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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 37, de 20/02/2020
cve: DSCD-14-CO-37
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 37
JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ
Sesión núm. 3
celebrada el jueves,
20 de febrero de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora Delgado García, en relación con su propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000002) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.

Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia. Como saben, el orden del día consiste en la comparecencia de doña Dolores Delgado García en relación con la propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado que ha sido trasladada y remitida por acuerdo de Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados, a los efectos previstos en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. De conformidad con dicho artículo, el Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, comunicará la propuesta de nombramiento de fiscal general del Estado al Congreso de los Diputados a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente, en este caso, la Comisión de Justicia. Para dar cumplimiento, por tanto, al procedimiento previsto la sesión se iniciará con la intervención de la compareciente. A continuación, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo máximo de 10 minutos, cerrando la sesión la compareciente, a quien doy la bienvenida en esta Comisión y cedo la palabra.

Señora Delgado, cuando quiera.

El señor SANTAMARÍA RUIZ: Señora presidenta, antes de que comience...

La señora PRESIDENTA: Disculpe, señor Santamaría, no ha lugar.

El señor SANTAMARÍA RUIZ: Por una cuestión de orden.

La señora PRESIDENTA: No ha lugar, señor Santamaría.

Muchas gracias.

La señora DELGADO GARCÍA (candidata a fiscal general del Estado): Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.

Es para mí un honor comparecer en esta Cámara, sede de la soberanía popular, para someter a su consideración la propuesta de nombramiento que el Gobierno ha hecho de mi persona para dirigir una institución de extraordinaria importancia, como es el ministerio fiscal. La Constitución española de 1978 configuró nuestro país como un Estado social y democrático de derecho y consagró al ministerio fiscal en su título VI, relativo al Poder Judicial, como uno de los principales órganos o instrumentos de salvaguarda de los principios constitucionales y de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.

El ministerio fiscal fue configurado por el constituyente como el defensor y promotor de la legalidad, como una magistratura al servicio de la ley. Legalidad e imparcialidad son, por tanto, los principios vertebradores de toda la actuación de esta institución, pero el ministerio fiscal no solamente es un custodio de la ley, no es solo un guardián de la ley ante los tribunales. La Constitución amplió el alcance de sus funciones atribuyendo a este órgano de relevancia constitucional la labor de promover la defensa de los derechos de los ciudadanos y el interés público y de procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social. De este modo, el ministerio público proyecta sus funciones más allá del ámbito estrictamente penal, promoviendo la tutela de los principios democráticos y sociales, el interés público y los derechos de la ciudadanía para alcanzar la efectiva realización del principio de igualdad y de la dignidad de la persona como fundamento, señorías, de nuestra convivencia y para consolidar y enriquecer nuestro Estado social y democrático de derecho. La Fiscalía General del Estado debe ser el cauce institucional para la consecución de esos fines constitucionales.

La Constitución española es, señorías, como bien conocen, nuestro marco de convivencia y no solamente determina esas importantes funciones del Ministerio fiscal, sino que establece los principios por los que se rige su actuación y, lo que es más importante también, la forma de nombramiento del fiscal General del Estado. Así lo dice el artículo 124 de la Constitución: "El fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial". El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal desarrolla este artículo constitucional y establece los requisitos objetivos, las condiciones y la forma en que se debe realizar ese nombramiento, y lo hace en dos pasos sucesivos y complementarios.

En el primero, el Gobierno elige a la candidata o al candidato entre juristas españoles de reconocido prestigio que cuenten con más de quince años de ejercicio profesional. La concurrencia de estos requisitos debe ser informada por el Consejo General del Poder Judicial. De este modo, en ese primer momento se


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trata de requisitos estrictamente objetivos. El órgano de gobierno de los jueces, conforme al artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se limita a constatar objetivamente si concurren o no tales requisitos. Así lo establece, como les he dicho, el estatuto orgánico.

El segundo paso del que les hablaba es en el que nos encontramos en este momento. La candidata o el candidato que se proponga debe comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que se puedan valorar -ahora ya si es valorativo- sus méritos e idoneidad. Así lo dice el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En este punto, como les decía, nos encontramos. Sus señorías son los representantes de la soberanía popular, ni más ni menos, y tienen la facultad de valorar eso en mi candidatura, primero, en relación con mi currículum, con mi trayectoria profesional, y después respecto a mi aptitud o capacidad para desempeñar esa responsabilidad. Uno no se entendería sin el otro; el segundo no se puede valorar sin el primero. Por eso quiero que mis primeras palabras, señorías, sean precisamente para eso, para explicar lo que ha sido mi trayectoria profesional a lo largo de estos treinta años de ejercicio profesional.

Soy fiscal de carrera desde hace treinta años. Mi primer destino fue en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fui adscrita a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción del Prat de Llobregat. Inicié como muchos fiscales un compromiso de servicio público, señorías, que dura hasta el día de la fecha. La delincuencia relacionada con el mundo de la droga, la protección de los menores o el medio ambiente centraron mi trabajo en esos primeros tiempos. Me especialicé en la investigación de delitos de narcotráfico y de receptación, lo que después sería el blanqueo de dinero. Las entradas de cocaína por el aeropuerto de El Prat, el tráfico de estupefacientes en barriadas muy desfavorecidas o las redes organizadas en el tráfico de drogas me convirtieron, al igual que a cientos de fiscales, en una funcionaria de trinchera. Destinos complicados, alejados desde luego de las mesas camilla, sin horarios pero con mucha ilusión, señorías, por el trabajo. Cataluña fue escuela de fiscales, hombres y mujeres que nos formamos de la mano de grandes maestros, y me van a permitir que en este punto recuerde a Carlos Jiménez Villarejo y a José María Mena como grandes maestros de la fiscalía. Quiero tener desde aquí un recuerdo muy especial para todos mis compañeros y compañeras de Cataluña.

En 1993, y gracias a esa especialización, obtuve una plaza de abogado fiscal en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. Durante once años trabaje en investigaciones contra el narcotráfico, las redes de blanqueo de dinero, en las que estaban implicadas organizaciones criminales internacionales, en muchos casos con macroprocesos, con centenares de detenidos, acusados y juicios derivados de esas operaciones que se extendían durante innumerables sesiones. En aquel tiempo amplié mi formación en la lucha contra el crimen organizado, dándole una especial relevancia al descubrimiento y neutralización de las fuentes de financiación y persecución del blanqueo de activos, así como a la recuperación de estos para el Estado, para la sociedad a la que tanto daño se estaba haciendo con ello. La entonces incipiente colaboración internacional permitió avances sustanciales en el combate contra la delincuencia transnacional, implementada con la convicción de jueces y fiscales que de muchos países generaron esa confianza necesaria para lo que después germinó en Eurojust, ese organismo de cooperación internacional europea tan importante.

Las entregas temporales de imputados, las investigaciones in situ en países como Marruecos, Italia, Francia o Estados Unidos, a través de comisiones rogatorias, centraron gran parte de mi trabajo. Reitero que los esfuerzos colectivos han sido esenciales para estos desafíos desde la justicia y frente al crimen. Atrás quedan, pero muy presentes en el ánimo de servicio público que siempre me ha guiado, las jornadas maratonianas de interrogatorios, inspecciones oculares, sesiones de juicios durante meses, viajes reiterados a la fuente de los hechos, reuniones sucesivas con investigadores nacionales e internacionales. Los resultados quedan para la estadística, señorías, pero me siento muy orgullosa, y lo tengo que decir en voz alta y aquí, de que España sea actualmente uno de los países más reconocidos en su lucha eficaz contra la criminalidad organizada.

En el año 2004, después de estos once años en la Fiscalía Antidroga, decidí emprender nuevos retos. En ese momento, decidí concursar y pasar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia antiterrorista. En aquel tiempo conocí de los últimos procedimientos contra la organización terrorista Grapo; también me centré en las investigaciones en relación con la organización terrorista ETA, estas fueron múltiples, tanto en la desarticulación de los grupos operativos como en las estructuras interpuestas y controladas por la organización terrorista. Fueron años de mucha intensidad: detenidos, informes, declaraciones y juicios orales. Pero les tengo que decir algo: siempre trabajé con la mirada puesta en las víctimas, y además, siempre con el respeto absoluto de los derechos humanos, aplicando por ejemplo un protocolo de seguimiento de las detenciones incomunicadas por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.


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Bajo el paraguas del principio de jurisdicción universal, celebré el juicio oral sobre crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina entre los años 1976 y 1984. Como sus señorías conocen, Adolfo Scilingo fue acusado y posteriormente condenado, y ratificada su condena por el Tribunal Supremo, por su participación en los llamados vuelos de la muerte, y también por desapariciones forzadas y por torturas. En el año 2007 fui designada coordinadora contra el terrorismo yihadista. Este fenómeno delictivo -cuyos devastadores efectos no es necesario que traiga aquí, pero recuérdenlo: devastadores efectos tanto en Madrid como en Barcelona y en Cambrils- fue creciendo de forma extraordinaria. Ello obligó a un proceso de especialización y a evolucionar con la misma o mayor rapidez que las propias organizaciones terroristas. Les hablo del GIA, del Grupo Islámico Armado combatiente marroquí, del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, pasando por las células de Al Qaeda hasta el Daesh, la organización terrorista del Estado Islámico. Con esa finalidad, trabajé en la coordinación, en las tareas de investigación, de formación y cooperación internacional, tratando de desarrollar una estrategia transversal que exigía una continua adaptación tanto operativa como conceptual. Diez años después, en el año 2017, mi labor de coordinación fue ampliada a todo el terrorismo que pudiera producirse en España.

En el ejercicio de mi labor como fiscal adquirí un conocimiento exhaustivo de otras fiscalías fuera de nuestras fronteras: Francia, Bélgica, Marruecos, Argelia, Turquía, Italia, Alemania, Estados Unidos, Colombia, con las cuales trabajé en distintas investigaciones, profundizando así en los elementos de cooperación técnica y jurisdiccional. Ya entonces las extradiciones, las órdenes europeas de detención, se empleaban profusamente, constituían, como en la actualidad, una herramienta de indudable eficacia. En este punto quiero destacar mi participación como experta en el grupo cuatripartito -desde su origen- antiterrorista conformado por las fiscalías de Francia, Marruecos, Bélgica y España.

Hay un capítulo que comparto con ustedes del que me siento muy orgullosa como fiscal española: colaboré en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el año 2011 para la investigación, ordenada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la Resolución 1970, en relación con el denominado caso Libia. Como bien saben ustedes, se trató de la represión del régimen de Gadafi que desplegó sobre los ciudadanos que protestaban a resultas de la Primavera Árabe. La fiscalía española colaboró trasladando nuestra metodología de investigación en la que constituye una de las experiencias -les aseguro- más completas y eficaces en las que he tenido el honor de participar.

Respecto a mi actividad académica, no les voy a citar los cursos, las ponencias, las actuaciones, pero a lo largo de estos treinta años he sido ponente en cursos organizados por la Fiscalía General del Estado, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Centro de Estudios Jurídicos, la Agencia Española de Cooperación, la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Real Instituto Elcano, el Centro de Seguridad de Nueva York, la Escuela Superior de la Magistratura francesa, las fiscalías mexicana, colombiana, uruguaya, chilena y cubana, universidades como la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Menéndez Pelayo, Salamanca, Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga, País Vasco, Carlos III, Castilla-La Mancha, Valencia, Autónoma de Barcelona, Rey Juan Carlos, Universidad Católica Javeriana de Cali, la Mohammed V de Rabat, Universidad de Jerusalén, y Boulder, en Colorado, entre otras universidades. Me siento muy orgullosa de haber podido trasladar esa experiencia profesional allá donde he estado, siempre ?siempre- llevando a la justicia española en el corazón.

Quiero destacar, señorías, mi pertenencia a la Unión Progresista de Fiscales, a la UPF. Desde el año 1990 hasta el año 2018 he pertenecido a esta Asociación Progresista de Fiscales. Las asociaciones, sean del espectro ideológico que sean, son un vehículo de expresión democrática y de interlocución, y son un vehículo fundamental. La vida asociativa enriquece, aún más si cabe, una carrera que tiene su fuerza en el colectivo, en la colectividad, puesto que el trabajo de los fiscales se potencia por nuestra pertenencia al grupo a través de la transmisión de conocimientos, experiencias y opiniones jurídicas.

En el año 2018 fui candidata a las elecciones del Consejo Fiscal, en las que resulté elegida con el gratificante apoyo de centenares de compañeros y compañeras de profesión. Durante esa campaña, tuve la inmensa fortuna de conocer de primera mano las fiscalías territoriales en sus distintos niveles, obtener una perspectiva amplia de mi carrera y admirar, aún más si cabe, a mis compañeros y a mis compañeras de profesión. En junio de 2018 fui nombrada ministra de Justicia del Gobierno de España. Esta responsabilidad la ostenté, como ustedes conocen, hasta el día 13 de enero pasado, solicitando mi reincorporación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Mi trabajo al frente del Ministerio de Justicia ha sido, sin duda, un factor que ha enriquecido mi perfil como profesional al servicio de la Función pública, dándome una visión integral del sistema de justicia de nuestro país, un profundo conocimiento de sus distintos actores, así como de la


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dimensión internacional de la justicia, y fundamentalmente una gran experiencia en la formación y en la gestión de equipos de trabajo. Me siento orgullosa de haber servido a la sociedad como miembro del Gobierno de España, de haber trabajado por la justicia desde la vocación de servicio público, que siempre ha presidido mi vida, y no les quepa la menor duda, lo seguirá haciendo, como a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Durante toda esta trayectoria profesional que les he desgranado, he actuado siempre guiada por los principios de defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público consagrado en nuestra Constitución, y añadiría, si me lo permiten, en defensa de las víctimas, porque no puedo entender esta noble profesión si no es desde el compromiso con las víctimas, de las que tanto he aprendido a lo largo de estos treinta años, y que seguirán siendo siempre mi guía y mi horizonte.

Permítanme que en este punto me refiera brevemente a los mecanismos de nombramiento de los fiscales generales. Se ha puesto en duda, se ha cuestionado el mecanismo que tenemos en España, constitucional y legalmente, pero permítanme que hable del derecho comparado para que, en un contexto global, podamos incardinar el sistema español. Miren, existen países en los que el homólogo a nuestro fiscal general del Estado forma parte del propio Ejecutivo, tal es el caso de Inglaterra y Gales, de Estados Unidos, de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, o Suiza. Hay otros países en los que el fiscal general del Estado es nombrado por el presidente del país o por el propio Ejecutivo, tal es el caso de Alemania, Portugal, Austria, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia o Sudáfrica. También hay países en los que el fiscal general del Estado es propuesto por el presidente o por el Poder Legislativo con intervención de otros organismos, tal es el caso de Francia, donde el fiscal general es designado por decreto presidencial. Finalmente, nos encontramos con otros países en los que la elección del fiscal general del Estado es preferentemente judicial, así ocurre en Italia, el nombramiento del fiscal general del Estado se lleva a cabo por el Consejo de la Magistratura, que a su vez está presidido por el presidente de la República. La fórmula elegida por el legislador constitucional español es, en el derecho comparado, un sistema híbrido. La propuesta parte del Ejecutivo y su cese se vincula al del mismo, pero no lo puede cesar, y existen unas causas tasadas de remoción y no lo puede volver a reelegir, salvo que no llegase a los dos años de mandato. Por tanto, se desvincula durante su ejercicio como fiscal. En su elección participan los tres poderes del Estado: el Ejecutivo propone a la candidata o al candidato, el Judicial informa sobre la legalidad del nombramiento y la concurrencia de los requisitos objetivos, el Legislativo sobre la idoneidad del mismo, y finalmente el jefe del Estado realiza el nombramiento. Es decir, señorías, es el Estado en su conjunto el que interviene en la designación del fiscal general del Estado, máximo representante de la institución, que tiene encomendado el ejercicio de la acción penal, la ejecución de la política criminal y la defensa de la legalidad.

En definitiva, el ministerio fiscal se legitima por la defensa de la sociedad. En el marco de un Estado social y democrático de derecho, los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- no son, señorías, instituciones o estructuras contrapuestas sino complementarias, y cooperan, y deben cooperar, para el correcto funcionamiento del sistema, porque el sistema funciona para que la sociedad mejore y funcione. Así, en todo sistema de elección de un cargo público, y en el español en particular, rige una premisa básica que se expande por las diferentes esferas de actuación del Estado y que no es otra, señorías, que el servicio público y el concepto de servidor público.

La democracia se fundamenta en la legalidad, en la confianza, en el equilibrio de poderes, en la transparencia, en la seguridad jurídica, en la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, señorías, el servicio público es uno de los elementos básicos que sustentan el sistema, y las y los servidores públicos somos quienes trabajamos en los diferentes ámbitos para la ciudadanía. Y si esto es así, no debería llamar la atención ni debería producir desasosiego que quienes nos representan en el Poder Legislativo, quienes lo hacen en el Ejecutivo y quienes desempeñan cargos judiciales y fiscales hayan podido ostentar alguna otra representación. Si se parte del concepto de servicio público, el hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad sino como una fortaleza. El desempeño del cargo en relación con la Administración de Justicia, el hecho de haber propuesto y defendido normas legislativas de esa naturaleza y haber desempeñado la representación del Estado fuera de España aseguran un mejor y más profundo conocimiento de la justicia. La garantía última, señorías, la constituye el propio diseño legal del sistema, que preserva la autonomía, la imparcialidad y la independencia del ministerio fiscal.

Ahora deben ustedes valorar mi idoneidad como servidora pública que nunca he dejado de ser, mi disposición y capacidad para desempeñar la función de Fiscal General del Estado. Para ello, me van a permitir que desarrolle algunas ideas generales sobre la institución. La Fiscalía española es una institución


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relativamente desconocida para la ciudadanía. El complejo encaje entre los poderes del Estado que tiene el ministerio público no solamente en España, pero particularmente en nuestro país, provoca algunas confusiones, que considero importante aclarar. Además aprovecho esta comparecencia para hacer pedagogía de lo que es el ministerio fiscal. Si se conociera en profundidad el funcionamiento de este órgano constitucional, el trabajo de sus 2553 fiscales, distribuidos por todo el territorio nacional, se podría desarrollar mejorando las enormes potencialidades que tiene la Fiscalía española. Los miembros de la carrera fiscal son cualificados profesionales del derecho, con una excelente formación, servidores de lo público, que actúan todos los días del año en defensa del interés social, de los derechos de la ciudadanía, en el contexto de una marea de procedimientos y actuaciones. Esa capilaridad de la actuación de los fiscales, esa capacidad de llegar e intervenir de una manera relevante en la vida de los ciudadanos respalda, señorías, su grandeza institucional y su extraordinaria responsabilidad. Una responsabilidad social que se va a poner de manifiesto una vez más cuando se apruebe el código ético, cuya definitiva redacción, ya ultimada, me comprometo a impulsar, y que ha estado precedida de un amplio periodo de participación de los integrantes de la carrera fiscal.

