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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 10, de 19/02/2020
cve: DSCD-14-PL-10
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 10
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 9
celebrada el miércoles,
19 de febrero de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página5)

Palabras de la Presidencia ... (Página26)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la delimitación efectuada por parte de Marruecos de su frontera marítima afectando a Canarias y al Sáhara Occidental. (Número de expediente 172/000001) ... (Página26)

- Del Grupo Parlamentario Plural, sobre las relaciones económicas Cataluña-España. (Número de expediente 172/000006) ... (Página32)

- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña y en otros posibles territorios de España en los que, mediante un ejercicio fraudulento de la competencia transferida, la Administración autonómica aplica fraudulentamente dicha legislación con el fin de evitar la eficacia de las sentencias condenatorias y conseguir indultos encubiertos. (Número de expediente 172/000007) ... (Página39)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para la despolitización de los órganos constitucionales. (Número de expediente 172/000008)... (Página44)


Página 2




SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas... (Página5)

Del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Ha renunciado el Gobierno a reducir el desempleo que sufren más de 3 millones de españoles? (Número de expediente 180/000025) ... (Página5)

De la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Va usted a velar por que las instituciones del Estado estén al servicio de todos los españoles? (Número de expediente 180/000031) ... (Página7)

De la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: ¿Cuáles son los próximos pasos que piensa dar el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante el debate de investidura? (Número de expediente 180/000026) ... (Página8)

Del diputado don Ignacio Garriga Vaz de Concicao, en sustitución del diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario VOX, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Quién dirige realmente la política del Gobierno? (Número de expediente 180/000024) ... (Página9)

Del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030: ¿Tiene claras el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 las prioridades de su Ministerio con respecto a la "Dirección General de Políticas Palanca"? (Número de expediente 180/000027) ... (Página11)

De la diputada doña Margarita Prohens Rigo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Igualdad: ¿Considera que el Gobierno ha actuado de forma negligente en el caso de la explotación sexual de menores tuteladas en Baleares? (Número de expediente 180/000029) ... (Página12)


Página 3




De la diputada doña Mireia Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX, que formula al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger a los menores bajo tutela pública que son objeto de abusos sexuales? (Número de expediente 180/000023) ... (Página13)

Del diputado don Ismael Cortés Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, que formula al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030: ¿Qué balance hace del trabajo del Gobierno en este primer mes en materia social? (Número de expediente 180/000032) ... (Página15)

Del diputado don Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: ¿Entiende la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se puede considerar una 'transición justa' la política consistente en destruir empleos industriales antes de crear otros empleos alternativos, y en provocar simultáneamente el doble de emisiones de gases contaminantes, exentas de pagos por CO2, que las centrales térmicas de Lada y Soto de la Barca que ordenó cerrar arbitrariamente? (Número de expediente 180/000020) ... (Página16)

De la diputada doña María Elvira Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿Qué escenario contempla el Gobierno para la elaboración de los próximos presupuestos? (Número de expediente 180/000028) ... (Página17)

Del diputado don Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural, que formula a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital: ¿Cuándo van a empezar a implementar medidas eficaces para el control de precios de los alquileres? (Número de expediente 180/000033) ... (Página18)

De la diputada doña Tristana María Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: ¿Considera el Gobierno que, aun con un notable retraso, se ha dado una completa solución a los problemas de las empresas electrointensivas? (Número de expediente 180/000030) ... (Página20)

Del diputado don Joan Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones prevé el Gobierno español para combatir la morosidad entre empresas? (Número de expediente 180/000036) ... (Página21)


Página 4




De la diputada doña Josune Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública: ¿Ha implantado el Gobierno algún plan de euskaldunización respecto de los funcionarios de la Administración General del Estado con presencia en Euskadi? (Número de expediente 180/000035) ... (Página22)

De la diputada doña Isabel Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: ¿Respetará el autogobierno de Navarra y nuestra competencia histórica en materia de Derecho Civil, retirando el recurso de inconstitucionalidad a Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo? (Número de expediente 180/000021) ... (Página24)

De la diputada doña María Teresa López Álvarez, del Grupo Parlamentario VOX, que formula al señor ministro del Interior: ¿Va a dejar de fomentar el Gobierno la inmigración ilegal? (Número de expediente 180/000022.) ... (Página25)

Palabras de la Presidencia... (Página26)

La Presidencia informa del fallecimiento de don Fernando Morán López y manifiesta el sentimiento del Congreso de los Diputados y el reconocimiento por su trabajo por España.

Interpelaciones urgentes... (Página26)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la delimitación efectuada por parte de Marruecos de su frontera marítima afectando a Canarias y al Sáhara Occidental ... (Página26)

Formula la interpelación urgente la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (González Laya).

Replica la señora Oramas González-Moro y duplica la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Del Grupo Parlamentario Plural, sobre las relaciones económicas Cataluña-España ... (Página32)

Formula la interpelación urgente el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado).

Replica el señor Bel Accensi y duplica la señora ministra de Hacienda.


Página 5




Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña y en otros posibles territorios de España en los que, mediante un ejercicio fraudulento de la competencia transferida, la Administración autonómica aplica fraudulentamente dicha legislación con el fin de evitar la eficacia de las sentencias condenatorias y conseguir indultos encubiertos... (Página39)

Formula la interpelación urgente el señor Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez).

Replica el señor Ortega Smith-Molina y duplica el señor ministro del Interior.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para la despolitización de los órganos constitucionales... (Página44)

Formula la interpelación urgente el señor Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Justicia (Campo Moreno).

Replica el señor Bal Francés y duplica el señor ministro de Justicia (Campo Moreno).

Se suspende la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON PABLO CASADO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿HA RENUNCIADO EL GOBIERNO A REDUCIR EL DESEMPLEO QUE SUFREN MÁS DE 3 MILLONES DE ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000025).

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.

Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno, conforme al orden remitido por el mismo.

Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Señor Casado.

El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, usted bloquea hasta la verdad. Por eso, ayer tuvimos que recurrir a un juzgado de guardia para que no se destruyan las pruebas de la reunión entre el señor Ábalos y la ministra de la dictadura venezolana. Parece que el juez ha encontrado indicios de delito. Así que, antes de que nos enteremos por la justicia, déjese ya de mentiras y cuente lo que saben de los vínculos de su Gobierno con el régimen de Maduro. La paradoja que hay en España es que, mientras que los gerifaltes chavistas traen maletas y dinero a España, la inversión internacional se desploma un 80 % desde que usted protagonizó una moción de censura. Y lo mismo pasa con el empleo: desde que usted es presidente ya hay más parados en España. Y lo más lamentable es que en sus previsiones económicas ya han tirado la toalla, reconocen que no podrán bajar el paro en los próximos años. Por eso le pregunto: ¿Ha renunciado usted a rebajar el paro que sufren más de tres millones de españoles? (Aplausos).


Página 6




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Casado.

Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias, señora presidenta.

Claro que no, no hemos renunciado, señor Casado, ni a crear empleo ni a reducir el paro ni tampoco a eliminar, por ejemplo, el despido por baja médica que recogía la reforma laboral del Partido Popular y que ayer precisamente derogamos en el Consejo de Ministros. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Casado.

El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, sus recetas económicas son tan creíbles como sus promesas electorales, y encima proponen las mismas recetas fracasadas que nos llevaron a la peor crisis económica de nuestra historia: más despilfarro, más déficit y más impuestos.

Pero el Partido Popular es un partido de Estado y también de Gobierno, aunque estemos temporalmente en la oposición. Por eso el lunes le ofrecí pactar los Presupuestos Generales si rompe con los independentistas, una oferta, por cierto, a la que usted no ha contestado. Hoy tiene oportunidad de hacerlo, porque ya no tiene excusa. Usted eligió libremente a sus socios para la investidura, pero si ahora elige otra vez a los mismos para los presupuestos es porque quiere. ¿O cree que al señor Torra le importan los parados en España, o al señor Otegi los agricultores y ganaderos, o al señor Junqueras los pensionistas o los autónomos? Ya lo dijeron aquí, les importa España un comino. Y parece que a usted también si acepta una mesa de autodeterminación con un inhabilitado, o reformar el Código Penal para indultos por la puerta de atrás, o la politización de la Fiscalía General a cambio de unos presupuestos para seguir en la Moncloa.

Ahora todo el mundo sabe que usted tiene otra alternativa, así que si quiere abandonar el extremismo, si quiere volver a la centralidad, anuncie hoy mismo que rompe con los independentistas y siéntese con nosotros a pactar esos acuerdos de Estado que le he ofrecido. Deje de reservar el diálogo como premio a la minoría radical y siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. (Rumores). Aún está a tiempo de rectificar, y si lo hace tendrá nuestra mano tendida. Es la única que puede evitar que usted caiga al vacío. Créame, que yo no miento. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Casado, no sé muy bien cuál era el objetivo de la pregunta, porque no ha hablado de empleo ni tampoco de crecimiento ni de la reducción de deuda que vio ayer. Le voy a dar algunos datos, más que nada para que sepa usted exactamente cuál es el estado actual de la economía española. Desde que llegamos al Gobierno en junio de 2018 se han creado 622?800 nuevos puestos de trabajo. En el último trimestre de 2019, señor Casado, se alcanzó el mayor número de ocupados desde el año 2008. El 55 % del empleo creado en el último año y medio es femenino, es decir, nunca antes ha habido tantas mujeres trabajando en España. EL 88 % del empleo creado con este Gobierno al frente es indefinido. La tasa de paro, efectivamente, sigue siendo alta, pero está en el 13,8 % en el cuarto trimestre de 2019, la menor desde el año 2008. Y eso lo hemos hecho subiendo el salario mínimo interprofesional a 950 euros y lo hemos hecho también, señor Casado, aumentando el crecimiento en el último trimestre del año 2019 al 0,5 %, mientras que la economía crecía al 0,1 % o economías tan importantes como la alemana se mantenían planas en el 0 %. Por tanto, señor Casado, la economía española crece y se crea empleo. (Varios señores diputados: No). Esto usted lo sabe. Usted está en la bronca y en la falacia. Yo lo que le pido es que colabore y abandone el catastrofismo.

Señor Casado, tenemos cuatro años por delante de legislatura, cuatro años de Gobierno. ¿No se le va a hacer a usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo durante estos próximos cuatro años? Yo le tiendo la mano para llegar a los acuerdos que necesita España en el ámbito de la renovación de los órganos constitucionales. (Risas). Abandone el bloqueo, señor Casado, céntrese, haga una oposición leal, útil a los españoles y desde la discrepancia racional y razonable pero también desde el enorme sentido de Estado que necesita este país del principal partido de la oposición. (Aplausos).


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- DE LA DIPUTADA DOÑA INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿VA USTED A VELAR POR QUE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO ESTÉN AL SERVICIO DE TODOS LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/0000031).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

La señora ARRIMADAS GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señor Sánchez, el 75 % de los españoles desconfía de las instituciones políticas, según el Eurobarómetro. Los ciudadanos exigen cada vez más que las instituciones pagadas con dinero público estén al servicio de todos los españoles, y no al servicio del Gobierno de turno. Mi pregunta es: ¿Cree usted que sus nombramientos al frente de Radiotelevisión Española, del CIS, de la Fiscalía General o de la Agencia EFE persiguen el interés general o solo persiguen su interés personal?

La señora PRESIDENTA: El señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias, señora presidenta.

Gracias, señora Arrimadas. Simplemente, quiero decirle que este Gobierno pone las instituciones públicas al servicio de los españoles (protestas) no por una cuestión de convicción, sino porque cree realmente que las instituciones son de los españoles y, por lo tanto, tienen que estar al servicio de todos los españoles y de todas las españolas. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Arrimadas.

La señora ARRIMADAS GARCÍA: ¡Seguro que estaba usted pensando en el interés general cuando en Radiotelevisión Española se cargó el concurso público para intentar convertirla en tele-PSOE! ¡Seguro que pensaba usted en el interés general cuando puso al frente del CIS a un señor con cuarenta años de militancia en el Partido Socialista, o cuando en Correos enchufó a su ex jefe de gabinete, o cuando en Paradores puso a su ex secretario de organización, o cuando en la Fiscalía General usted puso a una señora diputada del Partido Socialista que pasó de un día para otro de ser ministra de Justicia a ser Fiscal General del Estado! ¡Seguro que pensaba usted en los españoles, señor Sánchez, cuando acaba de fulminarse al presidente de EFE, que decía que esta no podía ser la agencia de noticias del Gobierno! Por cierto, a los que más afectan estos dedazos y estas decisiones es a los profesionales de estas instituciones. Evidentemente, les perjudica, porque ellos sí persiguen el interés general. Además, usted ha batido el récord de enchufados: ha aumentado un 40 % el número de altos cargos, un 37 % el número de asesores. ¡Vamos, con usted de presidente, la mejor forma de salir del paro en España es tener un buen carné del Partido Socialista!

Pero, por desgracia -y lo más grave-, la justicia no se escapa a sus ansias de poder y de control. Estos días le vemos rogándole al Partido Popular que se repartan ya, por favor, los jueces, como llevan haciendo ustedes cuarenta años, y a lo que, por supuesto, se han sumado alegremente los señores de Podemos. Y, señorías, nosotros nunca vamos a participar de ese pasteleo. Adelantándome a su respuesta: no, no lo hacemos ahora con diez escaños, como no lo quisimos hacer con cincuenta y siete o con treinta dos. Por eso, hemos registrado una ley para reformar el criterio de selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que sean los jueces los que elijan a los jueces, para que los políticos dejen de meter las manos en la justicia.

Señor Sánchez, le invito a que apruebe nuestra reforma y, además, a que siga con los concursos públicos que nosotros hemos exigido para todas estas instituciones, porque, señor Sánchez, España no es un botín a repartirse. Ya es hora de que ustedes dejen de hacerlo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Arrimadas.

Señor presidente del Gobierno.


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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez PérezCastejón): Muchas gracias, señora presidenta.

Gracias, señora Arrimadas. Usted habla de meritocracia. ¿Qué mérito han acumulado ustedes para pasar de cincuenta y siete escaños a diez escaños en cuestión de meses? (Protestas.-Aplausos). Hágaselo mirar, señora Arrimadas.

La pregunta que usted ha planteado es si este Gobierno pone las instituciones al servicio de los españoles. Y la pregunta es qué significa eso, qué significa poner las instituciones al servicio de los españoles. A mi juicio, poner las instituciones al servicio de los españoles significa ponerlas, por ejemplo, al servicio de la ejemplaridad que necesitan y demandan los españoles de sus cargos públicos, de sus cargos políticos, y no pactar con aquellos que tienen la Púnica, la Gürtel allí donde gobiernan y donde ustedes lo están haciendo con ellos. (Protestas.-Varias señoras y señores diputados: ¡Los ERE, los ERE!).

La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Poner las instituciones, señoría, al servicio de los españoles y españolas es ponerlas al servicio de la tolerancia, del respeto a las minorías y a la diversidad, y no como aquellos con los que ustedes gobiernan en muchas comunidades autónomas, que cuestionan, por ejemplo, simplemente, el sentirse distinto y sentirse homosexual (protestas); lo cuestionan diciendo que es una enfermedad, como hace, por ejemplo, la ultraderecha. Poner las intenciones públicas al servicio de la gente, de todos los españoles y españolas es ponerlas al servicio de la seguridad de las mujeres, y no banalizar la violencia de género, como hacen aquellos partidos políticos con los que ustedes están pactando en distintos territorios. (Aplausos). Poner las instituciones, señoría, al servicio de todos los españoles es ponerlas al servicio de la no discriminación por sexo, raza, religión o cualquier otra consideración. Y, desgraciadamente, señora Arrimadas, eso es lo que está haciendo su partido cuando pacta con el Partido Popular y con la ultraderecha en Murcia, en Andalucía y en Castilla y León. (Rumores).

Le diré una cosa, señoría: Tenemos cuatro años por delante, cuatro años de Gobierno, cuatro años de legislatura. Sean ustedes un partido de centro, no un partido que acompaña a la derecha y a la ultraderecha. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.

? DE LA DIPUTADA DOÑA CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: ¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS QUE PIENSA DAR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE EL DEBATE DE INVESTIDURA? (Número de expediente 180/000026).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos.

La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Gracias.

Señora vicepresidenta, toda la nación se pregunta, completamente abochornada, por sus intenciones de reformar el Código Penal para rebajar el castigo a los delitos contra la democracia. En unas declaraciones recientes usted dijo que el Tribunal Supremo les había mandado un mensaje, es decir, usted señaló al Supremo como inductor de esa rebaja democrática. ¿Puede usted explicarme los detalles de ese sorprendente mensaje? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Álvarez de Toledo.

Señora vicepresidenta primera.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.


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Señora Álvarez de Toledo, me ha cambiado la pregunta. Tendría todo el derecho a rechazarla, pero la voy a admitir. (Varios señores diputados: ¡Oooh!-Risas).

Mire, este es un Gobierno reformista que va a tomar decisiones en la dirección justo contraria a todos los problemas que ustedes han acumulado cuando han gobernado este país. Han hecho de la crisis económica una crisis social, una crisis territorial, una crisis de estabilidad, y a eso vamos a responder durante cuatro años, también a la reforma del Código Penal. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez de Toledo.

La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Señora Calvo, la crisis son ustedes. También ha dicho que Venezuela no le importa a nadie, en célebre sentido socialista de la compasión y la solidaridad. Anoche ?¿verdad, señor Ábalos?? descubrieron que sí importa, importa a la justicia y a la ley. A ustedes no les importa, porque desprecian a ley e insisten en alternar con delincuentes allí y aquí. Y será que España tampoco les importa a ustedes nada.

Yo quiero explicar hoy por qué van a reformar el Código Penal, que es un asunto importante. Ustedes quieren reformar el Código Penal para beneficiar a una persona concreta, a un hombre que confunde el diálogo con la claudicación ante el separatismo; a un hombre que se dice de izquierdas, cuando promueve la más radical desigualdad; a un hombre que ha mostrado su desprecio absoluto por los constitucionalistas catalanes, héroes de la resistencia democrática; a un hombre que contrapone los votos a las leyes, como si pudiera haber democracia sin ley; a un hombre que considera que la Constitución de 1978 esta amortizada. La suya es una reforma ad hominem, sí, pero ese hombre no es aquel en el que todos ustedes están pensando, no es el presidiario Junqueras, es el presidente Sánchez. La suya es una reforma ad Sánchez, sí, y, al servicio de Sánchez, son ustedes capaces de todo, de rehabilitar al Le Pen español, de someter a la Fiscalía General del Estado e, incluso, de ensuciar al Tribunal Supremo atribuyéndole la autoría intelectual de sus desmanes. Es una prueba más del respeto que les merecen a ustedes la justicia y las instituciones.

Señora Calvo, lo que ustedes buscan es borrar el delito de lesa democracia que han cometido pactando el Gobierno de España con un condenado por sedición. Lo que buscan ustedes es la amnistía, la de los sediciosos y la de sus cómplices, la amnistía de ustedes. La nación toma nota. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta primera.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, presidenta.

Señora Álvarez de Toledo, cuando leí su pregunta -la de verdad, sin truco-, y usted me preguntaba cuáles iban a ser las siguientes decisiones del Consejo de Ministros para cumplir el programa de investidura del presidente Sánchez, dije: Oh, la señora Álvarez de Toledo va a hacer política, con realismo, con sensatez; leal oposición, lo que fueron ustedes en otro tiempo, un partido de Estado. Ya no lo son, señor Casado ¡Qué decepción! ¿Qué sería de usted sin el discurso que acaba de hacer contra Cataluña? (rumores); en el fondo, contra Cataluña. (Protestas). Este es el respaldo electoral que tienen ustedes en Cataluña: ninguno. (Aplausos).

Pero le voy a decir más, a usted, que no se le cae de la boca que es constitucionalista, la más constitucionalista, la única constitucionalista: en democracia, al Gobierno le ocupa la mayor cuota de tomar decisiones en una legislatura, pero a la oposición que usted representan, al segundo grupo de esta Cámara también le ocupa la responsabilidad de decidir. Decidan cumplir la Constitución. Deje de ser constitucionalista y hágase constitucional. Cúmplanla, y renueven el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y no los tengan de rehenes de su confrontación. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON IGNACIO GARRIGA VAZ DE CONCICAO, EN SUSTITUCIÓN DE DON SANTIAGO ABASCAL CONDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUIÉN DIRIGE REALMENTE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000024).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grupo Parlamentario VOX.


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El señor GARRIGA VAZ DE CONCICAO: Señora vicepresidenta, ¿quién dirige realmente las políticas del Gobierno?

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Vicepresidenta primera.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

La persona que obtuvo la confianza de esta Cámara, como exige la Constitución y manda la democracia. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Garriga.

El señor GARRIGA VAZ DE CONCICAO: Gracias.

Queda con evidente claridad que su Gobierno y el señor Sánchez están bajo las órdenes de un lacayo, de un prófugo de la justicia. Puigdemont ordena, Torra acata y ustedes ejecutan. Por eso a ustedes les reciben con los máximos honores en el Palau de la Generalitat. Por eso ustedes ceden ante todas y cada una de las exigencias del Gobierno golpista: acercamiento de los presos golpistas a cárceles catalanas, libertad condicional de los presos golpistas, mesas bilaterales entre un Gobierno autonómico y el Gobierno nacional; están de acuerdo en esa federalidad, rompiendo la hucha y la Hacienda común de todos los españoles; aceptan cuarenta y cinco de las cuarenta y seis exigencias que el prófugo y cobarde Puigdemont presentó a Mariano Rajoy antes de irse a los países traidores del espacio Schengen; recuperarán, seguramente, esos catorce artículos del estatuto revocados por el Tribunal Constitucional y defenderán también esa reforma constitucional solo reconociendo esa diversidad y autogobierno de esas comunidades secuestradas por el separatismo. También seguirá llamando president y reconociendo como interlocutor válido al señor Torra, ¿verdad? Le recuerdo que es un presidente ilegal, inhabilitado en firme por unanimidad.

Pero, claro, un lacayo incapaz de defender a su país de los separatistas es también incapaz de defender a España en el ámbito internacional. Mientras que en España ustedes son marionetas de Puigdemont, en el exterior ustedes son marionetas de Maduro a través de su vicepresidente Iglesias. (Rumores). Si tiene que enviar al expresidente Zapatero a elogiar a la sicaria responsable de delitos de lesa humanidad, se hace. O si se ha de enviar al ministro Ábalos a poner una alfombra roja y a descargar cuarenta maletas que no se sabe qué llevan en su interior, también se hace. O si se ha de despreciar, por ejemplo, al presidente legítimo Guaidó evitando recibirle o reduciéndole en sede parlamentaria, también se hace. Si hace falta, ustedes lo hacen todo.

Por todo ello, señores del Gobierno, España hoy es una nación débil, tan débil que los nacionalistas se la reparten, que Bélgica viola nuestra soberanía y burla nuestros tribunales, que el Reino Unido, por ejemplo, nos reta con Gibraltar o que Marruecos utiliza esa emigración como arma política. España es hoy una nación débil, pero también con memoria. Le diré algo, señor Sánchez, todos los españoles saben que hasta la mejor marioneta se puede ahorcar con sus propios hilos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta primera.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Señor Garriga, usted no había formulado una pregunta, y por eso tampoco esperaba una respuesta. Usted quería una palanca para lanzar aquí hoy su mitin, un mitin que es el discurso que hacen constantemente y que tiene que ver con aquello de que la verdad no te estropee el titular. A ustedes que la verdad de este país no les estropee la sarta de barbaridades con las que cada día nos enturbian los oídos. (Aplausos).

