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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 6, de 04/02/2020
cve: DSCD-14-PL-6
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 6
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 5
celebrada el martes,
4 de febrero de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 43-1, de 28 de enero de 2020. (Número de expediente 410/000004) ... (Página5)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 43-1, de 28 de enero de 2020. (Número de expediente 410/000004) ... (Página6)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. ("BOE" núm. 13, de 15 de enero de 2020). (Número de expediente 130/000002) ... (Página6)

- Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. ("BOE" núm. 19, de 22 de enero de 2020). (Número de expediente 130/000003) ... (Página22)


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- Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social. ("BOE" núm. 312, de 28 de diciembre de 2019). (Número de expediente 130/000001) ... (Página37)

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 43-1, de 28 de enero de 2020. (Número de expediente 410/000004) ... (Página52)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página57)

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página58)

Votación de conjunto ... (Página58)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

La señora doña María Isaura Leal Fernández, el señor don Omar Anguita Pérez, el señor don José Losada Fernández, la señora doña Rosa Medel Pérez, el señor don Juan Bernardo Fuentes Curbelo, la señora doña María del Carmen Pita Cárdenes, la señora doña Sonia Guerra López y el señor don Indalecio Gutiérrez Salinas adquieren la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página5)

De los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1 ... (Página5)

Se somete a votación el punto de referencia, que es aprobado por asentimiento.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página6)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1 ... (Página6)

Se somete a votación el punto de referencia, que es aprobado por asentimiento.


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La Presidencia informa de que se abre un plazo de una hora, hasta las dieciséis horas y cinco minutos, para que puedan presentarse en el registro de la Cámara enmiendas a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1, que se debatirá como último punto del orden del día.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página6)

Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social ... (Página6)

El señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos y Sayas López, y las señoras Oramas González-Moro y Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil, Errejón Galván y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Pita Cárdenes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores González Coello de Portugal, del Grupo Parlamentario VOX, y Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.

Cierra el debate el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público ... (Página22)

La señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Darias San Sebastián) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos, Quevedo Iturbe y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cambronero Piqueras, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; las señoras Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX, y De Luna Tobarra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social ... (Página37)

La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil, la señora Sabanés Nadal y el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común;


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Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX; Garcés Sanagustín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página52)

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1 ... (Página52)

El señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX, defiende la enmienda presentada por su grupo.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página57)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social, se aprueba por 286 votos a favor más 3 votos telemáticos, 289, y 49 abstenciones.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, se aprueba por 288 votos a favor más 3 votos telemáticos, 291, y 52 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 119 votos a favor más 3 votos telemáticos, 122, 167 en contra y 55 abstenciones.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social, se aprueba por 186 votos a favor más 3 votos telemáticos, 189, 83 en contra y 72 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 122 votos a favor más 3 votos telemáticos, 125, 160 en contra y 60 abstenciones.

Tramitación directa y en lectura única de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página58)

Sometida a votación la enmienda presentada a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1, se rechaza por 51 votos a favor, 281 en contra y 9 abstenciones.

Votación de conjunto ... (Página58)

Sometida a votación de conjunto la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1, se aprueba por 291 votos a favor más 3 votos telemáticos, 294, y 52 en contra.

Se levanta la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las tres de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

La señora PRESIDENTA: Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.

En sustitución de doña María Beatriz Corredor Sierra, pregunto a doña María Isaura Leal Fernández si jura o promete acatar la Constitución.

La señora LEAL FERNÁNDEZ: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de doña Dolores Delgado García, pregunto a don Omar Anguita Pérez si jura o promete acatar la Constitución.

El señor ANGUITA PÉREZ: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de don Francisco José Salazar Rodríguez, pregunto a don José Losada Fernández si jura o promete acatar la Constitución.

El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de don Héctor Illueca Ballester, pregunto a doña Rosa Medel Pérez si jura o promete acatar la Constitución.

La señora MEDEL PÉREZ: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de doña Elena Máñez Rodríguez, pregunto a don Juan Bernardo Fuentes Curbelo si jura o promete acatar la Constitución.

El señor FUENTES CURBELO: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de doña María Victoria Rosell Aguilar, pregunto a doña María del Carmen Pita Cárdenes si jura o promete acatar la Constitución.

La señora PITA CÁRDENES: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de don Francisco Polo Llavata, pregunto a doña Sonia Guerra López si jura o promete acatar la Constitución.

La señora GUERRA LÓPEZ: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de don José Guirao Cabrera, pregunto a don Indalecio Gutiérrez Salinas si jura o promete acatar la Constitución.

El señor GUTIÉRREZ SALINAS: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: Doña María Isaura Leal Fernández, don Omar Anguita Pérez, don José Losada Fernández, doña Rosa Medel Pérez, don Juan Bernardo Fuentes Curbelo, doña María del Carmen Pita Cárdenes, doña Sonia Guerra López y don Indalecio Gutiérrez Salinas han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1. (Número de expediente 410/000004).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto I del orden del día: Toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el


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artículo 46.1, presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, este punto, así como el siguiente, se someten a aprobación por asentimiento, sin debate previo.

¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento). En consecuencia, se toma en consideración la propuesta de reforma del Reglamento.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1. (Número de expediente 410/000004).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto II del orden del día, relativo al acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la citada proposición de reforma del Reglamento.

¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento). En consecuencia, queda acordada la tramitación directa y en lectura única.

Recuerdo a sus señorías que, al haber sido tomada en consideración y adoptado el acuerdo de tramitación directa y en lectura única, está previsto que el debate de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1, tenga lugar tras el debate sobre la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes incluidos en el orden del día. Finalizado el debate, se procederá a la votación de todos los puntos restantes del orden del día.

Asimismo, les anuncio que a partir de este momento se abre un plazo de una hora, es decir, hasta las dieciséis horas y cinco minutos, para que puedan presentarse en el registro de la Cámara enmiendas a esta proposición de reforma del Reglamento.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 1/2020, DE 14 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA REVALORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PENSIONES Y PRESTACIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000002).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto III del orden del día, relativo a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Hoy me presento ante sus señorías por primera vez como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para solicitarles la convalidación del real decreto-ley por el que se asegura el poder adquisitivo de las pensiones en el año 2020. Era esta una promesa ineludible del Gobierno de la nación y por eso ha sido la primera decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Además, este real decreto-ley está de acuerdo con la segunda recomendación del borrador del acuerdo del Pacto de Toledo, en la que se reclama que las pensiones no pierdan poder adquisitivo.

Antes de entrar en materia, y aunque en las próximas semanas tendré la oportunidad de comparecer ante sus señorías en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con sus señorías uno de los principales retos a los que nos enfrentamos como país: el coste, en términos de desigualdad y desafección hacia nuestras instituciones, de un crecimiento no inclusivo. Por eso, el nombre del ministerio que lidero no es casual. Responde a un meditado proceso de reflexión y muestra que nuestra prioridad serán aquellas políticas que tienen por objeto ayudar a la incorporación y a la participación en la sociedad en igualdad de oportunidades de los colectivos más desfavorecidos. Por eso, actualizar las pensiones conforme al IPC no solo es un paso previo para encontrar soluciones justas y equitativas a los retos de futuro a los que se enfrenta el sistema


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de pensiones. Estamos obligados y decididos a reforzar la solvencia del sistema y eso debe conseguirse dando certidumbre a pensionistas y trabajadores.

Por último, la subida de las pensiones que hoy queremos convalidar da cumplimiento al compromiso comunicado a la Comisión Europea dentro del plan presupuestario 2020 para el Reino de España, así como a los acuerdos firmados entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Este año se cumplen veinticinco años de la firma del Pacto de Toledo. Aquel importantísimo acuerdo sirvió para reforzar la confianza de los españoles en la viabilidad del sistema. El consenso allí alcanzado permitió adoptar las reformas necesarias para garantizar su solvencia. Entre las recomendaciones de aquel primer acuerdo, allá en el año 1995, figuraba la número 11, que voy a leer textualmente: "... el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo y a través de fórmulas estables...". Los firmantes de aquel pacto original entendieron que dar certidumbre a pensionistas y trabajadores era un paso previo a cualquier intento de reforma duradera. Confío en que hoy demos un paso en la misma dirección.

Desde este ministerio, en el que por primera vez se integran todos los colectivos de pensionistas, traemos hoy a convalidar a esta Cámara un real decreto-ley que beneficia a más de 11 millones de personas: cerca de 10 millones de beneficiarios de pensiones contributivas, 450 000 beneficiarios de pensiones no contributivas, casi 200 000 beneficiarios de prestaciones familiares y aproximadamente 650 000 beneficiarios de clases pasivas, los pensionistas que en activo fueron pensionistas. Garantizar el poder adquisitivo de estos más de 11 millones de personas es absolutamente prioritario para este Gobierno y particularmente para este ministerio, que, como decía en mi introducción, lleva como primer nombre Inclusión. Entre los pensionistas se cuentan algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. La forma más eficaz de conseguir que no se queden atrás es asegurar su poder adquisitivo. Con este real decreto-ley -decía-, más de 11 millones de personas verán incrementadas sus pensiones en un 0,9 %, que es la inflación prevista para el año 2020. Ya notarán desde este mes este efecto, en el que además cobrarán los atrasos correspondientes al mes de enero. El real decreto-ley no solo incluye esta subida, sino que por primera vez y de forma novedosa garantiza que si la inflación fuese superior al 0,9 %, esa eventual desviación al alza sería compensada mediante una paga adicional. Se trata de una garantía para que, sea cual sea la subida de precios, el poder adquisitivo de nuestros pensionistas esté asegurado.

Señorías, pido a esta Cámara el mayor acuerdo para convalidar el decretoley. Nuestros pensionistas no solo deben estar seguros de que no perderán poder adquisitivo, sino también de que existe el máximo consenso político en torno a nuestro sistema de pensiones, uno de los grandes logros de la sociedad. Les voy a dar un dato. Durante muchos años el porcentaje de personas encuestadas por el CIS que mencionaban que las pensiones eran uno de los principales problemas de España se situaba en torno al 2 %. En los últimos años este porcentaje ha llegado a estar en el 15 % y actualmente se encuentra en el 12 %. Los anteriores registros máximos de preocupación por las pensiones datan de finales de los años ochenta y principios de los años noventa. Todos sabemos cómo se resolvió aquella preocupación: con la firma del Pacto de Toledo. Ese consenso prácticamente unánime sobre nuestro sistema de pensiones logró despejar todo tipo de dudas durante muchos años. Debemos recuperarlo si queremos que la incertidumbre deje de sobrevolar sobre nuestro sistema de pensiones. En este sentido, es mi obligación como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones esforzarme al máximo para volver a construir este consenso. Entiendo que esta obligación se extiende a todos los miembros de esta Cámara. No podemos cargar sobre los hombros de nuestros pensionistas la incertidumbre que genera el no ponernos de acuerdo sobre cómo financiar un sistema de pensiones tan sólido como el español; y mucho menos podemos dejar que se erosionen año tras año sus pensiones. No podemos hacer esto a más de 11 millones de pensionistas que, sobre todo, esperan de nosotros que seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre cómo hacer el sistema sostenible. No hay nada más poderoso que el consenso para reducir la incertidumbre. Hoy es el primer momento para demostrarlo.

Señorías, hace justo veinticinco años representantes de esta Cámara llegaron a un acuerdo en el Parador de Toledo. Apenas dos meses después se ratificaba en este mismo edificio un documento con las líneas maestras de nuestro sistema. Podemos autoengañarnos asegurando que allá en 1995 la situación era más sencilla, pero no es verdad. Era tan complicada o más que la actual y todos dejaron atrás sus intereses particulares a favor de un consenso que ha sido el gran soporte de nuestro sistema durante muchos años. Nuestro Estado del bienestar y su sistema de pensiones son garantía para conseguir un crecimiento inclusivo que no olvide a los más vulnerables. Nuestro compromiso es conservar el sistema y asegurarnos de que continúa sirviendo a su fin. Nuestro sistema de pensiones es sólido y no podemos


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permitirnos que la falta de acuerdo ponga en duda su solidez. Señorías, la norma que presento hoy para convalidación incluye medidas de trascendencia para más de 11 millones de personas. Dada la importancia cuantitativa y cualitativa de las medidas que incluye este real decretoley, solicito a la Cámara su convalidación confiando en que podamos iniciar una etapa de consenso sobre nuestro sistema de pensiones que perdure toda la legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Señor ministro, este real decretoley supera la innecesaria y burda estratagema de Pedro Sánchez durante las negociaciones para su investidura y parchea un asunto trascendental para toda la sociedad, que precisa acometer con urgencia las reformas para que los españoles tengamos mejores pensiones, adaptadas al creciente coste de la vida, y un sistema público estable a lo largo del tiempo. Ante este complejísimo desafío, conviene recordar el aciago precedente que sentó hace un año Unidas Podemos, que hoy forma parte del Gobierno de coalición, reventando en el último minuto el consenso alcanzado en el seno del Pacto de Toledo, y coincido en que es imprescindible reeditarlo, comenzando por sus colegas en el banco azul del Gobierno.

Asimismo, todos los indicadores económicos ya muestran signos de inestabilidad, como siempre que hay un presidente socialista, y se lo digo a usted, señor Escrivá, que tantas veces ha recetado control en el gasto público. Tampoco va con los socialistas la creación de empleo, que es el único camino para generar recursos para la Seguridad Social y garantizar las pensiones. Los datos conocidos hoy sobre el paro registrado son escalofriantes. Asimismo, en el cuarto oscuro del Gobierno se está engrasando la manivela de la fiscalidad, y en Asturias, la comunidad más envejecida y con mayor presión fiscal, sabemos que cualquier propuesta de subida de impuestos en España destruirá más puestos de trabajo y pondrá en riesgo nuestro sistema de pensiones.

El voto de Foro será favorable a esta convalidación.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Oblanca.

En segundo lugar, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.

El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.

En el Partido Regionalista de Cantabria siempre hemos defendido el objetivo del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Este, junto con la mejora de las pensiones más bajas y la corrección de algunos colectivos que están actualmente discriminados con respecto a la regla general, creo que son objetivos que hay que cumplir a lo largo de esta legislatura.

A veces se cuestiona la sostenibilidad del actual sistema de reparto, y nosotros decimos que, salvo situaciones catastróficas, los objetivos anteriores deben mantenerse. Si el sistema tal y como está diseñado no resulta sostenible, tendremos que cambiarlo, pero no los objetivos. Existen muchas fórmulas para lograrlo, pero lo que está claro es que los avances que se vayan a producir en el futuro no pueden hacer muy difícil que esto se consiga. Los jubilados son un colectivo que no se merece menos y necesita el apoyo de todas las instituciones. Este decreto-ley está en esta línea, y por eso nosotros vamos a votar favorablemente.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.

Tiene la palabra ahora el señor Sayas López.

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. Nosotros también vamos a votar favorablemente la convalidación de este decreto, y vamos a hacerlo porque yo creo que los pensionistas no se merecen solamente un aumento puntual de la cantidad relacionada con el IPC. Tampoco se merecen los pensionistas que mercadeemos con algo que es su derecho; no puede ser que estuviesen esperando que esta reforma dependiera de si había o no había Gobierno. Creo que los pensionistas se merecen que tengamos un debate serio, que tengamos un debate buscando el consenso y la unidad y que lo tengamos en el ámbito que corresponde,


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que es el Pacto de Toledo. Para eso tenemos que ser capaces de consensuar algunas cosas entre todos, y en esto estará de acuerdo prácticamente todo este Pleno. En primer lugar, estaremos de acuerdo en que las pensiones son un derecho y, en segundo lugar, estaremos también de acuerdo en que todos queremos un sistema de pensiones público, universal y de prestación garantizada. A partir de ahí deberemos debatir con serenidad y con unidad y hacernos algunas preguntas. En primer lugar, deberemos preguntarnos si puede un pensionista vivir con una cantidad de dinero menor que un trabajador, porque eso nos llevará a definir si deben estar o no las pensiones referenciadas al salario mínimo interprofesional. Y en segundo lugar, deberemos afrontar un tema que es fundamental, si podemos mantener el sistema de pensiones con una tasa de natalidad que lastra la tasa de reposición, con un crecimiento económico que es exiguo y que afecta al empleo, y con una esperanza de vida cada vez mayor.

Acabo. Evidentemente, creo que este es un tema que compartimos todos, pero no vale con medidas puntuales, sino que necesita ser abordado de forma estructural.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas.

Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, me ha gustado mucho su introducción -soy de las que creo que una persona con su experiencia va a aportar mucho al debate que tenemos sobre el futuro de las pensiones y del sistema-, sobre todo cuando ha hablado de inclusión, y esto se lo dice una diputada canaria. Canarias es una de las comunidades, junto con Extremadura, que tiene las pensiones más bajas de este país. En los últimos diez años, tanto Extremadura como Canarias se están alejando de la media nacional. Tenemos tres veces más pensiones no contributivas que el resto de las comunidades -estamos hablando de 360 euros-, y no es gente que no trabajara -trabajaron como mulas toda su vida, la mayoría mujeres-, lo que pasa es que no pudieron cotizar. Tenemos que ir hacia un sistema público de pensiones que sea, en primer lugar, sostenible. La garantía del Estado del bienestar es conseguir un sistema sostenible y, a su vez, el sistema público de pensiones debe garantizar que sea inclusivo, como usted ha dicho, porque, al final, los índices de pobreza de Extremadura y de Canarias -haya gobernado el PSOE o hayan gobernado los nacionalistas en Canarias, cada uno tiene un discurso en función de la comunidad: o es culpa de los nacionalistas canarios o de los socialistas en Extremadura- están en función del componente de las pensiones y del refuerzo que estas tienen. No parece lógico que el sistema público de pensiones financie la pensión máxima de una persona que no aportó al sistema la pensión máxima de los años de vida que trabajó, pero sí tiene que garantizar que la gente que tiene 360 euros o 900 euros -como tienen de media Extremadura y Canarias- tenga como mínimo una pensión digna. Y a partir de eso tendremos que ver cuál es el sistema.

Desde luego, vamos a apoyar el decreto. Tengo la suerte de estar como portavoz del Grupo Mixto en la Comisión del Pacto de Toledo y, por tanto, me pongo a disposición del ministro para trabajar por la inclusión en este país y luchar contra la pobreza, pero, sobre todo, por la dignidad de miles de personas que trabajaron toda su vida y que merecen en los últimos años poder tener unas pensiones dignas; personas que durante la crisis económica, con esas pensiones indignas, ayudaron a sus hijos y nietos.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.

En último lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.

La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta. Buenas tardes.

Nos presentan hoy este decreto-ley y dos más, y avanzo ya que la CUP va a tener una posición a la que nosotros hemos llamado 'abstención atenta'. Vamos a hacer una fórmula conjunta y nos vamos a abstener en la votación de los tres decretos, porque entendemos que son decretos que mejoran tímidamente las condiciones de las clases populares, lo que para nosotros no es suficiente. Ayer mostramos el puño cerrado al rey y al régimen y hoy, concretamente en el decreto de pensiones y en los otros dos, lo vamos a facilitar. (Rumores).

Me voy a centrar en las pensiones. Es evidente que un aumento del 0,9 % es positivo y también que es positivo igualarlo al IPC -de hecho, no hacer esa actualización hubiese sido irresponsable-, pero


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para nosotros no es suficiente. La foto que hay en este decreto-ley es la siguiente. Mientras que una persona jubilada, con un cónyuge a cargo, recibe poco más de 11 000 euros al año; mientras que una persona viuda recibe la misma cantidad, unos 11 000 euros al año, y mientras que el subsidio mensual de garantía de ingresos mínimos está en 149,86 euros al mes, la pensión especial de guerra para el rango más bajo es de más de 20 000 euros al año, la más alta unos 42 000, al igual que la de un secretario general del Tribunal Constitucional, que también está en unos 42 000 al año e incluso la de un letrado de las Cortes que también está en la misma cantidad. Mientras los altos cargos del Estado, que ya cobran sueldos mucho más altos, reciben pensiones mucho más grandes que la gente trabajadora -déjeme decirle que ni yo ni la mayoría de los trabajadores hemos cobrado nunca del Estado español 42 000 euros al año-, las pensiones de las clases populares son las que son. Hoy, además, ustedes han anunciado el salario mínimo interprofesional: 950 euros al mes. Esta es una buena medida, pero, si lo comparamos, sin duda insuficiente.

Para nosotros el debate está en el valor que se le da a la vida, el valor que se le da al envejecimiento digno de nuestros mayores, al derecho a criar con dignidad, o el derecho que se le da al Ejército y a las altas magistraturas; para nosotros, o los jueces, los fiscales y los militares, o nuestras abuelas y nuestras viudas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vehí.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.

El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenas tardes. Arratsalde on.

La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿con este decreto mantenemos el poder adquisitivo de las pensiones? Esta es una de las primeras preguntas que tenemos, no con respecto a este decreto, sino cara al futuro, en las discusiones que tengamos. ¿El IPC es suficiente para el mantenimiento de las pensiones? Yo creo que todas y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con que hay que mantener las pensiones, por lo menos que no bajen. Pero hay que ser conscientes de que este decreto es un paso pequeño, muy pequeño. Con esta medida no llegamos a asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo. Esta es la idea que vengo a presentarles esta tarde.

Decimos que es muy limitado y no permite mantener el poder adquisitivo porque solo supone el 0,9 %, que es el IPC, lo que ha subido la vida en general. Sin embargo, en los hogares pobres hay que tener en cuenta cómo se calcula la cesta de la compra, porque en la mayor parte de los hogares con las economías más débiles la cesta es diferente a la de la media de la población. Los elementos básicos tienen un peso mucho mayor que en el resto de la población. Les voy a poner concretamente un ejemplo de lo que nos ocurre en Euskal Herria. Durante 2019 el incremento del IPC en alimentos ha sido del 3,2 % en Navarra; un 2,5 % en la comunidad autónoma; en vivienda, el dato oficial es un 1,1 %, pero tengan en cuenta que las viviendas con mayores necesidades son las que más alquileres tienen, los que menos permanencia en los alquileres tienen y a quienes les han subido desorbitadamente los alquileres.

Por tanto, la primera idea que les quería transmitir es que hay que tener en cuenta que para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones tendremos que pensar algo, sobre todo, en las pensiones más bajas, porque de lo contrario se van reduciendo. No les puedo dar datos concretos, pero en los últimos años en el País Vasco una pensión media se ha reducido un 6 % de la renta disponible en las familias, la renta relativa teniendo en cuenta estas inflaciones.

También quiero comentar que hay un aspecto positivo en este decreto: haber abandonado la fórmula del índice de revalorización es un elemento importantísimo. Si no abandonáramos esta fórmula del índice de revalorización, en quince años la media de las pensiones estaría un 20 % por debajo del poder adquisitivo, porque hay mucha diferencia por zonas y por diferentes economías. Ese índice es lo que posibilitó esa carta de 2018 a los pensionistas en la que se planteaba una subida de céntimos de euro en las pensiones y que fue la chispa que hizo saltar a nuestros pensionistas y a nuestras pensionistas; esa chispa que avivó la protesta social de la población.

La huelga que ha habido este 30 de enero en el País Vasco ha sido secundada por gran parte de la sociedad, porque está reclamando a los Gobiernos la derogación de los recortes y la puesta en marcha de medidas que permitan vivir dignamente, independientemente de que se haya podido parar o no en las fábricas o en el sitio de trabajo, porque dada la situación laboral de la mayor parte de la población en estos momentos hay miedo a poder expresarse libremente dentro del puesto de trabajo. Quería transmitirles lo que me decían muchas personas pensionistas y gente que estaba en huelga: no estamos haciendo una huelga para que caigan los Gobiernos, estamos haciendo una huelga, una movilización para que se tenga


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en cuenta nuestro problema, para que el Gobierno no llegue, como nos ha ocurrido históricamente, a un punto en que mire en el pozo negro y se le olvide qué es lo que nos prometió. A eso ha respondido la gran movilización que se ha venido haciendo en Euskal Herria y en otras partes del Estado, que nos han transmitido su solidaridad de la mano del movimiento social pensionista y de la mayoría sindical. Por eso se han movilizado muchos sectores, porque de la aplicación de las reformas de austeridad de los últimos años, fundamentalmente desde 2012, ha venido el debilitamiento de las coberturas sociales, y todas esas reformas hay que revertirlas.

En este periodo de tiempo es cierto que han mejorado muchas variables macroeconómicas, se han fortalecido muchas fortunas, pero la mayor parte de las economías de los hogares han reducido su poder de compra. En este periodo de tiempo la aplicación de las políticas de austeridad ha traído consecuencias sociales tan graves que va a costar enderezar de nuevo el rumbo, porque todo tiene su inercia y cuesta dar la vuelta a esta inercia de austerización que nos ha caído encima. Por eso les invito a revertir todas las políticas antisociales que se han puesto en marcha en los últimos años. Es la hora de revertir las políticas antisociales e introducir nuevas medidas que pongan a la gente en medio, a la gente como elemento fundamental al que hay que responder; la economía al servicio de la gente.

Por último, y para ir terminando, quiero señalar que este decreto se caracteriza por el incumplimiento del estatuto de autonomía y del amejoramiento. La disposición final dice que el régimen económico de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado. Léanse, por favor, el punto relativo al amejoramiento en el estatuto, porque están incumpliendo la ley, están incumpliendo los elementos fundamentales del estatuto sobre el amejoramiento. Exigimos que esto se corrija inmediatamente y en el más corto plazo de tiempo. En resumen, llamamos a todos ustedes a la responsabilidad, porque este tema de las pensiones y de la pobreza es un tema urgente. Lo que se pide es justo, los y las pensionistas se lo merecen; pero se lo merecen los actuales pensionistas y sobre todo las y los que están por llegar, porque nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad y el de las generaciones que vienen. Por eso nuestro grupo va a votar favorablemente en este punto.

Eskerrik asko, muchas gracias, y espero que podamos enderezar este barco.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruiz de Pinedo.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Arratsalde on, buenas tardes, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, en primer lugar enhorabuena por su nombramiento. Me felicito por su comparecencia hoy aquí para sustanciar una materia tan importante como la que nos ocupa con este real decreto-ley, y le deseo a futuro que tenga al menos el mismo éxito que en la gestión de su anterior responsabilidad tuvo, porque esta es una materia en la que merece acertar absolutamente en todo.

Con respecto de la materia de fondo voy a adelantar que el voto de mi grupo va a ser favorable a este real decreto-ley; lo va a ser con ciertos elementos críticos, que ahora le voy a exponer. El preámbulo del Real Decreto-ley 18/2019 -que se tratará como tercer punto del orden del día y que sirve como preludio para este Real Decreto-ley 1/2020-, en su exposición de motivos, afirma que la revalorización de las pensiones es una cuestión de máxima relevancia para los pensionistas, y como tal un derecho reconocido en el artículo 50 de nuestra Constitución, por lo que debe suspenderse la aplicación del artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social por cuanto su texto -y así lo dice- ha sido ampliamente cuestionado en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo y para los años 2018 y 2019. Cierto por completo, es completamente cierta esta afirmación de la exposición de motivos, solo que esa afirmación olvida un elemento también determinante -y no sé si lo hace de forma deliberada-, y es que la suspensión de efectos del artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se produjo por primera vez como consecuencia de la iniciativa del Grupo Vasco en el Parlamento, del Partido Nacionalista Vasco, y precisamente para que en el debate de la Ley de Presupuestos del año 2018 -cosa que fue aceptada por el partido en el Gobierno en ese momento, del señor Rajoy- se incluyera esta medida, y además la de actualizar aquellas pensiones de acuerdo con una fórmula que es la que hoy también se trae a esta Cámara. Evidentemente en ese sentido es importante que entre los antecedentes de hecho se tengan estos, sobre todo porque también condiciona no ya solo nuestra propia credibilidad, sino también nuestro propio posicionamiento ante este debate. Por supuesto que votaremos a favor, porque siempre hemos mantenido que la actualización de las pensiones, la actualización de su capacidad adquisitiva se debe producir ante elementos ciertos, concretos y que otorguen seguridad jurídica a los millones de pensionistas de todo el Estado.


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Permítame afirmar otra cosa: que aquel debate también tuvo oportunidad de ser trasladado en su momento desde el ámbito donde se debatió, que era el Pacto de Toledo, hasta esta Cámara; la tuvo, pero quizá no estaba usted en esos momentos. Conviene recordar que, si bien las recomendaciones del Pacto de Toledo no se llegaron a aprobar en la Comisión, es igualmente cierto que existía absoluto consenso en su recomendación número 2, que de hecho se pudo prácticamente aprobar, y que está dirigida precisamente -y leo- al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Y si en algo se insistió, además de en la revalorización anual de las pensiones, fue en que ese mecanismo que había de seguir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones debería ser consultado y debatido en el seno de esta Comisión -y así lo decía la recomendación 2, con la que absolutamente todos los grupos políticos manifestamos nuestra posición favorable en el seno del Pacto de Toledo-, y no solo el desarrollo de lo establecido en esa recomendación, sino en todas.