Reducir la Fiscalía a una institución bajo permanente sospecha, pretendidamente al servicio de los poderes y vaivenes políticos, es injusto para quienes todos los días acuden a sus puestos de trabajo para hacer sus guardias, celebrar sus juicios, reunirse con los letrados y policías, recibir ciudadanos, estudiar asuntos, resolver marañas procesales, luchar contra el delito y los delincuentes, en definitiva, defender la legalidad y el interés público y social. Por eso, porque soy fiscal, considero que es tiempo -y en ello quiero comprometer mi mandato- de avanzar en la apertura de la institución, de hacer que los ciudadanos y las ciudadanas de este país se sientan orgullosos y satisfechos de su Fiscalía, de mejorar el día a día de los fiscales en el cumplimiento de sus funciones, de modernizar la institución y dotarla de los medios para el mejor cumplimiento de sus fines, de reivindicar, al fin, el sobresaliente peso institucional del ministerio público y de la Fiscalía General del Estado para que los fiscales también tengan ese peso institucional.

Les quiero hablar del principio de jerarquía, del que se habla mucho, que no es sino una herramienta al servicio del principio de unidad de actuación del ministerio fiscal. Pero me van a permitir que les explique cómo concibo la Fiscalía. Lejos de pensar en un colectivo robótico, un ejercicio a la orden de un mando único, mi concepción pasa por considerar a los fiscales como los grandes profesionales que son, capaces de asumir las más complejas responsabilidades y responder a los retos que la sociedad nos plantea dentro y fuera de la jurisdicción, porque nuestro trabajo, señorías, no es un trabajo sencillo en la resolución de conflictos, en la confrontación de la legalidad con la realidad diaria. Para ello, los fiscales debemos ser autónomos y responsables: autónomos frente al Poder Ejecutivo y responsables -que es lo más importante- ante la sociedad y también ante nuestra propia jerarquía interna. Un fiscal encargado de un asunto concreto es el responsable de ese asunto. Y los sistemas de corrección previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal solo deben ser utilizados de manera excepcional, transparente y motivada, con dos finalidades: por un lado, asegurar el principio de unidad de actuación, que garantiza, señorías, que todos los ciudadanos de cualquier territorio que conforma nuestro país sean iguales ante la ley, y por otro, corregir los excesos o los errores que, como en todo colectivo, pueden producirse. Necesitamos un modelo de fiscal, un fiscal del siglo XXI, que incorpore lo mejor de la modernidad y conserve la esencia de nuestra labor. Los principios de transparencia, motivación y publicidad deben estar presentes en toda la actuación de la Fiscalía y no solamente en el del fiscal, en este caso la fiscal general del Estado. La enorme capacidad de una institución cuya implantación territorial le permite llegar hasta el último rincón de España constituye un patrimonio que no puede ser desaprovechado. Debemos avanzar hacia ese nuevo ministerio fiscal. A mí me gusta hablar también de ministerio público, pues me parece más descriptivo de las funciones que la Constitución le asigna. Para ello, lo primero es poner en valor el trabajo de los profesionales que lo integran, tal y como estoy intentando hacer, así como ser capaces de explicar cómo somos y lo que hacemos.

La Fiscalía, como ya viene haciendo, debe ser permeable a las necesidades de la sociedad a la que sirve; debe ser permeable a la sensibilidad de los colectivos que la vertebran. El ministerio fiscal, el ministerio público, también ha de proyectarse en aquellos campos en los que es precisa la protección de las personas más vulnerables, en el ámbito penal y fuera del ámbito penal. En ello debe incidir una Fiscalía moderna y comprometida con la sociedad y con las preocupaciones de la sociedad; de la sociedad actual, no de la sociedad del pasado, de la presente, de la actual, tal como está conformada. Un ministerio fiscal del siglo XXI necesita una carrera fiscal motivada, y la motivación no solamente se puede buscar en el día a día, en el trabajo bien hecho de los fiscales día a día, que proporciona a los ciudadanos el servicio público, sino también reside en la implantación de sistemas de trabajo que supongan un aliciente que faciliten y mejoren la capacidad y la promoción de las compañeras y los compañeros de la carrera fiscal.


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Una de las grandes ventajas, señorías, de la Fiscalía deriva también del principio de unidad de actuación. Es la posibilidad de trabajar en equipo, de incorporar especialistas a las realidades jurídicas más complejas o de combinar un reparto eficiente de papeles entre los diferentes componentes de las plantillas, indudablemente exiguas y en muchos casos necesitadas de refuerzo. Es preciso potenciar ese trabajo en equipo, como es necesario también eliminar aquellas actuaciones meramente burocráticas del quehacer diario que no ayudan sino, antes al contrario, distorsionan la dimensión jurídica y fáctica de nuestra profesión. La motivación intrínseca de todos y cada uno de los miembros de la carrera fiscal ha de venir acompañada, como en cualquier otro colectivo, de la posibilidad de satisfacer las legítimas expectativas de realizar una auténtica carrera profesional dentro de la Fiscalía. La excelencia en la formación, el trabajo y el compromiso con la función deben ser recompensados con alicientes profesionales de movilidad, tanto geográfica como funcional, para que la Fiscalía en su conjunto progrese y mejore su respuesta a las exigencias y necesidades de la ciudadanía. Todo ello implica una necesaria y saludable temporalidad de los puestos de libre designación y el examen público y objetivo de valoración de méritos para el acceso a los diferentes niveles y responsabilidades de la carrera fiscal. También, y como no puede ser menos, es preciso motivar e incentivar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad en la carrera fiscal, pues el desequilibrio actual -y ustedes lo pueden ver claramente- es patente y notorio.

La Fiscalía necesita también de instrumentos adecuados para el trabajo. Nuestra actual Ley de Enjuiciamiento Criminal es un parcheado texto que necesita de una urgente renovación en todos sus aspectos, con una apuesta decidida por la investigación dirigida por el fiscal. El modelo de juez de instrucción está obsoleto y sin parangón en los países de nuestro entorno. Debe ser sustituido, de una vez por todas, por otro basado en un juez de garantías y un fiscal investigador. Es el tiempo de superar cualquier reserva u objeción a ese sistema que confiere al fiscal la dirección de la investigación en los procesos penales, lo que permite aprovechar todas sus capacidades y que asegura una actuación uniforme y coordinada. El juez sería un verdadero juez de garantías, quedando en una posición de absoluta y verdadera imparcialidad, a la vez que el sistema sería eficaz gracias a la adecuación de los roles de los actores intervinientes en el proceso. Naturalmente, ello requiere de una modificación legislativa de calado pero, señorías, la Fiscalía está preparada para ello. Nuestro modelo de fiscales especialistas, nuestra implantación territorial y, sobre todo, la experiencia profesional acumulada y el trabajo en equipo son el mejor aval para asumir ese protagonismo. La intervención del ministerio público en el ámbito del procedimiento, por ejemplo, de menores o las diligencias de investigación que se tramitan en todas las fiscalías no son más que la prueba evidente de que la Fiscalía está absolutamente preparada y goza de las mejores condiciones para asumir ese cambio de modelo procesal que, además, ya ha sido anunciado. Sin embargo, mientras esperamos esa deseable reforma desde la Fiscalía se puede y se debe avanzar. La Fiscalía General del Estado debe hacer propuestas a la sociedad y a sus señorías; debe hacerlo no sólo en el aspecto meramente punitivo o represivo sino incorporando, como ocurre en el procedimiento de menores, nuevos instrumentos de mediación penal y de justicia restaurativa que completen, complementen y den sentido al ejercicio de la acción penal.

Bajo estas premisas, la dirección de las investigaciones no puede desconocer la realidad de nuestro modelo de Policía judicial, a la que la Fiscalía debe motivar, coordinar y proporcionar fórmulas de cooperación y colaboración. El trabajo policial ordenado, clasificado convenientemente de manera eficaz para su empleo en el procedimiento penal, la potencialidad de las nuevas tecnologías y la experiencia y conocimientos aportados por nuestro modelo de fiscales especialistas pueden suponer un avance en los tiempos de respuesta y tramitación procesales, aliviando además la actual carga burocrática que pesa sobre todos los operadores, específicamente sobre los miembros del ministerio fiscal. Los objetivos de la Fiscalía deben partir de estudios serios y rigurosos de las concretas problemáticas. El adecuado análisis de los datos de que dispone la Fiscalía General del Estado servirá para evaluar el impacto y acierto de las modificaciones legislativas o de las iniciativas de la propia Fiscalía. La intervención del ministerio fiscal, señorías, debe robustecerse y vigorizarse en la protección de los colectivos más vulnerables: violencia de género, menores, dependientes, personas con discapacidad, colectivos LGTBI, extranjeros, que contarán con una Fiscalía moderna, responsable y comprometida con los derechos fundamentales y los valores democráticos.

La Fiscalía tiene también una importante e indudable proyección internacional. Uno de los retos del futuro, impuesto por la realidad de la trasnacional delincuencia, es la depuración de los instrumentos de cooperación internacional. Es también en este campo donde los y las fiscales deben asumir una función de liderazgo, capitanear estas iniciativas tanto en la labor institucional de la Fiscalía General del Estado como, sobre todo, en la actividad de la unidad de cooperación internacional y de las fiscalías territoriales


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y especiales, referentes hoy en día de la cooperación interjudicial. Ello implica que las perspectivas profesionales de los fiscales se extiendan más allá de nuestras fronteras, un aliciente más en las expectativas laborales, para lo que su formación en idiomas, Derecho Comparado, Derecho Internacional, será uno de los retos a afrontar. La formación es un elemento clave y determinante en cualquier colectivo y yo quiero que lo sea también para los fiscales. Señorías, el futuro de la Fiscalía está asegurado con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de profesionales están muy bien preparadas. Ahora nosotros debemos facilitarles los medios y las herramientas para favorecer sus legítimas aspiraciones profesionales y para que desarrollen los valores democráticos y de servicio público.

No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar el informe de evaluación de la Cuarta Ronda sobre España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa conocido como Greco que todos ustedes conocen. El informe que emitió el grupo Greco en junio de 2019 daba cuenta de avances significativos en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones que se habían hecho a España en lo que se refería al ministerio fiscal. Sin quitar importancia a las otras dos recomendaciones que se hacían en dicho informe, permítanme que me centre en la primera de ellas, la novena de todo el conjunto, por tratarse de aquella que más se dirige a garantizar que el funcionamiento de la institución del ministerio fiscal se somete al principio democrático. Esta novena recomendación contenía tres puntos fundamentales. Uno, reconsiderar el método de selección y la duración del mandato del fiscal general del Estado. Dos, establecer en la legislación requisitos y procedimientos para aumentar la transparencia en la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado. Y tres, explorar nuevas vías para lograr una mayor autonomía de gestión de los medios de los que dispone el ministerio fiscal. En su informe Greco determinó que se había tenido debidamente en cuenta el primer componente de la recomendación con las justificaciones aportadas por el Gobierno de España y no expresó en ese primer punto que les he dicho recomendaciones adicionales respecto al método de selección y duración del mandato del fiscal general contemplados en nuestra carta magna y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Sin embargo, sí insistió a las autoridades a adoptar mejoras más sustantivas para dotar de una mayor autonomía al ministerio fiscal, en particular en lo que se refiere a la transparencia en la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general, así como a una mayor autonomía financiera. En su informe Greco acogió -y leo literalmente- con satisfacción la puesta en marcha este último año -se refería a finales de 2018 y principios de 2019- de lo que calificó de buenas prácticas en materia de transparencia, porque el Gobierno había tomado la iniciativa de dirigir todas sus comunicaciones a la fiscal general del Estado por escrito y publicarlas en la página web del Ministerio de Justicia.

En materia de autonomía, el informe alabó que desde octubre del año 2018 la Fiscalía General del Estado contase por primera vez con su cabecera en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, reconoció positivamente la mayor autonomía de la Fiscalía en la formación de fiscales a través de: en primer lugar, la creación del puesto de director de formación de la carrera fiscal, nombrado a propuesta de la fiscal general del Estado entre miembros de la carrera fiscal; en segundo lugar, la responsabilidad exclusiva del ministerio fiscal en relación con los planes de formación; y, en tercer lugar, la rúbrica presupuestaria específica para la formación de fiscales. Estas medidas que van en la buena dirección -así lo reconoce Greco- no son, sin embargo, suficientes. Señorías, tal y como subraya Greco, todavía queda camino por recorrer en materia de autonomía de gestión con el fin de garantizar la independencia y la mayor eficacia de la Fiscalía.

Otra cuestión importante que quiero destacar es la inaplazable reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en paralelo con un nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal que supere la vergonzante -sí, vergonzante- vigencia de un reglamento preconstitucional. Esta reforma del estatuto orgánico debería abordar de manera principal el reforzamiento de la autonomía del ministerio fiscal, de lo que podemos llamar nuestras capacidades, de las capacidades de la Fiscalía: capacidad de gestión presupuestaria, capacidad reglamentaria o normativa para la gestión de la propia carrera, capacidad de flexibilidad autoorganizativa y capacidad de comunicación estratégica. Señorías, de igual manera, la reforma de ese Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal debe servir para implantar un nuevo modelo de carrera profesional que contemple, de una parte, un sistema integrado de carrera horizontal y vertical; por otro lado, que incluya un estudio sobre medios y su distribución territorial, con una especial atención a la España vaciada, a fin de mantener la presencia y cercanía del ministerio fiscal en lugares donde es necesario que también esté el Estado y que tenga eficiencia y eficacia, porque el ministerio fiscal también es un elemento de cohesión social y un elemento de cohesión territorial; en tercer lugar, que preste atención a la promoción profesional con una formación dirigida a la excelencia y a la especialización mediante el diseño de itinerarios formativos; y, finalmente, que actualice el régimen disciplinario aplicable


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a los miembros de la carrera fiscal. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal debe ser reformado teniendo en cuenta principios tan importantes como los de la transparencia y la participación, tanto en los procesos de toma de decisiones como en los sistemas de solución de discrepancias.

Me van a permitir que me refiera a la digitalización de la justicia. La digitalización de la justicia es un reto ineludible para la Fiscalía que se encuentra ante la dificultad de asumir una nueva realidad. Han sido muchos los esfuerzos realizados por las diferentes administraciones. Sin embargo, la implantación de la Fiscalía digital sigue mostrando carencias que es preciso afrontar y solucionar. El mayor problema no es el meramente operativo, sino algo que incide sustancialmente en el trabajo de los fiscales, que es la garantía de integridad de los expedientes y la propia seguridad del expediente digital que se examina en la Fiscalía. En este sentido, me propongo impulsar en el ámbito de mis competencias el desarrollo de un sistema de información y de una red integrada de comunicaciones electrónicas para todas las fiscalías, que permita la inmediata identificación de los procedimientos, la información estadística, el acceso a los registros y las bases de datos de ámbito nacional gestionados por el Ministerio de Justicia y, finalmente, la conexión telemática permanente entre las fiscalías, tal y como dispone la disposición adicional segunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido desarrollada. Este proyecto no es solo una exigencia legal, es también el modo de canalizar la ingente información que de la delincuencia y de otras importantes materias en toda España dispone el ministerio fiscal, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

Otra cuestión que considero importante y que además hay que abordar con las distintas instituciones implicadas -es decir, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia- es la democratización del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Me van a permitir que exprese mi opinión. En mi opinión, el sistema de oposición es un buen sistema. Se trata de un método de selección objetivo que garantiza la cualificación de los futuros profesionales. No obstante, sí considero que es necesario introducir variaciones en el sistema de acceso.

Me explico. Creo que es absolutamente necesario remover aquellos obstáculos que impiden que todas y todos, con independencia de su nivel socioeconómico o del lugar en el que residan, puedan prepararse para el acceso y para el ingreso en la carrera en igualdad de condiciones y, por tanto, señorías, con idénticas oportunidades. Para ello, es imprescindible -y ya lo adelanto- contar con un sistema público de becas que permita a aquellos que menos tienen disponer de la preparación adecuada. También es importante y necesario que exista una bolsa pública, generada por la propia carrera, de preparadores que permita a los opositores preparar su ingreso sin necesidad de desplazarse fuera de su ciudad, fuera de su lugar de residencia. Por otro lado, considero fundamental también, y en relación con este sistema de acceso, modernizar el propio sistema de formación, en primer lugar, incorporando habilidades y conocimientos no exclusivamente memorísticos, introduciendo el conocimiento de idiomas extranjeros y, en segundo lugar -que creo que es muy importante-, unificando la formación de los fiscales y jueces en prácticas. Ello ayudaría, como ya se hizo antaño, a una relación entre ambos colectivos, más ahora si cabe por la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; jueces y fiscales en práctica, posibilitando el pleno conocimiento entre las carreras y comprensión de sus respectivas funciones, evitando, señorías, la duplicidad de costes y facilitando una elección más fundada del futuro profesional de cada uno de ellos. Aunque durante la pasada legislatura se logró reformar el Reglamento del Centro de Estudios Jurídicos, atribuyendo a la Fiscalía General un protagonismo en la formación de fiscales hasta entonces desconocido, señorías, sigue siendo necesaria una mejora y modernización en el modelo de la formación continua de los fiscales, de la carrera fiscal. De igual modo, creo imprescindible emprender una mejora de la transparencia en el nombramiento de los cargos de responsabilidad en las fiscalías, siendo deseable que la designación de las jefaturas de las principales fiscalías fuera precedida de una comparecencia ante el Consejo Fiscal, grabada y posteriormente publicada en la página web de la Fiscalía General de Estado, como ya sucede en el Consejo General del Poder Judicial. También es preciso motivar e incentivar el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad en la carrera. El desequilibrio, como decía anteriormente, es patente y, señorías, no está justificado; ya no está justificado. Considero necesario extender la temporalidad en todos los cargos intermedios de responsabilidad de las fiscalías mediante el impulso de la correspondiente reforma legal. Esto supondrá, por otro lado, un estímulo para el progreso y perfeccionamiento de la institución, favoreciendo al mismo tiempo la imprescindible promoción profesional de todos los miembros de la carrera fiscal.

En el ámbito de los efectivos con los que cuenta la Fiscalía, es absolutamente necesario determinar las cargas de trabajo de cada puesto o plaza de la Fiscalía. De esta forma, será posible que conozcamos


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de una manera objetiva las necesidades reales de cada plantilla y concretar con equidad el sistema de retribuciones variables por objetivos. Las reclamaciones de una ampliación de plantillas, señorías, especialmente en las fiscalías de área, se justifican plenamente ante un aumento del volumen de trabajo, el desarrollo de nuevas formas de delincuencia que exigen investigaciones cada vez más complejas y otras funciones tuitivas por las que un moderno ministerio fiscal tiene que velar en el escrupuloso ejercicio de su misión constitucional. La creación, señorías, de ochenta plazas de fiscales, en virtud del Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, debe ser el inicio del fortalecimiento del ministerio fiscal para el pleno desarrollo de sus funciones constitucionales. Asimismo, las seiscientas plazas que en dieciocho meses fueron convocadas para los opositores de jueces y fiscales debe ser la estela que se debe seguir, la convocatoria de nuevas plazas cada año.

La derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el siguiente punto de esta suerte de programa de actuación con el que me presento. Debo decir que carece de toda originalidad. Mis predecesores han perseguido esa derogación, como pretendo hacer yo. La derogación de los plazos de la instrucción introducidos por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 es absolutamente necesaria. Se trata de la más unánime reivindicación de la carrera fiscal en los últimos años. Conozco de las iniciativas parlamentarias dirigidas a la derogación de ese pernicioso precepto y les ruego que se concierten todos ustedes en ello por el bien de la justicia para impedir que se sigan generando espacios de impunidad.