Pero, mire, escuchándole y viendo el repaso que ha hecho de los países traidores de Europa, Marruecos, Venezuela, estaba imaginándole a usted -Dios no lo quiera- al frente de la política exterior de este país para que volviéramos a ser una unidad de destino en lo universal solos, más solos que la una y usted destrozando el prestigio de España en cualquier lugar del mundo. Menos mal que eso no va a ocurrir. (Aplausos)


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- DEL DIPUTADO DON TEODORO GARCÍA EGEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: ¿TIENE CLARAS EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 LAS PRIORIDADES DE SU MINISTERIO CON RESPECTO A LA "DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PALANCA"? (Número de expediente 180/000027).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.

Señor Iglesias, cuando el adversario hace algo bien, es de caballeros reconocerlo, y ustedes poniendo nombre a las cosas no tienen rival: Unidas Podemos, y se están separando; Grupo Confederal, y están todos peleados; Otegi, hombre de paz. ¿Qué nombre le pondría usted a los 240?000 afiliados menos a la Seguridad Social de enero, a los autónomos que no llegan a fin de mes, a los agricultores que ven cada día más negro su futuro? Quizás, ¿Gobierno de la gente? Han creado la Dirección General de Políticas Palanca, es decir, han cambiado la hoz y el martillo por la palanca. (Risas). ¿Cómo le explica usted esto a un autónomo que se levanta todos los días a las seis de la mañana? ¿Ha calculado usted que con el sueldo de su amigo, el director general de Políticas Palanca, se pueden pagar veinte años de la cuota de un autónomo?

Desde luego, son ustedes únicos poniendo nombre a las cosas. Las resoluciones de la Junta Electoral: artimañas, según la señora Lastra; las sentencias de los jueces: zancadillas, según la señora Calvo; y las mentiras, según Ábalos, son detalles. (Risas). Usted es un maestro poniendo nombres, pero déjeme a mí intentarlo. Su Gobierno sería: cintas, mentiras y señor Sánchez; señor Sánchez, mentiras y cintas de vídeo. (Aplausos).

Señoría, ¿tiene claras el Gobierno las prioridades con respecto a la Dirección General de Políticas Palanca? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Muchísimas gracias, don Teodoro, por su interés en las políticas palanca. Como usted seguramente sabe, las políticas palanca son las políticas creadas por Naciones Unidas que tienen como objetivo poder acelerar el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.

Sin leerlo, señor Iglesias, siete de los diecisiete objetivos de la Agenda 2030 tienen que ver con el campo y con la agricultura. ¿El director general de Políticas Palanca va a jugar algún papel en la resolución de la crisis con los agricultores? ¿Vamos a recibir más dinero de la PAC por tener un director general de Políticas Palanca? ¿Recuerda, señor Iglesias, cuando se sentaba usted en la Puerta del Sol, en esos famosos círculos en los que escuchaba a todo el mundo? ¡Qué tiempos aquellos! Ahora ya se han acabado los círculos, les cierra la puerta del ministerio a los agricultores y no les escucha. Se empieza a parecer usted al señor Sánchez: solo acierta cuando rectifica. Ya ayer, por fin, recibió a Asaja, COAG y UPA, después de darles plantón el otro día. Pasa usted de llamar a las protestas en la calle a dejar en la calle a los que protestan. Ustedes ponen una tasa Google a los americanos y los americanos le ponen un arancel al vino, al aceite y al queso español. Ese es el verdadero efecto palanca del Gobierno de la ruina de España. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Muchísimas gracias, señora presidenta.

Don Teodoro, creo que está usted muy preocupado por el director de las Políticas Palanca, el señor Gabriel Castañares. Se habló mucho de una profesión que tuvo: fue cartero, una profesión tan digna como


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ser campeón de lanzamiento de huesos de aceituna. (Risas). Tengo la sensación de que a ustedes les molesta que la gente haya tenido que trabajar para vivir, pero le diré que el señor Castañares es, además, licenciado en Ciencias Ambientales, tiene un máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente, trabajó como experto nacional en la Comisión Europea en materia de energía y ocupó también un cargo como responsable de gestión y eficiencia energética en Renfe. Seguramente, lanzando huesos de aceituna, usted le gana; en competencia, me temo que no.

Yo tenía una ilusión esta mañana. Pensé que el señor Teodoro estaba muy interesado en las políticas de desarrollo sostenible. Las políticas de desarrollo sostenible marcan una agenda para el año 2030. Su Gobierno se comprometió en Naciones Unidas en 2015 a asumir esa Agenda de 2030. El problema es que ustedes cambiaron la Agenda 2030 por la agenda del saqueo. Porque de lo que estamos discutiendo en realidad, don Teodoro, es de qué hacemos con el dinero, y sospecho que a ustedes nunca les ha interesado utilizar el dinero público para combatir la exclusión, la desigualdad y dar soluciones al problema del campo. (Aplausos). Ustedes, don Teodoro, han preferido utilizar el dinero público para construir aeropuertos sin aviones, para ayudar a sus amigos a través de concesiones corruptas (rumores) y para utilizar el Ministerio del Interior de manera ilegal para investigar a la oposición. Ese es el problema de la agenda del saqueo, don Teodoro. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA PROHENS RIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE IGUALDAD: ¿CONSIDERA QUE EL GOBIERNO HA ACTUADO DE FORMA NEGLIGENTE EN EL CASO DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES TUTELADAS EN BALEARES? (Número de expediente 180/000029).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Margarita Prohens Rigo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora PROHENS RIGO: Gracias.

El Consell de Mallorca reconoce dieciséis casos de explotación sexual en menores tuteladas, hoy conmoción por nuevos casos en Menorca que ustedes habían negado. "La víctima de la Manada denunció tres violaciones en el último año", "La prostitución se extiende a la totalidad de las niñas en algunos centros", "Hace más de tres años que denunciamos, pero el Consell no ha tomado medidas". Estos son algunos de los titulares, mientras que ustedes callaban a dúo, desde Infancia a Igualdad; Unidas callamos. La respuesta del Gobierno de izquierdas: votar y hacerles votar que no sus jefes del PSOE a las comisiones de investigación. ¿A quién apuntaba con aquello de que caiga quien tenga que caer? La Fiscalía no se implica en resolver. Para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estos niños no son prioritarios, ha afirmado la consejera. El ministro de Interior ha callado ante estas acusaciones. ¿No las desmienten? ¿Sostienen, pues, que el Gobierno de España ha actuado de manera negligente ante estas acusaciones? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Señoría, creo que hay cuestiones en las que por salud democrática sería razonable que no se produjera una disputa política. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oooh!) Creo que es legítimo... (Rumores). Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara revela muchos elementos a nivel moral. (Protestas). Señorías, no creo, no creo que ni uno solo de los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, independientemente de su ideología, tenga la más mínima duda de que hay que intervenir para lograr que esa situación vergonzosa se termine. (Rumores.-Aplausos). Y creo, señorías, que sus propios votantes se indignan cuando ven que ustedes utilizan un elemento como este para hacer la más baja política. (Protestas). Saben ustedes perfectamente, señorías, que hay una investigación...

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): ... de la fiscalía. Saben ustedes también que hay una investigación del Defensor del Pueblo, saben ustedes que la primera iniciativa de esta vicepresidencia, atendiendo de


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nuevo a lo que nos ha dicho Naciones Unidas, es hacer una ley de protección de la infancia y de la adolescencia que pueda combatir todas las violencias. Por cierto, todas las violencias son todas las violencias contra los niños y niñas, las que se producen en el seno de la familia y también las que se producen en el seno de la Iglesia católica, que a ustedes se les olvida, señorías. (Rumores.-Aplausos). Y proteger a los niños y niñas contra todas las violencias, señoría, supone protegerles también independientemente de donde hayan nacido esos niños. Creo que en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos (rumores) y mantener una mínima dignidad parlamentaria que los ciudadanos en este país nos están pidiendo. (Un señor diputado: Investiga.-Una señora diputada: Protégelas).

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Señora Prohens.

La señora PROHENS RIGO: Trabajar juntos y bloquear comisiones de investigación. Dentro del Gobierno de la mentira, el feminismo es solo un eslogan más. Ya sabíamos que para ustedes hay mujeres de primera y de segunda, también víctimas de primera y de segunda. No es que el feminismo no sea de todas, es que su feminismo no nos defiende a todas. Desde el PP no creemos que el violador seas tú ni el Estado opresor los culpables, violadores y proxenetas. Pero aquí hablamos de responsables, y la responsable de estas niñas es una Administración que debe determinar dónde han estado los errores; que se niega a investigar, que usted protege porque son de izquierdas. Esto sí es politizarlo. Estas niñas sí, estas sí son del Estado, señor Iglesias, del "hermana, yo sí te creo" al "hermana, sean prudentes", mientras se pelean por poner nombre a una ley de infancia del Partido Popular. ¿Sabe qué se preguntan las mujeres?: ¿Dónde están? No se ven las mujeres de Podem. Ya sabemos por qué se preguntaba la vicepresidenta qué hacen las mujeres diputadas en este Congreso: las del PP denunciar estos hechos, las de izquierdas callar y agachar la cabeza. (Rumores.-Aplausos.-Una señora diputada: ¡Bravo!) Señor Iglesias, no hay pancarta que tape tanto silencio, no hay pancarta que tape tanto bochorno... (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prohens.

Señor vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Señoría, lo que acabamos de ver es muy triste, la bancada de la derecha.... (Rumores). Escuchen, señorías, no pasa nada por escuchar; escúchenme. Ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría, cuando de lo que estamos hablando es de niñas prostituidas (protestas.-El señor García Egea: ¡No mientas, no mientas!-El señor Hispán Iglesias de Ussel pronuncia palabras que no se perciben), creo que es de las cosas más repugnantes que hemos visto en esta Cámara.

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor. ¡Señor Hispán, por favor! ¡Silencio!

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): En política, señoría, es legítima la confrontación sobre muchos temas; en este tema, ustedes demuestran su profunda indignidad. (Protestas.-Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MIREIA BORRÁS PABÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROTEGER A LOS MENORES BAJO TUTELA PÚBLICA QUE SON OBJETO DE ABUSOS SEXUALES? (Número de expediente 180/000023).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Mireia Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX.

La señora BORRÁS PABÓN: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger a los menores bajo tutela pública que han sido objeto de abusos sexuales?

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señor vicepresidente segundo del Gobierno.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHO SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, presidenta.

Muchísimas gracias, señoría, por su pregunta. Es para nosotros un orgullo que la primera medida que vaya a impulsar esta vicepresidenta sea precisamente una ley de infancia para proteger a los niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia sexual, de todo tipo de violencia sexual, venga de donde venga, y hayan nacido esos niños donde hayan nacido. Como le decía a su compañera del Partido Popular, es fundamental que en este país se termine de una vez con cierta impunidad. Hay niños y niñas que han sufrido abusos sexuales en el seno de la familia y también en el seno de la Iglesia católica que no han recibido por parte de las instituciones públicas la protección que merecían. (Protestas). En el caso concreto que usted me dice, este Gobierno está en permanente contacto con todas las administraciones locales y autonómicas que tienen las competencias atribuidas, independientemente del color político de esas administraciones. Porque, les vuelvo a insistir, señorías, cuando se trata de proteger a los niños y niñas de nuestro país, no debería existir color político en esta Cámara. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Borrás.

La señora BORRÁS PABÓN: Efectivamente, señor Iglesias, no debería, pero no lo están demostrando así. Se les debería caer a todos ustedes la cara de vergüenza. Mientras criminalizan a los varones con sus absurdas leyes ideológicas, llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir responsabilidades y no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca. Ustedes, el PSOE y Podemos, han votado en contra de abrir una comisión de investigación y el único miembro de este Ejecutivo que se ha pronunciado al respecto se ha limitado a pedir cautela: señora Montero. ¿Cautela? ¿Qué tipo de cautela? ¿La misma que demuestran cuando incitan al odio contra VOX por no comprar sus dogmas? La izquierda lleva décadas utilizando las desgracias personales para separar a los españoles. Para ustedes sí hay víctimas de primera y de segunda. El caso de Mallorca es solo una prueba más. Solo espero, señor Iglesias, que este caso no le haga a usted tanta gracia como cuando bromeaba con Boti García sobre su relación con una alumna menor de edad. Los menores y sus familias merecen que lleguemos hasta el final de este asunto, hasta las últimas consecuencias, y además hacerlo desde el principio, porque también queremos saber si alguno de esos menores ha sido literalmente arrancado por el Estado de sus familias, que quizá no querían perder su custodia.

Su negativa a abrir una comisión de investigación retrata la impostura de este Gobierno al que realmente no le importan las mujeres -por mucho que ustedes salgan a la calle el 8 de marzo o financien chiringuitos ideológicos- ni lo menores, porque ¿cómo se entiende si no, señor Iglesias, que mientras anuncian, como usted dice, la creación de una ley de protección -su famosa ley Rhodes, de la que está tan orgulloso-, a la vez estén vetando la investigación de un caso tan grave como este? Pues se lo voy a decir yo: porque la izquierda está más preocupada en ocultar sus vergüenzas que en velar realmente por el bien de los españoles. Así lo hemos visto recientemente en Compromís, donde su líder, Mónica Oltra, según la fiscalía, estuvo ocultando durante cuatro meses el caso de abusos a una menor por parte de su exmarido. (Rumores). Adivino que ahora... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Borrás.

Señor vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHO SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Señoría, con sinceridad y con afecto, creo que no entiendo algunas cosas de su intervención. Que estemos hablando de que ha habido niñas que han sido prostituidas en Baleares y que usted diga que en este país se criminaliza a los hombres, cuando de lo que estamos hablando fundamentalmente es de malnacidos varones que son los que han estado prostituyendo a esas niñas, quizá le tiene a usted un poquito desubicada respecto al tema del que estamos hablando. (Aplausos).

Señoría, es legítimo que usted hable de su partido y que, si considera que se ataca a su partido, usted lo diga, pero a lo mejor no es legítimo hacerlo cuando estamos hablando de niñas que han sido prostituidas. (Protestas). Y permítame hacerle una reflexión: creo que sus votantes son mucho mejores que ustedes y que no van a entender nunca que en un tema como este ustedes pretendan sacar rédito político. Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista. (Aplausos).


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? DEL DIPUTADO DON ISMAEL CORTÉS GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: ¿QUÉ BALANCE HACE DEL TRABAJO DEL GOBIERNO EN ESTE PRIMER MES EN MATERIA SOCIAL? (Número de expediente 180/000032).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Ismael Cortés Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor vicepresidente, ¿qué balance hace del trabajo del Gobierno en materia social en este primer mes? (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHO SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Muchísimas gracias, señora presidenta.

Gracias, señor diputado. Creo que el Gobierno lo está haciendo bien. (Risas). No seremos un Gobierno perfecto, cometeremos seguramente muchos errores, pero creo que algunas cosas que se han hecho en este país son dignas de mención. Creo que todos los ciudadanos pueden estar orgullosos de que el Gobierno haya actualizado las pensiones al IPC; creo que subir el sueldo a los trabajadores públicos ha sido una buena decisión, del mismo modo que subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros ha sido una buena decisión, que además no ha contado con la oposición de nadie en esta Cámara. Declarar la emergencia climática creo que ha sido una buena decisión; creo que las medidas de justicia fiscal que se han adoptado, como el famoso impuesto de responsabilidad fiscal a las tecnológicas o la conocida como tasa Tobin son de sentido común, pero me siento particularmente orgulloso de una decisión que tomamos ayer, que es la derogación de un artículo de la reforma laboral del Partido Popular que facilitaba despedir a un trabajador por estar de baja médica justificada. He recibido en estas últimas horas algunos mensajes de gente que me contaba que ha estado muchos años trabajando y que ha tenido que verse en la situación de elegir entre ir a trabajar enfermo o tener que perder el trabajo. Cualquier patriota debería sentirse orgulloso de que en España ya no haya ningún ciudadano que tenga que elegir entre ir o no a trabajar cuando está enfermo para proteger su puesto de trabajo y a su familia.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Cortés.

El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias por su respuesta, señor vicepresidente. Es una inyección de ilusión política escucharle y es que, tras una década perdida con el Gobierno de M. Rajoy, un Gobierno marcado por un proyecto económico basado en el capitalismo de amiguetes, tras una década marcada por casos de corrupción política, como la conocida trama Gürtel o la Púnica, este nuevo Gobierno abre una etapa cargada de esperanza, cargada de futuro. Ya hemos visto algunos signos clarividentes que muestran el camino del cambio. Usted ha mencionado algunas medidas concretas en su alocución: subida del salario mínimo interprofesional, subida de las pensiones, declaración de la emergencia climática o derogación de la posibilidad de despido por baja médica. Hemos de reconocer que han sido los movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, las múltiples mareas en defensa de las pensiones, de la sanidad y de la educación pública y las plataformas ciudadanas en defensa del derecho a la vivienda los que han formulado y delineado las medidas para salir de la crisis, medidas que ahora se incluyen en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que usted dirige. Por su parte, el Partido Popular durante su mandato llevó a cabo políticas de austeridad expansiva que dañaron gravemente los pilares del Estado del bienestar, pilares de cuya fortaleza depende la auténtica grandeza de un país, y menciono algunos: sanidad, educación, pensiones y ayuda a la dependencia. Este Gobierno progresista tiene ante sí el gran reto de cohesionar a nuestra ciudadanía, basando la agenda política en la defensa del bien común, en la defensa de los intereses colectivos y en la satisfacción de necesidades compartidas. Frente a quienes basan su agenda política en la propagación del odio y en la lógica de la persecución del diferente, señor vicepresidente, cuenta usted con toda mi confianza. Le deseo suerte, éxitos y aciertos en su nuevo mandato. (Aplausos).


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- DEL DIPUTADO DON ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO: ¿ENTIENDE LA VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO QUE SE PUEDE CONSIDERAR UNA 'TRANSICIÓN JUSTA' LA POLÍTICA CONSISTENTE EN DESTRUIR EMPLEOS INDUSTRIALES ANTES DE CREAR OTROS EMPLEOS ALTERNATIVOS, Y EN PROVOCAR SIMULTÁNEAMENTE EL DOBLE DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES, EXENTAS DE PAGOS POR CO2, QUE LAS CENTRALES TÉRMICAS DE LADA Y SOTO DE LA BARCA QUE ORDENÓ CERRAR ARBITRARIAMENTE? (Número de expediente 180/000020).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pregunta del diputado don Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora vicepresidenta cuarta.

En la vida real nada ocurre por casualidad. Las consecuencias de su empeño sectario de ganar el concurso mundial de 'miss ecologista', disfrazada de paladín del Acuerdo de París contra el cambio climático, constituyen un ejemplo de política irresponsable que arruina a los ciudadanos y desencadena resultados contrarios a los pretendidos. Usted, señora Ribera, ha logrado esto. (Muestra una página de un periódico). El paro confirma el retroceso de la industria en Asturias, el único sector que empeora en un año. En su carrera disparatada para promocionarse y ganar ese certamen del ecologismo radical ya ha provocado cierres de líneas acabadoras y un horno alto de Arcelor, que está en emergencia total y pierde más de 1000 empleos. Vesuvius cerrada y otras como Alcoa en capilla. Así hasta 5000 empleos en la industria asturiana en un año, con todo el sector sumido en la incertidumbre. Cierres de Lada y Soto de la Barca, destruyendo 280 empleos. Y ahora sabemos que (muestra otra página de un periódico) España dispara la compra de electricidad sucia a Marruecos mientras cierra sus térmicas. Es decir, la electricidad que deja de producirse en Asturias y en España se produce en plantas de Marruecos que generan el doble de emisiones de gases contaminantes y están exentas de pagos por CO2. ¿Consecuencias? El paro en Asturias, la miseria para la población y la contaminación para todo el mundo, agravando el cambio climático en el planeta. Solo alguien tan irresponsable como usted puede alardear de promover el cierre de una industria generadora de empleo estable sin tener antes prevista una alternativa. Señora Ribera, usted, el señor Sánchez y todo su Gobierno son un peligro para Asturias y para España y, ante esta calamitosa política para el empleo, la economía, la sociedad y el medio ambiente, le pregunto si se considera usted responsable de una transición justa como la que sufrimos los asturianos desde que usted está en el Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta cuarta del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, presidenta.

Muchas gracias, señor Martínez Oblanca, por esa introducción que merece ser inscrita en los anales de introducciones a los ministros de cualquier Gobierno.

Es obvio que me siento responsable de la parte que tiene que ver con la construcción de alternativas junto con la gente y es obvio también que el cambio climático debe ser algo que se le había pasado a usted por delante sin saber que existían el Acuerdo de París, ni cosa que se le parezca, ni tampoco el hecho de que existe un marco consagrado en la Unión Europea que desde el año 2010 nos hace saber que hay determinadas limitaciones ambientales para el uso del carbón que había que cumplir con respecto a la minería y con respecto a las centrales térmicas.

El Gobierno de un Estado de derecho no ordena ningún cierre si no es como consecuencia del incumplimiento de una norma y previo procedimiento administrativo o sentencia judicial, cosa que no ha ocurrido. El Gobierno de un Estado de derecho tampoco obliga a mantener abiertas a pérdidas actividades industriales o empresariales. Eso sí, el Gobierno de un Estado responsable, un Gobierno responsable, se preocupa por la gente y se preocupa por la generación de alternativas antes de que el calendario se nos


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caiga encima; y 2018 y 2020 se nos caían encima antes de que nosotros llegáramos al Gobierno. Pero parece ser que eso no formaba parte de sus preocupaciones, porque había algo que no quería ver ni siquiera en el telediario, que era esta cuestión del cambio climático y de las obligaciones de la Unión Europea con respecto a las emisiones.

Desde entonces venimos trabajando. Hemos pedido a las empresas titulares de esas plantas de centrales térmicas que nos hagan propuestas, por cierto, algunas de ellas muy interesantes. Trabajamos con los sindicatos, trabajamos con los ayuntamientos y trabajamos con el Gobierno del Principado para poder generar esas alternativas, algunas de las cuales están identificadas. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana y por eso es importante anticipar, dejar la demagogia y dejar de atizar a la gente que está sufriendo con mentiras del calibre de las que usted plantea. Gracias a las iniciativas del Gobierno se están regenerando y reactivando poco a poco cosas que hubieran debido ocurrir desde hace mucho tiempo. Así que le ruego que se ponga usted también a trabajar a favor de los trabajadores y de los asturianos en lugar de seguir contando mentiras. Por cierto, cables que, como ya le dije en otra ocasión, no se construyen de la noche a la mañana; tanto la ministra de Economía como yo nos encargamos de mandar una carta al comisario de la Unión Europea pidiendo que, por favor... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidenta.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿QUÉ ESCENARIO CONTEMPLA EL GOBIERNO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS? (Número de expediente 180/000028).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Hacienda. Pregunta de la diputada doña María Elvira Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, presidenta.

Señora ministra, el pasado día 11 anunció la voluntad del Gobierno de aprobar el proyecto de presupuestos para 2020 a lo largo del verano para su tramitación en el Congreso o para que se iniciara en el mes de septiembre. Por esto le realizo la pregunta registrada que, por si no se han dado cuenta, va de normalidad y de responsabilidad. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora Rodríguez.

