BRS Assigned Accession Number
000000980
Seccion
CONGRESO
Legislatura
XIV
ORGANO (solo diarios)1 Pleno
Numero de Sesion (solo diarios)
27
Numero de diario/boletin
28
Fecha
20200611
Serie
Pleno y Diputación Permanente
Tipo de publicación (D/B)
D
Numero de Pagina
1
Texto cabecera inicial de la publicación1 CORTES GENERALES
2 DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
3 PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Texto cabecera secundaria de la publicación1 Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 28
2 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
3 Sesión plenaria núm. 27
4 celebrada el jueves,
5 11 de junio de 2020
Texto de la publicacion1 ORDEN DEL DÍA:
2 Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
3 - Proyecto de ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 2-1, de 28 de febrero de
2020. (Número de expediente 121/000002) ... (Página4)4 - Proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del Registro
de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. "BOCG. Congreso
de los Diputados", serie A, número 6-1, de 6 de marzo de 2020. (Número de
expediente 121/000006) ... (Página24)5 Toma en consideración de proposiciones de ley:
6 - Del Grupo Parlamentario Republicano, Orgánica de delimitación de la
justicia militar. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número
58-1, de 21 de febrero de 2020. (Número de expediente 122/000033) ... (Página39)7 Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas:
8 - Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley
por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al
trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley
4/2020, de 18 de febrero). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 8-1, de 6 de abril de 2020. (Número de expediente 121/000008) ...
(Página52)9 Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página57)10 Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)11 Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)12 Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas. (Votación) ... (Página58)13
14 SUMARIO
15 Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
16 Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página4)17 Proyecto de ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras ... (Página4)18 La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) presenta a la Cámara el
proyecto de ley de referencia.
19 En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la
señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los
señores Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX, y Castellón Rubio, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
20 En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Botran Pahissa,
del Grupo Parlamentario Mixto, y Matute García de Jalón, del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores
Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario
Plural; y Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora
López Domínguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común, y el señor Hurtado Zurera, del Grupo
Parlamentario Socialista.
21 Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de
Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves ... (Página24)22 El señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez) presenta a la
Cámara el proyecto de ley de referencia.
23 En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor
Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural.
24 En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cambronero Piqueras,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Carvalho Dantas, del
Grupo Parlamentario Republicano, y Maestro Moliner, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común; los señores Alcaraz Martos, del Grupo Parlamentario VOX, y Rojas
García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora
Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.
25 Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página39)26 Del Grupo Parlamentario Republicano, Orgánica de delimitación de la
justicia militar ... (Página39)27 Defiende la toma en consideración de la proposición de ley de la
proposición de ley el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario
Republicano.
28 En turno en contra tiene la palabra el señor Gutiérrez Díez de Otazu, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
29
30 Replica el señor Nuet Pujals y duplica el señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
31 En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gutiérrez
Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y
Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; Uriarte
Torrealday, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, y Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario
VOX.
32 Hacen uso de la palabra los señores señor Rufián Romero, del Grupo
Parlamentario Republicano, y Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario
VOX.
33 Finaliza el turno de fijación de posiciones con la intervención de la
señora Nasarre Oliva, del Grupo Parlamentario Socialista.
34 Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas ... (Página52)35 Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por
la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18
de febrero) ... (Página52)36 En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran
Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rodríguez Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común; Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Movellán Lombilla,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Peña
Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.
37 Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página57)38 Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por los grupos
parlamentarios Socialista, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
y Ciudadanos a la proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios
Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común,
relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades
franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los
valores democráticos y los principios de protección de los Derechos
Humanos, se aprueba por 49 votos a favor más 158 votos telemáticos, 207;
20 en contra más 37 votos telemáticos, 57; y 28 abstenciones más 58 votos
telemáticos, 86.
39 Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por los grupos
parlamentarios Socialista y Republicano a la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Republicano, sobre protección de los trabajadores
autónomos a raíz de la crisis del COVID-19, se aprueba por 67 votos a
favor más 195 votos telemáticos, 262; y 29 en contra más 58 votos
telemáticos, 87.
40 Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)41 Sometidas a votación conjunta las enmienda a la totalidad de devolución
presentadas al proyecto de ley del Impuesto sobre las Transacciones
Financieras, se rechazan por 47 votos a favor más 105 votos telemáticos,
152; y 48 en contra más 148 votos telemáticos, 196.
42 Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al
proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del Registro
de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, se rechaza por
5 votos a favor más 16 votos telemáticos, 21; 90 en contra más 228 votos
telemáticos, 318; y 8 abstenciones con voto telemático.
43
44 Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)45 Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Republicano, orgánica de delimitación de la justicia
militar, se rechaza por 18 votos a favor más 54 votos telemáticos, 72; 77
en contra más 197 votos telemáticos, 274; y 1 abstención con voto
telemático.
46 Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas. (Votación) ... (Página58)47 Sometida a votación el Acuerdo de tramitación directa y en lectura única
del Proyecto de Ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas
de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real
Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero), se aprueba por 78 votos a favor
más 217 votos telemáticos, 295; y 17 en contra más 35 votos telemáticos,
52.
48 Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.
49 Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
50 DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
51 - PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS.
(Número de expediente 121/000002).
52 La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
53 Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de
totalidad del proyecto de ley del impuesto sobre las transacciones
financieras. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra,
en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda.
54 La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
presidenta. Buenos días, señorías, a todos y a todas.
55 Efectivamente, en esta primera hora de la mañana de hoy defiendo ante la
Cámara el proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras,
que, al igual que el impuesto sobre determinados servicios digitales que
debatimos justamente la semana pasada, fue aprobado por el mismo Consejo
de Ministros el 18 de febrero y contra el que los grupos parlamentarios
Popular, VOX y Ciudadanos han presentado sendas enmiendas a la totalidad,
solicitando, por tanto, su devolución al Gobierno.
56 Señorías, a la vista del tenor de algunas de estas enmiendas, más que
enmiendas a la totalidad a este concreto proyecto de ley yo diría que la
derecha y la extrema derecha lo que están haciendo realmente es enmendar
a la totalidad la existencia misma de un sistema tributario. Si me
permiten, antes de entrar en detalle sobre esta iniciativa, quiero
decirles que algunas de las argumentaciones en contra de este proyecto de
ley tienen en su base un profundo, peligroso y creo que bastante
irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario, o al
menos, señorías, una fiscalidad que hunde sus raíces en los principios
constitucionales que no son equivalentes a los de igualdad o a los de
progresividad. Dicho de otra manera, el argumento final de estas
enmiendas a la totalidad, desde luego, no coincide con los principios que
rigen la actuación de este Gobierno, en donde todos tienen que contribuir
según la capacidad económica al sostenimiento del conjunto de los gastos
públicos. Por eso, señorías, entiendo que como las enmiendas son muy
parecidas -concretamente las del Grupo Popular- a las que se presentaron
la semana pasada sobre una figura fiscal justamente distinta, el impuesto
de servicios digitales, ustedes lo que han hecho es limitarse a cambiar
el nombre de un impuesto por otro y, por tanto, utilizar exactamente la
misma argumentación. Y sé también, señorías, que en esta Cámara, por
parte de la derecha y de la ultraderecha, hay un frente del no al que el
Grupo VOX ha arrastrado al Grupo Popular y, por el contrario, también
existe un grupo de fuerzas políticas que defendemos una fiscalidad justa,
moderna, progresiva, sin privilegios y que, por
57
58 tanto, respete el interés general de la nación española y no solo unos
intereses concretos defendidos por unos pocos.
59 Señorías, el objetivo fundamental de este impuesto es contribuir a la
consolidación de las finanzas públicas y reforzar el principio de equidad
tributaria, habida cuenta de que las operaciones que ahora se someten a
tributación no se encuentran sujetas en estos momentos a impuesto alguno;
dicho de otra forma, existía un vacío legal en este tipo de figuras
porque la fiscalidad tradicional no estaba adaptada a este volumen de
operaciones. Y estoy segura de que la inmensa mayoría de las personas que
nos escuchan saben que contribuyen con modestia, pero siempre con
esfuerzo, a este sostenimiento de las arcas públicas y, por tanto, no
entienden que haya situaciones que suponen un privilegio inaceptable y,
cómo no, un agravio para el conjunto de los contribuyentes. Por tanto,
con su rechazo al avance en progresividad del sistema tributario la
derecha parece ser coherente con la idea de que el Estado tenga un papel
meramente asistencial y de que el sector privado de alguna manera
sustituya a lo público en la prestación de servicios. Algunos consideran
que es un planteamiento muy liberal. Yo considero, sin embargo, que es un
planteamiento antiguo, decimonónico, que es bastante irreal y que basta
con mirar la situación actual para saber que tenemos que adaptarlo todo
en el entorno político, pero el sistema fiscal de forma expresa.
60 Digo que la derecha parece defender esto porque en realidad, cuando las
cosas vienen mal dadas, también demanda recursos públicos, lo que hace
inabarcable el abordaje de todas las propuestas y de todas las
iniciativas que se plantean. Por eso, señorías, me gustaría recordarles
cuando hablamos de fiscalidad que esto no es un ente abstracto, que
ustedes mismos, cuando se rechazó hace unos días una iniciativa que se
presentó para el pago de salarios de 13 millones de trabajadores, imagino
que estarían pensando en que para hacerlo posible se requeriría una
fiscalidad fuerte, una fiscalidad que contribuyera con más recursos para
poder hacer frente a esas promesas. Si no, como siempre, nos encontramos
con que con una mano planteamos una cosa y con la otra la contraria. O,
por ejemplo, señoría, se han mostrado ustedes partidarios de ampliar los
ERTE hacia un conjunto de sectores, se han mostrado partidarios de que se
dé más dinero a las comunidades autónomas, de que se adopten otras
medidas. Y la pregunta siempre es la misma: si ustedes piensan que hay
que bajar impuestos e incrementar el gasto público, ¿cómo piensan ustedes
cuadrar la ecuación, habida cuenta de que alguna de las teorías, que se
sostienen solo para que las aguante el papel -por ejemplo, las relativas
a la curva de Laffer-, está demostrado empíricamente que no tienen ningún
tipo de sustento?
61 También les ruego, señorías, que en las declaraciones que hacen desde la
tribuna y también en los mismos papeles no deslegitimen el sistema
tributario ni tampoco presenten sistemáticamente cada tributo como una
traba al crecimiento económico, porque sin el sistema tributario España
no solo sería un país mucho más injusto, sino que además en estos
momentos carecería de futuro desde un punto de vista económico.
Procuremos tener un debate riguroso, que se atenga a la realidad y que
por tanto no plantee hipótesis que de por sí, su sola la formulación, ya
lo sitúa a uno fuera de la realidad. Es imprescindible, por tanto, que
contemos con ese sistema fiscal que vamos avanzando, un sistema que se
adapte a las nuevas realidades de la economía, y el proyecto de ley
intenta dar un paso adelante en esa dirección.
62 Señorías, quiero decirles asimismo que de las previsiones sobre los fondos
públicos que en otras épocas o en otros Gobiernos se han realizado por
otros grupos parlamentarios -en concreto, por el Partido Popular- siempre
llegamos a la misma conclusión: cuando ustedes están en la oposición
reclaman de forma permanente una bajada de impuestos; cuando ustedes
llegan al Gobierno, si la situación económica es como la que tenemos en
este momento, producen una masiva subida de impuestos, indiscriminada,
afectando sobre todo a la clase media y a la clase trabajadora, y ya
cuando se van acercando las fechas electorales suelen ustedes lanzar
algún anzuelo fiscal para justificar de alguna manera que no ha sido
posible cumplir con sus promesas -insisto, de bajada de impuestos
masivas- porque las circunstancias no lo permitían. Es un modus operandi
al que los que llevamos tiempo escuchando sus propuestas estamos
acostumbrados y entiendo que en el día de hoy se repetirá una simulación
de esto mismo.
63 El objeto de este debate es subrayar que es fundamental e imprescindible
que algunas operaciones económicas que han ido adquiriendo más relieve en
los últimos años con motivo del desarrollo digital tengan una fiscalidad
diferente. La fiscalidad que está acomodada a las figuras que hasta la
fecha existían es más propia de los negocios tradicionales, de los
comercios tradicionales, y encuentra mal encaje -por tanto, es injusta-
con actividades que, hoy por hoy, se están desarrollando. En este
contexto, en ese intento permanente de hacer que la fiscalidad de nuestro
país sea la del siglo XXI, esta figura fiscal -igual
64
65 que la que presenté la semana pasada- no es un invento del Gobierno
español, no es una excentricidad de algo que surge de unos días de
estudio, sino que llevamos años trabajando en el entorno europeo
justamente para encontrar la unanimidad necesaria para tener un impuesto
de transacciones financieras que sea común, que sea al menos homogéneo en
todos los países miembros y que tenga su referencia en la propuesta de
directiva que ya lanzó la Comisión Europea en septiembre del año 2011.
66 Llevamos nueve o diez años trabajando para hacer posible que esta figura
fiscal se extienda por unanimidad al conjunto de países. Es por ello que
la mayoría de los Estados miembros han ido adelantando su posición. No se
puede esperar a que el veto de algunos haga que el resto no avancemos
hacia una tributación justa. Por eso, diez Estados miembros aplican ya de
alguna forma este impuesto sobre transacciones, en concreto, Bélgica,
Chipre, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Rumanía, Polonia o
Reino Unido, y la Comisión defiende la armonización de todos ellos para
reducir las distorsiones que esta variedad presenta en la competencia o
desalentar prácticas especulativas arriesgadas y prevenir también futuras
crisis. Una propuesta que busca una justa contribución del sector
financiero a este saneamiento presupuestario de los Estados miembros, que
compense también el papel en la crisis económica y el coste de los
rescates que se sufragaron por los contribuyentes y que ascendieron a un
importe próximo a los 4,6 billones de euros en el contexto europeo. Dicho
de otra manera, parece lógico que cuando en un momento crítico se ha
tenido que salir al rescate de algunas entidades, posteriormente, cuando
la situación amaina, estas mismas entidades contribuyan en justa medida
al sostenimiento del conjunto de los servicios públicos. El objetivo de
la Comisión, como el del Gobierno de España, era corregir una situación
de infragravamen del sector financiero respecto de otros sectores
económicos y obtener ingresos fiscales que, en el caso de la directiva,
se repartirían entre la Unión Europea y los Estados miembros, reduciendo
de esta manera las contribuciones nacionales, una suerte de fiscalidad
mutualizada en el conjunto de la Unión.
67 La perspectiva del impuesto para Europa era que entrara en vigor en el año
2014, es decir, hace más de seis años, con unos ingresos en torno a 57
000 millones de euros para los veintisiete países miembros; luego se
rebajó esta cantidad, pero era una cantidad de recursos importantes y
sobre todo en un tiempo -año 2014 y 2015- donde la situación económica
era una situación complicada, que requería de un incremento de los
ingresos públicos. De hecho, posteriormente, el Parlamento Europeo emitió
un dictamen favorable también a esta aplicación del impuesto reclamando
mejoras en su diseño. Y así, podría seguir con las reuniones sucesivas
del Ecofín, en definitiva, con todos los intentos que ha habido en el
marco internacional de encontrar un marco común que nos permitiera
adoptar entre todos una fiscalidad homogénea. Pero, como les decía,
cuando el conjunto de los países de la Unión ha estudiado las solicitudes
-cada uno con su peculiaridad-, aunque hemos tenido avances importantes,
no se ha logrado conseguir la unanimidad. Creo que sus señorías no son
ajenas a que algunos países son reacios a que se pongan en marcha
determinadas figuras fiscales por albergar la sede de algunas empresas.
De hecho, como ocurrió también la semana pasada, algunos países ven ese
intento directamente como una agresión a la propia situación nacional de
los lugares donde se encuentran las sedes fiscales de las grandes
compañías que operan bajo este tipo de operaciones.
68 Por eso, quiero decirles que es oportuno y conveniente que nos
adelantemos; hay que seguir marcando la pauta convencidos de que
posteriormente el conjunto de la Unión Europea hará una fiscalidad
respecto a estas materias o estos temas. Por tanto, vuelvo a
comprometerme -como hice con los servicios digitales- a que, cuando esa
situación llegue -ojalá sea pronto, aunque no tenemos muchas expectativas
de que los trabajos avancen rápidamente-, adaptaremos nuestra figura
fiscal a esa nueva realidad. De alguna forma, el proyecto de ley ya
contempla la posibilidad de adaptación en caso de que tengamos por fin
una coherencia y saquemos un discurso a nivel europeo. Simplemente,
quiero volverles a recordar la proporción que tiene España de ingresos
públicos en relación con el PIB, muy por debajo de la media de la
Eurozona, concretamente más de 7 puntos. Una diferencia que incluso llega
a los 10 puntos si nos comparamos con Francia, con Finlandia o con
Dinamarca. Por tanto, no es razonable pedir, como hacen las enmiendas a
la totalidad, que nuestro país espere a ese acuerdo global europeo, como
tampoco lo han hecho el conjunto de países que acabo de enumerar.
69 Mucho menos razonable es, señorías, la argumentación que esconde la
voluntad de que cuanto más tarde aprobemos este impuesto, mejor. Yo diría
que cuanto más se tarde en todo lo relacionado con la fiscalidad, según
la derecha de este país, mejor. Porque detrás del intento de aprobar el
impuesto hay, en definitiva, intereses legítimos -que yo respeto y que,
por tanto, poco tengo que decir a propósito de ellos-, pero también les
quiero comentar que son intereses ajenos al general de nuestro país o,
dicho de
70
71 otra forma, benefician a unos pocos a costa del conjunto de los
ciudadanos. De hecho, este impuesto defiende que se provoque un gravamen
del 0,2 % en las operaciones de compra de acciones de sociedades
españolas, con independencia de la residencia de los agentes que
intervengan en estas operaciones y siempre que sean empresas cuyo valor
de capitalización bursátil sea superior a los 1000 millones de euros. Por
tanto, como ustedes ven, una realidad bastante concreta de un grupo de
actividad bastante concreto y que tiene, además, un volumen de beneficios
considerable para poder seguir contribuyendo en una mayor proporción al
conjunto de las arcas públicas. De esta manera y tal como está redactado,
evidentemente, el impuesto evita que se afecte a la compraventa de
acciones de pymes, por ejemplo; tampoco afecta al mercado primario; no
tiene impacto en las empresas que por primera vez salen a bolsa y también
estarán exentos de pagarlo las compras que son imprescindibles para el
funcionamiento de infraestructuras del mercado de reestructuración
empresarial o las que se realizan -esto es muy frecuente- entre
sociedades del mismo grupo o, por ejemplo, las secciones de acciones de
carácter temporal.
72 El sujeto pasivo del impuesto es el intermediario financiero, el que
transmite o el que ejecuta la orden de adquisición, el que tiene que
pagar el impuesto, no es el cliente el que está obligado al mismo.
Haciendo hincapié en este último dato, el impuesto, señorías del Partido
Popular y de VOX, no afecta a los clientes, no afecta a los que tienen
cuentas corrientes, tarjetas, hipotecas, préstamos o imposiciones a plazo
fijo, por citar algunos de los ejemplos bancarios más habituales. Dicho
de otra manera, esta fiscalidad no va a gravar a los ahorradores. Si
tienen ustedes en cuenta los últimos datos publicados, por ejemplo, la
encuesta financiera de la familia del año 2017, solo un 11 % de los
hogares españoles tienen acciones en empresas cotizadas. De hecho, el 30
% se encuentra en el percentil más rico del país, solo el 2,8 % se
encuentra en hogares que tienen un menor nivel de renta. De manera que yo
les rogaría que, frente a esta modesta reforma tributaria, se antepongan
los argumentos que sus señorías consideren convenientes, pero que no
pongamos excusas para no abordar una cuestión en la que cada uno tiene su
opinión, pero que es absolutamente fundamental.
73 La liquidación del impuesto se plantea a nivel mensual. Los contribuyentes
tienen que presentar, asimismo, una declaración anual. Tenemos una
estimación de ingresos en torno a 850 millones de euros anuales. Es una
estimación, habrá que esperar a la aplicación definitiva del impuesto,
pero me consta que este impacto recaudatorio es todo lo que les interesa
a algunos de los grupos que se oponen a esta tramitación. Me gustaría
decirles que este impuesto no es solo una herramienta recaudatoria, sino
que también es un instrumento que va orientado a disuadir movimientos
especulativos en los mercados financieros. De alguna manera, intenta
evitar algunas turbulencias que alteran el funcionamiento normal del
mercado y que, a través de este tipo de imposiciones, se consigue
estabilizarlas y, directamente, regularlas.
74 La semana pasada los grupos parlamentarios presentaron enmiendas a la
totalidad reprochando al Gobierno que no se esperara a Europa para
acordar un impuesto similar. Hoy también son las mismas argumentaciones
las que presentan sus señorías. Tengo que repetirlo: creo que nuestro
país no puede esperar años y años de debates en los marcos
internacionales para poner en marcha este tipo de medidas. Justo en este
momento, en una situación de crisis económica que acompaña a la
sanitaria, se hace mucho más importante que podamos afinar bien, trazar
bien cuáles son las áreas económicas, las figuras fiscales que están
ejerciendo una competencia desleal en relación con otros sectores y que
por otra parte tienen una capacidad efectiva de abundar en su aportación
de ingresos al conjunto de las arcas públicas.
75 Entrando en cada una de las enmiendas, más allá, como les decía, de que
prácticamente son iguales que las que se presentaron para el impuesto
digital, quiero decirles a sus señorías del Grupo Popular que vuelven a
mezclar, palabra por palabra, el impuesto de transacciones con el Mobile
World Congress, como se hizo la semana pasada con el otro tipo de
impuestos, utilizando una argumentación que no se corresponde con la que
ustedes mantenían en su día, cuando afirmaban que la suspensión del
Mobile World Congress era por el desafío independentista, porque se
ahuyentaba a las empresas que acudían al congreso por esa razón. Hoy
dicen que es con motivo de las situaciones que tienen que ver con las
figuras fiscales, y sé, señorías, que nos separa un abismo entre el
planteamiento fiscal que tienen ustedes, porque el modelo de sociedad que
tienen ustedes es distinto al modelo de sociedad que tiene este Gobierno.
Pero también me gustaría decirles que no afinan en el conjunto de
cuestiones que plantean en su enmienda, simplemente porque no dan ustedes
ninguna razón específica para no aceptar el debate de enmiendas de este
tipo de impuestos; dicho de otra manera, no explican por qué están en
contra del impuesto sobre transacciones financieras. Lo que hacen es un
cuestionamiento, una reflexión a propósito
76
77 de los sistemas fiscales o del momento que vivimos, pero ustedes no entran
en la profundidad de este impuesto para explicarnos por qué consideran
que este impuesto no tiene que contribuir o cómo podríamos abordarlo de
forma distinta a la que plantea al Gobierno, simplemente utilizan, como
decía, el corta y pega de la semana pasada.
78 En cuanto al Grupo de VOX, ustedes afirman que este impuesto supone una
bajada de rentabilidad en la adquisición de acciones, en los fondos de
inversión, un destino que, según ustedes, sostiene a una parte importante
de las familias españolas. Se trata de una irrealidad, señorías, de una
falacia, de una marca más de la extrema derecha, porque las cuentas
bancarias constituyen el 34 % del valor de los activos financieros de los
hogares españoles, seguidas por los planes de pensiones, que representan
un 16,2 %. De hecho, el porcentaje de familias y hogares que disponen de
manera directa de acciones cotizadas en bolsa es escasamente de algo más
del 10 %, y además se corresponde con los hogares que tienen lógicamente
tramos superiores de renta y de riqueza. Por eso es insostenible afirmar
que este impuesto que grava las transacciones financieras va a perjudicar
el ahorro de las familias españolas, en un país donde más de 12 millones
de personas, el 26 % de nuestra población, está en riesgo de pobreza o de
exclusión social, según el último informe de la Red Europea de Lucha
contra las Pobreza. ¿Cómo que va a afectar genéricamente al ahorro de los
hogares españoles? En todo caso, a determinado tramos de rentas de
determinadas situaciones tributarias que ustedes conocen perfectamente.
Porque, de verdad, señorías de VOX, a veces creo que se sitúan fuera de
la realidad; no creo que muchas familias de nuestro país estén
excesivamente preocupadas de lo que tienen que invertir en bolsa o del
impacto que va a tener este impuesto de transacciones financieras sobre
su vida cotidiana. La gente está preocupada por ver cómo puede llegar a
fin de mes, por ver cómo puede conservar su empleo y, por tanto, no se
parece nada lo que ustedes explican en su exposición de motivos con la
realidad que viven las familias en nuestro país. Ahora afirman que el
impuesto va a suponer una distorsión fiscal que hará que el capital se
desplace, según ustedes, a otros mercados, y terminan por negar que vaya
a contribuir de una manera eficaz a la consolidación de las finanzas
públicas. Vuelvo a llevar a su ánimo, señorías, que del resto de países
que han puesto en marcha este tipo de fiscalidad ninguno es un país de
izquierdas peligroso, como algunas veces parece que ustedes quieren
insinuar cuando ponemos en marcha alguna figura de este tipo, ni se ha
producido en esos lugares distorsión fiscal, ni desplazamientos de
capital a otros mercados, ni ha pasado ninguna de las historias que
cuentan ustedes dentro de su argumentario.
79 Finalmente, el Grupo Ciudadanos se opone también al impuesto. Lo califica
de improcedente, como hizo la semana pasada con el de servicios
digitales. Dicen que no están en contra de la figura fiscal, sino que hay
que esperar a que se alcance el consenso internacional, un consenso que
he dicho en mi intervención que se demora ya más de siete años. Y también
dicen sus señorías que resulta perturbador crear nuevos impuestos que
graven a los ciudadanos, a las empresas o a los emprendedores. En
realidad, este impuesto a quien grava en exclusiva es a los
intermediarios financieros, no a los clientes, como acabo de explicar.
Siempre insisto en que por esa regla de tres no habría un impuesto sobre
las empresas. Según la teoría de sus señorías, toda la fiscalidad que se
carga sobre la empresa termina trasladándose al producto final. Por
tanto, la conclusión sería que no se aplique ningún tipo de fiscalidad a
las empresas para que no afecte a la persona que consume finalmente los
servicios, un argumento que no se sostiene por su propia filosofía y la
forma de abordarlo.
80 Termino diciéndoles, señorías, que es importante que seamos capaces de
seguir trabajando en el conjunto de nuestro sistema fiscal para que entre
todos podamos articular una fiscalidad más propia de la era que vivimos
en relación con las actividades económicas, cada vez más numerosas, que
se desarrollan en otro formato, bajo otras premisas y que no encuentran
un encuadre adecuado en la fiscalidad tradicional, una fiscalidad que
evite la competencia desleal de aquellos negocios que tienen un paraguas
mejor en la fiscalidad tradicional. Debemos crear las condiciones de
competencia necesarias, tanto para nuestras empresas como a nivel
internacional, que permitan que todo el mundo pueda contribuir en función
de lo que gana, en función de lo que tiene, para que todos los ciudadanos
podamos disfrutar de unos servicios públicos que nos permitan ser más
fuertes. Por eso, en nombre del Gobierno, quiero solicitar al resto de
los grupos que habitualmente han expresado su voluntad de seguir
explorando vías fiscales razonables que nos permitan modernizar nuestro
sistema tributario para que gane en progresividad y haga que nuestra
recaudación tenga mayor rentabilidad, sea más efectiva y así vayamos
acercándonos a esa media europea, encontrando con imaginación e
innovación figuras fiscales que nos permitan adecuarnos a ese nuevo molde
de la realidad del siglo XXI. Y les agradezco de antemano, señorías, la
pedagogía fiscal que ejercen cuando suben a esta tribuna, de manera que
seamos capaces de explicar a todos los
81
82 ciudadanos que los impuestos no son un castigo, sino todo lo contrario,
una garantía de seguridad para que en nuestro país podamos hablar de
clases medias, porque sin esta fiscalidad no podríamos hablar de una
clase media que disfruta de unos buenos servicios públicos, no podríamos
hablar del sostén de seguridad de los trabajadores; en definitiva, no
podríamos hablar de que conformamos una sociedad. Sin fiscalidad, con una
política de sálvese quien pueda, habrá de todo menos códigos éticos que
permitan que la sociedad se pueda articular. Por eso, dejemos los
discursos populistas, abundemos en esa pedagogía fiscal y construyamos
entre todos un sistema justo y progresivo que nutra de recursos
suficientes al Estado del bienestar, que es la verdadera garantía que la
política puede ofrecer al conjunto de los ciudadanos.
83 Muchas gracias. (Aplausos).
84 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Hacienda.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores). Gracias, señora Cepeda.
85 A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad de
devolución. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez Granados.
86 La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidenta.
87 Señorías, estamos aquí una semana después de presentar una enmienda a la
totalidad a otro impuesto, a la tasa sobre servicios digitales. Este es
otro impuesto que viene a gravar una circunstancia, como ha comentado la
ministra, y ahora comentaremos por qué entendemos que no es el momento de
traer a esta Cámara este impuesto. Como bien ha dicho la ministra, desde
2011 la Unión Europea, el conjunto de los veintisiete países, se estaba
planteando si era necesario que en el seno de la Unión Europea se creara
este tipo de impuestos. De esos veintisiete países, tan solo diez -entre
los que se encuentra España- decidieron que sí, que querían ponerlo en
marcha, pero ahí quedó. Curiosamente, el Gobierno de Sánchez, que
necesitaba mucha más financiación -todo esto era antes de la crisis que
hemos sufrido por el coronavirus-, empezó a rescatar impuestos que creían
que podían ayudarles con los gastos públicos para mantener a un Gobierno
tan numeroso en ministerios y con tantísimos altos cargos. Entonces, nos
trajeron este impuesto que carga contra nuestros ciudadanos, nuestras
empresas y nuestros emprendedores, y les voy a explicar por qué.
88 Como ha pasado con otros impuestos, como el impuesto sobre las hipotecas o
como va a pasar con la llamada tasa Google sobre servicios digitales, lo
que ocurre al final es que las empresas lo vuelcan. En este caso, los
intermediarios financieros lo volcarán en comisiones de mantenimiento de
cuentas o en otro tipo de comisiones que al final pagan los de siempre.
Cuando usted pone en marcha un impuesto, no mira lo que sucede en el
resto de la economía. Este Gobierno rescata la idea de crear este
impuesto a pesar de que han podido ver lo mal que ha ido el impuesto en
otros países en los que se ha puesto en marcha. No ha mirado los fracasos
de Suecia, de Francia o de Italia, tanto en los objetivos de recaudación
pretendidos como en los efectos adversos que ha tenido la creación de
este impuesto. Ha tenido una nula eficacia. Con las previsiones
económicas que tiene nuestro país -un déficit que va a superar de largo
el 10 %, una deuda que llegará a pasar el 125 % del producto interior
bruto y un paro que va a superar el 20 %-, lo único que se les ocurre es
traer un nuevo impuesto en estos momentos de crisis. Aunque, como les
digo, ya pensábamos que este impuesto no tenía sentido antes, porque es
un impuesto que no ha funcionado en otros países y que, además, no tiene
el consenso de la Unión Europea, lo que traerá unas consecuencias
desastrosas para nuestra economía.
89 Señora ministra, yo le pregunto: ¿están ustedes seguros de que no tendrá
efectos negativos en nuestra economía? Porque yo creo que sí. Los efectos
negativos que puede traer a nuestra economía se los vamos a decir ahora.
Fomentará la deslocalización de empresas españolas influyendo en el nivel
de nuestra competitividad. A día de hoy no se ha alcanzado ese consenso
que nosotros creemos que debe tener en la Unión Europea. Este impuesto
grava fundamentalmente la compra de acciones de sociedades españolas
admitidas a negociación en un mercado secundario a partir de un nivel de
capitalización bursátil; eso es cierto, pero con independencia del
mercado en el que coticen, el lugar en el que se produzca la adquisición
y la residencia de los intervinientes en la operación. Resumiendo, y para
que todos nos entendamos, las personas o empresas que quieran invertir en
acciones de este tipo de empresas españolas tendrán que pagar más,
tendrán que pagar impuestos. ¿Y eso qué significa? Pues que preferirán
invertir en empresas que no sean españolas. Eso no ayuda a nuestra
economía. Es más que probable que la competitividad de las empresas
españolas se vea afectada. ¿Por qué? Porque cuando tienes otros
90
91 productos que no están gravados preferirás invertir en esos productos.