Otro ámbito en el que me gustaría incidir es en el de la cooperación internacional. Es un buen momento, señorías, para liderar en el ámbito internacional la transición a modelos que respeten valores y estrategias que debemos de compartir en materia de derechos fundamentales: igualdad de género, violencia contra las mujeres, tráfico de seres humanos, corrupción, terrorismo. Necesitamos compartir nuestras buenas prácticas y recibir buenas prácticas, formando esa cooperación internacional. Asimismo, entiendo que la autonomía del ministerio fiscal se vería reforzada si la propia Fiscalía fuera autoridad central, autoridad nacional, en lugar del Ministerio de Justicia, como ocurre en los países de nuestro entorno, lo que eliminaría las indeseables sospechas de injerencia o conocimiento por parte del Ejecutivo de procedimientos en curso. Debemos ser capaces también de aprovechar el conocimiento y la experiencia adquirida para cooperar con otros países y a la vez estar dispuestos a implementar estrategias de coordinación con estos que nos permitan mejorar la calidad de la justicia no solamente a nivel europeo sino también a nivel global. En este sentido, promoveré la participación e implicación de la Fiscalía española en las instituciones internacionales y, dentro de ellas, con especial interés, en el Consejo de Europa. En este marco es prioritaria la consolidación de un verdadero espacio de justicia común europeo con la unificación de los modelos de las fiscalías.

Señorías, en mis más de treinta años como fiscal he sido una firme defensora, como decía anteriormente, del movimiento asociativo dentro de la carrera. Considero que las asociaciones de fiscales desempeñan un papel esencial como legítimos representantes de los profesionales que integramos el ministerio fiscal y que, gracias a su labor, las distintas sensibilidades existentes en la carrera encuentran un canal adecuado mediante el que puedan expresarse. La crítica constructiva y las ideas de las asociaciones son un motor y un termómetro del sentir de los y de las fiscales. Por eso, me gustaría que esta comparecencia sirviese desde ya mismo como una señal de mano tendida hacia las asociaciones, con quienes buscaré la máxima complicidad para lograr el objetivo común que nos une, y que no es otro que la mejora de esta institución, porque redundará -no les quepa la menor duda- en la propia sociedad a la que servimos. Y todo ello sin descuidar a todos aquellos fiscales que no están asociados, evitando así que la pertenencia o no a una asociación pueda marcar las aspiraciones profesionales de nadie. En este sentido, ese diálogo fluido del que acabo de hablar se sumará a la participación de la carrera a través de sus órganos más genuinamente representativos, como es el Consejo Fiscal.

Por otro lado, señorías, siendo básica esa relación hacia dentro, creo que también es imprescindible que desde la Fiscalía General del Estado se potencie la relación con otros actores que colaboran en la Administración de Justicia coordinando esfuerzos y recursos. Pretendo impulsar, desde el más firme compromiso de lealtad institucional, la relación con todos aquellos operadores que puedan tener un papel en una mejor prestación del servicio público que es la justicia. Por ello, buscaré en todo momento establecer la más fluida de las relaciones con el Consejo General del Poder Judicial, con las administraciones públicas con competencias en la materia, letrados de la Administración de Justicia, colegios de abogados y procuradores, notarios, registradores, graduados sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, institutos de medicina legal, entre otros.


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Es esencial el desarrollo de una política de comunicación. Implementaré las estrategias necesarias para dar a conocer a la ciudadanía las actuaciones que se llevan a cabo desde esta institución, poniendo en valor el trabajo, dedicación y profesionalidad de quienes formamos parte de ella y, al mismo tiempo, configurando un sistema de comunicación directa con todos y cada uno de los fiscales que asegure que la información llega de manera ordenada y transparente a toda la carrera fiscal. Necesitamos comunicar y necesitamos también informar. El artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal nos atribuye la función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se producen en el ámbito de nuestra competencia. Los medios de comunicación son esenciales, son fundamentales y participan y deben participar en este espacio de justicia.

Una de las prioridades que creo transversal en cualquier institución en el marco del Estado social y democrático de derecho es la protección a las víctimas y a los colectivos más vulnerables. Nuestra Constitución configura todo un conjunto de atribuciones a favor de los poderes públicos que deben ser contempladas como herramientas para la remoción de aquellos obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre los ciudadanos. El ministerio fiscal, señorías, no es ajeno a este mandato y es obligación de quienes formamos parte de esta institución guiar toda nuestra actuación bajo ese objetivo de defensa de quienes son los más vulnerables. La protección integral de aquellas personas que ven como su condición de vulnerabilidad necesita de la protección de las instituciones precisa de una postura proactiva del ministerio fiscal. Menores, dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista formarán parte esencial de la actividad de la Fiscalía General del Estado para su tutela y protección, desde el más escrupuloso cumplimiento de la legalidad nacional e internacional. Desarrollaremos nuevas formas de tutela que aseguren una salvaguarda integral frente a las nuevas amenazas; nuevas amenazas que surgen de la extensión de discursos basados en el odio y en la discriminación. El resurgir de ciertos movimientos antidemocráticos, que cuestionan no solo la legalidad sino también desprecian e ignoran los más elementales derechos fundamentales, especialmente el de la dignidad del ser humano y el principio de igualdad, debe tener enfrente a la fiscalía, comprometida con el Estado social y democrático de derecho, ese que reconoce nuestra Constitución. No dudaremos en dedicar más recursos y nuevos esfuerzos para frenar y hacer frente a las conductas del denominado discurso del odio. Ello conlleva la progresiva mayor especialización de las y los fiscales en estas nuevas formas de atentar contra la convivencia social.

Un aspecto en el que me gustaría detenerme es el de la lucha contra la violencia de género. La especialización de la Fiscalía en esta materia es uno de sus valores más destacables y coloca la institución en condiciones de anticiparse a determinados cambios legislativos. Contamos, efectivamente, con una Fiscalía especializada, cuya organización estructurada en todo el territorio nacional y centralizada en la Unidad de Violencia sobre la Mujer, en la Fiscalía General del Estado, favorece una mejor concentración de recursos, la coordinación y supervisión de la investigación realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios sociales e instituciones de protección a las víctimas. Como ya dije antes, esto supone que la fiscalía se encuentre en estos momentos en una mejor disposición de asumir la investigación de los delitos relacionados con la violencia contra la mujer, delitos relacionados con la trata y los delitos contra la libertad sexual, para estar a la altura del resto de las legislaciones procesales europeas. Con todo, es necesaria la extensión de los protocolos existentes para anticipar la práctica de la prueba dirigida a impedir el perjuicio que supone para la víctima someterla a sucesivos interrogatorios, así como la confrontación visual con los agresores. Igualmente, es necesario optimizar los recursos existentes y dotar a las unidades especializadas tanto de funcionarios policiales como de psicólogos forenses.

En relación con las personas menores de edad, su protección integral y el tratamiento reeducador deben impregnar la acción de la Fiscalía, también haciendo frente, señorías, a quienes tratan de menoscabar la dignidad de la infancia estigmatizando o poniendo a los niños y a las niñas en el punto de mira de un conflicto social. El mensaje tiene que ser claro y sin titubeos: los menores extranjeros no acompañados son, ante todo, niños y niñas; niños y niñas que deben ser protegidos. A eso obligan los tratados internacionales, a eso obliga la Constitución y a eso obliga la legislación nacional. La Fiscalía, señorías, debe ser garante del ejercicio de todos y cada uno de esos derechos, y, en especial, procurará el respeto a la dignidad de los menores, de las criaturas, sea cual fuere el origen y sea cual fuere su nacionalidad. La estigmatización como colectivo y su utilización pública capaz de inducir a comportamientos intolerables en una sociedad civilizada han de tener una respuesta en una acción protectora por parte de la Fiscalía, que utilizará todos los medios a su alcance para garantizar esa dignidad frente a aquellos que pretendan menoscabarla. La Fiscalía tiene como misión salvaguardar los derechos de las personas, independientemente de su origen o situación administrativa, en especial en lo que se refiere al escrupuloso


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respeto a los derechos humanos, por ejemplo en relación con los migrantes. Sin salir del ámbito de protección de aquellos que son más vulnerables, creo también que la fiscalía debe primar la protección de los trabajadores en materia de seguridad en el trabajo, en concierto con las políticas públicas, coordinando medios personales y materiales en la consecución de ese fin. A la prevención de riesgos laborales ya conocida ha de añadirse la prevención y aplicación de los planes de riesgos psicosociales.

En materia digital, señorías, la actualidad se ha impuesto en nuestras vidas, de forma que cuando hablamos de derechos digitales y de los ataques a estos derechos debemos hacerlo también en relación con la infancia, la adolescencia y colectivos vulnerables. No podemos obviar desde la fiscalía la necesidad de proteger estos colectivos. Las plataformas digitales y la utilización de las redes sociales son un poderoso espacio de influencia, pero también pueden ser utilizadas en beneficio ilícito de unos y en perjuicio, no solo material, de toda la sociedad. Hemos de asomarnos con cautela a esta nueva realidad, una realidad virtual pero que deja importantes secuelas en la vida real. Fenómenos de ciberacoso, bulling, pornografía infantil, plataformas para difundir mensajes de odio y discriminación, engaños patrimoniales con el cebo de un consumo desmedido o beneficios inmediatos, ataque a la intimidad por la difusión de mensajes o material reservado al más privado de los espacios; todo ello, unido con el ejercicio de nuestros derechos digitales, el derecho al olvido y a la más estricta protección de los datos que solo nos pertenecen a nosotros. La Fiscalía debe defender esos derechos, debe defender el derecho también a expresar ideas y opiniones, al de proporcionar y recibir información veraz de toda clase, y su ejercicio en definitiva debe velar por el interés social.

Señorías, otra de las áreas de actuación que quiero impulsar desde la Fiscalía General del Estado es la de la protección medioambiental. En un momento en el que nuestro país ha declarado de manera oficial la emergencia climática creo esencial dedicar todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance a la lucha contra el cambio climático, y en este capítulo la fiscalía no puede ser un factor ajeno. Una Fiscalía verde, provista de medios técnicos públicos con capacidad de actuación y que cuente con la necesaria colaboración de otras instituciones puede ser sin duda la punta de lanza de una política medioambiental ambiciosa y respetuosa con el medio, que coloque este país a la vanguardia europea de la sostenibilidad. Prestaré una atención especial a cuestiones como las emisiones atmosféricas, el control de vertidos, la protección de hábitats y especies protegidas o el control de residuos. Todo ello, sin olvidar la ordenación del territorio y el urbanismo o la lucha contra los incendios forestales, prioridades ineludibles para la fiscalía española. En este sentido, la fiscalía debe actuar en una triple vertiente: coadyuvando en la labor preventiva de la Administración, promoviendo la sanción de conductas delictivas y procurando la reparación del daño causado.

Junto a estas cuestiones, la Fiscalía no puede abandonar en ningún momento su papel en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Creo que a lo largo de estos años desde la institución a la que pertenezco hemos sido capaces de demostrar la profesionalidad y el buen hacer de quienes dedican sus esfuerzos a luchar contra las prácticas que actúan como una verdadera carcoma de las instituciones democráticas. Es mi intención seguir por ese mismo camino reforzando a la Fiscalía anticorrupción, a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y a las delegaciones de delitos económicos, a la vez que ofreceré toda la colaboración de la Fiscalía General del Estado para el impulso, señorías, de aquellas reformas legislativas como la antes mencionada del artículo 324 o la trasposición de la Directiva europea de los alertadores.

Voy finalizando, señorías, no sin antes poner en valor el trabajo de aquellos que me han precedido en el ejercicio de esta candidatura, como María José Segarra, mi inmediata predecesora. El ministerio fiscal es una institución básica del Estado de derecho y mantendrá la senda de una defensa radical de su independencia, su imparcialidad y su autonomía. Mal me conocen quienes pueden llegar a pensar que una servidora pública con alma de fiscal puede traicionar unos principios y convicciones que la han llevado hasta aquí en estos últimos treinta años. Me avala mi trabajo en la institución desde la trinchera y desde los despachos, y me avala también mi relación con la fiscalía cuando he estado fuera de ella. Esa misma radicalidad será mi guía en la defensa de los más vulnerables. Todos encontrarán en el ministerio fiscal un muro de contención frente a quienes quieren imponerse desde el abuso. Las situaciones de mayor vulnerabilidad serán las que inspiren el trabajo de esta fiscalía para hacer realidad el mandato constitucional recogido en el artículo 9.2 de la Constitución: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social." Pondré al servicio de la fiscalía todo mi esfuerzo para dotarla de medios materiales y humanos.


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Por mi parte, señorías, en todo momento les ofrezco mi disposición a dar cuenta ante la representación de la ciudadanía de mi labor al frente de la institución. Será para mí un verdadero honor explicar ante sus señorías, como representantes del pueblo, la situación del ministerio fiscal, mi trabajo, asumiendo así el necesario escrutinio democrático al que deben someterse todas las instituciones tantas veces, señorías, cuanto sean necesarias y lo precisen.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Delgado.

A continuación, pasamos al turno de intervenciones de las señoras y los señores portavoces de los grupos parlamentarios, que lo harán por orden de menor a mayor. De ese modo, y en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.

La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.

Nosotras, desde la candidatura d'Unitat Popular vamos a dedicar los diez minutos que tenemos a preguntarle a la señora fiscal General del Estado cuál es su posición en relación con tres delitos, tres conceptos concretos que desde nuestra perspectiva son importantes, porque dos de ellos, el de orden público y el de sedición, son la columna vertebral de la represión en nuestro país. Voy a empezar, primero, por el tercero, al que usted también se ha referido, como son los delitos de odio.

Desde nuestra perspectiva, celebramos el compromiso de la Fiscalía con la protección de los colectivos más vulnerables y celebramos también la reflexión que ha hecho sobre los menores sin referentes familiares y compartimos el criterio de que ante todo hay que proteger los derechos de la infancia. En relación con los delitos de odio, quiero señalar dos cuestiones. La primera es que no se está recogiendo la garantía estadística necesaria para abordar este tipo de delitos, y de hecho lo dicen las mismas memorias y estadísticas de la Fiscalía respecto a la lucha contra el odio y la discriminación. Por tanto, ¿qué medidas con relación a este problema piensa adoptar? Por otra parte, ¿qué opinión le merece el uso absurdo de los delitos de odio? Es decir, cuando los delitos de odio se utilizan y aplican para intentar proteger a colectivos que ni son vulnerables ni están sufriendo discriminaciones en el marco de estructuras de poder, como puede ser el patriarcado o el racismo. Es decir, ¿qué opinión le merece que se intente aplicar los delitos de odio para proteger a cuerpos de funcionarios del Estado, a policías o al mismo rey de España? Desde nuestra perspectiva, esto rompe la lógica del derecho contra la discriminación, que es un derecho, como decía, para proteger a las minorías, lo cual genera un ejercicio perverso, porque no solo invierte la lógica misma del derecho contra la discriminación sino que tiene el peligro de que en vez de que el derecho sea utilizado como herramienta contrahegemónica con relación a la defensa frente a los abusos de poder se convierta en un brazo más de ejecución del poder. Nos gustaría saber qué opinión tiene la fiscal sobre este tema.

El segundo tema, y ya entramos en el ámbito de dos de los delitos que para nosotros son, como decía, la columna vertebral de la represión en nuestro país, es el uso de los delitos de orden público. Omnium Cultural presentó un mapa de la represión en Cataluña desde 2017 y hablaba de más de 2500 personas represaliadas, pero solo en los últimos seis meses a más de 600 personas se les ha aplicado delitos de orden público en las movilizaciones que ha habido en Cataluña. En las movilizaciones que hubo como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del procés hubo más de 28 personas que entraron en prisión preventiva, donde la fiscalía pidió prisión sistemáticamente y luego fueron las audiencias provinciales las que fueron desestimando los criterios de la fiscalía y los dejaron en libertad.

Quiero acordarme de Dani, una de las personas que todavía sigue en prisión a quien Madrid, y le queremos preguntar qué opinión le merece la doctrina del shock que se está utilizando con los delitos de orden público desde la perspectiva de que se intenta parar por la vía autoritaria y por medio de los delitos de orden público la vía democrática y la demanda democrática colectiva en este caso de protesta contra unas sentencias que son desde nuestra perspectiva no solo injustas sino que van a castigar el ejercicio legítimo del derecho a la autodeterminación.

Luego, el tercer elemento es el delito de sedición, que es uno de los debates que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Adelanto que desde la Candidatura d'Unitat Popular no entendemos que el Código Penal pueda resolver conflictos políticos y por lo tanto nuestra perspectiva es la de la amnistía. Aun así, entrando en el debate concreto sobre el delito de sedición, queríamos plantearle una serie de cuestiones y también preguntarle cuál va ser su enfoque. Siguiendo los planteamientos de uno de los catedráticos de Derecho Penal más importantes del Estado, señor García Rivas, plantea el delito de sedición, hace toda una lectura histórica y explica la creación del delito de sedición vinculado en el siglo XIX siempre a cuestiones de orden público, de defensa de la seguridad interior del Estado y vinculado a menudo al rey


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como responsable de la seguridad del Estado y por tanto al ejército. Ha sido un delito históricamente vinculado a la represión de la disidencia y el mantenimiento del orden social. En pleno franquismo, en 1963 se añade el artículo 222 del Código Penal en relación con la penalización de las huelgas obreras, y en el año 1981 se deroga este delito del artículo 222 pero se mantiene el delito concreto de sedición. En la sentencia del Tribunal Supremo la perspectiva de la sedición ya no es solo en relación con el orden público sino que se introduce la sedición en relación con el concepto del normal funcionamiento de las instituciones, un concepto que también se recoge en la ley de orden público franquista del año 1959. Por tanto, desde nuestra perspectiva, el delito de sedición es un delito que históricamente ha estado vinculado no solo a la represión de la disidencia sino al mantenimiento del orden del Estado más allá de los derechos colectivos, y esta semana escándalos como las declaraciones relativas también a fiscalía con relación a Jordi Cuixart y a comparar la sedición con delitos por ejemplo de homicidios o de agresiones sexuales, para nosotros requieren un posicionamiento de la Fiscalía General del Estado.

Usted hablaba del principio de jerarquía y de la unidad de actuación, incluso ha hablado de la responsabilidad de la fiscalía con relación a la sociedad. Bien, ¿qué opinión le merece el delito de sedición? ¿Qué opinión le merece el uso sistemático de este tipo para reprimir a la disidencia? Desde nuestra perspectiva sería importante que desde Fiscalía General del Estado se reconozca la sedición como este concepto vinculado a una cultura jurídica autoritaria que ha sido un instrumento de represión política desde el siglo XIX y desde nuestra perspectiva se tendría que apostar por un criterio de eliminar el delito de sedición del Código Penal. Entendemos que la modificación de tipos no serviría para nada porque se mantendría este tipo de delito que, como decía, tiene este hilo histórico vinculado a la sistemática represión de la disidencia. Además, entendemos que el Código Penal tendría que ser la cristalización de los conflictos que la sociedad considera que hay que resolver y no un instrumento de defensa de los intereses del Estado más allá de la defensa legítima de los derechos colectivos de los pueblos, aunque sea por medio de la desobediencia civil y por tanto del cuestionamiento del orden jurídico desde la perspectiva por ejemplo de nuestro país y desde la perspectiva de la defensa del derecho a la autodeterminación.