Efectivamente, este Gobierno ha empezado a dar los primeros pasos para la presentación del presupuesto, un escenario realista con el que hemos hecho las previsiones para los próximos cuatro años, con un techo de gasto realista y un nuevo objetivo de déficit conseguible. Por tanto, una política presupuestaria efectiva para hacer una política real que responda a los problemas cotidianos que tienen los ciudadanos. Conjugar el cumplimiento de nuestra estabilidad presupuestaria, nuestros compromisos con Bruselas, con la recuperación de derechos de los trabajadores y el avance en el bienestar de los ciudadanos son las prioridades de este presupuesto, un presupuesto que, espero, pueda venir pronto a la Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias.

Señora ministra, en los cuadros que nos presentaron mostraban un crecimiento raquítico de la economía española, una decepcionante disminución del desempleo y las cifras de su Gobierno o las intenciones de su Gobierno de mantener el déficit público más allá de 2023. La vicepresidenta Calviño nos decía el jueves pasado que las cifras presentadas comprendían reformas estructurales y tributarias -sin decir cuáles- que hacían que fueran posibles; desde luego no las de los impuestos que aprobaron hace dos días. Casi simultáneamente el vicepresidente Iglesias presentaba en esta sede fuertes medidas de gasto e incluso una nueva prestación de la Seguridad Social incompatible con la caja única del sistema, que es lo que le faltaba a nuestro sistema de pensiones. En fin, se les nota que queda mucho por hacer.


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Usted dijo en la rueda de prensa que no traerían los presupuestos de 2020 a esta Cámara hasta que estuvieran seguros de sus apoyos, y adelantaba con toda naturalidad unas fechas que los hacen coincidir con las fechas en las que tendrían que estar a punto de presentar los de 2021, que han de cumplir con todos los requisitos de transparencia y control en vigor. ¿Cuándo piensan que van a poder estar aprobados los presupuestos del año 2020? ¿Cómo va a influir en los de 2021? ¿Van a restar a nuestra labor legislativa la capacidad de análisis y debate que se merece la ley anual más importante en las democracias, sin ninguna justificación además que la de que tienen un Gobierno con un apoyo mínimo? ¿Vamos a estar igual para 2021 o ya le han cogido el gusto a las prórrogas? Les da todo lo mismo, señora ministra. Por eso he hecho esta pregunta, para que nos cuente desde ahora y hacia delante cómo piensan cumplir con su obligación constitucional como Gobierno en materia presupuestaria. Por cierto, en esta materia, ¿van a cumplir con el principio de lealtad institucional y les van a pagar a las comunidades autónomas los 2500 millones de euros que les deben por el IVA?

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Rodríguez, sorprende que desde el Partido Popular se ponga en cuestión el realismo de los presupuestos cuando ustedes nunca presentaron un presupuesto que cumpliera con los objetivos de estabilidad que se tenían comprometidos con Bruselas. Ustedes hicieron para el año 2018 un presupuesto que subía las pensiones y no tenía el correlato en el gasto de pensiones. Durante los ejercicios siguientes, 2018 y 2019, hubo que hacer realmente capacidad presupuestaria para intentar dar cobertura a unos gastos comprometidos que no contaban con el rigor presupuestario para garantizar su cobertura. Por tanto, no creo que tengan condición para dar lecciones en materia de rigor presupuestario. Además quiero decirle, señora Rodríguez, que es evidente que este Gobierno está comprometido con la recuperación de los derechos de los trabajadores y está haciendo compatible que esa recuperación sea también generadora de empleo y consolide el crecimiento económico de nuestro país.

Señora Rodríguez, creo que es usted un buen ejemplo de lo que tiene que hacer el Partido Popular, y se lo digo sinceramente, creo que es usted una esperanza dentro del Grupo Popular para poder contribuir a que realmente la oposición del Partido Popular cumpla con su obligación, que es dejar que el Gobierno gobierne y ustedes, con sus propuestas y aportaciones, puedan hacer una modulación de la política presupuestaria o general que impulsa este Gobierno. Por tanto, señora Rodríguez, le animo a que siga en una vía que nos permita discutir, dialogar, regenerar los órganos; en definitiva, a cada uno el cumplimiento de su tarea, a cada uno su responsabilidad porque tan importante es construir España a partir de la edificación de las políticas como hacerlo desde el papel que los ciudadanos a cada uno nos han otorgado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ¿CUÁNDO VAN A EMPEZAR A IMPLEMENTAR MEDIDAS EFICACES PARA EL CONTROL DE PRECIOS DE LOS ALQUILERES? (Número de expediente 180/000033).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta del diputado don Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.

Señor Ábalos, quizás le sorprenda porque se estila poco últimamente en esta Cámara, que siendo sesión de control al Gobierno de España le vaya a hacer una pregunta que tiene que ver con problemas que suceden en nuestra tierra y que afectan a nuestra gente. ¿Cuándo tiene pensado el Gobierno implementar y desarrollar medidas para la intervención y el control de los precios de los alquileres?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


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El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco): Gracias, presidenta.

Gracias, señor Errejón. Efectivamente, el problema de la vivienda es un gran problema que tenemos en este país y el Gobierno lo encara no como un bien de mercado meramente, como así ha sido considerado en los últimos años, sino como un derecho y pilar básico del Estado del bienestar. Fíjese que en España estamos invirtiendo en los últimos años en torno al 0,11 % del PIB, mientras que la media europea está en el 0,57 % y Francia está en el 0,67 %. Por lo tanto, estamos en un tema de urgencia. Lo vamos hacer sobre la base de los acuerdos de investidura alcanzados con Unidas Podemos que, básicamente, plantean, de una parte, una actuación de urgencia social y, de otra, una estrategia a medio y largo plazo, basada en el aumento de la oferta de vivienda en alquiler, especialmente en torno al alquiler social. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Errejón.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias.

Señor Ábalos, estoy convencido -y me lo demuestra usted con la respuesta- de que compartimos la preocupación. España es el país de la OCDE en el que las familias dedican más porcentaje de sus ingresos a la vivienda. Un joven dedica de media el 40 % de su salario para poder tener un techo y así nos sorprende que solo el 18 % de los menores de treinta años hayan podido emanciparse. Nada de esto escuchamos ayer en el debate sobre las posibilidades de formar una familia. No es solo una cuestión de injusticia social, es también una cuestión de profundo lastre económico. La centralidad del modelo inmobiliario español nos aboca a un modelo económico ecológicamente depredador, socialmente fallido y que aumenta la segregación y las desigualdades y que, además, detrae mucha renta de la economía productiva y la concentra en sectores de bajo valor añadido y que producen muy poco empleo y empleo de poca calidad.

En España estamos aceptando que los agricultores cobran muy poco por sus productos y que hay que intervenir el mercado para proteger su trabajo. Estamos aceptando que hay que intervenir el mercado de la energía. ¿Por qué no aceptamos lo mismo para el mercado de la vivienda, que asegura un derecho constitucionalmente consagrado? Ustedes lo tienen en el acuerdo de gobierno, figura incluso en su programa electoral. Sé que la intervención de los precios del mercado del alquiler no es la solución exclusiva al problema de la vivienda pero es un torniquete que frena una sangría para quienes no pueden esperar más. Después hay que regular los apartamentos de uso turístico, hay que movilizar vivienda vacía, que somos récord en Europa en vivienda vacía. No es un problema de falta de viviendas, sino de falta de viviendas puestas al servicio del derecho a la vivienda. Hay que construir un gran parque de vivienda pública porque estamos, de nuevo, a la cola de Europa en esas materias.

Usted sabe como yo que las instituciones están para corregir desigualdades, para corregir abusos y para garantizar los derechos de los más humildes. No se pueden contentar ustedes con enfadar a las derechas porque, como les enfada todo, nos podríamos quedar igual y no hacer absolutamente nada. No le voy a hablar de terribles paraísos comunistas, estoy hablando de New York, de California, de París, de Berlín, de Austria desde 1917 o de Dinamarca desde hace cuarenta años. En todos esos países se ha intervenido el mercado del alquiler para garantizar el derecho a la vivienda y en todas partes con buenos resultados. Si ustedes titubean en cambiar el modelo inmobiliario español, titubean en construir...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón.

Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco): Gracias, presidenta.

Señor Errejón, compartimos el diagnóstico, ahora lo que nos toca es entablar una serie de diálogos, de debates, de concertación entre los miembros de la Cámara, también las organizaciones profesionales, ciudadanas. En fin, tenemos que intentar acertar en la respuesta. Intentamos, en el anterior Gobierno, aproximarnos a esta cuestión a través del Real Decreto-Ley, del 1 de marzo, que el Partido Popular impugnó ante el Tribunal Constitucional, porque entendía que no había necesidad ni urgencia, cosa que afortunadamente el tribunal no consideró. En aquel decreto establecimos veinte medidas que daban mayor seguridad y garantía a los inquilinos, mayor certidumbre, y limitábamos el incremento de los contratos al IPC. También aprobamos crear un índice de precios de alquiler, y tengo que decir que afortunadamente lo vamos a publicar ya a finales del próximo mes de marzo. Esto es un gran avance


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porque nos va a dar fiabilidad, robustez en los datos, se van a utilizar datos censales y no de encuesta, y eso va a ser un indicador para los precios. En cualquier caso, vamos a trabajar en la oferta de vivienda nueva realizada a precio asequible, en perfeccionar incentivos y ayudas a propietarios e inquilinos y facilitar una regulación que limite la subida de los alquileres en las zonas tensionadas en alquileres, en determinadas zonas, como digo, con medidas coyunturales y temporales que puedan tomar los ayuntamientos.

Gracias. (Aplausos).

? DE LA DIPUTADA DOÑA TRISTANA MARÍA MORALEJA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE, AUN CON UN NOTABLE RETRASO, SE HA DADO UNA COMPLETA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LAS EMPRESAS ELECTROINTENSIVAS? (Número de expediente 180/000030.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta de la diputada doña Tristana María Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora MORALEJA GÓMEZ: Presidenta, ministra, antes de nada quiero agradecer el esfuerzo que está realizando el comité de empresa de Alcoa con determinación para defender sus puestos de trabajo ante el ataque de las políticas socialistas al empleo. Desde que llegaron al Gobierno de eso ya hace casi dos años, ministra se han empeñado en poner trabas a sectores estratégicos de nuestro país, y lo que es peor, no aportaron soluciones. Acaban de presentar una propuesta de estatuto de electrointensivas, y después de llevar más de un año esperando por él no convence a nadie ni les satisface, solo a ustedes y a sus socios. Fue en abril del año pasado cuando el señor Sánchez en A Coruña dijo que el estatuto estaba aprobado. No supimos nada de él hasta ahora mismo, y créanme, una vez conocido era mejor no haberlo hecho. Han presentado una propuesta que tampoco satisface a las empresas, puesto que el precio del megavatio/hora quedará en torno a los 49 euros, muy lejos de los 35 o 40 euros demandados por las empresas. Han presentado una propuesta condicionada a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué pretenden? ¿Chantajearnos? En definitiva, señora ministra, ¿cree usted que la espera ha merecido la pena o, como pensamos todos, es una mala solución que no lo arregla y pone en riesgo el futuro de cinco mil familias? (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.

La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Gracias, presidenta.

Disculpe que le dé la espalda, señora Moraleja. Estará de acuerdo conmigo en la importancia y la necesidad de tener un marco de estabilidad y certidumbre del precio energético para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva, y el estatuto es un instrumento riguroso para abordarlo. Por primera vez se define y certifica la condición de consumidor electrointensivo, se ofrecen medidas para mejorar su competitividad y se establecen compromisos y obligaciones. Esperamos contar con un amplio consenso parlamentario para aprobar esta medida tan necesaria para nuestra industria. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Señora Moraleja.

La señora MORALEJA GÓMEZ: Ustedes, señora ministra, siguen jugando con todos los españoles, todo les vale. En esta propuesta pasamos de casi 200 beneficiarios de toda España a 600, más de 400 empresas beneficiadas. Pero ¡qué casualidad!, los más beneficiados son Cataluña y País Vasco, aquellos territorios en los que ustedes necesitan el apoyo. No quieren diferenciar una empresa como Alcoa, en Galicia, de otras empresas que son grandes consumidoras, como usted bien sabe, pero que no tienen nada que ver. En 2017 llegamos a 500 millones de euros para muchas menos empresas. Ahora ustedes pretenden llegar a los 262 para el triple. ¿Aun así considera que el problema está resuelto? Ustedes son incapaces de ver la realidad y lo sabemos bien en Galicia, Asturias y Cantabria. Ya están organizándose para crear un frente del noroeste. El otro día un excompañero suyo dijo algo muy sensato que les debería hacer pensar a usted y a su compañera, la vicepresidenta. Dijo que alguien tiene que pagar la transición


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ecológica, y nadie ha preguntado quién va a pagarla. En España ustedes ya lo han decidido, que sean muchas empresas y que sea en zonas como la Mariña Lucense y As Pontes, pero espero que usted pueda dormir tranquila como su presidente. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moraleja.

Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Gracias, presidenta.

Señoría, ustedes siempre llegan tarde. Cuando gobernaban prometieron un sistema energético para los grandes consumidores. Lo hizo el exministro Soria, que se comprometió a que el 1 de enero de 2013 habría un sistema que serviría para garantizar la competitividad de las seis plantas españolas de la empresa Alcoa. ¿Sabe dónde lo hizo? En la Mariña Lucense, en la planta que tiene Alcoa en Lugo. Tuvieron más de cinco años para abordarlo. ¿Y qué hicieron? No hicieron absolutamente -como siempre-, señorías. Ustedes sabían que el mecanismo de interrumpibilidad tenía los días contados por la normativa de la Comisión Europea y no hicieron nada. Para este Gobierno sí es prioritaria la industria electrointensiva. El estatuto ofrece certidumbre y seguridad jurídica, y garantiza la competitividad de más de 600 empresas, el mantenimiento de 300?000 empleos de diversos sectores, que desempeñan un papel clave para la vertebración económica, social y territorial. No es un estatuto para una sola empresa ni para un solo sector ni para un solo territorio; es un estatuto para el conjunto de la industria electrointensiva. Señoría, dígale al señor Feijóo que en Galicia se van a beneficiar 31 empresas por la aprobación de este estatuto, y que queremos contar con su lealtad y colaboración. Dígale también que no utilice a los trabajadores de Alcoa para hacer su campaña electoral. Me gustaría que nos dijera qué ha hecho el señor Feijóo por la industria gallega. Se lo voy a decir yo, y la mayoría de los gallegos lo saben: nada. (Protestas).

Para terminar, señoría, el estatuto es un instrumento urgente para la industria. Dígame, y sobre todo dígaselo a los gallegos: ¿Van a apoyar esta medida que necesita Galicia o van a quedarse de perfil, como siempre hacen? Señoría, dejen de bloquear y mentir, y hagan política útil. (Aplausos).

? DEL DIPUTADO DON JOAN CAPDEVILA I ESTEVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES PREVÉ EL GOBIERNO ESPAÑOL PARA COMBATIR LA MOROSIDAD ENTRE EMPRESAS? (Número de expediente 180/000036).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Joan Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días.

Señora ministra, según datos de la plataforma multisectorial contra la morosidad, el plazo medio de pago de las empresas del IBEX 35 es de ciento 169 días, doblando, casi triplicando el plazo medio establecido por la ley, que es de 60 días; 169 días contra 60. Hoy, la mencionada plataforma presentará datos actualizados, temo que en absoluto halagüeños. Señora ministra, ¿están usted y su Gobierno de acuerdo en que la morosidad es una lacra, una injusta causa de liquidación de empresas viables, un lastre para cualquier economía que se precie de saneada y competitiva? Siendo así, ¿qué actuaciones prevé el Gobierno español para combatir la morosidad entre empresas?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.

La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Gracias, presidenta.

Señor Capdevila, me alegra que me haga esta pregunta, porque compartimos con usted y su grupo, y yo diría con la mayoría de los grupos parlamentarios, la necesidad de adoptar medidas para luchar contra la morosidad, que afecta a muchos de autónomos y de nuestras pequeñas y medianas empresas. En el Marco estratégico de la pyme 2030, que aprobamos en abril del año pasado, se incluyen mecanismos para reducir la morosidad. Esperamos contar con el consenso de esta Cámara para desarrollarlos a lo largo de la legislatura. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Capdevila.


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El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señora ministra.

Celebro que me dé usted esta respuesta. Celebramos la conversión paulina de su grupo, porque es legendario el errático camino del PSOE ante este problema. Afortunadamente, sus socios de Gobierno ya mostraron su apoyo a estas medidas en la tramitación de la ley, con el mismo objetivo de la antepasada legislatura. Esperamos que ahora se sumen de verdad a la lucha contra la morosidad.

Ya les adelanto que el Grupo Parlamentario Republicano presentará una proposición de ley en este sentido esta mañana en esta Cámara. Es muy sencillo, se trata de vetar el pago de las facturas más allá de dos meses y de sancionar los incumplimientos de los plazos con multas realmente disuasorias. Ante todo, se trata de eliminar el falso y abusivo pacto entre las partes, que es lo que convierte en papel mojado el límite de los 60 días. Se trata, señora ministra, de evitar a toda costa que la gran empresa se financie abusivamente a costa de las pymes. Se trata, señora ministra, de que algunos dejen de levantar sus persianas a lomos de otros.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.

La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Gracias, presidenta.

Como sus señorías saben, en pasadas legislaturas se ha sustanciado un amplio debate en esta Cámara sobre las necesidades de establecer medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Quiero reconocer el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios que plantearon en su momento propuestas para mejorar la situación de los plazos de pago para las pymes. Señoría, estoy de acuerdo con usted, en esta legislatura tenemos que analizar bien qué medidas podemos adoptar y qué regulación tenemos que modificar para ser más eficaces en la reducción de los plazos de pago sin dificultar la actividad económica. Aunque existe una normativa, la realidad es que aún queda mucho margen para mejorar los pagos entre empresas. El periodo medio de pago es de 82,3 días, según el boletín de seguimiento de morosidad elaborado por Cepyme. (El señor Capdevila i Esteve hace gestos negativos). Es un elemento claro que dificulta el acceso a la financiación y que resta competitividad a nuestras empresas. Creo que estamos de acuerdo en dos aspectos fundamentales que abordaremos en el seno del Consejo Estatal de la PYME. El primero, el establecimiento de un régimen sancionador; y el segundo, el desarrollo de un sistema arbitral de morosidad ágil y efectivo. Señor Capdevila, este es un tema importante para las pymes y me comprometo, en coordinación con otros departamentos ministeriales, a abordar la fórmula más eficaz para reformar la Ley 3/2004 y establecer medidas de lucha contra la morosidad y que incorporen estos mecanismos. Estoy segura de que estas medidas tendrán un acuerdo mayoritario de los grupos parlamentarios y en particular del suyo. (Aplausos).

? DE LA DIPUTADA DOÑA JOSUNE GOROSPE ELEZCANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿HA IMPLANTADO EL GOBIERNO ALGÚN PLAN DE EUSKALDUNIZACIÓN RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CON PRESENCIA EN EUSKADI? (Número de expediente 180/000035).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta de la diputada doña Josune Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Eskerrik asko, presidenta.

Ministra, egun on. Recientemente, el Consejo de Europa ha publicado su último informe sobre la situación de las lenguas minoritarias en Europa. El informe de expertos, nada sospechosos de ser abertzales, vuelve a cuestionar la implicación de la Administración del Estado con respecto al euskera y exige un mayor esfuerzo. Entre las recomendaciones urgentes que le realizan está la necesidad de fomentar el uso del euskera en la Administración del Estado en Euskadi. De ahí nuestra pregunta: ¿Qué medidas han adoptado, qué plan tienen para fomentar el uso del euskera?


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gorospe.

Señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Gorospe, como bien sabe, todas las instituciones del Estado estamos obligadas a proteger y a respetar nuestro patrimonio lingüístico. En este caso, la AGE en su ámbito además está comprometida con su aplicación en aquellos territorios que cuenten con lengua oficial como es el País Vasco, y en eso vamos a realizar la acción en este periodo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Gorospe.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Ministra, otra vez un 'pasapalabra', lo que históricamente ha hecho el Estado en cuestión de normalización lingüística en la Administración del Estado con implantación en Euskadi. Estas recomendaciones no son nuevas, este informe se hace periódicamente y siempre de forma reiterada les vuelven a decir a ustedes lo mismo. Recientemente, han hecho una oferta pública de empleo donde no hay ningún requisito lingüístico. ¿Qué medidas han adoptado para que las personas que están trabajando vayan aprendiendo también y atiendan en euskera? ¿Qué presupuesto dedican a esto? Son migajas para salir del paso, maquillaje para disfrazar la situación. En el Estado, ministra, no hay una lengua principal, el castellano, y otras secundarias; hay distintas lenguas y personas y todas ellas con los mismos derechos lingüísticos. Plurinacionalidad, plurilingüismo, diversidad; son palabras que hasta ahora han estado condenadas al ostracismo porque no estaban en el léxico político de los Gobiernos anteriores. De usted también depende, ministra, que ahora el Estado pueda lucir con todos sus matices en materia lingüística. Por eso le volvemos a preguntar si tiene intención de que esas recomendaciones que están incluidas en el informe del Consejo de Europa realmente se pongan en marcha y la Administración del Estado ofrezca también a las personas que viven en Euskadi la posibilidad de hablar en euskera.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Señora presidenta, muchas gracias.

Señora Gorospe, como usted bien ha dicho, nuestro país ratificó la Carta Europea de Lenguas Regionales y/o minoritarias, en el marco del Consejo de Europa, lo que supone un proceso de evaluación y de monitorización. Somos conscientes de que tenemos que seguir mejorando, señorías, porque para este Gobierno la protección de las lenguas cooficiales es un deber, y es un deber porque así lo marca nuestra Constitución española y también es un derecho de ciudadanía. Por tanto, quiero decirle que para hacer efectiva esta política disponemos de un Consejo de Lenguas Oficiales.

En cualquier caso, señora Gorospe, que este Gobierno y el anterior -desde que Pedro Sánchez es presidente- han dado pasos decididos en ese sentido. El reconocimiento y la protección de las lenguas cooficiales nunca debe ser un requisito para el acceso a la Función pública. Un mérito, sí, y en eso se incardinan los acuerdos con los sindicatos que realizó la señora Batet cuando era ministra de Política Territorial, en el Consejo Oficial de Lenguas que se realizó en Bilbao en diciembre de 2018 -por cierto, era la primera vez que se realizaba fuera de Madrid-. Quiero compartir con esta Cámara que, en un plazo razonable, esta ministra tiene intención de volver a convocar ese consejo oficial y de hacerlo fuera, en otra comunidad donde también haya lengua cooficial. Además, señorías, en ese informe, en esa monitorización para esta ministra es muy importante el impacto y la evaluación de las políticas para ver qué tenemos que mejorar junto a las acciones ya hechas. Supongo que tiene usted conocimiento de que también el INAP está realizando labores de aprendizaje en ese sentido. Creo que es el camino, pero anuncio la elaboración de un plan de acción conjunto para avanzar. Esta es la idea que tenemos de modernización reflexiva, señoría, seguir avanzando en la riqueza, en el patrimonio lingüístico que tenemos, y hacerlo en la medida que podamos, como mérito siempre en el acceso a la Función pública y, en el ámbito de la AGE, que es el que a mí me compete.

Muchas gracias, señora Gorospe. (Aplausos).


