Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 63, de 08/11/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1993 V Legislatura Núm. 63 P R E S U P U E S T O S PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA Sesión núm. 5 celebrada el lunes, 8 de noviembre de 1993

ORDEN DEL DIA: Ratificación de la Ponencia encargada de informar los siguientes proyectos de ley: --De Presupuestos Generales del Estado para 1994. (BOCG, serie A, número 27-1, de 1-10-93. Número de expediente 121/000013) (Página 1760) --De concesión de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1993, para aplicar el acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el período 1992-1996.
(BOCG, serie A, número 18-1, de 13-9-93. Número de expediente 121/000004) (Página 1760) --Sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 22.483.000.000 pesetas para financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio. (BOCG, serie A, número 19-1, de 13-9-93. Número de expediente 121/000005) (Página 1760) --Sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.464.683.902 pesetas para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuados durante los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989.
(BOCG, serie A, número 20-1, de 13-9-93. Número de expediente 121/000006) (Página 1760) --Dictamen, a la vista del Informe de la Ponencia, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. (BOCG, serie A, número 27-1, de 1-10-93. Número de expediente 121/000013.) Empieza (Página 1761)

Página 1760


Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


RATIFICAR LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:

--DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (Número de expediente 121/000013.)

--DE CONCESION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS SECCIONES 32 Y 33 DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1993, PARA APLICAR EL ACUERDO SOBRE EL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA EN EL PERIODO 1992-1996.
(Número de expediente 121/000004.)

--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 22.483.000.000 PESETAS PARA FINANCIAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, EN EL MARCO DEL REAL DECRETO 808/1987, DE 19 DE JUNIO. (Número de expediente 121/000005.)

--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 13.464.683.902 PESETAS PARA CANCELAR DEUDAS CON LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE DERIVADAS DE ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 1986, 1987, 1988 Y 1989.
(Número de expediente 121/000006.)

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Vamos a comenzar los debates en Comisión en relación con las enmiendas presentadas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994.
El orden del día, que SS. SS. conocen, incluye también unos créditos extraordinarios y suplementos de crédito que, si les parece a las señoras y señores diputados, introduciremos a lo largo de nuestro programa de trabajo que, previsiblemente, nos va a ocupar la tarde de hoy y los días completos del martes, miércoles y jueves; veremos si es posible terminar el jueves a mediodía. Insisto en que incluiremos los proyectos de créditos extraordinarios a lo largo de ese programa de trabajo una vez que por la Mesa se haya consultado a los grupos el momento concreto de introducir esos proyectos de ley, todo ello en el deseo de que cumplamos fielmente el artículo correspondiente del Reglamento que establece que entre la entrada de los proyectos de ley en Comisión y su salida no pase más tiempo que el prudente. Quiero decir que esos tres proyectos de ley que se refieren a créditos extraordinarios y suplementos de crédito se tratarán a lo largo de estos días en el momento que resulte más oportuno, de acuerdo con la marcha de las deliberaciones y, en su caso, de las votaciones.
En primer lugar, corresponde a la Mesa plantear a la Comisión la ratificación o no ratificación de las ponencias designadas correspondientes a todos los proyectos de ley, incluido el de Presupuestos Generales del Estado para 1994. ¿Se ratifica el nombramiento? (Asentimiento.) Queda ratificado por unanimidad.
En relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 la Mesa y los portavoces de los grupos han tenido las reuniones preceptivas en torno a la calificación de las enmiendas que por suponer aumento de gastos sin el correspondiente incremento de los ingresos tenían que ser sometidas al Gobierno. En este sentido, los grupos, y supongo que el conjunto de las señoras y señores diputados, tiene el criterio del Gobierno.
En relación con ese criterio del Gobierno, la Mesa y los portavoces, con acuerdo por unanimidad, enviaron escrito a la Mesa del Congreso para solicitar, en su caso, el amparo de la Mesa y la posible intervención de la misma cerca del Gobierno en torno a tres grupos de enmiendas: uno, las planteadas por el Grupo Parlamentario Popular; otro, las planteadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y, otro, las planteadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
En este momento la Presidencia y la Mesa disponen del escrito de la Mesa del Congreso del cual se deduce que dicha Mesa no puede pronunciarse en relación con el grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular; lo hace positivamente en relación con algún tipo de enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el sentido de interpretar la verdadera intención de los enmendantes que era parecida a otra de sus enmiendas y a las presentadas por otros grupos, singularmente por el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, aceptadas. En ese sentido la Mesa de la Cámara hace una interpretación fiel de lo que fue la voluntad de la Mesa de esta Comisión y de los portavoces y se acepta.
En algún caso, la Mesa del Congreso coincide con el parecer del Gobierno, del Consejo de Ministros, y no acepta a trámite otra serie de enmiendas.
Como esta Presidencia no ha tenido este escrito hasta el momento, dado que las fechas se nos han amontonado a todos, se da instrucciones al letrado para que se repartan a los grupos y en el momento de discusión en que los grupos lo planteen, si lo desean haríamos un pequeño debate por si cabe algún replanteamiento, aunque creo que de verdad, en términos estrictamente reglamentarios, este replanteamiento es imposible. En todo caso, el texto del escrito de la Mesa se reparte ahora a los grupos por si éstos tuvieran que hacer alguna observación a la Mesa y a la Presidencia.
Quisiera también que las señoras y señores diputados y los grupos hicieran hincapié, aunque lo conocen, en el previsible calendario sobre el que hemos trabajado. Hemos repartido las sesiones, previsiblemente, hasta el jueves por la mañana inclusive, contando mañana que es día de fiesta en Madrid. Esto no presupone ninguna posición

Página 1761


de la Comisión sobre la jornada de trabajo, tan de actualidad estos días.
El día 9 será día de trabajo mañana y tarde. En este calendario se indican los propósitos de la Mesa y de la Comisión. La Presidencia agradecería que nos pudiéramos mantener dentro de ese previsible calendario que hemos planteado, teniendo en cuenta los precedentes de años anteriores. En el caso de que la Mesa y la Presidencia vieran que es imposible, no tendríamos más remedio que proceder a prorrogar en sesiones nocturnas que, por su naturaleza, la experiencia nos dicta que no son las mejores para la tarea parlamentaria.
Para facilitar también la intervención y la participación de las señoras y señores diputados y de los grupos, sobre todo en la parte del debate que afecta no al articulado, sino a las sesiones, conocen SS. SS. el calendario, puesto que en el debate de las secciones suelen estar afectados compañeros que no pertenecen a la Comisión de Presupuestos, sino que normalmente, como es natural, pertenecen a las Comisiones correspondientes de los distintos sectores a que afectan dichas secciones.
También hemos decidido las Mesas y los portavoces que las votaciones correspondientes a lo debatido en cada una de las sesiones tenga lugar a partir de la una y de las ocho de la tarde. No quiere ello decir que necesariamente las votaciones tengan que producirse a la una y a las ocho; pero, en todo caso, aviso a efectos de presencia de las señoras y señores diputados, que a partir de la una y a partir de las ocho pueden tener lugar las votaciones correspondientes a los artículos o, en su caso, a las secciones que se hubieran debatido en la sesión de mañana o tarde.
Parece a la Mesa y a la Presidencia que con estas indicaciones está claro nuestro método de trabajo, pero si hubiera alguna duda, rogaría que se nos hiciera llegar para aclararla en este momento y comenzar nuestros trabajos con la normalidad necesaria y con la eficacia deseable.
Me indica el letrado que al final de la sala están las copias de toda la documentación necesaria, por si no hubiera venido en la cartera de las señoras y señores diputados.
¿Alguna duda? (El señor Almunia Amánn pide la palabra.) Adelante, señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: No sé si lo ha dicho, pero, en todo caso, por la acústica de la sala y porque he estado ordenando papeles, no le he escuchado. ¿Cuándo se van a debatir los tres proyectos de ley de créditos extraordinarios? ¿Al final del debate de presupuestos, es decir, el jueves por la mañana?

El señor PRESIDENTE: Entiende la Presidencia que lo que tenemos que hacer es terminar, si fuera posible, el jueves al mediodía los debates de la ley de presupuestos y esos proyectos de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Pueden suceder dos cosas: que a lo largo de los debates de esta semana en un momento dado estemos holgados de tiempo, es decir, que hubiéramos llegado al final de la jornada habiendo terminado con holgura de tiempo el articulado o las secciones correspondientes a ese día, en cuyo caso sería intención de la Presidencia y de la Mesa introducir en ese momento alguno, algunos o todos los proyectos de ley.
En el caso de que, más que holgados nos encontráramos apurados de tiempo, necesariamente los tendríamos que dejar para el final; los tendríamos que dejar para el jueves. Si aun estando holgados de tiempo, en algún momento hubiera dificultad por alguno o por todos los grupos, no podríamos introducirlos, puesto que, a lo mejor, algún grupo pudiera hacer observar a la Mesa y a la Presidencia que el diputado previsto para la defensa de la enmienda o de ese proyecto de ley no estuviera presente. Por tanto, quiere decirse que si tenemos holgura de tiempo, los podremos debatir, siempre que los grupos digan a la Mesa que es posible porque están presentes los diputados correspondientes y la votación tendría lugar a la misma hora determinada. Si no tuviéramos holgura de tiempo o no estuvieren los diputados o las diputadas afectadas, tendríamos que esperar al jueves, al final de la deliberación del proyecto de presupuesto.
¿Alguna otra duda? (Pausa.)

--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY: DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (Número de expediente 121/000013.) El señor PRESIDENTE: Si les parece, señoras y señores diputados, comenzamos nuestras deliberaciones. En primer lugar, las enmiendas correspondientes al Título I, puesto que las referentes a la exposición de motivos, como es habitual, las reservamos para el final de las deliberaciones.
En relación con el Título I, se ha presentado la enmienda número 261, del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, el señor Arias-Salgado tiene la palabra.


El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, ¿cómo se va a ordenar el debate: enmienda por enmienda, o se puede producir una acumulación de enmiendas que son semejantes entre sí y referidas sustancialmente a una misma materia?

El señor PRESIDENTE: La experiencia que yo tengo de los cuatro últimos presupuestos es que se acumulaban todas las enmiendas presentadas por los grupos de acuerdo con la distribución que habíamos hecho, incluso, aunque la naturaleza de las enmiendas en relación con la del título correspondiente fueran homogéneas. Entonces, lo que sucedía es que los grupos tenían libertad para que diversos miembros intervinieran en relación con el título correspondiente. Por tanto, ahora estamos en la deliberación de todas las enmiendas correspondientes al Título I. En este caso hay una sola enmienda, pero si hubiera varias enmiendas, y aunque fueran de naturaleza distinta, la práctica es que los grupos las defiendan todas

Página 1762


conjuntamente, aunque la defensa corra a cargo de distintos diputados.


El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: De acuerdo, señor Presidente. En relación con el Título I me propongo dividir la exposición en cuatro partes. En la primera de ellas trataría de defender las enmiendas de supresión al Título I, Capítulos I y II de este Título, enmiendas números 261, 262 y 263. En segundo lugar, las enmiendas presentadas a los artículos primero al décimo, enmiendas números 264 a 280, ambas inclusive. En tercer lugar, las dos enmiendas presentadas al artículo once, números 281 y 282. En último lugar, por estar directamente relacionadas con este Título, querría incluir las siguientes enmiendas: enmienda número 392, a la disposición adicional primera; la número 408, que implica la incorporación de una disposición adicional nueva; la número 418, que implica también la incorporación de una disposición adicional; la enmienda 422, que implica la incorporación de una disposición transitoria nueva; la enmienda número 423, a la disposición final primera, y la enmienda número 428, al Anexo III. Todas estas enmiendas, por tanto, en relación con el Título I.
En primer término, señor Presidente, las enmiendas que hacen referencia a la supresión del Título y a los Capítulos I y II del propio Título I de la ley, enmiendas números 261, 262 y 263. Estas enmiendas de supresión son, por así decirlo, unas minienmiendas a la totalidad, se refieren a las grandes cifras e implican fundamentalmente un cierto debate de alcance económico.
Las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Popular ha presentado estas enmiendas de supresión son fundamentalmente dos: En primer término, la falta de credibilidad de esas grandes cifras como expresión contable del instrumento presupuestario para luchar contra la crisis económica, y, segundo, el hecho de que esas grandes cifras que se contienen en el Título I son reflejo de una política económica que nos aleja de la convergencia con la Comunidad Europea.
El primer término --la falta de credibilidad-- en el sentido de que son unos presupuestos que no aportan confianza al sistema económico, ya que en el proyecto de presupuestos que el Gobierno ha presentado no es creíble el cuadro macroeconómico en que se apoyan, ni tampoco son creíbles las previsiones de gastos e ingresos que contiene el texto del proyecto de ley.
No se trata ahora de reproducir la totalidad del debate económico que tuvo ya lugar en el Pleno de la Cámara, pero sí es, a mi juicio, el momento oportuno de dar unos cuantos flashes para apoyar y fundamentar la pertinencia de estas enmiendas de supresión.
En primer término no resulta creíble el cuadro macro y fundamentalmente no resulta creíble la previsión de crecimiento del 1,3 por ciento que se contiene en el cuadro macroeconómico que soporta estos presupuestos. No lo es porque, si se cumplen las previsiones del Gobierno para este año, en las que habrá una variación negativa del 0,8 por ciento, pasar en el transcurso del próximo año al crecimiento de 1,3 implicaría un repunte de más de dos puntos que no va a alcanzar prácticamente ningún país de la Comunidad Europea. Será difícil, por tanto, que nuestro crecimiento económico llegue a alcanzar esa tasa y de ahí la falta de credibilidad de las cifras presupuestarias.
También desde la perspectiva estricta del gasto hay que en estos presupuestos una falta de credibilidad, que se podría demostrar o concentrar en las siguientes pinceladas. En primer término, no se contiene el gasto estructural porque no se afronta una reforma del sector público y ahí habrá una generación de gasto difícil de controlar. En segundo término, se incrementa el gasto corriente no financiero, y medido presupuesto inicial sobre presupuesto inicial, el incremento es del 10,1 por ciento contra una previsión de crecimiento nominal del producto interior bruto del 4,8 por ciento. En tercer lugar, la falta de moderación del gasto corriente obliga a congelar el gasto de inversión de la administración central en un nivel muy bajo, el 3,1 por ciento medido en términos de producto interior bruto. Y, cuarto, las compras de bienes y servicios representan, presupuesto inicial sobre presupuesto inicial, un incremento del 8,4 por ciento, pero en esa previsión no se recoge una buena parte de las deudas que la administración pública central tiene con sus proveedores.
De todos estos elementos deriva evidentemente una falta de credibilidad de la previsión de gastos y hay, desde otra perspectiva también, una falta de credibilidad de la previsión de ingresos.
En el texto del proyecto de ley se prevé una recaudación de 22,7 billones de pesetas, lo que supone un incremento del 0,9 por ciento. Sin embargo, si se midiera presupuesto inicial sobre presupuesto inicial, el incremento sería aún mayor. No es fácil que este incremento se pueda producir, porque la cifra de crecimiento económico a que me he referido antes, el 1,3 por ciento, será difícil de alcanzar y, por consiguiente, de no alcanzarse la cifra de crecimiento, difícilmente se podrán cumplir las previsiones de ingresos. Pero es que, al propio tiempo, en estos presupuestos se incrementa la previsión fiscal en un momento de atonía de la demanda que la hace altamente desaconsejable. Hay una elevación encubierta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por falta de deflactación de las tarifas, hay también un incremento de los impuestos especiales y hay un incremento previsto de recaudación del IVA que sólo se podrá producir en la actual situación económica si finalmente se realiza un incremento de los tipos. Es decir, a partir de la situación económica en que estamos, no se afronta en estos presupuestos una reforma fiscal al servicio de la economía productiva que favorezca el ahorro y la inversión. Por ello, será difícil que sirvan estos presupuestos como instrumentos de lucha contra la actual situación de crisis.
La segunda razón por la cual se justifican las enmiendas de supresión es que estos presupuestos nos alejan de la convergencia con Europa, y muy brevemente se podría afirmar en tres rasgos: estos presupuestos mantienen un déficit que, al ser del 5,7 por ciento, debe considerarse excesivamene alto; de otra parte, ese déficit alto, contra

Página 1763


el que estos presupuestos renuncian a luchar decididamente, generará nuevas tensiones sobre los tipos de interés y sobre la inflación, y, finalmente, ello, irreversiblemente o ineluctablemente, provocará un aumento de la deuda pública que se aproximará al tope del Tratado de Maastricht del 60 por ciento, medido en términos de producto interior bruto.
En suma, se trata de unos Presupuestos fundamentalmente incrementalistas que no afrontan ninguna de las reformas estructurales que serían precisas para luchar contra la crisis económica, que no apoyan decididamente el ahorro y la inversión y que, consecuentemente, difícilmente podrán ser un instrumento útil en la lucha contra la crisis económica. Todavía más, es fundado prever que producirán unos efectos negativos parecidos a los que han producido los presupuestos actualmente vigentes, bien sea porque no se cumplan por defecto o por exceso. En definitiva, estos presupuestos, señor Presidente, señorías, desaprovechan una gran oportunidad, desaprovechan la oportunidad que se produce siempre en un país después de una elecciones generales, desaprovechan también la conciencia de crisis económica que en estos momentos existe en la sociedad española para hacer un esfuerzo mayor y desaprovechan una gran oportunidad para empezar a configurar un sistema de protección social que sea verdaderamente financiable en la situación de crisis que vivimos. Todo esto en lo que afecta a las enmiendas de supresión.
Paso a defender las enmiendas a los distintos artículos de este Título I, enmiendas que he agrupado en torno a cuatro coordenadas: la primera coordenada sería la de aquellas enmiendas destinadas a favorecer el rigor presupuestario; la segunda sería la de las enmiendas destinadas a evitar el aumento y el descontrol del gasto público; la tercera sería el grupo de enmiendas que tienen por objeto fortalecer el control parlamentario en la ejecución del Presupuesto, y el último grupo haría referencia a algunas enmiendas de pura mejora técnica.
Todo este conjunto de enmiendas tiene un sustrato común, que se podría resumir en tres rasgos: en primer término, tratan de devolver al presupuesto su dimensión institucional, que ha cedido terreno, por así decirlo, en favor de la faceta económico-contable, mientras que estimamos, estima mi grupo parlamentario, que una combinación de ambas facetas, una combinación equilibrada es lo que caracteriza a los Estados modernos. En segundo lugar, estas enmiendas tratan de resaltar el carácter de cauce jurídico que tienen los presupuestos en el doble sentido de que habilitan a actuar al poder fiscal del Estado, de una parte, y, de otro lado, limitan la acción del poder público. Finalmente, las enmiendas contienen también una crítica en cuanto que los presupuestos son el pilar político de la acción del Gobierno. En estas tres dimensiones que constituyen el sustrato común de las enmiendas el primer grupo de enmiendas tiene por objeto evitar, como decía, la desvirtuación de los principios propios del rigor presupuestario y, en particular, del principio de especialidad que es materialmente desvirtuado a lo largo de un conjunto de artículos en el proyecto de ley del Gobierno. El objetivo específico de estas enmiendas sería, por tanto, en primer término, evitar modificaciones arbitrarias e innecesarias de la Ley General Presupuestaria; en segundo lugar, suprimir o restringir posibilidades de actuación discrecional durante el ejercicio económico, y, en tercer lugar, limitar facilidades para introducir modificaciones presupuestarias.
En este sentido la enmienda número 267 propone la supresión, en el artículo siete, del apartado uno, primera. Se trata de un artículo ya habitual en los presupuestos de los gobiernos socialistas, que no sólo facilita las modificaciones de créditos presupuestarios, sino que deja en suspenso la vigencia de la Ley General Presupuestaria, de tal manera que da prioridad de vigencia a las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos, dejando en suspenso hasta el próximo ejercicio la vigencia y, por tanto, los preceptos limitadores, de la Ley General Presupuestaria, técnica desaconsejable que no tiene otro objetivo que ampliar la discrecionalidad del poder fiscal del Gobierno y que, por consiguiente, ignora la función de límite que el Derecho tiene.
La enmienda número 269, también de supresión, al apartado tres del artículo séptimo, se justifica porque el precepto que se pretende suprimir amplía la discrecionalidad en torno al concepto de generación de créditos. Amplía la discrecionalidad temporal en cuanto permite que se consideren como créditos generados ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior y amplía también la discrecionalidad cualitativa, porque trata de comprender cualesquiera aportaciones del Estado a los organismos autónomos o de los organismos autónomos al Estado sin ningún tipo de limitación.
La enmienda número 271 propone la supresión del punto cuatro del artículo séptimo. En la misma línea que la anterior, el precepto que se pretende suprimir amplía el concepto de incorporación de créditos y permite, por tanto, tratar con más alegría este concepto en el transcurso del ejercicio.
Las enmiendas números 273 y 274 tratan de modificar el artículo nueve, apartado uno. Aquí querría señalar, señor Presidente, que existe una errata que es responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular, porque de lo que se trata es de introducir una distribución de competencias para autorizar determinadas modificaciones presupuestarias. En el texto del Gobierno, en el transcurso de todo el artículo, se atribuye esta competencia al Ministro de Economía. Nosotros pretendemos que en los números cuatro y cinco, la autorización sea competencia del Consejo de Ministros, mientras que los números uno, dos y tres del texto del Gobierno continúen siendo competencia del Ministro de Economía. Al elevar la competencia de la autorización para ciertas modificaciones presupuestarias al Consejo de Ministros, se trata de hacer algo más rígido un procedimiento y está, en todo caso justificado, porque se trata de modificaciones que afectan a programas en los que están involucrados diversos departamentos ministeriales. Solamente este dato puramente formal justificaría que la competencia para autorizar la modificación presupuestaria fuese del Consejo de Ministros y

Página 1764


así se limita en cierto modo la discrecionalidad del Ministro de Economía y Hacienda.
La enmienda número 408, a la disposición adicional nueva, quiere recoger un mayor control de las ayudas y subvenciones, algo que viene siendo demorado una y otra vez por las leyes de presupuestos, aun cuando está en vigor a partir de una modificación presupuestaria de años anteriores.
El segundo grupo de enmiendas están destinadas a evitar el aumento y el descontrol del gasto previsto y autorizado. En esta coordenada insertamos las siguientes enmiendas. La enmienda número 268, una enmienda de adición al artículo siete, punto uno, segunda, que trata de limitar las modificaciones presupuestarias en relación con los Capítulos VI, inversiones reales y VII, transferencias de capital, limitando las modificaciones presupuestarias posibles dentro de los propios capítulos sin que sea, por tanto, posible modificar los créditos de un capítulo a otro.
La enmienda número 270, de adición al artículo siete.1. tercera, tiene por objeto impedir que las modificaciones presupuestarias autorizadas originen un aumento del crédito. Por tanto, se prevé que la autorización sea posible siempre y cuando no termine por originar un aumento de crédito.
La enmienda número 272 trata de modificar el artículo ocho, primer párrafo, mediante la ampliación de los créditos vinculantes. En el proyecto del Gobierno se recogen solamente cuatro partidas cuyos créditos se califican como créditos vinculantes. El propósito del Grupo Parlamentario Popular es incrementar esas partidas de cuatro a veintidós.
Es una forma de controlar más rigurosamente el gasto público y, por tanto, de evitar desviaciones presupuestarias, llevando la vinculación a nivel de ciertos conceptos, por entender que la vinculación del crédito a nivel del artículo se ha demostrado insuficiente para evitar las desviaciones presupuestarias.
Las enmiendas números 277 y 278 están en relación con el artículo diez, que, como es sabido, es el que contiene determinados límites cuantitativos que el Gobierno no puede sobrepasar en el transcurso del ejercicio, durante la aplicación de los presupuestos que en estos momentos están en debate. La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular al apartado 1 del artículo diez tiene por objeto mejorar técnicamente la redacción por una parte y, por otra, establecer una sanción de nulidad con respecto a las obligaciones contraídas que superen los límites previstos en el propio artículo diez.
La enmienda número 278 viene a añadir al artículo diez un nuevo apartado por el que se obliga al Gobierno a presentar un proyecto de ley, cuando se trate de incrementar los créditos de determinados organismos autónomos y entes del sector público no sujetos al Derecho mercantil. Muchas veces los incrementos de crédito que figuran en los presupuestos relativos a los organismos autónomos y a estos otros entes del sector público no sujetos al Derecho mercantil se producen por una vía indirecta o de difícil control. Se trata de que, en lo sucesivo, siempre que haya necesidad objetiva de un crédito extraordinario o de un suplemento de crédito no se utilicen procedimientos indirectos, sino que el Gobierno remita a las Cortes un proyecto de ley con todos los requisitos propios de estos proyectos de ley de crédito extraordinario o de suplementos de crédito, que se aplican cuando se trata de la Administración central. Es decir, se trata de poner en práctica la misma técnica que se aplica a los demás sectores de las administraciones públicas centrales a los organismos autónomos y a los entes del sector público.
La enmienda número 423 propone la supresión de la disposición final primera. Esta disposición final regula una nueva figura jurídica que podríamos denominar de decretos presidenciales, y tiene una doble vertiente: una vertiente jurídica y una vertiente presupuestaria. La vertiente jurídica es que resulta singular que se introduzca en la ley de presupuestos --ya se ha hecho en años anteriores-- una nueva figura jurídica, el decreto presidencial, para modificar la organización del Consejo de Ministros, de tal manera que existe una amplia discrecionalidad para crear y para suprimir ministerios. Si desde una perspectiva de fondo puede estar justificada la existencia de esta facultad del Presidente del Gobierno, especialmente en momentos poselectorales, no es menos cierto que el lugar adecuado no es precisamente la ley de presupuestos, porque introducir una figura jurídica nueva, como es la del decreto presidencial, en el ámbito de una ley de presupuestos, que tiene una vigencia anual, no deja de ser absurdo.
Además, esta disposición tiene una dimensión presupuestaria: que no contiene límite alguno, de tal manera que en el ejercicio de las facultades que esta disposición confiere al Presidente del Gobierno podríamos pasar, mañana mismo, de tener 16 ministerios a tener 32, cosa que, evidentemente, implica un incremento notable de gasto que no está sujeto a ninguna garantía jurídica ni a control jurídico, sino, única y exclusivamente, al control político que implica la existencia de las Cortes Generales. En todo caso, es una disposición adicional que carece de justificación en una ley de presupuestos.
El tercer grupo de enmiendas a las que mi Grupo Parlamentario da particular importancia en esta fase del debate, son todas aquellas que tratan de ampliar y fortalecer el control parlamentario en la ejecución de los presupuestos. Se trata de mejorar el control político durante el ejercicio económico cuando se trata de la actividad presupuestaria del Gobierno. Ello está justificado siempre desde una perspectiva institucional. Lo está en mayor medida en nuestra situación si se tiene en cuenta el precedente que supone el ejercicio en curso en el que las desviaciones presupuestarias han sido de tal magnitud que es absolutamente imprescindible que el control político sea algo mucho más eficaz y completo.
Debo decir, señor Presidente, que a lo largo de todo el articulado mi Grupo Parlamentario presenta un conjunto de enmiendas en las que se establece la obligación del Gobierno de suministrar regularmente información a la Cámara sobre todos y cada uno de los aspectos fundamentales de la ejecución presupuestaria, y que esto tiene