Acabo ya preguntándole también o trasladándole que tiene usted la responsabilidad de contribuir al derecho como una herramienta que proteja a la ciudadanía del poder, también del poder del Estado y no hacer del derecho una apisonadora de legitimidad colectiva. Y le preguntamos directamente: ¿Va usted a contribuir a los derechos colectivos de defensa no solo del derecho a la autodeterminación sino, por ejemplo, del derecho a la vivienda? Porque el tipo concreto del delito de sedición tal como está articulado se podría acabar aplicando por ejemplo a la gente que está parando un desahucio y a la gente que está desobedeciendo una orden judicial para garantizar vivienda digna a una familia. ¿Va usted a contribuir a los derechos colectivos o va a seguir la estela de sus antecesores aplicando la doctrina sistemática del shock cuando la gente organizada de forma legítima defiende los derechos colectivos? Desde la perspectiva de la candidatura d'Unitat Popular y seguramente desde la perspectiva de muchos catalanes y catalanas que están hartas de entender y ver al Estado como un enemigo sistemático de los derechos colectivos, le traslado que nosotras y parafraseando otra vez a Jordi Cuixart: ho tornarem a fer, lo volveremos a hacer las veces que haga falta porque para nosotras la defensa del derecho a la autodeterminación es una defensa de un derecho que no solo es relativa a los derechos de los catalanes y las catalanas sino que tiene que ver también con la defensa de los derechos y las libertades colectivas del resto de pueblos del Estado, y la prueba está en que el delito de sedición para nosotras tiene esta línea histórica vinculada sistemáticamente a la represión de la disidencia.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vehí.

A continuación, por el Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señora Dolores Delgado. Tras su amplia disertación, en la que ha abordado un amplio número de temas, mucho me temo que faltan realidades, yo voy a traer una realidad que para nada se ha tenido en cuenta. En la misma línea de la semana antes de la comparecencia del señor ministro de justicia denuncié, la práctica de la tortura está ahí, es una realidad que la hemos vivido durante muchos años. Como prueba de ello y de esta realidad comenté la existencia del informe solicitado por el Gobierno vasco a Paco Etxeberria, en el que se documentaban 4111 casos y que era la punta del iceberg de una desgarradora realidad. A día de hoy la Fiscalía sigue empleando las declaraciones arrancadas bajo malos tratos y torturas con fines autoinculpatorios para incriminar a terceras personas. Afirmamos que la sombra


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larga de la tortura permanece en la Audiencia Nacional, y quiero recordar que la jurisprudencia ha quitado valor probatorio a la declaración policial, dándole valor de mero atestado. Esta interpretación introducida por el Tribunal Supremo todavía no ha calado en la fiscalía de la Audiencia Nacional. Las declaraciones aparejadas a aquellas denuncias de torturas hoy en día permanecen en sumarios viejos, y son empleadas para abrir nuevos procedimientos. Aquellas declaraciones junto con otros elementos corroboradores, como pueden ser ejemplo los informes de la propia Guardia Civil, siguen haciéndose camino en la Audiencia Nacional. Es el famoso fruto del árbol envenenado. Se me van a permitir que lo explique brevemente. Hace referencia a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita, las cuales impedirán posteriormente en el proceso judicial que puedan ser utilizadas en contra de cualquier persona en el sentido de que cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo esté viciada debe ser prueba nula. Y la Fiscalía no ha puesto pie en pared contra ello. Señora fiscal general, ¿no le parece que ya es hora de que este Estado y su fiscalía investigue, aclare y exija responsabilidad por las miles de personas torturadas sistemáticamente, sí, digo sistemáticamente, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Señora presidenta, siento la interrupción pero esto es inaceptable. Apelo al artículo 72.1 y al artículo 103 del Reglamento por una falta de decoro con respecto a las instituciones. (Rumores). Es intolerable que se esté hablando...

La señora PRESIDENTA: Señor Smith...

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: ... de prácticas reiteradas, prácticas reiteradas de tortura.

La señora PRESIDENTA: ¡Señor Ortega!

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Es inaceptable. Apelo a esta presidenta para que le retire el uso de la palabra. (Un señor diputado: No se puede cortar una intervención).

La señora PRESIDENTA: Señor Ortega, por favor. La señora diputada está haciendo uso de su turno de intervención; está haciendo uso de su turno de intervención y hasta el momento... Por favor, no es interpretable. Por favor, le ruego que me permita ejercer la Presidencia. Le ruego que me permita ejercer la Presidencia. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.-El señor Ortega Smith-Molina hace redobles de tambor con las manos).

Señora Pozueta.

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Señora presidenta, yo no dudo, no dudo que está haciendo uso...

La señora PRESIDENTA: No tiene usted la palabra. (Protestas.-Un señor diputado: Es afán de protagonizar).

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Apelo... Hay un artículo que no permite...

La señora PRESIDENTA: ¡No tiene usted la palabra! (Protestas).

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: ¡Señora presidenta, no se puede faltar al respeto hablando de torturas sistemáticas!

La señora PRESIDENTA: Señor Ortega, no tiene usted la palabra.

Señora Pozueta, le ruego por favor, que se ciña en su intervención...

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Que no ofenda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Un señor diputado: Que le llame al orden).

La señora PRESIDENTA: Señora Pozueta, le ruego...

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: ¡Es una vergüenza que toleren que diga eso!

La señora PRESIDENTA: No me obligue a llamarle al orden, señor Ortega.

Señora Pozueta, por favor, le ruego que se ciña en su intervención al objeto de esta comparecencia, se lo ruego, gracias. (El señor Ortega Smith-Molina: ¡Qué poca vergüenza!-El señor Sicilia Alférez: Poca vergüenza la vuestra.-La señora Olona Choclán: Con los muertos que tenéis encima de la mesa.-Una señora diputado: Deja de utilizar a los muertos).


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La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señora fiscal general, al hilo de lo que comentaba, ¿va a hacer algo esta Fiscalía para terminar con la impunidad, abordar su reconocimiento y existencia e investigarlo para dar así inicio al camino de la verdad, al camino de la justicia y de la reparación que todas las víctimas merecen? Estás también se lo merecen. Le digo sinceramente, señora Delgado, que en un Estado supuestamente democrático es una anomalía democrática que se siga sin investigar lo que ha sido una flagrante violación de los derechos humanos. Le pedimos valentía para reconocer esta realidad, que se sumen a la vía de avanzar en soluciones, porque solo entre todos construiremos la convivencia y conseguiremos el derecho a la justicia que todas las personas se merecen. Espero que podamos dar pasos en ese sentido, señora fiscal.

Recientemente, en respuesta a la pregunta en el Congreso de 17 de febrero, en la Comisión de Interior del Congreso se afirmaba: la política de los presos de ETA va a dejar de ser una parte de la política antiterrorista y va a pasar a ser una política penitenciaria. Sobre este tema solo le diré que esperamos que por fin se acabe con la legislación de excepción que se aplica a los presos vascos y a las presas vascas, que se acabe con el alejamiento, que únicamente genera sufrimiento a los familiares, que pasemos a la senda de la normalización y adecuación de la política penitenciaria a los nuevos tiempos. Su cometido como fiscal general es hacer respetar las leyes, y tiene un papel decisivo en los procedimientos judiciales, tanto en los procedimientos penales como en otros expedientes. Desde su independencia le pedimos que atienda las demandas de la mayoría de la ciudadanía vasca, que les está exigiendo que respetan la legislación ordinaria, que no pongan más palos en las ruedas y terminen con la dispersión y la excepcionalidad que hoy pesan sobre las presas y presos vascos.

Por último señalo la necesidad de que se abandone la arbitrariedad y los criterios del ministerio fiscal previsibles, como consecuencia del principio de unidad de actuación, que no ocurra que un fiscal tiene una posición y otro tiene otra diferente.

Señora Delgado, la Fiscalía General del Estado ha sido artífice de las mayores barbaridades judiciales que se han dado en estos últimos años. Su actuación ha permitido la existencia de macrojuicios políticos construidos sobre informes falsos, sin pruebas, con la única intención de castigar al independentismo, tanto vasco como catalán. Gracias a la fiscalía cientos de ciudadanas y ciudadanos vascos han sido detenidos, encarcelados y juzgados bajo acusaciones políticas afinadas por la fiscalía para hacerlas pasar por delitos. Muchas de estas personas han soportado cárcel, juicios interminables y en muchos casos han resultado absueltas. Nadie ha asumido responsabilidad sobre todo ello. Muchas de estas personas han visto pisoteados sus derechos, su derecho a una justicia justa e independiente, a un juicio justo. Solo le recuerdo el varapalo de la justicia europea para con el denominado caso Bateragune, pero los casos son innumerables. Todos estos procesos han contado con la iniciativa, impulso y apoyo de la fiscalía general. Vascos y catalanes sabemos de lo que hablamos, porque cada petición de la fiscalía, cada imputación, cada recurso no hace sino avivar el camino del sinsentido y la venganza política mediante la utilización política de la justicia. Le quiero pedir que el famoso "la fiscalía te lo afina" sea algo del pasado, señora fiscal, que jamás esta fiscalía vuelva a construir procesos penales parar castigos políticos, que también desde el estamento que usted preside se apueste por dejar atrás la época de la judicialización de la política y la politización de la justicia, para dar paso a una nueva fase de diálogo y respeto, dar cauce a la palabra y también al enfrentamiento político -por qué no-, pero poner fin a toda esta represión. Hoy me gustaría escuchar que apuesta por todo ello.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de la señora Delgado ante esta Comisión, a fin de dar cumplimiento al trámite previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que esta Comisión pueda evaluar los méritos e idoneidad de su candidatura a propuesta del Gobierno, porque considero que no puede haber valoración de idoneidad preconstituida, sin escucha previa y atendiendo al principio de contradicción, como el que se está desarrollando en esta comparecencia por primera vez en este proceso de nombramiento.

En segundo lugar, quiero agradecerle, señora Delgado, las explicaciones sobre el proyecto que tiene intención de llevar a cabo, si finalmente es nombrada. Nos ha explicado cómo considera que deben desenvolverse las funciones propias del ministerio fiscal bajo su dirección, cuáles son sus necesidades y cuáles son las medidas que propone para satisfacerlas, en definitiva sus retos, sus oportunidades, su


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programa y sus principios, que nos ha detallado en cambios normativos -en los que no incidiré-, en cambios organizativos, tanto ad intra como ad extra, en el marco de la Unión, y en tecnológicos, así como en aquellas áreas temáticas de especial incidencia o atención, entre las que quiero destacar la defensa que usted ha hecho de los derechos de los colectivos más vulnerables en sentido amplio -aquí incluyó también, como usted ha señalado, a la víctima-, como las nuevas formas de criminalidad, la defensa de los bienes comunes, el medio ambiente, etcétera. Tal como nos lo ha expuesto, a nuestro juicio, no ponemos en duda en este momento su idoneidad para llevar a cabo esta tarea ni tampoco sus méritos, ya que por todos son conocidas su cualificación y su larga trayectoria como fiscal.

En tercer lugar, como siempre que he participado en estas Comisiones en las comparecencias para determinar la idoneidad de la candidatura propuesta por el Gobierno -porque es una competencia exclusiva del Gobierno proponer y finalmente nombrar-, considero que hubiera sido procedente que el Gobierno hubiera puesto a disposición de esta Cámara el criterio seguido para elevar esta propuesta. No se nos da -nunca se nos ha dado- ninguna información sobre las razones ni en cuanto a su persona ni en cuanto a los objetivos para afrontar los problemas y retos de la institución a través de su candidatura. No es un defecto que le achaco a usted, sino al Gobierno.

Por último, señora Delgado, solo me queda desearle la mejor de las suertes, que seguro que será la general.

Presidenta y candidata, no formularé ninguna pregunta. No suelo formular en este acto ninguna pregunta. Me gusta esperar a los hechos y, a la vista de ellos, hacer las preguntas y consideraciones que, en su caso, sobre ellos procedan. Siempre me he guiado por este criterio en las comparecencias de los distintos candidatos propuestos en esta Comisión. En las últimas cuatro legislaturas han pasado el señor Maza, el señor Sánchez Melgar, la señora Segarra y ahora usted, señora Delgado. Como le decía, no vemos razón alguna en este momento para cambiar de criterio al que he venido sosteniendo en esas otras tres intervenciones que he tenido en casos similares. Valoramos más la legitimación por el ejercicio que la legitimación del origen. Ya lo dijo aquí también la señora Segarra en una comparecencia equivalente a la suya hace un año: la independencia se adquiere día a día actuando y en cada una de las decisiones.

Muchas gracias, presidenta, y suerte, señora candidata.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Buenas tardes, señora Delgado.

Usted conoce ya, previamente, por las declaraciones públicas, cuál es la opinión de mi grupo parlamentario con respecto a la idoneidad de su nombramiento, pero me permitirá que hoy aquí se lo recuerde, entendiendo que la propuesta de su candidatura nos parece realmente una anomalía democrática inaceptable, en relación con el cumplimiento de los necesarios principios de pulcritud institucional que todo Estado de derecho, toda democracia, y sobre todo como usted bien ha dicho el prestigio de la institución de la fiscalía deberían exigir a la hora de proponer el nombramiento de una persona que garantizara la independencia, la objetividad y la despolitización de esta, como digo, nobilísima institución que es la fiscalía.

En mi grupo parlamentario nos escandalizábamos de la colonización de las instituciones por parte del Partido Socialista, del clientelismo característico del Partido Socialista cuando nombraban al presidente de Correos, cuando nombraban al presidente de Paradores, cuando nombraban al señor Tezanos al frente del CIS, cuando han nombrado al delegado del Gobierno en Murcia que se encuentra imputado por delitos de prevaricación y malversación, pero lo que sucede es que estos casos ahora los valora uno en la mente y, frente a lo que supone la propuesta de su nombramiento, parecen incluso casos pequeños, de poca monta. El Partido Socialista, ustedes los socialistas -es lamentable que a la candidata a la Fiscalía General del Estado me tenga que dirigir en estos términos- van incrementando poco a poco el umbral del dolor democrático; poco a poco dan un paso más. Da un poco de miedo pensar qué vendrá después de la propuesta de su nombramiento como Fiscal General del Estado. Esto no ha pasado en la historia de España prácticamente nunca, algún precedente antiguo, y nos parece francamente indeseable. Usted no es imparcial, es absolutamente imposible que usted pueda aquí defender, como ha hecho, sin rubor, que incluso es lo mejor nombrar Fiscal General del Estado a quien previamente ha sido ministro de Justicia, porque así tiene mayor experiencia y conoce más cosas de las leyes. Por favor, un poco de seriedad.

Le cuento una anécdota. Un lunes por la mañana yo me levanto, me voy a un desayuno informativo y un amigo mío, muy simpático, me dice: oye, ¿te has enterado? Le digo: ¿de qué? Dice: que Lola Delgado va a ser nombrada Fiscal General del Estado. Y yo le digo: eso es una broma, ¿no? ¡Qué gracioso eres!


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Dice: no, no, te lo juro. Ese fue el estupor que la comunidad jurídica, que los protagonistas jurídicos tuvimos cuando recibimos la noticia de su proposición. Usted que ha sido reprobada tres veces en el Congreso de los Diputados: por no querer defender al juez Pablo Llarena respecto a una demanda civil en Bélgica -creo que se acuerda usted bien de ese suceso-; por las conversaciones grabadas con el comisario Villarejo, que Podemos entonces decía que era la representación de las cloacas del Estado, pero cuando uno toca poder se olvida de muchas cosas, igual que le sucede a usted. Por primera vez nos encontramos con que el Consejo General del Poder Judicial quita la palabra idoneidad respecto al informe, y resulta que sale usted favorecida o aprobada de ese informe por doce votos contra siete. Hay un voto reservado en donde se indica de forma explícita que no cumple usted con los requisitos de legalidad, de imparcialidad, de cumplimiento de los intereses generales, de despolitización, de objetividad, de independencia, que reconocen los artículos 7 y 59 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y que parece que solo se aplican a los fiscales, pero no a quien los manda. La propia asociación de fiscales manifiesta su sorpresa por su nombramiento y pone en tela de juicio la imagen que los ciudadanos van a tener precisamente de la fiscalía. Es que no solo hay que serlo, además hay que parecerlo. Esa frase que tantas veces los juristas, como usted y como yo, hemos utilizado en nuestras vistas. ¿Cómo va usted a garantizar la buena imagen de la fiscalía? Va a estar usted siempre bajo sospecha en cualquiera de las acciones que los fiscales lleven a cabo, porque no va a poder usted garantizar esta imparcialidad, esta imagen sana, prístina del ejercicio de esa función tan relevante que ejercitan los fiscales.

Le recuerdo el discurso de don Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado en su toma de posesión: "Yo debo garantizar la independencia del ministerio fiscal y su desvinculación con el Gobierno, incrementar la transparencia en relación con las actividades del ministerio fiscal y asegurar la autonomía presupuestaria del ministerio público". Estas palabras en su boca, en su toma de posesión, sonarían a broma, sonarían verdaderamente a chiste. Le leo otra cosa. "Llevamos varios años reclamando algo básico que es la independencia de la fiscalía y la autonomía de todos los profesionales que la componen. (...) No se puede renunciar nunca a la autonomía de la carrera fiscal. Ni a la transparencia". Lo dijo usted, en nombre de la Unión Progresista de Fiscales. No pasa nada por cambiar de opinión, pero si ha cambiado de opinión, si ya no comparte los criterios de la Unión Progresista de Fiscales respecto de la que ha iniciado usted su intervención encontrándose orgullosa -me parece bien- de pertenecer a esta asociación, dígalo, no vaya a ser que se haya usted contagiado del virus Sánchez. El virus Sánchez es ese virus en el que un Sánchez es secretario general y opina una cosa; después es presidente del Gobierno y opina otra; antes de las elecciones opina una cosa y después de las elecciones opina la contraria.

En este sentido es imposible absolutamente que el sistema de nombramiento que se establece en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que actualmente tenemos en vigor se pueda garantizar simplemente con el cumplimiento de los requisitos de ser español y tener quince años de antigüedad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad del fiscal general del Estado. No sé usted qué opina sobre el cambio de este modelo, y se lo digo porque el Grupo Ciudadanos ha planteado ya una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el que la duración del cargo de fiscal general del Estado sea de seis años, no cese cuando cesa el Gobierno; se tengan veinticinco años de ejercicio profesional y en los últimos diez años no se haya ocupado ningún cargo electivo ni nombramiento. Ya me imagino cuál será su opinión, claro, usted no podría ser fiscal general del Estado con esta reforma que proponemos. Ha estado usted también en el Consejo Fiscal en nombre de la Unión Progresista de Fiscales. Nosotros defendemos que este Consejo Fiscal refuerce sus competencias y que, además, sea elegido directamente por los fiscales. Tampoco sé qué opina usted de esto, pero desde luego sí me ha dado un cierto miedo cuando ha hablado usted de que quiere reformar el régimen disciplinario de los fiscales. Le pido una mayor concreción sobre esto. Las propias asociaciones de fiscales están de acuerdo precisamente en reformar el régimen de selección del fiscal general del Estado. No sabemos cuál es su opinión. Desde luego debe estar usted cómoda con el actual sistema, que le permite a usted ser fiscal general del Estado.