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? DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUETA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: ¿RESPETARÁ EL AUTOGOBIERNO DE NAVARRA Y NUESTRA COMPETENCIA HISTÓRICA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL, RETIRANDO EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD A LEY FORAL 21/2019, DE 4 DE ABRIL, DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL FORAL DE NAVARRA O FUERO NUEVO? (Número de expediente 180/000021).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Isabel Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Señora ministra, ¿el Gobierno de España va a respetar el autogobierno de Navarra y nuestra competencia histórica en materia de derecho civil, retirando el recurso de inconstitucionalidad a la Ley Foral de Modificación y Actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo?

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Señora presidenta.

Señora Pozueta, este Gobierno respetará e impulsará el autogobierno en el marco jurídico constitucional vigente.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señora Pozueta.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Esta decisión, que en nuestra opinión no hace sino cercenar la capacidad legislativa de Navarra, ataca una de las exigencias del autogobierno de Navarra, nuestro propio derecho civil. Se vuelve a intentar una vez más el uso de la Constitución española como una herramienta uniformadora, recortando así la capacidad de Navarra a la hora de legislar y decidir sobre nuestro propio marco jurídico. Consideramos que el recurso interpuesto por el Tribunal Constitucional cuestiona importantes aspectos que suponen un gran progreso en materia de derecho civil, en los que Navarra ya tenía competencias exclusivas. Entendemos que cuestiones de dación en pago o la cesión de créditos son instrumentos necesarios para afrontar las nefastas políticas de la banca, y vuelvo a repetir: afrontar las nefastas políticas de la banca. Por tanto, resulta cuando menos paradójico que un nuevo Gobierno que se autodefine como progresista arremeta contra unas leyes que han sido adecuadas a la realidad para defender los derechos de las y los ciudadanos. Esta decisión, además, se produce escasos días después de que el presidente Sánchez se jactara del carácter dialogante de su Gobierno y de que la propia presidenta de Navarra, María Chivite, manifestara la necesidad de un Gobierno en el Estado que entendiera el autogobierno de Navarra. No parece que ustedes estén teniendo esto en cuenta. Aunque las declaraciones del Gobierno de Navarra sobre una cuestión intentan trasladar la idea de que es posible alcanzar un acuerdo para retirar este recurso, ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Consideramos muy grave que la primera decisión de este Gobierno para con los navarros y navarras haya sido intentar anular leyes que las fuerzas de Navarra del cambio impulsaron para ampliar los derechos de la ciudadanía. Tenga en cuenta que la mayoría absoluta del Parlamento navarro lo decidió, incluido su partido e incluida también la parte de Podemos.

Me gustaría recoger hoy su compromiso de resolver esta situación...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta.

Señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Gracias, señora presidenta.

Señora Pozueta, quiero comentarle que la interposición del recurso de inconstitucionalidad sobre el Fuero Nuevo en el tiempo señalado se debe a una cuestión de plazos procesales y no a una cuestión de


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voluntad política. Como bien sabe su señoría, la vía del acuerdo extraprocesal está abierta hasta que haya sentencia, y le aseguro que me hubiese gustado que mi primer Consejo de Ministros no hubiese tenido que llevar la interposición de este recurso, pero los plazos estaban ahí y lo que manifesté a la presidenta Chivite fue la posibilidad de que la vía del acuerdo siempre estaba abierta. Ahora bien, este Gobierno ha dado pruebas, muestras de que el diálogo es un elemento fundamental en la acción política, y además, fruto de esa voluntad de diálogo, como usted bien sabe, señora Pozueta, en un primer lugar, la interposición abarcaba a 18 artículos, y se ha circunscrito a 9, por tanto, el diálogo ya ha empezado. La primera cuestión es que la voluntad de diálogo de este Gobierno no se puede cuestionar en el asunto que le acabo de referir, porque este Gobierno desde que el señor Sánchez es presidente es de una firme voluntad y es un defensor del diálogo. Prueba concreta de ello: durante la corta legislatura anterior hemos alcanzado con Pedro Sánchez como presidente 63 acuerdos en 19 meses, frente a los 37 acuerdos del PP en 23 meses en la XII Legislatura. Son datos concretos y reales. En cualquier caso, déjeme que le diga que respecto a los derechos sociales este Gobierno es tremendamente sensible. De hecho, de los 6 desestimientos del Ministerio de Política Territorial han tenido que ver 5 con vivienda y 1 con salud, por lo tanto, también está acreditada esa cuestión.

En cualquier caso, lo que le ofrezco es seguir explorando la posibilidad de acuerdo, pero el marco que tenemos no puede ser otro que el bloque de la constitucionalidad. ¿El acuerdo es posible? Sí, si renunciamos a algunas cuestiones y nos ceñimos al marco jurídico constitucional. Eso es lo que le he ofrecido a la presidenta Chivite y esta ministra con todo su equipo está en disposición de sentarnos a seguir negociando. En cualquier caso, diálogo, entendimiento y mano tendida, y cuando el diálogo no lo puede arreglar todo, es verdad que en un Estado como el nuestro las controversias competenciales han de suscitarse en los tribunales. Ojalá sea que no y el acuerdo sea posible. Esta es mi voluntad decidida, pero en cualquier caso entenderá que el marco constitucional vigente es al que nos debemos todas y todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA LÓPEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿VA A DEJAR DE FOMENTAR EL GOBIERNO LA INMIGRACIÓN ILEGAL? (Número de expediente 180/000022).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pregunta de la diputada doña María Teresa López Álvarez, del Grupo Parlamentario VOX.

La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias. Buenos días.

Señor Marlaska, son millones los inmigrantes subsaharianos que juntan dinero para pagar a las mafias que mercadean con sus vidas y que trafican con su desesperación. ¿Va a dejar de fomentar el Gobierno la inmigración ilegal?

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Señora López Álvarez, en primer lugar, permítame que me dirija hacia la pantalla, aunque le dé la espalda, para que se me pueda oír y responda por el señor Marlaska en términos solidarios, ya que puede ser contestada por el Gobierno. La contestación es clara: no solamente el Gobierno español, yo diría que ningún Gobierno, al menos europeo, en ningún caso fomenta la inmigración irregular, en ningún caso. Lo que hace es intentar evitar que ocurra. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora López.

La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Lo que hay que hacer es dejar de darles a los inmigrantes ilegales que saltan violentamente la valla de Ceuta y de Melilla o a los que llegan a nuestras costas un trato excepcional. Su estrategia de márquetin político con el Open Arms, el Aquarius o su sustituto, el Ocean Viking solo provocan un dilema y no es el del rescate o dejarlos morir, es el de potenciar la desgracia, el de aumentar exponencialmente el problema de la inmigración, el de darle más fuerza a las mafias y el de seguir poniendo en riesgo la vida de esos inmigrantes. Lo que resulta más indignante es que ustedes utilicen el concepto de razones humanitarias para acoger a África, y ayuden así al lucrativo negocio de la inmigración ilegal. Cuanto más eficientes son las ONG que rescatan a los inmigrantes más crueles serán las ofertas


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de las mafias. Deben ustedes ponerle punto final al apoyo que ofrecen a esos indeseables que trafican con personas. Punto final a la financiación a esas cuestionables ONG que solo juegan con la miseria humana respaldada por la mercancía ideológica progre (aplausos) sobre que no podemos dejarles morir y que cuentan a esos inmigrantes que siempre habrá un barco que les rescate en el Mediterráneo.

Les animo a que acaben ustedes con ese lucrativo negocio de la inmigración ilegal, porque la vida -la vida- no tiene precio y las mafias en auge adquieren, con el paso de los años, más poder gracias a ese mercadeo de esperanza en una vida mejor para embolsarse miles de euros al mes. Acaben ya con la idea tan ampliamente extendida de que España es la solución al hambre subsahariana y así dejaremos de mandar el mensaje a toda África de que España es su única salida. Dejen de invertir el dinero de todos los españoles en quitar las concertinas. Construyan un muro, el muro de hormigón y el jurídico. Por cierto, dejen a nuestras fuerzas de seguridad del Estado que ante entradas masivas se defiendan y no les deje nunca más con el material antidisturbios en los furgones, porque nuestros policías y nuestros guardias civiles... (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.

Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Permítame, señora López Álvarez, que empiece con una reflexión de tipo geográfico. Australia apenas tiene inmigración irregular, pero Australia está a 7500 kilómetros de Indonesia. ¿A qué distancia estamos nosotros de Marruecos por el Estrecho? ¿A qué distancia está Canarias de la costa del Sáhara? Haga el cálculo. Europa tiene una limitación geográfica que no tienen otros países. Aun así, y eso es importante, en España en el año 2019 hemos reducido a la mitad la llegada de inmigración irregular por costa respecto al año anterior. Le voy a dar otro dato, porque eso son flujos. En términos de stocks, de personas irregulares que hay, las mejores estimaciones del Pew Center for Economic Research ponen de manifiesto que España tiene un 15 % de inmigrantes irregulares respecto a lo que tiene Alemania, Reino Unido y un 30 % respecto al nivel de Italia. Estas son cifras importantes.

Usted ha hablado de ayuda humanitaria. Aquí la referencia es el Papa Francisco del que le voy a leer una frase: Las personas migrantes refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata se han convertido en emblema de la exclusión porque, además de soportar dificultades por su misma condición, son con frecuencia objeto de juicios negativos, puesto que se les considera responsables de males sociales. La actitud hacia ellos constituye una señal de alarma que nos advierte de la decadencia moral a la que nos enfrentamos si seguimos dando espacio a la cultura del descarte.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.

La señora PRESIDENTA: Antes de empezar con las interpelaciones, desde la Mesa queremos tener un recuerdo sentido a don Fernando Morán López que ha fallecido a sus noventa y tres años. El Congreso de los Diputados siente su muerte, reconoce su trabajo por España y le manda su cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).

Muchas gracias.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO), SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA DELIMITACIÓN EFECTUADA POR PARTE DE MARRUECOS DE SU FRONTERA MARÍTIMA AFECTANDO A CANARIAS Y AL SÁHARA OCCIDENTAL. (Número de expediente 172/000001).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno.

Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas González-Moro, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante la delimitación efectuada por parte de Marruecos de su frontera marítima afectando a Canarias y al Sáhara occidental.

Para su defensa tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

"Durante muchos años nunca nos imaginamos que se pusiese en duda la titularidad de nuestro mar; el mar de nuestras vivencias íntimas, el del devenir histórico, el que abarcamos con nuestra mirada desde casi cualquier punto de cada isla, el que nos consuela y nos acompaña. [...] el futuro está abierto". Victoriano Ríos.

Señora ministra, el que fuera senador por la Comunidad Autónoma de Canarias hacía esa emotiva reflexión como promotor que fue del debate: Canarias, ¿isla o archipiélago?, sobre la titularidad de las aguas españolas situadas en el ámbito geográfico de Canarias, mar canario, y sobre la delimitación de la mediana con Marruecos. Este debate lo hemos promovido los nacionalistas canarios y ha estado presente en toda la legislatura desde la aprobación de la III Convención sobre el Derecho del Mar en 1982. Iniciativas impulsadas por diputados y senadores nacionalistas canarios -desde Luis Mardones en 1988, que interpeló al entonces ministro de Relaciones con las Cortes sobre la definición de la zona económica exclusiva y la mediana con Marruecos- ha habido muchas, iniciativas para tratar de desbloquear un asunto que nunca fue resuelto ni por los Gobiernos del PP ni por los del PSOE. La respuesta fue casi siempre la misma -entrecomillado-: La delimitación de los espacios marítimos depende de factores de política internacional. Y -entrecomillado-: La delimitación de las aguas españolas a partir de la costa canaria afecta también al territorio del Sáhara Occidental, por lo que no parece posible proceder a una delimitación estable y efectiva en tanto no se haya solucionado el conflicto que afecta a esta zona. Los socialistas bloquearon con su voto una proposición de ley presentada por Miguel Ángel Barbuzano, senador en 1993, y casi dos años después lo volvió a intentar, en el año 1995, pero volvió a encontrarse con la oposición socialista. En 1988 fue Victoriano Ríos el que presentó una moción para delimitar la zona económica, y en esta ocasión, con José María Aznar en el Gobierno, fue el PP el que se opuso. Lo volvió a intentar en 2000 pero volvió a frenarlo el Partido Popular. El punto de inflexión se produce en febrero de 2001. La publicación en el BOE de la resolución sobre la solicitud de nueve permisos por parte de Repsol para la investigación de hidrocarburos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura supone el pleno reconocimiento de la zona económica exclusiva al este de Canarias por parte del Gobierno de España. La autorización a Repsol se publica en el BOE en diciembre de ese año y se inicia a partir de ahí un intercambio de acusaciones públicas entre España y Marruecos sobre la titularidad de las aguas en las que se preveía llevar a cabo las prospecciones. Esta polémica, sin embargo, no se produjo en 2014 cuando Repsol ejecutó el permiso de investigación en el subsuelo marino.

El 27 de febrero de 2003 supuso un hito para Coalición Canaria en el Senado y sobre todo para Canarias. Ese día, en el Pleno del Senado, culminó todo el procedimiento que a lo largo de ocho años habían llevado a cabo los nacionalistas canarios para que fuera asumida por las Cortes Generales la necesidad de efectuar la delimitación de la comunidad canaria archipielágica, tanto las islas como el mar incluido en el trazado de líneas de bases rectas que une los puntos más salientes de las islas, siguiendo la configuración general del archipiélago. Un hito que no terminó con éxito, pues la disolución de las Cortes en 2004 provocó que la misma decayese después de un sinfín de prórrogas mientras gobernaba el PP. Y no fue hasta 2010 cuando se aprobó el sueño tantas veces perseguido por Victoriano Ríos, con la aprobación de una proposición de ley sobre los espacios marítimos de Canarias firmada por quien les habla, esta diputada, y mi compañero José Luis Perestelo, Ley 44/2010. Y más tarde, tras la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre que la delimitación territorial de una comunidad autónoma ha de hacerse en su estatuto de autonomía, ese fue nuestro propósito hasta la inclusión de las aguas canarias en el nuevo estatuto aprobado en octubre de 2018.

El debate es ante todo un debate sobre el territorio de Canarias, territorio terrestre y territorio marítimo, lo que es Canarias como archipiélago desde finales del siglo XV. En ese escenario, señorías, hay que contextualizar el contencioso no escrito que España mantiene abierto con Marruecos para la delimitación de la mediana marítima y sus respectivas zonas económicas exclusivas, un conflicto latente que se mueve lentamente, a veces se detiene y a veces se activa. ¿Por qué se ha vuelto a activar? Por varias razones, entre las que no ayuda que el presidente del Gobierno haya olvidado que Marruecos es el primer país de visita obligada, tras tomar posesión en la Presidencia... (Pausa). Perdonen, pero tengo un trancazo...

Un país vecino con el que se comparte historia. En el año 2017, el Gobierno marroquí hizo pública una propuesta de modificación... (pausa) de dos leyes que afectaban... (Pausa). Me parece que no voy a poder seguir. Como decía, dos leyes que afectaban a la zona económica estratégica y a las aguas territoriales que lindan con Canarias. (Pausa). ¿Se me entiende? (Pausa).


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La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Oramas, ¿quiere un caramelo? (Risas y aplausos).

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Tiene el tiempo parado, no se preocupe.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Voy a terminar.

El problema que tenemos, señora ministra, es que la mediana con Marruecos no se ha fijado y Marruecos, de forma unilateral, en esa propuesta que, después de su visita, ha terminado la fase parlamentaria en el Parlamento de Marruecos, también se apropia de las aguas del Sáhara. Como sabe usted, la posición del Gobierno de España ha ido siempre consensuada, en línea con la ONU. Este mar tiene también una explotación económica: sabe que hay hidrocarburos, telurio, cobalto..., y en ese sentido, desde Canarias, le exigimos al Gobierno que sea proactivo, que no se espere a la decisión unilateral de Marruecos sino que sencillamente se fije un calendario con Marruecos para la parte que afecta a Canarias con Marruecos. Con respecto al Sáhara, le manifestamos nuestra preocupación y queremos saber si el Gobierno de España sigue en la línea de defender que no puede haber una expansión y una política de hechos consumados de apropiación del mar por parte de Marruecos. Nos ha preocupado mucho la información que ha salido ayer de que se cierre el consulado de El Aaiún. Hay 12?000 españoles de origen saharaui que estarían a mil kilómetros de poder hacer las gestiones, entre ellos miles de niños. Eso coincide también con su visita a Marruecos.

Desde Canarias no somos alarmistas, pero estamos preocupados profundamente y creemos, además, que no ha ayudado nada que el primer viaje oficial de Pedro Sánchez, por primera vez en treinta años de democracia, no haya sido a Marruecos, como hicieron todos los presidentes de España, del PP y socialistas. En ese sentido, usted dice que no hay que preocuparse, que esa no puede ser una decisión unilateral y que, si no, España irá a los tribunales internacionales. No se trata de eso. En este momento hay una política de hechos consumados por el Parlamento de Marruecos; como dije, lo ha aprobado la Cámara Baja, lo ha aprobado el Senado y sencillamente queda la firma del rey. Siéntense, Gobierno de España, priorícelo. Además, me gustaría que usted fuera muy clara respecto a cuál es la posición del Gobierno de España con el Sáhara, porque estoy segura de que sus socios de Podemos, del PNV, de Bildu o de Esquerra, no van a compartir que se deje el tema del Sáhara a una política de hechos consumados. Nosotros queremos para el Sáhara una solución justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes, que Naciones Unidas busca desde el año 1991.

Termino con una cuestión, señora ministra. Nuestro propósito es que el Gobierno cierre con Marruecos el acuerdo sobre la mediana marítima y, hasta que esto se produzca, nuestro vecino debe respetar el statu quo y evitar legislación propia que contravenga el derecho marítimo internacional. Esperamos una respuesta convincente, señora ministra, y anuncio que presentaremos una moción que garantice -esta es una cuestión importante- la soberanía española sobre sus espacios marítimos y la integridad territorial del archipiélago canario. España debe abrir, por tanto, de forma inmediata una vía diplomática con el Reino de Marruecos para evitar que nuestros vecinos persistan en dar eficacia a esa legislación sobre el mar. Y si fuera necesario, si no revierten los hechos consumados en vía amistosa y diplomática, es imprescindible que España presente una queja formal ante la ONU por incumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Convención de Montego Bay. Los canarios no somos alarmistas, los medios de comunicación no son alarmistas. Después de su visita a Marruecos, el Gobierno de Marruecos siguió con toda la tramitación parlamentaria. No he podido leerle todo lo que traía preparado porque me he quedado sin voz, pero desde luego seguiré alzando la voz ante el Gobierno de España, porque cuando usted dice: Voy a visitar a nuestros amigos canarios para tranquilizarlos, lo de nuestros amigos se utiliza para gente de otro país: nuestros amigos americanos, nuestros amigos marroquíes, nuestros amigos franceses... No nos gustó eso de nuestros amigos canarios, señora ministra. Esto es soberanía del territorio de este país, defensa del Estatuto de Canarias, donde está definido ya el mar que hay entre las islas.

Con respecto al tema del Sahara, me gustaría saber si el Gobierno de España sigue estando en esa posición. También quiero preguntarle por la causa por la que ha dejado desasistidos a 12 000 españoles de origen saharaui con el cierre de las oficinas en El Aaiún, donde están -usted lo sabe- todos los archivos coloniales y personales. Cada vez que los niños saharauis vienen a este país, ahí se tramitan las autorizaciones, los visados y usted va a impedir que esos niños, esas madres y esas familias -es


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imposible que recorran mil kilómetros- tengan esa autorización para venir en la época del terrible verano del Sáhara a este país, a esas vacaciones por salud. Por eso, le pregunto lo mismo.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señora Oramas.

A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno, la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (González Laya): Señora presidenta, señorías, señora Oramas, como sus señorías saben, la delimitación de espacios marítimos se rige por el derecho internacional. Las reglas en esta materia están contenidas en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Esta convención regula el derecho de cada Estado a establecer los espacios o zonas marítimas recogidas en esta convención, que son mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, así como la extensión máxima que cada uno de estos espacios pueda tener. La convención, el derecho internacional, también establece cómo y en base a qué criterios debe hacerse la delimitación de esas zonas marítimas cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente y exista solapamiento entre ellas. También se establece en la convención los mecanismos para la solución de controversias conforme a derecho. El establecimiento de los diferentes espacios marítimos suele ser un proceso largo y con un fuerte componente técnico que se demora en el tiempo. La convención no dice la manera en que cada Estado debe definir sus espacios, si de uno en uno o de manera global en un solo proceso legislativo. Deja, en definitiva, el momento y la modalidad a los intereses de cada Estado. España tiene fronteras marítimas con cinco Estados: Portugal, Francia, Italia, Marruecos y Argelia. La mayor parte de estas delimitaciones está aún pendiente. España no ha publicado una ley estableciendo sus zonas económicas exclusivas en todos sus mares. Hasta la fecha solo se ha declarado desde 1997, momento en el que España ratifica la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una zona de protección pesquera y, posteriormente, una zona económica exclusiva en el Mediterráneo noroccidental mediante un real decreto de 2013. En este espacio queda pendiente la delimitación de las zonas económicas exclusivas con Francia y con Argelia. Con esto, señorías, quiero poner de manifiesto que el establecimiento de espacios marítimos es un proceso largo en sí mismo, como lo es, en su caso, la delimitación de esos espacios con países vecinos. Ahora bien, en ausencia de esa delimitación, que suele entrañar negociaciones complejas, no existe un vacío legal. La convención establece límites y criterios. La práctica habitual de los Estados es aplicar provisionalmente en esas zonas de solapamiento, sobre la base de los principios y criterios de la convención, la equidistancia entre sus respectivas costas.

Centrándonos en el tema que nos ocupa, España y Marruecos tienen espacios marítimos superpuestos en tres zonas: en el mar de Alborán en el Mediterráneo, en la zona del estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz y en la zona de Canarias en el océano Atlántico. España y Marruecos tienen pendiente la delimitación de todos estos espacios marítimos. ¿Qué está haciendo Marruecos? Marruecos ha iniciado el proceso legislativo de actualización de sus leyes internas de declaración de espacios marítimos mediante la aprobación de dos proyectos de ley. Uno es el 37/2017, que modifica y completa el real decreto con rango de ley de 1973 que fija el límite de las aguas territoriales. El segundo es el 38/2017, que modifica y completa el real decreto de 1981 que establece una zona económica exclusiva de 200 millas marinas a lo largo de las costas marroquíes. Son dos textos con provisiones de carácter genérico que remiten, en cualquier caso, a la Convención sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas y al derecho internacional. Estos dos proyectos fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de Marruecos en 2017 y publicados en la página web de la Secretaría General del Gobierno, pero en ese momento, hace dos años y medio, no se les dio curso parlamentario. Ahora lo que ha hecho el Gobierno marroquí es reactivar la tramitación parlamentaria de estos dos proyectos ya conocidos al ser públicos. Por lo tanto, Marruecos está ejerciendo un derecho que le reconoce la Convención sobre el Derecho del Mar, que es el que tiene cada Estado, incluido España, a establecer los espacios marítimos reconocidos por esta convención. Este derecho a establecer los espacios marítimos tiene como límites las obligaciones, criterios y principios establecidos en la propia convención y en el derecho internacional.