Permítame por ello destacar de alguna manera cierto grado de incongruencia en los dos partidos que forman el Gobierno, y que no me cabe duda además de que están a favor de ese tipo de tratamiento, porque nada hubiera impedido haber constituido y convocado, de forma preliminar a este debate, a la Comisión del Pacto de Toledo con el fin de analizar las medidas contempladas en el real decreto-ley; no en el momento de su aprobación, evidentemente, pero sí con posterioridad y antes de su convalidación. Sin embargo, las prisas y la insistencia que tuvieron los partidos hoy en el Gobierno en el Pacto de Toledo en su momento no las han tenido hoy pudiendo haberlas tenido para este real decreto-ley. Esperamos en todo caso que esto no sea nada más que un lapsus y que a futuro esta dinámica se enderece.

Finalmente y en cuanto a su contenido pocas aportaciones podemos hacer respecto de las que ya afirmamos nuestra conformidad, pero sí creemos que hay algunas respecto a las que se deben realizar unas cuantas precisiones. Con carácter general, resulta preciso aclarar los términos en que se vaya a concretar el concepto de poder adquisitivo, cuya garantía contempla el artículo 2 del real decreto-ley, vinculado sin duda a la existencia del IPC real, al que se refería la recomendación número dos, pero ese debate no resulto pacífico ni existe hoy en día consenso sobre cuál es su contenido.

Como cuestión específica merece la pena referirnos a la cuantía de las pensiones máxima y mínima, así como a sus bases de cotización, no tanto -aunque también- por una cuestión relativa a la contributividad, sino porque resulta de especial afección a determinados colectivos como son los autónomos, y en especial los autónomos de origen agrario, del elemento agrario, respecto de los que sabemos todos que tienen una especial incidencia y respecto de los que seguramente habrá que ser imaginativos a la hora de buscar soluciones.

Finalmente sí apunto, simplemente a título de inventario, una cifra, la de los 1262 millones de incremento que supone esta medida, que esperemos que no sea superada, porque ya de por sí -ya han hecho referencia a ello otros intervinientes antes- viene a engordar de alguna manera, a engrosar la cuantía del déficit que ya de forma casi estructural tiene el sistema de pensiones -habrá que analizar el Pacto de Toledo-, pero que habrá que cuidar.

No obstante voy a terminar con una precisión, ya que he oído al señor Ruiz de Pinedo hacer referencia a la transferencia de la Seguridad Social. Ya me gustaría a mí, ya nos gustaría en el Partido Nacionalista Vasco que eso se produjera de esa manera, pero lo que está en el Estatuto de Autonomía del País Vasco es la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, que es lo que reiteradamente han incumplido sucesivos Gobiernos en el Estado, y que es lo que hemos pedido que se nos transfiera -y se lo repito a usted también-; eso sí, sabiendo que el contenido de esa gestión del régimen económico, aun cuando a nosotros nos gustaría que fuera mayor, es la que es de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, y esperamos en todo caso que esa, la referida por el Tribunal Constitucional y su doctrina, sea transferida definitivamente al Gobierno vasco, a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.

La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Señor ministro, señorías, buenas tardes.

Antes de iniciar mi intervención, sí quisiera hacer una referencia a lo que ha dicho la compañera diputada de la CUP. En su intervención ha dicho que nunca había cobrado más de cuarenta y tantos mil euros anuales, y lo que realmente me parece inconcebible es que actualmente lo que pretenda sea cobrarlos sin venir a trabajar. Por eso lo que hemos solicitado es que, si no viene a trabajar, no cobre. (Aplausos).


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Continuaré adelantándoles el sentido favorable de nuestro voto al real decreto que trae este Gobierno. En Ciudadanos no votamos a favor por tratarse de un real decreto, fórmula legislativa de la que están abusando de manera exagerada; tampoco porque lo haga este Gobierno, en el que no confiamos para las grandes reformas que hay que poner en marcha. En Ciudadanos votamos a favor porque, a diferencia de otros partidos como los que hoy están gobernando, cuando nos planteamos el sentido de voto nos planteamos no quién lo presenta, sino qué es lo que se presenta. Los españoles saben que siempre podrán contar con nosotros, con Ciudadanos, para las cuestiones de Estado, y sin duda nuestras pensiones lo son. Se trata de la dignidad de nuestros mayores, de los pensionistas, de las personas discapacitadas, de las mujeres, de las personas migradas, que estaban esperando desde diciembre a que se formase el Gobierno con sus socios, de los cuales tenemos muchísimas dudas sobre su compromiso con nuestro sistema de pensiones. Pero ustedes, señores del Partido Socialista, y concretamente el Gobierno, deberían al menos venir hoy a esta Cámara excusándose por haber intentado utilizar a las pensionistas españolas como moneda de cambio para su investidura. Todos recordarán cómo salieron corriendo a decir que no iban a subir las pensiones si no se garantizaba llegar a Moncloa con sus socios, pero volvemos a insistir: en Ciudadanos mostramos nuestro compromiso con las cuestiones de Estado y por eso hoy vamos a apoyarles, pero vamos a meternos un poco en materia de pensiones. En Ciudadanos creemos que es fundamental garantizar las pensiones del presente -es una cuestión de justicia, es una cuestión que merecen nuestros mayores-, pero también las pensiones del futuro. ¿Y cómo hay que hacerlo? Trabajando, trabajando por apuntalar un pacto de Estado, no por dinamitarlo, como lo hizo Podemos, socio del Gobierno, levantándose del Pacto de Toledo y tirando por la borda tres años de trabajo en esta materia.

¿Y qué es lo que proponemos? En primer lugar, dignidad para nuestras pensionistas, y es por lo que estamos votando favorablemente en este decreto. En segundo lugar, necesitamos reformas profundas del modelo laboral. El inmovilismo laboral es lo que va a ocasionar una de las peores noticias para la garantía de nuestras pensiones, para las pensiones del mañana. No hay pensiones dignas sin una vida laboral digna. Y tenemos que atajar de una vez por todas uno de nuestros grandes problemas del sistema laboral, que es la precariedad. Según los últimos datos que hemos tenido en la EPA, 9 de cada 10 contratos firmados en 2019 son temporales, el 90 % de los contratos que se han firmado en diciembre son temporales. Tenemos más de 3 millones de parados y el 58 % de las personas paradas son mujeres. Además el desempleo no afecta igual a todos los grupos de población. Entiendo que también sabrán que el 52 % de las personas gitanas están en paro. Hoy hemos obtenido además un dato muy relevante: en enero hay más de noventa mil personas en el paro. El paro ha afectado al sector comercio y al sector servicios, y más de quince mil personas que trabajaban en el sector agrario se han quedado en el paro.

Precariedad laboral y altos índices de desempleo merecen reformas que hay que aplicar cuanto antes. Desde Ciudadanos proponemos corregir la temporalidad, proponemos que la contratación sea indefinida. Tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto de las personas que se encuentran en desempleo, trabajar con programas formativos y laborales con empresarios que fomenten la contratación. Y además, si queremos fomentar y potenciar el empleo, lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros empresarios, a nuestros autónomos, a nuestras pequeñas y medianas empresas. Lo que tenemos que hacer es apoyarlas, no machacarlas con impuestos que lo único que hacen es ahogarles a fin de mes y evitar la contratación laboral.

Finalmente no nos debemos olvidar, cuando hablamos de las pensiones, de que hay que hacer una apuesta decidida por la natalidad. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de toda Europa. Si no garantizamos natalidad difícilmente vamos a tener trabajadores que luego garanticen las pensiones de nuestro futuro. ¿Qué podemos hacer? O mirar para otro lado y no hacer nada o apostar por una ley de familias como la que plantea Ciudadanos. Planteamos educación de 0 a 3 años y libros de texto gratuitos, planteamos treinta y seis semanas de permiso de paternidad y maternidad y más facilidades para las familias con hijos. En definitiva, con nosotros siempre van a contar, y van a contar para no mercadear con pensiones, para reformar nuestro modelo laboral para acabar con la precariedad laboral y ayudar a nuestros trabajadores. Apostaremos por las familias y el fomento de la natalidad.

Señor ministro, confiamos en su profesionalidad, en su independencia, en su buen hacer, y con nosotros siempre va a contar para trabajar por el presente de nuestras pensiones y sobre todo por el futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.

Por el Grupo Parlamentario Plural tiene, en primer lugar, la palabra el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Señora presidenta, señora Giménez, ya que hablamos de pensiones déjeme decirle que algunos ayer estuvimos trabajando en iniciativas en todo caso creo que más útiles que limitarse a escuchar y aplaudir a un cargo que no ha elegido nadie, y al que a pesar de eso le pagamos una pensión de jubilación multimillonaria, igual que a su padre. (Aplausos).

Señor ministro, entiendo que, frente al ridículo y casi insultante 0,25 % de incremento de las pensiones de los Gobiernos del Partido Popular, un 0,9 % se presente como un gran logro social. En opinión del BNG es claramente insuficiente para asegurar la recuperación del poder adquisitivo de las personas pensionistas, especialmente si esta medida de aumento lineal se adopta sin actuar para establecer mínimos de justicia social en relación con las pensiones más bajas. Quiero recordar que el Partido Socialista se comprometió en su programa electoral -cito- a aumentar en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas, y Podemos también a incrementarlas. Pues bien, aquí no tenemos una propuesta en línea con ese compromiso, y no hemos escuchado por parte del ministro ni siquiera una expresión de voluntad al respecto. Mucho nos tememos que estemos delante del primer gran incumplimiento de este Gobierno de coalición. Desde luego el BNG va a pelear por que se aumenten las pensiones mínimas y no contributivas, porque es una cuestión de justicia también para con los pueblos y países que componemos este Estado. ¿Saben ustedes en qué provincia está la pensión más baja de todo el Estado español? Ourense, con 807 euros, es decir, 543 euros menos que Madrid y 643 euros menos que la media provincial más alta. Espero que cada vez que ustedes hablen de igualdad se acuerden de esto.

Finalizo. Comprenderán que para nosotros, para el BNG, subir las pensiones mínimas a 1080 euros sin perder el horizonte de que pensiones y salario mínimo se sitúen en el 60 % del salario medio es una cuestión de justicia doblemente: de justicia social con los más desfavorecidos y de justicia para con nuestro país, con Galiza, claramente discriminada en esta materia. Y comprenderán también por qué, en aras de reclamar más decisión al Gobierno para avanzar en la mejora de las pensiones, nos vamos a abstener porque creemos que se puede y se debe hacer más.

Obrigado.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.

Tiene la palabra el señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro -felicidades por su nombramiento-, desde Más País vamos apoyar el real decreto. Consideramos que no había que haber esperado hasta llegar a este punto, y que en todos los meses que hemos tenido se podía haber aprobado, pero es un buen primer paso que va en la buena dirección. Esperamos que a partir de ahora estas medidas las podamos desarrollar por los cauces legislativos habituales, y esperamos que el consenso que se muestra en esta Cámara no se quede solo en palabras. Hemos escuchado voces de portavoces de ideologías y posiciones muy diferentes y estamos todos de acuerdo en que hay que garantizar el sistema público de pensiones. Bien, garanticemos ese acuerdo, blindémoslo en la Constitución y garanticemos que nunca, en un periodo de vacas flacas, el coste del ajuste se cargará sobre las espaldas de los pensionistas y de las familias trabajadoras en España.

Estamos de acuerdo en que hay que actualizar las pensiones, pero hay que empezar por actualizar los más de 3 millones de pensiones que cobran hombres y sobre todo mujeres por debajo de 650 euros al mes. Digo sobre todo mujeres porque se trata sobre todo de señoras que, después de toda la vida trabajando en un trabajo de cuidados no pagados, se encuentran con una pensión que difícilmente les permite llegar a final de mes. Todas esas pensiones tienen que ser subidas, como dice la Carta Social Europea, como mínimo por encima del umbral de la pobreza.

Se ha hablado mucho de la sostenibilidad del sistema de pensiones y nosotros no creemos que la sostenibilidad del sistema de pensiones esté en riesgo exclusivamente por una cuestión demográfica, no es verdad; está en riesgo también por una cuestión del modelo productivo, y ahí, si no emprendemos una transformación del modelo productivo en el sentido de una revolución industrial verde, no vamos a poder garantizar las pensiones. Está en riesgo también por las condiciones laborales concretas, y ahí el mensaje es muy claro: la mejor forma de defender el sistema de pensiones empieza por trabajar en condiciones dignas, y por tanto, la mejor manera de garantizar el sistema de pensiones es garantizar los contratos en condiciones estables, en condiciones de derechos y de negociación colectiva de sus nietos. En segundo


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lugar, las pensiones tienen que ser sostenidas también eliminando los absurdos topes, por tanto con un destope; quien más gana tiene que contribuir más, y cuando haga falta, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que básicamente la diferencia entre un país en el que la gente tenga que vivir con miedo y un país en el que la gente pueda vivir tranquila, pueda llegar con calma, es saber que vives en un país que te cuida, que se hace cargo de los tuyos, y por eso reconstruir el sistema público de pensiones es crucial para reconstruir el contrato social.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón.

Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.

El señor BOADELLA ESTEVE: Bona tarda, buenas tardes.

En primer lugar déjenme empezar, hoy que me estreno como diputado y lo puedo hacer en esta tribuna, con este lazo amarillo en recuerdo de los compañeros presos políticos y exiliados (protestas) que no pudieron acogerse a sus asientos de diputados (aplausos) como consecuencia de un juicio totalmente injusto y político. Pero más allá de esta reivindicación, nos trae hoy aquí la convalidación del real decreto que ha presentado el señor ministro, y que le adelanto que votaremos a favor por las medidas que contempla, por el aumento que contempla, así como por la cuestión relativa a la previsión de compensar la inflación si esta es superior. No obstante este es un arreglo puntual, señor ministro. Para nosotros este es un tema muy importante, es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Una medida importante pero puntual, una medida que el futuro de las pensiones requiere que se afronte con valentía y que se afronte desde un punto de vista global, teniendo en cuenta también las pensiones mínimas, teniendo en cuenta también las pensiones de viudedad, teniendo en cuenta todo el sistema en su conjunto.

En este planteamiento global en la legislatura pasada había acuerdo, y por tanto usted nos tendría que contar cómo ahora uno de los principales grupos políticos que obstaculizó ese acuerdo va a superar ese punto de desacuerdo para desencallar esta situación. Existía acuerdo, no prosperó, y queremos que prospere en esta legislatura. Por supuesto nos van a encontrar en el marco del juego del Pacto de Toledo, con la misma actitud proactiva que ha caracterizado el legado político que represento, una actitud también exigente, pero sobre todo con un planteamiento de futuro, de reforma global y de valentía a la hora de afrontar esta materia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.

Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda a tothom. Gracias, presidenta.

Bienvenido ministro y mucha suerte. Nuestro sistema de pensiones es sostenible y así lo vamos a demostrar en posteriores intervenciones y en el Pacto de Toledo, no creemos que esté en crisis. Por eso nos extraña el real decreto que creemos que nunca se debía haber traído aquí, porque ya debería estar esto solucionado, las pensiones ya deben estar garantizadas por ley. El acuerdo de investidura que firmamos con el presidente Sánchez descansaba en dos pilares. El primer pilar -no hace falta que me extienda- es la solución del conflicto catalán de una manera dialogada, en una mesa entre los Gobiernos del Reino de España y de Cataluña. El segundo es evidentemente el rescate de los derechos sociales, laborales y civiles que durante años hemos ido perdiendo las clases trabajadoras. Una recuperación de derechos es imprescindible para dar oxígeno a unas clases trabajadoras muy maltratadas desde hace décadas. Las pensiones son tan importantes para nosotros que por eso dimos soporte a este Gobierno, y por ello también en el Pacto de Toledo, junto a Unidas Podemos, no votamos a favor porque no llegábamos a blindar el tema que creíamos que se ha de blindar. De hecho, luego le preguntaré si se va a blindar con este Gobierno o no se va a blindar.

Los sectores de la ciudadanía más necesitados precisan de oxígeno, y para ello es imprescindible que se apliquen unas políticas económicas, laborales y de protección social que sean realmente progresistas. En ese sentido es conocida la firme posición de Esquerra Republicana de que las pensiones deben revalorizarse como mínimo con el IPC real. Por ello vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley, ya que implica una revalorización de las pensiones según el IPC y favorece a más de once millones de personas. ¿Cómo vamos a poder votar en contra? Nunca vamos a utilizar esto como una moneda de cambio político. Por eso votaremos a favor.


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Sí que es verdad que, como ya ha dicho algún diputado que me ha precedido, se queda corto, pero creo que tendremos tiempo de rectificar pues nuestro apoyo a este Gobierno va ligado a ello. Esperamos que encima no se tarde mucho tiempo, porque el tema es urgente; igual que esperamos que sea la última vez que se debata -como decía al principio- un real decreto-ley para revalorizar las pensiones, pues insistimos en que para hacer una revalorización de las pensiones respecto al IPC -y estoy de acuerdo con el diputado de Bildu- habría que ver ese IPC, porque no es lo mismo como usted sabe el IPC de un mileurista que el IPC de una persona que gana 40 000 euros, sobre todo si la alimentación, como decía el compañero de Bildu, sube un 3,2 %. Por tanto, cuando se habla de igualar el poder adquisitivo, analicémoslo bien para que se iguale de verdad. Este es un tema muy interesante para estudiar en el Pacto de Toledo. Como ya he dicho, esperemos que sea la última vez que esto se tenga que hacer mediante un real decreto-ley y que quede blindado por ley y no sujeto a lo que diga el Gobierno de turno.

Consideramos la revalorización como una parte sustancial del sistema de pensiones y, para ello, exigiremos la reforma de las pensiones del Partido Popular y la eliminación del mal llamado factor de sostenibilidad que, de hecho, deroga una y otra vez cada vez que hacemos un real decreto-ley, porque, por primera vez, esa reforma que hizo el Partido Popular desligaba las pensiones del IPC. Si no se garantiza el poder adquisitivo de todas y todos los pensionistas, Esquerra Republicana no estará al lado de este Gobierno -que quede claro: no estará al lado de este Gobierno-, sino que estará en frente de este Gobierno, al lado de los pensionistas y de sus organizaciones y sindicatos en la calle. Además, estaremos al lado de más de un millón seiscientos mil pensionistas catalanes, velando y luchando por sus intereses, y al lado también, de manera fraternal, con los millones de pensionistas de los otros pueblos del Reino de España y también, por qué no, con los pensionistas de otros países de Europa, como el caso de los franceses, cuyos sindicatos están luchando también para no ver reducidos sus derechos en cuestión de pensiones. (Aplausos).

Por ello, y aprovechando esta tribuna, me gustaría empezar a poner las cartas boca arriba sobre lo que piensa el Grupo Republicano, y le pregunto directamente al señor ministro: ¿Van ustedes a revalorizar por ley las pensiones, que sería la única manera de evitar un mayor empobrecimiento de los pensionistas? ¿Se va a derogar el factor de sostenibilidad? ¿Sí o no? ¿Va usted a derogar el injusto factor de sostenibilidad? ¿Va a eliminar la desgravación fiscal, por ejemplo, de los planes de pensiones? Esto también nos interesa.

Con todo esto podríamos alargarnos durante mucho tiempo, por lo que lo único que quiero es que le quede claro que en cuanto a lo de la resolución del conflicto catalán mediante el diálogo no vamos a ceder y, por supuesto, tampoco en lo de que mientras tanto las gentes más necesitadas de este país puedan recuperar sus derechos laborales y sociales, porque es la otra cara de la misma moneda. Así que si su respuesta es afirmativa, y estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen en sus programas electorales y con lo que decían antes, nos vamos a llevar bien. Si no, le recordamos que estaremos enfrente, en la calle con nuestra gente.

Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.

La señora PITA CÁRDENES: Buenas tardes.

Señora presidenta, señorías, ministro, lo primero que voy a hacer desde esta tribuna con relación al real decreto de revalorización de las pensiones es dar las gracias a los miles y miles de pensionistas que han hecho posible, a través de un herramienta potente y democrática como es la movilización pacífica, que hoy de alguna manera vea la luz este decreto. Esto es tan justo como que nuestras pensiones se revaloricen conforme al IPC. Por tanto, lo primero es dar gracias de verdad a todas y todos los pensionistas. (Aplausos).

Dice nuestra Constitución -algún compañero que me ha precedido en el uso de la palabra lo ha citado- en su artículo 50, que los poderes públicos 'garantizarán' mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia -repito, la suficiencia- económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Está claro que este decreto pretende ser un primer paso en esa dirección, en esa garantía constitucional que establece -insisto- el artículo 50. Por eso, esperamos el voto favorable de esos partidos que se autoproclaman constitucionalistas, porque de no ser así, evidenciarían una vez más que utilizan la Constitución a modo de maquillaje para su política de crispación y conflicto permanente,


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intentando así tapar de alguna manera lo inaceptable de sus propuestas en materia de pensiones. Porque ustedes dejaron muy claras sus intenciones respecto a nuestras pensiones públicas en su contrarreforma laboral de 2013: reducción de la pensión media, índice de revalorización que justo era a la inversa, depreciación de las pensiones y, cómo no, el diabólico índice de sostenibilidad. Porque mira que les gusta pervertir el lenguaje: sostenibilidad. El factor de sostenibilidad del que hablan ustedes en su ley no es sino un algoritmo en virtud del cual a mayor esperanza de vida, menos retribución de pensiones. Es perverso y además inútil para el fin concebido, para lo que lo habían concebido ustedes, porque, efectivamente, ni sirve para reducir el gasto. Ustedes siempre inciden en el tema de las pensiones en el gasto. Para ustedes la sostenibilidad es el gasto; para ustedes las pensiones son un gasto y los pensionistas son un gasto, pero para nosotras no. Para nosotras el sistema público de pensiones es una de las claves de bóveda del Estado social, ese al que se refiere el artículo 1, que ayer mencionaba y enfatizaba el jefe del Estado y que dice que España es un Estado social, democrático y de derecho. Nosotras hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos para garantizar los recursos necesarios, o sea, suficientes para que las retribuciones en materia de pensiones permitan el desarrollo de una vida digna a nuestros pensionistas. Ese es nuestro trabajo, nuestro compromiso y nuestra tarea.

Nuestros abuelos y abuelas han estado durante esta crisis pasada -dura, durísima- cuidando, ayudando, tejiendo redes para sus hijos, hijas nietos y nietas, muchos de los cuales habían sufrido paro, desempleo, desahucio e incluso la desgracia de ser trabajadores pobres, otra de las lacras generada por sus políticas laborales. Así, pues, este real decreto, el primero de este Gobierno, sirve para hacer justicia, pero también debe servir, desde nuestro punto de vista, para garantizar a nuestra juventud, a esas nuevas generaciones de nuestro país, que este Gobierno de progreso trabajará por el sostenimiento del sistema de pensiones públicas, solidario e inter e intrageneracional, y lo hará con seriedad y rigor. Debería servir además para que la ciudadanía vea que se pueden hacer políticas escuchando, escuchando a nuestra gente, frente a aquellos que solo generan incertidumbre, confrontación y alarma social. Claro que queda mucho por hacer, compañeros y compañeras, muchísimo; este es solo un primer paso. El camino va a ser duro, lo está siendo y lo será, pero lo vamos a recorrer trabajando con responsabilidad, como siempre hemos hecho, pero sin olvidarnos de que mucho más dura -créanlo- ha sido la vida de millones de pensionistas y, a pesar de ello, han tenido el valor de recordarnos que no se puede avanzar en una sociedad democrática dejando a millones de personas atrás.

Hemos hablado de Pacto de Toledo. Nosotros nos sentaremos en el Pacto de Toledo y echaremos las horas y el trabajo que haya que echar, pero con luz y taquígrafos. Se acabaron las sesiones sin ningún control (aplausos), para que como en cualquier otra Comisión los ciudadanos y ciudadanas puedan ver qué hacen y dicen sus representantes públicos y qué defienden. En cualquier caso -termino, presidenta-, esta primera medida del Gobierno marca -es de agradecer, señor ministro- un camino esperanzador para recuperar la política como valor colectivo, en la senda de restaurar esa confianza ciudadana ante la política, y nos hace ver también que la política puesta al servicio de nuestro pueblo puede valer más de lo que cuesta.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pita.

Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor González Coello de Portugal. (Aplausos).

El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, significo en esta mi primera intervención que es un honor representar a millones de españoles en esta Cámara, sede de la soberanía del pueblo español. Pido a Dios que nos ayude a todos.

Todos queremos que nuestros mayores tengan un mayor poder adquisitivo, especialmente cuando con su trabajo ya honraron las pensiones de sus padres y de sus abuelos, pero la cuestión no es si se está a favor o en contra de subir las pensiones; el problema es la propia viabilidad del sistema público de pensiones, del que poco se ha hablado hoy; actualmente existe un agujero entre 18 000 y 20 000 millones de euros, déficit que irá aumentando con los años; es un sistema de reparto que se ha convertido en un esquema Ponzi por la incompetencia y cobardía de los distintos gobiernos a la hora de introducir las reformas necesarias para su permanencia. Ahora mismo es prácticamente imposible subir las pensiones sin incrementar la deuda nacional, sin aumentar el déficit público y sin introducir medidas que solventen el problema demográfico. Plantear una subida de las pensiones sin incluirla en un marco de reformas que hagan posible la viabilidad social y financiera del sistema constituye un ejercicio de irresponsabilidad. Además, a corto y medio plazo esta decisión reviste una especial gravedad, cuando la Seguridad Social


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lleva años arrojando un déficit del 1,5 % y cuando el déficit para el conjunto de la Administración pública se situará este año 2020 alrededor del 2,5 % del PIB, desbordando con ello los objetivos acordados con la Comisión Europea. A largo plazo la iniciativa gubernamental se enmarca en la permanente fuga hacia adelante de toda una serie de Gobiernos que, con independencia de su color político, han ignorado el aumento de la tasa de dependencia derivada del envejecimiento de la población y de la jubilación de los baby boomers, que continuarán presionando al alza el gasto de pensiones durante las próximas décadas. Ustedes han hecho suyo el viejo adagio de Keynes: "A largo plazo todos estaremos muertos". Y yo me permito añadir: Que este problema venga otro y lo solucione. Ustedes han sustituido un sistema, discutible o no, por la más absoluta discrecionalidad. Su contrarreforma se ha visto acompañada por dos nuevos elementos que elevan el gasto estructural: la supresión del factor de sostenibilidad -que era similar al de Italia, Dinamarca, Finlandia o Portugal, por citar algunos países- y la eliminación del índice de revalorización de las pensiones. La tesis de que la financiación del sistema de pensiones devendrá de una mejoría de las tasas de empleo es un ejercicio de voluntarismo. ¿Cuándo van a presentar a esta Cámara un plan que permita saber cómo van a financiar las pensiones y cómo van a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema?

Al menos hagan un esfuerzo de imaginación. En enero de este año el Fondo Monetario Internacional ha advertido que el sistema está en riesgo. Sin medidas preventivas concretas, el gasto en pensiones se incrementará entre un 3 y un 4 % en el año 2050 -son datos del Banco de España-, algo absolutamente insostenible. ¿Se pueden subir las pensiones? Sí, pero esto debe ir unido a una reducción del gasto político, a un plan de natalidad y, por supuesto, a unos Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, a pesar de que deseamos más que nadie subir las pensiones, VOX no puede respaldar algo que es contrario al interés general de los españoles y de las próximas generaciones. Además, se trata de un real decreto que una vez más encubre e impone una agenda ideológica.

Están obsesionados con la imposición de una nueva sociedad. Las políticas migratorias del actual Gobierno promueven la inmigración masiva como receta contra el invierno demográfico y como solución al problema económico de nuestro país. Es preciso recordar que, mientras las instituciones ofrecen esta medida, más de tres millones de españoles no tienen trabajo. Todos los partidos del espectro parlamentario, excepto VOX, han creado un mito: que los inmigrantes que llegan a España, legal o ilegalmente, vienen a salvarnos las pensiones. Este es otro argumento falso que no se sostiene cuando se comprueban los números. A pesar de esta certeza, el ministro Escrivá es un firme defensor de la inmigración masiva, cuyo objetivo es paliar -según sus tesis- la escasez de mano de obra con trabajadores extranjeros. Lleva años asegurando que España necesita diez millones de inmigrantes. Los inmigrantes llegan a España como si fuera una tierra de promisión por culpa de los Gobiernos que les prometen lo que no pueden cumplir. En este contexto, la atribución a la inmigración de un papel salvador del sistema de pensiones es de una enorme frivolidad. Esto supone un desconocimiento supino de los problemas económicos y de integración, presentes ya en muchas partes de España y de Europa, que una inmigración masiva supondría. Por ello, presentaremos en la legislatura iniciativas para ordenar la inmigración sobre la base de las necesidades reales de nuestra economía y priorizando la que comparte nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestros valores, principalmente la hispanoamericana.

