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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 30, de 17/06/2020
cve: DSCD-14-PL-30
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 30
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 29
celebrada el miércoles,
17 de junio de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página8)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Guitarte Gimeno), sobre la necesidad de un Plan especial para la recuperación de la España Vaciada y el Reto Demográfico, de acuerdo con los objetivos del Plan de recuperación para Europa de la Unión Europea. (Número de expediente 172/000039) ... (Página28)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ministro del Interior para que explique las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil. (Número de expediente 172/000040) ... (Página35)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 7-1, de 13 de marzo de 2020. (Número de expediente 121/000007) ... (Página42)

- Proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 49-1, de 7 de febrero de 2020. (Número de expediente 122/000024) ... (Página62)

Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- Del Grupo Parlamentario Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 61, con el fin de regular, para casos de extrema necesidad, la posibilidad de celebrar sesiones del Congreso a través de medios telemáticos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 81-1, de 20 de abril de 2020. (Número de expediente 410/000008) ... (Página76)


Página 2




Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de lucha contra la corrupción. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 35-1, de 17 de enero de 2020. (Número de expediente 122/000009) ... (Página85)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página101)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página101)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación):

- Proyecto de Ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 8-1, de 6 de abril de 2020. (Número de expediente 121/000008) ... (Página103)

Votación de conjunto ... (Página103)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página104)

Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página104)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página105)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página8)

Del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera que su gestión ha provocado una crisis constituyente? (Número de expediente 180/000216) ... (Página8)

Del diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario VOX, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Mantiene el Gobierno que saldremos más fuertes de esta crisis? (Número de expediente 180/000209) ... (Página9)

Del diputado don Carlos García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree que tiene el Gobierno adecuado para llevar a cabo la reconstrucción social y económica de España? (Número de expediente 180/000214) ... (Página11)


Página 3




De la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: ¿Qué respeto le merece el Parlamento? (Número de expediente 180/000217) ... (Página12)

De la diputada doña Isabel Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula a la señora vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: ¿Aprobará el Gobierno una ley para la revocación de reconocimientos y condecoraciones a funcionarios o autoridades con conductas contrarias a los derechos humanos? (Número de expediente 180/000212) ... (Página13)

Del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030: ¿Va a asumir el vicepresidente segundo algún tipo de responsabilidad por los resultados de sus actuaciones políticas durante la crisis del Covid? (Número de expediente 180/000218) ... (Página15)

Del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX, que formula a la señora vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital: ¿Qué previsiones económicas tiene el Gobierno para este año y los siguientes? (Número de expediente 180/000210) ... (Página16)

Del diputado don Joaquín María García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: ¿Considera el Gobierno que está actuando con transparencia en su proceso de modificación de la Ley de Costas? (Número de expediente 180/000220) ... (Página18)

Del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX, que formula al señor ministro del Interior: ¿Considera que aún mantiene la confianza de la Guardia Civil? (Número de expediente 180/000211) ... (Página19)

De la diputada doña Marta Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno español que se deben adoptar medidas para evitar el racismo en el ámbito de la seguridad? (Número de expediente 180/000215) ... (Página20)

De la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Educación y Formación Profesional: ¿Qué responsabilidades asume el Gobierno de cara al comienzo del próximo curso escolar? (Número de expediente 180/000219) ... (Página21)


Página 4




Del diputado don Edmundo Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Educación y Formación Profesional: ¿Qué medidas tiene previsto impulsar su Ministerio, en colaboración con el resto del Gobierno, para garantizar la conciliación familiar, incluyendo al propio profesorado, en caso de que finalmente sea imposible que todo el alumnado vuelva a los colegios el siguiente curso? (Número de expediente 180/000213) ... (Página23)

De la diputada doña Concep Cañadell Salvia, en sustitución del diputado don Ferran Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno cumplir su compromiso de derogar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local? (Número de expediente 180/000222) ... (Página24)

De la diputada doña Carmen Riolobos Regadera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Consumo: ¿Mantiene usted su compromiso de proteger a los jóvenes frente a la adicción al juego? (Número de expediente 180/000221) ... (Página25)

De la diputada doña Josune Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Universidades: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en su ámbito competencial para aumentar las oportunidades laborales que hoy ofrecen los estudios universitarios a los y las jóvenes? (Número de expediente 180/000223) ... (Página27)

Interpelaciones urgentes ... (Página28)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Guitarte Gimeno), sobre la necesidad de un Plan especial para la recuperación de la España Vaciada y el Reto Demográfico, de acuerdo con los objetivos del Plan de recuperación para Europa de la Unión Europea ... (Página28)

Formula la interpelación urgente el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto.

En nombre del Gobierno contesta la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez).

Replica el señor Guitarte Gimeno y duplica la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ministro del Interior para que explique las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil ... (Página35)

Formula la interpelación urgente la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez).


Página 5




Hace uso de la palabra la señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Replica la señora Vázquez Blanco y duplica el señor ministro del Interior.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página42)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ... (Página42)

La señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen las señoras Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Trias Gil, del Grupo Parlamentario VOX, y Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sayas López y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rego Candamil, la señora Sabanés Nadal y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... (Página62)

En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Baldoví Roda, Errejón Galván y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; y la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano.

Hace uso de la palabra la señora Borrego Cortés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Continuando el turno de fijación de posiciones intervienen los señores Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Ruiz Navarro, del Grupo Parlamentario VOX, y Aranda Vargas, del Grupo Parlamentario Socialista.

Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página76)

Del Grupo Parlamentario Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 61, con el fin de regular, para casos de extrema necesidad, la posibilidad de celebrar sesiones del Congreso a través de medios telemáticos ... (Página76)

Defiende la toma en consideración de la iniciativa el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural.


Página 6




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Calvo Liste, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Borrego Cortés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Fernández Casero, del Grupo Parlamentario Socialista.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página85)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de lucha contra la corrupción ... (Página85)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Rego Candamil, Errejón Galván y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; Márquez Guerrero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX; el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Crespín Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página101)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y Mixto (señor Martínez Oblanca) a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la perspectiva de género en la política penitenciaria, se aprueba por 64 votos a favor más 146 votos telemáticos, 210; y 50 en contra más 90 votos telemáticos, 140.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Ciudadanos y Mixto (señor Mazón Ramos) a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Mazón Ramos), sobre el Estatuto de Consumidores Electrointensivos para garantizar la competitividad de las industrias afectadas, se aprueba por 111 más 230 votos telemáticos, 341; 1 voto telemático en contra; y 3 abstenciones más 3 votos telemáticos, 6.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página101)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno aclare el impacto constitucional de la reunión de la Mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que tuvo lugar el día 26/02/2020, con la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 52 votos a favor más 101 votos telemáticos, 153; 61 en contra más 134 votos telemáticos, 195; y 1 abstención más 1 voto telemático, 2.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso y Mixto (señor Quevedo Iturbe) a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo Iturbe), sobre las políticas que va a desarrollar


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el Gobierno de España para favorecer la conectividad y la recuperación del turismo en Canarias, se aprueba por 110 votos a favor más 221 votos telemáticos, 331; y 4 abstenciones más 12 votos telemáticos, 16.

Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras finalizar la emergencia sanitaria del COVID-19, se aprueban los puntos 1, 4, 5, 6, 7 y 8, y se rechazan los puntos 2 y 3.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Republicano, Plural, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto (señora Oramas González-Moro) a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas previstas para dotar de flexibilidad a los sectores clave de la actividad económica, se aprueba por 61 votos a favor más 131 votos telemáticos, 192; 52 en contra más 102 votos telemáticos, 154; y 1 abstención más 2 votos telemáticos, 3.

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página103)

Proyecto de ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero) ... (Página103)

Votación de conjunto ... (Página103)

Sometido el proyecto de ley a votación de conjunto por tramitarse en lectura única, se aprueba por 62 votos a favor más 141 votos telemáticos, 203; 19 en contra más 36 votos telemáticos, 55; y 33 abstenciones, más 58 votos telemáticos, 91.

Debates de totalidad de iniciativas legislativa. (Votación) ... (Página104)

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se rechazan por 52 votos a favor más 101 votos telemáticos, 153; y 62 en contra más 133 votos telemáticos, 195.

Sometida a votación la enmienda transaccional de texto alternativo a la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se rechaza por 34 votos a favor más 59 votos telemáticos, 93; 80 en contra más 167 votos telemáticos, 247; y 9 abstenciones con voto telemático.

Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página104)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 61, con el fin de regular, para casos de extrema necesidad, la posibilidad de celebrar sesiones del Congreso a través de medios telemáticos, se rechaza por 6 votos a favor más 39 votos telemáticos, 45; 104 en contra más 193 votos telemáticos, 297; y 3 abstenciones, más 3 votos telemáticos, 6.


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página105)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de lucha contra la corrupción, se rechaza por 52 votos a favor más 107 votos telemáticos, 159; 58 en contra más 120 votos telemáticos, 178; y 4 abstenciones más 7 votos telemáticos, 11.

Se levanta la sesión a las seis de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON PABLO CASADO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA QUE SU GESTIÓN HA PROVOCADO UNA CRISIS CONSTITUYENTE? (Número de expediente: 180/000216).

La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.

Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo.

Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, dice Felipe González que su Gobierno parece el camarote de los hermanos Marx. Quizá por eso sus socios quieren humillarle investigándole aquí en esta Cámara. Ya le adelanto que yo me opondré, por el respeto que yo sí le tengo. Pero, fíjese, a quién le debe usted la Presidencia. Por un lado, a Iglesias, que decía que había que iniciar un proceso constituyente para abrir el candado (hace el gesto de comillas con las manos) del 78, sic. Por otro, a Junqueras, que desde la cárcel le vuelve a hacer sentarse en una mesa por la autodeterminación. Y para su vergüenza, también a Otegi, que mientras justifica al terrorismo pacta con usted el futuro de los trabajadores. Quizá por eso el ministro de Justicia se atrevió aquí a decir que la Constitución está en tela de juicio. ¿Cree usted que su gestión radical ha abierto en España una crisis constituyente, como decía el señor Campo?

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias, señora presidenta.

Gracias, señoría. Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al Gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre. Usted pregunta por la gestión y las consecuencias de la gestión del Gobierno de España en relación con la pandemia Y yo le voy a responder. Mire, y no solamente de la gestión del Gobierno de España, yo diría que el conjunto de instituciones públicas y, sobre todo, agentes sociales -empresarios y sindicatos- y los ciudadanos españoles hemos logrado muchas cosas durante estos tres meses de pandemia. En primer lugar, hemos evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo y también de empresas; ahí están los ERTE. En segundo lugar, hemos asistido a los colectivos más vulnerables; ahí está, por ejemplo, como clave de bóveda el ingreso mínimo vital. Y, sobre todo y ante todo, señoría, con el estado de alarma y el confinamiento hemos salvado miles y miles de vidas, 450 000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma. (Aplausos).

Es cierto, señoría, que no estamos todos, no estamos todos, y por tanto, a días de levantar el estado de alarma, después de tres meses largos de pandemia, quiero hacer el siguiente anuncio. El próximo día 16 de julio se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27 000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos tres meses de COVID. (Aplausos). Señorías, el 16 de julio. El 16 de julio, lógicamente, esperamos contar con la presencia de todas las fuerzas parlamentarias,


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esperamos contar también con la presencia de los máximos representantes de las instituciones públicas y también lógicamente estará presidido por su majestad el rey y contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, de la presidenta de la Comisión Europea, del presidente del Parlamento Europeo, del alto representante de la Unión Europea y también del director general de la Organización Mundial de la Salud. Y me gustaría que constara en el Diario de Sesiones el agradecimiento por la empatía de estos altos dignatarios que van a estar presentes el próximo 16 de julio en homenaje, en tributo y en memoria a las víctimas del COVID. (Prolongados aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Casado Blanco.

El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, no le preguntaba por eso, y son 43 000 víctimas. En todo caso, hablemos de eso porque nadie duda en todo el mundo que su gestión ha sido un fracaso y por eso tenemos las peores cifras de fallecidos, de contagiados y de parados, pero al menos no ataque a las instituciones democráticas. Mire, las comparaciones son odiosas. Por ejemplo, en Italia, el primer ministro comparece ante un juzgado para rendir cuentas por su gestión. En Francia, la fiscalía actúa de oficio frente al Gobierno. En Finlandia, cesan a un responsable por hacer una compra fallida de mascarillas. O, sin ir más lejos, en Chile, cesan al ministro de Sanidad por cambiar el cómputo de fallecidos.

¿Y usted qué hace? Critica a los jueces, pone de fiscal a una comisaria política, oculta 16 000 víctimas y purga a los responsables policiales que piden más medios y mascarillas. A pesar de todo, llevo meses tendiéndole la mano para acordar un pacto sanitario Cajal (rumores), un marco legal frente a posibles rebrotes sin tener que volver al estado de alarma, una oficina nacional de víctimas del COVID, un plan de choque económico para reducir impuestos y burocracia, para extender los ERTE hasta fin de año, para crear empleo, para que no se repitan cierres como los de Alcoa o Nissan y una comisión con autonomía de ayuntamientos, pero no como la que insinuaba usted ayer en el Senado para revisionar otros años, sino esta gestión, y para coordinar bien las ayudas sociales, las medidas como la renta mínima, que sí le apoyamos la semana pasada a pesar de sus ataques.

Ya ve, señor Sánchez, la crispación que vende su propaganda no es más que el eco del no es no. La confrontación que usted denuncia lleva la huella de su cordón sanitario. La división que nos imputa es la sombra de su propio Gobierno. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.

Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. (Rumores.-Risas). Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada: si usted quiere unidad, aquí está el Gobierno; si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON SANTIAGO ABASCAL CONDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿MANTIENE EL GOBIERNO QUE SALDREMOS MÁS FUERTES DE ESTA CRISIS? (Número de expediente 180/000209).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Santiago Abascal Conde del Grupo Parlamentario VOX.

El señor ABASCAL CONDE: Buenos días, señor Sánchez.

¿Mantiene usted que salimos más fuertes? ¿Podría decirnos si tiene algún tipo de dato objetivo para sostenerlo o si estamos ante la propaganda vacía que le recomiendan de nuevo sus asesores?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias, señora presidenta.

Gracias, señoría. Lamento decirle que esta es la misma pregunta que me hizo el señor Casado la semana pasada. Suele ser habitual que ustedes abren camino y el PP sigue después su línea, pero en


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esta ocasión lamento decirle que ha sido el señor Casado quien se le ha adelantado con esta pregunta. Por tanto, es verdad que la formulación de la pregunta no es original, ya respondí a ella la semana pasada y, por tanto, mi respuesta tampoco va a ser original, va a ser la misma que le di al señor Casado.

Fíjese, podemos salir más fuertes, claro que sí, si planteamos una respuesta a la crisis que tiene que ser desde la unidad y desde la justicia social. Es evidente que la unidad con usted es francamente difícil, por no decir imposible -ahí están los resultados de las votaciones-, y qué decir de la justicia social, señor Abascal, si ustedes han sido el único grupo que no ha votado a favor del ingreso mínimo vital. Con lo cual, señoría, lamento no ser original, pero creo que podemos salir más fuertes con unidad y justicia social, que es lo que está haciendo este Gobierno. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Abascal Conde.

El señor ABASCAL CONDE: Muchas gracias, señor Sánchez.

Yo también acostumbro, como usted, a no ser original, pero en mi caso es porque siempre mantengo los mismos principios; en el suyo es porque no sabe qué decir en esta Cámara. Evidentemente, no podemos salir más fuertes mientras usted y el señor Iglesias permanezcan en el Gobierno porque ustedes solo nos han traído ruina, división a los españoles y atropello a las instituciones democráticas de los españoles. Cuarenta y ocho mil muertos, pero además de eso nos han traído la ruina: récord en las cifras de paro, récord en víctimas de los ERTE, récord en víctimas de los ERTE que no han cobrado nada desde el mes de marzo, récord en autónomos sin ningún tipo de ingreso a los que se les cobraron las cuotas, récord en las colas kilométricas de los comedores sociales, récord en la huida de depósitos de España por miedo a su vicepresidente -22 000 millones de euros-, y hay un récord que no lo constato pero lo pronóstico: récord en el efecto llamada a la inmigración ilegal por la renta mínima que ustedes han aprobado. (Rumores.-Protestas). Pero, como no se conforman con la ruina, señorías, nos traen la división, la ya clásica división por sexos entre hombres y mujeres, que ustedes promocionan de manera sistemática; ahora nos traen también la división por barrios y parece que también nos traen ustedes la división por edades, porque no todas las vidas importan, señorías. (Rumores). Eso es lo que parece, habida cuenta de que no ha habido respiradores para personas que tenían determinada edad y que 18 000 ancianos han muerto en las residencias, señor Iglesias.

Además, en mitad de la pandemia, nos han traído el enfrentamiento, el sectarismo y la división a cuenta de la Corona, señorías, porque ustedes quieren atropellar cualquier tipo de institución democrática que se enfrente o que limite su voluntad de poder sin límites. Por eso quieren una fiscalía de partido, por eso quieren una Abogacía del Gobierno y no del Estado, por eso quieren ustedes unos jueces con label de calidad progre, por eso quieren una Guardia Civil y una Policía que no estén al servicio de los ciudadanos, sino que vigilen las críticas al Gobierno y que estén al servicio de la nomenclatura y de sus mansiones. Y por eso atacan ustedes a la Corona, que es una institución que no puede defenderse. Deberían defenderla ustedes, pero, claro, el vicepresidente la ataca y el presidente calla. (Rumores). Veo que escandalizo mucho a sus señorías, les anuncio que voy a seguir haciéndolo durante toda la legislatura.

Muchas gracias (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, en fin, usted y el señor Casado hacen las mismas intervenciones, siguen el mismo guion, ustedes publican en definitiva el mismo libro, aunque usted, hay que reconocerlo, lo hace con tapa dura. (Rumores). Eso está claro, señoría. Pero, fíjese, su pregunta es si vamos a salir más fuertes o no. Y yo le digo que podemos salir más fuertes; podemos salir más fuertes si damos una respuesta positiva, sostenible, inclusiva a esta crisis. Es lo que está haciendo el Gobierno de España, está planteando una transformación de nuestra economía, está planteando una transformación, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático. Ya sé que a ustedes esto de la ciencia les importa tres pimientos, pero la ciencia dice que existe una emergencia climática a la cual hay que dar una respuesta. También hay que apostar por la ciencia y hay que apostar por la I+D+i, hay que apostar por el fortalecimiento del estado del bienestar. Por tanto, habrá que plantear una revisión de nuestro sistema fiscal, tal como ha planteado el Gobierno y, por cierto, han planteado, por supuesto, muchas otras fuerzas políticas a lo largo de estas últimas legislaturas. Habrá también que plantear una modernización de nuestro sistema educativo. Aquí se va a suscitar


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también un debate sobre la ley de modernización de nuestro sistema educativo, planteado por el Gobierno de España. Vamos a abordar el fortalecimiento de la formación profesional, el fortalecimiento también de la digitalización, en definitiva, todas las cuestiones que está aprobando Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros este Gobierno.

Entiendo que a usted no le guste. Ustedes son los que proponían en la campaña electoral, por ejemplo, la privatización del sistema público de pensiones. (Rumores.-Una señora diputada: ¡No, no!). Su portavoz económico decía que el problema de las clases altas de este país era que pagaban muchos impuestos, señor Abascal. Claro, es que entre lo que ustedes defienden y lo que nosotros defendemos hay, en términos de símil, agua y aceite. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente del Gobierno.

- DEL DIPUTADO DON CARLOS GARCÍA ADANERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE QUE TIENE EL GOBIERNO ADECUADO PARA LLEVAR A CABO LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000214).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Carlos García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Sánchez, ¿cree usted que tiene el Gobierno más apropiado para la reconstrucción económica y social de España?

La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Muchas gracias, señoría.

Usted utiliza el término adecuado, apropiado. Pregunta si tenemos el Gobierno adecuado, apropiado. En fin, yo creo que es más o menos lo mismo. Le voy a decir que sí, que creo que tenemos el Gobierno adecuado para esta crisis. Fíjese lo que hemos hecho solamente en un trimestre; por ejemplo, en el frente sanitario, gracias al estado de alarma y al confinamiento, hemos salvado 450 000 vidas. En el frente económico, hemos evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo y también de millones de empresas con las líneas ICO y también con los expedientes de regulación temporal de empleo. En el frente social, hemos socorrido a los más vulnerables; ahí está el ingreso mínimo vital, como le decía antes al portavoz del Partido Popular. Y en el frente institucional, ayer mismo, en el Consejo de Ministros, aprobamos un fondo no reembolsable; por primera vez el Estado se endeuda en beneficio de las comunidades autónomas por 16 000 millones de euros, y el 70 % de ese fondo va destinado a la sanidad pública y a la educación pública, señoría. Y todo esto en tan solo tres meses, señoría. Por lo tanto, sí, considero que tenemos el Gobierno adecuado para responder a esta crisis. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor, García Adanero.

El señor GARCÍA ADANERO: Sí, muchas gracias, señora presidenta.

Señor presidente Sánchez, si usted es el responsable de haber salvado 450 000 vidas por habernos confinado, ¿es también el responsable de no habernos confinado dos semanas y de todas las muertes que ha habido? (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Quería decir también que, con miles y miles de muertos, con miles y miles de ciudadanos que han perdido su empleo, ¿el partido que gobierna en España dedica su tiempo a sacar retratos de su majestad el rey Juan Carlos de las instituciones? ¿A eso dedica el tiempo? Mire, el rey Juan Carlos ha hecho una gran labor en España respecto a las libertades y a la democracia. Pero el objetivo no es el rey Juan Carlos, el objetivo es la Jefatura del Estado como símbolo de la unidad de España. (Aplausos).

La parte del Gobierno de extrema izquierda han puesto en cuestión el sector de la automoción en España, han puesto en cuestión al sector del turismo en España, han puesto en cuestión al empresariado español, que son tres pilares fundamentales para la reconstrucción nacional. Sin estos pilares no se puede reconstruir España; la extrema izquierda del Gobierno los ha puesto en cuestión cuando son los que generan empleo. Además de eso, sus apoyos parlamentarios son tres partidos políticos -Esquerra Republicana de Catalunya, Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco- que tienen como objetivo


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político la debilidad de España como nación. ¿No sería más lógico que mirase usted lo que se hace en Europa? ¿No sería más lógico, como ocurre en Europa, que la extrema izquierda no estuviera en el Gobierno? ¿No sería más lógico, como ocurre en Europa, donde los independentistas no apoyan a los Gobiernos, que buscase acuerdos que afecten a toda la sociedad española, a la inmensa mayoría, con los partidos que creen en España como comunidad de todos unida? ¿No sería más lógico, en definitiva, que hiciera más caso al Foro Empresarial que a los círculos de Podemos?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.

Ya me temía yo, señoría, que no iba a estar usted muy de acuerdo con este Gobierno. Ya lo dejó claro, por cierto, en la investidura. Ni antes ni después de esta pandemia ha considerado usted a este Gobierno adecuado; esta es la cuestión. Pero imagino, dado que usted habla de Navarra, que le parecerán adecuados los fondos que hemos destinado durante estos tres meses a Navarra: 4,52 millones de euros del Fondo Social Extraordinario y 4,78 millones del fondo de contingencia de sanidad. Además, gracias a las gestiones del Gobierno, Navarra podrá reprogramar 19,24 millones de euros de los fondos europeos no ejecutados. Y el Plan de Automoción que presentamos el otro día, y que lógicamente tiene mucho que ver con Navarra, implica 3750 millones de euros. Por tanto, señoría, este es un Gobierno que está respondiendo de manera adecuada y conforme a la gravedad de la crisis social, económica y también sanitaria.

Pero, evidentemente, usted habla de si hay o no un Gobierno adecuado, y esto de la respuesta a la crisis no solamente corresponde al Gobierno, también corresponde a la oposición. Después de escucharle, señoría, me pregunto si España tiene la oposición adecuada en el momento que estamos sufriendo. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: ¿QUÉ RESPETO LE MERECE EL PARLAMENTO? (Número de expediente 180/000217).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Señora vicepresidenta, este es un resumen de nuestros debates en esta Cámara. Le pregunté por su silencio ante el desafío separatista; le endosó la respuesta al ministro de Agricultura. Le interpelé sobre la mesa de negociación con Torra; no vino al Congreso para estar en la mesa. Le pregunté por su responsabilidad en la prevención de la pandemia; me dijo que el problema era mi marco mental. Le pregunté si condenaba el escrache al señor Iglesias; contestó que tengo derecho a contagiarme. Le pregunté por el respeto a las instituciones; insinuó que el señor Casado es un golpista. Le pedí que aclarara tan grave acusación; me invitó a tomar un café. El viernes pasado le remití una carta aceptando su invitación y proponiéndole un café/debate público. ¿Dónde está la respuesta? A ver si hoy tengo más suerte y respeta usted su palabra y al Parlamento. Contésteme, por favor: ¿Van a convocar en julio otra mesa de negociación con los separatistas? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta primera del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Señora presidenta, una vez más la señora diputada se salta el Reglamento y cambia la pregunta, pero se la voy a aceptar. Usted me preguntaba si tenía respeto por el Parlamento. Como diputada de esta Cámara -que lo soy- y como miembro del Gobierno, todo, absolutamente todo; como demócrata socialista, todo y más. Esa era su pregunta y esta es mi respuesta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos.


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La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Efectivamente por el respeto al Parlamento le he estado hablando del debate democrático, y usted tiene un doble problema con el Parlamento. Usted expresa la conversación democrática y usted expresa también la soberanía nacional. Hoy ustedes van a votar en contra de una moción de mi grupo que reivindica el exclusivo derecho de estas Cortes a decidir lo común.

En la primera mesa -mesa de la autodeterminación- se trató la autodeterminación, y usted personalmente culpó al Tribunal Constitucional de lo que antes llamaban conflicto político y ahora directamente crisis constituyente. Dime qué palabras usas y te diré qué pretendes. Señora Calvo, no estamos ante una crisis constituyente, estamos ante una crisis ideológica y moral del socialismo. ¿Patriotismo, piden? El señor Sánchez no tiene otra patria que su ego.

Han suscrito ustedes un pacto ultra a costa de la convivencia y a cambio del poder. Escuchen un momento al condenado Junqueras. Le preguntan: ¿Volvería a hacerlo? Contesta: Sí, gracias a lo que hicimos nos hemos ganado el derecho a repetirlo. Le insisten: Pero, ¿no engañaron ustedes a los catalanes? Y contesta -perdóneme-: Y una mierda, y una puta mierda, dijimos la verdad, que el procés tiene que acabar en la independencia. Pero el delirio no acaba ahí: la portavoz de la Generalidad, en plena pandemia: En una Cataluña independiente no habría habido tantos muertos. Del "España nos roba" al "España nos mata".

Estos son sus socios, gracias a ellos son ustedes Gobierno y pretenden seguir siéndolo. ¿A qué precio, señora Calvo? Contéstenos, por favor: ¿van a convocar la mesa exigida por Esquerra? Y, por cierto, ¿pretenden reservar en ella un lugar a Ciudadanos? La nación espera con interés su respuesta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta primera del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Señora Álvarez de Toledo, la respeto a usted tanto porque tiene un escaño por Barcelona, por Cataluña. Sería una de las grandes obligaciones que tendría usted aquí, encontrar a través del diálogo democrático una salida a la situación de Cataluña.

Sí, vamos a convocar la mesa de diálogo, porque es la única manera de encontrar una salida en nuestro marco constitucional y con la fórmula democrática tan exótica que es reconocer al otro, al que no piensa como tú.

Pero, mire usted, ha hecho hoy aquí un guion subjetivo de su actividad de control con relación a mí. Usted me ha preguntado que si iba a seguir degenerando las instituciones; usted me ha preguntado si tenía un compromiso con la verdad; usted me ha preguntado si tengo respeto por el Parlamento. Esas preguntas -imagino que usted es consciente- no son preguntas de control útil para los ciudadanos, porque hablamos desde aquí, pero hablamos para los ciudadanos y las ciudadanas de este país; eso es un cuestionamiento en toda regla de la existencia de este Gobierno, del comportamiento de este Gobierno. Respete usted el pacto de este Gobierno, respete la sesión de investidura de este Gobierno. Porque, mire, cuando yo le contesto y a usted no le gusta, usted siente que se ofende al Parlamento. Usted es el Parlamento en esa visión personalista y absoluta del debate que tiene conmigo. Le invité a un café como dos mujeres normales y corrientes, y yo lo soy. Usted me ofreció un circo, pero yo los debates los tengo aquí, con cámaras, taquígrafos y con toda España mirándonos. (Aplausos). Saque usted los 155 escaños que sostienen este Gobierno de esa especie de falta de respeto que siente cuando discrepo con usted. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUETA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: ¿APROBARÁ EL GOBIERNO UNA LEY PARA LA REVOCACIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES A FUNCIONARIOS O AUTORIDADES CON CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS DERECHOS HUMANOS? (Número de expediente 180/000212).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Isabel Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señora vicepresidenta, la semana pasada se aprobaba en esta Cámara una PNL del PSOE y Unidas Podemos para retirar las condecoraciones a las autoridades


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franquistas que, además de ser totalmente insuficiente y un claro lavado de cara, no obliga al Gobierno a nada, pues simplemente tiene validez declarativa. Además, pactaron ustedes esta PNL con el ala naranja del trío de Colón, este trío que parece indignarse cada vez que se dan pasos a favor de la memoria histórica y democrática. Por eso, le pregunto: ¿aprobará el Gobierno una ley que retire los reconocimientos y condecoraciones a todas las autoridades que hayan tenido acciones contrarias a los derechos humanos?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Señora Pozueta, no partimos de cero, partimos de la Ley 52/2007, de un Gobierno socialista, que ya llegó tarde al reconocimiento y a la memoria de la dignidad de estas víctimas y del recuerdo absolutamente nefasto de nuestra Guerra Civil, del exilio y del sufrimiento de todos ellos. Este Gobierno tiene planteada una modificación a fondo de esa ley donde intentaremos reparar, como usted proponía, la concesión de condecoraciones y de reconocimientos de quienes en sus actuaciones han estado absolutamente al margen de la protección de los derechos humanos. No le quepa ni la menor duda. Será por la vía de la reforma de esa ley o por un anteproyecto que revise las dos leyes por las que se establecen condecoraciones a quienes no las pueden ni deben tener. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Pozueta Fernández.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señora Calvo, este Gobierno asumió un compromiso con la democracia y el respeto a la memoria histórica y democrática, pero sigue sin cumplirlo. Este Estado aún sigue manteniendo los reconocimientos y condecoraciones a los funcionarios y autoridades que han cometido violaciones de derechos humanos, franquistas o no; le hablo de Billy el Niño o de Martín Villa, imputados por sus responsabilidades en la comisión de importantes delitos, como la muerte de Germán en los sanfermines de 1978, la matanza del 3 de marzo en Gasteiz, la semana negra madrileña, caso Escala o de Rodríguez Galindo, general del cuartel de Intxaurrondo donde tantas violaciones de derechos humanos se produjeron y que cuenta con más de treinta condecoraciones y reconocimientos, o del señor equis de los GAL, al que ahora hasta la CIA ha puesto nombre y apellido. También le hablo de los más de 4000 casos de torturas cometidos por las Fuerzas de Seguridad, documentados y verificados por el Gobierno vasco del que su partido es parte. Todo esto sigue en la más absoluta impunidad.

Señora Calvo, yo soy navarra y en Navarra existe, gracias al ingente trabajo de las asociaciones memorialistas, una gran sensibilización por la memoria histórica; un amplio consenso social y político desea que el Gobierno concrete una actitud que se acerque a la verdad, justicia y reparación como ejes de una justicia restaurativa. Por ello, es urgente una ley que retire estas condecoraciones y reconocimientos a todos los funcionarios y autoridades que hayan cometido violaciones de derechos humanos en todos los periodos históricos: durante el franquismo, la llamada Transición y la época constitucional. Comparta esta necesidad democrática de manera valiente y justa...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta.

Señora vicepresidenta primera del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Señora Pozueta, no tenga ninguna duda del compromiso de este Gobierno con la memoria democrática. Somos la única democracia importante del mundo que tiene desaparecidos todavía. Nuestro compromiso es también con sus familias, con la recuperación de la dignidad y de la protección de sus propios familiares, que están oficialmente desaparecidos en nuestro país. Es más: en la vía de la reforma de la ley 52/2007, que está planteada en una legislatura que apenas tiene cinco meses, con el parón importante que desgraciadamente hemos tenido que vivir luchando contra la pandemia, o por la vía de un anteproyecto que modifique las dos leyes que afectan al régimen de condecoraciones, lo haremos. Es más, propondremos que desaparezca también post mortem el reconocimiento que tuvo en vida Billy el Niño. Lo haremos también para que ni siquiera esa memoria pueda seguir siendo mantenida. (Aplausos).


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- DEL DIPUTADO DON TEODORO GARCÍA EGEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: ¿VA A ASUMIR EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO ALGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS DE SUS ACTUACIONES POLÍTICAS DURANTE LA CRISIS DEL COVID? (Número de expediente 180/000218).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor GARCIA EGEA: Gracias, señora presidenta.

Señor Iglesias, en política no se pide perdón, se dimite. Esto no lo digo yo; esto lo dijo usted. Es verdad que fue antes de enchufar a sus amigos en una puerta giratoria o de olvidarse de los que sufren, y aquí tenemos hoy al nuevo Pablo Iglesias. Yo le pregunto, señor vicepresidente: ¿Le ha merecido la pena enterrar todos sus principios por estar ahí sentado? Humanamente entiendo que usted quiera distanciarse lo máximo posible de este Gobierno y de su nefasta gestión, pero todos ustedes como Gobierno asumieron el mando único en marzo. La gestión es suya y la responsabilidad de la gestión de esta crisis, también. Señorías, necesitamos respuestas concretas y, sin crispación, le pregunto: ¿cuántos españoles han muerto en nuestro país víctimas del coronavirus? Porque el señor Sánchez dice los que han salvado, y los que han salvado, gracias a las decisiones de los Gobiernos autonómicos del Partido Popular, son a pesar del Gobierno; a pesar de este Gobierno. (Rumores). Si no saben ni los que han muerto, ¿cómo van a saber los que han salvado?

Señor Iglesias, ¿qué tipo de responsabilidad asume por su acción política durante la gestión de esta crisis? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Toda la responsabilidad, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Si asume toda la responsabilidad, debería hacer una reflexión sobre lo que usted pedía antes para otros por el sacrificio de un perro, que ahora no pide para la infausta gestión que ha ocurrido en esta crisis lamentable que se ha llevado por delante a miles de españoles. (Aplausos). Señor Iglesias, deje de insultar a la gente que ha estado en primera línea trabajando contra el coronavirus. Dígale al ministro Garzón que deje de insultar al turismo diciendo que tiene poco valor añadido. Señor Garzón, los empresarios turísticos, que crean miles de empleos, ¿tienen poco valor añadido? Y el señor Garzón, que no ha creado un empleo en su vida, ¿qué valor añadido aporta?

Le pido también a la ministra de Trabajo que no insulte llamando esclavistas a los agricultores, porque los agricultores se levantan antes que usted y que la ministra de Trabajo para que haya alimentos en la mesa de todos los españoles. Y usted deje de insultar a la Guardia Civil, porque cuando usted tiene problemas no llama a Torra, Rufián o los CDR, llama a la Guardia Civil, cuyos miembros dan su vida por protegerle a usted.

Una cosa está clara: los mayores no pueden contar con este Gobierno ni con usted. Llamaron a su número dos y no cogía el teléfono, mientras miles de personas mayores morían a causa del coronavirus. Mire su móvil, porque usted también tiene llamadas perdidas y para muchas personas ya es tarde.

¡Vaya viaje! Ha pasado usted de los indignados a los enchufados, de los círculos a la poltrona, de politizar el dolor al CNI. Se ha convertido usted, señor Iglesias, en el monaguillo del señor Sánchez. Pero Moncloa bien vale una misa, ¿verdad, señor Iglesias? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García Egea.

Señor vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Me ha gustado que termine usted con una cita de Enrique de Borbón, el hugonote que dijo 'París bien vale una misa'. Felipe II, más quijotesco, lo que dijo fue: Prefiero perder


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dos mil Estados antes que gobernar sobre herejes. No sé muy bien en qué posición están ustedes, pero las citas engrandecen su discurso parlamentario, señor García Egea.

Fíjese, señoría, tengo la sensación de que la provocación constante, el berrinche, la mala educación, responden a una realidad muy triste en nuestro país y que es un problema para la democracia, y es que ustedes no aceptan perder, ustedes creen en la democracia española si gobiernan ustedes. Si no gobiernan ustedes, son capaces de cualquier cosa con tal de tratar de recuperar el poder que entienden que les corresponde por derecho divino. Señoría, permita que le diga una cosa: hay algo muy importante de lo que se está discutiendo ahora para el futuro de España y se está discutiendo en Europa. Resulta que nos tenemos que enterar de que ustedes están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, austriaca y danesa para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes a los servicios públicos. ¿Sabe cómo se llama eso, señoría? Traición a España. Ustedes podrán envolverse en cientos de banderas, pero quien conspira en Europa para que aquí se hagan recortes, para que aquí se vuelvan a hacer las barbaridades que ustedes hicieron, solamente tienen una denominación, y eso los ciudadanos lo saben perfectamente. Reconozcan ustedes los procedimientos democráticos, sean una oposición digna, hagan ustedes propuestas, dejen de provocar, dejen de insultar, dejen de crispar. Si lo hacen, tendrán la mano tendida de este Gobierno. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ¿QUÉ PREVISIONES ECONÓMICAS TIENE EL GOBIERNO PARA ESTE AÑO Y LOS SIGUIENTES? (Número de expediente 180/000210).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Gracias, señora presidenta.

El impacto del coronavirus en la economía será poco significativo, transitorio; se están tomando las medidas adecuadas; nos sorprende mucho que alguien considere que el paquete de medidas de España no es importante. Señora ministra, así se refería usted a la economía española al inicio de la crisis y del encierro económico al que nos ha sometido su Gobierno. Ya sabemos que con el kit de ministra no viene la bola de cristal para predecir el futuro, pero mucho me temo que estas previsiones tan optimistas fueron las que motivaron la respuesta del Gobierno, a todas luces inadecuada. España necesitaba una respuesta contundente y ágil para mantener vivas nuestras empresas y nuestros empleos, además de nuestras vidas, pero fue insuficiente, de las más bajas en medidas de toda Europa en porcentaje sobre el producto interior bruto; además, fue tremendamente ineficaz. El retraso en las ayudas ha agravado la crisis, como muestran el caos en los ERTE y la exasperante lentitud en la concesión de préstamos ICO. Unas semanas después, tenemos que la OCDE nos sitúa a la cabeza del desplome económico mundial. Encabezamos la destrucción de empleo; hemos destruido tres veces más empleo que en Italia, cinco veces más que en Francia y diez veces más que la media de la zona euro. La destrucción de empresas ha devastado el tejido productivo, como ya predijimos, lamentablemente, aquí hace tres meses. Y hoy tenemos el número de empresas en su nivel más bajo de todo el siglo. Qué lástima que no nos hicieran caso al principio de la crisis y no pusieran en marcha las medidas que les pedíamos y que, sin duda alguna, hubieran paliado los efectos de la crisis, como ha sucedido en otros países donde sí las han puesto en práctica. Porque las previsiones equivocadas llevan a políticas equivocadas. Por eso hoy le pregunto, señora ministra, qué previsiones económicas tiene el Gobierno para este año y los que vienen.

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta tercera del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Gracias, presidenta.

Señor Espinosa de los Monteros, como he dicho desde el primer momento, nos encontramos en un entorno de extrema incertidumbre y, por tanto, es particularmente difícil hacer previsiones económicas. Las que tiene el Gobierno las conoce bien, puesto que se hicieron públicas: prevemos una caída intensa


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de la actividad durante este año, una recuperación a partir de la segunda parte y un crecimiento intenso el año próximo.

Esta situación de incertidumbre hace más importante que nunca ir siguiendo detenidamente los indicadores diarios, y lo que vemos es un cambio de tendencia a partir del fin de la hibernación; un cambio de tendencia que se está manifestando en distintos indicadores, entre los cuales a mí me parece el más relevante el de la creación de empleo. Ahora mismo hay más de un millón de trabajadores que ya han salido de los ERTE, hay casi trescientos mil nuevos afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena. Los indicadores, por tanto, nos muestran ese cambio de tendencia y que la fase de recuperación ya se ha iniciado.

Ahora bien, la recuperación no depende solamente de lo que hagamos a partir de ahora; la recuperación depende de lo que hicimos desde el primer día de la pandemia, cuando ya pusimos en marcha un primer paquete de medidas económicas y sociales que se ha visto acompañado semana tras semana de un conjunto de medidas tremendamente importantes y tremendamente eficaces, como se está demostrando con la protección de nuestro tejido productivo, la protección de nuestro empleo y, por tanto, la protección de una base suficiente para poder tener esa recuperación robusta, inclusiva y sostenible que todos deseamos.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Espinosa de los Monteros de Simón.

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Señora ministra, deseo que esas previsiones se cumplan. Nosotros tenemos todo el deseo de que la economía española se recupere cuantos antes y se empiece a generar empleo, pero el camino por el que vamos no parece que sea ese y, en parte, es debido a medidas que está tomando este mismo Gobierno, como cuando desde su Gobierno se ataca al sector del turismo, como hizo el señor Garzón, o cuando desde su Gobierno la señora Ribera ataca al sector de la automoción y al de partes y componentes. Sí, señora Ribera, lo ha atacado usted frontalmente. Y cada vez que habla mal del diésel está usted hablando mal del primer productor de diésel de Europa, que resulta que es España. Cada vez que usted habla mal de la industria, cada vez que usted habla mal de todo nuestro sector productivo, ustedes están deshaciendo el tejido productivo que tanto nos ha costado crear. Cuando se ataca al sector primario y se permite que se diga que son esclavistas, solo el turismo, el automóvil y el sector de agricultura son un tercio del producto interior bruto de España. Por tanto, no vamos por buen camino. Cuando el señor vicepresidente ataca a la moda y dice que el señor Amancio Ortega es un terrorista -eso dijo Pablo Iglesias-, esos no son los mensajes adecuados para una recuperación económica de España, Más bien lo contrario. Vayamos por el camino de empezar... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espinosa de los Monteros.

Señora vicepresidenta tercera del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Señor Espinosa de los Monteros, me sorprende lo que usted señala porque no solo hemos tomado medidas eficaces para el conjunto de la economía, como los programas de avales públicos del ICO. Precisamente ayer hemos puesto en marcha el último de los tramos, de 15 500 millones, con una parte específica reservada para el sector turístico con 2500 millones y para el sector del transporte de 500 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy significativas y de un programa que es de los más eficaces de la Unión Europea. Pero no solo hemos tomado medidas horizontales, si no que esta semana se ha presentado un plan estratégico con todos los representantes del sector de la automoción que ha sido valorado muy positivamente, y mañana se va a presentar un programa de apoyo al sector turístico, sector que ya se ha beneficiado de más 12 000 millones de euros, solamente teniendo en cuenta los avales del ICO y el apoyo de los ERTE. Es decir, que si este Gobierno no está comprometido con la protección de nuestra industria, de nuestro tejido productivo y los sectores tractores de nuestra economía, si esto no se ve con los hechos, señor Espinosa de los Monteros, verdaderamente no sé de qué estamos hablando.

Muchas gracias. (Aplausos).


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- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN MARÍA GARCÍA DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESTÁ ACTUANDO CON TRANSPARENCIA EN SU PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS? (Número de expediente 180/000220).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pregunta del diputado don Joaquín María García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, presidenta.

Señora ministra, cuando en el mes de febrero -recordará- me interesé por este mismo asunto usted me tachó de alarmista y me dijo que querían actuar sobre la base del diálogo, la escucha, la transparencia. Eso lo dijo, pero ¿qué hizo? Nos engañó a todos, porque lo que hizo fue presentar una ley de cambio climático introduciendo un artículo, el 18, que tira por tierra todo lo que la Ley de Costas afecta a la regulación y a la concesión de esas instalaciones que están en territorio de costas o marítimo-terrestre. Eso es lo que usted ha hecho, engañarnos a todos. ¿Es este su concepto de la transparencia y del diálogo? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta cuarta del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría.

No sé exactamente a qué se refiere usted, porque el artículo 18 del proyecto de ley de cambio climático que discutirán ustedes en breve, entiendo, señorías, lo que hace es introducir las cautelas de la ciencia, las alarmas del cambio climático en la protección de algo tan preciado para nuestra economía y nuestro bienestar como es el litoral, y es absolutamente transparente: ha sido sometido a información pública, ha sido probado por el Gobierno y ha sido remitido a este Parlamento para su discusión; en un tema, por cierto, en el que lo que hay es un gran caos generado alrededor de esa Ley de Costas que impulsaron ustedes en el año 2013 y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en una gran medida. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor García Díez.

El señor GARCÍA DÍEZ: Señora ministra, no vuelva con lo del caos y el Tribunal Constitucional. Ya se lo aclaré aquí: a ustedes no les gustó la ley, la llevaron a ese tribunal y no les dio la razón. No vuelva con esos argumentos que ya los dijo ayer en el Senado. Eso es mentira; el caos lo ha generado el cambio de criterio de este Gobierno en la aplicación de aquella ley. Eso es lo que está generando no solo caos, sino incertidumbre en muchas empresas que no pueden hacer ahora inversiones y se pueden ver abocadas a un cierre. Es la tercera vez que intenta usted hacer un cambio de este tipo en un año, y siempre por detrás y siempre por sorpresa, y en esta ocasión mucho más grave, mucho menos ético, en pleno estado de alarma. Esto es así. En Galicia esta improvisación lo que está generando es que más de 40 000 puestos de trabajo de este sector agroalimentario marítimo se vean abocados a un futuro muy incierto, muy incierto; más de mil empresas están afectadas por esta normativa. Y usted, cada vez que da un brochazo verde desde su ministerio, que llega a otros muchos departamentos, lo que genera son auténticos terremotos. Aquí se ha citado el diésel; yo le cito algunos de mi provincia, de Lugo. Esos brochazos están provocando en la provincia de Lugo temblores, terremotos auténticos en Endesa, en Alcoa y ahora en todo el litoral. ¿Nos habla de reconstrucción su Gobierno? En Portugal, que es un Gobierno socialista -igual que otros que ha citado el señor Iglesias indicando que eran de extrema derecha, que revise la Wikipedia-, se dan facilidades; aquí se ponen trabas. Si usted realmente quiere solucionar este asunto y acabar con esta incertidumbre, retiren en la tramitación de la ley de cambio climático el artículo 18, sienten al sector a dialogar sin amenazas encima de la mesa y así lo solucionaremos. Porque las mentiras no se perdonan, los errores se perdonan, las mentiras no. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García Díez.

Señora vicepresidenta cuarta del Gobierno.


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La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Señoría, yo entiendo que la proximidad de las elecciones gallegas haga resucitar lo de la profecía maya asociada al cambio climático, resulta algo enormemente estimulante. Me pasa un poco como a mi colega, la vicepresidenta Calviño; es un poco peculiar oír tantas mentiras acumuladas y no atenerse a los hechos; una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a una ley que ustedes impulsaron sin ningún tipo de respaldo científico, al contrario, ignorando todas las advertencias de la Aeval, ignorando todas las advertencias del IPCC, ignorando las limitaciones de la Constitución, hasta el punto de que tuvieron que integrar en una disposición adicional una limitación importante, y es que esa posibilidad de prorrogar las concesiones en dominio público marítimo-terrestre debía ir acompasada con una estrategia de adaptación del litoral al cambio climático. Una estrategia que es la que estamos aplicando en un caos en el que tenemos que integrar respuestas en una ley que ha quedado absolutamente desmembrada. También es llamativo lo de más de mil empresas; al contrario, nosotros tenemos identificadas veinte empresas del ámbito alimentario en el litoral gallego, con las que, por cierto, estamos trabajando tranquilamente, tendrán todos sus papeles ordenados, incluso aunque algunas no solicitaran en plazo la prórroga de esa concesión, pero entendemos que es perfectamente compatible siempre y cuando introduzcan las cautelas correspondientes. Y todavía nos queda pendiente una tarea importante, que es intentar apaciguar ese agujero negro que nos han dejado con un correcto cumplimiento de la Ley de Costas y del reglamento de costas. Un espacio que nos permitirá aprovechar la economía azul en todas sus dimensiones, tanto el sector alimentario como esa capacidad de trabajo offshore eólico del que, por cierto, Galicia y, en concreto Ferrol, se ven enormemente beneficiados... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora vicepresidenta.

- DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA QUE AÚN MANTIENE LA CONFIANZA DE LA GUARDIA CIVIL? (Número de expediente 180/000211).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.

El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿considera que aún mantiene la confianza de la Guardia Civil en usted?

La señora PRESIDENTA: Señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Gil Lázaro. Si algo caracteriza -y creo que usted lo sabe bien- y define los 176 años de historia de la Guardia Civil son los principios de profesionalidad, lealtad al Estado y neutralidad política. Insinuar, como hace usted en el enunciado de su pregunta, que la Guardia Civil tiene que otorgar la confianza al Gobierno, yo diría que es una falta de respeto a esa historia y a esa tradición que definen al Cuerpo de la Guardia Civil. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro.

El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, esos principios fundacionales son precisamente los que ustedes están tratando de liquidar. Usted ha traicionado a la Guardia Civil intentando humillarla. Usted está intentando imponer en la Guardia Civil la arbitrariedad y la sumisión. Y esa conducta sectaria, ajena por completo a los principios fundacionales, responde a un objetivo porque ustedes, con el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos, han iniciado el asalto a la Guardia Civil, como lo hicieron antes con otras instituciones del Estado, en ese afán por dinamitar el Estado de derecho y la separación de poderes, como paso previo a liquidar la Constitución, abolir la monarquía e imponer un cambio de régimen, que es la crisis constituyente que la semana pasada anunció aquí el ministro de Justicia.

