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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 67, de 10/11/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1993 Núm. 67 V Legislatura PRESUPUESTOS PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA Sesión núm. 7 celebrada el miércoles, 10 de noviembre de 1993

ORDEN DEL DIA:

-- Dictamen, a la vista del Informe de la Ponencia, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 («B.O.C.G.», Serie A, número 27-1, de 1 de octubre de 1993) (Número de expediente 121/000013). Continuación.


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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días señoras y señores Diputados.


Comenzamos la sesión, en la que vamos a deliberar sobre las enmiendas presentadas a las distintas secciones.
En relación con la Sección 01, Casa de Su Majestad el Rey, no hay ninguna enmienda. En la Sección 02, Cortes Generales, tampoco hay ninguna enmienda. En la Sección 03, Tribunal de Cuentas, hay enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En su nombre, el señor Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: El señor González va a ser el que va a intervenir en esta Sección en nombre de nuestro Grupo.


El señor PRESIDENTE: El señor González Blázquez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Hemos presentado la enmienda 1.391 de devolución a la Sección 03, del Tribunal de Cuentas, ya que entendemos que este organismo es muy importante para todas las fuerzas políticas y para la democracia como elemento de fiscalización y transparencia. Lógicamente, para que un organismo funcione, hay que dotarle económicamente de forma adecuada. El proyecto de presupuestos no lo hace y nuestra enmienda de devolución persigue precisamente que el Tribunal de Cuentas no funcione al ralentí y que diversas fiscalizaciones que muchas veces se demoran por falta de recursos se agilicen. Pretendemos que se dote al Tribunal de Cuentas de los recursos necesarios, a fin de que pueda desarrollar sus labores de forma más rápida, eficaz y adecuada.
También defendemos la enmienda 1.584, pues entendemos que la seguridad de un Tribunal como el de Cuentas debe correr a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. No es nuestra filosofía pensar que en determinados momentos la seguridad privada vele por la seguridad de determinados órganos. En este caso, parece oportuno que la seguridad del Tribunal de Cuentas corra a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
Finalmente, hemos presentado la enmienda 1.263. La falta de productividad de este organismo no es debida a toda su estructura, sino a los órganos directivos. Habría que rebajar un tanto los recursos a los órganos directivos y ampliarlos a las otras capas.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, el señor Gimeno tiene la palabra.


El señor GIMENO MARIN: En cuanto a la enmienda de devolución, deseo decirle al portavoz del Grupo de Izquierda Unida que el mejor funcionamiento del Tribunal de Cuentas no sólo depende de las dotaciones presupuestarias, sino que depende de otro conjunto de medidas que, como él sabe, tanto el Gobierno como el Grupo Socialista han planteado en la Comisión de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a nivel general, como una de las medidas que se pretenden impulsar para que ese instrumento, que es del conjunto de las Cortes Generales, tenga un funcionamiento mucho más correcto. Tenga en cuenta que el proyecto de presupuestos del Tribunal lo ha presentado el mismo Tribunal, lo cual no quita para que aquí podamos debatirlo. Yo creo que no es el incremento presupuestario el que permite decir que pueda funcionar mejor o peor.
En cuanto a los planteamientos que ha hecho S. S. respecto a la seguridad privada, simplemente deseo indicarle que la dotación de 1993-94 ha disminuido. En cualquier caso, empresas privadas pueden cubrir una parte de la seguridad del Tribunal, aunque, como S. S. sabe, sin duda, porque fue explicado en esta misma Comisión por el secretario del Tribunal, las dotaciones de efectivos de las Fuerzas de Seguridad se han incrementado. No obstante, las características específicas de las sedes del Tribunal han recomendado la necesidad de que se incrementen con dotaciones de empresas privadas. Le quiero decir más, la privatización o no de determinados servicios públicos, sobre el supuesto de que exista una empresa de seguridad para completar las actividades de las fuerzas de la Guardia Civil que están en el Tribunal, no me parece que permita introducir un debate de esas características.
La falta de productividad que plantean reduciendo a la mitad las retribuciones de los altos cargos del Tribunal, me lo tengo que tomar en plan cómico, ya que si no me parecería demagógico. El mejor funcionamiento del Tribunal es algo en lo que está comprometido el conjunto de los grupos de esta Cámara, y teniendo en cuenta que las retribuciones también se congelan, como se han congelado para el resto de los altos cargos y para el personal de esta Cámara, para no entrar en otro tipo de calificativos, mi Grupo se opone. Creemos que para mejorar el funcionamiento se pueden utilizar otras propuestas que lógicamente se debatirán en el futuro en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: El señor González Blázquez tiene la palabra.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Ya sabía que no iba a convencer al representante del Partido Socialista Obrero Español.
A mí no me convence que sea mejor el presupuesto porque lo haga el Tribunal de Cuentas. Nosotros seguimos pensando que para que un organismo pueda ser autónomo y trabaje mejor no sólo hay que decir que

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tiene que ser autónomo y transparente, sino que hay que dotarle de los recursos necesarios. Desde luego, el Tribunal de Cuentas, por las fiscalizaciones que efectúa y por el tiempo que tarda, si no es por falta de recursos, hemos de pensar que se debe a otras razones políticas, y no lo quisiéramos pensar.
En cuanto a los trabajos realizados por otras empresas de seguridad, ya le he dicho, señor Diputado, que mi Grupo no está en contra de que en determinados momentos haya que encargar a empresas de seguridad privada la vigilancia de ciertos organismos, pero no nos parece que el Tribunal de Cuentas sea el más adecuado para ello. Lo decimos porque el Tribunal de Cuentas, en una de las comparecencias que realizó ante alguna Comisión de esta Cámara, vino a decir que tenía que contratar con empresas de seguridad privada porque -- permítame la expresión-- las Fuerzas de Seguridad del Estado o quien ordenara la seguridad del Tribunal pasaba del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la demagogia por reducir los sueldos de los altos cargos y ampliarlos a los colaboradores, me parece que cuando no tienen argumentos acusan de demagogia cualquier cosa. Como dice mi compañero señor Ríos, la demagogia la hace no sólo el que critica, sino el que gobierna fundamentalmente.


El señor PRESIDENTE: El señor Gimeno tiene la palabra.


El señor GIMENO MARIN: El mejor funcionamiento del Tribunal tiene que ver más con propuestas, en las que todos los grupos vamos a estar de acuerdo que se debatan en esta Cámara, como puede ser la Ley Orgánica del Tribunal y la Ley de funcionamiento del mismo. Yo creo que todos estamos comprometidos en esas tareas.
En cuanto a pensar que porque existan incrementos de dotaciones económicas el funcionamiento del Tribunal va a ser mejor, vuelvo a remitirme a lo dicho anteriormente. El presupuesto lo ha preparado el Tribunal, sus miembros han sido designados en la forma en que está prevista legalmente, y a nosotros nos parece que ésta no es la única vía porque no sólo por el crecimiento del presupuesto se consigue un mejor funcionamiento. Hay que ir asimilando el incremento de actividades que el Tribunal va desarrollando, consolidando ese conjunto de actividades nuevas y dándole la cobertura legal para que puedan hacerse.
En cuanto a la seguridad, permítame que le diga que en la comparecencia del secretario general en la Comisión, no hizo las afirmaciones que usted menciona, incluso afirmó que se habían incrementado las dotaciones de las fuerzas de la Guardia Civil. En ese contexto, las dotaciones para empresas privadas incluso han disminuido en el presupuesto de este año.
De eso no deduzco nada más. Lo que sí he dicho también es que si se plantea un debate sobre si se privatizan o no servicios no me parecería adecuado, porque no tiene nada que ver en este caso.
Respecto a la disminución, yo no sé si es demagógico o no. Si las dotaciones, en 1993, eran de 184 millones para los altos cargos que usted menciona; si en el año 1994 son 184 millones y su enmienda dice que se reduzca la partida a 90 millones, es decir, a la mitad, yo no sé si es demagógico o no, más bien quiero pensar que realmente es una propuesta que se hace para producir un debate en un plan un poco irónico, porque si no, no lo entiendo. Pedir que se reduzcan las retribuciones a la mitad cuando ya están congeladas me parece, por no decir otras cosas más fuertes, un poco demagógico, lo digo con toda la amabilidad del mundo.


El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Gimeno finalizan las enmiendas relacionadas con la Sección 03. A las Secciones números 04, Tribunal Constitucional; 05, Consejo de Estado; y 08, Consejo General del Poder Judicial, no hay presentadas enmiendas. Como recordarán SS. SS., las Secciones 06 y 07 fueron ya tratadas. Y a la Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores, hay presentada una enmienda del Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Hemos presentado a la Sección 12 una enmienda de totalidad por entender que existe una mala gestión en el presupuesto, que es muy ajustado, y que hay una falta de adecuación entre los objetivos y las prioridades señaladas, así como la capacidad presupuestaria y política real para poderlo poner en práctica.
Existe también, a nuestro juicio, una mala distribución de créditos, y habida cuenta de que prácticamente todo el incremento de esta Sección, de este Ministerio, va a pagar los atrasos de las cuotas en organismos internacionales que vienen acumulándose desde los ejercicios anteriores, ello nos ha llevado a considerar que era necesario presentar esta enmienda de totalidad a la Sección.
En segundo lugar, hemos presentado una enmienda de devolución en el programa 134 A, que es de cooperación al desarrollo, donde hay una patente y clara muestra de lo que acabo de exponer, es decir, una falta de adecuación entre los objetivos y los medios de que se le dota a este programa.
La disminución progresiva de los recursos dedicados a la cooperación exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores en los últimos años obliga a plantearse una profunda revisión de los grandes objetivos políticos de los mismos.
Hay claramente una falta de adecuación entre los objetivos que se persiguen y los medios de que se dota a este programa. Se hacen grandes manifestaciones de objetivos políticos, se enuncia que se quiere alcanzar

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los objetivos que plantean las agencias internacionales de cooperación, pero --insisto-- año tras año, en este programa concreto hemos visto que hay una disminución. Por tanto, nos parece necesario defender una enmienda de devolución que se justifica con nuestros argumentos.
Después, hemos presentado una enmienda de modificación y de incremento de gasto, así como cinco de reducción. El incremento se propone en el servicio 03 y se refiere a un aumento de 15 millones de pesetas para las organizaciones no gubernamentales que, a nuestro juicio, desempeñan un papel fundamental en la cooperación internacional, de una forma eficaz y con unas garantías muy superiores a las que en muchos casos está desarrollando la propia Administración. Como digo, en este caso se trata de un aumento de 15 millones de pesetas en este programa. También proponemos un aumento de cinco millones de pesetas al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Nos parece que el que no exista una partida asignada cuando en ejercicios anteriores la había, en un momento de especial importancia para la Comunidad Europea, justifica sobradamente nuestra enmienda.
Por último, las cinco enmiendas siguientes se refieren a una reducción presupuestaria. Se presentan a los servicios 01, 03, 04 y 06. La justificación de modo generalizado de esta medida que proponemos es el ahorro y la austeridad; el ahorro, en un momento especialmente delicado como éste y en un Ministerio, el de Asuntos Exteriores, cuyo incremento de gasto para 1994 se va a dedicar prácticamente --como ya he dicho antes-- al pago de cuotas atrasadas a organismos internacionales y a gastos de personal. El Departamento se encuentra claramente con muchas dificultades para poder gestionar sus objetivos y para hacer frente a sus programas y actividades. Por ello, consideramos que hay que hacer un esfuerzo importante de austeridad.
En este sentido, proponemos un recorte generalizado del dos por ciento en los gastos en el capítulo 4.
De esta forma sucinta, señor Presidente, quedan presentadas las enmiendas a la Sección 12.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado a todas las secciones una serie de enmiendas de reducción de gasto, que voy a pasar a explicar brevemente para que queden ya justificadas cada vez que salgan.
Por una parte, hay un grupo de enmiendas por las cuales entendemos que existe una duplicidad de gasto en el servicio público, dado que la Administración del Estado no debe intervenir en las competencias que tienen las comunidades autónomas. Estas desarrollarán sus proyectos a través de sus competencias.
Por otro lado, la financiación del Estado a las comunidades autónomas deberá establecerse dentro de los capítulos presupuestarios que están fijados para ello, como son la Sección 32, de entes territoriales, o la Sección 33, del Fondo de Compensación Interterritorial. Por eso, nuestro Grupo ha establecido una serie de enmiendas que lo que intentan es ubicar debidamente el gasto de la financiación de las comunidades autónomas.
Otro grupo de enmiendas se refiere a la contención del gasto público. En línea con la austeridad presupuestaria en el gasto que todos estamos decididos a establecer, proponemos reducir una serie de gastos por duplicidades o por sobredimensión de los mismos. Cada vez que se presenten a debate enmiendas de este Grupo, las daremos por defendidas.
Por lo que respecta a la Sección 12, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado dos enmiendas. La 1.147 es una enmienda de supresión, en la línea que acabo de explicar, que corresponde a materiales, suministros y otros gastos, del Ministerio de Asuntos Exteriores, por importe de 317 millones de pesetas. A la segunda enmienda que proponemos a esta Sección hemos presentado una transaccional «in voce», que corresponde al mantenimiento de la subvención concedida anualmente al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que desde 1978 se estaba produciendo y que este año había quedado anulada.
Proponemos que se dote con 20 millones de pesetas, para el año 1994, a este Consejo Federal.
Nuestro Grupo no tiene más enmiendas a la Sección 12.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, nuestro Grupo tiene la enmienda número 246 a esta Sección 12, correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Como otros portavoces han dicho, nuestro Grupo también cree que es necesario incorporar, en el servicio 02 de este Ministerio, que hace referencia a la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, y en el programa relativo a acción diplomática en las Comunidades Europeas, una aplicación nueva, la 481, dirigida al Consejo Federal del Movimiento Europeo, y dotarla con 20 millones de pesetas.
Señorías, nuestro Grupo es partidario de que el Consejo Federal del Movimiento Europeo tenga una aplicación específica en los Presupuestos del Estado, como sucede en la mayoría de los países en los que el Movimiento Europeo está constituido.
El Movimiento Europeo, señorías, es una organización de carácter internacional, realmente democrática, que persigue la construcción de la Unión Europea. Se constituyó al finalizar la II Guerra Mundial y, desde entonces, más de

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treinta países en todo el continente europeo están integrados en esta organización que está impulsando la difusión de la causa de la Unión Europea y la transmisión de todo lo relativo a la construcción de Europa a las respectivas sociedades de esos países. En España, el Consejo es federal porque se constituyó a instancias del Consejo catalán y del Consejo vasco, y de organizaciones políticas democráticas y progresistas. No entendemos por qué cada año hemos de estar reconsiderando la aportación del Estado a esta organización.
Es una organización que ha tenido una larga tradición política, democrática, incluso en la época del franquismo en España, y creo que, de una vez por todas, el Presupuesto del Estado debería incorporar una partida específica para esta organización, como sucede --repito-- en todos los países en los que el Movimiento Europeo está constituido. Por lo tanto, señor Presidente, proponemos, al igual que han hecho otros grupos parlamentarios, que se incorpore ya definitivamente la asignación para esta organización para que no estemos discutiendo cada año su permanencia en los Presupuestos Generales del Estado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Señor Presidente, si S. S. lo tuviera a bien, yo querría hacer en un solo turno la defensa de la única enmienda que tenemos y aprovechar para hacer turno en contra de las demás enmiendas presentadas y contra las que mi Grupo quiere manifestarse. ¿Es oportuno ligar ambas cosas?

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, para poder responder de acuerdo con sus deseos, tendríamos que dar la palabra al resto de los grupos y después podría intervenir S. S. tanto para defender la enmienda del Grupo Socialista como para manifestar su posición en relación con las enmiendas de los otros grupos.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Naturalmente, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve, señor Presidente.
Nosotros no hemos presentado una enmienda a la totalidad de la Sección, sino dos enmiendas, que se refieren al mantenimiento del mapa consular, adicionando un subproyecto nuevo, el 8.001, dentro del programa 1.328, servicio 05. La baja la haríamos con cargo a esa Sección 31, gastos diversos del Ministerio. La enmienda propone introducir, para el año 1994, 500 millones de pesetas para el mantenimiento del mapa consular. La enmienda 1.393, también de adición, pretende introducir, por un importe de 400 millones, un apoyo técnico a los consejos de residentes españoles, para apoyar presupuestariamente esos consejos fuera de nuestro país. Para hacer frente a estos 400 millones haríamos una baja en el programa 633A, artículo sesenta y tres, inversión de reposición necesaria para el funcionamiento de los servicios, de la Sección 31, gastos diversos del Ministerio.


El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, la señora Rahola, por el Grupo Mixto, tenía presentada una enmienda.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Sí, señor Presidente, la enmienda 1.622, del Grupo Mixto, presentada por doña Pilar Rahola i Martínez, de Esquerra Republicana de Cataluña, que propone la supresión de 2.000 millones del presupuesto asignado al Instituto Cervantes, página 32, tomo segundo, Sección 12.
Ruego que se dé por defendida la citada enmienda, en nombre de la señora Rahola.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Intervendré brevemente, como han hecho mis colegas, señor Presidente. En primer lugar, diré un par de palabras respecto a la enmienda de totalidad a la Sección, que presenta el Grupo Popular, la número 499, y que ha defendido el señor Robles. Nosotros entendemos que los presupuestos son limitados, cortos --nunca mejor dicho--, de circunstancias, pero, precisamente por ello, nos parecen particularmente ajustados e identificadores de prioridades.
Vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad, señalando además que los desacuerdos que anuncia el Grupo proponente en la presentación de la enmienda, y que reitera, no se aprecian luego coherentemente con las enmiendas parciales presentadas a la Sección.
Por lo que se refiere a la número 500, de totalidad al programa 134 A, es decir, al programa de cooperación para el desarrollo, que también presenta el Partido Popular, votaremos en contra, aunque aquí al menos hay un punto de acuerdo respecto a la insuficiencia de recursos. Efectivamente, los recursos que se ponen a disposición de este programa son menos de los que en el Grupo Socialista querríamos, y yo creo que son menos incluso de los que harían falta para cumplir debidamente todas nuestras aspiraciones. Precisamente en la coyuntura en que estamos metidos, lo que se aprecia es un esfuerzo notabilísimo para recortar donde era posible y mantener aquello que era indispensable. Devolverlos

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no tendría sentido, y otra vez vemos una cierta incoherencia entre la justificación que aporta el Grupo proponente y la única enmienda parcial que se hace a este programa y que consiste en aumentar una partida en 15 millones. Empalmo, señor Presidente, con nuestra actuación respecto de las otras siete enmiendas que presenta el Grupo Popular, dos de ellas que aumentan el gasto, como ha dicho el señor Robles, la número 501, en 15 millones de pesetas, para aumentar la partida con que las organizaciones no gubernamentales participan en programas de cooperación, y la número 502 para dar cinco millones al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
Con la primera, estamos de acuerdo fundamentalmente en que la cooperación que realizan las organizaciones no gubernamentales es posiblemente la más valiosa, de ahí que sea importante mantener --y se hace-- un esfuerzo notable en dotarlas, pero entendemos que lo que se propone con la enmienda no es cualitativa ni cuantitativamente aceptable, entre otras cosas porque lo que se pide, un aumento de 15 millones, que se detraerían de la partida de becas y de viajes de estudio de estudiantes extranjeros, muy recortada ya en las necesidades de la cooperación.
La segunda enmienda que propone el señor Robles está asumida por el Grupo Socialista y por los Grupos Catalán y Vasco. La ha defendido el señor Homs con gran corrección y para explicar nuestra enmienda, no tengo más que sumarme a ella. Por otra parte, en este año no bastarían con cinco millones, sino que pensamos que los 20 millones que se proponen son los que permitirán al Movimiento Europeo en su Consejo Federal Español actuar razonablemente.
Las otras enmiendas, que van de la 503 a la 507, están presentadas de una manera que plantea alguna duda, porque se dice que son al capítulo cuarto, pero probablemente se refieren más bien al capítulo dos, puesto que se indica que se trata de rebajar las partidas de adquisición de bienes y servicios, con lo que se intenta reducir la partida en 1.100 millones. Nosotros, señor Presidente, creemos que las cantidades presupuestadas para estas partidas están ya en mínimos --somos quizá optimistas al hacer esta afirmación--, por lo que las enmiendas no tendrían mucho sentido. Creo, sencillamente, que son un ejercicio de estilo para aportar una pequeña cotización por parte de mis colegas del ámbito de Asuntos Exteriores, dentro del Grupo Popular, a los 800.000 millones de rebaja global, que se pretende, muy modesta puesto que se quedan sólo en 1.000 millones. El esfuerzo que han realizado demuestra hasta qué punto era prácticamente imposible rebajar aquí la partida.
Con respecto a la enmienda que presenta el Grupo Vasco, coincidente con las del Grupo Catalán y Socialista, para dar una partida al Movimiento Europeo en su Consejo Federal Español, estamos de acuerdo y la vamos a votar favorablemente.
No sucede así con la número 1.147 porque, por más que se quiera contener el gasto en una partida dotada con 567 millones y rebajarla en 317, partida con la que se paga la luz, el teléfono, los transportes, las atenciones protocolarias a las personalidades extranjeras que visitan el país, realmente no se puede hacer. Yo creo que esa partida está ya --si me permite mi colega del Grupo Vasco-- bajo mínimos y rebajarla sería bloquear prácticamente el funcionamiento del Ministerio.
En cuanto a las dos enmiendas de Izquierda Unida, 1.393 y 1.394, le quiero decir que coincidimos en la preocupación por el ámbito de la emigración. La segunda, retrotrae a la situación anterior tres consulados que han sido transformados en agencias consulares en el año 1993 y pide 500 millones, lo cual no nos parece razonable ni prioritario. Coincidiendo en la preocupación, no nos parece que esa enmienda tenga mucho sentido, por lo que vamos a votar en contra sin temblarnos el pulso. Coincidimos más con la enmienda dirigida a aumentar la partida de los consejos de residentes, aunque quizá la cantidad es excesiva. En cualquier caso, vamos a votarla en contra hoy, pero es un tema en el que somos particularmente sensibles y en el que quizá habría que hacer algún esfuerzo en algún momento ulterior.
Respecto a la última enmienda, la 1.622, de Esquerra Republicana de Cataluña, que pretende disminuir en mil millones la partida destinada al Instituto Cervantes, es evidente que se trata de una opción política frontalmente distinta de la que defiende el Grupo Socialista, y entiendo que todos los demás grupos de la Cámara. Nuestra opción va en la línea de reforzar la acción del Instituto Cervantes, que va ciertamente muy justo de presupuesto. Recortarle el presupuesto sería anular un instrumento de una gran eficacia y en el que, además, el Grupo Socialista tiene puesta una gran esperanza.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, vamos a reafirmarnos en los argumentos que hemos dado. El más claro de todos precisamente es el que hace referencia a la cooperación exterior, que ha sufrido, como bien ha explicado el portavoz socialista, uno de los recortes más importantes. Hay que recordar que en un Estado democrático y moderno, como es el español, la cooperación es uno de los instrumentos más eficaces precisamente en la política exterior. Si a la política exterior le cortamos las alas de lo que pueden ser sus instrumentos más eficaces, estamos dejando prácticamente ese Ministerio en temas muy ordinarios, muy burocráticos,

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muy de gestión continuista, pero sin una acción eficaz, realmente constructiva. Es por ello por lo que nos reafirmamos en que era necesaria esta enmienda de devolución para ajustar los presupuestos a los objetivos que se quieren conseguir, y la plasmación más evidente es la que ha expuesto el portavoz socialista en el presupuesto de cooperación. Es necesario recortar gastos en este Ministerio, es necesario recortar el aparato administrativo y burocrático, que en la cooperación exterior es donde sufre uno de sus mayores desajustes. Se mantiene absolutamente intacto todo el aparato administrativo de cooperación mientras que se recortan todos y cada uno de los programas de cooperación. Resulta incongruente y difícil de concebir que se mantenga el aparato de cooperantes, administración y servicios, cuando no hay programas a realizar. En consecuencia, hay una justificación para todas estas enmiendas: recorte de gastos, por una parte, y adecuación de los objetivos a los presupuestos que en estos momentos tenemos, por otra.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Zabalía tiene la palabra.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el haber admitido nuestra enmienda 1.191, por importe de 20 millones, destinados al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Me congratulo de que tanto nuestro Grupo como prácticamente el resto de los grupos estén en la misma línea en cuanto al funcionamiento permanente que debe de tener este Consejo Federal.
De la enmienda rechazada sólo tengo que repetir lo que dije en mi intervención primera respecto a aquellas partidas que contienen una reducción de gasto público. Indudablemente, hemos tenido en cuenta los gastos fijos que tienen estas secciones, como son el agua, la luz y todos aquellos otros que consideramos fijos y cuyo mantenimiento hemos tenido en cuenta.
Sólo me resta añadir que nuestro Grupo pretende en algunas partidas en las que ello es posible, reducir al máximo los gastos presupuestados.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente. Por un lado, deseo congratularme de la coincidencia en parte con la enmienda 1.393, en cuanto al apoyo técnico a los consejos de residentes, a la situación de la emigración. Es verdad que esa coincidencia no se concreta en una transacción pero siempre es importante que se puedan debatir en la tramitación de los presupuestos estos temas y, sobre todo, que se pueda llegar a encuentros. Me imagino que de aquí al Pleno a lo mejor se puede concretar ese acercamiento.
En cuanto a la propuesta del mantenimiento del mapa consular, cuando presentamos una enmienda a nadie se le pide que le tiemble el pulso cuando va a tomar una decisión, a quien gobierna no le tiembla el pulso y hace lo que estime oportuno.
Con las cosas que han pasado en este mundo, uno ya empieza a dudar de las verdades absolutas y de la firmeza de las posiciones. Me hubiese gustado que en la argumentación en contra de esta enmienda se nos hubiese dicho por qué no es positiva la reapertura de las oficinas consulares en Nimes en Francia, en Basilea en Suiza y en Bremen en Alemania, y a lo mejor me podía haber convencido de que no era necesaria la apertura de esas oficinas consulares, que es mejor no tenerlas o tener otra realidad distinta. En todo caso, el argumento no puede ser de que sin temblarme el pulso y sin dudar, haré lo que tenga que hacer. ¡Pues no faltaba más! Hagan lo que tengan que hacer y nosotros haremos lo que tengamos que hacer, sin ningún problema.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Será muy breve, señor Presidente.
En primer lugar, quiero decirle al señor Robles que nosotros también pensamos --lo reitero-- que los recursos de que vamos a disponer en el año 1994 para cooperación son muy cortos.
Hubiéramos esperado que quien piensa desde la oposición que esos recursos son muy cortos hubiera hecho, por ejemplo, lo que hace Izquierda Unida, que dice que hay que subir tal o cual partida. Me parece que eso es coherente con la preocupación de decir que los recursos son cortos. Lo que no es tan razonable es decir que los recursos son cortos y, al mismo tiempo, que hay que recortar. Habría que ser coherente y decir que como son cortos hay que aumentarlos.
Nosotros entendemos, señor Robles, que la cooperación, que es tan importante, que prácticamente se ha articulado en España como consecuencia de la política del Gobierno socialista, que se ha estructurado en el Ministerio dentro del Gobierno socialista porque antes no estaba estructurada, que ha pasado del 0,07 al 0,25 por ciento del PIB bajo Gobiernos socialistas y, por otra parte, con un consenso generalizado, afortunadamente, que hemos conseguido tener una línea consensuada por parte de todos; como digo, en una cosa tan importante y con tal acuerdo, sería muy deseable ciertamente que las circunstancias en las que nos movemos nos permitieran tener unos presupuestos más amplios.
En la argumentación en Pleno se verá cómo se ha recortado de donde era posible hacerlo y no se ha hecho

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de donde no era posible. Se han recortado de aquellos programas que estaban previstos y no se ha hecho de aquellos que estaban comprometidos. Se han marcado precisamente en el presupuesto y en los programas que se mantienen y en los que no se recortan cuáles son las prioridades dentro de la cooperación, también coincidentes con el documento aprobado por unanimidad en la Cámara. Al colega de Izquierda Unida, en primer lugar quiero pedirle excusas si me he expresado mal con respecto a su enmienda relacionada con el mapa consular. Le pido excusas porque no era mi intención decirle que estamos en contra y que no nos temblaría la mano... Quería decirle que, coincidiendo plenamente en la preocupación por la emigración, coincidiendo plenamente con el espíritu que anima estas enmiendas, si nosotros hubiéramos tenido que enmendar desde la oposición probablemente hubiésemos encontrado otros capítulos referidos a la emigración donde, a nuestro modo de ver, es mucho más perentorio y prioritario poner más recursos.
Ahí es donde yo decía que para nosotros se justifica muchísimo más la enmienda tendente a incrementar los recursos de los consejos de la emigración, que están insuficientemente dotados, que son un organismo de gran importancia en el funcionamiento y mantenimiento del vínculo con la emigración, en la participación de la emigración en la vida institucional y democrática de nuestro país, que la reapertura de tres consulados en sitios donde realmente la colonia española, los residentes españoles han disminuido de una manera particular o hay otro consulado en un lugar vecino. Eso era lo que yo quería indicarle. Así como --se lo digo con el corazón en la mano-- a mí me duele votar en contra, como voy a hacerlo, de la enmienda que busca el reforzar los recursos de los consejos de la emigración, no me duele con la misma intensidad, ni me preocupa excesivamente, votar en contra de la otra enmienda, porque realmente una reorganización y racionalización del mapa consular es algo que parece obligado. En cada coyuntura histórica se deben abrir nuevos consulados y se deben cerrar otros, según el mapa de residentes españoles por el mundo lo va aconsejando. Esa es la aclaración que quería hacerle.
Reitero que no quería crear ningún malentendido en cuanto a cuál era nuestra actitud con respecto a estas dos enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Martínez finalizan las deliberaciones relativas a la Seción 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los grupos me indican que por algunas dificultades, es imposible tener ahora las deliberaciones de la Sección 13, Ministerio de Justicia. Si les parece a sus señorías, pasaríamos a la Sección 14, Ministerio de Defensa.
Tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, le agradecería que me permitiera defender muy rápidamente las enmiendas de la Sección 13, y aprovecharía al mismo tiempo para defender la única enmienda presentada a la Sección 15. Luego, toda la Comisión podría pasar a la Sección 14.
Le agradecería que me lo permitiera.


El señor PRESIDENTE: Puede hacerlo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias.
Las enmiendas a la Sección 13 que presenta Unión Valenciana se refieren a edificios para las sedes en órganos judiciales en la Comunidad Valenciana, en Picassent, Ibi, Carlet, Torrente, San Vicente de Raspeig, Segorbe, Nules, Castellón, Orihuela, Elda, Elche, Alcoy, Moncada, Catarroja, Massamagrell, Vinaroz, Alcira, Benidorm, Valencia, Alicante y Manises. Estas son las que presenta mi Grupo confiando en que por parte de los Grupos que sostienen al Gobierno, merezcan la confianza, dándose cuenta de que todo es para instalaciones deficitarias.
Señor Presidente, con su permiso voy a utilizar treinta segundos para dirigirme al señor Almunia en función de unas declaraciones, aunque naturalmente está en su derecho, al igual que todos. Se refieren a las enmiendas, y el señor Almunia me acusa de demagogia al no tener consideración de ningún tipo y presentar toda una serie de enmiendas para la Comunidad Valenciana.
Estas enmiendas, señor Almunia, si quiere usted puede pedir que se las sumen y observará que están alrededor de los 1.000 millones de pesetas. Teniendo en cuenta que las inversiones del Estado en los presupuestos sobrepasan el billón de pesetas, apenas alcanza el 10 por ciento que demográficamente correspondería a Alicante, Castellón y Valencia, la Comunidad Valenciana, que somos el 10 por ciento de habitantes. Como usted verá, no es exagerado solicitar una inversión de este tipo, que espero que su señoría lo reconsidere y a lo mejor me vea sorprendido gratamente con su voto a favor.


El señor PRESIDENTE: Quien está sorprendida es esta Presidencia porque está utilizando su señoría el turno más allá del cauce para el que se le había concedido.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Pido disculpas, señorías, si ustedes lo consideran así. Yo lo he hecho, como siempre, con la mejor buena fe del mundo, para ilustrar un poquito a mis compañeros, no para otra cosa.
Por último, la enmienda número 29, a la Sección 15, presentada por don José María Mur Bernard, del Grupo Mixto, del Partido Aragonés, hace referencia al aumento en el plan especial para la provincia de Teruel

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de 1.000 millones de pesetas. Solicita que se dé por defendida.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, he sido aludido sin nada que ver con la Sección 13, que parecía ser el objeto de la intervención del señor González Lizondo. Me gustaría hacer uso de la palabra por alusiones.
Por decir dentro de esta Comisión lo que ayer le manifesté a un medio de comunicación, comentaré que no trato de deslegitimar el uso de los derechos parlamentarios del señor González Lizondo enmendando los presupuestos o cualquier otra iniciativa prevista en el Reglamento, al revés, me gustaría que lo hiciese todos los días y no sólo cuando acude.
Lo que sí me gustaría decirle al señor González Lizondo es que el comentario, perfectamente legítimo, que hice con relación a su forma de enmendar los presupuestos, se refiere a que cobrando aquí todos el sueldo para defender al conjunto de España y pensar en el conjunto de España al aprobar estos presupuestos, me parecía criticable políticamente, muy criticable políticamente, sólo ocuparse de su patria chica.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos las deliberaciones relacionadas con la Sección 14, Ministerio de Defensa, a la que tiene presentadas enmiendas, entre otros, el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTES MUÑOZ: El Grupo Popular presenta a la Sección 14 una enmienda de totalidad y 27 enmiendas parciales.
En primer lugar, el presupuesto de Defensa sería insuficiente y estaría mal planteado en una época de bonanza económica, pero en la situación de crisis actual nos sigue pareciendo insuficiente y muy mal planteado.
Los criterios en los que hemos basado nuestras enmiendas, tanto la de la totalidad como las 27 parciales, giran en torno al principio, absolutamente necesario, de reducir el exceso de gasto administrativo y burocrático. Estamos de acuerdo en que la burocracia es importante, pero cuando ésta se convierte en la protagonista de la película, nos parece que es excesivo. Esto es lo que ocurre en el órgano central de la Defensa, que es quien sigue viéndose primado con una parte importante de este presupuesto.
El segundo criterio que nos parece clave es el intento del Grupo Popular de incrementar, aunque sea de una forma relativa y limitada dadas las posibilidades actuales, la actividad y la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que no es del todo descabellado pretender que nuestros aviones de combate puedan volar, aunque sólo sea de vez en cuando y en casos excepcionales; que nuestros barcos, aunque sólo sea también con carácter excepcional, puedan de vez en cuando navegar; y que nuestro armamento, aunque escaso, tenga a su disposición un determinado número de munición, suficiente como para saber que aún funciona. Por tanto, hay que incrementar todo lo posible las partidas referidas naturalmente a material.
El tercer criterio básico, a nuestro juicio, es el de intentar potenciar, en la medida de lo posible, las adquisiciones al sector industrial de la defensa en España. Aquí se suman dos elementos igualmente importantes. Por un lado, es evidente que en el Ministerio de Defensa es necesario comprar material, no sólo material nuevo, sino también de reposición; también es cierto que existe una industria en declive, en crisis, armamentística española; lo que se puede comprar fuera, se puede comprar dentro, y que nos parece más inteligente que todo lo que se pueda comprar dentro de España se compre aquí y no en el extranjero, con lo cual atenderíamos a dos cuestiones: a conseguir lo que necesitamos y a ayudar, en la medida de lo posible, a la industria española. En base a estos criterios hemos presentado, como he dicho anteriormente, una enmienda a la totalidad en la que solicitamos la devolución al Gobierno de esta Sección 14.
Dentro de las enmiendas parciales quisiéramos destacar, y vamos a hacerlo, las siguientes. En primer lugar, la referida en el servicio 02 al capítulo 6, inversiones reales, y concretamente al Hispasat, dentro del programa de inversiones, mediante la que presentamos una reducción de 1.898 millones de pesetas. Las razones son claras. En un momento de escasez de recursos vitales para nuestras Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta los graves problemas de funcionamiento que ha tenido desde el primer momento el programa Hispasat, nos parece absolutamente razonable prescindir de esta cantidad y reducir esta partida.
La siguiente enmienda que quiero destacar es en el servicio 01, programa 211, capítulo 2, artículo veintidós, concepto 226 y subconcepto 226.08. El total de la dotación para gastos reservados asciende a 300 millones de pesetas y nosotros lo rebajamos a 150 millones. En un momento en el que estamos con escasez económica, con escasez presupuestaria en todos y cada uno de los apartados, no nos parece justificable que estos gastos reservados aumenten un 57,5 por ciento con respecto al año pasado. Pedimos aquí la reducción a la mitad de esta partida.
En el capítulo 1, artículo catorce, pedimos un aumento de dotación, que pasaría de 4.237.577.000 a 7.289.921.000 pesetas. Las razones están en una referencia clara a los jóvenes españoles que tienen que realizar el servicio militar, lo que conocemos como soldados de reemplazo. Si los españoles en esa edad, sin entrar aquí ahora en cuestiones sobre la bondad o maldad de

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ese sistema, tienen en cierto modo la obligación de hacer el servicio militar, parece bastante elemental defender la tesis de que por lo menos el Estado a través del Ministerio de Defensa atienda la financiación de las cosas más elementales que una persona puede necesitar en esa situación. Lo que un recluta, un soldado de reemplazo español en estos momentos gana o se le entrega por parte del Ministerio de Defensa, asciende a 1.800 pesetas mensuales, cantidad absolutamente ridícula que, como se decía cuando éramos más jóvenes, no da ni para pipas.
Nosotros pedimos un aumento sustancioso, de un 72,03 por ciento, aunque el mismo nos lleva al final a una cifra que sigue siendo ridícula, que es la de 3.100 pesetas. Sabiendo que es ridícula, consideramos que por lo menos se ha de ver el interés en aumentar este concepto que nos parece importante y más en las circunstancias actuales, por lo que creemos que debiera ser atendido.
Con esto, señor Presidente, damos por defendidas todas nuestras enmiendas a la Sección 14.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Cuando se ha planteado que discutiéramos esta Sección antes que la otra no he puesto ninguna objeción, aun a sabiendas de que la Comisión de Defensa está reunida en otra sala y que tenemos que atender las dos. Sin embargo, como las ideas están claras por parte de nuestro Grupo, no hay ningún problema en defender todas las enmiendas a que ha lugar en esta Sección.
La primera enmienda que quiero defender es a la totalidad de la Sección, por la que pedimos su reelaboración para ir progresivamente caminando hacia un Ejército profesional, transformando el actual que está sobredimensionado. La realidad europea, mundial, puede aconsejar esto, y es una propuesta realizable. Hay otros países que ya lo contemplan, por lo que se necesitaría, para ir a una reducción progresiva de los costes militares, un replanteamiento global de la política de Defensa. Nosotros creemos que es posible un Ejército más reducido, mejor dotado y menos costoso que el actual.
Después de la política de tensión o de bipolaridad que en el mundo existía y de la desaparición de esa polaridad, hoy es posible reducir este tipo de actuaciones y dedicar su costo a otros menesteres.
Las enmiendas al articulado van dirigidas fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, dentro de la propuesta de dotar nuestro Ejército de una mayor profesionalidad y de suprimir lo que hoy no es prioritario, cuando estamos en un año de austeridad donde se recortan prestaciones sociales, donde se recortan políticas activas, es lógico que podamos recortar y suprimir algunas actuaciones. Por otro lado, una serie de enmiendas van dirigidas a la reducción de otras previsiones.
En concreto, creemos que es prioritario fomentar la investigación en otros frentes más que en el militar o el defensivo y proponemos la supresión de los programas que se destinan a la investigación y estudio de la modernización de las FAS, la defensa NBQ, la modernización de las Fuerzas Armadas en el helicóptero Superpuma. Creemos que hay que suprimir ese programa, así como la participación de nuestra partida en el avión de transporte aéreo medio. Proponemos la supresión del avión AV 88 Plus, que está en fase de producción; la supresión de los gastos reservados en la administración y servicios generales de Defensa; la supresión de la ayuda a la presencia de algunos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas; la supresión de nuestra contribución a la participación en la OTAN y en la UEO, pues no consideramos que sea necesario, urgente o prioritario hoy, y la reducción de una serie de partidas: la del vehículo de combate, la de inversiones en bienes de uso general en distintos centros en 100 millones, la de obras de infraestructura en 200 millones de pesetas, la de apoyo logístico en 400 millones de pesetas en material UCI"'S, la del Programa 213A de modernización en 500 millones de pesetas, así como la reducción de 1.500 millones de pesetas en material «A» para la asistencia técnica, la reducción de 150 millones en torpedos MK 46, y la reducción en 300 millones de pesetas en mobiliario y enseres, junto con 100 millones de pesetas en el plan de obras del Ministerio, núcleo central, y el sistema conjunto de telecomunicaciones. Por último, proponemos también la reducción de 800 millones de pesetas en la guerra electrónica, 976 millones de pesetas en inversiones de uso general y en gastos protocolarios y representativos, que nosotros consideramos que no son prioritarios, junto con 800 millones de pesetas en infraestructuras de las FAS.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado a la Sección 14 dos bloques de enmiendas de reducción de gastos: dos de ellas, las 1.148 y 1.149, por importe de 25.760 millones de pesetas, para reducción de gastos militares en inversiones de carácter inmaterial; y ocho por importe de 180.000 millones de pesetas, aproximadamente, para reducción de inversiones militares de infraestructuras y otros bienes. Damos por defendidas las enmiendas presentadas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Palamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ DIAZ: Voy a proceder a rechazar las enmiendas que han presentado los tres Grupos Parlamentarios

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que me han precedido en el uso de la palabra. El Grupo Popular plantea una enmienda a la totalidad, indicando ahora de viva voz su portavoz que es un presupuesto insuficiente, cuando la verdad es que ellos no lo incrementan, sino que lo reducen, si bien es cierto que muy poco. Lo que hacen, básicamente, es transferir créditos de una parte a otra. En realidad, la distribución de créditos que hace el presupuesto del Ministerio de Defensa se realiza de acuerdo con una priorización de objetivos que presentan los cuarteles generales en el marco del objetivo de fuerza conjunto, y se asigna a cada programa los créditos necesarios para los mismos. Por tanto, la argumentación de que en realidad no pueden cumplir los fines carece de base, porque es de acuerdo con lo que el planteamiento determina en este momento. Por lo que se refiere al conjunto de enmiendas que presentan, yo señalaría, por un lado, la 528, que ya han indicado ellos que es la que se refiere a la transferencia de créditos, a fin de que el soldado de remplazo pase de recibir 1.800 pesetas mensuales a 3.100. Es verdad que nuestro Grupo está de acuerdo con la filosofía de que el soldado de remplazo reciba un incremento --no es propiamente una retribución-- de lo que la Ley del Servicio Militar denominó para sus gastos corrientes.
Ahora bien, entre este criterio de incrementar la dotación para este capítulo o bien incrementarla para profesionalizar nuestras Fuerzas Armadas, que es también un mandato de esta Cámara y que se ha recogido incluso parcialmente en el articulado de la Ley del Servicio Militar a la que he hecho referencia anteriormente, hemos optado, dentro de las limitaciones presupuestarias a que este año estamos abocados, por este último criterio.
Por un lado, para profesionalizar nuestra tropa y marinería, que prevemos que en el horizonte del año 2000 esté en unos 50.000 sobre unos 180.000 en total en activo, es preciso un incremento medio anual de unas 3.000 plazas de tropa y marinería profesionales, y en segundo lugar ha sido preciso - -y en esta línea es en la que está el Ministerio de Defensa-- mejorar las retribuciones de esta tropa y marinería, que inicialmente cobraba sólo lo de los extinguidos voluntarios especiales y que ya han visto incrementadas sus cuantías, habiendo un progresivo incremento de las mismas hasta completarlas en 1995. Por tanto, lo que va en este presupuesto es una primera fase del cambio retributivo de la tropa y marinería profesionales que las haga más atractivas. Esto es lo que hace que se haya optado por aplazar, de momento, el incremento para el soldado de la recluta universal, y aumentar, haciendo más atractivo y por otro lado cumpliendo un mandato legislativo, lo destinado a la retribución de la tropa y marinería profesionales, aun a sabiendas de que no es posible llegar este año a lo que es deseable y que está previsto, que es concretamente que sus retribuciones sean las correspondientes al grupo «D» de funcionarios. También es verdad, aunque no lo ha indicado el portavoz, que se indicaba que suprimiesen los llamados incentivos al rendimiento, que es el complemento de dedicación especial similar al de productividad que hoy reciben los funcionarios destinados en el órgano central, y que si así se hiciera aquellos que están destinados en las unidades no los recibirían.
Planteada la preferencia que nosotros tenemos, dentro de las limitaciones presupuestarias, por mejorar la retribución de la tropa y marinería profesionales, hay un conjunto de enmiendas que presenta el Grupo Popular --el portavoz se ha referido solamente a algunas--, que van de la 529 a la 538, la 540 y la 544 y de la 546 a la 551, más la 527. Pues bien, se trata de una serie de enmiendas que, resumidas, pretenden reducir en el órgano central los capítulos 2 y 4 por valor de 2.325 millones, y el capítulo 6 en 3.043 millones, y transferir estas cantidades por igual a los distintos ejércitos, a la Armada, al Ejército de Tierra y al Ejército del Aire, resultando así de la primera partida que he indicado 775 millones para cada uno y de la segunda 1.014.
La distribución de créditos del Ministerio de Defensa se ha hecho de acuerdo con una valoración económica, como he indicado antes, del objetivo de fuerza conjunta, pero quiero decir, antes, que es imprescindible un equilibrio razonable entre el órgano central y los tres ejércitos. En este momento, en el presupuesto está en un 27 por ciento el órgano central, en un 36 el Ejército de Tierra, en un 19 la Armada y en un 18 por ciento el Ejército del Aire. Ahora bien, S. S. ha señalado que el órgano central estaba sobrecargado, y esta es una tesis que viene manteniendo el Grupo Popular. Quiero indicarle que este 27 por ciento que se reserva al órgano central en el presupuesto del Ministerio de Defensa quedaría reducido a un 10 por ciento si se restase lo que corresponde a las retribuciones del personal en situación de reserva, que están atribuidas en el presupuesto al órgano central y que ascienden a casi 100.000 millones de pesetas, y las inversiones que el Ministerio de Defensa dedica a investigación y desarrollo, que también están en el órgano central del Ministerio. Esto quiere decir que no hay un sobredimensionamiento efectivo del órgano central, sino que, por razones presupuestarias, se ha atribuido a este órgano un 17 por ciento que corresponde a partidas que no son propiamente de funcionamiento de dicho órgano central.
En relación con esta cuestión haré algunas referencias a las enmiendas que ha defendido. Concretamente, en la que expresa su rechazo a seguir manteniendo la dotación para inversiones reales en el programa del Hispasat, he de indicarle que esta es una anualidad ya comprometida del año 1993 y que su aplazamiento supondría, además de la acumulación de deudas para

