenuación y con los medios que sean precisos también. Eso creo es que es algo, además, que la ciudadanía española exige. Le he escuchado en su exposición hablar poco de esta oficina. Yo pensaba que usted hoy aquí venía a explicar el resultado del trabajo de nada más y menos que dos años, el año 2018 y el año 2019, pero me interesa, porque yo también he visto el plan que tenían previsto hasta el año 2020 en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que me informe especialmente de los medios personales, de las unidades y de los presupuestos que está manejando la oficina. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy letrado, soy jurista, y me manejo muy mal en el tema presupuestario, pero cuando veo los Presupuestos Generales del Estado veo una partida que dice: para toda clase de gastos del funcionamiento y gestión de la ORGA, 249 000 euros. Y digo: no puede ser, seguro que hoy me explican cuáles son las inversiones que se están haciendo en la oficina, sobre todo porque, por ejemplo, en enero del año pasado se anunciaron 15 millones para la memoria histórica, y digo: no me cuadra, no es posible que las prioridades para perseguir nada más y nada menos que los delitos económicos en toda España derivados del narcotráfico, de la corrupción política, tengan una partida de esta cuantía en comparación con otras. Le puedo decir, por ejemplo, que veo que tienen publicado en el portal la orden de diciembre de 2017, donde se publica la relación de puestos de trabajo de la unidad en la Audiencia Nacional, cuatro personas. Yo también soy de los mayores y hablo de oficiales y de auxiliares y entiendo que es un oficial para la tramitación procesal y tres auxiliares para gestión. No puede ser; seguro que usted me aclara cuál es el personal real que está adscrito a la ORGA en la Audiencia Nacional.

Ha hablado usted de una unidad en Algeciras, magnífico, no cabe duda de que es un puesto clave y estratégico. ¿Me podría decir cuántas unidades tiene la ORGA en España? Lo desconozco y reconozco mi ignorancia sobre ello, pero creo que necesitamos saberlo para poder hacer nuestro trabajo parlamentario y poder sugerir propuestas. Tenga usted en cuenta que está en un puesto clave, en un puesto muy importante y que no cabe duda de que usted es enlace hoy aquí entre el Gobierno y el Congreso. ¿Qué pensamiento tiene usted, porque se ha anunciado que se van a traer presupuestos al

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Congreso de los Diputados, en su ministerio respecto de la ORGA? Porque vemos que en el plan de actuación previsto hasta el año 2020 uno de los objetivos precisamente era consolidar y aumentar los recursos humanos de la ORGA justamente para poner en marcha esa unidad que iba a terminar, digamos, distribuyendo las cantidades obtenidas por el trabajo de la oficina. Espero -porque veo también que se están utilizando desde la ORGA una serie de convenios y acuerdos firmados, he contado quince acuerdos ahora mismo- que me pueda detallar, aunque ha hablado algo al respecto, si tienen previsto aumentar el número de acuerdos, cuántos podrían estar en tramitación y me indique qué cantidad de agentes tanto de vigilancia aduanera como de policía nacional están ahora mismo contabilizados como colaboradores de forma estrecha también con la oficina.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Zambrano. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra señor Jerez.

El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Zapatero, buenas tardes. Agradezco sinceramente su presencia hoy en esta Comisión para dar cuenta de las medidas, pero tengo que decirle que le ha tocado un mal día para hacerlo, el peor de todos los posibles quizá; un día triste para la justicia española porque se pretende desde las mayorías parlamentarias que la elección del Consejo General del Poder Judicial no refleje el pluralismo que existe en el seno de la sociedad española y cuando el pluralismo social no se respeta por parte del poder político ya sabe usted a lo que nos estamos acercando. Pues eso.

Agradezco sinceramente su comparecencia, pero también le traslado mi decepción porque en esa silla en la que está usted sentado no se siente hoy el ministro después de lo que ayer sucedió. Hoy usted debería estar en su puesto de trabajo y el ministro sentado en esa silla. Ayer se perpetró una de las mayores amenazas a la independencia del Poder Judicial en cuatro décadas de democracia y quien tenía que estar hoy aquí defendiendo la justicia española debería ser el ministro de Justicia no solo en un ejercicio por razón del cargo, sino también en un ejercicio de reivindicación corporativa. El señor ministro tendrá que decidir un día u otro donde quiere estar, si le mueve más la política, si se mueve más por las órdenes del presidente del Gobierno, si se mueve más por las órdenes del jefe del partido, que es la misma persona, por lo que se dice en Ferraz, o está del lado del orden constitucional. Tendrá que elegir. Si vamos al Diario de Sesiones de la última comparecencia del ministro en esta Comisión, la palabra consenso fue una de las palabras que más repitió y nosotros estuvimos en ese consenso, en ese que tanto pedía, en ese que tanto suplicaba, y demostramos lealtad desde el primer día, una lealtad que no ha sido correspondida con esta voladura de puentes perpetrada desde el palacio de la Moncloa. Y luego nos hablan de cogobernanza. Pero no es que hayan sido desleales con el principal partido de la oposición, sino que también lo han sido en la tramitación de este proyecto, de esta proposición de ley; lo han sido con el Consejo General del Poder Judicial, al que silencian; lo han sido con la Fiscalía, a la que reducen más todavía, y con el Consejo de Estado, al que han decidido despreciar también. Hoy todo lo que suceda en esta comparecencia suya será importante, no tengo ningún tipo de duda, pero le digo que la preocupación hoy de los españoles continúa siendo la pérdida de libertades en este país y, de perpetrarse la que ayer se presentó en esta Cámara, habremos perdido en España una libertad más.

