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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 33, de 25/06/2020
cve: DSCD-14-PL-33
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 33
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 32
celebrada el jueves,
25 de junio de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Informes del Defensor del Pueblo correspondientes a la gestión realizada durante los años 2018 y 2019:

- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2018. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 1, de 18 de diciembre de 2019. (Número de expediente 260/000001) ... (Página5)

- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 33, de 28 de mayo de 2020. (Número de expediente 260/000002) ... (Página5)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con una Sra. Diputada. (Número de expediente 240/000001) ... (Página23)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ("BOE" núm. 163, de 10 de junio de 2020). (Número de expediente 130/000022) ... (Página23)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 48-1, de 31 de enero de 2020. (Número de expediente 122/000022) ... (Página42)


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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página58)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página60)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página61)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página61)

SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

Informes del Defensor del Pueblo correspondientes a la gestión realizada durante los años 2018 y 2019 ... (Página5)

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2018 ... (Página5)

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019 ... (Página5)

El señor defensor del pueblo en funciones y adjunto primero (Fernández Marugán) expone a la Cámara un resumen de los informes del Defensor del Pueblo correspondientes a la gestión realizada durante los años 2018 y 2019.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guitarte Gimeno y las señoras Oramas González-Moro y Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano, y Márquez Guerrero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Alcaraz Martos, del Grupo Parlamentario VOX; Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sánchez Escobar, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se suspende la sesión con carácter público.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página23)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con una Sra. Diputada ... (Página23)

Comienza la sesión con carácter secreto.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página23)


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Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ... (Página23)

Se reanuda la sesión con carácter público.

El señor ministro de Sanidad (Illa Roca) expone a la cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra de la convalidación interviene el señor Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, Mazón Ramos y García Adanero, la señora Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Baldoví Roda y Errejón Galván y la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano, y Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Hace uso de la palabra el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.

Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.

Cierra el debate el señor ministro de Sanidad.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página42)

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página42)

En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen la señora Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX, y el señor Píriz Maya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Baldoví Roda, Errejón Galván y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que audite la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia por la enfermedad de COVID-19 en España, con la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 50 votos a favor más 103 votos telemáticos, 153; 83 en contra más 103 votos telemáticos, 186, y 8 abstenciones con voto telemático.


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Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a combatir el negacionismo de la violencia de género, se aprueba por 124 votos a favor más 167 votos telemáticos, 291; y 8 en contra más 46 votos telemáticos, 54.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página58)

Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Botran Pahissa), relativa a la postura del Gobierno en relación a la represión a la disidencia política en el Estado español, son rechazados todos.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, Ciudadanos y Mixto (señor Guitarte Gimeno), a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno), sobre la necesidad de un Plan especial para la recuperación de la España Vaciada y el Reto Demográfico, de acuerdo con los objetivos del Plan de recuperación para Europa de la Unión Europea, se aprueba por 125 votos a favor más 170 votos telemáticos, 295; y 8 abstenciones más 44 votos telemáticos, 52.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el ministro del Interior explique las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 50 votos a favor más 101 votos telemáticos, 151; 78 en contra más 89 votos telemáticos, 167, y 5 abstenciones más 24 votos telemáticos, 29.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página60)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se aprueba por 119 votos a favor más 146 votos telemáticos, 265, 12 en contra más 65 votos telemáticos, 77, y 2 abstenciones más 3 votos telemáticos, 5.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 130 votos a favor más 207 votos telemáticos, 337; 3 en contra más 4 votos telemáticos, 7; y 2 abstenciones con voto temático.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página42)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se rechaza por 8 votos a favor más 47 votos telemáticos, 55; 83 en contra más 112 votos telemáticos, 195; y 42 abstenciones más 54 votos telemáticos, 96.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se rechaza por 42 votos a favor más 46 votos telemáticos, 88; 91 en contra más 165 votos telemáticos, 256; y 2 abstenciones con voto telemático.

Se suspende la sesión con carácter público.


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Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página61)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con una Sra. Diputada ... (Página61)

Comienza la sesión con carácter secreto.

Se reanuda la sesión con carácter público.

Se levanta la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE LOS AÑOS 2018 Y 2019.

- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2018. (Número de expediente 260/000001).

- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2019. (Número de expediente 260/000002).

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.

Comenzamos con el punto del orden del día relativo a los informes del Defensor del Pueblo correspondientes a la gestión realizada durante los años 2018 y 2019. Como saben sus señorías, con arreglo a las normas de procedimiento, las deliberaciones comenzarán una vez que el defensor del pueblo en funciones haya terminado la presentación de sus informes. Asimismo, tal y como ha acordado la Junta de Portavoces, el debate de los dos informes se hará de forma acumulada.

Para la exposición de un resumen de los informes, tiene la palabra el defensor del pueblo en funciones, don Francisco Fernández Marugán.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Señora presidenta, señoras y señores diputados, señorías, muchas gracias.

Han transcurrido dos años desde la última vez que subí a esta tribuna para cumplir con el mandato constitucional de informarles de las actuaciones del Defensor del Pueblo. Diversas circunstancias -de todos conocidas, por supuesto- impidieron que el año pasado pudiera presentar los resultados de nuestras actuaciones en el año 2018. Por eso -como bien ha dicho la señora presidenta- comenzamos dándoles cuenta, de forma acumulada, de los informes anuales y de sus correspondientes monografías relativas a los ejercicios 2018 y 2019. Uno y otro incorporan cientos de páginas. Por lo tanto, el defensor no pretende detallar esos cientos de páginas, sino hacer una sesión más liviana y hablar de una serie de hechos que nosotros consideramos relevantes, relacionados con problemas estructurales no resueltos a lo largo de los últimos años, con la incidencia de algunas cuestiones en el conjunto de la sociedad española, y, desde luego, pretende poner de relieve la defensa que hemos hecho de un conjunto de derechos que la Constitución nos permite tutelar.

Ejercer el control del Gobierno no es la función del Defensor del Pueblo, es una función importantísima que hacen ustedes en el Congreso y en el Senado, y que está regulada por el artículo 66 de la Constitución. Al Defensor del Pueblo se le asigna un cometido también importante, y es la defensa de los derechos fundamentales, y a tal fin se le faculta para supervisar la actividad de las administraciones públicas. Es decir, yo no controlo al Gobierno, superviso el trabajo de las administraciones públicas. Y eso es lo que nosotros entendemos que dice el artículo 54 de la Constitución española. Siendo esto así, mi propósito es relatar, informar, poner de relieve algunos aspectos importantes de nuestro Estado de derecho. Pero antes, quisiera referirme a dos cuestiones relevantes. La primera de ellas es la violencia de género. Lamentablemente, tengo que empezar por esta cuestión haciendo referencia a un nuevo


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asesinato de una mujer y de sus dos hijos por su pareja, que se produjo no hace muchos días en Úbeda. Desde el año 2003, más de mil mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Y no solamente ha ocurrido eso, sino que hay algún otro hecho igualmente aterrador: casi cuarenta hijos e hijas han sido asesinados por sus progenitores. La gravedad de estos hechos nos ha llevado a que en el informe anual del año 2019 dediquemos, por primera vez, un capítulo específico a la violencia de género. No obstante, tengo que decirles que la violencia de género, dentro del ámbito de las actividades del Defensor del Pueblo, tiene un espacio limitado. Los actos de violencia terminan siendo calificados como delito y han de ser analizados por los procedimientos judiciales, y en ese momento nosotros perdemos mucha de nuestra capacidad de seguirlos.

El Pacto de Toledo fue una gran operación en la lucha contra la lacra de la violencia de género y todavía creemos nosotros que es necesario llevar a cabo algunos avances en esta cuestión. Hay que mejorar las herramientas para detectar con antelación el riesgo de violencia, hay que afinar la coordinación de los servicios sociales con los órganos judiciales y con las fuerzas de seguridad, y hay que simplificar más los procedimientos que se vienen llevando a cabo. En definitiva, la violencia de género constituye en la actualidad el atentado más importante contra los derechos de las mujeres en España porque afecta a su libertad, a su derecho a la igualdad de trato, a su derecho a la vida y a su derecho a la integridad física y moral. Porque constituye hechos tan significativos como las que acabo de decir, es precioso combatir esta lacra y que en este combate participe la sociedad en su conjunto, es decir, las administraciones, las instituciones y las asociaciones que trabajan dentro de ella.

El segundo tema al cual quiero dar alguna importancia, y lo quiero significar, es la situación demográfica de España. A lo largo de las últimas décadas, España ha experimentado un fuerte shock poblacional que nosotros venimos siguiendo y que ha dado origen a sendos informes monográficos presentados con el informe global del año 2018 y con el informe global del año 2019. El envejecimiento de la población es un fenómeno de envergadura que constituye un desafío para la Unión Europea y también para España. Según los datos recientemente publicados por el INE, hoy, en España, los mayores de sesenta y cinco años representan casi el 20 % de la población total. Si utilizamos las proyecciones que realiza esta organización, dentro de cincuenta años, los mayores de sesenta y cinco años serán el 30 % de la población global. Por lo tanto, estamos inmersos en un claro proceso de envejecimiento, y eso es debido a dos factores coincidentes: la ralentización del crecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida que, en el caso español, es uno de los más elevados no solo de la Unión Europea, sino del mundo.

En el año 2019 el número de nacimientos continuó con la tendencia a la baja que venía produciéndose a lo largo de la última década. Este descenso se debe a tres factores: la disminución de los hijos por mujer, la reducción del número de mujeres en edad fértil y el retraso en la edad de procreación. Pero hay otros factores que no son de índole demográfica, sino de índole social y cultural que, de alguna manera, también contribuyen al hundimiento de la natalidad en España. La dificultad de acceso al mercado de trabajo, la creciente inseguridad laboral, la mayor precariedad y temporalidad de los empleos, la desproporción entre el precio de la vivienda y de los servicios básicos en relación con el sueldo medio, y quizá, por último, el cambio en las dinámicas familiares y el cambio en los roles entre los hombres y las mujeres en el seno de las familias.

Hay un hecho que sí quiero destacar. Entre el año 2015 y el año 2019 los nacimientos son menores que las defunciones y es fácil comprender que cuando esto sucede, la población tiende a bajar. Pues bien, entre nosotros no ocurre eso. No ocurre, señorías; ocurre lo contrario: la población viene elevándose a lo largo de los últimos años. Y hay una explicación que es sencilla, la llegada de inmigrantes es la que mantiene el crecimiento de la población en España. Es decir, somos un país que no tuvo, y sigue sin tener, el número de hijos suficientes, pero que, no sé si consciente o inconscientemente, lo que ha hecho es tener inmigrantes. Y eso es consecuencia de un hecho que yo voy a poner de relieve muy brevemente aquí. Hay un patrón en la evolución de la población que tiene al menos tres hitos: el progresivo e ininterrumpido aumento de los decesos, el número de nacimientos en persistente caída y una conclusión, que este saldo negativo de movimientos de la población española se compensa con un saldo positivo del proceso migratorio. Y el porqué de esta situación quizás sea debido -me arriesgo a decirlo- a que somos campeones de la precariedad laboral -y lo somos desde hace algunos años-, a que tenemos pocas políticas y pocos servicios que ayuden a la conciliación, a que la vivienda -lo he dicho, lo digo y lo diré- es cara y, por último, a que la emancipación es tardía.

No pretendo ir mucho más allá, pero sí quiero decir que en España quizás no nos hemos tomado en serio la continua baja de la población nativa. Por lo tanto, creo que hay una serie de consecuencias


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económicas derivadas de un envejecimiento de la población y de una desequilibrada estructura de la misma. Y lo voy a decir sencillamente. A medida que se produce una prolongada caída de la fertilidad, la fuerza laboral se reduce. Esta reducción de la fuerza laboral debilita el potencial de crecimiento económico y esa secuencia que acabo de dibujar pone en jaque la sostenibilidad no solo de las políticas de bienestar -y esto lo oímos con alguna frecuencia-, sino que lastra de manera muy nítida el nivel de estabilidad del propio crecimiento. Por lo tanto, algunas cosas deberíamos clarificar en este terreno.

A esta situación se le ha puesto un alivio, y ese alivio es la inmigración. Entre el año 2002 y el año 2019 el crecimiento de la población total no se debe al aumento de las personas nacidas en España -que, por cierto, apenas sí superan el 4,3 %-, sino que se debe a la aportación de la población importada nacida en el extranjero, que se ha multiplicado por tres. Este sería un primer tema. Segundo tema, la población recién llegada es más joven que la española y posee, además, una mayor tasa de fertilidad. El número medio de hijos por mujer entre las madres españolas fue, en el año 2019, el 1,17 %, récord mundial, es la más baja de todo el mundo. El número de hijos por mujer de las madres extranjeras es el 1,59 %. Hay algunas cuestiones a añadir a ese alivio que produce la inmigración, y es que la incorporación de mujeres inmigrantes a las tareas domésticas y al cuidado de personas ha permitido una mayor actividad entre las mujeres nativas, y eso ha hecho compatible, en alguna medida, sus tareas en el hogar con un cierto aumento relativo de la natalidad.

Hay algunos hechos que sí quiero destacar. Primero, la inmigración no es hoy una carga para la sociedad española; al contrario, aporta beneficios a nuestra economía. Les voy a poner un único ejemplo. Estos ciudadanos son necesarios. Si los ocupados extranjeros abandonaran mañana el mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería un 20 %, por debajo del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica.

Hechas estas consideraciones generales, me voy a referir a cuatro aspectos que tienen que ver con elementos básicos de nuestro Estado del bienestar: voy a hablar del cambio climático, del que no hablé en Comisión y un portavoz me lo recordó pertinentemente -lo traigo aquí porque quería traerlo aquí, pero reconozco la crítica que se me formuló-; quiero hablar de la vivienda, una vez más quiero hablar de la vivienda; quiero hablar de la vejez en los centros residenciales, y quiero hablar de la educación. Comenzaré con el cambio climático. La humanidad está sufriendo una serie de fenómenos extremos que se derivan del cambio climático y que nos obligan de alguna manera a reconducir de nuevo nuestra relación con la naturaleza. Un mundo inhóspito ha ocasionado daños en la vida y en los bienes de una dimensión y de una gravedad sin precedentes. El año 2019 no ha sido un buen año para el planeta: ha habido abundantes incendios en la Amazonía, en Australia, en Bolivia y en California; ha habido fuertes inundaciones en China, en Bangladesh, en el Mediterráneo en general, y en el Mediterráneo español en particular; fuertes huracanes en las Bahamas; deshielo en Groenlandia, y oleadas de calor en Europa. En nuestro caso, el efecto de las gotas de frío es hoy patente, pues no deja de ser una temeridad construir en los cauces de los ríos, levantar urbanizaciones en las ramblas y permitir edificar viviendas y negocios al borde del mar. Por eso, desde el Defensor sostenemos que las administraciones han de actuar con contundencia para evitar que se edifique en áreas susceptibles de ser engullidas por el agua.

Aparte del tema de las gotas frías, quisiera hablar también de los incendios forestales. España tiene una gran superficie forestal y cada año se queman decenas de miles de hectáreas de monte. Combatir los incendios forestales exige el esfuerzo combinado y conjunto de las distintas administraciones y de toda la sociedad. Aunque nadie se libra en España de este riesgo, Galicia acumula más de la mitad de los incendios forestales que se producen en España. También hay incendios de más alta magnitud, los grandes incendios forestales. En 2019 se contabilizaron catorce, cuando la media de los cien últimos años había sido de seis. El incendio de Canarias en el verano del año 2019 es un buen ejemplo de lo que vengo sosteniendo. Por lo tanto, el cambio climático ha originado subidas de temperatura y fuertes sequías, prolongadas sequías, que traen consigo que la temporada de los incendios se amplíe, adelantándose a la primavera y alargándose hasta el otoño. Ante estas circunstancias, la política no debe reducirse única y exclusivamente a aumentar los medios de extinción. La política forestal necesita una gestión específica y una planificación territorial adecuada para que se palien los grandes incendios forestales que devoran comarcas enteras. María Zambrano decía, y decía bien, que hay fenómenos que han de llevarnos a tener otro modo de vida, un modo diferente de habitar el planeta, un modo distinto de ser persona.

Paso a hablar ahora de la vivienda. En la Comisión destaqué dos hechos que quiero destacar también aquí. Primero, el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las familias de bajos ingresos ha adquirido tal dificultad que a estos dos colectivos les resulta imposible disponer de una vivienda. En segundo lugar,


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nosotros sostenemos que las actuaciones que haya que hacer han de pasar por aumentar la vivienda de alquiler social dirigida a los jóvenes y a las familias de bajo nivel de renta. Ese aumento de la oferta ha de pasar por una serie de hitos. La intervención ha de ser abundante en cantidad y en recursos y, desde luego, actuar tan solo en unas poquitas promociones no es suficiente. La política para hacer frente a este problema de la vivienda ha de mantenerse en el tiempo. Los programas de vivienda social han de adquirir un elevado nivel de coordinación entre la Administración Central del Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Además, resulta imprescindible llevar a cabo un despliegue que simultanee varias líneas de actuación: actuaciones tributarias, inversiones públicas, medidas reguladoras y urbanísticas de carácter general, y un destinatario; y los destinatarios son los jóvenes, son las familias de renta baja, son las familias monoparentales, son las familias que hayan sufrido desahucios y son los inmigrantes. Por lo tanto, señorías, estamos ante un problema importante de desigualdad, donde es fácil encontrar a los débiles, muy fácil -los he enumerado anteriormente- y es necesario poner en marcha un conjunto de actuaciones por parte de la Administración que conduzca, entre otras cosas, a la construcción de parques públicos de vivienda.

La vejez en los centros residenciales. A finales de 2017 iniciamos un conjunto de actuaciones de oficio en todas las comunidades autónomas para conocer la situación de los centros residenciales de mayores, ya fueran públicos ya fueran privados. Deseábamos saber las actuaciones que se realizaban desde las administraciones públicas para garantizar los derechos de las personas mayores allí residentes. Nos dirigimos a las comunidades y el resultado de esa actuación se incorporó al informe monográfico del año 2018. En mayo de 2019 remitimos a esas administraciones las conclusiones -de todas las comunidades autónomas, por supuesto- y, de alguna manera, les pedimos que nos dieran a conocer su parecer sobre esta cuestión. Voy a ser rápido y directo, y voy a citar las conclusiones más relevantes. Existen múltiples regulaciones para resolver la autorización y la acreditación de funcionamiento de estos centros; existen escasos datos y poco fiables, y es necesario obtener una información más adecuada si queremos levantar una estrategia de información que ayude a resolver los problemas de los residentes. Hay una insuficiencia de plazas, públicas y concertadas, de atención residencial para satisfacer la demanda existente que, por cierto, ha ido creciendo y seguirá creciendo. Hay escasez de personal de atención directa, de las personas que atienden a los residentes, y hay que incrementar la formación del personal que trabaja en estos centros. Se habla de la atención sanitaria; la atención residencial que da hoy la atención sanitaria a los residentes es muy genérica. Por eso, cuando se detectan problemas, hay que recurrir a derivaciones en el Sistema Nacional de Salud que a veces resultan problemáticas. Por último, hay que tener algunos servicios de inspección que funcionen de una manera más eficaz y que permitan una función de vigilancia que hoy día no existe.

Todo esto que he dicho hasta ahora de las residencias tiene que ver con deficiencias organizativas, pero en el tema de las residencias hay dos cuestiones que el Defensor trae aquí, y que las trae conscientemente, que tienen que ver con los derechos de los residentes. Se necesita una ley orgánica. Les voy a decir por qué. Se necesita una ley orgánica que resuelva los problemas que surgen con los ingresos involuntarios. Muchos mayores tienen graves problemas de deterioro físico y mental, por lo que se debe garantizar su protección a la hora de dar el consentimiento para el ingreso en los centros residenciales. Pero también hay problemas de eso que se llama sujeciones mecánicas o sujeciones físicas, y en eso hay bastante coincidencia entre los planteamientos del Defensor y los planteamientos de las comunidades autónomas. Las sujeciones deben minimizarse en su utilización, las sujeciones solo deben utilizarse en casos de grave riesgo y solo deben ser aplicadas cuando se hayan agotado todas las medidas alternativas. Su práctica debe hacerse bajo prescripción facultativa y, por supuesto, el tiempo de las mismas, si se alarga, ha de ser conocido por la autoridad judicial. Visto este conjunto de circunstancias, es posible que la ley orgánica a la que he hecho referencia anteriormente no se tenga a tiempo. Por lo tanto, quizás fuera bueno un compromiso real y efectivo de las administraciones competentes con los centros residenciales, con los profesionales, con los usuarios y con los familiares para lograr una atención lo más libre y eficaz posible.

Como puede deducirse de mis palabras -y si no se deduce lo voy a decir claramente-, el sistema residencial de mayores en España adolece de una serie de disfunciones que es necesario corregir. Estas carencias se han puesto de relieve con motivo de la pandemia que ahora sufrimos, que no hace otra cosa en este aspecto que poner una lupa y agrandar un conjunto de problemas ya conocidos. En principio, uno podría decir que el trabajo del defensor termina ahí, termina en el cierre de las tareas de información a sus señorías referidas al año 2018 y 2019, pero en nuestro caso no ha terminado ahí. Nosotros los días 2 y 3


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de abril del año 2020 abrimos de nuevo una actuación de oficio con todas las consejerías de Sanidad y con todas las consejerías de Política Social de las comunidades autónomas. Y digo todas porque la estructura administrativa de las comunidades autónomas no solamente se ciñe a lo que podríamos llamar consejerías de Sanidad, sino que, en algunos casos, también afecta a las consejerías de Política Social. El objeto es el de siempre, conocer la respuesta que cada territorio da a esta emergencia para, una vez que tengamos la información, poder determinar en qué medida hay que actuar en el supuesto no deseado -y hablaré de esa cuestión más adelante- de las amenazas epidémicas. El día 24 de abril nos dirigimos una vez más a todas las comunidades autónomas para recomendarles, entre otras cosas, el refuerzo de la asistencia sanitaria en las residencias a los enfermos de COVID-19, el suministro de equipos de protección individual para el personal y para los residentes, la necesidad de suplir las bajas laborales de los trabajadores en las residencias de mayores, garantizar la información a los familiares de los residentes en relación con la salud de estos residentes y también en relación con las posibles derivaciones a centros residenciales o a centros hospitalarios. También entendíamos que había que permitir a los mayores no contagiados que pudieran volver de manera voluntaria y temporalmente con sus familiares sin pérdida de plaza y, desde luego, siempre y cuando hubiera disponibilidad sanitaria. Por último, nosotros les recomendamos que se adoptaran protocolos que faciliten a los familiares la despedida del residente terminal, para que el proceso de muerte fuera lo más humanizado y digno posible. Eso lo hicimos en abril, estamos en junio, no nos ha llegado información abundante sobre esa cuestión, pero en todo caso en el informe de 2020 les facilitaremos la información que ahora estamos recabando y las conclusiones que obtengamos de ella.

Educación. Señorías, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es preciso disponer de un sistema educativo inclusivo, estable y de calidad. Pero un buen sistema educativo que reúna esas tres características no surge de la noche a la mañana, no surge de un día para otro, necesita años para ser implantado, tiempo para evaluar su rendimiento e introducir las correcciones que necesite. Nuestra experiencia no es del todo satisfactoria en esa cuestión. Siete leyes -siete leyes- educativas han sido aprobadas en esta Cámara a lo largo de los últimos cuarenta años. Creo que es hora de que las coincidencias primen sobre los desacuerdos y que de alguna manera hagamos entre todos un esfuerzo para lograr la estabilidad que el sistema educativo español necesita.

Hay un segundo problema al cual quiero referirme, y es el de la inclusión social. Nuestro sistema educativo logró la universalización en el siglo XX y hoy en España la mayoría de los niños menores de diez años se encuentran escolarizados. En el siglo XXI se necesita otras hacer cosas, se necesita evitar la pobreza educativa, que castiga a grandes capas de la población que tienen muchas dificultades económicas. Es verdad que algunas de las cosas en materia de recursos económicos se han ido agrandando como consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas en España a partir de 2008; ahora las familias afectadas por el paro y la pobreza educativa también tienen enormes dificultades para afrontar importantes gastos, como la adquisición de ordenadores, tablets, sistemas de trasporte, sistemas de enseñanza de idiomas. Voy a poner un ejemplo que pone de relieve los problemas de inclusión social, un problema que preocupa al defensor, que ha ido trabajando lo largo de los últimos años en esta cuestión, y que lo trae aquí, ante de sus señorías, porque entiendo que es un problema grave.

En Melilla, en la Ciudad Autónoma de Melilla existe un grupo de familias de origen marroquí que reside en esta sociedad desde hace años y que está en situación de completa invisibilidad y de exclusión social. Se calcula que son un centenar los niños que, perteneciendo a estas familias, nacidos en Melilla, carecen de acceso al derecho básico de la educación; encuentran trabas para su escolarización obligatoria, lo que les afecta desproporcionadamente y a veces son objeto de discriminaciones. La imposibilidad de empadronarse les impide ir al colegio; la imposibilidad de empadronarse, repito, les impide ir al colegio. Pese a todos los esfuerzos que he realizado, lo cierto es que ha finalizado el curso 2019-2020 y tan solo una menor, tan solo una, ha sido escolarizada. Miren, yo soy consciente de las dificultades, soy muy consciente de las dificultades de toda índole con las que se tiene que enfrentar la Administración educativa en ese territorio; insisto, soy plenamente consciente de las dificultades de toda índole con las que se tiene que enfrentar la Administración educativa en ese territorio. Sin embargo, soy de los que creen que la realidad es compleja y que no puede en modo alguno solventarse esta cuestión a costa de los derechos de los más vulnerables, no puede hacerse. Los niños y las niñas de Melilla, al igual que los niños y las niñas del resto de España, donde tienen que estar es en la escuela, es en el colegio, y no tienen que estar, cuando están en edad escolar, en su casa; lo digo con total y absoluta sinceridad. Este tema, señorías, yo lo planteo aquí para que ustedes, que son los que tienen


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la posibilidad de resolver esta cuestión, la resuelvan de una vez. ¡En España hay niños y niñas que no están escolarizados y que deberían estar escolarizados!

Termino mi intervención haciendo algunas consideraciones generales sobre el problema de la pandemia y de cómo creo que podríamos abordarlo, al menos dar mi opinión sobre cómo podría abordarse.

Miren, la humanidad ha sido víctima de un virus que no detectó, un virus que nos ha arrojado de forma impensada, brutal, a un innecesario escenario que nunca habíamos vivido. De él sabíamos poco, pero en estos meses hemos ido percatándonos de que es bastante poderoso, tan poderoso que fue capaz de parar el mundo, sí; que fue capaz de parar el planeta, cosa que nunca había sucedido, y que desencadenó una serie de emergencias de todos conocidas -la emergencia sanitaria, la emergencia económica, la emergencia social- que actuaban a la vez y para salir del atolladero requerían que controláramos el virus. Sinceramente, creo que hemos conseguido resistir muchísimo. Hemos hecho un sacrificio importante y hemos soportado dolor en esta primera oleada. Estamos desescalando, pero la amenaza a la salud pública permanece. Hemos resistido, pero todavía no hemos vencido. El virus sigue ahí, en la sociedad, y por tanto puede rebrotar en cualquier momento, como ha ocurrido en algunas zonas y como ha ocurrido con algunos virus. Todos debemos seguir promoviendo la máxima responsabilidad y la máxima disciplina entre los ciudadanos y asumiendo nuestra propia autoexigencia. Tenemos que ir con cuidado y no dejarnos llevar por el deseo de volver rápidamente a la normalidad anterior. Hay tres líneas que creo que deberemos recordar, que son las de resistencia, recuperación y reactivación, y para ello sería bueno que llegáramos a un conjunto de acuerdos importantes donde se reflejara el consenso: el consenso de las instituciones, el consenso de las fuerzas políticas, el consenso económico y social. Me gustaría que a lo largo de este periodo parlamentario algunas de estas cuestiones quedaran resueltas.

Voy terminando. El conjunto de medidas adoptadas desde la declaración del estado de alarma por todas las administraciones ha ayudado y ha hecho que el daño infligido haya sido mucho menor. El apocalipsis no se ha producido y es necesario poner en valor lo que hemos hecho, y hacerlo porque a veces se ocasionan discusiones y polémicas que vienen a poner en duda un hecho tan palmario y tan evidente como el que hemos venido llevando a cabo a lo largo de los tres últimos meses.

Termino definitivamente. Nosotros tenemos una encomienda, una función, una tarea, y esa tarea, que es la de velar por que las administraciones públicas cumplan con los derechos, satisfagan los derechos y las libertades de las personas, ha de ser salvaguardada y el Defensor del Pueblo está empeñado en ello. Nosotros, cuando toque, traeremos a esta casa el informe de 2020 dando cuenta de lo actuado a lo largo de los meses de lucha contra la pandemia. Eso es lo correcto en términos constitucionales y eso es lo que pensamos hacer.

Agradezco muchísimo, muchísimo, el silencio y su atención a mis palabras. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, defensor del Pueblo, señor Fernández Marugán. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

En turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.