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años posteriores, el incumplimiento de compromisos adquiridos.
En cuanto a la enmienda 535, he de indicarles que están en un error, puesto que dicen que los gastos reservados del Ministerio de Defensa crecen un 57,5 por ciento, cuando, si se toma como referencia los gastos reservados del Ministerio de Defensa en su conjunto (los del servicio 01 al que S. S. se refiere y los del servicio 09), su crecimiento es solamente del 4,5 por ciento. Lo que se produce es un trasvase dentro de dos servicios y, en realidad, el crecimiento es únicamente del 4,5 por ciento.
Respecto a la enmienda 527, que S. S. también ha defendido, quiero aclararle que lo que se produce es una reducción de 419 millones en inversiones reales, y en realidad se dirige a las delegaciones provinciales que el Ministerio de Defensa está desarrollando por toda la geografía del país, creando nuevas dependencias y concentrando los servicios que con carácter provincial en este momento tiene el Ministerio, como son los de reclutamiento, los servicios jurídicos o los de intervención. Lo que esto va a suponer es precisamente un abaratamiento de los servicios que por este concepto está abonando el Ministerio de Defensa, puesto que lo que se produce es una concentración de los mismos, aparte de una mejor utilización de cara a los usuarios, en particular los reclutas y, en general, otras relaciones del Ministerio de Defensa. También proponían en esta misma enmienda, aunque no lo ha indicado, reducir el mantenimiento de las instalaciones del órgano central y los créditos destinados a la renovación del equipo filmático y de comunicaciones, pero como no ha defendido este punto no indico nada al respecto. Hay otra serie de enmiendas que no voy a explicar. Simplemente voy a indicar que me parece que no es adecuado el que, como indican en la número 530, se reduzcan las inversiones para el EF-2000, el futuro avión de combate europeo, puesto que es de la máxima trascendencia para España, para su tecnología, y que nos obligaría a abandonar el proyecto principal. En cuanto a las otras partidas a que se refiere también esta enmienda, he de indicarle que, en realidad, lo que pretenden es reducir lo que afecta a centros de investigación, que me parece que en estos momentos son programas muy importantes que se están desarrollando de investigación de la Defensa y que tienen una gran trascendencia. Por lo que respecta a los incrementos que S. S. ha indicado que se van a producir en los mandos o jefaturas, según los casos, de apoyo logístico del Ejército de Tierra, de la Armada y del Aire con todos estos créditos --y a los que se refieren también algunas otras enmiendas a las que no me he referido porque S. S. no las ha defendido expresamente--, le quiero decir que, en realidad, el Grupo Popular no indica las aplicaciones concretas que habría que hacer para estos destinos que le dan, por otro lado, ya se incrementan los gastos operativos de las Fuerzas Armadas en los tres ejércitos en un 7,23 por ciento, y en cuanto a inversiones reales, se han incrementado también en los tres ejércitos globalmente en un 15,25 por ciento. Por tanto, me parece que no están justificadas estas enmiendas.
Ha hecho también referencia a los gastos reservados, y hay otra serie de enmiendas relativas a atenciones protocolarias cuyos gastos ya han sido reducidos en un 25 por ciento. No ha citado otra serie de enmiendas que han presentado y, por tanto, yo tampoco voy a entrar en ellas.
En conjunto, yo diría que el Grupo Popular no hace una reducción significativa del presupuesto del Ministerio de Defensa; lo que sí hace es una pequeña reducción cuando reclama que se incremente, y sobre todo lo que hace son transferencias que consideramos injustificadas y que nos obligarían a abandonar algunos programas.
El Grupo de Izquierda Unida presenta una enmienda a la totalidad, dentro de la filosofía general que viene manteniendo de ejército profesional, pero le quiero indicar dos cuestiones con relación a la evolución del presupuesto del Ministerio de Defensa. En primer lugar, el descenso continuo que en los últimos años se ha realizado, puesto que, en pesetas corrientes del año 1993, el presupuesto de Defensa en 1989 hubiera sido de 970.000 millones, y ahora es de 805.000.
Se ha producido, ciertamente, un pequeño incremento con relación al año 1993 de un 6,3 por ciento, justamente para compensar el descenso, repito, que todos los años, desde esa fecha, se ha producido en el Ministerio de Defensa. Y para que se hagan una idea de su incidencia en el producto interior bruto, he de decirles que si en el año 1989 era del 1,8 en este momento es del 1,2, habiendo descendido todos los años, salvo éste, que aumenta en dos centésimas, del 1,24 al 1,26.
En realidad, los objetivos que se ha propuesto el Ministerio de Defensa son coincidentes, no con la posición, diríamos, a corto plazo que plantea Izquierda Unida del ejército profesional, pero sí con la posición de modernizar, profesionalizar y mejorar la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, en cuyo objetivo genérico sí que coincidimos. Lo que hace este presupuesto es corregir los desajustes en la dotación de los ejércitos con pequeños reajustes, acometer el cambio retributivo de la tropa y marinería profesional -- cuestión a la que ya me he referido en mi contestación al Grupo Popular y que espero que el Grupo de Izquierda Unida entenderá como positivo--, modernizar las Fuerzas Armadas y mejorar el armamento y material en infraestructuras.
También se manifiestan en contra respecto al esfuerzo económico en I+D, que como muy bien saben tiene una gran repercusión sobre nuestra propia industria con carácter general, puesto que la investigación en Defensa en I+D es una investigación que, con mucha frecuencia,

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tiene un carácter polivalente y que, en todo caso, enriquece nuestra tecnología con los intercambios que se realizan mediante los convenios internacionales.
No voy a entrar en las enmiendas concretas, pero sí le voy a indicar que, en conjunto, las números 1.405 a 1.422 lo que proponen es una reducción de 29.412 millones precisamente en aquellos aspectos que afectan a las inversiones militares para los sistemas de armas, mantenimiento y material e investigación y desarrollo; es decir, se refieren a programas que en realidad están modernizando nuestras Fuerzas Armadas y que tienen una repercursión incluso económica importante. Por otro lado, la anulación de créditos para proyectos que están en marcha, alguno incluso en su última anualidad, no solamente produciría un grave perjuicio, puesto que la propia y necesaria rescisión de contratos que ello exigiría provocaría unas cargas onerosas que serían muy negativas, sino que afectaría al sector industrial de la Defensa.
Su señoría ha hecho referencia, ya muy a vuelapluma, al resto de las enmiendas, que yo sí querría mencionar, aunque sólo sea para hacer algunas aclaraciones. En lo que se refiere a la defensa NBQ, le quiero indicar que trata de los equipos necesarios para la protección nuclear, química y bacteriológica en nuestras Fuerzas Armadas, es decir, para la participación en conflictos reales internacionales que en estos momentos estamos teniendo; por tanto, son equipos imprescindibles.
En cuanto a otros programas que han indicado que querrían suprimir, la verdad es que el helicóptero Superpuma, junto con los aviones cortafuegos, es el que se utiliza para ayuda civil, búsqueda y salvamento, y su desaparición tendría repercursiones muy negativas.
Respecto al resto de enmiendas, yo creo que no vale la pena comentarlas porque, efectivamente, se refieren a programas que tienen bastante importancia, tanto en lo que se refiere al avión de transporte aéreo medio como a todos los demás que he indicado, y me parece que no vale la pena entrar en cada una de ellas; simplemente indicarles que lo consideramos necesario.
En lo que se refiere al Grupo Vasco, PNV, sí quiero manifestar mi sorpresa. Yo diría que han sacado a voleo unos cuantos programas de inversión y los han tachado sin más. Me parece increíble. No han hecho el esfuerzo de reducir algunos programas más o menos racionalmente, sino que han cogido unos cuantos, los que les han parecido, no sé si con un criterio uniforme, y los han reducido haciendo que al final se produzca una rebaja de 159.000 millones de pesetas. Creo que son reducciones drásticas que no están justificadas y que se refieren al futuro avión de combate europeo; a la totalidad del esfuerzo inversor que se realiza a través de la Dirección General de Armamento y material; a todos los gastos correspondientes a modernización de las Fuerzas Armadas, lo que impediría la capacidad operativa del Ejército de Tierra; a las operaciones de mantenimiento del Ejército de Tierra, que anularía por completo el plan logístico del Ejército; al Instituto de Técnica Aeroespacial, que ya ha tenido una disminución del 7,6 por ciento, que tiene diez proyectos iniciados en ejercicios anteriores muy importantes y que también suprime cuatro mil y pico millones de pesetas. Y ya no digo en lo que se refiere a la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, donde lo que ellos proponen de supresión total paralizaría la construcción de los buques, fragatas, cazaminas, buque-mixto, avión Av-8B plus de despegue vertical y demás. Es decir, me parece que las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco no responden más que a la lógica de coger unas tijeras y cortar por donde les ha parecido, pero creo que sin mirar muy bien lo que hacían.


El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTES MUÑOZ: En primer lugar, quiero agradecer al portavoz del Grupo Socialista la minuciosa exposición que ha hecho, por lo menos en referencia a las enmiendas del Grupo Popular. Sin embargo, comienza su intervención extrañándose y acusándonos de incoherencia por decir, como hemos dicho, que el presupuesto nos parece insuficiente y no proceder a pedir su aumento. No hay ninguna incoherencia en eso; el presupuesto es insuficiente, pero como el momento no es el adecuado para aumentarlo, no pedimos que se aumente; eso es lo coherentte.
Pero sí intentamos hacer lo que sería racional y razonable, que es mejorarlo. Y aquí sí se produce un contrasentido, y es que usted, en la última parte de su intervención, también se extraña de que no reduzcamos el presupuesto. Es decir, al principio se extraña de que no pidamos aumento y después de que no intentamos reducirlo. Si nos parece insuficiente ¿cómo vamos a reducirlo? Lo que estamos intentando hacer es mejorar su planteamiento ¿Cómo podemos mejorar ese planteamiento? Naturalmente con transferencias de unas partidas a otras, y eso es lo que hemos intentado.
Me dice usted también que lo que pretendemos es reducir el órgano central y aumentar o mejorar los tres ejércitos. Claro, lo he dicho también al principio. La burocracia del órgano central entendemos que es reducible y, sin embargo, dado el calamitoso estado en que se encuentran nuestros ejércitos, es perfectamente coherente y sensato intentar mejorarles, en la medida de lo posible.
Y hablaba usted de que queríamos un equilibrio razonable. Eso es lo que intentamos ayudarles a hacer, a conseguir un equilibrio razonable. Por tanto, creo que las posturas están cercanas, aunque el lenguaje haya estado distante hasta ahora por lo menos.


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Cuando nosotros insistimos en nuestra enmienda de aumentar la asignación ridícula a los soldados de reemplazo en las Fuerzas Armadas españolas (que no son precisamente voluntarios, es decir, que el Estado español les exige participar, en muchos casos en contra de su propia voluntad), naturalmente sacamos ese dinero que se necesita de otras partidas, y le decimos a usted de cuáles, para que, por lo menos, pueda notarse, puede verse que hay un intento de atender a sus necesidades más elementales. Usted me contesta a este planteamiento de enmienda que van a mejorar la retribución de nuestros profesionales. Estamos absolutamente de acuerdo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y estamos conformes con que se mejore la retribución a las fuerzas profesionales. En la enmienda que presentamos por gastos reservados, concretamente del señor Ministro, nosotros hacemos una lectura que nos da un aumento del 57,5 por ciento y ustedes, muy en el estilo del Ministerio de Defensa, muy en el estilo del planteamiento de lo que es el servicio militar obligatorio actual, ese que se dice que es casi un menú a la carta; ustedes, decía, también aquí, en la lectura de los incrementos, lo hacen bastante a la carta, porque del 57,5 por ciento que tenemos analizado, pasa usted, en esa lectura a la carta, al cuatro por ciento.
Seguimos entendiendo que esos gastos reservados de 300 millones de pesetas son, a todas luces (y más en un año como el actual), exagerados, y seguimos pidiéndole que baje a los 150 millones de pesetas que nosotros proponemos.
Termino diciendo, simplemente, que espero del portavoz del Grupo Socialista que atienda al sentido común y a la razón bondadosa de nuestras enmiendas y que nos las vote favorablemente, porque sería un gran acierto por parte de ustedes.


El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Quiero agradecer el tono y el contenido de la réplica o respuesta que ha dado el portavoz del Grupo Socialista, y al margen de no coincidir con algunas cosas, siempre es bueno hablarlas, porque cuando se profundiza y se concreta siempre se facilita el nivel de acercamiento, por lo menos de exposición de los razonamientos.
Nosotros creemos que es necesario avanzar por la dinámica de un ejército que hoy consideramos sobredimensionado, que hay que profesionalizarlo, y sabemos que el cambio no se va a producir de la noche a la mañana, no será un salto cualitativo de una realidad a otra. Sin embargo, algunas de las enmiendas iban dirigidas a recortar o a reducir lo que hoy se gasta en Defensa, entendiendo que en el conjunto de la distribución de la masa global del Estado no debemos tener hoy como prioritario la política de Defensa.
Usted ha hecho un comentario, y es que desde el año 1989 ha habido una contención de la inversión o del esfuerzo para modernizar nuestra Defensa, que ahora, precisamente, se ha intentado cubrir toda esa progresiva congelación --por así decirlo-- y que este año el presupuesto crece el seis por ciento con arreglo al año anterior, lo que viene a hacer frente a esa contención. Si fuese así, no habría problema para poder analizar dónde y cómo se va a invertir ese crecimiento.
El problema es que nos encontramos en un año de plena contención, de plena austeridad, donde el Gobierno ha tenido que meter la tijera a determinadas políticas porque la actuación iba escapándosele de las manos. Entonces, no vemos oportuno que haya un crecimiento este año cuando todo lo demás se está recortando, se está congelando, sobre todo en una política como la de defensa, que necesita, desde nuestro punto de vista, de una mayor reorientación definitiva.
Ha dicho que alguna de nuestas aportaciones chocan con esta filosofía que tenemos, que aunque no se hiciese lo que estamos proponiendo de un ejercicio profesionalizado, para estar técnicamente capacitado y actuar debiéramos de modernizar nuestra estructura definitiva a nivel de armas y de capacidad de reacción, y que nuestras minoraciones dificultan ese proceso que se está abordando desde la política del propio Ministerio.
Lo cierto es que, cuando nosotros hemos tocado partida a partida, todo lo que usted dice es que el helicóptero Superpuma y el transporte aéreo medio es una infraestructura que, en manos del ejército, va a utilizarse después en salvamento. Si el Gobierno nos propusiera dedicarlo a protección civil, lo discutiríamos. Pero es que esa parte de razonamiento no es ajustada, desde nuestro punto de vista.
Usted dice que si se recorta investigación más desarrollo se está limitando la inversión de nuestro Estado y, aunque se haga en Defensa, va a tener proyección en lo civil, proyección en la industria, en realidad, proyección productiva. Nosotros estamos de acuerdo en que investigación y desarrollo crezca para el uso civil, pero que no se haga al soporte o al calor del pulso militar, del pulso de la Defensa, porque aunque sea verdad que después se haga uso de corte civil, están centrados y basados en la estructura de la Defensa, y tendrá uso civil en la medida que no haya ese uso o esa producción, tanto en las infraestructuras que adquirimos (el helicóptero o el avión) como en la investigación. Nosotros lo que decimos es: redúzcase esto, pero increméntese la investigación en el uso civil. Por eso hemos hecho incrementos en otras partidas presupuestarias para ese uso civil.
Usted también ha hablado de que, si aceptaran nuestras enmiendas, algunos proyectos en los que participamos y que están en fase terminal quedarían al descubierto. Yo creo que hay temas, como por ejemplo el del avión europeo, en los que prácticamente nos estamos quedando solos. Hay países que empezaron aquel

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avión y que se han ido retirando paulatina y progresivamente, y nosotros nos seguimos manteniendo ahí. Yo no sé qué realidad tendrá hoy para nosotros, un país cuyas dimensiones internas son determinadas por su acción defensiva, y si lo necesitaríamos a medio plazo. Es verdad que lo precisaríamos si fuésemos un complemento de una actuación más amplia, de OTAN o de UEO, si jugáramos un papel no defensivo en nuestro país, sino de complemento de acción defensiva en otro concierto, porque la acción del avión es quizá más ofensiva que defensiva, aunque en esto todo es relativo; si hasta en el fútbol la mejor defensa es un ataque, quizá la mejor defensa sea inutilizar la capacidad de reacción del contrario.
Luego usted ha hecho referencia a un programa, el NBQ, que es de defensa nuclear, química y bacteriológica; dice que si nosotros no nos equipamos no podremos estar en el uso del concierto internacional, y que como nuestro ejército participa cada vez más en actuaciones de conjunto, nos veríamos dificultados. Yo no creo que ese sea un razonamiento para no aceptar algunas de nuestras enmiendas, entendiendo que están circunscritas al año en que nos encontramos y a la idea de redimensionamiento de nuestro propio ejército. Pienso que debemos estar capacidados para eso. Ahora, ¿hoy es prioritario eso, o nuestra acción fuera puede ir complementada con lo que puedan tener otros ejércitos? Por ejemplo, nuestra presencia en el exterior en actos conjuntos, bien dentro de la ONU, como cascos azules, o bien dentro de las otras participaciones en las que nosotros estamos, sí se podían hacer desde otra dinámica distinta.
En suma, nosotros seguimos diciendo que es necesario inclinar la balanza, orientarnos hacia ese ejército profesionalizado que reduzca el peso de la defensa que ahora mismo existe en el conjunto del presupuesto del Estado, entendiendo que el futuro debe caminar por otro lado más relacionado con una dinámica distinta, de paz y no de acción bélica.


El señor PRESIDENTE: El señor Zabalía tiene la palabra.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Sanz, usted me ha recordado al clásico profesor que siempre estima que su asignatura es la más importante, y me parece bien que sea así, pero yo creo que hay que tener una visión de conjunto en todo el debate de las partidas presupuestarias de gastos. Porque yo no voy a discutirle los razonamientos que usted ha dado y no voy a entrar a debatir nuestro criterio sobre lo que debe ser el ejército, sus funciones, su dimensión y su profesionalización.
No voy a entrar en ese debate, repito, porque no es el momento ni el lugar oportuno. Pero tampoco quiero que se interprete que desde nuestro Grupo Parlamentario estamos en contra de que se haga investigación y desarrollo dentro del ejército, de que el ejército tenga muchos más medios. Como usted puede entender, nosotros no estamos en contra de todo eso.
Pero el hecho es que nos encontramos en un momento determinado, en el año 1994, en una situación de crisis aguda, con un desempleo galopante, con unos problemas sociales impresionantes y que, desde luego, de algún sitio habrá que sacar dinero. Lo que nosotros estamos propiciando no es el hecho de quitar o reducir programas, sino de congelarlos, porque en el año 1994 no se termina todo el desarrollo que puede tener el ejército y los planteamientos que nosotros podamos hacer para ese futuro ejército español; no terminan en 1994. Estamos diciendo que hay ciertos programas que sería conveniente congelarlos, porque además llevan congelados, de hecho, desde hace muchos años. No me va a decir usted que no se presentan aquí programas que están en previsión desde hace tiempo y que todavía no han tenido ningún desarrollo, y no lo han tenido porque no ha habido fondos suficientes para ello.
Por tanto, lo que estamos diciendo es que, en un momento como el actual, lo que hace falta es recortar gastos, y el recorte de gastos que nosotros hacemos en algunas partidas no va más allá del 5 y el 10 por ciento. Otros programas que nosotros hemos eliminado de estos presupuestos no los hemos quitado definitivamente, sino que hemos pedido que sean trasladados a ejercicios en los que la situación económica sea más boyante, que según ustedes va a ser el año que viene; fíjese usted, sólo vamos a retrasar un año algunos programas. Lo que quiero es que se interprete correctamente nuestra postura en este tema, porque va a salir a lo largo del debate de todas las secciones de reducción de gastos el mismo problema, y yo voy a tener que debatir lo mismo con todas las señorías del Partido Socialista que defiendan cada una de las secciones. Es decir, volveré a plantear las mismas cuestiones y los mismos razonamientos.


El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, tiene la palabra.


El señor SANZ DIAZ: Por el Grupo Popular, el señor Cortés nos indica que en la filosofía no estamos lejos y que, en realidad, de lo que se trata es de realizar trasvases internos, básicamente para reducir en el órgano central y transferir a los ejércitos. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.) Efectivamente, en el diseño general de Fuerzas Armadas estamos de acuerdo, y ya hemos coincidido anteriormente en el documento que en su día elaboró la Ponencia sobre el modelo de Fuerzas Armadas para el futuro; por tanto, en ese sentido sí que es lógico que lo que hayan hecho ustedes sea simplemente unos trasvases. Hasta ahí de acuerdo. Sí le recuerdo el tema de que el órgano central no es

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sólo burocracia, sino que, por razones presupuestarias pero no de funcionamiento del órgano, hay partidas tan importantes como las que le he indicado de cierto tipo de personal en la reserva que son 100.000 millones de pesetas, o los programas de I+D, que están también en el órgano central y que realmente sobredimensionan, de tal manera que ese 27 por ciento, que es la dimensión aparente del órgano central, se queda reducido a un 10 por ciento, que es bastante más equiparado con lo que luego los tres ejércitos disponen en la parte del presupuesto correspondiente.
En lo que se refiere a las transferencias mismas, básicamente lo que han hecho, en efecto, ha sido reducir de unas partidas que ustedes han elegido, y que además las han elegido parcialmente, lo cual reconozco; es decir, que no las han suprimido, sino que las han ido reduciendo parcialmente. Lo que sí le indico es que los planes ya están hechos y están hechos de acuerdo con unos criterios. Se ha producido, y eso es positivo, el que, tanto en gastos operativos, con el 7,23 por ciento, como en inversiones, con el 15,25, los planes lógicos de los ejércitos se hayan visto incrementados. Por eso yo entiendo que es un incremento suficiente y que, desgraciadamente, como usted también ha indicado, nuestro presupuesto no permite mucho más.
Nos marca una diferencia y una coincidencia en el tema de la retribución de los soldados de la recluta universal, y nos dice: estamos de acuerdo en que se mejore la retribución de los soldados y marineros profesionales, pero queremos mejorar la de los soldados de la recluta universal. Pero es que ustedes lo que hacen es que los sacan de ahí; es decir, si prosperase su enmienda nos impedirían que mejorásemos las retribuciones de los soldados profesionales, que por supuesto, es insuficiente, puesto que, como bien sabe S. S., no es esa la cantidad que sería deseable para pagar el servicio militar obligatorio en lo que la Ley del Servicio Militar denominó para sus gastos corrientes. Por tanto, no resolveríamos un problema, lo mejoraríamos un poquito, pero, insisto, no lo resolveríamos y, sin embargo, haríamos mucho menos atractiva la carretera profesional, porque afectaría a la sección de personal para los soldados profesionales y, en general, a la dignificación de ese sector que tan importante va a ser en el ejército mixto, en el que en este momento su Grupo y el nuestro estamos comprometidos en el horizonte del año 2000.
Finalmente, reitera el tema de gastos reservados. Yo no he hecho malabarismos; lo que he hecho ha sido sumar los gastos reservados del Ministerio, de los dos sectores en que estaban, y he sacado la proporción en que crecían. Porque si hubiera sido, como usted dice, un crecimiento del cincuenta y tantos por ciento, sería espectacular y completamente injustificado; uno del 4,5 por ciento en la globalidad del Ministerio se justifica mucho más.
En resumen, yo entiendo que sus enmiendas lo que pretendían, efectivamente, era un trasvase, y a nosotros nos parece que no responde a planes ni lo tenían ustedes muy concretado. En todo caso, sí que es cierto que el modelo global de Fuerzas Armadas en que estamos empeñados es similar.
En lo que se refiere al señor Ríos, de Izquierda Unida, nos indica, como filosofía general, que es un ejército sobredimensionado y debe tener una reducción progresiva. En esa tarea estamos. El proyecto de ley de plantillas, que hemos discutido la semana pasada en el Pleno y que la semana que viene irá a la Comisión de Defensa, realmente tiene esa finalidad, justamente reducir los cuadros de mando. Y en esa línea estamos: en la reducción de los cuadros de mando, por un lado, y en lo que se refiere a las dimensiones generales de las Fuerzas Armadas, por otro. Eso quiere decir que nos dirigimos hacia un ejército que el año 2000 estará en torno a los 180.000 hombres, de los cuales solamente el 50 por ciento serán de la recluta universal y el otro 50 por ciento -- dividido en dos partes-- será de soldados profesionales y cuadros de mando.
Yo creo, y en eso coincido con S. S., que cualquier vía hacia una profesionalización del Ejército, sea íntegra --como señala S. S.--, o progresiva --como manifestamos nosotros--, es una línea que debe ser hecha progresivamente, permítaseme la reiteración. Es decir, debe ser una reducción, que la hemos venido haciendo desde el año 1982, muy importante en lo que se refiere a cuadros de mando, muy importante en lo que se refiere a reducción de la tropa, y muy importante también en lo que se refiere a la tropa disponible. En este momento hay una buena parte de la recluta universal que está nueve meses; por eso, el número de soldados que realizan en total el servicio militar es más alto que los que luego son destinados a las unidades, puesto que hay un 25 por ciento que queda reducido en el servicio a dichas unidades.
Quiero decir que en esta línea estamos, y en otras muchas más que no son, obviamente, propias de esta discusión, al menos de manera pormenorizada. Ustedes van directamente a un modelo, y nosotros, en la progresividad, sí que estamos de acuerdo. En este sentido le quiero indicar que el tema que ha salido antes con el Grupo Popular sobre la mejora de las retribuciones profesionales es importante, porque yo creo que va a hacer más atractivo ser soldado profesional.
Sobre los distintos programas, y en el tema del Super-Puma, yo le querría decir que no es que las Fuerzas Armadas lo utilicen sólo para ayuda civil. He indicado que realizan ayudas civiles y también ayuda militar en misiones que muchas veces, como hoy desgraciadamente está ocurriendo por la situación internacional, tienen lugar en otros países, pero que son, insisto, de carácter militar. Es decir, ¿pueden realizar ayudas civiles en situaciones de emergencia en España? Sí.
¿Realizan ayuda militar para población civil o, en general, para

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operaciones militares internacionales de paz? También. Por tanto, yo creo que este programa es importante en este sentido. Por otro lado, ya ha sido desarrollado durante el ejercicio actual y finaliza el año 1995, con lo cual su supresión obligaría a realizar unos gastos supletorios de rescisión de contrato y se perderían los aportes realizados el año 1993.
El segundo programa al que S. S. se ha referido es el EF-2000.
Sí que quiero indicarle que me ha parecido un poco desproporcionada su enmienda en el sentido de que un programa que tiene prevista una inversión este año de 18.457 millones, ustedes lo reducen en nueve millones. La verdad es que me parece que no merecía la pena. Léalo porque así lo indica.
Quizá quieran decir 9.000 millones. (Asentimiento.) Eso me había parecido que querría decir, pero así es como figura en su enmienda. En todo caso, y yendo a una interpretación correcta de su enmienda, quiero indicarle que este programa es de cooperación internacional. Además, piense en lo que hemos hablado del I+D. Es verdad que la tecnología, si es militar, tiene una finalidad igualmente militar, pero es verdad también que quizá las partes más costosas de esa tecnología sean de doble uso, por el grado de sofisticación tanto en la guerra electrónica como en lo que se refiere a todos los sistemas informáticos. Yo creo que la mayor parte de lo que se refiere hoy a las dotaciones modernas de armamento y material en I+D es una investigación repito, de doble uso, y la ventaja que tenemos es que estamos implicados con estos programas. EF-2000 es un ejemplo; estamos en él con otros países europeos, ellos nos transfieren tecnología y nosotros, a nuestra vez, desarrollamos líneas de investigación que luego vamos a poder exportar para uso militar y también para uso civil. Piense, además, que en el programa del EF-2000 llevamos ya invertidos 112.000 millones, por tanto, no se puede acabar con él. En realidad, lo que se ha hecho es una reducción de las características del avión, y eso, en todo caso, lo hace más accesible para nuestro país en ese conjunto de rebaja de las prestaciones que va a dar; incluso se ha hecho por razones de la variación en el escenario militar y en la situación política internacional.
En lo que se refiere a la defensa NBQ, ya le he indicado que era para protección de nuestros soldados; es decir, no es para producir nosotros armas de estas características, sino para protegerlos frente al eventual uso de las mismas que pudiera hacerse en conflagraciones internacionales o en escenarios fuera de nuestras fronteras. Ha indicado que esto se puede retrasar, pero es que este programa estaba previsto para iniciarlo hace varios ejercicios; ha sido retrasado por dificultades presupuestarias y con dotaciones mínimas se pretende iniciar el año 1994, ese es el motivo.
Finalmente, en lo que se refiere al Grupo Parlamentario Vasco, señor Zabalía, ustedes dicen que estamos en una mala situación económica y que lo que han hecho es meter las tijeras. Eso es correcto, eso ya lo ha hecho el Gobierno. En todo caso, en la Comisión puede hacerse mediante enmiendas. Lo que yo exponía es la necesidad de que se haga un criterio ponderado. He indicado antes que hay cuestiones que ustedes han planteado que no tienen retraso. Además, eso que plantea tendría sentido si usted me hubiera dicho: reduzco el 20, el 30 ó el 40 por ciento en un determinado programa de los que ha citado, porque entonces lo que hace es ralentizar la actividad o aplazar algunas cuestiones. Pero es que la mayoría de sus enmiendas -- y creo recordar que incluso todas-- suprimen radicalmente los programas, es decir, que serían imposibles de ejecutar y son programas que ya tienen trabajadores realizándolos y compromisos con empresas a lo largo de varios años. Por tanto, si lo aprobásemos no se podría aplicar sencillamente.
Pienso que el PNV debería reflexionar sobre el planteamiento general que hace en sus enmiendas, porque merece la pena desde su punto de vista, pero no es coherente, es una supresión que sería imposible de realizar y que dejaría radicalmente inoperantes a nuestras Fuerzas Armadas.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Aunque habíamos anunciado que terminado el debate de la Sección 14 pasaríamos a la 13, si no tienen inconveniente pasamos a la Sección 15 y a continuación volveremos a la 13.
Para defender sus enmiendas a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: El Grupo Popular presenta a la Sección 15 un bloque de enmiendas comprendidas entre las números 555 y 566, ambas inclusive.
La primera es una enmienda de totalidad en la que formulamos nuestra disconformidad con el proyecto de presupuestos por lo que se refiere al funcionamiento y al presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda.
Entendemos que el Ministerio de Economía y Hacienda debe ser el buque insignia en estos momentos, algo así como la insignia de comportamiento de toda la Administración pública y, por tanto, debe emanar del mismo un ejemplo para el resto de la Administración en materia de ahorro, esto es, de reducción de los recursos que utiliza para llevar adelante sus políticas y conseguir sus fines. Un ejemplo en materia de eficacia en el uso de esos recursos y, en definitiva, un ejemplo a la hora de conseguir los citados fines que se proponen en sus diferentes programas.
El fin último del Ministerio es, obviamente, actuar como director del conjunto de la política económica, que es una gran responsabilidad en medio de la crisis

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económica que estamos soportando. Por tanto, entendemos que el presupuesto del Ministerio debería haberse hecho desde una reorganización completa del Ministerio, entendiendo por tal la reducción de altos cargos (el excesivo número de altos cargos es un defecto en el funcionamiento del Ministerio); la reducción de unidades administrativas, cuya operatividad fuese escasa o incluso nula; la superación de disfuncionalidades provocadas por esa estructura burocrática heredada del pasado y que no se resuelve actualmente con decisión y, en definitiva, a través de la redistribución de recursos entre programas, que es el espíritu que anima la enmienda a la totalidad, la solicitud de devolución del presupuesto del Ministerio al Gobierno para que reconsidere la aplicación de recursos entre programas y de esta manera se pueda contribuir a una gestión económica consistente en otorgar a la política económica el sentido, la naturaleza que en estas circunstancias difíciles se le exige. Las restantes enmiendas, las números 555, 556, 557 y 558, pretenden reducir las transferencias corrientes que emanan de las diferentes direcciones generales del Ministerio.
Demandamos un esfuerzo, no muy alto por cierto, ya que se trata de una reducción de un dos por ciento de su cuantía.
Tampoco es una reducción simbólica, sino expresiva de la necesidad de contener este tipo de gastos corrientes en la crisis económica que exige la bajada del déficit público. Las enmiendas que van desde la 559 hasta la 566 son de devolución de programas del Ministerio que hemos seleccionado críticamente. Esta selección crítica de programas responde precisamente a las carencias más importantes que tiene nuestra política económica.
El primer Programa a que nos referimos es el 612.A, relativo a previsión y política económica. Pedimos su devolución por su falta de eficacia cuando emite para todos los agentes sociales previsiones económicas que se encuentran muy alejadas de la realidad, como ha sucedido en las concernientes al ejercicio de 1993. Recordemos que el fallo de esas previsiones va a justificar después la ineficacia del conjunto de la política económica.
Pedimos también la devolución del Programa 612.B, que es el de planificación, presupuestación y política fiscal, porque entendemos que hay una mala presupuestación basada en esa deficiente planificación que denunciaba hace un momento, y que hace que la política presupuestaria no sea la correcta en nuestro país.
Igualmente pedimos la devolución del programa de control interno y contabilidad pública por entender que hay unas deficiencias graves en el mismo, que, en definitiva, están siendo acusadas en el conocimiento de la cuantía del déficit público.
Pedimos la devolución del Programa 613.G, por entender que hay un defecto en la aplicación del sistema tributario estatal constatable en la existencia de un elevado fraude fiscal en España, si bien reconocemos que la causa de ese fraude fiscal no está sólo en los medios de gestión empleados, sino en la naturaleza de los impuestos en vigor.
Pedimos la devolución del Programa 623.A, de defensa de la competencia, por entender que la carencia de competencia en amplios ámbitos del sector servicios es causa de la inflación en España y, por tanto, causa directa de la pérdida de competitividad de nuestra economía.
Pedimos la devolución del Programa 612.D, de gestión de la deuda y tesorería del Estado, también por entender que hay un programa en esa gestión de la deuda que ha provocado el pago de una partida de gastos financieros excesivos del capítulos III del presupuesto.
También pedimos la devolución del Programa 724.C, de incentivos regionales a la localización industrial, por entender que no están sirviendo, en absoluto, para acortar las diferencias de desarrollo entre las regiones españolas.
Por último, la enmienda 566 solicita la reducción en algo menos de 200 millones de pesetas de la cuantía que se destina a estudios y trabajos técnicos, en aras del descenso de este tipo de gasto público por no haber encontrado explicitada la causa de esos estudios y trabajos técnicos en la comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda cuando estuvo presente en esta misma Comisión explicando los contenidos de estos programas.
Quiero precisar que la crítica no es a los funcionarios, a los miembros de la Administración pública que trabajan en esos programas; es una crítica a la decisión política organizativa de los mismos, porque entendemos que es esa voluntad política la que, en definitiva, hace que se reduzca su eficacia, por lo que solicitamos su devolución.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para la defensa de sus dos enmiendas, por Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ríos.
Aviso que la enmienda del Grupo Mixto se ha dado por defendida, y por eso pasamos al Grupo de Izquierda Unida.


El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve, porque sólo tenemos dos enmiendas a esta Sección. Una de ellas va dirigida a la política del Gobierno respecto a incentivos regionales.
Intentamos que se incrementen las actuaciones hacia lo que pudiéramos llamar sectores endógenos que existen en cada una de las regiones. En concreto nosotros planteamos que el sector agroalimentario en la región de Murcia, y sobre todo la conserva, tenga un esfuerzo inversor en esta ley. Es verdad que los presupuestos que propone el Gobierno recogen 17.000 millones de pesetas en el capítulo 7, transferencias a empresas privadas, y es verdad que este dinero

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viene de fondos europeos a través de la parte del Feder que se destina a la Ley de Incentivos Regionales, pero no es menos cierto que los compromisos con algunas regiones deben mantenerse. Por tanto, nuestra enmienda viene a recoger lo que fue la discusión en la región de Murcia y los compromisos a los que las fuerzas políticas y las fuerzas sindicales y económicas llegaron para un plan de reactivación económica en la región. Ese plan de reactivación económica, aprobado en febrero de 1993, comprometía para el año 1994 la aportación de 4.000 millones de pesetas a este sector. En este sentido nosotros proponemos incrementar la cifra que el Gobierno propone y la detraemos de la Sección 15, artículo ochenta y dos, concesión de préstamos al sector público.
La segunda enmienda va dirigida a algo que hemos discutido antes sobre Asuntos Exteriores. Se trata de una incorporación de 200 millones de pesetas al Programa 551 C, para introducir un programa informático nuevo para el censo consular electoral. Facilitar la participación a nivel externo de todos nuestros emigrantes es el objetivo de nuestra enmienda. Por tanto, proponemos destinar 200 millones de pesetas a un programa nuevo para informatizar ese censo consular que facilite la participación en las elecciones de todos los españoles que no están dentro de nuestro Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán, para defender la enmienda de dicho Grupo y plantear su posición con respecto al resto de las enmiendas.


El señor MARTINEZ SANJUAN: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda técnica, la 1.091, que estoy convencido que el Grupo Popular apoyará entusiásticamente por cuanto que supone una traslación del Real Decreto 1.725, de 1 de octubre, de modificación parcial de la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda, de tal forma que se suprimen por este Real Decreto la Secretaría General de Economía Internacional y Competencia, la Dirección General de Transacciones Exteriores, el Organismo Autónomo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Organismo autónomo de la Escuela de Hacienda Pública, refundiéndose en una Dirección General de Economía Internacional y Transacciones Exteriores y la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, incorporándose la Escuela de Hacienda Pública al Instituto de Estudios Fiscales, para hacer una reducción de los servicios pero no de la eficacia con la que se prestan dichos servicios. Todo esto supone una reorganización de los créditos de los diferentes organismos suprimidos e incluidos en esas dos direcciones generales.
En relación a la enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista y que ya he explicado su planteamiento, hay un error técnico, por cuanto que, si bien los totales de los mismos están debidamente realizados, en la página número 5 -- pasaré a la Mesa la modificación de la enmienda-- ha desaparecido un renglón de la partida 1504.00.611 B.240 que no afecta a las altas y bajas de la propia Sección, pero que convendría corregir, porque ha sido un error técnico nuestro.
La rectificación la trasladaré a la Mesa al terminar mi intervención.
En cuanto a las enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios y empezando por las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida defendidas por el señor Ríos, concretamente las enmiendas 1.431 y 1.432, quiero decirle -- como él decía-- que la cantidad presupuestada de 7.500 millones de pesetas es para transferencias de capital a empresas destinadas a incentivar la inversión en las zonas incentivables --valga la redundancia-- a través del programa de incentivos regionales. Su enmienda proponía incorporar 4.000 millones de pesetas, dirigidos fundamentalmente --cosa que yo no sabía-- al fomento y al desarrollo de la actividad agroalimentaria.
Los fondos que se establecen en el programa de referencia, incentivos regionales, no están regionalizados previamente, de tal forma que no existe un cupo por comunidades autónomas en función de cómo se distribuye. Como S. S. sabe, la dotación de estos créditos y su ejecución se hace en función de que las comunidades autónomas, a través de los organismos correspondientes y a través de la Dirección General de Incentivos Regionales, que van aprobando y realizando los proyectos de inversión establecidos. Y creo, por ello, que no es una buena técnica --aunque yo entiendo, desde la óptica del señor Diputado, que quiera dotar con una cantidad presupuestaria los proyectos de inversión en su región, cosa perfectamente legítima-- el realizar una política de compartimentos estancos dentro de lo que son los incentivos regionales.
Por otra parte, él mismo decía que estos proyectos van dirigidos fundamentalmente a proyectos agroalimentarios.
Concretamente no es por la línea de los incentivos regionales con lo que se mejoran los proyectos de la economía agraria en la modernización de estructuras, sino que se hacen a través de los créditos provenientes de la Comunidad Europea y trasladados, a través del antiguo 808, a las comunidades autónomas.
Por otro lado, además, quizá el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida podía haber buscado una baja más eficaz y menos contradictoria con lo que ha defendido a lo largo de otros momentos en el debate de estos presupuestos, por cuanto que supone dar de baja para incorporar este crédito, en el caso de que fuera afirmativo, precisamente de la aportación española a los créditos de ayuda al desarrollo, los créditos FAD, lo cual está en cierta contradicción con lo que ha venido defendiendo el Grupo Parlamentario respecto a ir incorporando hasta

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un 0,7 del producto interior bruto la política presupuestaria.
Podía haber buscado otra línea para dar de baja menos contradictoria con lo que ha venido defendiendo a lo largo de este debate presupuestario.
En cuanto a la enmienda 1.432, en el sentido de incluir 200 millones en el Instituto Nacional de Estadística para el proyecto o programa informático del nuevo censo consular, tengo que decirle que el censo consular lo realizan las oficinas consulares, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, y no entraría de una forma directa en la Sección del Ministerio de Economía. En el caso de que así fuera, en el caso de que se quisiera dotar de una cantidad mayor --el Gobierno ya lo ha anunciado precisamente entre las medidas del llamado impulso democrático y en la propuesta que ha hecho en el Pleno del Congreso el Grupo Parlamentario Socialista para crear esta Comisión de estudio de la evolución del censo electoral--, ocurriría que todos los trabajos censales, tanto en el interior como en el exterior, recogidos específicamente en el Instituto Nacional de Estadística son créditos ampliables, con lo cual creemos que no es necesario destinar una partida específica para este proyecto, y menos concretamente en la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda.
Voy a contestar rápidamente al señor Montoro que ha defendido la enmienda de totalidad a la Sección 15 y varias enmiendas parciales, así como algunas referencias a programas específicos. Yo creo que precisamente el Ministerio de Economía y Hacienda da ejemplo práctico y específico de los temas que el señor Montoro planteaba. El Ministerio de Economía y Hacienda ve reducida su estructura en cuanto que han desaparecido una serie de direcciones generales. Por otra parte, el Ministerio de Economía y Hacienda no podemos decir que sea un ejemplo de derroche de altos cargos, por cuanto que, con toda la complejidad que ello lleva implícito, concretamente con la desaparición de las direcciones generales a que he hecho referencia en el primer momento de mi intervención, tiene aproximadamente 56 altos cargos, en el sentido de que están incluidos el Ministro, subsecretario, dos secretarios de Estado, personal asimilado y directores generales, con una plantilla en todo el Ministerio de siete personas de personal eventual o de confianza de los altos cargos. No creo que se pueda decir que es un ejemplo de despilfarro o de derroche administrativo el que tiene el Ministerio de Economía.
Creo que el Ministerio de Economía también da un ejemplo de austeridad en el presupuesto que ha presentado a las Cortes este año por cuanto que si comparamos cifras iniciales del presupuesto de 1993 con el presupuesto inicial de 1994, vemos que su crecimiento es, aproximadamente, del 2,2 por ciento, pero si comparamos el que va a ser ejecutado en el año 1993 con el que se ha presupuestado en el año 1994, vemos que supone una sensible disminución por cuanto que, a lo largo del año 1993, el presupuesto inicial de 417.000 millones de pesetas va a suponer un total de ejecución de 461.000 millones de pesetas como consecuencia de créditos ampliables, incorporaciones de créditos y modificaciones presupuestarias que se han venido realizando a lo largo de este año, lo cual, si comparamos los 461.000 millones de pesetas de ejecución del presupuesto del Ministerio de Economía en el año 1993 con los 457.000 millones de pesetas que presenta este año la Sección 15, realmente se puede decir que está contribuyendo precisamente a esta política de reducción del gasto público en que está empeñado el Gobierno y que este Grupo Parlamentario Socialista apoya, como no podía ser de otra forma.
En relación a las enmiendas parciales a las que S. S. ha hecho ligera referencia, creo que es fácil decir cómo podríamos trasladar una sensación o, por lo menos, un planteamiento de reducción del gasto público. En otras ocasiones, han utilizado una serie de partidas, que no recuerdo en este momento, y este año le ha tocado a la partida 227.06, que son estudios y trabajos técnicos. Creo que S. S. debería reconocer el esfuerzo que está haciendo concretamente el Ministerio en la reducción de esta partida, que ha pasado de 1.369 millones presupuestados en el año 1991 a 205 millones de pesetas, que es el presupuesto del subsector Estado, concretamente en la partida 227.06, para el año 1994. Su señoría sabe, porque además fue explicado por diferentes intervinientes en la Comisión de Presupuestos, que hay una serie de trabajos técnicos que no pueden ser realizados, incluso por ley misma, por los propios funcionarios, como son mantenimientos informáticos, adjudicación de estudios a determinados sectores exteriores, seguimiento de los fondos comunitarios, peritación a terceros, valoraciones específicas, en justiprecios y en tribunales de competencias; el propio Tribunal de la Competencia tiene que encargar estudios de mercados a sectores exteriores. Como sabe S. S., para ver hasta qué punto existe transparencia o no de mercados, libertad de precios, políticas de «dumping» o políticas de monopolio, el Ministerio tiene que contratar ineluctablemente en el sector exterior. Pero S. S. debiera reconocer que el esfuerzo de contención de un 74 por ciento respecto a lo presupuestado el año pasado señala que este Gobierno ha dado una gran importancia a la reducción de determinadas partidas que no son absolutamente necesarias, como han podido ser en otros años.
Por otra parte, hay también una serie de enmiendas parciales respecto de las que estoy convencido que si S. S. las reflexiona, posiblemente las pudiera retirar para el debate en el pleno del Congreso, por cuanto que S. S. conoce que hay partidas como la de la aportación de España a los organismos internacionales multilaterales a los que pertenece. Por ser socios en diferentes organismos, Banco Europeo de Desarrollo, Banco Industrial,

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Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, España tiene que pagar unas cuotas, hasta el punto que incluso estas partidas están declaradas como créditos ampliables pues no siempre se conoce exactamente la cantidad final que, a lo largo del desarrollo presupuestario, este país y los demás países que componen los mismos tienen que ir aportando.
Hace una referencia muy sucinta --tampoco me dedicaré a contestar con más amplitud de lo que el señor Montoro ha hecho referencia-- a toda una serie de partidas. Política de previsión. No vamos a entrar en estos momentos --quizá lo discutamos más profundamente en el Pleno-- en cuanto a las previsiones establecidas en el proyecto de ley de presupuestos para el año 1994 y que yo estimo que son bastante acertadas respecto a la coyuntura internacional, a la coyuntura económica que se puede desarrollar en el año 1994, y no porque lo diga el Gobierno, sino que lo están diciendo --y S. S. lo conoce-- todos los foros y todos los organismos internacionales respecto a que en 1994 se prevé que va a haber un relanzamiento de los países de la Comunidad Europea y de los grandes países de la OCDE.
En relación a las políticas de presupuestación y política fiscal, creo que en este año y el siguiente el Gobierno está empeñado en hacer una adaptación paulatina de determinados instrumentos de política fiscal, como son la modificación legislativa en el Impuesto sobre Sociedades, en seguir profundizando en la modificación del Impuesto sobre la Renta y una serie de modificaciones que tanto la Ley de Presupuestos como la Ley de Acompañamiento Financiero han venido incorporando al desarrollo económico.
Su señoría decía que el control presupuestario no es algo que caracterice positivamente a este Gobierno. Creo que si en algo está empeñado este Gobierno, y más concretamente en el ejercicio presupuestario de 1994, es en producir un estricto control de los gastos públicos, un seguimiento, con un reforzamiento de la política de la Intervención General del Estado, siguiendo una política de auditorías y de seguimiento de la eficacia del gasto público en toda una serie de programas. En estos últimos años se ha pasado, y S. S. lo conoce, de auditar aproximadamente un billón trescientos mil millones de pesetas en el seguimiento de los programas de gastos a aproximadamente tres billones de pesetas y a una realización de cerca de 479 auditorías, presupuestadas en el año 1994. Luego es verdad que este Gobierno está preocupado y quiere seguir la evolución del gasto público para que no se produzca un aumento, más allá del deseable, del déficit presupuestado a comienzos del ejercicio.
Su señoría pone en tela de juicio los gastos presupuestarios de lo que es el seguimiento de la deuda y la gestión del Tesoro. No voy a entrar en este momento en esta discusión; en la discusión del articulado, el Grupo Parlamentario Popular marcó las diferencias respecto a la evolución, respecto a la financiación y respecto a la política de la deuda pública, por lo que quizá no sea el momento de reproducir ese debate. Sí quiero decir al señor Montoro que este Gobierno y este Grupo Parlamentario están perfectamente decididos a incrementar la eficacia de la Agencia Estatal Tributaria para, precisamente, luchar contra ese fraude fiscal, aumentar la recaudación, aumentarla no por la vía de la presión fiscal sino por la lucha contra el fraude fiscal.
Las dotaciones presupuestarias señaladas para el organismo de la Agencia Estatal Tributaria y los planes de dispersión y de desarrollo específicos para este año 1994 creemos que van a dar los frutos correspondientes para que la gestión de los ingresos fiscales del Estado alcance un nivel de eficacia lo suficientemente importante para que no se produzcan en el año 1994 los problemas en la incorporación de ingresos en los Presupuestos Generales del Estado que se han producido en el año 1993.
Por último, la enmienda que ha dado por defendida el señor González Lizondo, en representación del señor Mur, nos parece absolutamente innecesaria porque lo que está pidiendo está incluido específicamente en la Sección 32, donde se habla de un plan específico de reactivación de la provincia de Teruel.
Estoy convencido de que, si lee el «Diario de Sesiones», el señor Mur retirará en el debate parlamentario del Pleno esta enmienda que ha presentado.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para turno de réplica, en su caso, tiene la palabra el señor Montoro, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, el señor Martínez Sanjuán ha dado una réplica ligera, sobre todo ligera de contenidos, sin demasiados argumentos en contra de lo que es la intención última de nuestras enmiendas, intención última que, como he dejado explicitado en mi primera intervención, es cambiar la plataforma sobre la que se articula la política económica en España. Y ante eso, ante la magnitud de ese proyecto, la reorganización que conocemos del Ministerio, y que está en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, es una reorganización claramente insuficiente, y así es como hay que calificarla ante lo que debe ser un cambio estructural del propio Ministerio, Ministerio que acoge como asesores a ex-miembros del Gobierno --esa es su catalogación o su profesionalización para llegar a eso--, y que no debería adoptar este tipo de actitudes porque debe buscar el efecto- ejemplo al que me he referido, ya que, como decía al comienzo de mi defensa de las enmiendas, el Ministerio de Economía tiene una grave resposabilidad en estos momentos. La partida de estudios está sufriendo descensos, eso lo sabemos. Lo que ocurre es que en los programas de

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estudios no se explicitan, no se da contenido a los estudios a realizar, y esa es la razón por la que nosotros insistimos en la necesidad de reducir un programa que no explicite claramente sus fines, para cegar precisamente cualquier apertura a crecimientos de gastos.
Por descontado --y además el señor Martínez Sanjuán lo sabe perfectamente-- que soy muy poco partidario de los créditos ampliables, en las circunstancias actuales. Lo que quiero --y con esto acabo-- es enfatizar la ideal del control. La idea del control es la idea presente en las enmiendas a esta Sección, es el objetivo presente en la mayor parte de nuestras enmiendas a otros títulos de estos Presupuestos, y es en la idea de control presupuestario en la que no observamos receptividad por parte del Partido Socialista. Tienen un ejemplo en lo que es la dotación, la puesta en marcha de la Oficina Técnica de Control del Presupuesto de estas Cortes.
Ahí tienen la oportunidad de llevar adelante ese control, que sería complementario, por supuesto distinto, al de la Intervención General del Estado. Lo saco a colación ligado a la necesidad de reforzar lo que es todo el planteamiento de controles, toda la estrategia de controles de gasto que necesitamos en España para corregir el déficit público y de esta manera reorientar la política presupuestaria.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para el turno de réplica también, tiene la palabra el señor Ríos, por Izquierda Unida.