En este real decreto nos presentan otro martillazo de ideología de género. Las diferencias en la retribución de las pensiones que nos han presentado en casos de violencia intrafamiliar buscan una vez más dividir a los españoles. No podemos aceptar que la equiparación solo ocurra cuando exista una violencia de género de hombre a mujer y se discrimine cuando es de mujer a hombre, de mujer a mujer o de hombre a hombre. Esa equiparación en la práctica crea un agravio comparativo entre huérfanos. Sí, señorías, entre huérfanos. ¿Qué culpa tienen los huérfanos? Les advertimos que este tipo de medidas son contrarias al artículo 14 de la Constitución.

Resumiendo, si su opción es elevar el tope máximo de cotización, esto se traducirá en un aumento del paro y generará un incremento del gasto de pensiones de cara al futuro. Si deciden subir las cotizaciones sociales, que están por encima de la media de la Unión Europea, encarecerán los costes laborales, lo que afectará de manera negativa la competitividad de la economía y una vez más la creación de puestos de trabajo.

Concluyo ya. VOX quiere garantizar un modelo que dé cobertura al retiro, que sea viable y garantice a los españoles unas pensiones dignas, pero no solo a la actual generación de jubilados o en trance de pasar al retiro, sino también a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos. En esto consiste una verdadera solidaridad intergeneracional. En definitiva, no apoyamos su propuesta por sentido


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de la responsabilidad, por rechazar la demagogia en la que este Gobierno se ha instalado, por producirse al margen de un proyecto presupuestario y, sobre todo, porque no se ve acompañado de medida alguna que garantice la sostenibilidad financiera del sistema. Por eso, nuestro voto será la abstención. Además, exigiremos al Gobierno que deje de jugar con las pensiones, que deje de convertirlas en un objeto de transacción política, y que presente en esta Cámara de manera urgente un programa que garantice la viabilidad del sistema. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Echániz Salgado.

El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, le deseamos suerte y acierto ante los enormes retos que tiene encima de la mesa: un déficit galopante de la Seguridad Social, una deuda superior a los 50 000 millones de euros, la sostenibilidad del sistema de pensiones y también el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social. Vamos a tener tiempo -no lo dude- de comprobar su capacidad y su liderazgo, porque créame, los verdaderos adversarios no los va a tener en esta Cámara en materia de pensiones, los va a tener dentro de su propio Gobierno. No en vano, alguno de sus compañeros de bancada en la pasada legislatura, hace poco más de un año, reventaron las recomendaciones del Pacto de Toledo y hoy hemos perdido más de un año en poner en marcha nuevas medidas que sirvan para la mejora de nuestro sistema de pensiones.

Señorías, permítanme que en nombre del Grupo Parlamentario Popular explique a esta Cámara, y a través de ella a los españoles, lo que significa este real decreto en cuanto a la forma, en cuanto al fondo y en cuanto a su contenido. Este real decreto es, señorías, el paradigmático ejemplo de las artimañas que sin pudor el señor Sánchez ha realizado para retorcer las instituciones del Estado, para alterar los procedimientos, para manipular las reglas de juego comunes, los instrumentos jurídicos, falsear la realidad y manejar torticeramente el Boletín Oficial del Estado; y no para beneficiar a los ciudadanos españoles, eso nunca, sino para aprovechar sectaria y electoralmente a su favor las obligaciones que en este caso nuestro sistema público de pensiones tiene con sus ciudadanos.

Señorías, en el último Consejo de Ministros del año el señor Sánchez anunció la supresión de la subida de las pensiones o lo que es lo mismo, la congelación de las pensiones, por segunda vez en su biografía política, condicionando este incremento a la conformación del Gobierno, es decir, a la conformación de 'su' Gobierno, para ser exactos. Es decir, que el señor Sánchez no tuvo el menor empacho, el menor pudor, el menor reparo en utilizar a más de diez millones de pensionistas españoles como rehenes de sus intereses partidistas contraviniendo el Pacto de Toledo, o lo que es lo mismo, sirviéndose de las pensiones con fines políticos y anunciando que no se iban a subir las pensiones mientras no hubiera Gobierno. Dicho de otra manera, hasta que él no fuese investido presidente del Gobierno. Su excusa, su pretexto es que su Gobierno estaba en funciones, pero toda España sabe que su única intención era presionar también con esto a sus actuales socios para cerrar este Gobierno imposible, heterogéneo, centrífugo y perturbador. Esa excusa hubiera sido más fácil de creer si durante el tiempo en que el Gobierno ha estado en funciones, desde marzo del año 2019, no hubiera aprobado, en funciones también, múltiples reales decretos en los viernes sociales con carácter puramente electoralista. Por ejemplo, en funciones pudo ampliar el permiso de paternidad; en funciones pudo rebajar a cincuenta y dos el subsidio a mayores desempleados; en funciones pudo poner en marcha el calamitoso registro horario obligatorio para todas las empresas; en funciones pudo extender los contratos de alquiler; en funciones adaptó medidas a la estiba o el plan de contingencia contra el brexit o habilitó a ayuntamientos y a comunidades autónomas para que pudieran invertir el superávit; también el desbloqueo de 4500 millones de euros a las comunidades autónomas por recaudación tributaria del año 2019. Pero las pensiones, señorías, no; eso no. Eso quería utilizarlo como moneda de cambio -de coacción, diría yo-, para transmitir presión a quienes quería que le votasen, y, además, para no cumplir ahora ni siquiera el compromiso con las pensiones mínimas.

Por eso, señorías, los españoles saben muy bien que esto es un complejo de culpa, un problema freudiano, un cargo de conciencia que le quedó a Pedro Sánchez aquella mañana de mayo de 2010 en que Zapatero propuso, en nombre de Partido Socialista Obrero Español, congelar las pensiones, lo que supuso para los pensionistas la mayor pérdida de capacidad adquisitiva de toda nuestra historia, nada más y nada menos que 2060 millones de euros, y que supuso, por el desempleo y la disminución de las cotizaciones, nada más y nada menos que tener que consumir los 66 000 euros que tenía el fondo de reserva que creó el Partido Popular. Pedro Sánchez pulsó con entusiasmo ese botón verde, decisión que,


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como el señor Iglesias, ahora seguramente tampoco le deja dormir por las noches. ¡Maldito botón! No ha decidido subirlas cuando tocaba, sino cuando ha querido utilizarlas con criterios políticos. Por eso las usó como cebo; por eso, nos trae hoy aquí esta iniciativa, para purgar ese pecado, como una penitencia tardía por aquel aciago día en que Pedro Sánchez votó por congelar las pensiones. ¡Maldito botón! ¡A ver si se olvidan, a ver si me olvido! ¡Maldito botón!

Señorías, el Partido Popular, incluso en plena crisis económica, en pleno desastre de las políticas económicas socialistas, cuando no se podían pagar otras cosas, siempre, absolutamente siempre, aumentó las pensiones; siempre cuidó de las personas mayores. Nunca permitió que se perdiera poder adquisitivo y, hasta el final, incrementó un 3 % las mínimas y las pensiones no contributivas, subió la base reguladora de las pensiones de viudedad, desde el 52 al 56 % en 2018 y desde el 56 al 60 % en 2019; un 20 % nada más y nada menos que en dos años, y el resto un 1,6 %. El Partido Popular, señorías, puede decir con orgullo que entre 2012 y 2019 nuestros Gobiernos hicieron posible que los pensionistas españoles mantuviesen el poder adquisitivo, en una etapa que se llevó por delante muchas cosas. Más pensiones, más altas y más presupuesto que nunca, señorías. Y lo hicimos con el empleo, con la reforma laboral, que después de treinta y cinco años modernizó nuestro mercado de trabajo, creó millones de empleos y nos acercó a una situación normalizada, flexible, compatible con el resto de países de nuestro entorno. Las pensiones, señorías, son empleo. Sin empleo no hay pensiones ni hay sanidad ni hay educación ni hay independencia ni hay nada. Sin empleo no hay más que injusticia y desesperación por políticas absolutamente equivocadas.

Quieren derogar la reforma laboral, pero ya les advertimos que no lo hagan. Las podemos mejorar entre todos debatiéndolo en esta Cámara, pero no la desnaturalicen porque, sin duda, volverá el paro. Nosotros se lo recordaremos todos los días, señor ministro. Los datos comienzan a ser malos, y los de hoy son pésimos: nada más y nada menos que 90 000 parados más y una bajada de 243 000 cotizantes.

Señorías, señor ministro, convalidaremos este real decreto, pero no se olviden de que para garantizar el sistema de pensiones necesitamos, sobre todo, un Gobierno responsable que se preocupe de todos los españoles y que mire el futuro; no un Gobierno que nos quite el sueño, que se sirva de las pensiones con fines políticos y utilice a los más de diez millones de pensionistas españoles como rehenes de sus intereses partidistas.

Retomemos el Pacto de Toledo. Pedimos lealtad con ese pacto social y político de tanta trascendencia que, repito, miembros de su Gobierno torpedearon hace escasamente un año e hicieron saltar por los aires, porque para nosotros, señorías, para el Partido Popular, el Pacto de Toledo es una prioridad. Dejen de utilizarlo como un arma electoral y pónganse a trabajar ya. Miren el déficit, miren la deuda de más de 50 000 millones de euros, porque esto, señorías, se les vuelve a ir de las manos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Echániz.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.

La señora PEREA I CONILLAS: Gràcies, presidenta.

Bienvenido, señor ministro; no podemos estar más de acuerdo con su intervención, francamente. Me alegro de que su ministerio se llame de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Yo creo que lo dice todo: inclusión, la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social. Así que ahí estaremos.

El Grupo Socialista dará su apoyo a la convalidación del Decreto-ley 1/2020, por mandato constitucional, por justicia social y por el interés general. El primer decreto-ley que ha aprobado, con carácter inmediato, el Gobierno recién constituido, contiene un mensaje claro e inequívoco: garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución, que exige pensiones debidamente actualizadas. Tiene efectos retroactivos del 1 de enero de 2020, y de ahí que sea de extraordinaria y urgente necesidad su aprobación y su convalidación -señor Barandiaran, no está constituido el Pacto de Toledo, por lo tanto, no se podía debatir previamente- y cumpliendo stricto sensu lo que dice el artículo 86 a efectos del decreto-ley; aprobado, por tanto, en tiempo y forma para evitar que nuestros pensionistas vean mermada la capacidad de compra de sus pensiones hasta que se apruebe la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado. Revalorizar con el IPC es una garantía de suficiencia. Esta garantía es la que genera confianza en los pensionistas actuales y, además, genera confianza en los más de cuarenta y siete millones de personas que vivimos en este país; personas a las que hemos de trasmitir que cuentan con un sistema de protección social fuerte basado en la solidaridad y que dé respuestas a


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sus situaciones de necesidad de presente y de futuro, sobre todo de futuro, tal y como se ha hecho a lo largo de nuestra época democrática.

Estos son los pasos firmes y solventes que tiene que dar un Gobierno para garantizar el futuro favorable de los pensionistas, y este Gobierno lo está haciendo. ¿Cómo garantiza este decreto-ley la suficiencia de las pensiones? En primer lugar, a través de la suspensión del incremento del 0,25 del actual artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social; y, en segundo lugar, vinculando el incremento de las pensiones con la previsión del IPC, contemplando una cláusula en el caso de que haya desviación de la inflación. Así lo afirmaba el ministro.

Este Gobierno está convencido de que vincular las pensiones al IPC es respaldar la dignidad de nuestros mayores, es dar tranquilidad a más de once millones de personas, es dar confianza y seguridad hoy y mañana. Pero, sobre todo, recuperar el IPC es devolver a los mayores el esfuerzo que han hecho en los últimos años al ayudar a sus familias cuando el hijo o la hija se quedaba en paro, al arrimar el hombro con su pensión y con sus ahorros. Ese es el real decreto que tenemos entre manos. Hoy, expertos afirman que las pensiones suficientes son también un estímulo para el incremento del consumo privado. Sin la revalorización conforme al IPC se lastra el consumo y el crecimiento de la economía. Por último, no podemos olvidar que las pensiones, junto con los ayuntamientos, han garantizado la cohesión social en nuestro territorio.

Señorías, la garantía de la suficiencia de las pensiones se la debemos a los pensionistas por justicia social y por interés general de un Estado que se declara social. Y no se confundan algunos: ser patrióticos no es darse golpes en el pecho; ser patriótico es contribuir -como dice el diccionario de María Moliner- con acciones como este decreto-ley, para que un país sea más digno de admiración o estima. Eso es lo que queremos los socialistas; queremos que España sea un referente ante Europa, ante el mundo, con un sistema de protección social que ofrezca presente y futuro a las personas que viven en él. Ese es el patriotismo de verdad y así lo entendemos los socialistas.

Este real decreto-ley se sustenta sobre una ideología, efectivamente, sobre una ideología progresista, una ideología clara y contundente. Señores de VOX, venimos aquí a hacer política para construir, no para destruir. Este es precisamente el objetivo del Pacto de Toledo. Si no lo entienden, no empezamos bien. La convalidación de este decreto es el primer paso, y lo hemos dicho; efectivamente, no amplía la acción protectora. Necesitaremos unos Presupuestos Generales del Estado, pero además necesitaremos un acuerdo claro y contundente en el Pacto de Toledo, un acuerdo que infunda certidumbre y seguridad y que dé respuesta a lo que está esperando la ciudadanía. Yo no acabo de entender lo de la abstención atenta, supongo que habrá más tiempo para que nos lo expliquen, y al señor Salvador, de Esquerra, le diré que efectivamente este Gobierno va a adoptar un acuerdo -después de que el acuerdo del Pacto de Toledo llegue a su fin- en el sentido de revertir, en el sentido de derogar la reforma de las pensiones de 2013 que aprobó con el rodillo parlamentario el Partido Popular ignorando el Pacto de Toledo y el diálogo social; una reforma de 2013 que suponía una reducción del 30 % al 40 % de las pensiones en veinte años; una reforma derogada de facto -lo recordaba el señor Barandiaran- por el propio Partido Popular en 2018 ante la fuerte contestación social y el rechazo mayoritario de los grupos parlamentarios. Y, como ha dicho el ministro, habrá que seguir haciendo reformas desde la generosidad, con patriotismo de verdad, dialogando y acordando, escuchando y aportando, poniendo el interés -por encima de cualquier otro- en las personas, un esfuerzo que va a exigir un trabajo compartido en el Pacto de Toledo, señorías, y que reclamo desde esta tribuna que sea un acuerdo en mayúsculas, un acuerdo que garantice la sostenibilidad social, la económica y la política. Un sistema de pensiones es un activo de país; no es ni de unos ni de otros, es de todos. Porque sin salarios dignos, sin pensiones garantizadas, un país no es solvente ni social ni económicamente.

Frente a los miedos que infunde el señor Casado -¡qué pena que no esté hoy aquí!- con sus anuncios estériles de recurrir a los tribunales una presunta congelación de las pensiones, hoy hay un Gobierno de coalición progresista que cumple con los pensionistas y garantiza sus pensiones. Señor Echániz, por mucho que usted lo repita, las mentiras son mentiras, y aquí le enseño este informe (muestra un informe) que tenía en el cajón la señora Báñez cuando era ministra y que acredita que cuando más pérdida de poder adquisitivo se produjo fue con el Partido Popular. Se lo paso y se lo mira. (Aplausos). Porque, señor Echániz, señor Casado -y voy acabando-, infundir miedo es una técnica de la derecha más trasnochada. Quiero pensar que ustedes no quieren eso para su Partido Popular de hoy. Frente a los que empobrecieron a los pensionistas -les recuerdo el copago farmacéutico-; frente a los que repartieron migajas en los momentos más duros de la crisis; frente al debilitamiento del sistema público de pensiones


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-el déficit más grave se produce en época del Gobierno del Partido Popular, 18 000 millones de euros, y un Fondo de Reserva escuálido; no había Fondo de Reserva- (aplausos), frente a los que generan incertidumbre, nosotros decimos que tenemos un Gobierno con una voluntad clara y firme de garantizar el IPC real, que está comprometido con el sostenimiento -voy acabando- y la sostenibilidad del sistema y que escucha las demandas de los pensionistas. Desde luego, desde la moción de censura y hasta el día de hoy solo cabe una afirmación clara: a los pensionistas de este país les va mejor un Gobierno progresista, por eso pedimos la unanimidad; sí, pedimos la unanimidad. Acabo. El Gobierno cuenta con este grupo parlamentario y quiero pensar, señores del Partido Popular, que contamos con su sensatez y su sentido de Estado. Sería conveniente para llegar a un buen pacto en este país. Consensuar un pacto será la mejor noticia para España, para los españoles y también para ustedes, señores de la derecha.

La señora PRESIDENTA: Señora Perea, tiene que terminar, por favor.

La señora PEREA I CONILLAS: Darían la imagen de sensibilidad y solvencia política que han perdido hace tiempo.

Gracias y disculpe, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Perea.

Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, presidenta.

Señorías, ante todo quería agradecer el voto favorable de la mayoría de los grupos a la convalidación de este real decreto-ley y las muchas observaciones que han hecho. He tomado muchos apuntes. Yo creo que se han planteado muchos temas, la gran mayoría de ellos son para la discusión que empieza ahora, ya, y el debate dentro del Pacto de Toledo. Lo que vamos a hacer desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es proporcionar al Pacto de Toledo información, elementos precisos que ayuden a aquilatar bien esas cuestiones que se han planteado hoy. Solamente quería contestar a una pregunta que se refiere a la subida de pensiones mínimas. Las pensiones mínimas subirán por encima del 0,9, pero lo lógico es hacerlo en el contexto del proceso presupuestario para saber exactamente el margen que hay, cómo se puede financiar y además consensuarlo con el conjunto de los grupos políticos en el proceso de debate de esos presupuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

- REAL DECRETO-LEY 2/2020, DE 21 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 130/000003).

La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Señora presidenta, señorías, es para mí un honor poder dirigirme por primera vez ante esta Cámara como ministra de Política Territorial y Función Pública. Permítanme que mis primeras palabras sean para reconocer el trabajo que hacen, mi consideración y mi respeto por lo que sus señorías representan y por la gran tarea que hacen también para contribuir al avance de este país. Este es mi contexto inicial ante esta primera comparecencia. Y lo hago, señorías, porque les solicito en nombre del Gobierno la convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de incremento retributivo de las empleadas y empleados públicos, aprobado, como bien saben, por el Consejo de Ministros el pasado 21 de enero.

Señorías, tras asumir el cargo el pasado día 13, una de las primeras medidas adoptadas, siguiendo indicaciones del presidente del Gobierno, ha sido reiterar el compromiso del Ejecutivo de incrementar un 2 % el sueldo de las empleadas y empleados públicos a la mayor brevedad posible. Así, días después de la toma de posesión, este Gobierno cumplió con los acuerdos de la Mesa de negociación de la Función


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Pública al tiempo que materializamos el segundo acuerdo en la mejora del empleo y las condiciones de trabajo, firmado en el año 2018 por el anterior Gobierno del Partido Popular y las organizaciones sindicales más representativas, esto es, Comisiones Obreras, UGT y el CSIF. Por tanto, señorías, esta convalidación es resultado de un acuerdo y lo que hace el Gobierno es cumplir ese acuerdo por la vía que establece nuestro ordenamiento jurídico en el día de hoy en la convalidación de este real decreto.

Señorías, saben bien que al no disponer todavía de los Presupuestos Generales del Estado este incremento se ha aprobado mediante real decreto-ley, pues concurren las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que establece nuestra carta magna para que este incremento pueda ser disfrutado con efectos del 1 de enero del año 2020. Este real decreto, además, constituye una parte fundamental para continuar la senda de recuperación del servicio público, y ello porque las empleadas y los empleados públicos han dado sobrada muestra de compromiso con el conjunto de una sociedad a la que sirven y de la cual son parte fundamental. A ellos, a ellas, les encargamos la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos, la salud y el bienestar de nuestros mayores, la seguridad de nuestras calles; son los garantes de la equidad, de la solidaridad y también de la dignidad de nuestra sociedad. Son las administraciones públicas en todos y cada uno de sus niveles -municipal, provincial, autonómico y estatal- quienes tienen la responsabilidad de asegurar la cohesión de nuestra sociedad y especialmente en momentos de dificultad. Tal y como dije desde el día que asumí esta responsabilidad, soy empleada pública, conozco en primera persona la disposición y la dedicación constante al servicio de la ciudadanía. Por eso, en este momento, quiero ante todos ustedes, señorías, reivindicar la importancia que tiene la voluntad de servicio público de todas las administraciones y de sus protagonistas: los empleados y empleadas públicas. Creo que es de justicia reconocer el papel que desarrollan para hacer efectivos nuestros derechos de ciudadanía, especialmente ante la situación vivida años atrás donde las consecuencias de los recortes aún son bien visibles en algunos sectores de nuestra sociedad. Hay que decirlo alto y claro, señorías, los trabajadores y las trabajadoras de las diferentes administraciones públicas en nuestro país han contribuido al sostenimiento de nuestra sociedad, junto con la ciudadanía de este país, y ellos y ellas han demostrado una generosidad y una entrega dignas de elogio y lo han hecho además en unas condiciones difíciles, luchando contra injustos estereotipos sobre la Función pública. Como ministra de Función Pública, quiero reconocer ese papel crucial que han jugado, que juegan y que jugarán los trabajadores y trabajadoras públicas en el sostenimiento de una democracia real y efectiva, pues contribuyen a garantizar nuestros derechos civiles, políticos y sociales. Son quienes hacen posible que valores fundamentales de nuestra sociedad como la seguridad pública, la igualdad, la justicia social y la libertad cristalicen en políticas y servicios públicos que mejoran la vida de nuestra gente, porque, en definitiva, la Función pública la conforman hombres y mujeres al servicio del bien común.

Señorías, este acuerdo que presentamos para su convalidación supone un reconocimiento a la labor indispensable que hacen los empleados y empleadas públicas y además es una reparación. Es una reparación porque desde el estallido de la crisis económica los empleados públicos han visto empeorar sus condiciones de trabajo: se han producido recortes de plantilla, la tasa de reposición de efectivos ha sido baja y las empleadas y empleados públicos han visto sus salarios congelados. Por eso, les anuncio que es voluntad de este Gobierno seguir recuperando buena parte de los derechos perdidos a lo largo de estos años. Esa voluntad se plasmó en el Real Decreto-ley de 21 de diciembre del año pasado, con el que ya aseguramos también el incremento retributivo ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Ello garantizó a los trabajadores públicos que el mantenimiento de su poder adquisitivo fuera posible con una revalorización al alza del 0,25 % en relación con el incremento del PIB estimado en aquel momento. Señorías, creemos que la recuperación de los derechos de los empleados públicos es justa, más aún si se tiene en cuenta que sus condiciones laborales no han mermado su dedicación al servicio público, antes al contrario. Pero también quería compartir con ustedes que para este Gobierno es clave avanzar en un crecimiento económico sostenible, un crecimiento económico -en palabras del presidente en el discurso de investidura en esta tribuna- que garantice el trabajo digno, el trabajo estable y el trabajo de calidad. Por ello, la razón que nos ha llevado a dar cumplimiento a este acuerdo para aumentar las retribuciones señaladas es la misma por la cual hemos aumentado el salario mínimo interprofesional. Se trata -lo digo bien- de dignificar el trabajo, pues consideramos que las retribuciones justas al empleo benefician al conjunto de la sociedad y también al conjunto de la economía. Este Gobierno considera que los empleados y empleadas públicos son un factor clave en nuestra sociedad y en nuestra economía. En definitiva, señorías, las razones de esta decisión son tanto de justicia como de eficacia, y eso vale para los salarios pero también vale para el resto de condiciones laborales, porque


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mejorar la economía de nuestro país es hacerlo con salarios dignos y con condiciones laborales que permitan a los empleados públicos, a los trabajadores y trabajadoras desarrollar plenamente su proyecto de vida.

Déjenme que me centre en las trabajadoras, pues son ellas las que sufren las peores condiciones de nuestro mercado laboral. De hecho, mi predecesora en el cargo y ahora presidenta del Congreso, la señora Batet, ya suscribió unos acuerdos -yo creo que importantísimos- en octubre de 2018 para mejorar la conciliación familiar y equiparar progresivamente los permisos de maternidad y paternidad de los empleados y empleadas de la Administración General del Estado. Este tipo de medidas, señorías, son las que marcan la diferencia y además suponen pasos firmes hacia auténticas políticas de corresponsabilidad y de conciliación. Todo ello para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva. Lo mismo podríamos decir de la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones en un debate que acaba de finalizar. Señorías, mejores salarios, mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, pensiones más dignas para nuestros mayores, como se ha propuesto en el anterior debate, significan sencillamente ni más ni menos que hacer una España mejor, significan hacer una España más cohesionada, una España económicamente más fuerte, en definitiva una España donde la gente viva mejor.

Voy a comentar algunas cuestiones que ya conocen pero que quiero compartir con todos ustedes. El ámbito de aplicación de este real decreto-ley se extiende en torno a dos millones y medio de empleados públicos, abarcando todos los ámbitos de las administraciones en todos sus niveles, como no puede ser de otra manera. Además, se regulan los módulos económicos de distribución para el sostenimiento de centros concertados, puesto que este real decreto-ley también afecta a retribuciones que percibe el personal docente de dichos centros. También saben, señorías, que este real decreto estipula un incremento salarial adicional en el caso de que el producto interior bruto alcance a lo largo de este año, al menos cuando el INE lo dé de manera definitiva, unos porcentajes que conocen bien. Quiero señalar también que este real decreto permite la posibilidad de un incremento de un 0,3 % de su masa salarial para fondos adicionales que permitan, entre otras cosas, las mejoras de productividad o eficiencia y complementos específicos u otro tipo de medidas que entiendan las administraciones implicadas. Asimismo, este real decreto, en concordancia con el acuerdo, recoge un incremento adicional de un 0,55 % en caso de incumplirse el objetivo de déficit para el año 2020. Creo que es importante señalarles que el coste estimado es de 3212 millones de euros. Llamo la atención sobre este dato porque da cuenta de la importancia de lo que hoy estoy exponiendo ante esta Cámara. Además, estos datos dan a entender el porqué del instrumento legislativo elegido por el Gobierno para adoptar esta medida, porque es una medida con un innegable impacto sobre la economía en general y además es una norma básica del Estado. De ahí la importancia de hacerlo mediante real decreto-ley, dado su carácter de extraordinaria y urgente necesidad. Señorías, este real decreto cumple además con los valores cardinales anunciados por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, uno de los cuales es la defensa de los servicios públicos. Este Gobierno entiende la Administración pública como la herramienta más potente para hacer efectivos los derechos de ciudadanía enunciados en nuestra Constitución. Así pues, esta herramienta necesariamente debe dotarse de aquellos elementos que sean imprescindibles para garantizar tales derechos, pues solo una Administración pública de calidad es capaz de cumplir esta función, indispensable para el sostenimiento de una democracia como la nuestra.

Señorías, el reforzamiento y la mejora de las administraciones públicas, su modernización es un elemento definitivo e imprescindible para la buena marcha económica de este país. Este Gobierno, al que represento defendiendo este real decreto, cumple lo acordado, y lo hace porque el diálogo es una de nuestras señas de identidad. Este Gobierno y esta ministra entienden la política como cooperación, entienden que el éxito en la política es el acuerdo, porque la política es diálogo y la política es la búsqueda del pacto, porque solo desde la suma seremos capaces de avanzar. Este espíritu de colaboración, que entendemos imprescindible para la buena marcha de este país, es el acuerdo que ha alumbrado esta aprobación con carácter inmediato en el segundo Consejo de Ministros ordinario para poder hacerlo efectivo, como les he dicho al principio, desde el 1 de enero de este año, y además es fruto de la negociación, muy importante, con todos los representantes sindicales de los sindicatos mayoritarios, a los que ya he tenido la oportunidad de saludar y pronto tendré la primera reunión con todas y todos ellos. Este es el mejor camino que conozco, mejorar las condiciones de los empleados y empleadas públicos a través del diálogo y la mejora en toda su plenitud.

