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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 176, de 14/10/2020
cve: DSCD-14-CO-176
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 176
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA LUISA CARCEDO ROCES
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles,
14 de octubre de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de don José Luis Rodríguez Álvarez, candidato propuesto como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a los efectos de lo previsto por la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y del artículo 37.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (Número de expediente 276/000010) ... (Página2)

Emisión del dictamen sobre si se aprecia la idoneidad y la existencia de conflicto de intereses a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, relativo a don José Luis Rodríguez Álvarez. (Número de expediente 276/000010) ... (Página19)

Refrendo, en su caso, de la propuesta de nombramiento de don José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a los efectos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (Número de expediente 276/000010) ... (Página19)


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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.

COMPARECENCIA DE DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, CANDIDATO PROPUESTO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, Y DEL ARTÍCULO 37.1 DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 276/000010).

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.

Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy de la Comisión de Política Territorial y Función Pública, con un cierto retraso sobre las previsiones que había por haberse alargado el Pleno. Como saben, esta ha sido una sesión extraordinaria convocada a propósito de la propuesta remitida por el Consejo de Ministros para proponer a don José Luis Rodríguez Álvarez como candidato a presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Corresponde a esta Comisión, una vez remitida por la Mesa del Congreso la calificación correspondiente de la propuesta, dictaminar sobre la idoneidad del candidato y que cumple los requisitos adecuados y su perfil es el idóneo para desempeñar el cargo para el que es propuesto. Según la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, esta Comisión deberá examinar al candidato propuesto, de manera que los miembros de la Comisión formularán preguntas o solicitarán aclaraciones y luego la Comisión emitirá un dictamen en el que se pronunciarán sobre si se aprecia su idoneidad o la existencia de conflictos de intereses. A este respecto, el Gobierno ha remitido a sus señorías el modelo de declaración de idoneidad y el modelo de curriculum vitae del candidato, que espero que lo hayan recibido oportunamente.

La segunda ley de aplicación a este caso, es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno. Esta Comisión, según acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación. Eso reza en la Ley 19/2013.

En cuanto al desarrollo de la sesión, será como hemos acordado en la reunión de Mesa y portavoces. Con la distribución de tiempos que hemos acordado, el desarrollo de la sesión será el siguiente: una intervención inicial del candidato, en torno a diez o quince minutos, a continuación; intervención de los portavoces parlamentarios, por un tiempo de tres minutos; respuesta del candidato a sus intervenciones, y un segundo turno de los distintos portavoces, caso de que consideraran necesario utilizarlo, por un tiempo máximo de dos minutos. Finalmente, responderá el candidato a cuantas cuestiones se le planteen. Una vez terminadas todas las intervenciones, el candidato abandonará la sala y procederemos a la votación. Aquí me detengo para informar de que aunque la votación vaya a ser a mano alzada, los distintos portavoces trasladarán a la Mesa, para su conocimiento, las sustituciones que hayan establecido los distintos grupos parlamentarios y, sobre todo, para el acta de la sesión. Habrá dos votaciones, ambas a mano alzada. La primera, sobre si se aprecia idoneidad o la existencia o no de conflicto de intereses del candidato, votación que requiere para su aprobación una mayoría simple. La segunda, sobre si refrenda, en su caso, la propuesta de nombramiento de don José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, votación que requiere para su aprobación una mayoría absoluta. Por tanto, ruego a sus señorías que a la hora de la votación permanezcan en la sala. Ambas votaciones, como decía, se harán a mano alzada y antes de realizar las mismas, repito a los portavoces que trasladen a la Mesa las sustituciones.

Sin más, tras este breve recordatorio del procedimiento del desarrollo de la sesión y de su finalidad, en cumplimiento de las dos leyes anteriormente citadas, de aplicación en este caso, procedo a dar la palabra al candidato propuesto por el Consejo de Ministros.

El señor RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (candidato a presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno): Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes. Señorías, para mí es un gran honor y, a la vez, una gran responsabilidad comparecer hoy ante todos ustedes a los efectos indicados. Atendiendo a su objeto, he decido ordenar mi intervención en tres apartados. En primer lugar, les relataré mi trayectoria profesional; en segundo lugar, les expondré mi visión de la transparencia, así como de su situación actual en España; en tercer lugar, les presentaré unas líneas generales del proyecto de actuaciones que me propongo llevar a cabo en caso de obtener el refrendo de esta Cámara. Necesariamente tendré que ser muy escueto, casi telegráfico, para no


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excederme en demasía del tiempo que se me asignado. En todo caso, estaré a su disposición para completar o precisar a posteriori todas aquellas cuestiones que consideren oportunas.

Comienzo, pues, con la reseña de mi vida profesional. Tras licenciarme en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, decidí continuar mi formación académica con el propósito de especializarme en Derecho Constitucional. Opté a una beca de formación de personal investigador con destino en la UNED y me inscribí en el curso de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Allí conocí al que luego sería mi maestro universitario, el profesor Francisco Rubio Llorente, cuyo rigor jurídico, profundidad de análisis y brillantez me causaron una honda impresión y decantaron definitivamente mi vocación por el estudio de Derecho Público.

En el año 1989 me trasladé a Alemania para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, una estancia que inicialmente estaba prevista para un curso académico, pero que al final se prolongó durante casi cuatro años gracias al soporte proporcionado por una beca del Deutscher Academischer Austauschdienst, el servicio alemán de intercambio académico, y a la acogida como investigador visitante en el Max-Planck Institut de Derecho Público Comparado. Fue un periodo decisivo en mi formación como jurista, de suerte que aún hoy mi modo de entender y de razonar el derecho continúa estando muy influido, en lo positivo y en lo negativo, por la dogmática alemana del Derecho Público.

A mi regreso a España opté a una plaza de ayudante de Derecho Constitucional, vinculada a la cátedra del profesor Rubio Llorente, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, y en esta universidad he desarrollado prácticamente toda mi actividad docente e investigadora hasta el presente. Así, desde 1993 hasta 2004, salvo un breve periodo de estancia en la Universidad Carlos III, impartí en la Universidad Complutense regularmente clases teóricas y prácticas de las distintas materias que integran la disciplina del Derecho Constitucional y participé en varios proyectos oficiales de investigación sobre jurisprudencia constitucional, reformas institucionales y derechos fundamentales, cuyos resultados se encuentran publicados.

En abril del año 2004 mi vida profesional dio un giro inesperado cuando el también catedrático de Derecho Constitucional, Francisco Caamaño me propuso dirigir el gabinete de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, para la que acababa de ser nombrado. Esta responsabilidad, que desempeñé durante cuatro años, fue para mí sumamente enriquecedora, por cuanto me permitió pasar del Derecho Constitucional de los libros y de la pizarra al Derecho Constitucional en acción, al derecho vivo, y adquirir un profundo conocimiento no solo de la articulación real de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, sino también del funcionamiento interno de estos dos órganos constitucionales. Presté asistencia en la tramitación parlamentaria de buen número de las leyes que se aprobaron en esta legislatura y colaboré de manera directa en los procesos de reforma de los estatutos de Cataluña, Andalucía, Illes Balears, Aragón y Castilla y León, asesorando al Gobierno en la valoración de las enmiendas y en el desarrollo de las negociaciones parlamentarias.

En abril de 2008 fui nombrado director general de Coordinación Jurídica, en el Ministerio de la Presidencia; un órgano de nueva creación al que se encomendó la coordinación de los trabajos preparatorios de los proyectos legislativos que afectaban a varios departamentos ministeriales y el asesoramiento al Gobierno en los asuntos de relevancia constitucional. Ello me permitió completar mi experiencia anterior en la tramitación parlamentaria de las leyes con una participación directa en la fase previa de elaboración de los anteproyectos gubernamentales. Mi nombramiento posterior como director de gabinete del ministro de Justicia me dio la oportunidad de conocer al detalle el funcionamiento interno de un departamento ministerial y de ampliar mi experiencia en la dirección de equipos integrados por juristas altamente cualificados. En este periodo, además de la dirección de las tareas propias del gabinete, asumí, por encargo del ministro, la representación del departamento en la elaboración parlamentaria de los proyectos legislativos. Conservo un muy grato recuerdo de este periodo, de intenso trabajo con todos los grupos parlamentarios en este Cámara y en el Senado, cuya disposición y buen hacer posibilitaron entonces que leyes tan relevantes como la de reformas procesales para la implantación de la nueva Oficina Judicial, la de Registro Civil, la de Arbitraje o la reguladora de las nuevas tecnologías de la Administración de Justicia fuesen aprobadas por unanimidad o con mayorías muy cercanas a ella.

En junio de 2011 tuve el honor de ser nombrado director de la Agencia Española de Protección de Datos, asumiendo así la máxima responsabilidad en una autoridad independiente de supervisión y control. Desempeñé el cargo durante cuatro años en los que la agencia tuvo que hacer frente a retos de gran envergadura, derivados de la globalización, de las demandas de seguridad y del constante desarrollo de


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nuevas tecnologías que hacen un uso intensivo de los datos personales. El mandado coincidió, además, con el proceso de elaboración del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el que desde la agencia nos implicamos de una manera muy activa. Tuve la fortuna de poder contar con un magnífico equipo directivo y con una plantilla de excelentes profesionales, y gracias a ellos creo que puedo afirmar, sin caer en la autocomplacencia, que el balance de la agencia durante este periodo, que además está recogido en las memorias anuales que presenté ante esta Cámara, es altamente satisfactorio, habiendo logrado incluso algún éxito de gran impacto internacional, como fue el reconocimiento por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las tesis que la agencia venía defendiendo en relación con lo que se vino a llamar el derecho al olvido.