Página 1765


un acompañamiento fuera de la ley de presupuestos que consiste en la propuesta que, por vía de reforma del Reglamento, ha hecho ya mi Grupo de crear y desarrollar una oficina técnica de control presupuestario, en el seno de las Cortes Generales, con el fin de dar soporte técnico adecuado a este control político que mi Grupo Parlamentario quiere desarrollar a través de un conjunto de enmiendas que no implican otra cosa que una obligación del Gobierno de suministrar información completa sobre la ejecución presupuestaria.
A este respecto, la enmienda número 264, de adición al artículo tres, plantea la obligación del Gobierno de remitir a la Cámara una información trimestral sobre los beneficios fiscales y su adecuación a los objetivos que tales beneficios fiscales persiguen. Hay que tener en cuenta que no es una pequeña cuestión. En el año 1993 la previsión presupuestaria de esos beneficios fiscales alcanzaba un billón trescientos mil millones de pesetas y, en el año 1994, la previsión es un billón setecientos diez mil millones de pesetas; es decir, casi el 2,5 por ciento del producto interior bruto, cantidad lo suficientemente importante como para estar sujeta regularmente a un control parlamentario.
La enmienda número 276, de adición de un párrafo cinco al artículo nueve, tiene por objeto obligar al Gobierno a que remita información periódica a la Cámara sobre todas las modificaciones presupuestarias a que se refiere el propio artículo nueve.
Las enmiendas 279 y 280 se refiren al artículo diez y tienen por objeto ampliar la obligación del Gobierno de informar a las Cortes sobre el apartado dos, que como enmienda de adición al propio artículo diez ha presentado mi Grupo Parlamentario, en el sentido de suministrar información sobre créditos extraordinarios y suplementos de crédito a los organismos autónomos y entes del sector público no sujetos al Derecho mercantil. Además, en la enmienda 280 hay una dimensión de control parlamentario que, a nuestro juicio hace, por lo menos en teoría, más cumplible el artículo diez de lo que ha resultado en el presente ejercicio. Como sabemos, el Gobierno, por decreto-ley, ha derogado el artículo diez en el presente ejercicio, porque no ha podido cumplir con las limitaciones que dicho artículo ya preveía en la Ley de Presupuestos vigente, aprobada el pasado año. Pues bien, la enmienda de mi Grupo Parlamentario tiene por objeto que el artículo diez de la ley de presupuestos no sea modificable por decreto-ley, sino que solamente sea modificable o derogable cuando el Gobierno envíe una ley específica; es decir, sólo podrá derogarse o modificarse por ley votada en Cortes, sin que sea posible acudir al decreto-ley cuando se trate de sobrepasar --si así lo exigieran las circunstancias económicas-- los límites cuantitativos establecidos en el artículo diez, relativo a las obligaciones que el Gobierno puede contraer en el transcurso del ejercicio económico.
La enmienda 392 es de adición a la disposición adicional primera. Trata de obligar al Gobierno a que remita información anual a las Cortes sobre el cumplimiento de los programas a que se refiere la propia disposición adicional, que son programas fundamentalmente de inversión y sobre los que la Intervención General del Estado está experimentando el llamado control de eficacia. Se trata de hacer regular el envío de información sobre ese control de eficacia de inversiones públicas en determinados programas a las Cortes Generales.
La enmienda 418 implica la incorporación de una disposición adicional nueva. Se trata de solicitar del Gobierno información cuatrimestral para poder ejercer el control parlamentario sobre los créditos concedidos por los departamentos ministeriales aplicados en cada una de las correspondientes secciones del presupuesto de gastos capítulo ocho «Activos financieros», artículo ochenta y dos «Concesión de préstamos al sector público».
La enmienda 428, finalmente, señor Presidente, es de adición al Anexo III y tiene por objeto regular la obligación del Gobierno de remitir a esta Cámara información trimestral sobre el uso de las autorizaciones a que se refiere este Anexo III, qe son autorizaciones de crédito en favor de los organismos autónomos y entes del sector público.
Paso, a continuación, a defender las enmiendas de pura mejora técnica, las número 270 y 275, que tratan de añadir la expresión «aplicación presupuestaria» al artículo siete.1 tercera y al artículo nueve, punto cuatro, respectivamente. Esta adición de «aplicación presupuestaria» es una mejora técnica cuando se realizan modificaciones de crédito que se ponen en conocimiento del órgano competente para autorizarlas y que ha de determinar efectivamente la aplicación presupuestaria.
La enmienda 422 pretende la inclusión de una disposición transitoria nueva que tendría por objeto establecer una obligación material del Gobierno: que se haga publicación conjunta de la ley de Presupuestos, de todos sus documentos anejos y de lo que hemos denominado ley complementaria o ley financiera, que se discutirá a continuación del texto de la Ley de Presupuestos en sentido estricto.
Decía, señor Presidente, que dejaba para el final las dos enmiendas al artículo once de este Título, que son las números 281 y 282. La enmienda 281 es de modificación. Contiene una omisión imputable a la mecanografía del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que no se menciona el apartado cuatro del artículo once, que hay que incluir por una razón de pura coherencia, porque en ese artículo se trata de sustituir la palabra «préstamo» por la expresión «aportación del Estado». En este artículo, como se sabe, se prevé la existencia de un préstamo del Estado al Insalud y de otro a la Seguridad Social, que debe ser cambiado en su naturaleza jurídica y, por tanto, en su calificación por una razón muy sencilla, porque el préstamo permite un juego contable que no permite la expresión aportación del Estado, de tal manera que la única forma de asegurar un rigor presupuestario y un conocimiento exacto de las cuentas públicas es no permitir las diversas posibilidades contables que tiene el concepto de préstamo e introducir directamente la obligación de aportación del Estado, que tiene una

Página 1766


contabilidad legalmente establecida directa y que no permite ningún juego contable.
La enmienda 282, que es de adición al artículo once, trata de extender la previsión de financiación a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en relación con el Insalud.
Con esto, señor Presidente, termino la prolija exposición y defensa de las enmiendas que mi Grupo Parlamentario ha presentado al Título I y a sus artículos en particular, con la acumulación de algunas que quedan fuera del Título I pero que están directamente relacionadas con la filosofía de las enmiendas que este Grupo Parlamentario presenta.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, vamos a defender las enmiendas al Título I exclusivamente, después iremos defendiendo, título a título, las distintas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Ese es el sistema, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Izquierda Unida va a defender las enmiendas referidas fundamentalmente a las propuestas de control o transparencia presupuestaria, de la que adolece el proyecto de ley. No vamos a entrar en las grandes cifras que sintetiza el articulado de la ley, a las que haremos referencia en el debate de las secciones. No vamos a discutir si esas grandes cifras que nosotros no compartimos y que se proyectan al articulado de la ley son ajustadas o no lo son, puesto que deben obedecer a cada una de nuestras propuestas indicativas, a sus distintas secciones y capítulos.
Pero sí que me gustaría hacer mención al veto que el Gobierno ha utilizado con algunas de nuestras enmiendas. Nosotros tenemos que lamentar este uso fundamentalmente porque otros años, concretamente el anterior, sí pudimos defenderlas. Las enmiendas que voy a defender ahora van dirigidas a los artículos primero, séptimo, noveno y décimo.
La relativa al artículo primero pretende que los Presupuestos Generales del año 1995 vengan a las Cortes con los documentos y los libros que ahora mismo se entregan, junto con un tomo con las inversiones regionalizadas por provincias, tanto del subsector Estado, como de los organismos comerciales y públicos, como de las empresas públicas. Por otro lado, proponemos que las inversiones que se aporten recojan en cada subproyecto la especificación de cuáles son inversiones nuevas que se van a realizar y cuáles son deslizamientos de otros años, cuáles pueden venir de ejercicios anteriores.
Finalmente, pedimos que en la documentación que se adjunte la relación de puestos de trabajo especifique cuáles están vacantes y cuáles están cubiertos para conocer cuál es la evolución de la plantilla con la que cuentan cada una de las secciones y de los organismos.
La segunda enmienda, la número 1.248, al artículo séptimo, pretende que en la modificación para la ejecución de los créditos presupuestarios se especifique, siempre que el Gobierno haga uso de la modificación presupuestaria, cuál es la incidencia que va a tener esa modificación con la consecución de los objetivos, tanto en el lugar donde se retrae la partida, como en el que se incorpora, para mantener esa filosofía de presupuestación por programas, puesto que por sistema, con el volunen que ahora mismo tiene, al final del ejercicio el presupuesto que se liquida no guarda parecido alguno con el presupuesto que aprobamos al principio del debate.
La enmienda 1.261, al artículo noveno, hace referencia a la responsabilidad del Ministerio de Defensa para autorizar, en el año 1994, la generación de crédito en el artículo 71.1 b) y c) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, texto que, aunque hace referencia a Defensa, está unido a los ingresos que proceden de la venta de productos farmacéuticos y a la prestación de servicios hospitalarios. Nosotros creemos que esta atención, aunque se haga al personal de Defensa, debe estar informada por el Ministerio de Sanidad y no por el de Defensa.
La enmienda 1.262, al artículo noveno, pretende adicionar un nuevo apartado 5. Pretendemos que todas las modificaciones presupuestarias que se efectúen por el Gobierno se remitan a la Comisión de Presupuestos del Congreso y del Senado para conocimiento de los grupos parlamentarios. Es una propuesta tendente a garantizar un mayor conocimiento de la ejecución presupuestaria en el momento en que se produce y no en las liquidaciones trimestrales globales que ahora mismo se pueden estar discutiendo.
La enmienda 1.263, señor Presidente, dirigida al capítulo uno, artículo diez, hace referencia a la sección 03, Tribunal de Cuentas. Cuando discutamos las enmiendas relativas al Tribunal de Cuentas la defenderemos, puesto que no tiene nada que ver con el proyecto. Ya lo expusimos en el documento que presentamos a la Comisión, aunque aparece en el tocho que hemos estado manejando.
La enmienda 1.264 se refiere al artículo diez. 2, relativo a las limitaciones presupuestarias para los créditos extraordinarios o suplementos de crédito con que cuenta el Gobierno. La propuesta de nuestro Grupo Parlamentario es la de suprimir este apartado 2 en lo relativo a este recurso de los créditos extraordinarios. Si no se produce esa supresión deseamos que se reduzca la autorización que se hace al Gobierno del 3 por ciento de los créditos inicialmente aprobados, al 2 por ciento. En un año en el que se habla de austeridad y en un presupuesto en el que se reduce la actuación del Gobierno, creemos que el recurso a los créditos extraordinarios debe también reducirse.
La enmienda 1.266 trata de añadir un párrafo al apartado 3 que diría que la liquidación trimestral se realizará al mismo estado de desagregación que la propuesta de presupuestos, en las distintas secciones, servicios, programas, capítulos, artículos e inclusive los conceptos de todas las operaciones no financieras. La liquidación que

Página 1767


ahora se presenta en esta Cámara no facilita el control y el seguimiento del presupuesto que los distintos grupos podemos hacer o, por lo menos, no lo garantiza al nivel que se propone. Queremos que la liquidación del presupuesto se realice al mismo nivel que para el período que comenzará a primero de 1994.
Estas son las enmiendas al Título I que defendemos, aunque teníamos otras relativas a la Seguridad Social que, al haber sido vetadas, no podemos defender en este trámite.


El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Ríos termina la correspondiente al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Homs para defender la enmienda correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor HOMS I FERRET: Nuestro Grupo tiene una enmienda a este Título del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994, la número 229, al artículo once, y hace referencia a la Seguridad Social.
Pretende establecer un mecanismo de participación automática y simultánea en las desviaciones del Insalud para todas las comunidades autónomas cuya gestión está transferida.
Esta es, señorías, una problemática que venimos trasladando a esta Cámara en cada uno de los debates de la Ley de Presupuestos, con objeto de que los mecanismos hoy existentes para poder cubrir las desviaciones que pueda tener el presupuesto de gastos del Insalud también se apliquen a las comunidades autónomas a partir del momento en que se les transfieran los servicios de Sanidad. Se trata de un problema pendiente, que afecta a varias comunidades autónomas y al que se le tendrá que buscar necesariamente una solución. Quizá la que aportamos no sea la más conveniente, pero tiene como objeto proponer una solución.
Esta es, señorías, una cuestión que, a nuestro juicio, no podemos demorar más. El Gobierno tiene que encontrar un mecanismo que garantice la cobertura de las desviaciones automáticas. Sí se cubre, no obstante, para las desviaciones que hacen referencia a la gestión directa que realiza el Insalud.
Señorías, nuestro Grupo, con esta enmienda, pretende suscitar el debate en esta Cámara, en este trámite de Comisión y perseguir, por parte de los distintos grupos, una solución a esta importante y grave situación económica que se genera como consecuencia de las desviaciones.
Concretamente, en el apartado tres del artículo once, se dice --y es la redacción que proponemos-- que, conjuntamente a la financiación de los incrementos de gastos del Insalud, gestión directa, el Estado aportará a las comunidades autónomas con gestión transferida las cantidades resultantes de aplicar los respectivos coeficientes de población a los mencionados incrementos. La medida que proponemos es que estas desviaciones se cubran asignando un criterio que sería el de que se apliquen los coeficientes de población sobre los mencionados incrementos.
Decimos, a continuación, en nuestra propuesta que estas aportaciones tendrán la consideración de cantidades a cuenta, y, en todo caso, en las liquidaciones que se realizarán «a posteriori», ya se definirá de forma exacta la cuantía de la desviación definitiva que tiene que cubrirse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Esta es una sugerencia opinable, discutible, pero al menos es una solución. Es una redacción que permitiría afrontar la problemática que hoy aqueja a varias comunidades autónomas que tienen los servicios de sanidad transferidos y que no tienen resuelto todavía el modo de atender el problema de las desviaciones que experimentan sus presupuestos por la prestación de servicios sanitarios.
Esta es, señorías, señor Presidente, la enmienda que nuestro Grupo tiene viva en el Título I, y para la que deseamos la comprensión de todos los grupos para encontrar una solución. Al menos, que se comprenda la motivación y que se susciten vías de solución. No tiene por qué ser en esta Ley de Presupuestos, puede ser en otros ámbitos o instancias, pero tenemos que encontrar la solución porque el problema está ahí y no podemos dejar que, año tras año, se vaya demorando sin darle una respuesta.


El señor PRESIDENTE: Si les parece a SS. SS., comienza ahora el turno correspondiente a los grupos que deseen fijar su posición en torno al conjunto de enmiendas presentadas a este Título I. ¿Grupos que desean intervenir en relación con estas enmiendas? (Pausa.) Pasamos a las enmiendas correspondientes al Título II.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, ¿no hay turnos en contra?

El señor PRESIDENTE: Tengo en este momento algunas dudas de carácter reglamentario, pero la Presidencia había preguntado por los portavoces de los grupos que querían fijar su posición sobre estas enmiendas, tanto si eran a favor como en contra. Por lo tanto, también hay intervenciones en contra.
¿Qué grupos desean fijar su posición en relación con las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Popular, Izquierda Unida y Convergència i Unió? Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, en principio no había pedido la palabra porque pensaba que al haberse formulado alguna enmienda de totalidad al Título I y a alguno de los capítulos, hablaría algún grupo que no hubiera intervenido, pero, por supuesto, el Grupo Socialista utiliza el turno en contra de las enmiendas defendidas.
Quiero manifestar en las consideraciones previas, antes de pasar a defender las enmiendas puntuales al Título I de este proyecto de ley, que el Grupo Parlamentario Popular ha suscitado una especie de debate general que

Página 1768


no procede, puesto que ya en su momento hubo el debate de totalidad, donde, efectivamene, se pusieron de manifiesto las discrepancias de dicho Grupo respecto al proyecto de ley. Por tanto, no entraré ahora en una contestación de lo que podría suponer un debate de totalidad al proyecto de ley.
Las enmiendas de supresión del Título I, capítulos I y II vienen en la tónica habitual de años anteriores del Grupo Popular de, además de enmiendas parciales, presentar enmiendas de supresión o de devolución de todos los títulos que componen la Ley de Presupuestos para 1994. Si se devolviera el Título I o se aceptara esa enmienda habríamos acabado el debate puesto que, efectivamente, este Título establece las cifras globales por conceptos y, de hecho, supondría una devolución del proyecto puesto que quedaría totalmente anulado.
Por otra parte, en la defensa de esas enmiendas de supresión del Título I y de los Capítulos primero y segundo tampoco se presentan alternativas en las que se proponga una modificación de las grandes cifras del gasto referido al artículo dos, donde vienen con detalle los diferentes programas que componen el presupuesto global del Estado y de la Seguridad Social, de 27 billones 210.000 millones de pesetas. No sabemos lo que pretende el Grupo Popular, si anular las partidas referidas a seguridad y protección civil o seguridad y protección social, o sanidad o a educación, quizá infraestructuras básicas, etcétera. Por tanto, el artículo dos comprende por programas una serie de cifras que dan este montante global de 27 billones 210.000 millones de pesetas.
Respecto a las enmiendas parciales que se han planteado, algunas son de diferente naturaleza, incluso se han defendido enmiendas que entiende nuestro Grupo que nada tendrían que ver con el Título I, referidas a algunas disposiciones adicionales que serán contestadas por otro interviniente. Voy a contestar a las diferentes enmiendas defendidas en la medida en que su número de orden plantea modificaciones a diferentes artículos o supresión de los mismos.
Para ir por el orden correlativo, se pide en una enmienda al artículo tres una información detallada a la Comisión de Presupuestos; es decir, que trimestralmente se informe sobre la aplicación de los beneficios fiscales que contempla la Ley, que todos sabemos que ascienden a la cifra de un billón 710.000 millones de pesetas. Difícilmente se podría dar cumplimiento a esto, puesto que la mayor parte de las desgravaciones se conocerán en el momento de efectuarse las correspondientes declaraciones de la renta; desgravaciones sobre viviendas, sobre planes de inversiones, gastos de alquileres, gastos de enfermedad, etcétera; no se concretan ni, por tanto, su aplicación. Es en el momento de efectuar las declaraciones de la renta cuando se tiene conocimiento de ellas. En todo caso, lo que el Grupo comprende es que en futuros presupuestos sí debería venir una memoria justificativa referida al ejercicio anterior, relativo a la aplicación de los beneficios fiscales.
En otras enmiendas se pide la anulación del presupuesto de RTVE; no entraré en ellas, no se han defendido. Sobre este tema ha habido últimamente diferentes posiciones, y ya sabemos cuál es la postura del Grupo Popular, por tanto, no entraré en mayor detalle. En la enmienda 266 se pide la supresión del presupuesto del ente público AENA; esto dejaría a este ente en una total paralización a la hora de seguir el plan de modernización y de dotación de infraestructuras para los aeropuertos españoles.
En la enmienda 270, al artículo siete 1 Tercera se pide que lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias figure en un nuevo párrafo que diga: «... y aplicación presupuestaria». En este sentido manifiesto que es el propio Ministerio de Economía y Hacienda quien tramita las modificaciones presupuestarias en las que se contienen las aplicaciones correspondientes; por tanto, no es necesaria esta adición. Además, por otra parte, el Ministerio que debe dar cuenta de estas modificaciones es el de Administraciones Públicas, y no el de Economía y Hacienda como parece desprenderse de la enmienda. Se pretende que la citada modificación del Capítulo I de los Presupuestos en ningún caso ha de significar aumento en su cifra total, y cabe también señalar que la disposición transitoria quinta del proyecto de ley, que suspende la oferta de empleo público para el año 1994, tiene esa pretensión de no incremetar el gasto del Capítulo I. No puede establecer una normativa tan rígida, puesto que impediría el pago de alguna alteración en los costes de personal por atrasos, cuotas de la Seguridad Social, trienios, etcétera. En un montante tan importante como el del presupuesto demasiada rigidez llevaría a conflictos permanentes.
En la enmienda 269 se pide la supresión del apartado que da una nueva redacción al artículo 71 de la Ley General Presupuestaria, amparándose en que dicho artículo comienza diciendo «con vigencia exclusiva para 1994...», por lo que no conviene una modificación de la Ley General Presupuestaria de carácter anual.
El punto 3 de este artículo siete no está incluido en la vigencia exclusiva para 1994 que señala la enmienda. La limitación temporal sólo afecta al punto 1 de dicho artículo. La redacción del artículo 71 de la Ley General Presupuestaria empieza diciendo: Podrá generar crédito en la forma que reglamentariamente se determine. El hecho de que no se haya promulgado el Reglamento que desarrolla el artículo 71 no es óbice para que se tenga un conocimiento exacto de una ampliación de este artículo que se hace en esta Ley para 1994. Se tiene total conocimiento.
La enmienda 271 propone la supresión del artículo siete, punto 4. Hay que dar soluciones a situaciones que no pueden demorarse hasta la aprobación de una nueva ley general presupuestaria, que está contemplada dentro del programa electoral que se presentó por el Partido Socialista en las últimas elecciones y que se tratará de consensuar con los diferentes grupos.
Esta modificación añade mayor claridad en la regulación de incorporaciones de crédito por operaciones de capital y, por tanto, no comprendemos este intento de modificar algún apartado de la Ley General Presupuestaria

Página 1769


cuando, por otra parte, en alguna enmienda que ha presentado el Grupo Popular propone alguna modificación de la Ley General Presupuestaria.
La enmienda 272, al artículo ocho, aparado 1, pretende la ampliación de los créditos del Capítulo II a los que se otorga en el proyecto de ley el carácer de vinculantes para 1994. Por primera vez en la ley de presupuestos aparecen conceptos que se declaran vinculantes en el artículo ocho y se corresponden con una voluntad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista de contener el gasto público, pero estos créditos vinculantes se corresponden con créditos destinados al pago de suministros de carácter periódico y han sido dotados en las cantidades necesarias para atender dichos suministros. De aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Popular, habría que modificar el artículo 59 de la Ley General Presupuestaria, lo que está en contradicción con lo defendido en otras enmiendas que se oponen a modificaciones parciales de la Ley General Presupuestaria.
La enmienda número 276 va en la línea de un mayor conocimiento para un mejor control del gasto público. Quiero manifestar que las transferencias que se regulan en este artículo --en el artículo nueve-- son las que se refieren a los decretos de traspasos de servicios a comunidades autónomas y entre distintos departamentos ministeriales y organismos autónomos, o a la distribución de los créditos del fondo nacional de la investigación científica y técnica y a las actuaciones financiadas por el fondo social europeo, y supone un porcentaje mínimo de las transferencias que se aprueban en el ejercicio. Por lo tanto, no se alcanza a comprender cómo, por esta información, va a mejorar el control parlamentario de la actividad presupuestaria.
Por otra parte, quiero manifestar, respecto a lo defendido por el señor Fernández-Miranda, que está pendiente el regular, mediante modificación del Reglamento del Congreso, la creación de la oficina presupuestaria para que se registren este tipo de operaciones, ya que el envío de estas documentaciones supondría el manejo incesante de papeles, unidos a los múltiples que ya tenemos. Además, por parte de la Intervención General y de la Secretaría de Estado de Economía se informa puntualmente de las modificaciones y de la ejecución presupuestaria.
La enmienda número 273 pretende la modificación del artículo nueve 1 para que la facultad de autorizar tansferencias de créditos entre los distintos departamentos ministeriales y en los casos de convenios entre órganos de la Administración sea a través del Consejo de Ministros en lugar del Ministerio de Economía y Hacienda. Los supuestos a que hace referencia la enmienda corresponden a convenios firmados por los ministerios correspondientes o a distribución de créditos. Por tanto, existe suficiente presunción de conformidad de los departamentos afectados como para que, por razones de economía procedimental, tengan que ser pasadas estas autorizaciones al Ministerio de Economía y Hacienda.
Igualmente la enmienda número 275, que es de adición de un párrafo al final que diga: «... y aplicación presupuestaria.», pretende que los créditos del Insalud provenientes de generaciones de créditos en el Ministeio de Sanidad sean aplicados a presupuestos por el Ministerio de Economía y Hacienda. Entendemos que debe tratarse de un error técnico ya que la aplicación a presupuesto de cualquier gasto únicamente compete al centro gestor. En este caso el Insalud es un órgano gestor correspondiente al Ministerio de Sanidad y no tiene por qué intervenir en este caso el Ministerio de Economía y Hacienda.
Igualmente puede decirse de la enmienda 274, presentada al artículo 9, aparado 1, que pasa a ser apartado 2, referida a las incorporaciones recogidas en los apartados 1 y 2. En primer lugar, no se trata de transferencias de créditos, que en algunos casos se autorizan por el Consejo de Ministros, sino de incorporaciones cuya autorización en ningún caso es otorgada por el texto de la Ley General Presupuestaria al Consejo de Ministros. Por tanto, dichas incorporaciones sólo afectan al único departamento ministerial y no a varios, como dice en la enmienda.
Por lo que respecta al apartado 3, relativo a las transferencias que resulten a favor de las comunidades autónomas como consecuencia de los reales decretos de traspasos de servicios, la aprobación previa del Real decreto de transferencias que ampara la enmienda es garantía de coordinación entre los diferentes departamentos afectados y, por tanto, de conocimiento exacto de esas modificaciones presupuestarias.
Hay otra enmienda, la número 277, presentada al artículo diez 1, que declara nulas las obligaciones reconocidas contra lo dispuesto en este artículo. Quiero manifestar que la separación entre operaciones corrientes y operaciones de capital introduciría una excesiva rigidez en la gestión presupuestaria.
En lo que se refiere a la declaración de nulidad de las obligaciones reconocidas, se indica en la enmienda que se deben aumentar las garantías de ejecución presupuestaria con este párrafo añadido al artículo diez. Si una obligación es reconocida es porque existe crédito para ello y que se ha realizado la obra, prestado el servicio y el suministro. La obligación, por tanto, de la Administración es firme respecto a pagar. Si se declara nula, como propone la enmienda, supondría un perjuicio y una falta de seguridad jurídica. Por tanto, no entendemos tampoco que añadir estos párrafos suponga una mejora de la gestión presupuestaria, puesto que no se pueden dar situaciones en donde la prestación de un servicio o el suministro o la ejecución de una obra pueda considerarse como una obligación nula, tal como establece la enmienda.
La enmienda 278, también al artículo diez, pide que la autorización de los créditos extraordinarios o suplementos de crédito de organismos autónomos y entes públicos se haga mediante ley. Esto está en contradicción con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, en cuyo apartado 2 del artículo 64 se dice que el Ministerio de Economía y Hacienda puede autorizar créditos de organismos autónomos hasta un 2 por ciento del presupuesto inicial. El Consejo de Ministros puede elevar la cifra del 2 al 5 por ciento en organismos autónomos administrativos y del 5 al 10 en organismos autónomos comerciales.