Dicho esto, no vamos a renunciar a este debate que hoy nos trae aquí y me gustaría, en otro orden de cosas, poner de relieve todo aquello que también nos preocupa, con independencia de lo que acabo de decir, que estoy absolutamente convencido de que de una manera u otra usted se lo esperaba. Me referiré a cuatro o cinco cuestiones muy concretas. En primer lugar, me gustaría empezar por una de las cuestiones más controvertidas del Real Decreto 16/2020, de medidas procesales y organizativas, tramitado en esta Cámara como proyecto de ley. En el artículo primero y sin escuchar ustedes a nada ni a nadie, como si no hubiera un mañana, se apresuraron a habilitar ustedes el mes de agosto como medida extraordinaria negando las vacaciones a miles de funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, etcétera. Obligaron a abrir los despachos de abogados, procuradores, graduados sociales; les negaron unas vacaciones merecidas con sus familias y los dejaron sin descanso. A todos estos operadores jurídicos hoy hay que darles -y mi grupo lo hace en este momento- las gracias porque hay que reconocerles su dedicación y su profesionalidad, pero también alguien, señor Zapatero, el ministro quizás, les debería decir: Lo siento, perdón, nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir.

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Señor secretario de Estado, transcurrido mes y medio de aquello, hoy las preguntas que nos hacemos son muchas. ¿Ha servido para alcanzar el objetivo fijado? No. ¿Qué hemos adelantado con esta medida? Nada. ¿Tendría la justicia los mismos problemas si no se hubiera tomado la misma medida? Los mismos, exactamente los mismos. Los datos que arroja un informe del Colegio de Abogados de Madrid son concluyentes en este sentido. Menos de un 10 % de abogados recibieron notificación para acudir a un juicio en la jurisdicción civil, cerca de un 5 % en la jurisdicción social y solo un 2 % en la jurisdicción contenciosa; eso sí, la jurisdicción penal es la que alcanzó un resultado mayor, el 16 %. Ya me dirá usted. Además de esto, resulta que en los casos en los que se ha citado a las partes, en un 7 % de las vistas estas se vieron suspendidas. Estas son las cifras que conocemos y de las que disponemos referidas a la Comunidad de Madrid, pero estoy seguro de que usted dispone de más información; estoy convencido de que usted debe de disponer de más información. Por tanto, la primera pregunta es clara. Me gustaría que me dijese qué nivel de descongestión se ha conseguido alcanzar con la medida que ustedes aplicaron obligando a los operadores jurídicos a trabajar en el mes de agosto.

En segundo lugar, quiero hacer referencia también a una cuestión importante, un verdadero colapso en la Administración de Justicia que se ha generado en la Dirección General de Registros y del Notariado. Me refiero precisamente a la tramitación de expedientes para la concesión de la nacionalidad española, un problema que trasciende ya de lo puramente administrativo y se está convirtiendo en un problema de colapso judicial. Lo cierto es que las cifras son desalentadoras; hace muy poco el ministro de Justicia ya adelantó en el Senado que existen 280 000 expedientes de nacionalidad española que esperan una resolución. Y si el problema de esa congestión está en el ámbito administrativo, que lo está, es cierto que en la Audiencia Nacional se está generando un verdadero cuello de botella motivado por la desesperación -lo digo así, la desesperación- de muchas personas que, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos documentales que exige la tramitación de este expediente, se ven obligados a gastarse el dinero en abogados y procuradores para promover un recurso contra el Estado por denegación presunta de la nacionalidad española por silencio administrativo, esto es así. Recurren a la vía contenciosa porque no les queda más remedio; no les dan otra salida, no les ofrecen otra oportunidad para defender sus derechos y recurren a la vía contenciosa porque el plan de choque activado por la ministra Delgado en su día no fue lo suficientemente ambicioso. Recurren a la vía contenciosa porque no han dotado de medios suficientes a la Administración de Justicia para dar salida a tanto expediente acumulado: 280 000 expedientes. Pero, claro, si el colapso en la dirección general ya es ingente, cómo será el colapso en la Audiencia Nacional para que tengan ustedes que adjudicar un contrato a una empresa para que organice, seleccione, ordene y archive los expedientes después de tanto desbarajuste. Cómo será el colapso en la Audiencia Nacional. Por tanto, yo le pediría, en segundo lugar, que me diga exactamente el volumen de colapso que se está produciendo en la Audiencia Nacional por este motivo y el nivel de descongestión que se ha producido a resultas de la contratación de una empresa para que les ordene a ustedes los archivos, porque eso es lo que ha pasado. Ustedes han tenido que contratar a una empresa externa, por valor de 111 000 euros, para que les ordene en el caos.