Desde el convencimiento -concluyo- de que quienes conformamos esta Cámara, todos ustedes, queremos lo mejor para nuestro país y además aspiramos a convertirlo en un ejemplo de democracia


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plena, moderna y que vaya a afrontar el presente y los retos que nos deparará el futuro, solicito, señorías, su voto afirmativo para la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora ministra, el cumplimiento del acuerdo que impulsó, en marzo de 2018, el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy y que suscribieron las organizaciones sindicales, es de absoluta justicia, pero hoy no puede hacernos olvidar la situación de los trabajadores que no forman parte del sector público pero pertenecen a su órbita inmediata por formar parte de empresas al servicio de la Administración. También a ellos se les aplicó la congelación salarial y, sin embargo, están sometidos a demoras cuando tratan de recuperar sus retribuciones; son, por decirlo resumidamente, trabajadores que cuentan automáticamente en las decisiones duras pero son relegados para las maduras. Es el caso de la cuarta parte de los 26 000 trabajadores del sector de las mutuas y entidades colaboradoras con la Seguridad Social, que están sufriendo la paralización del procedimiento para actualizar sus salarios, incluso con riesgo de que prescriba, y que son víctimas del farragoso juego democrático de pasarse la pelota, agravado por el reajuste de los ministerios y por la parsimonia en la composición de este multigobierno. Señores ministros a los que compete, urge agilizar los procedimientos y las autorizaciones para que el personal de los centenares de entidades inventariadas como empresas al servicio de la Administración vean actualizadas sus retribuciones al igual que los funcionarios del sector público con esta convalidación, que apoyaré con mi voto.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.

Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.

El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.

Vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto no solo porque estamos de acuerdo con la forma como decreto-ley, sino también con su contenido, y además, porque desde la Comunidad Autónoma de Cantabria estábamos expectantes esperando está previsión. En el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020 el Gobierno de coalición PRC-PSOE ya incluyó una previsión a la espera de la confirmación de esta regulación en esta Cámara, y no solamente estaba incluido el 2 %, esa cantidad adicional en relación con el PIB, sino también incluso fondos adicionales y la recuperación de los de 2017 y 2018. Entendemos que esto es un paso importante para la recuperación paulatina del poder adquisitivo de los funcionarios porque son de los que han perdido poder adquisitivo también con la crisis y, sobre todo, porque nosotros somos partidarios de una Función pública bien retribuida, que se mejoren las prestaciones de los funcionarios, que se haga también mediante acuerdos con los sindicatos y que siempre se tenga presente que el objetivo prioritario es la mejora de los servicios públicos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón.

Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, a todas y a todos. Bienvenida, señora ministra; además es una ministra canaria, esto siempre está bien.

Tengo que anunciar ya nuestro voto favorable a esta convalidación que se propone de actualización de los sueldos públicos, y esto por varias razones. Una primera, porque desde el inicio de la llamada gran recesión, la responsabilidad se trató de atribuir a los servicios públicos; los servicios públicos eran los responsables de la gran recesión que se inició en 2007 y de la que todavía estamos sufriendo sus consecuencias. Esta demonización de los servicios públicos como agentes del gasto incontrolado y en consecuencia los empleados públicos como una especie de seres privilegiados que tenían garantizado su sueldo, ha devenido en una degradación extraordinaria de los servicios públicos que es necesario recuperar absolutamente. Por lo tanto, esa primera consideración nos permite decir que esta decisión va


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en la dirección de reconocer el valor de los servicios públicos. No existe otra forma de garantizar la igualdad de acceso a las prestaciones básicas de la ciudadanía, si no es con servicios públicos potentes y desarrollados.

En segundo lugar, esta medida viene a reconocer el grave daño que con ese tipo de discurso se infligió a los empleados públicos, que han visto gravemente reducida su capacidad adquisitiva y una degradación importante de sus condiciones de vida. Esto, por otra parte, vendrá no solo a restablecer la dignidad, sino, además, a estimular la actividad económica porque, al fin y al cabo, a mayores salarios mayor actividad económica. Por este motivo, apoyaremos sin fisuras y sin ningún tipo de restricción está convalidación.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quevedo.

En último lugar, por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Botran Pahissa.

El señor BOTRAN PAHISSA: Bona tarda.

Queríamos comentar tres cuestiones en relación con este decreto. La primera es que el primer artículo ya hace referencia a la escuela concertada. Sabemos que lo hace para garantizar que a sus trabajadores también se les pueda subir el sueldo, pero no está de más recordar que en los últimos años la escuela concertada ha ido ganándole terreno a la escuela pública en lo que a inversión pública se refiere.

En segundo lugar, pese a que los principales beneficiario del aumento de sueldo que aparece en este decreto sean sectores de la clase trabajadora -ya sean enfermeras, maestras, administrativas-, se nos obliga a votar en el mismo paquete un aumento de sueldo para aquellos que ya cobran mucho, que ya cobran demasiado y que forman parte de la élite política y judicial del Estado español, lo que algunos en su momento llamaron la casta. Ya sabemos que esto en el montante total es un porcentaje pequeño pero seguro que había otras formas de subir el sueldo a quienes se dejan la piel en una consulta de un centro de atención primaria o en un aula, en lugar de tener que tragar a la vez que se le suba el sueldo al presidente del Tribunal Constitucional, que cobra unos 156 000 euros brutos anuales, a jueces del Tribunal Supremo como el señor Marchena que cobran 119 000 euros brutos anuales o a sus señorías que cobramos entre 4000 y 5000 euros brutos mensuales y que, encima, lo votamos en el primer Pleno dando verosimilitud a aquella canción de La Polla Records titulada El congreso de los ratones, que decía: Vamos a tener que llegar a un consenso para luego ponerlo en un marco y como primer punto del orden del día actualizaremos nuestro sueldo. Nosotros somos partidarios de que quienes se dediquen a la política no tengan sueldos que se separen de la media de nuestra sociedad y, por eso, nuestros representantes perciben entre 1500 y 1800 euros. Porque cuando oímos hablar de Estado profundo -y en eso estamos de acuerdo- también estamos refiriéndonos a un sector de estas élites que precisamente por vivir alejado de la cotidianidad popular se protege a sí mismo.

Finalmente, en tercer lugar, también constatamos que el aumento que aparece en este decreto está lejos todavía de recuperar el poder adquisitivo perdido desde los recortes que empezaron en el año 2010, a raíz precisamente de las medidas de un Gobierno del PSOE.

Por todo esto, pensamos que el posicionamiento más coherente por nuestra parte es la abstención.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, buenas tardes.

Pese al criterio negativo de quien juega a ser jurado de La Voz, aquí estamos otra vez, así que habremos pasado de ronda -supongo- y nos toca hablar de la subida salarial. Pero, antes de eso, quisiera que sirviera, al menos, como homenaje a un genio que se ha ido hoy, un genio del humor absurdo -esta situación también lo es- como era José Luis Cuerda.

A partir de ahí -y me centro en el tema- quiero señalar que apoyaremos el decreto-ley que hoy se nos trae aquí no porque nos guste demasiado, sino porque, aunque tiene muchas cosas que nos disgustan -y las detallaré a continuación-, tiene una que es imprescindible para nosotras y nosotros, que es imprescindible para el conjunto de los y las trabajadoras de Euskal Herria y entiendo que también del Estado español, que es la de empezar a revertir una dinámica de recortes y la agresión que sufrió la clase trabajadora en general y los funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras públicas en particular durante esa estafa que llamaron crisis y que se alargó durante años. Una crisis que provocó congelaciones


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salariales, incluso que se les retiraran pagas extras y que no se pudieran rejuvenecer las plantillas y que no se pudiera proceder a tasas de reposición dignas para los y las trabajadoras públicas. Por eso, porque es posible que este aumento salarial consiga traer algo más de dignidad a la vida de los y las trabajadoras vascas, y supongo que también a la vida de los y las trabajadoras del Estado español, vamos a votar a favor. Además, deseamos que a esta medida no le suceda lo que le sucedió a una que Euskal Herria Bildu llevó a efecto cuando gobernaba la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2014 por subir el sueldo de sus funcionarios, que fue recurrida y paralizada. Esas son las razones que también nos empujan a pedir más soberanía, para pedir toda la soberanía, para poder tomar las decisiones que mejoran las condiciones objetivas de vida digna -como se ha dicho en este debate y en el anterior- de las personas. Por eso, de la misma manera que estamos en este hemiciclo diciendo ahora lo que estamos diciendo, salimos a las calles de Euskal Herria haciendo caso al vicepresidente cuando nos decía que había que movilizarse, y por eso se convocó una huelga general, y la huelga general hablaba de salarios dignos, de pensiones dignas y de vidas dignas.

Como ya he dicho, este es un paso pequeño, tímido y que podría ser mucho más ambicioso, pero es un paso hacia los 1200 euros de salario mínimo que reclamamos para los y las trabajadoras y es un paso también para que se puedan cubrir pensiones mínimas de 1080 euros que defendemos para los y las pensionistas. Porque sin trabajos dignos, sin salarios de calidad y dignos, sin un reparto de la riqueza real y efectivo, será difícil cubrir unas pensiones dignas.

Ahora bien, como decía, no ocultamos que hay muchas cosas que no nos gustan: no nos gusta que se siga limitando la capacidad de las comunidades autónomas para implementar por arriba estos porcentajes de aumento porcentual. Tampoco nos gusta que en este decreto-ley se mezclen muchas cosas que poco o nada tienen que ver, porque poco o nada tiene que ver la realidad que viven los funcionarios, los trabajadores públicos de las escalas más bajas, con las condiciones salariales, por ejemplo, de la judicatura del Estado español, que tienen sueldos que resultan escandalosos. No sé si es que trabajan mucho, son muy productivos y por eso tiene que ganar todo lo que ganan. Pero hay una cosa muy básica y que convendría que empezara a aplicarse también en el Estado español, y es que no se puede tratar de forma igual a los desiguales porque eso perpetúa la injusticia y desde luego no consigue que avancemos en la erradicación de la desigualdad. Si tratamos de forma igual a quien es desigual, todo seguirá siendo desigual. Sin duda, pelearemos por cambiarlo y también pelearemos para que esta subida esté desligada, a ser posible, de la evolución del PIB, que es otra de las espadas de Damocles que pende sobre este decreto.

Para finalizar, les diré -y ya lo han podido comprobar- que no hemos venido aquí a agradar en especial a nadie ni a regalarle los oídos a nadie. A lo que sí hemos venido es a defender los intereses de los y las trabajadoras vascas. Creemos que esto se puede hacer de manera efectiva y real sin agredir, sin lesionar los intereses de la clase trabajadora del Estado español, porque, en cualquier caso -y ya lo he dicho en más de una ocasión desde esta tribuna-, que no pertenezcamos a la misma nación no significa que no pertenezcamos a la misma clase.

Eskerrik anitz, esker.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes, señorías y señora ministra.

Como hace ahora un año, volvemos a debatir otro decreto-ley para aprobar con carácter de urgencia las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas para el ejercicio 2020, como antes lo hicimos para el ejercicio 2019. En ambos ejercicios la medida se ha justificado en la situación de prórroga presupuestaria y en la correlativa necesidad de posibilitar el incremento de las retribuciones del sector público en todos los niveles del poder territorial del Estado. También se han justificado ambos decretos-leyes en la necesidad de dar cumplimiento al acuerdo Gobierno-sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo entre los años 2018 y 2020, años en los que se contempla una subida fija lineal, otra adicional y un porcentaje variable vinculado al crecimiento de la economía a recoger en las sucesivas leyes de presupuestos.

Señorías, en este contexto y dada la materia regulada en este decreto-ley, el Grupo Parlamentario Vasco lo votará favorablemente, tal como hicimos en el ejercicio pasado, sin perjuicio de volver a manifestar que este voto vuelve a ser un voto crítico, pues, a pesar de que el decreto-ley en su preámbulo manifiesta


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que se limita a regular aquellos aspectos indispensables para aprobar con efectos de 1 de enero el incremento retributivo, luego contempla un incremento salarial ligado al incremento de la economía en términos de producto interior bruto respecto al ejercicio anterior, abonable con efectos diferidos al 1 de julio y que precisará para su materialización un posterior acuerdo del Consejo de Ministros. Por eso, esta referencia en el decreto-ley a un incremento retributivo variable a concretar dentro de seis meses carece, a nuestro juicio, de la precisa y debida conexión con la situación de extraordinaria y urgente necesidad que reclama el artículo 86 de la Constitución como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar disposiciones legislativas provisionales. Así pues, esta medida retributiva debiera diferirse al momento de la aprobación de la Ley de presupuestos de 2020 o, en su caso, a un futuro decreto-ley cercano a esas fechas de mediados de año, pero no seis meses antes. Por otra parte, es también crítica nuestra postura respecto al decreto-ley por no contemplar la posibilidad, asimismo pactada en el acuerdo suscrito con los sindicatos en 2018, de una subida adicional del 0,55 en el año 2020 y añadir otros incrementos salariales en aquellas administraciones públicas en situación de superávit presupuestario en el ejercicio anterior.

Señorías, en otro orden de cosas, quiero señalar que este decreto-ley, en cuanto al incremento de las retribuciones en el sector público al que nos estamos refiriendo, manifiesta que se dicta al amparo de las competencias del Estado para establecer las bases de la actividad económica y para la coordinación de las distintas haciendas públicas y con la del Estado. Y también, con referencia y apoyo en estos títulos competenciales contenidos en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución, la Ley de presupuestos vigente ha establecido multitud de limitaciones en las políticas de empleo público que se vienen arrastrando desde hace más de una década, lo que ha determinado que no solo sean uniformes buena parte de los aspectos de las retribuciones públicas, sino que también sean uniformes, sobre la base de estos dos mismos títulos competenciales, las ofertas de empleo público, las tasas de reposición no solo referidas a las cuantías globales, sino también por sectores y colectivos concretos, las tasas de estabilización del personal interino y las tasas de nuevo personal, tanto funcionario como laboral.

Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco considera que es preciso abordar cuanto antes todas estas limitaciones uniformes respecto a las políticas de empleo público del conjunto de las administraciones públicas de los distintos niveles territoriales del Estado, que pesan -como decía- sobre todas las administraciones y también sobre sus sectores públicos y que en cada Administración y sector público debieran vincularse al cumplimiento de sus objetivos de deuda y estabilidad.

Señora ministra, confiamos en que estas cuestiones podamos abordarlas con ocasión del debate del proyecto de ley de presupuestos 2020, del que ahora tratamos con urgencia uno de sus aspectos, el retributivo del sector público, y sin los límites que se contenían en el proyecto de presupuestos que para 2019 nos remitió el Gobierno y que finalmente fue rechazado y devuelto. Confiamos en que estas demandas del Grupo Parlamentario Vasco puedan ser atendidas a lo largo de este ejercicio cuando tengamos ocasión de debatir el proyecto de presupuestos.

Muchas gracias, presidenta, señorías y ministra.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras.

El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, ministra.

Siendo esta mi primera intervención en este hemiciclo, querría decirles que es un auténtico honor estar en él -es la primera vez que intervengo aquí- y que me van a encontrar para todo lo que deseen y para todo lo que hagan en favor de todos los españoles. En mi opinión, estamos aquí para ello y es lo que voy hacer desde esta tribuna.

Entrando ya en materia, hoy debatimos la convalidación de medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público, es decir, la merecida subida salarial a los funcionarios. Permítanme adelantar el voto favorable de Ciudadanos a esta medida. Es una cuestión de justicia. En Ciudadanos la hemos perseguido desde hace mucho tiempo y, además, sabemos que todos los españoles hicieron ?hicimos- muchos sacrificios durante la gestión de la crisis y que es justo que empiecen a recuperar su capacidad retributiva. Los funcionarios públicos son el activo más importante que tiene nuestra Administración pública, son su personal humano, y entre ellos me cuento. También es justo recordar que esta subida salarial es producto de la gestión de otro Gobierno que Ciudadanos apoyó en mayo de 2018. Casi dos años después, el Gobierno nos trae este real decreto que muestra debilidad y una


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eterna provisionalidad en la que parecemos movernos. Pues bien, votaremos a favor, como ya le he dicho, pero tenemos profundos desacuerdos con el Gobierno. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Primero, en cuanto a la forma. El Gobierno usa compulsivamente el real decreto. El real decreto es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo para dictar normas por extraordinaria y urgente necesidad. Es una prerrogativa que tiene reconocida en el artículo 86 de la Constitución y, por tanto, es legítimo. Pero si todo es urgente, nada lo es. Por tanto, gobernar a base de decretazos creemos que es una medida antidemocrática. Ahora me dirijo a la bancada socialista: ¡qué diferente sería esto si ustedes se hubieran avenido a la vía de los 221! Esto se hubiera podido tramitar de forma ordinaria y por consenso. Pues bien, no ha sido así. Sánchez eligió sus socios y de aquellos polvos, estos lodos. Como decía, esta fórmula muestra una clara debilidad del Gobierno; un Gobierno que depende de populistas, de nacionalistas y de mareas de intereses tan diversos que se hacen incompatibles entre sí y que van a ser imposibles de conciliar. La semana pasada vimos una muestra clara de la debilidad del Gobierno cuando la misma agenda del Gobierno la marcó el señor Rufián. ¡Fíjense qué debilidad del Gobierno!

En segundo lugar, vamos a hablar del gasto público; vamos a hablar de la gigantesca superestructura gubernamental que están haciendo. No en vano aquí vemos tal cantidad de sillones que ya casi ni caben: veintidós ministerios y cuatro vicepresidencias. Evidentemente, todo para contentar a sus socios de Unidas Podemos. Y también tienen otro récord, el récord de nombramiento a dedo de directores generales. No se tienen en cuenta a los funcionarios públicos para este tipo de nombramientos. Por eso creemos que sí, hoy podrán venir ustedes a colgarse la medalla, evidentemente, pero no están tratando bien a los funcionarios públicos.

Y hablaremos también de los funcionarios. ¿Saben lo que nos preocupa a muchos funcionarios en toda España, entre los que me cuento? Poder trabajar en igualdad de condiciones, algo tan simple como eso. ¿Les suena la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas? Pues se trata de eso, de trabajar con igualdad. Muchas personas que hoy se están preparando una oposición tampoco entienden que haya desigualdades en el acceso a la Función pública, sobre todo por barreras lingüísticas. Está sucediendo también por presiones de sus socios del PNV en el País Vasco, pero también ex novo está sucediendo en la Comunidad Valenciana y Baleares, y no lo podemos permitir, en Ciudadanos no lo vamos a permitir. Pues bien, lo que sí le vamos a pedir al Gobierno es una urgente reforma de la Función pública. Hablamos de que se ofrezcan igualdad de oportunidades para que cualquier funcionario pueda trabajar en las mismas condiciones en toda España -creo que no es ningún disparate-, y también una reforma que cree una verdadera carrera profesional basada en los principios de mérito y capacidad. La Administración pública tiene que servir a los ciudadanos y no a una ideología o a un partido político. Si ustedes nos dejan debatir con fórmulas más democráticas que el real decreto, nosotros vamos a trabajar duro para profesionalizar el sector público y que casos como las colocaciones de exministras no sucedan, que se rija todo precisamente por el mérito y la capacidad y se sirva al ciudadano, no a una ideología.

En definitiva, y para terminar, como ya dije al principio de mi intervención, votaremos a favor de esta medida, la consideramos justa, pero vamos a mostrar reticencias y discrepancias, primero, en cuanto al uso compulsivo del real decreto, pues no lo creemos oportuno y, segundo, en el aumento salvaje del gasto público que vamos a pagar todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Buenas tardes de nuevo.

El decreto que se pretende convalidar incorpora una subida para los empleados públicos necesaria pero claramente insuficiente, básicamente porque no permite recuperar el poder adquisitivo perdido en los años de congelación salarial, más del 13 % entre 2010 y 2018, periodo en que fue firmado el acuerdo con algunos sindicatos del sector. Y digo correctamente con algunos porque no fue con todos; la Confederación Intersindical Galega, sindicato mayoritario en Galiza, no lo firmó precisamente porque no posibilitaba recuperar el poder adquisitivo y porque tampoco posibilitó recuperar derechos laborales arrebatados durante los años anteriores. No entendemos además que la actualización posible por encima de ese 2 % se vincule al PIB y no al IPC. Están, por lo tanto, delante de una medida que no repara la injusticia cometida con los trabajadores del sector público. Si cabe, el hecho de poder contrastar en un solo decreto


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los salarios de los trabajadores públicos con los de la cúpula del Poder Judicial pone más en evidencia esto que decimos. En ese caso, se trata de supersalarios que prácticamente duplican al del presidente del Gobierno y que multiplican los salarios más habituales entre los trabajadores públicos. Estamos delante de un tratamiento salarial que mima a esa casta judicial, que desgraciadamente se ha hecho famosa en los últimos tiempos por decisiones que recortan derechos y libertades públicas. Los ciudadanos y ciudadanas que vean estas tablas salariales llegarán fácilmente a una conclusión: todo para la casta y muy poco para los trabajadores y trabajadoras.

El decreto incorpora además las partidas necesarias para sostener los salarios en los centros privados-concertados. El BNG defiende la enseñanza pública y es contrario a que con el dinero de todos y todas financiemos centros privados. Defendemos -y finalizo- que al conjunto de los trabajadores de la enseñanza -lógicamente, también a los de la concertada- hay que pagarles y subirles los salarios. Insistimos en que lo que se propone nos parece insuficiente, pero en el caso de la enseñanza confiamos en que se empiece a caminar en sentido contrario al que se ha venido haciendo y se prioricen los recursos públicos para la enseñanza pública.

Por todas estas razones, nos abstendremos.

Obrigado.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Señorías, antes de continuar dando la palabra, ruego que recordemos todos que no se pueden hacer fotografías con los móviles en el hemiciclo. Tengamos presente dicha cuestión.

Continuamos. Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president. Señora ministra, bienvenida. Le deseo toda clase de suerte en su desempeño.

Señorías, ya era hora de hacer las cosas por las que nos pagan. Nos pagan por hacer un Gobierno y nos pagan para legislar. Por eso digo que ya era hora de que llegáramos hasta aquí. Compromís va a votar que sí a los tres reales decretos, por supuesto. Siempre hemos demostrado que somos pragmáticos; siempre preferimos dar un paso adelante que pensar los pasos que podríamos haber dado si se hubiera hecho más. Por supuesto que se podría haber hecho más en el tema de pensiones o de trabajadores públicos, pero por supuesto que vamos a votar que sí. Votaremos que sí porque supone redistribuir 4000 millones entre los pensionistas y los trabajadores públicos y, además, que el salario mínimo interprofesional suba a 950 euros. Votaremos que sí a que trabajadores, trabajadoras y pensionistas recuperen poder adquisitivo. Estas son las cosas por las que nos votaron y estas son las cosas que deberíamos hacer aquí cada semana. Y, mientras, que la derecha se entretenga los fines de semana jugando a soldaditos valientes, con sus Pin y Pon o con sus Venezuelas. Los demás, a avanzar cada semana, que es para lo que nos votaron.

Moltes gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Baldoví.

A continuación, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en esta mi primera intervención en esta legislatura les quiero recordar que, desde nuestra perspectiva, es una vergüenza para todos que en estos momentos en el Estado español todavía existan presos políticos y exiliados políticos. (Aplausos.-Rumores). Muchas gracias.

En segundo lugar, señora ministra, quisiera felicitarla por su nombramiento y desearle muchísima suerte en el ministerio que ahora tiene la responsabilidad de dirigir.

Nuestro grupo va a votar a favor de este real decreto, más allá de que en el siguiente real decreto les haga algunas observaciones en cuanto a la utilización de esa medida legislativa en comparación con otras. En todo caso, este es un real decreto-ley que pretende dar cumplimiento a un segundo acuerdo entre el Gobierno que existía en el primer trimestre de 2018 y los sindicatos mayoritarios, y que implica un incremento salarial no solo a los funcionarios y los trabajadores públicos, sino también a los de los centros concertados, que nosotros habíamos apoyado en ejercicios anteriores y que vamos a apoyar en este ejercicio.

No obstante, le quiero hacer una observación y una petición, señora ministra, aunque no sea estrictamente de su negociado. En la memoria de impacto que adjuntan ustedes cuantifican el impacto


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presupuestario de este real decreto, en el caso máximo, en 3200 millones de euros. De estos 3200 millones de euros, algo más de 1800, que son el 57 %, es impacto presupuestario en los presupuestos de las comunidades autónomas; un 17 % en los presupuestos de las corporaciones locales, y el conjunto de la Administración central, con la Seguridad Social y empresas públicas, no llega a un 25 %. ¿Por qué le digo esta cifra? Porque el mayor impacto presupuestario reside en los presupuestos de las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas han aprobado el presupuesto, otras tienen el presupuesto todavía pendiente de aprobar, como lo tiene la Administración central.

Llevamos un mes de legislatura y a nosotros nos gustaría saber cuándo y en qué términos van a presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria; unos objetivos de estabilidad presupuestaria que tienen su impacto en el reparto de los objetivos de déficit entre los diferentes niveles de la Administración. Ya le avanzo que si son los que tenían pendientes ustedes, nos parece que no van a ser justos en relación con las comunidades autónomas. Aquí le están cargando el 57 % del coste de esta medida a las comunidades autónomas. Vamos a ver qué porcentaje de objetivos de déficit les asignan ustedes a las comunidades autónomas. Esto lo pueden presentar ya; este no es el presupuesto, es el paso previo al presupuesto. En condiciones normales ya estaría presentado. Tuvimos mucha prisa en votar al Gobierno, estábamos aquí el día de la cabalgata de Reyes para votar al Gobierno; ha pasado un mes hasta que hemos vuelto a esta Cámara y esperemos que no pase un mes para que ustedes nos traigan estos objetivos de deuda, que van a marcar una primera línea y la sensibilidad del nuevo Gobierno en relación con las comunidades autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas tardes, señor presidente. Bienvenida, señora ministra. Buenas tardes, señorías.

Sin empleo en condiciones dignas no hay servicios públicos, sin servicios públicos no hay Estado de bienestar y sin Estado de bienestar no hay democracia. Creo que es así de claro y sencillo. Esta subida salarial, que fue ganada por las trabajadoras y los trabajadores públicos en multitud de asambleas y movilizaciones por las calles, nos convierte en un país mejor, primero, porque mejora las condiciones laborales de todas esas personas que consiguen día a día que el país funcione y que podamos vivir más seguras y más tranquilas. El personal sanitario, que son centenares de miles, por ejemplo, los profesionales que están ahora mismo gestionando el primer caso de coronavirus en nuestro país en La Gomera para evitar su contagio al resto de la población; los equipos de bomberos que ayer estaban en el aeropuerto de Barajas dispuestos a jugarse la vida si hacía falta para atender el aterrizaje de emergencia del avión de Air Canadá, con 130 personas a bordo, todos ellos son trabajadores públicos. O los militares y los servicios de extinción que estuvieron el verano pasado en Gran Canaria jugándose la vida también para cuidar de nuestros montes y defenderlos. O las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que acuden cuando un agresor machista pone en riesgo la vida de una mujer o la de su familia. O la de los maestros y las maestras o el resto de profesionales de la educación en general que cuidan y educan a nuestras hijas y a nuestros hijos para que puedan ser libres, aunque haya aquí nazis a los que les moleste.

Ayer precisamente aquí, justo detrás de mí, había dos niñas que pertenecen a la familia real, que tienen la educación garantizada y que, cuando se ponen malitas, un médico las atiende enseguida. Y a mí eso me parece muy bien, no tengo ningún problema, pero quiero que a las niñas y a los niños de mi barrio les pase exactamente lo mismo. (Aplausos). Quiero esa garantía para los chiquillos y las chiquillas de Taco, Ofra, Fasnia, Fuerteventura, Carabanchel, hasta para los de Verín, para cualquier parte del país; quiero exactamente las mismas garantías. No queremos más que ellas, pero tampoco menos, y creo, sinceramente, que la democracia consiste en esto, y por eso traemos aquí este real decreto-ley.

