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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 62, de 04/11/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1993 V Legislatura Núm. 62 REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART Sesión núm. 4 celebrada el jueves, 4 de noviembre de 1993

ORDEN DEL DIA: Preguntas: --Del señor Peñarrubia Agius (Grupo Parlamentario Popular), sobre opinión del Ministro para las Administraciones Públicas sobre la actuación del Tribunal del concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
(BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000087) (Página 1750) --Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Ministro para las Administraciones Públicas acerca del contenido de las obligaciones inherentes a su cargo. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000088) (Página 1750) --Del mismo señor Diputado, sobre conocimiento por el Ministro para las Administraciones Públicas de lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el silencio administrativo. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000089) (Página 1750) --Del mismo señor Diputado, sobre conocimiento por el Ministro para las Administraciones Públicas de las irregularidades que se produjeron en el concurso-oposición celebrado en 1992 para el ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000091) (Página 1750)

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--Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley sobre acceso a determinados sectores de la Función Pública nacionales de Estados miembros de la CEE. (Número de expediente 121/000012) (Página 1755) --Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, del proyecto de ley de acceso a determinados sectores de la Función Pública nacionales de Estados miembros de la CEE. (Número de expediente 121/000012) (Página 1755)

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


CONTESTACION A LA SIGUIENTES PREGUNTAS:

--OPINION DEL MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS SOBRE LA ACTUACION DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO-OPOSICION PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. FORMULADA POR EL SEÑOR PEÑARRUBIA AGIUS, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000087.)

--OPINION DEL MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ACERCA DEL CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES INHERENTES A SU CARGO. FORMULADA POR EL SEÑOR PEÑARRUBIA AGIUS, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000088.)

--CONOCIMIENTO POR EL MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN, EN RELACION CON EL SILENCIO ADMINISTRATIVO. FORMULADA POR EL SEÑOR PEÑARRUBIA AGIUS, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000089.)

--CONOCIMIENTO POR EL MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE PRODUJERON EN EL CONCURSO-OPOSICION CELEBRADO EN 1992 PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. FORMULADA POR EL SEÑOR PEÑARRUBIA AGIUS, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000091.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión para dar cumplimiento al orden del día fijado en la convocatoria. La primera parte de ella se refiere a preguntas formuladas por don José-Joaquín Peñarrubia Agius. Entiende esta Presidencia que son acumulables las cuatro. Si por parte del señor diputado no hay ningún inconveniente, se hará de esta forma.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Así es, señor Presidente, no hay ningún inconveniente en hacer un turno único para exponer las cuatro preguntas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Está con nosotros el Secretario de Estado para la Administración Pública, don Justo Zambrana, al cual damos, una vez más, la bienvenida a esta Comisión.
Tiene la palabra el señor Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señor Zambrana.
El tema del que me voy a ocupar aquí esta tarde no es nuevo, ya que el día 3 dmarzo mi compañero y portavoz del grupo en esta Comisión, don Manuel Núñez, formulaba una pregunta por escrito al Gobierno, pregunta que no fue respondida por la disolución anticipada de las Cámaras.
A lo largo de 1992 se celebró un concurso-oposición al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología de la Información de la Administración del Estado, convocada por la Secretaría de la que usted es titular. En ese concurso-oposición se produjeron graves irregularidades que originaron los correspondientes recursos de las personas que acudieron por el turno de promoción interna y se vieron afectadas por ellas. La más significativa, señor Zambrana, fue el cambio arbitrario del sistema de calificación, que se llevó a cabo con un curioso procedimiento de letras que reflejaban algo tan ambiguo como el grado de satisfacción del tribunal, lo que permitió la posterior manipulación de calificaciones y dio lugar a que quedaran vacantes por cubrir en el turno de promoción interna que, una vez acumuladas al turno libre, sirvieron para aprobar a opositores calificados con la misma letra que habían obtenido los que resultaron excluidos del turno de promoción. A este novedoso, «sui generis» y llamativo sistema de calificación se añade que los miembros del tribunal se alternaban como mejor les parecía, doce en total entre titulares y suplentes, constituyendo todo un despropósito.