En tercer lugar, quería hacer referencia también al Registro Civil y en concreto a una cuestión que nos ha preocupado muchísimo desde el principio de la pandemia y que ya le adelanto que no vamos a olvidar, porque olvidar este asunto que le voy a decir es olvidar a muchísimas personas que han fallecido a consecuencia de la pandemia y eso no es lo que vamos a hacer, sino todo lo contrario. Mire, no es posible que cuando nosotros invoquemos en esta Comisión y en este Congreso las cifras sobre las defunciones para contrastarlas y conocer la verdad, el ministro nos diga en esta misma casa que estamos actuando sin ningún tipo de sensibilidad o que insinúe que pretendemos obtener rédito político con el sufrimiento generado por esta calamidad. (Rumores). Sí, sí, lo dijo el ministro. Mire, página 8 del Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia número 67, párrafo primero, línea nueve. Esto no lo podemos tolerar. Si ustedes no lo quieren reconocer, yo se lo diré. Los fallecidos reales durante la pandemia se acercan a los 60 000, y según la última actualización del exceso de mortalidad que se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay un claro desajuste; unos datos que arrancan de la información que facilitan los registros civiles. Para ser exactos, desde el inicio de la pandemia ha habido 58 850 defunciones por encima de lo que se esperaba; una cifra que el Gobierno sigue sin reconocer. El Gobierno defiende que la cifra se acerca a los 33 000, es decir, que hay un exceso de mortandad de casi 26 000 personas del que no sabemos nada. No voy a abundar en este tema, pero sepa que cuanto más tiempo se esté ocultando la verdad, más se ensancha la mentira. Únicamente le formulo una pregunta. De acuerdo con los datos que arrojan los registros civiles, ¿puede usted asegurar que no existe un exceso de mortandad provocado por el COVID y no contabilizado en las cifras oficiales?

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Para ir concluyendo, en último lugar, me gustaría conocer -si la tiene, si la sabe- la previsión del ministerio sobre el cumplimiento de la disposición adicional quinta de la Ley 3/2020. La disposición adicional quinta es la que les interpela a ustedes sobre la creación de cien nuevas unidades jurisdiccionales, un tercio de ellas el primer año. Nos gustaría saber cuáles son, por lo menos las del primer año, en que órdenes jurisdiccionales las van a crear y, si puede ser, en qué territorios Sabemos que ha habido propuestas de creación de órganos jurisdiccionales recientes en un momento en el que la litigiosidad está incrementándose. Las cifras que usted nos ha dicho son concluyentes. Se espera un incremento de la pendencia del 141 % en lo social, del 125 % en lo civil, del 145 % en lo contencioso. En fin, queremos saber si eso de los cien juzgados va en serio. Si tiene usted los datos, me gustaría que me los dijese.

Y antes de concluir y en relación con la creación de nuevas unidades judiciales, me gustaría trasladarle a mi territorio, a las Islas Baleares, en concreto a la isla de Formentera, que ya se ha nombrado aquí, una isla que tiene cerca de 13 000 habitantes censados y que en verano sufre un incremento poblacional notable. Ustedes saben a qué me voy a referir y saben que tengo fijación con esta cuestión. La triple insularidad que sufre la isla de Formentera obliga constantemente a revindicar una mejora en sus servicios. Para que usted se haga una idea, hoy están reclamando tan solo que haya alguien detrás de una mesa para tramitar sus ayudas por desempleo. No existe una oficina del SEPE en Formentera. Hoy están reclamando una frecuencia marítima -escuche bien- que les conecte con la isla de Ibiza a primera hora de la mañana. Y si hoy reivindican todo esto, tenga usted en cuenta que llevan muchísimos años reivindicando que la justicia llegue a la isla de Formentera. En esta Cámara la petición de un juzgado de primera instancia e instrucción solo para la isla de Formentera es una reivindicación histórica, pero también sabe usted que es una reivindicación pacífica de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, y creo, señor secretario de Estado, que ha llegado el momento, aunque lleguemos tarde, aunque lleguemos demasiado tarde. Hemos introducido una iniciativa instando al ministerio que espero que se apruebe y que el ministerio tenga precisamente esa sensibilidad que hay que tener con este territorio insular, una sensibilidad suficiente para crear un juzgado en la única isla de España donde todavía no existe ni ha llegado la justicia.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jerez.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Aranda Vargas.

El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señor secretario de Estado. Bienvenido a esta su Comisión. Gracias por su comparecencia, que ha sido detallada, extensa y abundante en información, porque creo que nada puede objetarse a lo expuesto por usted hoy.