Pues bien, cumplido mi mandato, en julio de 2015 me reincorporé a mi plaza de profesor en la Universidad Complutense, retomando así mi actividad docente e investigadora en el departamento de Derecho Constitucional. En mayo de 2018 fui nombrado delegado académico del rector para la protección de datos, y en tal condición dirijo la oficina que ejerce las funciones de DPD en la universidad. Junto a ello, he contribuido a la creación y codirijo un máster de especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías que ha tenido una gran aceptación y acaba de iniciar la tercera edición.

Esta es, señorías, en resumen, mi trayectoria profesional que humildemente someto a su valoración. Como pueden apreciar, he tenido la fortuna de poder ejercitarme en la teoría, en la práctica del Derecho Constitucional en distintas etapas de mi vida, la de docente e investigador universitario, a la que he dedicado en exclusiva casi veintidós años, y la del desempeño de cargos públicos, todos ellos con un marcado perfil jurídico, que abarca algo más de once años, siete de ellos en puestos gubernamentales y cuatro al frente de una autoridad independiente de supervisión. En ambas facetas me he ocupado de la transparencia y el acceso a la información pública en muchas ocasiones. En el ámbito universitario con frecuencia, por cuanto forma parte inexcusable de las materias propias de la disciplina del Derecho Constitucional, las he impartido en las clases de grado en Derecho, también en los cursos de posgrado, tanto en el máster de transparencia de la Universidad Complutense como en el máster de las nuevas tecnologías que codirijo. También he pronunciado varias conferencias sobre el tema y he elaborado un capítulo de un libro colectivo dedicado a la transparencia y a la protección de datos personales.

En el desempeño de los cargos públicos, en el año 2008, siendo director general de Coordinación Jurídica, me correspondió poner en marcha la elaboración del que fue el primer borrador gubernamental sobre el tema, tarea que, tras mi marcha al Ministerio de Justicia, continuaría mi sucesora, que desembocó en el anteproyecto de ley aprobado en el año 2011. Posteriormente, siendo ya director de la Agencia de Protección de Datos, emitidos el informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley del año 2012, cuyas observaciones y propuestas fueron asumidas casi íntegramente por el Gobierno en el proyecto que finalmente envió a las Cortes. Durante la tramitación parlamentaria comparecí como experto ante la Comisión Constitucional, y me congratula que algunas de las observaciones que allí formulé también fueran acogidas en el texto final. Ya con la ley en vigor, en los últimos meses de mi mandato en la agencia participé en la elaboración de los primeros criterios interpretativos conjuntos con el Consejo de Transparencia, habiendo consensuado y firmado con la entonces presidenta tres de los cinco hasta ahora existentes.

En la segunda parte de mi intervención, como les adelanté, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la relevancia de la transparencia y su situación actual en España. Seré muy breve, porque sus señorías conocen estas cuestiones tan bien o mejor que yo. La transparencia es un principio estructural básico de todo sistema democrático que presenta una doble dimensión: por un lado, encierra un mandato dirigido a los poderes públicos para que publiquen todas las informaciones relevantes para conocer y valorar sus actuaciones, y, por otro, fundamenta un derecho de los ciudadanos a recabar información de los poderes públicos, un derecho de acceso a la información pública. Ambas dimensiones se complementan y son igualmente esenciales. La rendición de cuentas por parte de los gobernantes es una exigencia inexcusable que deriva del principio democrático, y el reconocimiento de un derecho de acceso a la información pública es una condición necesaria para posibilitar la plena participación política y para articular un control eficaz del poder. De ahí que como se ha dicho muchas veces, con razón, el grado de transparencia existente en un Estado sea un indicador muy fiable de su nivel de calidad democrática.

Como bien saben, en España hemos acumulado un gran retraso en este ámbito en relación con los países de nuestro entorno. Durante muchos años hemos seguido un enfoque fragmentario para regular las obligaciones derivadas del principio de publicidad de los actos de los poderes públicos y el acceso a


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la información y nos faltaba una regulación general de carácter transversal de la transparencia y de la actuación de los poderes públicos y un reconocimiento, igualmente general, del derecho de acceso a la función pública, un derecho que se pudiera ejercer sin necesidad de acreditar un interés específico ni motivar la petición. Esta importante laguna no se colmó hasta el año 2013 con la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, a la que, para economizar palabras, ya que tengo muy poco tiempo, me he referido y seguiré refiriéndome como Ley de transparencia.

La ley presenta algunas carencias, es mejorable en algunos aspectos concretos, pero en términos generales considero que ha de merecer una valoración positiva. Se ubica en el mismo nivel, o incluso por encima, del estándar que rige en los países de nuestro entorno directo, sin alcanzar, es cierto, la cota de algunos países nórdicos o de los países del Este, de las nuevas democracias del Este. Entró en vigor en diciembre de 2014 para la Administración general y un año más tarde para las comunidades autónomas y entidades locales, por lo que estamos ante una norma todavía relativamente reciente que no ha desplegado aún todo su potencial, pero que ya ha producido unos efectos considerables. De hecho, en los menos de seis años transcurridos desde su entrada en vigor, el panorama de la transparencia en España se ha transformado radicalmente. Prácticamente todas las comunidades autónomas han aprobado sus leyes, muchas de ellas han constituido sus propios órganos de garantía, también hay numerosa normativa de las entidades locales, la FEMP está desarrollando una vigorosa labor de impulso y consolidación y, en general, todas las administraciones, en sus respectivos niveles, han realizado un notable esfuerzo para poner en marcha portales de transparencia, para crear unidades especializadas y para ir incorporando la cultura de la transparencia a su funcionamiento diario. La totalidad de los órganos garantes, desde el momento mismo de su creación, se han empleado a fondo en este mismo objetivo, a pesar de los limitados medios de los que en muchos casos disponen. Permítanme destacar en este punto, por supuesto sin demérito de los demás, la excelente labor que el Consejo de Transparencia y buen Gobierno ha desarrollado bajo el liderazgo de Esther Arizmendi, su primera presidenta, con quien, como he señalado, tuve el honor de colaborar en los comienzos de la aplicación de la ley, y cuyo compromiso, esfuerzo y dedicación merecen, una vez más, ser recordados y ensalzados. Junto a ello, también es obligado reconocer la decisiva participación de otros muchos actores, porque el avance experimentado estos años es fruto de una gran labor colectiva a la que han contribuido directivos, empleados públicos, jueces y magistrados, grupos políticos, organizaciones no gubernamentales, académicos, periodistas, archiveros, documentalistas y otros muchos profesionales.

Dicho esto, no se puede desconocer que todavía estamos en una edad temprana, que nuestro sistema de transparencia y acceso a la información aún no ha alcanzado un nivel mínimo deseable y que queda mucho por hacer para que el grado de transparencia pretendido por la ley se convierta en real y efectivo, más aún, si lo que se desea es que la situación en nuestro país se aproxime a los estándares vigentes en los Estados que hoy en día son la referencia internacional. Para continuar avanzando con éxito en esta dirección será indispensable contar con el impulso decidido de los poderes públicos a las políticas de transparencia y fortalecimiento de los órganos garantes, tal y como acaban de demandar todos los consejos y comisiones de transparencia en una declaración firmada y publicada el pasado día 2 de octubre.

En esta línea, han de ser muy bienvenidas las tres iniciativas anunciadas públicamente hace unos días por la ministra de Política Territorial y Función Pública: la aprobación, antes de finales de diciembre, del reglamento de desarrollo de la Ley de transparencia, que está pendiente desde el año 2014; la tramitación de la adhesión de España al Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, que entrará en vigor precisamente a finales de este año, y el inicio de los trabajos preparatorios para presentar un proyecto de reforma de la Ley de transparencia en el horizonte del año 2023. Tres medidas de gran calado que se suman a otras muchas previstas en el IV Plan de Gobierno Abierto, próximo a aprobarse, en el que se recoge un ambicioso programa de actuaciones que están consensuadas con todas las administraciones públicas españolas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública.

Entro, sin más, en la tercera parte de mi exposición -seré lo más breve posible-, dedicada a exponer las líneas generales de actuación que me propongo realizar en la Presidencia del Consejo de Transparencia, en caso de obtener su refrendo. Les adelanto que son previsiones que necesariamente habrán de completarse cuando tenga un conocimiento mucho más preciso de la situación del consejo, del funcionamiento de la institución, con el fin de elaborar un plan estratégico que, en su caso, les presentaré en mi próxima comparecencia.


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Como bien saben, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público, con naturaleza de autoridad administrativa independiente, adscrito actualmente a efectos orgánicos al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero que por imperativo y con garantía legal actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus funciones. El artículo 34 de la Ley de transparencia le encomienda expresamente cuatro finalidades: promover la transparencia de la actividad pública; velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad; salvaguardar el derecho al acceso a la información pública, y garantizar la observancia de disposiciones de buen Gobierno, si bien es cierto que respecto a este último fin las facultades conferidas son muy limitadas. Pues bien, como no puede ser de otro modo, la actuación del presidente debe estar orientada a lograr el máximo grado de cumplimiento posible de estos fines, ejerciendo las competencias que tiene atribuidas en estrecha colaboración con la comisión, que es el otro órgano que integra el consejo.