El señor RIOS MARTINEZ: De las dos enmiendas de Izquierda Unida, una va circunscrita al Instituto Nacional de Estadística, como organismo autónomo, el 105, y hemos creído que el programa informático para el nuevo censo consular debía de ir a ese organismo. En todo caso, si la ubicación no es correcta, estaríamos dispuestos a encontrar la adecuada. Lo que nos gustaría es saber si es posible incrementar ese dinero para ese programa informático de un censo que tiene dificultades en su elaboración y en su seguimiento. En todo caso, nuestro objetivo es facilitar la participación de nuestros emigrantes en los procesos electorales.
Con respecto a la enmienda relativa al sector de la conserva, se nos ha dicho que esta inversión no está regionalizada, y es verdad. Sin embargo sí que existe un decreto que desarrollaba la Ley de Incentivos Regionales, que facilitaba la definición de zonas y sectores que podían acogerse. En Murcia existe el Instituto de Fomento, que es el que tramita todas las subvenciones. La enmienda de Izquierda Unida no ha pretendido regionalizarlo, lo que ha pretendido ha sido argumentar por qué pide el incremento de 4.000 millones sobre los 17.000 millones. Y, para explicar a qué queremos destinar eso, hemos argumentado que nuestro objetivo es apoyar --algo que decía la Ley de Incentivos Regionales-- sectores endógenos, no para otras actuaciones. En el caso de nuestra región, por ejemplo, fondos europeos de la Ley de Incentivos se destinaron a apoyar algo tan poco endógeno como la instalación de General Electric. Nosotros creíamos que apoyar algo endógeno era apoyar nuestra estructura productiva.
Se nos ha dicho que ya hay dinero para modernización agrícola --que no proponemos en esta enmienda-- en el Real Decreto 808, que ha sido sustituido con posterioridad por el 1.887.
Esos decretos recogían inversiones europeas para políticas de estructuras agrarias. Aquí no pretendemos eso. Hay sectores de transformación agroalimentaria en nuestra región que están teniendo unas dificultades tremendas, hay procesos de entrada de capital externo, de grandes multinacionales del sector agroalimentario, y lo que pretendemos es capacitar a nuestra realidad productiva actual para poder competir en el concierto europeo. Y está basada esta actuación en el fomento del comercio y en el fomento de la exportación, porque en nuestra tierra, fundamentalmente, toda esa actuación va dirigida al exterior. Por tanto, nosotros hemos detraído el dinero de un programa que está dirigido a la promoción comercial y al fomento de la exportación. Por eso lo hemos detraído de ahí, porque el título del programa del que hemos sacado -- artículo 82--, concesión de préstamos al sector público, iba dirigido a ello. En todo caso, hay que reconocer que también hay otro Programa, el 631 A, que hacía referencia a otras actuaciones del Ministerio, también de concesión de créditos, por 59.000 millones. En todo caso, no hemos propuesto reducir el FAD. Si así lo hemos hecho por equivocación, estamos dispuesto a reconocerlo, pero lo hemos dirigido a política exterior y de exportación, porque entendíamos que eso es lo que queríamos apoyar.
¿Que nuestra propuesta es regionalizada? No es que sea regionalizada. En el caso de nuestra región, hemos defendido esto. También se podía haber planteado otra actuación que iba en el conjunto de la discusión del articulado. Izquierda Unida pretendía introducir una enmienda tendente a incrementar la deuda pública hasta 50.000 millones, precisamente en la Ley de Incentivos Regionales. Por tanto, por un lado hemos incrementado la capacidad de actuar hasta 50.000 millones para todo el Estado y, por otro lado, hemos concretado una enmienda para incrementar en 4.000 millones la política de incentivos regionales, especificando que iría dirigido a esta política.
Como se dará cuenta S. S., no hemos especificado que sea para la región de Murcia, a la hora de introducir el concepto. En todo caso, es verdad que defendemos algo que hace referencia a la circunscripción por la que hemos sido elegidos, con el mismo ánimo y el mismo legítimo interés que, por ejemplo, los compañeros de Convergéncia i Unió han propuesto una enmienda para que se solucione el problema de las avenidas en el Maresme. Pues con la misma legitimidad que ellos, y con menor fortuna posiblemente,

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hemos intentado defender la circunscripción que representamos.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para su turno de dúplica tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTINEZ SANJUAN: En relación con la intervención del señor Ríos, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista está totalmente de acuerdo con que se elabore de una forma real, de una forma certera, ese censo de emigrantes a través de las oficinas consulares, para que puedan incorporarse a la vida democrática española a través de su participación en los procesos electorales. Es interés de este Grupo Parlamentario y del Gobierno al que apoya el que esto se realice. Yo lo que le decía al señor Ríos es que creemos que no es necesaria la incorporación de un programa informático, por cuanto que, en primer lugar, lo que hay que hacer --y es a lo que va a ir destinada la política de la Dirección General de Asuntos Consulares, de emigraciones y de la Oficina del Censo-- es una campaña de información para que los españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero insten a su inscripción en el censo, primer elemento que hay que realizar para que estos emigrantes españoles se incorporen a los censos. Y que, como consecuencia de esta incorporación, se modifique o se mejore ese equipo o programa informático, pues para su realización hay dinero presupuestado en el capítulo dedicado al Instituto Nacional de Estadística. Además, le decía, señor Ríos, que todo lo que supone mejora de los censos electorales, el Instituto Nacional de Estadística tiene una partida de gasto ampliable reconocido en el anexo del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Luego creemos que no es necesario, aunque sí lo es la filosofía que impulsa la enmienda y que el Grupo Parlamentario Socialista apoya en cuanto a su realización, pero como decía anteriormente, antes del programa, quizá, lo que haya que hacer sea una gran campaña de sensibilización, que igual cuesta incluso más de 200 millones de pesetas, para que los emigrantes se incorporen al censo.
En relación con la otra enmienda relativa a los incentivos regionales, yo entiendo cuál es la filosofía y además conozco cuál es la problemática del sector agroalimentario, surgido históricamente y potente durante muchos años, de la región de Murcia, que necesita ir adaptándose y acompañándose a la nueva realidad a través de fusions de empresas, a través de políticas de marca, etcétera. Lo que sucede es que creo que tampoco es el lugar idóneo el apartado de incentivos regionales, porque los incentivos regionales, fundamentalmente, como S. S. conoce, son destinados a promover nueva inversión y nuevo asentamiento en las zonas declaradas como de incentivos regionales. Yo estoy convencido de que lo que necesita la industria conservera, la industria agroalimentaria de la región de Murcia, como la de otras regiones españolas, incluso la mía, son políticas presupuestarias provenientes de otra serie de organismos para buscar la dimensión específica capaz de competir en los nuevos retos de un mercado más abierto, en el que las redes comerciales, la política de marca, la política de precios sea más eficaz para hacer factible la salida de nuestros productos, tanto al mercado interior como al mercado exterior.
Al señor Montoro pocas cosas le tengo que decir en esta segunda intervención. El mantiene que la reorganización del Ministerio es claramente insuficiente, que la política de presupuestación de nuevo prácticamente no se realizará o no dará lugar a un cumplimiento del cuatro macroeconómico, yo no voy a entrar en estos momentos en cómo entiende el Grupo Parlamentario Socialista que se ha producido lo que es el diseño del cuadro macroeconómico y las líneas más importantes de evolución del mismo año 1993, pero S. S. tiene que reconocer conmigo que se están produciendo cambios, no solamente en la economía española, sino en la economía internacional, en los niveles de previsión del Fondo Monetario Internacional, en cuanto a la evolución del comercio internacional, en el necesario crecimiento de la inversión pública, en cómo está comportándose la licitación de la obra pública, en cómo creemos que pueden evolucionar determinados sectores específicos y cómo pueden aportar de nuevo un crecimiento positivo al producto interior bruto.
En relación al control presupuestario, yo creo que 1994 es un año de un seguimiento muy específico de la evolución de los créditos, de la evolución del gasto público y que a través de una conjunción de una política monetaria y de una política fiscal estaremos en condiciones para producir ese relanzamiento económico tan necesario para la economía española.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Concluido el debate de la Sección 15, pasamos al debate de la Sección 13, Justicia, y sus organismos autónomos concordantes.
Para defender sus enmiendas, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, vamos a ver si podemos, en el debate de esta sección, ganarle un poco de cuota al tiempo que es siempre un tirano implacable en debates como éste.
El Grupo Popular presenta a la Sección 13 una enmienda de totalidad de devolución de la sección y 17 enmiendas, una de ellas también de devolución del programa 142 A, que es el que se refiere a Tribunales de Justicia y Ministerio de Justicia.
Estas dos enmiendas, que están íntimamente conectadas, responden a un mismo

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fundamento. Entendemos que los Presupuestos Generales del Estado para 1994, en lo que a esta Sección 13 se refieren, adolecen de una serie de deficiencias que podrían sintetizarse en los siguientes conceptos. Son unos presupuestos en los que falta claridad, en los que falta credibilidad, en los que falta seriedad, en los que falta responsabilidad y que no son los adecuados para la consecución de los fines a los que deben estar ordenados, no son el instrumento que pueda hacer posible la realización de un proyecto nuevo para la justicia, que es lo necesario, que es lo que el propio Ministro de Justicia en la comparecencia ante la Comisión correspondiente a esta Cámara manifestó y, en definitiva, no son más que una expresión continuista de unos presupuestos que han incidido de alguna manera en un cierto caos judicial. Es probable que el deseo de que esto continúe en estos términos pueda obedecer a que el Gobierno y el Grupo que lo sustenta tengan la clave de algo que se ha dicho por algún sociólogo en el sentido de que el caos no es en sí mismo algo desordenado, sino que es un sistema de orden que no ha podido ser explicado. Si el Gobierno y el Grupo que lo sustenta nos pueden explicar en qué consiste este caos, a lo mejor vemos que hay en el mismo una pauta de orden. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nosotros desconocemos en qué puede consistir esa nueva manera de ordenar la justicia.
Vuelvo a decir que el presupuesto es un instrumento, naturalmente, para la realización de un programa de acción política. Este presupuesto no es distinto de los anteriores; es un presupuesto reproducción fiel de los del ejercicio anterior y de los de ejercicios anteriores, incluso hasta desde un punto de vista estético los que somos nuevos en la plaza nos vemos sorprendidos con el hecho de que la descripción general de los objetivos del sector es coincidente, palabra a palabra, a la del ejercicio anterior, y después de unas elecciones generales y de un cambio de Gobierno no deja de sorprendernos que, aunque efectivamente la informática propicia esta comodidad de repetir lo que ha sido el discurso presupuestario de ejercicios anteriores, se repita de una forma tan descarada, y basta ver que en la memoria de esta sección las páginas 57 y siguientes de los correspondientes a 1993 son absolutamente coincidentes con las páginas 61 y siguientes de los de 1992.
Estas son las razones, en definitiva, de que entendamos que no podemos considerar que unos presupuestos que lo único que hacen es incidir en el mismo programa político y presupuestario al que ha estado ordenado el Ministerio de Justicia, en estos años precedentes, pueda resolver los graves problemas que tiene la justicia española, y muchísimo más cuando son unos presupuestos especialmente restrictivos para este Ministerio que es fundamentalmente de gasto.
Naturalmente, en este momento en que la justicia necesita un importante esfuerzo inversor, lo que hemos encontrado es una reducción muy importante, de alto componente económico incluso en lo que hace referencia a los capítulos inversores, que llega a la cota del 45,38 por ciento en lo que a inversores se refiere. Entendemos, por tanto, que es fundamento suficiente, desde la responsabilidad del Grupo Popular, para pedir la devolución y formular esta enmienda de devolución.
Nos gustaría conocer si quienes vayan a apoyar con los Presupuestos Generales del Estado esta sección y, por tanto, el rechazo de las enmiendas lo hacen con ese mismo criterio de responsabilidad y sobre todo nos gustaría saber si esa responsabilidad es solidaria, por tanto, es una solidaridad para la gobernabilidad o para el aspecto positivo en la incidencia en el gobierno de la justicia y en la acción de la justicia de estos presupuestos de quienes lo apoyen, o sin embargo se hace con falta de confianza en los mismos y, por consiguiente, por otros intereses y, por ello, no se trata de una responsabilidad solidaria la de esos apoyos que puedan tener esos presupuestos por otros grupos, sino lo que en el Derecho se denomina --ya que no se ha manifestado que sea solidaria-- una responsabilidad puramente mancomunada, por tanto, una responsabilidad que no se hace partícipe del contenido y de los fines de estos presupuestos. Especialmente grave es, y por eso hay una enmienda coincidente con la general de devolución, la que se refiere al programa 142.A, Tribunales de Justicia y Ministerio, fundamentalmente porque, como hemos dicho, este capítulo experimenta una reducción de 5.000 millones de pesetas, aproximadamente, respecto de los de 1993. Y cuando todavía no se ha ultimado el desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, cuando todavía hay instalaciones judiciales no modestas ni insuficientes, sino carentes de los más elementales servicios que la justicia precisa, realmente es poco comprensible que un ambicioso programa como el que expuso aquí el Ministro de Justicia se vaya a poder hacer realidad a través de estos presupuestos.
(El señor Presidente ocupa la presidencia.) Al hilo de esa circunstancia del desarrollo, todavía incompleto, de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, planteamos una de las enmiendas concretas en relación con los juzgados de lo contencioso- administrativo. Estos juzgados previstos en la Ley de Demarcación y Planta de 1988 son la gran asignatura pendiente en la demarcación y planta judicial, puesto que de los 112 o 113 juzgados de lo contencioso que estaban previstos en la planta judicial todavía no se ha puesto en funcionamiento ninguno. En ese sentido, hemos de poner de relieve que ya en la Ley de Presupuestos 31/1991, para 1992, se prorrogó por dos años la obligación que venía contemplada en la Ley de Demarcación y Planta de puesta en funcionamiento de estos juzgados

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de lo contencioso-administrativo. Pues bien, como quiera que en estos presupuestos para 1994 no había ninguna previsión para la puesta en funcionamiento de estos juzgados de lo contencioso-administrativo, quiere decir que también se agotaría la prórroga prevista en la Ley de Presupuestos 31/1991, para 1992, sin que por el Gobierno se hubiera dado cumplimiento a esa previsión de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Y buena hora es para recordar que el Ejecutivo también debe atenerse, en principio, a los términos de la ley y que si en ocasiones excepcionales lo pertinente es modificarla hemos de ver que aquí tenemos una ley, la de 1988, con un período en el que debía llevarse a cabo una determinada actuación administrativa y organizativa y, en definitiva, una prórroga en el año 1991 que tampoco ha sido cumplida y que entendemos que no puede admitir más espera. No puede admitir más espera porque el proceso contencioso-administrativo es probablemente uno de los que más grava a los ciudadanos. El ciudadano que litiga frente a la Administración tiene que soportar el privilegio de ejecución de los actos administrativos, y en esas condiciones realmente es espeluznante el panorama que nos ofrece en este momento esta jurisdicción. Basta ver el contenido de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial para contemplar cómo en la primera instancia contencioso-administrativa, la que en este momento está residenciada en los Tribunales Superiores de Justicia, a 31 de diciembre de 1992 estaban acumulados 119.887 recursos. Como quiera que el 31 de diciembre de 1991 el total eran 108.390 recursos --estamos hablando sólo en la primera instancia contencioso-administrativa, que, además, para determinados procesos, después de la reforma operada el año pasado por la Ley de Medidas de reforma procesal, ya es la única--, quiere decir que en un año se han acumulado casi 15.000 recursos más y la progresión, si se observan las anualidades, va en aumento. Naturalmente, frente a esto no cabe la estulticia de decir que de alguna manera esto es una crisis de crecimiento y se resolverá una vez se adecue la planta. Yo creo que el Gobierno está obligado, y naturalmente debe reflejarlo en el presupuesto, a tomar la delantera y a buscar la solución a este problema. Este es el motivo de nuestras dos enmiendas, en las que queda planteada esta petición de que se contemple una partida específica para iniciar la puesta en funcionamiento de los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Nuestro Grupo plantea también dos enmiendas concretas atento, en este aspecto, a compromisos con organizaciones profesionales que operan de manera esencial en el mundo jurídico. Se trata de que se dé cumplimiento en lo posible, aunque no se llega a los términos conocidos de los convenios suscritos entre el Ministerio de Justicia y los colegios de abogados y procuradores, y se acerque algo más la previsión presupuestaria a los convenios que en su día suscribieron esas organizaciones profesionales con el Gobierno, con el Ministerio de Justicia, a los efectos de cubrir las prestaciones del turno de oficio y de asistencia al detenido.
Es patente que es una cuestión que ha tenido muchos problemas en los últimos años. En el ejercicio anterior no había habido ninguna modificación de este capítulo y en estos presupuestos aparece un aumento de las partidas entendemos que insuficiente. Naturalmente, deduciendo, dando baja a partidas que entendemos no justificadas, sobre todo por falta de objetividad, recogidas en la propia sección, el Grupo Popular propone que se aumenten estas partidas en la cantidad suficiente para acercarse al 80 por ciento del contenido de esos convenios, que entendemos que deben ser cumplidos, puesto que para algo se firmaron y para algo se difundieron a la opinión pública y fundamentalmente a los afectados, que son quienes, en definitiva, prestan ese servicio de asistencia al detenido y de cobertura del turno de oficio que proporciona ese abogado al que todos los ciudadanos españoles tienen derecho en los supuestos previstos en las leyes procesales. El resto de las enmiendas de nuestro Grupo obedece también a unos recortes de carácter general sobre los capítulos de gastos corrientes, aunque quizá el más llamativo de las restantes enmiendas --dándolas por defendidas todas-- es el que hace referencia a la objeción de conciencia. Hemos entendido que el aumento que se contempla de esta partida, que explicaba en su comparecencia la Subsecretaria de Justicia, el aumento espectacular que se va a producir en el llamamiento de ciudadanos que desean cumplir con esta obligación, ésta prestación personal obligatoria derivada de la objeción de conciencia, no está justificado y ni siquiera tiene unas pautas de credibilidad suficientes. Lo cierto es que el año pasado, en el ejercicio anterior, se había hecho un anuncio similar, y ciertamente el grado de cumplimiento del compromiso por el Gobierno no respondió a lo que había anunciado, en su momento, el Subsecretario en la comparecencia en el trámite de presupuestos y después el Ministro de Justicia. Nosotros, ponderando realmente voluntad con posibilidad o con capacidad, poniendo en relación ese voluntarismo político, establecido por el Gobierno, de movilizar un número importante de objetores de conciencia con la capacidad que ha demostrado, bastante escasa a esos efectos, y la posibilidad real que puede permitir a partir de aquí y durante la vigencia de estos presupuestos de un año, hemos entendido que es suficiente la cantidad de 500 millones de pesetas para cubrir las necesidades a las que estaba ordenada esta partida presupuestaria.
Finalmente, quisiéramos decir que esta sección adolece --ya lo hemos dicho-- de falta de credibilidad, de claridad y de seriedad. Un ejemplo puede servir de botón de muestra. Le preguntábamos, en la comparecencia correspondiente, al Secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias a qué obedecía una partida recogida en la correspondiente sección de Instituciones Penitenciarias de 2.000 millones de pesetas para teléfono. Nos manifestó que obedecía a insuficiencias de

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ejercicios anteriores. Naturalmente, no es necesario emitir ahora un juicio sobre lo que eso supone. Ciertamente hemos entendido que se debería minorar esa partida, y con cargo a la misma precisamente hemos dotado la previsión de la puesta en funcionamiento de estos juzgados de lo contencioso- administrativo.
En último término, lo cierto es que una sociedad, un Estado de derecho tiene la medida de la realidad como tal en el funcionamiento de su justicia. Naturalmente no se puede regatear ningún esfuerzo a este fin, porque todos los ámbitos sociales, la propia dinámica social, el progreso --término que tanto gusta monopolizar desde algunas perspectivas del arco político--, todo ello está en función de que este servicio esencial del Estado tenga un funcionamiento correcto. Para esos fines, para el cumplimiento de esos objetivos, en definitiva, para hacer realidad esa justicia que los ciudadanos esperan y a la que tienen derecho, entendemos que estos presupuestos, los recogidos en esta sección, no son los adecuados y por eso hemos presentado la enmienda de totalidad y las enmiendas parciales que defendemos en este trámite y que sometemos a la consideración de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia y la Mesa quieren dar una información a la Comisión relacionada con el calendario. Sus señorías se darán cuenta de que tenemos un cierto retraso y que quedan algunas secciones que por su naturaleza -- singularmente Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Educación y Agricultura-- requieren debates muy amplios. La Mesa se ve en la obligación de establecer un sistema por el que al mediodía no haya descanso. Quiere decirse que concluiremos la sección correspondiente al Ministerio de Justicia, después tendrá lugar la votación correspondiente al día de hoy y a las secciónes o títulos que quedaron pendientes de votar del día de ayer, continuaremos con la sección correspondiente al Ministerio del Interior y, presiblemente, a la hora que en principio tenía que haber sido levantada la sesión, a las dos y media, tendrán lugar las deliberaciones sobre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Si los grupos en conjunto comunican a la Mesa algún otro sistema de organización, la Mesa lo aceptará, pero siempre bajo la condición de que no se suspenda la sesión. Es decir, si no recibimos un acuerdo del conjunto de los grupos, lo normal es que concluyamos Justicia, luego haya votación, y luego Ministerio del Interior y Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, coincidiendo con el tiempo previsto para el descanso de la comida. Si la Mesa recibe, insisto, un acuerdo entre los grupos que por conveniencia de las señoras y señores Diputados y de sus portavoces ofrezca un cambio en este programa, la Mesa lo aceptará, pero siempre bajo la condición de que la sesión no se interrumpe al mediodía. Estas circunstancias hacen a la Presidencia estar, desde este momento, en la obligación de exigir a las señoras y señores Diputados que sus intervenciones en la utilización del tiempo se manejen no ya desde los cauces que manda el Reglamento, sino un poco con lo que mandan el sentido común y la naturaleza de las enmiendas.
En relación con el Ministerio de Justicia, tiene presentadas enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto, señor González Lizondo, que creo que ya las ha defendido.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Las enmiendas a las secciones 13, 14 y 15, las he dado por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Hinojosa por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor HINOJOSA I LUCENA: Tenemos presentada la enmienda 247, que pretendía la modificación del estado de gastos de la Sección 13, Ministerio de Justicia. Es un tema referido a las franquicias. La doy por retirada en este momento.


El señor PRESIDENTE: Por el grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado tres bloques de enmiendas. Uno, a la totalidad de la Sección 13, Ministerio de Justicia; otro, introduciendo dos programas específicos en los cuales queremos centrar los objetivos que Izquierda Unida tiene para esta sección del Ministerio de Justicia; y otras enmiendas de carácter concreto, específico, para incrementar algunas actuaciones tanto en centros penitenciarios como en centros u órganos de justicia. El criterio general de Izquierda Unida sobre el Ministerio de Justicia es hacer frente a una dotación presupuestaria más ajustada a las necesidades que tiene este país. Nosotros creemos que es el momento de incrementar -- hemos propuesto en otras secciones la reducción, la minoración, por ejemplo, en el caso de Defensa-- los recursos para mejorar lo que hoy es manifiestamente mejorable, la Administración de Justicia, tanto en recursos para infraestructuras como en recursos para medios. Creemos que este pacto de Estado por la justicia, al que se ha comprometido el Gobierno, debe contar con los suficientes medios para poder acometerlo y que el parón que la justicia tiene hoy en la tramitación o en la respuesta como tal Administración a las demandas de los ciudadanos no lo merece un Estado como el nuestro, moderno, progresista y de derecho.
Las enmiendas dirigidas a esos dos programas específicos, las números 1.389 y 1.390, pretenden crear un programa dirigido a la puesta en marcha del jurado, en

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una primera fase. Creemos que para la introducción de un programa de jurado no basta con la declaración; hace falta dotarlo. Pensamos que el desarrollo paulatino de esta propuesta necesitaría habilitar salas de vistas, locales de deliberación y descanso para los miembros del jurado, unas obras de infraestructura en cada uno de los territorios. Y junto con esas salas, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional y en los Tribunales Superiores de Justicia de cada una de las comunidades autónomas que lo tienen constituido, así como en las audiencias provinciales de Madrid y Barcelona, sería importante acometer actuaciones concretas con inversiones concretas. Por tanto, la propuesta que hace Izquierda Unida pretende incrementar, para esta primera fase, un programa específico dirigido al jurado de 775 millones de pesetas, que irían distribuidos, por un lado, al artículo 15 y al artículo 16, todo lo que son recursos humanos; por otro lado, al artículo 23, dietas para los miembros del jurado y, por otro lado, inversiones, 450 millones en todo el territorio. La minoración de estos gastos la haríamos desde la Sección 31 y el programa 633.A para imprevistos y funciones no clasificadas, con distribuciones que hicieran frente a los requisitos que nosotros proponemos incorporar a justicia, es decir, del capítulo I, artículos 12 y 16, del capítulo II, artículo 22, y del artículo 63, inversiones.
El segundo programa que consideramos específico es para hacer frente a una actuación para incrementar los juzgados de primera instancia contencioso-administrativos, en los cuales se vive hoy un retraso importante. Proponemos la creación de juzgados en todo el territorio español, tanto en la capital de España, en Madrid, como en todas y cada una de las provincias; en Barcelona siete juzgados, en Bilbao, Sevilla, La Coruña, Valencia, Burgos, Valladolid, Oviedo, Santander, Logroño, Zaragoza, Pamplona, Badajoz, Albacete, Toledo, Granada, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Palma de Mallorca y Murcia.
Nosotros proponemos incrementar una plantilla funcionarial, para estos juzgados, que en cada uno signifique un magistrado- juez, un secretario, dos oficiales y tres auxiliares.
Entendemos que sería suficiente para esta primera actuación con 1.800 millones de pesetas.
Hay una serie de enmiendas que van dirigidas a dotaciones específicas, recursos que han estado comprometidos otros años.
En concreto, la enmienda 1.396 hace referencia a incrementar 55 millones de pesetas en tribunales de justicia para edificar órganos judiciales en Cartagena y Murcia, que fueron comprometidos en los presupuestos del año pasado, que iban recogidos para actuar en este año 1994, y a los que el recorte presupuestario ha afectado quedándose fuera. Por otro lado, la mejora del equipamiento del palacio de justicia, con 100 millones de pesetas para el organismo 03, programa 142.A. Otro bloque de enmiendas que presenta mi Grupo va dirigido a los centros penitenciarios y la filosofía que nosotros tenemos de estas actuaciones. Creemos que hace falta revisar el plan de amortización de prisiones, que no está siendo eficaz, que pretende actuaciones en macrocárceles que no compartimos, y que debe irse a otra realidad distinta, porque precisamente la gestión de este plan de prisiones está significando una masificación de las cárceles, una supresión de centros, sin que lleve acompasada una oferta complementaria. Por esto proponemos en la enmienda 1.399 una partida de 200 millones para el estudio y la modificación de este plan de amortización de prisiones. Por otro lado, proponemos la adición de una serie de actuaciones para centros penitenciarios de bajo volumen, inferiores a esas macrocárceles para 1.100 reclusos, centros inferiores de hasta 350 reclusos, tanto en el centro penitenciario de Córdoba como en el de Las Palmas. Proponemos, junto con estas actuaciones en prisiones, las destinadas para hacer frente a un programa de formación de funcionarios por 300 millones de pesetas Esta enmienda, la 1.398, va dirigida al organismo 101 para que se incremente la formación tanto del personal de justicia como del propio Ministerio.
Por último, la enmienda 1.403 hace referencia a un error que creemos que está en el programa 144.B de 50 millones de pesetas. Proponemos incrementar seis millones de pesetas que recoge el subproyecto 210, artículo sesenta y tres, para equipararlo a los 56 millones de pesetas, financiando esta partida con una minoración de la Sección 31, programa 633.A.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Respecto a las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario, en primer lugar está la 1.186, se encuentra repetida, por lo cual retiraríamos la 1.190 que tiene el mismo tenor que la indicada.
La enmienda 1.186 se refiere al Programa 142.C, de formación del personal de la Administración de Justicia, con la que nosotros planteamos la creación de una partida de 60 millones para que el Ministerio de Justicia, a través del Centro de Estudios Judiciales, forme al personal al servicio de la Administración de Justicia en las diversas lenguas oficiales, distintas del castellano, existentes en el Estado español, o sea, el gallego, el catalán, el euskera, el valenciano.
Entendemos que el 42 por ciento de los ciudadanos del Estado residen en comunidades autónomas que disponen de un régimen de cooficialidad lingüística y, por lo tanto, en mayor o en menor grado, en base a ese régimen de cooficialidad, existe el derecho a relacionarse con el poder público correspondiente, en este caso sería con el

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poder público judicial, en la lengua oficial que se estime oportuno, que puede ser el castellano o la lengua oficial distinta del castellano vigente, de conformidad con el régimen de cooficialidad en las respectivas comunidades autónomas. Por eso es por lo que planteamos que se cree esta partida de 60 millones para la formación en estas lenguas vigentes en comunidades autónomas.
En la misma línea, dentro de los indicadores y objetivos que contiene la Sección 13, del Ministerio de Justicia, nuestro Grupo plantea que entre los objetivos del Ministerio en materia de formación del personal se plasme expresamente el que en los procesos de selección y formación se tendrá en cuenta la impartición de cursos en estas lenguas oficiales distintas del castellano. La enmienda iría dirigida a incluir en los objetivos contenidos en la página 104, de la Sección 13, este objetivo. Por ello nuestro Grupo retiraría la enmienda 1.193, que es del mismo tenor literal que la 1.187 indicada.
Finalmente quiero indicar, señor Presidente, que nuestro Grupo Parlamentario mantiene las enmiendas números 1.100, 1.111 y 1.112, con la misma argumentación expuesta por mi compañero en las secciones dirigidas a los números 12, 14 y 15. Puesto que la argumentación y la filosofía respecto a esas enmiendas es la misma, doy por reiterada y por expuesta la defensa que de las mismas se ha realizado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Mariño.


El señor PEREZ MARIÑO: En primer lugar, para contestar a la enmienda presentada por el Grupo Popular de devolución del presupuesto del Ministerio de Justicia a la totalidad de la Sección 13.
Manifestaba su defensor que el presupuesto del Ministerio de Justicia adolece de graves deficiencias, que concretaba específicamente en cuatro apartados que son: falta de claridad, falta de seriedad, falta de responsabilidad y falta de credibilidad. Obviamente, se trata de un juicio de valor porque no encontramos en qué se basa ninguno de estos elementos.
Se puede decir que, efectivamente, el presupuesto es continuista porque hay una enorme cantidad de gastos que no queda más remedio que atender y que se mantienen en el presupuesto. Cuando él decía que la Justicia estaba en un caos, nosotros creemos que sí se produciría ese caos si realmente se introdujesen unos pretendidos cambios, que no sabemos cuáles son, que deshiciesen lo mucho que se ha hecho en los últimos años, a pesar, lógicamente, de aceptar y afirmar, como lo hizo aquí el Ministro de Justicia en su comparecencia, que la Justicia necesita un importante cambio.
El proyecto de Presupuestos para 1994 consolida los gastos de personal, que experimentan un crecimiento del 5,58 por ciento; incrementa en un 28,66 por ciento los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los órganos judiciales y centros penitenciarios. Atiende a las obligaciones contraídas por disposiciones legales, que amparan subvenciones e indemnizaciones con un incremento del 24,06 por ciento y ralentiza las obras de construcción de nuevos centros, atendiendo a la coyuntural situación económica, que no permite otra cosa.
Por otra parte, se ha optado en este presupuesto por consolidar el gasto existente como consecuencia de la creación y dotación de medios y locales para órganos judiciales en los últimos años. El mantenimiento de esta nueva estructura, importante, creada en los últimos años no cabe duda que ha generado unos importantes gastos en las inversiones producidas y que deben consolidarse en la actualidad sin poder plantearnos el aspirar a mucho más.
Como decía el Ministro en su comparecencia y como yo creo que coinciden todos los grupos de esta Cámara, la justicia se mejora y es el intento de este grupo y del Gobierno el mejorarla, pero no solamente por mayor dotación económica de medios, sino por la modificación fundamentalmente de las normas procesales que rigen en este momento y que han devenido obsoletas por el paso del tiempo y por la lógica antigüedad que la mayor parte de ellas tiene. Es en este punto donde el Partido Socialista, el Gobierno, el Grupo Socialista que ampara al Gobierno y creo que todos los grupos de la Cámara, van a hacer un especial hincapié en lo que se ha venido en llamar el pacto de Estado, en la modificación de las normas procesales que nos situarían en una justicia más moderna. En definitiva, por tanto, creemos que no tienen ninguna falta de claridad ni ninguna falta de seriedad, ni de responsabilidad ni de credibilidad, sino que más bien, al contrario, son sensatos, son creíbles, son lógicos y, sobre todo, son posibles. Otra cosa sería movernos en otros parámetros, lo que no es factible.
Sí es cierto que son restrictivos y lo son porque no podía ser menos en esta situación política y económica. A pesar de todo han experimentado, como sin duda conoce el representante del Grupo Popular, un aumento de alrededor de 6 por ciento que, dada la situación económica, no está mal.
Confiamos en que con estos presupuestos y con la dedicación a las reformas que se han previsto, y que ya se han anunciado, sí se pueda mejorar la justicia y no sea para nada necesario modificar ninguna de las partidas presupuestarias.
Ciertamente, y con esto contestaría también al Grupo de Izquierda Unida, que ha mantenido igual criterio que el Grupo Popular, es necesario crear las dotaciones que sean suficientes y dignas para cuando se implante la ley del jurado, pero en este momento sería una irresponsabilidad fijar y cuantificar las mismas porque no es posible hacerlo, entre otras cosas porque no se ha

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aprobado aún la ley del jurado. De igual manera ocurre con los juzgados de lo contencioso-administrativo, los 112 previstos. El Ministerio en este momento cree que es jerárquicamente mucho más importante el formar al personal, tanto a jueces y magistrados como a los propios funcionarios judiciales de esos juzgados, que el instaurar repentinamente, sin más, estos jurados de lo contencioso-administrativo.
Es cierta la cifra que daba el representante del Grupo Popular: en estos momentos hay 112.000 asuntos pendientes desde la finalización del año 1991, en primera instancia, en la jurisdicción contencioso-administrativa. Es cierto que esa cifra nos molesta especialmente a todos porque no es presentable, pero antes de señalar ningún tipo de dotación presupuestaria es necesario establecer un marco legal que nos diga qué competencias van a tener estos juzgados de lo contencioso-administrativo, dónde es necesario establecerlos, etcétera. Por tanto, ningún inconveniente habrá en su momento, cuando se aprueben esas dos disposiciones, la ley del jurado y la que regule los juzgados de lo contencioso-administrativo, en dotar de los créditos suficientes y necesarios, pero, como muy bien saben SS. SS. sin duda alguna, probablemente no sea posible, desde una perspectiva legislativa, el instaurarlos en el año 1994, entre otras cosas porque aún no han llegado a esta Cámara las disposiciones que lo amparan. Por lo que se refiere a la enmienda presentada sobre las cantidades previstas para indemnizar a los abogados y procuradores, conoce sin duda, aunque no ha señalado la cifra el representante del Grupo Popular, que se ha producido un incremento sobre los presupuestos de 1993 de un 9,5 por ciento, que se estima cantidad suficiente para poder atender a las obligaciones que puedan derivarse del convenio establecido con los colegios de abogados y procuradores.
Por lo que se refiere a la dotación para objeción de conciencia, cuya reducción se propone, le diré que ésta obedece a las previsiones establecidas en la Orden de 22 de septiembre de 1993, que fija el gasto de vestuario para la objeción de conciencia en 45.000 pesetas por persona.
Atendiendo al cálculo que se ha previsto respecto al número de objetores de conciencia que va a existir para el año 1994 no es posible rebajar en cantidad alguna dicha partida presupuestaria.
En cuanto a la cantidad de 2.000 millones de pesetas presupuestados para teléfono en instituciones penitenciarias le diré que esta cantidad obedece a la realidad que se está produciendo en la actualidad. No debe olvidarse que uno de los medios de mejorar los derechos de los reclusos es permitirles determinadas comunicaciones telefónicas con sus familiares, comunicaciones telefónicas regladas, no todas las que quieren, pero que suponen un importante gasto. Las enmiendas defendidas por el señor González Lizondo, que dio por reproducidas al no haberlas defendido con anterioridad, suponen un aumento de 1.060 millones de pesetas en el concepto 620, que no es posible reducir de la Sección 31, que es la financiación que se propone en cada una de las enmiendas. Por otra parte, las enmiendas no justifican la preferencia de las obras previstas para la Comunidad de Valencia sobre las establecidas en el presupuesto como más importantes jerárquicamente, o por lo menos desde el punto de vista temporal, en el anexo de inversiones. De resultar preferentes en su momento, la legislación vigente permite alterar durante el ejercicio de 1994 el anexo previsto en la actualidad, en el que se recogerán las obras a las que se refieren las enmiendas, dentro de los créditos aprobados, en su caso, para dicho apartado en estos presupuestos para 1994. El Grupo Catalán no ha hecho una defensa de sus enmiendas, sino que las ha dado por reproducidas. Nos oponemos a ellas. Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tenemos que volver a reiterar los argumentos mantenidos hace un momento para la enmienda a la totalidad planteada por el Grupo Popular.
Creemos que la solución de los problemas de la Justicia no pasa necesariamente, aunque sea importante, por dotar de nuevos recursos en infraestructuras y medios sino, jerárquicamente, por realizar las reformas procesales necesarias y que ya se han anunciado.
En cuanto a las dos enmiendas concretas a los programas relativos al jurado y a la creación de los juzgados de lo contencioso-administrativo, doy por reproducidos los argumentos que se acaban de mencionar.
Respecto a la enmienda 1.396, para órganos penitenciarios en Cartagena y en Murcia, que enlaza con la petición de modificación del actual modelo de creación de órganos penitenciarios, hemos de señalar que el actual modelo, el de quince módulos en cárceles de aproximadamente 1.050 personas, obedece al abaratamiento de los costes, la posibilidad de que los fines de la pena y de la estancia en prisión de los reclusos puedan atenderse en estos quince módulos dentro de las prisiones y, en definitiva, a que no parece posible hoy día mantener prisiones de algo más de 300 personas y a que los fines de la pena se puedan atender con estos módulos separados, de unos 75 reclusos por módulo. En cualquier caso, no sería posible económicamente realizar esto de otra forma; los medios que se dedican por la sociedad y que se recogen en este presupuesto para atender a la población penitenciaria son especialmente elevados y no parece posible realizar cárceles de dimensiones mucho más reducidas, que encarecen en más del 40 por ciento el coste por recluso/día en cada una de las prisiones.
Por lo que se refiere a la enmienda 1.186, del Grupo Vasco, referente a la formación del personal de la Administración de Justicia atendiendo a lo relativo a los

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idiomas, y en concreto a que se les forme en el vascuence, diré que está previsto dentro del apartado que recoge las dotaciones para el Centro de Estudios Judiciales. En esta programación se han tenido en cuenta los cursos de idiomas oficiales, como no podía ser menos, de las comunidades autónomas. En definitiva, el contenido de su enmienda aparece ya recogido, si no expresamente para un idioma concreto, sí para el conjunto de idiomas oficiales.
En cuanto a la enmienda 1.187 --la 1.193 es reiterativa de las dos anteriores--, el Grupo Socialista no tiene inconveniente en incluir en los objetivos del texto propuesto, que corresponde a la selección, formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración de Justicia, formación de Policía Judicial y cursos especiales, y dentro de los indicadores asignados a dichos objetivos, uno nuevo: cursos de idiomas oficiales del Estado, cosa que, con mucho gusto, recoge el Grupo Socialista y, por tanto, acepta la enmienda, bien la 1.187, bien la 1.193, por ser las mismas.
Las enmiendas 1.100, 1.111 y 1.112 ya estaban contestadas, con lo que evito tener que contestar otra vez.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Para réplica, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Voy a ser muy breve porque el representante del Grupo Socialista ya nos ha dicho que los presupuestos son de piñón fijo. Ya sabemos que son continuistas, que son, en definitiva, los mismos, sólo que minorados en cuanto al capítulo de inversiones y con un crecimiento del 6 por ciento en términos generales; es decir que no crece en ese 6 por ciento el capítulo de inversiones sino que, repito, la sección crece ese 6,2 por ciento --creo recordar-- en lo que podríamos denominar una acción de operar sobre la Administración de Justicia en aquello que compete al Gobierno y al poder Ejecutivo, que es dotarla de los medios necesarios para su mejor funcionamiento. Es patente, pues, que no estamos en un esfuerzo inversor, sino en unos presupuestos «desinversores». La verdad es que sorprende que cada vez que se produce un pequeño debate en relación con la justicia se saque de debajo de la manga el pacto de Estado por la Justicia. Nosotros estamos, por supuesto, muy atentos al contenido de ese pacto de Estado y hemos mostrado nuestra disposición a escuchar las propuestas de tal pacto de Estado cuando esas propuestas se produzcan, porque, dicho sea de paso, en este momento esas propuestas se enmarcan en buenos propósitos y manifestación de buenas intenciones, pero nadie nos ha dicho todavía lo que va a ser el contenido de ese pacto de Estado. El sentido de responsabilidad de Estado por la justicia sí lo tiene el Grupo Popular, y por eso no puede quedarse en la estulticia de contemplar unos presupuestos con los que el Grupo que sostiene al Gobierno y el propio Gobierno, cuando recoge los mismos conceptos al someter al Parlamento estos programas, nos están diciendo que lo que pretenden es otro ejercicio más con el mismo diseño y, sobre todo, con la misma acción política y la misma acción estructural sobre la Administración de Justicia. Si observamos este presupuesto vemos que ese anunciado pacto de Estado no tiene reflejo en él; no lo vemos reflejado, no vemos trazas reales de lo que puede ser la realidad de ese anteproyecto que ya conocemos, que está a información de algunas instituciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No vemos ahí tampoco ni siquiera los augurios de una nueva fórmula de financiar, naturalmente en otro organismo, la selección de los jueces y magistrados. En definitiva, estos presupuestos no corresponden a una nueva acción de Gobierno sobre la justicia; son los presupuestos para una misma acción de Gobierno sobre la justicia, que ya sabemos que está fracasada.
No se trata de ser reiterativo sobre las cifras. Ha dicho el representante del Grupo Socialista, en la nota que le deben haber preparado en el Ministerio, que se han consolidado los gastos de personal como uno de los elementos de estos presupuestos. Si la Subsecretaría del Ministerio fue incapaz de decirnos --porque creo que no lo saben en el Ministerio de Justicia-- qué dotación tienen las comisiones de servicio en el personal judicial y en el personal auxiliar de la Administración de Justicia; si cerca del 15 por ciento de la carrera judicial está en comisión de servicio; si hay gente que cubre juzgados de nueva creación que, como no existen, al día siguiente está en comisión de servicio; si se han puesto en funcionamiento juzgados en los que, por falta de reflexión en la norma organizativa que los puso en funcionamiento anteponiéndolos a otros --por ejemplo, juzgados de menores en algunas provincias y tantos más ejemplos que podríamos poner- -, ese magistrado que es necesario en otras áreas de la Administración de Justicia tiene que estar en comisión de servicio, y eso lo sabe perfectamente el portavoz del Grupo Socialista. De manera que no sé qué gastos de personal se habrán consolidado. Creo que lo que se ha consolidado es la partida global, porque ésa no puede variar, pero ciertamente hay poca claridad en la consolidación de unos presupuestos en los que sepamos, en definitiva, qué es lo que estamos financiando, incluso en los gastos de personal.
Creo que hay que poner de relieve que, en relación con estas dos enmiendas que presenta el Grupo Popular respecto de la financiación del turno de oficio y de asistencia al detenido, entendemos que cuando se suscribe públicamente un compromiso no se hace para conseguir un titular o para hacer una alharaca de buena gestión o de mejor negociación. Hay que reconocer que el Gobierno que estuvo dirigiendo la política nacional hasta el mes de junio, y concretamente su Ministro

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de Justicia y su equipo ministerial, destacaron por su imposibilidad de diálogo y de negociación con todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia.
Después de notorias disfunciones en esas relaciones, lo cierto es que llegaron a un acuerdo que trascendió a la opinión pública. Naturalmente, los términos en que se recoge presupuestariamente ese aumento en las partidas del turno de oficio y de asistencia al detenido son insuficientes para cubrir las previsiones de ese acuerdo, y eso lo sabe perfectamente el portavoz del Grupo Socialista. Le diré más: hemos planteado estas enmiendas para dar una cobertura presupuestaria al cumplimiento de esos convenios. Podríamos decir también que en este momento el turno de oficio y la asistencia al detenido no está siendo retribuida por la Administración central del Estado, en la parte del territorio en la que sigue teniendo competencia en esta materia, en la misma cantidad en que está siendo retribuida por las comunidades autónomas vascas y catalana respecto de los abogados y procuradores de esas comunidades, donde tienen esa transferencia y donde, en definitiva, están administrando esos recursos y financiando la prestación de este servicio. Tengo que decirle que en esas comunidades se están satisfaciendo cantidades superiores a las que se satisfarán en función de lo previsto en estos presupuestos. Es decir, ahora se están dando unas compensaciones económicas superiores a las que están previstas en estos presupuestos para 1994 para el conjunto del territorio nacional. Quisiera decirle que juicios de valor, los que quiera.
Naturalmente, los nuestros no serán mejores que los de ustedes, pero tampoco peores y, sobre todo, cuando se habla de responsabilidad lo que no hay que olvidar es que la responsabilidad compete en este punto de confección de unos Presupuestos Generales del Estado a quien ejerce la responsabilidad de gobernar. Lo cierto ha sido que la actuación del Gobierno en relación con la justicia, la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado en la Administración de Justicia en los ejercicios pasados, podrá tener todos los juicios de intención que se quieran, pero lo cierto es que ahí están las estadísticas y las memorias y ese caos que implícitamente usted ha reconocido está ahí, y de ese caos es responsable quien ha tenido la responsabilidad de gobernar.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Ríos por el Grupo de Izquierda Unida.