Por eso ustedes necesitan otra Guardia Civil, distinta a la de sus principios fundacionales. Por eso el vicepresidente Iglesias habla de desmilitarizar la Guardia Civil, que es el objetivo real de Podemos. Y ustedes, el Gobierno, han antepuesto un espurio criterio de confianza política sobre el respeto al


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escalafón y a la carrera profesional en el momento de designar la provisión de la escala de mando. Y por eso también están ejerciendo ustedes una política sectaria de sanciones a aquellos agentes que consideran ustedes desafectos, simplemente por participar en concentraciones reivindicativas de sus derechos salariales o por tareas tan peligrosas para la seguridad del Estado, como hacerse un selfi con la señora Olona. Y por eso usted también, señor ministro, calla y acepta cuando ministros podemitas del Gobierno acusan a la Guardia Civil de veleidades golpistas o sus socios de Bildu y Esquerra de practicar torturas. Y por eso también, en definitiva, señor ministro, están ustedes dando constantemente órdenes impropias como espiar en las redes para minorizar el clima contrario a la gestión del Gobierno o imponer a los guardias que identifiquen a ciudadanos que legítimamente ejercitan su derecho a la protesta, y tantas y tantas otras. Miren, no van a conseguir hacer ustedes de la Guardia Civil una policía política de corte bolivariano, como le gustaría al señor Iglesias, ni van a conseguir que la Guardia Civil rompa su compromiso de servicio exclusivo a la ley y a los españoles desde la más estricta independencia partidista. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.

Señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señorías. Señor Gil Lázaro, le voy a decir algo obvio: usted no es el portavoz de la Guardia Civil, usted es un diputado de VOX, que es un partido -le recuerdo- de extrema derecha. (Aplausos). Ni ustedes ni los miembros de su grupo parlamentario tienen derecho a hablar en nombre de todo un cuerpo; es más, les pido como ministro del Interior que dejen de hacerlo. La Guardia Civil es lealtad con el Estado de derecho; lealtad que supuso que un gobernante de este país -un dictador a quien ustedes incluso niegan condenar cuando no admiran públicamente- quisiera disolverla -recuerdo- porque permaneció leal al poder democráticamente constituido. La Guardia Civil es neutralidad política, que es lo que le da confianza al conjunto de la sociedad y es objetividad; por cierto, tres valores que están muy lejos de su grupo parlamentario.

Le diré que mientras ustedes siguen preguntando e intentando reabrir polémicas absolutamente estériles que no van a ninguna parte, nosotros seguiremos trabajando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Seguiremos trabajando creando 12 000 nuevas plazas que se perdieron en los siete años de Gobierno del Partido Popular, seguiremos generando las infraestructuras necesarias con el plan de más de 600 millones de euros para los años 2019-2025, y defendiendo sus valores, sus principios de neutralidad, objetividad y profesionalidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARTA ROSIQUE I SALTOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO ESPAÑOL QUE SE DEBEN ADOPTAR MEDIDAS PARA EVITAR EL RACISMO EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD? (Número de expediente 180/000215).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Marta Rosique i Saltor del Grupo Parlamentario Republicano.

La señora ROSIQUE I SALTOR: Lucrecia Pérez, Ilias Tahiri, Mmame Mbaye, Idrissa Diallo, las quince personas en El Tarajal o las personas muertas en el Mediterráneo son víctimas de un racismo y una xenofobia asesina, en Estados Unidos y también en Europa y en el Estado español. No obstante, los asesinatos son una parte visible de un racismo estructural que está en todas partes, también incluso en nosotros. Detrás de estas muertes encontramos miles de detenciones injustificadas en el metro, miles de devoluciones en caliente, encarcelamientos en los CIE, identificaciones raciales reconocidas hasta por el relator de la ONU, leyes y actitudes institucionales xenófobas que tratan a las personas migrantes y a sus hijos como si fuesen delincuentes en vez de personas. Sí, creo que existe racismo institucional, y borrar esta idea del Diario de Sesiones lo invisibiliza y lo perpetúa en tanto que no se puede combatir aquello que no existe. También, evidentemente, miles de comentarios racistas, de obstáculos para encontrar trabajo o para encontrar un piso de alquiler y, como siempre, quienes sufren estas discriminaciones son los más precarizados.

En el Parlament de Catalunya, siendo conscientes de que existen actuaciones racistas, presentamos una comisión de estudio para analizar el racismo en el ámbito de la seguridad pública y privada, porque un policía que sea racista, con una porra y una Ley mordaza que le ampara, evidentemente acaba siendo


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un poco más peligroso que otros. Ahora, con la intención propositiva de defender los derechos humanos de todas las personas, tengan el origen que tengan, le preguntamos al Gobierno: ¿considera el Gobierno español que se deben adoptar medidas para evitar el racismo en el ámbito de la seguridad?

La señora PRESIDENTA: Señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señorías, señora Rosique. En primer lugar, yo le pediría que evitemos las generalizaciones en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España, en un Estado de derecho homologado. Si algo define a esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es su profesionalidad para garantizar a la ciudadanía el libre ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades y, como he dicho antes, con los principios de neutralidad, profesionalidad e igualdad de trato. Pero, sobre todo, generalizar -siento decírselo, señoría-, a mi forma de ver, implica un concreto desconocimiento.

Quiero referirle que, en materia de prohibición de discriminación, ya en al año 1981 hubo una orden ministerial dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La prohibición de la discriminación está recogida en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; también en el código ético porque, por ejemplo, la Policía Nacional tiene un código ético y en el punto quinto de su decálogo prohíbe la misma; igualmente en la Ley Orgánica 11/2007, de derechos y deberes de la Guardia Civil. Por tanto, forma parte del acervo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizar, evidentemente, los derechos y libertades y la prohibición o interdicción de toda discriminación, y además forma parte de su formación transversal en las academias y de la formación continua que se está desarrollando. No sé si lo conoce, pero tenemos una Oficina de lucha contra los delitos de odio en el Ministerio del Interior, en la que funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desarrollan un trabajo ejemplar luchando contra el discurso de odio como antesala de los delitos y lo hacen realmente trabajando con el tercer sector. Usted me puede preguntar si se puede hacer algo más y yo le digo que por supuesto que se puede, se puede y se debe hacer mucho más. Mientras haya actos de discriminación, de discriminación en la calle, de discriminación incluso en algunas ocasiones institucional -aunque le vuelvo a decir que es algo anecdótico-, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la formación de los diputados y diputadas, en la formación de los senadores y senadoras, en la formación de los profesores, en la formación de los alumnos, en crear valores, en crear eso que todos denominamos ética pública. Ninguno nos salvamos de esa posibilidad de seguir formando, de seguir construyendo, y para eso estamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Rosique i Saltor.

La señora ROSIQUE I SALTOR: Igual que la violencia machista no se pudo enfrentar hasta reconocer que existe un sistema patriarcal y machista, no podremos afrontar la violencia racista hasta no reconocer que existe un sistema racista que lo ampara. Señor ministro, no le acuso de ser el único responsable del racismo institucional, le estoy pidiendo que reconozca... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rosique i Saltor.

- DE LA DIPUTADA DOÑA CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿QUÉ RESPONSABILIDADES ASUME EL GOBIERNO DE CARA AL COMIENZO DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR? (Número de expediente 180/000219).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidenta.

Señora ministra, el 10 de marzo, Madrid, La Rioja y Álava tomaban la iniciativa y sus Gobiernos regionales suspendían las clases para frenar la propagación del COVID-19. El 12 de marzo se adoptaba la misma medida en toda España para diez millones de estudiantes y, de la noche a la mañana, las


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familias españolas y toda la comunidad educativa tuvieron que afrontar una situación inédita: pasar a la educación no presencial, todo un desafío.

Señora ministra, ¿dónde estaba usted? Señora Celaá, ¿qué responsabilidad asume el Gobierno de cara al comienzo del próximo curso? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señoría. Absolutamente todas las que nos tiene atribuidas el ordenamiento jurídico vigente, sobre todo las de cooperación, colaboración y lealtad constitucional, como lo han venido haciendo durante algo más de cuarenta años todos los ministerios de Educación en este país. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra Ruiz-Clavijo.

La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Señora ministra, lo que queda claro es que ratifica usted la falta de liderazgo y de decisión, dos asignaturas a las que no se ha presentado en este curso y en las que espera un aprobado general que no se va a producir. Señora ministra, los españoles esperaban que, tras la suspensión de las clases en Italia, la ministra de Educación de España estuviera planificando las medidas a tomar en nuestro país, pero no. Usted estaba en otra cosa, en su propio proyecto personal, en su ego, en aprobar antes del estado de alarma, el 13 de marzo, una ley que llevara su nombre. Nada podía parar su hoja de ruta ideológica, ni una pandemia. Su tercer trimestre es de inacción, de ocurrencias y de rectificaciones, de una vuelta al colegio a final de curso a la vuelta fraccionada y de ahí a una absolutamente presencial ya en septiembre. Nos recuerda a las mascarillas del señor Illa; no eran necesarias y ahora no podemos pasar sin ellas. Crea más incertidumbres que certezas, modifica constantemente sus medidas, es un lastre para la enseñanza pública, dicen los agentes educativos de su gestión. Usted ha marcado su propia distancia de seguridad. Para usted la competencia es del mando único, el ministro de Sanidad, y para el ministro de Sanidad, de las comunidades autónomas. Y mientras tanto, demasiados niños no tienen acceso a Internet ni pueden recibir la misma ayuda de sus padres; más brecha digital y social, y usted no ha hecho nada por ellos. Ahora sí, señora Celaá, los hijos son de los padres, ¿verdad? Y, por cierto, ¿qué fue de su propuesta de actividades de refuerzo en verano? Y para la vuelta en septiembre tiene en contra hasta a nueve comunidades autónomas y solo sabe amenazarles con "estarán incumpliendo la ley". ¿Lealtad le llama usted a eso? Pensamos que no habrá rebrotes, parece que los niños ya no contagian tanto o no creo que vayamos a terminar el curso en esta situación. Son una dudosa evidencia científica. Aparque su soberbia, arremánguese y dé soluciones, que las familias, los alumnos y los profesores... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gamarra.

Señora ministra de Educación y Formación Profesional.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señora presidenta.

Señora Gamarra, usted no sigue la educación. Señora Gamarra, ¿no sabe que hemos celebrado quince reuniones -reuniones- con todas las comunidades autónomas? (Aplausos). ¿No sabe usted que hemos trabajado en cuatro conferencias sectoriales? ¿No sabe usted que todas las comunidades autónomas -también las suyas, señoras- han acordado las medidas que ha planteado este Ministerio de Educación y Formación Profesional en competencia que tiene atribuida por el Gobierno de la nación? ¿No lo sabe usted? ¿No sabe usted acaso que este Gobierno ha respondido a la crisis ocasionada por la pandemia, por la enfermedad, precisamente con una respuesta que está en las antípodas de la que ustedes dieron durante los siete años anteriores, es decir, con 2000 millones de euros frente a las necesidades? (Aplausos). Oiga, ¡más inversión en educación! ¿Quién le ha redactado esa contribución que usted ha pretendido hacer aquí, afirmando que nosotros no hemos hecho nada por la digitalización? ¿Es que usted se ha perdido las últimas noticias? ¿Dónde estaba usted ayer? ¿Dónde ha estado los días anteriores, cuando hemos ido identificando a todos los alumnos que estaban desconectados por las comunidades autónomas, trabajando conjuntamente en coordinación y colaboración, como corresponde a un Estado autonómico? ¿Dónde estaba usted ayer cuando anunciamos y aprobamos en Consejo de Ministros un convenio con el Ministerio de Asuntos Económicos a través de Red.es y con las comunidades


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autónomas, que asciende a 260 millones de euros? ¿Dónde estaba usted cuando hemos incrementado las becas un 22 %, hasta 1900 millones de euros? (Aplausos). ¿Quién da más, señora? ¿Quién da más? Y le voy a decir más. Hemos trabajado denodadamente y no hay derecho a que usted diga esto -porque usted también está atacando a las comunidades autónomas que han trabajado con este ministerio- en el Estado autonómico, en este Estado autonómico en el que unos creemos y ustedes parece que no. Revisen, por favor, su adhesión a la Constitución de 1978... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON EDMUNDO BAL FRANCÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO IMPULSAR SU MINISTERIO, EN COLABORACIÓN CON EL RESTO DEL GOBIERNO, PARA GARANTIZAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, INCLUYENDO AL PROPIO PROFESORADO, EN CASO DE QUE FINALMENTE SEA IMPOSIBLE QUE TODO EL ALUMNADO VUELVA A LOS COLEGIOS EL SIGUIENTE CURSO? (Número de expediente 180/000213).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Edmundo Bal Francés del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor BAL FRANCÉS: Señora Celaá, ¿piensa el Gobierno presentar un plan serio y ordenado de retorno a las aulas en septiembre, un plan que valga para toda España y que dé a los estudiantes y a sus familias la tranquilidad y la certidumbre que hacen falta para el curso que viene? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Bal.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional la semana pasada planteó a las comunidades autónomas un acuerdo sólido y bien planificado de catorce puntos que fue respaldado por quince de las diecisiete comunidades autónomas. Dos de los principales puntos, el primero y el segundo, hacen referencia a su preocupación, afirmando que el curso 2020-2021 comenzará en septiembre -como todos los demás cursos- con una especificidad, que será la observancia de los requerimientos de las medidas sanitarias para aportar a las familias, a los alumnos y a los docentes un entorno escolar seguro y cuyo principio general será la presencialidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Señora Celaá, el Gobierno ha cometido muchos errores en la gestión de esta crisis, pero en materia de educación la palabra quizá no sea error, sino caos. Millones de familias han tenido que estar confinadas con sus niños en casa. Millones de niños han perdido sus clases y la educación digital no ha funcionado. Los padres han tenido que hacer de profesores, han tenido que atender su trabajo e incluso han tenido que cuidar a otras personas que se encontraban en una situación de crisis sanitaria o económica. No ha habido, no hay y le pregunto si va a haber políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y familiar, porque la educación a distancia no ha funcionado; y no ha funcionado porque ustedes, que llevan dos años en el Gobierno, no han invertido nada para superar la brecha digital que hace que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda -en este caso, niños y jóvenes de primera y de segunda- y que precisamente afecta a los más desfavorecidos. En esta situación dramática en la que nos encontramos usted propone suprimir la educación especial cuando más falta hace a las familias. Eso por no hablar de la selectividad, que sigue siendo una prueba desigualitaria en el territorio nacional impuesta por el bipartidismo y el nacionalismo.

Respecto a la vuelta a las aulas en septiembre, da usted bandazos, lanza globos sonda y al final les dice a las comunidades autónomas que se apañen como puedan. No les da usted el suficiente dinero para planes de refuerzo o para tener más aulas o para pagar el salario de más profesores, ni siquiera para comprar productos sanitarios e higiénicos. En Andalucía hemos aprobado un plan de refuerzo que tiene el aval internacional de Save the Children. Eso sí, lo importante es la Ley de Educación del PSOE, una ley


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sin consenso de la comunidad educativa, una ley sin consenso de los grupos del Parlamento y ni siquiera de la Conferencia Sectorial de Educación, y eso que nosotros le tendemos la mano, pero usted quiere seguir en la unilateralidad. ¿Tiene un plan para el acceso a las aulas en caso de rebrote? ¿Tiene por lo menos un plan de conciliación? ¿O su plan sigue siendo el caos? Necesitamos ese plan, lo necesitamos para los niños, lo necesitamos para el futuro de nuestro país y necesitamos que no haya una ley de educación de un partido, sino de todos los españoles. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.

Señora ministra de Educación y Formación Profesional.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, señor Bal.

Yo pediría una a una. Si hablamos de la ley, hablamos de la ley. Si hablamos de la respuesta a la pandemia, hablemos de ella. O a setas o a Rolex, dicen en mi país. Hagamos eso, por favor.

La escuela es impulsora de conocimiento, es compensadora de desigualdades de origen y, además, ejerce una función que le es atribuida habitualmente por la sociedad, como es la de conciliar el ejercicio de la vida laboral y familiar, pero esta no le es propia a la escuela. Lo propio de la escuela es el conocimiento. Pero mire usted, hemos organizado un curso 2020-2021 bien planificado, bien fuerte, con observancia de las medidas sanitarias, porque hemos de proteger al alumnado, que es el depositario principal del conocimiento, hemos de proteger a los profesionales y hemos de proteger a las familias. Por lo tanto, ha de observarse ya hoy la distancia de seguridad que es legal porque está en un real decreto-ley. Hemos de observar las medidas de ventilación, las medidas de seguridad y obviamente prevenir cualquier rebrote, de tal manera que podamos perimetrar aquellos grupos en los cuales se ha producido sin tener necesidad del cierre de la escuela. Pero hemos hecho más, hemos aportado 2000 millones de euros, 2000 millones, no sé si nos hacemos idea de lo que ello significa; 2000 millones son...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA CONCEP CAÑADELL SALVIA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON FERRAN BEL ACCENSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO CUMPLIR SU COMPROMISO DE DEROGAR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL? (Número de expediente 180/000222).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta de la diputada doña Concep Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural.

La señora CAÑADELL SALVIA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministra, la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local modificó la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. La aprobación de la ley supuso la invasión y el recorte de las competencias de la autonomía local, más restricciones para los ayuntamientos, limitación de la toma de decisiones y sus capacidades de prestar servicios a los ciudadanos. Los municipios hasta el momento se entendían como administraciones locales con autonomía y la nueva ley les relegaba a gestores. La mayoría de los ayuntamientos de Cataluña y también de España, muchos de ellos militantes de su partido, señora ministra, alcaldes y alcaldesas, en nombre de los ayuntamientos que presidían y en representación de los millones de ciudadanos, llevaron ante el Tribunal Constitucional la LRSAL en defensa de la autonomía local. Ustedes prometieron la derogación de dicha ley. Llevan dos años gobernando y de momento la derogación no llega. ¿Está en sus planes llevar a cabo la derogación? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, señora Cañadell, en respuesta a su pregunta le diré que es objetivo prioritario y un objetivo de legislatura de este Gobierno aprobar una nueva normativa que permita recuperar a los ayuntamientos


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la autonomía local perdida y además que les permita también aumentar la capacidad de percibir unos tributos propios y disponer de los recursos en este caso derivados de la participación en los ingresos del Estado adecuada. Por tanto, es un objetivo prioritario de este Gobierno proceder a una nueva normativa que dé respuesta a la pregunta que usted ha planteado y que ya forma parte del acuerdo programático de las fuerzas que componen este Gobierno. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Cañadell.

La señora CAÑADELL SALVIA: Señora ministra, me parecen muy bien sus argumentos pero, como le he dicho anteriormente, hace dos años que su partido está gobernando. Durante este tiempo han traído a esta Cámara más de cincuenta reales decretos-leyes, pero no la derogación de la LRSAL, una ley que muchos de nosotros sabemos que supone un duro golpe para la autonomía local. Lo digo como diputada, pero también como alcaldesa de una pequeña vila de la comarca de La Noguera, donde las administraciones locales somos vértices, somos el pulmón vertebrador de los municipios y somos el motor de generación de progreso en el territorio. En definitiva, somos las administraciones más próximas a los ciudadanos, las que damos respuestas ante cualquier problema. Durante la pandemia del COVID hemos dado ejemplo de todo ello. Aprovecho para solicitar al Gobierno una vez más que apruebe de una vez poder utilizar los remanentes de tesorería, son vitales para poder dar respuestas, activar políticas sociales y de reactivación económica tan necesarias para el futuro de nuestros pueblos. Como le decía anteriormente, la ley supuso un duro golpe para la autonomía local, pero también lo han dicho ustedes, lo ha aprobado esta Cámara en diciembre del año 2018.

Señora ministra, ¿por qué no cumplen lo que ha aprobado esta Cámara? El alcalde de Vigo, el señor Abel Caballero, en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias, pide que aprueben la derogación de la ley y manifiesta que la misma está poniendo a los ayuntamientos en una situación de emergencia. Señora ministra, en beneficio de la autonomía local... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cañadell.

Señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Gracias, señora presidenta.

Señoría, el 13 de enero está ministra, junto al resto del Gobierno, tomamos posesión de nuestros cargos; repito, 13 de enero. El 12 de febrero mantuve una reunión con el presidente de la FEMP, el señor Caballero, y nos pusimos ya a trabajar para esa modificación, para esa nueva normativa, como me gusta decir, que va a sustituir a la LRSAL. La FEMP ya ha constituido grupos de trabajo para abordar en su seno una propuesta que pueda servir de base a esa modificación. Por cierto, este Gobierno y esta ministra, aparte de lo que le acabo de comentar, cuentan con un trabajo previo, que fue elaborado por mi predecesora respecto a este asunto, y por tanto no empezamos de cero.

Señoría, para el Partido Socialista, del que formo parte, la autonomía local es una seña de identidad. La LRSAL fue ampliamente discutida y fue también ampliamente recurrida, y mi partido fue el primero, como usted ha dicho, con nuestros alcaldes y alcaldesas al frente, que se opuso a esta norma. Por tanto, no tenga ninguna duda de que el compromiso de este Gobierno va a ser proceder a la aprobación de la nueva normativa. Ahora bien, espero que, cuando la traigamos, tengamos el consenso de su grupo, porque hasta ahora no se ha sumado a ningún consenso. Este texto se hará con la participación de la Federación Española de Municipios y de los grupos parlamentarios, como no puede ser de otra manera, y que creo que es ampliamente compartido por los ayuntamientos, por las alcaldesas y alcaldes de este país. Le invito a que, cuando ese texto esté maduro, alcancemos un amplio acuerdo. Espero que su grupo, por una vez y sin que sirva de precedente, se sume al consenso y no a la crítica y al acoso y derribo.

Muchas gracias (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN RIOLOBOS REGADERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE CONSUMO: ¿MANTIENE USTED SU COMPROMISO DE PROTEGER A LOS JÓVENES FRENTE A LA ADICCIÓN AL JUEGO? (Número de expediente 180/000221).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Consumo. Pregunta de la diputada doña Carmen Riolobos Regadera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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La señora RIOLOBOS REGADERA: Doy por formulada la pregunta.

La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Consumo.

El señor MINISTRO DE CONSUMO (Garzón Espinosa): Gracias, señora presidenta.

Como la pregunta versa sobre si estamos preocupados por la situación del juego, le contesto a la señora diputada Riolobos que compartimos su preocupación, y nos alegramos de que el Partido Popular esté interesado en la problemática de los juegos de azar. Como bien sabe, en menos de un mes desde que tomamos posesión presentamos un real decreto para regular la publicidad de este tipo de juegos, que implican un riesgo importante para la salud de determinados sectores poblacionales. Y durante el estado de alarma esa publicidad ha estado totalmente prohibida. Hay que recordar que esto se ha hecho en el plazo de un mes, lo que contrasta con los siete años de Gobierno del Partido Popular en los que no hubo ningún tipo de regulación, que hacen que ahora mismo sea la ley de la selva. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Riolobos Regadera.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Estoy viendo bastante fútbol estos días o, al menos, lo tengo puesto y atiendo cuando me dejan mis hijos. Hay publicidad de apuestas en el descanso, en las camisetas y, en general, donde mires. ¿En qué quedaron las medidas del Gobierno para protegernos de ese bombardeo? Firmado: Ramón Espinar. En Twitter ayer.

Señor Garzón, usted ha traicionado a los jóvenes. Prometió que les protegería frente a la ludopatía, pero ha cedido a presiones externas y ha incumplido sus promesas. Hay publicidad del juego en horario juvenil y hasta en la sopa. Usted copió gran parte del real decreto de publicidad del juego del Partido Popular, generó grandes expectativas, y le llovieron críticas por insuficiente, decepcionante y porque dejaba en riesgo a los adolescentes. Señor Garzón, cumpla con su obligación y proteja a los más vulnerables.

En medio de una crisis económica descomunal, ha intentado dañar la reputación del turismo, un sector puntero a nivel internacional. Los ochenta y cuatro millones de turistas que gastaron 92 000 millones y generaron tres millones de empleos le han dejado por mentiroso. La Mesa del Turismo ha pedido su dimisión. Usted ha ofendido a la Policía y a la Guardia Civil. Y en la reciente entrevista de El Mundo, que es una expresión de un caos conceptual absoluto, ahuyenta a las empresas y a los inversores que generan empleo, amenazando con nacionalizaciones y subida de impuestos. Demuestra falta de experiencia en la gestión. Sigue instalado en las algaradas ideológicas del comunismo callejero. Le sugiero que pregunte a su compañera la señora Calviño sobre el revoltijo y el batiburrillo de sus afirmaciones. Desconoce lo que es la industria, lo que son impuestos, los presupuestos, lo que es la SEPI y las ayudas europeas. Si tremendo es no saber gestionar, inaceptable es dañar a España con sus declaraciones. Cállese ya. Proponga bajar el 20 % que cuesta el IVA de las mascarillas y que sean gratuitas para los mayores de sesenta y cinco años.

Señor Garzón, usted ha traicionado a los españoles, ha vendido a los jóvenes y es corresponsable de la mayor crisis económica y social de la reciente historia de España. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Consumo.

El señor MINISTRO DE CONSUMO (Garzón Espinosa): Gracias, presidenta.

Señora Riolobos, su pregunta es un ejemplo de sosiego y de concreción. Desde luego, le tengo que decir que sobre la problemática que usted me apuntaba este Gobierno está haciendo lo que no ha hecho el Gobierno del Partido Popular en siete años. Ahora mismo existe, como decía antes, la ley de la selva; cualquier empresa de apuestas puede publicar cualquier tipo de mensaje en cualquier tipo de soporte y a cualquier hora, y eso es porque el Partido Popular no hizo nada mientras gobernaba. Y nosotros en menos de un mes -como le decía anteriormente- presentamos un real decreto, que ahora mismo es lo que nos preocupa. Y que ahora mismo está recibiendo aportaciones de la sociedad civil, de instituciones a modo de informes y que está siendo mejorado, y ya le digo a usted -ya le anticipo- que el resultado final se va a parecer más al artículo 37 del real decreto durante el estado de alarma que a los borradores originales, porque este Gobierno está verdaderamente preocupado por la problemática a la que me refería. Uno de cada cuatro jugadores de juegos de apuestas desarrolla problemas de trastornos del juego. Entonces, nosotros tenemos claro que preservar la salud pública requiere medidas importantes, medidas urgentes. Y estas urgencias tienen que ser moduladas por los trámites procedimentales. Por eso, desgraciadamente


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todavía no tenemos una reglamentación en activo, pero esperamos que la podamos tener dentro de unos cuantos meses, ojalá fuera antes. Pero le digo, también le apunto que ojalá el Partido Popular fuera responsable con lo que usted ha señalado al principio de su carta, aunque sea leyendo las palabras de otro. Porque en la Junta de Andalucía lo que se ha hecho -gobernada por el Partido Popular, por Ciudadanos y con el apoyo de la extrema derecha- ha sido proporcionar bonificaciones fiscales a estas mismas empresas del juego. Creo que esa es la peor medida para incentivar un ocio alternativo y erradicar los problemas de ludopatía que existen en nuestro país.

Gracias. (Aplausos).

- DE LA DIPUTADA DOÑA JOSUNE GOROSPE ELEZCANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE UNIVERSIDADES: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO EN SU ÁMBITO COMPETENCIAL PARA AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES LABORALES QUE HOY OFRECEN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS A LOS Y LAS JÓVENES? (Número de expediente 180/000223).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Universidades. Pregunta de la diputada doña Josune Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta.

Ministro, nos preocupa el desempleo de los colectivos más vulnerables, de las y los jóvenes y en particular, también en lo que a usted le respecta, de los que tienen estudios universitarios. Desde el PNV le hemos formulado propuestas para ampliar sus oportunidades laborales, como la formación dual universitaria. Quisiéramos saber las medidas concretas que ha adoptado usted para ampliar las oportunidades laborales de este colectivo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Universidades.

El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Castells Oliván): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señoría, por su pregunta. Mire, usted sabe bien que los graduados universitarios tienen una tasa de paro un 40 % inferior a aquellos que no lo son. Por consiguiente, el principal trabajo de nuestro ministerio es ampliar el número y la calidad de las personas, de los estudiantes que pueden acceder a la enseñanza universitaria. En particular, para eso estamos corrigiendo las graves desigualdades que existían. Junto con la ministra de Educación hemos doblado para el año próximo el número de becarios, cambiando y ampliando los criterios; hemos subido la cuantía de las becas y hemos asegurado que estas familias puedan tener acceso a la educación superior. También hemos bajado o congelado las tasas excesivas que había en las universidades en muchas comunidades autónomas, en colaboración directa con la Conferencia General de Política Territorial.

En el ámbito de las prácticas empresariales tenemos dos programas del ministerio: el Programa Faro y el Programa Argo, que proporcionan ayudas sustanciales a estudiantes para que puedan realizar prácticas en empresas en el extranjero, que creo que es algo que compete a nuestro Gobierno y que complementa lo que pueden hacer las comunidades autónomas en su ámbito. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora Gorospe Elezcano.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Ministro, le preguntábamos por el salto del ámbito universitario del ámbito laboral y, en concreto, le he hablado de la formación dual universitaria que desde el PNV le hemos planteado muchas veces. Sabemos que tienen un borrador de real decreto, al que al artículo 18 desde Euskadi -al alimón las tres universidades del sistema universitario vasco, Unibasq, Confebask y el Gobierno vasco- le harán propuestas para su modificación, para mejorar su eficacia, porque tiene que afinar para poder atinar. Por ejemplo, en concreto, no existe una modalidad de contrato laboral adecuada a este sistema. En tanto no esté así, se le hacen propuestas para que haya un sistema transitorio que pueda regular esta situación. Adopte con urgencia esas propuestas que le están haciendo, que le harán, y mejore para poder atinar.

Pero desde el PNV también le hemos hecho otra propuesta muy interesante, y se trata de las pasarelas universitarias, las pasarelas para los alumnos que van de la universidad a la formación profesional, porque muchos alumnos con formación universitaria ven en la formación profesional un complemento a esa


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formación para acceder al mercado laboral, conseguir un empleo y realizar su carrera profesional allí, valiéndose de sus estudios universitarios. Y en Euskadi se está dando una paradoja. Mire, a aquellos alumnos que de formación profesional en la familia universitaria pasan a la universidad, como la legislación es vasca, se les reconocen una serie de créditos ECTS, pero no ocurre lo mismo al revés. Si de la universidad quieren pasar a la formación profesional en la misma familia de conocimiento resulta que no se les reconoce ningún crédito ECTS, porque depende de la legislación estatal y no se reconoce y no se prevé esta posibilidad.

Ministro, miren a Euskadi. Usted muchas veces reconoce que es una referencia para usted. Mire qué se hace, cómo se hace y con qué ritmo se hace, porque no hay tiempo para perder oportunidades laborales que necesitamos para que todos los colectivos, también el de las y los jóvenes con formación universitaria, vayan ampliándose. Tenemos que trabajar todos, todos juntos, mirando, pero no hay ni una sola oportunidad que perder.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gorospe.

Señor ministro de Universidades.

El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Castells Oliván): Muchas gracias.

Efectivamente, como usted sabe, hay un borrador de real decreto en el que se contemplan estos temas. Un borrador es un borrador. En serio, no como otros borradores que resulta que no eran borradores. Por tanto, lo que le puedo decir es que ese borrador va a estar en discusión y en colaboración con ustedes en particular durante meses, no días, meses. Entonces, estén tranquilos que no se va a aprobar mañana, porque justamente es muy importante y requiere la colaboración de toda la comunidad universitaria y de las comunidades autónomas.

Lo que sí le puedo decir es nuestro criterio, que es que las prácticas en empresas son positivas, siempre y cuando se respete la legislación laboral y que la universidad controle minuciosamente esas prácticas formativas, tal y como hace la Universidad del País Vasco. (Aplausos).

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑOR GUITARTE GIMENO, SOBRE LA NECESIDAD DE UN PLAN ESPECIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESPAÑA VACIADA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 172/000039).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno.

Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte, sobre la necesidad de un plan especial para la recuperación de la España vaciada y el reto demográfico, de acuerdo con los objetivos del Plan de Recuperación para Europa de la Unión Europea.

Para su defensa tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.

El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señora ministra, señorías, en una reciente sesión de la Comisión para la Reconstrucción uno de los comparecientes hacía un símil que me llamó la atención. Decía que nuestra sociedad acababa de tener un infarto y que, si éramos responsables como sociedad, debíamos actuar como actuamos, como personas, cuando sufrimos un infarto. Deberíamos plantearnos cambiar de vida y modificar nuestros hábitos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Lo digo al caso del tema que quiero tratar, que es precisamente el de la despoblación y el equilibrio territorial que hay en España.

Previamente a esta crisis habíamos constatado ya, tras muchos años de estudios y muchos años de trabajo, la existencia en España de dos realidades muy distintas: la que hemos dado en calificar la España desarrollada y la España infradesarrollada o vaciada, que habían generado un incumplimiento gravísimo, tanto de la Constitución española en sus artículos 138 y 139 como de los mandatos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contenidos en su artículo 174, y ambos reglamentos jurídicos y legales nos ordenan o nos conminan a procurar el equilibrio territorial y la cohesión entre las distintas regiones y territorios de España y de Europa. Eso realmente en las últimas cuatro décadas -desde nuestra incorporación a Europa, que podríamos contar como referencia- no ha sido tenido en cuenta y no se ha ido cumpliendo. Ha habido un progresivo acercamiento de España como país al conjunto de la media europea, pero internamente en España se ha producido un incremento o una mayor polarización


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de las diferencias entre estos territorios, en contra de la finalidad de los fondos que hemos estado recibiendo precisamente de la Unión Europea.

Consideramos que la salida de esta crisis sanitaria, económica y social, que ha producido el COVID-19, obviamente no puede dejar atrás, no puede llevar a olvidarse de los problemas que previamente habíamos detectado y que habíamos decidido acometer de forma prioritaria en España. Y uno de ellos -para nosotros el principal- era precisamente este del desequilibrio territorial. Es hora de actuar y no tanto de programar o de estudiar, porque es una cuestión ya previamente muy estudiada. Y es hora de actuar porque probablemente, dada la situación y con los fondos que supuestamente va a destinar Europa como músculo financiero en su Plan de Recuperación de Europa, si no se actúa ahora y si se dejan pasar otras décadas -como probablemente tenga que suceder, porque ahora tenemos cuatro años de fuertes inversiones si todo sigue adelante, si el plan se aprueba como está previsto, y luego habría unos años de recuperación de esa inversión adicional-, si esos territorios no reciben apoyo desde ahora, probablemente sea su última oportunidad y muchos de ellos tiendan a la despoblación. España no puede permitirse dejar en riesgo de despoblación el 70 % de su territorio, en el 70 % de su territorio apenas vive el 10 % de la población. Es una situación a todas luces insostenible, incluso por la propia sostenibilidad y existencia material del territorio. No podemos trabajar así, independientemente de que no sea un modelo justo ni adecuado ni correcto con estos territorios. Por ello proponemos al Gobierno, de manera urgente, que estudie un plan especial de actuación, previamente a la realización de los presupuestos de este año, y previamente a la formalización del plan de recuperación nacional, que tendrá que formalizar ante la Unión Europea, con el objeto de, por un lado, adoptar las medidas urgentes que sean imprescindibles y, por otro, avanzar en el camino de la constitución de un pacto de Estado con el resto de las fuerzas políticas.

Solventar la problemática de la España vaciada, solventar la cuestión del desequilibrio territorial y la despoblación no es una cuestión y una responsabilidad solo del Gobierno, es una responsabilidad de todos los partidos, de Gobierno y de oposición, y debemos caminar hacia un pacto que tenga una duración a medio y largo plazo. Por eso diferenciamos varios aspectos. Primero, un plan de actuaciones urgentes, y un segundo punto, que sería caminar hacia ese pacto de Estado. Entre el plan de medidas urgentes que proponemos estaría el programa 100-30-30 que, por explicarlo sucintamente, sería conectividad a las telecomunicaciones con 100 MB simétricos en todo el territorio nacional y para todos los habitantes; 30 minutos de desplazamiento máximo para que cualquier ciudadano pueda acceder a un servicio básico, es decir, a la educación, a la sanidad, a la seguridad ciudadana, y por último, 30 kilómetros máximo de distancia de cualquier localidad a una vía de alta capacidad, recogiendo un plan del Ministerio de Fomento incluido ya en su PEIT del año 2005, de forma que garanticemos con este conjunto de medidas, tanto la accesibilidad física del territorio como la accesibilidad en telecomunicaciones.

Junto a ese plan 100-30-30, sería necesario activar un plan urgente de vivienda. En el medio rural paradójicamente, aunque estemos hablando de localidades que se abandonan, la vivienda no queda vacía, el vínculo con aquel que se va sigue existiendo, y hay que impeler una construcción o una habilitación de vivienda para que sea posible el retorno y la permanencia de todos aquellos que quieran estar. Esto va claramente incardinado con los proyectos de recuperación energética del Gobierno, con la economía verde, con el proceso de transición justa. Hay que promover rehabilitación y hay que promover vivienda pública.

También creemos necesaria la constitución de una agencia de desarrollo, tomando el ejemplo de las que han actuado con éxito, tanto en Escocia como en Laponia como en Francia -el de las Highlands escocesas es el más conocido-, que se encargue con independencia política de aplicar el desarrollo de estas políticas en el ámbito territorial.

Igualmente propusimos, como medida urgente, ya que se estaba tramitando el ingreso mínimo vital, que este se modulase de forma que pudiese actuar como potenciador de la permanencia en municipios de menos de 1000 habitantes; o incluso la repoblación para aquellas familias que pudiesen buscar oportunidades de empleo en el medio rural. Creemos que esto es factible; creemos que no solo es factible, sino muy posible, porque en este medio existen muchos puestos de trabajo que no se cubren, porque ellos, por sí mismos, no tienen la capacidad de generar un ingreso suficiente, pero que, coordinado con este ingreso mínimo vital, sería un aliciente muy importante para poder sacar en la economía esos puestos de trabajo, y para las familias que acudiesen encontrar una calidad de vida mejor y un medio de vida posible. Esa sería nuestra propuesta de modulación del ingreso mínimo vital.


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Otra cuestión muy importante, también posible, según se ha ido detectando en los últimos pronunciamientos jurídicos, es el tratamiento fiscal diferenciado de todos estos territorios. Puede empezarse sin necesidad de recurrir a los impuestos de sociedades o IRPF, y empezarse con una modulación de las aportaciones a la Seguridad Social, que es una cuestión que prácticamente solo depende del Gobierno español, sin incumplir ninguna normativa de libre competencia ni de cuestiones que dependan de la aceptación por parte de la Unión Europea.

Este conjunto de medidas, de las que hablamos como medidas urgentes, estarían complementadas con este pacto de medidas urgentes, que proponíamos que se intentase desarrollar en tres meses. A continuación, estarían las medidas a medio y largo plazo, que deberían incluirse en lo que hemos denominado pacto de Estado por el equilibrio territorial y la repoblación de la España vaciada. Este pacto entendemos que debería basarse en seis pilares jurídicos o seis referencias normativas. En primer lugar, por el Tratado de Fundación de la Unión Europea, el artículo 174 que hemos mencionado, y también los artículos de la Constitución que nos mandatan para ello; luego están las conclusiones que se obtengan de la Comisión para la Reconstrucción, que se está llevando a cabo en este Congreso. También estaría el propio Pacto para la Recuperación de Europa, que está aprobando la Unión Europea. También sería de aplicación, como cuarto pilar, la Declaración de Atenas, que realizó la OCDE en marzo de 2019, precisamente sobre esta estricta cuestión de la repoblación territorial y el medio rural. Otra estrategia a aplicar como referencia es la que aprobó la Red Europea de Desarrollo Rural, denominada Territorios y Pueblos Inteligentes. Y, finalmente, consideramos un sexto pilar importante para caminar en este pacto el contenido de la Ley 45/2017, de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural. Creemos que, apoyándonos en estos seis pilares normativos, el pacto podría caminar con suficiente consenso y podría producir medidas a medio y largo plazo.

Hay un aspecto que quiero destacar, que con frecuencia se malinterpreta cuando hablamos de las zonas despobladas o del mundo rural, que es la reducción uniformista del mundo rural o de su problemática a la del sector primario, al de la agricultura y ganadería. Obviamente, este es un sector muy importante, es el sector sostén o la trama base que aguanta todo el tejido social actualmente existente, pero es un sector con incapacidad para facilitar o mantener todo el empleo que se requiere en estos territorios. El sector primario en España representa apenas el 2,4 % del PIB y genera apenas el 4 % del empleo. Obviamente, este sector, como también comentó uno de los comparecientes en la Comisión para la Reconstrucción, por sí mismo y solo no tiene capacidad de atraer a un conjunto de población que, idealmente o al menos en las primeras fases, se establecía en el 30 % de la población española la que pudiese llegar a vivir en ese 70 % del territorio, en vez del 10 %. Obviamente, la actividad ha de ser una actividad no limitada al sector primario, sino que debe ser una actividad plural, con una visión integral de la problemática del mundo rural, con un contenido holístico, y debe incorporarse la pequeña industria, y deben incorporarse servicios, cuestiones que siempre ha habido en el mundo rural, y que ahora también reclamamos.

Esta visión innovadora o plurifuncional del mundo rural es la que realmente corresponde con su tradición histórica, y es la que realmente la hace atractiva. Porque la demanda que existe de repobladores es para repobladores de un modelo que podríamos calificar híbrido, que son personas, como la mayoría de nosotros, que combinan la experiencia urbana y la rural. El nuevo modelo rural ya no es un rural puro, sino que es una hibridación entre el modelo urbano y el modelo rural, que además creemos que es una hibridación conveniente porque atrae talento, retiene capacidad y hace que el territorio sea competitivo. Entendemos que ese es el camino. Hemos de generar un territorio competitivo con una realidad plurifuncional, y hemos de realizarlo ya, de ahí la formulación de esta interpelación urgente.

Nosotros queremos que en estos próximos presupuestos ya se constate la voluntad cierta del Gobierno de acometer medidas para solucionar el problema del reto demográfico, para solucionar el problema del equilibrio territorial y la despoblación, y que se vea ya cuantificado. Porque, como he dicho al principio de mi intervención, nuestras sociedades están ya un poco hartas de palabras y quieren la realización de hechos en los presupuestos.

Nuestros territorios tuvieron un momento álgido en la manifestación que solicitaba esta reivindicación, que fue la manifestación que se celebró el 31 de marzo de 2019. De allí mismo salió un documento que tengo en mis manos. (Muestra un documento).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Guitarte, tiene que finalizar, por favor.


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El señor GUITARTE GIMENO: Es el documento de la España vaciada, que está entre los documentos que existen en la Comisión para la Reconstrucción, y que recomiendo que se lean. Ahí están todas las medidas que proponen estos territorios, y está también la advertencia que realizaron estas 140 plataformas de 27 provincias, de 11 comunidades autónomas, de que si no se atienden de verdad tras décadas de olvido las reivindicaciones de estos territorios, tomarán las medidas que entiendan necesarias para que esto no sea así, porque no están -no estamos- dispuestos a dejar ver morir nuestros territorios.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el nombre del Gobierno la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Rivera Rodríguez): Gracias, presidente.

Gracias, señor Guitarte. Buenos días, señorías. Creo que hay un elevadísimo grado de simpatía y complicidad con respecto al análisis, la propuesta, el diagnóstico que usted hace; reflexiones que inciden, que insisten en la idea de que el ámbito rural, la España interior no solamente puede ser identificada con el sector primario, sino que hay distintos ejes que permiten una modernización rápida y a la que, por justicia, por equidad, por futuro, hemos de prestar atención, la atención que se merece, el impulso que se merece: a la generación, a la construcción, al acompañamiento en la aportación de alternativas, pero permítame que inicie mi intervención recordando que hoy, 17 de junio, es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En realidad, es imprescindible sentirse interpelado en nuestro país, un país con el 75 % de su superficie en riesgo de desertificación, que lucha cada año contra la sequía, cada verano lidia con alertas de incendios y alertas por escasez de agua. En un día como hoy, consciente del riesgo de este tipo de fenómenos para nuestro bienestar, nuestro desarrollo, nuestra España interior, comparezco para responder a su interpelación.

Señor Guitarte, sabemos que no son problemáticas que discurran en paralelo; son, de hecho, desafíos socioambientales que con gran frecuencia tienen raíces comunes y soluciones interdependientes. Podemos frenar la desertificación, la pérdida de suelo, de superficie boscosa, con medidas que contribuyen a combatir el cambio climático, pero que velan y refuerzan también el reconocimiento de un equilibrio territorial y de los ciudadanos, de nuestros compatriotas que viven en entornos rurales. Una transición que nos obliga a pensar en modelos de desarrollo sostenible, impulso a la energía renovable, restauración de ecosistemas, medidas de adaptación basadas en la naturaleza, valorización, cuidado y custodia de nuestro territorio, pero, ¿quién hace esto? ¿Quién produce, restaura, cuida, custodia el territorio? ¿Quién genera esa energía? Llevamos demasiado tiempo dando por hecho que las cosas funcionan solas o que resulta indiferente y que no hay un esfuerzo, un acompañamiento, una congruencia en el modo en que plantean su vida una muy buena parte de nuestros ciudadanos, obviando que el servicio de mantenimiento de los ecosistemas de los que dependemos está íntimamente asociado con el bienestar y el reconocimiento de quienes lo custodian. Hemos vivido demasiado tiempo de espaldas al medio rural de forma insolidaria, tal y como usted denuncia junto con otros miembros de esta Cámara. Es imprescindible recuperar ese vínculo entre lo urbano y lo rural. Ha pasado demasiado tiempo en el que el despoblamiento y la desatención se han visto con indiferencia; primero, se cerraban farmacias, se cerraban escuelas, se cerraban servicios, después, poco a poco, la gente emigraba y llegábamos a esa expresión tan popular, tan sensible, tan delicada y tan controvertida como es la de la España vaciada.

El 29 de marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprobó las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas con gran diligencia por el equipo del comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, yo diría que con un nivel de apoyo, de simpatía extraordinarios por parte del conjunto de la población española. Lo hicieron bajo el mandato de la Conferencia de Presidentes y con la colaboración de comunidades autónomas, ciudades con estatutos de autonomía, entidades locales y una amplísima representación de la sociedad civil. Son directrices que ofrecen un diagnóstico compartido, como decía antes, de los desafíos de esa España interior que afronta, con indiferencia en muchas ocasiones, despoblación, envejecimiento o población flotante; unas orientaciones a partir de las cuales tenemos que seguir trabajando y que nos sirvieron de referencia fundamental en la constitución de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico y con el impulso, con la creación de una secretaría general que tiene por finalidad, por mandato, construir, consolidar y actuar en esa respuesta a la que usted


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aludía. Nuestras actuaciones deben reflejar esa voluntad de pacto de Estado encuadrando planes de recuperación a corto, medio y largo plazo, y en situación de emergencia como la que tenemos hoy, aprovechando al máximo las oportunidades de financiación europea, tal y como aludía, y las sinergias que la transición ecológica ofrece para la lucha contra la despoblación.

Quiero darle las gracias por las propuestas, constructivas hoy y constructivas siempre, que usted nos traslada para la integración de todas estas consideraciones en planes de reactivación económica y salida de la crisis y estamos desarrollándolas. Quiero hacer extensivo este reconocimiento a las múltiples organizaciones de la sociedad civil, al tejido asociativo de nuestros pueblos, plataformas ciudadanas y equipos municipales, que desde hace décadas trabajan sin desfallecer en esta primera línea política con respecto a los retos demográficos y la solidaridad.

Como usted subraya también, el pasado 27 de mayo la Comisión presentó el Plan de Recuperación para Europa, en cuyo diseño España, y en particular el presidente Sánchez, se ha afanado durante semanas para asegurar la ambición necesaria por el bien del proyecto europeo, por el interés de nuestro país. Reparar Europa y prepararla para la siguiente generación es el mandato con el que Bruselas nos invita a trabajar y nos sentimos plenamente identificados, y estoy convencida de que así es en su caso también.

Es un planteamiento que parte de un binomio que yo diría que no es casual, una respuesta verde e inclusiva. La transición ecológica ofrece cobeneficios sociales claves para la revitalización del medio rural, la diversificación económica, a la que usted aludía, creación y fijación de empleo estable en todos los sectores de actividad, nuevas infraestructuras, oportunidades de innovación, construcción de resiliencia y adaptación al cambio climático, que generan también oportunidades en la lucha contra la despoblación. La valorización del cuidado del medio genera puestos de trabajo a escala local en ámbitos muy diversos que debemos aprovechar, no solamente en el sector primario. No es ninguna quimera, según datos de la Comisión, en la salida a la crisis de 2008 los puestos de trabajo en el sector de bienes y servicios ambientales aumentó en Europa un 20 % y son los ámbitos en los que se ha mantenido, en los que se ha consolidado esta tendencia.

El plan de recuperación propuesto por la Comisión, y en cuya aprobación trabaja el Consejo Europeo, complementará las inversiones del marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027. Permítame que le recuerde brevemente algunos de los aspectos clave a los que debemos prestar atención desde esta perspectiva que usted suscita. Hay una facilidad de recuperación y resiliencia con una previsión de 750 000 millones de euros orientados hacia la transición verde y digital, elementos fundamentales para nuestra España rural; un instrumento de apoyo a la solvencia para movilizar inversión privada que respalde la agenda de sostenibilidad, y un paquete amplio de instrumentos para apoyar, entre otras, medidas estrechamente relacionadas con el equilibrio territorial, como pueden ser las medidas de cohesión, de recuperación en los territorios, medidas respaldadas por el Fondo de Transición Justa o medidas de ayuda a agricultores y zonas rurales en la transición verde. El plan europeo lanza señales inequívocas para la recuperación basada en transformación digital, modernización industrial y de resiliencia de infraestructuras, con apuestas transversales y una proyección clara hacia el territorio, apuestas de futuro y ganadoras si se articulan bien. Es exactamente lo que queremos hacer en España siguiendo nuestra agenda, la transición ecológica y la modernización de la economía con una perspectiva de inclusión y solidaridad sociales, una economía verde y azul que implica educación, formación profesional, empleo verde, ciencia, investigación, I+D, servicios públicos, cohesión social, impulso a la economía en todos los territorios, frenando la despoblación y el deterioro del medio rural, un compromiso que forma parte de nuestra agenda, tal y como expresé al detallar la hoja de ruta que presenté en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en febrero y que refrendé recientemente en la Comisión de Reconstrucción Social, en la que nos volvimos a encontrar y a cuyos trabajos usted aludía con acierto hace unos minutos. Espero que en las conclusiones y recomendaciones esta Cámara respalde unas iniciativas de estas características y una hoja de ruta que se vea avalada por la orientación del paquete de recuperación europeo.