La promoción de la transparencia de la actividad pública demanda un amplio abanico de actuaciones que podrían sintetizarse en el fomento de una auténtica cultura de transparencia, tanto en la ciudadanía como en el seno de las administraciones públicas y en el resto de los sujetos obligados. Mi propósito es reforzar al máximo esta línea de actuación. En lo que concierte a los ciudadanos, para que sean más conscientes de cuáles son sus derechos y de cómo pueden ejercerlos en beneficio de una mayor calidad democrática. En lo que atañe a los sujetos obligados, siempre he considerado -y así hice mi labor en la agencia- que las políticas activas, las políticas de promoción, de formación, de sensibilización son mucho más eficaces que las represivas. La elaboración de guías, directrices, modelos de buenas prácticas o el desarrollo de procedimientos estandarizados son algunas de las fórmulas que podrían contribuir a generar una mayor seguridad y certeza y, por tanto, a facilitar también la labor de quienes tienen que decidir si una información se hace pública o no y en qué términos.

Por otra parte, hay dos principios desarrollados en el campo de la protección de datos personales que considero que se pueden trasladar con provecho al ámbito de la transparencia: el de responsabilidad proactiva y el de privacidad por diseño, que en nuestro caso sería transparencia por diseño. A mi juicio, deberían incorporarse en la próxima reforma de la Ley de transparencia con carácter vinculante, como ya lo están en el Reglamento General de Protección de Datos, pero entretanto se pueden ir introduciendo a modo de buenas prácticas administrativas. Si tuviera tiempo, me gustaría exponerles con un poco más de detalle el alcance de estos principios, que creo que es como hay que enfocar las políticas activas de transparencia, pero por atenerme al tiempo asignado -ya me estoy excediendo- lo dejaré, si lo consideran conveniente, para la intervención posterior. Creo que el actual proceso de transformación digital de las administraciones públicas es una muy buena oportunidad para introducir estas técnicas y estas herramientas que responden a un planteamiento mucho más moderno y eficaz del cumplimiento.

Del mismo modo, en relación con el segundo fin, el de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, considero que el consejo debe potenciar las actuaciones dirigidas a facilitar el cumplimiento de los sujetos obligados a través de la elaboración de recomendaciones y el asesoramiento directo, entre otras actividades; todo ello, por supuesto, sin perjuicio de las tareas de evaluación y de un riguroso ejercicio de las funciones de control que le encomienda el artículo 9 de la ley.

La tercera finalidad, la de salvaguardar el derecho al acceso a la información pública, es, sin duda, el cometido más relevante del consejo, por cuanto con ella se le encomienda la protección de un derecho subjetivo, estrechamente conectado con el principio democrático, como he dicho, e indispensable para que todas las personas puedan fiscalizar la actuación de los gobernantes y participar en los asuntos públicos. Por consiguiente, a este fin se deben dedicar los máximos esfuerzos y situarse como una prioridad del consejo. Pero a veces es preciso tener en cuenta que esta es la tarea más compleja y delicada de cuantas le corresponden, pues en todos aquellos casos en los que aún no existe jurisprudencia en los tribunales, y aunque ya se contabiliza un nutrido número de sentencias todavía solo cubren un reducido acervo de cuestiones, es el consejo el que tiene que determinar en primera instancia el contenido del derecho y el alcance de los límites, lo cual obliga a extremar el rigor de la motivación de las resoluciones.

Junto a ello hay otras dos líneas de actuación esenciales que quisiera destacar: la colaboración y la participación ciudadana. La colaboración con los órganos del Gobierno y de la Administración general con competencias en la materia, y, muy especialmente, la colaboración con los demás consejos y comisionados de transparencia, con el fin de analizar las cuestiones comunes, intercambiar experiencias, realizar acciones conjuntas, sumar esfuerzos, en definitiva, en aras del fin común. Por otro lado, la participación ciudadana, no solo porque ello sea un mandato estatutario, sino porque considero que es una condición


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necesaria para desarrollar con acierto las funciones. En este sentido, el consejo estará siempre abierto a la participación y a la colaboración con todas las organizaciones, colectivos y profesionales comprometidos con la transparencia.

Como colofón, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no solo a través de la elaboración y la remisión a las Cortes Generales de la memoria anual, sino dando cuenta de todas sus actuaciones en tiempo real en su página web, aplicándose en primera persona esos principios de responsabilidad proactiva y de transparencia por diseño a los que he hecho referencia.

Pero para que todo ello se pueda llevar a cabo -y con esto termino- hay una tarea previa que resulta primordial: el fortalecimiento de la institución. Como he dicho, el consejo ha venido realizando una labor encomiable en estos años -y me consta que en él trabajan profesionales excelentes, muy comprometidos con su tarea-, pero es una institución todavía en proceso de construcción, y el grado de desempeño de sus funciones se ha visto muy condicionado por la insuficiencia de medios personales y materiales. Tiene prácticamente la misma plantilla que recibió como dotación inicial para su puesta en marcha, veintidós puestos de trabajo, y su exiguo presupuesto se vio reducido en un 22 % en el año 2018, quedando un poco más de 2,2 millones de euros, de los cuales, según la información que publica el propio consejo, casi el 95 % se encuentra ya comprometido a principios de ejercicio. Por hacer una comparación con algo que conozco bien, el presupuesto anual de la Agencia Española de Protección de Datos es de algo más de catorce millones de euros. No les puedo ocultar que esta es mi principal fuente de preocupación de cara a asumir la responsabilidad de presidir el consejo, pues de no corregirse estaría comprometido el normal cumplimiento de sus funciones básicas y resultará muy difícil acometer algunas de las actuaciones que le he enunciado. Confío en el compromiso del Gobierno y de todos los grupos parlamentarios aquí presentes con la transparencia para que, en la medida de lo posible, en los próximos presupuestos se atienda esta necesidad. Soy plenamente consciente de que estamos en una situación muy crítica, en la que es obligado establecer prioridades, y también de que hay otras más importantes. Pero la transparencia no debería ser preterida, porque invertir en transparencia es invertir en calidad democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en confianza ciudadana; bienes y valores todos ellos que en los tiempos actuales, si cabe, son aún más necesarios.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías, quedo a su disposición.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por la concisión de su intervención y, a la vez, por su extensión y profundidad.

Pasamos al turno de portavoces, que les recuerdo que será por un tiempo de tres minutos, comenzando por el señor Mazón, que no va a hacer uso de la palabra. Por el Grupo Parlamentario EH Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Rodríguez. Voy a comenzar diciendo que vemos totalmente necesario que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tenga un presidente, porque su ausencia, y más si como sucede en este caso es prolongada en el tiempo, complica la labor de este órgano. Si no importa siquiera que haya o no presidente, es que importa poco la labor que pueda hacer este órgano que debería velar por cosas tan importantes como la transparencia y el buen Gobierno.

Respecto a la idoneidad del cargo no tengo mucho que decir. No tenemos dudas de que el señor Rodríguez esté suficientemente preparado para este cargo. Creo que la trayectoria y el currículum que ha presentado le avalan. Es cierto que una trayectoria política tan ligada a puestos de confianza arroja una ligera, ligera, sombra en su nombramiento. En cualquier caso, anuncio que nos vamos a abstener en esta votación, con el ánimo de no dificultar que la presidencia se ocupe y que el órgano no siga en esta situación de anormalidad en la que se encuentra.

Le voy a hacer dos preguntas. La primera es sobre la Ley 19/2013, que usted ha citado. Ha dado una valoración positiva de la ley y ha dicho que habrá que hacer un proyecto de reforma, con lo que de alguna forma ya avanzado lo que iba a preguntarle, pero hay voces que señalan que la principal deficiencia de esa ley es el incumplimiento de las resoluciones que se adoptan. Nos gustaría que nos concretase cómo conseguir que esas leyes que se van aprobando tengan eficacia real. Pondré un ejemplo, aunque hay muchísimos, llevado a un terreno que todo el mundo entiende muy bien: las asociaciones de discapacitados observan que no hacen falta más leyes, que bastaría con que se cumpliera lo que hay, y con eso se daría un gran paso. Quisiera saber si van a hacer reformas en ese sentido, es decir, para que se cumplan las leyes que están en vigor.


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Una segunda pregunta enlazando con lo que ha dicho usted. Reconozco que en este campo de la transparencia y buen gobierno también envidio a los países nórdicos y creo que en España hay mucho que avanzar, mucho por aprender y mucho en lo que trabajar para ganar en cultura democrática. Creo que en su departamento, aunque con veintidós personas realmente no se puede hacer mucho y sería mucha descarga de responsabilidad, así como en todos los ministerios, debería hacerse una pedagogía para convencer a la sociedad de que todo el mundo gana con la transparencia, ganan los Gobiernos, gana la ciudadanía, ganan las empresas, ganan las organizaciones. Ha aludido usted a la crisis de confianza que hay respecto a las instituciones, que es demoledora, pero creo que no es culpa de la sociedad en general. Nos gustaría conocer lo que plantea socialmente en este Estado para que importe la credibilidad, la ética pública y el espíritu de lo que debería ser una verdadera democracia.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco las explicaciones que nos ha dado don José Luis Rodríguez. En estas comparecencias respecto a la idoneidad de los candidatos para ocupar ciertos puestos en organismos del Estado el Grupo Vasco no suele poner objeciones, porque confiamos más en una legitimación del ejercicio que vamos viendo a lo largo del desempeño del cargo que en una legitimación de origen, aunque ciertamente en este caso concreto tengo que decir que por nuestra parte en este momento también le acompaña una legitimación de origen.

Nosotros le conocemos a través de la Agencia de Protección de Datos, y del trabajo que desarrolló allí, sobre todo en una cuestión muy importante, cuando estuvo dirigiendo el derecho al olvido, que se implicó mucho en la protección de derechos de la ciudadanía, que fue una cuestión muy discutida por lo novedosa. Repito que en protección de datos se implicó mucho en los derechos de la ciudadanía al olvido. Ahora le toca, como he comentado con la presidenta de la Comisión, dar un giro de 180º: ahora es la transparencia, no es la protección de datos. Esperemos que también le acompañe la suerte en ese tránsito hacia el polo opuesto, entre comillas, porque es una manera cordial de hablar.