El señor RIOS MARTINEZ: Hemos entendido en la réplica para no admitir algunas enmiendas algo así como que el Presupuesto es continuista, que la previsión del Ministerio de Justicia es continuar conforme venía funcionando y hemos entendido que para el portavoz del Grupo mayoritario era una irresponsabilidad plantear la introducción del jurado y la inversión en crear más juzgados de primera instancia. Tenemos que decir que para el año 1994 el Ministro se comprometió a poner en marcha el jurado. Hoy se nos dice que lo que se va a hacer es poner en marcha la ley del jurado y que ya veremos, que se va a formar al personal, que se va a formar a los funcionarios, que lo importante es darse el marco legal y que en ello se está trabajando. Creo que tiempo han tenido de trabajar en el marco legal. A ver si se quedan en el marco y nunca ponen el cuadro en medio. Sería importante poder trabajar en esos dos niveles. Creo que más irresponsabilidad que plantear estos programas es la de seguir con la política del avestruz. Nosotros decimos lo mismo que decían otros antes de tener responsabilidad de gobernar. Lo que pasa es que cuando se llega a gobernar se crean las complicaciones, pero venimos diciendo lo mismo. Por tanto, si con alguien coincidimos no es con el Partido Popular, sino con lo que venía diciendo el propio Ministro, el que hoy es Ministro y algunas personas que trabajan en torno a ese Ministerio. Por tanto, lo que hemos planteado no es una teoría alocada.
Hemos intentado decir que si hay más de 100.000 procesos parados en los juzgados de primera instancia, tomemos medidas para ponerlos en marcha. Si hay una voluntad de poner en marcha el jurado, tomemos las medidas para que se ponga en marcha y no tengamos el problema de que se viva en la declaración y en la manifestación de intenciones, pero sin tomar las medidas para poder abordarlo. En todo caso podríamos aceptar que la propuesta que hacemos pueda no ser medida y que, una vez que se haga el marco legal, podamos tener una mayor realidad, un mayor conocimiento de lo que costará poner en marcha los jurados. ¿Por qué 700 millones? ¿Por qué no 1.500 ó 100? En todo caso, hay una voluntad de ponerlo en marcha, cuantificada en los presupuestos, y en el devenir del tiempo veremos la movilidad o las modificaciones presupuestarias que son necesarias para hacerle frente. Por lo tanto, a nivel de enmienda hemos intentado concretar lo que creemos que es prioritario, sin ningún otro objetivo, ni demagógico ni de otra intención, sino con el fin de concretar con nuestras enmiendas lo que creemos necesario. El arte de hacer política debiera ser hacer posible lo necesario y no aplazar lo necesario porque no tenemos los recursos disponibles y se han hecho recortes.
Hay algunas enmiendas que creo que se han trastrocado y que nosotros, al concretarlas, hemos venido a plantear compromisos que tenía el Ministerio en presupuestos anteriores. Cuando hemos hablado de incrementar los juzgados, los órganos judiciales en Cartagena y en Murcia, eran partidas presupuestarias comprometidas por el Ministerio en el año 1993 para llevarlas a cabo en el año 1994. Las partidas que proponíamos son la cuantificación anual en una acción plurianual que ya estaba prevista, que se ha reducido y se

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ha recortado y creemos que no es necesario hacerlo. Hay recortes en el Ministerio de Justicia que no consideramos necesarios, urgentes ni prioritarios. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a las enmiendas, tendría que reconocer por lo menos que el plan de amortización de prisiones no se está cumpliendo, ni siquiera en las previsiones del Gobierno en nuevas actuaciones. El Gobierno propone 16.000 ó 18.000 millones de pesetas, no recuerdo la cifra, para cuatro grandes centros, pero no es esa la evolución que tenía. No está teniendo los recursos para poner en marcha el plan que quería.
Si hubiese la misma velocidad en un plan de puesta en marcha de nuevos centros que en un plan de supresión de los mismos, estaríamos cumpliendo las previsiones, pero ese plan no se está cumpliendo ni hay recursos suficientes para hacer frente a dicho plan. Lo que estamos proponiendo es que, ante esa dicotomía de cárceles envejecidas en las que hay que gastar mucho dinero en su conservación, lo que estamos proponiendo es un recurso intermedio. Se nos dice que es mejor la política de un sistema de módulos de 350, que si se juntan seis o siete hacen una gran cárcel. Nosotros creemos que el sistema de concentración de presos no cumple un requisito principal, que es la reinserción. La idea de la justicia no es reprimir. Las cárceles no pueden ser un centro de educación de delincuencia, sino un centro de reinserción de las personas que aislamos de la sociedad para poder traerlas en un momento determinado. En ese sentido consideramos que el proyecto es equivocado.
Creemos que para conseguir ese objetivo no es mejor que haga grandes centros penitenciarios, aunque aceptamos que sean mejores a nivel de seguridad los centros de seguridad media que define ese documento, que son precisamente éstos. Si ese documento habla de centros de seguridad media y centros de alta seguridad, ¿por qué todos tienen que ir a centros de alta seguridad? Algunos tendrían que ir, pero otros no tendrían por qué. Por eso hemos propuesto la modificación, un estudio -- fíjese qué prudentes hemos sido--, por 200 millones, para ver cómo se debe readaptar ese plan de amortización de prisiones que no se está cumpliendo y, por otra parte, hemos dicho que habría que hacer algunas actuaciones puntuales en otros sitios.
En suma, nuestras enmiendas iban dirigidas a intentar proyectar en los presupuestos y en esta Sección partidas que creíamos que se han ido relajando en la actuación del Gobierno; introducir dos programas tipo, que podían coincidir con nuestro propio marco de prioridad y actuar sobre lo que es la formación de los recursos humanos, los recursos de funcionarios dentro del organismo 101, y, también, dentro del organismo de centros penitenciarios, introducir 50 millones de pesetas, precisamente para la conservación de los centros que aún se mantienen, porque con 6 millones de pesetas poco se va a hacer en mantenimiento en la junta que trabaja para la construcción, adecuación o conservación de los centros penitenciarios.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Intervengo para manifesta al portavoz del Grupo Socialista que este portavoz no conoce exactamente, dentro del Programa 142.C, dónde está presupuestada la partida relativa a la formación en lenguas oficiales distintas al castellano. Si el portavoz del Grupo Socialista fuera tan amable de indicárselo y determinar la cuantía que para la formación de lenguas distintas del castellano se prevé en los presupuestos, este Grupo Parlamentario estaría dispuesto, incluso, a retirar la enmienda, porque revisando --y tengo delante de mí la Sección 13, tanto lo que es la clasificación orgánica y funcional como los indicadores y objetivos-- veo que no se recoge expresamente nada de lo que usted me decía. Hablará de la formación en general. Por eso le pido que si es tan amable -- si no es en este momento, en algún otro, pero creo que el trámite procedimental oportuno a efectos de retirar enmiendas sería éste--, nos indicara cómo está recogido y en qué cuantía. No me refiero únicamente a la lengua euskera. Nuestra enmienda va dirigida a todas las lenguas oficiales distintas al castellano en el ámbito de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: ¿El señor González Lizondo quiere hacer uso de la palabra en este trámite? (Asentimiento.) Tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor portavoz del Grupo Socialista, usted se ha despachado muy tranquilamente diciéndome que nada menos que pedimos unas inversiones de 1.060 millones de pesetas --¡qué barbaridad!-- para instalaciones en toda la Comunidad Valenciana; instalaciones que además usted dice que no son prioritarias, que las prioritarias son las que están puestas en el presupuesto.
Desde luego el desconocimiento es total. No conoce usted cuál es la situación de algunos de estos juzgados donde verdaderamente hasta inclusive faltan sillas y en algunos casos los muebles no sé si vienen heredados de la guerra de Cuba o de un poquito antes.
Además le voy a dar un dato concreto. En la ciudad de Valencia se instalaron unos juzgados de lo Penal en unas casas particulares, y en las plantas bajas están los presos. Hace dos años el Ministerio de Justicia dijo que era transitorio, y personalmente conmigo estuvo hablando de la posibilidad del traslado inmediato. El ayuntamiento de Valencia fue más condescendiente y autorizó esa instalación porque era única y exclusivamente

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transitoria. Esa transitoriedad la están ustedes magnificando y naturalmente la están ratificando en el tiempo. Además, las dotaciones que figuraban en el presupuesto para juzgados de Valencia que hacía falta --e inclusive se habló del establecimiento de la primera ciudad de la Justicia en nuestra ciudad-- desaparecieron de los presupuestos y volaron. Ahora me dice usted que no son necesarios y no hacen ninguna falta y, por lo tanto, los vamos a dejar estar así. Naturalmente, con todo el respeto, creo que sus aseveraciones son bastante peregrinas y no responden absolutamente a ninguna realidad.
Además, dice usted que hablo de ¡nada menos que de 1.060 millones de pesetas! ¡Qué barbaridad! ¡Para Alicante, Castellón y Valencia, 1.060 millones! Estamos hablando de una cifra tan extraordinaria que es completamente imposible acceder a ella. Desde luego yo no entiendo cuál es su postura, pero en este caso no es de recibo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Mariño.


El señor PEREZ MARIÑO: Contestando a la réplica y empezando por el representante del Grupo Popular, diré que ha vuelto a señalar como elemento indispensable para la mejora de la administración de justicia la necesidad de medios. Yo quisiera recordarle que los medios son necesarios, pero no es una condición suficiente. De hecho, sabe perfectamente el representante del Grupo Popular que en muchas ciudades hay juzgados que van muy bien y otros que van muy mal con exactamente los mismos medios, con las mismas dotaciones presupuestarias, con los mismos funcionarios, con la misma informática, y que depende en gran medida de quién sea el titular del órgano judicial. Esa realidad no la podemos desconocer ninguno de los que hayamos pisado alguna vez los juzgados de este país. En consecuencia, pensar que el problema es de medios es querer ocultar cuál es el problema. Se nos dice que no se recogen los elementos del pacto de Estado. El pacto de Estado obedece fundamentalmente a una serie de modificaciones legislativas que no conllevan, por sí mismas, mayor dotación económica, porque una modificación o un nuevo Código Penal no tiene por qué llevar, sino al contrario, ningún tipo de aumento presupuestario. Con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial ocurre otro tanto de lo mismo. Es decir, la modificación de las leyes procesales en ningún caso tiene por qué ser más costosa, sino que lo que tiene es que adaptar nuestras antiguas leyes a la situación actual de nuestro país. Se dice, en una cifra aleatoria, que aproximadamente el 15 por ciento de los funcionarios está en comisión de servicio. Yo no sé de dónde se ha sacado esa cifra, me gustaría conocerlo, porque desde luego le puedo decir que los titulares de órganos judiciales para nada llegan a la cifra que se nos ha señalado aquí.
Por otra parte, también se nos ha dicho por parte del enmendante que los abogados y procuradores no están suficientemente retribuidos. Yo no sé si con el aumento propuesto por el Grupo Popular, por ejemplo para los abogados, que es de 400 millones de pesetas y que representa sobre el actual presupuesto el 7,5 por ciento, dicho colectivo estaría ya bien retribuido. Lo que parece también importante tener en cuenta en estos momentos, sin querer entrar en la profundización del tema, es que se va a hacer --el Ministerio, el Gobierno lo va a proponer en su momento-- una nueva regulación legal del turno de oficio, porque podría añadirse que no siempre es satisfactorio cómo funciona este turno de oficio. Y si bien es cierto que nadie está contento con cómo se retribuye, también es cierto que muchas veces no estamos contentos con cómo se realiza. Es posible --yo no conozco el dato-- que estén mal retribuidos los abogados y procuradores en aquellas comunidades autónomas donde está transferida la competencia (me refiero a la catalana y vasca), pero a título anecdótico le diré que la semana pasada tres decanos de tres de las provincias de la comunidad catalana se quejaban de la escasísima retribución que tenían. Parece que el problema es general, que no es un problema que se pueda circunscribir a unas determinadas comunidades autónomas. Me dice que he aceptado el caos. Para nada he aceptado el caos. Acepto la realidad, y acepto la realidad de que en determinados asuntos y en determinadas jurisdicciones y, fundamentalmente, en la jurisdicción contencioso-administrativa, no estamos nada contentos de cuál es el parón que existe en estos momentos o de cuál es el número de asuntos pendientes. Pero hablar del caos yo creo que es --y perdóneseme la expresión-- una irresponsabilidad.
La introducción del procedimiento abreviado ha aligerado la jurisdicción penal en este país, y no hay más que ir, por ejemplo --por estar más cerca-- a los juzgados de Madrid y ver lo que tarda en estos momentos un procedimiento penal-tipo o ver cómo han funcionado los juicios rápidos en Sevilla y Barcelona. ¿Cómo se puede decir que hoy es lo mismo que hace diez años o que hace tres años? Nada tiene que ver esta realidad con aquélla, siempre y cuando estemos hablando en términos de responsabilidad. Ahora, si se nos dice si estamos contentos, hemos de decir que, por supuesto, no lo estamos. El representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya vuelve a hacer hincapié en que había que haber hecho una dotación para el jurado y para los juzgados de lo contencioso- administrativo. Y yo me vuelvo a preguntar: ¿qué jurado? ¿Va a ser un jurado que va a tener competencia para cien asuntos al año, para mil, para doscientos o para dieciocho? Porque si es verdad que solamente los va a haber para esos tres tipos de asuntos de que se habla, funcionarios en el servicio

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de sus funciones, jueces y magistrados, y no prevaricación, y delitos de opinión, a lo mejor, con 25 asuntos al año llega, y para eso es necesaria muy poca dotación presupuestaria. El Ministro se ha comprometido a tener aquí este año la Ley del jurado; pero el Ministro no se puede comprometer a que se ponga en marcha, porque para ello necesita los apoyos parlamentarios necesarios para ser aprobado, y una vez que se tengan y que se modifiquen los proyectos, que se sepa qué jurado queremos y tenemos, en ese momento podemos, responsablemente, hablar de 200 millones, de 700 o de 2.000. Voluntad de ponerlo en marcha el Grupo Socialista y el Gobierno la tienen toda, lo ha incluido en su programa electoral, lo ha defendido en sus propuestas el Ministro de Justicia, pero lo que no sabemos aún es qué tipo de jurado va a ser. Hay estudios. ¿Que podrían estar más avanzados? Es posible que pudieran estar más avanzados. Todo se puede hacer más rápido, pero, realmente, el Ministerio, para poner en marcha una institución tan compleja como la del jurado, no tiene en estos momentos aún todos los elementos de juicio suficientes para saber cuál es la más acorde con la realidad española. Decir al jurado que sí porque sí no deja de ser una especie de voluntarismo, probablemente aparte desaconsejado, porque en la experiencia del Derecho comparado, el jurado ha sufrido, sufre y sufrirá muchas modificaciones que hacen necesario que lo pensemos muy bien entre todos, porque en pocas cosas está más abierto en este momento el Gobierno que en hacer un pacto de Estado y llegar a un jurado consensuado, sabiendo que hay competencias, y que no sirva para paralizar la justicia; un jurado que responda realmente a una superlegitimación de la justicia y a una participación de los ciudadanos en la administración de la misma. Pero, en estos momentos, establecer dotaciones presupuestarias si no sabemos aún qué competencias va a tener, creo que no tendría sentido.
Y con los juzgados de lo contencioso-administrativo, cuyos proyectos o estudios prelegislativos sí están más avanzados, ocurre lo mismo. No sabemos aún qué competencias van a tener; eso hay que dilucidarlo en esta Cámara. ¿Qué diferencia existe entre que podamos darles competencias, por ejemplo, en materia urbanística o de control de la Administración local o no? Cambia rotundamente. ¿Es la primera instancia para todos los asuntos contencioso-administrativos o no? Todo eso hay que decidirlo y, en su momento, por tanto, dotarlo presupuestariamente.
Por lo que respecta a los órganos judiciales de Cartagena y Murcia, tengo que contestarle lo mismo que le voy a contestar al señor González Lizondo. En este momento no se ha creído oportuno; no quiere decir que no estén mal, no quiere decir que no sean necesarios, pero nos encontramos en una situación económica en que tenemos que utilizar recursos escasos y, dentro de los recursos escasos, tenemos que escoger allí donde hayan de ir esos recursos, y en este momento así le ha parecido al encargado de la ejecución, que es el Ministerio de Justicia, que es el que tiene la obligación de ejecutar todas las prioridades establecidas en el programa de tribunales de justicia y del Ministerio Fiscal, en las que parece que no han entrado porque hay otras más importantes, lo que no quiere decir que no sean necesarias.
Por lo que se refiere al proyecto que llama de macrocárceles - -nosotros creemos que es la cárcel adecuada--, se discutió en esta Cámara y se aprobó en su momento un plan de amortización y creación de centros penitenciarios. No se está cumpliendo, es cierto, el plan de amortización, o no se está cumpliendo en los tiempos previstos, pero no se cumple en los tiempos previstos y SS. SS. saben perfectamente por qué. En muchos casos, porque hay oposiciones municipales, y es posible que alguna, además, pueda ser fundada; pero esa oposición municipal que todos los días vemos en los medios de comunicación ha impedido, de hecho, el avance de la construcción y, por tanto, la amortización de los centros penitenciarios. Creemos que todo se puede volver a discutir, todo es repensable, pero en este momento lo aprobado, en virtud de lo cual se está haciendo el presupuesto, son estas cárceles, no macrocárceles, de aproximadamente 1.050 personas.
Por lo que se refiere a la intervención del representante del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), he de señalarle que aparece recogido el problema del idioma en el Programa 142.C --y, si me permite, se lo voy a decir expresamente--, que se refiere a formación del personal de la Administración de Justicia y que incluye en la memoria, entre otros, los siguientes objetivos -- y leo textualmente--: «La selección, formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración de Justicia. Formación de policía judicial.
Cursos especiales.» El número de cursos especiales previsto para 1994 es de 180, y en la programación de estos cursos especiales se ha tenido en cuenta la de cursos de idiomas, entre los que se encuentran los idiomas oficiales en las comunidades autónomas. Por tanto, las dotaciones presupuestarias recogidas en este epígrafe tienen como finalidad única la formación de funcionarios en conexión con los cursos programados.
El señor Lizondo me habla, demagógicamente, de que «sólo» son 1.060 millones. Le podría leer, enmienda por enmienda, cómo se llega a la suma de esos 1.060 millones, porque el Ministerio de Justicia y el Gobierno, en estos momentos se preocupan mucho y les duele la situación de aquellos centros y de aquellos juzgados que no tienen todos los medios o todo el mobiliario necesario --las sillas a que se refería el señor González Lizondo--. Lo que le estaba tratando de decir al señor González Lizondo --no sé si me escucha en este momento-- es que la legislación vigente permite alterar

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--me refiero al señor González Lizondo-- durante el ejercicio el anexo para efectuar las obras necesarias, y dentro de estas obras, están las de mil y pico órganos unipersonales existentes en España, los cuales tienen todos la misma importancia para el Gobierno, exactamente todos la misma. El problema es que existen unas prioridades, y el señor González Lizondo no sólo tiene que conocer los juzgados de la Comunidad Valenciana; sino también es bueno que conozca los del resto de España, y ahí, dentro de la comparación, el Ministerio, que es el encargado de la ejecución del plan de los tribunales de justicia y Ministerio Fiscal, ha optado coyunturalmente porque es más prioritario en estos momentos arreglar otros. Si llegase al convencimiento contrario (y el señor González Lizondo mucho puede hacer en ello) de que, efectivamente, la prioridad estuviera en alguno de los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana, no le quepa la menor duda de que así se haría. Lo que no se puede pretender, por la solidaridad que tenemos que tener con todos los órganos jurisdiccionales, es decir que sólo están mal los de la Comunidad Valenciana: los de Manises, Castellón, Valencia, Alicante, Benidorm, Alcira, Vinaroz, Masamagrell, Catarroja, Moncada, Alcoy, Elche, Elda, Orihuela, Nules, Segorbe, San Vicente de Raspeig, Torrente, Carlet, Ibi y Picasent. Es probable que muchos tengan necesidades, pero no prioritariamente más necesidad que algunos otros.
Yo creo que he contestado, señor Presidente, a todas las enmiendas planteadas.


El señor PRESIDENTE: Con su intervención terminan las correspondientes al Ministerio de Justicia.
Vamos a proceder a la votación de las cuestiones que están pedientes de votar hasta este momento. Después de las votaciones habidas en la tarde de ayer, nos queda pendiente, en el articulado, el título VIII, las disposiciones adicionales, transitorias y finales y los anexos, y todas las secciones hasta la 15, Economía y Hacienda, pero se han votado ya las secciones 6 y 7. La Mesa tiene una especial preocupación porque las votaciones se ajusten a las deliberaciones tal y como tuvieron lugar singularmente en la última parte de la sesión de ayer por la tarde, puesto que hay determinadas disposiciones finales, transitorias, adicionales, que, de acuerdo con la posición de los grupos, han merecido una inicial aceptación por parte del Grupo socialista. Sobre todo en este punto, ruego a los representantes de todos los grupos, pero especialmente de los afectados y del Grupo Socialista, me indiquen la forma cómo tenemos que plantear esta votación.
Por tanto, votamos en primer lugar, título VIII. Enmiendas de Izquierda Unida al título VIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres, en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Popular al título VIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos ahora a votar el texto del dictamen del título VIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18; abstenciones, dos. (Pausa.--El señor Madero Jarabo se acerca a la Mesa e intercambia unas palabras con el Presidente.)

El señor PRESIDENTE: La Mesa, en primer lugar, va a someter el dictamen otra vez a votación, y si hubiera por parte de algún Diputado de algún Grupo alguna duda, que se nos plantee, pero desde el escaño.
Votamos el texto del dictamen correspondiente al título VIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar las disposiciones adicionales. En relación con las mismas rogaría a los grupos me indicaran cuáles de ellas deben, de acuerdo con su criterio, ser votadas por separado.
El señor Almunia tiene la palabra.


El señor ALMUNIA AMANN: Mi Grupo querría votación separada de la enmienda 1.350 de Izquierda Unida, a la disposición adicional primera, y recuerdo que ya se votó en la tarde de ayer la disposición adicional séptima, o al menos las enmiendas que había a esa disposición, que eran de supresión, y que había planteada una transacción, que tendremos que votar, en relación a tres enmiendas para la disposición adicional vigésima cuarta. Además hay una transacción de una disposición adicional nueva.


El señor PRESIDENTE: Los datos que operan en la Mesa coinciden con la posición del señor Almunia.
El señor Aguirre tiene la palabra.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, mi Grupo, para facilitar la votación de las transaccionales,

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solicita retirar la enmienda 402 y 487. Al mismo tiempo, recuerda que ayer ya comunicamos la retirada de la enmienda 396. En relación con votaciones separadas, solicitamos que en el momento de ponerse a votación las de Izquierda Unida, se voten de forma separada las enmiendas 1350, 1355, 1356, 1358, 1370, 1371, 1375, 1384 y 1385. No tenemos inconveniente en que la votación de este grupo de enmiendas se haga conjuntamente.
Sobre las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, solicitamos votación separada de las números 1227, 1228 y 1229. En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, solicitamos votación separada de las números 138, 207, 208, 209, 210 y 213.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Homs tiene la palabra.


El señor HOMS I FERRET: Para comunicar que la disposición adicional séptima tiene, como se ha dicho, nuestra enmienda número 237, que ya fue sometida a votación ayer y que quedó aprobada. Y en relación con las demás, recordamos a la Mesa que las números 238, 239 y 240 fueron ya retiradas en su momento y que queda pendiente la número 241, sobre la que aceptamos la transaccional que nos ha ofrecido el Grupo Socialista. Es la única enmienda viva entonces con la transaccional que aceptamos, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra observación? (Pausa.). Señor Homs, me indica el Letrado que, según los datos que operan en la Mesa, están vivas sus enmiendas números 244 y 245.


El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente, es verdad, me había referido solamente a las disposiciones y no a los anexos. Se retiraron ya la 242 y la 243 y quedan pendientes las números 244 y 245.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar las disposiciones adicionales y, dentro de ellas, las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a las disposiciones adicionales. Todas, menos aquellas enmiendas a las que ha hecho referencia el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, en la relación que he enumerado respecto de las enmiendas de Izquierda Unida, tengo que reconocer que he acumulado tanto adicionales como transitorias.


El señor PRESIDENTE: ¿Nos puede ilustrar sobre qué números corresponden a disposiciones adicionales?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: A adicionales corresponderían las números 1.350...


El señor PRESIDENTE: Perdón.
Este tema hace que la Presidencia proponga un sistema de votación distinto, que me parece puede facilitarnos a todos la tarea y ser de cierta economía.
Si les parece, someteríamos las enmiendas de todos y cada uno de los grupos al conjunto de disposiciones adicionales, finales, transitorias y anexos y en las enmiendas de cada uno de los grupos haríamos esas observaciones o separaciones que coinciden además con la idea que nos transmitía el señor Aguirre.
En este sentido diríamos que lo que sometemos en este momento a votación son las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al conjunto de las disposiciones adicionales, finales, transitorias y anexos, escepto aquellas a las que se ha referido el señor Aguirre.
¿De acuerdo, señor Ríos?

El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el Grupo Socialista ha pedido la votación separada de una enmienda concreta que tendría que votarse también aparte de las del Grupo Popular.


El señor ALMUNIA AMANN: Es la número 1.350.


El señor PRESIDENTE: Entonces, quiérese decir que sometemos a votación todas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, excepción hecha de las enumeradas por el señor Aguirre y de la que han citado ahora los señores Ríos y Almunia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas. ¿Por separado? (Asentimiento.) Votamos la enmienda número 1350, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas números 1355, 1356, 1358, 1370, 1371, 1375, 1384 y 1385, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


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El señor ALMUNIA AMANN: De las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular hay que separar las números 402 y 487, que tienen una transacción. (El señor Arias-Salgado Montalvo: Ya están retiradas.) Además, creo que todavía no se ha votado, y no lo he dicho antes, la enmienda número 428, al anexo III, para la que pediríamos votación separada.


El señor PRESIDENTE: No se votó ningún anexo.


El señor ALMUNIA AMANN: Entonces, votación separada de la enmienda número 428, del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, excepto las que ha retirado y que son motivo de transacción; la número 428, de conformidad con la petición del Grupo Socialista; y la 396, también retirada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 428, del Grupo Parlamentario Popular, a los anexos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Señor Zabalía, ¿se puede votar el conjunto de las enmiendas?

El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, por nuestra parte no hay ningún problema en votarlas conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo, muchas gracias.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) números 244 y 245, única y exclusivamente. ¿De acuerdo, señor Homs? (Asentimiento.)

El señor ALMUNIA AMANN: Se pueden votar conjuntamente estas dos enmiendas con otras dos socialistas, si quiere la Presidencia, porque son idénticas, las números 1087 y 1088.


El señor PRESIDENTE: Votamos conjuntamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, números 244 y 245; y las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 1087 y 1088.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Solicito votación separada de la enmienda número 241, del Grupo Catalán.


El señor PRESIDENTE: No está en votación ahora.
Señor González Lizondo, ¿cuál es su deseo?

El señor GONZALEZ LIZONDO: Está bien, señor Presidente.
Perdón.


El señor PRESIDENTE: Si el conjunto de los grupos así lo desea, votamos a favor de estas cuatro enmiendas. (Risas.) La Presidencia está a favor de someter a votación las cuatro enmiendas, si ningún grupo dice nada en contrario. (Pausa.) Sometemos a votación estas cuatro enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 18; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Socialista, excepto las dos que hemos votado recientemente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Mixto.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: En mi anterior intervención, solicité votación separada de las enmiendas números 138, 207, 208, 209, 210 y 213.


El señor PRESIDENTE: La Mesa somete a votación todas las enmiendas del Grupo Mixto, excepción hecha de las que ha reiterado el señor Aguirre.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Mixto, es decir, las que ha citado el señor Aguirre.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, excepto la número 1227, a la que hay un texto transaccional.


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El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Reiteramos la solicitud de votación separada de las enmiendas números 1228 y 1229.


El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, excepción hecha de las números 1227, 1228 y 1229.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 1228 y 1229, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda transaccional con la enmienda número 1227.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el texto transaccional en relación con la enmienda número 241.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Si los grupos no hacen observación en contrario, la Mesa sometería a votación el texto del informe, con las modificaciones a que hacen referencia las enmiendas aprobadas en su conjunto; es decir disposiciones adicionales, transitorias y finales y los anexos. ¿Les parece bien? (Asentimiento.) Así pues, lo votamos en su conjunto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados, por la colaboración que han prestado a la Mesa y a la Presidencia, más allá de nuestros propios errores, porque la votación que viene ahora es muy fácil.


El señor ALMUNIA AMANN: ¿No votamos las secciones?

El señor PRESIDENTE: Votamos las secciones; pero después de haber pasado la difícil asignatura de todo este conjunto de votaciones, a la Mesa le parece que las secciones son una asignatura más sencilla.


El señor ALMUNIA AMANN: No esperaba menos de la brillantez de la Presidencia, que lo superásemos con éxito.


El señor PRESIDENTE: Votamos la Sección 01, Casa de Su Majestad el Rey.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la Sección 02, Cortes Generales.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En la Sección 03, Tribunal de Cuentas, hay enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que sometemos a votación en su conjunto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la Sección 03, Tribunal de Cuentas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, tres; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la Sección 04, Tribunal Constitucional, no hay enmiendas, por lo que se somete a votación el texto de la Sección.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sección 05, Consejo de Estado. No hay enmiendas. Sometemos a votación el texto del informe.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Las Secciones 06 y 07 fueron votadas, como recordarán SS. SS., en la tarde de ayer.
A la Sección 08, Consejo General del Poder Judicial, no hay enmiendas. Por tanto, sometemos a votación el texto, de acuerdo con el informe de la Ponencia.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.


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El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular solicita votación separada, en el caso de que no hayan sido retiradas, de las enmiendas del PNV números 1147 y 1191.


El señor PRESIDENTE: ¿Y de ellas dos conjuntamente?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Separadas también.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, he creído entender al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, en el debate de la Sección 12, que, respecto a su enmienda 1191, se sumaban a la 246, de Convergència i Unió y a la 1090, del Grupo Socialista, cuya diferencia está en la cifra del crédito para el Consejo Federal del Movimiento Europeo. He creído entender --repito--, que el portavoz del Grupo Vasco estaba de acuerdo con la cifra de las enmiendas números 1090 y 246. Si ello fuese así, podríamos votar conjuntamente la enmienda número 246, de Convergència i Unió; la 1191, del Partido Nacionalista Vasco, en transacción; y la 1090, del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalia.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, quiero ratificar que, efectivamente, en relación con la enmienda 1191 hemos presentado a la Mesa una transaccional, que he defendido «in voce», reduciendo de 21 a 20 millones el presupuesto.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Para sumarnos a este acuerdo, el Grupo Popular solicita retirar la enmienda número 502.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular retira su enmienda 502, con lo que se votarían conjuntamente las enmiendas mencionadas, en los términos propuestos por el señor Almunia.


El señor HOMS Y FERRET: Señor Presidente, quería manifestar, en nombre de mi grupo, el agradecimiento a la iniciativa que toma el Grupo Popular con este gesto simbólico de retirada de su enmienda. Con ello se alcanza una simbología: que en esta Cámara, una enmienda que incumbe al Movimiento Europeo se hace con carácter unitario.
Creo que la causa del Movimiento Europeo siempre ha sido impulsada por un espíritu unitario entre las fuerzas políticas y agradezco el gesto que hace el Grupo Popular.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs, en nombre de la Mesa.
Sometemos a votación de la Comisión las enmiendas del Grupo Popular, excepto la 502, que ha sido retirada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, excepto las números 1191 y 1147.


El señor RIOS MARTINEZ: Perdón, señor Presidente.
¿La enmienda 1191 no se iba a votar junto a...


El señor PRESIDENTE: Tiene razón. Sometemos a votación únicamente la enmienda número 1147, del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 1090, del Grupo Socialista, conjuntamente con la 246, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la transaccional «in voce» a la 1191, que ha presentado el Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Creo que con estas votaciones hemos resuelto todos los problemas que tenían estas enmiendas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
No queda ninguna enmienda del Grupo Catalán a la Sección 12.
¿Es así, señor Homs? (Asentimiento.) Del Grupo Socialista tampoco queda por votar ninguna enmienda.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Queda la enmienda de la señora Rahola, que es la 1622.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 1622, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 37; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto de la Sección, de acuerdo con el informe de la Ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 13, Ministerio de Justicia. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.) Señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular solicita votación separada de las enmiendas del PNV números 1100, 1111 y 1112.
Asimismo, llegado el turno de votar las correspondientes a Izquierda Unida, solicitamos votación separada de las enmiendas números 1390, 1395, 1555 y 1557.


El señor ALMUNIA AMANN: De las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, querríamos votación separada de las enmiendas números 1187 y 1193, que estimamos son idénticas; creemos que es una única enmienda con dos numeraciones distintas.


El señor PRESIDENTE: Votación separada, pero las dos conjuntamente.


El señor ALMUNIA AMANN: Creemos que es la misma, que se ha repetido.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a la Sección 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, había una enmienda, que era la 247, pero fue retirada.


El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, separando, por un lado, la 1100, 1111 y 1112; y por otro lado, la 1187 y 1193. Sometemos, por tanto, a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1100, 1111 y 1112 del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1187 y 1193 del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a excepción de las enmiendas 1390, 1395, 1555 y 1557.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1390, 1395, 1555 y 1557 del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del informe de la Sección 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 14: Ministerio de Defensa. ¿Alguna propuesta para votaciones separadas? Ninguna.
Enmiendas del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del informe de la Sección 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 15: Ministerio de Economía y Hacienda. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, el Grupo Popular solicita votación por separado de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida 1431 y 1432.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular a la Sección 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1431 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1432 del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el texto del informe de la Sección 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Han terminado las votaciones correspondientes y prosiguen las deliberaciones de la Comisión de la Sección 16 correspondiente al Ministerio del Interior, a la cual tiene presentada enmienda el Grupo Parlamentario Vasco. En su nombre, tiene la palabra el señor Zabalia.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado cinco enmiendas a esta Sección... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Zabalia. (Pausa.) Prosiga, señor Zabalia.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Decía que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado cinco enmiendas a la Sección de Interior, número 16, que las da por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Dado lo impúdico de la hora, casi las tres de la tarde, sin ánimo alguno de desdeñar este trámite, voy a procurar seguir las indicaciones de la Presidencia en un esfuerzo de síntesis y sistematización para referirme a las 25 enmiendas que mi Grupo Parlamentario ha presentado a esta Sección 16, Ministerio del Interior, y que en su distribución formal son: la de totalidad a toda la Sección; de devolución también, al Programa 222.A, de seguridad ciudadana, al programa de seguridad vial y también al programa de lucha contra la droga; siete de supresión con carácter alternativo a estas de totalidad; 11 de modificación y cuatro de adición.
Por dar unas pinceladas breves respecto de la justificación que nos anima a esta enmienda de devolución, entendemos que, si bien el presupuesto del Ministerio del Interior es eminentemente de gastos, con un presupuesto no consolidado de 511.000 millones de pesetas y estando constreñido precisamente por los gastos de personal en un 81 por ciento, el ámbito de actuación a los efectos de la enmienda de nuestro Grupo se mueven en torno a un 19 por ciento. Entendemos que ese porcentaje es capital para una mejor consecución y conciliación entre objetivos y medios dentro de los distintos programas, sobre todo porque, entendiendo que la seguridad ciudadana es un elemento de la calidad de vida, eso no se compadece con la baja que ha habido en inversiones, por ejemplo, de casi 9.000 millones de

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pesetas en ese programa de seguridad ciudadana. Lo mismo podemos decir respecto de la seguridad vial, ya que, teniendo como tenemos la mayor tasa de siniestralidad de Europa, se utiliza una técnica que es contradictoria en sus propios términos conforme se formula en la memoria.
Se quiere insistir en la política preventiva o educativa para evitar los accidentes de tráfico y es lo cierto que luego, por las cifras que se reflejan en el Presupuesto, lo que emerge, lo que se subraya es una política represora, a base de multas, de campañas negativas, con ausencia total de programas educativos en todos los niveles, sobre todo teniendo en cuenta que la siniestralidad en materia de tráfico responde fundamentalmente, por encima de otras causas, al factor humano. Lo mismo podemos decir respecto del programa de lucha contra la droga.
Me voy a referir alternativamente a las enmiendas que, dentro del posibilismo, presentamos parcialmente a toda la Sección, a los créditos y dotaciones de la Sección. En ese sentido, voy a hacer ese esfuerzo de sistematización al que me refería antes. Entendemos técnicamente perverso --y a eso se dirigen cinco enmiendas de las presentadas por mi Grupo-- que se utilice el Presupuesto para eliminar gastos contraídos en ejercicios anteriores. Entendemos que, por ejemplo, una deuda telefónica antigua, histórica, de 10.000 millones de pesetas no puede ser introducida en los gastos corrientes consuntivos cuando lo que procedería sería habilitar o promover un proyecto de ley de crédito extraordinario con el que saldar esa deuda histórica. Así podemos decir también que no se compadece ni se explica cómo el Ministerio del Interior puede pagar una pensión a un funcionario o complementos de una pensión cuando eso correspondería, en todo caso, a clases pasivas, a la Seguridad Social.
Pasando al contenido político de nuestras enmiendas, debo decir que hemos formulado dos enmiendas a las partidas de gastos reservados, y no porque pongamos en duda el carácter y naturaleza de esos gastos. No queremos entrar a discutir ni traer a colación otros procedimientos de control como existen en otros parlamentos respecto de esas dotaciones de gastos. Lo que sí nos parece mal es que haya una dispersión y diversidad de gestión de esos gastos reservados cuando debía ser un solo centro directivo el que los gestionase.
Por otra parte, proponemos la supresión de consignaciones destinadas a estudios y trabajos técnicos dentro de los gastos consuntivos y de las transferencias, porque entendemos que es excesivo. La verdad es que con las enmiendas de rebaja --y no hay contradicción con respecto a las enmiendas de totalidad que hemos formulado y a las que me he referido anteriormente- - de los distintos capítulos, sobre todo los capítulos 2 y 4, entendemos que se podría rebajar el presupuesto de esta Sección en más de 11.000 millones de pesetas. En ese sentido, habría que hacer mención a las que me he referido antes de 10.000 millones de pesetas de deuda histórica a la Compañía Telefónica. Por lo demás, pedimos alzas, evidentemente con su correspondiente minoración a los efectos de compensar en las dotaciones previstas para la detención de extranjeros pendientes de expulsión y, asimismo, para el trámite de reintegración de extranjeros a sus países de origen. Eso lo justifica la entrada masiva de extranjeros ilegales, de inmigrantes económicos y en razón al catálogo de compromisos que tenemos en materia internacional, fundamentalmente de ámbito europeo.
Por otra parte, entendemos que se deben recortar también ciertos gastos superfluos como los correspondientes al servicio 10, que es la Dirección de Relaciones Informativas del Ministerio del Interior, porque entendemos que en publicidad y en propaganda se gasta demasiado. Ese es, señor Presidente, en términos generales, el recorrido sumario que he hecho de la totalidad de las enmiendas, en un esfuerzo de síntesis y sistematización.
He omitido dar una parte de la cuota de mi tiempo a mi compañero de representación, don Neftalí Isasi, a los efectos de defender una sola enmienda muy concreta, la número 478.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Muy brevemente, además con la intención de cumplir esa brevedad.
Intervengo para defender la enmienda número 478, enmienda de adición a la Sección 16, de la Dirección General de la Guardia Civil, porque para este año presupuestario, para 1994, el Ministerio del Interior se ha olvidado de que dentro del mapa de España existe la Comunidad Autónoma de La Rioja y, por primera vez en diez años que hago algún seguimiento de los Presupuestos Generales del Estado, no se ha consignado una sola peseta dedicada a mejorar las infraestructuras en la Comunidad Autónoma de La Rioja, a pesar de las necesidades apremiantes que existen en los edificios, fundamentalmente los que acogen a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y más concretamente en la comarca de Santo Domingo de la Calzada, donde en los últimos meses, tanto el Ayuntamiento como la Dirección General de la Guardia Civil están llevando a cabo una serie de conversaciones para buscar terrenos, para construir una nueva casa cuartel de la Guardia Civil en aquella localidad, puesto que la que existe en la actualidad está prácticamente en semirruinas y sería imposible no ya la habitabilidad actual de la Guardia Civil, sino, de cara al futuro, en la nueva redistribución que tiene previsto hacer la Dirección General en aquella zona, sería imposible --digo-- acoger a los futuros números de la Guardia Civil para aquella zona. Por ello,

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y puesto que la propia Dirección General de la Guardia Civil ha planteado la necesidad de la construcción de esta casa cuartel, pero también ha planteado la carencia de presupuesto para llevar a cabo estas obras, es por lo que desde mi Grupo pretendemos que se consigne una partida presupuestaria indicativa de 50 millones de pesetas para iniciar los trámites de proyecto y primeras inversiones de esta nueva casa cuartel de la Guardia Civil en Santo Domingo de la Calzada.