El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Estoy muy agradecido al Defensor del Pueblo por traernos las circunstancias que reflejan sobre todo los sentimientos de los ciudadanos. Por nuestra parte, solo queremos hacer hincapié en un aspecto que nos preocupa y que él menciona en sus informes reiteradamente: la carencia de servicios en telefonía móvil y en cobertura digital en todo el territorio. Tanto en un informe como en otro, pero sobre todo en el de 2019, el defensor pone de relieve la carencia de esos servicios y la necesidad de que ambos, tanto el servicio de telefonía como el de acceso a Internet, tengan la consideración de servicio universal. Parece anómalo, pero, por ejemplo, ni nuestra senadora Beatriz Martín en su pueblo, Bueña, ni yo en el mío, Cutanda, podemos utilizar ni el teléfono ni la tablet que nos facilitan el Congreso y el Senado. O sea, estamos realmente incomunicados, dos parlamentarios. No hay mejor ejemplo que este sobre la carencia de servicios de telefonía. La telefonía fija es parte del servicio digital aprobado por el Gobierno y por este Parlamento; sin embargo, la telefonía móvil no forma parte del servicio universal de telecomunicaciones y esto realmente solo depende de esta Cámara y del Gobierno. Por eso pedimos que, en atención a las cuestiones puestas de manifiesto por los ciudadanos que han transmitido sus quejas al Defensor del


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Pueblo, consigamos que de una vez por todas tanto la telefonía móvil como el servicio de Internet sean un servicio universal recogido y prestado por este Gobierno. Simplemente, eso.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchísimas gracias.

Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Marugán, gran amigo y hombre muy respetado en la historia parlamentaria de este país, le voy a contar una cosa. Ayer pensaba qué decirle a usted en el poco tiempo que tengo cuando hemos hablado tanto en este tiempo, y voy a hacerle una propuesta a usted y a esta Cámara en relación con lo que ha pasado en las residencias de mayores, cómo están y cómo está la Ley de dependencia, ese tema que teníamos ahí aparcado. No puede ser ni dentro de un año, en su informe del próximo año, ni puede estar en manos de las guerras políticas para echarse los muertos a ver quién lo hizo peor dependiendo de si estás en Madrid, en Aragón, en Canarias o en Baleares. "Yo creo que el único órgano neutral que tiene la potestad de pedir cuentas a todas las administraciones de este país, que tiene los medios y que no está metido en la guerra política es el Defensor del Pueblo. Voy a plantear a este Congreso y a usted que el análisis de lo que pasó, de cuáles son las carencias y de qué se necesita se le encargue por parte de todos los partidos de este país y de esta Cámara el Defensor del Pueblo y se le pongan los medios si fuera necesario. ¿Por qué? Porque la teleasistencia y la atención domiciliaria es competencia de los ayuntamientos; las residencias de mayores y los centros sociosanitarios son competencia de las comunidades autónomas o de las diputaciones en algunos casos -en caso de Canarias, de los cabildos-; la sanidad es competencia de las comunidades autónomas, y el incumplimiento de la Ley de dependencia, porque el Estado tenía que pagar el 50 %, es responsabilidad del Estado. Todo eso se debe exigir a los 8000 ayuntamientos, a las comunidades y a las diputaciones. Hay que saber cuánta gente murió y, como dice usted, se debe analizar el tema de la indignidad de la muerte y del duelo y qué necesitamos para que en los próximos años en el envejecimiento haya dignidad, los medios, los recursos, la inspección de los centros privados y públicos y el cumplimiento de las administraciones. Yo creo que el Defensor del Pueblo es el que puede recuperar la historia, la realidad y las propuestas en positivo sin el componente político de echarnos los muertos a la cara. Esta sociedad necesita reconciliarse con lo que pasó y tener la garantía de que no va a volver a pasar.

Señor Marugán, el último tema que usted y yo hemos planteado a Gobiernos de PP y a Gobiernos del PSOE es que la situación peor en este país en cuanto a la inmigración es la de las familias venezolanas con niños. Lo ha dicho ACNUR, lo ha dicho Cáritas y lo ha dicho Cruz Roja. Están bloqueados en el Ministerio del Interior los asilos y los permisos de residencia y de trabajo. Le pido en este momento a usted, como Defensor del Pueblo, que se vuelva a unir y exija al Gobierno de España, igual que Europa está haciéndolo en Colombia con los millones de personas que salieron de Venezuela, que se resuelva de forma inmediata esa situación para que no estén en la calle tirados y no estén en centros de acogida.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

En último lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.

La señora VEHÍ CANTENYS: Buenos días.

En primer lugar, quiero decir que desde la perspectiva de la CUP la defensoría del pueblo, igual que la Sindicatura de Greuges para nosotras, es una figura importantísima en la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, quiero decir que de todo lo que se reporta en los dos informes podríamos haber escogido muchos temas, especialmente la negativa de llevar el recurso de inconstitucionalidad por la aplicación del artículo 155 a la Generalitat y a las instituciones catalanas. Pero hemos querido hoy traer un tema del que poco se habla en esta Cámara, que son las deportaciones de personas migrantes. De hecho, en ambos informes se habla de diversos operativos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, y se reportan diversas vulneraciones de derechos humanos. Las deportaciones, para quien no esté al tanto del tema, las puede ejercer Frontex con la colaboración de la Policía Nacional o incluso pueden ser operativos directamente organizados por la Policía Nacional. Aparte de los informes,


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ustedes saben que la defensoría del pueblo saca también resoluciones, y hay múltiples resoluciones sobre las vulneraciones de derechos sobre deportaciones, de incumplimientos de protocolos tanto de Frontex como de la Policía Nacional; la gente sin identificar, no dar información a las personas que se está deportando, que no haya intérpretes, personas deportadas en países que no son el suyo, etcétera. Pero si nos centramos en el protocolo propio de la Policía Nacional en términos de deportaciones, encontramos cosas como esta: la posible utilización de medidas de contención, lazos de seguridad, esposas, cascos, cacheo previo, la posibilidad de inmovilizar a personas que se resistan e incluso de sedarlas. Y, leo textualmente, dice el protocolo de la Policía Nacional: En ningún caso la aplicación de medidas coercitivas podrá comprometer funciones vitales del repatriado; repito, funciones vitales del repatriado. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué en un protocolo de la Policía Nacional se especifica que no se puede matar a nadie? Porque este protocolo nace en 2007 a raíz de que un ciudadano nigeriano muere en un avión comercial mientras es deportado porque dos escoltas lo amordazaron. ¿Y saben con qué tiene que ver eso? Con una política organizada, consciente y sistemática de la Unión Europea con la migración, lo que se llama la 'Europa fortaleza'; centros de internamiento, redadas, deportaciones y fronteras. ¿Y saben cómo se llama esto? Racismo institucional, y el racismo institucional se cobra vidas en el mar, en los centros de internamiento y en las deportaciones, y en el Estado español se ha cobrado muchísimas vidas.

Acabo, señora presidenta. Desde la perspectiva de la CUP, estamos por el derecho a la migración y a la libre circulación; en definitiva, por la defensa de la vida. Y aprovechamos para preguntarles a sus señorías si van a apoyar la PNL que mañana se presenta en una rueda de prensa de RegularizaciónYa, porque ninguna vida merece ser asesinada por una política pública racista.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Intervengo brevemente desde el escaño si me lo permite.

Señor defensor del Pueblo, gracias una vez más por su intervención, por su dedicación, de la que algunos llevamos tiempo encargándonos de una o de otra manera.

Yo destacaría dos cuestiones de su informe y de las intervenciones que también ha habido en torno a este tema. Una cuestión son las carencias que existen en la sociedad, carencias que pueden atribuirse al Gobierno o a las instituciones, carencias de infraestructuras, carencias de cuestiones básicas incluso para muchas de las personas que habitan. Pero hay otra cuestión que es diferente y que no son solamente carencias, y es la conculcación de derechos básicos o incluso derechos humanos, que es algo a lo que yo principalmente me referiré, porque otras cuestiones creo que desde otras perspectivas se pueden atacar o se pueden subsanar.

En primer lugar, la violencia machista -usted mismo lo ha dicho en su intervención, y me parece muy importante que usted haya dirigido sus primeras palabras en torno a este tema- es una triste realidad que nuestra sociedad padece, y esta misma semana incluso hemos cuestionado desde esta tribuna algunas intervenciones. Me parece aberrante que hoy en día todavía, incluso según los informes que usted presenta en esta casa, se esté cuestionando eso; por lo tanto, nuestra mayor implicación en esta materia y nos parece muy interesante, muy importante que usted haga hincapié en ello. En su informe de 2018 usted reclama más implicación de las administraciones para acabar con la violencia machista e insiste en la necesidad de proteger rápida y eficazmente a los hijos y a las mujeres víctimas de violencia de género. En el año 2019 el informe insiste en los fallos existentes de coordinación, errores de comunicación y, por lo tanto, creo que tenemos todas las instituciones labor suficiente para llevar a cabo cuando usted ha señalado con el dedo que existen fallas en esa materia.

Segunda cuestión, la trata de seres humanos. Me parece otra conculcación de derechos humanos, y usted lo señala en su informe. En este Estado existe trata de personas, existe trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Creo que, aparte de la necesidad y de la obligación que tenemos de erradicarla, debemos de hincarle el diente.

Tercera cuestión, personas migrantes, tema al que también se han referido otros portavoces. Creo que la gestión de acogida humanitaria de las personas que acceden de forma irregular a España -llamémosle irregular a lo que no está legislado- y la gestión de las personas que necesitan protección internacional, así como la situación de los menores recogidos en centros de estancia temporal, necesitan una profunda revisión orgánica y funcional. Hay continuas demandas de asilo y de protección internacional.


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España ha finalizado 2019 con 135 000 solicitudes pendientes de resolver. Su institución formuló más de medio centenar de sugerencias a la Secretaría de Estado de Migraciones. No sé si están contestadas, si se ha seguido la tramitación o cómo está la situación.

Por último, aunque habría muchas más cuestiones que tratar, pero no me quiero exceder, está el tema del mecanismo para la prevención de la tortura, así como el de las actuaciones que se han llevado a cabo. Dentro de ese mecanismo también está la situación de las instituciones penitenciarias, de las cárceles, algo que nos ha preocupado siempre, y usted hace hincapié en las mujeres privadas de libertad por su condición de sexo en las cárceles como cuestión importante, incluso hizo un informe. Pues a raíz de ese informe, hace dos semanas mi grupo parlamentario presentó aquí una proposición no de ley para tratar el tema de la situación de las mujeres en las cárceles, situación que algunos cuestionaron, que exista discriminación, que exista una situación perentoria, que exista una situación diferente a la de los hombres, cuando el informe que usted mismo realizó lo detecta, lo detalla y lo denuncia.

En nombre de mi grupo, le pido que siga con esa labor, que siga haciendo un esfuerzo, sobre todo en la defensa de los derechos básicos y de los derechos humanos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor defensor del pueblo, por todo el trabajo que nos ha presentado hoy y por su exposición. Creo que lo que ha presentado ante esta Cámara no son meras solicitudes, meras quejas o meras intervenciones, sino una radiografía, indicadores de las mejoras necesarias, indicadores de los problemas de las desigualdades sociales e indicadores de las discriminaciones que tenemos en España y que debemos solucionar.

Me gustaría empezar haciendo referencia a algunos datos cuantitativos. Usted está en una institución que recibe casi 16 millones de euros anuales, lo cual exige que también nosotros velemos por la eficiencia y la eficacia de sus actuaciones, y me llama la atención, cuando veo las cifras, las desigualdades territoriales en cuanto a las quejas -hasta para eso tenemos desigualdades-: los madrileños, los andaluces, los valencianos y los catalanes somos más usuarios de su institución que el resto de los españoles. Aquí le quiero hacer un apunte, al igual que hizo mi compañera en Comisión, y es que después de la situación que hemos vivido con la etapa de confinamiento, nosotros insistimos en que se establezcan canales abiertos, incluso en situaciones como las que hemos vivido, porque muchas veces las personas con más dificultades son las que no pueden acceder a la institución y, por tanto, creemos que es importante que se mejoren estas vías.

Voy a hacer una breve referencia a la situación excepcional que hemos vivido. Usted se ha referido al tema de la pandemia, y la verdad es que algunos grupos parlamentarios le plantearon en pleno estado alarma que usted presentara un informe sobre todas las quejas que había recibido durante el confinamiento. Nosotros creíamos que en ese momento no tocaba, pero creemos ahora sí toca, y le anuncio que vamos a pedir una comparecencia para que usted dé cuenta de más del millar de quejas que ha tenido referentes a muchas cuestiones en este periodo de crisis del coronavirus. Quiero referirme a algunas de ellas, porque uno de los colectivos que más se ha visto afectado y que más ha acudido a usted es el de los sanitarios, que se han quejado de que no han tenido material, que no han tenido los EPI necesarios; también de que se han hecho modificaciones en sus horarios y en sus plantillas laborales, y de que ha habido deficiencias en los protocolos de actuación, no solamente sanitarios, sino también de comunicación de las familias con los pacientes. Yo no sé qué es lo que le ha transmitido el señor Illa y el resto de las administraciones en este sentido, pero me gustaría conocerlo en cuando tenga respuesta.

También quiero hacer referencia a una pregunta que hace usted y que yo también hice, a través de esta Cámara, y que no me han respondido, que tiene que ver con el papel de coordinación del Ministerio de Sanidad en relación con las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuántas camas de cuidados intensivos estaban vacías en el momento álgido de la pandemia, donde no dimos soporte a muchos ciudadanos? Queremos tener esas cifras. Si le contestan, por favor, hágamelo saber porque a mí no me las dan.

Quería también hacer referencia a algunas quejas relacionadas con cuestiones económicas. Ha habido quejas en relación con el retraso en el pago de los ERTE y también con respecto al tema de los tributos. Nosotros le pedimos a la ministra de Hacienda que, por favor, ampliara el plazo de la declaración del IRPF, porque creíamos que, si los ciudadanos habíamos tenido que ser flexibles, lamentablemente


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flexibles, en el cobro de los ERTE, también la Administración podría ser flexible a la hora de que nosotros pagáramos los tributos. A nosotros nos dijo que 'nonaino'. Yo no sé qué le ha dicho a usted, pero creemos que es importante esta cuestión.

No hace usted referencia en sus notas de prensa a una cuestión sobre la que yo creo que va a tener quejas, que es la falta de transparencia en este período. Si no tiene quejas -que no las menciona-, le vaticino que las va a tener y muchas, porque la ha habido y nosotros creemos que es importante también plantearlo.

Voy a hacer mención a algunos temas puntuales del informe de 2019, que creo que no se mencionan suficientemente y me parece que son muy importantes. Mire usted, en 2019 se han denunciado ante su oficina cosas muy graves, muy graves, algunas de las cuales nosotros también hemos denunciado en este Congreso y hemos recibido respuestas absolutamente laxas o no hemos recibido respuestas. Voy a hacer memoria. El verano pasado se denunció ante su institución -y lo denunciamos en esta Cámara- el espionaje en colegios por parte de la Plataforma per la Llengua, con la aquiescencia de la Administración. Sinceramente, yo he echado de menos alguna referencia a esta cuestión, dada su gran sensibilidad por la infancia y dada su gran sensibilidad por la educación. También, en noviembre de este año se denunció un estudio, financiado por el Ministerio de Economía y elaborado por la Universidad de Lleida, donde se les preguntaba a los menores si eran independentistas o no. De nuevo, creo que es una cuestión importante, y no he visto una referencia a estas vulneraciones del derecho de protección de datos y del derecho a la infancia también. Quiero hacer referencia a una cuestión que me toca muy de cerca, porque yo misma la he denunciado ante su institución y no he recibido respuesta, que tiene que ver con los proyectos lingüísticos de centro. Es obligatorio publicar los proyectos lingüísticos de centro, y nosotros hemos denunciado que hay muchos centros, tanto en Baleares, como en Cataluña, como en Valencia, que no lo hacen, y los padres no pueden tener información, ni los padres ni los alumnos. Pero es que, además, hemos llevado ante su institución más de 2500 proyectos lingüísticos de centro, que en estas zonas dicen que no se tiene acceso a estudiar en castellano. Me parece una gravísima vulneración de los derechos de niños y padres. Yo sé que la respuesta que usted dio es que lo llevaran a los tribunales, pero me parece una respuesta insuficiente. Nosotros esperamos algo más, que se advierta a las administraciones que son derechos fundamentales y que se tienen que preservar. También le anuncio que tiene ya encima de su mesa quejas en este sentido por parte de la asociación PLIS, en Baleares, y que yo misma le voy a pedir cita, hoy, para llevarle ante su institución una queja por la coacción que está haciendo la Generalitat Valenciana, a través de un formulario, a los niños que, en el ejercicio legítimo de su derecho a la excepción lingüística en zonas castellanoparlantes, se les está diciendo que no van a poder competir con el resto de sus compañeros en un futuro. Hemos denunciado esta cuestión ante el Defensor del Pueblo Europeo y se la vamos a llevar a usted porque nos parece que es un grave atentado contra los alumnos.

No quiero finalizar sin hacer alusión a una cuestión muy importante, el abuso sexual a menores en los centros de Mallorca. Aquí se nos negó una comisión de investigación porque se dijo que se había llevado esta cuestión ante la Fiscalía y ante usted mismo, y me gustaría saber cómo está ese expediente informativo. Es una gravísima vulneración a la infancia, es una gravísima vulneración a las mujeres. Usted hacía referencia a la violencia de género, yo coincido con usted en todas las recomendaciones que hace, pero me gustaría que hiciera también un informe específico sobre la violencia contra la infancia, a raíz de los datos que hemos tenido y sobre estas cuestiones que nos parecen fundamentales.

Nada más y muchas gracias, señor defensor.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Tiene la palabra el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.

Señalaré muy brevemente algunas cuestiones que nos suscitan los asuntos abordados en los informes del Defensor del Pueblo, en la medida en que sirven de claro indicador de las graves deficiencias que siguen produciéndose en la mayoría de los servicios públicos y de las políticas públicas y que el Gobierno debe corregir, aunque solo podré mencionar por cuestión de tiempo algunas de ellas.

Destacan las quejas en relación con los extranjeros en el Estado español, que ponen de manifiesto que la regularización de las personas migrantes en el Estado es una de las tareas pendientes y urgentes. Ahí está la proposición no de ley que se presentará mañana y que el BNG impulsa junto con otras fuerzas políticas a partir de la iniciativa social de Regularización Ya, y que esperamos que sea aprobada.


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Otro asunto en el que se hace especial incidencia en el informe, evidenciando que todavía queda mucho por hacer, es el de la violencia de género, ya que las quejas recibidas también ponen en evidencia deficiencias en el sistema público de protección y fallos que suelen ser más graves cuanto más vulnerable es la víctima. Asimismo, destaca la vulneración de derechos lingüísticos en un Estado que no acaba de asumir en la práctica y con todas las consecuencias la existencia de pueblos con lengua propia como el gallego. De ahí la recomendación de velar por que se respeten los derechos lingüísticos en el sistema educativo que, por cierto, también hacía el Consejo de Ministros del Consejo de Europa acerca del cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas, o a la hora de realizar trámites en las distintas lenguas ante la Administración General del Estado. Así, llama la atención la extensa mención acerca de los graves déficits en esta materia por parte de la Agencia Tributaria, a la que se pide garantizar a todos los contribuyentes poder utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en su territorio.

Otras cuestiones relevantes en las que desgraciadamente no puedo detenerme son los derechos de los y las internas en los centros penitenciarios, los malos tratos policiales y el abuso que supone la Ley mordaza -que hay que derogar ya-; las discriminaciones dentro del ámbito del procedimiento penal militar que recientemente debatimos en esta Cámara; los requisitos para la obtención de becas y ayudas; el problema del copago en los medicamentos; las dificultades para ver garantizado el derecho a la vivienda que acaba en un desahucio sin solución de alojamiento público, y tantos otros que dan una idea de los graves problemas que las y los ciudadanos viven cada día y que deben ser solucionados con medidas eficaces y determinadas medidas y políticas de orientación social y democrática que, desde luego, tienen que ser el objetivo no solo del Gobierno sino de todas y todos nosotros.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Gracias, señora Cepeda.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias presidenta.

Señor defensor del pueblo, muchas gracias por sus informes y por su exposición. Déjeme que de entre todos los temas que tratan sus informes de forma detallada e interesante le comente, no a modo de reproche pero sí a modo de comentario, que echo en falta un capítulo que yo podría nombrar capítulo de las libertades, por ejemplo, y en ambos informes. En ese capítulo creo que podríamos hablar de la vulneración, por ejemplo, de la libertad artística en España. No lo digo yo, la organización Freemuse, que es una organización internacional que guarda y vigila los derechos de los artistas y la censura, comenta de forma sistemática que España es el país del mundo, del mundo, que tiene más artistas encarcelados. Lo dice también Amnistía Internacional, de hecho, una de sus portavoces dijo: España es un ejemplo emblemático de una inquietante tendencia en la que Estados de toda Europa limitan la libertad artística y de expresión. Y de esto no hemos encontrado ni una sola palabra en sus informes, y por eso creo que sería interesante que cara al informe de 2020 ustedes tuvieran en cuenta esta situación. No es casualidad que España lidere un ranking como el de artistas encarcelados, y eso es -ustedes lo saben y hacen referencia a ello en algún momento de los informes- como una ley antiterrorista para promover la censura artística. Concretamente, el artículo 538 del Código Penal es el que se utiliza para coartar la libertad de estas personas.

Yo añadiría un segundo capítulo de libertad de expresión. Usted hace referencia en la vulneración de neutralidad de algunas administraciones, especialmente catalanas, ya lo especifican, frente a lo que debería ser esta neutralidad de las administraciones, y a eso se suma a la sentencia del Tribunal Supremo, la 564, de hace apenas unas semanas, y sus consideraciones. Una libertad de expresión en las administraciones y la falta de neutralidad sumada a esa sentencia nos pueden llevar a una situación un poco extraña y es que este mes, que es precisamente el mes del orgullo LGTBI, muchas administraciones, como el Gobierno central, cuelgan en sus balcones banderas defendiendo los derechos del colectivo LGTBI, pero como algunos miembros de esta Cámara también pueden considerar que esos no son derechos a defender o a promover porque vulneran también la neutralidad de las administraciones, sobre todo en las que gobiernen ellos o de las que ellos formen parte, tienen que retirar esas banderas, lo que sería sin lugar a dudas un retroceso en términos de derechos y de libertad de expresión también de las administraciones, que es un derecho que yo sí reconozco

Por último, libertad de reunión. Usted hace muchas referencias a la poca conveniencia de la Ley mordaza y de sus usos y abusos. Nosotros venimos defendiendo la derogación de esa ley, y el Gobierno


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que lleva dos años gobernando este país decide e impulsa supuestamente la derogación de esta ley, que no termina de llegar, pero es por culpa de esa ley que se vulneran derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión. No hace usted ninguna referencia, por ejemplo, a la vulneración de los derechos de los encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que de forma sistemática, y también por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, han sido denunciados justamente por una lectura de lo que es el delito de sedición un poco extraña.

Termino con esto, señor defensor del pueblo. Le agradezco de nuevo su trabajo y su comparecencia hoy aquí y esperamos verle muy pronto aquí o donde sea. Muchas gracias por su trabajo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la señora la señora Carvalho Dantas.

La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora presidenta.

Muchas gracias, señor defensor del pueblo y a todo su equipo, por la ingente tarea que han hecho en estas más de dos mil páginas, en estos dos informes, por defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía mediante esta supervisión que hacen usted y todo su equipo de la actividad de las administraciones públicas del Estado español.

Tenemos poquísimo tiempo. Creemos que una de las tareas de la nueva concepción de los derechos fundamentales es desenmascarar sobre todo las falsedades con que los Estados hacen uso de los derechos humanos. Y de los derechos humanos hablamos hoy aquí el Grupo Republicano, de los tres ejes en que usted se ha basado, sobre todo en la violencia de género, la brecha salarial, la Administración de Justicia y el Registro Civil. Hacemos hincapié en algo que es realmente recurrente en todos los informes -no solo en 2018 y 2019 sino también en los anteriores- y que atañe a la parte de la sociedad del Estado español que vive bajo un grado extremo, extremísimo, de precariedad y de vulnerabilidad, estamos hablando de las personas migrantes. Desde esta tribuna invitamos a todas las fuerzas de este hemiciclo a dar apoyo a una PNL que muchas fuerzas hemos registrado esta semana para la regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular, que son casi 700 000 personas; vecinos y vecinas nuestras, del Estado español, que se encuentran en situación -vuelvo a decir- de gran precariedad, de gran vulnerabilidad. La verdad es que con la concepción actual de los derechos humanos para muchísimas personas en este Estado, las personas migrantes, las personas refugiadas, su hambre es otra hambre, su vida es otra vida; pero nosotros pensamos que la vida de cada individuo de esta sociedad está absolutamente enlazada con cada persona que compone esta sociedad.

En los informes de 2018 y 2019, señor defensor del pueblo, hay temas que se repiten mucho en todas sus resoluciones, recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales, advertencias... Creemos que en el informe de 2020 continuarán existiendo los mismos agravios y las mismas violaciones de derechos humanos que en los informes anteriores. Reconocemos también el gran trabajo de estos informes sobre la cronificación de las desigualdades en el Estado español. Pero estamos hablando del gran día de la marmota, insisto, es un gran día de la marmota; es una vergüenza que tengamos casi dos mil folios del Defensor del Pueblo y que haya problemas que se repiten año tras año, año tras año.

Voy a dar algunas pinceladas. CETI y CIE. Sabemos de las expulsiones sumarías, de los abusos policiales en la frontera sur de España, la dificultad en el caso de Melilla, la imposibilidad también en el de Ceuta de acceso a los puestos fronterizos. Sabemos básicamente lo que dice usted en sus informes de las condiciones terribles en que se encuentran las personas que viven en los CETI y en los CIE: la discriminación por razón del color de la piel, de la nacionalidad, de la creencia; la falta de atención a los grupos vulnerables, como las personas LGTBI. Preguntamos a cada señoría de este hemiciclo, ¿cuál es su impresión sobre la casi nula respuesta del Gobierno de España en relación con los CETI y los CIE? Refugio. Miles de personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo mientras los Gobiernos -y estoy hablando de toda Europa- criminalizan la solidaridad. El contraste entre la acogida de refugiados como una parte del discurso del Estado español y las diversas denuncias de brutalidad de las medidas antimigración es enorme, es enorme, señorías; lo pueden ustedes leer en los informes del Defensor del Pueblo. Aceptar los CIE, los controles, la Ley de extranjería -que está vacía de contenido-, la consigna 'acogida de refugiados' es una hipocresía. La acogida de refugiados en el Estado español y en muchos otros Estados de Europa es una hipocresía. Con los jóvenes migrantes tutelados y extutelados ha hecho usted, señor defensor del pueblo, un trabajo muy bueno, incluso de oficio. Me remito a dos casos, a dos muertes que han pasado en centros de menores. El joven Ilyas en Almería y otro joven al que, por cierto,


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la Junta de Andalucía no ayudó -está recogido también en su informe- cuando seis personas le introdujeron con las manos esposadas en una habitación donde se activó el protocolo de contención mecánica. Tenemos los vídeos de El País explicando cómo fue la muerte de este joven. También un joven ingresado en el Hospital Comarcal de Melilla en estado de coma, que murió. Asimismo, niños y niñas no escolarizados de Melilla, y desde aquí mi agradecimiento, señor defensor del pueblo, porque ha estado usted muy atento a este tema. Es una vergüenza, como ha dicho, me remito a sus palabras de antes. El Defensor del Pueblo -como mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes- ha estado, como he dicho antes, en los CIE, en los CETI, en los centros de internamiento de menores, en los centros penitenciarios, en los centros de inserción social, en la comisaría de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, en los centros de atención a enfermos mentales, en la Unidad de Custodia Hospitalaria, en los centros de primera asistencia y de atención de extranjeros, en la dependencia de custodia de la Policía local y Depósito Municipal de Detenidos, en el operativo de repatriación Frontex -que ahora mismo puede deportar a 82 países, el año pasado podía deportar solo a catorce países-. Ahora mismo -voy acabando, señora presidenta- estamos delante de la 'fasciszación' del mundo. Las extremas derechas están intentando guiar los Estados, los Gobiernos. Estamos delante de un periodo muy duro de la historia de la humanidad. No dejemos caer en esta época.

Acabo dando una muy buena noticia, que seguramente sabrá usted. En los informes -tanto en el 2018 como en el de 2019- usted de oficio habló de los bebés robados. Usted hizo recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y al Ministerio de Justicia. No tuvo usted mucho éxito en sus instancias, señor defensor del pueblo, pero hace un par de días se tomó en consideración aquí en esta casa una proposición de ley de diversos grupos parlamentarios sobre los bebés robados del Estado español...

La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, tendría que terminar, por favor.

La señora CARVALHO DANTAS: Acabo.

Con lo cual, su trabajo de 2018 y de 2019 ha tenido su efecto.

Y lo demás, sobre la entrada, sobre las deportaciones -de las que ya ha hablado la compañera Mireia Vehí-, sobre la desproporción de la actuación del Estado, la brutalidad policial, la violación de la libertad de expresión, la Ley mordaza, creemos que en el informe del volumen dos -ahora hago una crítica, señor defensor del pueblo- del 2019, cuando usted habla de la contribución de la inmigración española, la contribución no tiene que ser vista solo bajo un aspecto...

La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, tiene que terminar, por favor.

La señora CARVALHO DANTAS: ... solo bajo un aspecto del volumen dos de su informe del 2019, es por derechos humanos y justicia social y no solo un aspecto económico, mercantilista y muchas veces utilitarista, como hemos visto en la regularización de Portugal e Italia. No queremos esto en el Estado español; derechos humanos, regularización ya y justicia social.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Márquez Guerrero.