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Sabe el señor Secretario de Estado de mi afecto personal, es consciente de que en legislaturas anteriores y como diputados hemos sido contertulios de pasillo y hemos compartido inquietudes y preocupaciones por la función pública; sabe que le aprecio y le respeto políticamente, por eso me duele, señor Zambrana, que alguien le haya metido un gol.
(Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Me tienen que reconocer que las letras A, B, C, y D, utilizadas como sistema por el tribunal para calificar a los aspirantes, además de inusual conculcan los derechos de los mismos al turno de promoción interna, ya que se modifica sobre la marcha el sistema de puntuación que figuraba en el punto 2 del anexo I de la Resolución de 20 de diciembre de 1991, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas.
Pero siendo esto grave, es mucho más el hecho de dar la callada por respuesta por lo que supone de desprecio hacia los derechos de los administrados. Los recursos, señor Zambrana, se interpusieron a finales de 1992 y ninguno de ellos, absolutamente ninguno ha obtenido respuesta de la Administración, a pesar de haber transcurrido muchos meses, casi nueve, como un parto, mejor dicho, como un embarazo; a pesar de innumerables gestiones, visitas y reclamaciones en queja de los afectados, recordando la obligación que tiene de contestar la Secretaría de Estado.
Este estudiado silencio imagino que tiene como objetico aburrir a los recurrentes para hacerlos desistir o, en su defecto, provocar, cosa que ya han hecho, que tengan que acudir a la vía contenciosa, larga y costosa, que dilata el problema en el tiempo. Por esa razón, señor Secretario de Estado, más grave que las irregularidades, que las hubo, es la actitud de no contestar, por lo que supone de desprecio hacia los derechos de los administrados, lo que resulta aún más grave por tratarse de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas, principal órgano responsable del cumplimiento estricto de las normas por parte de la Administración.
Le podría haber formulado, señor Zambrana, decenas de preguntas, pero la verdad es que no quiero aburrir a los compañeros de Comisión ni, por supuesto, al Presidente, y las he resumido en cuatro, a las que después me referiré. Esas decenas de preguntas la verdad, señorías, es que tienen difícil respuesta, ya que cuesta justificar que el tribunal elaborara, por ejemplo, por citarle una, una lista única con doscientos aprobados, cuando la convocatoria establecía en la base séptima que deberían publicarse dos listas: una con los opositores de promoción interna y otra con los opositores del turno libre.
¿Cómo es posible que se incumplan las bases de la convocatoria, así como el reglamento de promoción interna que reservan plazas a los funcionarios, y dice que éstas no pueden pasar a los opositores del turno libre hasta no haber sido cubiertas por el último de los opositores de promoción interna que, naturalmente, haya obtenido la puntuación mínima establecida para aprobar, según establece el artículo 29.3 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero? Esta es una pregunta de difícil contestación, lo entiendo así. ¿Qué razón había para que 63 plazas de promoción interna pasaran al turno libre, siendo adjudicadas a opositores que obtuvieron igual grado de idoneidad? El grado de indoneidad arbitrariamente fijado por el tribunal, es decir, letra C (una cosa ambigua, indefinida, que no tiene por dónde cogerse jurídicamente hablando), afectó a 31 opositores de promoción interna suspensos. Se aprueba a opositores del turno libre con la misma idoneidad y se suspende a concursantes, en este caso del turno de promoción interna, con esa letra C, cuando no se habían cubierto las plazas reservadas por estos últimos.
¿Cómo es posible que el mismo grado de idoneidad fuera asignado a unos opositores de promoción interna para otorgarles el aprobado y a otros para considerarles suspensos? ¿No cree, señor Zambrana, que se ha vulnerado el principio de publicidad establecido en las leyes al desconocer los opositores cuál era la calificación real? ¿Qué razón había para no resolver el recurso planteado por los opositores de promoción interna, presentado el 29 de diciembre de 1992, y con reclamación, en queja, el 12 de mayo del año actual? ¿Sabe que como consecuencia de que algunos aprobados no reunían los requisitos, cosa también curiosa, así como por la renuncia de otros, han quedado plazas suficientes sin cubrir? ¿Conoce la propuesta de resolución de la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Administraciones Públicas, que parece ser ha desaparecido el expediente en el que se reconocían las irregularidades del concurso-oposición, dando la razón a los recurrentes de promoción interna que habían obtenido el grado de idoneidad suficiente para aprobar? ¿Se da cuenta del grave precedente que ha ocasionado el no respetar la promoción interna de los funcionarios, tantas veces predicada por ustedes en sus programas electorales? ¿Es consciente del perjuicio que puede suponer que la resolución, después de varios años, implique remover al personal que ha ocupado plaza de promoción interna y que, como consecuencia de una sentencia, tendrán que volver las aguas a su cauce? En fin, señor Zambrana, como verá, son muchos los interrogantes que se pueden plantear pero con el fin, como he dicho al principio, de no abusar de la paciencia de los miembros de esta Comisión y de la del propio Presidente, todas estas cuestiones las he resumido en cuatro preguntas que figuran en el orden del día de esta reunión y que, a su vez, se resumen en una sola cuestión, señor Zambrana: ¿Tiene la Administración intención de resolver los recursos y en qué sentido? Muchas gracias, señor Zambrana.


