DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 33, de 25/06/2020
cve:
DSCD-14-PL-33
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 33
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 32
celebrada el jueves,
25 de junio de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Informes del Defensor del Pueblo correspondientes a la gestión realizada
durante los años 2018 y 2019:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 2018. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 1, de 18
de diciembre de 2019. (Número de expediente 260/000001) ... (Página5)
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 2019. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 33, de 28
de mayo de 2020. (Número de expediente 260/000002) ... (Página5)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del
suplicatorio formulado en relación con una Sra. Diputada. (Número de
expediente 240/000001) ... (Página23)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. ("BOE" núm. 163, de 10 de junio de
2020). (Número de expediente 130/000022) ... (Página23)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 48-1, de 31 de enero
de 2020. (Número de expediente 122/000022) ... (Página42)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página58)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página60)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página61)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página61)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
Informes del Defensor del Pueblo correspondientes a la gestión realizada
durante los años 2018 y 2019 ... (Página5)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 2018 ... (Página5)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 2019 ... (Página5)
El señor defensor del pueblo en funciones y adjunto primero (Fernández
Marugán) expone a la Cámara un resumen de los informes del Defensor del
Pueblo correspondientes a la gestión realizada durante los años 2018 y
2019.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guitarte Gimeno y
las señoras Oramas González-Moro y Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
los señores Rego Candamil y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario
Plural; las señoras Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano,
y Márquez Guerrero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Alcaraz Martos, del
Grupo Parlamentario VOX; Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y Sánchez Escobar, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se suspende la sesión con carácter público.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página23)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del
suplicatorio formulado en relación con una Sra. Diputada ... (Página23)
Comienza la sesión con carácter secreto.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página23)
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 ... (Página23)
Se reanuda la sesión con carácter público.
El señor ministro de Sanidad (Illa Roca) expone a la cámara las razones
que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de
referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor Steegmann
Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte
Gimeno, Mazón Ramos y García Adanero, la señora Oramas González-Moro y el
señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua
Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores
Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Bal Francés,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Baldoví Roda y Errejón
Galván y la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; los
señores Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano, y Asens
Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común.
Hace uso de la palabra el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen la señora
Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor
Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Cierra el debate el señor ministro de Sanidad.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página42)
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página42)
En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo
intervienen la señora Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX, y
el señor Píriz Maya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas
González-Moro y Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las
señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los
señores Baldoví Roda, Errejón Galván y Bel Accensi, del Grupo
Parlamentario Plural; Margall Sastre, del Grupo Parlamentario
Republicano, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y la señora Blanquer
Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que audite la
cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia por la enfermedad de
COVID-19 en España, con la incorporación de las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario
VOX, se rechaza por 50 votos a favor más 103 votos telemáticos, 153; 83
en contra más 103 votos telemáticos, 186, y 8 abstenciones con voto
telemático.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a combatir el negacionismo de la violencia de
género, se aprueba por 124 votos a favor más 167 votos telemáticos, 291;
y 8 en contra más 46 votos telemáticos, 54.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página58)
Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Botran Pahissa),
relativa a la postura del Gobierno en relación a la represión a la
disidencia política en el Estado español, son rechazados todos.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por Grupos
Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Confederal de Unidas
Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, Ciudadanos y Mixto (señor
Guitarte Gimeno), a la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno), sobre la necesidad de un
Plan especial para la recuperación de la España Vaciada y el Reto
Demográfico, de acuerdo con los objetivos del Plan de recuperación para
Europa de la Unión Europea, se aprueba por 125 votos a favor más 170
votos telemáticos, 295; y 8 abstenciones más 44 votos telemáticos, 52.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el ministro del
Interior explique las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia
Civil, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario VOX, se rechaza por 50 votos a favor más 101 votos
telemáticos, 151; 78 en contra más 89 votos telemáticos, 167, y 5
abstenciones más 24 votos telemáticos, 29.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se aprueba
por 119 votos a favor más 146 votos telemáticos, 265, 12 en contra más 65
votos telemáticos, 77, y 2 abstenciones más 3 votos telemáticos, 5.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se aprueba por 130 votos a favor más 207 votos
telemáticos, 337; 3 en contra más 4 votos telemáticos, 7; y 2
abstenciones con voto temático.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página42)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo,
presentada por el Grupo Parlamentario VOX, a la proposición de ley
orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se rechaza por 8
votos a favor más 47 votos telemáticos, 55; 83 en contra más 112 votos
telemáticos, 195; y 42 abstenciones más 54 votos telemáticos, 96.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la
proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se
rechaza por 42 votos a favor más 46 votos telemáticos, 88; 91 en contra
más 165 votos telemáticos, 256; y 2 abstenciones con voto telemático.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página61)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del
suplicatorio formulado en relación con una Sra. Diputada ... (Página61)
Comienza la sesión con carácter secreto.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Se levanta la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
INFORMES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN REALIZADA
DURANTE LOS AÑOS 2018 Y 2019.
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA
DURANTE EL AÑO 2018. (Número de expediente 260/000001).
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA
DURANTE EL AÑO 2019. (Número de expediente 260/000002).
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
Comenzamos con el punto del orden del día relativo a los informes del
Defensor del Pueblo correspondientes a la gestión realizada durante los
años 2018 y 2019. Como saben sus señorías, con arreglo a las normas de
procedimiento, las deliberaciones comenzarán una vez que el defensor del
pueblo en funciones haya terminado la presentación de sus informes.
Asimismo, tal y como ha acordado la Junta de Portavoces, el debate de los
dos informes se hará de forma acumulada.
Para la exposición de un resumen de los informes, tiene la palabra el
defensor del pueblo en funciones, don Francisco Fernández Marugán.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández
Marugán): Señora presidenta, señoras y señores diputados, señorías,
muchas gracias.
Han transcurrido dos años desde la última vez que subí a esta tribuna para
cumplir con el mandato constitucional de informarles de las actuaciones
del Defensor del Pueblo. Diversas circunstancias -de todos conocidas, por
supuesto- impidieron que el año pasado pudiera presentar los resultados
de nuestras actuaciones en el año 2018. Por eso -como bien ha dicho la
señora presidenta- comenzamos dándoles cuenta, de forma acumulada, de los
informes anuales y de sus correspondientes monografías relativas a los
ejercicios 2018 y 2019. Uno y otro incorporan cientos de páginas. Por lo
tanto, el defensor no pretende detallar esos cientos de páginas, sino
hacer una sesión más liviana y hablar de una serie de hechos que nosotros
consideramos relevantes, relacionados con problemas estructurales no
resueltos a lo largo de los últimos años, con la incidencia de algunas
cuestiones en el conjunto de la sociedad española, y, desde luego,
pretende poner de relieve la defensa que hemos hecho de un conjunto de
derechos que la Constitución nos permite tutelar.
Ejercer el control del Gobierno no es la función del Defensor del Pueblo,
es una función importantísima que hacen ustedes en el Congreso y en el
Senado, y que está regulada por el artículo 66 de la Constitución. Al
Defensor del Pueblo se le asigna un cometido también importante, y es la
defensa de los derechos fundamentales, y a tal fin se le faculta para
supervisar la actividad de las administraciones públicas. Es decir, yo no
controlo al Gobierno, superviso el trabajo de las administraciones
públicas. Y eso es lo que nosotros entendemos que dice el artículo 54 de
la Constitución española. Siendo esto así, mi propósito es relatar,
informar, poner de relieve algunos aspectos importantes de nuestro Estado
de derecho. Pero antes, quisiera referirme a dos cuestiones relevantes.
La primera de ellas es la violencia de género. Lamentablemente, tengo que
empezar por esta cuestión haciendo referencia a un nuevo
asesinato de una mujer y de sus dos hijos por su pareja, que se produjo no
hace muchos días en Úbeda. Desde el año 2003, más de mil mujeres han
perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Y no solamente ha
ocurrido eso, sino que hay algún otro hecho igualmente aterrador: casi
cuarenta hijos e hijas han sido asesinados por sus progenitores. La
gravedad de estos hechos nos ha llevado a que en el informe anual del año
2019 dediquemos, por primera vez, un capítulo específico a la violencia
de género. No obstante, tengo que decirles que la violencia de género,
dentro del ámbito de las actividades del Defensor del Pueblo, tiene un
espacio limitado. Los actos de violencia terminan siendo calificados como
delito y han de ser analizados por los procedimientos judiciales, y en
ese momento nosotros perdemos mucha de nuestra capacidad de seguirlos.
El Pacto de Toledo fue una gran operación en la lucha contra la lacra de
la violencia de género y todavía creemos nosotros que es necesario llevar
a cabo algunos avances en esta cuestión. Hay que mejorar las herramientas
para detectar con antelación el riesgo de violencia, hay que afinar la
coordinación de los servicios sociales con los órganos judiciales y con
las fuerzas de seguridad, y hay que simplificar más los procedimientos
que se vienen llevando a cabo. En definitiva, la violencia de género
constituye en la actualidad el atentado más importante contra los
derechos de las mujeres en España porque afecta a su libertad, a su
derecho a la igualdad de trato, a su derecho a la vida y a su derecho a
la integridad física y moral. Porque constituye hechos tan significativos
como las que acabo de decir, es precioso combatir esta lacra y que en
este combate participe la sociedad en su conjunto, es decir, las
administraciones, las instituciones y las asociaciones que trabajan
dentro de ella.
El segundo tema al cual quiero dar alguna importancia, y lo quiero
significar, es la situación demográfica de España. A lo largo de las
últimas décadas, España ha experimentado un fuerte shock poblacional que
nosotros venimos siguiendo y que ha dado origen a sendos informes
monográficos presentados con el informe global del año 2018 y con el
informe global del año 2019. El envejecimiento de la población es un
fenómeno de envergadura que constituye un desafío para la Unión Europea y
también para España. Según los datos recientemente publicados por el INE,
hoy, en España, los mayores de sesenta y cinco años representan casi el
20 % de la población total. Si utilizamos las proyecciones que realiza
esta organización, dentro de cincuenta años, los mayores de sesenta y
cinco años serán el 30 % de la población global. Por lo tanto, estamos
inmersos en un claro proceso de envejecimiento, y eso es debido a dos
factores coincidentes: la ralentización del crecimiento de la población y
el incremento de la esperanza de vida que, en el caso español, es uno de
los más elevados no solo de la Unión Europea, sino del mundo.
En el año 2019 el número de nacimientos continuó con la tendencia a la
baja que venía produciéndose a lo largo de la última década. Este
descenso se debe a tres factores: la disminución de los hijos por mujer,
la reducción del número de mujeres en edad fértil y el retraso en la edad
de procreación. Pero hay otros factores que no son de índole demográfica,
sino de índole social y cultural que, de alguna manera, también
contribuyen al hundimiento de la natalidad en España. La dificultad de
acceso al mercado de trabajo, la creciente inseguridad laboral, la mayor
precariedad y temporalidad de los empleos, la desproporción entre el
precio de la vivienda y de los servicios básicos en relación con el
sueldo medio, y quizá, por último, el cambio en las dinámicas familiares
y el cambio en los roles entre los hombres y las mujeres en el seno de
las familias.
Hay un hecho que sí quiero destacar. Entre el año 2015 y el año 2019 los
nacimientos son menores que las defunciones y es fácil comprender que
cuando esto sucede, la población tiende a bajar. Pues bien, entre
nosotros no ocurre eso. No ocurre, señorías; ocurre lo contrario: la
población viene elevándose a lo largo de los últimos años. Y hay una
explicación que es sencilla, la llegada de inmigrantes es la que mantiene
el crecimiento de la población en España. Es decir, somos un país que no
tuvo, y sigue sin tener, el número de hijos suficientes, pero que, no sé
si consciente o inconscientemente, lo que ha hecho es tener inmigrantes.
Y eso es consecuencia de un hecho que yo voy a poner de relieve muy
brevemente aquí. Hay un patrón en la evolución de la población que tiene
al menos tres hitos: el progresivo e ininterrumpido aumento de los
decesos, el número de nacimientos en persistente caída y una conclusión,
que este saldo negativo de movimientos de la población española se
compensa con un saldo positivo del proceso migratorio. Y el porqué de
esta situación quizás sea debido -me arriesgo a decirlo- a que somos
campeones de la precariedad laboral -y lo somos desde hace algunos años-,
a que tenemos pocas políticas y pocos servicios que ayuden a la
conciliación, a que la vivienda -lo he dicho, lo digo y lo diré- es cara
y, por último, a que la emancipación es tardía.
No pretendo ir mucho más allá, pero sí quiero decir que en España quizás
no nos hemos tomado en serio la continua baja de la población nativa. Por
lo tanto, creo que hay una serie de consecuencias
económicas derivadas de un envejecimiento de la población y de una
desequilibrada estructura de la misma. Y lo voy a decir sencillamente. A
medida que se produce una prolongada caída de la fertilidad, la fuerza
laboral se reduce. Esta reducción de la fuerza laboral debilita el
potencial de crecimiento económico y esa secuencia que acabo de dibujar
pone en jaque la sostenibilidad no solo de las políticas de bienestar -y
esto lo oímos con alguna frecuencia-, sino que lastra de manera muy
nítida el nivel de estabilidad del propio crecimiento. Por lo tanto,
algunas cosas deberíamos clarificar en este terreno.
A esta situación se le ha puesto un alivio, y ese alivio es la
inmigración. Entre el año 2002 y el año 2019 el crecimiento de la
población total no se debe al aumento de las personas nacidas en España
-que, por cierto, apenas sí superan el 4,3 %-, sino que se debe a la
aportación de la población importada nacida en el extranjero, que se ha
multiplicado por tres. Este sería un primer tema. Segundo tema, la
población recién llegada es más joven que la española y posee, además,
una mayor tasa de fertilidad. El número medio de hijos por mujer entre
las madres españolas fue, en el año 2019, el 1,17 %, récord mundial, es
la más baja de todo el mundo. El número de hijos por mujer de las madres
extranjeras es el 1,59 %. Hay algunas cuestiones a añadir a ese alivio
que produce la inmigración, y es que la incorporación de mujeres
inmigrantes a las tareas domésticas y al cuidado de personas ha permitido
una mayor actividad entre las mujeres nativas, y eso ha hecho compatible,
en alguna medida, sus tareas en el hogar con un cierto aumento relativo
de la natalidad.
Hay algunos hechos que sí quiero destacar. Primero, la inmigración no es
hoy una carga para la sociedad española; al contrario, aporta beneficios
a nuestra economía. Les voy a poner un único ejemplo. Estos ciudadanos
son necesarios. Si los ocupados extranjeros abandonaran mañana el mercado
laboral, el nivel de empleo de la economía caería un 20 %, por debajo
del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica.
Hechas estas consideraciones generales, me voy a referir a cuatro aspectos
que tienen que ver con elementos básicos de nuestro Estado del bienestar:
voy a hablar del cambio climático, del que no hablé en Comisión y un
portavoz me lo recordó pertinentemente -lo traigo aquí porque quería
traerlo aquí, pero reconozco la crítica que se me formuló-; quiero hablar
de la vivienda, una vez más quiero hablar de la vivienda; quiero hablar
de la vejez en los centros residenciales, y quiero hablar de la
educación. Comenzaré con el cambio climático. La humanidad está sufriendo
una serie de fenómenos extremos que se derivan del cambio climático y que
nos obligan de alguna manera a reconducir de nuevo nuestra relación con
la naturaleza. Un mundo inhóspito ha ocasionado daños en la vida y en los
bienes de una dimensión y de una gravedad sin precedentes. El año 2019 no
ha sido un buen año para el planeta: ha habido abundantes incendios en la
Amazonía, en Australia, en Bolivia y en California; ha habido fuertes
inundaciones en China, en Bangladesh, en el Mediterráneo en general, y en
el Mediterráneo español en particular; fuertes huracanes en las Bahamas;
deshielo en Groenlandia, y oleadas de calor en Europa. En nuestro caso,
el efecto de las gotas de frío es hoy patente, pues no deja de ser una
temeridad construir en los cauces de los ríos, levantar urbanizaciones en
las ramblas y permitir edificar viviendas y negocios al borde del mar.
Por eso, desde el Defensor sostenemos que las administraciones han de
actuar con contundencia para evitar que se edifique en áreas susceptibles
de ser engullidas por el agua.
Aparte del tema de las gotas frías, quisiera hablar también de los
incendios forestales. España tiene una gran superficie forestal y cada
año se queman decenas de miles de hectáreas de monte. Combatir los
incendios forestales exige el esfuerzo combinado y conjunto de las
distintas administraciones y de toda la sociedad. Aunque nadie se libra
en España de este riesgo, Galicia acumula más de la mitad de los
incendios forestales que se producen en España. También hay incendios de
más alta magnitud, los grandes incendios forestales. En 2019 se
contabilizaron catorce, cuando la media de los cien últimos años había
sido de seis. El incendio de Canarias en el verano del año 2019 es un
buen ejemplo de lo que vengo sosteniendo. Por lo tanto, el cambio
climático ha originado subidas de temperatura y fuertes sequías,
prolongadas sequías, que traen consigo que la temporada de los incendios
se amplíe, adelantándose a la primavera y alargándose hasta el otoño.
Ante estas circunstancias, la política no debe reducirse única y
exclusivamente a aumentar los medios de extinción. La política forestal
necesita una gestión específica y una planificación territorial adecuada
para que se palien los grandes incendios forestales que devoran comarcas
enteras. María Zambrano decía, y decía bien, que hay fenómenos que han de
llevarnos a tener otro modo de vida, un modo diferente de habitar el
planeta, un modo distinto de ser persona.
Paso a hablar ahora de la vivienda. En la Comisión destaqué dos hechos que
quiero destacar también aquí. Primero, el acceso a la vivienda de los
jóvenes y de las familias de bajos ingresos ha adquirido tal dificultad
que a estos dos colectivos les resulta imposible disponer de una
vivienda. En segundo lugar,
nosotros sostenemos que las actuaciones que haya que hacer han de pasar
por aumentar la vivienda de alquiler social dirigida a los jóvenes y a
las familias de bajo nivel de renta. Ese aumento de la oferta ha de pasar
por una serie de hitos. La intervención ha de ser abundante en cantidad y
en recursos y, desde luego, actuar tan solo en unas poquitas promociones
no es suficiente. La política para hacer frente a este problema de la
vivienda ha de mantenerse en el tiempo. Los programas de vivienda social
han de adquirir un elevado nivel de coordinación entre la Administración
Central del Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Además,
resulta imprescindible llevar a cabo un despliegue que simultanee varias
líneas de actuación: actuaciones tributarias, inversiones públicas,
medidas reguladoras y urbanísticas de carácter general, y un
destinatario; y los destinatarios son los jóvenes, son las familias de
renta baja, son las familias monoparentales, son las familias que hayan
sufrido desahucios y son los inmigrantes. Por lo tanto, señorías, estamos
ante un problema importante de desigualdad, donde es fácil encontrar a
los débiles, muy fácil -los he enumerado anteriormente- y es necesario
poner en marcha un conjunto de actuaciones por parte de la Administración
que conduzca, entre otras cosas, a la construcción de parques públicos de
vivienda.
La vejez en los centros residenciales. A finales de 2017 iniciamos un
conjunto de actuaciones de oficio en todas las comunidades autónomas para
conocer la situación de los centros residenciales de mayores, ya fueran
públicos ya fueran privados. Deseábamos saber las actuaciones que se
realizaban desde las administraciones públicas para garantizar los
derechos de las personas mayores allí residentes. Nos dirigimos a las
comunidades y el resultado de esa actuación se incorporó al informe
monográfico del año 2018. En mayo de 2019 remitimos a esas
administraciones las conclusiones -de todas las comunidades autónomas,
por supuesto- y, de alguna manera, les pedimos que nos dieran a conocer
su parecer sobre esta cuestión. Voy a ser rápido y directo, y voy a citar
las conclusiones más relevantes. Existen múltiples regulaciones para
resolver la autorización y la acreditación de funcionamiento de estos
centros; existen escasos datos y poco fiables, y es necesario obtener una
información más adecuada si queremos levantar una estrategia de
información que ayude a resolver los problemas de los residentes. Hay una
insuficiencia de plazas, públicas y concertadas, de atención residencial
para satisfacer la demanda existente que, por cierto, ha ido creciendo y
seguirá creciendo. Hay escasez de personal de atención directa, de las
personas que atienden a los residentes, y hay que incrementar la
formación del personal que trabaja en estos centros. Se habla de la
atención sanitaria; la atención residencial que da hoy la atención
sanitaria a los residentes es muy genérica. Por eso, cuando se detectan
problemas, hay que recurrir a derivaciones en el Sistema Nacional de
Salud que a veces resultan problemáticas. Por último, hay que tener
algunos servicios de inspección que funcionen de una manera más eficaz y
que permitan una función de vigilancia que hoy día no existe.
Todo esto que he dicho hasta ahora de las residencias tiene que ver con
deficiencias organizativas, pero en el tema de las residencias hay dos
cuestiones que el Defensor trae aquí, y que las trae conscientemente, que
tienen que ver con los derechos de los residentes. Se necesita una ley
orgánica. Les voy a decir por qué. Se necesita una ley orgánica que
resuelva los problemas que surgen con los ingresos involuntarios. Muchos
mayores tienen graves problemas de deterioro físico y mental, por lo que
se debe garantizar su protección a la hora de dar el consentimiento para
el ingreso en los centros residenciales. Pero también hay problemas de
eso que se llama sujeciones mecánicas o sujeciones físicas, y en eso hay
bastante coincidencia entre los planteamientos del Defensor y los
planteamientos de las comunidades autónomas. Las sujeciones deben
minimizarse en su utilización, las sujeciones solo deben utilizarse en
casos de grave riesgo y solo deben ser aplicadas cuando se hayan agotado
todas las medidas alternativas. Su práctica debe hacerse bajo
prescripción facultativa y, por supuesto, el tiempo de las mismas, si se
alarga, ha de ser conocido por la autoridad judicial. Visto este conjunto
de circunstancias, es posible que la ley orgánica a la que he hecho
referencia anteriormente no se tenga a tiempo. Por lo tanto, quizás fuera
bueno un compromiso real y efectivo de las administraciones competentes
con los centros residenciales, con los profesionales, con los usuarios y
con los familiares para lograr una atención lo más libre y eficaz
posible.
Como puede deducirse de mis palabras -y si no se deduce lo voy a decir
claramente-, el sistema residencial de mayores en España adolece de una
serie de disfunciones que es necesario corregir. Estas carencias se han
puesto de relieve con motivo de la pandemia que ahora sufrimos, que no
hace otra cosa en este aspecto que poner una lupa y agrandar un conjunto
de problemas ya conocidos. En principio, uno podría decir que el trabajo
del defensor termina ahí, termina en el cierre de las tareas de
información a sus señorías referidas al año 2018 y 2019, pero en nuestro
caso no ha terminado ahí. Nosotros los días 2 y 3
de abril del año 2020 abrimos de nuevo una actuación de oficio con todas
las consejerías de Sanidad y con todas las consejerías de Política Social
de las comunidades autónomas. Y digo todas porque la estructura
administrativa de las comunidades autónomas no solamente se ciñe a lo que
podríamos llamar consejerías de Sanidad, sino que, en algunos casos,
también afecta a las consejerías de Política Social. El objeto es el de
siempre, conocer la respuesta que cada territorio da a esta emergencia
para, una vez que tengamos la información, poder determinar en qué medida
hay que actuar en el supuesto no deseado -y hablaré de esa cuestión más
adelante- de las amenazas epidémicas. El día 24 de abril nos dirigimos
una vez más a todas las comunidades autónomas para recomendarles, entre
otras cosas, el refuerzo de la asistencia sanitaria en las residencias a
los enfermos de COVID-19, el suministro de equipos de protección
individual para el personal y para los residentes, la necesidad de suplir
las bajas laborales de los trabajadores en las residencias de mayores,
garantizar la información a los familiares de los residentes en relación
con la salud de estos residentes y también en relación con las posibles
derivaciones a centros residenciales o a centros hospitalarios. También
entendíamos que había que permitir a los mayores no contagiados que
pudieran volver de manera voluntaria y temporalmente con sus familiares
sin pérdida de plaza y, desde luego, siempre y cuando hubiera
disponibilidad sanitaria. Por último, nosotros les recomendamos que se
adoptaran protocolos que faciliten a los familiares la despedida del
residente terminal, para que el proceso de muerte fuera lo más humanizado
y digno posible. Eso lo hicimos en abril, estamos en junio, no nos ha
llegado información abundante sobre esa cuestión, pero en todo caso en el
informe de 2020 les facilitaremos la información que ahora estamos
recabando y las conclusiones que obtengamos de ella.
Educación. Señorías, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es
preciso disponer de un sistema educativo inclusivo, estable y de calidad.
Pero un buen sistema educativo que reúna esas tres características no
surge de la noche a la mañana, no surge de un día para otro, necesita
años para ser implantado, tiempo para evaluar su rendimiento e introducir
las correcciones que necesite. Nuestra experiencia no es del todo
satisfactoria en esa cuestión. Siete leyes -siete leyes- educativas han
sido aprobadas en esta Cámara a lo largo de los últimos cuarenta años.
Creo que es hora de que las coincidencias primen sobre los desacuerdos y
que de alguna manera hagamos entre todos un esfuerzo para lograr la
estabilidad que el sistema educativo español necesita.
Hay un segundo problema al cual quiero referirme, y es el de la inclusión
social. Nuestro sistema educativo logró la universalización en el siglo
XX y hoy en España la mayoría de los niños menores de diez años se
encuentran escolarizados. En el siglo XXI se necesita otras hacer cosas,
se necesita evitar la pobreza educativa, que castiga a grandes capas de
la población que tienen muchas dificultades económicas. Es verdad que
algunas de las cosas en materia de recursos económicos se han ido
agrandando como consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas en
España a partir de 2008; ahora las familias afectadas por el paro y la
pobreza educativa también tienen enormes dificultades para afrontar
importantes gastos, como la adquisición de ordenadores, tablets, sistemas
de trasporte, sistemas de enseñanza de idiomas. Voy a poner un ejemplo
que pone de relieve los problemas de inclusión social, un problema que
preocupa al defensor, que ha ido trabajando lo largo de los últimos años
en esta cuestión, y que lo trae aquí, ante de sus señorías, porque
entiendo que es un problema grave.
En Melilla, en la Ciudad Autónoma de Melilla existe un grupo de familias
de origen marroquí que reside en esta sociedad desde hace años y que está
en situación de completa invisibilidad y de exclusión social. Se calcula
que son un centenar los niños que, perteneciendo a estas familias,
nacidos en Melilla, carecen de acceso al derecho básico de la educación;
encuentran trabas para su escolarización obligatoria, lo que les afecta
desproporcionadamente y a veces son objeto de discriminaciones. La
imposibilidad de empadronarse les impide ir al colegio; la imposibilidad
de empadronarse, repito, les impide ir al colegio. Pese a todos los
esfuerzos que he realizado, lo cierto es que ha finalizado el curso
2019-2020 y tan solo una menor, tan solo una, ha sido escolarizada.
Miren, yo soy consciente de las dificultades, soy muy consciente de las
dificultades de toda índole con las que se tiene que enfrentar la
Administración educativa en ese territorio; insisto, soy plenamente
consciente de las dificultades de toda índole con las que se tiene que
enfrentar la Administración educativa en ese territorio. Sin embargo, soy
de los que creen que la realidad es compleja y que no puede en modo
alguno solventarse esta cuestión a costa de los derechos de los más
vulnerables, no puede hacerse. Los niños y las niñas de Melilla, al igual
que los niños y las niñas del resto de España, donde tienen que estar es
en la escuela, es en el colegio, y no tienen que estar, cuando están en
edad escolar, en su casa; lo digo con total y absoluta sinceridad. Este
tema, señorías, yo lo planteo aquí para que ustedes, que son los que
tienen
la posibilidad de resolver esta cuestión, la resuelvan de una vez. ¡En
España hay niños y niñas que no están escolarizados y que deberían estar
escolarizados!
Termino mi intervención haciendo algunas consideraciones generales sobre
el problema de la pandemia y de cómo creo que podríamos abordarlo, al
menos dar mi opinión sobre cómo podría abordarse.
Miren, la humanidad ha sido víctima de un virus que no detectó, un virus
que nos ha arrojado de forma impensada, brutal, a un innecesario
escenario que nunca habíamos vivido. De él sabíamos poco, pero en estos
meses hemos ido percatándonos de que es bastante poderoso, tan poderoso
que fue capaz de parar el mundo, sí; que fue capaz de parar el planeta,
cosa que nunca había sucedido, y que desencadenó una serie de emergencias
de todos conocidas -la emergencia sanitaria, la emergencia económica, la
emergencia social- que actuaban a la vez y para salir del atolladero
requerían que controláramos el virus. Sinceramente, creo que hemos
conseguido resistir muchísimo. Hemos hecho un sacrificio importante y
hemos soportado dolor en esta primera oleada. Estamos desescalando, pero
la amenaza a la salud pública permanece. Hemos resistido, pero todavía no
hemos vencido. El virus sigue ahí, en la sociedad, y por tanto puede
rebrotar en cualquier momento, como ha ocurrido en algunas zonas y como
ha ocurrido con algunos virus. Todos debemos seguir promoviendo la máxima
responsabilidad y la máxima disciplina entre los ciudadanos y asumiendo
nuestra propia autoexigencia. Tenemos que ir con cuidado y no dejarnos
llevar por el deseo de volver rápidamente a la normalidad anterior. Hay
tres líneas que creo que deberemos recordar, que son las de resistencia,
recuperación y reactivación, y para ello sería bueno que llegáramos a un
conjunto de acuerdos importantes donde se reflejara el consenso: el
consenso de las instituciones, el consenso de las fuerzas políticas, el
consenso económico y social. Me gustaría que a lo largo de este periodo
parlamentario algunas de estas cuestiones quedaran resueltas.
Voy terminando. El conjunto de medidas adoptadas desde la declaración del
estado de alarma por todas las administraciones ha ayudado y ha hecho que
el daño infligido haya sido mucho menor. El apocalipsis no se ha
producido y es necesario poner en valor lo que hemos hecho, y hacerlo
porque a veces se ocasionan discusiones y polémicas que vienen a poner en
duda un hecho tan palmario y tan evidente como el que hemos venido
llevando a cabo a lo largo de los tres últimos meses.
Termino definitivamente. Nosotros tenemos una encomienda, una función, una
tarea, y esa tarea, que es la de velar por que las administraciones
públicas cumplan con los derechos, satisfagan los derechos y las
libertades de las personas, ha de ser salvaguardada y el Defensor del
Pueblo está empeñado en ello. Nosotros, cuando toque, traeremos a esta
casa el informe de 2020 dando cuenta de lo actuado a lo largo de los
meses de lucha contra la pandemia. Eso es lo correcto en términos
constitucionales y eso es lo que pensamos hacer.
Agradezco muchísimo, muchísimo, el silencio y su atención a mis palabras.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores
diputados. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, defensor del Pueblo, señor
Fernández Marugán. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora
Cepeda.
En turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario
Mixto, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías.