La señora MÁRQUEZ GUERRERO: Muchas gracias, señora presidenta.

Me gustaría comenzar mi intervención destacando el valor, la relevancia de la institución del Defensor del Pueblo y su labor fundamental de velar por los derechos y las libertades de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.

Los informes correspondientes a los años 2018 y 2019 constituyen una radiografía perfecta de una década perdida en materia de derechos sociales, derechos que, por cierto, deberían ser considerados derechos fundamentales porque garantizan y sustentan la vida. Y como tal radiografía, es una base sólida para hacer un diagnóstico y también un pronóstico de la realidad de nuestro país. Coincidimos con el análisis del defensor del pueblo en que la crisis económica de 2008 y, fundamentalmente, las políticas de austeridad y de recortes que se aplicaron han tenido gravísimas consecuencias, que todavía hoy estamos sufriendo en ámbitos tan esenciales para la vida como la sanidad, la educación, la vivienda o en materias


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de igualdad y de equidad. Estos informes son, señorías, como faros que pueden guiarnos en la dirección correcta y deberían ser tenidos en cuenta en los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Como el tiempo es escaso y la materia es ingente, voy a centrarme en algunas actuaciones en relación con los derechos sociales.

Los informes constatan, efectivamente, que las políticas de austeridad provocaron el deterioro de los derechos sociales y de los servicios públicos y, señorías, no se trata de recortar derechos para salir de la crisis, todo lo contrario; se trata de reforzarlos y de garantizarlos para poder resistir, para remontar y, fundamentalmente, para que las crisis no las paguen los de siempre, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En la sanidad, por ejemplo, los recortes que empezaron aplicándose en 2012 han lastrado los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas con efectos dramáticamente vividos durante la pandemia. La escasez de recursos materiales y de recursos humanos nos ha dejado en una situación de máxima indefensión, de vulnerabilidad extrema. Las consecuencias ya son conocidas por todos: larguísimas listas de espera, centenares de operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas postergadas y urgencias colapsadas. Señorías, si no revertimos estas políticas con una mayor inversión, tendrá razón el defensor del pueblo en el riesgo de que esta situación se cronifique y que el deterioro sea difícilmente reversible.

Compartimos con el defensor del pueblo la necesidad de reforzar la atención primaria, especialmente en las zonas rurales, y la de llevar, lo antes posible, la atención psicológica al Consejo Interterritorial de Salud para que el Estado y las comunidades autónomas incrementen los recursos destinados a ella. Señorías, tampoco el ahorro se puede basar en el copago de los medicamentos necesarios porque estas medidas afectan a la población más vulnerable, a las personas que están desempleadas, a las personas discapacitadas y a las personas que tienen enfermedades graves y crónicas.

Por otra parte, las conclusiones de los informes sobre las residencias de mayores son muy significativas; el diagnóstico es demoledor. Desgraciadamente, en 2020 se han confirmado los datos que el defensor del pueblo nos daba en los informes de 2018 y 2019: básicamente la ausencia de un modelo sociosanitario eficaz, la falta de recursos y la escasez en los servicios de inspección. Hemos constatado que la privatización de las residencias antepone el lucro de los fondos buitre al bienestar de nuestros mayores. Va a ser necesario, como dice el defensor del pueblo, una revisión a fondo del modelo en su conjunto: ley orgánica, compromisos..., reorganización.

En educación nos encontramos con un panorama similar. La falta de inversión provoca deficiencias gravísimas en las instalaciones y el mantenimiento de los centros escolares, en servicios complementarios como el transporte o el comedor o en el acceso a libros de texto en muchas comunidades autónomas. Estamos hablando de grietas en las aulas en Andalucía, estamos hablando de niñas y de niños en contacto con amianto. Señorías, si no aumentamos la inversión en educación, jamás podremos contar con una educación de calidad e inclusiva que haga de la igualdad una prioridad y de la equidad en el acceso a la educación una realidad.

Señorías, la difícil situación por la que atravesamos en estos ámbitos y en otros como la vivienda o la igualdad, no va a solucionarse con banderas, con proclamas patrióticas, con discursos vacíos que recurren a tiempos o a espacios remotos -Venezuela, ETA-; no, señorías. El Estado del bienestar requiere medidas concretas, y se las digo: políticas estructurales, recursos presupuestarios, una defensa firme de la gestión pública y justicia fiscal. Sí, justicia fiscal, que es la base de la justicia social. (Aplausos.)

Me gustaría dar las gracias al defensor del pueblo por su trabajo y, muy especialmente, por su preocupación por los derechos de las niñas y los niños migrantes que llegan solos a nuestro país. El discurso de la intolerancia y de la xenofobia de la ultraderecha no debería tener ni el más mínimo espacio en una sociedad democrática, porque cuando estamos hablando de niñas y niños el único lenguaje posible es el lenguaje de los derechos. Sí, señorías. (Aplausos.)

Termino, señorías, con algunas razones para la esperanza, porque los años anteriores el defensor del pueblo venía detectando deficiencias graves en el régimen de becas y ayudas al estudio. Como saben, el Gobierno ha acordado la reforma del sistema con la mayor subida presupuestaria en la partida de las becas en once años, becas que van a estar ligadas a las circunstancias económicas y no a los rendimientos escolares porque en democracia, señorías, las becas no son una recompensa, son un derecho.

La señora PRESIDENTA: Señora Márquez, tiene que terminar, por favor.


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La señora MÁRQUEZ GUERRERO: Ya acabo, presidenta.

En el último informe del defensor del pueblo se instaba a la creación en el plano estatal de un sistema integrado de rentas mínimas. Hace unos días hemos aprobado aquí el ingreso mínimo vital. Esta es la política que demanda y que reclama la ciudadanía, una política valiente que amplía derechos, una política que avanza firme y decidida hacia la democracia de lo cotidiano y una política, sobre todo, útil, que protege y que cuida, que defiende a nuestro pueblo de aquellos que quieren venderlo.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Márquez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Alcaraz Martos. (Aplausos.)

El señor ALCARAZ MARTOS: Muchas gracias, señora presidente.

Señorías, buenos días. Señor Fernández Marugán, usted ha tenido y auguro que va a tener muchísimo trabajo, y un trabajo muy difícil, tan solo tiene que mirar aquí al hemiciclo para corroborar lo que le digo. Nunca en esta Cámara ha tenido sentados en sus escaños a tantos enemigos de España: proetarras, progolpistas, separatistas, comunistas, y lo peor de todo es que tenemos al Grupo Socialista apoyando y apoyándose en ellos. (Aplausos.) Por lo tanto, va a tener mucho trabajo. De hecho, los informes de los años 2018 y 2019 así lo recogen, y lo voy a acreditar con lo que voy a comentar luego.

Quiero destacar también, como le dije en su momento y no obtuve respuesta -aunque imagino la respuesta que tendría la pregunta que le hice en Comisión-, que resulta algo extraño que en el año 2019 tengamos casi un 20 % de aumento de las denuncias ante el Defensor del Pueblo con respecto al año 2018 y, sin embargo, las actuaciones e investigaciones del Defensor del Pueblo realizadas de oficio se reducen a casi la mitad; poco más que añadir. Lamentamos también que en la comparecencia en la Comisión del Defensor del Pueblo actuara simplemente como un cronista oficial del Gobierno socialcomunista aportando lo acontecido en estos dos años, y nos privara de la libertad de poder tener información sobre lo que está aconteciendo en este momento en la mayor crisis social, sanitaria y económica que está teniendo lugar en España, puesto que si dentro de un año o de dos años su sucesor expone lo que está pasando ahora, realmente poco podremos hacer.

Centrándome en el informe, uno de los puntos que usted ha tocado ha sido la inmigración. Ha apuntado que la población inmigrante es la tabla de salvación demográfica y económica de nuestro país. Efectivamente, así es. Esas conclusiones vienen a confirmar lo que defendemos en VOX; cuando la inmigración es legal es beneficiosa para España. Y en ese informe recoge también que cuando esa inmigración es ilegal a través de la mafia de trata de personas, crean problemas; problemas que están reflejados en el informe que ha expuesto de los años 2018 y 2019. Es curioso también que los partidos que más levantan la bandera a favor de la inmigración ilegal sean los mismos que persiguen a cualquier ciudadano de España -de Andalucía o Extremadura, por ejemplo- cuando van a sus comunidades poniéndoles problemas; trabas con la lengua, la persecución del español. Incluso los amigos de los proetarras de Bildu hasta llegaron a asesinar a nuestros familiares para que no estuviésemos en el País Vasco, ¡y ahora ustedes levantan aquí la bandera a favor de la inmigración! Ya sabemos por dónde van.

En otros puntos del informe usted destaca hechos que vienen a justificar la denuncia que he hecho al comienzo de mi discurso. Me refiero a las numerosas denuncias por la instalación en edificios públicos de Cataluña de símbolos ideológicos antidemocráticos y antiespañoles. Hace especial mención a espacios públicos de la Generalidad de Cataluña, como son los centros escolares y los ayuntamientos. De hecho, usted, señor Fernández Marugán, dice textualmente que en Cataluña se está produciendo un adoctrinamiento escolar vergonzoso. Y frente a esta denuncia, no pasa nada; no pasa nada porque las denuncias del Defensor del Pueblo chocan frontalmente con los intereses de los socios de Sánchez. También hace usted referencia a los problemas que tienen las personas mayores y hoy los ha recordado aquí. Hizo especial énfasis en el problema de la soledad que viven nuestras personas mayores. Y créanme, considero que es un problema que las personas que más se han sacrificado por ese Estado del bienestar que hemos disfrutado, que más han trabajado por ello, se sientan solas. Es muy triste, es el fracaso de esta sociedad. Pero si es triste que esas personas se sientan solas, más triste es que miles de ancianos hayan muerto en la soledad gracias a la negligente actuación de este Gobierno socialcomunista, y de eso usted nada ha dicho. (Aplausos.)

Como tengo poco tiempo, termino haciendo referencia a muchas de las recomendaciones y denuncias que usted expone, que se pueden resumir en la desigualdad de trato que reciben los españoles


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dependiendo de la comunidad en la que vivan; por ejemplo, en atención sanitaria, educación, ayuda económica, etcétera. Este tipo de problemas los van a seguir teniendo ahora y en adelante, porque si usted lo que pretenden es que se aplique el artículo 14 de nuestra Constitución para que todos los españoles seamos iguales ante la ley, le tengo que decir que las políticas que emanan de esta Cámara están condicionadas por los partidos que están contra los españoles, por lo tanto, esos problemas se mantendrán. Y, de hecho, si seguimos alimentando a quienes quieren romper España, la institución del Defensor del Pueblo de España tiene fecha de caducidad.

Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alcaraz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Delgado Arce.

El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, mis primeras palabras quiero que sean de recuerdo del que fue defensor del pueblo durante nada menos que una década, una gran persona, un gran político, don Enrique Múgica Herzog, con el que tuve el honor de debatir. (Aplausos.)

Señor don Francisco Fernández Marugán, defensor del pueblo en funciones, que lo es desde julio de 2017 sucediendo desde su posición de adjunto primero a doña Soledad Becerril -lleva usted casi tres años en esta situación de interinidad-, bienvenido a su casa. Esta es su casa, fue usted un brillante diputado durante ocho legislaturas, integrado en el Grupo Parlamentario Socialista, y hemos tenido muy buenas tardes con usted aquí, en el hemiciclo. Presenta hoy en el Pleno los informes de gestión de los años 2018 y 2019, un total de veinticuatro meses, de los cuales cinco corresponden a la gestión de Gobiernos del Partido Popular y los diecinueve restantes a la gestión del Gobierno del Partido Socialista en solitario, al principio, y después con Unidas Podemos otros meses.

Antes de entrar a valorarlos, le tengo que expresar nuestro disgusto porque no haya comparecido en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta de las quejas y de las preocupaciones ciudadanas que llegaron a su institución sobre la crisis sanitaria de la COVID-19 y de las recomendaciones y actuaciones que la institución realizó. En España hemos vivido cien días de estado de alarma, con importantes restricciones de derechos y de libertades fundamentales. Se han suspendido de facto derechos como el de circulación, el de reunión, el de manifestación, el de culto, etcétera, y también hubo importantes alteraciones en el funcionamiento de servicios públicos gestionados por diferentes administraciones. Consultando alguna nota de prensa en la web de la institución o a través de alguna noticia hemos conocido algo de su actividad en relación con esta materia, pero por considerarlo insuficiente solicitamos desde el Grupo Parlamentario Popular, ya el 8 de abril, su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para que informase sobre esta materia. Lo cierto es que esto no fue posible porque la mayoría de los grupos en la Comisión -el Grupo Parlamentario Socialista, Unidas Podemos y los grupos que han apoyado la investidura- se negaron a que tal comparecencia tuviera lugar. Y el argumento es que esperemos a junio del año 2021 para conocer en el informe de 2020 lo que ha pasado en relación con este tema. Esto nos parece increíble.

Señor Fernández Marugán, en el Congreso han pasado ya por la Comisión para la Reconstrucción y por otras Comisiones grandísimas personalidades de este país: el gobernador del Banco de España, el vicepresidente de la Comisión Europea, centenares de representantes de organizaciones y asociaciones empresariales, sociales, que nos han dicho cómo han visto, cómo han vivido la crisis y, sobre todo, cómo afrontarla, cómo poner solución a sus consecuencias. Yo le tengo que recordar -como al resto de sus señorías- que el Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales, designado precisamente por ellas para defender los derechos comprendidos en el título primero de la Constitución, supervisando, como usted bien ha recordado, la actividad de la Administración, pero dando cuenta a las Cortes Generales. Por eso le pido encarecidamente, señor Fernández Marugán, que no espere a 2021 -que es lo que ha dicho usted: cuando toque- para presentarnos un informe sobre las actuaciones realizadas en estos cien días. Creo que es una exigencia del alto cargo que usted tiene, insisto, es comisionado de las Cortes Generales.

Rápidamente daré algunas pinceladas sobre algunos temas de estos informes inabarcables. El tema que más les preocupa a los españoles es el sanitario. La sanidad es un pilar básico, lógicamente, de nuestra arquitectura institucional. La satisfacción con carácter general con la sanidad siempre ha sido muy importante y muy alta en nuestro país, pero la realidad es que, cuando hemos tenido que afrontar una pandemia de la envergadura que hemos padecido, nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, es


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necesario, como usted proclama, un gran acuerdo político y social sobre esta materia. El Partido Popular propuso un pacto por la sanidad, el llamado pacto Cajal, con reformas estructurales y con el objetivo de acordar la política de recursos humanos como un pilar fundamental. Consideramos que este tema es prioritario y nosotros vamos a apoyar, como lo hace mi compañera Ana Pastor en la Comisión, que esto vaya adelante. Ha citado usted un tema importantísimo que es la atención a nuestras personas mayores y, especialmente, lo que tiene que ver con las residencias de mayores. Estamos de acuerdo con la mayoría de las precisiones que usted hace. Efectivamente, los centros de personas mayores, tanto públicos como privados, no son centros sanitarios, son recursos a los que acuden las familias que no pueden proporcionarles en sus hogares las atenciones necesarias. Efectivamente, sus usuarios tienen derecho a una asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, pero creemos que tenemos que ir a un nuevo modelo de residencias sociosanitarias, con una atención médica y de enfermería más amplia y extensa. Y la atención a los mayores ha de hacerse también en sus domicilios y en sus residencias atendiendo las pluripatologías que normalmente tienen y la cronicidad de muchas de ellas.

Se ha aludido por algún interviniente -y se toca también en su informe- a la problemática de los centros penitenciarios. Nos parece muy bien que se hable de los reclusos y de los internos, pero voy a referirme aquí también a los abnegados funcionarios de las cárceles españolas. Son ellos los directamente encargados de que el sistema penitenciario sirva para cumplir una de las finalidades principales de la pena privativa de libertad, que es la reinserción y la resocialización del recluso. El Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley orgánica para modificar la Ley General Penitenciaria para reconocer, justamente, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, y hoy aquí lo quiero reiterar.

Usted ha aludido también al tema de la política de vivienda. Es cierto que tenemos un problema de carestía de la vivienda, especialmente de la vivienda en alquiler, y dificultades para que jóvenes y personas con recursos limitados accedan a la misma. Nosotros apoyamos una política de vivienda que permita acceder a la misma a precios asequibles, pero desde los principios de seguridad jurídica, de flexibilización de la oferta tanto en propiedad como en alquiler y con la modernización necesaria de la planificación urbanística. No quiero olvidarme de otro tema que ha tocado usted en su informe relacionado con la vivienda, que es la problemática de la ocupación ilegal de viviendas, que debe tratarse con la aprobación de una ley orgánica que garantice el derecho a la propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la necesaria convivencia social. Podría abordar muchos otros temas de máximo interés, como la violencia de género, las rentas mínimas de inserción y un largo etcétera, pero el tiempo en esta tribuna es limitado.

Muchísimas gracias, señor defensor del pueblo, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Escobar.

El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Señora presidenta, señor defensor del pueblo, señorías, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero decir que es para mí un honor representar al Grupo Parlamentario Socialista por primera vez en este Pleno. El completo y brillante informe que nos presenta el defensor de los dos ejercicios no deja de ser una radiografía precisa sobre cuál es la situación de nuestro país, una radiografía de los derechos constitucionales del ciudadano ante las administraciones públicas. Los informes tanto del ejercicio 2018 como del 2019 coinciden en algunos temas y en ellos nos detalla muy detalladamente -valga la redundacia- algunos de los aspectos más importantes, por ejemplo, la sanidad. El defensor nos expone una batería de necesidades que ha tenido la sanidad estos años atrás: la insuficiencia de recursos sanitarios en zonas rurales, el sistema de copago de medicamentos aplicado por el Partido Popular, el cierre de los puntos de atención continuada, que fue también una consecuencia del Gobierno popular y que, afortunadamente, se han vuelto a abrir con el Gobierno actual garantizando una asistencia permanente e ininterrumpida. Evidentemente, tras la pandemia sobrevenida, ha quedado claro que hay que seguir incidiendo y apostar totalmente por la sanidad pública y universal y también, por supuesto, por los servicios públicos. Por eso es el momento de actuar. Ya el tiempo de los aplausos en nuestras casas y balcones pasó, es hora de reconocer el brillante trabajo de todos nuestros sanitarios y de los servicios públicos, dotándolos de herramientas, mejorando su formación y, por supuesto, dotando a los centros con el personal necesario para un perfecto funcionamiento que, en definitiva, será el mejor servicio a la ciudadanía como objetivo principal.


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Respecto a las rentas mínimas, al defensor le preocupa la desigualdad en función del territorio, su cobertura, intensidad y adecuación. Para equilibrar estas diferencias aboga por estructurar en el plano estatal un sistema integrado de rentas mínimas. Pues bien, este Gobierno ha hecho posible el ingreso mínimo vital, que reduce la pobreza y fomenta la inclusión social. Se ha hecho para luchar simplemente contra la vulnerabilidad económica, que, como ustedes saben, genera un círculo vicioso de desigualdad.

En cuanto a las residencias de mayores, tema que ya han tocado algunos compañeros anteriormente, el defensor del pueblo ya en los ejercicios de 2018 y 2019 creía que debían abordarse reformas normativas de calado que garantizaran mejor los derechos de nuestros mayores en las residencias. Es cuestión de afrontarlo y, además, urgentemente a la vista de lo sucedido, por ejemplo, en los 475 centros geriátricos de la Comunidad de Madrid. De eso nos podría informar bien el señor Burgueño, asesor de la señora Ayuso, que ya saben todo lo que ha dicho. Yo no lo digo, lo dice él; ha sido desastroso el funcionamiento en estas residencias, en estos geriátricos, aunque luego parece ser que la culpa la tiene toda el Gobierno central. Lógicamente, todo esto hace imprescindible cambiar el modelo de residencias geriátricas dentro del plan de reconstrucción de nuestro país; es el momento, pero lo tenemos que hacer entre todas y todos, no vale con echar la culpa al Gobierno y los insultos que ustedes nos trasladan día a día, es hora de remangarse y luchar todos por las residencias de mayores.

En cuanto a la violencia de género, señorías de VOX, he de decirles que desde 2003 hasta hoy ha habido 1054 mujeres asesinadas, señora Olona, por hombres, por hombres -ya sabe usted lo que son hombres, el martes nos lo explicó usted aquí- (aplausos), y desde 2013 para acá, 37 menores, niñas y niños. Es un dato terrible y una situación inadmisible que sigan ocurriendo estos asesinatos machistas. Sigamos trabajando, por tanto, en el importante y necesario Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Señorías de VOX, en este tema solo quiero decirles que ni están formados ni están informados, y la información que ustedes tienen está tergiversada por esos bulos y esos medios de comunicación afines a ustedes. (Aplausos.) No obstante, y con esto termino -de violencia de género podríamos hablar mucho más-, el martes, aquí en el Pleno, quedó bien reflejado cuál es el compromiso de nuestro grupo parlamentario, que no es otro que combatir el negacionismo de la violencia de género ante sus discursos machistas.

En cuanto a educación, otro de los pilares fundamentales, los problemas para obtener becas y ayudas en la prestación de servicios complementarios como el transporte o el comedor han seguido motivando el mayor número de quejas ante esta institución. Fernández Marugán reclama una educación de calidad en la que el sistema educativo esté adaptado al modelo de educación inclusiva, es decir, educar en igualdad. Pues bien, a diferencia de la derecha, el Gobierno actual prioriza la inversión de becas para garantizar la igualdad de oportunidades, con una inversión de 386 millones, lo que supone un 22 % de subida, la más alta en la última década; son 1900 millones de euros que para lo que valen realmente es para recuperar la beca como un derecho subjetivo vinculado a la renta familiar y no al rendimiento académico.

En cuanto al transporte, el defensor nos dice que en la oferta del servicio de transporte público en zonas rurales debe primar la demanda ante el beneficio económico. Lógico, es una manera de luchar por la España vaciada; si le damos recursos, lógicamente, estaremos aportando para que esto no suceda. También nos dice que hay que seguir mejorando las deficientes infraestructuras ferroviarias. Qué mejor ejemplo que Extremadura. Yo lo he estado sufriendo durante seis años, con el Gobierno del Partido Popular, y en los cuatro años de José Antonio Monago. Afortunadamente, el actual Gobierno de España está revirtiendo la situación con fuertes inversiones, tanto en las obras de alta velocidad como en la mejora del tren convencional.

Por último, en vivienda, simplemente quiero recordar el artículo 47 de la Constitución: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Pues bien, el Gobierno ya está trabajando en esto sobre la base de una regulación de dos planes estatales bien diferenciados: por un lado, el Plan estatal de rehabilitación de viviendas y, por otro, el Plan de vivienda de alquiler, que está enfocado mayormente a los jóvenes y a las personas con bajos recursos.

Señorías, en la gran mayoría de las cuestiones planteadas en el informe del señor Marugán -ya acabo, señora presidenta- se señala la relevancia de las consecuencias que han tenido las políticas de recortes durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy y cómo respecto a cada una de ellas el Gobierno de coalición ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando para poder revertirlas. Estos informes deben servirnos para mejorar las debilidades de nuestro sistema, para ampliar la justicia y la cohesión social y, en definitiva, para conocer las necesidades del pueblo español.


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Señorías, vivimos momentos muy difíciles, y en la memoria de la ciudadanía quedará quién luchó por su país como primer objetivo y quiénes día tras día, tanto en los medios como en los plenos y en las sesiones de control, lo único que hicieron fue no ser leales al Gobierno de la nación, que sería lo adecuado para poder entre todos y todas sacar a nuestro país de esta desgracia sanitaria, económica y laboral en tiempos de democracia. Abandonemos el ruido, por tanto, señorías, por el bien de España.

Ya termino.

La señora PRESIDENTA: Sí, señor Sánchez, tiene que terminar.

El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Termino, presidenta.

Esto no es un circo ni un plató de televisión. Basta ya, señorías de la derecha, de hacer reír a sus palmeros con sus descalificaciones una y otra vez a todo aquel que piensa de manera distinta a ustedes. Aquí se viene a trabajar de manera seria, educada y con respeto -repito: seria, educada y con respeto; no sé si ustedes saben lo que es eso-, más que nada respeto hacia todos los españoles que nos han puesto aquí para que les arreglemos todos sus problemas, no para que les generemos más. Lo único que tenemos que hacer es ir de la mano del señor Marugán.

Señor Marugán, aquí tiene al Grupo Parlamentario Socialista para trabajar a su lado. Le agradecemos su excelente trabajo. Siga por esa línea, que está ayudando de una manera muy positiva a nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez.

Muchas gracias, defensor del pueblo, por su presentación de los informes 2018 y 2019 y gracias a todo el equipo que le acompaña. Hasta pronto. (Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Continúa la sesión con carácter secreto. Ruego que cierren las puertas y desalojen las tribunas.

Se suspende la sesión con carácter público.

Comienza la sesión con carácter secreto.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON UNA SEÑORA DIPUTADA. (Número de expediente 240/000001).

Se reanuda la sesión con carácter público.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. (Número de expediente 130/000022).

La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Sanidad. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, me dirijo a ustedes para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, un real decreto que tiene fundamentalmente dos objetivos. Por un lado, dotarnos de aquellas medidas de prevención necesarias frente al COVID-19 en esta fase que hemos denominado de nueva normalidad y que hemos estrenado recientemente. Por otro lado, establecer instrumentos legales y operativos que nos permitan seguir dando una respuesta común y coordinada por parte de las autoridades sanitarias frente al virus.

Señorías, todos somos conscientes de los sacrificios que hemos tenido que hacer para alcanzar esta nueva normalidad. Sin duda, los meses que hemos dejado atrás han sido meses de mucho dolor y de


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renuncias. Por eso me van a permitir que mis primeras palabras sean en recuerdo de todas las personas que han fallecido a causa del COVID-19 y para trasladar todo nuestro apoyo y afecto a sus familiares y seres queridos. Como saben, el próximo día 16 de julio tendremos ocasión de rendir el homenaje en su memoria que todas y todos ellos merecen. También quiero trasladar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas por la enfermedad en estos momentos, a las que todos deseamos una pronta recuperación. Al mismo tiempo, quiero reiterar una vez más nuestro agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo sin precedentes que han realizado nuestros profesionales sanitarios en unas circunstancias de gran tensión y enorme complejidad. Han sido un ejemplo para el conjunto de la sociedad. Es un agradecimiento que hago extensivo al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, desde el transporte al comercio o a la limpieza y, a su vez, a los hombres y mujeres que integran nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y nuestras Fuerzas Armadas, que han contribuido con gran entrega a la respuesta de nuestro país frente al virus. Y, por supuesto, quiero expresar el agradecimiento de todo el Gobierno al conjunto de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que de forma generalizada se han confinado y han cumplido las medidas que hemos ido aprobando a lo largo de todas estas semanas.

Señorías, como les decía, hemos dejado atrás meses muy duros y de gran dolor, en los que, además de enfrentarnos al virus, hemos tenido que hacer frente al enorme impacto económico y social de la enfermedad, pero también hemos sido testigos en este tiempo de la gran capacidad de nuestro país y de nuestra sociedad para salir adelante y hacer frente al virus. Gracias a este esfuerzo colectivo, que se ha prolongado durante las catorce semanas del estado de alarma con medidas muy drásticas y severas, superamos los peores momentos de la pandemia y logramos nuestro objetivo: doblegar la curva y frenar la transmisión del virus. Cuando se declaró el estado de alarma, la transmisión del virus crecía semanalmente por encima del 35 %; a finales de abril este incremento era ya del 5 %, y a finales de mayo, se redujo al 1,5 %. Hoy está por debajo del 1 %, lo cual no significa que el virus haya desaparecido. Hemos sido capaces de proteger la salud de nuestra ciudadanía y las capacidades de nuestro sistema sanitario en este primer envite, sí, pero sabemos que el peligro sigue ahí y debemos adoptar todas las precauciones y las medidas necesarias hasta que podamos contar con un tratamiento eficaz o una vacuna segura. En resumen, no podemos tirar por la borda lo que hemos conseguido entre todos ante la mayor emergencia sanitaria que hemos conocido en el último siglo. Por esto, insisto, debemos ser muy conscientes de que el virus sigue ahí y de que sigue provocando brotes localizados en nuestro país. También los está provocando en el resto de los países europeos, a pesar de las medidas de control puestas en marcha, y se está extendiendo con gran rapidez por distintas zonas del mundo, especialmente en el continente americano.

Por esta razón, señorías, necesitábamos tener a punto las medidas recogidas en este real decreto-ley, para afrontar con garantías lo que hemos denominado nueva normalidad, y tenerlas a punto de forma urgente, para evitar los riesgos que podían derivarse de la pérdida de vigencia automática de las medidas del estado de alarma, tanto en las comunidades que ya se encontraban en la fase 3 a partir del día 8 de junio, cuyos Gobiernos podían optar por pasar a la nueva normalidad, como en el conjunto del país una vez finalizado el estado de alarma. En definitiva, era inaplazable tener a punto las medidas de prevención, contención y coordinación que nos deben permitir seguir controlando la pandemia hasta que no se declare oficialmente la finalización de la crisis sanitaria.