Curiosamente, el Gobierno sabe que existe esa posibilidad y, de hecho, en
la memoria del análisis del impacto normativo dice que este impuesto
aumentará los costes de transacción, lo cual podría producir una
reducción del volumen global negociado; es decir, se van a comprar menos
acciones de empresas españolas. ¿Qué ocurrirá también? La deslocalización
de las empresas. Si tú tienes una empresa en España en la que quieres que
inviertan comprando tus acciones y resulta que te gravan con un impuesto,
¿qué es lo que vas hacer? Llevarte la empresa a otro país. De hecho,
ahora mismo es muy fácil deslocalizar una empresa. Es muy fácil irse de
España. Ya tenemos muy pocos incentivos para atraer inversión a nuestro
país. ¿Queremos poner una traba más a que lleguen? ¿Queremos poner una
traba más a este tipo de empresas? Es cierto que este impuesto gravará a
empresas de un volumen grande, un conjunto pequeño de empresas, pero que
aportan al producto interior bruto un 10 % y que tienen una empleabilidad
global de un millón y medio de personas. ¿De verdad que con la tasa de
paro que tenemos ahora mismo y la que se espera queremos poner trabas a
este tipo de empresas? En el sistema financiero ya no tenemos fronteras y
esto es un problema real, la deslocalización de nuestras empresas.
92 Esto penalizará a los pequeños inversores, eso está claro. La inversión en
este tipo de acciones, en este tipo de productos, la hacen de manera muy
general, aunque sea en un porcentaje no muy alto, grandes fortunas, pero
también pequeños ahorradores; la hacen pymes y la hacen multinacionales.
Pero aquí también estarán metidos estos fondos de pensiones,
asociaciones, fundaciones, instituciones de inversión colectiva, que
también van a contribuir teniendo que pagar estos impuestos, y esto recae
directamente sobre el ciudadano. De ser así, todo esto perjudicará
irremediablemente a pequeños ahorradores, que se calcula que son un 20 %
del total de las acciones que se cotizan en nuestro país, un porcentaje
pequeño, pero un buen porcentaje. Un gravamen que primitivamente nació en
Europa con la finalidad de incrementar la contribución de las
instituciones financieras al resarcimiento de los costes de la crisis de
2008 puede ser un macabro y rotundo fracaso si este coste finalmente se
vincula a través de estas comisiones que he comentado al consumidor
final.
93 Los principales operadores del mercado se oponen a la creación de este
nuevo impuesto y realmente son instituciones que tienen un peso
específico en la economía europea. El Banco Central Europeo dice que las
consecuencias adversas a los mercados financieros pueden llevar a que
tengan dificultades para generar liquidez. La Comisión Nacional del
Mercado de Valores dice que esta postura acrecentará el nivel de
competencia entre mercados y las plazas financieras. Bolsas y Mercados
Españoles dice que considera que esta carga fiscal disminuirá nuestra
capacidad de adaptación ante nuevas situaciones de crisis y debilitará
nuestro mercado financiero. ¿Por qué? Porque incrementará las
deslocalizaciones, fomentará la fuga de capitales y generará la ventaja
competitiva de un mercado globalizado. Las asociaciones de usuarios de
bancos, cajas de ahorros y seguros tampoco ven con buenos ojos este
impuesto. ¿Por qué? Porque este impuesto puede suponer un coste para los
pequeños accionistas. Pero es que voy más allá, la presidenta actual de
la AIReF, en la Comisión de Hacienda de hace una semana, nos dijo que
todo impuesto que se creara en España aislado y fuera del paraguas de la
Unión Europea sería perjudicial para nuestro país.
94 Y tenemos que hablar también de los objetivos irreales de recaudación.
Aquí quiero poner un ejemplo, porque la señora ministra ha puesto el
ejemplo de una cantidad agregada en la Unión Europea, pero ¿y si pensamos
en países concretos? Francia pensó que iba a recaudar 1500 millones
anuales y cuando la implementó se encontró una recaudación de 80
millones. Y no solo eso, lo que se encontró es que el Tribunal de Cuentas
francés emitió un informe diciendo que los costes de este impuesto que
gravaba este tipo de operaciones se derivaron a los consumidores finales
vía comisiones y vía otro tipo de cargos para la pequeña y mediana
empresa, para el consumidor final y para pequeños inversores. Es decir,
tenemos un claro ejemplo de que no ha funcionado, pero nosotros queremos
seguir trayéndolo.
95 Señora ministra, no es cuestión de que no queramos que se creen nuevos
impuestos, es que creemos que no hace bien para la economía española, es
que nosotros necesitamos crecer ahora más que nunca, es que hemos estado
tres meses con nuestra economía paralizada. ¿Y ahora vamos a implementar
este impuesto? Yo creo que no es el momento, mi partido tiene claro que
no es el momento, igual que no es el momento de implementar la tasa de
servicios digitales. En Ciudadanos no nos oponemos a la creación de un
impuesto si tuviera otro tipo de características y, por supuesto, si
estuviera consensuado dentro de la Unión Europea. ¿No podemos esperar?
¿Queremos seguir imitando a los países que lo han implementado y no les
ha ido bien? ¿Sabemos que hay países en los que no ha funcionado este
tipo de impuestos y los vamos a traer aquí? Pues esperaremos a las
consecuencias, señora ministra. Proponemos que, en lugar
96
97 de aprobar con carácter aislado en nuestro país una carga fiscal de
evidentes consecuencias globales, se realicen los esfuerzos necesarios en
el seno del Ecofin para su implantación, si procediera, siempre con la
máxima armonización posible dentro de la Unión Europea y respetando los
estudios realizados por la Comisión Europea sobre el modelo más adecuado
de impuestos financieros. No creemos, sin embargo, que ahora sea el
momento más apropiado para potenciar la implantación de este impuesto,
dado que vivimos en un momento de crisis en el que todas y cada una de
nuestras empresas, sean pequeñas, sean grandes o sean multinacionales,
que son creadoras de trabajo, han sufrido durante estos meses la
paralización financiera.
98 Muchísimas gracias. (Aplausos).
99 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias.
100 Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario VOX, el señor Manso Olivar.
101 El señor MANSO OLIVAR: Con su permiso, señora presidenta. Buenos días.
102 Me alegro de verlos a todos y de verlos tan bien; sin embargo, no quisiera
empezar mi intervención sin recordar a los más de 44 000 españoles
fallecidos por culpa de la crisis del coronavirus. Espero que el Señor
los haya acogido en su seno.
103 Hoy venimos a hablar de un nuevo impuesto y, como bien nos ha explicado la
señora ministra, no es más que un impuesto que grava la compraventa de
acciones en determinadas condiciones, para determinadas compañías
españolas y de determinado volumen. Y dice la señora ministra que este
impuesto en principio no va a gravar a las familias, pero me cuesta mucho
creer eso. Ustedes quieren poner un impuesto del 0,2 % en cada compra, y
resulta que las comisiones que cobra el sector por intermediar en la
compraventa de acciones están entre el 0,25 y el 0,35. Como usted
comprenderá, si estaban cobrando entre el 0,25 y el 0,35 por prestar el
servicio y ahora tienen que asumir un impuesto del 0,20, alguien va a
tener que pagar esto. Y lo van a pagar, efectivamente, los pequeños
ahorradores. Le voy a explicar por qué lo van a pagar los pequeños
ahorradores, señora ministra. Usted dice: es que los pequeños ahorradores
solo tienen un 11 % de su patrimonio en acciones. Ya, pero un 16 % en
seguros y fondos de pensiones y un 14 % en fondos de inversión, y todo
eso está materializado en acciones. Mire usted, cuando se pone un
impuesto, señora ministra, hay que preguntarse lo que decía Fuentes
Quintana. Él decía que los impuestos al final los pagan las personas, y
hay que pensar qué personas van a pagar, en último término, este
impuesto.
104 Pero vamos a continuar. Saben ustedes que lo que hoy aprobamos -o no
aprobamos- es la famosa tasa Tobin, cuya autoría intelectual se atribuye
al señor Tobin, aunque él la repudia porque lo que él ideó es otra cosa.
Esto es una idea de Keynes expresada en su Teoría general. Keynes es la
autoridad sobre la que ustedes basan este impuesto, pero yo opino, como
Röpke, que Keynes era un inmoral; recordemos la famosa frase "a largo
plazo, todos muertos", que lo único que ha traído es el cortoplacismo a
la política.
105 Señora ministra, nosotros claro que consideramos que los impuestos son
necesarios. Son supernecesarios para sufragar las actividades mínimas del
Estado en un principio y, posteriormente, las actividades que despliega
un Estado moderno, un Estado social y de derecho. Pero los ingresos y los
gastos públicos los tiene usted tasados, en cuanto a que tienen que
cumplir criterios de eficiencia y economía, en los artículos 31.1 y 31.2
de la Constitución. Es decir, no se puede gravar cualquier cosa que se
nos ocurra, como tanto le gusta a veces a la izquierda. Hay unas
limitaciones, que son los criterios de economía y eficiencia, y no me los
invento yo, los tiene usted en la Constitución; el artículo 31.2 le dice
los criterios que tienen que cumplir los gastos y, efectivamente, el 31.1
nos recuerda a los españoles que los impuestos, además de ser necesarios
y que tenemos que contribuir a la carga del Estado, son constitucionales,
y además todos sabemos que son inevitables. Si no estuvieran estos
criterios de economía y de eficiencia, insisto, cualquier idea sobre
incrementar los ingresos públicos sería buena y, por lo tanto, con la
desbordante imaginación que tienen ustedes para crear figuras
impositivas, no pararían.
106 Pero vamos a los argumentos técnicos. El 18 de mayo estuvo aquí el
gobernador y, hombre, el gobernador, qué quiere que le diga, no por él en
lo personal sino por la institución que representa, yo creo que algo nos
tenía que decir, y no podemos alegar nuestra elección directa por el
pueblo para decir que eso cubre nuestro desconocimiento. Le voy a leer el
párrafo que he extractado de la declaración del gobernador sobre la
creación de nuevas figuras impositivas, abro comillas: La magnitud del
reto de la consolidación es tan relevante que yo creo que no podemos
hacer descansar o pensar que con cambios
107
108 mínimos o con figuras impositivas nuevas vamos a ser capaces de afrontar
el reto que tenemos por delante. Cuando uno ve la estructura tributaria
española, es evidente cuáles son las figuras tributarias que tienen
capacidad recaudatoria. Se le pueden añadir otros elementos -adornos,
diría yo-, pero con capacidad recaudatoria suficiente, hay básicamente
cuatro figuras tributarias. Y, por supuesto, creo que es importante que
no dejemos de lado la eficiencia en la modificación; igual que lo he
enfatizado desde el punto de vista del gasto público, es importante
enfatizarlo desde el punto de vista del sistema impositivo. Esto decía, y
este impuesto que usted propone hoy, señora ministra, no cumple con los
criterios de eficiencia y economía que exige la Constitución. Solamente
por ese motivo, deberíamos devolverles a ustedes el proyecto. Y, como
usted ve, el gobernador también nos habla de que pensemos en los gastos,
en la eficiencia y la economía de los gastos.
109 Pero yo le voy a explicar a usted, desde mi punto de vista, por qué el
impuesto no es eficiente. Primero -lo ha explicado muy bien Ciudadanos-,
tiene escasa capacidad recaudatoria. Usted habla de 850 millones. Usted
ha dicho que esto es una figura del siglo XXI. Será del siglo XXI, pero
Suecia la abandonó en el siglo XX, después de siete años de fracaso y
recaudar un 3 %. Francia ha recaudado un 40 % de lo esperado. Italia ha
recaudado un 16 % de lo esperado. Este impuesto, además, erosiona las
bases fiscales de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y
del impuesto sobre la renta de sociedades, porque, lógicamente, si cada
vez que usted compra y vende tiene que pagar, lo que va a ocurrir es que
las operaciones de venta se van a retrasar el tiempo y se van a producir
lo que llaman los financieros menores rotaciones de las carteras.
110 La experiencia internacional dice más cosas, señora ministra. La
experiencia internacional dice cosas como que se deslocalizan las
operaciones. Suecia perdió la mitad de su mercado, que se le fue a
Londres. Ustedes hablan de la recaudación bruta, pero olvidan cosas como
la recaudación neta; ¡es que nos interesa mucho la recaudación neta,
señoría! ¿Cuánto cuesta recaudar este impuesto? Eso es importante. ¿Qué
gastos asume el contribuyente por cumplimentar este impuesto? Le repito,
¿qué erosión sobre las bases imponibles de otros impuestos va a generar
este impuesto?
111 Miren ustedes, la Comisión Europea, que puede ser una fuente de autoridad
si ustedes la quieren aceptar, dijo que se reduciría el crecimiento en
Europa entre el 0,17 y el 3,43, con una media de 1,76. No estamos para
perder un 1,76 % de crecimiento. Como tampoco estamos -como decía la
Comisión Europea- para que se nos deslocalicen entre el 70 % y el 90 % de
las operaciones; o para que aparezcan nuevos instrumentos financieros que
repliquen el comportamiento de las acciones y no estén sujetos a
gravamen.
112 Para ustedes este es un impuesto ideológico; es una manera de incrementar
los ingresos ahora que tenemos un déficit público elevado -por culpa del
coronavirus en su parte coyuntural, pero no solo- y tiene su punto
ideológico porque ustedes dicen: esto lo van a pagar los especuladores.
Miren ustedes, no hay evidencia científica de que la tasa Tobin o el
impuesto sobre transacciones financieras elimine la especulación o
reduzca la volatilidad; no hay evidencia científica. He traído toda una
referencia de literatura científica que pondré a disposición de la señora
ministra si quiere al acabar esta intervención. Lo que sí dice la
evidencia científica, señora ministra, es que la introducción de un
impuesto sobre las transacciones financieras eleva los costes de
financiación de las empresas afectadas; eleva los costes de financiación
de las empresas afectadas, y en esta situación, en la que lo que
necesitamos es empleo, necesitamos inversión, y la inversión es mayor y
más abundante cuando los costes de financiación son más bajos.
113 A mí siempre me ha llamado la atención una cosa, señora ministra, sobre
esta afición de la izquierda a la tasa Tobin, porque parece puramente
ideológica -de verdad, se lo digo con todo el cariño, puramente
ideológica-, y dicen que están yendo contra los especuladores y la
volatilidad en los mercados. Miren ustedes, las formas de financiación de
las empresas no son solo acciones, las empresas también se financian en
el mercado de bonos y ustedes nunca hablan de poner ese impuesto sobre
transacciones financieras en el mercado de bonos, donde también hay mucha
volatilidad y mucha especulación, y usted sabe cuál es el bono con el que
más se especula y que más volatilidad tiene: el bono público. Si ustedes
fueran a la Dirección General del Tesoro a decirle a esa dirección
general -que es una de las grandes direcciones generales de este país,
como la de la Guardia Civil: Vamos a poner una tasa Tobin, pero sobre
toda la compraventa de títulos, tanto los que son financiación vía
capital como los que son financiación vía deuda, la primera pregunta
sería: ¿Incluida la deuda pública? ¿Qué le iba decir la dirección
general? Que ni se le ocurra; se le elevan los costes de financiación.
Mire, lo que no queremos para el sector público no se lo podemos exigir
al privado. Si no le vamos a poner una tasa Tobin a los bonos públicos
porque eso
114
115 eleva el coste de financiación de la deuda pública, no se lo ponga usted a
los privados; no quiera para los demás lo que no quiere para sí.
116 Por esto -y voy concluyendo-, mi grupo ha presentado enmienda a la
totalidad y le solicita al Gobierno la devolución de este proyecto de
ley. El impuesto no cumple con los criterios de eficiencia y economía que
exige la Constitución porque tiene una escasa capacidad recaudatoria
bruta, porque hay una serie de costes no evaluados que reducirían su
recaudación neta, como son los costes de administración del impuesto por
parte de la Hacienda pública, los costes de cumplimiento y la erosión de
bases fiscales en otros impuestos. Y, tercero, por las elevadas
externalidades que genera, entre las que destacan las pérdidas de empleos
en el sector financiero porque, como le ha explicado Ciudadanos, se
produciría deslocalización de operaciones y el sector financiero es un
sector que de momento genera empleos mejor pagados que la media, por la
creación de nuevas figuras con las que se favorecería la no tributación
y, tercero y más importante, por la elevación de los costes de
financiación empresarial.
117 Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
118 La señora PRESIDENTA: Muchas Gracias, señor Manso. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias, señora Cepeda.
119 Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Castellón Rubio.
120 El señor CASTELLÓN RUBIO: Señorías, señora presidenta, señora ministra,
nada más conformarse el Gobierno de coalición comenzaron ustedes a poner
en marcha esa política económica de marcado carácter ideológico que están
haciendo. Señora Montero, de eso hace unos meses y me temo que, visto lo
visto en este tiempo, no están ustedes dispuestos a replanteársela, a
pesar de que se antoje perjudicial para el escenario económico y social
que tenemos hoy en España: 30 puntos más de deuda pública que hace tres
meses, una caída de entre el 10 y el 15 % de la riqueza nacional, las
finanzas públicas desajustadas, destrozadas, varios sectores de nuestra
economía arrasados como consecuencia del virus pero también como
consecuencia de la incompetencia de este Gobierno, casi un 25 % de paro.
Creo, señora ministra, que estos deberían ser motivos más que suficientes
para que ustedes se replanteasen esto o cuando menos hiciesen una
reflexión sobre si la política fiscal que requiere nuestra economía para
recuperar la senda del crecimiento de tiempos pasados es esta. ¿No sería
deseable, señora ministra, que cualquier reforma de nuestro sistema
tributario planteada hoy formase parte de un plan de recuperación
elaborado por el Gobierno para reactivar la economía española? Señora
ministra, eso sería lo normal en un país cuyo Gobierno no estuviera
sumido en el caos y cuyo presidente tuviese un plan para reflotar la
economía, que, desgraciadamente, no es el caso de España.
121 Mire, señora Montero, hoy en el Congreso deberíamos estar debatiendo una
rebaja de impuestos, aplazamientos o supresión de cotizaciones sociales
para ayudar al sector de la hostelería, que tan mal lo está pasando, a
salir de la crisis. Hoy, señora ministra, deberían haber traído a esta
Cámara un debate sobre la rebaja del IVA al sector turístico para
dinamizarlo, como han hecho en Alemania, por ejemplo, con un sector
turístico mucho menos potente que el nuestro. Y por seguir con ejemplos
de decisiones adoptadas en otros países de la Unión Europea, hoy
deberíamos estar hablando en esta tribuna de un paquete de estímulos
fiscales a la recuperación económica, de incentivos a nuestras empresas,
de deducciones en el impuesto de sociedades, de medidas para facilitar la
compensación de bases negativas o de aplicar nuevas tarifas planas a los
autónomos. Algo, señora Montero, algo, si es que después de tres meses de
estado de alarma ustedes tuviesen una mínima hoja de ruta para sacar a
este país de la ruina y de la quiebra, sobre todo después de la
incertidumbre, la desconfianza y la inseguridad jurídica que está
provocando la inacción del presidente del Gobierno. Sin embargo, hoy lo
que ustedes traen aquí, lo que debatimos aquí -lo trajeron hace unos
meses, pero lo debatimos hoy- es otro sablazo fiscal a la clase media
española, precisamente cuando la clase media española debería ser uno de
los motores de la recuperación económica, sobre todo por la vía del
consumo en estos principales sectores afectados.
122 Señora ministra, como es lógico, ustedes y nosotros no compartimos una
política tributaria -usted lo ha dicho aquí-, sobre todo porque ustedes
tratan de imponer figuras como estas y nosotros, en dos ocasiones ya,
hemos tenido que recurrir a otra forma de hacer política tributaria para
rescatar a este país de la quiebra. Y hemos aumentado las bases de
recaudación por la vía de la bajada de impuestos, no por la vía de la
subida masiva de impuestos; por la vía de implementar y apoyar la
creciente actividad, la inversión por un lado y el empleo por otro,
señora Montero. Esas son, por tanto, las bases de la recuperación
económica y apartarse de ellas, que es un vicio al que ustedes están muy
acostumbrados, es muy
123
124 perjudicial para la economía española. Como decía antes, vivimos una
situación especialmente convulsa para nuestra economía, en la que lo
razonable sería que ustedes se hubiesen replanteado cualquier subida de
impuestos, los hubiesen congelado, lo hubiesen sometido a una reflexión
sobre si eran convenientes, pertinentes o no para la reconstrucción de la
economía española que todos tenemos encomendada a corto plazo. Pero,
claro, pedirles a ustedes que subordinen la ideología al interés general
hubiese sido hoy por mi parte un poco ingenuo.
125 Señorías, hoy sometemos a debate en esta tribuna la enmienda a la
totalidad que hemos presentado tres grupos políticos a este nuevo
impuesto de transacciones financieras, en el que, señora ministra,
podemos estar de acuerdo o no -usted directamente nos ha atribuido una
decisión sin siquiera conocerla- en gravar de alguna manera las
transacciones financieras, pero lo que, de ninguna manera, en modo alguno
podemos compartir es cómo el Gobierno ha diseñado esta figura tributaria.
Algunos de los grupos -usted también lo ha deslizado aquí- dirán ahora
que lo que hoy debatimos es un impuesto a las entidades financieras, a
los intermediarios financieros, ese debate manido que de vez en cuando
presentan sobre que hay que revertir el rescate a la banca, pero es que
tal y como ustedes han diseñado este impuesto, señora Montero, esto es
realmente un impuestazo y un sablazo a las familias españolas, porque
aunque el tributo efectivamente se liquide a los intermediarios de las
operaciones de adquisición de acciones, a nadie de los aquí presentes se
nos escapa que los costes operativos nuevos que van a tener estos
intermediarios los van a repercutir directa e inmediatamente sobre los
poseedores de acciones, los millones de accionistas que tienen las
empresas cotizadas españolas, bien a través de inversiones directas en
acciones, bien a través de planes de pensiones o de otras instituciones
de inversión colectiva.
126 Cuando hablan ustedes, señora Montero, de poner impuestos a los ricos,
debería usted recordar que en España hay más de tres millones de
españoles que tienen acciones en bolsa, más de tres millones de familias,
a las que ustedes quieren subirles los impuestos, y eso, señora Montero,
no debería ser obviado por ustedes. Además, usted sabe perfectamente que
este sí es un impuesto político, no lo decimos nosotros, porque sabe que
en términos económicos, aprobar esta nueva figura tributaria, tal y como
está diseñada, es una auténtica y grave irresponsabilidad, por varios
motivos. El primero de ellos, porque están ustedes poniendo en grave
peligro la competitividad de las grandes empresas españolas, que van a
verse perjudicadas frente a las que operan en otros mercados; para
empezar, la emisión de acciones de las mismas van a ser menos atractivas
y en toda lógica, señora Montero, esto va a representar una barrera de
entrada a la inversión exterior que, quiero recordar, no es nada más ni
nada menos que el 46% de la capitalización bursátil de España. Es un
gravísimo error, precisamente, cuando hay un aumento desbocado de la
deuda pública y de la deuda privada en estos momentos. ¿Saben ustedes
-sí, lo saben- qué consecuencias tuvo en Francia la aplicación de este
impuesto de manera aislada? El descenso del 10% del volumen de
contratación a largo plazo, el deterioro de la liquidez del mercado y el
descenso del 20 % de la negociación de las inversiones institucionales.
127 En segundo lugar, es una grave irresponsabilidad porque supone un paso más
en ese camino, empezado por ustedes con la tasa Google, de aislamiento
fiscal de España, que no entendemos, y que supone alejarnos de la
armonización fiscal que debería de ser la hoja de ruta que la Unión
Europea recorra en un futuro inmediato. Aprobar esta figura de manera
unilateral y al margen del resto de países de la Unión Europea y de la
OCDE, señora ministra, va a ser una losa para nuestras empresas, que van
a ver cómo los mercados de otros países operan en condiciones más
favorables que los nuestros, con lo que irremediablemente se va a
provocar una deslocalización de la actividad financiera en terceros
mercados. De esta manera, señora ministra, y aunque en la exposición de
motivos ustedes digan lo contrario, y usted lo hubiera señalado aquí, la
aprobación de este proyecto de ley supone el abandono unilateral del
mecanismo de cooperación reforzada que hace unos años se empezó en la
Unión Europea a tramitar, y en el que si tuviésemos algún peso en Europa
lo que deberíamos estar haciendo es liderarlo para que este impuesto
supusiese una implantación armonizada.
128 Y en tercer lugar, señora ministra, nos oponemos, y creemos que las
consecuencias serán graves, porque la experiencia nos dice que ninguno de
los objetivos que ustedes se han planteado en este Gobierno, ninguno, se
va a cumplir, no va a servir para contribuir a la consolidación de las
finanzas públicas, no va a servir para financiar ninguna medida social -y
no nos digan ustedes, señores de Podemos, ahora que van a pagar no sé
qué-, porque de los 850 millones previstos en los ingresos, en la
recaudación, ustedes saben que este es un objetivo incierto y así se ha
demostrado en Francia, en Italia, en Suecia, y que ni siquiera la AIReF
se cree, como tampoco va a servir para lograr una mayor equidad de
nuestro sistema tributario por ser un impuesto de carácter selectivo y no
general para todas
129
130 las empresas. Por tanto, señora ministra, fallan ustedes en el tiempo,
fallan ustedes en las formas y fallan ustedes en el fondo, algo que se
nos antoja especialmente grave por la situación de especial
vulnerabilidad de nuestra economía, como consecuencia de la inacción de
su Gobierno o de la toma de decisiones erróneas.
131 Señorías, una vez más el Gobierno ha elegido la senda ideológica para la
gestión de su política económica, precisamente en estos delicados
momentos, señora Montero, cuando hoy lo que la economía requiere es más
competitividad, reformas estructurales, seguridad jurídica, actuación
coordinada con nuestros socios europeos, sobre todo porque España lo que
necesita es más inversión, mayor dinamismo, mayor crecimiento y, por
tanto, más empleo, señora Montero, menos impuestos y más empleo. Por eso,
por todo esto es por lo que solicitamos la devolución de este proyecto de
ley al Gobierno.
132 Para terminar, señorías, señores del PSOE, quería decirles que hay una
gran parte de la sociedad española a la que está preocupando de manera
muy intensa el sablazo fiscal que el Gobierno está asestando a las
familias y a las empresas españolas, pero que también hay una gran parte
de la sociedad española a la que nos preocupa tener la certeza, señora
ministra, de que su política tributaria no es un fin en sí mismo, sino
que es un medio más para la liquidación de la clase media española, y de
esta manera provocar una fractura social con una finalidad ideológica y
espuria. En principio creíamos que esta era una postura solamente de
Podemos, pero visto lo visto nos preocupa que esté siendo asumida por el
Gobierno de manera colegiada, con lo que, visto esto y con estos
antecedentes, no nos extraña, señora Montero, de ninguna de las maneras,
que los ministros del Gobierno de España estén a codazos, y no por
permanecer en el Gobierno, sino por salir huyendo del mismo.
133 Muchas gracias. (Aplausos).
134 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Castellón. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias, señora Cepeda.
135 En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
136 El señor BOTRAN PAHISSA: Buenos días. Gracias, presidenta.
137 Ministra, a lo largo de los últimos plenos, siempre que se ha hablado de
las necesarias medidas sociales que se han ido aprobando, insuficientes
en muchos casos, lo que hemos ido planteando era que generaban un
endeudamiento, y que la incógnita en el futuro era cómo se subsanaría ese
endeudamiento, que debería haber cambios con relación a los creditors, es
decir, con las condiciones que pone el Banco Central Europeo en los
préstamos, si habrá otros préstamos, etcétera, o con los cambios y con la
fiscalidad o las condiciones de los propios Estados que se endeudan. Pero
al final hemos ido resumiendo siempre que de las diferentes soluciones
que había todas se terminaban resumiendo en dos grandes opciones: o salía
de los recortes y había recortes sociales para este endeudamiento, o
salía de las grandes fortunas, de las empresas del IBEX, especialmente de
la banca, que podría empezar devolviendo el dinero con el que fue
rescatada.
138 Con relación a los recortes ayer nos preocupó la respuesta bastante
confusa que el presidente Sánchez dio a una pregunta parlamentaria del
Grupo de Euskal Herria Bildu, no quedó en absoluto claro que esa no va a
ser la opción del Gobierno. Y en relación con la otra opción, es decir,
incrementar los ingresos por la vía de que los que más tienen y más
acumulan no es que tengan, es que acumulan innecesariamente pongan de su
parte, hoy se nos plantea una medida de fiscalidad dirigida especialmente
a ese tipo de movimientos de dinero que son puramente especulativos. Se
está hablando mucho de que a las empresas se las está sobrecargando de
impuestos, se está hablando de movimientos de dinero que en la inmensa
mayoría de los casos no están aportando nada de riqueza material a las
sociedades. Por tanto, nos parece bien esa tasa, la han venido
reivindicando muchos movimientos a favor de una fiscalidad justa. Pero
vemos las limitaciones que tiene. Por las condiciones que pone el
borrador del proyecto de ley se gravan empresas cuyo valor en la bolsa
sea superior a 1000 millones de euros, y a partir de estas condiciones lo
que se calcula es que se recaudarían se ha citado ya cerca de unos 850
millones de euros. Si se siguen las condiciones algo más estrictas que
los promotores históricos de este impuesto han ido defendiendo, es decir,
gravar todas las acciones, todos los derivados, todos los bonos,
permitiría recaudar 5000 millones de euros, se calcula. Ayer hablábamos
precisamente de que el ingreso mínimo vital se cifraba en unos 3000
millones de euros, y muchos grupos defendimos la insuficiencia de esa
dotación, puesto que dejaba fuera a mucha gente, y aquí tenemos medidas
que permitirían recaudar muchos más millones de euros para destinarlos
precisamente al combate contra la pobreza, que es lo que
139
140 defienden también las entidades promotoras de este impuesto a las
transacciones financieras, es decir, que lo que se recaude vaya destinado
directamente al combate contra la pobreza. Es decir, con condiciones algo
más exigentes a estas transacciones financieras, lo que se podría
recaudar y destinar al combate contra la pobreza sería cinco veces mayor.
141 Nosotros hemos defendido también que se propongan otras tasas
estructurales y extraordinarias, porque la situación es extraordinaria
frente a la emergencia social que se ha dado a raíz de la necesaria
inversión social para combatir las desigualdades. Hay muchas cuestiones
que se podrían tasar y conseguir esa necesaria recaudación para
destinarla a políticas sociales. Las ganancias financieras y
empresariales superiores a cierta cantidad se podrían tasar de forma
extraordinaria. Lo podría hacer el Estado español y lo deberían hacer
todos los Estados del entorno europeo sobre el patrimonio de personas
físicas, sobre el patrimonio de fondos de inversión y sociedades o sobre
transferencias patrimoniales. Es decir, hay que plantear medidas fiscales
que hagan que esta inversión social que se va a convertir en
endeudamiento del Estado no la paguen las clases populares en forma de
recortes, sino que la paguen la oligarquía o las empresas del IBEX, que
no han puesto nada de su parte en la gestión de esta crisis. Por
supuesto, aparte del cambio en la fiscalidad, también hay que perseguir
el fraude y la corrupción, empezando por la investigación sobre la
Monarquía borbónica.
142 Muchas gracias.
143 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
144 Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor
Matute García de Jalón.