Señorías, desde la comparecencia del señor ministro en febrero para explicar su plan de Gobierno y el proyecto central de su departamento, el Proyecto Justicia 2030, han pasado ocho meses. El ministro se comprometió a comparecer en esta Comisión cada seis meses, por lo que me congratulo, me felicito por el anuncio de que comparecerá antes de fin de año, siendo que fue en mayo la última vez que compareció. Señorías, en el periodo desde marzo hasta hoy y dejando a un lado toda la ingente tarea que el ministerio ha realizado para la gestión del COVID en el ámbito de la justicia y que tan bien ha descrito el señor secretario de Estado, nosotros, el legislador, no hemos parado. Ustedes, pese a alguna sobreactuación de cara al corte de vídeo y al tuit, que ya se entiende que se haga, saben que han sido partícipes de una Comisión que ha trabajado como la que más. Agradezco también -no está en la sala- a Edmundo Bal que haya dejado en la puerta la toga y la condescendencia con la que trata a los ponentes, pero eso también se lo diremos cuando esté presente.

Señorías, hago memoria, porque algunos diputados no han estado en alguna sesión de la Comisión, aunque hoy sí lo han hecho para hacer sus reclamaciones. Cosas que se han hecho en esta Comisión: debate y reforma por amplia mayoría del 324 de la Lecrim, debate y acuerdo por muy amplia mayoría de la conversión del decreto-ley de medidas pos-COVID en proyecto de ley, comparecencia del ministro en mayo para dar cuenta de las medidas COVID del ministerio, comparecencia del subsecretario de Justicia para dar cuenta del informe anual de indultos, debate y toma en consideración por el Pleno del Congreso de la proposición de ley de reforma del Registro Civil, debate y aprobación de la reforma de la Ley del Código Penal para erradicar la esterilización forzosa de discapacitados -por cierto, aprobada por unanimidad en Comisión-; estamos también en pleno debate de la ley sobre la capacidad jurídica, importante, y, además, en otro orden de cosas, el Gobierno ha remitido también el proyecto de ley para el

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acceso a la profesión de abogado y de procurador. Es verdad que en algunos de estos casos hay un partido que se ha descolgado de las votaciones, pero esto lo dejaremos para más adelante. Esta Comisión, señorías, está siendo protagonista de la actividad legislativa, y lo está haciendo en la mayoría de los casos llegando a acuerdos amplios y transversales. Por eso quisiera aprovechar este momento para agradecer sinceramente la capacidad de muchos y muchas de ustedes para llegar a estos acuerdos, para agradecerles la determinación para que entre la voluntad de llegar a un acuerdo y la intransigencia en nuestros posicionamientos triunfe la primera, buscando aquellos puntos en común que nos unen. Es posible que para los que han venido a la política para dar avisos y añorar la Dictadura llegar a acuerdos no sea un fin en sí mismo ni ostenta el valor parlamentario y democrático que tiene para las demás formaciones, pero para los que creemos en la fuerza de este Parlamento como motor de la transformación y centro de la ejemplaridad pública conducirnos por los senderos del respeto, la profesionalidad y la búsqueda de acuerdos es un acicate diario que nos hace sentir orgullosos de nuestra labor de servicio público. Incluso diría que la discrepancia se sobrelleva democráticamente si el respeto entre nosotros y nosotras es el principal de nuestros valores. Por cierto y hablando de acuerdos, recordarán -algunos portavoces lo han dicho aquí hoy- que en la tramitación del proyecto de ley de medidas procesales se llegó a algunos. Me gustaría preguntarle al secretario de Estado si en su réplica puede ponernos al día de cómo están estos acuerdos a los que llegamos aquí los partidos políticos.

Señorías, estoy convencido de que nuestra tarea es importante; lo ha dicho el secretario de Estado. De su intervención hemos podido comprobar, efectivamente, todo el trabajo realizado para combatir el COVID, así como su planificación para mejorar la eficiencia del servicio público, todo ello con un sistema ejemplar de cogobernanza entre las diferentes administraciones públicas. Por cierto, qué bien nos iría en otros ámbitos y administraciones si se trabajara con la misma lealtad y altura de miras. No se puede plantear mejor, ya lo decía usted: eficiencia procesal, eficiencia organizativa y eficiencia basada en datos, y yo añadiría eficiencia legislativa; todo al servicio de la ciudadanía, una ciudadanía que quiere ver a sus representantes trabajando por el bien común, y no enzarzados en estériles peleas o absurdos bloqueos. Por cierto, hablando de bloqueos, no quisiera dejar escapar la ocasión: sí, señorías del PP, no existe ningún dato objetivo que avale su estrategia de bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales cuando ustedes no gobiernan, ni uno solo. Y no es casualidad: su apropiación por la vía del bloqueo es ilegítima, es dañina y mina la credibilidad de las instituciones. Es, por tanto, un deber democrático que la sede de la soberanía popular, la máxima expresión de la pluralidad política de la sociedad, este Parlamento, sea sobre el que pivote y se articule el trabajo conjunto para, legítimamente, restablecer el correcto funcionamiento, el prestigio y el buen hacer de las instituciones, entre ellas el CGPJ. Cualquier otra actitud sería contribuir a su parálisis como institución. Señorías, solo en su mundo paralelo se puede recompensar a quien bloquea y criticar a quien quiere desbloquear. Entre que sea este Parlamento el que lidere la renovación de órganos o que sea un despacho de la calle Génova el que bloquee sin complejos, siempre elegiremos este Parlamento.