Finalmente, los nombramientos de cargos de libre designación, con respecto de los cuales le leo una noticia del periódico que dice: "Es de suma importancia que los nombramientos se rijan por el prístino principio de transparencia y publicidad, sin permitir la incidencia de actos sospechosos de preferencia o selección parcial. El mérito y la capacidad deben masticarse (...)". Doña Dolores Delgado, titular de estas declaraciones. ¿Y nos dice usted que lo que va a hacer va a ser subir a la web las entrevistas grabadas con los candidatos? ¿Eso es para usted mérito y capacidad a la hora de elegir los cincuenta cargos del ministerio fiscal que tiene usted que elegir y, entre ellos, Consejo Fiscal, fiscales del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción? ¿A quién va a nombrar? ¿A los mejores fiscales? ¿A sus amigos? ¿A los que tengan el carné de progresistas? En fin, contéstenos a esta cuestión.


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Si solamente va a establecer becas para el acceso a la carrera fiscal, perfecto. Pero no me asuste con cosas como que van a eliminar o reducir los contenidos memorísticos; no me asuste, porque suena a subjetivización de la elección. Le quiero preguntar si usted se va a abstener en asuntos como la denuncia de mi grupo parlamentario por las agresiones el Día del Orgullo; la denuncia de mi grupo por las filtraciones del informe de la Abogacía del Estado que pedía la excarcelación del señor Junqueras; si se va a abstener de dar instrucciones en el asunto de Villarejo o si se va a abstener usted en dar instrucciones en el asunto del procés, por ejemplo, en los permisos penitenciarios de los que están disfrutando ahora mismo los condenados. Le voy hacer una pregunta que le va a sonar. ¿Dio usted como ministra de Justicia instrucciones en el caso del procés? ¿Se acuerda de que se la hice como ministra de Justicia precisamente en el Congreso de los Diputados? ¿No le parece a usted una irregularidad que no existan causas de recusación del fiscal en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal?

Termino, presidenta. No me diga que me meto con mis amigos los fiscales. No me diga eso, por favor. No me diga que denigro a mis amigos los fiscales con quien yo también he estado codo con codo sentado en los estrados desgastando mi toga durante muchos años. Este discurso es la defensa de nuestros compañeros los fiscales, y a ellos les dedico esta intervención.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas.

El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora fiscal, habida cuenta del marco normativo vigente, el suyo se trata de un nombramiento in pectore de una discrecionalidad regulada y no me parece oportuno que entremos a valorar sus méritos.

Sí quiero aprovechar esta comparecencia para compartir cuatro reflexiones. Es consciente usted de que llega a un cargo de máxima trascendencia y también es consciente de que llega en un momento de especial trascendencia. Seguramente el cargo que usted va a ocupar jamás había tenido tal trascendencia por las reformas legislativas que se avecinan y el clima de crispación que reina hoy en nuestra sociedad.

Usted tiene méritos, a mi juicio, más que suficientes, pero no lo va a tener fácil. Nadie le va a dar cien días ni cien segundos. Lo cierto es que usted antes de que haya sido nombrada ya ha recibido de todas partes, y va a seguir teniendo una fuerte oposición parlamentaria, de muchos integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. Muchos miembros del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial en unos momentos de polarización de la vida política como en los que estamos parecen haberse olvidado de su imparcialidad y haberse puesto en una batalla de lucha partidista. No lo va a tener nada fácil, pero ha sido fiscal en el TPI y en El Prat, y por tanto tiene capacidad más que suficiente para salir adelante.

Como decía, quería hacerle cuatro reflexiones. Conozco la carrera, tengo amigos y exalumnos fiscales y coincido con usted en que la inmensa mayoría, tanto de los 2553 fiscales como de los 5500 jueces, hace una labor impecable con una carencia de medios tremenda. El problema lo encontramos cuando la justicia -vale para jueces y vale para fiscales, pero obviamente me dedico a la fiscalía- y las causas judiciales topan con asuntos políticos. Quiero hacer referencia a dos asuntos muy diferentes, pero que tienen algún elemento en común. Primero, se ha hecho referencia en alguna otra intervención precedente al tema del procés político y del grave conflicto territorial que padece el Estado español. A mi juicio, y así se lo decía al recién nombrado ministro de Justicia en la comparecencia que efectuó ante esta Comisión el lunes, la solución a ese conflicto va a ser una solución política y no una solución judicial, pero deberíamos evitar que la fiscalía se erigiera en un elemento obstativo para la consecución de esta solución política. Es lógico que los fiscales, los jueces y cualquier ciudadano -los jueces y los fiscales son humanos y son ciudadanos- tengan su propia ideología, pero esa ideología jamás debería incidir en las causas que llevan. Deben mantener la imparcialidad y la neutralidad, y como se ha señalado no solo han de ser imparciales y neutrales, sino además lo han de aparentar de forma especial.

En estos últimos días estamos viendo manifestaciones de algún excompañero suyo, fiscal de sala del Tribunal Supremo, cuestionando la sentencia del Tribunal Supremo y cuestionando los permisos penitenciarios. Estamos viendo actuaciones de la fiscalía oponiéndose a permisos penitenciarios que, a mi juicio, en una causa que no fuera política, que no tuviera por sujetos interesados a políticos, no serían objeto de esa posición. Si es así, es muy grave, pero si no es así y parece que es así, también es muy grave. Por tanto, creo que usted -que, como decía, no lo va a tener fácil- tendrá que hacer ahí un ejercicio de saber sumar a la potestas la auctoritas para conseguir que esos posicionamientos, como mínimo, no se perciban desde la ciudadanía como posicionamientos políticos que tanto maltratan la imagen de la justicia.


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Sigo con el tema de la corrupción; solo unas pequeñas pinceladas en el breve tiempo que tenemos. Obviamente es uno de los graves problemas que padece España en estos momentos, y por tanto la fiscalía tiene un papel muy relevante. Ahí le vuelvo a hacer las mismas reflexiones. Desgraciadamente tenemos demasiados precedentes de fiscales que parecen -no sé si es así o, como mínimo, parece ser así- tratar con demasiado favor a los amigos y con demasiado rigor a los adversarios o a los antagónicos, y eso en ningún caso debería ser así. Insisto en que es lógico y lícito que los fiscales tengan ideología, pero eso en ningún caso debe incidir en las causas que llevan.

Continúo en el breve tiempo que tenemos haciendo referencia a algunas causas más globales. Ha hablado usted del artículo 324 de la Lecrim. Parece ser que hay un clamor mayoritario en esta Cámara para derogarlo. No es la posición que mantiene mi grupo parlamentario. Coincido con usted en que la reforma de 2015 fue -lo tengo escrito- la expresión de un corazón puro bajo una mano chapucera. A mi juicio es razonable que para la mayoría de los ciudadanos anónimos que no tienen connotaciones políticas exista una garantía de la duración de los procesos. Un proceso excesivamente largo es perjudicial para el imputado y el encausado, que puede acabar absuelto y nadie le repara del daño del proceso penal; es en sí mismo una pena, como apuntó ya san Agustín. Incluso para la víctima un proceso penal de excesiva duración no conlleva una reparación efectiva ni una tutela judicial efectiva. Por tanto estoy de acuerdo en que una limitación de la duración de las instrucciones penales no puede servir como patente de corso para conseguir la impunidad de las causas de corrupción, que son causas complejas, pero tampoco debería servir como patente de corso para que las causas se eternicen. Nuestro grupo propondrá que se adopte algún sistema en el que se intente conjugar el equilibrio entre ambas cuestiones, entre la garantía de una duración limitada del proceso, pero sin que ello sea obstativo para que pueda ser eficaz la investigación, que muchas veces es muy compleja. En todo caso, si por la aritmética parlamentaria eso no acaba sucediendo, sí está en sus manos dar las instrucciones necesarias al objeto de que no sea una patente de corso. Usted sabe que lo grave es que muchas veces las causas se eternizan no por la complejidad -que también-, sino porque hay demasiados tiempos muertos en los que nadie insta a la acción, especialmente en los lugares más pequeños, y en los que nadie propone diligencias. Por tanto eso debería evitarse.

Continúo con otro de los grandes retos, sin duda el reto más relevante que usted tendrá que afrontar. Usted va ser fiscal general del Estado seguramente en un momento crucial en la historia de la fiscalía. Ya lo ha avanzado el ministro y parece que, después de dos anteproyectos ya ultimados, esta va a ser la legislatura en la que se apruebe una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Coincidimos en que es necesario. La ley de Alonso Martínez está agotada; no sé si tanto por vieja o, como usted ha dicho, por parcheada, o porque nunca hemos tenido las condiciones climáticas para que se pudiera aplicar de forma efectiva. Sea por lo que fuere, lo cierto es que está agotada. Vamos a cambiar de sistema y vamos a pasar a un sistema que es el habitual en el derecho comparado de la instrucción de una investigación dirigida por el ministerio fiscal. Desde el punto de vista doctrinal puedo compartirlo, pero como abogado en ejercicio usted sabe que he tenido diversas responsabilidades en el ámbito de la abogacía institucional, y a los operadores jurídicos y a los abogados nos da mucho miedo; nos da mucho miedo porque el precedente que tenemos -y también ha hecho una breve referencia a la investigación preliminar del procedimiento abreviado- no ha sido una experiencia satisfactoria. Como usted sabe, porque es notorio, muchos abogados fuerzan la judicialización del asunto para sacar las causas de esas investigaciones preliminares, porque se han caracterizado por un excesivo oscurantismo. Por tanto deberíamos procurar que el día en que la fiscalía sea la directora de la investigación exista un mecanismo que permita un adecuado conocimiento de las actuaciones por parte de defensas y de acusaciones, y que coadyuven defensas y acusaciones en la búsqueda de la verdad material. Cierto es que el fiscal es el responsable de ejercitar el ius puniendi del Estado, pero, como establece el artículo 299 de la Lecrim, que usted conoce perfectamente, la labor de la instrucción es averiguar y dejar constancia de todo, de aquello que sea incriminatorio hacia el imputado, pero también de todo aquello que sea exculpatorio. Por tanto, debemos conseguir que defensas y acusaciones particulares puedan tener un fluido nivel de interlocución con el fiscal responsable del caso, un adecuado acceso a las actuaciones y que eso evite el modelo, a mi juicio, demasiado pernicioso que hasta el momento hemos tenido.

Son grandes retos. Le deseo mucha suerte. También le exhorto a que sea valiente, a que ejerza la potestas que tiene para ganarse la auctoritas que, habiendo estado en El Prat, seguro que podrá tener. Son reflexiones; si tiene a bien contestarme, lo hace y, si no, en cualquier momento también quedo a su disposición por si desea que ampliemos alguna cosa.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tomará la palabra la señora Telechea i Lozano.

La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.

Gracias, señora Delgado, por sus explicaciones de esta tarde. Es evidente y sobrada su capacidad, su formación y su experiencia como fiscal por el currículum al que todos hemos tenido acceso y también por las explicaciones que ha dado esta tarde del mismo y de su trayectoria profesional, pero, como otros de mis compañeros, aprovecharemos estos diez minutos que tenemos para exponer alguno de los temas que nuestro grupo consideramos más relevantes entre los muchos que hay.

En relación con el uso de las lenguas cooficiales -es un tema que también al ministro de Justicia le hemos comentado y nos preocupa-, son históricas las demandas y denuncias por parte de asociaciones y plataformas por la alarmante situación que está teniendo el uso del catalán, sobre todo en el País Valenciano y, en especial, en la Administración de Justicia y en el ámbito policial. El Consejo de Europa ya ha solicitado en numerosas ocasiones que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se implementen otras medidas para garantizar el uso del catalán en todos los niveles de la Administración de Justicia. Tras hacerse públicas las discriminaciones lingüísticas por parte de agentes de policía contra distintos ciudadanos, la Dirección General de la Policía recientemente ha hecho un comunicado, que celebramos, con intención de que las comisarías donde se renuevan el DNI o el pasaporte -y leo literalmente- se preocuparán en la medida de lo posible de que cada turno tenga al menos un funcionario que pueda atender en catalán y, en caso de que no sea posible, se requerirá la presencia de un policía de otro servicio o se pedirá de manera cortés al ciudadano que comparezca en otro momento en el que pueda contar con esa posibilidad.

Otro caso que le queríamos exponer en relación con esto, es lo que ocurrió en el verano de 2019 cuando en el Aeropuerto de Palma de Mallorca un agente de la Guardia Civil del control de seguridad cerró el paso a una trabajadora por hablarle en catalán y este agente le dijo -cito textualmente- que a la autoridad se le habla en español. Esa trabajadora actualmente se enfrenta a una multa de más de 200?000 euros. En ese sentido, conviene también recordar el Real Decreto Legislativo 5/2015, que es del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se establece que todo funcionario, incluida la Policía Nacional, tiene el deber de garantizar la detención al ciudadano en la lengua que solicite, porque es un derecho de la ciudadanía, que además se ha ido vulnerando y se continúa vulnerando, no solamente en el País Valencià sino en el conjunto de los països catalans. En este sentido, consideramos que estamos ante una discriminación lingüística, y la Fiscalía, ante la defensa de la legalidad, vemos que no ha realizado demasiado. ¿Qué piensa hacer usted en este sentido? Confiemos en que cuando se nos presente su informe nos diga qué actuaciones ha llevado a cabo para proteger este derecho, porque no estamos defendiendo el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración en catalán o en valenciano, que es lo que establece el decreto, sino que no se discrimine por el hecho de hablar en valenciano o en catalán. En este sentido, aprovecho la ocasión para agradecer el gran trabajo que hace Plataforma per la Llengua para proteger los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en el País Valencià, así como también en Catalunya, Illes Balears y Catalunya Nord.

Otro segundo tema que nos preocupa y que usted también ha sacado en su intervención es el que se refiere a los menores no acompañados. Coincidimos totalmente en la importancia de la protección integral de estos menores, y la Fiscalía tiene, entre sus principales funciones, esa defensa del interés superior del menor, pero con los menores acompañados ¿qué está haciendo actualmente la Fiscalía? Porque hasta ahora no podemos decir que haya actuado bien o mal, porque no ha actuado. ¿Piensa cambiar la actuación de la Fiscalía en este tema tan importante que afecta a tantas personas, especialmente a los menores de edad? Porque, dado que son menores no acompañados y, por lo tanto, no tienen ningún referente adulto, la Fiscalía debería actuar con mucho más motivo.

Hay otro tema, en relación con Cataluña, que es muy recurrente y que lo seguirá siendo seguramente en las intervenciones que haya después de la mía. Nos gustaría saber qué piensa de lo ocurrido en los últimos años en Cataluña, donde consideramos que se ha estado aplicando un derecho penal de ciencia ficción, como, por ejemplo, las recientes opiniones de algunos compañeros suyos cuando califican al señor Jordi Cuixart como una persona que padece una distorsión cognitiva. ¿Usted cree que padece una distorsión cognitiva por pensar lo que piensa? ¿Cree que padece una distorsión cognitiva por defender las urnas? ¿Cree que padece una distorsión cognitiva por manifestarse y lanzar un mensaje de calma y


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disolver una manifestación? Si se hubiera aplicado la ley, nada de lo que ha ocurrido en los últimos años se hubiera producido: no tendríamos presos políticos ni tendríamos exiliados, no tendríamos cientos de personas encausadas en esta causa general contra el independentismo, porque no pedimos que no se aplique la ley, sino que esta se aplique de acuerdo con los principios generales del derecho penal: los principios de legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, de última ratio, de taxatividad, de previsibilidad, etcétera.

Otro asunto también que nos ha preocupado y que continúa vigente es el que se conoce en Cataluña como Operación Toga, una orden impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya con el apoyo de la Fiscalía que implicó el despliegue de cuatrocientos agentes de los Mossos d'Esquadra para vigilar las veinticuatro horas decenas de edificios judiciales, condicionando los recursos del cuerpo y así también la propia seguridad. Tras unos meses, se ha demostrado que esa medida era totalmente innecesaria y desproporcionada, pero aun así todavía este operativo sigue vigente. ¿Qué opina la candidata a fiscal general del Estado?

Otro tema que nos preocupa es el que se refiere a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Queremos conocer su opinión, su opinión personal pero también su opinión como representante y candidata a fiscal general, en relación con el cumplimiento de las sentencias europeas y de otras resoluciones de países de la Unión Europea y de órganos supranacionales, como, por ejemplo, la sentencia de inmunidad de Oriol Junqueras y su cumplimiento por parte de los tribunales españoles. ¿Qué cree que falla en la justicia en la aplicación de las sentencias europeas? Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla en relación con una cuestión prejudicial cuando ya se había dictado sentencia española y la Fiscalía no hizo nada: ni solicitar previamente la suspensión del juicio del procés, a la espera de esa resolución europea, y tampoco exigir al tribunal español el cumplimiento de la misma. Por lo tanto, estamos viendo actualmente una Fiscalía que actúa en contra de dar el cumplimiento efectivo a las sentencias europeas cuando es perfectamente sabido que las sentencias europeas son de obligado cumplimiento y que forman parte del derecho interno, mientras Oriol Junqueras sigue todavía en prisión. Incluso podría parecer que la Fiscalía en sus actuaciones pretende ayudar a los tribunales españoles a evadir su cumplimiento. Desde Esquerra Republicana esperemos que haya un cambio de criterio en ese sentido.

Otro tema que también nos preocupa y al que usted ha hecho especial mención se refiere a los juzgados de violencia sobre la mujer. Como sabrá, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha enunciado la propuesta de reorganizar la planta y la demarcación judicial con el objetivo de convertir en comarcales algunos juzgados de violencia sobre la mujer en Cataluña, alegando erróneamente la escasa carga de trabajo de algunos de estos juzgados. Esto es la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer. Este proyecto atenta contra las reglas de distribución de competencia territorial que determinan que se atenderá en el lugar del domicilio de la víctima y no en el lugar de comisión del delito. Con esta propuesta perdemos esa proximidad y la lucha contra la violencia machista y el empoderamiento de la víctima. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué reforma cree que necesita el Código Penal para garantizar la integridad física de las mujeres y su protección integral?

Para acabar, hasta ahora la Fiscalía se ha dedicado más a defender los intereses del partido que gobierna que a defender los intereses y derechos de la ciudadanía. En las últimas legislaturas, y concretamente con el Gobierno del Partido Popular, han ocupado el cargo de fiscal general personas como Julián Sánchez Melgar, Luis Navajas Ramos, José Manuel Maza, Consuelo Madrigal, Eduardo Torres-Dulce, y con el Gobierno socialista, María José Segarra y Luis Navajas Ramos. Todos ellos se han dedicado a hacer política y a judicializar todos aquellos conflictos de naturaleza política en vez de procurar mantener su imparcialidad y su independencia, ejercer con pulcritud y rigurosidad el mandato establecido en el artículo primero de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que no es otro que el de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Todo ello nos ha llevado a la situación actual: politización de la justicia, judicialización de la política. Y ¿para qué? Para acabar en el mismo sitio. No hemos solucionado nada. Tenemos presos políticos, centenares de personas investigadas y recientemente se ha conocido que se investigan a más de doscientas personas por los cortes de la AP-7, cuya causa mantiene bajo secreto de sumario el Juzgado de Instrucción número 4 de Figueras, y ninguna solución.