145 El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
146 Señora ministra, le reconozco el carácter positivo de la iniciativa que
presenta, pero también le digo que creo que se queda insuficiente, no
tanto por la cantidad que estima recaudar, sino por la dimensión del
problema al que se enfrenta. Usted ha señalado varios elementos, sobre
los que percutiré en la intervención, que me parecen interesantes, pero
en cualquier caso sí conviene recordar que este impuesto sobre las
transacciones financieras viene de un debate social, de un debate
alimentado por los movimientos sociales y populares, desde Attac hasta
otros, que tenía que ver con la tasa Tobin y que, por desgracia -como
pasa mucho en la vida institucional-, aleja bastante las pretensiones
iniciales del resultado, es decir, que aquellos que levantaron la tasa
Tobin, más allá de quien le da el nombre, seguramente se sienten
defraudados por el resultado final no ya de su impuesto, sino del
conjunto del debate en la Unión Europea. Por eso le digo que nos parece
insuficiente, porque el problema es de una envergadura colosal como para
plantear iniciativas que, aunque van en la buena dirección, no dejan de
ser pequeños parches.
147 Usted decía en la intervención cosas que me parece interesante rescatar
porque en el fondo, más allá de si se van a recaudar 850 millones o no,
de si nos vamos a quedar más cerca o más lejos de esa cifra, lo
importante es ver qué orientación toma la política económica en el Estado
español en este momento concreto; un momento que, como usted ha señalado,
es de enorme excepcionalidad, de gran incertidumbre y de bastante por no
decir gigantesca zozobra en las vidas de cientos de miles de personas,
que ven un horizonte muy oscuro en lo que tiene que ver con su devenir y
su proyecto vital. Usted ha hablado de una fiscalidad justa, moderna y
progresiva, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Creemos que hay que
modernizar la fiscalidad, que esta tiene que ser justa y progresiva, es
decir, que quien más tiene más pague. Pero, claro, eso choca frontalmente
con muchas de las políticas económicas que han puesto diferentes
Gobiernos en el Estado español, por ejemplo, cuando se habla de la
flexibilidad. En el Estado español se habla con mucha frecuencia y con
mucha alegría de la flexibilidad: flexibilidad laboral, que siempre suele
suponer precarizar más a las y los trabajadores y favorecer más a los
empresarios, o flexibilidad fiscal, es decir, las ventajas fiscales que
tiene una empresa no las tiene un ciudadano o una ciudadana en el Estado
español y, sin embargo, y aun con todo, esto no es suficiente. Porque,
¿de qué flexibilidad no han gozado los dirigentes de Nissan o de Alcoa
durante tantos años, y cuánto les ha importado la flexibilidad de la que
han gozado para decidir cerrar sus empresas? No hay una relación
causa-efecto, y eso es lo que nos preocupa.
148 Pero hablaba de otra cuestión que también nos parece interesante: el
principio de equidad tributaria. Estamos de acuerdo también con el
principio de equidad tributaria, y la animamos a que vaya hacia allí.
Ahora, sí le decimos algo que probablemente no desconoce: lo tiene
complicado para conseguir el principio de equidad tributaria. Lo tiene
complicado porque si el primero de los españoles -el rey o la familia del
rey- cumple tan poco con la equidad tributaria poco se le puede exigir al
resto. Si uno tiene 2000 millones
149
150 de euros en no se sabe qué país -o si se sabe, uno que tiene una bandera
roja con una crucecita blanca- y además resulta que el dinero lo ha
amasado de una forma que tampoco parece, presuntamente, del todo lícita,
es muy complicado decirle a los españoles que tienen que cumplir con sus
obligaciones fiscales y tributarias. Si el primero de los españoles no lo
hace, si el primero de los españoles tiene más derechos y más privilegios
y menos obligaciones que el resto, por qué al resto se le va a pedir lo
que a este no se le pide. Por eso digo que tiene una tarea titánica para
que la gente entienda, con pedagogía, que tiene que cumplir con sus
obligaciones fiscales, porque no encuentran ejemplos de estímulo donde
podrían o deberían encontrarlos.
151 También decía una cuestión que me parece importante: que todos tienen que
contribuir según sus recursos a los gastos públicos, aquello que desde
esta tribuna también hemos señalado alguna otra vez con aquello de que
"quien más tiene más pague". Estamos de acuerdo, pero la pregunta es, ¿se
está haciendo? Y la respuesta es, no. Podríamos buscar miles de ejemplos;
yo he buscado uno que, además, hacía público la Cadena SER anteayer creo,
que es muy gráfico. Hay tres compañías, que todo el mundo conocerá:
Netflix, HBO y Amazon Prime Video; entre las tres facturaron 216 millones
de euros en 2018. ¿Sabe cuál fue la cantidad de impuestos que pagaron al
Estado español? 100 000 euros. Facturan 216 millones y pagan 100 000
euros en impuestos. Un ciudadano medio en España que gane 23 000 euros
paga 3000 euros en impuestos. Netflix, una de ellas, pero podría hablar
de las otras dos, pagó 3000 euros en 2018 por su volumen de negocio.
Vamos, ni la mitad que un Dacia Sandero. Esa es la realidad de las
grandes empresas. Por eso nos hace mucha gracia que se hable de la
necesidad de estimular a las empresas. ¿Con qué más se puede estimular a
las empresas?
152 Usted habla de la evasión fiscal y nos parece importante hablar de la
evasión y de la elusión fiscal, que es la que practican empresas como las
que acabo de citar. También se nos dice que si no seguimos protegiendo a
las empresas estas se van a ir a otros lugares, se van a deslocalizar.
Igual habría que hablar de relocalizar o de asentar las empresas, porque,
¿por qué las empresas no se van de Suecia, de Finlandia o de Dinamarca?
¿O es que alguien piensa que en esos países nórdicos no hay empresas? ¿O
es que se piensa alguien que Volvo o Ikea son trampantojos chinos y que
realmente no son empresas con ese origen nórdico? En el fondo es una
falacia sostener que cuanto más demos a las empresas más garantías
tendremos de que se queden, y lo hemos visto con Nissan y con Alcoa.
153 Ha dicho usted una cosa que también compartimos: que cuando las cosas
vienen mal dadas las empresas piden ayudas. Eso lo compartimos porque lo
vemos todos los días. Las empresas, y quienes defienden su papel tractor
en el bienestar de la ciudadanía, tienen una lógica un poco extraña: son
liberales con lo suyo, pero son profundamente socialistas con lo de todos
y de todas, porque cuando tienen problemas recurren al Estado como si
fueran el primero de los socialistas. A este sí que les parecería Keynes
un inmoral, en todo caso.
154 Termino con una cuestión. Es complicado subir a esta tribuna a hablar de
fiscalidad progresiva y equitativa cuando uno lee titulares como, por
ejemplo, que el Real Madrid o el Barcelona van a pedir al Estado 200
millones para poder pagar el sueldo de sus cracks. Porque resulta
indecente y porque uno quiere dejarlo aquí por decoro parlamentario y no
ir más allá, pero termino con tres cuestiones que me han llamado
poderosamente la atención. Decía el representante del Partido Popular que
ustedes subordinan la ideología al interés general, yo no sé si llegan a
tanto o no. Lo que sí sé es que en política todos deberíamos hacer de la
ideología un factor principal. Ustedes seguramente también lo harán,
seguramente también lo harán, no creo que sean meros gestores o, si no,
curiosa coincidencia que siempre hace que todas las políticas de derechas
acaben bien acogidas en su ideario.
155 Comentaba lo del sablazo fiscal a las familias. Sablazo es lo que he
comentado de las grandes empresas. Las familias están cumpliendo con sus
impuestos. Las familias quieren tener una sanidad, una educación y unos
servicios públicos básicos de garantía.
156 Termino. Decían antes que Keynes era un inmoral, para mí no era un
inmoral, para mí era un tibio, para ser sincero. Y alguien hablaba de que
había que seguir incentivando a las empresas. Les dejo una fórmula de
éxito para que las empresas se queden en este territorio o en cualquier
otro, lo que pasa es que a lo mejor la gente se revuelve: creo que la
esclavitud probablemente les encantaría a muchas empresas.
157 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias.
158 Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
159
160 La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta.
161 Egun on. Buenos días. En Europa ha habido varios intentos por imponer una
tasa común, la conocida tasa Tobin, que no ha acabado de calar, sobre
todo por las presiones de los lobbies y de los países más reacios a ese
tipo de gravamen, una tasa cuyo concepto se ha ido modificando y
modulando con el paso del tiempo, pero con el que una amplia mayoría de
países de la comunidad internacional están de acuerdo, más allá de las
dificultades para su implementación y para optimizar su eficacia
recaudatoria.
162 En plena crisis de deuda ya se planteó un gravamen del 0,1 para la compra
de acciones y para derivados en Europa, y hace solo unos meses Alemania
volvía a intentar impulsar este impuesto y, además, de forma muy similar
a lo que está proponiendo ahora el Gobierno, con una tasa del 0,2 a
acciones de empresas de más de 1000 millones de valor bursátil. En Europa
ya hay países que han adoptado este impuesto como Francia e Italia, y
Francia además ha pasado de un tipo del 0,1 al 0,2 y posteriormente al
0,3 y desde luego no ha habido ningún hundimiento de las bolsas ni de la
fuga de sus entidades financieras.
163 Este grupo siempre ha abogado por una tasa europea, por un impuesto lo más
armonizado posible, también sin generar distorsión. Sin embargo, llegados
a este punto, hay que decir que el impuesto español es muy similar al que
se está promoviendo con cooperación reforzada en Europa y, por tanto,
parece coherente implementar dentro del Estado lo que pretendemos
implementar en el ámbito europeo, un impuesto que, al igual que el que
debatimos la semana pasada, hay que adaptar al sistema tributario, ya que
este no está pensado, como bien ha dicho la ministra, para la nueva
realidad económica.
164 Este impuesto, además, puede servir como herramienta tributaria para, por
un lado, desincentivar determinadas transacciones financieras,
concretamente las más especulativas que, desde luego, no generan empleo
ni dinamizan la economía y, por otro, para incrementar la recaudación,
ayudando a disminuir el gap de ingresos, y además compensarán los costes
sociales generados en los últimos años. Unos recursos, por tanto, que no
se debieran perder por esperar a Europa y que tan necesarios van a ser en
este contexto de crisis sanitaria que se está viviendo, y en el que todos
asumimos además que en esta situación excepcional se requiere una
movilización excepcional de recursos y, además, hay que reconocer que la
arquitectura fiscal, tal y como está configurada actualmente, no es
suficiente para sostener las necesidades ni los servicios públicos que va
a requerir esta situación y evitar un alto déficit. Desde luego, será
necesario analizar y acometer una reforma tributaria. Nuestro grupo, como
ha dicho la ministra, no está en la curva de Laffer, que no va más allá
de lo escrito en una servilleta, y es que el resultado siempre es el
mismo: si hay menos impuestos, menos dinero para financiar servicios
públicos, recortes, contracción del gasto y además de la inversión.
165 Sobre algunas de las críticas en cuanto al aumento de la volatilidad de
los mercados por falta de liquidez que pudiera acarrear este impuesto,
nosotros consideramos que, desde luego, uno de los factores principales
que impulsa la volatilidad de los mercados es la propia operativa a corto
plazo a través de complejos instrumentos financieros. En cuanto a la
cifra de recaudación, si va a ser mayor o menor, pues creemos que lo
importante no es tanto la cifra, sino el sentido de la tributación. En
cuanto a la generación de la distorsión, entendemos que si el diseño se
formula bien, no tendría que preocuparnos mucho. En cuanto a que si la
tasa se da en el marco europeo de forma homogeneizada esta iría a su
propio presupuesto, hay que decir que España, aunque fuese a ese
presupuesto, también se beneficiaría del presupuesto comunitario.
166 Este impuesto no va a perjudicar a los usuarios de servicios bancarios, ya
que está destinado a gravar la compraventa a mediana y gran escala de
activos financieros, una operación que no es cotidiana para la mayoría de
usuarios. Cuando se planteaba la necesidad de este impuesto a través de
algunas PNL a lo largo de estos años, escuchábamos que si se aceptaba o
se imponía de forma unilateral España se iba a convertir en una isla
financiera en Europa, y yo siempre me preguntaba el porqué de esta
afirmación, porque Francia lo tiene y no se ha convertido en ninguna
isla. Si de verdad queremos que la fiscalidad sirva para redistribuir la
riqueza que crea el desarrollo, hace falta que los impuestos sean justos,
progresivos, que estimulen la economía real y penalicen la especulación
financiera.
167 Quiero remarcar que mi grupo ha presentado determinadas enmiendas para
excluir del gravamen las adquisiciones de acciones de las EPSV y fondos
de pensiones, para evitar que disminuya su capacidad de generar
rendimientos para los futuros pensionistas. Y es que no parece razonable
imponer un impuesto a sistemas de previsión sin ánimo de lucro, ya que
ello implicaría menores importes de pensiones complementarias y además, y
según los expertos, si para la implantación y mayor desarrollo de los
sistemas complementarios es necesario introducir mejoras en los mismos,
para entre otras cosas
168
169 coadyuvar a la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, la
imposición de este impuesto a las mismas creemos que iría en la dirección
opuesta.
170 Nosotros no nos vamos a oponer a este impuesto, estaremos atentos a su
tramitación para subsanar aquellas posibles deficiencias que pudiéramos
observar, y votaremos por tanto en contra de las enmiendas a la
totalidad.
171 Y por último, ministra -y como siempre cuando hablamos de impuestos-,
quiero recordarle que en el Estado hay cinco haciendas, y por ello
solicitaremos el acuerdo entre los Gobiernos en la Comisión Mixta del
Concierto y del Convenio Navarro para poder concertar la capacidad
normativa, sancionadora, inspectora y el establecimiento de los puntos de
conexión de este impuesto sobre la base de la Ley del Concierto y del
Convenio.
172 Muchísimas gracias.
173 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
174 Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.
175 El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.
176 La libre circulación de capitales, fundamento de la globalización
capitalista, ha dado lugar a grandes movimientos de fondos que pueden ser
trasladados a cualquier país en el momento en que interese. Estamos de
acuerdo en que estos movimientos, hasta ahora exentos de imposición,
deben tributar, pero la verdad es que se podría haber ido más allá pues
-al delimitarlo a la adquisición de acciones de sociedades españolas y
siempre que el valor de capitalización bursátil de la sociedad supere los
1000 millones de euros- deja fuera muchas transacciones financieras
especialmente especulativas, lo que nos lleva a que este impuesto se
limite a un objetivo recaudatorio, renunciando a otro objetivo necesario
como es el de regular los mercados financieros y reducir los intereses
especulativos. En todo caso, aun con su limitación, consideramos que este
es el camino adecuado. Venimos reiterando que esta crisis no la pueden
pagar los mismos -los trabajadores y trabajadoras y los pueblos- y, para
que no sea así, la única alternativa es buscar recursos de quien más
tiene.
177 Además de otras medidas que hemos venido reclamando -recuperación del
fondo de rescate bancario, reducción del gasto militar o nacionalización
de las grandes corporaciones de los sectores estratégicos- es fundamental
una nueva política tributaria que grave a las grandes corporaciones y a
las grandes fortunas. Un ejemplo es Portugal, que tramita en este momento
una taxa de solidaridade sobre la banca para contribuir a pagar la salida
de la crisis generada por la COVID-19. A nuestro juicio, esta es la
dirección en la que hay que avanzar, y por lo tanto nos opondremos a las
enmiendas.
178 Gracias.
179 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
180 Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
181 El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
182 ¿Quién hace cada semana una transacción financiera? ¿Quién? ¿Los
trabajadores, los autónomos, los que hoy estarán ya intentando gestionar
ese ingreso mínimo vital, los que madrugan? La España que madruga,
¿madruga para hacer una transacción financiera? ¿Los que levantan la
persiana? Levantan la persiana y se van a hacer una transacción
financiera. Esta es la cuestión.
183 La derecha lleva días oponiéndose a la paguita y al final hasta la
derechona machota se volvió ayer derechita cobarde y no se atrevió a
votar que no, como había estado haciendo todas las semanas. Pero, ¡ojo!,
cuando hablamos de esos que mueven ingentes cantidades de dinero buscando
altas rentabilidades, ahí la derechita cobarde se pone machota otra vez.
La ministra lo ha dicho, es un impuesto modesto, limitado. Las figuras
más especulativas quedan fuera, como las transacciones de divisas o las
operaciones de derivados. Pero ahí la derecha se rasga las vestiduras y
saca su verdadera cara: los defensores de los grandes, como siempre.
Mire, una transacción financiera de 1 millón de euros pagaría 2000 euros.
Hombre, quien tiene 1 millón de euros bien puede contribuir con 2000
euros.
184 Y acabo. Una persona modesta que haga una transacción de 1000 euros,
pagaría 2, el precio de un refresco, de una cerveza o de un café. Creo
que ustedes hacen mucha demagogia, muchísima, y, al final, siempre acaban
sacando su verdadera cara, la que defiende a los poderosos.
185 Moltes gràcies. (Aplausos).
186
187 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.
188 Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
189 El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
190 Ministra, señorías, nosotros vamos a votar en contra de estas enmiendas a
la totalidad. A nosotros también nos hubiera gustado que hubiese una
regulación europea, pero la verdad es que llevamos muchos años
intentándolo y no ha sido posible. No obstante, nosotros instamos al
Gobierno a que continúe trabajando para generar este consenso en Europa,
porque seguramente el impuesto sería mucho más eficiente en su
globalidad. Nos parece relativamente razonable -y no escuchen otras voces
de momento, señora ministra- el planteamiento que hacen. Tenemos que ver
cómo evoluciona el impuesto; a algunos les puede parecer muy modesto,
pero, en todo caso, nos parece razonable el planteamiento. Aun así,
nosotros hemos presentado trece enmiendas parciales para ver si se puede
mejorar el proyecto en su planeamiento inicial.
191 Dicho esto, señora ministra, nosotros también les pedimos un poco de
coherencia a ustedes, al Partido Socialista, a Unidas Podemos, no solo en
los discursos, sino en la materialización de estos discursos. ¿Por qué?
Les voy a poner un ejemplo de lo necesaria que es la coherencia en la
acción de Gobierno. Vamos a aprobar dentro de unos días este impuesto, el
impuesto sobre transacciones financieras. Tal y como está configurado
este impuesto y de acuerdo con el valor de capitalización bursátil de las
empresas en el Estado español, vamos a gravar las transacciones sobre
acciones de unas determinadas empresas que realicen los accionistas.
Cuando compren y vendan acciones de una empresa, les vamos a gravar con
este 0,2 % para obtener unos ingresos. ¿Y en qué vamos a gastar esos
ingresos? Paradójicamente, ustedes han aprobado el Real Decreto-ley
11/2020, por el cual van a dar una parte importante, 15 millones de
euros, a fondo perdido a unas empresas que después gravan a sus
accionistas la transacción del 0,2 % y lo que esta empresa va a ingresar
de las transacciones es mucho menos -ni una tercera parte- de lo que
vamos a ingresar a través del 0,2 % sobre sus acciones. Por tanto, vamos
a mantener cierta coherencia por el lado de los ingresos y por el lado de
los gastos. Nosotros estamos de acuerdo con la estrategia de la economía
circular -ya se lo dije hace pocos días-, pero hay que ser coherentes con
las acciones de Gobierno. Con el Real Decreto-ley 15/2020 ustedes reducen
al 0 % el IVA de noventa y un productos sanitarios. ¿Saben cuál es la
paradoja? Que son noventa y un productos sanitarios de un solo uso y los
que son reutilizables, los que estarían enmarcados dentro de la
estrategia de la economía circular, dejan que sigan tributando al 21 %,
con lo cual no se es coherente, a veces, con las acciones y con los
discursos y, a veces, no se es coherente con unas y con otras acciones
del mismo Gobierno. Por tanto, les instamos a buscar esta coherencia.
192 En todo caso, vamos a tener tiempo para discutir estas trece enmiendas.
Esperemos que se incorporen algunas y que no modifiquen el planteamiento
inicial de este impuesto, señora ministra. Vamos a ver cómo funciona,
vamos a evaluar su eficacia recaudatoria y su incidencia en el mercado a
lo largo de un año o año y medio y, después, miraremos si hay que
modificar o ampliar la base imponible o el tipo impositivo.
193 Muchísimas gracias.
194 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias.
195 Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall
Sastre.
196 El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Diputats i diputades, bon
dia. Señora ministra, buenos días.
197 Esta mañana debatimos nuevamente tres enmiendas a la totalidad presentadas
por la derecha y la extrema derecha al impuesto sobre las transacciones
financieras. ¡Vaya novedad! Debatimos un impuesto a la riqueza, al
capital, a los que especulan y a los que más tienen, y la derecha y la
extrema derecha salen en su defensa. Nada Nuevo. No nos sorprende
constatar que nos encontramos en sus antípodas ideológicas y donde
ustedes solo ven argumentos de rechazo, nosotros vemos una oportunidad
para equiparar, de una vez por todas, las rentas del trabajo a las del
capital. Una oportunidad para obtener más ingresos, en un contexto de
incremento del gasto público y, sobre todo, una oportunidad para
desincentivar y acabar con las prácticas asociadas con la especulación
financiera.
198 Aunque muchas veces se identifique la recaudación fiscal con la
financiación del Estado, las dos funciones principales de un sistema
impositivo son la redistribución y la regulación. Se redistribuye cuando
financiamos con impuestos la sanidad y la educación universal, ya que las
ponemos a disposición de
199
200 muchos que, si no, no tendrían acceso, y regulamos cuando gravamos con
impuestos una actividad y no otra. Cabe decir que en el Estado español se
redistribuye menos que en el resto de la Unión Europea y que se regula
peor. ¿O tiene algún sentido que tribute más un trabajador que un
rentista? Ningún sentido y enviamos un mensaje muy erróneo. El impuesto a
las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, nació con la
idea de penalizar los movimientos especulativos contra las divisas; en
este caso, para disuadir la especulación financiera gravando los
movimientos del capital. Pero esta tasa es también como una especie de
río Guadiana, que emerge en tiempos de crisis y, una vez han pasado,
desaparece. La UE, por ejemplo, la rescató durante la crisis del 2008 y,
a día de hoy, aún no se ha implantado. Tenía que ser un nuevo recurso
propio de la UE y parecía muy pertinente, ya que la crisis financiera
internacional era el resultado de la multiplicación de operaciones
financieras sin contrapartidas en la economía real. Desde nuestro grupo,
desde Esquerra Republicana, siempre hemos dado apoyo a esta tasa en el
conjunto de la Unión Europea y pensamos que su implantación a escala
europea es la más adecuada para este tipo de impuesto, debido a la
libertad total de movimientos de capital y el volumen que tienen en el si
de la Unión. De hecho, nos parece que a escala española el recorrido de
este impuesto será limitado y que la recaudación se acercará más a los
400 millones de euros que estima la AIReF, que a los 1000 millones que
calculan ustedes, el Gobierno.
201 Seguimos creyendo que es necesario un impuesto a la compraventa de activos
financieros que afectaría principalmente a quienes mueven grandes
cantidades de dinero en busca de altas rentabilidades. Estamos hablando
de gravar operaciones especulativas con el objetivo de desincentivarlas y
fomentar inversiones hacia las actividades productivas. Creemos que el
momento difícil que estamos viviendo es el adecuado para dar apoyo a la
economía real -la productiva, la de los trabajadores y trabajadoras, la
de los pequeños autónomos y la de las pequeñas y medianas empresas- y
gravar la economía especulativa. En Esquerra Republicana siempre hemos
defendido la justicia social. Por eso somos independentistas, porque
sabemos que formando parte de este Estado nunca va a ser posible, porque
sabemos que el Estado español es irreformable porque, gobierne quien
gobierne, siempre ganan los mismos: los oligopolios económicos de
siempre, el IBEX 35, que se ha hinchado a ganar dinero durante estos
últimos meses.
202 Entendemos que la creación de este impuesto es una buena noticia pero se
podría haber sido más ambicioso. Creemos que se debe ampliar la base
imponible y gravar un mayor número de operaciones financieras. Aquí nos
sorprende un poco el papel de la izquierda; del PSOE no esperábamos gran
cosa, pero seguramente de Unidas Podemos, sí. ¿Qué pasa con los contratos
de derivados, con las operaciones intradía, con los límites de hasta 1000
millones de valor bursátil? Señoras y señores de Podemos, ahora tenemos
la oportunidad de gravar de verdad las transacciones financieras, sobre
todo las más especulativas. Aprovechémoslo. El debate sobre este impuesto
no es de ahora, les he oído otras veces en sede parlamentaria ser mucho
más ambiciosos. Ustedes se autodenominan el Gobierno más progresista de
la historia; demuéstrenlo. A este impuesto aún le queda camino
parlamentario por recorrer, hemos presentado enmiendas en este sentido y
esperamos debatirlas.
203 Muchas gracias. (Aplausos).
204 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Margall. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
205 Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora López Domínguez.
206 La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días a todos.
207 Llevamos esta mañana discutiendo, como habrán visto, de política fiscal.
Esto es interesante porque, realmente, se pueden ver las diferencias
entre la derecha y la izquierda. En términos económicos, es lo más
visible: ¿Qué quieren ustedes, mercados intervenidos o no? ¿Incentivar la
oferta o la demanda? ¿Quieren acabar con las diferencias sociales?
Nosotros no queremos que el mercado sea completamente libre; se debe
intervenir, claro, para el bien de todos y todas; queremos reducir las
desigualdades, acabar con ellas, si puede ser; y queremos incentivar la
demanda, siempre que sea respetuosa con las personas y con la naturaleza.
208 Hoy estamos debatiendo unas enmiendas a la totalidad que han presentado
VOX, Ciudadanos y PP; son unas enmiendas inaceptables. Ellos han
explicado el porqué diciendo que no hay bibliografía que apoye que esa es
una buena tasa. Resumo sus intervenciones en: no la queremos porque no
conviene a nuestros amiguitos. No les conviene a sus amiguitos. Dejen de
disfrazarse con excusas falsas; es esto, es
209
210 lo que pasa siempre. En el patio de la escuela siempre es igual, los que
hacen bullying se tapan entre ellos. Es lo mismo.
211 Ya que tengo tiempo, voy a ir un poco más allá del resumen y les voy a
explicar por qué estas enmiendas a la totalidad son inaceptables. Son
inaceptables porque son clasistas, porque cuentan mentiras y, como les
decía, no hacen caso a la ciencia, ni a la ciencia económica ni a la
ciencia política ni a la ciencia social y tampoco a la empírica. No hacen
caso. No hacen caso a las necesidades de la mayoría de la gente. Además,
son incoherentes con lo que han dicho en el pasado, son incoherentes
entre sí, no tienen sentido. Como ven, nos sobran motivos para rechazar
sus enmiendas, pero no voy a dirigirme a ninguno de ustedes
personalmente, porque últimamente esta sala, este Congreso, se está
convirtiendo en un circo y no quiero ver -no quiero ver- ninguna
situación tan espeluznante como la que se ve en una plaza de toros y que
estamos viendo aquí.
212 Estamos hablando de tasar un hecho comercial, un hecho comercial que no
está gravado. Ustedes aceptan que las inmobiliarias cobren una comisión;
una comisión del cien por cien del valor de alquiler de un mes, algo que,
dicho sea de paso, impide que muchas personas puedan acceder a una
vivienda, un derecho reconocido por la Constitución. En eso no hay
problema, en las comisiones de las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque esto
va a las arcas privadas, ¿verdad? Pero como los impuestos van a las arcas
públicas, no les gusta tanto. Les gustan más las comisiones, los sobres y
las arcas privadas. Los impuestos que sostienen nuestro Estado del
bienestar no les gustan; solo les gustan cuando los pagan las clases
trabajadoras, las clases pobres y las clases medias, las clases que,
después de pasarse trabajando todo el año, que a veces no pueden ni ir al
dentista a arreglarse la boca, luego llega la declaración de la renta y
tienen que pagar más que ustedes y no pueden. Esos impuestos les gustan,
pero cuando tocan a sus amiguitos, ya no les gustan.
213 El proyecto de ley, como han comentado ustedes y han leído, solo contempla
pagar un 0,2 %. Como decía el compañero Joan, al lado del importe de
estas transacciones, ¿qué es un 0,2 %? Es un pequeño pago o, como les
gusta decir en su vocabulario, un 'paguito'. Es un 'paguito'; un
'paguito' a cambio de fortalecer la economía productiva, la que está al
servicio de las personas, no de los mercados; un 'paguito' a cambio de
fortalecer la calidad de nuestra economía, porque no queremos una
economía low cost. Ustedes insultan a nuestras empresas cuando dicen que
van a perder competitividad si les ponemos un impuesto. Nuestras empresas
son capaces de innovar, son capaces de ganar en calidad y así van a ser
más competitivas. ¿Qué se creen, que es solo cuestión de precio? No
entienden nada, nada, nada de economía; solo entienden de bolsillos. Se
les pide un 0,2 % -un 0,2 %- para mantener nuestra sanidad, por ejemplo,
porque vamos a engrosar un poco las arcas públicas, como les comentaba,
pero, claro, para ustedes que la sanidad sea privada, aunque tampoco son
exclusivos en esto. En Cataluña también tenemos a quien hace favores a
Ferrovial, pero gobierna. O sea, que no tienen la exclusividad en eso.
214 En 2008, la crisis fue causada por la especulación de los mercados y la
pagamos los de siempre: los jóvenes, que no encontrábamos empleo; los
mayores de cuarenta y cinco, que ni encontraban en muchos casos ni lo han
encontrado todavía después de tantos años, y las mujeres, las mismas
mujeres que hemos estado sosteniendo con los cuidados la crisis de la
COVID. Y la anterior crisis la pagaron nuestros pensionistas. Hablando de
pensionistas, ¿ustedes qué dicen, que se van a ver afectados los ahorros
de los fondos de pensiones? Es que no tienen ni idea. Primero, es
mentira. Y segundo, nuestro principal ahorro -nuestro principal ahorro-
es nuestro sistema público de pensiones. Este es nuestro principal ahorro
y nuestro principal orgullo, y por eso necesitamos recaudar más, para
tener un Estado fuerte que ayude a mantener las pensiones de todas las
personas, no solo a sus amiguitos. Faltan impuestos. Si queremos un
Estado del bienestar, hacen falta impuestos; impuestos que estén a la
altura de estos tiempos, como este y el que discutimos la semana pasada.
Dejen de hacer ver, por favor, que miran por el bien de las personas y de
las familias. Defender el Estado del bienestar pero no decir cómo se paga
es hipócrita.
215 No hace falta. Dejen de engañar. Digan: No lo queremos y ya está; lo vamos
a privatizar todo. Dejen de contar mentiras y dejen de ser los abusones
del patio, por favor.
216 Antes de terminar -ya acabo, presidenta-, le agradezco al compañero Bel
que nos haga recomendaciones sobre coherencia. Yo creo que la coherencia
es buena en la vida y, más que nada, en política. Debería hablar con sus
compañeros de Cataluña, porque si usted quiere que tengamos un Estado del
bienestar fuerte, como dice aquí, le recuerdo que en Cataluña su partido
tiene la potestad de gobernar y puede decidir engrosar el Estado del
bienestar, cosa que no ha pasado.
217 Muchas gracias. (Aplausos).
218
219 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
220 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado
Zurera.