Estoy muy agradecido al Defensor del Pueblo por traernos las
circunstancias que reflejan sobre todo los sentimientos de los
ciudadanos. Por nuestra parte, solo queremos hacer hincapié en un aspecto
que nos preocupa y que él menciona en sus informes reiteradamente: la
carencia de servicios en telefonía móvil y en cobertura digital en todo
el territorio. Tanto en un informe como en otro, pero sobre todo en el de
2019, el defensor pone de relieve la carencia de esos servicios y la
necesidad de que ambos, tanto el servicio de telefonía como el de acceso
a Internet, tengan la consideración de servicio universal. Parece
anómalo, pero, por ejemplo, ni nuestra senadora Beatriz Martín en su
pueblo, Bueña, ni yo en el mío, Cutanda, podemos utilizar ni el teléfono
ni la tablet que nos facilitan el Congreso y el Senado. O sea, estamos
realmente incomunicados, dos parlamentarios. No hay mejor ejemplo que
este sobre la carencia de servicios de telefonía. La telefonía fija es
parte del servicio digital aprobado por el Gobierno y por este
Parlamento; sin embargo, la telefonía móvil no forma parte del servicio
universal de telecomunicaciones y esto realmente solo depende de esta
Cámara y del Gobierno. Por eso pedimos que, en atención a las cuestiones
puestas de manifiesto por los ciudadanos que han transmitido sus quejas
al Defensor del
Pueblo, consigamos que de una vez por todas tanto la telefonía móvil como
el servicio de Internet sean un servicio universal recogido y prestado
por este Gobierno. Simplemente, eso.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchísimas gracias.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Oramas
González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Marugán, gran amigo y hombre muy respetado en la historia
parlamentaria de este país, le voy a contar una cosa. Ayer pensaba qué
decirle a usted en el poco tiempo que tengo cuando hemos hablado tanto en
este tiempo, y voy a hacerle una propuesta a usted y a esta Cámara en
relación con lo que ha pasado en las residencias de mayores, cómo están y
cómo está la Ley de dependencia, ese tema que teníamos ahí aparcado. No
puede ser ni dentro de un año, en su informe del próximo año, ni puede
estar en manos de las guerras políticas para echarse los muertos a ver
quién lo hizo peor dependiendo de si estás en Madrid, en Aragón, en
Canarias o en Baleares. "Yo creo que el único órgano neutral que tiene la
potestad de pedir cuentas a todas las administraciones de este país, que
tiene los medios y que no está metido en la guerra política es el
Defensor del Pueblo. Voy a plantear a este Congreso y a usted que el
análisis de lo que pasó, de cuáles son las carencias y de qué se necesita
se le encargue por parte de todos los partidos de este país y de esta
Cámara el Defensor del Pueblo y se le pongan los medios si fuera
necesario. ¿Por qué? Porque la teleasistencia y la atención domiciliaria
es competencia de los ayuntamientos; las residencias de mayores y los
centros sociosanitarios son competencia de las comunidades autónomas o de
las diputaciones en algunos casos -en caso de Canarias, de los cabildos-;
la sanidad es competencia de las comunidades autónomas, y el
incumplimiento de la Ley de dependencia, porque el Estado tenía que pagar
el 50 %, es responsabilidad del Estado. Todo eso se debe exigir a los
8000 ayuntamientos, a las comunidades y a las diputaciones. Hay que saber
cuánta gente murió y, como dice usted, se debe analizar el tema de la
indignidad de la muerte y del duelo y qué necesitamos para que en los
próximos años en el envejecimiento haya dignidad, los medios, los
recursos, la inspección de los centros privados y públicos y el
cumplimiento de las administraciones. Yo creo que el Defensor del Pueblo
es el que puede recuperar la historia, la realidad y las propuestas en
positivo sin el componente político de echarnos los muertos a la cara.
Esta sociedad necesita reconciliarse con lo que pasó y tener la garantía
de que no va a volver a pasar.
Señor Marugán, el último tema que usted y yo hemos planteado a Gobiernos
de PP y a Gobiernos del PSOE es que la situación peor en este país en
cuanto a la inmigración es la de las familias venezolanas con niños. Lo
ha dicho ACNUR, lo ha dicho Cáritas y lo ha dicho Cruz Roja. Están
bloqueados en el Ministerio del Interior los asilos y los permisos de
residencia y de trabajo. Le pido en este momento a usted, como Defensor
del Pueblo, que se vuelva a unir y exija al Gobierno de España, igual que
Europa está haciéndolo en Colombia con los millones de personas que
salieron de Venezuela, que se resuelva de forma inmediata esa situación
para que no estén en la calle tirados y no estén en centros de acogida.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.
En último lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la
palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Buenos días.
En primer lugar, quiero decir que desde la perspectiva de la CUP la
defensoría del pueblo, igual que la Sindicatura de Greuges para nosotras,
es una figura importantísima en la defensa de los derechos humanos. En
segundo lugar, quiero decir que de todo lo que se reporta en los dos
informes podríamos haber escogido muchos temas, especialmente la negativa
de llevar el recurso de inconstitucionalidad por la aplicación del
artículo 155 a la Generalitat y a las instituciones catalanas. Pero hemos
querido hoy traer un tema del que poco se habla en esta Cámara, que son
las deportaciones de personas migrantes. De hecho, en ambos informes se
habla de diversos operativos de la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas, Frontex, y se reportan diversas vulneraciones de
derechos humanos. Las deportaciones, para quien no esté al tanto del
tema, las puede ejercer Frontex con la colaboración de la Policía
Nacional o incluso pueden ser operativos directamente organizados por la
Policía Nacional. Aparte de los informes,
ustedes saben que la defensoría del pueblo saca también resoluciones, y
hay múltiples resoluciones sobre las vulneraciones de derechos sobre
deportaciones, de incumplimientos de protocolos tanto de Frontex como de
la Policía Nacional; la gente sin identificar, no dar información a las
personas que se está deportando, que no haya intérpretes, personas
deportadas en países que no son el suyo, etcétera. Pero si nos centramos
en el protocolo propio de la Policía Nacional en términos de
deportaciones, encontramos cosas como esta: la posible utilización de
medidas de contención, lazos de seguridad, esposas, cascos, cacheo
previo, la posibilidad de inmovilizar a personas que se resistan e
incluso de sedarlas. Y, leo textualmente, dice el protocolo de la Policía
Nacional: En ningún caso la aplicación de medidas coercitivas podrá
comprometer funciones vitales del repatriado; repito, funciones vitales
del repatriado. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué en un protocolo
de la Policía Nacional se especifica que no se puede matar a nadie?
Porque este protocolo nace en 2007 a raíz de que un ciudadano nigeriano
muere en un avión comercial mientras es deportado porque dos escoltas lo
amordazaron. ¿Y saben con qué tiene que ver eso? Con una política
organizada, consciente y sistemática de la Unión Europea con la
migración, lo que se llama la 'Europa fortaleza'; centros de
internamiento, redadas, deportaciones y fronteras. ¿Y saben cómo se llama
esto? Racismo institucional, y el racismo institucional se cobra vidas en
el mar, en los centros de internamiento y en las deportaciones, y en el
Estado español se ha cobrado muchísimas vidas.
Acabo, señora presidenta. Desde la perspectiva de la CUP, estamos por el
derecho a la migración y a la libre circulación; en definitiva, por la
defensa de la vida. Y aprovechamos para preguntarles a sus señorías si
van a apoyar la PNL que mañana se presenta en una rueda de prensa de
RegularizaciónYa, porque ninguna vida merece ser asesinada por una
política pública racista.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor
Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente desde el escaño si me lo permite.
Señor defensor del Pueblo, gracias una vez más por su intervención, por su
dedicación, de la que algunos llevamos tiempo encargándonos de una o de
otra manera.
Yo destacaría dos cuestiones de su informe y de las intervenciones que
también ha habido en torno a este tema. Una cuestión son las carencias
que existen en la sociedad, carencias que pueden atribuirse al Gobierno o
a las instituciones, carencias de infraestructuras, carencias de
cuestiones básicas incluso para muchas de las personas que habitan. Pero
hay otra cuestión que es diferente y que no son solamente carencias, y es
la conculcación de derechos básicos o incluso derechos humanos, que es
algo a lo que yo principalmente me referiré, porque otras cuestiones creo
que desde otras perspectivas se pueden atacar o se pueden subsanar.
En primer lugar, la violencia machista -usted mismo lo ha dicho en su
intervención, y me parece muy importante que usted haya dirigido sus
primeras palabras en torno a este tema- es una triste realidad que
nuestra sociedad padece, y esta misma semana incluso hemos cuestionado
desde esta tribuna algunas intervenciones. Me parece aberrante que hoy en
día todavía, incluso según los informes que usted presenta en esta casa,
se esté cuestionando eso; por lo tanto, nuestra mayor implicación en esta
materia y nos parece muy interesante, muy importante que usted haga
hincapié en ello. En su informe de 2018 usted reclama más implicación de
las administraciones para acabar con la violencia machista e insiste en
la necesidad de proteger rápida y eficazmente a los hijos y a las mujeres
víctimas de violencia de género. En el año 2019 el informe insiste en los
fallos existentes de coordinación, errores de comunicación y, por lo
tanto, creo que tenemos todas las instituciones labor suficiente para
llevar a cabo cuando usted ha señalado con el dedo que existen fallas en
esa materia.
Segunda cuestión, la trata de seres humanos. Me parece otra conculcación
de derechos humanos, y usted lo señala en su informe. En este Estado
existe trata de personas, existe trata de seres humanos con fines de
explotación sexual. Creo que, aparte de la necesidad y de la obligación
que tenemos de erradicarla, debemos de hincarle el diente.
Tercera cuestión, personas migrantes, tema al que también se han referido
otros portavoces. Creo que la gestión de acogida humanitaria de las
personas que acceden de forma irregular a España -llamémosle irregular a
lo que no está legislado- y la gestión de las personas que necesitan
protección internacional, así como la situación de los menores recogidos
en centros de estancia temporal, necesitan una profunda revisión orgánica
y funcional. Hay continuas demandas de asilo y de protección
internacional.
España ha finalizado 2019 con 135 000 solicitudes pendientes de resolver.
Su institución formuló más de medio centenar de sugerencias a la
Secretaría de Estado de Migraciones. No sé si están contestadas, si se ha
seguido la tramitación o cómo está la situación.
Por último, aunque habría muchas más cuestiones que tratar, pero no me
quiero exceder, está el tema del mecanismo para la prevención de la
tortura, así como el de las actuaciones que se han llevado a cabo. Dentro
de ese mecanismo también está la situación de las instituciones
penitenciarias, de las cárceles, algo que nos ha preocupado siempre, y
usted hace hincapié en las mujeres privadas de libertad por su condición
de sexo en las cárceles como cuestión importante, incluso hizo un
informe. Pues a raíz de ese informe, hace dos semanas mi grupo
parlamentario presentó aquí una proposición no de ley para tratar el tema
de la situación de las mujeres en las cárceles, situación que algunos
cuestionaron, que exista discriminación, que exista una situación
perentoria, que exista una situación diferente a la de los hombres,
cuando el informe que usted mismo realizó lo detecta, lo detalla y lo
denuncia.
En nombre de mi grupo, le pido que siga con esa labor, que siga haciendo
un esfuerzo, sobre todo en la defensa de los derechos básicos y de los
derechos humanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín
Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor defensor del pueblo, por todo el trabajo que nos ha
presentado hoy y por su exposición. Creo que lo que ha presentado ante
esta Cámara no son meras solicitudes, meras quejas o meras
intervenciones, sino una radiografía, indicadores de las mejoras
necesarias, indicadores de los problemas de las desigualdades sociales e
indicadores de las discriminaciones que tenemos en España y que debemos
solucionar.
Me gustaría empezar haciendo referencia a algunos datos cuantitativos.
Usted está en una institución que recibe casi 16 millones de euros
anuales, lo cual exige que también nosotros velemos por la eficiencia y
la eficacia de sus actuaciones, y me llama la atención, cuando veo las
cifras, las desigualdades territoriales en cuanto a las quejas -hasta
para eso tenemos desigualdades-: los madrileños, los andaluces, los
valencianos y los catalanes somos más usuarios de su institución que el
resto de los españoles. Aquí le quiero hacer un apunte, al igual que hizo
mi compañera en Comisión, y es que después de la situación que hemos
vivido con la etapa de confinamiento, nosotros insistimos en que se
establezcan canales abiertos, incluso en situaciones como las que hemos
vivido, porque muchas veces las personas con más dificultades son las que
no pueden acceder a la institución y, por tanto, creemos que es
importante que se mejoren estas vías.
Voy a hacer una breve referencia a la situación excepcional que hemos
vivido. Usted se ha referido al tema de la pandemia, y la verdad es que
algunos grupos parlamentarios le plantearon en pleno estado alarma que
usted presentara un informe sobre todas las quejas que había recibido
durante el confinamiento. Nosotros creíamos que en ese momento no tocaba,
pero creemos ahora sí toca, y le anuncio que vamos a pedir una
comparecencia para que usted dé cuenta de más del millar de quejas que ha
tenido referentes a muchas cuestiones en este periodo de crisis del
coronavirus. Quiero referirme a algunas de ellas, porque uno de los
colectivos que más se ha visto afectado y que más ha acudido a usted es
el de los sanitarios, que se han quejado de que no han tenido material,
que no han tenido los EPI necesarios; también de que se han hecho
modificaciones en sus horarios y en sus plantillas laborales, y de que ha
habido deficiencias en los protocolos de actuación, no solamente
sanitarios, sino también de comunicación de las familias con los
pacientes. Yo no sé qué es lo que le ha transmitido el señor Illa y el
resto de las administraciones en este sentido, pero me gustaría conocerlo
en cuando tenga respuesta.
También quiero hacer referencia a una pregunta que hace usted y que yo
también hice, a través de esta Cámara, y que no me han respondido, que
tiene que ver con el papel de coordinación del Ministerio de Sanidad en
relación con las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuántas camas de
cuidados intensivos estaban vacías en el momento álgido de la pandemia,
donde no dimos soporte a muchos ciudadanos? Queremos tener esas cifras.
Si le contestan, por favor, hágamelo saber porque a mí no me las dan.
Quería también hacer referencia a algunas quejas relacionadas con
cuestiones económicas. Ha habido quejas en relación con el retraso en el
pago de los ERTE y también con respecto al tema de los tributos. Nosotros
le pedimos a la ministra de Hacienda que, por favor, ampliara el plazo de
la declaración del IRPF, porque creíamos que, si los ciudadanos habíamos
tenido que ser flexibles, lamentablemente
flexibles, en el cobro de los ERTE, también la Administración podría ser
flexible a la hora de que nosotros pagáramos los tributos. A nosotros nos
dijo que 'nonaino'. Yo no sé qué le ha dicho a usted, pero creemos que es
importante esta cuestión.
No hace usted referencia en sus notas de prensa a una cuestión sobre la
que yo creo que va a tener quejas, que es la falta de transparencia en
este período. Si no tiene quejas -que no las menciona-, le vaticino que
las va a tener y muchas, porque la ha habido y nosotros creemos que es
importante también plantearlo.
Voy a hacer mención a algunos temas puntuales del informe de 2019, que
creo que no se mencionan suficientemente y me parece que son muy
importantes. Mire usted, en 2019 se han denunciado ante su oficina cosas
muy graves, muy graves, algunas de las cuales nosotros también hemos
denunciado en este Congreso y hemos recibido respuestas absolutamente
laxas o no hemos recibido respuestas. Voy a hacer memoria. El verano
pasado se denunció ante su institución -y lo denunciamos en esta Cámara-
el espionaje en colegios por parte de la Plataforma per la Llengua, con
la aquiescencia de la Administración. Sinceramente, yo he echado de menos
alguna referencia a esta cuestión, dada su gran sensibilidad por la
infancia y dada su gran sensibilidad por la educación. También, en
noviembre de este año se denunció un estudio, financiado por el
Ministerio de Economía y elaborado por la Universidad de Lleida, donde se
les preguntaba a los menores si eran independentistas o no. De nuevo,
creo que es una cuestión importante, y no he visto una referencia a estas
vulneraciones del derecho de protección de datos y del derecho a la
infancia también. Quiero hacer referencia a una cuestión que me toca muy
de cerca, porque yo misma la he denunciado ante su institución y no he
recibido respuesta, que tiene que ver con los proyectos lingüísticos de
centro. Es obligatorio publicar los proyectos lingüísticos de centro, y
nosotros hemos denunciado que hay muchos centros, tanto en Baleares, como
en Cataluña, como en Valencia, que no lo hacen, y los padres no pueden
tener información, ni los padres ni los alumnos. Pero es que, además,
hemos llevado ante su institución más de 2500 proyectos lingüísticos de
centro, que en estas zonas dicen que no se tiene acceso a estudiar en
castellano. Me parece una gravísima vulneración de los derechos de niños
y padres. Yo sé que la respuesta que usted dio es que lo llevaran a los
tribunales, pero me parece una respuesta insuficiente. Nosotros esperamos
algo más, que se advierta a las administraciones que son derechos
fundamentales y que se tienen que preservar. También le anuncio que tiene
ya encima de su mesa quejas en este sentido por parte de la asociación
PLIS, en Baleares, y que yo misma le voy a pedir cita, hoy, para llevarle
ante su institución una queja por la coacción que está haciendo la
Generalitat Valenciana, a través de un formulario, a los niños que, en el
ejercicio legítimo de su derecho a la excepción lingüística en zonas
castellanoparlantes, se les está diciendo que no van a poder competir con
el resto de sus compañeros en un futuro. Hemos denunciado esta cuestión
ante el Defensor del Pueblo Europeo y se la vamos a llevar a usted porque
nos parece que es un grave atentado contra los alumnos.
No quiero finalizar sin hacer alusión a una cuestión muy importante, el
abuso sexual a menores en los centros de Mallorca. Aquí se nos negó una
comisión de investigación porque se dijo que se había llevado esta
cuestión ante la Fiscalía y ante usted mismo, y me gustaría saber cómo
está ese expediente informativo. Es una gravísima vulneración a la
infancia, es una gravísima vulneración a las mujeres. Usted hacía
referencia a la violencia de género, yo coincido con usted en todas las
recomendaciones que hace, pero me gustaría que hiciera también un informe
específico sobre la violencia contra la infancia, a raíz de los datos que
hemos tenido y sobre estas cuestiones que nos parecen fundamentales.
Nada más y muchas gracias, señor defensor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Señalaré muy brevemente algunas cuestiones que nos suscitan los asuntos
abordados en los informes del Defensor del Pueblo, en la medida en que
sirven de claro indicador de las graves deficiencias que siguen
produciéndose en la mayoría de los servicios públicos y de las políticas
públicas y que el Gobierno debe corregir, aunque solo podré mencionar por
cuestión de tiempo algunas de ellas.
Destacan las quejas en relación con los extranjeros en el Estado español,
que ponen de manifiesto que la regularización de las personas migrantes
en el Estado es una de las tareas pendientes y urgentes. Ahí está la
proposición no de ley que se presentará mañana y que el BNG impulsa junto
con otras fuerzas políticas a partir de la iniciativa social de
Regularización Ya, y que esperamos que sea aprobada.
Otro asunto en el que se hace especial incidencia en el informe,
evidenciando que todavía queda mucho por hacer, es el de la violencia de
género, ya que las quejas recibidas también ponen en evidencia
deficiencias en el sistema público de protección y fallos que suelen ser
más graves cuanto más vulnerable es la víctima. Asimismo, destaca la
vulneración de derechos lingüísticos en un Estado que no acaba de asumir
en la práctica y con todas las consecuencias la existencia de pueblos con
lengua propia como el gallego. De ahí la recomendación de velar por que
se respeten los derechos lingüísticos en el sistema educativo que, por
cierto, también hacía el Consejo de Ministros del Consejo de Europa
acerca del cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas, o a la hora
de realizar trámites en las distintas lenguas ante la Administración
General del Estado. Así, llama la atención la extensa mención acerca de
los graves déficits en esta materia por parte de la Agencia Tributaria, a
la que se pide garantizar a todos los contribuyentes poder utilizar
cualquiera de las lenguas oficiales en su territorio.
Otras cuestiones relevantes en las que desgraciadamente no puedo detenerme
son los derechos de los y las internas en los centros penitenciarios, los
malos tratos policiales y el abuso que supone la Ley mordaza -que hay que
derogar ya-; las discriminaciones dentro del ámbito del procedimiento
penal militar que recientemente debatimos en esta Cámara; los requisitos
para la obtención de becas y ayudas; el problema del copago en los
medicamentos; las dificultades para ver garantizado el derecho a la
vivienda que acaba en un desahucio sin solución de alojamiento público, y
tantos otros que dan una idea de los graves problemas que las y los
ciudadanos viven cada día y que deben ser solucionados con medidas
eficaces y determinadas medidas y políticas de orientación social y
democrática que, desde luego, tienen que ser el objetivo no solo del
Gobierno sino de todas y todos nosotros.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Gracias, señora Cepeda.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Miquel i
Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias presidenta.
Señor defensor del pueblo, muchas gracias por sus informes y por su
exposición. Déjeme que de entre todos los temas que tratan sus informes
de forma detallada e interesante le comente, no a modo de reproche pero
sí a modo de comentario, que echo en falta un capítulo que yo podría
nombrar capítulo de las libertades, por ejemplo, y en ambos informes. En
ese capítulo creo que podríamos hablar de la vulneración, por ejemplo, de
la libertad artística en España. No lo digo yo, la organización Freemuse,
que es una organización internacional que guarda y vigila los derechos de
los artistas y la censura, comenta de forma sistemática que España es el
país del mundo, del mundo, que tiene más artistas encarcelados. Lo dice
también Amnistía Internacional, de hecho, una de sus portavoces dijo:
España es un ejemplo emblemático de una inquietante tendencia en la que
Estados de toda Europa limitan la libertad artística y de expresión. Y de
esto no hemos encontrado ni una sola palabra en sus informes, y por eso
creo que sería interesante que cara al informe de 2020 ustedes tuvieran
en cuenta esta situación. No es casualidad que España lidere un ranking
como el de artistas encarcelados, y eso es -ustedes lo saben y hacen
referencia a ello en algún momento de los informes- como una ley
antiterrorista para promover la censura artística. Concretamente, el
artículo 538 del Código Penal es el que se utiliza para coartar la
libertad de estas personas.
Yo añadiría un segundo capítulo de libertad de expresión. Usted hace
referencia en la vulneración de neutralidad de algunas administraciones,
especialmente catalanas, ya lo especifican, frente a lo que debería ser
esta neutralidad de las administraciones, y a eso se suma a la sentencia
del Tribunal Supremo, la 564, de hace apenas unas semanas, y sus
consideraciones. Una libertad de expresión en las administraciones y la
falta de neutralidad sumada a esa sentencia nos pueden llevar a una
situación un poco extraña y es que este mes, que es precisamente el mes
del orgullo LGTBI, muchas administraciones, como el Gobierno central,
cuelgan en sus balcones banderas defendiendo los derechos del colectivo
LGTBI, pero como algunos miembros de esta Cámara también pueden
considerar que esos no son derechos a defender o a promover porque
vulneran también la neutralidad de las administraciones, sobre todo en
las que gobiernen ellos o de las que ellos formen parte, tienen que
retirar esas banderas, lo que sería sin lugar a dudas un retroceso en
términos de derechos y de libertad de expresión también de las
administraciones, que es un derecho que yo sí reconozco
Por último, libertad de reunión. Usted hace muchas referencias a la poca
conveniencia de la Ley mordaza y de sus usos y abusos. Nosotros venimos
defendiendo la derogación de esa ley, y el Gobierno
que lleva dos años gobernando este país decide e impulsa supuestamente la
derogación de esta ley, que no termina de llegar, pero es por culpa de
esa ley que se vulneran derechos como la libertad de expresión y la
libertad de reunión. No hace usted ninguna referencia, por ejemplo, a la
vulneración de los derechos de los encarcelados Jordi Sànchez y Jordi
Cuixart, que de forma sistemática, y también por organizaciones
internacionales como Amnistía Internacional, han sido denunciados
justamente por una lectura de lo que es el delito de sedición un poco
extraña.
Termino con esto, señor defensor del pueblo. Le agradezco de nuevo su
trabajo y su comparecencia hoy aquí y esperamos verle muy pronto aquí o
donde sea. Muchas gracias por su trabajo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la señora la señora Carvalho
Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora
presidenta.
Muchas gracias, señor defensor del pueblo y a todo su equipo, por la
ingente tarea que han hecho en estas más de dos mil páginas, en estos dos
informes, por defender los derechos fundamentales y las libertades
públicas de la ciudadanía mediante esta supervisión que hacen usted y
todo su equipo de la actividad de las administraciones públicas del
Estado español.
Tenemos poquísimo tiempo. Creemos que una de las tareas de la nueva
concepción de los derechos fundamentales es desenmascarar sobre todo las
falsedades con que los Estados hacen uso de los derechos humanos. Y de
los derechos humanos hablamos hoy aquí el Grupo Republicano, de los tres
ejes en que usted se ha basado, sobre todo en la violencia de género, la
brecha salarial, la Administración de Justicia y el Registro Civil.
Hacemos hincapié en algo que es realmente recurrente en todos los
informes -no solo en 2018 y 2019 sino también en los anteriores- y que
atañe a la parte de la sociedad del Estado español que vive bajo un grado
extremo, extremísimo, de precariedad y de vulnerabilidad, estamos
hablando de las personas migrantes. Desde esta tribuna invitamos a todas
las fuerzas de este hemiciclo a dar apoyo a una PNL que muchas fuerzas
hemos registrado esta semana para la regularización de las personas
migrantes en situación administrativa irregular, que son casi 700 000
personas; vecinos y vecinas nuestras, del Estado español, que se
encuentran en situación -vuelvo a decir- de gran precariedad, de gran
vulnerabilidad. La verdad es que con la concepción actual de los derechos
humanos para muchísimas personas en este Estado, las personas migrantes,
las personas refugiadas, su hambre es otra hambre, su vida es otra vida;
pero nosotros pensamos que la vida de cada individuo de esta sociedad
está absolutamente enlazada con cada persona que compone esta sociedad.
En los informes de 2018 y 2019, señor defensor del pueblo, hay temas que
se repiten mucho en todas sus resoluciones, recomendaciones, sugerencias,
recordatorios de deberes legales, advertencias... Creemos que en el
informe de 2020 continuarán existiendo los mismos agravios y las mismas
violaciones de derechos humanos que en los informes anteriores.
Reconocemos también el gran trabajo de estos informes sobre la
cronificación de las desigualdades en el Estado español. Pero estamos
hablando del gran día de la marmota, insisto, es un gran día de la
marmota; es una vergüenza que tengamos casi dos mil folios del Defensor
del Pueblo y que haya problemas que se repiten año tras año, año tras
año.
Voy a dar algunas pinceladas. CETI y CIE. Sabemos de las expulsiones
sumarías, de los abusos policiales en la frontera sur de España, la
dificultad en el caso de Melilla, la imposibilidad también en el de Ceuta
de acceso a los puestos fronterizos. Sabemos básicamente lo que dice
usted en sus informes de las condiciones terribles en que se encuentran
las personas que viven en los CETI y en los CIE: la discriminación por
razón del color de la piel, de la nacionalidad, de la creencia; la falta
de atención a los grupos vulnerables, como las personas LGTBI.
Preguntamos a cada señoría de este hemiciclo, ¿cuál es su impresión sobre
la casi nula respuesta del Gobierno de España en relación con los CETI y
los CIE? Refugio. Miles de personas han muerto intentando cruzar el
Mediterráneo mientras los Gobiernos -y estoy hablando de toda Europa-
criminalizan la solidaridad. El contraste entre la acogida de refugiados
como una parte del discurso del Estado español y las diversas denuncias
de brutalidad de las medidas antimigración es enorme, es enorme,
señorías; lo pueden ustedes leer en los informes del Defensor del Pueblo.
Aceptar los CIE, los controles, la Ley de extranjería -que está vacía de
contenido-, la consigna 'acogida de refugiados' es una hipocresía. La
acogida de refugiados en el Estado español y en muchos otros Estados de
Europa es una hipocresía. Con los jóvenes migrantes tutelados y
extutelados ha hecho usted, señor defensor del pueblo, un trabajo muy
bueno, incluso de oficio. Me remito a dos casos, a dos muertes que han
pasado en centros de menores. El joven Ilyas en Almería y otro joven al
que, por cierto,
la Junta de Andalucía no ayudó -está recogido también en su informe-
cuando seis personas le introdujeron con las manos esposadas en una
habitación donde se activó el protocolo de contención mecánica. Tenemos
los vídeos de El País explicando cómo fue la muerte de este joven.
También un joven ingresado en el Hospital Comarcal de Melilla en estado
de coma, que murió. Asimismo, niños y niñas no escolarizados de Melilla,
y desde aquí mi agradecimiento, señor defensor del pueblo, porque ha
estado usted muy atento a este tema. Es una vergüenza, como ha dicho, me
remito a sus palabras de antes. El Defensor del Pueblo -como mecanismo
nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos y degradantes- ha estado, como he dicho antes, en los CIE, en
los CETI, en los centros de internamiento de menores, en los centros
penitenciarios, en los centros de inserción social, en la comisaría de la
Policía Nacional, de la Guardia Civil, en los centros de atención a
enfermos mentales, en la Unidad de Custodia Hospitalaria, en los centros
de primera asistencia y de atención de extranjeros, en la dependencia de
custodia de la Policía local y Depósito Municipal de Detenidos, en el
operativo de repatriación Frontex -que ahora mismo puede deportar a 82
países, el año pasado podía deportar solo a catorce países-. Ahora mismo
-voy acabando, señora presidenta- estamos delante de la 'fasciszación'
del mundo. Las extremas derechas están intentando guiar los Estados, los
Gobiernos. Estamos delante de un periodo muy duro de la historia de la
humanidad. No dejemos caer en esta época.
Acabo dando una muy buena noticia, que seguramente sabrá usted. En los
informes -tanto en el 2018 como en el de 2019- usted de oficio habló de
los bebés robados. Usted hizo recomendaciones a la Fiscalía General del
Estado, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social y al Ministerio de Justicia. No tuvo usted mucho éxito
en sus instancias, señor defensor del pueblo, pero hace un par de días se
tomó en consideración aquí en esta casa una proposición de ley de
diversos grupos parlamentarios sobre los bebés robados del Estado
español...
La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, tendría que terminar, por favor.
La señora CARVALHO DANTAS: Acabo.
Con lo cual, su trabajo de 2018 y de 2019 ha tenido su efecto.
Y lo demás, sobre la entrada, sobre las deportaciones -de las que ya ha
hablado la compañera Mireia Vehí-, sobre la desproporción de la actuación
del Estado, la brutalidad policial, la violación de la libertad de
expresión, la Ley mordaza, creemos que en el informe del volumen dos
-ahora hago una crítica, señor defensor del pueblo- del 2019, cuando
usted habla de la contribución de la inmigración española, la
contribución no tiene que ser vista solo bajo un aspecto...