Este otoño queremos presentar ante la Unión Europea nuestro plan de recuperación y resiliencia, integrando las prioridades del reto demográfico en todas las líneas relevantes a las que usted aludía, y ahora haré referencia a ellas; una presentación que debemos tomar como un punto de partida fundamental para la integración del debate en los presupuestos, para las líneas de actuación de este Gobierno en el tiempo por venir, unas orientaciones de la recuperación en las que el medio rural debe ser punta de lanza en los planes de adaptación al cambio climático, protección de la biodiversidad, restauración ecológica, gestión sostenible del entorno, valoración de espacios protegidos, pero también, como usted indica bien,


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en comercio, en servicios. Debe ser una reconstrucción en la que tenga un papel destacado la resiliencia ambiental y socioeconómica, con ese refuerzo del escudo social que supone el ingreso mínimo vital y que podría permitirnos un blindaje de servicios públicos, un blindaje de retornos, de sueldos, de salarios, de modos de vida compatibles con la vida en el ámbito rural, que nos puedan facilitar contribuir de manera complementaria a esa cohesión social y territorial a la que aludía, un pacto transversal para luchar contra la despoblación y afrontar el reto demográfico que impulse la digitalización de la sociedad, también en el ámbito rural, la modernización de la economía, también con diversificación de actividades, incluida la industria, y la administrativa, completando la conectividad del territorio a través de infraestructuras, a través de servicios, a través de esa conectividad digital de la que hablábamos, promoviendo la economía en las zonas más afectadas por el declive demográfico, con tres ejes principales. En primer lugar, la digitalización, a la que usted aludía, con la plena conectividad de Internet y telefonía móvil en todo el territorio. En segundo lugar, la recuperación económica, reactivando de modo efectivo la lucha contra la despoblación a partir de la industrialización, las comunicaciones y los servicios, que completan esa actividad en los sectores primarios a los que aludíamos antes. Y, en tercer lugar, cómo no, la vivienda y las infraestructuras, viviendas rehabilitadas, viviendas de calidad, viviendas en alquiler, para que no se conviertan nuestros pueblos en nichos abandonados, en nichos envejecidos, en los que la calidad de vida resulte mucho más complicada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.

El señor GUITARTE GIMENO: Muestro mi satisfacción por escuchar las palabras que ha dicho la ministra. Yo lo que haría sería transmitirle que todo eso que ha comentado hace falta. Lo que a mí me transmiten todos nuestros conciudadanos es que hace falta decirlo y hacerlo, hace falta ponerse ya a trabajar con inversiones reales y que realmente se vea que hay una voluntad política de actuar. Lo digo porque estamos viendo anuncios en sectores del automóvil o del turismo, en muchos otros sectores, y no estamos viendo nada respecto a esta problemática, que es muy importante, tan importante como las otras. En relación con esto, por ejemplo, se podría evidenciar que hay una voluntad de actuar si se iniciase la modificación del vigente Pitvi, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, para ir, como se ha propuesto reiteradamente, a una estructura mallada de las comunicaciones abandonando el problema radial, que es el germen de muchas de estas situaciones de desequilibrio territorial y despoblación. Pero, claro, cuando no se manifiesta todavía ni siquiera la voluntad de modificar el Plan de infraestructuras, difícilmente es creíble que queramos ir hacia una estructura mallada. Ahora muchos sectores -entre ellos, el sector de la construcción- están anunciando la necesidad de volver a invertir en infraestructuras para salir de la crisis. Invirtamos en las infraestructuras que generarían esa España mallada. Salgamos a la vez cambiando de modelo de desarrollo. Ese sería uno de los aspectos.

También estamos comentando ahora la necesidad de producción industrial propia, de volver a tener una soberanía en determinadas industrias. Ubiquemos esa producción estratégica en los territorios de la España despoblada. Hay muchas cosas que puede hacer el Gobierno, por ejemplo, las anunciadas descentralizaciones de sedes administrativas. Empecemos a descentralizar sedes administrativas y de empresas públicas, lo que generaría empleos en aquellos territorios a los que fueran. Hay que fomentar el ferrocarril tradicional. Vivimos la aparición del AVE como si fuéramos los más modernos del mundo y no nos dimos cuenta de que estábamos generando unos vacíos internos porque hemos conectado muy bien unas pocas grandes ciudades, pero se ha dejado abandonado el ferrocarril convencional, que es el que realmente estructura y vertebra el territorio. Hemos de hacer un esfuerzo por hacer un ferrocarril convencional moderno y competitivo para pasajeros y mercancías, que vertebre también con una estructura mallada todo nuestro territorio. Simplemente es eso, hemos de pasar a actuar, y hay muchos campos en los que se puede actuar sin necesidad de grandes inversiones, pero hemos de ver que se inicia ya la actividad.

Más cuestiones al respecto. Venimos reclamando que, igual que la sociedad y los legisladores han sido capaces de aplicar a casi toda su producción legislativa una perspectiva de género o una perspectiva de transición justa o de movimiento ecológico, se aplique también a toda la normativa una perspectiva de equilibrio territorial, es decir, que cada acción o normativa que produzca el Gobierno o el Legislativo sea evaluada previamente respecto a cómo va a repercutir eso, si perjudica o beneficia al equilibrio territorial.


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Probablemente con una precaución como esa nos habríamos evitado graves problemas que han devenido precisamente de la propia actuación del Estado. El gran causante de los desequilibrios territoriales ha sido precisamente la acción del Estado. Por eso le corresponde ahora actuar de forma que corrija esos desequilibrios y tengamos una sociedad, un territorio y una cohesión territorial similar a la de países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia. Nadie ha impedido que fuese el propio Estado el que incitase procesos de abandono como los que han ocurrido, por ejemplo, con los cierres de las casas cuartel en muchas localidades. Los servicios del Estado empiezan a abandonar el territorio, es el ejemplo que sirve de demostración a la población, y la población camina detrás del abandono del Estado. Debemos corregir eso y no podemos consentir que se vuelva suprimir ningún tren ni se cierre ninguna escuela. Hemos de decir: hasta aquí hemos llegado, nos plantamos y a partir de aquí cambiamos y vemos que todo esto son servicios con un alto componente social a los que tiene derecho la población y que debemos exigir que se mantengan.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna).

La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Señor Guitarte, muchísimas gracias.

Mientras le escuchaba estaba pensando que hace poco más de cinco meses celebramos la sesión de investidura y que en estos cinco meses la emergencia de la respuesta a la crisis de la COVID-19 nos ha limitado mucho el espacio. A pesar de todo, afortunadamente, hemos podido aprovechar el trabajo de la legislatura anterior y constituir esa comisión delegada del Gobierno, en cuya primera reunión participó el propio presidente, para hacer frente precisamente al reto demográfico. Es verdad que nos queda muchísimo por hacer -usted lo señalaba-, pero creo que contamos con algunos de los ingredientes más importantes, que son voluntad, compromiso y un diagnóstico esencialmente compartido por el conjunto de la Cámara. Son quizá las piezas más preciosas para poder tener éxito en esa tarea que nos queda por delante, que es activar todas las palancas, complejas, estructurales, transversales, para poder ofrecer una realidad distinta. Usted apuntaba algunas de las líneas maestras al hablar de digitalización, de recuperación y de reactivación económica, y de vivienda e infraestructuras. A tal efecto, quiero confirmarle que trabajamos ya con los distintos departamentos ministeriales, incluido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, precisamente para dar respuesta a algunas de las cuestiones que hemos planteado -que ha planteado usted- y a las que yo aludía.

Permítame hacer un repaso de algunas de las cuestiones que sí creo que son llamativas, que forman parte de la prioridad inmediata y con las que nos gustaría poder llegar con mucho recorrido hecho a la Conferencia de Presidentes, que tiene por finalidad el aprobar ese plan nacional, ese pacto de Estado para dar respuesta al reto demográfico de nuestro país. En primer lugar, aquello que tiene que ver con la digitalización, con la conectividad; la plena colectividad de Internet y telefonía móvil completando la cobertura de 30 Mbps para el 12 % de la población rural que aún carece de esta conectividad y acelerando la extensión de la fibra óptica con la intención de poder alcanzar este objetivo en 2022. Trabajamos con el Ministerio de Economía y Agenda Digital, contamos con proyectos ya avanzados, el 75 % de ellos en zonas rurales, y queremos eliminar esta brecha definitivamente para el año 2025, incluyendo una extensión importante del 5G sin generar desigualdad.

Queremos, asimismo, trabajar en el impulso del uso de las tecnologías digitales en el triple plano: social, económico y de las Administraciones públicas. Hemos hablado de escuelas conectadas, pero nos faltan completar aspectos fundamentales de servicios conectados: servicios de asistencia geriátrica, servicios de asistencia social, servicios médicos, servicios de comercio. El medio rural debe aprovechar, dadas sus condiciones de accesibilidad física, la digitalización en muchos de estos ámbitos, que se debe completar -¡cómo no!- con ese trato día a día, cotidiano, cara a cara, personalizado para no quedarnos solamente en aquello inmaterial que ofrece lo digital, aprovechando sus ventajas pero limitando sus impactos negativos.

Con respecto a la recuperación económica, creemos que el impulso a la industrialización de base local y enfocada a tres temas claves, como son digitalización, transición energética e impulso de industrias verdes en el medio rural, puede ser una buena manera de entrar de manera flexible e innovadora en esa


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reactivación y diversificación de actividades económicas. Creemos que un plan de apoyo al comercio minorista en el ámbito rural es fundamental para preservar esa capacidad de bienestar en nuestras comunidades locales, favoreciendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio, la cobertura comercial del territorio, la conectividad y la generación de redes locales. Pensamos que el impulso del turismo sostenible y seguro, en un momento particularmente extraño, peculiar, en el que el incentivo al turismo nacional junto con esa limitación temporal del turismo internacional pueden ofrecer oportunidades muy interesantes sobre las que abundar, sobre las que construir el aprovechamiento de recursos naturales, culturales y patrimoniales del interior, con un gran potencial para la diversificación económica y su consolidación. Cómo no, la convocatoria de proyectos pilotos de innovación social, de dinamización en el medio rural o el impulso a la vivienda, como decía antes, en el contexto de desarrollo de la agenda urbana, de la rehabilitación urbana, en zonas prioritarias para el reto demográfico. Muchas miradas se están volviendo hacia el medio rural, más después de esta terrible crisis que hemos vivido. Por ello, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico avanzamos en la dinamización de un mercado inmobiliario prácticamente inexistente en el medio rural, impulsando la rehabilitación de la residencia ya construida, la recuperación de prácticas tradicionales, favoreciendo el ahorro, el aprovechamiento de las renovables y la reducción de emisiones y facilitando la promoción de un parque público de alquiler junto con nuestros colegas del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, AL MINISTRO DEL INTERIOR PARA QUE EXPLIQUE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN EL SENO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 172/000040).

El señor PRESIDENTE: A continuación, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al ministro del Interior para que explique las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil.

Para su defensa tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchísimas gracias, señor presidente.

Me gustaría que mis primeras palabras fuesen para las familias de todos los fallecidos de COVID y especialmente para los policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones que fallecieron en acto de servicio.

Comenzaba el señor Marlaska su comparecencia en el Congreso en 2018 citando a Cicerón: La evidencia es la más decisiva demostración, decía. Pues vamos a examinar las evidencias del señor Marlaska.

Junio de 2018. Con ocasión de la agresión a miembros del partido Ciudadanos en la marcha del Orgullo Gay y las desafortunadas palabras suyas justificando dicha agresión se hace un informe que se descubre que fue manipulado posteriormente en el ministerio. El PP hace una pregunta escrita y sencilla al Gobierno: si el informe había sido remitido al ministerio en formato Word o PDF, y la respuesta fue: Lo recibimos en el formato usual. Ahí queda eso. Ese día usted mata al juez Marlaska y aparece el soberbio ministro Marlaska, capaz de todo.

En los primeros meses de su llegada al ministerio se producen unos cambios y ceses, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, que dejan entrever su futuro ataque e intenciones con la Guardia Civil. Por ejemplo, cuando se releva al coronel Juan Hernández Mosquera del gabinete de coordinación del ministerio, un puesto importante en el organigrama por su neutralidad y ocupado durante treinta años consecutivos por la Guardia Civil, para colocar en su lugar a un comisario de la Policía vinculado al PSOE.

Agosto de 2018. Cesan al coronel Sánchez Corbí, un profesional con una trayectoria impecable. Lo cesan alegando falta de confianza, cuando la realidad era que se quejó de que no tenía medios para seguir investigando casos, entre ellos algunos de corrupción que afectaban a su partido. Cuando se le obliga a venir al Congreso a la Comisión de Interior a dar explicaciones por tal arbitrario cese, usted se negó a darlas, se marchó sin comparecer; jamás olvidaremos semejante falta de respeto a esta Cámara.


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Octubre de 2019. Aquí suceden dos cosas. Una foto inolvidable en la que dejan abandonados a los policías, queman Barcelona y atacan a los agentes, alguno incluso queda entre la vida y la muerte, mientras usted se toma un mojito en Madrid. No envió refuerzos, a pesar de que se lo suplicaban, para no enfadar a sus socios independentistas. Qué diferencia, señor Marlaska, con todos los refuerzos de la Guardia Civil que envió a la casa del señor Iglesias (muestra dos fotografías), cinco más que para parar esta masa humana en Barcelona. Sucede una segunda cosa, se abre por la Guardia Civil una investigación de los CDR que finaliza con detenciones, detenciones que enfadan a sus socios independentistas. Usted abronca a todos los mandos por no haberle filtrado la investigación. Ese día usted ya practica la primera injerencia judicial, que finaliza posteriormente con el cese del director de la Guardia Civil.

Año 2020, aterrizamos en Barajas. Una sarta de mentiras y versiones en las que usted envía al señor Ábalos, con poderes policiales, investido de comisario, desautorizando a la Policía Nacional, para pasearse por todo el aeropuerto y propiciar un encuentro clandestino con una torturadora de la dictadura de Maduro, encuentro que hoy sabemos que estaba previsto y programado por el señor Zapatero. Todavía hoy seguirá negando que esa señora pisó España. Un escándalo del que usted es coprotagonista.

Comenzamos con el capítulo ministra Montero; se sabía pero no se podía decir. Enero de 2020. La Unidad de Riesgos Biológicos de la Guardia Civil alerta en un informe de la virulencia del virus; usted no hace nada. Instituciones Penitenciarias el 4 de febrero hace un informe exigiendo un metro de distancia en las prisiones; usted no hace nada. El 24 de enero el jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional hace un informe sobre el COVID: evitar aglomeraciones, usar mascarillas; usted no hace nada. Perdón, aquí sí que hace algo usted, lo que más le gusta: cesar; usted cesa al inspector de prevención y, encima, el día que viene a la Comisión de Interior nos dice que ha sido desleal porque ese inspector envió ese informe a todas las unidades de Policía y que eso podría crear alarma en la población. Señor Marlaska, ¿cuántos muertos le ha costado a España que ustedes no alertaran cuando había motivo de alarma, cuántos, señor Marlaska? (Aplausos). Usted cesa por alarmar y después nos pone en un estado de alarma, esa es su inoperancia. ¿Acaso es desleal proteger a los policías?, ¿no cree que el desleal es usted, teniendo todos estos informes no informarnos a todos los españoles? El 5 de abril, con 20 000 fallecidos, usted dijo que no tenía nada de qué arrepentirse. ¿Acaso cree que conociendo todo esto no tiene motivos para arrepentirse, en vez de fulminar a los profesionales? Ese día quedó demostrado que su incompetencia está a la altura de su soberbia.

Ahora llegamos al capítulo Carmen Calvo. ¿En qué andaba usted, señor Marlaska, en qué andaba? Pues el señor Marlasca, como ministro de la censura, andaba en una operación para limitar y coartar la libertad de expresión; andaba ya metiendo las manos en la Guardia Civil. Cuando el general Santiago habla de la orden de identificación de las publicaciones contrarias y críticas al Gobierno, usted comienza con su sarta de mentiras. Primero, que no existía dicha orden; segundo, que había sido un lapsus del general; tercero, cuando ya todos los españoles ven la orden y que era para próximas reuniones con el titular del departamento ministerial, usted nos dice que lo que leemos aquí los españoles no es realmente lo que dice esta orden.

Y llegamos al capítulo del mayor ataque de la historia a la Guardia Civil. Hoy conocemos que el Supremo registra ya su primera querella contra usted por semejante episodio. Señor Marlaska, jamás un guardia civil había dicho: Hasta aquí llego, no puedo más. Y ahora el DAO, el número uno de los guardias civiles, dice: No puedo más, me voy. Esto es un hecho sin precedentes en ciento setenta y seis años de historia de la Guardia Civil. Usted, señor Marlaska, cesó al coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer una ilegalidad, que era interferir en la justicia, y para ello no le importó mentir las veces que fueran necesarias, incluso atacando el honor de la Guardia Civil y comenzar, apoyado por sus socios de Podemos, con una campaña de desprestigio hacia la Guardia Civil: el señor Iglesias pidiendo su desmilitarización, el señor Garzón llamándoles golpistas, el delegado del Gobierno de Madrid llamándoles chapuzas; una campaña para atacar directamente los informes de la Guardia Civil que no les gustaban. Lo que hiciera falta con tal de seguir usted sentado ahí, en el Consejo de Ministros.

Señor Marlaska, usted hizo de la mentira su modo de sobrevivir, mintió en el Congreso, en el Senado, en Moncloa; donde sea necesario, usted miente. El 26 de mayo dijo que era un proceso natural de sustitución; remodelación que llegaba, según usted, dos años después y un domingo a las diez de la noche. Y lo acompaña de la subida salarial para intentar comprar y silenciar semejante escándalo. Qué equivocado estaba, los policías y guardias civiles tienen el honor que el acabado ministro Marlaska hoy no tiene: el 27 de mayo, que era un nuevo impulso a la Guardia Civil; el 2 de junio alude a la posibilidad de que lo cesó por filtrar el informe; el 3 de junio, que la culpa del cese era del secretario de Estado.


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Usted lo cesó -porque todos tenemos aquí la nota- por no darle el informe de la Guardia Civil sobre las investigaciones que perjudicaban a su Gobierno y eso su soberbia no lo toleró. Esto conllevó unos ceses arbitrarios y dimisiones que no estaban previstas. No era su falsa remodelación, señor Marlaska, y se lo explico: primero, tardó veinte días en ocupar el puesto de Pérez de los Cobos, porque no encontraba sustituto. Segundo, tuvo que retrasar los nombramientos, porque antes había que ascenderlos a tenientes generales. Tercero, ni siquiera sus compañeros del Gobierno apoyaron esos ceses y nombramientos. Era capaz de buscar complicidad en todos y en cualquiera e incluso falsear notas de prensa. Primera nota de prensa que nos encontramos del Ministerio del Interior: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha convenido con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ascenso a teniente general de división de don Félix Blázquez. Una hora después, nueva nota de prensa: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha propuesto el ascenso. Usted, era solo usted. Fue la reprobación desde su propio Consejo de Ministros a sus ceses. Hoy, señor ministro, la pérdida de confianza es en usted. Las asociaciones de jueces, de fiscales, unánimemente todas las asociaciones de la Guardia Civil piden su dimisión por atacar la neutralidad de la justicia y la independencia judicial. Usted -se lo dije el 23 de abril- no es la Guardia Civil, repito, no es usted la Guardia Civil. Usted ha perdido toda legitimidad. Señor Marlaska, es una trituradora de la verdad.

Finalizo, señorías, diciendo que la divisa de la Guardia Civil es el honor; su divisa, señor Marlaska, es la mentira. (Prolongados aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro del Interior. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

Señora Vázquez Blanco, en sustitución de la señora Álvarez de Toledo, muchas gracias por su intervención.

Igualmente, quisiera que mis primeras palabras fueran para todos los ciudadanos que han fallecido como consecuencia del COVID-19 y, especialmente, como también ha dicho usted, señora Vázquez, en el sentido de señalar sobre todo a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones y funcionarios civiles del Ministerio del Interior.

Tengo que reconocerle algo, señora Vázquez Blanco. Esperaba con mucho interés poder celebrar un debate de interpelación con su señoría o con la señora Álvarez de Toledo, quien firmaba la interpelación, y no solo como portavoz del grupo parlamentario. Lo esperaba, porque cuando recibí el texto de su iniciativa -para que explique las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil- me pareció una gran oportunidad para hacer balance de la gestión realizada, para explicar en sede parlamentaria las políticas seguidas, para contrastar datos y visiones con la oposición, lo que viene siendo, señoría, tener un debate de altura, confrontar gestión con alternativas, en conclusión, lo que procede: rendir cuentas, que es lo que espera la ciudadanía que haga el Gobierno, pero también exigir una oposición responsable, una oposición digna de ese nombre. En su lugar -créame que lamento decírselo- he presenciado su intervención, tratándose de una persona que conoce la materia de seguridad, como es su caso -por eso agradezco mucho que usted haya tomado la palabra en esta interpelación-, y he de decir que tengo la misma sensación que esperaba previamente: doce minutos absolutamente decepcionantes en relación con la interpelación presentada en esta Cámara. Ustedes plantean causas generales sin ningún hilo conductor y, evidentemente, sin ningún propósito de conocer las decisiones adoptadas con respecto a la Guardia Civil y de manifestar una preocupación real por las condiciones laborales y de todo tipo de sus miembros, hombres y mujeres. Ha sido una intervención -se lo tengo que decir, señora Vázquez- sectaria, plagada -lo sabe bien- de anécdotas, de hechos manipulados, de fabulaciones y de muchas infamias, que seguro que se las han escrito y que, sobre todo, retratan una semana más la oposición que está haciendo el Partido Popular.

Yo creía que desde ayer ustedes estaban emprendiendo otro camino, un camino más cercano al encuentro, a lo que pide la sociedad española, pero veo, manteniendo esta conducta, esta actitud, que todavía les cuesta dar ese paso y separarse un poquito de la extrema derecha. Y aunque a ustedes les parezca que verles en esta deriva nos puede divertir -si me permiten la expresión-, porque esa postura les mantendrá en la oposición mucho tiempo, la verdad es que nos preocupa. Lo ha dicho el presidente del Gobierno hoy y en diferentes ocasiones y se lo vienen diciendo el Grupo Parlamentario Socialista y el


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Grupo Parlamentario de Unidas Podemos: hacer de las ideas de la ultraderecha, de la que tan cerca se están colocando, la única posibilidad de alternativa política en nuestro país, solo puede definirse como muy preocupante. Por eso les invito a que reflexionen.

Es una lástima, señora Vázquez, su nulo interés por las políticas públicas de este ministerio y, concretamente, su nulo interés por las políticas relacionadas con la Guardia Civil. Si a su señoría le hubiesen interesado las políticas de este ministerio en relación con la Guardia Civil, seguro que hubiésemos tenido la oportunidad de debatir sobre lo que se lleva haciendo desde junio de 2018 por ella. El mayor plan de infraestructuras de los últimos diez años, señorías, sí: 600 millones de euros para comisarías, casas cuartel y todo tipo de equipamientos. A nosotros -se lo repito, señora Vázquez- nos importan las condiciones en las que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y singularmente la Guardia Civil, que lo hace en entornos menos poblados, y antes hemos sustanciado una interpelación al respecto.

Señora Vázquez, si le hubiese interesado lo más mínimo hablar de la gestión realizada, habríamos podido intercambiar pareceres sobre la oferta de empleo público: un 115 % de tasa de reposición, más de 2200 -en concreto, 2275- plazas para el Cuerpo Nacional de Policía el año pasado, que ya están en prácticas, y más de 2600 -en concreto, 2606- para el cuerpo de la Guardia Civil, que igualmente están en prácticas. Y todo ello ¿con qué objetivo? Con un objetivo que a usted le puede sonar, porque ya ha estado presente en este hemiciclo en otras legislaturas: hacer frente a la pérdida de 12 000 agentes entre 2011 y 2018, cuando el Partido Popular gobernó nuestro país. Además, podríamos haberlo hecho sin que ustedes se tomaran este debate como un reproche, porque usted misma ha sido crítica con esas políticas.

Habríamos debatido sobre que, en 2018, este equipo ministerial se encontró en el cajón del ministerio -lo sabe usted bien, porque realizó alguna intervención al respecto- un acuerdo de equiparación que era puro humo. Ni un acta -ni un acta- ni un plan de implementación ni un calendario ni el cumplimiento de los requisitos previos de relación con el Ministerio de Hacienda, como he dicho anteriormente, y con la oficina de presupuestos a ese respecto. Nada. Con mucho esfuerzo hemos cumplido cada uno de los tramos previstos, y con este tercer tramo, al que usted ha hecho referencia, las nóminas de la Policía y de la Guardia Civil se incrementarán de media más de un 20 %, consolidando los 807 millones de euros; un incremento del que deberíamos alegrarnos y que ustedes, señorías del Partido Popular, se han dedicado a desprestigiar hoy mismo comparándolo con una compra de voluntades.

Señora Vázquez, ¿qué concepto tiene usted de las personas? ¿Qué concepto tiene usted de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Qué idea tienen usted y su grupo parlamentario para poder alzarse, como he dicho hoy, en representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil? No patrimonialicen. ¿Qué concepto tienen ustedes de la política? Y le pregunto por conceptos, porque si tuviese experiencia de gestión, de cómo funciona la Administración, de cómo se hacen las normas y de cómo se realizan los presupuestos, del tiempo y del desarrollo para que puedan ser aprobados por el Consejo de Ministros y del tiempo que lleva su materialización, no hubiera podido decir nada de lo que ha dicho sobre el tercer tramo sin caer en el sonrojo.

Pero usted supuestamente quería debatir sobre las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil y vuelvo a ellas, señorías. Si le hubiese interesado debatir sobre ello, habríamos podido debatir sobre muchas cuestiones que queremos afrontar en estos cuatro años. Cuestiones como los planes de renovación de medios y equipamientos de uso diario; la mejora de las capacidades de la Guardia Civil en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada dentro de la potenciación del Citco; el incremento de su especialización para asegurar la transición digital de nuestro país luchando contra la ciberdelincuencia -a ustedes, cuando hablan de ciberdelincuencia, únicamente les interesan los bulos-; su papel estratégico en la vertebración territorial y el reto demográfico, con la mejora de su presencia para garantizar la seguridad y, por tanto, la igualdad de derechos en las áreas rurales -lo que seguro que le importa al señor Guitarte, como ha dicho previamente-, o sobre cómo vamos a mejorar su capacidad de respuesta ante catástrofes naturales a las que nos vemos abocados con ese cambio climático que todavía muchos niegan. En cambio, usted se ha presentado en esta Cámara y solamente ha tocado dos temas que le voy a rebatir muy brevemente y que era fácil saber que iban a salir.

Nos hablado usted mucho de ceses, de supuestas purgas e instrumentalización política de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Siendo usted parlamentaria en esta Cámara, hay que tener valor. Verá, señoría, dentro de unos años, cuando miremos hacia atrás, cuando revisemos los trabajos parlamentarios realizados por todos nosotros, estoy seguro de que encontraremos cosas mejorables, por


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supuesto, de que valoraremos crítica y sanamente, como corresponde, que determinadas actuaciones pudieran haberse hecho con otros ritmos, de otra manera e incluso mejor, y eso es absolutamente normal. Pero le diré algo de lo que me sentiré realmente orgulloso: jamás, se lo digo, señora Vázquez, jamás ninguna comisión parlamentaria describirá cómo este Gobierno progresista utilizó de una forma inaceptable el Ministerio del Interior con fines partidistas. Jamás. Porque, junto con el recorte de agentes que le he dicho, 12 000, y el empeoramiento de sus condiciones retributivas, ese es el gran legado de la política de seguridad del Partido Popular, independientemente de algunas otras manifestaciones que hemos oído últimamente que venían del más allá.

Voy concluyendo, presidente. El segundo tema tiene que ver con el gran esfuerzo que ha hecho usted por erigirse en representante de un colectivo, como le he dicho anteriormente. Hoy usted se ha intentado convertir, como otros grupos parlamentarios, en portavoz de la Guardia Civil. Lo he dicho antes y lo repito ahora: ni usted ni ningún parlamentario de la derecha o de la ultraderecha es portavoz de la Guardia Civil. Espero que este sea el último día que tenga que decir, en respuesta a preguntas o interpelaciones, que no son portavoces de la Guardia Civil. Vuelvo a decirle que ni usted ni ningún parlamentario de la derecha o de la ultraderecha tiene el monopolio de representar la opinión de una institución en esta Cámara. Les invito a que en lo sucesivo dejen de hacerlo. Dejen de patrimonializar a la Guardia Civil, en primer lugar, por respeto a la inteligencia y, en segundo lugar, señora Vázquez, por decencia.

Termino, señor presidente. Si algo define, engrandece y ennoblece a la Guardia Civil, si algo explica sus 176 años de historia, como usted misma ha recordado, si algo les identifica como cuerpo, son dos cosas: en primer lugar, el principio de lealtad al Estado de derecho y a la Constitución, como le he recordado hoy al señor Gil Lázaro con un dato histórico, y en segundo lugar, su estricta neutralidad política. Le invito en ese caso a que reflexione y a que tengamos un segundo turno de debate constructivo sobre decisiones adoptadas realmente en el seno de la Guardia Civil.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor ministro.

A continuación, tiene la palabra la señora Vázquez. (La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos pide la palabra). ¿A qué artículo hace mención, señoría?

La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Artículo 71. Por alusiones reiteradas.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No; no tiene la palabra.

La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS: Hay alusiones reiteradas del ministro que corresponden...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Álvarez de Toledo, el artículo 71 habla de alusiones que conlleven juicio de valor o inexactitud (varios señores diputados: ¡Exacto!) y no ha habido ninguna de las dos cosas. (Protestas.-La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos: Por alusiones e inexactitud). No ha habido ninguna de las dos cosas. No tiene la palabra. Tiene la palabra la señora Vázquez. (La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos: No me parece aceptable).

Tiene la palabra la señora Vázquez, señora Álvarez de Toledo, y ella podrá rebatir lo que entienda más oportuno. Entiendo que no le pueda parecer, pero tiene la palabra la señora Vázquez. (Aplausos.-Protestas.-La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos: ¿Usted es consciente de que se está saltando el Reglamento?).

Señoría, tiene la palabra la señora Vázquez. Le pido que se siente y escuchemos a su compañera portavoz, por favor. (Protestas.-El señor Ledesma Martín pronuncia palabras que no se perciben). Señor Ledesma, por favor, conténgase.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.

Señor Marlaska, el desconocimiento que tiene usted de las leyes es tremendo. ¿Sabe que las interpelaciones las tienen que firmar los portavoces de los grupos parlamentarios? (Aplausos). Si su problema era ofender a esta portavoz haciéndola de menos respecto a la señora Cayetana Álvarez de Toledo, no lo ha logrado, porque no es cualquier persona la que puede ofender y usted no está en condiciones ya de ofender a nadie en este Parlamento. (Aplausos).

Usted, señor Marlaska, traía ya la respuesta escrita; no me contestó nada. Usted habla de fábulas. ¿Es una fábula o una anécdota que hoy usted tenga una acusación? ¿Usted sabe que tiene una querella


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en el Tribunal Supremo? ¿Lo sabe? ¿O se está enterando por esta diputada? ¿Son una fábula también los manifiestos que han hecho las asociaciones de jueces, de fiscales y de la Guardia Civil pidiendo su dimisión? ¿Son una fábula?

Usted no me habló de los ceses, no me habló de las interferencias, usted me ha hablado de algo que le gusta, y me dice: hay que tener valor. Yo hoy se lo voy a decir; no se lo iba a decir, de hecho lo tenía para la réplica. Usted habla otra vez de la Comisión de investigación que se hizo aquí de la Policía. Se lo voy a recordar, porque usted solo sabe las conclusiones, no le dieron el resto del informe. Yo, primero, me creo a los profesionales de la Policía y de la Guardia Civil cuando comparecen. En esa Comisión había once personas; mi partido solo tenía tres y Ciudadanos una, el resto, sus socios. Independentistas, PSOE y Podemos compran en ese momento la historia de Podemos y dicen que había una policía política. Le voy a decir varias cosas: un caso en un juzgado que están pidiendo que se archive; un caso del señor Pablo Iglesias, que pasó de víctima a verdugo; y lo de usted, señor Marlaska, el día 1 de abril: Marlaska dice que las cloacas no existen en Interior; los policías y guardias civiles son cómplices de la ley y la Constitución y han pedido al señor Pablo Iglesias que si tiene algo que decir lo diga expresamente, pero no puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos. Pero, es más, señor Marlaska, y hay que tener valor. El día 23 de abril usted dijo: A mí tampoco me ha gustado nada oír "policía política", porque soy el ministro del Interior, pero me han enseñado que la libertad de expresión consiste en escuchar, aunque no guste. A usted no le gustaba la policía política y, en cambio, ahora se adueña de ese concepto agresivo y contrario a la policía para salvarse usted. No siga arrastrándose más. Cada vez está más cerca del banquillo. Se lo dije: dimita del banco azul antes de llegar al banco de la justicia. Nosotros el próximo martes presentaremos la reprobación contra usted, por su actitud antidemocrática, por sus injerencias en el Poder Judicial. Ríase, señor Marlaska, ríase, que yo también me reiré de usted cuando llegue al Supremo. Esté seguro de ello. (Aplausos). Sabe que un día le felicité y le dije: me da mucha tristeza perder el Gobierno en una moción de censura, pero si de algo me alegro es de que usted sea el ministro. Hoy retiro esa felicitación, porque me ha decepcionado, como a muchos españoles.

Voy finalizando. Señor Marlaska, hoy era un día para reconocer verdades y no para perseverar en las mentiras, porque el problema de la mentira no es la mentira en sí misma, es el mentiroso. Tan es así, que el mentiroso acaba convencido de que actúa al servicio de un bien común y de que el rechazo y el desafecto de los tribunales y la opinión pública para con los mentirosos es irreal. Pero no vamos a consentir que usted nos convierta más en testigos pasivos de su mentira permanente. La verdad, a pesar de su ofuscación, tiene que ser un principio moral en política, y usted lo ha perdido. Sin verdad y sin principios no tiene sentido seguir, señor Marlaska. Su principal enemigo es usted, porque usted se reafirma cuando desvelamos sus mentiras, y ese es el final del camino.

Hoy comenzaba con Cicerón, señorías, y finalizo también con él: De hombres es equivocarse, de locos persistir en el error. Usted ha superado los límites del error y de la mentira. Señor Marlaska, cuando ya no queda nada, solo hay una salida: dimitir. (Prolongados aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a la desinfección de la tribuna de oradores).

Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señora Vázquez, en primer lugar, quiero decirle que conozco un poco el Reglamento del Congreso. La portavoz la firma, pero quien hace luego la interpelación también confirma el escrito. En este caso, solo estaba la firma de la portavoz. Digo normalmente y espero que lo entiendan bien. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor ministro, un segundo.

Señorías, se ha escuchado a la portavoz de su grupo con silencio y con educación. Por favor, pido correspondencia y cortesía parlamentaria. Escuchemos al interviniente.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): En segundo lugar, eso es consecuencia de que podamos preparar las intervenciones sabiendo quién es la persona con la que vamos a debatir. Evidentemente, debatimos con un grupo parlamentario, pero siempre es importante conocer esas circunstancias. Esa cuestión no tiene mayor relevancia, pero nada de desmerecer,


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señora Vázquez. Veo, por su réplica, que no me ha escuchado. He dicho que me parecía muy oportuno y muy óptimo que usted fuera la persona que debatiera, si realmente íbamos a hablar de la Guardia Civil y de las decisiones tomadas en el entorno de la Guardia Civil, porque usted es una persona formada, por distintas razones, en materia de seguridad, y me remito a las expresiones que he utilizado. ¿Es eso desmerecer? Creo que tiene que cambiar un poco el criterio e interpretar realmente mis palabras como son.

Por eso, señora Vázquez, lamento que en esta segunda intervención todavía haya persistido usted más en el error de continuar con la mentira, el insulto y la infamia y preocuparse muy poco por las decisiones que se han tomado sobre la Guardia Civil y sobre el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar, evidentemente, su seguridad y que desarrollen su trabajo en las condiciones que deben de hacerlo. Lo lamento porque no dejan de ser ustedes, como le he dicho, el principal partido de la oposición; lo lamento, porque, aunque sea en estos momentos ministro del Interior, no dejo de ser un ciudadano que no quiere una alternativa de gobierno para su país que sustente ideas de extrema derecha como las que estoy viendo, y lo lamento porque uno presupone que después de haber tenido responsabilidades de gobierno -no usted, pero sí su partido, que ha gobernado quince años este país- podrían actuar de una forma menos radical, menos irresponsable. Es una carrera que, ya le anticipo, perderán ustedes siempre. La crispación no conduce a ningún lugar, a ninguna estación, no conduce a ninguna Ítaca, ya que le gustan a usted algunas citas literarias.

Señora Vázquez, me acusa usted de no explicar las decisiones que se han tomado en el seno de la Guardia Civil. Yo me pregunto: ¿Dónde ha estado usted, señora Vázquez, estas tres semanas? Porque si cree que su iniciativa está muy de actualidad, que la iniciativa de su grupo parlamentario o su intervención son muy novedosas, lamento decirle que llegan bastante tarde. Le resumo: unas veinte preguntas orales en el Congreso y en el Senado -por cierto, la mayoría de su grupo parlamentario y un buen número de ellas firmadas por la portavoz, la señora Álvarez de Toledo-; dos interpelaciones -de hecho, este mismo tema lo traté la semana pasada con el señor Bal- y una comparecencia en el Senado, en la que sus compañeros de partido, como usted, ignoraron las políticas que este ministerio plantea y se centraron exclusivamente en los asuntos que usted ha traído a este debate. Pero si usted pretende poner en mi boca las respuestas que su señoría -sí, que su señoría, señora Vázquez- desearía sobre este tema, creo que lo debatiremos hasta la saciedad, porque no lo haré, porque no me gusta decir una falsedad.

Por retomar el sentido de su interpelación, señoría, me pide que explique las decisiones en el seno de la Guardia Civil. Hemos hablado antes de las mejoras en las infraestructuras. Le he referido también el incremento de la oferta de empleo público y he hablado de la equiparación salarial. Le he mencionado algo importante, como es la batería de medidas centradas en mejorar las capacidades, los medios y la modernización de los procedimientos. A ello quiero añadirle que, junto a estas medidas, la Guardia Civil contará con los mejores equipos de dirección, lo cual es muy fácil, porque el conjunto de mandos de la Guardia Civil tiene una capacidad personal y profesional encomiables. Lo difícil es elegir entre ellos. Por primera vez en 176 años una mujer de una altísima cualificación profesional y personal dirige la institución. La nueva directora general va a verse, además, acompañada del mejor equipo de generales, del director adjunto operativo, del mando de operaciones, del mando de personal, del mando de apoyo y esperemos que de un mando en política migratoria. Un equipo nuevo, fruto de la renovación natural de equipos directivos, renovación natural que se produce; un equipo que simboliza los mejores valores de la Guardia Civil: honor, neutralidad política y profesionalidad.

Señora Vázquez, señoras y señores de las derechas, si creen que haciendo ruido, crispando o difundiendo mentiras sobre mí o mis equipos van a hacerme perder la determinación de desarrollar mi trabajo en el ministerio, se equivocan. Vamos a continuar recuperando la seguridad como un bien público, como un valor, no como lo que era para ustedes: un gasto que había que evitar. Vamos a mejorar las condiciones laborales, retributivas y materiales de nuestros empleados públicos. Vamos a modernizar nuestro modelo de seguridad en términos, sí, de profesionalidad, de objetividad y de neutralidad política.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000007).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la ministra de Educación.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, el 12 de enero de este año el presidente del Gobierno me honró nombrándome ministra de Educación y Formación Profesional de una legislatura que se inició el 3 de febrero. Poco más de un mes después este Gobierno se ha enfrentado a una inédita pandemia a nivel mundial. Aprovecho aquí para mostrar mi solidaridad con los familiares de las víctimas y también con aquellas personas que todavía sufren la enfermedad.

Ahora, cuatro meses después, comparezco ante ustedes para presentarles los ejes principales de la modificación de la Ley Orgánica de Educación que hoy se debate. Hemos presentado un proyecto expresando así la prioridad que para este Gobierno supone la educación, un proyecto que deroga la Lomce y sus negativas consecuencias, respondiendo al compromiso firmado en julio de 2013 por diez grupos políticos del Congreso. Pero el objetivo de la ley es mucho más amplio, es una apuesta a otras mejoras que nuestro sistema educativo necesita.

La extraordinaria prueba de estrés a la que hemos estado sometidos ha puesto de manifiesto que la educación española cuenta con una base sólida. Toda la comunidad educativa ha trabajado de manera coordinada para garantizar el aprendizaje de nuestro alumnado, después de haberse interrumpido las actividades lectivas presenciales. Sin embargo, lo vivido estos meses ha subrayado la necesidad de actuar con determinación y con ambición y de afrontar un futuro que ha llegado de golpe construyendo un modelo educativo moderno, sustentado en una ley de educación que se adapte a las nuevas demandas que se nos plantean. Se trata, por tanto, de un proyecto de ley necesario y oportuno, de una norma eficaz porque aborda los principales retos del sistema. Este proyecto, que hoy se debate, ofrece un marco legal renovado que nos permitirá lograr tres tipos de objetivos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

En primer lugar, aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuyendo a mejorar su nivel competencial por medio de la aprobación de un currículo moderno, flexible, ágil, menos enciclopédico y que dé prioridad a los aprendizajes más relevantes. Apostamos, por tanto, de forma decidida por detectar de forma temprana las dificultades y barreras que impiden al alumno ejercer su derecho a la educación, una mayor personalización del aprendizaje -cuestión fundamental- y una dinámica de mejora continua de los centros educativos reforzando su autonomía, propiciando su capacidad de innovación e impulsando sus planes de mejora.

Para ello se actualizan los principios y los fines del sistema educativo. Se da una nueva definición de currículo y se modifica la distribución de competencias entre Gobierno y comunidades autónomas en el ámbito curricular. Se fortalecen la inclusión educativa y la atención personalizada en todas las etapas, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto se detecten. Se favorece la continuidad en la educación y la formación, eliminando dobles vías y obstáculos innecesarios y apoyando a todos los estudiantes con el objetivo de que alcancen el mayor nivel educativo posible. Ejemplo de ellos son la configuración de un único título de secundaria obligatoria, la recuperación de los programas de diversificación curricular o la nueva configuración de la formación profesional básica. Se refuerza el carácter competencial del currículo y se flexibiliza su organización, facilitando la agrupación de materias en ámbitos y permitiendo el trabajo por proyectos. Se respalda el valor formativo de la evaluación de los aprendizajes realizados, potenciando su carácter integrador y colegiado, desarrollando evaluaciones de diagnóstico y ligando la evaluación académica a la consecución de las capacidades que se deben alcanzar en cada etapa educativa. Se recupera la obtención del título de bachiller a través de un proceso ordinario de la evaluación, retomando la prueba de acceso exclusivamente para la entrada a la universidad. Se flexibiliza su duración, sin obligar a repetir innecesariamente cursos enteros.


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El proyecto de ley que presento cumple con el mandato constitucional que señala que profesores, padres y alumnos intervendrán -así se dice en la Constitución- en el control y gestión de todos los centros sostenidos por las administraciones con fondos públicos. Para ello, convierte en verdaderos órganos de gobierno a los órganos colegiados en los que participan los distintos sectores de la comunidad educativa y les atribuye competencias en la aprobación de los documentos institucionales del centro o en la selección del director o directora, fortaleciendo así la autonomía de los centros.

En segundo lugar, pretendemos reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, introduciendo medidas que eviten la segregación. Este principio es fundamental para favorecer una educación de calidad para todos, que reduzca el abandono escolar temprano y garantice una educación en valores cívicos. Proponemos que las administraciones educativas presten interés especial a la escuela rural y a la insular, favoreciendo la permanencia en el sistema educativo de todos los estudiantes. Queremos garantizar el derecho al acceso a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, restableciendo el equilibrio en la programación de la red de centros, garantizando los derechos y libertades de todos y atendiendo a una adecuada distribución del alumnado en situación económica desfavorecida o que tenga necesidad de apoyo educativo.

En tercer lugar, proponemos fortalecer la competencia digital de los estudiantes, de todas las etapas educativas, para que adquieran competencias de este tipo al más alto nivel, tanto a través de la introducción de contenidos específicos como por medio de una perspectiva transversal, y responder de este modo a una sociedad del conocimiento y a una economía cada vez más digitalizadas.

Señorías, quiero detenerme también en los cambios legales que proponemos para la formación profesional, una apuesta decidida de este Gobierno que tiene también su reflejo en este proyecto de ley. El proyecto apuesta por la flexibilización de estas enseñanzas y la agilización en la incorporación de los nuevos contenidos, organiza el acceso a los ciclos formativos y de estos a otras enseñanzas, evitando vías muertas, lo que unido a otras medidas, como el refuerzo de los procesos de acreditación de competencias profesionales y personales, con objeto de favorecer la formación permanente y la continuidad de los estudios, son elementos que constituyen la base para organizar una formación profesional inclusiva, no sexista, personalizada, competencial, sostenible y digitalizada que permita a nuestros jóvenes acceder al mercado laboral en las mejores condiciones. (Aplausos).

El proyecto fortalece también el valor educativo de la atención a los menores de tres años. Se otorga un mandato del Gobierno en colaboración con las administraciones educativas para regular los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil, porque tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas y que todas las familias que lo deseen puedan obtener una plaza en una escuela infantil.

Con motivo de la pandemia, señorías, el profesorado se ha revelado una vez más no solo como un elemento esencial del sistema educativo, sino como un conjunto de profesionales capaces de transitar de un modelo de educación presencial a otro de educación a distancia y en línea en veinticuatro horas. Aprovecho estas palabras para expresar mi reconocimiento a todos los docentes, a todos los profesionales que han venido dando lo mejor de sí mismos para hacer posible un funcionamiento eficaz de la educación, pero la ley quiere avanzar en las mejoras que este colectivo requiere y que se refieren a los procesos de formación inicial, acceso a la función docente y a su formación permanente para asumir los nuevos retos que la ley plantea referidos a una educación más inclusiva o al mayor peso de la colegialidad en el trabajo.

Señorías, este proyecto de ley se sustenta en cinco enfoques que no quiero dejar de subrayar. En primer lugar, y por primera vez, establece como principio rector el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, tal y como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Reconoce el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación del Estado de asegurar el cumplimiento de sus derechos. Es una dimensión novedosa que quiero resaltar por ser la primera vez, como les digo, que se establece de manera explícita como principio del sistema educativo, principio rector. (Aplausos).

En segundo lugar, plantea un enfoque transversal del refuerzo de los aprendizajes, orientados a elevar los resultados de los estudiantes por medio de una dinámica de mejora continua de los centros y una mayor personalización del aprendizaje. Lo podemos lograr, señorías.

En tercer lugar, reconoce la importancia de atender el desarrollo sostenible, de acuerdo con la Agenda 2030. Así, se incluye la incorporación de los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para tener una vida fructífera, la educación para la paz y los derechos


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humanos, la educación intercultural y la educación para la transición ecológica y la comprensión internacional.

En cuarto lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación, fomentando en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo sexual e introduciendo la perspectiva inclusiva y no sexista en la orientación educativa y profesional.

En quinto, y último lugar, la ley considera necesario incorporar a la educación el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades, teniendo en cuenta el impacto que realizan los avances tecnológicos. Con este objeto, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital en todas las etapas educativas tanto a través de contenidos específicos como desde una perspectiva transversal.

Señorías, rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a toda la política de recortes en educación, pasando del 5,04 % del PIB en 2009 a algo menos del 4 % a finales de 2017. Esos recortes han afectado especialmente a la educación pública, ya que los fondos para otras subvenciones y conciertos han crecido hasta un 7,7 %. (Aplausos).

Los argumentos que se mencionan en las tres enmiendas a la totalidad presentadas no responden, en absoluto, señorías, al contenido de la ley. En la Lomloe se mantiene el derecho de los padres a elegir la formación religiosa confesional que deseen para sus hijos; se reformula la regulación de la enseñanza del castellano y las lenguas cooficiales, teniendo en cuenta las partes de la Lomce que derogó la sentencia del Tribunal Constitucional; y se cumple con la obligación que la Constitución asigna a los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados en la creación de centros docentes.

Por último, quiero referirme a dos argumentos de alguna de las enmiendas a la totalidad. Este proyecto de ley recoge, como ya he señalado, los objetivos de la Agenda 2030 porque es una agenda plenamente vigente y es fuente de inspiración no solo para el desarrollo de este proyecto legislativo, sino también para otros desarrollos legislativos de países de nuestro entorno. Este proyecto de ley aspira, además, a continuar reduciendo, como lleva sucediendo desde que se transfirieran las competencias educativas a las comunidades autónomas, las diferencias territoriales en los principales indicadores educativos, entre otras vías, a través de los programas de cooperación territorial. Esta ley, señorías, se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación, con la mejora de su inversión. Así, conseguirá mejorar la equidad y materializar los proyectos y programas que defiende, superando la insuficiencia financiera que ha venido aquejando a la educación pública.

Este Gobierno cree en la educación, apuesta firmemente por ella como uno de los elementos que sustentan el Estado del bienestar. Por eso, está haciendo un gran esfuerzo de inversión en esta materia, para no dejar a nadie atrás, para aprovechar todos los talentos; un esfuerzo inversor que va más allá de las coyunturas económicas o políticas, como pone de manifiesto el hecho de que estemos respondiendo a una crisis provocada por una pandemia con más inversión en educación. Los talentos se potencian con inversión, señorías, no con recortes. (Aplausos). Y al mayor incremento en el fondo de becas y ayudas al estudio de los últimos años, un 22 %, 386 millones de euros hasta alcanzar algo más de los 1900 millones de euros, se suman los 2000 millones de euros no reembolsables del fondo de 16 000 millones para las comunidades autónomas que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y otros 260 millones más, que se van a destinar a la digitalización en la educación.

A esta inversión, señorías, se sumará en breve un programa robusto de cooperación territorial para el refuerzo educativo y una importante inversión en modernización de la formación profesional para que sea uno de los pilares de la reconstrucción y la empleabilidad. Señorías, la actual ley debe ser modificada y con ello, corregir las consecuencias más negativas que ha generadon la Lomce y los problemas de inestabilidad que ha provocado en el sistema educativo. Me refiero al fuerte incremento de las tasas de repetición en primaria que ha causado la Lomce, particularmente en el primer curso de aplicación, que se mantuvo en cifras altísimas, superando en más del doble la media de nuestro entorno. También me refiero a la caída de las tasas brutas de graduación en la enseñanza secundaria obligatoria y en bachillerato, rompiendo una serie de años de mejora. Pero aún son más desafortunados los efectos de la Lomce en la falta de equidad del sistema al derivar al alumnado hacia itinerarios que no conducen a título alguno, como la FP básica, o sustituir la diversificación curricular que estaba funcionando por un programa llamado PMAR, que no llevaba a título alguno y con menor seguimiento que los anteriores, estableciendo así una jerarquía en las materias contraria a una concepción integral y completa de la formación.