¿Qué esperamos de la Fiscalía? Nosotros esperamos que la Fiscalía haga bien su trabajo, que sea decente, que sea justa. Queremos que se abra una nueva etapa y que se mantenga alejada de las presiones políticas y mediáticas. Sea valiente y devuelva a la Fiscalía donde siempre ha tenido que estar,


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en el derecho y en la justicia para proteger y garantizar el interés general, en el respeto a las garantías jurisdiccionales y a la presunción de inocencia. No hemos cuestionado ni cuestionamos el derecho, sino que lo que discutimos es la interpretación y la aplicación que se hace del mismo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.

El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidenta. Señora Delgado, buenas tardes.

En primer lugar, queremos agradecerle su presencia y las explicaciones que nos ha dado y también decirle que a nuestro grupo confederal le parece que es una buena noticia que quien ostente el cargo sea precisamente una mujer -creo que es la segunda mujer-. Usted ha dicho en su intervención, y lo compartimos, que hay una desproporción en los cargos directivos del cuerpo de fiscales que no se corresponde con un cuerpo que es mayoritariamente femenino; hay más mujeres que hombres en ese cuerpo pero, en cambio, los puestos de responsabilidad los ocupan los hombres. Por tanto, ya en sí misma, que usted esté al frente de la Fiscalía General del Estado, es una buena noticia. También es una buena noticia lo que ha manifestado usted, la voluntad de trabajar en perspectiva de género. Creo que, y lo señalamos el otro día también, es básico que haya una formación en esa perspectiva para superar los sesgos, los estereotipos que forman parte de la inercia cultural y social de la sociedad y que pueden influir en el criterio de los fiscales. Usted ha planteado en su intervención muchas cuestiones relativas a cambios normativos, organizativos. Algunas de esas cuestiones las debatimos el otro día en la Comisión de Justicia, donde planteé también unos seis o siete retos que son muy similares a los retos que tiene la Fiscalía y, por tanto, no voy a reincidir en ellos. En buena medida, estamos reproduciendo un debate que tuvimos el otro día, donde también ahí se cuestionó su persona.

Me gustaría decir que usted viene a asumir esta responsabilidad en un momento histórico, especialmente complejo, como se ha dicho, donde hemos visto una judicialización de la política y una politización de la justicia, donde el principal guionista político en España ha sido la Fiscalía y la cúpula judicial. Creemos que es una oportunidad para que ahora se empiece a imponer la razón y el derecho por encima de la política, y eso significa que tenemos una oportunidad para que la política vuelva a ser útil, la política en mayúsculas, que sea la que resuelva problemas que son eminentemente políticos. Por tanto, nos tenemos que esforzar todos en intentar no subcontratar o delegar esos problemas, neutralizarlos desde el ámbito de la justicia, la Fiscalía, los tribunales, etcétera. Creo que en el pasado, la Fiscalía en algunas ocasiones, en vez de inspirar empatía social o fortaleza democrática, ha dado una cierta imagen de descrédito y de politización, alejada, precisamente, de la apariencia de imparcialidad y de legalidad que usted ha señalado que exige la ley. Yo no voy a ahondar sobre eso, porque se han señalado algunos casos, tan solo señalaré uno que me involucra como responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, que es lo que era hace poco, la causa del 1 de octubre. Los hechos del 1 de octubre, como usted sabe, se ventila en dos jurisdicciones diferentes, una en el Supremo y otra en el Juzgado de Instrucción. Nosotros como ayuntamiento decidimos actuar como acusación precisamente ante la pasividad de la Fiscalía. La Fiscalía en esa causa ha hecho de abogada defensora de los investigados y se ha opuesto a casi todas las resoluciones judiciales. Si no hubiéramos estado nosotros y algunas entidades de derechos humanos no habríamos logrado que cuarenta agentes de la Policía Nacional estén ahora en el banquillo; y, próximamente, veremos ese juicio. Le pongo ese ejemplo porque el fiscal que llevaba ese caso era muy activo en las redes y hablaba de las víctimas del 1 de octubre como pijos consentidos, golpistas. Por eso, es un ejemplo que ilustra como a veces se aleja de esa imagen de imparcialidad que tiene que tener la Fiscalía.

Voy a la cuestión central que hoy nos ocupa y que ha sido objeto de debate y ha traído a colación el portavoz de Ciudadanos y otro día también los portavoces de VOX y del Partido Popular. Hay que recordar que la ley establece tres requisitos tasados para el cargo que usted va a ostentar. Uno, ser español o española; usted lo es. El otro, acumular quince años de experiencia; usted acumula el doble. Y el tercero, ser una jurista de reconocido prestigio; usted lo es. Yo creo que más allá de la opinión de usted que tengamos cada uno y de la discrepancia ideológica o no que puedan tener los diputados y las diputadas de esta Cámara, creo que nadie duda en esta Cámara de sus méritos, que son objetivables. Usted tiene un currículum; yo lo he podido conocer porque he tenido la oportunidad de coincidir con usted en los tribunales, pero más allá de mi experiencia personal es verdad que tiene un currículum que la avala. A mí me gustaría destacar su


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experiencia en la Corte Penal Internacional, su experiencia y defensa en la jurisdicción universal para evitar espacios de impunidad en los crímenes de lesa humanidad y también los crímenes del franquismo. Al fiscal general del Estado, no hay que olvidarlo, lo nombra en España el Gobierno. Se puede debatir sobre el papel de la Fiscalía -usted ha explicado los diferentes modelos- y se puede reformar, pero esto es lo que es hasta ahora, y, por tanto, no hay nada nuevo en esta designación. Pero a mí la verdad, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy, me resultaba obsceno oír al Partido Popular, también a Ciudadanos, pero al Partido Popular especialmente, clamar por la separación de poderes. Ya lo dije entonces, ¿dónde han estado ustedes estos últimos cuarenta años? ¿Dónde han estado cuando el fiscal Maza, el de "más dura será la caída", nombraba como fiscal Anticorrupción al fiscal preferido del señor Ignacio González? ¿Dónde estaban ustedes cuándo se cesó a Consuelo Madrigal porque quería negarse a poner al señor Moix? ¿Dónde estaban ustedes cuando se produjo la dimisión del señor Torres-Dulce en 2014 por la presión de su partido después del caso Bárcenas? ¿Dónde estaban ustedes cuando se nombró al señor Cardenal, famoso por sus críticas al derecho al aborto, a los anticonceptivos, al divorcio, que él llamaba extremos viciosos? ¿Dónde estaban ustedes cuando el fiscal jefe de Murcia en 2017 fue apartado después de investigar la corrupción en Murcia? ¿Dónde estaban ustedes el otro día, no hace tanto, cuando el Consejo del Poder Judicial hacía ese comunicado, teniendo en cuenta que se trata de un Consejo del Poder Judicial cuya renovación están ustedes bloqueando? Están manteniendo artificialmente una mayoría absoluta que perdieron en las urnas. Tenemos un Consejo del Poder Judicial que está actuando de forma ilegítima, fuera del mandato constitucional, fuera de la ley, y encima se permite cuestionar la idoneidad, señoras y señores del PP, cuando ellos, precisamente, escogieron al señor Lesmes, que era director general del Ministerio de Justicia con Aznar. Ocho años estuvo bajo las órdenes de los ministros del Partido Popular. ¿Con qué cara hoy el Partido Popular y sus socios llaman la atención sobre la separación de poderes? ¿Con qué cara, cuando ha nombrado a cuarenta y siete miembros afines...

La señora PRESIDENTA: Señor Asens, por favor, céntrese en la comparecencia.

El señor ASENS LLODRÀ: Acabo, presidenta.

Tiene que ver con las críticas que formula la derecha a esta cuestión, pero acabo diciendo que seamos sinceros, señorías. (El señor Mariscal Anaya y la señora Vázquez Blanco: ¡A la cuestión! ¡A la cuestión!). Podría estar aquí hablando media hora de casos como este, pero simplemente quería decir que en verdad creemos que lo único que les molesta de la señora Delgado, cuya cualificación es intachable, es que ahora no tengan una alfombra roja, como siempre han tenido en la Fiscalía y como siguen teniendo en la cúpula del Poder Judicial.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Asens.

A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina.

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Como cuestión previa diré que resulta muy doloroso, muy inconcebible, muy indigno que tengamos que compartir las instituciones con grupos proetarras, con grupos progolpistas. Resulta muy doloroso, pero todavía resulta más doloroso ver cómo quien preside las instituciones no hace valer la dignidad de las mismas, porque tener que escuchar en esta Comisión nada menos que acusar de torturas sistemáticas a la Guardia Civil y hablar de presos políticos y cuando se apela la ley, el Reglamento, artículo 72.1 en relación con el artículo 103, que exige el decoro frente a las instituciones, se nos haga callar, no es sorprendente, es indignante. ¿Y sabe lo que resulta todavía más doloroso? Ver cómo a los diputados del Partido Socialista, aporreando el mobiliario que es de todos, les parecen bien esas manifestaciones. ¡Qué pena, qué vergüenza, qué falta de respeto a las víctimas del terrorismo!, especialmente a las once víctimas que tenían la condición de socialistas. (Rumores.-El señor Meijón Couselo: ¡Por favor!). Que les quede muy claro que desde VOX no solo protestaremos, no solo ejerceremos las acciones que creamos convenientes, sino que reivindicaremos -y lo hago yo en este momento- la memoria y la dignidad de la gloriosa Guardia Civil, que tantos comandos terroristas desarticuló, que tantas vidas salvó y que desgraciadamente tantos muertos tuvo que enterrar. Así que si tenemos que compartir con proetarras estas instituciones, al menos que tengan la decencia de no citar a la Guardia Civil o por lo menos lavarse la boca después de hacerlo.

Hablando ya de la cuestión, señora Delgado, yo le agradezco que haya sido usted en su exposición tan clara, tan meridiana y nos haya explicado a todos de manera tan indubitada cuáles son sus objetivos


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políticos, porque es eso y no otra cosa lo que se deduce de su intervención. Aquí no estamos debatiendo si según su currículum dio usted más o menos conferencias o si estuvo más o menos tiempo; como tantos otros fiscales, como miles de fiscales. No se crea que eso nos va a sorprender. Usted sabe perfectamente que el artículo 124 de la Constitución obliga a que el ministerio fiscal debe actuar bajo cinco funciones clarísimas: la de la defensa de la legalidad, la de la acción de la justicia, la de la defensa de los ciudadanos, la de la defensa del interés pública y la de velar por la defensa de la independencia de los tribunales, y que todo eso, como sabe usted, también la Constitución -esa que hemos aprobado la inmensa mayoría de los españoles- le dice que ha de hacerlo en unidad de actuación, con dependencia y jerarquía, con sujeción a la legalidad y a la imparcialidad. Ya sé que de estos tres principios a usted el que de verdad le gusta es el de la dependencia y la jerarquía, porque es como pretende llevar a cabo aquello a lo que me voy a referir ahora.

Usted -y ya se ha mencionado en esta sala- ha sido reprobada en el Senado en septiembre de 2018 por las manifestaciones que hizo en los audios de las cloacas del Estado. Por cierto, ahora que usted nos dice que quiere que haya tantas mujeres en la Fiscalía, aquello de los tribunales de los hombres que a usted le parecía mejor, o lo de la información vaginal, o lo de que no sé quién era un maricón, ¡todo eso ya no tiene nada que ver! Segunda reprobación en el Congreso, octubre de 2018. ¿Cómo pudo abandonar al magistrado instructor frente a una demanda de quienes habían dado un golpe de Estado? ¿Cómo lo pudo hacer? Al final tuvo que rectificar, pero lo dejó abandonado. Tercera reprobación en el Congreso, noviembre de 2018. Aquí ya directamente prevaricación, porque hacer como hicieron -o intentarlo- que la acusación particular, la Abogacía del Estado y la Fiscalía cambiasen su acusación en el último momento pasando de delitos de rebelión, que atentan contra el ordenamiento constitucional, a delitos de sedición del orden público fue tan burdo, tan descarado, tan grotesco, que verdaderamente a los que estábamos en el tribunal nos dio hasta vergüenza compartir allí el estrado.

Ha citado usted las asociaciones de fiscales. 'Sorprendidos y disgustados, pues parece que el presidente del Gobierno quiere llevar a cabo eso que dijo de que la Fiscalía depende del Gobierno'. Asociación mayoritaria de fiscales, no la suya, que es la minoritaria, sino la mayoritaria. 'Insólito y lesivo; nombrada no por sus méritos profesionales sino por su procedencia'. Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Consejo General del Poder Judicial: Tenemos que remontarnos treinta y siete años atrás, cuando se nombró al fiscal Moscoso, para encontrar una situación en la que se rompe la unanimidad; 12 votos a favor, 7 en contra de su propuesta como fiscal General del Estado. ¡Treinta y siete años atrás, fíjese usted qué mérito!

¿Cuáles son las verdaderas razones? Usted las sabe perfectamente. Usted viene a garantizar desde la Fiscalía General del Estado el pago de la deuda que ha contraído el actual presidente del Gobierno con sus socios comunistas, con sus socios proetarras y con sus socios separatistas. Viene usted a ser una perfecta correa de transmisión de intereses políticos. Nada que ver con la defensa de la legalidad ni con la defensa del interés público. Viene usted a ayudar -no ha tenido más que escuchar las intervenciones que hemos tenido hace un momento- a la impunidad de los condenados golpistas, que no se aplique el derecho contra ellos, que se les permita llevar a cabo ese eufemismo de derecho de autodeterminación que no es otra cosa que golpes de Estado desde las instituciones. Viene usted a llevar a cabo la persecución de la oposición real, que es la que representamos algunos españoles y algunos grupos políticos como el que tengo el honor de representar. Porque cuando a ustedes se les llena la boca hablando de que van a luchar contra el odio, se les ven sus intenciones a distancia. Ustedes llaman odio a todo lo que no claudica con su imposición totalitaria. Ustedes llaman odio a los que no aceptamos el discurso único, a los únicos que levantamos la voz cuando alguien escupe la memoria de la Guardia Civil en una institución, a los únicos que decimos que la ley se tiene que aplicar con igualdad sean hombres o mujeres, heterosexuales u homosexuales, a aquellos que decimos que la ley se tiene que cumplir y que no puede haber margen para la impunidad, ni para las mafias de tráfico de personas ni para quienes cometen delitos contra la unidad de la nación, contra la Constitución.

Usted sabe -y con eso voy terminando- que el artículo 29 dice que quien ocupe la Fiscalía General del Estado ha de ser un jurista de reconocido prestigio. Pues yo le traslado nuestra opinión: Usted es de desconocido prestigio pero sí de un reconocido desprestigio en lo que significa la función de un fiscal General del Estado. Concluyo. No podía haber una propuesta de resignación, de designación (rumores), que fuese más contraria al principio de idoneidad, ese que la Real Academia Española de la Lengua dice que es la cualidad de lo idóneo, de lo adecuado, de lo apropiado, de lo conveniente. Señora Delgado, su propuesta como fiscal General del Estado es lo más inadecuado, lo más inapropiado, lo menos conveniente, lo menos idóneo para defender el principio de legalidad con una mínima imparcialidad, y esa


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voluntad -ya tuvimos oportunidad de decírselo al ministro de Justicia- de convertir la Fiscalía en la dirección de la instrucción no solo nos preocupa sino que creo que va a preocupar a todos los españoles. Porque con una Fiscalía bajo ese principio de jerarquía, con una Fiscalía completamente politizada y dependiente del Gobierno, del Ejecutivo, es terrorífico pensar quiénes van a dirigir la instrucción, quienes van a decidir qué se investiga y qué no se investiga, qué pruebas o qué diligencias se aceptan o no se aceptan. Creo que nos situaría en lugares cercanos a lo que ocurre en la Fiscalía en Venezuela o lo que ocurre con la Fiscalía en Cuba, en la que usted dio una conferencia.

Voy a terminar haciéndole una petición. Sé que no la va a cumplir, pero probablemente si lo hiciera con el nombre nos ahorraríamos mucho discurso. Si es usted nombrada fiscal General del Estado, cámbiele el nombre. Ya no la llame Fiscalía General del Estado, llámele fiscalía general socialista y nos ahorraremos todos muchas explicaciones.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Señor Ortega Smith, gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Santamaría Ruiz.

El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, señora Delgado, este grupo parlamentario no caerá en la trampa de no hablar de nada que no sea el examen de idoneidad al que se somete hoy la señora Delgado ante esta Comisión, y lo haré para decir que la señora Delgado es la candidata propuesta por el Gobierno para una de las magistraturas más altas del Estado. Así que no puedo comenzar de otro modo más que recordando que la polémica que ha generado la propuesta del Gobierno con el nombramiento o con la propuesta de su persona debilita la institución del ministerio fiscal, debilita la separación de poderes y debilita nuestra democracia. Y después de escuchar el tono severo, agrio, sectario, agresivo de la señora Delgado me atrevo a afirmar que está erróneamente sentada en el sitio que está ocupando y que debería estar sentada mejor con sus compañeros de bancada del Partido Socialista. Usted no tiene la culpa de que la haya propuesto el Gobierno como candidata a la Fiscalía General del Estado, es responsabilidad del señor Sánchez, pero también quiero apelar a la responsabilidad de los diputados de esta Comisión, que hoy vamos a tener que decidir si nuestra lealtad está con la separación de poderes y con la defensa del Estado de derecho o si, por el contrario, estamos del lado de la salvaguarda de los intereses del Gobierno y de los pactos que lo sostienen. Y porque nuestro grupo y nuestro partido mantienen un compromiso firme con la separación de poderes, vamos a expresar un no firme, tajante y rotundo a la pregunta sobre si la candidata, la señora Delgado, es idónea para el puesto para el que se la propone.

Permítame decirle también, señora Delgado, que ha perdido hoy usted una oportunidad única para disipar las dudas que teníamos algunos sobre su capacidad de ser la próxima fiscal general del Estado. Nos ha leído su currículum, imagino que habrá tenido un pequeño lapsus, se le ha olvidado decirnos que concurrió a las últimas elecciones en las listas del PSOE, pero, como vuelvo a decir, ese tono agresivo, ese tono sectario, no es propio de la alta institución tan delicada que usted aspira a dirigir y, por tanto, si entramos con dudas, nos vamos a ir con muchas certezas de que usted no es la persona idónea. Usted va a ser una fiscal general del Estado de parte, una fiscal general del Estado genuflexa ante el Gobierno, una fiscal general del Estado fiel guardiana del Partido Socialista y defensora del independentismo. Porque, señora Delgado, su propuesta está tan vinculada al pacto entre el Partido Socialista y Esquerra como el aguijón a su veneno. No hace falta que le recuerde las palabras del señor Joan Tardà, que puso como requisito indispensable para un pacto de investidura que se cesara a la anterior fiscal general del Estado. Este grupo, que no quiere que la rana de la fábula sea la separación de poderes, no tiene más remedio, lamentándolo, que decir no a su propuesta o a la valoración sobre su idoneidad.

