DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 35, de 15/07/2020
cve:
DSCD-14-PL-35
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 35
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 34 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
15 de julio de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su
distribución y libramiento. ("BOE" núm. 169, de 17 de junio de 2020).
(Número de expediente 130/000023) ... (Página5)
- Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
("BOE" núm. 175, de 24 de junio de 2020). (Número de expediente
130/000024) ... (Página25)
- Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial. ("BOE" núm. 178, de 27 de junio de
2020). (Número de expediente 130/000025) ... (Página42)
- Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar
la reactivación económica y el empleo. ("BOE" núm. 185, de 6 de julio de
2020). (Número de expediente 130/000026) ... (Página59)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación
del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución
y libramiento ... (Página5)
La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las
razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real
decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor González Coello
de Portugal, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca, Mazón Ramos y García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; y
Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las
señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los
señores Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo
Parlamentario Plural; Margall Sastre, del Grupo Parlamentario
Republicano, y Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y las señoras Rodríguez Herrer,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Blanquer Alcaraz, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica
... (Página25)
La señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las
razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real
decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca, Guitarte Gimeno y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto;
las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el
señor Rego Candamil, la señora Sabanés Nadal y el señor Miquel i Valentí,
del Grupo Parlamentario Plural; el señor Capdevila i Esteve, del Grupo
Parlamentario Republicano; la señora Franco Carmona, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común; y los señores Contreras Peláez, del Grupo Parlamentario VOX;
Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Renau
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial ... (Página42)
La señora ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la
Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real
decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de
Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Barandiaran Benito,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Boadella Esteve,
del Grupo Parlamentario Plural; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario
Republicano; Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Aizcorbe Torra, del
Grupo Parlamentario VOX; y las señoras España Reina, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Narváez Bandera, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar
la reactivación económica y el empleo ... (Página59)
La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) expone a la
Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real
decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y Matute García de Jalón, del
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores
Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil,
Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y Capdevila i
Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Fernández
Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común; y los señores Espinosa de los Monteros de Simón,
del Grupo Parlamentario VOX; Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Alfonso Cendón, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)
Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley Orgánica sobre la
utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de
terrorismo y delitos graves, se aprueba por 157 votos a favor más 168
votos telemáticos, 325; 1 en contra, y 2 abstenciones más 17 votos
telemáticos, 19.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 157 votos a favor más 168 votos telemáticos,
325; 1 en contra más 1 voto telemático, 2; y 2 abstenciones más 17 votos
telemáticos, 19.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales. (Votación) ... (Página77)
Sometido a votación el Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y
protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con
Gibraltar, hecho "ad referendum" en Madrid y Londres el 4 de marzo de
2019, se aprueba por 81 votos a favor más 105 votos telemáticos, 186; 76
en contra más 66 votos telemáticos, 142; y 2 abstenciones más 15 votos
telemáticos, 17.
Sometido a votación el Protocolo entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos para la donación irrevocable de la propiedad del Gran Teatro
Cervantes de Tánger, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019, se aprueba
por 157 votos a favor más 160 votos telemáticos, 317; 10 votos
telemáticos en contra, y 2 abstenciones más 16 votos telemáticos, 18.
Sometidas a votación conjunta la Denuncia del Acuerdo entre el Reino de
España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto
Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de
2010, y la Denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad
de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y
ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones
Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y
Tokio el 28 de junio de 2010, se aprueban por 156 votos a favor más 151
votos telemáticos, 307; y 2 abstenciones más 35 votos telemáticos, 37.
Sometido a votación el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Japón, por otra, hecho
en Tokio el 17 de julio de 2018, se aprueba por 138 votos a favor más 152
votos telemáticos, 290; y 21 abstenciones más 34 votos telemáticos, 55.
Sometidos a votación conjunta del resto de dictámenes que figuran en el
orden del día, se aprueban por 157 votos a favor más 171 votos
telemáticos, 328; y 2 abstenciones más 14 votos telemáticos, 16.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página80)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16
de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, se
aprueba por 124 votos a favor más 151 votos telemáticos, 275; 36 en
contra más 34 votos telemáticos, 70; y 2 abstenciones con voto
telemático.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 36 votos a favor más 37 votos
telemáticos, 73; 123 en contra más 139 votos telemáticos, 262; y 1
abstención más 11 votos telemáticos, 12.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23
de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros
ámbitos para la reactivación económica, se aprueba por 82 votos a favor
más 106 votos telemáticos, 188; 1 en contra; y 77 abstenciones más 81
votos telemáticos, 158.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 77 votos a favor más 73 votos
telemáticos, 150; 83 en contra más 102 votos telemáticos, 185; y 12
abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26
de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del
trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, se aprueba
por 129 votos a favor más 159 votos telemáticos, 288; y 31 abstenciones
más 28 votos telemáticos, 59.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se aprueba por 160 votos a favor más 183 votos
telemáticos, 343; 1 voto telemático en contra; y 2 abstenciones con voto
telemático.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de
julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el
empleo, se aprueba por 84 votos a favor más 117 votos telemáticos, 201; 1
voto telemático en contra, y 76 abstenciones más 69 votos telemáticos,
145.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se aprueba por 160 votos a favor más 184 votos
telemáticos, 344; 1 voto telemático en contra y 1 abstenciones con voto
telemático.
Se levanta la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
La presente sesión plenaria incluye la votación del dictamen del proyecto
de ley orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres
de pasajeros para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Por tener
carácter de ley orgánica, esta iniciativa tiene que ser sometida a una
votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento,
debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en
cumplimiento de esa disposición, anuncio que la votación no se producirá
antes de las catorce horas.
CONVALIDACIO´N O DEROGACIO´N DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 22/2020, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA
CREACIO´N DEL FONDO COVID-19 Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS RELATIVAS A SU
DISTRIBUCIO´N Y LIBRAMIENTO. (Número de expediente 130/000023).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día
correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se
regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen la reglas relativas
a su distribución y libramiento. Para presentar el real decreto-ley,
tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Señora presidenta,
señorías, muy buenos días a todos y a todas.
Efectivamente, comparezco en esta Cámara para solicitar la convalidación
de este Real Decreto-ley, el 22/2020, que se aprobó en el Consejo de
Ministros el pasado 16 de junio y por el que se creó el Fondo COVID-19,
estableciendo las reglas para su distribución y libramiento.
Como saben sus señorías -porque hemos tenido ocasión de comentarlo a lo
largo de las últimas semanas-, se trata de un fondo de 16 000 millones de
euros que será transferido a las comunidades autónomas y a ciudades con
estatuto de autonomía para que hagan frente a los efectos económicos y
sociales de la pandemia. Yo diría, señorías, que es una arquitectura
diferente en relación a cómo hay que distribuir los esfuerzos y las
cargas de acuerdo con los objetivos de consolidación fiscal a lo largo de
este año 2020, desde la concepción de que son las comunidades autónomas
las que tienen que prestar los servicios básicos más importantes que se
dirigen a los ciudadanos en un momento de pandemia, como lo es, por
ejemplo, el propio servicio sanitario. Por tanto, se trata justamente de
que se transfiera el cálculo de los fondos que se entiende que van a ser
un sobrecoste sobre los presupuestos previstos por las comunidades
autónomas, al objeto de que el déficit que se va a generar este año quede
en manos del Estado y no venga a malograr el esfuerzo de saneamiento de
las cuentas públicas que las comunidades autónomas han desarrollado a lo
largo de los últimos años. De hecho, es la mayor transferencia de
recursos que se ha aprobado por el Gobierno central, al margen del
sistema de financiación autonómica y también de los fondos
extraordinarios de liquidez que, como recordarán sus señorías, son
préstamos, no son directamente transferencias o recursos nuevos; ambos
mecanismos, como sus señorías conocen, siguen plenamente vigentes. El
fondo es extraordinario y el objetivo es garantizar el derecho de todos
los ciudadanos a tener unos servicios públicos de calidad, vivan donde
vivan e independientemente del color político de los partidos que
gobiernan dichas comunidades. Un fondo que las comunidades autónomas -y
es importante recordarlo- no tienen que devolver. Por tanto, no se trata
de ningún tipo de préstamo, no genera intereses, no hay que pagar ningún
gasto añadido por la recepción del fondo y, como decía, no incrementará
la deuda ni tampoco el déficit.
Con este fondo el Gobierno pone de manifiesto que se cumple con el
compromiso de no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria y, en
definitiva, que el Gobierno cree firmemente en el Estado de las
autonomías. Los criterios para el reparto, señorías -siempre conflictivos
a la hora de distribuir recursos entre comunidades autónomas asimétricas
que tienen cada una características peculiares y la ambición legítima de
poder tener el máximo volumen de recursos disponibles-, han sido
establecidos tras un proceso de diálogo con las propias comunidades
autónomas y con los grupos políticos representados en esta Cámara. Yo
misma he celebrado varias reuniones telemáticas con los consejeros de
Hacienda, de carácter bilateral y también multilateral, donde se han
trasladado los criterios que cada uno manejaba para el reparto del fondo;
sugerencias que el Gobierno ha ido incorporando, como demuestran algunas
de ellas
en relación con los borradores del primer texto normativo. Por ejemplo,
hemos sustituido el criterio de población ajustada por el de población
protegida equivalente, una petición que demandaban diferentes comunidades
autónomas; no tiene grandes impactos en relación con la distribución,
pero así se me pidió. Es un criterio, digamos, más ecuánime, más justo a
la hora de repartir; es solamente un criterio sanitario y, por tanto, se
ha aplicado en los tramos sanitarios. O, por ejemplo, se ha modificado el
criterio de PCR positivas por PCR totales para poner en valor también el
trabajo de rastreo que vienen realizando las comunidades autónomas, con
independencia de que los pacientes sean asintomáticos o sean positivos en
el diagnóstico de la enfermedad.
Sé que a algunas comunidades autónomas no les parecen recursos
suficientes, entiendo -como decía- que cada Administración reclame más
recursos de los que van a tener asignados y puedo entender también que
cada comunidad haga una defensa de lo propio, pero yo creo que todos los
que estamos aquí tenemos que perseguir el interés general y tenemos que
responder a todas esas demandas sin que se produzca ningún tipo de
exclusión de ninguna comunidad autónoma o criterios francamente
perjudiciales para alguna parte del territorio. Y no me pidan que esté de
acuerdo, aunque nos enfrentemos a una crisis sanitaria de enormes
proporciones, con que los fondos son insuficientes para atender estas
necesidades. Creo que el diálogo con las comunidades ha ido demostrando
de forma progresiva que lo que les conviene a unas no les viene bien a
otras, y por eso sabemos que la unanimidad resulta imposible en relación
con la aceptación de esos criterios, o más bien con los que cada
comunidad pintaría si se tratara de que los fondos solo fueran dirigidos
a su ciudadanía. Por tanto, lo que hemos hecho desde el Gobierno es poner
por encima los intereses generales, los intereses de la nación, que es lo
que plasman las cifras que en el día de hoy estamos debatiendo. El hecho
de que nadie se identifique al cien por cien con el modelo de reparto
demuestra que el Gobierno se ha guiado exclusivamente por los principios
de equidad y de justicia social.
La aplicación de estos parámetros exige que aquellas comunidades que más
se han visto afectadas por la pandemia y que han tenido que hacer frente
en mayor medida a un incremento del gasto sanitario, sean las que han
movilizado más recursos y, por tanto, a las que les corresponden también
mayores ayudas en relación con esta partida presupuestaria. Creo que es
lo que corresponde y lo que el Gobierno tenía que hacer. Eso puede
despertar diferentes sensibilidades, sobre todo en aquellos territorios
menos castigados por la pandemia, pero todavía nos queda por recorrer
todo este año, señorías, hasta que tengamos una vacuna segura y, por
tanto, puede ocurrir, incluso, que lo que a algunas comunidades hoy les
parece sobredimensionado en relación con el gasto sanitario, dentro de
unos meses -¡ojalá que no!-, si tuvieran una afectación de la pandemia,
lo vieran justamente al revés, porque se ha buscado un equilibrio para
que podamos responder al exceso de gasto que se ha producido con motivo
de esta circunstancia tan dramática que ha vivido nuestro país.
Todas las comunidades autónomas -y creo que es importante que tengan esto
en cuenta, señorías-, todas, ganan; todas van a verse beneficiadas del
incremento de recursos y van a disponer de mejores posibilidades para
atender sus necesidades y, por tanto, para atender los efectos de esta
crisis. Con la aprobación de este fondo el Estado asume, como decía, esa
parte y cubre el coste completo de los gastos que se hayan producido con
motivo de la caída de ingresos, del incremento del coste sanitario o del
incremento del coste educativo, como verán ustedes en la distribución del
propio fondo.
Entrando en detalle, en cómo se compone, tiene cuatro tramos y lo voy a
intentar explicar de forma simplificada para no complicar el debate. Dos
primeros tramos, que suman un total de 9000 millones de euros, están
directamente asociados al gasto sanitario. El tercer tramo se dota con
2000 millones y se destina a gasto en educación. Y el cuarto tramo, 5000
millones, tiene como objetivo compensar esta disminución de ingresos,
como efecto o consecuencia del descenso de esta actividad económica.
En el reparto del primer tramo, 6000 millones, se pondera con un 35 % la
población protegida por el Sistema Nacional de Salud, dividida a su vez
en siete tramos de edad. Esto es un clásico en la distribución de los
recursos de las comunidades autónomas. El criterio población protegida
equivalente presenta siete tramos porque las necesidades de atención que
tiene la población varían si nos encontramos con una persona que tiene
cero años o tres años, con una persona que tiene cuarenta años o con una
persona que tiene noventa años. Creo que es fácilmente comprensible que
la presión que ejerce sobre el sistema sanitario es radicalmente distinta
y, por tanto, el sistema, el modelo pondera los costes con los tramos que
cada una de esas cohortes de población tiene dentro de la pirámide global
que la comunidad autónoma contempla.
Hay otro 30 % de este primer tramo que viene definido por el número de
ingresos que han tenido las unidades de cuidados intensivos, un 25 % por
el número de hospitalizaciones y el 10 % restante por las pruebas PCR que
se han realizado en cada comunidad. Lo que se hace es ponderar todos
estos datos a fecha 30 de abril, y verán ustedes que se estima en mayor
medida las unidades UCI porque tienen un coste superior a las camas de
hospitalización y estas un coste superior al del desarrollo de las
pruebas diagnósticas PCR, que habitualmente se han hecho en atención
primaria, al menos el proceso de extracción, aunque posteriormente se
hayan procesado en el nivel hospitalario.
Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla van a recibir un
fondo fijo de 12 millones de euros, a pesar de que no tienen las
competencias transferidas, como ustedes recordarán, en sanidad y en
educación, que se proporcionan directamente por el Estado. Este primer
tramo será abonado en este mismo mes de julio. Es imprescindible y
necesario; las comunidades autónomas necesitan esta liquidez añadida y
también incorporar presupuestariamente esa previsión de ingresos. El
segundo tramo, que se dota con 3000 millones, se transfiere en el mes de
noviembre y, aunque tiene las mismas variables que acabo de señalar, la
ponderación en este segundo tramo es ligeramente diferente. En esta
ocasión, el 45 % del total del tramo -insisto, 3000 millones- se
distribuye por las comunidades autónomas en relación con la población.
Por tanto, hemos pasado del 35 al 45 % en este segundo tramo, otro 25 %
se distribuye por el número de personas en UCI, un 20 % por el número de
personas en hospitalización y el restante 10 % por las pruebas PCR que se
hayan realizado. La fecha que tomamos como referencia será la del próximo
31 de octubre. Por eso decía antes que alguna comunidad, si tiene un
rebrote o alguna alteración en sus datos sanitarios, puede ver,
posteriormente, alterada la proyección que ha realizado. De este segundo
tramo, las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán 6 millones de euros cada
una, como suelo fijo.
Hasta aquí el reparto de los 9000 millones que se destinan a gasto
sanitario. Quiero subrayar, señorías, que las estimaciones que manejamos
es que el fondo venga a sufragar el 100 % del gasto de las comunidades
autónomas, gasto sobreañadido al que ya tenían presupuestado para hacer
frente a esta pandemia y, por tanto, ante los posibles rebrotes que se
puedan producir.
A continuación, voy a explicarles brevemente el reparto del tercer tramo,
dotado con 2000 millones, que se reparten siguiendo el criterio de gasto
en educación que, como saben, también es una de las prioridades de este
Gobierno y una de las tareas importantes para que, después del verano,
los niños y las niñas puedan comenzar el curso escolar con todas las
garantías de seguridad que se han dictado por parte de las autoridades
sanitarias. En el caso de estos 2000 millones, un 80 % se distribuye en
función de la población comprendida entre los cero y dieciséis años en
2019, es decir, población en edad escolar. El 20 % restante se destina a
la educación universitaria, teniendo en cuenta la población de diecisiete
a veinticuatro años, también en la cohorte del año 2019. En el caso de
las ciudades de Ceuta y Melilla, se asignan a cada una 7 millones de
euros, como parte de suelo fijo. La transferencia de estos fondos se va a
llevar a cabo en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del
curso escolar, para que se pueda producir la separación de los alumnos,
el refuerzo del personal docente en caso necesario, la habilitación de
las distancias entre los pupitres o los programas de teletrabajo y
teleeducación que tengamos que llevar a cabo si la docencia no es cien
por cien presencial o si los sistemas de tutoría tienen que realizarse a
distancia.
Por último, el cuarto tramo, 5000 millones, se destina a compensar la
caída de la recaudación en las comunidades autónomas, repartido en dos
bloques. Un bloque de 4200 millones, que tendrá en cuenta el peso de la
recaudación tributaria tres años atrás -es decir, ejercicios 2017, 2018 y
2019- y, como siempre, con un ajuste de población que suele producirse en
todos los modelos de equiparación de los ingresos. Y otro bloque de 800
millones exclusivamente para compensar el funcionamiento de las líneas de
transporte público que se han tenido que mantener a pesar del
confinamiento y a pesar de que estaban circulando sin que hubiera
usuarios que las utilizaran, con el coste añadido para las
administraciones autonómicas, debido a la dificultad de tener una
recaudación de tarifa como la que se venía teniendo en ejercicios
anteriores. Un 4 % de este bloque se reserva a la Comunidad Autónoma de
Canarias por los servicios regulares de transporte de viajeros.
Hasta aquí, señorías, la explicación respecto a cómo se van a distribuir
los parámetros. Como ven ustedes, es fácilmente constatable, reproducible
y objetivo para que no haya ningún tipo de discrecionalidad a la hora de
producir el reparto de los fondos. Solo quiero insistir en que no hay
ninguna condicionalidad en relación con esta cuestión. Esto significa que
no vamos a requerir justificación o factura acreditativa del gasto que se
haya producido en cada uno de esos tramos, porque el decreto-ley apela a
la responsabilidad
de cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía para que
puedan destinar los recursos del fondo prioritariamente hacia esas
finalidades, aunque en el ejercicio de su autonomía pueden incorporarlos
como ingresos sobrevenidos a su presupuesto para cubrir el agujero
presupuestario que, en principio, se podría haber producido. El
decreto-ley también contempla que el superávit que hayan tenido las
comunidades autónomas en años anteriores se pueda utilizar este año para
financiar el déficit y la dificultad presupuestaria que puedan registrar
durante el año 2020.
Señorías, creo humildemente que con la composición del decreto-ley se
cumple con el compromiso que tiene este Gobierno con las comunidades
autónomas y con las necesidades de los ciudadanos, y se hace realidad esa
afirmación que a veces hago desde esta tribuna de que a este Gobierno le
importan los problemas de los ciudadanos, independientemente de cual sea
la Administración que tiene que resolverlos, entidades locales o
comunidades autónomas. Por tanto, si hay algún tipo de dificultad, el
Gobierno, en la medida de sus posibilidades, va a intentar auxiliar,
socorrer y contribuir con los recursos de los que en ese momento pueda
disponer. Hasta ahora nunca se había producido un abordaje de la
infrafinanciación que pudieran tener las comunidades autónomas por una
crisis sobrevenida a través de este tipo de transferencias de recursos,
que hay que sumarlos al incremento de 7900 millones que ya se produjo a
comienzos de año por actualización de las entregas a cuenta. Como
recuerdan sus señorías, esta actualización en puridad no se tenía que
haber producido, puesto que la evolución del PIB en el año 2020 cae en
torno al 9 %, 9,2 % según la previsión del Gobierno. Sin embargo, se han
entregado recursos a las comunidades autónomas a través del sistema de
financiación, con una perspectiva de crecimiento del 1,6 %; es decir,
están recibiendo la recaudación como si no hubiera habido una crisis
sanitaria y como si esta no hubiera implicado una crisis económica. Es un
7,3 % más que en 2019, por lo que en 2020 las comunidades autónomas
tienen la mayor dotación de recursos del sistema de financiación que han
tenido en su historia.
También hemos aprobado, como recuerdan, partidas adicionales a las que
esta Cámara ha dado el visto bueno: 300 millones, al principio de la
crisis, para acciones urgentes en sanidad; otros 300 millones para
refuerzo de políticas sociales, y 25 millones para garantizar los
comedores de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad durante
este periodo de cierre de los centros educativos. En total, han sido 24
500 millones de euros adicionales los que se han entregado a las
comunidades autónomas respecto al presupuesto de 2019. El Gobierno de
España ha hecho un esfuerzo sin precedentes, señorías, con endeudamiento,
incluso con déficit propio, para hacer llegar estos recursos al conjunto
del territorio. Por eso, señorías, me gustaría que vieran este
decreto-ley con amplitud de miras, porque supone ese esfuerzo pero, sobre
todo, supone un alivio para todas las comunidades autónomas al no tener
que hacer ningún tipo de ajuste en sus plantillas ni en la provisión de
los servicios públicos al inicio del curso escolar. Lo iniciarán con
absoluta tranquilidad, sabiendo que la disciplina y el buen control del
dinero público tienen que ser intrínsecos al manejo de las propias
finanzas. Es un hecho objetivo que todas las comunidades se van a
beneficiar y que esto no admite una lectura interesada. Hemos escuchado
las sugerencias de los grupos parlamentarios y hemos tomado entre todos
la decisión que hemos entendido que era más justa. Yo entiendo que alguna
parte del territorio tenga expectativas de tener algún parámetro que le
beneficie en mayor medida, pero créanme si les digo que está todo
ponderado, que están todos los parámetros equilibrados para que el
conjunto de la nación pueda recibir los recursos en términos de equidad.
Concluyo mi intervención reiterando la petición de apoyo a la
convalidación de este real decreto-ley. Creo, honestamente, que no hay
argumentos de fondo que justifiquen la oposición a este reparto, a esta
distribución de recursos que sirve para solventar necesidades reales que
tienen las comunidades autónomas, sin pedir ninguna contraprestación a
cambio. Si preguntan ustedes al conjunto de los presidentes o de los
consejeros, verán que los necesitan con urgencia. Por tanto, tenemos que
ser capaces de dar una respuesta adecuada. Les pido también que no
conviertan este decreto-ley en un motivo de confrontación entre los
distintos territorios -creo que sus señorías no lo harán-. Esto beneficia
a la gran mayoría de los españoles, que quieren que seamos un ejemplo de
responsabilidad y que atendamos aquello que nos iguala, aquello que nos
permita tener un colchón de seguridad, al menos en cuestiones de sanidad
y de educación, para ser todos iguales ante esta adversidad. La manera de
hacerlo es garantizando estos servicios públicos de calidad, que son tan
importantes, como decía, para esa igualdad, sin importar dónde vivamos
cada uno, a quién votemos o cuáles sean nuestras características sociales
a la hora de enfrentarnos a esta crisis sin precedentes, con las
consecuencias económicas que de ella se derivan. Este esfuerzo estará
bien empleado, señorías, si, finalmente, las personas, nuestros
ciudadanos, reciben unos servicios sanitarios de calidad que permitan
detectar a tiempo los brotes y que
permitan aislar los casos que en este momento puedan surgir. También
estará bien empleado si se garantiza que los magníficos profesionales
sanitarios continúan realizando su trabajo y los profesores y las
profesoras se incorporan a su curso escolar con todas las garantías para
que nuestros niños y nuestras niñas puedan vivir un curso escolar con las
máximas condiciones de normalidad que las circunstancias actuales les
puedan permitir.
Les agradezco anticipadamente su voto favorable. Consideren que este
decreto-ley está pensado para todas las personas, para todos los
territorios. Es un decreto necesario y, por tanto, pido el voto favorable
para su convalidación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Hacienda.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario
VOX. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor
González Coello de Portugal. (Aplausos.)
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Señora presidenta, buenos días.
Permítanme que mis primeras palabras sean para pedir perdón a los
españoles por la noticia que ha aparecido hoy de otro caso más de
corrupción, en este caso, del Ministerio de Transportes, amañando la
adjudicación de unas obras de carretera. Es una vergüenza y eso no es ni
normal ni nuevo.
El real decreto-ley por el que se crea un Fondo COVID-19, con una dotación
de 16 000 millones de euros, se enmarca en la política de
discrecionalidad e improvisación que ha mostrado este Gobierno desde la
crisis sanitario-económica desencadenada por la pandemia. Toda ella se
define por la ausencia de un plan coherente para hacer frente a las
exigencias inmediatas de la crisis y a las medidas necesarias para salir
de la misma.
El gabinete socialpodemita está mostrando una pertinaz contumacia en el
error. El esfuerzo hecho por el Gobierno en el preámbulo del real
decreto-ley para justificar la legalidad y constitucionalidad de esta
figura para implementar las medidas que somete al Parlamento, es una
excusatio non petita, accusatio manifesta de su hábito de sustraer al
procedimiento parlamentario normal el estudio y aprobación de sus
políticas. Esto no se limita al campo de la economía, sino al de otros
muchos terrenos en los que la excepcionalidad quiere convertirse en
regla. Esta es la nueva normalidad que constituye una verdadera
anormalidad en el fundamento de una democracia parlamentaria.
Dicho esto, el real decreto-ley parte de una descripción errónea, por no
decir falsa, de la realidad. Afirma que las comunidades autónomas estaban
inmersas en una política de estabilización de sus cuentas públicas antes
del COVID-19. De acuerdo con este enfoque, esta idílica situación se
quebró ante la emergencia de la pandemia. Sin embargo, este diagnóstico
es falso. Las autonomías, en el último año de la expansión económica, en
2019, incurrieron en un déficit del 0,35 % del PIB, cuando el objetivo
era el 0,1; por lo tanto, muy por encima. Esto es realizar una aportación
negativa a las finanzas públicas, del mismo modo en que lo hizo la
Administración central. El aumento del desequilibrio financiero de las
autonomías en 2019 no se debió, pues, a la incidencia de una pandemia que
no existía en ese momento, sino al retraso del Estado en transferirles
los recursos que tenían comprometidos, pero también a un aumento muy
considerable de sus gastos discrecionales; en concreto, de la
remuneración de los asalariados de sus sectores públicos, de los consumos
intermedios y de las transferencias sociales.
Como usted sabe, señoría, las comunidades autónomas no aprovecharon la
fase expansiva del ciclo para poner orden en sus finanzas públicas, sino
para elevar sus gastos, introduciéndose, de nuevo, en la senda del
incumplimiento de los objetivos de estabilidad, como hizo el Gobierno.
Ahora, nos proponen no solo aumentar la dotación financiera de las
comunidades autónomas, sino hacerlo sin condicionalidad -y lo ha dicho
hoy en su exposición, sin condicionalidad-, responsabilizándolas de que
las transferencias que se realicen se empleen en los fines que usted
dibuja en el preámbulo del real decreto-ley.
Miren, nosotros entendemos que a las comunidades autónomas que tuvieron
superávit -las forales y la canaria- o a las que cumplieron el déficit
-Madrid, Andalucía y Galicia- se les dejase sin condicionalidad, puesto
que han demostrado ortodoxia en la gestión de los fondos públicos, pero
no al resto, mayoritariamente socialistas, por cierto; a lo mejor esa es
la razón. Esta dejación de responsabilidad del Gobierno central impide
tener un mínimo y elemental control de que el uso de esos recursos se
realice de forma transparente y eficiente. Concede de facto y de iure un
margen de discrecionalidad que resulta inaceptable en la dinámica de
agudo deterioro de las cuentas públicas que registrará la economía en el
año 2020 y que persistirá, gracias a sus políticas, en los años venideros;
en esto sí son coherentes, renuncian a cualquier plan de estabilidad
fiscal y no condicionan el uso de los recursos que transfieren, que es
exactamente lo mismo que han intentado hacer a escala europea. Claro,
tenemos socios europeos que durante las fases de expansión del ciclo
económico hicieron sus deberes, y nosotros no. La falta de rigor y de
responsabilidad financiera que refleja este real decreto-ley es una pieza
más del caótico puzle de su política fiscal y presupuestaria, sujeta a
una discrecionalidad sin rumbo, marcada por la ideología, al margen
absoluto de la realidad económica de España.
Mi grupo parlamentario lleva insistiendo de manera constante e imperiosa
en la necesidad de integrar las acciones de política económica, fiscal y
presupuestaria dentro de un marco global que permita saber y controlar
desde el Parlamento la acción del Gobierno, la coherencia de los medios
que emplea con los fines que pretende conseguir. Esta exigencia,
recomendación o ruego -si prefiere- no se la planteamos solo nosotros,
sino que lo hizo patente, entre otros, el gobernador del Banco de España
en su comparecencia en el Parlamento hace unas semanas. España necesita
un plan de consolidación fiscal que permita ofrecer confianza a los
agentes económicos para que estos sean capaces de tener expectativas
claras sobre las intenciones del Gobierno. Esto es un principio básico de
política económica y una condición necesaria para superar la crisis.
Restaurar la confianza exige credibilidad, y ustedes -y me duele
decírselo, señora ministra- carecen de ella. Primero fue Podemos, después
usted y finalmente el presidente del Gobierno quienes han dicho con una
claridad meridiana cuáles son sus objetivos: subir los impuestos para
reducir el binomio déficit/deuda pública. De momento no han explicado en
esta Cámara el contenido preciso de sus medidas tributarias, pero todos
han explicitado que se trata de equiparar la presión fiscal española a la
existente en la media de la Unión Europea. Nosotros le estamos
preguntando reincidentemente qué impuestos quieren subir y no nos
responden. La equiparación que ustedes buscan, señoría, supone -usted lo
sabe bien- un incremento de la tributación del 5 % del PIB, en números
redondos unos 63 000 millones de euros largos de nueva recaudación, y yo
querría que dijese aquí y ahora si esto es cierto y, si lo es, en cuánto
tiempo quiere instrumentar esa iniciativa y cuáles serían las figuras
tributarias que pretende elevar.
Dicho esto, no hay ningún economista serio en el mundo que recomiende
aumentos de los impuestos en una fase recesiva. Existe una experiencia
abrumadora, indiscutida, de que las alzas tributarias agudizan los
efectos depresivos de una economía en recesión, prolongan su duración y
tienen efectos permanentes y negativos sobre el crecimiento y, por tanto,
sobre la creación de empleo. En una economía que experimentará este año
una caída de entre el 10 y el 15 % del PIB, que verá elevarse de una
manera dramática sus niveles de endeudamiento público, subir los
impuestos sencillamente es un disparate. ¿De dónde van a sacar ustedes
los 63 000 millones de euros, de unas familias que van a incrementar su
reducción de renta y de riqueza con motivo de las crisis, de las pequeñas
empresas, de las medianas o de las grandes, que aún no hayan fenecido
como consecuencia de la crisis, o recurrirán como siempre a los ricos,
ese colectivo que se amplía cada vez más a medida que ustedes necesitan
más ingresos? Este fin de semana un pastor en Castronuño me decía que se
había enterado de que era rico con la presentación de la declaración de
la renta. (Aplausos.) Desde luego, algo tendrán que hacer si persisten en
su política no solo de no reducir el gasto público, sino de elevarlo. La
economía española no tiene margen para subir impuestos. La economía,
igual que la física, tiene sus leyes; incumplirlas todas nos lleva al
desastre. Si ustedes persisten en el error de subir la fiscalidad para
financiar sus planes de gasto y sus deseos de reducir el déficit y la
deuda pública, lograrán el objetivo contrario. El impacto negativo sobre
el consumo y la inversión, producido por los incrementos tributarios,
hará caer más los ingresos fiscales y, en consecuencia, las ratios de
déficit y deuda sobre el PIB se incrementarán. Ustedes creen que basta
subir los impuestos para ingresar más; sin embargo, ignoran o desprecian
los efectos sobre los incentivos de las familias, de las empresas y de
los inversores al adoptar tales medidas. Si estos siempre son negativos,
son muchísimo más acusados en una recesión. Dígame usted, señoría, en qué
economía desarrollada ha logrado alguna vez tener éxito una política
fiscal presupuestaria como la de su Gobierno; póngame, por favor, un
ejemplo. Me da igual que elija una fase de expansión que una de recesión,
porque la respuesta es una: nunca en ningún sitio y lugar la mezcla
simultánea de aumentos de gasto y de impuestos ha servido para impulsar
la economía y corregir los desequilibrios financieros del sector público.
La política de su Gobierno conduce no solo a mantener una presión fiscal
elevada, sino a aumentarla por una sencilla razón: los componentes
estructurales del gasto público, que ustedes están aumentando con
iniciativas como la del ingreso mínimo vital, que tiene un crecimiento
automático, con lo que será necesario subirlos aún más en el futuro,
incrementando, por lo tanto, los gastos. Ni siquiera desde la visión
keynesiana
clásica que ustedes defienden sus propuestas son coherentes. Con sus
acciones ustedes agudizan la crisis, prolongan su duración y conducen a
España a una crisis fiscal que solo se ve ya pospuesta por el Banco
Central Europeo, que de momento compra toda su deuda. Ante este panorama,
señoría, entenderá lo difícil que pone avalar que aprobemos su fondo
COVID. Ustedes apelan al sentido de Estado para solicitar el apoyo de las
fuerzas parlamentarias a sus iniciativas económicas, fiscales y
presupuestarias. Ha dicho aquí que han hablado con todas las formaciones
políticas; nosotros, señora ministra, somos la tercera formación política
de este Hemiciclo y a nosotros no nos ha llamado nadie. (Aplausos.) Nos
hubiese gustado participar, porque nos preocupa España tanto o más que a
usted, no menos, se lo puedo garantizar. No solo eso, es que no dan ni un
solo ejemplo. Cuando hay que gastar, estamos de acuerdo en que hay que
gastar, pero yo creo que este real decreto no gusta a nadie, nadie está
contento. Hay que dar lo que haga falta para salvar esta situación, no
estos tramos y estos criterios que ustedes han fijado, que no nos
convencen y nos hubiese gustado discutir con usted. Pero además hay que
dar ejemplo. Gastemos en lo necesario, que esto puede que sea lo
necesario, no se lo discuto, pero reduzcamos gasto. El señor Rajoy tenía
catorce ministros; ustedes, veintitrés. Ustedes tienen ochenta y un
cargos más que el señor Rajoy: el señor Rajoy tenía sesenta y cinco
asesores y ustedes ciento veintiséis. (Aplausos.) Entre 2019 y 2020 han
incrementado un 18 % más el personal eventual, un 10 % más los altos
cargos. ¿No cree que hay que eliminar el gasto político innecesario para
atender las necesidades reales de los españoles? (Aplausos.) No negocia
con nosotros, no nos pregunta nuestra opinión, no dan ejemplo y apelan a
la solidaridad. Es precisamente el tener sentido de Estado lo que nos
impide sancionar con un voto favorable una política que es incapaz de
abordar la crisis económica más grave experimentada por España desde la
Guerra Civil y que sienta las bases para una lenta y muy incierta
recuperación. Ustedes no están a la altura del grave momento económico
que vive España y su política, vestida de sentimentalismo barato, grandes
frases y apelaciones a un consenso que jamás ejercen, es un camino seguro
hacia la consolidación de un escenario muy negativo, por no decir
miserable, para los españoles.
Permítame terminar leyéndole una frase del Diario de Sesiones de 30 de
abril en la Comisión de Hacienda: "en una situación de alarma tiene que
haber un mando único. Me da igual que sea un incendio, que sea una
pandemia sanitaria o que sea una crisis de pánico ante una amenaza de
bomba. Está definido en la literatura, en los manuales y en la evidencia.
Cuando se produce una situación de emergencia, lo primero que dicen todos
los manuales de catástrofes es que se tiene que determinar un mando único
porque, si no, se puede producir una situación no solo de desconcierto,
sino de descoordinación". Esas fueron sus palabras y yo las comparto.
Estamos en un estado de alarma sanitaria y económica y hace falta un
mando único.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos de las señoras y los señores diputados
del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Gracias, señora Cepeda.
En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario
Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías. Buenos días, señora ministra de Hacienda.
En esta primera convalidación de la última hornada legislativa aprobada
por el Consejo de Ministros a lo largo del estado de alarma se regula
mediante real decreto-ley la creación del Fondo COVID-19 y, tal y como ha
explicado la señora Montero, se establecen las reglas relativas a su
distribución y libramiento. Subrayó usted que se habían aplicado
criterios de ponderación, y permítame decirle desde Foro que no estamos
de acuerdo. Los 16 000 millones de euros para compensar los esfuerzos en
la atención de las necesidades esenciales surgidas en las diferentes
comunidades autónomas para atajar la crisis sanitaria derivada de la
pandemia se reparten con criterios que en el caso de Asturias resultan
claramente insuficientes. Las consecuencias sobre las cuentas públicas
para corregir este injusto reparto se tendrán que equilibrar por la vía
de la fiscalidad y Foro no comparte que el elocuente seguidismo de los
socialistas de la FSA hacia la política de Pedro Sánchez acabe
repercutiendo en más y más impuestos sobre los ciudadanos, sobre los
asturianos, una comunidad penalizada y asfixiada por la tributación.
Señorías, el coronavirus desvela la desigualdad en el trato que el
Gobierno dispensa a los españoles en función de su lugar de residencia, y
el reparto de este Fondo COVID-19 llegará muy mermado a Asturias. Se
calcula que de esos 16 000 millones solamente 280 serán para Asturias,
una merma al alimón
tanto por los criterios elegidos por el Gobierno, que son un remedo del
perjudicial sistema de financiación autonómica, como por el resultado de
servilismo que hace el Gobierno del Principado a las políticas de Pedro
Sánchez. Y así nos luce el pelo, con una sucesión de varapalos a los que
ahora se añade la asignación de este fondo, lo que, señora Montero, lejos
de certificar su apoyo al Estado de las autonomías, acredita una vez más
que para el Gobierno hay españoles de primera y de segunda. Este
discriminatorio reparto es un pésimo precedente de cara a la urgente
reforma del sistema de financiación aprobado por el Gobierno de Rodríguez
Zapatero en el año 2009 y pendiente de reforma desde hace seis años.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.
Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.
Yo entiendo que cuando se trata de repartir un pastel entre varios y a
partes desiguales es difícil contentar a todo el mundo. En el caso de
este fondo se pueden discutir los criterios elegidos y el peso que se
asigna a cada uno, pero entendemos que prima la solidaridad. Nosotros,
desde Cantabria, siempre hemos defendido que el criterio que debe primar
es la igualdad entre los españoles y, por lo tanto, la financiación del
coste efectivo de los servicios públicos básicos. Y en este caso también.
No el criterio del número de habitantes, sino la satisfacción de las
necesidades de todos, vivan donde vivan. Esto lo han asumido todos los
grupos de esta Cámara. Pues bien, para Cantabria en este fondo no se ha
cumplido este criterio. No puedo aquí entrar en detalles, solo voy a
poner un ejemplo. El reparto de la parte del fondo destinada a educación
se hace exclusivamente según la población escolar, sin tener en cuenta
ningún otro factor, ni dispersión de la población ni orografía ni nada
más, como en el sistema general. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el
coste del transporte escolar en Cantabria es prácticamente igual que en
Madrid, que tiene diez veces más población? Esto es muy mal presagio para
otros sectores fundamentales.
Nuestras expectativas con este fondo han ido bajando a cada paso que se
iba conociendo. Dejando de lado que es insuficiente, la primera
estimación con los tres bloques -el sanitario, el social y la caída de la
recaudación- nos suponía, aproximadamente, 192 millones. Luego, al
separar educación y transporte, vamos ya a 181, que son 11 millones
menos, esto ya es muchísimo para una comunidad pequeña como Cantabria.
Pero falta aún por calcular la segunda fase y la reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, donde ya conocemos cuál es la correlación
de fuerzas políticas hoy en día. Pinta mal para ahora y nos hace temer
mucho para el futuro de Cantabria. Por eso, nosotros no podemos sino
votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor
García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora, presidenta. Señorías,
buenos días.
La verdad es que la autocomplacencia de los miembros del Gobierno yo
pensaba que estaba limitada a unos cuantos, pero parece que es algo
extensible a los miembros del conjunto del Gobierno con los que uno se va
topando. Salen aquí a decir lo bien que se han hecho todas las cosas y
que el conjunto de los españoles tienen que estar encantados de que
-fíjense ustedes- en el día de hoy les vamos a regalar 16 000 millones de
euros para que puedan atender sus necesidades. Los 16 000 millones de
euros son dinero del conjunto de los españoles que se va a repartir para
el conjunto de los españoles. ¡Pues claro! Pero es que no es así, es que
a una parte de esos españoles, porque la Comunidad Foral de Navarra
todavía sigue siendo española y nos sentimos españoles -no sé si es que
en esas conversaciones que tienen con algunos independentistas tan a
menudo ya les van convenciendo de que no lo somos; pero sí, seguimos
siendo españoles-, nos dejan fuera de una parte del fondo. Por lo tanto,
ya no estamos repartiendo 16 000 millones de euros entre el conjunto de
todos los españoles, ya estamos dejando fuera a una parte, en concreto
fuera de 5000 millones de euros a la Comunidad Foral de Navarra. Sí, no
me cabecee ministra, sí porque se deja fuera. Se dice: no, ya se
endeudarán, ya les dejaremos que se endeuden. Estamos hablando de dinero
del conjunto para repartir al conjunto. Por lo tanto, yo creo que menos
autocomplacencia, más entender lo que está ocurriendo y,
sobre todo, tener en cuenta que ese dinero -insisto- es de todos, no es
del Gobierno. Es dinero que va a unas cosas, a la sanidad, a la
educación, que nos afectan a todos. Se ha comentado por diferentes
comunidades cómo afecta a cada una y el Gobierno está orgulloso del
reparto, pero, evidentemente, no se está repartiendo de una forma
equitativa. En ese sentido, parece ser que hemos pasado de ser una
comunidad privilegiada para algunos, incluida la ministra, por tener un
régimen foral a ser unos desahuciados de una parte del reparto que se
hace.