Señorías del PP, les oigo hoy y me debato entre la sorpresa y la incredulidad, porque hoy su tono ha sido incluso casi más alto que el de VOX, cosa que me extraña, pero quisiera resaltarlo. Creo que ustedes no son conscientes de sus trampas en el solitario, y eso está feo. Ustedes son -se lo dije también en el Pleno- constitucionalistas a tiempo parcial, tienen una deuda muy importante con las instituciones. Por eso digo que nada -y repito, nada- justifica el bloqueo que Pablo Casado está haciendo en la renovación de los órganos constitucionales, con especial relevancia, por ser ésta la Comisión de Justicia, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes han dimitido de su deber constitucional. Señorías del PP, el patriotismo se demuestra gobernando y en la oposición; lo segundo ya vemos que en el PP de Casado es, sencillamente, imposible. Por eso les invito una vez más a dejar zancadillas y pataletas y permitan la renovación de un órgano con mandato caducado.

Señorías, de verdad, no les considero mi enemigo político. Son mi adversario, con el que me quiero batir democráticamente en las elecciones, faltaría más, porque mi modelo de sociedad no es el suyo en muchos aspectos, pero es verdad que nos han unido algunas cosas y que en esta Comisión hemos hecho algunas importantes, a pesar de que nos separan numerosas. Por eso quisiera hacer hincapié en algo que no quiero dejar de señalar. ¿Saben definitivamente qué nos debería unir por encima de todo, señorías del PP? A ustedes y a todos los demócratas nos debería unir la denuncia y la exclusión de los propagadores de odio, de los generadores de intolerancia, de los negacionistas, de los que usan la mentira y la manipulación para dañar a un Gobierno legítimo. Por cierto, agradezco que hoy no se hayan dirigido al secretario de Estado como miembro de un Gobierno criminal, agradezco que hoy no se haya usado esa

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expresión. Ustedes, en referencia a cuando lanzan acusaciones, deberían mirar a los ojos a este partido y decir que aquellos que nos lanzan avisos por Twitter -por cierto, ¿avisos de qué?- no son actores con los que contar para nada. Sin embargo, no lo hacen. No solo no los excluyen, sino que construyen sus torres de marfil con el material que les cede la ultraderecha, y eso me apena profundamente, porque veo su incapacidad de desligarse del abrazo del oso que han recibido, un abrazo que los está ahogando políticamente, señorías.

Señor Jerez, le he escuchado, y he de decirle que VOX está apagando su voz. Su silencio y la tolerancia con la ultraderecha les deja mudos políticamente y ayudan a la degradación política y de la convivencia producida por aquellos que agitan banderas de odio. Su miedo a VOX -reitero, su miedo a VOX- está marcando su futuro, y, señorías, los que no tenemos miedo no podemos esperarles mucho más. (Rumores).

Voy acabando, señora presidenta, si el ruido de fondo me deja. Creo y respeto la pluralidad política, creo en la fuerza de la palabra y la razón, creo en la construcción de mejores sociedades desde el respeto a la diferencia y, sobre todo, desde el respeto a la convivencia. Creo en mi partido y creo en el Gobierno de coalición, creo en el trabajo, en la coherencia y en la honestidad. Creo que aquellos que hacen lo humanamente posible en tiempos convulsos, cuando el miedo atenaza, merecen nuestro aplauso y reconocimiento. Por eso, señor secretario de Estado, quiero centrar hoy en usted como parte de nuestro Gobierno y del ministerio mi agradecimiento y el de mi grupo por su dedicación, su entrega y su trabajo. Gracias por no tener miedo.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.

Señor secretario de Estado, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Zapatero Miguel): Muchas gracias por sus intervenciones y aportaciones.

Ha sido un honor para mí escuchar sus planteamientos, críticas y recomendaciones. Mi idea original era haber empezado a responder en cuanto a las aportaciones que nos hicieron en relación con el real decreto-ley y su convalidación, pero entiendo que tiene mucho más sentido en esta mi primera exposición y comparecencia que responda a los planteamientos que me han hecho cada uno los intervinientes. Por tanto, procederé por orden a contestar sus intervenciones.

En relación con la intervención del señor Bal, creo que es importante colocar las cosas en su contexto. Si vamos a cualquier juzgado del Ministerio de Justicia y buscamos papeles, vemos que los procesos judiciales digitales existen.