Página 1770


Por tanto, también está pidiendo el señor Fernández-Miranda, a través de esta enmienda, una modificación de la Ley General Presupuestaria.
Entendemos la voluntad manifestada en todas sus enmiendas de unas mayores medidas de rigor para controlar el gasto público, pero si, en definitiva, luego el Gobierno presenta para su tramitación un proyecto de ley, que supone el pase por el Consejo de Estado y por las dos Cámaras, al final lo que se está produciendo es un mayor coste financiero para el organismo autónomo y, por tanto, un retraso en el pago de las obligaciones. Por tanto, rechazamos también esta enmienda.
Hay otra enmienda al artículo diez, apartado 3, que, si se aceptase la modificación, supondría que los créditos extraordinarios y suplementarios no pueden superar el 3 por ciento de los créditos inicialmente aprobados, lo que provoca también una rigidez innecesaria.
La enmienda siguiente propone la adición de un nuevo apartado cuatro al artículo diez, que supondría que lo dispuesto en este artículo sólo puede ser derogado o modificado mediante ley. Quiero manifestar que tampoco aceptamos esta enmienda por cuanto la tramitación de una ley lleva el tiempo preciso, y cuando fuese aprobada ya habría terminado el ejercicio presupuestario en el que resultaría de aplicación. Por tanto, son medidas que, con apariencia de controlar el gasto, lo único que originarían serían mayores complicaciones en la ejecución presupuestaria.
La enmienda 281 quiere modificar los párrafos 2 y 3 del texto correspondiente a la cancelación de las obligaciones del Insalud no satisfechas al 31 de diciembre de 1991 mediante el préstamo de 140.282 millones. He de manifestar que aquí no hay eufemismo, pues la cancelación se ajusta a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, y es la misma norma que se aplica para la cancelación de deudas tanto para el Insalud de gestión directa como para las transferidas.
Por último, contesto a la enmienda 282, que también ha sido presentada por el Grupo Catalán, aunque naturalmente con otro número. Es la participación simultánea de las comunidades autónomas con gestión transferida del Insalud. Es una enmienda que permanentemente ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en cada ejercicio presupuestario, y en respuesta negativa a la aceptación de la misma nosotros hemos manifestado que en los acuerdos de reales decretos de transferencias se estableció un sistema por el cual el gasto superior en la gestión del Insalud transferido a las comunidades autónomas se liquida una vez cerrados los presupuestos. Comprendemos que, habiendo un poco de razón, no podíamos aceptar la modificación del Real Decreto; sin embargo, no dejábamos de advertir una justificación en la razón y en la defensa de la presentación de la enmienda. Manifestamos al Grupo Parlamentario Catalán y al Grupo Popular --su enmienda 282 traduce literamente el contenido de la enmienda del Grupo Catalán-- que, de acuerdo con lo pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ha creado un grupo de trabajo que pretende dar solución o va a dar solución a estos desfases financieros que se pueden producir en las comunidades autónomas que tienen transferido el Insalud. Por tanto, aunque vamos a votar en contra de la enmienda, manifestamos que esperamos que en este grupo de trabajo --ya está pactado-- se resuelva este tema que afecta tanto a la comunidad catalana como a otras y que han puesto de manifiesto a lo largo de los últimos meses.
En respuesta a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, anuncio que vamos a aceptar la 1.248 relativa al artículo siete, número 1, 2.º En relación con el resto de las enmiendas manifestamos nuestra oposición, puesto que en lo que se refiere al artículo uno, de creación de un nuevo apartado para que en el presupuesto para 1995 figuren las inversiones regionalizadas detalladas por provincias, por regiones, si el proyecto es de inversión o de reposición, el número de empleados o de personas a las que afecta ese proyecto, etcétera, he de decir que ya en la documentación que remite el Gobierno para el estudio y análisis de los presupuestos vienen los anexos de inversiones regionalizados, creo que un 60 por ciento de los proyectos viene provincializado y, por tanto, en la medida en que es posible, viene la información precisa y conveniente. Lo que pide el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida --y comprendemos que el anexo no recoge-- es que figuren los subproyectos, ya que en el anexo se especifican los superproyectos y los proyectos, pero esa documentación se presenta, viene provincializada y, además, en la presentación del presupuesto por programas viene una información más detallada sobre todos estos proyectos. En consecuencia, no creemos necesario estar remitiendo más información, ya que, por otra parte, sería de difícil cumplimiento descender a tanto detalle, porque indicar hasta el número de personas que va a suponer la realización de ese proyecto resulta una especie de premonición bastante difícil de hacer a la hora de dar unas cifras exactas.
Respecto a la regeneración de créditos, referida a la venta de medicamentos o prestación hospitalaria en los hospitales del Ministerio de Defensa y que dichos créditos pasen a integrarse en el Ministerio de Sanidad, hemos de manifestar lo mismo que le señalé al Grupo Parlamentario Popular: la gestión, administración y control de la sanidad militar la tiene atribuida el propio Ministerio de Defensa, según lo establecido en la legislación vigente, y, en consecuencia, no tiene sentido provocar esta modificación.
Igualmente, y en cuanto a las enmiendas que hacen referencia a mayor información y documentación, quiero manifestar que periódicamente, aparte de los datos que envía la Intervención General del Estado donde figuran las cifras mensuales tanto de ingresos como de gastos, existe la comparecencia trimestral y semestral del Secretario de Estado de Economía y el Secretario de Estado de Hacienda quienes van dando cuenta de la ejecución del presupuesto. Por tanto, existe suficiente información para el control político que corresponde a esta Cámara. Otra cosa distinta es el control interno que efectúa la

Página 1771


Intervención General del Estado y el control externo que efectúa el Tribunal de Cuentas y que está regulado por otras leyes.
La supresión que solicita en relación a los límites en los créditos extraordinarios y suplementarios --enmienda 1264, por una parte o la anulación de lo contemplado en el punto diez, tres, del articulado--, consideramos que es una contradicción. Si existen unas limitaciones del 3 por ciento --cifra bastante ajustada--, no entendemos cómo, por otra parte, solicita la sustitución de esos límites. Parece que una enmienda está en contradicción con la otra, ésa es la impresión que da.
Señor Presidente, las enmiendas referidas a disposiciones adicionales va a contestarlas mi compañero de Grupo.


El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Padrón termina el turno en contra en relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, defendidas por el señor Arias-Salgado, del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Catalán. (El señor Padrón Delgado pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: He señalado en mi intervención que las enmiendas referidas a disposiciones adicionales y finales va a contestarlas mi compañero de Grupo señor Jerez.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jerez, en un breve turno en relación con estas enmiendas.


El señor JEREZ COLINO: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
En la exposición temática que ha hecho el señor Arias-Salgado, efectivamente ha salido fuera del Título I y trata temas referidos en algunas enmiendas adicionales, sobre todo en unas adicionales que se refieren al control por las Cortes del Gobierno. Solamente serían dos.
Primero quiero decir que al Grupo Socialista le interesa cualquier control que se pueda realizar de la gestión del Gobierno y únicamente rechazaremos aquellas enmiendas en las que se entiende que ya existe el procedimiento de control o que técnicamente sea imposible. Eso ocurre con la enmienda 392 en la que se pide que el control de las Cortes se realice en febrero. Sabe S. S. que el camino es Tribunal de Cuentas, Tribunal de Cuentas-Cortes. Eso se está produciendo en estos momentos, y teniendo en cuenta el trámite y la necesaria auditoría de la Intervención General del Estado, no podría entrar en la fecha de febrero; es, por tanto, un camino ya existente y no daría tiempo a realizarlo en la fecha que establece la enmienda. Por lo tanto, la rechazamos.
En esa idea sí aceptamos la enmienda 428, del mismo tenor y que está en el Anexo III. No presenta imposibilidad técnica, parece correcta y el Grupo Socialista está dispuesto a aceptar dicha enmienda.


El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arias-Salgado.


El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: En primer término, señor Presidente, quería agradecer la contestación que se ha realizado a nuestra exposición e igualmente tomo buena nota de la aceptación de la enmienda a que se ha referido el último señor interviniente.
No obstante, señor Presidente, yo querría hacer algunas consideraciones en relación con las palabras que el primer representante del Grupo Socialista ha pronunciado al contestar a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
En primer término diré que no tiene mucho sentido acudir a la inviabilidad de la aceptación de una enmienda de supresión porque el presupuesto se quedaría cojo. Eso es reconocer que este tipo de enmiendas se introducen para provocar el debate, que es imprescindible, no sólo en la Comisión de Presupuestos, donde es más bien una obligación, sino en el ejercicio del control parlamentario; no hay otro mecanismo para provocar debates generales que la introducción de estas enmiendas de supresión.
Además, quiero decirle al representante del Grupo Socialista que, a mi juicio, la oposición no tiene nunca la obligación de presentar una alternativa presupuestaria a los presupuestos del Gobierno, entre otras razones porque carece de los medios técnicos y de la información suficiente para hacer una alternativa presupuestaria. La obligación de la oposición es presentar una alternativa de política económica, que es la que condiciona, determina e impulsa una determinada concepción presupuestaria, y nuestro Grupo ha presentado una alternativa de política económica que, naturalmente, daría lugar a unos presupuestos distintos y, en la medida en que tenemos que debatir los presupuestos del Gobierno, introducimos aquí las enmiendas que pueden provocar el debate y la crítica de los presupuestos. Por tanto, la argumentación de que sería inviable si se aprobasen las enmiendas porque no hay alternativas, es una forma de no contestar al contenido de un debate. Eso como primera formulación de respuesta.
En segundo lugar, señor Presidente, tomo buena nota también de que, en principio, para el Grupo Socialista no es posible que el Gobierno envíe determinado tipo de información a la Cámara. Yo creo que las enmiendas podrán estar mejor o peor formuladas desde una perspectiva estrictamente técnica; la periodicidad podría discutirse, pero, en definitiva, la única manera de que una comisión de presupuestos pueda ejercer el control político del Gobierno es disponiendo de todos y cada uno de los aspectos informativos que implica la aplicación de un presupuesto, que es, obviamente, un documento extraordinario complejo. Por tanto, la acumulación de información no es que no resulte posible, es que es imprescindible en todos y cada uno de los aspectos.
A este respecto he tomado buena nota de la expresión que ha utilizado el portavoz del Grupo Socialista, y lo digo con el mejor de los humores. Ha utilizado una

Página 1772


expresión que debe formar parte de los anales del debate parlamentario, y que es la siguiente: manejo incesante de papel. Naturalmente, implica una determinada concepción de lo que es un parlamento el que, para oponerse al control parlamentario del Gobierno, ejercido por esta Comisión, se acuda al manejo incesante de papel y a los problemas que plantea este incesante manejo de papel. Creo que no es ése el problema, sino si se tienen o no los medios suficientes para ejercer el control parlamentario.
En relación con la crítica de rigidez excesiva que se desprende de algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular querría decir que, personalmente, no creo que en ninguna de las enmiendas haya una rigidez excesiva. A mí lo que me sorprende es la negativa a analizar la realidad presupuestaria que estamos viviendo y, a partir de ahí, introducir las rectificaciones pertinentes. En estos momentos los presupuestos son un documento por aproximación; cualquier semejanza entre la realidad y lo que dicen los presupuestos es pura coincidencia, y, desde esa perspectiva, decir que lo que planteamos indica una rigidez excesiva me parece que es no tomar conciencia de la excesiva flexibilidad --no quiero emplear otro concepto-- con que el Gobierno maneja los presupuestos.
Por otra parte, querría dejar sentado lo siguiente. Nosotros no nos oponemos por principio y en términos dogmáticos a que en la ley de presupuestos se puedan modificar algunos aspectos de la Ley General Presupuestaria. A veces es imprescindible y, por tanto, tener un criterio dogmático y fijo frente a lo que muchas veces impone la realidad no tiene sentido; el problema es el sentido de las modificaciones de la Ley General Presupuestaria que permanentemente introduce el Gobierno en las leyes anuales de presupuestos. He dicho antes, y es la clave de la cuestión, que el derecho presupuestario tiene una doble función: por una parte, habilita al poder del Estado a actuar y, por otra parte, limita el ejercicio de ese mismo poder e introduce, por tanto, una función de garantía para el Estado de Derecho y para el conjunto de los ciudadanos.
Pues bien, la mayor parte de las modificaciones que el Grupo Socialista o el Gobierno socialista introduce para variar la Ley General Presupuestaria tienen por objeto ampliar extraordinariamente la discrecionalidad del Gobierno, y hay un momento en que la discrecionalidad raya en arbitrariedad y se termina por destrozar toda la dinámica interna y toda la mecánica interna y toda la mecánica de los Presupuestos Generales del Estado. Y esto es lo que ocurre en la realidad, y no se comprende bien cómo ocurriendo esto no existe una cierta reacción por parte del Gobierno, que debía ser el primer interesado en cumplir sus propios presupuestos, los presupuestos que aprueba su mayoría. No se comprende bien, por tanto, esta especie de oposición permanente a un incremento del control, que facilitaría su labor, y por el contrario tampoco acaba por entenderse por qué se proponen unas modificaciones de la Ley General Presupuestaria que en definitiva no tienen más objetivo que ir anulando gradualmente la función de límite que tiene el Derecho presupuestario.
En relación con la nulidad de las obligaciones reconocidas a que se refiere la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presenta al artículo diez, quiero decir que esto no es una novedad, no pasa nada por declarar nulo en un Estado de Derecho una obligación reconocida; naturalmente que eso tiene unos efectos suspensivos con respecto al pago de esas obligaciones, pero la posibilidad de declarar nulo de pleno derecho una obligación reconocida es algo inherente al Estado de Derecho; si se viola la ley hay una obligación reconocida que debe ser declarada nula, cualesquiera que sean los efectos, pero es que el principio del Estado de Derecho prima sobre el efecto económico o, en todo caso, debe primar sobre el efecto económico porque si no, en aras de la eficacia o del efecto económico, terminaríamos por liquidar todas y cada una de las limitaciones legales que contiene la Ley General Presupuestaria.
Finalmente, no se entiende tampoco muy bien cómo se rechaza una enmienda que no tiene más objetivo que modificar la expresión de «préstamo» por la de «aportación del Estado». Es deseo del Grupo Parlamentario Popular que la contabilidad pública sea lo más rigurosa posible. Mire usted, el Gobierno socialista se ha inventado el concepto de préstamos sin interés, y lo que hace en relación con la Seguridad Social, bien sea con el Insalud o bien sea con el Inem, a través del concepto de préstamos sin interés, es crear activos financieros ficticios que tienen por objeto tener un manejo contable de esas cantidades para que no vayan directamente al déficit. Ese es el objetivo y eso no solamente es una mala técnica presupuestaria, sino que es una manera, en última instancia, de evitar disponer de información rigurosa, y a plazo inmediato, sobre cuál es la verdadera cuantía del déficit. Por tanto, no tiene ningún sentido oponerse a este tipo de enmienda, porque lo único que supone es un mayor rigor contable del Gobierno; no dificulta el funcionamiento ni del Estado, ni de sus organismos autónomos ni de la Seguridad, no dificulta absolutamente nada. Lo único que permite el texto del Gobierno es manejar la contabilidad pública, una vez más, con dilución de las principales garantías que se contienen en lo que son los principios elementales de un Estado de derecho.
Por consiguiente, señor Presidente, no se entiende muy bien, o se entiende, quizá, demasiado bien, la actitud del Grupo Socialista. El hecho de oponerse sistemáticamente a la mejora del control parlamentario, a la aportación de mayor información a la Cámara, a la introducción de unas mejoras técnicas en la Ley de Presupuestos, que son imprescindibles, habida cuenta de la realidad presupuestaria que vivimos, pone de relieve, por lo menos en este aspecto, que el impulso democrático no va por el momento demasiado lejos.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a intervenir muy brevemente porque varios de los

Página 1773


argumentos que voy a utilizar van a ser reiterados después en la defensa de otras enmiendas. En todo caso, quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en este caso el anuncio que ha hecho referente a nuestra enmienda 1.248, sobre modificación presupuestaria. Pero valgan tres precisiones a lo que han sido sus comentarios a las propuestas de Izquierda Unida.
Yo creo que hoy en día, en pleno siglo XX, cuando tanto hablamos de la modernidad y del impulso democrático, no se puede entender la información en función de documentos que se nos van a remitir y decir que no vienen las modificaciones de crédito porque sería mucho papel cuando en plena época de la informática y la robótica con un disquete vendría todo fabuloso. Yo nada más que pido un ordenador y el disquete y verá usted qué pronto me entero de todos los papeles que están pasando; es sencillísimo y no supone ningún problema ni ninguna quiebra, puesto que el mismo disquete que se va a mandar a la Contabilidad y a la Intervención viene aquí, y mire usted por dónde sabremos todas las modificaciones presupuestarias y todo lo que vayan ustedes a plantear.
Eso significaría transparencia democrática, eso significaría impulso del control de este Parlamento a la acción del Ejecutivo; es sencillísimo, ni un solo papel más, es verdad. Fíjese qué lío tenemos aquí encima de la mesa con tanto papel, que no sabemos si nos come el papel a nosotros o nosotros al papel. Yo reivindico la posibilidad de estar enterado sin necesidad de tener que leerme todos los papeles que se nos remiten, pero eso no quiere decir que no podamos aceptar las propuestas que no estén bien redactadas, que no estén bien ubicadas y que debiéramos remitir a otro apartado, pero es que cada artículo que ustedes tocan de la ley presupuestaria es para recortar, para recortar todo lo que tocan, que después me imagino que volverá como texto refundido y así vamos modificando vía presupuesto todas las posibilidades que habíamos tenido en otros años.
En cuanto a la información que viene junto con los documentos, reconózcame por lo menos que hemos tenido que pedir los grupos parlamentarios la información de la inversión regionalizada, puesto que no venía, la hemos tenido que pedir y se nos ha adjuntado después; yo lo que pido es que venga un tomo más con la inversión regionalizada provincia a provincia. Si viene del INSALUD, ¿por qué no puede venir de los demás organismos? Los que ya vienen, fabuloso, y los que no vienen yo lo que pido es que vengan. Eso es lo que pide nuestra enmienda 1.253. No estamos pidiendo peras al olmo, estamos pidiendo algo que se puede hacer con el mismo olmo que tenemos, si no se nos seca.
En cuanto a los puestos de trabajo, es sencillísimo, es poner un guioncito más: «vacante o cubierta». En esa cantidad de tomos grises que hay es suficiente que, en la relación de puestos de trabajo, se diga si está vacante o está cubierta y ya sabemos el personal que existe.
En cuanto al tema de los créditos extraordinarios, en unos años de austeridad y de recorte como los que estamos viviendo, lo lógico es pedir al Gobierno que se amarre al máximo posible a sus previsiones, que lo excepcional sea lo menor posible. Lo que Izquierda Unida está proponiendo es limitar el recurso al crédito extraordinario, porque ¿qué está pasando vía crédito extraordinario?, que estamos elevando los gastos presupuestarios. Es decir, en un presupuesto que se hace con una cifra determinada, al final del ejercicio, aunque en un principio no, vía recurso al Banco de España hoy (ya después no lo podremos hacer, si no lo remedia nadie) o vía recurso a la deuda pública, podremos estar incrementando otros gastos y lo que pedimos es reducirlos. Nosotros habíamos propuesto hacer desaparecer el artículo y usted ha dicho que eso era una contradicción. Para evitar la contradicción, si es que ése es el problema, yo le retiro una y le mantengo otra; le retiro la supresión y le mantengo la reducción al dos por ciento, o a la inversa; fíjese, mayor oferta de transición no puede encontrar en lo que puede ser nivel de encuentro en el debate parlamentario.
Terminaría con nuestra última enmienda, que hace referencia a la liquidación trimestral. La liquidación trimestral, conforme viene hoy, sirve para un debate global de cifras, pero no para conocer de verdad cuál es, al trimestre, la ejecución del presupuesto. Yo lo que estoy pidiendo es que, junto a esa liquidación global, venga al mismo nivel esa segregación que nos propusieron ustedes, y así conoceré muy bien qué han hecho, ¿por qué no?, en cuanto al gasto de bolígrafos o de dietas en cada uno de los sitios que haya podido gastarse cada programa y cada sección; eso es lo que quiero conocer para poder estar así al tanto o al loro de lo que está haciendo el que manda, que es mi misión, porque para eso me pagan a mí el jornal aquí, para saber lo que ustedes están haciendo y para poder dar explicaciones después a las personas que me han votado.


El señor PRESIDENTE: Señor Homs, ¿quiere hacer uso de la palabra?

El señor HOMS I FERRET: Muy brevemente, para contestar al portavoz del Grupo Socialista, al que hemos escuchado con interés su reflexión en cuanto a nuestra enmienda 229. Creo que puede decir que comparte la preocupación con nuestro grupo que creo que conoce perfectamente su grupo parlamentario, puesto que han tenido ocasión de conocer la problemática que está aquejando a determinadas comunidades autónomas. Esta sugerencia de afrontar en ese grupo de trabajo que se constituye entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas las pautas a las soluciones de todos estos problemas sanitarios, nos parece, señor Presidente, que quizás, si se instrumenta esa vía de diálogo para encontrar esa solución, sería oportuno no forzar entonces mediante nuestra enmienda una solución, sino dejar que las administraciones afectadas puedan establecer una solución conjunta. Por consiguiente, retiraríamos, señor Presidente, la enmienda 229, al objeto de permitir que ese diálogo entre las Comunidades Autónomas pueda alcanzar una solución a este problema. Nada más.


Página 1774


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: En primer lugar, creo que del discurso general que hace el Portavoz del Grupo Popular parece deducirse de las enmiendas presentadas que aquí hay un criterio por parte de su Grupo que pretende la contención del gasto público, un mayor control del gasto público, pero, luego, si se examina a lo largo del debate que se desarrollará, cuando lleguemos a las secciones correspondientes, iremos viendo que hay una contradicción, porque en años pasados, por lo menos en lo que yo recuerde, al llegar el momento de las discusiones de las secciones, no se correspondían esas enmiendas de totalidad a las secciones o las enmiendas parciales con esa predicación permanente de la voluntad de contención del gasto público, puesto que a la hora de examinar los presupuestos de Industria, Agricultura, Cultura, Educación, etcétera, al final, siempre las enmiendas proponen un incremento de gasto.
Por tanto, en esa primera parte, rechazo total, porque la voluntad del Gobierno al presentar este presupuesto es de ir reduciendo el déficit público, de reducir el gasto, de contener el gasto.
Y por cuanto a las modificaciones que se establecen a algunos apartados, a algunos artículos de la Ley General Presupuestaria, que me diga en qué parte de los artículos que vienen en el proyecto de ley hay una mayor liberalidad o un mayor descontrol del Gobierno a la hora de autorizar ciertas modificaciones presupuestarias. Es todo lo contrario; todas las modificaciones que vienen en la Ley van en el sentido de un mayor control, de una mayor información, de explicar las razones y las consecuencias que van a tener en la ejecución de esos programas esas modificaciones de crédito. Por tanto, rechazo también esa aludida pretensión de que, por parte del Grupo Socialista, cuando se modifica la Ley General Presupuestaria es para un mayor descontrol o una mayor libertad en los departamentos ministeriales a la hora de ejecutar el gasto público.
Con respecto a la enmienda que hace referencia a sustituir la palabra «préstamo» por «aportación» del Gobierno al Insalud, de 140.000 millones, ahí se comprende también la voluntad del Gobierno de que, efectivamente, el presupuesto del Insalud deba ajustarse a los presupuestos inicialmente aprobados.
En ejercicios pasados, el año pasado, hemos aprobado créditos extraordinarios en donde se ha cubierto el exceso de gasto, y aquí hay enmiendas donde también se hará de inmediato la aportación del gasto a las comunidades autónomas. Esto supone la imposibilidad matemática de un presupuesto para un área determinada de prestación de un servicio por parte de la Administración; es un gasto bastante aproximativo y se intenta cortar o se intenta que se someta a la rigidez de las cifras que aprueban aquí, pero que nadie puede determinar «a priori» si efectivamente a lo largo del ejercicio, por cualquier razón, se puede desviar el presupuesto de la prestación de un servicio, como sería en este caso el tema sanitario. Esta es la razón por la que, en vez de aportación, se ajusta a los términos establecidos en la ley de préstamos, con la obligación, por tanto, de su devolución al Tesoro.
En lo que respecta a mi manifestación anterior de manejo incesante de papeles, por supuesto que el Grupo Socialista no intenta cortar ni limitar la necesidad de información que requieren los grupos parlamentarios para un control presupuestario. De hecho, incluso cuando se han modificado partidas presupuestarias por razones de todos conocidas, como ha ocurrido en ejercicios anteriores, se han presentado con las correspondientes anulaciones de créditos aprobados en las leyes de presupuestos y que han significado disminución o minoración de subvenciones. Por tanto, sobre este aspecto, tengo que manifestar que los créditos que se aprueban, si no hay razones de peso mayor, se ejecutan en su totalidad, salvo las modificaciones que establece la ley y de las que se da cuenta en la Comisión de Presupuestos a lo largo de las comparecencias trimestrales y con la aportación de la documentación que nos remite la Intervención General de la Administración del Estado.
De todas maneras, como está pendiente de discutir y aprobar una nueva Ley General Presupuestaria, entonces estableceremos qué otros documentos y qué otras medidas serán necesarias para un mayor control y seguimiento del gasto público.
Con respecto al Grupo de Izquierda Unida, debo manifestar lo dicho anteriormente. En la medida de lo posible, el gasto viene regionalizado, pero en muchas ocasiones bastantes créditos no pueden ser regionalizados, puesto que son previsiones de gastos en áreas determinadas y algunos están sujetos a los posteriores convenios con las comunidades autónomas.
Por tanto, desde el mes de mayo o junio en que se elabora --hay que tener también en cuenta esto-- el presupuesto por los departamentos ministeriales, hasta que se aprueba en el mes de diciembre por esta Cámara, hay unas previsiones de gastos y se sabe matemáticamente qué proyectos van a ser contemplados cuando se trata de inversiones en carreteras o en obras públicas, pero otras inversiones se desarrollan mediante convenios con comunidades autónomas o mediante las prioridades que se especifiquen a lo largo del ejercicio, y resultaría matemáticamente imposible, pues sería de una rigidez excesiva, el que en el mes de mayo ya se supiera el gasto público en inversiones, que supone del orden del 5 por ciento del PIB o de un billón de pesetas en el Capítulo VI o de un billón de pesetas en el Capítulo VII, sería imposible tener matemáticamente determinado cuál va a ser la inversión en cada una de las cincuenta provincias españolas. Esa información viene en el anexo de inversiones y en el mismo figuran aquellos proyectos que no son regionalizables presupuestariamente, pero a lo largo del ejercicio cualquier Diputado o cualquier grupo puede pedir la comparecencia del director general de Presupuestos o del secretario de Estado de Hacienda para que informe puntualmente de las cantidades invertidas en esos proyectos que no vienen regionalizados. Por tanto, resulta de difícil o imposible cumplimiento esta solicitud.