Quiero preguntarle su opinión sobre algunas cuestiones que se han considerado claves en el consejo. Por ejemplo, la falta de un desarrollo reglamentario que no deja densificar a la organización y el fortalecimiento de la propia institución, que usted ha puesto de manifiesto; esperemos que en el proyecto de ley que remita el Gobierno haya muchos informes sobre qué aspectos habría que reformar para fortalecer a la institución. También en cuanto a su independencia, que es una cuestión clave, en cuanto a las facultades ejecutivas de inspección y control, que es una carencia que se ha destacado con carácter general, e incluso a las facultades supervisoras sancionadoras, o no sancionadoras, pero sí sobre la vinculación de los informes del propio consejo. En definitiva -lo ha dicho usted de otra manera-, acercar el consejo a una configuración institucional que siga un poco el patrón de la Agencia de Protección de Datos, que es la única manera de fortalecerlo, sin perjuicio de esa labor pedagógica. No deja de ser una administración pública que tiene unas funciones y que tiene que tener una posición de fortaleza en el sistema.

Compartimos sus apreciaciones y los retos que tiene pendientes el consejo. Hasta que el Consejo de Ministros apruebe el reglamento o mande un proyecto de ley sobre la modificación de la Ley de transparencia, en estos aspectos que considero que son sustanciales la parte de Gobierno creo que queda un poco más alejada, pero tiene un contenido mucho más político, no tanto de gestión administrativa. En las dos patas, publicidad activa y derecho de acceso, creo que queda pendiente una labor importante. Sobre todo, y quiero recordarlo -en este sentido le pregunté a la ministra-, porque hemos sufrido la debilidad de la institución durante el estado de alarma. El derecho de acceso a la información pública -lo puse de manifiesto preguntando a la ministra del ramo- quedó también confinado.

La señora PRESIDENTA: Señor Legarda, ha pasado su tiempo.

El señor LEGARDA URIARTE: He finalizado. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señor Rodríguez. Muchas gracias por su comparecencia. La verdad es que hace tres años que el Consejo de Transparencia espera el nombramiento de su presidente. Creo que es irrenunciable


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agradecer la labor del subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, que ha ejercido de presidente en funciones durante todo este tiempo con todo el éxito que ha podido, evidentemente.

En las diversas memorias publicadas por el propio organismo se ha venido haciendo especial hincapié en dos cuestiones fundamentales. Primera, ya lo hemos hablado, sobre la necesidad de la renovación de la presidencia del consejo, cuestión en la que estamos en estos momentos. Segunda, que también ha sido recurrente en todas las memorias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la limitación de recursos humanos y materiales de que dispone el organismo; limitación que hacía imposible el cumplimiento de los objetivos que tiene asignados según la propia memoria del consejo, según usted ha reconocido y ha mencionado.

Como todos ustedes saben, señorías, el Consejo de Transparencia, conforme a este artículo 34 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tiene como finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho del acceso a la información pública, garantizar la observancia de las disposiciones de buen Gobierno. Por tanto, dentro de sus obligaciones se entiende comprendido el compromiso de realizar una evaluación de transparencia de más de 17 000 entidades de derecho público y de otras 80 000 de derecho privado. Es difícil que con los recursos asignados que usted nos ha mencionado se pueda realizar esta labor tan intensa e inmensa. Veintidós trabajadores es prácticamente la misma cifra que se asignó, como usted ha mencionado, al inicio de la actividad y durante la XIII Legislatura, se tramitó la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, presentada por Ciudadanos. En la celebración de la comparecencia del anterior subdirector de Transparencia en la Comisión Constitucional, él insistió especialmente en la necesidad de proveer de más medios al consejo para poder ejercer con éxito sus competencias. Hasta la fecha, esta reclamación no ha recibido respuesta institucional alguna.

Tengo algunas preguntas para usted. ¿Considera usted oportuno incrementar considerablemente la dotación presupuestaria del Consejo de Transparencia, que ya nos ha dicho que va a hacer esa petición al Gobierno? ¿En qué cuantía consideraría apropiado este incremento presupuestario? ¿Le ha informado el Gobierno de su voluntad de proceder a ese incremento una vez que sea nombrado o se presenten los presupuestos? De no ser así, ¿trataría usted de pelear este aumento del presupuesto del órgano? ¿Cómo piensa acometer esta labor si no tiene los medios adecuados? Finalmente, ¿qué otras medidas considera necesario implementar para lograr sus propósitos?

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Plural, señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a don José Luis Rodríguez y agradecerle su presentación -que obviamente debía ser breve- que, siendo sintética, ha enmarcado lo que se requiere para una sesión como la que nos ocupa. Ha dado un breve repaso de su vida profesional, que desde nuestro punto de vista le avala en el ámbito teórico y en el práctico. Aunque se haya puesto de manifiesto, y es verdad, que en las partes que ha desarrollado en el ámbito de la Administración ha estado vinculado a cargos de confianza, también debo decirle que desde nuestra perspectiva han sido siempre desarrollados con la diligencia necesaria, cosa que mi grupo parlamentario le agradece, no el Grupo Plural, pero sí la parte que representa una tradición. En todo caso, no tenemos ninguna duda respecto a la idoneidad de su propuesta, tampoco la tenemos sobre conflictos de intereses. Por tanto, le avanzo que vamos a votar a favor de su idoneidad, así como también de la propuesta de nombramiento.

No es el momento de plantearle ciertas cuestiones, porque ya comparecerá en la Comisión. No le voy a pedir que me diga si le parece suficiente el presupuesto de la plantilla, porque si usted nos dice que sí generaría dudas. En todo caso, le agradeceríamos que, si hoy se aprueba su nombramiento, cuando haya tomado posesión de su cargo comparezca a las pocas semanas ante esta Comisión para que podamos exponerle algunas preguntas de forma más extensa.

Usted ha dicho que en el desarrollo de la ley en unos aspectos se fue más diligente y en otros menos. Debo recordar que el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 19/2014, de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, y que la comisión de garantías del derecho de acceso a la información está desarrollando un buen trabajo. Entiendo que se debe seguir manteniendo una buena relación entre ella y el consejo y que no debe haber ningún tipo de interferencia. Como estamos seguros de que esto será así, votaremos a votar.


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Señora presidenta, quiero excusarme con el señor Rodríguez, porque voy a estar entrando y saliendo, ya que tengo la Comisión de Hacienda en la sala contigua. De todas formas, en el momento de la votación espero estar presente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera.

La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, señora presidenta.

También quiero dar la bienvenida al señor Rodríguez. Tengo que comentar que, como el compañero de Junts per Catalunya, debo entrar y salir porque se están celebrando otras comisiones. Por temas profesionales he trabajado bastante con la legislación catalana de transparencia y buen gobierno. Supongo que sabe que allí está en vigor una regulación de los lobbies, de los grupos de interés. Le voy a hacer varias preguntas. Primera pregunta, ¿piensan ustedes hacer algún tipo de regulación de estos grupos de interés, que salen en la agenda de todos los políticos como obligatorio, para que no se pueda tener ninguna reunión con un grupo de interés que no sea pública? He estado ojeando un poco las resoluciones de la Comisión y observo que todas las vinculadas con la Casa Real están inadmitidas o desestimadas. La segunda pregunta es, ¿va a servir también para tener un poco de transparencia, o se considera que no entra en el ámbito de este consejo? Tercera pregunta, ¿qué opinión tiene usted respecto de que el Estado impugne e incumpla continuamente las resoluciones del Consejo de Transparencia? Me han dicho que este año llevamos aproximadamente unas cien, y como ejemplo me han puesto la no admisión de la información respecto del séquito que viajó a Eurovisión con Radiotelevisión Española. Precisamente por la extraordinaria importancia que le damos quisiéramos saber si esta va a ser la relación que vamos a tener con el consejo.

Se ha puesto de relieve aquí el celo que puso en la defensa del derecho al olvido frente a esa gran máquina que es Internet, Google, y en la protección de esos derechos. Yo no solo no lo veo contrapuesto, sino que lo veo al revés, es decir, esto me garantiza que tendrá el celo suficiente para entender que la Administración y el Gobierno no son de nadie, que son públicos y que deben ser completamente transparentes y que no se les debe proteger, sino forzar a dar explicaciones, a rendir cuentas y a responder a las demandas de la ciudadanía, porque eso puede aumentar la capacidad de confiar en las instituciones.

Termino con un ruego. Como ha ido muy rápido, le cedo parte de mi tiempo para que explique exactamente qué es la transparencia por diseño, porque me parece muy afortunada la formulación y creo que estaría bien que se extendiera en lo que supone. Espero que comparezca dentro de poco tiempo, y es evidente que no le voy a preguntar si tiene suficiente personal o suficiente presupuesto, como tampoco le preguntaré si va a ir a trabajar cada día, porque es casi lo mismo.

Reciba nuestros mejores deseos. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Federal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia.

El señor HONRUBIA HURTADO: Muchas gracias.

Yo también quiero dar la bienvenida al señor Rodríguez y felicitarle por su nombramiento, que entendemos que hacía falta.