El señor PRESIDENTE: Vamos a ver ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra en su nombre el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Para mantener, sin necesidad de defender --se explican por sí mismas--, las enmiendas números 1433, 1434, 1435 y 1436.
La enmienda de devolución número 1433 a la Sección 16, del Ministerio del Interior, es en función de la necesidad de una dotación presupuestaria más adecuada. La enmienda número 1434 es de adición a la Sección 16, para dar de alta 500 millones de pesetas que se darían de baja en la Sección 31, para acelerar la inversión por las necesidades actuales en la materia. La enmienda 1435 pretende dar de alta en la Sección 16 para procesos electorales 500 millones de pesetas, en concordancia con otras enmiendas que hemos defendido, y se dan de baja en la Sección 31, para la introducción del censo consular, como censo electoral de los españoles residentes en el extranjero. La enmienda 1436 a la Sección 16 es de adición, también se dan de alta 500 millones de pesetas dándolos de baja de la Sección 31 para acelerar la mejor dotación de las Fuerzas de Orden Público.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Mixto. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, me ha encargado el representante del Grupo Mixto que se den por defendidas sus enmiendas a esta Sección.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Contestaré para fijar la posición de mi Grupo, a las enmiendas que han sido defendidas y reservo para el Pleno, lógicamente, los comentarios que nos merezcan las que han sido dadas por defendidas simplemente.
Contestaré básicamente al representante del Grupo Popular, que se ha extendido algo más en la defensa de sus enmiendas. En primer lugar, es obvio decir --y no me voy a extender en este trámite y a estas horas-- que los argumentos en virtud de los cuales el representante del Grupo Popular ha defendido las enmiendas que implican devolución de la Sección o de parte de la Sección no cuentan con nuestro apoyo. A nosotros nos parece adecuada, defendemos y apoyamos la política del Ministerio del Interior. Estos presupuestos que envía el Gobierno reflejan los instrumentos económicos necesarios para seguir llevando adelante esa política en un contexto de austeridad que, a veces, el Grupo Popular estima que debía ser mayor. Nosotros creemos que es la adecuada a las circunstancias, dado que, en ese marco de austeridad presupuestaria que implica un crecimiento muy escaso del conjunto del presupuesto del Ministerio (es un aumento total consolidado del 2,2 por ciento sobre el presupuesto del año anterior), puede llevar a cabo los objetivos que plantea en la propia documentación presupuestaria.
Yendo al sentido de algunas de las enmiendas parciales --y me excusará si en alguna de ellas no he retenido la defensa que ha hecho el señor Baón-- me interesaba poner de manifiesto la incoherencia, bastante grande, que implica el gran hallazgo de los enmendantes del Grupo Popular a esta Sección cual es el decirle al Gobierno, como justificación de enmiendas de reducción de gasto para pagar compromisos del Ministerio del Interior con Telefónica, que no lo cargue al presupuesto ordinario y haga créditos extraordinarios. Todavía resuenan en los oídos de los componentes de esta Comisión de Presupuestos, y desde luego en los míos, los argumentos en tono elevado que nos suelen dirigir sus portavoces en la Comisión de Presupuestos cada vez que el Secretario de Estado de Hacienda o algún representante del Gobierno o de mi Grupo que apoya al Gobierno, explican cuál es la razón por la que el presupuesto inicial ha debido desviarse al alza con algunos créditos extraordinarios. Ustedes nos recuerdan siempre que los compromisos de cada ejercicio deben financiarse con el presupuesto corriente, que el presupuesto debe recuperar credibilidad --que ustedes estiman que ha perdido-- y que no puede ejecutarse un presupuesto con resultados muy distintos a los que aprobemos aquí inicialmente. Cuál no ha sido mi sorpresa al encontrar como argumentos para la reducción de determinados créditos de pago a Telefónica en esta Sección el que no los incluyamos en el presupuesto inicial y se financien con créditos extraordinarios. Curioso argumento que contradice los que suelen exponer sus portavoces que, aunque ahora están en otras obligaciones, créame que se lo recordaré porque va a ser interesante retenerlo para ulteriores debates sobre ejecución presupuestaria.
No estamos de acuerdo, no nos parece que sea una cuestión de fondo, sino más bien de forma presupuestaria, en la propuesta que hacen ustedes en otras enmiendas respecto a la necesidad de englobar en una única partida los gastos reservados. Nos parece que dada la naturaleza de esos gastos, que en muchas ocasiones

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requieren una utilización directa de los mismos por quien tiene autorización política para administrarlos, sería una extraordinaria traba burocrático-presupuestaria concentrarlos en una sola mano a efectos presupuestarios e impedir su utilización ágil a lo largo del ejercicio a aquellos que tienen autorización política para hacerlo. Por tanto, a esa cuestión formal que ustedes sugieren de integrar todos los gastos reservados en una única partida sin discutir la cuantía, les respondemos con argumentos prácticos, con argumentos de la necesaria agilidad en su utilización que aconsejan mantener su ubicación tal como lo incluye el proyecto del Gobierno y no como lo proponen ustedes en sus enmiendas.
No estamos de acuerdo con algunas reducciones de gasto que ustedes proponen en ciertas partidas destinadas a transferencias. Supondría, por ejemplo, que las ayudas establecidas desde la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los sindicatos policiales o las cuotas que se deben pagar a organismos internacionales quedarían perjudicadas por la minoración que ustedes proponen, sin que aleguen otra razón más que que les cuadren, mal que bien, algunas cuentas para justificar que reducirían gastos en algunas partes de este presupuesto, pero no alegan ninguna razón de fondo en virtud de la cual esos gastos debieran reducirse, y por lo tanto, no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con enmiendas como la 574, donde las reducciones afectarían a las transferencias dirigidas al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil; o como la 577, a partidas de publicidad y propaganda, que impedirían al Ministerio del Interior desarrollar, con unos medios que no son abundantes sino escasos ya en el proyecto del Gobierno, campañas de autoprotección personal, divulgación de materias de protección civil, para las cuales un Ministerio como el del Interior necesita estos créditos, que además no suponen un incremento sobre los ejercicios anteriores, porque en muchos de los casos aquellas enmiendas de reducción que ustedes plantean giran sobre créditos iniciales propuestos en el proyecto que ya vienen reducidos respecto al presupuesto inicial del año 1993. Por lo tanto, no apoyamos ninguna de esas enmiendas (la 573, la 574, la 577, la 579, la 582, la 589; probablemente me dejo algunas de ellas) que suponen reducción de transferencias en las diferentes partidas del proyecto del Ministerio del Interior. En suma, señor Baón, que no les apoyamos ninguna de las enmiendas que han planteado. Al otro señor representante del Grupo Popular, al parecer ejerciendo como Diputado por La Rioja para la defensa de su enmienda, debo decirle que efectivamente mi Grupo sabe que hay gestiones por parte del ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para proporcionar unos terrenos que puedan servir al Ministerio del Interior para construir una nueva casa-cuartel de la Guardia Civil, pero desgraciadamente esos esfuerzos, que sin duda van a seguirse realizando a lo largo del ejercicio de 1994, no pueden encontrar, dentro de las prioridades del Ministerio del Interior y de los recursos escasos que tiene, que ustedes comprenden igual que nosotros al menos, no pueden encontrar --digo-- el correspondiente crédito de inversión, lo cual no implica que el Ministerio del Interior no tenga previsto realizar esa inversión, pero será --esperemos--, en los presupuestos del próximo ejercicio, del ejercicio de 1995.
En todo caso seguimos apoyando las gestiones para que una vez que el crédito esté previsto en el ejercicio de 1995, se pueda realizar a la mayor brevedad la inversión, porque en el fondo de la misma estamos de acuerdo. En cuanto a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lógicamente no apoyamos la 1433, de devolución, por las razones que ya he dicho antes al responder al representante del Grupo Popular.
En cuanto a la enmienda 1435, relativa al censo de residentes ausentes, ha sido una materia que hemos debatido esta mañana, señor Frutos, en la Sección 12. El portavoz de mi Grupo, señor Martínez, en la Sección 12 ha expresado el acuerdo político de nuestro Grupo en intensificar los esfuerzos. Creemos que se deben hacer, administrativamente hablando --por lo tanto en términos presupuestarios también--, desde el Presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde la Sección 12, y ya en ese debate de esta misma mañana nuestro portavoz ha expresado una opinión positiva, sin que por el momento nos haya permitido expresar un apoyo a la enmienda concreta, pero estamos en esa idea de la necesidad de allegar los recursos necesarios para mejorar, hasta los niveles de calidad que todos deseamos, el censo de los españoles que viven en el extranjero y que deben poder ejercer sus derechos políticos en España, como nuestra Constitución les garantiza.
Por lo demás, las otras enmiendas que usted ha citado prácticamente sin entrar en los argumentos no las apoyamos, pero reservamos los argumentos, ustedes y nosotros, para el debate en Pleno.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Por mi parte no tengo más que añadir a lo que ya he reflejado en la justificación de mis enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Intervengo muy brevemente para, en primer lugar, ponderar la habilidad de este portavoz ocasional del Grupo Socialista, que, aunque no es tema de su especialidad, ha sabido eludir los

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grandes temas que esconde el presupuesto de la Sección de Interior y en este sentido ha actuado como un auténtico frontón, como no era menos de esperar.
Me voy a referir a tres aspectos fundamentales que ha subrayado en su réplica. Nos tacha a los representantes del Grupo Popular de incoherencia por cuanto que defendemos que deudas históricas se instrumenten en créditos extraordinarios cuando en otros sitios no es así. Yo quiero entender que si alguien de mi Grupo sostiene eso está errado --por supuesto sin hache--, porque eso contraviene toda técnica presupuestaria, porque pervierte el presupuesto, ya que, entre otras cosas, convierte en un arcano a un presupuesto que tiene que ser diáfano y que no lo es; en ese sentido encontramos muchas lagunas. La deuda histórica de Telefónica de 10.000 millones de pesetas está justificada y, con independencia de que pueda haber un debate positivo o negativo sobre la materia, debe venir instrumentada en un crédito extraordinario y no metiéndose de rondón en la factura de teléfonos, dando además la falsa impresión de que a los funcionarios del Ministerio se les paga en especie y natura con caño abierto para que puedan llamar a sus casas o a sus novias por teléfono, sobre todo porque no se justifica eso para el cumplimiento de los servicios.
Respecto a los gastos reservados, yo no puedo poner en duda -- y entiendo que S. S. tampoco-- que ha habido ministros eficaces en anteriores gobiernos que tenían concentrados los gastos reservados en un solo centro directivo y no con la dispersión actual, con lo que, evidentemente, nosotros entendemos que la opacidad de este tipo de gastos se hace tanto mayor. Y, sin poner en duda --digo-- la finalidad de los gastos reservados, su carácter y naturaleza, entendemos que debiera ser la máxima autoridad, como ocurre en otros países, quien los gestionase por el procedimiento --digo--que han utilizado ministros anteriores del ramo, y como asimismo se hace en otros países.
Respecto de si damos recortes excesivos que pueden alterar el buen funcionamiento de los servicios, yo entiendo, señor Almunia, que en modo alguno. Es decir, por ejemplo, si en publicidad y propaganda nosotros pedimos una importante rebaja, es en la inteligencia de que hay unos medios de comunicación --porque a eso parecía responder su contestación de que se destinaba a campañas de difusión en medios de información-- de carácter estatal, público, como puede ser Radiotelevisión Española, que sí puede ejercer esa función, ese servicio público en la difusión. Si no se hace, dará pie a que representantes de la oposición cuestionen ese tipo de gastos. Por no hacer más larga esta intervención, doy por puntualizada la respuesta del señor Almunia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Muy brevemente quería replicar al señor Almunia y decirle que, efectivamente, intervengo como Diputado español elegido en la circunscripción de La Rioja y que tiene a gala conocerse los problemas puntuales de su propia circunscripción, y por ello me creo en la obligación de traerlos a esta Cámara para intentar subsanar los errores y las carencias cometidas por el Gobierno y el Grupo Socialista.
Lo que usted ha manifestado respecto de esta enmienda de adición es una promesa más. Está de acuerdo, ¡cómo no!, si hasta su propio Grupo en el ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada está manteniendo esas conversaciones. La propia Dirección General --insisto-- ha reconocido la necesidad de la construcción de aquella casa-cuartel, pero pone la única pega de la falta de consignación presupuestaria. Por ello, con una cantidad de 50 millones de pesetas detraída del presupuesto de la Sección 31, de esos casi 35.000 millones de pesetas que en ella se consignan, bien podría el Grupo Socialista ofrecer un gesto de buena voluntad y ser creíble en esa intención de que se va a hacer para el año 1995. Estamos acostumbrados, nos ha pasado ya también con la casa-cuartel de la Guardia Civil de Haro, para la que venimos intentando una consignación presupuestaria todos los ejercicios, pero ustedes no están por la labor, a pesar de que altos cargos de la Dirección General de la Guardia Civil han invitado a algunos parlamentarios a que vayamos a reconocer aquella casa-cuartel, para ver cómo están viviendo los guardias civiles, en la situación de inhabitabilidad más absoluta. Por eso, obras son amores, señor Almunia, y vamos a atenernos a lo que estamos discutiendo en estos momentos, el presupuesto general para 1994, y ya veremos en el de 1995 lo que son ustedes capaces de consignar. <ð 

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Una brevísima contestación a los dos representantes del Grupo Popular.
Empezando por la última intervención, la del señor Isasi, reconozca usted conmigo (y a mí además me parece muy bien que todos los Diputados nos ocupemos de los problemas de nuestra circunscripción) que al hablar de presupuestos nos encontramos con el límite de los recursos, y todos lo sabemos. Una propuesta de enmienda de este tipo, acompañada por una baja en la misma sección o en el anexo de inversiones en otro proyecto de inversión que no se considere tan prioritario, sea de la misma circunscripción o de otra dentro del territorio nacional, reconózcame, señor Diputado, que tiene mucha más credibilidad que no acudir a la Sección 31, sección que ustedes en particular, como el Grupo que ha hecho el mayor número de enmiendas, a pesar de su discurso de austeridad presupuestaria intensa que nos ofrecen como alternativa al presupuesto

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de quienes gobiernan este país, han dejado exhausta veinte veces a lo largo de sus enmiendas. Reconózcame que para considerar algo con credibilidad política como auténticamente prioritario por el conjunto de su Grupo, debieran decir qué inversión del Ministerio del Interior se debiera dejar de hacer y en dónde, si ésta se juzga más prioritaria.
El Ministerio del Interior sabe que hay que hacer esa inversión. Ha alentado a que el ayuntamiento empiece los trabajos necesarios para que haya suelo disponible para realizar sobre él esa inversión, y ese es un tiempo que se lleva ganado. Ahora, nadie mejor que el Ministerio del Interior, y en particular la Dirección General de la Guardia Civil, para saber que si no ha incluido aquí el crédito para el año 1994 de la casa-cuartel de Santo Domingo de la Calzada es porque, probablemente para desgracia de todos nosotros, todavía hay otras inversiones que la Dirección General de la Guardia Civil juzga más prioritarias que ésa. Y, si no, le ofrezco la posibilidad de decirme cuál considera usted menos prioritaria que ésta dentro de este presupuesto para estudiar una posible sustitución de un proyecto por otro; no incluir un proyecto y sacarlo de la nada. En cuanto al señor Baón, no eludo los grandes temas; creo que los hemos abordado usted y yo al mismo nivel. Probablemente se aborden más en el Pleno. A mí me gusta el frontón, pero no lo ejerzo en términos parlamentarios. Me gusta no ya como practicante sino como asistente de vez en cuando el deporte de mi tierra, aunque no sea mi circunscripción; pero ése no es el debate que nos trae aquí. Yo sí le quiero decir que comunicaré con mucho gusto a los portavoces presupuestarios de su Grupo que usted considera errado lo que ellos defienden, simplemente para información interna, ya que no están en este momento presentes muchos de ellos, aunque sí el señor Aguirre, que ha tomado buena nota.
Le insisto en que el tema de los gastos reservados no me parece ninguna cuestión de fondo. Formalmente parece que es mejor tenerlos en los tres centros directivos que los utilizan, en vez de concentrarlos en uno solo, por la agilidad en la disposición de los mismos, dentro del cumplimiento de la ley que los ampara. Y sobre las campañas en medios de comunicación, ya que usted las ha citado, siento no compartir su opinión. Es curioso que el mismo Grupo que trata de desprestigiar Televisión Española y de privatizar por lo menos una de las dos cadenas de Televisión Española le quiera encargar única y exclusivamente a Televisión Española tareas que todos los medios de comunicación, en su función de servicio público, deben hacer, hacen y van a seguir haciendo, con nosotros, por mucho tiempo, y con los que vengan.


El señor PRESIDENTE: Termina con su intervención el debate correspondiente a la Sección 16, Ministerio del Interior. Se suspende la sesión hasta las cuatro menos cuarto de la tarde.


Eran las tres y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las enmiendas presentadas a la Sección 17, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Popular y en su nombre el señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Voy a comenzar mi intervención diciendo los que vamos a intervenir del Grupo Popular.
Las enmiendas 590 a 736, que serían las más generales, exceptuadas las 617, 618 y 620, serán defendidas por mí mismo y por el señor Camisón. El resto de las enmiendas serán defendidas por los señores Martínez Villaseñor, Isasi, Puche, Hernando, Arqueros, doña Teófila Martínez, doña Luisa Fernanda Rudi y señores Villalobos, Carreño y Celdrán.


El señor PRESIDENTE: Señor Posada, de acuerdo, es la costumbre que hemos tenido en la Comisión. Rogaría, más que a S. S. y a don Felipe Camisón, al resto de los enmendantes, que defenderán enmiendas de carácter local, que usaran de su tiempo, que no sé cuál es, en todo caso corto, y que lo hicieran con discreción.


El señor POSADA MORENO: Estoy convencido, señor Presidente, de que todos acatarán su sugerencia y serán cortos y concretos.


El señor PRESIDENTE: No estoy tan seguro.


El señor POSADA MORENO: Estoy seguro que el señor Camisón también será lo más concreto posible.
Las enmiendas que yo defiendo son de dos tipos, las primeras supondrán una baja y algunas concretas un incremento. Las enmiendas que piden una baja, en primer lugar, de la 591 a 614, afectan al Capítulo II. La idea global que preside en todas ellas es que en un presupuesto austero, como debe ser éste, la contratación de estudios y trabajos del Capítulo II debe llevarse a cabo en menor medida. Esos trabajos pueden y deben encargarse a los funcionarios o al personal dependiente del Ministerio. Asimismo, creemos, y son las enmiendas de la 629 a 637 bis, que hay estudios y proyectos que se encargan fuera del departamento y no debiera ser así. Eso no obsta para que algunos de ellos en algún caso concreto puedan ser encargados fuera, pero no como norma general. Las bajas que proponemos serían del orden de los 4.000 millones de pesetas.


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Las enmiendas 698 a 709, en los programas de protección y mejora del medio ambiente e infraestructura urbana de saneamiento de calidad del agua, suponen unos 350 millones y se refieren a conceptos tales como otras remuneraciones, que se rebajan (es un concepto indeterminado y que no conviene a un presupuesto que quiere ser claro y transparente), estudios y trabajos técnicos y renovación de mobiliarios y enseres y acondicionamiento de despachos. Creemos que son partidas que, siendo necesarias, pueden disminuirse en un momento de austeridad.
En cuanto a las enmiendas que suponen un incremento, recalcaré aquellas que nos parecen más importantes y que no son las de mayor cuantía, ni mucho menos, pero sí son las que tienen un carácter, diría, trascendental porque hacen referencia a políticas concretas que nosotros consideramos de suma importancia.
Así, la enmienda 615, con un incremento de 200 millones, va dirigida precisamente a cumplir el acuerdo firmado en 1992 por el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Allí se propuso hacer una autovía León- Burgos en un 80 por ciento sufragada por la Comunidad y un 20 por ciento por la Administración central. Pues bien, hay presupuestados del orden de 500 a 1.000 millones en el presupuesto de Castilla y León para esta autovía.
Consideramos muy importantes esos 200 millones porque indican, sobre todo, que se cumple un acuerdo en un momento en que nuevamente se van a plantear a las comunidades autónomas actuaciones muy trascendentales del plan director de infraestructuras y es preciso que haya una confianza de las comunidades autónomas en que los acuerdos que se firman se cumplan.
De ese mismo tenor, aunque no se trata de un cumplimiento de acuerdo, pues fueron sólo conversaciones, es la enmienda 616, por un importe de 500 millones, para la autovía Valladolid- Soria, fundamental para Castilla y León. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.) Es muy importante señalar que el Plan General de Carreteras 1984/1991 se da por cumplido en este año, con dos de retraso, con un coste que ha sido el doble del que se preveía en el momento en que se tuvo idea exacta de los proyectos y de las obras, pero se termina con el 90 por ciento tan sólo de realización.
Las enmiendas del Grupo Popular 621, 622, 623 y 624 van dirigidas precisamente a que se contrate lo que ha quedado pendiente de ese plan 1984/1991, que en el año 1993 ni siquiera se contempla para hacerlo en 1994 y siguientes. Así, en autovías son 2.000 millones, 4.000 millones en el plan de accesos a las grandes ciudades, que se une al plan 1990-1993, que tampoco está ejecutado; para acondicionamientos, 2.200 millones, y para mejora y reparación de la plataforma y del firme, 5.000 millones.
La enmienda 625, que supone 6.000 millones, se refiere a los tramos de autovía incluidos en el plan de desarrollo regional 1989/1993, que no aparecen en el presupuesto de 1994 y que, obviamente, no han sido realizados ni contratados, a pesar de figurar en dicho plan.
La 626 vuelve a ser otra de esas enmiendas que yo decía que tienen para nosotros trascendental importancia, aunque no es de gran magnitud financiera. Se piden 100 millones para los estudios precisos para la construcción de la autopista de peaje Madrid-Tudela. Esta cantidad tiene un carácter simbólico acerca de lo que nosotros pensamos que es indispensable de cara al Plan Director de Infraestructuras de una participación mayor del capital privado en estas actuaciones. Por eso consideramos que esos cien millones son una demostración de que por parte del Ministerio de Obras Públicas, por parte del Gobierno y del Grupo que lo sustenta hay una voluntad clara de incorporar el capital privado al Plan Director de Infraestructuras.
La enmienda 627, que es de 4.000 millones para el Capítulo VII y dentro del programa de vivienda 431 A, supone una transferencia de capital que se hace, habiendo bajas en una serie de superproyectos, porque consideramos que hay que compensar el recorte presupuestario del programa de vivienda, que en julio de este año sufrió un recorte de 10.709 millones.
Se trata de compensar de alguna forma un plan de vivienda absolutamente necesario, que empieza a funcionar y que necesita de los fondos adecuados.
La enmienda 628, que hace referencia a obras hidráulicas, supone un incremento de 5.000 millones y está basada en la insuficiencia absoluta de recursos que se observa para llevar a cabo el plan 1993-1994, plan puente aprobado por el Gobierno en abril de 1993, que no conocen la Cámara ni la Comisión, pero que, sin embargo, de su lectura, tal como lo aprobó el Consejo de Ministros, se desprende que hay una serie de presas, algunas de ellas por valor de cinco y siete mil millones, que están sin dotación para el año 1994 o con dotaciones de cinco o de siete millones de pesetas. Esto es algo absolutamente insuficiente.
Por otra parte, consideramos que esa dotación iría bien encaminada a hacer obras de reparación, a través de las confederaciones, en conducciones de regadío, en redes de abastecimiento, para conseguir ese ahorro de agua. Esa es la misma idea que hay en la enmienda número 658, que vuelve a ser otra de las que considero importantes por su trascendencia política más que por su valor actual, que es de 80 millones de pesetas para un plan de ahorro del agua.
Enfrentados como estamos a una situación hidráulica en la que es posible que en el futuro sean necesarias grandes presas y grandes trasvases de cuenca, sólo podrá afrontarse si previamente se ha hecho un ahorro de agua de tal categoría que pueda justificar algún trasvase de esas características. Por ello consideramos que la política de pequeñas obras hidráulicas y la política

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de ahorro de agua mediante un plan nacional son de extrema importancia, aunque no lo sean financieramente.
Las enmiendas números 656 y 657 van unidas. Mediante la número 657 se disminuyen 1.000 millones, que se aumentan mediante la 656 en el tratamiento de aguas residuales. Ciertamente, para hacer un plan de saneamiento no es que haya que contar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es que tienen competencia exclusiva los ayuntamientos, auxiliados por comunidades autónomas, para esas actuaciones.
Ahora bien, dadas las directivas tan precisas y al mismo tiempo tan exigentes que desde la Comunidad Económica Europea se imponen para la depuración de las aguas, es absolutamente necesario el apoyo de la Administración central mediante convenios para que ese plan de saneamiento se lleve a cabo.
Aunque por competencia le dediquen fondos ayuntamientos y comunidades autónomas, sin el auxilio de la Administración central será imposible llevar a cabo ese plan de saneamiento.
Finalmente, la enmienda número 710, también importante, se refiere a 150 millones de aumento para transferencia de capital a corporaciones locales en el Plan de Residuos Industriales. Consideramos que, para que cualquier actuación en plantas de tratamiento de residuos tenga éxito, es preciso de alguna forma compensar a la corporación local que se haga cargo de esa actuación. Por ello esos 150 millones pueden ser la espoleta que permita que el Plan de Residuos Industriales, que ha ido fracasando año tras año, pueda ponerse en marcha en 1994.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Camisón tiene la palabra.


El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, por mi parte voy a defender una serie de enmiendas de la Sección 17 con argumentos muy semejantes a los que ha empleado mi compañero de Grupo el señor Posada, si bien en este caso referidas a materias de transporte y comunicaciones.
La primera es la 444, mediante la que intentamos la reanudación de las obras del Metro de Sevilla, y doy aquí por reiterados todos los argumentos que hemos empleado en años anteriores, puesto que se trata de una enmienda reiterativa por parte de nuestro Grupo.
Seguidamente, tenemos una serie de enmiendas que van de la 591 a la 614, ambas inclusive, relativas todas a un intento de que los estudios del Ministerio, que se refieren a transportes y comunicaciones, deben hacerse a través de los servicios técnicos del propio Departamento, ya que este Ministerio dispone de unos servicios magníficos en este sentido. Este criterio combinado de austeridad y eficacia es el que va a presidir gran parte de nuestras enmiendas, que son las que he citado en primer lugar y también las que van de la 629 a la 637 bis, ambas inclusive.
Mediante la enmienda número 638 pretendemos que se proceda a un estudio para intentar dar apoyo al fomento de la industria española en el sector de las comunicaciones.
La 638 bis y de la 639 a la 642, ambas inclusive, proponen una serie de disminuciones en razón al bajo rendimiento obtenido con los equipos actuales; por la nula justificación aportada en el propio proyecto de ley o que en las comparecencias ha sido imposible clarificar esta justificación.
De la 644 a la 655, ambas inclusive, y de la 650 a la 677, ambas inclusive, la 682 y de la 684 a 688, ambas inclusive, y la 692, tratan también de bajas por razones de austeridad, por disponer el Departamento, como he dicho, de excelentes técnicos; por los bajos rendimientos demostrados o por ausencia de justificación del proyecto o en las comparecencias posteriores.
La siguiente enmienda es la 693, que está orientada al acondicionamiento de trenes para el uso de minusválidos, enmienda, como es obvio, de un alto sentido social. Mediante la enmienda número 695 intentamos la devolución al Gobierno del programa 513 A, ya que estimamos que es inadmisible continuar a estas alturas sin un contrato-programa para Renfe mientras se funciona con la prórroga de los anteriores, aparte de las propias justificaciones que se dan en la presentación de la enmienda.
Con la enmienda número 696 intentamos la supresión del programa 513 B, y lo hacemos por sencilla coherencia con la enmienda anterior.
Con la enmienda número 697 intentamos que se inicie ya el estudio necesario para potenciar los corredores ferroviarios de FEVE a lo largo de la cornisa cantábrica.
Nuestras enmiendas de la 711 a la 720, ambas inclusive, se refieren a una reestructuración del Ministerio en cuanto a cambio de cargos, ya que estimamos, en líneas generales, que existe una gran proliferación de cargos políticos a nivel de director general que pueden ser sustituidos por otros más técnicos de un nivel inferior.
La enmienda 727, referida a la Secretaría General para el Servicio del Transporte, intenta incorporar al Capítulo I del servicio 30 los créditos para gasto de personal y con ello pretendemos dar cumplimiento a la Ley General Presupuestaria.
Justificación que también es válida para la siguiente enmienda, la 728, igualmente de la Secretaría General para la Infraestructura de Transporte, por la que proponemos incorporar al Capítulo I del servicio 37 los créditos para gastos de personal.
Termino con las enmiendas números 733, 734 y 735 en las que proponemos, por razones de austeridad

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un recorte del 2 por ciento en gasto de compras de bienes y servicios.
Esto es todo, señor Presidente, de momento.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación, tiene la palabra, por el mismo Grupo, el señor Martínez-Villaseñor.


El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para defender las enmiendas 617 y 620, que afectan a la marginada por los gobiernos socialistas provincia de Cuenca.
Mi intervención es reiterativa de peticiones formuladas año tras año por este Diputado, sin que hasta el presente haya logrado salvar el rodillo socialista, que sistemáticamente con su voto negativo ha impedido que se inicien unas obras que consideramos vitales todos los conquenses.
Los «Diarios de Sesiones» del Senado y del Congreso desde 1988 recogen mis intervenciones pidiendo lo que ahora tengo que repetir al defender la enmienda 617, por la que solicito una modesta cantidad para que en 1994 se inicien las obras de la autovía Tarancón-Cuenca-Caudete de las Fuentes, con la que se pueda pasar por Cuenca en autovía al viajar entre Madrid y Valencia.
No creo necesario hacer grandes alardes para justificar la necesidad de esta obra. Los señores Diputados socialistas de anteriores legislaturas ya saben que todos los años han votado en contra, no por falta de razones en mi petición, sino porque su mayoría absoluta les permitía consagrar con sus votos la sinrazón de los gobiernos socialistas, que nunca han querido afrontar una obra necesaria para unir Madrid con Valencia por la línea recta, que es pasando por Cuenca, y que supondría hacer justicia con mi provincia y al tiempo servir los intereses generales y, específicamente, los de Madrid y Valencia y ahorrar tiempo y dinero en todos los flujos de pasajeros y mercancías que discurren por ese eje vital en las comunicaciones por carretera en España.
A los señores Diputados que ya me han oído clamar por tan justa reivindicación, les pido disculpas, pero al haber diputados nuevos y el que en buena hora el pueblo español haya retirado la mayoría absoluta a los socialistas, me anima a insistir en mi petición, abrigando la esperanza de que este año si todos los demás Grupos Parlamentarios nos apoyan, como hicieron en años anteriores, se aprobaría esta enmienda con holgura.
Múltiples son las razones que nos asisten a los conquenses y que yo voy a resumir brevemente. Razones geográficas: Cuenca se encuentra en el centro de una línea recta que une Madrid con Valencia. Razones económicas: Sería una inversión de las más rentables para la economía nacional por el ahorro de tiempo y dinero que supondría a los usuarios de esta ruta, entre la primera y tercera de las ciudades españolas, y acercaría Madrid y todo el centro de España a su puerto natural, que es Valencia. Razones sociales y de solidaridad con la ciudad de Cuenca y con unas comarcas deprimidas, la Alcarria y la Serranía, que padecen un gravísimo subdesarrollo en el presente y que han sido condenadas a la desertización con el abandono a que las han sometido los gobiernos socialistas. Los propios servicios técnicos del Ministerio ya consideraron, cuando buscaban la mejor alternativa, que la mejor solución técnica y económica era precisamente el paso de la autovía por Cuenca.
Razones políticas: Consisten en corregir la monstruosa decisión del Gobierno socialista y su Grupo Parlamentario al apoyar en el I Plan de Carreteras un trazado para la autovía Madrid-Valencia con cerca de un 30 por ciento más de su kilometraje, que ha llevado a que aún no se haya terminado, pese a que hace dos años se acabó el plazo comprometido por el Gobierno, ni se sabe cuándo se terminará, y que ni cuando se termine será utilizada para el tráfico entre esas dos grandes ciudades. Por eso en el PDI y en los planes puente del señor Borrell ya se han tenido que buscar soluciones alternativas al despilfarro que supone este trazado esperpéntico y marginador de Cuenca.
Hay muchas más razones que por no agobiar a SS. SS. hago gracia de seguir enumerando. Pero no puedo silenciar las más de 20.000 razones que corresponden a otros tantos conquenses que se echaron a la calle en una pacífica manifestación para exigir al Gobierno la construcción de la autovía por Cuenca.
Tan razonable y lógica es la petición que se contemplaba ya su ejecución en un estudio elaborado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio en 1927, en el cual se planteaba la construcción de la primera autopista española, que sería la Madrid-Cuenca-Valencia, así como el estudio de grandes vías europeas elaborado por la ONU en 1950.
La tozudez socialista está contra las razones de los técnicos de su propio Gobierno, está contra los planteamientos que se han hecho desde las más altas instancias internacionales y nacionales y les lleva a seguir castigando y marginando a la provincia de Cuenca. Pero en tiempos más recientes el parche socialista que se recogía en el PDR 1989-1993, aprobado por el Gobierno, va a terminar su vigencia y cuando estamos discutiendo los Presupuestos de 1994 no se ha dotado ni de una sola peseta para iniciar las obras que en él se establecían, y lo que es más grave, en el PDI, que para los conquenses es el plan de incumplimientos, presentado ene veces por el Ministro Borrell en su costosa campaña de imagen, no se contempla la petición recogida en mi enmienda, pese a que el horizonte temporal sea hasta el año 2007.
Conclusión, mientras existan gobiernos socialistas,

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afortunadamente para los conquenses ya les queda poco tiempo (Risas.), Cuenca no verá hecha realidad tan necesaria obra, siguiendo la marginación a que nos tienen condenados. Ríase, señor Almunia, ríase, y ríanse los castello-manchegos aquí presentes, que los conquenses sabemos tomar nota de estas cosas y después devolvemos esos cumplidos.
Para que eso no sea así, pido el voto favorable de SS. SS. a esta enmienda. Si hoy no se aprueba resultará cierto lo que dicen los conquenses: sólo se hará la autovía por Cuenca cuando gobierne el Partido Popular. Espero que muy pronto. La enmienda 620 supone incluir una partida de 200 millones de pesetas en unos presupuestos en los que estamos hablando de más de veintiocho billones...


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Martínez-Villaseñor, le ruego que abrevie, y su sensatez lo comprenderá, en cuanto que quedan, creo, nueve compañeros de su Partido por intervenir. Si tenemos la misma cuantía de tiempo y luego las réplicas, esto se puede eternizar. Vaya a lo sustantivo y a los verbos; deje los adverbios y adjetivos e insinuaciones amenazantes y vaya a lo concreto.


El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Voy a seguir en el uso de la palabra, desde luego menos tiempo del que he tenido que estar esperando a que las señorías socialistas volviesen de comer para iniciar esta sesión con más de media hora de retraso sobre el horario previsto. Voy a utilizar muy pocos minutos.
Respecto al uso de las palabras, con toda la cortesía le digo al señor Presidente que son calificaciones propias de las que no me retracto y que creo que están fundadas; por tanto, mantengo todas las dichas. Si alguna más de las que puedan aparecer se considerase que no eran adecuadas, la réplica del Grupo Socialista me haría entrar en razón.
La enmienda 620 supone incluir una partida de 200 millones para la realización de los estudios e inicio de las obras de una promesa electoral socialista, consistente en poner en regadío 27.000 hectáreas en La Manchuela conquense. Como desde 1982 los gobiernos socialistas no habían invertido ni una peseta en infraestructuras para riegos en Cuenca, quisieron comprar los votos conquenses con la aprobación del Real Decreto 950/1989 (reparen sus señorías en que era año electoral), por el que se declaraban de interés general para la nación estos regadíos. Desde entonces todos los años se le olvidan al Gobierno los intereses generales por él declarados para la Nación, que fueron aprobados, por los resultados que estamos viendo, puramente en plan demagógico, y cuando estamos discutiendo los presupuestos de 1994 seguimos sin dotación para estos altos intereses generales.
Desde 1989, las aguas de los ríos y los pantanos conquenses siguen proporcionando sus aguas para otras provincias y regiones, mientras muchísimos habitantes de mi provincia sufren restricciones de agua para la población y las resecas y sedientas tierras de La Manchuela siguen sin agua, pero tiene el Real Decreto y las cínicas cartas de las autoridades prometiéndoles unos regadíos que ni siquiera contempla el demagógico PDI hasta más allá del próximo siglo.
Ya está bien de promesas incumplidas y de estafas electorales.
No les extrañe que pueda deducirse la oposición de la población conquense frente al expolio de la riqueza natural, que es el agua de los ríos y embalses conquenses, y la lógica reacción frente a un PDI que no nos da solución a este problema.
Señorías, aprueben esta modesta enmienda con la que compensarían en algún grado la inmemorial solidaridad que los conquenses realizan enviando sus aguas a otros territorios.
Termino mostrando mi más enérgica protesta por el veto injusto y arbitrario que ha aplicado el Gobierno a una enmienda, a la número 496, en la que no pedíamos ni una sola peseta. Sólo pedíamos que por los funcionarios del Ministerio se realizaran los estudios de todas las potencialidades de la línea férrea Madrid-Valencia, vía Cuenca. Con el rechazo del Gobierno queda claro una vez más que él quiere aislar a Cuenca en las infraestructuras terrestres tanto de autovía como de ferrocarril, con lo que sólo nos falta que nos declare territorio exento de inversiones en infraestructuras, con una disposición final en la que se declare Cuenca provincia inexistente. Con esa declaración o sin ella, si se mantiene el Partido Socialista en el Gobierno, lograrán que Cuenca deje de existir, la asfixiarán como la están asfixiando.
A la sensibilidad de los diputados apelo para que voten a favor de estas enmiendas, y aunque sólo fuese por paisanaje de los Diputados socialistas castellano-manchegos aquí presentes --y estoy seguro que los ausentes, en espíritu, lo apoyarían-- , me atrevo a pedirles que nos apoyen ante el atropello que su Gobierno quiere cometer un año más con la provincia de Cuenca.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Antes de dar la palabra al señor Isasi, en la línea de lo que antes he tenido que decir, interrumpiendo al señor Martínez-Villaseñor, voy a pedirles a los restantes intervinientes que se ciñan al tiempo máximo de tres minutos cada uno. Podrá parecerles poco, pero tres por nueve son 27. Por lo tanto, no cabe más. Limitaremos el tiempo también del resto de los intervinientes, porque es que, si no, probablemente no terminamos ni para la semana que viene, que tenemos el Pleno.
Por favor, señor Isasi, tiene usted la palabra.


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El señor ISASI GOMEZ: Prometo cumplir el tiempo de los prácticamente tres minutos que nos hacía mención hace un momento.
Intervengo para defender las enmiendas de adición --las números 479, 480 y 481--, referentes todas ellas a la Sección 17.
La enmienda número 479 corresponde al Servicio 09, de la Dirección General de la Vivienda y Arquitectura, y se refiere a consignar una partida presupuestaria de 50 millones de pesetas para la rehabilitación o restauración del claustro del convento de San Francisco, en Santo Domingo de la Calzada, edificio en semirruina, un edificio de interés arquitectónico muy importante al pie del camino de Santiago, del que existe la pretensión de convertirlo en museo permanente precisamente como motivo alegórico al Camino de Santiago. Puesto que en esta Sección y en este Servicio se consignan partidas presupuestarias para edificios similares a éste, es por lo que espero de sus señorías el apoyo a esta partida presupuestaria.
La enmienda número 480 se refiere ya a otro Servicio, al Servicio 17, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, y pretende la consignación de 100 millones de pesetas para la ampliación de un plan de regadíos del Najerilla en La Rioja e incorporar un término municipal que, seguramente por olvido de la Administración, ha quedado aislado en los proyectos del Gobierno. Por lo tanto, la única pretensión es subsanar ese hipotético error de la Administración para incorporar el término municipal al que hace referencia la enmienda aludida.
La enmienda número 481 --como verán seguramente, no voy a agotar ni siquiera los tres minutos-- se refiere al Servicio 38, de la Dirección General de Carreteras, y pretende una partida presupuestaria de 300 millones de pesetas, con el fin de complementar o incrementar la partida existente para la mejora de la carretera Nacional 120, desde Logroño a Burgos, y así, a través de esta carretera, que constituye el eje fundamental transversal de la península a lo largo del Valle del Ebro para continuar por el Camino de Santiago hasta Galicia, unir por autovía el Valle del Ebro con los grandes corredores nacionales de la Nacional I, hacia Madrid y hacia Europa, e incluso con la Nacional II, de Madrid, Zaragoza, Barcelona. Creemos que con solamente 100 kilómetros de autovía, desde Logroño a Burgos, tendríamos unido el Valle del Ebro con estos grandes corredores y con la cornisa Cantábrica y Galicia. Por tanto, entendemos que todas las actuaciones que se lleven a cabo a partir de estos momentos en esa carretera deben de estar enfocados al desdoblamiento de esa carretera, al desdoblamiento de esos 100 kilómetros para convertirlos en el futuro en autovía . Por lo tanto, solicito de sus señorías el voto favorable para estas tres enmiendas que acabo de hacer referencia.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias al interviniente, al señor Isasi, porque se ha ceñido, en efecto, a lo que esta Presidencia le había pedido.
Tiene a continuación la palabra el señor Puche, con el mismo ruego por parte de la Presidencia y supongo que su cumplimiento también.


El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Con la misma intención de mi compañero que acaba de intervenir, voy a ser lo suficientemente breve, pero no tengo más remedio que intervenir en este turno para defender ocho enmiendas, las números 446, 447, 455, 456, 457, 461, 463 y 467.
Las cinco primeras enmiendas se refieren al programa 513-A, de la Dirección General de Transporte Ferroviario, y su origen radica en que durante los últimos años, señor Presidente, especialmente durante el año 1992 y el año 1993, la provincia de Jaén ha venido sufriendo sistemáticamente un recorte bastante considerable en su transporte por ferrocarril. Este recorte, señor Presidente, se ha producido en una disminución no solamente de trenes, sino, lamentablemente, de personal laboral, así como gravemente de inversiones no solamente en obra nueva, sino fundamentalmente también en obras de reposición y de mantenimiento. Prueba de ello sería aportar el dato a esta Comisión de que por el núcleo ferroviario Linares- Baeza de 17 trenes pasan en la actualidad diez. Desde el año 1990 se han perdido más de 200 puestos de trabajo y, asimismo, se ha perdido la capacidad para generar cliente por mercancías, que ha dejado de existir, y, por otra parte, los horarios son totalmente inadecuados. Este desmantelamiento, grave y vivo en la provincia de Jaén, que se está llevando además, por otra parte, de espaldas a los intereses de la provincia y sin tener en ningún momento en cuenta la situación socioeconómica, hay que inscribirlo en algo que se viene produciendo lamentablemente con bastante frecuencia en Andalucía, que es en la política de las distintas administraciones públicas el no corregir los desequilibrios territoriales, sino, al contrario, ir acrecentando cada vez más no solamente los desequilibrios interprovinciales, sino también los desequilibrios interregionales.
Por tanto, desde el convencimiento de que sin ferrocarril el desarrollo y el futuro no solamente de una provincia, sino también de una región como es Andalucía, es oscuro y desde el convencimiento, asimismo, de que el medio de transporte más barato es el transporte por ferrocarril, que es el más ecológico y que, además, sin ningún género de dudas, es el que puede llegar a mayor número de capas populares, es por lo que hoy solicitábamos de esta Comisión de Presupuestos el apoyo, sin ningún tipo de cortapisas, a este incremento de inversión en la línea ferroviaria en la provincia de Jaén.
Asimismo, y en línea con esa perentoria necesidad de

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inversión que tiene esta provincia, que ha venido siendo últimamente en los presupuestos del Estado, así como en los de la comunidad autónoma, una provincia olvidada, marginada y yo diría que vituperada e incluso vilipendiada, es por lo que también apuntábamos la enmienda 463, sobre la necesidad de un desdoblamiento de la carretera nacional 322 para unir el corredor mediterráneo con Andalucía, fundamental para evitar el aislamiento de esta provincia, y también la regulación, en la enmienda 461, del abastecimiento de la cuenca del río Guadalquivir, para garantizar, en definitiva, el agua de muchísimos municipios que en este momento se ven acosados no solamente por esa mala regulación de la cuenca, sino también, desgraciadamente, por lo que hasta ahora ha sido una enorme sequía.
En conclusión, señorías, y termino, para cumplir con el ofrecimiento que me hacía a la Presidencia de los tres minutos que en principio me otorgaba, solicito de esta Comisión lo que entendemos que es simplemente algo que mandata la Constitución, que es un ejercicio de solidaridad con una provincia, con el ejercicio, asimismo, de un equilibrio en la compensación económica para equipararnos no solamente a las provincias, sino también a todas las regiones con el resto de España.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación tiene la palabra el señor Hernando, por el mismo Grupo.