El empleo público también supone cosas que quizás pueden sonar menos heroicas, pero son trabajos invisibles muy muy necesarios para que podamos vivir decentemente. Me refiero a todas las personas que recogen la basura y que limpian nuestras calles a diario, quienes consiguen que llegue el agua potable a nuestras viviendas o quienes trabajan intentando garantizar que las personas dependientes, las personas con discapacidad o las personas con diversidad funcional puedan tener las mismas garantías de derechos que el resto, y podría poner miles de ejemplos más, pero no tengo tanto tiempo. Los millones de personas que trabajan en el sector público -repito, millones- son el corazón de nuestra democracia, sin


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ellas viviríamos todavía en las cavernas, literalmente. Por eso, entre otras muchas razones, son tan perversas las privatizaciones, porque, desgraciadamente, muchos de los trabajos que acabo de nombrar están realizados por gente subcontratada, con contratos precarios y sueldos de miseria, gente que, además de tener peores condiciones de partida, tampoco va a poder disfrutar de esta subida salarial que hoy estamos votando. Esto es consecuencia directa de la externalización de los servicios públicos, de las privatizaciones, de desmantelar nuestra democracia y vender el país a cachos, porque los que se dan golpes en el pecho con España, van de patriotas y nos lo recuerdan todos los días son los mismos que privatizaron AENA y vendieron nuestros aeropuertos al capital extranjero -nuestros aeropuertos, con los bomberos dentro, como los que ayer estaban esperando para jugarse la vida-, son los mismos que vendieron Endesa a los italianos, los que vendieron Alcoa a los americanos, los que vendieron nuestras viviendas a fondos buitre extranjeros o nuestra sanidad a los caciques y a los dueños de la sanidad privada, del sector privado; el agua, la basura, el transporte, lo vendieron todo. (Aplausos). Prefieren una multinacional que tributa en Delaware a un taxista que paga sus impuestos aquí. Si por ustedes fuera -lo tengo claro, y me refiero a ustedes, por si hay alguna duda- (señalando a la derecha del hemiciclo), lo único que quedaría en este país sin privatizar sería el palo de la bandera.

Otro motivo por el que esta subida afecta al país entero es su repercusión directa en la economía real. Si la riqueza del país queda concentrada en muy pocas manos, el único tejido económico que se va a beneficiar es el de los vendedores de yates, las joyerías de gran lujo y los concesionarios de Ferrari, Porsche y Lamborghini, mientras que, si la riqueza se redistribuye entre quienes la creamos -y no entre quienes la roban-, la consecuencia será que les irá mejor a la frutería del barrio, al bar de la esquina, al guachinche, a la librería, a la ferretería, porque habrá más poder adquisitivo en la población y, por tanto, más dinero en movimiento, que ayudará a mejorar las cuentas de autónomos y pequeños empresarios, que dan vida y servicios a nuestros barrios y nuestros pueblos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Por último, aunque creo que acabo de dar motivos de sobra para votar a favor de esta subida, un detallito: en la Constitución, aparte de poner España en la portada y que tenemos una bandera amarilla y roja, pone más cosas, y voy a citar textualmente. Artículo 128: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general." A ver si entre tantos vivas a España y vivas al rey les da algún día por leerse la Constitución y nos ayudan a cumplirla.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Olona Choclán. (Aplausos).

La señora OLONA CHOCLÁN: Buenas tardes, señorías.

Ministra Darias, desde el profundo respeto institucional, quiero comenzar haciéndole una pregunta, y es cómo ha permitido que la ministra de Hacienda, Montero, se esconda hoy detrás de su cartera para no comparecer hoy debidamente ante esta Cámara para defender el real decreto-ley que se somete a nuestra consideración. Usted, pese a ser reciente en el Ejecutivo, debiera saber por sus anteriores responsabilidades que, pese a desempeñar y ostentar la cartera de Función Pública, este real decreto-ley está bajo la competencia del Ministerio de Hacienda, a cuya autorización se somete el incremento de los gastos de personal. (Aplausos). Así que entendemos perfectamente que la señora ministra de Hacienda hoy no comparezca, precisamente para no dar cumplida respuesta a algunas de las cuestiones que voy a plantearle y, sobre todo, del abuso que están cometiendo desde el Ejecutivo socialista no abonando la financiación adeudada por más de 2500 millones de euros en concepto de IVA de 2017.

En el año 2011 el primer Gobierno popular, presidido por Mariano Rajoy, heredó una España en quiebra, fruto de la desastrosa e irresponsable gestión económica de Zapatero. La factura la pagamos todos los españoles, pero a los primeros a quienes se les exigió un esfuerzo extraordinario para volver a la senda de la estabilidad presupuestaria fue precisamente a los empleados públicos. Así, tan solo ocho días después de haber tomado posesión de sus respectivos cargos, el Gobierno de Rajoy aprobó un real decreto-ley por el que se congelaron las retribuciones del personal al servicio del sector público, una medida que se sumaba a la reducción del 5 % de las retribuciones públicas que ya en el año 2010 impuso el Ejecutivo de Zapatero. Nuestros servidores públicos tuvieron que asumir las consecuencias de una


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desastrosa gestión económica, un gasto político desmedido, una corrupción salvaje, unas estructuras administrativas sobredimensionadas; y así lo hicieron -y coincido con usted, ministra Darias-, lo hicieron además asumiendo el coste de tener que soportar no pocos insultos y estereotipos. Pero lo que es esencial: nuestros servidores públicos asumieron esa factura sin merma de la calidad y excelencia de los servicios públicos cuya gestión tenían y tienen encomendada. Por ello, porque es de justicia que así lo hagamos, el debate parlamentario en torno a la norma que hoy somete el Gobierno a consideración de esta Cámara debe partir de una constatación que no, por obvia, debe ser obviada, cual es que es hora de cumplir con nuestros servidores públicos, porque cuando los necesitamos ellos cumplieron con y por España. Permítanme que en nombre del Grupo Parlamentario VOX les traslade nuestro profundo agradecimiento.

Podría concluir esta intervención con una simple pregunta -aunque les anticipo que no voy a concluir ya-, y es si el real decreto-ley que hoy se somete a la consideración de esta Cámara cumple adecuadamente con nuestros servidores públicos. La respuesta es no, categóricamente no, y ese es el motivo por el que ya les anticipo, entre otras consideraciones, que el Grupo Parlamentario VOX adoptará la posición de abstenerse en la posterior votación.

Señora ministra, estudiando y analizando las diversas posturas que hoy podía adoptar el Ejecutivo a la hora de defender el real decreto-ley, desde luego se me hacía muy difícilmente imaginable que atribuyeran como un mérito propio de este Gobierno socialista la norma que hoy convalidamos. Se le ha olvidado mencionar que es fruto de un acuerdo que se alcanzó con los sindicatos en marzo de 2018 y que, por tanto, ningún mérito tiene este Ejecutivo socialista en la norma que hoy estamos aprobando. Antes al contrario, responde a la incapacidad del Gobierno de Sánchez de traer a esta Cámara unos Presupuestos Generales del Estado, que es el segundo motivo por el que nuestro grupo parlamentario va a abstenerse, porque no tenemos una responsable y seria previsión no solamente de los gastos, sino, igualmente, de los ingresos públicos. Quién iba a decirle al anterior ministro de Hacienda, Montoro, cuyo mordaz verbo hoy desde luego echaremos mucho en falta en esta Cámara, que sus presupuestos sobrevivirían a la purga política de la que fue objeto, hasta el punto de convertirse -y a ello vamos- en los más longevos de la historia de España. Hoy, señorías, el Grupo Parlamentario VOX en modo alguno puede apoyar el real decreto-ley en los exactos términos en los que se ha traído a esta Cámara, como no sea previa o posterior tramitación de un proyecto de ley que nos permita introducir adecuadas enmiendas. Tenemos la sensación de que la ministra Montero confiaba en que los grupos parlamentarios no leyesen la norma que hoy se traía a la aprobación de esta Cámara, pero el Grupo Parlamentario VOX sí lo ha hecho, lo ha leído y lo ha estudiado con mucho detenimiento, y por eso voy a destacarles cuatro puntos por los que resulta absolutamente inaceptable aprobar el real decreto-ley en los términos en que se está haciendo.

En primer lugar, señora ministra -y espero que lo traslade adecuadamente-, han excluido del concepto de la masa salarial del personal laboral del sector público el concepto de los gastos de acción social. Son ustedes unos completos irresponsables. Han sustraído al control preceptivo del Ministerio de Hacienda una partida tan importante como los gastos de acción social, y, teniendo en cuenta que en este concepto se integra -entre otras categorías- la formación, la pregunta que me gustaría que le trasladara -pese a que lo haremos en la Comisión correspondiente- a la ministra de Hacienda es si su voluntad es implantar un fondo de reptiles a nivel nacional.

En segundo lugar, señora ministra -y coincidimos aquí con algunas de las intervenciones previas que se han realizado-, ¿qué hacen ustedes trayendo a esta Cámara una subida absolutamente proporcional de las retribuciones, y no progresiva, siendo así que la bajada de las retribuciones fue progresiva en el sector público? ¿Qué hacen ustedes trayendo a esta Cámara un incremento de retribuciones que, al albur de estar al lado de nuestros soldados, nuestro profesorado, nuestro personal sanitario, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de todos y cada uno de los colectivos que integran el concepto de empleados públicos, incluye -y aquí tenemos cinco folios de sociedades públicas a las que afecta- el incremento de las correspondientes retribuciones de presidentes de sociedades públicas estatales, que perciben más de 200 000 euros anuales? No entraremos en este momento en el curriculum vitae de algunos de ellos, como el del presidente de Correos, cuyo único mérito ha sido ser el jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la anterior legislatura. (Aplausos). Consideramos inaceptable, señora ministra -y espero que se lo traslade adecuadamente a la ministra de Hacienda-, que el personal directivo del sector público perciba su bonus, la retribución variable, que asciende a un 30 % de sus retribuciones anuales, cuando las sociedades públicas están en pérdidas. Y esto es lo que hoy contempla el real decreto-ley que someten a la consideración de esta sala.


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Y, por último, hay un cuarto punto que es totalmente inaceptable para este grupo parlamentario, cual es que hayan eliminado ustedes, señora ministra, la prohibición que antes pesaba sobre los funcionarios públicos de percibir lo que se denominan ingresos atípicos, esto es, una participación en las multas, impuestos y comisiones. Entenderá que, habiendo tenido yo la experiencia previa de investigar una sociedad pública, cual es Mercasa, investigada en la Audiencia Nacional por el pago de presuntas comisiones ilegales de más de 20 millones de euros, pueda atestiguar en primera persona los peligros que abren cuando permiten a los funcionarios públicos que perciban una parte de sus retribuciones en ese concepto. ¿Lo sabían ya, señora ministra? Algo me dice que sí.

Por estas consideraciones, la posición del Grupo Parlamentario VOX será la de abstención, porque, a mayor abundamiento -y concluyo ya, señora presidenta-, podemos asegurar que el real decreto-ley que hoy someten a la consideración de esta Cámara en modo alguno está al lado de nuestros servidores públicos. Les hablaremos en el momento y en las comisiones correspondientes de la necesidad de atender las adecuadas y justas reivindicaciones de nuestros funcionarios de prisiones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, colectivo de Administración de Justicia e, igualmente, de nuestras Fuerzas Armadas, en cuyo consejo de personal se ha anunciado una subida retributiva, pero, desde luego, no es la que actualmente se está contemplando; y así con la justa y legítima equiparación salarial que reivindican nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde hace más de treinta años, al igual que nuestros funcionarios de prisiones.

Es inaceptable, señora ministra, que al albur de este real decreto-ley escondamos y abandonemos una vez más a nuestros servidores públicos. Por eso, nuestra posición será la de abstención, si bien solicitamos al resto de grupos parlamentarios que nos apoyen en la petición que formulamos de tramitar esta norma como un proyecto de ley, algo que, como bien saben, no invalida el hecho de que entre en vigor desde el momento de su publicación en el BOE, precisamente para salir del rodillo que nos impone el Ejecutivo socialista y poder introducir por la vía de enmiendas las mejoras necesarias que he expuesto y otras que estimen pertinentes.

Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olona.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora De Luna Tobarra.

La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, le doy la enhorabuena por su nombramiento y le deseo, por el bien de todos los españoles, suerte y acierto en sus decisiones. Le anticipo que vamos a votar a favor de este real decreto-ley de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público que nos acaba de presentar, y vamos a votar a favor porque es una alternativa ante la incapacidad del Gobierno socialista de presentar y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, que es donde realmente se deberían haber incluido estas medidas. Como le decía, es una alternativa técnica que cumple con el acuerdo para la mejora del empleo público 2018-2020 que firmó en marzo de 2018 el Gobierno del Partido Popular con los sindicatos UGT, Comisiones y CSIF, un acuerdo sobre la retribución de los funcionarios en el que luego entraré en detalle. (Aplausos).

Pero he de decirle que aquí acaban las buenas noticias para usted. Es más, siento decirle que tengo que darle dos noticias más y que, seguramente, ninguna de las dos le van a gustar. La primera es que va a tener usted mucho trabajo, y le auguro que los once altos cargos y los ocho asesores de su ministerio no van a dar abasto para hacer frente a todo lo que se le viene encima como titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En la parte de política territorial no voy a entrar, pero la reunión de su jefe pasado mañana con el inhabilitado Torra, que se sigue creyendo president, los equilibrios para seguir teniendo el apoyo de los condenados por sedición, que, lejos de arrepentirse, dicen con orgullo que lo volverán a hacer, o intentar torpedear las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, desde luego, no son tareas fáciles.

En la parte de función pública, solo para gestionar el Gobierno megalómano de Sánchez tiene usted tarea más que suficiente: un presidente del Gobierno, 4 vicepresidentes, 18 ministros, 30 secretarios de Estado, 50 subsecretarios, 54 directores de gabinete, 136 directores generales, 21 secretarios generales técnicos y casi 250 asesores. Lo que es increíble es que los datos de empleo de esta mañana hayan sido tan malos a pesar de semejante contratación con dinero público. Se han perdido 244.000 empleos, que es el peor dato desde 2013. Por cierto, ministra, ¿es cierto que este Gobierno nos cuesta a los españoles 24 millones de euros más que el último Gobierno del Partido Popular? Y otra cuestión respecto a los


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nombramientos: ¿De verdad que no hay entre los funcionarios de carrera ninguno preparado para asumir alguna de las veinticuatro direcciones generales que ustedes han nombrado a dedo, saltándose lo establecido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que, por cierto, aprobó un Gobierno del Partido Popular? ¿Tiene algo que decir la ministra a las acusaciones de Fedeca sobre la falta de interés de su Gobierno por tener una Administración pública profesional e independiente?

Permítame también, ministra, que le hable de otros servidores públicos que ustedes han olvidado aquí. ¿Por qué no se han incluido en este real decreto-ley los 247 millones de euros para la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil para el tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial, así como los 66 millones de euros para la subida salarial de los funcionarios de prisiones? (Aplausos). A nuestro grupo le gustaría que este real decreto-ley se tramitara como proyecto de ley en el que se incluyera, como digo, esta justa reivindicación salarial histórica que siempre hemos apoyado desde el Partido Popular.

La segunda noticia a la que me refería, que tampoco es buena, es que ya no pueden ustedes aprovecharse más del trabajo del Partido Popular. Casi dos años después no se puede estirar más la cuerda, ya no da más de sí; ahora son ustedes los que tienen que aportar algo nuevo. Permítame que me explique. Lo penúltimo que hizo un Gobierno socialista por los funcionarios fue recortarles la paga extra de Navidad y rebajar, de media, un 5 % la retribución de los funcionarios en 2010; por tanto, consolidar esa bajada y recortar la paga extra de verano de 2011. Fue el Gobierno del PP el que firmó con los sindicatos UGT, Comisiones y CSIF un plan trienal de estabilización del sector público 2017-2019, cuyo objetivo era reducir la temporalidad hasta un 90 % en esos tres años, estabilizando más de 250 000 plazas interinas que se convertirían en fijas: 129 700 asociadas a sanidad, casi 99 000 a docencia y 8600 a la Administración de justicia. Fue el Gobierno del Partido Popular el que firmó con los sindicatos el acuerdo para la mejora de empleo público 2018-2020 que usted nos trae hoy aquí, un acuerdo sobre la retribución de los funcionarios que por primera vez contemplaba un componente fijo y otro variable que estaba vinculado al cumplimiento de los objetivos de crecimiento económico y de déficit y que permitía subir los salarios hasta un 8,79 % en tres años si se cumplían determinados objetivos. Con este acuerdo y con las subidas de los años 2016 y 2017 los funcionarios ganarían poder adquisitivo, recuperando parcialmente los recortes ejecutados por Zapatero en 2010 y 2011, aprobados, por cierto, con el voto a favor de Pedro Sánchez. Y lo último que ha hecho un Gobierno socialista por los funcionarios ha sido generar incertidumbre y contribuir con su inacción a la desaceleración del crecimiento económico, desde el 2,6 que crecíamos en 2018 hasta el 1,5 o 1,6 estimado para este año, lo que va a impedir a los empleados públicos que se beneficien de una subida adicional del 1 % que estaba prevista en ese acuerdo si nosotros crecíamos a un 2,5 %.

En resumen, lo único de que dependía de ustedes es lo único que no se consigue. Estos dos acuerdos trienales de estabilización de empleo y de retribución constituyen un hito histórico pero ya vencido, ahora les toca a ustedes ponerse manos a la obra para seguir avanzando en recuperar derechos de nuestros empleados, unos derechos que recortó un Gobierno socialista con el voto del que hoy es presidente y unos derechos que se han visto de pisoteados por el nepotismo de un Gobierno de coalición de izquierda y de extrema izquierda que históricamente siempre antepone la afinidad al régimen al mérito y a la capacidad. Y por eso le avanzo que aquí nos va a tener enfrente. Mi grupo parlamentario y el Partido Popular siempre estarán al lado de nuestros empleados públicos, defendiendo una Administración profesional, imparcial e independiente, donde los principios de igualdad, mérito y capacidad, y no la afinidad política, sean los que definan la carrera de nuestros funcionarios.

Termino ya, como empecé, señora ministra, felicitándola por el nombramiento y, sobre todo, dado que no tiene una tarea nada fácil, como le decía, sino complicada, deseándole aciertos y suerte, por el bien de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Luna.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes. Señora ministra, bienvenida a este Pleno. Enhorabuena por su cargo, en el que estoy convencido de que hará una magnífica labor. Permítame, no obstante, que mis primeras palabras sean para agradecer la asistencia a este debate y a este Pleno de los representantes sindicales de la Función pública que desde la tribuna nos acompañan en la tarde de hoy.


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Señorías, con la aprobación de este decreto-ley se demuestra que el Partido Socialista cumple con su palabra y que el Gobierno progresista de coalición cumple con sus compromisos. El Gobierno se comprometió, nada más tomar posesión, a que una de las primeras medidas que adoptaría sería la subida del salario de las empleadas y de los empleados públicos para seguir dando así cumplimiento al acuerdo para la mejora del empleo público. Es verdad, señorías, portavoz del PP, que este acuerdo arrancó con un Gobierno del Partido Popular, el mismo Gobierno del Partido Popular que castigó a los empleados públicos con recortes salariales, con recortes de derechos, con recortes de plantilla; eso sí, siempre con la excusa de la crisis, esa excusa de la crisis que les sirvió, en definitiva, para imponer su ideología, que no es otra que la merma de los servicios públicos. Porque la derecha nunca ha creído en los servicios públicos, la derecha siempre ha tratado de debilitar los servicios públicos, y no hay más que ver cómo lo siguen haciendo allí donde gobiernan. (Aplausos).

Fue el anterior Gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, el que desarrolló el acuerdo y es el actual Gobierno de coalición progresista el que lo sigue implementando y el que está cumpliendo, como hoy se demuestra con este real decreto. Señorías, ni un mes ha pasado de la conformación del nuevo Gobierno y ya tenemos en esta Cámara ese real decreto para convalidar un incremento en los salarios de los funcionarios públicos de un 2 % con efecto desde el 1 de enero, una medida que, como ustedes ya saben, va a beneficiar a algo más de 2,5 millones de empleadas y empleados públicos. Se van a beneficiar de ella los empleados y las empleadas públicas de la Administración Estatal, autonómica, local y también del sector público empresarial; una subida, señorías, que no fue posible, como bien saben, durante los meses en los que el Gobierno estuvo en funciones, pero que, como hemos demostrado, era una prioridad para el Gobierno y para el Partido Socialista, una prioridad que ya demostramos el pasado 21 de diciembre de 2018 con la aprobación de un decreto similar a este, al que ya ha hecho mención el portavoz del PNV, que permitía que se pudieran subir los sueldos de los empleados públicos durante 2019 aunque no hubiera presupuesto, y que también demostramos en junio del pasado año con esa subida adicional del 0,25 % en relación con la subida del PIB estimado en aquel momento.

Por tanto, señorías, como les digo, el compromiso del Partido Socialista y de este Gobierno es claro para mejorar el empleo público, para mejorar el sueldo de los funcionarios públicos y las condiciones de trabajo de los empleados y las empleadas públicas, porque no solo consiste en subirles el sueldo. Por eso el anterior Gobierno socialista también consiguió reducir la temporalidad en el sector público en un 8 %, y quiero recordarles que aprobó la mayor oferta pública de empleo de la última década, más de 33 000 puestos ofertados (aplausos) para tratar de paliar así el daño que hizo el Partido Popular no solo recortando derechos a los funcionarios, sino también recortando las plantillas que daban servicio a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, porque eso es, señorías del Partido Popular, lo que hicieron durante sus años de Gobierno. Este acuerdo se lo arrancaron los sindicatos, no lo hicieron con gusto; se lo arrancaron después de años de tener que estar soportando los funcionarios públicos el mantenimiento de su trabajo y, por tanto, de un servicio de calidad a la ciudadanía pese a los recortes de plantilla y a que no se podían reponer esas tasas mínimas, que en algunos servicios no eran mínimas, sino inexistentes; las prohibieron por ley, señorías del Partido Popular.

Permítanme recordarles, porque no quiero dejar pasar la ocasión, pese a que a esto algunos lo llaman ideología de género, y, sí, también aquí hay ideología de género, que fue el anterior Gobierno socialista el que posibilitó la movilidad, con plenas garantías, de las funcionarias víctimas de violencia de género, víctimas del maltrato. (Aplausos). Sí, señorías, la lucha contra la violencia machista tiene que ser en todos los ámbitos, y por supuesto y mucho más en el ámbito de la Administración Pública.

Señorías, "los empleados públicos son una prioridad porque son la base del Estado del bienestar y contribuyen con su esfuerzo personal a la defensa y sostenimiento de los servicios públicos". Son palabras del presidente del Gobierno que compartimos todas y todos los socialistas. Por eso, el acuerdo programático que firmamos con Unidas Podemos tiene una parte muy destacada relacionada con el empleo público, porque para nosotros, como les digo, es una prioridad. Estamos, por tanto, señorías, ante un Ejecutivo y ante una ministra comprometidos con los servicios públicos y con sus empleados, porque son ellos los verdaderos garantes de esos servicios públicos y, por tanto, de muchos de nuestros derechos y libertades. Son los funcionarios y las funcionarias públicos los garantes del derecho a la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos, los garantes de la salud de nuestros padres y de nuestras madres, los garantes del cuidado de nuestros mayores o los garantes de nuestra seguridad y de nuestras libertades. Por eso mi grupo entiende que es justa esta subida, vamos a apoyar el real decreto y pedimos al resto de grupos que así lo haga.


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Para terminar, permítanme contestar alguna cuestión. La portavoz del Partido Popular relataba en esta tribuna un número amplio de cargos y altos cargos del Gobierno. Permítanme que le diga a esta portavoz que todos ellos han cumplimentado y van a cumplimentar su declaración de bienes, cosa que ustedes no hicieron durante los años de Gobierno, ocultando esas declaraciones de bienes a la ciudadanía. (Aplausos). Mire, lo preocupante no es el coste de un Gobierno para una democracia, lo preocupante es que ustedes utilicen uno de los sistemas que tiene nuestra democracia, como son los fondos reservados, para pagarse la ocultación de la caja B del Partido Popular. Eso sí es preocupante, señorías. (Aplausos.-Protestas). Pero ya sabemos lo que al Partido Popular le importara lo público, ya conocemos bien lo que a la derecha le importa lo público. (Una señora diputada: Pero, ¿qué dices?-Protestas) Sí, sí, ustedes utilizan lo público, los terrenos públicos, los de todos, para dárselos a los colegios privados. (Protestas.-Aplausos). Ustedes utilizan la construcción de la vivienda pública, sí, ustedes, la que pagamos todos, para luego dársela a los fondos buitre. (Protestas). Ustedes utilizan, sí, las licitaciones públicas para nutrir su financiación ilegal... (Protestas).

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El señor SICILIA ALFÉREZ: ... y los fondos reservados para tratar de ocultarla. (Aplausos). Así entienden ustedes lo público, señorías.

La señora PRESIDENTA: Señor Sicilia, tiene que terminar por favor.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Termino ya, señora presidenta.

Permítanme que termine como inicié intervención, recordando a los funcionarios públicos y con un pequeño recuerdo también para José Luis Cuerda. En una de sus memorables películas decía José Luis Cuerda: Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. (Risas). Señores de la Función pública, todos hoy aquí somos contingentes, pero para mantener nuestro sistema público del bienestar, ustedes son necesarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sicilia.

- REAL DECRETO-LEY 18/2019, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA, CATASTRAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000001).

La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Para presentar el real decreto-ley, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Buenas tardes, señora presidenta, señorías.

Comparezco ante esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, aprobado por el Consejo de Ministros que se celebró el pasado 27 de diciembre, y que contiene, como su título indica, diversas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Saben sus señorías que presentamos este real decreto-ley cuando el Gobierno se encontraba en funciones y, por tanto, no era posible tramitarlo por su cauce parlamentario ordinario. No obstante, como habrán podido comprobar tras su lectura, se trata de medidas de absoluta urgencia, de necesidad, que pretenden garantizar derechos y evitar importantes perjuicios para un amplio colectivo de ciudadanos y ciudadanas al prorrogar situaciones que, en caso contrario, hubieran finalizado al concluir 2019. Es decir, en caso de no haber tramitado este real decreto-ley, algunas de estas medidas hubieran dejado de estar en vigor al finalizar el año y, en cambio, otras habrían entrado en funcionamiento de manera automática, lo que podría haber conllevado que algunos colectivos, que además habían estado especialmente castigados por la crisis -pensionistas, autónomos, agricultores o autónomos o trabajadores en general- hubieran visto perjudicada su situación.

Señorías, dicho esto, la realidad es que este Gobierno ya desde los primeros días de su mandato ha superado algunas de las medidas contenidas y aprobadas en esta norma, cuya convalidación hoy nos ocupa, por ejemplo, la revalorización de las pensiones o el acuerdo para elevar el SMI a través del diálogo


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social. Ustedes conocen las prioridades de este Gobierno, unas prioridades que siguen siendo claras y transparentes: defensa de los trabajadores, garantía de los pensionistas y apoyo a los autónomos, y todo ello desde la convicción de que es necesario trabajar desde las instituciones por un empleo y un salario dignos a través del diálogo social entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, impulsando la justicia fiscal, que no puede ser más que la base de la justicia social.

Dicho esto, señorías, paso a explicar con detalle el alcance del decreto-ley que hoy someto a su consideración. Como saben, la norma divide las medidas en dos partes: de un lado, medidas tributarias y catastrales y, de otro, medidas en materia de Seguridad Social. Primero me referiré a las catastrales y tributarias. Se trata, en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, de la prórroga para el período impositivo 2020 de los límites cuantitativos de facturación por módulo. Me explico. Saben sus señorías que la legislación vigente recoge hasta la fecha que para 2020 tenían que reducirse los umbrales a partir de los cuales un autónomo no podría tributar por el sistema de módulo o de estimación objetiva. Con este real decreto lo que hacemos es mantener inalterables los límites de exclusión vigentes en la actualidad, es decir, que la situación de tributación de este colectivo queda como en el año 2019 o como en el año 2018. Significará, por tanto, que los trabajadores por cuenta propia podrán seguir acogiéndose al método de estimación objetiva cuando -así lo establece la ley- el conjunto de las actividades no supere los 250 000 euros o cuando la facturación a otros profesionales o empresarios no sobrepase los 125 000 euros. Si no se convalidara hoy este real decreto-ley, los límites pasarían de forma automática a 150 000 euros en vez de los 250 000 y a 75 000 euros en vez de los 125 000. Por tanto, señorías, es una medida razonable, lógica, que demuestra la sensibilidad que el Gobierno tiene con este colectivo de profesionales autónomos, especialmente con aquellos que tienen ingresos más bajos, a los que facilitamos mantener sus actividades de manera sencilla. Además, los autónomos que adquieran bienes y servicios hasta 250 000 euros también podrán mantenerse en el sistema de módulos frente a la previsión anterior, que establecía el límite de 150 000 euros. En cuanto al impuesto sobre el valor añadido, esta norma prorroga también para el periodo impositivo 2020 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Por último, y no por ello menos importante, se contempla la prórroga del impuesto sobre el patrimonio para 2020, cuyo rendimiento está cedido en su totalidad a las comunidades autónomas. Como saben, este tributo se suprimió en 2008, pero se recuperó con carácter temporal en 2011 y desde entonces de forma sistemática, reiterada, su vigencia se ha ido prorrogando anualmente. Con esta actuación de hoy volvemos a prorrogar su vigencia. La prórroga en concreto resulta de especial importancia para este Gobierno, dado que es prioridad mejorar la progresividad del sistema fiscal, de nuestro modelo de tributación, en consonancia con los preceptos constitucionales. El Gobierno considera que este impuesto es uno de los que mejor reflejan la progresividad del sistema fiscal porque exige una mayor contribución a quienes tienen una mayor capacidad económica y con la aprobación de la norma cumplimos con el principio de seguridad jurídica que exige que los contribuyentes de dicho impuesto conozcan al comienzo del ejercicio que su gravamen se va a mantener a lo largo del mismo, pese a que su devengo no se lleve a efecto hasta el 31 de diciembre del año 2020.