La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, tiene que terminar, por favor.
La señora CARVALHO DANTAS: ... solo bajo un aspecto del volumen dos de su
informe del 2019, es por derechos humanos y justicia social y no solo un
aspecto económico, mercantilista y muchas veces utilitarista, como hemos
visto en la regularización de Portugal e Italia. No queremos esto en el
Estado español; derechos humanos, regularización ya y justicia social.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Márquez Guerrero.
La señora MÁRQUEZ GUERRERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Me gustaría comenzar mi intervención destacando el valor, la relevancia de
la institución del Defensor del Pueblo y su labor fundamental de velar
por los derechos y las libertades de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.
Los informes correspondientes a los años 2018 y 2019 constituyen una
radiografía perfecta de una década perdida en materia de derechos
sociales, derechos que, por cierto, deberían ser considerados derechos
fundamentales porque garantizan y sustentan la vida. Y como tal
radiografía, es una base sólida para hacer un diagnóstico y también un
pronóstico de la realidad de nuestro país. Coincidimos con el análisis
del defensor del pueblo en que la crisis económica de 2008 y,
fundamentalmente, las políticas de austeridad y de recortes que se
aplicaron han tenido gravísimas consecuencias, que todavía hoy estamos
sufriendo en ámbitos tan esenciales para la vida como la sanidad, la
educación, la vivienda o en materias
de igualdad y de equidad. Estos informes son, señorías, como faros que
pueden guiarnos en la dirección correcta y deberían ser tenidos en cuenta
en los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
Como el tiempo es escaso y la materia es ingente, voy a centrarme en
algunas actuaciones en relación con los derechos sociales.
Los informes constatan, efectivamente, que las políticas de austeridad
provocaron el deterioro de los derechos sociales y de los servicios
públicos y, señorías, no se trata de recortar derechos para salir de la
crisis, todo lo contrario; se trata de reforzarlos y de garantizarlos
para poder resistir, para remontar y, fundamentalmente, para que las
crisis no las paguen los de siempre, los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad. En la sanidad, por ejemplo, los recortes que empezaron
aplicándose en 2012 han lastrado los presupuestos sanitarios de las
administraciones públicas con efectos dramáticamente vividos durante la
pandemia. La escasez de recursos materiales y de recursos humanos nos ha
dejado en una situación de máxima indefensión, de vulnerabilidad extrema.
Las consecuencias ya son conocidas por todos: larguísimas listas de
espera, centenares de operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas
postergadas y urgencias colapsadas. Señorías, si no revertimos estas
políticas con una mayor inversión, tendrá razón el defensor del pueblo en
el riesgo de que esta situación se cronifique y que el deterioro sea
difícilmente reversible.
Compartimos con el defensor del pueblo la necesidad de reforzar la
atención primaria, especialmente en las zonas rurales, y la de llevar, lo
antes posible, la atención psicológica al Consejo Interterritorial de
Salud para que el Estado y las comunidades autónomas incrementen los
recursos destinados a ella. Señorías, tampoco el ahorro se puede basar en
el copago de los medicamentos necesarios porque estas medidas afectan a
la población más vulnerable, a las personas que están desempleadas, a las
personas discapacitadas y a las personas que tienen enfermedades graves y
crónicas.
Por otra parte, las conclusiones de los informes sobre las residencias de
mayores son muy significativas; el diagnóstico es demoledor.
Desgraciadamente, en 2020 se han confirmado los datos que el defensor del
pueblo nos daba en los informes de 2018 y 2019: básicamente la ausencia
de un modelo sociosanitario eficaz, la falta de recursos y la escasez en
los servicios de inspección. Hemos constatado que la privatización de las
residencias antepone el lucro de los fondos buitre al bienestar de
nuestros mayores. Va a ser necesario, como dice el defensor del pueblo,
una revisión a fondo del modelo en su conjunto: ley orgánica,
compromisos..., reorganización.
En educación nos encontramos con un panorama similar. La falta de
inversión provoca deficiencias gravísimas en las instalaciones y el
mantenimiento de los centros escolares, en servicios complementarios como
el transporte o el comedor o en el acceso a libros de texto en muchas
comunidades autónomas. Estamos hablando de grietas en las aulas en
Andalucía, estamos hablando de niñas y de niños en contacto con amianto.
Señorías, si no aumentamos la inversión en educación, jamás podremos
contar con una educación de calidad e inclusiva que haga de la igualdad
una prioridad y de la equidad en el acceso a la educación una realidad.
Señorías, la difícil situación por la que atravesamos en estos ámbitos y
en otros como la vivienda o la igualdad, no va a solucionarse con
banderas, con proclamas patrióticas, con discursos vacíos que recurren a
tiempos o a espacios remotos -Venezuela, ETA-; no, señorías. El Estado
del bienestar requiere medidas concretas, y se las digo: políticas
estructurales, recursos presupuestarios, una defensa firme de la gestión
pública y justicia fiscal. Sí, justicia fiscal, que es la base de la
justicia social. (Aplausos.)
Me gustaría dar las gracias al defensor del pueblo por su trabajo y, muy
especialmente, por su preocupación por los derechos de las niñas y los
niños migrantes que llegan solos a nuestro país. El discurso de la
intolerancia y de la xenofobia de la ultraderecha no debería tener ni el
más mínimo espacio en una sociedad democrática, porque cuando estamos
hablando de niñas y niños el único lenguaje posible es el lenguaje de los
derechos. Sí, señorías. (Aplausos.)
Termino, señorías, con algunas razones para la esperanza, porque los años
anteriores el defensor del pueblo venía detectando deficiencias graves en
el régimen de becas y ayudas al estudio. Como saben, el Gobierno ha
acordado la reforma del sistema con la mayor subida presupuestaria en la
partida de las becas en once años, becas que van a estar ligadas a las
circunstancias económicas y no a los rendimientos escolares porque en
democracia, señorías, las becas no son una recompensa, son un derecho.
La señora PRESIDENTA: Señora Márquez, tiene que terminar, por favor.
En el último informe del defensor del pueblo se instaba a la creación en
el plano estatal de un sistema integrado de rentas mínimas. Hace unos
días hemos aprobado aquí el ingreso mínimo vital. Esta es la política que
demanda y que reclama la ciudadanía, una política valiente que amplía
derechos, una política que avanza firme y decidida hacia la democracia de
lo cotidiano y una política, sobre todo, útil, que protege y que cuida,
que defiende a nuestro pueblo de aquellos que quieren venderlo.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Márquez. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Alcaraz Martos.
(Aplausos.)
El señor ALCARAZ MARTOS: Muchas gracias, señora presidente.
Señorías, buenos días. Señor Fernández Marugán, usted ha tenido y auguro
que va a tener muchísimo trabajo, y un trabajo muy difícil, tan solo
tiene que mirar aquí al hemiciclo para corroborar lo que le digo. Nunca
en esta Cámara ha tenido sentados en sus escaños a tantos enemigos de
España: proetarras, progolpistas, separatistas, comunistas, y lo peor de
todo es que tenemos al Grupo Socialista apoyando y apoyándose en ellos.
(Aplausos.) Por lo tanto, va a tener mucho trabajo. De hecho, los
informes de los años 2018 y 2019 así lo recogen, y lo voy a acreditar con
lo que voy a comentar luego.
Quiero destacar también, como le dije en su momento y no obtuve respuesta
-aunque imagino la respuesta que tendría la pregunta que le hice en
Comisión-, que resulta algo extraño que en el año 2019 tengamos casi un
20 % de aumento de las denuncias ante el Defensor del Pueblo con
respecto al año 2018 y, sin embargo, las actuaciones e investigaciones
del Defensor del Pueblo realizadas de oficio se reducen a casi la mitad;
poco más que añadir. Lamentamos también que en la comparecencia en la
Comisión del Defensor del Pueblo actuara simplemente como un cronista
oficial del Gobierno socialcomunista aportando lo acontecido en estos dos
años, y nos privara de la libertad de poder tener información sobre lo
que está aconteciendo en este momento en la mayor crisis social,
sanitaria y económica que está teniendo lugar en España, puesto que si
dentro de un año o de dos años su sucesor expone lo que está pasando
ahora, realmente poco podremos hacer.
Centrándome en el informe, uno de los puntos que usted ha tocado ha sido
la inmigración. Ha apuntado que la población inmigrante es la tabla de
salvación demográfica y económica de nuestro país. Efectivamente, así es.
Esas conclusiones vienen a confirmar lo que defendemos en VOX; cuando la
inmigración es legal es beneficiosa para España. Y en ese informe recoge
también que cuando esa inmigración es ilegal a través de la mafia de
trata de personas, crean problemas; problemas que están reflejados en el
informe que ha expuesto de los años 2018 y 2019. Es curioso también que
los partidos que más levantan la bandera a favor de la inmigración ilegal
sean los mismos que persiguen a cualquier ciudadano de España -de
Andalucía o Extremadura, por ejemplo- cuando van a sus comunidades
poniéndoles problemas; trabas con la lengua, la persecución del español.
Incluso los amigos de los proetarras de Bildu hasta llegaron a asesinar a
nuestros familiares para que no estuviésemos en el País Vasco, ¡y ahora
ustedes levantan aquí la bandera a favor de la inmigración! Ya sabemos
por dónde van.
En otros puntos del informe usted destaca hechos que vienen a justificar
la denuncia que he hecho al comienzo de mi discurso. Me refiero a las
numerosas denuncias por la instalación en edificios públicos de Cataluña
de símbolos ideológicos antidemocráticos y antiespañoles. Hace especial
mención a espacios públicos de la Generalidad de Cataluña, como son los
centros escolares y los ayuntamientos. De hecho, usted, señor Fernández
Marugán, dice textualmente que en Cataluña se está produciendo un
adoctrinamiento escolar vergonzoso. Y frente a esta denuncia, no pasa
nada; no pasa nada porque las denuncias del Defensor del Pueblo chocan
frontalmente con los intereses de los socios de Sánchez. También hace
usted referencia a los problemas que tienen las personas mayores y hoy
los ha recordado aquí. Hizo especial énfasis en el problema de la soledad
que viven nuestras personas mayores. Y créanme, considero que es un
problema que las personas que más se han sacrificado por ese Estado del
bienestar que hemos disfrutado, que más han trabajado por ello, se
sientan solas. Es muy triste, es el fracaso de esta sociedad. Pero si es
triste que esas personas se sientan solas, más triste es que miles de
ancianos hayan muerto en la soledad gracias a la negligente actuación de
este Gobierno socialcomunista, y de eso usted nada ha dicho. (Aplausos.)
Como tengo poco tiempo, termino haciendo referencia a muchas de las
recomendaciones y denuncias que usted expone, que se pueden resumir en la
desigualdad de trato que reciben los españoles
dependiendo de la comunidad en la que vivan; por ejemplo, en atención
sanitaria, educación, ayuda económica, etcétera. Este tipo de problemas
los van a seguir teniendo ahora y en adelante, porque si usted lo que
pretenden es que se aplique el artículo 14 de nuestra Constitución para
que todos los españoles seamos iguales ante la ley, le tengo que decir
que las políticas que emanan de esta Cámara están condicionadas por los
partidos que están contra los españoles, por lo tanto, esos problemas se
mantendrán. Y, de hecho, si seguimos alimentando a quienes quieren romper
España, la institución del Defensor del Pueblo de España tiene fecha de
caducidad.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alcaraz. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el
señor Delgado Arce.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, mis primeras palabras
quiero que sean de recuerdo del que fue defensor del pueblo durante nada
menos que una década, una gran persona, un gran político, don Enrique
Múgica Herzog, con el que tuve el honor de debatir. (Aplausos.)
Señor don Francisco Fernández Marugán, defensor del pueblo en funciones,
que lo es desde julio de 2017 sucediendo desde su posición de adjunto
primero a doña Soledad Becerril -lleva usted casi tres años en esta
situación de interinidad-, bienvenido a su casa. Esta es su casa, fue
usted un brillante diputado durante ocho legislaturas, integrado en el
Grupo Parlamentario Socialista, y hemos tenido muy buenas tardes con
usted aquí, en el hemiciclo. Presenta hoy en el Pleno los informes de
gestión de los años 2018 y 2019, un total de veinticuatro meses, de los
cuales cinco corresponden a la gestión de Gobiernos del Partido Popular y
los diecinueve restantes a la gestión del Gobierno del Partido Socialista
en solitario, al principio, y después con Unidas Podemos otros meses.
Antes de entrar a valorarlos, le tengo que expresar nuestro disgusto
porque no haya comparecido en la Comisión Mixta de Relaciones con el
Defensor del Pueblo para dar cuenta de las quejas y de las preocupaciones
ciudadanas que llegaron a su institución sobre la crisis sanitaria de la
COVID-19 y de las recomendaciones y actuaciones que la institución
realizó. En España hemos vivido cien días de estado de alarma, con
importantes restricciones de derechos y de libertades fundamentales. Se
han suspendido de facto derechos como el de circulación, el de reunión,
el de manifestación, el de culto, etcétera, y también hubo importantes
alteraciones en el funcionamiento de servicios públicos gestionados por
diferentes administraciones. Consultando alguna nota de prensa en la web
de la institución o a través de alguna noticia hemos conocido algo de su
actividad en relación con esta materia, pero por considerarlo
insuficiente solicitamos desde el Grupo Parlamentario Popular, ya el 8 de
abril, su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el
Defensor del Pueblo para que informase sobre esta materia. Lo cierto es
que esto no fue posible porque la mayoría de los grupos en la Comisión
-el Grupo Parlamentario Socialista, Unidas Podemos y los grupos que han
apoyado la investidura- se negaron a que tal comparecencia tuviera lugar.
Y el argumento es que esperemos a junio del año 2021 para conocer en el
informe de 2020 lo que ha pasado en relación con este tema. Esto nos
parece increíble.
Señor Fernández Marugán, en el Congreso han pasado ya por la Comisión para
la Reconstrucción y por otras Comisiones grandísimas personalidades de
este país: el gobernador del Banco de España, el vicepresidente de la
Comisión Europea, centenares de representantes de organizaciones y
asociaciones empresariales, sociales, que nos han dicho cómo han visto,
cómo han vivido la crisis y, sobre todo, cómo afrontarla, cómo poner
solución a sus consecuencias. Yo le tengo que recordar -como al resto de
sus señorías- que el Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las
Cortes Generales, designado precisamente por ellas para defender los
derechos comprendidos en el título primero de la Constitución,
supervisando, como usted bien ha recordado, la actividad de la
Administración, pero dando cuenta a las Cortes Generales. Por eso le pido
encarecidamente, señor Fernández Marugán, que no espere a 2021 -que es lo
que ha dicho usted: cuando toque- para presentarnos un informe sobre las
actuaciones realizadas en estos cien días. Creo que es una exigencia del
alto cargo que usted tiene, insisto, es comisionado de las Cortes
Generales.
Rápidamente daré algunas pinceladas sobre algunos temas de estos informes
inabarcables. El tema que más les preocupa a los españoles es el
sanitario. La sanidad es un pilar básico, lógicamente, de nuestra
arquitectura institucional. La satisfacción con carácter general con la
sanidad siempre ha sido muy importante y muy alta en nuestro país, pero
la realidad es que, cuando hemos tenido que afrontar una pandemia de la
envergadura que hemos padecido, nos hemos dado cuenta de que,
efectivamente, es
necesario, como usted proclama, un gran acuerdo político y social sobre
esta materia. El Partido Popular propuso un pacto por la sanidad, el
llamado pacto Cajal, con reformas estructurales y con el objetivo de
acordar la política de recursos humanos como un pilar fundamental.
Consideramos que este tema es prioritario y nosotros vamos a apoyar, como
lo hace mi compañera Ana Pastor en la Comisión, que esto vaya adelante.
Ha citado usted un tema importantísimo que es la atención a nuestras
personas mayores y, especialmente, lo que tiene que ver con las
residencias de mayores. Estamos de acuerdo con la mayoría de las
precisiones que usted hace. Efectivamente, los centros de personas
mayores, tanto públicos como privados, no son centros sanitarios, son
recursos a los que acuden las familias que no pueden proporcionarles en
sus hogares las atenciones necesarias. Efectivamente, sus usuarios tienen
derecho a una asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, pero
creemos que tenemos que ir a un nuevo modelo de residencias
sociosanitarias, con una atención médica y de enfermería más amplia y
extensa. Y la atención a los mayores ha de hacerse también en sus
domicilios y en sus residencias atendiendo las pluripatologías que
normalmente tienen y la cronicidad de muchas de ellas.
Se ha aludido por algún interviniente -y se toca también en su informe- a
la problemática de los centros penitenciarios. Nos parece muy bien que se
hable de los reclusos y de los internos, pero voy a referirme aquí
también a los abnegados funcionarios de las cárceles españolas. Son ellos
los directamente encargados de que el sistema penitenciario sirva para
cumplir una de las finalidades principales de la pena privativa de
libertad, que es la reinserción y la resocialización del recluso. El
Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley orgánica para
modificar la Ley General Penitenciaria para reconocer, justamente, el
carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos
penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, y hoy aquí lo quiero
reiterar.
Usted ha aludido también al tema de la política de vivienda. Es cierto que
tenemos un problema de carestía de la vivienda, especialmente de la
vivienda en alquiler, y dificultades para que jóvenes y personas con
recursos limitados accedan a la misma. Nosotros apoyamos una política de
vivienda que permita acceder a la misma a precios asequibles, pero desde
los principios de seguridad jurídica, de flexibilización de la oferta
tanto en propiedad como en alquiler y con la modernización necesaria de
la planificación urbanística. No quiero olvidarme de otro tema que ha
tocado usted en su informe relacionado con la vivienda, que es la
problemática de la ocupación ilegal de viviendas, que debe tratarse con
la aprobación de una ley orgánica que garantice el derecho a la
propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la necesaria
convivencia social. Podría abordar muchos otros temas de máximo interés,
como la violencia de género, las rentas mínimas de inserción y un largo
etcétera, pero el tiempo en esta tribuna es limitado.
Muchísimas gracias, señor defensor del pueblo, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez
Escobar.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Señora presidenta, señor defensor del pueblo,
señorías, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero decir
que es para mí un honor representar al Grupo Parlamentario Socialista por
primera vez en este Pleno. El completo y brillante informe que nos
presenta el defensor de los dos ejercicios no deja de ser una radiografía
precisa sobre cuál es la situación de nuestro país, una radiografía de
los derechos constitucionales del ciudadano ante las administraciones
públicas. Los informes tanto del ejercicio 2018 como del 2019 coinciden
en algunos temas y en ellos nos detalla muy detalladamente -valga la
redundacia- algunos de los aspectos más importantes, por ejemplo, la
sanidad. El defensor nos expone una batería de necesidades que ha tenido
la sanidad estos años atrás: la insuficiencia de recursos sanitarios en
zonas rurales, el sistema de copago de medicamentos aplicado por el
Partido Popular, el cierre de los puntos de atención continuada, que fue
también una consecuencia del Gobierno popular y que, afortunadamente, se
han vuelto a abrir con el Gobierno actual garantizando una asistencia
permanente e ininterrumpida. Evidentemente, tras la pandemia sobrevenida,
ha quedado claro que hay que seguir incidiendo y apostar totalmente por
la sanidad pública y universal y también, por supuesto, por los servicios
públicos. Por eso es el momento de actuar. Ya el tiempo de los aplausos
en nuestras casas y balcones pasó, es hora de reconocer el brillante
trabajo de todos nuestros sanitarios y de los servicios públicos,
dotándolos de herramientas, mejorando su formación y, por supuesto,
dotando a los centros con el personal necesario para un perfecto
funcionamiento que, en definitiva, será el mejor servicio a la ciudadanía
como objetivo principal.
Respecto a las rentas mínimas, al defensor le preocupa la desigualdad en
función del territorio, su cobertura, intensidad y adecuación. Para
equilibrar estas diferencias aboga por estructurar en el plano estatal un
sistema integrado de rentas mínimas. Pues bien, este Gobierno ha hecho
posible el ingreso mínimo vital, que reduce la pobreza y fomenta la
inclusión social. Se ha hecho para luchar simplemente contra la
vulnerabilidad económica, que, como ustedes saben, genera un círculo
vicioso de desigualdad.
En cuanto a las residencias de mayores, tema que ya han tocado algunos
compañeros anteriormente, el defensor del pueblo ya en los ejercicios de
2018 y 2019 creía que debían abordarse reformas normativas de calado que
garantizaran mejor los derechos de nuestros mayores en las residencias.
Es cuestión de afrontarlo y, además, urgentemente a la vista de lo
sucedido, por ejemplo, en los 475 centros geriátricos de la Comunidad de
Madrid. De eso nos podría informar bien el señor Burgueño, asesor de la
señora Ayuso, que ya saben todo lo que ha dicho. Yo no lo digo, lo dice
él; ha sido desastroso el funcionamiento en estas residencias, en estos
geriátricos, aunque luego parece ser que la culpa la tiene toda el
Gobierno central. Lógicamente, todo esto hace imprescindible cambiar el
modelo de residencias geriátricas dentro del plan de reconstrucción de
nuestro país; es el momento, pero lo tenemos que hacer entre todas y
todos, no vale con echar la culpa al Gobierno y los insultos que ustedes
nos trasladan día a día, es hora de remangarse y luchar todos por las
residencias de mayores.
En cuanto a la violencia de género, señorías de VOX, he de decirles que
desde 2003 hasta hoy ha habido 1054 mujeres asesinadas, señora Olona, por
hombres, por hombres -ya sabe usted lo que son hombres, el martes nos lo
explicó usted aquí- (aplausos), y desde 2013 para acá, 37 menores, niñas
y niños. Es un dato terrible y una situación inadmisible que sigan
ocurriendo estos asesinatos machistas. Sigamos trabajando, por tanto, en
el importante y necesario Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Señorías de VOX, en este tema solo quiero decirles que ni están formados
ni están informados, y la información que ustedes tienen está
tergiversada por esos bulos y esos medios de comunicación afines a
ustedes. (Aplausos.) No obstante, y con esto termino -de violencia de
género podríamos hablar mucho más-, el martes, aquí en el Pleno, quedó
bien reflejado cuál es el compromiso de nuestro grupo parlamentario, que
no es otro que combatir el negacionismo de la violencia de género ante
sus discursos machistas.
En cuanto a educación, otro de los pilares fundamentales, los problemas
para obtener becas y ayudas en la prestación de servicios complementarios
como el transporte o el comedor han seguido motivando el mayor número de
quejas ante esta institución. Fernández Marugán reclama una educación de
calidad en la que el sistema educativo esté adaptado al modelo de
educación inclusiva, es decir, educar en igualdad. Pues bien, a
diferencia de la derecha, el Gobierno actual prioriza la inversión de
becas para garantizar la igualdad de oportunidades, con una inversión de
386 millones, lo que supone un 22 % de subida, la más alta en la última
década; son 1900 millones de euros que para lo que valen realmente es
para recuperar la beca como un derecho subjetivo vinculado a la renta
familiar y no al rendimiento académico.
En cuanto al transporte, el defensor nos dice que en la oferta del
servicio de transporte público en zonas rurales debe primar la demanda
ante el beneficio económico. Lógico, es una manera de luchar por la
España vaciada; si le damos recursos, lógicamente, estaremos aportando
para que esto no suceda. También nos dice que hay que seguir mejorando
las deficientes infraestructuras ferroviarias. Qué mejor ejemplo que
Extremadura. Yo lo he estado sufriendo durante seis años, con el Gobierno
del Partido Popular, y en los cuatro años de José Antonio Monago.
Afortunadamente, el actual Gobierno de España está revirtiendo la
situación con fuertes inversiones, tanto en las obras de alta velocidad
como en la mejora del tren convencional.
Por último, en vivienda, simplemente quiero recordar el artículo 47 de la
Constitución: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y
adecuada. Pues bien, el Gobierno ya está trabajando en esto sobre la base
de una regulación de dos planes estatales bien diferenciados: por un
lado, el Plan estatal de rehabilitación de viviendas y, por otro, el Plan
de vivienda de alquiler, que está enfocado mayormente a los jóvenes y a
las personas con bajos recursos.
Señorías, en la gran mayoría de las cuestiones planteadas en el informe
del señor Marugán -ya acabo, señora presidenta- se señala la relevancia
de las consecuencias que han tenido las políticas de recortes durante los
años de Gobierno de Mariano Rajoy y cómo respecto a cada una de ellas el
Gobierno de coalición ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando para
poder revertirlas. Estos informes deben servirnos para mejorar las
debilidades de nuestro sistema, para ampliar la justicia y la cohesión
social y, en definitiva, para conocer las necesidades del pueblo español.
Señorías, vivimos momentos muy difíciles, y en la memoria de la ciudadanía
quedará quién luchó por su país como primer objetivo y quiénes día tras
día, tanto en los medios como en los plenos y en las sesiones de control,
lo único que hicieron fue no ser leales al Gobierno de la nación, que
sería lo adecuado para poder entre todos y todas sacar a nuestro país de
esta desgracia sanitaria, económica y laboral en tiempos de democracia.
Abandonemos el ruido, por tanto, señorías, por el bien de España.
Ya termino.
La señora PRESIDENTA: Sí, señor Sánchez, tiene que terminar.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Termino, presidenta.
Esto no es un circo ni un plató de televisión. Basta ya, señorías de la
derecha, de hacer reír a sus palmeros con sus descalificaciones una y
otra vez a todo aquel que piensa de manera distinta a ustedes. Aquí se
viene a trabajar de manera seria, educada y con respeto -repito: seria,
educada y con respeto; no sé si ustedes saben lo que es eso-, más que
nada respeto hacia todos los españoles que nos han puesto aquí para que
les arreglemos todos sus problemas, no para que les generemos más. Lo
único que tenemos que hacer es ir de la mano del señor Marugán.
Señor Marugán, aquí tiene al Grupo Parlamentario Socialista para trabajar
a su lado. Le agradecemos su excelente trabajo. Siga por esa línea, que
está ayudando de una manera muy positiva a nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez.
Muchas gracias, defensor del pueblo, por su presentación de los informes
2018 y 2019 y gracias a todo el equipo que le acompaña. Hasta pronto.
(Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores.)
Continúa la sesión con carácter secreto. Ruego que cierren las puertas y
desalojen las tribunas.
Se suspende la sesión con carácter público.
Comienza la sesión con carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL
SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON UNA SEÑORA DIPUTADA. (Número de
expediente 240/000001).
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE
PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. (Número de expediente 130/000022).
La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con el punto correspondiente a
la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Para
presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno,
el señor ministro de Sanidad. (Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, me dirijo a ustedes para solicitar la convalidación del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, un real decreto que tiene fundamentalmente
dos objetivos. Por un lado, dotarnos de aquellas medidas de prevención
necesarias frente al COVID-19 en esta fase que hemos denominado de nueva
normalidad y que hemos estrenado recientemente. Por otro lado, establecer
instrumentos legales y operativos que nos permitan seguir dando una
respuesta común y coordinada por parte de las autoridades sanitarias
frente al virus.
Señorías, todos somos conscientes de los sacrificios que hemos tenido que
hacer para alcanzar esta nueva normalidad. Sin duda, los meses que hemos
dejado atrás han sido meses de mucho dolor y de
renuncias. Por eso me van a permitir que mis primeras palabras sean en
recuerdo de todas las personas que han fallecido a causa del COVID-19 y
para trasladar todo nuestro apoyo y afecto a sus familiares y seres
queridos. Como saben, el próximo día 16 de julio tendremos ocasión de
rendir el homenaje en su memoria que todas y todos ellos merecen. También
quiero trasladar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas por
la enfermedad en estos momentos, a las que todos deseamos una pronta
recuperación. Al mismo tiempo, quiero reiterar una vez más nuestro
agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo sin precedentes que han
realizado nuestros profesionales sanitarios en unas circunstancias de
gran tensión y enorme complejidad. Han sido un ejemplo para el conjunto
de la sociedad. Es un agradecimiento que hago extensivo al conjunto de
los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, desde el
transporte al comercio o a la limpieza y, a su vez, a los hombres y
mujeres que integran nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y nuestras
Fuerzas Armadas, que han contribuido con gran entrega a la respuesta de
nuestro país frente al virus. Y, por supuesto, quiero expresar el
agradecimiento de todo el Gobierno al conjunto de nuestros ciudadanos y
ciudadanas, que de forma generalizada se han confinado y han cumplido las
medidas que hemos ido aprobando a lo largo de todas estas semanas.
Señorías, como les decía, hemos dejado atrás meses muy duros y de gran
dolor, en los que, además de enfrentarnos al virus, hemos tenido que
hacer frente al enorme impacto económico y social de la enfermedad, pero
también hemos sido testigos en este tiempo de la gran capacidad de
nuestro país y de nuestra sociedad para salir adelante y hacer frente al
virus. Gracias a este esfuerzo colectivo, que se ha prolongado durante
las catorce semanas del estado de alarma con medidas muy drásticas y
severas, superamos los peores momentos de la pandemia y logramos nuestro
objetivo: doblegar la curva y frenar la transmisión del virus. Cuando se
declaró el estado de alarma, la transmisión del virus crecía semanalmente
por encima del 35 %; a finales de abril este incremento era ya del 5 %,
y a finales de mayo, se redujo al 1,5 %. Hoy está por debajo del 1 %,
lo cual no significa que el virus haya desaparecido. Hemos sido capaces
de proteger la salud de nuestra ciudadanía y las capacidades de nuestro
sistema sanitario en este primer envite, sí, pero sabemos que el peligro
sigue ahí y debemos adoptar todas las precauciones y las medidas
necesarias hasta que podamos contar con un tratamiento eficaz o una
vacuna segura. En resumen, no podemos tirar por la borda lo que hemos
conseguido entre todos ante la mayor emergencia sanitaria que hemos
conocido en el último siglo. Por esto, insisto, debemos ser muy
conscientes de que el virus sigue ahí y de que sigue provocando brotes
localizados en nuestro país. También los está provocando en el resto de
los países europeos, a pesar de las medidas de control puestas en marcha,
y se está extendiendo con gran rapidez por distintas zonas del mundo,
especialmente en el continente americano.
Por esta razón, señorías, necesitábamos tener a punto las medidas
recogidas en este real decreto-ley, para afrontar con garantías lo que
hemos denominado nueva normalidad, y tenerlas a punto de forma urgente,
para evitar los riesgos que podían derivarse de la pérdida de vigencia
automática de las medidas del estado de alarma, tanto en las comunidades
que ya se encontraban en la fase 3 a partir del día 8 de junio, cuyos
Gobiernos podían optar por pasar a la nueva normalidad, como en el
conjunto del país una vez finalizado el estado de alarma. En definitiva,
era inaplazable tener a punto las medidas de prevención, contención y
coordinación que nos deben permitir seguir controlando la pandemia hasta
que no se declare oficialmente la finalización de la crisis sanitaria.