Señorías, señora presidenta, señora Delgado, la propuesta del señor Sánchez no nos parece impecable, nos parece peligrosa y nos parece lamentable, y creemos que reclamar nuestro voto favorable a su idoneidad es tanto como reclamarnos que prendamos la mecha de la carga que el señor Sánchez y el independentismo han puesto para dinamitar el Estado de derecho, y eso es algo que el Grupo Parlamentario Popular jamás hará. Señora Delgado, decimos no porque usted no cumple con ninguno de los requisitos que marca la ley para ser fiscal general del Estado. Tiene usted, es verdad, cinco trienios y ha cumplido con su deber, ¡faltaría más!, digo yo, como cualquier funcionario público y se los reconocemos, pero no es usted una jurista de reconocido prestigio, y no lo es porque el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2006, dice -y leo textualmente- que hay que exigir en la persona del candidato que concurran valores constitucionales y cívicos, imprescindibles para el ejercicio de la función que se


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pretende desempeñar, y usted y solo usted se descalificó a sí misma para el ejercicio de cualquier cargo público cuando decidió aplastar con puño de hierro los valores cívicos y constitucionales a los que se refiere el Tribunal Supremo cuando dijo lo que dijo en la tristemente célebre frase o conversación con el señor Villarejo. Usted nos ha hablado de que nos va a traer un código ético, y yo le pregunto: ¿se lo aplicará usted a sí misma, señora Delgado? ¿Se da cuenta de que es usted la candidata de un Gobierno que en la sesión de investidura expresó el noble deseo de luchar contra la prostitución y que, por el contrario, en esa conversación usted alabó la 'información vaginal'? Y lamento tener que repetir estas palabras, créame, porque me duele. Pero ¿es usted consciente de que es la candidata de un partido, de un Gobierno que dice luchar contra la discriminación de las personas que sufren por su condición o su orientación sexual? ¿Cuántas veces ha lamentado aquello que dijo sobre un compañero del Ejecutivo? ¿Es consciente de que es usted la candidata de un Gobierno que dice luchar por la igualdad entre hombres mujeres y que dijo aquello -que usted me imagino que repetirá mejor que yo- de que: a mí que me den un tribunal de hombres y de tías no? Y por último, ¿es usted consciente de que fue testigo de un delito, según usted gravísimo, con menores de por medio y que no denunció el supuesto delito siendo usted fiscal? ¿Cuántas veces ha lamentado, de ser cierto, no haber denunciado lo que dijo que vio? Señora Delgado, del señor Sánchez no sabemos si puede o no puede dormir, es una de las dudas que nos asaltan, pero ¿podrá hacerlo usted después de lo que le acabo de relatar?

Permítame que le haga varias preguntas: Primera, ¿qué va a hacer usted con el conjunto de esa grabación de la que apenas conocemos algunos extractos? Segunda, ¿qué va a suceder con una investigación como esa en la que está usted directamente implicada? Tercera, ¿cuántas conversaciones más de naturaleza parecida hay con usted como protagonista? Cuarta, ¿tenemos alguna garantía de que usted no va a aparecer de nuevo en ninguna de las conversaciones con el señor Villarejo? Y quinta, ¿se abstendrá usted en esta causa, en este procedimiento que le afecta directamente? Porque permítame que yo lo ponga en duda, porque ahora se entienden muy bien las palabras del ministro de Justicia cuando dijo que iba a ser la Fiscalía la que instruyera los procedimientos, quizá sea probablemente para salvarla a usted del caso Delgado. En cualquier caso, señoría, recuerdo lo que decía el señor Iglesias: que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura de las cloacas de Interior debe alejarse de la vida pública. ¿No cree que es legítimo que podamos pensar que está usted más cerca de las cloacas que de la dignidad del servicio público? Lamentablemente tengo que decírselo, señora Delgado, créame.

Es que además de no cumplir con la primera de las condiciones, no cumple con ninguno de los tres supuestos del mandato del artículo 124 de la Constitución: ni imparcialidad ni neutralidad ni tampoco independencia. Si su candidatura puede presumir de algo, señoría, es de la unanimidad en su rechazo, y usted ha dicho que la fuerza de la Fiscalía reside en la unidad de la carrera, ¡pero si la carrera lo único en lo que está de acuerdo es en que no la quiere a usted como fiscal general del Estado! Le recuerdo las palabras de doña Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales; o las de don Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional de Fiscales, que dijo que tenía miedo de que usted se convirtiera en un miembro más del Consejo de Ministros, en el ministro número veintitrés; un temor que ya expresó el señor Casado con gran acierto. Pero es que han sido muchos los que en público, y no le cuento en privado, han dicho: ha sido propuesta para desjudicializar el procés; su nombramiento supone una bofetada a la independencia e imparcialidad del ministerio público, etcétera. Es decir, es una reacción unánime de los compañeros de la carrera que usted pretende dirigir. Pero no solo eso, también de los compañeros de la carrera judicial, del señor Manuel Almenar, de la APM; de don Jorge Fernández de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria; de doña Concepción Rodríguez, del Foro Judicial Independiente, todos la consideran como no idónea. Yo creo, y coincido con quien ha sacado el tema, que no olvidan ni su gestión al frente del ministerio ni tampoco olvidan que traicionó usted a la carrera judicial cuando dejó en desamparo al juez Llarena.

Señora Delgado, tiene a todo el mundo en contra y ni siquiera creo que tenga a su favor al ministro de Justicia. De su parte está Sánchez, están los condenados por sedición, los independentistas y los abertzales; ya hemos visto el triste ejemplo de lo que se puede esperar de quien concurre a esta Cámara con el único aval del tiro en la nuca, espero que le conteste usted con la firmeza que requieren tan graves afirmaciones. Pero es que tampoco tiene usted el aval del Consejo General del Poder Judicial, le leo los informes. José Manuel Maza Martín, reúne los méritos y requisitos y ha avalado en consecuencia su idoneidad; don Julián Artemio Sánchez Melgar, reúne los méritos y requisitos y ha avalado en consecuencia su idoneidad; doña María José Segarra Crespo, reúne los méritos y requisitos y ha avalado en consecuencia su idoneidad; doña Dolores Delgado García, reúne los requisitos. ¿Cabe mayor varapalo y desprestigio concitar la unanimidad del Consejo General del Poder Judicial para que se retiren dos


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palabras: la palabra idónea y la palabra mérito de su informe? ¿Cabe mayor currículum que añadir al currículum profesional que usted nos ha resumido?

Señoría, en nuestra obligación nos corresponde también analizar si va a estar usted en condiciones de salvaguardar el principio de independencia al que hace referencia la Constitución, y al que hace referencia también la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando habla de que tan importante como la imparcialidad es la apariencia de imparcialidad en sí misma, y usted nos ha dicho que es un elemento adicional positivo el haber sido parte de un Ejecutivo y haber concurrido en unas listas electorales. No, señora Delgado, no es un plus, es un ataque a la apariencia de imparcialidad y a la imparcialidad en sí misma. ¡¿Cree usted de verdad, señora Delgado, usted que ha sido ministra, que esto cumple con la apariencia de imparcialidad que exige el Alto Tribunal Europeo?! ¿Cree usted de verdad que una persona que ha tenido que renunciar al acta de diputado para poder ser la candidata del Gobierno al puesto de fiscal general del Estado cumple con el requisito de apariencia de imparcialidad que exige el Tribunal Europeo? ¿Cree usted de verdad que una persona que hace apenas unas semanas recorría España dando mítines con el Partido Socialista cumple con la apariencia de imparcialidad que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Díganos de verdad lo que usted piensa y lo que hubiera dicho en el caso de que hubiera sido el Partido Popular el que hubiera propuesto una persona en sus circunstancias y en su situación.

Señora Delgado, voy terminando. Usted dijo: este Gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta la autonomía judicial y la de la Fiscalía. Ustedes han venido a asaltar la Fiscalía, no a darle órdenes; han venido a ocuparla, y en ese sentido nos van a tener ustedes en contra. Concluyo. Usted conoce las causas de la abstención, señora Delgado, que concurren en el artículo 28 que remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se va a tener que abstener usted en todas las causas en las que haya tenido conocimiento como ministra de Justicia, entonces, ¿para qué tensionar el Estado de derecho? ¿Para qué hacer chirriar los goznes del ministerio fiscal, de la Administración de Justicia, del Poder Judicial, para qué si se va a tener usted que abstener? Mi respuesta es bien sencilla: yo creo que el señor Sánchez la envía para todo lo contrario, lo cual es de una extrema gravedad. Y nuestro grupo estará vigilante y atento para que esto no suceda, porque, desde luego, señora Delgado, el riesgo que corre usted es que pase de ser una ministra reprobada a una fiscal recusada.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Arangüena Fernández.

El señor ARANGÜENA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Señora Delgado, es usted una jurista de reconocido prestigio, que ha desarrollado una carrera de servicio público con tesón, profesionalidad y brillantez, en un mundo marcadamente masculino, como el de las instituciones judiciales, y tiene usted no solo un currículum que yo calificaría, sin exagerar, de abrumador, sino un prestigio profesional fuera de toda duda. Por muchos que algunos se empeñen, ese prestigio no puede quedar manchado por aparecer en unas conversaciones de índole y contexto privado, obtenidas ilegalmente y, para más inri, cuando un informe de la UDEF ha reconocido que están manipuladas por un sujeto tan deleznable que no quiero ni nombrar, conversaciones respecto de las cuales ya dio cuentas ante esta Cámara y que además no han tenido ningún tipo de trascendencia judicial porque no podían tenerla. Su prestigio se mantiene incólume, a pesar de las barbaridades que han proferido hoy aquí los representantes de las ultraderechas. La avalan décadas de carrera profesional, en las cuales ha tocado usted -y esto es muy importante- ámbitos y materias que son centrales y estratégicas para el derecho penal del siglo XXI, como son el narcotráfico, la protección de menores y el medio ambiente, la receptación como precedente del actual blanqueo de capitales, la lucha contra el terrorismo nacional e internacional, la persecución de crímenes contra la humanidad o la cooperación en la función fiscal a nivel internacional.

La señora Delgado, también ha esbozado hoy aquí diversas propuestas que van en una línea reformista y modernizadora de la Fiscalía, que nos parecen adecuadas, desde la inaplazable reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en paralelo con un nuevo reglamento del ministerio fiscal, que entiende usted -a nuestro juicio acertadamente- que debería abordar de manera principal el reforzamiento de la autonomía de la Fiscalía, mejora de capacidades de autoorganización, formación, designación de cargos, carrera profesional, digitalización, ampliación de plantilla, etcétera. Los señores de las ultraderechas han criticado más que sus méritos, que son evidentes y diría que objetivos, su idoneidad


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desde un punto de vista subjetivo. Le atribuyen a usted aviesas intenciones, pero el problema es que la atribución de aviesas intenciones no puede formar parte de ningún juicio de mérito, capacidad e idoneidad, porque eso es tanto como predecir el futuro. Y los señores de las ultraderechas no están en condiciones de predecir el futuro, como demuestra el hecho de que don Albert Rivera fuera incapaz de predecir que su renuncia al centrismo acarrearía la práctica irrelevancia de su formación o que el señor Casado cometiera y siga cometiendo el mismo tipo de error a otro nivel. No me voy a extender aquí sobre la concurrencia estricta de los requisitos legales en el proceso de elección de fiscal general del Estado en el caso presente, porque absolutamente nadie discute que se estén cumpliendo escrupulosamente estos requisitos, siendo esa comparecencia parte de los mismos. Pero más allá de sus méritos objetivos y de la estricta observancia de las disposiciones que para su nombramiento exige nuestro ordenamiento jurídico, a las ultraderechas les importa bien poco que la señora Delgado sea idónea o no, lo que les importa es hacer ruido, cuanto más mejor, que es en lo que están desde que cayó el Gobierno del señor Rajoy. Nuestro ordenamiento jurídico establece un procedimiento para elegir al fiscal general del Estado y ese concreto procedimiento se está siguiendo y respetando escrupulosamente en el caso presente, y la señora Delgado, le pese a quien le pese, es una jurista de reconocido prestigio, con más de quince años de experiencia profesional y un currículum -lo reitero- abrumador.

En otros países hay otros sistemas, como nos exponía la señora Delgado. En Estados Unidos -país al que las derechas de este país toman tantas veces como referencia- el fiscal general del Estado es directamente el encargado de la justicia en el Gobierno y se sienta con el Gobierno, y eso que los padres fundadores del constitucionalismo americano estaban -si me permiten decirlo así- obsesionados con la división de poderes y con los checks and balances. ¿Saben ustedes a quién nombró el presidente Kennedy para el cargo de fiscal general? Pues a su hermano, Robert Kennedy. Esto en un país donde los presidentes nombran rutinariamente a los miembros del Supremo y que es un ejemplo de democracia, o al menos siempre lo ha sido hasta el presente. Existen otros países en los que el homólogo a nuestro fiscal general del Estado forma parte del propio Ejecutivo, por ejemplo, Inglaterra y Gales, países en los que no es baladí el hecho de que formen parte de la tradición jurídica y política anglosajona, igual de condicionada por la doctrina de la división de poderes y por los checks and balances que Estados Unidos. También hay países en los que la elección del fiscal general del Estado es preferentemente judicial o por designación del Ejecutivo. La fórmula elegida en nuestro país es un sistema híbrido que permite la participación de todos los poderes del Estado. En ese sistema nuestro, en la práctica, y como no puede ser de otra manera, todos y cada uno de los fiscales generales han tenido una mayor o menor sintonía con el Ejecutivo que los propuso, todos y cada uno de ellos. Y fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que más hizo por la autonomía e independencia de la Fiscalía, cuando en 2007 eliminó la posibilidad de cese unilateral por el Gobierno, cosa que me sospecho que no habría hecho el Partido Popular ni aunque gobernase doscientos años. (Aplausos). Y si a ustedes no les vale este sistema, lo que tienen que hacer es promover su transformación. El problema, señorías, es que la relación de nuestras derechas con la justicia es conflictiva ab initio, desde el momento en que esas derechas o ultraderechas son en buena medida -y quiero ser justo y ecuánime, y por eso digo solo en buena medida- herederas de un régimen no democrático, cuando resulta que no puede haber justicia sin democracia ni puede haber democracia sin justicia. (Aplausos). Y si en su origen político su relación con la justicia es conflictiva, en su desarrollo político lo es más, como tendré ocasión brevemente de concretar. (La señora Angulo Romero: Ya de la fiscal, si eso, mañana). Pero déjenme que comience por decirles la relación que tiene el líder Popular, don Pablo Casado, con el mundo del derecho, que algo parece que tiene que ver con la justicia. Titular de 17 de mayo de 2018 del diario El Mundo, que no se caracteriza por ser precisamente comunista ni bolivariano -abro comillas-: "Pablo Casado aprobó de golpe media carrera el curso que logró el escaño" -cierro comillas-. (La señora Angulo Romero: ¿Y Pedro Sánchez entonces?-La señora Vázquez Blanco: ¡Callando!). El señor Casado se sacó... (El señor Santamaría Ruiz: No es objeto de la comparecencia). El señor Casado se sacó el 70 % de la carrera de derecho en dos cursos y estudió su máster...(Protestas).

La señora PRESIDENTA: Por favor, respeten el turno de la intervención.

Señor Arangüena, céntrese usted en la comparecencia, le quedan dos minutos.

El señor ARANGÜENA FERNÁNDEZ: Sí, señoría, no quiero desviarme de la cuestión.

En todo caso, no están ustedes, señores del PP, para hablar de la independencia judicial o fiscal, como no lo están para hablar de corrupción ni de cloacas del Estado. (La señora Angulo Romero: ¿Y


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los ERE?). Bajo su Gobierno, la mísmisima cúpula del Ministerio del Interior organizó una policía política para espiar al señor Sánchez. (La señora Vázquez Blanco: ¡Anda, cállate!-Varios señores diputados: ¡Respeto!)

La señora PRESIDENTA: Señora diputada, por favor, guarde el decoro que corresponde a esta Comisión.

El señor ARANGÜENA FERNÁNDEZ: Si me lo permiten, la mayor muestra de su constante aspiración de controlar la justicia española y ponerla al servicio de sus intereses es el famoso tuit de don Ignacio Cosidó, su exportavoz en el Senado, en el que se jactaba de que en determinado movimiento de la judicatura iba a permitir a su partido -y cito literalmente- controlar la Sala segunda del Tribunal Supremo desde detrás, auténtico sueño del PP explicitado en un wasap. Y en aquel momento la señora Arrimadas declaró: Esto es gravísimo, se está poniendo en duda la credibilidad de la justicia española, aunque hoy, dado el cortejo de su partido al Partido Popular, podemos colegir que probablemente haya cambiado de criterio. Por cierto, cuando el señor Bal habla de incrementar el umbral del dolor democrático se diría que traduce inconscientemente su propio dolor democrático al haber quedado reducido su partido democráticamente a la insignificancia. (Aplausos.-La señora Angulo Romero: La señora Delgado se puede ir a dar un paseo mientras). Y en la antología de la carrera del PP por manipular el Poder Judicial destaco la reforma promovida contra todos y contra todo por el exministro Gallardón para controlar el Consejo General del Poder Judicial, Consejo cuya renovación está bloqueada.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Arangüena, por favor.

El señor ARANGÜENA FERNÁNDEZ: Sí, señoría, voy acabando.

Finalmente, insiste el señor Ortega Smith en que la Abogacía del Estado durante la etapa de la señora compareciente no respaldó la acusación de rebelión, pero es que el señor Ortega Smith no parece haberse enterado de que ese criterio era compartido por la práctica totalidad de los catedráticos de Derecho Penal y encima la sentencia del Tribunal Supremo respaldó la calificación de la Abogacía del Estado y no la que usted pretendía. En todo caso, me pregunto qué relación con la justicia o con cualquier atisbo de sentido de la ecuanimidad puede tener un partido cuyo portavoz en esta Comisión, el señor Ortega Smith, aquí presente, dijo en un plató televisivo aquella burda mentira e indecencia de que las Trece rosas, lejos de ser víctimas inocentes, como realmente fueron, torturaban, violaban y asesinaban vilmente. (Rumores).

Para finalizar, los méritos que he expuesto de la señora Delgado la avalan y la habilitan y se añaden al currículum que nos ha expuesto hoy aquí y que vuelvo a calificar de brillante, además de decir que es singularmente adecuado para el desempeño de un puesto en el que le deseamos el mayor de los aciertos, así como que fructifique ese empeño modernizador y reformista que ha expuesto hoy aquí.

Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arangüena.

Tiene la palabra la compareciente, la señora Delgado, para contestar a las preguntas que le han formulado las señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios. Muchas gracias.

La señora DELGADO GARCÍA (Candidata a fiscal general del Estado): Gracias, señora presidenta.