221 El señor HURTADO ZURERA: Buenos días, presidenta.
222 Diputados y diputadas, ayer fue un día muy especial, un día histórico. Se
abordó y se aprobó, afortunadamente, una política necesaria para resolver
un problema estructural que existía y que existe en este país, que es la
pobreza y, más concretamente, la pobreza infantil. Pero hoy es un día
importante también, porque venimos a abordar otro problema estructural,
que es un sistema fiscal desequilibrado. Lo tenemos que hacer de forma
parcial porque nos lo exige la ley, tributo a tributo. Es desequilibrado,
por una parte, porque no tiene suficiencia recaudatoria y no garantiza el
artículo 135 de la Constitución. Y, por otra parte, no tiene la
progresividad suficiente que nos exige el artículo 31 de la propia
Constitución española. Tenemos un sistema fiscal que recauda poco y que
recae fundamentalmente sobre la clase media trabajadora de este país. Yo
traigo un documento que refleja la situación en la que está nuestro
sistema fiscal. (Muestra un gráfico). Este es el resultado de nuestro
sistema fiscal: ingresos fiscales del 39,1 %. Estamos en el furgón de
cola con Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia y Malta. ¿Es ese el lugar
que nos corresponde a nosotros? Estamos a más de 14 puntos de Dinamarca,
que es el que más ingresos públicos tiene, y a 13,5 puntos de Francia. Yo
les hago una pregunta: ¿Dónde quieren estar ustedes? ¿En el furgón de
cola con Estonia, Rumanía y Bulgaria? ¿O nos merecemos estar en el grupo
de cabeza? No se trata de presión fiscal, sino que se trata de que estos
países son los que tienen un Estado del bienestar más sólido, de que
estos países son los que tienen una economía más potente, de que estos
países son los que tienen mayor calidad en su empleo. Aquí está la
precariedad y aquí está la desprotección. Allí está la protección y el
empleo. Esta es la economía fuerte, donde queremos estar y nos merecemos
un sistema fiscal acorde. (Aplausos).
223 ¿Qué condiciones tiene que cumplir un nuevo impuesto? Eso es teoría
tributaria y hacendística. En primer lugar, tiene que tener capacidad
recaudatoria. ¡Claro! Si no tiene capacidad recaudatoria un impuesto,
¿para qué nos sirve? Aunque puede haber otro tipo de impuestos, impuestos
disuasorios, en este caso lo importante es la capacidad recaudatoria del
impuesto. Tiene que tener otra condición, que es aportar equidad. Por
cierto, la capacidad está cuantificada: 850 millones de euros. Francia
está recaudando 1000 millones, Italia está recaudando 650 y nuestra
estimación es intermedia. Como he dicho, la segunda condición es la
equidad. Hay que aclarar que este impuesto no lo van a pagar los
ahorradores, es mentira. Léanse lo que dice el proyecto de ley. En este
caso, el sujeto pasivo del impuesto son los intermediarios financieros;
sería una traslación económica, nunca una traslación jurídica. Así pues,
no se tiene por qué asumir por parte del ahorrador o del inversor; en
este caso, son los intermediarios financieros. Por tanto, aporta equidad.
Debe ser un impuesto eficiente. He escuchado al señor Manso aquí hablar
de eficiencia. No sabe lo que es la eficiencia. Conceptualmente, la
eficiencia es la relación entre medios y fines. Pues bien, en este
impuesto las cargas administrativas son mínimas y el resultado lo estamos
viendo: la capacidad recaudatoria. ¿Cómo dicen ustedes que no es
eficiente? Son situaciones de tributación mediante autoliquidaciones que
las practicará el correspondiente intermediario financiero, una vez que
liquide la compra de las acciones. Por cierto, en el mercado secundario;
por cierto, de empresas con capitalización bursátil superior a los 1000
millones de euros. Por tanto, esas son las condiciones: equidad,
capacidad recaudatoria y eficiencia, y las cumple en su totalidad.
224 Presentan ustedes tres enmiendas. La del Partido Popular es incoherente.
Traigo dos titulares. (Muestra la fotocopia de un titular de periódico).
Señor Montoro: La tasa Tobin aportará 640 millones a las arcas públicas.
(Aplausos). El señor Montoro lo incluyó, por cierto, en el Plan de
Estabilidad 2014-2015. Además, quien lo impulsó principalmente en los
Estados miembros fue un partido de derechas con Nicolas Sarkozy, y ahora
dicen ustedes esto. Cuando gobiernan, sí, pero cuando no gobiernan, no.
Pero traigo otro. (Muestra otro titular de periódico). El señor Montoro
diciendo: Defiendo una subida de impuestos a las grandes empresas para
preservar la cohesión social. ¿Hablan ustedes ahora de bajar los
impuestos? ¿Ustedes tienen memoria? ¿Ustedes saben que en esta crisis,
curiosamente, la caída del PIB va a ser superior en menos de un año a la
caída del PIB que tuvo lugar en los cinco años, de 2009 a 2013, de la
crisis anterior? ¿Y ustedes los bajaron? No, subieron todos los
impuestos, cincuenta impuestos. Aprobaron una amnistía fiscal para
treinta mil defraudadores, legalizaron el fraude en este país. Llevaron a
cabo recortes de 25 000 millones de euros, Rajoy recortó más que Trump,
el señor ciudadano. Y dice que la razón es porque pasará lo mismo que con
el impuesto que se le llamó de la hipoteca. El resultado de ese
225
226 real decreto, de trasladar el pago del impuesto sobre actos jurídicos de
los clientes bancarios a las entidades financieras ha sido que estamos
con los tipos de interés más bajos de la historia. Ustedes decían: es que
van a subir los tipos de interés.
227 La señora PRESIDENTA: Señor Hurtado, tiene que terminar.
228 El señor HURTADO ZURERA: Concluyo.
229 Los costes financieros de la hipoteca son los más bajos de la historia.
230 Y paso a referirme al señor de VOX. Ustedes son unos auténticos hijos de
Trump. (Rumores). Son bárbaros. Y le cojo el titular al señor Manso, que
es el portavoz que ha estado hoy aquí. El titular del periódico, que no
me lo he traído -¡mire qué casualidad! -, decía: Hay que bajar los
impuestos a los ricos, hay que cargarse el Estado del bienestar. El
Estado solamente se puede quedar con la justicia, con el ejército y con
la seguridad, que privaticen la sanidad y la educación. (Rumores).
231 La señora PRESIDENTA: Señor Hurtado, tiene que terminar, por favor.
232 El señor HURTADO ZURERA: ¿Qué habría sido de este país durante la pandemia
si no hubiéramos tenido un sistema sanitario público? Es un sistema que,
por derecho, tenemos que mejorar con más recursos públicos. Tenemos que
tener más Estado del bienestar, más Seguridad Social y mayor protección,
y todo esto lo haremos gracias a la hoja de ruta que tiene marcada el
Gobierno progresista. (Aplausos).
233 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Hurtado. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.-Rumores.-El señor Manso Olivar pide la palabra). Silencio,
señorías. No tiene usted la palabra.
234 - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO
DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y
ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES. (Número de
expediente 121/000006).
235 La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de Ley Orgánica
sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros
para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos
de terrorismo y delitos graves. Para la presentación del proyecto de ley,
tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior.
(Rumores).
236 Señorías, por favor, silencio. Gracias.
237 Señor ministro.
238 El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señora
presidenta.
239 Señoras y señores diputados, comparezco ante la Cámara para fijar la
posición del Gobierno frente a la enmienda a la totalidad de devolución
que ha planteado el Grupo Parlamentario Plural al proyecto de ley
orgánica sobre la utilización de nombres de pasajeros para la prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves, más conocida
como ley orgánica sobre el sistema passenger name record o PNR, por sus
siglas en inglés. Ya les anticipo que el Gobierno muestra el rechazo a
esta enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Plural a este
proyecto de ley orgánica.
240 Señorías, la posición contraria del Gobierno a esta enmienda a la
totalidad obedece a tres razones principales: compromiso con nuestros
socios europeos, coherencia con el respeto a las garantías de los
derechos fundamentales y una falta de argumentación de la propia enmienda
a la totalidad.
241 Señora presidenta, este Gobierno progresista es también, como ha expresado
en numerosas ocasiones el presidente Sánchez, un Gobierno de profundas
convicciones europeístas. Si algo pone en común a las distintas
generaciones de españolas y españoles que en este momento nos encontramos
en esta Cámara, son los indudables beneficios que la integración europea
ha traído a nuestro país durante más de tres décadas. Me atrevería a
decir que si algo une por encima de las discrepancias políticas a la gran
mayoría de familias ideológicas representadas en este Congreso, es
nuestro común deseo de profundizar en el proceso de construcción europea.
Proceso, señorías, es un concepto que entraña derechos, pero que también
conlleva compromisos, y trasponer la directiva PNR a nuestro ordenamiento
jurídico es uno de ellos.
242
243 Señora presidenta, la Comisión Europea presentó en febrero de 2011 el
proyecto de directiva relativa a la utilización de datos del registro de
nombres de los pasajeros para la detección, investigación y
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delincuencia grave,
conocida -como hemos dicho- como PNR. Es una directiva que fue aprobada
por el Parlamento y el Consejo el 27 de abril de 2016, una directiva
extraordinariamente compleja, señoras y señores diputados, como bien
saben, repasando simplemente el espacio temporal que transcurre entre su
presentación y la aprobación final: más de cinco años. Es
extraordinariamente compleja porque incide en aspectos relacionados, creo
yo, con el corazón del proyecto europeo, la protección de nuestros
derechos fundamentales y nuestras libertades públicas, aspectos que han
conllevado un proceso muy complejo de elaboración de una norma en la que
han participado los entonces veintiocho Gobiernos de la Unión, así como
el conjunto de distintas agencias y organismos de la Unión Europea.
Quiero destacar específicamente las aportaciones de la Agencia de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea -la FRA-, pero también del
Supervisor Europeo de Protección de Datos. El resultado es la creación de
un sistema operativo PNR, que permite equilibrar el derecho que tenemos a
la seguridad con la protección de nuestros derechos fundamentales,
especialmente aquellos relacionados con la privacidad y con la intimidad.
Este equilibrio es el que integra el proyecto de ley orgánica que
debatimos en esta sesión; un proyecto de ley que es fruto del compromiso
con nuestra pertenencia a la Unión Europea, porque trasponer directivas
es una obligación de todo Estado miembro, pero que sobre todo es urgente,
señoras y señores diputados, porque la directiva PNR ya ha sido
traspuesta por todos los Estados miembros de la Unión Europea excepto el
nuestro, excepto España. El plazo que la Unión Europea dio a los
Gobiernos para trasponer la directiva PNR concluyó hace más de dos años,
en concreto, el 25 de mayo de 2018. Este, como otros temas a los que me
he referido en otras sesiones, también fue un incumplimiento flagrante de
los Gobiernos del Partido Popular que me encontré al tomar posesión como
ministro del Interior, supongo que porque los Gobiernos de la derecha
dedicaban sus esfuerzos a otro tipo de políticas dentro del Ministerio.
Por tanto, señorías, hay que cumplir con una trasposición que se ha visto
retrasada por la inacción de los Gobiernos del Partido Popular y que
nuestro calendario electoral ha pospuesto, haciendo decaer, con el fin de
la XII Legislatura, el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso
en diciembre de 2018, que tampoco pudo retomarse durante la XIII
Legislatura, dada su corta duración.
244 No trasponer la directiva PNR sería una falta de compromiso con el
proyecto europeo, pero también supondría para nuestro país una infracción
que acarrearía sanciones económicas en un momento delicado.
Concretamente, podemos decir que supondría una suma, a tanto alzado, con
un importe diario de alrededor de 20 000 euros, a abonar desde el 25 de
mayo de 2018, última fecha de la trasposición, hasta la tramitación de la
directiva. Asimismo, supondría una multa de en torno a los 90 000 euros
diarios desde la fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que declarase el incumplimiento hasta su trasposición
definitiva.
245 Por ello, señorías, no tiene sentido esta enmienda a la devolución que nos
plantea el Grupo Plural, porque tenemos la obligación, pero también el
compromiso de tramitar dicha directiva PNR en este proyecto de ley
orgánica; un proyecto de ley orgánica coherente con la protección -como
hemos dicho- de la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales
del conjunto de la ciudadanía.
246 Señora presidenta, este proyecto de ley orgánica traspone el contenido de
la directiva PNR y se enmarca en el principio de cooperación leal del
artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea. En este proyecto de ley
orgánica hemos contado con las aportaciones de todos los departamentos
del Gobierno y de las administraciones competentes en materia de
seguridad y protección de datos. Lo hemos sometido a consulta ciudadana.
Cuenta con el preceptivo informe de órganos tan relevantes como el
Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia
Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado, que con sus
aportaciones han mejorado, indudablemente, la trasposición y han
garantizado que sea coherente con nuestro sistema constitucional de
derechos fundamentales y libertades públicas. Estoy seguro de que durante
su tramitación parlamentaria las enmiendas de los diferentes grupos
parlamentarios van a mejorar indudablemente su contenido final.
247 Señoras y señores diputados, este proyecto persigue cuatro objetivos
principales. En primer lugar, reforzar la lucha contra la delincuencia y
el terrorismo mediante el tratamiento adecuado de los datos PNR. En
segundo lugar, crear un marco regulador de la unidad de información sobre
pasajeros española, única entidad competente para recibir, tratar,
analizar y, en caso de amenaza, transmitir los datos PNR a las
autoridades competentes con respeto al procedimiento y garantías de todo
Estado de derecho. En tercer lugar, proporcionar seguridad legal a las
empresas que operan en el sector aéreo, definiendo sus derechos,
248
249 pero también sus deberes. Finalmente, en cuarto lugar, persigue garantizar
el pleno respeto a los derechos fundamentales de los pasajeros, en
especial a la intimidad y a la protección de sus datos personales, con
sistemas garantistas y controles efectivos. Buenos ejemplos de este
cuarto objetivo son el periodo de conservación de los datos PNR -que a
los seis meses de su recepción serán despersonalizados mediante
enmascaramiento y solo se permitirá acceder a ellos bajo condiciones muy
estrictas y en supuestos muy específicos- y el hecho de que el
tratamiento de datos solo se puede dar ante tipos delictivos específica y
especialmente graves, como el terrorismo.
250 Señorías, con este proyecto de ley no se trata de dar a nadie un cheque en
blanco en aras de la seguridad en sentido genérico; se trata de delimitar
claramente su uso ante supuestos de delincuencia especialmente graves
contra la seguridad del Estado, y se trata de hacerlo de forma controlada
por los procedimientos del Estado de Derecho y supervisada
permanentemente por la Agencia Española de Protección de Datos, porque el
necesario equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y
la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave es el criterio de
guía para esta norma.
251 Señora presidenta, señorías, la enmienda a la totalidad que debatimos hoy
y en la que me corresponde fijar la posición contraria por parte del
Gobierno se sustenta en poco más de cuatro argumentos que me gustaría
rebatir brevemente. En primer lugar, se afirma que en Europa, desde el 11
de septiembre de 2001, se invoca la seguridad de los ciudadanos como
pretexto para limitar los derechos fundamentales y las libertades
públicas; nada más lejos de la realidad, señorías. En primer lugar,
permítanme recordar diversos hitos de la Unión, como la creación de la
Agencia europea de derechos fundamentales en 2007, la FRA, o la
profundización en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. En segundo lugar, ciñéndonos a esta norma concreta, señoras y
señores diputados, no estamos ante regulaciones arbitrarias o
improvisadas que limitan de la noche a la mañana nuestras libertades. Me
basta con recordar que esta directiva -como he dicho al principio de mi
exposición- nace después de cinco años de trabajo, así como de las
aportaciones del conjunto de Gobiernos y agencias de la Unión, en
especial de aquellas que tienen relación con la protección de datos y con
los derechos fundamentales, y me reafirman las aportaciones que, como ya
he recordado, han realizado a este texto órganos tan importantes en la
protección de nuestros derechos fundamentales como el Consejo General del
Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de
Datos y el Consejo de Estado.
252 El segundo argumento en el que se sustenta esta enmienda a la totalidad lo
constituye para el grupo parlamentario proponente que el ejercicio de
estos derechos fundamentales y libertades públicas deja de estar sujeto a
los límites de la Constitución española y de convenios internacionales en
la materia, de los que España es parte, en lo relativo a la sospecha de
delito y supervisión judicial. En este segundo punto y a este respecto,
quiero reiterar una idea: No hay contradicción entre el proyecto de ley
orgánica y el ordenamiento jurídico español en lo referente a la
protección del ejercicio de los derechos fundamentales. En este sentido,
el máximo reconocimiento del ejercicio del derecho a la intimidad y a la
protección de datos se realiza en el marco del Reglamento de protección
de datos de la Unión Europea, que, además -les recuerdo-, es derecho
interno en España.
253 El grupo proponente afirma, como tercer argumento, que esta ley orgánica
es un instrumento de control y censura de formas de actuar y circular que
pueden ser consideradas a priori como sospechosas, y debo decir que en
absoluto es así, señorías. Les recuerdo en este punto el plazo para usar
los datos, pero sobre todo que el tratamiento de los mismos solo se puede
dar ante tipos delictivos especialmente graves y siempre bajo control y
supervisión judicial, por lo que no hay una persecución de todo tipo de
actuaciones, tampoco de la libertad de circulación ni de expresión, cuyo
libre ejercicio se encuentra plenamente garantizado.
254 Finalmente, refieren en su enmienda a la totalidad que hay que evitar las
presiones periódicas de quienes pretenden el control de las
comunicaciones y los datos personales sin el consentimiento de los
interesados ni el control debido judicial. Debo decir que estoy
completamente de acuerdo, señorías, por eso esta Directiva PNR ha tenido
una elaboración tan larga y compleja, en la que han participado la
práctica totalidad de operadores europeos en materia de protección de
datos y derechos. Por eso, señoras y señores diputados, también este
proyecto de ley orgánica ha sido sometido a consulta ciudadana y mejorado
por la intervención de las instituciones anteriormente referidas.
255 Termino, señora presidenta. Fue un español, segoviano, Andrés Laguna,
quien en 1543 escribió uno de los primeros textos proponiendo la
integración europea. De entre todas las lecciones que nos aporta su
discurso sobre Europa, me quedo con una que tiene gran relevancia en la
actualidad: No hay fuerza en la desunión. Como europeísta no puedo estar
más convencido de esa afirmación en muchos ámbitos,
256
257 también en el de la seguridad, donde formas complejas de criminalidad
grave, como el terrorismo o la delincuencia organizada, exigen una mayor
cooperación y coordinación entre los Estados miembros, sin que,
evidentemente, ello conlleve ni pueda conllevar limitación de los
derechos y libertades fundamentales del conjunto de la ciudadanía.
258 Por tanto, concluyo, señorías, fijando posición contraria del Gobierno a
esta enmienda a la totalidad y pidiendo el apoyo de todos los grupos
parlamentarios al proyecto de ley orgánica en su tramitación
parlamentaria, donde seguro que con las enmiendas ya presentadas vamos a
enriquecer el texto, siempre fijando el equilibrio preciso y necesario,
con preferencia a los derechos y libertades fundamentales, pero no
obviando que la seguridad es el espacio concreto donde desarrollar
nuestros derechos y libertades fundamentales con las necesarias y debidas
garantías.
259 Muchas gracias. (Aplausos).
260 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro del Interior.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.
261 A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de
devolución. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, para la
defensa de la enmienda presentada, el señor Rego Candamil.
262 El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.
263 Señor ministro, se autodefinen ustedes como un Gobierno progresista.
Siento decir -y si lo siento es porque esto nos afecta a todos y todas-
que la trayectoria en materia de derechos y libertades en los últimos
tiempos no acredita eso en absoluto, más bien avanza por caminos
preocupantes, de los que esta ley, a la que el BNG presenta una enmienda
a la totalidad de devolución, es un buen ejemplo. Aquí se nos coloca de
nuevo ante un hipotético dilema entre libertad y seguridad, un dilema que
nosotros rechazamos porque, sin libertad, la seguridad es solo una
ficción. Tras los atentados del 11-S, efectivamente, creemos que la
seguridad pasó a ser la principal obsesión de los Gobiernos occidentales
y que se ha utilizado como excusa la protección de los ciudadanos ante
hipotéticos futuros ataques terroristas para poner en funcionamiento
políticas que limitan los derechos y libertades públicas, ahondando en
las medidas de control de la población para, teóricamente, su propia
salvaguarda y bienestar. Así, a nivel europeo, como se dijo, se ha
dictado una directiva para ser traspuesta a los distintos ordenamientos
jurídicos internos que está en el origen de este proyecto de ley
orgánica, cuyo trámite fue iniciado -conviene recordarlo- por el Gobierno
del Partido Popular y ahora es continuado por el de coalición entre el
PSOE y Unidas Podemos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de
Celis, ocupa la Presidencia).
264 A nuestro juicio, es una medida desacertada, que incide sobre una serie de
decisiones, medidas y actuaciones que coartan o vulneran derechos y
libertades. Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución
española y en distintas normas de carácter internacional solo deberían
poder ser limitados en los casos en que esas mismas normas recojan, bajo
supervisión judicial y sospechas fundadas de la comisión de un delito.
Pero aquí estamos ante una, a nuestro juicio, intolerable invasión
colectiva de la intimidad de las personas y de sus datos con carácter
preventivo, sin evidencia de la comisión de delitos. Así, a nuestro
juicio, esta nueva normativa puede vulnerar el derecho a la intimidad
personal y familiar y, concretamente, el artículo 18.4 de la
Constitución, que señala -cito-: La ley limitará el uso de la informática
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. De aprobarse esta
normativa, se estaría menoscabando la privacidad de los y las ciudadanas,
poniendo en manos del Estado y de aquellas entidades en las que pudiesen
acabar los datos personales de cualquier pasajero de una aerolínea.
265 Desgraciadamente, esta ley no es una actuación aislada. La crisis
sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus lo ha ocupado
todo, desde las preocupaciones de la gente hasta el foco informativo,
casi en exclusiva, tanto que puede ocultar preocupantes actuaciones que
colocan en riesgo, cuando no conculcan directamente, derechos
democráticos y libertades públicas. Algunas de esas actuaciones surgieron
precisamente al amparo del estado de alarma decretado el pasado 14 de
marzo y otras vienen de antes y perduran.
266 Es verdad que la calidad democrática del Estado español ya ha quedado
muchas veces en entredicho; no es una cuestión de repasar aquí
pormenorizadamente toda la vulneración de derechos a consecuencia de
decisiones políticas y judiciales, solo de recordar algunas cosas
recientes. Por ejemplo, hace tres días ha sido condenado el rapero Hasél
por alusiones a esos borbones corruptos, que es preciso investigar y
eliminar definitivamente de la vida política del Estado español; otros
raperos, los doce de La Insurgencia, ha sido juzgados y están esperando
sentencia por las letras de sus canciones. Parece que en el Estado
267
268 español la libertad de expresión debe pasar por los juzgados; un Estado en
el que hay presos políticos para los que reclamamos libertad o que tiene
en marcha un proceso, la Operación Jaro, contra doce independentistas
galegos y que incluye la pretensión de ilegalizar una organización
política y otra asociada, Causa Galiza y Ceivar Vaya nuestra solidaridad
con todos ellos. No es necesario profundizar más en esto porque la
realidad es bien visible. Partamos de que continúa en vigor y en
aplicación la Ley de seguridad ciudadana, la Ley mordaza, aún no derogada
por el Gobierno, a pesar de los dos años que transcurrieron desde la
moción de censura y de que era un compromiso tanto del Partido Socialista
como de Podemos. Lo grave es que no solo no la derogaron, sino que fue
este Gobierno quien más aplicó la Ley mordaza: más de un millón de
sanciones en solo tres meses frente a las aproximadamente 800 000 de los
cuatro años anteriores. Y, lo peor, se realizó un uso innecesario e
inadecuado de la misma a partir de una instrucción que el Ministerio del
Interior envió a las delegaciones del Gobierno, para trasladarla a los
cuerpos policiales, sobre cómo actuar para hacer cumplir el estado de
alarma. Inadecuada e innecesaria, primero, porque a pesar de que el Real
Decreto 463/2020, en relación con los incumplimientos en él previstos,
remite genéricamente a las leyes, la instrucción señala directamente a la
aplicación de la Ley 4/2015, Ley mordaza, a la hora de sancionar, en
especial el artículo 36.6, que considera infracciones graves,
sancionables con multas que van de 601 a 30 000 euros, la desobediencia
grave o la resistencia a la autoridad por sus agentes en el ejercicio de
sus funciones. Además, esto es complementado con una descripción sobre la
actitud del denunciado, que considera actitud inapropiada del infractor
todo lo que no sea aceptación resignada de la denuncia, que resultaría en
una sanción mínima por menosprecio, jactancia o mala educación de 2000
euros, pero que podría llegar hasta los 10 400 euros. En todo caso, según
juristas, la instrucción no se ajusta a derecho y la propia Abogacía
General del Estado indica en un informe que para el incumplimiento del
estado de alarma no es aplicable el artículo 36 de la Ley mordaza, salvo
que se desatienda el requerimiento de la autoridad; un informe que
Interior claramente ha desoído.
269 A mayores, además de no derogar la Ley mordaza del Partido Popular, el
Gobierno del PSOE aprobó en octubre de 2019 el conocido como Decreto de
la mordaza digital, validado con los votos a favor del Partido Popular,
de Ciudadanos, del PSOE y la abstención de Unidas Podemos. El decreto,
que se vendió como acción contra la república digital catalana, en
realidad permite la limitación de la libertad de expresión en Internet,
incluso sin control o autorización judicial y, por lo tanto, constituye
una grave amenaza a un derecho fundamental y es impropio de un sistema
que se diga democrático. Con la declaración del estado de alarma,
aceptamos por interés común la restricción temporal de algunos derechos,
como el de movimiento, pero al amparo de esa circunstancia se produjeron
situaciones que no coinciden con un Estado verdaderamente democrático. La
escenificación militarizada, con uniformados protagonizando todos los
días las conferencias de prensa sobre una crisis sanitaria o desfilando
por las calles, más propia de un Estado de excepción que de un Estado de
alarma, fue solo la cara visible, pero no se nos escapa que tenía una
intencionalidad política evidente.
270 Pero, fijémonos en que esta especie de actuación preventiva, esta
particular distopía al estilo Minority Report que prevé esta ley, ya ha
sido ensayada esta semana durante el estado de alarma. Para verlo solo
tenemos que remitirnos a las declaraciones del ministro del Interior en
la conferencia de prensa del 15 de abril, en la que informó de que
funcionarios de Interior estaban rastreando las redes sociales con el fin
-cito- de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o
delictivos. Es decir, admite que buscan opiniones que, sin ser
delictivas, consideran -preguntamos a juicio de quién- peligrosas.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron posteriormente que era
así, porque -cito- hay elementos que vemos a diario que, sin revestir
carácter delictivo, tratan de intoxicar, causar desasosiego y de
manipular la opinión pública. ¿En qué Estado democrático es la policía la
que tiene la potestad para determinar lo que es una opinión peligrosa?
Peligrosas son, a nuestro entender, este tipo de actuaciones, que además
son reconocidas públicamente con total normalidad. Pero esto no parece
resultado de una actuación impulsiva y por libre del ministro del
Interior. La pregunta que el CIS deslizó en su penúltima encuesta sobre
si las informaciones sobre el coronavirus solo podrían proceder de
fuentes oficiales va en esta misma dirección, y ambas atentan
directamente contra la libertad de expresión.
271 Como decía, parece que la lucha contra la epidemia tapa todo, pero no
puede justificar todo. ¿Qué razón habrá entonces para que en cualquier
otro asunto que el Gobierno considere de especial interés público no se
intenten limitar las informaciones a fuentes oficiales? Y una vez más,
¿en qué Estado democrático solo puede ser divulgada la información que
facilita el Gobierno? La limitación de los derechos democráticos y las
libertades públicas desgraciadamente está aquí y los riesgos de
vulneración grave en el futuro son evidentes: Ley mordaza, Decreto de la
mordaza digital, instrucciones a los cuerpos de Policía
272
273 que exceden incluso las previsiones legales, militarización de una
emergencia sanitaria, barrido de las redes sociales de opiniones
peligrosas, globo sonda del CIS para la limitación de la libertad de
información y ahora ley para el control de los pasajes de los aviones.
274 En el BNG no tenemos ninguna duda de que si todas estas medidas las
estuviera ejecutando el Partido Popular habría un fuerte movimiento de
rechazo; pero si un Gobierno que se denomina progresista, conformado por
partidos que se definen de izquierdas, hace política de derechas e
implementa medidas que coartan derechos y libertades públicas es
exactamente igual de peligroso y merece exactamente el mismo rechazo. Por
eso rechazamos esta ley, porque puede dar lugar además a una censura, a
pesar de que el señor ministro lo niegue, y al control de determinadas
formas de pensar, de actuar, de circular que se van a considerar
sospechosas y, por tanto, controlables a priori por las autoridades. El
ius puniendi del Estado solo puede referirse a conductas reales, no a
futuras o supuestas, salvo que queramos adentrarnos definitivamente en la
distopía.
275 Por tanto, termino, deben evitarse los excesos legales y las presiones
-sí, deben evitarse las presiones- que periódicamente se suceden para el
acceso a los datos de los ciudadanos sin el expreso consentimiento de
estos o sin control judicial. La vigilancia de las comunicaciones y los
datos personales debe ser considerada un acto altamente intrusivo, que
vulnera los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y
amenaza los fundamentos de cualquier sociedad democrática. Por eso esta
ley no es ninguna garantía para nuestra seguridad. Por el contrario,
tenemos claro que es un peligro para nuestra libertad.
276 Muito obrigado. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la
palabra).
277 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): ¿En base a qué
artículo? ¿Qué consideración? (Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores).
278 El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Ruego que esa expresión de que
en España...
279 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Todavía no le he dado
la palabra. De hecho, no la tiene, porque a mi consideración no ha
conculcado el Reglamento. En otras ocasiones, cuando lo he creído, así lo
he estimado. En esta ocasión, no. Así que no tiene la palabra. (El señor
Espinosa de los Monteros de Simón pronuncia palabras que no se perciben).
280 Seguimos con el debate. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Legarda Uriarte.
281 El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
282 Las obligaciones de registro documental de los nombres de usuarios de
determinados servicios respecto a ciertos sujetos obligados, así como las
obligaciones de su comunicación a las autoridades de seguridad pública no
resultan una cuestión ajena al ordenamiento jurídico vigente en el
Estado. Así, en el capítulo IV de la Ley de Seguridad Ciudadana se
contemplan esas mismas obligaciones para los casos de actividades
relevantes para la seguridad ciudadana, y entre ellas se encuentra la del
transporte de personas junto a otras bien conocidas, y ya también con
anterioridad a la Ley de Seguridad Ciudadana, tales como -por citar
algunas- el acceso comercial a los servicios telefónicos; el alquiler y
desguace de vehículos; la cerrajería de seguridad; la venta de armas,
cartuchería y precursores de explosivos; la compraventa de objetos de
obras de arte y otras más que ahora no citaré y que remito a la lectura
del artículo 25.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana y a otra legislación,
como la que establece determinadas obligaciones y limitaciones a los
propietarios de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras. Y es
en este grupo normativo, cuyo objeto último es la protección de la vida y
la seguridad de los ciudadanos, donde se inserta precisamente el proyecto
de ley orgánica que traspone al ordenamiento jurídico del Estado la
Directiva 2016/681, la directiva conocida como PNR, del registro de datos
de los pasajeros y por la que se coadyuva a la consolidación en la Unión
del espacio uniforme de libertad, seguridad y justicia, que sirva y
proteja a la ciudadanía ante la amenaza del crimen organizado y del
terrorismo, a través, como ya se ha expuesto, de unos estándares elevados
de seguridad y también a través de un marco jurídico garantista para la
protección y tratamiento de los datos de carácter personal de aquel
pasaje aéreo.
283 En definitiva, señorías, nos encontramos ante la trasposición de una
directiva del Parlamento y del Consejo que es obligada para el
ordenamiento jurídico de los Estados miembros, sin que estos puedan
oponer rechazo de pleno a esa trasposición o ni siquiera modificaciones
que la desvirtúen basándose en
284
285 un supuesto llamado control de identidad nacional, parejo a la doctrina de
la anulación de antes de la guerra civil en Estados Unidos, tal y como
nos recordaba estos días el profesor y expresidente del Tribunal
Constitucional, el señor Cruz Villalón.