En relación con la efectividad y la distribución de recursos en el marco del plan de reactivación, más o menos hay entre 1800 euros en el tramo máximo y 1100 en el tramo cero y ya se están apuntando más del 40 % de los magistrados y jueces que en este momento hay en España. La participación está subiendo de manera significativa y consideramos que con este programa de afinado y revisión continua lograremos amplificar el impacto y ampliar su cobertura. Creemos que es importante y por eso mismo es por lo que creamos el tramo cero, que, si observan ustedes, no es del todo proporcional. ¿Por qué hemos creado el tramo cero? Porque consideramos que lo importante era incorporar a cuantos más magistrados y jueces fuese posible, así como al resto de profesionales de la Administración de Justicia abarcados en este marco, a fin de ir afinándolo en los siguientes dos años progresivamente al objeto de disponer en el futuro de una herramienta que nos pueda ayudar a gestionar coyunturalmente los excesos de cargas en distintos ámbitos más allá del COVID.

En lo que se refiere a la falta de recursos, la oferta pública de empleo para 2021 es de 240 plazas de jueces y fiscales. Respecto a la creación de órganos judiciales, ahora van 33 y para 2021 tenemos presupuestados 60. No sé cuántos crearemos. El compromiso mínimo son 66 en los próximos dos años, pero, obviamente, dependemos de las extensiones de la Ley de presupuestos.

Coincido totalmente con el señor Bal en la oportunidad que nos ofrece el plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Esos fondos, empleados de manera eficiente, pueden contribuir significativamente a dar un salto de gigante en la Administración de Justicia. A esos efectos, todo nuestro equipo está trabajando a piñón para que nuestras fichas de proyectos reciban el OK, por decirlo de alguna manera, de los coordinadores del plan y, por lo tanto, se eleve a la Unión Europea, al objeto de poder disponer de recursos.

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Quiero destacar en este punto que nuestra propuesta, por definición, incluye asignaciones presupuestarias para las comunidades autónomas en nuestro proyecto, que en este momento es un proyecto tractor en el marco de los que está contemplando el Gobierno, lo cual creo que es para considerar positivamente.

Totalmente de acuerdo en lo que plantea el señor Bal respecto a reformar y mejorar la asistencia jurídica gratuita. El acceso universal a la justicia es un derecho llave y como tal debemos cuidarlo. Este equipo lo tiene claro y va a trabajar en este sentido, empezando con las pequeñas cosas. El Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita ya está en proceso de modificación y estamos actualizando el sistema de subvenciones trimestrales de los reales decretos de 2018 y 2019 para hacerlos mensuales, como saben. Debo destacar asimismo que estamos contemplando la creación de un consejo asesor de asistencia jurídica gratuita, así como una cláusula de apertura en el instrumento, si es posible -todavía no sabemos si es factible del todo-, sobre calidad del servicio público.

Me habla el señor Bal de mediación en la asistencia jurídica gratuita. Creo que tenemos buenas noticias para usted en el marco de la ley de eficiencia procesal para el servicio público de justicia, porque nuestro proyecto contempla la idea de dar cobertura en la asistencia jurídica gratuita en este ámbito. Y, como les digo, con prioridad sobre los fondos COVID, ya obtuvimos una partida presupuestaria, trabajando con Hacienda, conectada con la creación de unidades en este espacio.

Respecto a las adjudicaciones de la ORGA, como me planteaba el señor Bal, ya que me preguntaba por la existencia o no de tal comisión de adjudicaciones, yo he participado en ella ya dos veces. Este año se han distribuido 440 000 euros para realización de programas específicos de lucha contra la criminalidad organizada y de asistencia a víctimas del delito, por lo que parece que hemos sido capaces de crearla y está funcionando. La idea es que si somos capaces de empujar a esta institución para que tenga más recursos, podremos distribuir mayor capacidad financiera en proyectos que lo merezcan en este ámbito.

Paso a contestar a la señora Telechea. Obviamente, trabajaremos con esfuerzo y en equipo con nuestros colegas del ministerio pero también con el resto de instituciones con las que estamos impulsando proyectos para honrar los compromisos a los que hemos hecho referencia en esta Cámara. Evidentemente, coincidimos en que debemos hacer más eficiente el expediente judicial y creemos que tenemos el equipo tecnológico para poder hacerlo, que nos ha costado mucho armarlo.

Respecto a la segunda oportunidad de reforma, simplemente apuntaré, señora Telechea, que el equipo específico que está en este momento en el ministerio fue el que presentó un proyecto de segunda oportunidad en Consejo de Ministros, creo recordar que en 2008 o 2009. Fuimos los primeros que lo hicimos y la convicción -algunos de ellos están en este momento en esta sala- de que debemos seguir impulsando proyectos en este sentido es absoluta. De hecho, cuando el ministro les presente la evolución de cronogramas, compromisos y otros contenidos de Justicia 2030 podrán identificar con total claridad un proyecto conectado a este respecto.