Página 1775


Con respecto a las enmiendas encaminadas a una limitación, tengo que decir que establecer un 3 por ciento como límite para los créditos extraordinarios, cuando por otra parte sabemos que ya el Gobierno no puede recurrir al Banco de España o a anticipos del Tesoro para el pago de determinados gastos, me parece prudencial. Cualquiera que maneje las cifras de presupuestos de cualquier país verá que las modificaciones presupuestarias consecuencia del incremento de gastos o de créditos extraordinarios están en unos límites bastante superiores. Por tanto, el 3 por ciento no parece una cifra como para escandalizarse cuando, por otra parte, eso tiene que venir aquí mediante el proyecto de ley correspondiente y obtener la información precisa y necesaria para su seguimiento y control.
Por lo que se refiere al de los organismos autónomos, la documentación de todos los créditos referidos a organismos autónomos, tanto comerciales como administrativos, los Diputados miembros de la Comisión de Presupuestos saben que mensual o trimestralmente se da cuenta, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, de los créditos aprobados para los mismos, con las especificaciones correspondientes que han dado lugar a esas solicitudes de crédito. Para conocimiento del representante de Izquierda Unida, tengo que decir que en buena medida son consecuencia de incrementos de gastos de personal por atrasos o por sentencias; es decir que vienen motivadas en muchas ocasiones por gastos de personal.
Es una de las modificaciones que se establecen en el artículo nueve de la Ley de Presupuestos a la hora de autorizar créditos, pero con la voluntad firme --y ahí está la congelación de oferta pública de empleo a que he hecho referencia antes-- a la hora de limitar y de contener el gasto en el capítulo I.
Por todas estas razones, y agradeciendo la comprensión a la hora de entender la posición del Grupo Socialista al rechazar la enmienda defendida por Convergència i Unió, pero con el compromiso firme de buscar una solución en esta Comisión de seguimiento, doy por terminada esta intervención de rechazo, salvo a la enmienda a que he hecho referencia de las defendidas por los diferentes grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: ¿El señor Jerez quiere hacer uso de la palabra?

El señor JEREZ COLINO: No ha habido realmente ninguna respuesta. Se ha aceptado el tema como venía. Por tanto, muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al estudio de las enmiendas correspondientes al Título II.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txábarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Para defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco presenta al artículo trece de este Título II, que son las comprendidas entre los números 1.625 y 1.634, todas ellas referidas al tema de educación.
Como es bien sabido en esta Cámara, el Grupo Parlamentario Vasco, entre otros grupos, apoyó la reforma educativa, o sea, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la Logse, y desde nuestro Grupo se constata con preocupación el continuo alejamiento de las previsiones legales y, mucho más aún, de la memoria económica que acompañaba dicha Ley. Desde esta perspectiva general, el Grupo Vasco presenta estas diez enmiendas al artículo trece, conducidas por tres ideas claves. En un primer lugar, conscientes y preocupados de la aplicación, a nivel pedagógico docente, que se está realizando en torno a esa Ley; en un segundo lugar, unas enmiendas tendentes a favorecer la gestión de los centros, fomentando la autonomía escolar, y en un tercer lugar, para corregir disfunciones que, en nuestra opinión, se están produciendo en la aplicación de esta Ley.
Entrando en la defensa de cada una de las enmiendas del propio articulado, que, como digo, están agrupadas dentro de estas tres ideas claves, la enmienda 1.625 se refiere al artículo 16 de la Logse, que determina que las enseñanzas de la música, la educación física e idiomas extranjeros serán impartidos por maestros con la especialización correspondiente. Tal y como está recogido este artículo trece y el anexo V del proyecto de ley, el incremento que se prevé en dicho anexo y la relación profesor-unidad imposibilita la incorporación a los centros de dichos maestros especialistas, con lo que se impide que los centros concertados de educación primaria impartan el plan de estudios vigente en el nivel concertado de educación primaria. Y, como he dicho antes, la Memoria económica que acompañaba a la Logse indicaba que estas enseñanzas deberían ponerse en práctica a partir del presente curso 1993-1994. Por ello, el Grupo Vasco propone la adición al párrafo segundo del apartado uno del artículo trece un párrafo que recoja esta previsión.
La enmienda número 1.631, agrupada también desde esta perspectiva de aplicación de la Logse en el tema pedagógico docente, se refiere a la implantación anticipada de la educación secundaria obligatoria. Es evidente que de cara a esta implantación, recogida también en la memoria económica que acompaña a esta Ley de cara al curso 1993-1994, resulta necesaria la participación de las organizaciones de los propios titulares de los centros y una determinación de los propios criterios cuya aplicación permita a los centros concertados algo tan trascendente y de tanta relevancia como es la implantación anticipada de la educación secundaria obligatoria. Por ello, el Grupo Vasco presenta la enmienda 1.631, tendente a que esta previsión se pueda hacer de forma concertada con los propios titulares.
La enmienda 1.632, también recogida en esta idea clave de la aplicación pedagógico-docente de la Logse, se refiere a los propios currículum que no a los planes de estudio, tal y como recoge el articulado de este proyecto de ley. Entendemos que en los niveles educativos de la Logse cabe hablar de currículum en lugar de plan de estudios, que es la terminología recogida hasta ahora

Página 1776


desde la perspectiva educativa, porque plan de estudios es un término vinculado a la normativa derivada de la Ley General de Educación de 1970; en concreto, los centros se obligan a responder de los currículum aprobados para cada nivel educativo.
En segundo lugar, la Administración está obligada a autorizar la contratación de profesores de apoyo, siempre que concurran los presupuestos establecidos tanto en la ley como en el acuerdo que regula esta materia. En nuestra opinión aquí no hay margen para la discrecionalidad, por lo que es necesario aplicar en el artículo el término «autorizará» en lugar de «podría autorizar», lo que deja a los titulares de los propios centros en una situación de indefensión al no saber lo que puede hacer el Ministerio de Educación en el momento de aplicar esta normativa.
A mayor abundamiento, tras la firma del tercer acuerdo de centros afectados por la no renovación total o parcial de conciertos educativos entre las organizaciones empresariales y el Ministerio de Educación y Ciencia, viene a desaparecer la figura del profesor de apoyo, tal y como se entendía hasta la fecha, y se sustituye por el concepto de un profesor más perteneciente al equipo docente del centro; además, todavía añadimos una razón última, y es que la expresión «hasta el máximo indicado en la tabla» permitiría la contratación de equipos docentes incompletos, con un número de componentes inferior al señalado por la Ley. En consecuencia, entendemos que es necesario manejar el término «según lo indicado en la tabla», que alude a equipos docentes completos, de conformidad con lo permitido por la propia Ley de Presupuestos.
La enmienda 1.634, que está también ligada con esta anterior, se refiere a los propios equipos docentes, y es la aplicación concreta del razonamiento ya expuesto.
Sería éste el grupo de cuatro enmiendas, las números 1.625, 1.631, 1.632 y 1.634, tendentes a la aplicación pedagógico-docente de esa Ley, que apoyamos otros grupos --entre ellos el Grupo Vasco--, de Ordenación General del Sistema Educativo.
En un segundo nivel de ideas clave, el Grupo Vasco propone cinco enmiendas tendentes a favorecer la gestión de los centros fomentando la autonomía escolar; son enmiendas referidas a la gestión de los centros concertados en el tema educativo. La enmienda 1.626 hace referencia a los convenios colectivos. Nos llama la atención que en la terminología laboral, particularmente la relativa a la negociación colectiva, no existe el término «aprobar». De hecho, los convenios colectivos, aquí y en otros sectores, se firman por las partes negociadoras, no sometiéndose a aprobación de terceros, por lo cual, con claridad, digamos, podría ser una enmienda de tipo técnico en su propia consideración, pero creemos que detrás de ello existe toda una filosofía.
En la enmienda 1.627 se habla de la liquidez presupuestaria en estos centros concertados. Lo que se pretende es que lo que está recogido en la Ley General Presupuestaria, que los pagos o los gastos se abonen mensualmente a los centros concertados, se entienda que es cada mes, es decir, que no exista una falta de liquidez elemental en la gestión de los propios centros. De hecho, el Ministerio de Educación viene abonándolo así en la práctica, se ha hecho así durante bastantes años hasta la aprobación de la Logse, y es en los últimos meses cuando se está produciendo una demora en estos pagos que está dejando a los centros docentes concertados preocupados por esta falta de liquidez. Como digo, son enmiendas tendentes a favorecer la gestión de estos centros.
La enmienda 1.628 habla de la adecuación de los ejercicios económicos y pedagógicos, que es una vieja discusión en el terreno educativo. Se pretende que ejercicios presupuestarios y ejercicios escolares puedan, de alguna forma, tener algún punto de encuentro. Entendemos que la enmienda de sustitución que proponemos podría ayudar en la gestión y en la presentación de los distintos balances de estos centros educativos.
La enmienda 1.629 se refiere a la diversificación de la partida de otros gastos. Desde la puesta en vigor de este régimen de concierto no se ha llevado a la práctica la diversificación de esta partida, a pesar de que su previsión se ha registrado en todas las leyes de presupuestos desde 1986.
Por tanto, no venimos más que a pedir que eso que se viene recogiendo año tras año se vaya cumpliendo. Para ello proponemos la supresión del párrafo sexto, del apartado uno, del artículo trece, referido a esta diversificación del componente de otros gastos, porque en la realidad, además, no se produce.
La enmienda 1.630 solicita que el Ministerio de Educación y Ciencia constituya, con las organizaciones de titulares de centros concertados más representativas, una comisión de seguimiento de la utilización de esta partida de gastos variables, de forma que esta comisión tenga como principal objetivo comprobar y analizar la utilización real que los centros concertados hacen del crédito presupuestario destinado a esta partida de gastos variables.
Finalmente, señor Presidente, señoras y señores Diputados, la enmienda 1.633 está destinada a corregir algunas de las disfunciones que se están produciendo en la aplicación de esta Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, contrastando la tasa demográfica, la recolocación, toda esa problemática de centros en crisis, etcétera, que tiene una pertinente aplicación en algunas de las comunidades autónomas, como son los centros concertados ubicados en Baleares, Ceuta y Melilla. Para la contratación de estos profesores, que depende de lo indicado en el presente apartado del artículo trece de esta ley, en relación directa con el tercer acuerdo de centros afectados, entendemos que es preferible la alusión a la propia ley. Es decir, proponemos una enmienda de modificación que recoja estas disfunciones que se están produciendo y puedan pasar al texto de este proyecto de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para defender las enmiendas del Grupo Popular correspondientes al artículo trece, tiene la palabra el señor Alegre.


Página 1777


El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, voy a proceder a defender las enmiendas de mi Grupo a este artículo trece, las números 284, 285, 286, 287, 288, 290 y 291.
No entendemos cómo no han sido admitidas por parte del Gobierno las enmiendas 283, 289 y 292, puesto que la única finalidad que persiguen es adecuar, en alguna medida, la terminología que aparece en la LOGSE al texto articulado de los Presupuestos, y sobre todo las números 289 y 292.
Pudiera aducirse que la número 283 conlleva un aumento de gasto, aunque no se entiende muy bien, porque ahora mismo el Grupo Parlamentario que me ha precedido en el uso de la palabra ha planteado una enmienda sustancialmente igual. Pero las enmiendas números 289 y 292, repito, tan sólo llevan un acomodo de la terminología, es decir, se sustituye «profesores de apoyo» por «equipos docentes», y se sustituye «plan de estudios» por «currículum», tal y como lo contempla el artículo 4 de la LOGSE.
Pero dando comienzo a la defensa de las enmiendas, la número 284 es de sustitución, ya que sólo trata de cambiar el párrafo tercero, donde dice «se apruebe el respecto convenio de la enseñanza privada» por «se firme el respectivo convenio de la enseñanza privada», en función de que en la terminología laboral, y particularmente en la relativa a todo lo que conllevan las negociaciones colectivas, no existe el término «aprobado».
De hecho, los convenios colectivos se firman por las partes negociadoras y no se somete nunca a la aprobación de terceros. Además, el término mismo de «aprobar» utilizado en el párrafo referido es incongruente y choca con el que cinco líneas más abajo aparece en el mismo párrafo, donde dice: «... hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio». De tal manera que entendemos que el texto quedaría mucho mejor sustituyendo el término «se apruebe» por «se firme».
La enmienda número 285 es de adición y tan sólo intenta introducir entre las palabras «... abonará» y «... a los Centros...» la palabra «mensualmente», de tal manera que diría: «La cuantía correspondiente a otros gastos se abonará mensualmente a los centros concertados...» ¿Por qué? Pues porque el abono mensual a esos centros concertados se traduce en una liquidez que precisan los mismos para hacer frente a las obligaciones que se contraen periódicamente. De hecho, el propio Ministerio, en los dos últimos años, ha venido de alguna manera actualizando las demoras históricas que tenía en el abono de estas percepciones con los centros de iniciativa social, pero no es menos cierto que en los meses recientes se están produciendo retrasos en el abono de estas cuantías, lo que hace temer que en un futuro próximo estos centros pierdan la frecuencia con la que se vienen dando dichas cantidades.
La enmienda número 286 también es de adición, y en ella pretendemos que al final del párrafo quinto de ese apartado uno se añada: «El Ministerio de Educación y Ciencia constituirá con las organizaciones de titulares de centros concertados más representativas una comisión de seguimiento de la utilización de la partida de gastos variables. La comisión tendrá como principal objetivo comprobar y analizar la utilización real que los centros concertados hacen del crédito presupuestario destinado a la partida de gastos variables. Las restantes administraciones educativas competentes harán lo propio en sus respectivos territorios.» (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) ¿Cuál es el motivo que nos ha llevado a presentar esta enmienda? Pues ponernos en sintonía con lo que el propio Gobierno pretende con este ejercicio presupuestario, que es el control férreo del gasto público.
Desde la implantación del régimen de conciertos en el año 1986 no se han proporcionado por parte de las administraciones educativas cuentas claras en ningún momento respecto a la utilización y al destino de estos créditos dirigidos a partidas de gastos variables, y entendemos que los centros concertados y sus representantes tienen derecho a conocer esa utilización real y, por supuesto, la propia Administración saber el destino que se le da a esos fondos.
La enmienda número 287 es de supresión, ya que se trata de sacar todo el párrafo sexto de ese apartado uno, que sustancialmente se condensa en la frase que dice: «... diversificar el componente para ``otros gastos'' en un máximo de tres grupos...». No entendemos la necesidad de meter ese párrafo ahí, puesto que desde la puesta en vigor del régimen de conciertos aparece de manera sistemática en todos los ejercicios presupuestarios, pero nunca se viene cumpliendo. Entre otras cosas, se trata de una partida escuálida, dada la penuria presupuestaria para este ejercicio 1994. No sabemos con qué finalidad se ponen esos tres límites y no cuatro o seis. En último lugar, yo creo que, si se controla con la enmienda 286 anterior esa partida de gastos variables, no es necesario --y digo no es necesario y en estos momentos creo que menos que nunca, dada la fase de reconversión brutal que están realizando estos centros-- entrar a establecer tres baremos o tres niveles, ya que puede haber descompensaciones por problemas de reajuste de personal, de gastos que surgen con motivo de esas reconversiones, etcétera. Creemos que esto bien se podría soslayar y dejarlo para ejercicios presupuestarios en que estas enseñanzas de los centros concertados estén más consolidadas y menos sujetas a los cambios y modificaciones que la propia implantación de la LOGSE conlleva.
La enmienda 288 es de adición, y pretendemos que en el último párrafo de este apartado uno, sobre el cual giran todas las enmiendas presentadas hasta ahora, se añada lo siguiente: «... oídas las organizaciones más representativas de titulares de centros concertados.» Yo creo que esto se entiende con pocas explicaciones y mucho menos estando en una fase como la que el Gobierno anuncia de apertura, de escucha, de diálogo con la sociedad. Pienso que empezar a implantar la enseñanza secundaria obligatoria conlleva, dado el porcentaje de centros concertados en los cuales incide esa reforma, un diálogo con las organizaciones de estos centros concertados.
En relación con la enmienda 290, quiero advertir al Grupo Socialista que hay un error en la presentación de

Página 1778


la misma, porque pone artículo trece, apartado cuarto, párrafo quinto, cuando se trata del párrafo cuarto. Dice que «Los profesores que se contraten en virtud del presente número, provendrán necesariamente del programa de recolocación contemplado en el acuerdo de centros afectados...». Es una enmienda de matiz y simplemente creemos que sustituir las palabras «presente ley» por «en el presente número», que es el número del apartado cuarto y el que hace incidencia directa a lo que se está tratando en este apartado, evita remitirse al artículo trece de la Ley.
La enmienda 291 también se refiere al apartado cuarto del artículo trece.
Se trata de añadir «in fine», cuando habla de las organizaciones patronales y, en su caso, los sindicatos, al inicio del párrafo que dice que los profesores de apoyo que se contraten en virtud de la presente Ley «provendrán necesariamente» la siguiente frase: «.. no será exigida...» --es una enmienda similar a la que ha presentado el Grupo Vasco (PNV)-- «... a los profesores que integren los equipos docentes de los centros ubicados en Baleares, Ceuta y Melilla, siempre que la cobertura de las vacantes resultantes de aplicar las tablas números 1 y 2 adjuntas resulte imposible con profesores provenientes del citado programa de recolocación...» Todo eso lo sigue diciendo el texto, y creemos que el tratamiento específico que reciben en el tercer acuerdo los centros situados en Baleares, Ceuta y Melilla requieren un respaldo legal de tal manera que no les obliguen, porque la movilidad geográfica de los profesores que por motivos de estos planes de reconversión pudieran tener que ser trasladados de la península a estas plazas a las que nos referimos, o bien desde estas comunidades o ciudades a la península, conllevaría una extorsión tremenda.
Entendemos que no se puede dejar al arbitrio ni al albur de las autoridades administrativas, y sería bueno reflejarlo de manera fehaciente para que constara en estas enmiendas al articulado.


El señor PRESIDENTE: Para el resto de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arias-Salgado.


El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, son otras tres enmiendas: la número 293, al artículo quince; la número 294, al artículo diecisiete, y la número 296, al artículo veinte.
La enmienda 293, al artículo quince, aspira a cumplir un triple objetivo: en primer término, que el precepto se aplique a la totalidad de los fondos comunitarios que implican proyectos de inversión cofinanciados por las Comunidades Europeas; en segundo lugar, convertir la autorización presunta que otorga el Ministro de Economía y Hacienda, en caso de modificación de esos proyectos, en expresa, y, finalmente, introducir, una vez más, la obligación de información periódica a las Cortes sobre la aplicación del precepto y la modificación de los proyectos a los que se refiere.
Debo decir que hay una errata de omisión en la enmienda tal y como está reproducida en el documento publicado por las Cortes Generales, ya que no se entiende muy bien el texto sin un inciso que haga referencia a la existencia de una autorización presunta, ya que se añade: «... salvo que la modificación conlleve un incremento del gasto en cuyo caso se requerirá autorización expresa.» Quiere decirse que ahí falta una línea para la mejor comprensión del texto literal de la enmienda.
La enmienda 294, al artículo diecisiete, tiene por objeto nuevamente poner de relieve o criticar lo que es modificación de la Ley General Presupuestaria. Aquí es donde se percibe la distinta naturaleza de las modificaciones que propone el texto del Gobierno y las que propone el Grupo Parlamentario Popular. El texto del Gobierno trata de transformar una obligación de información, que en la Ley General Presupuestaria es mensual, en una obligación de información de carácter anual. Por consiguiente, se da un mayor margen de flexibilidad a sí mismo.
Nosotros aceptamos que en este caso hay una modificación de la Ley General Presupuestaria, pero pretendemos incrementar la capacidad de control de las Cortes sobre las empresas públicas, sobre los entes públicos sujetos al Derecho mercantil, imponiendo la obligación de que el Gobierno envíe a las Cortes todas aquellas cuentas que las empresas o los entes sometidos a ese Derecho mercantil deben presentar en el Registro Mercantil una vez aprobadas en el mes de marzo por los órganos sociales, bien sea Consejo de Administración o Asamblea General, es decir, la Memoria, informe de gestión, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de auditoría en los casos en que tal informe sea obligatorio.
Para ello sí es preciso modificar la Ley General Presupuestaria, y el fundamento de la modificación es, obviamente, que estas Cortes puedan conocer el comportamiento de la totalidad del sector público, esté sujeto al Derecho administrativo o esté sujeto al Derecho mercantil, porque no tiene mucho sentido que podamos conocer con detalle cualquier aspecto de la compra de bienes y servicios de un departamento ministerial y, por el contrario, no podamos conocer la marcha de los entes públicos sometidos al Derecho mercantil, de las sociedades anónimas de carácter público o de aquellos entes en los que el Estado tiene una participación mayoritaria.
Finalmente, señor Presidente, hemos presentado la enmienda 296, al artículo veinte, de mejora técnica, por la que se trata de introducir el concepto de aplicación presupuestaria una vez conocida por el Ministerio de Economía y Hacienda la existencia de ciertas modificaciones presupuestarias, de las que toma conocimiento para decidir su aplicación.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas a este título tiene la palabra el señor Ríos, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, las enmiendas presentadas al artículo trece las va a defender mi compañero de Grupo, el señor Franco, y las correspondientes al artículo diecisiete las defenderé yo mismo.


Página 1779


El señor PRESIDENTE: En ese caso, tiene la palabra el señor Franco.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor González, si le parece bien, señor Presidente.
Me voy a referir a las enmiendas 1.268 y 1.271, al artículo trece, puesto que la no admisión por el Gobierno de otra referida al módulo económico de distribución de los fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados, y la relacionada con el epígrafe de formación profesional de segundo grado y bachillerato unificado polivalente, decía que la no admisión de estas dos enmiendas no me permite referirme a las mismas.
Yo creo que las enmiendas números 1.268 y 1.271 tienen que tener buena suerte en cuanto a la aceptación por parte del Gobierno. Si voy a consumir un breve turno es simplemente por convencer a otros grupos. Digo que van a tener mejor suerte porque no exigen incremento del gasto y simplemente es un problema de voluntad política. Al enmendar estos artículos mi Grupo pretende simplemente dar la misma oportunidad a las centrales sindicales que a las organizaciones empresariales, y yo creo que eso ha sido y es tradicionalmente voluntad del Gobierno. Entendemos que no puede desnivelar en ningún sentido la posibilidad de consulta y participación de las centrales sindicales y de las organizaciones empresariales.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha referido anteriormente a su programa electoral. También entendemos en mi Grupo que la voluntad política que emana de su programa electoral es el entendimiento fundamentalmente con las centrales sindicales, y en el mismo grado con las organizaciones empresariales.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Franco.
Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el nombre es Franco y el apellido es González. Por eso había hecho la precisión mi compañero.


El señor PRESIDENTE: Perdón por el error.