El señor PRESIDENTE: Señor Zambrana.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana Pineda):

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Quiero, en primer lugar, devolverle sinceramente las palabras amables que me ha dirigido el señor Peñarrubia, con el que he compartido, efectivamente, muchos años de pasillo y, algunas veces, frustrados intentos de resolver problemáticas comunes a la Administración Pública.
Mi afecto es mutuo en este caso hacia él.
Quisiera hacer un par de consideraciones antes de entrar --digamos-- en el fondo de la cuestión. Para la Secretaría de Estado es una oposición más, de la cual me corresponde la responsabilidad administrtiva, que obviamente asumo, de los cientos de oposiciones que se convocan. Es la primera vez que, en los dos años y medio ya largos de ejercicio del cargo, tengo que responder a una cuestión de éstas y sinceramente desearía que fuera la última, porque todo se cumpla sin ningún tipo de problema jurídico, como se ha planteado en esta oposición, quizá por ser la primera de un cuerpo novedoso en la Administración, como es el Cuerpo Superior de Informática.
También quiero señalarle que, frente al posicionamiento habitual de su grupo, que es decir que son las personas contratadas en la Administración las que encuentran una excesiva facilidad para consolidar su puesto de trabajo (puesto que en este caso se trata de personal que ya está trabajando en la Administración), usted parece que en esta situación o en este caso aboga y me parece perfectamente lícito, por los derechos de esas personas que la Administración socialista ha contratado y que ahora han quedado sin plaza en la oposición frente a opositores que han venido del mercado exterior, de los ciudadanos habituales. Son personas que siguen trabajando en la Administración y que no han perdido su puesto de trabajo; no han obtenido la plaza, pero siguen trabajando en su puesto habitual.
Voy a tratar de resumirle la problemática que se ha planteado, aunque debo adelantarle que está en los tribunales, en un recurso contencioso-administrativo --había dos--, y también le puedo adelantar, no sé si conoce ese dato, que los propios reclamantes han desistido de uno de los recursos que habían planteado. No sabemos lo que van a hacer con el otro.
La Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, creó, adscritos a la Secretaría de Estado, tres cuerpos: el Superior de Sistema y Tecnología de la Información, clasificado en el Grupo A; el de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, clasificado en el Grupo B; y el de Técnico de Auxiliares de Informática, clasificado en el Grupo C. Posteriormente, la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estableció en la disposición adicional sexta que no era necesaria la celebración de pruebas para la integración en los cuerpos de tecnología de información de aquellos funcionarios que reúnan o reunieran una serie determinada de requisitos.
La integración se reguló por una orden del Ministerio de Administraciones Públicas, de 28 de noviembre de 1991, y se aprobó por una Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, el 20 de diciembre de 1991.
En cuanto al otro camino, que no era la integración directa en este Cuerpo de nueva creación de personas que ya eran funcionarias, las pruebas selectivas se convocaron en tres resoluciones de la Secretaría de Estado de la fecha anteriormente citada, 20 de diciembre. Fueron 200 plazas para el cuerpo del Grupo A, donde se plantea la problemática que usted ha señalado; 350 para el Grupo B; y 800 para el Grupo C; y se presentaron, respectivamente, 3.000 opositores al Grupo A; 4.599, al Grupo B; y 49.032, al Grupo C.
Los procesos tanto de integración como de selección se fueron concluyendo sin excesivas incidencias, salvo esta que acabo de señalarle, debiendo únicamente destacarse, por lo que se refiere a esto último, que ha sido objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa la resolución de 28 de noviembre de 1992, del Tribunal calificador de las pruebas selectivas al cuerpo superior, que estableció la relación de aprobados en el segundo y último ejercicio. Contra esta resolución se interpuso primeramente un recurso contencioso-administrativo, acogido a la vía especial, preferente y sumaria que establece la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, y posteriormente se interpuso por varios aspirantes un recurso contencioso de carácter ordinario.
El primero de los citados recursos fue informado desfavorablemente por el Ministerio Fiscal que pidió su desestimación y, tras la contestación a la demanda --y éste me parece un dato muy relevante--, se ha producido desestimiento de los recurrentes, habiendo sido notificado el auto de admisión de dicho desestimiento al Servicio Jurídico del Estado, el pasado día 19.
El recurso contencioso ordinario se encuentra en tramitación y, en consecuencia, la cuestión en él planteada habrá de ser decidida en su día por el Tribunal.
El principal motivo de la impugnación se centra en el sistema de grados implantado por el tribunal calificador de las pruebas selectivas así como el funcionamiento y mecanismo de la puntuación del segundo y último ejercicio.
En la convocatoria se explicaba el desarrollo de las pruebas, incluido el ejercicio de referencia, pero nunca se dice que la puntuación de los opositores tuviera que ponerse cada día de examen, sino que sólo se habla de resultados finales.
El tribunal calificador, en sesión celebrada el 7 de septiembre de 1992, estableció un sistema informativo --fuente del problema-- basado en la estratificación de cuatro niveles de idoneidad: A, B, C y D. Este acuerdo se hizo público en nota permanentemente expuesta en el tablón de anuncios de la sede del tribunal, medio de comunicación con los opositores, según la orden de convocatoria, y no fue impugnado por ningún opositor.
Además de establecer el sistema informativo de los grados, el tribunal, al realizar la oportuna entrevista a cada opositor, vino concretando un grado de aceptación en porcentaje, recogido en el acta correspondiente y de ahí se deduce la diferente clasificación final. Una vez calificado de forma concreta, puntual y porcentualmente específica cada opositor, el tribunal, en sesión de 28 de