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Les decía al principio, señorías, que me presentaba ante ustedes con esta ley cinco meses después de haber sido confirmada como ministra, pero, como bien saben, el proyecto llegó por primera vez a esta Cámara un año y medio antes de este debate. Este periodo ha permitido su pleno conocimiento por la opinión pública y la comunidad educativa. Durante la tramitación ha habido y hubo amplia participación y debate por parte de la comunidad educativa, que no repito por ser de su conocimiento.

Los recientes acontecimientos, la enfermedad y la pandemia causadas por la COVID-19, han retrasado su tramitación y han tenido también una importante repercusión, en el sentido de generar nuevas propuestas que pueden servir para mejorar el texto. Estoy convencida de que este proyecto, que será debatido y mejorado con sus aportaciones, constituye una base sólida para configurar el sistema educativo que España necesita para hacer frente a los retos que se nos plantean en las próximas décadas.

Señorías, concluyo ya. Los beneficios de la educación no son solo individuales, son beneficios sociales, y los beneficios sociales de la educación son múltiples, acumulativos, estructurales, porque a mayor nivel educativo mejor ciudadanía, mejores salarios, mayores niveles de confianza, mejor salud y satisfacción vital y mayor participación cívica. En la pasada legislatura, como ustedes conocen, se creó una subcomisión para un pacto por la educación en el Congreso de los Diputados, en esta casa. Duró año y medio y hubo más de ochenta comparecientes, pero el pacto no se logró, nada siguió al año y medio de trabajo de esa subcomisión.

Quienes tenemos la obligación de bucear más allá de la superficie nos hemos afanado en encontrar todavía amplias bases de consenso que ahora abordamos y que son las siguientes: primero, reducir el abandono escolar temprano, que es el segundo más alto de la Unión Europea; segundo, carrera profesional docente, que debe adaptarse a la realidad que vivimos con un periodo de inducción: tercero, cambio curricular, para pasar del enciclopédico actual a uno moderno y competencial; cuarto, fortalecimiento de la autonomía, autonomía de los centros; quinto, mejora de la evaluación, y sexto, tratamiento urgente del abuso de la repetición en el sistema educativo español (aplausos), que está demostrando que no mejora los aprendizajes, que es ineficiente y que genera muchos más problemas de los que resuelve.

En suma, señorías, impulsamos este proyecto de ley enmarcándolo en un sincero intento de colaboración y diálogo abierto para trabajar en común. Soy, somos, de quienes piensan que nadie tiene la solución completa, y esto, que es verdad en todo, lo es más en la educación, que es puzle de muchas piezas. Mi Gobierno, mi grupo parlamentario, seguro que no las tiene todas, pero entre todos, entre todas, podemos reunirlas. Debemos avanzar juntos en lo que a todos nos preocupa, la mejora y la modernización de la educación, la formación profesional y la formación a lo largo de la vida como motores democráticos de la sociedad del conocimiento, como derechos de ciudadanía. Es un mandato, señorías, que nos toca construir entre todos sin dejar a nadie atrás. Lo vamos a hacer con decisiones consensuadas a corto plazo y con decisiones más estratégicas y también consensuadas a medio y largo plazo. La ciudadanía de este país reclama un sistema educativo moderno, más abierto, menos rígido, multilingüe, cosmopolita; un sistema fundamentado en la universalidad y en la inclusión, sin segregar ni excluir por capacidad, por género o por origen familiar, porque todos, todas, nos necesitamos y somos igualmente ciudadanos y ciudadanas en construcción y aprendizaje permanente, tanto niños como jóvenes como adultos.

Señorías, el sistema educativo español da cobertura y capacita a 9 100 000 alumnos y alumnas en las enseñanzas no universitarias, con el trabajo conjunto de casi 700 000 profesionales. Supone un pilar fundamental del Estado de bienestar, y es la inversión social predistributiva más eficaz y más igualadora que todos los Gobiernos tenemos a nuestro alcance. No se trata de renunciar a los principios de nadie, sino de trabajar desde nuestras convicciones por el bien común de los ciudadanos, buscando el acuerdo sobre lo mucho que nos une. La educación es una prioridad si queremos ganar el futuro. Me atrevo a decir que es la prioridad más sustantiva y central.

Gracias, señorías, por su amable atención. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, ministra de Educación y Formación Profesional. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.

A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín Llaguno.


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La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, gracias por su exposición. Miren, entre el 11 y el 13 de marzo, como se ha dicho ya antes, todos los centros educativos de este país se clausuraron para evitar la propagación de la COVID-19. Más de diez millones de estudiantes, sus profesores y sus familias nos vimos afectados por esta medida. A día de hoy todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver ni cómo vamos a poder hacerlo. Desde hace más de cuatro meses los profesores, los alumnos, los maestros, incluso algunos políticos, estamos preocupados por tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, nos preguntamos cuál es el diagnóstico, qué ha pasado, cómo hemos respondido ante esta crisis y cómo ha afectado esto en términos de equidad y de calidad al sistema educativo, y cómo podemos mejorar. En segundo lugar, nos hacemos la pregunta de qué implicaciones y qué efectos va a tener esto en la educación de los niños en un futuro y cómo podemos hacer que estos efectos sean lo menos perniciosos posibles. Por último, la pregunta de Perogrullo es cómo vamos a poder volver a los colegios, cuándo vamos a poder volver y en qué condiciones vamos a poder hacerlo.

Mientras la mayoría de los mortales estamos en estas cuestiones, el Gobierno nos presenta hoy la ley Celaá con grandes sesgos ideológicos, como ya han podido comprobar, y abriendo un melón que, sinceramente, ahora no toca. Porque la verdad es que imponer una reforma estructural de calado, no consensuada y en una situación, no ya de pandemia o de estado de alarma en el que seguimos sino de verdadera emergencia educativa, es una dolosa falta de empatía con los ciudadanos, pero, sobre todo, desde mi punto de vista, y dado el texto que se presenta, una profunda irresponsabilidad.

Señora Celaá, siento decirle que su reforma nace muerta; nace muerta por su fondo y por su forma. Todo hace prever que si al final consigue pasar este trámite y consigue ser aprobada, esta ley será derogada en cuanto cambie el color político de la nación. Además, esta ley va a tener gravísimos problemas con algunas comunidades autónomas, y con razón, para ponerse en marcha. Parece que no hemos aprendido nada de la tramitación que hizo el señor Wert y de los problemas que ha ocasionado. Hoy usted le hace el campeón del diálogo con esta propuesta. El hecho de que esta ley nazca muerta le digo que no me alegra; no me alegra en absoluto. Esto no sería grave de no ser porque es la octava ley educativa que se trae a esta Cámara desde 1978 y porque, con su actitud y su mala propuesta, usted vuelve a volar la posibilidad de una reforma integral necesaria y que debe dar estabilidad al sistema.

Lo ha dicho usted, pero yo quiero hacer un poquito de historia. Usted planteó su proyecto hace más de dos años, rezando por que pasará deprisa, lo más deprisa posible. Fíjese que para su exposición pública, que sacó en plenas navidades, dejó apenas diez días para que se hicieran alegaciones. Además, centraron y dirigieron el debate hacia dos cuestiones que dividen y que a ustedes les interesaban porque estaban ya oliendo la campaña electoral, que eran el tema de la religión y de la concertada, y que luego, efectivamente, les sirvió de bandera. Ganaron las elecciones y volvieron a registrar su proyecto, pero usted, como yo, sabe que la ley no ha pasado en esta legislatura por los trámites preceptivos para iniciar su negociación, como debería; ni el del Consejo Escolar del Estado ni el de la conferencia sectorial, ni siquiera el del Consejo de Estado. No lo ha hecho, no lo ha hecho; lo hizo en un periodo anterior, sí, hace más de un año y medio, con un Gobierno y unas instituciones distintas y, sobre todo, en unas circunstancias absolutamente diferentes a las que tenemos hoy en día. Ustedes llevaron la ley al Consejo Escolar del Estado el día 8 de enero -8 de enero- del año 2019 y entonces ya su proyecto planteó un debate sin precedentes en la historia de las leyes educativas. Salió por los pelos y, además, con una grave confrontación y con aseveraciones por parte de algunos consejeros, como que esta ley marginaba el español y era contraria a la Constitución -no es mía-, que estaba llena de juicios valorativos que no ayudaban al consenso y que no se había consultado al profesorado. Busque usted en la hemeroteca porque estas afirmaciones son de algunos sindicatos y de algunos consejeros no sospechosos de ser de mi partido.

En segundo lugar, usted llevó esta ley a una conferencia sectorial y fue dictaminada por una serie de consejeros que hoy ya no están. Por ejemplo, el consejero de Andalucía, Javier Imbroda, no estaba entonces y, por tanto, no ha dictaminado esta ley. Además, en aquel entonces, en algún debate que hemos tenido, yo le pregunté por qué no había pasado su ley por el Consejo de Estado para dar garantías jurídicas a una reforma de tal calado. No es preceptivo, pero a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho para que luego no haya recursos, como ha pasado con otras leyes. Usted me va a contestar que esta tramitación es normativamente correcta -y yo no voy a volver a entrar a discutirlo-, pero aunque sea normativamente correcta, con más de 40 000 muertos y una crisis educativa como la que tenemos, ética y políticamente no lo es.


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Quiero hacer otra consideración con respecto a la forma: esta ley utiliza la técnica del incrustado. Su texto hace reforma sobre reforma, sobre reforma, generando una maraña absolutamente ininteligible Se empeñan ustedes en seguir en la Logse, que fue una buena ley, pero hace treinta años. El mundo ha cambiado mucho; por favor, salgan de ahí. Pero al margen de la cuestión formal, que no es menor en este caso, señora Celaá, su ley aporta muy pocas soluciones y genera muchos problemas. Usted ha terminado haciendo un diagnóstico que no es suyo; es un diagnóstico fruto del consenso que tuvimos en aquella subcomisión y con el que, efectivamente, yo puedo estar de acuerdo. Yo también quiero combatir el abandono escolar temprano y el fracaso educativo, pero lo quiero hacer elevando el sistema de educación y no maquillando las cifras, como ustedes pretenden hacer con esta ley. Yo también quiero conectar el mercado laboral con el sistema educativo -es algo a lo que nos están urgiendo desde las instituciones internacionales-, pero quiero hacerlo con una FP que cambie el sistema de titulación, quiero hacerlo con una FP que conecte con los empresarios y les dé voz, y quiero hacerlo con una FP dual y que conecte la empresa con la educación. Yo también quiero mejorar la equidad, pero para mejorarla hace falta trabajar el tema de las desigualdades socioeconómicas, así como otras desigualdades, como las territoriales o las que se dan por características personales de los alumnos, y esto, por ejemplo, supone apoyar firmemente los centros especiales. Yo también quiero mejorar la digitalización, pero para esto necesitamos tener una infraestructura que ustedes no han puesto. Yo también quiero mejorar los idiomas. Yo también quiero hacer muchas de las cuestiones que se han planteado como, por ejemplo, reformar el tema del profesorado y darle la posición que se merece, con una mejor formación y con una mejor carrera docente, pero eso no lo hace su ley, porque su ley tiene muchos problemas. Podría gastar todos mis minutos, pero voy a mencionar algunos.

En primer lugar, su ley vuelve a hacer las delicias del nacionalismo y del independentismo, dejando en manos de las comunidades autónomas el porcentaje de horas que deben estudiarse en castellano. Señora Celaá, saber bien castellano es, ahora mismo, un pasaporte de futuro. En segundo lugar, ustedes bajan los brazos con el tema de las responsabilidades ministeriales, ya no es que no refuercen la alta inspección educativa, es que se la quieren cargar. En tercer lugar, en relación con el acceso a la educación de 0 a 3 -que para nosotros es muy importante-, señora Celaá, su proyecto no aporta nada concreto. Dice que ya, si eso, dentro de ocho años. La ley tampoco refuerza suficientemente las competencias fundamentales ni plantea la necesaria mejora curricular que necesitamos en estos momentos. Obvia el importante papel del profesorado y, sobre todo, con relación al tema de las necesidades específicas educativas y las necesidades especiales, usted, por mucho que se empeñe, ha sumido en una profunda inquietud a todas las familias, porque quiere descapitalizar los centros especiales. La situación del sistema escolar antes del coronavirus ya era crítica. Los sucesivos Gobiernos populares, pero sobre todo los socialistas, han utilizado la educación como moneda de cambio para otras cuestiones y no han atajado los graves problemas estructurales y los graves problemas territoriales, en buena parte por la falta de liderazgo del ministerio.

Al margen de todas estas cuestiones, lo cierto es que la COVID ha supuesto un test de estrés para el sistema educativo. No podemos plantear una reforma sin consensos, sin los agentes implicados, con una -perdóneme la expresión- chapuza exprés y en una situación de absoluta incertidumbre. La pandemia ha cambiado todo y la solución del problema urgente, estructural y ahora coyuntural, y no los debates partidistas, debe ser la prioridad de todos, también la del Gobierno. Así que nosotros hemos hecho una propuesta. Nosotros le hemos planteado que ahora no toca y hemos vuelto a registrar hoy mismo la solicitud de reapertura de la subcomisión en el seno de la Comisión de Educación, para que abramos un pacto pospandemia. Si usted tiene intención de verdad, como ha dicho, de mejorar el sistema educativo y de alcanzar un consenso, tiene una alternativa: congelen los plazos de tramitación de enmiendas parciales hasta que lleguemos a un acuerdo de mínimos sobre qué cuestiones tenemos que solucionar y cómo tenemos que solucionarlas, de manera técnica, de manera no sectaria, escuchando, contando e invitando a la comunidad educativa, de verdad, a que hagan sus aportaciones.

Usted no nos puede echar en cara a Ciudadanos que no estamos dispuestos ni a negociar, ni a debatir, ni a trabajar en esta materia. Le recuerdo que fuimos nosotros, con ustedes en aquel entonces, quienes pedimos la subcomisión. Le recuerdo que fuimos los últimos en levantarnos de la mesa y le recuerdo que esa subcomisión no siguió adelante porque ustedes se levantaron por no tener, supuestamente, un compromiso económico. Pero es que ni siquiera ahora, con esta ley, presentan una memoria económica solvente. En Ciudadanos siempre queremos urgentemente un acuerdo, pero siempre que exista la voluntad sincera de hacer las cosas bien, y yo me malicio que, en este momento y con este tema, el Gobierno no tiene la voluntad.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Trias Gil.

La señora TRIAS GIL: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Deseo que mis primeras palabras en esta tribuna sean de recuerdo a los familiares que no han podido dar su último adiós a los más de 40 000 fallecidos por la pandemia COVID-19. Descansen en paz. (Aplausos).

Nuestro grupo parlamentario presenta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley porque da la espalda a la libertad. Señorías, hoy no procede este debate. La comunidad educativa está preocupada porque más de 8,5 millones de niños y jóvenes españoles no han ido a su centro escolar durante tres meses y, con el verano de por medio, habrá pasado ya medio año sin pisar los centros. Están ustedes más preocupados por imponer su agenda ideológica que por solucionar los problemas reales de la comunidad educativa. No es el momento, además, porque ha faltado el trámite de consultas y debates amplios con los organismos, organizaciones y agentes sociales principalmente afectados por un cambio de proyecto educativo de este calado. De hecho, hoy mismo, en varias ciudades españolas hay concentraciones de ciudadanos representativos de plataformas de centros de educación especial en protesta por la tramitación de esta ley.

Lo que aquí está en juego es la educación de los niños españoles. Nosotros -como ya hemos dicho en otra ocasión-, diputados y representantes del pueblo español, tenemos la enorme responsabilidad de dar voz, en el marco de los derechos constitucionales, a todos aquellos que nos han votado; dar voz a todos aquellos padres y madres de familia que, día tras día, nos esforzamos incansablemente por educar a nuestros hijos; un quehacer diario que a menudo entra en colisión con lo que ustedes llaman educación con perspectiva de género. Esa supuesta educación consiste en explicar sus ideas progres y descabelladas acerca del sexo y del género a los niños. (Rumores). Nos oponemos, porque muchos niños, precisamente por ser niños, no tienen la cabeza puesta en eso y porque es una intromisión en la intimidad de las personas. Ustedes quieren imponer a nuestros hijos, desde la más temprana edad, esa supuesta educación sexual, ideológica y sectaria, y quieren hacerlo de forma organizada, curricular, como corresponde a un buen sistema totalitario; con guías obscenas que ya se están implantando en numerosas comunidades autónomas. (Rumores). La rechazamos porque es contraria a principios y derechos fundamentales proclamados y reconocidos por la Constitución, en particular el artículo 27.3, que reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones y valores. (Aplausos). Les recuerdo que en el Estado español rige la neutralidad y el principio de laicidad positiva, y no el laicismo, que es lo que ustedes promueven. Este derecho preferente de los padres a escoger la educación que habrá de darse a sus hijos está recogido también en amplia legislación internacional: el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también el artículo 154 del Código Civil e incluso el artículo 18 de la LODE, de 1985.

Por esto, desde el Grupo Parlamentario VOX queremos expresar lo siguiente: no vamos a consentir una educación sexual de esta catadura, y aún menos sin el consentimiento expreso de los padres. (Aplausos). No vamos a consentir el adoctrinamiento sectario, totalitario y relativista que quiere imponer la ideología de género en las conciencias de los niños y jóvenes españoles. ¡Ellos se merecen mucho más! (Aplausos). No vamos a consentir que disocien la sexualidad de la afectividad en el amor, reduciendo lo humano a un puro instinto primario y animal. (Rumores). No vamos a consentir la corrupción y perversión de la juventud y la de los menores mancillando su inocencia. (Aplausos). Así que, ¡dejen en paz a nuestros hijos!, y dejen a los niños ser niños; a ver si ahora los niños más pequeños van a tener que estar pensando en juegos eróticos infantiles, como ocurre, por ejemplo, en Navarra. (Rumores). Una enseñanza de calidad realmente inclusiva debe reconocer la diferencia sexuada y el diferente período madurativo entre los niños y las niñas. Ustedes lo que consiguen es que los españoles caigan en la desesperación al desproveerles del sentido al que están llamados por su propia naturaleza como seres humanos.

Desde VOX queremos que entiendan lo siguiente: no hay verdadera educación sin libertad y no puede existir libertad sin amor, cuyo espacio fundamental de desarrollo es la familia, y es precisamente la familia el ámbito primario y natural del desarrollo afectivo sexual, donde se despliegan los valores, se trabajan las virtudes y afianzan las fortalezas. La familia, que constituciones como la italiana reconocen como sociedad natural. La familia es el terreno fecundo para no caer en una clase de orfandad psicológica que genera un


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mayor desarraigo, desorden y desorientación. La realidad, sin embargo, es que esa orfandad que ustedes mismos propician se convierte en el terreno fecundo para hacerse fuertes e implantar su agenda ideológica. (Aplausos).

Entrando ya en algunos temas concretos, este proyecto de ley, lamentablemente, acentúa la ausencia del español en las aulas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana. No garantiza las horas mínimas de español y hace caso omiso de las denuncias por parte de asociaciones de padres que defienden el derecho de sus hijos a recibir clases en lengua materna; lengua que, paradójicamente, resulta ser la lengua oficial en toda España y que, como dicta el artículo 3.1 de la Constitución, todos los españoles no solo tienen el derecho de usar, sino el deber de conocer. (Aplausos). No existe en este proyecto ni una mención a esta gravísima problemática lingüística. Rechazamos, además, este proyecto de ley porque no ofrece una solución, sino que refuerza un sistema en el que conviven las normas de rango estatal con las autonómicas, generando más desigualdad, como las diferencias en la inversión pública por alumno entre comunidades autónomas, las ratios profesor/alumno, los salarios de los profesores, las inversiones en infraestructuras y, finalmente, en los currículos; estos merecen un capítulo aparte. Basta con fijarse en los contenidos de materias como Geografía e Historia y ver el afán que se pone en determinadas comunidades autónomas y libros de texto por adoctrinar a los alumnos con fines separatistas, dando una visión sesgada e incompleta de la historia, con una inaceptable falta de rigor. Tampoco soluciona este proyecto de ley la paradoja sangrante de tener un único distrito universitario y diecisiete pruebas distintas de acceso a la universidad, con el inevitable agravio comparativo que ello supone y la injusticia que conlleva.

Respecto del concierto educativo, leemos que se priorizará a los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual, poniendo graves impedimentos al acceso a los fondos públicos de los centros que opten por la educación diferenciada. Señorías, es falso afirmar e inducir a la opinión pública a pensar que en España existen colegios en los que separen al alumnado por su orientación sexual. Se está legislando bajo premisas propagandísticas falaces. (Aplausos). En relación con la coeducación y la educación diferenciada, la sentencia 31/2018, del Tribunal Constitucional, declara constitucional la educación diferenciada y no discriminatoria. De hecho, es una opción pedagógica ampliamente reconocida a nivel internacional. Además, la crisis que vivimos ha evidenciado que este proyecto de ley llega tarde en cuanto al cambio digital. No solo hay brecha digital, sino también brecha de conocimiento. Asimismo, es rechazable este proyecto porque no ha realizado un adecuado diagnóstico de las razones por las que España tiene unas tasas inasumibles de fracaso escolar y unos resultados paupérrimos en las pruebas diagnósticas externas en materias troncales y determinantes, como comprensión lectora y cálculo matemático. Este problema, una vez más, no se afronta y se empeñan ustedes en igualar a la baja, en lugar de promover la excelencia. (Aplausos).

Respecto a la formación profesional, este proyecto de ley pierde de nuevo la oportunidad de acometer la reforma que precisa y no seguir en la cola de los países comunitarios. Por otro lado, se elimina el concepto de demanda social que permitía la apertura de centros concertados en lugares donde no había llegado la educación pública. No contentos con esto, se proponen también vaciar las escuelas infantiles con la excusa de integrar a los niños de 0 a 3 años en los centros públicos, causando un grave perjuicio a las escuelas que están funcionando eficientemente hasta ahora. Y para colmo, también quieren vaciar progresivamente los colegios de educación especial, obligándoles al cierre, planteando de forma exclusiva la educación inclusiva. Señorías, no pueden adueñarse de la discapacidad. Ningún Gobierno, ninguna plataforma, ninguna asociación puede hacerlo. Asimismo, en este proyecto de ley se despoja a la asignatura de Religión de todo valor académico y ni tan siquiera se programa una asignatura alternativa, vulnerando el acuerdo internacional con la Santa Sede, que dispone que se enseñe la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.

Ustedes hablan de educación emocional, pero en lo que son expertos es en manipulación emocional. Utilizan las emociones de la gente buena para conseguir sus objetivos ideológicos, cuya última finalidad es la fragmentación de la persona. Le roban el sentido, su identidad, su origen, su memoria y su patria. (Aplausos). Cuando se legisla de espaldas a la naturaleza humana, como hace este proyecto de ley, lo que se consigue es un mayor desconcierto y desorientación por la necesaria pérdida del sentido de identidad y de la confianza en uno mismo. Esta es una de las razones por las que este proyecto de ley, de prosperar, está abocado al más absoluto fracaso, generando mayor absentismo, frustración y fracaso escolar. Una educación integral implica necesariamente el reconocimiento de las potencias propias del espíritu humano y por ello sabe que la verdad y el amor prevalecen: la cultura de la belleza frente a la


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fealdad, la cultura de la unidad frente a la división, la cultura de la verdad frente a la mentira; en definitiva, la cultura de la vida, basada en el amor que nos trasciende.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Trías. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Moneo Díez.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, he escuchado sus palabras con muchísima atención y debo decirle que siento una profunda tristeza. Si, mínimamente, su discurso tuviera continuidad en el proyecto de ley que ustedes se han empeñado en tramitar en esta Cámara, quizá hubiésemos podido llegar a algún acuerdo, pero, desgraciadamente -usted lo sabe como yo-, esto no es así. Su discurso de hoy, cercano ya el primer cuarto del siglo XXI, no se corresponde con una ley que es del siglo pasado. Sí, señora, ministra, porque eso es lo que ustedes pretenden que apoyemos, un proyecto de ley anticuado, superado; un proyecto de ley, por cierto, ya testado y cuyos nefastos efectos provocaron que uno de cada cuatro alumnos fuera expulsado del sistema educativo sin ningún tipo de titulación. Señorías, solo estos datos constituyen el mejor justificante para pedirles que, por una vez, ejerzan responsablemente su trabajo y devuelvan este proyecto a las cocinas del ministerio, de donde nunca debió salir, porque este proyecto de ley, señora ministra, va a asestar un golpe mortal a la calidad del sistema educativo, del que difícilmente se va a recuperar.

Señora ministra, los sistemas educativos más avanzados, aquellos que permiten obtener a los alumnos los mejores resultados, están en las antípodas de lo que usted nos ofrece. Que el sistema educativo español necesita acometer importantes transformaciones es una realidad; una realidad a la que nosotros, este grupo parlamentario, hemos hecho frente, no teniendo miedo a reconocer dónde están los aciertos y, por qué no, también los posibles errores de la ley actualmente en vigor que este grupo apoyó. Somos capaces de asumir aquellos cambios que nuestro modelo educativo necesita para adecuar la formación de nuestros alumnos a las exigencias de la llamada cuarta revolución industrial.

Señora ministra, a usted que le gustan tanto las herencias y los datos, le diré que ha heredado un sistema educativo infinitamente mejor que el que heredó el Gobierno del Partido Popular. Usted ha heredado un sistema educativo con la vigencia de esta ley, la Lomce, a la que tan ligeramente crítica, que ha permitido que en nuestro país haya 9 puntos menos de abandono educativo temprano, que ha permitido que existan 28 306 profesores más dentro de la enseñanza pública que tanto defienden ustedes, 120 000 alumnos más becados, 140 000 alumnos más que han apostado por la formación profesional, una ratio profesor/alumno por debajo de la Unión Europea en todos los niveles -sí, señora ministra, en todos los niveles- y una inversión en relación con el PIB per cápita por encima de Alemania, Italia y Reino Unido. ¿De qué recortes me está usted hablando, señora ministra? ¿De qué recortes? (Aplausos). El único problema que sobrevuela esta sede es que ustedes tienen miedo a los cambios y nosotros no lo tenemos. Por eso, nos sentamos durante año y medio, con ustedes y con otros grupos, a escuchar a ochenta y cuatro responsables de sectores educativos y a expertos, para lograr un gran pacto, señora ministra; un pacto que solo ustedes, únicamente ustedes, rompieron. Mientras algunos confiaban -confiábamos- en su lealtad, ustedes ya habían diseñado una hoja de ruta para apropiarse, junto a sus socios, del Gobierno de la nación y, claro, ¿por qué sentarse a negociar cuando lo que busco es imponer mi ley? La historia escribirá, señora ministra, la burda disculpa de dedicar el 5 % del PIB a educación como factor determinante de la ruptura y también escribirá que el primer borrador de presupuestos que su Gobierno hizo no contemplaba ese 5 %.

Pero esto es pasado; pasado reciente, pero, al fin y al cabo, pasado, y nosotros queremos mirar al futuro. Por eso, a día de hoy, señora ministra, todavía nos preguntamos qué se les ha podido pasar por la cabeza a la hora de tramitar esta ley; y, sobre todo, si en el año 2006 les dijimos no a la LOE, ¿cómo vamos a decirles sí a una ley que es una reedición exacta de la misma ley? A lo largo de estos catorce años el mundo se ha ido transformando y ustedes no han aprendido nada. Si todavía hubiese traído a esta Cámara un proyecto diferente e innovador que hubiese despertado la curiosidad de quienes sentimos verdadera pasión por la educación, habríamos tenido algo que debatir. Así es imposible. Además, señora ministra, no creo que en ningún momento ustedes hayan querido negociar con nosotros. Cuando un proyecto de ley dedica su exposición de motivos a descalificar a aquellos con los que, al menos formalmente,


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necesita negociar, lo que está buscando es la confrontación y no el acuerdo. Por lo tanto, quítese la careta, señora ministra. Esta es la ley de la imposición y del oscurantismo, la primera ley educativa que no cuenta con un dictamen del Consejo de Estado, la ley cuyas enmiendas debatimos hoy y que, debido a la imposición de la mayoría de su grupo, tuvimos que registrar el 24 de abril, cuando más de 22 000 personas habían fallecido en nuestro país por el coronavirus. Ese mismo día, 340 personas fallecieron. ¿Usted cree, señora ministra, que era el escenario adecuado para confrontar dos modelos educativos? Ni lo era antes, ni lo es hoy. (Aplausos).

Debo confesarle que estuvimos tentados de no participar de su irrespetuoso circo y dejar que ustedes tramitasen en solitario este proyecto de ley, pero, seguramente, eso es lo que ustedes querían. Por eso le anuncio, señora ministra, que este grupo parlamentario no piensa hurtar al conjunto de la comunidad educativa uno de los debates más importantes que pueden darse a lo largo de la legislatura. Nosotros no somos como ustedes y, cuando esta Cámara esté completa, cuando los trescientos cincuenta diputados del Congreso puedan ocupar sus escaños, someteremos a debate una alternativa a su ley -sí, señoría- para la profunda modernización y transformación del sistema educativo. Será una alternativa que va a recoger todas y cada una de los aportaciones de los expertos que acudieron a esta Cámara y que se basará en las evidencias empíricas más contrastadas, aquellas que han sido aplicadas por los países de nuestro entorno, los mismos que han observado y analizado cómo, con un conjunto de medidas adecuadas, es posible lograr el mejor sistema educativo.

Señora ministra, nuestro país necesita ahora más que nunca un nuevo impulso, ese impulso que ustedes son incapaces de articular. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es un claro ejemplo, la falta de liderazgo de este ministerio y su permanente improvisación se reflejan en cómo han enfrentado esta crisis sanitaria, que se ha trasladado ya a una crisis educativa, porque en vez de pelear desde el primer momento para asegurar un regreso a las aulas con las máximas garantías, para proteger la salud de profesores y alumnos, ustedes han mirado hacia otro lado. Han lanzado la pelota a las comunidades autónomas, eso sí, no sin antes aprobar una orden que contraviene la legislación básica, permite a cada alumno obtener el título de una forma diferente y que esconde el mensaje del aprobado general. No me extraña que su ley pretenda desterrar el principio de transparencia y rendición de cuentas y renuncie a definir un modelo integrado de evaluación general del sistema educativo, porque el día que podamos evaluar objetivamente el impacto de esta crisis en el sistema educativo veremos la terrible realidad, esta terrible realidad que va a afectar a los de siempre, señora ministra, a los más débiles, aquellos alumnos que pertenecen a entornos con dificultades socioeconómicas y solo tienen como único recurso para afrontar su futuro una buena educación, una educación de la que ustedes les están privando. Por cierto, modernizar el sistema educativo no es, o al menos no es exclusivamente, regalar a cada alumno una tablet, señora ministra; modernizar el sistema educativo es transformarlo desde su origen. ¿Dónde está su plan de digitalización en la ley? Se lo voy a decir, en una breve reseña en la exposición de motivos. Porque cuando uno profundiza en el articulado, observa las terribles deficiencias en la formación digital de los alumnos desde las primeras etapas. Por no mirar el bachillerato. ¿Cómo no van a adquirir competencias digitales nuestros alumnos si no establece usted las matemáticas como materia obligatoria en el bachillerato de humanidades? Señora ministra, esa es su realidad. También en esto se está demostrando que su ley está obsoleta. Por eso han tenido que parchearla en el último momento y por eso ayer aprobaron este programa de Educa en Digital. Eso sí, solo para la educación pública, no vaya a ser que sus socios de Gobierno se enfaden, aquellos que creen en un sistema educativo absolutamente monolítico.

Señora ministra, necesitaría muchísimo tiempo para justificar todas y cada una de las medidas que no compartimos en esta ley. Pero se lo voy a explicar con meridiana claridad, no nos va a encontrar a nosotros apoyando esta ley. Primero, porque no podemos apoyar una ley que devalúa la calidad y exigencia del sistema educativo y destruye la motivación de los alumnos, porque devalúa los títulos, porque elimina la especialización curricular y la autonomía de los centros. Un modelo que nos aleja de Europa. ¿Sabe cuántos países en Europa tienen una prueba final de bachillerato? Veintitrés países, señora ministra. Un proyecto que debilita la figura del director del centro y que ignora a quien constituye la figura esencial del sistema educativo para acometer cualquier transformación, el profesorado. Por cierto, que ustedes han renunciado al MIR educativo es un hecho, señora ministra. Por lo tanto, no intente vender un modelo adulterado que nada tiene que ver con el modelo de excelencia que ha logrado que nuestro país tenga el mejor personal sanitario. Un modelo que renuncia a las competencias del Estado en materia educativa y, por tanto, se inhibe a la hora de garantizar unas enseñanzas comunes y los instrumentos para asegurarlas. Artículo 149.1.ª 30 de la Constitución, señora ministra: El Estado tiene


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competencia exclusiva -competencia exclusiva- en la expedición de títulos y en las normas básicas para garantizar el artículo 27, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza; competencia exclusiva, señora ministra. Pero sobre todo no va a contar con nosotros porque esta ley presenta la ruptura del pacto constitucional en materia educativa. Sí, señorías, su intento de recortar derechos y libertades fundamentales es razón más que suficiente para que esta ley fuese mayoritariamente rechazada en esta Cámara, es razón más que suficiente para que este grupo no la apoye. Yo no sé qué clase de acuerdos han firmado para hacer saltar por los aires este pacto constitucional, pero con sinceridad no creo que haya nada que merezca semejante atropello. Por eso lo que el Grupo Parlamentario Popular pide, demanda y le exige, señora ministra, es que cumpla la Constitución española, es que cumpla las sentencias del Tribunal Constitucional, que defienda y garantice la libertad de elección de las familias y el derecho que tienen los padres a elegir el modelo educativo y el centro educativo donde enviar a sus hijos. (Aplausos).

Le exigimos, señora ministra, que haga desaparecer de su proyecto de ley la disposición adicional cuarta, porque las familias que tienen o que tenemos, señora ministra, algún hijo con discapacidad no somos familias de segunda, señora ministra, que es como ustedes nos están tratando. Y valoramos tanto más que cualquier familia la libertad que nos reconoce la Constitución para poder elegir la mejor educación para nuestros hijos. Y esa elección no la puede hacer el Estado, porque somos los padres los que sabemos mejor que nadie qué es lo que necesitan nuestros hijos. (Aplausos).

Finalizo, señora presidenta. Señorías, el hábito de la libertad, como escribió Galdós, es uno de los hábitos más difíciles de adquirir. Para ustedes no parece difícil, sino que, desgraciadamente, empieza a ser imposible.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moneo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias, señora García.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sayas López.

El señor SAYAS LÓPEZ: Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Estamos ante una nueva oportunidad perdida. Una nueva ley de educación, una nueva oportunidad perdida. Somos el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de fracaso escolar y, ni en esto, señorías, somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿La sociedad va a entender otro fracaso más en materia educativa solo porque el Gobierno anteponga el sectarismo al consenso, una vez más? Hoy debatimos una ley que no se ha hecho para llegar a acuerdos, sino para adoctrinar, y se ha hecho desde el sectarismo y en contra de la libertad. Hay tres palabras que deben estar presentes de manera indiscutible cuando se habla de educación: la primera es la libertad, la segunda es la igualdad y la tercera es la calidad. Libertad para elegir. ¿Cuál es el papel del Gobierno? Tiene que ser el de tener la mejor educación pública posible y, a la vez, permitir que la elija quien quiera. Esta es una ley que ataca la libertad de elección de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos. Es una ley que ataca la educación privada, concertada y diferenciada. El segundo papel, importantísimo, que debe cumplir la educación es la igualdad, y eso lo sabemos muy bien quienes desde familias humildes hemos podido elegir la educación que hemos querido. Ese es un papel fundamental. La educación nos iguala a todos y todos tienen que poder acceder a la educación. En tercer lugar, y es una palabra que se describe a sí misma, tiene que ser una educación de calidad. Cuando tenemos una de las más altas tasas de fracaso escolar, algo está fallando en la calidad de nuestra educación. Esta es una ley que da la espalda a la educación concertada, a la educación diferenciada, a la educación especial, pero también a la FP, a los profesores de matemáticas, a los profesores de educación física, a las familias y, sobre todo, es una ley que da la espalda al futuro.

Señora Celaá, haga un favor a España. Retire esta ley. Siéntese con el sector educativo, pero también con todas las fuerzas políticas, antes de traer un texto a esta Cámara. Hagamos una ley de consenso, porque si no los españoles volverán a pensar que ni en esto somos capaces de ponernos de acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, Conchi.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, señorías, si algo nos ha enseñado la crisis generada por la COVID es que la ciudadanía nos solicita grandes consensos para sacar este país adelante. Y desde luego, la educación debe ser uno de esos grandes consensos. 'Juntos' fue su lema, señorías del Gobierno, y yo estoy de acuerdo. Juntos con la comunidad educativa, con el profesorado y el personal de administración y servicios que ha afrontado esta tapa sin recibir recursos ni formación para ello. Juntos con padres y madres, que han ayudado a sus hijos sin saber cómo, sin recursos en muchos casos, teletrabajando o trabajando en servicios esenciales, sin tener colegios ni escuelas infantiles. Y todo ello lo han hecho sin una planificación educativa adecuada. Les recuerdo, por si no lo saben, que en Canarias -señorías del PSOE -seguimos sin titular en la Consejería de Educación después de que su consejera dimitiera en medio de la crisis. Esta etapa nos ha dejado algunas grandes enseñanzas. Tenemos que erradicar la brecha digital si queremos una sociedad más justa. Hemos de generalizar la educación infantil para que padres -y sobre todo madres- puedan trabajar o incluso teletrabajar. La educación debe ser una prioridad ante los recortes que -lo admitan o no- van a hacer este año y los próximos. Todo eso deberíamos hacerlo juntos, profesorado y resto del personal, padres y madres, partidos políticos; si no, señorías, seguiremos como vamos.

Ocho leyes educativas, esta si se aprueba será una ley que durará lo que duren ustedes. ¿Y de qué habrá servido? Es un derroche de esfuerzo y capacidades, un nuevo caos que obligará a cambiar esquemas educativos que volverán cambiar si cambia el Gobierno de España. Pero señorías del PP, ustedes tampoco pueden acusar al PSOE de falta de consenso porque ustedes cuando han gobernado tampoco han buscado ni logrado el consenso.

En Coalición Canaria lo tenemos claro, seguiremos confiando y apoyando pero también reclamando una ley educativa de amplio consenso que cuente con las comunidades autónomas y la comunidad educativa, que refleje nuestras singularidades. Seguiremos reclamando el 5 % de financiación que ustedes tanto prometieron para la educación. También lo que nos corresponde a los canarios, los 42 millones de euros para infraestructura educativa que están en los presupuestos -y que ustedes nos niegan- y que ahora son absolutamente necesarios para adaptar las aulas a las nuevas necesidades sanitarias en el comienzo del curso escolar. No olviden que la pérdida de ingresos -en el caso de la comunidad autónoma es de un 35 %- va a crear una situación límite para poder tener el personal educativo necesario y las aulas preparadas para el comienzo del curso escolar.

Termino. Rechazaremos estas enmiendas a la totalidad porque no las compartimos, pero reclamamos una ley educativa que dure al menos diez años. Por favor, hagámoslo juntos o por lo menos intentémoslo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Lo vivido durante estos tres meses de pandemia ha dejado evidencias claras de que el actual modelo educativo y sus respectivos sistemas educativos no sirven para responder a las diferentes necesidades que nos surgen y que seguirán surgiendo en nuestras sociedades del siglo XXI. Citando a Cristian Olivé, estamos educando a jóvenes del siglo XXI, con profesoras y profesores del siglo XX y en aulas del siglo XIX. Y es por eso que ante las problemáticas y situaciones creadas a raíz del COVID-19 tanto al sistema educativo español como a los de Euskal Herria no han sido capaces de responder exitosamente a la crisis creada.

Nuestro grupo, recogiendo el sentir mayoritario de nuestras comunidades educativas, defiende firmemente una educación como elemento básico vertebrador y cohesionador de la sociedad y espejo de salud. Debe ser inclusiva, compensadora de las desigualdades y adaptada curricularmente a las características del alumnado para garantizar pleno desarrollo académico. En Euskal Herri Bildu estamos a favor y colaboraremos en pro de ello allá donde tengamos representación alguna a favor de un modelo educativo basado en las inmersiones lingüísticas que eduquen sobre la base de lenguas oficiales de cada territorio como son el euskera, el galego y el catalán.

Sí, señoras y señores de las derechas, nuestras lenguas unidas a la identidad por mal que les pese. Ustedes hablan de discriminación e impedimento para estudiar en la lengua vehicular y de eso como navarra les puedo hablar mucho. Hasta qué punto llega la incultura y la utilización política de una lengua


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y patrimonio cultural de una sociedad por parte de la derecha navarra que prefieren negar su historia y el valor cultural de una lengua propia y milenaria antes de asumir las consecuencias que conlleva su reconocimiento.

Abogamos también por un proyecto educativo coeducador, con pedagogías feministas, laico, cohesionador, equitativo, gratuito y universal y que eduque alumnado crítico, emprendedor, empoderado y feliz. Todo ello vertebrado en un sistema público que sea comunitario, cercano, descentralizado y autónomo, un modelo educativo nuevo, en definitiva.

No tiene futuro reconstruir el pasado, tampoco en educación. Es por ello que Euskal Herria Bildu cree que la ley presentada, la Lomloe, no es instrumento que necesitemos para cambiar el modelo educativo, poner las necesidades del alumnado en el centro y avanzar en los derechos educativos que como naciones tenemos los diferentes pueblos del Estado español.

La propuesta de la Lomloe tiene un objetivo claro que no es otro que sustituir la actual ley educativa, la Lomce. Es un objetivo que desde la izquierda independentista compartimos, pero no nos parece correcto, ya que, en vez de mirar hacia delante, nos retrotrae a la LOE, al 2006. Pero la Lomloe no mejora de manera estructural los retos que de cara a la próxima década se nos presentarán. El actual modelo no es justo. Los diferentes tipos de segregación, en especial la segregación por motivos socioeconómicos, son cada vez más evidente en nuestros sistemas. La Lomce hace hincapié en esto y en nuestras comunidades sabemos mucho de ello. Euskadi es la cuarta comunidad, como le dije en su momento, con mayor segregación social en educación según el informe de Save the Children y además el actual modelo educativo es totalmente machista. Permite que siga habiendo centros subvencionados con fondos públicos que segregan a sexos y eso es discriminante, por mucho que no les parezca a algunos y a algunas, a pesar de que se quiera fundamentar con teorías pedagógicas que justifican lo contrario y a pesar de que se apela a la libertad de las familias a elegir el modelo educativo que se quiere dar a sus criaturas. Muestra de ello también lo tenemos en el país, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa.

El actual modelo educativo es androcéntrico y heterocentrista. Las mujeres no existimos. En nuestra aportación histórica ni en los libros de texto no somos parte de la cultura. Además, al ser un sistema totalmente binario, todo lo que queda fuera de los cánones establecidos de hombre o mujer no existe. En este sentido, necesitamos que el sistema sea feminista y bien alto decimos que necesitamos instrumentos como Skolae para que el alumnado pueda ser lo que quiere, aspire, se eduque libremente sin tabúes y no sufra por ello. Quiero recordar que justo ahora hace un año, el 14 de junio de 2018, fuimos llamadas a declarar ante el Tribunal Supremo de Navarra cinco redactoras y cinco tutoras de programa Skolae por la caza de brujas emprendida por las derechas afines a VOX, que en Navarra cuesta distinguir de Navarra Suma, Ciudadanos, PP y UPN. Necesitamos programas como Skolae, no devaluados, que recojan la educación afectivo-sexual para todo el alumnado atendiendo a cada momento evolutivo.

Necesitamos políticas coeducativas en la dirección de las pedagogías feministas obligatorias y con los suficientes recursos para desarrollarlas. Y lo planteado en la lomloe tampoco da pasos firmes en esta dirección, por lo que es insuficiente.

Además de todo esto, para concluir, la normativa propuesta no recoge reivindicaciones de colectivos desde nuestro punto de vista totalmente necesarios, como son las entidades en defensa de las lenguas minorizadas en el Estado, los colectivos de agrupaciones de personas gitanas u otras que sufren discriminaciones de diferentes tipos, plataformas a favor de una escuela totalmente laica, diferentes asociaciones de profesorado, como los de FP, o especialistas en las ramas artísticas, sindicatos y asociaciones estudiantiles, entre otros muchos.

En cuanto a las competencias educativas que los diferentes territorios tenemos, cabe decir que, aunque en el estatuto del País Vasco o el amejoramiento Navarro, esté recogido que tenemos competencias en educación, la realidad es bien diferente. Tenemos competencias únicamente para gestionar lo que desde el Estado español, desde las leyes orgánicas y los reales decretos españoles se nos permite. Todas las leyes educativas hasta ahora conocidas en el Estado español han seguido el mismo patrón y la Lomloe sigue el mismo camino. Queremos por tanto que la nueva ley recoja el derecho democrático a poder gestionar nuestras políticas educativas en cada territorio, sin perjuicio de lo que se dicte desde Madrid.

Por lo anteriormente expuesto, para finalizar, desde Euskal Herria Bildu creemos que la propuesta de la Lomloe tiene grandes carencias y muchos puntos que mejorar y ser corregidos, tanto a nivel estrictamente educativo como a nivel competencial. La Lomloe es en gran parte enmendable y por ello Euskal Herria Bildu ha planteado enmiendas parciales a la Lomloe. Por todo ello vamos a votar que no a las enmiendas


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a la totalidad de la derecha porque en esta materia también, señora ministra, queremos darle una oportunidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta. (Pausa.-Se procede a desinfectar la tribuna por una trabajadora del servicio de limpieza). Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Eguardi on, ministra. Eguardi on, no sé si en castellano sería la traducción entre buenos días y buenas tardes. No sé cómo se dice en castellano eguardi on. Esos son los matices, las singularidades que a cada uno nuestro idioma nos da y que creo que no debemos perder. Es muy importante por eso que en el sistema educativo la presencia de otros idiomas oficiales también tenga su papel.

Señoras Martín, Trías y Moneo, la posición que nuestro grupo parlamentario defenderá en relación con las enmiendas a la totalidad que ustedes han presentado y las razones por las que tendremos esa posición están establecidas en nuestro programa electoral. Nuestra posición aquí no va a ser nada nuevo. Todos nosotros, todas nosotras, nuestras formaciones políticas se presentan a las campañas electorales con un programa electoral, y el Partido Nacionalista Vasco tiene a gala cumplir con lo que se compromete con el electorado. Por tanto, me limitaré a leer lo que en el programa electoral hemos dicho con relación a la Lomce. Y es importante además destacar que lo que les leeré es el primer punto del programa electoral con el que el Partido Nacionalista Vasco concurrió a las últimas elecciones generales. Y decíamos: EAJ-PNV se compromete a trabajar en la Lomce, en la necesidad de sustituir la Lomce. Vamos a sustituir la Lomce y no vamos a perder ninguna oportunidad que tengamos delante para sustituir una ley que consideramos ha tenido unos efectos nefastos. Una ley que tanto ha perjudicado -añadíamos- al ámbito educativo y en especial a la comunidad educativa vasca. Ello impone la necesidad de elaborar una nueva ley, respetuosa con los ejes que en esta materia dicta el Estatuto de Gernika.

Así, según su artículo 16 y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. Nos toca a nosotros -toca a la Comunidad autónoma vasca- regular.

La nueva ley educativa -añadíamos, y eso es lo que reclamaremos al Gobierno- debería incluir el reconocimiento y respeto a aquella singularidad y derecho de Euskadi que le capacita para la elaboración, la aprobación y ejecución de leyes y modelo educativo propio. Nosotros lo que reivindicamos es tener nuestra propia ley de educación, nuestro propio modelo educativo. Asimismo, nos pondremos a tener injerencia en el ámbito competencial que en esta materia tiene Euskadi y rechazaremos la recentralización y uniformización de la educación. Por eso, votaremos en contra de las enmiendas de totalidad que sus grupos han presentado, porque no queremos perder ninguna oportunidad para sustituir la Lomce y abordar un debate en la fase de enmiendas parciales, un debate sereno con vocación dialogante, con vocación de negociación, para mejorar aquellos aspectos que, a nuestro juicio, pueden mejorar alineados con nuestro modelo educativo. Porque la Lomce era -y es- es una ley recentralizadora que quebró los acuerdos lingüísticos que durante treinta años se habían tejido y tenía consecuencias nefastas, como hemos dicho; por ejemplo, devaluando la formación profesional, algo que para nosotros es determinante por la importancia de la vinculación entre el sistema educativo y la empresa si se tiene una formación profesional muy importante. En el trámite de enmiendas parciales, como hemos dicho, nuestra vocación será dialogante para mejorar esa ley.

Sí me gustaría pararme a hablar, aunque sea brevemente, de algunos aspectos que se han tratado y se han comentado en relación con los modelos educativos vasco y también de Navarra en dos temas en concreto, y me referiré a ellos por ser aquellos en los que nosotros hemos tenido responsabilidades de gobierno en Navarra y tenemos responsabilidades de gobierno en Euskadi. En cuanto a la coeducación, entre los juegos eróticos sexuales de la señora Trías y el discurso de la señora Pozueta, quiero decir que el programa Skolae, un programa de coeducación pionero, referente en otros muchos sitios, fue puesto en marcha por un Gobierno navarro de Geroa Bai, coalición a la que el Partido Nacionalista Vasco -al que yo pertenezco- pertenece, y por una consejera de educación, María Solana. Gracias a ella se puso en marcha este programa Skolae de coeducación. La decisión política correspondió a ese Gobierno y se puso en marcha ese programa de coeducación al que nosotros deseamos éxito. Por otra parte, en relación con Euskadi y el ámbito educativo también está en marcha el II Plan de coeducación al que también


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deseamos mucho éxito. Por tanto, por esa línea de la coeducación tenemos que seguir avanzando con audacia.