Con este objetivo, este real decreto-ley establece, en primer lugar, un
deber general de cautela y protección, para afianzar comportamientos de
prevención en el conjunto de la población y, en segundo lugar, una serie
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a
garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud mientras
perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por tanto, lo que
hacemos a través de este real decreto-ley es estar preparados y dotarnos
de los instrumentos necesarios para continuar haciendo frente al virus.
Quiero subrayar que su elaboración ha sido posible gracias al trabajo
realizado por todos los ministerios implicados y que también hemos
contado con la participación activa de las autoridades sanitarias de las
comunidades autónomas. De hecho, el texto del real decreto-ley fue
tratado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud y lo remitimos previamente para que cada comunidad autónoma pudiera
hacer llegar sus aportaciones. Posteriormente, también fue objeto de
debate en la Conferencia de Presidentes. Por ello, una vez más quiero
agradecer a las comunidades autónomas su colaboración, su trabajo y su
lealtad institucional en este caso y a lo largo de los meses anteriores,
en los que hemos tenido que afrontar los momentos más duros de la
pandemia y, posteriormente, cuando hemos codirigido conjuntamente el
proceso de transición a la nueva normalidad.
Entrando más concretamente en las medidas contenidas en este real decreto,
quiero destacar las siguientes. En primer lugar, esta norma recoge las
medidas básicas de prevención e higiene, insistiendo en la necesidad de
continuar observando las tres reglas generales que recuerdo una vez más:
el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, el
uso obligatorio de mascarilla en la vía pública, en espacios cerrados de
uso público o abiertos al público cuando no se pueda mantener la
distancia de seguridad, así como en los transportes, y la higiene
reforzada en espacios públicos y privados.
En segundo lugar, se contempla la adopción de medidas específicas de
prevención e higiene en los entornos de trabajo, tales como la ordenación
de los puestos o la organización de los turnos para evitar
aglomeraciones, y lo mismo en el caso de los centros de servicios
sociales, en establecimientos comerciales, en los hoteles y alojamientos
turísticos o en las actividades de hostelería y restauración.
En tercer lugar, respecto a los centros residenciales de personas mayores
o con discapacidad, el real decreto recoge que se debe garantizar su
coordinación con el sistema sanitario de cada comunidad autónoma y
también establece que deben disponer de planes de contingencia para la
identificación precoz de posibles casos entre las personas residentes,
trabajadoras y sus contactos.
En cuarto lugar, en el ámbito deportivo, se reconoce la competencia del
Consejo Superior de Deportes para aplicar estas medidas de prevención en
determinadas competiciones profesionales, una vez oídos el organizador,
el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
En quinto lugar, respecto a los transportes públicos de competencia
estatal sujetos a contratos públicos u obligaciones de servicio público,
tanto por carretera como por ferrocarril o vía marítima, se debe respetar
el volumen de ocupación que se establezca para evitar el riesgo de
contagio. En los servicios de transporte con asiento asignado se
establece la obligación de recabar la información de contacto de los
pasajeros, que deberá estar disponible durante un mínimo de cuatro
semanas con posterioridad al viaje, con la finalidad de poder realizar la
trazabilidad de los contactos.
En sexto lugar, respecto a las medidas en materia de medicamentos y
productos sanitarios, se mantienen las actuaciones para garantizar el
suministro de los medicamentos considerados esenciales en la gestión del
COVID-19, y también se faculta al Ministerio de Sanidad a ordenar que se
fabriquen con carácter prioritario medicamentos esenciales si ello fuera
necesario. Al mismo tiempo, de manera coyuntural, se mantienen las
medidas que permiten acercar la medicación al paciente en el ámbito de la
farmacia hospitalaria para aquellas personas cuya situación clínica así
lo requiera. Por último, también se incorporan medidas para garantizar la
fabricación y puesta a disposición de mascarillas y batas quirúrgicas,
así como de soluciones y geles hidroalcohólicos a un ritmo adecuado para
atender la demanda existente.
En séptimo lugar, en cuanto a la detección precoz y a la vigilancia
epidemiológica, se mantienen las obligaciones de recogida, tratamiento y
remisión de información al Ministerio de Sanidad, para poder disponer de
los datos necesarios para evaluar la situación y dirigir las acciones de
control del COVID-19 y también poder adoptar las medidas que
correspondan. Respecto a la detección precoz, los servicios de salud de
las comunidades autónomas deben garantizar la realización de PCR a todos
los casos sospechosos de COVID-19 tan pronto como sea posible desde la
aparición de los síntomas, y toda esta información debe ser transmitida
al Ministerio de Sanidad en tiempo y forma.
En octavo lugar, se fijan medidas dirigidas a garantizar las capacidades
del sistema sanitario. Se establece la obligación de las comunidades
autónomas de disponer de profesionales sanitarios suficientes y de planes
de contingencia ante el COVID-19. Toda esta información de capacidad
asistencial debe ser remitida igualmente al Ministerio de Sanidad. Quiero
recordar que las comunidades ya han venido aportando información sobre
detección precoz, capacidad diagnóstica y capacidad asistencial durante
el proceso de transición a la nueva normalidad para ir avanzando a cada
una de las fases. Es algo que tiene todo el sentido, ya que estas
capacidades son críticas para poder detectar y, en su caso, hacer frente
a cualquier otro brote que se pueda producir.
Señorías, para materializar todas estas cuestiones, el real decreto-ley
modifica varias normas, aunque quiero destacar dos de ellas. Por un lado,
la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003,
con el objetivo de reforzar la coordinación en salud pública y de
introducir ese deber de información de las comunidades autónomas al
Ministerio de Sanidad en situaciones de emergencia para la salud pública;
por otro lado, el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios, con el fin de encomendar a la
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la adopción del
procedimiento a seguir para la fijación de precios.
Por último, quiero señalar que la vigencia de este real decreto-ley y, por
tanto, de todas las medidas que incluye se mantendrá hasta que el
Gobierno declare motivadamente el final de la crisis sanitaria, tras
escuchar a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias.
Por todo lo expuesto, señorías, pido su apoyo para convalidar esta norma,
ya que es esencial para articular nuestra respuesta frente al COVID en la
nueva normalidad, porque facilita la prevención y la actuación en caso de
posibles brotes del COVID-19 y porque contribuye a la coordinación de
todas las administraciones sanitarias. Todo ello a través de un conjunto
de medidas que son necesarias, que son proporcionadas y que han sido
elaboradas contando con la participación y las aportaciones de las
comunidades autónomas y, por tanto, con un alto grado de consenso.
Quiero trasladarles que el Gobierno valora positivamente la posibilidad de
que las medidas que contiene este real decreto-ley se amplíen con las
aportaciones de todos los grupos parlamentarios en el caso de que la
Cámara se pronunciara a favor de su tramitación como proyecto de ley. Si
fuera así, nuestro deseo sería que se hiciera de la forma más ágil y
urgente posible, para tener cuanto antes un marco para hacer frente a los
posibles brotes. Al margen de las posiciones y opciones que legítimamente
todos tenemos, deberíamos estar de acuerdo en que es necesario seguir
trabajando para prevenir y hacer frente al virus más allá del estado de
alarma. Y creo que nuestra ciudadanía, que ha dado una lección de
ejemplaridad por su comportamiento durante esta crisis, merece y espera
que hoy seamos capaces de lograr un amplio acuerdo en torno a este real
decreto-ley, de manera que nuestro país cuente con los instrumentos
necesarios para poder seguir manteniendo el virus bajo control. Yo confío
en que pueda ser así y que podamos seguir trabajando de forma coordinada
con el único objetivo que hemos tenido en todo momento: proteger la salud
de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro de Sanidad.
(Aplausos.)
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario
VOX. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor
Steegmann Olmedillas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a la desinfección de la tribuna de oradores.)
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señora presidenta.
Permítame que haga esta mi primera intervención desde esta tribuna en
memoria de los fallecidos por la epidemia del coronavirus de Wuhan. Lo
hago también en homenaje a mis compañeros médicos y al resto de
profesionales esenciales.
Señorías, anunciamos que vamos a votar en contra de la convalidación del
Real Decreto-ley 21/2020, porque es un nuevo acto de propaganda política,
y su exposición de motivos, un inadmisible alegato en defensa de la
negligente acción del Gobierno. Este decreto afecta al contenido esencial
de los derechos y libertades y, por tanto, no puede ser objeto de
regulación por esta vía, señorías. La imposición a todos los ciudadanos
de un deber general de cuidado modifica sustancialmente el régimen
general de derechos y libertades y debe hacerse por ley ordinaria.
El Gobierno no prueba que exista extraordinaria y urgente necesidad,
conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2018. El real
decreto-ley constituye un instrumento pertinente si hay situaciones
difíciles de prever y que requieren una norma inmediata desarrollada en
un plazo más breve que el requerido por un procedimiento normal o de
urgencia para la tramitación parlamentaria de leyes. La Comisión Europea,
el 15 de abril de 2020, ya aprobó una hoja de ruta, de modo que el
Gobierno ha tenido más de dos meses para tramitarlo como ley ordinaria.
El plan de desconfinamiento y la finalización del estado de alarma y sus
perversos efectos eran previsibles y constitucionalmente exigibles, de
modo que se podía haber tramitado como ley ordinaria, previo debate libre
y democrático.
El Gobierno presume de diligencia. Dice que, desde la declaración
internacional de pandemia (sic) hasta la declaración del estado de alarma
los acontecimientos se desarrollaron con mucha rapidez -sí, tres días-,
pero, señorías, la historia no es así, la historia es otra. La
Organización Mundial de la Salud, cómplice del régimen comunista chino,
retrasó en quince días fatídicos la declaración de emergencia sanitaria
internacional y, al final, la declaró el 31 de enero de 2020. Han tenido
mucho tiempo.
Dicen que este real decreto-ley se ampara en la muy constitucional
competencia del Estado en la sanidad exterior, bases y coordinación
general de la sanidad. La misma competencia la tenían en enero de 2020,
cuando nuestro grupo les instó a proteger a los sanitarios y cuando el 6
de febrero les instamos a cerrar las fronteras con el país
infectocontagioso llamado China. Desoyeron las alarmas italianas. No
declararon la epidemia que estaba en España al menos desde el 27 de
febrero. Si lo hubiesen hecho
entonces, hubiésemos disminuido la mortandad en un 60 %; ahora la cifra
de fallecidos se acerca a 45 000. Es una lástima que estén vacíos los
escaños de esta parte del Consejo de Ministros, porque parte de mi
alocución va dirigida a ellos.
Son los profesionales sanitarios los que han salvado vidas, no el
Gobierno, que ha sido un coladero de la infección y que esconde su
incompetencia diciendo que seguía las advertencias de Europa. Europa ha
demostrado sobradamente su descoordinación y su lentitud, pero ustedes
tardaron en reaccionar a sus ya tardíos consejos. Tenían que hacer su
fiestecita y, ¡atención!, ahora preparan otra. No cumplieron su deber de
cuidar a los españoles -así se ha recogido en nuestra querella- y deberán
pagar por ello. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa
la Presidencia.)
Impugnamos el concepto totalitario de nueva normalidad. La Ley Orgánica
4/81 prevé que la duración del estado de alarma ha de ser la
estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la
normalidad, no inventarse una nueva en la que somos cincuenta mil
españoles menos, más enfermos, más pobres, más atemorizados y más
desunidos por culpa del Gobierno. ¿En su nueva normalidad van a seguir
manteniendo las contribuciones de España a la Organización Mundial de la
Salud, la OMS, organismo genuflexo al servicio de las autoridades del
Gobierno comunista chino? Exigimos, pues, del Gobierno de España que
promueva una acción internacional para exigir las responsabilidades del
Gobierno comunista chino y de sus cómplices de la Organización Mundial de
la Salud, y que España no destine ni un euro más del bolsillo de los
españoles a esa organización, que se ha demostrado tan incompetente y
negligente como este Gobierno.
El Tribunal Constitucional estudiará nuestro recurso de amparo contra el
Real Decreto 473/2020, que declaró el estado de alarma, que supuso una
restricción de libertades de todo tipo, encubriendo un estado de
excepción sin parangón en Europa, un arresto domiciliario, una
congelación de la democracia, que bloqueó los órganos y los poderes
constitucionales. El confinamiento paralizó nuestra nación e hizo que la
epidemia nos golpease económicamente más a nosotros que a nuestros
vecinos, con pérdidas enormes de rentas, de trabajadores, de familias y
de empresas. El Gobierno les ha dejado a todos ellos a la intemperie.
VOX propuso que se procediese al pago del sueldo de todos los trabajadores
a quienes se había prohibido trabajar, y con un plus del 20 % a aquellos
destinados a servicios esenciales, garantizando también a los autónomos
sus retribuciones del anterior trimestre. No lo hicieron. Han destruido
el tejido económico del país, miles de puestos de trabajo, miles de
empresas, con sus indecisiones, las del Gobierno ausente, y usted
también, señor ministro, incapacidad de ofrecer medidas de protección, y
con la nefasta aportación del inexplicable ministro Garzón se ha
condenado al sector turístico. ¡Ya empiezan a decir los progres que la
epidemia ha sido por el cambio climático! ¡Atención, obreros del sector
automóvil, van a por ustedes!
Como sostiene VOX, desde nuestro rechazo a la primera prórroga del estado
de alarma, este real decreto prueba que el arresto domiciliario decretado
por el Gobierno no era necesario pasados los primeros quince días y que
se ha utilizado políticamente. Bastaba aplicar el artículo 65 de la Ley
16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Lo pudo
hacer en enero y lo puede usted hacer ahora. En realidad, la alarma se
impuso y se sostuvo porque ustedes fueron incapaces de ajustar los
recursos sanitarios disponibles.
El Gobierno ha fracasado, además, en la desescalada, con desconfinamiento
arbitrario, caótico, sin datos fiables y objetivos, que permitieran ni a
los ciudadanos ni a las empresas planificar sus actividades. Y no se han
conocido con transparencia los criterios a aplicar, cediendo de nuevo a
las exigencias del partido separatista vasco, por ejemplo. El Gobierno
reconoce, pues, su fracaso y pasa la responsabilidad a las autonomías. La
prueba es que, alcanzada la fase 2, se decidió que la autoridad
competente delegada para las medidas de la fase 3 fuese a la Presidencia
de la comunidad autónoma, cediendo, así, a los deseos del PNV, de
Esquerra Republicana de Catalunya, del ilegal Torra y, cómo no, del señor
Núñez Feijóo. Incluso, se dice que serán las comunidades autónomas las
que puedan decidir la superación de la fase 3, de modo que el Gobierno
hace dejación de su principal función y responsabilidad. Su rendición
ante las autonomías refleja no solo debilidad, sino incompetencia. El
Estado de las autonomías es un Estado de confusión fallido que ha sido
incapaz de establecer vías de comunicación de información epidemiológica
y que no sabe, no puede o quizás no está muy interesado en contar ni a
los infectados ni a los muertos.
España necesita una sanidad unitaria y fuerte -como propone VOX- y no un
Estado débil en manos de un Gobierno incompetente. (Aplausos.) Es una
cobardía -repito, es una cobardía- y un reconocimiento
de fracaso trasladar la responsabilidad a los españoles y a las empresas,
como hace el Gobierno en este real decreto. A modo de ejemplo, el
Gobierno transfiere a las empresas el establecer los protocolos
necesarios para garantizar los medicamentos y productos sanitarios. Por
otra parte, dicta que todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar la propagación de la COVID, así como la propia
exposición a dichos riesgos, imponiéndoles sanciones. ¿Y qué sanciones
hemos de imponer, señorías, a un Gobierno que incumplió su deber
constitucional de cuidar la salud de todos los españoles? ¿Qué sanciones
a un Gobierno que dejó desprotegidos a los sanitarios, a las policías sin
mascarillas, sin equipos de protección, por no mencionar a nuestros
ancianos? Nosotros lo sabemos: la respuesta está en un juzgado de
Instrucción si hay justicia en este mundo.
Y en lo económico, ¿se han calculado los costes de las medidas sanitarias
que piden a las empresas? ¿Es que Aena tiene derecho a recuperar esos
costes y las demás empresas o autónomos no? ¿Qué pasa con el teletrabajo,
quién va a compensar los gastos? La disposición adicional tercera habla
de avales por un importe máximo de 2800 millones de euros, pero, ¿conocen
los españoles las condicionalidades exigibles a las empresas para obtener
esa financiación? Y, además, a buenas horas. ¿Cuántas empresas de las 100
000 que han desaparecido se hubieran podido salvar si, como decíamos
nosotros, hubieran inyectado liquidez a estas empresas?
Pasemos a las medidas sanitarias. Señoras, señores, señorías, la epidemia
sigue; sigue. Con las medidas expuestas pareciera que ustedes quieren
prolongar la normalidad y mantenerla a fuego lento. Aparte de la
distancia del metro y medio, ¿qué otras medidas sanitarias ofrece el
Gobierno si ni siquiera regula correctamente el uso de las mascarillas?
¿Qué pasa con los niños menores de seis años, qué significa el concepto
ambiguo de medidas higiénicas adecuadas? ¿No han tenido tiempo para
definir una base de datos epidemiológica única y ahora se apresuran, o
qué debe constar en esta base? ¿Dónde está la PCR para contactos
estrechos? ¿Qué medidas de control se van a establecer, señor ministro,
en los aeropuertos y en las fronteras? ¿Van a ser la puerta de entrada de
un virus mutado más peligroso?
Una vez más, señorías, Europa es incapaz de establecer controles
microbiológicos de protección y esto perjudica fundamentalmente a España.
Vamos a perder un 12,7 % del PIB.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe de ir
finalizando, por favor.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con permiso, señoría, termino enseguida.
Y, además, lo hace con un documento que no firma ningún experto español.
¿Otra vez la política de puertas abiertas con China cuando sabemos que
nos mintió, que nos sigue mintiendo y que nos va a mentir?
Señorías -y termino, señor presidente-, la Europa débil y genuflexa ante
el tirano chino es el problema y solo una España fuerte es la solución.
El Gobierno no solo es ilegítimo desde su concepción, sino
continuadamente irresponsable. Y dicen que no quieren dejar a un español
atrás, pomposamente unas veces, melifluamente otras...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, vaya
finalizando, por favor.
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Termino enseguida.
Efectivamente, los muertos no están detrás sino delante, y mirándoles, y
tampoco van a estar detrás sus familias ni los infectados ni los
trabajadores en paro. No, no van a estar detrás, van a estar enfrente, y
VOX, con ellos.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.)
En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario
Mixto, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Presidente, dado el escaso tiempo disponible,
intervendré desde el escaño. Nosotros seguiremos guiándonos, o
intentaremos hacerlo al menos, por el criterio científico mayoritario y
haciendo un llamamiento a la responsabilidad personal porque la crisis
realmente no ha terminado. Debemos estar atentos y vigilantes. Sí que nos
gustaría resaltar, ahora que parece por lo menos superada la fase más
dura, dos aspectos o dos cuestiones importantes que ha puesto en
evidencia esta pandemia. Por un lado, ha evidenciado para nosotros la
debilidad del sistema del modelo
de desarrollo que hemos seguido, dado que todos los problemas han acuciado
precisamente por el modelo de concentración de grandes ciudades y, por
otro lado, también se ha puesto en evidencia que seguimos con los vicios
de un tratamiento y legislación no diferenciada entre grandes municipios,
el entorno rural y las pequeñas y medianas ciudades. Muchos de nuestros
compatriotas han tenido que soportar restricciones a la movilidad muy
exageradas precisamente por estar diseñadas para grandes ciudades, como
Madrid y Barcelona, y tenerlas que vivir en pueblos de cincuenta, cien o
doscientos habitantes. Simplemente es eso. Apoyaremos la convalidación
del real decreto y también apoyaremos que se tramite como proyecto de
ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto-ley porque nos
parece que las medidas que contiene de carácter general son adecuadas y
además han servido de base para los decretos que ha ido desarrollando la
propia Comunidad Autónoma de Cantabria en esta etapa. También hay que
decir que el Partido Regionalista de Cantabria nació para defender los
intereses de Cantabria, pero también somos Estado y en cuestiones de
interés general, como son las medidas adoptadas en esta pandemia, hemos
apoyado al Gobierno de turno, que es el que tenía la principal
responsabilidad en este asunto, y por eso aprobamos el Decreto de
declaración del estado de alarma inicial y todas las prórrogas. Ahora
bien, eso no significa que el PRC esté satisfecho con el Gobierno actual
en su relación con Cantabria. Ayer tuve ocasión de expresárselo al
ministro de Justicia en esa tribuna y yo espero que tanto el presidente
como el resto de los ministros hayan tomado nota del asunto.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías,
buenos días.
En primer lugar, desde luego, nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo
sobre todo a todas las personas fallecidas a lo largo de estos meses, a
sus familias, recordando una vez más lo duros que fueron aquellos días en
los que no se pudieron despedir de sus seres queridos, y también a todas
las personas que están todavía en estos momentos enfermas y están
intentando recuperarse y para aquellas que parecía que lo habían superado
y que, por desgracia, tienen secuelas derivadas de esta dura enfermedad.
Dicho esto, señalaré que nosotros vamos a apoyar el decreto, al igual que
hemos apoyado otros decretos que se han traído a esta Cámara, si bien
entendemos que el día después hay que regularlo; también votaremos a
favor de que se tramite como ley, como han pedido algunos grupos, para
que se puedan hacer las aportaciones oportunas. Pero a nosotros nos
preocupa sobre todo la seguridad del futuro y nos preocupa en el sentido
de que entendemos que el Gobierno tiene la credibilidad bastante mermada.
No hay que olvidar que era un 31 de enero cuando se nos dijo la ya famosa
frase de en España habrá uno o dos casos y no hay por qué preocuparse,
como tampoco hay que olvidar que fue un mes y medio después más o menos
cuando se dijo que era innecesario tener mascarillas y usarlas. Estamos
en junio, más de 40 000 muertos después, personas con nombres y apellidos
que han fallecido, y toda la población está obligada a llevar mascarilla.
Por lo tanto, la credibilidad del Gobierno en cuanto a los análisis que
hace es igual a cero.
En ese sentido, a nosotros nos preocupa qué va a hacer el Gobierno para
trasladar a los ciudadanos que pueden estar tranquilos, que si hay otro
brote se va a poder controlar y que eso no va a significar parar otra vez
toda la actividad en España. ¿Está el Gobierno preparado para un brote,
como se está empezando a dar en algunos sitios? Esa es la pregunta y yo
espero una respuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, Coalición Canaria ha sido responsable durante toda la
pandemia. Hemos apoyado todas las propuestas del Gobierno en Canarias y
aquí al Gobierno central, aunque unas nos gustaran más y otras menos,
aunque faltaran cosas. Hemos hecho aportaciones, fuimos los primeros que
hablamos de los ERTE y de la necesidad de las prórrogas en temas
sanitarios. Y las críticas las hemos hecho en privado porque creíamos que
la ciudadanía en este momento quería unión y no podíamos transmitir ni
más tensión ni más angustia a tanta gente.
Hoy se acaba. Empezamos otro proceso y voy a tratar solamente dos
aspectos. El primero es el tema de los aeropuertos -que se lo dije antes,
en la entrada-. Tengo que desmentir a la presidenta de Madrid y al
presidente de Cataluña porque el riesgo no está en Madrid y en Cataluña.
Los protocolos que se siguen en cumplimiento del protocolo europeo y del
externo a la Comunidad Europea los vuelos que llegan a Barajas y El Prat
son un coladero al resto de España de las personas que hacen tránsito en
Barajas y que no llegan al punto que está a la salida de la terminal.
Creo que eso se tiene que resolver y que es urgente hacerlo. Además, hay
que apretar a Aena cuando dice eso de que el 1 de julio ya tendrá el
personal que se necesita en limpieza y en protección. Eso no puede ser.
Se me está acabando el tiempo y voy a pasar al tema principal que le
quería decir hoy. Yo chequeé a mi llegada el lunes y un señor me preguntó
que de dónde venía. Le dije que de Tenerife, y me dejó entrar sin pasar
por el otro control, no me pidió la tarjeta de embarque. Pero si usted
viene Frankfurt-Madrid, Madrid-Tenerife, no cumple el protocolo europeo.
Si usted viene de Brasil y no sale en la terminal 4 y se dirige a
Tenerife, a Baleares o a Sevilla, tampoco. Creo que en la terminal
satélite es donde se deben hacer los controles de los protocolos
internacionales y la terminal 4 hay que dejarla solo para los vuelos
nacionales. Así evitaríamos ese problema.
En cuanto al tema del ahorro de Aena, quisiera añadir que los baños están
asquerosos, tienen en ERTE a la mitad de los seguritas y al personal de
control de...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir
finalizando, por favor.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino ya.
No se puede esperar al día 1, hay que hacer contrataciones de emergencia a
través de empresas porque una semana de descontrol por falta de personal
pone en riesgo a este país. Solo me queda decir que le volveremos a
apoyar hoy.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Botran Pahissa. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
El señor BOTRAN PAHISSA: Buenos días, presidente.
Ministro, durante estos meses lo que hemos constatado en las medidas
sanitarias que se han tomado es, por un lado, la fragilidad de la
economía española y, por otro, el poder que tienen determinadas
patronales en las decisiones que se han tomado, en las que no se han
tomado y en el momento en que se han tomado determinadas de estas
decisiones, en detrimento muchas veces de la prudencia que aconsejaban
los criterios exclusivamente científicos de salud pública. Nos referimos,
por ejemplo, al paro, en su momento, del trabajo; se tardó mucho más de
lo que se debía y se reemprendió mucho antes de lo que aconsejaban
algunos criterios científicos, y poniendo la responsabilidad en los
trabajadores. Recuerdo las medidas que se aconsejaron: cuando vuelvas a
casa no te acerques demasiado a tus familiares, etcétera. Lo mismo con
las medidas de la desescalada en las que se ha ido adelantando la llegada
de turistas que han podido ir a Mallorca y a las illes antes que gente
que, por ejemplo, tenemos familiares allí. Ayer la ministra Calviño decía
que la economía española es una economía muy abierta, muy ligada a los
países de nuestro entorno. Esto es un eufemismo para referirse a una
economía dependiente de sectores precisamente como el turismo. Es una
realidad. Por ejemplo, antes hablaba de Mallorca, ya sabemos que
alrededor de un 35 % del PIB de las illes depende del turismo, pero la
pandemia era un momento también para replantearse estas fragilidades
económicas y este poder de los patrones, como planteaba antes.
Termino. Pensando en un hipotético rebrote, nosotros planteamos que no
vuelva la recentralización que se demostró inútil, además de que la
rechazamos políticamente; que se confíe más en la gente sin necesidad de
repartir multas a mansalva, como sucedió; que se den instrucciones
sanitarias claras, que
es mucho más necesario que los eslóganes políticos como que saldremos más
fuertes, que eso no sirve de nada para combatir el virus, y que en
relación con estas instrucciones sanitarias las decisiones se tomen
escuchando exclusivamente a los comités científicos y no a los grupos
empresariales.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
A continuación, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Egun on, eskerrik asko, presidente.
En primer lugar, señor Illa, quiero darle las gracias. Quiero agradecerle
a usted y a su equipo la actitud y el trabajo realizado durante estas
semanas; que haya comparecido cada semana; que haya recogido y contestado
nuestras dudas, críticas y propuestas. Sabemos que no han sido semanas
fáciles, pero usted nos ha escuchado y nos ha atendido. Gracias.
Señorías, durante todo este estado de alarma Euskal Herria Bildu ha
mantenido una actitud responsable, una actitud que suponía no poner en
riesgo la salud de la ciudadanía, una actitud que incluso superaba la
lógica que a nuestro grupo se le podía presuponer con este Gobierno. Y
por eso asumimos que se suspendieran competencias de un plumazo, que
suspendieran nuestro autogobierno de un día para otro, y hemos asumido
que, aunque no nos gustaba nada esa forma de actuar, la del Gobierno, ni
el desprecio hacia nuestras instituciones, debíamos hacerlo. Hoy el
Gobierno viene aquí con un decreto redactado y pactado con la derecha,
otra vez. Señor Illa, la excusa de su Gobierno durante las prórrogas del
estado de alarma para buscar el apoyo de la derecha era que estaban en
riesgo medidas que salvaban vidas y lo tuvimos que aceptar. Hoy esto ya
no es así, porque todas las medidas contempladas en este decreto -incluso
las más restrictivas- en la mayoría de los casos ya se han definido,
aprobado y aplicado en la mayoría de los territorios, también en los
nuestros, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. El pretexto era
para pactar con la derecha la necesidad de asegurar el estado de alarma,
de no dejar ni una mínima opción de que pudiera decaer. Bien, démoslo por
bueno, ¿pero ahora cuál es la excusa? ¿Ahora cuál es la coartada? El
pactar con la derecha ya no es una necesidad de su Gobierno, señor Illa,
es una querencia, una preocupante querencia.
Hoy, parte de quienes posibilitamos la conformación de este Gobierno vamos
a votar no. También Euskal Herria Bildu vamos a votar no y lo vamos a
hacer por responsabilidad una vez más. Recordarán que, mientras
permitíamos las prórrogas del estado de alarma, advertimos varias veces
al Gobierno de que dejara de mirar a la derecha, que trabajase, que
cuidase y que apuntalase la mayoría progresista de esta Cámara. Hicieron
caso omiso y siguieron en su aventura con el ala naranja del trío de
Colón. Sí, con esos que dicen que el presidente Sánchez es un traidor,
que es ilegítimo y que han exigido su dimisión no sabemos ya cuántas
veces. Esos son los nuevos compañeros de viaje.
Lo hemos dicho y repetido, les hemos advertido muchas veces de que la
derecha y sus políticas y la izquierda y nuestras políticas son
incompatibles y que si seguían buscando y pactando con la derecha
perderían apoyos en la mayoría y han hecho caso omiso. Hemos tenido
paciencia, pero la paciencia, la nuestra, nuestra comprensión, también
tiene un límite. Y hoy les decimos claramente y con la mayor rotundidad
que así, no, que si siguen por ahí no habrá camino progresista que
recorrer y, si no, señoras y señores del PSOE, sean valientes, sean
honrados, sean honestos y díganle a esta Cámara, díganles a sus votantes,
a la ciudadanía, que prefieren a la derecha. Díganselo, díganles que
tienen un nuevo compañero de viaje que les da una nueva mayoría, sí, pero
que esa nueva mayoría estará basada en los recortes y en el
neoliberalismo. Díganselo a los millones de trabajadores, díganles que
van a ir de la mano con quienes quieren quitarles más derechos y empeorar
más sus condiciones de vida. Díganles que van a volver a gobernar con
quienes no apuestan de manera clara ni por los derechos ni por la lucha
LGTBI. A las personas refugiadas e inmigrantes díganles que este Gobierno
seguirá pactando con el partido del IBEX.
Señor Illa, le digo esto con disgusto y con cierta lástima, con lástima
porque las miles y miles de personas que sufrirán las políticas que se
adoptarán si siguen pactando con la derecha lo van a pagar, porque la
ciudadanía se merece que se le diga la verdad y este camino de romper
puentes con la izquierda y construirlos con la derecha solo va a llevar a
más recortes y precariedad.
Miren, nosotras vinimos aquí con tres objetivos, con una agenda clara de
país compartida por la mayoría social de nuestro país, una agenda que
desde el diálogo y el acuerdo consiga hacer respetar el carácter
plurinacional del Estado y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir
libre y democráticamente su futuro, una agenda que defiende los derechos
e intereses de las mayorías sociales y populares por
encima del capital y las grandes empresas, que defiende la dignidad de las
trabajadoras y de los trabajadores, también los de Euskal Herria, pero
también siendo solidarios y solidarias con los trabajadores del resto del
Estado y una agenda por la paz y la convivencia que acabe con la política
de excepción que aún hoy se aplica en la política penitenciaria. Y todo
esto es sencillamente incompatible con la derecha. Hay un camino que
recorrer, existe ese camino para recorrer desde el diálogo y el acuerdo
por la izquierda, pero, viendo sus últimas decisiones, vemos poca
voluntad de recorrerlo por parte de este Gobierno.
Lo dijimos: juzgaremos a este Gobierno no por las palabras, sino por los
hechos. Solo existe una opción para avanzar en políticas progresistas y
el camino que han emprendido no es el que llevará a ello. Piénselo bien
porque tendrán que decidir con quién, porque de ese quién depende qué
políticas se quieren hacer de aquí en adelante. Y lo vuelvo a repetir:
conjugar la izquierda y nuestras políticas con la derecha neoliberal y
sus políticas va a ser imposible.
Una última aclaración: señores del Gobierno, señores del PSOE, no tengan
la tentación de ubicar este aviso que hoy damos en un contexto electoral
porque para nosotras hay cosas mucho más importantes que las elecciones,
que son los derechos y la dignidad de las personas. Espero que sea así
para ustedes también.
Eskerrik asko. Muchas gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Buenas tardes, señor vicepresidente, señoras y
señores diputados.
Bueno, señor Illa, este decreto lo hemos negociado usted y yo durante unos
cuantos días, ya llegamos a un acuerdo y, por tanto, dijimos que íbamos a
votar que sí. Por tanto, vamos a votar favorablemente, pero me gustaría
hacer unas cuantas reflexiones.
Primero, acerca del carácter provisional de la legislación que estamos
discutiendo, y es que esta legislación debería estar destinada a
desaparecer lo más rápidamente posible. Hay algunas modificaciones
puntuales de algunas leyes, pero es lo mínimo; el real decreto-ley tiene
que tender a desaparecer lo antes posible. Por tanto, en nuestra opinión,
no tiene ningún sentido tramitarlo como proyecto de ley, ni muchísimo
menos, a no ser que se pretenda utilizar para realizar modificaciones
paralelamente de mayor calado, si bien no nos parece que sea el
instrumento adecuado ni, desde luego, estaríamos de acuerdo.
Hemos tenido largas conversaciones con el Gobierno durante todo el estado
de alarma, hemos ido modulando los diferentes decretos y las diferentes
prórrogas. A diferencia de lo que ha dicho la representante de Bildu, yo
no he aceptado nunca ni voy a aceptar ahora ni aceptaré en el futuro
ninguna merma de las competencias que tienen Euskadi y la comunidad
navarra, ni tampoco voy a aceptar nunca un supuesto desprecio a las
instituciones vascas o navarras, que, en mi opinión, no ha existido, y la
convivencia ha sido dificultosa en muchas ocasiones y hemos tenido
discrepancias fuertes, porque creo que al final hemos ido modulando, como
también considero que este decreto está razonablemente modulado. De
hecho, incluso el artículo 3 me parece que lo expresa muy bien.
Básicamente, lo que hace el decreto es mantener las competencias en manos
de las instituciones que ya las tienen en la distribución competencial
habitual, sin que haya una situación especial por emergencia sanitaria;
es así, se mantienen las competencias. Y tampoco se puede interpretar de
otra manera el artículo 3, como quieren hacer algunos, porque lo único
que dice es que, con carácter excepcional y cuando así lo requieran
motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General
del Estado promoverá, coordinará o adoptará, de acuerdo con sus
competencias, cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley con la colaboración
de las comunidades autónomas, esto es, de acuerdo con sus competencias;
no con alguna que le otorgue este decreto, sino de acuerdo con sus
competencias, las que ya tiene. En este sentido, pienso que el decreto es
equilibrado, porque es verdad que supone un mínimo común, que básicamente
se reduce a la utilización de las mascarillas y el metro y medio de
distancia, y luego cada institución tiene sus competencias, punto. Se
avanzan los ámbitos que necesariamente habrá que regular, pero,
básicamente, según todos los artículos, en referencia a los servicios
sociales, los establecimientos comerciales, etcétera, es a las
autoridades competentes, a las comunidades autónomas a las que
corresponde. Ahora bien, es verdad también que lo que se hace es apuntar
mecanismos que sirvan para un rápido intercambio de información y
detección precoz de la epidemia, que es de lo que se trata básicamente, o
sobre medidas relativas a medicamentos y la prestación farmacéutica, esto
es, asegurar una más eficaz colaboración y una mejor detección y parar un
posible rebrote de la epidemia a
través de medidas de colaboración y de comunicación. Es verdad que se
contemplan modificaciones puntuales de la ley, pero son mínimas y,
básicamente, van dirigidas a este fin, es decir, se contempla la
activación de diseños y planes de estrategias de actuación para afrontar
emergencias sanitarias, cosa que ya aparecía en la ley, aunque en esta
ocasión se habla de activar esos planes en su caso.
De todas maneras, quisiera hacer una llamada de atención sobre lo que
puede venir en el futuro, el posible desarrollo de la tramitación como
proyecto de ley de este decreto, viendo, sobre todo, los borradores que
se han presentado en la Comisión de Reconstrucción en el ámbito
sanitario. Aquellos que pretendan por medio de cambios legislativos
recentralizar o mediatizar las competencias estatutarias, las
competencias autonómicas del sistema de salud no van a contar con nuestro
apoyo y, desde luego, nos opondremos con todas nuestras fuerzas, porque
el estatuto de autonomía se puede cambiar con los mecanismos que aparecen
en él, pero no vale hacerlo a través de leyes que diluyan lo que dice el
propio estatuto. Muchas veces se habla de coordinación -creo que hemos
apuntado algunas medidas de colaboración e intercambio de datos que me
parece que están muy bien pensadas en este decreto-, pero creo que el
propio Gobierno quizás debería hacer una reflexión primero. Se habla de
coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, pero igual al
Ministerio de Sanidad lo ha debilitado el propio Gobierno haciendo que el
Instituto de Salud Carlos III dependa del Ministerio de Ciencia, que la
Agencia de Seguridad Alimentaria esté en Consumo, que aquellos ámbitos de
la ley de dependencia estén en una vicepresidencia, no teniendo, en
realidad, competencias en temas de dependencia, y, por cierto, sí
haciendo una ley pero no cumpliéndola en lo que corresponde al Estado,
que es pagándola; pero, además, se asignan una especie de competencias en
otro departamento, en una vicepresidencia, y luego está la farmacia
militar, por ejemplo, que también ha entrado en juego en algunos momentos
del estado de alarma, y está Defensa. Así que primero creo que es el
propio Gobierno el que debería reorganizar si quiere fortalecer el
Ministerio de Sanidad, pero desde su propia organización interna.
Voy concluyendo. La solución no son agencias estatales a tutiplén, como se
apunta en los borradores, ni un consejo interterritorial que actúe a modo
de Gobierno supraautonómico. No tiene ningún sentido, y menos crear una
subcomisión en este ámbito sanitario, cuando tenemos ya la Comisión de
sanidad; qué manía de crear órganos. Por lo tanto, señor ministro -y
resumo-, hemos llegado a acuerdos durante este periodo, no sin
dificultades en muchas ocasiones. Creemos que es un decreto equilibrado,
en el que se respetan las competencias de las comunidades autónomas, y lo
apoyaremos en ese sentido. Ahora bien, insisto, espero que no se utilice
su tramitación para ir a lo que no se dedica este decreto, y tiene nombre
muy concreto: medidas provisionales para una situación provisional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna.)
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal
Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías.
Venimos hoy al trámite de convalidación de un real decreto ley que se
denomina de prevención, contención y coordinación frente a la crisis
sanitaria y que el Gobierno ha querido lanzar mediáticamente como el
decreto ley de la nueva normalidad. En fin, la normalidad es la
normalidad, no hay ni vieja ni nueva. El diccionario dice que normalidad
supone sujetarse a la norma; es algo muy propio del Estado de derecho y,
desde luego, sujetarse a la norma no es algo ni viejo ni nuevo, es
obligatorio. Nosotros por eso preferimos llamarlo real decreto-ley del
plan B, porque, desde que negociamos con el Gobierno la quinta prórroga
del estado de alarma, le dijimos que hacía falta ya a ponerse a pensar y
a diseñar mecanismos para que, si venían los rebrotes, no fuera necesario
decretar de nuevo el estado de alarma y contáramos con herramientas
jurídicas suficientes como para poder atender estos rebrotes. Se
acordarán cuando el presidente del Gobierno decía que solo había plan A,
con la a de alarma, pero que no había plan B. Sí había plan B y sí había
que pensar en él para cuando terminara, como ha terminado,
afortunadamente, el estado de alarma. Había que prepararlo, porque,
efectivamente, ahora todo mundo está de acuerdo, a pesar de los debates
que ha habido en esta Cámara, en que el confinamiento, que dependía del
estado de alarma, es la única medicina para combatir el virus hasta el
momento en el que exista la vacuna; solo en el estado de alarma, que mi
partido político de una forma responsable apoyó en las seis ocasiones de
la prórroga. Toda España ha cumplido con su parte del trato, toda España
ha sido responsable, en su inmensa mayoría, y, por lo tanto, lo primero
es dar las gracias a los españoles.
Este real decreto-ley y su objeto, que ha expuesto el señor ministro de
Sanidad, se enmarca dentro de estos acuerdos con Ciudadanos. Además,
tenemos que reconocer que se nos ha dado la oportunidad de participar en
su preparación, en su redacción como proyecto de real decreto-ley y, por
lo tanto, vamos a votar a favor. Hemos conseguido del Gobierno que nos
acepte muchas mejoras técnicas en este real decreto-ley con el único
objeto de poder combatir los rebrotes. Pero de nada serviría esta norma
si no nos ven a todos los políticos unidos pidiendo a los ciudadanos una
vez más la prudencia, la responsabilidad, el mantenimiento de la
distancia social, el uso de las mascarillas, el respeto de los aforos en
los comercios, las medidas de higiene, todo lo que regula este real
decreto-ley. Y sí, queremos también, efectivamente, que se tramite como
proyecto de ley, porque entendemos que debe ahondarse, a diferencia de lo
que dice el Partido Nacionalista Vasco, en el conjunto de medidas que
fortalezcan la respuesta del Estado frente al rebrote. Nosotros las
fijamos esencialmente en dos: en ahondar en la obligación de colaboración
y suministro de información de las comunidades autónomas, que, como bien
ha dicho el señor Illa, ya contempla la reforma del artículo 65 de la Ley
16/2003, y, en segundo lugar, en poder dotar a las comunidades autónomas,
que son las que tienen la competencia sanitaria, de medidas más ágiles
para adoptar el confinamiento cuando se trate de focos localizados y no
sea necesario otra vez el estado de alarma. Para eso se requiere, como
bien ha dicho usted también, establecer medidas de trazabilidad, y por
eso le hemos pedido, le seguimos pidiendo y le seguiremos pidiendo a
nivel nacional el desarrollo de esas APP en los móviles que se están
ensayando en La Gomera, la compra de máquinas que puedan hacer test
masivos y también, como establecemos el uso obligatorio de las
mascarillas, que sean razonables y bajen su IVA al 4 %, como hemos
pedido ya a través de una proposición no de ley.
Este real decreto-ley tiene una historia, una piedra en el camino, una
piedra que empieza en la primera votación de la prórroga del estado de
alarma, con la que sale adelante esa prórroga sin ningún voto en contra,
porque después los grupos parlamentarios de la oposición, con excepción
de algunos pequeños, van cambiando su voto. Era llamativo que en los
discursos desde esta tribuna nadie hablara de la necesidad del
confinamiento como única medicina posible contra el virus; daba
vergüenza. Entiendo que los ciudadanos pensarían que los diputados
vivíamos en el espacio extraterrestre, pero, desde luego, no en su mundo.
Me imagino a las familias encerradas, a las familias con miedo, a las
familias inseguras oyéndonos desde casa y pensando: ¿Pero de qué están
hablando estos señores en el Parlamento, de la intolerable
recentralización de competencias, como acabamos de escuchar aquí; de la
mesa del diálogo, del chantaje y la vergüenza; de la retirada de la
confianza al presidente del Gobierno por los grupos que apoyaron el
Gobierno Frankenstein, o incluso pidiendo su dimisión, como si España en
la epidemia se encontrara en una situación óptima para convocar
elecciones -¡imagínense!-; de la derogación íntegra de la reforma
laboral; de episodios históricos de la historia de España y del mundo? En
fin, una locura. La gente se moría; la gente se moría por decenas, por
centenas, por miles y por decenas de miles; la gente se moría, mientras
estábamos escuchando esto.
Nosotros solamente pensábamos en la necesidad o no del confinamiento y en
la necesidad de extraer del Gobierno condiciones que fueran buenas para
el resurgimiento económico de España lo antes posible. Y conseguimos que
las prórrogas fueran de quince días, que los ERTE se desvincularan del
estado de alarma -y hoy siguen los agentes sociales negociando esta
prórroga de los ERTE-, que se estudiará la ampliación de la prestación
extraordinaria y la exoneración de las cuotas del régimen especial para
trabajadores autónomos, que se viera el caso de los autónomos
estacionales -sé que se está estudiando en el ministerio la moratoria
tributaria de un mes sin intereses en los principales impuestos-, el plan
de apoyo al turismo, la comunicación telemática con la Agencia
Tributaria, mantener abiertos los canales de interlocución con el
Gobierno en todos los estratos, y, sí, la participación de las
comunidades autónomas, como ha dicho el ministro de Sanidad, tanto en la
declaración final del estado de epidemia como en las llamadas medidas de
actuación coordinadas que decreta el ministro de Sanidad y que se deben
llevar al consenso de estas, siendo desde ese momento obligatorias. Y con
este real decreto-ley conseguimos que se redujera de dos metros a un
metro y medio la distancia, lo que supone el aumento del 25 % del aforo
en los centros comerciales y es una distancia superior a la que
recomienda la Organización Mundial de la Salud, además de otras muchas
cosas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Hoy aquí hay dos grupos parlamentarios que, llamativamente, van a votar
que no, y lo van a hacer desde un silogismo curioso: si Ciudadanos está
en el acuerdo, me da igual la distancia social y las mascarillas; si
Ciudadanos está en el acuerdo, prefiero la enfermedad, el contagio y la
muerte. Estos señores son Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu. Les
falta gritar: ¡Viva la muerte! Lamentablemente, de uno de estos dos
grupos tampoco nos llamaría mucho la atención.
Señores, Miquel Roca dijo aquí y su majestad el rey de España dijo aquí
que el pacto es el privilegio del coraje. Les pido ese coraje para
atender a la emergencia económica, para poder pactar entre todos unos
presupuestos generales del Estado. Nos lo demandan los agentes sociales,
España lo necesita como medida de contención de la crisis económica,
entre otras herramientas; hay que ser valientes. El Gobierno tiene que
ser responsable, tiene que presentarnos unas cuentas públicas moderadas y
razonables, en las que podamos estar todos los grupos parlamentarios.
Serán los presupuestos más importantes de nuestra historia, con la caída
del producto interior bruto y con las cifras de desempleo que tenemos.
Serán unos presupuestos que no podemos dejar en manos de Bildu y Esquerra
Republicana...
La señora PRESIDENTA: Señor Bal, tendría que terminar.
El señor BAL FRANCÉS: Por eso es importante pactar, ceder. Hay un interés
superior común. Coraje, señorías, coraje. (Aplausos.)
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el
señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Señor Illa, permítame que, sin formar parte de este Gobierno
socialcomunista, sino solo por ser uno de esos villanos que de tanto en
tanto les apoyan, me sume al aplauso que le han dedicado. Sé que ha
pasado días difíciles, y, por encima de los aciertos y los errores, sé
que ha sido una buena labor. Muchas gracias. (Aplausos.)
Compromís no se va a oponer a este decreto. De hecho, vamos a pasar del
voto negativo a la abstención. Hemos visto detalles, gestos positivos por
parte del Gobierno: el cambio de criterio en el reparto del fondo de
COVID, con un mayor peso de la población, tal y como propuso en su
momento Compromís -un inciso: usted y el Gobierno hubieran podido
negociar con nosotros un poco más y nos hubiéramos ahorrado algunas
palabras subidas de tono y algún voto negativo-, la ratificación ayer por
parte del presidente del Gobierno de que cumpliría con el acuerdo de
investidura y, en concreto, los dos anuncios que hizo de que en noviembre
habría una propuesta de un nuevo modelo del sistema de financiación y no
habría experimentos con la A-7. Falta mejorar -y lo digo- algunas cosas:
las formas, las formas con los grupos -aunque seamos pequeños, falta
mejorar esas formas, y lo saben- y algunas de las propuestas que hemos
pedido y a las que no vamos a renunciar, como la firma del convenio con
las comunidades autónomas para la gestión del ingreso mínimo vital o la
financiación tanto de la dependencia como del transporte metropolitano de
Valencia o ese fondo de nivelación, en el que siempre hemos insistido,
para que en este tiempo que ahora viene todas las comunidades autónomas
tengamos las mismas posibilidades, los mismos recursos para poder
combatir esta epidemia.
Por tanto, nuestro voto será la abstención. Insisto, con un poco más de
negociación probablemente nuestro voto hubiera sido positivo.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Baldoví.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.
Respecto a este decreto que usted trae, señor ministro, también es momento
para hacer balance de cien días de confinamiento y cien días
especialmente duros. Pero a nosotros nos preocupa que, llegados a esta
situación, salgamos de cien días de esta alarma sanitaria para entrar en
un estado de alarma social. Nosotros hemos votado que sí a todas las
propuestas del Gobierno que servían para salvar vidas y poner las cosas
más fáciles a los trabajadores sanitarios, y lo vamos a seguir haciendo.
Creemos, sin embargo, que no es fácil ser optimista y pensar que salimos
con más condiciones para ser más fuertes para un eventual rebrote o para
cualquier otro desafío en el futuro; y, sin embargo, había condiciones.
Valoramos mucho el trabajo que usted, señor ministro, y su ministerio han
hecho, pero nos tememos que si hubiera un nuevo rebrote o una situación
difícil, ustedes seguramente tendrían menos instrumentos para hacer
frente con fortaleza.
Mire usted, la crisis nos descubrió varias cosas, y es terrible también
que una tragedia haya sido la que nos tuviera que descubrir evidencias
como la que voy a citar ahora. En primer lugar, lo carísimo que nos salía
la ley del beneficio privado, y quien quiera convencerse de esto solo
tiene que mirar el estado, por ejemplo, de las residencias mal vendidas y
lo caro que sale la ley del beneficio a cualquier costa. En segundo
lugar, claro que existe el bien común y que solos estamos más débiles y
la única manera de responder es con una comunidad organizada, el Estado y
los servicios públicos. Quiero recordarlo aquí, porque la memoria de
algunos es una memoria de pez: cuando las fuerzas del mercado corrían
despavoridas, solo los trabajadores esenciales, los servicios públicos y
el Estado fueron capaces de responder. Pero, en tercer lugar, también hay
que decir que quienes más dieron la cara están peor. Los servicios
públicos siguen diezmados y, en general, las familias de los barrios más
humildes, donde más duro fue el confinamiento y más dura fue la pandemia,
hoy están en peores condiciones. Intermón Oxfam nos revelaba el otro día
que los veintitrés españoles ultrarricos, los tres más ricos han salido
de la crisis con 20 000 millones más, y, sin embargo, tenemos 700 000
pobres más. Se trata, señor ministro, de hacer cotidiano lo que en la
excepción nos permitió salvarnos: una comunidad organizada, servicios
públicos bien financiados, un Estado fuerte que esté a la altura de los
retos que se nos van a plantear. Y tengo la sensación de que se está
desaprovechando una oportunidad histórica de consenso social, de consenso
científico y de mayoría parlamentaria, que ya existe, sin necesidad de
comisiones ni piruetas, para avanzar en ese sentido.
Consideramos imprescindible -sé que no es su negociado, pero sin esto no
va a tener muchas herramientas- una transformación de nuestra economía,
una protección social y un blindaje de los servicios públicos a la altura
de lo que necesitamos, y eso no se puede hacer sin un reequilibrio
fiscal, sin una tasa COVID que grave más a quienes más tienen. Lo dijimos
en la investidura: Un Gobierno progresista no se mide por cuanto choque
con la derecha, sino por cuánto avance la justicia social, y para eso
hace falta mirar de frente a las oligarquías. Sin eso, nos tememos que la
nueva normalidad sea como la vieja, pero con más gritos y más
aspavientos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora García.
También por el Grupo Parlamentario Plural, en último lugar tiene la
palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.
Señor ministro, Junts per Catalunya votará no a la aprobación del presente
real decreto. Pero solicitamos que se tramite como proyecto de ley para
poder presentar nuestras propuestas. El Real Decreto-ley 21/2020 es la
continuación de una serie de reales decretos que se han ido adoptando
para decretar el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. A pesar de
no estar de acuerdo completamente con el contenido de los reales decretos
que regulaban las prórrogas del estado de alarma, además de que en ellos
no se representaba la distribución competencial y el Estado centralizada
competencias, inicialmente nuestro grupo en dos ocasiones se abstuvo. Nos
abstuvimos por sentido de la responsabilidad, pero siempre poníamos de
manifiesto cuáles eran nuestras propuestas de mejora, medidas a adoptar
y, sobre todo, reclamábamos con vehemencia la devolución de competencias.
Con posterioridad, observando que no se atendían nuestras demandas ni se
tenían en cuenta nuestras aportaciones, en el momento preciso optamos por
votar en contra de los sucesivos reales decretos de autorización de la
prórroga del estado de alarma. Nos hemos encontrado con un Gobierno que,
en lugar de negociar con las comunidades autónomas, lo que hacía era dar
ruedas de prensa en las que el presidente del Gobierno informaba a toda
la ciudadanía, y posteriormente lo hacía a las comunidades autónomas. El
presente real decreto nos da la razón acerca de lo que hemos venido
reclamando durante todo este tiempo, y es que nos devolvieran las
competencias. Ustedes han mantenido durante todo el proceso que no nos
las han quitado, pero se nos genera una cuestión. Si no nos las han
quitado, no nos las pueden devolver; pero el presidente del Gobierno dijo
que nos las devolvían. Aclárense.
Si nos centramos en el contenido del real decreto, nos encontramos ante
una norma que abarca distintos temas y diversidad de contenido. Hace
referencia, entre otras cuestiones, al uso obligatorio de la mascarilla,
a los centros de trabajo, al transporte marítimo. Podemos afirmar que
estamos ante un real decreto cajón de sastre. Del artículo 9 al artículo
16, ambos incluidos, se muestra un relevante paternalismo centralista del
Gobierno del Estado. En ellos se habla de que las administraciones
competentes deberán asegurar el cumplimiento en centros docentes,
servicios sociales, hoteles, alojamientos turísticos, etcétera.
Estas medidas deben tomarlas las comunidades autónomas, y las tomarán sin
necesidad de que ningún Gobierno dicte un real decreto.
Por todos estos motivos, les reitero que Junts per Catalunya votará no.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja
Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.
Señor ministro, ante todo quiero sumarme al recuerdo y al apoyo a las
familias de las personas fallecidas y, en todo caso, dar las gracias a
todos aquellos sectores que durante las semanas más complicadas del
confinamiento seguían manteniendo lo que sería el pulso de la sociedad.
También quiero agradecer al ministro el seguimiento de todo ese proceso
con sus comparecencias semana tras semana; reconocemos el esfuerzo y la
posibilidad de tener ese marco para ir volcando propuestas sobre la
marcha.
Nos da la sensación de que con la finalización de este estado de alarma
entramos en un nuevo escenario de transición, que nosotros consideramos
mal llamado, de nueva normalidad, en el que perduran todavía algunos
malos hábitos que hemos venido denunciando en esta Cámara durante los
últimos meses; un nuevo limbo en el que, mediante un real decreto
incompleto y que se queda a medias, parece querer mantenerse la capacidad
que ha tenido el ministerio durante este estado de alarma de prevalecer
como máxima autoridad competente en competencias que están traspasadas a
las comunidades autónomas, como son las sanitarias. El Estado autonómico
ha quedado en suspensión durante tres meses y repetidamente se nos
aseguraba que la aplicación del estado de alarma permitía precisamente
aplicar instrucciones en aquellos ámbitos que excedían del marco
territorial determinado por cada comunidad autónoma, como sería, por
ejemplo, el control de las fronteras o incluso la limitación de la
movilidad interregional o interprovincial, pero que tan pronto como fuera
posible se priorizarían medidas normativas y legales de carácter menos
excepcional que el estado de alarma mismo. Hemos llegado a la fase 3 y,
en virtud del anterior real decreto, el 55/2020, las comunidades
autónomas han podido decidir el proceso de desescalada y hemos finalizado
el estado de alarma. Recuperamos, por tanto, aquello que nunca deberíamos
haber perdido: la capacidad de tomar decisiones desde el ámbito sanitario
competente, que sean las propias comunidades autónomas las que, sobre la
base de su marco competencial, tengan la capacidad plena de decisión
sobre medidas preventivas a aplicar, que es como debe ser y como funciona
el Estado de las autonomías.
Pero muchos nos preguntamos qué tienen pensado en caso de rebrote, y
vuelven las dudas. Ahora y hasta que oficialmente no se declare la
finalización de la crisis sanitaria, se presenta este real decreto, que
no solo no establece alternativa al estado de alarma, sino que asume
medidas genéricas preventivas que perfectamente pueden asumir las
comunidades autónomas, ya que muchas de ellas afectan precisamente a su
marco competencial. Lo que se tiene que hacer es abordar un nuevo marco
regulatorio específico para tratar las futuras pandemias, a partir de la
colaboración con las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias,
respetando el principio de subsidiariedad, y si hace falta reformando la
ley que regula los estados de alarma o las leyes de salud pública, para
que su aplicación no implique de facto la laminación competencial, la
centralización y el mando único, algo que es contrario al más elemental
principio de descentralización que supuestamente rige el estado
autonómico que ustedes tanto dicen defender.
Durante el estado de alarma nuestro grupo ha percibido de manera
preocupante un exceso de hermetismo y bunkerización en la toma de
decisiones, así como una cierta actitud paternalista hacia las
comunidades autónomas y al resto de grupos de la Cámara, y que cuando
ustedes hablan de coordinación, realmente se trata de decisiones
unilaterales que se informan a última hora, sin previo debate ni
consenso. Ahora lo llaman actuaciones coordinadas de salud pública. Más
que las palabras, los gestos son importantísimos. Más que las palabras,
los gestos son importantísimos. Dialoguen y busquen consensos, sobre todo
en aquellos temas que afectan al marco competencial de las comunidades
autónomas. Como ha dicho un diputado, las formas son importantísimas y no
se han mantenido durante estos meses.
Nos preocupa también otra cosa. No sería la primera vez que, ante
situaciones extraordinarias de emergencia, como las sequías o incluso los
referendums, se aprovechara la ocasión para introducir modificaciones
legislativas que se venden como temporales, y que acaban siendo
estructurales, en el sentido de laminar el marco competencial. Es decir,
se utiliza el pretexto de la excepcionalidad para
recentralizar por la puerta de atrás. Ustedes deciden si quieren iniciar
reformas legislativas, a través del debate parlamentario abierto y el
máximo consenso con los grupos que facilitaron la investidura, o
prefieren seguir con los acuerdos de despacho y la opacidad. Nuestro no
sigue siendo un aviso para navegantes, como lo fue el anterior. El
diálogo y la negociación se practican a diario, porque no solo son
anuncios y ruedas de prensa. Su actitud y sus actos presentes pueden
marcar las dinámicas parlamentarias para el resto de la legislatura, y
por eso insistimos y somos contundentes en este sentido. Desearíamos que
tomaran buenas decisiones, pero no tenemos claro que estén muy dispuestos
en estos momentos, tal y como hemos visto su actitud durante estas
semanas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, Conchi.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, señora presidenta.
Desde esta tribuna he citado a menudo a Camus. Lo hice durante las
prórrogas del estado de alarma, y ahora que vamos a votar este decreto de
nueva normalidad y poner fin al estado de alarma quería volver a hacerlo,
trayendo a colación el final de La Peste, que, como saben, escribió Camus
cuando Francia fue ocupada por los nazis, y terminó al final de la
guerra. Estoy seguro de que el ministro, que estudió Filosofía, conoce el
pasaje que voy a citar. Por cierto, muchas gracias por su gestión. No era
fácil. Creo que ha estado usted a la altura de este momento histórico, y
se lo agradezco. El libro termina, como seguramente sabe el ministro, con
una escena en la que la gente sale a celebrar el fin de la epidemia, de
la peste, pero el protagonista no lo hace, no participa de la alegría
colectiva. ¿Por qué? Porque él es doctor -el doctor Rieux-, ha leído
libros y sabe que la peste no muere ni desaparece jamás, sino que
permanece dormida en cualquier rincón, en los muebles, en las alcobas, en
los papeles, en la ropa, y espera pacientemente para despertar cualquier
día y volver a mandar a las ratas a morir a la ciudad y enviarnos un
mensaje. Ese es el final del libro.
¿De qué nos habla ese final? Nos habla de la fragilidad, de la
vulnerabilidad del ser humano y de la incertidumbre ante situaciones como
la que hemos vivido, en las que de un modo u otro sabíamos que el virus
siempre estuvo ahí. Pero también nos habla de la necesidad de tener
memoria, del deber moral de la memoria. Memoria para seguir manteniendo
en esta nueva normalidad la responsabilidad cívica que la mayoría de la
gente ha demostrado en la anterior etapa de confinamiento, de acuerdo con
lo que prevé precisamente el decreto. Memoria para poder aprender de los
errores del pasado y no cometerlos en el futuro. Memoria para aceptar las
debilidades de nuestro sistema sanitario y de nuestro sistema productivo,
y poder fortalecerlos para que no pase nunca más lo que ha pasado en esta
ocasión. Y memoria para luchar contra el virus del odio y del olvido,
porque en el fondo la lucha contra la pandemia es una lucha de la memoria
contra el olvido. La plaga fascista que inspiró la novela de Camus puede
que haya desaparecido, pero, como el virus, su bacilo sigue adormilado y
latente, esperando nuevas oportunidades para despertar. Al odio le basta
el espacio de una grieta para renacer y lo hemos visto durante esta
pandemia. Hemos visto cómo se propagaba el odio, y por eso quería
dirigirme a sus señorías de VOX. Ustedes llevan toda la crisis
insultándonos, llamándonos criminales y asesinos. El problema es que,
mientras hacen eso, mientras ustedes nos apuntan, hay otros que disparan;
y, como saben, desgraciadamente no lo digo en sentido figurado. Cuando
ustedes nos señalan, cuando sus cargos electos o sus simpatizantes nos
acosan y nos amenazan en las calles o en las redes, crean un clima de
crispación que alimenta los delirios de descerebrados como su
exguardaespaldas, que cogen un arma y simulan nuestro asesinato. Eso es
una vergüenza y es grave. Es grave no solo porque, evidentemente, lo
hacen por ser quienes somos nosotros, sino por las ideas que defendemos y
por lo que representa nuestra defensa de la justicia social. Eso
significa que hoy somos nosotros, pero que mañana puede ser cualquiera
que piense como nosotros o de forma similar. Mañana puede ser cualquiera
que salga a la calle este sábado durante el Día Internacional del Orgullo
Gay, cualquier migrante, cualquier feminista -gracias, Marc, por la
lección de decencia que nos diste ayer en este Congreso- o cualquiera al
que ustedes acusen de ser un mal español. Eso tiene un nombre, fascismo,
y tiene una vacuna, la libertad; la libertad para vivir sin miedo a sus
amenazas y la libertad para vivir sin miedo a llegar a fin de mes, la
libertad para vivir sin miedo a que nos echen de nuestras casas o a
quedarnos sin trabajo. En eso consiste nuestro propósito cuando
levantamos el escudo social en este horizonte de esperanza que tenemos
que reforzar ahora, en la fase de reconstrucción del
mundo posCOVID que ahora empieza. Para eso son imprescindibles medidas
como la del ingreso mínimo vital y blindar la sanidad pública, pero
también el impuesto solidario a las grandes fortunas. No vamos a
renunciar a ese impuesto porque, sin él, difícilmente podremos sostener
las políticas sociales que necesitamos impulsar en nuestra nueva fase.
Que le quede claro a todo el mundo. (Aplausos.)
Termino. El decreto que votamos crea un sistema de alarma para mantenernos
en guardia y para recordar las lecciones que hemos aprendido, pero
reconoce ese decreto una verdad que no podemos obviar: no estaremos a
salvo hasta que no haya una vacuna contra el virus. Por tanto,
necesitamos que los mejores científicos trabajen en ello y que nuestras
promesas se conviertan en presupuestos y en políticas. Pero hay una
vacuna que ya tenemos ahora, y es la vacuna contra las desigualdades, la
vacuna contra el egoísmo y el odio, la vacuna contra la extrema derecha,
y esa vacuna es la fuerza de lo público, de lo colectivo, de lo
comunitario, de la solidaridad y de la cooperación. Es con esos
ingredientes con los que podemos dejar atrás el odio de quien quiere
negarnos la libertad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-El
señor Gil Lázaro pide la palabra.)
¿Sí, señor Gil Lázaro?
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta. En virtud del artículo 71
por una imputación falsa concreta que se le acaba de hacer a mi grupo
parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Haga usted referencia a la imputación, por favor.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias.
Eludo hacer el comentario, porque estaría fuera del trámite reglamentario,
de todas las imputaciones que ha hecho el señor Asens, pero ha hecho una
expresamente falsa, cuando se ha referido a 'su exguardaespaldas' en
relación con un sujeto que ha aparecido pegando tiros a fotografías de
miembros del Gobierno en las redes sociales. El Grupo Parlamentario VOX,
y VOX como partido, hicieron inmediatamente pública una nota diciendo que
ese individuo jamás ha sido militante de VOX y jamás ha participado en
sus equipos de seguridad. Por tanto, rogaría que el señor Asens retire la
expresión o se informe mejor.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Así costará en el Diario de Sesiones.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la
señora Pastor Julián.
La señora PASTOR JULIÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, mis primeras palabras son para expresar mi más
sentido recuerdo a las víctimas de la COVID-19 y a sus familias, y
también, cómo no, para agradecer a todos los profesionales sanitarios y a
todos los servidores públicos su compromiso, su generosidad y su
profesionalidad.
Señorías, subo a esta tribuna y les pido que hagamos todos una reflexión
profunda. En el centro de esta tragedia están las más de cuarenta mil
personas fallecidas, y en el centro de nuestro compromiso tiene que estar
honrar su memoria, y para honrar su memoria debemos reconocerlas a todas
y a cada una de ellas. (Aplausos.) Señorías, la pregunta es, ¿esto se
podría haber evitado? Los hechos son testarudos y las cifras lo son más.
La primera alerta internacional relacionada con este virus fue del 30 de
enero de la OMS declarando una emergencia de salud pública de importancia
internacional. El Gobierno minimizó las alertas internacionales, la
autoridad sanitaria marcó una estrategia nacional, a mi juicio,
equivocada, se hablaba de casos localizados y solo de transmisión
internacional y no local. Es evidente que no funcionó el sistema de
alerta epidemiológica, como es evidente que tampoco funcionó el
Ministerio de Sanidad, porque ante una crisis tan grave se dijo y se hizo
una cosa y la contraria: primero, compro yo, y luego, compras tú;
primero, protocolo sí, y luego, protocolo no; primero, mascarilla no, y
luego, mascarilla sí, y los sanitarios en primera línea sin protección.
Señorías, las consecuencias de esta errada gestión de la crisis han sido
dramáticas. Son inconcebibles las cifras ofrecidas, cambiando de criterio
cada dos por tres. El doctor Pedro Alonso, epidemiólogo y director del
programa de malaria de la OMS, advertía -y entrecomillo-: si no
averiguáis qué ha fallado, estáis condenados a repetir errores. Yo le
diría, señor ministro, que averiguar yo creo que lo hemos
averiguado todos, pero ahora lo que hay que hacer es reconocer lo que no
hemos hecho bien. Y, señorías, lo que ha sobrado en esta crisis ha sido
propaganda. Cada vez que escucho que salimos más fuertes se me pone el
vello de punta. ¿Cómo vamos a salir más fuertes, señorías, si no solo
hemos dejado a mucha gente atrás, sino que algunos ya no están? Por eso,
tenemos que mirar al futuro, cómo no, pero asumiendo cada cual las
responsabilidades que le corresponden. La voluntad de negar realidades,
señorías, les hace más débiles a ustedes, pero también nos hace más
débiles a todos los españoles.
El texto del decreto oculta una vez más la fecha del 30 de enero, pero,
¿por qué, si es la fecha clave y lo sabe el señor ministro? La Ley
General de Salud Pública lo recoge exactamente en su artículo 14. ¿Por
qué desde el 30 de enero no se tomaron medidas en vuelos internacionales?
¿Por qué no se dijo que se usaran las mascarillas? ¿Porque lo decía la
OMS? Pues bien, la OMS pudo decir una cosa o también otra, pero es de
sentido común que, si una infección se transmite por gotitas, al ponerte
una mascarilla no se transmite o se transmite menos. La responsabilidad
consistía también en proveer el material sanitario, en realizar pruebas
y, por cierto, en ser transparentes: no conocemos aún los informes de
alertas de seguridad nacional. También responsabilidad es, cómo no,
dotarse de un verdadero comité de expertos, como recoge el artículo de la
Ley de Salud Pública.
Señorías, señor ministro, a mí juicio y humildemente, una parte sí se
podía haber evitado. El virus campa libremente, pero no es por casualidad
que tengamos unas cifras francamente terribles: más fallecidos por cada
cien mil habitantes, como ya sabe, y el mayor número de profesionales
contagiados. Decía Lincoln que decir que no tienes otra opción es
liberarte a ti de la responsabilidad, y así es. Hay que saber asumir
responsabilidades.
Y voy al real decreto-ley. El Partido Popular ha apoyado el recurso del
estado de alarma del Gobierno. Hemos actuado con lealtad a los españoles,
y han sido ese mismo compromiso y ese mismo sentido de la responsabilidad
los que nos han exigido defender la normalidad constitucional. Y cuando
hemos considerado que prolongar el estado de alarma significaba abusar de
un recurso extraordinario, hemos dicho no, como no puede ser de otra
manera, pero también hemos dicho que hay leyes en el ordenamiento
jurídico ordinario que valen y que valdrían: la Ley Orgánica 3/1986, la
de Sanidad del 1986, la de Salud Pública o la Ley de Cohesión y Calidad.
Nos mostramos dispuestos a apoyar modificaciones legislativas si son
necesarias. Hoy, señor ministro, viene usted a convalidar un real
decreto-ley al que se le llama, como ya sabe, decreto del metro y medio,
de las mascarillas y de los test. Por cierto, parece que en el zoco que
se ha organizado, unos consiguen medio metro y otros consiguen que
desaparezca ese refuerzo del Consejo Interterritorial. El Partido Popular
no participa en el zoco, el Partido Popular lo que pide, y se lo
agradeceríamos, es que se pueda tramitar como proyecto de ley para
incorporar una serie de medidas que son imprescindibles. Y es
imprescindible, señor Ministro, que usted siga asumiendo que es la
autoridad máxima de salud pública de nuestro país, que el real
decreto-ley es exiguo, porque debería contener medidas que no incluye.
Además, se quita usted de en medio -perdóneme, no quiero ser maleducada-
y le pasa todo a las comunidades autónomas. Yo ya sé que cuando digo
exiguo a algunos no les gusta, porque unos dicen que les ha encantado,
que lo han peinado; pero no se fíe usted mucho, porque un día te pueden
decir una cosa y al día siguiente la contraria -soy una experta en eso-.
Señor ministro, ayer nos contó que tiene un plan preparado para hacer
frente a la posible segunda oleada. Hay que aprobarlo ya, y hay que
introducir en este real decreto medidas muy importantes: planes de
contingencia; el tener en cuenta las puertas de entrada del virus, como
aeropuertos o puertos, porque por ahí vienen los contagios, como también
la movilidad; un mecanismo de rastreo eficaz; reserva estratégica de
fármacos; pool nacional de personal, y, por favor, reforzar los servicios
de sanidad exterior, algo fundamental, así como reforzar el Consejo
Interterritorial. Sé que me queda poco tiempo, señora presidenta. Voy
terminando ya. Va a contar con el apoyo de nuestro grupo, porque esto se
tramita como proyecto de ley. Pero le quiero decir que este proyecto de
ley tiene que contener todas las medidas para que podamos estar
preparados para hacer frente no solo a los rebrotes que ya existen, sino
a un brote excepcional que abarque a todas las comunidades autónomas y
que tenga, otra vez, miles de afectados, y no estamos libres de ello. Y
también, para aprovechar y hacer reformas estructurales y para poder
tener un pacto de Estado por la sanidad.
Señorías, me duele -y llevo años sin salir a esta tribuna-, me duele
especialmente que solo hablemos de sanidad cuando hay pandemias. Sería
mejor que hubiera muchos momentos para hablar de sanidad, pero lo que les
puedo decir es que merece la pena; merece la pena que este real decreto
que, como digo, es casi inexistente, incluya medidas como la oficina de
atención a las víctimas, como un plan de activación económico, como un
frente nuevo jurídico. Miren, este no es un tema de competencias -a
algunos les encanta-; este es un tema de salud pública. Sean generosos por
una vez y doten al Ministerio de Sanidad de instrumentos necesarios para
hacer una verdadera política nacional. (Aplausos.)
Termino ya. No tengamos una visión partidista. Yo, señor ministro, le
agradezco el trabajo que usted y todos los técnicos del ministerio han
hecho. Creo que no ha sido con mala fe, pero lo que sí le puedo decir es
que, en buena parte, no han acertado. Y se lo digo en nombre de todas
esas personas que no pueden subirse aquí, por todos los que lo han
sufrido, los que ya no están, los sanitarios, mis compañeros, y todas las
personas que han padecido esta epidemia, esta pandemia, este terrible
virus. Estamos aquí para apoyar y para ayudar en bien de la salud pública
de nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. señora Pastor. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón
Couselo.
El señor MEIJÓN COUSELO: Gracias, presidenta.
Señorías, ministro, en primer lugar quiero mostrar nuestra solidaridad con
aquellos que han sufrido los peores males, la tragedia de la COVID-19, y
nuestro reconocimiento a todos los colectivos que han estado en primera
línea de lucha contra la pandemia.
Señor ministro, permítame expresarle con una palabra lo que este grupo
parlamentario siente acerca de la gestión del Gobierno en esta crisis:
orgullo. (Aplausos.) Orgullo de un Gobierno que, afrontando una de las
peores crisis de la historia, ha actuado con rigor, transparencia,
honestidad y, muy especialmente, con justicia social; esa lucha por
intentar que nadie se quede atrás, que tanto echamos de menos en la
anterior crisis. Pero, permítame que remarque las palabras honestidad y
humildad, que este Gobierno, y usted y su equipo en particular, han
encarnado durante este período, algo que les ha llevado a pronunciar, en
más de una ocasión, una frase: pues miren, no lo sé. Esta es una frase
nada habitual, que refleja la honestidad, la humildad y el rigor de quien
traslada la realidad de una crisis de la que desconocíamos casi todo; su
comportamiento, su transmisión, las estrategias a seguir, y en la que se
carecía del suficiente conocimiento científico, y que obligaba a adoptar
medidas dinámicas y drásticas, dispuestas a ser revisadas minuto a
minuto, en virtud de su eficacia y de las evidencias científicas que iban
apareciendo; medidas que atendieran a la población en su faceta
sanitaria, pero también en la económica y en la social. Orgullo también
de un ministro y de un presidente del Gobierno que en todas y cada una de
sus intervenciones se empeñaron en asumir cualquier error y, en cambio,
han colectivizado los aciertos, atribuyendo todo lo que iba por buen
camino al mérito del conjunto de las instituciones de este país y, por
supuesto, al comportamiento de la ciudadanía, y eso les honra.
(Aplausos.)
Otros, en cambio, han optado por responder erosionando la acción del
Ejecutivo mediante el uso de la deslegitimación, de la crispación y de
ataques continuos al Gobierno. ¿Con qué fin? Sin duda -el principal-,
pretender tapar las enseñanzas que nos ha trasladado esta crisis, muy
poco convenientes a las ideologías de derechas y ultraderechas. Porque la
COVID-19 nos ha permitido examinar a todos, a modo de análisis DAFO, las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro país, de
nuestras instituciones, de nuestros servicios públicos. Y si algo ha
quedado patente en este análisis, entre otras cosas, ha sido, primero, la
necesidad de la política, de la buena política, porque no todos los
políticos ni todas las políticas son iguales. Segundo, que es necesario
contar con más Estado, con un Estado fortalecido que pueda afrontar las
crisis con solvencia, rigor y justicia social; que el modelo del Estado
del bienestar es el que mejor asegura una plena respuesta al conjunto de
la ciudadanía, y en especial a los sectores más vulnerables; que los
recortes, la reducción y el debilitamiento de ese Estado del bienestar en
los Gobiernos del Partido Popular, y objetivables en cifras, ocasionaron
gran parte de las debilidades con las que hemos afrontado esta crisis;
que, por lo tanto, es necesario un fuerte compromiso con el
fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, de los pilares de
un Estado del bienestar que, por cierto -lo diré así, porque es así-,
siempre que han aparecido en nuestra sociedad ha sido con el sello de los
socialistas y de los progresistas que nos han acompañado (aplausos) -qué
mejor muestra que la reciente aprobación del ingreso mínimo vital; qué
mejor muestra-, y también, que nuestro modelo territorial, el Estado de
las autonomías, recibió un gran impulso por parte del Gobierno. Contra la
recentralización, la gobernanza; una gobernanza que debe servir para
fortalecerlo y realizar los ajustes necesarios que optimicen su
funcionamiento.
Señorías de la derecha y ultraderecha -que, tanto monta, monta tanto-, no
es entendible -y mucho menos en estos momentos- su compromiso con las
políticas de acoso y derribo y, por cierto,
tampoco su compromiso con las políticas de frivolidad. O, ¿acaso no es una
frivolidad del señor Feijóo gestionar la sanidad como si fueran unos
grandes almacenes, y anunciar cheques regalo para nuestros sanitarios de
250 euros para gastar en viajes y en hoteles? (Aplausos.) Por cierto, su
conselleiro de Sanidad pidió disculpas, el señor Feijóo, no. ¿O de la
señora Ayuso, al anunciar una corrida de toros benéfica como premio a su
labor? ¿Consideran loable herir así la dignidad de nuestros sanitarios,
de aquellos que han estado en la primera línea de lucha contra la
COVID-19? Y, por favor, nunca máis -nunca máis- argumentarios que llaman
a hacer política con los fallecidos, fallecidos que son de todos
nosotros. (Aplausos.)
Señor ministro, con este real decreto-ley damos un paso importante y
pasamos de vivir contra el virus a convivir con el virus, que
lamentablemente sigue ahí; una fase que no por deseada es más fácil de
sobrellevar. Bien al contrario, implica -si cabe- un aumento de las
cautelas y de las medidas de prevención, así como el incremento de
responsabilidad, tanto del Gobierno y de las instituciones como de cada
uno de nosotros a nivel individual, y mientras, trabajar a destajo en la
reconstrucción de este país. Por cierto, dejen también de poner palos en
las ruedas en la Unión Europea; retiren el informe. ¿De verdad se sienten
satisfechos?
Iniciamos el proceso de reconstrucción social y económica de nuestro país,
un proceso en el que seguro que la ciudadanía desearía que fuera atendida
la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la unidad y al
esfuerzo conjunto de todos los grupos de esta Cámara; a la suma, que no a
la resta; al debate y a la crítica con ánimo de aportar y construir; a la
lealtad institucional. Señorías, soy maestro, y me van a permitir que se
lo explique con un viejo cuento recogido por Trinidad de Coelho, un
político portugués del siglo XIX, que me leía mi padre. Érase una vez un
padre que tenía siete hijos y, viendo llegar su hora, los reunió a todos
y les dijo que fueran al monte a buscar un mimbre seco. Los trajeron y el
padre le dio al hijo más pequeño cada uno de esos mimbres para que los
rompiese, cosa que el niño pequeño hizo con la mayor facilidad. Ordenó el
padre que volvieran al monte a traer otro mimbre seco y cuando regresaron
les dijo que ataran los siete mimbres en un haz; una vez hecho el haz, se
lo dio al hermano mayor para que probase a romperlo. Ni el hermano mayor
ni todos los hermanos juntos fueron capaces de romper ese haz de mimbres.
Entended, les dijo el padre, que esto quiere decir que mientras estéis
unidos no habrá nadie más poderoso que vosotros. Así pues, unidad y
lealtad para afrontar, con toda la fortaleza posible, la reconstrucción
de este país. Eso es lo que espera la sociedad española de nosotros.
Señorías -y permítame citarle, señor ministro-, pónganse en modo
colaboración.
Máis nada; beizón. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del
Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
La señora PRESIDENTA: Gracias señor, Meijón.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora
presidenta.
Simplemente, quería agradecer las aportaciones de los diferentes grupos a
este debate y a aquellos grupos que han manifestado su voto afirmativo,
agradecerles el apoyo a este real decreto, que consideramos importante.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27
DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
(Número de expediente 122/000022).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día
correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A esta proposición de ley se
han presentado dos enmiendas a la totalidad de texto alternativo.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX,
tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores del Grupo Socialista, ustedes no vienen aquí a hacer la ley sino
la trampa.
Señorías, buenos días. Vuelvo a dirigirme a ustedes para iniciar el debate
sobre enmiendas a la totalidad de la proposición de ley orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 2/2012. Mi grupo parlamentario ha presentado
enmienda a la totalidad con texto alternativo por dos cuestiones
objetivas, no ideológicas. La primera, porque la proposición de ley
presentada por el Grupo Socialista solo puede recibir un calificativo,
bueno, más bien dos: partidista y oportunista, y más adelante se lo
explicaré. Segunda, porque el procedimiento legislativo, el Reglamento
del Congreso y la Constitución española son claros cuando se trata de la
modificación de leyes orgánicas: mayorías absolutas, lo que en absoluto
les gusta ustedes, que son más amplias que las simples. Por tanto, su
iniciativa es rechazable por este segundo motivo.
Señorías, esto no es una iniciativa concebida para mejorar la situación de
los trabajadores, de los autónomos y de las pymes, tan duramente
golpeadas durante la crisis de la COVID. Ni siquiera es una iniciativa
para relanzar un plan estratégico sobre nuestra economía. Lo que ustedes
presentan es una proposición de ley orgánica que persigue únicamente un
fin, y es dar rienda suelta a la fantasía del Gobierno, al que ustedes
apoyan para alcanzar cotas de poder exacerbadas y eludir un control, una
oposición parlamentaria y, en definitiva, un contrapeso propio de las
democracias del siglo XXI. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Cañizares. Ruego un poco de silencio,
por favor. Ruego silencio.
Muchas gracias.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Como les decía, el Poder Legislativo no tiene
como labor en una democracia allanar el camino al Gobierno y dejarle
actuar sin apenas controles, sea el Gobierno del signo político que sea,
sino que debe regular los derechos y las responsabilidades de los
ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Además,
debe controlar que el Ejecutivo desempeñe su labor de manera ordenada y
diligente, lo que se exige a cualquier administrador.
Por su parte, los ciudadanos deben entender que los intereses partidistas
que les llevan a presentar esta iniciativa ya son caducos. Esta
proposición de ley orgánica es producto de una situación ya pasada -la
moción de censura al señor Rajoy y las circunstancias que de ella se
derivaron-, con lo cual ya no les vale la excusa, pues al abandonar el
Gobierno el Partido Popular, la situación política era la siguiente: el
Partido Socialista, pese a contar con la mayoría junto a sus socios de
legislatura en esta Cámara, se encontró con una realidad que truncaba sus
planes: la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, en la
Cámara Alta. Así, el Gobierno Socialista encontraba problemas para
imponer sus tesis de ampliar el gasto en los presupuestos generales, pues
la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, si el Senado rechaza
el proyecto, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, debe remitir uno
nuevo. ¿Les parece lógico que el PSOE, que defendía que el Senado debería
convertirse en una auténtica y verdadera Cámara territorial, ahora
pretenda arrinconarlo porque ya no le viene bien? Este es el oportunismo
del que hablaba y al que me refería.
El Grupo Socialista, en su planteamiento, pretende permitir al Gobierno
ignorar de forma palmaria el papel atribuido al Senado y, señorías, las
Cortes Generales están conformadas no solamente por esta Cámara. Podrán,
sin duda, ponderarse las atribuciones al Congreso y el Senado, pero
mediante la iniciativa que ustedes nos presentan, lo que tratan de hacer
es imponer su voluntad, sin importar cómo, cuándo ni por qué. Y me
gustaría que desde el grupo proponente me contestasen a una pregunta. Si
el Gobierno que hoy se sienta en el banco azul fuese un Gobierno de un
signo político distinto, ¿votarían sí a su proposición de ley?
¿Aceptarían que un Gobierno diferente saliese de esta Cámara con unos
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública aprobados por la
mínima? Me gustaría escuchar su respuesta. Y esto lo digo porque,
precisamente, el Congreso debe legislar para los ciudadanos y no para el
Gobierno. Aunque de esa pregunta aún sin respuesta me surge una
reflexión. ¿No será que ustedes piensan que este Gobierno, una vez
instalado en el poder, quedará perpetuado sine die? Porque esa sería otra
opción que yo no había contemplado.
Les llamo a que hagan un ejercicio que mucho recetan y al que tanto apelan
pero que poco practican, y es que busquen el consenso y el verdadero
acuerdo de la mayoría reforzada de esta Cámara y tengan en cuenta, por
tanto, esa mayoría social de la que hablan, porque todos los que
trabajamos en esta Cámara y que no conformamos el Gobierno también
representamos a una gran parte de la sociedad que debe ser tenida en
cuenta y respetada.
La supervisión sobre el techo de gasto es una forma de control al Gobierno
del que ustedes han intentado zafarse de forma continuada recientemente,
durante el estado de alarma, sin ir más lejos. Se lo digo porque ese
control no se lleva a cabo mediante interminables ruedas de prensa
concedidas a la televisión pública y guionizadas al más puro estilo "Aló
presidente", sino a través de la labor parlamentaria que ustedes han
tratado de impedir a toda costa. En su momento nos preguntábamos el
porqué y ahora sabemos que la razón simplemente fue que no tenían nada
que contarnos, que sus capacidades de gestión se vieron rebasadas y que
la ineptitud de su Gobierno ha quedado patente. Pero, claro, asumirlo no
era una opción.
Pues bien, la ley orgánica que contiene la regulación de la estabilidad
presupuesta"ria y que ustedes pretenden alterar es precisamente eso, una
ley orgánica, cuyo rango hace imposible el procedimiento de modificación
que ustedes proponen, ya que al vetar el Senado un proyecto o proposición
de ley orgánica, el levantamiento del veto requiere en todo caso la
ratificación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, según
dice el Reglamento de esta casa, y no sería posible la aprobación de los
objetivos por mayoría simple, como ustedes pretenden. Señorías, en
política el cómo importa y el para qué, aún más, y, con ustedes al mando,
dejar la estabilidad presupuestaria al arbitrio de una ministra de
Hacienda que dice: Chiqui, 1000 millones no son nada, pues nos da miedo,
mucho miedo. (Aplausos.)
La modificación del artículo 135 de nuestra Constitución vino a introducir
el control a nuestras cuentas para cumplir con los objetivos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Ese pacto en cuestión incluye referencias para
garantizar el crecimiento sostenible de los Estados miembros, que
establecen -como saben- el límite máximo del 60 % de deuda sobre el PIB
y un 3 % de déficit. Pues bien, las reiteradas evaluaciones de
cumplimiento del pacto arrojan un resultado negativo para nuestro país, y
es que España no solo incumple las reglas del juego, sino que lo hace de
manera sistemática. Nuestra economía, como saben, arrastra problemas de
deuda estructural, que ya en febrero de 2020 alcanzaba el 96,55 % del
PIB. Vamos a por el récord Guinness. Claro que a aquellos a los que les
gusta traer a nuestra tribuna nuestra Carta Magna, nuestra Constitución,
ponerla en alto y hablar casi siempre de tres o cuatro artículos
referidos a derechos, cuando llegan al artículo 135, que habla de
obligaciones y responsabilidades, ya les chirría. Y es que el Estado,
además de procurar el bienestar para sus ciudadanos, también ha de ser
responsable y debe saber hasta dónde puede y debe gastar. Es lo que hace
cualquier adulto responsable de una familia; cualquier madre o cualquier
padre debe procurar el bienestar de sus hijos pero debe ser consciente de
que no los debe dejar endeudados de por vida, con deudas que jamás podrán
pagar. ¿Qué hijo aceptaría que sus padres le endeudasen de por vida? Yo
creo que ninguno. Con lo cual, aumentar gastos y desequilibrios es la
política más antisocial; como les decía, es pasarle sus facturas a sus
hijos, a sus nietos o a sus bisnietos.
Precisamente, en estos momentos de incertidumbre se requerirán -como todos
sabemos- mayores gastos por parte del Estado, a fin de paliar los efectos
de la crisis en la que estamos inmersos y deberíamos pensar, tal y como
recomienda, con buen criterio -y nos lo hizo así saber en la Comisión de
Reconstrucción-, la presidenta de AIReF, Cristina Herrero, deberemos
pensar en un control de nuestras cuentas, en ajustes a medio y largo
plazo para evitar en un futuro no muy lejano desequilibrios que puedan
provocar un incumplimiento por parte de España del objetivo comunitario,
mermando esto nuestra credibilidad internacional. Y ustedes con sus
políticas, lejos de ordenar y reducir la deuda y el déficit, han lastrado
nuestra economía. Y no se lo dice esta diputada, se lo dice la Comisión
Europea en sus recomendaciones publicadas el 20 de mayo de 2020, donde ya
les avisaban de que la desviación de los objetivos en 2019 era
significativa. Esto, señorías, deja claro que sus políticas previas a la
crisis del coronavirus han desgastado la economía española, aun cuando
esta crecía, y además recibimos un claro mensaje de Bruselas: no nos van
a engañar. La desviación de los objetivos es consecuencia de su gestión.
El Gobierno solo sabe poner la mano y predicar sin dar ejemplo, aunque
parece que esta vez no les valdrá porque los europeos van a destinar los
fondos a un crecimiento sólido, algo que, sencillamente, ustedes no son
capaces de ofrecer.
En cuanto a las enmiendas al articulado presentadas por el resto o por la
mayoría de los grupos parlamentarios, casi todas parten de una base poco
sólida: la ensoñación. Plantean en las mismas una serie de medidas que
contemplan el equilibrio presupuestario a partir del ejercicio próximo.
Pero, ¿cómo pretenden reducir la deuda si vamos a gastar más de lo que
vamos a ingresar? Les recuerdo que no partimos de una situación de deuda
cero, sino de más de un 99 % del PIB y con proyecciones de hasta el 120
%, según ha dicho el gobernador del Banco de España, para el próximo año.
Algunas de estas enmiendas hablan también de la inversión del superávit
de las administraciones públicas, cuando para el
año 2021 la AIReF ha dicho que podremos llegar a casi un 14 % de déficit.
Pongan los pies en la tierra, señorías. El Congreso debe estar para
resolver los problemas de los españoles y no para crearlos.
La enmienda con texto alternativo que el Grupo Parlamentario VOX presenta
cumple con los principios constitucionales, el Reglamento del Congreso y,
por ende, con el procedimiento legislativo vigente, y no atiende a
cuestiones ni ideológicas ni partidistas, al margen del signo político
del Gobierno de España. Nuestra propuesta considera el papel del Senado y
confirma la necesidad de establecer un adecuado control al Gobierno, que
no se ve suficientemente articulado a través de una mayoría simple, en
caso de que el Senado rechace los objetivos. Se trata del fomento de la
economía de sentido común. Proponemos que, en caso de aprobación por el
Congreso de esos objetivos y rechazo o veto posterior por el Senado, sea
de nuevo el Congreso quien pudiera levantar ese veto con mayoría absoluta
y aprobar los objetivos. Voy terminando, señora presidenta. Esta
alternativa recogería una mayoría suficiente para garantizar que el
preámbulo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se
haya configurado en un marco de responsabilidad y sostenibilidad, y sin
desviarse de nuestros compromisos con la Unión Europea.
Señorías del Grupo Socialista, una economía endeudada al cien por cien no
puede generar un crecimiento sólido y ustedes, permítanme, solo saben
hacer magia cuando se trata de vaciar las arcas; entonces lo consiguen en
tiempo récord. El gasto público debe ser supervisado y racional, y las
leyes deben responder al interés general de los ciudadanos, a quienes
representa el Congreso de los Diputados, no al de sus siglas, no a los de
su Gobierno y sí al de los españoles.
En resumen, no conviertan la política en el arte de disfrazar de interés
general su interés particular.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañizares. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora Guille.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Píriz Maya.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, presidenta.
Señorías, subo aquí a defender hoy la enmienda a la totalidad de mi grupo
con texto alternativo a la proposición de ley de reforma de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de
Celis, ocupa la Presidencia.) A estas alturas todos tenemos algunas cosas
claras; por ejemplo, que lo más parecido al aceite y al agua en el ámbito
político es el PSOE y la estabilidad presupuestaria. No creen en ella, no
creen en las leyes que la regulan, aunque a veces vienen aquí como
campeones de la estabilidad presupuestaria y hasta propician una de las
dos únicas modificaciones de nuestra Carta Magna, precisamente para
blindar el concepto de estabilidad presupuestaria. Aquel 23 de agosto de
2011, aquel verano, su ineptitud puso contra las cuerdas a nuestro país,
y fue precedido de aquellos recortes de un Gobierno socialista.
¿Recuerdan? ¿Recuerdan aquellos meses? ¿Se acuerdan muchos de ustedes del
doctor Sánchez en este Congreso pulsando el botón verde delante de
ustedes y votando sí a los recortes? Ahí arriba, en la octava fila.
¿Recuerdan aquellos recortes? Sí, señores, historia reciente; historia
del epílogo del último Gobierno socialista; historia reciente de cómo
dejan las cuentas del país cuando gobiernan. ¿Les recuerdo aquel 12 de
mayo de 2010? En aquellos decretos votaron sí a recortar 6800 millones a
costa de bajar el sueldo un 5 % a los funcionarios. Aquel día votaron sí
a recortar 1500 millones de euros el gasto farmacéutico y recortaron 1530
millones de euros congelando las pensiones a millones de españoles. ¿Lo
recuerdan? ¿Lo van recordando conmigo? En aquellos decretos ustedes
recortaron 400 millones de euros con la suspensión del régimen
transitorio de las pensiones o recortaron 300 millones en dependencia,
eliminando la retroactividad. A las familias también les tocó, 1250
millones de euros en recortes con la eliminación del cheque bebé o 1300
millones de euros con recortes adicionales del gasto farmacéutico. Estoy
seguro de que no se acordarán porque no les interesa. Decía Benjamin
Franklin que los acreedores suelen tener mejor memoria que los deudores.
Y es cierto, ustedes deben hasta callarse con España porque a cada paso
podemos recordarles todo lo mal que lo hicieron en aquella época y todo
lo mal que lo siguen haciendo desde que gobiernan nuestro país. Los
deudores nunca reconocen sus deudas, como ustedes.
Señores socialistas, nos traen esta modificación de la Ley 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria. Estos dos momentos de la historia reciente de
España que ustedes tratan de eliminar de la memoria colectiva les
incapacitan para venir aquí a darnos lecciones de nada, a tratar de
modificar una Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó esta Cámara,
entre otras cosas, para solucionar las barbaridades que realizaron
durante sus últimos ejecutivos, recuerdo, con el voto a favor -ahí
arriba- del doctor
Sánchez y de muchos de ustedes. Miren, venir aquí a hablar de estabilidad
presupuestaria con el Partido Socialista requiere siempre un ejercicio de
autocontrol grande. Vamos primero a los datos. Los déficits en los
últimos años, en los últimos ejecutivos socialistas fueron del 11 % en
2009, del 9,4 % en 2010 y del 9,1 % en 2011. Vuelven al Gobierno tras la
moción de censura y en su único año completo de Gobierno, en 2019, dejan
el déficit en el 2,8 %, cuando el objetivo acordado con Bruselas era el
1,3 %, más del doble. Superaron todos los escenarios, superando también
el 1,8 % que aprobaron en el Consejo de Ministros o el 2 % que contenía
el plan económico que enviaron a Bruselas; 18 000 millones más de déficit
de lo acordado con Bruselas a base de decretos-leyes, 18 000 millones más
de déficit de lo pactado con nuestros socios en esta Ley de Estabilidad
Presupuestaria, en esta ley que desarrolla aquel cambio constitucional
que ustedes, con un presidente de ustedes, propusieron. Se autoenmiendan
continuamente sin ningún pudor, señorías, y hacen que hasta la propia
Comisión Europea les corrija con más de 2000 millones la cifra de déficit
que enviaron a Bruselas para no quedar mal -entiendo-, como siempre.
Estos son sus datos, no los estamos inventando en el Partido Popular. Las
opiniones e interpretaciones podrán variar, pero los datos, sus datos,
son esos.
Esto es lo que pasa siempre que gobierna el Partido Socialista en nuestro
país, por no hablar de las previsiones de 2020, que ya el Banco de España
sitúa por encima del 11 % del déficit y que ayer mismo el Fondo Monetario
Internacional situaba en el entorno del 14 %, y nos daba el dudoso honor
de liderar el desplome económico mundial. Como les decía, estos son los
datos y son inapelables e irrefutables, y nuestra percepción es que
ustedes tienen una incapacidad manifiesta en el ámbito económico. Cuando
salen de la parrafada prefabricada socialcomunista y se rasca un poco
debajo, todos podemos ver cómo no tienen discurso económico, cómo no
tienen soluciones, cómo España está en manos de nadie, con una rosa en
una mano y la hoz y el martillo en la otra, o en la camiseta. No hay
Gobierno, no hay proyecto, no hay hoja de ruta, no hay trabajo detrás,
porque ¿cómo se entiende que con la crisis que se nos viene encima
estemos aquí hoy debatiendo sobre modificar un artículo de una ley que se
ha antojado fundamental para generar empleo y riqueza en nuestro país y
para salir de la crisis, de la crisis a la que, repito y no me cansaré de
decirlo, nos abocaron ustedes con sus decisiones? Igual que en esta que
viene por delante, también serán culpables de que las consecuencias en
España sean infinitamente superiores a las de otros países de nuestro
entorno.
Venimos a debatir las competencias del Senado, porque es la modificación
sustancial del artículo que pretenden reformar y a la que mi grupo se
opone frontalmente. Decía Steve Jobs que hacia delante es complicado unir
los puntos o enlazarlos, pero hacia atrás es sencillo, y doy fe de que
con ustedes es así. Recuerdo cuando debatimos esta ley por primera vez a
finales de 2018. Pocos pensábamos que aquello era el inicio de muchas
cosas que vendrían después. Era difícil preverlo hacia delante, pero
ahora, con perspectiva, es sencillo conectar los puntos. Con aquella
modificación que se pretendía, similar a la de ahora, ustedes marcaban la
hoja de ruta que tendría muchos momentos estrella y muchas fotos. Pocos
días después de aquel debate que mantuvimos, vino la foto de Pedralbes,
la foto de los veintiún puntos entre Torra y Sánchez, la foto de la
vergüenza por cuanto suponía de aceptación -le recuerdo- a la figura del
relator, y sobre todo por la bilateralidad que aquello suponía y a la que
volveré luego.
Pero los puntos pudieron seguir conectándose, nombrando fiscal general del
Estado a una exministra y exdiputada socialista, poniendo en jaque la
separación de poderes, o algunas fotos absolutamente vergonzosas, como
esta más reciente (muestra una fotografía); sí, esta, con esta persona
condenada por pertenencia a banda armada y condenada por secuestro. Esa
firma que aparece ahí es de la portavoz del Grupo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Píriz, le
rogaría que atendiese al punto en el que estamos.
El señor PÍRIZ MAYA: Es que estoy conectando los puntos, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No, a mi
consideración, señoría, no. Por tanto, le rogaría que se ciñera al punto.
El señor PÍRIZ MAYA: Estoy intentando explicar la bilateralidad del Grupo
Socialista y la multilateralidad nuestra, si usted me lo permite.
(Aplausos.) Les enseñaba un ejemplo de bilateralidad, aunque moleste. Hay
muchos más ejemplos si conectamos los puntos, pero lo que queda claro es
que el PSOE cree en la bilateralidad y nosotros creemos en la
multilateralidad. Por eso, nosotros creemos en el Senado como
Cámara de representación autonómica, donde todas las comunidades
autónomas, que tienen incluso designados a senadores, se pueden poner de
acuerdo en aquellos temas que les afectan, como son los objetivos de
deuda y déficit, y que les marcan el terreno de juego para sus propios
presupuestos. El PSOE no, ellos creen en la bilateralidad, en reunirse
con Torra, con Otegi, o en mandar a su C2 por Cambridge, a Iglesias, a la
cárcel de Lledoners para negociar allí los presupuestos con los políticos
presos.
Nosotros sí creemos en el Senado, creemos en las instituciones, no
renegamos de ellas; no lo vamos a hacer ni lo vamos a permitir. Por eso
nuestra enmienda a la totalidad. Su propio proyecto de ley, en el
preámbulo, habla de una bicameralidad imperfecta en España. ¿Han mirado a
su alrededor, han buscado países que no tengan doble Cámara? ¿Los han
encontrado cerca?
Ustedes no creen en el Senado y no creen en la estabilidad presupuestaria.
¿Cómo, si no, se entiende que quieran quitarle al Senado atribuciones en
este ámbito? ¿Qué es lo siguiente, cerrar el Senado? ¿No dice la
presidenta socialista del Senado que hay que darle mayores
responsabilidades? ¿Se pueden poner de acuerdo de una vez, como un
partido, y tener una única opinión? Decía Groucho Marx, el de camarote
que tanto le irrita cuando se lo recuerda el expresidente González, que
estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Así se están
comportando, como en aquella escena del camarote que tanto les enfada:
apuntando unos en una dirección y otros en otra, cambiado sus principios
por votos para mantenerse en Moncloa sin importar de dónde vienen esos
votos, qué suponen y qué representan.
Ahora quieren eliminar competencias del Senado sin decir cuáles más
quieren quitarles y usan todo tipo de argumentario de salón. Dicen que en
la tramitación de la ley de presupuestos, si el Senado vota en contra,
vuelven al Congreso. Claro, porque los Presupuestos Generales del Estado
son los presupuestos de la Administración General del Estado, pero los
objetivos de deuda y déficit afectan a todas administraciones de este
país, y el Senado, como Cámara de representación territorial, tiene que
tener palabra ahí, ¿o no? No sé qué precio están pagando ni quién se lo
ha pedido. No sé cuál será el siguiente punto que podremos conectar,
igual quieren modificar el artículo 135 o el 155 de la Constitución.
Igual es una modificación más grande de nuestra Carta Magna, la que nos
dimos entre todos, porque escuchando a su ministro de Justicia y su
crisis constituyente del otro día, uno se echa a temblar.
Señores del PSOE, este debate no es lo que esperan los españoles de
ustedes. España está en una encrucijada histórica, es rehén de las
decisiones de un Gobierno que reaccionó tarde y mal, y que, si no
reacciona, ya va a ser el culpable de que cientos de miles de ERTE se
transformen en miles de concursos voluntarios de acreedores y en ERE. Ya
van tarde, con todos los indicadores en rojo, con una inacción absoluta,
con encuestas como la del Parlamento Europeo, que dice que España es el
país que, según sus ciudadanos, peor ha reaccionado a la crisis. Por eso
deberíamos estar aquí escuchando sus medidas para mitigar los 25 711
millones de euros de pérdida de ingresos previstos por la Administración
tributaria, sus medidas para que la confianza empresarial y la del
consumidor no se esté desplomado al 30 % o que la deuda alcance o supere,
según algunos escenarios, ya el 122 % del PIB. Aquí deberíamos estar
hablando de propuestas para salir de esta crisis y yo le estaría hablando
de las medidas del Partido Popular, de nuestro plan para activar España
bajando impuestos y dinamizando la economía, de nuestra hoja de ruta, del
navegador de un partido que los españoles saben que siempre solucionó los
desaguisados de la izquierda. Pero no, estamos hablando de una Ley de
Estabilidad Presupuestaria y de su modificación en el peor de los
momentos, cuando todos los ojos de Bruselas y de las principales
cancillerías europeas miran a nuestro país con desconfianza y debemos
transmitir justo lo contrario. Ustedes siempre tan oportunos y tan
puntuales, pero los españoles saben que siempre estaremos nosotros, que
estará mi grupo para solucionar los problemas que ustedes generan.
Voy acabando, señor presidente. Atribuyen a Miguel de Cervantes, en la
primera parte del Quijote, cuando Alonso Quijano se enfrentaba a los
molinos de viento, la frase que decía: no puede impedirse el viento, pero
hay que saber hacer molinos. Justo eso, señores del PSOE, hagan caso a
don Quijote: gobiernen ya, retiren este proyecto de ley, transmitan
confianza a nuestros socios y si no saben, apártense y no molesten más,
porque su incompetencia se lleva por delante un país, se lleva por
delante España entera y millones de proyectos de vida de nuestros
compatriotas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la señora Oramas González-Moro. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde luego Coalición Canaria no va a votar las enmiendas de
totalidad porque creemos que bloquear los presupuestos del Estado por
razones políticas, en un momento en el que este país necesita un
presupuesto -sea mejor o sea peor, gobierne quien gobierne -, no tiene
sentido. Por eso mismo no voy a votar las enmiendas de totalidad y voy a
apoyar el que la tramitación en este caso sea como la de las leyes que
tiene este país, que no son ni menos ni más importantes que esta en
concreto, que tiene un procedimiento singular, excepcional, aquel momento
del acuerdo constitucional PSOE-PP, que no se consultó con nadie, nadie
se fiaba de nadie y era para un tema puntual. Los temas han cambiado.
La propia presidenta de la AIReF, que es poco sospechosa de ser una loca,
dijo en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Reconstrucción -lo
tengo aquí- (muestra un documento) lo siguiente con respecto al uso de
los remanentes por los ayuntamientos y el superávit por las comunidades
que lo tenían: En ese sentido me parece que tiene que flexibilizarse la
regla de gasto; es más, más que flexibilizarla es que no debe existir esa
regla de gasto. Así lo dijo. ¿Y por qué lo dice la presidenta de la
AIReF? La presidenta de la AIReF explica cómo a nivel europeo se permite
a los países -se decidió ante la situación de emergencia- no cumplir la
Ley de estabilidad por la situación de emergencia. Llegamos a España y
resulta que hay tres comunidades autónomas, Navarra, Canarias y País
Vasco, que han tenido superávit. Y en una situación angustiosa de pérdida
de ingresos y de gasto social y sanitario se ha tardado en poder dar
salida a que esas tres comunidades autónomas puedan incorporar el
superávit para hacer frente a la pandemia. Pero es que tenemos 8000
ayuntamientos en España que tienen miles de millones en los bancos, y
resulta que la señora de Hacienda trata igual a los que cumplen que a los
que no cumplen y no deja usar, incorporar los remanentes a los
presupuestos ni los superávit, que están en cuentas corrientes en los
bancos. ¿Pero saben lo que pasa? Ayer sale el presidente del Gobierno
-Moncloa, ministros que no tienen ni idea de la realidad del terreno- y
dice que van a permitir que se pueda usar una parte del remanente para
renovar los coches y comprarlos eléctricos. Pero, ¿es que no se enteran
de que el problema son los servicios sociales en los ayuntamientos, el
poder contratar a gente, el poder pagar la luz, el agua de muchísima
familias? Yo hoy lo que digo es: Hagamos caso a la presidenta de la
AIReF, inmediatamente, para que los ayuntamientos de España, que están en
primera fila de la lucha contra la crisis económica, la exclusión social
y la vulnerabilidad, puedan disponer de esos remanentes para hacer frente
a gastos sociales y no para renovar la compra de los coches, que es lo
único que faltaba.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
A continuación, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Voy a empezar con un tema que no viene a cuento,
me lo va a permitir el señor presidente, va a ser muy rápido. Ha muerto
otro minero en la mina de Sallent; llevamos dos muertos en tres semanas y
la siniestralidad laboral es evidente que está directamente vinculada con
la precariedad laboral, por eso también la camiseta de los trabajadores
asturianos que están en huelga de hambre y un reconocimiento a todo el
sindicalismo combativo, desde la Nissan a la trabajadora despedida por
estar afiliada al SAT.
Dicho esto, me centro en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nosotros,
antes, en el punto del Defensor del Pueblo, explicábamos la arquitectura
europea de racismo institucional. Ahora nos toca explicar uno de los
mecanismos de control presupuestario de la Unión Europea que es, tal y
como dice el nombre de la ley, la estabilidad presupuestaria. Eso tiene
que ver con las políticas de austeridad, está directamente relacionado
con estas políticas de austeridad que tantos vínculos han roto en tantas
comunidades y que han mermado la inversión en servicios públicos. Tiene
que ver también con el artículo 135 de la Constitución española, que
prioriza pagar la deuda a invertir en servicios públicos. Y tiene que ver
con la capacidad económica de los ayuntamientos y, aunque el Gobierno
trata de buscar una alternativa a lo que fue la ley Montoro, mantiene la
lógica de la troika, que es deuda, que es adelgazar servicios públicos y
que desde Bruselas controlen qué hacen los ayuntamientos.
La CUP tiene un proyecto especialmente basado en el municipalismo como
piedra angular. Para nosotras es una disposición imprescindible para la
autodeterminación. Además, los ayuntamientos son las administraciones más
cercanas a la ciudadanía. Por eso y desde esta perspectiva, nosotras
defendemos la autodeterminación, defendemos la soberanía, pero no solo la
nacional, también la económica, y entendemos que la Unión Europea hace de
todo menos garantizar la soberanía económica, y más en
tiempos de pandemia. Ni la candidatura de la señora Calviño para presidir
el Eurogrupo, ni la austeridad, ni la deuda, ni la troika, nos
garantizarán la vida.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor
Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, presidente.
Nos exhortaba una de las personas que ha defendido una enmienda a la
totalidad a que no habláramos de ideología, decía que no era una
propuesta ideológica la que traía. Yo voy a hacer justo lo contrario, voy
a hablar de ideología, así que pueden seguir el ejemplo de alguno, coger
su libro y prestar poca atención. Voy a hablar de ideología porque las
propuestas que se han presentado aquí tienen una profunda carga
ideológica, y no les diré nada nuevo si les digo que son antagónicas a
las posiciones que defendemos nosotros y nosotras en Euskal Herria Bildu.
La propuesta que se trae aquí lo que pretende es generar una arquitectura
jurídica al servicio de las élites económicas, que permita nuevamente
-como en aquel infausto agosto en el que se modificó el artículo 135 de
la Constitución- tener a la población absolutamente asilvestrada, en unas
condiciones de dificultad vital enorme.
Me ha dado pena realmente, y lo digo con sinceridad, que el representante
del Partido Popular no haya tenido tres minutos más -o cinco o diez-
porque estaba disfrutando con la hilarante conexión de puntos o hitos que
ha hecho. Es más, creo que si hubiera tenido más tiempo probablemente
habría podido incluir anuncios del estilo "Compro oro" o "Vendo Opel
Corsa" en esa hilarante conexión entre Otegi, Torra y lo que estamos
discutiendo aquí, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Nosotros no apoyamos las enmiendas, evidentemente, y vamos a votar en
contra porque lo que creemos es que hay que ir todavía más lejos de lo
que el Gobierno está diciendo o haciendo, es que creemos que hay derogar
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es que creemos que no vale con una
leve reforma, es que creemos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria
condena a la ciudadanía de Euskal Herria, pero también a la ciudadanía
del Estado español, a tener que vivir en condiciones de indignidad porque
nos obliga a priorizar el pago de la deuda sobre las posibilidades reales
de cualquier Administración para proveer de más recursos a las
instituciones, en este caso a las locales, a los ayuntamientos, y poder
así generar políticas -ideología, a fin de cuentas- que sirvan para
ayudar a los de abajo, que sirvan para ayudar a las clases populares.
Probablemente de aquellos barros estos lodos y probablemente por aquello
que se hizo en ese mes de agosto -cuando hasta los más
constitucionalistas, los más pétreos constitucionalistas corrieron a
reformar la Constitución para provocar el austericidio, que después vino
por mandato de Europa- nos hemos encontrado con la realidad que nos hemos
encontrado. Se ha dicho ya antes -y no voy a incidir demasiado en ello-
que la Ley de Estabilidad Presupuestaria trata de manera igual a quienes
son diferentes y trata de manera igual a quienes viven en realidades
diferentes. Eso, en derecho, es lo más injusto que se puede hacer y es lo
que se está haciendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque se
está impidiendo que municipios puedan dedicar más dinero a la gente; y
son los municipios, ya se lo ha recordado aquí la representante de la
CUP, la primera puerta, la primera ventanilla a la que recurre una
persona cuando está en dificultades. Por tanto, creemos que hay que ir
mucho más allá de lo que se dice y, desde luego, no en la senda que
marcan las enmiendas a la totalidad, sino justo en la contraria. Lo que
hay que hacer es dotar a los ayuntamientos de más recursos y tratar a los
ayuntamientos atendiendo a sus realidades particulares, no a una
generalidad que limita las capacidades de acción de nuestras propias
instituciones.
Pero probablemente hacen falta más recursos; es decir, generada una cierta
arquitectura o unas ciertas posibilidades legales, habrá que tener
recursos para poder llevarlas a efecto, y nos preocupa sobremanera que
nadie diga cómo se van a conseguir esos recursos. Nosotros creíamos que
el impuesto a las grandes fortunas sería una buena oportunidad para
conseguir más dinero para luego redistribuirlo, y sobre todo para
equilibrar la histórica desigualdad que posibilita que las veintitrés
fortunas más ricas de España, los ultrarricos de España, hayan ganado
durante la crisis, en tres meses, 19 200 millones de euros, esto lo dice
Intermón Oxfam y esto ha pasado en tres meses. Y a esta gente parece que
no se tienen los arrestos o la gallardía necesaria para proponerles un
impuesto excepcional y para conseguir así redistribuir. Porque no
entendemos cómo se quiere recaudar un 7 % más vía impositiva si no
generamos nuevas figuras impositivas. Está muy bien perseguir la evasión
fiscal, incluso dificultar la elusión fiscal, pero, vista la cuenta de
resultados del Estado español para conseguirlo, uno no puede ser sino
escéptico.
Por tanto -y voy terminando-, lo que nosotros planteamos es que la Ley de
Estabilidad Presupuestaria quede sin efecto y que desde luego tenga
lecturas particulares, y por supuesto lo que no puede pasar es que
sigamos sometidos a una ley que nos empobrece como sociedad, y que sobre
todo empobrece a la mayoría de la gente, para que los veintitrés
ultrarricos y unos cuantos más puedan seguir disponiendo de sus vidas
como quieren pero también disponiendo de las vidas de toda la gente a la
que explotan.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
En febrero ya debatimos esta proposición de ley de reforma de la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, se planteaba concretamente la modificación del artículo 15.6
para permitir que el rechazo o el veto en el Senado de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y deuda pública pudiera ser levantado por el
Congreso por mayoría simple y, por tanto, volver a la redacción de la Ley
del año 2007. Este grupo votó a favor de la toma en consideración y hoy
debatimos dos enmiendas a la totalidad en este sentido: una del Grupo
Parlamentario Popular, que pretende que el artículo 15.6 permanezca igual
a la reforma llevada a cabo por este grupo en el año 2012, eso sí,
añadiendo al Senado la coletilla de Cámara de representación territorial.
En definitiva, vuelve a dejar la aprobación de los objetivos de déficit o
la senda de déficit en manos del Senado, es decir, en manos de una Cámara
cuya función ha sido normalmente de segunda lectura y sin capacidad de
veto, y lo hacen hoy también alegando la función o representación
territorial. Dicen que, como los objetivos de déficit afectan a los
presupuestos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, es
necesario dotarles de mayor capacidad, pero ustedes saben que esto no es
cierto porque el voto de los senadores responde a la decisión de los
partidos políticos a los que pertenecen y no tanto a los intereses de las
comunidades autónomas, y ya se vio en 2018 que cuando se elevó el
objetivo de déficit de las comunidades autónomas, las gobernadas por el
PP votaron en contra. Sinceramente, ustedes propusieron este cambio en
2012 y abogan por su no modificación porque normalmente sus resultados en
el Senado suelen ser bastante mejores que aquí, en el Congreso, por
tanto, básicamente por motivos políticos.
En el caso de las enmiendas presentadas por el Grupo VOX lo que plantean
es que, en caso de que los objetivos de déficit y deuda sean rechazados
por el Senado, vuelvan al Congreso y sean aprobados por esta Cámara por
mayoría absoluta o, lo que es lo mismo, pretenden abrir la puerta a un
bloqueo político en el caso de unos nuevos Presupuestos Generales del
Estado si tenemos además en cuenta la aritmética parlamentaria. Por lo
tanto, un tanto oportunista.
Además, la modificación de este artículo no conlleva, desde luego, una
desviación, como se ha dicho aquí, de los objetivos de déficit per se,
porque hasta ahora la no modificación de este artículo no ha supuesto
cumplimiento del objetivo de déficit con ninguno de los Gobiernos, ni del
PP ni del PSOE, y tampoco conlleva per se más gasto porque depende de los
Presupuestos Generales del Estado que se aprueben, y no quiere decir que
no se pueda llevar una política expansiva de gasto responsable, junto con
un plan de consolidación fiscal. Como se ha mencionado aquí hoy, también
el artículo 135 de la Constitución posibilitó esta Ley de Estabilidad y
ya vimos lo que planteaba esa ley: medidas que fueron en principio
temporales y que se han convertido en permanentes pero que han supuesto
austeridad y desigualdad.
Nosotros, dicho todo esto y al margen de otras justificaciones, vamos a
votar en contra de las enmiendas a la totalidad porque es necesario desde
luego eliminar la excepcionalidad que existe en torno a las normas
relacionadas con el techo de gasto y objetivos de déficit, evitar el veto
del Senado y que este actúe como Cámara de segunda lectura y para que
estas normas se rijan por el régimen general que se aplica en las Cortes
para aprobar las leyes.
Termino refiriéndome a una anomalía que puede ser negativa para la
aprobación de un presupuesto general del Estado esté quien esté en el
Gobierno y más en esta situación de COVID. Ahora bien, vamos a votar en
contra, como hemos dicho, aunque hay que recordar que es necesaria una
reforma o una derogación de esta ley que vaya más allá del artículo 15.6.
En ese sentido, vamos a solicitar que se modifique la regla de gasto,
porque sabemos que las limitaciones que tiene la regla de gasto lo que
están haciendo es impedir a los ayuntamientos utilizar su superávit, usar
ese dinero para paliar las consecuencias del COVID, para el bienestar de
los ciudadanos, para mejorar la vida de las personas y, por tanto,
ponerlas en el centro. Desde luego, no se puede tratar a los
ayuntamientos o a las entidades
locales como entidades menores a tutelar cuando han sido las que han
cumplido sobradamente esta regla de gasto, las reglas de estabilidad, y
más cuando ahora mismo Europa ha abierto la posibilidad a la
inaplicación, a la suspensión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Llevamos oyéndoles mucho tiempo decir que van a flexibilizar esa regla de
gasto, que se va a abolir esa regla de gasto y creemos que basta ya de
palabras y que hay que ir a los hechos y, de una vez, si no derogar la
Ley de Estabilidad, por lo menos sí modificar esa regla de gasto, como he
dicho, para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para el
bienestar de la ciudadanía.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez
Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos hoy una vez más sobre el proyecto de ley que pretende
eliminar lo que de manera simplificada se conoce como el veto del Senado
al techo de gasto, una condición indispensable para tener presupuestos.
Bajo la aparente aridez de estos temas contables se esconde, sin embargo,
una apasionante radiografía de nuestro sistema democrático y la crónica
de la impotencia del Gobierno de Sánchez. En la trayectoria de esta norma
hemos podido ver la rigidez y la inflexibilidad del Partido Popular, la
chapuza presupuestaria, tristemente habitual, del PSOE, el uso espurio de
las instituciones por parte de Sánchez, la utilización de la violencia
machista para una maniobra de supervivencia política, el populismo de
prometer lo imposible y dejar que sean otros quienes asuman los costes de
ser irresponsables, y también, por qué no decirlo, la dificultad de hacer
oír la salida moderada propuesta por Ciudadanos entre los gritos del
bipartidismo, pero que en cuanto se le da una oportunidad se revela como
la propuesta más sensata entre las posiciones maximalistas.
Señorías, por un lado tenemos al Partido Popular, una de las partes
contratantes del bipartidismo, que aprovechó su mayoría absoluta de 2011
para imponer el veto del Senado al techo de gasto. Esto no solo supone
una anomalía, sino que tampoco tiene fundamento jurídico ni lógico y
permite vetar la senda de déficit, pero no los presupuestos, otorgando
más importancia a la parte que al todo. Adivinen quién tenía mayoría
absoluta en el Senado en aquel momento: el Partido Popular. En el otro
extremo tenemos al PSOE, que ha sacado lo peor de sí mismo con este veto,
llegando a presentar unos presupuestos irregulares en cuanto que no
cumplían con el techo de gasto realmente aprobado. No contento con ello,
envió a la Unión Europea esos mismos presupuestos, con un desfase de 14
000 millones, que ya veremos si esa irresponsabilidad no nos crea algún
problema con las ayudas de Europa que necesitamos en estos momentos de
crisis. Pero es que, para colmo, el PSOE intentó colar de tapadillo una
enmienda para eliminar el veto del Senado al techo de gasto en una
iniciativa contra la violencia machista. Sí, contra la violencia
machista, señorías. Esto nos recuerda mucho a la forma en que utilizó el
decreto del plan de choque económico contra el coronavirus para colar al
señor Iglesias por la puerta de atrás en la Comisión del CNI. A pesar de
todas estas artimañas, lógicamente Ciudadanos no cayó en la trampa del
Gobierno, aunque es cierto que coincidíamos en que el veto del Senado
debería ser objeto de debate. Hace un año, cuando el Partido Socialista
propuso eliminar el veto del Senado, el PP tenía mayoría en la Cámara y
nos temíamos que su propuesta solo buscara aprobar unos presupuestos que
fueran horribles para España. Hoy la cosa ha cambiado. El Partido
Socialista no tiene mayoría en el Senado y entonces descartamos la
posibilidad de que esta reforma esté orientada a un objetivo partidista.
Señorías del Grupo Popular, no pueden presentarse como el garante único de
la estabilidad presupuestaria bajo la fórmula de: O yo o el descontrol de
las cuentas públicas. No tiene nada de democrático intentar torpedear por
sistema las cuentas de un Gobierno de signo contrario. Por eso, señores
del Grupo Popular, votaremos que no a su enmienda a la totalidad. Además,
el Partido Socialista y el señor Sánchez tienen que asumir de una vez por
todas la responsabilidad de gobernar y cuadrar sus cuentas. No vale
gastar sin tino y que lo arregle el que venga detrás o prometer la luna y
dejar que los malos sean otros. Sánchez debe dar la cara ante los
ciudadanos de sus partidas y de sus gastos sin la excusa de echar la
culpa a terceros.
Dejen que les diga cuál es la posición de Ciudadanos, que propone una
salida intermedia entre las dos posiciones del bipartidismo. Ciudadanos
propone que el veto del Senado pueda ser levantado por el Congreso no por
mayoría simple ni por mayoría absoluta, sino por las tres quintas partes
de la Cámara. Es una propuesta razonable -entendemos- y por ese motivo
nos abstendremos en la
enmienda de VOX. El Senado, señorías, debe contar, por supuesto que debe
hacerlo. Ciudadanos ha sido muy crítico con la Cámara Alta precisamente
porque no queremos que se convierta en una Cámara vacía de funciones, de
la que los españoles solo perciban el gasto que supone; por eso, nos
parece que hay que dar valor a su opinión, sobre todo en el techo de
gasto, y obligar al Gobierno a presentar unas cuentas con enorme consenso
para contradecirla, porque de eso va este debate, de consenso, señorías.