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noviembre de 1992, adoptó la decisión de cubrir todas las plazas convocadas, siempre que lógicamente los opositores hubieran aprobado el segundo ejercicio eliminatorio con la puntuación mínima establecida en la convocatoria, esto es, 25 puntos, equivalente al 35 por ciento del grado de aceptación. Es de destacar que el acuerdo del Tribunal se estableció después de que cada opositor fuera examinado y puntuado de forma concreta, aunque esta puntuación no se publicara, y sólo se hiciera a efectos informativos el grado de aceptacón.
Los recurrentes (es una parte de los pertenecientes al Grupo C que no obtuvieran en la segunda puntuación a que he hecho referencia el 35 por ciento equivalente a 25 puntos) estiman que existe una vulneración del principio de la promoción interna, dado que los opositores de dicha promoción con grado C no aprobaron todos antes que los calificados en igual grado de los opositores libres.
Como se ve, se parte de una base errónea ya que, como reiteradamente se ha señalado, tener el mismo grado informativo no suponía tener la misma puntuación --hay una posterior-- y, por tanto, existían opositores que tenían grado informativo C y habían superado los 25 puntos y otros que, al no alcanzar la puntuación mínima, quedaban lógicamente excluidos en aplicación de la orden de convocatoria.
Además de esta supuesta irregularidad, el recurso jurídico que se ha planteado también alega otra serie de motivos. Se han enviado a la jurisdicción contenciosa las alegaciones por parte de la Administración, como suele ser habitual, en defensa de la actuación del tribunal correspondiente, compuesto por funcionarios profesionales que tenían encargada en ese momento esa tarea.
La Administración no ha dado respuesta porque entiende que estando «sub iudice» en la jurisdicción contencioso-administrativa, antes estaba por dos vías, ahora hemos visto que ha desistido de una este grupo de opositores --no sé si eran 12 ó 16 personas-- lo correcto es que los tribunales se pronuncien. Obviamente la Administración espera que el pronunciamiento sea acorde con la actuación del tribunal. Si los tribunales estimaran que había habido algún tipo de vulneración de derechos individuales y decidieran aplicar otra sentencia, la Administración, como siempre, asumiría su responsabilidad y daría cumplimiento a la sentencia que fijara el tribunal de lo contencioso-administrativo.
En cualquier caso las 200 plazas, tal como manda la Ley de Función Pública se han cubierto con personal proveniente de fuera, de la sociedad civil, que no trabaja en la Administración y es un grupo de personas que trabajan en la Administración el que entiende que han sido vulnerados sus derechos en esta oposición. Por eso digo que nos remitimos a lo que decidan los tribunales en este asunto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Zambrana, por su respuesta.
Usted debe saber muy bien lo que ha dicho, porque más importante que mis preguntas era lo que usted podía decir esta tarde aquí y la verdad es que ha dicho poco.
Tengo suficientes documentos para justificar y demostrar las irregularidades. Además hay informes de su propio departamento donde así se reconoce.
Respecto a que espera que ésta sea la primera y última vez que se presenten cuestiones de este calibre en esta Comisión, eso depende de ustedes. Evidentemente son los que tienen en estos momentos la responsabilidad de la Administración y depende de ustedes que actúen o no consecuentemente y con arreglo a la legalidad.
No son contratados, señor Zambrana, ni mucho menos los que han concursado en el turno de promoción interna; son funcionarios de la Administración del Estado que en base a sus derechos --derechos legítimos-- facilitados además por la propia filosofía del partido socialista, que nosotros compartimos, cual es la promoción interna de los propios funcionarios, han accedido a estas plazas.
Que se conteste a uno de los recursos, que no lo he entendido muy bien, el pasado día 19, me ha hecho provocar una exclamación un tanto jocosa en esta Comisión y me parece curiosísimo. El día 19 es una fecha bastante posterior a la de mis preguntas y muy posterior en el tiempo al interés del portavoz del Grupo Popular en esta Comisión, señor Núñez, en esclarecer este confuso asunto. Por consiguiente, ésa no es una respuesta que a mí personalmente me pueda satisfacer.
Ha dicho una cosa que a los que hemos opositado alguna vez se nos pone los pelos de punta. Decir que un opositor sobre la marcha no ha sido capaz de impugnar un acuerdo del tribunal... ¡tienen el cuerpo los opositores para, sobre la marcha, impugnar decisiones del tribunal! Están en otros temas, señor Zambrana, como usted podrá comprender.
Hay notas diarias del tribunal, yo las tengo aquí, donde se cambia el sistema de calificaciones, donde se dice que lo contemplado en el punto 1.2.2 del Anexo I de la Orden de convocatoria se identifica mediante las letras D, C, B y A. El procedimiento es curioso, es novedoso, es particular; es un procedimiento nuevo en la Administración. Yo no conozco a nadie que se haya presentado a una oposición y le hayan dicho: a usted le vamos a calificar según el grado de satisfacción del tribunal con arreglo a cuatro letras que no establecen baremo ni puntuación y que dejan a la arbitrariedad de doce miembros, que además se sustituyen entre sí y un día aparece un suplente, otro un titular, y se arma la de María Santísima. (Risas.) Comprenderá, señor Zambrana, que este tema es complejo y difícil, que afecta a los derechos de muchísimos ciudadanos, que conculca derechos reconocidos en la propia Constitución y en las leyes que ustedes son los primeros que tienen que observar. Pero hay un dato importantísimo y es que ustedes no han contestado a nada. Ustedes no han recibido a los perjudicados. Le han ido a ver a Cuenca en la campaña electoral cuando era candidato (Risas), señor Zambrana; lo sabe y no se ría. Es verdad.
Han ido a verle a Cuenca como candidato del partido socialista en las últimas elecciones. (El señor