El señor HERNANDO FRAILE: Intervengo, en nombre de mi Grupo, para defender las enmiendas 454 y 471, referidas a la provincia de Almería, con las que pretendemos no sólo compensar una situación que creemos de diferencia establecida en los presupuestos para Almería con respecto al resto de las provincias andaluzas, que además ha tenido antecedentes en otros presupuestos generales, sino para que se dote de infraestructuras que creemos que son básicas no sólo para la provincia de Almería, sino para el resto de la geografía nacional.
La enmienda 454 va destinada a la creación de una dársena comercial en el puerto de Almería. El previsible crecimiento del tráfico comercial y de personas con el Magreb es algo que entendemos que es inminente y que debe de hacer, de alguna forma, que el Gobierno tome cartas en el asunto de una vez y claramente determine cuál va a ser el futuro y el destino de este puerto de Almería que en la actualidad se encuentra infrautilizado y que, por tanto, como decía antes, le dote de las infraestructuras necesarias para asimilar este crecimiento de tráfico comercial y de personas.
La enmienda 471 pide que se dote con 100 millones a la realización del proyecto de la autovía Guadix-Almería, porque entendemos que puede darse la paradoja de que en 1995 y una vez no sólo incumplido el I|Plan de Autovías, sino realizado el II, Almería sea la única provincia de Andalucía que no tenga contacto, a través de autovía, tanto con Madrid como con Sevilla.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación tiene la palabra el señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: Para defender las enmiendas del Grupo Popular a los Presupuestos generales del Estado, Sección 17, 445, 446, 450, 451, 452, 453, 460 y 464. Voy a procurar ser muy breve.
En primer lugar, la enmienda 445 al Programa 513|D es relativa a la variante de Almería, comprendida en un principio en el Plan Felipe. Pedimos una dotación de 1.000 millones de pesetas.
Recientemente ha sido aprobado el proyecto de esta variante de Almería, pero con la salvedad de que en el ejercicio de 1993 se señalaba un presupuesto para la autovía Puerto Lumbreras- Adra de 11.500 millones. Pues bien, actualmente con el aumento que significa en el coste incluir la variante de Almería, sin embargo se ha señalado para el año 1994 un presupuesto de 9.200 millones de pesetas, es decir, ha decrecido cuando, en realidad, se tenía que gastar más dinero. Nosotros lo que pretendemos es comprometer la parte de la dotación prevista genéricamente para la citada autovía Puerto Lumbreras-Adra en el proyecto de la variante de Almería con el objetivo de impulsar su ejecución evitando mayores retrasos.
Alternativamente, la enmienda 469 se refiere también a la misma variante de Almería y pedimos que se concretase, si no se aceptaba la anterior enmienda, una partida presupuestaria específica de 2.300 millones, también con el mismo objetivo.
En cuanto a la enmienda, se trata de la elaboración de un proyecto del embalse en el río Nacimiento, en un paraje que se denomina el Chono, que está situado entre los pueblos de Nacimiento y Albodoloduy.
Como han dicho compañeros míos que me han precedido en el uso de la palabra, en un ejercicio presupuestario como el de 1994 en que los recursos van a ser escasos, debe evitarse la realización, fuera del Ministerio, de estudios y trabajos que pueden llevarse a cabo por funcionarios y personal del propio Ministerio. Hábilmente, y casi siempre en períodos anteriores a unas inmediatas elecciones, aparecen noticias en la prensa almeriense --y ahí están las hemerotecas-- que hablan de la creación de los embalses de Chono, de Canjayar, Antasagua, Purchea y Pantanita de Ciñana. Incluso el Gobernador Civil de Almería lo decía en unas manifestaciones ayer en prensa. Yo quiero saber y ruego que nos expliquen dónde están en los presupuestos comprendidos todos estos embalses que he citado.
El proyecto de embalse de Canjayar, enmienda 451, tiene la misma justificación que la que he dado anteriormente.
En cuanto a la enmienda 452, se trata de elaborar un

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proyecto de paseo marítimo en El Ejido, en el paraje que se denomina Almerimar, para proteger las playas y, sobre todo, las costas. Los temporales se han llevado las playas de aquella zona y después de verter 180.000 metros cúbicos otro temporal se los ha vuelto a llevar. Hay que buscar otra solución porque la que se ha hecho hasta la fecha ha resultado inútil, máxime cuando además en Almerimar hay unas inversiones actualmente ya realizadas, por empresas privadas españolas y extranjeras, de más de 60.000 millones de pesetas. Es necesario, si queremos proteger al turismo en la provincia de Almería y en nuestras costas, que se acepte esta enmienda. Da la casualidad de que en los actuales presupuestos más de 1.000 millones de pesetas, provincializados, van a paseos marítimos.
No sé si es que El Ejido está gobernado por un alcalde no socialista y por eso no está incluido.
En cuanto a la enmienda 453 se pide un estudio sobre la rehabilitación y apertura...


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdón, señor Arqueros, le ruego que abrevie en lo posible.


El señor ARQUEROS OROZCO: Estoy abreviando y termino ya, señor Presidente.
Pide un estudio sobre la rehabilitación y apertura de la línea férrea Guadix-Almendricos. Esta línea está cerrada desde Guadix hasta el límite con la provincia de Murcia. Los murcianos sí la han conservado y nosotros, los almerienses, la queremos porque, aparte de favorecer una zona desprotegida de la provincia de Almería, es, hoy por hoy, la salida por el ferrocarril al Levante español; es una línea férrea de un gran valor estratégico. La enmienda 464 la vengo presentando todos los años, desde 1986, sobre el trasvase del Pantano del Negratín a la Cuenca del Almanzora. Esta enmienda la defiendo de nuevo, no obstante haber prometido el Gobierno socialista, ya en el año 1988, que se iba a realizar, porque no he visto que se haya movido ni una sola piedra y, por lo tanto, insisto en ella. Además, quiero decir que esta enmienda es para la provincia de Almería muy interesante porque produciría energía eléctrica al tener que salvar con saltos de agua los desniveles del terreno. Ya lo ha dicho mi compañero don Rafael Hernando: Almería es la última provincia en presupuestos provincializados, y día a día, año tras año, la provincia, desgraciadamente, se ve más desfavorecida y más distante de un nivel de desarrollo que deseamos todos los almerienses.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación, tiene la palabra la señora Rudi Ubeda.


La señora RUDI UBEDA: En mi turno voy a defender cuatro enmiendas de manera muy breve, la 472, la 484, la 485 y la 486, y con ellas sólo pretendo que haya una concordancia entre el mensaje de todas las fuerzas políticas en la Comunidad Autónoma de Aragón y el mensaje de las fuerzas políticas en este Congreso de los Diputados.
Las enmiendas 484, 485 y 486 hacen todas ellas referencia a dotaciones para tres proyectos: el embalse de Biscarrués, el recrecimiento de Yesa y el embalse de Jánovas, contemplados en lo que en Aragón se ha venido en llamar «el pacto del agua», que fue una resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón con fecha 7 de julio de 1992 por unanimidad, es decir, con el voto afirmativo del Grupo Socialista. No solamente los socialistas de Aragón manifestaron allí su acuerdo con estas obras, y otras más que yo no he planteado como enmienda, ya que estábamos en un año de restricciones presupuestarias, sino que la presencia del Ministro Borrell pocas fechas después en las tierras aragonesas dio, teóricamente, el respaldo del Gobierno central a estas obras. Ni qué decir tiene que en la pasada campaña electoral tanto los candidatos socialistas como todos los Ministros que por aquellas tierras pasaron aseguraron y prometieron ante los medios de comunicación que la obras contempladas en lo que hemos venido en llamar en Aragón «el pacto del agua» eran asumidas por el Gobierno central. Sorprendentemente, en los Presupuestos Generales del Estado para 1994 no aparece dotación para ninguna de todas estas obras contempladas. Algunas de ellas deberían estar ya en fase de ejecución, y no sé si ha sido un olvido del Gobierno o del Grupo Socialista en el Congreso, de los Diputados aragoneses socialistas en el Congreso --no veo a ninguno presente en este momento aquí--, pero, a pesar de haber insistido en que se iban a llevar a efecto, sin embargo, ni por vía de enmienda ni por vía de proyecto de presupuestos han tenido entrada en la Cámara. Yo creo que los Diputados socialistas, si esta ausencia de las dotaciones presupuestarias en las obras en este proyecto de ley ha sido por olvido, agradecerán a los Diputados del Grupo Popular que les demos el arma parlamentaria suficiente para que puedan cumplir las promesas que hicieron a sus electores en Aragón.
La misma argumentación es la referente a la 472, en la cual solicitamos una dotación de 500 millones de pesetas para la autovía de Levante a Francia por Aragón en el tramo Zaragoza- Teruel. Los Presupuestos Generales del Estado sí contemplan para el año 1994 una dotación para el tramo Zaragoza-Huesca, pero no contemplan nada para la otra parte de autovía que debe dirigirse hacia el Levante.
Antes de terminar mi intervención, señor Presidente, he de decir que la dotación presupuestaria de estas enmiendas la hemos encontrado con una baja en la Sección 31, Servicio 02, Programa 633|A, imprevistos y funciones no clasificadas, y debo decir que me alegra coincidir con el Grupo Socialista, que ha utilizado también este mismo programa para dotar algunas enmiendas que van dirigidas también a obras de infraestructuras,

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eso sí, no van a la región de Aragón, sino a otras regiones que han considerado prioritarias, como pueden ser Canarias o Cataluña.
Por eso, simplemente, señor Presidente, quiero decirles que brindo desde aquí a los socialistas aragoneses y a los socialistas no aragoneses que no están aquí que puedan ayudar a cumplir a sus compañeros de Aragón las promesas tanto de ellos como de los Ministros que últimamente han visitado la tierra y también las promesas que el actual Presidente legal de la Comunidad Autónoma de Aragón --yo no sé cómo calificarlo-- ha prometido hace mes y medio, cuando, tras llegar, por un procedimiento inadecuado, a mi modo de ver, a la Presidencia de la Comunidad, viajó a Madrid y volvió a la tierra diciendo que todo esto se iba a contemplar en los Presupuestos Generales del Estado. Yo creo que sus compañeros socialistas deberían intentar hacerle el favor a su compañero de la Comunidad de Aragón.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, la señora Martínez Sainz.


La señora MARTINEZ SAINZ: Tomo la palabra para defender nueve enmiendas referentes a inversiones en las provincias de Cádiz y Málaga. Las tres primeras están referidas a la Dirección General de Obras Hidráulicas, y me voy a detener en ellas, aunque, señor Presidente, corro el riesgo de que me llame la atención cuando pasen los tres minutos, porque no se puede dar más chapuza ni más falta de transparencia en meses, señor Presidente, señores socialistas. En el mes de abril, el Ministerio, como ha recordado antes el portavoz del Grupo Popular, aprobó un plan de obras hidráulicas 1993/94 que, para la cuenca del Guadalquivir, sumaba proyectos por valor de 29.000 millones, y para la cuenca del sur por valor de 13.000 millones, proyectos que venían con nombres y apellidos y con su dotación presupuestaria para los dos años, y en estos presupuestos nos sorprenden con unas partidas globales que ponen: otras actuaciones de infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Guadalquivir, 5.000 millones, y otras actuaciones de infraestructuras hidráulicas en la cuenca del sur, 1.300 millones. No contentos con eso, el Gobierno hace venir a la Permanente en los meses de verano a convalidar un decreto urgente para la sequía, donde figuraba una de esta obras por valor de 14.000 millones, y ahora resulta que el Gobierno y el Ministerio no saben poner fuera de partidas globales compromisos concretos de inversiones necesarias para paliar esas situaciones de sequía en las cuencas del sur y del Guadalquivir. O sea que no se conforman con no ser transparentes, sino que, además, son chapuceros. Señor Presidente, lo que hacemos en esas tres enmiendas es poner dotaciones presupuestarias concretas a cada obra de infraestructuras de las cuencas del Guadalquivir y del sur, porque luego pasan cosas como las que pasan en estas provincias, donde los Diputados socialistas, que tienen informaciones privilegiadas, nos dicen que para una inversión de 29.000 millones hay 5.000 millones para toda la cuenca del Guadalquivir, pero ellos lo conocen partida por partida, sin haberlo pedido a través de esta Cámara. Concretamente, para el trasvase Guadiaro-Majaceite, que es una obra urgente para la lucha contra la sequía, por un importe de 10.000 millones, ellos dicen que hay una dotación presupuestaria de 2.500, pero que está dentro de esos 5.000 millones. Por tanto, con estas enmiendas lo único que queremos es que el Gobierno se comprometa a cifras exactas por proyectos concretos, porque, si no, el próximo año veremos que el Ministerio de Obras Públicas dirá: dotación presupuestaria para inversiones, 750.000 millones, en una partida global, para luego hacer mangas y capirotes en esos 750.000 millones de pesetas.
En las siguientes enmiendas, referidas a inversiones en carreteras, queremos que quede bien clara la necesidad de terminar la ejecución de los tramos que faltan para completar como autovía la Nacional 340 como vía de alta capacidad, uniéndola, incluso, con Algeciras y Cádiz, que es una vía de alta capacidad que la Comunidad Europea señala como prioritaria y para la que no hay ninguna dotación presupuestaria. Sin embargo, anteayer, altos responsables del Ministerio dijeron que va a ir en un convenio del plan puente que el señor Ministro nos dijo en su intervención hace unos días que iba a ser un plan puente para 1994/95, pero no hay una sola peseta para empezar esas actuaciones. Lo mismo pasa con la ejecución de la autovía Córdoba-Antequera.
Finalmente, quiero hacer hincapié también, porque el Ministerio, el PDI y el Ministro Borrell ha hecho mucho énfasis, cada vez que ha ido por Andalucía, en que iba a hacer una actuación especial para la bahía de Algeciras y la de Cádiz y que eran unas zonas metropolitanas de interés especial, y resulta que le pedimos al Gobierno que elabore con sus propios medios técnicos, sin ningún gasto, el estudio del proyecto que dicen ellos que nos van a hacer dentro de, igual, quince años de la conexión de la autopista Cádiz-Sevilla con el aeropuerto de Jerez y nos la rechaza el propio Gobierno.
Dentro de unos días, irá el señor Borrell o algún destacando miembro del Partido Socialista, diputado por Cádiz, a decir que nos van a dar esa limosna. Lo mismo ocurre con importantes inversiones del transporte ferroviario, que también ha rechazado el Gobierno cuando no se necesitaba ni una sola peseta para elaborar esos proyectos.
Gracias, señor Presidente, y gracias, sobre todo al Gobierno socialista y a los socialistas, por la transparencia en estos presupuestos Generales del Estado, como siempre en los últimos cuatro años.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias también a usted --constarán esas gracias en el «Diario de Sesiones» -- por ceñirse al tiempo.
El señor Villalobos tiene la palabra.


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El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Me corresponde defender nuestra enmienda número 488, cuyo propósito es elevar la cantidad consignada como compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías y productos originarios de las islas Canarias a la península, así como al transporte de esos mismos productos entre las islas y al tráfico exterior de exportación de Canarias hacia los mercados europeos. Pretendemos que se incremente la cuantía global de la correspondiente partida presupuestaria, desde los 1.188 millones de pesetas consignados, hasta la cifra de 3.000 millones en que se estiman las necesidades de apoyo en materia de transporte de mercancías como razonable compensación a las deventajas geo- económicas de la situación del archipiélago canario.
El incremento propuesto, de 1.812 millones de pesetas, se reequilibra con una baja de igual importe en las transferencias del Estado a Renfe para enjugar su déficit de explotación. La reducción a efectuar apenas tendría incidencia perceptible --el 0,8 por ciento-- en el importante volumen de subvención que recibe el transporte ferroviario en la península, cifrado en unos 226.000 millones de pesetas.
Lamentablemente, y de forma contraria a una correcta política en esta materia, la subvención al transporte marítimo y aéreo de productos originarios de Canarias a los mercados peninsular y europeo ha venido sufriendo recortes sensibles una vez transcurridos sus primeros años de implantación. Los porcentajes iniciales de subvención a comienzos de los años ochenta pasaron de ser del orden del 50 por ciento del importe de los fletes a los actuales del 35 por ciento en lo que se refiere a los envíos a la península y del 33 al 25 por ciento para el transporte de las exportaciones canarias a puertos europeos. Por otra parte, lo que inicialmente se concebía como subvención en un porcentaje fijo del coste de los fletes, ha derivado posteriormente a ser un porcentaje techo, un límite máximo que puede o no conseguirse según alcancen o no las disponibilidades presupuestarias.
Junto a esta sustancial devaluación del sistema inicial de compensación, en los últimos años se ha producido, además, un sensible recorte de la cuantía global consignada en los presupuestos para esta partida, que de cifras del orden de los 2.000 millones de pesetas ha descendido a los 1.188 millones actuales. Tal hecho ha conducido a que no se estén obteniendo los porcentajes de subvención sobre los fletes de transporte previstos en el Real Decreto regulador. Así, en el año 1991 el transporte de productos hortofrutícolas sólo obtuvo entre el 75 y el 78 por ciento del techo subvencionable, que se traduce en una compensación de sólo el 16,9 por ciento de los fletes donde se preveía el 25; y del 26 por ciento, donde se señala el 35.
En el actual sistema de compensación al transporte no deja de ser paradójico que solamente puedan beneficiarse de esta subvención las exportaciones de productos agrícolas a los mercados europeos realizadas en el segundo semestre del año, cuando todo el mundo sabe que las exportaciones agrícolas canarias se caracterizan por su extemporaneidad y que el grueso de las mismas se concentra en el primer semestre del año. Por ello, es de insoslayable necesidad atender de una vez por todas la antigua reivindicación de los agricultores canarios y extender el período subvencionable a todo el año, ampliándolo, por consiguiente, también al primer semestre. Los 3.000 millones de pesetas a que pedimos ascienda la partida, están calculados de forma que se puedan compensar los actuales volúmenes de transporte durante todo el año y en los porcentajes techo establecidos en la norma reguladora vigente.
Los transportes y las comunicaciones tienen carácter de servicio público esencial en todo Estado moderno, como armazón vertebrador de los diferentes territorios o regiones que lo integran. Ahí está como prueba de ello, por ejemplo, el importante volumen de fondos públicos destinado al transporte ferroviario en nuestro país. Pues bien, en el caso de Canarias, su condición de tierra española desgajada y alejada del resto del territorio nacional, debe elevar a la máxima potencia el interés público por la conexión de sus transportes y comunicaciones. Es un imperativo de solidaridad y cohesión nacional para que la distancia y lejanía de las islas deje de ser una barrera de separación y de aislamiento.
Por estas razones, solicitamos el voto favorable de esta Comisión a nuestra enmienda.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Nuestras enmiendas al Servicio 38, Dirección General de Carreteras, tienen por objeto recordar, y con ello ratificar, los compromisos del Gobierno central con Galicia. Por un lado, el convenio suscrito, en 1990, por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con la Xunta de Galicia sobre plazos e inversiones anuales en las dos autovías, la del Noroeste (La Coruña- Benavente) y la de Rías Bajas, de Vigo también a Benavente, por Orense.
La otra enmienda no tiene en 1994 consecuencias económicas, pero sí en años sucesivos. Atiende el compromiso del Gobierno, no sólo con Galicia, sino también con Asturias, en relación con la autovía del Cantábrico, en el sentido de que sea tal y, por tanto, uno de sus extremos --el extremo oeste-- no sea Asturias, sino Galicia.
Nuestras enmiendas son para rectificar el plazo de inversiones que figura en este proyecto de ley de presupuestos para 1994, la conclusión en el año 1995 y, por tanto, la necesidad de rebajar, por un lado, las inversiones plurianuales previstas para 1996, que deben ser

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cero, e incorporar, en la autovía del Noroeste, un incremento de 15.000 millones en 1994, enmienda número 492, y en la autovía Rías Bajas, enmienda número 490, otros 15.000 millones.
La enmienda número 491 es simplemente o nada menos que gramatical; pero en cualquier caso, de suficiente importancia por la repercusión posterior que tiene. Se trata de incorporar, donde figura en el proyecto autovía del Cantábrico, todo el tramo, es decir que sea Irún, Cantabria, Asturias y Galicia. Presuponemos que tanto el PDR como los Fondos de Cohesión incluirán y respetarán los plazos e inversiones comprometidos y necesarios.
Por todo ello, solicitamos el voto favorable a estas tres enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Celdrán tiene la palabra.


El señor CELDRAN VIDAL: Señor Presidente, voy a defender, en nombre de mi grupo, la enmienda número 618, por la que pretendemos, minorando en 1.000 millones el artículo sesenta, servicio 38, programa 513 de esta Sección, dotar por este importe un proyecto que permita la construcción de la autovía Albacete-Murcia.
Voy a argumentar en favor de la enmienda diciendo, en primer lugar, que se trata de una obra enormemente necesaria y fundamental para el desarrollo, sobre todo, de la Comunidad Autónoma de Murcia. Esta Comunidad Autónoma no tiene aeropuerto civil ni, previsiblemente, lo va a tener en el corto y medio plazo y tal vez nunca. Si miramos los ferrocarriles, la otra forma alternativa de transporte, resulta que en la actualidad son muy deficitarios, no sé si atreverme a decir que son tercermundistas. Es oficial que cuando los trenes que proceden del centro del país llegan al límite de esta provincia deben disminuir su velocidad hasta 40 kilómetros/hora; han oído ustedes bien, durante buena parte del trayecto en esta comunidad autónoma no se puede superar la velocidad de 40 kilómetros/hora. El caso es que, como comprenderán SS. SS., sin una alternativa de transporte aéreo y con una deficiente posibilidad de transporte por ferrocarril esta vía de enlace con el centro de España y con las demás comunidades autónomas se hace de extraordinaria importancia para la Comunidad Autónoma de Murcia.
Además, señorías, sobre conceder a la inversión en esta infraestructura la prioridad número uno hay realmente consenso entre todas las fuerzas políticas y agentes sociales; todas las fuerzas políticas están de acuerdo (como es natural, estoy incluyendo a las que representan al Partido Socialista), se han manifestado públicamente desde hace años y especialmente en la última capaña electoral, en favor de esta inversión. Por tanto, supongo que, para hablar en el mismo sentido, aquí se pronunciarán apoyando la enmienda. Hay, como digo, consenso unánime de todos los agentes sociales de la comunidad en favor de calificar esta inversión no solamente como necesaria sino como de prioridad número uno.
Podrá decirse que inversiones en infraestructuras que merezcan estos calificativos de muy necesaria y que además merezcan el consenso mayoritario de la región desde la que se demanda, existen otras muchas en este país; que hay otras muchas inversiones muy necesarias, que habría unanimidad a la hora de demandarlas pero que a pesar de eso no se pueden atender porque los presupuestos siempre tienen un límite y que en estos años que estamos viviendo el límite es aún más estricto.
Sin duda esto es así, por ello mi grupo no presenta la enmienda incluyendo el coste total de la obra que se reclama sino que presentamos una modesta enmienda de 1.000 millones de pesetas con la que queremos se adquiera el compromiso formal y se manifieste por escrito, por decirlo así, la voluntad política de que esta obra se lleve a cabo en los próximos años. Es verdad que la partida de 1.000 millones no cubre sino una pequeña parte de la infraestructura que se demanda, pero ya se compromete para los próximos años, en la medida de las posibilidades presupuestarias, la ejecución de esta obra. Por todas estas razones, espero que la Comisión apruebe la enmienda que acabo de presentar.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: En primer lugar diré que doy por defendidas todas las enmiendas parciales, con lo cual quito la amenaza de que intervengan los 18 diputados del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y defenderé únicamente las enmiendas a la totalidad que se refieren al conjunto de la Sección.
Nuestro grupo parlamentario considera que esta sección debe ser devuelta al Gobierno porque, en una situación como la que vivimos de crisis económica, este Ministerio debería realizar un esfuerzo inversor superior al que se plantea en estos Presupuestos Generales del Estado. Lo que hace esta Sección, en lo que se refiere a inversión en transporte y carreteras, es continuar con la inercia de presupuestos anteriores, sin que exista ningún proyecto novedoso como había prometido el Gobierno anterior tanto en la campaña electoral como previamente a ella y el posterior Gobierno socialista y adláteres de llevar a cabo un plan de infraestructuras que realmente hubiera racionalizado la inversión en carreteras y en ferrocarril en el conjunto del Estado. Según nuestro criterio, la inversión ferroviaria es extraordinariamente escasa, muy por debajo de lo que son las necesidades de una red que, poco a poco, va entrando en declive y cuya situación de recuperación se hace cada vez más difícil. Si a ello se añade que en el traspaso

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financiero que se hace por parte del Estado a Renfe ni siquiera se sabe en función de qué partidas se realizan esos trasvases de dinero, son motivos más que suficientes para que mi grupo parlamentario vea, por una parte, la escasez del presupuesto, y por otra, absolutamente opaca la gestión del mismo.
Consideramos que la inversión que se hace en viviendas es extraordinariamente escasa conforme a las necesidades reales que tiene el país. La inversión que se realiza en vivienda de una forma ya consuetudinaria viene siendo inferior al 1 por ciento del producto interior bruto. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya lleva defendiendo, presupuesto tras presupuesto, que la inversión en vivienda, independientemente de cómo se realice el gasto, por lo menos debe duplicarse en los Presupuestos Generales del Estado. La otra cuestión es cómo se realiza el gasto; creemos que ese es un hecho que no deja de ser importante pero en el que no vamos a entrar en discusión puesto que es objeto de otras comisiones parlamentarias.
Consideramos --y por eso hemos presentado enmiendas concretas- - que se deben aportar partidas concretas para la educación medioambiental en lo que se refiere a los residuos y al reciclaje de los mismos. Creemos que son insuficientes las partidas que se plantean en estos presupuestos ante un problema de tal envergadura como el que poco a poco se va encontrando el Estado, y consideramos que son poco adecuadas las medidas que presenta el Gobierno en su política de residuos, planteando al final la destrucción de los mismos con graves perjuicios medioambientales.
En cuanto al presupueso hidrológico, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya considera que, sin la realización o sin la existencia de un plan hidrológico, son absolutamente imprudentes muchas operaciones que aquí se plantean en las inversiones por parte del Gobierno; algunas pueden tener perjuicios medioambientales muy serios y otras podrían ser suplidas con una política sistemática de ahorro de agua que podría hacer que estos esfuerzos inversores no se dilapidaran sin tener garantizada la auténtica eficiencia de los mismos, sin tener garantizado ni siquiera que la futura política agraria haga uso de los regadíos que supuestamente van a utilizar muchas de estas grandes obras hidráulicas. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera que el presupuesto de la sección 17 no se adecua a las auténticas necesidades de infraestructura que está viviendo este país, estima que son unos presupuestos continuistas respecto a los anteriores y que por tanto necesitan una reforma en su totalidad, planteando que esta Sección debe ser un motor importante de la economía en época de crisis, pero también deben buscar unos equilibrios territoriales que deben hacerse desde unos análisis medioambientales muy diferentes a los que este presupuesto trae.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Nuestro grupo parlamentario ha presentado a la sección 17, relativa a las obras públicas, dos tipos de enmiendas. Un primer bloque sobre la dotación a inversiones en obras públicas que se recogen en cuatro enmiendas. La primera de ellas, la número 1609, se refiere a la dotación para la nueva red ferroviaria en el País Vasco, de conformidad con los acuerdos conseguidos en su momento entre el partido del Gobierno y la Comunidad Autónoma Vasca para el desarrollo de infraestructuras sobre la Y vasca. Creemos que es el momento de proveer, por lo menos en la parte del corredor Bilbao-Vitoria, con carácter prioritario estas obras dentro de los Presupuestos Generales de este año. El importe que solicitamos para ello es de 2.000 millones de pesetas. La segunda enmienda de este bloque se refiere también a las infraestructuras de transporte ferroviario en lo que corresponde a las líneas explotadas por ferrocarriles de vía estrecha, dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, los cuales sufren una falta enorme de modernización de instalaciones y para lo cual solicitamos que, dentro del corredor Bilbao- Santander, se dote una partida presupuestaria de 2.000 millones para el tramo Bilbao-Aranguren.
La tercera enmienda de nuestro grupo corresponde a la gestión e infraestructuras en recursos hidráulicos, con el fin de propiciar un aumento en la capacidad de regulación de los ríos cantábricos que discurren por la comunidad autónoma del País Vasco, de acuerdo con el Plan Nacional Hidrológico del Norte, y para lo cual solicitamos una dotación de 1.000 millones de pesetas.
La cuarta enmienda de este grupo está también relacionada con las infraestructuras y saneamiento en calidad de las aguas.
Dado que en obras hidráulicas no existen transferencias, entendemos que el Gobierno debe hacer frente a las obras, a través del Ministerio de Obras Públicas, de forma que se puedan llevar a efecto todas las deficiencias en obras públicas que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca, para lo cual solicitamos una dotación presupuestaria en esta partida de 2.000 millones de pesetas.
Aparte de estas cuatro enmiendas de inversión en infraestructuras, tenemos un grupo de enmiendas, dentro de esta Sección, correspondiente a reducción de gastos. Dado que su justificación contiene los mismos conceptos, de la misma forma que en el resto de las Secciones, las damos por defendidas.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación tiene por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Homs la palabra.


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El señor HOMS I FERRET: A esta Sección 17 nuestro grupo parlamentario tiene planteadas tres enmiendas, las números 249, 250 y 251, que voy a explicar con brevedad cuál es su finalidad y motivación.
La primera enmienda, la número 249, tiene por objeto plantear una variación de la aplicación 756, que se dirige a la remodelación del barrio de San Cosme, en Barcelona. Esta aplicación 756, que está dentro del Programa 431 A, de promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda, dentro del Ministerio de Obras Públicas, tiene una asignación en estos presupuestos, pero no refleja lo convenido entre las administraciones que están afrontando las reformas en ese barrio, y que desde hace muchos años, está requiriendo una rehabilitación de sus viviendas. Son ya varios los años que en esta Cámara se van aprobando las asignaciones para ir realizando esas obras de rehabilitación, que corresponden a cada ejercicio, con el correspondiente compromiso de las administraciones vinculadas en la rehabilitación de esas viviendas. La asignación que correspondía a 1994 se ha visto reducida en exceso y la enmienda tiene por objeto restituir la parte que le correspondía ejecutar en 1994 y por eso plantea que se incremente esa dotación en 700 millones de pesetas, que son los que corresponden a la realización del año 1994.
Recuperar el desfase de inversión por parte de la Administración central en los últimos años es, en el fondo, la justificación que impulsa plantear esta enmienda por mi grupo.
Por otra parte, creemos que, de aceptarse esta aportación que planteamos, permitirá prever la prórroga de los convenios firmados hoy entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Generalitat de Cataluña para dar continuidad al proceso de remodelación de este barrio. La enmienda número 250, señor Presidente, tiene por finalidad modificar la aplicación 756.01, dirigida a la remodelación de las viviendas del Turó de la Peira que, al igual que el barrio de San Cosme, también en la Ley de Presupuestos de cada año figura la parte correspondiente para poder dotar de los recursos y proceder a la rehabilitación de este barrio. Señor Presidente, nuestro grupo entiende que la remodelación tiene ya una asignación en el presupuesto y, por consiguiente, comunico la retirada de la enmienda número 250. Creemos que la asignación no es suficiente, pero atendida la situación actual, consideramos que debemos retirar esta enmienda.
Por último, la enmienda número 251 tiene una finalidad distinta. Es una enmienda que se dirige a una partida que, con carácter general, se contempla en estos presupuestos. Trata de dar contenido a los convenios hoy suscritos para reparación de viviendas como consecuencia de los efectos de la aluminosis.
La dotación que figura, de 4.000 millones de pesetas, es insuficiente a nuestro juicio para atender las necesidades sociales y la rehabilitación de las viviendas afectadas por los problemas de la aluminosis.
Lo que proponemos en nuestra enmienda es incrementar esa dotación y, en ese sentido, señor Presidente, nuestro grupo cree que la adecuación de la cantidad a lo también acordado en los convenios de cooperación hoy firmados y suscritos por el Ministerio y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña es la base de la formulación de esta enmienda. Trata de requerir que se articule lo convenido en los acuerdos ya firmados y suscritos, que ya llevan años aplicándose de forma positiva. Desde hace varios años se están consiguiendo avances de remodelación y atención de estas problemáticas sociales en barrios muy complicados y difíciles y todos los problemas generados por la aluminosis en determinadas viviendas. No obstante, creemos que esas partidas son insuficientes y lo acordado y suscrito en los convenios firmados en su día deben reflejarse en este presupuesto.
Estas son las tres enmiendas, señor Presidente, que mantiene nuestro grupo en esta Sección 17.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por Coalición Canaria, el señor Mauricio tiene la palabra.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: La argumentación que tendría que hacer para defender las tres enmiendas que presenta Coalición Canaria es la misma que he oído ha hecho el Partido Popular, y se refiere a lo que en Canarias llamamos primas del transporte, que están referidas al coste de insularidad, para la que pide un incremento que nosotros también hemos solicitado. Por tanto, me sumo a la explicación que se ha dado y votaremos a favor de esa enmienda.
Ahora, el señor Homs, en representación de Convergència i Unió, ha hecho una explicación exacta a la que yo tendría que hacer sobre los patronatos de Canarias en la rehabilitación de viviendas. Hay unos convenios firmados por el Gobierno central y la Administración canaria en los que existía una anualidad para el ejercicio 1994 exactamente de 2.000 millones y sólo aparecen 600. Lo único que estamos pidiendo en esa enmienda es el cumplimiento del compromiso firmado, sellado y comprometido. Por tanto, es el cumplimiento de una obligación de la Administración central y no una enmienda que modifique un acuerdo anterior. Se refiere precisamente a los barrios más pobres de las ciudades de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
No sé si la misma sensibilidad que tendremos para el apoyo a las enmiendas de otros grupos que reflejan el mismo problema la recibiremos nosotros.
Como he tardado muy poco, espero que alguien me agradezca en su turno de intervención el regalo de minutos que le hago, a cambio del apoyo de nuestras enmiendas.


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El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Gracias, señor Mauricio, por esa brevedad y a ver si tiene suerte.
Por el Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Para presentar las enmiendas números 220, 221, 222, 223 y 224. La primera de ellas pide un incremento de 600 millones de pesetas en el objetivo 5 de la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario, Programa 513|A, Capítulo 6, inversiones reales, para el inicio del proyecto de construcción de la Y ferroviaria de comunicación a través del País Vasco, dotando el período 1993-97 de los créditos necesarios para ejecutar tal proyecto.
La segunda enmienda se refiere a la Dirección General de Costas, en el Programa 514|C, Actuación en costa, en la que se pide incrementar en 300 millones de pesetas la consignación destinada a la defensa y regeneración de la costa vasca, concretamente al objetivo 2, tratamiento y acondicionamiento del borde marítimo, fundamentalmente para acercar la financiación que ya está prevista, a la verdadera realidad de costas del proyecto, llegando a cubrir el 50 por ciento del coste de la obra, tal y como en los convenios del Ministerio de Obras Públicas suele ser costumbre.
La enmienda número 222 se refiere fundamentalmente a incrementar la consignación en 500 millones de pesetas en la Dirección General de la calidad de las aguas, con destino fundamentalmente al organismo 17.233, que es como se identifica la Confederación Hidrográfica del Norte, con el objetivo de anticipar algo que es absolutamente necesario en la comarca de San Sebastián, como es una depuradora de aguas residuales. Esta depuradora vendría a cubrir una necesidad, una insuficiencia que hace que San Sebastián sea una de las tres ciudades que todavía no disponen de este tipo de servicios en todo el territorio nacional.
La enmienda 223 se refiere fundamentalmente a la necesidad de incrementar la consignación, dentro del Programa 512|A, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, para la realización también de una necesidad urgente, que es el desplazamiento del río Urumea, que produce inundaciones y cuyas dos riberas son inundables con excesiva frecuencia. Me refiero a la zona de Martutene, Astigarraga y Hernani. Afecta además a proyectos de comunicación por carretera, necesarios para la zona, que están impidiendo el desarrollo de nuevas variantes y descongestión del tráfico de la N-I.
Mi enmienda número 5, que es la equivalente a la número 224, es también para la creación de una nueva partida en el organismo antes citado, Confederación Hidrográfica del Norte, dentro del Programa 441|A, Infraestructura Urbana de Saneamiento. Se pretende la inversión en nuevas infraestructuras y bienes destinados al uso general, refiriéndose en concreto a continuar con el proyecto urgente y prioritario por razones sociales de saneamiento de la Bahía de Pasajes (Pasaia), en concreto para su puerto, que en estos momentos está bloqueado y que supone ya un agravio histórico por las graves consecuencias que tiene para los más de 100.000 habitantes que viven en su entorno.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Con su permiso, señor Presidente, continúo con el turno del Grupo Mixto.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdone, señor González Lizondo, no he dado la palabra a S. S. y además está en el uso de la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Yo he terminado y se me ha olvidado decirle que continuaba el señor González Lizondo.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdone, señor Albistur, pero no está usted en el uso de la palabra y mucho menos para ordenar el debate.


El señor ALBISTUR MARIN: No estaba en el uso de la palabra; le he dado una explicación.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Mur, que espero que dé por defendidas sus enmiendas.


El señor MUR BERNAD: Las doy por defendidas.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación tiene la palabra el señor González Lizondo, también en nombre del Grupo Mixto, para defender sus enmiendas, que son numerosas.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Desde luego, tenga en cuenta, señor Presidente, que desde el Grupo Mixto pretendemos exclusivamente colaborar, en el más hondo y firme sentido de la palabra.
Hay una serie de enmiendas que presenta Unión Valenciana en bloques diferentes. Primero vamos a hablar del bloque referente a la regeneración de las playas de Alicante, enmienda número 38; la 39, de las playas de Castellón; la 40, de las playas de Valencia; la 41, del borde marítimo de Alicante; la 42, del borde marítimo de Castellón; la 43, del borde marítimo de Valencia. La 44, es la enmienda relativa a la reposición de accesos por mar a Alicante; la 45, esos mismos accesos por mar a Castellón; la 46, a Valencia. La 47 es una enmienda relativa a la Isla de Tabarca; la 48, a las Islas Columbretes. Ambas islas necesitan una protección, que ya la tienen de hecho pero no de derecho; no se está haciendo aquello que se debería y creemos que las inversiones

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que pedimos --que son 100 millones de pesetas-- son muy pequeñas para ambas islas, Tabarca y Columbretes.
La enmienda 49 es relativa a la regeneración de la playa de Pinedo, y va a ser en la única en la que me voy a extender un poco, porque esta regeneración es una deuda pendiente del Gobierno. Yo diría --lo siento, pero son las palabras exactas- - que es un auténtico engaño desde hace cuatro años. Es un engaño al que se me sometió cuando era concejal en el Ayuntamiento de Valencia y, precisamente con mi voto, se llevó adelante el nuevo puerto de Valencia con el nuevo malecón, con el compromiso firme, y con estudios incluidos, de que el Ministerio iba a hacer una serie de obras en el litoral que regenerarían esta playa. De esto hace ya cuatro años y allí no se ha hecho nada, está totalmente perdida. De ahí que me atreva a decir que es un engaño mantenido durante cuatro años.
La enmienda número 50 se refiere a la regeneración de la playa de Calpe; la 51, a la playa del Saler, que se encuentra en las mismas condiciones que la de Pinedo; la 52, a la playa de Nules.
En otro bloque de enmiendas de tipo hidráulico están la relativa al Canal de la Pedrera, cuyo adelanto es imprescindible, enmienda 54; la 55, al Embalse de Arenós, de 500 millones de pesetas. La 56 es la enmienda relativa a las presas de Bellús y Escalona, con el fin de que se adelante su construcción y no se demore más en el tiempo. La 57 es relativa al Canal del alto del río Mijares, en la provincia de Castellón; la 58, relativa a la presa de Azuébar.
La enmienda 59 solicita unas obras que se vienen reivindicando desde Valencia desde el año 1957, señores, hace ya 35 años que estamos hablando del Barranco de Carraixet, un barranco que lamentablemente ha tenido graves problemas. Precisamente yo me he alegrado hoy cuando se ha aprobado la enmienda 241 del Grupo Catalán (Convergència i Unió), referente a obras de características similares en El Maresme, porque los valencianos conocemos desgraciadamente lo que conlleva el Barranco de Carraixet.
También hay una enmienda relativa a la famosa presa de Tous, la enmienda 60, para que se adelante definitivamente en el tiempo. La enmienda 61 es relativa a los riegos de la Plana; la escasez de agua en nuestra comunidad es cada vez mayor. La enmienda 62 es respecto a los riegos del canal Júcar-Turia; la 63 es relativa a los riegos del Magro; la 64, a los riegos del Campo de Liria.
Con otro bloque iniciaríamos ahora las relativas a carreteras y redes arteriales. La famosa autovía de Levante lleva muchos años en cartel. Se habla de ella, pero lamentablemente no está terminada. La enmienda número 67, se refiere a la N-III, en el tramo de Valencia-Utiel, que aún está sin licitar, siendo una de las carreteras más importantes del Estado español y de las más peligrosas En la enmienda número 68 también nos referimos a la N-III, tramo Atalaya-Caudete. La 69 hace referencia a la red arterial de Valencia, para la que se nos prometió el famoso Plan Felipe de 17.000 millones de pesetas, que aún no sabemos dónde está y de esto hace ya un montón de años. La enmienda 70 es para la red arterial de Alicante, que la necesita porque le es imprescindible.
Hay una serie de variantes que se reflejan en la enmienda 71, la de Sollana; en la 72, la de Gandía. La 87 es la enmienda relativa a la N-232 en el tramo Vinaroz-Cruce de Chert. La 88 es una enmienda relativa a la N-230 desde Morella a Teruel. La enmienda 89 es relativa al proyecto de conservación ordinaria y explotación --seguridad vial, circulación, aforos-- en la Comunidad Valenciana, por un importe total de 1.000 millones de pesetas.
Hay otro nuevo bloque en el que hablamos de enmiendas correspondientes a ferrocarriles, pasos a nivel, etcétera. El portavoz del Grupo Socialista me acusaba --y ahora hablaremos de ello-- de que presentaba enmiendas exclusivamente de mi comunidad. Eso es bastante lógico, puesto que pertenezco a una circunscripción electoral concreta, y hoy se ha visto aquí que, naturalmente, los Diputados se deben preocupar de sus circunscripciones. Por ejemplo, está la enmienda relativa al proyecto Valencia-Tarragona (Oropesa-Alcanar) provincias de Castellón y de Tarragona; enmienda relativa a Valencia: Fuente La Higuera-Játiva. Respecto de Valencia-Tarragona, Cambrils- Tarragona, otra vez pedimos soluciones para ferrocarriles en Cataluña que enlazan con los de Valencia, y nos parece muy normal.
Enmienda número 93, proyecto Valencia-Tarragona (Castellón- Oropesa). Enmienda 94, acondicionamiento del corredor Madrid- Valencia. Enmienda 95, relativa a la supresión de pasos a nivel en la Comunidad Valenciana. Yo les pediría que acudieran ustedes a alguno de nuestros pasos a nivel, y verían que verdaderamente ni las repúblicas bananeras más atrasadas del mundo los tienen.
Enmienda número 139, relativa a la construcción del Parque Central en la ciudad de Valencia. Hace quince años se hizo una exposición de anteproyectos en Valencia; hace doce, un alcalde, precisamente socialista, hablaba de que ya estaba solucionado, y hoy, doce años después, seguimos con el mismo problema. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Soterramiento de las vías del ferrocarril Valencia-Silla, por los centros de Alfafar, Sedaví, Benetúser, Massanassa. Les estoy hablando, señorías, de unos pueblos de aproximadamente 200.000 habitantes; pasos a nivel que parten pueblos enteros, donde hay accidentes continuamente, al margen de los trastornos de la propia circulación, y donde lamentablemente tenemos muchas víctimas mortales que contabilizar.
Enmienda número 149, relativa al paso a nivel de la

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línea férrea Valencia-Castellón a su paso por el terreno municipal de Alboraya. Este es especial, tendrían ustedes que verlo. Anexo de inversiones reales para 1994 y programación plurianual respecto a la autovía de Levante. En nuestra enmienda 154 solicitamos el cambio por la expresión de «autovía valenciana». El Levante feliz no existe, esa es una paranoia de un centralismo que verdaderamente nos gustaría que cambiara. Lo mismo que esa modificación de «accesos costa levantina». Pues no señor: son «accesos costa valenciana» en su conjunto, con especificaciones muy claras en cada una de ellas. Es la enmienda número 155. Las enmiendas números 156, juntamente con la 157, 158 y 167, hacen referencia a temas culturales: obras de restauración del Museo Nacional de Cerámica González Martí. Nuestra Ministra dijo que iba a estar terminado, pero en los presupuestos no vemos la cantidad.
Restauración del Museo San Pío V. Se ha hecho una parte, pero aún falta un dinero para terminarlo, y les recuerdo a todos ustedes que es el segundo museo del país. Restauración del Monasterio de San Miguel y los Reyes, una auténtica maravilla que se encuentra en Valencia, propiedad de la Diputación y del Ayuntamiento, pero en el que entendemos que tiene que colaborar la Administración central, juntamente con la autonómica. El Teatro de Alcoy, una auténtica joya que está desmoronándose y que creemos que también es importante que se haga en él una inversión. Y luego hay unas cuatro o cinco enmiendas, como la número 181, correspondiente a la cofinanciación de proyectos en tratamiento y depuración de aguas residuales en la Comunidad Valenciana. La enmienda número 182 es relativa a la cofinanciación de viviendas sociales en Alicante, donde además, por cierto, hay unos terrenos propiedad del Ministerio, cerca de las «mil casitas», donde esta mañana he hablado con la secretaria general y, al parecer, podría ser que, si tuvieran presupuesto, estarían predispuestos a iniciar el proyecto.
La enmienda número 183 es relativa a la reparación y mantenimiento del Canal de Xerta-Calig, que está terminado y prácticamente ya está roto. Acondicionamiento del cauce del río Júcar en la Presa de Tous --Sumacárcer--, Azud de Antella, un tema y unos nombres que lamentablemente nos traen no muy gratos recuerdos. Se trata de nuestra enmienda 186.
Enmienda número 187, que pide un estudio de viabilidad de una autovía Comunidad Valenciana-Barcelona. Creemos que es importante y no se puede echar en saco roto. Asimismo, pedimos la rehabilitación de los castillos en nuestra Comunidad, de la que hablamos en nuestra enmienda número 188, para lo que solicitamos 500 millones de pesetas, que creemos que se lo merecen.
La enmienda número 195 es relativa a la subvención corriente al transporte urbano de la ciudad de Valencia. Otras ciudades lo tienen y ¿por qué no Valencia?, si es que somos todos iguales, así tendría que ser. Por último, tenemos una enmienda, la número 200, relativa al proyecto de mejora de la estación de Renfe de Alicante.
Como verán ustedes, señorías, no hay solamente enmiendas que corresponden a mi Comunidad, sino también a otros puntos del país. Además, no tendría ningún problema en decirlo si todas ellas correspondieran a nuestra Comunidad, ante el intento de acusarme (o de felicitarme, no lo sé) del señor Almunia. Para mí es una felicitación cuando me dice que cobramos de todos los españoles. Naturalmente; ¿es que los valencianos no somos españoles, somos indios, o qué somos? Estamos aportando una parte muy importante al erario público y, naturalmente, cobramos de todos. Pero ¿para qué están las circunscripciones provinciales? Lógicamente para elegirnos por ellas y, al mismo tiempo, intentar hacer las cosas. Pero además ayer ya lo decía y hoy lo repito: todo es según el color del cristal con que se mira. A mí me parece muy bien y aplaudo las enmiendas que presenta Convergència i Unió, que presenta el PNV, el Grupo Nacionalista Canario, que presenta Eusko Alkartasuna o el PAR.
Me parecen lógicas. A ustedes les parecen normales las de Convergència i Unió, cuando en la 241 hablan del Maresme, en la 243 de los ferrocarriles de la Generalidad, en la 245 de la Policía Autónoma, en la 249 del incremento del Barrio de Sant Cosme, en la 250 de las viviendas de Turó de la Peira, en la 251 de la aluminosis en Cataluña... (Varios señores Diputados: ¡Vale, vale!--Rumores.); en la 257 vuelve a hablar otra vez de ferrocarriles de la Generalidad; en la 258 vuelve a hablar más de la Policía Autónoma... Y a mí me parece muy bien, y creo que lo hacen extraordinariamente bien, pero qué gran diferencia: lo hace Convergència i Unió, partido que está apoyando al Gobierno, ¡bendito sea el Señor!, «Dominus vobiscum», ¡todo fenomenal! (Risas.) Cuando lo hace otro Grupo, entonces ya tenemos que encontrar las pegas.
Bueno, pues yo lo que quisiera es que no sacáramos faltas donde no las hay; que hagamos la crítica que creamos oportuna, todos tenemos derecho, pero sin salirnos del respeto que nos debemos, y cada uno puede, debe y está obligado a presentar aquellas iniciativas que considere oportunas, con mayor o menor fortuna.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor García-Arreciado tiene la palabra.
La Mesa comprendería, y casi daría por obligada, una dilatada intervención del señor García-Arreciado, pero confía en su inteligencia y en su capacidad de síntesis para que, en no demasiados minutos, pueda contestar al torrente de enmiendas y de intervenciones planteadas.