Simplemente quiero manifestar que nuestro grupo va a votar favorablemente su nombramiento. Compartimos con usted la idea de la importancia central que tiene la transparencia en el funcionamiento de una democracia sana, así como también que en estos momentos en los que existe una cierta tendencia a hacer política desprestigiando las instituciones o a extender un poco ese discurso de la política como algo que no sirve, que no funciona, es todavía más necesario que las instituciones que se dedican al control de la transparencia y el buen gobierno funcionen. Por tanto, también compartimos la necesidad de que esto se dote adecuadamente de personal y de presupuesto para que pueda ejercer correctamente su labor.

Le doy la bienvenida y le deseo suerte y mucho acierto, porque será bueno para todos y todas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Honrubia.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle.


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El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor Rodríguez, buenas tardes. En primer lugar, hoy nos corresponde pronunciarnos sobre la idoneidad del candidato propuesto para el cargo. Hemos estado examinando el currículum que se nos remitió y he estado atento a sus explicaciones, pero aquí no se ha hablado del artículo 11 del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se titula Independencia, que dice que el presidente del consejo desempeñará su cargo con dedicación absoluta, plena independencia y total objetividad. No estará sujeto a mandato imperativo ni recibirá instrucciones de autoridad alguna. Pues bien, no lo digo yo ni lo dice mi grupo, el diario El Mundo, el pasado día 1 de octubre, publicaba un artículo titulado Rechazo del sector a la propuesta del Gobierno al Consejo de Transparencia por sus vínculos con el PSOE, y sacaba una foto suya con la actual fiscal general del Estado. Dicho artículo recoge lo que dicen las asociaciones protransparencia, con un título que dice: Las organizaciones se quejan. Doña Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, dice que usted tiene una clara vinculación con el Partido Socialista Obrero Español, y literalmente dice: Valoramos negativamente el nombramiento de una persona con vinculaciones política previas y sin experiencia previa relevante en la materia. Después de tres años de vacante el Gobierno ha sido incapaz de dar satisfacción con hechos y no con palabras a la petición unánime de la sociedad civil de nombrar a una persona independiente y de prestigio en una tarea tan importante como el control del Gobierno y de la Administración del Estado. Para Eva Belmonte, codirectora de Civio, otra organización protransparencia, dice literalmente: No nos gusta que se proponga a alguien tan vinculado a un partido político, con muchos años en puestos de confianza en gabinete, porque pone en cuestión su futura independencia. Lo mismo dicen desde Transparencia Internacional España, etcétera.

Si las propias organizaciones protransparencia se quejan de su vinculación con el Partido Socialista y va a poner en duda esa independencia y esa objetividad que requiere el Estatuto del ente, a nuestro juicio puede ser motivo para entender que no es el candidato idóneo. Lo digo simplemente porque las asociaciones lo están diciendo. Yo no conozco a ninguna de estas personas, pero sencillamente es la noticia publicada por el diario El Mundo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor del Valle.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Betoret.

El señor BETORET COLL: Muchas gracias, señora presidenta.

Bienvenido, señor Rodríguez. Todas las renovaciones de los órganos en esta legislatura o en la inmediatamente anterior debieran haber estado por una negociación sincera y honesta para llegar al fin que todo proceso de negociación requiere, que es el acuerdo. Toda negociación requiere cesiones por ambas partes, o eso pensábamos hasta que llegó el señor Sánchez. Para este Gobierno solo existe el acuerdo por adhesión, como cuando contratas una tarjeta de crédito con unas condiciones preestablecidas e impuestas por una única parte. Así lo hicieron para renovar la CNMC, colocando como presidenta a una persona del gabinete del presidente del Gobierno, en la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear, nombrando de manera unilateral a cuatro personas de los partidos que apoyan al Gobierno, en la renovación del CNI, en la renovación de Radiotelevisión Española, nombrando a la comisaria Mateo, y toda esta sucesión de nombramientos tuvo su culminación con el nombramiento -valga la redundancia-, sin precedentes para la democracia española, de la exdiputada socialista y exministra Dolores Delgado, que ha puesto al servicio del Gobierno y sus miembros una institución que era independiente hasta que el señor Sánchez decidió que dejara de serlo.

Con todos estos antecedentes y con el retorcimiento de la ley para saltarse la Constitución que el Gobierno perpetró en el día de ayer, que demuestra que para este Gobierno no hay límites ni en la separación de poderes ni en la propia Constitución, entenderá que hay que tener mucha fe para creer que usted no actuará como un nuevo comisario político al servicio del señor Sánchez. Lo digo porque su propuesta de nombramiento sigue con el patrón que el Gobierno siguió con la CNMC, el Consejo de Seguridad Nuclear, el CNI, Radiotelevisión Española y, como digo, la de la señora Delgado, la más grave. Digo esto porque habiendo ocupado usted distintos cargos en los Gobiernos del inefable Zapatero, director del gabinete del ministro Caamaño, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia y director de gabinete del secretario de Estado, cargos todos ellos con un marcado perfil político más que técnico, ¿quién garantiza a los españoles que usted no se va a comportar, como diría el señor Sánchez, como uno de los nuestros? ¿Cómo garantizamos que usted no va a seguir, en relación


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con la transparencia, con la política actual por la que en medio de una pandemia, con un estado de alarma proclamado, lejos de practicar la máxima transparencia se suspendió el portal de transparencia del Estado, generando una situación que puede calificarse con cualquier adjetivo excepto el de transparente o cualquiera de sus sinónimos? ¿Es usted capaz de garantizar que vamos a conocer, entre otros muchos ejemplos, los gastos del viaje del presidente del Gobierno y de su señora al Festival Internacional de Benicasim, que el Gobierno ha ocultado seguramente por obscenos? Ya le contesto yo: seguro que yo. Ya le digo yo que usted, si no lo remediamos, va a manchar su intachable carrera profesional, que públicamente reconocemos, si finalmente es nombrado, porque le anticipo que no le van a dejar trabajar en libertad, puesto que a usted le han seleccionado por su currículum político y no por su currículum profesional para que ejerza de militante político y no de presidente del Consejo de Transparencia.

Espero que logre convencernos de que no es así, aunque ya le anticipo que el Gobierno que le propone nos ha engañado a tantos durante tanto tiempo que va a ser difícil.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Betoret.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Andrés.

La señora ANDRÉS BAREA: Gracias, señora presidenta.

Señor Rodríguez Álvarez, bienvenido. Se presenta usted a la idoneidad y ha hecho una exposición muy extensa y muy planificada, tanto de su currículum personal como profesional, así como de sus expectativas de futuro. Pero como verá, aquí la visión es parcial y totalmente interesada; ha habido un cambio de tercio total entre los partidos que han apoyado a este Gobierno y los que están contra el Gobierno. El Partido Popular y VOX se retroalimentan constantemente, y ojo, señores del PP, que los van a fagocitar si continúan por el mismo camino. Hay una cruzada de intolerancia que paraliza la democracia, y estamos hablando hoy aquí de democracia. Nosotros no vamos a continuar por ahí y vamos a trabajar sobre el asunto.

Uno de los seis puntos legislativos que planteaba el acuerdo de este Gobierno de Pedro Sánchez era la modificación de la Ley de transparencia y el control de las fundaciones y empresas. Los anuncios de la ministra han sido muchos en este sentido, y uno de ellos ha sido el del presidente del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, y aquí está usted. Hoy ha sido usted valiente, se lo reconozco, sabiendo o intuyendo lo que esperábamos, al decir que ha sido alto cargo de un Gobierno socialista. Evidentemente, esto le ha supuesto tener una experiencia y una profesionalidad. No hay que ocultar lo que uno ha sido, con toda la valentía del mundo. La anterior presidenta -lamento decirlo porque no está entre nosotros-, la señora Arizmendi, que fue un alto cargo del Partido Popular; es lo mismo, lo mismo. La verdad es que no sé cómo se atreven.

Me gustaría centrarme otra vez en la Ley de transparencia y hablar de la confianza en la Administración. Me parece muy importante el tema del que ha hablado, de la responsabilidad, de la dificultad del acceso y de la compresión de las contestaciones. Los métodos de evaluación me preocupan mucho, porque hay ítem distintos y es una entidad pública, privada, una universidad, y luego se hacen comparaciones sobre ítem de transparencia. En el buen gobierno evitar la corrupción es fundamental. Quien no apoye esta iniciativa, después de dos años de vacante en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no está por que esto funcione. Consideramos que es muy importante la adhesión a los organismos internacionales, pero también nuestra posición, desde el punto de vista cultural, en los mismos. La imagen de España se ha visto deteriorada desde el punto de vista de la transparencia por algunos partidos políticos aquí presentes. Hay que pelear mucho por ello.

Le he planteado estas cuestiones que me parecen importantes y que pueden esclarecer un poco más su labor.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Andrés.

Tiene la palabra el señor Rodríguez Álvarez para contestar a las preguntas que le han formulado los distintos portavoces.

El señor RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (candidato a presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno): Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes sus intervenciones, incluso aquellas que han sido más críticas, porque creo que esto forma parte también de la cultura democrática, aunque sí tengo algún matiz o alguna reflexión que aportar y que luego intentaré trasladarles.


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Agradezco, señora Aizpurua, sus palabras, su enfoque de la relevancia que tiene la transparencia para el funcionamiento regular, ya no digamos excepcional en cuanto a calidad de la democracia, lo comparto plenamente, lo he puesto de manifiesto en mi intervención y, para ello, es necesario hacerlo aún en España, porque no tenemos desarrollada una cultura de transparencia que nos equipare a los países de nuestro entorno y mucho menos, como también apunté, a los países del norte de Europa, a los países nórdicos. En mi intervención también he apuntado que en la medida en la que los recursos y los medios personales me lo permitan, esa es la línea de actuación prioritaria. Es muy importante garantizar los derechos de acceso, pero hay que ir introduciendo esta cultura y ello requiere unas tareas proactivas. A mi juicio, ahí está la clave de las posibilidades de avanzar.