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Secretario de Estado para la Administración Pública, Zambrana Pineda: Eso me honra.) Esto parecía que iba a resolverse, pero la disolución anticipada y precipitada de las Cámaras ha dejado a estas personas indefensas ante la Administración.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Peñarrubia, por favor.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente, y concluyo, pero, en cualquier caso, son cuatro preguntas y acumuladas tendría algún tiempo más, del orden de cuarenta minutos.


El señor PRESIDENTE: Igual, se está pasando de las cuatro preguntas separadas.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Atiendo a la indicación.
¿Conoce el señor Zambrana que en una reunión del tribunal de la oposición, del 16 de noviembre de 1992, se decidió elevar el nivel para aprobar debido a la cualificación de los opositores no haciendo distinción entre opositores de promoción interna, que no habían cubierto sus plazas, y opositores de turno libre, que la habían sobrepasado? ¿Por qué ha dejado sin resolver el recurso planteado por los opositores de promoción interna, presentado el 29 de diciembre? ¿Por qué no ha querido recibir a los concurrentes después de reiteradas solicitudes de audiencia presentadas? Se lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, ¿conoce la propuesta de resolución de la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Administraciones Públicas en la que se reconocían las irregularidades del concurso-oposición, dando la razón a los recurrentes de promoción interna que habían obtenido el grado de idoneidad --esto es lo importante-- suficiente para aprobar? Hay aprobados con el mismo grado y hay personas que no han aprobado.
¿Por qué es éste el único recurso --el único-- que sobre el concurso-oposición ha quedado sin resolver? ¿Conoce --me imagino que sí, señor Zambrana, y con esto concluyo, señor Presidente-- el perjuicio moral y económico que está ocasionando a los opositores que han presentado estos recursos al tener que enfrentarse --y usted lo ha dicho como última expresión-- a un contencioso-administrativo, largo, costoso, difícil, que demorará varios años la resolución y los elevados gastos que para los funcionarios comporta? Señor Presidente, concluyo, pero en cualquier caso, tenía cuarenta minutos.