286 La puesta en cuestión del principio de la primacía del derecho de la Unión
conllevaría que, si un Estado miembro pudiera decidir qué normas de la
Unión Europea aplica o deja de aplicar, el ordenamiento jurídico de la
Unión se desmoronaría. Tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, con ocasión de la reciente sentencia del Tribunal
constitucional federal alemán, el tribunal de Karlsruhe, que ponía en
cuestión la primacía del derecho de la Unión y de su máximo intérprete:
La supremacía del derecho de la Unión es la única forma de garantizar la
igualdad de los Estados dentro de la Unión. Se puede añadir a esta
declaración del Tribunal de Justicia de la Unión que el ordenamiento
comunitario es la espina dorsal que mantiene unida a la Unión.
287 Señorías, por estas razones no podamos dar nuestro apoyo a la enmienda a
la totalidad con petición de devolución al Gobierno que ahora debatimos,
por pretender que no haya un control preventivo del pasaje a través del
envío de los datos identificativos del pasaje para su cotejo a las
autoridades de seguridad, al efecto de la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y la
delincuencia grave, que es precisamente lo que determina la directiva NIS
y sin que, como decía, se le pueda oponer que la misma supone una
limitación injustificada de los derechos y libertades de la ciudadanía,
cosa que por cierto tampoco compartimos. Por estas razones -y voy
finalizando, presidente-, no apoyaremos la enmienda a la totalidad con
propuesta de devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica
debatido.
288 Muchas gracias.
289 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores). Gracias.
290 A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el
señor Cambronero Piqueras.
291 El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.
292 Como dije la semana pasada, y cada vez que intervenga en este Pleno, mis
primeras palabras van a ser para recordar a todos los caídos en esta
pandemia, para acompañar a los miles de familias -no sabemos cuántas son-
que han perdido a un ser querido en las peores condiciones posibles.
También, para homenajear a nuestros sanitarios, a nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ejército y a todo el personal
considerado esencial; homenajes y mejoras laborales es lo que queremos
para ellos.
293 Hoy debatimos el proyecto de ley orgánica sobre la utilización de datos
del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos
graves. Este proyecto de ley corresponde a la trasposición de la
directiva PNR, como ya hemos denominado. Tengo que decir que somos el
último país en incorporar esta normativa a nuestro ordenamiento jurídico
interno, lo cual es un motivo más de vergüenza y de preocupación;
preocupación porque nos enfrentamos a las sanciones de la Unión Europea y
preocupación, sobre todo, porque ponemos en riesgo la estrategia de
seguridad de toda la Unión Europea. En enero de este año, Ciudadanos
presentó una pregunta, precisamente, sobre la excesiva tardanza en la
incorporación de esta normativa al derecho interno. De hecho, de haberse
traspuesto a su debido tiempo, la vicepresidenta ilegítima de Venezuela
no hubiera podido aterrizar en nuestro país, precisamente por haber
vulnerado derechos fundamentales. ¿Recuerdan el Dalcygate? Nosotros no lo
hemos olvidado y espero que Ábalos tampoco.
294 Es evidente que la situación actual tiene poco que ver con el momento
concreto en que se dictó esta directiva. Partíamos de una base en la que
la mayoría de los Estados miembros elevaban su nivel de alerta terrorista
por terribles sucesos que costaron la vida a muchos europeos. En España
estábamos, y estamos, en alerta 4 antiterrorista, uno de los niveles más
altos y que más medidas implica; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen ejecutando todas
esas directivas de la alerta 4. Necesitamos certezas, vivimos la vuelta a
la normalidad tras una terrible pandemia con decenas de españoles
fallecidos, un confinamiento total de tres meses, con cierre de fronteras
y bajo una terrible crisis económica que amenaza especialmente a uno de
nuestros sectores más productivos, al turismo.
295 Señorías, tenemos un turismo de calidad y es un gran baluarte para nuestro
país, a pesar de que el Gobierno, y más concretamente el indescriptible
ministro de Consumo, señor Garzón, considere que es precario, que tiene
poca calidad y que no aporta valor añadido. Y yo me pregunto, ¿qué valor
añadido
296
297 aportan estas declaraciones del señor Garzón al conjunto del país? Que un
ministro de Consumo aún no sepa que sus palabras pueden generar daños
irreparables debería suponer una automática destitución, pero, claro,
este es el Gobierno de los indimitibles.
298 Permítanme la digresión, señorías, pero lo que hoy se debate es la
seguridad y la etiqueta que ya he puesto del Gobierno de los indimitibles
no es menos aplicable a su figura, señor Marlaska. Hablamos, señorías, de
la seguridad de todos los europeos. No creo que haya ninguno o casi
ningún grupo político que se oponga a esto y digo creo porque
precisamente también Unidas Podemos, el partido del señor Garzón y del
señor Iglesias que gobierna con Sánchez, no está presente en el pacto
antiterrorista, tampoco en el pacto de Estado contra la violencia de
género e intentaron reventar el Pacto de Toledo por las pensiones. En
definitiva, un bochorno.
299 Señorías, necesitamos abrir nuestras fronteras, recibir turistas y
hacerlo, además, con todas las garantías de seguridad personal y, por
supuesto, sanitarias. ¿Para qué? Para que los turistas elijan nuestro
país de nuevo. Necesitamos seguridad, es un bien de primera necesidad y
también necesitamos certezas, evidentemente. No ayudan las estériles
disputas del ministro de Consumo también con las líneas aéreas y tampoco
ayuda que de nuevo el ministro de Consumo lo diga abiertamente, desprecie
e insulte a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, imputándoles no se
sabe muy bien de qué tentativas golpistas. Se lo he preguntado por
escrito y espero que me lo responda. Al ministro de Consumo le vuelvo a
decir: ministro, acuerdos y no su actitud pueril de protesta de pancarta.
Representa usted los intereses de todo un país. No le pido que esté a la
altura porque es pedirle peras al olmo, pero sí le digo que, si sus
palabras no son más bellas que el silencio, no las diga, todos se lo
vamos a agradecer. Junto al señor Marlaska, Dolores Delgado, Ábalos y la
reciente incorporación del señor Simancas ya forman parte de los
indimitibles de Sánchez. Y la lista sigue creciendo.
300 En cuanto a la tramitación de esta ley orgánica, tenemos que decir que hay
que adecuarla al momento concreto que estamos viviendo. No podemos
permitirnos crear unas desventajas con otros países que compiten con
nosotros como destino turístico estival y ello tiene que ser compatible
con normas como estas. La fórmula secreta se llama consensos y acuerdos
con los sectores y los agentes afectados. Si hay que hablar de consenso
en esta Cámara es un poco ciencia ficción, pero sí que les pido que
entierren el hacha de guerra en materias como esta, porque son muy
sensibles para la economía de muchísimas familias en España. Seamos
responsables y no perdamos el norte, estamos hablando de combatir el
terrorismo. Hay grupos aquí presentes que eso no lo tienen nada claro. De
hecho, ni lo reconocen cuando incluso alguno ha estado en sus filas,
pero, desde luego, en Ciudadanos vamos a actuar con el mayor de los
sentidos de Estado.
301 En cuanto a la enmienda a la totalidad del BNG, solo tenemos que decir que
no consideramos una actitud ni razonable ni razonada autoexcluirse del
ordenamiento europeo, que además protege a todos los españoles. Otro
asunto es que a ustedes, como nacionalistas excluyentes que son, les
repele todo aquello que huela a progreso y a Unión Europea. Hablan
ustedes de que se limitan derechos y lo que hace es que se protegen.
Asimismo, que esta norma pretende controlar la forma de pensar, ¿cómo?,
¿con telepatía? Y otras consideraciones que consideramos ridículas.
302 Señores del BNG, primero, España está obligada en virtud del derecho
comunitario a trasponer esta normativa; segundo, esta norma supone una
mejora exponencial del nivel de seguridad de nuestras fronteras en la
vertiente más importante, en la preventiva, y, tercero, en materia de
protección de datos no se considera ilegítima aquella injerencia que
tenga como fundamento preservar el ámbito de protección de los derechos
fundamentales; lo dice el Tribunal Constitucional. Por cierto, de nuevo,
para acabar, quiero seguir agradeciendo a todos los uniformados, que
tanto le molestan a usted, su magnífica labor que han realizado durante
la pandemia.
303 Acabo diciendo que, por supuesto, votaremos en contra de la enmienda
presentada por el BNG.
304 Muchas gracias. (Aplausos).
305 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
306 A continuación, por el Grupo Republicano tiene la palabra la señora
Carvalho Dantas.
307 La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.
308 Señorías, empezamos diciendo que sí apoyaremos la enmienda a la totalidad.
También nos gustaría decir que es responsabilidad del Gobierno hacer la
trasposición de esta directiva, y no nuestra.
309
310 Tenemos ocho puntos de los que hablar, intentaré resumirlos rápidamente en
estos siete minutos que tenemos. Primer punto, sobre la trasposición de
la directiva. La trasposición en plazo de directivas de la Unión Europea
constituye un deber de los Estados miembros, y su incumplimiento puede
ser objeto de recurso por la Comisión ante el TJUE. Ya sabemos qué es. En
este sentido, la directiva objeto de trasposición establece, en su
artículo 18, que los Estados miembros pondrán en vigor -a más tardar el
25 de mayo de 2018- las disposiciones legales reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente directiva. Por lo tanto, es evidente que el Estado español llega
dos años tarde, señor ministro. Y que, junto con Dinamarca, son los
únicos Estados miembros que no han procedido a la trasposición. Por lo
tanto, van mal y tarde.
311 Segundo, sobre el acceso a la información personal por parte del
interesado. El proyecto de ley orgánica guarda silencio sobre el acceso
de los ciudadanos a la información que las autoridades competentes han
recopilado sobre ellos y almacenado durante los últimos cinco años. Es,
por tanto, un monitoreo indiscriminado de los movimientos, datos
personales y bancarios de los ciudadanos, sin ningún control, sin control
judicial y sin control del propio ciudadano que es objeto de una
intrusión en su vida personal y familiar, y este derecho está
constitucionalmente protegido, concretamente en el artículo 8 de la
Constitución. El proyecto de ley solo contempla el acceso del ciudadano
en un caso y no resuelve el tema del acceso del ciudadano a su propia
información. Preguntamos ¿quién apreciará ese elevado riesgo? ¿La propia
unidad de información sobre pasajeros?
312 Tercero, sobre los delitos graves. La directiva define los delitos graves
como los delitos incluidos en el anexo II, que son punibles con una pena
privativa de libertad y un auto de internamiento de una duración no
inferior a tres años, con arreglo al derecho nacional de un Estado
miembro. El principio de la proporcionalidad aquí salta por los aires, al
pretender en este caso la aplicación de una normativa que, recordemos,
está orientada a la lucha antiterrorista, a la prevención, detección e
investigación y enjuiciamiento de delitos a los que el ordenamiento
jurídico atribuye un reproche penal de una entidad muy inferior.
Preguntamos: ¿Son todos los ciudadanos terroristas en potencia y es
necesario monitorizarlos? Al final, nos sitúan en la lógica de siempre:
si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. Y así no es
como funciona un Estado democrático de derecho.
313 Cuarto, sobre la Agencia Tributaria. La inclusión de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria como autoridad competente -artículo 14 del
proyecto de ley- podría ser arbitraria por innecesaria, desde nuestro
punto de vista. Desde luego, el acceso a los datos del PNR no parece
justificado en el caso de la Agencia Tributaria.
314 Quinto, sobre la ausencia de control y autorización judicial. El artículo
14.2 del proyecto de ley establece que las peticiones de datos realizadas
por las autoridades competentes serán debidamente motivadas y con
suficiente base. La cuestión es, señorías, ¿quién fiscaliza la motivación
y la suficiencia? Evidentemente, cuando la autoridad competente que
solicita a la UIP datos de la PNR son los jueces y tribunales, nada hay
que objetar; pero no estaríamos de acuerdo si en el resto de casos queda
abierta la puerta a la arbitrariedad -repito, a la arbitrariedad-, por no
hablar de la ausencia de rendición de cuentas sobre las decisiones
adoptadas. También debemos destacar que el acceso de los datos PNR por
las autoridades competentes se realiza en ausencia de autorización
judicial, y esto no puede ser. Sin lugar a duda, una autorización
judicial es un mecanismo mucho más garantista para los derechos y
libertades de la ciudadanía que una petición debidamente motivada y con
suficiente base, que, insistimos, carece de control judicial.
315 Sexto, sobre la relativización de los derechos y libertades en la esfera
digital. Por supuesto, una injerencia en los derechos a la intimidad
personal y familiar, a la privacidad -con lo que supone la recolección y
almacenamiento de unos datos como los PNR- hubiera sido objeto de una
gran controversia, incluso de contestación pública si no se tratara de
actuaciones en el mundo digital.
316 Séptimo, sobre los vuelos interiores de la Unión Europea. Una medida más
coherente con el espíritu de la directiva y del principio de la necesidad
como dimensión del principio de la proporcionalidad hubiera sido
especificar qué rutas o vuelos van a ser monitorizados y con qué
objetivos, una opción que permite el artículo 2.3 de la directiva.
317 Octavo, sobre la adecuación o idoneidad de las medidas adoptadas. La
adecuación o idoneidad es otro de los subprincipios -voy acabando, señor
presidente, gracias- del principio de la proporcionalidad como lo ha
interpretado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Realmente,
ministro, esto nos hará estar más seguros? Preguntamos. Los programas de
monitorización masiva e indiscriminada en los Estados Unidos, por
ejemplo, han demostrado ser estériles. ¿Cuántos terroristas se han
detenido desde
318
319 el 11-S, señor ministro? Y mientras tanto, ¿cuánta información personal se
ha recogido? Preguntamos. La combinación de erosión de derechos más
vigilancia masiva no ha traído grandes avances en este campo. Y
acabamos...
320 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe
terminar.
321 La señora CARVALHO DANTAS: Sí, ahora acabo, es la última frase. Muchas
gracias.
322 Por este motivo, cabe dudar de la satisfacción del subprincipio de la
proporcionalidad en sentido estricto que exige que la norma sea ponderada
o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el
interés general que perjuicios sobre los otros bienes y valores en
conflicto.
323 Muchas gracias. (Aplausos).
324 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
325 Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Maestro Moliner.
326 La señora MAESTRO MOLINER: Bon día. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro.
327 Señorías, debo reconocer que buscando documentación para esta intervención
he encontrado cosas francamente ilustrativas. En el sitio oficial del
Departamento de Seguridad Nacional, lo que es la vieja página del
gabinete de la Presidencia del Gobierno del Partido Popular se explica
perfectamente qué es el registro de nombre de pasajeros. Y allí puede
leerse que nuestro país ha sido uno de los mayores impulsores de este
registro en la legislación europea como medida que impulse la seguridad
de los ciudadanos europeos, y el texto seguía con aún más autobombo. El
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que el
principal objetivo de los grandes sistemas informáticos de seguridad y
fronteras en el ámbito de Interior debe ser el refuerzo de la seguridad
de nuestros ciudadanos.
328 Pues bien, hoy no se pueden dejar de recordar dos cosas. La primera es de
índole político, y ya se ha comentado aquí. La directiva de 2016 sí que
nos daba un plazo de dos años a la hora de trasponerla y ese plazo,
insisto que se ha dicho mucho, venció en mayo de 2018. Parece interesante
recordar que en ese momento todavía estaba el Partido Popular en la
Moncloa. También es interesante preguntarse cómo perdió dos años el
Partido Popular para no trasponer algo que ellos mismos estaban
calificando de manera constante como francamente vital o como el refuerzo
de la seguridad de nuestros ciudadanos. A ninguna se nos escapa que sí se
dedicaron a crear esa tan famosa policía patriótica y a actuar contra
dirigentes políticos de grupos, entonces en la oposición y ahora algunos
en el Gobierno, o bien a reunirse en despachos de Interior y decirles:
hacemos una gestión, esto la Fiscalía te lo afina. Después de todo, todas
hemos oído las grabaciones, sería absurdo que quisiéramos negarlo ahora.
329 Todo esto no supone más que un ejemplo palmario de la importancia real que
el Partido Popular le da, en la práctica, al terrorismo. No se dedican
más que a utilizarlo como arma arrojadiza contra todos aquellos y todas
aquellas que realmente necesitan desacreditar por su talante democrático
o por ser rivales políticos. De hecho, hemos encontrado varios ejemplos
en los últimos meses de esta situación. Sencillamente, el hecho de poder
lanzarlo contra familiares y allegados también sería otro de estos
ejemplos más palmarios.
330 La segunda cuestión que quiero recordar, tal vez de índole económico, es,
precisamente -y ya se ha comentado por parte del ministro-, que nos
estamos exponiendo a una cuantía económica que es francamente elevada y
debiera ser inasumible. Pero, por supuesto, respecto a todos esos que
presumen de que solo ellos saben gestionar el dinero público, parece ser
que durante esos dos últimos años no era su prioridad o, como mínimo,
cabe cuestionar que no fueran los mejores gestores de ese dinero público,
por mucho que busquen abanderarlo tantas y tantas veces. Tal vez,
parafraseando su lema actual, así es como le gusta al Partido Popular
activar España. Esperemos que no sea así.
331 Pero esto también va de seguridad, y ya se ha comentado por parte de
muchísimos grupos. Aquí tenemos que hablar de algo que demasiadas veces
sale a colación, pero muy pocas en algo tan importante, y es el concepto
de terrorismo. En muchos casos, nuestro grupo y otras posiciones
entendemos que existen tipificaciones de terrorismo sin serlo. Y, por
favor, no se me alarmen, que es importante recordar que la actuación
judicial, como la del resto de los intervinientes del servicio público,
puede y debe quedar sujeta a la libre crítica en un Estado democrático.
Por lo tanto, siguiendo este derecho que se nos atribuye y dentro de un
sistema penal que es tan garantista y tiene tantos recursos, también se
nos permite hacer
332
333 este tipo de alusiones y cuestionar, por lo tanto, tantas sentencias como
entendamos que debemos hacerlo. En este sentido, podríamos entender que
una pelea en un bar no debiera considerarse terrorismo o, del mismo modo,
podríamos entender que asistir a una manifestación y ejercer todos los
derechos de libertad de expresión y de reunión tampoco debieran serlo.
Pero, insisto, considerando infames muchas de estas tipificaciones de
terrorismo, todo ello lo hacemos dentro de nuestro derecho de libertad de
expresión.
334 De igual modo, también nos encontraríamos en la parte contraria, porque,
en muchos casos, podríamos considerarlo y no ser reconocido. Les pongo
ejemplos bastante sencillos que creo que podrán comprender. El terrorismo
machista o el terrorismo patronal, que en muchos casos parece que lo
decimos con la boca pequeña. La realidad es que, por nuestra parte,
seguiremos defendiéndolo, y lo seguiremos haciendo desde las
instituciones, pero también lo haremos desde las calles, todos y cada uno
de los días. Por supuesto, estamos hablando de la limitación de derechos
fundamentales, estamos hablando de cuestiones que son francamente
sensibles y que, por ello, deben regularse con las máximas garantías y
controles. Ese es en todo momento nuestro espíritu. Porque podríamos
vernos en la miserable situación de que, igual que ha hecho el presidente
Trump, seamos las antifascistas las perseguidas y condenadas por
terrorismo. Teniendo en cuenta que algunos de sus fanáticos pudieran
incluso estar dentro de este plenario, entiendo que debemos ser incluso
más escrupulosas a la hora de fijar todas las garantías respecto a este
tipo de limitaciones de derechos fundamentales.
335 En este mismo sentido y con este afán garantista, desde Unidas Podemos, y
junto con el Grupo Socialista, hemos presentado una serie de enmiendas
que entendemos que enriquecen enormemente este texto, que durante la
ponencia podremos seguir matizando para lograr mayor control y que,
efectivamente, se pueda evitar todas arbitrariedades que en algunos casos
pudieran darse. Deseamos que cuando empiece a funcionar todo este
sistema, la Agencia de protección extreme al máximo sus precauciones y
sea capaz de auditarlo y fijarlo en el informe que tendrá que presentar
cada año a la Comisión Europea. Y, por supuesto, ahí estaremos todas
nosotras para fiscalizar que este cumplimiento se da de la mejor de las
maneras.
336 Igualmente nos preocupa, puede que incluso más que al propio grupo
enmendante -lamentablemente le anticipamos que no vamos a apoyar esta
propuesta- que en el momento en que entre en vigor esta ley orgánica que
afecta a derechos tan básicos y fundamentales -termino, señor presidente-
tanto este Gobierno como cualquier otro en el futuro garanticen no solo
el buen funcionamiento de la Oficina Nacional de Información de
Pasajeros, sino también el escrupuloso cumplimiento de todas las normas
de protección de datos en nuestro país. No debemos olvidar que con todo
esto nos jugamos muchísimo, pero, por supuesto, tampoco que la
fiscalización absoluta que debemos hacer de un tema tan importante como
este ha de ser un seguimiento constante, y, desde luego, les garantizo
que por parte de Unidas Podemos esto será así.
337 Muchísimas gracias. (Aplausos).
338 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
339 Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Alcaraz Martos.
340 El señor ALCARAZ MARTOS: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.
341 Quiero empezar mi primera intervención en este Pleno mandando mi más
sentido pésame a las decenas de miles de personas que han perdido a un
ser querido o a un amigo por la COVID-19. También mi ánimo y mi
solidaridad a esas personas que están luchando por superar esta
enfermedad.
342 Hoy traen a debate el proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los
datos de registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delito grave.
Por coherencia, desde VOX la vamos a apoyar. La pena es que esta ley
llega muy tarde, llega muy tarde para la detención de un terrorista de
ETA que utilizó los medios aéreos de Europa para huir de la justicia
española. Ustedes saben quién es, y usted, señor ministro, también,
seguro: De Juana Chaos, ese que es amigo del vicepresidente del Gobierno,
que está protegido en un país donde pasó su supuesta huelga de hambre de
sándwiches, un país donde el tirano Maduro ha impuesto el hambre a todo
su pueblo. Señorías, resulta paradójico que este texto venga a esta
Cámara de mano de un Gobierno y de unos partidos cuya trayectoria,
especialmente en lo que concierne a la identificación de posibles
terroristas, deja en evidencia la hipocresía con la que trabajan ustedes,
y me explico. El pasado 21 de enero en la Eurocámara el Partido
Socialista, junto a los proetarras de Bildu, votó en contra de investigar
y conocer
343
344 los nombres de los terroristas que asesinaron a 379 personas, cuyos
crímenes están sin resolver a día de hoy. Ustedes traen una ley para
identificar los nombres de los terroristas que pueden viajar por Europa,
pero en España han negado con su voto la identificación de los asesinos
de 379 españoles que claman y esperan justicia. Estos asesinos sí se
pueden pasear y lo seguirán haciendo con total libertad por Europa
gracias al beneplácito de este Gobierno. (Aplausos). Durante años me
manifesté en una rebelión cívica junto a miles de españoles, incluso a
veces en las puertas de este Congreso. Le decíamos al Gobierno socialista
que no traicionara a las víctimas del terrorismo y que no mercadeara con
la sangre derramada de nuestras familias, que no concediera impunidad ni
a ETA ni a sus crímenes. Mientras tanto, mientras las víctimas pedíamos
eso en la calle, ustedes, los señores del PSOE, se reunían con uno de los
mayores asesinos de la historia de ETA, con Josu Ternera. (Muestra una
fotografía). Compartían mesa y mantel con él y se jactaban de las bromas
que se gastaban en esas comidas. Este terrorista, que estaba buscado por
la justicia mientras ustedes comían con él, tenía pendientes un montón de
crímenes por responder en España, entre ellos los de la casa cuartel de
la Guardia Civil de Zaragoza, donde asesinaron a once personas, y, entre
ellos, a seis niños. (Muestra una fotografía). Con el que mandó cometer
este asesinato se sentaban ustedes a compartir mesa y mantel.
345 Señores del Gobierno, ustedes han demostrado que localizar terroristas les
importa muy poco. De hecho, su trayectoria les avala. Mientras estaban
firmando el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo con el
Partido Popular, estaban negociando con el jefe de Bildu, el terrorista
Otegi. Si no es así, saquen el acta de negociación. ¿Por qué no la sacan?
¿A qué temen? ¿Qué miedo tienen a sacar el acta de negociación con la
banda terrorista ETA? El Grupo VOX la pidió desde el primer momento, fue
una de las primeras iniciativas que trajimos a esta Cámara. Y de esos
polvos vienen estos lodos en los que se encuentran todos ustedes,
pactando sin escrúpulos con los proetarras de Bildu, cuyo coordinador, el
terrorista Otegi, ese que llaman hombre de paz, no tendría un grupo, el
terrorista Otegui, ese que llaman hombre de paz, no tendría un grupo aquí
sentado si ustedes realmente hubiera aplicado la ley. (Aplausos).
Señorías, hay que localizar, identificar y poner a disposición judicial a
los terroristas, ya viajen por Europa o por España, viajen en tren o en
avión o en alguno de los coches oficiales para ir a algunas de las
instituciones donde ustedes les han dejado sentarse.
346 Señor ministro, termino diciéndole que recuerdo en este momento las
últimas palabras que me dirigió usted -quizá no se acuerde- a través de
un correo electrónico cuando abandonó la Audiencia Nacional. Qué triste
encontrarle hoy aquí sentado al lado de un partido representando a un
Gobierno que tiene como socio a los amigos que asesinaron a mi familia.
Usted ha luchado durante muchísimos años en la Audiencia Nacional -yo he
estado en muchísimos juicios con usted-, pero que hoy esté aquí al mismo
tiempo acercándose al terrorista que mantuvo preso a mi compañero José
Antonio Ortega Lara y tenga que defender esto me parece inmoral.
347 Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario VOX, puestos en pie).
348 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, por el
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rojas García. (Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
349 El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Muy
buenas tardes ya, señorías.
350 No vamos a apoyar la enmienda de devolución que se presenta. Apoyaremos
este proyecto de ley porque será un instrumento para luchar desde el
Estado de derecho contra el terrorismo y el crimen. Y en esa lucha
tenemos que estar todos juntos, señorías, como siempre lo ha procurado el
Partido Popular cuando ha estado en el Gobierno, con firmeza, con
dedicación siempre, con recuerdo a las víctimas y siempre para que las
situaciones de terrorismo se pueden prevenir, enjuiciar y condenar.
Señorías, siempre lo hemos hecho y lo coherente es que lo volvamos hacer
desde la oposición. Eso es coherencia política, eso es política de
Estado, eso es estar a la altura de las circunstancias y estar unidos en
los grandes temas. Y así siempre ha actuado el Partido Popular. Además,
como ha reconocido el señor ministro, este es el mismo proyecto que dejó
el Gobierno del Partido Popular. Lo increíble, lo incongruente, señor
ministro, es escucharle decir aquí que el Partido Popular tardó mucho,
cuando ustedes han sido los que han tardado dos años en traer a esta
Cámara un proyecto que ya estaba redactado y terminado.
351 Señorías, queremos tener unas sinceras palabras de recuerdo para todas las
víctimas del terrorismo y que en la ponencia, cuando trabajemos en esta
ley, nos acordemos de ellas. Vamos a tenerlas en
352
353 nuestro pensamiento para hacer la mejor ley posible entre todos, la más
efectiva. Como saben, señorías, esta ley tiene su origen en las distintas
normativas de la Unión Europea, especialmente en la Directiva 2016/681
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2006, relativa a
la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros, PNR,
para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los
delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. Como indicaba el
ministro en su exposición, el objeto de este proyecto de ley es, en
primer lugar, regular la transferencia de los datos PNR por parte de las
compañías aéreas y otras entidades obligadas; en segundo lugar, la
recogida, el tratamiento y la protección de esos datos y su transmisión a
las autoridades competentes y el intercambio de datos entre los Estados
miembros, Europol y terceros estados; en tercer lugar, la designación de
la unidad de información de pasajeros española, y, por último, el régimen
sancionador. Quiero aprovechar para dar las gracias al exministro Juan
Ignacio Zoido y a todo su equipo por la ardua labor realizada, porque
trabajaron muy bien este proyecto de ley orgánica y, además, siempre
procuraron el consenso con todas las fuerzas políticas en el Pacto contra
el terrorismo, pacto en el que precisamente se habló de este proyecto de
ley.
354 Este proyecto de ley da un protagonismo especial a la Guardia Civil y a la
Policía Nacional, que son unos fantásticos profesionales y están entre
los mejores del mundo. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
son reconocidas por todos los que han trabajado junto a ellos. El
Gobierno de Francia les ha condecorado, la Interpol, la Unión Europea y
todos los que han trabajado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
españolas han alabado su profesionalidad. Todos menos parece que el
Gobierno de España, los ministros de su Gobierno, señor Marlaska. El
vicepresidente los llama viejos. Hay otro ministro que los acusa de
golpistas. ¿Cómo es posible esto? Y dos huevos duros más, a ver quién
crispa más dentro de su propio Gobierno a las instituciones del Estado, a
ver quién ataca más dentro de su propio Gobierno a la justicia. Ese clima
es insoportable y usted no está haciendo nada por cambiarlo, justo al
contrario. Señoría, como decía, dos huevos duros más. El expresidente
Felipe González acaba de decir que los ministerios del Gobierno son como
el camarote de los hermanos Marx. Yo le pido respeto a las instituciones
del Estado, le pido respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Solo la ministra de Defensa, haciendo honor al nombre de su
propio ministerio, ha salido al paso y ha defendido a la Guardia Civil.
Con esta ley orgánica nuestra Policía y nuestra Guardia Civil trabajarán
codo con codo con sus colegas europeos y algunos les preguntarán por qué
el Gobierno actúa con ellos de esa manera tan mezquina. Europa alaba a
nuestros policías, y ustedes manchan su honor, señor ministro. ¿No se le
cae la cara de vergüenza, señor Marlaska? Como le decía, este proyecto de
ley habla de autoridades competentes que pueden solicitar o recibir datos
PNR, son precisamente las direcciones generales de la Policía y de la
Guardia Civil, entre otras, y los jueces y tribunales, en garantía
-señala, con obviedad, la exposición de motivos- del principio de
independencia constitucional. Bueno, es una obviedad que, dicho sea de
paso, no viene mal refrescar por motivos que están ocurriendo en nuestro
país y que ustedes conocen y el ministro de Justicia tendrá que explicar
cuando dice que estamos en una crisis constituyente. Eso es muy grave,
señorías.
355 Y ante esto, se nos plantea una cuestión previa de legitimidad cuando
tenemos que trasponer esta directiva y hacer esta ley. La cuestión
previa, señoría, es: ¿Está usted capacitado ética y moralmente para venir
a este Congreso a presentar esta ley? La respuesta es que no, señor
Marlaska, y siento decírselo. Señorías, en estos minutos que me quedan
les invito a recorrer conmigo algunos puntos de este proyecto de ley.
Este proyecto contempla que solo la autoridad judicial o la Secretaría de
Estado de Seguridad pueden aprobar el acceso a la totalidad de los datos
de una persona. La Secretaría de Estado de Seguridad, que está a las
órdenes del ministro del Interior, puede aprobar el acceso a los datos de
una persona. Esto es muy serio, como se ha dicho y como todos sabemos.
Dígame, señor Marlaska, ¿qué garantías tenemos de que un Gobierno que
ordena perseguir a aquellos que le critican va a respetar esta ley? No
nos ofrece ninguna garantía un Gobierno mostrado dispuesto a investigar o
cesar a las personas que están en contra de sus postulados y que ordena a
la Guardia Civil perseguir aquellas informaciones críticas con el
Gobierno. No olvidemos la orden que sacó a la luz el general Santiago.