Hay una cuestión que ha planteado y que ha sido suscitada también por otros intervinientes que son las limitaciones que se tienen en el consejo, no solo las de medios, sino también en cuanto a potestades y en cuanto a poderes. Sí es cierto que esta es una de las cuestiones que hay que abordar en la próxima reforma de la Ley de Transparencia. De poco serviría atender una institución de supervisión y de control que dicte resoluciones que luego no son observadas. Con esto ni se están garantizando los derechos de los ciudadanos ni se está haciendo un buen uso de los recursos públicos. Si hay prácticas en este sentido es necesario ir corrigiéndolas y hay que dotar, con esto contesto también a las observaciones que me han hecho otros portavoces, a la institución de la potestad de actuar o, al menos, de introducir en el ordenamiento remedios jurídicos a estos efectos. Tampoco necesariamente tiene que ser la propia institución, el propio consejo, el que ejercite acciones dirigidas al cumplimiento de sus resoluciones. Aquí sí que hay una carencia que hay que reflexionar sobre cuáles son las mejores vías para pulirla.

Agradezco, señor Legarda, también muy sinceramente sus palabras y su adoración., Siempre he mantenido, en mi periodo como director de la Agencia de Protección de Datos, una estrecha relación con las autoridades. En un primer momento eran tres: la de Madrid, que luego fue suprimida; la del País Vasco y la de Cataluña. Ese mismo enfoque o planteamiento es el que me propongo seguir, como he dicho, en mi actuación al frente del consejo en el caso de que reciba el respaldo de esta Cámara. Ha hecho una referencia brillante en la que me adentro en la otra vertiente de la cordillera, después de haber explorado la vertiente de la protección de datos, me adentro ahora en -creo que literalmente ha dicho- el polo opuesto. Sobre esto, siempre he defendido -lo tengo por escrito y lo he dicho en mi comparecencia en la Comisión Constitucional cuando se estaba tramitando la ley- que son dos derechos que necesariamente tienen que conciliarse. Ese ha de ser el objetivo permanente. Es decir, hay que buscar un punto de equilibrio. La transparencia no puede llevarse al extremo de deslumbrar a los ciudadanos, porque las administraciones tienen mucha información sensible de los ciudadanos, a desfocalizarse en aquella información que versa sobre las actuaciones de los poderes públicos, pero buscando siempre garantizar, al mismo tiempo, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Creo que esa ha sido probablemente la aportación más valiosa que hicimos desde la agencia al proyecto, que está actualmente recogida en el artículo 15, dando unos criterios para que en los casos de colisión se resuelvan las cuestiones por la técnica que utilizamos los juristas para resolver cuando hay colisión entre derechos: la ponderación. Por tanto, esta va a ser también una de mis estrictas actuaciones: buscar el equilibrio entre los dos derechos.

En relación con la cuestión de los medios personales y materiales, creo que he sido suficientemente explícito y confío, como les decía, en el compromiso, tanto del Gobierno como de las cámaras, para reforzar la institución, porque es una institución que, insisto, está todavía en proceso de formación. No tiene el grado de consolidación que tienen otras autoridades independientes también que están ya actuando a pleno rendimiento.

En cuanto a las facultades sancionadoras, creo que también ya lo he apuntado. Hay que completar las facultades, aunque no sé si con facultades sancionadoras. Aquí se da una paradoja. Como ustedes saben, la Agencia de Protección de Datos tiene la potestad de establecer sanciones económicas a entidades del sector privado, pero respecto de las administraciones públicas se declara la infracción y se exige el cumplimiento, pero no tiene la potestad de imponer multas y hasta el presente nunca ha sido necesario. Esto requiere un estudio detenido. Si hay incumplimientos, si es todavía por desconocimiento o si es por otras razones, y cuál es el remedio más adecuado. Saben que en nuestro ordenamiento, aunque en algunas leyes de comunidades autónomas están previstas multas coercitivas, como principio general, hasta ahora siempre se ha sido muy reacio a establecer sanciones económicas a las administraciones, porque esto supone detraer recursos que van destinados al cumplimiento de sus finalidades para introducirlas en otra caja pública. Esta es la razón por la que en protección de datos no se ponen sanciones


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económicas a las entidades públicas en nuestro país. Este es un tema que requiere corrección y que no tengo claro cuál es, a bote pronto, la solución. Tenemos tiempo para debatirlo, tendrán ustedes ocasión también de cara a la reforma de la ley.

Al señor Gutiérrez, le agradezco también sus palabras. Ha puesto el énfasis en la cuestión de la evaluación que a mí me parece muy importante, porque hay que acordar criterios -se apuntaba también por la portavoz del Grupo Socialista- más o menos homogéneos para evaluar el grado de cumplimiento de la ley. Compartir -y se lo reconozco con toda sinceridad- los recursos actuales con el mandato de evaluación de todo este volumen de entidades públicas y de otros sujetos obligados es materialmente imposible. Esta va a ser la necesidad de obtener más recursos, obtener más medios va a ser, como ya les he dicho, una prioridad de mi actuación frente al Gobierno y también en esta Cámara, porque al final los presupuestos se aprueban en las Cortes Generales. Por tanto, ahí agradeceré también toda la ayuda que todos los grupos parlamentarios me puedan prestar, que no será a mí, sino que será a la institución, será al consejo.

¿Qué pienso hacer entre tanto? Pues, como también me sucedió en el periodo en el que estuve al mando de la responsabilidad de la Agencia de Protección de Datos, que coincidió con un periodo de crisis económica y de ajuste presupuestario, intentar exigir un alto rendimiento, porque sé que hay funcionarios muy comprometidos y en todo momento tener claro que habrá que hacer más con menos. Este va a ser probablemente un poco el lema de actuación de los próximos meses y de los próximos años. Hay también procedimientos, herramientas auxiliares, que tengo que conocer cuál es el estado también para ver hasta qué punto se pueden ir explotando o mejorando. En la agencia hicimos un enorme esfuerzo de informatización de los procesos de automatización de muchos procedimientos que nos permitió hacer esto: hacer más con menos. En esa línea también se puede probablemente trabajar aquí.

Al señor Bel, que ha tenido que ausentarse, le agradezco muy sinceramente sus palabras en la medida en que reconocen también el trabajo que en el pasado he hecho con otros grupos parlamentarios y que me enorgullece que se recuerde y me enorgullece también que esté en muchos casos recogido en el "Diario de Sesiones". Le garantizo, como ya he dicho, la colaboración con la autoridad catalana, igual que con el resto de los consejos y comisionados de transparencia, como ya he expuesto en mi intervención.

La señora Vallugera me ha hecho muchas y complejas preguntas. Estas requerirían probablemente mucho más tiempo del que dispongo, que tampoco sé si lo estoy ya sobrepasando. La transparencia está directamente conectada con éxito con otros ámbitos y con otros sectores regulatorios y también con comportamientos y actitudes sociales. La cuestión de la regulación de los lobbies y los grupos de interés, que es también uno de los temas pendientes en nuestro país, cuyo objeto de debate es amplio, pero el consejo no tiene iniciativa legislativa. Cuando se aborde una iniciativa de estas características, lo que sí tiene el consejo, entre sus funciones, es la de informar preceptivamente los proyectos normativos que afecten a la transparencia o en alguna de las cuestiones relacionadas con ella. Sobre esta cuestión creo que hay un amplio grado de consenso en la necesidad de abordar la regulación. El debate será qué regulación y en qué términos y, sobre eso, si hay un proyecto normativo, nos tendremos que pronunciar, en el caso de que yo esté en el consejo, por escrito.

En cuanto a la Casa Real, la Ley de Transparencia establece que se encuentra, al igual que las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o de relevancia constitucional, sometida a las obligaciones de la Ley de Transparencia en lo que concierne a sus actividades sujetas a derecho administrativo. Esta es la razón, no conozco en detalle todas las resoluciones, por la que en muchas de las reclamaciones o de las solicitudes de información dirigidas a la Casa Real, si no caen dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, no pueden ser atendidas por parte del consejo. El consejo es una autoridad administrativa, independiente, pero sometida plenamente a la ley y al derecho. Por tanto, ni puede ser un activista ni puede actuar bloqueando el cumplimiento de la ley, sino que tiene, con las dificultades de interpretación que siempre existen, que aplicar la ley.

En cuanto a las impugnaciones de las resoluciones del Consejo de Transparencia, aquí esto merece una doble valoración, una doble reflexión, o quizá triple. Tengan en cuenta que estamos en una fase, como les decía antes, temprana, donde los criterios no están todavía consolidados y no están asentados. Lógicamente si una administración recurre una resolución del Consejo de Transparencia está retrasando el acceso a la información que el consejo ha reconocido. Por tanto, aquí hay una vertiente que hay que sopesar. Hay otra que también hay que tener en cuenta y que está conectada con esta situación que estamos en la que todavía no hay criterios. El hecho de que se pronuncien los tribunales va a dar mucha seguridad jurídica para el futuro. Por tanto, esto también es un activo. Es un activo que probablemente


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ahora pesa más en el pasivo, pero según vayan recayendo pronunciamientos de los tribunales tendremos mucha más seguridad, tendremos mucha más certeza.