Obviamente, los planteamientos asociados a derechos conectados con la igualdad, la eutanasia y otras grandes concepciones sobre derechos sociales forman parte de uno de nuestros ejes estratégicos del plan. Sabe que estamos totalmente implicados y, conociendo que son temas que le preocupan, para que vea que no los rehuimos y tratamos de trabajarlos, le diré que este eje del que les hablo de Justicia 2030 se denomina expresamente Derechos, libertades y responsabilidades y que en el marco de este plan tratamos de abordar todas las cuestiones que consideramos relevantes. Por ejemplo, recientemente nos hemos comprometido con el Defensor del Pueblo a tener un instrumento que regule la determinación de la edad de los menas, al igual que consideramos la regulación del empleo de las sujeciones mecánicas. Es decir, no rehuimos estos temas.

En materia de violencia de género, quiero señalar el compromiso del ministerio respecto al cumplimiento de las medidas contenidas en el pacto de Estado y dos instrumentos normativos prioritarios: de un lado, la ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, que ya está en tramitación parlamentaria, y, de otro, el anteproyecto de ley para combatir la violencia sexual, actualmente en trámite de informe, como bien saben. Ambos serán debatidos en esta Cámara y esperamos contar con su apoyo para sacarlos adelante.

Quiero destacar en este punto que nuestra preocupación por la violencia de género es total y nuestro compromiso, por lo tanto, activo. Creo que puede interesarle el proyecto que estamos lanzando para tener información empírica en tiempo real en relación con la violencia contra la mujer en el ámbito judicial, que le podré explicar más adelante, mostrándole el funcionamiento de la aplicación que estamos desarrollando específicamente en este ámbito.

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Y en relación con mediación, qué puedo decirle más allá de que estamos totalmente de acuerdo con la posición que ellos mantienen. Estamos muy contentos de saber que tenemos valedores de nuestro proyecto de impulso de la solución adecuada en el marco de la ley de eficiencia procesal para el servicio público de justicia y quiero destacarle muy específicamente que en el marco del protocolo de coordinación reforzada del que nos hemos dotado junto con las comunidades autónomas hay una cláusula de revisión para finales del año que viene que en el último trimestre revisaremos para identificar qué posible mejoras podemos implementar para esa infraestructura e institucionalizarla. En ese marco le puedo destacar que el consell nos parece un muy interesante referente.

En lo que se refiere a la intervención del señor Asens, quiero agradecerle seriamente su apoyo y los planteamientos que nos ha hecho. Creo que tiene sentido su planteamiento acerca de un documento ejecutivo por escrito que les presentemos por adelantado antes de nuestra dación de cuentas. Como les decía, por indicación del ministro y es un compromiso de todo el equipo, queremos trabajar dando cuenta y, obviamente, consideramos que esta Comisión es el foro más autorizado y legitimado para ello y expresarnos lo que consideren oportuno. En este sentido consideramos que esta sesión forma parte de nuestro proyecto de Justicia 2030 y, de hecho, nuestra oficina de proyectos se atará al mástil con nuestros compromisos, expresándolos públicamente en este foro. Creemos que es la forma más rigurosa de meternos presión a nosotros mismos y aprovechar los meses o años que estemos en el mandato para hacer lo que toca.

Destaco también, en relación con el planteamiento del señor Asens, que la sentencia oral, en el marco de nuestra reforma, en la ley de eficiencia procesal, es motivada y documentada con textualización, que, por otra parte y es relevante destacarlo, no es obligatoria. En todo caso, si lo consideran oportuno, creo que podremos mostrarles en la próxima sesión el funcionamiento de nuestras herramientas de textualización, que ya alcanzan un nivel de calidad del 85 % en el paso de texto oral a escrito.

En relación con la intervención de la señora De las Heras, sabemos muy bien qué está pasando en Baleares. De hecho, la visitamos la semana pasada.

En relación con las dudas que está planteando respecto a la Administración de Justicia, quiero destacar que el 80 % de esta Cámara apoyó la Ley 3/2020. El Gobierno comparte la preocupación por la falta de seguridad jurídica si las decisiones sobre medidas sanitarias son dispares. Por eso mismo, atribuir la competencia a los TSJ parece lo razonable. Es una competencia que no afecta a ese principio de juez ordinario en absoluto, y los propios magistrados de los TSJ aplauden la reforma que permite más seguridad jurídica.

Con relación al planteamiento hecho por el señor Zambrano, coincido plenamente con su posición sobre la ORGA. Como le decía, hemos incorporado una pequeña referencia a la dación de cuentas de la ORGA, sabiendo que la directora tendrá que asistir personalmente para darle más información. De momento, le diré que la ORGA tiene dos unidades, una central, como había planteado, y otra en Algeciras. Son cerca de treinta personas, unas veinticuatro en Madrid y ocho en Algeciras, y está previsto su incremento. En concreto, en 2020 se han incorporado dos guardias civiles y dos policías nacionales y se incorporará una persona o un experto analista de la Agencia Tributaria y otro de Aduanas. En todo caso, toda la información de la ORGA está disponible, con los datos estadísticos, las memorias y los planes de acción, en nuestra sede electrónica. Pero, por supuesto, le daremos toda la información que sea necesaria.