En relación con la segregación socioeconómica y el informe de Save the Children, quiero decir que simplificar y abordar el análisis de la segregación socioeconómica pensando que solo el impacto de las medidas educativas resolverá ese problema es una visión muy simplista, porque deberá ir acompañada de otro tipo de medidas sociales y socioeconómicas. Pero, diré que todas las medidas que desde el Gobierno vasco se están adoptando para luchar contra la segregación socioeconómica en materia educativa están absolutamente alineadas con lo establecido en el informe de Save the Children. Son medidas de planificación, como cambios en el mapa escolar en Vitoria; fusiones que se han llevado a cabo en municipios con desequilibrios como Eibar y Lasarte; cambios en los itinerarios en Irún y en Bilbao; medidas más relacionadas con el acceso, como cambios en la baremación para el proceso de matrícula; política de distribución del alumnado recién llegado por parte de las comisiones de escolarización; lucha contra posibles fraudes en cuanto a los padrones; medidas de compensación -muchas-, como programas de refuerzo educativo, algunos de los cuales están metidos en el proyecto de la Lomloe; diversificación curricular; escolarización complementaria para el éxito escolar; profesorado de refuerzo escolar para equilibrar las dificultades lingüísticas del alumnado recientemente incorporado. Y todo esto para luchar contra la segregación socioeconómica desde el modelo educativo. Estamos alineados con todo lo que los informes están diciendo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gorospe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.

Señora ministra, empiezo por anunciar que votaremos en contra de las enmiendas, y no porque esta sea nuestra ley, que no lo es, no solo porque tengamos importantes discrepancias en aspectos concretos -que, en todo caso, se reflejan en las numerosas enmiendas parciales del BNG realizadas al objeto de mejorar el texto-, sino, sobre todo, porque ninguna ley de educación que salga de este Parlamento la podremos considerar nunca como nuestra, porque no se ajustará a nuestra realidad como nación y a nuestras necesidades como pueblo. El BNG -es conocido- defiende que es necesario que Galiza asuma y ejerza la plena capacidad de decidir sobre nuestro sistema educativo a través de una ley galega de educación que diseñe un sistema educativo galego público, laico y de calidad adaptado a nuestra realidad y a las necesidades de un desarrollo social, cultural y económico sobre la base de nuestras potencialidades. Vamos a votar en contra de las enmiendas de la derecha y de la extrema derecha porque detrás está el empeño de un modelo de enseñanza elitista, confesional y doctrinario, especialmente desde esa obsesión por negar la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado español, o, dicho de otra manera, por esa obsesión de negarnos a los galegos y galegas algo elemental que los españoles aquí, en Madrid, por ejemplo, tienen garantizado, como es poder ser escolarizados en nuestra lengua. Señores de la derecha ultraespañolista, ¿qué es lo que lo que no entienden? Ustedes reclaman el derecho a la escolarización en su lengua materna y nosotros también reclamamos el derecho a la escolarización en nuestra lengua materna. Siguen obsesionados, como confesó en su día el ministro Wert, en que la educación sea una maquinaria de españolización. Pero esa es precisamente la manifestación de su fracaso, porque solo lo que no es español puede ser o intentar ser españolizado. Permítanme -para acabar- que tomé prestada, para calificar a estas fuerzas políticas, una frase de Castelao de su Sempre en Galiza: "Sodes uns imperialistas fracasados".

Moitas grazas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

Tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.

La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.

Señora ministra, señorías, les anuncio que desde Más País-Equo vamos a votar en contra de todas las enmiendas a la totalidad, porque entendemos que frente a la demagogia, la prepotencia y los prejuicios están los hechos, y los hechos y la realidad nos dicen que, tras cuarenta años de democracia y siete leyes


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de educación, en nuestro país se sigue discriminando por motivos y condiciones socioeconómicas, y la realidad nos dice que un niño o una niña con poco recursos tiene cuatro veces más posibilidades de repetir curso que otro niño o niña con las mismas capacidades pero con más recursos; en eso sí estamos a la cabeza, en la repetición. En los últimos años, cerca del 25 % del alumnado no ha obtenido el título de secundaria, y, como en las repeticiones, el abandono también va por barrios, y de nuevo son agraciadas las poblaciones más desfavorecidas. Las repeticiones apenas tienen incidencia en los niveles más altos de nuestra sociedad. ¿Será por esto que ustedes encuentran que no es urgente esta reforma, porque solo afecta a las clases más desfavorecidas? Hay varios factores, pero, desde luego, la falta de financiación, el incumplimiento de las normas y los retrocesos de la LOMCE han sido determinantes.

Los hechos son tozudos. Hay que trabajar, trabar por un acuerdo, respetar las competencias y la coordinación con las comunidades autónomas. Señora ministra, en este contexto, nosotros trabajaremos en las enmiendas parciales, porque queremos mayor cobertura en la etapa de infantil y dar una importancia vital a una formación profesional conectada con la reconstrucción de este país; también a la formación ambiental, la inclusión, la innovación y la dignificación del profesorado; insistiremos claramente en la lucha contra la segregación en las matriculaciones, la transparencia en los fondos públicos y la erradicación de cuotas ilegales; y, sobre todo, queremos restaurar la herida de los recortes con una financiación justa fundamentalmente en la educación pública que ha sostenido la universalidad y los principios de no discriminación. Esta ley -termino ya, presidenta- puede ser una nueva oportunidad que nos demos como país, y que, independientemente del tipo de familia, las rentas o su condición, los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país tengan de verdad las mismas oportunidades.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sabanés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

En último lugar, por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.

Ministra, le confieso que cuando me he despertado esta mañana estaba francamente convencido de que debíamos votar en contra de estas tres enmiendas presentadas a su proyecto de ley. Pero después de escuchar a su compañera, la ministra de Función Pública, reprochando a mi compañera que somos los que siempre evitamos el consenso, he pensado que igual valía la pena replantearlo. No lo vamos a hacer, no se preocupe, pero he estado pensando durante un rato sobre esta intervención y recordaba que, cuando esta Cámara hizo una moción de censura al presidente Rajoy en 2018, mi grupo estaba junto a su grupo para echar al Gobierno del Partido Popular, y, cuando usted presentó hace un año un proyecto de ley para mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales de los docentes, que sacó por los pelos, mi grupo estaba junto a usted para sacar esa iniciativa, porque nos parecía justo, nos parecía de recibo votarla a favor. Donde no hemos estado ha sido en las iniciativas donde ustedes nos piden que les votemos gratis, como en la última investidura.

Pero, si vamos a hoy, ministra, de los ocho grupos parlamentarios que tiene esta Cámara que no forman parte del Gobierno, tres -ni uno ni dos, tres- han presentado una enmienda a la totalidad a su proyecto de ley. Mi grupo no lo ha hecho, pero no porque compartamos todo el sentido de esta iniciativa, porque usted sabe que discrepamos en muchas cosas. A pesar de eso, a pesar de no presentar ninguna enmienda a la totalidad a su iniciativa, ustedes vienen aquí y nos acusan de ser los que no buscamos el consenso, de ser intransigentes. Y es que a su forma de entender el consenso no podemos ceder, porque ustedes solo entienden el consenso si parte de nuestras concesiones, de ceder nosotros a sus ideas, de renunciar a nuestras ideas, a nuestra forma de entender en este caso la educación para abrazar la suya; si hacemos esto habrá consenso, si no lo hacemos no lo habrá.

Usted sabe cuál es nuestra línea roja, ministra. Nuestra línea roja es la Llei d'Educació de Catalunya, que, por cierto, tuvo el apoyo de su grupo en el año 2009 en el Parlament. Y defender la Llei d'Educació de Catalunya quiere decir defender el Servei d'Educació de Catalunya y la inmersión lingüística. Estas dos cosas son para nosotros imprescindibles en cualquier proyecto de ley que se desarrolle en esta Cámara. Vamos a defenderlas y a protegerlas frente a cualquier embate que llegue a estas dos iniciativas, porque para nosotros son clave para defender el modelo educativo de Cataluña. Hagan cuentas, ministra, porque la ley del Parlament de Catalunya se aprobó en 2009 con un 80 % de los votos a favor, y ustedes hoy no tienen una mayoría para sacar este proyecto de ley adelante. Hagan números, vengan a buscarnos, dialoguemos, hablemos, cedan, porque en esto no tenemos que ceder nosotros, cedan también ustedes.


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Así, habrá consenso y habrá ley, porque derogar la Lomce -ustedes lo saben, ministra- no es una opción, es una necesidad, y en eso estamos nosotros también.

Muchas gracias. Estamos a su disposición para cuando quiera hablar, negociar y pactar.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna). Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.

La señora BASSA COLL: Gracias, presidenta. Señora ministra, bon dia.

Las derechas españolas tienen una visión castrense de la educación. Conciben al profesor o profesora como un sargento que, desde un concepto vertical y autoritarista del orden y la disciplina, obliga al alumnado a memorizar contenidos, a cargar con extenuantes deberes, a someterse a continuas pruebas, a establecer un sistema de castigos para con los díscolos. Conciben la educación desde la perspectiva del ordeno y mando y de la letra con sangre entra. Son nostálgicos de la educación de El florido pensil, de los reyes visigodos, de la épica de Viriato y los conquistadores, de la gimnasia sueca, de corear las tablas de multiplicar y el rosa rosae. Son nostálgicos de otra época y sueñan con aulas con crucifijos y la foto del rey. Y los diputados de VOX y unos cuantos del PP también sueñan con la foto de Franco acompañando a la del rey. (Rumores.-Aplausos). Las derechas españolas mantienen una visión carca de la educación, que no casa con los retos del siglo XXI. Un sistema educativo vertical basado en el dogmatismo, la memorización, los compartimentos estancos y la disciplina autoritaria va en contra de la sociedad de futuro en la que se valora la creatividad y la flexibilidad para la adaptación a los retos tecnológicos y productivos. El sistema educativo debe fomentar la curiosidad para aprender, el amor al conocimiento, la creatividad, la libertad de pensamiento y la capacidad crítica, porque esa es la base para crear mentes motivadas, emprendedoras e innovadoras, y conocimientos como las Artes o la Filosofía son básicos para configurar estas mentes libres y creativas. Es especialmente importante ante los retos tecnológicos para la sostenibilidad del planeta y la necesidad de un cambio radical en las relaciones económicas, productivas, sociales y humanas, tal y como hemos visto en el espejo que el COVID-19 ha puesto ante nosotros. Es imprescindible forjar una ciudadanía educada en la democracia y en los derechos humanos. Frente al machismo, una escuela feminista que deje de invisibilizar a la mujer en la historia, en las letras y en la ciencia. Frente a la LGTBIfobia, una escuela respetuosa que supere dogmas, como que todos los niños tienen pene y todas las niñas vulva, y que respete y normalice todas las identidades de género y orientaciones sexuales. Frente al racismo y la xenofobia, una escuela integradora que reconozca que todos y todas somos iguales en derechos y oportunidades. Frente al autoritarismo, una escuela que defienda la libertad de cátedra, la libertad de expresión y el espíritu crítico. En definitiva, queremos una escuela, como defiende la escuela catalana, que sea herramienta de socialización y educación cívica, democrática, integradora y humanista; una escuela que cree ciudadanos y ciudadanas libres, como condición primordial para crear una sociedad libre.

Pero no es esa la pretensión de las derechas españolas. El antiguo ministro de Educación, José Ignacio Wert, dejó clarísimo su concepto ideológico de la educación al afirmar que su objetivo era españolizar a los niños catalanes. Su pretensión es acabar con la inmersión lingüística, acabar con la escola catalana. Su preocupación no es educativa, sino ideológica, y su ideología es la nacionalcatólica, la de una, grande y libre. Y desde esta ideología imperialista y supremacista insultan a miles y miles de profesoras y profesores catalanes que no congregan con su España, esa España que quieren transmitir a las niñas y los niños mediante la escuela. A ustedes no les importa el conocimiento, la formación o la innovación, les importa imponer su concepto de España. No les importa la salud psicológica y emocional de los niños y niñas, les importa el orden, la disciplina, las reválidas y los resultados. No les importan siquiera las cifras de fracaso y abandono escolar, porque ya les va bien tener un ejército de ignorantes, mano de obra barata, carne de cañón, ya les va bien unos cerebros vacíos que llenar con sus simplistas consignas xenófobas, racistas y homófobas. No obstante, cada abandono y cada fracaso escolar es un fracaso de la sociedad. ¿Son conscientes de cuánto talento y cuánto potencial pierde una sociedad entre los que ustedes llaman fracasados? No les interesan los fracasados, como tampoco les interesa la cultura, la formación, la innovación. Les interesa España, España, España, como concepto, como bandera.

Si en el Estado español no existe una ley de educación digna es porque en España no hay una derecha a la que le interese la educación, y, lamentablemente, si alguna vez la izquierda -voy acabando- ha sido valiente como para intentar superar el concepto vertical heredero de la escuela franquista no ha sido capaz de invertir lo oportuno en educación. Han preferido invertir en armamento y en los negocios de


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unas empresas más interesadas en influir en el BOE que en tener una sociedad de talento y competitividad. España requeriría un proceso constituyente para superar el omnipresente régimen de 1978. Mientras no haga este proceso, la educación no será una prioridad. Contrariamente, miles y miles de profesores y profesoras...

La señora PRESIDENTA: Señora Bassa, tendría que terminar, por favor.

La señora BASSA COLL: Termino enseguida, presidenta.

Contrariamente, miles y miles de profesores y profesoras en Cataluña soñamos con un proceso constituyente que construya una república que repiense toda la sociedad y donde la educación sea una herramienta clave para tener una sociedad culta, progresista, innovadora, integradora y feminista, para afrontar los retos del futuro desde una sociedad libre y democrática. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bassa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.

Sinceramente, les tengo que reconocer que en algunos momentos de esta intervención me ha parecido estar escuchando al personaje de la tía Lydia de El cuento de la criada. Le recomiendo a la diputada de VOX que vea esta serie, porque es muy interesante.

Señorías, esto que tengo aquí (muestra un documento) es la LOMCE, una ley retrógrada, recentralizadora y mercantilista aprobada por un ministro de cuyo nombre no quiero acordarme; una ley que ha ido en contra de la comunidad educativa, en general, y en contra de la escuela pública, en particular; una ley que hoy tenemos la oportunidad de dejar para siempre en el cajón de los proyectos fracasados de la década perdida de los Gobiernos del Partido Popular. En este Congreso de los Diputados hay un gran consenso en términos educativos, y es que hay que derogar la Lomce sin perder tiempo. Pues la LOMLOE es precisamente eso. Este Gobierno de coalición, como se ha demostrado, pese al ruido muchas veces insoportable de las derechas, cumple sus compromisos. Quiero aprovechar también este debate para dar las gracias a todo el personal educativo por el inmenso esfuerzo que han hecho durante esta crisis del coronavirus. Gracias a la dedicación y al compromiso que habéis tenido, demasiadas veces sin recursos, para evitar que el curso escolar se interrumpiese, y las largas jornadas de trabajo para evitar que ningún alumno se quedase atrás. (Aplausos).

Hoy empezamos a saldar una deuda política, pero queda todavía por saldar una deuda económica con nuestra escuela pública, que deberá abordarse en el debate de presupuestos. Yo lo tengo claro desde el primer día: cuanto más avance este Gobierno en derechos para la mayoría social, más se incrementarán los decibelios del ruido de las derechas. Pero hay que seguir tranquilos y con paso firme, porque ese ruido y ese odio no son más que la impotencia de saber que no cuentan con una mayoría democrática que les apoye ni dentro ni fuera del Congreso de los Diputados. Ustedes han sido derrotados electoralmente, pero lo más importante es que han sido también derrotados socialmente. Hoy no estamos haciendo nada más ni nada menos que convertir esas victorias culturales en ley. Pasó con el ingreso mínimo vital, que hoy apoyan más del 80 % de los españoles, y está pasando hoy con la LOMCE, gracias a la movilización de la comunidad educativa, y pasará con el impuesto de solidaridad a millonarios, que ya apoyan dos de cada tres españoles, y pasará también, como pasó con la Gürtel y el Partido Popular, que las instituciones no podrán seguir dando la espalda en plena crisis al reinado de la corrupción. Estas medidas son las que están desmontando el Estado de las desigualdades que las tres derechas tenían proyectado. Ciertamente, su castillo de naipes se derriba con la misma rapidez que las mentiras de la señora Ayuso sobre las residencias. Esa impotencia se huele en las tres enmiendas a la totalidad del Partido Popular, Ciudadanos y VOX.

Ciudadanos, sinceramente, se lo ha trabajado, ha presentado una enmienda a la totalidad fundamentada, eso sí, en sus mantras de siempre, en la necesidad de la demanda social -que se ha demostrado injusta-, la persecución del castellano en Cataluña -se lo vuelven a decir ustedes a un profesor de lengua española que nació en Sabadell- o, por ejemplo, su mantra superior sobre la alta inspección educativa. Su enmienda, señora Martín, vuelve a demostrar que nuestros programas electorales son incompatibles y que una cosa es la crisis sanitaria y otra la reconstrucción social y económica.


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Precisamente porque es nuestra agenda política -es como el agua y el aceite-, les agradezco aún más que hayan dado una lección de responsabilidad a sus socios de VOX y del Partido Popular.

La enmienda del PP, sinceramente, me ha decepcionado. Son, literalmente, tres folios donde no se dice nada más que vaguedades. También es verdad que es el fiel reflejo del Partido Popular del señor Casado y de la señora Álvarez de Toledo. (Aplausos). Ciertamente, esta enmienda del Grupo Popular es una enmienda muy cayetana, la verdad: díganme qué opina el Gobierno, que yo diré todo lo contrario y dos tazas más.

Pero la enmienda que más me ha impactado ha sido la de VOX. Recomiendo encarecidamente a sus señorías que la lean, porque no tiene desperdicio. Si tengo tiempo, les voy a leer cuatro fragmentos de la enmienda. Primero, en la justificación traen a colación una batería de conceptos vagos e imprecisos, como la calidad, la equidad y la cultura. Para VOX la cultura es un concepto vago. Ahora entendemos perfectamente aquello que decían de los titiriteros. En otro fragmento dicen ustedes que el proyecto de ley está al servicio del consenso progre de orientación neocomunista, más propia de las dictaduras cubana y venezolana. Ustedes sin Cuba y Venezuela no son nada -por cierto, los dos países de Sudamérica con mayor acceso la educación pública-. Y respecto a tercer fragmento, dicen ustedes que esta es una ley demagógica al servicio de ideologías totalitarias y sectarias en un intento de adoctrinamiento ideológico de género. Vaya, que les ha faltado a ustedes decir que el fracaso escolar también es culpa de las movilizaciones del 8 de marzo, como la COVID-19. Por cierto, se han tenido que tragar ustedes las mentiras, porque la justicia ha archivado todas y cada una de sus mentiras. (Aplausos). A esto llamo yo la ultraderecha pura y dura; es verdad que más dura que pura muchas veces. Les ha faltado a ustedes decir, como Tolkien, que esta ley es un anillo para gobernarnos a todos, que es probablemente para lo que ustedes quieren la educación.

Ministra, ahora tenemos la oportunidad de incorporar a esta ley todas aquellas enmiendas valiosas que nos han hecho desde la comunidad educativa. Para Unidas Podemos hay cinco elementos fundamentales. Primero, la ley tiene que blindar la escuela pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo, la pública es la que mejor garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Hay que acabar con los recortes del Partido Popular, reforzar las condiciones laborales del profesorado, dar una salida a los interinos de larga duración e incorporar nuevos perfiles profesionales, como orientadores, psicopedagogos, veladores o educadores sociales. Segundo, esta ley tiene que hacer que la educación sea de verdad inclusiva, una escuela para todos y para todas. Tercero -y acabo, presidenta-, los efectos de la COVID-19 nos han puesto la educación frente al espejo: hemos visto las debilidades, pero también las potencialidades, y eso se tiene que incorporar en la ley. Cuarto, hay que dar un paso de gigante para garantizar que de cero a tres años sea una etapa educativa como el resto de etapas, una etapa educativa plena. Y quinto, esta ley también tiene que ver con que se eduque en el respeto a los derechos humanos, empezando por los derechos de las personas LGTBI y las libertades afectivo-sexuales, que no son ninguna obscenidad, señora portavoz del Grupo Popular.

Y acabo, presidenta. Decía la pedagoga Maria Montessori que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Y eso es precisamente a lo que tienen miedo las derechas, a que la mayoría social de este país, los hijos y las hijas de los obreros trabajadores podamos pensar por nosotros mismos y nos desarrollemos. Con esta ley tenemos una oportunidad, porque la educación debe ser un reflejo de la sociedad que queremos construir. Y lo que queremos...

La señora PRESIDENTA: Señor Mena, tiene que terminar, por favor.

El señor MENA ARCA: Acabo, presidenta.

Lo que queremos es una sociedad con más igualdad de oportunidades, porque esa es, señorías, la condición indispensable de la libertad.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mena. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta, señora ministra.

Señorías de la derecha, cálmense un poco. Parece mentira que estemos debatiendo una ley educativa. Creo que los millones de alumnos, de familias y de docentes que forman parte del sistema educativo


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habrían agradecido tener un debate más sosegado, más centrado en la educación y más realista con los tiempos que corren. Hablar de educación, porque de eso se trata. Desde el año 2013, señora Moneo, desde que el Partido Popular impuso -impuso- la Lomce con su mayoría absoluta, sin diálogo, sin consenso, sin apoyo parlamentario (aplausos), la mayoría de los partidos políticos están reclamando un cambio de ley; un cambio de ley con el que no hay ningún problema, señora Martín, porque la educación tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad y no se puede pretender tener una ley basada en el pasado y que no avance en el futuro, que es lo que parece que anhela la derecha: quedarnos instalados en el pasado, que nuestros niños y nuestros jóvenes no tengan las oportunidades de aprendizaje que la Lomce les ha extraído, señorías. Así que pasen de pantalla, vayámonos hacia el futuro, pensemos en un modelo de futuro que es lo que la LOE sí trae al sistema educativo. Y no mientan, no mientan, porque, primero, están lanzando bulos sobre la educación especial. ¿Pero cuántas veces hay que decir que no se van a cerrar los centros de educación especial para que las señorías de la derecha, de VOX y del Partido Popular, dejen de repetirlo continuamente? (Aplausos). Y no mientan tampoco, porque esta ley ha pasado por todos los trámites preceptivos, por todos, en su primera fase, y en la segunda fase no hacían falta. Pero, por si es poco, esta ley es la que mayor tiempo ha estado en exposición pública. Hay que recordarles que esta ley ya fue registrada hace más de un año y que decayó porque nos tuvimos que ir a elecciones. Por tanto, todos ustedes han tenido tiempo más que suficiente para estudiarla, para analizarla y, por lo menos, para leerla, porque hay un grupo parlamentario que me temo que ni siquiera ha hecho los deberes. (Aplausos).

Miren, llevamos nueve ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas que han permitido que cientos de organizaciones y colectivos educativos hayan podido aportar para enriquecer la ley, que han permitido que ustedes, señorías, trabajen decididamente para aportar algo que verdaderamente sea significativo en el modelo educativo que queremos para el futuro. Pero lo que le escuece a la derecha es que con la LOE se inicia el fin de ese modelo ideológico, segregador, que resta oportunidades de aprendizaje, y por fin, con la Lomloe vemos el inicio del fin del túnel oscuro al que nos ha sometido la Lomce durante más de siete largos años. (Aplausos).

Señorías, señora Martín, están instalados en el pasado. Pasen página, porque no pueden pretender que el modelo educativo del futuro esté basado en un modelo de funcionamiento de una subcomisión que fracasó en el pasado. No volvamos a lo mismo, señoría, y pensemos en el futuro, que para eso hay un proyecto de ley y se abre el plazo para que, a través de enmiendas y de aportaciones, se haga algo positivo y constructivo para la educación española.

Hombre, nos esperábamos algo más que los cuatro mantras a los que hacía referencia el señor Mena y que han introducido en la enmienda a la totalidad. Ya sabemos que les gusta la confrontación entre territorios, que les gusta la confrontación entre las lenguas, que les gusta también entre la educación pública y la concertada, pero no, señoría, aquí no hay una lucha entre la educación pública y la concertada; de lo que se trata es de poner fin a ciertos privilegios de cierta educación concertada (aplausos), de cierta educación concertada, y volver a reequilibrar ambas redes en el sistema educativo que fueron completamente rotas por la introducción de la Lomce.

Lo que sí hay en la Lomloe, señorías, es un proyecto de futuro para la educación infantil. Lo que sí hay en la Lomloe es un proyecto para la formación del profesorado, la inicial y la continua. Lo que sí hay en la Lomloe es un avance en el desarrollo curricular, en la autonomía de los centros, en la digitalización de los centros, en un aprendizaje competencial y más personalizado, en potenciar y reforzar la formación profesional que tan necesaria es para nuestro modelo económico y laboral. Lo que sí hay en la Lomloe es un proyecto de educación en valores, educación afectivo-sexual, señorías de VOX. ¿Qué problema hay con la educación afectivo-sexual? (Aplausos). ¿Qué problema hay con la igualdad de género? ¿Qué problema hay con la educación ambiental? ¿Qué problema hay con la modernización? Vengan a la realidad. Asuman que la sociedad, nuestra sociedad, debe ser moderna, plural, democrática y que tiene voluntad de avanzar. Eso es lo que tiene que aparecer en un sistema educativo, porque es lo que representa al conjunto de nuestra sociedad, señorías, y eso es lo que hay que introducir en el sistema educativo, para que nuestros niños y nuestras niñas vean el conjunto de la realidad española y no esa realidad que ustedes pretenden, que simplemente se basa en su concepto exclusivo y excluyente de lo que tiene que ser la educación.

Hablan de que falta libertad ideológica en esta ley, pero lo que pretenden es introducir su concepto ideológico e imponerlo al resto de la sociedad en el sistema educativo (aplausos), y eso, desde luego, este grupo parlamentario no lo va a permitir. Y tampoco estamos de acuerdo con ese modelo de familia,


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único modelo de familia que pretenden instaurar y generalizar, porque hay más de un modelo de familia en nuestra sociedad y todos los niños y niñas tienen derecho a conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Por tanto, de verdad, les pido que miren al futuro, porque más que una enmienda a la totalidad a una ley del siglo XXI parece que han presentado una enmienda a la totalidad a una ley del siglo XX. Señorías, avancen, progresen, abran su mentalidad a los cambios que se requieren en educación.

Y del Partido Popular, ¿qué vamos a decir? Han presentado una enmienda que yo creo que les ha pillado sin tener los deberes hechos. Habían anunciado una enmienda de sustitución y presentan tres tristes folios, con un único párrafo que ni siquiera plantea argumentos, ni educativos ni pedagógicos. Hablan de una necesidad de reforma curricular. Pues léanse la ley, que está. Hablan de la necesidad de una evaluación del sistema educativo. Pues léanse la ley, que la hay. Eso sí, una evaluación sin reválidas y sin rankings, señorías. (Aplausos). Les pediría que, en vez de hacer el papelón que han hecho con la ley educativa, trabajen un poquito más y hagan aportaciones, que en esta fase en la que nos vamos a encontrar en las próximas semanas aporten algo educativo, algo que suponga un avance en la educación española, y hagan por lo menos ver a esas personas que ustedes también representan que la educación les interesa, no como han demostrado con esta enmienda a la totalidad, que desde luego está absolutamente vacía de contenido.

La señora PRESIDENTA: Señora Martínez Seijo, tiene que terminar.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Finalizo. Para nosotros, sin duda, la educación supone fijar los cimientos de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Hay que creer en ella y tomársela muy en serio. Sin embargo, lo que hemos visto en las enmiendas de la derecha se aleja mucho de ese concepto. A partir de ahora tienen la oportunidad de sumar, de construir, de aportar, de ayudar a mejorar el sistema educativo. En eso encontrarán al Grupo Parlamentario Socialista.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

- PROPOSICIÓN DE LEY DE DEROGACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA INSTRUCCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 122/000024).

La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad de la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y para la defensa de la enmienda, tiene la palabra presentada la señora Moro Almaraz.

La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

La investigación tiene un plazo. Con estas palabras se presentaba en 2011 por el entonces ministro de justicia, el señor Caamaño, el anteproyecto de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que vio frustrada su tramitación por la disolución anticipada de las Cámaras. En este equipo era secretario de Estado el actual ministro de Justicia. En dicho anteproyecto los artículos 481 a 483 incorporaban lo que bien podemos considerar como el antecedente del artículo 324 de la Ley 41/2015. ¿Qué ha cambiado, entonces, para que el Partido Socialista rechace de forma tan intensa este precepto coherente con su propuesta de reforma? Resulta obvio: que la reforma la hiciera el Partido Popular. Su argumento de autoridad es: deróguese todo lo que proviene del Partido Popular, argumentándolo de forma perversa con justificaciones vistosas pero falsas.

Me dirán que eso no es así, porque todo el mundo se opone a que la instrucción tenga un plazo. Señorías, por favor, eso es una simplificación. ¿Ha sido pacífica la reforma? No, es verdad. ¿Conocen muchas reformas jurídicas que sean pacíficas? Les aseguro que muy pocas y, además, el consenso no es una garantía para encontrar el beneplácito ni de todos los juristas ni de los ciudadanos. ¿Creen que existe unanimidad en la propuesta de una investigación penal dirigida por el ministerio fiscal? No la hay. La controversia existe, viene de lejos y permanecerá. Todavía se escribirán ríos de tinta preguntándose algunos por qué seguimos con una parcheada y vetusta ley procesal penal y con un modelo que no sirve. Aquí tienen la respuesta: la resistencia a los cambios se ha convertido en un fetiche para bloquear reformas capitales en el proceso penal.

Por tanto, la posición de Podemos es contraria a los planteamientos del PSOE sobre la investigación penal, porque Podemos defiende que la instrucción penal en España no tiene que tener plazos. Eso sí,


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cuando perjudique a quienes a ustedes les interese, se dedicarán a denigrar a un juez o un fiscal, desautorizarán el trabajo que hacen y llamarán a la desobediencia civil. Y esto, señorías, solo conduce al caos, a la desconfianza en nuestro sistema de justicia y a dudar de la seriedad y solidez de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho. Nada extraña en un partido que combate la Constitución vigente y que niega con sus propuestas que el artículo 24 de la Constitución consagra un proceso sin dilaciones indebidas. No es una obsesión del PP ni un capricho español. La rareza, señorías, será retroceder de forma irresponsable con la eliminación de los plazos en la instrucción penal. La demagogia utilizada -curiosamente, o no, desde los polos más opuestos de la Cámara- ha sido infinita y seguirá siéndolo después de que abandone la tribuna. Ojalá me equivoque. Los hechos objetivos ponen de manifiesto que ni el rigor jurídico ni la defensa de principios constitucionales como la presunción de inocencia, el proceso sin dilaciones y la dignidad de las víctimas están detrás de este empeño de los socios de un Gobierno mal llamado progresista.

Fueron varios los grupos políticos que señalaron como defecto de la proposición de ley en trámite que no cabe que al derogarse el artículo 324 en este punto se quede sin referencia temporal alguna. Sin embargo, cuando han tenido que afanarse en el trámite de enmiendas, observamos que han ignorado su propia advertencia, salvo en el caso del Grupo Parlamentario Plural, como enseguida comentaré.

La enmienda a la totalidad que presentamos responde coherentemente a la convicción de que no cabe defender en 2020 una instrucción penal indefinida en el tiempo, sin plazos. Por ello, presentamos un instrumento que permite mejorar una norma que seguimos considerando que abre camino a un modelo de instrucción actualizado. Lo hacemos ofreciendo una propuesta, entre las posibles, para corregir disfunciones advertidas en la comunicación de la situación de la instrucción o en las causas que pueden motivar la prórroga de los plazos, siguiendo sugerencias realizadas por distintos profesionales y, en particular, la expresada por la Fiscalía General del Estado desde 2016, que recoge de manera explícita María José Segarra en la memoria de 2019, donde se describen las líneas maestras de una propuesta de reforma remitida al Ministerio de Justicia, porque, a juicio de la fiscalía, es consciente de la necesidad de agilizar las investigaciones penales sin merma alguna de su utilidad ni de los derechos de las partes. Para ello, propone un nuevo modelo de control de plazos, que consiste en la fijación de un plazo inicial, la posibilidad de prórroga, el establecimiento con claridad de criterios para el cómputo y fijación de un límite máximo. ¿Les suena, señorías? No difiere de la arquitectura actual del 324.

Nos sorprende que el ministro de Justicia desoiga esta propuesta y desaproveche esta ocasión que ofrece el trámite parlamentario en curso para reconducir a términos razonables las ansias derogatorias de su socio de gobierno, y ello se infiere de la ausencia de enmiendas por parte del Partido Socialista ofreciendo esa alternativa de la fiscal Segarra.

Ciudadanos y VOX, que defendieron que la derogación no podía dejar sin plazos esta materia, han presentado sendas propuestas muy semejantes de indefinición absoluta que consolidan una propuesta de plazos ilimitados. El PNV, que también aludió a esta cuestión, no ha presentado enmiendas, y solo es consecuente el Grupo Plural por la señora Borràs, que hace una propuesta sorprendente. Después de escuchar durante tanto tiempo que la reforma popular limita de forma inasumible los plazos de prescripción, fijan un plazo máximo de seis meses improrrogable, cuando el actual tenor de la malvada reforma del Partido Popular permite prórrogas de hasta tres años, un plazo máximo que excepcionalmente podría ampliarse. Es preciso que se conozcan exactamente estos datos objetivos para que cuando se apaguen los focos se entienda bien el alcance de tanta demagogia. Como decía recientemente González Cuéllar explicando el verdadero origen y las razones que llevaron a la reforma de 2015, el sistema jurídico no puede abstraerse del tiempo. Sorprende ver cómo la mayoría de ustedes han conseguido convencerse a sí mismos de que dicen la verdad y no lo es. Seguro que no han consultado con el delegado del Gobierno en Madrid, el señor Franco, que les convencería rápidamente de lo contrario. Él sabe bien lo que significa una investigación ágil, rigurosa, independiente, a pesar de toda la artillería pesada preparada desde el Gobierno para interferir en la investigación judicial. Ha comprobado ya que su mejor garantía estaba en la magistrada instructora actuando al amparo del 324 en tiempo y forma, con prontitud, sin excusas y guiándose únicamente por lo que tiene que guiarse un proceso penal.

¿La redacción del 324 actual es perfecta? Probablemente no. Fíjense lo imperfecta que es la redacción del Código Penal de 1995 en materia de agresiones sexuales, pero no se resuelven las cosas con su eliminación. ¿Se imaginan que como remedio a las deficiencias del Código Penal en las agresiones sexuales se propusiera la derogación sin alternativa de esos preceptos? Una barbaridad, ¿verdad? Pues también lo es lo que pretenden con la derogación de los límites sin alternativa a los plazos de instrucción.


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Esta enmienda a la totalidad persigue ofrecer mejoras recogiendo críticas constructivas y podría ser mejorada con las aportaciones si ustedes quisieran. Ténganlo claro, señorías, si no lo hacen, estarán facilitando que nuestro proceso penal dé un giro a permitir una suerte de investigación prospectiva prohibida en nuestro ordenamiento. Si a ello unimos que Podemos convenció al PSOE para abdicar de sus convicciones y pactar para la investidura que cambiarán el sistema de acceso a la judicatura facilitando así el principio declarado en su primer programa electoral de conseguir jueces que actúen en sintonía con la ideología del Gobierno, verán que esta reforma no es inocente. Y me dirijo a aquellos partidos muy alejados de defender algo semejante para que reflexionen un poco más, porque con su apoyo a esta reforma y no a nuestra enmienda van a actuar de cooperadores necesarios en el ataque programado a los poderes del Estado que se encuentra en el ADN de los socios de gobierno de Pedro Sánchez, con la pasividad del Grupo Socialista. Y esto, señoría, no debemos aceptarlo; el tiempo, los plazos, nos exigen a todos un poco más de esfuerzo, es verdad, pero merece la pena una mayor exigencia de trabajo de todos si el resultado es un proceso penal más ágil y más justo.

Sería inconcebible que no aceptaran lo que les proponemos después de lo que contempla en esta materia el anteproyecto Caamaño, ahora retomado por el ministro Campo. Si el PSOE sigue adelante con su acompañamiento a los planes de Podemos, habrá herido de muerte la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ausencia de plazos, señorías, perjudica al inocente y beneficia al culpable, no lo olviden. Cuando salgan del Congreso prueben a mirar a sus compañeros socialistas, treinta y nueve, que durante diez años tuvieron que soportar las negativas consecuencias de su imputación en el caso Astapa, en Andalucía, pero que fueron exculpados. O pregúntenle al diputado Baldoví qué se siente cuando una investigación como la que ha sufrido se prolonga en el tiempo señalándole, y que finalmente se haya levantado sin procesamiento pero con un plazo muy largo para quien, como él, no era culpable. No les hablo de ejemplos múltiples de personas vinculadas al PP que pasaron por la misma situación durante años y fueron finalmente desimputados o absueltos, porque su doble vara de medir la padecemos todos los días. Pero piensen, al menos, en todos los ciudadanos anónimos a los que nos debemos, porque todos ellos están abriendo un camino que pensábamos que habíamos abandonado ya. Esa será la verdadera inseguridad jurídica.

Se ha hablado mucho de inseguridad jurídica, pero esa es la que genera la desconfianza de tener a una fiscal general del Estado como Dolores Delgado, que ha querido hacer en su puesto lo que no hizo desde el Gobierno, una interpretación correctora de una norma cuya redacción es muy mejorable, el Real Decreto-ley 16, en relación a los plazos procesales suspendidos durante el estado de alarma. Hemos asistido atónitos a un intento de erigirse en legisladora de urgencia para determinar que todos los plazos procesales iniciaban su cómputo a cero, actuación incalificable y arbitraria que fue denunciada por los propios fiscales. No se juega con el principio del proceso sin dilaciones indebidas. No se juega con el prestigio de los fiscales. Verdadera inseguridad es seguir cesando a abogados del Estado molestos pero manteniendo a una desprestigiada abogada general. Inseguridad son los silencios del ministro de Justicia ante los ataques del vicepresidente Iglesias contra los jueces o cuando no desautoriza las purgas del Ministerio del Interior a quienes se negaron a interferir en una investigación judicial. Esos silencios primero nos han causado extrañeza y luego preocupación al decir el ministro aquí que hay un debate constituyente abierto. El Gobierno, con su silencio, está contribuyendo a un ataque a los poderes del Estado. ¿Por qué la ministra puede defender al Ejército y el ministro de Justicia no defiende a los jueces? Le exigimos claridad, ministro. Su cargo no admite contentar a todos. Tiene que ir contra los intentos de agresión, porque si no entenderemos que no fue un lapsus suyo y que Pedro Sánchez está dirigido por quienes quieren un nuevo proyecto constituyente, desmontando el consenso constitucional de 1978.

Concluyo, señora presidenta. La pérdida de objetividad en la delimitación de la duración de la instrucción, si se consuma, lo que quiere hacer Podemos con el asentimiento del PSOE y la cooperación necesaria de los demás grupos -no lo olviden, sean cuales sean los motivos que les llevan a apoyar la derogación- será difícil que lo entiendan los ciudadanos que sufren dilaciones indebidas. Cuando pregunten quiénes fueron los responsables, ese día recordarán que abandonaron la opción de legislar bien en beneficio de los españoles por arañar un titular o un voto.

Muchas Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos es autor de una iniciativa que se contradice con la nueva normalidad adquirida hace medio año, tras incorporarse a la casta por la vía del Consejo de Ministros. Ustedes llegaron hace casi cinco años a las Cortes Generales derrochando grandes dosis de demagogia. Ahora vuelven a sus orígenes con una proposición de ley que ni de lejos ayuda a resolver ese gran problema de nuestras instituciones e instancias judiciales, que no es otro que la falta de medios humanos y materiales, origen de la lentitud de los procedimientos, singularmente, en la persecución y enjuiciamiento de los delitos. Ahora que ocupan plaza en el banco azul, antes de plantear la derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal deberían haberse ocupado de proporcionar recursos para corregir la infradotación de medios, que, paradójicamente, ustedes denuncian en la exposición de motivos de su propia iniciativa parlamentaria, recriminando al legislador de antaño haber acortado los plazos de investigación sin incrementar los medios a disposición judicial.

Sin embargo, más allá de aumentar dichos medios y recursos, lejos de mantener los plazos, lo que proponen es el retroceso a la situación legal anterior, como gran solución a todos los males de la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 2015. En su exhibicionismo demagógico, en su afán de dar lecciones a los demás, convendría que el aburguesado Unidos Podemos repasara el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 24.2 de nuestra Constitución, que establecen el derecho de cada ciudadano a tener un juicio dentro de un plazo razonable. Ello no puede quedar al albur de lo que decida cada juzgado de Instrucción, sino que debe tener un marco jurídico que lo regule. Eso sí, con la flexibilidad que le ha conferido la Ley 41/2015, para evitar que dicha restricción pueda beneficiar a los investigados. Es conveniente recordar que el propósito del legislador en la reforma llevada a cabo por las Cortes Generales en el año 2015, ya al término de la X legislatura, fue precisamente, promover una mayor agilidad en la justicia, evitando que aquellos que finalmente sean condenados puedan verse beneficiados por aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que está recogido en el artículo 21.6 del Código Penal; un atenuante que resulta sumamente injusto, puesto que la reducción de la condena no se debe a un comportamiento proactivo por parte del encausado, como puede suceder con la reparación del daño o la confesión, sino que acaba resultando premiado por la negligencia de la Administración de Justicia, lo que, por otra parte, también supone una anomalía para el derecho de los justiciables.

Por cuantos forman parte habitual del ambiente de los juzgados y son muy conocedores de los entresijos de la Administración de Justicia es conocido que ninguna relevancia ni riesgo de impunidad tiene el transcurso de los referidos plazos, siempre y cuando se opere con diligencia por parte del juez instructor del ministerio fiscal. En este sentido, el Código Penal lo deja meridianamente claro en su artículo 21, que expresamente en su apartado 8 prevé que, en ningún caso, el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones.

Señorías, además de una exhibición de demagogia, la iniciativa de Unidas Podemos refleja cierta tendencia a la comodidad. Se están ustedes adocenando, han sucumbido en tiempo récord a la ley del mínimo esfuerzo y van a lo cómodo, en lugar de proponer desde el Consejo de Ministros, en el que ustedes ocupan cinco asientos, medidas para corregir la falta de medios. Para evitar la dilación de los plazos han optado por la pirotecnia parlamentaria a ver si cuela, que me da que sí, que va a colar. Han sucumbido ustedes a la opción de elegir entre una posible enmienda del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal más ambiciosa, pero que obligaría al Gobierno a resolver la situación que ustedes mismos denuncian de infradotación de medios. Es decir, que se han aposentado en la comodidad, en aquello de "que corra el agua" o "tira p'alante, que libras" y optan por no resolver el problema y que la justicia tarde en instruir lo que estime oportuno y continúe en la penuria de medios.

Entre la posibilidad de volver a su anterior redacción y dejar todo como estaba, Unidas Podemos nos invita, mediante su propuesta de derogación legislativa, al confort de que la vida siga igual, como cantaba con gran éxito el señor Iglesias -Julio, no Pablo-. Con esta propuesta, nos vende Unidas Podemos mercancía averiada que rechazo apoyar. Y termino mi intervención con una reflexión a modo de pregunta, si la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, operada por la Ley 41/2015, no conlleva beneficios para los encausados por incumplimiento de los plazos, pero su derogación da pie a la vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales, así como a la aplicación de circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal, ¿por qué no se mantienen los plazos, pero se flexibilizan los mismos? La respuesta es fácil: para no dejar en manos del Gobierno la solución al grandísimo problema de la justicia, la dotación de medios humanos adecuados y de materiales acordes con los tiempos, un mal


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agudizado tras la llegada de Pedro Sánchez hace dos años al Gobierno. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). Claro, que semejante problema dejaría en evidencia que también en materia de justicia el Gobierno del progreso desconocido es, señoras y señores diputados, otro bluf.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Esta es la segunda vez que realizamos un debate de totalidad tras tres tomas en consideración, en distintas legislaturas, de la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción penal en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras su redacción dada por la controvertida Ley 41/2015. Ahora, como les decía, señorías, volvemos a debatir una enmienda a la totalidad con texto alternativo que se articula frente a la proposición de ley de modificación del citado 324. El Grupo Parlamentario Popular vuelve a presentar -al igual que lo hizo a finales de 2018 y debatimos en febrero de 2019- la prácticamente misma enmienda a la totalidad con texto alternativo. En aquella ocasión no dimos nuestro apoyo a la enmienda, tanto porque se formuló finalizando la legislatura como por haber estado obstruyendo y bloqueando, junto con Ciudadanos, la tramitación de la reforma del 324 con más de 63 prórrogas durante casi dos años. Ahora está enmienda a la totalidad tampoco contará con nuestro apoyo, pero por razones distintas a las del pasado.

En el presente, al estar presentado el contenido de esta enmienda a la totalidad también bajo la forma de una enmienda al articulado, consideramos que el rechazo de esta que debatimos no elude el debate sobre el texto alternativo que contiene, que se producirá conjuntamente con el resto de las presentadas por otros grupos parlamentarios, sin tener necesidad de excluir a una o a las otras. Confiamos que de este contraste de pareceres pueda salir un texto más equilibrado que solo si se trabaja con una sola de las propuestas. Y también un texto más acorde con la dirección de la instrucción en el proceso penal que se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando nos referimos a un texto más equilibrado, nos referimos, lógicamente, a los plazos de instrucción que nos alejen de las instrucciones eternas e ilimitadas -como siempre hemos defendido en esta tribuna todas las veces que hemos tomado en consideración y debatido aspectos relativos al 324-, vulneradoras, como ya se ha dicho aquí, del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones -contemplado en el 24.1 de la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos-, alejado también del principio de seguridad jurídica y del de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Instrucciones con un tiempo ilimitado que inevitablemente dan pie al seguimiento de causas generales o -como ha dicho la portavoz del Partido Popular- investigaciones prospectivas. Con textos más equilibrados también nos referimos a plazos de instrucción que nos acerquen a plazos realistas y razonables, que tampoco den lugar a una relativamente fácil impunidad del autor, y falta de tutela de la víctima y del interés general.

En definitiva, señorías, nuestro grupo parlamentario considera que no pueden existir en un Estado democrático prerrogativas ilimitadas de los poderes públicos sobre la ciudadanía, como lo serían las instrucciones de tiempo ilimitado, a la sola consideración del juzgado instructor, ni tampoco causas generales que ese actuar sin tiempo propicia, so pena de caer, como ya he manifestado en alguna otra ocasión en esta tribuna, en un Estado materialmente policial, cosa a nuestro juicio inaceptable. Ni tampoco lo contrario, caer en plazos perentorios de imposible cumplimiento que sean favorecedores de generalizadas impunidades en las causas más complejas.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta.

Buenas tardes ya, señorías, De nuevo otra vez aquí arriba para hablar del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es el día de la marmota otra vez. Me dedico a la política desde hace muy poco y ya van tres veces que me subo aquí para hablar del artículo 324. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).


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Quiero recordar que esta iniciativa fue presentada en su momento por el Grupo Socialista, ahora vemos la presentada por Unidas Podemos, pero mi grupo parlamentario ya anteriormente la presentó dentro de una ley más ambiciosa, que trataba precisamente de establecer un plan integral de lucha contra la corrupción, y precisamente al final de este Pleno yo defenderé también esa proposición de ley que mi grupo vuelve a presentar de lucha integral contra la corrupción, y en donde se contempla también la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fue efectivamente la reforma del señor Catalá, año 2015, la que redactó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y fue redactada o fue propuesta en un momento en el que se desarrollaba la instrucción, y yo dirigía esa instrucción en nombre de la Abogacía del Estado, del caso Gürtel. Sin ningún tipo de sonrojo se planteaba la reducción de los plazos de instrucción penal en una causa que había comenzado en febrero del año 2009. Me personé en febrero del año 2009, si bien la causa empezó el año anterior, siendo declarada secreta. Una ley en la X Legislatura que terminó con la Ley 41/2015, que se llamaba de agilización de la justicia penal y fortalecimiento de las garantías procesales, que se podría haber llamado de entorpecimiento de las acusaciones y fortalecimiento de las impunidades. Miren, la regulación que se estableció, que existe, que se encuentra actualmente en vigor, es una regulación que establece un plazo máximo de desarrollo de la instrucción penal de seis meses. Ninguna causa penal se puede instruir en seis meses. Y no hablemos de justicia de ricos ni de pobres, es que ninguna causa penal para quien ha llevado la toga durante muchos años sabe que se puede instruir en seis meses, como no sea, si acaso, un robo flagrante o una riña de vecinos. Se pueden prorrogar las instrucciones por otros dieciocho meses más llenando el juzgado de papeles, porque hay que oír a las partes y al ministerio fiscal y dictar un auto expreso de prórroga, tal como están los juzgados sin medios materiales ni personales, porque durante cuarenta años ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han invertido en justicia. Es, por lo tanto, una reforma absolutamente criticable y absolutamente criticada. Ah, bueno, no, por los abogados defensores, no, Los abogados defensores están encantados. Son las acusaciones, la Abogacía del Estado, los abogados públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos, la fiscalía y el juez de instrucción los que critican precisamente estos plazos procesales.

Se dice aquí, se ha dicho por parte del Grupo Popular y también por parte de Foro Asturias, que tenemos derecho todos los españoles a un proceso público sin dilaciones indebidas. Claro, y existen soluciones precisamente para corregir un proceso con dilaciones, como es efectivamente la atenuante de dilaciones indebidas, en relación con la pena, o incluso un procedimiento de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que se prevé en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero la solución frente a la dilación, con la política de medios que tenemos en los juzgados, no es la impunidad, no puede ser de ningún modo la impunidad de quienes han cometido graves delitos. Se puede prorrogar dieciocho meses la causa cuando la causa sea compleja. ¿Y cuáles son las causas complejas? Pues miren, precisamente -¡qué casualidad!- las de corrupción que perseguían al Partido Popular cuando puso en marcha las reformas, pero también, por qué no decirlo, las que han perseguido a otros partidos políticos de esta Cámara: al Partido Socialista, con los ERE -imagínense, si en el plazo de seis meses prorrogables por dieciocho se podía haber castigado a los culpables-; al PNV, en el asunto de Miguel; a Convergencia i Unió, en el caso Pujol. ¿Y lo que establecemos como solución legislativa es la impunidad de todos estos casos?

En el caso Gürtel hubo infinidad de comisiones rogatorias con países que no querían darnos la información, entre ellos, por ejemplo, Suiza. El juez de instrucción y el ministerio fiscal tuvieron que viajar al extranjero a tomar declaraciones. Cuando hubo que hacer el escrito de acusación, solamente la causa principal de la pieza, época 1, tenía 350 tomos, aparte de comisiones rogatorias, aparte de informes de la Agencia Tributaria, etcétera. Y, ¿saben quién estaba allí para acusar? Dos fiscales, un servidor y unos cuantos letrados de ayuntamientos y comunidades autónomas, que nos quedábamos sin vacaciones, que nos quedábamos los fines de semana trabajando para que no se nos escaparan los culpables. Porque al final son los abnegados servidores públicos los que consiguen que se persiga a los culpables. Y, ¿enfrente a quién teníamos? Enfrente teníamos a gente poderosa, a gente con dinero, a gente con magníficos abogados que efectivamente podían dilatar la causa penal a su conveniencia, porque eran gente muy brillante.