El señor PRESIDENTE: Muy amable, señor Peñarrubia, por la indicación del ahorro, con lo cual esta Presidencia no está de acuerdo; pero, en fin, no vamos a discutirlo. (Risas.) Señor Zambrana.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana Pineda): En primer lugar, quisiera aclarar una cuestión ya que la ironía con que se ha expresado el Diputado que plantea la cuestión indica que no ha tomado conciencia de la respuesta que he dado. No es que la Administración haya respondido el pasado día 19 a los demandantes, es que los demandantes --ellos-- han retirado su planteamiento ante el tribunal contencioso-administrativo. Así se ha notificado a la Abogacía del Estado y no sabemos lo que va a ocurrir con el otro. Por consiguiente, me parece un dato de primera magnitud. No es que la Administración haya respondido o no, yo le he dicho que la Administración cuando supo que el tema estaba en vía contenciosa optó por no responder.
Conoce S. S. --y a mí me sorprende que tenga conocimiento, yo no lo tengo-- que había una resolución preparada en una subdirección general de la Administración. Eso indica que la situación es interna y que las fuentes de información de los demandantes y del señor diputado son realmente exquisitas. (El señor Peñarrubia Agius: Fiables.) En cualquier caso, papeles en la Administración hay muchísimos y valen cuando tienen una firma debidamente adecuada. Lo demás pueden ser opiniones de uno y otro funcionario.
Indudablemente la metodología que introdujo el tribunal, en el sentido de clasificar indicativamente (que es la fuente de todos los problemas y que fue una decisión autónoma de un tribunal compuesto, como usted señala, por doce miembros) era una metodología que habitualmente no se utilizaba, era un cuerpo nuevo que introducía nuevas formas de funcionamiento en la Administración y ésta es la fuente del problema planteado.
¿Hasta qué punto se debe realizar una clasificación inicial indicativa, sobre la que no vamos a entrar en discusión, en relación al proceso que debe seguirse en una oposición y si es más racional ir clasificando día a día (suponiendo que en la última parte de la oposición cuando las plazas se están cubriendo, es posible que haya personas que saquen mejores notas reales, que hagan mejor la oposición, que los que ya están clasificados desde el primer día) o es más racional acumular el conjunto de todas las notas en la memoria del tribunal para hacer al final una selección interna? Si se conocieran las deliberaciones internas del tribunal al final podría plantearse un problema similar, porque el que fue clasificado el primer día con determinada nota, si conoce la clasificación interna, puede encontrarse con que el último día acumulado ya no hay plaza para él porque han venido en la segunda parte de la oposición personas que opositan mejor y tienen más conocimientos.
Fue una decisión interna que tomó el tribunal y si hay alguna irregularidad en ello ya he dicho que está en vía contenciosa. Toda la documentación que usted posee la posee también el juez y, por consiguiente, él tomará la determinación. Veo que tiene usted conocimiento fehaciente y no sé si me ha hecho un halago o una crítica.
Efectivamente, en la campaña electoral del Partido Socialista, bajándome del tren en la estación de Cuenca, me abordaron unos matrimonios de teóricos votantes y simpatizantes, y cuando se retiraron algunos de los presentes

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se me planteó la cuestión de las oposiciones, pero yo, francamente, estos temas no suelo tratarlos en campaña electoral, sino en mi despacho de Secretario de Estado, cuando estimo que es mi obligación. El problema que se había planteado en la oposición me parecía que no era un tema que debiera resolverse por cauces electorales, por eso digo que no sé si es una crítica o un elogio lo que me hace.
Por lo demás, señor Peñarrubia, me remito a lo que le he expuesto. He tenido oportunidad de informarme, y más ahora con motivo de estas preguntas, de lo acaecido en este tribunal; si el juez estima que ha habido algún tipo de irregularidad cumpliremos la sentencia. Esperamos que el juez considere que este tribunal, como la inmensa mayoría de los tribunales, compuesto por profesionales de la Administración, ha actuado correctamente, aunque las fórmulas no sean las habituales. Estaremos atentos --ésa es la responsabilidad que yo tengo-- en otras oposiciones, para que este tipo de pequeños problemas que se han planteado en esta ocasión no se repitan.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zambrana.


--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE ACCESO A DETERMINADOS SECTORES DE LA FUNCION PUBLICA NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA CEE. (Número de expediente 121/000012.)

El señor PRESIDENTE: Cumplimentados los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día, y despidiendo al señor Zambrana, entramos en la consideración del punto quinto: Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de acceso a determinados sectores de la Función Pública nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea.
Solicito de los portavoces la ratificación de la Ponencia designada en su momento por los diferentes grupos parlamentarios. ¿Se da por aprobada? (Asentimiento.) Esta Presidencia da por ratificada, por asentimiento, la Ponencia designada en su momento.