Con este objetivo, este real decreto-ley establece, en primer lugar, un deber general de cautela y protección, para afianzar comportamientos de prevención en el conjunto de la población y, en segundo lugar, una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por tanto, lo que hacemos a través de este real decreto-ley es estar preparados y dotarnos de los instrumentos necesarios para continuar haciendo frente al virus. Quiero subrayar que su elaboración ha sido posible gracias al trabajo realizado por todos los ministerios implicados y que también hemos contado con la participación activa de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. De hecho, el texto del real decreto-ley fue tratado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y lo remitimos previamente para que cada comunidad autónoma pudiera hacer llegar sus aportaciones. Posteriormente, también fue objeto de debate en la Conferencia de Presidentes. Por ello, una vez más quiero agradecer a las comunidades autónomas su colaboración, su trabajo y su lealtad institucional en este caso y a lo largo de los meses anteriores, en los que hemos tenido que afrontar los momentos más duros de la pandemia y, posteriormente, cuando hemos codirigido conjuntamente el proceso de transición a la nueva normalidad.


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Entrando más concretamente en las medidas contenidas en este real decreto, quiero destacar las siguientes. En primer lugar, esta norma recoge las medidas básicas de prevención e higiene, insistiendo en la necesidad de continuar observando las tres reglas generales que recuerdo una vez más: el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública, en espacios cerrados de uso público o abiertos al público cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, así como en los transportes, y la higiene reforzada en espacios públicos y privados.

En segundo lugar, se contempla la adopción de medidas específicas de prevención e higiene en los entornos de trabajo, tales como la ordenación de los puestos o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, y lo mismo en el caso de los centros de servicios sociales, en establecimientos comerciales, en los hoteles y alojamientos turísticos o en las actividades de hostelería y restauración.

En tercer lugar, respecto a los centros residenciales de personas mayores o con discapacidad, el real decreto recoge que se debe garantizar su coordinación con el sistema sanitario de cada comunidad autónoma y también establece que deben disponer de planes de contingencia para la identificación precoz de posibles casos entre las personas residentes, trabajadoras y sus contactos.

En cuarto lugar, en el ámbito deportivo, se reconoce la competencia del Consejo Superior de Deportes para aplicar estas medidas de prevención en determinadas competiciones profesionales, una vez oídos el organizador, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En quinto lugar, respecto a los transportes públicos de competencia estatal sujetos a contratos públicos u obligaciones de servicio público, tanto por carretera como por ferrocarril o vía marítima, se debe respetar el volumen de ocupación que se establezca para evitar el riesgo de contagio. En los servicios de transporte con asiento asignado se establece la obligación de recabar la información de contacto de los pasajeros, que deberá estar disponible durante un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje, con la finalidad de poder realizar la trazabilidad de los contactos.

En sexto lugar, respecto a las medidas en materia de medicamentos y productos sanitarios, se mantienen las actuaciones para garantizar el suministro de los medicamentos considerados esenciales en la gestión del COVID-19, y también se faculta al Ministerio de Sanidad a ordenar que se fabriquen con carácter prioritario medicamentos esenciales si ello fuera necesario. Al mismo tiempo, de manera coyuntural, se mantienen las medidas que permiten acercar la medicación al paciente en el ámbito de la farmacia hospitalaria para aquellas personas cuya situación clínica así lo requiera. Por último, también se incorporan medidas para garantizar la fabricación y puesta a disposición de mascarillas y batas quirúrgicas, así como de soluciones y geles hidroalcohólicos a un ritmo adecuado para atender la demanda existente.

En séptimo lugar, en cuanto a la detección precoz y a la vigilancia epidemiológica, se mantienen las obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información al Ministerio de Sanidad, para poder disponer de los datos necesarios para evaluar la situación y dirigir las acciones de control del COVID-19 y también poder adoptar las medidas que correspondan. Respecto a la detección precoz, los servicios de salud de las comunidades autónomas deben garantizar la realización de PCR a todos los casos sospechosos de COVID-19 tan pronto como sea posible desde la aparición de los síntomas, y toda esta información debe ser transmitida al Ministerio de Sanidad en tiempo y forma.

En octavo lugar, se fijan medidas dirigidas a garantizar las capacidades del sistema sanitario. Se establece la obligación de las comunidades autónomas de disponer de profesionales sanitarios suficientes y de planes de contingencia ante el COVID-19. Toda esta información de capacidad asistencial debe ser remitida igualmente al Ministerio de Sanidad. Quiero recordar que las comunidades ya han venido aportando información sobre detección precoz, capacidad diagnóstica y capacidad asistencial durante el proceso de transición a la nueva normalidad para ir avanzando a cada una de las fases. Es algo que tiene todo el sentido, ya que estas capacidades son críticas para poder detectar y, en su caso, hacer frente a cualquier otro brote que se pueda producir.

Señorías, para materializar todas estas cuestiones, el real decreto-ley modifica varias normas, aunque quiero destacar dos de ellas. Por un lado, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, con el objetivo de reforzar la coordinación en salud pública y de introducir ese deber de información de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad en situaciones de emergencia para la salud pública; por otro lado, el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con el fin de encomendar a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la adopción del procedimiento a seguir para la fijación de precios.

Por último, quiero señalar que la vigencia de este real decreto-ley y, por tanto, de todas las medidas que incluye se mantendrá hasta que el Gobierno declare motivadamente el final de la crisis sanitaria, tras


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escuchar a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Por todo lo expuesto, señorías, pido su apoyo para convalidar esta norma, ya que es esencial para articular nuestra respuesta frente al COVID en la nueva normalidad, porque facilita la prevención y la actuación en caso de posibles brotes del COVID-19 y porque contribuye a la coordinación de todas las administraciones sanitarias. Todo ello a través de un conjunto de medidas que son necesarias, que son proporcionadas y que han sido elaboradas contando con la participación y las aportaciones de las comunidades autónomas y, por tanto, con un alto grado de consenso.

Quiero trasladarles que el Gobierno valora positivamente la posibilidad de que las medidas que contiene este real decreto-ley se amplíen con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios en el caso de que la Cámara se pronunciara a favor de su tramitación como proyecto de ley. Si fuera así, nuestro deseo sería que se hiciera de la forma más ágil y urgente posible, para tener cuanto antes un marco para hacer frente a los posibles brotes. Al margen de las posiciones y opciones que legítimamente todos tenemos, deberíamos estar de acuerdo en que es necesario seguir trabajando para prevenir y hacer frente al virus más allá del estado de alarma. Y creo que nuestra ciudadanía, que ha dado una lección de ejemplaridad por su comportamiento durante esta crisis, merece y espera que hoy seamos capaces de lograr un amplio acuerdo en torno a este real decreto-ley, de manera que nuestro país cuente con los instrumentos necesarios para poder seguir manteniendo el virus bajo control. Yo confío en que pueda ser así y que podamos seguir trabajando de forma coordinada con el único objetivo que hemos tenido en todo momento: proteger la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro de Sanidad. (Aplausos.)

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Steegmann Olmedillas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a la desinfección de la tribuna de oradores.)

El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señora presidenta.

Permítame que haga esta mi primera intervención desde esta tribuna en memoria de los fallecidos por la epidemia del coronavirus de Wuhan. Lo hago también en homenaje a mis compañeros médicos y al resto de profesionales esenciales.

Señorías, anunciamos que vamos a votar en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, porque es un nuevo acto de propaganda política, y su exposición de motivos, un inadmisible alegato en defensa de la negligente acción del Gobierno. Este decreto afecta al contenido esencial de los derechos y libertades y, por tanto, no puede ser objeto de regulación por esta vía, señorías. La imposición a todos los ciudadanos de un deber general de cuidado modifica sustancialmente el régimen general de derechos y libertades y debe hacerse por ley ordinaria.

El Gobierno no prueba que exista extraordinaria y urgente necesidad, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2018. El real decreto-ley constituye un instrumento pertinente si hay situaciones difíciles de prever y que requieren una norma inmediata desarrollada en un plazo más breve que el requerido por un procedimiento normal o de urgencia para la tramitación parlamentaria de leyes. La Comisión Europea, el 15 de abril de 2020, ya aprobó una hoja de ruta, de modo que el Gobierno ha tenido más de dos meses para tramitarlo como ley ordinaria. El plan de desconfinamiento y la finalización del estado de alarma y sus perversos efectos eran previsibles y constitucionalmente exigibles, de modo que se podía haber tramitado como ley ordinaria, previo debate libre y democrático.

El Gobierno presume de diligencia. Dice que, desde la declaración internacional de pandemia (sic) hasta la declaración del estado de alarma los acontecimientos se desarrollaron con mucha rapidez -sí, tres días-, pero, señorías, la historia no es así, la historia es otra. La Organización Mundial de la Salud, cómplice del régimen comunista chino, retrasó en quince días fatídicos la declaración de emergencia sanitaria internacional y, al final, la declaró el 31 de enero de 2020. Han tenido mucho tiempo.

Dicen que este real decreto-ley se ampara en la muy constitucional competencia del Estado en la sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad. La misma competencia la tenían en enero de 2020, cuando nuestro grupo les instó a proteger a los sanitarios y cuando el 6 de febrero les instamos a cerrar las fronteras con el país infectocontagioso llamado China. Desoyeron las alarmas italianas. No declararon la epidemia que estaba en España al menos desde el 27 de febrero. Si lo hubiesen hecho


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entonces, hubiésemos disminuido la mortandad en un 60 %; ahora la cifra de fallecidos se acerca a 45 000. Es una lástima que estén vacíos los escaños de esta parte del Consejo de Ministros, porque parte de mi alocución va dirigida a ellos.

Son los profesionales sanitarios los que han salvado vidas, no el Gobierno, que ha sido un coladero de la infección y que esconde su incompetencia diciendo que seguía las advertencias de Europa. Europa ha demostrado sobradamente su descoordinación y su lentitud, pero ustedes tardaron en reaccionar a sus ya tardíos consejos. Tenían que hacer su fiestecita y, ¡atención!, ahora preparan otra. No cumplieron su deber de cuidar a los españoles -así se ha recogido en nuestra querella- y deberán pagar por ello. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia.)

Impugnamos el concepto totalitario de nueva normalidad. La Ley Orgánica 4/81 prevé que la duración del estado de alarma ha de ser la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad, no inventarse una nueva en la que somos cincuenta mil españoles menos, más enfermos, más pobres, más atemorizados y más desunidos por culpa del Gobierno. ¿En su nueva normalidad van a seguir manteniendo las contribuciones de España a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, organismo genuflexo al servicio de las autoridades del Gobierno comunista chino? Exigimos, pues, del Gobierno de España que promueva una acción internacional para exigir las responsabilidades del Gobierno comunista chino y de sus cómplices de la Organización Mundial de la Salud, y que España no destine ni un euro más del bolsillo de los españoles a esa organización, que se ha demostrado tan incompetente y negligente como este Gobierno.

El Tribunal Constitucional estudiará nuestro recurso de amparo contra el Real Decreto 473/2020, que declaró el estado de alarma, que supuso una restricción de libertades de todo tipo, encubriendo un estado de excepción sin parangón en Europa, un arresto domiciliario, una congelación de la democracia, que bloqueó los órganos y los poderes constitucionales. El confinamiento paralizó nuestra nación e hizo que la epidemia nos golpease económicamente más a nosotros que a nuestros vecinos, con pérdidas enormes de rentas, de trabajadores, de familias y de empresas. El Gobierno les ha dejado a todos ellos a la intemperie.

VOX propuso que se procediese al pago del sueldo de todos los trabajadores a quienes se había prohibido trabajar, y con un plus del 20 % a aquellos destinados a servicios esenciales, garantizando también a los autónomos sus retribuciones del anterior trimestre. No lo hicieron. Han destruido el tejido económico del país, miles de puestos de trabajo, miles de empresas, con sus indecisiones, las del Gobierno ausente, y usted también, señor ministro, incapacidad de ofrecer medidas de protección, y con la nefasta aportación del inexplicable ministro Garzón se ha condenado al sector turístico. ¡Ya empiezan a decir los progres que la epidemia ha sido por el cambio climático! ¡Atención, obreros del sector automóvil, van a por ustedes!

Como sostiene VOX, desde nuestro rechazo a la primera prórroga del estado de alarma, este real decreto prueba que el arresto domiciliario decretado por el Gobierno no era necesario pasados los primeros quince días y que se ha utilizado políticamente. Bastaba aplicar el artículo 65 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Lo pudo hacer en enero y lo puede usted hacer ahora. En realidad, la alarma se impuso y se sostuvo porque ustedes fueron incapaces de ajustar los recursos sanitarios disponibles.

El Gobierno ha fracasado, además, en la desescalada, con desconfinamiento arbitrario, caótico, sin datos fiables y objetivos, que permitieran ni a los ciudadanos ni a las empresas planificar sus actividades. Y no se han conocido con transparencia los criterios a aplicar, cediendo de nuevo a las exigencias del partido separatista vasco, por ejemplo. El Gobierno reconoce, pues, su fracaso y pasa la responsabilidad a las autonomías. La prueba es que, alcanzada la fase 2, se decidió que la autoridad competente delegada para las medidas de la fase 3 fuese a la Presidencia de la comunidad autónoma, cediendo, así, a los deseos del PNV, de Esquerra Republicana de Catalunya, del ilegal Torra y, cómo no, del señor Núñez Feijóo. Incluso, se dice que serán las comunidades autónomas las que puedan decidir la superación de la fase 3, de modo que el Gobierno hace dejación de su principal función y responsabilidad. Su rendición ante las autonomías refleja no solo debilidad, sino incompetencia. El Estado de las autonomías es un Estado de confusión fallido que ha sido incapaz de establecer vías de comunicación de información epidemiológica y que no sabe, no puede o quizás no está muy interesado en contar ni a los infectados ni a los muertos.

España necesita una sanidad unitaria y fuerte -como propone VOX- y no un Estado débil en manos de un Gobierno incompetente. (Aplausos.) Es una cobardía -repito, es una cobardía- y un reconocimiento


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de fracaso trasladar la responsabilidad a los españoles y a las empresas, como hace el Gobierno en este real decreto. A modo de ejemplo, el Gobierno transfiere a las empresas el establecer los protocolos necesarios para garantizar los medicamentos y productos sanitarios. Por otra parte, dicta que todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de la COVID, así como la propia exposición a dichos riesgos, imponiéndoles sanciones. ¿Y qué sanciones hemos de imponer, señorías, a un Gobierno que incumplió su deber constitucional de cuidar la salud de todos los españoles? ¿Qué sanciones a un Gobierno que dejó desprotegidos a los sanitarios, a las policías sin mascarillas, sin equipos de protección, por no mencionar a nuestros ancianos? Nosotros lo sabemos: la respuesta está en un juzgado de Instrucción si hay justicia en este mundo.

Y en lo económico, ¿se han calculado los costes de las medidas sanitarias que piden a las empresas? ¿Es que Aena tiene derecho a recuperar esos costes y las demás empresas o autónomos no? ¿Qué pasa con el teletrabajo, quién va a compensar los gastos? La disposición adicional tercera habla de avales por un importe máximo de 2800 millones de euros, pero, ¿conocen los españoles las condicionalidades exigibles a las empresas para obtener esa financiación? Y, además, a buenas horas. ¿Cuántas empresas de las 100 000 que han desaparecido se hubieran podido salvar si, como decíamos nosotros, hubieran inyectado liquidez a estas empresas?

Pasemos a las medidas sanitarias. Señoras, señores, señorías, la epidemia sigue; sigue. Con las medidas expuestas pareciera que ustedes quieren prolongar la normalidad y mantenerla a fuego lento. Aparte de la distancia del metro y medio, ¿qué otras medidas sanitarias ofrece el Gobierno si ni siquiera regula correctamente el uso de las mascarillas? ¿Qué pasa con los niños menores de seis años, qué significa el concepto ambiguo de medidas higiénicas adecuadas? ¿No han tenido tiempo para definir una base de datos epidemiológica única y ahora se apresuran, o qué debe constar en esta base? ¿Dónde está la PCR para contactos estrechos? ¿Qué medidas de control se van a establecer, señor ministro, en los aeropuertos y en las fronteras? ¿Van a ser la puerta de entrada de un virus mutado más peligroso?

Una vez más, señorías, Europa es incapaz de establecer controles microbiológicos de protección y esto perjudica fundamentalmente a España. Vamos a perder un 12,7 % del PIB.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe de ir finalizando, por favor.

El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con permiso, señoría, termino enseguida.

Y, además, lo hace con un documento que no firma ningún experto español. ¿Otra vez la política de puertas abiertas con China cuando sabemos que nos mintió, que nos sigue mintiendo y que nos va a mentir?

Señorías -y termino, señor presidente-, la Europa débil y genuflexa ante el tirano chino es el problema y solo una España fuerte es la solución. El Gobierno no solo es ilegítimo desde su concepción, sino continuadamente irresponsable. Y dicen que no quieren dejar a un español atrás, pomposamente unas veces, melifluamente otras...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, vaya finalizando, por favor.

El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Termino enseguida.

Efectivamente, los muertos no están detrás sino delante, y mirándoles, y tampoco van a estar detrás sus familias ni los infectados ni los trabajadores en paro. No, no van a estar detrás, van a estar enfrente, y VOX, con ellos.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.

El señor GUITARTE GIMENO: Presidente, dado el escaso tiempo disponible, intervendré desde el escaño. Nosotros seguiremos guiándonos, o intentaremos hacerlo al menos, por el criterio científico mayoritario y haciendo un llamamiento a la responsabilidad personal porque la crisis realmente no ha terminado. Debemos estar atentos y vigilantes. Sí que nos gustaría resaltar, ahora que parece por lo menos superada la fase más dura, dos aspectos o dos cuestiones importantes que ha puesto en evidencia esta pandemia. Por un lado, ha evidenciado para nosotros la debilidad del sistema del modelo


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de desarrollo que hemos seguido, dado que todos los problemas han acuciado precisamente por el modelo de concentración de grandes ciudades y, por otro lado, también se ha puesto en evidencia que seguimos con los vicios de un tratamiento y legislación no diferenciada entre grandes municipios, el entorno rural y las pequeñas y medianas ciudades. Muchos de nuestros compatriotas han tenido que soportar restricciones a la movilidad muy exageradas precisamente por estar diseñadas para grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, y tenerlas que vivir en pueblos de cincuenta, cien o doscientos habitantes. Simplemente es eso. Apoyaremos la convalidación del real decreto y también apoyaremos que se tramite como proyecto de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.

El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.

Vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto-ley porque nos parece que las medidas que contiene de carácter general son adecuadas y además han servido de base para los decretos que ha ido desarrollando la propia Comunidad Autónoma de Cantabria en esta etapa. También hay que decir que el Partido Regionalista de Cantabria nació para defender los intereses de Cantabria, pero también somos Estado y en cuestiones de interés general, como son las medidas adoptadas en esta pandemia, hemos apoyado al Gobierno de turno, que es el que tenía la principal responsabilidad en este asunto, y por eso aprobamos el Decreto de declaración del estado de alarma inicial y todas las prórrogas. Ahora bien, eso no significa que el PRC esté satisfecho con el Gobierno actual en su relación con Cantabria. Ayer tuve ocasión de expresárselo al ministro de Justicia en esa tribuna y yo espero que tanto el presidente como el resto de los ministros hayan tomado nota del asunto.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor García Adanero.

El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

En primer lugar, desde luego, nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo sobre todo a todas las personas fallecidas a lo largo de estos meses, a sus familias, recordando una vez más lo duros que fueron aquellos días en los que no se pudieron despedir de sus seres queridos, y también a todas las personas que están todavía en estos momentos enfermas y están intentando recuperarse y para aquellas que parecía que lo habían superado y que, por desgracia, tienen secuelas derivadas de esta dura enfermedad.

Dicho esto, señalaré que nosotros vamos a apoyar el decreto, al igual que hemos apoyado otros decretos que se han traído a esta Cámara, si bien entendemos que el día después hay que regularlo; también votaremos a favor de que se tramite como ley, como han pedido algunos grupos, para que se puedan hacer las aportaciones oportunas. Pero a nosotros nos preocupa sobre todo la seguridad del futuro y nos preocupa en el sentido de que entendemos que el Gobierno tiene la credibilidad bastante mermada. No hay que olvidar que era un 31 de enero cuando se nos dijo la ya famosa frase de en España habrá uno o dos casos y no hay por qué preocuparse, como tampoco hay que olvidar que fue un mes y medio después más o menos cuando se dijo que era innecesario tener mascarillas y usarlas. Estamos en junio, más de 40 000 muertos después, personas con nombres y apellidos que han fallecido, y toda la población está obligada a llevar mascarilla. Por lo tanto, la credibilidad del Gobierno en cuanto a los análisis que hace es igual a cero.

En ese sentido, a nosotros nos preocupa qué va a hacer el Gobierno para trasladar a los ciudadanos que pueden estar tranquilos, que si hay otro brote se va a poder controlar y que eso no va a significar parar otra vez toda la actividad en España. ¿Está el Gobierno preparado para un brote, como se está empezando a dar en algunos sitios? Esa es la pregunta y yo espero una respuesta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro


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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, Coalición Canaria ha sido responsable durante toda la pandemia. Hemos apoyado todas las propuestas del Gobierno en Canarias y aquí al Gobierno central, aunque unas nos gustaran más y otras menos, aunque faltaran cosas. Hemos hecho aportaciones, fuimos los primeros que hablamos de los ERTE y de la necesidad de las prórrogas en temas sanitarios. Y las críticas las hemos hecho en privado porque creíamos que la ciudadanía en este momento quería unión y no podíamos transmitir ni más tensión ni más angustia a tanta gente.

Hoy se acaba. Empezamos otro proceso y voy a tratar solamente dos aspectos. El primero es el tema de los aeropuertos -que se lo dije antes, en la entrada-. Tengo que desmentir a la presidenta de Madrid y al presidente de Cataluña porque el riesgo no está en Madrid y en Cataluña. Los protocolos que se siguen en cumplimiento del protocolo europeo y del externo a la Comunidad Europea los vuelos que llegan a Barajas y El Prat son un coladero al resto de España de las personas que hacen tránsito en Barajas y que no llegan al punto que está a la salida de la terminal. Creo que eso se tiene que resolver y que es urgente hacerlo. Además, hay que apretar a Aena cuando dice eso de que el 1 de julio ya tendrá el personal que se necesita en limpieza y en protección. Eso no puede ser.

Se me está acabando el tiempo y voy a pasar al tema principal que le quería decir hoy. Yo chequeé a mi llegada el lunes y un señor me preguntó que de dónde venía. Le dije que de Tenerife, y me dejó entrar sin pasar por el otro control, no me pidió la tarjeta de embarque. Pero si usted viene Frankfurt-Madrid, Madrid-Tenerife, no cumple el protocolo europeo. Si usted viene de Brasil y no sale en la terminal 4 y se dirige a Tenerife, a Baleares o a Sevilla, tampoco. Creo que en la terminal satélite es donde se deben hacer los controles de los protocolos internacionales y la terminal 4 hay que dejarla solo para los vuelos nacionales. Así evitaríamos ese problema.

En cuanto al tema del ahorro de Aena, quisiera añadir que los baños están asquerosos, tienen en ERTE a la mitad de los seguritas y al personal de control de...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino ya.

No se puede esperar al día 1, hay que hacer contrataciones de emergencia a través de empresas porque una semana de descontrol por falta de personal pone en riesgo a este país. Solo me queda decir que le volveremos a apoyar hoy.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Botran Pahissa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

El señor BOTRAN PAHISSA: Buenos días, presidente.

Ministro, durante estos meses lo que hemos constatado en las medidas sanitarias que se han tomado es, por un lado, la fragilidad de la economía española y, por otro, el poder que tienen determinadas patronales en las decisiones que se han tomado, en las que no se han tomado y en el momento en que se han tomado determinadas de estas decisiones, en detrimento muchas veces de la prudencia que aconsejaban los criterios exclusivamente científicos de salud pública. Nos referimos, por ejemplo, al paro, en su momento, del trabajo; se tardó mucho más de lo que se debía y se reemprendió mucho antes de lo que aconsejaban algunos criterios científicos, y poniendo la responsabilidad en los trabajadores. Recuerdo las medidas que se aconsejaron: cuando vuelvas a casa no te acerques demasiado a tus familiares, etcétera. Lo mismo con las medidas de la desescalada en las que se ha ido adelantando la llegada de turistas que han podido ir a Mallorca y a las illes antes que gente que, por ejemplo, tenemos familiares allí. Ayer la ministra Calviño decía que la economía española es una economía muy abierta, muy ligada a los países de nuestro entorno. Esto es un eufemismo para referirse a una economía dependiente de sectores precisamente como el turismo. Es una realidad. Por ejemplo, antes hablaba de Mallorca, ya sabemos que alrededor de un 35 % del PIB de las illes depende del turismo, pero la pandemia era un momento también para replantearse estas fragilidades económicas y este poder de los patrones, como planteaba antes.

Termino. Pensando en un hipotético rebrote, nosotros planteamos que no vuelva la recentralización que se demostró inútil, además de que la rechazamos políticamente; que se confíe más en la gente sin necesidad de repartir multas a mansalva, como sucedió; que se den instrucciones sanitarias claras, que


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es mucho más necesario que los eslóganes políticos como que saldremos más fuertes, que eso no sirve de nada para combatir el virus, y que en relación con estas instrucciones sanitarias las decisiones se tomen escuchando exclusivamente a los comités científicos y no a los grupos empresariales.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.

La señora AIZPURUA ARZALLUS: Egun on, eskerrik asko, presidente.

En primer lugar, señor Illa, quiero darle las gracias. Quiero agradecerle a usted y a su equipo la actitud y el trabajo realizado durante estas semanas; que haya comparecido cada semana; que haya recogido y contestado nuestras dudas, críticas y propuestas. Sabemos que no han sido semanas fáciles, pero usted nos ha escuchado y nos ha atendido. Gracias.

Señorías, durante todo este estado de alarma Euskal Herria Bildu ha mantenido una actitud responsable, una actitud que suponía no poner en riesgo la salud de la ciudadanía, una actitud que incluso superaba la lógica que a nuestro grupo se le podía presuponer con este Gobierno. Y por eso asumimos que se suspendieran competencias de un plumazo, que suspendieran nuestro autogobierno de un día para otro, y hemos asumido que, aunque no nos gustaba nada esa forma de actuar, la del Gobierno, ni el desprecio hacia nuestras instituciones, debíamos hacerlo. Hoy el Gobierno viene aquí con un decreto redactado y pactado con la derecha, otra vez. Señor Illa, la excusa de su Gobierno durante las prórrogas del estado de alarma para buscar el apoyo de la derecha era que estaban en riesgo medidas que salvaban vidas y lo tuvimos que aceptar. Hoy esto ya no es así, porque todas las medidas contempladas en este decreto -incluso las más restrictivas- en la mayoría de los casos ya se han definido, aprobado y aplicado en la mayoría de los territorios, también en los nuestros, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. El pretexto era para pactar con la derecha la necesidad de asegurar el estado de alarma, de no dejar ni una mínima opción de que pudiera decaer. Bien, démoslo por bueno, ¿pero ahora cuál es la excusa? ¿Ahora cuál es la coartada? El pactar con la derecha ya no es una necesidad de su Gobierno, señor Illa, es una querencia, una preocupante querencia.

Hoy, parte de quienes posibilitamos la conformación de este Gobierno vamos a votar no. También Euskal Herria Bildu vamos a votar no y lo vamos a hacer por responsabilidad una vez más. Recordarán que, mientras permitíamos las prórrogas del estado de alarma, advertimos varias veces al Gobierno de que dejara de mirar a la derecha, que trabajase, que cuidase y que apuntalase la mayoría progresista de esta Cámara. Hicieron caso omiso y siguieron en su aventura con el ala naranja del trío de Colón. Sí, con esos que dicen que el presidente Sánchez es un traidor, que es ilegítimo y que han exigido su dimisión no sabemos ya cuántas veces. Esos son los nuevos compañeros de viaje.

Lo hemos dicho y repetido, les hemos advertido muchas veces de que la derecha y sus políticas y la izquierda y nuestras políticas son incompatibles y que si seguían buscando y pactando con la derecha perderían apoyos en la mayoría y han hecho caso omiso. Hemos tenido paciencia, pero la paciencia, la nuestra, nuestra comprensión, también tiene un límite. Y hoy les decimos claramente y con la mayor rotundidad que así, no, que si siguen por ahí no habrá camino progresista que recorrer y, si no, señoras y señores del PSOE, sean valientes, sean honrados, sean honestos y díganle a esta Cámara, díganles a sus votantes, a la ciudadanía, que prefieren a la derecha. Díganselo, díganles que tienen un nuevo compañero de viaje que les da una nueva mayoría, sí, pero que esa nueva mayoría estará basada en los recortes y en el neoliberalismo. Díganselo a los millones de trabajadores, díganles que van a ir de la mano con quienes quieren quitarles más derechos y empeorar más sus condiciones de vida. Díganles que van a volver a gobernar con quienes no apuestan de manera clara ni por los derechos ni por la lucha LGTBI. A las personas refugiadas e inmigrantes díganles que este Gobierno seguirá pactando con el partido del IBEX.

Señor Illa, le digo esto con disgusto y con cierta lástima, con lástima porque las miles y miles de personas que sufrirán las políticas que se adoptarán si siguen pactando con la derecha lo van a pagar, porque la ciudadanía se merece que se le diga la verdad y este camino de romper puentes con la izquierda y construirlos con la derecha solo va a llevar a más recortes y precariedad.