Además, yo creo que tenían que haber aprovechado este decreto para algo
muy importante: para dar satisfacción a todos los ayuntamientos de
España. No es normal que se haga este reparto, que muchísimos
ayuntamientos de España tengan el dinero de los ciudadanos en el banco y
no puedan atender las necesidades de esos ciudadanos porque el Gobierno
no les deja. Y no se está aprovechando hoy. Eso no puede ser. Se está
atendiendo a familias en todos los municipios de España, los
ayuntamientos se están endeudando cuando tienen en el banco dinero y el
Gobierno no les deja. Aproveche hoy este decreto para que los ciudadanos
de toda España puedan beneficiarse del dinero que han ido ahorrando a
través de sus ayuntamientos a lo largo de los años. Muchos ayuntamientos,
ayuntamientos pequeños, ayuntamientos grandes, de todo tipo, están
atendiendo en primera línea a muchísimas personas y el Gobierno les está
cerrando la puerta y no les deja que gasten ese dinero, porque el
Gobierno prefiere hacer publicidad, venir aquí a decirnos que nos está
regalando al conjunto de los españoles 16 000 millones, que,
evidentemente, son aportaciones del conjunto de los españoles y no dinero
que saca el Gobierno no sabemos de dónde.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor
Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, nos pedía usted en su intervención amplitud de miras. No
voy a dejar de reconocerle que me siento como un lapón en el Parlamento
de Italia con el tema que usted ha traído y con el formato que ha elegido
para la distribución de estos recursos.
Le haré dos consideraciones de carácter general y luego entraré en materia
y le explicaré por qué me siento tan ajeno a este debate que se está
planteando o por qué Euskal Herria Bildu se siente de ese modo. La
primera consideración de carácter general: es indudable que 16 000
millones de euros del erario público es un esfuerzo importante, nadie lo
niega, pero también es indudable -y esto no es desdeñable o desde luego
no es algo que haya que obviar- que es insuficiente porque la dimensión
de la crisis es mucho mayor que esos 16 000 millones de euros, es de tal
calibre que este fondo no llega sino a ser un parche para el primer
golpe, y lo que nos preocupa es que no vemos la continuidad.
La segunda cuestión, asociada a esta, es que este tipo de medidas no
tienen ningún sentido o pueden tener un sentido muy pernicioso y nada
positivo, más allá del de ser un ligero parche, si no van acompañadas de
medidas fiscales. Se las hemos expuesto desde esta tribuna en más de una
ocasión, les hemos expresado la necesidad de generar una nueva fiscalidad
en el Estado español que fuera más equidistributiva, que buscara más
justicia fiscal y que, por tanto, no solo persiguiera la evasión y la
elusión fiscal, sino también que gravara más a las rentas más altas. Y
aquí permítame que haga un inciso. Hoy hemos escuchado un caso inaudito,
el de un pastor de Castronuño que, según su declaración, es rico; no sabe
muy bien gestionar su dinero, pero debe de ser rico porque tiene un buen
rebaño de ovejas. Es difícil entender que si no sabe gestionar su dinero
pueda tener siquiera alguna oveja. Pero, en cualquier caso, seguimos
insistiendo en que quien más tiene, más tiene que pagar.
A partir de aquí le diré cuáles son las consideraciones particulares que
hace nuestro grupo. Nos crea muchas dudas cómo se van a repartir esos 16
000 millones de euros y no venimos aquí -como han hecho otros, con
carácter legítimo- a plantear si nos parece mucho o poco lo que otorga a
nuestra comunidad autónoma, porque no los vemos. Nos parece que nos
plantea un intangible, no nos plantea ningún horizonte al que poder
señalar si es suficiente o insuficiente, sino que nos plantea una especie
de cuestión de fe, de dogma de fe, es decir, ya se negociará, ya se verá.
Y eso lo hace con la Comunidad Autónoma Vasca y con la Comunidad Foral de
Navarra. Conclusión para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad
Foral de Nafarroa y de la Comunidad Autónoma Vasca: que, de momento, no
van a ver ni un duro y que luego ya se verá. Esa es la lectura que se
puede hacer y no otra. Lamento no poder hacer otra lectura, pero no la
vemos. Porque en cualquier caso no van a ver un duro para minorar el
impacto que la crisis sanitaria también ha originado en la ciudadanía en
términos sociales y económicos, ni van a ver un
duro para compensar la caída de la recaudación que obviamente se va a
producir. Usted ha señalado que todas las comunidades autónomas se iban a
beneficiar, pero aquí, como se ha señalado ya, no están ni la Comunidad
Foral de Nafarroa ni la Comunidad Autónoma del País Vasco más allá de
ese: Ya se negociará. Porque además así lo dice: La participación de la
CAV y Nafarroa se establecerá en las comisiones mixtas del concierto y
del convenio económico. Esa es la lectura. En términos futbolísticos, un
patadón para adelante y ganar tiempo. No se establece nada, salvo que
queda la negociación, una negociación que además sabemos que siempre,
desde nuestro punto de vista, acaba saldando cuentas a favor del Estado y
nunca a favor de las comunidades autónomas. Eso no es la realidad, porque
ese porcentaje fijo que se nos hace pagar no atiende a la evolución de
nuestras sociedades, no atiende, por ejemplo, a la evolución o a la caída
del peso del PIB de nuestra comunidad, en el caso de la Comunidad
Autónoma vasca, con respecto al peso del Estado, ni por supuesto tampoco
atiende a la evolución demográfica de nuestra sociedad que, como bien
sabrá, no es una evolución diferente a la de la pirámide invertida.
Siendo esto así y como ustedes mantienen fijo el porcentaje de aportación
que las comunidades autónomas -tanto la vasca como la navarra- tienen que
hacer, al final resulta que pagamos más de lo que nos tocaría pagar si
estuviéramos dentro de ese régimen común.
También creo que es de justicia señalar que esta iniciativa poco o nada
tiene que ver -y ahí me gustaría poder decirle que así es al señor de
UPN-con que acepten la soberanía nacional de nuestro país. Ojalá fuera
así. Yo subiría a esta tribuna a decir que estamos dispuestos a asumir el
coste de la pandemia porque somos soberanos y estamos dispuestos a
sacarnos las castañas del fuego y a levantarnos, como ha hecho nuestro
pueblo una y mil veces y como lo seguirá haciendo. Pero me temo que no,
me temo que lo que nos plantearán es que sigamos aportando y nos
plantearán como única herramienta posible la del déficit y la deuda,
nunca la de aminorar y nunca la de compensar, vía las herramientas que
nos otorgaron el Concierto Económico y el Convenio navarro. Como le
decía, si siempre salimos perdiendo, poco nos puede satisfacer esta
medida, máxime -y esta también es una vieja reclamación que desde Euskal
Herria venimos señalando- si se nos hace aportar con carácter finalista a
destinos que poco o nada pueden gustarle a la sociedad vasca. No hablaré
de la monarquía, no hablaré de la defensa, no hablaré de Interior, pero
es que nosotros también aportamos a esas casillas de los Presupuestos
Generales del Estado, cuando la realidad es que nuestros deseos y
nuestras inclinaciones -incluso me atrevería a decir que las de la
mayoría de la sociedad vasca- poco o nada tienen que ver. Se lo resumiré
muy fácil, ustedes, de momento, nos plantean que vascos y navarros no
recibamos ni un duro, que luego ya se verá qué y cómo se negocia en las
comisiones mixtas, pero que no se nos olvide pagar ni el cupo ni lo
relativo al convenio de Navarra cuanto antes y como el Estado español
diga. Nos resulta increíble. También se lo puedo decir más claro: ustedes
nos plantean que tenemos que sacarnos las castañas del fuego y
arreglárnoslas solos y que no vamos a recibir ni un duro y que luego ya,
si eso, veremos. Si esto es así, lo justo sería que tampoco el Estado
español recibiera ni un duro de las aportaciones que nos obligan a hacer,
y así sí estaríamos hablando de cosoberanía, de cogobernanza, incluso de
soberanías compartidas; pero me temo, como decía, que no es el caso, para
nuestra pena y seguro que para la alegría de algún otro grupo.
Pero nosotros no somos insolidarios con las clases populares del Estado
español, nos parece bien que se establezcan mecanismos, por eso le he
hablado antes de la necesidad de que se hagan iniciativas de carácter
público como estas, asociadas a iniciativas de carácter fiscal o de
reforma fiscal, como las que le he planteado, pero es que nada de eso
vemos; a día de hoy vemos algo muy diferente a esto y que poco tiene que
ver con una fórmula justa. Si quieren que participemos, hablemos; y si
quieren que participemos, negociemos una fórmula justa que permita dar
respuesta a las necesidades de las clases populares del Estado español
sin agigantar la brecha entre ricos y pobres, que bastante grande se está
haciendo cada día que pasa, pero no nos obliguen a votar con los ojos
cerrados iniciativas que no sabemos a dónde nos van a llevar. En
cualquier caso, según lo que digan los grupos que sostienen al Gobierno
veremos el sentido de nuestro voto.
Para finalizar, como siempre dicen que soy un poco abrupto al terminar las
intervenciones porque casi no me despido, les doy las gracias a todos
ustedes por su atención, también al otrora jurado de La Voz, hoy ávido
lector; no sé qué libro estará leyendo, pero si acaso fuera algo relativo
a las elecciones autonómicas de la Comunidad autónoma vasca, le haré un
spoiler: el resultado fue más o menos que Euskal Herria Bildu sacó cuatro
veces y media más representantes que el Partido Popular. (Rumores.)
Silencio, por favor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora
Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on.
Hoy se trae para su convalidación el Real Decreto-ley 22/2020, por el que
se regula la creación del Fondo COVID, dotado de 16 000 millones, en el
que se establecen las reglas relativas de su distribución y libramiento.
Un real decreto, ministra, que no respeta el sistema de Concierto
Económico ni de Convenio navarro, no los tiene en cuenta y, desde luego,
no da solución a la participación de las comunidades forales en los
cuatro tramos del fondo. Se impone la distribución de tres tramos del
fondo de forma unilateral y se nos excluye del cuarto sin atender a la
particular relación financiera de las comunidades forales con el Estado,
una relación bilateral entre Gobiernos. Se debería haber abordado este
tema, por tanto, de forma bilateral, la participación de la Comunidad
autónoma vasca y Navarra en el fondo, y esto se lo han saltado, ministra.
Si tal y como expresamente señala la exposición de motivos se trata de
unos recursos adicionales e independientes del sistema de financiación
autonómica y de los fondos extraordinarios de liquidez, las comunidades
autónomas no integradas en el régimen común de financiación autonómico,
esto es las forales, deberían quedar incluidas en el fondo en sus cuatro
tramos, y su participación y la distribución del mismo deberían
ajustarse, como he dicho, a su particular fórmula de relación financiera
con el Estado, y esto no ha ocurrido. Por un lado, nos dejan fuera del
tramo 4 -al que luego me referiré-, y con respecto a los tramos 1, 2 y 3,
a pesar de que la disposición adicional primera del real decreto recoge
que la participación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la
Comunidad Foral de Navarra en estos tres tramos se establecerá
respectivamente en la Comisión Mixta del Concierto Económico y en la
Comisión Coordinadora del Convenio Económico, lo cierto es que no ha
habido comisión alguna ni para establecer los criterios de participación
en el fondo ni para fijar su cuantía. Es más, imponen de forma unilateral
su distribución y cuantificación, ya que es en el propio artículo 2.2 del
decreto en el que se establece, y cito literalmente: que el importe del
tramo a distribuir entre las comunidades autónomas de régimen común será
el resultado de minorar del importe del mismo los recursos asignados a
las ciudades con estatuto de autonomía y la participación de las
comunidades de régimen foral, que se determinará de acuerdo con los
criterios establecidos en los apartados anteriores, que hablan de
población, número de pruebas, ingresos hospitalarios. ¿Esto qué
significa? Que la remisión que hacen a la Comisión mixta lo es solamente
a efectos meramente formales, para cubrir el expediente, porque, vuelvo a
repetir, no se ha producido esa reunión, no ha habido comisión para
valorar esos criterios y, en su caso, su discusión y posible adopción,
con lo cual desde luego se ha desvirtuado la función que la Ley del
Concierto atribuye a la Comisión mixta, cuya seña de identidad es la
adopción bilateral de los acuerdos. Han obviado ustedes, por tanto, el
modo paccionado que debiera haberse utilizado para fijar la participación
vasca y navarra en dicho fondo.
Asimismo, hay que añadir que sorpresivamente a las comunidades forales de
Euskadi y Navarra nos dejan fuera del Tramo 4, un tramo basado en la
reducción de ingresos por la caída de la actividad económica, cuando
según la exposición de motivos, por un lado, se supone que los recursos
de este fondo, como he dicho anteriormente, son adicionales e
independientes del sistema de financiación, y por otro, lo hacen bajo la
excusa de que los sistemas fiscales forales son poco homologables al
resto. Ciertamente, resulta una motivación un tanto falaz, ya que ni los
criterios de reparto, donde hay transferencias hasta para el descenso de
ingresos de transporte, ni los destinos del fondo, resultan
diferenciables según sistemas fiscales. Una exclusión del Tramo 4,
recogida en el segundo párrafo de la disposición adicional primera, que
además de contrariar la lógica financiera y los propios principios
contenidos en la exposición de motivos, se adopta sin la mínima
motivación específica en este real decreto-ley. Además, nos remiten a la
asunción de déficit presupuestario y emisión de deuda pública para
compensar esa no financiación y la caída de recaudación, cuestiones ambas
que nuevamente hay que acordar para el caso de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y que
tampoco, ministra, quieren replantear, a pesar de que Europa ha activado
la cláusula de escape y de la existencia de un compromiso para la
celebración de la comisión en el primer semestre del año.
Resulta paradójico, ministra, que nos ofrezcan una solución para compensar
la no financiación y la caída de recaudación a través de deuda y déficit
y, a su vez, nos niegue dicha solución, ya que no se convoca la comisión
para discutir y acordar que esa nueva senda se ajuste y sea realista con
esa caída de recaudación. Le recuerdo, además, que las comunidades
forales, desde luego, han hecho todos sus deberes, han cumplido con todas
las reglas y también le recuerdo que tanto la AIReF como el Banco de
España no están de acuerdo con la previsión de la caída de ingresos que
han realizado ustedes.
En otro orden de cosas, esta decisión impuesta por la disposición
adicional primera del decreto de reconducir el Tramo 4, esto es, la
resolución de ingresos tributarios y transporte público de viajeros a
términos de déficit de deuda pública, además de condenar a ambas
comunidades, tanto a la vasca como a la navarra, a soportar una
dificultad añadida para el correcto cumplimiento de la regla de gasto,
obvia otra carga que es la que se le impone a Euskadi. Si atendemos a la
regulación del artículo 52.2 del Concierto Económico y al artículo 4.3 de
la metodología del cupo, así como a la previsión de financiación de este
fondo COVID mediante deuda pública a través del artículo 3 de este real
decreto, a la Comunidad de Euskadi además le corresponderá de forma
concreta y específica contribuir a afrontar el pago de las cuotas de
amortización de intereses de la deuda correspondientes al importe de 5000
millones de euros del Tramo 4, del que hemos sido excluidos de forma
injusta e incomprensible, debiendo asumir, además, de forma añadida su
propia deuda destinada a este mismo fin. Nos excluyen del fondo, pero, a
su vez, nos dicen que asumamos parte de su pago. Oiga, si no
participamos, por lo menos debieran eximirnos del pago de los intereses y
de esa amortización. Después algunos vendrán y nos dirán que somos
insolidarios.
Por último, ministra, este fondo trata de dar un balón de oxígeno de forma
puntual, una medida coyuntural, pero entendemos que es pan para hoy y
hambre para mañana, porque los verdaderos problemas para las comunidades
autónomas de régimen común y entidades locales vendrán en el 2021 y en el
2022, cuando no exista este fondo extraordinario y tengan una bajada de
recaudación debido a las entregas a cuenta, que entonces sí se ajustarán
a la caída real de ingresos. Por tanto, atendiendo a estos factores y
teniendo en cuenta también que la recaudación ha caído y que todas las
administraciones van a tener que replantearse sus cuentas, sus
presupuestos, y van a necesitar endeudarse para aumentar el gasto y
afrontar las consecuencias del COVID, es necesario que se replanteen unos
nuevos objetivos de déficit y deuda y que se asuma la necesidad de una
flexibilización de las reglas fiscales y, en particular, de la regla de
gasto.
Tenemos unos objetivos fiscales para 2020 que han sido superados, no hay
objetivos reales para 2020 y desconocemos los del 2021. Desde luego, es
necesario activar la cláusula de escape para todas aquellas comunidades
autónomas, diputaciones y ayuntamientos que están ampliamente saneados en
relación con la estabilidad financiera. Le estamos pidiendo una
relajación temporal de las políticas de estabilidad presupuestaria para
generar recursos para la salida de la crisis derivada del COVID, para
permitir a las entidades locales el uso del superávit o remanente de
tesorería, para poder realizar aquellas inversiones necesarias para
paliar los efectos de la crisis económica, para permitir que las
entidades locales y comunidades autónomas puedan quedar exentas del
cumplimiento de la regla de gasto durante los ejercicios 2020 y 2021. Hay
que permitir a las comunidades autónomas un mayor margen de flexibilidad
en materia de déficit y endeudamiento y en el medio plazo se debe
modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en materia de
regla de gasto, que tantas veces su grupo y también el Grupo de Podemos
han reivindicado, pero que ahora parece que han olvidado. Esto sí que
sería un verdadero balón de oxígeno.
Desde luego, nuestro grupo no puede apoyar este decreto en este sentido.
¿Por qué? Porque atenta de forma grave contra la correcta relación
bilateral entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Estado que exige el
sistema del Concierto Económico vasco, así por como por la injusta y
doblemente incorrecta e injustificada exclusión de la Comunidad Autónoma
de Euskadi de su participación en la distribución del Tramo 4, de ese
fondo extraordinario relativo a la disminución de los ingresos por la
caída de la actividad económica, tanto en su aspecto de recaudación
tributaria...
La señora PRESIDENTA: Señora Sagastizabal, tendría que terminar, por
favor.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Voy acabando.
... como de financiación de transporte público de viajeros, y por tener
que asumir la carga añadida de tener que pagar los intereses de
amortización de la emisión de deuda para financiar un fondo del que en
parte se nos excluye.
Ministra, ustedes adoptaron el mantra de acordar y dialogar, pues
aplíquenlo. La unilateralidad empleada en este real decreto no es el
camino. Desde luego, si esta va ser su conducta, con nosotros no cuente.
Ha dicho que este fondo da solución a las comunidades autónomas, pero,
desde luego, a las comunidades forales no. Ha dicho que no hay argumentos
de peso para no apoyarlo, pero creo que, tanto en el caso de la Comunidad
Autónoma de Euskadi como de la Comunidad Foral de Navarra, los argumentos
que hemos dado hoy son de peso y de calado.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez
Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, antes de esta gravísima crisis del COVID19 este Gobierno ya
falló a las comunidades autónomas al dejar de realizar el ingreso de una
partida de cuyo nombre hoy no quiero acordarme. Y que no me quiera
acordar hoy no significa que en Ciudadanos nos olvidemos, porque
seguiremos recordándole al Gobierno que nos falló y que nos dejó de
ingresar una partida muy importante, y aquí todos sabemos a lo que me
refiero.
Nos encontramos saliendo de una crisis sanitaria sin precedentes con unas
repercusiones económicas para trabajadores, emprendedores y empresas que
todavía no han mostrado su verdadera cara. Desgraciadamente, todavía
seguimos luchando contra el COVID19 y, tras muchos meses, vemos que sigue
habiendo rebrotes y que sigue agravándose la situación económica de
muchísimos españoles. Muchos han recibido la ayuda de este Gobierno, pero
no todos, porque todavía hay muchos ciudadanos que no tienen medidas de
apoyo para retomar su día a día y la actividad que desarrollaban antes
del primer estado de alarma. Hoy llega la convalidación de este real
decreto, que es un balón de oxígeno para las comunidades autónomas que
tanto han sufrido por el impacto económico de los gastos extraordinarios
en materia de sanidad y la paralización prácticamente total de sus
economías. El pasado 16 de junio el Consejo de Ministros aprobó este real
decreto que regula la creación de un fondo COVID19 no reembolsable por
importe de 16 000 millones de euros, que el Estado transferirá -no dará,
no regalará, porque es dinero de todos los españoles- a las comunidades
autónomas para hacer frente a los gastos asociados a esta crisis. Este
real decreto no ha estado exento de cambios de criterio y de decisión
-algunos más que añadir a esa larga lista de rectificaciones-, pero
finalmente ve la luz y se acerca en su gran mayoría a las necesidades de
las diferentes comunidades autónomas que tuvieron que quejarse para que
el Gobierno lo replanteara; sin duda, ahora es bienvenido.
En términos generales, creemos que es una buena noticia la creación de
este fondo no reembolsable para ayudar a las comunidades autónomas a
paliar los gastos asociados al COVID. Además, pensamos que los criterios
de reparto son razonables, aunque nunca se puede contentar a todos.
Creemos que es una buena idea haber metido la partida concreta de gastos
educativos, que no estaba planteada en su primer borrador, para que pueda
servir para contratar a más personas y más docentes y para habilitar
nuevos espacios que permitan volver a las aulas en septiembre a nuestros
hijos con todas las garantías. Pero, señora ministra, ¿en septiembre? En
septiembre quizás sea demasiado tarde. Necesitamos planificar. Las
comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante para garantizar la
continuidad de la enseñanza durante todos estos meses, que se verá
aliviado con esta partida presupuestaria extraordinaria. Ahora bien,
habrá que ver cómo se utiliza este dinero, puesto que son partidas no
condicionadas. Habrá que estar vigilantes al destino de estos fondos.
¿Los estudiantes de la concertada se quedarán fuera de estas ayudas? Está
claro que este esfuerzo económico para la educación en estos momentos es
muy importante, pero estamos realmente preocupados por la no
planificación de la ministra Celaá para la vuelta al cole de nuestros
hijos.
Todavía hoy, a dos meses vista, no hay ningún plan seguro para la vuelta a
las aulas en septiembre. Además, durante estos meses de incertidumbre
sobre el futuro cercano de la educación de nuestros hijos, hemos asistido
a los bandazos de este Gobierno en este asunto. No hay un plan sensato ni
serio que sirva para toda España y dé tranquilidad a padres y docentes.
Podemos resumir diciendo que la gestión de la crisis en materia educativa
ha estado definida por el caos, y con la decisión de retrasar hasta
septiembre esta ayuda lo confirmamos; la educación digital no ha
funcionado, porque sigue existiendo una importante brecha digital que
provoca desigualdad; la persecución de la educación especial ha provocado
enormes críticas entre los sectores y las personas afectadas; hay falta
de financiación para planes de refuerzo y
falta un plan para el caso de rebrote; existe un sectarismo ideológico que
lleva a dejar fuera de las ayudas públicas a la concertada, y un sinfín
de despropósitos que solo ponen de manifiesto que serán nuestros hijos
quienes los paguen. Para lo que sí ha tenido tiempo el Ministerio de
Educación en medio de toda esta situación ha sido para continuar adelante
con su ley de educación, que además carece del consenso de la comunidad
educativa y de los diferentes grupos parlamentarios.
Esperemos que la transferencia de esta partida para educación sea un
primer paso para avanzar en medidas sensatas para la vuelta al colegio de
los alumnos de nuestro país. Además, se han dotado 4800 millones para
impulsar la economía en las comunidades autónomas y compensar las
pérdidas por la falta de recaudación. Creemos que para paliar esa falta
de recaudación hay que poner en marcha, de forma paralela a este fondo,
más medidas que ayuden decididamente a la recuperación de nuestra
economía. Ciudadanos propuso en la Comisión de Reconstrucción un
documento muy completo con 108 medidas concretas para apostar por la
recuperación de la forma más rápida posible y un gran listado de
enmiendas para mejorar el borrador del Gobierno. Desafortunadamente, el
borrador de conclusiones de esta Comisión, al menos en lo que atañe a la
parte económica, es enormemente impreciso, poco concreto: no aborda
soluciones reales a los problemas planteados y carece de concreción.
Creemos que es fundamental aprobar medidas que ayuden al impulso de
nuestra industria, a la dinamización de nuestro sector empresarial,
eliminando trabas al crecimiento, a la productividad y al fomento del
emprendimiento, al I+D. Necesitamos planes para que nuestro turismo se
consolide y pueda seguir creciendo. Necesitamos que no se suban los
impuestos, sino que se creen muchísimas más empresas. ¿Y los fondos de
Europa? ¿Tenemos la seguridad de que llegarán los fondos que realmente
necesitamos?
En definitiva, debemos alegrarnos con la dotación de este fondo, pero el
Gobierno no debe perder de vista lo gravemente afectada que ha quedado
nuestra economía y lo difícil que será reconstruirla si no se toman
medidas ambiciosas que solucionen las devastadoras consecuencias
económicas que hemos sufrido. Este es un primer paso, pero necesitamos
hacer que nuestra economía siga funcionando para que nuestras comunidades
autónomas sigan teniendo subidas de ingresos no comprometidas.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.
Más allá de considerar que este fondo es insuficiente para atender la
magnitud de esta crisis, quiero recordar que, aun cuando el Gobierno
anunciaba el estado de alarma, el BNG reclamaba que se fijase un criterio
de reparto justo que atendiese a las características y necesidades de
Galiza. No fue así. En este decreto, el Gobierno vuelve una vez más a
ignorar la realidad diversa y plurinacional del Estado y el hecho de que
naciones como Galiza tengan unas características propias y diferenciadas.
En nuestro caso, elementos como la dispersión poblacional, el
envejecimiento y los índices de dependencia suponen un encarecimiento, y
por tanto dificultades añadidas, a la hora de atender y dotar de
servicios básicos a la población, especialmente en el ámbito sanitario y
asistencial, o en el educativo, que son, precisamente, los más afectados
por esta crisis.
Por eso siempre hemos defendido que estos eran unos criterios que,
necesariamente, tenían que haberse tenido en cuenta de forma específica y
con un peso relevante. Sin embargo, los criterios de reparto finalmente
adoptados por el Gobierno son decepcionantes y, una vez más, suponen un
agravio y un trato injusto para Galiza. Curiosamente, aquellas
comunidades autónomas que han tenido un mayor número de casos son las que
reciben mayor proporción de recursos -dos, un 40 %-, sin atender el coste
real que supone la atención a los pacientes en uno y otro caso.
Por tanto, entenderán que de ninguna manera podamos votar a favor de este
decreto, porque de nuevo no se toma en consideración las características
y necesidades de Galiza, y además perjudica gravemente a nuestro país,
como viene sucediendo, por cierto, con el modelo de financiación vigente,
que necesariamente habría que cambiar y de forma inmediata.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchísimas gracias.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
Señora ministra, a pesar de los últimos escarceos que hemos tenido, le
digo que vamos a apoyar su decreto. (La señora Lastra Fernández: ¡Bien!).
En definitiva, lo vamos a apoyar porque ha habido un cambio de criterio
en la línea de lo que nosotros defendíamos: que tuviera un mayor peso la
población. Probablemente, nos podríamos haber evitado algún que otro no,
si hubiéramos tenido mayor capacidad de negociación. También votaremos a
favor porque entendemos que es bueno que haya una dotación educativa de
la manera que se ha repartido.
Pero tenemos algunos 'peros', que ahora expondremos, aunque insistimos en
que votaremos a favor. Nuestro 'pero' es que no es lo mismo la situación
de partida en gasto sanitario de unas comunidades autónomas a otras,
aunque no hayamos tenido tantos afectados. Hay comunidades autónomas que
pueden celebrar que van a poder gastar su superávit, como ha dicho usted.
Ya nos gustaría a otros poder gastar nuestro superávit, o incluso ya nos
gustaría poder estar discutiendo también de un sistema fiscal como el
concierto vasco o el convenio navarro.
En cuanto al transporte, usted ha hablado de los intereses de la nación.
Desde Compromís vemos que el reparto que se ha hecho en el transporte
para nosotros no es justo. Es decir, Madrid y Cataluña, que representan
el 30 % de la población, van a repartirse el 62 % de los recursos. Esos
no son, yo creo, los intereses de toda la nación, porque todos viajamos y
tenemos transporte público. Por ejemplo, en el caso valenciano, el 10,6 %
de la población solo va a tener el 5 % de los recursos, cuando se
necesita el mismo transporte en Madrid, en Barcelona o en Valencia.
Por último, quiero insistir en que celebramos que se autorice a gastar el
superávit, aunque a algunos nos gustaría tener un superávit para poder
gastar. Esperamos que en noviembre -como dijo el presidente- usted
presente ese esqueleto del nuevo sistema de financiación, y celebremos
que el año que viene podamos tener un sistema de financiación que nos
permita, como mínimo, acercarnos a poder gastar ese superávit que algunos
podrán gastar ahora, y que otros, evidentemente, no podemos gastar.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Gracias, señora Cepeda.
También por el Grupo Parlamentario Plural, y en último lugar, tiene la
palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Señora ministra, nos pedía responsabilidad y nuestro grupo va a ser
responsable. Hemos sido responsables a lo largo de muchísimos de estos
reales decretos-ley, porque aunque en algunos discrepemos, los hemos
apoyado igualmente. Les vamos a apoyar este real decreto-ley porque es
necesario aunque no es suficiente, y usted es consciente.
Usted ha subido aquí, a la tribuna, y ha dicho que con estos 16 000
millones se van a cubrir los costes que están asumiendo las comunidades
autónomas, y usted sabe que eso no es verdad; no van a cubrir los costes.
Los 9000 millones no van a cubrir el sobrecoste de la sanidad, ni van a
cubrir la infrafinanciación de la sanidad previa a esta pandemia, y
tampoco van a cubrir los 5000 millones la reducción de los ingresos de
las comunidades autónomas, al igual que de estos 5000 millones, los 800
millones dedicados al transporte público tampoco no van a cubrir los
ingresos que han dejado de recaudar las entidades metropolitanas de
transporte o las empresas del transporte público urbano e interurbano, y
usted es consciente.
Nosotros aquí no vamos a discutirle si los criterios de reparto son unos o
son otros. A Cataluña le van a corresponder más de 3000 de esos 16 000
millones, pero esto no va a solventar el problema financiero de Cataluña
generado solo por la pandemia. Usted sabe que en la entidad metropolitana
del transporte de Barcelona el déficit que se ha generado es de cerca de
800 millones de euros, por tanto, los 200 y pico que nos podrán tocar de
estos 800 serán absolutamente insuficientes. Por tanto, aquí está nuestra
primera pregunta. Señora ministra, cuando quede acreditado que las
comunidades autónomas van a tener un gasto sanitario superior a estos
9000 millones de euros, que van a tener una pérdida de recaudación
superior a estos 5000 millones de euros, ¿el Gobierno va a actuar?
Porque, señora ministra, no es de recibo que en estos momentos diga que
con estos 16 000 millones las comunidades autónomas tendrán que cubrir su
objetivo de déficit previo, porque eso no es realista. Eso lo sabemos
todos los que estamos aquí y lo saben todos nuestros conciudadanos. Por
tanto, señora ministra, modifiquen los objetivos de déficit y sean
realistas, porque no los va a cumplir ninguna comunidad autónoma y van a
generarle un problema de financiación, de tesorería, a cada una de las
comunidades autónomas. Usted decía que
son 29 000 millones lo que han anticipado o generado a las comunidades
autónomas. Estos 16 000 millones sí que son a fondo perdido, pero las
entregas a cuenta significa que hoy nos los dan, pero mañana no nos los
darán, y por tanto, los recursos son exactamente los mismos. En
consecuencia, votaremos a favor pero denunciamos clarísimamente la
insuficiencia de estos recursos.
Y voy a dedicar los últimos treinta segundos de esta intervención, señora
ministra, a hacerle una reflexión en relación con las corporaciones
locales. Hoy hablamos de comunidades autónomas, pero en la trinchera de
toda esta lucha contra la pandemia están los concejales, están los
alcaldes, están las corporaciones locales, y a estas hoy por hoy no se
les ha solucionado nada. Les vamos a hacer una petición, y cuando digo
esto utilizo un plural global. El conjunto de la Cámara la semana que
viene -excepto el Partido Socialista si no reflexiona y se une a la
votación- va a votar a favor de que los ayuntamientos puedan disponer
libremente de los remanentes de tesorería y de la aplicación de los
superávits, sin que eso condicione su estabilidad presupuestaria ni la
regla de gasto para 2020 y 2021. Que la Cámara vaya a votar por
unanimidad que la regla de gasto no se aplique a las corporaciones
locales en 2020 y 2021, les tendría que hacer pensar. Señora ministra,
respeten -es lo mismo que está pidiendo la FEMP- la voluntad de la
Cámara.
La señora PRESIDENTA: Señor Bel, tiene que terminar, por favor.
El señor BEL ACCENSI: Voy terminando, señora presidenta.
Respeten la voluntad de las corporaciones locales porque no les están
pidiendo mayor déficit, les están pidiendo poder aplicar los ahorros
generados durante los últimos años para la lucha contra la pandemia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall
Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, bon
día.
Debatimos el real decreto por el que se crea un fondo COVID-19 destinado a
la lucha contra la pandemia y la crisis derivada de ella. Celebramos,
ministra, que estos fondos sean una transferencia directa y no supongan
un mayor endeudamiento, como no podía ser de otro modo, y así se lo
hicimos llegar en Comisión parlamentaria. No obstante, para el conjunto
de los països catalans creemos que el reparto se podría haber hecho
mejor, de un modo más eficiente y ajustado a la realidad. En el caso de
Cataluña hay ciertos cambios en el volumen y en los criterios de reparto
del tramo relativo a sanidad, entre lo que se anunció en un primer
momento y lo que se ha acabado materializando, con los que no estamos de
acuerdo. Y no estamos de acuerdo no por capricho, sino porque si el
objeto de estos fondos es paliar los efectos de la pandemia, los
indicadores que hacían referencia directa al impacto de esta, tales como
el número de PCR, hospitalizaciones e ingresos en UCI, no deberían ver
reducido su porcentaje sobre el total de fondos.
En líneas generales, entendemos que los criterios de distribución de estos
fondos no son beneficiosos para Cataluña. Nuestra propuesta es que estos
fondos deberían haber ido acorde con el impacto de la pandemia, que ha
sido muy diversa en todo el territorio, y no utilizando algunos criterios
como la población. En lo que se refiere a las Illes Balears -ya lo
enmendamos en el primer real decreto-, creemos que deberían establecerse
a efectos del cómputo de población como datos de referencia las cifras
oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a
1 de enero de este año, o en su defecto, las más actualizadas posibles,
porque, como ya comentábamos, son datos que no se ajustan suficientemente
a la realidad.
Para los fondos correspondientes al País Valencià queremos objetar que en
el reparto del tramo correspondiente a la pérdida de ingresos debería
incluirse el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya que hay que
recordar que es uno de los impuestos que provoca más competencia desleal
por parte de comunidades como Madrid. Esto ayudaría a aumentar los
ingresos en aquellas comunidades que sí los recaudan, en detrimento de
las que ejercen dumping fiscal y así contribuir en un reparto más justo y
eficiente de los recursos.
Por otro lado, ministra, debemos eliminar de una vez por todas los
asfixiantes y centrifugadores objetivos de déficit y normas austericidas
como el techo de gasto. No tenían ningún sentido hasta ahora y
no lo tienen ahora, y más aún en el actual contexto, cuando el consenso, y
a nivel de toda Europa, se sitúa en que es más necesario que nunca
realizar políticas económicas expansivas.
Sin embargo, este debate acaba desvelando inevitablemente la necesidad de
incrementar la cantidad de recursos públicos para paliar el incremento
del gasto público, porque están muy bien estos fondos no condicionados,
pero sabemos que no serán suficientes. Usted ha dicho que sí lo serán en
su intervención, pero no lo serán porque solo son parches de un modelo
caduco e ineficiente que nosotros ya hace tiempo denunciamos. En el
momento actual, apelamos al Gobierno progresista a impulsar políticas de
izquierda, a realizar una reforma fiscal progresiva en la que paguen los
que más tienen: impuestos a las grandes fortunas, impuesto a la banca,
impuesto a las transacciones que graven los contratos derivados de las
operaciones de alta frecuencia, más recursos para la lucha contra el
fraude fiscal y la elusión fiscal de las grandes fortunas y empresas.
Ayer mismo conocimos que Inditex pagó el 70 % de sus impuestos fuera de
España en 2019. Esto no es patriotismo. Cabe también explorar fórmulas
para racionalizar el gasto público, por ejemplo, reducir el presupuesto
destinado al Ejército y a la compra de armamento. Propusimos en la
Comisión para la Reconstrucción rebajar un 40 % en tres años el
presupuesto del Ministerio de Defensa, y hace pocos días, a través de una
respuesta escrita del Gobierno a una pregunta del compañero diputado Joan
Josep Nuet y mía, supimos que el Estado español había financiado durante
los últimos años con 12 710 millones de euros a empresas españolas de
fabricación de armamento, un dinero que aún está pendiente de devolver, y
que en este momento, a día de hoy, se están financiando trece proyectos
de empresas de fabricación de armamento por valor de 17 600 millones. Nos
parece un auténtico escándalo y una vergüenza que a día de hoy se
destinen miles de millones de euros a fabricar armamento en un Estado que
está sufriendo la peor crisis de las últimas décadas y donde las
administraciones públicas están sufriendo para intentar dar los servicios
básicos de sanidad y educación a sus ciudadanos. Y podríamos hablar
también de los centenares de millones de euros públicos destinados a la
monarquía española en estos últimos años, una institución anacrónica,
manchada y salpicada por casos de corrupción, de transferencias por amor
a paraísos fiscales, con maletas llenas de billetes y máquinas de contar
efectivo en la Zarzuela. Cabría, pues, también recortar en las
aportaciones públicas a la monarquía. De hecho, nosotros como
republicanos e independentistas no destinaríamos ni un euro público.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Margall. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemo-En Común
Podem-Galicia En Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidenta.
Permítanme que mis primeras palabras sean para expresar nuestra
solidaridad hacia los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana, de
la CUP y de Junts per Catalunya. Ayer supimos que miembros de sus
partidos e incluso el presidente del Parlament fueron espiados por las
mismas cloacas que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo. Creo
que es una buena noticia que ayer nos pusiéramos de acuerdo ocho
formaciones, que supimos poner por delante aquello que nos unía, y no
aquello que nos separaba, para denunciar esas prácticas delictivas que
atentan contra la democracia (aplausos), porque, como decía el presidente
Azaña, ninguna política se puede fundar en la voluntad de eliminar o
neutralizar al adversario político.
En segundo lugar y entrando ya en el debate de hoy, lo que está en juego
con este decreto no son las diferencias entre territorios, como han dicho
algunos portavoces territoriales en su pelea por el trozo del pastel; lo
que está en juego es el Estado del bienestar y el Estado autonómico. Como
los antiguos triángulos ferroviarios, este decreto fija la dirección
histórica por la que este Gobierno quiere transitar en la salida a la
crisis en clave social y en consonancia con los consensos transversales
de la sociedad. Los 16 000 millones de euros que aprobamos hoy son la
mayor transferencia directa de dinero hacia los territorios que se ha
hecho nunca. No hay precedentes en la historia de España, y son fondos no
condicionados, sin intereses, y equivalen a más del triple del
presupuesto de ministerios como el de Educación o el de Sanidad. Eso es
cumplir con el mandato constitucional de defensa del interés general y de
desarrollo del Estado autonómico en un país plurinacional como el
nuestro. Y a diferencia de la anterior crisis, cuando el Partido Popular
recentralizó y drenó los recursos de las comunidades, que, como saben,
son las que tienen esas competencias, ahora no hay recortes ni
privatizaciones. Con este decreto se apuntala a la sanidad pública y a
sus profesionales en la lucha contra la pandemia y, por tanto, se
apuntala al Estado autonómico y al Estado del bienestar. Se puede hacer
más, sin duda, pero nunca se había hecho tanto. Como apunta en su último
libro Xavier Domènech, el historiador y antes diputado de esta Cámara,
las políticas de recortes durante la época de Rajoy iban de arriba abajo,
de la troika o el Banco Central hacia los Estados y del centro a las
periferias, del Estado central a las comunidades autónomas, desde una
visión centralista y neoliberal. Eso fue tan evidente que hasta The
Financial Times lo reconoció en 2012, e incluso acusó al Partido Popular
de utilizar la crisis como excusa para reventar un sistema autonómico que
su partido -y cito textualmente-, ideológicamente, detesta. Y es que
ustedes se apuntaron a regañadientes al pacto del 78, pero nunca creyeron
en la modernización y en la descentralización del Estado. Por ello,
llevan en su programa electoral la paralización de la cesión de nuevas
transferencias a los territorios o ahora exigen quitarles competencias
como la educación. En verdad, ustedes declararon la guerra al Estado del
bienestar y al Estado autonómico al mismo tiempo. Por eso, señorías, se
puede hacer más, evidentemente, pero nunca se había hecho tanto.
Señora ministra, a pesar de eso creo que no nos podemos quedar ahí. En
primer lugar, hay que ponerse a trabajar en un nuevo modelo autonómico de
financiación que refuerce el autogobierno autonómico y sea solidario
entre los diferentes territorios. Porque, señora ministra, el problema
territorial de España no se llama Cataluña, el problema territorial de
España se llama Madrid y dumping fiscal. Ese es el auténtico problema
territorial de España, la insolidaridad de la Comunidad de Madrid.
(Aplausos.) En segundo lugar, señora ministra, necesitamos una segunda
ola de descentralización, y eso pasa por comprometerse con la voluntad de
esta Cámara, con la mayoría política de esta Cámara, que, como saben,
aprobó en la Comisión para la Reconstrucción una enmienda para romper el
candado financiero que el señor Montoro había instalado contra los
ayuntamientos para que no pudieran acceder a su superávit, a sus ahorros.
Creo que hay que cumplir con ese mandato, con el mandato de esta Cámara,
y permitir a los ayuntamientos acceder a sus ahorros, e incluso poderse
endeudar a aquellos que, como el Ayuntamiento de Barcelona, tienen las
arcas saneadas. Eso es lo que reclaman sus alcaldes, los alcaldes
socialistas, como la mayoría de alcaldes de las grandes ciudades, como
Sevilla o la propia Barcelona. Si en la Unión Europea se plantean
flexibilizar el déficit, transferencias directas y la suspensión del
Pacto de Estabilidad, eso también debe poderse plantear para los
ayuntamientos. Lo que vale para Europa debe valer también para las
administraciones más cercanas. Hoy precisamente se ha publicado una
información donde aparece que usted propone a la Federación de Municipios
gastar parte del superávit. Eso, evidentemente, es un paso, es un paso
que alivia las finanzas de los ayuntamientos, pero es un paso
insuficiente, porque, en el fondo, lo que están proponiendo es un
préstamo de los ayuntamientos al Estado, que los ayuntamientos hagan de
banco del Estado. Ustedes plantean devolverles un 35 % en 2020 y 2021 y
el resto en diez años, y además de forma condicionada. Eso no es lo que
necesitan los ayuntamientos. Y no es una cuestión ideológica, es una
cuestión de justicia y eficacia. Ministra, quienes venimos del mundo
local y hemos tenido responsabilidades de Gobierno sabemos lo
indispensable que es en momentos muy difíciles dar respuesta inmediata a
la ciudadanía y cómo esa respuesta siempre en primera instancia proviene
de los servicios sociales de los municipios. La nueva normalidad no ha de
ser que los ayuntamientos vuelvan a financiarse con la venta de suelo
público o con pelotazos urbanísticos, como ya anunció el Gobierno de
Ayuso en la Comunidad de Madrid. La nueva normalidad exige reforzar la
financiación local con fondos estatales pero también con fondos europeos.
Los ayuntamientos -y acabo, presidenta- son la punta de lanza del
progreso social, del progreso medioambiental y cultural de la sociedad;
la primera trinchera, el primer dique de contención en esta crisis, la
principal palanca de cambio democrático. Por eso, cuando se ahoga
financieramente a los ayuntamientos, se ahoga también a la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Asens. (Pausa.-Se procede a
desinfectar la tribuna por una trabajadora del servicio de limpieza.)
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la
señora Rodríguez Herrer.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, presidenta.
Ministra, señorías, subo a la tribuna para fijar nuestra posición en la
convalidación del real decreto-ley, que hace el número veintidós de este
año. Detrás de esta convalidación hay otras tres -ya van ustedes por el
número veinticinco-, casi salimos a uno por semana.
En relación con su contenido, para comenzar mi intervención voy a hacer
dos reflexiones. La primera es que nos parece una oportunidad
desaprovechada el hecho de que no aceptara la posibilidad de
trasladar una parte de los fondos al ejercicio 2021, al menos los
relativos a Educación. Por cierto, en el Ministerio de Educación están
diciéndoles a los consejeros del ramo que son para todo el curso, para
los dos ejercicios, y esto no será posible legalmente. En fin, de aquí a
fin de año tiene tiempo de arreglarlo, porque tiene toda la lógica.
La segunda reflexión es la relativa a la incondicionalidad de los fondos
que se van a hacer llegar a las comunidades autónomas y ciudades con
estatuto de autonomía. Esta es una cuestión que se recoge de forma clara
en el texto -usted lo ha dicho, ministra-, el texto que convalidamos hoy,
que fue aprobado por el Gobierno el pasado 16 de junio y que,
sorprendentemente, ha sido objeto de polémica en la Comisión de
Reconstrucción. La verdad es que la posición de su partido en esa
Comisión, a escasos días de aprobar lo que aprobaron, resulta difícil de
entender.
Esta mañana hemos oído unas cuantas cosas respecto a la materia de este
real decreto-ley, y también otras cosas que no tenían nada que ver, pero
lo cierto es que con él dan cumplimiento a una obligación; un poco tarde,
pero se cumple. Cuando hay una catástrofe -y la pandemia lo ha sido- el
Gobierno debe atenderla. Tenemos otros ejemplos territorialmente
localizados en España en otros años, y eso es lo que se está haciendo con
este real decreto-ley. Eso es, por otra parte, lo que estamos demandando
de Europa en estos días, que el fondo de reconstrucción europeo favorezca
más a los países más afectados; aunque se financie con endeudamiento de
todos los países miembros, en última instancia, por su financiación, se
vincula al presupuesto comunitario.
Señora ministra, usted ha cumplido con su obligación y por eso vamos a
apoyarla, pero sus deberes no han acabado. Usted, que cuando sale a la
ruedas de prensa del Consejo de Ministros como portavoz es especialista
en ponernos obligaciones a los demás, especialmente a nosotros, tiene
bastantes cosas por hacer. En primer lugar, antes de pedir acuerdos para
aprobar los presupuestos, debe confeccionarlos. Lo que aprobaron ayer no
basta. Debe ponerse a trabajar con el Ministerio de Economía y presentar
sus fundamentos, de acuerdo con las prescripciones del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento suscrito en Europa. Ya sabemos que en 2021
todavía estará activa la cláusula de escape, pero 2022 está ahí mismo y
los cálculos deben ser creíbles. Si no cumplimos con nuestras
obligaciones, ¿cómo vamos a demandar apoyos? Fíjese en lo que dijo Mark
Rutte, primer ministro de los Países Bajos, el lunes: que deberíamos
empezar por resolver nuestros problemas internamente, y no poner todas
nuestras esperanzas en que nos los resuelvan los demás.
España, señora ministra, necesita transparencia en sus cuentas públicas, y
de eso andamos un poco escasos. Luego no se extrañe de lo que dicen
algunos. La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos no ha
comparecido ante la Comisión para informar sobre la evolución
presupuestaria en todo lo que llevamos de legislatura, y tampoco en la
otra, aunque fuera especial. Y la recomendación que hicimos en la
Comisión para la Reconstrucción respecto a la presentación lo antes
posible de una senda de consolidación fiscal en línea con lo solicitado
por el gobernador del Banco de España se tildó de ideológica y se
rechazó. Bueno, se rechazó, como todo lo demás en el área de reactivación
económica, sin el más mínimo atisbo de acercamiento. La verdad, señora
ministra, no sé cómo no se sonroja cuando martes tras martes y algunas
veces también los viernes nos reclama lo que nos reclama, para que luego
su jefe, el presidente del Gobierno, diga todo lo contrario en un diario
italiano: que con nosotros ni se acuerda ni se tiene la intención de
acordar. En fin.
La AIReF ha sido el último organismo en revisar a la baja la estimación de
crecimiento para este año, y antes el Banco de España, la Comisión
Europea, la OCDE. Para salir de esta, España necesita crecer, cambiar la
tendencia de verdad. Nos dicen que no alcanzaremos los niveles precrisis
hasta finales de 2022, y del empleo ni se sabe, y para eso es
imprescindible que ustedes acierten con la política fiscal, que se la
tomen en serio, que utilicen esta potente herramienta de política
económica en sus dos vertientes de ingresos y gastos para generar
crecimiento y crear empleo, para restablecer la confianza y la
credibilidad española, para no generar suspicacias en muchos de nuestros
socios de la Unión Europea, para que no se dé esa recuperación
asimétrica, no la de nuestra V, sino en relación con los vecinos,
respecto a otros países, de la que se habla en estos días, que nos
volverá a separar de ellos. Así, se resolverá una parte de esos
problemas, podrá cuadrar las cuentas -ya se ha hecho con anterioridad-,
pero también se resolverán los problemas de muchos españoles,
favoreciendo su autonomía -no apesebrándolos con subvenciones-,
permitiendo que miren con esperanza su futuro, asegurando el cobro de
suspensiones.
En este sentido, ¿cuándo piensa convocar al Consejo de Política Fiscal y
Financiera? Lo ideal hubiera sido que en este órgano se discutiera, al
menos algo, el reparto del fondo objeto de este real decreto-ley, como ha
dicho otro compareciente antes. A lo mejor también se hubiera hablado de
la
liquidación del IVA, ¿le suena? No ha sido así. Sin embargo, su
convocatoria es urgente, pues las comunidades autónomas necesitan las
previsiones del Gobierno para cumplir con sus obligaciones
presupuestarias, para planificar 2021, que no va a ser un año fácil;
necesitan sus escenarios de déficit, incluyendo su propia cláusula de
escape; ir tomando medidas, preparándose para seguir prestando los
servicios básicos: sanidad, educación, asistencia social a todos sus
ciudadanos. Esto también es urgente y está en su ámbito de competencias.
Y, cómo no, la convocatoria del Consejo es también urgente porque debe
acometerse la reforma del modelo de financiación de las comunidades
autónomas, que tantas diferencias produce entre españoles. Nació
desequilibrado y se ha desequilibrado aún más con el paso del tiempo. El
propio reparto de este fondo ha hecho que esas diferencias vuelvan a
reivindicarse -se han reivindicado aquí esta mañana- en regiones, por
ejemplo, como la de Murcia, que adolecen de un claro déficit de
financiación.
Concluyo. Esto lo ha hecho, aunque nos podíamos haber ahorrado parte del
debate, por los cambios en los criterios de reparto, que no han dejado
satisfechos a muchos. Sin embargo, como le decía, estamos esperando para
ver si lo que le queda por hacer, y en un plazo relativamente breve, lo
hace razonablemente; si no, no cuente con nosotros, ministra, para que le
firmemos contratos de adhesión. Los acuerdos no son buenos por ser
acuerdos, sino por lo que se acuerda, por su contenido. Téngalo, por
favor, en cuenta para el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer
Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.
Señorías, nuestro país está enfrentando la mayor crisis sanitaria
conocida. La pandemia COVID-19 continúa acechándonos. El impacto del
virus es desigual, pero el desafío que supone es global y compartido. La
complejidad del momento es indiscutible, y las respuestas ante esta
situación más que nunca necesitan ser también compartidas. Y eso es lo
que consigue el Gobierno con el real decreto-ley que hoy trae a su
convalidación, logra dar una respuesta conjunta y decidida a la difícil
situación financiera sobrevenida que están padeciendo las comunidades y
ciudades autónomas, sobre las que recaen los peores efectos de la
pandemia. Y esto es porque les recuerdo que son las comunidades autónomas
las competentes en materia de sanidad, educación y servicios sociales,
servicios que constituyen la mayor parte del Estado del bienestar y que
están siendo claramente afectados por los efectos de esta crisis. Tienen
que hacer frente a mayores gastos sanitarios y de salud pública y
disponen de menores ingresos ante la caída de la actividad económica
provocada por las medidas de confinamiento.
Se trata de una respuesta conjunta, porque es fruto de la interlocución
del Gobierno central con los distintos Gobiernos autonómicos. Muestra de
ello son las distintas conferencias de presidentes realizadas, en las que
se anunció por primera vez este fondo, y también es resultado de las
conversaciones mantenidas por la ministra con los consejeros autonómicos.
No se ha querido dejar a nadie al margen ni hay intención de dejar a
nadie al margen. Ha sido una respuesta decidida, que se concreta en la
creación de un fondo excepcional, justo y apropiado al Estado autonómico
en el que vivimos y compartimos, con el que fortalecer y reforzar los
servicios públicos fundamentales, que están siendo esenciales ante la
crisis sanitaria para que la ciudadanía pueda ser atendida con garantías
en cualquier parte del Estado; un fondo que, sin duda, constituye un hito
histórico en nuestro país, un hecho trascendental y crucial, no solo por
la cuantía de 16 000 millones de euros, sino también por las propias
características del mismo, ya que, en primer lugar, es la mayor
transferencia de recursos aprobada para el conjunto de las comunidades y
ciudades autónomas al margen del sistema de financiación, que las dota de
mayor liquidez. En segundo lugar, son transferencias no reembolsables, en
lugar de préstamos, por lo que no tienen que devolver estas cantidades,
no les generará ni más deuda ni más intereses, otorgándoles con ello
mayor solvencia. Y, en tercer lugar, son recursos de carácter no
condicionado que se ponen a disposición de las comunidades para
otorgarlas estabilidad y capacidad de decisión, de adaptación y respuesta
ante las adversidades sobrevenidas.
Ante esto no nos extraña que VOX se desmarque y pida el voto en contra,
pues este fondo, sin duda, es una apuesta decidida por nuestro modelo de
Estado compartido en la Constitución española y difiere radicalmente del
modelo de VOX. Para ustedes -ya hemos oído-, ¿mando único? Nosotros
defendemos un modelo compartido. Mientras que con este fondo pretendemos
fortalecer el Estado autonómico y
asegurar que la atención a la ciudadanía no queda resentida, el Grupo de
VOX pretende debilitarlo para hacerlo desaparecer, suprimiendo toda la
capacidad normativa y de gestión de las propias comunidades, objetivo que
recoge su propio programa electoral y que es reflejo de su defensa del
voto en contra de este real decreto-ley. Señorías de VOX, su actitud
descalificante les delata como único método de oposición que tienen, y su
posición en contra les aleja todavía más de las soluciones factibles para
la ciudadanía.
Por tanto, señorías, ustedes han hablado de muchas cosas, pero lo que está
claro es que el Gobierno lo que está defendiendo es el interés de todos y
de todas, porque este real decreto-ley es la consecuencia de un gran
trabajo, un trabajo intenso presidido por el interés común por conseguir
soluciones compartidas. Nuestra más sincera felicitación a todas y a
todos los que han contribuido a hacer posible dar una respuesta inmediata
a los efectos perniciosos de la crisis por el COVID sobre las cuentas
públicas autonómicas, porque, sin duda, ante situaciones sin precedentes
y sobrevenidas, debemos apoyar medidas extraordinarias e inéditas, y este
fondo lo es.
Todos, absolutamente todos perdemos con la pandemia, y con este fondo se
pretende apoyar a todas las comunidades sobre la base de criterios
realistas y transparentes. Siempre pueden ser cuestionados los criterios,
nunca son a gusto de todos, pero ello no puede ser nunca la causa para el
voto contrario a la convalidación de este real decreto-ley que permite a
las comunidades la transferencia de fondos extraordinarios. Son nuevos
recursos distribuidos en cuatro tramos: dos, como explicaba muy bien la
ministra, alcanzan los 9000 millones de euros sobre la base del criterio
asociado al gasto sanitario y pretenden cubrir el impacto de la pandemia
en distintos periodos temporales; un tercer tramo son 2000 millones de
euros sobre la base de la población en edad escolar, poniendo en valor la
importancia de la educación. La pandemia ha puesto al descubierto la
desigual capacidad de adaptación a la transformación digital, y distintas
comunidades han tenido y tendrán que afrontar importantes gastos e
inversiones en educación para paliar estas debilidades y reducir la
desigual capacidad de respuesta ante la adversidad, siendo imprescindible
atender a los niños más vulnerables. Y, finalmente, la incorporación de
un último tramo dotado de 5000 millones de euros para hacer frente a la
menor recaudación por impuestos autonómicos derivados de la actividad
económica. Tampoco se olvida el real decreto-ley de dos cuestiones
importantes: primera, permitir de manera excepcional que las comunidades
con superávit en años anteriores y pendiente de aplicar puedan destinarlo
a cubrir necesidades de financiación provocadas por la pandemia y,
segunda, una reserva de 800 millones para hacer frente al impacto
presupuestario en el ámbito del transporte público. Es cierto que las
medidas nunca nos parecen suficientes. Las necesidades son muchas y los
recursos limitados, pero, sin duda, con este real decreto-ley todas las
comunidades salen beneficiadas al poder disponer de unos recursos con los
que no contaban a priori, y esto, señorías, no se puede votar en contra.
(Aplausos.)
En definitiva, estamos aprobando la creación de un fondo que es de todos y
para todas las comunidades y ciudades autónomas y en el que prima el
interés general. Nuestra prioridad es la atención a las personas ante la
necesidad, y por ello los socialistas votaremos sí, convencidos de que es
una buena medida, necesaria, transparente y con criterios de reparto
objetivos, razonables y razonados, porque ante situaciones
extraordinariamente adversas, y esta lo es, es responsabilidad de todos y
todas alcanzar soluciones compartidas, excepcionales y urgentes. Por
tanto, señorías, por responsabilidad y por lealtad a la ciudadanía,
hagamos lo posible y votemos todos juntos sí. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Blanquer. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
- REAL DECRETO-LEY 23/2020, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS
EN MATERIA DE ENERGÍA Y EN OTROS ÁMBITOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
(Número de expediente 130/000024).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio,
por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos
para la reactivación económica.
Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del
Gobierno la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Vengo esta mañana a esta Cámara a solicitar la convalidación del Real
Decreto-ley 23/2020 y a proponerles que aquellas medidas que ustedes
estimen conveniente que sean modificadas, observaciones o mejoras, las
tramiten como enmiendas al proyecto de ley de cambio climático y
transición energética, dado que la gran mayoría de los contenidos de este
real decreto-ley, a cuya convalidación les invito hoy, coinciden con
propuestas incluidas por el Gobierno en el proyecto de ley de cambio
climático y transición energética remitido el pasado mes de mayo a esta
Cámara. La pregunta evidente que muy probablemente ustedes se harán es
por qué adoptar un real decreto-ley como este si la gran mayoría de sus
contenidos se habían incluido en el proyecto de ley de cambio climático.
La respuesta es sencilla: porque, siendo asuntos incluidos y propuestas
maduras, urgentes e imprescindibles, la incertidumbre de la crisis y la
necesidad de posicionarnos de cara a la recuperación obligaban a actuar
con rapidez y a generar y a facilitar un marco previsible de actuaciones
que asegure un contexto atractivo y confiable para la inversión,
activando una de las palancas más productivas para el empleo y la
recuperación; cuanto antes, cuanto mejor estructuradas y cuanto mejor
orientadas, mejor. Y es que es urgente reactivar la economía y promover
la generación de empleo con medidas que maximicen el efecto tractor de
algunos de los sectores clave de nuestra economía, aquellos que tienen,
como pocos, en el ámbito de la transición energética, un retorno en
empleo y valor añadido por cada euro invertido; aquellos que permiten
acelerar una recuperación sostenida en el tiempo, resiliente ante los
desafíos a los que se enfrenta nuestro país y nuestra economía en los
próximos años y décadas.
Ayer, desde esta misma tribuna, señalaba que existe un consenso
generalizado, tanto a nivel nacional como internacional, en el que las
medidas de inversión en transición ecológica, digitalización y, en
particular, en el sector energético, en la innovación energética, son y
deben ser la base de la recuperación. Si estamos comprometidos con la
reactivación de la economía, con la generación de empleo, con la
capacidad de ofrecer propuestas que resulten atractivas para inversores y
empresas sostenidas en el tiempo, de calidad, que no queden amenazadas
por nuevas demandas, que preparen a nuestro país para mantener la
competitividad de los próximos años, es imprescindible alinear el
estímulo de nuestra economía con los compromisos y las tendencias de
medio y largo plazo. Afortunadamente, los sectores económicos e
industriales de nuestro país están muy bien preparados para este reto.
Por ejemplo, en energías renovables España fabrica el 90 % de los
componentes necesarios para aerogeneradores y más del 60 % de los
componentes necesarios en la operación de proyectos de energía solar. En
electrificación y en eficiencia, hasta el 90 % de los bienes de equipo y
de electrónica de potencia son de fabricación nacional, lo cual nos hace
especialmente competitivos en infraestructuras de recarga de vehículo
eléctrico o en digitalización de redes. Es decir, no se trata solo de
electrones verdes, sino que hablamos de industria, de empleo, de cadena
de valor clave en sectores fundamentales para el conjunto de la economía
mundial. Algo parecido ocurre con el sector de la construcción, capaz de
reorientarse hacia la rehabilitación energética de edificios y barrios
enteros, con efectos beneficiosos para vecinos y para la economía del
país; o con la movilidad, vehículos y componentes o infraestructuras para
una movilidad sostenible y conectada, que España debe liderar.
Estos mismos son los sectores que se incluyen como protagonistas en la
propuesta de recuperación que la Comisión hace con respecto a los fondos
que eventualmente podrían ayudarnos a nivel europeo. Y otra buena
noticia: afortunadamente, España no parte de cero ante este reto, sino
que cuenta con un Marco Estratégico de Energía y Clima que aúna creación
de empleo, modernización de la economía y oportunidad para liderar
cadenas de valor industrial, como en el sector de las renovables, tal y
como acabo de explicitar. Es un marco imprescindible no solo para cumplir
con los objetivos europeos de energía y clima, también para marcar un
camino claro que permita al sector privado orientar sus inversiones y
anticiparse a los retos financieros y empresariales que tiene por
delante. El Marco Estratégico de Energía y Clima y, en particular, el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima son, en gran medida, una guía
orientadora de las decisiones de inversión, que ofrece solvencia y
credibilidad, confianza e interés, una herramienta clave de apoyo a la
decisión.
Lejos de cuestionar los objetivos o posponerlos, la situación actual nos
exige identificar aquellas líneas con mayor potencial sobre el empleo y
la economía y anticipar o adelantar su puesta en marcha de cara a la
estrategia de reconstrucción. Esto nos obliga a actuar en, al menos, dos
grandes direcciones. Por una parte, activar con urgencia el marco
normativo que estimule la inversión privada, genere
demanda industrial e impulse la innovación y el desarrollo de nuevos
modelos de negocio que nos permita seguir siendo punteros en sectores con
futuro. Este es el principal objetivo del real decreto-ley que presento y
que supone un salto significativo en la hoja de ruta hacia los objetivos
de modernización de nuestra economía y nuestra industria. Pero
adicionalmente debemos reforzar el apoyo a las inversiones
imprescindibles en eficiencia energética, en energías renovables, en
movilidad sostenible e innovación para activar estos sectores de forma
inmediata y preparar la economía productiva para los retos venideros.
Este es el contexto en el que cabe situar el acompañamiento a la
transformación industrial que propone el Plan Moves, de movilidad
eficiente eléctrica y sostenible, dotado con 100 millones de euros, las
convocatorias dirigidas a energías renovables en territorios insulares,
la línea de ayuda a la rehabilitación energética en edificios, dotada
inicialmente con 300 millones de euros, o el nuevo programa de ayudas a
las renovables innovadoras, dotado con otros 300 millones de euros. Y es
que, señorías, es especialmente urgente activar y orientar la actividad
económica para permitirnos absorber, de forma eficaz, los eventuales
fondos europeos de reactivación, pensados y diseñados para facilitar la
transición ecológica y la transformación digital. Así que, déjenme que
subraye la trascendencia de este decreto-ley, que pretende ser la casilla
de salida de inversiones significativas en renovables, en electrificación
y en eficiencia energética.
Quiero presentarles brevemente, desde esta tribuna, su contenido,
estructurado en cuatro grandes bloques, acompañados de algunas medidas
adicionales que también introduciré. El primero de estos bloques está
destinado a potenciar un desarrollo rápido y ordenado de las energías
renovables. El segundo, el impulso de nuevas figuras y modelos de
negocio, que permitan adaptar nuestra normativa al marco europeo y a las
nuevas posibilidades del sector. El tercero, el fomento de la eficiencia
energética, flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y,
el cuarto, el mantenimiento de la actividad económica de las empresas
garantizando su liquidez. Además, el real decreto-ley incluye una serie
de medidas de reactivación sectorial, lideradas por los Ministerios de
Hacienda, Transportes, Función Pública, Asuntos Económicos y Ciencia e
Innovación, alineados con el necesario cambio de rumbo.
En el ámbito energético, el primero de los cuatro bloques, busca el
desarrollo rápido y ordenado de las energías renovables, tal y como
señalaba. Este bloque da respuesta a múltiples peticiones y
preocupaciones que venían reclamando estas medidas, para asegurar un
adecuado despliegue, un despliegue ordenado, de las renovables en nuestro
país. Estamos en la década del despegue; una nueva revolución industrial
que España está en disposición de liderar, sacando partido a todos sus
beneficios en el conjunto de las actividades económicas y balanza
comercial. El Gobierno ha propuesto una hoja de ruta para este despliegue
en la próxima década, a través del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima, en el que estimamos que, entre 2021 y 2030, se instalarán unos 60
000 megavatios renovables, que suponen inversiones por más de 90 000
millones de euros y generan entre 107 000 y 135 000 empleos netos durante
la década. En 2030, nos marcamos el objetivo de que tres cuartas partes
de la energía eléctrica que consumamos sean de origen limpio; y antes de
llegar a 2050, nuestro sistema eléctrico debe ser 100 % renovable. Es un
sector en disposición de crecer y liderar el impulso protagonista en la
recuperación verde, y para eso necesita certidumbre y estabilidad. Una
medida imprescindible consistía en poner freno a los movimientos
especulativos en el sistema, que dificultan que los proyectos reales
puedan culminarse y añaden sobrecostes injustificados que, a la larga,
acabarían trasladados al consumidor cuando, ante la ausencia de una
regulación específica, adecuada y modernizada sobre el acceso y conexión
a las redes para la evacuación, nos hemos encontrado con una avalancha en
los permisos de conexión a las redes eléctricas; una avalancha
considerada ya una burbuja por muchos, que nos obliga a establecer un
calendario de cinco hitos que todo promotor ha de cumplir para poder
completar el conjunto del ciclo sin que la especulación acabe cargando la
factura del consumidor. Se pretende resolver un crecimiento exponencial
de solicitudes y actualizar el régimen de autorizaciones de acceso y
conexión, ante la ausencia -como decía- de una regulación adecuada. El
retraso en la toma de estas disposiciones hubiera implicado un aumento de
costes y la paralización de proyectos de generación en avanzado estado de
tramitación que, por indisponibilidad de un punto de acceso, no hubieran
podido llevarse a cabo. Por otro lado, el crecimiento de los permisos
especulativos hubiera acarreado incertidumbres sobre la evolución real de
la inversión de la innovación con respecto a la capacidad de contar con
un respaldo industrial real; un incremento artificial y evitable que
hubiera inducido a costes en la construcción de las nuevas centrales que,
en último término -como señalaba-, hubieran acabado pagando los
consumidores de electricidad. Por ello, el decreto-ley sienta las bases
de una reforma estructural en los criterios de acceso y conexión a las
redes de transporte y distribución, acorde con los nuevos tiempos en los
que ya no son pocas grandes
empresas las que solicitan este tipo de permisos, sino una infinitud de
actores que tienen capacidad para desarrollar proyectos. En segundo
lugar, el real decreto-ley activa un nuevo sistema de subastas. El modelo
vigente, del año 2013, se pensó, se concibió, en un momento en el que
generar 1 kilovatio/hora renovable costaba más que el precio al que luego
se vendía en el mercado, pero la situación actual es justo la contraria y
esto es una excelente noticia. Es urgente que contemos con un sistema que
sustituya el marco anterior de primas por un nuevo sistema que ofrezca al
promotor un precio de la energía a largo plazo que, de hecho, será más
barato que el mercado en el caso de las tecnologías más consolidadas,
como son la eólica y la fotovoltaica. Este sistema permitirá trasladar al
consumidor de forma inmediata, de forma directa, los ahorros que supone
producir energía renovable y, además, estas nuevas subastas renovables
garantizan la previsibilidad y estabilidad de ingresos que necesitan los
inversores, favoreciendo por esta vía que promotores de todos los tamaños
puedan participar en el despliegue en igualdad de condiciones y, con
ello, impulsar empleo y actividad económica, así como la demanda
industrial de los bienes de equipo necesarios para poder construir estas
plantas.
El segundo bloque de este decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico
español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición
energética y que ofrecen desde este momento oportunidades de impulso
económico, empleo y mejora de la competitividad. Decía: necesitamos estar
preparados para nuevas demandas y nuevas oportunidades. Así, se
introducen en la Ley del Sector Eléctrico algunas figuras novedosas. Por
ejemplo, el almacenamiento, que permitirá gestionar y optimizar la
energía generada en las nuevas plantas renovables y disminuir aquello que
tradicionalmente se llamaba potencia de respaldo. La hibridación, que
posibilita combinar diversas tecnologías en una misma instalación.
Adicionalmente, en cumplimiento de la normativa comunitaria se incorpora
la figura del agregador independiente, introduciendo mayor dinamismo en
el mercado eléctrico. Y para favorecer la participación de los ciudadanos
y la transición energética, se regulan las comunidades de energías
renovables, permitiendo a ciudadanos y a autoridades locales ser socios
de proyectos de energías renovables en sus localidades. Queremos también
acoger y aprender de iniciativas innovadoras, liderar sin riesgos
propuestas novedosas y disruptivas. Por ello, se habilita al Gobierno
para que regule un procedimiento especial de autorización de
instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i en este campo, y se hace
posible establecer bancos de pruebas regulatorios, sandboxes, para
introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que
contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del
sector eléctrico, algo clave, fundamental, para atraer nuevas inversiones
de calidad, punteras, a nuestro país. En definitiva, este segundo bloque
busca que el sistema eléctrico español sea más dinámico, más ágil, más
innovador, más atractivo, para que empresas nacionales e internacionales
inviertan en innovación, en nuevas soluciones y modelos de negocio que
generen actividad y empleo de alto valor añadido y largo recorrido. En
suma, las modificaciones de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, buscan
eliminar las barreras normativas que impiden u obstaculizan el desarrollo
de nuevos modelos de negocio, la innovación tecnológica y el despliegue
masivo de renovables, minimizando el coste económico y ambiental.
El tercer gran bloque de este decreto-ley es el relativo al impulso de la
eficiencia energética. Se prorroga el Fondo Nacional de Eficiencia
Energética hasta 2030 y se mejora el procedimiento de cálculo de las
obligaciones. Así, garantizamos la continuidad de una herramienta
fundamental para facilitar las inversiones en eficiencia a lo largo de la
próxima década y para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima.
Finalmente, en el último bloque, relativo al sector energético, y en
atención a los efectos que la COVID-19 ha generado, se incluyen algunas
medidas para garantizar la liquidez del sistema eléctrico -al que se
inyectará el superávit que se logró el año pasado- y para acompañar a
algunos agentes del sector, como pueden ser pymes comercializadoras.
Estas medidas permiten que nuestro sistema eléctrico no quede desfasado
en el momento en el que se reactive la demanda, a la vez que mantener una
actividad intensiva en empleo y tractora de la industria de los bienes de
equipo y electrónica de potencia con una elevada proporción de suministro
de fabricación nacional.
El decreto-ley recoge también otras medidas adicionales urgentes ligadas
al cambio del modelo energético. Por ejemplo, facilita que la industria
electrointensiva pueda beneficiarse de los ahorros que suponen las
energías renovables mejorando así su competitividad. En concreto, se crea
un fondo a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación, Cesce, que ofrecerá cobertura pública a los contratos a
largo plazo que la industria electrointensiva firme con plantas de
generación renovable. Además, se dan nuevos pasos para garantizar que los
proyectos renovables lleguen a zonas en las que se están produciendo
cierres de centrales de carbón, que ya no son sostenibles económicamente,
pero
que requieren poder ofrecer alternativas a su población y comarcas y
asegurar transición justa de este proceso energético. O bien una medida
específica para acompañar el proyecto Islas 100 % renovables,
autorizándose en este caso al IDAE para convocar ayudas destinadas a
energía solar fotovoltaica en Canarias, la convocatoria SolCan, dotada
este año con 20 millones de euros. Además, se dan nuevos pasos para
garantizar que los proyectos renovables puedan ser también una de las
realidades que impulsen o que acompañen a la promoción de la movilidad
eléctrica. Se trata de una novedad importante, la promoción de la
movilidad eléctrica, que requerirá el impulso de infraestructuras
necesarias para crear estaciones de recarga ultrarrápida en carreteras,
autovías y autopistas. Por ello, el decreto-ley introduce la declaración
de utilidad pública de este tipo de infraestructuras asociadas a este
nuevo tipo de suministros. O bien el incremento de la deducción en el
impuesto sobre sociedades por actividades de innovación tecnológica de
procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la
automoción, fomentando la inversión en innovación en este tipo de
procesos en este sector industrial. O la autorización para destinar parte
del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 para la
renovación de flotas con vehículos de bajas emisiones y puntos de recarga
en sus vías públicas.
Además, en el decreto-ley se incluye la prórroga del periodo transitorio
de adaptación a las sociedades anónimas de gestión de estibadores
portuarios; la liquidación del canon ferroviario y la flexibilización de
los arrendatarios de los locales comerciales sitos en las estaciones de
ferrocarril; la liberación de la banda de frecuencia 694-790 megahercios,
es decir, el llamado segundo dividendo digital; la ampliación de las
habilitaciones para la ejecución de la oferta de empleo público y de los
procesos de estabilización de empleo temporal tras la crisis; la reforma
de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para facilitar la
cofinanciación pública de programas internacionales de I+D+i, y algunas
medidas relativas al control sanitario de pasajeros internacionales en
puertos y aeropuertos. Medidas todas ellas que, como se justifica, son
necesarias y urgentes para continuar ahondando en el proceso de
reactivación económica que nuestro país exige y que este Gobierno está
abordando e impulsando.
Por todo ello, solicito a la Cámara la convalidación de este real
decreto-ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución, confiando en que los grupos parlamentarios la apoyen ante
la trascendencia de las actuaciones que comprende, sabiendo que,
especialmente en el ámbito de la transición energética, se trata de un
paso importante en un camino largo, complejo, pero lleno de oportunidades
y que merece la pena recorrer para ofrecer y asegurarnos un mejor futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.
En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario
Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días
señora vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
Durante el debate de totalidad del proyecto de ley de cambio climático y
transición energética celebrado en la sesión de ayer, y en su presencia,
desgrané algunos argumentos que doy por reproducidos para rechazar hoy la
convalidación de este real decreto-ley que consolida la nefasta política
energética que comenzó a desarrollarse en junio de 2018, tras la
investidura de Pedro Sánchez vía moción de censura.
Señorías, como curiosidad cabe resaltar de este real decreto-ley que, cómo
no, prima la propaganda; nada menos que veintiuna de las cuarenta y nueve
páginas del texto que acaba de defender la señora Ribera se dedican al
autobombo, es decir, a justificar lo requetebién de las medidas que el
Gobierno viene aplicando en materia de energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica. Felicidades a los autores del publirreportaje,
pero no cuela. De palanca impulsora y de transición justa, nada de nada.
Como diputado por Asturias soy testigo de primera mano de los efectos que
la frenética política energética del Gobierno del progreso desconocido ha
tenido en las cuencas condenadas a desertización tras el cierre de los
pozos mineros; en la industria metalúrgica y siderúrgica, que el pasado
año, antes del coronavirus, perdió 5000 empleos; en las consecuencias
socioeconómicas de los irresponsables cierres sin alternativa de las
centrales térmicas de generación eléctrica -por cierto, hoy se anuncia
otra más, el cierre de la central térmica de Soto de Ribera-; en el
cumplimiento de sus propios compromisos para homologar los costes
energéticos de la industria a la de sus competidores europeos, etcétera.
Así las cosas, votaré en contra de la convalidación de este real
decreto-ley que es más de lo mismo y profundiza en las medidas que tanto
perjuicio están causando al empleo, a la economía y al futuro inmediato
de los españoles, que
hoy, como hace dos años, continúan pagando el precio más alto de la luz de
la Unión Europea. Cada día encontramos una muestra palmaria de las
consecuencias de una política radical y atropellada que está
desmantelando una parte sustancial de nuestro tejido productivo. Hoy las
medidas energéticas destruyen empleo en España en nombre de la
descarbonización y lo promueven en Francia, en Alemania, en Marruecos o
en China. El Gobierno contribuye un 0 % al cambio climático del planeta y
un 100 % a la ruina de España. No cuente jamás con el voto de Foro.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Gracias, señora Cepeda.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Guitarte
Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, presidenta.
Señorías, el pasado 30 de junio, es decir, hace quince días, cerró
definitivamente la central térmica de Andorra, en Teruel, sin que se haya
podido llevar a cabo todavía -espero que todavía- un convenio de
transición justa o una transición justa que recupere el empleo perdido;
que recupere el PIB perdido para la provincia de cerca de un 10 %; que
recupere toda una comarca que espera un futuro nuevo y alentador en la
transición energética. Nosotros valoramos positivamente el paso dado con
este real decreto. Entendemos, como bien ha dicho la ministra, que es un
adelanto de las medidas más urgentes que luego podría contemplar la ley
de cambio climático y valoramos que se aceleren los plazos, que haya una
transformación energética como una herramienta para salir de la crisis,
que se legisle para que España pueda avanzar en el sector de las energías
renovables y alcanzar un lugar puntero. Sin embargo, echamos en falta una
serie de aspectos que olvida y que para nosotros son muy trascendentales.
En primer lugar, creemos que la transición en lo que más nos afecta a
nosotros, que es la transición de los sectores tradicionales a los nuevos
energéticos, a las energías renovables, debe impedir el carácter
extractivo de estas tecnologías. No podemos consentir que en el
territorio se siga viendo la implantación de la solar o de la eólica como
un elemento extractivo, igual que sucedió con el carbón, con el hierro,
con otros materiales u otras materias primas. Para ello, entendemos que
debe procederse a una serie de medidas que hagan equivaler o asimilar
esta nueva actividad a otras actividades que generan economía en el
mercado. Para nosotros, por ejemplo, no basta con que una compañía o un
inversor se ponga de acuerdo con el dueño del suelo para poder generar un
proyecto eólico o solar. Ahí no solo estamos hablando del valor del
suelo, hay una serie de valores sociales, públicos, como son la
insolación, el viento, el patrimonio natural que son patrimonio de todos
y eso se debe valorar. Creemos que se está actuando con demasiada
ligereza, buscando un simple canon, un simple canon que, por cierto, fue
recurrido por las compañías, aunque el Tribunal Supremo ha dado la razón
y ha verificado que se puede ubicar un canon que repercuta a estas
actividades en beneficio del desarrollo territorial de los pueblos en los
que se ubican. Creemos que debemos ir a un concepto muy similar al que se
practica en urbanismo, un concepto técnico-jurídico que recuerde cuáles
son los aprovechamientos objetivos y cuáles son los aprovechamientos
subjetivos, los que puede apropiarse el inversor y los que deben quedar
para el territorio. En otros países estamos hablando de porcentajes
infinitamente mayores de los que hablamos aquí de repercusión sobre el
territorio; estamos hablando de países en los que el 25 % del beneficio
va al territorio o países en los que el 33 % del beneficio va al
territorio. Creemos que se debe caminar en ese sentido y regular, de una
vez por todas, para que este, de verdad, sea un procedimiento de
transformación energética que dé oportunidades de desarrollo al terreno
en el que se implanta. Porque si no, estaremos repitiendo el mismo vicio
que ha sucedido hasta ahora, estaremos implantando en el medio rural
actividades que no quieren las ciudades y destinadas únicamente a
suministrarles energía. Eso no puede ser así, hemos de aprovechar esta
ocasión para generar desarrollo competitivo en todo el territorio.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Gracias, señora Cepeda.
En último lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días otra vez. Muchas gracias, señora
presidenta.
Este decreto-ley es lo que se puede llamar una oportunidad perdida y no
será porque no se le haya dicho a este Gobierno desde esta Cámara. El 16
de junio se aprobó aquí mismo una proposición no de ley sobre energía que
no se ve reflejada en este decreto. Podemos entender que no les dio
tiempo a incluirlo
en este texto, pero el tema ya venía de antiguo. Tampoco han aprovechado
ustedes los numerosos decretos-leyes que han venido aprobando, el último
la misma semana pasada. En fin, aunque hay cosas positivas en este
decreto-ley, sin embargo han dejado insatisfechos a los pequeños eólicos
y han dejado totalmente insatisfecha a la industria electrointensiva. El
tema es grave y verdaderamente urgente, más que muchos otros asuntos que
se han aprobado en estos meses. Sin la interrumpibilidad -que siguen sin
convocarse las subastas para el segundo semestre del año 2020 mientras
continúa vigente en Francia, en Alemania y en Portugal-, sin la
compensación de CO2, el diferencial de energía en España con respecto a
los países de nuestro entorno en estos momentos va a resultar insalvable
y tiene un gravísimo riesgo de deslocalización de la industria básica
española. Siguen sin aprobar el estatuto de las electrointensivas y no
sabemos si van a atender las alegaciones de Cantabria, de Asturias y de
Galicia. Si la industria ya estaba sufriendo una grave crisis con cierres
como Sniace, Alcoa, Nissan, etcétera, hemos tenido que añadir la
catástrofe de la pandemia. En este sector las consecuencias son para
siempre. Aquí sí se cumple lo de la excepcional urgencia y necesidad de
los decretos-leyes. Además, en este decreto-ley ustedes han incluido un
artículo sobre el superávit de las entidades locales que va contra la
opinión de la mayoría de esta Cámara. En el Real Decreto-ley 11
incluyeron una cláusula sobre el uso del superávit totalmente
insuficiente, con la protesta de todos los ayuntamientos de España. El 20
de mayo yo mismo le interpelé nuevamente sobre el asunto y ahora incluyen
únicamente un 7 % del superávit de 2017 para comprar coches eléctricos,
que la mayoría de los ayuntamientos no necesitan para nada. Le digo lo
mismo que en la materia de energía, han tenido quince decretos-leyes más
en los que se ha visto su nula voluntad. Siguen desoyendo a todos sin
ninguna explicación convincente. No sé si van a poder comprometerse hoy a
algo concreto que pueda hacer que votemos a favor de la convalidación,
porque ya hemos visto que este Gobierno hace un caso escaso de esta
Cámara, incluso cuando lo aprueba con el apoyo de sus grupos
parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Le adelanto, ministra, que nosotros votaremos a favor del Real Decreto-ley
23/2020 que hoy se debate aquí. Un decreto que, además, entendemos que ha
aprobado un gran porcentaje de los contenidos de la Ley de cambio
climático y transición energética, cuyo debate de totalidad tuvo lugar
ayer en esta Cámara; un decreto que para nosotros es positivo y del que
destacamos los siguientes aspectos: trata de resolver la burbuja de
solicitudes de acceso, reducir la especulación en la tramitación de
nuevos puntos de conexión y, además, establecer plazos más concretos y
restrictivos para la tramitación de permisos de acceso. Se contemplan
subastas por tecnología con criterios de localización, y para nosotros
esto es importante, por ejemplo, para proyectos de generación con
biomasa. Se modifica también el Real Decreto 1955/2000, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica para agilizar las tramitaciones, ya que se fijan plazos máximos
de respuesta de las administraciones, organismos o empresas de servicio
público o de servicios de interés general. Se crean nuevos sujetos dentro
del sector eléctrico: titulares de instalaciones de almacenamiento,
agregadores independientes y comunidades de energías renovables, con lo
cual entendemos que desde luego se va a favorecer un nuevo mercado
eléctrico. Se integra regulatoriamente la actividad de almacenamiento y
vertido de energía previamente almacenada, una medida que entendemos que
va a ayudar a esa casación entre oferta y demanda. El decreto favorece la
implantación de puntos de recarga ultrarrápida y, además, prevé
establecer bancos de pruebas regulatorios en los que se desarrollen
proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación y la innovación
en el ámbito del sector eléctrico, una medida que desde luego entendemos
que puede ser buena sobre todo para dar cobertura a proyectos como el
Iremel. En cuanto a la retribución de la cogeneración, residuos y
biomasa, con el fin de mitigar el impacto del COVID en la industria
cogeneradora, se aprueba una revisión extraordinaria de los parámetros
retributivos de la cogeneración, residuos y biomasa para reflejar el
valor real del precio de mercado y el precio del CO2 durante el estado de
alarma. Una medida que es positiva, pero aquí sí queremos volver a
incidir en la necesaria revisión de la cogeneración, para que se
establezca un nuevo marco regulatorio como medida de eficiencia y de
competitividad industrial.
Hay algunas otras medidas que nos pueden generar alguna duda. Por ejemplo,
se fija como competencia de la Administración central la autorización de
infraestructuras eléctricas asociadas a estaciones de recarga de
vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kilovatios, que excedan
el ámbito territorial de las comunidades autónomas, y en este sentido nos
cuesta pensar un poco cuáles son estas infraestructuras de recarga que
puedan exceder ese ámbito territorial. Entendemos también que, a lo
mejor, se da demasiado margen al Consejo de Ministros, que podría
proceder a la modificación de aspectos puntuales de los planes de
desarrollo de la red de transporte, cuando la construcción de
determinadas instalaciones resulte crítica para la transición energética
y la electrificación de la economía y estas no estuvieran contempladas en
el instrumento de planificación vigente. Además, se equiparan a nivel de
autorizaciones necesarias las instalaciones de recarga de más de 250
kilovatios con las instalaciones de transporte, distribución, producción
y líneas directas, y nos parece excesivo, aunque deja la puerta abierta a
que la Administración pública competente establezca que no queden
sometidas a las autorizaciones administrativas previas.
Por otro lado, a pesar de que el real decreto ha incrementado el límite de
inversión de la distribución del 0,13 % al 0,14 % del PIB, este
incremento fijado quizá no ha sido el esperado. El Pniec indica que se
requieren 22 500 millones de inversión en redes de distribución y, con
los límites establecidos, solo se llega a 14 500 millones, por lo que
habrá que incrementar la inversión en un porcentaje mayor, y es que el
límite fijado creemos que no va a permitir poner las redes en el Estado
al nivel requerido por el pniec para el nuevo sistema eléctrico
renovable, distribuido y digital. Este límite quizá debiera repensarse,
modificarlo e incrementarlo en un porcentaje mayor. Y luego sin tener
nada que ver con el tema energético, hay otra serie de medidas, como son
los arrendamientos para uso distinto de vivienda, los OPE, procesos de
estabilización de empleo temporal, que desde luego nos parecen correctas.
A pesar de todas estas matizaciones, como he dicho al principio, vamos a
votar a favor del real decreto-ley y consideramos que no es necesaria su
tramitación como proyecto de ley, ya que las enmiendas que se puedan
suscitar podrán ser incluidas en la Ley de cambio climático, cuyo plazo
está abierto hasta septiembre, con el fin de no duplicar trámites y no
solapar este real decreto con la ley.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez
Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Buenos días de nuevo. Ayer en este mismo Pleno debatimos la enmienda
presentada por VOX de devolución de la Ley de cambio climático. La
inmensa mayoría de las fuerzas políticas defendimos desde esta tribuna la
necesidad de tener un marco jurídico en este ámbito de actuación, dado
que es importante que exista seguridad jurídica para los sectores más
afectados, como la industria y la energía, que quizá son los que más la
necesitan. Como dije ayer en representación de Ciudadanos, esta ley que
trae el Gobierno a esta Cámara necesita muchísimas mejoras, además de
consenso en su tramitación, dada la envergadura de la materia.
Paralelamente, el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 23/2020, que llega
hoy al Congreso para su convalidación, y desde aquí quiero hacerle una
pregunta, señora vicepresidenta: ¿cree realmente que la materia que hoy
debatimos por su importancia, por el efecto que tendrá sobre la industria
y el necesario consenso para su aprobación merece llegar por la vía del
real decreto-ley?
En este texto encontramos esencialmente una serie de cambios legales en
distintas leyes, que habilitan al Gobierno a realizar diversas
actuaciones en el marco de la transición energética. Paradójicamente, el
texto fundamenta su razón de ser en establecer un marco atractivo y
cierto para las inversiones que se requieren para esta transición, lo
cual no es compatible con el cambio de rango de ley a través del
instrumento del real decreto-ley frente a un proyecto de ley ordinaria.
De este modo, el real decreto-ley establece algunas modificaciones sobre
La Ley del Sector Eléctrico de 2013, una de las piezas fundamentales, si
no la más importante, de la actual regulación energética de España y uno
de los textos más amplios y profundos del ámbito legislativo español. La
primera de estas modificaciones busca regular la problemática existente
con los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica, que ha dado lugar
a una burbuja especulativa con estos elementos en el sector eléctrico, lo
que a su vez ha conducido a un entorno de inseguridad y falta de
progresos en el ámbito de la instalación de nuevas infraestructuras
renovables. El Gobierno, a partir de este real decreto-ley, crea cuatro
tratamientos distintos para los sujetos titulares de estos activos, lo
cual da cuenta del importante cambio regulatorio que tiene lugar.
La siguiente modificación afecta al método de introducción de las energías
renovables con el apoyo del régimen especial a través de los métodos de
concurrencia competitiva, es decir, las subastas de renovables. El texto
habilita al Gobierno a establecer nuevas subastas para la introducción de
estas energías en el mix energético permitiendo que operen más variables
que las establecidas por la ley de 2013 en relación con la tecnología, la
variable a subastar o el apoyo económico. El real decreto también
introduce nuevas figuras sobre el texto de 2013 para incluir nuevos
elementos fruto de la mejora tecnológica. Con el objeto de fomentar la
movilidad eléctrica también se establece que a aquellas estaciones de
recarga con potencia superior a 250 kilovatios les será otorgada la
declaración de utilidad pública. Otro de los elementos destacables es la
reforma del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que fue constituido
en virtud de una norma con rango de ley, la Ley 18/2014, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Esta reforma permite ampliar su límite temporal, próximo a finalizar, y
la adaptación al procedimiento de cálculo de los sujetos obligados. (El
señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia.)
Tampoco hay que obviar elementos como la disposición adicional primera,
que se refiere esencialmente a la planificación del sistema, dado que
opera sobre las capacidades de los nudos de conexión de aquellas
centrales que dejan de operar. Cabe destacar también la transformación y
adaptación del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, creado con la
Ley 66/1997. Finalmente, el texto permite hacer uso del superávit
acumulado del sector eléctrico en ejercicios pasados para compensar el
déficit, si bien es cierto que no está claro que esta cuantía sea
suficiente para compensar el desequilibrio que se produzca este mismo
año.
En realidad el texto no plantea grandes elementos de conflicto, aunque sí
arroja algunas dudas fundamentalmente en lo referido al modelo de
subastas, que se detalla a través de real decreto sin tramitación
parlamentaria. Sin embargo, sí es un elemento reprochable el uso excesivo
y no justificado de los decretazos, que se utiliza en esta ocasión y que
privan al Parlamento de algunas de sus funciones de control y legislación
y a los propios agentes del sector de una sólida y deseable seguridad
jurídica. Nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la votación para la
convalidación de este real decreto por los motivos que he comentado, y lo
hace solo y exclusivamente pensando en la industria porque así nos lo han
trasladado y lo han comunicado los profesionales a todos los que les han
querido escuchar. Se necesitan cambios que mejoren todo lo relacionado
con la energía porque actualmente la industria y los consumidores
soportan unos costes energéticos muy elevados. Para la industria
prácticamente son inasumibles. Y no solicitaremos que se tramite como
proyecto de ley porque entendemos que los diferentes consumidores no se
verán beneficiados por la tramitación en paralelo de este real decreto
como proyecto de ley y de la Ley de cambio climático que podría coincidir
en el tiempo.
Quiero terminar volviendo a pedir al Gobierno y a los partidos que lo
sustentan que trabajen con los partidos de la oposición con la intención
real de buscar consensos en la tramitación de la Ley de cambio climático,
porque desde Ciudadanos presentaremos enmiendas para todas las materias
que se pretenden regular, incluidas las contenidas en este real decreto.
Dejen de patrimonializar la lucha contra el cambio climático porque es un
reto de todos en el que no sobra nadie. Flaco favor hacen respecto a la
concienciación y actuación contra este grave problema para las futuras
generaciones apropiándoselo y no permitiendo que el resto de partidos
podamos sumar y mejorarlo.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego
Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señor presidente.
Una vez más el Gobierno vuelve a olvidarse en este decreto de incluir
medidas necesarias, imprescindibles y realmente urgentes para Galiza. El
BNG ha planteado distintas iniciativas al respecto, pero siguen sin
atender la situación de las zonas que llevan ya tiempo sufriendo las
consecuencias del proceso de descarbonización y de una transición
energética que, por ahora, no podemos decir que sea justa. Así, a nuestro
juicio, sería necesario modificar la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de
Aguas para que, cuando se proceda al cierre de instalaciones de energía
térmica de carbón y para promover un proceso de transición justa, se
establezcan requisitos para el acceso al punto de evacuación y
otorgamiento de nuevas concesiones favoreciendo la instalación de
proyectos en los territorios afectados en los que se ponderen los
beneficios medioambientales, sociales, los proyectos de desarrollo
económico y planes
industriales asociados. También sería necesario apostar por compromisos
adicionales de participación pública en el capital social del proyecto de
nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energías
renovables.
No se hace mención a una convocatoria específica de concurrencia
competitiva para la asignación de potencia instalada, energía eléctrica o
combinación de ambas en la que se priorice a aquellos que apuesten por la
protección medioambiental y contenido social y contemplen proyectos de
desarrollo económico o planes industriales asociados. Se desaprovecha la
oportunidad para regular cambios profundos, importantes y necesarios,
como la reversión a favor del sector público de las concesiones
hidráulicas -muchas en Galiza- cuando estas terminen, mientras se pierde
el tiempo en modificaciones gestuales como la propuesta para el superávit
de las entidades locales sobre la base de la Ley Orgánica 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que solo contaría
con el apoyo del BNG si se tratase de su derogación y, desgraciadamente,
no es así. Entenderán que por estas y algunas otras razones no vamos a
apoyar el real decreto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
A continuación, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias.
Señorías, en Más PaísEquo tenemos una visión conjunta de lo que hoy
estamos debatiendo, de lo que debatimos ayer, de lo que tenemos que hacer
hoy y una perspectiva estratégica con el horizonte 2030. Es difícil
disociar una cosa de las otras y, por tanto, queremos tener esta visión.
Nos parece que es un paso adelante, es urgente, necesario y preciso
hacerlo en este momento porque es muy importante modificar la regulación
de las energías renovables de forma competitiva para la transición
energética, ya que introduce figuras como las comunidades ciudadanas de
energía y elementos que mejoran la planificación con el horizonte 2030 y,
además, cambia y mejora el sistema de subastas, y me parece muy
importante -por cuestión de tiempo no puedo atender a todo- la regulación
de los puntos de acceso y conexión. Evitar la acumulación, la
especulación, la saturación y, consecuentemente, las burbujas, es
fundamental para la transición energética. Ese es un punto fundamental.
¿Qué echamos de menos? Pues creo que, a medio plazo, tendremos que abordar
el tema de las políticas fiscales porque es fundamental también para la
transición energética. Quizá se podrían haber fijado objetivos más
concretos en el número de viviendas en cuanto a la rehabilitación con
criterios de eficiencia energética. Haremos aportaciones en el marco
combinado que he explicado entre el real decreto y la Ley de cambio
climático. En términos generales creo que vienen unos procesos
enormemente complejos y complicados y, por lo que a veces escuchamos a
unos y a otras, quizá deberíamos abordar en algún momento y regular la
transparencia de las agendas o los registros de lobbies. Me parece que,
con lo que tenemos entre manos en este momento, es bastante importante
hacer la distinción entre los discursos reivindicativos y los discursos
lobistas. Para eso, nada mejor que la transparencia en nuestras agendas y
registros de lobbies para saber en qué está cada cual y qué defendemos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
A continuación, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.
Señorías ministra, le avanzo que vamos a apoyar la convalidación de este
real decreto-ley y que no vamos a pedir su tramitación como proyecto de
ley para evitar disfunciones con otras iniciativas legislativas, que
justamente se discutieron ayer en esta Cámara y que creemos que deben ser
el centro del debate. Por tanto, vamos a pedir que se centre todo el
debate en el marco de la Ley de cambio climático y transición energética
y no solicitaremos tramitar este real decreto como proyecto de ley.
A pesar de nuestro apoyo, tenemos algunas reservas sobre este texto.
Creemos que no convence del todo al sector ni tampoco a nosotros, pero
impulsa unas medidas que son ciertamente necesarias. Le avanzo que
tenemos dos reservas que vamos a intentar proteger y matizar en el marco
competencial de la Ley de cambio climático y transición energética. Una
es una cuestión competencial y no le va a
sorprender porque, de hecho, ya se ha comentado esta mañana aquí. Creemos
que no es necesario que la Administración General del Estado y el
Gobierno se reserven el derecho, por ejemplo, de autorizar
infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos con potencia
superior a 250 kilovatios. No es necesario que sea el Gobierno el que lo
gestione. Podemos entender su voluntad de ordenar y controlar, pero
creemos que sería añadir más problemas y más burocracia. Existen
alternativas como pasar la gestión a las comunidades autónomas. No es
necesario que sea el Gobierno central el que haga este trabajo. En
segundo lugar, nos preocupa que haya cuestiones que dilaten o entorpezcan
los procesos. Tenemos la experiencia, señora ministra, de que su
ministerio llega tarde a la hora de redactar reglamentos, como le he
comentado algunas veces. Eso nos preocupa. Como usted sabe y le hemos
dicho en varias ocasiones, en la redacción del reglamento sobre redes de
distribución cerradas van con retraso. Ustedes apuntan en este real
decreto que prevén redactar un nuevo reglamento para establecer un marco
retributivo de generación de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables, y nos preocupa que la redacción de ese reglamento pueda
entorpecer un proceso que debería ser rápido porque el sector lo necesita
y nosotros consideramos que es absolutamente necesario.
A pesar de esas reservas que he apuntado, vamos a apoyar este texto y,
como le decía, vamos a centrar nuestras fuerzas en enmendar y trabajar en
el marco de la nueva ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor
Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Gracias, señor presidente.
Bon dia, diputats i diputades. Buenos días, señora vicepresidenta.
Debatimos esta mañana de julio, un poco con sabor a ritornelo por la
discusión de ayer, un real decreto-ley de medidas en materia de energía
que, en términos generales, ha sido bien recibido por el sector, a pesar
de los comentarios oídos en otro sentido. Sus virtudes y salvedades
competenciales ya han sido destacadas por la señora Sagastizabal y el
señor Miquel, y las compartimos. Consideramos que, llegados a este punto
del debate, está bastante superado entender que el futuro será renovable
o simplemente no será. A nadie se le escapa que el proyecto de Ley de
cambio climático y transición energética tiene un largo camino
parlamentario por recorrer y que no estará exento de obstáculos. Por
ello, creemos que es un acierto avanzar algunas de las cuestiones por vía
de este real decreto. No obstante, y aunque le prometo, señora ministra,
que lo hemos recibido con el aprecio de quien recibe un anticipo, no
podemos disimular nuestra sorpresa al no encontrar reflejados ciertos
aspectos que consideramos esenciales, y nos parece que es una nueva
oportunidad perdida a la hora de afrontar medidas de mayor calado y
profundidad, más aún en el contexto de crisis profunda en el que nos
encontramos.
Nuestra primera conclusión es que se trata de un documento claramente
electrocéntrico. Queremos recordar que actualmente la electricidad
supone, desgraciadamente, solo el 30 % del consumo final de energía.
Vicepresidenta, hemos repetido en diversos momentos y así se lo hemos
trasladado cuando hemos tenido la ocasión que, sin una fiscalidad
alineada con la transición energética, esta será muy difícil. Por ello,
echamos de menos en este real decreto cualquier acción relativa a la
fiscalidad energética. Supongo que ya nos lo encontraremos en el proyecto
de ley. También echamos de menos que no se alcance el ámbito de la
movilidad de personas y mercaderías, así como la ausencia de medidas
relativas a la transición justa, que nuestro grupo parlamentario
considera prioritarias. Y volvemos a remarcar -a fuerza de hacernos
pesados- que creemos que hay ciertas ideas que debemos interiorizar de
manera inmediata; y una de ellas es el concepto kilómetro cero -kilómetro
cero en todos los niveles- para la producción de bienes y servicios, sí,
pero también para la generación de electricidad, una generación cerca de
los lugares de consumo. En definitiva, se trata de apostar por un cambio
en la concepción del modelo y pasar de una visión centralizada a una
descentralizada y de proximidad como elemento base de la transición
energética.
En otro orden de cosas, este real decreto-ley también incluye en su
artículo 6 la posibilidad de que los ayuntamientos puedan destinar el 7 %
del superávit correspondiente al año 2019, para financiar gastos de
inversión en vehículos puros o de etiqueta ambiental cero. Nos parece que
esta ligera modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera es claramente insuficiente. Esto forma parte
de otros debates que nuestros portavoces han tenido, pero, desde aquí,
debemos insistir en la necesidad de que, en un momento como el actual, el
Gobierno central libere la totalidad de los superávits
acumulados a lo largo de estos últimos años y se permita a los
ayuntamientos realizar inversión pública. Hay muchos otros proyectos que
requieren estos recursos, tales como la rehabilitación de edificios, la
eficiencia energética o el autoconsumo, sin salir de los ámbitos de su
competencia. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión y creemos,
como ya le he comentado anteriormente, que esta dinamización de recursos
se debe ejercer principalmente desde los ayuntamientos y desde el
territorio, porque es el territorio el que mejor conoce sus necesidades y
puede adaptar los proyectos que así lo requieran.
En definitiva, señora vicepresidenta, nuestra posición es favorable; no le
daremos la espalda a medidas que son necesarias -y mucho-, pero también
la insto a subsanar todos aquellos temas que he ido apuntando y que no se
incluyen de una manera suficientemente ambiciosa. Somos plenamente
conscientes de que, en paralelo, nos iremos encontrando en la tramitación
del proyecto de Ley de cambio climático y, aquí sí, esperamos que sean
ambiciosos en sus objetivos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Gracias, vicepresidenta. Señorías, antes de empezar, quería recordar que
ayer fue 14 de julio y, por tanto, quería hacer un recordatorio, una
conmemoración desde esta tribuna de los valores de la República francesa:
Liberté, égalité, fraternité. (Aplausos.)
La pandemia del COVID-19 nos ha enseñado de forma extraordinariamente dura
cuál es el precio de subestimar el efecto devastador de los brutales
recortes que han sufrido nuestra sanidad y la investigación en las
décadas anteriores. Unidas Podemos ha tenido siempre claro que había que
invertir en ello y esperamos que ahora todos y todas también lo hayamos
aprendido. Pese a los terraplanistas y los negacionistas de la
ultraderecha del cambio climático, el cambio climático es otro peligro
global sobre el que la ciencia lleva décadas alertando. O mantenemos el
calentamiento del planeta por debajo de 1,5 grados respecto a los niveles
preindustriales o nos enfrentamos a una crisis de civilización. Si bien
durante muchos años estos avisos han sido ignorados por la política, la
situación parece que ha cambiado y, afortunadamente, este Gobierno y la
ciudadanía somos ya muy conscientes de su importancia, y es algo que se
ve especialmente claro en la ley de cambio climático.
Esta pandemia -decía- ha supuesto una paralización casi total de la
actividad económica, algo que era imprescindible para controlar la
COVID-19 y salvar vidas, pero que ha dañado gravemente nuestro tejido
laboral, productivo y social. Lo que España sea en un futuro va a
depender en buena medida de lo que hagamos hoy, y esto lo sabemos y lo
sabe también el Gobierno de coalición, que tiene muy claro, no solamente
ahora sino antes de la pandemia, que las políticas climáticas y de
transición energética debían ser uno de los grandes pilares para la
definición de un nuevo modelo económico y productivo en nuestro país. Con
más razón, pues, deberá ser uno de los ejes clave para este gran plan de
inversión.
Nos parece muy positivo e importante que este real decreto establezca un
nuevo esquema para las subastas de renovables, en el que por fin, como
dicta el sentido común y tantas veces ha sido pedido por los grupos
sociales, el producto subastado sea la energía eléctrica y la variable
sobre el que se oferta sea el precio de retribución de dicha energía.
Estas subastas de renovables deberán tener un desarrollo reglamentario
posterior y desde Unidas Podemos esperamos que el Gobierno incluya en el
reglamento medidas que contribuyan a la democratización del proceso de
transición energética. Estamos hablando, por ejemplo, de que las
instalaciones que estén por encima de un cierto tamaño y se presenten a
la subasta estén obligadas a abrir una parte del capital a pequeños
inversores legales, entre los que se puede incluir a particulares,
municipios o cooperativas.
Además, los fondos europeos para la reconstrucción que se están negociando
tendrán que estar orientados prioritariamente a la transformación digital
y a la transición energética. Así lo creemos desde Unidas Podemos y
sabemos que también así lo tiene presente este Gobierno. Pero cuando los
fondos estén disponibles, España deberá estar preparada para presentar
unos buenos proyectos, como los tejados solares. La instalación de
paneles solares en tejados implica una mayor generación de empleo por
unidad de potencia instalada de todo el sector energético. Según el
informe Low carbon jobs, por cada megavatio instalado se estima que se
crean 21,6 empleos en la fase de instalación. Además, con el Real Decreto
244/2019, que regula el autoconsumo, el marco regulatorio está listo para
permitir esas
instalaciones. En tercer lugar, el borrador actualizado del Plan nacional
de energía y clima, el Pniec, que el Gobierno envió a Bruselas la semana
pasada, incluye la instalación de 39 gigavatios antes de 2030;
actualmente estamos en 6. Por ello, creemos que el músculo financiero del
Estado debe apoyar en gran parte, en gran medida que esta potencia sea
instalada en tejados, posibilitando una mayor generación de empleo y
también la democratización del sistema eléctrico a través de la
generación distribuida.
Un segundo plan podría ser la rehabilitación de viviendas. Cada euro
invertido en un plan de rehabilitación de viviendas siguiendo objetivos
de eficiencia energética, sociales y medioambientales, contribuye a la
consecución de tres objetivos que son fundamentales para España. Objetivo
uno, la reactivación del empleo, especialmente en el sector de la
construcción y en las pequeñas empresas de reformas y climatización.
Objetivo dos, la contribución al objetivo de la eficiencia que ya el
Pniec citaba respecto de la rehabilitación de viviendas. Hay que tener en
cuenta que más de un 85 % de los edificios existentes tienen una
calificación energética E, F o G, que son las más bajas en emisiones, por
lo que aquí hay un gran potencial de mejora. Objetivo tres, la reducción
de la desigualdad. Este plan está o puede estar especialmente orientado a
los sectores sociales más vulnerables al existir una correlación clara
entre calificación energética y nivel de renta de sus habitantes.
Por último, el tercer proyecto es el relativo al vehículo eléctrico y la
movilidad sostenible. El sector del transporte representó más de la
cuarta parte de las emisiones en 2017. El Pniec establece objetivos muy
ambiciosos, como la reducción de las emisiones en un 35 % y que haya
cinco millones de coches eléctricos en 2030. Debemos buscar la
modernización del parque automovilístico nacional a través de la
electrificación, de la reducción del consumo medio del vehículo y de un
cambio en la movilidad que reduzca considerablemente el uso del vehículo
privado en favor del transporte público. Por todo ello, como he dicho
anteriormente, votaremos a favor esperanzadas en que la reconstrucción
para España se base en un modelo económico más industrializado, más
fuerte, pero también más social y medioambientalmente sostenible porque,
como ya he dicho en otras ocasiones en esta tribuna, la economía no debe
ser contraria a los derechos sociales, sino que, por el contrario, la
economía y los derechos sociales han de caminar de la mano, si bien añado
aquí que han de caminar de la mano también de los derechos
medioambientales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.-Aplausos.)
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor
Contreras Peláez. (Aplausos.)
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Nuestro grupo ha optado, finalmente, por la
abstención frente a este decreto que desarrolla en gran medida una ley a
la que hemos opuesto una enmienda a la totalidad. Esto quizás requiera
una cierta explicación. Nos hemos abstenido y no hemos votado en contra
porque el decreto incluye algunas medidas concretas que no podíamos sino
apoyar. Me refiero a medidas como las contempladas en la disposición
final segunda, dirigidas a minimizar los impactos negativos sobre el
empleo y la despoblación de los territorios afectados por la transición
energética. Nótese que esto es poner un parche antes de que salga el
grano, es decir, ya la ley está reconociendo que su aplicación generará
daños en algunos territorios y sectores. O bien la medida contemplada por
la disposición adicional cuarta, un régimen retributivo específico para
actividades cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio
del combustible. Pero, como se ve, se trata de medidas paliativas,
medidas mitigadoras de daños previos generados por la ley. Por cierto, la
medicina paliativa está muy bien cuando ya está instalada la enfermedad,
pero hay algo mucho mejor, y es que no llegue a producirse la enfermedad,
que es lo que busca la medicina preventiva. Por lo tanto, nosotros
preferiríamos que estas medidas resultasen innecesarias simplemente
porque no llegue a producirse el daño estructural, el daño traumático, el
shock traumático que implicarán para la sociedad y la economía española
la imposición coactiva, acelerada y antieconómica de las energías
renovables, que es en lo que consiste básicamente la ley de cambio
climático y transición energética.
Este decreto que nos convoca hoy, en gran parte, como han dicho oradores
anteriores, trata sobre energías renovables, su conexión a la red,
etcétera. En VOX -lo explicó ayer Mireia Borrás- no tenemos nada contra
las energías renovables. Nos parecen energías limpias, energías
probablemente llamadas -y enfatizo lo de probablemente, porque no tenemos
una bola de cristal para ver el futuro energético; el Gobierno parece
tenerla o considera que la tiene- a jugar un protagonismo creciente en
nuestro mix energético. Ahora bien, nosotros querríamos que las energías
renovables desplazasen a las energías
fósiles de la misma forma que el petróleo desplazó al aceite de ballena, o
de la misma forma que el automóvil desplazó al coche de caballos. No hizo
falta que se reuniera el Gobierno de don Antonio Maura para decretar:
cesen los coches de caballos, empiecen los automóviles. (Aplausos.) Es
decir, queremos que esa transición tenga lugar en virtud de la
rentabilidad, de la utilidad intrínseca de esas nuevas tecnologías y en
virtud de decisiones libres de los usuarios y no mediante un diktat
político. En eso consiste, precisamente, la ley de cambio climático y
transición energética, en un diktat político que ordena que para el año
2030 las renovables deben representar un 75 % de nuestro mix energético y
para el año 2050, el 100 %.
Asistimos aquí a una autentica planificación vertical, planificación
centralizada de sectores completos de nuestra economía que realmente
recuerdan a los planes quinquenales soviéticos, una evocación histórica
que supongo no resultará desagradable para algunos miembros de este
Gobierno. (Aplausos.) Por otra parte, ocurre que esta película ya la
hemos visto en el pasado. Ya hace diez años el Gobierno de Rodríguez
Zapatero, también obsesionado con ponerse la medalla de gobernante más
ecológico del planeta, sometió a la economía española a una introducción
prematura, acelerada, coactiva de las energías renovables y el resultado
fue un encarecimiento del 70 % de la factura eléctrica española. Por
cierto, no ha ocurrido solo en España, ha ocurrido también en países como
Alemania. Alemania, tras su Energiewende, su giro energético posterior al
incidente nuclear de Fukushima -digo incidente porque no produjo una sola
víctima mortal-, decidió cerrar muchas de sus nucleares e intentar
sustituirlas por renovables. Lo que se ha comprobado es que no se puede,
las renovables no están maduras para llenar el hueco dejado por la
energía nuclear. En Alemania no solo se ha encarecido un 50 % la factura
eléctrica, sino que, además, han tenido que volver, en cierta medida, a
las centrales de carbón, que, por supuesto, son las más contaminantes y
las más emisoras de CO2. Una cifra muy reveladora: Alemania en este
momento está emitiendo 560 gramos de CO2 por megavatio/hora mientras que
Francia, por ejemplo, emite 58, la décima parte, y Suecia 13, la
cuarentava parte. Es decir, ¿qué rasgo comparten Francia y Suecia? Son
países muy nuclearizados, países con un parque nuclear importante en el
que la energía nuclear ocupa una parte muy importante del mix energético.
En definitiva, yo creo que esta es una cuestión en la que se hace muy
patente el abismo ideológico que separa a VOX de la izquierda. VOX cree
en el libre mercado, VOX cree en la libertad económica y en la
neutralidad tecnológica del Estado. En cambio, la izquierda cree en el
intervencionismo económico, social y tecnológico; la esencia de la
izquierda es el crecimiento constante del poder del Estado sobre la
sociedad. Me gustaría traer a colación una afirmación, un aforismo del
gran Nicolás Gómez Dávila: Cuando el Estado crece, el individuo
disminuye. (Aplausos). La esencia de la izquierda es la ingeniería social
y ahora la supuesta emergencia climática les proporciona una excusa
perfecta para someternos a esta bacanal de intervencionismo, en la cual
se nos va a decir los alimentos que debemos consumir, los medios de
transporte que debemos utilizar, las energías que debemos usar y, en
definitiva, cómo debemos vivir. Se trata prácticamente de una nueva
religión o pseudorreligión, cuyo mandamiento sería: arrepentíos, moveos
en coche eléctrico y plantad huertos solares. (Aplausos.) Todo esto en un
momento en el que, como ya indicaban también Mireia Borrás y otros
parlamentarios, se hace ya patente la cercanía, desgraciadamente, del
tsunami económico que ha generado la crisis del COVID y su pésima gestión
por parte de este Gobierno. Recientemente se hacía público que la
Universidad de Cambridge nos había distinguido con el dudoso honor de ser
el país que peor había gestionado la crisis. Pues bien, creemos que esa
crisis económica se va a ver agravada por estas medidas antieconómicas
que, al final, se adoptan por puro capricho ideológico...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Contreras, debe
ir terminando, por favor.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Sí, le pido treinta segundos más en atención a
que es mi primera intervención, por favor. (Risas.)
De lo que se trata al final es de ponerse la medalla de los más
ecologistas. He citado antes a Gómez Dávila, citaré otro aforismo suyo:
la madurez del espíritu comienza cuando dejamos de sentirnos encargados
del mundo. Yo le sugeriría a la señora ministra que deje de sentirse
encargada del mundo; no es responsable, España no es responsable del
supuesto problema de calentamiento por CO2. (Aplausos.) Como usted
sabe...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Contreras, he
atendido a su requerimiento y han pasado los treinta segundos. Por favor,
finalice.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: ... nuestras emisiones representan el 0,7 % del
total mundial y, si devastando nuestra economía conseguimos reducir las
emisiones en un tercio -que es lo que propone la ley-, habremos
contribuido un 0,2 % a la descarbonización mundial.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Requena
Ruiz.
El señor REQUENA RUIZ: Gracias.
Señora ministra, le agradezco el tono y las formas en su exposición.
Despertó tarde, no sabíamos dónde estaba, pero despertó sin ningún tipo
de sorpresas, al más puro estilo intervencionista, ideologizada y con
menor precisión y rigor en materia energética que cuando usted enarbola
su discurso ecológico. (La señora España Reina: ¡Muy bien!--Aplausos.) Le
cuesta ejercer de ministra de Energía, no se siente tan cómoda legislando
en materia energética como cómoda se siente amenazando el futuro de la
potente industria del automóvil en España, o cerrando centrales de
producción eléctrica y mandando a gente al paro, o despreciando a Alcoa y
a la industria electrointensiva, o desconfiando y mirando para otro lado
con respecto a nuestras centrales nucleares -en esa descarbonización
infectada de cinismo que usted pregona-, o amenazando la supervivencia de
la industria conservera en el litoral español, especialmente el gallego.
Por cierto, los gallegos sí han sabido reconocer quién protege los
intereses de Galicia y quién no protege los intereses de Galicia.
(Aplausos.) Pero a usted no le gusta la legislación energética, por eso
abusa del real decreto-ley y lo utiliza para cambiar la Ley del Sector
Eléctrico, para el desarrollo de energías renovables o para cambiar la
Ley de Evaluación Ambiental.
No se siente cómoda en materia energética y por eso ficha como asesores en
el ministerio y pone a sueldo a socios de grandes lobbies en materia
energética. Señora Sabanés, ¿eso no lo censura usted? ¿Le parece bien que
la señora ministra ponga sueldo a un lobby para trabajar para ella?
Además, es un real decreto-ley que no tiene ese principio de uniformidad
que debería tener y nos trae medidas tan variopintas como la
liberalización de frecuencias de TDT, el arrendamiento de locales de ADIF
o esa medida tan importante -que estoy seguro de que todos los
ayuntamientos españoles han pedido con extrema urgencia-, que les permita
el Gobierno de España destinar el 7 % de sus ahorros a la adquisición de
un vehículo eléctrico; seguro que es lo primero.
Sabe que el Grupo Popular ambiciona una transición ecológica justa y una
transición energética que sea generadora de riqueza y de oportunidades de
empleo, que sea transformadora de la sociedad hacia una sociedad más
justa y respetuosa, una transición energética competitiva. Creemos en la
potencialidad que tiene nuestro país como motor industrial. Por eso,
creemos que cuando se producen cambios tan importantes en nuestra
sociedad, tenemos que ganar todos y no perder ninguno. Pero usted es
sectaria, hace una transición energética en la que favorece directamente
unas tecnologías -incluido el gas natural- y todo lo demás le sobra. Y
usted sabe -y si no lo sabe se lo digo yo- que la transición que defiende
ni es la económicamente más rentable, ni es la socialmente más justa, ni
es la medioambientalmente más limpia. ¿Cómo vamos a asegurar la
competitividad como país? ¿Cómo se garantiza la seguridad de suministro?
Permítame que me centre hoy en el real decreto-ley y en algunas cuestiones
concretas que en él se desarrollan y que nos parecen sumamente
importantes. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que el mundo
rural tiene que jugar un papel importante en el desarrollo de instalación
de energías renovables. Por eso es bueno saber la capacidad de acceso de
los nudos de transición justa y qué va a pasar con las centrales que se
han cerrado y con la gente que usted ha mandado al paro, pero también es
fundamental para el resto del mundo rural saber cuál es la capacidad de
acceso individualizada en todos y cada uno de los nudos de la red de
transporte de España. Yo vivo en la provincia de Jaén, pero igual que
pasa en mi provincia pasa en otras provincias de España y del interior,
que para saber siquiera si podemos soñar con el desarrollo de energías
renovables tenemos que saber cuál es la capacidad de evacuación por
territorios.
Por otro lado, presentan una modificación normativa que habilita al
Gobierno para establecer un marco retributivo alternativo al actual, para
establecer un sistema de subasta. No es más que un sistema encubierto de
PPA entre promotores y Gobierno, es decir, más intervencionismo. Pues
avancen un paso más y regulen de forma clara y precisa la negociación y
firma de PPA entre productores y consumidores dotándola de certidumbre,
distingan entre lo público y lo privado, y permitan también el desarrollo
libre y privado. Además, este mecanismo de subasta que proponen está
abocado a generar incertidumbre en el mercado mayorista y a
distorsionarlo porque van a generar precios de referencia artificiales, y
tampoco se va a poder controlar la volatilidad de los precios en el
mercado. En cambio, nosotros creemos que es bueno tener varios métodos
para la financiación y desarrollo de proyectos de energía renovable. Este
real decreto presenta un diseño de subastas, pero no dice nada de los
PPA; sin embargo, sabemos que son necesarios no solo por los que ya están
firmados y por el peligro en el que se puede poner la competitividad de
las empresas que lo tienen, sino también por los que se podrían firmar.
Por otro lado, utilizan este real decreto-ley para hacer modificaciones a
la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y en su exposición de motivos se
dice que se hace para dotar al procedimiento de evaluación ambiental de
una mayor agilidad y seguridad jurídica. Eso es mentira, lo que en
realidad hacen es enmendar sus propios errores; cambiaron la ley en 2018,
cuando llegaron, y ahora deshacen los cambios que hicieron; es decir, lo
contrario a la seguridad jurídica. Es más, usted abre la puerta hacia la
discrecionalidad. Si a usted no le gusta un proyecto, no le gusta un
promotor o si le genera algunas dudas, simplemente deja morir los plazos
para paralizar un proyecto y tirar a la basura años de trabajo.
Establecen que el silencio administrativo es desestimar un proyecto y eso
es algo tremendamente injusto, señora ministra. El problema en la gestión
de proyectos no está en los promotores, no los demonicen, está en la
propia Administración General del Estado, que demora setenta meses el
desarrollo de proyectos de energía eólica y cuarenta y cinco los de
fotovoltaica. Si de verdad queremos agilizar la tramitación en el
desarrollo de energías renovables, propongamos una modificación del
artículo 3.13 de la Ley del Sector Eléctrico, cambiemos al alza los
umbrales competenciales y demos mayor protagonismo a las comunidades
autónomas, que han demostrado que gestionan con mayor agilidad y tramitan
proyectos en la mitad de tiempo.
Señora ministra, quiere usted utilizar este real decreto para redimirse de
sus ataques a la industria del automóvil, pero estas medidas son tan
tímidas, son tan insuficientes que en eso no se queda, huye más rápido y
encima presiona a los ayuntamientos para ver si cuela. Yo le quiero
preguntar, ya que tantas consultas recibió: ¿cuántas veces le ha pedido
de la Federación Española de Municipios y Provincias utilizar el
superávit para la compra o adquisición de vehículos eléctricos? Se lo
digo yo: ninguna. ¿Usted cree que los alcaldes y alcaldesas, sobre todo
en los municipios rurales, quieren disponer de su remanente de tesorería
para convocar subvenciones para ayudar a las empresas afectadas por la
COVID, para planes de empleo, para hacer inversiones que mejoren sus
municipios, o cree que quieren destinarlo para la adquisición de un coche
eléctrico? La movilidad eléctrica es una política de Estado, no les
cargue la responsabilidad a los ayuntamientos. Lo que pasa es que sus
políticas de Estado hacen que las empresas automovilísticas se vayan y
que las empresas cierren.
Y termino, señor presidente. Señora ministra, este real decreto-ley no es
urgente por las medidas que en él se traen, es urgente para solucionar
los errores de su Gobierno, sus errores, porque quieren utilizar el
superávit que se generó en el sistema eléctrico con las reformas del
Partido Popular para pagar su torpeza en la gestión del sistema eléctrico
de 2019 y de 2020. Es urgente porque quieren solucionar sus propios
problemas de especulación dialéctica, que han hecho que se reciban
solicitudes de desarrollo de energías renovables cuatro y cinco veces
superiores a las que necesita España. Usted hace que los especuladores se
froten las manos y, lo que es peor, no ha resuelto ni un solo megavatio
de energías renovables en los dos años que usted lleva siendo ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Requena, debe
terminar, por favor.
El señor REQUENA RUIZ: Termino, termino.
Especulación y torpeza en la gestión, dos componentes que son ya la marca
de la casa de este Gobierno socialcomunista. No sigamos cometiendo
errores, permitan que se tramite este real decreto-ley como proyecto de
ley, trabajemos juntos en la transición energética de este país, que
tanta falta hace. Mi grupo se abstendrá.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Renau
Martínez.
El señor RENAU MARTÍNEZ: Buenos días, señorías.
Impulsar la agenda de la descarbonización, poner orden en los permisos de
acceso y conexión a red, regular nuevos modelos de negocio en el ámbito
de la energía, fomentar la eficiencia energética y la innovación,
acelerar la transición energética y, en definitiva, potenciar la
inversión para afrontar la reactivación económica, de eso va este real
decreto que debatimos hoy para su convalidación.
Miren, hay dos hechos que me parecen innegables en la actualidad. El
primero es que nos encontramos en una encrucijada económica que requiere
de una rápida reacción por nuestra parte para amortiguar los impactos que
aún se van a producir. El segundo es que, aunque no nos hayamos acordado
de ella, la emergencia climática no ha ido a ningún sitio, no ha
desaparecido, si acaso se ha agravado por el compás de espera, sigue ahí
y seguimos teniendo que poner medidas para paliar sus efectos. Hay dos
formas diferentes de afrontar estos hechos: se puede sucumbir al miedo,
actuar y verlos como una amenaza o se puede ser audaz y enfocarlos como
una auténtica oportunidad; una oportunidad para ser mejores, para hacer
las cosas bien; una oportunidad para acelerar la transición energética;
una oportunidad para impulsar las inversiones en energías renovables; una
oportunidad, en definitiva, para aprovechar la situación como una palanca
verde para la reactivación económica de nuestro país, y el Gobierno lo
sabe y lo ha entendido perfectamente. Como decía al principio, de eso va
precisamente este real decreto, de establecer los mecanismos necesarios
para acelerar las inversiones que nos coloquen en la senda del
crecimiento sostenible.
Ayer mismo debatíamos la enmienda a la totalidad presentada por VOX al
proyecto de ley de cambio climático y transición energética, y, salvo la
excepción que parece confirmar la regla, escuchando sus intervenciones,
señorías, me quedó claro que una abrumadora mayoría compartimos una
visión de cómo debe afrontar nuestro país el futuro en materia de cambio
climático. Pues bien, este real decreto es el prólogo, en él se empieza a
pavimentar el camino que deberemos transitar para la consecución de los
fines que persigue esa ley, con cuyos objetivos creo que estamos
mayoritariamente de acuerdo. Así que supongo que puedo adelantarles sin
miedo a hacer spoilers o desvelarles el final, que el Grupo Socialista
votará a favor de la convalidación de este real decreto. (Rumores.-Varios
señores diputados: ¡Oooh!). Claro.
Pero, mire, señor Contreras, señorías de Vox, hacen ustedes unas analogías
muy curiosas: coches de caballos, combustibles fósiles. ¿Saben cuál es la
diferencia entre la transición de los coches de caballos a los coches, y
del combustible fósil a la energía renovable? Muy sencillo: que los
coches de caballos no estaban destruyendo el planeta y los combustibles
fósiles sí lo están haciendo. (Aplausos.) Señorías, todos sabemos hacia
dónde se dirige el futuro; ya lo han dicho antes aquí, el futuro será
renovable o no será, solo hay una vía posible y es la vía renovable.
Entendemos perfectamente que las energías renovables, por su propia
naturaleza, no son gestionables, solo están disponibles cuando el recurso
renovable lo está, solo están disponibles cuando está soplando el viento
o cuando está brillando el sol, por eso es tan importante regular el
almacenamiento, como se hace en este real decreto, que nos permite
optimizar y gestionar la energía generada por las plantas renovables.
Además del almacenamiento, también se regulan una serie de figuras que van
a resultar tremendamente relevantes en la transición energética que
tenemos por delante, como es la hibridación, como son los agregadores
independientes y como son las comunidades de energías renovables, porque
permiten optimizar la red y porque permiten la participación en los
mercados de la ciudadanía y de las autoridades locales. Pero para eso es
muy urgente poner orden ya en la situación actual de los permisos de
acceso y conexión a red con el objetivo de poner fin a los movimientos
especulativos y dar paso a proyectos reales, a proyectos tangibles y
respaldados por inversiones firmes. Por eso, también es necesario
establecer un nuevo mecanismo para las subastas renovables que esté
centrado en el precio, que sirva para impulsar la inversión, para
continuar la descarbonización de nuestra economía y para reducir los
costes de la energía. Y además lo hace fomentando la innovación en
energías renovables y facilitando la participación de pequeños inversores
porque permite que los proyectos piloto innovadores o las instalaciones
de pequeño tamaño no tengan que acudir a estas subastas para acceder a la
retribución, y también impulsa la investigación con bancos de pruebas
regulatorios, con mecanismos específicos para las instalaciones
dedicadas a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Señorías,
hay mucho trabajo por hacer en este ámbito: investigación en energías
alternativas, solar, eólica, generación de hidrógeno verde.
Por supuesto, también es una ley que nos prepara para el nuevo paradigma
de movilidad eléctrica, declarando de utilidad pública los puntos de
recarga de alta capacidad, ayudando así a eliminar una de las principales
barreras que encuentra la adopción del vehículo eléctrico en nuestro
país. Y el texto aborda también muchísimas otras cuestiones urgentes
destinadas a dar seguridad, liquidez y equilibrio al sistema para
garantizar la actividad y las nuevas inversiones, medidas que ya ha
desgranado perfectamente la vicepresidenta durante su intervención
inicial, como el aumento de los límites de inversión en redes de
transporte y distribución o medidas dirigidas a instalaciones que
dependen principalmente del precio del combustible, como son, por
ejemplo, las instalaciones de cogeneración, que son las que se han visto
más afectadas durante la pandemia y que verán revisada al alza su
retribución en este periodo.
Señorías, he querido dejar para el final una reflexión que considero muy
importante, sobre todo por el impacto social que supone. Siempre que
hablamos de transición energética debemos hablar de transición justa,
porque son dos cuestiones que siempre deben ir de la mano. El cierre de
las plantas térmicas del carbón, lo que es una magnífica noticia para el
clima y para el medio ambiente, se convierte en un auténtico desafío para
el empleo allí donde estaban localizadas. Durante muchos años, durante
muchísimos años, estas centrales fueron la fuente de energía que movía el
motor económico de nuestro país. Todos -todos sin excepción- nos
beneficiamos de su existencia y ahora debemos responsabilizarnos, debemos
ofrecer una alternativa de empleo a todas las personas que se ven
afectadas por sus cierres y por ello los nudos de transición justa
reciben un tratamiento específico y por ello se crea y se adapta el
Instituto para la Transición Justa, porque debemos ofrecer una
alternativa industrial sostenible a estas comarcas y debemos hacerlo ya,
es algo que no puede esperar.
Señorías, y con esto voy terminando, antes les he adelantado el final de
esta intervención, tampoco era ningún secreto: el Grupo Parlamentario
Socialista votará a favor de la convalidación de este real decreto-ley. Y
solicitamos también el voto favorable del resto de los grupos, porque
contiene medidas urgentes, medidas que no pueden esperar porque este es
el impulso que necesita nuestro país ahora mismo, el impulso para una
transición energética sostenible, el impulso para una transición
energética justa. Esto no puede esperar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 24/2020, DE 26 DE JUNIO, DE MEDIDAS SOCIALES DE
REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL. (Número de expediente 130/000025).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al siguiente
punto, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de
junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del
trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, la señora ministra de Trabajo y Economía Social.
La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenos días.
Comparezco hoy ante ustedes para exponer el contenido y el alcance del
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección social del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial. La presente norma tiene tres ejes:
trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia e industria. A ello
se añaden una serie de disposiciones que permiten las adaptaciones
necesarias para que se pueda trasponer la Directiva 2017/159, sobre el
trabajo en la pesca, garantizando la repatriación a su residencia de las
personas trabajadoras del mar.
La primera parte contiene el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo, que
da continuidad a los ERTE como mecanismo de protección del empleo y del
tejido productivo. La palabra ERTE en la actualidad trasciende sus siglas
y significa mucho más que expediente para la regulación temporal de
empleo. Los ERTE han sido un instrumento de solidaridad colectiva,
constituyéndose en fiel reflejo del compromiso del Estado con el
mantenimiento de los proyectos empresariales y del empleo a través de una
inversión pública sin precedentes. El sistema español del ERTE durante la
pandemia ha invertido el modo en que
hasta hoy se había reaccionado frente a otras crisis y ha mostrado que se
puede actuar eficazmente contra situaciones de enorme repercusión
económica, asegurando la estabilidad en el empleo y poniendo a las
personas en el centro. El Real Decreto-ley 24/2020 constituye un sistema
que refleja la implicación pública en la recuperación y que establece los
principios básicos para una transición hacia la normalidad de la
actividad económica y del empleo en nuestro país, un modelo administrado
por el diálogo social mediante la Comisión de Seguimiento Tripartita
Laboral que, como saben, continúa su andadura.
Desde el punto de vista de su contenido, el Real Decreto-ley 24/2020 se
adapta a las peculiaridades de la fase de la nueva normalidad. El Real
Decreto-ley 24/2020 sigue restringiendo progresivamente la aplicación de
los ERTE por fuerza mayor específica de la pandemia y procurando el
tránsito a los ERTE productivos, que gozan ahora por vez primera -es
importante destacarlo- de exoneraciones a la Seguridad Social. Como
saben, nunca antes había pasado esto en nuestro país. La desaparición de
los ERTE por fuerza mayor no podía, sin embargo, ser total en este
momento, porque existe la posibilidad -que lamentablemente estamos
viviendo- de rebrotes de la pandemia. Por esta razón, y de modo
consecuente con la transición hacia la normalidad, el Real Decreto-ley
24/2020 ha adaptado el ERTE por fuerza mayor ordinario para los casos de
rebrote. Para estos casos de ERTE de rebrote, el Real Decreto-ley 24/2020
establece un sistema de exoneraciones más intenso del previsto
generalmente que, como sus señorías saben, se orienta hacia la
reactivación de la actividad y que ya está dando sus frutos. El Real
Decreto-ley 24/2020 mantiene las garantías del buen uso de los ERTE,
impidiendo que se acojan a ellos aquellas empresas domiciliadas en
paraísos fiscales y excluyendo en las grandes compañías el reparto de
dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente al ERTE. Este
mismo sentido tiene también la prohibición de realización de horas
extraordinarias, de externalización o de nueva contratación que establece
el Real Decreto-ley 24/2020 cuando la empresa está en ERTE, salvo en el
caso de excepciones justificadas que taxativamente se establecen en la
norma. Era también imprescindible que el real decreto-ley estableciera
una cláusula específica de salvaguarda del empleo. Todas las medidas de
fomento del empleo con aportación de fondos públicos deben establecerla y
el Real Decreto-ley 24/2020 no podía ser una excepción. Para ello, se
establece la misma cláusula de mantenimiento del empleo de seis meses que
ya se establecía en los anteriores decretos. De no cumplirse, como saben,
la empresa deberá reintegrar el importe de los recursos públicos
percibidos. El real decreto-ley prevé también la prórroga hasta el 30 de
septiembre de este año de lo establecido en los artículos 2 y 5 del Real
Decretoley 9/2020. Ello implica, de un lado, que se interrumpe el cómputo
de los contratos temporales durante el tiempo del ERTE. Esto es muy
importante en nuestro país. De otro lado, también implica que resulta
injustificado el despido por cualquier causa ETOP, por causas
organizativas, técnicas, económicas o de producción, cuando fuera posible
la suspensión prevista en el propio Real Decreto-ley 24/2020. Son dos
medidas que se configuraron en plena crisis sanitaria y cuya importancia
para el mantenimiento del empleo queda fuera de toda duda. Ello es así
porque impide que se extingan los contratos temporales durante los ERTE y
que se produzcan despidos por situaciones vinculadas a la pandemia,
cuando el ERTE hubiera sido la figura adecuada. Son instrumentos, por
tanto, que no solo sirven para garantizar el empleo de las personas
contratadas, sino que además buscan el compromiso de las empresas con el
empleo estable, con mayúsculas, en esta fase clave de la recuperación
pos-COVID, que será clave también cuando la recuperación concluya. En
definitiva, el sistema diseñado en el título I del presente real
decreto-ley da continuidad razonable, equilibrada y justificada a los
ERTE, otorga cobertura a las personas trabajadoras y a las empresas
contribuyendo al mantenimiento del empleo, establece incentivos para una
transición pautada hacia la recuperación de la pospandemia y atiende de
modo adecuado las nuevas situaciones que pudieran generarse como
consecuencia de eventuales rebrotes.
La segunda parte del real decreto-ley se centra en las personas
trabajadoras autónomas. El trabajo autónomo es fundamental en la economía
española y consecuentemente ha sido objeto de especial atención por parte
del Gobierno en los momentos más duros de la pandemia, en los que se han
aprobado medidas de apoyo sin precedentes para este colectivo, medidas
que se han centrado fundamentalmente en la prestación por cese de
actividad y en las exoneraciones en la cotización a la Seguridad Social,
pero que han tenido muchas otras manifestaciones. La norma que ahora se
presenta mantiene el mismo compromiso con las personas trabajadoras
autónomas que el Gobierno ha tenido hasta ahora. Es una norma de
acompañamiento hacia la normalidad que prolonga el apoyo estatal al
trabajo autónomo. Es particularmente importante destacar que estas
medidas han sido consensuadas con las asociaciones de autónomos, con ATA,
UPTA y Uatae.
Las medidas que establece el Real Decreto-ley 24/2020 para apoyar el
mantenimiento de la actividad económica de las personas autónomas en los
momentos de recuperación pospandemia son de tres tipos. En primer lugar,
las señaladas en el artículo 6 del Real Decreto-ley 24/2020, que
establece una exención en la cotización a la Seguridad Social aplicable a
partir del día 1 de julio de 2020 para aquellas personas autónomas que
estuvieran recuperando la actividad, lo que supondrá un ahorro de al
menos 500 euros para la mayor parte de los autónomos durante los próximos
meses. En segundo lugar, en el artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020 se
establece la posibilidad excepcional de acceso a la prestación, en este
caso ordinaria, de cese de actividad en aquellos casos que hubiera
existido una caída de la facturación de al menos el 75 % en el tercer
trimestre del año en curso respecto al tercer trimestre del ejercicio
anterior. A efectos de garantizar la cobertura, esta prestación será
percibida con carácter inmediato, aunque será objeto de verificación
posterior a partir de los consiguientes datos tributarios. Debe
resaltarse que el disfrute de la prestación de cese de actividad que se
establece en la presente norma es en parte compatible con el
mantenimiento de la actividad, una posibilidad absolutamente novedosa en
la regulación de la prestación del cese de actividad ordinario que ha
sido diseñada para ser una efectiva medida de apoyo a la recuperación
económica. En tercer lugar, el artículo 10 del Real Decreto-ley 24/2020
establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los
trabajadores de temporada. Se trata de una ayuda específica al colectivo
conocido popularmente como autónomos de temporada, aquellos que
desarrollan actividades vinculadas al periodo estival y que se han visto
muy perjudicados por la pandemia. Se les reconoce la posibilidad de
acceder a una prestación extraordinaria del 70 % de la base reguladora,
más la exoneración de las cotizaciones sociales, con efectos desde el 1
de junio hasta el 31 de octubre. En definitiva, por lo que a los
autónomos se refiere, se trata de un sistema diseñado de modo coordinado
y coherente con el sistema de los ERTE, porque comparte sus objetivos y
sus herramientas e incluso comparte también su carácter consensuado, lo
que refuerza su legitimidad social y, por supuesto, su eficacia. La
presente norma, señorías, asegura que las personas trabajadoras por
cuenta ajena y por cuenta propia puedan reactivar sus actividades en unas
condiciones adecuadas para la estabilidad presente y futura de sus
empleos, así como de sus profesiones.
Por último, y con esto concluyo, la norma que el Gobierno presenta a su
consideración en esta Cámara es una norma de reactivación económica y
sobre todo de compromiso con las personas y las empresas. Surge en un
momento crítico en el que el objetivo no es solo resolver un problema
más, sino consolidar trabajos, consolidar profesiones, consolidar
empresas y consolidar industrias para que sean capaces de crear riqueza,
asegurar derechos, reconocer esfuerzos y constituir un modelo que refleje
la solidaridad colectiva que hemos construido durante la pandemia, en
alianza, como saben, con los interlocutores sociales, a los que, una vez
más, agradezco todas sus contribuciones. Esta Cámara debe recoger su
testigo y, además de apoyar el real decreto que sucintamente les acabo de
presentar -si así lo estima conveniente-, debe alentar grandes acuerdos
que permitan que la reactivación siga su curso y que nuestro país salga
fortalecido de la pandemia. No es para mí una esperanza vana, es el
convencimiento de quien ha sido y es diputada de este Congreso y asume la
importante misión que en las circunstancias actuales tienen aquellas que
-como ustedes- desde sus escaños representan a nuestro pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora
ministra. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar
la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra de Trabajo y Economía Social. Voy a respaldar
con mi voto favorable la convalidación de este real decreto-ley que
profundiza en las medidas para proporcionar respaldo a anteriores
iniciativas legislativas que se convalidaron aquí, en el Congreso, y que
contaron a su vez con mi apoyo. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
Una vez superado el grueso de la emergencia sanitaria, considero
imprescindible que el Gobierno -y en concreto el ministerio que usted
dirige- reciba instrumentos legales con los que operar en la crisis
laboral que tenemos encima y que desgraciadamente está arrastrando a
cientos de miles de trabajadores tanto por cuenta ajena como autónomos.
No obstante, quiero referirme brevemente al título III de este real
decreto-ley en el aspecto relativo al Fondo español de reserva para
garantías de entidades electrointensivas, Fergei, que llega muy tarde, es
insuficiente y solo sirve de coartada al Gobierno de Sánchez para eludir
la
solución a los grandes problemas de la industria electrointensiva. El
Fergei no homologa los altos precios de electricidad que se pagan en
España a los de países industriales como Alemania o Francia y, por lo
tanto, la industria española seguirá discriminada y pagando precios
energéticos muy por encima de sus competidores -en concreto, del orden
del 40 % más caros-, y eso afecta a la competitividad y afecta también
gravemente al empleo. Lo saben en Galicia -y usted, que es de allí, lo
conoce perfectamente-, como lo sabemos en Asturias y como nos recuerdan
cada día centenares de trabajadores que hoy tienen comprometido su puesto
de trabajo. Son bienvenidas todas las medidas de apoyo como el Fergei,
pero reitero en esta tribuna que el Gobierno debe cumplir su compromiso
con la industria electrointensiva, que lleva varios años sometida a un
gran zarandeo a cuenta de los altos precios de la electricidad que se
pagan en España y cuyas consecuencias se miden en cierre de empresas.
Basta ya de parches, pero en todo caso me apunto a su última llamada a la
esperanza para aunar esfuerzos en pos de la gran prioridad española, que
no es otra que la creación de empleo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora García.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Nosotros vamos a apoyar este decreto, pero sí que es verdad que también le
vamos a decir, señora ministra, que es hora de dejar los parches para
hacer un plan duradero en el tiempo y consensuado. Creemos que estamos
hablando de un nuevo parche porque es verdad que este decreto se plantea
como una transición hacia la normalidad, pero nadie cree que el día 30 de
septiembre estemos en la normalidad.
Evidentemente, estamos alarmados con los rebrotes del virus que estamos
viendo en muchas provincias de España. Estamos tremendamente alarmados
cuando conocemos los datos que se están dando de caída de la economía
española, que parece ser que va a ser por encima del 12 %, y ya le digo
yo que probablemente bastante por encima del 12 %. La recuperación
económica no se vislumbra en forma de uve ni de uve asimétrica ni de u,
más bien parece una ele larga, prolongada, dura y duradera. Con todo eso,
los ERTE tienen que ser prolongados, al menos hasta final de año -al
menos hasta final de año-, y además hay que seguir poniendo sobre la mesa
otras medidas para incentivar la economía, para ayudar a los agricultores
y a los ganaderos, para ayudar a las empresas, para ayudar a los
autónomos y para ayudar a los trabajadores, y desde luego lo que hay que
hacer es aparcar la insensatez, porque subir impuestos en un momento como
este es una insensatez, porque lastrar a las empresas en un momento como
este es una insensatez y porque plantear una derogación de la reforma
laboral, además de ser una insensatez, es también una enorme temeridad.
Así que, aparquen las políticas trasnochadas de la izquierda radical y
hagan el favor de poner un poco de liderazgo encima de la mesa.
Yo creo que todos los españoles nos piden a quienes estamos en esta
Cámara, independientemente del color político que defendamos, unidad, y
tenemos que ser capaces de demostrar esa unidad en un momento
especialmente complicado como el que vive nuestro país en este momento.
Pero si todos los que estamos aquí tenemos la obligación de buscar esa
unidad, el Gobierno tiene la obligación de liderarla y de acertar, y no
puede escatimar en esa responsabilidad. Así que nuestra mano está tendida
si cambian los impuestos por impulsos, si cambian los lastres a las
empresas por las oportunidades y si cambian las imposiciones por el
diálogo.
No quisiera acabar esta intervención en la que hablamos sobre empleo, sin
hablar de un drama que está sufriendo en este momento la Comunidad Foral
de Navarra. La empresa Gamesa, en Aoiz, ha anunciado el cierre de la
planta y 239 familias se irán a la calle. Eso es algo que nuestra
comunidad, que esa zona y que esas familias no se pueden permitir.
Necesitamos, imploramos y demandamos el compromiso y el trabajo del
Gobierno de España para que esta planta no se cierre.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor
Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, buenos días. Señalaba usted que este real decreto es útil
y equilibrado. Yo no le voy a negar la utilidad del mismo, en tanto en
cuanto garantiza unos mínimos recursos a una buena parte de trabajadores
y trabajadoras, pero tengo más dudas de que sea beneficioso el que sea
equilibrado, porque creo que seguimos sin tomar una opción clara en torno
a qué caminos se deben seguir para esto que se llama reactivación
económica; no digo ya siquiera la nueva normalidad sino la reactivación
económica. Me parece que este Gobierno está buscando un equilibrio
inestable, y frágil por tanto, entre las demandas tradicionales de la
izquierda y las demandas que puedan plantearle sus nuevos aliados en
estas últimas fases del estado de alarma, los señores de Ciudadanos. Yo
creo que esto no es bueno, y por eso le digo que en todos los casos y en
todas las circunstancias el equilibrio no es ponderativamente positivo.
Ustedes en el decreto hablan de cuestiones con las que estamos de acuerdo,
como que no puedan acogerse a estas medidas quienes tributan en paraísos
fiscales o quienes arrojan dividendos por beneficios durante este
periodo. Pero no es menos cierto que, además de la cuestión de los
paraísos fiscales, les faltaría también perseguir la elusión que se hace
a través de las filiales; es decir, no solo hay una elusión fiscal a
través de la empresa matriz, sino que a veces hay empresas pantalla que
son las que perpetran la elusión fiscal en diferentes formas, y eso
seguimos sin verlo desarrollado como creemos que es necesario.
Usted nos habla de los ERTE, y hay una parte que es positiva: que los
trabajadores y las trabajadoras puedan seguir percibiéndolos. Pero no es
menos cierto -usted lo ha señalado, y estamos de acuerdo- que son 8000
millones de euros mensuales, si no recuerdo mal, es decir, un gasto
ingente para el Estado español y para las arcas públicas. Y como no
tienen la máquina de fabricar dinero, porque parece que el Banco de
España tiene una capacidad o una soberanía limitada, pues en estos
tiempos de soberanías compartidas él la tiene limitada por instituciones
supranacionales, y como no vale con conformarse con la máquina de contar
billetes que hay en la Zarzuela, porque esa solo cuenta, no crea ni
aporta, estos gastos que hay y que usted señala a nosotros nos generan
una cierta inquietud. Está bien que los trabajadores perciban un ingreso
mínimo que les permita mantener una cierta dignidad vital, pero no
tenemos muy claro si no hay muchos empresarios que están acogiéndose de
manera gratuita a estos ERTE para abaratar sus propios costes y sus
propias cotizaciones. Y eso en el fondo va en detrimento de las arcas
públicas, porque ellos estarán ahorrando un dinero por mantener plantilla
sin saber -ese es un temor que usted y yo, cuando nos ha tocado hacer
campaña electoral, seguramente habremos vivido y sentido- si los ERTE no
van a pasar a ser una secuencia peligrosa, por no decir tenebrosa, que es
pasar del ERTE al ERE, y del ERE al desempleo. Ese es el drama que mucha
gente alberga en su cabeza y nos hubiera parecido importante que se
hubiera señalado. De la misma manera también habría que decirle a la
gente que estar en ERTE es un mal menor porque probablemente en la
declaración de la renta del año 2021 no van a tener la benevolencia, si
es que la obtenían antes, a través de las cotizaciones de su empleo
directo, dado que las percepciones de ERTE no están sujetas del mismo
modo, y por tanto, puede que Hacienda en 2021 les dé un susto y les agüe
un poco la tranquilidad a la que ahora mismo les someten.
Ha hablado también de los autónomos. Yo no voy a insistir mucho más porque
lo he dicho en más de una ocasión desde esta tribuna: seguimos sin
entender por qué un autónomo -creo que esto ni siquiera va por colores
políticos sino que es algo compartido- tiene que perder el 75 % del
volumen de su negocio para poder acogerse a ciertas medidas. Yo le podría
poner miles de ejemplos, aunque no quisiera convertir esto en un patio.
Por ejemplo, por qué un taxista que esté pagando una licencia -usted sabe
que las licencias son altas, no así las de Uber y Cabify- tiene que optar
entre mantenerse sin trabajar para poder percibir la ayuda que hay para
autónomos o trabajar corriendo con el riesgo de que su facturación se
eleve por encima del 25 %, hacía el 30 %, con lo que no podría hacerse
cargo de muchos de los gastos que tiene, y por tanto, su situación sería
incluso peor que si no estuviera trabajando. Creemos que ahí tendrían que
darle una vuelta.
En cuanto al tema de la competitividad, nos ha hablado del sector
electrointensivo. Estaría muy bien que de alguna manera les metieran mano
y les obligaran a hacer algo mucho más de lo que hacen a Iberdrola -para
hablar de una empresa vasca- y a otras empresas, porque ellas sí siguen
ganando dinero, y a espuertas, también en periodo de pandemia. Pero, en
cualquier caso, como al final de lo que se trata es de tener dinero, y
como no lo pueden fabricar, como le decía antes, ni tampoco contar con el
de la máquina de la Zarzuela porque no vale, pues igual lo que habría que
hacer es hablar también, cuando se habla de estas cosas, de fiscalidad.
Por eso, nosotros mantenemos una posición distante con estas medidas,
porque dicen cosas que parecen positivas, pero no dicen a quiénes les van
a cargar el peso del gasto de lo que van a realizar. Es decir, cuando se
habla de mantener los ERTE, o las ayudas a los autónomos, o cualquier
otro tipo de ayudas como el ingreso mínimo vital, nadie nos dice de dónde
se va a sacar el dinero. Nosotros ya se lo hemos dicho con claridad.
Alguien aquí acaba de señalar que son las medidas de la izquierda
radical. No lo sé, yo creo que radical es ir a la raíz de los problemas,
y ahora más que nunca hace falta claridad y determinación para atajar el
gran problema que tenemos, o sea, que sí, que seremos radicales. Por
ejemplo, habría que instalar una tasa COVID, habría que instalar un
impuesto a las grandes fortunas y a la riqueza. Nosotros en Euskadi
planteamos una tasa de un 1 %, y no creo que fuera negativo proponerlo
aquí. Habría que perseguir con mayor decisión el fraude fiscal, empezando
por el primero de los españoles, que parece que cada día tiene más pasta
fuera del Estado español, aunque cada día luzca también más patriotismo.
También seguimos preocupados -se lo señalo- con la realidad de las
trabajadoras del hogar. Sé que también ustedes lo están, no es un
reproche sino es una preocupación que traslado aquí para que no se olvide
de ello, porque muchas trabajadoras del hogar ya venían trabajando antes
de la pandemia en una situación de economía sumergida y ahora se han
quedado absolutamente desprovistas de todo. Alguien decía aquí que lo que
reclaman los españoles es unidad. Yo no me siento español, pero
seguramente quien ha dicho eso me incluye como español, así que le diré
que yo y los que están ahí fuera manifestándose y que me han dado esta
camiseta (muestra su camiseta, que lleva impreso el hashtag
#FuturoParaNissanYA) no me han reclamado unidad, me han reclamado el fin
de la reforma laboral. Por eso, seguiremos insistiendo desde esta tribuna
y desde donde haga falta para que alguna vez alguien cumpla la palabra en
el Estado español y cumpla lo firmado. Así pues, pediremos una y otra vez
la derogación de la reforma laboral porque creemos que eso sí es
consolidar empleo, y empleo de calidad. Está muy bien hablar -como usted
ha dicho- de consolidar empresas, pero estaría bien consolidar empresas
que no se vayan después de haberse llevado un montón de dinero en ayudas
públicas, como ha hecho Nissan o como ha hecho Siemens Gamesa en Aoiz, en
Nafarroa y en otros lugares.
Esa es la reflexión que venimos a hacerle hoy aquí, seguramente no será
muy diferente a la que hagamos en el siguiente punto porque creemos que
las medidas propuestas en la Comisión de Reactivación Económica siguen
adoleciendo de una línea clara, siguen siendo una especie de café para
todos malentendido. Lo mismo nos hablan de la mochila austriaca, que de
tirar para abajo la reforma laboral, que luego nos hablan de que en esta
crisis nadie va a salir tocado, o que todos vamos a salir de esta, cuando
por desgracia la realidad es bien distinta y como he señalado antes lo
hemos podido comprobar cuando cada vez hay más gente que ya se siente
fuera de esta realidad.
Mila esker.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene
la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días a todos, egun on.
Señora presidenta, señorías, son tres títulos, once disposiciones
adicionales, una transitoria y siete finales las que componen este real
decreto-ley, que materializa el segundo Acuerdo Social en Defensa del
Empleo, suscrito entre la representación social y el Gobierno, y que
tiene por objeto la prórroga incluso no solo de medidas anteriores, sino
también de la adaptación de otro acuerdo anterior de fecha 8 de mayo
entre los mismos agentes sociales y que dio lugar al Real Decreto-ley
18/2020. Dijimos en aquella ocasión que la virtud de estas medidas
consistía en acompañar el proceso de reactivación económica y laboral y
que permitía a las empresas, que tuvieron que parar su actividad,
intentar revertir esa situación de crisis y también a los trabajadores
-trabajadores dependientes o autónomos- transitar por esta situación con
cierto grado de desahogo, que a su vez, se traslada a la situación
económica por los ingresos y al consumo que produce como efecto
indirecto. Eran medidas que, en su momento, suponían flexibilización de
determinadas situaciones laborales, pero también suponían unas ayudas a
situaciones de carencias y que se han traducido en diferentes medidas que
la señora ministra ha descrito de forma mucho más amplia.
De forma más resumida les diré que son las prórrogas de ERTE por fuerza
mayor y ERTE por fuerza mayor parcial hasta el 30 de septiembre, con la
aplicación de nuevas exoneraciones decrecientes; la transición
-importante cuestión- de los ERTE de fuerza mayor a ERTE ETOP -los ERTE
económicos, técnicos, organizativos o productivos-, con la novedad de que
se les aplican
exoneraciones de cuotas también en este caso o determinadas restricciones
a la hora de externalizar actividades, hacer horas extraordinarias o
contratar personal durante los ERTE; un nuevo ERTE, también importante
para casos de fuerza mayor en casos de rebrotes, que contempla nuevas
exenciones; la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de
actividad para autónomos -es una cuestión esta que no solo es relevante,
sino que seguramente va a marcar el futuro de muchas de las actividades
comerciales y de otro tipo que sostienen los autónomos- y las
exoneraciones o beneficios en cotización que ello supone; las nuevas
exoneraciones en las cuotas para estos autónomos que venían cobrando la
prestación extraordinaria: el 100 % en julio, el 50 % en agosto y el 25 %
en septiembre; la prestación por cese de actividad cuyos destinatarios
sean los trabajadores de temporada -también es otra cuestión que se venía
reclamando y a la que este decreto atiende-, y otras como determinada
regulación de la Inspección de Trabajo u otra relativa a la adaptación de
un Convenio internacional en materia pesquera, lo cual va a permitir su
adaptación.
Pues bien, es claro que vamos a apoyar este real decreto-ley y no vamos a
añadir demasiado a este planteamiento. Sin embargo, nos gustaría, al hilo
de algunas reflexiones que ya hicimos con el Real Decreto-ley 18/2020,
añadir o reiterar algunas consideraciones. Decía -y repito hoy- que la
principal virtud de esta iniciativa consiste en elevar al marco normativo
las consecuencias del diálogo social y eso es oportuno recordarlo, porque
también sirve como antecedente de cualquier modificación en el ámbito
laboral, ajena a este marco, que también debe venir sostenida en dicho
ámbito por un acuerdo en la Mesa del diálogo social. Sin perjuicio de
estar justificada la imputación en el presupuesto de la Seguridad Social
del coste de las exenciones que se contemplan como ayudas, no debe
afectar al sistema de pensiones, señora ministra. Creo que es algo que
debemos tener muy en cuenta y que cuando nos toque hablar en el Pacto de
Toledo deberemos reivindicarlo. ¿Por qué? Pues porque debe estar
sustentado en el principio de separación de fuentes y en este caso no es
clara esa distinción. Aun cuando -se ha dicho antes además por el señor
Sayas- el horizonte temporal de las medidas es hasta el 30 de septiembre,
creo que todos somos conscientes de la incertidumbre en la que nos
encontramos y esto nos hace pensar que vamos a superar ese límite. Al
hilo de esa reflexión, de que quizás no vaya a ser suficiente el 30 de
septiembre y ni siquiera el 1 de enero, este puede ser el momento para
plantear en el horizonte que algunas de estas medidas, que ya hayan
dejado de ser temporales, puedan convertirse en estructurales. Quizás
algunas de las medidas propuestas se deban contemplar desde otro punto de
vista y le voy a poner algún ejemplo. Quizás haya que anudar algunas de
estas medidas a la restructuración de sectores concretos, y me estoy
acordando de la hostelería, del comercio y de otros, porque su futuro
creemos que no va a ser igual o en las mismas condiciones que han
existido hasta ahora.
Hay una cuestión que le quiero señalar de una forma quizá novedosa. Las
medidas de reactivación económica y defensa del empleo creemos que tienen
sentido, pero no lo tienen de forma completa si no se anuda ese propósito
con la formación en cualquiera de sus facetas. Creemos que es un error de
perspectiva contemplar las ayudas y el propósito de mantenimiento del
empleo sin la perspectiva de la formación. La clave es la formación, a
nuestro modo de ver. Ninguna actuación debiera obviar que el futuro se
diseña con formación y que ni los empleos del futuro ni la economía del
futuro serán estables, y menos aún competitivos, sin una adecuada
preparación. No tiene sentido alimentar la supervivencia de sectores
frágiles para que mantengan las mismas características y, por el
contrario, creemos que la formación en digitalización y nuevas formas de
trabajo debe formar parte de la estructura de esfuerzo colectivo que
suponen estas ayudas.
Hay otra cuestión más con la que voy a terminar. Con estas ayudas, quizá
se ha podido perder la perspectiva de la vulnerabilidad. Jóvenes, mujeres
o mayores de 50 años -por citar los más tópicos- son colectivos que han
vuelto a quedar nuevamente más desamparados y no están contemplados en
las medidas de reactivación económica y garantía de empleo de forma
específica, y deben hacerlo en un futuro. Y, repito, creo que la clave
respecto de las ayudas que se están planteando es la sostenibilidad
social, pero también la sostenibilidad con otro propósito, que es el de
futuro. La clave es la formación e insistimos en ello, porque creemos que
el empleo de futuro debe ser un empleo preparado y la economía también
debe estar preparada.
En ese sentido, no puedo dejar de hacerme eco de una situación concreta,
al igual que lo ha hecho con anterioridad el señor Sayas, que es la
situación de Gamesa en Aoiz, precisamente porque a pesar de que se ha
hecho un esfuerzo colectivo en la preparación, en la tecnificación y en
la formación en determinados ámbitos industriales y de empleo, no podemos
consentir que ese esfuerzo colectivo vaya a redundar en beneficios mal
considerados o malentendidos cuando se traducen en deslocalización. Lo
que
está pasando en Aoiz no tiene nada que ver con esta situación de crisis,
pero sí tiene que ver con otro fenómeno que puede que repunte como
consecuencia de esta situación de pandemia del COVID-19. Me gustaría que
prestaran atención a este tema desde el Ministerio de Trabajo y desde el
Gobierno. Las deslocalizaciones son intolerables...
La señora PRESIDENTA: Señor Barandiaran, tiene que terminar, por favor.
El señor BARANDIARAN BENITO: Termino, presidenta.
Las deslocalizaciones son intolerables, no podemos dejar que suceda lo que
está ocurriendo en estos momentos en Gamesa en Aoiz.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz
Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi
grupo parlamentario respecto a la convalidación del Real Decreto-ley
24/2020, un real decreto que recoge, entre otras cosas, una extensión de
los ERTE y también de la prestación extraordinaria de los autónomos hasta
el 30 de septiembre. Me es grato el enorme consenso que ha suscitado esta
prórroga en toda la sociedad, porque con esta extensión de la protección
de trabajadores y empresas prorrogamos la certidumbre, apostamos por la
confianza y aliviamos el drama de millones de familias que miran al
futuro con miedo; con miedo, señorías, porque no hay organismo
internacional o doméstico que no se haya visto obligado a empeorar los
datos sobre el impacto económico que la crisis del coronavirus tiene y
dejará en España. Hoy mismo la AIReF, la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, avisa de un desplome superior al 12 % de nuestro
PIB; en resumen, un futuro económico desolador que nos obliga a
prepararnos.
Desde el minuto uno en Ciudadanos propusimos al Gobierno el recurso a los
ERTE como alternativa a los despidos masivos, para no repetir el aluvión
de ERE con que nuestro país afrontó la crisis de 2008. Ahora el Grupo
Socialista vende como un logro esta red de protección a los trabajadores
y a las empresas, al tiempo que el Gobierno de coalición -su Gobierno,
señora ministra- y sus socios proclaman que quieren derogar la reforma
laboral que justamente posibilita estos ERTE. Acabamos de escuchar decir
a su señoría el diputado de EH Bildu que no se siente español, pero que
desde aquí pide la derogación de una ley laboral española.
También quiero llamar la atención a sus señorías del Partido Popular y a
otros grupos parlamentarios, que repetidamente estuvieron dispuestos a
hacer caer el estado de alarma por puro cálculo partidista y con él los
ERTE y las prestaciones a los autónomos que protegen a millones de
familias en estos momentos difíciles, que en opinión de mi grupo es una
gran irresponsabilidad. Señorías, creemos humildemente que la
flexibilización y la extensión de los ERTE está funcionando y que,
además, cuanto más flexibles sean esos ERTE y cuanto más tiempo duren
para determinados sectores como hostelería y turismo más eficaces serán.
Ministra, el duro confinamiento decretado por su Gobierno ha sido de los
más estrictos y largos de Europa para paliar la negligente respuesta
inicial al virus. Paralizar por completo la actividad económica, más
todas las contradicciones e incertidumbres generadas en un sector tan
importante para nuestra economía como el turístico, por ejemplo, sabemos
que tendrá un efecto desolador en la ansiada recuperación, que ya les
puedo decir que será larga y dura. Por eso no tenía sentido vincular la
duración de los ERTE y las prestaciones de los autónomos al
confinamiento. La intensidad del impacto que ha sufrido nuestra economía
y también el riesgo cada vez mayor que estamos viendo en nuestro país con
esos temidos rebrotes en los últimos días, así como los posibles efectos
de una segunda ola que vienen importados desde el extranjero, seguirán
haciendo mella sin duda en nuestra economía y en nuestro mercado laboral.
Señorías del Gobierno, no pueden ustedes repetir los errores del pasado,
deben aprender de ellos. Para eso lo primero que hay que hacer es aparcar
la ideología y reconocer dónde se ha errado. La crisis ha embestido a
España sorprendiéndola con deberes sin hacer, con la reformas
estructurales pendientes y sin una adaptación de nuestras leyes laborales
a la economía del siglo XXI, mientras nos encomendamos a Bruselas ante la
palmaria incapacidad que este Gobierno encuentra para abordar la recesión
que se nos
avecina. España no tiene por qué estar condenada a tener que lamentarse en
el futuro y por ello en Ciudadanos no nos cansaremos de exigir que se
rectifique y que se actúe con contundencia y con celeridad. Pese a todo,
ministra, celebramos que el Gobierno haya cumplido de nuevo con muchas de
las exigencias de mi grupo parlamentario en materia económica, tanto en
relación con los ERTE como de manera más novedosa con las medidas
extraordinarias de apoyo a los autónomos. Sin embargo, no las celebramos
porque hayan sido ideas o propuestas de Ciudadanos, sino porque son
medidas buenas para los españoles, como buenas son también las otras
medidas que recoge este real decreto que Ciudadanos negoció con el
Gobierno para el apoyo de las prórrogas y la exoneración de las cuotas a
los autónomos de la Seguridad Social, que llegará también hasta el mes de
septiembre y que, a su vez, será compatible con la prestación
extraordinaria de los autónomos y también con la prórroga de los ERTE
hasta el 30 de septiembre, así como el reconocimiento de una protección
específica para todos aquellos autónomos que desarrollan actividades
estacionales de temporada, los llamados temporeros, del mismo modo que se
había hecho con los trabajadores fijos discontinuos.
Sinceramente, nos alegramos de que el Gobierno haya vuelto al fin a la
senda del acuerdo con los agentes sociales y que estos acuerdos con
patronal y sindicatos se plasmen en este decreto. La negociación y el
diálogo son algo que debería ser absolutamente natural, pero tal y como
demuestran las continuas polémicas de PSOE-Podemos y los nacionalistas
sobre la reforma laboral o el teletrabajo no deja de ser hoy algo
extraordinario.
Sin embargo, me gustaría destacar que el Gobierno no ha modificado ni una
sola coma en relación con la flexibilización de las condiciones para las
empresas que pueden acogerse a los ERTE, pese a las reclamaciones de
varios agentes sociales y también de varios grupos políticos. Esto es muy
preocupante, aunque usted ha hablado del buen uso de los ERTE, porque si
tiene en realidad el objetivo de salvar empleos, o al menos así lo
creemos desde mi grupo, el Gobierno no puede poner condiciones difíciles
o imposibles de cumplir, o cuyo cumplimiento acabaría por quebrar la
empresa o destruir puestos de trabajo. Me estoy refiriendo, por ejemplo,
a que las empresas acogidas a estas medidas no puedan repartir dividendos
con cargo a 2020, o la cláusula de salvaguarda del empleo. Nos gustaría,
ministra, que el Gobierno recapacitara y modulara estas condiciones que
son injustas a nuestro entender para la prórroga de los ERTE porque, de
no hacerlo, tememos que muchos de los ERTE de hoy se conviertan en los
ERE de mañana. Por eso, ministra, y pese a votar favorablemente la
convalidación de este real decreto-ley, solicitaremos su tramitación como
proyecto de ley para poder rebatirlo y mejorarlo, incluyendo condiciones
más flexibles y menos gravosas para las empresas beneficiadas de los
ERTE.
Acabo ya, presidenta. Les pedimos, señores del Gobierno, responsabilidad,
autocrítica para aprender de los errores y trabajo incansable para aunar
esfuerzos y alcanzar acuerdos para que no se repitan estos errores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Plural, en primer lugar, tiene la palabra el
señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.
Señora ministra, presenta usted este Real Decretoley 24/2020 como el
resultado del diálogo social, pero la verdad es que ese diálogo y, por
tanto, las medidas aquí recogidas están condicionadas de manera decisiva
por el hecho de que ustedes mantengan plenamente vigentes la reforma
laboral, la reforma de las pensiones y de la negociación colectiva o los
recortes en las prestaciones por desempleo y los servicios públicos, a
pesar de su compromiso para su derogación, todo lo cual supone un enorme
perjuicio para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. En la
situación de crisis actual, el hecho de que el Gobierno siga manteniendo
la reforma laboral supone facilitar por parte de la propia Administración
que los actuales ERTE acaben convirtiéndose en despidos. Resulta
necesario y urgente derogar íntegramente la reforma laboral, pero
especialmente los artículos que posibilitan que sean las empresas,
unilateralmente y sin control por parte de la Administración, las que
decidan sobre los despidos colectivos. Esto es lo que permite a empresas
como Alcoa o BorgWagner ejecutar sus planes de cierre y deslocalización
libremente, sin tener en cuenta los problemas sociales que la
desaparición de estos puestos de trabajo supondrá para la economía de
Galiza. (Continúa su intervención en gallego.) Creo que sería conveniente
que fuesen claros al respecto, porque es lo que esperan los trabajadores
y trabajadoras. Debe recordarse también que a partir del día 181 en el
paro, la prestación que se percibe baja del 70 al 50 % de la base de
reguladora, lo que supone un grave recorte en los ingresos de muchas
familias. Esta es una de las consecuencias de las reformas en las
prestaciones que impuso el Partido Popular en 2012 y que a día de hoy
PSOE y Unidas Podemos mantienen en vigor. Es más, el Gobierno sigue
utilizando los fondos que aportan los trabajadores a la Seguridad Social,
al SEPE o al Fogasa para financiar la exoneración de las cuotas
empresariales pactadas y, al mismo tiempo, se incrementa el gasto público
sin dar alternativas fiscales que apuesten por la progresividad como una
tasa a las grandes fortunas, por ejemplo, o sin utilizar partidas
verdaderamente prescindibles como son las destinadas al gasto militar o
suntuario, como el sostenimiento de la Casa Real. Así, todo apunta a que,
una vez más, serán las clases populares, los trabajadores y las
trabajadoras, los que asumirán el coste de la crisis.
Por estas y algunas otras razones, entenderá que no podemos votar a favor
de este decreto. No nos vamos a oponer, pero tampoco vamos a votar a
favor.
Moito obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora García.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella
Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Bon dia. Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, ya le adelanto que nosotros estamos de acuerdo con el
contenido del real decreto porque viene avalado por el diálogo social,
pero le voy a reiterar también lo que le hemos dicho en situaciones
anteriores. Nos gustaría que, aparte del diálogo social, usted apelara al
diálogo con los otros grupos políticos. Por este motivo, le pediremos
también que accedan a tramitarlo como proyecto de ley, porque creemos que
con la participación de los partidos políticos se pueden introducir
muchas mejoras -algunas ahora le comentaré- desde la perspectiva de los
autónomos y desde la perspectiva de las exoneraciones a la Seguridad
Social.
Pero entrando en el fondo del real decreto, es cierto que este real
decreto se produce porque el 30 de junio acababan los ERTE por fuerza
mayor. Yo le quiero hacer notar una cosa que también le he planteado al
Gobierno muchas veces. El real decreto se aprueba el 26 de junio e
incluso sale publicado un sábado, el sábado 27 de junio.
Toda la planificación que puedan hacer las empresas, toda la información
que puedan tener los trabajadores sobre si tienen que ir a trabajar o no,
toda la conciliación -como le decía antes- de gestores, administrativos,
graduados sociales, abogados y economistas, todo esto parece que ustedes
no lo tienen en cuenta. Priorizando que es necesario el diálogo social,
generan una incertidumbre y una jugada de último minuto que entendemos
que es totalmente desproporcionada. Y en este ámbito tengo que reclamar
desde ahora que estos ERTE se van acabar el 30 de septiembre. ¿Hasta
cuándo vamos a tener que esperar, hasta al 24 de septiembre, el 25 de
septiembre, el 26 de septiembre, el 29 de septiembre por la noche? Le
pedimos encarecidamente que no vuelva a suceder este espectáculo con el
fin de los ERTE de fuerza mayor, que ahora mismo ya sabemos que acaban el
30 de septiembre.
En cuando a las mejoras concretas, por apuntar un par de ideas, en el
ámbito de los autónomos, ustedes abren la puerta a que las empresas
puedan acceder a la fuerza mayor por causas objetivas, pero, en cambio,
condenan a los autónomos a acreditar unas pérdidas del 75 % de los
ingresos, enviándolos prácticamente a la ruina. Es decir, aquel que no
esté por debajo del 75 % de los ingresos no podrá beneficiarse de las
ayudas, de las exoneraciones. Por tanto, entendemos que existe aquí un
doble rasero, altamente perjudicial para los autónomos.
Finalmente, decía usted que ha trascendido el concepto de ERTE.
Efectivamente, ya ha trascendido, por una parte -y usted tiene razón-,
por la protección que se ha dado en esta situación sobrevenida del COVID,
pero también por las situaciones que ha dejado pendientes. Hay miles de
personas que estaban en el paro antes de haber sobrevenido el COVID y que
difícilmente han podido encontrar trabajo durante este periodo de
coronavirus y confinamiento cuyas prestaciones de paro no se han visto
por el momento corregidas ni alargadas, cuando es evidente que había
mucha gente que no han podido realizar esa búsqueda activa de empleo y
que las circunstancias tampoco han sido las ideales para poder
realizarla. Alguna solución hay que dar a esas personas que ya estaban
paradas, y no por el ERTE, sino por causas anteriores. Alguna solución
hay que dar, ministra, porque usted continua diciendo que los ERTE se
pagan, que el paro se paga, que se paga el desempleo, pero el mismo día
en que usted dice esto sale el CSIF diciendo que hay miles de ERTE sin
cobrar y salen los colegios de gestores diciendo que hay alrededor de
doscientas mil personas sin cobrar. Le recomiendo el programa de radio de
RAC1 al que una vez a la
semana llama la gente para contar sus historias con el SEPE, lo
desgastados que están por intentar interactuar con él, por los ajustes
pendientes o porque incluso algunos aún están sin cobrar.
Por eso, para defender a todas esas personas, entendemos que todo esto se
tiene que hacer con el diálogo social, pero también con el diálogo con
los partidos políticos, porque, como digo siempre, nosotros vamos a estar
aquí para ayudar a toda esta gente, para continuar haciendo una política
activa que mejore la vida de esta gente; sin renunciar a querer un Estado
para Cataluña, pero sabiendo que todavía es necesario que este Estado
pase con mejor nota las asignaturas que tiene pendientes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador
i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Señora ministra, hoy venimos de la manifestación de Nissan a las puertas
de este hemiciclo. Esta es su camiseta, nuestra camiseta, és la nostra
gent. (Muestra su camiseta, que lleva impreso el hashtag
#FuturoParaNissanYA.) Señora ministra, nos dirigimos especialmente a
usted, a una parte del Gobierno, a Unidas Podemos. El PSOE, como dice mi
compañero Rufián, no hace, se le obliga. Usted tiene el instrumento más
importante para poder solucionar este tema y muchos más, que es el BOE,
el Consejo de Ministros. Igual que usted trajo el real decreto-ley para
derogar el artículo 52.c) -muy bien traído, por cierto, y la
felicitamos-, traiga también la derogación del artículo 51 del Estatuto
de los Trabajadores. Y estoy seguro que lo va a hacer. Con esto solo ya
solucionamos el problema de Nissan y muchos más, entre otras cosas.
(Aplausos.)
Vayamos al grano. Tenemos discrepancias, algunas importantes, que vamos a
manifestar en forma de enmiendas, porque damos por supuesto que se va a
tramitar como proyecto de ley este real decreto ley. De momento, tres
cuestiones: una de presente, otra de futuro y otra urgente, muy urgente.
Primero, una cuestión de presente. Los ERTE han funcionado relativamente
bien. Pese a nuestras discrepancias de gestión, sobre todo en errores y
retrasos de pago, es justo decir -y dar las gracias por parte de los
trabajadores y trabajadoras- que es importante lo que se ha hecho en
referencia a los ERTE, que son un gran instrumento. Pero le pedimos que
se amplíe el plazo de estos ERTE, porque eran y son necesarios, sobre
todo para algunos sectores. Por eso, anunciamos que vamos a votar
favorablemente a su real decreto-ley.
Dicho esto, tenemos discrepancias seriamente en algunos puntos. El
principal es sobre quién paga la factura en el tema de los ERTE, en el
tema de la Seguridad Social. El tema de exoneraciones, el tema de
excepciones en la Seguridad Social no deja de ser que paguemos la factura
los trabajadores y trabajadoras, que somos los que cotizamos a la
Seguridad Social, no el resto de la sociedad. Claro, si seguimos pagando
la factura a través del dinero de la Seguridad Social, seguimos
descapitalizando a la Seguridad Social, que es la joya de la corona de
protección de los trabajadores. Y luego se va a endeudar falsamente la
Seguridad Social, y aquí empezará todo el show.
También lamentamos otro tema al que ustedes se comprometieron, el de
establecer una prestación para padres y madres que no pudieran acudir al
trabajo por causa directa del coronavirus. Esto sigue pendiente y
esperamos que siga adelante.
En segundo lugar, una cuestión de futuro inmediato que ya le he reiterado
algunas veces. Hace tiempo que venimos avisando acerca de que lo que se
necesita es acabar con la legislación antisocial que implementaron Rajoy
y Zapatero entre 2008 y 2013, que sigue vigente, se sigue sin hacer nada
y se seguirá aplicando tan pronto como desaparezca el escudo social del
que tanto presumen. No puede haber escudo social sin desmontar las dos
reformas laborales. Como mínimo, cumplan la parte que dicen que
constituye las fases más perjudiciales. Lo estamos esperando, y ya
empieza a ser una cuestión de urgencia. No se puede tener un escudo
social con las dos reformas laborales, con la reforma de pensiones de
2013 y con las leyes represivas, como la Ley mordaza para combatir la
disidencia política y sindical, para combatir los derechos de los
trabajadores y los derechos de los pueblos, que es la razón de ser de
nuestro partido. La no derogación de estas normas, que ustedes desde la
oposición siempre criticaron, es la peor y la más peligrosa de las
políticas sociales, y no es lo que esperan nuestros votantes ni los
suyos.
En tercer lugar, una cuestión urgente, tan urgente que llegamos tarde. En
Lleida, en Alcarrás, Soses, Serós, Aitona, Le Granja de Escarpe,
Masalcorreig, Torres del Segre, todos los ciudadanos de estos municipios
están sufriendo. No son los únicos, es cierto, lo sabemos, pero los
citamos para que toda esta
Cámara recuerde que existen. Creemos, ministra, que usted seguro que
empatiza con estos pequeños pueblos poco poblados, que no hacen ganar
elecciones, pero en los que hay ciudadanos que tienen los mismos derechos
que en las grandes ciudades. Por favor, no abandonen a estos municipios
de El Segrià ni a los demás de cualquier parte del Estado que puedan
venir y que nos tememos que pueden venir.
Voy acabando. Viendo cómo están las cosas, viendo cómo está sufriendo la
gente, no solo por las enfermedades y los fallecimientos, sino también
por no poder trabajar, por no poder llegar a fin de mes, por no saber si
van a ser despedidos, si van a tener derecho al paro, si van a poder
mantener su pequeña empresa, solo para empezar -el resto vendrá, como le
decía, en forma de enmiendas-, le hago tres propuestas muy concretas, que
seguro que usted, señora ministra, conociéndola, ya debe tener en mente,
por su sensibilidad. Una, que ningún trabajador pueda ser sancionado por
falta de asistencia al trabajo en zonas afectadas por rebrotes y con
recomendaciones públicas de confinamiento. Dos, que nadie sufra por
haberse quedado en situación de desempleo desde febrero, porque siguen
sufriendo y viendo cómo se acerca cada vez más el fin de su prestación
por desempleo sin tener posibilidad real de encontrar trabajo. Tres, algo
de lo que nadie habla -bueno, se ha hablado un poco, pero pienso que será
motivo para tratarlo en las próximas semanas y meses-, que no se reduzca
el importe del paro pasados los seis meses desde el inicio de su
percepción. A mediados de septiembre los trabajadores que entraron en
ERTE justo al principio del estado de alarma cumplirán medio año en el
paro y usted sabe que, si ahora cobran el 70 % de su sueldo, a partir del
séptimo mes pasarán a cobrar la mitad. Hay que poner remedio con
urgencia, señora Díaz, pues se trata de una emergencia social, sin
ninguna justificación y sin ninguna responsabilidad por parte de los
trabajadores y trabajadoras, como tampoco por parte de los pequeños y
medianos empresarios. Es muchísima la gente que no puede vivir con la
mitad de un sueldo, que ya es precario por sí mismo; téngalo en cuenta.
En cuanto a los autónomos, simplemente quiero señalar lo que ya habían
dicho mis compañeros, también mi compañero Rufián hace unos días aquí:
que se amplíen las protecciones en el trabajo de externalización hasta el
31 de diciembre y que se revise el límite de las pérdidas en el 70 %, en
vez de en el 50 %. Pienso que es más justo y que debe ser así.
Señorías del Gobierno, ustedes son los competentes. Estamos hablando de
Trabajo y Seguridad Social, esto no lo puede arreglar un conseller desde
la Generalitat -ya nos gustaría, y por eso queremos ser independientes y
combatimos para serlo-, ni mucho menos un alcalde, que está sufriendo
como el que más. Les corresponde a ustedes hacer este urgente trabajo, y
por todo ello esperamos que admitan nuestras propuestas.
No quisiera acabar sin mencionar el ingreso mínimo vital, otra de las
joyas de la corona que ustedes han logrado y por la que les felicitamos,
porque hacía falta. Hay gente que no puede vivir y que necesita
urgentemente esta medida, pero en estos momentos, según datos oficiales,
hay 75 000 personas que lo han recibido, y la promesa era llegar a 850
000 familias y a 2,3 millones de personas. Es un ingreso mínimo y vital
-recalco la palabra-, porque para la gente que necesita este dinero es
imprescindible.
Muchísimas gracias y perdón por haberme pasado veinte segundos.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Salvador. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.) Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Gracias, señora
ministra.
Lo primero que quiere hacer nuestro grupo es poner en valor el diálogo
social. Somos conscientes de que no siempre se va a poder llegar a
acuerdos, de que a veces no será posible, pero solo el hecho de la
existencia del diálogo social, solo el hecho de que se debatan propuestas
tan importantes entre trabajadores, empresarios y Gobierno es algo a lo
que, tristemente, no estábamos acostumbrados, porque Gobiernos anteriores
solo debatían, solo discutían con el espejo en su casa mientras tenían a
millones de trabajadores en las calles exigiéndoles que rectificaran, y,
tristemente, nunca lo hacían. Afortunadamente, fruto de este diálogo
social existe ahora este acuerdo social de defensa del empleo, y desde
nuestro grupo parlamentario le felicitamos a usted y a todo su equipo por
haberlo conseguido, porque hay cosas que parecen muy fáciles pero llevan
mucho trabajo invisible por detrás y son muy complicadas de conseguir.
Creo que es justo darles la enhorabuena cuando las cosas se hacen bien.
Este acuerdo que se refleja en el real decreto que hoy debatimos y
convalidamos está siendo clave para evitar millones de despidos, para
evitar impagos masivos de salarios y para evitar el cierre en cascada
de muchísimas empresas en este país. Permite a la gente trabajadora y a
las empresas que se vayan incorporando poco a poco a la actividad, con
flexibilidad, garantizando la viabilidad económica de los negocios y, por
tanto, el mantenimiento del empleo. Y no estoy hablando de deseos ni de
promesas; es una cuestión de hechos, hablo de hechos. Este mecanismo
durante los meses de mayo y junio ha dado importantísimos resultados. De
los cerca de 3,5 millones de personas que entraron en ERTE, ya han
recuperado la actividad -tanto trabajadores como empresas- más de 2
millones. Y, por supuesto, un mecanismo como este, el de los ERTE, que
moviliza una cantidad brutal, ingente de recursos públicos, como ya han
dicho muchos intervinientes, debe contar, como no puede ser de otra
manera, con un control efectivo para evitar el fraude y la picaresca de
determinados empresarios sin escrúpulos que se dediquen a vivir de dinero
público.
En esta línea, este real decreto recoge aspectos que creemos que son de
sentido común, por ejemplo, la exclusión de que puedan beneficiarse de
estas medidas empresas que tienen el domicilio fiscal en paraísos
fiscales. Si usted no paga impuestos aquí, no pretenderá beneficiarse de
las medidas sufragadas con estos impuestos; parece lógico. Asimismo, la
imposibilidad del reparto de dividendos en el ejercicio para las empresas
que estén disfrutando de estas ayudas o de estas medidas, que también
parece de puro sentido común. Igualmente, que no puedan realizarse horas
extraordinarias ni nuevas externalizaciones en la actividad ni
concertarse nuevas contrataciones durante la aplicación de los ERTE, es
decir, si usted tiene gente en ERTE y necesita todo eso, lo que tiene que
hacer es sacar a la gente de los ERTE; evidentemente, si no, estaríamos
en una situación de fraude. También que se mantenga la prohibición de
despedir por causas que justifican ese mismo ERTE, porque para eso está
la medida, así como que se mantenga el compromiso del mantenimiento del
empleo durante los seis meses a partir de la existencia de esta
herramienta.
Todo esto es fundamental y es evidente, como dije antes, que está evitando
sufrimientos a millones de personas. Pero no cabe duda que es una red de
protección que no tiene carácter estructural ni lo puede tener, porque
básicamente las cotizaciones y los recursos públicos no son infinitos.
Por lo tanto, es clave legislar para que abandonemos la precariedad como
un modelo impuesto que provoca, aparte del sufrimiento de la gente
trabajadora, una fragilidad tremenda en nuestro mercado de trabajo; y
esto, desgraciadamente, no es una opinión, ahí están los datos. La
destrucción de empleo en la pandemia se produjo mayoritariamente, y usted
lo sabe y así lo ha expuesto, en los contratos temporales, afectando
especialmente a la gente joven. Tenemos que acabar con esa fragilidad en
el mercado laboral, y eso solo se puede hacer legislando y,
evidentemente, cambiando el modelo productivo.
Es clave impulsar con firmeza la ley que ya prepara su ministerio, junto
con la sociedad civil, para acabar con el drama de los falsos autónomos,
que están tan de moda en la mal llamada nueva economía a pesar de los
reveses judiciales. Es clave impulsar también la ley para regular el
trabajo a distancia e impedir los abusos, y sé, sabemos que su ministerio
está trabajando en este sentido. Y, por supuesto, es igual de importante
o más no dar ni un paso atrás en la derogación de la reforma laboral y en
la generación de un nuevo marco de relaciones laborales en nuestro país.
(Aplausos.) Cuestiones como, por ejemplo, la recuperación de la
operatividad de los convenios, la prevalencia de los convenios del sector
sobre los convenios de empresa y el fortalecimiento de la negociación
colectiva son asuntos urgentes para muchísima gente trabajadora del país
y para la propia economía del país.
Sabemos, somos perfectamente conscientes, porque lo vivimos todos los
días, que llegan presiones por todos lados y de gente muy poderosa tanto
de fuera de nuestras fronteras como de dentro; es más, fuera de nuestras
fronteras hay quien tiene ayuda de gente de dentro. En estos días estamos
viendo cómo el primer ministro holandés, que a veces tiene delirios de
ser el amo del mundo, cree que para que nosotros, como país miembro de la
Unión Europea, podamos acceder a los fondos tenemos que cambiar y apretar
aún más las clavijas a nuestros pensionistas y a la gente trabajadora. Yo
creo, creemos firmemente que las únicas presiones a las que debemos
atender de verdad son las que tiene la gente trabajadora para llegar a
fin de mes, las presiones que tiene la gente para firmar un convenio
colectivo de empresa con un sindicato amarillo puesto por los jefes, las
que tiene la gente con un contrato temporal cuando se acerca el día en
que se va acabar y no sabe si se lo van a renovar o no. Nosotros creemos
firmemente que esas son las únicas presiones a las que tenemos que
atender, porque para eso nos votaron y para eso estamos aquí.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
(Aplausos.)
El señor AIZCORBE TORRA: Gracias, señora presidenta.
Real Decreto-ley 24/2020. No podemos votar a favor de dicha convalidación
porque es una nueva muestra de la inseguridad jurídica que
permanentemente provoca este Gobierno, que es lo que menos necesita
cualquier recuperación económica. Y me voy a centrar única y
exclusivamente en relación con lo establecido sobre el acuerdo social
para el empleo del Título I. Es curioso que dicho acuerdo entre los
llamados agentes sociales y el Gobierno sobre el desarrollo de los ERTE y
las medidas de la mal llamada salvaguarda del empleo se formalizara tan
solo unos días, unas horas antes del 30 de junio, fecha prevista para la
finalización de los mismos, ante la lógica intranquilidad de todos los
afectados, prorrogándolos hasta el 30 de septiembre. Ya auguramos que en
muchas empresas -más de las previstas en la norma- deberán ampliarse,
habida cuenta de las limitaciones existentes, unas de carácter sanitario
y otras frente a la imposibilidad de reactivación de muchas empresas por
las trabas que desde el Gobierno se están poniendo. Quédense vuestras
señorías con la fecha del 1 octubre -otra vez el 1 octubre-, cuando
empezará el goteo o avalancha de concursos en los juzgados mercantiles;
acuerdos que vienen a rectificar errores reconocidos incluso expresamente
en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 15/2020; acuerdos que se
suscriben con una confederación empresarial en muchas ocasiones
acongojada ante los abusos y exabruptos del Gobierno y unos concretos
sindicatos de clase trasnochados, ineficaces, ineficientes,
subvencionados, sirvientes y silentes, simples correas de transmisión de
soflamas ideológicas, apenas representativos, lo que, sin duda, hace
imprescindible la irrupción de un sindicato en España solidario que
represente a los trabajadores sin distinciones, sin intereses
partidistas, consciente de la defensa de sus derechos y que abogue por la
supervivencia y crecimiento de las empresas como fuente de trabajo digno.
(Aplausos.)
Decíamos que estamos ante el Gobierno de la inseguridad jurídica que
provoca permanentemente este Ejecutivo y a la que coadyuva parte de la
Cámara legislativa, una especie del qué dirán ajeno al lamento de
asesores, empresas, abogados, trabajadores, gestores, funcionarios, todos
ellos desesperados ante tanta incertidumbre procedimental que vemos de
nuevo plasmado en este real decreto-ley. Y sirvan como brochazos los
siguientes. En primer lugar, inseguridad jurídica en cuanto al artículo
tercero, porque en caso de rebrote las empresas que hayan renunciado a un
ERTE por causa de fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto-ley
8/2020 -pecado original de los posteriores- han de ir a un ERTE en base
al artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, con todos los trámites
y complejidad que ello representa. Señora ministra, ¿son conscientes de
lo que significa? ¿Son conscientes de que para cuando se presente y se
resuelva posiblemente la empresa ya habrá cerrado? ¿Son conscientes de lo
que supone dicho trámite y la complicación para las pequeñas y medianas
empresas? Es evidente que no; les da absolutamente igual, me temo. En vez
de ayudar para la reconstrucción, aprovechamos para hundir proyectos
empresariales que dan y sostienen empleo, para someterlos a un laberinto
de vericuetos administrativos sin sentido.
En segundo lugar, inseguridad jurídica en relación con los ERTE Cetop del
artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020. ¿Por qué no se ha autorizado el
pase de un ERTE por causas de fuerza mayor a un ERTE Cetop si al final
podemos decir que las causas de casi todos los ERTE Cetop presentados en
estos días son por causas productivas? Es incomprensible la exposición
que supone para las pequeñas empresas tener que reiniciar un periodo de
consultas, cuando tanto los trabajadores como los empresarios no han
cobrado todavía del SEPE y no saben qué va a pasar con su puesto de
trabajo. ¿Había necesidad de exponer tanto a dichos trabajadores y
empresarios a este calvario? Esto ya se lo planteamos, señora ministra,
expresamente en comparecencia del 21 de abril como futuro problema, pero
ni caso.
Asimismo, inseguridad jurídica porque la norma prohíbe hacer horas extras
si la empresa está en ERTE en administración y hay una punta productiva.
¿Se puede entender que se prohíba aprovecharla? Solo salen perjudicados
los trabajadores, el empleo en sí. ¿No se dan cuenta de que es absurdo?
Esta es una pregunta constante de muchos pequeños empresarios, pero
ustedes están en otra cosa. Corrección de errores que acaban de darnos
hace unos minutos, señora ministra, según la cual, efectivamente, han de
aceptar que se puedan reanudar externalizaciones que ya existían.
Inseguridad jurídica a raíz del artículo 6, de salvaguarda del empleo, de
la disposición adicional sexta del famoso 8/2020; insistimos, pecado
original. A día de hoy, dos meses después de la
publicación del Real Decreto 18/2020, de 12 de mayo, sigue sin aclararse
ni vía real decreto-ley ni oficio en la Dirección General de Trabajo del
Ministerio de Trabajo ni de la Tesorería General de la Seguridad Social
si en caso de incumplimiento hay que devolver las cuotas de la Seguridad
Social más recargo, más intereses de demora del trabajador despedido o de
todo el ERTE. Esto tiene paralizadas a miles de empresas que necesitan
ajustar personal pero no pueden por miedo a que se sancione con la
devolución de todo el ERTE.
Inseguridad jurídica del artículo 7, en referencia a los artículos 2 y 5
del Real Decreto 9/2020. Se extiende hasta el 30 de septiembre lo que se
conoce como prohibición de despedir, que no es tal, sino un
encarecimiento por improcedencia directa. ¿Por qué se miente así? Señora
ministra, ¿dónde están los combativos sindicatos de clase? No se permite
-vía encarecerlos ostensiblemente- hacer despidos objetivos individuales
de los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores ni ERE,
despidos colectivos del 51 del Estatuto de los Trabajadores, cuando hay
miles de empresas que necesitan ajustar sus plantillas. Todo ello atenta,
sin duda, contra el artículo 38 de la Constitución, a la libertad de
empresa en una economía de mercado como en la que nos encontramos. El
Real Decreto 9, artículo 5, supone un alargamiento falso e irreal de los
contratos temporales para evitar la inevitable imagen de las cifras
reales. Sabemos que en muchas ocasiones -y lo saben ustedes- será irreal,
puesto que ya no existirá la obra o el servicio determinado o porque ya
no se necesite al trabajador en eventual, por ejemplo, en Semana Santa.
Es alargar durante meses y meses para encubrir la trágica realidad del
empleo.
En definitiva, antes mi compañero Víctor González ha expuesto parte de las
soluciones, pero el Gobierno de la intervención, de la subvención, del
paro, de las colas del hambre, el Gobierno de la ineficacia, del control
y, por supuesto, de la inseguridad jurídica es el que nos está llevando a
la ruina. Señora ministra, por supuesto, sigue sin llamar a VOX. Atienda
los problemas de la España real, deje de pensar en las elecciones
gallegas, ya han pasado, al igual que los tiempos de sus políticas
trasnochadas.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo
Parlamentario VOX, puestos en pie.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aizcorbe. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la
señora España Reina.
La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy se cumplen veinte años del vil asesinato de mi compañero y
concejal de Málaga José María Martín Carpena por la banda terrorista ETA
delante de su mujer y de su hija. Sirva hoy su recuerdo para remover
conciencias de quienes quieren blanquear la historia del terrorismo y de
quienes lo ampararon y aún hoy siguen amparándolo. Va por ti, querido
José María Martín Carpena. (Aplausos de las señoras y los señores
diputados de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y VOX,
puestos en pie.)
Entrando en el tema, señorías, el Partido Popular va a apoyar este real
decreto precisamente porque está pactado en el diálogo social con la
patronal y los sindicatos. Señora ministra, bienvenida al diálogo social,
ese que ustedes rompieron estrepitosamente cuando firmaron con Bildu la
derogación de la reforma laboral. Pero vamos a hablar de ERTE, ¿qué va a
pasar después del 30 de septiembre? Usted sabe que la evolución de los
ERTE después del 30 de septiembre es clave para la recuperación del
mercado laboral. Decía usted que hasta los niños iban a saber lo que era
un ERTE. ¡Y tanto que lo han sabido! ¡Como que los padres y las madres
han estado meses y meses sin cobrar! ¿De qué se ríen ustedes tanto cuando
dan las dramáticas cifras de paro? Vamos a hablar del paro del mes de
junio. Por primera vez sube el paro en junio desde el año 2008, hay un 28
% más de parados en el último año. La Seguridad Social ha perdido casi
900 000 afiliados en el último año. El paro juvenil duplica la media
europea. La contratación indefinida no llega ni al 10 % y ha caído en
junio un 35 %. Aumenta el paro femenino; señora ministra, las empleadas
de hogar -que son fundamentalmente mujeres- llevan sin cobrar la ayuda y
hace ya más de cuatro meses que se aprobó. A mí se me caería la cara de
vergüenza. Hay 422 000 mujeres menos trabajando que hace un año. Ese es
el feminismo de propaganda de su Gobierno. Hay 700 000 parados más que
cuando Sánchez llegó al Gobierno. Tenemos el peor Gobierno en el peor
momento y, mire, en enero, antes del coronavirus, se destruyeron 244 000
empleos, repito, 244 000, la peor cifra. Es decir, que antes del
coronavirus ya estaba subiendo el paro y ahora se está disparando. Eso es
lo que nos ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez: más paro, más pobreza,
menos empleo, menos empresas y menos autónomos. Decía Pedro Sánchez que
no dormiría, con Podemos en el Gobierno. Ya
sabemos que mintió a toda España. Yo le pregunto: ¿duerme usted tranquila,
señora ministra? Eso es lo que le preguntó a la ministra del Partido
Popular cuando España era el país que más empleo creaba de toda la Unión
Europea: 600 000 empleos de media al año. Ahora que el desempleo crece
diez veces más que la media europea y el triple que Alemania yo le
pregunto: ¿duerme usted tranquila, señora ministra? Yo creo que quien no
duerme muy tranquilo es su jefe, el señor Iglesias, quedándose con la
tarjeta de los móviles, amenazando a los periodistas... Esto huele mal,
esto huele a cloaca y huele a machismo.
Pero, en fin, sigamos con el empleo. Hay que estar al lado de los
trabajadores, por eso nosotros proponemos prolongar los ERTE hasta
finales de año o incluso hasta finales del primer trimestre del año
siguiente. Porque no se puede dejar a los trabajadores a la intemperie.
¿Le suena eso, verdad, ministra? Serán ustedes los responsables de que
esos ERTE se conviertan en ERE; por cierto, ERE que han permitido capear
la crisis gracias a la modificación introducida por el Partido Popular.
Somos los campeones en Europa de la temporalidad, el desempleo y la
pobreza laboral. Sí, Yolanda Díaz, año 2018. ¿Qué ha hecho usted para
mejorar esto? Nada, nada. (La señora ministra de Trabajo y Economía
Social, Díaz Pérez: Nada, nada...). Vuelve la izquierda y vuelven las
cifras históricas del desempleo. Por cierto, pagar más de 5 millones en
prestaciones por desempleo y sacar pecho de eso, yo que usted me lo haría
mirar. (Aplausos.) Hágaselo mirar. Si no hay empleo peligran las
pensiones, vuelve el fantasma de la congelación con la izquierda. Un dato
curioso, en junio la afiliación crece en Galicia el triple que en España.
¿Sabe usted por qué? No porque usted sea gallega sino porque allí
gobierna el Partido Popular y gobierna Feijóo. Que, por cierto, aprovecho
para felicitarle (aplausos), cosa que no puedo hacer con usted porque
Podemos se ha hundido, ha desaparecido del mapa gallego. (Aplausos.) ¿Y
sabe usted por qué? Ha desaparecido Podemos porque no se fían de ustedes,
ni dentro ni fuera de España. Y si no que se lo pregunten a la ministra
Calviño, que vaya bofetada se ha llevado en plena negociación del fondo
europeo, que es clave para salvar nuestra economía. No los quieren ni en
Galicia, ni en España, ni en Europa. Háganselo mirar, señorías.
Electrointensivas. ¡Qué pena, las empresas agonizando por sus promesas
incumplidas! Señorías de Ciudadanos -que son ahora los nuevos palmeros
del PSOE-, dejen de regañarnos y arreglen su casa, que van camino también
de desaparecer. ¿Pero usted sabe cuál es el problema real? Que ustedes no
tienen un plan para España, ni ahora ni a partir del 30 de septiembre. No
saldremos más fuertes, la caída del PIB va a ser del 15 %, el déficit
superará el 10 %. Vamos a liderar el desplome económico mundial y es que
ustedes son especialistas en crear incertidumbre. Y el pacto con Bildu
para la derogación de la reforma laboral ha sembrado el pánico, señorías.
Ahuyentan a los inversores. ¿Y sabe usted cuál es su solución a todo
esto? Subida masiva de impuestos, lo contrario que hacen los países de la
Unión Europea. Cuando la izquierda habla de justicia social, llévense las
manos a la cartera porque nos van a freír a impuestos. Por cierto, a los
trabajadores de Nissan, nuestro apoyo, pero quiero recordarles que fue el
señor Sánchez el que dijo en Davos que estaba garantizado el empleo.
(Aplausos.) En cuanto a los autónomos, llevan meses padeciendo la desidia
y el abandono de su Gobierno; 20 000 autónomos han desaparecido en la
crisis sanitaria, pero no es nuevo, es que en el último año más de 41 000
han tenido que cerrar su negocio.
Termino como empecé: bienvenida al diálogo social, hace bien en reconducir
su postura; le recuerdo que usted -usted- fue la que boicoteó el acuerdo
en el Pacto de Toledo sobre las pensiones en la anterior legislatura. Es
un decreto que se queda corto porque octubre está a la vuelta de la
esquina, porque tenemos ya las peores cifras de paro oficiales de toda la
Unión Europea, y yo les pido que no hagan más destrozos en la economía y
en el empleo porque lo acabarán pagando millones de españoles, aunque ya
cada vez son más los que saben que con ustedes, con la izquierda y con la
extrema izquierda, España siempre vuelve a las colas del paro y del
hambre. Esa es la nueva normalidad pero, desde luego, le digo ya que
nosotros, el Grupo Popular lo hemos cambiado dos veces y lo volveremos a
hacer de la mano de Pablo Casado y del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora España. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Narváez
Bandera.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Subo a esta tribuna para manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista
apoyará la toma en consideración de este real decreto-ley. Se trata de
una norma que nuevamente refleja la preocupación de
un Gobierno por proteger el empleo, evitar la destrucción de puestos de
trabajo y sostener el tejido productivo; en consecuencia, amplía la
protección de las personas trabajadoras tanto por cuenta propia, como por
cuenta ajena.
En los primeros momentos de esta pandemia ya se tomaron medidas para
preservar el empleo y proteger a los más vulnerables. Recordamos que era
y es el objetivo prioritario de este Gobierno y del presidente no dejar a
nadie atrás y ayudar a los que más lo necesitan. Así se reguló en el Real
Decreto-ley 8/2020. Este, del que hoy se solicita la convalidación en
esta Cámara, incide nuevamente en esta necesidad de protección. Y
coincidirán conmigo en que desde que estalló la pandemia -no sé si la
señora España es consciente de que estamos en una pandemia que no nos
deja tregua- (la señora España Reina: Antes, antes), este Gobierno no ha
escatimado en recursos en ese objetivo de proteger a las personas,
medidas que se han adoptado en paralelo a otras dirigidas a poner las
bases para una recuperación económica más justa. Esta pandemia nos ha
colocado en una situación de incertidumbre inusitada, en la que no es
fácil vislumbrar la efectividad de las medidas adoptadas. Sus efectos
siguen afectando a las empresas, que aún, es cierto, no han recuperado su
plena actividad, y a los trabajadores, a quienes se ha de proveer de los
recursos necesarios para la sustitución de las rentas dejadas de
percibir. Por eso este real decreto-ley tiene como objetivo continuar con
las medidas necesarias para la protección del empleo y la recuperación
gradual de la actividad económica, medidas tomadas, como ya se ha dicho
aquí, a partir del necesario diálogo social, diálogo con sindicatos -para
el que el diputado de VOX no ha escatimado en calificativos- y la
patronal. Hay que recordarle que el diálogo social se establece con los
sindicatos y la patronal, y somos conscientes de que solo estas
decisiones compartidas son garantía de eficacia. Estamos ante un Gobierno
que sabe escuchar y que ha actuado con responsabilidad, adoptando las
medidas conforme ha ido evolucionando la situación provocada por el
COVID. Fruto de ese diálogo para la defensa del empleo es lo que ha
permitido que los ERTE puedan ser prorrogados hasta el 30 de septiembre,
pudiendo las empresas ir reincorporando a los trabajadores y a las
trabajadoras en la medida en que los ha necesitado para el desarrollo de
su actividad, y esto ha dado seguridad y tranquilidad a las empresas y a
los trabajadores.
Para finales de septiembre, más de 3,4 millones de personas habrán estado
en un ERTE. Los ERTE han supuesto, aunque diga la señora España que se
avergonzaría de ello, una inversión de 5400 millones de euros hasta
junio. Como dato les diré que en mi provincia, en Málaga, se han acogido
a un ERTE más de 120 000 trabajadores, lo cual ha supuesto un montante de
222 millones de euros. Esto es proteger a las personas y a sus familias,
proteger a más de 400 000 trabajadores de la hostelería y la
restauración, a más de 250 000 trabajadores del sector del comercio, a
los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en empresas del
sector de la educación, a los trabajadores de la construcción y a un
largo etcétera. Se protege, además, permitiendo que las prestaciones por
desempleo se prorroguen también hasta el 30 de septiembre y, en el caso
de los trabajadores fijos discontinuos, hasta el 31 de diciembre. Se
protege permitiendo que cobren esas prestaciones por desempleo
trabajadores que, aunque no hubiesen cotizado el tiempo suficiente para
ello, las están cobrando. Así es como se mantiene el escudo social y la
economía de nuestro país. (Aplausos.) Se protege también a las empresas
permitiendo que no abonen las cotizaciones sociales de los trabajadores
en unos determinados porcentajes que van desde el 70 % al 35 % durante
los meses de julio, agosto y septiembre. Y se protege a los autónomos
también, un colectivo que preocupa a todos los grupos de esta Cámara.
Preguntémosle a esos autónomos si prefieren acogerse a las ayudas que se
dieron en el año 2012, de las que yo no recuerdo ninguna, o prefieren
acogerse al cese de actividad del 2020 y a las exenciones en la
cotización, medidas que este real decreto-ley amplía hasta el 30 de
septiembre, el 100 % de las cotizaciones correspondientes al mes de
julio, el 50 % de la cotización de agosto y el 25 % de septiembre. Se
protege también en este real decreto-ley por primera vez a los autónomos
de temporada, aquellos que están solo de alta en los periodos desde marzo
hasta octubre y que en algunos casos ni siquiera se habían dado de alta
cuando se decretó el estado de alarma. Pues por primera vez tendrán
derecho al cese de actividad durante un periodo de cuatro meses con
efecto retroactivo, como ha dicho la ministra, desde el 1 de junio y sin
la obligación de cotizar. (Aplausos.)
Miren, señorías, este Gobierno sabe escuchar y se intenta llegar a todos
los colectivos de personas trabajadoras. Este Gobierno está intentando,
de verdad, que nadie se quede atrás y podríamos comparar las ayudas que
este colectivo de autónomos ha recibido desde que comenzó la pandemia,
cobrando una media de 670 euros al mes, que es lo que han estado
cobrando, más la exención de la cotización a la Seguridad Social, y las
ayudas que se han prestado en algunas comunidades
autónomas como, por ejemplo, en Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno
presupuestó y publicitó unas ayudas que apenas han llegado a un 4 % de
los autónomos andaluces. Da la impresión de que hicieron esta medida para
no gastarse ni un duro porque apenas se ha ejecutado un 10 % de lo
presupuestado. Frente a eso, este Gobierno ha apoyado a más de 236 000
autónomos andaluces. Solo en Málaga han cobrado el cese de actividad 61
000 autónomos. Con ayudas directas como esta es como se protege a este
sector y no con un publirreportaje en medios de comunicación. Han hecho
más muchos ayuntamientos andaluces dentro de sus posibilidades que el
Gobierno de la Junta de Andalucía.
¿Se puede hacer más, señorías? Sin duda que sí, pero de manera responsable
yo creo que este Gobierno ha hecho lo que debe, facilitando con todas
estas medidas la recuperación de la actividad empresarial y la protección
del empleo. Yo, que llevo algunos años en política municipal en mi
pueblo, El BurgoSierra de las Nieves, he procurado siempre hacer y apoyar
propuestas viables y sensatas, tanto si hemos estado gobernando como si
estamos en la oposición, porque es lo que los ciudadanos y las ciudadanas
esperan de nosotros. Señorías, la recuperación es cosa de todas y todos y
este decreto, sin duda, ayudará a seguir por esa senda. Por eso, el Grupo
Parlamentario Socialista lo apoyará.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Narváez. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
- REAL DECRETO-LEY 25/2020, DE 3 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000026).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo. Para presentar el real decreto-ley, tiene la
palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias,
presidenta.
Señorías, comparezco ante esta Cámara para defender por sexta vez desde
que comenzó la pandemia la convalidación de un real decreto-ley de
medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de esta crisis
sanitaria y de esta crisis económica y social. Por fortuna, las
circunstancias en las que nos encontramos en este momento son muy
diferentes a las existentes en semanas anteriores, cuando me dirigí a sus
señorías para pedir su apoyo a medidas que han permitido preservar el
tejido productivo y el empleo de nuestro país y evitar mucho sufrimiento
adicional para todos los ciudadanos. En este sentido, dentro del dolor,
tenemos que sentirnos orgullosos por estar prestando un buen servicio a
nuestro país de manera conjunta, unidos; porque, aunque ha sido el
Gobierno el que ha ido proponiendo los diferentes paquetes de actuación
conforme evolucionaba la situación, el mérito de los resultados obtenidos
es del país en su conjunto. Como he señalado anteriormente en esta
Cámara, la reconstrucción económica no empieza ahora, sino que empezó con
el primer paquete de medidas adoptado y todos los que le han seguido.
Gracias a esta respuesta decidida, hoy España se encuentra en una
situación diferente y los indicadores coyunturales disponibles muestran
un cambio de tendencia con la progresiva recuperación de la actividad
económica y el empleo.
Sin embargo, esto no oculta que las medidas de distanciamiento físico y
las limitaciones a la movilidad, imprescindibles para controlar la
transmisión del virus, han tenido y siguen teniendo un impacto enorme en
la actividad productiva y en el bienestar de los ciudadanos. Estos
efectos se han dejado notar tanto en la oferta, con dificultades para las
cadenas de suministros y el cierre temporal de negocios, como en la
demanda doméstica y externa, con una importante repercusión en algunos
sectores esenciales para nuestra economía, como el turismo. La magnitud
de esta situación no tiene precedentes y, por eso, no hemos escatimado en
esfuerzos para atender a las dificultades transitorias de empresas y
ciudadanos, comenzando el pasado mes de marzo y mirando hacia el futuro.
Las líneas de avales, la flexibilización de los expedientes de regulación
temporal de empleo -de los que se acaba de hablar-, la prestación
extraordinaria para autónomos -también se acaba de hablar de este tema- y
el casi centenar de medidas adicionales que hemos ido poniendo en marcha
entre todos para sostener las rentas empresariales
y familiares están cumpliendo de manera eficaz su objetivo. En conjunto,
para hacer frente al impacto del confinamiento en la actividad económica
se han adoptado medidas con un impacto presupuestario de casi un 4 % del
PIB y medidas de apoyo a la liquidez equivalentes al 11 % del PIB.
Superada esa primera fase en la que lo básico era resistir, ahora estamos
inmersos en una segunda fase, en la que la prioridad es reactivar nuestra
economía y apoyar la creación de empleo y la inversión, centrando
nuestros esfuerzos en el segundo semestre del año, clave para conseguir
recuperar un crecimiento robusto y sostenible en el periodo 20212022.
Para ello, hay que ir adaptando, completando y ampliando los distintos
instrumentos puestos en marcha durante los últimos cuatro meses para
consolidar lo logrado en términos de protección del tejido productivo y
del empleo. Es lo que hemos venido haciendo con la legislación que hemos
venido aprobando en las últimas semanas y que hoy se ha traído a
convalidación, centrada en diferentes objetivos. Por una parte, en
reactivar el mercado de las energías renovables, aprovechando todo su
potencial en términos de generación de empleo. También en reforzar el
apoyo a los grandes consumidores de energía, creando un fondo español de
reserva para garantías electrointensivas, que servirá para apoyar la
suscripción de contratos bilaterales de largo plazo. También hemos
prorrogado los ERTE hasta finales de septiembre, adaptándolos para
incentivar la reincorporación de los trabajadores, cumpliendo así con lo
suscrito con los interlocutores sociales en el acuerdo en defensa del
empleo firmado hace unos días. Y hemos extendido también el régimen de
protección especial para los autónomos, entre otras muchas medidas de
protección social para los más vulnerables. Y eso sin olvidar los planes
específicos que hemos puesto en marcha para el sector del turismo, el
sector de la automoción y el sector del transporte, muy afectados por la
pandemia, lo que supondrá también un importante revulsivo, una
contribución importante gracias a los más de 8000 millones de inversión
que llevan asociados. En este sentido, me gustaría también mencionar el
plan de choque para la ciencia que se presentó hace escasos días.
En definitiva, son muchas las medidas y las iniciativas que hemos venido
impulsando para acelerar la reactivación, que ya se ha iniciado en
nuestra economía, y dar soporte a miles de puestos de trabajo. Esto es
también lo que persigue el real decreto-ley que hoy traigo para su
convalidación. Para ello, se incluyen medidas que se pueden resumir en
cuatro grandes bloques. Un primer grupo de medidas persigue reforzar la
solvencia empresarial e impulsar la inversión necesaria para la
reactivación de la economía. Si durante el confinamiento la prioridad fue
atajar los problemas de liquidez derivados de la falta de actividad
económica, que habría podido acabar generando efectos en cadena y una
caída muy profunda de nuestra economía, ahora, que las empresas pueden
empezar a cubrir sus necesidades de liquidez por sus propios medios, hay
que impulsar la actividad inversora para conseguir que la economía
crezca. Es decir, resulta imprescindible evitar que los problemas de
liquidez provocados por el confinamiento se transformen en problemas de
solvencia y que compañías perfectamente viables y estratégicas para el
país se vean abocadas a la quiebra. Y hay que hacerlo garantizando que
los recursos públicos se destinen a optimizar el retorno para el conjunto
de la sociedad, protegiendo el interés general. Para ello, este real
decreto-ley incluye, en primer lugar, una nueva línea de avales del
Instituto de Crédito Oficial por importe de 40 000 millones de euros, que
irán dirigidos a fomentar la financiación concedida por empresas
financieras supervisadas a empresas y autónomos para la realización de
nuevas inversiones generadoras de valor añadido, particularmente
orientándose a la transformación necesaria para la sostenibilidad
medioambiental y la digitalización. Porque para luchar contra la crisis,
potenciar la reactivación económica y social y fomentar el crecimiento
futuro no basta con conservar el tejido productivo, sino que hay que
adaptarlo a los cambios estructurales que se van a acelerar y que se
están acelerando como consecuencia de la crisis sanitaria. Por eso, hay
que facilitar las inversiones que puedan proporcionar ese crecimiento
potencial, la productividad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestra
economía. A la vista del excelente funcionamiento de las líneas de avales
a la liquidez por importe de 100 000 millones de euros que hemos
habilitado en estos meses, de los que hasta el pasado domingo ya se han
dispuesto de más de 67 400 millones de euros en 704 155 operaciones, el
97 % de las cuales con pymes y autónomos, que han permitido movilizar
casi 88 700 millones de euros para el tejido productivo, hemos optado por
una operativa similar, cuyas condiciones concretas se irán definiendo en
sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros, conforme se vayan liberando
los tramos.
En segundo lugar, el real decreto-ley establece la creación de un fondo de
apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que estará dotado
inicialmente con 10 000 millones de euros que gestionará un consejo
gestor dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la
SEPI. Su funcionamiento consistirá en ayudas para la toma de instrumentos
financieros, incluyendo, por ejemplo, deuda subordinada, instrumentos
híbridos, acciones o participaciones sociales en el capital de las
empresas no financieras
solventes que puedan necesitar un refuerzo ante la caída extraordinaria de
actividad y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo
en términos de impacto social o económico o relevancia para la seguridad,
la salud de las personas, las infraestructura, las comunicaciones o su
contribución al buen funcionamiento de los mercados. Se trata de un
instrumento temporal que cumple la normativa de ayudas de Estado europea,
y que está muy alineado con un nuevo mecanismo propuesto a nivel
comunitario, el mecanismo de apoyo a la solvencia, solvency support
mechanism, propuesto por la Comisión Europea. Se trata de un instrumento
que servirá de palanca de último recurso para aquellos casos en los que
las medidas de crédito o liquidez no sean suficientes para asegurar el
mantenimiento de la actividad de empresas, que -como decía- atraviesen
severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia.
Por eso, las condiciones de la aplicación de este fondo son estrictas.
Las operaciones deberán ser solicitadas por los beneficiarios,
autorizadas por el Consejo de Ministros, y las ayudas estarán sujetas a
planes de desinversión de la participación estatal que, en todo caso,
será remunerada en línea con lo dispuesto en el ya citado marco temporal
de ayudas de Estado de la Unión Europea.
En tercer lugar, con este real decreto-ley se amplía a las empresas
cotizadas la posibilidad de acceder a la línea extraordinaria de
cobertura de crédito circulante, gestionada por la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce, inicialmente pensada
únicamente para pymes y empresas no cotizadas. Hemos considerado
conveniente ampliar el ámbito de aplicación, porque inicialmente se pensó
que las empresas cotizadas tenían un mejor acceso a la financiación, pero
sin embargo el impacto de esta crisis se está dejando sentir de igual
manera en todos los segmentos empresariales, y el sector de actividad
está siendo más determinante que el tamaño de la empresa, en última
instancia, para acceder a la financiación pública, por lo que algunas
empresas cotizadas están encontrando dificultades para financiarse.
En cuarto lugar, se refuerza la dotación del Fondo para Inversiones en el
Exterior, el FIEX, que pasará de 10 a 100 millones de euros, con el
objetivo de apoyar la internacionalización de nuestras empresas, uno de
los vectores, una de las palancas clave de nuestra recuperación
económica.
Este es un primer bloque, pero, más allá de las medidas de apoyo a la
liquidez y refuerzo de la solvencia, un segundo bloque de este real
decreto-ley se centra en la reactivación de sectores especialmente
afectados por la crisis sanitaria, desarrollando y poniendo en marcha, de
este modo, algunos de los elementos que se contienen en los acuerdos
sectoriales firmados recientemente con el sector turístico y el de la
automoción.
Con respecto al sector turístico, al que se ha venido prestando una
atención prioritaria desde el inicio de esta crisis, con más de 12 000
millones de euros dedicados a este ámbito, solo contando las líneas ICO
desplegadas hasta ahora y los ERTE, se prevén en este real decreto-ley
cuatro medidas. En primer lugar, una moratoria en el pago del principal
de préstamos hipotecarios para inmuebles afectos a la actividad
sectorial, como hoteles, alojamientos turísticos y agencias de viajes.
Esto supone que se suspende el pago del principal de los préstamos
durante el plazo solicitado por el deudor, con un máximo de doce meses,
cuando existan dificultades financieras derivadas de una caída de los
ingresos o de la facturación de al menos el 40 % entre marzo y mayo
respecto a los mismos meses de 2019. Esta moratoria podrá ser solicitada
también a instancias del arrendatario del inmueble, incluso cuando el
deudor no tenga dificultades económicas, siempre y cuando las cuotas y la
modificación correspondiente se redistribuya y beneficie también al
arrendatario. Para poder acogerse a esta medida habrá que cumplir ciertas
condiciones, como no haber incurrido en mora o haberse declarado en
concurso de acreedores, no distribuir beneficios, hacer devoluciones de
capital, recomprar acciones propias, o retribuir el capital en forma
alguna hasta haber terminado la moratoria; o, en el caso de inmuebles
alquilados, hay que conceder a los arrendatarios una moratoria de al
menos el 70 % de la cuantía de la mora hipotecaria. La moratoria viene
acompañada, además, de una bonificación del 50 % de los aranceles
notariales y del registro de la propiedad que sea necesario pagar, así
como de cualquier otro impuesto o gravamen. Según datos del Banco de
España, se estima que esta medida alcanzará al principal de préstamos
hipotecarios por un total de 904 millones de euros.
En segundo lugar, se regula el programa de planes de sostenibilidad
turística en destinos, que permitirá apoyar la inversión en actuaciones
de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos maduros y
rurales del interior de España. En total el presupuesto de este programa
asciende a 23 millones de euros este año y 30 millones adicionales hasta
2022, con los que se ayudará al sector a contar con programas y
protocolos de seguridad y de higiene para atender correctamente y
transmitir confianza a los turistas. En tercer lugar, se articula una
línea de préstamos reembolsables por importe de 216 millones de euros
para atender a las necesidades de inversión de los destinos y empresas
turísticos afectados por el COVID-19
en ámbitos como la transformación digital o la I+D+i en el sector. Y, en
cuarto lugar, se amplían a los meses de julio a octubre las
bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos en
los sectores del turismo, la hostelería y el comercio vinculados al
turismo, en las mismas condiciones en las que ha estado en vigor entre
febrero y junio, un tema muy importante para algunos de los territorios
de nuestro país.
Por lo que respecta al sector de la automoción, el real decreto-ley regula
el Programa de renovación del parque circulante español, el conocido como
Plan RENOVE, con una dotación de 250 millones de euros para fomentar la
sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y
seguros, incorporando criterios medioambientales, pero respetando la
neutralidad tecnológica. Las ayudas se concederán de forma directa e irán
desde los 300 hasta los 4000 euros, con cuantías adicionales por
achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, para beneficiarios
con movilidad reducida o para aquellos que pertenezcan a hogares con
bajos ingresos. El impacto económico esperado de este programa se estima
en más de 1100 millones de euros y 7400 empleos a lo largo de toda la
cadena de valor y de los servicios asociados al ecosistema de la
automoción.
Finalmente, el real decreto-ley incluye tres medidas adicionales de otra
naturaleza. Por una parte, se extiende hasta el 31 de diciembre de este
año el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios en el
supuesto de separación por falta de dividendos. De esta forma se permite
a las empresas la retención del dividendo para que puedan tener una mayor
solvencia y poder afrontar la recuperación económica con un refuerzo.
También se arbitran mecanismos de colaboración público-privada en el
ámbito de la financiación pública de proyectos de I+D+i para conseguir
tratamientos contra el COVID-19. El objeto de esta medida es superar
eventuales dificultades en la escalada y producción de estos medicamentos
o productos sanitarios, que puedan desembocar en situaciones de escasez
de existencias para satisfacer la demanda interna. Y, por último, se
incluyen unas modificaciones en el Real Decreto-ley 20/2020, por el que
se establece el ingreso mínimo vital, para dar la cobertura legal
necesaria al Instituto Nacional de la Seguridad Social para intercambiar
información con comunidades autónomas y ayuntamientos en aras del
reconocimiento y control de la prestación.
En conjunto, con las medidas contenidas en este real decreto-ley se
movilizarán unos 51 500 millones de euros de recursos públicos entre
avales, subvenciones, fondos, préstamos y bonificaciones fiscales. Me
gusta siempre señalar este elemento para que todos seamos conscientes del
esfuerzo colectivo que están realizando los ciudadanos españoles para
apoyar el tejido productivo y el empleo en esta situación extraordinaria.
Esto significa que, teniendo en cuenta la ampliación de los ERTE y de la
prestación para autónomos -que se ha traído hoy también para
convalidación-, el Fondo COVID-19 para las comunidades autónomas -que se
ha traído para convalidación hoy-, los planes de automoción y turismo, el
programa Educa en Digital, el Fondo de apoyo a la solvencia y los nuevos
avales del ICO para inversiones, el impacto presupuestario asumido
alcanza ya el 5 % del PIB en 2020 y las medidas de liquidez equivalen a
más del 15 % del producto interior bruto de nuestro país. Un esfuerzo,
como decía, de todos los españoles para conseguir reactivar nuestra
economía de modo que podamos volver cuanto antes a la senda de
crecimiento sólido, inclusivo y sostenible en la que estábamos hasta que
comenzó esta situación extraordinaria. Y de este modo, lo que pretendemos
es estar también en las mejores condiciones posibles para afrontar la
tercera fase de la recuperación, que pasa por relanzar nuestra actividad
con un plan de inversiones y reformas en el que estamos trabajando y que
nos permitirá proyectar la economía española hacia las próximas décadas,
aprovechando la movilización de recursos públicos y privados para
modernizar nuestro tejido productivo. De hecho, tal y como les acabo de
describir, muchas de las medidas contenidas en este real decreto-ley
están ya pensadas para comenzar ese camino de reorientación, de
adaptación, de modernización de nuestro tejido productivo hacia sectores
con mayor crecimiento potencial, lo que permitirá que el impacto
potencial de estas ayudas se deje sentir no solo en las empresas
beneficiarias, sino en el conjunto de la actividad económica de nuestro
país.
Concluyo ya, señorías. A ninguno se le escapa que este es un real
decreto-ley con medidas importantísimas para respaldar a nuestras
empresas y acompañarlas en este momento de la reactivación. Por eso
esperamos contar con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, que
sabrán ver su importancia. Las circunstancias actuales requieren de una
política pública destinada a cumplir unos objetivos bien definidos por el
Gobierno y cuya materialización exige una extraordinaria y urgente
implementación. La situación que viene enfrentando nuestro país desde la
declaración del estado de alarma, que acaba de concluir, genera una
concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente
necesidad de adoptar estas medidas y de este real decreto-ley, que espero
que hoy podamos convalidar porque igual
que la unidad ha salvado vidas, la unidad puede salvar empresas y empleos.
Este es el espíritu con el que vengo hoy y este es el espíritu con el que
espero que terminemos la jornada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores). Muchas gracias, señora Guille.
En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Votaré a favor de la convalidación de este Real
Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y
el empleo que usted acaba de presentar. Y aprovecho para lamentar que
España no haya podido lograr en su persona la Presidencia del Eurogrupo;
con independencia de colores políticos es indudablemente bueno para los
españoles el tener presencia en lo más alto de las instituciones que
marcan el ritmo de la economía y más aún en tiempos de tormenta con
importantes derivadas sociales. Así que todos perdemos sin la señora
Calviño al frente de la coordinación entre las políticas económicas de
los Estados miembros de la zona euro. (El señor vicepresidente, Rodríguez
Gómez de Celis, ocupa la Presidencia.)
En relación con esta iniciativa legislativa quiero destacar algunos
aspectos que me sorprende que no se hayan tenido en cuenta en los meses
de la crisis sanitaria, aunque al fin aparecen en las prioridades del
Gobierno para la reactivación económica y, por lo tanto, para avanzar en
la consolidación del tejido productivo y en el empleo. En este sentido,
considero que se han demorado mucho las medidas contempladas para
impulsar la cadena de valor en la industria de la automoción y, asimismo,
las relativas al impulso para el sector turístico, que usted ha afirmado
que ha recibido la prioridad del Gobierno, pero me temo que no lo sienten
así sus protagonistas. Incluso cabe recordar que ambos sectores, que son
capitales para nuestra economía y para el empleo, han sido objeto de
algunos desafortunados y perjudiciales comentarios de miembros del
Gobierno.
También resultan claramente insuficientes las medidas en torno a la
energía. Ya lo he dicho varias veces en esta tribuna a lo largo de este
mismo Pleno porque el Gobierno se ha especializado en parchear las graves
consecuencias del alto precio de la electricidad para la competitividad
de grandes y pequeñas empresas y también del conjunto de la industria. La
producción legislativa para reforzar presuntamente al sector industrial
intensivo en el uso de la energía eléctrica es un remiendo para capear un
temporal generado por el propio Gobierno con sus propios compromisos
incumplidos. Mejor que yo lo cuentan las principales víctimas de una
situación que ha arrastrado a los españoles a pagar el precio de la
electricidad más alto de la Unión Europea y, singularmente, a los
trabajadores de empresas como Alcoa o ArcelorMittal, entre otras, que ven
amenazados unos puestos de trabajo que históricamente eran cualificados,
estables y, además, pilares de la economía para grandes áreas de
población. Sin medidas imprescindibles, como un estatuto del consumidor
electrointensivo que homologue los altos costes energéticos de nuestra
industria a los de nuestros competidores europeos, no vamos a ninguna
parte o, dicho de otra forma, vamos al garete. Por lo tanto, continúo
emplazando al Gobierno a la adopción de medidas urgentes para frenar el
cierre de empresas vinculadas a la producción con un alto coste
energético. Algunos de ustedes llevan más de dos años en el Gobierno y ya
no sirven los pretextos para dejar de acometer estos asuntos, que han
dejado de ser prioritarios para convertirse en una cuestión de
emergencia.
En este real decreto-ley hay un toque que acomoda las medidas a lo que es
el devenir económico en el conjunto de la Unión Europea, aunque echamos
de menos una mayor agilidad en la aplicación de las medidas que
proporcionan apoyo a los grandes sectores que sostienen una parte
sustancial del producto interior bruto nacional. Un país como España, que
tiene en el turismo uno de sus pilares económicos fundamentales, necesita
que sus máximos responsables políticos sean también líderes mundiales a
la hora de plantear medidas que proporcionen oxígeno a la situación de
asfixia que atraviesan los subsectores que dan vida a la industria
turística. Sin embargo, vamos a rebufo de lo que hacen otros países
competidores, caso de Francia o Italia, con todo lo que ello supone
cuando estamos inmersos en la campaña veraniega. Caso similar es el de la
automoción, que tiene en el Gobierno a una de sus principales
detractoras. Cuánto daño han hecho, señora Calviño, las declaraciones de
su colega del banco azul, la ministra Ribera, al sector del automóvil,
incluido no solo el de la fabricación de vehículos, sino también el de
componentes y concesionarios. Esta mañana a primera hora hemos visto en
las proximidades del
Congreso a algunos trabajadores de Nissan y lamento que el Gobierno haya
llegado tarde. También aquí vamos a rebufo de lo que hacen otros países,
pero tenemos que dar la bienvenida -y yo lo hago- al programa de
renovación de vehículos Renove 2020.
En todo caso, la movilización de recursos que usted detallaba mediante
este real decreto-ley supone una cuestión pertinente, oportuna y
necesaria, por lo cual tendrá mi voto favorable. Estaremos atentos a ese
plan de inversiones y reformas, en el que usted ya está trabajando para
acometer la tercera fase que se avecina para el conjunto de nuestro
sector productivo. Votaré, como digo, a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor
Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores.)
A continuación, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la
palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias.
Intervendré brevemente. Usted ha presentado, señora vicepresidenta, una
línea de medidas que es vastísima, que incluye muchísimas cuantías y
muchísimos sectores y es imposible no estar de acuerdo con algunas
-incluso con bastantes- de estas iniciativas, pero no es menos cierto que
tampoco es imposible -de hecho, es muy factible y lo va a ver- estar en
desacuerdo con algunas de las que ha planteado. Yo creo que lo que mejor
resume esta posición de balanza es su definición sobre cuál es el
horizonte al que tenemos que ir; se lo digo sin paños calientes, estamos
bastante en desacuerdo. Es decir, si usted lo que plantea es que el
esfuerzo que todos los españoles y las españolas están haciendo tiene que
servir para reactivar la economía en parámetros de inclusividad y
sostenibilidad como los que teníamos antes de la crisis, ya le decimos
que con nosotros no cuente. Para nosotros no era un mercado inclusivo, no
estábamos en una realidad económica inclusiva cuando veíamos que la
feminización de la pobreza se cronificaba; cuando veíamos que la brecha
salarial era una constante; cuando veíamos que los jóvenes se tenían que
buscar fuera lo que aquí no encontraban; cuando veíamos cómo -y se lo
dice también el secretario general de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras del Estado español- la temporalidad había aumentado,
incluso con la reforma laboral de 2012. Si esa es la inclusividad de la
que nos habla, desde luego nosotros no vamos a participar de ella. Por
eso se lo decimos; nosotros echamos en falta determinación. Hay quien
dirá que nuestras propuestas son radicales; pierdo poco tiempo en pensar
si tienen razón o no porque realmente no me preocupa que digan que mis
propuestas son radicales. Pero es que lo que no se puede hacer es
intentar contentar a tirios y troyanos. Usted no puede plantear unas
medidas en una dirección con otras medidas que sirvan como paños
calientes para apaciguar a los que quisieran otra dirección porque
tampoco es sostenible. Podemos hablar de planes Renove y de todo lo que
queramos, de reactivación económica con neutralidad ecológica, como se ha
dicho, pero dentro de seis meses -ojalá seis meses y no un año- estaremos
hablando de los deberes ingentes que tenemos para cumplir con la Agenda
2030 y de los deberes enormes que tenemos como sociedad para cumplir con
la agenda para frenar el cambio climático. En el fondo, lo que están
planteando ahora son medidas que tienen un puro carácter desarrollista y
poco tienen que ver con esa búsqueda de la reducción de emisiones de
gases contaminantes, con la ecologización del modelo económico.
Por tanto, no encontramos demasiados motivos para estar contentos con eso,
más allá de que nos puedan parecer bien determinadas líneas de ayudas a
las pequeñas y medianas empresas; más allá de que podamos entender que
hay que reactivar sectores económicos o, incluso, más allá de que podamos
compartir con usted la definición -que por fin parece que se puede hacer
y ya no es un elemento que sirva para tildar a nadie de prosoviético, que
tampoco sería nada malo- de sectores estratégicos en la economía de una
sociedad. Pero es que usted habla del carácter estratégico de
determinadas empresas y, por eso, plantea que hay que ayudarlas y señala
que hay que ser capaz de traccionar dinero público para entrar en ellas,
pero, a continuación, señala que hay que salir también cuanto antes
porque, si no, la Unión Europea nos castigará. Yo no sé -siempre lo hemos
debatido en esta Cámara- por qué el Estado español es más timorato o
pacato a la hora de temer sanciones europeas de lo que lo son los
franceses o los alemanes, que son capaces de intervenir de manera mucho
más arriesgada con dinero público en empresas estratégicas. Sin embargo,
aquí lo que vemos siempre es que se intervienen empresas estratégicas
cuando están muy mal -francamente mal, casi diría que en la UVI- y,
cuando se reflotan con dinero público, pasan a manos privadas y, además,
con unos precios de saldo, de auténtico chollo, para que alguien siga
haciendo más dinero con el dinero que ya todos han invertido. Eso
simplemente es escandaloso. Hay ejemplos, no hace falta señalar muchos,
nosotros lo hemos vivido con Euskaltel.
Euskaltel era una empresa pública de telecomunicaciones que se ha decidido
privatizar y el dinero que todos los vascos y vascas hemos aportado a esa
empresa ahora lo disfrutarán sus inversores privados, pero desde luego no
la sociedad vasca que tenía a gala tener una empresa pública de ese
carácter. Por tanto, no estamos nada de acuerdo con eso.
Simplemente señalaré dos cuestiones para ser fiel a lo que he dicho sobre
la brevedad. Primero, nosotros creemos que frente a deslocalizaciones
como las que estamos viviendo -porque se menciona al sector del automóvil
y los de Nissan están ahí fuera, pero cuando se habla de los sectores
tecnológicos los de Siemens Gamesa están en la calle en Aoiz y en
Nafarroa-, hay que hablar de relocalizaciones. Hace falta una apuesta
decidida por el poder público y por la intervención pública, y lo decimos
así. La otra es que, frente a las donaciones y ayudas, frente a la
voluntad del Estado de ser generoso con las empresas para que se
mantengan en suelo patrio, lo que hay que hacer es plantearles
obligaciones y también, por qué no, la intervención estatal en sectores
estratégicos sin pensar en horizontes de saneamiento para que luego pasen
nuevamente a manos privadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Hoy debatimos aquí acerca de la convalidación del Real Decreto-ley
25/2020, un decreto en línea con los anteriores que se han ido aprobando
durante la crisis del COVID-19 y con los que se han ido adoptando -hoy
también lo hace este decreto- una serie de medidas de carácter económico
para apoyar a empresas afectadas por la crisis, al sector productivo, el
empleo y las rentas. En este sentido, entendemos que hay que utilizar
todos los medios disponibles para tratar de paliar los efectos negativos
del COVID y evitar, por lo tanto, la destrucción del tejido económico
productivo. Para nosotros en el corto plazo es prioritario fortalecer
este tejido y luego, a posteriori, modernizarlo para asegurar el
crecimiento. Es un decreto para apoyar la reactivación económica y el
empleo que contiene, entre otras, varias medidas enfocadas al sector del
turismo, uno de los más afectados por el COVID y que supone un importante
porcentaje del PIB. Por ello se establecen moratorias hipotecarias,
sistemas extraordinarios de financiación de proyectos para transformación
digital e innovación, planes de sostenibilidad turística y medidas de
apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con
contratos fijos discontinuos. Esta última medida ya fue aprobada en otro
real decreto-ley anterior y también contó con el voto favorable de este
grupo. Por lo tanto, hoy haremos lo propio.
Por otro lado, el decreto establece una nueva línea de avales para
empresas y autónomos y, a diferencia de la anterior línea regulada por el
Real Decreto-ley 8/2020 para hacer frente a las necesidades de liquidez,
esta tiene como fin fomentar la financiación dirigida a la inversión,
cuestión que este grupo parlamentario ya venía solicitando en alguna
propuesta de resolución respecto al primer decreto de alarma, que no fue
atendida, pero que hoy se adopta en este real decreto. Además, incluye un
Plan Renove que consideramos necesario porque el parque automovilístico
tiene una edad media muy alta y, por tanto, con una fuerte presencia de
vehículos que cumplen normas de emisiones Euro 4 o anteriores. Creemos
que estos vehículos antiguos deben sustituirse cuanto antes por vehículos
mucho más eficientes y destinarse al achatarramiento logrando con ello
dos objetivos: reducir las emisiones tanto de gases contaminantes como de
gases de efecto invernadero y reactivar los sectores de fabricación y
distribución de vehículos.
Asimismo, se crea un fondo para tomar participaciones en empresas, entrar
en el capital de las empresas que se encuentren en apuros que lo
soliciten a través de la SEPI. Para ello han de contar con un plan de
viabilidad y los problemas han debido surgir desde la crisis del
coronavirus. Además, se trata de una entrada en el capital que no
interferirá en la gestión de las empresas, una entrada del Estado en el
capital de las empresas que puede ayudar a su supervivencia. Desde luego
nosotros estamos de acuerdo porque en Euskadi tenemos un fondo -mucho
menor- que se llama Finkatuz para la toma de participaciones en una
empresa, y entendemos que tiene que ser una herramienta de financiación
con un modelo de intervención, eso sí, razonado y eficiente. No vale
tampoco cualquier intervención.
Por último, se incluye una modificación del Real Decreto-ley 20/2020
regulador del ingreso mínimo vital, que añade un nuevo apartado para dar
cobertura legal al Instituto Nacional de la Seguridad Social y facilitar
a las comunidades autónomas y entidades locales toda la información
necesaria para el
reconocimiento y control de las prestaciones que son de su competencia. En
este sentido, en los territorios forales también habilita para esa
transmisión de información entre el INSS y las haciendas forales. Por
todo ello, como entendemos que son medidas positivas para atender a las
consecuencias derivadas del COVID, votaremos a favor de este real
decreto-ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias,
señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez
Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, señorías,
buenas tardes a todos. En primer lugar, ministra, quiero decirle que no
sabe cuánto lamentamos en este grupo parlamentario -sabe que tenía todo
nuestro apoyo- que finalmente no haya sido elegida como presidenta del
Eurogrupo. Lo lamentamos porque creemos que, para la salida de esta
crisis, hubiera sido muy importante y beneficioso para este país que
usted hubiera conseguido esa posición. Lo lamentamos de verdad y
seguiremos apoyando siempre su labor, como no puede ser de otra manera,
dentro de las altas instituciones europeas porque creemos que es la
obligación de cualquier partido que realmente quiera anteponer los
intereses de España a los suyos.
Entrando en la cuestión, señora ministra, nos trae usted un real
decreto-ley, hoy hemos visto cuatro reales decretos-leyes y son cuatro
parches, y no se lo dice solamente este grupo parlamentario, se lo han
dicho a su Gobierno a lo largo de la mañana muchos grupos parlamentarios
desde ópticas muy distintas. Voy a intentar explicarle por qué entendemos
que este es un nuevo parche. Hablan ustedes de la aprobación de una línea
de financiación para el turismo, un plan de financiación de 216 millones
que se ha conseguido en buena parte gracias a la negociación que
mantuvimos con ustedes sobre este tema en concreto para proyectos de
innovación, digitalización, de empresas y autónomos del sector del
turismo, y que se puede destinar a proyectos de mejora de gestión
domótica, digitalización, datos, mejoras en el comercio electrónico,
marketing digital y realidad virtual. Nosotros creemos que este fondo
debe ser solo el primer paso para un plan más ambicioso en materia de
turismo que apueste por el presente del sector, que asegure su
supervivencia para que podamos empezar a hablar de futuro de verdad. Es
cierto que todas las medidas encaminadas a mejorar la competitividad del
sector turístico, modernización, digitalización, respeto por el medio
ambiente, son cruciales para asegurar el futuro del sector, pero debemos
ser conscientes de la delicada situación de las empresas que trabajan en
toda la cadena de valor del sector turístico y que necesitan medidas para
sobrevivir ahora. (Rumores).Estamos asistiendo a los primeros concursos
de acreedores de teleoperadores turísticos, a la complicadísima situación
de las aerolíneas...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Silencio, por favor.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: ... a una situación de verdadera
desesperación... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, por favor.
Ruego silencio, por favor, para escuchar al interviniente.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
... de verdadera desesperación, le decía señora ministra, para pequeñas
agencias de viajes, hoteles, establecimientos de hostelería que, si no
reaccionamos pronto, no van a tener futuro. Sin caer en el pesimismo,
pero siendo perfectamente conscientes de estos retos, nosotros le pedimos
a este Gobierno ambición y diálogo y adoptar las medidas necesarias para
que esto se desarrolle.
Respecto al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, creo
que esta sería una de las medidas más relevantes de este real decreto, si
no fuera porque únicamente conocemos su importe inicial. Los detalles de
acceso a este fondo, las condiciones de salida del estado del capital de
las empresas, los importes de aprobación y sus límites, en el caso de que
los hubiera, se dejan al albur del Consejo de Ministros que va a tener la
última palabra en todas las operaciones que proponga. Este punto nos
genera muchísimas dudas, ya que la concesión de fondos procedentes de
este mecanismo debe seguir criterios puramente técnicos y no políticos,
por lo que esperamos que el Consejo de Ministros solo se limite a la
convalidación de decisiones razonadas y sujetas a parámetros concretos y
medibles
previamente definidos. Le voy a explicar potenciales problemas del diseño
del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aquellos que
nosotros vamos a querer enmendar en la tramitación como proyecto de ley
de este decreto. Usted nos habla de empresas estratégicas y sensible
impacto social y económico; en ningún punto del real decreto se define
qué son empresas estratégicas y qué condiciones deben cumplir en términos
de empleo o sector en el que participen. No se prevén mecanismos de
incentivos para impulsar una salida temprana sea de capital o de los
instrumentos de deuda utilizados por las empresas en caso de que haya
intereses en el mercado. Entendemos que cada caso y cada empresa tendrá
un mecanismo de salida diferente y determinado, pero echamos de menos una
referencia a este punto en el real decreto, ya que esto se debe entender
como una ayuda transitoria y muy limitada en el tiempo. Creo que ningún
Gobierno, sea del color que sea, debe verse tentado a utilizar este fondo
más allá de unos límites razonables.
En los supuestos de participación del capital social de la empresa se
establece que se asumirán derechos políticos derivados de la
incorporación al consejo de administración si la cuota es suficiente,
pero no se dice nada sobre si se tendrá un papel activo en los consejos
de administración, si se ejercerá derecho de veto en las decisiones
empresariales. Yo creo que este mecanismo, que muchos Estados miembros de
la Unión Europea se han dado para tomar una posición intervencionista en
estas empresas, podría resultar más que un rescate una nacionalización
efectiva de la compañía en caso de que la participación fuera muy elevada
en el capital de la compañía o en el porcentaje, y se pueden incluso
vetar o influir decisiones empresariales con criterios de no mercado. En
el marco temporal, la Unión Europea establece requisitos de transparencia
y reporting de las ayudas otorgadas a las empresas, pero en el real
decreto no hay una sola referencia que obligue al Gobierno a informar a
nadie. Nosotros pensamos que la Comisión de Hacienda o de Asuntos
Económicos puede conocer las actuaciones específicas del fondo, de modo
que el Congreso sea capaz de tener una medida de control sobre lo que el
Gobierno piensa hacer.
En cuanto al Plan RENOVE solamente quería decir una cosa; estamos
totalmente de acuerdo, pero es otro parche porque simplemente palía una
situación absolutamente urgente. Falta una cosa y es que fijan ustedes
como fecha definitiva el 31 de diciembre de 2020, pero deberían concretar
que esa fecha no sea la de la entrega del vehículo sino la fecha de la
firma porque, si no, estaremos dando solamente ayudas a aquellos
vehículos que se compren durante los meses de septiembre y octubre porque
los plazos de entrega están siendo de dos o tres meses. Esto deben
ustedes precisarlo. Creemos que hace falta un plan nacional de industria,
y nosotros les tendemos la mano para esto.
Señora ministra, va a haber la necesidad de establecer unos presupuestos
de emergencia nacional. Esta crisis ha cambiado todo. Nosotros le
tendemos la mano como se la hemos tendido durante este tiempo al Gobierno
para aprobar los reales decretos de emergencia, pero no le vamos a tender
la mano para metérsela en los bolsillos a los ciudadanos, señora
ministra; no se la vamos a tender para eso. Deben ustedes definir cuál es
el marco de crecimiento, el marco de crecimiento de las empresas; deben
ustedes huir del aquelarre en que se convirtió aquella reunión del
Partido Socialista, Bildu y Podemos -y que yo creo que, gracias a su
intervención, consiguió frenarse- para derogar la reforma laboral.
Señores del Gobierno, sus presupuestos son la crónica de un mundo que ya
no existe. Si el coronavirus lo ha cambiado todo, ¿cómo no van a cambiar
las cuentas de Sánchez y de Podemos? Las tendrán que cambiar
obligatoriamente. Sabemos que la forma preferida del bipartidismo para
hacer las cosas es mediante parches, como este nuevo parche, cuarto
parche que nos traen aquí. Son cómodos, requieren poco esfuerzo, con
ellos parece como que haces algo, pero al final muchas veces dejas la
patata caliente al Gobierno que venga después. Yo creo que esta vez no
les van a valer los parches de siempre, señora ministra. Nos enfrentamos
a la pandemia sanitaria más grave del último siglo y está por ver la
dimensión de esta crisis que se está generando. Necesitamos unos
presupuestos de emergencia nacional -lo repito-, pensados, calculados y
cuadrados para hacer frente a los problemas del mundo de hoy y no a la
propaganda del mundo de ayer. No pueden intentar hacer pasar la realidad
-acabo, presidente- por el ojo estrecho de sus cuentas podemizadas. Si
están dispuestos a dejar de lado esta ideología, calcular unos
presupuestos de verdad, de salvación nacional, buenos para los españoles,
que sirvan de red de protección ante la crisis, aquí está la mano tendida
de Ciudadanos. Si piensan ustedes seguir en el politiqueo, el regate
corto, los prejuicios y pensando solo en los votos antes que en las
personas, no podrán contar con nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego
Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Señor presidente, señora vicepresidenta,
consideramos que, aunque las medidas recogidas en el Real Decreto-ley
25/2020 responden a necesidades reales que es preciso atender con
carácter general, son insuficientes o se quedan cortas, para empezar
porque, una vez más, fundamentalmente se opta por los préstamos, los
avales al crédito y las moratorias frente a las ayudas directas y las
condonaciones, como vino proponiendo el BNG. Significativa es la creación
de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, pero no
compartimos que el Gobierno piense exclusivamente en un mecanismo
temporal, ya que, en vez de dar como resultado nacionalizaciones, puede
servir fácilmente para socializar las pérdidas de esas empresas en la
línea de nefastas experiencias anteriores.
En segundo lugar, nos preocupa que una interpretación estricta del
contenido del decreto excluya a empresas que, siendo estratégicas, es
necesario intervenir. En Galiza venimos sufriendo una grave crisis
industrial antes de la emergencia sanitaria, que sin duda se agravará,
con empresas que cerraron y otras que están en riesgo o a punto de
hacerlo; es el caso de Alcoa A Coruña -antigua Alcoa A Coruña, ahora Alu
Ibérica- y especialmente Alcoa San Cibrao. Estamos hablando en ambos
casos de alrededor de 1500 trabajadores y trabajadoras, y de una
actividad estratégica que, además, si cierra, supondrá un impacto muy
negativo especialmente en la comarca de A Mariña. Por eso, nuestra
posición es clara. A pesar de los déficits que observamos, estamos en
disposición de votar a favor de este decreto, pero, eso sí, con la
condición de que los partidos del Gobierno se comprometan aquí, en firme,
a una intervención pública para nacionalizar la planta de aluminio de
Alcoa San Cibrao y Alu Ibérica en A Coruña. A estas alturas sabemos que
es la única solución y es lo que esperan de este Gobierno los
trabajadores y trabajadoras, y toda la comarca de A Mariña.
Moitas grazas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor
Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores.)
A continuación, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Hoy también votaremos a favor de este decreto, como hemos hecho con todos
los decretos hasta ahora, aunque los consideráramos incompletos y aunque
los consideráramos mejorables, porque entendemos que siempre suponen un
avance y nosotros siempre pensamos en los trabajadores o en las empresas.
Para nosotros es fundamental mantener las empresas porque entendemos que
es la mejor manera de mantener el empleo. Y, hablando de empleo, un
recuerdo para expresar mi solidaridad, la solidaridad de Compromís con
los trabajadores de Nissan que perderán, probablemente, su empleo como
consecuencia, primero, de la cerrazón de una empresa que ha recibido
dinero público y, segundo, de que no se ha derogado aún la reforma
laboral de 2012, como denuncian muchos sindicatos. Bueno, seguro que este
sindicato de la señorita Pepis que se va a inventar VOX no lo denunciará,
pero, en fin, muchos sindicatos sí que lo denuncian.
Entendemos que son necesarios esos avales ICO y, además, en la manera que
están previstos, para nuevas inversiones tanto en digitalización como en
sostenibilidad ambiental. Y, en ese sentido, le pediría al Gobierno que
fuera vigilante con los bancos para que pudieran llegar a los autónomos y
a las pequeñas y medianas empresas, porque ya manifestaron en casos
anteriores quejas a la hora de la concesión de esos préstamos.
En segundo lugar, la ayuda al turismo es absolutamente fundamental, lo es
en el caso de mi territorio, porque es un sector absolutamente necesario
y estratégico en nuestro PIB.
Nos parece también muy bien esa transitoria del ingreso mínimo vital, que
se comunique tanto a ayuntamientos como a comunidades autónomas porque
son, en definitiva, los que van a estar controlando y gestionando esta
ayuda.
Y, por último, un pero para que lo piensen. Se ha dejado fuera de las
ayudas del Plan RENOVE el achatarramiento de un vehículo si el titular es
un familiar de primer grado y creo que hay algunas quejas en este
sentido. Solo se puede achatarrar si es el titular del vehículo y no si
es un familiar de primer grado. En fin, piénsenlo porque creo que podría
llegar a muchísima más gente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
A continuación, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, nuestro grupo va a votar a favor de este
real decreto-ley, como hemos hecho con la mayoría de los reales
decretos-leyes de contenido económico que se han traído a esta Cámara a
lo largo de los últimos meses para intentar combatir la crisis social y
económica que se generó en torno a la lucha contra la pandemia del COVID.
No obstante, en esta ocasión vamos a pedir la tramitación como proyecto de
ley. Entendemos que algunos aspectos son sensiblemente mejorables
-algunos de mis compañeros que han intervenido anteriormente han apuntado
falta de concreción y falta de definición- y también entendemos, señora
vicepresidenta, que algunas medidas son insuficientes. Algunas son muy
acertadas y las veníamos reclamando desde prácticamente el principio de
la pandemia, pero medidas fundamentales como las ayudas al sector
turístico, que es uno de los sectores más afectados por esta crisis,
pensamos que son insuficientes. También lo cree, obviamente, el mismo
sector. Por lo tanto, vamos hacer aportaciones; algunas en relación con
las ayudas al sector del automóvil, porque pensamos que a veces no se
trata solo de más recursos, sino de mejoras.
En todo caso, señora vicepresidenta, quisiera aprovechar esta intervención
para referirme a dos cuestiones. A lo largo de estos últimos días hemos
visto cómo, desgraciadamente, en algunas partes del territorio español y
también de Cataluña hay rebrotes de la pandemia, rebrotes que generan
situaciones de confinamiento y de cierre de algunos negocios que se
habían abierto hace muy poco tiempo. Cuando hablas con estos pequeños y
medianos empresarios, te plantean cuestiones tan difíciles de responder
como la siguiente: si yo tenía un ERTE en unas condiciones en el mes de
abril, cuando me tocó cerrar, ¿por qué no tengo un ERTE con las mismas
condiciones que en el mes de abril, cuando me hacéis volver a cerrar? Por
tanto, pedimos una reflexión al respecto.
Señora vicepresidenta, esta mañana he tenido ocasión de pedirle a la
ministra de Hacienda que haga caso a la posición unánime de esta Cámara,
excepto del Grupo Parlamentario Socialista, respecto a los remanentes de
tesorería. La verdad es que cuando he intervenido no había leído esta
propuesta que parece que han hecho ustedes a la FEMP en relación con la
aplicación de los remanentes. Señora vicepresidenta, usted es la
responsable de toda el área económica. Con todo el respeto pero con toda
la contundencia parlamentaria le digo que basta de trilerismos políticos
y financieros con los remanentes de tesorería de los ayuntamientos. No es
de recibo que ustedes planteen como solución que los ayuntamientos les
hagan a ustedes un préstamo con los 14 000 millones de todos los
remanentes para que ustedes les devuelvan este préstamo en cómodos plazos
en los próximos diez años. ¿De verdad creen que esto es lo que le están
pidiendo a esta Cámara los alcaldes y los concejales? ¿De verdad creen
que esto va a solucionar el problema de los ciudadanos y de los pequeños
negocios de cada uno de estos municipios?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe
finalizar.
El señor BEL ACCENSI: Voy terminando, señor presidente.
Seamos serios, señora vicepresidenta. Seamos serios y no jueguen más con
los ayuntamientos, porque esta solución no se atrevió a plantearla ni el
señor Montoro. El señor Montoro y el Partido Popular dieron facilidades
muy restringidas para la aplicación de estos remanentes, pero mucho
mayores que las que están dando ustedes en plena crisis de la pandemia.
(El señor Echániz Salgado: Pero mucho mayores.) Por tanto, rectifiquen.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor
Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, señor presidente. Buenas
tardes, señora vicepresidenta.
Me ha parecido entender que dispone usted de indicadores de recuperación.
¿O era un desiderátum? Le agradecería que me indicase alguno. ¿Sabe usted
cuál sería un buen indicador? Algunos de sus compañeros de grupo estaban
presentes y seguramente tienen este papel (muestra un folio), que propone
algunas soluciones para Nissan; si no, luego se lo doy.
Respecto al fondo, hay una multiplicidad de cosas. Como otras veces hemos
tenido esta conversación usted y yo, le ahorro la queja de que le hayan
puesto a usted a defender cosas que no le corresponden, aunque supongo
que usted las repartirá, según el ministerio que corresponda. Un montón
de dudas sobre el fondo de apoyo a la solvencia. Al final, nos parece un
plan para inyectar 10 000 millones a las grandes cotizadas, un plan donde
la pyme ni está ni se le espera. A veces uno piensa que en el esquema
mental de quienes redactan el real decreto solo entran las muy big y no
las pymes. La pyme, una vez más, queda al margen de su visión de la
economía, no de sus discursos, eso nunca. También un lamento hacia el
Legislativo, que tampoco va dirigido a usted. Votaremos por que se
tramite como proyecto de ley, como votaremos afirmativamente este real
decreto. Pero se produce una paradoja: si se discuten y se aprueban
enmiendas para que se dirija a las pymes parte de estos 10 000 millones
-Esquerra, modestamente, enmendará en ese sentido-, esto ocurrirá cuando
todo ese parné ya esté en los balances de estas empresas del IBEX.
Turismo. Tarde y mal. Tarde, porque, como hemos repetido varias veces,
empezaron a dimensionar el problema pensando que una tirita más grande
que la que usamos con Thomas Cook detendría la hemorragia que se ha
producido, cuando la magnitud de la tragedia es de difícil descripción. Y
mal, porque olvidan ustedes a ciertos CNAE en la lista de perceptores de
ayudas: los de los campings; todo el grupo del 553, por ejemplo, y el
sangrante olvido del sector de transporte discrecional de pasajeros
-4939- y sus actividades anexas -5221-, los que transportan a los
turistas de los aeropuertos a los hoteles o van de visita a monumentos,
que también son otros olvidados; y los que transportan o transportaban a
la gente mayor del programa Imserso. ¿De verdad creen ustedes que no
forman parte del turismo o simplemente se han olvidado de ellos? Corran,
por favor, a parchearlo en el próximo real decreto-ley, porque el sistema
del que me quejaba va a ser lento por vía de enmienda, y esta gente lo
está pasando muy mal.
En cuanto a las medidas urgentes reflejadas en el real decreto respecto a
los planes de sostenibilidad turística y transformación digital,
bienvenidas sean. Consideramos que estas medidas deberían impulsar las
competencias territoriales descentralizadas, pues no olvidemos que
existen administraciones preparadas y dotadas de los instrumentos
necesarios, las cuales únicamente necesitan más recursos a su
disposición. A mayor descentralización, mayor eficiencia. Las
administraciones territoriales conocen sus realidades mejor que ningún
plan vinculado al Estado español. Al final, la pregunta es qué modelo de
Estado tiene en mente el Gobierno, cómo es de federalista. Algún día le
contaré el chiste del federalista de la curva.
Artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Los que ya somos un
poco mayores hemos entrado en pánico. Han hecho ustedes un truco Montoro,
que generó muchos efectos secundarios. Creo que es muy importante que
estén preparados para su reversión en cuanto sea necesario, y no estoy
criticando su aplicación.
En cuanto al Plan Renove 2020, no podemos negar que es necesario; era y
es, ciertamente, una ocasión para brindar apoyo a los combustibles
renovables. Teniendo presente el objetivo de la futura descarbonización,
debe priorizarse toda ayuda dirigida a la transición limpia. Si dirigimos
el foco al sector, podrían haber sido ustedes un poco más quirúrgicos,
porque, al final, no importa tanto desballestar un diésel viejo que solo
sale los fines de semana, como un diésel que, aunque sea menos viejo,
esté repartiendo paquetes de última milla en el centro de nuestras
ciudades. En ese sentido, nos hubiese gustado que fuesen ustedes un
poquito más quirúrgicos.
Solo treinta segundos para decir que las inversiones en el sector
industrial deberían de ser una puerta a la reindustrialización, con la
finalidad última de conseguir un avance cualitativo, más allá de dar
oxígeno al business as usual, como en el caso de Nissan que le venía
comentando.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente; gracias,
vicepresidenta. Buenas tardes.
En septiembre de 2019, Bibiana Medialdea reflexionaba sobre la falta de
capacidad de la economía para predecir el futuro, porque esto no va de
sortilegios, evidentemente; igual que también decía que debíamos tener en
cuenta, ante un futuro que no puede ser sino incierto, la única certeza,
que es nuestra gran vulnerabilidad, especialmente en aquellos grupos más
golpeados por la crisis de 2008.
Como somos conscientes de la desigualdad existente y como una crisis
sanitaria impacta de manera también desigual, este Gobierno ha tomado
medidas de contingencia, como el escudo social, el ingreso mínimo vital,
el fomento de ERTE a los que se han acogido tres millones de trabajadoras
y trabajadores y medio millón de empresas, y líneas de avales para
solventar la liquidez, de las cuales un 98 % han sido para pymes y para
personas autónomas.
Así que, en esta clave, saludamos este real decreto, que viene a continuar
la tarea de ayuda a nuestro tejido productivo para afrontar ahora la fase
de reconstrucción. Reconstrucción es un término que tiene dos acepciones,
que podríamos definir como construir con las manos o construir con la
memoria; es decir, reconstruir una estructura o reconstruir el escenario
de los hechos. La profesora feminista Begoña Marugán, hace unas semanas,
en esta misma Cámara, decía que debemos reconstruir siendo conscientes
del pasado y mirando hacia el futuro. Y, eso, inevitablemente, nos lleva
a decir que los cimientos no pueden ser los mismos.
Este real decreto va en la buena dirección, como un paso aún corto en este
largo camino. Y en esta nueva normalidad son más necesarios que nunca los
horizontes. Este texto se centra en la sostenibilidad medioambiental y en
la digitalización, con una importante movilización de recursos, 51 000
millones de euros. Pensamos que un Gobierno que no deje a nadie atrás ha
de tener presente en su desarrollo que sostenibilidad implica -además de
esto de la flora y fauna que escuchábamos ayer y que a mí me recordaba a
lo de vida y color, por parte de un grupo que no tiene una posición sobre
cuestiones climáticas, pero que nos puede hacer perder un montón de
tiempo con una enmienda a la totalidad de una ley que trata,
precisamente, de las consecuencias de la crisis climática- la
sostenibilidad de la vida.
Cuando hablamos de modelo productivo, entendamos que el trabajo de los
cuidados ha de estar ahí, que ha de estar con plenos derechos y como
parte de aquello que no solamente lo es por una cuestión de justicia,
sino también de nuestro producto interior bruto. Y no se puede hablar de
digitalización sin tener presentes las brechas territoriales,
generacionales, de género y otros estragos laborales que también causa,
porque podemos hablar del crunch o directamente preguntarles a los
desarrolladores de videojuegos cuáles son los estragos que les causa en
su salud ese tipo de problemas laborales derivados de ese trabajo en la
digitalización y de lo que deberíamos estar tomando nota. Incluso le
diría, señora vicepresidenta, que podemos empezar a hablar hoy, si
quiere, de soberanía digital.
Hay que asumir que lo público tiene responsabilidad en llevar a cabo otro
modelo de desarrollo, pero lo público no es omnipotente:
corresponsabilidad es un término que tiene que estar dentro del campo
semántico del sector privado. Los millonarios de muchos países lo tienen
claro -lo veíamos esta semana-, quieren pagar más impuestos; saben que
con individualismo no se sale de esta. Eso que decían en Perdidos, 'vivir
juntos, morir solos', quienes se autodenominan "millonarios por la
humanidad" lo han entendido. Y aquí, sin embargo, mientras el Estado
habilita los ERTE para aliviar los costes fijos de las empresas, la CEOE,
en cónclave, pide rebajas de impuestos y más ajuste laboral. Mientras el
Estado pone a disposición del sector privado miles de millones de euros
para aliviar los problemas de liquidez y fomentar inversiones, vemos las
tensiones centrífugas de muchas empresas que quieren llevarse la
producción a otros países, y nos lo han dicho con muchísima claridad esta
misma mañana los trabajadores de la Nissan. (Aplausos.) Mientras el
Estado implementa el ingreso mínimo vital, grandes empresas de este país
pagan el 70 % de sus impuestos fuera de España. ¿Les digo cuál? Salió
ayer en las noticias: Inditex. Por cierto, el Partido Popular se apunta
al ingreso mínimo vital cuando el clamor social los obliga y ahora exigen
gestionarlo en las comunidades autónomas que gobiernan para apuntarse
tantos, pero a las asturianas no nos engañan porque no hace ni medio año
que estaban torpedeando nuestro salario social. No nos van a engañar
tampoco ahora.
Hay dos cuestiones más que en el tiempo que me queda me gustaría señalar
sobre este real decreto. Vuelvo a Medialdea, cuando señala que la
dimensión del destrozo no solo se mide por la fuerza del impacto sino por
la solidez del cuerpo que lo recibe. ¿Saben qué agrava el destrozo en
nuestro tejido
industrial? Lo mismo que está acabando con el empleo en mi país, en
Asturies, las deslocalizaciones. Por eso es tan importante el apartado
del fondo de apoyo a la solvencia empresarial, entendiendo que si entra
capital público, lo público tiene que estar también participando de la
toma de decisiones. Pienso en Alcoa, pero, le digo más como asturiana:
pensemos también en Arcelor e incluso en lo que podríamos estar haciendo
y cómo podríamos estar evitando otro cierre de empresas, como hemos visto
con Vesuvius, si estamos participando en la toma de decisiones. Y voy a
una cosa que decía un compañeru de Ciañu. (Continúa su intervención en
bable.) Así que, reconstruyamos desde otros cimientos.
Hablan de planes de turismo, de Plan Renove, pero pensemos también en otro
sector que tiene que ser estratégico para nuestra economía, el de la
cultura. ¿Cuánto invierte el Estado? Menos de un 0,06 % del producto
interior bruto en la cultura. Y, sin embargo, ¿cuánto genera la cultura
en nuestra economía? Un 3,2 % del producto interior bruto. Seamos también
pioneras en eso e invirtamos -como también hacen en otros países vecinos-
en nuestro tejido cultural, en creadores y creadoras pero también en
técnicos y técnicas. Y hoy, que es miércoles, tengamos también presente
que sin ciencia no hay futuro y que esto también tiene que estar en
nuestros planes de reconstrucción que tenemos que llevar a cabo.
Acabo con esto. Lo podemos hacer. Cito ahora a Naomi Klein, que esta misma
semana decía: Siento que tenemos una oportunidad. No me describiría como
optimista, porque hablamos de un futuro por el que tenemos que pelear,
pero si miramos en dirección a los momentos de la historia en los que se
han producido grandes cambios, son momentos como el actual. Es el
momento, vamos bien encaminadas; determinación y valentía se vuelven
ahora un deber democrático.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la
tribuna de oradores.)
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los
Monteros. (Aplausos.)
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS: Muchas gracias.
Señora ministra, los que nos preocupamos de viajar por España tenemos la
extraordinaria oportunidad de conocer a gente increíble, es un auténtico
privilegio; gente que tiene historias de superación que conviene conocer,
historias inspiradoras para aquellos que creemos en el esfuerzo y en la
capacidad de las personas de sacar adelante sus propios proyectos. Son
historias muy reveladoras también de lo alejados que están los
gobernantes, en sus oficinas enmoquetadas, de la realidad de estas
personas; historias reales de la España que madruga, que pelea por
resistir y que no quiere que el Gobierno le resuelva sus problemas, pero
que a la vez se indigna cuando ve que ese mismo Gobierno es su mayor
estorbo. Ahí están trabajadores como Miguel Ángel y sus compañeros de
Meirama, en La Coruña, que como consecuencia de una mala política
energética hoy, tras muchos años de servicio, se ven en la calle sin
ninguna alternativa de empleo. O como Sergio y su mujer, Diana, también
trabajadores -y por cierto sindicalistas- de esa Galicia que madruga, que
ven cómo enfrentan el cierre de Alcoa, en el que este Gobierno tiene
tanta responsabilidad. O pescadores como Manuel Ángel o Antonio, a los
que hemos conocido, que salían a faenar a las tres de la madrugada, a
echar sus redes al agua, o como Marcos, que dedica sus horas al mejillón
en la preciosa ría de Pontevedra y que padece la incomprensión frente a
los laberintos y trabas burocráticas, o como Aurora, como Alfonso, como
José María. Ministra, es gente real que tiene problemas reales muy
concretos y que observa con perplejidad cómo en medio de esta crisis sus
problemas quedan relegados, quizá porque algunos no los escuchan.
Trabajan en sectores muy diversos, pero comparten dos cosas. Quieren
ganarse la vida con su trabajo y perciben que la agenda del Gobierno, esa
agenda progre, tiene poco o nada que ver con sus problemas reales y
sienten la asfixia de las cargas y las trabas burocráticas, viven
ahogados por impuestos y se desviven por mantener lo que con tanto
esfuerzo han logrado. Todo esto se lo digo porque creo que debería usted
pisar más la calle y escucharlos antes de volver a ese discurso tan
autocomplaciente, sin una sola autocrítica y sobre todo sin ninguna
intención de rectificar, porque es una falta de consideración hacia todos
ellos y sobre todo porque es una desconexión de la realidad. (Aplausos.)
Parece que a este Gobierno la realidad le resulte irrelevante o
sencillamente les da igual; les da igual que por su mala gestión España
se sitúe ya a la cabeza el desplome económico mundial, les da igual que
destruyamos más empleo y más intensamente de lo que lo hacen todos los
países de nuestro entorno, unas diez veces más que la media europea. Y
como todo les parece que va tan bien, en lugar de impulsar un ambicioso
plan de reformas para la productividad, anuncian políticas que en el
pasado nos han llevado al paro.
Señora ministra, tenemos una prioridad clara y lo hemos dicho aquí ya
muchas veces: garantizar la liquidez del tejido productivo y así defender
el empleo en el mayor número posible de empresas para el mayor número
posible de trabajadores. Pero el resultado de las políticas que llevamos
implementadas hasta ahora está siendo lo contrario: una destrucción del
tejido productivo sin precedentes, un fracaso sin paliativos del que
deberíamos haber extraído ya algunas lecciones valiosas para no volver a
cometer los mismos errores. Pero escuchando lo que usted ha dicho aquí y
leyendo la exposición de motivos de esta iniciativa, no veo el más mínimo
síntoma de autocrítica o de deseo de cambiar de políticas ante el fracaso
evidente de las que se han puesto en práctica hasta ahora. Era necesaria
una respuesta contundente y ágil para mantener vivas nuestras empresas y
mantener vivos nuestros empleos, pero, por el contrario, el Gobierno ha
ofrecido una respuesta insuficiente, de las más bajas en porcentaje sobre
el producto interior bruto comparado con países de nuestro entorno, y
además tremendamente ineficaz en su diseño, con unos créditos que no
llegaban y unos ERTE que no se terminan de cobrar.
Con el real decreto que traen hoy a esta Cámara -que, por cierto, se ha
aprobado al margen de la Comisión para la Reconstrucción, pero de eso
hablaremos otro día- volvemos a tropezar en la misma piedra. Muchas
empresas y muchos trabajadores continúan padeciendo las consecuencias
económicas del coronavirus y el tejido productivo que queda, porque va
quedando cada vez menos, está muy dañado y necesita más que nunca medidas
contundentes para seguir vivo, pero para el Gobierno de Pedro Sánchez la
única contundencia relevante es la del relato, la de estar contando las
cosas en los medios. Por eso, una vez más, las respuestas que nos traen
en este real decreto-ley para los sectores del automóvil y del turismo
resultan adecuadas para hacer actos de propaganda, pero claramente
tardías y claramente insuficientes para mantener vivos esos sectores,
que, como usted bien sabe, son claves en nuestra economía; desde luego
son tardías.
El Grupo Parlamentario VOX hemos presentado PNL solicitando medidas para
el sector del automóvil y para el sector del turismo en marzo y abril
respectivamente -por supuesto, no se nos escuchó- y las medidas que traen
hoy son insuficientes, muy inferiores a las observadas en los países de
nuestro entorno. Por un lado, el plan del motor queda muy lejos de los
8000 millones o de los 11 700 millones de los que han dispuesto Francia y
Alemania respectivamente. No olvidemos que España no solo es una potencia
en el sector del automóvil, sino que es la potencia número uno dentro del
sector del diésel. (Aplausos.) Y lo mismo ha puesto en evidencia el
sector turismo. Los 4300 millones de los que se ha dotado son
insignificantes frente a los 83 000 millones de euros de pérdidas
previstas. Francia va a movilizar cuatro veces más que España para el
sector turístico.
También eligen ustedes vías menos ágiles para garantizar la liquidez en un
momento crucial. Mientras los grandes países europeos están bajando
impuestos, justamente para no perjudicar la recuperación, el Gobierno de
España -después de cuatro intentos, por cierto, con la ministra de
Hacienda- ya ha admitido que se está pensando en subir los impuestos, más
allá de algunos que ya han sido anunciados. Se trata de salir en las
mejores condiciones posibles para garantizar una vuelta a la actividad
con el menor daño posible y, por desgracia, parece que no va a ser así.
Como ha puesto de manifiesto el sector, la prolongación de los ERTE no es
suficiente. En la práctica lo que supone es una subida progresiva de las
cuotas a la Seguridad Social, lo cual va a generar un riesgo de quiebra y
de despidos si no logramos garantizar la liquidez suficiente.
Pero es que este real decreto-ley va más allá y, además de esas medidas
insuficientes y tardías, introduce una medida que me atrevo a calificar
como peligrosa, sobre todo si se pone en malas manos. Señora ministra,
hace unas semanas yo le preguntaba por las intenciones de este Gobierno
de entrar en empresas privadas y usted me contestó literalmente: la
solución no creo que sea que un sector público mastodóntico remplace el
funcionamiento del sector privado. En ese momento yo pensé: menos mal,
hay al menos una palanca de freno a tanta insensatez en este Gobierno.
Pero es que usted lo que nos trae hoy es la creación de un fondo de 10
000 millones de euros, precisamente gestionado por la SEPI, para entrar
discrecionalmente en empresas en problemas que concede a este Gobierno un
poder sin precedentes. Instalan nuestra economía en un dirigismo
alarmante, muy propio de esa izquierda totalitaria a la que ustedes son
tan aficionados. Nosotros, por el contrario, creemos, como ha dicho esta
mañana nuestro compañero Contreras, que la esencia de la izquierda es el
crecimiento constante del poder del Estado sobre la sociedad, pero que el
individuo y la iniciativa privada son los que generan más crecimiento.
Usted me dijo una vez, cuando yo le hablé de la idea de crear una
comisión de reconstrucción liderada por ejecutivos, como se ha hecho en
Italia, ejecutivos con conocimientos sobre la economía, sobre la creación
de empleo, que creía más en la gestión del sector público. Ustedes ya han
demostrado con la gestión de las cajas de ahorro, con la gestión de
Correos, que manipula nuestras
papeletas, en qué creen cuando dicen que creen en la gestión pública de
empresas como las que ahora quieren empezar a controlar con ese fondo de
10 000 millones. (Aplausos.)
Concluyo. Precisamente por ejemplos como estos hay que proteger la
independencia de las empresas. Tramitemos este real decreto-ley como
proyecto de ley -nosotros nos abstendremos en lo otro- y hagamos posible
que las empresas solventes que quedan lo sigan siendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar
ya.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua
Núñez.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Señora vic epresidenta, señorías, volvemos con otro real decreto-ley, el
25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el
empleo. Aparte de que todos se llaman parecido -casi no hay manera de
distinguirlos-, sobre todos los reales decretos planean un poco las
mismas valoraciones. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) En
primer lugar, que llegamos tarde; las medidas llegan con retraso, no se
ha estimado correctamente la desaceleración y el efecto negativo de esta
crisis. Y, en segundo lugar, la escasez de las medidas, escasez que se va
consolidando con el tiempo, con cada nueva previsión del PIB. Cada vez
son peores las previsiones y seguramente tenga que ver con el retraso y
la escasez de las medidas. Y cuanto peor son las previsiones más escasas
se quedan las medidas. En vez de crear un círculo virtuoso, tenemos un
círculo vicioso. Lo vimos en la anterior crisis: cuando se plantean
medidas suficientes y contundentes todo cambia, porque la confianza es
fundamental en la economía y más en épocas de crisis, y cuando se racanea
las consecuencias son mucho más negativas de lo previsto.
Paso a detallar las medidas más importantes que contiene este real
decreto-ley. Se aprueba una línea de avales ICO de 40 000 millones
orientada a financiar inversiones productivas. No entendemos por qué no
se iniciaron las líneas extraordinarias de liquidez e inversiones a la
vez, por qué este retraso. La movilización del 20 % del PIB que anunció
el señor Sánchez ha sido otra de sus mentiras, aparte de que 200 000
millones es el 16 % del PIB y a 30 de junio el apalancamiento de los
créditos realmente concedidos no es del cien por cien, sino del 31 %.
Sobre lo que le comentaba anteriormente del círculo vicioso, si
inicialmente se necesitaban 200 000 millones con el deterioro previsto,
actualmente debería necesitarse más, ¿no? Pues ni siquiera alcanzamos la
mitad de lo previsto inicialmente; algo no se está haciendo bien, señora
vicepresidenta.
Además del importe, está el problema de la gestión por parte de las
entidades financieras: compensaciones excesivas para cerrar operaciones,
dejar atrás a microempresas y a pequeños autónomos, algunas entidades
financieras aprovechando las líneas ICO para mejorar sus riesgos. Dicen
en la exposición de motivos -y lo ha repetido usted aquí en su
presentación- que quieren replicar la misma operativa que la línea de
liquidez en la medida en que el funcionamiento de esta ha sido
satisfactorio. Pues espero que no, espero que aprendan de los errores,
aunque, la verdad, no los veo en disposición de ello. Se crea un fondo
gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI,
de 10 000 millones iniciales para dar apoyo financiero a las empresas no
financieras estratégicas, solventes, que se han visto especialmente
afectadas por el COVID-19. Aplaudimos la medida; no aplaudimos la
tardanza, que parece que es norma de la casa, pero sí la medida, y le
hacemos algunas peticiones porque tenemos algunas dudas sobre su
utilización. Queremos absoluta transparencia, absoluto control y absoluta
claridad, y que se cumplan escrupulosamente las características
determinadas en el real decreto. La tentación de nacionalizar empresas o
de jugar al Monopoly con el señor Iglesias en la Vicepresidencia del
Gobierno es una realidad que debe preocuparnos. Por eso nuestra
vicesecretaria, Elvira Rodríguez, les ha pedido formar parte del consejo
gestor. No sé si llegarán a tanto viendo los antecedentes de acuerdos con
nuestro grupo, pero al menos cuenten con nosotros, somos un partido de
Gobierno y creo que sería positiva nuestra aportación y nuestro
conocimiento.
Valoramos positivamente las medidas para apoyar la internacionalización de
las empresas, pero les sigo recordando -como lo hice en el Real Decreto
15- que Cesce sigue dejando fuera de sus coberturas de crédito a los
pequeños. Textualmente -abro comillas- dicen: Debido a esto y hasta nueva
orden, hemos suspendido de manera indefinida la otorgación de riesgos de
pequeña envergadura por interés
comercial, las balas de plata que permitían clasificar a empresas con
datos financieros negativos o sin información objetiva necesaria para
clasificar. Cierro comillas. Los pequeños. Se lo traigo de nuevo porque
cuando se lo dije el otro día me miró raro, aunque al final vi que lo
apuntaba; no sé si ha hecho alguna gestión porque la situación está
actualmente aún peor que hace unas semanas.
En cuanto a las medidas de apoyo al sector turístico, el plan es
absolutamente insuficiente. La movilización de 4262 millones no va a
servir para frenar la pérdida de empleo de un sector cuyo impacto se
estima en una pérdida de unos 60 000 millones de euros, por lo que las
medidas incluidas en este real decreto son solamente pequeños parches, y
siento decírselo. Pero es que aún nos resulta más contradictorio que este
plan sea insuficiente al leer la exposición de motivos y el desastre
previsto en la actividad turística que nos anuncia la exposición. Aunque
la renovación de planes de sostenibilidad turística en destino nos parece
una excelente idea, la línea de crédito de 216 millones para la
transformación digital de las empresas turísticas que se hayan visto
afectadas por esta crisis sanitaria no permite hacer frente ni a la
transformación digital ni a las inversiones necesarias siquiera para
garantizar la seguridad de los establecimientos turísticos, y quedan
muchos subsectores fuera, como bien ha dicho el señor Capdevila.
Apoyamos el programa Renove y, por último, se establecen reglas para
arbitrar los mecanismos de colaboración público-privada de los proyectos
sanitarios relacionados con el coronavirus. España se ha quedado fuera de
algunos proyectos europeos e intentan evitar que no sucede igual con
algunos proyectos nacionales que están investigando medicamentos y
vacunas contra el coronavirus. Una buena medida y nos alegramos de que se
curen de esa fobia de la colaboración público-privada. Deben ser
conscientes de que es el futuro de nuestro país, igual que así lo
entienden el resto de países desarrollados.
Por tanto, nos vamos a abstener, ya que no afecta a su aprobación, porque
algunas medidas son realmente escasas, especialmente en lo que afecta al
turismo -un sector vital para nuestro país-, y otras deben modificarse,
por las dudas que tenemos sobre la utilización de los fondos a través de
la SEPI y porque seguimos esperando que cuenten con nosotros. Son quejas
absolutamente razonables y razonadas, nada que ver con crispación ni con
tumbar un Gobierno ni mensajes parecidos que salen desde esa bancada,
incluso a veces desde la bancada azul.
Termino, presidente. Estos días estamos viendo dudas en algunos países de
la Unión Europea sobre España; señora vicepresidenta, ¿por qué cree que
algunos países europeos no se fían de nosotros? La última vez que
recibimos fondos mediante préstamo para la reestructuración del sector
financiero el informe del jefe de la misión en España, de los llamados
hombres de negro, fue muy positivo sobre nuestro país y sobre el
cumplimiento de las condiciones impuestas: Europa no debería tener dudas
sobre España, que es un país cumplidor con sus compromisos. Entonces ¿qué
dudas pueden tener? ¿Quizá los incumplimientos de estos dos últimos años?
¿Quizá los mensajes de nuestro presidente? ¿Quizá los mensajes de nuestro
vicepresidente? ¿No cree usted que un acuerdo con nuestro grupo, con el
Grupo Popular, ayudaría a recabar la confianza de esos países? El
presidente Sánchez cree que no debe hacerlo no porque sea malo para
España -ya estamos viendo que no-, sino porque cree que sería malo para
el PSOE, no quiere que le ocurra lo mismo que al Partido Socialista
griego, y creemos que se equivoca. En primer lugar, porque pone al PSOE
por encima de España, algo imperdonable en un presidente del Gobierno, y,
en segundo lugar, porque si fracasa por su empecinamiento no estoy tan
seguro de que los españoles perdonen al PSOE un segundo fracaso tras el
de Zapatero en la anterior crisis; dos fracasos socialistas seguidos y
con consecuencias muy negativas para la ciudadanía. Nosotros seguimos
aquí, dispuestos a ayudar, recapaciten o hagan recapacitar al presidente
por el bien de España y, humildemente, creo que también por el bien del
PSOE.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua. (Pausa.-Una trabajadora del
servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)
Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alfonso
Cendón.
El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean de reconocimiento para
la vicepresidenta Nadia Calviño por haber presentado una candidatura
solvente, sensata y necesaria a la Presidencia del Eurogrupo.
(Aplausos.-La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Calviño Santamaría, hace
gestos de agradecimiento.) Creo que todos en esta Cámara y fuera de ella
sabemos que reúne la preparación, la dedicación y las cualidades
que tanto necesitamos para reconstruir España y Europa con justicia social
y con equidad. Gracias por su trabajo y por su dedicación,
vicepresidenta.
La elegancia, la solvencia y el liderazgo con que la vicepresidenta
Calviño felicitó a Paschal Donohoe contrastan con lo que escuchamos al
Grupo Popular. Aunque hoy me han sorprendido, los he visto moderados; se
nota que esta misma mañana les ha visitado el señor Feijóo, incluso que
ustedes -en la intimidad, eso sí-, algunos, empiezan a falar galego.
Esperamos que dure. (Aplausos.)
Cuando el señor Casado perdió las primeras elecciones generales a las que
se presentó, en su partido le pidieron moderación y él prometió
moderación. Pocos días después, se dedicó a llamar traidor a la patria al
presidente del Gobierno. Cuando perdió las europeas, las autonómicas y
las municipales volvió a recibir críticas internas y prometió a su propio
partido moderación y centralidad. (Protestas.) Poco después estaban
diciendo que este era el peor Gobierno de la historia y que el presidente
era un felón. (Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor ALFONSO CENDÓN: Prometió moderación de nuevo cuando volvió a
perder las elecciones generales, y desde entonces han aprovechado la peor
crisis sanitaria de la historia de nuestro país para desatar una lucha
sin cuartel contra el Gobierno; una lucha sin cuartel y una bronca
permanente donde sea y como sea, en España y en Europa. Han pedido a sus
socios que sean más duros con España. Han enviado informes a la Unión
Europea criticando nuestro Estado de derecho y no han sido capaces de
sumarse a los demás partidos en el plan de reconstrucción, ni siquiera en
los aspectos relacionados con Europa.
Señorías, el amor a una patria y el respeto por su gente no se demuestran
con palabras que, ya lo vemos, acaba llevándose el viento. Hoy tienen una
nueva oportunidad -y espero que, como dicen, la aprovechen- de demostrar
su patriotismo con hechos. Abandonen la política de la bronca y de la
confrontación radical, abandonen ese extremismo en el que se han
instalado; se lo acaban de decir los ciudadanos hace unas horas: no se
corresponde con el sentimiento mayoritario de los electores, tampoco con
el de los electores de su partido. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.
El señor ALFONSO CENDÓN: Hoy tienen una nueva oportunidad de demostrar que
su preocupación por España va más allá de soflamas convalidando este real
decreto, un real decreto para seguir reforzando y acelerando la
recuperación de nuestra economía; un real decreto, como ha argumentado la
vicepresidenta, para ayudar a los españoles y españolas que hoy lo pasan
mal y esperan de todos nosotros respuestas y soluciones, no bronca y
griterío; un real decreto para estimular la inversión, con una nueva
línea de avales canalizada a través del ICO por importe de 40 000
millones de euros y dirigida a impulsar la realización de nuevos
proyectos; un real decreto para apoyar a nuestras empresas, con la
creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas
dotado con 10 000 millones: sectores como el de la automoción, con un
peso muy importante en nuestra economía, que se ha visto especialmente
castigado y que se verá beneficiado con el Plan Renove 2020, dotado con
250 millones de euros; sectores como el del turismo, con una moratoria
hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, con la
puesta en marcha de un sistema de financiación para la digitalización y
la innovación para hacer de nuestro sector turístico un sector todavía
más competitivo, impulsando el desarrollo también de los destinos
ubicados en áreas rurales y de interior. Quienes vivimos en la provincia
de León, igual que en muchas otras provincias de España, sabemos bien la
importancia de este tipo de acciones para reactivar la vida de nuestro
medio rural que tanto ha dado y da al desarrollo de nuestro país. Es un
real decreto, en definitiva, para estimular la inversión, para reforzar
la solvencia de las empresas, para mantener y crear empleo.
Señorías, la actuación del Gobierno ha estado basada en un principio
claro, en el que, pese a las diferencias que tengamos, estoy seguro de
que podemos entendernos: que nadie se quede atrás. Y para que nadie se
quede atrás hemos levantado un escudo social hecho de responsabilidad y
de solidaridad que a día de hoy sigue protegiendo a quienes lo necesitan.
Señorías, para que nadie se quede atrás tenemos que poner en marcha
nuestra economía, modernizar nuestro tejido productivo avanzando hacia
una economía más verde, más digital, más innovadora, más inclusiva, más
igualitaria. Es difícil exagerar la trascendencia del momento que
vivimos, de lo que tratamos, y no nos cansamos de repetir desde el Grupo
Parlamentario Socialista que este no es un proyecto del partido, este es
un proyecto del país. De
lo que nosotros hagamos en estos momentos decisivos dependerá el futuro de
millones de españoles. Por eso, necesitamos dos cosas: armonización de
inversiones y reformas a nivel europeo, y necesitamos sobre todo y por
encima de todo unidad y consenso, la misma unidad que han demostrado los
agentes sociales firmando el Pacto para la Reactivación Económica y el
Empleo, la misma unidad que ha demostrado la sociedad española con su
responsabilidad durante esta pandemia, esa unidad, esa responsabilidad
ejemplar que debe reflejar también con su votación esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alfonso.
Votamos en tres minutos. (Pausa).
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO
DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y
ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES. (Número de
expediente 121/000006).
La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar
desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la
pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido
el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo
desde su escaño.
Comenzamos con las votaciones. Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas
legislativas. Proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos
del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección
investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
185 votos telemáticos, 345; a favor, 157 más 168 votos telemáticos, 325;
en contra, 1; abstenciones, 2 más 17 votos telemáticos, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica
sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros
para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos
de terrorismo y delitos graves por tener la misma carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
186 votos telemáticos, 346; a favor, 157 más 168 votos telemáticos, 325;
en contra, 1 más 1 voto telemático, 2; abstenciones, 2 más 17 votos
telemáticos, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley orgánica.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE FISCALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS
INTERESES FINANCIEROS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE LA
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN RELACIÓN CON GIBRALTAR, HECHO "AD
REFERÉNDUM" EN MADRID Y LONDRES EL 4 DE MARZO DE 2019. (Número de
expediente 110/000003).
La señora PRESIDENTA: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre convenios internacionales.
Votación del dictamen relativo al acuerdo internacional en materia de
fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de
España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
relación con Gibraltar, hecho ad referéndum en Madrid y Londres el 4 de
marzo de 2019.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 159 más
186 votos telemáticos, 345; a favor, 81 más 105 votos telemáticos, 186;
en contra, 76 más 66 votos telemáticos, 142; abstenciones, 2 más 15 votos
telemáticos, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
- PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS PARA LA
DONACIÓN IRREVOCABLE DE LA PROPIEDAD DEL GRAN TEATRO CERVANTES DE TÁNGER,
HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE 2019. (Número de expediente
110/000005).
La señora PRESIDENTA: Votación del dictamen relativo al Protocolo entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos para la donación irrevocable de
la propiedad del Gran Teatro Cervantes de Tánger, hecho en Rabat el 13 de
febrero de 2019.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 159 más
186 votos telemáticos, 345; a favor, 157 más 160 votos telemáticos, 317;
en contra, 10 votos telemáticos; abstenciones, 2 más 16 votos
telemáticos, 18.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS
NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO
EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente
110/000010).
- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS
NACIONES UNIDAS RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN
DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28
DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000011).
La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de los dictámenes relativos a la
denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las
Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de
las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho
en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010, y a la denuncia del Acuerdo
entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo
al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto
Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de
2010.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 158 más
186 votos telemáticos, 344; a favor, 156 más 151 votos telemáticos, 307;
abstenciones, 2 más 35 votos telemáticos, 37.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes.
- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y JAPÓN, POR OTRA, HECHO EN TOKIO EL 17 DE JULIO
DE 2018. (Número de expediente 110/000017).
La señora PRESIDENTA: Votación del dictamen relativo al Acuerdo de
Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por
una parte, y Japón, por otra, hecho en Tokio el 17 de julio de 2018.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 159 más
186 votos telemáticos, 345; a favor, 138 más 152 votos telemáticos, 290;
abstenciones, 21 más 34 votos telemáticos, 55.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
- RENOVACIÓN DE LA RESERVA FORMULADA POR ESPAÑA AL CONVENIO PENAL SOBRE LA
CORRUPCIÓN. (Número de expediente 110/000001).
- INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1986, HECHO EN GINEBRA EL 24 DE JUNIO DE 1986.
(Número de expediente 110/000004).
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE
ANDORRA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000006).
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DE BRASIL AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL
EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO
DE 1970. (Número de expediente 110/000007).
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE
COSTA RICA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000008).
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE
KAZAJSTÁN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000009).
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN
BAKÚ EL 23 DE ABRIL DE 2014. (Número de expediente 110/000012).
- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE
ÓRGANOS HUMANOS, HECHO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EL 25 DE MARZO DE 2015.
(Número de expediente 110/000013).
- ACUERDO DE ASOCIACIÓN GLOBAL Y REFORZADO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA
COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA
PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2017. (Número de expediente 110/000014).
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANÍA PARA ELIMINAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA
EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES Y SU PROTOCOLO, HECHO EN BUCAREST EL 18 DE
OCTUBRE DE 2017. (Número de expediente 110/000015).
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE
2017. (Número de expediente 110/000016).
- PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, HECHO EN ESTRASBURGO EL 10 DE OCTUBRE DE
2018, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente
110/000018).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NICARAGUA SOBRE
TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MONTREAL EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (Número
de expediente 110/000019).
- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
DE COREA, HECHO EN MADRID EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018. (Número de
expediente 110/000020).
La señora PRESIDENTA: Votación conjunta del resto de los dictámenes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 159 más
185 votos telemáticos, 344; a favor, 157 más 171 votos telemáticos, 328;
abstenciones, 2 más 14 votos telemáticos, 16.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 22/2020, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA
CREACIÓN DEL FONDO COVID-19 Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS RELATIVAS A SU
DISTRIBUCIÓN Y LIBRAMIENTO. (Número de expediente 130/000023).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretosleyes.
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su
distribución y libramiento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
187 votos telemáticos, 347; a favor, 124 más 151 votos telemáticos, 275;
en contra, 36 más 34 votos telemáticos, 70; abstenciones, 2 votos
telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha
solicitud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
187 votos telemáticos, 347; a favor, 36 más 37 votos telemáticos, 73; en
contra, 123 más 139 votos telemáticos, 262; abstenciones, 1 más 11 votos
telemáticos, 12.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por
el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 23/2020, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS
EN MATERIA DE ENERGÍA Y EN OTROS ÁMBITOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
(Número de expediente 130/000024).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que
se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
187 votos telemáticos, 347; a favor, 82 más 106 votos telemáticos, 188;
en contra, 1; abstenciones, 77 más 81 votos telemáticos, 158.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha
solicitud.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
187 votos telemáticos, 347; a favor, 77 más 73 votos telemáticos, 150; en
contra, 83 más 102 votos telemáticos, 185; abstenciones, 12 votos
telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por
el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 24/2020, DE 26 DE JUNIO, DE MEDIDAS SOCIALES DE
REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL. (Número de expediente 130/000025).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas
sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y
de competitividad del sector industrial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
187 votos telemáticos, 347; a favor, 129 más 159 votos telemáticos, 288;
abstenciones, 31 más 28 votos telemáticos, 59.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha
solicitud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
186 votos telemáticos, 346; a favor, 160 más 183 votos telemáticos, 343;
en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 2 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 25/2020, DE 3 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000026).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
187 votos telemáticos, 347; a favor, 84 más 117 votos telemáticos, 201;
en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 76 más 69 votos telemáticos,
145.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha
solicitud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más
186 votos telemáticos, 346; a favor, 160 más 184 votos telemáticos, 344;
en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia.
Buenos tardes, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro y quince minutos de la tarde.
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