El señor RIOS MARTINEZ: Las enmiendas que voy a defender van dirigidas al Capítulo IV y al artículo diecisiete. Allí es donde se modifica el texto refundido de la Ley General Pesupuestaria en varios artículos.
La propuesta de Izquierda Unida va dirigida, en una parte, a mantener el actual texto refundido de esa Ley General Presupuestaria por entender que las modificaciones tienden a producir una periodicidad mayor de la que ahora mismo está establecida.
La enmienda 1.271 propone que la documentación que se debe remitir al Tribunal de Cuentas se cerrará con periodicidad mensual, como decía anteriormente el artículo 129 del texto refundido, anualmente, y no como propone ahora el Gobierno.
La segunda enmienda, la 1.583, a la modificación del artículo 129, propone una adición al final del punto primero del apartado uno, donde se diga que la Cuenta General del Estado de cada año se formará antes del 1 de julio. La justificación es que anteriormente evolucionaba hasta el 31 de agosto, pero si ahora la Intervención General, antes del 1 de abril, puede realizar una modificación, creemos que estamos en condiciones de que antes del 1 de julio se pueda producir esa remisión de la Cuenta General.
La enmienda 1.273 pretende la adición de un apartado para modificar el artículo 131 del texto refundido en relación a lo que hemos explicado anteriormente. Nosotros creemos que la contabilidad pública de la Intervención General y las intervenciones delegadas de todos los ministerios y organismos autónomos, al estar informatizadas, los distintos grupos parlamentarios podían tener acceso a ellas desde una terminal de ordenador, con lo cual la evolución de la gestión y del control presupuestario podría estar en manos de los grupos parlamentarios. Esa oficina presupuestaria que debiera estar en funcionamiento en esta Cámara no estaría supliendo las acciones del Gobierno, sino facilitando la comunicación por medio de las técnicas que se puede utilizar ahora. Por tanto, ello significaría un control instantáneo y permanente. Como ahora intentamos parecernos a países occidentales, creo que en técnica presupuestaria sería bueno copiar de otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde el control presupuestario del Parlamento es muy grande, o el Reino Unido. Es decir, parecernos a dichos países en el tema del control presupuestario sería bueno.
La enmienda 1.274 hace referencia a que la obligación que se pretende establecer en el apartado dos, cuando hace referencia a la modificación del artículo 138 del texto refundido, en relación a la información que deba llegar a esta Cámara sea no solamente sobre las sociedades incorporadas a la normativa mercantil, sino sobre todas las sociedades y entes públicos del Estado.
La enmienda número 1.275 pretende sustituir, en el artículo diecisiete, apartado dos, al final del segundo párrafo, esa obligación. Antes hacíamos referencia a que el plazo establecido en el artículo 129 es hasta una fecha determinada --creo que es hasta el 31 de agosto-- y nosotros proponemos que se pueda remitir la cuenta general en el plazo de seis meses desde la fecha de terminación del ejercicio anterior.
Por último, la enmienda 1.276 hace referencia a la creación de un nuevo apartado tres que modificaría el artículo 138 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, adicionando a ese apartado un segundo párrafo que dijese que a la liquidación anual del presupuesto se acompañará la documentación referida tanto a la liquidación de los anexos de inversiones como la que ahora mismo se nos ofrece; es decir, que se pueda conocer la distribución de proyectos y en qué grado de ejecución se encuentran los proyectos que, cuando se nos entregan los presupuestos, vienen en el anexo de inversiones. Cuando se liquidan los presupuestos, no conocemos en qué situación se encuentra cada uno de ellos. Al final del ejercicio, al liquidar todos los presupuestos, queremos poder

Página 1780


conocer en qué momento se encuentra cada una de esas inversiones, incluidas las de las empresas públicas, pues aunque es verdad que las empresas públicas funcionan por otro lado, también tienen inversiones condicionadas a la acción del propio Gobierno. Por tanto, nos gustaría conocer cuál es la evolución de las inversiones de las empresas públicas.
Ese sería el objetivo de la enmienda 1.276.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, voy a contestar a las diferentes intervenciones referidas al Título II.
Para quitar un poco de hierro, después de tantas enmiendas defendidas, quiero manifestar la voluntad del Grupo Socialista de aceptar la enmienda 284, del Grupo Popular, que pedía la sustitución de la expresión «se apruebe el respectivo Convenio de la Enseñanza Privada» por la expresión «se firme el respectivo Convenio de la Enseñanza Privada». Aceptamos esa enmienda que, en su momento, votaremos favorablemente.
Asimismo, referido el artículo trece, apartado uno, último párrafo, se contempla una adición, la propuesta por la enmienda número 288, que también se acepta y, por tanto, la votaremos favorablemente.
Dentro de las enmiendas que vamos a aceptar está también la número 1.631, del Grupo Parlamentario Vasco, que es una enmienda de adición al último párrafo del apartado uno del artículo trece y que, si no me equivoco, creo es similar a la enmienda 288, del Grupo Popular.
Respecto al resto de las enmiendas, que además son casi idénticas --por no decir que lo son íntegramente-- las presentadas por el Grupo Popular y las presentadas por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco --se refieren a los mismos temas--, la adición que se propone es de un nuevo añadido al apartado uno, párrafo segundo, del artículo trece, que consiste en que la «ratio» concertada profesor/unidad de educación primaria tenga en consideración la necesidad de incorporar profesores especialistas para idioma extranjero en el segundo ciclo de dicho nivel. Quiero manifestar que el párrafo a que se refiere la enmienda ya faculta al Ministerio de Educación y Ciencia para fijar las relaciones profesor/unidad, de forma que sean suficientes para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel de concierto; por tanto, se considera que para resolver el tema no es necesaria la aceptación de la enmienda.
En lo referido al artículo trece, apartado cuatro, párrafo primero, la sustitución de «plan de estudios» por «currículo», de acuerdo con la Logse, y la sustitución de «contratación de profesores de apoyo» por «contratos de equipos docentes», quiero manifestar que en el año 1994, al no haberse implantado la reforma en su totalidad, además de la educación primaria se continúa impartiendo la enseñanza de la Ley General de Educación, EGB y FP de primer grado. Por tanto, parece procedente mantener plan de estudios. Además en el III Acuerdo del Ministerio de Educación y Ciencia con sindicatos y organizaciones patronales del sector de la enseñanza privada sobre el ámbito, los procedimientos y las medidas aplicables en favor del profesorado de centros afectados por la no renovación total o parcial de los conciertos educativos, entre las medidas de recolocación figura su contratación como profesores de apoyo a los centros. Por tanto, está recogido en ese acuerdo y no procede la aceptación de la enmienda.
En el párrafo quinto del apartado uno del artículo trece, que habla de la creación de una comisión de seguimiento de la utilización de la partida de gastos variables, quiero manifestar que el Real Decreto 2.377/1985, por el que se aprobó el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos comprende el pago de los conceptos de antigüedad del personal docente y su repercusión en las cuotas de la Seguridad Social, el pago de sustituciones del profesorado, el complemento de la dirección y pago de las obligaciones derivadas de lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. También en dicho Reglamento se establece que los centros quedarán sujetos al control de carácter financiero, que las disposiciones vigentes atribuyen a la Intervención General del Estado u órgano equivalente de las comunidades autónomas, por lo que no parece necesaria esa modificación.
Sobre el párrafo quinto, apartado cuatro del citado artículo trece, en el II Acuerdo entre el MEC, sindicatos, etcétera, se habla de que la contratación de este profesorado de apoyo está relacionada con el III Acuerdo, y se indica que el Ministerio de Educación y Ciencia, en la elaboración de los presupuestos de 1994, propondrá la modificación de la tabla de profesores de apoyo, que figuraba en la Ley del año 1993, y una segunda tabla de puestos de apoyo en función de unidades concertadas. Por tanto, por las mismas razones, rechazamos la enmienda.
Respecto a enmiendas defendidas por el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), para que se abonen mensualmente, como otros gastos, en los conceptos educativos, quiero decir que la periodicidad figura en el Decreto 2.377/1985, donde se estableció que fuera trimestralmente, por lo que no cabe ahora proceder a una modificación para que se abonen mensualmente. Los problemas de liquidez los tienen tanto los centros concertados como la Administración. En algunos casos, como aquí se ha manifestado, se procede al pago de atrasos o se puede proceder al pago mensualmente, y esto depende de muchos factores, como saben los enmendantes. Creemos que no procede establecer que se abonen mensualmente, y menos por una ley, ya que lo que estableció el decreto fue que se efectuaran trimestralmente.
En el apartado uno, párrafo sexto, que pide la supresión, se faculta al MEC para que, oídas las representaciones de entidades de centros concertados y las organizaciones sindicales, diversifiquen el componente de otros gastos en un máximo de tres grupos, con un techo de variabilidad del 10 por ciento sobre el grupo medio. El Grupo Popular en la justificación de su enmienda dice que ello supondría una disminución del importe en

Página 1781


algunos centros para incrementar a otros y que, por tanto, habría una discriminación. El Grupo Socialista entiende que, de acuerdo con el Decreto 2377, a que he hecho referencia, las partidas de otros gastos comprenden gastos de personal, de administración y servicios ordinarios de mantenimiento y conservación, así como reposición de las inversiones reales, por tanto no tiene por qué ser discriminatorio y permitiría una diferenciación de la cobertura financiera de estos gastos; es una presunción que no se corresponde con los criterios del propio Real Decreto.
En cuanto a la enmienda correspondiente a la contratación de profesores en Baleares, Ceuta y Melilla, también se recogió en este III acuerdo y en él se especifica que será la comisión de seguimiento la que estudie fórmulas jurídicas que permitan adoptar las medidas oportunas a fin de facilitar la contratación de profesores para cubrir las vacantes de apoyo existentes en los centros de Baleares, Ceuta y Melilla. De hecho, a lo largo de 1993, ya se ha venido produciendo en gran medida la cobertura de esas vacantes y, por tanto, el ministerio está al tanto de que se cierre el ejercicio para ver aquéllos a los que pudiera afectar para, en la medida de lo posible, proceder a su contratación.
Igualmente se propone en otra enmienda que, en el párrafo sexto del apartado cuatro, se sustituya el término «dotaciones de apoyo» por «equipo docente». Tengo que referirme de nuevo al III acuerdo y a que también en estos términos está establecido en las anteriores leyes de presupuestos; los acuerdos si se firman son para algo, por lo menos para que se cumplan por un tiempo prudencial y no hay necesidad de cambiarlo puesto que es el mismo término que se ha venido utilizando en anteriores presupuestos.
Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, he de manifestar, en cuanto a la referida al punto cuatro, párrafo tercero, del artículo trece, que ya existe un acuerdo de centros afectados por la no renovación total o parcial; por tanto, me remito a la contestación efectuada a anteriores enmiendas.
El módulo económico para centros concertados a que se refiere la enmienda 1.269 relativo al acuerdo de analogía retributiva que se estableció en el año 1993 consolida lo establecido en el Real Decreto 1/1993, habiéndose incrementado, por tanto, la partida de otros gastos a que ha hecho referencia.
Igualmente, en cuanto a los pagos a centros concertados a que se refiere la enmienda 1.268, he de decir que también en el Decreto 2377/1985 el reglamento regula el pago de salarios como pago delegado a los centros en nombre de la entidad titular, es decir, cuando no se han suscrito los convenios correspondientes entre los sindicatos y los centros concertados; no obstante en el Real Decreto está previsto el pago por el ministerio de los salarios al profesorado. Por tanto resulta innecesaria la enmienda.
Creo que he contestado a todas las enmiendas o a buena parte de ellas referidas al artículo trece.
Respecto al artículo diecisiete, al que hay presentadas enmiendas tanto del Grupo Popular como de Izquierda Unida, yo creo que la modificación que se propone del artículo 129 es una modificación lógica y necesaria. La documentación que debe rendir al Tribunal de Cuentas la Administración comprende un ingente volumen de documentos y además el examen que hace el Tribunal de Cuentas así como el análisis correspondiente para dictar la memoria y la declaración que le merece, se remite en el informe que comprende la totalidad del ejercicio. Por tanto parece lógico que la documentación que comprende todo el gasto público se rinda y se cierre con periodicidad anual puesto que el Tribunal de Cuentas en su informe no hace diferenciación entre gasto a lo largo del período del ejercicio presupuestario.
Aquí lo que se establece, aparte de esto, es la necesidad de que la Intervención General tenga las cuentas el 1.º de abril de cada año, con lo cual, teniendo en cuenta la necesidad que tiene la Intervención de proceder a la comprobación de los estados consolidados de las cuentas del Estado, como organismos autónomos, etcétera, ha habido un adelantamiento de la fecha para que la Intervención pueda presentar en mejor medida la liquidación del presupuesto al Tribunal de Cuentas. Por tanto, no parece procedente anticipar lo que ya establece la Ley de Presupuestos, que es remitirlas antes del 31 de agosto; adelantarlas un mes no supone mucho dado que el Tribunal de Cuentas tiene un plazo determinado por la Ley de Presupuestos para su remisión a las Cortes Generales.
En lo que se refiere al apartado dos de esta modificación del artículo 129, decir que las sociedades estatales y los entes públicos que se regulan por las leyes mercantiles, tienen de plazo para aprobar sus cuentas de resultados del ejercicio anterior hasta junio del año siguiente, aparte de que los consejos de administración tienen que examinar esas cuentas, permitiendo que se aplique esta libertad que tienen de acuerdo con la legislación mercantil, y que efectivamente este plazo hace que no se conculque el derecho que tiene una empresa pública de acuerdo con la legislación mercantil, estableciendo una norma diferenciada respecto a las empresas privadas. Por todo ello, no parece lógica la presentación de esta enmienda.
El Grupo Popular también ha presentado una enmienda al artículo quince, que pretende una modificación de este artículo que establece las normas de gestión de los créditos cofinanciados por la Comunidad Económica Europea. En este sentido, la enmienda del Grupo Popular parece referirse solamente al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuya administración y gestión son competencias del Ministerio de Economía y Hacienda, no teniendo en cuenta que hay también otros departamentos competentes en la gestión del resto de los fondos; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para el Fondo Social Europeo, Ministerio de Agricultura, para el Feoga. Por tanto, la intención del actual artículo quince que establece la Ley de Presupuestos no es otra que la de garantizar un adecuado seguimiento y control sobre la evolución de las actuaciones cofinanciadas por el Feder. Los otros ministerios pueden en su caso optar por otras posibilidades de control sobre los fondos de su

Página 1782


competencia distinta a las previstas en este artículo y las modificaciones de los proyectos cofinanciados no supone necesariamente una alteración de las condiciones financieras para el Estado español, como sugiere la enmienda.
Por otra parte, existe una sistemática de control sobre las actuaciones cofinanciadas con fondos estructurales comunitarios establecidos por la Comisión Europea que realizan básicamente los comités de seguimiento. Por tanto, la comisión de seguimiento de la Comunidad Económica Europea tiene los órganos suficientes de intervención y seguimiento para el control de los fondos aplicados a los créditos cofinanciados.
Por estas razones, creemos que el texto del proyecto es el adecuado y no aceptamos tampoco la enmienda número 293, del Grupo Popular.
Doy por contestadas todas las enmiendas, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, en primer lugar tiene la palabra el señor Arias-Salgado y después el señor Alegre Galilea, los dos por el Grupo Popular.
Perdón, en primer lugar intervendrá el Grupo Parlamentario Vasco. El señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Ese era el turno correcto, en mi opinión, señor Presidente.
En primer lugar, deseo agradecer al portavoz socialista la aceptación de la enmienda del Grupo Vasco y otra del Grupo Popular, una relativa a que los convenios colectivos, evidentemente, se firman y otra para que la actuación anticipada en la educación secundaria obligatoria pueda realizarse a través de una comisión de seguimiento con los titulares de estos centros. Parece que el debate comienza con un poco de viveza o, por lo menos, rompiendo algunos niveles de rigidez.
En relación con las otras ocho enmiendas citadas por el portavoz socialista, evidentemente existe un acuerdo en estas materias, y se trataba de vehiculizar la forma de que el Ministerio cumpla con ese acuerdo; es decir, que tenga los recursos presupuestarios y la redacción legal más oportuna para poder llegar a cumplirlo. Por lo que se ve, al desechar estas enmiendas, desde el Grupo Vasco entendemos que el Ministerio va a tener serias dificultades para cumplir ese acuerdo.
Por lo que respecta al Real Decreto que regula estas materias, las enmiendas estaban presentadas desde esa perspectiva; iban encaminadas a arreglar las deficiencias que se observan en el cumplimiento de dicho acuerdo. Yo no soy abogado, pero a mí me enseñaron que las leyes están por encima de los decretos; a las Cámaras corresponde aprobar las leyes y los decretos quedan sin fuerza suficiente para su cumplimiento si una ley los deroga. Entendemos que ese aspecto formal no es suficiente, que desde el Grupo Socialista no se ha abordado la problemática real que se da en la aplicación de ese Real Decreto y lamentamos que esto sea así.
En relación con una enmienda que entendemos importante, que es la de la aplicación a los profesores de idiomas, música y educación física, nos alegramos mucho de que el Grupo Socialista entienda que la actual redacción ya faculta al Ministerio para que esto se cumpla, porque si no estaríamos en una dinámica muy peligrosa en la que el legislador pone una serie de condiciones a los centros educativos para su concertación y después las distintas leyes presupuestarias no proporcionan a los titulares de estos centros recursos suficientes para que puedan cumplir no aquello que han decidido, sino aquello que el legislador, esta propia Cámara, les ha obligado a cumplir.
Quisiéramos poder retirar esta enmienda; si el portavoz socialista nos dice que eso es así, retiramos la enmienda 1.625. Vamos a hacer un seguimiento de este tema, porque hemos entendido que al decir que se faculta al Ministerio, se entiende que el Ministerio adquiere ese compromiso y así lo tiene. Anuncio, señor Presidente, que el Grupo Vasco retira la enmienda 1.625.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Arias-Salgado tiene la palabra.


El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Excepción hecha del artículo trece, sobre el que contestará mi compañero señor Alegre, yo querría hacer dos precisiones. En primer término, aceptar que la redacción de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular al artículo quince no distingue, por razón de la competencia, entre los ministerios relacionados con los distintos fondos europeos; pero, desde esa perspectiva, sería muy fácil introducir una modificación y allí donde dice Ministerio de Economía y Hacienda, decir ministro competente por razón de la materia o ministerio competente por razón de la materia, con lo cual quedaría contestada la objeción a que alude el representante del Grupo Parlamentario Socialista.
En segundo término, nuevamente hay una negativa a la remisión de información a las Cortes para ejercer control parlamentario. Fíjese que esta dinámica conduce a algo que, a mi juicio, no es positivo para el funcionamiento del Estado. En la medida en que el Gobierno no remita información regular sobre todos y cada uno de los temas importantes, esta Cámara se ve obligada a hacer comparecer a los funcionarios del Estado para obtener la información más adecuada.
El control político debe referirse, fundamentalmente, a los órganos políticos del Ejecutivo. No soy particularmente partidario de citar a comparecer a los funcionarios del Estado, que no deben ser objeto de control. El control es respecto a los cargos políticos del Estado; pero en la medida en que sistemáticamente se nos niega la remisión de información, se nos obliga, simultáneamente, a exigir permanentemente la comparecencia de funcionarios del Estado, como si fueran ellos los responsables de determinadas situaciones. Esa dinámica es mala. Cuando no se quiere que el control parlamentario funcione por los cauces adecuados, terminamos en una distorsión del control.


Página 1783


Por consiguiente, hay ahí una responsabilidad que yo dejo encima de la mesa pero que, desde luego, corresponde al Grupo Parlamentario Socialista.
Esto es todo lo que quería decir, señor Presidente, en relación con la enmienda número 294; el Grupo Socialista considera bastante el control que ejerce la Comisión de seguimiento.
Por último, el portavoz del Grupo Socialista no ha contestado adecuadamente, a mi juicio, a la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular estableciendo la obligación de remisión a las Cortes de la documentación mercantil de las sociedades estatales y de los entes públicos sujetos al Derecho Mercantil. Nosotros no proponemos que se varíe ningún plazo; lo único que establecemos y pedimos es que esos entes públicos y sociedades sometidas al Derecho Mercantil envíen a esta Cámara la documentación a que hace referencia la enmienda, al mismo tiempo que la envían al Registro Mercantil. No hay otra obligación. No se trata de distorsionar absolutamente para nada el funcionamiento de esos entes públicos. Ya que se remite al Registro Mercantil, remítase también a las Cortes Generales, en la medida que esas entidades forman parte del sector público, cuyo control político nos corresponde. No tiene mucho sentido esta dinámica de rechazar enmiendas absolutamente razonables, que pretenden perfeccionar el funcionamiento de la Cámara y la relación entre las Cortes y el Poder Ejecutivo.
Nada más. Mi compañero contestará en relación con las enmiendas del artículo trece.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alegre Galilea.


El señor ALEGRE GALILEA: Nosotros, con estas enmiendas presentadas al artículo trece, pretendíamos básicamente dos cosas. Había un grupo de enmiendas con las que queríamos, de alguna manera, mejorar la calidad de la aplicación que supone la Logse y mejorar la calidad en la implantación en aquellos centros de iniciativa social. Podríamos decir que, después, había un segundo grupo de enmiendas que incidían más directamente en ese capítulo de otros gastos. Si no he entendido mal --si es así, señor Padrón, rectifíqueme, porque igual me he despistado--, ustedes han procedido a la aprobación de las enmiendas 284 y 288, de nuestro grupo.
Si eso es así, ciertamente hemos conseguido el primer objetivo que pretendíamos, no así el segundo.
Por lo que se refiere a las enmiendas 287 y 291, que, a nuestro juicio, son las de más calado en esa segunda materia del capítulo de otros gastos, creo que podrían hacerse otro replanteamiento, puesto que la enmienda 287 en concreto, en la que usted se ampara y dice que viene regulada por el Real Decreto 2.377, cuando habla de que los otros gastos es el capítulo que se aplica a personal, a administración, a servicios, a bienes o a reposición, simplemente quiero incidir en la argumentación expuesta en mi primera intervención; es decir, estamos ante un proceso de reconversión brutal de muchos de estos centros de iniciativa social, la cuantía de la partida no es relevante, hay otra enmienda relativa al control por parte de la Administración de esas partidas. Creo que, así como aparece en todos y cada uno de los ejercicios presupuestarios este párrafo, bien podría posponerse a la aplicación definitiva de la Logse y entonces sí establecer los baremos en un sinfín de capítulos o de conceptos de difícil control. Pero entiendo que no es el momento más apropiado para realizarlo.
En cuanto a la enmienda 291, que habla, como consecuencia de los planes de reconversión en los centros, de los profesores ejercientes en Baleares, Ceuta y Melilla, entendemos que sería mejor reflejarlo en el articulado que no dejarlo al estudio de esa comisión de seguimiento que usted apuntaba.
Por mi parte, no tengo más que añadir, sino mostrar la satisfacción por esas dos enmiendas aceptadas; algo es algo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor González Blázquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Quiero manifestar mi sorpresa por la no aceptación de las enmiendas 1.268 y 1.271. Permítame, señor Presidente, que me convenza por mí mismo, porque todavía no creo que el señor representante del Grupo Socialista haya entendido bien lo que le proponía, debido, sin duda, a lo esquemático de mi intervención, porque yo creía que estaba convenciendo a los convencidos y no quería hacer la intervención más larga.
Le estoy proponiendo, señor portavoz del Grupo Socialista, la siguiente modificación: «... pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa de las organizaciones patronales y sindicales.» Sustituir «consulta con». Le estoy proponiendo también modificar en el párrafo que dice «... suscrito por el Ministerio de Educación y Ciencia, las organizaciones patronales...» y donde dicen ustedes «... y, en su caso, por los sindicatos», quitar «en su caso» y dejar «los sindicatos».
No añado más, simplemente quiero convencerme por mí mismo de que estas enmiendas no son aceptadas, después de ser estudiadas. Creo que ha sido un error del portavoz del Grupo Socialista, porque, si no, habría que decir lo de Santo Tomás: Si no lo veo, no lo creo, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho en este debate que las enmiendas que presentábamos al artículo diecisiete en realidad no tenían en cuenta la cantidad ingente de documentos, de material que había que preparar por la Intervención General para remitir al Tribunal de Cuentas. Era la misma cantidad ingente de material que cuando se redactó el artículo 129 del texto refundido de la Ley.


Página 1784


En aquel momento se decidió que la periodicidad para cerrar y formar era anual. Por tanto, no estamos modificando ningún criterio con elementos que ya se podían tener en marcha entonces.
En este turno me gustaría hacer una precisión, porque el proyecto hace referencia a un artículo seis.cinco de esta ley que no existe. Me gustaría que como una corrección técnica, se modificara por parte de la secretaría o de la propia Comisión. En los organismos a que hace referencia el segundo apartado, dice que las sociedades estatales y entes públicos a que se refiere el artículo seis.cinco de esta ley. No es este artículo porque no existe en el proyecto de ley, sería en todo caso el seis.tres, donde se hace referencia a todos los centros y entes públicos.
Nosotros creemos que estos entes pueden remitir al Tribunal de Cuentas --es la previsión que se hace-- antes del 1 de julio. Lo que veníamos a decir es que la Cuenta General del Estado se conforme antes del 1 de julio siguiente. Ese era el objetivo de nuestras enmiendas y la pretensión de algunas de nuestras indicaciones.
No se nos ha respondido cuando hemos pedido que los propios grupos parlamentarios tuviéramos acceso directo a la Contabilidad Pública, como se hace en otros sitios; tampoco se nos ha respondido a la enmienda 1.276, donde hablábamos de que la liquidación anual (la final de todo el Presupuesto, la que se entrega aquí) recogiese el mismo estado de desagregación que la aportada para su aprobación. Parece que es un problema complejo hacerlo en este momento, aunque no lo entendemos así.
Nuestro Grupo estima que facilitaría enormemente el control y el seguimiento de los objetivos y programas que el Gobierno se ha marcado.
Es dificilísimo ver aquí qué objetivos se han cumplido, qué actividad no se ha hecho, cuál se propone para el año siguiente. Eso es lo que queremos conocer cuando se liquida el presupuesto.
Es bueno que lo hagamos antes de irnos de vacaciones para ahorrarnos lo que ha pasado este año, porque en la discusión al final parece que mezclamos la liquidación de un presupuesto con la presentación del siguiente. Sería bueno poder hacerlo antes de irnos de vacaciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Con respecto a las modificaciones en la relación Ministerio de Educación y Ciencia con centros concertados, me remito a los acuerdos y a ese Real Decreto 2.377, donde se establecen unas normas y una bases de funcionamiento.
El Grupo de Izquierda Unida ha solicitado que se haga expresa mención a la consulta con los sindicatos. Figura en el texto la expresión: «en su caso con los sindicatos» por si en esos centros existe sindicato, no es que vaya a ser optativa para la Administración la consulta o no con los sindicatos. Tenga total tranquilidad S. S. en ese aspecto. El resto de las referencias a los sindicatos creemos que están adecuadamente expresadas. De todas maneras, seguiremos estudiando esas enmiendas por si en trámites posteriores vemos que, efectivamente, es más ajustado lo señalado en las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Respecto a los temas planteados tanto sobre los centros de apoyo como sobre la modificación que se establece para delimitar esos tres grupos en otros gastos que confieren esta ley, he de manifestar al representante del Grupo Popular que no hay razón para pensar que va a haber una discriminación, como parece desprenderse de su contestación.
El control del gasto debe ser el adecuado.
Los centros concertados tienen unos conceptos ya fijados en esos acuerdos y en el decreto por el cual se establecen cuáles son los gastos que va a comprender ese capítulo.
Por tanto, no hay razón para esa desconfianza que parece desprenderse en la presentación de sus enmiendas.
Respecto a las enmiendas al artículo diecisiete, defendidas por el señor Arias y por el Grupo de Izquierda Unida, me remito a lo que he señalado antes. Es posible que algún parlamentario no tenga un conocimiento exacto de la función y de la documentación que el Tribunal de Cuentas remite a este Parlamento en relación con el control del gasto público. Aquí se refuerza incluso el control que el Tribunal de Cuentas va a efectuar a las empresas y entes públicos, ya que las memorias, las cuentas de resultados, etcétera, van a ir acompañadas de los informes de los auditores cuando la sociedad esté obligada a ello, como se estableció en la Ley de auditoría. El Tribunal de Cuentas va a tener también un informe ajeno a su propia gestión en el que se dará cuenta, por un examen interno, del resultado de las empresas.
El Grupo Popular pide que se remitan aquí los estatutos de las sociedades. No sé qué sentido tiene que la Comisión conozca en mayor profundidad los estatutos de las empresas para un control del gasto público, del coste financiero, de la marcha de esas empresas. Con los informes que remite el Tribunal de Cuentas, donde viene con todo detalle el análisis efectuado en las rendiciones de cuentas de estas empresas, es más que suficiente. No tiene por qué haber --vuelvo a incidir en el asunto-- más documentación o mayores impresos cuando, en muchos casos, no son ni examinados. En este tema de la documentación que remite el Tribunal de Cuentas con respecto a las empresas públicas presumo que el 90 por ciento no es ni hojeada por diputados de algunos grupos parlamentarios, porque en ella viene un detalle expreso, empresa por empresa, en aquellas que tienen mayoría de capital estatal, del resultado de la gestión, que se conoce aquí al cabo de dos años. Por tanto, no creo que la remisión de esa documentación aporte mayor conocimiento a la hora de controlar el gasto público.
No tengo nada más que añadir, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Si les parece a SS. SS., la Mesa ha decidido dar un pequeño descanso de cinco minutos, en los cuales me gustaría que los portavoces de los grupos se acercaran para ver cómo ordenamos el resto del debate y las votaciones precisas. (Pausa.)