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El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente. Temo ser portavoz de la nada en cuanto a las expectativas que las enmiendas de los diferentes grupos hayan planteado.
Empiezo diciendo que creo preciso pedir disculpas a la Comisión porque, por una imperdonable ausencia de este portavoz, parece que ha habido un retraso en los trabajos de esta Comisión, lo cual no viene a facilitar precisamente la premura de tiempo en la que nos movemos. A pesar de ese retraso, señor Presidente, he tenido ocasión de escuchar a los innumerables portavoces del Grupo Parlamentario Popular que han defendido sus enmiendas, y no solamente las han defendido, sino que se han manifestado con tonos críticos, incluso fuera del mínimo de una cierta cortesía parlamentaria, en cuanto al presupuesto presentado por el Gobierno.
Yo no quiero, en ningún caso, descalificar ninguna de las enmiendas que he tenido ocasión de escuchar, aunque no comparto muchas de ellas. Pero creo sinceramente que éste es un ejemplo clásico en el que la suma de las partes no es igual al todo. Me parece que cuando un grupo parlamentario de la importancia del Grupo Popular es incapaz de disciplinar a sus portavoces y de establecer una jerarquía y unas prioridades en las enmiendas que defienden, la única consecuencia posible es la imposibilidad, no sólo de atenderlas, sino de entablar un debate razonable con los diferentes portavoces. Quizás esa extraordinaria proliferación de portavoces en temas de infraestructura justifique algunas de las contradicciones que se pueden observar en las enmiendas de este Grupo. Por referirme sólo a aquellas que he tenido ocasión de escuchar en esta sala, hablaré de la enmienda 643, donde se pide una disminucion de 100 millones de pesetas en el programa ARTE, y doscientas enmiendas antes, en la número 461, posiblemente de un Diputado de Jaén, se sostiene ardorosamente el mantenimiento de los 160 millones de pesetas que constan en los presupuestos. O cuando en la enmienda 443 se pide un incremento de 5.000 millones para actuaciones en infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Guadalquivir y se financian con una baja de 5.000 millones en el subprograma 0805, que es, precisamente, de infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Guadalquivir y está dotado con 5.000 millones de pesetas; consecuentemente, si se restan 5.000 millones a 5.000 millones, quedaría el programa sin dotación, y si se pretende aumentar en 5.000 millones ese programa, nos quedamos en los 5.000 que ya constan en el presupuesto. O cuando en la enmienda 445 se piden 1.000 millones para la variante de Almería, y veinticuatro enmiendas después, en la 469, se piden 2.500 millones para esa misma variante, haciendo caso omiso de la feliz circunstancia de que la variante está adjudicada en estos momentos con presupuesto superior a 11.000 millones de pesetas. O cuando en la enmienda 454 se pide una transferencia al «holding» Puertos del Estado para la dársena comercial de Almería, pero no se especifica la cuantía de la transferencia que se solicita. O cuando en la enmienda 471 se pide y se defiende ardorosamente la autovía Guadix-Almería, y resulta que es una autovía de competencia de la Junta de Andalucía y no de la Administración Central del Estado. Insisto en que me he referido únicamente a las enmiedas que he escuchado, cuyas contradicciones subrayo, y que las asigno sin duda, como decía antes, a la extraordinaria proliferación de portavoces en el tema de infraestructuras, que han florecido como agua de mayo en estos presupuestos.
Entenderán SS. SS. que no me puedo referir a las casi 450 enmiendas de las que consta esta sección, por lo que me van a permitir una intervención de carácter general, de contenidos políticos, sin hacer referencias concretas a esas enmiendas.
El primer bloque de enmiendas presentado por el Grupo Popular se refiere a bajas en los presupuestos de este Ministerio.
Son, exactamente, 107 enmiendas, que producen una baja de 10.500 millones de pesetas, con la pretensión, sin duda bien intencionada, pero irrealizable, desde mi punto de vista, de producir un ahorro. Cuando en la enmienda 625 se suprimen 6.000 millones de crédito para la elaboración de proyectos y, luego, en un bloque importante de enmiendas, felizmente rechazado por el Gobierno, se insta al Ministerio a que no encargue fuera ningún tipo de trabajo, sino que los excelentes técnicos confesados por el Ministerio sean los que deban realizar esos proyectos, y disminuir las dotaciones, en general, del capítulo 2, en concreto en estudios y en trabajos exteriores, por valor de 5.500 millones de pesetas, me parece que lejos de producir el ahorro parcial del gasto del Ministerio produciría el ahorro total, es decir, la parálisis absoluta del Ministerio, que se vería imposibilitado por la doble imposición de no poder contratar trabajos y asistencias técnicas exteriores y ver considerablemente reducidos los créditos presupuestarios que facilitan la realización de esos estudios interiormente. Como digo, el resultado final no puede ser, en ningún caso, de ahorro, sino más bien de parálisis del Ministerio.
Se llega a pedir una disminución de casi 2.000 millones de pesetas al organismo autónomo Correos, al que se le imposibilitaría la dotación de sistemas informáticos y se produciría la ausencia del control presupuestario de dicho ente, puesto que también hay una enmienda que incita a la cancelación completa del crédito destinado a control presupuestario. Choca esto con la permanente y reiterada actitud del grupo enmendante de poner en duda la eficacia del proceso de modernización de Correos. Por tanto, estas 107 enmiendas, que aplican en las transferencias una ley de hierro, disminuyéndolas el 2 por ciento, sin comprender --o comprendiendo,

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pero haciendo oídos sordos a esa comprensión--que las transferencias corrientes o de capital son en la mayoría de los casos finalistas, que están destinadas a financiar actividades precisas y necesarias para el buen fin de los trabajos del Ministerio, o cuando se niega la posibilidad de renovar los equipos informáticos o incluso se plantea la posibilidad de renovar a la nada las cuotas de participación en organismos internacionales que se producen como consecuencia de los convenios del Ministerio con esos organismos, todo ese tipo de enmiendas, con la sin duda bienintencionada finalidad de producir un ahorro parcial en el gasto del Ministerio, constituirían, a nuestro criterio, la solución final, el ahorro definitivo, que sería la paralización del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Hay otro grupo de enmiendas al que no me voy a referir. Son 19 enmiendas no aceptadas por el Gobierno que piden que los técnicos del Ministerio suplan la imposibilidad de contratar asistencias técnicas exteriores, y que se encuentran, como digo, con la contradicción de que también a esos técnicos se les reduce los instrumentos materiales precisos para ejecutar su trabajo.
Tienen 12 enmiendas proponiendo, en nombre de un criterio económico contable que no acabo de entender, la reasignación de ciertos capítulos de gastos en el capítulo 1 que, a criterio del grupo que enmienda, están residenciados en servicios indebidos. Creo que basta tener una leve idea de lo que es el presupuesto por programas para entender que los costes de ese programa, incluidos los de personal, deben estar computados a la unidad o al servicio que realmente incurre en ellos, y hay muchos programas --desde luego, todos los enmendados por el Grupo Popular-- que tienen aplicación en diversos servicios del Ministerio y, consecuentemente, con esa norma de este presupuesto por programas, los gastos de personal están imputados todos a los diferentes servicios que incurren en el gasto.
Hay también una pretensión, que es permanente en el grupo enmendante, de 10 enmiendas que proponen suprimir diferentes direcciones generales, rebajar el rango de algunos altos cargos del Ministerio y, en general, poniendo en duda, como es sistemático en este grupo, la necesidad de que un organismo como éste, que tiene más de 100.000 funcionarios, que maneja un presupuesto de 1,2 billones de pesetas, al que es preciso añadir el de los organismos y entes públicos que de él dependen, tenga una plantilla de altos cargos que esté en relación con un volumen de recursos humanos y financieros que maneja.
Yo suelo poner un ejemplo, y lo he puesto en algunas ocasiones: 450.000 millones de inversión en carreteras están gestionados por 50 ingenieros, de caminos casi todos. Me parecería a mí que esa ratio que es fiel reflejo de la relación de inversión del Ministerio con sus altos cargos o de funcionarios del Ministerio con sus altos cargos desde luego lleva a este grupo a la consideración de que los altos cargos que se propone suprimir son más el producto de una ensoñación permanente del Grupo Popular que de un verdadero estudio y de la consecuencia, por tanto, de la función que esos altos cargos ejercen en el Ministerio.
Me referiré, por último, a las enmiendas de modificación, es decir, a las enmiendas que afectan al gasto sustancialmente de inversiones de este Ministerio. El Grupo mueve en su conjunto 125.000 millones de pesetas que como corresponden a una contabilidad doble, es decir, los mueven al alta y los mueven a la baja, y tiene muy pocos recursos a la Sección 31, supondrían mover 250.000 millones de pesetas de inversiones en el Ministerio, aproximadamente el 35 por ciento de las inversiones del Ministerio. He dicho al principio y sostengo ahora que no voy a descalificar ni a criticar en tonos severos ninguna de las enmiendas que han sido defendidas ni aquellas que por la brevedad del tiempo de que han disfrutado los diferentes portavoces no han podido ser defendidas. Quiero decir simplemente que corresponden a un concepto del gasto distinto al del Gobierno de este país; ni mejor ni peor, distinto, y distinto al sentido del gasto de un Ministerio cuyas inversiones son plurianuales y que, consecuentemente, en la mayoría de sus partidas no admiten disminuciones, y mucho menos disminuciones importantes, porque se trata de que los recursos de este año pagan las obras adjudicadas en ejercicios anteriores, y las obras licitadas y adjudicadas este año serán financiadas con las inversiones de los presupuestos de años venideros.
Por consiguiente, el estrechísimo margen de capacidad que tiene el Poder Legislativo para actuar sobre este tipo de presupuestos hiperanuales hace absolutamente imposible aceptar, muchísimo menos en la cuantía que les he indicado a ustedes, el contenido de las enmiendas; enmiendas que, por ceñirnos únicamente a carreteras, mueven 100.000 millones de pesetas para el próximo año, y los mueven generalmente pretendiendo anticipar (y cuando hablo de carreteras el argumento vale para obras hidráulicas, para el ferrocarril) al próximo ejercicio presupuestario los contenidos globales de un Plan Director de Infraestructuras, planificado para quince años de vigencia. Han cogido el Plan Director de Infraestructuras y en él viene (viene; aunque S. S. quizá no tenga el Plan Director de Infraestructuras, los portavoces oficiales de su Grupo seguro que lo tienen) la autovía Cuenca- Tarancón, muy claramente marcada. Y dicen: pues como está en el horizonte de los próximos quince años, yo quiero que se ejecute en el próximo año. (Risas.) Me alegro del buen sentido del humor que tiene S. S. porque a lo largo de los próximos cuatro años le va a hacer falta, sinceramente.
Ustedes pretenden, por tanto, anticipar contenidos, que están en la voluntad del Gobierno y de este Grupo

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Parlamentario, de inversiones e infraestructuras, anticiparlos a este año, y eso naturalmente no es posible; ni es posible ni se puede hacer desde la seriedad y el rigor que debe de caracterizar a un Grupo de la considerable importancia del de ustedes. Sus enmiendas en carreteras --hablo con carácter general-- producirían un intolerable sesgo inversor en torno a Galicia, para cuyas autovías de acceso, tanto desde la meseta como desde el Cantábrico, ustedes nos proponen este año aumentar en 30.000 millones de pesetas los 60.000 ya existentes para las autovías gallegas, y para el próximo año nos proponen la friolera de aumentar en 80.000 millones de pesetas las previsiones que el presupuesto del Ministerio tiene para el próximo año. Deberán de entender ustedes, o al menos los más expertos en este asunto, que aunque hubiera recursos disponibles para ello, aunque fuera posible aceptar su enmienda, dicho más claramente, aunque estuviesen ustedes en el Gobierno, es materialmente imposible gastar ese volumen de dinero en un año en unas autopistas.
Pero, ¿cómo me financian estas autopistas? Me las financian evidentemente con inversiones de carreteras de otras regiones del país, razón por la cual decía que se produciría un intolerable sesgo inversor del Ministerio en torno a Galicia, y con la práctica totalidad del Programa 513|E, que les voy a recordar a ustedes que sirve para el mantenimiento y la explotación de los 20.000 kilómetros de la red de interés general del Estado. Es decir, en un supuesto de imposible gasto de esa cuantía de dinero en Galicia, además me lo financian ustedes de una manera que produciría la paralización del programa de creación de infraestructuras en medio país y la paralización del programa de mantenimiento de infraestructura en todo el país en su conjunto.
En ferrocarril tengo poco que decir. También ustedes tienen poco que decir. Presentan siete enmiendas testimoniales por valor de 700 millones de pesetas. La que con carácter simbólico resaltaré, en la que piden 100 millones para la modernización de la vía de Jaén a Madrid, 400 kilómetros en números redondos, considerarán ustedes, como digo, que es una enmienda puramente simbólica, testimonial; o cuando piden 75 millones para desdoblar la vía de Cádiz a Jerez de los Caballeros, dicen ustedes en su enmienda --creo entender que será Jerez de la Frontera--; o 100 millones para el soterramiento de las vías en Valencia. Por tanto, no tenemos, al parecer, grandes diferencias en la política ferroviaria de este país, cuestión de la que me felicito, porque a lo largo de los últimos años ha sido también un permanente tema de enfrentamiento entre ustedes y nosotros.
Esto es con carácter general, señor Presidente, referido, como digo, y me disculpan SS. SS. que haya sido una intervención de contenido tan general, lo que tengo que decir en relación con las enmiendas del Grupo Popular.
El Grupo de Izquierda Unida, por su portavoz, esta vez único, señor Andreu, ha renunciado, yo creo que con buen criterio, a defender las enmiendas provinciales que plantean, lo cual me exime a mí también de referirme a ellas, y se ha referido exclusivamente a las razones por las que pide la devolución al Gobierno de estos presupuestos.
La primera de ellas era que en estos momentos de crisis es preciso un considerable esfuerzo inversor del Gobierno en general y del Ministerio en particular. Estoy de acuerdo con esa afirmación y el Gobierno también. En un momento de recesión económica, de crisis económica, de crecimiento negativo de la economía del país, presentar un presupuesto que crece sólo en infraestructuras más del 17 por ciento creo que es responder prudente y sensatamente a una cierta concepción anticíclica de los presupuestos, precisamente para generar una importante actividad en el sector de la construcción, de infraestructuras en particular, del que se dice, no sé si con acierto pero con generalidad por los expertos, que crea un empleo por cada 4,5 millones de pesetas invertidos. Desde ese punto de vista me parece notable la contribución anticíclica de los presupuestos de inversión del MOPU para el próximo año.
Me habla también, como segunda razón para pedir la devolución del presupuesto al Gobierno, de una supuesta escasez de inversiones ferroviarias. En lo que se refiere al Ministerio las inversiones ferroviarias aumentan exactamente en un 51 por ciento, a lo que hay que añadir las inversiones que con cargo, desgraciadamente, a endeudamientos debe efectuar Renfe. La envolvente general de esas inversiones en el ferrocarril nos da una cifra próxima a los 170.000 millones de pesetas. Ocurre con el Grupo de Izquierda Unida que, más que la escasez de la inversión ferroviaria, lo que nos separa es una irresoluble contradicción entre ellos y nosotros en el modelo de ferrocarril por el que estamos apostando. Enmiendas suyas hablan de proyectos de ferrocarril absolutamente alejados de la voluntad del Gobierno, de este Grupo y del Plan Director de Infraestructuras, como el túnel de Pajares o el Ruta de la Plata. Hay una concepción radical e insoluble entre el Grupo de Izquierda Unida, el Gobierno y este Grupo en la concepción del ferrocarril. Nosotros apostamos por un ferrocarril de cercanías, de transporte de grandes masas a grandes distancias, apostamos por un ferrocarril de alta calidad en los corredores sustantivos del territorio, pero no apostamos por un ferrocarril como instrumento básico de cohesión territorial de las diferentes comunidades españolas. El ferrocarril, por muy bueno que fuese, jamás podrá competir con una carretera que trabaja los 365 días del año, las 24 horas de cada día y que ofrece un servicio puerta a puerta, además excepcionalmente valorado por el usuario de los transportes como es el automóvil o en general la carretera, que soporta más del 90 por ciento del tráfico tanto

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de pasajeros como de mercancías. No se puede, desde la responsabilidad de Gobierno, de apoyar al Gobierno o simplemente de la de encarar con realismo los problemas de este país, apostar por un ferrocarril que sirva, como servía a mediados y finales del siglo XIX, como elemento sustancial de cohesión territorial de las diferentes comunidades españolas.
La inversión en viviendas son 107.000 millones de pesetas, impropiamente llamada inversión, porque más bien son transferencias en el capítulo 7 y son las necesarias para atender a los convenios suscritos entre el Ministerio y las diferentes comunidades autónomas.
En cuanto a la política general que subyace en las enmiendas propuestas por Izquierda Unida, no tengo más remedio que referirme a que el desacompasado peso que pretenden dar al ferrocarril en este país, en el cual proponen altas por valor de 53.000 millones de pesetas, lo financian, básicamente, con una destrucción sistemática de la política hidráulica del país. Financian ferrocarril con agua, y nos parece que están jugando con fuego. Nos parece que ni el país ni la climatología que hemos tenido recientemente son elementos que puedan inducir a una reflexión política de calidad que lleve a proponer bajas en obras hidráulicas por valor de 64.000 millones de pesetas, casi la mitad del presupuesto del programa 512.A. Además, lo hacen mal, porque quieren sacar 64.000 millones de pesetas del sistema Aragón-Irati, de la presa de Val y de la presa de Rules. Esos tres proyectos del Ministerio tienen en su conjunto un presupuesto que no alcanza para el próximo año los 15.000 millones de pesetas. Han resultado, por tanto, enmiendas desde el prejuicio, desde la hostilidad a la política hidráulica del país y no se han parado a pensar que pretenden financiar con 15.000 millones de pesetas obras por valor de 53.000 millones de pesetas o que pretenden sacar 64.000 millones de pesetas de tres actuaciones que sólo computan en su total algo más de 15.000 millones de pesetas.
Compartimos con ellos la necesidad de una mayor concienciación medioambiental de este país. Está en revisión el plan nacional de residuos industriales; está en fase de elaboración un plan estratégico nacional de medio ambiente. Los contenidos de estos planes no van a ser gloriosos. Vamos a tener que hablar de incineradoras cuando llegue el momento, vamos a tener que hablar de almacén de seguridad de residuos tóxicos industriales, vamos a tener que hablar de plantas de tratamientos físico-químicos de los residuos, porque la única política de medio ambiente sostenible es la que cierre el ciclo de producción de los residuos, la que impida que los residuos se depositen en vertederos o se traten en procesos incontrolados.
A eso les emplazo, señor Presidente, a que cuando llegue el momento, esa confesada y reiterada voluntad de mejorar el medio ambiente de este país les lleve a apoyar o a buscar el consenso en la localización de los instrumentos de cierre de la política ambiental, a pesar de todas las mejoras de producción de residuos... (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Las seis y media, señor Diputado. (Risas.) He indicado a un señor Diputado que me exhortaba con el tiempo la hora que es.
Paso a referirme, de manera ya más breve, a las enmiendas defendidas por el señor Homs en nombre de su Grupo.
Vamos a presentar una enmienda transaccional con su enmienda 249, en la que solicitaban un incremento de dotación de 500 millones de pesetas para el barrio de San Cosme en Cataluña.
Esta es una actuación cliente habitual de los presupuestos del MOPU que todos los años ha tenido el apoyo y la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista. Este año queremos presentar una transaccional, que será entregada luego a la Mesa para su correcta tramitación y posterior votación, incrementando en 200 millones de pesetas los 100 millones que constan en el presupuesto.
El problema de las viviendas que padecen aluminosis da también lugar a su enmienda 251. Nosotros queremos presentar una transaccional, en la que incrementamos el convenio vigente con Cataluña a esos efectos, que es la Comunidad que tiene mayores daños causados por este problema, aumentando la dotación que ya viene en los presupuestos de este año en 725 millones de pesetas.
Nos es imposible aceptar su enmienda número 250, para las viviendas del Turó de la Peira, porque el conjunto de los créditos presupuestarios que constan en el presupuesto, que son a su vez consecuencia de diferentes convenios --estamos hablando siempre de transferencias de capital a comunidades autónomas dentro de las limitaciones del presupuesto--, no nos permitirían atender su enmienda sin un grave desequilibrio con los convenios firmados con otras comunidades y, consecuentemente, introduciendo un perjuicio para otras comunidades, lo que sin duda no es la intención del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ni tampoco de este Grupo Parlamentario. Por lo tanto, presentaremos a la Mesa las dos enmiendas transaccionales.
El Partido Nacionalista Vasco tiene un conjunto de enmiendas, que son financiadas desde nuestro punto de vista de una manera inasumible por nosotros, sin que sea posible encontrar hueco en el presupuesto para financiarlas, dada las cuantías de las mismas. Nos plantean un alta de 4.000 millones de pesetas, entre otras razones para la Y vasca. La Y vasca, como ustedes conocen, es un compromiso del Gobierno, del Ministerio. No tiene fecha. El único compromiso fechado es la alta velocidad con Barcelona y frontera francesa, pero es una actuación contemplada en el Plan Director de Infraestructuras y no con carácter inmediato.
El señor Ministro Borrell decía, yo creo que con razón, hace unos días que el horizonte temporal de 15 años es

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preciso para contemplar las inversiones en infraestructura.
Por tanto, no parece de una urgente necesidad.
Pero el conjunto de esas enmiendas --1.000 millones en obras hidráulicas y 2.000 en calidad de agua-- lo financian ustedes con transferencias a Renfe, disminuyéndolas en 7.000 millones de pesetas. Bien es cierto que en el volumen de endeudamiento que padece Renfe 7.000 millones de pesetas pudieran parecer poco. Realmente lo son comparativamente, pero no sería razonable por nuestro Grupo que, exigiéndole a Renfe como le exigimos una política de austeridad presupuestaria, una política de delimitación de objetivos, una política de especificidad de los servicios que presta, al mismo tiempo le detrajésemos 7.000 millones de pesetas, que se traducirían indefectiblemente en un mayor déficit y en una mayor pérdida.
Tienen ustedes tres enmiendas de disminución de gasto. Quiero expresarme con carácter general bastante en contra de aquellas que pretenden disminuir en 2.000 millones de pesetas las inversiones en Correos. Bien es cierto que no se plantea así.
Se plantea disminuyendo en 2.000 millones de pesetas las transferencias de capital del Ministerio a Correos, pero como esas transferencias de capital son las que financian Correos, el resultado final de su enmienda sería disminuir en 2.000 millones de pesetas las inversiones en Correos, una disminución de casi el 10 por ciento de sus inversiones.
Tampoco estamos de acuerdo en disminuir en 820 millones de pesetas el Capítulo 2 del Ministerio. Es un capítulo que permanece congelado; hablo de memoria pero creo recordar que son 11.000 millones de pesetas en el ejercicio anterior, y su volumen es tan escaso que no llega ni al uno por ciento del presupuesto del Ministerio. No nos parece oportuno penalizar ese esfuerzo importante de parquedad presupuestaria, de control del gasto en compra de bienes y servicios, con una disminución de 820 millones de pesetas en los presupuestos. El resto de las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios merece por mi parte una referencia por cortesía parlamentaria.
Por ejemplo, las enmiendas defendidas por el señor Mauricio en nombre de Coalición Canaria tampoco entran dentro de las previsiones presupuestarias que estamos dispuestos a apoyar en estos presupuestos y, en concreto, la rehabilitación del teatro-cine Cuyás en Gran Canaria. Durante tiempo han figurado este tipo de actuaciones en el Ministerio de Obras Públicas, pero este año se han suprimido precisamente por la dificultad presupuestaria. En cuanto a transferencias para los convenios para actuaciones relativas a los patronatos provinciales de vivienda, para los que piden 1.300 millones de pesetas, el Programa 431.A, que es el que se encarga de esto, tiene previstas una serie de transferencia a las comunidades y entre ellas estará la suya por el valor --recuerdo, dentro de las limitaciones presupuestarias-- que se haya convenido entre la Administración central y esta Comunidad Autónoma. Al Grupo Mixto le quiero decir, y en concreto al señor González Lizondo, que nos plantea enmiendas por valor de 160.000 millones de pesetas... (El señor González Lizondo hace signos negativos.) Sí, señor González Lizondo, permítame que le corrija: 80.000 de altas, que significan 80.000 de bajas: 160.000. Y no hablo de los 54.000 que nos plantea vía enmiendas a disposiciones adicionales del proyecto de ley. Yo lo he cuantificado porque es mi obligación, pero usted se ha limitado a coger los presupuestos del Ministerio y donde vienen 200 ha puesto 300, donde vienen 400 ha puesto 600, llegando a la parodia de que defiende usted enfervorizadamente 100 millones de pesetas para la playa de Pinedo cuando lleva 200 en los presupuestos, señor González Lizondo. (El señor González Lizondo: Cien más.) Usted no dice eso. Usted pide 100 millones de pesetas y lleva 200.
Yo le demuestro a S. S. que en el 80 por ciento de sus enmiendas, en la regeneración de playas de Alicante, etcétera, ha cogido los diferentes conceptos presupuestarios de cada una de las direcciones generales y ha ido incrementando la cantidad.
Yo creo, señor González Lizondo, que con carácter general la Comunidad Valenciana, en inversiones del Ministerio de Obras Públicas, está este año más que razonablemente bien dotada.
Absorben ustedes casi la totalidad del presupuesto del ferrocarril, aunque es justo que así sea, porque es de los corredores más dinámicos, tanto el Valencia-Barcelona como el Madrid-Valencia, así como los créditos precisos para impulsar notablemente, quizá no para terminar, la conexión por autovía con Madrid.
El representante de Eusko Alkartasuna, señor Albistur, ha defendido una enmienda por la que solicita crédito en el programa 513.A para la «Y» vasca, sobre lo que yo ya me he extendido con más amplitud en la respuesta al Grupo Vasco.
Luego también pide usted una serie de altas para actuaciones en costas por parte de la Confederación Hidrográfica del Norte (por cierto, lleva 3.500 millones de pesetas en los Presupuestos) y para actuaciones en costas y en medio ambiente. Tanto el Programa 514.C, que es el encargado de actuaciones en costas como el Programa 441.A, que es el encargado de saneamiento de aguas, para el que usted pide también 500 millones de pesetas, llevan unas rúbricas generales, que no tienen nombres y apellidos, pero que hacen posible, por la información que tengo, atender algunas de las peticiones que usted plantea de regeneración de playas y de algunas actuaciones en canalizaciones de ríos y de abastecimiento de agua a San Sebastían. Están en la rúbrica general de actuaciones de interés

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general en el Programa 441.A (usted me perdonará que le hable de memoria, pero creo que con buena memoria) y creo que tiene una dotación de 4.500 millones de pesetas para dichas actuaciones de interés general. Como ustedes fueron listos y son de las pocas comunidades que no tienen transferidas las competencias en aguas, se están ustedes beneficiando, y se beneficiarán en el futuro, de la mejor obra hidráulica que se está haciendo en este país.
Nada más, señor Presidente, y me disculpará por la extensión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Finaliza así el primer turno con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Comenzamos el segundo turno en los términos de brevedad que se han acordado por la Mesa.
Tiene la palabra el señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Yo, lo mismo que lo ha hecho el portavoz socialista, lamento que haya llegado tarde. Lo lamento no por la espera que hemos tenido, sino porque no ha comprendido cuál ha sido el planteamiento del Grupo Popular.
No hay una proliferación de portavoces. Hay un planteamiento de la política general presupuestaria que hace el Grupo Popular y que hemos hecho yo mismo y don Felipe Camisón, y dentro de ese planteamiento unas actuaciones territoriales que han defendido diputados de cada provincia. Es muy fácil, si no se quiere llegar a acuerdos, si no se quiere contemplar lo que se propone, si no se pretende, en absoluto, comprender cómo se puede mejorar el presupuesto, buscar entre 200 enmiendas algunos defectos y algunas mal hechas. Además se busca mal, porque en la enmienda 443, por ejemplo, no es verdad que se quiten 5.000 millones y quede un superproyecto sin actuación.
Se dice que la autopista Guadix-Almería es competencia autonómica. No, señor. La Guadix-Almería, que es la Nacional 324, no es competencia autonómica; es la antigua Nacional 342, que es la autovía de 1992.
Se dice que en la enmienda 625 se hace una baja de 5.000 millones. No. En esa enmienda lo que se pide son 6.000 millones para contemplar las autovías, que estando en el Plan de Desarrollo Regional 1989/1993 siguen sin contemplarse en 1994. ¿No parece eso muy lógico? No es verdad que se hable de la variante de Almería, que ya está contratada; está contratada por 9.200 millones, pero se piden 2.500 más para completar los 11.000 que había el año pasado. Sí es cierto que hay una enmienda, 445, por ejemplo, que duplica esa petición y se presenta una por un importe de 1.000 millones, cuando en otra enmienda se hace una petición de 2.300 millones.
Pues bien, hay defectos en alguna enmienda, pero eso no justifica el que no se tenga en cuenta lo que el Grupo Popular propone.
Insisto, el Grupo Popular ha mantenido --y lo he hecho yo como portavoz-- que hay una serie de actuaciones que consideramos prioritarias desde un punto de vista programático, en el que buscamos acuerdo. Se dice por el portavoz socialista que es razonable esa enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y yo lo celebro, que supone 700 millones. Sin embargo, las enmiendas en las que yo he puesto más énfasis como, por ejemplo, la del acuerdo firmado por la Administración Central y la Comunidad de Castilla y León, por un importe de 200 millones; otra de 100 millones para estudios precisos para la autopista Madrid-Tudela y la participación del capital privado en las infraestructuras u 80 millones para el plan de ahorro de agua, o 150 millones para transferencia de capital a corporaciones locales en el Plan de Residuos Industriales, todas ellas sumadas importan 450 millones, menos de 700. ¿Por qué no se habla de esas enmiendas? ¿Por qué no se intenta discutir esas enmiendas que son precisas, pequeñas y fácilmente asumibles y que marcan un camino de actuación? Porque se prefiere hablar de la gran cantidad de enmiendas y sumar lo que se ahorra y lo que se propone invertir y decir que hacer eso es imposible. Naturalmente, pero ahí hay una falacia. Está la falacia de creer que en algún momento era posible que todas las enmiendas se aprobarán simultáneamente.
Eso es obvio que no. Cuando hay una propuesta de bajas, lo que se está indicando es que se puede ahorrar en el Capítulo II.
Quizá no en todos los programas; veamos en cuáles no.
Se puede ahorrar en el Capítulo IV; se puede ahorrar en el Capítulo VI. No hay que dar todos los proyectos como se están dando. ¿Que hay que dar algunos? Veamos si el ahorro que proponemos es excesivo, pero hay alguno que es posible. Se pueden quitar direcciones generales. En el año 1977 en que yo era Vicesecretario General Técnico de Obras Públicas y Urbanismo, sin transferencias a las comunidades autónomas, con una cantidad superior en términos reales a la que ahora tiene el Ministerio, había un Director General de Servicios y ahora hay cuatro directores generales para hacer la labor que hacía uno. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.) ¿Cómo no se va a poder disminuir esa cantidad? No pasemos a uno, pasemos a dos. ¿Pero hay posibilidades de ahorro? ¡Claro que las hay! Decir que no se puede quitar nada porque si se quita algo se paraliza el Ministerio, es simplemente ir siempre a la mayor para no tener en cuenta lo que se propone detalladamente.
Cuando se dice que estas inversiones, propuestas por cada uno de los portavoces, sumadas todas ellas supondrían romper el esquema de Obras Públicas, es cierto. Pero habría que ver si de todas ellas no se podrían seleccionar algunas cuando precisamente no estamos actuando con un plan director de infraestructuras --que no está aprobado--, sino con unos planes puente que conoce el Gobierno y que, además, luego incumple. Por lo tanto, la conclusión a la que llego es que no hay voluntad por parte del Grupo Socialista de estudiar a fondo nuestras propuestas. No pretendemos que se nos

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acepte el cien por ciento de las propuestas, ni siquiera un cincuenta, quizá ni siquiera un diez por ciento. Pero es que no se admite ninguna. Es que no hay ninguna propuesta, ni de baja ni de alta, que sea razonable. Es que no hay ninguna que sirva para nada. Eso indica una posición predeterminada de rechazar todo lo que nosotros proponemos.
Ahí están esas palabras del portavoz socialista que dice que hay un concepto distinto de las obras. Es posible que lo tenga. El concepto que nosotros tenemos, y el que aplicaremos cuando gobernemos, será el de dar participación a todos, porque la verdad nunca está sólo en un sitio y hay que compartirla entre todos.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Camisón. Le ruego que sea breve: Hago una advertencia a los intervinientes anteriores del Partido Popular y les digo que, a ser posible, no vuelvan a intervenir si no es totalmente necesario o quieren aclarar algo. En el caso de que intervengan, van a tener un minuto cada uno.


El señor CAMISON ASENSIO: Efectivamente, voy a ser muy breve, en la misma línea de argumentación que ha explicitado mi compañero de Grupo don Jesús Posada.
La intervención del portavoz socialista clarísimamente ha sido la actuación de una cerrazón absoluta a no admitir nada positivo en las enmiendas del Grupo Popular. Esas disquisiciones que ha desarrollado iban todas dedicadas a intentar descalificar nuestra enmienda sin razones suficientes. Yo podría dar aquí nuestras razones --si tuviera tiempo-- y desmontar todos sus argumentos, pero voy a citar sólo algunos, en aras de esa brevedad que me pide el señor Presidente.
Dice S. S. que no merece la pena haber presentado 107 enmiendas para conseguir un montante de baja de 10.500 millones. Lo que para él es poco --10.500 millones--, para este Grupo es bastante, y muchos pocos pueden hacer al final un mucho si se va en esa dirección.
Ha criticado S. S. que este Grupo en algunas de sus enmiendas intenta deducir un 2 por ciento de bienes y servicios.
Nosotros creíamos que, a estas alturas, en estas partidas de bienes y servicios ha habido en los últimos años, por parte del Gobierno Socialista, muchos casos de despilfarro manifiesto. Esperamos que ahora con ese impulso democrático que se está proponiendo, incluso por parte del Presidente del Gobierno, eso vaya a disminuir. Pues bien, si va a disminuir, nosotros entendemos que ese 2 por ciento quedaría subsumido en esa eliminación de despilfarro, luego ya sería razón suficiente para que la enmienda fuera absolutamente razonable.
Otro argumento que ha esgrimido S. S. es que el número de funcionarios de un departamento ha querido hacerlo proporcional al montante total del presupuesto. Algo de relación hay, no lo voy a negar, pero también es verdad que existen en este Ministerio, como es lógico, una serie de obras reiterativas, y la prueba es que se trabaja con bastante frecuencia a través de obras tipificadas.
Respecto a la crítica que ha hecho en cuanto a los funcionarios de alto rango, de director general, de carácter político, que nosotros intentamos eliminar, nuestra propuesta no es disminuir ese número, sino el rango. El emplea un ejemplo y yo voy a contestarle con otro, que es el siguiente: se da la circunstancia, aberrante para este Grupo, de que hay un Presidente de los Puertos Españoles con rango de director general, del cual dependen 27 directores generales. No tiene sentido, en una administración moderna, que haya un director general del cual dependan 27 directores generales, todos los presidentes de los organismos de los puertos españoles. Por tanto, insistimos en que este tipo de enmiendas es razonable, haya dicho lo que haya dicho el portavoz socialista.
Eso es todo.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Martínez- Villaseñor, por un tiempo máximo, por mínimo que sea, de un minuto, tiene la palabra.


El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Ya le he oído anteriormente, señor Presidente, lo del minuto, que en definitiva viene a suponer guillotinar el debate, pero voy adelante.
El portavoz señor García-Arreciado debía estudiarse las enmiendas antes de contestar, puesto que este año, con su contestación, responde a una enmienda mía de 1988, en que se pedía la autovía Tarancón-Cuenca. Por tanto, no he copiado el PDI para hacer esta enmienda; lo que voy a tener que hacer es pedir al Ministerio que me indemnice por la patente de esa autovía, que se me ha copiado por el PDI a mí. Pero la enmienda 617, que no debe haber leído el señor García- Arreciado, lo que plantea es la autovía Tarancon-Cuenca- Caudete, que es la que permite unir Madrid-Cuenca-Valencia.
Finalmente, quiero decirle al señor García-Arreciado que el PDI, hasta ahora, sólo es una costosísima operación de imagen, que no está aprobado y que su horizonte se sitúa en el 2007.
Usted me pide que yo crea en su palabra, que se hará en los próximos cuatro años. ¿Como quiere que un conquense se crea sus palabras cuando esta promesa suya de ahora ya la hicieron los Ministros Sáenz Cosculluela y Zapatero en los años ochenta y no se cumplió; ya figuraba aprobado en el PDR de 1989/93 y todavía está sin ejecutar y no hay ni una peseta para los presupuestos de 1994? Si de verdad quiere que los conquenses creamos su palabra, lo tiene muy fácil: voten ustedes a favor de mi enmienda 617 y así aparecerá en los presupuestos. Lo demás son

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palabras que, hasta ahora, en lo relativo a la autovía de Cuenca, siempre se las ha llevado el viento y la obra sigue sin hacerse, y ni en los presupuestos ni en el plan plurianual del Ministerio, que cubre hasta el año 1997, aparece ni una peseta para esta obra. Dígame usted dónde está la congruencia, dónde está la contradicción, que es lo que realmente existe entre sus puras palabras y el comportamiento que el Ministerio ha tenido a la hora de elaborar el plan plurianual de inversiones.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Isasi, tiene la palabra por el mismo tiempo.


El señor ISASI GOMEZ: Medio minuto solamente para referirme a las enmiendas que he defendido anteriormente, a las 479, 480 y 481, que a resultas de la intervención del portavoz socialista parece que puedo interpretar que las aceptan, puesto que no se ha referido a ellas. Por tanto, como su intervención ha sido de rechazo a todas las enmiendas del Grupo Popular, quiero interpretar --ojalá sea así-- que estas enmiendas las acepta el Grupo Parlamentario Socialista, puesto que tampoco me siento aludido por su intervención generalizada, ya que nada tienen que ver estas enmiendas con su argumentación en las bajas de las enmiendas referidas a la misma Sección 17.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Espasa, por Izquierda Unida.


El señor ESPASA OLIVER: Con brevedad querría pedirle al señor García-Arreciado, aunque seguro que lo ha hecho, que vuelva a releer a los clásicos, y especialmente a Horacio, y recuerde la máxima de que nada con exceso; nada con exceso, y menos la posesión de la verdad.
Nos decía el ponente socialista que están de acuerdo con nosotros en que haya una mayor inversión de este Ministerio, como un gran ministerio que pueda hacer políticas anticíclicas. Estamos de acuerdo. Pero no se trata de estar de acuerdo en las voluntades y en las palabras. Se trataría de estar de acuerdo en los hechos. Nuestras enmiendas iban en la línea de materializar esta voluntad política en hechos concretos.
Muy recientemente, con el acuerdo de toda la Cámara y también del Grupo Socialista, hemos podido dar un ejemplo de este tipo de preocupación práctica, abaratando el crédito hipotecario y dinamizando así todo el sector de la construcción. Se trata, pues, a través de iniciativas de los demás grupos, que muchas veces pueden resultar positivas, de dar a este Ministerio una mayor actividad anticíclica, porque si no se queda sólo en discurso, como ha sido el del señor García-Arreciado.
Nos dice también, haciendo una bella metáfora, que podemos acabar jugando con fuego al destruir la política hidráulica de este país, puesto que nuestras bajas se centran fundamentalmente en retrasar en el tiempo la construcción de tres embalses, recursos financieros que aplicamos después a otras políticas activas del conjunto del Ministerio. Se deduciría de sus palabras que todo debe fiarse a una política hidráulica de mayor gasto de agua.
Nosotros no compartimos esta tesis. Nosotros creemos que es evidente que hace falta una política hidráulica en este país, pero que debe pasar fundamental- mente por el ahorro de este bien escaso y tan necesario y por la compatibilidad de todos los usos. No por la construcción desaforada o no de embalses y, sobre todo, por un mayor desafuero en un proyecto de trasvases, absolutamente faraónico, a lo largo de toda la geografía española. No compartimos esta tesis por cara, por excesivamente generadora de gasto no racional. De ahí que nuestra posición es que no se trata sólo de suprimir o no tres embalses, sino que es más de fondo. Para muestra sólo un botón: recuerde, señor García-Arreciado, cómo ustedes defendían encarnizadamente el pantano de Riaño, que tenía que servir para regar toda la tierra de campos y de barros, si no recuerdo mal, y cómo ya se sabe a estas alturas --pantano que está en vías en construcción o de finalización-- que ningún agricultor, y mucho menos con la nueva política agrícola común de la Comunidad, va a utilizar este agua para riego. Por tanto, nada con exceso. No se irrogue usted toda la verdad en todas las políticas --la del Ministerio, la hidráulica, la de ferrocarriles-- y, como le decía al principio, relea usted los clásicos y, quizá, así podremos entendernos y hacer políticas más progresistas. Porque si para ustedes políticas progresistas, políticas anticíclicas las han de hacer con un Grupo parlamentario que aquí les pide más gasto, pero que en Cataluña dice que este Gobierno gasta demasiado, utilizando lo que aquí y en Cataluña denunciamos de esta formación política y es su doble lenguaje, apañados estamos con el progresismo que se van ustedes a montar con Convergència i Unió.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo PNV, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Voy a intentar ser muy breve y esquemático para contestar al señor García Arreciado sobre las contestaciones que él, a su vez, ha dado a nuestras enmiendas.
En primer lugar, ha hablado de falta de financiación para poder acometer estas obras. Yo le ofrezco financiación, ayuda, por lo menos, de financiación. Si lo que quiere es que se adelante el dinero, nosotros estamos dispuestos a adelantarlo.
Lo hemos dicho muchas veces --no quiero que se interprete como una «bilbainada»-- y ya lo pagaría el Gobierno cuando pueda.
Yo creo que no es cuestión de financiación, sino de interés.