Miren, nosotras vinimos aquí con tres objetivos, con una agenda clara de país compartida por la mayoría social de nuestro país, una agenda que desde el diálogo y el acuerdo consiga hacer respetar el carácter plurinacional del Estado y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir libre y democráticamente su futuro, una agenda que defiende los derechos e intereses de las mayorías sociales y populares por


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encima del capital y las grandes empresas, que defiende la dignidad de las trabajadoras y de los trabajadores, también los de Euskal Herria, pero también siendo solidarios y solidarias con los trabajadores del resto del Estado y una agenda por la paz y la convivencia que acabe con la política de excepción que aún hoy se aplica en la política penitenciaria. Y todo esto es sencillamente incompatible con la derecha. Hay un camino que recorrer, existe ese camino para recorrer desde el diálogo y el acuerdo por la izquierda, pero, viendo sus últimas decisiones, vemos poca voluntad de recorrerlo por parte de este Gobierno.

Lo dijimos: juzgaremos a este Gobierno no por las palabras, sino por los hechos. Solo existe una opción para avanzar en políticas progresistas y el camino que han emprendido no es el que llevará a ello. Piénselo bien porque tendrán que decidir con quién, porque de ese quién depende qué políticas se quieren hacer de aquí en adelante. Y lo vuelvo a repetir: conjugar la izquierda y nuestras políticas con la derecha neoliberal y sus políticas va a ser imposible.

Una última aclaración: señores del Gobierno, señores del PSOE, no tengan la tentación de ubicar este aviso que hoy damos en un contexto electoral porque para nosotras hay cosas mucho más importantes que las elecciones, que son los derechos y la dignidad de las personas. Espero que sea así para ustedes también.

Eskerrik asko. Muchas gracias

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Buenas tardes, señor vicepresidente, señoras y señores diputados.

Bueno, señor Illa, este decreto lo hemos negociado usted y yo durante unos cuantos días, ya llegamos a un acuerdo y, por tanto, dijimos que íbamos a votar que sí. Por tanto, vamos a votar favorablemente, pero me gustaría hacer unas cuantas reflexiones.

Primero, acerca del carácter provisional de la legislación que estamos discutiendo, y es que esta legislación debería estar destinada a desaparecer lo más rápidamente posible. Hay algunas modificaciones puntuales de algunas leyes, pero es lo mínimo; el real decreto-ley tiene que tender a desaparecer lo antes posible. Por tanto, en nuestra opinión, no tiene ningún sentido tramitarlo como proyecto de ley, ni muchísimo menos, a no ser que se pretenda utilizar para realizar modificaciones paralelamente de mayor calado, si bien no nos parece que sea el instrumento adecuado ni, desde luego, estaríamos de acuerdo.

Hemos tenido largas conversaciones con el Gobierno durante todo el estado de alarma, hemos ido modulando los diferentes decretos y las diferentes prórrogas. A diferencia de lo que ha dicho la representante de Bildu, yo no he aceptado nunca ni voy a aceptar ahora ni aceptaré en el futuro ninguna merma de las competencias que tienen Euskadi y la comunidad navarra, ni tampoco voy a aceptar nunca un supuesto desprecio a las instituciones vascas o navarras, que, en mi opinión, no ha existido, y la convivencia ha sido dificultosa en muchas ocasiones y hemos tenido discrepancias fuertes, porque creo que al final hemos ido modulando, como también considero que este decreto está razonablemente modulado. De hecho, incluso el artículo 3 me parece que lo expresa muy bien. Básicamente, lo que hace el decreto es mantener las competencias en manos de las instituciones que ya las tienen en la distribución competencial habitual, sin que haya una situación especial por emergencia sanitaria; es así, se mantienen las competencias. Y tampoco se puede interpretar de otra manera el artículo 3, como quieren hacer algunos, porque lo único que dice es que, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará, de acuerdo con sus competencias, cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley con la colaboración de las comunidades autónomas, esto es, de acuerdo con sus competencias; no con alguna que le otorgue este decreto, sino de acuerdo con sus competencias, las que ya tiene. En este sentido, pienso que el decreto es equilibrado, porque es verdad que supone un mínimo común, que básicamente se reduce a la utilización de las mascarillas y el metro y medio de distancia, y luego cada institución tiene sus competencias, punto. Se avanzan los ámbitos que necesariamente habrá que regular, pero, básicamente, según todos los artículos, en referencia a los servicios sociales, los establecimientos comerciales, etcétera, es a las autoridades competentes, a las comunidades autónomas a las que corresponde. Ahora bien, es verdad también que lo que se hace es apuntar mecanismos que sirvan para un rápido intercambio de información y detección precoz de la epidemia, que es de lo que se trata básicamente, o sobre medidas relativas a medicamentos y la prestación farmacéutica, esto es, asegurar una más eficaz colaboración y una mejor detección y parar un posible rebrote de la epidemia a


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través de medidas de colaboración y de comunicación. Es verdad que se contemplan modificaciones puntuales de la ley, pero son mínimas y, básicamente, van dirigidas a este fin, es decir, se contempla la activación de diseños y planes de estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias, cosa que ya aparecía en la ley, aunque en esta ocasión se habla de activar esos planes en su caso.

De todas maneras, quisiera hacer una llamada de atención sobre lo que puede venir en el futuro, el posible desarrollo de la tramitación como proyecto de ley de este decreto, viendo, sobre todo, los borradores que se han presentado en la Comisión de Reconstrucción en el ámbito sanitario. Aquellos que pretendan por medio de cambios legislativos recentralizar o mediatizar las competencias estatutarias, las competencias autonómicas del sistema de salud no van a contar con nuestro apoyo y, desde luego, nos opondremos con todas nuestras fuerzas, porque el estatuto de autonomía se puede cambiar con los mecanismos que aparecen en él, pero no vale hacerlo a través de leyes que diluyan lo que dice el propio estatuto. Muchas veces se habla de coordinación -creo que hemos apuntado algunas medidas de colaboración e intercambio de datos que me parece que están muy bien pensadas en este decreto-, pero creo que el propio Gobierno quizás debería hacer una reflexión primero. Se habla de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, pero igual al Ministerio de Sanidad lo ha debilitado el propio Gobierno haciendo que el Instituto de Salud Carlos III dependa del Ministerio de Ciencia, que la Agencia de Seguridad Alimentaria esté en Consumo, que aquellos ámbitos de la ley de dependencia estén en una vicepresidencia, no teniendo, en realidad, competencias en temas de dependencia, y, por cierto, sí haciendo una ley pero no cumpliéndola en lo que corresponde al Estado, que es pagándola; pero, además, se asignan una especie de competencias en otro departamento, en una vicepresidencia, y luego está la farmacia militar, por ejemplo, que también ha entrado en juego en algunos momentos del estado de alarma, y está Defensa. Así que primero creo que es el propio Gobierno el que debería reorganizar si quiere fortalecer el Ministerio de Sanidad, pero desde su propia organización interna.

Voy concluyendo. La solución no son agencias estatales a tutiplén, como se apunta en los borradores, ni un consejo interterritorial que actúe a modo de Gobierno supraautonómico. No tiene ningún sentido, y menos crear una subcomisión en este ámbito sanitario, cuando tenemos ya la Comisión de sanidad; qué manía de crear órganos. Por lo tanto, señor ministro -y resumo-, hemos llegado a acuerdos durante este periodo, no sin dificultades en muchas ocasiones. Creemos que es un decreto equilibrado, en el que se respetan las competencias de las comunidades autónomas, y lo apoyaremos en ese sentido. Ahora bien, insisto, espero que no se utilice su tramitación para ir a lo que no se dedica este decreto, y tiene nombre muy concreto: medidas provisionales para una situación provisional.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna.)

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Venimos hoy al trámite de convalidación de un real decreto ley que se denomina de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria y que el Gobierno ha querido lanzar mediáticamente como el decreto ley de la nueva normalidad. En fin, la normalidad es la normalidad, no hay ni vieja ni nueva. El diccionario dice que normalidad supone sujetarse a la norma; es algo muy propio del Estado de derecho y, desde luego, sujetarse a la norma no es algo ni viejo ni nuevo, es obligatorio. Nosotros por eso preferimos llamarlo real decreto-ley del plan B, porque, desde que negociamos con el Gobierno la quinta prórroga del estado de alarma, le dijimos que hacía falta ya a ponerse a pensar y a diseñar mecanismos para que, si venían los rebrotes, no fuera necesario decretar de nuevo el estado de alarma y contáramos con herramientas jurídicas suficientes como para poder atender estos rebrotes. Se acordarán cuando el presidente del Gobierno decía que solo había plan A, con la a de alarma, pero que no había plan B. Sí había plan B y sí había que pensar en él para cuando terminara, como ha terminado, afortunadamente, el estado de alarma. Había que prepararlo, porque, efectivamente, ahora todo mundo está de acuerdo, a pesar de los debates que ha habido en esta Cámara, en que el confinamiento, que dependía del estado de alarma, es la única medicina para combatir el virus hasta el momento en el que exista la vacuna; solo en el estado de alarma, que mi partido político de una forma responsable apoyó en las seis ocasiones de la prórroga. Toda España ha cumplido con su parte del trato, toda España ha sido responsable, en su inmensa mayoría, y, por lo tanto, lo primero es dar las gracias a los españoles.


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Este real decreto-ley y su objeto, que ha expuesto el señor ministro de Sanidad, se enmarca dentro de estos acuerdos con Ciudadanos. Además, tenemos que reconocer que se nos ha dado la oportunidad de participar en su preparación, en su redacción como proyecto de real decreto-ley y, por lo tanto, vamos a votar a favor. Hemos conseguido del Gobierno que nos acepte muchas mejoras técnicas en este real decreto-ley con el único objeto de poder combatir los rebrotes. Pero de nada serviría esta norma si no nos ven a todos los políticos unidos pidiendo a los ciudadanos una vez más la prudencia, la responsabilidad, el mantenimiento de la distancia social, el uso de las mascarillas, el respeto de los aforos en los comercios, las medidas de higiene, todo lo que regula este real decreto-ley. Y sí, queremos también, efectivamente, que se tramite como proyecto de ley, porque entendemos que debe ahondarse, a diferencia de lo que dice el Partido Nacionalista Vasco, en el conjunto de medidas que fortalezcan la respuesta del Estado frente al rebrote. Nosotros las fijamos esencialmente en dos: en ahondar en la obligación de colaboración y suministro de información de las comunidades autónomas, que, como bien ha dicho el señor Illa, ya contempla la reforma del artículo 65 de la Ley 16/2003, y, en segundo lugar, en poder dotar a las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia sanitaria, de medidas más ágiles para adoptar el confinamiento cuando se trate de focos localizados y no sea necesario otra vez el estado de alarma. Para eso se requiere, como bien ha dicho usted también, establecer medidas de trazabilidad, y por eso le hemos pedido, le seguimos pidiendo y le seguiremos pidiendo a nivel nacional el desarrollo de esas APP en los móviles que se están ensayando en La Gomera, la compra de máquinas que puedan hacer test masivos y también, como establecemos el uso obligatorio de las mascarillas, que sean razonables y bajen su IVA al 4 %, como hemos pedido ya a través de una proposición no de ley.

Este real decreto-ley tiene una historia, una piedra en el camino, una piedra que empieza en la primera votación de la prórroga del estado de alarma, con la que sale adelante esa prórroga sin ningún voto en contra, porque después los grupos parlamentarios de la oposición, con excepción de algunos pequeños, van cambiando su voto. Era llamativo que en los discursos desde esta tribuna nadie hablara de la necesidad del confinamiento como única medicina posible contra el virus; daba vergüenza. Entiendo que los ciudadanos pensarían que los diputados vivíamos en el espacio extraterrestre, pero, desde luego, no en su mundo. Me imagino a las familias encerradas, a las familias con miedo, a las familias inseguras oyéndonos desde casa y pensando: ¿Pero de qué están hablando estos señores en el Parlamento, de la intolerable recentralización de competencias, como acabamos de escuchar aquí; de la mesa del diálogo, del chantaje y la vergüenza; de la retirada de la confianza al presidente del Gobierno por los grupos que apoyaron el Gobierno Frankenstein, o incluso pidiendo su dimisión, como si España en la epidemia se encontrara en una situación óptima para convocar elecciones -¡imagínense!-; de la derogación íntegra de la reforma laboral; de episodios históricos de la historia de España y del mundo? En fin, una locura. La gente se moría; la gente se moría por decenas, por centenas, por miles y por decenas de miles; la gente se moría, mientras estábamos escuchando esto.

Nosotros solamente pensábamos en la necesidad o no del confinamiento y en la necesidad de extraer del Gobierno condiciones que fueran buenas para el resurgimiento económico de España lo antes posible. Y conseguimos que las prórrogas fueran de quince días, que los ERTE se desvincularan del estado de alarma -y hoy siguen los agentes sociales negociando esta prórroga de los ERTE-, que se estudiará la ampliación de la prestación extraordinaria y la exoneración de las cuotas del régimen especial para trabajadores autónomos, que se viera el caso de los autónomos estacionales -sé que se está estudiando en el ministerio la moratoria tributaria de un mes sin intereses en los principales impuestos-, el plan de apoyo al turismo, la comunicación telemática con la Agencia Tributaria, mantener abiertos los canales de interlocución con el Gobierno en todos los estratos, y, sí, la participación de las comunidades autónomas, como ha dicho el ministro de Sanidad, tanto en la declaración final del estado de epidemia como en las llamadas medidas de actuación coordinadas que decreta el ministro de Sanidad y que se deben llevar al consenso de estas, siendo desde ese momento obligatorias. Y con este real decreto-ley conseguimos que se redujera de dos metros a un metro y medio la distancia, lo que supone el aumento del 25 % del aforo en los centros comerciales y es una distancia superior a la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, además de otras muchas cosas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

Hoy aquí hay dos grupos parlamentarios que, llamativamente, van a votar que no, y lo van a hacer desde un silogismo curioso: si Ciudadanos está en el acuerdo, me da igual la distancia social y las mascarillas; si Ciudadanos está en el acuerdo, prefiero la enfermedad, el contagio y la muerte. Estos señores son Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu. Les falta gritar: ¡Viva la muerte! Lamentablemente, de uno de estos dos grupos tampoco nos llamaría mucho la atención.


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Señores, Miquel Roca dijo aquí y su majestad el rey de España dijo aquí que el pacto es el privilegio del coraje. Les pido ese coraje para atender a la emergencia económica, para poder pactar entre todos unos presupuestos generales del Estado. Nos lo demandan los agentes sociales, España lo necesita como medida de contención de la crisis económica, entre otras herramientas; hay que ser valientes. El Gobierno tiene que ser responsable, tiene que presentarnos unas cuentas públicas moderadas y razonables, en las que podamos estar todos los grupos parlamentarios. Serán los presupuestos más importantes de nuestra historia, con la caída del producto interior bruto y con las cifras de desempleo que tenemos. Serán unos presupuestos que no podemos dejar en manos de Bildu y Esquerra Republicana...

La señora PRESIDENTA: Señor Bal, tendría que terminar.

El señor BAL FRANCÉS: Por eso es importante pactar, ceder. Hay un interés superior común. Coraje, señorías, coraje. (Aplausos.)

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Señor Illa, permítame que, sin formar parte de este Gobierno socialcomunista, sino solo por ser uno de esos villanos que de tanto en tanto les apoyan, me sume al aplauso que le han dedicado. Sé que ha pasado días difíciles, y, por encima de los aciertos y los errores, sé que ha sido una buena labor. Muchas gracias. (Aplausos.)

Compromís no se va a oponer a este decreto. De hecho, vamos a pasar del voto negativo a la abstención. Hemos visto detalles, gestos positivos por parte del Gobierno: el cambio de criterio en el reparto del fondo de COVID, con un mayor peso de la población, tal y como propuso en su momento Compromís -un inciso: usted y el Gobierno hubieran podido negociar con nosotros un poco más y nos hubiéramos ahorrado algunas palabras subidas de tono y algún voto negativo-, la ratificación ayer por parte del presidente del Gobierno de que cumpliría con el acuerdo de investidura y, en concreto, los dos anuncios que hizo de que en noviembre habría una propuesta de un nuevo modelo del sistema de financiación y no habría experimentos con la A-7. Falta mejorar -y lo digo- algunas cosas: las formas, las formas con los grupos -aunque seamos pequeños, falta mejorar esas formas, y lo saben- y algunas de las propuestas que hemos pedido y a las que no vamos a renunciar, como la firma del convenio con las comunidades autónomas para la gestión del ingreso mínimo vital o la financiación tanto de la dependencia como del transporte metropolitano de Valencia o ese fondo de nivelación, en el que siempre hemos insistido, para que en este tiempo que ahora viene todas las comunidades autónomas tengamos las mismas posibilidades, los mismos recursos para poder combatir esta epidemia.

Por tanto, nuestro voto será la abstención. Insisto, con un poco más de negociación probablemente nuestro voto hubiera sido positivo.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Baldoví.

Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.

Respecto a este decreto que usted trae, señor ministro, también es momento para hacer balance de cien días de confinamiento y cien días especialmente duros. Pero a nosotros nos preocupa que, llegados a esta situación, salgamos de cien días de esta alarma sanitaria para entrar en un estado de alarma social. Nosotros hemos votado que sí a todas las propuestas del Gobierno que servían para salvar vidas y poner las cosas más fáciles a los trabajadores sanitarios, y lo vamos a seguir haciendo. Creemos, sin embargo, que no es fácil ser optimista y pensar que salimos con más condiciones para ser más fuertes para un eventual rebrote o para cualquier otro desafío en el futuro; y, sin embargo, había condiciones. Valoramos mucho el trabajo que usted, señor ministro, y su ministerio han hecho, pero nos tememos que si hubiera un nuevo rebrote o una situación difícil, ustedes seguramente tendrían menos instrumentos para hacer frente con fortaleza.


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Mire usted, la crisis nos descubrió varias cosas, y es terrible también que una tragedia haya sido la que nos tuviera que descubrir evidencias como la que voy a citar ahora. En primer lugar, lo carísimo que nos salía la ley del beneficio privado, y quien quiera convencerse de esto solo tiene que mirar el estado, por ejemplo, de las residencias mal vendidas y lo caro que sale la ley del beneficio a cualquier costa. En segundo lugar, claro que existe el bien común y que solos estamos más débiles y la única manera de responder es con una comunidad organizada, el Estado y los servicios públicos. Quiero recordarlo aquí, porque la memoria de algunos es una memoria de pez: cuando las fuerzas del mercado corrían despavoridas, solo los trabajadores esenciales, los servicios públicos y el Estado fueron capaces de responder. Pero, en tercer lugar, también hay que decir que quienes más dieron la cara están peor. Los servicios públicos siguen diezmados y, en general, las familias de los barrios más humildes, donde más duro fue el confinamiento y más dura fue la pandemia, hoy están en peores condiciones. Intermón Oxfam nos revelaba el otro día que los veintitrés españoles ultrarricos, los tres más ricos han salido de la crisis con 20 000 millones más, y, sin embargo, tenemos 700 000 pobres más. Se trata, señor ministro, de hacer cotidiano lo que en la excepción nos permitió salvarnos: una comunidad organizada, servicios públicos bien financiados, un Estado fuerte que esté a la altura de los retos que se nos van a plantear. Y tengo la sensación de que se está desaprovechando una oportunidad histórica de consenso social, de consenso científico y de mayoría parlamentaria, que ya existe, sin necesidad de comisiones ni piruetas, para avanzar en ese sentido.

Consideramos imprescindible -sé que no es su negociado, pero sin esto no va a tener muchas herramientas- una transformación de nuestra economía, una protección social y un blindaje de los servicios públicos a la altura de lo que necesitamos, y eso no se puede hacer sin un reequilibrio fiscal, sin una tasa COVID que grave más a quienes más tienen. Lo dijimos en la investidura: Un Gobierno progresista no se mide por cuanto choque con la derecha, sino por cuánto avance la justicia social, y para eso hace falta mirar de frente a las oligarquías. Sin eso, nos tememos que la nueva normalidad sea como la vieja, pero con más gritos y más aspavientos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

También por el Grupo Parlamentario Plural, en último lugar tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.

La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.

Señor ministro, Junts per Catalunya votará no a la aprobación del presente real decreto. Pero solicitamos que se tramite como proyecto de ley para poder presentar nuestras propuestas. El Real Decreto-ley 21/2020 es la continuación de una serie de reales decretos que se han ido adoptando para decretar el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. A pesar de no estar de acuerdo completamente con el contenido de los reales decretos que regulaban las prórrogas del estado de alarma, además de que en ellos no se representaba la distribución competencial y el Estado centralizada competencias, inicialmente nuestro grupo en dos ocasiones se abstuvo. Nos abstuvimos por sentido de la responsabilidad, pero siempre poníamos de manifiesto cuáles eran nuestras propuestas de mejora, medidas a adoptar y, sobre todo, reclamábamos con vehemencia la devolución de competencias. Con posterioridad, observando que no se atendían nuestras demandas ni se tenían en cuenta nuestras aportaciones, en el momento preciso optamos por votar en contra de los sucesivos reales decretos de autorización de la prórroga del estado de alarma. Nos hemos encontrado con un Gobierno que, en lugar de negociar con las comunidades autónomas, lo que hacía era dar ruedas de prensa en las que el presidente del Gobierno informaba a toda la ciudadanía, y posteriormente lo hacía a las comunidades autónomas. El presente real decreto nos da la razón acerca de lo que hemos venido reclamando durante todo este tiempo, y es que nos devolvieran las competencias. Ustedes han mantenido durante todo el proceso que no nos las han quitado, pero se nos genera una cuestión. Si no nos las han quitado, no nos las pueden devolver; pero el presidente del Gobierno dijo que nos las devolvían. Aclárense.

Si nos centramos en el contenido del real decreto, nos encontramos ante una norma que abarca distintos temas y diversidad de contenido. Hace referencia, entre otras cuestiones, al uso obligatorio de la mascarilla, a los centros de trabajo, al transporte marítimo. Podemos afirmar que estamos ante un real decreto cajón de sastre. Del artículo 9 al artículo 16, ambos incluidos, se muestra un relevante paternalismo centralista del Gobierno del Estado. En ellos se habla de que las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento en centros docentes, servicios sociales, hoteles, alojamientos turísticos, etcétera.


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Estas medidas deben tomarlas las comunidades autónomas, y las tomarán sin necesidad de que ningún Gobierno dicte un real decreto.

Por todos estos motivos, les reitero que Junts per Catalunya votará no.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.

Señor ministro, ante todo quiero sumarme al recuerdo y al apoyo a las familias de las personas fallecidas y, en todo caso, dar las gracias a todos aquellos sectores que durante las semanas más complicadas del confinamiento seguían manteniendo lo que sería el pulso de la sociedad. También quiero agradecer al ministro el seguimiento de todo ese proceso con sus comparecencias semana tras semana; reconocemos el esfuerzo y la posibilidad de tener ese marco para ir volcando propuestas sobre la marcha.

Nos da la sensación de que con la finalización de este estado de alarma entramos en un nuevo escenario de transición, que nosotros consideramos mal llamado, de nueva normalidad, en el que perduran todavía algunos malos hábitos que hemos venido denunciando en esta Cámara durante los últimos meses; un nuevo limbo en el que, mediante un real decreto incompleto y que se queda a medias, parece querer mantenerse la capacidad que ha tenido el ministerio durante este estado de alarma de prevalecer como máxima autoridad competente en competencias que están traspasadas a las comunidades autónomas, como son las sanitarias. El Estado autonómico ha quedado en suspensión durante tres meses y repetidamente se nos aseguraba que la aplicación del estado de alarma permitía precisamente aplicar instrucciones en aquellos ámbitos que excedían del marco territorial determinado por cada comunidad autónoma, como sería, por ejemplo, el control de las fronteras o incluso la limitación de la movilidad interregional o interprovincial, pero que tan pronto como fuera posible se priorizarían medidas normativas y legales de carácter menos excepcional que el estado de alarma mismo. Hemos llegado a la fase 3 y, en virtud del anterior real decreto, el 55/2020, las comunidades autónomas han podido decidir el proceso de desescalada y hemos finalizado el estado de alarma. Recuperamos, por tanto, aquello que nunca deberíamos haber perdido: la capacidad de tomar decisiones desde el ámbito sanitario competente, que sean las propias comunidades autónomas las que, sobre la base de su marco competencial, tengan la capacidad plena de decisión sobre medidas preventivas a aplicar, que es como debe ser y como funciona el Estado de las autonomías.

Pero muchos nos preguntamos qué tienen pensado en caso de rebrote, y vuelven las dudas. Ahora y hasta que oficialmente no se declare la finalización de la crisis sanitaria, se presenta este real decreto, que no solo no establece alternativa al estado de alarma, sino que asume medidas genéricas preventivas que perfectamente pueden asumir las comunidades autónomas, ya que muchas de ellas afectan precisamente a su marco competencial. Lo que se tiene que hacer es abordar un nuevo marco regulatorio específico para tratar las futuras pandemias, a partir de la colaboración con las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias, respetando el principio de subsidiariedad, y si hace falta reformando la ley que regula los estados de alarma o las leyes de salud pública, para que su aplicación no implique de facto la laminación competencial, la centralización y el mando único, algo que es contrario al más elemental principio de descentralización que supuestamente rige el estado autonómico que ustedes tanto dicen defender.

Durante el estado de alarma nuestro grupo ha percibido de manera preocupante un exceso de hermetismo y bunkerización en la toma de decisiones, así como una cierta actitud paternalista hacia las comunidades autónomas y al resto de grupos de la Cámara, y que cuando ustedes hablan de coordinación, realmente se trata de decisiones unilaterales que se informan a última hora, sin previo debate ni consenso. Ahora lo llaman actuaciones coordinadas de salud pública. Más que las palabras, los gestos son importantísimos. Más que las palabras, los gestos son importantísimos. Dialoguen y busquen consensos, sobre todo en aquellos temas que afectan al marco competencial de las comunidades autónomas. Como ha dicho un diputado, las formas son importantísimas y no se han mantenido durante estos meses.

Nos preocupa también otra cosa. No sería la primera vez que, ante situaciones extraordinarias de emergencia, como las sequías o incluso los referendums, se aprovechara la ocasión para introducir modificaciones legislativas que se venden como temporales, y que acaban siendo estructurales, en el sentido de laminar el marco competencial. Es decir, se utiliza el pretexto de la excepcionalidad para


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recentralizar por la puerta de atrás. Ustedes deciden si quieren iniciar reformas legislativas, a través del debate parlamentario abierto y el máximo consenso con los grupos que facilitaron la investidura, o prefieren seguir con los acuerdos de despacho y la opacidad. Nuestro no sigue siendo un aviso para navegantes, como lo fue el anterior. El diálogo y la negociación se practican a diario, porque no solo son anuncios y ruedas de prensa. Su actitud y sus actos presentes pueden marcar las dinámicas parlamentarias para el resto de la legislatura, y por eso insistimos y somos contundentes en este sentido. Desearíamos que tomaran buenas decisiones, pero no tenemos claro que estén muy dispuestos en estos momentos, tal y como hemos visto su actitud durante estas semanas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, Conchi.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Asens Llodrà.

El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, señora presidenta.

Desde esta tribuna he citado a menudo a Camus. Lo hice durante las prórrogas del estado de alarma, y ahora que vamos a votar este decreto de nueva normalidad y poner fin al estado de alarma quería volver a hacerlo, trayendo a colación el final de La Peste, que, como saben, escribió Camus cuando Francia fue ocupada por los nazis, y terminó al final de la guerra. Estoy seguro de que el ministro, que estudió Filosofía, conoce el pasaje que voy a citar. Por cierto, muchas gracias por su gestión. No era fácil. Creo que ha estado usted a la altura de este momento histórico, y se lo agradezco. El libro termina, como seguramente sabe el ministro, con una escena en la que la gente sale a celebrar el fin de la epidemia, de la peste, pero el protagonista no lo hace, no participa de la alegría colectiva. ¿Por qué? Porque él es doctor -el doctor Rieux-, ha leído libros y sabe que la peste no muere ni desaparece jamás, sino que permanece dormida en cualquier rincón, en los muebles, en las alcobas, en los papeles, en la ropa, y espera pacientemente para despertar cualquier día y volver a mandar a las ratas a morir a la ciudad y enviarnos un mensaje. Ese es el final del libro.