Además de medidas de ámbito fiscal, el real decreto-ley también tiene singularidades de especial importancia para los ciudadanos. Por un lado, establece la relación de actividades prioritarias de mecenazgo para este año y en este punto quiero destacar que los porcentajes y límites de las deducciones establecidas en la Ley del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo se elevan en 5 puntos porcentuales. Por otro, en este real decretoley se incluye también la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020, según lo que se establece en el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Por si desconocen este extremo, les aclaro que la situación de prórroga presupuestaria ha hecho necesario que actualicemos los coeficientes antes del 31 de diciembre de 2019, tal y como venía sucediendo en los tres ejercicios anteriores. En este sentido, en el ministerio ya hemos aprobado la orden con la relación de municipios en los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización, bien al alza, bien a la baja. Señorías, también me gustaría señalar que esta medida solo afecta a inmuebles urbanos y se adopta en los términos que establece la Ley del Catastro Inmobiliario, que exige que exista una solicitud municipal previa; dicho de otra manera, la actualización se hace sobre los municipios que previamente han declarado al Ministerio de Hacienda su voluntad de que se actualicen los valores catastrales. En total han sido 1092 municipios los que han querido acogerse a esta actualización, cuya aplicación se va a hacer efectiva desde el día 1 de enero con subidas y bajadas medias globales que en conjunto alcanzan un 3 %, respectivamente, distribuidas en cada uno de los municipios con diferentes escalas que pueden ustedes


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consultar en la propia orden. Señorías, haciendo una lectura amplia de esta cuestión, dado que la aprobación de esta medida redunda en una mejor financiación municipal y contribuye a la consolidación fiscal y a la estabilidad presupuestaria, también las entidades locales utilizan este instrumento como una herramienta para poder actualizar fundamentalmente algunos valores catastrales que llevan vigentes desde hace una década.

Otra de las medidas que incluimos en el real decretoley tiene que ver con el cumplimiento de la Directiva 2014/40/UE, de 3 de abril, del Parlamento y del Consejo Europeo para la implantación en los países miembros de un sistema que permita el seguimiento y el rastreo de los productos del tabaco en la Unión Europea. Lo que perseguimos con ello es facilitar el control de toda la cadena de suministros, desde la fabricación y la importación a la venta al consumidor, imponiendo obligaciones a los operadores y también al conjunto de los Estados miembros. Como decía al inicio de mi intervención, la trasposición de las directivas que tienen que ver con todas las materias del Ministerio de Hacienda se está haciendo en este decretoley. Además, esta misma mañana se ha propuesto la tramitación de una directiva para evitar las sanciones que obligarían a nuestro país a pagar cuantiosas cantidades a la Unión Europea por la no trasposición.

Como decía al inicio de mi intervención, la norma recoge también medidas en el ámbito de la Seguridad Social que les traslado a continuación. La primera de ellas establece la suspensión del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es decir, el artículo que limitaba la revalorización de las pensiones a un 0,25 %. Si no hubiéramos suspendido este artículo, se habría generado confusión a los pensionistas en torno al incremento previsto, porque se habría producido una duplicidad de tramitación que en ese momento consideramos conveniente poder evitar. Ya he ido trasladando en varias ocasiones que el Gobierno tenía previsto aplicar en cuanto fuera posible, en cuanto estuviera a pleno rendimiento, con efectos retroactivos desde principio de año una revalorización de las pensiones en nuestro país del 0,9 %, que es la estimación media que se hace de la inflación. Por tanto, señorías, en paralelo a la tramitación de este decretoley que deja sin efecto la revalorización del 0,25 %, este Gobierno, como comprometió con los ciudadanos, ha actualizado las pensiones en el 0,9 % para que los pensionistas no pierdan ningún tipo de nivel ni de calidad de vida, como teníamos previsto. El día 14 de enero en el primer Consejo de Ministros, una vez hecho efectivo este compromiso, se continuó la tramitación del decretoley que establece esa revalorización de pensiones para el ejercicio 2020, incluido el límite máximo de percepción de pensiones públicas. Señorías, quiero decirles que esta medida de actualización de pensiones beneficia a más de diez millones de pensionistas y creemos en el Gobierno que era de justicia traer este decretoley que hoy convalidarán sus señorías, si lo estiman conveniente, para suspender el índice del 0,25 % y poder abordar el 0,9 %, como ha hecho el Gobierno en el real decretoley que les acabo de mencionar. También se estableció como primicia en esta misma norma que si la inflación supera este incremento previsto del 0,9 %, los pensionistas recibirán en un único pago antes de abril del año 2021 la diferencia entre esa subida del IPC que se pudiera plantear y el 0,9 % que se empieza a abonar de inmediato. Así pues, señorías, hemos cumplido con nuestra palabra, hemos cumplido con los acuerdos que han inspirado a este Gobierno de progreso y, por tanto, queremos seguir trasladando nuestro compromiso con las personas mayores, con los pensionistas y, en la medida en que este Gobierno tenga el impulso legislativo, seguiremos actualizando las pensiones según el IPC.

Una vez vista la parte correspondiente a las figuras fiscales y la parte correspondiente a la revalorización de las pensiones, quiero decirles, señorías, que también hemos tenido que prorrogar en funciones otras medidas en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social para que se garantizara su aplicación a partir del 1 de enero de este año. Por ejemplo, me estoy refiriendo al mantenimiento del tope máximo y de la base máxima de cotización en el sistema de la Seguridad Social, la cotización de los sistemas especiales de las empleadas del hogar y de los trabajadores agrarios por cuenta ajena o por cuenta propia, o las bases y tipos de cotización de los trabajadores autónomos, entre otros. Asimismo, este real decreto-ley mantiene la ampliación del plazo de cancelación de los préstamos que se concedieron por el Estado a la Administración de la Seguridad Social, así como la moratoria a diversas instituciones sanitarias que se venían reconociendo en anteriores normas presupuestarias.

Otro aspecto relativo a la Seguridad Social es la necesidad de mantener durante este ejercicio la normativa previa a la Ley 27/2011 para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes del 1 de abril de 2013. Se trata en este apartado de no perjudicar a los trabajadores que fueron expulsados del mercado laboral con una edad avanzada, que no han podido reincorporarse a ese entorno laboral y que desean acceder a la jubilación anticipada aunque hayan suscrito un convenio especial con


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la Seguridad Social a partir de aquella fecha. Era necesario, por tanto, que ese artículo pudiera también tomar cuerpo en la convalidación del decreto-ley.

Por último, señorías, concluyo mi intervención trasladándoles que en la norma se recoge también la prórroga del plazo de vigencia del Real Decreto 1462/2018, por el que se fijó el salario mínimo interprofesional para 2019. Dado que dejaba de producir efecto el 31 de diciembre de 2019, concurrieron razones de extraordinaria necesidad que hicieron inexcusable mantener su vigencia a partir del 1 de enero de este año; todo ello, señorías, para dotarnos, con un Gobierno ya en plena capacidad, del tiempo suficiente para arbitrar el diálogo social e intentar, como así se ha conseguido, llegar a un acuerdo en su seno que permitiera fijar para este año la cuantía del salario mínimo interprofesional. Un acuerdo al que, como sus señorías sabrán, se llegó en los días previos, que hoy en el Consejo de Ministros también se ha aprobado por su cauce formal y que garantiza que ese salario se sitúe en 950 euros mensuales, un 5,5 % más que lo que se disfrutaba en el año anterior, y que beneficiará a más de 2 millones de personas. Y quiero resaltar especialmente la incidencia sobre el colectivo de mujeres y el colectivo de jóvenes, colectivos ampliamente participados en la retribución en base a la cuota del salario mínimo interprofesional. Este incremento, por tanto, ha quedado superado por la tramitación posterior que está haciendo el Gobierno tras la entrada en vigor y en pleno funcionamiento, con capacidad para aprobar este tipo de medidas. Por ello tengan claro, señorías, que el Gobierno, en la medida de sus posibilidades, va a seguir impulsando el camino del diálogo social que permita generación de empleo y salarios de calidad y recuperar de forma progresiva las posiciones que se perdieron durante la crisis, todo ello dinamizando el consumo, dinamizando, por tanto, la economía, algo que les aseguro que así ocurrirá.

Concluyo reiterando la necesidad de entender que este decreto-ley se aprobó en un momento en que el Gobierno estaba en funciones, es decir, con limitaciones en cuanto al alcance de sus competencias, y que, además, era obligado por la situación de prórroga presupuestaria en la que nos encontramos. He trasladado con mi intervención la importancia que tiene para muchos colectivos, en especial para aquellos que son más vulnerables, y apelo a su responsabilidad para que apoyen su convalidación. En los próximos meses, además, señorías, abordaremos el debate y la tramitación de las cuentas públicas para el año 2020 y hoy, desde la tribuna y como ministra de Hacienda, les tiendo la mano para debatir y para mejorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que espero presentar en esta Cámara a la mayor brevedad posible. Lo hago porque creo que por encima de las legítimas diferencias ideológicas entre el Gobierno y la oposición nos concierne a todos por igual la búsqueda incansable del bienestar de la ciudadanía a la que representamos, y encontrar ese bien común en el diálogo, el acuerdo y el consenso será sin duda la mejor manera de hacerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora ministra de Hacienda.

Esta convalidación pone término a un periodo de agudísima sequía legislativa iniciado con la llegada a la presidencia del señor Sánchez tras la moción de censura de finales de mayo de 2018. La Constitución habilita el real decreto-ley para cuestiones de extraordinaria y urgente necesidad, pero en el último año y medio se ha usado y abusado de este mecanismo, por el que se han colado medidas que, desde el punto de vista de Foro y mirando a toda España, pero especialmente a Asturias, han sido perjudiciales para importantes sectores de nuestra economía, caso de la industria o para las cuencas mineras, a las que se ha arrastrado al empobrecimiento y a la ruina por el coladero del decretazo promovido por el radicalismo ecológico. Hoy mismo, la desertizadora Teresa Ribera, elevada al rango de vicepresidenta, reconoce que no será posible recuperar el empleo que se está perdiendo por su irresponsable descarbonización exprés, que se camufló vía real decreto-ley. Experta en disfrazarse de verde para fabricar paro e incapaz de ponerse colorada por su inutilidad patológica para crear empleo.

Señorías, el tercer real decreto-ley que vemos esta tarde es el postrero de los del serial de 2019, año que pasará a la historia democrática por su insolvencia legislativa, a cuenta exclusiva de la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar proyectos de ley por la vía ordinaria. Aquí se mezclan medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social, tal y como ha explicado la señora ministra, de forma que en el revoltijo se convalida todo, aunque se pudiera discrepar de algunos apartados. Es el


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caso de las medidas tributarias, que se justifican como urgentes e inaplazables, y también para aportar seguridad jurídica a los contribuyentes, cuando lo que resulta urgente e inaplazable en España es una reforma tributaria que deje de asfixiar a los españoles y que ponga coto a la inequidad en el tratamiento fiscal como secuela del lugar donde vivan los ciudadanos. En cualquier caso, confío en que a lo largo de esta XIV Legislatura recién comenzada recuperemos la tramitación ordinaria de nuevos proyectos de ley y de reformas legales, misión principal del Congreso y también del Senado.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez.

Tiene la palabra, por el mismo grupo parlamentario, la señora Vehí Cantenys.

La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, señora presidenta.

Empiezo con una previa; señora Giménez, la verdad es que hablarle de sueldos a la CUP... No sé si sabe que nosotros tenemos una política bastante restrictiva de sueldos y de transparencia. En todo caso, si quiere usted hablar de sueldos y de trabajo, igual podríamos hablar de una de las primeras medidas que tomaron ustedes cuando llegaron a la Junta de Andalucía, juntamente con el Partido Popular, que es subir los sueldos en sus cargos de un 20 % a un 90 %. Si quiere podemos hablar de transparencia y de trabajo, estaremos encantadas, pero creo que meterse con los sueldos de la CUP y la transparencia de la CUP no le va a salir muy bien; allá usted.

Me centro ahora ya en el decreto-ley que nos presenta hoy el Gobierno. Decía la ministra que era una actualización y una puesta en vigor. Bien, es evidente, se habla de IRPF, de Patrimonio, de IVA, pero no se hace nada más que actualizar. Nosotros esperamos que haya una futura ley donde se pueda hablar de recaptación, de patrimonio y, sobre todo, que se pueda plantear una premisa que para nosotros es fundamental, que es que pague más quien más tiene, pero que pague mucho más, no solo que pague un poco. Para nosotros falta valentía o, lo que es lo mismo, la situación de la desigualdad es increíble. Voy a dar algunos datos, en el País Valencià la media anual de una familia es de 25 000 euros, y el 28 % de las familias están en el umbral de la pobreza, mientras que en el Estado español tenemos grandes fortunas conocidas por todo el mundo. Hoy podemos hablar de uno de los sospechosos habituales, el señor Amancio Ortega, o de Inditex, que es su compañía. Este señor, según la Forbes, tiene más de 70 000 millones de dólares de fortuna y en 2019 más de 1800 millones de euros de beneficio; beneficios que, según la prensa económica, invertirá seguramente en una sociedad inmobiliaria radicada en España, Inglaterra, Estados Unidos y Asia. Quiero recordar que la vivienda es uno de los elementos que más empobrece a las familias porque es a lo que más tienen que dedicar. Y ya que hablamos de vivienda y de grandes fortunas, como las familias no se pueden pagar sus casas, hoy lo que hace el movimiento popular es defenderlas con su cuerpo. Hoy ha llegado a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca y del Vallès Anticapitalista una multa por Ley mordaza de 20 000 euros por defender a una familia para que no se la desnone. Esperemos también que la valentía política llegue hasta tumbar la Ley mordaza.

Pero hablábamos de la desigualdad y del señor Amancio Ortega. El Observatorio de la responsabilidad corporativa empresarial en 2017 publicó un informe sobre paraísos fiscales y al señor Amancio Ortega le atribuía una evasión de más de 600 millones de euros en impuestos. Ya ven, o la supervivencia de las familias del sur de nuestro país o las grandes fortunas. Y es que Inditex no es la única empresa del IBEX que utiliza los paraísos fiscales. El mismo estudio señala que hay más de 1200 filiales off shore de diversas empresas del IBEX. Más sospechosos habituales: Santander, Repsol, entre otros. Y es que lo dijimos en la investidura, el Sindicato de Técnicos de Hacienda ya dijo en su momento, no hace mucho, que una familia paga tres veces más impuestos que cualquier empresa del IBEX. Por lo tanto, repetimos, o la supervivencia de las familias de las clases populares o la acumulación de las empresas del IBEX 35. Por eso nosotros haremos lo que hemos contado antes, una abstención, que nosotros le llamamos abstención atenta; atenta porque, de alguna manera, espera y estará expectante a qué medidas más se hacen en términos de redistribución de la riqueza. Sean valientes y nos tendrán con la mano tendida: o la Bolsa del IBEX o la vida de las familias de las clases populares, y que pague más quien más tiene, pero que pague mucho, mucho, mucho más.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


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La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.

Hoy el Gobierno nos trae un real decreto del 27 de diciembre, al igual que hizo en 2018 -y además, fíjense, en la misma fecha-, en el que establecen un conjunto de medidas consecuencia de la carencia de ley de Presupuestos Generales del Estado para el actual ejercicio 2020. Así que, ojalá la misma pueda ser tramitada a la mayor brevedad posible, sobre todo para establecer aquellas políticas públicas que faciliten el tránsito hacia un crecimiento sostenible y debatir todas estas cuestiones también allí.

En relación con este real decreto sobre medidas tributarias y de materia social, solamente quiero decir que nuestro grupo en principio va a votar a favor del mismo básicamente por las medidas adoptadas acerca de pensiones y de salario mínimo interprofesional. Como saben ustedes, nosotros en medidas fiscales nos solemos abstener porque en Euskadi tenemos unas haciendas propias y, por tanto, competencia en materia tributaria, sobre todo en imposición directa.

El decreto establece medidas para actualizar los valores catastrales y que afectan a los bienes inmuebles y también establece los límites para la aplicación del método de estimación objetiva de IRPF y en las que nuestro grupo poco tiene que decir, porque para nosotros son tributos concertados de normativa autónoma y, por tanto, competencia exclusiva. Sin embargo, en relación con la medida relativa al IVA, por la que se fijan los límites de la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, pesca y ganadería, es un tributo concertado de normativa común y, por tanto, esta misma medida y en estos mismos términos ya está recogida en las correspondientes normas forales de cada territorio histórico. Concretamente, en Vizcaya se publicó en el boletín el 13 de enero.

En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, quiero decir que nuevamente asistimos a una prórroga del mismo para el año 2020, medida que se ha venido aprobando por todos los Gobiernos desde el año 2012, y es que no hay que olvidar que en 2008 este impuesto fue suprimido por el presidente Zapatero y luego lo recuperó de forma temporal desde 2012 debido a la crisis económica.

En cuanto a las medidas de Seguridad Social de revalorización de pensiones, prestaciones públicas y bases de cotización, evidentemente no podemos más que estar de acuerdo, ya que todo ello viene como consecuencia del aumento de las pensiones al IPC, según el decreto-ley que hoy se somete a convalidación, y tampoco hay que olvidar que este grupo, el Partido Nacionalista Vasco, fue quien negoció la subida de pensiones al IPC en 2018, así como la mejora de las de viudedad y el retraso del factor de sostenibilidad.

En cuanto al mantenimiento del salario mínimo interprofesional, totalmente de acuerdo, máxime cuando ha sido acordado el aumento del mismo entre sindicatos y patronal, aunque en este punto quisiéramos hacer una pequeña reflexión porque la educación y el trabajo son dos elementos muy presentes en la sociedad y además están estrechamente vinculados. Así, la igualdad de oportunidades de acceso a la educación facilita el ejercicio efectivo al derecho de trabajo, y en este ejercicio del trabajo tenemos que traer a colación la Carta Social Europea, que establece en su artículo 4 que todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso, y establece que el salario mínimo debe alcanzar al menos el 60 % del salario mínimo de cada Estado; tarea que desde luego no es fácil, porque normalmente es una cifra que se fija y no suele tener en cuenta la realidad de las comunidades autónomas, donde tanto el coste de la vida como los costes laborales pueden ser muy diferentes de unas a otras. Por tanto, aunque la cifra del salario mínimo interprofesional pudiera aproximarse a ese 60 % en algunas comunidades autónomas, en otras podría estar muy lejos.

Por otro lado, y observando además los datos positivos del crecimiento económico, sería importante que ese crecimiento llegase a las personas a través de una recuperación de los salarios, porque es verdad que el ajuste de los mismos durante la crisis lo fue principalmente en los salarios más bajos. Por todo lo mencionado, este grupo votará a favor de la convalidación de este real decreto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.

La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señora Vehí, de la CUP, no es País Valencià; es Comunitat Valenciana, tal y como recoge el estatut d'autonomia de mi región.

Estrenamos legislatura haciendo lo que más le gusta al Gobierno del señor Sánchez, que es buscar la convalidación de sus reales decretos-leyes. ¿Quién necesita al Poder Legislativo cuando tenemos decretos-leyes? En noviembre de 2015 el otrora líder de la oposición decía: El PP ha convertido una figura


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prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar. Me propongo dar al Parlamento la centralidad que se merece y limitar el uso del decreto-ley. Pues, ni una cosa ni la otra.

El señor Sánchez lleva casi cincuenta reales decretos desde que es presidente; es más, el 80 % de las leyes de este Gobierno han sido decretazos. Quería transmitirle un mensaje al señor Sánchez, pero como no está dejo encargada a la señora ministra para que se lo transmita: el señor Sánchez no solo bate récords de cambio de opinión, sino que también bate récords de legislar de espaldas al Parlamento con esta herramienta. Ustedes emplean la urgencia del decreto ante la incompetencia de su Gobierno, al que le ha costado un año estar en pleno funcionamiento, con la actividad legislativa paralizada y a la espera de unos presupuestos que no sabemos cuándo va a presentar en esta Cámara; ha dicho la señora ministra hace un momentito que a la mayor brevedad posible, pero seguramente sea cuando se lo diga el señor Rufián.

Resulta curioso, sin embargo, que su Gobierno no se anime a aprobar un real decreto para pagarles a las comunidades autónomas lo que se les debe por el último mes de la recaudación del IVA de 2017. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Para eso ustedes no encuentran ni reales decretos ni atajos legales. Cualquiera diría que chantajean a las comunidades autónomas en busca de apoyos. Y esto no solo lo dicen María Muñoz y nuestro grupo parlamentario, sino también el señor García-Page, su presidente en Castilla-La Mancha, que hoy mismo acaba de denunciarles en los tribunales. ¿Qué le van a decir al señor García-Page, que es ultra, ultra, ultra, ultraderecha, como decía el otro día su vicepresidente a toda la oposición?

Hoy tenemos aquí un real decreto con no sé cuantas medidas de carácter fiscal, que van desde el régimen de estimación objetiva del IRPF hasta la prórroga del impuesto sobre el patrimonio, pasando por la actualización de los valores catastrales. Ya les anuncio, señora ministra -si me presta atención-, que nuestro grupo no se opondrá a la validación de este real decreto por una cuestión de responsabilidad, porque si estas medidas no se prorrogan estaría en peligro nuestra seguridad jurídica. Pero, a la vez de nuestra abstención, solicitaremos el trámite de las medidas tributarias y catastrales como proyecto de ley porque no compartimos esta manera de legislar que abusa de este mecanismo y priva del debate parlamentario. En este revoltijo de medidas -como lo calificaba el otro día Unidas Podemos, hoy socio de Gobierno- tenemos el fiel reflejo de lo que nos espera con su Gobierno de coalición: subidas masivas de impuestos por la puerta de atrás y un Gobierno dispuesto a usar el rodillo del decretazo para hurtar a la oposición el derecho a debatirlo.

Lamentablemente tengo un tiempo limitado para comentar todas las medidas que vienen en este decreto recogidas. Así que solo me centraré en las medidas tributarias y catastrales. Sobre la prórroga de los límites excluyentes para aplicar el régimen de estimación objetiva en el IRPF, les comento que el sistema de módulos es un enorme pozo de fraude fiscal y de blanqueo; que todos los Gobiernos, tanto los del PP como los del PSOE, muestran siempre su intención de cambiarlo pero nunca han hecho nada significativo al respecto, y que la prórroga que traen hoy aquí es la del quinto año consecutivo, insisto, quinto año consecutivo. En Ciudadanos creemos que el régimen de estimación objetiva en el IRPF necesita de una redefinición y una revisión completa, pero que debemos ser a la vez cuidadosos porque muchos autónomos lo usan correctamente y no podemos eliminarlo del sistema de hoy para mañana, creando una inseguridad jurídica como decíamos antes, friéndoles a impuestos. Tenemos que ayudarles y por eso solicitamos su trámite como proyecto de ley, para estudiar su limitación o derogación, dependiendo de la repercusión que estas medidas tengan en la supervivencia de nuestros autónomos.

Sobre el mantenimiento del impuesto sobre el patrimonio en el año 2020, les recuerdo que fue eliminado por el presidente Zapatero en el año 2008 porque, según él mismo afirmaba, era un impuesto que ya no tenía razón de ser. Aun así, él mismo lo recuperó en el año 2011, con efectos temporales breves -solo 2011-, según él, para paliar los efectos de la crisis económica. Pues bien, superada ya la crisis económica, hace tiempo que esa temporalidad del impuesto sobre el patrimonio se ha convertido en algo crónico que apunta maneras de llegar a ser definitivo. El Gobierno además fundamenta la continuidad de este impuesto en los mismos motivos que llevaron a reinstaurarlo en el sistema impositivo en 2011, siendo lo más llamativo que no se han molestado ustedes ni en cambiar el texto de aquella motivación y que textualmente dice que la recuperación del impuesto pretende asegurar la estabilidad de nuestra economía y favorecer la recuperación para contribuir a la salida de la crisis económica. Señora ministra, señores del Gobierno, ¿nos están diciendo y reconociendo que nos encontramos ante una grave y preocupante crisis, similar a la del año 2012?


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En Ciudadanos creemos que este impuesto debe tener una función fundamentalmente censal y no recaudatoria que evite las desigualdades que se producen entre los españoles por el simple hecho de dónde viven, desigualdades que ustedes tanto critican en Andalucía o en Madrid pero que curiosamente callan cuando su socio de Gobierno, el PNV, insinúa que quiere quitar este impuesto sobre el patrimonio allí donde gobierna. Podrían ustedes disimular al menos un poquito.

Y, por último, sobre los coeficientes de actualización de los valores catastrales, sería interesante que este Gobierno explicara si esta medida se ha llevado a cabo por otro catastrazo que pretenden incorporar en los presupuestos de 2020, como ya se intentó hacer en su fallido proyecto de presupuestos del año 2019 que disponía actualizar el valor catastral de más de seis millones de inmuebles. Para el que no haya caído en la cuenta, el alza del valor catastral supone la inmediata subida del impuesto de los bienes inmuebles, así que ya tenemos otra subida encubierta de este impuesto, que se une a los demás impuestos, de este denominado Gobierno de la gente que pagará el conjunto de la sociedad -jóvenes, parados y pensionistas- y no solo los más ricos.

En definitiva, señores del Gobierno -y ya acabo, señora presidenta?, nos abstendremos y pediremos su trámite como proyecto de ley porque estamos deseando tener debates serios con ustedes sobre el modelo de moderación fiscal que Ciudadanos quiere en toda España y que ya aplicamos allí donde gobernamos. A lo que no estamos dispuestos es a que este Gobierno nos hurte el debate y se parapeten ustedes en los decretazos para tapar lo que nos tememos que va a ser un goteo incesante de subidas de impuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. No pasa nada porque me llame presidenta. A ella la llaman presidente y, por tanto, no hay ningún problema. (Aplausos).

A continuación, tiene la palabra el señor Rego Candamil por el Grupo Parlamentario Plural.

El señor REGO CANDAMIL: Reconocemos que en este decreto se recogen medidas que son necesarias y, por lo tanto, no vamos a oponernos, pero tampoco vamos a votar a favor porque en él también se incluyen otras que no compartimos o sobre las que tenemos reservas. En el poco tiempo del que dispongo voy a referir solamente tres. Por ejemplo, al mantener como prioritarias las actividades de mecenazgo, enumeradas en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, se sigue apostando por promover la uniformidad dentro del Estado español, la cultura única -por ejemplo, Instituto Cervantes, Patrimonio español, Biblioteca Nacional de España, Museo Nacional del Prado, etcétera-, negando en la práctica la existencia de lenguas, como la gallega, y culturas diferentes que también corresponden a la existencia de naciones diferentes. Antes o después llegará el momento de reconocer la realidad.

Además, se incluye en el decreto el mantenimiento de la subida en las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector marisqueropesquero. El Real Decreto 28/2018 ha supuesto algunas mejoras, pero también un incremento en las cuotas que difícilmente puede ser asumido por las personas de un sector que se caracteriza por ingresos bajos e irregulares. Correspondía aquí actuar para una correcta tipificación de las condiciones específicas de un sector que tiene gran importancia en Galiza para adecuar las cotizaciones y mejorar las prestaciones.

Y, por último, en relación con la prórroga del salario mínimo, es lógica, aunque a nosotros nos parezca insuficiente la subida que hoy acaba de aprobar el Gobierno de 50 euros, y que nos deja aún muy lejos de ese horizonte del 60 % del salario medio.

El BNG no se va a conformar fácilmente con que los compromisos electorales queden siempre lejos de las políticas efectivas.

Obrigado.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.

La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.

Ministra, señorías, yo también voy a empezar diciendo que utilizar en términos legislativos los reales decretos-leyes para temas muy importantes no es lo mejor, pero partimos de una situación de bloqueo político que ya dura mucho tiempo y tenemos la convicción de que a partir de ahora para temas tan


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relevantes y tan importantes se abandonará la provisionalidad para ir a los debates de fondo que se apuntan en estos decretos, y que ya advierto que nosotros vamos a apoyar.