--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, DEL PROYECTO DE LEY DE ACCESO A DETERMINADOS SECTORES DE LA FUNCION PUBLICA NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA CEE. (Número de expediente 121/000012.)

El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia desea hacer constar que existe una enmienda de carácter técnico, aceptada por todos los ponentes, de sustitución del término «Comunidad Económica Europea» por «Comunidad Europea», de acuerdo con el Tratado de Maastricht.
Al artículo 1.º, párrafo segundo, existe una enmienda viva del Grupo Mixto. Entiendo que debe intervenir algún miembro de esta Comisión para defender la enmienda del señor González Lizondo, del Grupo Mixto. ¿Se halla presente el señor González Lizondo o está alguno de ustedes encargado de defender esta enmienda? (Pausa.) Señorías, atendido el informe verbal del Letrado, esta Presidencia, una vez consultado a la Mesa, entiende que debe dar por defendida la enmienda en sus propios términos y, consecuentemente, pasar a la votación de la misma.
Votación de la enmienda número 1, del señor González Lizondo, del Grupo Mixto, al apartado 2 del artículo 1.º.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 16; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del artículo 1.º.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El artículo 2.º tiene también una enmienda del señor González Lizondo, del Grupo Mixto, al apartado 2, a la que se va a dar el mismo tratamiento que en el caso anterior, es decir, se da por defendida en sus propios términos y se procede a su votación.
Votación de la enmienda del señor González Lizondo, del Grupo Mixto, al apartado 2 del artículo 2.º.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 16; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del artículo 2.º.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del artículo 3.º, disposición adicionadl, disposición derogatoria, disposición final y exposición de motivos.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
¿Desea intervenir algún portavoz? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Brevemente, como no puede ser de otra manera, para manifestar la posición favorable de nuestro Grupo en el sentido de que lo que el proyecto de ley pretende es una adaptación de la legislación española tanto al tratado constitutivo de la Comunidad Europea, como a la

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jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha ido dictando reiteradamente en relación a cómo se interpretaba el artículo 48.4 del Tratado de Roma, ya que la libre circulación de personas solamente podía ser limitada en aquellos casos en los que el acceso a la Función Pública estaba caracterizado o involucrado por el ejercicio de determinadas funciones o cargos públicos que implicaran el ejercicio de un poder público o la emanación de actos de la Administración que produjeran una eficacia frente a terceros o «erga omnes». En este sentido, entendemos que el proyecto de ley garantiza el principio de igualdad en cuanto al acceso a la Función Pública, relacionando el artículo 14 de la Constitución con el 23, respetanto el principio de legalidad. Por tanto, nada más que reiterar la posición favorable de nuestro Grupo a la presente iniciativa legislativa.


el señor PRESIDENTE: Por parte de Izquierda Unida, tiene la palabra el aeñor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Para dejar constancia de dos apreciaciones, que ya expusimos en la Ponencia.
En primer lugar, como se ha visto, nuestra discrepancia en la votación de una de las enmiendas del Grupo Mixto, que consistía en hacer una referencia expresa a las corporaciones locales en una enumeración en la que se comprende sólo la Administración central y las comunidades autónomas, y a las corporaciones locales se las denomina como demás administraciones públicas. Entendíamos que esa enmienda debería ser aceptada, y así habíamos entendido en la Ponencia que el resto de grupos no tenía inconveniente en que se hiciese municipalismo práctico también en este proyecto de ley.
La segunda apreciación, que también hicimos en la Ponencia, es que probablemente --y aceptamos la parte de culpa por no haber presentado la enmienda correspondiente-- se ha perdido la oportunidad de fijar el órgano correspondiente en el caso de las administraciones locales, puesto que en el proyecto de ley se fija el órgano correspondiente de la Administración central y el de las comunidades autónomas, pero no así el de las corporaciones locales. En cualquier caso, nosotros estamos globalmente de acuerdo con el proyecto de ley. Por eso hemos votado a favor.