¿De qué nos habla ese final? Nos habla de la fragilidad, de la vulnerabilidad del ser humano y de la incertidumbre ante situaciones como la que hemos vivido, en las que de un modo u otro sabíamos que el virus siempre estuvo ahí. Pero también nos habla de la necesidad de tener memoria, del deber moral de la memoria. Memoria para seguir manteniendo en esta nueva normalidad la responsabilidad cívica que la mayoría de la gente ha demostrado en la anterior etapa de confinamiento, de acuerdo con lo que prevé precisamente el decreto. Memoria para poder aprender de los errores del pasado y no cometerlos en el futuro. Memoria para aceptar las debilidades de nuestro sistema sanitario y de nuestro sistema productivo, y poder fortalecerlos para que no pase nunca más lo que ha pasado en esta ocasión. Y memoria para luchar contra el virus del odio y del olvido, porque en el fondo la lucha contra la pandemia es una lucha de la memoria contra el olvido. La plaga fascista que inspiró la novela de Camus puede que haya desaparecido, pero, como el virus, su bacilo sigue adormilado y latente, esperando nuevas oportunidades para despertar. Al odio le basta el espacio de una grieta para renacer y lo hemos visto durante esta pandemia. Hemos visto cómo se propagaba el odio, y por eso quería dirigirme a sus señorías de VOX. Ustedes llevan toda la crisis insultándonos, llamándonos criminales y asesinos. El problema es que, mientras hacen eso, mientras ustedes nos apuntan, hay otros que disparan; y, como saben, desgraciadamente no lo digo en sentido figurado. Cuando ustedes nos señalan, cuando sus cargos electos o sus simpatizantes nos acosan y nos amenazan en las calles o en las redes, crean un clima de crispación que alimenta los delirios de descerebrados como su exguardaespaldas, que cogen un arma y simulan nuestro asesinato. Eso es una vergüenza y es grave. Es grave no solo porque, evidentemente, lo hacen por ser quienes somos nosotros, sino por las ideas que defendemos y por lo que representa nuestra defensa de la justicia social. Eso significa que hoy somos nosotros, pero que mañana puede ser cualquiera que piense como nosotros o de forma similar. Mañana puede ser cualquiera que salga a la calle este sábado durante el Día Internacional del Orgullo Gay, cualquier migrante, cualquier feminista -gracias, Marc, por la lección de decencia que nos diste ayer en este Congreso- o cualquiera al que ustedes acusen de ser un mal español. Eso tiene un nombre, fascismo, y tiene una vacuna, la libertad; la libertad para vivir sin miedo a sus amenazas y la libertad para vivir sin miedo a llegar a fin de mes, la libertad para vivir sin miedo a que nos echen de nuestras casas o a quedarnos sin trabajo. En eso consiste nuestro propósito cuando levantamos el escudo social en este horizonte de esperanza que tenemos que reforzar ahora, en la fase de reconstrucción del


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mundo posCOVID que ahora empieza. Para eso son imprescindibles medidas como la del ingreso mínimo vital y blindar la sanidad pública, pero también el impuesto solidario a las grandes fortunas. No vamos a renunciar a ese impuesto porque, sin él, difícilmente podremos sostener las políticas sociales que necesitamos impulsar en nuestra nueva fase. Que le quede claro a todo el mundo. (Aplausos.)

Termino. El decreto que votamos crea un sistema de alarma para mantenernos en guardia y para recordar las lecciones que hemos aprendido, pero reconoce ese decreto una verdad que no podemos obviar: no estaremos a salvo hasta que no haya una vacuna contra el virus. Por tanto, necesitamos que los mejores científicos trabajen en ello y que nuestras promesas se conviertan en presupuestos y en políticas. Pero hay una vacuna que ya tenemos ahora, y es la vacuna contra las desigualdades, la vacuna contra el egoísmo y el odio, la vacuna contra la extrema derecha, y esa vacuna es la fuerza de lo público, de lo colectivo, de lo comunitario, de la solidaridad y de la cooperación. Es con esos ingredientes con los que podemos dejar atrás el odio de quien quiere negarnos la libertad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-El señor Gil Lázaro pide la palabra.)

¿Sí, señor Gil Lázaro?

El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta. En virtud del artículo 71 por una imputación falsa concreta que se le acaba de hacer a mi grupo parlamentario.

La señora PRESIDENTA: Haga usted referencia a la imputación, por favor.

El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias.

Eludo hacer el comentario, porque estaría fuera del trámite reglamentario, de todas las imputaciones que ha hecho el señor Asens, pero ha hecho una expresamente falsa, cuando se ha referido a 'su exguardaespaldas' en relación con un sujeto que ha aparecido pegando tiros a fotografías de miembros del Gobierno en las redes sociales. El Grupo Parlamentario VOX, y VOX como partido, hicieron inmediatamente pública una nota diciendo que ese individuo jamás ha sido militante de VOX y jamás ha participado en sus equipos de seguridad. Por tanto, rogaría que el señor Asens retire la expresión o se informe mejor.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.

Así costará en el Diario de Sesiones.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Pastor Julián.

La señora PASTOR JULIÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, mis primeras palabras son para expresar mi más sentido recuerdo a las víctimas de la COVID-19 y a sus familias, y también, cómo no, para agradecer a todos los profesionales sanitarios y a todos los servidores públicos su compromiso, su generosidad y su profesionalidad.

Señorías, subo a esta tribuna y les pido que hagamos todos una reflexión profunda. En el centro de esta tragedia están las más de cuarenta mil personas fallecidas, y en el centro de nuestro compromiso tiene que estar honrar su memoria, y para honrar su memoria debemos reconocerlas a todas y a cada una de ellas. (Aplausos.) Señorías, la pregunta es, ¿esto se podría haber evitado? Los hechos son testarudos y las cifras lo son más. La primera alerta internacional relacionada con este virus fue del 30 de enero de la OMS declarando una emergencia de salud pública de importancia internacional. El Gobierno minimizó las alertas internacionales, la autoridad sanitaria marcó una estrategia nacional, a mi juicio, equivocada, se hablaba de casos localizados y solo de transmisión internacional y no local. Es evidente que no funcionó el sistema de alerta epidemiológica, como es evidente que tampoco funcionó el Ministerio de Sanidad, porque ante una crisis tan grave se dijo y se hizo una cosa y la contraria: primero, compro yo, y luego, compras tú; primero, protocolo sí, y luego, protocolo no; primero, mascarilla no, y luego, mascarilla sí, y los sanitarios en primera línea sin protección.

Señorías, las consecuencias de esta errada gestión de la crisis han sido dramáticas. Son inconcebibles las cifras ofrecidas, cambiando de criterio cada dos por tres. El doctor Pedro Alonso, epidemiólogo y director del programa de malaria de la OMS, advertía -y entrecomillo-: si no averiguáis qué ha fallado, estáis condenados a repetir errores. Yo le diría, señor ministro, que averiguar yo creo que lo hemos


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averiguado todos, pero ahora lo que hay que hacer es reconocer lo que no hemos hecho bien. Y, señorías, lo que ha sobrado en esta crisis ha sido propaganda. Cada vez que escucho que salimos más fuertes se me pone el vello de punta. ¿Cómo vamos a salir más fuertes, señorías, si no solo hemos dejado a mucha gente atrás, sino que algunos ya no están? Por eso, tenemos que mirar al futuro, cómo no, pero asumiendo cada cual las responsabilidades que le corresponden. La voluntad de negar realidades, señorías, les hace más débiles a ustedes, pero también nos hace más débiles a todos los españoles.

El texto del decreto oculta una vez más la fecha del 30 de enero, pero, ¿por qué, si es la fecha clave y lo sabe el señor ministro? La Ley General de Salud Pública lo recoge exactamente en su artículo 14. ¿Por qué desde el 30 de enero no se tomaron medidas en vuelos internacionales? ¿Por qué no se dijo que se usaran las mascarillas? ¿Porque lo decía la OMS? Pues bien, la OMS pudo decir una cosa o también otra, pero es de sentido común que, si una infección se transmite por gotitas, al ponerte una mascarilla no se transmite o se transmite menos. La responsabilidad consistía también en proveer el material sanitario, en realizar pruebas y, por cierto, en ser transparentes: no conocemos aún los informes de alertas de seguridad nacional. También responsabilidad es, cómo no, dotarse de un verdadero comité de expertos, como recoge el artículo de la Ley de Salud Pública.

Señorías, señor ministro, a mí juicio y humildemente, una parte sí se podía haber evitado. El virus campa libremente, pero no es por casualidad que tengamos unas cifras francamente terribles: más fallecidos por cada cien mil habitantes, como ya sabe, y el mayor número de profesionales contagiados. Decía Lincoln que decir que no tienes otra opción es liberarte a ti de la responsabilidad, y así es. Hay que saber asumir responsabilidades.

Y voy al real decreto-ley. El Partido Popular ha apoyado el recurso del estado de alarma del Gobierno. Hemos actuado con lealtad a los españoles, y han sido ese mismo compromiso y ese mismo sentido de la responsabilidad los que nos han exigido defender la normalidad constitucional. Y cuando hemos considerado que prolongar el estado de alarma significaba abusar de un recurso extraordinario, hemos dicho no, como no puede ser de otra manera, pero también hemos dicho que hay leyes en el ordenamiento jurídico ordinario que valen y que valdrían: la Ley Orgánica 3/1986, la de Sanidad del 1986, la de Salud Pública o la Ley de Cohesión y Calidad. Nos mostramos dispuestos a apoyar modificaciones legislativas si son necesarias. Hoy, señor ministro, viene usted a convalidar un real decreto-ley al que se le llama, como ya sabe, decreto del metro y medio, de las mascarillas y de los test. Por cierto, parece que en el zoco que se ha organizado, unos consiguen medio metro y otros consiguen que desaparezca ese refuerzo del Consejo Interterritorial. El Partido Popular no participa en el zoco, el Partido Popular lo que pide, y se lo agradeceríamos, es que se pueda tramitar como proyecto de ley para incorporar una serie de medidas que son imprescindibles. Y es imprescindible, señor Ministro, que usted siga asumiendo que es la autoridad máxima de salud pública de nuestro país, que el real decreto-ley es exiguo, porque debería contener medidas que no incluye. Además, se quita usted de en medio -perdóneme, no quiero ser maleducada- y le pasa todo a las comunidades autónomas. Yo ya sé que cuando digo exiguo a algunos no les gusta, porque unos dicen que les ha encantado, que lo han peinado; pero no se fíe usted mucho, porque un día te pueden decir una cosa y al día siguiente la contraria -soy una experta en eso-.

Señor ministro, ayer nos contó que tiene un plan preparado para hacer frente a la posible segunda oleada. Hay que aprobarlo ya, y hay que introducir en este real decreto medidas muy importantes: planes de contingencia; el tener en cuenta las puertas de entrada del virus, como aeropuertos o puertos, porque por ahí vienen los contagios, como también la movilidad; un mecanismo de rastreo eficaz; reserva estratégica de fármacos; pool nacional de personal, y, por favor, reforzar los servicios de sanidad exterior, algo fundamental, así como reforzar el Consejo Interterritorial. Sé que me queda poco tiempo, señora presidenta. Voy terminando ya. Va a contar con el apoyo de nuestro grupo, porque esto se tramita como proyecto de ley. Pero le quiero decir que este proyecto de ley tiene que contener todas las medidas para que podamos estar preparados para hacer frente no solo a los rebrotes que ya existen, sino a un brote excepcional que abarque a todas las comunidades autónomas y que tenga, otra vez, miles de afectados, y no estamos libres de ello. Y también, para aprovechar y hacer reformas estructurales y para poder tener un pacto de Estado por la sanidad.

Señorías, me duele -y llevo años sin salir a esta tribuna-, me duele especialmente que solo hablemos de sanidad cuando hay pandemias. Sería mejor que hubiera muchos momentos para hablar de sanidad, pero lo que les puedo decir es que merece la pena; merece la pena que este real decreto que, como digo, es casi inexistente, incluya medidas como la oficina de atención a las víctimas, como un plan de activación económico, como un frente nuevo jurídico. Miren, este no es un tema de competencias -a


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algunos les encanta-; este es un tema de salud pública. Sean generosos por una vez y doten al Ministerio de Sanidad de instrumentos necesarios para hacer una verdadera política nacional. (Aplausos.)

Termino ya. No tengamos una visión partidista. Yo, señor ministro, le agradezco el trabajo que usted y todos los técnicos del ministerio han hecho. Creo que no ha sido con mala fe, pero lo que sí le puedo decir es que, en buena parte, no han acertado. Y se lo digo en nombre de todas esas personas que no pueden subirse aquí, por todos los que lo han sufrido, los que ya no están, los sanitarios, mis compañeros, y todas las personas que han padecido esta epidemia, esta pandemia, este terrible virus. Estamos aquí para apoyar y para ayudar en bien de la salud pública de nuestro país.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. señora Pastor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón Couselo.

El señor MEIJÓN COUSELO: Gracias, presidenta.

Señorías, ministro, en primer lugar quiero mostrar nuestra solidaridad con aquellos que han sufrido los peores males, la tragedia de la COVID-19, y nuestro reconocimiento a todos los colectivos que han estado en primera línea de lucha contra la pandemia.

Señor ministro, permítame expresarle con una palabra lo que este grupo parlamentario siente acerca de la gestión del Gobierno en esta crisis: orgullo. (Aplausos.) Orgullo de un Gobierno que, afrontando una de las peores crisis de la historia, ha actuado con rigor, transparencia, honestidad y, muy especialmente, con justicia social; esa lucha por intentar que nadie se quede atrás, que tanto echamos de menos en la anterior crisis. Pero, permítame que remarque las palabras honestidad y humildad, que este Gobierno, y usted y su equipo en particular, han encarnado durante este período, algo que les ha llevado a pronunciar, en más de una ocasión, una frase: pues miren, no lo sé. Esta es una frase nada habitual, que refleja la honestidad, la humildad y el rigor de quien traslada la realidad de una crisis de la que desconocíamos casi todo; su comportamiento, su transmisión, las estrategias a seguir, y en la que se carecía del suficiente conocimiento científico, y que obligaba a adoptar medidas dinámicas y drásticas, dispuestas a ser revisadas minuto a minuto, en virtud de su eficacia y de las evidencias científicas que iban apareciendo; medidas que atendieran a la población en su faceta sanitaria, pero también en la económica y en la social. Orgullo también de un ministro y de un presidente del Gobierno que en todas y cada una de sus intervenciones se empeñaron en asumir cualquier error y, en cambio, han colectivizado los aciertos, atribuyendo todo lo que iba por buen camino al mérito del conjunto de las instituciones de este país y, por supuesto, al comportamiento de la ciudadanía, y eso les honra. (Aplausos.)

Otros, en cambio, han optado por responder erosionando la acción del Ejecutivo mediante el uso de la deslegitimación, de la crispación y de ataques continuos al Gobierno. ¿Con qué fin? Sin duda -el principal-, pretender tapar las enseñanzas que nos ha trasladado esta crisis, muy poco convenientes a las ideologías de derechas y ultraderechas. Porque la COVID-19 nos ha permitido examinar a todos, a modo de análisis DAFO, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro país, de nuestras instituciones, de nuestros servicios públicos. Y si algo ha quedado patente en este análisis, entre otras cosas, ha sido, primero, la necesidad de la política, de la buena política, porque no todos los políticos ni todas las políticas son iguales. Segundo, que es necesario contar con más Estado, con un Estado fortalecido que pueda afrontar las crisis con solvencia, rigor y justicia social; que el modelo del Estado del bienestar es el que mejor asegura una plena respuesta al conjunto de la ciudadanía, y en especial a los sectores más vulnerables; que los recortes, la reducción y el debilitamiento de ese Estado del bienestar en los Gobiernos del Partido Popular, y objetivables en cifras, ocasionaron gran parte de las debilidades con las que hemos afrontado esta crisis; que, por lo tanto, es necesario un fuerte compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, de los pilares de un Estado del bienestar que, por cierto -lo diré así, porque es así-, siempre que han aparecido en nuestra sociedad ha sido con el sello de los socialistas y de los progresistas que nos han acompañado (aplausos) -qué mejor muestra que la reciente aprobación del ingreso mínimo vital; qué mejor muestra-, y también, que nuestro modelo territorial, el Estado de las autonomías, recibió un gran impulso por parte del Gobierno. Contra la recentralización, la gobernanza; una gobernanza que debe servir para fortalecerlo y realizar los ajustes necesarios que optimicen su funcionamiento.

Señorías de la derecha y ultraderecha -que, tanto monta, monta tanto-, no es entendible -y mucho menos en estos momentos- su compromiso con las políticas de acoso y derribo y, por cierto,


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tampoco su compromiso con las políticas de frivolidad. O, ¿acaso no es una frivolidad del señor Feijóo gestionar la sanidad como si fueran unos grandes almacenes, y anunciar cheques regalo para nuestros sanitarios de 250 euros para gastar en viajes y en hoteles? (Aplausos.) Por cierto, su conselleiro de Sanidad pidió disculpas, el señor Feijóo, no. ¿O de la señora Ayuso, al anunciar una corrida de toros benéfica como premio a su labor? ¿Consideran loable herir así la dignidad de nuestros sanitarios, de aquellos que han estado en la primera línea de lucha contra la COVID-19? Y, por favor, nunca máis -nunca máis- argumentarios que llaman a hacer política con los fallecidos, fallecidos que son de todos nosotros. (Aplausos.)

Señor ministro, con este real decreto-ley damos un paso importante y pasamos de vivir contra el virus a convivir con el virus, que lamentablemente sigue ahí; una fase que no por deseada es más fácil de sobrellevar. Bien al contrario, implica -si cabe- un aumento de las cautelas y de las medidas de prevención, así como el incremento de responsabilidad, tanto del Gobierno y de las instituciones como de cada uno de nosotros a nivel individual, y mientras, trabajar a destajo en la reconstrucción de este país. Por cierto, dejen también de poner palos en las ruedas en la Unión Europea; retiren el informe. ¿De verdad se sienten satisfechos?

Iniciamos el proceso de reconstrucción social y económica de nuestro país, un proceso en el que seguro que la ciudadanía desearía que fuera atendida la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la unidad y al esfuerzo conjunto de todos los grupos de esta Cámara; a la suma, que no a la resta; al debate y a la crítica con ánimo de aportar y construir; a la lealtad institucional. Señorías, soy maestro, y me van a permitir que se lo explique con un viejo cuento recogido por Trinidad de Coelho, un político portugués del siglo XIX, que me leía mi padre. Érase una vez un padre que tenía siete hijos y, viendo llegar su hora, los reunió a todos y les dijo que fueran al monte a buscar un mimbre seco. Los trajeron y el padre le dio al hijo más pequeño cada uno de esos mimbres para que los rompiese, cosa que el niño pequeño hizo con la mayor facilidad. Ordenó el padre que volvieran al monte a traer otro mimbre seco y cuando regresaron les dijo que ataran los siete mimbres en un haz; una vez hecho el haz, se lo dio al hermano mayor para que probase a romperlo. Ni el hermano mayor ni todos los hermanos juntos fueron capaces de romper ese haz de mimbres. Entended, les dijo el padre, que esto quiere decir que mientras estéis unidos no habrá nadie más poderoso que vosotros. Así pues, unidad y lealtad para afrontar, con toda la fortaleza posible, la reconstrucción de este país. Eso es lo que espera la sociedad española de nosotros. Señorías -y permítame citarle, señor ministro-, pónganse en modo colaboración.

Máis nada; beizón. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)

La señora PRESIDENTA: Gracias señor, Meijón.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora presidenta.

Simplemente, quería agradecer las aportaciones de los diferentes grupos a este debate y a aquellos grupos que han manifestado su voto afirmativo, agradecerles el apoyo a este real decreto, que consideramos importante.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000022).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de texto alternativo.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco.


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La señora CAÑIZARES PACHECO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señores del Grupo Socialista, ustedes no vienen aquí a hacer la ley sino la trampa.

Señorías, buenos días. Vuelvo a dirigirme a ustedes para iniciar el debate sobre enmiendas a la totalidad de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012. Mi grupo parlamentario ha presentado enmienda a la totalidad con texto alternativo por dos cuestiones objetivas, no ideológicas. La primera, porque la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista solo puede recibir un calificativo, bueno, más bien dos: partidista y oportunista, y más adelante se lo explicaré. Segunda, porque el procedimiento legislativo, el Reglamento del Congreso y la Constitución española son claros cuando se trata de la modificación de leyes orgánicas: mayorías absolutas, lo que en absoluto les gusta ustedes, que son más amplias que las simples. Por tanto, su iniciativa es rechazable por este segundo motivo.

Señorías, esto no es una iniciativa concebida para mejorar la situación de los trabajadores, de los autónomos y de las pymes, tan duramente golpeadas durante la crisis de la COVID. Ni siquiera es una iniciativa para relanzar un plan estratégico sobre nuestra economía. Lo que ustedes presentan es una proposición de ley orgánica que persigue únicamente un fin, y es dar rienda suelta a la fantasía del Gobierno, al que ustedes apoyan para alcanzar cotas de poder exacerbadas y eludir un control, una oposición parlamentaria y, en definitiva, un contrapeso propio de las democracias del siglo XXI. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Cañizares. Ruego un poco de silencio, por favor. Ruego silencio.

Muchas gracias.

La señora CAÑIZARES PACHECO: Como les decía, el Poder Legislativo no tiene como labor en una democracia allanar el camino al Gobierno y dejarle actuar sin apenas controles, sea el Gobierno del signo político que sea, sino que debe regular los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Además, debe controlar que el Ejecutivo desempeñe su labor de manera ordenada y diligente, lo que se exige a cualquier administrador.

Por su parte, los ciudadanos deben entender que los intereses partidistas que les llevan a presentar esta iniciativa ya son caducos. Esta proposición de ley orgánica es producto de una situación ya pasada -la moción de censura al señor Rajoy y las circunstancias que de ella se derivaron-, con lo cual ya no les vale la excusa, pues al abandonar el Gobierno el Partido Popular, la situación política era la siguiente: el Partido Socialista, pese a contar con la mayoría junto a sus socios de legislatura en esta Cámara, se encontró con una realidad que truncaba sus planes: la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, en la Cámara Alta. Así, el Gobierno Socialista encontraba problemas para imponer sus tesis de ampliar el gasto en los presupuestos generales, pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, si el Senado rechaza el proyecto, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, debe remitir uno nuevo. ¿Les parece lógico que el PSOE, que defendía que el Senado debería convertirse en una auténtica y verdadera Cámara territorial, ahora pretenda arrinconarlo porque ya no le viene bien? Este es el oportunismo del que hablaba y al que me refería.

El Grupo Socialista, en su planteamiento, pretende permitir al Gobierno ignorar de forma palmaria el papel atribuido al Senado y, señorías, las Cortes Generales están conformadas no solamente por esta Cámara. Podrán, sin duda, ponderarse las atribuciones al Congreso y el Senado, pero mediante la iniciativa que ustedes nos presentan, lo que tratan de hacer es imponer su voluntad, sin importar cómo, cuándo ni por qué. Y me gustaría que desde el grupo proponente me contestasen a una pregunta. Si el Gobierno que hoy se sienta en el banco azul fuese un Gobierno de un signo político distinto, ¿votarían sí a su proposición de ley? ¿Aceptarían que un Gobierno diferente saliese de esta Cámara con unos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública aprobados por la mínima? Me gustaría escuchar su respuesta. Y esto lo digo porque, precisamente, el Congreso debe legislar para los ciudadanos y no para el Gobierno. Aunque de esa pregunta aún sin respuesta me surge una reflexión. ¿No será que ustedes piensan que este Gobierno, una vez instalado en el poder, quedará perpetuado sine die? Porque esa sería otra opción que yo no había contemplado.

Les llamo a que hagan un ejercicio que mucho recetan y al que tanto apelan pero que poco practican, y es que busquen el consenso y el verdadero acuerdo de la mayoría reforzada de esta Cámara y tengan en cuenta, por tanto, esa mayoría social de la que hablan, porque todos los que trabajamos en esta Cámara y que no conformamos el Gobierno también representamos a una gran parte de la sociedad que debe ser tenida en cuenta y respetada.


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La supervisión sobre el techo de gasto es una forma de control al Gobierno del que ustedes han intentado zafarse de forma continuada recientemente, durante el estado de alarma, sin ir más lejos. Se lo digo porque ese control no se lleva a cabo mediante interminables ruedas de prensa concedidas a la televisión pública y guionizadas al más puro estilo "Aló presidente", sino a través de la labor parlamentaria que ustedes han tratado de impedir a toda costa. En su momento nos preguntábamos el porqué y ahora sabemos que la razón simplemente fue que no tenían nada que contarnos, que sus capacidades de gestión se vieron rebasadas y que la ineptitud de su Gobierno ha quedado patente. Pero, claro, asumirlo no era una opción.

Pues bien, la ley orgánica que contiene la regulación de la estabilidad presupuesta"ria y que ustedes pretenden alterar es precisamente eso, una ley orgánica, cuyo rango hace imposible el procedimiento de modificación que ustedes proponen, ya que al vetar el Senado un proyecto o proposición de ley orgánica, el levantamiento del veto requiere en todo caso la ratificación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, según dice el Reglamento de esta casa, y no sería posible la aprobación de los objetivos por mayoría simple, como ustedes pretenden. Señorías, en política el cómo importa y el para qué, aún más, y, con ustedes al mando, dejar la estabilidad presupuestaria al arbitrio de una ministra de Hacienda que dice: Chiqui, 1000 millones no son nada, pues nos da miedo, mucho miedo. (Aplausos.)

La modificación del artículo 135 de nuestra Constitución vino a introducir el control a nuestras cuentas para cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ese pacto en cuestión incluye referencias para garantizar el crecimiento sostenible de los Estados miembros, que establecen -como saben- el límite máximo del 60 % de deuda sobre el PIB y un 3 % de déficit. Pues bien, las reiteradas evaluaciones de cumplimiento del pacto arrojan un resultado negativo para nuestro país, y es que España no solo incumple las reglas del juego, sino que lo hace de manera sistemática. Nuestra economía, como saben, arrastra problemas de deuda estructural, que ya en febrero de 2020 alcanzaba el 96,55 % del PIB. Vamos a por el récord Guinness. Claro que a aquellos a los que les gusta traer a nuestra tribuna nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, ponerla en alto y hablar casi siempre de tres o cuatro artículos referidos a derechos, cuando llegan al artículo 135, que habla de obligaciones y responsabilidades, ya les chirría. Y es que el Estado, además de procurar el bienestar para sus ciudadanos, también ha de ser responsable y debe saber hasta dónde puede y debe gastar. Es lo que hace cualquier adulto responsable de una familia; cualquier madre o cualquier padre debe procurar el bienestar de sus hijos pero debe ser consciente de que no los debe dejar endeudados de por vida, con deudas que jamás podrán pagar. ¿Qué hijo aceptaría que sus padres le endeudasen de por vida? Yo creo que ninguno. Con lo cual, aumentar gastos y desequilibrios es la política más antisocial; como les decía, es pasarle sus facturas a sus hijos, a sus nietos o a sus bisnietos.

Precisamente, en estos momentos de incertidumbre se requerirán -como todos sabemos- mayores gastos por parte del Estado, a fin de paliar los efectos de la crisis en la que estamos inmersos y deberíamos pensar, tal y como recomienda, con buen criterio -y nos lo hizo así saber en la Comisión de Reconstrucción-, la presidenta de AIReF, Cristina Herrero, deberemos pensar en un control de nuestras cuentas, en ajustes a medio y largo plazo para evitar en un futuro no muy lejano desequilibrios que puedan provocar un incumplimiento por parte de España del objetivo comunitario, mermando esto nuestra credibilidad internacional. Y ustedes con sus políticas, lejos de ordenar y reducir la deuda y el déficit, han lastrado nuestra economía. Y no se lo dice esta diputada, se lo dice la Comisión Europea en sus recomendaciones publicadas el 20 de mayo de 2020, donde ya les avisaban de que la desviación de los objetivos en 2019 era significativa. Esto, señorías, deja claro que sus políticas previas a la crisis del coronavirus han desgastado la economía española, aun cuando esta crecía, y además recibimos un claro mensaje de Bruselas: no nos van a engañar. La desviación de los objetivos es consecuencia de su gestión. El Gobierno solo sabe poner la mano y predicar sin dar ejemplo, aunque parece que esta vez no les valdrá porque los europeos van a destinar los fondos a un crecimiento sólido, algo que, sencillamente, ustedes no son capaces de ofrecer.

En cuanto a las enmiendas al articulado presentadas por el resto o por la mayoría de los grupos parlamentarios, casi todas parten de una base poco sólida: la ensoñación. Plantean en las mismas una serie de medidas que contemplan el equilibrio presupuestario a partir del ejercicio próximo. Pero, ¿cómo pretenden reducir la deuda si vamos a gastar más de lo que vamos a ingresar? Les recuerdo que no partimos de una situación de deuda cero, sino de más de un 99 % del PIB y con proyecciones de hasta el 120 %, según ha dicho el gobernador del Banco de España, para el próximo año. Algunas de estas enmiendas hablan también de la inversión del superávit de las administraciones públicas, cuando para el


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año 2021 la AIReF ha dicho que podremos llegar a casi un 14 % de déficit. Pongan los pies en la tierra, señorías. El Congreso debe estar para resolver los problemas de los españoles y no para crearlos.

La enmienda con texto alternativo que el Grupo Parlamentario VOX presenta cumple con los principios constitucionales, el Reglamento del Congreso y, por ende, con el procedimiento legislativo vigente, y no atiende a cuestiones ni ideológicas ni partidistas, al margen del signo político del Gobierno de España. Nuestra propuesta considera el papel del Senado y confirma la necesidad de establecer un adecuado control al Gobierno, que no se ve suficientemente articulado a través de una mayoría simple, en caso de que el Senado rechace los objetivos. Se trata del fomento de la economía de sentido común. Proponemos que, en caso de aprobación por el Congreso de esos objetivos y rechazo o veto posterior por el Senado, sea de nuevo el Congreso quien pudiera levantar ese veto con mayoría absoluta y aprobar los objetivos. Voy terminando, señora presidenta. Esta alternativa recogería una mayoría suficiente para garantizar que el preámbulo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se haya configurado en un marco de responsabilidad y sostenibilidad, y sin desviarse de nuestros compromisos con la Unión Europea.

Señorías del Grupo Socialista, una economía endeudada al cien por cien no puede generar un crecimiento sólido y ustedes, permítanme, solo saben hacer magia cuando se trata de vaciar las arcas; entonces lo consiguen en tiempo récord. El gasto público debe ser supervisado y racional, y las leyes deben responder al interés general de los ciudadanos, a quienes representa el Congreso de los Diputados, no al de sus siglas, no a los de su Gobierno y sí al de los españoles.

En resumen, no conviertan la política en el arte de disfrazar de interés general su interés particular.

Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañizares. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Guille.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Píriz Maya.