Respecto a la intervención del señor Jerez, empezaré con Formentera. Compartimos la necesidad no solo de atender los requerimientos asociados al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en Formentera, sino de atender a todo Baleares. Hemos empezado ya a trabajar sobre el terreno en la visita de las semanas pasadas del secretario general y dos directores generales. En Formentera, en concreto, estamos analizando cargas de trabajo para buscar la solución que sea más eficaz para dar un servicio público de justicia sostenible y de calidad.

La habilitación parcial y excepcional del mes de agosto, objetivamente, ha permitido el mantenimiento de una significativa actividad judicial, con tramitación en los procedimientos y según cómputo de plazos, a pesar de que se ha notado un lógico descenso de las actuaciones, propio de las vacaciones estivales, tanto de funcionarios como de profesionales independientes. Ha habido 150 % más de escritos de trámite y un 250 % más de escritos iniciadores de demandas respecto a 2019. En total, se han producido 110 400 escritos iniciadores, lo cual indica que la abogacía ha empleado el sistema, incluso, obviamente, en aquellos casos voluntarios.

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Quiero destacar, y es relevante desde la perspectiva de la conciliación, que se ha logrado que los señalamientos hayan sido testimoniales. Nosotros pensábamos que esta iniciativa era correcta, no un error, aunque entendemos que pueda ser discutible.

En lo que respecta al Registro Civil, quiero decir que da fe pública, no es una herramienta estadística, que sí lo es el INE. Sin duda, no existe, y se lo puedo asegurar, aunque creo que no debería ni decirlo, un exceso de mortalidad oculto. Tengo que señalar que ya se produjo una comparecencia específica del ministro en relación con las dudas derivadas de las distintas fuentes de información disponibles. No tengo mucho más que añadir, salvo destacar la perplejidad que me produce que se ataquen los datos que ofrece el Gobierno respecto a esta cuestión. Toda la información sobre el impacto de la pandemia es público, los criterios adoptados también son públicos y creo que la transparencia con la que ha actuado el Gobierno en esta materia es notoria.

Respecto a la creación de unidades judiciales, entrarán en funcionamiento en 2020 los siguientes: Juzgado de lo Mercantil número 2 de Cádiz, Juzgado de lo Mercantil número 2 de Granada, Juzgado de lo Social número 5 de Córdoba, Juzgado de lo Social número 4 de Huelva, en la Audiencia Provincial de Cádiz una plaza de magistrado para la Sección 7.ª, con sede en Algeciras -esto es resultado de una visita personal mía con el secretario de Estado de Interior a la sede de la ORGA, ya que, por las indicaciones que nos hicieron todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, identificamos que era necesario el refuerzo, consultamos y solicitamos a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la competente en este punto, ese posible refuerzo y vieron que tenía sentido, que era viable, que podía ser eficiente, y, por lo tanto, se adoptó esta decisión-, Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas de Gran Canaria, Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife, Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid, Juzgado de lo Social número 45 de Madrid, Juzgado de lo Social número 2 de Cuenca, una plaza de magistrado en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid correspondiente al orden civil, Juzgado de lo Mercantil número 4 de Murcia y en la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional una plaza de magistrado.

En lo que se refiere al Consejo, quisiera decirles que desde hace más de dos años el Consejo General del Poder Judicial está pendiente de renovación. La negativa a negociar la nueva composición de acuerdo con la ley vigente ha bloqueado el funcionamiento de un órgano de naturaleza constitucional, y esto es muy grave. Si la oposición quiere sentarse a negociar sin condiciones la nueva composición, estoy convencido de que en muy pocos días podríamos tener el nuevo consejo. Lo que no es posible, porque supone un auténtico desdoro para nuestra justicia y el propio régimen constitucional, es prolongar ya más esta situación. En esta Cámara dos grupos parlamentarios, y no el Gobierno, han presentado una proposición de ley para salir de esta situación. No es el ministerio el que tiene que pronunciarse sobre unos trámites parlamentarios que son solo de incumbencia de sus señorías. Son ustedes quienes legislan, nosotros somos el Ejecutivo. En el ministerio nos regimos por la presente ley, que está vigente, y, si ustedes la modifican, esa será la ley vigente. Lo único que me permito retirar es que necesitamos sin más dilaciones un consejo en plenitud de funciones, porque la Administración de Justicia precisa las reformas de las que les he hablado y porque nos estamos jugando mucho, incluido el respeto de Europa en un momento en que la crisis sanitaria y económica hace más necesaria su ayuda y la confianza en estas instituciones.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Zapatero. Quiero agradecerle su extensa, detallada y pormenorizada comparecencia y, en nombre de esta Comisión, también su manifiesta disposición a comparecer en el día de hoy y, sin duda, en futuras sesiones. Nuestros mejores deseos para su gestión.

Sin más asuntos que tratar, se levanta está sesión. Gracias, señorías.

Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.