Por último, la cuestión de la transparencia por diseño. Este es un tema muy querido para mí, porque durante muchos años he trabajado en el desarrollo, incluso en la agencia hicimos antes de que se incorporara al reglamento como un principio de obligado cumplimiento, porque ahora se piensa que es un principio meramente programático, de una guía para ir introduciendo esta cultura. No me puedo extender mucho. En otra ocasión podemos analizarlo con más detalle. Primero es un enfoque, un planteamiento, que se empezó a desarrollar en Canadá, concretamente por la actual expresidenta de la autoridad de Ontario, que lo que propugna es que las cuestiones de privacidad se tengan en cuenta desde el diseño mismo de los productos o de los servicios y se incorporen y se mantengan a lo largo de todo ciclo de vida. De tal manera que se evite lo que en muchas ocasiones todavía viene sucediendo que se pone en marcha un producto, un servicio, cuando ya está desarrollado e incluso ya está puesto en funcionamiento, se advierte que vulnera la normativa de protección de datos con las consecuencias que eso tiene. Hay que retrotraer el proceso o asumir el riesgo de sanción de lesión de derechos. Este planteamiento es trasladable. De hecho ya hay varios estudios que se están realizando en esta línea a la transparencia, sea transparencia por diseño, que comportaría que la información que se tiene en las administraciones, desde el primero momento ya esté configurada y donde todo ciclo de vida se vaya tratando, teniendo en cuenta la necesidad de atender estas obligaciones de transparencia y de acceso. Esto tiene ciertos costes iniciales, pero tiene muchísimas ventajas posteriores, porque simplificaría y facilitaría, sobre manera, todo el cumplimiento posterior de las obligaciones. Por eso les decía que en el proceso actual de la reforma de transformación de la Administración hacia una administración digital es en el que hay que plantearse e ir introduciendo este enfoque, este planteamiento, porque este sin duda proporcionará unos resultados muy positivos también para el funcionamiento interno en términos de ahorrar recursos y de dar seguridad a los funcionarios, ya que muchas veces la experiencia que he tenido y ahora la tengo también en la universidad, porque desde la perspectiva de la protección de datos se me hacen muchas consultas es que esto se puede dar y esto no se puede dar desde el departamento de Transparencia. Pues bien, hay que tener criterios o guías más asentados da seguridad, esto simplifica y también hace que quienes tienen que decidir no tengan tantas incertidumbres, tantas dudas, porque muchas veces ante la duda -esta es una de las cosas que también ha contribuido a generar una visión un poco negativa de la protección de datos en relación con la transparencia-, si formulamos un derecho fundamental, pues se retiene la información. Aquí hacen falta criterios claros. Necesitamos tiempo para ir asentando esto, pero los otros derechos tienen que ser compatibles. La transparencia por diseño puede ayudar mucho, porque puede marcar ya desde los primeros momentos informaciones que sean sensibles, informaciones que, sin ninguna duda, se pueden entregar cuando sean solicitadas en el seguimiento. Aquí hay herramientas que se están desarrollando en esta línea.

Voy a intentar abreviar, porque creo que ya me están llamando la atención. Agradezco también muy sinceramente las palabras del señor Honrubia. Coincido íntegramente con su valoración. Por tanto, simplemente, disculpe porque al haber coincidencia tampoco puedo dedicarle más tiempo y eso que no lo debe tomar como un demérito.

En cuanto a las consideraciones del señor Del Valle, que también las comparto lógicamente y entiendo que pueda tener ese punto de vista, lo primero que le quiero decir es que tenga absoluta certeza de que el mandato del artículo 11 del estatuto será cumplido por mi parte, como cualquier otro mandato legal. En todo caso, tendrán ocasión de examinar el grado de cumplimiento en mis comparecencias posteriores en esta Comisión.

En relación con las valoraciones que se han hecho en el diario El Mundo, que por supuesto respeto plenamente por la libertad de expresión, por parte de algunos representantes de organizaciones, solo le puedo decir que con algunos de ellos he tenido ocasión de hablar posteriormente, en algunos casos nos conocemos e incluso hemos sido compañeros de carrera, y el mensaje que se me ha trasladado es que tampoco recoge literalmente su punto de vista. Dejémoslo ahí. Mi propósito es trabajar en estrecha colaboración, lo he dicho, con todas las organizaciones y con todos los colectivos que tienen un compromiso con la transparencia en este país. Porque la vertiente de las organizaciones cívicas y de los profesionales comprometidos con la transparencia es esencial para desarrollar el nivel de consolidación de la transparencia que queremos en este país.

En esta misma línea, señor Betoret, por supuesto respeto sus valoraciones, aunque me resulta muy difícil, lo tengo que decir con toda honestidad, dar respuesta a los juicios de intenciones. Ahí no quiero


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continuar reflexionando sobre ello, pero sí me gustaría reflexionar, si me lo permiten, o hacer algunas consideraciones sobre cuál es mi visión de la independencia de criterio en el desempeño de las funciones públicas, porque yo no milito ni he militado nunca en un partido político, pero no considero que ello sea un mérito, sino más bien todo lo contrario. Porque tengo gran estima y valoro muchísimo la labor y la dedicación, casi siempre desinteresada, de los militantes de todos los partidos democráticos, porque sin los militantes de los partidos democráticos no sería posible cumplir las funciones esenciales que nuestra Constitución encomienda a los partidos políticos. Por eso, incluso como estudioso y como teórico de estas cuestiones, nunca he entendido bien que desde posiciones políticas se contribuya a estigmatizar la militancia de los partidos. Del mismo modo, no comprendo que se considere que haber tenido en el pasado responsabilidades gubernamentales incapacite de por vida para el desempeño de cualquier función pública con independencia de criterio. Como he mencionado ya al exponer mi trayectoria, de los casi treinta y tres años de actividad profesional, he asumido, durante algo más de siete años, diversas responsabilidades de segundo nivel, pero han sido responsabilidades en dos Gobiernos formados por el Partido Socialista Obrero Español, en los Gobiernos del presidente Rodríguez Zapatero, y me siento muy honrado y estoy muy agradecido a quienes entonces depositaron su confianza en mí, especialmente al ministro Francisco Caamaño, porque él ha sido el que ha motivado mi trayectoria en este ámbito. Pero mi participación previa en estas tareas gubernamentales no condicionó en ningún momento mi actuación posterior como director de la Agencia de Protección de Datos, que es una autoridad independiente, con funciones de supervisión y de control sobre el Gobierno y sobre sus departamentos ministeriales y también sobre los partidos políticos. Ahí está, he tenido que declarar infracciones e imponer sanciones a departamentos ministeriales y a partidos políticos, a todo tipo de partidos políticos. Pensar que una autoridad independiente está al dictado de su cabeza supone también, de alguna manera, desconocer cuál es el papel de todos los funcionarios que trabajan en estas autoridades independientes, porque tenga en cuenta que son todos funcionarios de carrera. A lo largo de los cuatro años de mi mandato tuve que ejercer potestades sancionadoras en diversas ocasiones cuando concurrían los presupuestos legalmente previstos en relación con ministerios, con organismos públicos y con partidos políticos de todo signo. Desde luego, he podido cometer errores. Probablemente ahora también los cometeré, porque, por muy buena intención que tenga, puedo cometer errores. Pero actué siempre y seguiré actuando con absoluta imparcialidad e independencia. Algo que por cierto, señoría, han reconocido públicamente varios dirigentes de su partido, lo cual les honra, y agradezco profundamente. Lamento que su valoración actual sea la que ha expresado. Por supuesto, la respeto y únicamente le puedo decir que, si obtengo el respaldo de esta Cámara, espero que mi actuación al frente del consejo le permita cambiar de opinión y tenga la certeza de que cumpliré fielmente lo que dice el artículo 11, que tengo aquí recogido literalmente: El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desempeñará su cargo con dedicación absoluta, plena independencia y total objetividad. No estará sujeto a mandato imperativo ni recibirá instrucciones de autoridad alguna.

En todo caso, como les decía, estaré siempre a su disposición, como a la de todas sus señorías, para mostrarles el funcionamiento, las decisiones del consejo, las razones por las que se ha podido tomar una u otra decisión y para atender las consultas que consideren convenientes y para proporcionales cualquier otra información que tengan a bien solicitar.

Muchas gracias, presidenta. Probablemente me ha quedado alguna cuestión más en el tintero.

Me quedaba todavía la señora Andrés, a la que agradezco muy sinceramente sus palabras. Creo que alguna de las cuestiones que ha planteado ya estaban contestadas en alguna de las intervenciones anteriores. La cuestión de la evaluación, ya lo he dicho en una intervención anterior, es una tarea esencial, porque no podemos saber cuál es el grado de cumplimiento de las leyes si no tenemos unas herramientas fiables para evaluarlo. Hay una metodología desarrollada por el propio consejo, sea honesta, que fue elaborada por la ya extinta Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Hay otras metodologías que tienen otros consejos y hay varias metodologías de entidades privadas, de algunas organizaciones internacionales, y esto es lícito y contribuye a que tengamos un mejor conocimiento de la eficacia real de la transparencia. Sí considero que sería muy conveniente tener una metodología uniforme, que necesariamente tiene que ser consensuada, pactada con todos los demás consejos y comisionados de transparencia de las comunidades autónomas para poder tener una panorámica oficial uniforme del grado de transparencia en todas las administraciones del Estado. Hay en el borrador, que está ahora mismo en consulta pública y está próximo a aprobarse, del IV Plan de Gobierno Abierto una actuación en este sentido. Si asumo la presidencia del consejo pondré en marcha e intentaré trabajar con todos los demás,


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porque insisto no puede ser una metodología establecida por el consejo, que ya la tiene, sino que tiene que ser una metodología consensuada con todos los demás consejos para que realmente atienda a todas las especialidades que existen también en el resto de las leyes y permita obtener una evaluación, una panorámica, completa del conjunto del estado de la transparencia en España.