¿Dónde estamos ahora? Los proyectos están en proceso parlamentario de aprobación en el Parlamento de Marruecos. Los dos proyectos fueron presentados ante la Comisión de Asuntos Exteriores el pasado 12 de diciembre. El 16 de diciembre fueron aprobados en el pleno de la Cámara Baja, el 22 de enero fueron aprobados por la Cámara de Consejeros o Cámara Alta en comisión y pleno. El iter legislativo aún


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no ha concluido. Debe continuar con la remisión de los proyectos a la Cámara Baja y la posterior remisión al Gobierno para sanción real y publicación en el diario oficial.

¿Qué hemos hecho? Quiero referirme a las gestiones y actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en esta cuestión que, como país vecino que somos de Marruecos, tiene implicaciones para nuestro país. España y Marruecos somos vecinos inmediatos, pero también socios y compartimos importantes intereses y mantenemos una variada cooperación en múltiples ámbitos. No se le escapará que el principal socio comercial de Marruecos es precisamente España. Con Marruecos mantenemos también un diálogo político muy amplio en el que están incluidas cuestiones relativas a la delimitación de los espacios marítimos. Tras la aprobación de estos proyectos por el Consejo de Gobierno en 2017, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos se comprometió a mantener informado al Gobierno de España de la evolución de la tramitación de los citados proyectos, cosa que ha hecho en cada etapa legislativa. El compromiso del Gobierno de Marruecos va más allá de mantenernos informados sobre la tramitación parlamentaria. Este compromiso lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos en sede parlamentaria durante la tramitación de los proyectos y ante los medios de comunicación españoles y marroquíes.

Con ocasión de mi viaje a Rabat el pasado 24 de enero, el primero bilateral de mi agenda como ministra, este tema figuró, como es natural, en la agenda de encuentros que mantuve con las autoridades. En todos encontré el mismo compromiso. Dada nuestra situación geográfica de vecindad, es evidente que nuestros espacios marítimos se solapan y requieren una delimitación. Esta delimitación, señoría, no ha sido llevada a cabo todavía. España y Marruecos están de acuerdo en que cuando se produzca esa delimitación esta solo se podrá hacer mediante acuerdo entre ambos Estados respetando la Convención sobre el Derecho del Mar que ambos hemos ratificado. Coincidimos en que en materia de delimitación marítima no caben ni los hechos consumados ni las decisiones unilaterales, esto es algo que ambos compartimos. Lo queremos así, pero también porque lo dice la Convención sobre el Derecho del Mar. Déjeme que le lea el artículo 74 de esta convención. Y cito: "La delimitación de la zona económica exclusiva entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional". Es decir, que cualquier delimitación que pueda afectar a Canarias debe realizarse por acuerdo entre los dos Estados concernidos. Quiero destacar que al finalizar mi viaje oficial a Marruecos viajé directamente a Canarias para, por responsabilidad y con sentido de Estado, mantener puntualmente informado al Gobierno canario de estas cuestiones que, entiendo, suscitan el interés de la población canaria, como lo hacen en el resto de la población española. Quiero también decirle que esta fue mi primera visita a una comunidad autónoma en España, entendiendo que Canarias, evidentemente, y sus intereses son también los intereses del Gobierno de España.

El proceso de aprobación legislativo en Marruecos no ha terminado y, por lo tanto, tampoco se ha iniciado el proceso de presentación y publicación de la documentación exigida por los órganos de Naciones Unidas para hacer pública la delimitación de espacios marítimos. En todo caso, nosotros estudiaremos meticulosamente el contenido de las disposiciones aprobadas y nos reservamos el derecho a reaccionar en la medida en que estimemos oportuno. Estamos firmemente comprometidos con la defensa de los intereses nacionales que, insisto, son también los intereses canarios, que no está en absoluto reñido con la voluntad expresada por España y Marruecos de gestionar esta cuestión a través del diálogo y el entendimiento. Quiero también referirme a la iniciativa de España de solicitar la extensión de la plataforma continental al oeste de las islas Canarias que, tras un largo estudio científico y legal, se formalizó en diciembre del año 2015. Esta solicitud también se está tramitando en sede de Naciones Unidas.

En definitiva, señora Oramas, señorías, como he tenido ocasión de transmitir personalmente hace unos días al presidente del Gobierno de Canarias -que, por cierto, me ha acogido gratamente en las islas-, en un asunto tan importante para las islas y para España como este tendremos la máxima transparencia y trabajaremos con el mayor espíritu de cooperación. En el derecho del mar no hay lugar para actos unilaterales donde haya solapamiento. La delimitación se hará de manera negociada, y en esto existe con Marruecos total sintonía, luego no caben actos unilaterales ni hechos consumados.

Sobre el consulado en El Aaiún, no ha habido ni hay un consulado en El Aaiún, hay un depositario de bienes que, hemos clarificado, no tiene capacidad para legalizar documentos. Luego, señora Oramas, implacables en la defensa de nuestros intereses e impecables en las formas y procedimientos. Esto es lo que queremos desde el Gobierno de España.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, primero, por qué don Pedro Sánchez no ha hecho lo que han hecho todos los presidentes en la democracia, su primera visita a Marruecos. ¿Cuáles han sido las razones del Gobierno para no hacer esa visita? Segundo, usted dice que Marruecos ha ejercido el derecho de delimitar sus aguas. Mi pregunta es: ¿por qué España no ejerce ese derecho? ¿Por qué el Gobierno de España no ejerce ese derecho? Usted dice que es un largo trámite que se demora en el tiempo. Los canarios llevamos cuarenta años pidiéndolo. Tercero, usted dice: Encontré el compromiso de Marruecos de no hacer acciones unilaterales. No las puede hacer por normativa internacional. Lo que me sorprende es que, después de que usted hubiese estado el 24 de enero en Marruecos, el 4 de febrero la Cámara Alta, el Senado de Marruecos, aprobase la ley de delimitación de aguas territoriales y zona económica exclusiva. ¿Sabe lo que dijo el ministro marroquí de Asuntos Exteriores? Dijo en el Parlamento que la iniciativa legislativa actualiza el sistema legal nacional para los dominios marítimos y que esta actualización proporcionaría una definición precisa de las áreas marítimas bajo la soberanía del Reino de Marruecos. Fíjese lo que dijo después de estar usted allí.

Señora ministra, no se trata de recurrir a los tribunales internacionales, allí hay intereses, por un lado, económicos, pero también hay un tema de geoestrategia política y hechos consumados sobre el Sáhara, y usted no me ha contestado si el Gobierno de España sigue teniendo la misma posición sobre el tema del Sáhara. Le pido que lo aclare. En la moción que presentaré la semana que viene pondré la propuesta sobre la posición internacional hasta ahora en política exterior de España en el Sáhara y, desde luego, quiero saber qué piensan sus socios en esta materia.

Una última cosa, claro que sé qué tipo de oficina había en El Aaiún, pero al cerrarla, que era la que estaba facilitando los visados y los papeles de la mayoría de los niños que vienen en verano a España y que ahora tendrán que hacer mil kilómetros, mi pregunta es: ¿va usted a abrir consulado en El Aaiún? ¿Cuándo lo va a abrir? ¿Cómo vamos a dejar asistidos a esos 12?000 españoles de origen saharaui que hacen sus gestiones allí, aunque sean gestiones menores? Tendremos que plantear una solución, aunque sea temporal, porque el verano viene pronto y deberán ser atendidos allí porque, como usted entenderá, la gente, y en especial los niños, que va a venir en el verano de los 50 grados en el Sáhara a nuestro país, no puede ir a mil kilómetros para conseguir el papel o el certificado. Nos preocupa también la custodia de los archivos de la época colonial y que tiene que ver con el referéndum de la ONU que están en El Aaiún en esas oficinas que tiene el Gobierno de España.

Termino. Lo que nosotros queremos es que ustedes sean proactivos, no se trata de esperar a que Marruecos tome la decisión e ir a los tribunales internacionales. Claro que no hay unilateralidad. Después de estar usted siguieron y el ministro marroquí dijo lo que le he comentado y, al final, soberanía nacional y Canarias. Canarias en su estatuto -que forma parte del marco constitucional- tiene un plano -que a lo mejor no lo saben los diputados-, es el único estatuto que tiene un plano en el que se fijan las líneas rectas, que el PSOE y el PP nunca quisieron y, al final, lo conseguimos por unanimidad, conseguimos que se incluyeran las aguas canarias. En este momento Canarias son ya las islas y el agua que nos rodea. Lo soñó Victoriano Ríos, lo soñó tanta gente... Y para los canarios el mar lo es todo. La gente dice que vivir en una isla te puede dar claustrofobia. A nosotros nos da claustrofobia Madrid, porque respirar el aire que viene del mar es parte de nuestro ser, de nuestro sentir, sobre todo cuando ese mar ha estado en peligro por hechos consumados, porque ese mar tiene una plataforma continental que tiene grandes materias primas, y no nos olvidemos de que en la cuestión del mar del Sáhara, en la cuestión del mar con Canarias, hay un tema de explotación de hidrocarburos y de otras materias muy importantes de cara al futuro, como el telurio, que están jugándose por multinacionales que están presionando. Le pedimos proactividad. En cualquier caso, la semana que viene presentaremos la moción, que estoy segura de que su grupo va a tener que apoyar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.

Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


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La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (González Laya): Gracias, presidenta, señorías.

Señora Oramas, lo que yo quisiera es que no cayéramos en el alarmismo, porque Marruecos está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo España, que es usar la Convención sobre el Derecho del Mar para fijar sus zonas marítimas. Lo que ha hecho Marruecos hasta el momento ha sido expresar por medio de una legislación su deseo de hacerlo. Aún no hemos visto cómo se va a trazar ese espacio marítimo. Por tanto, en estos momentos no cabe recurrir a una instancia internacional a quejarse. Por eso lo importante ahora es, creo, lo que está haciendo el Gobierno de España, que es hablar con el Gobierno de Marruecos para asegurarse de que la manera en la que se delimita el espacio, más allá de la expresión de la voluntad de delimitarlo, la manera concreta en que se va a delimitar este espacio responde a la legalidad internacional. Luego, diálogo para defender nuestros intereses y respuesta contundente cuando entendamos que se están violando nuestros derechos.

Sobre el Sáhara, voy a ser muy clara, señora Oramas. Nuestra posición hoy es la misma que la de ayer, que es la misma de hace un año, que es la misma de hace cinco años, que es la misma de hace diez años, porque esta es una postura de Estado. La inclusión en los proyectos marroquíes de las aguas del Sáhara Occidental es una cuestión de derecho internacional público cuya resolución corresponde a las instancias internacionales competentes y que no altera la posición de fondo de España con relación a la cuestión del Sáhara Occidental, que se sustancia en Naciones Unidas.

Insisto sobre la cuestión del consulado, que nunca existió. Lo único que hemos hecho ha sido poner un poco de orden asegurándonos de que la figura del depositario de bienes que está en El Aaiún no incurre en actos jurídicos para los que no tiene autorización ni capacitación. Insisto una vez más, señora Oramas, en que si su moción está en línea con los compromisos internacionales y de respeto de la legalidad internacional asumida por España, estaremos en posición de aceptarla.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

? DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, SOBRE LAS RELACIONES ECONÓMICAS CATALUÑA-ESPAÑA. (Número de expediente 172/000006).

La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Plural sobre las relaciones económicas Cataluña-España. Para su defensa, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Señora presidenta, señora ministra, señorías, planteando esta interpelación corremos un riesgo, digamos un riesgo mutuo: que parezca que yo vengo aquí a hacer un listado de agravios y que usted me diga que no estamos tan mal y que no me preocupe, que ya lo vamos a arreglar, que este nuevo Gobierno tiene un nuevo talante y que confíe en usted porque lo vamos a arreglar. Pero quisiera que lo afrontáramos con carácter propositivo y propósito de enmienda.

Voy a plantearle esta interpelación en tres bloques, para intentar resumir las relaciones no tanto económicas entre Cataluña y el Estado español, sino las relaciones financieras entre Cataluña, la Generalitat de Catalunya y todo nuestro país con relación al Estado español. El primero de estos bloques sería el sistema de financiación de la Generalitat de Catalunya. El sistema de financiación de la Generalitat de Catalunya, como el del resto de las comunidades de régimen común, es un sistema caduco que tendría que haberse revisado, un sistema injusto para Cataluña. Es verdad que es un sistema que se pactó en su día por el Gobierno del presidente Zapatero y el Gobierno tripartito de la Generalitat de Catalunya, pero es un sistema que claramente ha perjudicado a Cataluña; también a otras comunidades autónomas, pero yo le hablo de Cataluña. Es un sistema que ha hecho que Cataluña esté por encima de las comunidades autónomas que aportan, en concreto, la tercera, y esté muy por debajo de las que reciben, en concreto, la décima. Es un sistema perverso en sí mismo, que ha provocado que, cuando desde el Gobierno central se han incrementado impuestos como el IRPF o el impuesto sobre el valor añadido de forma importante, como se hizo en 2012 y 2013 por el Partido Popular, al final, la recaudación no del 50 %, sino del 100 % de este incremento de impuestos en Cataluña ha acabado beneficiando exclusivamente a la Administración central y no a la Generalitat de Catalunya. Es un sistema perverso que ha implicado que, cuando desde esta Cámara o desde el Gobierno del Estado español se han implementado algunas iniciativas legislativas, se ha generado una mayor presión de gasto en la Generalitat de Catalunya que no se ha visto compensado. La hepatitis C podría ser un ejemplo, pero quizá el ejemplo más clamoroso ha sido el de la Ley de la


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dependencia, ley que en principio tenían que haber financiado desde la Administración General del Estado en un 50 % y en estos momentos en Cataluña solo están financiando en un 16 %. Estuvieron aportando más de 6000 millones para financiar la dependencia en Cataluña y en estos momentos están aportando algo más de 1300. Por tanto, ha sido un sistema perverso. Cuando tú estás mal financiado, cuando no tienes recursos suficientes para hacer frente a tus competencias, queda un recurso no deseado, pero posible, que es el de generar déficit. En este ámbito la generación de déficit también ha perjudicado especialmente a Cataluña y al conjunto de las comunidades autónomas. Simplemente le recuerdo que en al año 2011 el conjunto del déficit del Estado español se repartía así: la Administración central y la Seguridad Social consumían el 60 % del déficit y las comunidades autónomas consumían el 35 % del déficit. Con la propuesta que ustedes nos van a traer a debate la próxima semana, la Administración central y la Seguridad Social absorben el 89 % del objetivo de déficit y, en cambio, a las comunidades autónomas, Cataluña incluida, les ceden solo el 11 % de este objetivo de déficit. Por tanto, el sistema de financiación de la Generalitat es pésimo y se debe resolver a muy corto plazo, señora ministra.

Hay otro aspecto sobre el que no voy a alargarme, porque hicimos una interpelación al ministro Ábalos hace pocos meses, pero que tengo que citar cuando hablo de las relaciones financieras entre Cataluña y España, y es la acción inversora de los Presupuestos Generales del Estado en Cataluña. ¿Qué le voy a recordar? Que durante estos últimos treinta y dos años la media de la inversión territorializada en Cataluña es del 12 %, cuando la media de la población es el 16 % y cuando la aportación al PIB es el 19 %. Y no es que ustedes presupuesten poco, es que ejecutan menos. Mire, recientemente la Cámara de Comercio de Barcelona presentó un informe en el cual se evaluaba que, si hubiesen invertido simplemente lo que habían presupuestado -no lo que realmente tocaba en Cataluña-, habría un impacto del 3,3 % del PIB en Cataluña. ¡Fíjese!, simplemente cumpliendo la inversión a la que ustedes se han comprometido -y cuando digo ustedes hablo de los diferentes Gobiernos centrales- el impacto sería del 3,3 % del PIB en Cataluña.

Señora ministra, el tercer bloque, quizás el más doloroso, es el de los incumplimientos con la relaciones financieras. Incumplimientos son incumplimientos; es decir, había un acuerdo, había un pacto, había unas leyes que se debían cumplir. No se han cumplido. Ha habido unas sentencias que reconocen que se tendrían que cumplir y no se han cumplido. Y aquí le puedo hablar de la disposición adicional tercera del año 2008, más de 700 millones de euros -sentencia del Tribunal Supremo de 2017-, dos años después todavía pendientes de pago. Le podría hablar de la disposición adicional tercera, no de 2008, sino de 2009 hasta 2003: casi 3000 millones de euros. Ningún gesto de querer pagar. Podría hablarle de las sentencias del Tribunal Constitucional que establece que el 0,7 % del IRPF destinado a fines sociales debería ser gestionado íntegramente por la Generalitat de Catalunya. Después de no sé cuántos años y no sé cuántas sentencias su propuesta es que se gestione el 80 %. No el 80 %, se debería gestionar el 100 % del 07 % del IRPF. Tenemos 688 millones de euros pendientes de los Mossos d'Esquadra, pendientes desde el año 2010, pero han pasado Gobiernos de todos los colores y no se paga. Estos incumplimientos hacen muy difícil explicar en Cataluña determinadas situaciones, señora ministra. De verdad, se hace muy difícil, y es muy difícil explicarles que se tiene que dialogar. Les está hablando un abanderado del diálogo -lo he sido, lo soy y lo continuaré siendo-, pero hay cosas que son muy difíciles de explicar, señora ministra. Ustedes les dicen ahora a los catalanes que por un tema del anterior Gobierno no se pagaron 443 millones de euros de IVA y que ustedes no van a pagarlos; "no les vamos a pagar". Usted nos está diciendo que se tendrían que haber pagado, sí, pero que no se pagaron y no los van a pagar. Nos dicen que van a dejar que nos endeudemos un 0,2 % para que compensemos lo que no nos pagaron, lo que nos corresponde, lo que pagaran los catalanes y tendría que haber ingresado de la Generalitat de Catalunya. No, el 0,2 % no es lo que le corresponde a la Generalitat como objetivos de déficit; de hecho, le correspondería, como mínimo, el 0,3 %, y eso sería para poder hacer inversiones, para poder hacer otro tipo de actuaciones, no para compensar lo que el Estado tenía que haber aportado y no le aportó, señora ministra. Porque, si no, estamos posicionándonos en una situación en la que dialogamos y dialogamos -nosotros somos favorables al diálogo- y, mientras tanto, ustedes hacen lo que quieren. Y no es ninguna solución. Y esta es la lectura y la percepción que hay en estos momentos en Cataluña, señora ministra. Que el fruto del diálogo sea el cumplimiento de lo que ya se acordó años anteriores y no se cumplió no es ninguna base, eso no genera ningún tipo de credibilidad. Eso es difícil de explicar en Cataluña y es difícil de explicar incluso -le repito- a los abanderados del diálogo. Para ponerse a hablar, uno tiene que pagar sus deudas. Si no paga sus deudas y dice: vamos a hablar de


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cómo voy a pagar tus deudas... ¡Hombre, no! ¿y qué pasa con todo el resto? Si nos dice que no, que con pagar sus deudas ya tiene suficiente, eso no es posible.

Señora ministra, todas estas relaciones económico-financieras entre Cataluña y España tienen un reflejo muy claro en las balanzas fiscales. El presidente Zapatero, con el ministro Solbes al frente, fue valiente y, de acuerdo con unos criterios que se establecieron en esta Cámara, decidió publicar las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales no solucionan nada pero nos ponen a todos ante el espejo. ¿Va usted, su Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, a publicar las balanzas fiscales en Cataluña? ¿Tienen voluntad real simplemente de explicar a los catalanes no lo que van a hacer sino cuál es y cuál ha sido la situación? Porque, si no nos atrevemos a explicar la realidad y a ser transparentes en estas relaciones económico-financieras entre Cataluña y España, difícilmente vamos a tener credibilidad unos y otros abanderando un diálogo y un reencuentro, lo que significa volver a encontrarse. La pregunta es: ¿Cataluña y España se han encontrado alguna vez?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.

A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, presidenta.

Empezando por el final, señor Bel, ¡claro que Cataluña y España se han encontrado muchas veces y claro que es obligación de los Gobiernos de Cataluña y de España volver a encontrarse y buscar una solución dialogada al conflicto político en Cataluña! Yo creo, señor Bel, que en eso al menos podemos estar de acuerdo y, por tanto, es la senda que tenemos que intentar recorrer a lo largo de los próximos meses para intentar llegar a una solución que las partes sabemos que no es fácil. Sabemos que nos sentamos en una mesa con posiciones encontradas, con posturas discrepantes sobre muchos de los aspectos, pero, al menos, por la parte que le corresponde al Gobierno de España, con la voluntad de intentar explorar esos puntos de acuerdo y llegar a una solución que permita una mejor convivencia entre los catalanes y una mejor convivencia de Cataluña en el conjunto de España.

Señor Bel, he escuchado atentamente su intervención y creo que hay algunas cuestiones que son bastante obvias y que están fuera de duda. Me refiero a que creo que usted no puede dudar de que este Gobierno, desde que ha llegado a la Moncloa -anteriormente sustentado solo por el Partido Socialista, hoy con un Gobierno de coalición, de progreso-, ha dado muestras inequívocas de su apuesta por las comunidades autónomas, y creo que esto no es discutible. Si comparamos, por ejemplo, la cifra de recursos de 2020 con la de 2017 -el último año de presidencia del señor Rajoy-, la financiación de las comunidades autónomas ha aumentado en 13?000 millones tan solo en ese periodo, una cifra que este año aún será mayor. Si cogemos etapas completas, la etapa del Partido Popular, la financiación de comunidades autónomas entre 2011 y 2017 aumentó en casi 16?000 millones. Si nos centramos solamente en lo que han supuesto estos dos años desde que llegó el señor Sánchez a la Moncloa, prácticamente la financiación en dos años ha sido la misma que en los seis previos del señor Rajoy. Creo que eso, señor Bel, es una opción política, una apuesta clara por que las comunidades autónomas, que son las que prestan el Estado del bienestar, tengan los recursos suficientes o al menos los justos para hacerlo en condiciones de calidad, de excelencia, que es lo que todos perseguimos.