¿Se da cuenta, señor Marlaska? Usted es una complicación en el devenir de
este proyecto de ley. Lo es y se tiene que dar cuenta. Por eso se tiene
que marchar y tiene que presentar su dimisión. (Aplausos). Hasta tal
punto, señor Marlaska, que el ponente que ha defendido la enmienda a la
totalidad, en la que no vamos a entrar porque no estamos de acuerdo con
ella, lo ha citado a usted como obstáculo. Otro ejemplo, señorías. Esta
ley recoge la posibilidad de los accesos a los datos PNR para
investigaciones judiciales en delito grave. ¿Quién nos asegura que el
Gobierno no va a volver a meter la mano para parar una investigación
judicial que está en
356
357 curso e interferir en ella, como usted ha hecho? Usted está manchado, por
eso se tiene que ir, señor Marlaska. Decía León Tolstói que el respeto
fue inventado para sustituir al amor. A usted, señor Marlaska, ya no le
quieren ni le respetan en su trabajo, por eso tiene que dejar el escaño
azul.
358 Y nuestras críticas son en positivo. Respetamos su tarea profesional,
pero, señor Marlaska, las últimas decisiones que usted ha tomado
solamente tienen un camino, y es el camino de la dimisión. Durante este
tiempo usted no ha dado garantías de ningún tipo, no ha dado garantías
respecto a este proyecto de ley de que no se vaya a apartar, cuando se
tenga que poner en marcha la ley nuevamente, al socaire de su interés
partidista, a otros que investiguen al amparo de esta ley orgánica; no
tenemos ninguna garantía. Usted -y termino, señor presidente- ha mentido
descaradamente en el Congreso. Usted ha mancillado el artículo 126 de la
Constitución. Usted ha venido aquí a cargarse la separación de poderes,
aquella por la que usted juró obediencia un día y defendió un día; ahora
la está incumpliendo. Usted ya no es ministro de nada, usted ha perdido
la auctoritas. Usted no está en condiciones de defender esta ley
orgánica; siento decírselo, pero es la realidad. Las decisiones tomadas
tienen un camino, y es el camino de la responsabilidad el que usted tiene
que acatar. Tenga la suficiente dignidad para hacerlo y dignificará al
Congreso, al Gobierno y a España.
359 Muchas gracias. (Aplausos).
360 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celís): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
361 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
señora Botella Gómez.
362 La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente.
363 Señorías, me gustaría empezar con unas palabras de reconocimiento y
gratitud a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, las Policías autonómicas,
el Centro Nacional de Inteligencia, así como el conjunto de servidores
públicos, de las autoridades competentes en el marco de este proyecto de
ley, quienes, con profesionalidad y entrega, luchan cada día contra el
terrorismo y los delitos más graves que atentan contra los derechos
fundamentales de la ciudadanía.
364 Antes de pasar a tratar el tema del sistema PNR, me gustaría hacer una
consideración en referencia a las exposiciones que han ido haciendo los
diferentes diputados, porque es curioso que cada uno haya venido aquí a
hablar casi de su tema. Una cosa son los PNR y el proyecto de ley que
tenemos que sacar adelante en unos tiempos límites, y otra que vengamos a
hablar aquí cada uno de lo nuestro. A propósito de la PNR, la última
soflama del diputado del Partido Popular o la anterior del propio
enmendante cuando deriva hacia la libertad frente a la seguridad, un
debate con el que podríamos estar hablando durante bastantes horas.
365 Quiero decir que hemos de centrarnos con todo interés en algo que es muy
urgente -y en estos momentos tenemos que decidir, señorías, si rechazamos
esa enmienda y pasamos al siguiente trabajo-, y es que el sistema PNR es
un sistema de seguridad que deriva de la propia directiva relativa al
proyecto de ley que ya tenemos registrado en la Cámara para la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de
terrorismo y delitos graves. Este proyecto, en el que venimos trabajando
desde hace tiempo, como bien ha dicho el ministro, es eficaz en términos
de seguridad, equilibrado y garantista en términos de protección de datos
personales, fruto de ese largo y amplio debate, como ya ha comentado el
ministro, que viene reflejado desde la Unión Europea. Se puede decir todo
lo que se quiera de este proyecto menos que es precipitado. Tengan la
tranquilidad, señorías, de que llega aquí muy reposado, porque ha tenido
todo tipo de reflexiones en la Unión Europea, aunque eso no nos ahorre
los debates que nosotros tenemos derecho a plantear. Estamos
transponiendo una directiva que es marco regulador de obligada
transposición a nuestro ordenamiento. La directiva y, por tanto, el
proyecto de ley constituyen un elemento esencial en el ámbito de la
seguridad -insisto, siempre en el ámbito de la seguridad-. Luego se
ponderan y se articulan con todos los sistemas de protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, pero es la seguridad el input,
lo que mueve a que se pueda realizar. Y se da la paradoja de que España a
lo largo de este periodo que tuvimos a dos tiempos -me refiero a la XII
Legislatura- ya defendió que era útil este instrumento que otros países
venían utilizando. En países anglosajones como Estados Unidos o Reino
Unido, sus autoridades nacionales ya estaban trabajando con estos datos
del registro de nombres de pasajeros que facilitan las compañías y las
aerolíneas.
366 El hecho cierto es que el plazo de transposición de la directiva expiró,
efectivamente, señorías del Partido Popular, el 25 de mayo de 2018, antes
de la moción de censura, es decir, cuando llegó el Gobierno
367
368 había expirado el plazo. Poca crítica cabe a quien desbloqueó en seis
meses lo que había estado retenido durante dos años. En seis meses se
articuló el nuevo proyecto y se trajo a la Cámara. Pero el calendario
político y electoral que ha habido en España ha sido el que ha sido, y no
se lo tengo que explicar a sus señorías. Pero tampoco es que ahora ayude
mucho, y no es que quiera reñir a la señoría del BNG, una enmienda de
totalidad, en plena pandemia, con todos los atrasos que vamos a tener
para tramitarla. Podían ustedes haber puesto enmiendas al clausulado con
un un enfoque más constructivo, y la ponencia podría haber empezado ya a
trabajar. Y les hago también una consideración. Si preocupan las
sanciones económicas, más deben preocupar, en términos de seguridad, que
España no esté incorporada y plenamente operativa en el sistema PNR
europeo.
369 Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza la enmienda a la
totalidad del Grupo Plural por falta de rigor, por ser extemporánea e
irrelevante a la hora de aportar alternativas. Hasta tal punto es así que
la propia portavoz del Grupo Plural ha presentado enmiendas al clausulado
para que se debatan luego en ponencia, con lo cual se ve que no tiene
muchas garantías de que la enmienda pueda ser aprobada, y más bien la ha
presentado por desahogo.
370 Sorprende también que el portavoz del BNG tilde de excusa -no quisiera
dejar estas palabras, porque las palabras son muy importantes- la
protección de los ciudadanos ante futuros ataques terroristas. Sobre esos
futuros ataques terroristas, señoría, desde el año 2001 han producido un
reguero de muerte y desolación en Europa, empezando por los atentados en
España en marzo de 2004 y siguiendo por los de Inglaterra, Francia,
Bélgica, Alemania u Holanda. Es poco delicado hablar de que es una excusa
la protección de los ciudadanos. ¿Si hubiéramos podido hacer algo más,
algo más podríamos haber salvado? Esa es la pregunta que siempre nos
tenemos que hacer los poderes públicos.
371 También califica el sistema PNR de amenaza para los fundamentos de
cualquier sociedad democrática. Entonces, no sé qué estima de calidad
democrática encuentra usted que tienen los países que ya lo han
transpuesto, como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y el conjunto
los países europeos, menos nosotros.
372 No se entiende tampoco que, ante la complejidad y la trascendencia de este
tema, se despache usted en una enmienda a la totalidad básicamente con
cuatro párrafos, dos tópicos, varios prejuicios y ninguna alternativa.
Así, realmente, se es poco constructivo. Señoría, con franqueza,
permítame que le diga que a esta enmienda, y más después de la
intervención que ha tenido, le sobra dogmatismo y le falta estudio. Este
ha sido un proceso muy complejo. En los propios dosieres de la Cámara
verá usted que ya anteriormente, desde el año 2007 -se refería el
ministro a cinco años de tramitación de la directiva- existían unas
recomendaciones del Consejo para que se pusiéramos a trabajar en la
utilización de los datos PNR con fines policiales. Es decir, hay un largo
camino ya recorrido.
373 Señorías, la realidad a la que nos enfrentamos es la que sufren las
víctimas del terrorismo, la tragedia de tantas personas inocentes a las
que los terroristas han arrebatado sus vidas, las suyas y las de sus
familiares y seres queridos, porque estas van a ser vidas perdidas, pues
no tendrán reparación, y sin que hayamos podido luchar con todos los
elementos a nuestro alcance. La realidad a la que nos enfrentamos es la
persecución de los crímenes más horribles contra la dignidad de las
personas, que aparecen en listados de hasta veintiséis categorías de
delitos graves. La realidad a la que nos enfrentamos es que la amenaza
terrorista requiere de una continua adecuación, sistemas de alerta,
detección temprana y medidas preventivas, tal y como señala el informe
anual de seguridad nacional. Señorías, la realidad a la que nos
enfrentamos es el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. Y
no puedo dejar de hacer mención a que es un fenómeno muy preocupante para
Europa, muy preocupante para todos los servicios de seguridad y de
inteligencia, porque, según los últimos datos que manejamos, de los cinco
mil individuos que se conoce que fueron a luchar a la yihad a Siria e
Irak, hay dos mil de los que no se conoce su paradero; además de los que
hayan fallecido o hayan retornado, hay dos mil que no sabemos dónde
están.
374 Finalizo, señorías, pidiéndoles que voten rechazando esta enmienda, para
pasar a trabajar con urgencia, de una manera ya constructiva y mejorando
-también lo decía el ministro- el proyecto, para que pueda ser lo más
completo y con la mejor calidad técnica.
375 El señor VICEPRESIDENTE (Gómez de Celis): Señoría, debe terminar ya.
376 La señora BOTELLA GÓMEZ: Termino con unas palabras de ánimo. El
eurodiputado británico relator en la Comisión de las Libertades Civiles,
cuando se aprobó la directiva, después de cinco años que había
377
378 pasado defendiendo el proyecto, dijo: Debemos dar un mensaje a nuestros
ciudadanos de que realmente nos preocupamos por ellos, estamos haciendo
lo correcto.
379 El Gobierno ha hecho su trabajo. Señorías, ahora es nuestra
responsabilidad unir fuerzas para luchar contra el terrorismo y los
crímenes más graves. Pongámonos a trabajar.
380 Muchas gracias. (Aplausos).
381 El señor VICEPRESIDENTE (Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
382 TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
383 - DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, ORGÁNICA DE DELIMITACIÓN DE LA
JUSTICIA MILITAR. (Número de expediente 122/000033).
384 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el
punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, Orgánica de
delimitación de la justicia militar.
385 Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Nuet
Pujals.
386 El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.
387 El Grupo Parlamentario Republicano propone limitar la justicia militar a
situaciones de guerra, conflicto armado internacional o estado de sitio.
En un Estado democrático, señorías, ni la democracia ni la justicia
pueden quedar a las puertas de los cuarteles. En un Estado democrático
ninguna de sus instituciones, ninguna puede eludir el control
democrático. Delitos tan execrables como la corrupción o los de
naturaleza sexual no solo deben ser reprobados de forma tajante, sino que
la justicia debe proceder de forma ejemplar para cortar de raíz esas
prácticas.
388 La existencia de una jurisdicción militar en España es una excepción
admitida no exigida constitucionalmente, por ello, es una opción política
mantenerla o restringirla. La justicia militar es un anacronismo en
España y una anomalía en Europa. Alemania la eliminó en 1949, Francia en
1982, Holanda, Bélgica, Noruega o Dinamarca han hecho lo mismo; llevamos
setenta años de retraso respecto a Alemania y cincuenta respecto a
Francia.
389 La existencia de la justicia militar en tiempos de paz se manifiesta
contraria a las recomendaciones internacionales sobre la materia,
incumple varios de los veinte principios del informe Decaux, de Naciones
Unidas: el 13, el derecho a un tribunal competente independiente e
imparcial; el 14, publicidad del juicio; el 15, garantía del derecho de
defensa y del derecho a un juicio justo e imparcial; el 16, acceso de las
vías a la tutela judicial efectiva, o el 17, interposición de recursos
ante tribunales ordinarios.
390 Señoras y señores diputados, un delito sexual o de corrupción es un
delito, lo cometa un civil o lo cometa un militar. Existen demasiados
ejemplos de corruptos y acusadores militares que por delitos graves son
condenados solo a menos de tres años de prisión, lo cual en aplicación de
las prerrogativas del Código Penal Militar les permite seguir en el
ejército, en algunos casos al lado de sus víctimas. De las 174 denuncias
por acoso o agresión sexual y laboral hasta el 31 de diciembre de 2015,
solo una de cada diez acabó en condena y ninguna en expulsión del
ejército. De 2016 a 2018, de las 90 denuncias de naturaleza sexual
ninguna terminó en condena.
391 Pregúntense, señoras y señores diputados, por qué miles y miles de mujeres
han abandonado el Ejército en los últimos años; por qué, salvo en algunas
excepciones, muy pocas de ellas desempeñan una exitosa carrera militar y
acceden a altas responsabilidades de mando. Ningún coronel, ningún
general, ha sido expulsado en los últimos diecinueve años por corrupción
en las Fuerzas Armadas, a pesar de casos tan sonados como el ACAR Getafe,
las facturas falsas en el Ejército del Aire, la corrupción en el Hospital
Gómez Ulla o la corrupción en las adjudicaciones de contratos del
Ministerio de Defensa. En las Fuerzas Armadas del Estado español los
trapos sucios se lavan en casa y se practica una verdadera omertà bajo la
protección de los tribunales de justicia militar. En las Fuerzas Armadas
del Estado español son las víctimas -los y las denunciantes- las que son
escrutadas y acusadas, muchas de ellas son expulsadas del ejército o
acaban abandonándolo.
392 ¿Cuál es la realidad, señorías, cuál es la realidad? Más allá de mantener
la formalidad de las garantías procesales, la realidad es la siguiente:
funcionan las amistades forjadas en promociones; se cultiva la confianza
y la protección de los oficiales de más alto rango; se practica la
desconfianza en quien denuncia; se cuestiona el valor de los testigos y
sus declaraciones según su posición jerárquica en el ejército;
393
394 funciona el temor de los denunciantes a no obtener apoyos de sus
superiores para ascensos o traslados; las declaraciones se realizan más
ante un superior jerárquico militar que ante un juez o un fiscal. En
España, en las Fuerzas Armadas, hacer circular manifiestos de apología
del franquismo, en la práctica ni se sanciona ni se persigue, pero
denunciar a acosadores sexuales, denunciar la corrupción o firmar
manifiestos antifranquistas sí conlleva sanción y expulsión del ejército.
395 Hoy ponemos a través de esta iniciativa también voz a las víctimas.
Gracias a las asociaciones militares democráticas y antifranquistas, son
el germen de esta iniciativa. Un abrazo fraternal desde la tribuna al
exteniente Gonzalo Segura y a su causa justa. El corporativismo
retrocederá hoy o muy pronto y la justicia finalmente triunfará. Estamos
en un camino imparable de democratización de las Fuerzas Armadas, no lo
podrán parar la derecha ni aquellos que aún dudan.
396 Muchas gracias. (Aplausos).
397 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Ha solicitado la
utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y por ello tiene la palabra, en representación de dicho grupo,
el señor Gutiérrez Díaz de Otazu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de
limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.
398 El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Muchas gracias, señor presidente.
399 En primer lugar y antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría
expresar mi respeto personal por el señor Nuet que plantea esta
propuesta. Aprendí de muy joven a respetar a los representantes del
pueblo español y lo hice precisamente en el seno del centro de formación
donde se forman los cuadros de mando del Ejército de Tierra, parte de la
institución de las Fuerzas Armadas que hoy se somete a análisis. Tras
cuarenta y cuatro años de servicio en las mismas, con solo un año escaso
de experiencia en esta casa, le puedo asegurar, señor Nuet, que nunca me
han insultado tanto, de manera individual y colectiva, ni me han faltado
tanto al respeto, ni me han vociferado tanto ni de manera tan gratuita
como durante este año (aplausos), simplemente por ocupar un escaño en una
parte concreta del hemiciclo o por considerárseme adscrito a una manera
concreta de entender la realidad, a lo que sin duda tengo derecho,
derecho que pienso seguir ejerciendo. No se preocupe que yo no haré lo
mismo. Discrepo mucho de usted, pero repito que le respeto personalmente.
400 En la Academia General Militar, centro de formación del Ejército de Tierra
donde reciben su formación básica parte de los cuadros de mando de esa
institución que usted considera se ha convertido en cobijo de
delincuentes sexuales o en hogar de delincuentes, se enseña tanto a los
oficiales de las armas, entre los que me cuento, como a los de cuerpos
comunes, entre los que se encuentran los del cuerpo jurídico militar, que
dan cuerpo a la jurisdicción militar, a respetar a los representantes de
la nación, a anteponer el bienestar de los españoles a cualquier otra
consideración y a respetar meticulosamente el ordenamiento jurídico de la
nación, empezando por la propia Constitución. Es esa Constitución la que
en su artículo 117.5, que usted dice que no le compromete, establece que
el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y
funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la
jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los
supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la
Constitución. Viene usted, por tanto, a plantear una reforma de la
Constitución a través de su proposición de ley orgánica.
401 En el comienzo de su exposición de motivos esta proposición de ley
orgánica se refiere a un informe de Naciones Unidas, el informe Decaux,
en honor al apellido de su autor Emmanuel Decaux, que se formuló en el
2006 bajo el título de la Administración de Justicia por los tribunales
militares. Este informe contemplaba la existencia de tribunales militares
y daba principios para el ejercicio de la justicia por parte de los
mismos. Usted decide seleccionar cinco de ellos que a su juicio son
incumplidos, dice usted -sin aportar prueba alguna, pero lo dice- que los
tribunales militares no son competentes, independientes ni imparciales,
que los juicios no son públicos, que no existe garantía del derecho de
defensa ni derecho a un juicio justo e imparcial, ni acceso a las vías a
la tutela judicial efectiva y, por último, según dice usted y solo usted
-bueno, no solo usted y ahora le explicaré por qué-, no se pueden
interponer recursos ante tribunales ordinarios. Eso no es cierto,
señoría, todo ello es radicalmente falso, todo ello, desde el principio
hasta el fin. Claro, cuando uno se enfrenta todas estas afirmaciones,
carentes totalmente de fundamento, siente la curiosidad de saber de dónde
las ha obtenido usted y se las encuentra en un artículo de Internet del
25 de junio de 2019.
402 Su exposición de motivos está lamentablemente plagiada al cien por cien de
ese artículo, artículo que publica en Internet el señor Luis Gonzalo
Segura de Oro-Pulido, al que usted ha hecho referencia. Este sí
403
404 fue expulsado de las Fuerzas Armadas, pero fue expulsado por el Tribunal
Supremo, señoría, no fue expulsado por un conjunto de generales
enloquecidos, fue expulsado por el Tribunal Supremo como consecuencia de
una acumulación reiterada de faltas disciplinarias. Fue expulsado en un
procedimiento judicial que culminó, como todos en España, en el Tribunal
Supremo porque la jurisdicción militar, señoría, está integrada, tal y
como prevé en el principio número 1 del Informe de Decaux, en el sistema
judicial general. En el mismo informe -y con esto termino con el
informe-, en el punto número 8 se establece que la competencia de los
órganos judiciales militares debería estar limitada a las infracciones
cometidas dentro del ámbito estrictamente castrense por el personal
militar, tal y como precisamente establece nuestra Constitución.
405 Pasa usted a continuación -o mejor dicho, el auténtico autor de la
exposición de motivos de su proposición de ley orgánica- a poner en
cuestión la honestidad profesional de los órganos jurisdiccionales
militares, a los que acusa de condenar a pocos militares por delitos de
acosos, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas
Armadas, prejuzgando y condenando gratuitamente a los mismos nuevamente
sin prueba alguna, atribuyéndoles una discutible presunción de
culpabilidad.
406 En otro de los apartados de dicho artículo de Internet, convertido en
exposición de motivos, se descalifica de forma gratuita y sin fundamento
alguno a la justicia militar, acusándola de un comportamiento
prevaricador en casos de corrupción o de fallecimiento de militares. Es
lamentable escuchar esto en esta Cámara sobre una institución de las más
valoradas por el pueblo español a través de las múltiples encuestas
realizadas, Dios sabe con qué intereses, sobre lo que piensan y reflejan
reiteradamente los ciudadanos españoles, a los que se pretende hacer
dudar de honestidad de las Fuerzas Armadas sobre la base de afirmaciones
espurias, insultantes y carente de todo fundamento.
407 El poder constituyente reconoció en el artículo 117.5 de la Constitución
la subsistencia de la jurisdicción militar dentro de la unidad
jurisdiccional como una como una jurisdicción especial y única para
impartir la tutela judicial efectiva en el ámbito estrictamente
castrense. Este modelo no es privativo de España, la jurisdicción militar
existe en muchos países democráticos del mundo como Australia, Canadá,
Brasil, Estados Unidos Italia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, el
Reino Unido o Suiza y en casi todos los hispanoamericanos. En el artículo
de Internet que usted emplea, el autor del mismo, el exteniente Luis
Gonzalo Segura de Oro-Pulido, lo titula: "La justicia militar, un cáncer
en España (y también en Latinoamérica)". Convendrá usted conmigo que una
persona que ha sido expulsada del ejército por parte de la justicia
militar es una fuente de información, como poco, sujeta a sospecha de
animadversión.
408 La jurisdicción militar no es un foro privilegiado de los militares sino
una herramienta de la que dispone el Estado de derecho para atender
debidamente los principios de unidad, jerarquía y disciplina aplicables a
los servidores públicos que han decidido limitar, por propia elección al
abrazar la carrera de las armas, el ejercicio de alguno de sus derechos y
libertades en beneficio de la sociedad. Pese a lo que se insinúa
frívolamente y sin fundamento alguno en la proposición de ley orgánica
que se somete a debate, la jurisdicción militar se encuentra en España
plenamente integrada en el Poder Judicial del Estado y viene aplicando
con incuestionable lealtad institucional la doctrina emanada del Tribunal
Supremo y los principios que fundamentan nuestro sistema democrático.
Así, los jueces y tribunales militares han promovido hasta ahora en sus
actuaciones un elevado nivel de tutela judicial, cuya alta calidad se
constata por el nivel jurídico de sus resoluciones y por la rapidez en la
respuesta decisoria, resultando residuales los casos de dilaciones
indebidas. Además, tras algunas reformas introducidas en las leyes que lo
regulan, la jurisdicción militar ha sabido adaptarse sin problemas desde
1978 a las nuevas demandas sociales, vigorizando las garantías de los
justiciables.
409 Entre estas reformas merece destacarse la revisión por la Sala Quinta del
Tribunal Supremo en casación de todo tipo de sentencias dictadas por
órganos inferiores, cualquiera que sea la materia y la sanción prevista
para la infracción de que se trate y el reforzamiento de la independencia
de los jueces militares, atribuyendo desde 2015 al Consejo General del
Poder Judicial su nombramiento directo, sin intervención alguna de las
autoridades administrativas del Ministerio de Defensa. La citada Sala
Quinta del Tribunal Supremo se compone de ocho magistrados, cuatro
procedentes de la jurisdicción ordinaria y cuatro procedentes de la
jurisdicción militar. En lo concerniente al presidente de la sala, como a
los magistrados de la jurisdicción ordinaria, su nombramiento se atendrá
a las mismas normas existentes para el nombramiento de los presidentes y
magistrados del resto de salas del Tribunal Supremo. Los magistrados
procedentes del Cuerpo Jurídico Militar serán nombrados por real decreto
refrendado por el Ministerio de Justicia y a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial entre generales consejeros togados y generales
auditores con aptitud para el ascenso en actitud de servicio activo.
410
411 Tal como prescribe el preámbulo de la Ley Orgánica 4/1987, de la
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, con última
modificación en octubre de 2015, la jurisdicción militar tiene su origen
en la misma génesis de los ejércitos permanentes y ha sido siempre una
jurisdicción especializada, carácter que se deriva de la naturaleza del
derecho que aplica y del ámbito institucional en que se ejerce. La máxima
garantía de una recta administración de justicia se centra en la
independencia de los órganos judiciales y, en el seno de la jurisdicción
castrense, la última revisión de la ley orgánica se orienta en esa línea,
consagrando la inamovilidad, la responsabilidad y la sumisión exclusiva
al imperio de la ley de quienes desempeñan esta función, haciéndose un
verdadero esfuerzo por lograr la definición positiva de esa independencia
para los órganos judiciales militares.
412 Las Fuerzas Armadas tienen muchas necesidades, entre las que se incluyen
el incremento de su presupuesto, la actualización de sus retribuciones,
las posibilidades de conciliación, las salidas profesionales a los
vigentes regímenes de suscripción de compromisos, especialmente los de
larga duración, la movilidad geográfica y algunas otras, pero no la falta
de la necesidad de una jurisdicción militar especializada. Este problema
no existe en las Fuerzas Armadas, sino más bien al contrario, es asumida
como necesaria, tanto en España como en todos los países de nuestro
entorno que acogen modelos de defensa nacional semejantes al nuestro.
413 Usted propone que se reserve exclusivamente para tiempo de guerra, llama
usted. La ley orgánica lo contempla como conflictos armados o en
situación de conflictos internacionales. Señoría, lo que no existe en
tiempo de paz no se puede improvisar en tiempo de guerra. Es necesario
que exista una jurisdicción militar en tiempo de paz, igual que es
necesario que exista un ejército en tiempo de paz que esté preparado para
actuar en tiempo de guerra o de conflicto armado. (Aplausos). La
jurisdicción especializada está intrínsecamente vinculada al régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas, sin el cual, con las garantías de
las que ya ha sido provisto y con las que se puedan añadir en el futuro,
la eficacia de las Fuerzas Armadas se vería seriamente comprometida y,
con ello, la defensa nacional.
414 Centrémonos, señorías, en los problemas reales que existen, no generemos
problemas que no se conciben como tales. Usted ha mencionado las
asociaciones profesionales. Yo recibí anteayer un correo electrónico de
una asociación profesional cuyo nombre no voy a mencionar, pero que lo
habrá recibido también usted, que pone en cuestión esta proposición que
usted realiza, porque las reformas que necesitan las Fuerzas Armadas no
pasan por la eliminación de la jurisdicción militar. Es una necesidad de
tiempo de paz para prepararse para tiempos de conflicto armado.
415 Para terminar, quiero aprovechar los ocho segundos que me quedan para
hacer una mención a mi condición de diputado nacional por Melilla y
reclamar para Melilla y para Ceuta la atención de las autoridades de
nuestro Gobierno para que en la tarea que se ha planteado el Gobierno de
que nadie quede atrás no se deje atrás a las ciudades de Ceuta y Melilla,
que tan olvidadas las tienen.
416 Muchas gracias. (Aplausos).
417 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
418 Se concede un turno de réplica. Por ello tiene la palabra el señor Nuet
Pujols.
419 El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
420 Señorías, mi formación está basada en la tradición republicana, muy
distinta a la suya, y la tradición republicana nos indica que la cortesía
no riñe con la valentía y, por tanto, la cortesía parlamentaria la damos
por descontada, pero hay que decir las verdades aunque duelan, señoría. Y
hoy hemos venido aquí a decir verdades, a representar a víctimas con
nombres y apellidos, algunas de ellas en este Congreso de los Diputados.
Eso es tal real como la vida misma. No le dé usted la espalda.
(Aplausos).
421 El Partido Popular, cuando habla de estos temas, debería hacerlo con la
boca pequeña y le voy a decir por qué. Porque su incompetencia fue la
causante del peor accidente que han sufrido las Fuerzas Armadas en
nuestra historia, el del Jak-42, señoría. Por tanto, si quieren hablar de
corrupción y si quieren hablar de negligencia, primero pidan perdón a los
servidores públicos que perdieron la vida y luego le seguiré escuchando,
señoría. (Aplausos). Pidan perdón primero, discúlpense ante las víctimas
del Jak-42. Porque en alguno de los casos que estoy mencionando, señoría,
¿qué me propone?, ¿que lo gestionemos como ustedes gestionaron el
accidente del Jak-42, donde la defensa de alguno de sus responsables fue
pagada por el Partido Popular? ¿Ese es el nivel de encubrimiento que
usted propone a esta Cámara, señoría? Espero que no. Por tanto, de eso
estamos hablando.
422
423 No sé por qué el Partido Popular cuando hablamos de corrupción se pone tan
nervioso; no sé por qué, señoría; igual me lo aclaran. No sé por qué el
Partido Popular cuando hablamos de acoso sexual a las mujeres se pone tan
nervioso, señoría. (Rumores). ¿Por qué? ¿O esas víctimas no merecen su
apoyo y su reconocimiento? Por tanto, en eso estamos, señoría. Sean
ustedes valientes y patriotas, al menos por un día. Dele hoy usted la
cara, pónganse del lado de las víctimas. Siempre están a tiempo de
ponerse los otros 364 días del año, como siempre hacen, del lado de los
verdugos.
424 Muchas gracias. (Aplausos).
425 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una señora de la limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
426 Tiene la palabra el señor Gutiérrez Díaz de Otazu.
427 El señor GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU: Muchas gracias, presidente.
428 No sé quién se pone nervioso, señor Nuet, pero ha dado la impresión de que
ha sido usted. Hemos estado hablando de la institución militar, de la
jurisdicción militar, de las Fuerzas Armadas y usted ha trastocado el
argumentario al Partido Popular. Las Fuerzas Armadas son un órgano de
toda la nación, ningún partido las patrimonializa. Usted vincula la
jurisdicción militar al Partido Popular; el Partido Popular no tiene
ninguna intención de patrimonializar a las Fuerzas Armadas. (Aplausos).
429 La jurisdicción militar en toda su historia ha actuado conforme a derecho
y conforme a la ley, incluidos los casos que usted ha mencionado; los
casos de acoso sexual, abuso sexual, corrupción, en las incompetencias en
la gestión de contratación. En todas las ocasiones la jurisdicción
militar, que es de la que estamos hablando, que remata en el Tribunal
Supremo, sede de nuestra organización judicial máxima en el Estado
español, ha actuado correctamente y está reconocido de esa manera. El que
usted me valore posiciones políticas individuales o aisladas en casos
concretos de la historia no conduce a nada a la hora de analizar la
pertinencia o no pertinencia del mantenimiento de la jurisdicción
militar.
430 Encubrimiento ninguno, señoría. He pasado cuarenta y cuatro años en las
Fuerzas Armadas; esas Fuerzas Armadas que usted describe y que desconoce
-obviamente no tiene porqué conocerlas- no existen, no existen. El
personal que trabaja en las Fuerzas Armadas trabaja con pundonor, con
decencia y con decoro. No está empeñado en movimientos de sables, en
conspiraciones, en salas de banderas ni todas esas cosas que ustedes
alientan; trabaja cotidianamente por la preparación de las Fuerzas
Armadas para el desempeño de sus cometidos. Las Fuerzas Armadas y su
jurisdicción militar están sujetas a los principios establecidos en
nuestras Reales Ordenanzas; las Fuerzas Armadas funcionan por principios
éticos y morales. El artículo 18 de las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas establece que el militar propiciará con sus actuaciones
"que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie
tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad". Eso rige
para todos los profesionales de las Fuerzas Armadas, señoría (aplausos),
y a eso se rinde culto de manera constante en las Fuerzas Armadas. Todas
las tergiversaciones a las que ustedes someten, las sospechas y las
presuntas conspiraciones en el ámbito de las Fuerzas Armadas no existen
más que en su imaginación y en su intención espuria de obtener no sé qué
objetivos de debilitación o de colocación en situación de sospecha a las
Fuerzas Armadas. Eso no existe.