¿No les interesa entonces, señores del Partido Popular, que se conozca la verdad? Ese elemento esencial del derecho penal, que es buscar la verdad material, ¿no les importa? ¿No les importa que, aunque sea en un lapso prolongado de tiempo, por la deficiencia de medios de los juzgados, conozcamos quién ha robado el dinero público? ¿Eso no importa? Eso sí importa y hay que adecuarlo a los medios que


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tiene el juzgado. Pero es que, además, en su reforma lo que late es una desconfianza hacia el juez de instrucción y hacia la fiscalía. Es que ustedes -y lo han dicho aquí incluso, desde esta tribuna- dicen que se hacen causas prospectivas. No, señores, no, señores, es que los corruptos tejen tramas tan complejas que hace falta mucho tiempo para poder desentrañar esa maraña y encontrar a los culpables y poderlos llevar a enjuiciamiento. No son causas prospectivas, no insulten a los jueces de instrucción. Hay veces que se parecen un poco también a los señores de Unidas Podemos y a los señores del Partido Socialista cuando atacan a los jueces de instrucción o a los fiscales, diciendo que ponen en marcha causas prospectivas. Pero es que además la reforma ya está en marcha y pueden consultar a fiscales, a jueces de instrucción, a partes acusadoras -incluso a algunos acusadores que son un poco su brazo ideológico-, y verán que nadie está contento con esta reforma, que todo el mundo en el ámbito de la justicia quiere que se acabe con estos plazos máximos de instrucción, por unos plazos que, ya se dice, son los que se acomodan a la actividad del juzgado. Si no, pásense por Plaza de Castilla y vean los legajos tirados por el suelo y a los jueces con una acumulación de asuntos brutal. Hacen lo que pueden porque son magníficos jueces.

Señores de Unidas Podemos, cuando se está en el Gobierno hay que ser serios, no se puede derogar sin más el artículo 324, porque contempla elementos esenciales de la instrucción penal de las causas criminales, y por lo tanto hay que ofrecer una alternativa que nosotros le ofrecemos por el camino de las enmiendas. Por eso vamos a votar que no a esta enmienda, vamos a pedirles que no se escuden los unos en los otros, que por fin en esta legislatura podamos ver la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que no venzan aquellas personas que, en lugar de servir a los españoles, se sirven de los españoles y encima les roban su dinero.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Agilizar los procesos penales es una buena idea -es una buena idea-, pero si esa agilización no se produce y lo que está provocando son espacios de impunidad, probablemente sea una mala idea, que es lo que ha ocurrido con esta reforma del Partido Popular, que yo creo que lo que finalmente produce es una estafa al mismo Estado de derecho, a los profesionales de la justicia, pero sobre todo -sobre todo- a las víctimas del delito, y al final a quien acaba favoreciendo es justamente a los que habían cometido ese delito. Limitar los plazos de instrucción con los mismos medios humanos y materiales es, en definitiva, facilitar la impunidad.

Lo ha dicho el señor Bal, hoy mismo se está juzgando en la Audiencia Nacional una de las ramificaciones de la Gürtel. Lo ha dicho el señor Bal -comparto toda su intervención-: 350 legajos de toda la causa Gürtel. ¿Se hubiera podido instruir en dieciocho meses? Seguramente no. ¿Se hubiera podido descubrir todo lo que se ha descubierto? Seguramente no. Por tanto entendemos que esta reforma a lo único que venía era a facilitar que muchas de las causas que afectaban -muchas de ellas- al Partido Popular quedaran impunes. No solo lo digo yo; ha habido críticas de asociaciones de jueces de todo signo, de asociaciones de fiscales de todo signo, y yo creo que es un clamor que este artículo se tiene que derogar.

Moltíssimes gràcies.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente.

En el año 2015 hay una inmensa crisis política en España y de indignación con muchas cosas, pero, entre ellas, con la corrupción, muchos de cuyos casos afectan al partido que entonces estaba en el Gobierno, el Partido Popular. Y el Partido Popular, ¿qué hace frente a esta crisis de indignación con la corrupción, pone más medios en la justicia para que pueda hacer mejor su trabajo? No. ¿Hace reformas legislativas para que sea más fácil, más eficaz la persecución de la corrupción? No; acorta los plazos; hace que quienes trabajen en ello tengan menos tiempo y, por tanto, que en la práctica, por ejemplo, un juez tenga que elegir entre abrir la instrucción no habiendo hecho toda la investigación necesaria o al final


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tener que acabar sobreseyendo casos en los que no es que alguien se libre porque sea inocente, sino que simplemente los plazos le han pillado.

De hecho, la más sonora consecuencia de esta reforma fue que Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia, del Partido Popular, saliese absuelto del caso Pasarelas, no porque nadie le declarara inocente, sino porque resulta que se acabaron los plazos, y eso lo dice la tribuna soviética de El Mundo, que en diciembre de 2018, indicaba: Los plazos de investigación aprobados por el PP salvan al expresidente de Murcia de un juicio por prevaricación. De hecho, los abogados del Partido Popular en el caso de la caja B precisamente intentan cerrar el caso con la cuestión del acortamiento de los plazos.

Miren ustedes, si uno quiere que la justicia sea más ágil, lo que tiene que hacer no es acortar los plazos; lo que tiene que hacer es dotarla de más medios, porque si no alguien especialmente mal pensado podría pensar que en realidad la reforma del Partido Popular de los plazos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenía como objeto fundamental que los corruptos fueran más difíciles de juzgar, y se pudieran ir de rositas.

Los profesionales de la justicia -que hasta tuvieron que ir a la huelga en el año 2018- reclamaban que se ampliaran los juzgados, que se contratara más personal, que se modernizara el sistema de administración de justicia, por ejemplo, que se digitalizara una buena parte de los procedimientos; en fin, que tuvieran más medios para hacer su trabajo. Cuando piden más medios, ustedes lo que hacen es recortarles el tiempo. Esta vez no cuela, no vamos a retroceder hacia atrás, y hace falta y sigue pendiente la reforma y la modernización de la Administración de Justicia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.

El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Señor presidente señorías, venimos aquí a tener que escoger entre lo malo y lo peor, pero no sé qué es lo malo y qué es lo peor. No nos gusta, por descontado, la regulación de 2015, la de la Ley 41/2015, que recibió una crítica unánime desde el punto de vista doctrinal. Yo me dedico a esto, soy catedrático de derecho procesal, y todos los procesalistas de izquierdas, de derechas, de centro y 'pa dentro' criticaron la torpeza legislativa, la mala redacción, la poca claridad que ha dado lugar a que cada juez de instrucción lo interprete de forma diferente. Asimismo se criticó de forma muy especial, como ya se ha puesto de manifiesto por diversos intervinientes, el hecho de que esto daba carta blanca para conseguir la impunidad de muchos casos de corrupción. Por tanto, no nos gusta una limitación como la que está vigente a la instrucción, y menos de una forma tan mal redactada, tan torpemente regulada. Pero tampoco nos gusta -y me dirijo ahora a los compañeros de Unidas Podemos, entre los que hay abogados en ejercicio entre los proponentes- la derogación sin más.

San Agustín, y no lo pongo como un referente ético, sino como una persona que estudió muy a fondo el proceso penal basándose en Aristóteles, y que luego fue seguido por la escolástica y por los procesalistas más modernos, dijo una cosa que es obvia y que todos los abogados en ejercicio sabemos, y es que el proceso penal es una pena es sí mismo. Por cada caso de corrupción -claro, el señor Bal como es abogado del Estado solo lleva asuntos de high level, pero los pobres abogados de provincias llevamos asuntos de todo tipo, por lo que los asuntos de corrupción evidentemente no llegan- tenemos muchos asuntos con ciudadanos anónimos también, y así lo ha puesto de manifiesto, en los que los procesos penales se eternizan. Por tanto, una situación como la anterior a 2015, en la que los procesos penales podían durar indefinidamente, era un castigo -no se perseguía culpables, señor Bal, se perseguía a presuntos culpables que a veces no lo son-, pero también, como ha puesto de manifiesto el compañero Baldoví, para las víctimas. Por ello tenemos que buscar un equilibrio, y para nosotros este equilibrio está en la enmienda que proponíamos basándonos en la experiencia -y ahora hablo como abogado en ejercicio- práctica; la mayoría de temas que se eternizan lo hacen no por su complejidad -en los que interviene el señor Bal, sí, pero en los que intervenimos los abogados de a pie, no-, sino que se eternizan porque los juzgados están colapsados y muchas veces hay una parálisis.

Lo que nosotros proponemos es que se establezca un plazo máximo de inactividad, dure todo lo que tenga que durar, dure hasta cumplir las finalidades del artículo 299 de la LECrim sobre las finalidades previstas para la instrucción, averiguar y dejar constancia de los hechos y de las personas responsables, pero archívese, eso sí, cuando transcurran seis meses, como proponemos nosotros, si bien podemos discutirlo en Comisión, o cuando haya un plazo sin actividad, porque lo que no podemos tampoco


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permitirnos es someter injustamente a los ciudadanos a un proceso penal, una pena de banquillo excesivamente larga, injustificadamente larga. La justicia, lo sabemos, cuando quiere va muy rápida, y lo hemos visto, vivido y padecido en algunas causas recientes, pero para la normalidad de asuntos va con una lentitud exasperante. Por tanto, busquemos una solución. No a la impunidad, pero tampoco permitir dilaciones indebidas. Si el estatuto del contribuyente limita a seis meses o la legalidad sancionatoria en materia administrativa también limita el plazo que puede durar un expediente sancionador a un administrado, debemos establecer algún tipo de límite como garantía al justiciable. No a la impunidad, no a las dilaciones indebidas. Por tanto, nuestro grupo se va a abstener en este debate a la espera del debate importante, que esperamos en la correspondiente Comisión de Justicia.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.

La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcias, president.

Desde el año 2014, con la modificación del Partido Popular, bajo la excusa de buscar la agilización de la justicia penal, se introdujo el bochornoso nuevo artículo 324 de la LECrim, que establecía este límite temporal siento ser reiterativa de seis meses para practicar esas investigaciones penales. Cualquier conocedor de derecho, o por lo menos cualquiera que se haya puesto una toga, es consciente de que la forma de acelerar las investigaciones es dotando de los recursos económicos y humanos necesarios a unos juzgados que actualmente se encuentran saturados por completo. No basta con poner una fecha límite, hay que dar medios materiales para hacer posible un mejor funcionamiento. Se ha demostrado que el límite temporal impuesto para la investigación de los delitos especialmente complejos ha provocado la impunidad en la persecución de dichos delitos, pero eso no significa que no se deban fijar ciertos límites a la duración de determinadas actuaciones judiciales. Así ocurre en materia tributaria o sancionadora, por ejemplo. Por ello debemos establecer un sistema coherente con la eficacia del proceso penal y los derechos fundamentales: la presunción de inocencia, derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías. Pero lo que no podemos hacer es posibilitar la impunidad de quien delinca, y mucho menos de los corruptos.

Pues bien, ahora que por fin el Partido Socialista plantea su derogación, nos encontramos discutiendo una enmienda que no solo defiende esa versión de 2014, sino que además ha doblado la apuesta, plantea más burocracia, introduce una nueva excepción a este tope máximo, además de la declaración de complejidad de la instrucción, que es la declaración de instrucción prorrogable. Se relatan los supuestos en los que se podrá dar tal consideración de prorrogabilidad, que incluye el colapso de los servicios, unidades o profesionales que deban practicarla. Es decir, obligamos a los tribunales a dar cuenta en más ocasiones, a los fiscales a generar nuevos informes, a las partes a solicitar nuevas prórrogas, y todo ello para que no cambie nada. Por este motivo, pese a la coletilla final que indica que no podrá prorrogarse de forma automática sin motivación, resulta claro que la modificación propuesta por el PP es una apuesta descarada para colapsar todavía más la Administración de Justicia. No se puede dar apoyo a una enmienda como la referida, que, primero, aumenta el riesgo de impunidad de investigados y también de corrupción; segundo, supone una fachada de falso compromiso para con la celeridad del funcionamiento de los juzgados, y tercero, genera colapso judicial y burocracia inútil, justo lo contrario de lo que se requiere para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

Pero el tema no termina aquí. Lo sorprendente no es la falta de compromiso real y efectivo de la derecha con el buen funcionamiento de la causa pública en general y los tribunales en particular. Desde 2014 este precepto, el 324 de la LECrim, ha funcionado como dique de contención a las investigaciones penales, y en especial a un tema no menor ni casual, los casos de corrupción política y empresarial. Resulta evidente que poner plazos máximos incondicionales a la práctica de diligencias de investigación añade un riesgo de impunidad de personas investigadas y presuntamente culpables. Como hemos apuntado, el quid de la cuestión es el amparo de los corruptos. Nuestro grupo, que lleva el estandarte de la lucha contra la corrupción, nunca podrá dar apoyo, ni por activa ni por pasiva, a ninguna medida que ponga palos en las ruedas a la persecución de quien aprovecha su situación de poder y privilegio para beneficio privado.

No queremos ser reiterativos con los casos de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista, quizá aburriríamos a los ciudadanos que nos están viendo si ahora ahondáramos nuevamente en el caso


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Bárcenas, el caso Blesa, el caso Rato... ¿Quién no se acuerda de los casos de los ERE de Andalucía o ahora del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat?

No pretendemos hacer un listado exhaustivo de los casos de corrupción política relacionados con el PP y el PSOE. Todo el mundo tiene en la mente lo que ha hecho el régimen del 78 en la gestión de lo público desde que están en el poder, pero lo que hoy queremos traer a colación es que estos hechos no son cosa del pasado. Se calcula que la corrupción del Partido Popular ha tenido hasta el día de hoy un coste de casi 60 000 millones de euros y la del Partido Socialista de casi 50 000 millones de euros. La lucha contra esta lacra no constituye únicamente un deber ético, sino una necesidad inaplazable en términos cuantitativos. Afirmamos todo esto sin poder contabilizar [los desfalcos y la corrupción pública y notoria de la familia real española] 1. Habría que ver en qué medida aumentan esas cifras...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría...

La señora TELECHEA I LOZANO: ... del coste de la corrupción si pudiéramos investigar a esa familia, la más subvencionada del Estado español, la única que no lo merece. Esto se podría empezar a conocer, si no fuera porque la cooperación necesaria que ha habido entre el PSOE, PP y VOX para bloquear la comisión de investigación de la [corrupción de los Borbones] 2 no lo ha hecho posible. Basta de impunidad.

Señorías, hay que acabar con este artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero hay que adoptar medidas. Es urgente destinar más recursos a la Administración de Justicia. Tenemos que poner a disposición de los servicios públicos lo necesario para que lleven a cabo su labor. Los recursos están, lo que queda por ver es si está también la voluntad política de destinarlos ahí donde son necesarios.

El Centro de Estudios por la Paz acaba de sacar un informe denunciando que, en plena crisis sanitaria, social y económica, el gasto militar del Estado español este 2020 va volver a superar los 20 000 millones de euros. Cuestión de prioridades. ¿No sería mejor destinar estos 20 000 millones de euros a la recuperación social y económica, a sanidad, a educación? Hay que perseguir la corrupción ahí donde se esconda, y no se preocupen los ilustres diputados de los grandes partidos de esta Cámara porque seguramente no tendrán que buscar muy lejos para encontrarla.

Gracias. (Aplausos.-La señora Borrego Cortés pide la palabra).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, disculpe. Conoce bien el artículo 103.1 del Reglamento, que habla del decoro de las instituciones del Estado. Le pediría que desvinculara la mención que ha hecho de corrupción de la Casa Real como institución del Estado. Simplemente que desvinculara ambos conceptos.

La señora TELECHEA I LOZANO: No, señor presidente. Estoy en desacuerdo totalmente con retirar dicho concepto.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien. Gracias. Se retirará del Diario de Sesiones. (Aplausos.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-La señora Borrego Cortés pide la palabra). ¿Qué artículo invoca?

La señora BORREGO CORTÉS: El artículo 71 en relación con el 103, por alusiones al Partido Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): ¿Y a qué alusión hace referencia en concreto?

La señora BORREGO CORTÉS: Un partido corrupto condenado.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene dos minutos.

La señora BORREGO CORTÉS: Este partido, como el que tengo enfrente de la bancada (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), ha sido aludido durante toda esta intervención refiriéndose a unos casos de corrupción y, en concreto, ha dicho que este partido ha sido condenado por corrupción. El Partido Popular nunca ha sido condenado por corrupción.

1 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

2 Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien. Continuamos.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, el señor Santiago Romero.

El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, señor presidente.

Subimos a hablar de una enmienda presentada por un partido que ha sido declarado beneficiario a título lucrativo de un proceso de corrupción por la sentencia de la causa Gürtel y subimos a hablar de una enmienda a la totalidad que lo que pretende es dejar en vigor la reforma que ya aprobaron con su rodillo mediante la Ley 41/2015. Desde luego, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ni se garantizó con la reforma aprobada por el Partido Popular ni desde luego se va a ver afectado por la derogación de esa reforma. Pero vamos a hablar, efectivamente, de contexto y de hechos objetivos, como decía la ponente del Partido Popular.

Antecedentes. "Estoy en política para forrarme", decía la intervención telefónica que se le hizo al señor Vicente Sanz, secretario general del Partido Popular de Valencia. "Me tengo que hacer rico", decía la grabación que se le hizo a Eduardo Zaplana. Y ahora, después de los antecedentes, pasemos a los hechos. Durante el Gobierno de Rajoy, de 2012 a 2018, se contabilizaron hasta 268 casos de corrupción en los que se implicaba al Partido Popular, con un coste estimado, más o menos, de 120 000 millones de euros, es decir, la corrupción del Partido Popular afectó económicamente a España. Pero al PP no le preocupó hasta que comenzó a afectar electoralmente al Partido Popular. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se desplegó un inmenso escudo protector de la impunidad. Eran los tiempos en los que M. Rajoy afirmaba que todo era una trama contra el Partido Popular y realmente lo que se puso en marcha fue un plan para garantizar esa impunidad. Y nos vienen aquí a hablar, a reprochar ataques programados a los poderes del Estado.

Vamos a hablar de ataques programados a los poderes del Estado. Cambios en la UDEF, en la unidad de policía de investigación de la criminalidad económica; los dos comisarios que destaparon la causa Gürtel fueron acusados por el señor Fernández Díaz y por el Partido Popular de estar formando una policía política en contra del Partido Popular; hasta siete denuncias, todas archivadas, contra el señor Manuel Morocho y contra el que fuera comisario general de Policía Judicial, señor Juan Antonio González García. ¿Y quién puso esas denuncias, entre otras? Pablo Crespo, el señor Álvarez-Cascos o el señor Jesús Merino, todos dirigentes del Partido Popular. Pero también se ponían en puestos claves para designar o componer los tribunales de enjuiciamiento a magistrados que luego eran recusados por su cercanía con el Partido Popular -eso es otro hecho objetivo-, como la señora Espejel o el señor Enrique López. Y se utilizaba, además, la denominada policía patriótica para destruir pruebas, como en el caso de los papeles de Bárcenas. Por cierto, la instrucción de los papeles de Bárcenas fue cerrada por decreto -por decreto- en aplicación de esta norma, sin ir más lejos. Y, finalmente, si faltaba algo, ustedes después de todo eso reformaron a la carta la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar y dificultar esas instrucciones. Aprobaron una reforma que era técnicamente deficiente, una especie de prevaricación política, legislativamente injustificable; un claro ejemplo para estudiar en las facultades de Derecho de realización arbitraria del propio derecho en vía legislativa y éticamente reprobable, una autoamnistía para sus casos de corrupción.

La enmienda a la totalidad que hoy debatimos pretende mantener la norma y sus deficiencias y profundizarlas, es decir, los mismos defectos pero incrementados de la Ley 41/2015. Técnicamente deficiente porque instruyen los jueces, pero la declaración de complejidad sigue quedando en manos de la fiscalía, justificándola en particulares cálculos estadísticos de la duración de la instrucción, equiparando el caso de un robo simple con una instrucción económica compleja y, desde luego, obviando que los responsables de estos delitos económicos complejos se escudaban, cuando se produjeron, en altas instituciones del Estado. Incluso en la exposición de motivos ustedes reconocen que la reforma no ha funcionado, que era una norma absolutamente vergonzosa. Y es una enmienda igual de injustificable legislativamente que la ley que aprobaron. Las asociaciones de jueces y de fiscales pidieron la suspensión de la entrada en vigor; se calificó de ley de punto final por las asociaciones de jueces y fiscales; la Asociación Profesional de la Magistratura también pidió su reforma; más de 1000 fiscales de un total de 2500 firmaron una carta en contra de su reforma y las fiscalías manifestaron que era materialmente imposible la revisión de 650 000 causas judiciales, que ustedes pretendían que hicieran en un plazo de seis meses.

Y ahora nos proponen una modificación cosmética para agilizar, dicen ustedes, la justicia evitando las dilaciones indebidas. La única forma de agilizar la justicia es dotarla de recursos humanos y tecnológicos.


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Si la justicia no ha colapsado en todos estos años -y hay que decirlo aquí bien claro y agradecerlo- ha sido gracias a los esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, a los empleados públicos que sin medios consiguieron mantener el funcionamiento de una justicia que se veía como una amenaza por el Partido Popular. Y, por si lo ignoran, memorias anuales del Consejo General del Poder Judicial: falta de inversiones, escasez de jueces, atraso tecnológico, fracaso de la Ley Orgánica de Oficina Judicial porque durante diez años no la dotaron de recursos económicos.

¿Y cuál es la necesidad ahora? Pues la necesidad es, evidentemente, una revisión integral y con urgencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y eso es lo que se han comprometido a hacer este Gobierno y el Ministerio de Justicia para reorganizar la causa. La verdad, me alegro de la preocupación de todos los grupos parlamentarios por la falta de medios y recursos. Propongo aquí un gran acuerdo para dotar de esos medios y recursos, que lo concretemos de aquí a un par de meses, en los Presupuestos Generales del Estado; no dentro de un año, dentro de un par de meses. Esa es la auténtica reforma que es necesaria. La reforma de autoamnistía que nos están proponiendo ustedes es simplemente impunidad y es una enmienda igual de éticamente reprochable.

Podría seguir hablando de la sentencia de la Gürtel, que en 1300 páginas dice claramente cuál ha sido el aprovechamiento del Partido Popular de los fenómenos de corrupción. Durante las Legislaturas XII y XIII el Grupo Socialista, el Grupo VOX y Ciudadanos han presentado enmiendas muy similares, propuestas de modificación muy similares. Nosotros no tenemos ningún problema en hablar de una mejora de lo que haga falta, pero la verdad, señores del Partido Popular, sean valientes, por favor, voten a favor de la derogación, asuman de una vez sus responsabilidades frente al Estado y frente a los ciudadanos, dejen de desgastarse con este patético intento de mantener su encubierta ley de amnistía en los casos de corrupción. Enfréntense a su pasado ante toda España, dejen atrás la corrupción, comiencen por manifestar públicamente un propósito de enmienda, que les reclama toda España, empezando por sus votantes -que les vendría muy bien- y no desaprovechen esta última oportunidad de pedir perdón por la corrupción y ofrecer verdad a este país. Retiren su enmienda.

Salud, mucha salud a todos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a la desinfección de la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.

El señor RUIZ NAVARRO: Señorías, tengo el honor de subir a esta tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario VOX ante la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular a la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos. Pero antes de entrar en materia, y ya que hablamos de la instrucción de causas penales, quiero aprovechar este turno de palabra para rendir un público homenaje a todos los que prestan servicio de guardia en los juzgados de instrucción, es decir, jueces, fiscales, letrados de Justicia, funcionarios de Justicia y también, por supuesto, a todos los profesionales, especialmente los del turno de oficio, que durante este tiempo de pandemia se han jugado la vida -y siguen jugándosela; algunos la han perdido- porque el Gobierno no prestó asistencia con los medios necesarios para su protección a tiempo. (Aplausos). Es evidente que quienes trabajan en la función de guardia lo hacen para salvaguardar nuestro ordenamiento jurídico y también nuestros derechos constitucionales y, a cambio de eso, todos reciben una mísera retribución.

Entrando en la materia, adelanto que mi grupo parlamentario no va a apoyar la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular, y no lo va a hacer por razones de justicia, nunca mejor dicho. No obstante, hemos presentado dos enmiendas al articulado de tipo técnico, que, entendemos, mejoran el texto propuesto y evitan la rehabilitación automática del texto anterior a la reforma de 2015 y también el vacío normativo, por lo que, evidentemente, interesamos desde ya que sean tenidas en cuenta.

Si algo podemos afirmar es que la reforma de la Lecrim introducida por la Ley 41/2015 creó un problema donde no lo había; provocó un grave enfrentamiento institucional entre fiscales, letrados de Justicia y jueces, que obligó al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado a dictar instrucciones para tratar de poner orden. Los fiscales se encontraron abrumados e incapaces de afrontar de golpe la revisión de más de medio millón de causas en toda España. Los letrados de Justicia, cuerpo al que tengo el honor de pertenecer desde hace casi dieciocho años, vimos venir hacia nosotros una vez más la responsabilidad de gestionar, dentro de las oficinas judiciales, el problema que estaba creando el Gobierno, y los jueces se encontraron con la necesidad de controlar un plazo más en sus procedimientos, el del


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momento de la preclusión, para solicitar diligencias complementarias o adicionales de instrucción por parte del fiscal y demás partes acusadoras. La situación creada originó una tensión entre nuestros principales operadores jurídicos que estos no se merecían y, lo que es peor, no sirvió más que para alimentar las esperanzas de los investigados de que las acusaciones pudieran encontrar limitadas sus facultades para preparar adecuadamente sus elementos de cargo. Y es precisamente aquí donde debemos decidir: ¿cuál es el fin de querer mantener el actual corsé que dificulta la plena realización de toda la actividad instructora que se considere necesaria? ¿Están a favor de favorecer la impunidad? No nos podemos permitir el lujo de atar de pies y manos la acción de la justicia para investigar delitos, especialmente si hablamos de los delitos más complejos y que, lógicamente, llevan aparejada una investigación más extensa, y entre ellos están los de corrupción. Señorías, los españoles no entenderían que por obstáculos procesales creados por los políticos algún corrupto con ínfulas de puertas giratorias pudiera reírse de la acción de la justicia.

¿Qué nos propone el Grupo Popular en su enmienda a la totalidad? Básicamente tres cosas. La primera, dejar las cosas como están, esencialmente esa es la idea. Es verdad que da un barniz al texto anterior, pero fundamentalmente es dejar las trabas tal y como están actualmente. La segunda es imponer una nueva obligación al juez instructor de avisar al ministerio fiscal de que se le acaba el plazo para poder pedir diligencias de investigación. Es decir, se convierte al juez instructor en el despertador del ministerio fiscal. Y, en tercer lugar, aplicar la regulación propuesta a todos los procedimientos y no solo a los que se inicien a partir de la entrada en vigor de la misma. Es decir, obligar otra vez a los juzgados de instrucción y a las fiscalías a hacer inventario general; más trabas.

Señorías, si de verdad queremos buscar la excelencia en la duración de la fase de instrucción de las causas panales, abordemos las causas verdaderas que lo impiden. Primero, desde el punto de vista estructural, hay que invertir en justicia, es nuestra obligación, poner los medios necesarios para que las causas más complejas reciban toda la atención que necesitan sin que ello suponga la paralización de los demás asuntos del juzgado. Segundo, actos de comunicación. En la mayoría de los casos, los retrasos obedecen a factores extrínsecos al puro trámite procesal. Es relativamente frecuente que la instrucción de las causas penales se paralice a la espera de la cumplimentación de exhortos, de oficios o mandamientos a entidades públicas o privadas. También lo es por el muy riguroso sistema de las notificaciones personales, que obliga a hacer piruetas para encontrar a quien en muchas ocasiones no desea ser encontrado. Y arriba de esto, para adecuarlo a los nuevos tiempos, sí es necesario y urgente. En un mundo en el que la mayoría de la gente se comunica por redes sociales y por vías telemáticas, la Lecrim no puede quedar al margen. Hasta que vea la luz la nueva ley de enjuiciamiento criminal o como se quiera llamar al texto nuevo, se deberían reducir los tiempos de los procedimientos, simplificar y modernizar los trámites en algunos de ellos y repensar el catálogo de recursos disponibles durante la fase instructora. Conviene pensar que en el actual procedimiento sumario, en la fase de instrucción, y en el ordinario hay algunas diligencias que se regulan casi como cuando se creó la norma en el siglo XIX, y, por tanto, no es válido para una sociedad y para una justicia del siglo XXI.

Acabo ya. En cualquier caso, el camino para tener una justicia moderna, eficaz y lo más breve posible en la fase de instrucción penal no pasa por mantener el actual texto del artículo 324, sino por permitir a los juzgados, tribunales y fiscalías trabajar con todas las herramientas procesales y materiales que necesiten para llevar a buen fin las actuaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.

El señor ARANDA VARGAS: Señor presidente, muchas gracias.

Señora Moro, esa manía del PP de considerar cualquier opinión diferente a la suya como un ataque a la Constitución, como si esta fuera de su propiedad, como el anillo que decía el señor Mena, es cuando menos curiosa, sobre todo viniendo de un partido que es heredero de otro que, digámoslo suave, tuvo sus dudas a la hora de votar en esta Cámara la Constitución. (Aplausos). Lo que pasa, señorías del PP, es que he de reconocerles un arte especial a la hora de subir a esta tribuna y mezclar cualquier punto de debate con sus prejuicios y obsesiones. No son los únicos, lo reconozco, a su estribor hay otro partido que hace del prejuicio su seña de identidad. Lo que ocurre, señorías, es que el prejuicio es ajeno a la razón y, de hecho, lo que ocurre es que el que viene a esta casa y de casa con la mochila llena de prejuicios no


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razona, si acaso tergiversa hechos, cuando no manipula, miente, discrimina u ofrece información sesgada, todo con el mero objetivo de reforzar su creencia previa, la que trae en la mochila; vamos, hacer venir la realidad a su idea preconcebida, y así es muy complicado mantener un debate.

En mi anterior intervención desde este atril hice alusión a mi percepción de teloneros de la bancada de VOX. A la luz de lo visto en este Pleno estos dos días, me recuerdan una película, que se llama El truco final, en la que dos magos compiten por crear el mayor truco de ilusionismo. Pues bien, ustedes compiten para crear el mayor truco de ilusionismo conocido hasta la fecha, que es la derecha española.

Pero vamos a hablar del caso que nos ocupa hoy que no es otro que el debate de totalidad para derogar, por fin, el artículo 324 de la Lecrim, una derogación, señorías, que es una demanda compartida por todos los colectivos de la justicia; es una de aquellas cuestiones de las que uno puede llegar a pensar que hay espacio para el acuerdo, si es que quieren, porque ustedes saben que algunas de las críticas que han hecho los profesionales del derecho a este artículo vienen por las numerosas lagunas y disfunciones en su interpretación y porque genera riesgo de impunidad, como hemos visto en algún caso que se ha sobreseído, o absoluciones que afectan a derechos fundamentales, lo que implica una desprotección a la víctima. Señorías -se ha dicho aquí-, es la tercera vez que se intenta este debate y todos, en mayor o menor medida, estamos de acuerdo en que su reforma de la Ley 41/2015, que entre otras medidas introdujo esta modificación, no solo no ha resuelto nada, sino que ha empeorado la situación. Pero, señorías, este debate hoy hay que encuadrarlo en uno más profundo, como es el de la agilización y modernización de la justicia. En ese sentido, tanto el real decreto aprobado por esta Cámara como este proyecto de ley pertenecen a un paquete de medidas destinadas a este fin, junto al proyecto de ley de medidas organizativas y otras medidas anunciadas por el señor ministro en su comparecencia de febrero comprendidas en el Plan Justicia 2030.

Señorías -sinceramente se lo digo, de corazón-, la justicia, y más en estos momentos de crisis global, tiene elementos para poder trabajar en grandes consensos para sacarla del impasse en el que se encuentra. Vale la pena ponerse a ello. Creemos que esta derogación que se plantea va en el camino de dar más seguridad y garantizar los derechos de las partes. Pero, señorías del PP, ¿con qué PP nos quedamos?, ¿con el de su propio presidente, Pablo Casado, que decía en septiembre de 2008, con entidades de jueces y fiscales, que se comprometía a derogar este artículo o con su enmienda a la totalidad? Entiendo que la coherencia a veces es un bien preciado que cuesta mucho encontrar, pero les animo a que no decaigan en el intento porque les aseguro que la recompensa, cuando la encuentren, es muy alta. Señorías, su posición en esta Cámara denota más bien que en realidad están a favor de facilitar esta impunidad que jueces y fiscales denuncian. Su grupo, en la Legislatura XII, bloqueó sistemáticamente su tramitación con la aprobación de hasta sesenta y cuatro ampliaciones del plazo de enmiendas, hasta que la proposición decayó por la disolución de las Cortes. Por cierto, no veo ahora al señor Bal. No sé dónde estaba él, pero su grupo estaba con el suyo, bloqueando en la Mesa estas iniciativas. Por cierto también, señor Bal, este grupo fue el primero que en febrero de 2016 presentó una propuesta de derogación de este artículo. También hay que recordárselo. Y ahora presentan esta enmienda a la totalidad, una enmienda que ni resuelve el problema ni cumple con las finalidades de la reforma que se discute. En su enmienda siguen manteniendo el sistema binario de plazos para las investigaciones ordinarias y complejas, con la consiguiente complejidad que ello acarrea. Es muy sencillo, señorías del PP, muy simple. ¿Están o no a favor de derogar el artículo 324? ¿Sí o no? ¿Están a favor de acabar con la laguna de inseguridad y con una puerta de entrada a la impunidad? Aclaren, por favor, de una vez si están en contra o a favor de la impunidad para presuntos autores de delitos de corrupción. ¿Sí o no? Es muy sencillo.

Señorías, la posición de mi grupo, del Grupo Socialista, desde la aprobación en solitario y en soledad por su grupo de la ley de 2015 no ha cambiado un ápice. El artículo 324, lejos de arreglar nada, ha puesto en riesgo la propia justicia penal. Como dijo en su día el actual ministro, dos son las razones por las que apoyamos la derogación de este artículo: por coherencia -la que les falta- y por justicia. Por cierto, justicia, señores de VOX, esa justicia que últimamente no les da mucha razón en sus múltiples, pintorescas y descabelladas incursiones judiciales. Son ustedes a la política lo que la homeopatía a la medicina, un placebo sin utilidad. Lástima que les falte el toque de azúcar dulce que tiene la homeopatía. (Aplausos).

Señorías, lo repetimos otra vez -el ministro lo dijo en su comparecencia para dar cuenta de sus líneas generales-, este proceso que nos ocupa hoy va a ir acompañado de otras leyes que vamos a poner en marcha, y ahí encontrarán a nuestro grupo para tener un debate sosegado, un debate de altura que pueda situar a la justicia donde se merece. Nosotros somos un partido al que le gustan el diálogo y el pacto; tenemos una irrenunciable vocación de mejora de las leyes que doten de sentido a nuestro sistema


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democrático, social y de derecho. Y acabo con una mención que hacía usted, señora Moro, al ADN, a la información genética que tenemos cada uno en política. Yo no voy a especular sobre su ADN político, de dónde viene cada partido, pero sí le voy a decir cuál es el ADN de este grupo y de este partido, el ADN del PSOE después de ciento cuarenta años. Nuestro ADN es que ley y progreso van de la mano; ley y derechos van de la mano; ley y avances sociales van de la mano. En definitiva, ley y justicia van de la mano. Lo hemos hecho, mal que les pese, a lo largo de nuestros años de Gobierno y también ahora en el Gobierno de coalición, porque nosotros no nos olvidamos de legislar para mejorar. Ese es -no se le olvide- nuestro ADN.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 61, CON EL FIN DE REGULAR, PARA CASOS DE EXTREMA NECESIDAD, LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR SESIONES DEL CONGRESO A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS. (Número de expediente 410/000008).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 61 con el fin de regular para casos de extrema necesidad la posibilidad de celebrar sesiones del Congreso a través de medios telemáticos. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.

El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Señor presidente, señorías, traemos una proposición de reforma del Reglamento del Congreso, la adición de un apartado 4 al artículo 61 que tiene por objeto permitir una cosa que ya es una realidad tangible en toda la sociedad -de hecho, se lo hemos estado pidiendo durante la pandemia a todos los ciudadanos-, el teletrabajo, la posibilidad de que realicemos plenos telemáticos. Además, hemos sido muy prudentes a la hora de redactar esta proposición, por cuanto nos hemos ceñido a casos de extrema y urgente necesidad derivados de la emergencia sanitaria o causas análogas. Por tanto, sin perjuicio de lo que prevé el artículo 55 del Reglamento y de lo que prevé también el artículo 70.2, pedimos que se permita la celebración de plenos, comisiones, Mesa y junta de portavoces telemáticamente; de hecho, muchas juntas de portavoces ya se están celebrando telemáticamente y la democracia no ha quedado resentida por ello. Por tanto, pedimos que se facilite el trabajo telemático y creemos que los ciudadanos no entenderían que no lo aprobáramos.

Existe riesgo de contagio. Afortunadamente, salimos ahora del primer ciclo de la COVID, pero por desgracia las autoridades sanitarias advierten de que es posible que en otoño volvamos a tener nuevos episodios. Por tanto, concentrar a tantos diputados en este espacio implica un riesgo de contagio evidente. Además, desde el punto de vista económico supondría un ahorro de consideración. Cada uno de nosotros tiene que venir desde sus diversas localidades y, además, el Congreso nos paga billetes de tren o avión en clase preferente. Lo podríamos hacer tranquilamente desde nuestras casas o desde nuestras ciudades a través del video y ahorraríamos mucho dinero al erario público.

Insisto en que no se podría entender ningún motivo de oposición a esta propuesta, salvo que -como temo- el motivo de esta resistencia a introducir los plenos y las reuniones telemáticas sea un miedo muy concreto. Pues añadamos una disposición adicional: esta regulación no será aplicable al señor Carles Puigdemont. Entonces nos quedaríamos todos tranquilos. Si el miedo es que no se aplique a Puigdemont, lo ponemos de forma específica, pero no nos neguemos al avance.

Yo llevo poco tiempo aquí, pero mi decepción es muy grande, como antes también decía el señor Bal. Aquí no venimos a debatir; aquí venimos a monologuear sucesivamente. Me gustaría que la realización enfocara el hemiciclo: está vacío. Somos poco más de cincuenta diputados, no somos ni una quinta parte de los diputados. Y esto no pasa solo ahora porque estemos en pandemia, esto es lo habitual. Aquí salimos los oradores, normalmente con intervenciones escritas, aunque sea la réplica al que ha intervenido antes -nos da igual-, porque aquí no venimos a debatir con argumentos, sino que el único argumento y el que más se repite es: y tú más; cuando tú gobernaste fue peor, o allá donde tú gobiernas lo hacéis


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peor. Por tanto, venimos a buscar nuestro minuto o nuestros treinta segundos de gloria en la televisión, o los aplausos o los likes en las redes sociales donde luego colgamos nuestros videos.

Decía que esto está vacío y, además, hay otra cosa que también distorsiona el debate. Yo he descubierto una nueva ley física: la brillantez de un orador es directamente proporcional al volumen de su grupo parlamentario. Cuando sale alguien de un grupo parlamentario grande, es ovacionado de pie y con entusiasmo. A mí, pobrecito, de un grupo minúsculo, jamás me aplaudirá nadie, pero me conformo con este triste sino.

Decía que vamos siguiendo debates vacíos y, además, lo que no saben los ciudadanos es que ni siquiera votamos después de los debates. Cuando se acaben todos los debates que tenemos previstos, que son muchísimos, sonará un timbre, acudirán los diputados y votaremos de golpe veintidós cosas. La mayoría de los diputados no sabe ni de lo que se está hablando. Entonces es cuando vemos la icónica imagen del portavoz moviendo un dedo: voto a favor; moviendo dos dedos: voto en contra; o moviendo tres: abstención. Por favor, seamos un poco serios, que nos pagan los ciudadanos muy bien para hacer un trabajo al que nos deberíamos emplear con más ahínco.

Ya puestos, deberíamos intentar reformar también la rigidez del Reglamento en cuanto a los tiempos. Antes, para un tema del que sé, me tocaron tres minutos y medio; además, este reloj no tiene medios y, en vez de cuatro, me pusieron tres. A los tres minutos empezaron a salir luces y alarmas. Suerte que llevo la cafinitrina a mano, porque me ha dado miedo que me cogiera un colapso con todas estas luces que van saliendo. Y ahora, para pedir una cosa tan obvia, me dan doce minutos; me sobran, no les voy a cansar. Son, además, las tres y veinte minutos de la tarde y llevamos aquí desde las nueve de la mañana. Esto es inhumano incluso para los diputados y diputadas; deberíamos regularlo de alguna forma mucho más razonable.

El Reglamento, rígido en cuanto a los tiempos, se convierte además en una especie de cotilla para, por ejemplo, poder llevar a cabo comisiones de investigación -no entro, no se preocupe, señor presidente, no me tendrá que llamar al orden- con argumentos jurídicos insostenibles. La propia justicia española está investigando las noticias, notitia criminis, como se dice en términos procesales, que afectan al rey emérito. Cómo no vamos a poder investigarlo en esta casa, en la sede de la democracia, cuando el rey emérito pasó de ser inviolable a ser aforado y por tanto puede ser juzgado; cuando la propia justicia está investigando; cuando es evidente que los casos de corrupción que presuntamente se investigan podrían afectar no solo a personas inviolables, sino también a otras personas físicas o jurídicas que estuvieran involucradas. Pero no, el Reglamento nos lo prohíbe y la interpretación del Reglamento nos lo prohíbe todavía más. O hacemos comisiones secretas; que nadie se entere, para defender su honor, de los gravísimos hechos que se imputan a la señora Borràs. Lean ustedes El Mundo, ABC o La Razón y verán transcritas todas las valoraciones fiscales, pero de aquí que no salga nada; vamos a preservar en vez de intentar fomentar la máxima transparencia y que se pueda debatir con luz y taquígrafos y taquígrafas, como debería ser siempre en esta casa.

Por tanto, al margen de la reforma que puntualmente proponemos, yo insto a la Mesa a que se lo tome en serio, a reformar el Reglamento y a intentar modernizar un poco esta casa. Yo desde que he llegado, con tantos terciopelos, a veces tengo la sensación de estar en el siglo XX o en el XIX; a veces cierro los ojos y tengo la sensación de oler a naftalina. Los ordenadores que tenemos en nuestros escaños llevan Windows 7, sistema operativo de 2009; naturalmente no funcionan ya. Los ciudadanos no lo habrán visto, pero cuando les enseñé a mis hijos el carné de diputado... Todavía se ríen de mí: pero papá, ¿adónde vas? Por favor, intentemos reformar esto, intentemos que esta sea una casa de debate, hagámoslo con seriedad, no con el "y tú más", porque, si no, cada día va a haber más desafección de la ciudadanía hacia la clase política.

Por tanto, yo acabo sin consumir los doce minutos que, en generoso exceso, hoy me han correspondido diciendo: tomemos en consideración esta reforma del artículo 61.4, con la cláusula Puigdemont si ustedes quieren y si tanto miedo les da. Aprovechemos. Inste la Mesa a una reforma mucho más amplia del Reglamento y hagamos entre todos un esfuerzo para llevar este Congreso de los Diputados, la sede del parlamentarismo, al siglo XXI, que estamos a punto de entrar ya en su tercera década.

Muchas gracias. No hace falta que me aplaudan, que soy de un grupo minúsculo. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


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El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

A lo largo de esta crisis hemos escuchado en esta Cámara muchísimos discursos que han comenzado apelando a la solidaridad de todos nosotros, diputados, con el conjunto de la sociedad española, acompañándola en su dolor, en sus pérdidas y también en los duros momentos que atraviesan millones de familias en nuestro país. Son discursos que se han pronunciado desde hace semanas desde este hemiciclo, desde esta tribuna.

Nos trae el Grupo Plural una reforma del Reglamento de esta Cámara para poder realizar plenos telemáticos, pero, señorías, mi Grupo Parlamentario piensa que llegamos tarde. En Ciudadanos no tardamos ni siquiera una semana desde el estallido de la crisis en solicitarlo de forma continuada en las reuniones de la Junta de Portavoces. Una interpretación restrictiva, creemos nosotros, del Reglamento por parte de la Presidencia de la Cámara lo impidió de forma continuada. Lo hemos exigido muchísimas veces, y he de decirles, señorías, que nos quedamos solos siempre. Ningún otro grupo parlamentario defendió esta postura en la Junta de Portavoces. Por eso, el problema para nosotros no es que tomemos o no en consideración esta proposición de ley, sino todo el tiempo que hemos perdido y el mal ejemplo que hemos dado a los ciudadanos cuando era más necesario que nunca que esta sede, la sede de la soberanía nacional, la sede todos los españoles no fuera un organismo ajeno a su realidad.

Les hemos pedido a los españoles que se queden en casa, y lo han hecho. Les hemos pedido a los españoles que teletrabajaran, y lo han hecho. Hemos obligado a los más pequeños, a nuestros hijos menores, a que interrumpieron las clases, y lo han hecho. Y mientras ellos cumplían su parte del trato, ¿que hacíamos nosotros? Éramos la excepción, y seguíamos acudiendo al Congreso y yendo a trabajar como si no pasara nada. Señorías, nos tenemos que tomar esto en serio, de verdad. Aquí se debatió cómo aplicar un estado de alarma para restringir la movilidad, sin que fuéramos capaces de organizar un solo pleno telemático que evitara poner en riesgo a los trabajadores de esta Cámara y que diera ejemplo a todos los españoles.

Señorías, una reforma del Reglamento de esta casa no es que sea necesaria, es que es imprescindible. Voy a citar unas palabras del señor Carlos Gutiérrez Vicén -no está en estos momentos-, secretario general de esta casa, que escribió en la revista de las Cortes Generales en el año 2018 un extenso artículo sobre la necesidad de esta reforma, y cito: "La reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados se ha convertido en una verdadera asignatura pendiente, tal y como puedan ser la reforma del Senado o la modificación del régimen constitucional en cuanto a la sucesión de la Corona o la aprobación del Reglamento de Cortes Generales que para regir las sesiones conjuntas de ambas Cámaras prevé el artículo 72.2 de la Constitución". Señorías, el Reglamento del Congreso se ha modificado trece veces desde el año 1982, y la gran mayoría de las modificaciones han sido del artículo 46, el que nos dice cuáles son las comisiones legislativas, por, lógicamente, adaptarlas a las diferentes estructuras del Gobierno. De las trece veces, la gran mayoría han sido, simplemente, para cambiar el nombre de las comisiones. Ha habido alguna sobre los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y, en el año 2011, para incluir el voto telemático en las circunstancias de permiso de paternidad, maternidad y enfermedad grave de diputados.

Este Reglamento fue pensado para un escenario bipartidista, señorías. Aunque queden dentro de este hemiciclo muchos nostálgicos de aquel bipartidismo, que ya no existe, el pluripartidismo ha venido para quedarse, y hay que adaptar el Reglamento a la igualdad de condiciones, sin ventajas que adulteren nuestra realidad política, tal como lo hacemos aquí todas las semanas. Parece necesario actualizar, por tanto, y traer al siglo XXI las reglas de juego parlamentario y no solo los plenos telemáticos, señor Cuevillas, sean por las circunstancias que sean. Me gustaría preguntarles: ¿Ustedes no quieren reformar el modo en el que se hacen las preguntas al presidente del Gobierno y al Gobierno, según el artículo 188? ¿Tenemos que estar todas las semanas, todos los miércoles, en esta tontería de: usted no me ha preguntado lo que me dijo por escrito; entonces yo le contesto lo que me dijo aquí, pero no a lo que usted me ha preguntado? ¿No es capaz un presidente del Gobierno o un ministro de un Gobierno español de responder a una pregunta de la oposición aunque no se la haya formulado por escrito antes? Pero si esto lo hacemos todos, en todos los medios de comunicación y todos los días. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No sería razonable que el presidente del Gobierno contestase a una pregunta de cada grupo parlamentario en la sesión de control y no siempre a una del mismo, la del segundo grupo, y dos a repartir entre todos los demás? ¿Y el compromiso con las iniciativas que no son de ley? ¿Vamos a seguir aquí haciendo PNL que no valen para nada? ¿Van ustedes a presentar, partidos de Gobierno, PSOE y Podemos, una PNL para quitar las condecoraciones a Billy el Niño, cuando es el Gobierno y pueden traer ustedes un real decreto para hacerlo? Estamos haciendo


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cosas con las que lo único que hacemos es engañar a todos los ciudadanos. ¿Vamos a cambiar de verdad la forma de elegir al Consejo General del Poder Judicial?, porque eso también está regulado en el Reglamento. ¿Y la votación electrónica de los miembros de las asambleas parlamentarias internacionales? Uno no puede ir a una asamblea parlamentaria aunque su presencia sea importante. Queremos tener peso en Europa, queremos peso en el mundo, pero un diputado no se puede desplazar, aunque sea con permiso, porque tiene que venir a votar presencialmente.

Del registro de lobbies casi ni les hablamos. La conveniencia de que en el Reglamento esté el debate sobre el estado de la nación... ¡Es que ya ni me acuerdo cuántos años hace que no se hace un debate sobre el estado nación! La participación ciudadana en las cosas que hablamos aquí, nada; pues ¡tampoco parece que nos preocupen mucho! Y las fórmulas de promesa o juramento a la Constitución, yo también creo que habría que regularlas en este Reglamento, y no permitir espectáculos vergonzantes, a interpretación siempre del presidente de la Cámara, que lo único que acaban es dando más trabajo al Tribunal Constitucional por las inconstitucionalidades que se producen sobre este tema. ¡Pues regulémoslo! Hagamos una reforma y regulemos esto.