La actualización de las entregas a cuenta el año pasado desligada de la aprobación de los presupuestos, sin duda, es un elemento que abunda en la autonomía que este Gobierno considera que tienen que tener las comunidades autónomas, que no pueden esperar a que haya un presupuesto en España para poder elaborar sus cuentas públicas y tener certezas sobre el tipo de ingresos. Esos son avances objetivos, señor Bel, para el entorno autonómico. Lo hemos hecho también justamente al principio de este año, con la actualización de las entregas a cuenta a Cataluña, por ejemplo, que le va a permitir tener 1987 millones más de los que no hubiera dispuesto si el Gobierno hubiera cogido el camino fácil de intentar no explorar posibilidades que le marcaba la ley, que usted recordará que trajimos a esta Cámara para poder actualizar esos recursos y hacer un gasto público acorde con las necesidades que actualmente tienen los ciudadanos. Le pongo más ejemplos. Usted recordará que, después de la moción de censura, se convocó una Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales que no se había reunido en los últimos diez años en el Estado. Creo que ese es un segundo ejemplo de la apuesta que está haciendo este Gobierno por intentar realmente normalizar unas relaciones que nunca se tuvieron que haber enquistado y que tenían que haber fluido con una mayor normalidad, un mayor reconocimiento y una capacidad de, al menos en términos financieros, intentar llegar a un acuerdo. Usted recordará que también se acordó dar cumplimiento a la sentencia del


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Tribunal Supremo de 2017 sobre el déficit inversor del Estado que había y sobre que no se estaba atendiendo el coste que el traspaso de la competencia de los Mossos d'Esquadra tenía para la Comunidad Autónoma de Cataluña. Lo que sí le digo, señor Bel, es que llama la atención que a veces su partido político -y ocurre también con otras formaciones políticas- nos hacen exigencias y cuando vienen aquí los Presupuestos Generales del Estado ustedes los tumban. Eso fue lo que ocurrió con los Mossos d'Esquadra o con el déficit inversor del Estado. Ahora iré pasando por los puntos que usted ha mencionado, pero, claro, no se le podrá achacar a este Gobierno la responsabilidad de no haber cumplido, sino que más bien tendríamos nosotros que trasladarles a ustedes que por qué, si cumplimos con nuestros compromisos, tal y como estaba establecido en el proyecto de presupuestos, no aprobaron unas cuentas que eran buenas para Cataluña. Esa probablemente es la cuestión que espero que no se vuelva a repetir y que podamos discutirlo en los próximos presupuestos que entrarán en esta Cámara. Porque, más allá de a lo que cada uno aspire en términos políticos -y usted sabe que en ese sentido el respeto de este Gobierno siempre ha sido manifiesto-, más allá de lo que ustedes transmitan en relación con su vocación respecto a Cataluña, lo que sí es obvio es que el día a día de los catalanes hay que construirlo a partir de los Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos de la propia Generalitat; presupuestos que tienen ustedes en trámite. Con independencia de que el señor Torra haya dicho que convocará elecciones tras la aprobación de los presupuestos, entiendo que ustedes consideran que necesitan unas cuentas públicas, de la misma manera que Cataluña necesita que el Estado tenga unas nuevas cuentas públicas, porque las pensiones, la dependencia, la capacidad de que le lleguen recursos, las inversiones, son también necesarias para el funcionamiento habitual, insisto, con independencia de que uno tenga aspiraciones que estén en otro entorno o que tengan un motivo político que supera y que trasciende un debate de presupuestos.

Usted decía en el primer punto, señor Bel, que este Gobierno no había acometido la reforma del sistema de financiación autonómica, y es lógico y es verdad; un sistema de financiación autonómica caducado desde el año 2013. Ahora, usted entenderá que este Gobierno lleva trabajando a pleno rendimiento o con plenas capacidades desde hace un mes. Había estado previamente sin un proyecto de presupuestos. Usted conoce perfectamente que estuvimos en funciones prácticamente un año, que no son las mejores condiciones para abordar la reforma de algo tan importante que vertebra nuestro país como es el sistema de financiación autonómica.

No comparto del todo algunas afirmaciones que ha hecho respecto a cómo se comporta el modelo en relación con Cataluña. Probablemente porque los datos de los que disponemos ambos no son datos que ustedes tengan contrastados con el Estado. Si comparamos cómo se han comportado los recursos en comunidades autónomas respecto a los recursos de la AGE, en los años 2011 a 2018 las comunidades autónomas han crecido un 41 % y la Administración General del Estado ha crecido un 33 %. ¿Esto significa que es mejor o peor? Bueno, significa que, al menos, esas afirmaciones que usted ha hecho también en la tribuna se refieren a la etapa del Partido Popular -creo que se refieren a los años de crisis, a la etapa hasta el año 2017-, y, sinceramente, no tienen esa misma evolución en los años en los que ha gobernado el presidente Sánchez, y creo que esos datos ustedes los conocen.

En segundo lugar, señor Bel, sí que me gustaría que se incorporaran a los grupos de discusión sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. Estamos esperando. Últimamente han acudido a alguna de las reuniones del comité técnico. Ojalá puedan estar participando con personas con capacidad decisoria, porque el futuro del modelo de financiación se está gestando, se está discutiendo, se va a debatir en ese entorno en donde es fundamental que la comunidad catalana tenga una representación política que permita adoptar decisiones, determinar criterios y, por tanto, saber y conocer cómo entiende el Govern de Cataluña que tiene que dirigirse el sistema de financiación para que sea más justo en relación con los servicios públicos que ustedes prestan. Yo hoy, desde la tribuna, le reitero esa invitación y le digo que es un compromiso de este Gobierno el que durante esta legislatura podamos articular un modelo de financiación que permita hacer frente al gasto que tienen unos servicios públicos que, con independencia de qué administración los desarrolla -para este Gobierno son fundamentales sanidad, educación, políticas sociales, competencias que están transferidas a comunidades autónomas-, son fundamentales para el Estado de bienestar y para que este país pueda estar en la senda de progreso.

Señor Bel, me hablaba usted de las inversiones en Cataluña. En este sentido, le tengo que decir que creo que el dato de la baja inversión territorializada que usted acusa que ha tenido la comunidad catalana respecto al Gobierno o respecto a la ejecución también se refiere a la época del Partido Popular, porque los últimos datos de ejecución respecto al Gobierno de Pedro Sánchez están dando una ejecución en


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torno al 86,2 %. Si usted lo que me quiere decir es qué compromisos hay respecto al cumplimiento de la sentencia y al respeto a la disposición adicional sobre inversiones territorializadas en Cataluña, yo le respondo que el proyecto de presupuestos que trajimos a esta Cámara cumplía con las dos cuestiones, señor Bel. (El señor Bel Accensi hace signos negativos). Sí, usted sabe que sí, no me diga que no desde el escaño; usted sabe que sí, ahí está el texto para que lo puedan comprobar. Se cumplía con la inversión territorializada en Cataluña, según dispone el estatuto de autonomía, y se cumplía con la sentencia que daba lugar al pago de ese diferencial en relación con los Mossos d'Esquadra, 'faseado' en tres años, según el acuerdo al que llegamos en la comisión bilateral y, por tanto, con el respeto por parte de este Gobierno de las reuniones y los compromisos mantenidos con Cataluña. Por cierto, senda que vamos a continuar; no tenga duda de que cuando lleguemos a un acuerdo en las diferentes materias se pondrán en marcha o se ejecutarán en los instrumentos que luego ustedes tienen que aprobar. Porque si traemos un proyecto de presupuestos que cuenta con su rechazo, evidentemente, no es posible operativizar aquellos compromisos que ahora usted desde la tribuna exige. Pero van a tener ustedes otra oportunidad, esto es como la segunda parte de un mismo elemento. Traeremos a esta Cámara un proyecto de presupuestos que cumplirá con Cataluña y espero, señor Bel, que cuando usted lo pueda comprobar voten la tramitación de un proyecto de presupuestos que será bueno para el conjunto de los catalanes.

Voy terminando. Hablaba usted también -si no ahora en mi réplica se lo comentaré- de que la Comunidad Autónoma de Cataluña había recibido menos recursos y que las balanzas fiscales eran necesarias para conocer con transparencia la situación. Solamente le voy a decir una cosa, señor Bel: el modelo de financiación autonómica está pensado para garantizar la igualdad en las prestaciones de los servicios públicos que se dirigen a los ciudadanos. Ese es el objetivo que tienen; el objetivo es que la sanidad, la educación o la dependencia tengan un gasto apropiado y que, además, al menos en estos elementos, no haya diferencia de trato respecto a que un ciudadano viva en el sur de España, viva en Cataluña o viva en Galicia. Por tanto...

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, tendría que terminar, por favor.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Termino con esta frase, señora presidenta.

Por tanto, ese concepto significa, señor Bel, que a efectos del modelo de financiación, quienes pagan los impuestos son los ciudadanos, no los territorios. En consecuencia, tendremos que hacer un sistema que permita realmente una igualdad de trato, porque eso es lo que se persigue y lo que nos permite construir una España diversa, plural, con sus peculiaridades, pero al menos que en lo básico, en lo importante, aseguremos que todos los ciudadanos seamos iguales.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, son muchos los temas que ha dejado encima de la mesa, le voy a comentar algunas cuestiones. Respecto al tema del presupuesto que no se votó, yo he sido once años alcalde, he tenido mayoría absoluta y no he tenido mayoría absoluta, y cuando no tenía mayoría absoluta, a los grupos que pretendía que me votasen el presupuesto los llamaba, intentaba ponernos de acuerdo y después, si nos poníamos de acuerdo, nos votaban. ¿Usted nos llamó? No. ¿Alguien de su Gobierno nos llamó? No. ¿Alguien del Grupo Socialista nos llamó? No. Pues aparte de que son unos presupuestos malos, ustedes ni intentaron que les aprobásemos el presupuesto, ustedes sabrán por qué.

En relación con el incremento de la última etapa del presidente Sánchez respecto a Cataluña y las comunidades autónomas, yo solo le dejo un dato por si le suena: ustedes están gobernando con el presupuesto del señor Rajoy. Yo no voy a defender al señor Rajoy, yo voté su moción de censura, pero ustedes están gobernando con su presupuesto; por tanto, no se atribuyan tantos triunfos. Dice: ustedes no votaron y no hemos podido cumplir con los Mossos d'Esquadra. Ustedes pretenden cumplir en tres o cuatro años con la sentencia en relación con la disposición adicional tercera del 2008, ¡2008! De 2008 hay 759 millones pendientes y ahora, en 2020, pretenden pagarlos con cuatro años de plazo. Señora ministra, así es muy difícil generar confianza. En los presupuestos no estaban los 759 millones de euros de la sentencia de la disposición adicional tercera de 2008. Pero aun así, usted dice: es que sin los presupuestos no hemos podido hacer determinadas políticas. Bueno, sin los presupuestos ustedes han hecho


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modificaciones presupuestarias en el Ministerio de Defensa por valor de 1000 millones de euros. Estos 1000 millones de euros, aparte de destinarlos a más defensa, los podrían haber destinado, una parte al menos, a Cataluña y a compensar todos estos déficits.

En todo caso, señora ministra -se lo expliqué el otro día a la ministra de Economía en su comparecencia cuando decía: oiga que esto depende del Partido Popular, que esto depende del Partido Socialista-, en Cataluña ya no conocemos Gobiernos ni del Partido Popular ni del Partido Socialista ni Gobiernos del Partido Socialista y Unidas Podemos; conocemos Gobiernos del Estado, y quien incumple en relación con Cataluña es el conjunto del Estado, no es el Gobierno del Partido Popular ni el Gobierno del Partido Socialista. Por tanto, ustedes deben empezar a hacer gestos, y hacer gestos no es subir aquí y decir lo vamos a arreglar, sino hacer gestos reales, señora ministra.

Mire, yo la he interpelado por el tema de las balanzas fiscales y le he preguntado si ustedes pretendían realizarlas y publicarlas, y ya me ha respondido que no. Eso no es nuevo en una parte del PSOE. Yo entiendo que hay una parte del PSOE que está abogando por no publicar las balanzas fiscales, pero, señora ministra, las balanzas fiscales no recogen exclusivamente el efecto del sistema de financiación de la Generalitat de Catalunya o de las comunidades autónomas, recogen el efecto de las relaciones económicofinancieras de Cataluña con el conjunto del Estado o de cada una de las comunidades autónomas con el conjunto del Estado. Nosotros no pretendemos tener un déficit fiscal cero, eso sería lo ideal; ya aceptamos un cierto déficit fiscal mientras pertenezcamos al Estado español, pero es que en estos momentos son 16?000 millones. Lo que me preocupa de su afirmación -y entiendo que si nadie lo desmiente debe ser así- es que esta sea una posición solidaria del Gobierno. O sea, el Gobierno actual no va a publicar ni va a elaborar balanzas fiscales, y creo que eso afecta a todo el Gobierno: al Partido Socialista, al PSC, a Unidas Podemos y a Els Comuns; a una parte del Partido Socialista eso no le va a crear ninguna contradicción, pero al resto de los actuantes que he mencionado más a todos aquellos que le dieron apoyo en su investidura, quizá les cree alguna inquietud y quizá le hagan rectificar. Nosotros le vamos a pedir que rectifique, señora ministra. Y por los presupuestos no se preocupe que, si ustedes los traen a la Cámara, hablaremos si quieren hablar con nosotros; hasta ahora no han querido, ustedes sabrán, pero, evidentemente...

La señora PRESIDENTA: Señor Bel, tiene que terminar. Gracias.

El señor BEL ACCENSI: Sí, voy terminando, señora presidenta.

Evidentemente, nosotros votaremos en función del impacto de estos presupuestos en Cataluña y en el conjunto de los catalanes.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.

Para concluir el debate, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Bel, le tengo que manifestar mi sorpresa, no ingenua, ante el hecho de que usted en la tribuna haya dicho, más o menos, que le da igual quién gobierne España. (Rumores). Eso es lo que ha dicho en la tribuna, señor Bel. En la tribuna ha dicho que lo mismo da porque ustedes lo que intentan plantear es contra el Estado. (El señor Bel Accensi hace signos negativos). Probablemente yo lo he interpretado mal. Le he escuchado -ahí está el acta- esa afirmación y me parece que parte de un gravísimo error. Claro que no da igual quién gobierne en España, claro que no da igual qué sensibilidad tenga el Gobierno respecto a la situación de Cataluña, y no va usted a comparar la actitud de este Gobierno progresista de coalición que representa el Partido Socialista y Unidas Podemos con la actitud que ha mantenido el Partido Popular, VOX o Ciudadanos. Al menos eso me lo tendrá usted que reconocer, señor Bel. (El señor Bel Accensi pronuncia palabras que no se perciben). Ha venido a decir en la tribuna que no hacen distingos, que a ustedes... (El señor Bel Accensi hace signos negativos). Bueno, pues eso es lo que yo le he entendido y como es lo que le he entendido, permítame que haga la reflexión respecto a esa cuestión. Si no es así, yo me alegro; si no es así, yo me alegro porque creo que no se puede tratar igual a los distintos y, evidentemente, la posición que tiene este Gobierno respecto al diálogo en Cataluña es una posición que hay que aprovechar para intentar buscar puntos de encuentro, que son difíciles, señor Bel, muy difíciles. Sabemos que cada uno nos encontramos en las antípodas, pero tendremos que tener la capacidad de intentar llegar a esos puntos que nos permitan la solución a la que todos aspiramos,


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porque pienso que a lo que todos nos dirigimos es realmente a que esa situación acabe, a que la crispación y la falta de normalidad en la convivencia acaben y que tengamos capacidad de encontrar elementos que sean satisfactorios para todas las partes. Al menos ese es el ánimo con el que este Gobierno acude a la mesa de diálogo y con el que este Gobierno se dirige siempre a su formación política.

Señor Bel, es muy difícil llamar para negociar un tema a una formación política que se autoexcluye de entrada y que dice que no va a apoyar los presupuestos, salvo con una serie de condiciones que no son conseguibles. Es como ha hecho el Partido Popular en los últimos días cuando dice: yo apoyo los presupuestos si ustedes cambian la política económica, no dialogan con Cataluña y hacen una política como la nuestra; es decir, que si nosotros dictamos lo que tiene que hacer el Gobierno, entonces estamos dispuestos a apoyar, pero si el Gobierno, que es el mayoritario, elegido por los ciudadanos, sigue su programa electoral, nosotros no apoyamos. Juego de palabras, señor Bel. (Aplausos). Si nosotros traemos un presupuesto bueno para Cataluña, ¿van a apoyar?, ¿van a apoyar? A eso es a lo que yo aspiro y es lo que deseo. Claro que serán ustedes llamados. Y no es justo que diga usted que en el proyecto de presupuestos no se respetaban los acuerdos que creíamos imprescindibles para seguir avanzando, entre ellos el respeto al estatuto de autonomía y, por tanto, que la inversión en Cataluña sea la adecuada según el estatuto. En segundo lugar, el pago de la sentencia en la secuencia que hemos acordado en la Comisión bilateral, que es donde tenemos capacidad de ver cuáles son los elementos que nos permiten secuenciar esa hoja de ruta. Le vuelvo a hacer la pregunta, señor Bel, si en estos presupuestos se respeta el Estatuto de Autonomía de Cataluña y cumplimos los acuerdos alcanzados en la Comisión bilateral respecto a la sentencia, ¿van a apoyar la tramitación de los presupuestos? Porque esa es la pregunta, ¿van a participar en la reforma del modelo de financiación autonómica?, ¿van a sumar su opinión, su vocación, sus expectativas a las del resto de grupos políticos que estamos trabajando o al menos intentando aportar algo para conseguir un modelo justo? Les animo a que lo hagan y además, señor Bel, sería deseable y bueno -los ciudadanos lo esperan- que normalicemos la situación de convivencia entre el Estado y la Generalitat. No hay ningún tipo de duda en que esta mesa de diálogo, que espero que se pueda celebrar durante el mes de febrero, contribuirá a la normalización de esas relaciones, porque no podemos vivir de espaldas unos a otros o poniéndonos de perfil, como sí hizo el Gobierno del Partido Popular durante demasiado tiempo.

Señor Bel, nosotros vamos a seguir con la mano tendida permanentemente. Necesitamos que este arco parlamentario decida sobre cuestiones importantes que afectan al día a día de la vida de los españoles y españolas y, por supuesto, de los catalanes y catalanas. Por eso seguiremos trabajando en esa dirección intentando aportar. Habría que intentar despejar de la incógnita si realmente en Junts per Catalunya -que está presente en el Congreso de los Diputados y, por tanto, le tiene que interesar la política nacional porque, si no, no estaría su señoría representando a su grupo político- de verdad tienen una actitud constructiva que nos permita a partir de los proyectos que presente el Gobierno enriquecerlos, tramitarlos, orientarlos o cambiarlos según su propia expectativa. Nosotros estamos dispuestos. Vamos a tener la prueba de fuego con la presentación de los presupuestos. Espero al menos que permitan la tramitación y que en el marco de las enmiendas podamos incorporar algunas de las aspiraciones, que me parecen legítimas, de su grupo.

Termino diciéndole lo siguiente, señor Bel; yo no tengo ningún problema con las balanzas fiscales siempre que su metodología sea adecuada y siempre que no se utilicen como arma de confrontación política. Sabe usted que en el pasado la publicación de las balanzas fiscales ha supuesto una confrontación política.

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, tiene que terminar, por favor.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Termino.

Como usted me hacía directamente la pregunta, se la respondo. Este Gobierno no tiene ningún problema en publicarlas siempre que la metodología sea adecuada y no se utilicen para enfrentar unos territorios con otros, porque es responsabilidad de este Gobierno velar por la convivencia democrática de todos los españoles y españolas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


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? DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO VA A ADOPTAR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA EN CATALUÑA Y EN OTROS POSIBLES TERRITORIOS DE ESPAÑA EN LOS QUE, MEDIANTE UN EJERCICIO FRAUDULENTO DE LA COMPETENCIA TRANSFERIDA, LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA APLICA FRAUDULENTAMENTE DICHA LEGISLACIÓN CON EL FIN DE EVITAR LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS Y CONSEGUIR INDULTOS ENCUBIERTOS. (Número de expediente 172/000007).

La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña y en otros posibles territorios de España en los que, mediante un ejercicio fraudulento de la competencia transferida, la Administración autonómica aplica fraudulentamente dicha legislación con el fin de evitar la eficacia de las sentencias condenatorias y conseguir indultos encubiertos. Para su defensa tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. (Aplausos).

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidente.

Hay algunos que tienen siempre la memoria atascada en hace más de ochenta años, pero no se acuerdan de lo que ocurrió hace tan solo tres años. Para eso está VOX, para recordarles, para refrescarles la memoria. Nos situamos en febrero de 2017. Esta acusación popular, la ejercida por VOX, inició todas las querellas en los juzgados de Instrucción de Cataluña, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo que, tras una magnífica investigación por parte de la Policía judicial y la Guardia Civil sobre gravísimos delitos de rebelión, de sedición, de malversación de caudales públicos, de prevaricación y de desobediencia, fue concluyendo un acopio probatorio que terminó, como todos ustedes saben, en una sentencia condenatoria en el Tribunal Supremo. El 1 de octubre de 2017 se produjo esa farsa de referéndum ilegal en el que algunos votaban cinco veces, en el que se insultaba y golpeaba a las unidades de las UIP y de los GRS de la Guardia Civil cuando intentaban cumplir las sentencias de los tribunales. El 27 de octubre de 2017 se produjo en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña una declaración de independencia, de secesión. Y más allá, durante dos largos años de proceso, de instrucción, de investigación, de juicio y de enjuiciamiento, por fin el 14 de octubre de 2019 se dictó la sentencia por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, condenando a la mayoría de los miembros del Gobierno de la Generalidad y de la Mesa del Parlamento a sentencia condenatoria por sedición y malversación de entre nueve y trece años, nueve y trece años.

Pero ¿qué ocurrió en junio de 2019, señor Marlaska? Pues que el Gobierno del Partido Socialista salió corriendo a trasladar a los presos a las cárceles catalanas, a esas a las que se les ha transferido la competencia penitenciaria; una gran irresponsabilidad, como veremos a continuación. Antes de que se dictase sentencia ya estaban allí, a buen recaudo, a recaudo de la misma Generalidad que había dado un golpe de Estado; sus presos, como decían ellos, sus presos políticos a buen recaudo en las prisiones bajo la competencia de la misma Generalidad golpista. Recuerden también que el señor Marlaska: -esto es memoria- nos pidió a los españoles tranquilidad y confianza en las instituciones catalanas y centrales. Seguro que lo recuerda, señor Marlaska, tranquilidad y confianza. Pues cuando un ministro del Partido Socialista pide tranquilidad y confianza provoca intranquilidad y desconfianza a todos los españoles, como así los hechos lo han corroborado. (Aplausos). En la pasada legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, pregunté al Gobierno: ¿van a conceder ustedes indultos a los golpistas? La evasiva y la callada por respuesta fue la contestación del Gobierno. Hoy ya sabemos todos los españoles por qué. Ya lo sabemos, la semana pasada las juntas de tratamiento de las prisiones de la Generalidad de Cataluña aplicaron un mecanismo absolutamente excepcional, el del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, en una evidente burla, en un clarísimo fraude de ley y en un auténtico ejercicio fraudulento de la competencia transferida de prisiones porque en la práctica, de hecho, supone saltarse, esquivar y evadir las consecuencias reales de la ejecución de una sentencia tan grave, de nueve a trece años, y ya están en semilibertad, ya están los golpistas en la calle. ¿Qué pensarán otros muchos presos que han cometido delitos infinitamente menos graves y que llevan años y años cumpliendo prisión?