Página 1785


Señoras y señores diputados, la Mesa ha consultado con los grupos y nos parece que el mejor sistema de ordenar los trabajos, en lo que resta de sesiones, es el siguiente: Que ahora se proceda a las votaciones de los Títulos I y II, sobre los cuales se ha debatido; que, una vez celebradas las votaciones, sigan las deliberaciones en relación con el Título III y eventualmente con el IV, y que, una vez terminado el Título III --y eventualmente el IV--, si la hora no es muy avanzada, esos Títulos se voten no en la tarde de hoy, sino en la mañana de mañana, junto con los títulos correspondientes a las deliberaciones de mañana a la mañana. Así lo hemos acordado y, por tanto, ahora, la Mesa someterá a votación de la Comisión las enmiendas correspondientes a los Títulos I y II.
Los grupos pueden solicitar --petición que tiene que ser atendida positivamente desde el punto de vista reglamentario--, si lo desean, que alguna de las enmiendas en vez de votarse en bloque se haga aisladamente.
Lo pueden solicitar tanto los grupos que presentan las enmiendas, como el resto de los grupos que tengan interés en ello.
El señor Almunia tiene la palabra.


El señor ALMUNIA AMANN: Quiero plantear una duda.
Aunque hayan entrado en el debate, sobre todo, en el Título I, algunas de las disposiciones adicionales o incluso algunos aspectos de los anexos, ¿se supone que eso se votará en su momento, a pesar de que tengan conexión con las cuestiones debatidas?

El señor PRESIDENTE: El conjunto de las disposiciones adicionales, transitorias, etcétera, todo ese tipo de disposiciones, aunque se hayan debatido con los títulos correspondientes, se votarán al final, con el fin de que tengamos la seguridad de que no dejamos de votar ninguna enmienda, ni ninguna parte del articulado de las secciones.
En primer lugar, la Mesa somete a votación, en su conjunto, si no se me dice nada en contra, las enmiendas del Grupo Popular al Título I de este proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor Almunia tiene la palabra.


El señor ALMUNIA AMANN: Pido votación separada de la número 1.248.


El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Grupo Federal del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, excepto la número 1.248.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 1.248.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación el texto del Título I del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Es aprobado dicho Título I.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas al Título II.
Corresponde someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
El señor Almunia tiene la palabra.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, pido votación separada de la enmienda 1.631 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar separadamente todas y cada una de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda 1.626.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 17; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.627 del mismo Grupo Parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Es rechazada.
Sometemos a votación la enmienda 1.628.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.630 del Grupo Parlamentario Vasco también.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación la enmienda 1.629.


Página 1786


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.631 del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 1.632 del citado Grupo Parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1.633 del Grupo Parlamentario Vasco también.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1.634.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Solicito votación separada de las enmiendas números 284 y 288, que podrían votarse juntas pero separadas del resto.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea votación separada de las enmiendas 284 y 288 o plantea otro sistema de votación? Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular con excepción de los números 284 y 288.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 284 y 288 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos todas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el texto enviado por el Gobierno con las incorporaciones resultantes de las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del proyecto con la incorporación de las enmiendas aprobadas.
Señoras y señores diputados, reanudamos las deliberaciones en relación con las enmiendas presentadas al Título III.
En primer lugar y en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, nuestras enmiendas al Título III están presididas por una enmienda de totalidad que solicita la devolución del mismo al Gobierno para que nos envíe uno nuevo donde, al menos, no prolifere la incoherencia, el oscurantismo, la discrecionalidad y la injusticia. (Rumores.) No comparte el Grupo Parlamentario Popular la dimensión presupuestaria de la política de personal que se refleja en los artículos de este Título y en algunas de sus disposiciones adicionales, transitorias y finales. Por eso, señor Presidente, además de las enmiendas comprendidas entre la 297 y la 333, que corresponden al articulado de este título, defenderé, al mismo tiempo, enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y finales que tengan relación con ellas y que tienen la siguiente numeración: 413, 419, 421, 410, 414, 416 y 424.
Si este año, como venía ocurriendo anteriormente, el proyecto de ley de presupuestos hubiera incorporado normas que modifican diversos preceptos de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública, las contradicciones y los despropósitos serían clamorosamente evidentes y, por tanto, insostenibles. Como el Tribunal Constitucional ha dejado bien claro que tal clase de normas no pueden figurar en la ley de presupuestos, el Gobierno ha enganchado este año al tren presupuestario un vagón suplementario o de acompañamiento que, por lo que se refiere a la Función Pública, hace viajar en él extraños preceptos que han sembrado la alarma, el desconcierto y la angustia entre los funcionarios y que son inevitable referencia en este debate presupuestario, aunque me cuidaré muy mucho, señor Presidente, de mezclar los dos debates, puesto que los correspondientes a la famosa ley de acompañamiento o furgón de cola de estos presupuestos lo celebraremos en la Comisión de Economía y Hacienda el próximo jueves.
En todo caso, este Título III de la ley de presupuestos, así como el Título II de la ley que la acompaña, merecen una clara y bien fundamentada enmienda de totalidad.


Página 1787


Dicho esto, pasaré a defender las enmiendas al articulado, que podemos agrupar en cuatro apartados. Primero, las que se refieren a las retribuciones del personal al servicio del sector público, rechazando la congelación pura y dura, evitando martingalas y burlas que han permitido en este ejercicio presupuestario y en los anteriores subidas espectaculares de las retribuciones de algunos privilegiados a través de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo. Segundo, las que se refieren a las retribuciones de altos cargos, proponiendo, como es lógico, la congelación total, pero con un riguroso control de complementos específicos y de productividad y eliminando ingresos suplementarios, como las asistencias a consejos de administración de empresas públicas, contratos fuera de convenio y contratos blindados.
Tercero, las que se refieren a la oferta de empleo público, que necesariamente debe ser congelada, sin posibilidad de utilizar créditos para inversiones reales ni abrir otras brechas que han permitido en 1993 aumentar el número de funcionarios y de altos cargos y puestos directivos. Si en la otra ley se está hablando de la necesidad de reducir empleo público y reasignar efectivos, debemos ser coherentes y no permitir en ésta decisiones de signo contrario. Cuarto, enmiendas que reducen el gasto público corriente y, si me apuran ustedes, el aparato del Estado y que servirán para reducir el déficit y para atender, entre otras cosas, la subida de las retribuciones de los funcionarios que proponen nuestras enmiendas y de las pensiones asistenciales.
Primer grupo de enmiendas: retribuciones del personal al servicio del sector público. Como el año pasado, el contenido definitivo del Título III es una pura incógnita. Si el año pasado estuvimos pendientes, para concretar los gastos del personal, de una negociación con los sindicatos, este año estamos pendientes de que Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales logren un acuerdo que incluiría una política de rentas y la reforma del mercado laboral. El año pasado el acuerdo no fue posible y el Gobierno, después de aprobados los Presupuestos Generales del Estado, elevó las retribuciones de los funcionarios en un 2 por ciento, solicitando para ello un crédito extraordinario de más de 80.000 millones de pesetas, batiendo así un récord de modificación presupuestaria difícil de igualar. En enero de 1993, en el primer Consejo de Ministros, se enmendaron los presupuestos, aumentando la masa salarial en una cantidad semejante a la que resultaba precisamente de aplicar nuestras enmiendas de entonces.
El gato escaldado del agua fría huye, y ustedes, gatos blancos o negros, que eso ya no se sabe --por lo visto da igual con tal de cazar ratones--, deberían huir del error del año pasado y aceptar todas nuestras enmiendas que proponen una subida que se mueve, incluso, por debajo del 2,5 por ciento, que es lo que pretende el pacto de rentas. Con ello evitaríamos créditos extraordinarios que tanta credibilidad restan a los presupuestos y aliviaríamos en parte el extraordinario sacrificio que la gravísima crisis impone a los trabajadores, a todos, sector público y sector privado.
En consideración a todo lo que hemos señalado, los objetivos básicos de las enmiendas al Título III presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a estos presupuestos de 1994, relativos a los gastos de personal, serán los siguientes.
Primero, erradicar la perversa idea de que los sueldos de los funcionarios son los causantes principales del déficit público y de que su congelación resultaría decisiva para el control del mismo (Vicepresidente del Gobierno, señor Serra, dixit). La congelación salarial, sin otras medidas que no figuran en los presupuestos, volvería a ser de nuevo un sacrificio inútil. En el presente año 1993 se subieron las retribuciones, como saben SS. SS., un 1,8 por ciento, más un 0,1, más un 0,1, en total un 2 por ciento, y sin embargo el déficit se disparó por otros gastos hasta superar los tres billones de pesetas, de donde hay que concluir que la congelación se aplica con exclusivos fines político-partidistas, para mostrar a la opinión pública gestos de austeridad. Los agujeros del déficit están en el despilfarro, en la pésima gestión, en los fraudes, en los gastos corrientes, en la deuda pública, etcétera.
Segundo, el Grupo Parlamentario Popular entiende que no existe justificación económica ni razones de justicia social para imponer una segunda congelación. Los Presupuestos Generales del Estado de los tres últimos años sólo han traído para los empleados públicos pérdida de poder adquisitivo y discriminaciones salariales con el resto de los trabajadores. En el año 1993 los empleados públicos obtienen una subida de un 2 por ciento, mientras el sector privado obtiene una subida de un 6,7 por ciento. En 1994, para los empleados públicos se impone la congelación y se permite, para el sector privado, un aumento, como mínimo, del 2,5 por ciento. Hay que recordar que más de medio millón de empleados públicos, subalternos y auxiliares administrativos, tienen salarios de 80.000 a 100.000 pesetas al mes, inferiores a muchas pensiones y desempleos. Justificar la congelación indiscriminada para todos ellos por la estabilidad en el empleo es olvidar uno de los principios básicos en que se asienta la regulación de la Función Pública: la imparcialidad del funcionario al servicio de los intereses de todos los ciudadanos. Pero ni siquiera la estabilidad en el empleo puede ya justificar nada porque la ley de acompañamiento pretende hacerla saltar por los aires.
Tercero, por todo lo anterior, nuestras enmiendas --no queremos huir de la triste realidad, sería fácil pedir porcentajes más espectaculares-- proponen, aceptando, repito, una parte considerable de sacrificio, un sistema de incrementos que consiste en aplicar un 3,5 por ciento a todas las retribuciones básicas y un sistema de incrementos al complemento de destino que mejore las retribuciones más bajas y congele las más altas, proponiendo la tabla que figura en la enmienda al artículo veinticinco.
La suma total de todo el aumento de las retribuciones no superará el 2 por ciento de aumento de la masa salarial; exactamente supone el 1,6 por ciento. Al mismo tiempo se apuesta por una real congelación del complemento específico, que ha venido siendo una válvula de escape a la generalizada congelación salarial, y por una más

Página 1788


equitativa y justa distribución del complemento de productividad. Del mismo modo, la enmienda de supresión al artículo treinta y tres, dos, trata de eliminar situaciones singularizadas sujetas, en cuanto efectos retributivos, a la discrecionalidad de la Administración.
Segundo grupo de enmiendas: Retribuciones de los altos cargos. Nuestras enmiendas parten de la necesaria congelación total de las retribuciones de los altos cargos, y por supuesto de los parlamentarios, que en los Presupuestos Generales del Estado son, como saben SS. SS., el Presidente, el Vicepresidente, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, y los Directores Generales y asimilados. Pero también queremos que la congelación sea total para los puestos directivos (subdirectores, subdirectores generales adjuntos, etcétera), a los que añadimos también los demás altos cargos del sector público (presidentes, vicepresidentes, consejeros delegados y directores generales) a los que se refire el punto tres del artículo veinticuatro del proyecto, así como nuestra enmienda. Por eso, nuestra enmienda 310 sustituye el inciso inicial «serán autorizadas sus retribuciones» por «serán, como máximo, las vigentes durante 1993». No tiene explicación lógica excluir a las empresas públicas y menos privilegiar a los altos cargos de sociedades y entes públicos a los que se refiere el artículo seis, uno d) de la Ley Presupuestaria y cinco de la misma ley excluyéndoles de la congelación salarial. Y que no se nos diga otra vez que si no les pagamos bien a los citados se van a la empresa privada; en algunos casos, que se vayan en buena hora porque los resultados de su gestión son más que elocuentes; en otros casos, existen profesionales competentes con vocación de servicio público que no anteponen todo al nivel de mejoras económicas; a lo mejor no tienen carnet del PSOE, pero eso también sería un mérito a tener en cuenta.
En la misma línea, y para evitar abusos con los complementos específicos y de productividad para altos cargos, nuestra enmienda 300 propone un tope máximo a sus retribuciones: que no superen las que se cifran con carácter global para un Secretario de Estado.
Finalmente, la congelación será un hecho y una medida ejemplar si se prohíbe, como solicitan reiteradamente nuestras enmiendas 307 y 308, los contratos blindados y otras prácticas irritantes e injustas que conceden ventajas y privilegios a unos cuantos que nunca, y en estos tiempos menos, nadie puede entender, y ha habido debates que han trascendido del Grupo Parlamentario Socialista en los que coinciden con esta sensibilidad que tratan de reflejar nuestras enmiendas.
Hago gracia a SS. SS. de la lectura de estas enmiendas que prohíben contratos blindados, pólizas de seguros, fondos de pensiones, etcétera, porque su lectura es muy fácil y muy elocuente.
También quería referirme, antes de terminar el capítulo de las retribuciones y pasar a la oferta de empleo público, a una enmienda que hace referencia al complemento de productividad. Es una enmienda que trata de modificar el último inciso del artículo veinticinco, uno, e), para decir que su fijación tiene que objetivizarse y que, efectivamente ello tendrá lugar cuando el trabajo de los que perciben el complemento de productividad contribuya a la consecución de los resultados y objetivos asignados al correspondiente programa. No quiero entrar ni muchísimo menos en todos los defectos de señalización que tiene el complemento de productividad. Hay datos de anteriores debates en los «Diarios de Sesiones» y, sobre todo, en comparecencias de altos cargos ante la comisión correspondiente de esta Casa en donde hemos dejado claro cuál es nuestro planteamiento respecto a este tipo de complementos, en donde la discrecionalidad de la Administración es letal para la moral de los funcionarios.
Hay otra enmienda, la enmienda 413, que se refiere a las retribuciones de altos cargos, que evidentemente, para hablar de congelación total, pide que dejen de percibir cualquier tipo de retribución en concepto de asistencias a las reuniones de órganos colegiados de la Administración de empresas con capital o control públicos, que creo que es en congruencia con medidas de recortes del gasto público y similares adoptadas en materia de retribuciones de los funcionarios y para que los altos cargos en este aspecto den una lección de austeridad, que tanto serviría para que acepten la suya aquéllos a los que se les impone.
En cuanto a la oferta de empleo público, casi todas nuestras enmiendas a este punto son de supresión. Creemos que debe apostarse en 1994 por la congelación total de la oferta. A la vista del proyecto de ley de medidas fiscales de reforma del régimen jurídico de la Función Pública y de la protección por desempleo, la llamada ley de acompañamiento, debe suprimirse, entre otros, el punto cuatro del artículo veintiuno, porque será, llegado el momento, el mecanismo de los planes de empleo en la Función Pública el que recoja estas posibles excepciones.
Del mismo modo y para evitar la total discrecionalidad en la oferta, proponemos sustituir la frase del número cuatro del artículo veintiuno: «las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal, cualquiera que sea su naturaleza, se limitarán a la que, excepcionalmente, se consideren inaplazables», por la siguiente: «se limitarán a las que excepcionalmente, y previa acreditación de este extremo en el correspondiente expediente administrativo, no puedan ser cubiertas mediante procedimientos de promoción interna».
La enmienda número 333 pretende también la supresión del artículo treinta y cinco, que tan estrecha relación guarda con la oferta de empleo público. Este artículo treinta y cinco, como saben SS. SS., reserva la posibilidad de que la Administración utilice para contratos laborales créditos para inversiones reales. Las consignaciones para contratar personal laboral deben figurar, según nuestro criterio, íntegramente en el Capítulo I. El sistema previsto en este artículo se presta a todo género de excesos y carencia de controles incompatibles con el objetivo prioritario de moderación del gasto público.
Y, finalmente, en cuanto a las enmiendas de oferta de empleo público, hemos presentado la enmienda número 419, que se refiere a la disposición transitoria segunda, y la enmienda 421, que se refiere a la disposición transitoria quinta.


Página 1789


La enmienda número 419 pretende que se añada un párrafo que diga: «Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos pendientes de aprobación, deberán quedar definitivamente aprobadas antes del 31 de marzo de 1994». Es una enmienda que se repite todos los años, pero que a mí me daría vergüenza que tuviera que repetirse, porque desde 1984 que el Gobierno socialista ha tenido la obligación de hacer estas relaciones de puestos de trabajo, todavía no las ha concluido, y, lo que es peor, las que tiene las modifica en algunos casos de manera clandestina para subir las retribuciones a determinados funcionarios. Aquí tengo ejemplos documentales a disposición de todas SS. SS.; por lo tanto es absolutamente necesario que las relaciones de puestos de trabajo queden de una vez por todas concluidas y que se sepa también cómo y por quién tienen que modificarse y para qué. Y estas modificaciones que se publiquen de la manera que más reglamentariamente se establece en el artículo 15 de la Ley 30/1984.
La otra enmienda, número 421, con la que termino las que se refieren a la oferta pública de empleo, trata de suprimir el número tres de la disposición transitoria quinta, porque la circunstancia de que determinados puestos o plazas desempeñados interina o temporalmente puedan ser sacados a oferta de empleo público, no avalan ni muchísimo menos las razones exigidas en el número dos, para, excepcionalmente, proceder a convocar su cobertura. La oferta de empleo público quedará congelada durante 1994, amortizándose dos plazas de cada tres que queden vacantes por jubilación. Así, haremos de verdad, de verdad, un parón en el crecimiento del número de funcionarios y facilitaremos también la necesaria reasignación de efectivos, que a eso se refiere la ley, aunque no con los criterios, los modos y los sistemas que nosotros creemos que deben ser los correctos, pero --repito, señor Presidente-- no voy a caer en la tentación de mezclar un debate con otro.
La oferta de empleo público --este año que se presumía de congelación-- supera las quince mil plazas. Tengo aquí los datos y también los tienen sus señorías. Por lo tanto, no cabe que en un año donde se predica la austeridad, donde se hace referencia y oferta en la citada ley de acompañamiento de una necesaria movilidad geográfica funcional y de una reasignación de efectivos, se parta de la suma absolutamente discrecional de ofertas de empleo público por razones que a determinados responsables de centros directivos interesen, pero no al resto de los ciudadanos españoles.
Finalmente, me referiré a las enmiendas que reducen el gasto público corriente y que aliviarán el déficit, y ya termino, señor Presidente, con este capítulo.
Empezamos con la 414, que pretende añadir una disposición adicional para que las consignaciones para atenciones protocolarias y representativas, dentro de los límites previstos, tengan carácter global en cada Ministerio y organismo autónomo y su disposición requiera la oportuna autorización del responsable del centro directivo, previa oportuna justificación.
Empiezo por una que es muy significativa, que está dentro de los gastos de funcionamiento, de los gastos corrientes, para los cuales hay una enmienda a la que luego me referiré, porque sirve de base ¿para qué? Para que sepan los ciudadanos, sepan SS. SS. que nuestras enmiendas sobre aumento de retribuciones a los funcionarios nacen de un ahorro que nosotros provocamos con nuestras enmiendas.
Por eso, la enmienda 416 dice lo siguiente: «Durante el ejercicio presupuestario de 1994 no podrán autorizarse con cargo al Capítulo ``Gastos corrientes en bienes y servicios'' gastos por encima de 434.014 millones de pesetas, que equivalen al 70 por ciento de lo presupuestado por este Capítulo para el Estado, organismos autónomos y entes públicos.
Se autoriza al Gobierno para reajustar la distribución de esta cantidad entre los distintos artículos y conceptos del Capítulo II en función de la necesidad del servicio, siendo obligatorias, como mínimo, las siguientes reducciones:».
No queremos dejar sin medios a aquellas instituciones, a aquellos servicios que necesitan de estos medios, pero sí sabemos que se puede hacer un esfuerzo de austeridad. En arrendamientos, por lo menos, se puede rebajar un 10 por ciento; reparaciones, mantenimiento y otros, un 30; publicaciones, un 50; publicidad y propaganda, un 70; estudios y trabajos técnicos, un 70; atenciones protocolarias y representativas, un 50; teléfonos, un 20; mobiliario y enseres, un 50; indemnizaciones, un 30 y transportes, un 20.
En todo caso, el Gobierno podrá recurrir a créditos extraordinarios por razones justificadas, pero creemos que no será necesario. En todo caso, repito, nuestra enmienda admite la posibilidad de que en algún caso, y para algún servicio, quepa perfectamente que después de aceptar esta limitación se le permita acudir a crédito extraordinario.
La totalidad de lo presupuestado por el Capítulo II «Gastos corrientes en bienes y servicios» asciende --repito, señoras y señores Diputados-- para el Estado, organismos autónomos y entes públicos a 620.020 millones de pesetas. Más que el año pasado. La nueva disposición adicional propone un ahorro de 186.006 millones de pesetas, que se destinarán --repito-- a subir las retribuciones básicas de los funcionarios, las pensiones asistenciales, que las tienen ustedes congeladas, y otras que no suman todas ellas los 186.000 millones.
Es esta una medida posible y, además, necesaria en el actual contexto presupuestario.
También decimos que, con efectos de 1 de enero de 1994, queda sin efecto lo previsto en la disposición adicional duodécima, dos, de la Ley 31/1991, que extendía la aplicación al cargo de Secretario de Estado y asimilado de determinados preceptos del texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado de la Ley 74/1980.
Finalmente (y dejo para el Título VIII la reducción de organismos públicos, porque corresponde hacerlo mediante cuatro enmiendas que hemos presentado y una disposición adicional nueva), sí quiero referirme

Página 1790


también, en cuanto a la reducción del gasto público, a la disposición final nueva, la 424, que dice exactamente que antes del 31 de marzo de 1994 el Gobierno procederá a limitar el número de altos cargos y puestos de alto nivel en los distintos departamentos ministeriales, organismos autónomos y entes públicos de ellos dependientes, con los límites máximos siguientes: Secretarios de Estado, Subsecretarios y asimilados, 50; Directores Generales y asimilados, 250; Subdirectores Generales y asimilados, 500; Subdirectores Generales, adjuntos, vocales, asesores, jefes de área, consejeros técnicos y asimilados, 1.000.
El argumento es muy sencillo: en 1983, cuando ustedes se hicieron cargo del Gobierno, habiendo sido elegidos democráticamente por una inmensa mayoría, tenían residenciadas en los Ministerios unas cuantas competencias porque todavía no se habían producido las transferencias a las comunidades, y para la gestión de todas aquellas competencias había exactamente 1.500 personas que, con el título de altos cargos o puestos directivos o puestos de alto nivel, etcétera, estaban distribuidos por todos los Ministerios. Pues si hoy algunos de los Ministerios están vacíos de competencias, porque han sido transferidas a las comunidades autónomas, no se entiende cómo ha proliferado el número de altos cargos y puestos de alto nivel. Repito, no quiero entrar en la discusión semántica de si unos son altos cargos y otros puestos de alto nivel. Todos ustedes saben a lo que me refiero y la enmienda así lo detalla. Creo que es hora de que se dé a la opinión pública, a los ciudadanos, un auténtico ejemplo de austeridad con la supresión de tanto organismo inútil, de tanta duplicación y triplicación de centros directivos que ejercen las mismas funciones que las que se ejercen en otras instituciones, en otros planos de la Administración.
Con todas estas enmiendas y por todas estas razones, aparte de volver a insistir en que lo bueno sería aceptar la enmienda a la totalidad y redactar de nuevo este Título III y las disposiciones adicionales, transitorias y finales que tienen relación con él, y recordando lo que he dicho en la defensa de las enmiendas al articulado, solicito el voto favorable para todas ellas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, muy brevemente, para defender las enmiendas que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este Título. Digo muy brevemente, señorías, porque todos son conscientes de que se trata de un Título que al día de hoy tiene carácter puramente provisional.
El tema de las retribuciones de los funcionarios públicos forma parte del paquete negociador del Gobierno con las centrales sindicales, y es un tema que sigue abierto. Por tanto, no tiene demasiado sentido que contribuyamos a una cierta ceremonia de confusión manifestándonos en relación con previsiones que cabe la posibilidad --desde luego, nosotros lo deseamos-- que sean modificadas. Es más, manifestaciones que podamos realizar en estos momentos en relación con estos preceptos del proyecto de ley de presupuestos podrían interferir en esa negociación, que nosotros deseamos que se celebre y se desarrolle en el ámbito de absoluta libertad, propia de un Estado democrático.
Queremos reiterar, una vez más --este es el segundo proyecto de ley de presupuestos en esta situación--, nuestra crítica al Gobierno, que nos trae apartados sustanciales, fundamentales de un proyecto de ley de presupuestos, como es el tema de pensiones, retribuciones de empleados públicos --este año sólo el tema de retribuciones de empleados públicos--, sujetos a negociaciones que se llevan cabo al margen de esta Institución. Podríamos encontrarnos con la sorpresa de que decisiones de esta Cámara fueran posteriormente enmendadas en virtud de acuerdo con los agentes sociales. No nos parece que esa sea la mejor técnica. Por todo ello, señorías, nuestras consideraciones van a ser muy breves, insisto, y sólo de grandes rasgos.
Se nos presenta por el Gobierno un proyecto de ley de presupuestos en el que se plantea un incremento cero a las retribuciones de los empleados públicos. En torno a esta decisión inicial del Gobierno se han manejado argumentos relativos a que eso puede contribuir a un recorte del déficit público. Cualquiera que recuerde la experiencia de este año 1993, en que ya se produjo una pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos en torno a cuatro puntos y unas desviaciones presupuestarias como no se conocían en años anteriores, nos hace pensar que, efectivamente, la clave del déficit público y de sus desviaciones no se encuentra en las retribuciones de los empleados públicos.
Se ha hecho también referencia, como otro argumento justificador de la moderación o de la congelación salarial, como se plantea en este caso, a la creación de empleo. Pero, señorías, es que este proyecto de ley de presupuestos y la ley que le acompaña nos permite contemplar una congelación retributiva y una congelación, consiguientemente una pérdida de empleo, en el sector de la Administración pública. También se ha hablado de que esa moderación --y no digamos ya la congelación salarial que plantea el Gobierno-- daría pie a que las empresas tuvieran condiciones para garantizar un cierto bienestar laboral a sus empleados.
Pues bien, señorías, este proyecto de ley de presupuestos y la ley que le acompaña nos permite contemplar, no sólo la congelación salarial, sino también un importante recorte y una importante modificación a peor en el «status» de los funcionarios y empleados públicos.
Por tanto, señorías, entendemos que es el propio Gobierno el que con sus actuaciones concretas desautoriza los argumentos que ha venido utilizando en los últimos meses.
La posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es la de defender un incremento retributivo adecuado a las previsiones del IPC que permita garantizar la colaboración del personal al servicio de la Administración pública en la necesaria reforma de ésta. Nosotros

Página 1791


creemos que este es uno de los graves lastres que tiene la plena modernización de la economía española y que este lastre difícilmente se aborda con medidas como la reiterada congelación salarial que hace dudar a los empledos públicos de las ventajas de trabajar al servicio de esa empresa que, en definitiva, es de todos los españoles.
Finalmente, queremos hacer también hincapié en la necesidad de la revisión de esas previsiones iniciales de incremento. Si nos puede parecer correcto utilizar inicialmente una previsión que coincida con la del IPC, no puede caber la menor duda de que esa previsión tiene que ajustarse finalmente a la evolución de ese índice; de ahí que nosotros planteemos la necesidad de una cláusula de revisión que funcione en relación con la evolución del IPC de noviembre a noviembre.
En definitiva, señorías, nos parece que este Título III, con carácter general, está necesitado de una reconsideración profunda, que es la que nosotros perseguimos con nuestras enmiendas.
Hay casos concretos que también contemplan nuestras enmiendas, que nos vamos a permitir citar, en concreto el de los secretarios judiciales y médicos forenses. Este es un colectivo con el que la anterior Administración se comprometió, en virtud de determinados acuerdos, a reconocerles unas mejoras retributivas que atendieran la desviación que se había producido en los últimos años en relación con otros miembros del personal judicial y que atendiera también a la realidad de las funciones que efectivamente se desempeñan por los mismos. Nos parece que esta Ley de Presupuestos debe contener un mandato legal que haga realidad esos acuerdos que se alcanzaron.
En definitiva, señorías, las enmiendas que presenta nuestro Grupo pretenden garantizar una adecuada retribución de los empleados públicos y, por esta vía, la colaboración de los mismos en la necesaria modernización del aparato administrativo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Ante todo, me gustaría pedir ciertas disculpas a sus señorías por el ejercicio físico a que les he sometido anteriormente en la votación.