Lo primero que a nosotros nos viene a la cabeza, más que un viaje al pasado que se ha realizado por partes del PP y en parte también de VOX, es la oportunidad de futuro. Nos parecen importantes tanto las diferentes prórrogas que incluye el decreto como los coeficientes de actualización catastral, y lo vamos a apoyar, como he dicho, pero me parece que hay tres elementos clave que definen este debate. En primer lugar, desde Más País-Equo nos definimos por ver las reformas del impuesto de patrimonio hacia un verdadero impuesto de las grandes fortunas. Ese es un primer elemento. La representante de Ciudadanos que acaba de intervenir viene y nos cuenta, pero es que en comunidades como la de Madrid se dejan de ingresar exactamente mil millones al año que corresponden a las personas con mayor capacidad adquisitiva. Esa es la situación. Lo demás son, creo yo, historias.

El segundo elemento que nos parece fundamental es el impulso a los autónomos y un plan nacional de impulso al trabajo autónomo, y el último -permítame un segundo- es que nos parece bien una actualización del catastro, pero los municipios necesitan un sistema de financiación ordenado, que no lo tienen. Estamos bajo la ley Montoro, que arrebató de forma clara un principio de autonomía local que está también contenido en la Constitución. Así que para los constitucionalistas lo más importante no es hablar solo de la revisión del valor catastral, sino de la financiación local, que es un derecho claro y constitucional.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Señor presidente, señora ministra, señorías, vaya por delante que van a contar con nuestro voto favorable a este real decreto-ley. Por tanto, les hago las cuentas: tres a favor de tres. No voy a entrar en el detalle del contenido específico, que en condiciones normales se debatiría en el marco de la ley de presupuestos. Pero les voy a hacer una reflexión, señora ministra y señores de los dos grupos que ostentan el Gobierno. Señora ministra, ¿sabe cuántos reales decretos-leyes aprobaron en la anterior legislatura mientras ustedes ostentaron la Presidencia del Gobierno? Se lo recuerdo: treinta y cinco. Y mientras estuvieron en funciones fueron siete. Por tanto, suman cuarenta y dos. ¿Saben cuántos proyectos de ley presentados por su Gobierno se aprobaron en esta Cámara en la anterior legislatura? Se lo recuerdo: uno; cuarenta y dos a uno. Cuando el señor Sánchez subió a esta tribuna para presentar la moción de censura habló de diálogo, de mucho diálogo, de diálogo para solventar los conflictos que él denominaba territoriales, y habló de diálogo con los grupos. La realidad es que con nuestro grupo, de diálogo, cero. Fue una opción política. Cero, señora ministra. Y no le voy hablar de los presupuestos, le podría hablar de todos los demás reales decretos-leyes.

No quiero mirar al pasado, quiero mirar al futuro, pero teniendo en cuenta los antecedentes. Si ustedes en esta legislatura -no estoy hablando por estos tres, que de momento son tres a cero, cuarenta y dos a uno, porque puedo entender que en estos tres estaría justificada la urgencia; hablo por lo que tenga que venir- piensan legislar a golpe de real decreto-ley, eso tiene una lectura. Evidentemente, tienen la complicidad de todos aquellos grupos parlamentarios que les facilitaron a ustedes la investidura. Si la tienen, pueden pensar que tienen resuelta la legislatura y aquí los demás no vamos a decir nada, pero tendrán que dar explicaciones a los otros grupos parlamentarios que les van a permitir utilizar esta técnica. Si no tienen esa complicidad y su voluntad de diálogo -que reiteró otra vez el señor Sánchez en el debate de investidura hace un mes aproximadamente- es de verdad, no pretendan legislar a través de reales decretos-leyes, y no pretendan hacerlo sin la complicidad de los grupos parlamentarios. Al final ustedes dirán que los otros grupos son unos irresponsables. Pero no, nosotros de momento somos responsables: tres a cero; hemos votado tres a favor, sin ningún tipo de diálogo. Si ustedes quieren diálogo de verdad, tendrán que sentarse y tendrán que ofrecerlo, pero si pretenden seguir la técnica que utilizaron en la anterior legislatura, sabrán que contarán con la complicidad de los dos grupos parlamentarios que están en el Gobierno -alguno lo criticaba en la anterior legislatura y no creo que lo habiliten en esta legislatura-, y contarán con la complicidad de los que les permitieron la investidura, pero no nos van a encontrar a Junts per Catalunya. Si ustedes quieren diálogo y quieren acuerdo de verdad, van a contar con nuestro grupo; ahora, los acuerdos y los diálogos no son contratos de adhesión, ténganlo en cuenta, una reflexión en positivo al inicio de la legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente. Gracias, ministra. Buenas tardes a todos y a todas.

Hoy nos encontramos en el primer Pleno de una legislatura que tiene mucho que aportar a España y lo hacemos de la mejor forma posible: blindando decisiones de la mayoría progresista que acabó con la década perdida de la corrupción, de los recortes y de la judicialización de la política de los Gobiernos del Partido Popular. (Rumores.-Aplausos). Hoy, señores del Partido Popular, ustedes son historia, una pesadilla, diría yo, y el Gobierno de coalición tiene el reto de acabar con su herencia. Este decreto, entre otras cosas, nos permite subir las pensiones según el IPC, cumpliendo con uno de los principales compromisos que como Unidas Podemos-En Comú Podem y Galicia en Común contrajimos en la legislatura pasada: la lucha de las y los pensionistas. Las mareas pensionistas han sido un ejemplo de dignidad para este país, un soplo de aire fresco de una generación que luchó por recuperar la democracia contra un régimen ilegítimo e ilegal, y que ahora siguen sembrando futuro para dejarles a sus nietos unas pensiones dignas. Por tanto, es una victoria que no es nuestra, sino que es de los y las pensionistas que la conquistaron a pulso en las calles y a los que, a pesar de todas sus reticencias, hoy nadie se atreve a contradecir. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Bueno, nadie menos los señoritos de VOX, que cuando toda España estaba inundada por las mareas pensionistas, ellos proponían desmantelar el sistema público de pensiones porque, claro, a diferencia del resto de los españoles, los que están sentados en la bancada de la ultraderecha parece que sí se pueden permitir un plan de pensiones privado. Y es que a ustedes lo público les repele, hablan mucho de la unidad de España, pero muy poco de aquello que cohesiona a este país, que son los derechos y los servicios públicos. (Aplausos.-Rumores). El cinismo de esta ultraderecha no tiene límites: se oponen a subir el salario mínimo interprofesional y se oponen también al incremento de las pensiones. ¿En qué quedamos? Si su única propuesta para nuestro sistema de pensiones es la ley de la selva, al menos déjennos que cobremos algo con dignidad para poder ahorrar para el futuro. Sinceramente, no me sorprende porque cuando es el terrorismo iraní quien paga el sueldo, poco le puede importar a uno España. (Aplausos). Así que les recomiendo que dejen de hablar del pin y hablen un poco más del pan, que es lo que nos interesa a todos los españoles. (Aplausos). Esa es la forma de gobernar que tienen ustedes. (Rumores). Esta es la forma que tiene la ultraderecha de gobernar, porque su defensa de España (rumores) se demuestra hoy más fake que los proyectos de arquitectura de la señora Monasterio. La forma de gobernar de la derecha, de la ultraderecha y la de este Gobierno de coalición no aguantan comparaciones, por sectarismo ideológico o por mala fe. ¿Qué han hecho ustedes en Andalucía? Cambiar el logo de la junta o que los niños vayan a estudiar toros y caza en las escuelas. (Protestas).

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor MENA ARCA: ¿Qué han hecho ustedes en Murcia? Censura parental, para que luego digan que quien adoctrina es el modelo de escuela catalana. ¿Qué han hecho ustedes en Madrid, por ejemplo? Declarar una competición cutre entre comunidades autónomas mientras dirán que son otros los que rompen España y, además, eliminar Madrid Central para que luego tenga que venir Europa a tirarles de las orejas y hacerles rectificar. (Aplausos).

Mientras ustedes hacen eso, este Gobierno en menos de un mes ya ha declarado la emergencia climática, ha subido el salario mínimo hasta los 950 euros y ha actualizado las pensiones según el IPC. (Aplausos). Por lo tanto, hay dos maneras claras de entender España: la España de los derechos que propone este Gobierno y la España que debajo de una retórica patriótica vacía intenta imponer su sectarismo y también su doctrina.

Así que este decreto de medidas de carácter tributario, catastral y de Seguridad Social tiene efecto inmediato sobre la ciudadanía, especialmente sobre aquellos colectivos con los que la política tiene una deuda después de esta década perdida de recortes y austeridad: los pensionistas, los autónomos, los agricultores y los trabajadores en general. Y lo hacemos pese a la anomalía de seguir bajo la losa de los presupuestos de Montoro, una anomalía que debe ser corregida con reales decretos como este, pero que necesitará de un bloque progresista y plurinacional sólido para pasar página de la herencia del Partido Popular. Esa no es una herencia cualquiera, es la herencia de la corrupción (protestas) -hace pocos días conocíamos que Anticorrupción pedía ocho años de cárcel para Ignacio González-, o la herencia de


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las cloacas que el martes pasado volvían a señalar directamente a Mariano Rajoy como el principal responsable de fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos. Hemos conocido también -por si faltaba algo- que ustedes, los patriotas constitucionalistas, usaron 500 000 euros de fondos reservados para espiar a quienes les estaban espiando a ustedes. Dicen que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón, pero lo cierto es que a ustedes la ciudadanía no les va a perdonar todo el mal que han hecho a nuestro Estado del bienestar. Lo están demostrando ustedes estos días.

Acabo. En su partido -y se lo digo con total sinceridad- hay gente muy sensata y que ha gobernado -dejamos, por ejemplo, al margen a la señora Álvarez de Toledo, que suficientes líos tiene dentro del propio Partido Popular-, e incluso ustedes entienden que sin ese diálogo -diálogo territorial, pero también diálogo social con todos los actores implicados en el progreso social de nuestro país- no hay solución para este país, porque el diálogo no es solamente un deseo de los que siempre hemos estado al lado de las soluciones, el diálogo es la garantía de que haya progreso social y político en España, la garantía de que no tengamos que volver a aprobar reales decretos que den seguridad a los ciudadanos, porque ya tendremos unos presupuestos y unas leyes que lo hagan. Estoy convencido, y con esto acabo, presidenta, de que en esta legislatura que empieza todas las fuerzas que estamos del lado del progreso y de la plurinacionalidad lo haremos posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mena.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).

El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muy buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.

Antes de empezar a hablar de la cuestión que hoy nos trae aquí, quiero pedirle al señor portavoz de Podemos que, por favor, no vuelva a mentir en esta sala. Se lo pido de verdad, por favor, porque mientras que las cuentas de VOX son públicas, están auditadas y estamos abiertos a comentar sobre ellas, y así lo hemos hecho en innumerables ocasiones, las suyas sin embargo son absolutamente opacas. Y sobre esto le voy a preguntar directamente: ¿qué sucede con la financiación de Bolivia, de Venezuela, incluso de Irán? (Aplausos). Le recuerdo que en Irán sus amigos del régimen dictatorial iraní ahorcan a los homosexuales por el mero hecho de serlo. Den ustedes explicaciones de eso; hablen de viva voz, como lo hacemos nosotros de nuestras cuentas. Esto, por un lado. (Aplausos).

Por otro lado, tratemos la cuestión que nos trae hoy aquí. Hoy venimos a hablar del Real Decreto-ley 18/2019, un real decreto-ley aparentemente inocuo, muy técnico, pero que lo que esconde detrás es que es básicamente uno de los engranajes que acompañan a toda la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo este real decreto-ley trae consigo o demuestra la forma de actuar de este Gobierno y, por cierto, también de todos los anteriores: esa forma de ir dando una patada hacia adelante constante, de ir posponiendo el momento de enfrentar la realidad. Y para muestra un botón. Si leemos este Real Decreto-ley 18/2019 veremos que prorroga en diez años más la fecha para devolver un préstamo concedido a la Seguridad Social, que tenía que haberse devuelto originariamente en 2010, es decir, en el mejor de los casos este préstamo se devolvería veinte años después de la fecha original.

Señora ministra, dice usted que este real decreto-ley demuestra la sensibilidad que tiene el Gobierno para con los trabajadores de España. La realidad es que este real decreto-ley demuestra la improvisación con la que se dirige este Gobierno. Si ustedes hubieran sido efectivamente sensibles con las necesidades de los españoles, habrían traído para debatir en esta Cámara las normas que ahora están prorrogando con los ojos cerrados. Y esto que voy a decir ahora es relevante. Ustedes se dedican a convencer a sus compañeros de Gobierno: comunistas, separatistas y filoterroristas. Por cierto hablan ustedes de los nietos y de los derechos, y precisamente estos comunistas solo hablan de gasto y de gasto. Pues bien, si ustedes continúan por la senda que pretenden, sus nietos no tendrán más que cenizas, no tendrán pensión ni digna ni no digna, porque el sistema no se va a sostener como continúen con las medidas que ustedes quieren implementar.

Continuamos. Señora ministra, su Gobierno y todos los anteriores de España -y parece que los sucesivos también- han incrementado el gasto público, que es la base de los Presupuestos Generales del Estado. Lo han incrementado desde unos 30 000 millones de euros -la cifra se dice pronto- en 1980, que traídos a tiempos actuales, con la inflación, serían unos 150 000 millones de euros. Pues bien en el año 2019 el gasto público ha ascendido a 500 000 millones de euros. De los 150 000 que corresponderían han pasado a 500 000. El gasto está disparado y junto a esto el déficit, un déficit


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público que hace que el sistema económico y la Hacienda española sean totalmente insostenibles. ¿Cómo continúan por esta senda?

Ahora bien, estos presupuestos tan sumamente abultados no son tan negativos o al menos no son negativos para todo el mundo. En ellos se pueden distraer fácilmente unos cientos de millones de euros. Por ejemplo, esos casi 700 millones de euros de los ERE de Andalucía, del Partido Socialista, por cierto, que según la prensa se gastaron en prostitución y en cocaína. (Aplausos). Me hace gracia que el señor de Podemos tenga capacidad para ver una corrupción, pero no la otra. ¿Qué sucede con esos 700 millones de euros? ¿No pregunta usted por ellos? ¿O por esos 30 millones de euros de UGT y de Comisiones Obreras en Extremadura? ¿O por ese paupérrimo millón y pico de UGT en Asturias? ¿O por Fernández Villa, que tenía 1 400 000 euros en efectivo guardados en su casa, ese ínclito sindicalista y socialista asturiano? ¿No preguntan ustedes por ellos, señores de Podemos? Vemos que estos presupuestos y este gasto tan abultado es una caja mágica y socialista para diluir, disolver y hacer desaparecer el dinero del contribuyente.

Señores, dejen ustedes de poner palos en la rueda al trabajador, al empresario y al emprendedor español. No les pongan palos en la rueda porque esos palos que ponen no son solo económicos, sino también burocráticos e impiden a todos los trabajadores de España desenvolverse eficientemente en el mercado. Y si no ruego a quienes nos escuchen desde sus casas que lean siquiera en diagonal este Real Decreto 18/2019 para ver la complejidad a la que están sometidos los trabajadores del campo españoles, los autónomos, etcétera. (Aplausos). Y aquí hago una observación más. Señor de Podemos, no le veo preguntar por ese 21 % con el que se grava la energía en España. Ese 21 % es una respuesta natural a la voracidad del Estado, a la necesidad recaudatoria que tienen, y por eso no lo bajan. La emergencia energética se podría paliar sencillamente con una modificación de este tipo impositivo.

En definitiva una solución bastante sencilla -VOX es de los pocos grupos que la trae, por no decir el único- sería elaborar los presupuestos con base cero, empezar desde cero, cuenta a cuenta, analizando cuáles son las necesidades de los españoles. Esto supondría muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, y para algunos disputados sería algo novedoso, desde luego. (Aplausos). Así podríamos plantearnos si, por ejemplo, esos casi 9 millones de euros que se dan a los sindicatos son necesarios, sindicatos que, por cierto, se dedican a robar y a insultar, entre otros, a los agricultores españoles que se manifiestan frente al Ministerio de Agricultura. (Aplausos). La cuestión es que el único partido que propone medidas de sentido común es VOX, porque no es de sentido común que quien despilfarra el dinero de todos los españoles no responda por ello, y tampoco lo es que cuando el Estado español adeuda ya más del cien por cien o en torno al cien por cien del PIB de un año se siga metido en esa rueda de gasto y de déficit. Señores, salgan de su burbuja y vean cuáles son las necesidades reales de los españoles, porque la política no debe ser una mera pasarela para llegar hasta el Falcon o para pasar del 15-M a pisar la mullida moqueta del Congreso. (Aplausos). Señores, la labor política debe facilitar la vida a los españoles, a todos los españoles, y eso se consigue estorbándoles lo menos posible. Por eso el Grupo Parlamentario VOX no puede ni muchísimo menos aprobar la convalidación de este real decreto-ley y por eso nos abstendremos.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Garcés Sanagustín.

El señor GARCÉS SANAGUSTÍN: Buenas tardes, señora presidenta.

Señores diputados, señora ministra, no nos veíamos desde hace dos meses. Lo primero que tengo que decirle es enhorabuena por haber repetido en este Gobierno en el que vemos caras nuevas. Enhorabuena a todos los ministros. Enhorabuena por ser portavoz. El señor Sicilia me ha aventado la memoria, porque la verdad es que el Partido Socialista tiene un sistema de recompensas muy complicado y muy difícil de entender. Han sido sus dos meses horribilis más característicos, porque es verdad que durante estos meses no ha habido fondos buitre, lo que ha habido han sido buitres en fondos públicos y precisamente en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que ha pasado y la intervención de la Junta de Andalucía, donde ha sido necesario hacer un plan de ajuste derivado del ajuste que ha hecho la Intervención General -que depende de usted, señora ministra-, no deja de ser sorprendente que usted este aquí ahora mismo como portavoz de este Gobierno. (Aplausos). En cualquier caso, señora Montero, yo le tengo aprecio a pesar de lo que le he dicho. Le tengo aprecio y me gusta que sea portavoz


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de este Gobierno; de verdad que me gusta. Vamos a vivir momentos extraordinarios y espero compartirlos con usted en sentido puro, en sentido de la dialéctica política.

Ya le adelanto que vamos a votar en contra de este decretoley y le voy a decir por qué. En primer lugar, consideramos que este decretoley, como todo decretoley, debería obedecer a una razón de extraordinaria y urgente necesidad. Lamentablemente aquí no hay una razón de extraordinaria y urgente necesidad, lo que hay es una razón de extraordinaria y urgente incapacidad; incapacidad para haber aprobado una ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Sabe, señora ministra, que esta semana se cumplen treinta meses desde que el último Consejo de Ministros aprobó unos objetivos de estabilidad presupuestaria, que fueron refrendados por el Congreso y por el Senado? ¿Saben que han sido incapaces de hacerlo ustedes? Es verdad que ha habido momentos que no son imputables directamente a su gestión pública. Es verdad que ha habido momentos de inacción pública y de parálisis no imputables a ustedes directamente, pero ya va siendo hora de que rompamos esta especie de ensalmo y podamos avanzar, que es lo importante.

Vamos a votar que no porque dentro del texto figura la consolidación -un año más- del impuesto sobre el patrimonio. Usted sabe, ministra, que dentro del programa electoral del Partido Popular estaba la supresión del impuesto sobre el patrimonio, un impuesto que consideramos anacrónico. El Instituto de Estudios Fiscales, que depende de usted, tiene estudios recientes que dicen que es un impuesto extraordinariamente injusto desde el punto de vista de la inequidad vertical y horizontal, que desde luego no cumple la función censal que se había dicho que cumplía, y que evidentemente tiene además una escasa capacidad recaudatoria. Si no cumple ninguna de las funciones primigenias para las cuales se creó este impuesto, de suyo es que se extinga. Pero lo vamos a hacer de una manera inteligente. No lo vamos a extinguir a través de la derogación total del impuesto, sino que lo que queremos hacer es bonificar al cien por cien la cuota del impuesto -lo llevo registrado en una PL, que evidentemente no nos van a apoyar, pero tengo que exponerla-. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera el hecho imponible está gravado y así las comunidades autónomas que quieran tener la tentación de aplicar el impuesto no van a poder hacerlo en el ámbito de su territorio. Usted que habla tanto de dumping fiscal deje que las comunidades autónomas puedan trabajar libremente.

Ahora bien, hablando de comunidades autónomas, le diré una cosa. Enhorabuena por haber convocado hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se lo agradezco, pero le pediría una cosa en nombre de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular: amplíe el orden del día e incluya el tema del IVA. No están incluidos los 2500 millones de euros que se adeudan a todas las comunidades autónomas. (La señora ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: Montoro). A propósito, la ha demandado el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha porque no se han transferido esos fondos. (Aplausos).

Respecto al texto me gustaría que me despejara alguna duda, precisamente porque aquí están sus socios también. ¿Para cuándo el impuesto sobre grandes fortunas? ¿Es un impuesto que va a tener raíz estatal? ¿Es un impuesto de establecimiento estatal que va a ser transferido a las comunidades autónomas? ¿Es un impuesto que va a nutrir los recursos públicos de la Hacienda pública estatal? ¿Me puede explicar para cuándo ese impuesto sobre grandes fortunas? ¿Cómo va a convivir con un impuesto como el impuesto sobre el patrimonio, que tiene el mismo objeto imponible? ¿Cómo va a cumplir su promesa con sus socios a sabiendas de que no se puede tributar dos veces por un mismo objeto imponible? ¿Cómo lo va a hacer? Me dirá que a lo mejor no puede despejar hoy por hoy la incógnita, pero nos gustaría saberlo. El impuesto sobre el patrimonio prácticamente no existe en ningún país de Europa. Solo en Francia -escasamente, porque ahora mismo solo tributan a través de patrimonio los bienes raíces-, en Liechtenstein, en Suiza y en Noruega. En el resto de países no existe, hasta en Alemania se declaró inconstitucional. Pues mire usted un impuesto a grandes fortunas, analice el escenario europeo y mire a ver dónde puede usted encontrar un impuesto de esas características.

Pero voy a seguir, porque este es un real decreto-ley que nos enfrenta a las contradicciones de su Gobierno, de su Gobierno de coalición, de los programas que se combinan y de las ideas, porque es verdad que se hace un pacto de coalición pero al final afloran todas las contradicciones. La primera de ellas: ustedes prorrogan el régimen de módulos para que no haya estimación directa. ¿Dónde ha quedado la promesa de Unidas Podemos de que tiene que desaparecer el régimen de módulos para que pase todo el mundo a estimación directa? ¿Dónde ha quedado esa fórmula? ¿Lo van a discutir ustedes en sus asambleas? ¿Ahora que ya se gobierna da igual que haya estimación objetiva? ¿O era todo una estimación subjetiva convertida en estimación objetiva, como la estimación subjetiva que había del patrimonio público


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en la Junta de Andalucía? ¿En eso hemos quedado? ¿Nos hemos transformado ya? El otro día vimos aquí a republicanos conversos aplaudiendo; ahora nos encontramos ya que se ha producido la conversión igualmente en el sistema fiscal. Es lo que tiene tocar moqueta, que al final uno se convierte en liberal rápidamente, pero bueno, estas son cosas que ocurren. (Aplausos).

Pero hay más, también se prorroga algo que ya estaba en la Ley de Presupuestos del año 2016, aprobada por el ministro Montoro. Esto, de verdad, ministra, de Montoro a Montero y de Montero a Montoro, porque vamos constantemente yendo de uno a otro. Esto es como la oca, lo que no sabemos es en qué pista nos estamos moviendo. También se prorroga el régimen simplificado y el régimen especial de agricultores, ganadores y de la pesca. Está muy bien. ¿Pero sabe lo que se prorroga también, señora ministra? El régimen de mecenazgo. Hoy he escuchado otra vez la expresión señorito, señor vicepresidente, la expresión señorito. ¿Usted se acuerda de que lo dijo en televisión? Amancio Ortega es un señorito que hace donaciones. Hoy van a aprobar un artículo que incluye medidas de beneficios fiscales a los donantes, por ejemplo, en materias vinculadas a actividades neurodegenerativas. Se han convertido al liberalismo también. Es que no solamente Amancio Ortega va a poder dar dinero, sino que ustedes les van a pagar dinero, les van a dar beneficios fiscales por esas aportaciones. ¿En qué hemos quedado entonces, ya no son señoritos? Hemos dejado a Gramsci por Gracita Morales (aplausos), eso es lo que ha pasado; realmente Gramsci ya no existe, era una lectura de segundo nivel, porque al fin y al cabo en las universidades no se explicaba eso, señor Iglesias, se explicaba a Gracita Morales, que es el nivel al que se ha podido llegar.

Y acabo. Evidentemente, como he dicho, votaremos que no. Votaremos que no y ya digo que hoy hemos presentado y hemos registrado una proposición de ley por la cual se suprime el impuesto sobre el patrimonio. Queremos un sistema fiscal moderno, equitativo, justo, que no penalice el mérito. No sigan estigmatizando el mérito, la capacidad, el esfuerzo y el sacrificio. Derrumban sociedades modernas quienes critican por un principio absolutamente antiliberal. Pero sí que aspiro a una cosa, y se lo digo clarísimamente: creo francamente que además de la conversión que vimos el otro día a través del automatismo manual de dar aplausos a su majestad el rey, vamos a ver otro tipo de conversión, que es la conversión fiscal. Gracias, bienvenidos al liberalismo.

Muchísimas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bien!).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Garcés.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.

El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes a todos y a todas. También es mi primera intervención en este Pleno del Congreso de los Diputados, y para mí es un orgullo defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista.

Hoy traemos el último de los tres decretos, un decreto muy técnico con medidas fiscales, tributarias y catastrales que muy bien ha explicado la ministra de Hacienda ante sus señorías. Antes de ahondar en algunas de las consideraciones que también ha hecho la ministra, me gustaría contestar a algunas reflexiones que hemos tenido que escuchar en esta Cámara, especialmente de los grupos de la derecha que están aquí representados. Señores de Ciudadanos, no sé qué entienden ustedes por algo excepcional, pero si que tengamos un Gobierno en funciones no es algo excepcional, no sé cómo van a explicarnos la actual situación. Por cierto, algo que ustedes, con su bloqueo permanente, se empeñaron en que este país no tuviera un Gobierno, y los ciudadanos se lo devolvieron en las urnas dejándoles hoy en la irrelevancia política, señores de Ciudadanos. (Aplausos). También por cierto si les preocupaba tanto el sistema de módulos, no sé por qué no lo incluyeron en el pacto presupuestario que alcanzaron con el Partido Popular para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018. (Aplausos).

Y, señores de VOX, que ustedes vengan hoy a esta Cámara a hablar de la financiación de los partidos políticos, cuando hemos sabido que sus dirigentes políticos y sus campañas electorales fueron financiadas por el exilio iraní, es cuando menos delirante, señores de VOX. (Aplausos).

Y, señores del Partido Popular, que ustedes hoy hablen aquí de Andalucía, cuando fueron el primer y único Gobierno de la democracia censurado por esta Cámara por la financiación ilegal de su partido, también es sonrojante, y mucho más haciéndolo al día siguiente de conocer que usaron fondos reservados para espiar a Bárcenas, señores del Partido Popular. (Aplausos.-Rumores). Más, mucho más, señores del Partido Popular. Y también llegan ustedes al punto de enmendarse a sí mismos para exigir hoy al Gobierno de la nación que pague esa mensualidad del IVA, cuando fueron ustedes, el Gobierno de Mariano Rajoy, quienes no pagaron a las comunidades autónomas y


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quienes, además, aprobaron una normativa para que no se pudiera hacer. (Aplausos.-Rumores). Desde luego, señores del Partido Popular...

Ahora me voy a detener muy brevemente en lo importante, que son esas medidas que ha aprobado por decreto el Gobierno de España para beneficiar a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras, a mucha gente que necesita de la política con ese decreto urgente. Es un decreto que ha tomado medidas necesarias, como bien explicaba la ministra, para ayudar a sectores que precisan de nuestra ayuda, como los agricultores, los ganaderos o la pesca, con esas medidas especiales del IVA. Es un decreto también que si no se hubiera aplicado hoy todos esos sectores se tendrían que someter a mayores cargas impositivas. Es un decreto, señores de esta Cámara, que entre otras medidas tiene la actualización de los valores catastrales para que pudieran entrar en vigor antes del inicio del devengo de IBI, y la gente que viene de la política municipal sabe especialmente hoy lo que representa el principal impuesto para los ayuntamientos de este país. Es un decreto que también contempla así el mantenimiento temporal del impuesto sobre el patrimonio, que ha venido prorrogándose desde el año 2011, una medida de importante trascendencia económica para las comunidades autónomas, y que tiene para este año una recaudación prevista en torno a 1200 millones de euros. Y les pregunto a los grupos políticos que hoy se van a abstener o incluso van a votar en contra: ¿qué les van a decir ustedes a las comunidades autónomas cuando no puedan financiar la educación pública, la sanidad pública, la dependencia o las políticas que desarrollan con ese dinero, señorías? (Aplausos).