431 Por último, señoría, quiero expresarle lo siguiente. La Ley Orgánica
5/2005, de Defensa Nacional, establece que "las Fuerzas Armadas son el
elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única que se
concibe como un conjunto integrador de las formas de acción específica de
cada uno de sus componentes". Y, como le he dicho anteriormente, para el
mantenimiento de la eficacia del funcionamiento de esta institución,
esencial para la defensa nacional, la jurisdicción especializada es vital
para el mantenimiento del régimen disciplinario específico del
funcionamiento de unas Fuerzas Armadas, en este país y en cualquier país
con el que nos queramos comparar. Si no existe jurisdicción militar en
tiempo de paz no podrá existir en tiempo de guerra. Para el nombramiento
del personal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, Sala de lo Militar,
el Consejo General del Poder Judicial se atiene a criterios estrictamente
derivados de las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial. El
fiscal jurídico militar, fiscal ante esa sala, depende orgánicamente de
la Fiscalía General del Estado. El sistema jurídico militar está
estrictamente integrado en el sistema judicial español; no hay ninguna
actuación independiente, escondida, corporativa ni de ninguna otra
naturaleza, señoría.
432 Muchas gracias (Prolongados aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso).
433
434 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores). Gracias.
435 En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Agirretxea Urresti.
436 El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
437 Señoras y señores diputados, aquí parece que se puede poner en cuestión y
se puede criticar todo menos las Fuerzas Armadas, y menos si son
españolas. Se debe de obedecer y callar. Pues no, mi grupo no lo va a
hacer. La proposición de ley que hoy trae el Grupo Republicano en el
fondo pretende dos cuestiones: por una parte, denunciar los graves y
flagrantes delitos dados en los tribunales militares y, por otra parte,
eliminar la justicia militar como tal. El proponente nos ha hecho un
profundo análisis de diferentes casos que se han tratado en tribunales
militares y que nosotros sabemos y entendemos que son así. Podrían ser,
tanto una como otra, la concatenación lógica una de la otra, pero, de
facto, no lo son. Nuestra posición difiere en algunas cuestiones de lo
que plantea Esquerra Republicana de Catalunya. Trataré de explicarme.
438 El criterio que subyace en la proposición de ley del Grupo Republicano es
que como la justicia militar no funciona, la justicia militar ha de ser
eliminada, salvo en casos de estado de sitio, conflicto bélico o guerra,
tal y como han apuntado. El grupo proponente no diferencia ni discierne
sobre la capacidad de actuar en los tipos de delito a juzgar, sino sobre
las circunstancias, es decir, dándole valor y vigencia en algunas
situaciones. En cambio, nuestro criterio es otro distinto. La justicia
militar, en caso de que deba de existir, ha de ser solo para lo que es
militar, es decir, son los delitos los que determinan si una causa es
militar o no, no la situación en la que nos encontremos. Los delitos
contra la libertad sexual, las agresiones, violaciones y acosos, o los de
corrupción, o los que atentan contra los derechos humanos, no tienen nada
que ver con lo estrictamente militar. Es más, el hecho de ser militares y
vivir en un sistema jerarquizado, basado en la obediencia vertical,
agrava esas situaciones, generando una grave desigualdad de condiciones
en el momento de la denuncia o la acusación y desgraciadamente también en
las sentencias. No son, por tanto, delitos a tratar por ningún tribunal
militar, independientemente de que se produzcan entre militares o en
estancias militares, porque a diferencia de lo que dicta la proposición
de ley, un delito de agresión sexual, por ejemplo, es un delito que
siempre ha de ser juzgado en un estamento no militar, incluso en caso de
conflicto armado o de guerra. Para nosotros es una situación tan grave
que nunca debería de estar en manos de un tribunal militar, debe ser el
tipo de delito el que debe delimitar la acción judicial militar y no la
situación.
439 La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en un documento llamado Conjunto
de principios actualizados para la protección y la promoción de los
derechos humanos, en su punto número 29, dice lo siguiente: "La
competencia de los tribunales militares debe limitarse a las infracciones
de carácter específicamente militar cometidas por militares, con
exclusión de las violaciones de los derechos humanos, las cuales son
competencia de los tribunales nacionales ordinarios o, en su caso, cuando
se trate de delitos graves conforme al derecho internacional, de un
tribunal penal internacional o internacionalizado". Se refiere, por
ejemplo, a temas de torturas o contra los derechos humanos. Es un tema,
pues, como decía antes, de principios o de criterios, independientemente
de que la justicia militar, que eso también es un punto importante a
tratar, esté dando o no respuesta justa a estas demandas, que además
vemos que no lo está haciendo.
440 Tenemos la constatación, tal y como indican muchos juristas y también
muchos militares de diferente índole, que la justicia militar formada por
militares sometidos a disciplina, y cuya promoción profesional depende de
sus jefes, sea independiente de sus mandos. Es más, nos atrevemos a decir
que es casi imposible. La experiencia nos demuestra que mayoritariamente
se dictan sentencias a medida del mando, protegiendo una supuesta
disciplina que siempre funciona solo de arriba abajo y ampara a menudo
los desmanes de los superiores frente a las justas reclamaciones de los
de rango inferior.
441 ¿Es posible una justicia compatible con la disciplina y la jerarquía?
Nosotros tenemos dudas. Consideramos que es más importante hacer una gran
transformación de la justicia militar, que su anulación en sí, en aras de
una jurisdicción que contemple y diferencie lo que es estrictamente
militar de lo que no lo es. Los países más avanzados en este aspecto
-aquí se han citado algunos de ellos-, tales como Alemania, Francia,
Holanda, Austria, Noruega o Dinamarca han transformado la jurisdicción
militar, incorporándola a la jurisdicción ordinaria y atribuyendo su
competencia a salas especializadas. Ese debe ser el camino a emprender,
porque quitarla de un plumazo acarrea el riesgo
442
443 de tener un doble vacío: el derogado y la ausencia de especificación en el
incorporado, por ejemplo, en el Código Penal ordinario. Por tanto, creo
que el señor Gutiérrez Díaz de Otazu ha mantenido que no puede existir
justicia militar si no es para mantener los principios que justifican la
necesidad de justicia. Pero yo le diría que en estos ejércitos también se
mantienen esos principios que usted ha citado, y en cambio, sí se ha
derivado a una justicia ordinaria muchas cuestiones que aquí se plantean
en la justicia militar.
444 Quiero poner como ejemplo -y con esto acabo- la justicia militar alemana.
En Alemania los miembros de las Fuerzas Armadas responden ante el Código
Civil criminal por los hechos delictivos comunes que cometan y se juzgan
a través de procedimientos civiles ordinarios, o no hay cárceles
militares, por ejemplo, ya que los delincuentes militares entran en
prisiones civiles ordinarias. En definitiva, la corte administrativa
federal y tres cortes disciplinarias militares -hay un total de
veintinueve salas- son las que juzgan esas cuestiones. He citado el caso
alemán como ejemplo.
445 Veo que se me acaba el tiempo. Por todo ello, y aun no estando de acuerdo
en la dirección que adopta la parte propositiva de la proposición de ley,
es decir, difiriendo en algunas cuestiones, votaremos a favor de su toma
en consideración. Estimamos, para empezar, que debería ser el Gobierno
quien trajera a esta Cámara un proyecto de ley verdaderamente
transformador de la justicia militar, que sirviera para adecuarla a los
niveles que otros países europeos citados han llevado a cabo. No podemos
quedarnos con una jurisdicción militar decimonónica que lo único que hace
es sembrar dudas y poner en tela de juicio el valor de la misma.
446 Muchas gracias, señor presidente.
447 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
448 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez
Vivas.
449 El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente, con la venia.
450 Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras en esta
intervención sean para homenajear a las decenas de miles de españoles
fallecidos durante esta epidemia del coronavirus. Vaya desde aquí mi
recuerdo personal y el de mi partido, Ciudadanos, y un abrazo sincero a
todos sus familiares y amigos. También quiero recordar a nuestros héroes,
los sanitarios, así como a todos los colectivos profesionales que fueron
considerados esenciales y que siguen siendo esenciales, que han mantenido
las constantes vitales de nuestro país durante esta dura hibernación que
ha supuesto este confinamiento doloroso para todos. Entre ellas, muy
especialmente quisiera destacar -por el motivo de esta intervención- el
papel de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las
Fuerzas Armadas, sobre las que trata esta iniciativa.
451 Debatimos, señorías, una proposición de ley del Grupo Parlamentario
Republicano que tiene por objeto fundamental la limitación sustancial de
la competencia y el alcance de la jurisdicción militar. Y debo decir que
no nos sorprende; no nos sorprende viniendo de quien viene, de un partido
que gobierna Cataluña con la anuencia de la CUP; que ha invitado a toser
a los militares en esta crisis; que comparte gabinete con Torra, que a su
vez se ha opuesto a que la UME levante hospitales de campaña para
proteger la salud de todos los catalanes -repito, de todos los catalanes-
solo porque los militares llevan nuestra bandera española en su uniforme.
Todo en orden, señorías.
452 La justicia militar, como ustedes bien conocen, señorías, se encuentra
regulada en primera instancia -y ya se ha mencionado- en el apartado 5
del artículo 117 de la Constitución española, que establece que será una
ley la que habrá de regular el ejercicio de la jurisdicción militar, que
en todo caso habrá de sujetarse a los principios de la Constitución y
someterse al principio de unidad de jurisdicción, que componen la base de
la organización y funcionamiento de nuestros tribunales, señorías. La
Constitución remite, por tanto, a una ley orgánica posterior, que en
nuestro caso es la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la competencia
y organización de la jurisdicción militar. De acuerdo con el artículo 1
de esta ley, la jurisdicción militar integrante del Poder Judicial del
Estado administra justicia en nombre del rey con arreglo a los principios
de la Constitución y a las leyes. ¿Les suena esto, señorías de Esquerra?
Con arreglo a los principios de la Constitución y a las leyes significa
un impecable escrúpulo legal, que es exactamente lo opuesto a su forma de
entender la política. Como decíamos, el principio de unidad
jurisdiccional es el que vertebra el conjunto de nuestro sistema
judicial, lo que significa que pese a tener una sustantividad y
características propias como consecuencia de su relación directa con la
Defensa nacional, la justicia militar forma parte ya del Poder Judicial y
está vinculado a este, así como a la Constitución y al resto de nuestras
leyes. Por tanto, señorías, hablamos de una jurisdicción reconocida en la
Constitución, sometida
453
454 a la Constitución, sometida a las leyes y vinculada necesariamente con el
Poder Judicial. ¿De qué están ustedes hablando, señores de Esquerra?
¡Cuánto ganaría España si pudiera decir lo mismo de Esquerra y de los
partidos separatistas de Cataluña! Nosotros creemos, señorías, que están
ustedes continuamente fuera de esos dos aspectos -Constitución y Poder
Judicial- y venir a cuestionar que algo tan significativo como nuestras
Fuerzas Armadas pudieran estar fuera, cuando ustedes están
permanentemente fuera de la Constitución, del Poder Judicial y de los
tribunales de este país, es algo que contradice muchísimo lo que usted
está diciendo.
455 Les voy a recordar en este momento las palabras del presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el señor
Carlos Lesmes, quien durante su intervención en el acto de apertura del
presente año judicial, en el año 2019, insistió en la necesidad de
abordar las reformas pendientes en esta jurisdicción, la militar,
asegurando que redundarían tanto en el beneficio del Poder Judicial como
en el de la propia institución militar. La militar es -afirmó- una
jurisdicción con características propias y especialidades evidentes que
desde hace cuatro años está adecuadamente articulada en la armazón del
Poder Judicial. La especialidad de la jurisdicción castrense -dijo el
presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial-
se basa no solo la naturaleza del derecho que se aplica, sino en la de
los sujetos cuyo interés y acciones tutela. Son hombres y mujeres
-añadió-, cuya misión es garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial en el ordenamiento
constitucional y proteger nuestra seguridad y la de nuestros aliados
internacionales. Son servidores públicos distintos del resto y por ello
lo debe ser también su jurisdicción.
456 En Ciudadanos entendemos, sin embargo, señorías, que correspondería al
Gobierno -con los estudios, informes, análisis y debate con especialistas
y expertos, diálogo con las asociaciones profesionales de miembros de las
Fuerzas Armadas- traer a estas Cortes Generales un proyecto de ley de
reforma de la jurisdicción militar que dote a los militares de un marco
regulador de este derecho fundamental en la obtención de tutela judicial
efectiva moderno y alineado con la regulación que rige en el resto de los
países de nuestro entorno.
457 De igual forma, nos gustaría recordarle al Gobierno y a esta casa, lo
idóneo que resultaría pedir al Observatorio de la Vida Militar -cuya
renovación está pendiente y debería realizarse de forma inmediata- la
elaboración de un informe monográfico sobre la jurisdicción militar, en
el que se analice el derecho comparado, la situación actual en España y
que finalice formulando conclusiones y recomendaciones a esta Cámara, ya
que de ella depende el observatorio. Solo de esta manera, habrá garantías
de elaborar una ley moderna que respete los derechos de los militares en
un ámbito esencial como es la justicia.
458 Sin embargo, no podemos compartir la iniciativa legislativa que nos traen
ustedes, señores de Esquerra, porque solo traen motivos que sirven para
justificar una propuesta de limitación que son falsos. Hacen ustedes un
diagnóstico peyorativo de las Fuerzas Armadas y eso nunca puede servir de
punto de partida para construir nada. Y es que ustedes, señores de
Esquerra, solo están interesados en el cuestionamiento de las
instituciones del Estado social y democrático de derecho que es España y
muy especialmente de las deslegitimación del Poder Judicial; de todo
cuanto han sido ustedes testigos -ustedes y el resto de ciudadanos
españoles- durante su famoso procés y el caso penal seguido ante el
Tribunal Supremo, en el cual el máximo líder de su partido ha sido
condenado por un delito de sedición y otro de malversación de caudales
públicos, es decir, corrupción, señoría; eso de lo que tanto usted habla:
corrupción. Ahora ustedes quieren acusar de corrupción. Bueno, nosotros
no tenemos especial interés en cuestionar su coherencia, consideramos que
son un grupo que lleva muchísimos años desacreditándose a sí mismo. Lo
único que nos resulta de interés en este caso es el fortalecimiento de
las instituciones, la lucha contra la corrupción de verdad y la
regeneración democrática.
459 Concluyo, presidente. Somos conscientes de que es positivo que se inicie
ese debate en torno al alcance y sentido de la jurisdicción militar.
Estamos dispuestos a abordar estas reformas, pero instamos al Gobierno a
traer ese proyecto de ley consensuado. Nuestro grupo parlamentario no va
a contribuir a desacreditar a todos los servidores públicos, como hacen
ustedes, señores de Esquerra, que es su único interés. Le digo una cosa,
señor Rufián, creo que usted...
460 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe
terminar.
461 El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Finalizo, presidente.
462 ... creo que usted no ha entrado nunca en un cuartel de nuestro Ejército,
probablemente, ni siquiera habrá pasado cerca de uno. Si usted lo
hiciera, lo recibirían con los brazos abiertos, le enseñarían lo que
hacen y cómo lo hacen. ¡Anímese, vaya usted! Porque creo, además, que
-insisto- le recibirán con los
463
464 brazos abiertos. ¿Sabe usted por qué creo esto, señor Rufián? ¿Sabe por
qué creo que nunca ha pasado por allí? Porque si hubiera ido a un cuartel
y le hubieran enseñado lo que hacen, usted habría mejorado y, desde que
yo le conozco, señor Rufián, usted no ha mejorado nada.
465 Muchísimas gracias. (Aplausos).
466 El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, por el
Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el señor Rego
Candamil. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).
467 El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
468 La garantía de justicia verdaderamente independiente se respeta si existe
una organización judicial ordinaria, además de democrática -cosa que en
el Estado español no siempre se puede afirmar-, es decir, aquella que
prevén las leyes con carácter general, donde se regula la composición,
competencias de sus órganos y procedimiento a aplicar. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia). Continuar sustrayendo determinados
ámbitos del control de la justicia ordinaria, no es coherente con un
teórico Estado democrático de derecho, solo sirve para mantener
determinados asuntos, problemáticas o sucesos ocultos o alejados de la
transparencia y del conocimiento público. A pesar de los intentos legales
de alejar el mando militar de la jurisdicción militar, a través de su
profesionalización, debe reconocerse que ello no es posible si los
miembros del orden jurisdiccional militar son, a su vez, miembros del
ejército. El propio sistema se encarga de mantener e inculcar los valores
que se consideran apropiados dentro del ejército, y que no parece que
sean acordes con los valores mayoritarios de la sociedad, con valores
verdaderamente democráticos. Siguen perviviendo conductas machistas,
incluso agresiones y abusos, despidos o discriminaciones por razones de
género, se sigue también amparando que no se investiguen determinados
sucesos dentro del ámbito militar y se sigue promoviendo el apoyo al
franquismo y castigando y sancionando a aquellos militares que se atreven
a cuestionar estas actitudes.
469 Recientemente, el cabo gallego Marco Santos Soto fue expulsado del
ejército por firmar un manifiesto en defensa de la democracia y en contra
de un manifiesto anterior de ensalzamiento del dictador Francisco Franco
y de apología del franquismo, suscrito por altos mandos militares que,
sin embargo, no fueron en absoluto ni sancionados ni amonestados. Por lo
visto, quien dentro del ejército defiende el franquismo no tiene
problemas y quien defiende la democracia no tiene cabida. Está claro que
nosotros vamos a apoyar la propuesta.
470 Obrigado. Gracias.
471 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias.
472 Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor
Alonso-Cuevillas i Sayrol.
473 El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Gracias, señora presidenta.
474 Señorías, señor Nuet, desde nuestra formación vamos a apoyar la toma en
consideración de su proposición de ley y lo vamos a hacer porque, en
primer lugar, compartimos el espíritu de la misma. La Ley reguladora de
la competencia y del funcionamiento de la jurisdicción militar, que es
hija de estos disparos del techo que se ven todavía aquí, es una ley
orgánica de 1987 -por cierto, es la Ley Orgánica 4/1987, y no 7, que por
error tipográfico consta en su propuesta-. Salíamos del 'tejerazo', luego
llegó la Loapa, después la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 es la
que condiciona, y posteriormente, en 1987 se hace una cosa que
efectivamente no tiene parangón material con ningún país de nuestro
entorno, con ningún país de tradición democrática, porque se integró una
jurisdicción que está formada básicamente por militares. El maquillaje
cosmético se hizo por la cúspide, integrando a los generales del cuerpo
jurídico militar en la Sala quinta del Tribunal Supremo para mantenerles
ese tratamiento de vuecencia y excelencia, pero, efectivamente, en la
base de la jurisdicción militar no pueden juzgar con imparcialidad a
quien está sometido a mandato imperativo. Por tanto, compartimos los
motivos e incluso creo que se ha quedado corto porque, por ejemplo, en su
exposición ha dicho que uno de cada diez casos de abusos sexuales o
laborales acabaron en condena. Pero no es cierto, fue uno de cada ocho
casos, concretamente fueron 22 de 176 en el año que usted cita.
475 En segundo lugar, vamos a darle nuestro apoyo porque además de compartir
el espíritu, nosotros siempre somos leales a nuestros compañeros de
viaje. Podemos no coincidir en algunos aspectos de estrategia e incluso
en cuanto al posicionamiento de fondo seguramente deberá introducirse en
su
476
477 momento cuando la tramitemos algún tipo de modificación, pero, en todo
caso, entre quienes defendemos los derechos y libertades individuales y
colectivos y aquellos que se amparan en la deontología de las reales
ordenanzas para decir que las cosas están bien porque lo dice la real
ordenanza, desconociendo la ontología de lo que realmente pasa, como
usted muy bien denuncia, nosotros siempre estaremos al lado de los
primeros.
478 Y en tercer lugar, vamos a apoyar esta proposición de ley que ustedes
presentan porque creemos que será también un fantástico test de estrés
para ver en qué posición están en esta Cámara. Será un fantástico test de
estrés para ver qué hacen las fuerzas denominadas progresistas, esa
mayoría progresista que conforma esta Cámara, si verdaderamente apuestan
de forma decidida por todo aquello que redunda en una necesaria
regeneración democrática. Hoy hablamos de jurisdicción militar, esa
jurisdicción militar que, como usted ha puesto de manifiesto, es
demasiado suave con el afín y demasiado severa con el disidente, cosa que
por cierto podemos predicar también de la denominada jurisdicción
ordinaria. Veremos si las fuerzas progresistas apuestan por ello y, por
tanto, hasta qué punto apuestan por una verdadera regeneración del
sistema democrático español. Y eso, además a ustedes, a nosotros y a
algún otro grupo nos servirá también como test de estrés para comprobar
cuál es la voluntad real de las fuerzas progresistas españolas de
solucionar otro conflicto importante que tenemos, que afecta también a
libertades colectivas e individuales en Cataluña. Veremos si hay,
efectivamente, verdadera voluntad de regeneración democrática y de
dialogar sin ningún tipo de condicionamiento para solucionar los graves
problemas, los graves conflictos que padecemos.
479 Muchas gracias, señora presidenta.
480 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora García.
481 Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
PodemGalicia en Común tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.
482 El señor URIARTE TORREALDAY: Querida presidenta, queridas y queridos
compañeros, trabajadores de la casa y trabajadores acreditados ante la
casa, antes que nada me presento, al ser esta mi primera intervención en
tribuna. Soy Roberto Uriarte, diputado por Vizcaya, y voy a intentar
defender por qué defendemos el voto favorable a esta toma en
consideración, que no a la iniciativa en sí, como luego explicaré.
483 Querido general Otazu, con todo el cariño, voy a intentar convencerte y te
voy a tutear, como hago siempre. Te he escuchado atentamente -creo que es
bonito que en el ejército, desde el general más alto hasta el último de
la tropa, todos utilicéis el tuteo frente a este trato de señoría, un
respeto malinterpretado que cava fronteras o trincheras entre nosotros y
nos aleja muchas veces- y voy a intentar argumentarte por qué creo que no
tienes razón en lo que defiendes. De hecho, creo que lo has defendido
bien, pero, partiendo precisamente de las premisas de las que tú partes,
se debe llegar justo a la conclusión contraria. Es decir, si el
funcionamiento del ejército español es tan normalizado y tan eficiente, y
no hay un problema generalizado de indisciplina ni un problema
generalizado en la gestión, ¿por qué es necesario una jurisdicción
especial y por qué -eso no lo he oído en ningún momento- si comete un
delito un policía nacional y un guardia civil, el guardia civil va a ser
sancionado con una pena mayor? Es decir, ¿por qué algunos de los
servidores públicos de este país tienen que ser sometidos a una
jurisdicción especial y se les aplican unas penas más graves que las que
se aplican al resto de los servidores públicos, que comparten -digamos-
la defensa del orden con ellos? No he escuchado ni una sola razón por la
cual de las premisas de las que tú partes -y yo las respeto
perfectamente- se llega a la conclusión contraria. Yo voy a intentar
argumentar justo lo contrario. Voy a intentar argumentar por qué hay que
defender, y por qué es un paso en la vía de la igualdad y del progreso en
los derechos de los servidores públicos, de los trabajadores de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que se sean sometidos a la misma
jurisdicción, a la jurisdicción ordinaria, que el resto en tiempos de
normalidad y que no se les apliquen unas penas más agravadas.
484 Voy a leer un pequeño texto, un argumento de autoridad, que algunos de los
aquí presentes, precisamente los que tienen una formación jurídica,
reconocerán enseguida: "Ningún hombre libre podrá ser detenido,
encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de
la ley, ni desterrado o perjudicado de cualquier forma, ni procederemos
ni ordenaremos proceder contra él, sino en virtud de un juicio legal por
sus pares y por la ley de la tierra". Se trata de la Carta Magna de Juan
I de Inglaterra, como habrán reconocido algunos, Juan sin Tierra, uno de
los primeros pilares de la jurisdicción democrática
485
486 o predemocrática cuando dice: La prerrogativa real que le concede el rey a
las personas a ser juzgadas por los iguales, por sus pares. ¿Deben los
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil ser juzgados por
sus pares, por sus iguales? ¿Debe aplicárseles unas normas, unas
sanciones, más graves por los mismos delitos que a otros servidores
públicos? Eso es lo que vamos a intentar evaluar y yo voy a intentar
explicarles por qué creo que eso no debe ser así, por qué creo que
tenemos que avanzar en el camino de la igualdad.
487 Todo el mundo sabe que esta Carta Magna es un avance no solo democrático,
sino civilizatorio -procede del siglo XIII-, pero hay que esperar cinco
siglos más.
488 Hay que esperar al siglo XVIII, a que se subleven los ciudadanos de las
colonias americanas contra el yugo del rey, a que proclamen por primera
vez en la historia el "We the People" y a que aprueben la primera
Constitución democrática de la historia. De esa constitución nos interesa
su sexta enmienda. Nos falta por aquí algún experto que nos suele
ilustrar con sus símiles cinematográficos, ya que tanto hemos oído lo de
la quinta y la sexta enmienda en las películas de cine americano. Esa
sexta enmienda establece precisamente un nuevo concepto de la
jurisdicción que no es la prerrogativa real -que no el derecho- a ser
juzgado legalmente por tus iguales. Cuando entra el constitucionalismo,
cuando entra la democracia, cuando se hace la revolución americana y
cuando se liberan del yugo del rey, ya no establecen la prerrogativa de
ser juzgado por tus iguales, sino el derecho al juez natural
preestablecido por la ley. Ese es el gran paso de la predemocracia a la
democracia. Sinceramente, creo que los servidores públicos de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil tienen derecho a avanzar ese paso; tienen
derecho a que dejen de respetarse estos resquicios históricos, estas
restricciones de sus derechos y esta excepcionalidad para épocas que no
son de excepción. Por eso, aunque partamos de las mismas premisas de las
que partes tú en este caso, creo que deberíamos llegar precisamente a las
conclusiones contrarias a las que has llegado. Sería un avance para estos
trabajadores y un reconocimiento para estas mujeres y estos hombres que
se encargan de preservar la seguridad, tanto en el exterior como en el
interior en el caso de la Guardia Civil, que tengan sus derechos
reconocidos y que sean juzgados por los mismos tribunales que juzgan a
los demás. Piensa que tú mismo has utilizado el argumento de autoridad de
que determinado teniente fue condenado por el Tribunal Supremo. ¿Por qué
no por la justicia ordinaria? ¿Por qué no con las mismas sanciones que el
resto de los servidores públicos? ¿Qué razón hay para la excepcionalidad
fuera del estado de guerra, del estado de sitio y del conflicto
internacional? Esto es lo que planteamos y por eso lo defendemos. No lo
defendemos nosotros porque sea una reivindicación de Unidas Podemos ni
pretendemos arrogarnos ninguna representatividad ni robar ninguna
iniciativa. Es una iniciativa de la propia sociedad civil. Cuando las
iniciativas surgen de la sociedad civil organizada, cuando surgen de las
organizaciones representativas de los trabajadores de la Guardia Civil y
de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, lo que hacemos es recogerlas,
trasladarlas e intentar darles cauce. ¿Es este el cauce correcto? Yo aquí
voy a coincidir con el compañero Joseba Aguirretxea que me ha precedido
en el uso de la palabra. Creo que realmente esta iniciativa -y siento
decírselo a los compañeros del Grupo Parlamentario Republicano-no es muy
correcta técnicamente. Creo que tiene limitaciones importantes. Creo que
hay cuestiones tanto de forma como de fondo que no están muy bien y,
concretamente, la exposición de motivos es manifiestamente mejorable.
Pero, en todo caso, vamos a intentar ser positivos. En una toma en
consideración no se trata de aprobar definitivamente, sino simplemente de
permitir que se debata y que se mejore en el trámite.
489 Otra cuestión que imagino que no se les escapará, sobre todo a los medios
de comunicación, es que es muy probable que los socios de Gobierno
vayamos a votar diferente. Alguno ya intentará de ahí hacer sangre, pero
yo creo que es un elemento que demuestra una fortaleza democrática
enorme. (Rumores). No es una debilidad, todo lo contrario. Para quienes
hemos nacido en un país sin libertad, la pluralidad es algo maravilloso.
(Rumores). Y si es maravilloso ser capaz de consensuar los acuerdos, es
aún mucho más grande ser capaz de acordar incluso los márgenes para el
desacuerdo. Por si mis argumentos no son convincentes, voy a utilizar de
nuevo otro argumento de autoridad, el del gran poeta libanés Jalil
Yibrán, cuando les habla a los matrimonios. En este caso, me refiero a
este matrimonio de conveniencia que conformamos los dos socios de
Gobierno, al que esperemos que el día de mañana de alguna forma se
adhieran otras fuerzas -o, al menos, que haya mayores acuerdos con el
resto de fuerzas- y sigamos el mandato que nos han dado los ciudadanos de
que esto sea la casa del pueblo, la casa de la palabra, la casa del
acuerdo y del encuentro. Voy a leerles las palabras de Jalil Yibrán, que
dicen: Llenaos las copas el uno al otro, pero no bebáis de una sola copa.
Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo.
490
491 Bailad y cantad juntos y sed alegres, pero permitid que cada uno pueda
estar solo. Vivid juntos, pero tampoco demasiado próximos, ya que los
pilares del templo se erigen a distancia y la encina y el ciprés no
crecen a la sombra uno del otro.
492 Moltes gràcies, presidenta. (Aplausos).
493 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Uriarte. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias, señora García.
494 Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega
Smith-Molina.
495 El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
496 Vamos a llamar a las cosas por su nombre: esta toma en consideración es
una auténtica tomadura de pelo. Esta proposición de ley no es más que una
proposición indecente, porque el objetivo no es delimitar la jurisdicción
militar, no nos engañan, el objetivo es derogar de facto la jurisdicción
militar. Las propuestas que nos hacen los [golpistas] 1 haciéndonos creer
que la jurisdicción militar vulnera los derechos humanos, los principios
constitucionales, que es arbitraria, que los tribunales militares actúan
prevaricando y que, en definitiva, solo buscan la impunidad de los
delincuentes no solo es falso porque no se ajusta a la legalidad, sino
que es inaceptable políticamente. Ya se ha citado aquí, la mayoría de las
democracias consolidadas tienen jurisdicción militar. Pero las razones
que justifican la existencia de una jurisdicción militar se basan
precisamente en los mismos principios en los que se basa y conforma la
razón de unas Fuerzas Armadas, el principio de unidad, de jerarquía y de
disciplina, razones jurídicas que vienen recogidas en el artículo 8 de
nuestra Constitución.
497 ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas que hemos otorgado los
españoles? Representarnos en la defensa de la independencia, de la
soberanía nacional, de la integridad territorial y del ordenamiento
constitucional; ahí es nada. Pero es que esto viene precisamente a
colación del artículo 117.5 de la Constitución, que garantiza la
existencia y la necesidad de una jurisdicción militar para el ámbito
estrictamente castrense para las situaciones de sitio, pero siempre
sometida a los principios constitucionales. Ya desde el viejo Código de
Justicia Militar del año 1980 y todas las reformas que nos han llevado
hasta el actual Código Penal Militar del año 2015 quedan incorporadas
todas las garantías y todos los principios constitucionales. Entre otras
cosas, la jurisdicción se basa en razones de eficacia, en lograr esa
tutela judicial efectiva tanto en el ámbito disciplinario como en el
ámbito penal, pero es que también se logra con ello mayor celeridad y
mayor inmediatez en las resoluciones. También al principio de
especialidad justifica la justicia militar; hoy en día se tiende a la
especialización, la especialización en juzgados mercantiles, en juzgados
de menores, en juzgados de violencia. Pues precisamente en juzgados y
tribunales militares es donde prevalece el principio técnico de la
especialidad.
498 Los proponentes [golpistas] 1 nos intentan hacer creer en su proposición
que se vulneran los principios del informe Decaux, el informe de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y esto es falso, como
vamos a ver a continuación. De los veinte principios solo se refieren a
supuesto incumplimiento en cinco. Vayamos a verlo.