Esto tiene unas gravísimas consecuencias y desde esta tribuna venimos a denunciarlo alto y claro para que todos los españoles lo sepan, aunque ustedes, señores del Gobierno, lo saben perfectamente. En primer lugar, esto supone una evidente vulneración de principios constitucionales, de dos principios que desgraciadamente hoy se vulneran con demasiada frecuencia. El primero es el artículo 14, que nos obliga a todos en igualdad al cumplimiento de la ley; igualdad de todos los españoles, de todos, incluidos


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los que forman parte de los Gobiernos golpistas de la Generalidad, de todos. El segundo es el artículo 117, ese que nos exige la obligación de cumplir las sentencias y que otorga en exclusiva a los jueces y tribunales la resolución y el cumplimiento de esas sentencias. Esto supone además un evidente desprecio a la acción de la justicia. Les recuerdo que estamos en un Estado de derecho y que no se puede despreciar como se ha despreciado la acción de la justicia que, como todos ustedes saben, está formada por las acusaciones; la acusación popular que ejerció VOX, la acusación pública que ejerció el ministerio fiscal, la acusación particular que ejerció la Abogacía del Estado hasta que fue torcida, cambiada y sustituida para que cumpliese la voluntad del Gobierno socialista como abogados del Partido Socialista y no como abogados del Estado. Por último, también se despreció la acción de esa justicia en la investigación policial y, por supuesto, en los magistrados del Tribunal Supremo. Evidentemente, los magistrados del Tribunal Supremo en cierta medida podrían haber evitado el escándalo y las consecuencias que se están produciendo; lo podrían haber evitado si hubieran querido aplicar el artículo 36.2 del Código Penal, esa facultad que les otorgaba de haber establecido al menos el cumplimiento del 50 %, la mitad de la condena, antes de que se pudiera aplicar el tercer grado. No quisieron hacerlo, como tampoco quisieron ver que no nos encontrábamos ante simples delitos de sedición -que para algunos no tienen gravedad pero son gravísimos, son delitos contra el orden público-, sino ante algo mucho más grave, un golpe de Estado, delitos contra la Constitución, como exigimos y como solicitó la Fiscalía con los delitos de rebelión. Y esto supone también un agravio comparativo hacia otros presos; solo el 10 % de los presos en Cataluña han podido acogerse a esta medida excepcional del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Por cierto, entre ese 10 % casualmente se encuentra Oriol Pujol, uno de esos que forman la casta de los intocables, de los corruptos intocables que han robado a los catalanes y, por tanto, a todos los españoles, además de haber promovido e impulsado el separatismo desde hace muchas décadas. Pero ya lo dijo la consejera de Justicia, Ester Capella, que no descartaba aplicar el tercer grado, la libertad en definitiva, antes de junio de 2020.

Por eso, señores del Gobierno, desde VOX vamos a luchar para recuperar la competencia penitenciaria y que vuelva adonde no debió salir nunca, que es a la Administración del Estado, que vuelva al Gobierno de la nación. Por eso también vamos a apoyar a todos aquellos que luchan lealmente por el cumplimiento de la ley y de las sentencias, nuestros funcionarios de prisiones, esos a los que, como ellos mismos dicen, los pueden matar porque los han dejado desasistidos por el abandono durante décadas de Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Vamos a luchar para que tengan su estatuto, que se les reconozca como agentes de la autoridad, que se les dé la formación suficiente, que se les dé la retribución justa, como mínimo la que están cobrando los funcionarios de prisiones dependientes de la Generalidad (aplausos), y completar una plantilla de miles de funcionarios porque esto está suponiendo, además de su envejecimiento, que tengan que correr graves riesgos al enfrentarse en inferioridad numérica en los módulos de prisión.

Por todo ello hacemos esta interpelación, para que no se escondan detrás de subterfugios legales, para que vean la realidad de lo que está pasando en España, para que vean que quienes atentan contra la Constitución, quienes desprecian a nuestros tribunales, quienes declaran la independencia de una parte del territorio, quienes dan golpes de Estado -que se pueden dar con uniforme o con corbata, pero son golpes de Estado- contra la libertad y la democracia, no encuentren siempre la puerta fácil, la alfombra extendida para que vuelvan otra vez a lo mismo. Por cierto, no existe en ninguno de esos presos condenados el más mínimo arrepentimiento. Lo han dicho hasta la saciedad, lo han repetido una y otra vez en esas entrevistas que les conceden en las prisiones, lo han dicho hasta la saciedad: ho tornarem a fer, lo volveremos a hacer. Esto es gravísimo porque no solamente se está produciendo, de facto, una real impunidad al no cumplirse las sentencias -trece años de condena y ya están en la calle-, sino que además nos están anunciando que lo volverán a hacer. Creo que ninguno de los que estamos en esta sala, ni los partidos golpistas que les acompañan y les apoyan desde esta tribuna ni cualquiera de los diputados, tenemos alguna duda de que a la menor oportunidad que tengan lo volverán a hacer. Pero creo también que ninguno de ellos tendrá ninguna duda de que nosotros, los de VOX junto a millones de españoles, lo volveremos a hacer, volveremos a querellarnos contra ellos, volveremos a sentarles en el banquillo y ojalá logremos un día no solo que entren en prisión para siempre -o al menos para muchas décadas-, sino que, además, esos partidos que les sustentan sean ilegalizados.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


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La señora PRESIDENTA: A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Ortega Smith-Molina, estaría encantado de comenzar mi intervención en otros términos, me gustaría incluso decirle que comparto alguna de sus consideraciones que traslada al Gobierno en su escrito de interpelación, pero, evidentemente, no puedo más que manifestar sorpresa cuando leo su enunciado. Lo voy a entrecomillar aunque ya lo ha leído la señora presidenta, pero creo que es digno de entrecomillarse: "Medidas que el Gobierno de España va a adoptar para garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña y en otros posibles territorios en los que, mediante un ejercicio fraudulento de la competencia transferida, la Administración autonómica aplica fraudulentamente dicha legislación con el fin de evitar la eficacia de las sentencias condenatorias y conseguir indultos encubiertos".

Señor Ortega Smith-Molina, voy a estructurar mi intervención en tres partes: un recordatorio, una explicación y una reflexión que me gustaría, finalmente, compartir con usted. El otro día, ante esta misma Cámara y ante una pregunta de una diputada de su grupo parlamentario, me vi en la obligación de trasladarle que alentar bulos o noticias falsas es una gravísima irresponsabilidad. En este sentido, su interpelación, su intervención de hoy y las declaraciones de su grupo parlamentario sobre este tema, permítanme que le diga que si no son falsas, al menos son incorrectas. Señoría, me veo en la obligación de comenzar diciendo una obviedad: en España la Ley General Penitenciaria se cumple, se cumple por parte de la Administración General del Estado a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y se cumple también en la Comunidad Autónoma de Cataluña a través de su Administración penitenciaria, una transferencia que no es de ayer, es de hace más de treinta años. Señoras y señores diputados, se cumple porque los empleados públicos estatales y autonómicos que desarrollan sus funciones en instituciones penitenciarias, como el conjunto de los demás funcionarios -y los que llevamos treinta años en la Función pública lo sabemos-, son profesionales y sujetos al principio de legalidad. Se hace cumplir porque existen, en primer lugar, órganos colegiados formados por profesionales, como son las juntas de tratamiento, que no son un órgano de control, son un órgano colegiado que toma las decisiones oportunas conforme disponen los artículos 272 y 273 del Reglamento Penitenciario. En este control también tenemos a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y a los órganos de enjuiciamiento, órganos judiciales, cuando corresponde su intervención. Por tanto, señor Ortega Smith-Molina, creo que antes de empezar a hablar conviene que recordemos, porque hay que recordarlo, que España es un Estado de derecho, es decir, todos los poderes públicos y operadores jurídicos o administrativos estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Creo que conoce perfectamente el tenor literal del artículo 9.1 de nuestra carta magna.

Me va a permitir su señoría que le explique cómo funciona el sistema penitenciario español y que le aclare algunos conceptos. En primer lugar, nuestro sistema se basa en la clasificación de los presos en distintos grupos, clasificación que determina su destino a un centro penitenciario y las condiciones de cumplimiento de la condena. Esta clasificación, señoras y señores diputados, es determinada por técnicos, mediante criterios estrictamente técnicos y que, además, son revisables, y periódicamente revisada por las juntas de tratamiento y en todo momento por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria: Poder Judicial, no sé si le suena de algo. En segundo lugar, el tratamiento es individualizado, y no colectivo, y así lo determina el artículo 72.1 de la Ley General Penitenciaria. Y en tercer lugar, el tratamiento busca cumplir con el mandato constitucional de reinsertar al condenado en la sociedad. En consecuencia, las juntas de tratamiento y los jueces de Vigilancia Penitenciaria determinan, si es posible hacerlo, preferentemente en el centro más cercano al lugar de residencia del interno. Por tanto, y se lo recuerdo, si los presos a los que usted alude en su intervención están en cárceles catalanas es porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que enjuició los hechos y dictó la sentencia de 14 de octubre pasado, lo autorizó; recuerde, lo autorizó. Si presos por otras cuestiones están cerca de su domicilio también es por esa circunstancia. Y todo ello es porque equipos técnicos, juntas de tratamiento y, finalmente, un juez de Vigilancia Penitenciaria consideran que así se cumple de manera más efectiva y conforme a la ley y los principios que la inspiran la condena impuesta, y lo consideran -vuelvo a repetir- teniendo como base exclusivamente criterios técnico-jurídicos en un procedimiento reglado, en el cual, por cierto, también participa -también lo ha olvidado la Fiscalía, que puede oponerse a todas esas medidas. A grandes rasgos, señor Ortega Smith-Molina, este es el funcionamiento del sistema. Insisto, principio constitucional de reinserción, equipos


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técnicos y juntas de tratamiento, juez de Vigilancia Penitenciaria, criterios técnico-jurídicos y presencia de la Fiscalía, que puede recurrir ante el órgano judicial competente en cada caso -juez de Vigilancia Penitenciaria, órgano de enjuiciamiento en otros supuestos-, es decir, un sistema que, aunque usted no lo crea, según le he tratado de explicar, está absolutamente despolitizado.

Señora presidenta, señorías, concluyo, y lo hago con una reflexión, como le decía al principio, que me gustaría realizar junto al grupo proponente de esta interpelación, junto a VOX. Ustedes se pasan el día hablando de defender España, de defender el orden constitucional y el Estado de derecho. Podemos discrepar en que defender España sea, como decía uno de los padres de la Constitución, contribuyendo al separatismo con una actitud separadora, como la suya, pero le diré algo: el orden constitucional no se defiende criminalizando de todos los males al Estado de las autonomías. Gracias a las comunidades autónomas, a la descentralización, a la concurrencia competencial, a la cooperación y a la coordinación que definen el modelo autonómico, nuestra sociedad, no lo dude, es más próspera, y, como confirman distintos organismos internacionales, también es socialmente más justa y, sí, también más segura. Y le diré algo más: al Estado de derecho no se le defiende cuestionando, como hacen constantemente y hoy en concreto, como gustan de hacer, la división de poderes, según les pueda convenir más o menos. En mi opinión, es un mal comienzo pretender defender al Estado de derecho cuando se dice que la sentencia del procés del Tribunal Supremo -recuerde que usted ha dicho que hay gente que desobedece, que difama al Tribunal Supremo, y cito palabra suyas, señor Ortega Smith-Molina, abro comillas- "es una sentencia de autor" -cierro comillas-, es decir -y esta es ya mi conclusión o lo que derivo o interpreto de sus palabras-, manipulada, o, como dijo el líder de su partido -abro comillas-: "una vergüenza para España" -cierro comillas-. Es perseverar en el error venir a esta Cámara a confundir su función parlamentaria con el ejercicio como abogado insinuando que funcionarios de prisiones, juntas de tratamiento, jueces, fiscales incumplen alegremente -supuestamente, con el Gobierno como cómplice necesario- la legislación penitenciaria española. Sus expresiones trascienden la crítica respetable a una sentencia. Sus iniciativas -permítame expresárselo así- no ofenden ya al Gobierno dentro de la dialéctica parlamentaria, ofenden a los empleados públicos en instituciones penitenciarias estatales -aunque usted venga luego a referir algunas cuestiones-, a los funcionarios de instituciones penitenciarias autonómicas, a los miembros del Poder Judicial, a los jueces de Vigilancia Penitenciaria, también a la Fiscalía y al órgano de enjuciamiento, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el que caso al que usted hace referencia.

Señora presidenta, termino. Por dar cumplida respuesta a su interpelación, quiero indicarle que en España el Gobierno, los empleados públicos de instituciones penitenciarias y los jueces cumplen y hacen cumplir la legislación en materia penitenciaria sujetos siempre al principio de legalidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina.

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, muchas gracias por su contestación.

Permítame que empiece por el final. Lo que ofende a los españoles es que nos tomen por estúpidos. (Aplausos). Lo que ofende a los españoles es que se rían en la cara de nosotros. Lo que ofende a los españoles es que se financie a partidos abiertamente golpistas y separatistas. Lo que ofende a los españoles es que se haya ninguneado, olvidado y despreciado a los funcionarios de prisiones, que cumplen su trabajo en condiciones indignas. Lo que ofende a los españoles es que se pretenda seguir dando alas y oportunidades al golpismo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Le agradezco su afán didáctico por recordarme cómo funciona el sistema penitenciario. Le agradezco que pretenda usted contarme que hay juntas de tratamiento que seleccionan a los presos, que los clasifican, y que luego esas decisiones pueden ser recurridas ante los jueces de Vigilancia Penitenciaria, aunque se le olvidó decir que por la Fiscalía. Y es aquí adonde quería llegar, que lo es por la Fiscalía, como la recurrió en el caso de Oriol Pujol -el de la casta de los Pujol-, y fue puesto en semilibertad, y como probablemente no haga por instrucciones de quienes ustedes pretenden que sea la fiscal general del Estado, la que pertenece a su partido, la que fue su ministra, que va a aplicar a rajatabla ese principio de jerarquía desde la Fiscalía General del Estado y les va a decir lo que se puede recurrir y lo que no se puede recurrir. (Aplausos). Por tanto, no me hable de la Fiscalía y de las posibilidades de recurso.


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Y ya que estamos por recordar, soy yo el que ahora le recuerda que no es exactamente como usted lo ha explicado. El Tribunal Supremo no autorizó el traslado. Ustedes preguntaron al magistrado instructor, y contestó que esa no era su competencia. Pero usted convendrá conmigo en que es perfectamente normal y posible que haya presos que no estén en las prisiones cercanas a su domicilio; usted lo sabe, porque se ha aplicado y se aplica en muchas condiciones. Y, precisamente, aquí estamos hablando de unos condenados muy especiales. Es, precisamente, en las prisiones catalanas donde no deberían estar. Si ya lo hemos visto: les han puesto todo tipo de privilegios y preferencias en esas prisiones; reciben a los periodistas, despachan como si estuvieran en la sede de su partido. Eso no lo hacen los presos normales en otras prisiones. Pero allí sí, porque son sus presos, los presos del procés. Son los que mañana van a decir a esos funcionarios qué hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer desde la Generalidad.

Así que no se escude en el Tribunal Supremo. Todo nuestro respeto al Tribunal Supremo y a la Sala de lo Penal: hizo un magnífico trabajo. Lo que ofende es que usted no recuerde cómo se produjo un viraje de ciento ochenta grados en la Abogacía del Estado, que mantenía que había delito de rebelión, es decir, delitos contra la Constitución, en el título de los delitos contra la Constitución, contra ordenamiento constitucional, y, de golpe y porrazo, dejó de verlo y se convirtieron en delitos contra el orden público, delitos de sedición. Ya sabemos que no lograron torcer el pulso a la Fiscalía del Tribunal Supremo -ya se lo digo yo, no lo lograron-. No sé qué pasará ahora, con la nueva fiscal general del Estado que ustedes proponen. La verdad es que tengo mis serias dudas sobre qué pasaría si volviéramos a estar en la misma situación. De hecho, tengo que decirle que yo lo viví personalmente. Una de esas órdenes de quien era fiscal general del Estado en aquel momento se produjo en la sala de apelación a la hora de solicitar o no la libertad del señor Forn. Nos quedamos solos la acusación popular de VOX, y el Ministerio Fiscal tuvo que alegar que cambiaba de criterio por aplicación de esa jerarquía, por esa orden que le dieron desde la Fiscalía General del Estado. Mire, hasta que no logremos que en España haya una Fiscalía General del Estado que sea absolutamente independiente, hasta que no logremos que no se meta la mano a la hora de designar a los jueces y magistrados, hasta que no logremos que el órgano de dirección, el Consejo General del Poder Judicial no sea un reparto de cromos entre los distintos partidos políticos, permítame que pueda poner en duda públicamente, como millones de españoles, la independencia del Poder Judicial.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Ortega Smith-Molina, bienvenido, en su reinserción al Estado de derecho. Ha reconocido la sentencia, una magnífica sentencia; ya no es una sentencia de autor, ya no es una vergüenza para España. Me refiero a la sentencia dictada el 14 de octubre por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Señorías, decía al comienzo algo que, por otro lado, es un clásico cuando se debate con su grupo parlamentario. La incorrección constituye un grave ejercicio de irresponsabilidad, especialmente en el caso de los representantes públicos, y lo vuelvo a referir. Señor Ortega Smith-Molina le pido, como le decía anteriormente, rigor en las intervenciones parlamentarias. Le pido rigor político, en primer lugar, porque usted sabe perfectamente que nuestro país es un Estado de derecho; también rigor jurídico -como letrado que es también-, porque creo que antes de hablar alegremente de los incumplimientos de la legislación penitenciaria y de culpar de todo lo que no nos gusta al Estado autonómico, también sobre las transferencias, sería muy positivo que se informase del funcionamiento de nuestro modelo penitenciario, aunque sea para que, como parlamentario, proponga su reforma -y le agradezco que me haya dado las gracias, valga la reiteración, por haber hecho un breve resumen del mismo-; y también le pido rigor ético, señoría, sí, rigor ético, no solo rigor político y jurídico, porque sus acusaciones van -como he dicho- mucho más allá del banco azul del Gobierno. Son acusaciones que, sobre todo, faltan al respeto -se lo he dicho ya, pero se lo reitero una vez más- a decenas de jueces de Vigilancia Penitenciaria, a decenas de miembros de la junta de tratamiento, a los que usted hoy, supuestamente, ha subido aquí a defender, y, sobre todo, al conjunto de los funcionarios de instituciones penitenciarias, a los mismos de los que usted hablaba aquí, dependientes tanto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como de la Generalitat de Cataluña.


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Señoría, se lo reitero: en España la Ley penitenciaria se cumple y se hace cumplir por los empleados públicos y, en último término, por los jueces. Y vuelvo a insistir en que fue la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que autorizó el traslado de los presos a Cataluña. Incluso, la notificación de la sentencia la realizó por exhorto, y no pidió el traslado a Madrid de los que finalmente fueron condenados. Este es un hecho incontrovertible. Pero si discutimos hasta de los hechos incontrovertibles, podemos llegar a conclusiones falsas. No sé qué más garantías necesita, se lo digo así. Y le reitero también que no existe un tratamiento colectivo de los presos, de los condenados por pertenencia a un determinado grupo. Existe un tratamiento individualizado, que, como he dicho, se basa en un sistema de clasificación en el que, sencillamente, lo que se busca es cumplir la condena, que el condenado pueda progresar mediante un sistema flexible en su situación, según lo previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que se aplica a partir del trabajo de equipos técnicos, de la propuesta de las juntas de tratamiento y que requiere la aprobación final del juez de Vigilancia Penitenciaria, en cuya decisión tiene participación, como hemos dicho, el Ministerio Fiscal.

Señoría, concluyo en este minuto que me queda, y quiero trasladarles que, después de siete años de recortes, de los que usted hablaba, e insensibilidad social, este Gobierno considera prioritario actualizar la política penitenciaria, modernizando el marco normativo mediante la aprobación de una nueva ley general penitenciaria -como expuse antes de ayer en la Comisión de Interior- que ofrezca un marco de certidumbre a la actuación de los funcionarios de prisiones, ya que también necesitan certidumbre normativa; asimismo, mejorando la eficacia en la reinserción de los presos, con el impulso de los programas de justicia restaurativa y favoreciendo el régimen abierto, disminuyendo el número de internos y potenciando el tratamiento que haga efectivo el principio de reinserción -artículo 25.2 de nuestra carta magna-, así como dotando al sistema de medios y condiciones de trabajo dignas, reforzando la oferta de empleo público de la que usted hablaba -en dieciocho meses este Gobierno ha creado 2000 nuevos puestos de funcionarios de instituciones penitenciarias- (aplausos), mejorando también sus retribuciones, dentro de las posibilidades presupuestarias y mediante esos presupuestos respecto de los que llamamos a que ustedes colaboren y aprueben, y reconociendo el carácter de autoridad de los funcionarios de prisiones. Esto, señor Ortega Smith-Molina, hablar de prioridades, no de exageraciones, modestamente, creo que es lo que espera la ciudadanía española que hagamos en esta Cámara, porque, desde luego, este ministro y este Gobierno no toman a nadie por imbécil.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, A LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO VA A ADOPTAR PARA LA DESPOLITIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. (Núm expte. 172/000008)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación procedemos al debate de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para la despolitización de los órganos constitucionales. Para su defensa tiene la palabra el señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Sí, esta era una interpelación que mi grupo dirigía a la vicepresidenta primera del Gobierno como consecuencia de que nos la planteábamos respecto al problema de la politización no solamente de los órganos de la justicia, sino de todos los órganos constitucionales, muchos de los cuales se encuentran actualmente pendientes de renovación. Como veo sentado en el banco azul a mi querido ministro de Justicia, entiendo que va a ser él quien va responder a esta interpelación y entiendo también que, con su dilatada experiencia en el mundo de la política, aun incidiendo de manera principal sobre los órganos de la justicia, me responderá también con respecto a otros órganos constitucionales, quizás más alejados del mundo de la justicia pero de igual relevancia dentro de lo que es la vertebración de las instituciones constitucionales del Estado.

En Ciudadanos estamos muy preocupados con este tema, con la politización de las instituciones del Estado, que incide de una manera esencial en el principio de la separación de poderes, lo que, en definitiva, es el oxígeno que necesita el Estado de derecho para funcionar. Y lo hacemos desde Ciudadanos precisamente por nuestra preocupación por la calidad democrática, porque somos un partido limpio,


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absolutamente libre de mochilas de corrupción, porque, al final, es de eso de lo que estamos hablando, de garantizar la lucha contra la corrupción, y no entrar, como hacen ustedes, en la izquierda, y ustedes, en la derecha (señalando a ambos lados del hemiciclo), en esa competencia por ver quién durante cuarenta años ha sido más corrupto o menos corrupto, y decirse: y tú más, mutuamente. Nosotros, nada, cero corrupción.

Para esta lucha necesitamos unas instituciones fuertes, unas instituciones despolitizadas, unas instituciones al frente de las cuales se encuentren personas de autoridad, que se eligen por principios de mérito y capacidad. Esta mañana Inés Arrimadas decía al presidente del Gobierno que el Eurobarómetro concluye que el 75 % de la población considera que la Administración pública se encuentra fuertemente politizada, creencia que la OCDE eleva hasta el 95 %, mientras que en países como Canadá, Alemania u Holanda no llega ni al 5 %. ¿Van a reformar ustedes la Administración? ¿Van a realizar una reforma que suponga una verdadera promoción profesional de los funcionarios, así como retribuciones dignas, para que no existan fugas de talento al sector privado? ¿Van a dinamizar esta Administración, van a flexibilizar sus estructuras? ¿Van a enfrentar a la Administración a los retos que va a tener en el futuro? No lo parece, la verdad. No lo parece, porque ustedes en cuanto han llegado a la Administración han aumentado en un 40 % los altos cargos, en un 37 % los puestos de asesores, han cesado a personas como el señor Garea en la Agencia EFE, que dice cosas tan raras como que la agencia pública de información no debe ser una agencia pública del Gobierno, una cosa verdaderamente curiosa en la mentalidad del Gobierno de progreso, y han nombrado veintinueve directores generales que no son funcionarios, incumpliendo la ley, que establece la preferencia por los funcionarios públicos, y molestando, enfadando, cabreando a Fedeca, la federación de sindicatos y asociales de altos cargos de la Administración, que, probablemente, recurrirá, como en la época en la que yo era vicepresidente de Fedeca, con mi querido amigo Mario Garcés, cuando recurríamos en la vía contencioso-administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo y ganábamos todas las sentencias. No parece que el Partido Socialista tenga mucha gana de tecnificar, neutralizar, despolitizar la Administración pública, porque, al final, lo que le interesa es tejer redes clientelares, lo mismo que hemos visto en el caso de los ERE en la Junta de Andalucía. Y qué decir de Podemos, que, incluso, de una forma absolutamente clara, manifestó en un momento determinado, en una conversación oculta, que había que crear chiringuitos para cuando no gobernaran, y de esa forma poder seguir manteniendo un cierto nivel de vida. También lo hemos visto cuando nombra a Tezanos como director del CIS, cuando nombra en Correos y en Paradores a personas que carecen de perfil profesional para esas actividades mercantiles de sociedades públicas y cuyo único mérito es tener un carné del Partido Socialista. Y vamos a lo suyo, señor ministro: lo hemos visto cuando proponen a la señora Delgado como fiscal general del Estado, y antes se sentaba justo en su escaño; cuando nombran como delegado del Gobierno en Murcia a una persona que se encuentra investigada por delitos de prevaricación y malversación.

A los políticos separatistas les asusta la justicia porque saben que si cometen delitos serán llevados a juicio y serán condenados. Pero resulta que ustedes, que ahora se apoyan en los políticos separatistas, les compran el discurso, y nuestro presidente del Gobierno dice cosas como que las resoluciones judiciales son triquiñuelas judiciales, y el señor Iglesias, el vicepresidente segundo, habla del brazo judicial armado de la derecha. No sé qué opinión tendrá usted, dado que es juez, sobre esto. A los corruptos les molesta también la justicia, porque, efectivamente, terminan en la cárcel. A los políticos que mienten les molestan los medios de comunicación libres, porque, al final, desvelan sus mentiras. A los malos gestores les molestan también las instituciones libres, porque les sancionan y les persiguen. ¿Cuál de estos miedos es el del Partido Socialista? ¿El de tener amigos separatistas? ¿El de tener políticos corruptos? ¿El de tener políticos mentirosos? ¿O el de tener políticos que gestionan mal? ¿Por qué no apoyan ustedes, por qué no promueven, de verdad, estas instituciones libres de control? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen por una televisión, de verdad, plural, libre, que dé cancha a la oposición, y que no solamente lance los mensajes del Gobierno? ¿Por qué copian o tratan de copiar en el modelo de Televisión Española el modelo de TV3?

La fortaleza de las instituciones es la confianza de los ciudadanos, y los populismos, precisamente, pretenden acabar con esa confianza. ¿Qué va a hacer el Gobierno con respecto a la renovación del Tribunal Constitucional? ¿Cuándo nos presentará unos candidatos de altura, unos candidatos con sentido de Estado, unos señores magistrados indiscutibles, sobre los que la prensa ya no hable de magistrados conservadores y progresistas? ¿Para cuándo va a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con esa proposición de ley que ha presentado mi grupo, precisamente, esta misma semana para que sean elegidos los doce magistrados por jueces y magistrados? Ya hemos oído esta mañana a la vicepresidenta del Gobierno, cuando se dirigía a la bancada popular y la decía:


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Venga, vamos a repartirnos ya los puestos, desbloquéenme. No, Ciudadanos no va a participar nunca en eso; nunca ha participado en eso y nunca va a participar en el cambio de sillas, en el cambio de cromos. Necesitamos candidatos independientes, porque la cúpula del Poder Judicial no se puede elegir por políticos que tienen que ser controlados por el Poder Judicial. ¿Para cuándo la reforma del Ministerio Fiscal? ¿Para cuándo la reforma de la elección de la fiscal general del Estado? ¿Sabe quién era la persona que defendía desde la UPF, precisamente, esta necesidad de despolitizar el nombramiento de la fiscal general del Estado? Dolores Delgado. Se le olvidó en cuanto se sentó ahí, en el banco azul. Ya no defiende esto de la despolitización. Claro, ¡qué va a hacer!

Nosotros proponemos que se trate de personas que no tengan afinidad política, que tengan veinticinco años de juristas de reconocida competencia y que su nombramiento sea por un periodo de seis años, con el objeto de desvincularlo del Gobierno y que pueda existir un consenso en esta Cámara, precisamente, para este nombramiento. El otro día en la Comisión de Justicia usted nos dio un susto de muerte. Si lo sé, prefiero muerte, como dice el chiste, efectivamente, porque nos dijo que antes de terminar el año 2020 le iba a encargar a la Fiscalía la instrucción de las causas penales. Es decir, el ejercicio de la acción penal, la decisión sobre si dirijo la acción contra esta persona o si, por el contrario, acuerdo un sobreseimiento, ¿va a depender de Dolores Delgado? ¿Va a depender de una fiscal general del Estado que ayer era ministra de Justicia del Gobierno socialista? ¿Eso es independencia en el ejercicio de la acción penal? ¿Qué va a hacer el Gobierno con el Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas, también acusado de politización y pendiente de renovación? Preséntenos unos buenos candidatos, unos buenos profesionales, sin afinidad política, y nos tendrá de su lado, no nos tendrá enfrente. Pero no nos pida que votemos a su candidato, cualquiera que este sea, cuando sea un candidato con un claro perfil, dicen ustedes, progresista.

¿Cuándo se va a renovar el Defensor del Pueblo? Tres años lleva sin renovarse. De nuevo, ¿no hay en España personas de autoridad en esta materia de defensa de los derechos fundamentales de las que no podamos decir que tienen un signo político u otro? Preséntenos ese candidato, lo apoyaremos. Los organismos reguladores del Estado también están pendientes de renovación: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿No existen candidatos con perfil profesional de los que no podamos decir que hay una politización?

Y finalmente Radiotelevisión Española, el quid de la cuestión. En homenaje al señor Garea, al que acaban ustedes de cesar y que defendía que la Agencia EFE no era una agencia del Gobierno sino una agencia de los españoles, recuerdo sus palabras cuando dijo: Cómo me gustaría que los ciudadanos pensaran que la Agencia EFE daba mucha cancha a la oposición. ¡Caray, qué locura, dar cancha a la oposición desde un medio de comunicación del Gobierno! ¿Se imagina usted que los ciudadanos dijeran de Radiotelevisión Española: ¡Oye qué gusto, cuántas veces sale en Televisión Española la oposición y no solamente el Gobierno!? ¡Un delirio democrático! Un delirio democrático. Vamos a quitárnoslo de la cabeza, no vaya ser que se maree con tanta democracia.

La pregunta es muy sencilla: qué van a hacer con respecto a la renovación de los órganos constitucionales, y si van a adoptar reformas que despoliticen los principales órganos constitucionales que vertebran el Estado. Yo creía que los Gobiernos de progreso, como se llaman ustedes, venían a cambiar las cosas y, sin embargo, el otro día la vicepresidenta del Gobierno nos dijo en la Comisión Constitucional: ¡Hombre!, es que como las leyes me permiten nombrar a quien quiera... ¡Caray, pues cámbienlas, que para eso han venido! ¿No han venido para cambiar las cosas? ¿No han dicho ustedes desde hace siglos que son el Gobierno del cambio?

Termino con una disculpa, por si acaso usted entiende que estos temas no preocupan a los españoles como otros tantos que traemos a esta tribuna, y con un ruego o una súplica, incluso una exigencia: por favor, contésteme, no haga como ha hecho el presidente del Gobierno esta mañana a la pregunta de Inés Arrimadas.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.

A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): señor presidente.

Señorías, permítanme que mis primeras palabras como ministro de Justicia de la nación sean para congratularme de estar por primera vez en el Pleno de esta Cámara. Y como posiblemente sea mi último


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discurso como diputado, les puedo asegurar que no hay posición más honrosa y más digna que la de representar a nuestros conciudadanos. (Aplausos).

Señor Bal, he oído con mucha atención la formulación de su pregunta y le puedo asegurar que la primera vez que lo hice un sentimiento de sorpresa y de estupefacción me embargó: sustraer del contenido político a los órganos constitucionales del Estado. Mire, solo se puede decir eso desde el desconocimiento más absoluto del tema o desde una visión autoritaria del Estado, y estoy seguro de que no se encuentra en ninguna de las dos, y entonces mi pregunta es: ¿Por qué me hace esta pregunta una persona que sabe de Derecho, que sabe lo que son los órganos constitucionales? Y me permito una reflexión con usted: la mejor ciencia política voy a situarla en algo que nos es muy familiar a usted y a mí, en la pirámide kelseniana, en Kelsen. La mejor ciencia política nos dice que los órganos constitucionales son aquellos que vertebran una idea de Estado, una forma de gobierno. Por eso, esas características nos dicen que los órganos constitucionales -no se le olvide, señor Bal- son los que se denominan en la carta magna, por eso se les denomina. Pero no solo el nomen iuris ocupa el texto, sino que también nos dice cuál es su estructura, cuál es su funcionamiento, cómo se articulan y cuál es el papel que desempeñan. No quiere decir que no puedan tener un desarrollo orgánico, estoy pensando en la Ley Orgánica del Poder Judicial o Tribunal Constitucional, máximo rango por cierto para esas normas. Los órganos constitucionales, señor Bal, usted sabe mejor que yo que son aquellos que determinan la naturaleza de un Estado y su forma de gobierno, porque son los elementos vertebradores y rectores de la política de un país, lo que la doctrina italiana denomina el indirizzo politico, y usted lo sabe, y por eso están en el top de los órganos constitucionales.

¿Cómo puede decir que la verdadera preocupación de su grupo parlamentario es la despolitización de los órganos constitucionales? ¿De verdad está diciéndome eso? ¿Qué quiere, que estos órganos, la Corona, el Congreso, el Senado, el Gobierno, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, sean órganos administrativos y no políticos? (Rumores). Usted está olvidando lo que es la política, porque la política es absolutamente necesaria. Están instalados en lo que se llama el discurso del desvalor y entienden que la política es un elemento que desvirtúa y prostituye la política, pero le voy a decir una cosa: sin política no hay libertad y la libertad, la que a usted y a mí nos permite hablar en esta Cámara, es justamente la política, la política con mayúsculas (aplausos), esa que ustedes olvidan y no porque la pregunta de la mañana se la hagan al presidente del Gobierno y unas horas más tarde interpelen a este ministro va a cambiar, porque su argumento facilita la misma torpeza expositiva. No quieren saber lo que es un órgano constitucional, no les interesa, porque no les interesa la política. Están en el discurso del desvalor, están en el discurso de cargarse la buena política, y por ahí no construimos un Estado porque el Estado se constituye fortaleciendo políticamente los órganos constitucionales y dotándolo. ¿Usted piensa en un Congreso y un Senado, órganos constitucionales, señor Bal, descargados de la política?, ¿de verdad?, ¿se lo puede imaginar? ¿Se puede imaginar, despolitizado, el Consejo General del Poder Judicial, ya que le gusta tanto el tema? Le voy a invocar a un magistrado que tiene todo mi reconocimiento, que es José Luis Requero, magistrado de la Sala tercera, que fue compañero mío en la época en que ambos fuimos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tiene escrito, en relación al 122 de la Constitución, que el órgano constitucional Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, porque se toman decisiones políticas; y no hay que avergonzarse, hay que fortalecerlas, porque eso es lo que llevará a la ciudadanía a tener una mejor tutela judicial efectiva. Son decisiones políticas la organización, la elección de los mejores para lo mejor, la determinación de cuál debe ser la planta judicial; son decisiones políticas, no administrativas.

Lo que pasa es que a ustedes no les gusta un determinado modelo y se ponen enfrente de él, enfrente de él, y no alimentan lo que es el Estado de derecho, olvidan aquel seny, olvidan la mejor teoría política, porque lo que les gusta es simplemente un Estado que responda a su fisonomía. Ustedes no son la sociedad, nosotros no somos la sociedad, todos somos la sociedad. Por eso le decía el otro día en la Comisión que nuestra diferencia no es tanto de armaje jurídico, sino de la utilización de ese armaje jurídico, porque en mi España caben todos, en la suya no estoy seguro. (Aplausos). Eso es lo que le quiero decir. Usted formula y cuestiona la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial. Han presentado una proposición absolutamente legítima -no tengo nada que decir, la discutiremos y será un placer discutirla-, pero le voy a decir una cosa: así no lo fortalecemos. Lo fortalecemos cumpliendo el ordenamiento jurídico y hay hoy un ordenamiento jurídico. Por tanto, con esa postura de trinchera en la que se han instalado de no renovación están desobedeciendo a la pirámide kelseniana. A ustedes no les interesa para nada cumplir con el ordenamiento jurídico, lo único que les interesa es poner de manifiesto


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la elección de los jueces. Pues, ¿sabe lo que le digo? Que el Tribunal Constitucional, órgano constitucional al que ustedes quieren administrativizar, en la Sentencia 108/1986, determinó claramente la constitucionalización del sistema de elección de los vocales por estas Cámaras, Congreso y Senado. ¡Cuidado!, no olvide tampoco que eso se reformó por la ley, que puede hacerlo, y hoy tenemos un sistema, del que seguro hablaremos después, de la doble legitimación. Su pretensión de que los jueces elijan a los candidatos a vocales del Consejo del Poder Judicial es una realidad y debería repasarse el texto de la ley porque es claro desde 2001: Los jueces eligen y, de esos, las Cámaras pueden elegir. Cuando fui vocal del consejo, treinta y seis compañeras y compañeros accedimos a estas Cámaras y de esos treinta y seis fuimos elegidos doce. Por tanto, no insulte a la carrera judicial diciendo que los jueces no eligen; claro que eligen, pero también hay una actividad de la política porque, como le decía anteriormente -la mejor doctrina lo dice-, el Consejo del Poder Judicial es un órgano político.

Del Tribunal Constitucional le puedo decir exactamente lo mismo. Ustedes intentan canalizarlo en términos puramente administrativos y le voy a decir una cosa: ni unos ni otros, ni el Tribunal Constitucional ni el Consejo General del Poder Judicial adolecen y merman la independencia de nuestros jueces. Y añadiré: ni de nuestros fiscales. Estoy cansando de oírles una interpretación maniquea de lo que GRECO dice sobre este particular. He sacado un papel para leerlo y que no haya dudas en la cita. Informe GRECO, España, 21 de julio de 2019: La existencia de un debate en torno a la forma en que se designen los vocales del Consejo no quiere decir que se ponga en tela de juicio la independencia de los jueces. Señor Bal, lo oye, ¿verdad? El GRECO ha sido muy claro a este respecto. Leo textualmente otra vez: "No cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones", entrecomillado. Esto es algo que ya se había señalado -insisto- el 8 de diciembre de 2017, en el informe anterior, al establecer en el punto 78 -apúntelo, apúntelo, para que lo mire después y podamos contrastarlo la próxima vez- lo siguiente, entre comillas: "No existe ninguna duda acerca de la gran calidad de la justicia en España, ni sobre el ministerio fiscal ni sobre la fortaleza del espíritu del servicio público de jueces y fiscales a título individual". Señor Bal, no lance dudas sobre la actuación de nuestros jueces y fiscales. Con este ministro de Justicia siempre encontrará una defensa de la carrera judicial y de la carrera fiscal porque son acreedores de toda la legitimación que nos da el texto constitucional. Ahí no nos va a encontrar. No destrocen la confianza de la ciudadanía en la justicia y participen en fortalecerla. (Aplausos). Se lo dije en la Comisión, señor Bal. Les tiendo la mano, participemos, pero contraviniendo las normas no lo hacen, lanzando sospechas sobre la actuación de nuestros jueces y fiscales no profundizan en la confianza que deben tener los órganos constitucionales. Espero que le haya refrescado la memoria de aquellos temas de oposición. Los órganos constitucionales son órganos políticos, pero una verdadera política, con mayúscula, esa a la que usted y yo debemos fortalecer. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Querido ministro, le agradezco su claridad, de verdad. Me ha quedado todo rotundamente claro: no van a cambiar nada. Esta es la cuestión. Usted utiliza muy bien las palabras -todos los que nos dedicamos al mundo del derecho solemos hacerlo-, es magistrado, una persona además de reconocida competencia en nuestro mundo judicial, pero no nos engañe. No engañe a los españoles a los que representa en esta Cámara. Dice usted: Mire, es que como vienen en la Constitución se está refiriendo a órganos políticos. Ustedes han convertido órganos políticos en órganos de partido. Este es el quid de la cuestión. No diga usted: El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, está previsto en la Constitución. Claro, pero ustedes quieren convertirlo en un órgano del Partido Socialista. (Aplausos). Esta es la cuestión. No se vaya por las ramas, no utilice las palabras con sofismas para engañar porque no engaña a nadie. A los ciudadanos, desde luego, le aseguro que no les va a engañar, como tampoco va a engañar al grupo GRECO, cuya cita me ha leído y que dice en el último informe que España mejora un poquito. No va a engañarme citándome la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que avaló el sistema de selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial diciendo que, sin embargo, era mejor sistema el de la elección por jueces y magistrados. (Aplausos). ¿Va usted a engañar a la mayor parte, prácticamente la totalidad de las asociaciones judiciales que reclaman esa elección por parte de jueces y magistrados? ¿Va a engañar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando decide sobre el caso de Polonia precisamente y Polonia pone como ejemplo a España como un sistema de politización del Consejo General del Poder Judicial? ¿Sí, de verdad? Es un órgano político el Consejo General del


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Poder Judicial que adopta decisiones políticas relativas -ha dicho usted, he creído oír- a la planta judicial. ¡Caramba!, ¿la planta judicial es algo que se adopta no por el número de habitantes que tiene una provincia o por el número de órganos judiciales que hacen falta sino por decisión política? ¿A lo mejor por contentar a sus socios separatistas va a cambiar usted la planta judicial? Perdóneme que se lo insinúe. Por ejemplo, entre esas competencias políticas de Consejo General del Poder Judicial, ¿entiende usted también el ejercicio de la potestad disciplinaria contra jueces y magistrados? ¿También se va adoptar esa decisión por una cuestión política? ¿Van ustedes, si consiguen el apoyo del Partido Popular -¡Dios quiera que no!-, a renovar el Consejo General del Poder Judicial, a nombrar magistrados en el Tribunal Constitucional, a nombrar magistrados en el Tribunal de Cuentas, para que sigamos oyendo en los medios de comunicación: el magistrado progresista..., el magistrado conservador...? ¿Vamos a seguir igual, en lugar de que digan: ese gran magistrado, esa persona con autoridad, esa persona independiente, esa persona de la que no tenemos dudas y que no se casa con nadie, que respeta, que defiende los intereses generales y no los de un partido? Eso es lo que queremos, que digan eso los medios de comunicación; no que digan conservador y progresista. Igualmente con respecto al Defensor del Pueblo, igualmente con respecto a Radiotelevisión Española. Queremos que sean personas profesionales; y no me diga que son órganos políticos o de control político, confundiéndolos con órganos de partido. De ninguna manera.

Desde luego me ha quedado clara una cosa de su exposición: no van a cambiar nada. ¿Cómo van ustedes a presentarse a los españoles diciendo que son un Gobierno de progreso y que son un Gobierno de cambio? ¿No van a cambiar nada? Yo les voy a empezar a llamar el Gobierno conservador de la izquierda. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.

Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Señor presidente, señorías, señor Bal, veo que no le ha servido de mucho la explicación. Tendremos que repasar. Le voy a decir una cosa. No es buen camino seguir obteniendo -o, al menos, intentándolo- un rédito político del desprestigio de la política. ¿Por qué no se suman a prestigiarla usted y su grupo? Por ahí nos irá mejor. (Aplausos).

Ha arremetido contra las fórmulas de elección del Consejo General del Poder Judicial. Se lo dije el otro día en la Comisión y se lo vuelvo a decir hoy: respetemos las leyes, porque esa es la primera obligación de cualquier ciudadano, pero mucho más del que se sienta aquí. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece hoy, con todas las bendiciones del Tribunal Constitucional, cómo tiene que procederse a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente, la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen cómo tiene que renovarse el Tribunal Constitucional. Apóyennos y después podremos hablar de modificaciones legislativas. Desde el trincherismo político no fortalecemos las instituciones, porque las instituciones lo primero que tienen que hacer es cumplir las leyes, y nosotros somos los primeros que debemos facilitar y favorecer esa realidad. Por eso le digo que se sume y después hablaremos. A lo mejor encontramos una fórmula que pueda aquilatar algunas de las deficiencias del sistema, que por supuesto las tiene. ¿Por qué no apoyan a mujeres en el Tribunal Constitucional? ¿Por qué no las apoyan? Usted que habla tanto de que no somos... Apóyennos y llevemos mujeres al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial y a las cúpulas judiciales, que hay muchas con mérito y capacidad. (Aplausos). Apóyennos. Desde luego, no apoyando a nadie tampoco apoyan a las mujeres.

Están encelados en ese trincherismo, como le he dicho antes, y ese no es buen camino. Insisto en que la justicia necesita el apoyo de todos para hacer un modelo de justicia que no tenemos. Se lo dije en la Comisión: Justicia 2030 les está esperando a él, a ustedes y a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque entre todos podremos aprobar un paquete de reformas normativas, organizativas y tecnológicas que permitan un servicio público de justicia mucho mejor que el que tenemos. Pero tendrán que cambiar la actitud, porque desde luego no les veo para cambiar nada ni un ápice. Les digo que podremos cambiarlo pero desde la renovación institucional, porque solo se fortalecen los órganos constitucionales cuando se cumplen las leyes que les dan vida, pero no dejándolos inertes sin poder hacer nada.

Señor Bal, el debate jurídico me apasiona y lo sabe, pero más me apasiona llevar un servicio público a la justicia del que se sientan orgullosos. Las dilaciones en los juzgados no obedecen a la forma de elección de los vocales sino a que hay una carga de litigiosidad que el sistema no es capaz de digerir pese a que nuestros jueces hacen una labor extraordinaria, y cuando hablo de jueces me refiero a todo el aparato judicial. Por eso no le permito -y se lo digo con rotundidad- que lance una sombra de duda


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sobre nuestros jueces y nuestros fiscales, como acaba de hacer. (Aplausos). Nuestros jueces y nuestros fiscales defienden a todos y cada uno de los ciudadanos. Y le voy a decir una cosa ya que le gusta tanto hablar de Lecrim. Aparte de que lo ha entendido mal, repase el Diario de Sesiones; lo que yo dije es que antes de final de año pondría en la mesa del Consejo de Ministros un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de manera unánime los países de nuestro entorno y la mayoría de esta Cámara entienden que el papel constitucional del ministerio fiscal es promover la acción de la justicia, el 124 de la Constitución, pero es dirigir la investigación. Y el juez, como dice la Constitución, juzga y hace ejecutar lo juzgado, tiene el papel de juzgar y de garantizar los derechos de nosotros, los ciudadanos. Por tanto, no hay ningún descrédito; es más, se les debería llenar la boca defendiendo a nuestros fiscales, que cada día defienden y tienen un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que les permite contravenir las órdenes de sus superiores. Por tanto, deje de lanzar sospechas sobre nuestros fiscales y fiscalas, que se están batiendo el cobre todos los días en unas condiciones muy duras. (Rumores.-Aplausos).

Tiendo la mano a su grupo parlamentario y a todos los grupos de esta Cámara. Fortalezcamos la Constitución, fortalezcamos la política, esa política que ustedes están denostando y de cuyo desprestigio se intentan nutrir. No, cambien el paso, apoyen los órganos constitucionales, su renovación y su fortalecimiento, y ahí nos encontrarán.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor ministro.

Con esto finalizamos.

Se suspende la sesión hasta mañana.

Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.

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