El señor PRESIDENTE: Por Minoría Catalana, tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Siento interferir, después de haber manifestado que no dejaría constancia de nuestra explicación de voto, pero precisamente para no dar la sensación de que no estamos presentes en esta sesión, quiero manifestar que nuestro voto ha sido favorable en la misma línea y con los mismos argumentos que, en su momento, el portavoz de este Grupo Parlamentario defendió en la Ponencia correspondiente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Soriano.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy brevemente, para indicar que, como es bien sabido, este proyecto de ley ya fue objeto de debate en esta Cámara en la anterior legislatura, al que el Partido Popular presentó una serie de enmiendas que en su práctica totalidad, bien literalmente, bien en su espíritu, han sido aceptadas en el texto que ha sido objeto de aprobación en esta Comisión.
Como se ha dicho anteriormente, deriva del compromiso del Estado español para regular, en el marco de la Función Pública española, la libre circulación de los trabajadores, al amparo de la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia de las Comunidades, e indicar que en el desarrollo de esta ley es preciso que las Administraciones públicas correspondientes determinen específicamente cuáles son los cuerpos, escalas, plazas o empleos susceptibles de acceso por parte de los no nacionales españoles. Creemos que este desarrollo de la ley puede ser muy importante, puesto que será la traducción práctica y efectiva del contenido de este proyecto de ley que acabamos de aprobar.
Por otro lado, también quiero manifestar que los preceptos de esta ley, al ser base del régimen estatutario de la Función Pública en los términos del artículo 149 de la Constitución, tal como se señala en la disposición final, nos recuerda, una vez más, el compromiso del Ministro de Administraciones Públicas de traer a esta Comisión en esta legislatura el Estatuto de la Función Pública, que se encuentra pendiente, para que podamos tener un cuerpo legal único de régimen estatutario de la Función Pública española, que hoy está disperso en multitud de disposiciones, leyes de presupuestos, etcétera.
En consecuencia, deseo reiterar el apoyo, en términos globales, a este proyecto de ley que, como digo, es una mera consecuencia de los compromisos del Estado para regular la Función Pública, dando acceso a los nacionales de otros países. Esperamos del Gobierno y del Grupo que lo sustenta que dé cumplimiento fiel al contenido del precepto en su desarrollo y remita, también pronto, un Estatuto de la Función Pública, tal como prometió el Ministro de Administraciones Públicas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, la señora Moreno tiene la palabra.


La señora MORENO GONZALEZ: Señor Presidente, el Grupo Socialista considera que el proyecto de ley sobre el acceso a determinados sectores de la Función Pública de los nacionales de los Estados miembros de las Comunidades Europeas es un buen proyecto, tal y como viene redactado.
Prueba de ello es que esta Comisión ya lo aprobó en los mismos términos, además por unanimidad, en la pasada legislatura. Mayor armonía me parece que es difícil de encontrar al concertar un texto legal de esta naturaleza.
Nos parece que es un buen proyecto porque con este instrumento normativo se da cumplida respuesta al compromiso del Estado español para regular, en el marco de la Función Pública española, la libre circulación de trabajadores.


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Haciendo un poco de historia, señorías, ustedes conocen que el artículo 48.4 del Tratado de Roma excluye de esta libertad, no obstante, a los empleos públicos. Pero, a pesar de esta aparente exclusión general, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Autónomas, en reiterada jurisprudencia, ha venido realizando una interpretación restrictiva de lo que a estos efectos haya de entenderse por empleos en la Administración Pública, constriñéndolo a aquellos que suponen una participación directa o indirecta en el ejercicio de poderes públicos y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado.
Así pues, el Tribunal de Justicia ha adoptado un concepto objetivo, referido a la actividad, y no subjetivo, referido a la organización de las administraciones públicas.
Esta ley, tal y como viene redactada, nos permite mantener el requisito de la nacionalidad con carácter general, adaptándose a las exigencias del Tribunal de Justicia y a las recomendaciones de la Comisión de la Comunidad Europea. Además, mediante la disposición adicional, va a posibilitar la aplicación de la libertad de circulación entre España y terceros países que, como es el caso de los integrantes del llamado Espacio Económico Europeo, quedan vinculados en un futuro a la Comunidad Europea por tratados mixtos. De esta forma, trata de evitarse la necesidad de futuras reformas normativas por esta causa. Nuestro Grupo ha apoyado este proyecto tal y como viene redactado.
Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de contestar al portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, así como a la enmienda primera del señor González Lizondo. Ellos dicen que sienten no haber tenido la iniciativa y, por tanto, sin entrar en el debate, tal y como viene redactado el párrafo primero --y demás administraciones públicas--, queda perfectamente claro que están incluidas las entidades locales, no afectando --en seguida termino, señor Presidente-- para nada a la autonomía de la Administración Local, ya que, al tener el proyecto el carácter de norma básica, como muy bien aquí se ha recordado, corresponde a cada Administración, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con su propio modelo de Función Pública, la identificación de los cuerpos, escalas, plazas o empleos a los que podrán acceder los nacionales de los demás Estados. La frase «otras Administraciones Públicas», por tanto, integra a las entidades locales, independientemente de cuál sea el órgano que dentro de cada entidad ejerza la competencia.
Nuestro Grupo ha votado favorablemente esta Ley, que nos parece que es buena.


El señor PRESIDENTE: Agotado el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

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