499 Principio número 13: Ha de garantizarse el derecho a un tribunal
competente, independiente e imparcial. Pues bien, en el nombramiento y en
el amparo de los tribunales y los magistrados que lo conforman en el
ámbito militar vienen sometidos igual que el resto de los magistrados y
juzgados de todo el orden jurisdiccional español al Consejo General del
Poder Judicial. La propia Ley de la Jurisdicción Militar, artículos 6, 8
y 118, establecen principios de independencia, inamovilidad
responsabilidad y sometimiento a la ley para todos los jueces y
magistrados del ámbito militar. El propio artículo 118 de esa ley nos
deja bien claro -y esto es importante porque se ha repetido falazmente-
que todas las autoridades civiles y los mandos militares quedan
absolutamente fuera y prohíben cualquier injerencia en la jurisdicción
militar garantizando el principio de independencia. Todo esto lo recogió
ya el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, entre otras la
115/2001, que dejó bien claro que la jurisdicción militar garantiza
órganos independientes desvinculados de mandos militares. El principio 14
también dicen que se incumple: publicidad en juicio. No es verdad. Los
artículos 40, 68, 274 y 295 de la Ley Procesal Militar garantizan la
vista pública y oral y el Código Penal Militar, en su disposición
adicional, establece la publicidad de todas sus resoluciones. Principio
15, que dicen que se incumple también: garantizar el derecho a la
defensa, juicio justo e imparcial. La propia Ley Procesal Militar,
artículo 125, establece la asistencia letrada y el derecho al turno de
oficio. Principio 16, que dicen que se incumple: garantizar la tutela
judicial efectiva. Lo dejó bien claro el Tribunal Constitucional,
sentencia 204 de 1994, y otras tantas: La jurisdicción militar garantiza
y en ningún caso
500 1 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo
104.3 del Reglamento de la Cámara.
501
502 excepciona el principio de derecho fundamental del artículo 24. Y, por
último, dicen también que se conculca el principio 17, aquel que dice que
ha de garantizarse el recurso ante tribunales ordinarios. Pues bien,
todas las resoluciones de los juzgados togados de los tribunales
militares territoriales y del Tribunal Militar Central tienen recurso
ante el superior jerárquico y todos ellos terminan en la cúspide judicial
de la Sala quinta del Tribunal Supremo. Por cierto, para los de la
tradición republicana: Sala quinta que se constituyó en la República con
la Constitución de 1931. (Aplausos). La Ley Procesal Militar, en sus
artículos 324 y 328, garantiza precisamente que todas las resoluciones de
los tribunales militares tendrán recurso de amparo y recurso de revisión.
Por tanto, garantizan absolutamente la capacidad de recursos. Y, por
último, la Ley de la Jurisdicción Militar nos dice que la propia
composición de esa Sala quinta del Tribunal Supremo está formada por
cuatro magistrados que provienen de la propia carrera judicial y otros
cuatro del cuerpo jurídico militar. Por tanto, es absolutamente falso que
la jurisdicción militar española conculque los principios a los que me he
referido.
503 Los proponentes [golpistas] 2 intentan hacernos creer que la jurisdicción
militar es más favorable para los militares, que de alguna manera tiende
a la impunidad de los delincuentes. Y esto es falso. No solo es un
derecho no más favorable, sino que es un derecho más perjudicial, más
gravoso para los militares. Los artículos 47 del Código Penal Militar y
1.3 rompen el principio que tenemos todos los demás que no somos
militares del derecho penal más favorable. A ellos se les aplica
precisamente el concurso real de delitos y la pena o la sanción más grave
si hay colisión entre el Código Penal Militar y el Código Penal
ordinario. Por tanto, otro principio falso.
504 Termino, señora presidente. Lo que han intentado los [golpistas] 1, los
señores que pretenden engañarnos, es desprestigiar y acabar con la
jurisdicción militar. Pero no lo van a conseguir, como tampoco van a
conseguir desprestigiar a los más de 120 000 hombres y mujeres que
conforman las Fuerzas Armadas, hombres de honor, hombres de sacrificio,
hombres de lealtad, hombres de disciplina y hombres y mujeres
profesionales. No lo van a lograr porque de ello depende la soberanía
judicial, de la que depende la soberanía nacional y, en definitiva, de la
que depende la nación española, esa a la que ustedes tanto odian.
505 Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Rufián Romero pide la palabra).
506 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortega. (Una trabajadora del servicio
de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
507 Sí, señor Rufián.
508 El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta, pido la palabra
por el artículo 71.3 del Reglamento.
509 El señor Ortega Smith nos ha llamado hasta cuatro veces golpistas. Le pido
que lo retire, a no ser que se refiera a Tejero, quien, por cierto,
seguramente le vote a él.
510 Muchas gracias.
511 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rufián.
512 Señor Ortega Smith-Molina, ¿retira del Diario de Sesiones la expresión
"golpistas"?
513 El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: No la puedo retirar porque quienes dan
golpes de Estado son golpistas, y me estoy refiriendo a Puigdemont, me
estoy refiriendo a Torra y me estoy refiriendo a todos los que han sido
condenados.
514 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega Smith.
515 Vamos a retirarlo del Diario de Sesiones. Muchas gracias.
(Aplausos.-Rumores.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la
palabra). Silencio, por favor. No vamos a establecer un debate sobre las
decisiones de la Presidencia.
516 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Nasarre
Oliva.
517 La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, señora presidenta.
518 Tranquilidad, señorías. Buenos días a todos. En primer lugar, permítanme
expresar el reconocimiento y el profundo agradecimiento para nuestras
Fuerzas Armadas, que han desempeñado un papel importante, un gran papel,
durante la crisis sanitaria por el COVID-19 que hemos sufrido en nuestro
país; unas Fuerzas Armadas que, mediante la operación Balmis, con más de
diez mil actuaciones, han apoyado con tareas de desinfección, creando
hospitales de campaña en todo el territorio, ayudando en bancos de
alimentos, en residencias, con las personas sin techo; en definitiva,
unas Fuerzas Armadas de hombres y mujeres con humanidad, valores y
vocación de servicio. (Aplausos).
519 2 1Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo
104.3 del Reglamento de la Cámara.
520
521 Señorías, hoy debatimos una iniciativa del Grupo Republicano para la toma
en consideración de la delimitación de la justicia militar. La
jurisdicción militar tiene su fundamento en nuestra propia Constitución,
concretamente en el artículo 117.5. Así, la propia competencia deriva de
la norma fundamental del Estado. La justicia militar tiene, pues,
actualmente un carácter de jurisdicción especializada, en atención a la
naturaleza del derecho que aplica y del ámbito institucional que ejerce.
Dicha especialización es, concretamente, la que justifica su
mantenimiento en el ámbito castrense y también para el ámbito de la paz.
La mencionada jurisdicción militar se encuentra vinculada desde su mismo
origen a la defensa nacional. Precisamente así, a través de la
jurisdicción militar, es como se encauza la participación del Poder
Judicial en la defensa nacional, de nuestra defensa nacional.
522 Por lo tanto, señorías, estamos ante un tema de calado, un tema de gran
complejidad. Ciertamente, la iniciativa se podría compartir en el fondo,
la voluntad de transformación, de cambio, de la evolución, por el mismo
paso del tiempo. Pero, señorías, no es suficiente; no es suficiente el
fondo; debemos acompañarlo de la forma o, mejor dicho, las formas en
política. Como bien saben, las formas en política son fundamentales.
Hablamos de Constitución, de leyes orgánicas, de estructura en el Estado.
523 La modificación que nos proponen en su iniciativa tiene un carácter
parcial y no ofrece alternativa necesaria dentro de la arquitectura
legal. ¿Cómo? ¿Quién asumiría esas competencias? Son cuestiones no
banales que, en su propuesta, no dan respuesta. Desde nuestro grupo, el
Grupo Socialista, entendemos que cualquier cambio legislativo de estas
características se debería estudiar, reflexionar en profundidad, con
datos, análisis e informes con soporte legal. Pero, en su iniciativa, los
supuestos no son fundamentados ni argumentados adecuadamente,
nutriéndose, en ocasiones, con fuentes no fiables de datos jurídicos poco
serios.
524 Señorías, no solamente así lo entendemos, sino que, además, lo compartimos
con el criterio de las principales asociaciones militares, que proponen
la necesidad -como nosotros- de abordar una profunda revisión de la
jurisdicción militar. Se necesitan justificaciones doctrinales y
jurisprudenciales y, cómo no, un diseño, un método y un modelo rigurosos,
con seriedad y, sobre todo, con el consenso de todos. La forma; la forma,
señorías.
525 Nuestro grupo, el Grupo Socialista, siempre ha estado presente en los
cambios importantes de nuestro país, adaptándonos, tomando la iniciativa.
Los socialistas somos partícipes activos y necesarios del cambio, como
hemos demostrado en nuestra historia y estamos demostrando, cada día,
desde este Gobierno progresista. Pero, siempre, señorías, desde el
diálogo, con responsabilidad, seriedad y con garantías jurídicas
necesarias.
526 En definitiva, y como Baltasar Gracián escribe en El arte de la prudencia
-que, por cierto, recomiendo a la bancada ultra de la derecha tener más
presente en las sesiones-, señorías: el fondo y la forma. No basta la
sustancia, también se necesita la circunstancia, el momento y el cómo.
527 Señorías, nuestro Grupo Socialista considera muy importantes los momentos
adecuados, los criterios en los que se fundamente cualquier
transformación que se aborde para afrontarla desde la responsabilidad y
el rigor que se merece. No lo observamos así en esta iniciativa y, por lo
tanto, no podemos apoyarla, pero entendemos que el tema en cuestión se
deberá abordar en el futuro y consideramos que la forma adecuada no es
otra que el camino del estudio profundo enriquecido con criterios
diversos -militares, civiles, jurídicos-, criterios de todo tipo. En
definitiva, siempre con los pilares de la política, los pilares más
importantes; no los olviden: el diálogo y el consenso.
528 Muchas gracias. (Aplausos).
529 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Nasarre. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
530 ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS:
531 - ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY
POR LA QUE SE DEROGA EL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL
TRABAJO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52.D) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
4/2020, DE 18 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000008).
532 La señora PRESIDENTA: Pasamos al acuerdo de tramitación directa y en
lectura única del proyecto de ley por la que se deroga el despido
objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el
533
534 artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero.
535 Para fijar posición en relación con el acuerdo de tramitación directa y en
lectura única de esta iniciativa, tiene la palabra en primer lugar, por
el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran Benito, por
un tiempo de cinco minutos.
536 El señor BARANDIARAN BENITO: Desde mi escaño, presidenta, únicamente
quiero recordar que este punto está llamado a ser debatido en este
Congreso a los efectos simplemente de aceptar o no la lectura única del
proyecto de ley, es decir, aplicar o no el artículo 150 -si no me
equivoco- del Reglamento del Congreso, y poco debate puede haber sobre
eso, salvo que queramos mantener un minuto de gloria en algún medio;
cualquier otra cosa sobra en este debate.
537 Muchas gracias, señora presidenta.
538 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.
539 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz
Vidal. (El señor Cambronero Piqueras pide la palabra).
540 La señora PRESIDENTA: ¿Sí, señor Cambronero?
541 El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidenta.
542 Renunciamos a nuestro turno de palabra.
543 La señora PRESIDENTA: Muy bien, muchas gracias.
544 Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
545 El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
546 Intervengo brevemente. Nosotros no entendemos qué pretenden los grupos que
hoy traen esto aquí, que van a hacer intervenciones para intentar
confundir a la ciudadanía e intentar retrasar un trámite parlamentario
que está claro. Para la ciudadanía que nos esté escuchando, en el
artículo 150 del Reglamento del Congreso pone -y leo textual- que la
tramitación en lectura única -que hace que podamos hacer nuestro trabajo
más rápido- simplemente se podrá utilizar cuando la simplicidad de la
formulación lo permita. Pues bien, para que la gente que nos escuche lo
sepa, estamos hablando de un real decreto-ley que se tramita como
proyecto de ley que tiene exactamente un renglón, y en el renglón pone
bien claro: Derogar el apartado d) del artículo 52 que permitía despedir
por causas objetivas a la gente trabajadora que esté de baja. Simple y
llanamente pone eso, nada más, es un renglón; es decir, si se está de
acuerdo o no. Cualquier intento de confundir o de embarullar el debate
creo que responde a otros asuntos, y me viene a la cabeza -imposible no
recordarlo- lo que hicieron en 2016 y en toda la legislatura anterior. En
2016, cuando nosotras entramos aquí -éramos nuevas en el grupo
parlamentario-, el salario mínimo interprofesional era de una cantidad
miserable, 655 euros. Lo primero que hicimos, la primera proposición de
ley que registramos fue la de la subida del salario mínimo
interprofesional para que en 2020 estuviera en 950 euros. Esta
proposición de ley, que registramos en septiembre de 2016, tenía cuatro
páginas -literalmente, cuatro páginas-, pues el Partido Popular y
Ciudadanos, con una triquiñuela parlamentaria parecida a lo que
intentarán hoy aquí, fueron ampliando el plazo de enmiendas para trabajar
en ellas semana tras semana. Repito, tenía cuatro páginas; que
necesitaran una semana para leerse cuatro páginas parecería comprensible,
pero que pasara una semana y otra y otra y otra... ¿Saben cuánto tiempo
pasó? Pasaron tres años y la iniciativa acabó decayendo porque se acabó
la legislatura. Con esta triquiñuela parlamentaria, en tres años de
legislatura no fueron capaces de dejarnos debatir en torno al salario
mínimo interprofesional. Y esto solo tiene dos explicaciones: o bien no
les gusta nada trabajar y estuvieron tres años cobrando un sueldo público
y no fueron capaces de leerse cuatro páginas, o bien realmente lo que
querían era que en esta Cámara no se debatiera la subida del salario
mínimo interprofesional, que, repito, en el momento en que presentamos
eso era miserable para gente que trabaja jornada completa; ¡ojo, que eran
655 euros! Nosotros pretendíamos -afortunadamente ya es ley en nuestro
país y ya está en el BOE- que el salario mínimo fueran 950 euros para la
gente trabajadora en su conjunto, incluida la gente que les vota a
ustedes. Pero les dio igual y extendieron el trámite parlamentario una
semana, otra, otra y otra para impedir que se votara. Por tanto, en esto
les pido que, como tenemos memoria democrática, no hagan lo mismo, que no
confundan el debate, que no pongan palos en las
547
548 ruedas y que digan simplemente si quieren que la gente trabajadora tenga
un poquito más de protección que la que tenía antes y que la gente no
pueda ser despedida de manera objetiva por estar de baja en el trabajo y
que ayudemos a que tenga un poquito menos miedo la gente trabajadora y
que tengan un poquito más fácil organizarse. Solo tienen que decir si
quieren hacerlo o si no quieren hacerlo y todo lo demás es confundir a la
ciudadanía.
549 Muchas gracias. (Aplausos).
550 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
551 Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
552 El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias.
553 Señora presidenta, muchas gracias, con la venia. Fondo y forma, decía la
portavoz del Partido Socialista; diálogo y consenso, también ha
comentado. Nos ocupa en esta intervención una excepcional pirueta
procesal o formal mediante la cual se convalidó el Real Decreto 4/2020,
por el que se deroga el artículo 52 en su apartado d) del Estatuto de los
Trabajadores, y a su vez se aprobó de forma unánime por esta Cámara para
que se tramitara mediante proyecto de ley por el trámite de urgencia. Se
remitió a la Comisión de Trabajo, se abrió el plazo preceptivo para la
presentación de enmiendas, VOX presentó una enmienda a la totalidad con
texto alternativo y se acordó la aplicación del artículo 150 del
Reglamento de esta Cámara para que fuera aprobada mediante el
procedimiento excepcional de tramitación directa y en lectura única. En
definitiva, se trata de un sinsentido jurídico en el que, de producirse,
esta Cámara operaría contra sus propios actos, sería una contradictio in
terminis, una incongruencia del Legislativo que no debería ser digna de
vuestras señorías. Un decretazo sobre otro decretazo. Evidentemente, no
lo podemos aprobar por un mínimo sentido de decoro, pues es evidente que
tal forma requeriría un amplio consenso parlamentario que no se da.
Procedimiento donde se fuerza de forma sinuosa y torticera la exigencia
de extraordinaria y urgente necesidad establecida en el artículo 86.1 de
la Constitución española, que carece absolutamente de motivos objetivos y
de oportunidad. Es evidente que lo que se pretende mediante esta pirueta
es cercenar el debate, impedir las aportaciones de los distintos grupos
que no ríen las gracias o desgracias del Gobierno, y muy concretamente de
VOX y de 3 600 000 votantes, huir del consenso e imponer el trágala
progre y de izquierdas. Una norma con una veteranía de cuarenta años y
numerosas modificaciones se deroga con carácter de urgencia antes de la
pandemia del coronavirus y todas las lamentables circunstancias que nos
han rodeado, pero, además, una norma que el Tribunal Constitucional avaló
como no discriminatoria, pero, eso sí, a la izquierda no le importa nada,
más bien al contrario. Con esta actuación profundiza en la incertidumbre
que sufren todos los sectores económicos por su anárquica profusión
legislativa durante este túnel oscuro, donde la parca ha campado a sus
anchas desde ese maldito 8 de marzo que algún insensato se dedica a
vitorear, si no, ¡de qué la urgente necesidad tras cuarenta años de
existencia de la norma! Y uno se pregunta ¿por qué, por qué? Porque al
Gobierno de izquierdas no le importa generar empleo, sino regularlo;
porque al Gobierno de izquierdas no le importan los empresarios, sino la
sumisión reverencial al poder; porque al Gobierno de izquierdas no le
importan los trabajadores, sino una famélica legión de silentes
mendicantes; porque al Gobierno de izquierdas no le importa la libertad
de empresa porque no creen ni en la libertad ni en la empresa.
554 Se pretende que debatamos hoy aniquilar la seguridad jurídica, y lo que
hay que hacer con el Estatuto de Trabajadores es profundizar en la norma
dando al mercado de trabajo la flexibilidad necesaria para la
supervivencia de miles de empresas y que puedan conservar y crear empleo
digno y, por ende, el futuro decoroso de millones de trabajadores y sus
familias. Y eso requiere diálogo y consenso, cosa que mediante este
trámite se intenta evitar.
555 Al Gobierno de izquierdas no le importa ni la gente, pues ya no saben
dónde gime ni dónde está; su preocupación vital es repartir la miseria en
vez de generar la riqueza, por eso no quiere el diálogo, por eso no
quiere el consenso y por eso quiere la vía rápida. El Gobierno de
izquierdas quiere ciudadanos obedientes, nunca mejor dicho, y para ello
son capaces de todo, y retorcer la norma hasta el límite como en el
presente. No se puede votar a favor de lo que se pide, hemos de votar no
porque estas cosas son muy serias y hay que hablarlas en serio.
556 Muchas gracias. (Aplausos).
557
558 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora García.
559 Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el
señor Movellán Lombilla.
560 El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidenta.
561 Voy a ejercer mi derecho parlamentario, a pesar de los temores de algunos
diputados que me han precedido, pero no se preocupen, que yo sí que voy a
hablar del proyecto de ley, yo sí hablaré e intentaré no confundir a la
ciudadanía; no voy a hablar del salario mínimo porque nada tiene que ver
este proyecto de ley con el salario mínimo, pero si hablaré del Estatuto
de los Trabajadores. Y quiero comenzar expresando que el Grupo
Parlamentario Popular va a votar a favor, ya que la naturaleza y la
simplicidad de la tramitación así lo permiten, pero esperamos y confiamos
que esta excepcionalidad no se convierta en la nueva normalidad
parlamentaria, porque que esta tramitación vaya a ser abreviada no
significa que esté exenta de falsedades y porque este proyecto de ley que
hoy acordamos tramitar en lectura única nada tiene que ver con la reforma
laboral que aprobó el Partido Popular en el año 2012.
562 Con esta tramitación lo que se va a desmontar y se va a derogar es la gran
mentira con la que inauguraban la legislatura en materia de trabajo. Por
mucho que insistan el presidente, el señor Iglesias o la ministra que
debiera ocuparse de trabajo, esta falsedad no se va a convertir nunca en
una verdad, y no lo va a hacer aunque ustedes se dediquen, señorías del
PSOE y de Podemos, a frotar insistentemente esa famosa lámpara de Aladino
que últimamente se le aparece al ministro Escrivá. El artículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores no es ninguna novedad de la reforma laboral,
ha estado amparado en el propio Estatuto de los Trabajadores y por los
tribunales de forma continua desde el año 1980 hasta la actualidad, lleva
cuarenta años con nosotros. (Aplausos). De un Gobierno responsable se
espera menos política propagandística de cartón piedra y más rigor.
563 La reforma laboral es la reforma del empleo, como ustedes además están
reconociendo implícitamente al aplicarla en gran parte de esas medidas de
su escudo social. Han puesto el grito en el cielo, solo nos ha faltado
verlos rasgarse las vestiduras, para derogar un epígrafe del artículo 52
del Estatuto de los Trabajadores, que no de la reforma laboral, que lleva
décadas en vigor y que es causa de unos treinta despidos al año. Sin
embargo, callan miserablemente ante la pérdida de miles de empresas, de
autónomos y de cientos de miles de puestos de trabajo en nuestro país.
(Aplausos). Ni una sola palabra les hemos oído decir ante el cierre de
Alcoa, de Sniace, de Nissan Barcelona. ¿En qué están ustedes? ¿Para quién
gobiernan ustedes?
564 Voy finalizando. Pero si algo ha conseguido esta pandemia es que, con la
obligación de ponerse la mascarilla, a ustedes se les haya caído la
careta, porque ustedes quieren fiar el futuro de nuestra economía, de
nuestro mercado laboral y de nuestro país a una especie de juego a 'susto
o muerte', pactando con nocturnidad y casi en la clandestinidad con los
herederos de ETA, que hay que reconocer, eso sí, que estos saben mucho de
susto, pero sobre todo saben mucho de muerte en nuestro país. Lamento
decírselo, han pasado ustedes de las mascarillas al pasamontañas, y no
crean que los españoles somos ajenos a esta infamia. (Rumores). ¿Creen
ustedes que la Unión Europea, a quien se están encomendando para que les
salve la papeleta en estos momentos, ve con buenos ojos esa nueva alianza
del pasamontañas entre el Gobierno y Bildu para derogar íntegramente la
reforma laboral, que ha creado más de tres millones de puestos de trabajo
en nuestro país? (Continúan los rumores). Sé que le cuesta escucharlo,
señora Lastra; no crispe usted el Congreso, que vamos por el buen camino
(Protestas).
565 La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
566 El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Porque lo realmente preocupante con sus
medidas temerarias y con sus compañías peligrosas es que están
haciéndoselas pasar canutas a muchos españoles.
567 Termino de forma amable y con un consejo que espero que sepan aprovechar.
Dejen de mentir, porque el día que se les ocurra decir una verdad nadie
les va a creer y, como decía Aristóteles, el castigo del embustero es no
ser creído aun cuando dice la verdad, y hay que reconocer que a este
Gobierno a embustero no le gana nadie.
568 Muchas gracias. (Aplausos).
569 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio
de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas
gracias, señora García.
570 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña
Camarero.
571
572 La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenos días.
573 Tras la buena jornada de ayer con la aprobación del ingreso mínimo vital,
tiene razón el refranero cuando dice que la alegría es flor de un día, y
más cuando tenemos que escuchar las barbaridades que acaba de decir en
esta tribuna el portavoz del Partido Popular. (Aplausos).
574 La verdad es que cuesta escuchar que no merece la pena avanzar con
urgencia para eliminar miedos a personas enfermas que temen ser
despedidas por no poder ir a trabajar. Quizás es que se escudan hoy en
hablar de procedimiento, o algunos de pasamontañas, para no hablar del
fondo, de ese fondo que recuerda que fue el Partido Popular el que
facilitó el despido por absentismo ante bajas médicas en su reforma
laboral de 2012. (Aplausos). ¿No será que se esconden tras el articulado
para no reconocer una buena y una justa propuesta de este Gobierno con la
que no solo se está avanzando con un supuesto que ponía a los
trabajadores en una situación de riesgo, sino que -a ustedes, que les
gusta tanto el cumplimiento de las normas- esta permite que por fin
cumplamos con la obligación legal de adaptar el ordenamiento español para
cumplir con la normativa europea?
575 Y es más curioso que pretendan ralentizar la tramitación de este
procedimiento tras lo vivido con la bofetada de realidad que nos ha dado
el coronavirus en este país, porque hoy una baja médica no solamente es
una concepción personal o una recomendación individual del personal
sanitario a un trabajador enfermo, sino que es una cuestión de salud
pública. Hoy, personas que me han precedido en esta tribuna deberían
explicar a los 700 000 trabajadores y trabajadoras de este país que han
sufrido bajas a causa del coronavirus que serían susceptibles de ser
despedidos si no fuera porque este Gobierno está poniendo en marcha
medidas para que esto no sea así. (Aplausos).
576 Ustedes hablan de normas y de cumplimiento, pero a la primera de cambio lo
que hacen es incumplir los acuerdos y los consensos, y bien lo vemos hoy
aquí. El Partido Popular está poniendo en riesgo la salud de los
trabajadores de este Congreso incumpliendo el acuerdo de la Junta de
Portavoces de limitar al 25 % la asistencia al Congreso (aplausos) o
incumpliendo la limitación legal al 30 % que ordena el Ministerio de
Sanidad. (Aplausos.-Rumores). Pero veníamos a hablar de procedimiento,
que es lo que marca el punto en el día de hoy. (El señor Matarí Sáez
pronuncia palabras que no se perciben).
577 La señora PRESIDENTA: Señor Matarí, por favor, silencio.
578 La señora PEÑA CAMARERO: Vamos a poner un poco de orden en lo que
significa este procedimiento. Este decreto se ha aprobado en el Consejo
de Ministros, se convalidó hace escasas semanas aquí, ni siquiera el
Partido Popular votó en contra de su artículo porque era... (El señor
Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben).
579 La señora PRESIDENTA: Perdón. Señor Matarí, por favor, le ruego silencio;
silencio y respeto a la oradora, la señora Peña. (El señor Suárez Lamata
pronuncia palabras que no se perciben). Señor Suárez, silencio, por
favor.
580 La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidenta.
581 De hecho, se nos ha habilitado a todos los grupos la posibilidad de
presentar enmiendas en tiempo y forma, y solo han sido dos de los diez
que conformamos este hemiciclo los que lo hemos hecho. Se ha cumplido el
artículo 151 en lo que tiene que ver con la tramitación del procedimiento
de urgencia y se acude al 150 -cosa que debatimos hoy- en cuanto a forma
y contenido porque, tal y como reza ese artículo, por la naturaleza o
simplicidad de procedimiento, y como se hace más necesario que nunca este
decreto que se trae aquí, donde solo hablamos de suprimir un pequeño
inciso dentro de un artículo de normativa laboral, parece de cajón que lo
hagamos de esta manera urgente.
582 Empezaba con un refrán y, como buena castellana, seguiré con otro. Al
Partido Popular le digo, con respeto, que mentiroso sin memoria pierde el
hilo de la historia. Voy a poner una fecha, 24 de agosto de 2018. Varios
grupos parlamentarios propusieron una ley orgánica de reforma de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se solicitó
que, por su simplicidad, fuera también tramitada conforme a lo previsto
en el artículo 150, y ustedes, la derecha de este país, que en ese
momento conformaban la mayoría de la Mesa, adalides de la democracia,
¿saben lo que hicieron? La Mesa impidió que este Pleno se pronunciara
democráticamente sobre una tramitación que había sido solicitada por los
grupos parlamentarios que sumaban la mayoría absoluta en esta Cámara.
(Aplausos).
583 Así que ustedes hablan de normas, hablan de democracia, pero ¿qué es más
democrático que el hecho de que todos y todas hoy -la soberanía popular,
los representantes de los españoles y las
584
585 españolas- nos pronunciemos aquí, en directo, en cumplimiento de la
normativa, a la vista de todos, para derogar uno de los artículos más
lamentables de la normativa laboral española. No lo olvidemos, queremos
empezar por aquí para acabar con ese compromiso que tenemos los
socialistas de dejar atrás la reforma laboral del Partido Popular, unas
normas, una mala legislación que afecta a todos los trabajadores, a los
de Núñez de Balboa y a los del barrio de Gamonal.
586 Para terminar, les tengo que decir lo siguiente. Ayer no se atrevieron a
votar en contra del ingreso mínimo; espero que hoy tampoco se atrevan a
votar en contra de esto porque nada se parece tanto a la injusticia como
la justicia tardía.
587 Muchas gracias. (Aplausos).
588 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Peña.
589 Votaremos en tres minutos. (Pausa).
590 Señorías, vamos a iniciar las votaciones.
591 PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
592 - DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, RELATIVA A LA RETIRADA DE
CONDECORACIONES A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES FRANQUISTAS QUE HUBIESEN
OBSERVADO CONDUCTAS INCOMPATIBLES CON LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y LOS
PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente
162/000268).
593 La señora PRESIDENTA: Proposiciones no de ley. Proposición no de ley de
los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común relativa a la retirada de condecoraciones a
funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas
incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección
de los derechos humanos. Se vota en los términos de la enmienda
transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista,
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Ciudadanos.
594 Comienza la votación. (Pausa).
595 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 97 más
253 votos telemáticos, 350; a favor, 49 más 158 votos telemáticos, 207;
en contra, 20 más 37 votos telemáticos, 57; abstenciones, 28 más 58 votos
telemáticos, 86.
596 La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.
597 - DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS A RAÍZ DE LA CRISIS DEL COVID-19. (Número de
expediente 162/000222).
598 La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Republicano sobre protección de los trabajadores autónomos a raíz de la
crisis del COVID-19. Se vota en los términos de la enmienda transaccional
presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Republicano.
599 Comienza la votación. (Pausa).
600 Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 96 más 253
votos telemáticos, 349; a favor, 67 más 195 votos telemáticos, 262; en
contra, 29 más 58 votos telemáticos, 87.
601 La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.
602 DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
603 - PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS.
(Número de expediente 121/000002).
604 La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de
devolución al proyecto de ley del impuesto sobre las transacciones
financieras presentadas por los grupos parlamentarios VOX, Ciudadanos y
Popular en el Congreso.
605 Comienza la votación. (Pausa).
606
607 Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 95 más 253
votos telemáticos, 348; a favor, 47 más 105 votos telemáticos, 152; en
contra, 48 más 148 votos telemáticos, 196.
608 La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.
609 - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO
DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y
ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES. (Número de
expediente 121/000006).
610 La señora PRESIDENTA: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución
al proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del
registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves,
presentada por el Grupo Parlamentario Plural.
611 Comienza la votación. (Pausa).
612 Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 95 más 252
votos telemáticos, 347; a favor, 5 más 16 votos telemáticos, 21; en
contra, 90 más 228 votos telemáticos, 318; abstenciones, 8 votos
telemáticos.
613 La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.
614 TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
615 - DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, ORGÁNICA DE DELIMITACIÓN DE LA
JUSTICIA MILITAR. (Número de expediente 122/000033).
616 La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, orgánica de
delimitación de la justicia militar.
617 Comienza la votación. (Pausa).
618 Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 95 más 252
votos telemáticos, 347; a favor, 18 más 54 votos telemáticos, 72; en
contra, 77 más 197 votos telemáticos, 274; abstenciones, 1 voto
telemático.
619 La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la
proposición de ley. (Aplausos).
620 ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
621 - ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY
POR LA QUE SE DEROGA EL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL
TRABAJO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52.d) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
4/2020, DE 18 DE FEBRERO. (Número de expediente 121/000008).
622 La señora PRESIDENTA: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de
iniciativas legislativas.
623 Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por
la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18
de febrero.
624 Comienza la votación. (Pausa).
625 Efectuada la votación dio siguiente resultado: votos emitidos, 95 más 252
votos telemáticos, 347; a favor, 78 más 217 votos telemáticos, 295; en
contra, 17 más 35 votos telemáticos, 52.
626 La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se acuerda la tramitación directa y
en lectura única por el Pleno del citado proyecto de ley.
627 Buenas tardes a todos, señorías.
628 Se levanta la sesión.
629 Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.
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