Ahora bien, le voy a decir una cosa, señor Cuevillas, muchas son las razones para votar esto a favor, y nosotros lo vamos a votar a favor, pero yo creo, señores de Junts per Catalunya, señor Cuevillas -finalizo, presidente-, que a ustedes les da absolutamente igual el Reglamento de la Cámara. A ustedes, el Reglamento de esta Cámara les da lo mismo, porque ustedes solo están preocupados de lo de siempre, de su mesa de diálogo del señor Torra con el Gobierno, de seguir repartiendo carnés de buenos y malos catalanes, de dejar al resto de los españoles desde su xenofobia excluyente, y ahora, señores de Junts per Catalunya, de disfrazar de donaciones para la lucha contra el COVID lo que no es más que financiación para su fugado Puigdemont. Hasta de eso han sido capaces ustedes; han sido capaces, en esta crisis, de financiar, a través de donaciones utilizando el COVID, al señor Puigdemont en Waterloo. Señores de Junts per Catalunya, no tienen ustedes medida, y no tienen medida porque no tienen ustedes vergüenza.

Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías, la pandemia de la COVID-19 ha ocasionado importantes alteraciones en las actividades sociales, afectando, por supuesto, a las instituciones públicas. En particular, y en el caso del Congreso de los Diputados, todos saben que la emergencia sanitaria nos ha llevado a reducir la actividad parlamentaria a un nivel muy básico, suspendiendo la actividad de las comisiones parlamentarias, con la excepción de la Comisión de Sanidad, limitando los plenos al tratamiento de cuestiones urgentes y, además, por recomendación de las autoridades sanitarias y con el acuerdo de la Junta de Portavoces, pidiendo a los grupos parlamentarios que redujeran el número de diputados y diputadas que pudieran asistir al Pleno; un acuerdo que han cumplido de buena gana casi todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo Popular, que lo ha cumplido de aquella manera, trayendo a la mitad de sus diputados cuando se pedía un 30 % y volviendo a las oficinas del Congreso antes de tiempo. Pero, bueno, ya sabemos que las reglas no van mucho con ustedes.

En cualquier caso, creo que hemos hecho lo que se tenía que hacer. Se trataba de salvaguardar la salud y de evitar contagios en el Congreso de los Diputados, pero, diciendo esto, también, somos conscientes de que esta situación ha reducido inevitablemente las capacidades de impulso y control del Poder Legislativo, y compartimos que hay que pensar e imaginar soluciones para salvaguardar la actividad parlamentaria en otras crisis, porque a nadie se le escapa que podrían venir nuevos rebrotes, incluso crisis aún más graves, que no nos permitieran ni siquiera mantener el nivel básico de actividad parlamentaria que hemos mantenido estas semanas.

¿Cuál es el problema? Como se ha dicho, lo que ocurre es que tenemos un Reglamento del Congreso que, si bien precisa los mecanismos para declarar estado de alarma, sitio o excepción, no explica cómo garantizar el funcionamiento de la Cámara en estas situaciones temporales y excepcionales. Posiblemente, en la época en la que se redactó el Reglamento del Congreso se trataba de un problema de difícil solución, pero tras la aparición de las videoconferencias y la


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generalización de las conexiones de banda ancha, seguramente podríamos tener una solución sencilla a este problema.

En este sentido, le tengo que decir al señor diputado proponente que compartimos el fondo de la reforma. De hecho, el pasado 3 de abril, el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ya registró una reforma del Reglamento del Congreso para que la actividad parlamentaria pudiera llevarse a cabo por medios telemáticos en los estados de alarma, excepción y sitio. Sin embargo, nuestro voto no puede ser favorable a esta propuesta por varios motivos que voy a intentar resumir muy rápidamente.

La iniciativa que hoy debatimos se limita a introducir un cuarto apartado en el artículo 61. Se trata, por tanto, de una proposición un tanto escasa, ya que no parece que la modificación de un solo párrafo sea suficiente para lograr que la Cámara pueda funcionar por entero de manera telemática. Por ser concretos, fijémonos en el apartado que se quiere modificar y su lugar en el Reglamento del Congreso. El artículo 61 -que es el objeto de modificación de esta propuesta- inicia un capítulo que se llama: De las sesiones. Sin embargo, el funcionamiento de una cámara legislativa no se proyecta única y exclusivamente en las sesiones, sino también en otros ámbitos esenciales, como son los debates y las votaciones, y de todo esto su proposición no dice absolutamente nada. Y no se trata solo de errores técnicos; el funcionamiento telemático de un parlamento exige plenas garantías jurídicas y la proposición que debatimos, a nuestro juicio, no las incorpora.

Una de las cuestiones más importantes a la hora de abordar esta reforma debería ser concretar los supuestos habilitantes para que esta Cámara funcione de manera telemática. En la proposición que nuestro grupo parlamentario presentó el pasado 3 de abril, como le decía, delimitábamos claramente los supuestos; nos referíamos, en este sentido, a catástrofes naturales o climáticas, accidentes graves, crisis sanitarias, parálisis de los servicios públicos esenciales o los estados de emergencia que prevé el artículo 116 de nuestra Constitución. Sin embargo, la proposición que hoy nos trae el Grupo Plural se limita a mencionar la emergencia sanitaria y -cito- otras causas de naturaleza análoga. Esta indeterminación, a nuestro juicio, genera demasiada inseguridad jurídica.

Tampoco regula esta proposición cuestiones esenciales para el funcionamiento telemático, como son las modalidades de debate o la necesaria adaptación de las votaciones telemáticas, por ejemplo, qué pasaría en el caso de que en una sesión hubiera fallos técnicos. ¿Sería una sesión válida o no lo sería? Tampoco se recoge esta cuestión.

No son cuestiones menores, señorías. Esta semanas ya hemos visto tanto en la Mesa del Congreso como en la Junta de Portavoces cuáles son las posibilidades y límites de estas nuevas herramientas telemáticas, y esta propuesta que ustedes nos hacen no se acaba de hacer cargo de esa complejidad, porque hay toda una serie de supuestos que hacen referencia a situaciones de debate presencial que aquí sencillamente no se contemplan. En definitiva, las necesidades de mejora de esta proposición -dicho sea con todo el respeto- son demasiadas. Perfeccionar esta iniciativa con enmiendas supondría desnaturalizarla por completo y con total seguridad el resultado sería un texto inconexo, falto de claridad y que en realidad poco tendría que ver con la proposición inicial.

Por las razones expuestas, nuestro voto, como decía, será desfavorable, a pesar de que compartimos la necesidad de la reforma. En todo caso, vamos a seguir trabajando para que cuanto antes podamos reformar el Reglamento del Congreso, a fin de permitir el funcionamiento telemático, pero hagámoslo con el rigor técnico que necesita y que requiere la sede de la soberanía popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo Liste.

El señor CALVO LISTE: Gracias, señor presidente.

Señorías, en nuestra memoria los miles de víctimas del COVID-19, nuestro pesar a sus familiares, nuestro ánimo a los que todavía están enfermos.

El Congreso de los Diputados suspendió la actividad plenaria la semana siguiente al fatídico 8-M. Se nos trae hoy aquí la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por parte de un partido golpista. Con estos mimbres, mucho nos tememos cuáles van a ser las intenciones que en realidad esconde esta propuesta, más allá de la inocente intervención telemática de los diputados. No es casual que sea este grupo quien lo presente, como tampoco lo era la semana pasada la propuesta del Grupo Republicano acerca de la delimitación de la justicia militar. Las bases,


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fundamentadas en una absoluta falta de respeto por el parlamentarismo, parten una vez más de los enemigos de España y de la democracia, que pretenden conculcar el noble desempeño de la función parlamentaria y la naturaleza misma del Parlamento.

Este es un foro de debate que gira en torno a la deliberación, y esta debe ser pública, con una estructura dialogal e incluso de expresión no verbal, con los gestos, los movimientos del cuerpo y de las manos; esta interacción permite la formulación de opiniones y votos diversos en contradicción. Es por ello que la presencia es consustancial a la actividad parlamentaria, es un deber y una norma general, y no es que lo diga el Grupo Parlamentario VOX, sino que lo establece el propio artículo 15 del Reglamento del Congreso: "Los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Congreso y de las Comisiones de las que formen parte". Ahora los golpistas pretenden lo contrario, avanzar en que lo que es general, sea telemático, y lo presencial, el debate y la limpieza, sea lo anecdótico.

Los motivos son en primer lugar jurídicos, siendo solo posible el voto telemático delegado en circunstancias excepcionales como la actual, circunstancia que se ha extrapolado también a las Cámaras autonómicas. Las necesarias interrelaciones de los diputados entre sí no son viables en la distancia. El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 19/2019, de 12 de febrero, que tan poco ha gustado a los separatistas catalanes, establece el carácter presencial como fundamento del derecho parlamentario, que precisa de inmediación y contradicción, evitando igualmente la coacción en el voto, pues en la Cámara se expresa la voluntad del parlamentario y no la de un tercero que pueda asistir o actuar en nombre del ausente. El artículo 79.1 de la Constitución exige para la adopción de acuerdos que las Cámaras están reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Más detalladamente, el Reglamento del Congreso, en su artículo 70.2, parece dejar poco espacio a la flexibilidad interpretativa: Los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz. El orador podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna o desde el escaño, como yo estoy en este momento. El Tribunal Constitucional añade que el ejercicio de las funciones representativas ha de desarrollarse como regla general de forma personal y presencial, valorando incluso que la decisión del voto pueda surgir de la interrelación directa e inmediata entre los representantes, por lo que -sigue diciendo el Tribunal Constitucional- es preciso que los parlamentarios se encuentren reunidos de forma presencial, pues solo de ese modo se garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente pueden percibirse a través del contacto personal.

El derecho fundamental a la participación política viene recogido en el artículo 23 de la Constitución. El representante tiene un derecho, pero también un deber; es el llamado ius in officium, como conjunto de derechos que se le atribuyen al diputado en el ejercicio de la condición por todos y cada uno de los ciudadanos. La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica que los diputados, ejerciendo sus funciones, son los que permiten que los ciudadanos accedan al derecho a la participación política por medio de sus representantes. Ya el Pleno del Congreso, en aquella sesión de 21 de julio de 2011, había aprobado una reforma del Reglamento por la que se modificaban los artículo 79 y 82, y el objeto era claro: permitir la votación no presencial de los diputados en supuestos tasados y con la debida autorización de la Mesa de la Cámara, como pueden ser embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave. Ahora se han mantenido plenos presenciales con una asistencia reducida de diputados -en un principio cincuenta y luego hemos ido incrementándolos sucesivamente- y una extensión del voto telemático a aquellos que siguen la sesión a distancia. Estas reformas y ajustes reglamentarios, de suyo, son dudosos, y me atrevería decir que incluso pueden ser inconstitucionales, pues siendo cierto que el diputado puede votar, se le priva de poder intervenir, lo que colisiona con los artículos de la Constitución antes referidos y los del propio Reglamento. No caben plenos integrales telemáticos. La solución ha pasado por que la Mesa del Congreso de los Diputados extienda el voto telemático a todos aquellos que así lo deseen.

La sentencia antes citada no prevé, ni siquiera en casos excepcionales, lo que se enlaza con el segundo de los motivos, cual es que no se debe sacrificar la esencia del Parlamento por la tecnología. Además de previsiones reglamentarias que regulen posibles incidencias, han de existir unos requisitos técnico-logísticos, pues para poder hacer uso de la palabra o pedir turno de alegaciones, entre otros, sería especialmente gravoso que por una deficiencia técnica, una mala conexión a la red o un problema informático se privara a un diputado de presencia telemática o, lo que sería peor, de votación, por lo que afectaría directamente a la formación de la voluntad de la Cámara. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

El tercer motivo es la propia esencia del parlamentarismo, donde se toman decisiones fruto del debate, al ser un elemento vivo. Los independentistas quieren que el debate muera, que el Parlamento sea virtual,


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donde un fugado de la justicia o un preso puedan intervenir a distancia. Sería difícil interactuar eficazmente con los portavoces de los grupos parlamentarios. ¿Cómo podrían desarrollarse con normalidad turnos de réplica y dúplica, o incluso los debidos a las alusiones? ¿Cómo se podría negociar sobre la marcha en caso necesario? Hay que decir que la propia Cámara de los Comunes del Parlamento británico, en sus debates de estos últimos meses con motivo de la crisis, ha llegado a conclusiones similares y casi unánimes. No se puede confinar a la democracia ni someterla a cuarentena como ha hecho este Gobierno, pues es precisamente en estos momentos cuando es más necesaria y frecuente la adopción de medidas que requieren la deliberación y aprobación por parte del órgano que representa al pueblo español. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido.

No fue hasta el 15 de abril cuando se reanudaron las sesiones de control, esas que gustan tan poco al Gobierno, aprovechando la crisis para imponer su ideología comunista, como vimos con el nombramiento del señor Iglesias en el CNI, contratos a empresas fantasmas, nombramientos de nuevos altos cargos a dedo, repartos millonarios a medios de comunicación para que ofrezcan su visión de la crisis (aplausos) y regando a docenas de asociaciones afines que predican el pensamiento único.

Entrar en el siglo XXI y en momentos excepcionales como este, sí, pero nos faltan elementos indispensables en la propuesta, como por ejemplo: ¿qué entendemos por situaciones extraordinarias? No se garantiza la identidad del orador, el contenido de sus intervenciones y la duración de las mismas por medios tecnológicos; no se garantiza la comunicación en tiempo real entre los asistentes; no se garantiza la identidad del diputado y la seguridad y validez del voto. Desde VOX votaremos en contra, porque supondría que alguien desde Waterloo o desde la cárcel de Lledoners pudiera participar y votar en los plenos, y porque no puede permitirse que el Gobierno sustraiga en momentos tan importantes el control de las Cortes Generales, que representan al pueblo español, en quien reside la soberanía nacional. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.

La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidenta.

Señorías, nosotros, todos los diputados, independientemente de nuestro carácter, ideología o formación, representamos al conjunto de los ciudadanos españoles, y nuestro deber es dialogar, debatir, contraponer distintas visiones de la realidad y buscar acuerdos o disensos, pero concediéndonos todos, los unos a los otros, que estamos trasladando a esta sede la opinión de cuarenta y cinco millones de españoles que, teniendo ideas y sensibilidades distintas, conviven pacíficamente y comparten vidas. Ya se ha dicho aquí: el Parlamento se define por su capacidad de deliberar. Por ello no parece razonable que cuando el Gobierno promueva iniciativas mercadee la consecución de votos, haciendo concesiones que nada tienen que ver con las iniciativas, y una vez asegurados esos votos, haga un paripé parlamentario y votemos incluso antes del debate.

Dicho esto, todo parece absurdo, y lo es, pero es lo que hemos visto en los últimos meses. Esto ha llevado a que muchos ciudadanos cuestionen la actividad de los parlamentarios y pierda fuerza una característica esencial del parlamentarismo: el debate y la confrontación de ideas con serenidad y escuchándonos los unos a los otros. De todos podemos aprender. Por eso es muy importante que el Parlamento esté vivo y que cada uno de los trescientos cincuenta diputados podamos aportar nuestra visión y traslademos lo que nos dicen los ciudadanos a esta Cámara. En esta realidad social radica la necesidad de un trabajo presencial en el Parlamento. Por eso mi grupo ha defendido insistentemente que la presencia, el debate, el respeto a las normas, a los plazos, al Reglamento y hasta a la tradición es esencial en la vida parlamentaria.

No obstante, un país puede vivir situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, que necesitan soluciones extraordinarias y en este caso existe la posibilidad de dilatar plazos como en el pago de los tributos, pero en esta democracia madura de lo que no se puede prescindir nunca es del Parlamento. El funcionamiento de todos los poderes constitucionales del Estado sin excepción, pero especialmente el Congreso de los Diputados, no debe interrumpirse durante los estados de alarma, excepción y sitio.

Mi grupo cree necesario regular la introducción de las nuevas tecnologías en el Parlamento para tener preparadas soluciones que permitan una absoluta normalidad en el funcionamiento parlamentario, incluso en situaciones de excepcionalidad. Ha quedado claro que la iniciativa que se presenta hoy aquí no va en esa dirección. Parece que, por el contrario, quiere reducir en situaciones de normalidad la presencia de


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los diputados o menospreciar el debate que -como decía antes- es la esencia del parlamentarismo. Por lo tanto, no la vemos adecuada. Si esta iniciativa hubiese querido evitar en el futuro lo que hemos vivido estos meses: ausencia de control al Gobierno, suspensión de la iniciativa parlamentaria, votación previa a los debates, sería positiva. Si fuese en la línea de que una determinada mayoría pueda, porque tiene votos, actuar al filo del Reglamento, nos parecería inadecuada. No sabemos lo que quieren, o quizás sí. Desde luego, nada tiene que ver con el Reglamento ni con la democracia ni con el parlamentarismo.

Existe tecnología que hubiera permitido en el estado de alarma que el Parlamento hubiese desempeñado sus funciones de una manera completa. En el Congreso hay profesionales de primer nivel que lo hubieran hecho posible. No ha sido así porque ha existido -y lo digo más con pena que con crítica- una voluntad de que el Parlamento funcionara al ralentí, sin cumplir sus funciones y trasladando a los ciudadanos que la actuación del Gobierno hacía casi innecesaria la vida parlamentaria. En estos meses la labor de control del Parlamento al Gobierno se ha visto reducida: las comisiones y las comparecencias han disminuido, se han suspendido los plazos, las respuestas a nuestras preguntas escritas han sido inexistentes o han llegado fuera de plazo o han sido vagas e insustanciales, muchas de ellas remitiéndonos incluso a ruedas de prensa.

Con un estado de alarma, mayor debería haber sido el control por parte del Parlamento al Gobierno, pero esto no ha ocurrido. Existan mecanismos con las nuevas tecnologías para hacer transparente la labor del Gobierno ante el Parlamento. No se ha hecho porque no ha existido voluntad política de hacerlo. En estos meses no se han debatido apenas iniciativas de los grupos parlamentarios e incluso las mociones consecuencia de interpelación, algo tan tradicional, se habían suspendido, pero las hemos recuperado estos días. Se habían suspendido porque por motivos técnicos no se podían realizar; no era tan difícil, lo estamos viendo estos días. También estamos recuperando después de varios meses el debate de nuestras PNL o nuestras proposiciones de ley.

Durante estos meses sí que se han aprobado y convalidado reales decretos-ley. En todos ellos se ha dado al Gobierno poderes para hacer y deshacer por encima del marco legal normal. ¿Era justificable? Sí, por la excepcionalidad del momento, pero entonces esos reales decretos-ley no deberían haber traído propuestas tan diferentes que obligaban y sometían a los diputados o la disyuntiva de votar sí, no o abstención a todos los preceptos de manera conjunta. Eso también lo tenemos que modificar, sobre todo, en momentos de excepcionalidad. Se puede decir que estos reales decretos-ley se están tramitado como proyectos de ley, pero los trescientos cincuenta diputados sabemos que eso es una media verdad porque cuando se debatan esos proyectos de ley muchas de las situaciones reguladas en esos textos ya habrán finalizado.

En el estado de alarma los plenos se deben celebrar con normalidad y si no es posible por razones físicas o recomendaciones sanitarias o de seguridad, busquemos fórmulas que garanticen la presencialidad o la semipresencialidad que nos exige la Constitución. Además, debemos valorar y distinguir las reuniones de los órganos de dirección de las de los órganos funcionales, como las comisiones y los plenos, algo que la iniciativa que nos ha presentado aquí tampoco distingue; debemos aprobar una nueva regulación del voto telemático; debemos afrontar una mejora de los sistemas técnicos para abordar situaciones de excepcionalidad, sin que además no se dejen de lado las medidas de confianza del voto, que no son nada aconsejables, pero sí que ha ocurrido estos meses. Debemos contar con la tecnología adecuada, pero no es suficiente, ya que es preciso una decisión institucional para que su utilización sea adecuada y se respeten las garantías parlamentarias.

Señorías, avancemos, pero no perdamos la esencia del parlamentarismo y, sobre todo, no perdamos la confianza de los ciudadanos a los que todos representamos. Por todo lo expuesto, el voto de mi grupo será negativo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borrego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Casero.

La señora FERNÁNDEZ CASERO: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. Esta crisis nos ha puesto frente al espejo y ha hecho que nos replanteemos muchas de nuestras prioridades, que recapacitemos sobre lo que realmente importa y sobre cómo lo esencial es lo que mantiene a nuestra sociedad en pie, poniendo en valor lo público, es decir, eso que nos hace iguales y que nos trata a todos por igual, independientemente de nuestra renta. Hemos coincidido en reconocer que no hubiéramos podido afrontar la crisis sin la dedicación de tantos trabajadores


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esenciales que se han mantenido en primera línea para garantizar que todo iba bien, para garantizar que todo funcionaba y para cuidarnos a todos y todas, y también del sector público como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los docentes que han tenido que trabajar en situaciones muy difíciles, o los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales, que han dado lo mejor de sí para cubrir las necesidades básicas y para luchar contra dramas como la violencia de género, que se ha intensificado por las condiciones del confinamiento.

Señorías, ¿cómo les explicamos a todos estos trabajadores y trabajadoras y a todos estos servidores y servidoras públicos esta propuesta? Nosotros también somos servicio público y este Pleno es una actividad esencial más. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar al pueblo español, de ejercer las funciones legislativas y de control al Gobierno. De nuestras decisiones, de nuestros aciertos, depende el bienestar y el progreso de nuestra ciudadanía. La condición de representatividad de esta Cámara es característica esencial del debate parlamentario. Todos nosotros y nosotras asumimos el pluralismo político y social y tenemos la obligación de ofrecer todas las garantías para la formación de la voluntad del conjunto de los españoles y de las españolas a los que representamos. Esto es la esencia de nuestro trabajo y aunque en los tiempos que vivimos pueda parecer una paradoja, por la actitud sesgada y muy distanciada del interés general que practica la derecha de este país, o por afirmaciones como las que ha manifestado hace un rato el señor proponente de que aquí venimos a monologar, nosotros venimos a dialogar y venimos a llegar a acuerdos. Esto es algo que tenemos que recordar todos y cada uno de los días para ser útiles. En democracia el debate parlamentario es una pieza clave, siempre que se desarrolle libremente. Debe ser dinámico y sin restricciones que pudieran dificultar la posibilidad de convencer para llegar a lograr el objetivo final que es el acierto en nuestras decisiones. Debiera ser una obviedad que en situaciones de emergencia y de extrema necesidad se reforzaran estas garantías y no se intentara limitar la capacidad de autonomía, la capacidad propositiva o la búsqueda de acuerdos.

Es innegable que la revolución digital ya era una realidad, que la crisis del COVID ha acelerado, y que durante este tiempo hemos podido experimentar sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que todos hemos vivido cuáles son los límites de la pantalla en este tiempo. La ausencia de presencia física limita la interacción directa entre los interlocutores, hace menos flexible la negociación y nos priva de aspectos como la comunicación no verbal. No negarán que todos estos son factores muy importantes para que podamos desempeñar nuestro trabajo tal y como se espera de nosotros, y que el teletrabajo no garantiza su eficacia en todas y cada una de las actividades.

Por otro lado, no es cierto que por ajustarse a las medidas exigidas por las autoridades sanitarias en la lucha contra la pandemia la celebración presencial de plenos y comisiones haya impedido la participación política, la acción legislativa o la acción de control al Gobierno. Los números son explícitos, son objetivos y desde la declaración del estado de alarma se han celebrado nueve sesiones de control al Gobierno -a la derecha le hubiera bastado con una, porque en sus sesiones de control al Gobierno, de argumentario único, no han aportado nada en ninguna de las nueve sesiones-, más de cuarenta comparecencias en comisiones y se han convalidado diecisiete reales decretos.

El funcionamiento del Congreso de los Diputados se ha tenido que adaptar a las recomendaciones sanitarias, como otras tantas actividades esenciales, estableciendo una serie de medidas que adecuaran la celebración de las sesiones plenarias y de las comisiones a las circunstancias excepcionales vigentes durante la emergencia sanitaria, pero garantizando, a su vez, la continuidad de la actividad parlamentaria y la plena participación de los diputados y diputadas en la adopción de las medidas que han sido trascendentales para vencer al virus y para sentar las bases de la reconstrucción socioeconómica. Asimismo, se han celebrado sesiones telemáticas para el funcionamiento de las Mesas o para el contacto entre los portavoces o para reuniones con cualquier otro tipo de colectivos.

El carácter presencial de la actividad parlamentaria viene determinado por nuestra Constitución y reforzado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que recientemente en su Sentencia 19/2019 afirma -y leo literalmente- que "el ejercicio de funciones representativas ha de desarrollarse, como regla general, de forma personal y presencial". El Tribunal Constitucional parte de la premisa de que la propia decisión del voto pueda surgir de la interrelación directa e inmediata entre los representantes, por lo que considera que "es preciso que los parlamentarios se encuentren reunidos de forma presencial, pues solo de este modo se garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente pueden percibirse a través del contacto personal". Además, añade que "en los procedimientos parlamentarios la interacción entre los presentes es un elemento fundamental para que la Cámara pueda formar su voluntad. La formación de la voluntad de las Cámaras solo puede realizarse a través de un


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procedimiento en el que se garantice el debate y la discusión". Así pues, solo de este modo -con la presencia en esta Cámara- se garantiza no solo la constitucionalidad de nuestras decisiones, sino también el correcto ejercicio de la participación política que se consagra en el artículo 23 de la Constitución española. Este punto que debatimos hoy en el orden del día no solo impide el derecho fundamental de la participación política, ya que la participación política no solamente es un derecho de todos los diputados y diputadas sino que es también es un deber.

Por todo lo expuesto, el criterio de mi grupo parlamentario es desfavorable a la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que nos ocupa en este punto. Sería muy deseable que el debate que hemos tenido nos hiciese reflexionar sobre la legitimidad de la función representativa de todos los diputados y diputadas que formamos parte de esta Cámara. Ser demócratas es reconocer esa legitimidad y propiciar el debate constructivo para poder dar soluciones reales a las necesidades reales de los españoles y españolas que esperan verse representados en esta Cámara. La discusión y la toma de decisiones deben estar en el contenido de la propuesta y nunca se han de sesgar por cuestiones partidistas que nos impidan hacer política. Es momento de hacer mucha política, es momento de mucho diálogo, es momento de hacer política transformadora y útil para afrontar los retos que tenemos por delante. Demostremos que merecemos la confianza depositada en nosotros y nosotras, reivindiquemos la capacidad de diálogo y acuerdo y, señorías de la derecha, dejen atrás el parlamentarismo de argumentario único porque las frustraciones no superadas o las obsesiones compulsivas, aparte de poco saludables, suponen un lastre muy perjudicial para el bien de España. Dignifiquemos nuestro trabajo y esta institución y alejémoslos de la crispación y el insulto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 122/000009).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de lucha contra la corrupción.

Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. Hoy es un día en el que me subo aquí a hablar por segunda vez también de la lucha contra la corrupción y les presento la proposición de ley de Ciudadanos con la que se diseña un plan integral de lucha contra la corrupción, para prevenir la corrupción.

La corrupción es una de las grandes lacras de nuestra sociedad y produce tres efectos verdaderamente perniciosos: el primero, respecto al funcionamiento eficiente de las administraciones; el segundo, el robo de millones de euros que pertenecen a los españoles, y el tercero, la desafección que los ciudadanos sienten por las instituciones públicas al ver que al frente de estas instituciones se encuentran personas que no vienen a servirles sino a servirse de ellos. Se han hurtado millones de euros, de dinero de todos -porque es dinero de todos, no es ese dinero que se decía que no era de nadie-, se han ido miles de millones de euros en sobornos, en cohechos, en contratos amañados, en tráfico de influencias, en 'pitufeo', en la malversación, en la compra de voluntades, en el enchufismo, en chiringuitos, en el nepotismo, en las redes clientelares que han tejido muchos partidos políticos en muchas comunidades autónomas. Pero además, estas prácticas fraudulentas han llevado a que la ciudadanía no crea en sus instituciones porque cree que la gente está en los cargos públicos para enriquecerse, y eso genera un déficit democrático espectacular, porque cuando la gente no cree en sus instituciones no cree en la democracia, y eso es caldo de cultivo para el populismo y para la radicalización de las ideas, como lamentablemente hemos estado viendo con las broncas que se ha montado en el Congreso de los Diputados. Desde el Grupo Ciudadanos se intenta que eso no pase de nuevo.

Existe además una tercera idea en la ciudadanía, que es la idea de impunidad, la idea de que no somos todos iguales ante la ley, porque las personas que están en ese ámbito de la corrupción son poderosas, son adineradas, tienen muchos resortes y muchos recursos para quedar impunes. A mí me han dicho muchas veces mis amigos cuando perseguía a alguna persona famosa que ha terminado en la


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cárcel: no te creas que vas a poder con él. Y al final son los abnegados funcionarios, los jueces de instrucción, los fiscales, los servidores públicos los que, con mucha paciencia y con mucho esfuerzo, terminamos viendo entrar en la cárcel a personas que se han servido de los españoles.

En los cuarenta años de democracia se contabilizan más de doscientas tramas de corrupción, y para acabar con ellas solamente hace falta voluntad política, la voluntad política de los partidos políticos que, habiendo estado inmersos en casos de corrupción, quieren ahora salir de esa situación de corrupción. No nos vale la competición sobre quién es el más corrupto o sobre quién ha incurrido en el caso de corrupción más grave, o el que más ha robado a los españoles con la política de dedos cruzados, del "y tú más", esa vieja política a la que Ciudadanos quiere renunciar.

Hoy aquí los grupos parlamentarios pueden decir sí o no a la corrupción, hoy aquí no vale la abstención. Hoy aquí les demando un voto favorable a la toma en consideración de este plan integral de lucha contra la corrupción porque ese voto es decir no a la corrupción. Durante cuarenta años, el bipartidismo y el nacionalismo en siglas como son el Partido Popular, el Partido Socialista, e incluso Izquierda Unida, Convèrgencia i Unió o el PNV nos traen a la memoria palabras como los ERE, la Gürtel, Filesa, Rato, Pujol, De Miguel, los cursos de formación, la Púnica, Lezo el 3 %, Bárcenas, el caso Palau, los fondos reservados. Solo tengo doce minutos, no puedo hablar de todos los casos de corrupción que ha habido en todos los grandes partidos políticos de esta Cámara durante los últimos cuarenta años.

La politización de las instituciones también ha sido precisamente una cuestión que ha favorecido la corrupción. Los expertos en corrupción, el grupo Greco, por ejemplo, dicen que precisamente las designaciones discrecionales y los ceses discrecionales favorecen en la Función pública la corrupción. Somos el segundo país en Europa, después de Turquía, que más cargos funcionariales tiene designados a dedo, y también esa es una pata que hay que tratar en la lucha contra la corrupción. Necesitamos instituciones limpias y eficaces, necesitamos políticos y personas que desempeñen cargos públicos que sean íntegros, que sean ejemplares y que sean éticos.

Esta ley, que les presentamos desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pretende introducir en el sistema más transparencia, más responsabilidad y sobre todo más eficaces medios de prevención. Porque la corrupción se castiga, sí, en el Código Penal después de largas causas judiciales en donde hay que desenmarañar tramas muy complejas de personas que han hecho todo lo posible a través de un asesoramiento jurídico y financiero eficaz; grandes tramas de corrupción muy difíciles de desentrañar, pero hay que prevenirlas. Hay que prevenir que los políticos no metan la mano en la caja, no reciban sobres como lamentablemente hemos visto en tantas ocasiones.

Ahora tenemos una oportunidad histórica porque se ha publicado la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Estatuto de protección del denunciante. Cojamos todos los grupos parlamentarios esa bandera de la regeneración política que nos piden los ciudadanos. Nosotros presentamos este plan integral de lucha contra la corrupción sobre la base del diseño de ese Estatuto de protección del denunciante que prevé la directiva europea para trasponerla: una confidencialidad absoluta de la identidad del denunciante o alertador, como dicen otros grupos parlamentarios en una denominación que también nos parece bien; la indemnidad total desde el punto de vista laboral; la asesoría jurídica y legal gratuita al denunciante; la asistencia psicológica; la información de por dónde va su denuncia, y una resolución motivada al final de este procedimiento. De nada serviría esto si al frente de este procedimiento no pusiéramos, como nosotros defendemos, una autoridad independiente de integridad pública; una autoridad cuyo presidente sea designado por un amplio consenso de esta Cámara y que pueda diseñar los canales de denuncia, o en el trámite parlamentario podemos entre todos decidir que sea la propia ley la que regule estos canales de denuncia, pero con un poder sancionador muy elevado en aquellos casos en los que se rompa el estatuto de protección del denunciante.

Pero hay más cosas como, por ejemplo, la prohibición de los indultos por corrupción. Ha habido casos en la historia de España en donde se ha dicho -y se dice- que aquellos que son condenados por prevaricación no son corruptos. Miren ustedes, la corrupción es de todos los delitos que afectan a la Administración pública. Hasta el año 2017 desde el año 1996 se han indultado a cincuenta y cuatro condenados por prevaricación. El otro día en la Comisión de Justicia le preguntamos al subsecretario de Justicia cuántos prevaricadores habían sido indultados y no contestó. Por tanto, esto es verdaderamente alarmante porque no sabemos si este Gobierno quiere ocultar que también hay indultados condenados por prevaricación. Hay que regular la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos por sus altos cargos. A quién le cabe duda de que el Partido Popular era responsable por Gürtel o que el Partido Socialista era responsable por los ERE. Pues ahora, en el artículo 120 del Código Penal no se permite la


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condena a los partidos políticos por lo que realizan sus dirigentes que han sido elegidos por el partido político y no han sido suficientemente vigilados en la gestión de los fondos de todos.

Asimismo, hay que reformar el artículo 440 del Código Penal en lo referido a los incrementos no justificados del patrimonio de los políticos. Todos presentamos nuestra declaración de bienes y derechos cuando accedemos a la política. Nuestras retribuciones son públicas, ¿cómo se explica que después nos encontremos con políticos que al salir de la política descubrimos que se han enriquecido? Tendrán que dar una explicación en sede penal de dónde han sacado ese dinero, si han recibido sobres o prebendas; tendrán que explicar de dónde han sacado ese enriquecimiento. Hay que eliminar los plazos máximos de la instrucción penal, de la que ya hemos hablado y sobre todo se debe reformar el sistema de nombramiento de los altos cargos de la Administración.

Estamos abiertos a todas las enmiendas. Se han presentado ya varios textos de otros grupos parlamentarios, que juzgamos que tienen cosas muy buenas y que debería formar parte también de nuestro texto. Tenemos, por tanto, la mano tendida a la negociación. ¿Por qué se explica que esta proposición de ley tenga este contenido? Porque ya en su día presentamos una ley más ambiciosa y el Partido Popular y el Partido Socialista acabaron bloqueándola. Hemos reunido en esta proposición de ley solamente aquellas cosas que ya pactamos en su día por consenso, pero se puede abrir a más cosas. Lo que he dicho, por ejemplo, la regulación de los canales de denuncias, o el abrir también el ámbito de la ley a pelear contra la corrupción del sector privado, porque solamente hemos introducido en esta ley como objeto la pelea contra la corrupción al sector público.

Voten que sí a esta toma en consideración. Me he pasado toda mi vida profesional luchando contra la corrupción y para mí es hoy un orgullo venir aquí, al Congreso de los Diputados, a seguir peleándome contra los corruptos, pero insisto en que no caben abstenciones contra la corrupción. Solamente cabe un no y ese no es un sí a la toma en consideración de nuestra proposición de ley.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

En su precisa intervención, el señor Bal Francés apenas ha recordado que su grupo parlamentario reedita una iniciativa parlamentaria idéntica a la que formuló a principios de 2017 en esta misma Cámara legislativa. En aquel entonces, tal y como se recoge en el Diario de Sesiones, apoyé la toma en consideración de la proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción, aunque reproché -no fui el único que lo hizo- el oportunismo de Ciudadanos porque trató de apropiarse en exclusiva de la preocupación por esa gran lacra para la democracia y para el bienestar de la sociedad que es la corrupción. Hoy continúan vigentes aquellos argumentos del 21 de febrero de 2017, pero, al contrario que entonces, no considero pertinente esta toma en consideración, que adolece de algunos de aquellos defectos que incidían en el menosprecio hacia los acuerdos que ya se habían adoptado en el seno de las Cortes Generales y a los que se añade ahora la necesidad de que España adapte su legislación a las directivas de la Unión Europea y, singularmente, a las relativas a la protección de las personas que informan sobre infracciones al derecho de la Unión. Esta adaptación no debería hacerse por la vía de una propuesta del grupo parlamentario; tiene que plantearse por iniciativa del Gobierno. En este sentido, cabe señalar que la Unión Europea publicó la directiva, en su diario oficial, el pasado 26 de noviembre, es decir, hace solo siete meses, y cabe entender que la prolongada extensión y vigencia del estado de alarma por el COVID-19 ha trastocado el normal funcionamiento de la Administración, como ha trastocado también el funcionamiento ordinario de este Parlamento.

Tampoco estoy de acuerdo con la creación de una oficina antifraude a modo de chiringuito estatal y en evidente desdoro de los instrumentos legales de los que disponemos en España y, singularmente, de nuestros funcionarios. Me sorprende mucho que Ciudadanos haya sucumbido a semejante idea, propia de los tiempos confusos de la pandemia, como el Gobierno se ha encargado de perpetrar profusamente con la multiplicación de cargos a tutiplén. Considero que con los medios económicos y materiales con los que se supone que se va a nutrir esta nueva autoridad que propone Ciudadanos, lo que debemos hacer es potenciar los instrumentos ya existentes y dotar a la Fiscalía y a las fuerzas policiales de los fondos necesarios para que puedan hacer su trabajo de manera más eficaz. Por otra parte, en muchas ocasiones,


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cuando existen nuevas medidas legislativas innovadoras e iconoclastas de aplicar correctamente las que ya existen e incrementar los controles en la aplicación de la ley, siempre se debe buscar resolver realmente el problema y no un titular de telediario que diga: Nueva ley de corrupción.

La proposición de ley tampoco resulta equilibrada en lo que se refiere a los derechos de los denunciados, que también los tienen, porque algunos de esos denunciados pueden llegar a ser inocentes. Sí, porque, aunque esta proposición de ley parece olvidarse de ello, en nuestro sistema existe el derecho a la presunción de inocencia y a la defensa, y esto implica rudimentos legales, como que el que acusa ha de probar o que el acusado debe saber de qué se le acusa para poder defenderse. Nuestro ordenamiento, por regla general, ha venido obligando a identificar al denunciante penal e incluso, en algunos casos, a exigirle una suma económica como garantía de la seriedad de su acusación. Este tiene todo el derecho del mundo, e incluso la obligación, de poner en conocimiento de la autoridad hechos que puedan ser constitutivos de cualquier ilícito, pero se ha de garantizar la defensa del acusado, lo que entiende cualquiera que tenga ciertas nociones jurídicas y crea en un verdadero Estado de derecho. Señalo esto porque la ley de la que hablamos no establece consecuencia alguna para las denuncias falsas, que además pueden ser anónimas y sin llegar a hacer referencia a fechas y a presuntos responsables concretos. ¿Realmente se ha pensado en las consecuencias y en el coste de comprobación para las arcas públicas que esto puede conllevar en la práctica? En el artículo 6.3 del proyecto de ley se llega a derogar incondicionadamente el deber de secreto profesional, lo que entendemos que compromete el ejercicio del derecho a la defensa proclamado por el artículo 24 de nuestra Constitución. Por ello, creemos que para luchar contra la corrupción en España y, sin perjuicio de implementar en nuestro ordenamiento de una manera más concreta una figura como la del alertador de infracciones en cada uno de los textos normativos ya existentes en los que pueda tener de incidencia, lo que ha de hacerse ahora no es tramitar ninguna nueva ley, sino aplicar mejor las que tenemos y controlar su efectividad y cumplimiento dotando de fondos al Poder Judicial, a la Fiscalía y a los policías a su servicio.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, seguramente a muchas y a muchos de los que aquí estamos -y quiere uno creer que a la mayoría de la ciudadanía- nos preocupa la corrupción, pero no es menos cierto que también les ocupa a otros cuantos. Y digo que no es menos cierto, porque más de doscientos casos de corrupción en el Estado español desde que se inauguró esta que algunos definen como gloriosa etapa democrática no es poca cosa. El Fondo Monetario Internacional valoró el coste real de la corrupción en abril de 2019 en 60 000 millones de euros, y eso no es poca cosa. También podríamos coger el informe de abril de 2018 del Grupo de Los Verdes europeos, que la cifraba en 90 000 millones de euros. Cualquiera de los dos, tanto el de 90 000 como el de 60 000, denota que nos preocupará a muchos y a muchas, pero que también ocupa a unos cuantos. Ustedes decían en la exposición de motivos de la proposición de ley que nos traen aquí que este es un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia. Esto es literal. Yo lo comparto, lo que no entiendo es que, si esto es un problema sistémico, no miremos al sistema económico y político que ampara la corrupción. La corrupción no nace de la voluntad espuria de unos pocos de enriquecerse desde la política. La corrupción nace desde un sistema político que hace de una malentendida colaboración público-privada un sistema de enriquecimiento y de políticos títeres al servicio de los intereses económicos de las fortunas de siempre. Si eso es así -y al menos para nosotras y nosotros, para las gentes de Euskal Herria Bildu, eso es así-, no entendemos por qué se denosta toda la dimensión de persecución de la corrupción en el sector privado. Si hay corruptos -y es evidente que los hay; seguramente en eso también podremos coincidir muchas y muchos-, no es menos cierto que hay corruptores. Alguien necesita de los corruptos para seguir agigantando sus márgenes de beneficio, para seguir cogiendo dinero de todos y todas, y para seguir ampliando sus volúmenes de negocio.

También decían ustedes que había que hablar de transparencia y, sin embargo, vemos cómo esta Cámara sigue privando de la posibilidad de investigar hechos que algo pueden tener que ver con la corrupción, porque hablamos del cobro de comisiones ilegales por 2000 millones de euros por parte de una figura del Estado, en este caso, del rey. Pero, ya que estamos hablando de la corrupción y estoy hablando de los corruptores, tendríamos que ver quiénes eran las personas que acompañaban al monarca


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en los viajes a Arabia Saudí, quiénes llenaban el avión que iba a Arabia Saudí para luego traer negocios y cuántas comisiones se licitaban y se jugaban ahí, porque parece que eso es también materia reservada. También parece que conocer la identidad de esos empresarios ilustres del Estado español que iban con el rey emérito a Arabia Saudí a hacer negocios es materia reservada, y eso no es algo que pueda casar muy bien con la transparencia con la que ustedes proclaman que es necesario dotar al sistema político español.

Nos hablan de los corruptos -y yo creo que es bastante evidente, digan lo que digan los tribunales, que, a los ojos de la ciudadanía, están condenados en muchísimas de las ocasiones- y no hablan de los corruptores. Y no hace falta hablar solamente de la Gürtel. Yo no voy a hablar aquí ni de Correa, ni del Bigotes, ni de otros, porque son piezas de un engranaje, pero podríamos hablar de la curiosa coincidencia que hace que todos los políticos, de diferente signo, en diferentes lugares del Estado español decidan que la comisión a cobrar es del 3 %. ¿Hay una internacional de la corrupción que determina que el 3 % por ciento es la tarifa estipulada como tarifa ordinaria para cobrar? ¿O hay corruptores que saben que ese es el peaje que tienen que pagar para poder obtener obra pública? Ese es el debate que habría que tener en esta Cámara y no estos otros, porque si no entramos al debate de cómo han hecho fortuna algunas grandes constructoras, probablemente estemos volviendo a poner más filtros, más oficinas anticorrupción, más recursos públicos para perseguir la corrupción, pero la corrupción seguirá existiendo. No es porque se lo diga yo, el Tribunal de Cuentas Europeo lo decía ayer mismo; decía que en torno a las grandes obras en materia de transporte del Estado español -habla de toda la Unión Europea, pero se fija en seis del Estado español- hay sobrecostes de más del 36 %, y una, por cierto, pasa por suelo vasco, la Y vasca. Aquí es, probablemente, donde habría que poner el ojo y donde habría que poner todos los recursos para ver por qué se producen esos sobrecostes y adónde van los recursos detraídos de esos sobrecostes.

Decían ustedes también que atajar la corrupción es posible, que solo se requiere voluntad política. Totalmente de acuerdo, pero, claro, para eso no hacen falta ni atajos, ni sobres, ni padrinos. Y gobernar con un partido que ha sido condenado en la última década en tantas ocasiones y de manera tan sonora, más que los martillazos al disco duro de un ordenador, resulta cuando menos paradójico. Como le decía, nos hablan de transparencia, pero no nos hablan de los comisionistas. Yo creo que sería bueno que se aprovechara para hablar de cómo se han construido las fortunas en el Estado español en el siglo XX, por ejemplo. Hay libros que ya lo señalan, Franquismo S.A., por ejemplo, de Antonio Maestre, y otros. Podríamos hablar de cómo se construyen las fortunas, a ver si es que realmente no han sido tanto gracias al esfuerzo y al ingenio de grandes empresarios como de las comisiones continuas que se han venido cobrando. Y, claro, cuando hablamos de los comisionistas hay que hablar de los comisionistas reales, y esto lo digo en todas las acepciones posibles de la terminología.

Se nos habla del papel de los tribunales, y es importante, pero, como le he señalado, cuando resetear o formatear un disco duro con treinta y nueve martillazos resulta no ser punible, uno tiende a creer que lo que decía Bertolt Bretch es cierto y que muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirles a hacer justicia. Pero, como les decía, el FMI -para que vean que no cojo fuentes demasiado tendenciosas- señala que la corrupción es el abuso del poder público para una ganancia privada. Si la ganancia es privada, habría que investigar a los que hacen esa ganancia privada, como les estoy señalando. En definitiva, que lo primero y lo fundamental es que la política se anteponga a la economía y que la política mande en la economía y no al revés, porque si la economía manda en la política, la economía decide que tiene que tener políticos o políticas títeres para poder seguir ampliando sus márgenes de negocio. También decía el FMI que los Estados menos corruptos recaudan un 4 % más del PIB que los más corruptos, y España no está entre los menos corruptos; luego ahí también habría un elemento para investigar.

Y también podríamos hablar de fiscalidad, porque el propio FMI dice que los sobornos, las comisiones, la complejidad y la opacidad del sistema tributario, junto con las grandes licitaciones de las que he hablado antes, son los ejes fundamentales del entramado de corrupción. Bien, pues si la opacidad en el sistema tributario es tal, habría que hablar de la fiscalidad, habría que hablar de la elusión y de la evasión fiscal, habría que hablar de por qué se lleva el dinero a Suiza o por qué se lleva el dinero -y en esta Cámara alguien sabe algo de eso- a Andorra; aunque a veces no estén muy atentos, a Andorra; ahí se llevan el dinero para que no tribute donde tiene que tributar.

Termino ya. A mí este debate de la corrupción me recuerda al debate anual que se tiene en ciclismo en torno a la Unión Ciclista Internacional y al doping. Resulta que es imposible pillarles porque los laboratorios privados y los gabinetes médicos privados siempre van un paso por delante; cada atajo o


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cada freno que intentan poner al doping con cualquier sustancia dopante es superado por la I+D+i de esos laboratorios, que creo que son también de los grandes empresarios. Tácito decía que muchas son las leyes en un Estado corrompido. Yo no sé si hacen tanta falta leyes como una voluntad clara para acabar con esto. Ya lo decía Marcos Benavent en la Comisión sobre la financiación irregular del Partido Popular. Este era el yonqui del dinero y quizás lo que a él le sirvió pudiera servir mucho más que estas leyes. A él le sirvieron los ritos chamánicos. Mientras no se pasen con la ayahuasca, lo mismo consiguen entrar en una senda de rectitud que parece que no quieren tener.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Ya se ha dicho, pero conviene recordarlo. En la XII Legislatura, en 2017, tomamos en consideración una proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos casi idéntica a la que hoy debatimos. Fue tachada de oportunista por buena parte de la Cámara al intentar capitalizar iniciativas que nacían del consenso o que se había acordado debatirlas en el seno de determinadas subcomisiones de estudio. Aquella iniciativa fue recriminada por anticipar conclusiones, antes incluso del comienzo del trabajo de las subcomisiones, y también por separarse de un acuerdo en la Comisión de Justicia, a propuesta de este grupo parlamentario, que reclamaba al Gobierno presentar un proyecto de ley sobre la protección de los denunciantes de corrupción, dada la complejidad jurídica del asunto. Señorías, ahora se nos presenta el mismo texto y por el mismo grupo parlamentario. Sin embargo -ya se ha señalado-, en este tiempo transcurrido el panorama normativo ha cambiado de forma radical, y esto no se ha tenido en cuenta por Ciudadanos. Nos estamos refiriendo a la Directiva 2019/37, relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión, que ha de trasponerse antes de diciembre de 2021 o de diciembre de 2023, para el sector privado que tenga entre 50 y 249 trabajadores. Si no se traspone en esas fechas, tendrá efecto directo, pues sus mandatos son incondicionales y suficientemente claros y precisos y, por ello, invocables por cualquier denunciante ante los tribunales españoles. Les decía, señorías, que la directiva, de obligado cumplimiento en el sector público y privado, ha de comportar importantes cambios en el tratamiento que los Estados miembros dispensan a los llamados alertadores, y aunque es cierto que se refiere a denuncias de las infracciones del derecho europeo, lo razonable y lo lógico es que los Estados miembros acaben determinando que esos mismos procedimientos y regulaciones se proyecten también sobre la denuncia de conductas ilícitas, con relevancia exclusivamente del derecho interno no común, simple y sencillamente por economía procesal y para no tener dos regímenes jurídicos distintos sobre el mismo objeto, en función de que la irregularidad lo sea para el derecho común de la Unión o para el derecho interno no común en cada Estado miembro.

La iniciativa legislativa debatida no tiene en cuenta el marco jurídico de la Unión, más allá de la cita rituaria, en dos pasajes. La primera, en la definición de actos de corrupción, pues califica como tales a las infracciones de cualquier tipo penal, de las leyes penales o de las leyes especiales penales, a cualquier infracción administrativa, a las responsabilidades por alcance, incluso a las malas prácticas, referencia esta que puede resultar problemática por no ajustarse debidamente a los principios de tipicidad y legalidad, y que quizás supone una traslación al ámbito de lo jurídico de normas morales incoercibles. Y la segunda y última referencia a la directiva en la proposición de ley se encuentra en su artículo 11, cuando señala que la autoridad independiente, cuando reciba denuncias, deberá respetar las condicionalidades que para los canales externos se establecen en el artículo 12 de la directiva. Nada más, ni una sola referencia más a la directiva y a su completa regulación sobre el modelo unitario de que la proposición se separa en relación con la protección de las personas que informen sobre infracciones al derecho de la Unión.