Nos enfrentamos a una crisis económica de gravísimas consecuencias y
mientras el Gobierno renuncia a presentar los presupuestos, seguimos con
los de Montoro y Ciudadanos, que se aprobaron hace tres años y que son
muy buenos, pero no pueden ser eternos. Además, hoy necesitamos hacer
frente a una crisis económica sin precedentes. Las perspectivas no son
buenas. Tenemos un Gobierno sin credibilidad, el peor semestre en
términos de empleo desde la crisis de 2008, estamos sufriendo una caída
histórica del producto interior bruto y lo peor está por llegar.
Afortunadamente, liberales, conservadores y socialdemócratas estamos
haciendo un frente común en la Unión Europea que, seguro, servirá para
mostrar la unión de los partidos políticos en Europa.
Señores del Gobierno, les hemos tendido la mano para que abandonen la
'podemización' de la economía y se abran a grandes consensos con la
oposición, a acuerdos moderados y buenos para la inmensa mayoría de los
españoles. Rectifiquen y piensen en grande. Ahora es el momento. España
necesita unas cuentas desde hace mucho tiempo que ya se va mereciendo.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Decía el representante popular, el señor Píriz, que no creemos en el
Senado. Es que ¿quién cree en este Senado? ¿Hay alguien que crea en este
Senado? Les pongo dos ejemplos. Año 2015, Partido Popular, casi 7,5
millones de votos, no llegó. Con el 28 % de los votos, tenía 123
diputados, el 35 %; con el 28 %, el 35 %. En el Senado, con el 28 % de
los votos tenía el 59 % de los senadores electos. ¿Usted se cree que
alguien puede creer en este Senado?
Otro ejemplo. Tres provincias; no las digo. Una provincia, 95 000
habitantes, otra provincia 2,5 millones de habitantes y otra provincia
6,5 millones de habitantes. Senadores, la de 95 000 habitantes, cuatro;
la de 2,5 millones, cuatro; la de 6,5 millones, cuatro. Un senador en la
provincia de 95 000 habitantes costó 16 193 votos; en la provincia de 2,5
millones costó 390 000, veinticuatro veces más, y en la provincia de 6,5
millones costó 1 200 000, setenta y cinco veces más. ¿Alguien puede creer
en ese Senado? ¿A quién representa ese Senado?
Por tanto, votaremos no a las dos enmiendas, porque esa fue una trampa de
trileros para desvirtuar la voluntad popular. Y quiero insistir, como han
hecho otros oradores, en que la Ley de Estabilidad lo que hace es no
permitir que los ayuntamientos puedan ayudar de verdad a sus ciudadanos.
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: La diputada de VOX ha hecho una intervención en
la que señalaba en realidad el aspecto crucial. Preguntaba: ¿ustedes
votarían en contra de estas enmiendas, es decir, a favor de la
modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con
independencia de quién estuviera en el Gobierno? Sí. En primer lugar,
porque esta es una medida arbitraria. Se le da al Senado un derecho de
veto muy raro que no ejerce para casi ninguna otra función. Además, se le
da a una Cámara que es la que menos se parece a España, que está marcada
por una extrema desproporcionalidad que hace que se parezca muy poco a la
representación fidedigna de la soberanía popular. En segundo lugar,
porque es una medida recentralizadora. La Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria es recentralizadora y sirve para los recortes. Les prohíbe
a los ayuntamientos gastar dinero que es suyo única y exclusivamente
porque en España la recentralización y los recortes han ido siempre de la
mano. Es una medida absurda destinada a ahogar el municipalismo. En
tercer lugar, porque eso que damos en llamar la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera es una mentira. Desde que se
aprobó la estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera la sostenibilidad de las finanzas de las
familias ha sido menos estable o más difícil. Nunca antes la vida ha sido
menos estable. Son un conjunto de políticas fallidas como resultado de
las cuales nuestro país no es puntero en los sectores de mayor valor
añadido, se especializa en los sectores de trabajo más devaluados y más
precarios y profundiza en un sistema que es socialmente injusto y
ecológicamente depredador. En último lugar, porque es un intento de
constitucionalizar el neoliberalismo, es decir, de dejar incluso las más
tímidas políticas keynesianas fuera de la Constitución. ¿Qué significa
esto? Básicamente, el conjunto de un entramado jurídico por el cual, vote
lo que vote la soberanía popular, va a ser muy difícil hacer políticas en
un sentido alternativo.
Se ha dicho antes que necesitamos unos Presupuestos Generales del Estado y
estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con que necesitemos
cualquiera. Necesitamos unos muy concretos de reconstrucción verde y de
equilibrio social, porque todas las políticas -y esto es muy importante
reseñarlo- las paga alguien. Esta política llamada de sostenibilidad
financiera y de equilibrio presupuestario la pagó la mayoría social y, en
conjunto, la mayoría trabajadora en España mediante una devaluación
salarial directa o indirecta. La única posibilidad de una reconstrucción
justa y verde es que la pague quien más tiene y eso pasa, sí o sí, por
una tasa COVID que grave al 1 % que más tiene.
Un último apunte, señor presidente. Estamos hablando mucho sobre el
consenso, pero aquí me parece que hay trampa. La reformas neoliberales se
hicieron todas sin consenso; eso sí, para revertirlas se exige que tiene
que haber consenso, es decir, que tiene que haber veto de cualquier
minoría. Nosotros pensamos que es lo contrario. Hay que reequilibrar la
balanza, y para eso ya hay mayoría, y después un consenso para rediseñar
el nuevo contrato social que necesitamos. Para eso, como decía antes, hay
mayoría ya. Para reequilibrar la balanza ya existe mayoría y exigir
consenso para revertir lo que se hizo sin consenso es regalarle el
derecho de veto a quienes nunca se lo regalaron a las minorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros vamos a votar en contra de las dos enmiendas a la
totalidad de texto alternativo, porque obviamente son reglamentarias, son
legales -si no, no estaríamos votándolas-, pero tienen que tener en
cuenta que vienen de una enmienda a la totalidad a una proposición de ley
que fue tomada en consideración con 198 votos a favor. Por tanto, ya
pueden entender que los 198 diputados no van a cambiar de parecer. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.) La verdad es que si uno analiza
estas enmiendas a la totalidad de texto alternativo, se hubiesen podido
tramitar perfectamente como unas enmiendas al articulado. De hecho, la
del Partido Popular es la misma para la enmienda al articulado que para
la enmienda a la totalidad de texto alternativo. Por tanto, lo único que
estamos haciendo con esto es retardar el debate que realmente nos
interesa, que es si se aprueba o no se prueba este texto legislativo. ¿Le
digo por qué nos interesa? Porque si hubiesen hecho ustedes enmiendas
estrictamente al articulado, en estos momentos esta ley estaría en la
Comisión, y cada uno ha presentado las enmiendas que ha presentado.
Antes, la señora Oramas, con mucho acierto, hacía referencia a las
palabras de la presidenta de la AIReF en relación con la regla de gasto
de las corporaciones locales. Pues mire, antes de que la presidenta de la
AIReF interviniera en esta Cámara, nosotros ya presentamos dos enmiendas.
Hemos presentado exclusivamente dos enmiendas a este texto. ¿Y saben
cuáles son las enmiendas? Una disposición transitoria quinta nueva y una
disposición transitoria sexta nueva. Disposición transitoria quinta
nueva: La regla de gasto para las corporaciones locales en los ejercicios
2020 y 2021 no será de aplicación. Coincidencia absoluta, supongo que
todos podremos estar de acuerdo y se podrá aprobar rápidamente en la
Comisión. Disposición adicional sexta nueva: Los remanentes de tesorería
y superávit de las corporaciones locales del ejercicio 2019 y del
ejercicio 2020 se podrán aplicar sin ningún tipo de limitación, solo a
criterio de la propia corporación local. Cuando uno habla y escucha las
declaraciones, todos estamos de acuerdo con esto. Por tanto, si estamos
todos de acuerdo, procedamos a votarlas.
La verdad es que uno, que es un poco ya veterano en esta casa pero
inocente en sus planteamientos, cuando presenta estas enmiendas piensa:
preséntalas, pero oyendo a la ministra, oyendo al Gobierno, oyendo al
Partido Socialista y oyendo a Podemos no van a servir de nada, porque
previamente en uno de estos reales decretos de urgencia se habrán
incorporado estas dos peticiones. Pero la verdad es que
prácticamente estamos en julio y no se han incorporado, por tanto,
seguramente son de utilidad. Si no se hubiesen presentado estas enmiendas
de texto alternativo y se hubiesen presentado al articulado, esto ya
estaría discutido en la Comisión y quizás votado. Por tanto, les invito a
que se miren con cariño estas dos enmiendas parciales e invito a la Mesa
a que habilite el mes de julio para, entre otros asuntos, llevar a cabo
la tramitación de esta proposición de ley.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall
Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta, desde el escaño.
Debatimos por enésima vez en el último año y medio sobre la reforma de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria, en este caso sobre la eliminación del
artículo que habilita al Senado a vetar el techo de gasto aprobado por el
Congreso. Nosotros vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad
presentada por la derecha y la ultraderecha, porque entendemos que no
tiene ningún sentido que el Senado vete el techo de gasto que apruebe el
Congreso. Aprovecho también para sumarme a los diferentes portavoces que
han pedido que se liberen los superávits y los remanentes de los
ayuntamientos. Entendemos que hay mucho consenso entre los diferentes
grupos políticos; ahora solo falta que los dos partidos que sustentan al
Gobierno se lo crean y lo ejecuten. En estos momentos de máxima
dificultad, los ayuntamientos están haciendo un trabajo ingente para
intentar ayudar a la ciudadanía en esta crisis de la pandemia y de la
COVID-19; de hecho, a partir de la segunda y tercera semana de
confinamiento, había cola en muchos servicios sociales de ayuntamientos y
en muchos bancos de alimentos. No tiene ningún sentido que miles de
millones de euros de los ayuntamientos sigan bloqueados en los bancos y
no estén a disposición de los ayuntamientos para ayudar a la ciudadanía
que más lo necesita. Le dijimos a la ministra en su comparecencia en la
Comisión de Hacienda que era urgente que lo hiciera. Ahora le decimos que
igual ya es tarde.
También entendemos que debemos dar un paso más. Nosotros defendemos que se
debe permitir a los ayuntamientos que generen déficit durante los
ejercicios presupuestarios que sean extraordinarios, si su solvencia
financiera se lo permite. La situación es excepcional, como decía, y se
debe permitir que generen déficit. No podemos cometer los mismos errores
que cometió la derecha para salir de la crisis de 2008. Tenemos que ser
más valientes, dar un paso más y permitir a los ayuntamientos generar
déficit. De hecho, en los próximos días vamos a presentar una iniciativa
en este sentido, que tendremos ocasión de debatir con los diferentes
grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Margall.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes a todas y a todos. Gracias,
presidenta.
Antes de empezar con el texto que me había preparado, quería hacer un
comentario a propósito de lo que se ha dicho aquí en este debate. He
escuchado al señor Píriz manifestar una voluntad de contención y,
francamente, no creo que lo haya conseguido, pero no pasa nada. Bien
está, señor Píriz, no se contenga. Esta es la tribuna del Congreso y,
precisamente, para eso está. Expláyese, no se contenga. Ahora eso sí, le
voy a pedir encarecidamente que, cuando no esté usted en la tribuna, esté
en el escaño y no esté en el uso de la palabra, ahí sí se contenga,
porque hasta ahora su incontinencia verbal es prodigiosa. (El señor Píriz
Maya pronuncia palabras que no se perciben.) Esta es la prueba. No lo
puede evitar (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Entro ya en materia.
En un momento en que todas las previsiones económicas han saltado por los
aires, cuando ningún economista es capaz de anticipar nada aún, salvo que
el déficit se va a disparar hasta no se sabe qué alturas desconocidas,
nos vemos convocados hoy aquí a instancias de un par de enmiendas a la
totalidad presentadas desde allá, desde la montaña, a la reforma de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. Es evidente que en un contexto extraordinario
como el actual, el ejercicio prospectivo que requiere el cumplimiento de
esta ley deviene en una tarea yo diría que imposible. Ya les anticipo que
cualquier senda de gasto que logremos eventualmente aprobar va a ser
seguramente incumplida, y lo va a ser por la sencilla razón de que
ninguno de nosotros posee el DeLorean del doctor Brown, única herramienta
predictiva eficaz que se me ocurre en estas horas inciertas que nos ha
tocado vivir. Por lo tanto, el debate sobre el cumplimiento de un
determinado volumen de déficit o sobre el mismo procedimiento para
determinarlo yo diría que tiene ahora mismo algo de extemporáneo.
Parecería más prudente y útil para nuestro país buscar entre todas y
todos una serie de acuerdos básicos en materia fiscal, de forma que
España pueda capear, durante los próximos años, este terrible y
sobrevenido temporal, y salvar, así, nuestro ya frágil Estado del
bienestar. Es más, cualquiera puede entender la importancia de acudir a
las instituciones europeas, donde se dirime el futuro de todos nosotros,
como un país unido en la tragedia, dispuesto a asumir y cumplir con
nuestros compromisos, por supuesto, a la vez incidimos decisivamente en
una respuesta mancomunada a la crisis; en definitiva, en la construcción
de una Europa más solidaria y equitativa. Pero no, allá, los habitantes
de la montaña han decidido no darse por aludidos ante la llamada de
emergencia que convoca a todo el país. Ellos ahí, erre que erre, erre que
erre, a ver si en una de estas tumban al Gobierno. En esta ocasión es
apenas un pequeño palo en la rueda; saben que no tienen ninguna
oportunidad de sacar estas enmiendas de totalidad adelante. Pero esa es
la estrategia de la montaña al fin y al cabo, convertir todo terreno de
debate en un gran Verdún, en un campo de batalla desde el que desgastar
al Ejecutivo.
Por un lado, el Partido Popular propone mantener la ley orgánica como
hasta ahora. Qué más da si un dictamen del Consejo de Estado señaló y
denunció competencias sobredimensionadas del Senado en la reforma que
llevó a cabo el ministro Montoro en el año 2012. Se trata de ser
coherentes con su ministro, aunque ahora sean los primeros en pedir la
suspensión de la mismísima ley Montoro, que limita el gasto de los
superávits locales y en abierta coherencia con el bueno de Cristóbal. Ya
no saben muy bien con qué Montoro quedarse ¿verdad? Lo único que les
podemos pedir ya a estas alturas es que, al menos, no remen contra los
intereses de España en Europa para endurecer el acceso de nuestro país a
esas tan necesarias ayudas. Eso es, señorías, sencillamente imperdonable,
imperdonable; y estoy seguro de que los españoles y las españolas sabrán
pasarles la factura ante tamaña irresponsabilidad.
Por su parte, VOX se dice conocedor del mencionado dictamen del Consejo de
Estado. De hecho, se resiste a otorgar poder de veto al Senado, imagino
que por el tufillo fraccionario que desprende, centrífugo, contrario a su
única y uniforme imagen de esa ¡España una, grande y libre! que solo
existe en sus cabezas. Pero ¡oh cielos, esto implicaría estar de acuerdo
con la propuesta de reforma del Gobierno! Y, ¡cómo van a darles
facilidades en su estrategia de movilización permanente! Aquí no hay
tregua, ¿verdad, señorías? ¡Viva el fuego purificador! Todo por la
patria, pero contra la mayoría de la patria. En fin, con el único
objetivo de molestar, se inventan una mayoría absoluta para aprobar el
techo de gasto en su trámite de vuelta al Congreso, tal y como exponen en
su texto. Y digo bien 'se inventan' porque, completamente ajenos a la
doctrina constitucional, obvian que la mayoría simple es el mecanismo por
excelencia para desbloquear tapones parlamentarios; y lo es también para
decisiones tan importantes, como la mismísima Presidencia del Gobierno de
la nación. Por lo tanto, si se dicen ustedes tan constitucionalistas,
dejen de golpear y de golpearse en el pecho y en la cabeza con ella y,
por una vez, abran la Constitución y léanla. En este sentido, escuchaba
antes a la señora Cañizares y después de escucharla creo que todo se debe
a una gran confusión. Este argumento que ha dado usted de que al ser
orgánica tiene que ser por mayoría absoluta, vamos a ver, señora
Cañizares, una cosa es el procedimiento para fijar una cuestión y otra
cosa es la cuestión en sí; el procedimiento va por un lado y la cuestión
en sí va por otro. Me parece que usted está ahí mezclando churras con
merinas.
Señorías, por ley, el Gobierno tendría que presentar un anteproyecto de
presupuestos el próximo 1 de octubre. Centrémonos en hacer un debate
constructivo y asegurarnos de que empezaremos el próximo año habiendo
ofrecido ya certezas, certidumbres, a tantas personas y agentes
económicos que dependen directa o indirectamente de la aprobación de este
trámite parlamentario. Como decía antes, se trata de un requisito no
suficiente, pero desde luego necesario. El país no está para debates
bizantinos sobre los límites exactos a un gasto público hoy en gran
medida impredecible y ante el fenomenal diluvio que tenemos ya encima. No
es el momento de enredarse en un quítame allá esas pajas. Después de que
esta Cámara haya sido incapaz de aprobar unas cuentas públicas durante ya
tres largos años, no podemos permitirnos el lujo de un 2021 sin unos
Presupuestos Generales del Estado. No hay que ser muy ágil ni
muy ducho para entender esto. La recuperación nacional va a requerir de
eso y de mucho más. Quien no esté dispuesto a arrimar el hombro, al menos
que deje trabajar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer
Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Señorías, hace apenas unos meses la situación
actual era impensable e imprevisible. El déficit público cerró 2019
situándose por segundo año consecutivo por debajo del 3 % que exige el
Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, a pesar del contexto de
prórroga presupuestaria. Los datos de los primeros meses de 2020
mostraban una reducción de déficit del 13,9 % por parte de la
Administración central y la economía española crecía por encima de la
media europea; esa era la realidad. Una tendencia que ha sido
radicalmente perturbada por la emergencia sanitaria, una causa imprevista
y de fuerza mayor que ha cambiado de manera radical el escenario
económico, dificultando el alcance de la estabilidad presupuestaria de
las cuentas públicas en el horizonte más próximo, no solo en España sino
en el resto de los países europeos. Como reconocía la AIReF, el nivel de
incertidumbre provocada por la crisis sanitaria global que estamos
viviendo no tiene precedentes conocidos. La rápida recuperación está
condicionada a la no aparición de nuevos rebrotes y la obtención
definitiva de una vacuna.
Ante tal adversidad, ante la tensión tan bien agitada por la derecha, el
comportamiento de la ciudadanía está siendo ejemplar y valiente, y la
respuesta del Gobierno de España, responsable, coherente y a la altura
del momento histórico que estamos viviendo. (Aplausos.) Una respuesta
coordinada con Europa, con las comunidades autónomas y también con los
ayuntamientos; una respuesta que se va adaptando a las necesidades
priorizando los esfuerzos destinados a preservar la salud, salvar vidas,
proteger empleos y rentas; un trabajo ingente por facilitar una salida
social a la crisis que evite que sus daños persisten en el tiempo.
Señor Píriz, su intervención le descalifica en el fondo y en la forma.
Todos sabemos que la salida de la crisis está siendo una salida muy
distinta a la que hicieron precisamente ustedes. Estamos fortaleciendo
los servicios públicos frente al debilitamiento que ustedes hicieron.
Estamos haciendo -y se ha aprobado- un fondo no reembolsable para las
comunidades autónomas que está siendo histórico, un apoyo histórico a las
comunidades autónomas. Y déjenme también recordarles a todos ustedes que
también se ha procurado mayor flexibilización para la aplicación en la
inversión de servicios sociales, también para los ayuntamientos. Se está
intentando flexibilizar, frente a lo que ustedes hicieron asfixiando a
los ayuntamientos. Así que, lecciones del Partido Popular, ninguna.
(Aplausos.)
Por cierto, todo esto, ¿a qué viene? A contextualizar la situación en la
que nos encontramos, en la que todo esto tiene un impacto, tiene un
esfuerzo público económico importante que tiene como primera
consecuencia, evidentemente, que los objetivos de estabilidad ya
aprobados hayan quedado superados. Por tanto, no es de extrañar que, dada
la complejidad del momento, evidentemente los debates de carácter fiscal,
presupuestario, económico y financiero se superpongan. Hay muchos
abiertos, incluso en el seno de la Unión Europea. Vamos a debatir sobre
la estabilidad presupuestaria, pero no es hoy el momento de debatir sobre
esto. Lo que tenemos que debatir es la modificación del artículo 15.6 de
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria -les recuerdo que se inició
su tramitación hace ahora, hoy justo, cuatro meses- y sobre la que se han
presentado dos textos alternativos. Confrontamos, pues, cuál es el
procedimiento parlamentario adecuado para la aprobación de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y deuda pública, es decir, para la
aprobación del marco general presupuestario de actuación, un marco
presupuestario necesario también para afrontar la crisis. Por tanto, los
socialistas lo que defendemos es que debe ser aquel que es acorde con la
regla general en el procedimiento legislativo ordinario en España. En
concreto, defendemos que el posible rechazo o veto en el Senado de estos
objetivos pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple, del
mismo modo que se puede hacer con la tramitación de los Presupuestos
Generales del Estado. Señorías, coherencia es lo lógico. (Aplausos.) Esa
es la cuestión de fondo que los socialistas defendemos, por coherencia y
por convicción. Lo hemos defendido, lo defendemos y lo defenderemos, una
posición que está sustanciada por razones técnico-jurídicas, pero déjenme
decirles que también en aras del interés general, y técnico-jurídicas,
por coherencia con el procedimiento legislativo ordinario configurado por
nuestra Constitución en el artículo 90.2.
La redacción actual del artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria impone un proceso que no respeta la posición atribuida por
nuestra Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado. Por tanto,
no se trata de restar competencias o funciones al Senado -¿qué invento es
ese?-, se trata de reconocerle al Congreso una función que
constitucionalmente le corresponde. ¡Dejen ya de crispar, es que no
paran, es que no hay manera! (Aplausos.) Pero también lo defendemos por
razones de defensa del interés general. Miren, los objetivos de déficit y
deuda, objeto de votación por parte de las Cortes Generales, determinan y
condicionan el proceso presupuestario, como les decía, pero no por ello
son más trascendentes que los propios presupuestos; de hecho, el
presupuesto es el instrumento más importante de política económica para
el normal funcionamiento de un país. La estimación y concreción de los
ingresos y gastos de cada año es de significativa importancia para dar
respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Por tanto, no compartimos
tampoco el texto alternativo propuesto por VOX al exigir una mayoría
absoluta del Congreso para ratificar la aprobación de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y deuda pública en caso de desacuerdo con el
Senado. Por tanto, si no se exige la mayoría absoluta para la aprobación
del presupuesto general del Estado, tampoco debemos exigirlo para la
aprobación de los objetivos de estabilidad, que requieren de un
procedimiento de aprobación más ágil para cumplir con los compromisos
adquiridos por España en el seno de la Unión Europea.
Además, el artículo 134 de la Constitución española reconoce la
competencia del Gobierno en la elaboración de los presupuestos; si se
veta o dificulta la aprobación de los objetivos, se podría incluso estar
excluyendo el ejercicio de dicha competencia al impedirse el inicio de la
tramitación de los presupuestos, propiciando bloqueos parlamentarios nada
favorables al interés general del país, como ya sucedió en la XII
Legislatura. Les tengo que recordar que en aquel caso se tramitó una
senda de estabilidad que seguía las recomendaciones de la Comisión
Europea, era aprobada hasta dos veces por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, donde estaban representados los distintos Gobiernos de las
comunidades. También fue aprobado por la Comisión Nacional de
Administración Local y, a pesar de contar además con la mayoría del
Congreso, se evitó la aprobación de la misma, dificultando la autonomía
financiera de las administraciones territoriales en la elaboración de los
presupuestos y anteponiendo el interés partidista de la derecha al
interés general, porque al no permitir la aprobación de esos objetivos y
la tramitación de los presupuestos lo único que hicieron fue ir en contra
de los intereses de nuestro país. De hecho, lo que agravó precisamente en
2019 el déficit estructural fue precisamente la imposibilidad de aprobar
unos presupuestos actualizados para el 2019.
Por tanto, señora presidenta, para concluir, no culpen de esta situación
al Gobierno. Desde luego, con la actitud irresponsable y desleal que
están teniendo algunos, lo que está claro, como están demostrando en
Europa, es que están perjudicando los intereses de España. En
consecuencia, y a fin de defender el interés general, la legislación debe
modificarse para contribuir también a facilitar la aprobación del marco
presupuestario y no dificultarlo. Dejen, por tanto, de ser lesivos para
los intereses de España, modifiquemos en el sentido en el que lo propone
la proposición de ley, dado que el Consejo de Estado también reconoció en
su dictamen la razonabilidad de la reforma que proponemos...
La señora PRESIDENTA: Señora Blanquer, tiene que terminar, por favor.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Termino diciendo que por todo lo expuesto
votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad con texto alternativo
presentadas, y lo hacemos por coherencia, por responsabilidad y para
recuperar la normalidad en este procedimiento legislativo también. Demos
certidumbre a la ciudadanía. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Votaremos en tres minutos. Señorías, les recuerdo que solamente podrán
votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en
la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han
emitido el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a
hacerlo desde su escaño.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE AUDITE LA CIFRA DE FALLECIDOS DESDE EL INICIO DE LA
PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD DE COVID-19 EN ESPAÑA. (Número de expediente
162/000220).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
Empezamos con las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a
que audite la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia por la
enfermedad de COVID-19 en España. Se vota en los términos resultantes de
la incorporación de las enmiendas presentadas por los Grupos
Parlamentarios Popular en el Congreso y VOX.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; votos a favor, 50 más 103 votos telemáticos,
153; votos en contra, 83 más 103 votos telemáticos, 186; abstenciones, 8
votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la proposición no
de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A COMBATIR EL NEGACIONISMO
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000134).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a combatir el negacionismo de la violencia de
género. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 132 más
213 votos telemáticos, 345; a favor, 124 más 167 votos telemáticos, 291;
en contra, 8 más 46 votos telemáticos, 54.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BOTRAN PAHISSA), RELATIVA A LA
POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA REPRESIÓN A LA DISIDENCIA POLÍTICA
EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000008).
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Mixto, señor Botran Pahissa, relativa a la postura del Gobierno en
relación con la represión a la disidencia política en el Estado español.
La votación se producirá separada por puntos. Votamos el punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 21 más 36 votos telemáticos, 57; en
contra, 109 más 164 votos telemáticos, 273; abstenciones, 3 más 14 votos
telemáticos, 17.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 1.
Votamos el punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 24 más 48 votos telemáticos, 72; en
contra, 109 más 164 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 votos
telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 2.
Punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 5 más 26 votos telemáticos, 31; en
contra, 109 más 165 votos telemáticos, 274; abstenciones, 19 más 23 votos
telemáticos, 42.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 3.
Punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
213 votos telemáticos, 346; a favor, 24 más 49 votos telemáticos, 73; en
contra, 109 más 163 votos telemáticos, 272; abstenciones, 1 voto
telemático.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 4.
Punto número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 8 más 30 votos telemáticos, 38; en
contra, 109 más 165 votos telemáticos, 274; abstenciones, 16 más 19 votos
telemáticos, 35.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 5.
Punto número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 6 más 26 votos telemáticos, 32; en
contra, 111 más 168 votos telemáticos, 279; abstenciones, 16 más 20 votos
telemáticos, 36.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 6.
Punto número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 132 más
214 votos telemáticos, 346; a favor, 24 más 49 votos telemáticos, 73; en
contra, 108 más 164 votos telemáticos, 272; abstenciones, 1 voto
telemático.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 7.
Punto número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 21 más 45 votos telemáticos, 66; en
contra, 112 más 167 votos telemáticos, 279; abstenciones, 2 votos
telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 8.
Punto número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 24 más 48 votos telemáticos, 72; en
contra, 109 más 164 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 votos
telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 24 más 48 votos telemáticos, 72; en
contra, 109 más 164 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 votos
telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el punto número 10.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR GUITARTE GIMENO), SOBRE LA
NECESIDAD DE UN PLAN ESPECIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESPAÑA VACIADA Y
EL RETO DEMOGRÁFICO, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN PARA EUROPA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente
173/000013).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte Gimeno, sobre la necesidad de
un plan especial para la recuperación de la España vaciada y el reto
demográfico, de acuerdo con los objetivos del Plan de Recuperación para
Europa de la Unión Europea. Se vota en los términos de la enmienda
transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista,
Popular en el Congreso, Confederal de Unidas Podemos-En Común
Podem-Galicia en Común, Ciudadanos y Mixto, señor Guitarte Gimeno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 125 más 170 votos telemáticos, 295;
abstenciones, 8 más 44 votos telemáticos, 52.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la moción
consecuencia de interpelación urgente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL MINISTRO DEL
INTERIOR EXPLIQUE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN EL SENO DE LA GUARDIA
CIVIL. (Número de expediente 173/000014).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el ministro del
Interior explique las decisiones adoptadas en el seno de la Guardia
Civil. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 50 más 101 votos telemáticos, 151;
en contra, 78 más 89 votos telemáticos, 167; abstenciones, 5 más 24 votos
telemáticos, 29.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción
consecuencia de interpelación urgente.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE
PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. (Número de expediente 130/000022).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
214 votos telemáticos, 347; a favor, 119 más 146 votos telemáticos, 265;
en contra, 12 más 65 votos telemáticos, 77; abstenciones, 2 más 3 votos
telemáticos, 5.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
(Aplausos).
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha
solicitud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
213 votos telemáticos, 346; a favor, 130 más 207 votos telemáticos, 337;
en contra, 3 más 4 votos telemáticos, 7; abstenciones, 2 votos
telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Se aprueba. Por lo tanto, se tramitará como proyecto
de ley por el procedimiento de urgencia.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27
DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
(Número de expediente 122/000022).
La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la
proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
213 votos telemáticos, 346; a favor, 8 más 47 votos telemáticos, 55; en
contra, 83 más 112 votos telemáticos, 195; abstenciones, 42 más 54 votos
telemáticos, 96.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la
totalidad de texto alternativo.
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la
proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 133 más
213 votos telemáticos, 346; a favor, 42 más 46 votos telemáticos, 88; en
contra, 91 más 165 votos telemáticos, 256; abstenciones, 2 votos
telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la
totalidad de texto alternativo.
Señorías, continúa la sesión con carácter secreto. Ruego que cierren las
puertas y desalojen las tribunas.
Se suspende la sesión con carácter público.
Comienza la sesión con carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN).
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL
SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON UNA SEÑORA DIPUTADA. (Número de
expediente 240/000001).
Se reanuda la sesión con carácter público.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión con carácter público.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta minutos de la tarde.
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