El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, presidenta.

Señorías, subo aquí a defender hoy la enmienda a la totalidad de mi grupo con texto alternativo a la proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia.) A estas alturas todos tenemos algunas cosas claras; por ejemplo, que lo más parecido al aceite y al agua en el ámbito político es el PSOE y la estabilidad presupuestaria. No creen en ella, no creen en las leyes que la regulan, aunque a veces vienen aquí como campeones de la estabilidad presupuestaria y hasta propician una de las dos únicas modificaciones de nuestra Carta Magna, precisamente para blindar el concepto de estabilidad presupuestaria. Aquel 23 de agosto de 2011, aquel verano, su ineptitud puso contra las cuerdas a nuestro país, y fue precedido de aquellos recortes de un Gobierno socialista. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan aquellos meses? ¿Se acuerdan muchos de ustedes del doctor Sánchez en este Congreso pulsando el botón verde delante de ustedes y votando sí a los recortes? Ahí arriba, en la octava fila. ¿Recuerdan aquellos recortes? Sí, señores, historia reciente; historia del epílogo del último Gobierno socialista; historia reciente de cómo dejan las cuentas del país cuando gobiernan. ¿Les recuerdo aquel 12 de mayo de 2010? En aquellos decretos votaron sí a recortar 6800 millones a costa de bajar el sueldo un 5 % a los funcionarios. Aquel día votaron sí a recortar 1500 millones de euros el gasto farmacéutico y recortaron 1530 millones de euros congelando las pensiones a millones de españoles. ¿Lo recuerdan? ¿Lo van recordando conmigo? En aquellos decretos ustedes recortaron 400 millones de euros con la suspensión del régimen transitorio de las pensiones o recortaron 300 millones en dependencia, eliminando la retroactividad. A las familias también les tocó, 1250 millones de euros en recortes con la eliminación del cheque bebé o 1300 millones de euros con recortes adicionales del gasto farmacéutico. Estoy seguro de que no se acordarán porque no les interesa. Decía Benjamin Franklin que los acreedores suelen tener mejor memoria que los deudores. Y es cierto, ustedes deben hasta callarse con España porque a cada paso podemos recordarles todo lo mal que lo hicieron en aquella época y todo lo mal que lo siguen haciendo desde que gobiernan nuestro país. Los deudores nunca reconocen sus deudas, como ustedes.

Señores socialistas, nos traen esta modificación de la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria. Estos dos momentos de la historia reciente de España que ustedes tratan de eliminar de la memoria colectiva les incapacitan para venir aquí a darnos lecciones de nada, a tratar de modificar una Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó esta Cámara, entre otras cosas, para solucionar las barbaridades que realizaron durante sus últimos ejecutivos, recuerdo, con el voto a favor -ahí arriba- del doctor


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Sánchez y de muchos de ustedes. Miren, venir aquí a hablar de estabilidad presupuestaria con el Partido Socialista requiere siempre un ejercicio de autocontrol grande. Vamos primero a los datos. Los déficits en los últimos años, en los últimos ejecutivos socialistas fueron del 11 % en 2009, del 9,4 % en 2010 y del 9,1 % en 2011. Vuelven al Gobierno tras la moción de censura y en su único año completo de Gobierno, en 2019, dejan el déficit en el 2,8 %, cuando el objetivo acordado con Bruselas era el 1,3 %, más del doble. Superaron todos los escenarios, superando también el 1,8 % que aprobaron en el Consejo de Ministros o el 2 % que contenía el plan económico que enviaron a Bruselas; 18 000 millones más de déficit de lo acordado con Bruselas a base de decretos-leyes, 18 000 millones más de déficit de lo pactado con nuestros socios en esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, en esta ley que desarrolla aquel cambio constitucional que ustedes, con un presidente de ustedes, propusieron. Se autoenmiendan continuamente sin ningún pudor, señorías, y hacen que hasta la propia Comisión Europea les corrija con más de 2000 millones la cifra de déficit que enviaron a Bruselas para no quedar mal -entiendo-, como siempre. Estos son sus datos, no los estamos inventando en el Partido Popular. Las opiniones e interpretaciones podrán variar, pero los datos, sus datos, son esos.

Esto es lo que pasa siempre que gobierna el Partido Socialista en nuestro país, por no hablar de las previsiones de 2020, que ya el Banco de España sitúa por encima del 11 % del déficit y que ayer mismo el Fondo Monetario Internacional situaba en el entorno del 14 %, y nos daba el dudoso honor de liderar el desplome económico mundial. Como les decía, estos son los datos y son inapelables e irrefutables, y nuestra percepción es que ustedes tienen una incapacidad manifiesta en el ámbito económico. Cuando salen de la parrafada prefabricada socialcomunista y se rasca un poco debajo, todos podemos ver cómo no tienen discurso económico, cómo no tienen soluciones, cómo España está en manos de nadie, con una rosa en una mano y la hoz y el martillo en la otra, o en la camiseta. No hay Gobierno, no hay proyecto, no hay hoja de ruta, no hay trabajo detrás, porque ¿cómo se entiende que con la crisis que se nos viene encima estemos aquí hoy debatiendo sobre modificar un artículo de una ley que se ha antojado fundamental para generar empleo y riqueza en nuestro país y para salir de la crisis, de la crisis a la que, repito y no me cansaré de decirlo, nos abocaron ustedes con sus decisiones? Igual que en esta que viene por delante, también serán culpables de que las consecuencias en España sean infinitamente superiores a las de otros países de nuestro entorno.

Venimos a debatir las competencias del Senado, porque es la modificación sustancial del artículo que pretenden reformar y a la que mi grupo se opone frontalmente. Decía Steve Jobs que hacia delante es complicado unir los puntos o enlazarlos, pero hacia atrás es sencillo, y doy fe de que con ustedes es así. Recuerdo cuando debatimos esta ley por primera vez a finales de 2018. Pocos pensábamos que aquello era el inicio de muchas cosas que vendrían después. Era difícil preverlo hacia delante, pero ahora, con perspectiva, es sencillo conectar los puntos. Con aquella modificación que se pretendía, similar a la de ahora, ustedes marcaban la hoja de ruta que tendría muchos momentos estrella y muchas fotos. Pocos días después de aquel debate que mantuvimos, vino la foto de Pedralbes, la foto de los veintiún puntos entre Torra y Sánchez, la foto de la vergüenza por cuanto suponía de aceptación -le recuerdo- a la figura del relator, y sobre todo por la bilateralidad que aquello suponía y a la que volveré luego.

Pero los puntos pudieron seguir conectándose, nombrando fiscal general del Estado a una exministra y exdiputada socialista, poniendo en jaque la separación de poderes, o algunas fotos absolutamente vergonzosas, como esta más reciente (muestra una fotografía); sí, esta, con esta persona condenada por pertenencia a banda armada y condenada por secuestro. Esa firma que aparece ahí es de la portavoz del Grupo...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Píriz, le rogaría que atendiese al punto en el que estamos.

El señor PÍRIZ MAYA: Es que estoy conectando los puntos, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No, a mi consideración, señoría, no. Por tanto, le rogaría que se ciñera al punto.

El señor PÍRIZ MAYA: Estoy intentando explicar la bilateralidad del Grupo Socialista y la multilateralidad nuestra, si usted me lo permite. (Aplausos.) Les enseñaba un ejemplo de bilateralidad, aunque moleste. Hay muchos más ejemplos si conectamos los puntos, pero lo que queda claro es que el PSOE cree en la bilateralidad y nosotros creemos en la multilateralidad. Por eso, nosotros creemos en el Senado como


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Cámara de representación autonómica, donde todas las comunidades autónomas, que tienen incluso designados a senadores, se pueden poner de acuerdo en aquellos temas que les afectan, como son los objetivos de deuda y déficit, y que les marcan el terreno de juego para sus propios presupuestos. El PSOE no, ellos creen en la bilateralidad, en reunirse con Torra, con Otegi, o en mandar a su C2 por Cambridge, a Iglesias, a la cárcel de Lledoners para negociar allí los presupuestos con los políticos presos.

Nosotros sí creemos en el Senado, creemos en las instituciones, no renegamos de ellas; no lo vamos a hacer ni lo vamos a permitir. Por eso nuestra enmienda a la totalidad. Su propio proyecto de ley, en el preámbulo, habla de una bicameralidad imperfecta en España. ¿Han mirado a su alrededor, han buscado países que no tengan doble Cámara? ¿Los han encontrado cerca?

Ustedes no creen en el Senado y no creen en la estabilidad presupuestaria. ¿Cómo, si no, se entiende que quieran quitarle al Senado atribuciones en este ámbito? ¿Qué es lo siguiente, cerrar el Senado? ¿No dice la presidenta socialista del Senado que hay que darle mayores responsabilidades? ¿Se pueden poner de acuerdo de una vez, como un partido, y tener una única opinión? Decía Groucho Marx, el de camarote que tanto le irrita cuando se lo recuerda el expresidente González, que estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Así se están comportando, como en aquella escena del camarote que tanto les enfada: apuntando unos en una dirección y otros en otra, cambiado sus principios por votos para mantenerse en Moncloa sin importar de dónde vienen esos votos, qué suponen y qué representan.

Ahora quieren eliminar competencias del Senado sin decir cuáles más quieren quitarles y usan todo tipo de argumentario de salón. Dicen que en la tramitación de la ley de presupuestos, si el Senado vota en contra, vuelven al Congreso. Claro, porque los Presupuestos Generales del Estado son los presupuestos de la Administración General del Estado, pero los objetivos de deuda y déficit afectan a todas administraciones de este país, y el Senado, como Cámara de representación territorial, tiene que tener palabra ahí, ¿o no? No sé qué precio están pagando ni quién se lo ha pedido. No sé cuál será el siguiente punto que podremos conectar, igual quieren modificar el artículo 135 o el 155 de la Constitución. Igual es una modificación más grande de nuestra Carta Magna, la que nos dimos entre todos, porque escuchando a su ministro de Justicia y su crisis constituyente del otro día, uno se echa a temblar.

Señores del PSOE, este debate no es lo que esperan los españoles de ustedes. España está en una encrucijada histórica, es rehén de las decisiones de un Gobierno que reaccionó tarde y mal, y que, si no reacciona, ya va a ser el culpable de que cientos de miles de ERTE se transformen en miles de concursos voluntarios de acreedores y en ERE. Ya van tarde, con todos los indicadores en rojo, con una inacción absoluta, con encuestas como la del Parlamento Europeo, que dice que España es el país que, según sus ciudadanos, peor ha reaccionado a la crisis. Por eso deberíamos estar aquí escuchando sus medidas para mitigar los 25 711 millones de euros de pérdida de ingresos previstos por la Administración tributaria, sus medidas para que la confianza empresarial y la del consumidor no se esté desplomado al 30 % o que la deuda alcance o supere, según algunos escenarios, ya el 122 % del PIB. Aquí deberíamos estar hablando de propuestas para salir de esta crisis y yo le estaría hablando de las medidas del Partido Popular, de nuestro plan para activar España bajando impuestos y dinamizando la economía, de nuestra hoja de ruta, del navegador de un partido que los españoles saben que siempre solucionó los desaguisados de la izquierda. Pero no, estamos hablando de una Ley de Estabilidad Presupuestaria y de su modificación en el peor de los momentos, cuando todos los ojos de Bruselas y de las principales cancillerías europeas miran a nuestro país con desconfianza y debemos transmitir justo lo contrario. Ustedes siempre tan oportunos y tan puntuales, pero los españoles saben que siempre estaremos nosotros, que estará mi grupo para solucionar los problemas que ustedes generan.

Voy acabando, señor presidente. Atribuyen a Miguel de Cervantes, en la primera parte del Quijote, cuando Alonso Quijano se enfrentaba a los molinos de viento, la frase que decía: no puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer molinos. Justo eso, señores del PSOE, hagan caso a don Quijote: gobiernen ya, retiren este proyecto de ley, transmitan confianza a nuestros socios y si no saben, apártense y no molesten más, porque su incompetencia se lleva por delante un país, se lleva por delante España entera y millones de proyectos de vida de nuestros compatriotas.

Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)


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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señorías, desde luego Coalición Canaria no va a votar las enmiendas de totalidad porque creemos que bloquear los presupuestos del Estado por razones políticas, en un momento en el que este país necesita un presupuesto -sea mejor o sea peor, gobierne quien gobierne -, no tiene sentido. Por eso mismo no voy a votar las enmiendas de totalidad y voy a apoyar el que la tramitación en este caso sea como la de las leyes que tiene este país, que no son ni menos ni más importantes que esta en concreto, que tiene un procedimiento singular, excepcional, aquel momento del acuerdo constitucional PSOE-PP, que no se consultó con nadie, nadie se fiaba de nadie y era para un tema puntual. Los temas han cambiado.

La propia presidenta de la AIReF, que es poco sospechosa de ser una loca, dijo en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Reconstrucción -lo tengo aquí- (muestra un documento) lo siguiente con respecto al uso de los remanentes por los ayuntamientos y el superávit por las comunidades que lo tenían: En ese sentido me parece que tiene que flexibilizarse la regla de gasto; es más, más que flexibilizarla es que no debe existir esa regla de gasto. Así lo dijo. ¿Y por qué lo dice la presidenta de la AIReF? La presidenta de la AIReF explica cómo a nivel europeo se permite a los países -se decidió ante la situación de emergencia- no cumplir la Ley de estabilidad por la situación de emergencia. Llegamos a España y resulta que hay tres comunidades autónomas, Navarra, Canarias y País Vasco, que han tenido superávit. Y en una situación angustiosa de pérdida de ingresos y de gasto social y sanitario se ha tardado en poder dar salida a que esas tres comunidades autónomas puedan incorporar el superávit para hacer frente a la pandemia. Pero es que tenemos 8000 ayuntamientos en España que tienen miles de millones en los bancos, y resulta que la señora de Hacienda trata igual a los que cumplen que a los que no cumplen y no deja usar, incorporar los remanentes a los presupuestos ni los superávit, que están en cuentas corrientes en los bancos. ¿Pero saben lo que pasa? Ayer sale el presidente del Gobierno -Moncloa, ministros que no tienen ni idea de la realidad del terreno- y dice que van a permitir que se pueda usar una parte del remanente para renovar los coches y comprarlos eléctricos. Pero, ¿es que no se enteran de que el problema son los servicios sociales en los ayuntamientos, el poder contratar a gente, el poder pagar la luz, el agua de muchísima familias? Yo hoy lo que digo es: Hagamos caso a la presidenta de la AIReF, inmediatamente, para que los ayuntamientos de España, que están en primera fila de la lucha contra la crisis económica, la exclusión social y la vulnerabilidad, puedan disponer de esos remanentes para hacer frente a gastos sociales y no para renovar la compra de los coches, que es lo único que faltaba.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.

La señora VEHÍ CANTENYS: Voy a empezar con un tema que no viene a cuento, me lo va a permitir el señor presidente, va a ser muy rápido. Ha muerto otro minero en la mina de Sallent; llevamos dos muertos en tres semanas y la siniestralidad laboral es evidente que está directamente vinculada con la precariedad laboral, por eso también la camiseta de los trabajadores asturianos que están en huelga de hambre y un reconocimiento a todo el sindicalismo combativo, desde la Nissan a la trabajadora despedida por estar afiliada al SAT.

Dicho esto, me centro en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nosotros, antes, en el punto del Defensor del Pueblo, explicábamos la arquitectura europea de racismo institucional. Ahora nos toca explicar uno de los mecanismos de control presupuestario de la Unión Europea que es, tal y como dice el nombre de la ley, la estabilidad presupuestaria. Eso tiene que ver con las políticas de austeridad, está directamente relacionado con estas políticas de austeridad que tantos vínculos han roto en tantas comunidades y que han mermado la inversión en servicios públicos. Tiene que ver también con el artículo 135 de la Constitución española, que prioriza pagar la deuda a invertir en servicios públicos. Y tiene que ver con la capacidad económica de los ayuntamientos y, aunque el Gobierno trata de buscar una alternativa a lo que fue la ley Montoro, mantiene la lógica de la troika, que es deuda, que es adelgazar servicios públicos y que desde Bruselas controlen qué hacen los ayuntamientos.

La CUP tiene un proyecto especialmente basado en el municipalismo como piedra angular. Para nosotras es una disposición imprescindible para la autodeterminación. Además, los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía. Por eso y desde esta perspectiva, nosotras defendemos la autodeterminación, defendemos la soberanía, pero no solo la nacional, también la económica, y entendemos que la Unión Europea hace de todo menos garantizar la soberanía económica, y más en


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tiempos de pandemia. Ni la candidatura de la señora Calviño para presidir el Eurogrupo, ni la austeridad, ni la deuda, ni la troika, nos garantizarán la vida.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, presidente.

Nos exhortaba una de las personas que ha defendido una enmienda a la totalidad a que no habláramos de ideología, decía que no era una propuesta ideológica la que traía. Yo voy a hacer justo lo contrario, voy a hablar de ideología, así que pueden seguir el ejemplo de alguno, coger su libro y prestar poca atención. Voy a hablar de ideología porque las propuestas que se han presentado aquí tienen una profunda carga ideológica, y no les diré nada nuevo si les digo que son antagónicas a las posiciones que defendemos nosotros y nosotras en Euskal Herria Bildu. La propuesta que se trae aquí lo que pretende es generar una arquitectura jurídica al servicio de las élites económicas, que permita nuevamente -como en aquel infausto agosto en el que se modificó el artículo 135 de la Constitución- tener a la población absolutamente asilvestrada, en unas condiciones de dificultad vital enorme.

Me ha dado pena realmente, y lo digo con sinceridad, que el representante del Partido Popular no haya tenido tres minutos más -o cinco o diez- porque estaba disfrutando con la hilarante conexión de puntos o hitos que ha hecho. Es más, creo que si hubiera tenido más tiempo probablemente habría podido incluir anuncios del estilo "Compro oro" o "Vendo Opel Corsa" en esa hilarante conexión entre Otegi, Torra y lo que estamos discutiendo aquí, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Nosotros no apoyamos las enmiendas, evidentemente, y vamos a votar en contra porque lo que creemos es que hay que ir todavía más lejos de lo que el Gobierno está diciendo o haciendo, es que creemos que hay derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es que creemos que no vale con una leve reforma, es que creemos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria condena a la ciudadanía de Euskal Herria, pero también a la ciudadanía del Estado español, a tener que vivir en condiciones de indignidad porque nos obliga a priorizar el pago de la deuda sobre las posibilidades reales de cualquier Administración para proveer de más recursos a las instituciones, en este caso a las locales, a los ayuntamientos, y poder así generar políticas -ideología, a fin de cuentas- que sirvan para ayudar a los de abajo, que sirvan para ayudar a las clases populares. Probablemente de aquellos barros estos lodos y probablemente por aquello que se hizo en ese mes de agosto -cuando hasta los más constitucionalistas, los más pétreos constitucionalistas corrieron a reformar la Constitución para provocar el austericidio, que después vino por mandato de Europa- nos hemos encontrado con la realidad que nos hemos encontrado. Se ha dicho ya antes -y no voy a incidir demasiado en ello- que la Ley de Estabilidad Presupuestaria trata de manera igual a quienes son diferentes y trata de manera igual a quienes viven en realidades diferentes. Eso, en derecho, es lo más injusto que se puede hacer y es lo que se está haciendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque se está impidiendo que municipios puedan dedicar más dinero a la gente; y son los municipios, ya se lo ha recordado aquí la representante de la CUP, la primera puerta, la primera ventanilla a la que recurre una persona cuando está en dificultades. Por tanto, creemos que hay que ir mucho más allá de lo que se dice y, desde luego, no en la senda que marcan las enmiendas a la totalidad, sino justo en la contraria. Lo que hay que hacer es dotar a los ayuntamientos de más recursos y tratar a los ayuntamientos atendiendo a sus realidades particulares, no a una generalidad que limita las capacidades de acción de nuestras propias instituciones.

Pero probablemente hacen falta más recursos; es decir, generada una cierta arquitectura o unas ciertas posibilidades legales, habrá que tener recursos para poder llevarlas a efecto, y nos preocupa sobremanera que nadie diga cómo se van a conseguir esos recursos. Nosotros creíamos que el impuesto a las grandes fortunas sería una buena oportunidad para conseguir más dinero para luego redistribuirlo, y sobre todo para equilibrar la histórica desigualdad que posibilita que las veintitrés fortunas más ricas de España, los ultrarricos de España, hayan ganado durante la crisis, en tres meses, 19 200 millones de euros, esto lo dice Intermón Oxfam y esto ha pasado en tres meses. Y a esta gente parece que no se tienen los arrestos o la gallardía necesaria para proponerles un impuesto excepcional y para conseguir así redistribuir. Porque no entendemos cómo se quiere recaudar un 7 % más vía impositiva si no generamos nuevas figuras impositivas. Está muy bien perseguir la evasión fiscal, incluso dificultar la elusión fiscal, pero, vista la cuenta de resultados del Estado español para conseguirlo, uno no puede ser sino escéptico.


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Por tanto -y voy terminando-, lo que nosotros planteamos es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria quede sin efecto y que desde luego tenga lecturas particulares, y por supuesto lo que no puede pasar es que sigamos sometidos a una ley que nos empobrece como sociedad, y que sobre todo empobrece a la mayoría de la gente, para que los veintitrés ultrarricos y unos cuantos más puedan seguir disponiendo de sus vidas como quieren pero también disponiendo de las vidas de toda la gente a la que explotan.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

En febrero ya debatimos esta proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se planteaba concretamente la modificación del artículo 15.6 para permitir que el rechazo o el veto en el Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública pudiera ser levantado por el Congreso por mayoría simple y, por tanto, volver a la redacción de la Ley del año 2007. Este grupo votó a favor de la toma en consideración y hoy debatimos dos enmiendas a la totalidad en este sentido: una del Grupo Parlamentario Popular, que pretende que el artículo 15.6 permanezca igual a la reforma llevada a cabo por este grupo en el año 2012, eso sí, añadiendo al Senado la coletilla de Cámara de representación territorial. En definitiva, vuelve a dejar la aprobación de los objetivos de déficit o la senda de déficit en manos del Senado, es decir, en manos de una Cámara cuya función ha sido normalmente de segunda lectura y sin capacidad de veto, y lo hacen hoy también alegando la función o representación territorial. Dicen que, como los objetivos de déficit afectan a los presupuestos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, es necesario dotarles de mayor capacidad, pero ustedes saben que esto no es cierto porque el voto de los senadores responde a la decisión de los partidos políticos a los que pertenecen y no tanto a los intereses de las comunidades autónomas, y ya se vio en 2018 que cuando se elevó el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, las gobernadas por el PP votaron en contra. Sinceramente, ustedes propusieron este cambio en 2012 y abogan por su no modificación porque normalmente sus resultados en el Senado suelen ser bastante mejores que aquí, en el Congreso, por tanto, básicamente por motivos políticos.

En el caso de las enmiendas presentadas por el Grupo VOX lo que plantean es que, en caso de que los objetivos de déficit y deuda sean rechazados por el Senado, vuelvan al Congreso y sean aprobados por esta Cámara por mayoría absoluta o, lo que es lo mismo, pretenden abrir la puerta a un bloqueo político en el caso de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado si tenemos además en cuenta la aritmética parlamentaria. Por lo tanto, un tanto oportunista.

Además, la modificación de este artículo no conlleva, desde luego, una desviación, como se ha dicho aquí, de los objetivos de déficit per se, porque hasta ahora la no modificación de este artículo no ha supuesto cumplimiento del objetivo de déficit con ninguno de los Gobiernos, ni del PP ni del PSOE, y tampoco conlleva per se más gasto porque depende de los Presupuestos Generales del Estado que se aprueben, y no quiere decir que no se pueda llevar una política expansiva de gasto responsable, junto con un plan de consolidación fiscal. Como se ha mencionado aquí hoy, también el artículo 135 de la Constitución posibilitó esta Ley de Estabilidad y ya vimos lo que planteaba esa ley: medidas que fueron en principio temporales y que se han convertido en permanentes pero que han supuesto austeridad y desigualdad.

Nosotros, dicho todo esto y al margen de otras justificaciones, vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad porque es necesario desde luego eliminar la excepcionalidad que existe en torno a las normas relacionadas con el techo de gasto y objetivos de déficit, evitar el veto del Senado y que este actúe como Cámara de segunda lectura y para que estas normas se rijan por el régimen general que se aplica en las Cortes para aprobar las leyes.

Termino refiriéndome a una anomalía que puede ser negativa para la aprobación de un presupuesto general del Estado esté quien esté en el Gobierno y más en esta situación de COVID. Ahora bien, vamos a votar en contra, como hemos dicho, aunque hay que recordar que es necesaria una reforma o una derogación de esta ley que vaya más allá del artículo 15.6. En ese sentido, vamos a solicitar que se modifique la regla de gasto, porque sabemos que las limitaciones que tiene la regla de gasto lo que están haciendo es impedir a los ayuntamientos utilizar su superávit, usar ese dinero para paliar las consecuencias del COVID, para el bienestar de los ciudadanos, para mejorar la vida de las personas y, por tanto, ponerlas en el centro. Desde luego, no se puede tratar a los ayuntamientos o a las entidades


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locales como entidades menores a tutelar cuando han sido las que han cumplido sobradamente esta regla de gasto, las reglas de estabilidad, y más cuando ahora mismo Europa ha abierto la posibilidad a la inaplicación, a la suspensión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Llevamos oyéndoles mucho tiempo decir que van a flexibilizar esa regla de gasto, que se va a abolir esa regla de gasto y creemos que basta ya de palabras y que hay que ir a los hechos y, de una vez, si no derogar la Ley de Estabilidad, por lo menos sí modificar esa regla de gasto, como he dicho, para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para el bienestar de la ciudadanía.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.

Señorías, debatimos hoy una vez más sobre el proyecto de ley que pretende eliminar lo que de manera simplificada se conoce como el veto del Senado al techo de gasto, una condición indispensable para tener presupuestos. Bajo la aparente aridez de estos temas contables se esconde, sin embargo, una apasionante radiografía de nuestro sistema democrático y la crónica de la impotencia del Gobierno de Sánchez. En la trayectoria de esta norma hemos podido ver la rigidez y la inflexibilidad del Partido Popular, la chapuza presupuestaria, tristemente habitual, del PSOE, el uso espurio de las instituciones por parte de Sánchez, la utilización de la violencia machista para una maniobra de supervivencia política, el populismo de prometer lo imposible y dejar que sean otros quienes asuman los costes de ser irresponsables, y también, por qué no decirlo, la dificultad de hacer oír la salida moderada propuesta por Ciudadanos entre los gritos del bipartidismo, pero que en cuanto se le da una oportunidad se revela como la propuesta más sensata entre las posiciones maximalistas.

Señorías, por un lado tenemos al Partido Popular, una de las partes contratantes del bipartidismo, que aprovechó su mayoría absoluta de 2011 para imponer el veto del Senado al techo de gasto. Esto no solo supone una anomalía, sino que tampoco tiene fundamento jurídico ni lógico y permite vetar la senda de déficit, pero no los presupuestos, otorgando más importancia a la parte que al todo. Adivinen quién tenía mayoría absoluta en el Senado en aquel momento: el Partido Popular. En el otro extremo tenemos al PSOE, que ha sacado lo peor de sí mismo con este veto, llegando a presentar unos presupuestos irregulares en cuanto que no cumplían con el techo de gasto realmente aprobado. No contento con ello, envió a la Unión Europea esos mismos presupuestos, con un desfase de 14 000 millones, que ya veremos si esa irresponsabilidad no nos crea algún problema con las ayudas de Europa que necesitamos en estos momentos de crisis. Pero es que, para colmo, el PSOE intentó colar de tapadillo una enmienda para eliminar el veto del Senado al techo de gasto en una iniciativa contra la violencia machista. Sí, contra la violencia machista, señorías. Esto nos recuerda mucho a la forma en que utilizó el decreto del plan de choque económico contra el coronavirus para colar al señor Iglesias por la puerta de atrás en la Comisión del CNI. A pesar de todas estas artimañas, lógicamente Ciudadanos no cayó en la trampa del Gobierno, aunque es cierto que coincidíamos en que el veto del Senado debería ser objeto de debate. Hace un año, cuando el Partido Socialista propuso eliminar el veto del Senado, el PP tenía mayoría en la Cámara y nos temíamos que su propuesta solo buscara aprobar unos presupuestos que fueran horribles para España. Hoy la cosa ha cambiado. El Partido Socialista no tiene mayoría en el Senado y entonces descartamos la posibilidad de que esta reforma esté orientada a un objetivo partidista.

Señorías del Grupo Popular, no pueden presentarse como el garante único de la estabilidad presupuestaria bajo la fórmula de: O yo o el descontrol de las cuentas públicas. No tiene nada de democrático intentar torpedear por sistema las cuentas de un Gobierno de signo contrario. Por eso, señores del Grupo Popular, votaremos que no a su enmienda a la totalidad. Además, el Partido Socialista y el señor Sánchez tienen que asumir de una vez por todas la responsabilidad de gobernar y cuadrar sus cuentas. No vale gastar sin tino y que lo arregle el que venga detrás o prometer la luna y dejar que los malos sean otros. Sánchez debe dar la cara ante los ciudadanos de sus partidas y de sus gastos sin la excusa de echar la culpa a terceros.