Agradezco todas las intervenciones, incluso las que han podido ser más críticas, aunque he de decir que no se han referido realmente al plan de actuación que he expuesto como candidata. Señorías, hay algo que creo que debo manifestar. No puedo compartir ni juicios de intenciones ni tampoco prejuicios. Hay que iniciar una labor para que esta en su caso pueda ser criticada y no antes, no antes. Aquí comparezco como fiscal, comparezco como candidata a fiscal general del Estado, y comparezco para que ustedes puedan controlar también la legitimidad en el ejercicio, la legitimidad que tendré asumiendo las responsabilidades como fiscal general del Estado. Me van a permitir que responda por orden de intervenciones.

La señora Vehí hacía referencia a reformas legislativas. Esto les compete a ustedes, al Poder Legislativo. En el curso de mi intervención he manifestado que la Fiscalía contribuirá, como no puede ser de otra manera, con datos y matizaciones sobre su actuar y con las informaciones de las que, precisamente por la capilaridad que tiene el ministerio fiscal territorialmente y por la variedad de los asuntos en los que interviene, tengamos conocimiento. Esto se oferta -así se hace- memoria tras memoria de la Fiscalía General del Estado: intentar colaborar y contribuir a hacer una mejor justicia. A ustedes les corresponde


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hacer buenas leyes y nosotros, en la medida en que podamos informar para que esas decisiones sean mejores, siempre lo haremos. Es lo que decía antes sobre los distintos poderes del Estado, que tenemos una finalidad común, que no es otra que mejorar la vida de las personas, la ciudadanía y el servicio público que supone la justicia. Me permitirán -esto lo hago extensivo porque me han preguntado por distintos procedimientos- que no entre en aquellos procedimientos que están en este momento en tramitación, por dos razones. La primera, porque en su caso debería conocerlos y la segunda, que es la más importante, porque aquellos procedimientos que están en tramitación merecen la reserva adecuada que un fiscal tiene por obligación.

Respecto a colectivos vulnerables -ha hablado usted del derecho a la vivienda-, he querido dejar muy claro en mi intervención que el ministerio fiscal tiene unas atribuciones constitucionales; son atribuciones que van más allá de la órbita penal; son atribuciones en muchos casos tuitivas. Para nosotros, para el ministerio fiscal, en su horizonte está la protección de aquellos colectivos que son más vulnerables y siempre estaremos ahí, desde la acción que corresponde y compete al ministerio fiscal, porque somos un ministerio fiscal constitucional, con atribuciones constitucionales y ese va a ser mi empeño: el desarrollo de esas funciones para contribuir a un Estado social y democrático de derecho.

La señora Pozueta ha hecho referencia -se ha ido, no la veo- a la Audiencia Nacional, un órgano en el que yo he estado veinticinco años. La Audiencia Nacional tiene, ha tenido y tendrá una actuación estrictamente legal, estrictamente jurídica, siguiendo los parámetros de los derechos humanos. Y lo seguirá haciendo. Durante los veinticinco años en los que he trabajado en la Audiencia Nacional en materia, primero, de narcotráfico y, después, de terrorismo, les puedo asegurar con absoluta certeza y con absoluta seguridad que se han respetado los derechos y las libertades de los ciudadanos, los derechos procesales, la presunción de inocencia. Lo digo aquí y lo digo ahora, y cuando ha existido alguna duda se ha incoado el oportuno procedimiento y se ha remitido al tribunal de instancia, al tribunal competente territorialmente.

Señor Legarda, muchísimas gracias. Sus palabras me animan para trabajar en la línea que he indicado, legitimándome a través del ejercicio, legitimando la función a través del trabajo, con transparencia, con claridad y, sobre todo, con el sentido del servicio público. Lo he querido exponer en el curso de mi intervención y, lejos de considerar que la política es tóxica o que la política no es adecuada -lejos de eso-, he querido señalar que ustedes como Poder Legislativo, ustedes -todos y cada uno de ustedes- como representación del pueblo, de la soberanía popular; el Ejecutivo, desde su ámbito y desde su espacio, y el Judicial, en el que el ministerio fiscal está integrado con autonomía, trabajamos para la ciudadanía. Y ese es mi empeño porque soy, ante todo, servidora pública; ante todo, desde todos los ámbitos. Por eso hay países de nuestro entorno, como reseñaba el señor Arangüena que consideran que es un mérito haber sido ministra o ministro de Justicia porque ese cargo, esa responsabilidad, da una idea amplia y global de la justicia y lejos de ser una debilidad, repito, es una fortaleza. Pero eso lo puedo decir ahora. Les conmino a que ustedes me llamen cuantas veces estimen oportuno para dar aquellas explicaciones aquí, en la sede de la soberanía popular, de cómo se desarrolla mi trabajo; cómo se respeta la independencia; cómo voy a trabajar con transparencia y autonomía.

El señor Alonso-Cuevillas, que tampoco está, ha hecho algunas consideraciones. Ha hablado también de la legitimación del ejercicio. Ha hecho referencia al artículo 324 y, respecto a este artículo, ha hecho una advertencia; la advertencia es que no se pueden eternizar los procedimientos. Cierto es, pero es que en este caso el artículo 324 hace recaer sobre el ministerio fiscal el control de unos plazos que no controla. El ministerio fiscal no es el protagonista de la investigación, no controla los plazos de investigación y, por tanto, el artículo 324, tal como está establecido en nuestro sistema procesal en este momento, es absolutamente pernicioso.

Es cierto que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal es antigua. Es una ley de 1882 parcheada y requiere sobre todo una homologación con las de países de nuestro entorno en algo tan importante como la investigación para el ministerio fiscal; y ello por una razón, porque necesitamos un juez realmente de garantías e independiente completamente de la investigación. Eso, señorías, es fundamental para una investigación real, certera y, sobre todo, independiente.

El señor Bal, entre otras cuestiones, ha hablado de despolitización y de anomalía democrática por mi candidatura a la Fiscalía General del Estado. Ha hablado también del juicio o no de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial, ha hablado de transparencia, de independencia, de autonomía y también ha hecho referencia a mis palabras sobre el régimen penitenciario. Tenemos el sistema -lo he intentado explicar, aunque seguramente debería profundizar más- que el constituyente de 1978 determinó. Es un


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sistema en el que la propuesta de nombramiento corresponde al Gobierno, y una vez nombrado por el rey y publicado, se hace efectivo. Este sistema es el que tenemos después desarrollado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es un sistema bueno, pero podemos discutir sobre los sistemas. Como les he dicho, hay cuatro sistemas más o menos definidos en nuestro entorno de países democráticos. Nosotros tenemos este. Señoría, lo importante no es el sistema que tenemos; lo importante es cómo se ejercita el cargo, cómo se desarrolla la responsabilidad. Esto es lo importante: cuál es la estructura, cuál es el sistema en el desarrollo de esa responsabilidad y cómo seamos capaces de trabajar para garantizar la independencia, la autonomía y la transparencia. Realmente, creo que nuestro sistema es un sistema bueno. Me va a permitir que le diga que las relaciones entre el Gobierno y los poderes públicos están reguladas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Desde el artículo 8 hasta el artículo 11 se recoge el sistema de comunicación entre la Fiscalía y los poderes públicos: el Gobierno, el Parlamento, las comunidades autónomas, las asambleas de las comunidades autónomas... Lo importante es que cumplamos con la transparencia en las comunicaciones. Yo lo hice, y creo que hay que comprometerse en que esas relaciones sean transparentes, explicables, motivadas y por escrito; eso es lo que hay que hacer.

Respecto de la dependencia jerárquica -también ha hecho referencia usted, señor Bal, al régimen disciplinario, que ahora le explicaré en qué consiste-, es un principio que funciona ad intra, es decir, hacia dentro de la carrera fiscal, es una herramienta, no una dependencia jerárquica del Ejecutivo. Está previsto como herramienta para poder garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, para que, independientemente del territorio donde viva un ciudadano o las condiciones de una determinada persona, la aplicación de la ley sea igual por la unidad de criterio y actuación del ministerio fiscal.

El ministerio fiscal tiene también contrapesos, porque nos rige un principio que es transversal completamente: el principio de legalidad. Cuando un miembro del ministerio fiscal recibe una orden o una instrucción que considera que puede ser contraria a la ley o simplemente disiente de ella -no hace falta que considere que sea contraria-, tenemos el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que no solamente regula esa posibilidad de disentir del criterio del superior, sino que se resuelve democráticamente a través del sistema establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; un órgano colegiado es el que va a resolver esa posible discrepancia entre el inferior y el superior.

Tenemos además algo que es fundamental, y es que una vez nombrado el fiscal o la fiscal general del Estado sus causas de cese son tasadas. Es decir, el Gobierno no puede cesar a la fiscal o al fiscal porque quiera, a su propio antojo o voluntad, o porque a lo mejor no se haya sometido a sus requerimientos, no puede hacerlo. El fiscal o la fiscal general del Estado tiene un mandato por un tiempo determinado. Por lo tanto, solamente en ese nombramiento hay realmente una relación con el Ejecutivo. El fiscal general del Estado o la fiscal general del Estado no tiene ataduras y tampoco debe tener tentaciones de complacencia, por ejemplo, con el Gobierno para volver a ser nombrado o nombrada. ¿Por qué? Porque una vez pasados los cuatro años de mandato no se puede renombrar nuevamente a esa fiscal o a ese fiscal. Por lo tanto, tenemos normas, el sistema tiene normas que garantizan la independencia. Pueden no confiar en esta candidata, pero confíen en el sistema, confíen en el estatuto, confíen en la ley y, sobre todo, confíen en la Constitución. Creo que es importante trasladar a la ciudadanía una idea: tenemos una buena institución, la Fiscalía es una buena institución. Es una institución que viene del pasado, es una institución que trabaja duramente en el presente y es una institución de futuro, de un futuro basado en la ley y en la Constitución.

Respecto al régimen disciplinario de los fiscales, tengo que decirle que se tiene que actualizar para que los fiscales tengan derechos que de momento no les son reconocidos. Hay que actualizarlo constitucionalmente, hay que dotarlo de mayores derechos en el ejercicio y en el desarrollo de la defensa ante un expediente disciplinario. Es justamente lo contrario, señor Bal -me va a permitir que se lo diga así-, de lo que usted estaba diciendo antes. Se trata de dotarlo de garantías en el ejercicio de defensa ante un expediente disciplinario.

Señora Telechea, la Fiscalía actúa conforme a la legalidad -lo he dicho a lo largo de mi intervención-, como un principio que no es que sea transversal, es que es el alma, es la esencia de la actuación del fiscal; lo dice la Constitución, lo dice la ley y tiene que ser así. La Fiscalía actúa con esa independencia, con esa autonomía, con esa imparcialidad, guiada por el principio de legalidad y no arbitrariedad. La Fiscalía no decide, la Fiscalía tiene actuaciones que se someten a los jueces, a los tribunales. Como cualquier letrado o cualquier otro actor que participa de una manera muy activa -como es la actuación de la Fiscalía-, nuestra forma de hablar o de expresarnos ante los tribunales es mediante nuestros escritos y los recursos, en el caso de que no se nos haya dado la razón en un determinado tribunal o ante un juez concreto, y es así como se expresa la Fiscalía, siempre con la herramienta de la ley.


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No voy a opinar sobre causas concretas que están, lo he dicho antes y lo reitero ahora, en tramitación.

Se ha referido usted a la violencia sobre la mujer, a la comarcalización. Esto corresponde, como bien sabe usted, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Bien es cierto, y lo repito, que por la experiencia que nosotros aportamos y los datos que obtenemos por la centralización de las materias que tenemos podemos ayudar y contribuir a que esas decisiones que se tienen que tomar sean más ajustadas a la realidad que se está produciendo en cuanto a la actuación del ministerio fiscal. Lo he dicho en mi intervención: el ministerio fiscal tiene muchísima información, pero sobre todo de la praxis judicial, jurídica, de los hechos y de la realidad que nos encontramos, y esta información tiene que mejorar la actuación de la justicia y, entre esos casos, en la de la violencia sobre la mujer.

Señor Asens, soy la tercera mujer candidata a fiscal general del Estado: primero fue Consuelo Madrigal, después mi predecesora María José Segarra y ahora soy yo. Perspectiva de género, siempre; también debe ser transversal tanto en la actuación de la Fiscalía como en la de los órganos judiciales. La perspectiva de género nos marca un antes y un después y es algo que tenemos que asumir. Creo que es muy importante la formación, por ejemplo, en perspectiva de género, en género. Es esencial lo que la Fiscalía está realizando a través del Centro de Estudios Jurídicos -y me consta que mi predecesora así lo hizo-, es una magnífica labor en cuanto a la formación de los fiscales y de otros actores.

La Fiscalía tiene retos, pero no puedo hablar -ni me corresponde- de la politización, de la judicialización, porque es un debate que quizás les competa a ustedes; a mí solamente me compete decir que la Fiscalía va a actuar conforme a los principios de legalidad, de transparencia, de motivación y de autonomía. Esto es lo que yo, como candidata a la Fiscalía General del Estado y, en su caso, como fiscal general del Estado debo decir.

Las discrepancias ideológicas son claras, son evidentes. El propio Tribunal Constitucional ha señalado hace realmente poco tiempo que la ideología es innata y connatural en las profesiones y especialmente en la profesión jurídica y que esto no conlleva contaminación para decidir determinados pleitos, salvo que se demuestre que existe un interés directo o indirecto con el pleito concreto, con los hechos, con las personas, etcétera, pero el mero hecho de tener una ideología u otra no nos inhabilita para el desempeño de cargos públicos.

Señor Asens, le vuelvo a decir lo mismo, las causas que están en tramitación no pueden ser objeto de mi referencia a ellas.

Señor Ortega Smith-Molina, el ministerio fiscal -se lo reitero- actúa conforme al principio de legalidad. La dependencia jerárquica es ad intra. Esa jerarquía garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. No he pretendido aludir a nadie en el discurso; lo único que he pretendido ha sido exponer las líneas generales de una institución como la Fiscalía General del Estado, conformada -como decía- por 2553 fiscales, hombres y mujeres, comprometidos con el servicio público, que trabajan a veces en unas condiciones muy complicadas y no por ello lo hacen en menor intensidad.

Quiero decirle que mis antecesores, el señor Maza y el señor Sánchez Melgar, tampoco fueron ratificados por unanimidad en el Consejo General del Poder Judicial. Repito que se trata de requisitos objetivos, porque así lo establece el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No debemos estigmatizar, en cualquier caso, la política. Creo que la etapa como ministra de Justicia enriquece mi perfil profesional. Mi trayectoria en el ministerio me avala y he respetado en todo momento la independencia del ministerio fiscal.

Señor Santamaría, no había terminado. No había concluido, me faltaba este turno. Disculpe si mi tono no le ha gustado, si le ha parecido un tono agrio, si le ha parecido fuera de lugar, realmente le ruego me disculpe. Quizá he sido vehemente en la exposición de este programa, porque me apasiono con la Fiscalía. La Fiscalía ha sido mi carrera, es mi carrera y espero que siga siendo mi carrera por muchos años, así que discúlpeme la vehemencia.

Ha utilizado usted en algún momento el término recusación y quiero recordarle que al fiscal no se le puede recusar. Se recusa a los jueces, y los fiscales lo que hacen es abstenerse o no, pero no cabe la recusación para el ministerio fiscal.

Con relación al asunto al que ha hecho referencia, el día 10 de octubre de 2018, a petición propia, hice una comparecencia en esta misma Comisión de Justicia pormenorizada, exhaustiva, completamente expresiva del asunto al que usted ha hecho referencia. Como bien decía el señor Arangüena, hay unas consideraciones de ilicitud en determinados contenidos; después de esa intervención un juez ha dictado resoluciones y después de esa intervención hay informes periciales policiales que se refieren a lo que yo


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entonces dije y que se ha adelantado. Así que no voy a entrar en ese tema, señor Santamaría, porque creo que es un tema en el que no deberíamos entrar ni usted ni yo.

Señor Santamaría, quisiera decirle una cosa. Existen causas de abstención para el ministerio fiscal que son las mismas que para los jueces, y específicamente para la fiscal general del Estado en el artículo 28 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo es clara; no le voy a recordar la reciente en relación con el señor Ollero, que fue diecisiete años diputado del Partido Popular, es decir, en distintas legislaturas. Dice el Tribunal Constitucional: "La ideología de un juez no computa para una recusación, salvo que se haya reflejado en actos concretos". Es decir, es de interpretación restrictiva. En el mismo sentido, en relación con el señor Pérez de los Cobos, que entonces presidía el Tribunal Constitucional, quien durante un tiempo compatibilizó esa Presidencia con su afiliación al Partido Popular, dijo literalmente el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, que había necesidad de que las dudas estén objetiva y legalmente justificadas; no bastan meras sospechas. Esto es bueno que lo diga el Tribunal Supremo también. ¿Por qué es así?, ¿por qué tiene o debe ser así? Pues porque la modificación de los tribunales, la conformación, atenta contra el juez ordinario natural, y esto es un derecho de la ciudadanía. Pero en cualquiera de los casos, quiero decirle que, independientemente de que existan causas de abstención y recusación, en el caso de los jueces no puede haber causas generales de abstención, igual que no hay causas generales penales. Se trata de caso a caso. Habrá de valorarse si procede o no procede una determinada abstención. Se trata exactamente de eso, caso a caso, señor Santamaría. Siendo yo ministra de Justicia, se aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de esta ley orgánica, en su artículo 351. El artículo 351, que se reforma -además, se impulsaron los trabajos parlamentarios desde el Ministerio de Justicia-, establece una causa de abstención y recusación que habrá de ser estudiada y analizada en cuanto a sus aspectos objetivos, subjetivos y también, señor Santamaría, temporales. Se trata de gestionar esos supuestos, supuestos de abstención, y se verá caso a caso, y en ese momento se decidirá si el fiscal o la fiscal general del Estado debe o no abstenerse, teniendo en cuenta, señor Santamaría, que el fiscal o la fiscal general del Estado interviene -que es lo que dice el precepto- en contadísimos asuntos, excepto que los avoque para sí. Con lo cual, es mucho más complicada la abstención que usted ha señalado.

Quisiera decirle también que la actuación de esta fiscal, de esta candidata a dirigir esta institución de la Fiscalía General del Estado, se va a atener siempre al principio de legalidad, al principio de imparcialidad, al principio de transparencia, porque tenemos un sistema que garantiza esa autonomía del ministerio fiscal. Eso es lo que voy a respetar y eso es lo que voy a hacer.

Le agradezco, señora Arangüena, la intervención que ha tenido. Agradezco que haya comprendido esta labor que yo he querido desgranar y desarrollar. Y espero realmente que ustedes aprecien la legitimación de mi mandato a través de su ejercicio.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Delgado.

Con las intervenciones desarrolladas durante esta tarde se da por evacuado el trámite de comparecencia previsto en el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en los términos que resultan de las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios en esta sesión. Así se comunicará a la presidenta del Congreso para su traslado al Gobierno.

Señora Delgado, le deseo éxitos en su gestión y en el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado. Nos veremos, sin duda, en los trabajos propios de esta Comisión. Mucha suerte.

Y me van a permitir agradecer a todas las señoras y señores portavoces el buen desarrollo de la sesión que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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