El señor PRESIDENTE: Estaba en su derecho, señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias.
Nuestro Grupo Parlamentario en el Título III mantiene exclusivamente una enmienda al artículo veintiuno.
El artículo veintiuno del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado viene a regular aspectos relacionados con los gastos de personal al servicio del sector público para este año 1994. Hay cuatro aspectos que quisiéramos destacar.
En primer lugar, regula los aspectos salariales, estableciendo una congelación para el año 1994 a los funcionarios y trasladando la adecuación de esta medida a los acuerdos y convenios o pactos establecidos anteriormente.
En segundo lugar, establece la contratación, limitando las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal, salvo en casos excepcionales.
En tercer lugar, establece un mandato de trasladar estos criterios a los presupuestos generales de las comunidades autónomas.
En cuarto lugar, establece qué se entiende por sector público a efectos de este artículo.
Estos aspectos, desde nuestro punto de vista, son preceptos que afectan a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, a su capacidad de gestión y negociación con los agentes sociales, ya que, si bien la autonomía financiera ha de sujetarse a los principios de coordinación con la Hacienda estatal, entendemos que los presupuestos no son la vía adecuada, sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo Superior de la Función Pública, puesto que limita a las comunidades autónomas la capacidad de gestionar su propia política de personal y de negociación. Los pactos y acuerdos en otras administaciones públicas diferentes a las del Estado pueden contener otras cláusulas referentes al ámbito temporal o a políticas de revisión o fijación salarial no coincidentes con las del Estado en su ámbito de negociación.
Creemos, asimismo, que el Estado no debe impone la obligación de establecer de una forma concreta y determinada las leyes de presupuestos ni a las comunidades autónomas ni a las corporaciones locales.
Creo, de todas formas, que la justificación de nuestra enmienda está sobradamente clara y, por tanto, no me voy a extender más en explicarla.
En definitiva, nuestro Grupo parlamentario propone suprimir las letras b) y c) del apartado uno, así como el apartado cinco completo de este artículo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Unión Valenciana únicamente ha presentado una enmienda al artículo veinticuatro, relativa a las retribuciones de los altos cargos. Es muy clara esta enmienda y, por tanto, voy a tardar muy poco tiempo, porque creo que SS. SS. la van a entender.
Es una enmienda de coherencia política, sobre todo para los Grupos que están sustentando al Gobierno. Estamos en unos momentos en los que la congelación de salarios, la reducción inclusive de pensiones hacen que todo el mundo tenga que apretarse el cinturón. Y digo yo: ¿por qué no hacemos buena esa palabra de progresismo y solidaridad comenzando por nosotros mismos, comenzando por el Presidente del Gobierno, que, al parecer, ya ha lanzado a la prensa estos días de atrás su disposición a reducirse el salario, cosa que aplaudo y con la que estoy totalmente de acuerdo? Creo que presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, asimilados,

Página 1792


etcétera, todos debemos colaborar. Y creemos que la sociedad está esperando precisamente ese detalle, un detalle importante por parte de aquellos que nos autotitulamos o somos llamados padres de la patria, puesto que en cualquier momento esto a lo mejor se nos puede volver en contra.
Comprendo que algunas personas puedan entender que esta modificación que presento desde mi Grupo es pequeña, que no tiene mayor importancia, que quizá no es la que otros propondrían. Aquí oímos en ocasiones la necesidad de defender a la gente, venimos aquí inclusive dispuestos a renunciar a todo lo renunciable. Yo soy más modesto. Unicamente pido un pequeño gesto que no supone más allá de ese diez por ciento. Creo que todos podemos solidarizarnos y que se dé cuenta toda la nación, que se dé cuenta todo el Estado de que en el Congreso, en Madrid, en el centralismo se piensa en todos esos graves problemas que están afectando a nuestra sociedad y a tantos miles y miles de gentes que están en las calles.
Con la coherencia y con el progresismo y solidaridad que aquí se están empleando, me da la impresión de que posiblemente tenga un voto unánime, no sé en qué sentido, espero que en el sentido positivo que me gustaría.
Desearía que saliéramos de esta sesión con la satisfacción de ese deber que siempre cumplimos, pero un poquito más mirando hacia la cara de esa España totalmente alicaída en estos momentos y a la que podemos, cómo no, aliviar, aunque solamente sea a nivel de espíritu, lo cual es también muy importante.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Voy a intentar contestar todas las intervenciones de los distintos Grupos.
Me gustaría hacer una reflexión general dedicada al señor Núñez. Aunque estamos habituados a oírle con esa vehemencia que le caracteriza, no me parece muy oportuno en estos momentos, en los que parece que todos tenemos la intención de que existan unos niveles de distensión y de buenas razones, que hable de carné del PSOE --podía hablar del carné del Partido Popular-- o que hable de despilfarros o utilice otros calificativos que yo no comparto en absoluto.
El Grupo parlamentario Socialista no está de acuerdo con los planteamientos que ha hecho el Partido Popular a través del portavoz señor Núñez, ya no sólo en cuanto a la consideración o no de la enmienda a la totalidad, sino a la de las enmiendas parciales que ha presentado, y me gustaría saber si son las mismas enmiendas que aceptarían en su momento --espero que muy tarde-- cuando se hagan cargo de las responsabilidades del Gobierno.
La supresión que está proponiendo el Grupo Popular, y que supone desde luego no estar de acuerdo con el sistema retributivo del personal al servicio del sector público, creo que hay que mirarla bajo dos aspectos, que motivan el rechazo de esta enmienda.
Creo que en esta Cámara es deseable que haya un mínimo respeto a la técnica presupuestaria, y si se pretende aumentar el gasto mediante un aumento de retribuciones, a pesar de que algunos integrantes del Grupo Popular no les guste lo que voy a decir, lo lógico es indicar de dónde sale la cantidad suficiente para atender ese aumento. Porque, una de dos, o se detrae de otras partidas, y me gustaría saber de dónde, porque lo que trae consigo es un desequilibrio del presupuesto, o bien se propicia un aumento de los ingresos, y me gustaría saber qué tipo de ingresos son los que hay que aumentar, porque lo que no me vale en absoluto es que se plantee que si se debe bastante dinero habrá que acudir al crédito. Creo que esa no es una postura seria para plantear una enmienda de estas características.
Nosotros pensamos que no es que la congelación salarial o el no aumento de retribuciones sea el elemento fundamental para que no exista gasto público, sino que es uno de los elementos importantes que tiene que ver con lo que ha de ser la existencia o no de gasto público. Por lo tanto, si nosotros intentamos que ese gasto público se controle a través de una política encaminada a mantener los sueldos de los funcionarios, tanto a nivel básico como complementario, creo que estamos haciendo un gran servicio al país.
A mí me gustaría, a mi Grupo y al Gobierno nos gustaría no tener que adoptar una decisión de esas características; me gustaría no tener que apoyar el que los funcionarios públicos van a ver congeladas sus retribuciones en 1994 y nos gustaría también que ese pacto de rentas que puede salir adelante salga, porque va a ir en beneficio de todos, porque ahí se producirá el equilibrio, de forma y manera que uno de los objetivos que se plantee sea el control del gasto y del déficit público.
Yo creo que es bueno el mantener esta política porque indudablemente las repercusiones en el sector privado en lo que ha de ser la negociación colectiva tiene su incidencia. Este es un elemento que hay que valorar cuando se critica o cuando se aprecia. ¿Por qué razón se adoptan una serie de políticas presupuestarias que tienen su incidencia en un no aumento de retribución de los funcionarios y que lo que se apuesta es por una actuación seria y responsable encaminada a que ese ejemplo que se da, que se plasma en los presupuestos sea un ejemplo que pueda cundir en la sociedad porque, al fin y al cabo, iremos todos en solidaridad, y, a pesar de que eso tenga muchos matices, muchas apreciaciones, muchas subjetividades, iremos todos encaminando nuestra labor política hacia un mejor desarrollo de lo que ha de ser la política económica futura? Con este comentario que estoy haciendo pretendo plantear la postura del Grupo Socialista no sólo respecto a esta enmienda a la totalidad, sino respecto a todas estas enmiendas que plantean aumento de retribuciones, porque nosotros en este momento no vamos a aceptar o no vamos a apoyar el que ese aumento de retribuciones se plantee.
Hay unos datos que sí que me gustaría dejar aquí claros. Un punto de los 2,6 que ha planteado el Grupo Popular o de los 3,5 que plantea el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya suponen 53.000 millones

Página 1793


de pesetas (El señor Arias-Salgado Montalvo: 54.600 millones de pesetas), en los cuales, como es lógico, van incluidos el profesorado de centros, las retribuciones que se dan al Ejército, Comunidades autónomas. Es decir, no son solamente las retribuciones del personal estrictamente de la Administración central, en cuya mesa de negociación un punto equivale a 19.000 millones de pesetas.
Con estos datos quiero poner de manifiesto que la repercusión que tiene un movimiento dirigido a incrementar las retribuciones, si no tiene otra compensación por otro sitio, es una cantidad de suficiente importancia como para pensar que sí tiene algo de incidencia en lo que es el gasto público.
Siguiendo con las enmiendas que plantean los Grupos a los distintos artículos, voy a intentar agilizar un poco mi contestación.
Respecto a la número 300, del Grupo Popular, que habla de supresión de adecuaciones retributivas al artículo veintiuno, apartado tres, creo que la lectura del propio proyecto de ley ya justifica de por sí que su texto se mantenga en los términos actuales. Si no existiera la cláusula a que hace referencia la lógica y la razonabilidad de su planteamiento, la rigidez de la Administración haría a ésta absolutamente inoperante, ya que se impediría la modificación de los sistemas de organización de trabajo y clasificación profesional y las consecuencias serían paliar la dinamicidad de la Administración y desde luego hacer que esta supresión lo que produzca sea mayores perjuicios que los que se intenta evitar con la misma.
Respecto a las enmiendas 301 y 302, del Grupo Popular, al artículo veintiuno, apartado cuarto, plantean dos opciones aquí. Una es la supresión del apartado cuarto, que nosotros pensamos que no se puede suprimir porque se trata de ir a la contención del gasto mediante una norma que afecta a todas las Administraciones, con una salida de carácter excepcional para situaciones inaplazables, y, dos, que el requisito del previo expediente administrativo que plantea la propia enmienda es papel mojado por lo que respecta a las otras administraciones públicas, ya que no existe un control de ámbito estatal sobre las administraciones autonómicas y las administraciones municipales.
Lo que plantea el Grupo Popular en su enmienda 303 al artículo veintiuno, apartado cinco, lo rechazamos porque entendemos que el texto del proyecto es la consecuencia lógica de lo establecido en nuestro texto constitucional y en el artículo 24 de la Ley 30/1984, y también en consonancia con lo que ha planteado el representante del Grupo Vasco, en su enmienda 1.194. Creo que la exigencia de una referencia expresa a los criterios de los Presupuestos Generales del Estado en las comunidades autónomas y ayuntamientos es positiva, porque me imagino que todo el mundo pretenderá que de verdad se controle el gasto y de verdad se reduzca el déficit público. Este criterio está avalado no por una opinión muy particular mía, que puede ser, como es lógico, cuestionable, sino porque el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias, así lo ha dicho.
Creo que seguir las pautas que marca el Tribunal Constitucional, tanto para las cosas que favorezcan como para las que no, es bueno para un sistema democrático y en este caso concreto creo que es bueno para el conjunto de las instituciones del Estado español.
El Grupo de Izquierda Unida presenta las enmiendas 1.277, que hace referencia a las retribuciones, y 1.278, y ambas las rechazamos por varias razones. Primero, porque es reiterativa con lo que se está haciendo en la práctica habitual, porque hay negociaciones con los sindicatos, porque hay control y publicidad de lo pactado, porque se publican en el «Boletín Oficial del Estado» las relaciones de puestos de trabajo, etcétera. Es decir, creo que los requisitos que se exigen están recogidos en la práctica habitual.
Por lo que se refiere a unos puntos que nosotros consideramos importantes, como es el tema de los contratos blindados, a los que ha hecho referencia también el señor Núñez, llámense pólizas de seguro, indemnizaciones, etcétera, en principio hay una afirmación categórica que tenemos que hacer, y es que nosotros no estamos de acuerdo con los contratos blindados. Sin embargo, junto a eso, a lo que en la calle se habla de contratos blindados, creo que aquí, en este ámbito parlamentario, tenemos que acudir a procurar la definición más adecuada de qué es un contrato blindado, la definición más adecuada de qué supone la indemnización o no en un contrato. Es decir, hace falta hacer una reflexión y un esfuerzo para regularlo adecuadamente, porque es indudable que hay que distinguir varios supuestos. Lo que sí puede afirmar mi grupo es que en la Administración central no existe ningún contrato blindado «stricto sensu». En las empresas estatales, en los entes públicos o en organismos autónomos es rechazable por parte del Grupo Socialista que exista este tipo de contratos, y es intención que a lo largo del debate parlamentario tengamos la fórmula más adecuada que resuelva y en la que confluyamos con el sentido que se le quiere dar por parte del Grupo parlamentario de Izquierda Unida y por parte del Grupo Popular al contenido de sus enmiendas 1.278, 307 y 308.
Porque si nosotros queremos plantear esta reflexión es por lo siguiente: ¿qué sucede con los que hay en estos momentos? ¿Hay que cumplir en esos términos o, por el contrario, cuando se produzca la rescisión podrá pagarse la indemnización pactada? La norma que se elabore, ¿a quién ha de afectar? ¿Cómo ha de afectar? Porque no hay que dudar de una cosa: hoy, en nuestro país tenemos en nuestra normativa una serie de fórmulas de indemnización que vienen recogidas en el Real Decreto 1.382/1985, que fija siete días por año, y en el Estatuto de los Trabajadores, que fija 45 días por año. Me imagino que esto tendremos que tenerlo presente a la hora de hablar de este tipo de contratos, y me imagino que tendremos que respetarlo, porque esas normas están. ¿De qué habrá que estar pendiente? Habrá que estar pendiente de la transparencia, de la claridad, del conocimiento de esos contratos.
Lo que quiero llevar al ánimo de SS. SS. es que no se trata del rechazo a ninguna enmienda en ese sentido, sino que se trata de ir hacia una reflexión que nos permita a lo largo de estos próximos días o semanas buscar la fórmula

Página 1794


más adecuada para que después no nos tengamos que arrepentir de lo que se ha hecho de forma rápida y poco razonada.
Por eso yo les planteo a SS. SS. que en los próximos días nosotros estudiaremos qué salida se le da, qué tipo de contestación se tiene a estas inquietudes que plantean en sus enmiendas, y espero que se producirá el acuerdo necesario porque, en el fondo, creo que todos estamos de acuerdo con lo que se dice.
A este mismo artículo veintiuno se ha presentado la enmienda 1.194, del PNV, que yo creo que había que dar por contestada con lo que he mencionado anteriormente, porque las sentencias del Tribunal Constitucional son lo suficientemente explícitas como para que nosotros no podamos aceptar los planteamientos que se hacen desde la óptica del PNV.
Las enmiendas al artículo veintidós del Grupo Parlamentario Popular y de Izquierda Unida son enmiendas que hacen referencia al tema salarial y, por tanto, no voy a entrar en ellas, así como las enmiendas 304 y 305, del Grupo Popular, y 1.279 al artículo veintidós, y al artículo veinticuatro se han presentado varias enmiendas que quiero comentar de forma rápida.
Una de ellas, la planteada por el señor González Lizondo, la número 118, hace referencia al aumento o no de los salarios de los altos cargos.
Señor González Lizondo, yo le agradezco muchísimo el interés que demuestra, pero sí le digo una cosa: desde 1992 se viene dando una congelación de los aumentos salariales de los altos cargos tanto a nivel del Gobierno como de Diputados y Senadores. Lo que sucede es que, como ya se ha dado el paso de la congelación, no tiene ninguna importancia que esa congelación se produzca y entonces se va a un paso más, que es el de la reducción. Yo ni estoy a favor ni estoy en contra. Creo que se ha hecho un esfuerzo desde 1992 para que esta congelación se lleve a cabo y, es más, el plus de productividad de los Subsecretarios y Directores Generales no es que se congelara, sino que se redujo y, por tanto, creo que ese ejemplo que tenemos que dar ante la sociedad se está dando desde 1992, y me gustaría que en otras instancias administrativas de otras comunidades autónomas o ayuntamientos se hubiera llevado a cabo el mismo comportamiento que se ha tenido desde el Gobierno y desde esta Cámara con la congelación de nuestras retribuciones.
La enmienda 309 del Partido Popular pretende limitar las retribuciones del subsecretario y directores generales. Voy a hacer dos puntualizaciones: en primer lugar, el subsecretario y los directores generales están asimilados al Grupo A en la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
La composición de sus retribuciones es absolutamente distinta, y si esas limitaciones se plantearan tal y como lo dicen, quizá estableceríamos una serie de discriminaciones que no serían operativas. Sabemos que los subsecretarios reciben todos la misma retribución, pero en los directores generales, en función de su responsabilidad y competencia, hay variaciones en cuanto a algunos aspectos de su retribución. Por lo tanto, tal y como está recogido en el texto del proyecto, no existe ninguno de los problemas que plantea el señor Núñez con su enmienda.
En cuanto a los secretarios de Estado, también plantea la limitación de sus retribuciones, la retribución como cargos políticos. Cuando aquí se habla de cargos políticos hay que hacer referencia a la estructura de gobierno, de sus ministros, presidente, vicepresidente y secretario de Estado.
En cuanto a la enmienda número 310, del Partido Popular, inclusión de los directivos de las empresas públicas y limitación de retribuciones, yo nunca he visto que se hayan incluido en los presupuestos a estos directivos, ya que estas sociedades mercantiles no están sometidas al control del Ministerio de Economía y Hacienda y, por lo tanto, es un poco difícil decir a este tipo de empresas que tiene que congelar las retribuciones, porque ese es un apartado que compete a su consejo de administración; que sea necesaria la autorización de las retribuciones cuando se trate de nuevos entes públicos, es decir, hay entes públicos que pueden constituirse y lo que se pretende es que, si se produce la creación de esos entes públicos, que tengan autorización para que los que los dirijan tengan la correspondiente percepción. No se trata de que ese dinero se utilice para aumentar en mayor medida las retribuciones de los que hay actualmente.
En cuanto a la enmienda número 1.281, de Izquierda Unida, que hace referencia a la supresión del complemento de productividad de los directores generales, su aceptación supondría elevar la retribución fija de los directores generales, a nivel de subsecretarios, porque me imagino que sería la equiparación hacia arriba y no la equiparación hacia abajo.
Por otro lado, si se excluye a los altos cargos del complemento de productividad, creo que se suprime un elemento retributivo que resulta más flexible del ya adoptado para los puestos directivos. Desde luego, de lo que sí estoy convencido es de que esta equiparación que se plantea entre los distintos niveles dejaría seriamente afectada a la profesionalización de la administración. Yo creo que si se quiere mayor control sobre lo que se distribuye y cómo se distribuye la productividad, además de los acuerdos, pactos o convenios con los sindicatos, es cierto que en este Parlamento se ha llevado a cabo y se están llevando a cabo todo tipo de formas suficientes para que esos datos sean conocidos sin ninguna dificultad y no creo que de aquí en adelante se plantee la dificultad que puede transmitirse de la lectura de la enmienda.
Ofrecemos una transacción al Partido Popular en la enmienda número 1.814, que modifica la regulación actual del complemento de productividad, en el sentido de fijarla en el artículo 25, uno, E), de la siguiente manera: «El complemento de productividad que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo y su contribución a la consecución de los resultados y objetivos asignados al correspondiente programa.» Creemos que esta enmienda recoge perfectamente lo que plantea el Partido Popular y lo que nosotros defendemos desde el texto del proyecto y por eso hemos

Página 1795


considerado oportuno ofrecer esta transacción que satisfaría los planteamientos de ambas partes.
En el artículo 26, donde se plantea la supresión de la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda sobre el complemento de dedicación especial, creo que de lo que se trata es de autorizar una modificación de la cuantía de los créditos en razón a variaciones en programas, no en razón a incorporación de nada nuevo, sino que hay programas que varían --sus efectivos y objetivos también varían--, que son nuevos programas y, por lo tanto, lo que se está tratando es que se produzca una modificación, pero no como se plantea, dentro de la justificación de la enmienda, cómo va a resultar afectado, para decirlo más claro, tal y como lo dicen en su enmienda 319, se eviten fugas a los criterios de control del gasto y de congelación salarial. Creo que no es ése, en modo alguno, el criterio con el que se mantiene el texto del proyecto y lo que siento es que estamos por entender y por afirmar que de lo que se trata es de utilizar la modificación de la cuantía de los créditos en razón a variaciones en programas y no a gastos aleatorios.
Respecto a los artículos 27 y 28, que hablan de aumento de retribución de los Cuerpos de Seguridad del Estado, me remito a lo que he dicho en cuanto al aumento de retribuciones en general, así como también vale lo dicho para las enmiendas a los artículos 29, 30 y 33. Al artículo 31 no se han presentado enmiendas.
Se plantea la supresión del artículo 35, porque --se dice-- el mantenimiento de este artículo puede suponer una carencia de controles incompatibles con el objetivo prioritario de moderación del gasto público. No se trata, como ha dicho el señor Núñez, de contratos eventuales para realizar inversiones, sino que en cada inversión se plantea la contratación del personal necesario para llevar a cabo la misma; es decir, se trata de contratos con carácter temporal que se realizan cuando la Administración no tiene dentro de sus plantillas, dentro de sus efectivos, el personal suficiente debido al volumen de las inversiones en un momento determinado; estos contratos se realizan con el fin de agilizar la inversión directa que puede hacerse por parte de la Administración y que duran lo que dura la obra o el servicio que se pretende gestionar y en momentos, repito, muy concretos. Por eso entendemos que este artículo, tal y como viene recogido en el proyecto de ley, es la fórmula más adecuada para gestionar las obras y servicios que dependen de la Administración pública.
Referente a las disposiciones adicionales a que ha hecho referencia el señor Núñez --y ya acabo, disculpen que me haya extendido, pero el volumen de enmiendas es importante-- la enmienda número 413, del Partido Popular, dice: «Con efecto de uno de enero de 1994, los altos cargos y funcionarios a que se refieren las Leyes 25/83 y 53/84, respectivamente, dejarán de percibir cualquier tipo de retribución en concepto de asistencias a las reuniones de órganos colegiados de la Administración de empresas con capital o control públicos.» Creo que no se trata de cuantías tan importantes como parece deducirse del planteamiento que ha hecho el señor Núñez. Desde luego, los miembros de estos consejos de administración, que representan los intereses del Estado, son miembros que, en muchos casos, incluso perciben menores cuantías que los otros que forman parte de estos consejos de administración y que representan a empresas privadas. Además, hay unos datos que nos parecen fundamentales, y es que, como miembros del consejo de administración, tienen una responsabilidad patrimonial solidaria, y aparte de representar en esas empresas los intereses de la Administración del Estado, asesorarla y controlar su funcionamiento, el hecho de que se les compense de alguna manera con esas dietas asistenciales no creo que suponga unas cantidades tan importantes como para pensar que el gasto público va a incrementarse en las cuantía a que hacen referencia sus señorías.
En cuanto a la enmienda 414, relativa al control de las consignaciones protocolarias, diré que este control se lleva a cabo por cada departamento, por cada responsable, que creo que son los más adecuados para vigilar a qué fines van destinados estos gastos, estas cantidades de dinero. No creo que exista en la Administración pública ese despilfarro del que se acusa con tanta vehemencia.
Por último, en cuanto a la enmienda número 424 --a las enmiendas 419 y 421 contestará el señor Jerez--, que hace referencia a la limitación de cargos, me he tomado la molestia de ver lo que se decía el año pasado. El año pasado se decía en este debate, por parte del señor Núñez, que el número de subsecretarios no podía pasar de 39, cuando eran 69; que el número de directores generales no podía pasar de 257, cuando era de 404; que el número de vocales asesores no podía pasar de 978, cuando era de 4.286. Lo que estoy observando ahora es que en altos cargos, que parece que es uno de los puntos importantes de la posición del señor Núñez, se me está diciendo que en 1982 había 1.500. Yo le puedo decir que, en este momento, altos cargos --y podemos entrar en la dinámica de qué quiere decir altos cargos-- hay 409; miembros del Gobierno son 18; hay 22 secretarios de Estado; hay 1.170 subdirectores; hay 317 directores generales, y hay 52 subsecretarios y secretarios generales; es decir, respecto a los que decía que había el año pasado, hay 17 menos.
Pienso que estos datos, efectivamente, hay que verlos, analizarlos y revisarlos, pero hay que ajustarse bastante a la realidad para saber qué funcionarios son los que hay que considerar altos cargos, porque si se consideran altos cargos los niveles 28, 29 y 30 estamos haciendo un flaco favor a aquellos funcionarios que tienen responsabilidad en la Administración, y que me imagino, como decía el señor Zambrana en su comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas, que estarán aquí con nosotros mañana, pasado mañana o dentro de unos años, con ustedes y con cualquier otro gobierno que llegue, porque al fin y al cabo serán necesarios para colaborar y sacar adelante lo que es el proyecto de la Administración Pública. Por mi parte nada más. No sé si me he dejado alguna enmienda por contestar. En cualquier caso, en el turno de réplica respondería.