Dejen que les diga cuál es la posición de Ciudadanos, que propone una salida intermedia entre las dos posiciones del bipartidismo. Ciudadanos propone que el veto del Senado pueda ser levantado por el Congreso no por mayoría simple ni por mayoría absoluta, sino por las tres quintas partes de la Cámara. Es una propuesta razonable -entendemos- y por ese motivo nos abstendremos en la


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enmienda de VOX. El Senado, señorías, debe contar, por supuesto que debe hacerlo. Ciudadanos ha sido muy crítico con la Cámara Alta precisamente porque no queremos que se convierta en una Cámara vacía de funciones, de la que los españoles solo perciban el gasto que supone; por eso, nos parece que hay que dar valor a su opinión, sobre todo en el techo de gasto, y obligar al Gobierno a presentar unas cuentas con enorme consenso para contradecirla, porque de eso va este debate, de consenso, señorías.

Nos enfrentamos a una crisis económica de gravísimas consecuencias y mientras el Gobierno renuncia a presentar los presupuestos, seguimos con los de Montoro y Ciudadanos, que se aprobaron hace tres años y que son muy buenos, pero no pueden ser eternos. Además, hoy necesitamos hacer frente a una crisis económica sin precedentes. Las perspectivas no son buenas. Tenemos un Gobierno sin credibilidad, el peor semestre en términos de empleo desde la crisis de 2008, estamos sufriendo una caída histórica del producto interior bruto y lo peor está por llegar. Afortunadamente, liberales, conservadores y socialdemócratas estamos haciendo un frente común en la Unión Europea que, seguro, servirá para mostrar la unión de los partidos políticos en Europa.

Señores del Gobierno, les hemos tendido la mano para que abandonen la 'podemización' de la economía y se abran a grandes consensos con la oposición, a acuerdos moderados y buenos para la inmensa mayoría de los españoles. Rectifiquen y piensen en grande. Ahora es el momento. España necesita unas cuentas desde hace mucho tiempo que ya se va mereciendo.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Decía el representante popular, el señor Píriz, que no creemos en el Senado. Es que ¿quién cree en este Senado? ¿Hay alguien que crea en este Senado? Les pongo dos ejemplos. Año 2015, Partido Popular, casi 7,5 millones de votos, no llegó. Con el 28 % de los votos, tenía 123 diputados, el 35 %; con el 28 %, el 35 %. En el Senado, con el 28 % de los votos tenía el 59 % de los senadores electos. ¿Usted se cree que alguien puede creer en este Senado?

Otro ejemplo. Tres provincias; no las digo. Una provincia, 95 000 habitantes, otra provincia 2,5 millones de habitantes y otra provincia 6,5 millones de habitantes. Senadores, la de 95 000 habitantes, cuatro; la de 2,5 millones, cuatro; la de 6,5 millones, cuatro. Un senador en la provincia de 95 000 habitantes costó 16 193 votos; en la provincia de 2,5 millones costó 390 000, veinticuatro veces más, y en la provincia de 6,5 millones costó 1 200 000, setenta y cinco veces más. ¿Alguien puede creer en ese Senado? ¿A quién representa ese Senado?

Por tanto, votaremos no a las dos enmiendas, porque esa fue una trampa de trileros para desvirtuar la voluntad popular. Y quiero insistir, como han hecho otros oradores, en que la Ley de Estabilidad lo que hace es no permitir que los ayuntamientos puedan ayudar de verdad a sus ciudadanos.

Moltes gràcies.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: La diputada de VOX ha hecho una intervención en la que señalaba en realidad el aspecto crucial. Preguntaba: ¿ustedes votarían en contra de estas enmiendas, es decir, a favor de la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con independencia de quién estuviera en el Gobierno? Sí. En primer lugar, porque esta es una medida arbitraria. Se le da al Senado un derecho de veto muy raro que no ejerce para casi ninguna otra función. Además, se le da a una Cámara que es la que menos se parece a España, que está marcada por una extrema desproporcionalidad que hace que se parezca muy poco a la representación fidedigna de la soberanía popular. En segundo lugar, porque es una medida recentralizadora. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es recentralizadora y sirve para los recortes. Les prohíbe a los ayuntamientos gastar dinero que es suyo única y exclusivamente porque en España la recentralización y los recortes han ido siempre de la mano. Es una medida absurda destinada a ahogar el municipalismo. En tercer lugar, porque eso que damos en llamar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es una mentira. Desde que se aprobó la estabilidad presupuestaria


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y sostenibilidad financiera la sostenibilidad de las finanzas de las familias ha sido menos estable o más difícil. Nunca antes la vida ha sido menos estable. Son un conjunto de políticas fallidas como resultado de las cuales nuestro país no es puntero en los sectores de mayor valor añadido, se especializa en los sectores de trabajo más devaluados y más precarios y profundiza en un sistema que es socialmente injusto y ecológicamente depredador. En último lugar, porque es un intento de constitucionalizar el neoliberalismo, es decir, de dejar incluso las más tímidas políticas keynesianas fuera de la Constitución. ¿Qué significa esto? Básicamente, el conjunto de un entramado jurídico por el cual, vote lo que vote la soberanía popular, va a ser muy difícil hacer políticas en un sentido alternativo.

Se ha dicho antes que necesitamos unos Presupuestos Generales del Estado y estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con que necesitemos cualquiera. Necesitamos unos muy concretos de reconstrucción verde y de equilibrio social, porque todas las políticas -y esto es muy importante reseñarlo- las paga alguien. Esta política llamada de sostenibilidad financiera y de equilibrio presupuestario la pagó la mayoría social y, en conjunto, la mayoría trabajadora en España mediante una devaluación salarial directa o indirecta. La única posibilidad de una reconstrucción justa y verde es que la pague quien más tiene y eso pasa, sí o sí, por una tasa COVID que grave al 1 % que más tiene.

Un último apunte, señor presidente. Estamos hablando mucho sobre el consenso, pero aquí me parece que hay trampa. La reformas neoliberales se hicieron todas sin consenso; eso sí, para revertirlas se exige que tiene que haber consenso, es decir, que tiene que haber veto de cualquier minoría. Nosotros pensamos que es lo contrario. Hay que reequilibrar la balanza, y para eso ya hay mayoría, y después un consenso para rediseñar el nuevo contrato social que necesitamos. Para eso, como decía antes, hay mayoría ya. Para reequilibrar la balanza ya existe mayoría y exigir consenso para revertir lo que se hizo sin consenso es regalarle el derecho de veto a quienes nunca se lo regalaron a las minorías.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros vamos a votar en contra de las dos enmiendas a la totalidad de texto alternativo, porque obviamente son reglamentarias, son legales -si no, no estaríamos votándolas-, pero tienen que tener en cuenta que vienen de una enmienda a la totalidad a una proposición de ley que fue tomada en consideración con 198 votos a favor. Por tanto, ya pueden entender que los 198 diputados no van a cambiar de parecer. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) La verdad es que si uno analiza estas enmiendas a la totalidad de texto alternativo, se hubiesen podido tramitar perfectamente como unas enmiendas al articulado. De hecho, la del Partido Popular es la misma para la enmienda al articulado que para la enmienda a la totalidad de texto alternativo. Por tanto, lo único que estamos haciendo con esto es retardar el debate que realmente nos interesa, que es si se aprueba o no se prueba este texto legislativo. ¿Le digo por qué nos interesa? Porque si hubiesen hecho ustedes enmiendas estrictamente al articulado, en estos momentos esta ley estaría en la Comisión, y cada uno ha presentado las enmiendas que ha presentado.

Antes, la señora Oramas, con mucho acierto, hacía referencia a las palabras de la presidenta de la AIReF en relación con la regla de gasto de las corporaciones locales. Pues mire, antes de que la presidenta de la AIReF interviniera en esta Cámara, nosotros ya presentamos dos enmiendas. Hemos presentado exclusivamente dos enmiendas a este texto. ¿Y saben cuáles son las enmiendas? Una disposición transitoria quinta nueva y una disposición transitoria sexta nueva. Disposición transitoria quinta nueva: La regla de gasto para las corporaciones locales en los ejercicios 2020 y 2021 no será de aplicación. Coincidencia absoluta, supongo que todos podremos estar de acuerdo y se podrá aprobar rápidamente en la Comisión. Disposición adicional sexta nueva: Los remanentes de tesorería y superávit de las corporaciones locales del ejercicio 2019 y del ejercicio 2020 se podrán aplicar sin ningún tipo de limitación, solo a criterio de la propia corporación local. Cuando uno habla y escucha las declaraciones, todos estamos de acuerdo con esto. Por tanto, si estamos todos de acuerdo, procedamos a votarlas.

La verdad es que uno, que es un poco ya veterano en esta casa pero inocente en sus planteamientos, cuando presenta estas enmiendas piensa: preséntalas, pero oyendo a la ministra, oyendo al Gobierno, oyendo al Partido Socialista y oyendo a Podemos no van a servir de nada, porque previamente en uno de estos reales decretos de urgencia se habrán incorporado estas dos peticiones. Pero la verdad es que


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prácticamente estamos en julio y no se han incorporado, por tanto, seguramente son de utilidad. Si no se hubiesen presentado estas enmiendas de texto alternativo y se hubiesen presentado al articulado, esto ya estaría discutido en la Comisión y quizás votado. Por tanto, les invito a que se miren con cariño estas dos enmiendas parciales e invito a la Mesa a que habilite el mes de julio para, entre otros asuntos, llevar a cabo la tramitación de esta proposición de ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta, desde el escaño.

Debatimos por enésima vez en el último año y medio sobre la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en este caso sobre la eliminación del artículo que habilita al Senado a vetar el techo de gasto aprobado por el Congreso. Nosotros vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por la derecha y la ultraderecha, porque entendemos que no tiene ningún sentido que el Senado vete el techo de gasto que apruebe el Congreso. Aprovecho también para sumarme a los diferentes portavoces que han pedido que se liberen los superávits y los remanentes de los ayuntamientos. Entendemos que hay mucho consenso entre los diferentes grupos políticos; ahora solo falta que los dos partidos que sustentan al Gobierno se lo crean y lo ejecuten. En estos momentos de máxima dificultad, los ayuntamientos están haciendo un trabajo ingente para intentar ayudar a la ciudadanía en esta crisis de la pandemia y de la COVID-19; de hecho, a partir de la segunda y tercera semana de confinamiento, había cola en muchos servicios sociales de ayuntamientos y en muchos bancos de alimentos. No tiene ningún sentido que miles de millones de euros de los ayuntamientos sigan bloqueados en los bancos y no estén a disposición de los ayuntamientos para ayudar a la ciudadanía que más lo necesita. Le dijimos a la ministra en su comparecencia en la Comisión de Hacienda que era urgente que lo hiciera. Ahora le decimos que igual ya es tarde.

También entendemos que debemos dar un paso más. Nosotros defendemos que se debe permitir a los ayuntamientos que generen déficit durante los ejercicios presupuestarios que sean extraordinarios, si su solvencia financiera se lo permite. La situación es excepcional, como decía, y se debe permitir que generen déficit. No podemos cometer los mismos errores que cometió la derecha para salir de la crisis de 2008. Tenemos que ser más valientes, dar un paso más y permitir a los ayuntamientos generar déficit. De hecho, en los próximos días vamos a presentar una iniciativa en este sentido, que tendremos ocasión de debatir con los diferentes grupos parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Margall.

Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, presidenta.

Antes de empezar con el texto que me había preparado, quería hacer un comentario a propósito de lo que se ha dicho aquí en este debate. He escuchado al señor Píriz manifestar una voluntad de contención y, francamente, no creo que lo haya conseguido, pero no pasa nada. Bien está, señor Píriz, no se contenga. Esta es la tribuna del Congreso y, precisamente, para eso está. Expláyese, no se contenga. Ahora eso sí, le voy a pedir encarecidamente que, cuando no esté usted en la tribuna, esté en el escaño y no esté en el uso de la palabra, ahí sí se contenga, porque hasta ahora su incontinencia verbal es prodigiosa. (El señor Píriz Maya pronuncia palabras que no se perciben.) Esta es la prueba. No lo puede evitar (Aplausos.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Entro ya en materia.

En un momento en que todas las previsiones económicas han saltado por los aires, cuando ningún economista es capaz de anticipar nada aún, salvo que el déficit se va a disparar hasta no se sabe qué alturas desconocidas, nos vemos convocados hoy aquí a instancias de un par de enmiendas a la totalidad presentadas desde allá, desde la montaña, a la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria


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y Sostenibilidad Financiera. Es evidente que en un contexto extraordinario como el actual, el ejercicio prospectivo que requiere el cumplimiento de esta ley deviene en una tarea yo diría que imposible. Ya les anticipo que cualquier senda de gasto que logremos eventualmente aprobar va a ser seguramente incumplida, y lo va a ser por la sencilla razón de que ninguno de nosotros posee el DeLorean del doctor Brown, única herramienta predictiva eficaz que se me ocurre en estas horas inciertas que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, el debate sobre el cumplimiento de un determinado volumen de déficit o sobre el mismo procedimiento para determinarlo yo diría que tiene ahora mismo algo de extemporáneo. Parecería más prudente y útil para nuestro país buscar entre todas y todos una serie de acuerdos básicos en materia fiscal, de forma que España pueda capear, durante los próximos años, este terrible y sobrevenido temporal, y salvar, así, nuestro ya frágil Estado del bienestar. Es más, cualquiera puede entender la importancia de acudir a las instituciones europeas, donde se dirime el futuro de todos nosotros, como un país unido en la tragedia, dispuesto a asumir y cumplir con nuestros compromisos, por supuesto, a la vez incidimos decisivamente en una respuesta mancomunada a la crisis; en definitiva, en la construcción de una Europa más solidaria y equitativa. Pero no, allá, los habitantes de la montaña han decidido no darse por aludidos ante la llamada de emergencia que convoca a todo el país. Ellos ahí, erre que erre, erre que erre, a ver si en una de estas tumban al Gobierno. En esta ocasión es apenas un pequeño palo en la rueda; saben que no tienen ninguna oportunidad de sacar estas enmiendas de totalidad adelante. Pero esa es la estrategia de la montaña al fin y al cabo, convertir todo terreno de debate en un gran Verdún, en un campo de batalla desde el que desgastar al Ejecutivo.

Por un lado, el Partido Popular propone mantener la ley orgánica como hasta ahora. Qué más da si un dictamen del Consejo de Estado señaló y denunció competencias sobredimensionadas del Senado en la reforma que llevó a cabo el ministro Montoro en el año 2012. Se trata de ser coherentes con su ministro, aunque ahora sean los primeros en pedir la suspensión de la mismísima ley Montoro, que limita el gasto de los superávits locales y en abierta coherencia con el bueno de Cristóbal. Ya no saben muy bien con qué Montoro quedarse ¿verdad? Lo único que les podemos pedir ya a estas alturas es que, al menos, no remen contra los intereses de España en Europa para endurecer el acceso de nuestro país a esas tan necesarias ayudas. Eso es, señorías, sencillamente imperdonable, imperdonable; y estoy seguro de que los españoles y las españolas sabrán pasarles la factura ante tamaña irresponsabilidad.

Por su parte, VOX se dice conocedor del mencionado dictamen del Consejo de Estado. De hecho, se resiste a otorgar poder de veto al Senado, imagino que por el tufillo fraccionario que desprende, centrífugo, contrario a su única y uniforme imagen de esa ¡España una, grande y libre! que solo existe en sus cabezas. Pero ¡oh cielos, esto implicaría estar de acuerdo con la propuesta de reforma del Gobierno! Y, ¡cómo van a darles facilidades en su estrategia de movilización permanente! Aquí no hay tregua, ¿verdad, señorías? ¡Viva el fuego purificador! Todo por la patria, pero contra la mayoría de la patria. En fin, con el único objetivo de molestar, se inventan una mayoría absoluta para aprobar el techo de gasto en su trámite de vuelta al Congreso, tal y como exponen en su texto. Y digo bien 'se inventan' porque, completamente ajenos a la doctrina constitucional, obvian que la mayoría simple es el mecanismo por excelencia para desbloquear tapones parlamentarios; y lo es también para decisiones tan importantes, como la mismísima Presidencia del Gobierno de la nación. Por lo tanto, si se dicen ustedes tan constitucionalistas, dejen de golpear y de golpearse en el pecho y en la cabeza con ella y, por una vez, abran la Constitución y léanla. En este sentido, escuchaba antes a la señora Cañizares y después de escucharla creo que todo se debe a una gran confusión. Este argumento que ha dado usted de que al ser orgánica tiene que ser por mayoría absoluta, vamos a ver, señora Cañizares, una cosa es el procedimiento para fijar una cuestión y otra cosa es la cuestión en sí; el procedimiento va por un lado y la cuestión en sí va por otro. Me parece que usted está ahí mezclando churras con merinas.

Señorías, por ley, el Gobierno tendría que presentar un anteproyecto de presupuestos el próximo 1 de octubre. Centrémonos en hacer un debate constructivo y asegurarnos de que empezaremos el próximo año habiendo ofrecido ya certezas, certidumbres, a tantas personas y agentes económicos que dependen directa o indirectamente de la aprobación de este trámite parlamentario. Como decía antes, se trata de un requisito no suficiente, pero desde luego necesario. El país no está para debates bizantinos sobre los límites exactos a un gasto público hoy en gran medida impredecible y ante el fenomenal diluvio que tenemos ya encima. No es el momento de enredarse en un quítame allá esas pajas. Después de que esta Cámara haya sido incapaz de aprobar unas cuentas públicas durante ya tres largos años, no podemos permitirnos el lujo de un 2021 sin unos Presupuestos Generales del Estado. No hay que ser muy ágil ni


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muy ducho para entender esto. La recuperación nacional va a requerir de eso y de mucho más. Quien no esté dispuesto a arrimar el hombro, al menos que deje trabajar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Señorías, hace apenas unos meses la situación actual era impensable e imprevisible. El déficit público cerró 2019 situándose por segundo año consecutivo por debajo del 3 % que exige el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, a pesar del contexto de prórroga presupuestaria. Los datos de los primeros meses de 2020 mostraban una reducción de déficit del 13,9 % por parte de la Administración central y la economía española crecía por encima de la media europea; esa era la realidad. Una tendencia que ha sido radicalmente perturbada por la emergencia sanitaria, una causa imprevista y de fuerza mayor que ha cambiado de manera radical el escenario económico, dificultando el alcance de la estabilidad presupuestaria de las cuentas públicas en el horizonte más próximo, no solo en España sino en el resto de los países europeos. Como reconocía la AIReF, el nivel de incertidumbre provocada por la crisis sanitaria global que estamos viviendo no tiene precedentes conocidos. La rápida recuperación está condicionada a la no aparición de nuevos rebrotes y la obtención definitiva de una vacuna.

Ante tal adversidad, ante la tensión tan bien agitada por la derecha, el comportamiento de la ciudadanía está siendo ejemplar y valiente, y la respuesta del Gobierno de España, responsable, coherente y a la altura del momento histórico que estamos viviendo. (Aplausos.) Una respuesta coordinada con Europa, con las comunidades autónomas y también con los ayuntamientos; una respuesta que se va adaptando a las necesidades priorizando los esfuerzos destinados a preservar la salud, salvar vidas, proteger empleos y rentas; un trabajo ingente por facilitar una salida social a la crisis que evite que sus daños persisten en el tiempo.

Señor Píriz, su intervención le descalifica en el fondo y en la forma. Todos sabemos que la salida de la crisis está siendo una salida muy distinta a la que hicieron precisamente ustedes. Estamos fortaleciendo los servicios públicos frente al debilitamiento que ustedes hicieron. Estamos haciendo -y se ha aprobado- un fondo no reembolsable para las comunidades autónomas que está siendo histórico, un apoyo histórico a las comunidades autónomas. Y déjenme también recordarles a todos ustedes que también se ha procurado mayor flexibilización para la aplicación en la inversión de servicios sociales, también para los ayuntamientos. Se está intentando flexibilizar, frente a lo que ustedes hicieron asfixiando a los ayuntamientos. Así que, lecciones del Partido Popular, ninguna. (Aplausos.)

Por cierto, todo esto, ¿a qué viene? A contextualizar la situación en la que nos encontramos, en la que todo esto tiene un impacto, tiene un esfuerzo público económico importante que tiene como primera consecuencia, evidentemente, que los objetivos de estabilidad ya aprobados hayan quedado superados. Por tanto, no es de extrañar que, dada la complejidad del momento, evidentemente los debates de carácter fiscal, presupuestario, económico y financiero se superpongan. Hay muchos abiertos, incluso en el seno de la Unión Europea. Vamos a debatir sobre la estabilidad presupuestaria, pero no es hoy el momento de debatir sobre esto. Lo que tenemos que debatir es la modificación del artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria -les recuerdo que se inició su tramitación hace ahora, hoy justo, cuatro meses- y sobre la que se han presentado dos textos alternativos. Confrontamos, pues, cuál es el procedimiento parlamentario adecuado para la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, es decir, para la aprobación del marco general presupuestario de actuación, un marco presupuestario necesario también para afrontar la crisis. Por tanto, los socialistas lo que defendemos es que debe ser aquel que es acorde con la regla general en el procedimiento legislativo ordinario en España. En concreto, defendemos que el posible rechazo o veto en el Senado de estos objetivos pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple, del mismo modo que se puede hacer con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Señorías, coherencia es lo lógico. (Aplausos.) Esa es la cuestión de fondo que los socialistas defendemos, por coherencia y por convicción. Lo hemos defendido, lo defendemos y lo defenderemos, una posición que está sustanciada por razones técnico-jurídicas, pero déjenme decirles que también en aras del interés general, y técnico-jurídicas, por coherencia con el procedimiento legislativo ordinario configurado por nuestra Constitución en el artículo 90.2.


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La redacción actual del artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria impone un proceso que no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado. Por tanto, no se trata de restar competencias o funciones al Senado -¿qué invento es ese?-, se trata de reconocerle al Congreso una función que constitucionalmente le corresponde. ¡Dejen ya de crispar, es que no paran, es que no hay manera! (Aplausos.) Pero también lo defendemos por razones de defensa del interés general. Miren, los objetivos de déficit y deuda, objeto de votación por parte de las Cortes Generales, determinan y condicionan el proceso presupuestario, como les decía, pero no por ello son más trascendentes que los propios presupuestos; de hecho, el presupuesto es el instrumento más importante de política económica para el normal funcionamiento de un país. La estimación y concreción de los ingresos y gastos de cada año es de significativa importancia para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Por tanto, no compartimos tampoco el texto alternativo propuesto por VOX al exigir una mayoría absoluta del Congreso para ratificar la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública en caso de desacuerdo con el Senado. Por tanto, si no se exige la mayoría absoluta para la aprobación del presupuesto general del Estado, tampoco debemos exigirlo para la aprobación de los objetivos de estabilidad, que requieren de un procedimiento de aprobación más ágil para cumplir con los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea.

Además, el artículo 134 de la Constitución española reconoce la competencia del Gobierno en la elaboración de los presupuestos; si se veta o dificulta la aprobación de los objetivos, se podría incluso estar excluyendo el ejercicio de dicha competencia al impedirse el inicio de la tramitación de los presupuestos, propiciando bloqueos parlamentarios nada favorables al interés general del país, como ya sucedió en la XII Legislatura. Les tengo que recordar que en aquel caso se tramitó una senda de estabilidad que seguía las recomendaciones de la Comisión Europea, era aprobada hasta dos veces por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estaban representados los distintos Gobiernos de las comunidades. También fue aprobado por la Comisión Nacional de Administración Local y, a pesar de contar además con la mayoría del Congreso, se evitó la aprobación de la misma, dificultando la autonomía financiera de las administraciones territoriales en la elaboración de los presupuestos y anteponiendo el interés partidista de la derecha al interés general, porque al no permitir la aprobación de esos objetivos y la tramitación de los presupuestos lo único que hicieron fue ir en contra de los intereses de nuestro país. De hecho, lo que agravó precisamente en 2019 el déficit estructural fue precisamente la imposibilidad de aprobar unos presupuestos actualizados para el 2019.

Por tanto, señora presidenta, para concluir, no culpen de esta situación al Gobierno. Desde luego, con la actitud irresponsable y desleal que están teniendo algunos, lo que está claro, como están demostrando en Europa, es que están perjudicando los intereses de España. En consecuencia, y a fin de defender el interés general, la legislación debe modificarse para contribuir también a facilitar la aprobación del marco presupuestario y no dificultarlo. Dejen, por tanto, de ser lesivos para los intereses de España, modifiquemos en el sentido en el que lo propone la proposición de ley, dado que el Consejo de Estado también reconoció en su dictamen la razonabilidad de la reforma que proponemos...

La señora PRESIDENTA: Señora Blanquer, tiene que terminar, por favor.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Termino diciendo que por todo lo expuesto votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad con texto alternativo presentadas, y lo hacemos por coherencia, por responsabilidad y para recuperar la normalidad en este procedimiento legislativo también. Demos certidumbre a la ciudadanía. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Votaremos en tres minutos. Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño.

Muchas gracias. (Pausa.)


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PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIONES):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE AUDITE LA CIFRA DE FALLECIDOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD DE COVID-19 EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000220).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.

Empezamos con las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que audite la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia por la enfermedad de COVID-19 en España. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y VOX.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; votos a favor, 50 más 103 votos telemáticos, 153; votos en contra, 83 más 103 votos telemáticos, 186; abstenciones, 8 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A COMBATIR EL NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000134).

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a combatir el negacionismo de la violencia de género. Se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 132 más 213 votos telemáticos, 345; a favor, 124 más 167 votos telemáticos, 291; en contra, 8 más 46 votos telemáticos, 54.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BOTRAN PAHISSA), RELATIVA A LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA REPRESIÓN A LA DISIDENCIA POLÍTICA EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000008).

La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Botran Pahissa, relativa a la postura del Gobierno en relación con la represión a la disidencia política en el Estado español. La votación se producirá separada por puntos. Votamos el punto número 1.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 21 más 36 votos telemáticos, 57; en contra, 109 más 164 votos telemáticos, 273; abstenciones, 3 más 14 votos telemáticos, 17.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 1.

Votamos el punto número 2.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 24 más 48 votos telemáticos, 72; en contra, 109 más 164 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 votos telemáticos.


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La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 2.

Punto número 3.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 5 más 26 votos telemáticos, 31; en contra, 109 más 165 votos telemáticos, 274; abstenciones, 19 más 23 votos telemáticos, 42.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 3.

Punto número 4.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 213 votos telemáticos, 346; a favor, 24 más 49 votos telemáticos, 73; en contra, 109 más 163 votos telemáticos, 272; abstenciones, 1 voto telemático.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 4.

Punto número 5.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 8 más 30 votos telemáticos, 38; en contra, 109 más 165 votos telemáticos, 274; abstenciones, 16 más 19 votos telemáticos, 35.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 5.

Punto número 6.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 6 más 26 votos telemáticos, 32; en contra, 111 más 168 votos telemáticos, 279; abstenciones, 16 más 20 votos telemáticos, 36.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 6.

Punto número 7.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 132 más 214 votos telemáticos, 346; a favor, 24 más 49 votos telemáticos, 73; en contra, 108 más 164 votos telemáticos, 272; abstenciones, 1 voto telemático.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 7.

Punto número 8.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 21 más 45 votos telemáticos, 66; en contra, 112 más 167 votos telemáticos, 279; abstenciones, 2 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 8.

Punto número 9.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 24 más 48 votos telemáticos, 72; en contra, 109 más 164 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 9.

Punto número 10.

Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 24 más 48 votos telemáticos, 72; en contra, 109 más 164 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 10.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR GUITARTE GIMENO), SOBRE LA NECESIDAD DE UN PLAN ESPECIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESPAÑA VACIADA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 173/000013).

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte Gimeno, sobre la necesidad de un plan especial para la recuperación de la España vaciada y el reto demográfico, de acuerdo con los objetivos del Plan de Recuperación para Europa de la Unión Europea. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, Ciudadanos y Mixto, señor Guitarte Gimeno.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 125 más 170 votos telemáticos, 295; abstenciones, 8 más 44 votos telemáticos, 52.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la moción consecuencia de interpelación urgente.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL MINISTRO DEL INTERIOR EXPLIQUE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN EL SENO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 173/000014).

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el ministro del Interior explique las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia Civil. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 50 más 101 votos telemáticos, 151; en contra, 78 más 89 votos telemáticos, 167; abstenciones, 5 más 24 votos telemáticos, 29.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. (Número de expediente 130/000022).

La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 214 votos telemáticos, 347; a favor, 119 más 146 votos telemáticos, 265; en contra, 12 más 65 votos telemáticos, 77; abstenciones, 2 más 3 votos telemáticos, 5.


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La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 213 votos telemáticos, 346; a favor, 130 más 207 votos telemáticos, 337; en contra, 3 más 4 votos telemáticos, 7; abstenciones, 2 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: Se aprueba. Por lo tanto, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000022).

La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 213 votos telemáticos, 346; a favor, 8 más 47 votos telemáticos, 55; en contra, 83 más 112 votos telemáticos, 195; abstenciones, 42 más 54 votos telemáticos, 96.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.

Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más 213 votos telemáticos, 346; a favor, 42 más 46 votos telemáticos, 88; en contra, 91 más 165 votos telemáticos, 256; abstenciones, 2 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.

Señorías, continúa la sesión con carácter secreto. Ruego que cierren las puertas y desalojen las tribunas.

Se suspende la sesión con carácter público.

Comienza la sesión con carácter secreto.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN).

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON UNA SEÑORA DIPUTADA. (Número de expediente 240/000001).

Se reanuda la sesión con carácter público.

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión con carácter público.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y treinta minutos de la tarde.

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