Una medida en un día como hoy también especialmente importante de este decreto es la relativa a la congelación de las pensiones, tal y como habían sido actualizadas en 2019, hasta la revalorización por un nuevo decreto del Gobierno de España ya con todas sus funciones, con un doble objetivo, señorías: dar seguridad a los pensionistas y no generar confusión, primero con esa revalorización que ustedes pretendían del 0,25 y, después, con otra revalorización cuando ya tuviéramos el Gobierno hasta alcanzar el 0,9. Un compromiso -sí, sé que no les gusta- del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar dignidad a más de once millones de españoles, que son a los que beneficia esta medida. Es una medida de justicia para acabar con la dictadura de la actualización de las pensiones del 0,25. ¿Y qué tuvimos que escuchar esos días, señorías? Tuvimos que escuchar a un partido político que había condenado a los pensionistas de este país durante siete años a la dictadura del 0,25, que iban a recurrirlo al Tribunal Constitucional -¿se acuerdan?-, y solo lo hacían porque un Gobierno en funciones, de forma responsable, señorías (rumores) -no se pongan nerviosos-, aplazaba la subida de las pensiones para, después,... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor CASARES HONTAÑÓN: ... como hemos visto en esta Cámara, actualizarlas conforme al IPC. Así que gracias al Consejo de Ministras y Ministras. (Risas). ¿Qué era mejor, señorías...?

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El señor CASARES HONTAÑÓN: ¿Qué era mejor, señorías, suspender la aplicación de la subida mínima del 0,25 establecida por el Gobierno de Rajoy o esperar a la revalorización del 0,9 % para evitar duplicar costes y procedimientos? Esa es la realidad por mucho que ustedes traten de interpretarla y de manipularla.

Por último, señorías, este decreto refleja también la congelación del salario mínimo hasta esperar, como hemos visto esta mañana en el Consejo de Ministros, a la actualización del salario mínimo con una subida del 5,5 % que se suma a la mayor subida que ha tenido la historia de la democracia española con ese 22 %, que también fue un logro de este Gobierno, de un gobierno progresista. (Aplausos).

Termino, señorías, apelando a la responsabilidad del conjunto de los 350 diputados y diputadas de esta Cámara para convalidar este real decreto-ley, una medida de justicia que, sin lugar a dudas, va a beneficiar a la clase trabajadora de este país, a los que cobran rentas bajas, a las mujeres, a los jóvenes, a los autónomos, a los ganaderos, a los agricultores y a los pescadores. Así que, por favor, háganselo ver, tomen un poquito de responsabilidad, solo un poco, y voten a favor, no por el Gobierno, sino por miles y miles de españoles que necesitan de la política.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Casares.


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TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1. (Número de expediente 410/000004).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a examinar el último punto del orden del día relativo a la tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso, por la que se modifica el artículo 46.1. Les recuerdo que, de conformidad con la disposición final segunda del Reglamento, su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara.

A dicha proposición de reforma se ha presentado una enmienda. Para la defensa de dicha enmienda, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señora presidente.

Señorías, en primer lugar, quería dar la bienvenida a todos los diputados que se han incorporado en esta XIV Legislatura a la Cámara, y especialmente a todos aquellos cuyas ideas no compartimos, pero que vengan decididos a hacer prevalecer el orden constitucional y la soberanía de la nación.

De la misma manera, y como nos encontramos en el primer Pleno desde la apertura oficial de la legislatura, quiero desear al nuevo Gobierno mucha suerte, sinceramente. Es un deseo, no un pronóstico (risas), pero se lo deseo de todo corazón. Y digo que el pronóstico no es el mismo porque lo veo difícil. Si lo que hemos escuchado esta tarde aquí, de los representantes del Partido Socialista y de Podemos, es significativo de las políticas y las ideas que van a prevalecer en esta Legislatura no le arriendo las ganancias.

Señor Casares, del PSOE, que se entera usted por el periódico de cosas muy singulares y con mucho retraso; esas viejas y falsas noticias sobre la financiación de este partido, de VOX, han aparecido en 2015, en 2016, en 2017, en 2018 y en 2019; pero se da la circunstancia de que VOX es un partido que audita sus cuentas con un auditor independiente externo en 2015, en 2016, en 2017, en 2018 y en 2019, y lo haremos también en 2020. Un auditor externo independiente es un concepto que ustedes no manejan mucho. (Risas). No han conocido auditores, no conocen a casi nadie externo, y desde luego no han conocido en su vida a nadie independiente, pero yo les invito a que algún día conozcan a uno. (Aplausos). Yo conozco a varios; he sido auditor externo independiente y sé cómo funciona.

Señor Mena, usted arranca la legislatura con noticias falsas. Habla usted de que los demás no lo hagan y usted arranca con noticias falsas. Mire, en relación con la señora Monasterio, le puedo decir, simplemente para que usted se haga una idea, que en toda su carrera de arquitectura entera las asignaturas de proyectos las ha sacado con sobresaliente y matrícula de honor. (Varios señores diputados: ¡Oh!). Es, sin ningún lugar a dudas, una de los mejores arquitectos de su generación. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Espinosa de los Monteros, le tengo que pedir, por favor, que nos ciñamos al tema que nos ocupa, que es la defensa de la enmienda referida a la modificación del Reglamento. (Protestas).

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Nos ceñimos, señora presidente, pero no sin antes desear feliz cumpleaños a Rocío Monasterio, que hoy precisamente los cumple. (Risas.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben).

Como decía, no es un pronóstico que a este Gobierno le vaya a ir muy bien no solo por lo que hemos oído en esta Cámara, sino porque además con el disparatado número de carteras ministeriales con el que ustedes arrancan las cosas no van a empezar bien. No cabe duda de que lo lógico es adaptar el número de comisiones, o mejor dicho adaptar el Reglamento sobre la base de los ministerios que el Gobierno ha creado para así poder controlar la acción del Ejecutivo, que es, como ustedes saben -aunque algunos lo olvidan-, una de las principales funciones del Poder Legislativo. Pero, señorías, lo lógico también es que el Gobierno configure sus carteras ministeriales de acuerdo con las necesidades de los españoles y no con las necesidades del propio Gobierno -en este caso, socialcomunista-, que, por cierto, no es el Gobierno que eligieron los españoles, puesto que el presidente renegó en campaña tanto de Podemos como de los separatistas que hoy le apoyan.

Pero, en fin, el número de ministerios es disparatado. Su gasto derivado responde única y exclusivamente al interés de una persona, el señor Pedro Sánchez, y al de su partido, el PSOE. En definitiva, todo se resume en el único patriotismo que ustedes sienten, el amor a su líder, quien de por sí


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nunca ha tenido problemas de autoestima precisamente. (Risas). Por eso, no tardaron ustedes, señores del PSOE y de Podemos, ni cuarenta y ocho horas en alcanzar un acuerdo de Gobierno. Después de haber pedido tantos votos a más formaciones quisieron tapar su fracaso, el problema es que lo han hecho a costa del bolsillo de los españoles, que son quienes pagan todos sus ministerios. -Por cierto, menos mal que caben, porque si hubiera uno más yo creo que no cabrían en este hemiciclo-. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del antiguo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hoy dividido en dos, uno de Ciencia e Innovación y otro de Universidades, donde por cierto tenemos a un profesor de prestigio que predica las mentiras del separatismo y afirma literalmente: Las aspiraciones nacionales de Cataluña fueron duramente reprimidas en 1640, 1714, 1934 y 1939. Este es hoy nuestro ministro.

Nuestro grupo no puede evitar que ustedes se repartan 22 carteras ministeriales -muchas de ellas innecesarias y obviamente redundantes-, y del mismo modo, ustedes tampoco pueden justificarlo sin apelar a su propio ego, pero sí podemos tratar de evitar a través de esta enmienda que hemos presentado que al menos los españoles no tengan que sufragar 21 comisiones permanentes legislativas, o lo que es lo mismo, 21 comisiones con sus 21 presidentes, sus 21 vicepresidentes primeros, sus 21 vicepresidentes segundos, sus 21 secretarios primeros y sus 21 secretarios segundos. Pero como además ustedes pretenden crear otras 17 subcomisiones o portavocías dentro de ellas, tendremos 21 más 17, es decir, 38 portavoces y 38 portavoces adjuntos por cada grupo parlamentario. Por ejemplo, dentro de la Comisión de Medio Ambiente, hoy pomposamente llamada de Transición Ecológica y Reto Demográfico, han quedado 4 subcomisiones o portavocías: Medio Ambiente, Cambio Climático, Energía y Reto Demográfico, con 4 portavoces y con 4 portavoces adjuntos, por 10 grupos, hasta 80 portavoces de medio ambiente podría haber. Eso sí que es dejar huella de carbono, señores socialistas y señores podemitas. (Aplausos). Como se entere Greta se lo van a afear. ¡Cómo se atreven! (Risas).

Yo sé por qué se atreven. Se atreven a este sinsentido de estructura elefantiásica, porque si cogemos esos 38 portavoces y 38 portavoces adjuntos nos dan 76 diputados colocados con sus complementos por las comisiones permanentes legislativas. -Quédense con el número, 76-. Pero si a eso le sumamos las aproximadamente 22 comisiones que faltan por crearse y que vendrán pronto -entre las permanentes no legislativas, las mixtas con el Senado, las de exteriores-, 22, con sus 22 portavoces y sus 22 portavoces adjuntos, nos da 44 cargos más, 44. ¿Se acuerdan de los 76? Pues 76 más 44 nos da 120, 120 cargos con sus complementos para cualquier partido. (Aplausos). ¿Y cuántos diputados tiene el PSOE? (La señora Esteban Calonje: 120). Correcto. (Aplausos.-Protestas). Y esa es la única explicación de esta hiperinflación de tantos cargos con remuneración complementaria que quieren ustedes aprobar en esta Cámara. Uno por cada diputado del PSOE: 120. (Aplausos). O sea que ya sabemos por qué el PSOE ha liderado esta iniciativa, y lo que esperamos es que los demás grupos, por sentido común, acepten nuestra enmienda para reducir, aunque sea modestamente, este número que, por supuesto, corre a cargo de todos los españoles. Si no lo hicieran sería sintomático de que algunos quizá quisieran también cohesionar sus partidos a cargo del erario público.

Fíjense, en las legislaturas pasadas -que hemos tomado como referencia- los diputados y sus grupos hacían el mismo trabajo pero con menos comisiones: 13 comisiones con Felipe González, en el año 1993; 14 con Aznar, en ambas legislaturas; 16 y 19 con Zapatero -ya llegaba la inflación-; 17 y 19 con Rajoy, y ahora 21 con Pedro Sánchez. Si pudieran decir que España no ha parado de crecer en estos años y que ha tenido un crecimiento de población o un crecimiento económico sostenido, todavía sería justificable, pero es que además resulta que cuantas más comisiones se crean en esta casa peor control se ejerce, menos se crece y menos crece la población española. ¿Y cómo explican ustedes este despilfarro a un español de a pie? Pregúntenles a los españoles si, cuando en su casa entra menos dinero, gastan más o gastan menos. Lo peor es que ustedes ya saben la respuesta, porque estoy seguro de que ustedes en su economía familiar son mucho más austeros. Ese es el problema, que no levantaremos cabeza como nación hasta que los representantes públicos no tengan el mismo respeto y cuidado por el erario que el que tienen por el Estado y sus propias cuentas. (Aplausos).

Por último, señorías, y como bien es sabido, la creación de más comisiones no hace sino dificultar la labor de control del Gobierno, es decir, estaríamos poniendo trabas como Poder Legislativo a nuestra propia función si disparáramos el número de comisiones. De esta manera se consigue disipar la atención de la oposición y se multiplican los esfuerzos de manera estéril porque se imposibilita la buena labor de control a los grupos más pequeños, que obviamente no tienen suficientes diputados para cubrir cada miniárea que ustedes van creando.


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En fin, señorías de todos los grupos parlamentarios, tienen ustedes la oportunidad de demostrar que en VOX nos equivocamos, tienen ustedes la oportunidad de demostrar que no es cierto lo que estamos diciendo en este momento, pero nada nos gustaría más. La enmienda que les proponemos reduce las comisiones de 21 a 17, solo cuatro menos. Como pueden ver, no estamos siendo maximalistas aunque, si por nosotros fuera, desde luego las reduciríamos más, porque además confiamos en la capacidad de trabajo de los diputados. Es perfectamente posible controlar este Gobierno con 17 comisiones y reducir de 37 a 30 las portavocías o subcomisiones. No es un gran esfuerzo, pero es un paso en la dirección correcta y además supondría un ahorro de más de 2 millones de euros al erario. Concluyo con las declaraciones de la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Gijón, al devolver el 86,9 % de la subvención municipal recibida en 2019. Dijo: La política económica de este grupo es muy clara, el dinero público es sagrado; sale del bolsillo de los contribuyentes y debe tratarse de una forma exquisita y con total transparencia.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Buenas noches. Enhorabuena, en primer lugar, a todos los numerosos ministros nuevos que hoy nos encontramos en el hemiciclo.

Del discurso que acabamos de escuchar, de la enmienda que nos plantea VOX, coincidimos en el argumento de que esa estructura ministerial es absolutamente arbitraria, totalmente antieconómica, que supone un incremento grande del gasto público y que tiene como único objeto meter en el Gobierno a aquellas personas que iban a votar a favor de la investidura del candidato a presidente del Gobierno. La única razón de que este Gobierno sea el que más ministerios tiene en la historia de la democracia es dar cabida a personas que, como anteriormente hemos oído en alguna intervención brillante, han decidido convertirse en casta, lo cual, por otra parte, parece algo bueno; incluso hemos escuchado que ustedes van a girar hacia el liberalismo fiscal mediante la aprobación de ese real decreto-ley que se nos ha presentado sobre medidas tributarias.

Por otra parte, señores de VOX, lo que sucede es que las comisiones tienen que funcionar para controlar al Gobierno, y en la distribución que nos plantean sucede que hay algunas en las que tendríamos que llamar prácticamente a tres ministros, con vicepresidentes, y sospechamos que se trataría de una forma de funcionamiento de las comisiones que las haría francamente inoperativas. Tienen razón, por lo tanto, en cuanto al razonamiento: se trata de un incremento absolutamente fuera de lugar y totalmente artificioso del gasto público como consecuencia de esta estructura tan artificial que tiene este Gobierno, pero tenemos que pensar en que las comisiones sean operativas.

Quiero decir, además, que en esta materia de comisiones el Grupo Parlamentario Socialista ni siquiera nos ha llamado. No hemos participado en la distribución de Comisiones. No ha habido ni la más mínima cortesía parlamentaria con el Grupo Ciudadanos y, en definitiva, por eso mantendremos nuestro voto en la abstención.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes. Gracias, presidenta.

Quería estrenarme en la tribuna en esta legislatura incluyendo dos comentarios a propósito del tema que nos trae hoy a colación. El primero tiene que ver con la propia enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX. No he terminado de entender a qué viene. Después de la explicación del señor Espinosa de los Monteros, creo que aún tengo más dudas. En primer lugar, me ha parecido escuchar una tesis de las llamadas conspiranoicas, donde 120 equivale a no sé qué número cabalístico (risas); por cierto, en el ajo estaría el mismísimo Partido Popular. Señores del PSOE, no sé cómo lo han hecho pero han logrado ustedes la conspiración perfecta: juntar ahí incluso al Partido Popular.

Luego dice el señor Espinosa de los Monteros que hacen una propuesta no de máximos, incluso creo haberle escuchado moderada, una palabra no muy frecuente en su vocabulario. No termino de entenderlo. ¿Por qué quitar entonces unos pocos, señor Espinosa de los Monteros? Si ustedes tienen una propuesta


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más ambiciosa, preséntenla, y así sabremos todos qué grado de ambición tienen ustedes a la hora de recortar supuestos gastos superfluos. Pero sí querría decir que el trabajo parlamentario es una cosa muy sacrificada, ustedes ya se habrán dado cuenta; exige sobre todo esfuerzo y planificación; entonces solo me queda decirles que se apliquen, que estén a la altura de las personas que los han votado.

En segundo lugar, querría aprovechar también esta oportunidad para congratularme por el hecho de que lleguemos a una votación en este Pleno y las derechas no voten unidas. Es más, la ultraderecha ha marcado hoy un camino y por primera vez en el tiempo las otras dos derechas han decidido no seguirlo. Yo creo que esto es algo que merece ser celebrado. Felicidades, por tanto, a esas dos derechas, a Ciudadanos y al Partido Popular, porque parece ser que han decidido entrar en el juego y no se han echado a la montaña; lo cual, si les digo la verdad, seguramente sea más duro para el propio Gobierno, que va tener que lidiar en ese caso seguramente con una oposición más fina, más sutil, más eficaz, pero desde luego seguro que redundará en beneficio del propio sistema parlamentario español, con lo cual me alegro de que las derechas quieran jugar al juego parlamentario y hayan decidido, por tanto, apoyar esta propuesta que hemos presentado conjuntamente el Partido Popular, el Partido Socialista y nosotras. Por tanto, qué más puedo decir. ¡Viva el parlamentarismo!

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guijarro.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, es costumbre parlamentaria al inicio de cada legislatura modificar el Reglamento de esta Cámara para adaptar la organización de las comisiones a la estructura orgánica del nuevo Gobierno. No se trata, por tanto, de una medida excepcional ni tampoco de una iniciativa con especial trasfondo político, ni desde luego de ningún aval al nuevo Gobierno ni a su estructura. Se trata, señorías, de que esta Cámara pueda cumplir en plenitud con sus funciones constitucionales, que pueda cumplir su función legislativa, y que podamos al fin cumplir también con la labor de control al Gobierno. Se trata de acabar con esa anómala y pertinaz resistencia que ha tenido este Gobierno en el último año para someterse al control parlamentario de esta Cámara. (Aplausos). Para ello, nada mejor que despertar a este Gobierno de su indolencia y obligar al señor Sánchez, y a su casi interminable lista de ministros, a que vengan a rendir cuentas ante los legítimos representantes de los ciudadanos, y además que esa rendición de cuentas se inicie lo antes posible, para lo cual es imprescindible que se aprueben las comisiones y que se constituyan las mismas.

Con esa iniciativa evitamos que esa estructura desmedida del Gobierno, que esa inflación de ministerios, algunos sin apenas competencias, se traslade a los órganos de esta Cámara. Por ello, hemos propuesto -es lo que vamos a aprobar- mantener el mismo número de comisiones que en las pasadas legislaturas; el mismo, señor Espinosa de los Monteros. Eso significará que serán los ministros los que tendrán que adaptarse a nuestra organización de trabajo, y no al revés, y eso en los tiempos que corren no es poco, entre otras cosas porque somos conscientes de que este Gobierno ha demostrado tener cierta alergia a venir a esta Cámara y someterse a control. De hecho, en otro terreno ya ha empezado a aplicar el rodillo para eludirlo, eso sí, un rodillo bolivariano y muy progresista, no voy a ser yo quien les quite ese adjetivo. Un buen ejemplo de ello ha sido el insólito cambio del Consejo de Ministros de los viernes a los martes, que puede entorpecer la labor de control, olvidando algo esencial en un régimen democrático, y es que la acción de Gobierno se legitima precisamente por el control parlamentario. Y luego decían que venían a mejorar la calidad de nuestra democracia, señorías. (Aplausos).

Por esa razón, pediría especialmente a los grupos que conformamos la oposición que no nos perdamos en debates estériles. No ofrezcamos al Gobierno una nueva coartada para retrasar el control parlamentario con la excusa de que este Parlamento no se pone en marcha porque no nos ponemos de acuerdo. Por eso, señor Espinosa de los Monteros, no he entendido en absoluto su argumentación. Me parece demagógico que nos acuse a todos los demás de venir aquí a repartirnos los cargos. Eso es muy injusto. Aquí todos venimos a trabajar y a cumplir con nuestras funciones constitucionales, y ese discurso no ayuda en nada a dignificar la labor parlamentaria, la de todos los diputados, incluyendo los suyos; incluyendo los suyos también. (Aplausos). No sé qué pretendía. Tampoco ha defendido el contenido de su enmienda. Yo voy a hacer referencia al contenido de la misma. Mire, le tengo que decir que concentrar competencias en una misma Comisión puede tener como consecuencia justo el efecto contrario de lo que


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usted persigue, es decir, una merma de la labor legislativa y una merma del control parlamentario. Quiero recordarle respecto a la Comisión de Cooperación al Desarrollo, que usted quiere suprimir y unir a la de Asuntos Exteriores, que no viene establecido así solo en el Reglamento de la Cámara, sino que viene establecido por ley, por el artículo 15 de la Ley de Cooperación al Desarrollo, por lo que no se puede suprimir. Y respecto a incluir la competencia de igualdad en la Comisión de Sanidad, qué quiere que le diga, no estamos de acuerdo; en eso somos distintos. Queremos que Igualdad sea una Comisión con perfil propio y con entidad propia, porque una cosa es que no aceptemos que la lucha por la igualdad sea un patrimonio exclusivo de la izquierda, y otra que no pensemos que queda aún mucho camino por recorrer para conseguir en plenitud la igualdad de derechos, la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades de todos los españoles, y eso para nosotros es irrenunciable. (Aplausos).

Termino, señorías. Por eso, al margen de los discursos que algunos han realizado, lo que pretendemos al aprobar esta iniciativa es una organización racional del trabajo de las comisiones parlamentarias. ¿Que podía haber habido otras comisiones? Puede ser. ¿Que quizá se podía haber reducido alguna? Pues quizá. Pero lo que no me podrán negar es que esta propuesta es sensata, equilibrada y basada en el acuerdo siguiendo los precedentes parlamentarios. Lo que no me pueden negar es que esta propuesta responde de un lado a la nueva estructura del Gobierno y también a los problemas y a las demandas que nos exigen los ciudadanos. Lo que no me pueden negar es que esta propuesta -y eso es lo más importante- va a permitir el legítimo control de la acción del Gobierno por parte de los diputados de esta Cámara. Así que cuanto antes empecemos, mejor para todos.

Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bermúdez de Castro.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.

Señor Bermúdez de Castro, no se acompleje usted, el Grupo Parlamentario Popular ha firmado una propuesta junto al Grupo Socialista y junto a Unidas Podemos. No pasa nada; no son ustedes la derechita cobarde por eso; son la derechita institucional, al menos por una tarde, ¡y ojalá cunda! (Aplausos).

Folclore ultraderechista aparte, efectivamente, hoy lo que traemos aquí es una iniciativa tradicional: la reforma tradicional del Reglamento del Congreso, que se hace siempre al inicio de legislatura con el objetivo de que se constituyan las comisiones que van a albergar el grueso de nuestro trabajo legislativo de control al Gobierno y de impulso a la acción gubernamental. Como tradicional es también el criterio que se utiliza para hacer estas propuestas; el criterio de la coherencia: adaptamos la estructura de las comisiones a la estructura del Gobierno que tenemos que controlar y cuyas iniciativas legislativas tenemos que tramitar; tan lógico como esto, señor Espinosa de los Monteros, criterio de la eficiencia. Por eso, a pesar de que hay más ministros y ministras para hacer mejores políticas, no incrementamos ni una sola Comisión en la estructura que les planteamos, incluso hacemos que varios ministros comparezcan en una misma Comisión. Y criterio del máximo acuerdo, porque esta propuesta viene suscrita por tres grupos parlamentarios que representan más de 240 diputados, el 70 % de esta Cámara. Es verdad, no es habitual, no es original; yo diría que en estos tiempos es incluso extravagante, pero ojalá cunda. Desde luego, por ahí va a ir nuestro trabajo.

No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario VOX, primero porque se sustenta en una falsedad palpable. Dice que se incrementa el gasto público. Oiga que no, que es mentira, señor Espinosa de los Monteros. Antes había 21 comisiones, y ahora hay 21; los mismos presidentes, los mismos portavoces; no hay incremento de gasto público, es una falsedad absoluta. No está usted tuiteando, está usted subido a la tribuna del Congreso; haga el favor de mentir con un poco más de pudor. (Aplausos). No estamos por la labor de reducir en demasía el número de comisiones porque esto llevaría a la inaplicación de los principios de coherencia, especificidad y, en definitiva, de la eficacia en el trabajo parlamentario. Rechazamos su enmienda porque rechazamos el sesgo ideológico, sectario y reaccionario con el que se ha elaborado, señor Espinosa de los Monteros. Más allá de distracciones y de felicitaciones conyugales, es que ustedes quieren suprimir algunas comisiones que no son casuales. Quieren ustedes suprimir la Comisión de Cooperación al Desarrollo porque ustedes son más partidarios del conflicto que de la cooperación. (Aplausos). Quieren ustedes suprimir la Comisión de los Derechos Sociales porque son ustedes más partidarios de suprimir derechos que de ampliar derechos. (Aplausos). Y quieren ustedes suprimir la Comisión de Igualdad porque son ustedes más partidarios del machismo que de la igualdad. (Aplausos.-Varias diputadas del Grupo Parlamentario VOX levantan la mano). Ese es el


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sesgo de su propuesta de reforma, señor Espinosa de los Monteros. Pues bien, nosotros de lo que no somos partidarios es de usted y de su grupo. Mucho nos tememos que lo que le preocupa a usted, señor Espinosa de los Monteros, no es que haya 17 o 20 o 21 comisiones en este parlamento; lo que le preocupa usted en estos últimos días es que va intuyendo algo; va intuyendo que el Grupo VOX no va a presidir ni una sola de las 17, de las 20 o de las 21. Anótelo usted en sus cuentas. (Aplausos). Cero, cero comisiones va a presidir el Grupo Parlamentario VOX. Se llama higiene democrática y la vamos a practicar con fruición y con entusiasmo; créannos. (Protestas). Quiere usted suprimir cuatro comisiones...

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: ... y lo que sospechamos, señor Espinosa de los Monteros, es que usted no suprimiría 5, ni 5 ni 6, ustedes suprimirían las 21 y pondrían aquí al frente a un teniente coronel con bigote, si fuera posible. (Risas y aplausos). Pero no va a suceder, señor Espinosa de los Monteros, se lo aseguro.

Señor Bal, dicen que no les hemos llamado para la distribución de las comisiones. ¿Cómo que la distribución de las comisiones? Esto es una democracia, señor Bal, y las presidencias de las comisiones no se distribuyen, se eligen; se eligen con los votos. (Protestas). Nosotros tenemos 120 y ustedes 10, eso es lo que ha ocurrido, tan fácil como eso.

En definitiva, señorías, no vamos a aceptar la enmienda y lo que vamos a hacer es lo que se ha hecho en la democracia española durante los últimos: cuarenta años, práctica democrática. Y digo cuarenta años porque no puedo decir cincuenta ni puedo decir sesenta, por razones que todos ustedes entienden y que estoy convencido de que la inmensa mayoría de los presentes lamenta, la inmensa mayoría menos los diputados de VOX. No a la enmienda de VOX, no a VOX.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Simancas.

Votaremos en tres minutos. (Pausa).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 1/2020, DE 14 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA REVALORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PENSIONES Y PRESTACIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000002).

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar con las votaciones.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 3 votos telemáticos, 338; a favor, 286 más 3 votos telemáticos, 289; abstenciones, 49.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

- REAL DECRETO-LEY 2/2020, DE 21 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 130/000003).

La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 3 votos telemáticos, 343; a favor, 288 más 3 votos telemáticos, 291; abstenciones, 52.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


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Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más 3 votos telemáticos, 344; a favor, 119 más 3 votos telemáticos, 122; en contra, 167; abstenciones, 55.

La señora PRESIDENTA: No se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 18/2019, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA, CATASTRAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000001).

La señora PRESIDENTA: En tercer lugar, Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más 3 votos telemáticos, 344; a favor, 186 más 3 votos telemáticos, 189; en contra, 83; abstenciones, 72.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342 más 3 telemáticos, 345; a favor, 122 más 3 votos telemáticos, 125; en contra, 160; abstenciones, 60.

La señora PRESIDENTA: No se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 46.1. (Número de expediente 410/000004).

La señora PRESIDENTA: Tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. Se ha presentado una enmienda y por tanto votaremos en primer lugar la enmienda del Grupo Parlamentario VOX. Enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 51; en contra, 281; abstenciones, 9.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

La señora PRESIDENTA: Finalmente, se procede a la votación de conjunto a que se refiere el artículo 150 del Reglamento y que de conformidad con la disposición final segunda requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343 más 3 votos telemáticos, 346; a favor, 291 más 3 votos telemáticos, 294; en contra, 52.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y diez minutos de la noche.

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