Página 1796


El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, por favor, estamos en la misma situación que en el caso anterior de las adicionales. Pediría la palabra para dar respuesta a las enmiendas 419 y 421, que se refieren, repito, a adicionales y transitorias. De esta forma no perderíamos el hilo del debate.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jerez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor JEREZ COLINO: La enmienda 419, a la disposición transitoria segunda, señala la fecha de marzo para la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo. Quiero decirle únicamente que en catálogo, es decir, por situaciones muy especiales que no se ajustan a la generalidad que se destina a la relación de puestos de trabajo, están ya once situaciones especiales de organismos distintos. Por tanto, la relación de puestos de trabajo está avanzada, pero nunca, entiendo yo, que marzo pueda ser una fecha razonable como elemento de mantenimiento de la enmienda. Por tanto, en ese sentido la vamos a rechazar.
La enmienda 421, de supresión, se refiere a la disposición transitoria quinta, tres, y propone llegar a la congelación absoluta, diría yo, en función de lo que plantea. Quiero decir que el texto presenta una situación bastante excepcional para este mantenimiento y deja al Gobierno la posibilidad de limitarlo. En esas situaciones tan excepcionales, habla de plazas que están presupuestariamente dotadas, plazas que estén incluidas en relación de puestos de trabajo, catálogos o plantillas, y plazas, además, que estén ocupadas de manera interina o temporal. Creo que son suficientemente excepcionales estos tres conceptos como para que no se lleve esa situación al rigor que propone S. S. de suprimir ese párrafo de la disposición adicional a la que nos estamos refiriendo. Lo que apunta tiene el suficiente tenor de excepcionalidad como para que su enmienda no sea admitida.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, y en turno de réplica, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, tengo que empezar dando las gracias al señor Morlán y a su compañero por el esfuerzo que han hecho para contestarme, aunque algunas enmiendas no han tenido la respuesta no ya de voto favorable, sino ni siquiera de réplica contundente o argumentada para que nosotros podamos retirarlas.
Lo que sí voy a retirar --ya ve usted, señor Morlán, como yo también sé retirar cosas-- es lo relativo al carné del PSOE; no estuve afortunado.
Además, le voy a decir una cosa: por lo que yo sé, la mayor parte de las personas que exigen en los altos cargos de empresas públicas esas prebendas no tienen carné del PSOE. Pero dejando aparte ese tema, y retirando de verdad y sin ningún género de reservas este dato, lo que le tengo que decir es lo siguiente.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, todas, respetan el rigor en el ejercicio del debate presupuestario y, por tanto, de la presentación de las enmiendas; nosotros sí lo respetamos. En cambio, a ustedes han tenido que enmendarles la plana y llamarles la atención el Tribunal Constitucional en varias ocasiones para que la Ley Presupuestaria fuera sencillamente considerada como tal; algunos de sus preceptos han tenido que ser excluidos de la misma, e incluso han tenido que ser objeto de leyes posteriores. Por tanto, rigor por rigor, ahí queda el nuestro, y queda en lo que significa el juego de las altas y las bajas. Si nosotros decimos, efectivamente, que las retribuciones a los funcionarios públicos no pueden ser congeladas y señalamos que eso supone el aumento de una determinada partida, a continuación decimos de dónde se saca. Y nuestra enmienda famosa, que reduce al 70 por ciento de los gastos corrientes en bienes y servicios, en porcentajes concretos para partidas y conceptos concretos de los 600.000 reduce 20.000 millones y 186.000 van dedicados a eso. Esto quiere decir que la enmienda es correcta y, si no lo fuera, a lo mejor ustedes no la habían admitido a trámite. En todo caso, presupuestariamente es mucho más correcto que lo que hicieron ustedes el año pasado, que aumentaron la partida de las retribuciones de los gastos de los funcionarios con un crédito extraordinario de 80.000 millones de pesetas sin rebajar nada de ningún sitio en los Presupuestos Generales. Por tanto, no hablemos de rigor en lo que se refiere a enmiendas que, repito, nuestro Grupo ha presentado con la mayor serenidad y con el mayor respeto a lo que establecen las normas presupuestarias.
Dice usted que tengamos mucho cuidado --creo que le he oído decir eso-- en pedir aumentos de las retribuciones de los funcionarios, porque cada punto son 54.000 millones de pesetas. Pues los dos puntos de ustedes del año pasado fueron 80.000 millones, lo que quiere decir que algo no cuadra. Pero yo le voy a decir cómo hemos hecho el cálculo, para que vea que también somos rigurosos en el estudio de nuestras enmiendas.
La propuesta de incremento retributivo para los funcionarios supone incrementar en un 3,5 por ciento el sueldo y los trienios (las retribuciones básicas); las personas afectadas por los Presupuestos (no están incluidas las de las comunidades autónomas ni las de las corporaciones locales, etcétera) son aproximadamente 900.000; la media de sueldo y trienios es de 1.400.000 pesetas; el 3,5 pr ciento de sueldo y trienios son 49.000 pesetas, que multiplicando por el número de funcionarios da 44.000 millones; el complemento de destino experimentaría un incremento proporcional de un tres por ciento sobre 400.000 pesetas anuales de media --nos hemos cuidado también de calcular la media de este complemento--, y el tres por ciento de 400.000 serían 12.000 pesetas, que multiplicadas por el número de personas afectadas da la cifra de 10.800 millones de pesetas. En total, el coste sería de 54.900 millones de pesetas; 54.900 por cien y dividido por la cantidad correspondiente nos da un 1,6 por ciento, que es, repito, bastante menor que el desvío que ustedes hicieron el año pasado.


Página 1797


Al hablar de la congelación salarial yo tengo que decir lo siguiente, y es que si al final se logra un pacto de rentas --a mi Grupo y a mí nos gustaría muchísimo que se lograse ese pacto social-- y se permiten subidas en el sector privado del 2,5 por ciento de la masa salarial por lo menos, ¿qué razón justifica el trato discriminatorio con los funcionarios? Si usted quiere me pongo hasta estupendo como Max Estrella, el personaje de Valle-Inclán, y le digo que lo pongo sobre la mesa el artículo 14 de la Constitución. Por no decir algo muy importante que he leído en el tablón de anuncios de esta Casa de una central sindical de aquí --y lo puede usted leer--, que dice sencillamente que la estabilidad en el empleo de las administraciones públicas no es un privilegio individual o colectivo que se pueda poner a juego para exigir un sacrificio mayor que al resto de los trabajadores. La permanencia es imprescindible para asegurar la continuidad de los servicios y preservar a éstos de los vaivenes políticos. Esto, repito, lo dice una central sindical, y yo asumo de la a la zeta lo que aquí se dice. Y no hay razón en absoluto para que nuestro debate aquí interfiera de manera negativa en la consecución de ese acuerdo que se logre, ni muchísimo menos.
Lo que yo sí quisiera decir es que nuestra enmienda no ofrece a los funcionarios el oro y el moro, y eso tienen ustedes que reconocerlo.
Aceptamos, de verdad, las dificultades por las que estamos atravesando por la crisis económica debida a una mala política, pero lo que queremos es que los funcionarios no sigan perdiendo tanto poder adquisitivo como han venido perdiendo; nos limitamos a suavizar el tremendo sacrificio que los resultados --repito-- de una pésima política económica exigen a los trabajadores, a los funcionarios, a los parados y a los pensionistas, y nos limitamos a adecuar los Presupuestos Generales del Estado a una realidad inevitable.
Le tengo que decir también que nuestras enmiendas para garantizar la congelación de verdad a las altos cargos tiene su razón de ser y tienen su motivo en lo que ha ocurrido en este último año, sin ir más lejos. No hay manera de saber cuánto cobra un subsecretario o un director general por complemento específico o por complemento de productividad. Cuando yo he preguntado eso al Gobierno, se me contesta diciendo que lo que dicen los Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos Generales del Estado establecen cantidades mínimas, y establecen, además, la posibilidad de que se les reconozcan determinados complementos --no fijan la cuantía-- a estos altos cargos por distintas razones que no vienen al caso. Nuestras enmiendas tratan de evitar esa discrecionalidad, y decimos sencillamente que por lo menos ninguno de los subsecretarios o directores generales cobre más que un secretario de Estado, que sí sabemos lo que cobra porque figura para él una cantidad global en los Presupuestos Generales del Estado. No me diga usted que no podemos pedir la misma congelación, el mismo control y la misma transparencia para los presidentes, vicepresidentes y directores generales de entes públicos del artículo seis, uno, porque los han traído aquí los propios Presupuestos.
A ellos se refiere el número cuatro del artículo veinticuatro, y a ello se refiere, por tanto, nuestra enmienda.
Si queremos transparencia en las retribuciones, efectivamente, tenemos que establecer normas que regulen la distribución de los complementos específicos y de productividad, y no me voy a dedicar ahora mismo aquí a hablar de cómo se hacen, pero sí le acepto de verdad la enmienda transaccional, retirando, señor Presidente, la nuestra, que es la 314, porque recoge el tenor literal de la misma.
Por lo que se refiere a otro tipo de retribuciones, me alegra muchísimo que por lo menos nuestras enmiendas hayan puesto en ustedes un punto de reflexión, y espero a que continúe el trámite parlamentario para ver en qué quedan los contratos blindados.
Lo importante, de verdad, es decir a la opinión pública, a los ciudadanos, a los contribuyentes en una palabra, en los Presupuestos Generales del Estado que ésa es una práctica que no puede seguir practicándose, y perdón por la redundancia. La regulación específica de todas las consecuencias evidentemente no se puede hacer en una enmienda presupuestaria, pero estamos dispuestos, si ustedes quieren, a acompañarles en la presentación de una iniciativa parlamentaria que regule detalladamente, con rigor técnico-jurídico, todas las consecuencias de la supresión de estas prácticas nocivas, no sólo para los Presupuestos Generales del Estado, no sólo para el dinero público, sino incluso para que las demás personas, sobre todo los que trabajan en las administraciones públicas, no se sientan de verdad postergadas e incluso vejadas con este tipo de prácticas.
Yo tendría un montón más de cosas que decirle, pero voy a ver si por lo menos en algunas le contesto.
Dice que nuestra enmienda 424 suprime altos cargos y puestos de alto nivel para volver a los límites de 1983, y que yo confundo los números.
La enmienda reproduce exactamente los mismos números de la enmienda de 1993, y la puede leer y compararrr aquí; si me he equivocado le pago una cena. (Risas.--Un señor Diputado: A todos.) Para todos no, que no tengo dinero; soy bastante pobre.


El señor PRESIDENTE: Puede ser un excesivo riesgo. (Risas.)

El señor NUÑEZ PEREZ: Al señor Morlán, sí. Y además encantado, aunque tenga yo razón. (El señor Morlán Gracia: Muchísimas gracias.) Señor Morlán, los altos cargos y puestos de alto nivel en la Administración --vamos a dejar la semántica a un lado-- son los que usted ha dicho, pero es que hay subdirectores generales, subdirectores generales adjuntos --que antes no había--, secretarios técnicos, jefes de área, etcétera, que son puestos directivos de libre designación. Según el Registro de Administraciones Públicas, del Ministerio de Administraciones Públicas --consúltelo--, en 1992 todos estos altos cargos y puestos directivos --llámelos como quiera--, si quiere empezamos a hacer sumandos uno por uno, llegaban a 6.404; hoy son 7.250.


Página 1798


Ademas, ustedes son unas bellísimas personas. Ayer recibí respuestas por escrito de los distintos Ministros a los que les he preguntado cuántos cargos tenían en 1992 y cuántos en septiembre de 1993, y aquí tengo las respuestas, salieron del Congreso de los Diputados el 3 de noviembre.
¿Quiere que le lea alguna? Le leo la que quiera usted. ¿Le leo el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Justicia o el de Administraciones Públicas, que debería dar ejemplo? En todos han aumentado.
En Asuntos Sociales, directores generales, en enero de 1992, 7; septiembre de 1993, 10. Enero de 1992, subdirectires generales, 37; septiembre de 1993, 45. Subdirectores generales adjuntos, enero de 1992, 10; septiembre de 1993, 22. Consejeros públicos y asimilados, enero de 1992, 48; septiembre de 1993, 54. (El señor Jerez Colino: Lea Presidencia.) Le leo lo que sea. Presidencia no me ha contestado, es uno de los que me faltan. En todo caso, los que tengo todos han aumentado.
Espere que le voy a leer alguno mucho más elocuente.
Ministerio de Justicia, en septiembre de 1993, directores generales, 6; subdirectores generales adjuntos, 5; consejeros técnicos, enero de 1992, 25; septiembre de 1993, 30. ¿Es que el nuevo Ministro necesita más consjeros que el otro? Cuando nosotros presentamos las enmiendas lo hacemos con conocimiento de causa, y lo que queremos, de verdad, es que vayamos adelantándonos a eso que necesariamente tiene que recurrir, y es que si se cumple la promesa de que envíen ustedes, como prometió el señor Saavedra --claro que lo prometió también el señor Eguiagaray y hasta aquí hemos llegado--, la ley de organización y funcionamiento de la Administración del Estado, tendremos necesariamente que limitar todo el organigrama de la Administración del Estado, los organismos públicos, etcétera, y seguro que nos da unas cantidades muy parecidas a las que figuran en nuestra enmienda. Por tanto, aceptemos el reto y démosle al señor Presidente un trabajo hecho por adelantado. Lo que le concede nuestra enmienda es una facultad para que haga esa reducción; ya veremos mañana, cuando discutamos el título VIII, lo que son los organismos autónomos.
Por lo que se refiere a su compañero, en cuanto a las ofertas de empleo público, tengo que decirle lo siguiente. No se trata, ni muchísimo menos, de establecer, con carácter radical, la congelación de la oferta de empleo público. Se trata, sencillamente, de construir el edificio antes que el tejado. Si a partir de ahora, según el proyecto de ley de acompañamiento --y fíjese que me he disciplinado para hablar poquísimo de la ley de acompañamiento--, se parte de la base, para hacer las ofertas públicas de empleo, de los planes de empleo que tienen que ser objeto de negociación colectiva y aprobarlos el Gobierno --no sé si alguna de sus enmiendas recogen las nuestras o las de otros grupos--; si se parte de esta base, me parece lo más razonable y lo más lógico que el calendario más apropiado sea no aumentar nada porque a lo mejor los planes de empleo tienen que corregirlo y limitarlo. En ese sentido van nuestras enmiendas.
Es decir, si ustedes no nos hubieran enviado una ley que, repito, parte de los planes de empleo para cuantificar las ofertas públicas de empleo, mi Grupo no hubiera presentado estas enmiendas, o hubiera establecido, a lo mejor, unos criterios más flexibles. Pero como tenemos esa ley que vamos a debatir paralelamente a ésta, tenemos que dejar con un contenido, con una finalidad, con unos motivos los planes de empleo, que son la clave de todo el tinglado; tinglado con el que yo no estoy de acuerdo, pero, repito, hoy no vamos a hablar de ese tema.
Nada más, señor Presidente. Creo que he abusado de la atención de todos ustedes.


El señor PRESIDENTE: Sería conveniente, señor Núñez, que informara a la Mesa y al portavoz del Grupo Socialista sobre la aceptación o no de la enmienda transaccional en los términos en que se expresó.


El señor NUÑEZ PEREZ: He dicho que retiramos la nuestra para poder votar favorablemente la transaccional que nos ofrece el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Brevemente, para decir al portavoz del Grupo Socialista que conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional referente a este tema. No ponemos --lo he dicho anteriormente-- en cuestión que la autonomía financiera ha de sujetarse a los principios de coordinación de la Hacienda estatal, pero lo que consideramos es que no es apropiada la vía de los Presupuestos para regular estas cuestiones.
Creemos que el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo Superior de la Función Pública son los órganos donde deberían debatirse y regularse estas cuestiones, porque, de otra forma, se evita que las comunidades autónomas puedan dar opinión al respecto. Es decir, se están regulando aspectos que tienen una relación y una consecución directas en las comunidades autónomas y, sin embargo, no se las ha oído a ellas a este respecto. Por tanto, lo que digo es que antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, y después, nosotros seguimos insistiendo en que la vía para regular estos aspectos que están recogidos en el artículo veintiuno es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo Superior de la Función Pública.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Morlán, en primer lugar, muchas gracias por el tono utilizado al dirigirse hacia mí y hacia mi propuesta, pero ustedes están sacrificando a un sector muy importante de la sociedad, enorme, grandísimo, y yo estoy pidiendo que nosotros también nos sacrifiquemos por ellos. Me consta que no es que los Diputados tengamos un gran sueldo, pero lo que sí quiero es que lo sintamos más, que nos

Página 1799


demos cuenta de que, efectivamente, está en la calle ese gravísimo problema de acuerdo con una situación actual.
Usted dice que ni a favor ni en contra. Naturalmente, lo difícil es decidir sobre este tema. Unicamente quisiera decirle que cuando un capitán, cuando un mando es auténtico, cuando vale, no dice: ¡Adelante mis muchachos!, y él se queda detrás, sino que va al frente. Esto es lo que a mí me gustaría, es decir, que verdaderamente nosotros llegáramos a concienciarnos de tal forma que lo sintiéramos un poquito en nuestras carnes. En definitiva, lo que yo estoy proponiendo es el chocolate del loro, pero chocolate del loro para nosotros. No es ninguna gran diferencia ni para nosotros ni para todos los señores secretarios, subsecretarios, ministros, Presidente o Vicepresidente del Gobierno, pero no es tan poco a la hora de cuantificar, que estamos hablando, posiblemente, de entre 4.000 ó 5.000 millones de pesetas en una legislatura, y dése cuenta la cantidad que hoy estamos colocando aquí de enmiendas; enmiendas muy pequeñas, enmiendas muy necesarias, y que ustedes no pueden aceptar porque, lógicamente, el dinero da hasta donde da. Por tanto, lo que pido es que colaboremos todos, que sintamos que esa fuerza que se está haciendo en la calle no es baladí, que lo nota también el Diputado, el Senador y el propio Gobierno. En definitiva, usted me puede decir sí o no, a favor o en contra, pero tendrá que decidirse; mañana tendrá que votar a favor o en contra. ¿En contra? Bueno, pues lo hará usted en contra. Yo le pido que esta noche haga una reflexión tranquila, piense usted en su casa en toda esa serie de familias --y no estoy haciendo demagogia--, a las que se ha rebajado 8.000 pesetas su sueldo. (Risas.) Señores, que cada uno opine lo que crea oportuno. Yo tengo mi propia opinión y ustedes tienen la suya. Lo que yo digo es que para sentirme a gusto tengo que colaborar y si no se colabora con ese sentimiento que hay en la calle, si la calle no ve que, efectivamente, se aprietan el cinturón desde arriba. Posiblemente no podrán ustedes jamás hacer ese pacto social, poque no entran ustedes dando, ustedes exigen; exigimos. Bueno, pues exijamos pero, al mismo tiempo, concedamos aquello que podemos y que no representa para nosotros ninguna cosa extraordinaria.
Naturalmente, estoy convencido de que hasta con apuntes y todo tendrá usted palabras para contestarme, pero seguramente la única realidad es que nosotros decimos: Adelante, mis muchachos, y nos quedamos atrás.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Voy a hacer una intervención breve, porque creo que los temas, tal y como se han planteado en estas últimas intervenciones, no dan para mucho más.
Señor Núñez, le agradezco que retire lo del carnet del PSOE; yo también retiro cualquier cosa que haya podido decir en relación con ese comentario suyo. Por tanto, creo que nos quedamos a cero, empatados.
El rigor parlamentario por supuesto hay que tenerlo, y cuando hablo de rigor parlametario además de por las formas hay que tenerlo por el fondo, y el fondo en estos momentos nos está diciendo lo que plantean ustedes en sus enmiendas y aun déjeme decirle otra cosa, no solamente en este capítulo, en este título, sino en lo que viene después, cuando lleguemos a las secciones. El presupuesto hay que computarlo en su globalidad y no solamente mirar lo que es una sección determinada o la repercusión de un título o de un artículo concreto.
Creo que el planteamiento que nosotros estamos haciendo es intentar por todos los medios que se produzca una contención del gasto que nos permita salir adelante con todos los retos que tenemos planteados. Pensamos que el rigor parlamentario nos exige no admitir las enmiendas que ustedes han planteado y que bajo nuestra óptica suponen unos incrementos de gasto bastante considerables para lo que es el conjunto del presupuesto.
El Tribunal Constitucional por supuesto que ha dictado algunas sentencias que han enmendado o que han venido a interpretar lo que dicen algunas disposiciones legales, lo que pasa es que estas interpretaciones las hay en todas las direcciones, unas veces hacia nosotros, otras veces hacia ustedes; en fin, no creo que se nos pueda echar en cara que el Tribunal Constitucional ha fallado a favor o en contra; simplemente ha fallado y creo que todos debemos acatarlo sin más comentarios.
La enmienda que usted plantea, número 424, me plantea una duda. Antes no le he preguntado y me imagino que me responderá en el Pleno. ¿Qué criterios han seguido ustedes para poner 50 subsecretarios y asimilados, 250 directores generales y asimilados, 500 subdirectores generales y asimilados y 1.000 subdirectores generales, adjuntos locales, asesores, jefes de área, consejeros técnicos y asimilados? No acabo de entenderlo; no entiendo por qué razón ponen estas cifras tan exactas, tan precisas, que parece que van de cinco en cinco, como si fueran los duros de las máquinas tragaperras. Me gustaría saber a qué se debe esa concreción y ese detalle de que acaben todos en cero.
Me sigo manteniendo en que frente a su posición de los altos cargos que hay a lo mejor tenemos que entrar en debate sobre qué son los altos cargos o quiénes son altos cargos. Nosotros decimos que hay 409 altos cargos; me reitero en los números que he dado en la intervención anterior. Como imagino que vamos a tener alguna oportunidad más de hablar de estos temas, iremos perfilando e iremos viendo quiénes son y quiénes no son.
Señor portavoz del Partido Nacionalista Vasco, no me queda más remedio que mantenerme en lo que he comentado antes, porque entiendo que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es la más adecuada y la más correcta. Pienso que una vez que ha dictaminado, que ha elaborado una sentencia sobre un problema que se plantea, lo que no podemos hacer nosotros es ir a cambiarlo para promover otra vez un pequeño conflicto, otra pequeña reclamación que puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
La coordinación se tiene que plantear en algún nivel y el nivel presupuestario es uno muy correcto desde el momento en que lo que se pretende es coordinar desde esta Ley de Pesupuestos cuáles han de ser los gastos

Página 1800


de las administraciones autonómicas y locales en materia de retribuciones; creo que es la fórmula más adecuada y más correcta.
Como es lógico, interpretaciones hay para todos los gustos y cada cual plantea las apreciaciones que le parecen oportunas. Me ratifico en lo que le he dicho antes y, por tanto, rechazaremos su enmienda.
Señor González Lizondo, se exige un sacrificio al sector. Por supuesto que estamos hablando de no aumento de retribuciones. Trasladar eso a que los diputados y senadores cobremos más o menos dentro de los buenos o malos sueldos que tengamos... le tengo que decir que creo que estamos dando ejemplo. Vuelvo a darle un dato. Si la congelación de retribuciones que tenemos desde el año 1992, en lugar de realizarla tal y como la hicimos fuera el resultado de cualquier enmienda o de cualquier iniciativa de la oposición, estoy convencido de que esa congelación hubiera sido objeto de grandes titulares en todas partes y en estos momentos nos agradecerían que se hubiera hecho así.
Creo que tenemos que ser serios. Entiendo esas lamentaciones que me ha planteado en su exposición y las respeto; pero también le digo que todo lo que hagamos y digamos aquí lo tenemos que decir en nuestros respectivos ámbitos institucionales. No puede ser que nos centremos en la Administración central del Estado y que nos olvidemos de comunidades autónomas o de ayuntamientos. No puede ser que hagamos referencia a Ministros y no hagamos referencia a consejeros o concejales. Tiene que ser una labor de solidaridad de todas las instituciones y de todos los niveles políticos, que no tiene solamente que ver con la disminución del 10 o del 5 por ciento; es algo más profundo que todo eso. Un compañero decía que hay que llegar al 15 por ciento de las enmiendas que un grupo ha planteado en esta Cámara. Son cifras que no arreglan nada.
Nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo de esos comportamientos, de esas actitudes, pero en esta Cámara, en nuestros pueblos y en nuestras comunidades autónomas. Me imagino que si se plantea de esa manera algo ganaremos en los próximos meses y tendremos el reconocimiento público que todos los diputados, senadores y los cargos públicos y políticos de este país esperamos y deseamos de la sociedad.


El señor PRESIDENTE: Con la intervención del representante del Grupo Parlamentario Socialista, finalizan las deliberaciones relativas al Título III y concluye la sesión, que reanudaremos mañana a las 10 horas.
Se levanta la sesión.


Eran las diez y diez minutos de la noche.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal