ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 2-1, de 28 de febrero de 2020. (Número de expediente 121/000002) ... (Página4)

- Proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 6-1, de 6 de marzo de 2020. (Número de expediente 121/000006) ... (Página24)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Republicano, Orgánica de delimitación de la justicia militar. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 58-1, de 21 de febrero de 2020. (Número de expediente 122/000033) ... (Página39)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 8-1, de 6 de abril de 2020. (Número de expediente 121/000008) ... (Página52)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página57)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página58)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página4)

Proyecto de ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras ... (Página4)

La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX, y Castellón Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto, y Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora López Domínguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y el señor Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves ... (Página24)

El señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cambronero Piqueras, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano, y Maestro Moliner, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores Alcaraz Martos, del Grupo Parlamentario VOX, y Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página39)

Del Grupo Parlamentario Republicano, Orgánica de delimitación de la justicia militar ... (Página39)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley de la proposición de ley el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario Republicano.

En turno en contra tiene la palabra el señor Gutiérrez Díez de Otazu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Replica el señor Nuet Pujals y duplica el señor Gutiérrez Díaz de Otazu.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; Uriarte Torrealday, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX.

Hacen uso de la palabra los señores señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, y Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX.

Finaliza el turno de fijación de posiciones con la intervención de la señora Nasarre Oliva, del Grupo Parlamentario Socialista.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página52)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero) ... (Página52)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página57)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Ciudadanos a la proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos, se aprueba por 49 votos a favor más 158 votos telemáticos, 207; 20 en contra más 37 votos telemáticos, 57; y 28 abstenciones más 58 votos telemáticos, 86.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Republicano a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano, sobre protección de los trabajadores autónomos a raíz de la crisis del COVID-19, se aprueba por 67 votos a favor más 195 votos telemáticos, 262; y 29 en contra más 58 votos telemáticos, 87.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)

Sometidas a votación conjunta las enmienda a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, se rechazan por 47 votos a favor más 105 votos telemáticos, 152; y 48 en contra más 148 votos telemáticos, 196.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, se rechaza por 5 votos a favor más 16 votos telemáticos, 21; 90 en contra más 228 votos telemáticos, 318; y 8 abstenciones con voto telemático.

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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, orgánica de delimitación de la justicia militar, se rechaza por 18 votos a favor más 54 votos telemáticos, 72; 77 en contra más 197 votos telemáticos, 274; y 1 abstención con voto telemático.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página58)

Sometida a votación el Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero), se aprueba por 78 votos a favor más 217 votos telemáticos, 295; y 17 en contra más 35 votos telemáticos, 52.

Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS. (Número de expediente 121/000002).

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.

Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley del impuesto sobre las transacciones financieras. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, a todos y a todas.

Efectivamente, en esta primera hora de la mañana de hoy defiendo ante la Cámara el proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras, que, al igual que el impuesto sobre determinados servicios digitales que debatimos justamente la semana pasada, fue aprobado por el mismo Consejo de Ministros el 18 de febrero y contra el que los grupos parlamentarios Popular, VOX y Ciudadanos han presentado sendas enmiendas a la totalidad, solicitando, por tanto, su devolución al Gobierno.

Señorías, a la vista del tenor de algunas de estas enmiendas, más que enmiendas a la totalidad a este concreto proyecto de ley yo diría que la derecha y la extrema derecha lo que están haciendo realmente es enmendar a la totalidad la existencia misma de un sistema tributario. Si me permiten, antes de entrar en detalle sobre esta iniciativa, quiero decirles que algunas de las argumentaciones en contra de este proyecto de ley tienen en su base un profundo, peligroso y creo que bastante irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario, o al menos, señorías, una fiscalidad que hunde sus raíces en los principios constitucionales que no son equivalentes a los de igualdad o a los de progresividad. Dicho de otra manera, el argumento final de estas enmiendas a la totalidad, desde luego, no coincide con los principios que rigen la actuación de este Gobierno, en donde todos tienen que contribuir según la capacidad económica al sostenimiento del conjunto de los gastos públicos. Por eso, señorías, entiendo que como las enmiendas son muy parecidas -concretamente las del Grupo Popular- a las que se presentaron la semana pasada sobre una figura fiscal justamente distinta, el impuesto de servicios digitales, ustedes lo que han hecho es limitarse a cambiar el nombre de un impuesto por otro y, por tanto, utilizar exactamente la misma argumentación. Y sé también, señorías, que en esta Cámara, por parte de la derecha y de la ultraderecha, hay un frente del no al que el Grupo VOX ha arrastrado al Grupo Popular y, por el contrario, también existe un grupo de fuerzas políticas que defendemos una fiscalidad justa, moderna, progresiva, sin privilegios y que, por

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tanto, respete el interés general de la nación española y no solo unos intereses concretos defendidos por unos pocos.

Señorías, el objetivo fundamental de este impuesto es contribuir a la consolidación de las finanzas públicas y reforzar el principio de equidad tributaria, habida cuenta de que las operaciones que ahora se someten a tributación no se encuentran sujetas en estos momentos a impuesto alguno; dicho de otra forma, existía un vacío legal en este tipo de figuras porque la fiscalidad tradicional no estaba adaptada a este volumen de operaciones. Y estoy segura de que la inmensa mayoría de las personas que nos escuchan saben que contribuyen con modestia, pero siempre con esfuerzo, a este sostenimiento de las arcas públicas y, por tanto, no entienden que haya situaciones que suponen un privilegio inaceptable y, cómo no, un agravio para el conjunto de los contribuyentes. Por tanto, con su rechazo al avance en progresividad del sistema tributario la derecha parece ser coherente con la idea de que el Estado tenga un papel meramente asistencial y de que el sector privado de alguna manera sustituya a lo público en la prestación de servicios. Algunos consideran que es un planteamiento muy liberal. Yo considero, sin embargo, que es un planteamiento antiguo, decimonónico, que es bastante irreal y que basta con mirar la situación actual para saber que tenemos que adaptarlo todo en el entorno político, pero el sistema fiscal de forma expresa.

Digo que la derecha parece defender esto porque en realidad, cuando las cosas vienen mal dadas, también demanda recursos públicos, lo que hace inabarcable el abordaje de todas las propuestas y de todas las iniciativas que se plantean. Por eso, señorías, me gustaría recordarles cuando hablamos de fiscalidad que esto no es un ente abstracto, que ustedes mismos, cuando se rechazó hace unos días una iniciativa que se presentó para el pago de salarios de 13 millones de trabajadores, imagino que estarían pensando en que para hacerlo posible se requeriría una fiscalidad fuerte, una fiscalidad que contribuyera con más recursos para poder hacer frente a esas promesas. Si no, como siempre, nos encontramos con que con una mano planteamos una cosa y con la otra la contraria. O, por ejemplo, señoría, se han mostrado ustedes partidarios de ampliar los ERTE hacia un conjunto de sectores, se han mostrado partidarios de que se dé más dinero a las comunidades autónomas, de que se adopten otras medidas. Y la pregunta siempre es la misma: si ustedes piensan que hay que bajar impuestos e incrementar el gasto público, ¿cómo piensan ustedes cuadrar la ecuación, habida cuenta de que alguna de las teorías, que se sostienen solo para que las aguante el papel -por ejemplo, las relativas a la curva de Laffer-, está demostrado empíricamente que no tienen ningún tipo de sustento?

También les ruego, señorías, que en las declaraciones que hacen desde la tribuna y también en los mismos papeles no deslegitimen el sistema tributario ni tampoco presenten sistemáticamente cada tributo como una traba al crecimiento económico, porque sin el sistema tributario España no solo sería un país mucho más injusto, sino que además en estos momentos carecería de futuro desde un punto de vista económico. Procuremos tener un debate riguroso, que se atenga a la realidad y que por tanto no plantee hipótesis que de por sí, su sola la formulación, ya lo sitúa a uno fuera de la realidad. Es imprescindible, por tanto, que contemos con ese sistema fiscal que vamos avanzando, un sistema que se adapte a las nuevas realidades de la economía, y el proyecto de ley intenta dar un paso adelante en esa dirección.

Señorías, quiero decirles asimismo que de las previsiones sobre los fondos públicos que en otras épocas o en otros Gobiernos se han realizado por otros grupos parlamentarios -en concreto, por el Partido Popular- siempre llegamos a la misma conclusión: cuando ustedes están en la oposición reclaman de forma permanente una bajada de impuestos; cuando ustedes llegan al Gobierno, si la situación económica es como la que tenemos en este momento, producen una masiva subida de impuestos, indiscriminada, afectando sobre todo a la clase media y a la clase trabajadora, y ya cuando se van acercando las fechas electorales suelen ustedes lanzar algún anzuelo fiscal para justificar de alguna manera que no ha sido posible cumplir con sus promesas -insisto, de bajada de impuestos masivas- porque las circunstancias no lo permitían. Es un modus operandi al que los que llevamos tiempo escuchando sus propuestas estamos acostumbrados y entiendo que en el día de hoy se repetirá una simulación de esto mismo.

El objeto de este debate es subrayar que es fundamental e imprescindible que algunas operaciones económicas que han ido adquiriendo más relieve en los últimos años con motivo del desarrollo digital tengan una fiscalidad diferente. La fiscalidad que está acomodada a las figuras que hasta la fecha existían es más propia de los negocios tradicionales, de los comercios tradicionales, y encuentra mal encaje -por tanto, es injusta- con actividades que, hoy por hoy, se están desarrollando. En este contexto, en ese intento permanente de hacer que la fiscalidad de nuestro país sea la del siglo XXI, esta figura fiscal -igual

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que la que presenté la semana pasada- no es un invento del Gobierno español, no es una excentricidad de algo que surge de unos días de estudio, sino que llevamos años trabajando en el entorno europeo justamente para encontrar la unanimidad necesaria para tener un impuesto de transacciones financieras que sea común, que sea al menos homogéneo en todos los países miembros y que tenga su referencia en la propuesta de directiva que ya lanzó la Comisión Europea en septiembre del año 2011.

Llevamos nueve o diez años trabajando para hacer posible que esta figura fiscal se extienda por unanimidad al conjunto de países. Es por ello que la mayoría de los Estados miembros han ido adelantando su posición. No se puede esperar a que el veto de algunos haga que el resto no avancemos hacia una tributación justa. Por eso, diez Estados miembros aplican ya de alguna forma este impuesto sobre transacciones, en concreto, Bélgica, Chipre, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Rumanía, Polonia o Reino Unido, y la Comisión defiende la armonización de todos ellos para reducir las distorsiones que esta variedad presenta en la competencia o desalentar prácticas especulativas arriesgadas y prevenir también futuras crisis. Una propuesta que busca una justa contribución del sector financiero a este saneamiento presupuestario de los Estados miembros, que compense también el papel en la crisis económica y el coste de los rescates que se sufragaron por los contribuyentes y que ascendieron a un importe próximo a los 4,6 billones de euros en el contexto europeo. Dicho de otra manera, parece lógico que cuando en un momento crítico se ha tenido que salir al rescate de algunas entidades, posteriormente, cuando la situación amaina, estas mismas entidades contribuyan en justa medida al sostenimiento del conjunto de los servicios públicos. El objetivo de la Comisión, como el del Gobierno de España, era corregir una situación de infragravamen del sector financiero respecto de otros sectores económicos y obtener ingresos fiscales que, en el caso de la directiva, se repartirían entre la Unión Europea y los Estados miembros, reduciendo de esta manera las contribuciones nacionales, una suerte de fiscalidad mutualizada en el conjunto de la Unión.

La perspectiva del impuesto para Europa era que entrara en vigor en el año 2014, es decir, hace más de seis años, con unos ingresos en torno a 57 000 millones de euros para los veintisiete países miembros; luego se rebajó esta cantidad, pero era una cantidad de recursos importantes y sobre todo en un tiempo -año 2014 y 2015- donde la situación económica era una situación complicada, que requería de un incremento de los ingresos públicos. De hecho, posteriormente, el Parlamento Europeo emitió un dictamen favorable también a esta aplicación del impuesto reclamando mejoras en su diseño. Y así, podría seguir con las reuniones sucesivas del Ecofín, en definitiva, con todos los intentos que ha habido en el marco internacional de encontrar un marco común que nos permitiera adoptar entre todos una fiscalidad homogénea. Pero, como les decía, cuando el conjunto de los países de la Unión ha estudiado las solicitudes -cada uno con su peculiaridad-, aunque hemos tenido avances importantes, no se ha logrado conseguir la unanimidad. Creo que sus señorías no son ajenas a que algunos países son reacios a que se pongan en marcha determinadas figuras fiscales por albergar la sede de algunas empresas. De hecho, como ocurrió también la semana pasada, algunos países ven ese intento directamente como una agresión a la propia situación nacional de los lugares donde se encuentran las sedes fiscales de las grandes compañías que operan bajo este tipo de operaciones.

Por eso, quiero decirles que es oportuno y conveniente que nos adelantemos; hay que seguir marcando la pauta convencidos de que posteriormente el conjunto de la Unión Europea hará una fiscalidad respecto a estas materias o estos temas. Por tanto, vuelvo a comprometerme -como hice con los servicios digitales- a que, cuando esa situación llegue -ojalá sea pronto, aunque no tenemos muchas expectativas de que los trabajos avancen rápidamente-, adaptaremos nuestra figura fiscal a esa nueva realidad. De alguna forma, el proyecto de ley ya contempla la posibilidad de adaptación en caso de que tengamos por fin una coherencia y saquemos un discurso a nivel europeo. Simplemente, quiero volverles a recordar la proporción que tiene España de ingresos públicos en relación con el PIB, muy por debajo de la media de la Eurozona, concretamente más de 7 puntos. Una diferencia que incluso llega a los 10 puntos si nos comparamos con Francia, con Finlandia o con Dinamarca. Por tanto, no es razonable pedir, como hacen las enmiendas a la totalidad, que nuestro país espere a ese acuerdo global europeo, como tampoco lo han hecho el conjunto de países que acabo de enumerar.

Mucho menos razonable es, señorías, la argumentación que esconde la voluntad de que cuanto más tarde aprobemos este impuesto, mejor. Yo diría que cuanto más se tarde en todo lo relacionado con la fiscalidad, según la derecha de este país, mejor. Porque detrás del intento de aprobar el impuesto hay, en definitiva, intereses legítimos -que yo respeto y que, por tanto, poco tengo que decir a propósito de ellos-, pero también les quiero comentar que son intereses ajenos al general de nuestro país o, dicho de

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otra forma, benefician a unos pocos a costa del conjunto de los ciudadanos. De hecho, este impuesto defiende que se provoque un gravamen del 0,2 % en las operaciones de compra de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en estas operaciones y siempre que sean empresas cuyo valor de capitalización bursátil sea superior a los 1000 millones de euros. Por tanto, como ustedes ven, una realidad bastante concreta de un grupo de actividad bastante concreto y que tiene, además, un volumen de beneficios considerable para poder seguir contribuyendo en una mayor proporción al conjunto de las arcas públicas. De esta manera y tal como está redactado, evidentemente, el impuesto evita que se afecte a la compraventa de acciones de pymes, por ejemplo; tampoco afecta al mercado primario; no tiene impacto en las empresas que por primera vez salen a bolsa y también estarán exentos de pagarlo las compras que son imprescindibles para el funcionamiento de infraestructuras del mercado de reestructuración empresarial o las que se realizan -esto es muy frecuente- entre sociedades del mismo grupo o, por ejemplo, las secciones de acciones de carácter temporal.

El sujeto pasivo del impuesto es el intermediario financiero, el que transmite o el que ejecuta la orden de adquisición, el que tiene que pagar el impuesto, no es el cliente el que está obligado al mismo. Haciendo hincapié en este último dato, el impuesto, señorías del Partido Popular y de VOX, no afecta a los clientes, no afecta a los que tienen cuentas corrientes, tarjetas, hipotecas, préstamos o imposiciones a plazo fijo, por citar algunos de los ejemplos bancarios más habituales. Dicho de otra manera, esta fiscalidad no va a gravar a los ahorradores. Si tienen ustedes en cuenta los últimos datos publicados, por ejemplo, la encuesta financiera de la familia del año 2017, solo un 11 % de los hogares españoles tienen acciones en empresas cotizadas. De hecho, el 30 % se encuentra en el percentil más rico del país, solo el 2,8 % se encuentra en hogares que tienen un menor nivel de renta. De manera que yo les rogaría que, frente a esta modesta reforma tributaria, se antepongan los argumentos que sus señorías consideren convenientes, pero que no pongamos excusas para no abordar una cuestión en la que cada uno tiene su opinión, pero que es absolutamente fundamental.

La liquidación del impuesto se plantea a nivel mensual. Los contribuyentes tienen que presentar, asimismo, una declaración anual. Tenemos una estimación de ingresos en torno a 850 millones de euros anuales. Es una estimación, habrá que esperar a la aplicación definitiva del impuesto, pero me consta que este impacto recaudatorio es todo lo que les interesa a algunos de los grupos que se oponen a esta tramitación. Me gustaría decirles que este impuesto no es solo una herramienta recaudatoria, sino que también es un instrumento que va orientado a disuadir movimientos especulativos en los mercados financieros. De alguna manera, intenta evitar algunas turbulencias que alteran el funcionamiento normal del mercado y que, a través de este tipo de imposiciones, se consigue estabilizarlas y, directamente, regularlas.

La semana pasada los grupos parlamentarios presentaron enmiendas a la totalidad reprochando al Gobierno que no se esperara a Europa para acordar un impuesto similar. Hoy también son las mismas argumentaciones las que presentan sus señorías. Tengo que repetirlo: creo que nuestro país no puede esperar años y años de debates en los marcos internacionales para poner en marcha este tipo de medidas. Justo en este momento, en una situación de crisis económica que acompaña a la sanitaria, se hace mucho más importante que podamos afinar bien, trazar bien cuáles son las áreas económicas, las figuras fiscales que están ejerciendo una competencia desleal en relación con otros sectores y que por otra parte tienen una capacidad efectiva de abundar en su aportación de ingresos al conjunto de las arcas públicas.

Entrando en cada una de las enmiendas, más allá, como les decía, de que prácticamente son iguales que las que se presentaron para el impuesto digital, quiero decirles a sus señorías del Grupo Popular que vuelven a mezclar, palabra por palabra, el impuesto de transacciones con el Mobile World Congress, como se hizo la semana pasada con el otro tipo de impuestos, utilizando una argumentación que no se corresponde con la que ustedes mantenían en su día, cuando afirmaban que la suspensión del Mobile World Congress era por el desafío independentista, porque se ahuyentaba a las empresas que acudían al congreso por esa razón. Hoy dicen que es con motivo de las situaciones que tienen que ver con las figuras fiscales, y sé, señorías, que nos separa un abismo entre el planteamiento fiscal que tienen ustedes, porque el modelo de sociedad que tienen ustedes es distinto al modelo de sociedad que tiene este Gobierno. Pero también me gustaría decirles que no afinan en el conjunto de cuestiones que plantean en su enmienda, simplemente porque no dan ustedes ninguna razón específica para no aceptar el debate de enmiendas de este tipo de impuestos; dicho de otra manera, no explican por qué están en contra del impuesto sobre transacciones financieras. Lo que hacen es un cuestionamiento, una reflexión a propósito

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de los sistemas fiscales o del momento que vivimos, pero ustedes no entran en la profundidad de este impuesto para explicarnos por qué consideran que este impuesto no tiene que contribuir o cómo podríamos abordarlo de forma distinta a la que plantea al Gobierno, simplemente utilizan, como decía, el corta y pega de la semana pasada.

En cuanto al Grupo de VOX, ustedes afirman que este impuesto supone una bajada de rentabilidad en la adquisición de acciones, en los fondos de inversión, un destino que, según ustedes, sostiene a una parte importante de las familias españolas. Se trata de una irrealidad, señorías, de una falacia, de una marca más de la extrema derecha, porque las cuentas bancarias constituyen el 34 % del valor de los activos financieros de los hogares españoles, seguidas por los planes de pensiones, que representan un 16,2 %. De hecho, el porcentaje de familias y hogares que disponen de manera directa de acciones cotizadas en bolsa es escasamente de algo más del 10 %, y además se corresponde con los hogares que tienen lógicamente tramos superiores de renta y de riqueza. Por eso es insostenible afirmar que este impuesto que grava las transacciones financieras va a perjudicar el ahorro de las familias españolas, en un país donde más de 12 millones de personas, el 26 % de nuestra población, está en riesgo de pobreza o de exclusión social, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra las Pobreza. ¿Cómo que va a afectar genéricamente al ahorro de los hogares españoles? En todo caso, a determinado tramos de rentas de determinadas situaciones tributarias que ustedes conocen perfectamente. Porque, de verdad, señorías de VOX, a veces creo que se sitúan fuera de la realidad; no creo que muchas familias de nuestro país estén excesivamente preocupadas de lo que tienen que invertir en bolsa o del impacto que va a tener este impuesto de transacciones financieras sobre su vida cotidiana. La gente está preocupada por ver cómo puede llegar a fin de mes, por ver cómo puede conservar su empleo y, por tanto, no se parece nada lo que ustedes explican en su exposición de motivos con la realidad que viven las familias en nuestro país. Ahora afirman que el impuesto va a suponer una distorsión fiscal que hará que el capital se desplace, según ustedes, a otros mercados, y terminan por negar que vaya a contribuir de una manera eficaz a la consolidación de las finanzas públicas. Vuelvo a llevar a su ánimo, señorías, que del resto de países que han puesto en marcha este tipo de fiscalidad ninguno es un país de izquierdas peligroso, como algunas veces parece que ustedes quieren insinuar cuando ponemos en marcha alguna figura de este tipo, ni se ha producido en esos lugares distorsión fiscal, ni desplazamientos de capital a otros mercados, ni ha pasado ninguna de las historias que cuentan ustedes dentro de su argumentario.

Finalmente, el Grupo Ciudadanos se opone también al impuesto. Lo califica de improcedente, como hizo la semana pasada con el de servicios digitales. Dicen que no están en contra de la figura fiscal, sino que hay que esperar a que se alcance el consenso internacional, un consenso que he dicho en mi intervención que se demora ya más de siete años. Y también dicen sus señorías que resulta perturbador crear nuevos impuestos que graven a los ciudadanos, a las empresas o a los emprendedores. En realidad, este impuesto a quien grava en exclusiva es a los intermediarios financieros, no a los clientes, como acabo de explicar. Siempre insisto en que por esa regla de tres no habría un impuesto sobre las empresas. Según la teoría de sus señorías, toda la fiscalidad que se carga sobre la empresa termina trasladándose al producto final. Por tanto, la conclusión sería que no se aplique ningún tipo de fiscalidad a las empresas para que no afecte a la persona que consume finalmente los servicios, un argumento que no se sostiene por su propia filosofía y la forma de abordarlo.

Termino diciéndoles, señorías, que es importante que seamos capaces de seguir trabajando en el conjunto de nuestro sistema fiscal para que entre todos podamos articular una fiscalidad más propia de la era que vivimos en relación con las actividades económicas, cada vez más numerosas, que se desarrollan en otro formato, bajo otras premisas y que no encuentran un encuadre adecuado en la fiscalidad tradicional, una fiscalidad que evite la competencia desleal de aquellos negocios que tienen un paraguas mejor en la fiscalidad tradicional. Debemos crear las condiciones de competencia necesarias, tanto para nuestras empresas como a nivel internacional, que permitan que todo el mundo pueda contribuir en función de lo que gana, en función de lo que tiene, para que todos los ciudadanos podamos disfrutar de unos servicios públicos que nos permitan ser más fuertes. Por eso, en nombre del Gobierno, quiero solicitar al resto de los grupos que habitualmente han expresado su voluntad de seguir explorando vías fiscales razonables que nos permitan modernizar nuestro sistema tributario para que gane en progresividad y haga que nuestra recaudación tenga mayor rentabilidad, sea más efectiva y así vayamos acercándonos a esa media europea, encontrando con imaginación e innovación figuras fiscales que nos permitan adecuarnos a ese nuevo molde de la realidad del siglo XXI. Y les agradezco de antemano, señorías, la pedagogía fiscal que ejercen cuando suben a esta tribuna, de manera que seamos capaces de explicar a todos los

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ciudadanos que los impuestos no son un castigo, sino todo lo contrario, una garantía de seguridad para que en nuestro país podamos hablar de clases medias, porque sin esta fiscalidad no podríamos hablar de una clase media que disfruta de unos buenos servicios públicos, no podríamos hablar del sostén de seguridad de los trabajadores; en definitiva, no podríamos hablar de que conformamos una sociedad. Sin fiscalidad, con una política de sálvese quien pueda, habrá de todo menos códigos éticos que permitan que la sociedad se pueda articular. Por eso, dejemos los discursos populistas, abundemos en esa pedagogía fiscal y construyamos entre todos un sistema justo y progresivo que nutra de recursos suficientes al Estado del bienestar, que es la verdadera garantía que la política puede ofrecer al conjunto de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Hacienda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias, señora Cepeda.

A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez Granados.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, estamos aquí una semana después de presentar una enmienda a la totalidad a otro impuesto, a la tasa sobre servicios digitales. Este es otro impuesto que viene a gravar una circunstancia, como ha comentado la ministra, y ahora comentaremos por qué entendemos que no es el momento de traer a esta Cámara este impuesto. Como bien ha dicho la ministra, desde 2011 la Unión Europea, el conjunto de los veintisiete países, se estaba planteando si era necesario que en el seno de la Unión Europea se creara este tipo de impuestos. De esos veintisiete países, tan solo diez -entre los que se encuentra España- decidieron que sí, que querían ponerlo en marcha, pero ahí quedó. Curiosamente, el Gobierno de Sánchez, que necesitaba mucha más financiación -todo esto era antes de la crisis que hemos sufrido por el coronavirus-, empezó a rescatar impuestos que creían que podían ayudarles con los gastos públicos para mantener a un Gobierno tan numeroso en ministerios y con tantísimos altos cargos. Entonces, nos trajeron este impuesto que carga contra nuestros ciudadanos, nuestras empresas y nuestros emprendedores, y les voy a explicar por qué.

Como ha pasado con otros impuestos, como el impuesto sobre las hipotecas o como va a pasar con la llamada tasa Google sobre servicios digitales, lo que ocurre al final es que las empresas lo vuelcan. En este caso, los intermediarios financieros lo volcarán en comisiones de mantenimiento de cuentas o en otro tipo de comisiones que al final pagan los de siempre. Cuando usted pone en marcha un impuesto, no mira lo que sucede en el resto de la economía. Este Gobierno rescata la idea de crear este impuesto a pesar de que han podido ver lo mal que ha ido el impuesto en otros países en los que se ha puesto en marcha. No ha mirado los fracasos de Suecia, de Francia o de Italia, tanto en los objetivos de recaudación pretendidos como en los efectos adversos que ha tenido la creación de este impuesto. Ha tenido una nula eficacia. Con las previsiones económicas que tiene nuestro país -un déficit que va a superar de largo el 10 %, una deuda que llegará a pasar el 125 % del producto interior bruto y un paro que va a superar el 20 %-, lo único que se les ocurre es traer un nuevo impuesto en estos momentos de crisis. Aunque, como les digo, ya pensábamos que este impuesto no tenía sentido antes, porque es un impuesto que no ha funcionado en otros países y que, además, no tiene el consenso de la Unión Europea, lo que traerá unas consecuencias desastrosas para nuestra economía.

Señora ministra, yo le pregunto: ¿están ustedes seguros de que no tendrá efectos negativos en nuestra economía? Porque yo creo que sí. Los efectos negativos que puede traer a nuestra economía se los vamos a decir ahora. Fomentará la deslocalización de empresas españolas influyendo en el nivel de nuestra competitividad. A día de hoy no se ha alcanzado ese consenso que nosotros creemos que debe tener en la Unión Europea. Este impuesto grava fundamentalmente la compra de acciones de sociedades españolas admitidas a negociación en un mercado secundario a partir de un nivel de capitalización bursátil; eso es cierto, pero con independencia del mercado en el que coticen, el lugar en el que se produzca la adquisición y la residencia de los intervinientes en la operación. Resumiendo, y para que todos nos entendamos, las personas o empresas que quieran invertir en acciones de este tipo de empresas españolas tendrán que pagar más, tendrán que pagar impuestos. ¿Y eso qué significa? Pues que preferirán invertir en empresas que no sean españolas. Eso no ayuda a nuestra economía. Es más que probable que la competitividad de las empresas españolas se vea afectada. ¿Por qué? Porque cuando tienes otros

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productos que no están gravados preferirás invertir en esos productos. Curiosamente, el Gobierno sabe que existe esa posibilidad y, de hecho, en la memoria del análisis del impacto normativo dice que este impuesto aumentará los costes de transacción, lo cual podría producir una reducción del volumen global negociado; es decir, se van a comprar menos acciones de empresas españolas. ¿Qué ocurrirá también? La deslocalización de las empresas. Si tú tienes una empresa en España en la que quieres que inviertan comprando tus acciones y resulta que te gravan con un impuesto, ¿qué es lo que vas hacer? Llevarte la empresa a otro país. De hecho, ahora mismo es muy fácil deslocalizar una empresa. Es muy fácil irse de España. Ya tenemos muy pocos incentivos para atraer inversión a nuestro país. ¿Queremos poner una traba más a que lleguen? ¿Queremos poner una traba más a este tipo de empresas? Es cierto que este impuesto gravará a empresas de un volumen grande, un conjunto pequeño de empresas, pero que aportan al producto interior bruto un 10 % y que tienen una empleabilidad global de un millón y medio de personas. ¿De verdad que con la tasa de paro que tenemos ahora mismo y la que se espera queremos poner trabas a este tipo de empresas? En el sistema financiero ya no tenemos fronteras y esto es un problema real, la deslocalización de nuestras empresas.

Esto penalizará a los pequeños inversores, eso está claro. La inversión en este tipo de acciones, en este tipo de productos, la hacen de manera muy general, aunque sea en un porcentaje no muy alto, grandes fortunas, pero también pequeños ahorradores; la hacen pymes y la hacen multinacionales. Pero aquí también estarán metidos estos fondos de pensiones, asociaciones, fundaciones, instituciones de inversión colectiva, que también van a contribuir teniendo que pagar estos impuestos, y esto recae directamente sobre el ciudadano. De ser así, todo esto perjudicará irremediablemente a pequeños ahorradores, que se calcula que son un 20 % del total de las acciones que se cotizan en nuestro país, un porcentaje pequeño, pero un buen porcentaje. Un gravamen que primitivamente nació en Europa con la finalidad de incrementar la contribución de las instituciones financieras al resarcimiento de los costes de la crisis de 2008 puede ser un macabro y rotundo fracaso si este coste finalmente se vincula a través de estas comisiones que he comentado al consumidor final.

Los principales operadores del mercado se oponen a la creación de este nuevo impuesto y realmente son instituciones que tienen un peso específico en la economía europea. El Banco Central Europeo dice que las consecuencias adversas a los mercados financieros pueden llevar a que tengan dificultades para generar liquidez. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que esta postura acrecentará el nivel de competencia entre mercados y las plazas financieras. Bolsas y Mercados Españoles dice que considera que esta carga fiscal disminuirá nuestra capacidad de adaptación ante nuevas situaciones de crisis y debilitará nuestro mercado financiero. ¿Por qué? Porque incrementará las deslocalizaciones, fomentará la fuga de capitales y generará la ventaja competitiva de un mercado globalizado. Las asociaciones de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros tampoco ven con buenos ojos este impuesto. ¿Por qué? Porque este impuesto puede suponer un coste para los pequeños accionistas. Pero es que voy más allá, la presidenta actual de la AIReF, en la Comisión de Hacienda de hace una semana, nos dijo que todo impuesto que se creara en España aislado y fuera del paraguas de la Unión Europea sería perjudicial para nuestro país.

Y tenemos que hablar también de los objetivos irreales de recaudación. Aquí quiero poner un ejemplo, porque la señora ministra ha puesto el ejemplo de una cantidad agregada en la Unión Europea, pero ¿y si pensamos en países concretos? Francia pensó que iba a recaudar 1500 millones anuales y cuando la implementó se encontró una recaudación de 80 millones. Y no solo eso, lo que se encontró es que el Tribunal de Cuentas francés emitió un informe diciendo que los costes de este impuesto que gravaba este tipo de operaciones se derivaron a los consumidores finales vía comisiones y vía otro tipo de cargos para la pequeña y mediana empresa, para el consumidor final y para pequeños inversores. Es decir, tenemos un claro ejemplo de que no ha funcionado, pero nosotros queremos seguir trayéndolo.

Señora ministra, no es cuestión de que no queramos que se creen nuevos impuestos, es que creemos que no hace bien para la economía española, es que nosotros necesitamos crecer ahora más que nunca, es que hemos estado tres meses con nuestra economía paralizada. ¿Y ahora vamos a implementar este impuesto? Yo creo que no es el momento, mi partido tiene claro que no es el momento, igual que no es el momento de implementar la tasa de servicios digitales. En Ciudadanos no nos oponemos a la creación de un impuesto si tuviera otro tipo de características y, por supuesto, si estuviera consensuado dentro de la Unión Europea. ¿No podemos esperar? ¿Queremos seguir imitando a los países que lo han implementado y no les ha ido bien? ¿Sabemos que hay países en los que no ha funcionado este tipo de impuestos y los vamos a traer aquí? Pues esperaremos a las consecuencias, señora ministra. Proponemos que, en lugar

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de aprobar con carácter aislado en nuestro país una carga fiscal de evidentes consecuencias globales, se realicen los esfuerzos necesarios en el seno del Ecofin para su implantación, si procediera, siempre con la máxima armonización posible dentro de la Unión Europea y respetando los estudios realizados por la Comisión Europea sobre el modelo más adecuado de impuestos financieros. No creemos, sin embargo, que ahora sea el momento más apropiado para potenciar la implantación de este impuesto, dado que vivimos en un momento de crisis en el que todas y cada una de nuestras empresas, sean pequeñas, sean grandes o sean multinacionales, que son creadoras de trabajo, han sufrido durante estos meses la paralización financiera.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Manso Olivar.

El señor MANSO OLIVAR: Con su permiso, señora presidenta. Buenos días.

Me alegro de verlos a todos y de verlos tan bien; sin embargo, no quisiera empezar mi intervención sin recordar a los más de 44 000 españoles fallecidos por culpa de la crisis del coronavirus. Espero que el Señor los haya acogido en su seno.

Hoy venimos a hablar de un nuevo impuesto y, como bien nos ha explicado la señora ministra, no es más que un impuesto que grava la compraventa de acciones en determinadas condiciones, para determinadas compañías españolas y de determinado volumen. Y dice la señora ministra que este impuesto en principio no va a gravar a las familias, pero me cuesta mucho creer eso. Ustedes quieren poner un impuesto del 0,2 % en cada compra, y resulta que las comisiones que cobra el sector por intermediar en la compraventa de acciones están entre el 0,25 y el 0,35. Como usted comprenderá, si estaban cobrando entre el 0,25 y el 0,35 por prestar el servicio y ahora tienen que asumir un impuesto del 0,20, alguien va a tener que pagar esto. Y lo van a pagar, efectivamente, los pequeños ahorradores. Le voy a explicar por qué lo van a pagar los pequeños ahorradores, señora ministra. Usted dice: es que los pequeños ahorradores solo tienen un 11 % de su patrimonio en acciones. Ya, pero un 16 % en seguros y fondos de pensiones y un 14 % en fondos de inversión, y todo eso está materializado en acciones. Mire usted, cuando se pone un impuesto, señora ministra, hay que preguntarse lo que decía Fuentes Quintana. Él decía que los impuestos al final los pagan las personas, y hay que pensar qué personas van a pagar, en último término, este impuesto.

Pero vamos a continuar. Saben ustedes que lo que hoy aprobamos -o no aprobamos- es la famosa tasa Tobin, cuya autoría intelectual se atribuye al señor Tobin, aunque él la repudia porque lo que él ideó es otra cosa. Esto es una idea de Keynes expresada en su Teoría general. Keynes es la autoridad sobre la que ustedes basan este impuesto, pero yo opino, como Röpke, que Keynes era un inmoral; recordemos la famosa frase "a largo plazo, todos muertos", que lo único que ha traído es el cortoplacismo a la política.

Señora ministra, nosotros claro que consideramos que los impuestos son necesarios. Son supernecesarios para sufragar las actividades mínimas del Estado en un principio y, posteriormente, las actividades que despliega un Estado moderno, un Estado social y de derecho. Pero los ingresos y los gastos públicos los tiene usted tasados, en cuanto a que tienen que cumplir criterios de eficiencia y economía, en los artículos 31.1 y 31.2 de la Constitución. Es decir, no se puede gravar cualquier cosa que se nos ocurra, como tanto le gusta a veces a la izquierda. Hay unas limitaciones, que son los criterios de economía y eficiencia, y no me los invento yo, los tiene usted en la Constitución; el artículo 31.2 le dice los criterios que tienen que cumplir los gastos y, efectivamente, el 31.1 nos recuerda a los españoles que los impuestos, además de ser necesarios y que tenemos que contribuir a la carga del Estado, son constitucionales, y además todos sabemos que son inevitables. Si no estuvieran estos criterios de economía y de eficiencia, insisto, cualquier idea sobre incrementar los ingresos públicos sería buena y, por lo tanto, con la desbordante imaginación que tienen ustedes para crear figuras impositivas, no pararían.

Pero vamos a los argumentos técnicos. El 18 de mayo estuvo aquí el gobernador y, hombre, el gobernador, qué quiere que le diga, no por él en lo personal sino por la institución que representa, yo creo que algo nos tenía que decir, y no podemos alegar nuestra elección directa por el pueblo para decir que eso cubre nuestro desconocimiento. Le voy a leer el párrafo que he extractado de la declaración del gobernador sobre la creación de nuevas figuras impositivas, abro comillas: La magnitud del reto de la consolidación es tan relevante que yo creo que no podemos hacer descansar o pensar que con cambios

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mínimos o con figuras impositivas nuevas vamos a ser capaces de afrontar el reto que tenemos por delante. Cuando uno ve la estructura tributaria española, es evidente cuáles son las figuras tributarias que tienen capacidad recaudatoria. Se le pueden añadir otros elementos -adornos, diría yo-, pero con capacidad recaudatoria suficiente, hay básicamente cuatro figuras tributarias. Y, por supuesto, creo que es importante que no dejemos de lado la eficiencia en la modificación; igual que lo he enfatizado desde el punto de vista del gasto público, es importante enfatizarlo desde el punto de vista del sistema impositivo. Esto decía, y este impuesto que usted propone hoy, señora ministra, no cumple con los criterios de eficiencia y economía que exige la Constitución. Solamente por ese motivo, deberíamos devolverles a ustedes el proyecto. Y, como usted ve, el gobernador también nos habla de que pensemos en los gastos, en la eficiencia y la economía de los gastos.

Pero yo le voy a explicar a usted, desde mi punto de vista, por qué el impuesto no es eficiente. Primero -lo ha explicado muy bien Ciudadanos-, tiene escasa capacidad recaudatoria. Usted habla de 850 millones. Usted ha dicho que esto es una figura del siglo XXI. Será del siglo XXI, pero Suecia la abandonó en el siglo XX, después de siete años de fracaso y recaudar un 3 %. Francia ha recaudado un 40 % de lo esperado. Italia ha recaudado un 16 % de lo esperado. Este impuesto, además, erosiona las bases fiscales de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre la renta de sociedades, porque, lógicamente, si cada vez que usted compra y vende tiene que pagar, lo que va a ocurrir es que las operaciones de venta se van a retrasar el tiempo y se van a producir lo que llaman los financieros menores rotaciones de las carteras.

La experiencia internacional dice más cosas, señora ministra. La experiencia internacional dice cosas como que se deslocalizan las operaciones. Suecia perdió la mitad de su mercado, que se le fue a Londres. Ustedes hablan de la recaudación bruta, pero olvidan cosas como la recaudación neta; ¡es que nos interesa mucho la recaudación neta, señoría! ¿Cuánto cuesta recaudar este impuesto? Eso es importante. ¿Qué gastos asume el contribuyente por cumplimentar este impuesto? Le repito, ¿qué erosión sobre las bases imponibles de otros impuestos va a generar este impuesto?

Miren ustedes, la Comisión Europea, que puede ser una fuente de autoridad si ustedes la quieren aceptar, dijo que se reduciría el crecimiento en Europa entre el 0,17 y el 3,43, con una media de 1,76. No estamos para perder un 1,76 % de crecimiento. Como tampoco estamos -como decía la Comisión Europea- para que se nos deslocalicen entre el 70 % y el 90 % de las operaciones; o para que aparezcan nuevos instrumentos financieros que repliquen el comportamiento de las acciones y no estén sujetos a gravamen.

Para ustedes este es un impuesto ideológico; es una manera de incrementar los ingresos ahora que tenemos un déficit público elevado -por culpa del coronavirus en su parte coyuntural, pero no solo- y tiene su punto ideológico porque ustedes dicen: esto lo van a pagar los especuladores. Miren ustedes, no hay evidencia científica de que la tasa Tobin o el impuesto sobre transacciones financieras elimine la especulación o reduzca la volatilidad; no hay evidencia científica. He traído toda una referencia de literatura científica que pondré a disposición de la señora ministra si quiere al acabar esta intervención. Lo que sí dice la evidencia científica, señora ministra, es que la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras eleva los costes de financiación de las empresas afectadas; eleva los costes de financiación de las empresas afectadas, y en esta situación, en la que lo que necesitamos es empleo, necesitamos inversión, y la inversión es mayor y más abundante cuando los costes de financiación son más bajos.

A mí siempre me ha llamado la atención una cosa, señora ministra, sobre esta afición de la izquierda a la tasa Tobin, porque parece puramente ideológica -de verdad, se lo digo con todo el cariño, puramente ideológica-, y dicen que están yendo contra los especuladores y la volatilidad en los mercados. Miren ustedes, las formas de financiación de las empresas no son solo acciones, las empresas también se financian en el mercado de bonos y ustedes nunca hablan de poner ese impuesto sobre transacciones financieras en el mercado de bonos, donde también hay mucha volatilidad y mucha especulación, y usted sabe cuál es el bono con el que más se especula y que más volatilidad tiene: el bono público. Si ustedes fueran a la Dirección General del Tesoro a decirle a esa dirección general -que es una de las grandes direcciones generales de este país, como la de la Guardia Civil: Vamos a poner una tasa Tobin, pero sobre toda la compraventa de títulos, tanto los que son financiación vía capital como los que son financiación vía deuda, la primera pregunta sería: ¿Incluida la deuda pública? ¿Qué le iba decir la dirección general? Que ni se le ocurra; se le elevan los costes de financiación. Mire, lo que no queremos para el sector público no se lo podemos exigir al privado. Si no le vamos a poner una tasa Tobin a los bonos públicos porque eso

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eleva el coste de financiación de la deuda pública, no se lo ponga usted a los privados; no quiera para los demás lo que no quiere para sí.

Por esto -y voy concluyendo-, mi grupo ha presentado enmienda a la totalidad y le solicita al Gobierno la devolución de este proyecto de ley. El impuesto no cumple con los criterios de eficiencia y economía que exige la Constitución porque tiene una escasa capacidad recaudatoria bruta, porque hay una serie de costes no evaluados que reducirían su recaudación neta, como son los costes de administración del impuesto por parte de la Hacienda pública, los costes de cumplimiento y la erosión de bases fiscales en otros impuestos. Y, tercero, por las elevadas externalidades que genera, entre las que destacan las pérdidas de empleos en el sector financiero porque, como le ha explicado Ciudadanos, se produciría deslocalización de operaciones y el sector financiero es un sector que de momento genera empleos mejor pagados que la media, por la creación de nuevas figuras con las que se favorecería la no tributación y, tercero y más importante, por la elevación de los costes de financiación empresarial.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas Gracias, señor Manso. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.

Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Castellón Rubio.

El señor CASTELLÓN RUBIO: Señorías, señora presidenta, señora ministra, nada más conformarse el Gobierno de coalición comenzaron ustedes a poner en marcha esa política económica de marcado carácter ideológico que están haciendo. Señora Montero, de eso hace unos meses y me temo que, visto lo visto en este tiempo, no están ustedes dispuestos a replanteársela, a pesar de que se antoje perjudicial para el escenario económico y social que tenemos hoy en España: 30 puntos más de deuda pública que hace tres meses, una caída de entre el 10 y el 15 % de la riqueza nacional, las finanzas públicas desajustadas, destrozadas, varios sectores de nuestra economía arrasados como consecuencia del virus pero también como consecuencia de la incompetencia de este Gobierno, casi un 25 % de paro. Creo, señora ministra, que estos deberían ser motivos más que suficientes para que ustedes se replanteasen esto o cuando menos hiciesen una reflexión sobre si la política fiscal que requiere nuestra economía para recuperar la senda del crecimiento de tiempos pasados es esta. ¿No sería deseable, señora ministra, que cualquier reforma de nuestro sistema tributario planteada hoy formase parte de un plan de recuperación elaborado por el Gobierno para reactivar la economía española? Señora ministra, eso sería lo normal en un país cuyo Gobierno no estuviera sumido en el caos y cuyo presidente tuviese un plan para reflotar la economía, que, desgraciadamente, no es el caso de España.

Mire, señora Montero, hoy en el Congreso deberíamos estar debatiendo una rebaja de impuestos, aplazamientos o supresión de cotizaciones sociales para ayudar al sector de la hostelería, que tan mal lo está pasando, a salir de la crisis. Hoy, señora ministra, deberían haber traído a esta Cámara un debate sobre la rebaja del IVA al sector turístico para dinamizarlo, como han hecho en Alemania, por ejemplo, con un sector turístico mucho menos potente que el nuestro. Y por seguir con ejemplos de decisiones adoptadas en otros países de la Unión Europea, hoy deberíamos estar hablando en esta tribuna de un paquete de estímulos fiscales a la recuperación económica, de incentivos a nuestras empresas, de deducciones en el impuesto de sociedades, de medidas para facilitar la compensación de bases negativas o de aplicar nuevas tarifas planas a los autónomos. Algo, señora Montero, algo, si es que después de tres meses de estado de alarma ustedes tuviesen una mínima hoja de ruta para sacar a este país de la ruina y de la quiebra, sobre todo después de la incertidumbre, la desconfianza y la inseguridad jurídica que está provocando la inacción del presidente del Gobierno. Sin embargo, hoy lo que ustedes traen aquí, lo que debatimos aquí -lo trajeron hace unos meses, pero lo debatimos hoy- es otro sablazo fiscal a la clase media española, precisamente cuando la clase media española debería ser uno de los motores de la recuperación económica, sobre todo por la vía del consumo en estos principales sectores afectados.

Señora ministra, como es lógico, ustedes y nosotros no compartimos una política tributaria -usted lo ha dicho aquí-, sobre todo porque ustedes tratan de imponer figuras como estas y nosotros, en dos ocasiones ya, hemos tenido que recurrir a otra forma de hacer política tributaria para rescatar a este país de la quiebra. Y hemos aumentado las bases de recaudación por la vía de la bajada de impuestos, no por la vía de la subida masiva de impuestos; por la vía de implementar y apoyar la creciente actividad, la inversión por un lado y el empleo por otro, señora Montero. Esas son, por tanto, las bases de la recuperación económica y apartarse de ellas, que es un vicio al que ustedes están muy acostumbrados, es muy

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perjudicial para la economía española. Como decía antes, vivimos una situación especialmente convulsa para nuestra economía, en la que lo razonable sería que ustedes se hubiesen replanteado cualquier subida de impuestos, los hubiesen congelado, lo hubiesen sometido a una reflexión sobre si eran convenientes, pertinentes o no para la reconstrucción de la economía española que todos tenemos encomendada a corto plazo. Pero, claro, pedirles a ustedes que subordinen la ideología al interés general hubiese sido hoy por mi parte un poco ingenuo.

Señorías, hoy sometemos a debate en esta tribuna la enmienda a la totalidad que hemos presentado tres grupos políticos a este nuevo impuesto de transacciones financieras, en el que, señora ministra, podemos estar de acuerdo o no -usted directamente nos ha atribuido una decisión sin siquiera conocerla- en gravar de alguna manera las transacciones financieras, pero lo que, de ninguna manera, en modo alguno podemos compartir es cómo el Gobierno ha diseñado esta figura tributaria. Algunos de los grupos -usted también lo ha deslizado aquí- dirán ahora que lo que hoy debatimos es un impuesto a las entidades financieras, a los intermediarios financieros, ese debate manido que de vez en cuando presentan sobre que hay que revertir el rescate a la banca, pero es que tal y como ustedes han diseñado este impuesto, señora Montero, esto es realmente un impuestazo y un sablazo a las familias españolas, porque aunque el tributo efectivamente se liquide a los intermediarios de las operaciones de adquisición de acciones, a nadie de los aquí presentes se nos escapa que los costes operativos nuevos que van a tener estos intermediarios los van a repercutir directa e inmediatamente sobre los poseedores de acciones, los millones de accionistas que tienen las empresas cotizadas españolas, bien a través de inversiones directas en acciones, bien a través de planes de pensiones o de otras instituciones de inversión colectiva.

Cuando hablan ustedes, señora Montero, de poner impuestos a los ricos, debería usted recordar que en España hay más de tres millones de españoles que tienen acciones en bolsa, más de tres millones de familias, a las que ustedes quieren subirles los impuestos, y eso, señora Montero, no debería ser obviado por ustedes. Además, usted sabe perfectamente que este sí es un impuesto político, no lo decimos nosotros, porque sabe que en términos económicos, aprobar esta nueva figura tributaria, tal y como está diseñada, es una auténtica y grave irresponsabilidad, por varios motivos. El primero de ellos, porque están ustedes poniendo en grave peligro la competitividad de las grandes empresas españolas, que van a verse perjudicadas frente a las que operan en otros mercados; para empezar, la emisión de acciones de las mismas van a ser menos atractivas y en toda lógica, señora Montero, esto va a representar una barrera de entrada a la inversión exterior que, quiero recordar, no es nada más ni nada menos que el 46% de la capitalización bursátil de España. Es un gravísimo error, precisamente, cuando hay un aumento desbocado de la deuda pública y de la deuda privada en estos momentos. ¿Saben ustedes -sí, lo saben- qué consecuencias tuvo en Francia la aplicación de este impuesto de manera aislada? El descenso del 10% del volumen de contratación a largo plazo, el deterioro de la liquidez del mercado y el descenso del 20 % de la negociación de las inversiones institucionales.

En segundo lugar, es una grave irresponsabilidad porque supone un paso más en ese camino, empezado por ustedes con la tasa Google, de aislamiento fiscal de España, que no entendemos, y que supone alejarnos de la armonización fiscal que debería de ser la hoja de ruta que la Unión Europea recorra en un futuro inmediato. Aprobar esta figura de manera unilateral y al margen del resto de países de la Unión Europea y de la OCDE, señora ministra, va a ser una losa para nuestras empresas, que van a ver cómo los mercados de otros países operan en condiciones más favorables que los nuestros, con lo que irremediablemente se va a provocar una deslocalización de la actividad financiera en terceros mercados. De esta manera, señora ministra, y aunque en la exposición de motivos ustedes digan lo contrario, y usted lo hubiera señalado aquí, la aprobación de este proyecto de ley supone el abandono unilateral del mecanismo de cooperación reforzada que hace unos años se empezó en la Unión Europea a tramitar, y en el que si tuviésemos algún peso en Europa lo que deberíamos estar haciendo es liderarlo para que este impuesto supusiese una implantación armonizada.

Y en tercer lugar, señora ministra, nos oponemos, y creemos que las consecuencias serán graves, porque la experiencia nos dice que ninguno de los objetivos que ustedes se han planteado en este Gobierno, ninguno, se va a cumplir, no va a servir para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, no va a servir para financiar ninguna medida social -y no nos digan ustedes, señores de Podemos, ahora que van a pagar no sé qué-, porque de los 850 millones previstos en los ingresos, en la recaudación, ustedes saben que este es un objetivo incierto y así se ha demostrado en Francia, en Italia, en Suecia, y que ni siquiera la AIReF se cree, como tampoco va a servir para lograr una mayor equidad de nuestro sistema tributario por ser un impuesto de carácter selectivo y no general para todas

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las empresas. Por tanto, señora ministra, fallan ustedes en el tiempo, fallan ustedes en las formas y fallan ustedes en el fondo, algo que se nos antoja especialmente grave por la situación de especial vulnerabilidad de nuestra economía, como consecuencia de la inacción de su Gobierno o de la toma de decisiones erróneas.

Señorías, una vez más el Gobierno ha elegido la senda ideológica para la gestión de su política económica, precisamente en estos delicados momentos, señora Montero, cuando hoy lo que la economía requiere es más competitividad, reformas estructurales, seguridad jurídica, actuación coordinada con nuestros socios europeos, sobre todo porque España lo que necesita es más inversión, mayor dinamismo, mayor crecimiento y, por tanto, más empleo, señora Montero, menos impuestos y más empleo. Por eso, por todo esto es por lo que solicitamos la devolución de este proyecto de ley al Gobierno.

Para terminar, señorías, señores del PSOE, quería decirles que hay una gran parte de la sociedad española a la que está preocupando de manera muy intensa el sablazo fiscal que el Gobierno está asestando a las familias y a las empresas españolas, pero que también hay una gran parte de la sociedad española a la que nos preocupa tener la certeza, señora ministra, de que su política tributaria no es un fin en sí mismo, sino que es un medio más para la liquidación de la clase media española, y de esta manera provocar una fractura social con una finalidad ideológica y espuria. En principio creíamos que esta era una postura solamente de Podemos, pero visto lo visto nos preocupa que esté siendo asumida por el Gobierno de manera colegiada, con lo que, visto esto y con estos antecedentes, no nos extraña, señora Montero, de ninguna de las maneras, que los ministros del Gobierno de España estén a codazos, y no por permanecer en el Gobierno, sino por salir huyendo del mismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Castellón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.

El señor BOTRAN PAHISSA: Buenos días. Gracias, presidenta.

Ministra, a lo largo de los últimos plenos, siempre que se ha hablado de las necesarias medidas sociales que se han ido aprobando, insuficientes en muchos casos, lo que hemos ido planteando era que generaban un endeudamiento, y que la incógnita en el futuro era cómo se subsanaría ese endeudamiento, que debería haber cambios con relación a los creditors, es decir, con las condiciones que pone el Banco Central Europeo en los préstamos, si habrá otros préstamos, etcétera, o con los cambios y con la fiscalidad o las condiciones de los propios Estados que se endeudan. Pero al final hemos ido resumiendo siempre que de las diferentes soluciones que había todas se terminaban resumiendo en dos grandes opciones: o salía de los recortes y había recortes sociales para este endeudamiento, o salía de las grandes fortunas, de las empresas del IBEX, especialmente de la banca, que podría empezar devolviendo el dinero con el que fue rescatada.

Con relación a los recortes ayer nos preocupó la respuesta bastante confusa que el presidente Sánchez dio a una pregunta parlamentaria del Grupo de Euskal Herria Bildu, no quedó en absoluto claro que esa no va a ser la opción del Gobierno. Y en relación con la otra opción, es decir, incrementar los ingresos por la vía de que los que más tienen y más acumulan no es que tengan, es que acumulan innecesariamente pongan de su parte, hoy se nos plantea una medida de fiscalidad dirigida especialmente a ese tipo de movimientos de dinero que son puramente especulativos. Se está hablando mucho de que a las empresas se las está sobrecargando de impuestos, se está hablando de movimientos de dinero que en la inmensa mayoría de los casos no están aportando nada de riqueza material a las sociedades. Por tanto, nos parece bien esa tasa, la han venido reivindicando muchos movimientos a favor de una fiscalidad justa. Pero vemos las limitaciones que tiene. Por las condiciones que pone el borrador del proyecto de ley se gravan empresas cuyo valor en la bolsa sea superior a 1000 millones de euros, y a partir de estas condiciones lo que se calcula es que se recaudarían se ha citado ya cerca de unos 850 millones de euros. Si se siguen las condiciones algo más estrictas que los promotores históricos de este impuesto han ido defendiendo, es decir, gravar todas las acciones, todos los derivados, todos los bonos, permitiría recaudar 5000 millones de euros, se calcula. Ayer hablábamos precisamente de que el ingreso mínimo vital se cifraba en unos 3000 millones de euros, y muchos grupos defendimos la insuficiencia de esa dotación, puesto que dejaba fuera a mucha gente, y aquí tenemos medidas que permitirían recaudar muchos más millones de euros para destinarlos precisamente al combate contra la pobreza, que es lo que

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defienden también las entidades promotoras de este impuesto a las transacciones financieras, es decir, que lo que se recaude vaya destinado directamente al combate contra la pobreza. Es decir, con condiciones algo más exigentes a estas transacciones financieras, lo que se podría recaudar y destinar al combate contra la pobreza sería cinco veces mayor.

Nosotros hemos defendido también que se propongan otras tasas estructurales y extraordinarias, porque la situación es extraordinaria frente a la emergencia social que se ha dado a raíz de la necesaria inversión social para combatir las desigualdades. Hay muchas cuestiones que se podrían tasar y conseguir esa necesaria recaudación para destinarla a políticas sociales. Las ganancias financieras y empresariales superiores a cierta cantidad se podrían tasar de forma extraordinaria. Lo podría hacer el Estado español y lo deberían hacer todos los Estados del entorno europeo sobre el patrimonio de personas físicas, sobre el patrimonio de fondos de inversión y sociedades o sobre transferencias patrimoniales. Es decir, hay que plantear medidas fiscales que hagan que esta inversión social que se va a convertir en endeudamiento del Estado no la paguen las clases populares en forma de recortes, sino que la paguen la oligarquía o las empresas del IBEX, que no han puesto nada de su parte en la gestión de esta crisis. Por supuesto, aparte del cambio en la fiscalidad, también hay que perseguir el fraude y la corrupción, empezando por la investigación sobre la Monarquía borbónica.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora ministra, le reconozco el carácter positivo de la iniciativa que presenta, pero también le digo que creo que se queda insuficiente, no tanto por la cantidad que estima recaudar, sino por la dimensión del problema al que se enfrenta. Usted ha señalado varios elementos, sobre los que percutiré en la intervención, que me parecen interesantes, pero en cualquier caso sí conviene recordar que este impuesto sobre las transacciones financieras viene de un debate social, de un debate alimentado por los movimientos sociales y populares, desde Attac hasta otros, que tenía que ver con la tasa Tobin y que, por desgracia -como pasa mucho en la vida institucional-, aleja bastante las pretensiones iniciales del resultado, es decir, que aquellos que levantaron la tasa Tobin, más allá de quien le da el nombre, seguramente se sienten defraudados por el resultado final no ya de su impuesto, sino del conjunto del debate en la Unión Europea. Por eso le digo que nos parece insuficiente, porque el problema es de una envergadura colosal como para plantear iniciativas que, aunque van en la buena dirección, no dejan de ser pequeños parches.

Usted decía en la intervención cosas que me parece interesante rescatar porque en el fondo, más allá de si se van a recaudar 850 millones o no, de si nos vamos a quedar más cerca o más lejos de esa cifra, lo importante es ver qué orientación toma la política económica en el Estado español en este momento concreto; un momento que, como usted ha señalado, es de enorme excepcionalidad, de gran incertidumbre y de bastante por no decir gigantesca zozobra en las vidas de cientos de miles de personas, que ven un horizonte muy oscuro en lo que tiene que ver con su devenir y su proyecto vital. Usted ha hablado de una fiscalidad justa, moderna y progresiva, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Creemos que hay que modernizar la fiscalidad, que esta tiene que ser justa y progresiva, es decir, que quien más tiene más pague. Pero, claro, eso choca frontalmente con muchas de las políticas económicas que han puesto diferentes Gobiernos en el Estado español, por ejemplo, cuando se habla de la flexibilidad. En el Estado español se habla con mucha frecuencia y con mucha alegría de la flexibilidad: flexibilidad laboral, que siempre suele suponer precarizar más a las y los trabajadores y favorecer más a los empresarios, o flexibilidad fiscal, es decir, las ventajas fiscales que tiene una empresa no las tiene un ciudadano o una ciudadana en el Estado español y, sin embargo, y aun con todo, esto no es suficiente. Porque, ¿de qué flexibilidad no han gozado los dirigentes de Nissan o de Alcoa durante tantos años, y cuánto les ha importado la flexibilidad de la que han gozado para decidir cerrar sus empresas? No hay una relación causa-efecto, y eso es lo que nos preocupa.

Pero hablaba de otra cuestión que también nos parece interesante: el principio de equidad tributaria. Estamos de acuerdo también con el principio de equidad tributaria, y la animamos a que vaya hacia allí. Ahora, sí le decimos algo que probablemente no desconoce: lo tiene complicado para conseguir el principio de equidad tributaria. Lo tiene complicado porque si el primero de los españoles -el rey o la familia del rey- cumple tan poco con la equidad tributaria poco se le puede exigir al resto. Si uno tiene 2000 millones

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de euros en no se sabe qué país -o si se sabe, uno que tiene una bandera roja con una crucecita blanca- y además resulta que el dinero lo ha amasado de una forma que tampoco parece, presuntamente, del todo lícita, es muy complicado decirle a los españoles que tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales y tributarias. Si el primero de los españoles no lo hace, si el primero de los españoles tiene más derechos y más privilegios y menos obligaciones que el resto, por qué al resto se le va a pedir lo que a este no se le pide. Por eso digo que tiene una tarea titánica para que la gente entienda, con pedagogía, que tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales, porque no encuentran ejemplos de estímulo donde podrían o deberían encontrarlos.

También decía una cuestión que me parece importante: que todos tienen que contribuir según sus recursos a los gastos públicos, aquello que desde esta tribuna también hemos señalado alguna otra vez con aquello de que "quien más tiene más pague". Estamos de acuerdo, pero la pregunta es, ¿se está haciendo? Y la respuesta es, no. Podríamos buscar miles de ejemplos; yo he buscado uno que, además, hacía público la Cadena SER anteayer creo, que es muy gráfico. Hay tres compañías, que todo el mundo conocerá: Netflix, HBO y Amazon Prime Video; entre las tres facturaron 216 millones de euros en 2018. ¿Sabe cuál fue la cantidad de impuestos que pagaron al Estado español? 100 000 euros. Facturan 216 millones y pagan 100 000 euros en impuestos. Un ciudadano medio en España que gane 23 000 euros paga 3000 euros en impuestos. Netflix, una de ellas, pero podría hablar de las otras dos, pagó 3000 euros en 2018 por su volumen de negocio. Vamos, ni la mitad que un Dacia Sandero. Esa es la realidad de las grandes empresas. Por eso nos hace mucha gracia que se hable de la necesidad de estimular a las empresas. ¿Con qué más se puede estimular a las empresas?

Usted habla de la evasión fiscal y nos parece importante hablar de la evasión y de la elusión fiscal, que es la que practican empresas como las que acabo de citar. También se nos dice que si no seguimos protegiendo a las empresas estas se van a ir a otros lugares, se van a deslocalizar. Igual habría que hablar de relocalizar o de asentar las empresas, porque, ¿por qué las empresas no se van de Suecia, de Finlandia o de Dinamarca? ¿O es que alguien piensa que en esos países nórdicos no hay empresas? ¿O es que se piensa alguien que Volvo o Ikea son trampantojos chinos y que realmente no son empresas con ese origen nórdico? En el fondo es una falacia sostener que cuanto más demos a las empresas más garantías tendremos de que se queden, y lo hemos visto con Nissan y con Alcoa.

Ha dicho usted una cosa que también compartimos: que cuando las cosas vienen mal dadas las empresas piden ayudas. Eso lo compartimos porque lo vemos todos los días. Las empresas, y quienes defienden su papel tractor en el bienestar de la ciudadanía, tienen una lógica un poco extraña: son liberales con lo suyo, pero son profundamente socialistas con lo de todos y de todas, porque cuando tienen problemas recurren al Estado como si fueran el primero de los socialistas. A este sí que les parecería Keynes un inmoral, en todo caso.

Termino con una cuestión. Es complicado subir a esta tribuna a hablar de fiscalidad progresiva y equitativa cuando uno lee titulares como, por ejemplo, que el Real Madrid o el Barcelona van a pedir al Estado 200 millones para poder pagar el sueldo de sus cracks. Porque resulta indecente y porque uno quiere dejarlo aquí por decoro parlamentario y no ir más allá, pero termino con tres cuestiones que me han llamado poderosamente la atención. Decía el representante del Partido Popular que ustedes subordinan la ideología al interés general, yo no sé si llegan a tanto o no. Lo que sí sé es que en política todos deberíamos hacer de la ideología un factor principal. Ustedes seguramente también lo harán, seguramente también lo harán, no creo que sean meros gestores o, si no, curiosa coincidencia que siempre hace que todas las políticas de derechas acaben bien acogidas en su ideario.

Comentaba lo del sablazo fiscal a las familias. Sablazo es lo que he comentado de las grandes empresas. Las familias están cumpliendo con sus impuestos. Las familias quieren tener una sanidad, una educación y unos servicios públicos básicos de garantía.

Termino. Decían antes que Keynes era un inmoral, para mí no era un inmoral, para mí era un tibio, para ser sincero. Y alguien hablaba de que había que seguir incentivando a las empresas. Les dejo una fórmula de éxito para que las empresas se queden en este territorio o en cualquier otro, lo que pasa es que a lo mejor la gente se revuelve: creo que la esclavitud probablemente les encantaría a muchas empresas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

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La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta.

Egun on. Buenos días. En Europa ha habido varios intentos por imponer una tasa común, la conocida tasa Tobin, que no ha acabado de calar, sobre todo por las presiones de los lobbies y de los países más reacios a ese tipo de gravamen, una tasa cuyo concepto se ha ido modificando y modulando con el paso del tiempo, pero con el que una amplia mayoría de países de la comunidad internacional están de acuerdo, más allá de las dificultades para su implementación y para optimizar su eficacia recaudatoria.

En plena crisis de deuda ya se planteó un gravamen del 0,1 para la compra de acciones y para derivados en Europa, y hace solo unos meses Alemania volvía a intentar impulsar este impuesto y, además, de forma muy similar a lo que está proponiendo ahora el Gobierno, con una tasa del 0,2 a acciones de empresas de más de 1000 millones de valor bursátil. En Europa ya hay países que han adoptado este impuesto como Francia e Italia, y Francia además ha pasado de un tipo del 0,1 al 0,2 y posteriormente al 0,3 y desde luego no ha habido ningún hundimiento de las bolsas ni de la fuga de sus entidades financieras.

Este grupo siempre ha abogado por una tasa europea, por un impuesto lo más armonizado posible, también sin generar distorsión. Sin embargo, llegados a este punto, hay que decir que el impuesto español es muy similar al que se está promoviendo con cooperación reforzada en Europa y, por tanto, parece coherente implementar dentro del Estado lo que pretendemos implementar en el ámbito europeo, un impuesto que, al igual que el que debatimos la semana pasada, hay que adaptar al sistema tributario, ya que este no está pensado, como bien ha dicho la ministra, para la nueva realidad económica.

Este impuesto, además, puede servir como herramienta tributaria para, por un lado, desincentivar determinadas transacciones financieras, concretamente las más especulativas que, desde luego, no generan empleo ni dinamizan la economía y, por otro, para incrementar la recaudación, ayudando a disminuir el gap de ingresos, y además compensarán los costes sociales generados en los últimos años. Unos recursos, por tanto, que no se debieran perder por esperar a Europa y que tan necesarios van a ser en este contexto de crisis sanitaria que se está viviendo, y en el que todos asumimos además que en esta situación excepcional se requiere una movilización excepcional de recursos y, además, hay que reconocer que la arquitectura fiscal, tal y como está configurada actualmente, no es suficiente para sostener las necesidades ni los servicios públicos que va a requerir esta situación y evitar un alto déficit. Desde luego, será necesario analizar y acometer una reforma tributaria. Nuestro grupo, como ha dicho la ministra, no está en la curva de Laffer, que no va más allá de lo escrito en una servilleta, y es que el resultado siempre es el mismo: si hay menos impuestos, menos dinero para financiar servicios públicos, recortes, contracción del gasto y además de la inversión.

Sobre algunas de las críticas en cuanto al aumento de la volatilidad de los mercados por falta de liquidez que pudiera acarrear este impuesto, nosotros consideramos que, desde luego, uno de los factores principales que impulsa la volatilidad de los mercados es la propia operativa a corto plazo a través de complejos instrumentos financieros. En cuanto a la cifra de recaudación, si va a ser mayor o menor, pues creemos que lo importante no es tanto la cifra, sino el sentido de la tributación. En cuanto a la generación de la distorsión, entendemos que si el diseño se formula bien, no tendría que preocuparnos mucho. En cuanto a que si la tasa se da en el marco europeo de forma homogeneizada esta iría a su propio presupuesto, hay que decir que España, aunque fuese a ese presupuesto, también se beneficiaría del presupuesto comunitario.

Este impuesto no va a perjudicar a los usuarios de servicios bancarios, ya que está destinado a gravar la compraventa a mediana y gran escala de activos financieros, una operación que no es cotidiana para la mayoría de usuarios. Cuando se planteaba la necesidad de este impuesto a través de algunas PNL a lo largo de estos años, escuchábamos que si se aceptaba o se imponía de forma unilateral España se iba a convertir en una isla financiera en Europa, y yo siempre me preguntaba el porqué de esta afirmación, porque Francia lo tiene y no se ha convertido en ninguna isla. Si de verdad queremos que la fiscalidad sirva para redistribuir la riqueza que crea el desarrollo, hace falta que los impuestos sean justos, progresivos, que estimulen la economía real y penalicen la especulación financiera.

Quiero remarcar que mi grupo ha presentado determinadas enmiendas para excluir del gravamen las adquisiciones de acciones de las EPSV y fondos de pensiones, para evitar que disminuya su capacidad de generar rendimientos para los futuros pensionistas. Y es que no parece razonable imponer un impuesto a sistemas de previsión sin ánimo de lucro, ya que ello implicaría menores importes de pensiones complementarias y además, y según los expertos, si para la implantación y mayor desarrollo de los sistemas complementarios es necesario introducir mejoras en los mismos, para entre otras cosas

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coadyuvar a la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, la imposición de este impuesto a las mismas creemos que iría en la dirección opuesta.

Nosotros no nos vamos a oponer a este impuesto, estaremos atentos a su tramitación para subsanar aquellas posibles deficiencias que pudiéramos observar, y votaremos por tanto en contra de las enmiendas a la totalidad.

Y por último, ministra -y como siempre cuando hablamos de impuestos-, quiero recordarle que en el Estado hay cinco haciendas, y por ello solicitaremos el acuerdo entre los Gobiernos en la Comisión Mixta del Concierto y del Convenio Navarro para poder concertar la capacidad normativa, sancionadora, inspectora y el establecimiento de los puntos de conexión de este impuesto sobre la base de la Ley del Concierto y del Convenio.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.

La libre circulación de capitales, fundamento de la globalización capitalista, ha dado lugar a grandes movimientos de fondos que pueden ser trasladados a cualquier país en el momento en que interese. Estamos de acuerdo en que estos movimientos, hasta ahora exentos de imposición, deben tributar, pero la verdad es que se podría haber ido más allá pues -al delimitarlo a la adquisición de acciones de sociedades españolas y siempre que el valor de capitalización bursátil de la sociedad supere los 1000 millones de euros- deja fuera muchas transacciones financieras especialmente especulativas, lo que nos lleva a que este impuesto se limite a un objetivo recaudatorio, renunciando a otro objetivo necesario como es el de regular los mercados financieros y reducir los intereses especulativos. En todo caso, aun con su limitación, consideramos que este es el camino adecuado. Venimos reiterando que esta crisis no la pueden pagar los mismos -los trabajadores y trabajadoras y los pueblos- y, para que no sea así, la única alternativa es buscar recursos de quien más tiene.

Además de otras medidas que hemos venido reclamando -recuperación del fondo de rescate bancario, reducción del gasto militar o nacionalización de las grandes corporaciones de los sectores estratégicos- es fundamental una nueva política tributaria que grave a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas. Un ejemplo es Portugal, que tramita en este momento una taxa de solidaridade sobre la banca para contribuir a pagar la salida de la crisis generada por la COVID-19. A nuestro juicio, esta es la dirección en la que hay que avanzar, y por lo tanto nos opondremos a las enmiendas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.

Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.

¿Quién hace cada semana una transacción financiera? ¿Quién? ¿Los trabajadores, los autónomos, los que hoy estarán ya intentando gestionar ese ingreso mínimo vital, los que madrugan? La España que madruga, ¿madruga para hacer una transacción financiera? ¿Los que levantan la persiana? Levantan la persiana y se van a hacer una transacción financiera. Esta es la cuestión.

La derecha lleva días oponiéndose a la paguita y al final hasta la derechona machota se volvió ayer derechita cobarde y no se atrevió a votar que no, como había estado haciendo todas las semanas. Pero, ¡ojo!, cuando hablamos de esos que mueven ingentes cantidades de dinero buscando altas rentabilidades, ahí la derechita cobarde se pone machota otra vez. La ministra lo ha dicho, es un impuesto modesto, limitado. Las figuras más especulativas quedan fuera, como las transacciones de divisas o las operaciones de derivados. Pero ahí la derecha se rasga las vestiduras y saca su verdadera cara: los defensores de los grandes, como siempre. Mire, una transacción financiera de 1 millón de euros pagaría 2000 euros. Hombre, quien tiene 1 millón de euros bien puede contribuir con 2000 euros.

Y acabo. Una persona modesta que haga una transacción de 1000 euros, pagaría 2, el precio de un refresco, de una cerveza o de un café. Creo que ustedes hacen mucha demagogia, muchísima, y, al final, siempre acaban sacando su verdadera cara, la que defiende a los poderosos.

Moltes gràcies. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.

Tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Ministra, señorías, nosotros vamos a votar en contra de estas enmiendas a la totalidad. A nosotros también nos hubiera gustado que hubiese una regulación europea, pero la verdad es que llevamos muchos años intentándolo y no ha sido posible. No obstante, nosotros instamos al Gobierno a que continúe trabajando para generar este consenso en Europa, porque seguramente el impuesto sería mucho más eficiente en su globalidad. Nos parece relativamente razonable -y no escuchen otras voces de momento, señora ministra- el planteamiento que hacen. Tenemos que ver cómo evoluciona el impuesto; a algunos les puede parecer muy modesto, pero, en todo caso, nos parece razonable el planteamiento. Aun así, nosotros hemos presentado trece enmiendas parciales para ver si se puede mejorar el proyecto en su planeamiento inicial.

Dicho esto, señora ministra, nosotros también les pedimos un poco de coherencia a ustedes, al Partido Socialista, a Unidas Podemos, no solo en los discursos, sino en la materialización de estos discursos. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo de lo necesaria que es la coherencia en la acción de Gobierno. Vamos a aprobar dentro de unos días este impuesto, el impuesto sobre transacciones financieras. Tal y como está configurado este impuesto y de acuerdo con el valor de capitalización bursátil de las empresas en el Estado español, vamos a gravar las transacciones sobre acciones de unas determinadas empresas que realicen los accionistas. Cuando compren y vendan acciones de una empresa, les vamos a gravar con este 0,2 % para obtener unos ingresos. ¿Y en qué vamos a gastar esos ingresos? Paradójicamente, ustedes han aprobado el Real Decreto-ley 11/2020, por el cual van a dar una parte importante, 15 millones de euros, a fondo perdido a unas empresas que después gravan a sus accionistas la transacción del 0,2 % y lo que esta empresa va a ingresar de las transacciones es mucho menos -ni una tercera parte- de lo que vamos a ingresar a través del 0,2 % sobre sus acciones. Por tanto, vamos a mantener cierta coherencia por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Nosotros estamos de acuerdo con la estrategia de la economía circular -ya se lo dije hace pocos días-, pero hay que ser coherentes con las acciones de Gobierno. Con el Real Decreto-ley 15/2020 ustedes reducen al 0 % el IVA de noventa y un productos sanitarios. ¿Saben cuál es la paradoja? Que son noventa y un productos sanitarios de un solo uso y los que son reutilizables, los que estarían enmarcados dentro de la estrategia de la economía circular, dejan que sigan tributando al 21 %, con lo cual no se es coherente, a veces, con las acciones y con los discursos y, a veces, no se es coherente con unas y con otras acciones del mismo Gobierno. Por tanto, les instamos a buscar esta coherencia.

En todo caso, vamos a tener tiempo para discutir estas trece enmiendas. Esperemos que se incorporen algunas y que no modifiquen el planteamiento inicial de este impuesto, señora ministra. Vamos a ver cómo funciona, vamos a evaluar su eficacia recaudatoria y su incidencia en el mercado a lo largo de un año o año y medio y, después, miraremos si hay que modificar o ampliar la base imponible o el tipo impositivo.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Diputats i diputades, bon dia. Señora ministra, buenos días.

Esta mañana debatimos nuevamente tres enmiendas a la totalidad presentadas por la derecha y la extrema derecha al impuesto sobre las transacciones financieras. ¡Vaya novedad! Debatimos un impuesto a la riqueza, al capital, a los que especulan y a los que más tienen, y la derecha y la extrema derecha salen en su defensa. Nada Nuevo. No nos sorprende constatar que nos encontramos en sus antípodas ideológicas y donde ustedes solo ven argumentos de rechazo, nosotros vemos una oportunidad para equiparar, de una vez por todas, las rentas del trabajo a las del capital. Una oportunidad para obtener más ingresos, en un contexto de incremento del gasto público y, sobre todo, una oportunidad para desincentivar y acabar con las prácticas asociadas con la especulación financiera.

Aunque muchas veces se identifique la recaudación fiscal con la financiación del Estado, las dos funciones principales de un sistema impositivo son la redistribución y la regulación. Se redistribuye cuando financiamos con impuestos la sanidad y la educación universal, ya que las ponemos a disposición de

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muchos que, si no, no tendrían acceso, y regulamos cuando gravamos con impuestos una actividad y no otra. Cabe decir que en el Estado español se redistribuye menos que en el resto de la Unión Europea y que se regula peor. ¿O tiene algún sentido que tribute más un trabajador que un rentista? Ningún sentido y enviamos un mensaje muy erróneo. El impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, nació con la idea de penalizar los movimientos especulativos contra las divisas; en este caso, para disuadir la especulación financiera gravando los movimientos del capital. Pero esta tasa es también como una especie de río Guadiana, que emerge en tiempos de crisis y, una vez han pasado, desaparece. La UE, por ejemplo, la rescató durante la crisis del 2008 y, a día de hoy, aún no se ha implantado. Tenía que ser un nuevo recurso propio de la UE y parecía muy pertinente, ya que la crisis financiera internacional era el resultado de la multiplicación de operaciones financieras sin contrapartidas en la economía real. Desde nuestro grupo, desde Esquerra Republicana, siempre hemos dado apoyo a esta tasa en el conjunto de la Unión Europea y pensamos que su implantación a escala europea es la más adecuada para este tipo de impuesto, debido a la libertad total de movimientos de capital y el volumen que tienen en el si de la Unión. De hecho, nos parece que a escala española el recorrido de este impuesto será limitado y que la recaudación se acercará más a los 400 millones de euros que estima la AIReF, que a los 1000 millones que calculan ustedes, el Gobierno.

Seguimos creyendo que es necesario un impuesto a la compraventa de activos financieros que afectaría principalmente a quienes mueven grandes cantidades de dinero en busca de altas rentabilidades. Estamos hablando de gravar operaciones especulativas con el objetivo de desincentivarlas y fomentar inversiones hacia las actividades productivas. Creemos que el momento difícil que estamos viviendo es el adecuado para dar apoyo a la economía real -la productiva, la de los trabajadores y trabajadoras, la de los pequeños autónomos y la de las pequeñas y medianas empresas- y gravar la economía especulativa. En Esquerra Republicana siempre hemos defendido la justicia social. Por eso somos independentistas, porque sabemos que formando parte de este Estado nunca va a ser posible, porque sabemos que el Estado español es irreformable porque, gobierne quien gobierne, siempre ganan los mismos: los oligopolios económicos de siempre, el IBEX 35, que se ha hinchado a ganar dinero durante estos últimos meses.

Entendemos que la creación de este impuesto es una buena noticia pero se podría haber sido más ambicioso. Creemos que se debe ampliar la base imponible y gravar un mayor número de operaciones financieras. Aquí nos sorprende un poco el papel de la izquierda; del PSOE no esperábamos gran cosa, pero seguramente de Unidas Podemos, sí. ¿Qué pasa con los contratos de derivados, con las operaciones intradía, con los límites de hasta 1000 millones de valor bursátil? Señoras y señores de Podemos, ahora tenemos la oportunidad de gravar de verdad las transacciones financieras, sobre todo las más especulativas. Aprovechémoslo. El debate sobre este impuesto no es de ahora, les he oído otras veces en sede parlamentaria ser mucho más ambiciosos. Ustedes se autodenominan el Gobierno más progresista de la historia; demuéstrenlo. A este impuesto aún le queda camino parlamentario por recorrer, hemos presentado enmiendas en este sentido y esperamos debatirlas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Margall. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora López Domínguez.

La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días a todos.

Llevamos esta mañana discutiendo, como habrán visto, de política fiscal. Esto es interesante porque, realmente, se pueden ver las diferencias entre la derecha y la izquierda. En términos económicos, es lo más visible: ¿Qué quieren ustedes, mercados intervenidos o no? ¿Incentivar la oferta o la demanda? ¿Quieren acabar con las diferencias sociales? Nosotros no queremos que el mercado sea completamente libre; se debe intervenir, claro, para el bien de todos y todas; queremos reducir las desigualdades, acabar con ellas, si puede ser; y queremos incentivar la demanda, siempre que sea respetuosa con las personas y con la naturaleza.

Hoy estamos debatiendo unas enmiendas a la totalidad que han presentado VOX, Ciudadanos y PP; son unas enmiendas inaceptables. Ellos han explicado el porqué diciendo que no hay bibliografía que apoye que esa es una buena tasa. Resumo sus intervenciones en: no la queremos porque no conviene a nuestros amiguitos. No les conviene a sus amiguitos. Dejen de disfrazarse con excusas falsas; es esto, es

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lo que pasa siempre. En el patio de la escuela siempre es igual, los que hacen bullying se tapan entre ellos. Es lo mismo.

Ya que tengo tiempo, voy a ir un poco más allá del resumen y les voy a explicar por qué estas enmiendas a la totalidad son inaceptables. Son inaceptables porque son clasistas, porque cuentan mentiras y, como les decía, no hacen caso a la ciencia, ni a la ciencia económica ni a la ciencia política ni a la ciencia social y tampoco a la empírica. No hacen caso. No hacen caso a las necesidades de la mayoría de la gente. Además, son incoherentes con lo que han dicho en el pasado, son incoherentes entre sí, no tienen sentido. Como ven, nos sobran motivos para rechazar sus enmiendas, pero no voy a dirigirme a ninguno de ustedes personalmente, porque últimamente esta sala, este Congreso, se está convirtiendo en un circo y no quiero ver -no quiero ver- ninguna situación tan espeluznante como la que se ve en una plaza de toros y que estamos viendo aquí.

Estamos hablando de tasar un hecho comercial, un hecho comercial que no está gravado. Ustedes aceptan que las inmobiliarias cobren una comisión; una comisión del cien por cien del valor de alquiler de un mes, algo que, dicho sea de paso, impide que muchas personas puedan acceder a una vivienda, un derecho reconocido por la Constitución. En eso no hay problema, en las comisiones de las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque esto va a las arcas privadas, ¿verdad? Pero como los impuestos van a las arcas públicas, no les gusta tanto. Les gustan más las comisiones, los sobres y las arcas privadas. Los impuestos que sostienen nuestro Estado del bienestar no les gustan; solo les gustan cuando los pagan las clases trabajadoras, las clases pobres y las clases medias, las clases que, después de pasarse trabajando todo el año, que a veces no pueden ni ir al dentista a arreglarse la boca, luego llega la declaración de la renta y tienen que pagar más que ustedes y no pueden. Esos impuestos les gustan, pero cuando tocan a sus amiguitos, ya no les gustan.

El proyecto de ley, como han comentado ustedes y han leído, solo contempla pagar un 0,2 %. Como decía el compañero Joan, al lado del importe de estas transacciones, ¿qué es un 0,2 %? Es un pequeño pago o, como les gusta decir en su vocabulario, un 'paguito'. Es un 'paguito'; un 'paguito' a cambio de fortalecer la economía productiva, la que está al servicio de las personas, no de los mercados; un 'paguito' a cambio de fortalecer la calidad de nuestra economía, porque no queremos una economía low cost. Ustedes insultan a nuestras empresas cuando dicen que van a perder competitividad si les ponemos un impuesto. Nuestras empresas son capaces de innovar, son capaces de ganar en calidad y así van a ser más competitivas. ¿Qué se creen, que es solo cuestión de precio? No entienden nada, nada, nada de economía; solo entienden de bolsillos. Se les pide un 0,2 % -un 0,2 %- para mantener nuestra sanidad, por ejemplo, porque vamos a engrosar un poco las arcas públicas, como les comentaba, pero, claro, para ustedes que la sanidad sea privada, aunque tampoco son exclusivos en esto. En Cataluña también tenemos a quien hace favores a Ferrovial, pero gobierna. O sea, que no tienen la exclusividad en eso.

En 2008, la crisis fue causada por la especulación de los mercados y la pagamos los de siempre: los jóvenes, que no encontrábamos empleo; los mayores de cuarenta y cinco, que ni encontraban en muchos casos ni lo han encontrado todavía después de tantos años, y las mujeres, las mismas mujeres que hemos estado sosteniendo con los cuidados la crisis de la COVID. Y la anterior crisis la pagaron nuestros pensionistas. Hablando de pensionistas, ¿ustedes qué dicen, que se van a ver afectados los ahorros de los fondos de pensiones? Es que no tienen ni idea. Primero, es mentira. Y segundo, nuestro principal ahorro -nuestro principal ahorro- es nuestro sistema público de pensiones. Este es nuestro principal ahorro y nuestro principal orgullo, y por eso necesitamos recaudar más, para tener un Estado fuerte que ayude a mantener las pensiones de todas las personas, no solo a sus amiguitos. Faltan impuestos. Si queremos un Estado del bienestar, hacen falta impuestos; impuestos que estén a la altura de estos tiempos, como este y el que discutimos la semana pasada. Dejen de hacer ver, por favor, que miran por el bien de las personas y de las familias. Defender el Estado del bienestar pero no decir cómo se paga es hipócrita.

No hace falta. Dejen de engañar. Digan: No lo queremos y ya está; lo vamos a privatizar todo. Dejen de contar mentiras y dejen de ser los abusones del patio, por favor.

Antes de terminar -ya acabo, presidenta-, le agradezco al compañero Bel que nos haga recomendaciones sobre coherencia. Yo creo que la coherencia es buena en la vida y, más que nada, en política. Debería hablar con sus compañeros de Cataluña, porque si usted quiere que tengamos un Estado del bienestar fuerte, como dice aquí, le recuerdo que en Cataluña su partido tiene la potestad de gobernar y puede decidir engrosar el Estado del bienestar, cosa que no ha pasado.

Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.

El señor HURTADO ZURERA: Buenos días, presidenta.

Diputados y diputadas, ayer fue un día muy especial, un día histórico. Se abordó y se aprobó, afortunadamente, una política necesaria para resolver un problema estructural que existía y que existe en este país, que es la pobreza y, más concretamente, la pobreza infantil. Pero hoy es un día importante también, porque venimos a abordar otro problema estructural, que es un sistema fiscal desequilibrado. Lo tenemos que hacer de forma parcial porque nos lo exige la ley, tributo a tributo. Es desequilibrado, por una parte, porque no tiene suficiencia recaudatoria y no garantiza el artículo 135 de la Constitución. Y, por otra parte, no tiene la progresividad suficiente que nos exige el artículo 31 de la propia Constitución española. Tenemos un sistema fiscal que recauda poco y que recae fundamentalmente sobre la clase media trabajadora de este país. Yo traigo un documento que refleja la situación en la que está nuestro sistema fiscal. (Muestra un gráfico). Este es el resultado de nuestro sistema fiscal: ingresos fiscales del 39,1 %. Estamos en el furgón de cola con Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia y Malta. ¿Es ese el lugar que nos corresponde a nosotros? Estamos a más de 14 puntos de Dinamarca, que es el que más ingresos públicos tiene, y a 13,5 puntos de Francia. Yo les hago una pregunta: ¿Dónde quieren estar ustedes? ¿En el furgón de cola con Estonia, Rumanía y Bulgaria? ¿O nos merecemos estar en el grupo de cabeza? No se trata de presión fiscal, sino que se trata de que estos países son los que tienen un Estado del bienestar más sólido, de que estos países son los que tienen una economía más potente, de que estos países son los que tienen mayor calidad en su empleo. Aquí está la precariedad y aquí está la desprotección. Allí está la protección y el empleo. Esta es la economía fuerte, donde queremos estar y nos merecemos un sistema fiscal acorde. (Aplausos).

¿Qué condiciones tiene que cumplir un nuevo impuesto? Eso es teoría tributaria y hacendística. En primer lugar, tiene que tener capacidad recaudatoria. ¡Claro! Si no tiene capacidad recaudatoria un impuesto, ¿para qué nos sirve? Aunque puede haber otro tipo de impuestos, impuestos disuasorios, en este caso lo importante es la capacidad recaudatoria del impuesto. Tiene que tener otra condición, que es aportar equidad. Por cierto, la capacidad está cuantificada: 850 millones de euros. Francia está recaudando 1000 millones, Italia está recaudando 650 y nuestra estimación es intermedia. Como he dicho, la segunda condición es la equidad. Hay que aclarar que este impuesto no lo van a pagar los ahorradores, es mentira. Léanse lo que dice el proyecto de ley. En este caso, el sujeto pasivo del impuesto son los intermediarios financieros; sería una traslación económica, nunca una traslación jurídica. Así pues, no se tiene por qué asumir por parte del ahorrador o del inversor; en este caso, son los intermediarios financieros. Por tanto, aporta equidad. Debe ser un impuesto eficiente. He escuchado al señor Manso aquí hablar de eficiencia. No sabe lo que es la eficiencia. Conceptualmente, la eficiencia es la relación entre medios y fines. Pues bien, en este impuesto las cargas administrativas son mínimas y el resultado lo estamos viendo: la capacidad recaudatoria. ¿Cómo dicen ustedes que no es eficiente? Son situaciones de tributación mediante autoliquidaciones que las practicará el correspondiente intermediario financiero, una vez que liquide la compra de las acciones. Por cierto, en el mercado secundario; por cierto, de empresas con capitalización bursátil superior a los 1000 millones de euros. Por tanto, esas son las condiciones: equidad, capacidad recaudatoria y eficiencia, y las cumple en su totalidad.

Presentan ustedes tres enmiendas. La del Partido Popular es incoherente. Traigo dos titulares. (Muestra la fotocopia de un titular de periódico). Señor Montoro: La tasa Tobin aportará 640 millones a las arcas públicas. (Aplausos). El señor Montoro lo incluyó, por cierto, en el Plan de Estabilidad 2014-2015. Además, quien lo impulsó principalmente en los Estados miembros fue un partido de derechas con Nicolas Sarkozy, y ahora dicen ustedes esto. Cuando gobiernan, sí, pero cuando no gobiernan, no. Pero traigo otro. (Muestra otro titular de periódico). El señor Montoro diciendo: Defiendo una subida de impuestos a las grandes empresas para preservar la cohesión social. ¿Hablan ustedes ahora de bajar los impuestos? ¿Ustedes tienen memoria? ¿Ustedes saben que en esta crisis, curiosamente, la caída del PIB va a ser superior en menos de un año a la caída del PIB que tuvo lugar en los cinco años, de 2009 a 2013, de la crisis anterior? ¿Y ustedes los bajaron? No, subieron todos los impuestos, cincuenta impuestos. Aprobaron una amnistía fiscal para treinta mil defraudadores, legalizaron el fraude en este país. Llevaron a cabo recortes de 25 000 millones de euros, Rajoy recortó más que Trump, el señor ciudadano. Y dice que la razón es porque pasará lo mismo que con el impuesto que se le llamó de la hipoteca. El resultado de ese

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real decreto, de trasladar el pago del impuesto sobre actos jurídicos de los clientes bancarios a las entidades financieras ha sido que estamos con los tipos de interés más bajos de la historia. Ustedes decían: es que van a subir los tipos de interés.

La señora PRESIDENTA: Señor Hurtado, tiene que terminar.

El señor HURTADO ZURERA: Concluyo.

Los costes financieros de la hipoteca son los más bajos de la historia.

Y paso a referirme al señor de VOX. Ustedes son unos auténticos hijos de Trump. (Rumores). Son bárbaros. Y le cojo el titular al señor Manso, que es el portavoz que ha estado hoy aquí. El titular del periódico, que no me lo he traído -¡mire qué casualidad! -, decía: Hay que bajar los impuestos a los ricos, hay que cargarse el Estado del bienestar. El Estado solamente se puede quedar con la justicia, con el ejército y con la seguridad, que privaticen la sanidad y la educación. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señor Hurtado, tiene que terminar, por favor.

El señor HURTADO ZURERA: ¿Qué habría sido de este país durante la pandemia si no hubiéramos tenido un sistema sanitario público? Es un sistema que, por derecho, tenemos que mejorar con más recursos públicos. Tenemos que tener más Estado del bienestar, más Seguridad Social y mayor protección, y todo esto lo haremos gracias a la hoja de ruta que tiene marcada el Gobierno progresista. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Hurtado. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Rumores.-El señor Manso Olivar pide la palabra). Silencio, señorías. No tiene usted la palabra.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES. (Número de expediente 121/000006).

La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior. (Rumores).

Señorías, por favor, silencio. Gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, comparezco ante la Cámara para fijar la posición del Gobierno frente a la enmienda a la totalidad de devolución que ha planteado el Grupo Parlamentario Plural al proyecto de ley orgánica sobre la utilización de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves, más conocida como ley orgánica sobre el sistema passenger name record o PNR, por sus siglas en inglés. Ya les anticipo que el Gobierno muestra el rechazo a esta enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Plural a este proyecto de ley orgánica.

Señorías, la posición contraria del Gobierno a esta enmienda a la totalidad obedece a tres razones principales: compromiso con nuestros socios europeos, coherencia con el respeto a las garantías de los derechos fundamentales y una falta de argumentación de la propia enmienda a la totalidad.

Señora presidenta, este Gobierno progresista es también, como ha expresado en numerosas ocasiones el presidente Sánchez, un Gobierno de profundas convicciones europeístas. Si algo pone en común a las distintas generaciones de españolas y españoles que en este momento nos encontramos en esta Cámara, son los indudables beneficios que la integración europea ha traído a nuestro país durante más de tres décadas. Me atrevería a decir que si algo une por encima de las discrepancias políticas a la gran mayoría de familias ideológicas representadas en este Congreso, es nuestro común deseo de profundizar en el proceso de construcción europea. Proceso, señorías, es un concepto que entraña derechos, pero que también conlleva compromisos, y trasponer la directiva PNR a nuestro ordenamiento jurídico es uno de ellos.

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Señora presidenta, la Comisión Europea presentó en febrero de 2011 el proyecto de directiva relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros para la detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delincuencia grave, conocida -como hemos dicho- como PNR. Es una directiva que fue aprobada por el Parlamento y el Consejo el 27 de abril de 2016, una directiva extraordinariamente compleja, señoras y señores diputados, como bien saben, repasando simplemente el espacio temporal que transcurre entre su presentación y la aprobación final: más de cinco años. Es extraordinariamente compleja porque incide en aspectos relacionados, creo yo, con el corazón del proyecto europeo, la protección de nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades públicas, aspectos que han conllevado un proceso muy complejo de elaboración de una norma en la que han participado los entonces veintiocho Gobiernos de la Unión, así como el conjunto de distintas agencias y organismos de la Unión Europea. Quiero destacar específicamente las aportaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea -la FRA-, pero también del Supervisor Europeo de Protección de Datos. El resultado es la creación de un sistema operativo PNR, que permite equilibrar el derecho que tenemos a la seguridad con la protección de nuestros derechos fundamentales, especialmente aquellos relacionados con la privacidad y con la intimidad. Este equilibrio es el que integra el proyecto de ley orgánica que debatimos en esta sesión; un proyecto de ley que es fruto del compromiso con nuestra pertenencia a la Unión Europea, porque trasponer directivas es una obligación de todo Estado miembro, pero que sobre todo es urgente, señoras y señores diputados, porque la directiva PNR ya ha sido traspuesta por todos los Estados miembros de la Unión Europea excepto el nuestro, excepto España. El plazo que la Unión Europea dio a los Gobiernos para trasponer la directiva PNR concluyó hace más de dos años, en concreto, el 25 de mayo de 2018. Este, como otros temas a los que me he referido en otras sesiones, también fue un incumplimiento flagrante de los Gobiernos del Partido Popular que me encontré al tomar posesión como ministro del Interior, supongo que porque los Gobiernos de la derecha dedicaban sus esfuerzos a otro tipo de políticas dentro del Ministerio. Por tanto, señorías, hay que cumplir con una trasposición que se ha visto retrasada por la inacción de los Gobiernos del Partido Popular y que nuestro calendario electoral ha pospuesto, haciendo decaer, con el fin de la XII Legislatura, el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso en diciembre de 2018, que tampoco pudo retomarse durante la XIII Legislatura, dada su corta duración.

No trasponer la directiva PNR sería una falta de compromiso con el proyecto europeo, pero también supondría para nuestro país una infracción que acarrearía sanciones económicas en un momento delicado. Concretamente, podemos decir que supondría una suma, a tanto alzado, con un importe diario de alrededor de 20 000 euros, a abonar desde el 25 de mayo de 2018, última fecha de la trasposición, hasta la tramitación de la directiva. Asimismo, supondría una multa de en torno a los 90 000 euros diarios desde la fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declarase el incumplimiento hasta su trasposición definitiva.

Por ello, señorías, no tiene sentido esta enmienda a la devolución que nos plantea el Grupo Plural, porque tenemos la obligación, pero también el compromiso de tramitar dicha directiva PNR en este proyecto de ley orgánica; un proyecto de ley orgánica coherente con la protección -como hemos dicho- de la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía.

Señora presidenta, este proyecto de ley orgánica traspone el contenido de la directiva PNR y se enmarca en el principio de cooperación leal del artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea. En este proyecto de ley orgánica hemos contado con las aportaciones de todos los departamentos del Gobierno y de las administraciones competentes en materia de seguridad y protección de datos. Lo hemos sometido a consulta ciudadana. Cuenta con el preceptivo informe de órganos tan relevantes como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado, que con sus aportaciones han mejorado, indudablemente, la trasposición y han garantizado que sea coherente con nuestro sistema constitucional de derechos fundamentales y libertades públicas. Estoy seguro de que durante su tramitación parlamentaria las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios van a mejorar indudablemente su contenido final.

Señoras y señores diputados, este proyecto persigue cuatro objetivos principales. En primer lugar, reforzar la lucha contra la delincuencia y el terrorismo mediante el tratamiento adecuado de los datos PNR. En segundo lugar, crear un marco regulador de la unidad de información sobre pasajeros española, única entidad competente para recibir, tratar, analizar y, en caso de amenaza, transmitir los datos PNR a las autoridades competentes con respeto al procedimiento y garantías de todo Estado de derecho. En tercer lugar, proporcionar seguridad legal a las empresas que operan en el sector aéreo, definiendo sus derechos,

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pero también sus deberes. Finalmente, en cuarto lugar, persigue garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales de los pasajeros, en especial a la intimidad y a la protección de sus datos personales, con sistemas garantistas y controles efectivos. Buenos ejemplos de este cuarto objetivo son el periodo de conservación de los datos PNR -que a los seis meses de su recepción serán despersonalizados mediante enmascaramiento y solo se permitirá acceder a ellos bajo condiciones muy estrictas y en supuestos muy específicos- y el hecho de que el tratamiento de datos solo se puede dar ante tipos delictivos específica y especialmente graves, como el terrorismo.

Señorías, con este proyecto de ley no se trata de dar a nadie un cheque en blanco en aras de la seguridad en sentido genérico; se trata de delimitar claramente su uso ante supuestos de delincuencia especialmente graves contra la seguridad del Estado, y se trata de hacerlo de forma controlada por los procedimientos del Estado de Derecho y supervisada permanentemente por la Agencia Española de Protección de Datos, porque el necesario equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave es el criterio de guía para esta norma.

Señora presidenta, señorías, la enmienda a la totalidad que debatimos hoy y en la que me corresponde fijar la posición contraria por parte del Gobierno se sustenta en poco más de cuatro argumentos que me gustaría rebatir brevemente. En primer lugar, se afirma que en Europa, desde el 11 de septiembre de 2001, se invoca la seguridad de los ciudadanos como pretexto para limitar los derechos fundamentales y las libertades públicas; nada más lejos de la realidad, señorías. En primer lugar, permítanme recordar diversos hitos de la Unión, como la creación de la Agencia europea de derechos fundamentales en 2007, la FRA, o la profundización en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En segundo lugar, ciñéndonos a esta norma concreta, señoras y señores diputados, no estamos ante regulaciones arbitrarias o improvisadas que limitan de la noche a la mañana nuestras libertades. Me basta con recordar que esta directiva -como he dicho al principio de mi exposición- nace después de cinco años de trabajo, así como de las aportaciones del conjunto de Gobiernos y agencias de la Unión, en especial de aquellas que tienen relación con la protección de datos y con los derechos fundamentales, y me reafirman las aportaciones que, como ya he recordado, han realizado a este texto órganos tan importantes en la protección de nuestros derechos fundamentales como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado.

El segundo argumento en el que se sustenta esta enmienda a la totalidad lo constituye para el grupo parlamentario proponente que el ejercicio de estos derechos fundamentales y libertades públicas deja de estar sujeto a los límites de la Constitución española y de convenios internacionales en la materia, de los que España es parte, en lo relativo a la sospecha de delito y supervisión judicial. En este segundo punto y a este respecto, quiero reiterar una idea: No hay contradicción entre el proyecto de ley orgánica y el ordenamiento jurídico español en lo referente a la protección del ejercicio de los derechos fundamentales. En este sentido, el máximo reconocimiento del ejercicio del derecho a la intimidad y a la protección de datos se realiza en el marco del Reglamento de protección de datos de la Unión Europea, que, además -les recuerdo-, es derecho interno en España.

El grupo proponente afirma, como tercer argumento, que esta ley orgánica es un instrumento de control y censura de formas de actuar y circular que pueden ser consideradas a priori como sospechosas, y debo decir que en absoluto es así, señorías. Les recuerdo en este punto el plazo para usar los datos, pero sobre todo que el tratamiento de los mismos solo se puede dar ante tipos delictivos especialmente graves y siempre bajo control y supervisión judicial, por lo que no hay una persecución de todo tipo de actuaciones, tampoco de la libertad de circulación ni de expresión, cuyo libre ejercicio se encuentra plenamente garantizado.

Finalmente, refieren en su enmienda a la totalidad que hay que evitar las presiones periódicas de quienes pretenden el control de las comunicaciones y los datos personales sin el consentimiento de los interesados ni el control debido judicial. Debo decir que estoy completamente de acuerdo, señorías, por eso esta Directiva PNR ha tenido una elaboración tan larga y compleja, en la que han participado la práctica totalidad de operadores europeos en materia de protección de datos y derechos. Por eso, señoras y señores diputados, también este proyecto de ley orgánica ha sido sometido a consulta ciudadana y mejorado por la intervención de las instituciones anteriormente referidas.

Termino, señora presidenta. Fue un español, segoviano, Andrés Laguna, quien en 1543 escribió uno de los primeros textos proponiendo la integración europea. De entre todas las lecciones que nos aporta su discurso sobre Europa, me quedo con una que tiene gran relevancia en la actualidad: No hay fuerza en la desunión. Como europeísta no puedo estar más convencido de esa afirmación en muchos ámbitos,

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también en el de la seguridad, donde formas complejas de criminalidad grave, como el terrorismo o la delincuencia organizada, exigen una mayor cooperación y coordinación entre los Estados miembros, sin que, evidentemente, ello conlleve ni pueda conllevar limitación de los derechos y libertades fundamentales del conjunto de la ciudadanía.

Por tanto, concluyo, señorías, fijando posición contraria del Gobierno a esta enmienda a la totalidad y pidiendo el apoyo de todos los grupos parlamentarios al proyecto de ley orgánica en su tramitación parlamentaria, donde seguro que con las enmiendas ya presentadas vamos a enriquecer el texto, siempre fijando el equilibrio preciso y necesario, con preferencia a los derechos y libertades fundamentales, pero no obviando que la seguridad es el espacio concreto donde desarrollar nuestros derechos y libertades fundamentales con las necesarias y debidas garantías.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro del Interior. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, para la defensa de la enmienda presentada, el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.

Señor ministro, se autodefinen ustedes como un Gobierno progresista. Siento decir -y si lo siento es porque esto nos afecta a todos y todas- que la trayectoria en materia de derechos y libertades en los últimos tiempos no acredita eso en absoluto, más bien avanza por caminos preocupantes, de los que esta ley, a la que el BNG presenta una enmienda a la totalidad de devolución, es un buen ejemplo. Aquí se nos coloca de nuevo ante un hipotético dilema entre libertad y seguridad, un dilema que nosotros rechazamos porque, sin libertad, la seguridad es solo una ficción. Tras los atentados del 11-S, efectivamente, creemos que la seguridad pasó a ser la principal obsesión de los Gobiernos occidentales y que se ha utilizado como excusa la protección de los ciudadanos ante hipotéticos futuros ataques terroristas para poner en funcionamiento políticas que limitan los derechos y libertades públicas, ahondando en las medidas de control de la población para, teóricamente, su propia salvaguarda y bienestar. Así, a nivel europeo, como se dijo, se ha dictado una directiva para ser traspuesta a los distintos ordenamientos jurídicos internos que está en el origen de este proyecto de ley orgánica, cuyo trámite fue iniciado -conviene recordarlo- por el Gobierno del Partido Popular y ahora es continuado por el de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

A nuestro juicio, es una medida desacertada, que incide sobre una serie de decisiones, medidas y actuaciones que coartan o vulneran derechos y libertades. Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española y en distintas normas de carácter internacional solo deberían poder ser limitados en los casos en que esas mismas normas recojan, bajo supervisión judicial y sospechas fundadas de la comisión de un delito. Pero aquí estamos ante una, a nuestro juicio, intolerable invasión colectiva de la intimidad de las personas y de sus datos con carácter preventivo, sin evidencia de la comisión de delitos. Así, a nuestro juicio, esta nueva normativa puede vulnerar el derecho a la intimidad personal y familiar y, concretamente, el artículo 18.4 de la Constitución, que señala -cito-: La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. De aprobarse esta normativa, se estaría menoscabando la privacidad de los y las ciudadanas, poniendo en manos del Estado y de aquellas entidades en las que pudiesen acabar los datos personales de cualquier pasajero de una aerolínea.

Desgraciadamente, esta ley no es una actuación aislada. La crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus lo ha ocupado todo, desde las preocupaciones de la gente hasta el foco informativo, casi en exclusiva, tanto que puede ocultar preocupantes actuaciones que colocan en riesgo, cuando no conculcan directamente, derechos democráticos y libertades públicas. Algunas de esas actuaciones surgieron precisamente al amparo del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo y otras vienen de antes y perduran.

Es verdad que la calidad democrática del Estado español ya ha quedado muchas veces en entredicho; no es una cuestión de repasar aquí pormenorizadamente toda la vulneración de derechos a consecuencia de decisiones políticas y judiciales, solo de recordar algunas cosas recientes. Por ejemplo, hace tres días ha sido condenado el rapero Hasél por alusiones a esos borbones corruptos, que es preciso investigar y eliminar definitivamente de la vida política del Estado español; otros raperos, los doce de La Insurgencia, ha sido juzgados y están esperando sentencia por las letras de sus canciones. Parece que en el Estado

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español la libertad de expresión debe pasar por los juzgados; un Estado en el que hay presos políticos para los que reclamamos libertad o que tiene en marcha un proceso, la Operación Jaro, contra doce independentistas galegos y que incluye la pretensión de ilegalizar una organización política y otra asociada, Causa Galiza y Ceivar Vaya nuestra solidaridad con todos ellos. No es necesario profundizar más en esto porque la realidad es bien visible. Partamos de que continúa en vigor y en aplicación la Ley de seguridad ciudadana, la Ley mordaza, aún no derogada por el Gobierno, a pesar de los dos años que transcurrieron desde la moción de censura y de que era un compromiso tanto del Partido Socialista como de Podemos. Lo grave es que no solo no la derogaron, sino que fue este Gobierno quien más aplicó la Ley mordaza: más de un millón de sanciones en solo tres meses frente a las aproximadamente 800 000 de los cuatro años anteriores. Y, lo peor, se realizó un uso innecesario e inadecuado de la misma a partir de una instrucción que el Ministerio del Interior envió a las delegaciones del Gobierno, para trasladarla a los cuerpos policiales, sobre cómo actuar para hacer cumplir el estado de alarma. Inadecuada e innecesaria, primero, porque a pesar de que el Real Decreto 463/2020, en relación con los incumplimientos en él previstos, remite genéricamente a las leyes, la instrucción señala directamente a la aplicación de la Ley 4/2015, Ley mordaza, a la hora de sancionar, en especial el artículo 36.6, que considera infracciones graves, sancionables con multas que van de 601 a 30 000 euros, la desobediencia grave o la resistencia a la autoridad por sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Además, esto es complementado con una descripción sobre la actitud del denunciado, que considera actitud inapropiada del infractor todo lo que no sea aceptación resignada de la denuncia, que resultaría en una sanción mínima por menosprecio, jactancia o mala educación de 2000 euros, pero que podría llegar hasta los 10 400 euros. En todo caso, según juristas, la instrucción no se ajusta a derecho y la propia Abogacía General del Estado indica en un informe que para el incumplimiento del estado de alarma no es aplicable el artículo 36 de la Ley mordaza, salvo que se desatienda el requerimiento de la autoridad; un informe que Interior claramente ha desoído.

A mayores, además de no derogar la Ley mordaza del Partido Popular, el Gobierno del PSOE aprobó en octubre de 2019 el conocido como Decreto de la mordaza digital, validado con los votos a favor del Partido Popular, de Ciudadanos, del PSOE y la abstención de Unidas Podemos. El decreto, que se vendió como acción contra la república digital catalana, en realidad permite la limitación de la libertad de expresión en Internet, incluso sin control o autorización judicial y, por lo tanto, constituye una grave amenaza a un derecho fundamental y es impropio de un sistema que se diga democrático. Con la declaración del estado de alarma, aceptamos por interés común la restricción temporal de algunos derechos, como el de movimiento, pero al amparo de esa circunstancia se produjeron situaciones que no coinciden con un Estado verdaderamente democrático. La escenificación militarizada, con uniformados protagonizando todos los días las conferencias de prensa sobre una crisis sanitaria o desfilando por las calles, más propia de un Estado de excepción que de un Estado de alarma, fue solo la cara visible, pero no se nos escapa que tenía una intencionalidad política evidente.

Pero, fijémonos en que esta especie de actuación preventiva, esta particular distopía al estilo Minority Report que prevé esta ley, ya ha sido ensayada esta semana durante el estado de alarma. Para verlo solo tenemos que remitirnos a las declaraciones del ministro del Interior en la conferencia de prensa del 15 de abril, en la que informó de que funcionarios de Interior estaban rastreando las redes sociales con el fin -cito- de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos. Es decir, admite que buscan opiniones que, sin ser delictivas, consideran -preguntamos a juicio de quién- peligrosas. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron posteriormente que era así, porque -cito- hay elementos que vemos a diario que, sin revestir carácter delictivo, tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular la opinión pública. ¿En qué Estado democrático es la policía la que tiene la potestad para determinar lo que es una opinión peligrosa? Peligrosas son, a nuestro entender, este tipo de actuaciones, que además son reconocidas públicamente con total normalidad. Pero esto no parece resultado de una actuación impulsiva y por libre del ministro del Interior. La pregunta que el CIS deslizó en su penúltima encuesta sobre si las informaciones sobre el coronavirus solo podrían proceder de fuentes oficiales va en esta misma dirección, y ambas atentan directamente contra la libertad de expresión.

Como decía, parece que la lucha contra la epidemia tapa todo, pero no puede justificar todo. ¿Qué razón habrá entonces para que en cualquier otro asunto que el Gobierno considere de especial interés público no se intenten limitar las informaciones a fuentes oficiales? Y una vez más, ¿en qué Estado democrático solo puede ser divulgada la información que facilita el Gobierno? La limitación de los derechos democráticos y las libertades públicas desgraciadamente está aquí y los riesgos de vulneración grave en el futuro son evidentes: Ley mordaza, Decreto de la mordaza digital, instrucciones a los cuerpos de Policía

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que exceden incluso las previsiones legales, militarización de una emergencia sanitaria, barrido de las redes sociales de opiniones peligrosas, globo sonda del CIS para la limitación de la libertad de información y ahora ley para el control de los pasajes de los aviones.

En el BNG no tenemos ninguna duda de que si todas estas medidas las estuviera ejecutando el Partido Popular habría un fuerte movimiento de rechazo; pero si un Gobierno que se denomina progresista, conformado por partidos que se definen de izquierdas, hace política de derechas e implementa medidas que coartan derechos y libertades públicas es exactamente igual de peligroso y merece exactamente el mismo rechazo. Por eso rechazamos esta ley, porque puede dar lugar además a una censura, a pesar de que el señor ministro lo niegue, y al control de determinadas formas de pensar, de actuar, de circular que se van a considerar sospechosas y, por tanto, controlables a priori por las autoridades. El ius puniendi del Estado solo puede referirse a conductas reales, no a futuras o supuestas, salvo que queramos adentrarnos definitivamente en la distopía.

Por tanto, termino, deben evitarse los excesos legales y las presiones -sí, deben evitarse las presiones- que periódicamente se suceden para el acceso a los datos de los ciudadanos sin el expreso consentimiento de estos o sin control judicial. La vigilancia de las comunicaciones y los datos personales debe ser considerada un acto altamente intrusivo, que vulnera los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y amenaza los fundamentos de cualquier sociedad democrática. Por eso esta ley no es ninguna garantía para nuestra seguridad. Por el contrario, tenemos claro que es un peligro para nuestra libertad.

Muito obrigado. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): ¿En base a qué artículo? ¿Qué consideración? (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Ruego que esa expresión de que en España...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Todavía no le he dado la palabra. De hecho, no la tiene, porque a mi consideración no ha conculcado el Reglamento. En otras ocasiones, cuando lo he creído, así lo he estimado. En esta ocasión, no. Así que no tiene la palabra. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pronuncia palabras que no se perciben).

Seguimos con el debate. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Las obligaciones de registro documental de los nombres de usuarios de determinados servicios respecto a ciertos sujetos obligados, así como las obligaciones de su comunicación a las autoridades de seguridad pública no resultan una cuestión ajena al ordenamiento jurídico vigente en el Estado. Así, en el capítulo IV de la Ley de Seguridad Ciudadana se contemplan esas mismas obligaciones para los casos de actividades relevantes para la seguridad ciudadana, y entre ellas se encuentra la del transporte de personas junto a otras bien conocidas, y ya también con anterioridad a la Ley de Seguridad Ciudadana, tales como -por citar algunas- el acceso comercial a los servicios telefónicos; el alquiler y desguace de vehículos; la cerrajería de seguridad; la venta de armas, cartuchería y precursores de explosivos; la compraventa de objetos de obras de arte y otras más que ahora no citaré y que remito a la lectura del artículo 25.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana y a otra legislación, como la que establece determinadas obligaciones y limitaciones a los propietarios de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras. Y es en este grupo normativo, cuyo objeto último es la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos, donde se inserta precisamente el proyecto de ley orgánica que traspone al ordenamiento jurídico del Estado la Directiva 2016/681, la directiva conocida como PNR, del registro de datos de los pasajeros y por la que se coadyuva a la consolidación en la Unión del espacio uniforme de libertad, seguridad y justicia, que sirva y proteja a la ciudadanía ante la amenaza del crimen organizado y del terrorismo, a través, como ya se ha expuesto, de unos estándares elevados de seguridad y también a través de un marco jurídico garantista para la protección y tratamiento de los datos de carácter personal de aquel pasaje aéreo.

En definitiva, señorías, nos encontramos ante la trasposición de una directiva del Parlamento y del Consejo que es obligada para el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, sin que estos puedan oponer rechazo de pleno a esa trasposición o ni siquiera modificaciones que la desvirtúen basándose en

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un supuesto llamado control de identidad nacional, parejo a la doctrina de la anulación de antes de la guerra civil en Estados Unidos, tal y como nos recordaba estos días el profesor y expresidente del Tribunal Constitucional, el señor Cruz Villalón.

La puesta en cuestión del principio de la primacía del derecho de la Unión conllevaría que, si un Estado miembro pudiera decidir qué normas de la Unión Europea aplica o deja de aplicar, el ordenamiento jurídico de la Unión se desmoronaría. Tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con ocasión de la reciente sentencia del Tribunal constitucional federal alemán, el tribunal de Karlsruhe, que ponía en cuestión la primacía del derecho de la Unión y de su máximo intérprete: La supremacía del derecho de la Unión es la única forma de garantizar la igualdad de los Estados dentro de la Unión. Se puede añadir a esta declaración del Tribunal de Justicia de la Unión que el ordenamiento comunitario es la espina dorsal que mantiene unida a la Unión.

Señorías, por estas razones no podamos dar nuestro apoyo a la enmienda a la totalidad con petición de devolución al Gobierno que ahora debatimos, por pretender que no haya un control preventivo del pasaje a través del envío de los datos identificativos del pasaje para su cotejo a las autoridades de seguridad, al efecto de la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y la delincuencia grave, que es precisamente lo que determina la directiva NIS y sin que, como decía, se le pueda oponer que la misma supone una limitación injustificada de los derechos y libertades de la ciudadanía, cosa que por cierto tampoco compartimos. Por estas razones -y voy finalizando, presidente-, no apoyaremos la enmienda a la totalidad con propuesta de devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica debatido.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras.

El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Como dije la semana pasada, y cada vez que intervenga en este Pleno, mis primeras palabras van a ser para recordar a todos los caídos en esta pandemia, para acompañar a los miles de familias -no sabemos cuántas son- que han perdido a un ser querido en las peores condiciones posibles. También, para homenajear a nuestros sanitarios, a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ejército y a todo el personal considerado esencial; homenajes y mejoras laborales es lo que queremos para ellos.

Hoy debatimos el proyecto de ley orgánica sobre la utilización de datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos graves. Este proyecto de ley corresponde a la trasposición de la directiva PNR, como ya hemos denominado. Tengo que decir que somos el último país en incorporar esta normativa a nuestro ordenamiento jurídico interno, lo cual es un motivo más de vergüenza y de preocupación; preocupación porque nos enfrentamos a las sanciones de la Unión Europea y preocupación, sobre todo, porque ponemos en riesgo la estrategia de seguridad de toda la Unión Europea. En enero de este año, Ciudadanos presentó una pregunta, precisamente, sobre la excesiva tardanza en la incorporación de esta normativa al derecho interno. De hecho, de haberse traspuesto a su debido tiempo, la vicepresidenta ilegítima de Venezuela no hubiera podido aterrizar en nuestro país, precisamente por haber vulnerado derechos fundamentales. ¿Recuerdan el Dalcygate? Nosotros no lo hemos olvidado y espero que Ábalos tampoco.

Es evidente que la situación actual tiene poco que ver con el momento concreto en que se dictó esta directiva. Partíamos de una base en la que la mayoría de los Estados miembros elevaban su nivel de alerta terrorista por terribles sucesos que costaron la vida a muchos europeos. En España estábamos, y estamos, en alerta 4 antiterrorista, uno de los niveles más altos y que más medidas implica; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen ejecutando todas esas directivas de la alerta 4. Necesitamos certezas, vivimos la vuelta a la normalidad tras una terrible pandemia con decenas de españoles fallecidos, un confinamiento total de tres meses, con cierre de fronteras y bajo una terrible crisis económica que amenaza especialmente a uno de nuestros sectores más productivos, al turismo.

Señorías, tenemos un turismo de calidad y es un gran baluarte para nuestro país, a pesar de que el Gobierno, y más concretamente el indescriptible ministro de Consumo, señor Garzón, considere que es precario, que tiene poca calidad y que no aporta valor añadido. Y yo me pregunto, ¿qué valor añadido

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aportan estas declaraciones del señor Garzón al conjunto del país? Que un ministro de Consumo aún no sepa que sus palabras pueden generar daños irreparables debería suponer una automática destitución, pero, claro, este es el Gobierno de los indimitibles.

Permítanme la digresión, señorías, pero lo que hoy se debate es la seguridad y la etiqueta que ya he puesto del Gobierno de los indimitibles no es menos aplicable a su figura, señor Marlaska. Hablamos, señorías, de la seguridad de todos los europeos. No creo que haya ninguno o casi ningún grupo político que se oponga a esto y digo creo porque precisamente también Unidas Podemos, el partido del señor Garzón y del señor Iglesias que gobierna con Sánchez, no está presente en el pacto antiterrorista, tampoco en el pacto de Estado contra la violencia de género e intentaron reventar el Pacto de Toledo por las pensiones. En definitiva, un bochorno.

Señorías, necesitamos abrir nuestras fronteras, recibir turistas y hacerlo, además, con todas las garantías de seguridad personal y, por supuesto, sanitarias. ¿Para qué? Para que los turistas elijan nuestro país de nuevo. Necesitamos seguridad, es un bien de primera necesidad y también necesitamos certezas, evidentemente. No ayudan las estériles disputas del ministro de Consumo también con las líneas aéreas y tampoco ayuda que de nuevo el ministro de Consumo lo diga abiertamente, desprecie e insulte a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, imputándoles no se sabe muy bien de qué tentativas golpistas. Se lo he preguntado por escrito y espero que me lo responda. Al ministro de Consumo le vuelvo a decir: ministro, acuerdos y no su actitud pueril de protesta de pancarta. Representa usted los intereses de todo un país. No le pido que esté a la altura porque es pedirle peras al olmo, pero sí le digo que, si sus palabras no son más bellas que el silencio, no las diga, todos se lo vamos a agradecer. Junto al señor Marlaska, Dolores Delgado, Ábalos y la reciente incorporación del señor Simancas ya forman parte de los indimitibles de Sánchez. Y la lista sigue creciendo.

En cuanto a la tramitación de esta ley orgánica, tenemos que decir que hay que adecuarla al momento concreto que estamos viviendo. No podemos permitirnos crear unas desventajas con otros países que compiten con nosotros como destino turístico estival y ello tiene que ser compatible con normas como estas. La fórmula secreta se llama consensos y acuerdos con los sectores y los agentes afectados. Si hay que hablar de consenso en esta Cámara es un poco ciencia ficción, pero sí que les pido que entierren el hacha de guerra en materias como esta, porque son muy sensibles para la economía de muchísimas familias en España. Seamos responsables y no perdamos el norte, estamos hablando de combatir el terrorismo. Hay grupos aquí presentes que eso no lo tienen nada claro. De hecho, ni lo reconocen cuando incluso alguno ha estado en sus filas, pero, desde luego, en Ciudadanos vamos a actuar con el mayor de los sentidos de Estado.

En cuanto a la enmienda a la totalidad del BNG, solo tenemos que decir que no consideramos una actitud ni razonable ni razonada autoexcluirse del ordenamiento europeo, que además protege a todos los españoles. Otro asunto es que a ustedes, como nacionalistas excluyentes que son, les repele todo aquello que huela a progreso y a Unión Europea. Hablan ustedes de que se limitan derechos y lo que hace es que se protegen. Asimismo, que esta norma pretende controlar la forma de pensar, ¿cómo?, ¿con telepatía? Y otras consideraciones que consideramos ridículas.

Señores del BNG, primero, España está obligada en virtud del derecho comunitario a trasponer esta normativa; segundo, esta norma supone una mejora exponencial del nivel de seguridad de nuestras fronteras en la vertiente más importante, en la preventiva, y, tercero, en materia de protección de datos no se considera ilegítima aquella injerencia que tenga como fundamento preservar el ámbito de protección de los derechos fundamentales; lo dice el Tribunal Constitucional. Por cierto, de nuevo, para acabar, quiero seguir agradeciendo a todos los uniformados, que tanto le molestan a usted, su magnífica labor que han realizado durante la pandemia.

Acabo diciendo que, por supuesto, votaremos en contra de la enmienda presentada por el BNG.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

A continuación, por el Grupo Republicano tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.

La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, empezamos diciendo que sí apoyaremos la enmienda a la totalidad. También nos gustaría decir que es responsabilidad del Gobierno hacer la trasposición de esta directiva, y no nuestra.

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Tenemos ocho puntos de los que hablar, intentaré resumirlos rápidamente en estos siete minutos que tenemos. Primer punto, sobre la trasposición de la directiva. La trasposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye un deber de los Estados miembros, y su incumplimiento puede ser objeto de recurso por la Comisión ante el TJUE. Ya sabemos qué es. En este sentido, la directiva objeto de trasposición establece, en su artículo 18, que los Estados miembros pondrán en vigor -a más tardar el 25 de mayo de 2018- las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente directiva. Por lo tanto, es evidente que el Estado español llega dos años tarde, señor ministro. Y que, junto con Dinamarca, son los únicos Estados miembros que no han procedido a la trasposición. Por lo tanto, van mal y tarde.

Segundo, sobre el acceso a la información personal por parte del interesado. El proyecto de ley orgánica guarda silencio sobre el acceso de los ciudadanos a la información que las autoridades competentes han recopilado sobre ellos y almacenado durante los últimos cinco años. Es, por tanto, un monitoreo indiscriminado de los movimientos, datos personales y bancarios de los ciudadanos, sin ningún control, sin control judicial y sin control del propio ciudadano que es objeto de una intrusión en su vida personal y familiar, y este derecho está constitucionalmente protegido, concretamente en el artículo 8 de la Constitución. El proyecto de ley solo contempla el acceso del ciudadano en un caso y no resuelve el tema del acceso del ciudadano a su propia información. Preguntamos ¿quién apreciará ese elevado riesgo? ¿La propia unidad de información sobre pasajeros?

Tercero, sobre los delitos graves. La directiva define los delitos graves como los delitos incluidos en el anexo II, que son punibles con una pena privativa de libertad y un auto de internamiento de una duración no inferior a tres años, con arreglo al derecho nacional de un Estado miembro. El principio de la proporcionalidad aquí salta por los aires, al pretender en este caso la aplicación de una normativa que, recordemos, está orientada a la lucha antiterrorista, a la prevención, detección e investigación y enjuiciamiento de delitos a los que el ordenamiento jurídico atribuye un reproche penal de una entidad muy inferior. Preguntamos: ¿Son todos los ciudadanos terroristas en potencia y es necesario monitorizarlos? Al final, nos sitúan en la lógica de siempre: si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. Y así no es como funciona un Estado democrático de derecho.

Cuarto, sobre la Agencia Tributaria. La inclusión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como autoridad competente -artículo 14 del proyecto de ley- podría ser arbitraria por innecesaria, desde nuestro punto de vista. Desde luego, el acceso a los datos del PNR no parece justificado en el caso de la Agencia Tributaria.

Quinto, sobre la ausencia de control y autorización judicial. El artículo 14.2 del proyecto de ley establece que las peticiones de datos realizadas por las autoridades competentes serán debidamente motivadas y con suficiente base. La cuestión es, señorías, ¿quién fiscaliza la motivación y la suficiencia? Evidentemente, cuando la autoridad competente que solicita a la UIP datos de la PNR son los jueces y tribunales, nada hay que objetar; pero no estaríamos de acuerdo si en el resto de casos queda abierta la puerta a la arbitrariedad -repito, a la arbitrariedad-, por no hablar de la ausencia de rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas. También debemos destacar que el acceso de los datos PNR por las autoridades competentes se realiza en ausencia de autorización judicial, y esto no puede ser. Sin lugar a duda, una autorización judicial es un mecanismo mucho más garantista para los derechos y libertades de la ciudadanía que una petición debidamente motivada y con suficiente base, que, insistimos, carece de control judicial.

Sexto, sobre la relativización de los derechos y libertades en la esfera digital. Por supuesto, una injerencia en los derechos a la intimidad personal y familiar, a la privacidad -con lo que supone la recolección y almacenamiento de unos datos como los PNR- hubiera sido objeto de una gran controversia, incluso de contestación pública si no se tratara de actuaciones en el mundo digital.

Séptimo, sobre los vuelos interiores de la Unión Europea. Una medida más coherente con el espíritu de la directiva y del principio de la necesidad como dimensión del principio de la proporcionalidad hubiera sido especificar qué rutas o vuelos van a ser monitorizados y con qué objetivos, una opción que permite el artículo 2.3 de la directiva.

Octavo, sobre la adecuación o idoneidad de las medidas adoptadas. La adecuación o idoneidad es otro de los subprincipios -voy acabando, señor presidente, gracias- del principio de la proporcionalidad como lo ha interpretado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Realmente, ministro, esto nos hará estar más seguros? Preguntamos. Los programas de monitorización masiva e indiscriminada en los Estados Unidos, por ejemplo, han demostrado ser estériles. ¿Cuántos terroristas se han detenido desde

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el 11-S, señor ministro? Y mientras tanto, ¿cuánta información personal se ha recogido? Preguntamos. La combinación de erosión de derechos más vigilancia masiva no ha traído grandes avances en este campo. Y acabamos...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.

La señora CARVALHO DANTAS: Sí, ahora acabo, es la última frase. Muchas gracias.

Por este motivo, cabe dudar de la satisfacción del subprincipio de la proporcionalidad en sentido estricto que exige que la norma sea ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre los otros bienes y valores en conflicto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Maestro Moliner.

La señora MAESTRO MOLINER: Bon día. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.

Señorías, debo reconocer que buscando documentación para esta intervención he encontrado cosas francamente ilustrativas. En el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional, lo que es la vieja página del gabinete de la Presidencia del Gobierno del Partido Popular se explica perfectamente qué es el registro de nombre de pasajeros. Y allí puede leerse que nuestro país ha sido uno de los mayores impulsores de este registro en la legislación europea como medida que impulse la seguridad de los ciudadanos europeos, y el texto seguía con aún más autobombo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que el principal objetivo de los grandes sistemas informáticos de seguridad y fronteras en el ámbito de Interior debe ser el refuerzo de la seguridad de nuestros ciudadanos.

Pues bien, hoy no se pueden dejar de recordar dos cosas. La primera es de índole político, y ya se ha comentado aquí. La directiva de 2016 sí que nos daba un plazo de dos años a la hora de trasponerla y ese plazo, insisto que se ha dicho mucho, venció en mayo de 2018. Parece interesante recordar que en ese momento todavía estaba el Partido Popular en la Moncloa. También es interesante preguntarse cómo perdió dos años el Partido Popular para no trasponer algo que ellos mismos estaban calificando de manera constante como francamente vital o como el refuerzo de la seguridad de nuestros ciudadanos. A ninguna se nos escapa que sí se dedicaron a crear esa tan famosa policía patriótica y a actuar contra dirigentes políticos de grupos, entonces en la oposición y ahora algunos en el Gobierno, o bien a reunirse en despachos de Interior y decirles: hacemos una gestión, esto la Fiscalía te lo afina. Después de todo, todas hemos oído las grabaciones, sería absurdo que quisiéramos negarlo ahora.

Todo esto no supone más que un ejemplo palmario de la importancia real que el Partido Popular le da, en la práctica, al terrorismo. No se dedican más que a utilizarlo como arma arrojadiza contra todos aquellos y todas aquellas que realmente necesitan desacreditar por su talante democrático o por ser rivales políticos. De hecho, hemos encontrado varios ejemplos en los últimos meses de esta situación. Sencillamente, el hecho de poder lanzarlo contra familiares y allegados también sería otro de estos ejemplos más palmarios.

La segunda cuestión que quiero recordar, tal vez de índole económico, es, precisamente -y ya se ha comentado por parte del ministro-, que nos estamos exponiendo a una cuantía económica que es francamente elevada y debiera ser inasumible. Pero, por supuesto, respecto a todos esos que presumen de que solo ellos saben gestionar el dinero público, parece ser que durante esos dos últimos años no era su prioridad o, como mínimo, cabe cuestionar que no fueran los mejores gestores de ese dinero público, por mucho que busquen abanderarlo tantas y tantas veces. Tal vez, parafraseando su lema actual, así es como le gusta al Partido Popular activar España. Esperemos que no sea así.

Pero esto también va de seguridad, y ya se ha comentado por parte de muchísimos grupos. Aquí tenemos que hablar de algo que demasiadas veces sale a colación, pero muy pocas en algo tan importante, y es el concepto de terrorismo. En muchos casos, nuestro grupo y otras posiciones entendemos que existen tipificaciones de terrorismo sin serlo. Y, por favor, no se me alarmen, que es importante recordar que la actuación judicial, como la del resto de los intervinientes del servicio público, puede y debe quedar sujeta a la libre crítica en un Estado democrático. Por lo tanto, siguiendo este derecho que se nos atribuye y dentro de un sistema penal que es tan garantista y tiene tantos recursos, también se nos permite hacer

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este tipo de alusiones y cuestionar, por lo tanto, tantas sentencias como entendamos que debemos hacerlo. En este sentido, podríamos entender que una pelea en un bar no debiera considerarse terrorismo o, del mismo modo, podríamos entender que asistir a una manifestación y ejercer todos los derechos de libertad de expresión y de reunión tampoco debieran serlo. Pero, insisto, considerando infames muchas de estas tipificaciones de terrorismo, todo ello lo hacemos dentro de nuestro derecho de libertad de expresión.

De igual modo, también nos encontraríamos en la parte contraria, porque, en muchos casos, podríamos considerarlo y no ser reconocido. Les pongo ejemplos bastante sencillos que creo que podrán comprender. El terrorismo machista o el terrorismo patronal, que en muchos casos parece que lo decimos con la boca pequeña. La realidad es que, por nuestra parte, seguiremos defendiéndolo, y lo seguiremos haciendo desde las instituciones, pero también lo haremos desde las calles, todos y cada uno de los días. Por supuesto, estamos hablando de la limitación de derechos fundamentales, estamos hablando de cuestiones que son francamente sensibles y que, por ello, deben regularse con las máximas garantías y controles. Ese es en todo momento nuestro espíritu. Porque podríamos vernos en la miserable situación de que, igual que ha hecho el presidente Trump, seamos las antifascistas las perseguidas y condenadas por terrorismo. Teniendo en cuenta que algunos de sus fanáticos pudieran incluso estar dentro de este plenario, entiendo que debemos ser incluso más escrupulosas a la hora de fijar todas las garantías respecto a este tipo de limitaciones de derechos fundamentales.

En este mismo sentido y con este afán garantista, desde Unidas Podemos, y junto con el Grupo Socialista, hemos presentado una serie de enmiendas que entendemos que enriquecen enormemente este texto, que durante la ponencia podremos seguir matizando para lograr mayor control y que, efectivamente, se pueda evitar todas arbitrariedades que en algunos casos pudieran darse. Deseamos que cuando empiece a funcionar todo este sistema, la Agencia de protección extreme al máximo sus precauciones y sea capaz de auditarlo y fijarlo en el informe que tendrá que presentar cada año a la Comisión Europea. Y, por supuesto, ahí estaremos todas nosotras para fiscalizar que este cumplimiento se da de la mejor de las maneras.

Igualmente nos preocupa, puede que incluso más que al propio grupo enmendante -lamentablemente le anticipamos que no vamos a apoyar esta propuesta- que en el momento en que entre en vigor esta ley orgánica que afecta a derechos tan básicos y fundamentales -termino, señor presidente- tanto este Gobierno como cualquier otro en el futuro garanticen no solo el buen funcionamiento de la Oficina Nacional de Información de Pasajeros, sino también el escrupuloso cumplimiento de todas las normas de protección de datos en nuestro país. No debemos olvidar que con todo esto nos jugamos muchísimo, pero, por supuesto, tampoco que la fiscalización absoluta que debemos hacer de un tema tan importante como este ha de ser un seguimiento constante, y, desde luego, les garantizo que por parte de Unidas Podemos esto será así.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Alcaraz Martos.

El señor ALCARAZ MARTOS: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.

Quiero empezar mi primera intervención en este Pleno mandando mi más sentido pésame a las decenas de miles de personas que han perdido a un ser querido o a un amigo por la COVID-19. También mi ánimo y mi solidaridad a esas personas que están luchando por superar esta enfermedad.

Hoy traen a debate el proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos de registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delito grave. Por coherencia, desde VOX la vamos a apoyar. La pena es que esta ley llega muy tarde, llega muy tarde para la detención de un terrorista de ETA que utilizó los medios aéreos de Europa para huir de la justicia española. Ustedes saben quién es, y usted, señor ministro, también, seguro: De Juana Chaos, ese que es amigo del vicepresidente del Gobierno, que está protegido en un país donde pasó su supuesta huelga de hambre de sándwiches, un país donde el tirano Maduro ha impuesto el hambre a todo su pueblo. Señorías, resulta paradójico que este texto venga a esta Cámara de mano de un Gobierno y de unos partidos cuya trayectoria, especialmente en lo que concierne a la identificación de posibles terroristas, deja en evidencia la hipocresía con la que trabajan ustedes, y me explico. El pasado 21 de enero en la Eurocámara el Partido Socialista, junto a los proetarras de Bildu, votó en contra de investigar y conocer

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los nombres de los terroristas que asesinaron a 379 personas, cuyos crímenes están sin resolver a día de hoy. Ustedes traen una ley para identificar los nombres de los terroristas que pueden viajar por Europa, pero en España han negado con su voto la identificación de los asesinos de 379 españoles que claman y esperan justicia. Estos asesinos sí se pueden pasear y lo seguirán haciendo con total libertad por Europa gracias al beneplácito de este Gobierno. (Aplausos). Durante años me manifesté en una rebelión cívica junto a miles de españoles, incluso a veces en las puertas de este Congreso. Le decíamos al Gobierno socialista que no traicionara a las víctimas del terrorismo y que no mercadeara con la sangre derramada de nuestras familias, que no concediera impunidad ni a ETA ni a sus crímenes. Mientras tanto, mientras las víctimas pedíamos eso en la calle, ustedes, los señores del PSOE, se reunían con uno de los mayores asesinos de la historia de ETA, con Josu Ternera. (Muestra una fotografía). Compartían mesa y mantel con él y se jactaban de las bromas que se gastaban en esas comidas. Este terrorista, que estaba buscado por la justicia mientras ustedes comían con él, tenía pendientes un montón de crímenes por responder en España, entre ellos los de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, donde asesinaron a once personas, y, entre ellos, a seis niños. (Muestra una fotografía). Con el que mandó cometer este asesinato se sentaban ustedes a compartir mesa y mantel.

Señores del Gobierno, ustedes han demostrado que localizar terroristas les importa muy poco. De hecho, su trayectoria les avala. Mientras estaban firmando el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo con el Partido Popular, estaban negociando con el jefe de Bildu, el terrorista Otegi. Si no es así, saquen el acta de negociación. ¿Por qué no la sacan? ¿A qué temen? ¿Qué miedo tienen a sacar el acta de negociación con la banda terrorista ETA? El Grupo VOX la pidió desde el primer momento, fue una de las primeras iniciativas que trajimos a esta Cámara. Y de esos polvos vienen estos lodos en los que se encuentran todos ustedes, pactando sin escrúpulos con los proetarras de Bildu, cuyo coordinador, el terrorista Otegi, ese que llaman hombre de paz, no tendría un grupo, el terrorista Otegui, ese que llaman hombre de paz, no tendría un grupo aquí sentado si ustedes realmente hubiera aplicado la ley. (Aplausos). Señorías, hay que localizar, identificar y poner a disposición judicial a los terroristas, ya viajen por Europa o por España, viajen en tren o en avión o en alguno de los coches oficiales para ir a algunas de las instituciones donde ustedes les han dejado sentarse.

Señor ministro, termino diciéndole que recuerdo en este momento las últimas palabras que me dirigió usted -quizá no se acuerde- a través de un correo electrónico cuando abandonó la Audiencia Nacional. Qué triste encontrarle hoy aquí sentado al lado de un partido representando a un Gobierno que tiene como socio a los amigos que asesinaron a mi familia. Usted ha luchado durante muchísimos años en la Audiencia Nacional -yo he estado en muchísimos juicios con usted-, pero que hoy esté aquí al mismo tiempo acercándose al terrorista que mantuvo preso a mi compañero José Antonio Ortega Lara y tenga que defender esto me parece inmoral.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rojas García. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Muy buenas tardes ya, señorías.

No vamos a apoyar la enmienda de devolución que se presenta. Apoyaremos este proyecto de ley porque será un instrumento para luchar desde el Estado de derecho contra el terrorismo y el crimen. Y en esa lucha tenemos que estar todos juntos, señorías, como siempre lo ha procurado el Partido Popular cuando ha estado en el Gobierno, con firmeza, con dedicación siempre, con recuerdo a las víctimas y siempre para que las situaciones de terrorismo se pueden prevenir, enjuiciar y condenar. Señorías, siempre lo hemos hecho y lo coherente es que lo volvamos hacer desde la oposición. Eso es coherencia política, eso es política de Estado, eso es estar a la altura de las circunstancias y estar unidos en los grandes temas. Y así siempre ha actuado el Partido Popular. Además, como ha reconocido el señor ministro, este es el mismo proyecto que dejó el Gobierno del Partido Popular. Lo increíble, lo incongruente, señor ministro, es escucharle decir aquí que el Partido Popular tardó mucho, cuando ustedes han sido los que han tardado dos años en traer a esta Cámara un proyecto que ya estaba redactado y terminado.

Señorías, queremos tener unas sinceras palabras de recuerdo para todas las víctimas del terrorismo y que en la ponencia, cuando trabajemos en esta ley, nos acordemos de ellas. Vamos a tenerlas en

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nuestro pensamiento para hacer la mejor ley posible entre todos, la más efectiva. Como saben, señorías, esta ley tiene su origen en las distintas normativas de la Unión Europea, especialmente en la Directiva 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2006, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros, PNR, para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. Como indicaba el ministro en su exposición, el objeto de este proyecto de ley es, en primer lugar, regular la transferencia de los datos PNR por parte de las compañías aéreas y otras entidades obligadas; en segundo lugar, la recogida, el tratamiento y la protección de esos datos y su transmisión a las autoridades competentes y el intercambio de datos entre los Estados miembros, Europol y terceros estados; en tercer lugar, la designación de la unidad de información de pasajeros española, y, por último, el régimen sancionador. Quiero aprovechar para dar las gracias al exministro Juan Ignacio Zoido y a todo su equipo por la ardua labor realizada, porque trabajaron muy bien este proyecto de ley orgánica y, además, siempre procuraron el consenso con todas las fuerzas políticas en el Pacto contra el terrorismo, pacto en el que precisamente se habló de este proyecto de ley.

Este proyecto de ley da un protagonismo especial a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que son unos fantásticos profesionales y están entre los mejores del mundo. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son reconocidas por todos los que han trabajado junto a ellos. El Gobierno de Francia les ha condecorado, la Interpol, la Unión Europea y todos los que han trabajado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas han alabado su profesionalidad. Todos menos parece que el Gobierno de España, los ministros de su Gobierno, señor Marlaska. El vicepresidente los llama viejos. Hay otro ministro que los acusa de golpistas. ¿Cómo es posible esto? Y dos huevos duros más, a ver quién crispa más dentro de su propio Gobierno a las instituciones del Estado, a ver quién ataca más dentro de su propio Gobierno a la justicia. Ese clima es insoportable y usted no está haciendo nada por cambiarlo, justo al contrario. Señoría, como decía, dos huevos duros más. El expresidente Felipe González acaba de decir que los ministerios del Gobierno son como el camarote de los hermanos Marx. Yo le pido respeto a las instituciones del Estado, le pido respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Solo la ministra de Defensa, haciendo honor al nombre de su propio ministerio, ha salido al paso y ha defendido a la Guardia Civil. Con esta ley orgánica nuestra Policía y nuestra Guardia Civil trabajarán codo con codo con sus colegas europeos y algunos les preguntarán por qué el Gobierno actúa con ellos de esa manera tan mezquina. Europa alaba a nuestros policías, y ustedes manchan su honor, señor ministro. ¿No se le cae la cara de vergüenza, señor Marlaska? Como le decía, este proyecto de ley habla de autoridades competentes que pueden solicitar o recibir datos PNR, son precisamente las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, entre otras, y los jueces y tribunales, en garantía -señala, con obviedad, la exposición de motivos- del principio de independencia constitucional. Bueno, es una obviedad que, dicho sea de paso, no viene mal refrescar por motivos que están ocurriendo en nuestro país y que ustedes conocen y el ministro de Justicia tendrá que explicar cuando dice que estamos en una crisis constituyente. Eso es muy grave, señorías.

Y ante esto, se nos plantea una cuestión previa de legitimidad cuando tenemos que trasponer esta directiva y hacer esta ley. La cuestión previa, señoría, es: ¿Está usted capacitado ética y moralmente para venir a este Congreso a presentar esta ley? La respuesta es que no, señor Marlaska, y siento decírselo. Señorías, en estos minutos que me quedan les invito a recorrer conmigo algunos puntos de este proyecto de ley. Este proyecto contempla que solo la autoridad judicial o la Secretaría de Estado de Seguridad pueden aprobar el acceso a la totalidad de los datos de una persona. La Secretaría de Estado de Seguridad, que está a las órdenes del ministro del Interior, puede aprobar el acceso a los datos de una persona. Esto es muy serio, como se ha dicho y como todos sabemos. Dígame, señor Marlaska, ¿qué garantías tenemos de que un Gobierno que ordena perseguir a aquellos que le critican va a respetar esta ley? No nos ofrece ninguna garantía un Gobierno mostrado dispuesto a investigar o cesar a las personas que están en contra de sus postulados y que ordena a la Guardia Civil perseguir aquellas informaciones críticas con el Gobierno. No olvidemos la orden que sacó a la luz el general Santiago. ¿Se da cuenta, señor Marlaska? Usted es una complicación en el devenir de este proyecto de ley. Lo es y se tiene que dar cuenta. Por eso se tiene que marchar y tiene que presentar su dimisión. (Aplausos). Hasta tal punto, señor Marlaska, que el ponente que ha defendido la enmienda a la totalidad, en la que no vamos a entrar porque no estamos de acuerdo con ella, lo ha citado a usted como obstáculo. Otro ejemplo, señorías. Esta ley recoge la posibilidad de los accesos a los datos PNR para investigaciones judiciales en delito grave. ¿Quién nos asegura que el Gobierno no va a volver a meter la mano para parar una investigación judicial que está en

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curso e interferir en ella, como usted ha hecho? Usted está manchado, por eso se tiene que ir, señor Marlaska. Decía León Tolstói que el respeto fue inventado para sustituir al amor. A usted, señor Marlaska, ya no le quieren ni le respetan en su trabajo, por eso tiene que dejar el escaño azul.

Y nuestras críticas son en positivo. Respetamos su tarea profesional, pero, señor Marlaska, las últimas decisiones que usted ha tomado solamente tienen un camino, y es el camino de la dimisión. Durante este tiempo usted no ha dado garantías de ningún tipo, no ha dado garantías respecto a este proyecto de ley de que no se vaya a apartar, cuando se tenga que poner en marcha la ley nuevamente, al socaire de su interés partidista, a otros que investiguen al amparo de esta ley orgánica; no tenemos ninguna garantía. Usted -y termino, señor presidente- ha mentido descaradamente en el Congreso. Usted ha mancillado el artículo 126 de la Constitución. Usted ha venido aquí a cargarse la separación de poderes, aquella por la que usted juró obediencia un día y defendió un día; ahora la está incumpliendo. Usted ya no es ministro de nada, usted ha perdido la auctoritas. Usted no está en condiciones de defender esta ley orgánica; siento decírselo, pero es la realidad. Las decisiones tomadas tienen un camino, y es el camino de la responsabilidad el que usted tiene que acatar. Tenga la suficiente dignidad para hacerlo y dignificará al Congreso, al Gobierno y a España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celís): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Botella Gómez.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente.

Señorías, me gustaría empezar con unas palabras de reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, las Policías autonómicas, el Centro Nacional de Inteligencia, así como el conjunto de servidores públicos, de las autoridades competentes en el marco de este proyecto de ley, quienes, con profesionalidad y entrega, luchan cada día contra el terrorismo y los delitos más graves que atentan contra los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Antes de pasar a tratar el tema del sistema PNR, me gustaría hacer una consideración en referencia a las exposiciones que han ido haciendo los diferentes diputados, porque es curioso que cada uno haya venido aquí a hablar casi de su tema. Una cosa son los PNR y el proyecto de ley que tenemos que sacar adelante en unos tiempos límites, y otra que vengamos a hablar aquí cada uno de lo nuestro. A propósito de la PNR, la última soflama del diputado del Partido Popular o la anterior del propio enmendante cuando deriva hacia la libertad frente a la seguridad, un debate con el que podríamos estar hablando durante bastantes horas.

Quiero decir que hemos de centrarnos con todo interés en algo que es muy urgente -y en estos momentos tenemos que decidir, señorías, si rechazamos esa enmienda y pasamos al siguiente trabajo-, y es que el sistema PNR es un sistema de seguridad que deriva de la propia directiva relativa al proyecto de ley que ya tenemos registrado en la Cámara para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Este proyecto, en el que venimos trabajando desde hace tiempo, como bien ha dicho el ministro, es eficaz en términos de seguridad, equilibrado y garantista en términos de protección de datos personales, fruto de ese largo y amplio debate, como ya ha comentado el ministro, que viene reflejado desde la Unión Europea. Se puede decir todo lo que se quiera de este proyecto menos que es precipitado. Tengan la tranquilidad, señorías, de que llega aquí muy reposado, porque ha tenido todo tipo de reflexiones en la Unión Europea, aunque eso no nos ahorre los debates que nosotros tenemos derecho a plantear. Estamos transponiendo una directiva que es marco regulador de obligada transposición a nuestro ordenamiento. La directiva y, por tanto, el proyecto de ley constituyen un elemento esencial en el ámbito de la seguridad -insisto, siempre en el ámbito de la seguridad-. Luego se ponderan y se articulan con todos los sistemas de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero es la seguridad el input, lo que mueve a que se pueda realizar. Y se da la paradoja de que España a lo largo de este periodo que tuvimos a dos tiempos -me refiero a la XII Legislatura- ya defendió que era útil este instrumento que otros países venían utilizando. En países anglosajones como Estados Unidos o Reino Unido, sus autoridades nacionales ya estaban trabajando con estos datos del registro de nombres de pasajeros que facilitan las compañías y las aerolíneas.

El hecho cierto es que el plazo de transposición de la directiva expiró, efectivamente, señorías del Partido Popular, el 25 de mayo de 2018, antes de la moción de censura, es decir, cuando llegó el Gobierno

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había expirado el plazo. Poca crítica cabe a quien desbloqueó en seis meses lo que había estado retenido durante dos años. En seis meses se articuló el nuevo proyecto y se trajo a la Cámara. Pero el calendario político y electoral que ha habido en España ha sido el que ha sido, y no se lo tengo que explicar a sus señorías. Pero tampoco es que ahora ayude mucho, y no es que quiera reñir a la señoría del BNG, una enmienda de totalidad, en plena pandemia, con todos los atrasos que vamos a tener para tramitarla. Podían ustedes haber puesto enmiendas al clausulado con un un enfoque más constructivo, y la ponencia podría haber empezado ya a trabajar. Y les hago también una consideración. Si preocupan las sanciones económicas, más deben preocupar, en términos de seguridad, que España no esté incorporada y plenamente operativa en el sistema PNR europeo.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza la enmienda a la totalidad del Grupo Plural por falta de rigor, por ser extemporánea e irrelevante a la hora de aportar alternativas. Hasta tal punto es así que la propia portavoz del Grupo Plural ha presentado enmiendas al clausulado para que se debatan luego en ponencia, con lo cual se ve que no tiene muchas garantías de que la enmienda pueda ser aprobada, y más bien la ha presentado por desahogo.

Sorprende también que el portavoz del BNG tilde de excusa -no quisiera dejar estas palabras, porque las palabras son muy importantes- la protección de los ciudadanos ante futuros ataques terroristas. Sobre esos futuros ataques terroristas, señoría, desde el año 2001 han producido un reguero de muerte y desolación en Europa, empezando por los atentados en España en marzo de 2004 y siguiendo por los de Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania u Holanda. Es poco delicado hablar de que es una excusa la protección de los ciudadanos. ¿Si hubiéramos podido hacer algo más, algo más podríamos haber salvado? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer los poderes públicos.

También califica el sistema PNR de amenaza para los fundamentos de cualquier sociedad democrática. Entonces, no sé qué estima de calidad democrática encuentra usted que tienen los países que ya lo han transpuesto, como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y el conjunto los países europeos, menos nosotros.

No se entiende tampoco que, ante la complejidad y la trascendencia de este tema, se despache usted en una enmienda a la totalidad básicamente con cuatro párrafos, dos tópicos, varios prejuicios y ninguna alternativa. Así, realmente, se es poco constructivo. Señoría, con franqueza, permítame que le diga que a esta enmienda, y más después de la intervención que ha tenido, le sobra dogmatismo y le falta estudio. Este ha sido un proceso muy complejo. En los propios dosieres de la Cámara verá usted que ya anteriormente, desde el año 2007 -se refería el ministro a cinco años de tramitación de la directiva- existían unas recomendaciones del Consejo para que se pusiéramos a trabajar en la utilización de los datos PNR con fines policiales. Es decir, hay un largo camino ya recorrido.

Señorías, la realidad a la que nos enfrentamos es la que sufren las víctimas del terrorismo, la tragedia de tantas personas inocentes a las que los terroristas han arrebatado sus vidas, las suyas y las de sus familiares y seres queridos, porque estas van a ser vidas perdidas, pues no tendrán reparación, y sin que hayamos podido luchar con todos los elementos a nuestro alcance. La realidad a la que nos enfrentamos es la persecución de los crímenes más horribles contra la dignidad de las personas, que aparecen en listados de hasta veintiséis categorías de delitos graves. La realidad a la que nos enfrentamos es que la amenaza terrorista requiere de una continua adecuación, sistemas de alerta, detección temprana y medidas preventivas, tal y como señala el informe anual de seguridad nacional. Señorías, la realidad a la que nos enfrentamos es el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. Y no puedo dejar de hacer mención a que es un fenómeno muy preocupante para Europa, muy preocupante para todos los servicios de seguridad y de inteligencia, porque, según los últimos datos que manejamos, de los cinco mil individuos que se conoce que fueron a luchar a la yihad a Siria e Irak, hay dos mil de los que no se conoce su paradero; además de los que hayan fallecido o hayan retornado, hay dos mil que no sabemos dónde están.

Finalizo, señorías, pidiéndoles que voten rechazando esta enmienda, para pasar a trabajar con urgencia, de una manera ya constructiva y mejorando -también lo decía el ministro- el proyecto, para que pueda ser lo más completo y con la mejor calidad técnica.

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez de Celis): Señoría, debe terminar ya.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Termino con unas palabras de ánimo. El eurodiputado británico relator en la Comisión de las Libertades Civiles, cuando se aprobó la directiva, después de cinco años que había

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pasado defendiendo el proyecto, dijo: Debemos dar un mensaje a nuestros ciudadanos de que realmente nos preocupamos por ellos, estamos haciendo lo correcto.

El Gobierno ha hecho su trabajo. Señorías, ahora es nuestra responsabilidad unir fuerzas para luchar contra el terrorismo y los crímenes más graves. Pongámonos a trabajar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, ORGÁNICA DE DELIMITACIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR. (Número de expediente 122/000033).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, Orgánica de delimitación de la justicia militar.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Nuet Pujals.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Republicano propone limitar la justicia militar a situaciones de guerra, conflicto armado internacional o estado de sitio. En un Estado democrático, señorías, ni la democracia ni la justicia pueden quedar a las puertas de los cuarteles. En un Estado democrático ninguna de sus instituciones, ninguna puede eludir el control democrático. Delitos tan execrables como la corrupción o los de naturaleza sexual no solo deben ser reprobados de forma tajante, sino que la justicia debe proceder de forma ejemplar para cortar de raíz esas prácticas.

La existencia de una jurisdicción militar en España es una excepción admitida no exigida constitucionalmente, por ello, es una opción política mantenerla o restringirla. La justicia militar es un anacronismo en España y una anomalía en Europa. Alemania la eliminó en 1949, Francia en 1982, Holanda, Bélgica, Noruega o Dinamarca han hecho lo mismo; llevamos setenta años de retraso respecto a Alemania y cincuenta respecto a Francia.

La existencia de la justicia militar en tiempos de paz se manifiesta contraria a las recomendaciones internacionales sobre la materia, incumple varios de los veinte principios del informe Decaux, de Naciones Unidas: el 13, el derecho a un tribunal competente independiente e imparcial; el 14, publicidad del juicio; el 15, garantía del derecho de defensa y del derecho a un juicio justo e imparcial; el 16, acceso de las vías a la tutela judicial efectiva, o el 17, interposición de recursos ante tribunales ordinarios.

Señoras y señores diputados, un delito sexual o de corrupción es un delito, lo cometa un civil o lo cometa un militar. Existen demasiados ejemplos de corruptos y acusadores militares que por delitos graves son condenados solo a menos de tres años de prisión, lo cual en aplicación de las prerrogativas del Código Penal Militar les permite seguir en el ejército, en algunos casos al lado de sus víctimas. De las 174 denuncias por acoso o agresión sexual y laboral hasta el 31 de diciembre de 2015, solo una de cada diez acabó en condena y ninguna en expulsión del ejército. De 2016 a 2018, de las 90 denuncias de naturaleza sexual ninguna terminó en condena.

Pregúntense, señoras y señores diputados, por qué miles y miles de mujeres han abandonado el Ejército en los últimos años; por qué, salvo en algunas excepciones, muy pocas de ellas desempeñan una exitosa carrera militar y acceden a altas responsabilidades de mando. Ningún coronel, ningún general, ha sido expulsado en los últimos diecinueve años por corrupción en las Fuerzas Armadas, a pesar de casos tan sonados como el ACAR Getafe, las facturas falsas en el Ejército del Aire, la corrupción en el Hospital Gómez Ulla o la corrupción en las adjudicaciones de contratos del Ministerio de Defensa. En las Fuerzas Armadas del Estado español los trapos sucios se lavan en casa y se practica una verdadera omertà bajo la protección de los tribunales de justicia militar. En las Fuerzas Armadas del Estado español son las víctimas -los y las denunciantes- las que son escrutadas y acusadas, muchas de ellas son expulsadas del ejército o acaban abandonándolo.

¿Cuál es la realidad, señorías, cuál es la realidad? Más allá de mantener la formalidad de las garantías procesales, la realidad es la siguiente: funcionan las amistades forjadas en promociones; se cultiva la confianza y la protección de los oficiales de más alto rango; se practica la desconfianza en quien denuncia; se cuestiona el valor de los testigos y sus declaraciones según su posición jerárquica en el ejército;

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funciona el temor de los denunciantes a no obtener apoyos de sus superiores para ascensos o traslados; las declaraciones se realizan más ante un superior jerárquico militar que ante un juez o un fiscal. En España, en las Fuerzas Armadas, hacer circular manifiestos de apología del franquismo, en la práctica ni se sanciona ni se persigue, pero denunciar a acosadores sexuales, denunciar la corrupción o firmar manifiestos antifranquistas sí conlleva sanción y expulsión del ejército.

Hoy ponemos a través de esta iniciativa también voz a las víctimas. Gracias a las asociaciones militares democráticas y antifranquistas, son el germen de esta iniciativa. Un abrazo fraternal desde la tribuna al exteniente Gonzalo Segura y a su causa justa. El corporativismo retrocederá hoy o muy pronto y la justicia finalmente triunfará. Estamos en un camino imparable de democratización de las Fuerzas Armadas, no lo podrán parar la derecha ni aquellos que aún dudan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y por ello tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Gutiérrez Díaz de Otazu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.

El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar y antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría expresar mi respeto personal por el señor Nuet que plantea esta propuesta. Aprendí de muy joven a respetar a los representantes del pueblo español y lo hice precisamente en el seno del centro de formación donde se forman los cuadros de mando del Ejército de Tierra, parte de la institución de las Fuerzas Armadas que hoy se somete a análisis. Tras cuarenta y cuatro años de servicio en las mismas, con solo un año escaso de experiencia en esta casa, le puedo asegurar, señor Nuet, que nunca me han insultado tanto, de manera individual y colectiva, ni me han faltado tanto al respeto, ni me han vociferado tanto ni de manera tan gratuita como durante este año (aplausos), simplemente por ocupar un escaño en una parte concreta del hemiciclo o por considerárseme adscrito a una manera concreta de entender la realidad, a lo que sin duda tengo derecho, derecho que pienso seguir ejerciendo. No se preocupe que yo no haré lo mismo. Discrepo mucho de usted, pero repito que le respeto personalmente.

En la Academia General Militar, centro de formación del Ejército de Tierra donde reciben su formación básica parte de los cuadros de mando de esa institución que usted considera se ha convertido en cobijo de delincuentes sexuales o en hogar de delincuentes, se enseña tanto a los oficiales de las armas, entre los que me cuento, como a los de cuerpos comunes, entre los que se encuentran los del cuerpo jurídico militar, que dan cuerpo a la jurisdicción militar, a respetar a los representantes de la nación, a anteponer el bienestar de los españoles a cualquier otra consideración y a respetar meticulosamente el ordenamiento jurídico de la nación, empezando por la propia Constitución. Es esa Constitución la que en su artículo 117.5, que usted dice que no le compromete, establece que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Viene usted, por tanto, a plantear una reforma de la Constitución a través de su proposición de ley orgánica.

En el comienzo de su exposición de motivos esta proposición de ley orgánica se refiere a un informe de Naciones Unidas, el informe Decaux, en honor al apellido de su autor Emmanuel Decaux, que se formuló en el 2006 bajo el título de la Administración de Justicia por los tribunales militares. Este informe contemplaba la existencia de tribunales militares y daba principios para el ejercicio de la justicia por parte de los mismos. Usted decide seleccionar cinco de ellos que a su juicio son incumplidos, dice usted -sin aportar prueba alguna, pero lo dice- que los tribunales militares no son competentes, independientes ni imparciales, que los juicios no son públicos, que no existe garantía del derecho de defensa ni derecho a un juicio justo e imparcial, ni acceso a las vías a la tutela judicial efectiva y, por último, según dice usted y solo usted -bueno, no solo usted y ahora le explicaré por qué-, no se pueden interponer recursos ante tribunales ordinarios. Eso no es cierto, señoría, todo ello es radicalmente falso, todo ello, desde el principio hasta el fin. Claro, cuando uno se enfrenta todas estas afirmaciones, carentes totalmente de fundamento, siente la curiosidad de saber de dónde las ha obtenido usted y se las encuentra en un artículo de Internet del 25 de junio de 2019.

Su exposición de motivos está lamentablemente plagiada al cien por cien de ese artículo, artículo que publica en Internet el señor Luis Gonzalo Segura de Oro-Pulido, al que usted ha hecho referencia. Este sí

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fue expulsado de las Fuerzas Armadas, pero fue expulsado por el Tribunal Supremo, señoría, no fue expulsado por un conjunto de generales enloquecidos, fue expulsado por el Tribunal Supremo como consecuencia de una acumulación reiterada de faltas disciplinarias. Fue expulsado en un procedimiento judicial que culminó, como todos en España, en el Tribunal Supremo porque la jurisdicción militar, señoría, está integrada, tal y como prevé en el principio número 1 del Informe de Decaux, en el sistema judicial general. En el mismo informe -y con esto termino con el informe-, en el punto número 8 se establece que la competencia de los órganos judiciales militares debería estar limitada a las infracciones cometidas dentro del ámbito estrictamente castrense por el personal militar, tal y como precisamente establece nuestra Constitución.

Pasa usted a continuación -o mejor dicho, el auténtico autor de la exposición de motivos de su proposición de ley orgánica- a poner en cuestión la honestidad profesional de los órganos jurisdiccionales militares, a los que acusa de condenar a pocos militares por delitos de acosos, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas Armadas, prejuzgando y condenando gratuitamente a los mismos nuevamente sin prueba alguna, atribuyéndoles una discutible presunción de culpabilidad.

En otro de los apartados de dicho artículo de Internet, convertido en exposición de motivos, se descalifica de forma gratuita y sin fundamento alguno a la justicia militar, acusándola de un comportamiento prevaricador en casos de corrupción o de fallecimiento de militares. Es lamentable escuchar esto en esta Cámara sobre una institución de las más valoradas por el pueblo español a través de las múltiples encuestas realizadas, Dios sabe con qué intereses, sobre lo que piensan y reflejan reiteradamente los ciudadanos españoles, a los que se pretende hacer dudar de honestidad de las Fuerzas Armadas sobre la base de afirmaciones espurias, insultantes y carente de todo fundamento.

El poder constituyente reconoció en el artículo 117.5 de la Constitución la subsistencia de la jurisdicción militar dentro de la unidad jurisdiccional como una como una jurisdicción especial y única para impartir la tutela judicial efectiva en el ámbito estrictamente castrense. Este modelo no es privativo de España, la jurisdicción militar existe en muchos países democráticos del mundo como Australia, Canadá, Brasil, Estados Unidos Italia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido o Suiza y en casi todos los hispanoamericanos. En el artículo de Internet que usted emplea, el autor del mismo, el exteniente Luis Gonzalo Segura de Oro-Pulido, lo titula: "La justicia militar, un cáncer en España (y también en Latinoamérica)". Convendrá usted conmigo que una persona que ha sido expulsada del ejército por parte de la justicia militar es una fuente de información, como poco, sujeta a sospecha de animadversión.

La jurisdicción militar no es un foro privilegiado de los militares sino una herramienta de la que dispone el Estado de derecho para atender debidamente los principios de unidad, jerarquía y disciplina aplicables a los servidores públicos que han decidido limitar, por propia elección al abrazar la carrera de las armas, el ejercicio de alguno de sus derechos y libertades en beneficio de la sociedad. Pese a lo que se insinúa frívolamente y sin fundamento alguno en la proposición de ley orgánica que se somete a debate, la jurisdicción militar se encuentra en España plenamente integrada en el Poder Judicial del Estado y viene aplicando con incuestionable lealtad institucional la doctrina emanada del Tribunal Supremo y los principios que fundamentan nuestro sistema democrático. Así, los jueces y tribunales militares han promovido hasta ahora en sus actuaciones un elevado nivel de tutela judicial, cuya alta calidad se constata por el nivel jurídico de sus resoluciones y por la rapidez en la respuesta decisoria, resultando residuales los casos de dilaciones indebidas. Además, tras algunas reformas introducidas en las leyes que lo regulan, la jurisdicción militar ha sabido adaptarse sin problemas desde 1978 a las nuevas demandas sociales, vigorizando las garantías de los justiciables.

Entre estas reformas merece destacarse la revisión por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en casación de todo tipo de sentencias dictadas por órganos inferiores, cualquiera que sea la materia y la sanción prevista para la infracción de que se trate y el reforzamiento de la independencia de los jueces militares, atribuyendo desde 2015 al Consejo General del Poder Judicial su nombramiento directo, sin intervención alguna de las autoridades administrativas del Ministerio de Defensa. La citada Sala Quinta del Tribunal Supremo se compone de ocho magistrados, cuatro procedentes de la jurisdicción ordinaria y cuatro procedentes de la jurisdicción militar. En lo concerniente al presidente de la sala, como a los magistrados de la jurisdicción ordinaria, su nombramiento se atendrá a las mismas normas existentes para el nombramiento de los presidentes y magistrados del resto de salas del Tribunal Supremo. Los magistrados procedentes del Cuerpo Jurídico Militar serán nombrados por real decreto refrendado por el Ministerio de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre generales consejeros togados y generales auditores con aptitud para el ascenso en actitud de servicio activo.

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Tal como prescribe el preámbulo de la Ley Orgánica 4/1987, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, con última modificación en octubre de 2015, la jurisdicción militar tiene su origen en la misma génesis de los ejércitos permanentes y ha sido siempre una jurisdicción especializada, carácter que se deriva de la naturaleza del derecho que aplica y del ámbito institucional en que se ejerce. La máxima garantía de una recta administración de justicia se centra en la independencia de los órganos judiciales y, en el seno de la jurisdicción castrense, la última revisión de la ley orgánica se orienta en esa línea, consagrando la inamovilidad, la responsabilidad y la sumisión exclusiva al imperio de la ley de quienes desempeñan esta función, haciéndose un verdadero esfuerzo por lograr la definición positiva de esa independencia para los órganos judiciales militares.

Las Fuerzas Armadas tienen muchas necesidades, entre las que se incluyen el incremento de su presupuesto, la actualización de sus retribuciones, las posibilidades de conciliación, las salidas profesionales a los vigentes regímenes de suscripción de compromisos, especialmente los de larga duración, la movilidad geográfica y algunas otras, pero no la falta de la necesidad de una jurisdicción militar especializada. Este problema no existe en las Fuerzas Armadas, sino más bien al contrario, es asumida como necesaria, tanto en España como en todos los países de nuestro entorno que acogen modelos de defensa nacional semejantes al nuestro.

Usted propone que se reserve exclusivamente para tiempo de guerra, llama usted. La ley orgánica lo contempla como conflictos armados o en situación de conflictos internacionales. Señoría, lo que no existe en tiempo de paz no se puede improvisar en tiempo de guerra. Es necesario que exista una jurisdicción militar en tiempo de paz, igual que es necesario que exista un ejército en tiempo de paz que esté preparado para actuar en tiempo de guerra o de conflicto armado. (Aplausos). La jurisdicción especializada está intrínsecamente vinculada al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, sin el cual, con las garantías de las que ya ha sido provisto y con las que se puedan añadir en el futuro, la eficacia de las Fuerzas Armadas se vería seriamente comprometida y, con ello, la defensa nacional.

Centrémonos, señorías, en los problemas reales que existen, no generemos problemas que no se conciben como tales. Usted ha mencionado las asociaciones profesionales. Yo recibí anteayer un correo electrónico de una asociación profesional cuyo nombre no voy a mencionar, pero que lo habrá recibido también usted, que pone en cuestión esta proposición que usted realiza, porque las reformas que necesitan las Fuerzas Armadas no pasan por la eliminación de la jurisdicción militar. Es una necesidad de tiempo de paz para prepararse para tiempos de conflicto armado.

Para terminar, quiero aprovechar los ocho segundos que me quedan para hacer una mención a mi condición de diputado nacional por Melilla y reclamar para Melilla y para Ceuta la atención de las autoridades de nuestro Gobierno para que en la tarea que se ha planteado el Gobierno de que nadie quede atrás no se deje atrás a las ciudades de Ceuta y Melilla, que tan olvidadas las tienen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Se concede un turno de réplica. Por ello tiene la palabra el señor Nuet Pujols.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Señorías, mi formación está basada en la tradición republicana, muy distinta a la suya, y la tradición republicana nos indica que la cortesía no riñe con la valentía y, por tanto, la cortesía parlamentaria la damos por descontada, pero hay que decir las verdades aunque duelan, señoría. Y hoy hemos venido aquí a decir verdades, a representar a víctimas con nombres y apellidos, algunas de ellas en este Congreso de los Diputados. Eso es tal real como la vida misma. No le dé usted la espalda. (Aplausos).

El Partido Popular, cuando habla de estos temas, debería hacerlo con la boca pequeña y le voy a decir por qué. Porque su incompetencia fue la causante del peor accidente que han sufrido las Fuerzas Armadas en nuestra historia, el del Jak-42, señoría. Por tanto, si quieren hablar de corrupción y si quieren hablar de negligencia, primero pidan perdón a los servidores públicos que perdieron la vida y luego le seguiré escuchando, señoría. (Aplausos). Pidan perdón primero, discúlpense ante las víctimas del Jak-42. Porque en alguno de los casos que estoy mencionando, señoría, ¿qué me propone?, ¿que lo gestionemos como ustedes gestionaron el accidente del Jak-42, donde la defensa de alguno de sus responsables fue pagada por el Partido Popular? ¿Ese es el nivel de encubrimiento que usted propone a esta Cámara, señoría? Espero que no. Por tanto, de eso estamos hablando.

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No sé por qué el Partido Popular cuando hablamos de corrupción se pone tan nervioso; no sé por qué, señoría; igual me lo aclaran. No sé por qué el Partido Popular cuando hablamos de acoso sexual a las mujeres se pone tan nervioso, señoría. (Rumores). ¿Por qué? ¿O esas víctimas no merecen su apoyo y su reconocimiento? Por tanto, en eso estamos, señoría. Sean ustedes valientes y patriotas, al menos por un día. Dele hoy usted la cara, pónganse del lado de las víctimas. Siempre están a tiempo de ponerse los otros 364 días del año, como siempre hacen, del lado de los verdugos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una señora de la limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Tiene la palabra el señor Gutiérrez Díaz de Otazu.

El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Muchas gracias, presidente.

No sé quién se pone nervioso, señor Nuet, pero ha dado la impresión de que ha sido usted. Hemos estado hablando de la institución militar, de la jurisdicción militar, de las Fuerzas Armadas y usted ha trastocado el argumentario al Partido Popular. Las Fuerzas Armadas son un órgano de toda la nación, ningún partido las patrimonializa. Usted vincula la jurisdicción militar al Partido Popular; el Partido Popular no tiene ninguna intención de patrimonializar a las Fuerzas Armadas. (Aplausos).

La jurisdicción militar en toda su historia ha actuado conforme a derecho y conforme a la ley, incluidos los casos que usted ha mencionado; los casos de acoso sexual, abuso sexual, corrupción, en las incompetencias en la gestión de contratación. En todas las ocasiones la jurisdicción militar, que es de la que estamos hablando, que remata en el Tribunal Supremo, sede de nuestra organización judicial máxima en el Estado español, ha actuado correctamente y está reconocido de esa manera. El que usted me valore posiciones políticas individuales o aisladas en casos concretos de la historia no conduce a nada a la hora de analizar la pertinencia o no pertinencia del mantenimiento de la jurisdicción militar.

Encubrimiento ninguno, señoría. He pasado cuarenta y cuatro años en las Fuerzas Armadas; esas Fuerzas Armadas que usted describe y que desconoce -obviamente no tiene porqué conocerlas- no existen, no existen. El personal que trabaja en las Fuerzas Armadas trabaja con pundonor, con decencia y con decoro. No está empeñado en movimientos de sables, en conspiraciones, en salas de banderas ni todas esas cosas que ustedes alientan; trabaja cotidianamente por la preparación de las Fuerzas Armadas para el desempeño de sus cometidos. Las Fuerzas Armadas y su jurisdicción militar están sujetas a los principios establecidos en nuestras Reales Ordenanzas; las Fuerzas Armadas funcionan por principios éticos y morales. El artículo 18 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas establece que el militar propiciará con sus actuaciones "que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad". Eso rige para todos los profesionales de las Fuerzas Armadas, señoría (aplausos), y a eso se rinde culto de manera constante en las Fuerzas Armadas. Todas las tergiversaciones a las que ustedes someten, las sospechas y las presuntas conspiraciones en el ámbito de las Fuerzas Armadas no existen más que en su imaginación y en su intención espuria de obtener no sé qué objetivos de debilitación o de colocación en situación de sospecha a las Fuerzas Armadas. Eso no existe.

Por último, señoría, quiero expresarle lo siguiente. La Ley Orgánica 5/2005, de Defensa Nacional, establece que "las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción específica de cada uno de sus componentes". Y, como le he dicho anteriormente, para el mantenimiento de la eficacia del funcionamiento de esta institución, esencial para la defensa nacional, la jurisdicción especializada es vital para el mantenimiento del régimen disciplinario específico del funcionamiento de unas Fuerzas Armadas, en este país y en cualquier país con el que nos queramos comparar. Si no existe jurisdicción militar en tiempo de paz no podrá existir en tiempo de guerra. Para el nombramiento del personal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, Sala de lo Militar, el Consejo General del Poder Judicial se atiene a criterios estrictamente derivados de las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial. El fiscal jurídico militar, fiscal ante esa sala, depende orgánicamente de la Fiscalía General del Estado. El sistema jurídico militar está estrictamente integrado en el sistema judicial español; no hay ninguna actuación independiente, escondida, corporativa ni de ninguna otra naturaleza, señoría.

Muchas gracias (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, aquí parece que se puede poner en cuestión y se puede criticar todo menos las Fuerzas Armadas, y menos si son españolas. Se debe de obedecer y callar. Pues no, mi grupo no lo va a hacer. La proposición de ley que hoy trae el Grupo Republicano en el fondo pretende dos cuestiones: por una parte, denunciar los graves y flagrantes delitos dados en los tribunales militares y, por otra parte, eliminar la justicia militar como tal. El proponente nos ha hecho un profundo análisis de diferentes casos que se han tratado en tribunales militares y que nosotros sabemos y entendemos que son así. Podrían ser, tanto una como otra, la concatenación lógica una de la otra, pero, de facto, no lo son. Nuestra posición difiere en algunas cuestiones de lo que plantea Esquerra Republicana de Catalunya. Trataré de explicarme.

El criterio que subyace en la proposición de ley del Grupo Republicano es que como la justicia militar no funciona, la justicia militar ha de ser eliminada, salvo en casos de estado de sitio, conflicto bélico o guerra, tal y como han apuntado. El grupo proponente no diferencia ni discierne sobre la capacidad de actuar en los tipos de delito a juzgar, sino sobre las circunstancias, es decir, dándole valor y vigencia en algunas situaciones. En cambio, nuestro criterio es otro distinto. La justicia militar, en caso de que deba de existir, ha de ser solo para lo que es militar, es decir, son los delitos los que determinan si una causa es militar o no, no la situación en la que nos encontremos. Los delitos contra la libertad sexual, las agresiones, violaciones y acosos, o los de corrupción, o los que atentan contra los derechos humanos, no tienen nada que ver con lo estrictamente militar. Es más, el hecho de ser militares y vivir en un sistema jerarquizado, basado en la obediencia vertical, agrava esas situaciones, generando una grave desigualdad de condiciones en el momento de la denuncia o la acusación y desgraciadamente también en las sentencias. No son, por tanto, delitos a tratar por ningún tribunal militar, independientemente de que se produzcan entre militares o en estancias militares, porque a diferencia de lo que dicta la proposición de ley, un delito de agresión sexual, por ejemplo, es un delito que siempre ha de ser juzgado en un estamento no militar, incluso en caso de conflicto armado o de guerra. Para nosotros es una situación tan grave que nunca debería de estar en manos de un tribunal militar, debe ser el tipo de delito el que debe delimitar la acción judicial militar y no la situación.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en un documento llamado Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos, en su punto número 29, dice lo siguiente: "La competencia de los tribunales militares debe limitarse a las infracciones de carácter específicamente militar cometidas por militares, con exclusión de las violaciones de los derechos humanos, las cuales son competencia de los tribunales nacionales ordinarios o, en su caso, cuando se trate de delitos graves conforme al derecho internacional, de un tribunal penal internacional o internacionalizado". Se refiere, por ejemplo, a temas de torturas o contra los derechos humanos. Es un tema, pues, como decía antes, de principios o de criterios, independientemente de que la justicia militar, que eso también es un punto importante a tratar, esté dando o no respuesta justa a estas demandas, que además vemos que no lo está haciendo.

Tenemos la constatación, tal y como indican muchos juristas y también muchos militares de diferente índole, que la justicia militar formada por militares sometidos a disciplina, y cuya promoción profesional depende de sus jefes, sea independiente de sus mandos. Es más, nos atrevemos a decir que es casi imposible. La experiencia nos demuestra que mayoritariamente se dictan sentencias a medida del mando, protegiendo una supuesta disciplina que siempre funciona solo de arriba abajo y ampara a menudo los desmanes de los superiores frente a las justas reclamaciones de los de rango inferior.

¿Es posible una justicia compatible con la disciplina y la jerarquía? Nosotros tenemos dudas. Consideramos que es más importante hacer una gran transformación de la justicia militar, que su anulación en sí, en aras de una jurisdicción que contemple y diferencie lo que es estrictamente militar de lo que no lo es. Los países más avanzados en este aspecto -aquí se han citado algunos de ellos-, tales como Alemania, Francia, Holanda, Austria, Noruega o Dinamarca han transformado la jurisdicción militar, incorporándola a la jurisdicción ordinaria y atribuyendo su competencia a salas especializadas. Ese debe ser el camino a emprender, porque quitarla de un plumazo acarrea el riesgo

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de tener un doble vacío: el derogado y la ausencia de especificación en el incorporado, por ejemplo, en el Código Penal ordinario. Por tanto, creo que el señor Gutiérrez Díaz de Otazu ha mantenido que no puede existir justicia militar si no es para mantener los principios que justifican la necesidad de justicia. Pero yo le diría que en estos ejércitos también se mantienen esos principios que usted ha citado, y en cambio, sí se ha derivado a una justicia ordinaria muchas cuestiones que aquí se plantean en la justicia militar.

Quiero poner como ejemplo -y con esto acabo- la justicia militar alemana. En Alemania los miembros de las Fuerzas Armadas responden ante el Código Civil criminal por los hechos delictivos comunes que cometan y se juzgan a través de procedimientos civiles ordinarios, o no hay cárceles militares, por ejemplo, ya que los delincuentes militares entran en prisiones civiles ordinarias. En definitiva, la corte administrativa federal y tres cortes disciplinarias militares -hay un total de veintinueve salas- son las que juzgan esas cuestiones. He citado el caso alemán como ejemplo.

Veo que se me acaba el tiempo. Por todo ello, y aun no estando de acuerdo en la dirección que adopta la parte propositiva de la proposición de ley, es decir, difiriendo en algunas cuestiones, votaremos a favor de su toma en consideración. Estimamos, para empezar, que debería ser el Gobierno quien trajera a esta Cámara un proyecto de ley verdaderamente transformador de la justicia militar, que sirviera para adecuarla a los niveles que otros países europeos citados han llevado a cabo. No podemos quedarnos con una jurisdicción militar decimonónica que lo único que hace es sembrar dudas y poner en tela de juicio el valor de la misma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente, con la venia.

Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras en esta intervención sean para homenajear a las decenas de miles de españoles fallecidos durante esta epidemia del coronavirus. Vaya desde aquí mi recuerdo personal y el de mi partido, Ciudadanos, y un abrazo sincero a todos sus familiares y amigos. También quiero recordar a nuestros héroes, los sanitarios, así como a todos los colectivos profesionales que fueron considerados esenciales y que siguen siendo esenciales, que han mantenido las constantes vitales de nuestro país durante esta dura hibernación que ha supuesto este confinamiento doloroso para todos. Entre ellas, muy especialmente quisiera destacar -por el motivo de esta intervención- el papel de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, sobre las que trata esta iniciativa.

Debatimos, señorías, una proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano que tiene por objeto fundamental la limitación sustancial de la competencia y el alcance de la jurisdicción militar. Y debo decir que no nos sorprende; no nos sorprende viniendo de quien viene, de un partido que gobierna Cataluña con la anuencia de la CUP; que ha invitado a toser a los militares en esta crisis; que comparte gabinete con Torra, que a su vez se ha opuesto a que la UME levante hospitales de campaña para proteger la salud de todos los catalanes -repito, de todos los catalanes- solo porque los militares llevan nuestra bandera española en su uniforme. Todo en orden, señorías.

La justicia militar, como ustedes bien conocen, señorías, se encuentra regulada en primera instancia -y ya se ha mencionado- en el apartado 5 del artículo 117 de la Constitución española, que establece que será una ley la que habrá de regular el ejercicio de la jurisdicción militar, que en todo caso habrá de sujetarse a los principios de la Constitución y someterse al principio de unidad de jurisdicción, que componen la base de la organización y funcionamiento de nuestros tribunales, señorías. La Constitución remite, por tanto, a una ley orgánica posterior, que en nuestro caso es la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la competencia y organización de la jurisdicción militar. De acuerdo con el artículo 1 de esta ley, la jurisdicción militar integrante del Poder Judicial del Estado administra justicia en nombre del rey con arreglo a los principios de la Constitución y a las leyes. ¿Les suena esto, señorías de Esquerra? Con arreglo a los principios de la Constitución y a las leyes significa un impecable escrúpulo legal, que es exactamente lo opuesto a su forma de entender la política. Como decíamos, el principio de unidad jurisdiccional es el que vertebra el conjunto de nuestro sistema judicial, lo que significa que pese a tener una sustantividad y características propias como consecuencia de su relación directa con la Defensa nacional, la justicia militar forma parte ya del Poder Judicial y está vinculado a este, así como a la Constitución y al resto de nuestras leyes. Por tanto, señorías, hablamos de una jurisdicción reconocida en la Constitución, sometida

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a la Constitución, sometida a las leyes y vinculada necesariamente con el Poder Judicial. ¿De qué están ustedes hablando, señores de Esquerra? ¡Cuánto ganaría España si pudiera decir lo mismo de Esquerra y de los partidos separatistas de Cataluña! Nosotros creemos, señorías, que están ustedes continuamente fuera de esos dos aspectos -Constitución y Poder Judicial- y venir a cuestionar que algo tan significativo como nuestras Fuerzas Armadas pudieran estar fuera, cuando ustedes están permanentemente fuera de la Constitución, del Poder Judicial y de los tribunales de este país, es algo que contradice muchísimo lo que usted está diciendo.

Les voy a recordar en este momento las palabras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el señor Carlos Lesmes, quien durante su intervención en el acto de apertura del presente año judicial, en el año 2019, insistió en la necesidad de abordar las reformas pendientes en esta jurisdicción, la militar, asegurando que redundarían tanto en el beneficio del Poder Judicial como en el de la propia institución militar. La militar es -afirmó- una jurisdicción con características propias y especialidades evidentes que desde hace cuatro años está adecuadamente articulada en la armazón del Poder Judicial. La especialidad de la jurisdicción castrense -dijo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial- se basa no solo la naturaleza del derecho que se aplica, sino en la de los sujetos cuyo interés y acciones tutela. Son hombres y mujeres -añadió-, cuya misión es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial en el ordenamiento constitucional y proteger nuestra seguridad y la de nuestros aliados internacionales. Son servidores públicos distintos del resto y por ello lo debe ser también su jurisdicción.

En Ciudadanos entendemos, sin embargo, señorías, que correspondería al Gobierno -con los estudios, informes, análisis y debate con especialistas y expertos, diálogo con las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas- traer a estas Cortes Generales un proyecto de ley de reforma de la jurisdicción militar que dote a los militares de un marco regulador de este derecho fundamental en la obtención de tutela judicial efectiva moderno y alineado con la regulación que rige en el resto de los países de nuestro entorno.

De igual forma, nos gustaría recordarle al Gobierno y a esta casa, lo idóneo que resultaría pedir al Observatorio de la Vida Militar -cuya renovación está pendiente y debería realizarse de forma inmediata- la elaboración de un informe monográfico sobre la jurisdicción militar, en el que se analice el derecho comparado, la situación actual en España y que finalice formulando conclusiones y recomendaciones a esta Cámara, ya que de ella depende el observatorio. Solo de esta manera, habrá garantías de elaborar una ley moderna que respete los derechos de los militares en un ámbito esencial como es la justicia.

Sin embargo, no podemos compartir la iniciativa legislativa que nos traen ustedes, señores de Esquerra, porque solo traen motivos que sirven para justificar una propuesta de limitación que son falsos. Hacen ustedes un diagnóstico peyorativo de las Fuerzas Armadas y eso nunca puede servir de punto de partida para construir nada. Y es que ustedes, señores de Esquerra, solo están interesados en el cuestionamiento de las instituciones del Estado social y democrático de derecho que es España y muy especialmente de las deslegitimación del Poder Judicial; de todo cuanto han sido ustedes testigos -ustedes y el resto de ciudadanos españoles- durante su famoso procés y el caso penal seguido ante el Tribunal Supremo, en el cual el máximo líder de su partido ha sido condenado por un delito de sedición y otro de malversación de caudales públicos, es decir, corrupción, señoría; eso de lo que tanto usted habla: corrupción. Ahora ustedes quieren acusar de corrupción. Bueno, nosotros no tenemos especial interés en cuestionar su coherencia, consideramos que son un grupo que lleva muchísimos años desacreditándose a sí mismo. Lo único que nos resulta de interés en este caso es el fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la corrupción de verdad y la regeneración democrática.

Concluyo, presidente. Somos conscientes de que es positivo que se inicie ese debate en torno al alcance y sentido de la jurisdicción militar. Estamos dispuestos a abordar estas reformas, pero instamos al Gobierno a traer ese proyecto de ley consensuado. Nuestro grupo parlamentario no va a contribuir a desacreditar a todos los servidores públicos, como hacen ustedes, señores de Esquerra, que es su único interés. Le digo una cosa, señor Rufián, creo que usted...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Finalizo, presidente.

... creo que usted no ha entrado nunca en un cuartel de nuestro Ejército, probablemente, ni siquiera habrá pasado cerca de uno. Si usted lo hiciera, lo recibirían con los brazos abiertos, le enseñarían lo que hacen y cómo lo hacen. ¡Anímese, vaya usted! Porque creo, además, que -insisto- le recibirán con los

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brazos abiertos. ¿Sabe usted por qué creo esto, señor Rufián? ¿Sabe por qué creo que nunca ha pasado por allí? Porque si hubiera ido a un cuartel y le hubieran enseñado lo que hacen, usted habría mejorado y, desde que yo le conozco, señor Rufián, usted no ha mejorado nada.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.

La garantía de justicia verdaderamente independiente se respeta si existe una organización judicial ordinaria, además de democrática -cosa que en el Estado español no siempre se puede afirmar-, es decir, aquella que prevén las leyes con carácter general, donde se regula la composición, competencias de sus órganos y procedimiento a aplicar. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Continuar sustrayendo determinados ámbitos del control de la justicia ordinaria, no es coherente con un teórico Estado democrático de derecho, solo sirve para mantener determinados asuntos, problemáticas o sucesos ocultos o alejados de la transparencia y del conocimiento público. A pesar de los intentos legales de alejar el mando militar de la jurisdicción militar, a través de su profesionalización, debe reconocerse que ello no es posible si los miembros del orden jurisdiccional militar son, a su vez, miembros del ejército. El propio sistema se encarga de mantener e inculcar los valores que se consideran apropiados dentro del ejército, y que no parece que sean acordes con los valores mayoritarios de la sociedad, con valores verdaderamente democráticos. Siguen perviviendo conductas machistas, incluso agresiones y abusos, despidos o discriminaciones por razones de género, se sigue también amparando que no se investiguen determinados sucesos dentro del ámbito militar y se sigue promoviendo el apoyo al franquismo y castigando y sancionando a aquellos militares que se atreven a cuestionar estas actitudes.

Recientemente, el cabo gallego Marco Santos Soto fue expulsado del ejército por firmar un manifiesto en defensa de la democracia y en contra de un manifiesto anterior de ensalzamiento del dictador Francisco Franco y de apología del franquismo, suscrito por altos mandos militares que, sin embargo, no fueron en absoluto ni sancionados ni amonestados. Por lo visto, quien dentro del ejército defiende el franquismo no tiene problemas y quien defiende la democracia no tiene cabida. Está claro que nosotros vamos a apoyar la propuesta.

Obrigado. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.

El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Nuet, desde nuestra formación vamos a apoyar la toma en consideración de su proposición de ley y lo vamos a hacer porque, en primer lugar, compartimos el espíritu de la misma. La Ley reguladora de la competencia y del funcionamiento de la jurisdicción militar, que es hija de estos disparos del techo que se ven todavía aquí, es una ley orgánica de 1987 -por cierto, es la Ley Orgánica 4/1987, y no 7, que por error tipográfico consta en su propuesta-. Salíamos del 'tejerazo', luego llegó la Loapa, después la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 es la que condiciona, y posteriormente, en 1987 se hace una cosa que efectivamente no tiene parangón material con ningún país de nuestro entorno, con ningún país de tradición democrática, porque se integró una jurisdicción que está formada básicamente por militares. El maquillaje cosmético se hizo por la cúspide, integrando a los generales del cuerpo jurídico militar en la Sala quinta del Tribunal Supremo para mantenerles ese tratamiento de vuecencia y excelencia, pero, efectivamente, en la base de la jurisdicción militar no pueden juzgar con imparcialidad a quien está sometido a mandato imperativo. Por tanto, compartimos los motivos e incluso creo que se ha quedado corto porque, por ejemplo, en su exposición ha dicho que uno de cada diez casos de abusos sexuales o laborales acabaron en condena. Pero no es cierto, fue uno de cada ocho casos, concretamente fueron 22 de 176 en el año que usted cita.

En segundo lugar, vamos a darle nuestro apoyo porque además de compartir el espíritu, nosotros siempre somos leales a nuestros compañeros de viaje. Podemos no coincidir en algunos aspectos de estrategia e incluso en cuanto al posicionamiento de fondo seguramente deberá introducirse en su

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momento cuando la tramitemos algún tipo de modificación, pero, en todo caso, entre quienes defendemos los derechos y libertades individuales y colectivos y aquellos que se amparan en la deontología de las reales ordenanzas para decir que las cosas están bien porque lo dice la real ordenanza, desconociendo la ontología de lo que realmente pasa, como usted muy bien denuncia, nosotros siempre estaremos al lado de los primeros.

Y en tercer lugar, vamos a apoyar esta proposición de ley que ustedes presentan porque creemos que será también un fantástico test de estrés para ver en qué posición están en esta Cámara. Será un fantástico test de estrés para ver qué hacen las fuerzas denominadas progresistas, esa mayoría progresista que conforma esta Cámara, si verdaderamente apuestan de forma decidida por todo aquello que redunda en una necesaria regeneración democrática. Hoy hablamos de jurisdicción militar, esa jurisdicción militar que, como usted ha puesto de manifiesto, es demasiado suave con el afín y demasiado severa con el disidente, cosa que por cierto podemos predicar también de la denominada jurisdicción ordinaria. Veremos si las fuerzas progresistas apuestan por ello y, por tanto, hasta qué punto apuestan por una verdadera regeneración del sistema democrático español. Y eso, además a ustedes, a nosotros y a algún otro grupo nos servirá también como test de estrés para comprobar cuál es la voluntad real de las fuerzas progresistas españolas de solucionar otro conflicto importante que tenemos, que afecta también a libertades colectivas e individuales en Cataluña. Veremos si hay, efectivamente, verdadera voluntad de regeneración democrática y de dialogar sin ningún tipo de condicionamiento para solucionar los graves problemas, los graves conflictos que padecemos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú PodemGalicia en Común tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.

El señor URIARTE TORREALDAY: Querida presidenta, queridas y queridos compañeros, trabajadores de la casa y trabajadores acreditados ante la casa, antes que nada me presento, al ser esta mi primera intervención en tribuna. Soy Roberto Uriarte, diputado por Vizcaya, y voy a intentar defender por qué defendemos el voto favorable a esta toma en consideración, que no a la iniciativa en sí, como luego explicaré.

Querido general Otazu, con todo el cariño, voy a intentar convencerte y te voy a tutear, como hago siempre. Te he escuchado atentamente -creo que es bonito que en el ejército, desde el general más alto hasta el último de la tropa, todos utilicéis el tuteo frente a este trato de señoría, un respeto malinterpretado que cava fronteras o trincheras entre nosotros y nos aleja muchas veces- y voy a intentar argumentarte por qué creo que no tienes razón en lo que defiendes. De hecho, creo que lo has defendido bien, pero, partiendo precisamente de las premisas de las que tú partes, se debe llegar justo a la conclusión contraria. Es decir, si el funcionamiento del ejército español es tan normalizado y tan eficiente, y no hay un problema generalizado de indisciplina ni un problema generalizado en la gestión, ¿por qué es necesario una jurisdicción especial y por qué -eso no lo he oído en ningún momento- si comete un delito un policía nacional y un guardia civil, el guardia civil va a ser sancionado con una pena mayor? Es decir, ¿por qué algunos de los servidores públicos de este país tienen que ser sometidos a una jurisdicción especial y se les aplican unas penas más graves que las que se aplican al resto de los servidores públicos, que comparten -digamos- la defensa del orden con ellos? No he escuchado ni una sola razón por la cual de las premisas de las que tú partes -y yo las respeto perfectamente- se llega a la conclusión contraria. Yo voy a intentar argumentar justo lo contrario. Voy a intentar argumentar por qué hay que defender, y por qué es un paso en la vía de la igualdad y del progreso en los derechos de los servidores públicos, de los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que se sean sometidos a la misma jurisdicción, a la jurisdicción ordinaria, que el resto en tiempos de normalidad y que no se les apliquen unas penas más agravadas.

Voy a leer un pequeño texto, un argumento de autoridad, que algunos de los aquí presentes, precisamente los que tienen una formación jurídica, reconocerán enseguida: "Ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o perjudicado de cualquier forma, ni procederemos ni ordenaremos proceder contra él, sino en virtud de un juicio legal por sus pares y por la ley de la tierra". Se trata de la Carta Magna de Juan I de Inglaterra, como habrán reconocido algunos, Juan sin Tierra, uno de los primeros pilares de la jurisdicción democrática

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o predemocrática cuando dice: La prerrogativa real que le concede el rey a las personas a ser juzgadas por los iguales, por sus pares. ¿Deben los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil ser juzgados por sus pares, por sus iguales? ¿Debe aplicárseles unas normas, unas sanciones, más graves por los mismos delitos que a otros servidores públicos? Eso es lo que vamos a intentar evaluar y yo voy a intentar explicarles por qué creo que eso no debe ser así, por qué creo que tenemos que avanzar en el camino de la igualdad.

Todo el mundo sabe que esta Carta Magna es un avance no solo democrático, sino civilizatorio -procede del siglo XIII-, pero hay que esperar cinco siglos más.

Hay que esperar al siglo XVIII, a que se subleven los ciudadanos de las colonias americanas contra el yugo del rey, a que proclamen por primera vez en la historia el "We the People" y a que aprueben la primera Constitución democrática de la historia. De esa constitución nos interesa su sexta enmienda. Nos falta por aquí algún experto que nos suele ilustrar con sus símiles cinematográficos, ya que tanto hemos oído lo de la quinta y la sexta enmienda en las películas de cine americano. Esa sexta enmienda establece precisamente un nuevo concepto de la jurisdicción que no es la prerrogativa real -que no el derecho- a ser juzgado legalmente por tus iguales. Cuando entra el constitucionalismo, cuando entra la democracia, cuando se hace la revolución americana y cuando se liberan del yugo del rey, ya no establecen la prerrogativa de ser juzgado por tus iguales, sino el derecho al juez natural preestablecido por la ley. Ese es el gran paso de la predemocracia a la democracia. Sinceramente, creo que los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil tienen derecho a avanzar ese paso; tienen derecho a que dejen de respetarse estos resquicios históricos, estas restricciones de sus derechos y esta excepcionalidad para épocas que no son de excepción. Por eso, aunque partamos de las mismas premisas de las que partes tú en este caso, creo que deberíamos llegar precisamente a las conclusiones contrarias a las que has llegado. Sería un avance para estos trabajadores y un reconocimiento para estas mujeres y estos hombres que se encargan de preservar la seguridad, tanto en el exterior como en el interior en el caso de la Guardia Civil, que tengan sus derechos reconocidos y que sean juzgados por los mismos tribunales que juzgan a los demás. Piensa que tú mismo has utilizado el argumento de autoridad de que determinado teniente fue condenado por el Tribunal Supremo. ¿Por qué no por la justicia ordinaria? ¿Por qué no con las mismas sanciones que el resto de los servidores públicos? ¿Qué razón hay para la excepcionalidad fuera del estado de guerra, del estado de sitio y del conflicto internacional? Esto es lo que planteamos y por eso lo defendemos. No lo defendemos nosotros porque sea una reivindicación de Unidas Podemos ni pretendemos arrogarnos ninguna representatividad ni robar ninguna iniciativa. Es una iniciativa de la propia sociedad civil. Cuando las iniciativas surgen de la sociedad civil organizada, cuando surgen de las organizaciones representativas de los trabajadores de la Guardia Civil y de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, lo que hacemos es recogerlas, trasladarlas e intentar darles cauce. ¿Es este el cauce correcto? Yo aquí voy a coincidir con el compañero Joseba Aguirretxea que me ha precedido en el uso de la palabra. Creo que realmente esta iniciativa -y siento decírselo a los compañeros del Grupo Parlamentario Republicano-no es muy correcta técnicamente. Creo que tiene limitaciones importantes. Creo que hay cuestiones tanto de forma como de fondo que no están muy bien y, concretamente, la exposición de motivos es manifiestamente mejorable. Pero, en todo caso, vamos a intentar ser positivos. En una toma en consideración no se trata de aprobar definitivamente, sino simplemente de permitir que se debata y que se mejore en el trámite.

Otra cuestión que imagino que no se les escapará, sobre todo a los medios de comunicación, es que es muy probable que los socios de Gobierno vayamos a votar diferente. Alguno ya intentará de ahí hacer sangre, pero yo creo que es un elemento que demuestra una fortaleza democrática enorme. (Rumores). No es una debilidad, todo lo contrario. Para quienes hemos nacido en un país sin libertad, la pluralidad es algo maravilloso. (Rumores). Y si es maravilloso ser capaz de consensuar los acuerdos, es aún mucho más grande ser capaz de acordar incluso los márgenes para el desacuerdo. Por si mis argumentos no son convincentes, voy a utilizar de nuevo otro argumento de autoridad, el del gran poeta libanés Jalil Yibrán, cuando les habla a los matrimonios. En este caso, me refiero a este matrimonio de conveniencia que conformamos los dos socios de Gobierno, al que esperemos que el día de mañana de alguna forma se adhieran otras fuerzas -o, al menos, que haya mayores acuerdos con el resto de fuerzas- y sigamos el mandato que nos han dado los ciudadanos de que esto sea la casa del pueblo, la casa de la palabra, la casa del acuerdo y del encuentro. Voy a leerles las palabras de Jalil Yibrán, que dicen: Llenaos las copas el uno al otro, pero no bebáis de una sola copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo.

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Bailad y cantad juntos y sed alegres, pero permitid que cada uno pueda estar solo. Vivid juntos, pero tampoco demasiado próximos, ya que los pilares del templo se erigen a distancia y la encina y el ciprés no crecen a la sombra uno del otro.

Moltes gràcies, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Uriarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina.

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.

Vamos a llamar a las cosas por su nombre: esta toma en consideración es una auténtica tomadura de pelo. Esta proposición de ley no es más que una proposición indecente, porque el objetivo no es delimitar la jurisdicción militar, no nos engañan, el objetivo es derogar de facto la jurisdicción militar. Las propuestas que nos hacen los [golpistas] 1 haciéndonos creer que la jurisdicción militar vulnera los derechos humanos, los principios constitucionales, que es arbitraria, que los tribunales militares actúan prevaricando y que, en definitiva, solo buscan la impunidad de los delincuentes no solo es falso porque no se ajusta a la legalidad, sino que es inaceptable políticamente. Ya se ha citado aquí, la mayoría de las democracias consolidadas tienen jurisdicción militar. Pero las razones que justifican la existencia de una jurisdicción militar se basan precisamente en los mismos principios en los que se basa y conforma la razón de unas Fuerzas Armadas, el principio de unidad, de jerarquía y de disciplina, razones jurídicas que vienen recogidas en el artículo 8 de nuestra Constitución.

¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas que hemos otorgado los españoles? Representarnos en la defensa de la independencia, de la soberanía nacional, de la integridad territorial y del ordenamiento constitucional; ahí es nada. Pero es que esto viene precisamente a colación del artículo 117.5 de la Constitución, que garantiza la existencia y la necesidad de una jurisdicción militar para el ámbito estrictamente castrense para las situaciones de sitio, pero siempre sometida a los principios constitucionales. Ya desde el viejo Código de Justicia Militar del año 1980 y todas las reformas que nos han llevado hasta el actual Código Penal Militar del año 2015 quedan incorporadas todas las garantías y todos los principios constitucionales. Entre otras cosas, la jurisdicción se basa en razones de eficacia, en lograr esa tutela judicial efectiva tanto en el ámbito disciplinario como en el ámbito penal, pero es que también se logra con ello mayor celeridad y mayor inmediatez en las resoluciones. También al principio de especialidad justifica la justicia militar; hoy en día se tiende a la especialización, la especialización en juzgados mercantiles, en juzgados de menores, en juzgados de violencia. Pues precisamente en juzgados y tribunales militares es donde prevalece el principio técnico de la especialidad.

Los proponentes [golpistas] 1 nos intentan hacer creer en su proposición que se vulneran los principios del informe Decaux, el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y esto es falso, como vamos a ver a continuación. De los veinte principios solo se refieren a supuesto incumplimiento en cinco. Vayamos a verlo.

Principio número 13: Ha de garantizarse el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial. Pues bien, en el nombramiento y en el amparo de los tribunales y los magistrados que lo conforman en el ámbito militar vienen sometidos igual que el resto de los magistrados y juzgados de todo el orden jurisdiccional español al Consejo General del Poder Judicial. La propia Ley de la Jurisdicción Militar, artículos 6, 8 y 118, establecen principios de independencia, inamovilidad responsabilidad y sometimiento a la ley para todos los jueces y magistrados del ámbito militar. El propio artículo 118 de esa ley nos deja bien claro -y esto es importante porque se ha repetido falazmente- que todas las autoridades civiles y los mandos militares quedan absolutamente fuera y prohíben cualquier injerencia en la jurisdicción militar garantizando el principio de independencia. Todo esto lo recogió ya el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, entre otras la 115/2001, que dejó bien claro que la jurisdicción militar garantiza órganos independientes desvinculados de mandos militares. El principio 14 también dicen que se incumple: publicidad en juicio. No es verdad. Los artículos 40, 68, 274 y 295 de la Ley Procesal Militar garantizan la vista pública y oral y el Código Penal Militar, en su disposición adicional, establece la publicidad de todas sus resoluciones. Principio 15, que dicen que se incumple también: garantizar el derecho a la defensa, juicio justo e imparcial. La propia Ley Procesal Militar, artículo 125, establece la asistencia letrada y el derecho al turno de oficio. Principio 16, que dicen que se incumple: garantizar la tutela judicial efectiva. Lo dejó bien claro el Tribunal Constitucional, sentencia 204 de 1994, y otras tantas: La jurisdicción militar garantiza y en ningún caso

1 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

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excepciona el principio de derecho fundamental del artículo 24. Y, por último, dicen también que se conculca el principio 17, aquel que dice que ha de garantizarse el recurso ante tribunales ordinarios. Pues bien, todas las resoluciones de los juzgados togados de los tribunales militares territoriales y del Tribunal Militar Central tienen recurso ante el superior jerárquico y todos ellos terminan en la cúspide judicial de la Sala quinta del Tribunal Supremo. Por cierto, para los de la tradición republicana: Sala quinta que se constituyó en la República con la Constitución de 1931. (Aplausos). La Ley Procesal Militar, en sus artículos 324 y 328, garantiza precisamente que todas las resoluciones de los tribunales militares tendrán recurso de amparo y recurso de revisión. Por tanto, garantizan absolutamente la capacidad de recursos. Y, por último, la Ley de la Jurisdicción Militar nos dice que la propia composición de esa Sala quinta del Tribunal Supremo está formada por cuatro magistrados que provienen de la propia carrera judicial y otros cuatro del cuerpo jurídico militar. Por tanto, es absolutamente falso que la jurisdicción militar española conculque los principios a los que me he referido.

Los proponentes [golpistas] 2 intentan hacernos creer que la jurisdicción militar es más favorable para los militares, que de alguna manera tiende a la impunidad de los delincuentes. Y esto es falso. No solo es un derecho no más favorable, sino que es un derecho más perjudicial, más gravoso para los militares. Los artículos 47 del Código Penal Militar y 1.3 rompen el principio que tenemos todos los demás que no somos militares del derecho penal más favorable. A ellos se les aplica precisamente el concurso real de delitos y la pena o la sanción más grave si hay colisión entre el Código Penal Militar y el Código Penal ordinario. Por tanto, otro principio falso.

Termino, señora presidente. Lo que han intentado los [golpistas] 1, los señores que pretenden engañarnos, es desprestigiar y acabar con la jurisdicción militar. Pero no lo van a conseguir, como tampoco van a conseguir desprestigiar a los más de 120 000 hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas, hombres de honor, hombres de sacrificio, hombres de lealtad, hombres de disciplina y hombres y mujeres profesionales. No lo van a lograr porque de ello depende la soberanía judicial, de la que depende la soberanía nacional y, en definitiva, de la que depende la nación española, esa a la que ustedes tanto odian.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Rufián Romero pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortega. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Sí, señor Rufián.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta, pido la palabra por el artículo 71.3 del Reglamento.

El señor Ortega Smith nos ha llamado hasta cuatro veces golpistas. Le pido que lo retire, a no ser que se refiera a Tejero, quien, por cierto, seguramente le vote a él.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rufián.

Señor Ortega Smith-Molina, ¿retira del Diario de Sesiones la expresión "golpistas"?

El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: No la puedo retirar porque quienes dan golpes de Estado son golpistas, y me estoy refiriendo a Puigdemont, me estoy refiriendo a Torra y me estoy refiriendo a todos los que han sido condenados.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega Smith.

Vamos a retirarlo del Diario de Sesiones. Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra). Silencio, por favor. No vamos a establecer un debate sobre las decisiones de la Presidencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Nasarre Oliva.

La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, señora presidenta.

Tranquilidad, señorías. Buenos días a todos. En primer lugar, permítanme expresar el reconocimiento y el profundo agradecimiento para nuestras Fuerzas Armadas, que han desempeñado un papel importante, un gran papel, durante la crisis sanitaria por el COVID-19 que hemos sufrido en nuestro país; unas Fuerzas Armadas que, mediante la operación Balmis, con más de diez mil actuaciones, han apoyado con tareas de desinfección, creando hospitales de campaña en todo el territorio, ayudando en bancos de alimentos, en residencias, con las personas sin techo; en definitiva, unas Fuerzas Armadas de hombres y mujeres con humanidad, valores y vocación de servicio. (Aplausos).

2 1Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

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Señorías, hoy debatimos una iniciativa del Grupo Republicano para la toma en consideración de la delimitación de la justicia militar. La jurisdicción militar tiene su fundamento en nuestra propia Constitución, concretamente en el artículo 117.5. Así, la propia competencia deriva de la norma fundamental del Estado. La justicia militar tiene, pues, actualmente un carácter de jurisdicción especializada, en atención a la naturaleza del derecho que aplica y del ámbito institucional que ejerce. Dicha especialización es, concretamente, la que justifica su mantenimiento en el ámbito castrense y también para el ámbito de la paz. La mencionada jurisdicción militar se encuentra vinculada desde su mismo origen a la defensa nacional. Precisamente así, a través de la jurisdicción militar, es como se encauza la participación del Poder Judicial en la defensa nacional, de nuestra defensa nacional.

Por lo tanto, señorías, estamos ante un tema de calado, un tema de gran complejidad. Ciertamente, la iniciativa se podría compartir en el fondo, la voluntad de transformación, de cambio, de la evolución, por el mismo paso del tiempo. Pero, señorías, no es suficiente; no es suficiente el fondo; debemos acompañarlo de la forma o, mejor dicho, las formas en política. Como bien saben, las formas en política son fundamentales. Hablamos de Constitución, de leyes orgánicas, de estructura en el Estado.

La modificación que nos proponen en su iniciativa tiene un carácter parcial y no ofrece alternativa necesaria dentro de la arquitectura legal. ¿Cómo? ¿Quién asumiría esas competencias? Son cuestiones no banales que, en su propuesta, no dan respuesta. Desde nuestro grupo, el Grupo Socialista, entendemos que cualquier cambio legislativo de estas características se debería estudiar, reflexionar en profundidad, con datos, análisis e informes con soporte legal. Pero, en su iniciativa, los supuestos no son fundamentados ni argumentados adecuadamente, nutriéndose, en ocasiones, con fuentes no fiables de datos jurídicos poco serios.

Señorías, no solamente así lo entendemos, sino que, además, lo compartimos con el criterio de las principales asociaciones militares, que proponen la necesidad -como nosotros- de abordar una profunda revisión de la jurisdicción militar. Se necesitan justificaciones doctrinales y jurisprudenciales y, cómo no, un diseño, un método y un modelo rigurosos, con seriedad y, sobre todo, con el consenso de todos. La forma; la forma, señorías.

Nuestro grupo, el Grupo Socialista, siempre ha estado presente en los cambios importantes de nuestro país, adaptándonos, tomando la iniciativa. Los socialistas somos partícipes activos y necesarios del cambio, como hemos demostrado en nuestra historia y estamos demostrando, cada día, desde este Gobierno progresista. Pero, siempre, señorías, desde el diálogo, con responsabilidad, seriedad y con garantías jurídicas necesarias.

En definitiva, y como Baltasar Gracián escribe en El arte de la prudencia -que, por cierto, recomiendo a la bancada ultra de la derecha tener más presente en las sesiones-, señorías: el fondo y la forma. No basta la sustancia, también se necesita la circunstancia, el momento y el cómo.

Señorías, nuestro Grupo Socialista considera muy importantes los momentos adecuados, los criterios en los que se fundamente cualquier transformación que se aborde para afrontarla desde la responsabilidad y el rigor que se merece. No lo observamos así en esta iniciativa y, por lo tanto, no podemos apoyarla, pero entendemos que el tema en cuestión se deberá abordar en el futuro y consideramos que la forma adecuada no es otra que el camino del estudio profundo enriquecido con criterios diversos -militares, civiles, jurídicos-, criterios de todo tipo. En definitiva, siempre con los pilares de la política, los pilares más importantes; no los olviden: el diálogo y el consenso.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Nasarre. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DEROGA EL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52.D) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2020, DE 18 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000008).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el

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artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero.

Para fijar posición en relación con el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de esta iniciativa, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran Benito, por un tiempo de cinco minutos.

El señor BARANDIARAN BENITO: Desde mi escaño, presidenta, únicamente quiero recordar que este punto está llamado a ser debatido en este Congreso a los efectos simplemente de aceptar o no la lectura única del proyecto de ley, es decir, aplicar o no el artículo 150 -si no me equivoco- del Reglamento del Congreso, y poco debate puede haber sobre eso, salvo que queramos mantener un minuto de gloria en algún medio; cualquier otra cosa sobra en este debate.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. (El señor Cambronero Piqueras pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: ¿Sí, señor Cambronero?

El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidenta.

Renunciamos a nuestro turno de palabra.

La señora PRESIDENTA: Muy bien, muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Intervengo brevemente. Nosotros no entendemos qué pretenden los grupos que hoy traen esto aquí, que van a hacer intervenciones para intentar confundir a la ciudadanía e intentar retrasar un trámite parlamentario que está claro. Para la ciudadanía que nos esté escuchando, en el artículo 150 del Reglamento del Congreso pone -y leo textual- que la tramitación en lectura única -que hace que podamos hacer nuestro trabajo más rápido- simplemente se podrá utilizar cuando la simplicidad de la formulación lo permita. Pues bien, para que la gente que nos escuche lo sepa, estamos hablando de un real decreto-ley que se tramita como proyecto de ley que tiene exactamente un renglón, y en el renglón pone bien claro: Derogar el apartado d) del artículo 52 que permitía despedir por causas objetivas a la gente trabajadora que esté de baja. Simple y llanamente pone eso, nada más, es un renglón; es decir, si se está de acuerdo o no. Cualquier intento de confundir o de embarullar el debate creo que responde a otros asuntos, y me viene a la cabeza -imposible no recordarlo- lo que hicieron en 2016 y en toda la legislatura anterior. En 2016, cuando nosotras entramos aquí -éramos nuevas en el grupo parlamentario-, el salario mínimo interprofesional era de una cantidad miserable, 655 euros. Lo primero que hicimos, la primera proposición de ley que registramos fue la de la subida del salario mínimo interprofesional para que en 2020 estuviera en 950 euros. Esta proposición de ley, que registramos en septiembre de 2016, tenía cuatro páginas -literalmente, cuatro páginas-, pues el Partido Popular y Ciudadanos, con una triquiñuela parlamentaria parecida a lo que intentarán hoy aquí, fueron ampliando el plazo de enmiendas para trabajar en ellas semana tras semana. Repito, tenía cuatro páginas; que necesitaran una semana para leerse cuatro páginas parecería comprensible, pero que pasara una semana y otra y otra y otra... ¿Saben cuánto tiempo pasó? Pasaron tres años y la iniciativa acabó decayendo porque se acabó la legislatura. Con esta triquiñuela parlamentaria, en tres años de legislatura no fueron capaces de dejarnos debatir en torno al salario mínimo interprofesional. Y esto solo tiene dos explicaciones: o bien no les gusta nada trabajar y estuvieron tres años cobrando un sueldo público y no fueron capaces de leerse cuatro páginas, o bien realmente lo que querían era que en esta Cámara no se debatiera la subida del salario mínimo interprofesional, que, repito, en el momento en que presentamos eso era miserable para gente que trabaja jornada completa; ¡ojo, que eran 655 euros! Nosotros pretendíamos -afortunadamente ya es ley en nuestro país y ya está en el BOE- que el salario mínimo fueran 950 euros para la gente trabajadora en su conjunto, incluida la gente que les vota a ustedes. Pero les dio igual y extendieron el trámite parlamentario una semana, otra, otra y otra para impedir que se votara. Por tanto, en esto les pido que, como tenemos memoria democrática, no hagan lo mismo, que no confundan el debate, que no pongan palos en las

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ruedas y que digan simplemente si quieren que la gente trabajadora tenga un poquito más de protección que la que tenía antes y que la gente no pueda ser despedida de manera objetiva por estar de baja en el trabajo y que ayudemos a que tenga un poquito menos miedo la gente trabajadora y que tengan un poquito más fácil organizarse. Solo tienen que decir si quieren hacerlo o si no quieren hacerlo y todo lo demás es confundir a la ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.

El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias.

Señora presidenta, muchas gracias, con la venia. Fondo y forma, decía la portavoz del Partido Socialista; diálogo y consenso, también ha comentado. Nos ocupa en esta intervención una excepcional pirueta procesal o formal mediante la cual se convalidó el Real Decreto 4/2020, por el que se deroga el artículo 52 en su apartado d) del Estatuto de los Trabajadores, y a su vez se aprobó de forma unánime por esta Cámara para que se tramitara mediante proyecto de ley por el trámite de urgencia. Se remitió a la Comisión de Trabajo, se abrió el plazo preceptivo para la presentación de enmiendas, VOX presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo y se acordó la aplicación del artículo 150 del Reglamento de esta Cámara para que fuera aprobada mediante el procedimiento excepcional de tramitación directa y en lectura única. En definitiva, se trata de un sinsentido jurídico en el que, de producirse, esta Cámara operaría contra sus propios actos, sería una contradictio in terminis, una incongruencia del Legislativo que no debería ser digna de vuestras señorías. Un decretazo sobre otro decretazo. Evidentemente, no lo podemos aprobar por un mínimo sentido de decoro, pues es evidente que tal forma requeriría un amplio consenso parlamentario que no se da. Procedimiento donde se fuerza de forma sinuosa y torticera la exigencia de extraordinaria y urgente necesidad establecida en el artículo 86.1 de la Constitución española, que carece absolutamente de motivos objetivos y de oportunidad. Es evidente que lo que se pretende mediante esta pirueta es cercenar el debate, impedir las aportaciones de los distintos grupos que no ríen las gracias o desgracias del Gobierno, y muy concretamente de VOX y de 3 600 000 votantes, huir del consenso e imponer el trágala progre y de izquierdas. Una norma con una veteranía de cuarenta años y numerosas modificaciones se deroga con carácter de urgencia antes de la pandemia del coronavirus y todas las lamentables circunstancias que nos han rodeado, pero, además, una norma que el Tribunal Constitucional avaló como no discriminatoria, pero, eso sí, a la izquierda no le importa nada, más bien al contrario. Con esta actuación profundiza en la incertidumbre que sufren todos los sectores económicos por su anárquica profusión legislativa durante este túnel oscuro, donde la parca ha campado a sus anchas desde ese maldito 8 de marzo que algún insensato se dedica a vitorear, si no, ¡de qué la urgente necesidad tras cuarenta años de existencia de la norma! Y uno se pregunta ¿por qué, por qué? Porque al Gobierno de izquierdas no le importa generar empleo, sino regularlo; porque al Gobierno de izquierdas no le importan los empresarios, sino la sumisión reverencial al poder; porque al Gobierno de izquierdas no le importan los trabajadores, sino una famélica legión de silentes mendicantes; porque al Gobierno de izquierdas no le importa la libertad de empresa porque no creen ni en la libertad ni en la empresa.

Se pretende que debatamos hoy aniquilar la seguridad jurídica, y lo que hay que hacer con el Estatuto de Trabajadores es profundizar en la norma dando al mercado de trabajo la flexibilidad necesaria para la supervivencia de miles de empresas y que puedan conservar y crear empleo digno y, por ende, el futuro decoroso de millones de trabajadores y sus familias. Y eso requiere diálogo y consenso, cosa que mediante este trámite se intenta evitar.

Al Gobierno de izquierdas no le importa ni la gente, pues ya no saben dónde gime ni dónde está; su preocupación vital es repartir la miseria en vez de generar la riqueza, por eso no quiere el diálogo, por eso no quiere el consenso y por eso quiere la vía rápida. El Gobierno de izquierdas quiere ciudadanos obedientes, nunca mejor dicho, y para ello son capaces de todo, y retorcer la norma hasta el límite como en el presente. No se puede votar a favor de lo que se pide, hemos de votar no porque estas cosas son muy serias y hay que hablarlas en serio.

Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.

El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidenta.

Voy a ejercer mi derecho parlamentario, a pesar de los temores de algunos diputados que me han precedido, pero no se preocupen, que yo sí que voy a hablar del proyecto de ley, yo sí hablaré e intentaré no confundir a la ciudadanía; no voy a hablar del salario mínimo porque nada tiene que ver este proyecto de ley con el salario mínimo, pero si hablaré del Estatuto de los Trabajadores. Y quiero comenzar expresando que el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor, ya que la naturaleza y la simplicidad de la tramitación así lo permiten, pero esperamos y confiamos que esta excepcionalidad no se convierta en la nueva normalidad parlamentaria, porque que esta tramitación vaya a ser abreviada no significa que esté exenta de falsedades y porque este proyecto de ley que hoy acordamos tramitar en lectura única nada tiene que ver con la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en el año 2012.

Con esta tramitación lo que se va a desmontar y se va a derogar es la gran mentira con la que inauguraban la legislatura en materia de trabajo. Por mucho que insistan el presidente, el señor Iglesias o la ministra que debiera ocuparse de trabajo, esta falsedad no se va a convertir nunca en una verdad, y no lo va a hacer aunque ustedes se dediquen, señorías del PSOE y de Podemos, a frotar insistentemente esa famosa lámpara de Aladino que últimamente se le aparece al ministro Escrivá. El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores no es ninguna novedad de la reforma laboral, ha estado amparado en el propio Estatuto de los Trabajadores y por los tribunales de forma continua desde el año 1980 hasta la actualidad, lleva cuarenta años con nosotros. (Aplausos). De un Gobierno responsable se espera menos política propagandística de cartón piedra y más rigor.

La reforma laboral es la reforma del empleo, como ustedes además están reconociendo implícitamente al aplicarla en gran parte de esas medidas de su escudo social. Han puesto el grito en el cielo, solo nos ha faltado verlos rasgarse las vestiduras, para derogar un epígrafe del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que no de la reforma laboral, que lleva décadas en vigor y que es causa de unos treinta despidos al año. Sin embargo, callan miserablemente ante la pérdida de miles de empresas, de autónomos y de cientos de miles de puestos de trabajo en nuestro país. (Aplausos). Ni una sola palabra les hemos oído decir ante el cierre de Alcoa, de Sniace, de Nissan Barcelona. ¿En qué están ustedes? ¿Para quién gobiernan ustedes?

Voy finalizando. Pero si algo ha conseguido esta pandemia es que, con la obligación de ponerse la mascarilla, a ustedes se les haya caído la careta, porque ustedes quieren fiar el futuro de nuestra economía, de nuestro mercado laboral y de nuestro país a una especie de juego a 'susto o muerte', pactando con nocturnidad y casi en la clandestinidad con los herederos de ETA, que hay que reconocer, eso sí, que estos saben mucho de susto, pero sobre todo saben mucho de muerte en nuestro país. Lamento decírselo, han pasado ustedes de las mascarillas al pasamontañas, y no crean que los españoles somos ajenos a esta infamia. (Rumores). ¿Creen ustedes que la Unión Europea, a quien se están encomendando para que les salve la papeleta en estos momentos, ve con buenos ojos esa nueva alianza del pasamontañas entre el Gobierno y Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral, que ha creado más de tres millones de puestos de trabajo en nuestro país? (Continúan los rumores). Sé que le cuesta escucharlo, señora Lastra; no crispe usted el Congreso, que vamos por el buen camino (Protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Porque lo realmente preocupante con sus medidas temerarias y con sus compañías peligrosas es que están haciéndoselas pasar canutas a muchos españoles.

Termino de forma amable y con un consejo que espero que sepan aprovechar. Dejen de mentir, porque el día que se les ocurra decir una verdad nadie les va a creer y, como decía Aristóteles, el castigo del embustero es no ser creído aun cuando dice la verdad, y hay que reconocer que a este Gobierno a embustero no le gana nadie.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.

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La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenos días.

Tras la buena jornada de ayer con la aprobación del ingreso mínimo vital, tiene razón el refranero cuando dice que la alegría es flor de un día, y más cuando tenemos que escuchar las barbaridades que acaba de decir en esta tribuna el portavoz del Partido Popular. (Aplausos).

La verdad es que cuesta escuchar que no merece la pena avanzar con urgencia para eliminar miedos a personas enfermas que temen ser despedidas por no poder ir a trabajar. Quizás es que se escudan hoy en hablar de procedimiento, o algunos de pasamontañas, para no hablar del fondo, de ese fondo que recuerda que fue el Partido Popular el que facilitó el despido por absentismo ante bajas médicas en su reforma laboral de 2012. (Aplausos). ¿No será que se esconden tras el articulado para no reconocer una buena y una justa propuesta de este Gobierno con la que no solo se está avanzando con un supuesto que ponía a los trabajadores en una situación de riesgo, sino que -a ustedes, que les gusta tanto el cumplimiento de las normas- esta permite que por fin cumplamos con la obligación legal de adaptar el ordenamiento español para cumplir con la normativa europea?

Y es más curioso que pretendan ralentizar la tramitación de este procedimiento tras lo vivido con la bofetada de realidad que nos ha dado el coronavirus en este país, porque hoy una baja médica no solamente es una concepción personal o una recomendación individual del personal sanitario a un trabajador enfermo, sino que es una cuestión de salud pública. Hoy, personas que me han precedido en esta tribuna deberían explicar a los 700 000 trabajadores y trabajadoras de este país que han sufrido bajas a causa del coronavirus que serían susceptibles de ser despedidos si no fuera porque este Gobierno está poniendo en marcha medidas para que esto no sea así. (Aplausos).

Ustedes hablan de normas y de cumplimiento, pero a la primera de cambio lo que hacen es incumplir los acuerdos y los consensos, y bien lo vemos hoy aquí. El Partido Popular está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores de este Congreso incumpliendo el acuerdo de la Junta de Portavoces de limitar al 25 % la asistencia al Congreso (aplausos) o incumpliendo la limitación legal al 30 % que ordena el Ministerio de Sanidad. (Aplausos.-Rumores). Pero veníamos a hablar de procedimiento, que es lo que marca el punto en el día de hoy. (El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben).

La señora PRESIDENTA: Señor Matarí, por favor, silencio.

La señora PEÑA CAMARERO: Vamos a poner un poco de orden en lo que significa este procedimiento. Este decreto se ha aprobado en el Consejo de Ministros, se convalidó hace escasas semanas aquí, ni siquiera el Partido Popular votó en contra de su artículo porque era... (El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben).

La señora PRESIDENTA: Perdón. Señor Matarí, por favor, le ruego silencio; silencio y respeto a la oradora, la señora Peña. (El señor Suárez Lamata pronuncia palabras que no se perciben). Señor Suárez, silencio, por favor.

La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidenta.

De hecho, se nos ha habilitado a todos los grupos la posibilidad de presentar enmiendas en tiempo y forma, y solo han sido dos de los diez que conformamos este hemiciclo los que lo hemos hecho. Se ha cumplido el artículo 151 en lo que tiene que ver con la tramitación del procedimiento de urgencia y se acude al 150 -cosa que debatimos hoy- en cuanto a forma y contenido porque, tal y como reza ese artículo, por la naturaleza o simplicidad de procedimiento, y como se hace más necesario que nunca este decreto que se trae aquí, donde solo hablamos de suprimir un pequeño inciso dentro de un artículo de normativa laboral, parece de cajón que lo hagamos de esta manera urgente.

Empezaba con un refrán y, como buena castellana, seguiré con otro. Al Partido Popular le digo, con respeto, que mentiroso sin memoria pierde el hilo de la historia. Voy a poner una fecha, 24 de agosto de 2018. Varios grupos parlamentarios propusieron una ley orgánica de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se solicitó que, por su simplicidad, fuera también tramitada conforme a lo previsto en el artículo 150, y ustedes, la derecha de este país, que en ese momento conformaban la mayoría de la Mesa, adalides de la democracia, ¿saben lo que hicieron? La Mesa impidió que este Pleno se pronunciara democráticamente sobre una tramitación que había sido solicitada por los grupos parlamentarios que sumaban la mayoría absoluta en esta Cámara. (Aplausos).

Así que ustedes hablan de normas, hablan de democracia, pero ¿qué es más democrático que el hecho de que todos y todas hoy -la soberanía popular, los representantes de los españoles y las

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españolas- nos pronunciemos aquí, en directo, en cumplimiento de la normativa, a la vista de todos, para derogar uno de los artículos más lamentables de la normativa laboral española. No lo olvidemos, queremos empezar por aquí para acabar con ese compromiso que tenemos los socialistas de dejar atrás la reforma laboral del Partido Popular, unas normas, una mala legislación que afecta a todos los trabajadores, a los de Núñez de Balboa y a los del barrio de Gamonal.

Para terminar, les tengo que decir lo siguiente. Ayer no se atrevieron a votar en contra del ingreso mínimo; espero que hoy tampoco se atrevan a votar en contra de esto porque nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Peña.

Votaremos en tres minutos. (Pausa).

Señorías, vamos a iniciar las votaciones.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, RELATIVA A LA RETIRADA DE CONDECORACIONES A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES FRANQUISTAS QUE HUBIESEN OBSERVADO CONDUCTAS INCOMPATIBLES CON LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000268).

La señora PRESIDENTA: Proposiciones no de ley. Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los derechos humanos. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 97 más 253 votos telemáticos, 350; a favor, 49 más 158 votos telemáticos, 207; en contra, 20 más 37 votos telemáticos, 57; abstenciones, 28 más 58 votos telemáticos, 86.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS A RAÍZ DE LA CRISIS DEL COVID-19. (Número de expediente 162/000222).

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano sobre protección de los trabajadores autónomos a raíz de la crisis del COVID-19. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Republicano.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 96 más 253 votos telemáticos, 349; a favor, 67 más 195 votos telemáticos, 262; en contra, 29 más 58 votos telemáticos, 87.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS. (Número de expediente 121/000002).

La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley del impuesto sobre las transacciones financieras presentadas por los grupos parlamentarios VOX, Ciudadanos y Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 95 más 253 votos telemáticos, 348; a favor, 47 más 105 votos telemáticos, 152; en contra, 48 más 148 votos telemáticos, 196.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES. (Número de expediente 121/000006).

La señora PRESIDENTA: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, presentada por el Grupo Parlamentario Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 95 más 252 votos telemáticos, 347; a favor, 5 más 16 votos telemáticos, 21; en contra, 90 más 228 votos telemáticos, 318; abstenciones, 8 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, ORGÁNICA DE DELIMITACIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR. (Número de expediente 122/000033).

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, orgánica de delimitación de la justicia militar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 95 más 252 votos telemáticos, 347; a favor, 18 más 54 votos telemáticos, 72; en contra, 77 más 197 votos telemáticos, 274; abstenciones, 1 voto telemático.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DEROGA EL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52.d) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2020, DE 18 DE FEBRERO. (Número de expediente 121/000008).

La señora PRESIDENTA: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 95 más 252 votos telemáticos, 347; a favor, 78 más 217 votos telemáticos, 295; en contra, 17 más 35 votos telemáticos, 52.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se acuerda la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del citado proyecto de ley.

Buenas tardes a todos, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.