Señorías, ya solo por lo expuesto, teniendo en cuenta la primacía del derecho de la Unión y lo alejado del texto debatido de aquel, no contará con nuestro apoyo. Además, añadiremos que tramitar un asunto de esta naturaleza y trascendencia a través de una proposición de ley, supone privar a esta Cámara de unos informes preceptivos, en la tramitación prelegislativa, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado; informes muy relevantes sobre la adecuación a la directiva, sobre la conveniencia de tratar a los denunciantes de infracciones contra el ordenamiento jurídico, sin diferenciar o diferenciando entre las cometidas respecto al derecho ordinario interno o al comunitario, y también informar sobre otros aspectos de la iniciativa, no ya en conexión con los denunciantes de infracciones, tales como a continuación expondré.


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Así, la Autoridad Independiente de Integridad no solo va a tener un rol respecto a los denunciantes de infracciones, sino que también se postula que se convierta en un organismo determinante respecto a los altos cargos y asimilados de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, y de los entes locales y sus respectivos sectores públicos. Se propone que participe en el proceso de nombramiento de los altos cargos de la Administración General del Estado, dictaminando su idoneidad. Se propone también que realice en exclusiva la gestión de su régimen jurídico al atribuirse las funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses respecto a sus conflictos de intereses e incompatibilidades de los altos cargos y su sector público de la Administración General, no solo durante el ejercicio de sus cargos, sino también dos años después de su cese. También se propone que ejercite la potestad sancionadora sobre los mismos, pudiendo llegar hasta el cese de un miembro del Gobierno del Estado, de un consejero de un Gobierno autonómico y de un miembro o alto cargo no electo de un ente local; funciones estas que le corresponderían por atribuírsele también a la Autoridad Independiente la gestión del régimen sancionador del buen gobierno, recogido en el título II de la Ley de Transparencia; funciones que, hasta ahora, corresponden, por su trascendencia, al Consejo de Ministros, al Consejo de Gobierno de la respectiva comunidad autónoma o al de una corporación local.

La iniciativa también pretende modificar el Código Penal en varios tipos penales sin ningún estudio previo como, por ejemplo, la creación de un tipo penal con inversión de la carga de la prueba, quebrando el principio acusatorio de que quien acusa, prueba, cuando buena parte de la doctrina propugna que constituir un tipo penal consistente en no poder demostrar por el investigado el origen ilícito de su riqueza, debiera serlo sobre la falta de colaboración y no sobre el delito de sospecha que, por cierto, solo se propone para funcionarios y altos cargos, pero no sobre el resto de la ciudadanía.

También la iniciativa -voy finalizando, presidenta- pretende modificar la Ley del indulto a reos convictos de determinados delitos. No lo compartimos; el derecho de gracia no toma como referencia, salvo limitaciones constitucionales, ni el ilícito cometido ni la lícita y legal condena, sino, en su caso, sobrevenidamente, la materialización en el reo del principio de justicia material o una manifestación concreta del interés general, si así lo considera el Gobierno, como titular de la política exterior e interior de la que forma parte la política criminal, en razón del artículo 97 de la Constitución.

Finalizo. Podría seguir con muchos más ejemplos de aspectos que no compartimos de la iniciativa y que no están, además, suficientemente considerados ni resueltos, como la articulación que se hace de las facultades de la Autoridad Independiente con el Poder Judicial y la misma Policía, poniendo en cuestión la exclusividad del Poder Judicial para enjuiciar los hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

Señorías, por todo lo expuesto, la iniciativa debatida no contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.

El BNG dice no, rotundamente, a la corrupción, y nuestra trayectoria, además, lo avala; otra cosa es que, probablemente, tenemos una idea diferente de las causas y también, por tanto, de cómo combatirla. Sin ánimo de caricaturizar sino de sintetizar, lo que proponen fundamentalmente, más allá de la protección de los denunciantes, de los alertadores, es crear un nuevo organismo para luchar contra la corrupción. ¿Es esa la vía cuando la Administración de Justicia, que debería ser democratizada, aún hoy no está adecuadamente dimensionada para esto? Fíjense que ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción está territorializada; existen fiscalías delegadas en algunas comunidades autónomas, no en Galiza, por ejemplo. Necesitamos una administración de justicia eficaz y para eso nosotros queremos tener un poder judicial gallego adaptado a nuestras necesidades y dimensionado para atajar estos delitos o este tipo de delincuencia, como la económica, que no parece ser una prioridad.

Pero ni siquiera ese es el problema principal; el problema, a nuestro juicio, es que la corrupción es sistémica y estructural en el régimen del 78, por lo que parece, por lo que estamos viendo, por lo que estamos leyendo, desde quien ejerció la Jefatura del Estado para abajo, y fundamentalmente arranca en el BOE. ¿O acaso no es la privatización de los servicios públicos y los procesos de contratación o concesión a empresas privadas, normalmente grandes empresas, y no más de una decena, lo que está en el origen de la mayoría de los casos de corrupción? Pasemos a establecer necesariamente la gestión pública


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directa de los servicios públicos por parte de las administraciones y verán cómo se reduce drásticamente la corrupción. Esa sí sería una medida que el BNG apoyaría sin dudarlo.

Y finalizo con una pregunta: ¿Están ustedes dispuestos realmente a investigar las prácticas corruptas en la Administración pública? Pues, empiecen por investigar la corrupción de los Borbones, practicada, por lo que se sabe, por lo que está investigando la Fiscalía de Suiza y también la del Tribunal Supremo, desde la Jefatura del Estado. Si no se hace, si ustedes, PSOE, PP y VOX, que se oponen sistemáticamente en la Mesa a crear una comisión de investigación, están por ocultar las evidencias de corrupción de los Borbones, estarán contribuyendo a legitimar socialmente estas prácticas, por mucho que digan quererlas combatir.

Obrigado.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Errejón Galván. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.

Yo creo que todo el mundo está de acuerdo y es difícil negar que la corrupción es una lacra democrática y económica en nuestro país, y en tiempos de discusión sobre la reconstrucción parece evidente afirmar que mientras no cerremos el agujero de la corrupción, podemos desperdiciar muchos esfuerzos que se van a ir en balde si no conseguimos cerrar lo que es un problema sistémico.

Es verdad que el Grupo de los Verdes europeo lo cifra en 90 000 millones al año en España. Para ir a una fuente que seguramente nadie cuestionará, el Fondo Monetario Internacional cifra en 60 000 millones de euros al año lo que España deja de percibir por culpa de la corrupción. Eso es un 4,5 % de nuestro PIB, es más de lo que gastamos el año en educación, es decir, en inversión para nuestro futuro. Además, todo el mundo sabe que humilla a la soberanía, porque el que paga para corromper quiere conseguir algo pagando que no consigue ni con las normas ni con los votos, y además siembra la desconfianza en las instituciones y en nuestra propia sociedad.

Esto, evidentemente, no es un problema de que haya alguna gente que sea mala. Tanto es así -yo no citaré el ejemplo para que no se retire del Diario de Sesiones-, que parece que llega hasta las altísimas esferas, según investigan la Fiscalía suiza y la Fiscalía española. Y no es un problema de la forma de Estado que cada uno prefiera, es un problema del Estado de derecho si alguien por el apellido que tiene está por encima de la ley o no.

Nosotros hemos tenido muchas dudas sobre esta propuesta que ustedes traen, y lo saben, porque lo hemos hablado. Creemos que es manifiestamente mejorable, pero también creemos que tenemos que echar a andar de una vez el proceso para adoptar normativas avanzadas. Hablémoslo claro, en este Congreso llevamos mucho tiempo en una especie de carrera para ver quién registra su ley anticorrupción, para ver quién la firma. No les ofenderá si les digo que la que nosotros preparamos desde Más País es mejor que esta que usted defiende -es normal, si no, no la presentaríamos-, y sin embargo me parece que lo importante no es quién la firma, es que echemos a andar una proposición que nos permita desarrollar legislación anticorrupción avanzada.

Le digo tres cosas que en nuestra opinión son fundamentales para que esté al menos a la altura de algunos de los retos que tenemos. En primer lugar, ustedes no contemplan casi nada de lo dispuesto en la recientemente aprobada Directiva europea de protección de alertadores de corrupción y, claro, ha pasado el tiempo, como señalaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. En segundo lugar, ustedes hablan exclusivamente de los denunciantes, pero se saltan la figura de los whistleblowers, de los alertadores, con lo cual mucha gente que quiera dar información sobre casos de corrupción, pero que a lo mejor no se atreve o no está dispuesta a entrar en un procedimiento judicial, se queda por el camino y no podemos contar con su información. Esto no es un detalle, es absolutamente crucial. Y en tercer lugar -esta es una discusión que usted y yo tenemos-, la ideología siempre se cuela por la ventana y sorprendentemente no hay nada sobre la corrupción en el sector privado pero, casi siempre, cuando alguien recibe es que alguien está pagando. Quiero pensar que esto no será un prejuicio ideológico, pero corrupción hay en los dos y ustedes la señalan siempre en uno.

Y en último lugar, y se habrían ahorrado estas deficiencias, no han contemplado ninguna de las aportaciones de las organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando en este sentido: Corruptil, Transparencia Internacional, Xnet, Más Democracia y las agencias antifraude catalana, del País Valenciano


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y de las Islas Baleares. Queremos que se pueda empezar a discutir, la apoyaremos y esperamos poder mejorarla en el trámite y en el debate.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Errejón. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.

El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Señora presidenta, señorías, señor Bal, a los grupos pequeños nos pasa esto, que los diputados tenemos que salir y hablar de todos los temas. Cuando usted ha intervenido antes se le ha escapado una cosa que me ha dado la clave, y es cuando dice volvemos a presentar, porque yo estoy convencido de que esta proposición que usted ha venido a defender no la ha redactado usted, no dudo de sus buenas intenciones, pero yo, que le he tenido de contrario en sala y discrepamos en muchas ocasiones, le reconozco que es un buen jurista, y estoy convencido de que esto no lo ha redactado usted porque la redacción es torpe y el momento es inoportuno.

Ha tenido una virtud, y se lo acaban de poner de manifiesto. Esta proposición no contempla la Directiva 1937/2019, pero, hoy precisamente -y supongo que es una reacción- el ministerio ha anunciado que la Comisión de Codificación ya se ha reunido para poner en marcha la trasposición de la Directiva de los whistleblowers. Por lo tanto, ahí sí que han tenido cierto mérito, por lo que esperamos que por primera vez se cumpla el plazo de trasposición de directivas. No la contempla, aunque luego sí hay una referencia para adaptar aquello que ya han sacado del baúl de los recuerdos, y luego se les va la vena organicista y reglamentista y crean ustedes, para intentar simplificar, la autoridad independiente de la integridad pública con su director, su comité directivo, sus divisiones y directores de divisiones, comités asesores y todo esto a nivel al central nivel autonómico, cosa que me extraña en ustedes, por cierto. Además, tiene un desarrollo reglamentario tan complejo que me recuerda a aquella ocasión en que para intentar simplificar la estructura administrativa se creó la Dirección General de Desburocratización con la Subdirección General de Simplificación de Trámites Administrativos y la Subdirección General de Eliminación de Organismos Superfluos. Me parece que su reglamentación, su propuesta, no se adecua a la directiva, que es absolutamente innecesario cuando lo que corresponde es trasponer la directiva y además, aprovechan, como siempre, para introducir una serie de cláusulas finales -Pisuerga-. Por cierto, se reforma la Ley del Indulto de 1870, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, y claro desde entonces hasta ahora son muchas leyes las que reforman.

Por tanto, yo creo que usted nos lo plantea de una forma un poco demagógica. Lo ha hecho muy complicado para mí: un sí que es un no, un no que es un sí. Lo nuestro va a ser un no, un no a la corrupción, pero un no a su propuesta. Creo que usted está en condiciones de hacer algo mucho mejor.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.

La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Señorías, señor Bal, es muy adecuado que hablemos de lucha contra la corrupción aquí, hoy, donde se nos impide hablar de la corrupción real, sí, real, de los Borbones. Obviamente que se hable de lucha contra la corrupción nos gusta mucho a Esquerra Republicana, forma parte de nuestros principios y de nuestros valores como republicanos y republicanas. Hace poco leí un artículo que me recordó el 25 de septiembre de 2017, cuando los señores José Jover Pradó, que es abogado especialista en Derecho Europeo, y Luis Gonzalo Segura, miembro de la Plataforma por la Honestidad, que comparecieron en la Comisión Constitucional de esta Casa, y recordaron a sus señorías de Ciudadanos que el Europarlamento estaba tramitando una norma idéntica a su proposición de ley de lucha contra la corrupción, presentada el 15 de septiembre de 2016, que tendría la forma de directiva, y que la norma española debería adaptarse a dicha directiva. Su proposición de ley fue olvidada después de dicha comparecencia.

Tres años después vuelven ustedes a presentar una nueva proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción, pero básicamente es una copia de la anterior, como ya se ha comentado aquí antes. Tres años más tarde y con la directiva ya en vigor, no se les ocurre nada más que volver a poner encima de la mesa esa norma de la que ya nadie, suponemos, de Ciudadanos se acuerda del porqué, del motivo


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del olvido de la anterior. Les hago la misma pregunta que les hace en un artículo esta semana el señor José Jover: ¿Ustedes no se han enterado de que ya existe una norma que regula los mecanismos de lucha contra la corrupción y contra los intereses de la Unión y por tanto no es preciso crear otra, porque será desactivada a las primeras de cambio? Ipsi litteris.

Señorías, debemos mucho a la lucha de la sociedad civil organizada para la trasposición obligatoria de la directiva europea para proteger a las personas que alertan de abusos por parte de los poderes fácticos. Ponemos en relieve, por ejemplo, la plataforma Xnet, que acaba de mencionar el compañero Íñigo Errejón, que logró elaborar la primera versión de la trasposición en Europa, fue la primera proposición de ley que se registró en diciembre del año pasado en esta Casa con el apoyo de Más País, de Compromís, del Bloque y de Esquerra Republicana. Coincidimos con la Plataforma Xnet en la preocupación por que una interpretación sesgada de la directiva no solo transformaría su trasposición al ordenamiento español en papel mojado, sino que podría conducir a una situación todavía peor para las personas que sacan a la luz pública la corrupción, los abusos, por lo que nuestra proposición de ley, la de los partidos juntos, integra las experiencias más rigurosas de otros países y adapta los elementos de la directiva europea profundizando en los aspectos que dependen de su trasposición nacional. Debe servir, pues, de referencia para mantener el más alto grado de protección para toda la población que quiera o deba enfrentarse a la asimetría de poder para el bien común.

La forma de funcionar de la actividad parlamentaria es de por sí un problema para estos objetivos. La protección de las y los alertadores debería tener una ley propia. El hecho de que se incluya en otra ley sobre un tema tan amplio y necesario como la lucha contra la corrupción conlleva la fuerte posibilidad de que se descuiden matices que luego pagarán caro quienes la necesiten. Su proposición de ley podría acabar, por lo tanto, siendo una hábil operación para desactivar la directiva y seguir dejando presas de las represalias a las personas que se atrevan a sacar a la luz todos los abusos.

Señorías, votamos no a su proposición de ley por diversas razones. Hay demasiadas lagunas, señorías. En la proposición de ley de las y los alertadores y denunciantes hay trampas, desde nuestro punto de vista. Deja desamparadas a muchas, no considera pleitos/represalia, obliga a viacrucis a los alertadores y a los mal llamados denunciantes para protegerse. No cubre ni tan solo lo que pide la directiva de obligada trasposición.

En definitiva, señores, ustedes quieren dejar desprotegida a la ciudadanía que destapa abusos sistémicos de corrupción. Detallamos algunos, solo algunos agravios basados en nuestra proposición de ley, la conjunta de 2019, y también, cómo no, recogiendo los haberes de los movimientos sociales, en este caso vuelvo a nombrar a la plataforma Xnet, que tienen todo nuestro máximo reconocimiento por la enorme labor que desde hace tiempo vienen realizando. Primero, no solo corrupción; poner todo el énfasis en la corrupción conlleva el riesgo de desamparo a quienes destapen abusos en muchos otros ámbitos desde la salud, el medio ambiente a la justicia, la democracia, etcétera. Dos, no solo debe abarcar el sector público, señorías. Su proposición deja en una tremenda en inseguridad a quienes trabajan en corporaciones. Creemos que no se puede ser más laxos con las empresas que pueden dañar el bien común con el argumento de que crean puestos de trabajo. Tres, prevenir; se entiende que los hechos que se denuncian presuntamente ya se han cometido, sin tener en cuenta la posible comisión de irregularidades en el futuro y también en el presente, y no considera las irregularidades que puedan cometerse fuera del territorio español con consecuencia en territorio estatal. Cuatro, no solo la persona sino también quien la ayuda a destapar los abusos debe ser protegida. Cinco, la definición de denunciante ya existe en la ley española, o sea, no puede usarse para hablar de alertador porque son dos cosas muy distintas. Hacerlo quitaría las principales protecciones para esta última figura. Voy acabando, señora presidenta. Sexto, el anacronismo de no defender el anonimato. Su preposición prevé el anonimato, pero de forma confusa y se contradice cuando garantiza solamente la confidencialidad de la configuración de los canales.

Tengo más motivos, pero debo acabar. Sobre la noticia de ayer, también nombrada aquí el señor Alonso-Cuevillas, sobre que se reunió la Comisión general de codificación para trabajar en una norma que combata la delincuencia y la corrupción, dentro de la sección de derecho público, ya se está encargando de preparar la propuesta de texto articulado que pretenden elevar para su aprobación -dicen- antes del 2 de diciembre. También recordamos que la fecha tope para la trasposición de la directiva es el 17 de diciembre de 2021. El Grupo Republicano espera que se haga lo antes posible y que recoja absolutamente toda la parte propositiva de nuestra proposición de ley de protección integral de los alertadores, de 11 de diciembre de 2019, la conjunta,...


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La señora PRESIDENTA: Debe terminar.

La señora CARVALHO DANTAS: ... para hacer la trasposición lo más garantista posible de acuerdo con los objetivos de la directiva.

Muchas gracias, y gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Márquez Guerrero.

La señora MÁRQUEZ GUERRERO: Muchas gracias, señoría.

En la proposición de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Ciudadano hay grandes palabras y enunciados contundentes sobre la lucha contra la corrupción a la que, efectivamente, presentan como un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia misma. Hablan ustedes de una ley ambiciosa que abordará el problema de la corrupción en todos los ámbitos por los que se extiende. ¡Cuidado, señorías!, ¡cuidado con el uso abusivo del lenguaje! Ya nos lo había advertido Salustio. Los eslóganes políticos, los discursos políticos vaciados de su significado pleno se convierten en mero nomina, palabras huecas. Lo digo porque no es ambiciosa su propuesta; claro que no es ambiciosa y claro que no aborda la corrupción en todos los ámbitos en los que se expande. Realmente, aunque no lo hagan explícito en la exposición de motivos, se trata de trasponer, como ya se ha dicho aquí, la directiva europea de protección al denunciante de hechos de corrupción, pero ustedes no la trasponen de una manera rigurosa y completa; de hecho reducen la protección y de hecho estrechan el concepto mismo de corrupción.

Si tuviéramos que definir la corrupción yo creo que, probablemente, todas estaríamos de acuerdo en que es el resultado de confundir intereses privados e intereses públicos. Por eso me gustaría dejar bien claro que la corrupción no es solo obtener ventajas ilícitas desde la Administración pública; corrupción es privatizar todo lo público; corrupción es privatizar la sanidad, que nos salva; corrupción es privatizar la educación, que nos forma, que nos permite desarrollar una función social plena en nuestra vida; corrupción es hacer negocio con las residencias de nuestros mayores o, también, corrupción es articular mecanismos que permitan que los ricos paguen impuestos. (Aplausos). Señorías, en democracia, sí, en democracia es corrupción todo intento de instrumentalizar las instituciones públicas para beneficiar a una minoría y en contra de los intereses de la mayoría social. Por tanto, ya les adelanto, señorías de Ciudadanos, que su concepto de corrupción me parece muy estrecho, quizá por eso nos traen una proposición de ley que es insuficiente, técnicamente deficiente y un poco oportunista en su interés político.

En primer lugar, es una proposición de ley insuficiente porque, considerando que la corrupción es un problema sistémico, ustedes se limitan a presentar una ley de medidas aisladas, dispersas. Señoría, una ley eficaz de lucha contra la corrupción ha de ser forzosamente una ley integral, tal como figura en el acuerdo del Gobierno de coalición. Y una ley integral -sí, señoría- ha de partir de un diagnóstico riguroso, debe coordinar a todas las instituciones implicadas en la lucha contra la corrupción, naturalmente, y además debe abordar el fenómeno de la corrupción en todas sus dimensiones, con un enfoque coherente y multidisciplinar. Señorías de Ciudadanos, se han olvidado ustedes de cuestiones fundamentales como los lobbies o las puertas giratorias que sí atacan directamente el corazón de la democracia. Tampoco aportan ninguna mejora concreta en materias como transparencia, incompatibilidades, contratación pública, aforamientos, aceptación de regalos. Y, como ya se ha advertido por las anteriores señorías que han intervenido, no se ocupan de la corrupción privada cuando desde hace una década es considerada delito en nuestro país y para cuyo desenraizamiento tendríamos que aplicar toda la medidas posibles, medidas preventivas y medidas estructurales.

En segundo lugar, la proposición de ley que presentan es técnicamente deficiente porque, por supuesto, hay que avanzar en la protección de los derechos del denunciante de corrupción, personas que arriesgan su puesto de trabajo, personas que ponen en riesgo su seguridad personal y laboral. Por supuesto que los poderes públicos tienen que respaldarlos, protegerlos, tienen que blindar sus derechos, pero es que ustedes se han quedado muy cortos, se han quedado muy lejos de la directiva europea. Claro que sí, la directiva europea es mucho más ambiciosa en todos los sentidos. De hecho, ustedes restringen tanto el contenido de la directiva europea que otorgan un nivel inferior de protección al denunciante. Por cierto, tampoco nos parece serio que incluyan una modificación a una ley orgánica que afecta al Código Penal en una disposición final de una proposición de ley ordinaria. (Rumores). Sí.


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En cuanto a la autoridad independiente que pretenden crear, ya les digo que no delimitan claramente sus funciones en relación con las funciones propias de los órganos judiciales y en relación con las funciones de otros órganos especializados ya existentes, por ejemplo, en el ámbito de la intervención o de la contratación pública.

Por último, señorías, es una proposición de ley oportunista porque ustedes enarbolan la bandera de la lucha contra la corrupción con propuestas ajenas, algunas sensatas, oportunas, lideradas por mi grupo parlamentario, Unidas Podemos, como la derogación de la llamada Ley Berlusconi, pero es que ustedes lo incluyen en un texto que saben que en su conjunto es insuficiente e insostenible.

Señorías, si de verdad quieren luchar contra la corrupción, colaboren con el Gobierno para aprobar un plan nacional y una ley verdaderamente integral. Revisen sus políticas de pactos en las comunidades autónomas porque ustedes gobiernan, por ejemplo, en Castilla y León (aplausos) con el consejero que, a modo de Rey Sol, dice: La Administración soy yo. Ya voy terminando. Y aquí, en la Comunidad de Madrid, con la señora Ayuso, que no se responsabiliza ni de las residencias de mayores ni tampoco de su propia residencia. (Protestas). Si de verdad quieren luchar contra la corrupción, pronúnciense a favor de investigar la presunta corrupción que rodea a la monarquía porque para ser creíbles, señorías, en la lucha contra la corrupción hay que empezar por ser coherentes.

Por todo esto, mi grupo parlamentario votará en contra.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Márquez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Olona Choclán.

La señora OLONA CHOCLÁN: Señorías, buenas tardes.

Oyendo las intervenciones que me han precedido, especialmente la última de la representante de Unidas Podemos, y viendo los esfuerzos que no pocos grupo están haciendo para justificar lo injustificable, no se lo voy a permitir. Se están intentando cargar de razones para trasladar a la opinión pública una posición insostenible, la que hoy están adoptando cuando han anunciado que no van a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción. Ustedes, todos esos grupos parlamentarios que hoy van a votar no o van a abstenerse no apoyando estas medidas, lo que están haciendo es abandonar a los denunciantes alertadores de corrupción; no están haciendo otra cosa, les están abandonando. Y ahora, si quieren, hablamos de técnicas legislativas, hablamos de residencias de ancianos, hablamos, hablamos de todo lo que quieran, pero la realidad es esta: ustedes hoy están diciendo no a dar un marco adecuado de protección, que puede mejorarse, como lo hacemos, porque para eso somos el Legislador; se pueden presentar enmiendas de devolución con texto alternativo, se pueden presentar enmiendas al articulado, pero, señora, ¿qué me está diciendo, que apoyemos al Gobierno para legislar? La legisladora es usted, ¡no el Ejecutivo! (Aplausos).

Hoy, señorías, van a escuchar auténticas historias de terror. Hoy este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario VOX va a rendir un homenaje a los denunciantes, a los alertadores de corrupción, mencionando algunos casos. Y ustedes, señorías, van a escuchar casos reales, no ciencia ficción. Teodoro Montes -van a escuchar los nombres de aquellos que han abandonado y que hoy, diciendo no o absteniéndose, siguen abandonando-. El señor Montes es el funcionario que denunció en Sevilla el fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía bajo el Gobierno del Partido Socialista, el conocido como caso Edu. El señor Montes denunció graves irregularidades en la concesión, por parte de la Junta, de subvenciones para la formación durante la etapa del Partido Socialista en la Junta. A partir de ese momento, para el señor Montes se inició un auténtico calvario por el acoso laboral al que fue sometido. Reincorporado después de una excedencia, lo primero que encontró fue que, pese a ser jefe de su departamento, su puesto de trabajo, su despacho había sido ocupado por otro compañero. El siguiente paso fue ignorarle, no se le asigna trabajo alguno y sus funciones quedan reducidas a la mínima expresión. Señorías, espero no estar aburriéndoles. Sufre un aislamiento que llega a tal punto, que levantan un tabique físico para aislarle del resto de la oficina y de sus compañeros. Le emparedaron. ¿Saben ustedes quién era el empleador? La Junta de Andalucía. Esta es la historia del señor Montes. A eso se añade la apertura de múltiples expedientes disciplinarios injustificados. ¿Y creen ustedes que ahí quedó la situación de acoso que sufrió el señor Montes? En absoluto. El señor Montes fue detenido por la policía y acusado de prevaricación y falsedad documental. Esa misma policía que después tuvo que protegerle aplicándose las medidas recogidas en la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos cuando su señoría Alaya le


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declaró testigo protegido. Gracias a la denuncia del señor Montes, podrá aflorar un fraude que afecta a más de 200 millones de euros de erario público. Esa es la cifra de la presunta corrupción. El señor Montes acabó sumido en una profunda de depresión.

Podría mencionarles igualmente el caso del señor Fernando Urrutikoetxea, interventor municipal, que en 1987 empezó a prestar servicios en un municipio vizcaíno. Ahí denunció ante el alcalde, cuando simplemente era un funcionario interino, graves irregularidades en materia de urbanismo y de contratación pública, ¿saben dónde acabó? Trasladaron su puesto de trabajo a una caseta donde la Policía municipal almacenaba los cepos. Lo siguiente fue intentar despedirle, y en el año 1991 obtuvo una de las primeras sentencias condenatorias a una Administración por acoso laboral en el sector público. El Señor Urrutikoetxea se sacó la oposición de interventor, pues pensó que la condición de funcionario público en firme le supondría un mayor blindaje. ¡Pobre! Su lucha por la decencia y la integridad pública le llevó a múltiples destinos, hasta recalar en el municipio de Castro Urdiales, caso Proconor, ¿les suena, señorías? En sus propias palabras, este funcionario público encontró allí una situación delictiva generalizada. Su negativa a ser cómplice con su firma o con su silencio de la corrupción le supuso un coste personal y profesional extraordinario; acabó enfermando, hasta que años después un juez decidió tomar en serio sus informes. De ahí a la entrada y registro de la UCO de la Guardia Civil y a la condena de quince responsables públicos, incluidos dos alcaldes, lo que media es una grave depresión del interventor.

Les hablaré, en último lugar, del señor Roberto Macías como caso paradigmático de lo que tienen que sufrir los alertadores de corrupción en nuestro país. El señor Macías fue quien puso la alerta sobre el presunto fraude con facturas falsas por parte de UGT-Andalucía, que ha supuesto ahora, en el auto de apertura del juicio oral, que se le imponga una fianza al citado sindicato de cuarenta millones de euros. ¿Saben quién ha sido ya condenado? El señor Macías, porque, desconfiando de la independencia judicial, alertó del fraude, del presunto fraude a través de los medios de comunicación filtrando las facturas presuntamente falsas. Y eso le ha costado una condena en el mes de mayo de dos años de prisión.

No puedo mencionar con mayor detenimiento a los señores Ana Garrido, Ainhoa Alberdi, Arantxa Mejías, Luis Gonzalo Segura y Lola Mesa, pero sí decirles, señorías, que hoy, desde su escaño, se les ve muy cómodos juzgando sobre la vida de quienes lo dan todo por cuidar del erario público, por cuidar de la ética y la decencia pública. (Aplausos). Y es a ellos, y no a Ciudadanos, a quienes hoy están diciendo no o a quienes están diciendo hoy que se abstienen. Podemos entender la abstención, la negativa, no promover medidas legislativas hasta la fecha en materia de protección de denunciantes de corrupción y lucha contra la corrupción. En un gráfico muy sencillo, que no está completado (muestra un gráfico) -faltaban casos que afectan al Partido Nacionalista Vasco, casos nuevos que afectan a otros partidos políticos y, lo que puedo prometerles, lo que terminará saliendo-, pero, desde luego, señorías, lo que hoy tenemos como hito novedoso son las normativas autonómicas que ya se han aprobado, como la Ley valenciana del año 2016 que aprobó la Agencia valenciana de lucha contra el fraude y la corrupción, para mí paradigma de lo que tiene que implementarse a nivel estatal, gracias en buena parte a su director, el señor Llinares. Señores de EH Bildu, se han olvidado de mencionar que ustedes en el País Vasco presentaron una proposición de ley para implementar una oficina similar. Entiendo que ahora sus acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco les hacen olvidar esa presunta voluntad de lucha contra la corrupción.

La directiva que entró en vigor en el pasado mes de diciembre de 2019 de protección integral de los alertadores es el camino que nos marca a los Estados miembros las medidas que tenemos que adoptar. Iba a ser mucho más dura en esta intervención -concluyo ya, señora presidenta-. Vamos a apoyarla, señor Edmundo Bal. No lo había dicho, pero con VOX no habrá nunca duda de en qué lado nos situamos, nosotros nunca estaremos al lado de los corruptos. Vamos a apoyarles, aunque no compartimos el contenido. Presentamos en el mes de febrero una trasposición completa de esa directiva comunitaria, que se centra en la protección integral de los denunciantes de corrupción, porque sabemos que hoy en España -y he puesto ejemplos muy concretos- los denunciantes de corrupción tienen que convertirse en héroes involuntarios por el coste personal y profesional que les suponen sus actos de valentía.

Se les ve muy cómodos, señorías, muy cómodos, pero han dejado vidas en el camino. Hoy tenían la oportunidad de situarse en el lado correcto, y no situarse en el lado de los corruptos.

La señora PRESIDENTA: Señora Olona, tiene que terminar, por favor.

La señora OLONA CHOCLÁN: Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olona. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa, que es casi idéntica a la que se debatió en esta Cámara hace tres años y que tiene como objetivo principal la protección de los denunciantes de corrupción en el ámbito del sector público, junto a otras medidas que ya se han mencionado, como, por ejemplo, la prohibición del indulto en determinados delitos o el nuevo tipo penal del delito de enriquecimiento injusto; una iniciativa que pretende avanzar en el principio de responsabilidad de los cargos públicos limitando la discrecionalidad en la contratación y reforzando la transparencia, es decir, justo lo contrario de lo que ha hecho este Gobierno durante la pandemia; una iniciativa, en definitiva, que puede complementar el plan de lucha contra la corrupción más amplio y más ambicioso de nuestra democracia, que fue aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que, además de la Ley de transparencia, se introdujeron en nuestro ordenamiento jurídico más medidas de prevención y de control y más mecanismos de alerta temprana para conseguir que los comportamientos corruptos fueran cada vez más difíciles, se descubrieran con mayor rapidez, se castigaran con más dureza y se restituyera lo robado, es decir, para que el que la haga lo pague, y son medidas que están resultando eficaces, a la luz de los datos registrados en las últimas memorias del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Como verán, la respuesta del legislador para luchar contra la corrupción no es nueva ni tampoco exclusiva de su grupo parlamentario, señores de Ciudadanos. Pero es evidente que las leyes se pueden mejorar, y esta iniciativa, con sus deficiencias, que las tiene, nos da la oportunidad de avanzar y poner nuevos muros disuasorios para prevenir estas prácticas irregulares. Y yo me alegro de que este debate no se haya convertido en ese torneo de desprestigio parlamentario y en ese concurso de acusaciones, insidias y descalificaciones a las que algunos nos tenían acostumbrados en el pasado cuando subían a esta tribuna, donde solo se señalaban los casos que afectaban a mi partido, mientras se miraba para otro lado, se ocultaban o se rebajaban los casos que afectaban a los demás. Imagino que a algunos ahora les debe dar un poco de rubor, después de los casos que hemos conocido en los últimos meses. En cualquier caso, me alegra que coincidamos en que la corrupción no tiene siglas ni color político. Tiene el color del dinero y de la falta de escrúpulos y prácticamente todos hemos tenido en nuestras filas personas que, lamentablemente, habían venido a la política para aprovecharse de ella. Por eso, no utilicemos la corrupción para atacar al adversario, luchemos juntos contra la corrupción para acabar con los corruptos, que es una cosa distinta. Es eso además lo que quieren los españoles, a los que representamos, y es esa nuestra tarea como legisladores, no confundamos el escaño con el estrado. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos ponernos de acuerdo para legislar para que en el futuro muchos casos no vuelvan a producirse.

Señorías, creo que todos podemos coincidir en que no hay nada más despreciable y más dañino para la política y las instituciones que la corrupción, porque supone no solo la quiebra del principio de legalidad, sino también la quiebra del principio de confianza, que es la esencia de nuestro sistema representativo. Por eso es tan importante perseguirla con todas nuestras fuerzas y venga de donde venga, sin distinción de ideas, territorios o profesiones. Eso es lo que, afortunadamente, está ocurriendo, que el sistema está funcionando, que los casos de corrupción se conocen, se investigan y se ponen a disposición de la justicia. Eso es lo más importante, porque la peor corrupción es la que no se conoce, porque esa es la que siempre queda impune. Que los casos estén en manos de la justicia es la garantía del esclarecimiento de la verdad en base a la prueba y la ley; sí, señorías, respetando la ley, que es como se juzgan las cosas en un Estado de derecho. Ya sé que eso a algunos no les gusta. Son los mismos que critican al Poder Judicial cuando reciben una sentencia desfavorable, los mismos que a veces actúan de justicieros, pisoteando el principio de presunción de inocencia de sus rivales, olvidando que ese principio es el que diferencia a un Estado de derecho de otro que no lo es. Esa es la forma que tienen algunos de regenerar la democracia y fortalecer el Estado de derecho. Cuánta hipocresía, señorías, cuánta obscena y grosera doble vara de medir hemos vivido en los últimos años en función de que los casos afectaran a unos o a otros. Y cuánto fariseísmo, porque en ocasiones se ha linchado sin fundamento y sin miramiento a muchos políticos que eran inocentes, que siempre lo habían sido, sin


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que nadie luego respondiera de ello. (Aplausos). Alguna reflexión deberemos hacer también para evitar en el futuro extender la responsabilidad más allá de quien la tiene.

Por eso, luchemos con la máxima contundencia contra la corrupción, pero hagámoslo siempre respetando las garantías del Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial. Ya sé que algunos no buscan eso y prefieren seguir trasladando una imagen sucia de la política y un clima de sospecha generalizado de las instituciones, en un intento de desacreditar nuestro sistema para poder sustituirlo. Ya han oído algunas intervenciones que se han realizado por algunos portavoces en esta tribuna. Pero sepan que eso no lo van a conseguir y que ahí estará el Grupo Parlamentario Popular para impedirlo. Y esa es también su responsabilidad, señores de la bancada socialista. Ustedes han sido capaces de engañar a sus votantes al pactar con Podemos y con Bildu, cuando en campaña electoral todos ustedes prometieron una y otra vez que no lo iban hacer. Han preferido gobernar con los radicales y los independentistas antes que con los constitucionalistas y ahora pueden estar pensando en abrir un nuevo proceso constituyente como pago a sus socios de Gobierno, con tal de permanecer en el poder, aunque ello suponga poner en riesgo lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia, que ha sido la transición política. Pues bien, si es eso lo que pretenden, tengan la seguridad de que en ese viaje no les vamos a acompañar. Nosotros estaremos donde tenemos que estar, defendiendo la concordia, el entendimiento y los valores de la transición. Estaremos al lado de los principios que siempre hemos defendido. Estaremos al lado de la libertad, de la unidad de España, la igualdad de derechos y la solidaridad entre los españoles y defendiendo la España constitucional. Estaremos al lado de lo que quieren la mayoría de los españoles. De eso también pueden estar seguros. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Crespín Rubio.

La señora CRESPÍN RUBIO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Es esta mi primera intervención en la tribuna y he de decir que es una gran satisfacción hacerla en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en un debate como este, un debate que versa sobre un tema fundamental para la fortaleza y el futuro de nuestra democracia, para la mejora de nuestras instituciones y, sobre todo, para la credibilidad de la política, con mayúsculas, en su tarea de defender el interés público y luchar contra la corrupción. Señorías, en las tareas y compromisos colectivos de reconstrucción también debemos tener entre nuestras prioridades reconstruir una España limpia y honesta. Los socialistas así lo consideramos, y no creo que nadie tenga duda de eso hoy. Somos el partido que lideró una moción de censura contra la corrupción y que ganó la mayoría de la confianza de la ciudadanía, porque los ciudadanos y las ciudadanas solo creen en los hechos, señorías. (Aplausos).

Sabemos que España sigue aún alejada de eso, y de ahí la iniciativa ya registrada por el Grupo Parlamentario Socialista para trasponer cuanto antes la directiva de octubre de 2019, promoviendo un texto normativo avalado por los informes de los órganos consultivos requeridos que nos permita mejorar nuestra posición, pero, sobre todo, cumplir con los objetivos en esta materia. Este es nuestro compromiso, desde el pleno convencimiento de la necesidad de salvaguardar la calidad democrática y la confianza en las instituciones. Por eso, ese acuerdo de Gobierno que recoge expresamente la aprobación de una ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá también el estatuto del denunciante. Ese es nuestro trabajo, presentar desde el Gobierno un proyecto de ley, en el que ya anuncio -y lo saben, porque así lo ha expresado el Gobierno- que se está trabajando para trasponer la directiva. Ya se ha dicho aquí que el texto está en la Comisión General de Codificación.

En definitiva, es eso lo que propone esta proposición de ley de Ciudadanos, aunque ni siquiera lo refleja en la exposición de motivos, cosa que entendemos, señorías, porque es un texto antiguo, un texto desfasado. Son muchos los aspectos de esta proposición que obvian la directiva o, incluso, directamente entran en contradicción con ella. Si tomáramos en consideración esta proposición, no tendríamos los informes y partiríamos de un texto inadecuado. Por ello, he de manifestar nuestro voto desfavorable. Por cierto, un grupo de expertos en la materia también pide el rechazo a esta proposición de ley de Ciudadanos.

Pero queremos dar razones que nos llevan a ello, porque, como se ha dicho ya, este es un tema serio y trascendental, que requiere rigor en los argumentos y en los posicionamientos. Y también queremos manifestar nuestra mano tendida, nuestra disposición a poder incluir muchas de las consideraciones que otros grupos puedan hacer al respecto. Nuestra oposición, señorías, no es a esa intención de regeneración


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ambiciosa a la que ustedes hacen referencia. Al revés, queremos hacerlo con el instrumento preciso cuanto antes y con las mayores garantías.

Tras nuestro estudio y análisis, consideramos que este es un texto grandilocuente en sus términos y enunciados, pero no está completo, señorías. Si de verdad queremos una regeneración democrática, respecto a ese concepto que tanto usan, pero que no por usarlo mucho tiene efecto directo, debemos ser más consecuentes y exigentes en nuestras propuestas y acciones. Desde el propio artículo 1, sobre la definición de su objeto, esta proposición de ley se circunscribe solo al sector público, y no al sector privado, y ello supone una reducción del ámbito de aplicación de lo que ya establece la directiva.

Señorías, soy maestra y madre, y estarán ustedes conmigo en que las palabras son enanas y los ejemplos gigantes. Señores de Ciudadanos, señor Bal, señores del Partido Popular, señores de VOX, presentan aquí esta proposición de ley, pero aprueban en Andalucía -el Gobierno del Partido Popular apoyado por Ciudadanos y VOX- el que hemos llamado el decreto de desregulación. Han usado ustedes como excusa la pandemia y como relato falso la agilización administrativa para convalidar un decreto que minimiza controles -señorías, escuchen, minimiza controles- y permite lo que ya nos llevó a la peor crisis económica de este país, lo que nos llevó a la crisis de 2008. Recordarán, señorías -todos recordaremos- las tramas urbanísticas. (Aplausos). La corrupción es uno de los principales enemigos en la toma de decisiones medioambientales. Ustedes ponen de nuevo al servicio del interés particular el futuro de las generaciones venideras. La única economía verde que parece conocer la derecha solo son los campos de golf o privatizar la gestión de un aparcamiento en un hospital público (rumores), como es el caso del Hospital Reina Sofía, en Córdoba, que acabamos de denunciar hoy. (Aplausos). Este Gobierno, sin duda, va a recurrir ese decreto andaluz ante el Alto Tribunal. Estarán conmigo, señorías, en que más vale prevenir. Hay que hacer lo que predicamos, y, siempre que se pueda, prevenir es la mejor cura. Decisiones como esta no previenen la corrupción, nos llevan al deterioro moral y ético y, sobre todo, al empobrecimiento económico. Tampoco esta proposición, señor Bal, es una disposición integral de lucha contra la corrupción, puesto que no aborda de forma completa el ciclo: ni la prevención, como ya he dicho, ni la detección, ni la recuperación, porque, señorías, quien se lo lleva la paga y lo paga, ¿no?

Por otro lado, no hace referencia a la protección de las personas denunciadas, lo que sí está contemplado en la directiva. Señorías, dignificar la política y lo público empieza por dignificar y proteger el trabajo de todos y todas los que nos dedicamos a ello. En esto, como en todo en la vida, existen artimañas, atajos, el mal perder, el que te denuncio antes que sudar la camiseta, manipulaciones. ¿Les suena? Linchamientos, informes malintencionados. Lo tenemos muy reciente en la causa del 8 de marzo, aunque, afortunadamente, se ha impuesto la verdad y la justicia. (Aplausos). Pero hay veces, señorías, que este tipo de acciones acaban destrozando a la persona, a su familia, manchan injustamente el nombre de un partido político, el de todos, y lo peor, y lo debemos resolver entre todos, genera desconfianza en las instituciones y en la política, con mayúsculas, como dije antes.

En cuanto a la creación de la autoridad independiente de integridad pública, ya parece que no hablan tanto de chiringuitos, aunque tengo que decir que hay varios organismos que ya trabajan en la lucha contra la corrupción y el fraude, y, por tanto, debemos evitar duplicidades.

Asimismo, la redacción de esta proposición es confusa a veces y no se entienden varios conceptos.

La señora PRESIDENTA: Señora Crespín, tiene que terminar, por favor.

La señora CRESPÍN RUBIO: Termino ya, presidenta. Termino como empecé. Que a nadie le quepa la menor duda de que el PSOE seguirá trabajando para lo que se comprometió nuestro presidente en este mismo sitio el día en que, por limpieza y salud democrática, presentamos la moción de censura. Los votos favorables, dijo, son para sacar la corrupción de la política y volver a hablar de lo importante para la gente, de sus derechos, sus libertades, el progreso y el avance de nuestro país. Al Grupo Socialista le consta que este es un trabajo complejo, porque el fenómeno de la corrupción también es muy complejo. Señorías, como cordobesa, quedémonos con la cita y la enseñanza de Séneca: Lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad. En tanto en cuanto avancemos, hagamos de España un país honesto y limpio.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Crespín.

En tres minutos votaremos. (Pausa).


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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA PENITENCIARIA. (Número de expediente 162/000130).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la perspectiva de género en la política penitenciaria. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y Mixto, señor Martínez Oblanca.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 236 votos telemáticos, 350; a favor, 64 más 146 votos telemáticos, 210; en contra, 50 más 90 votos telemáticos, 140.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑOR MAZÓN RAMOS, SOBRE EL ESTATUTO DE CONSUMIDORES ELECTROINTENSIVOS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS AFECTADAS. (Número de expediente 162/000139).

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Mazón Ramos, sobre el estatuto de consumidores electrointensivos para garantizar la competitividad de las industrias afectadas. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Ciudadanos y Mixto, señor Mazón Ramos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 234 votos telemáticos, 348; a favor, 111 más 230 votos telemáticos, 341; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 3 más 3 votos telemáticos, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO ACLARE EL IMPACTO CONSTITUCIONAL DE LA REUNIÓN DE LA MESA ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA QUE TUVO LUGAR EL DÍA 26/02/2020. (Número de expediente 173/000007).

La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno aclare el impacto constitucional de la reunión de la Mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que tuvo lugar el día 26 de febrero de 2020. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 236 votos telemáticos, 350; a favor, 52 más 101 votos telemáticos, 153; en contra, 61 más 134 votos telemáticos, 195; abstenciones, 1 más 1 voto telemático, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑOR QUEVEDO ITURBE, SOBRE LAS POLÍTICAS QUE VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA FAVORECER LA CONECTIVIDAD Y LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO EN CANARIAS. (Número de expediente 173/000010).

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Quevedo Iturbe, sobre las políticas que va a desarrollar el Gobierno de España para favorecer


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la conectividad y la recuperación del turismo en Canarias. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso y Mixto, señor Quevedo Iturbe.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 233 votos telemáticos, 347; a favor, 110 más 221 votos telemáticos, 331; abstenciones, 4 más 12 votos telemáticos, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción consecuencia de interpelación.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA, SOBRE LA POLÍTICA FERROVIARIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA TRAS FINALIZAR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19. (Número de expediente 173/000011).

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca, sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras finalizar la emergencia sanitaria del COVID-19. La votación se producirá separada por puntos. Votamos el punto número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 233 votos telemáticos, 347; a favor, 105 más 196 votos telemáticos, 301; en contra, 3 más 11 votos telemáticos, 14; abstenciones, 6 más 26 votos telemáticos, 32.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto número 1.

Punto número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 233 votos telemáticos, 347; a favor, 52 más 94 votos telemáticos, 146; en contra, 55 más 113 votos telemáticos, 168; abstenciones, 7 más 26 votos telemáticos, 33.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto 2.

Punto número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 233 votos telemáticos, 347; a favor, 52 más 94 votos telemáticos, 146; en contra, 52 más 103 votos telemáticos, 155; abstenciones, 10 más 36 votos telemáticos, 46.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto número 3.

Punto número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 233 votos telemáticos, 347; a favor, 52 más 94 votos telemáticos, 146; en contra, 39 más 82 votos telemáticos, 121; abstenciones, 23 más 57 votos telemáticos, 80.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto número 4.

Punto número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 233 votos telemáticos, 347; a favor, 52 más 94 votos telemáticos, 146; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 62 más 138 votos telemáticos, 200.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto número 5.

Punto número 6.


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Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 233 votos telemáticos, 347; a favor, 104 más 206 votos telemáticos, 310; abstenciones, 10 más 27 votos telemáticos, 37.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto número 6.

Punto número 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 233 votos telemáticos, 347; a favor, 104 más 206 votos telemáticos, 310; abstenciones, 10 más 27 votos telemáticos, 37.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto número 7.

Punto número 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 233 votos telemáticos, 347; a favor, 91 más 185 votos telemáticos, 276; en contra, 13 más 21 votos telemáticos, 34; abstenciones, 10 más 27 votos telemáticos, 37.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto número 8.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA DOTAR DE FLEXIBILIDAD A LOS SECTORES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. (Número de expediente 173/000012).

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas previstas para dotar de flexibilidad los sectores clave de la actividad económica. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Republicano, Plural, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto (señora Oramas González-Moro).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 235 votos telemáticos, 349; a favor, 61 más 131votos telemáticos, 192; en contra, 52 más 102 votos telemáticos, 154; abstenciones, 1 más 2 votos telemáticos, 3.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la moción consecuencia de interpelación urgente. (Aplausos).

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DEROGA EL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52.D) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2020, DE 18 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000008).

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto del proyecto de ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por tramitarse en lectura única, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 235 votos telemáticos, 349; a favor, 62 más 141 votos telemáticos, 203; en contra, 19 más 36 votos telemáticos, 55; abstenciones, 33 más 58 votos telemáticos, 91.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero. (Aplausos).

Se remitirá al Senado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000007).

La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, presentada por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos, VOX y Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 234 votos telemáticos, 348; a favor, 52 más 101 votos telemáticos, 153; en contra, 62 más 133 votos telemáticos, 195.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas a este proyecto de ley. (Aplausos).

- PROPOSICIÓN DE LEY DE DEROGACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA INSTRUCCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 122/000024).

La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 235 votos telemáticos, 349; a favor, 34 más 59 votos telemáticos, 93; en contra, 80 más 167 votos telemáticos, 247; abstenciones, 9 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad presentada a esta proposición de ley.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 61, CON EL FIN DE REGULAR, PARA CASOS DE EXTREMA NECESIDAD, LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR SESIONES DEL CONGRESO A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS. (Número de expediente 410/000008).

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Proposición del Grupo Parlamentario Plural, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 61, con el fin de regular, para casos de extrema necesidad, la posibilidad de celebrar sesiones del Congreso a través de medios telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 113 más 235 votos telemáticos, 348; votos a favor, 6 más 39 votos telemáticos, 45; votos en contra, 104 más 193 votos telemáticos, 297; abstenciones, 3 más 3 votos telemáticos, 6.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 122/000009).

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de lucha contra la corrupción.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 114 más 234 votos telemáticos, 348; votos a favor, 52 más 107 votos telemáticos, 159; votos en contra, 58 más 120 votos telemáticos, 178; abstenciones, 4 más 7 votos telemáticos, 11.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.

Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las seis de la tarde.

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