Probablemente me he dejado más cosas en el tintero, pero estoy a su disposición.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, por sus explicaciones y consabida respuesta a todas las preguntas.

Tenemos un segundo turno, por si algún portavoz quiere hacer uso de repregunta. Como todos están diciendo que sí, no sé si algún portavoz más aparte del Grupo Popular, Ciudadanos y Grupo Socialista, si no hay más, VOX también. El que quiera intervenir, me dice que interviene y ya está.

¿Grupo Mixto, señor Mazón? No. EH Bildu, tampoco. Grupo Vasco, tampoco. Ciudadanos, sí, pues tiene la palabra, por dos minutos, el señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidenta.

Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Señor Rodríguez, no sea usted tímido, atrévase, pida. Este es el momento de pedir, pida usted qué presupuesto quiere. Si usted quiere doblarlo está bien. Diga: Quiero doblarlo, me sentiría cómodo. Pero luego no nos eche la culpa al resto de los grupos en la tramitación presupuestaria, porque creo que donde tiene usted que incidir es precisamente en el Gobierno y decirles cuáles son sus necesidades, para que nosotros también podamos fiscalizar eso de alguna manera, por lo que no nos traslade esa responsabilidad, es usted el que la tiene si finalmente es así nombrado.

Sobre la idoneidad, yo no voy a incidir en lo que ya se ha dicho. A mí me gustaría, yo no tengo dudas, evidentemente las sombras están ahí, porque en cuanto al pasado cada uno tiene el suyo, pero de esto no tiene culpa usted ni el Gobierno tampoco a la hora de proponerle, lo tiene el no poder haber hecho una modificación de esta ley. Hablamos del artículo 11, pero no nos ha mencionado el 37, que es la manera de elección del presidente. Nosotros, en la proposición de ley que le decía antes que presentamos, proponíamos dentro de esa proposición de ley la modificación precisamente del artículo 37 de la Ley de Transparencia para prever que en vez de ser elegido por el Gobierno, lo fuese por el Pleno del Congreso de los Diputados y que fuera una propuesta de la Cámara al Congreso de los Diputados y que se eligiera por una mayoría de tres quintos, como lo propusimos para otras entidades precisamente independientes. No sé si a usted le parecería adecuada esta propuesta. Me gustaría preguntarle si este sistema de elección que nosotros le proponíamos le parece a usted acertado como experto en derecho y si usted cree que se debería de abordar la reforma de la ley al objeto de desvincular al Gobierno del nombramiento y del cese del presidente de este órgano. No lo va a tener usted fácil. Este es un Gobierno que si de algo no ha predicado precisamente ha sido de la transparencia y lo hemos visto a través del propio Portal de Transparencia del Gobierno, que ha estado desconectado y sin funcionar durante todo este tiempo de la pandemia. Su principal cliente va a ser este Gobierno y esas entidades a las que usted, como antes hablábamos, tiene que vigilar y evaluar, por lo que vamos a estar muy pendientes de qué evaluación hace usted a este Gobierno, eso sí se lo decimos.

Muchísimas gracias, señor Rodríguez.

La señora PRESIDENTA: El señor Bel acaba de irse. Por el Grupo Republicano había dicho que no. Unidas Podemos, tampoco. Por el Grupo VOX, señor Del Valle.

El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Intervengo muy brevemente.

Dos cosas nada más. Por un lado, por desgracia, los que hemos estado en cargos políticos quedamos marcados de por vida. Por desgracia, pero es así. Por muy técnicos que nos consideremos y por muy técnica que haya sido nuestra labor quedas marcado de por vida de que has estado colaborando con un Gobierno del PSOE, del PP o de lo que sea. Ese es un sambenito que nos queda. Sobre el diario El Mundo, Rubén Piña igual no lo ha interpretado, pero son varias asociaciones las que vienen a decir lo mismo y lo dice también Ciudadanos, que igual también se ha equivocado con lo que recoge en el artículo de Ciudadanos que se opone y llega a decir que es un dedazo más del que nos tiene acostumbrados este Gobierno, etcétera.

Termino ya. Lo único que quiero decir es que si finalmente es nombrado, desearía, y la verdad es que se lo deseo de corazón, que ejerza el cargo con independencia y objetividad, porque yo estoy convencido de que de usted se puede esperar algo similar.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Betoret, dos minutos también.

El señor BETORET COLL: Muchas gracias, señora presidenta.

Se refería usted a que entre algunas informaciones no está la militancia, en absoluto. Dice que usted no milita, tampoco milita la señora Delgado y si hay una institución, por autonomasia, que debe de ser independiente es la Fiscalía y no hace falta que comentemos mucho más, porque precisamente es algo bastante cuestionado ahora mismo. Si teníamos alguna duda respecto de su nombramiento, la defensa de determinados grupos nos la ha acabado de aclarar. Lamentablemente no es una duda respecto de usted, es respecto del Gobierno que le nombra. Es un Gobierno que ha hecho de la mentira su guía y no ha hecho más que mentir y engañar una y otra vez durante todo el tiempo y utilizar las instituciones a su servicio, ya le hacía yo un referido de las distintas instituciones que han venido utilizando, sobre todo, la más grave la de la Fiscalía.

En cualquier caso, espero que si usted efectivamente es elegido, como parece que así va a ser, como presidente del Consejo de Transparencia, efectivamente lo que nos ha manifestado aquí lo tenga como guía y no permita que por parte del Gobierno exista ningún tipo de interferencia en su gestión, porque evidentemente eso garantizará una mayor calidad democrática.

Por otro lado, por parte de la portavoz socialista se ha hecho referencia a la señora Arizmendi, creo que lo que diferencia a la señora Arizmendi del señor Rodríguez -y no deberíamos de entrar en esto, pero usted ha decidido que entráramos- es que la señora Arizmendi es una alta funcionaria del Estado y estuvo en una dirección general técnica, una dirección general totalmente técnica. (La señora Andrés Barea pronuncia palabras que no se perciben). Desde luego, lo que no ayuda a nuestra imagen en Europa son maniobras como las que ustedes ayer perpetraron con el proyecto de ley que traen para saltarse a la torera la Constitución. Seguramente eso es lo que más desmerece la credibilidad de nuestras instituciones en Europa y lo que pone en serio peligro algo tan importante para nuestro país como es el Fondo de Recuperación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: No sé si la portavoz socialista quiere intervenir. Sí, también, tiene dos minutos.

La señora ANDRÉS BAREA: Solo intervengo para precisar algunas alusiones que quería dejarlas en paz, pero bueno entiendo que el PP está hoy un poco afectado porque el Supremo confirma la existencia de una caja B y eso es evidentemente una mala noticia para el PP. (Rumores.-El señor Betoret Coll: El tema de los eres, el secretario de Estado de Turismo. Si quiere profundizamos en eso). Pero si nos fuéramos al tema de la transparencia, el PP paralizó el Consejo de Transparencia de Murcia por utilización del presidente de Murcia, que está imputado y, por ejemplo, el ministro Catalá también aprobó la Ley de Transparencia y en este momento también se encuentra en bastantes problemas judiciales y en temas de Villarejo. (Rumores).

Al señor de VOX le tendría que decir que a golpe de periódico mal asunto. Entiendo que a lo mejor uno no puede entender las cuestiones que aquí se están planteando, pero la independencia y la profesionalidad es algo que va con las personas, independientemente de que militen en un partido político o no militen en un partido político y ejercer la profesionalidad es algo garante de una persona y evidentemente usted lo ha demostrado. Nosotros estamos con el acuerdo de Gobierno y con la propuesta del Gobierno y consideramos que usted es una persona óptima, así lo ha demostrado esta tarde, que no ha sido nada agradable.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Finalizado el segundo turno de portavoces, le pido al compareciente que tome la palabra si quiere añadir alguna cuestión brevemente.

El señor RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (candidato a presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno): Simplemente me reitero en lo ya expuesto. Creo que las líneas de actuación han quedado o, al menos, he intentado dejarlas suficientemente explicitadas. Mi compromiso con la institución y con la independencia también. Por tanto, solo me queda reiterarles que si tengo el respaldo de esta Cámara estaré a su disposición para lo que consideren conveniente.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por su comparecencia.

En cinco minutos pasaremos a votar. (Pausa).

EMISIÓN DEL DICTAMEN SOBRE SI SE APRECIA LA IDONEIDAD Y LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES A LAS QUE SE REFIERE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, RELATIVO A DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. (Número de expediente 276/000010).

La señora PRESIDENTA: Vamos tomando asiento para proceder a la votación.

Señoras y señores diputadas, vamos a proceder a la votación. En primer lugar, sobre si se aprecia idoneidad y la existencia o no de conflicto de intereses a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, relativa en este caso a Don José Luis Rodríguez Álvarez, a propuesta del Gobierno. Pasamos a la votación a mano alzada. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 5; abstenciones, 11.

La señora PRESIDENTA: Esta Comisión aprecia idoneidad en el candidato propuesto.

REFRENDO, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37.1 DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 276/000010).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda votación, que también se realizará a mano alzada. En este caso, es sobre si se apoya o se respalda la propuesta de nombramiento de don José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a los efectos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Se supera la mayoría absoluta requerida en esta votación. Queda refrendada, en términos precisos, la propuesta de nombramiento de don José Luis Rodríguez Álvarez para ocupar la presidencia del Consejo de Transparencia.

Muchísimas gracias por su paciencia y por sus apreciaciones.

Se levanta la sesión.

Eran las seis y quince minutos de la tarde.

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