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He ha dicho, respecto a la Y, que sí hay un compromiso con el Gobierno; que, efectivamente, éste se comprometió, en su día, a financiarla y a llevarla a efecto, pero que no tiene ninguna fecha establecida y que, además, no le parece urgente.
Pues bien, no es de recibo que desde el compromiso del Gobierno, en el año 1989, hasta, según he entendido, dentro de 15 años, no se vuelva a desarrollar ésta dentro del plan de infraestructuras.
Yo entiendo que la Y vasca, que en el fondo lo que pretende es el desarrollo de una zona, de una región que quiere comunicarse con Europa, que quiere el desarrollo de todo el sistema productivo del País Vasco y su entorno, no sea tan importante como, por ejemplo, unir con el AVE Sevilla y Madrid. Lo entiendo y ahí no tengo nada que decir, pero creo que de mis palabras se puede entender cuál es el sustento de la cuestión.
Me dice que pedimos estas ampliaciones presupuestarias contra Renfe. Yo no tengo nada contra Renfe, pero el Reglamento me indica que tengo que sacar el dinero de la misma sección y en la misma sección sólo lo puedo sacar de Renfe. Espero que el día que hagamos una reforma del Reglamento obviemos este tema.
En cuanto al resto de las enmiendas sobre inversiones en infraestructuras, que son tres, no me ha contestado el señor García-Arreciado. Es decir, no me ha contestado sobre el desarrollo de FEVE --Ferrocarriles de Vía Estrecha--, tampoco me ha contestado en relación con el plan hidrológico del norte ni sobre el plan de obras hidráulicas que nosotros proponemos.
No sé si la no contestación quiere decir que está de acuerdo o que no lo está. Me apuntan que por silencio administrativo se estaría de acuerdo. (Risas.) Quiero decirle que sólo me ha contestado a dos enmiendas de reducción de gasto que nosotros proponemos y, desde luego, no tenemos nada contra Correos ni contra el Capítulo II, simplemente encajan dentro de un criterio de ahorro que estamos estableciendo en todas las secciones. Del resto de las enmiendas tampoco me dice nada, y son enmiendas de ubicación en las Secciones 32 y 33 de estos gastos, que es donde nos parece que verdaderamente se deben situar. No nos han dicho nada a ese respecto.
Lo que sí me ha dicho, y lo he apuntado, es que --no sé si de alguna forma esto podría figurar en los presupuestos, aunque sea como una nota--, dado que la Comunidad Autónoma Vasca no tiene transferencias en obras hidráulicas, nos vamos a beneficiar de la mayor obra hidráulica del Estado. ¡Hombre!, muchas gracias. Yo pido que esto figure en los presupuestos y que, además, diga cuáles son esas obras hidráulicas, las mejores del Estado, que va a hacer el Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Convergència i Unió y Coalición Canaria renuncian a hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Voy a ser breve.
Como el portavoz del Grupo Socialista me ha respondido, como él mismo ha dicho, por cortesía parlamentaria, yo mantengo mi cortesía, en este caso con el mensajero, pero quien tengo que reconocer que no ha tenido cortesía parlamentaria es el informador del mensajero, que creo que ni siquiera se ha leído las enmiendas propuestas, ya que incluso ha proporcionado una información, no voy a decir falsa, pero sí no correcta al señor mensajero.
No voy a entrar en más temas y sólo daré las gracias por la respuesta que se me ha dado que, a un nivel local, me llena de argumentos políticos que usaré oportunamente.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor González Lizondo, por el Grupo Mixto, y para réplica en su caso.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor García-Arreciado, se lo digo con simpatía, pero yo le estaba mirando a usted y en estas fechas todos recordamos esa noche de todos los Santos y esa figura de Don Juan, que, a los pies de doña Inés, le dice muchas cosas agradables, pero, al final, lo único que pretende es llevársela al río. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Al huerto!) Bueno, al huerto; al huerto, señorías. La verdad es que eso es lo que usted ha intentado hacer conmigo, pero por lo menos lo ha hecho con simpatía, se lo tengo que reconocer, y, además, agradablemente. Ha quedado ya claro que no pedimos 160.000 millones de inversiones, son 80.000 millones; usted no me puede sumar a mí las que yo detraigo porque no quiero que se invierta más; son 80.000, no son más; esos son los números del Gran Capitán. Además, hay una cosa muy clara, yo no puedo presentar una enmienda para pedir menos. Y respecto a la de Pinedo, concretamente le diré que, además de que está destrozado, los 200 millones de pesetas que vienen en el presupuesto son para hacer una especie de muro que evite mayores males, una especie de paseo que el año pasado se tenía que haber hecho ya, que llegó a hablarse de ello en las Cortes y que se llegó inclusive a proponer; además, había parlamentarios de su propio Grupo que estaban por la labor, pero luego al final no se hizo.
Dice usted: total de inversiones de la Comunidad Valenciana.
Exactamente, y no me equivoco un duro, son 34.100 millones de pesetas, que del billón 18.000 millones de pesetas que va a invertir el Gobierno, del total de inversiones supone el 3,3 por ciento. Usted me pide que me dé por satisfecho, ¡por el amor de Dios!, ¿cómo me puedo dar por satisfecho? Además es que ni siquiera aquellas que mejoran el territorio de sus socios, ni tan siquiera ésas. Usted tenía aquí enmiendas para haber

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elegido una por lo menos. Podía usted haber dicho: ¡hombre!, vamos a tener un detalle, la enmienda 54, que solamente son cinco millones. ¿Le parecía mucho? Pues tenía usted la 63, que sólo es un millón de pesetas, para organizar un regadío del río Magro. Sí, sí, pero es que este millón hay que pagarlo, y no dan ni un millón de pesetas para una zona que está teniendo problemas con el regadío y que está exportando muchos miles de millones. La Comunidad Valenciana, dentro de todo su conjunto, aporta 800.000 millones de pesetas a las arcas del Estado, para que luego nos devuelva 34.100 millones de pesetas en inversiones. Y si le parecía demasiado un millón de pesetas, tenía usted dos enmiendas sin consignación presupuestaria, de cambio de nombre. ¡Es que ni una, ni una! Yo lo siento, pero desde luego el papel de don Juan lo ha realizado usted maravillosamente bien; es usted agradable, le agradezco mucho el tono, le agradezco mucho las formas, pero me habría gustado que usted arremetiese un poco y me hubiera dado algo, ¡es que no nos ha dado nada! Al mismo tiempo me atrevería a hacerle una pregunta. Ha hablado de un compromiso de la alta velocidad que tiene el Gobierno con Madrid-Barcelona-frontera con Francia. Yo le preguntaría: Madrid-Barcelona, ¿puede usted decirnos por dónde?

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Me voy a tomar medio minuto para salir en defensa del señor González Lizondo por una puntualización de dramaturgia. Tenía en parte razón él porque don Juan se quiere llevar a doña Inés al huerto, como saben SS. SS., pero junto al río Guadalquivir.
Tiene la palabra el señor García-Arreciado, por el Grupo Socialista.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, la propuesta de subasta a la baja de las enmiendas que nos hace el señor González Lizondo, la verdad es que sería bastante más fácil para este Grupo si se hubiese aplicado esa disciplina desde el principio; en lugar de presentar un volumen de enmiendas que por su cantidad, por la financiación que requieren, hacía prácticamente imposible el trabajo de conocer cuáles eran sus prioridades o las del resto de los grupos, sería bueno que para otro ejercicio presupuestario hagan todos ustedes, los grupos pequeños y los grupos grandes, una cierta priorización. Pero claro, con una mano por el cielo y con otra por el suelo, al final puede ocurrir como con los gamusinos, que no se coge ninguno.
Usted me dice que tiene enmiendas sin coste, y tiene razón, pero no sin precio. Usted quiere cambiar costa de Levante por costa valenciana. ¿Y la de Cataluña cómo se llama? ¿También valenciana? ¿Y la de Murcia? Levante es un concepto geográfico que es evidente y, por tanto, no parece que eso sea cuestión de discusión. Me pregunta usted por la línea de alta velocidad con la frontera francesa y me dice que quiere saber por dónde va. Pues no lo sé porque no están hechos los proyectos, pero me barrunto que irán por Zaragoza y por Lérida, como además se recoge ya en los presupuestos de este año.
El señor Albistur dice que con la negación de sus enmiendas le damos argumentos políticos que no dudará en utilizar. A mí tampoco me cabe la menor duda que los utilizará. Lo que ocurre es que los presupuestos están llenos de argumentos políticos para todos y todos los defendemos, la verdad que con desigual fortuna unos y otros. Usted defienda los suyos, que lo hace muy bien, que nosotros defenderemos los nuestros, que lo hacemos también razonablemente bien.
El Partido Nacionalista Vasco, en primer lugar, me hace una consideración de banquero rico, que ellos anticipan el dinero y que se pague cuando se quiera sin intereses. Yo creo que usted debe hacer esa propuesta a un miembro más cualificado que yo, que no puedo intervenir en esa polémica. En la enmienda 1.609 usted me pide inversiones por valor de 2.000 millones de pesetas en infraestructuras y bienes destinados a uso general. Se refiriere usted a inversiones en ferrocarril, la Y vasca, que me financia con disminuciones de crédito precisamente de transferencias a Renfe. El problema de la Y vasca está en el Plan Director, como es público y notorio, y no tiene fecha, como tampoco tiene fecha nada del Plan Director hasta que no se presente la programación y los planes sectoriales que lo desarrollan. Unicamente hay un compromiso que pudiera considerarse ya vinculante a un contenido del Plan Director, que es la resolución de esta Cámara relativa a la alta velocidad con Barcelona y con la frontera francesa, que fue un acuerdo de Gobierno ratificado por esta Cámara por unanimidad. Por tanto, estamos ante situaciones diferentes. En la enmienda 1.610 me pide usted, o mejor dicho nos pide usted, porque que más quisiera yo que poder tener 1.000 millones de pesetas para dárselos, 1.000 millones de pesetas, que me los vuelve a financiar con Renfe, para la Confederación Hidrográfica del Norte de España. He dicho antes, de pasada, en mi respuesta a no sé qué grupo que la Confederación Hidrográfica del Norte de España, que recuerde --hablo de memoria y me puedo confundir en centenares--, tiene aproximadamente unos 3.000 millones de pesetas para el próximo año en el programa 512A, referido a la Confederación del Norte de España.
En la enmienda 1.611 vuelve usted a pedir 2.000 millones para FEVE; se los gasta en FEVE y se los quita a Renfe. FEVE tiene sus presupuestos, tiene también transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, menos importantes que las de Renfe puesto que cubre menor parte del territorio, pero el obstáculo básico, al margen de la generosa oferta que nos hace de anticipar

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al Gobierno esos 7.000 millones, es que no podemos quitarle a Renfe esos 2.000 millones de pesetas.
Por último, para la Confederación Hidrográfica del Ebro pide usted también 2.000 millones, que los vuelve a financiar con Renfe. La Confederación Hidrográfica del Ebro --vuelvo a hablar de memoria pero con escaso margen de error-- tiene entre 21.000 y 22.000 millones de pesetas en el Programa 512 A para el próximo año. Es la Confederación Hidrográfica mejor tratada, consecuente con la amplitud de su cuenca y con el volumen de los recursos hídricos que por ella discurren.
Espero que esto le sirva para que se dé por satisfecho al no haberme referido antes de manera específica a estas enmiendas como no he hecho con ningún grupo; con ustedes lo hago porque realmente son pocas y no lleva un tiempo excesivo. Yo no he leído a los clásicos, señor Espasa, pero la máxima «el nada por exceso» me parece muy acertada, tanto que se la he aplicado a las dos directrices básicas de su presupuesto, que es una inversión por exceso en ferrocarril y una financiación por exceso en obras hidráulicas. La política de aguas -- vuelvo a coincidir con usted en una cuestión-- no debe ampararse en un mayor consumo de agua. El programa de cabecera de cualquier política hidráulica debe ser el ahorro de agua, y ahí estamos de acuerdo. Pero el segundo escalón es la regulación, es tener volumen de agua, porque si no hay volumen de agua --y en España hemos vivido durante tres años ese problema con evidente intensidad-- ya puede usted ahorrar todo lo que quiera que cuando la Comisión de ese embalse dice que cierra la compuerta del pantano no hay ahorro posible. Y, al final, con toda el agua que usted ahorre, con toda la eficacia que consiga en regadío, quitando el regadío a manta y sustituyéndolo por goteo, por mecha húmeda, disminuyendo el consumo en el campo, en la industria, de personas humanas, al final, señor Espasa, la política de trasvases es inevitable, porque el agua en este país está donde está pero la necesitamos todos. Por tanto, coincido con usted, y lo voy a defender cuando llegue el momento de discutir en esta Cámara el plan correspondiente, en que la política de ahorro debe ser una directiva fundamental, pero no la única, en la política de agua.
El señor Martínez-Villaseñor dice, y lo lamento profundamente, que no cree en mi palabra. Lo reitera ahora. Yo reitero el pesar que eso me produce. Creo que bordea los límites de la educación, no ya de la cortesía parlamentaria.
Usted dice que no con la cabeza, lo cual significa que no sólo sobre política sino sobre este asunto concreto tenemos también, afortunadamente, crianzas distintas. (Rumores.) Existe la Tarancón-Cuenca, diga usted lo que diga, está en el Plan Director de Infraestructura. Yo no sé si habrá que pagarle royalties. Usted debe ser muy aficionado a cobrar por su trabajo parlamentario; yo cobro exclusivamente el sueldo que me dan estas Cámaras, pero no pienso cobrar ningún tipo de royalty.
Decía el señor Posada que lamentaba que hubiese llegado tarde a la Comisión porque no había entendido la estrategia de planteamiento de su Grupo. Es una afirmación gentil a la que tengo que responder que, como usted estaba aquí desde el principio de mi intervención, no hay ningún factor que le haya hecho no entenderla, como creo que no la ha entendido. Yo me reitero en todo lo que he dicho de enmiendas que he ido cogiendo al vuelo sólo de entre las que se han citado cuando he estado presente. Si expurgo en las enmiendas que ustedes plantean encuentro bastantes y más sólidas contradicciones. No me ha parecido correcto referirme a aquellas cuestiones que o no han sido defendidas por ustedes o lo han sido cuando yo no estaba. Por tanto, me he referido solamente a las que he tenido ocasión de escuchar y que el conocimiento de sus enmiendas me ha permitido a vuelapluma ir identificando algunas contradicciones en ellas. Usted mismo reconoce que es naturalmente imposible lo ha dicho aceptar sus enmiendas porque romperían el presupuesto. Eso es lo que yo he querido decir y lo he dicho en términos de absoluta cortesía. No he descalificado.
El señor Camión enseguida ha dicho que yo he descalificado.
Creo que he sido tremendamente cortés. Me parecen todas buenas una a una. El conjunto, inasumible. ¿Por qué? Porque plantean una política de gasto público que no es ni la que quiere el Gobierno ni la que sostiene este Grupo Parlamentario. Por tanto, nunca he dicho que no sirvan para nada ni que no hubiese nada positivo en las enmiendas de su Grupo.
Me reitero en que la baja de 1.500 millones que proponen ustedes como ahorro no es que sea poco, como ha dicho el señor Camisón; digo que es ineficaz a los efectos que persigue, porque vamos a dejar a las oficinas técnicas del Ministerio sin ordenadores, sin papel, sin mobiliario, sin posibilidad de desarrollar un trabajo que en muchas de sus enmiendas se reconoce y que se pretendía potenciar, incluso, impidiendo la posibilidad de recurrir a estudios exteriores o a asistencias técnicas externas.
La referencia al señor Palao y a los 27 directores de los puertos del Estado realmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que proponen de ahorro del gasto en este Ministerio, porque es un ente público que no recibe ni una peseta. Ustedes sí pretendían 1.700 millones de transferencias a ese ente público (El señor Presidente ocupa la presidencia.) Por tanto, no tiene ningún nexo de conexión con sus enmiendas relativas a la disminución de los altos cargos del Ministerio.


El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Señor Presidente, ¿podía hacer uso de la palabra? He sido aludido poniendo en tela de juicio mi educación, mi crianza y la pretensión del cobro de royalties. Por tanto,

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pienso que me ampara el Reglamento para contestar esas alusiones.


El señor PRESIDENTE: Me temo, señor Martínez-Villaseñor que sería la alusión propia de la contestación, en un tono más o menos adecuado. La verdad es que la Presidencia, que se acaba de incorporar, tiene poca autoridad para negarle la palabra, puesto que no conoce exactamente el sentido de la contestación. Tendría que darle un minuto y otro al señor García-Arreciado si lo pidierea.


El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente. Me sobra.
Todo eso, señor García-Arreciado, no es pertinente, no lo atiendo. Sobre las faltas de educación y distintas crianzas júzguese usted mismo. Cuando irónicamente le he hablado de que debería cobrar royalties era ante la acusación que usted me hacía de que yo me había limitado, al hacer una enmienda a los presupuestos de 1994, a copiar el Plan Director de Infraestructuras. El Plan Director de Infraestructuras se presenta por el Ministro como mero borrador, mero proyecto y mera operación de imagen en 1993. Mi enmienda referida a la carretera Tarancón-Cuenca, que ahora incluye ese proyecto de Plan Director de Infraestructuras, aparece en el Senado en 1988. La ironía de decir lo de los royalties no justifica que usted me haya contestado con la descortesía que lo ha hecho.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: El señor García-Arreciado tiene la palabra.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Sorprendido porque a uno le llaman mentiroso, le dicen de que no se fía de su palabra, como me ha dicho, y le respondo estrictamente diciendo que lo lamento y que se nota que tenemos distintas crianzas, me parece que no le da la posibilidad de arrogarse el papel de ofendido, sino más bien el de ofensor. No tengo más que decir al respecto.


El señor PRESIDENTE: Con su intervención finalizan las correspondientes a la Sección 17, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Comenzamos la Sección 18, Ministerio de Educación y Ciencia.
En primer lugar están las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Popular. En su nombre tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi Grupo da por defendidas en sus términos las enmiendas a la Sección 18, Educación y Ciencia, y solicita que se mantengan para su votación y posterior traslado a Pleno. Mi compañero Isasi quiere tomar la palabra para la defensa puntual de una de las enmiendas que contiene esta sección.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Intervengo para defender la enmienda de adición 482, a la Sección 18, tendente a una nueva partida presupuestaria por importe de 200 millones de pesetas, para cumplimentar la financiación de la universidad de La Rioja. El pasado año 1992 se creó por ley, en esta Cámara, la universidad de La Rioja. Durante los años precedentes a la creación de la universidad riojana, hemos venido defendiendo en esta Cámara, en los trámites presu- puestarios de los últimos tres o cuatro años, determinadas partidas para la construcción de las infraestructuras necesarias de aquella universidad. Reiteradamente, por el Grupo Socialista se nos ha venido diciendo que primero habría que crear la universidad y que la propia ley llevaría un anexo de inversiones para las infraestructuras necesarias. En el debate de creación de la universidad, en mayo o junio del año pasado, al comprobar que el proyecto de ley del Gobierno no llevaba el anexo de inversiones, tras examinar las declaraciones del Ministro de Educación y de los representantes del Grupo Socialista prometiendo cantidades millonarias para aquella universidad, y al ver que el proyecto de creación no llevaba el prometido anexo de inversiones, presentamos enmiendas para una suficiente dotación presupuestaria para aquella universidad.
Sin embargo, el Grupo Socialista las rechazó con la promesa de que en el ejercicio siguiente se consignarían las correspondientes partidas presupuestarias. Tenemos compromisos formales de los portavoces del Grupo Socialista, del ex Ministro y Diputado de aquella región y de los diferentes responsables socialistas en que nos aseguraban inversiones de más de 10.000 millones de pesetas para la creación de la univerdad en La Rioja. Sin embargo, estamos asistiendo en los últimos meses, con motivo del comienzo del presente curso, a una situación insostenible de la recién creada universidad de La Rioja. Esta calificación de insostenible, señorías, les puedo asegurar que no es original de este Diputado; esta calificación la están empleando los vicerrectores, los altos responsables de la universidad de La Rioja. Incluso el propio Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja se ha comprometido ante la sociedad riojana a exigir --citando palabras textuales suyas--al Ministerio financiación suficiente para las infraestructuras de la universidad riojana. Pues bien, nos encontramos en estos momentos con que en los Presupuestos Generales del Estado, en el apartado de la universidad de La Rioja de aquellos 10.000 millones de pesetas que nos aseguraban no hace diez años, sino el año pasado, nos encontramos, digo con que se han presupuestado 154 millones de pesetas, y las declaraciones de los responsables de la universidad y de los responsables del Gobierno

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de La Rioja calificando de insostenible la situación económica y de las infraestructuras de aquella universidad.
Por todo ello, teniendo en cuenta la modestia de nuestra partida presupuestaria, pero acorde con la situación económica de nuestro país y con la pretensión de que sea una partida abierta para futuras incorporaciones a estos presupuestos de la universidad riojana, pedimos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios para aquella Universidad naciente --lo tenemos que tener en cuenta-- y carente de infraestructura en edificios para poder desarrollar sus competencias. Repito que pido el apoyo de los grupos de la Cámara y de los Diputados socialistas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor González Blázquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Intervengo con mucha brevedad, pero voy a detenerme un momento en la enmienda a la totalidad número 1.473. Por cierto, vamos a pedir que se retire la enmienda 1.474, también de totalidad, a la misma sección. Digo que voy a ser muy breve porque a propósito, para no castigar a SS. SS. a estas alturas de la tarde, hemos hecho una motivación escrita suficientemente profusa que voy a resumir.
Nosotros estimamos que los incrementos que este año tienen los presupuestos en Educación --si es que se pueden llamar incrementos-- son claramente insuficientes para las necesidades educativa y para conseguir los objetivos y las demandas de la sociedad a que van dirigidos. Estimamos también que hay una minoración, un decremento en la cuantía de los recursos destinados a gasto público educativo, en pesetas reales, en un 1,9 por ciento respecto a los fondos de 1993.
Pensamos que no se cumplen los objetivos ni las intenciones de la Logse, que en su disposición adicional tercera afirma que el gasto público en educación tendría que tender a ser equiparable al de los países comunitarios. Pues bien, en este caso, por varios años consecutivos, tampoco se cumple. Tampoco se van a poder cumplir con estos presupuestos otros objetivos de la Logse, que es lo que más nos preocupa. Precisamente en el próximo curso, por ejemplo, en la etapa de educación primaria la reforma educativa se va a aplicar a todos los cursos, y si esta aplicación se hace incumpliendo los recursos que la propia ley exige va a ser una aplicación muy rara. Y cuando hablamos de recursos nos estamos refiriendo a los recursos que todas SS. SS. tienen en su mente: las plantillas de especialistas en idiomas, música, plástica, etcétera. Los presupuestos también son restrictivos en lo que se refiere a las transferencias a universidades, que vuelven a situarse no en incrementos, sino en decrementos tanto en las transferencias de capital como en las transferencias corrientes, aunque éstas aparentemente suben, pero siempre por debajo de la inflación.
Finalmente, hay un programa muy significativo que tampoco va a poder hacer frente a las demandas de muchos ciudadanos, el referido a las becas y ayudas. Sufren un incremento también por debajo de la inflación, con lo cual no se va a posibilitar el acceso de muchos hijos de familias necesitadas a la universidad.
El resto de las enmiendas parciales, puesto que la mayoría de ellas son acuerdos o incumplimientos del Gobierno, yo creo que no van a tener ninguna dificultad para su aprobación porque, como decía, son compromisos adquiridos por el Gobierno. No las voy a defender, sino que las doy por defendidas.
Con su venia, señor Presidente, querría que el señor García Fonseca, en nombre de mi Grupo, defendiera dos enmiendas específicas, la 1.486 y la 1.487.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Voy a intervenir brevemente, señor Presidente, porque ésta es de las enmiendas que no tendría necesidad de defensa alguna, sino simplemente de que se cumplan acuerdos formalmente establecidos. Hace referencia a la creación de 2.000 plazas de formación profesional que funcionarían, al menos durante tres años en las comarcas mineras. Este es un acuerdo a varias partes con motivo de la reestructuración de la empresa Hunosa, de la fortísima reestructuración que tantas tensiones creó por otra parte hace pocos años. Tanto en el plan de la empresa como en el plan de dinamización y reindustrialización de Asturias que el Gobierno en su conjunto realizó para esta Comunidad Autónoma, uno de los compromisos que figura, entre los más significativos de ambos acuerdos, es precisamente este al que acabo de aludir: la creación de 2.000 plazas de formación profesional para jóvenes desempleados en las comarcas mineras sometidas a una fortísima reestructuración. Repito que es un acuerdo formal, reiterado al menos en dos momentos formalmente importantes como es el acuerdo sobre el plan de Hunosa y el plan de dinamización y reindustrialización de Asturias.
La segunda enmienda, también muy específica, la número 1.487 hace referencia a otro compromiso de la misma naturaleza; me refiero en lo formal. Se trata de la construcción del Centro de Formación de Silvicultura y Tecnología de la madera, que es otro de los pocos compromisos concretos que figuran en el citado plan de dinamización y reindustrialización de Asturias, aprobado por el Consejo de Ministros, y que todavía en sus aspectos generales, y particularmente en estos tan concretos y específicos, no se ha puesto en marcha. Por eso yo espero que en estos presupuestos se aproveche la ocasión para comenzar su ejecución.


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El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: En primer lugar, las enmiendas del señor Mur Bernad, del Partido Aragonés, números 24, 27 y 28, referidas a la inversiones en universidad de Zaragoza, en formación profesional y educación secundaria en Huesca y en educación infantil y educación primaria en Zaragoza, Huesca y Teruel, ruego que se den por defendidas.
En segundo lugar, voy a defender la número 180, relativa al Consejo Superior de Deportes respecto al circuito de velocidad de Cheste. No sé si alguien se da cuenta de una cosa Valencia es la provincia más importante en campeones de motociclismo y en pruebas deportivas de este tipo. Desde años hemos venido practicándolas en circuitos que no reunían ninguna condición como en Cullera o en diversos pueblos de la provincia, pero entendemos que tenemos un vivero importante.
Me parece muy bien que Albacete tenga un buen circuito, me parece estupendo que lo tenga cualquier otra y muy lejos de mí el intentar que no lo tengan, si fuera posible, todas las comunidades autónomas, pero creo que en el caso de Valencia mandan razones objetivas. Ahí está la práctica de este deporte por cientos de miles de jóvenes y ahí están los resultados en pruebas a nivel internacional como se ha venido consiguiendo por parte de motoristas valencianos. Por tanto, rogaría a SS.
SS. coincidencia en este punto y que aprobaran el mismo.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Las enmiendas que presenta el Grupo Vasco a esta Sección 18, Educación y Ciencia, se centran en las preocupaciones que en el mismo se mantienen y que se podrían concretar en las siguientes materias. Por una parte, en lo que respecta al desarrollo de la LOGSE, en aquellos puntos que estamos viendo desde el Grupo Vasco que están quedando desfasados desde lo que fue la memoria económica que acompañó esta ley, que fue respaldada, entre otros Grupos, por el Grupo Vasco.
Estas enmiendas se centran, por un lado, en el tema de la financiación de los centros de educación infantil, para el establecimiento de convenios suscritos con entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas a estos fines, de forma que estos convenios posibiliten el acceso a estos centros de educación infantil a miles de alumnos que, en caso contrario, no podrían acceder a ellos de no contar con la financiación debida.
Entendemos que es un programa que estaba recogido en la LOGSE y en la propia memoria económica y proponemos el aumento de 5.000 millones para que este objetivo esté debidamente cubierto en todos los centros del territorio del Ministerio de Educación y Ciencia.
Igualmente, nos preocupa todo el tema de la educación secundaria obligatoria que se recoge en el proyecto de ley de presupuestos, y pedimos una partida de 99 millones a fin de que los centros puedan hacer inversiones en construcciones y equipamientos que exige la propia reforma. Entendemos que es una partida abierta que, de alguna forma, es una enmienda testimonial, destinada a ir abriendo este nuevo campo, pero, según nuestros datos, la previsión de estas inversiones supera los 20.000 millones de pesetas.
Una tercera preocupación en torno al desarrollo de este tema está centrada en los especialistas de idioma, al no contar con maestros que puedan impartir las clases de idioma que impone la LOGSE para el nivel de primaria, y proponemos un aumento de 1.600 millones de cara a estos objetivos. Tal como expresé en la defenda de las enmiendas que realizó el Grupo Vasco al título II, creemos que también hay que abordar la partida de «otros gastos», y para ello proponemos el aumento de 1.000 millones de pesetas en esta partida. Son enmiendas dirigidas al seguimiento de lo que ha sido la aplicación de la LOGSE. Un segundo grupo de enmiendas está dirigido al tema de drogodependencias, por entender que la partida de 336.600 millones recogida en el proyecto de presupuestos no es coincidente con las ideas que se han expresado ni por parte del Ministerio de Educación y Ciencia ni por parte del Secretario de Estado para el tema de drogodependencias, señor Garzón, en las comparecencias que han realizado en esta misma Cámara. Por ello proponemos, para que los presupuestos vayan acordes con las necesidades y con las prioridades que se han manifestado en esta Cámara, que se aumente hasta 500.000 millones de pesetas.
Hay un tercer grupo de enmiendas sobre el tema de investigación científica. Quisiéramos que se abordara en esta Cámara la normalización lingüística en las comunidades autónomas con lengua distinta del castellano, y también del propio castellano. Hemos asistido en los últimos tiempos a la formación incluso de una fundación para el amparo de los objetivos que tiene la propia Real Academia de la Lengua Española, y entendemos que los presupuestos que están en la Cámara no abordan suficientemente estas materias, y nos parecería lamentable, incluso desde la perspectiva de la normativización del castellano, que unos presupuestos aprobados en 1994 (en un momento en que la propia sociedad civil, con el Rey de presidente, abordan esta problemática y dan a entender a la sociedad que existe un problema) no quisieran contemplar todo este tema de políticas lingüística en nuestro Estado. Por ello proponemos

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fomentar la labor investigadora de las Reales Academias de la Lengua, que en el Estado son la Española y la Vasca, Euskaltzaindia, además de la Academia Gallega y el Institut de Estudies Catalans, para la actualización de los corpus lingüísticos de cada una de estas lenguas y para que puedan incorporar, a través de estos programas, nuevas tecnologías e impulsar su actividad académica.
En el tema deportivo, en un segundo nivel, el Grupo Vasco plantea un conjunto de enmiendas dirigidas, por una parte, a que los centros de alto rendimiento de Legutiano y de Fadura se incorporen a la red de centros de alto rendimiento para deportistas de elite, que en el Estado están en Sant Cugat, en Cataluña, o en Granada, de forma que los institutos deportistas de elite de las distintas federaciones puedan contar con un centro que está ya construido por el Gobierno Vasco en Fadura y otro en Legutiano. Igualmente, nos preocupa en el Grupo Vasco cómo está planteado el tema de las federaciones deportivas. Entendemos que es un problema que hay que abordar, porque consideramos insuficiente la partida destinada a estos fines y que debe abordarse debidamente por parte del Centro Superior de Deportes todo el tema de los trabajos que desarrollan las federaciones, tanto las del Estado como las territoriales. Para ello proponemos una enmienda de adición de 1.300 millones de pesetas.
El resto de enmiendas, que son de reducción de gasto, por las razones reiteradamente expuestas por mi compañero el señor Zabalía, las damos por defendidas en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muy brevemente, señor Presidente, para decir que presentamos unas enmiendas que pretenden la inversión en determinadas infraestructuras, pero como ya sabemos, más o menos, las respuestas que nos van a dar, a tenor de lo que ha sido hasta ahora, pues simplemente pedimos que se den por defendidas, pero no vamos a hacer grandes esfuerzos por razonar, porque no hay ningún esfuerzo por escuchar.


El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los representantes del Grupo Parlamentario Socialista, quiero informar que en el momento en que terminen las deliberaciones de la Sección, 18, en la que estamos, tendrá lugar la votación correspondiente a las tres secciones que nos quedarán pendientes de votar en ese momento. Dada la marcha de nuestro programa, sensiblemente retrasado, del orden de cinco o seis secciones, en relación con nuestras previsiones de programa de trabajo, habrá sesión nocturna, con el ánimo de llegar hoy hasta el programa previsto, es decir, hasta la Sección correspondiente al Ministerio de Sanidad y Consumo. Por tanto, al terminar la discusión de la Sección 18, votación y después, sin interrupción, sesión nocturna, con el fin de llegar hasta la Sección 26, Ministerio de Sanidad y Consumo, inclusive. (El señor Padrón Delgado pide la palabra.) Señor Padrón, tiene la palabra.


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, entiendo que las votaciones de las secciones que se vean esta noche se efectuarán mañana, a la una.


El señor PRESIDENTE: Todas las votaciones restantes tendrán lugar al finalizar todos los debates del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y de los proyectos de ley de crédito extraordinario y sus suplementos de crédito, que tenemos pendientes. Es decir, después de esta votación, no habría otra votación hasta mañana, previsiblemente, no antes de la una de la tarde. (El señor González Lizondo pide la palabra.)

Señor González Lizondo, tiene la palabra.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, yo quería hacer constar en acta que todas las enmiendas relativas a las secciones 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, el Grupo Mixto las da todas por defendidas. Ruego se tome nota y que se den todas por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias, señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, es la particularidad de ese Grupo tan unipersonal de que dispongo la que me hace completamente imposible poder estar esta noche, como me gustaría, porque además es uno de los sitios donde me encuentro a gusto, con los compañeros, discutiendo con cordialidad todos los temas, pero, debido a la imposibilidad física de no poder estar ubicado en dos sitios, le ruego tome nota y que todas las enmiendas de mi Grupo se den por defendidas, a partir de este momento y según vayan llegando los sucesivos capítulos y secciones.


El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, la Mesa lo interpreta como una prueba de comprensión de S. S.; hemos de decir que simétrica a la comprensión que la Mesa ha tenido con S. S. a lo largo de estos debates.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ (don Antonio): En primer lugar, quiero comunicar a la Mesa que la contestación a las enmiendas de esta sección nos la vamos a repartir los señores Javier Martín del Burgo, para los temas de deportes; Juan Manuel del Pozo, para

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los temas de universidad e investigación; Angel MartínezSanjuán, para la enmienda puntual de la Universidad de La Rioja, y yo mismo, para el resto de las enmiendas. Quiero manifestar que lamento personalmente que el GrupoPopular no participe en el debate de esta sección 18. Creo que esto refleja un poco la consideración que les merece y nos priva a esta Comisión del gozo intelectual de saber cómo cuantifican ellos sus enmiendas a la sección de educación, porque las enmiendas concretas que han presentado tampoco lo hacen, a ver si en el Pleno, al menos, nos enteramos.
Respecto a la enmienda de totalidad de Izquierda Unida, quiero manifestar que los socialistas creemos que el incremento del presupuesto de la sección 18, Ministerio de Educación, es consecuencia de los criterios de reducción y selección del gasto --que todos compar- timos-- en este presupuesto, que el presupuesto de educación, pese a todo ello, sigue creciendo en términos absolutos y relativos, y que la preocupación que manifiestan sobre el desarrollo de la Logse, deja constancia de que los programas que más crecen dentro del presupuesto de educación son aquellos precisamente que tienen una más directa relación con el desarrollo de la Logse. En concreto, el programa 422-A, de educación infantil y primaria, 422-C, de educación secundaria y formación profesional, tienen un crecimiento del 2,5 y 3,4, respectivamente, superior al de la media del conjunto del presupuesto de educación. Podría citar también las enseñanzas artísticas, la educación permanente, pero creo que el dato que he dado es suficiente.
Quiero manifestar, asimismo, que no existe disminución de gasto en educación, sino lo contrario, por lo que la aparente pérdida de posiciones, a la que se ha aludido aquí, no deriva tanto de la disminución de la sección 18, sino del aumento en otros gastos sociales, como son el desempleo, las pensiones, que hacen difícil una comparación homogénea, una comparación en términos similares de un año a otro.
Respecto al programa de becas, tiene un incremento de uno 2.000 millones de pesetas, aproximadamente, lo que permitirá que la gratuidad de tasas aumente el 10 por ciento y que el umbral mínimo para tener acceso a esas becas se incrementa en el 14 por ciento. Representa, a nuestro juicio, el importante esfuerzo que define la política de los socialistas.
En relación con las dos enmiendas que ha defendido el señor García Fonseca, quiero dejar constancia de que en el programa 422-C, del organismo 103, es decir, Junta de Construcciones Escolares, están previstos, en los artículos sesenta y dos y sesenta y tres, 1.280 millones para Asturias; esto sin perjuicio de las cantidades de este mismo organismo que están sin territorializar en el anexo de inversiones.
El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado dos grupos de enmiendas: unas que proponen la supresión de determinados programas y otras concretas. Respecto de las primeras, que son las que podemos debatir hoy porque son a las que más o menos se ha hecho alusión --y me refiero a la enseñanza no universitaria--, quiero manifestar que la supuesta duplicidad que se atribuye en todas ellas no es tal, ya que se trata de convenios que se pueden establecer entre el Ministerio de Educación y Ciencia y comunidades autónomas o corporaciones locales; que, al ser convenios, son programas cofinanciados que permiten que la dotación presupuestaria que figura en estos Presupuestos pueda aumentarse a través de esos convenios con la participación de estas instituciones; que, además, se trata de comunidades autónomas que no tiene transferidas las competencias y que nos parece este un buen procedimiento precisamente de cara al día en que asuman las competencias educativas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín del Burgo.


El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señor Presidente, muy brevemente.
Con referencia a las enmiendas relativas al Consejo Superior de Deportes, quiero decir al Partido Nacionalista Vasco que precisamente del paquete de enmiendas que presenta, a nuestro juicio es la enmienda número 1.615, atinente a incorporar los Centros de Perfeccionamiento Técnico de Fadura y Legutiano a la red de los centros de altos rendimientos existentes ya en nuestro país, en concreto en Cataluña y Andalucía, la que tiene un tenor más importante, la de mayor calado y que estaríamos dispuestos a aceptarla, ofertando una enmienda transaccional que obra en la Mesa y que sólo contiene una corrección de precisión técnica; es decir, concreta que, efectivamente, la baja se efectuaría en la Sección 31, pero con cargo al Servicio 02, Programa 633 A, Aplicación 630.
Respecto a las soluciones efectuadas por el portavoz del PNV para intentar incrementar las ayudas a federaciones, he de decirle que precisamente estos Presupuestos Generales del Estado para 1994 contemplan medidas importantes, muy en concreto la modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas, que, de alguna forma, van a motivar y a estimular la actividad con desgravaciones fiscales a las federaciones deportivas y a los clubes deportivos españoles.
Respecto a la enmienda que ha mantenido Unión Valenciana, no podemos atenderla, porque se efectúa a la baja, con cargo al Consejo Superior de Deportes, en un programa, que es el de construcción de centros de alto rendimiento, existentes en Madrid y Sierra Nevada, y, de atender la enmienda, prácticamente estaríamos perjudicando o eliminando la partida presupuestaria que atiende este programa. Probablemente, un convenio previo entre el Consejo Superior de Deportes, la Comunidad

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Autónoma Valenciana y el Ayuntamiento de la capital sería, quizás, el paso previo para discutir, en su caso, la conveniencia o no de una actuación de este tenor.


El señor PRESIDENTE: El señor Del Pozo tiene la palabra.


El señor DEL POZO I ALVAREZ: Señor Presidente, ha habido una única enmienda, salvo la de La Rioja, a la que contestará debidamente en su momento el señor Martínez Sanjuán, relativa al ámbito de Universidades e investigación. Es la que presenta el Grupo Vasco (PNV) en relación con la actividad investigadora de las distintas academias o instituciones que velan por la calidad y el estudio de las lenguas en España.
Nosotros creemos que el mantenimiento que traen los Presupuestos del Estado de la subvenciones para estas instituciones era suficiente. Sin embargo, mi Grupo, escuchando las razones del Grupo Vasco (PNV), tiene a bien ofrecer en este acto una enmienda transaccional relativa a la suya número 1.214 que, en sus términos literales, se redacta así, pasando posteriormente a la Mesa: Se mantiene la enmienda número 1.214 en sus términos literales, excepto el crédito en el que se produciría la minoración, que pasa a ser Sección 31, Servicio 02, Programa 633 A, Aplicación 630. Ni que decir tiene que mi Grupo ve con gran simpatía el objetivo de mejora de la investigación de las distintas lenguas de España en un momento como el presente, en que algunos medios de comunicación, con el guiño de algunos partidos políticos, han querido crear un falso debate sobre las lenguas en España.
Entendemos nosotros que del artículo 3 de la Constitución y de la realidad hoy viva en nuestro país se deduce la igual dignidad de todas las lenguas, el bien nacional que constituyen estas lenguas y su merecimiento de especial respeto y promoción. Los 200 millones que el Grupo Vasco (PNV) propone que sirvan para incrementar su estudio e investigación, son bien vistos por el Grupo Socialista, y por esa razón presentamos la enmienda transaccional que esperamos sea aceptada por el Grupo, y de la que paso copia literal a la Mesa.


El señor PRESIDENTE: El señor Martínez Sanjuán tiene la palabra.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, muy brevemente, para referirme a la enmienda número 482, que ha sido la única que ha defendido el Grupo Parlamentario Popular por boca del Diputado señor Isasi. Parece ser que es una enmienda que tiene más fundamento que otras que se han presentado, por cuanto que, en definitiva, supondría aumentar las dotaciones en un organimo público, en un servicio público y no como otras anteriormente citadas, para incrementar o para realizar obras en edificios de titularidad privada. Coincido con S. S. en la valoración de que existen problemas de puesta en marcha de la Universidad de La Rioja, fruto de la inexperiencia, fruto de un comienzo difícil, como todos los organismos que se crean, pero no es necesaria la inclusión de esta enmienda de 200 millones, porque releyendo --y releerá el señor Isasi-- lo que ha dicho en el «Diario de Sesiones», no es verdad que la única partida que exista en inversión sea de 154 millones, sino que, por el contrario, están consignados otros 100 millones de pesetas para abordar dos proyectos necesarios e importantes en el campus universitario de La Rioja, como son el aulario científico-técnico y la biblioteca general, que, en su conjunto, suponen una inversión superior a los 700 millones de pesetas.
Por eso creo, señorías, que con las partidas consignadas en los presupuestos de este año, en los que la Universidad de La Rioja no ha sufrido el recorte que quizá han sufrido otras universidades, en las que sus dotaciones de inversión han quedado más minoradas que otros años, no creo que sea necesario incrementar (dado el ritmo previsible de esta inversión pública y de los «tempus» que se establecen en cualquier obra pública) esta partida en las inversiones que el señor Isasi proponía.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Isasi tiene la palabra.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Para contestar al señor Martínez Sanjuán, porque en la última intervención, en la que ha tenido la oportunidad de replicar a la mía sobre la Universidad de La Rioja, me sorprende que diga que no es necesario incrementar esta partida, porque dígase si es cierto o no que él mismo y el señor Sáenz Cosculluela, dos días después de aprobarse el proyecto de Ley de creación de la Universidad de La Rioja, aseguraban que el Estado invertiría 10.000 millones de pesetas para crear infraestructura en la Universidad de la Rioja. Dígase si es cierto o no. Dígase si es cierto o no que el señor Presidente del Gobierno de La Rioja insiste hace cuatro días en que exigirá al Ministerio la financiación para la Universidad de La Rioja. Dígase si es cierto o no que el propio Rector de la Universidad de La Rioja y el Vicerrector mantienen conversaciones con el Ministerio de Educación para buscar financiación para la Universidad de La Rioja, porque ellos mismos dicen que la situación económica de la Universidad es insostenible.
Es cierto, por otra parte, señorías, que los Presupuestos Generales del Estado para 1994 contemplan no 154, sino 254 millones de pesetas, es verdad. Es por eso por

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lo que nosotros pretendemos incluir esa partida de 200 millones de pesetas más, aun siendo conscientes de que muchas más cosas no se pueden hacer, pero sí que pretendemos que esta partida sea abierta para que los Diputados del Grupo Socialista puedan cumplir con las promesas que han estado haciendo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, además del Ministro de Educación, que prometió 7.000 millones de pesetas para la creación de infraestructura en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
No es cierto, señor Martínez Sanjuán --y yo le invito a que lo demuestre-- que en los Presupuestos Generales del Estado para inversiones en la Universidad de La Rioja existan 700 millones de pesetas, no es cierto, porque, insisto, las únicas partidas presupuestarias que existen en dichos presupuestos son tres: una de 154, otra de 50 y otra de 50; ni una peseta más, señor Martínez Sanjuán.
Por tanto, yo les invito y les sugiero que apoyen la enmienda que presenta este Diputado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Isasi.
El señor González Blázquez tiene la palabra.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Con mucha brevedad y por cortesía.
Yo no voy a entrar en la guerra de cifras con el señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero, en cuanto a la LOGSE, sí que le quiero decir una cosa que vengo diciendo repetidas veces. La LOGSE es una ley progresista y por eso recibió los apoyos que recibió. Ustedes lo saben y yo también, pero no van a poder llevar adelante su cumplimiento con estos presupuestos porque han elegido mal, han elegido los socios equivocadamente que no creen en una Ley progresista de educación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González de Txábarri, por el Grupo parlamentario Vasco.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Para manifestar, en primer lugar, que el Grupo Vasco acepta las dos enmiendas transaccionales expresadas por distintos portavoces del Grupo Socialista y para felicitarnos porque quizá comienza a haber una nueva estrategia parlamentaria en la discusión de estos presuuestos. Dicen que un poco tarde.
El tema de la política lingüística, al aceptar esa enmienda, es importante, ya que por primera vez y en el conjunto de las lenguas del Estado se puede abordar desde los Presupuestos Generales del Estado esta problemática que ha expuesto correctamente, en mi opinión, el portavoz socialista.
Nos alegramos, igualmente, de que en el tema deportivo los centros de alto rendimiento, Legutiano y Faldura, entren por fin en la red de centros de alto ren- dimiento del Estado.
Compartimos las preocupaciones que en materia educativa y de desarrollo de la LOGSE ha manifestado el portavoz Socialista.
Sí le querría indicar que nuestras preocupaciones en lo que es el desarrollo en relación a la memoria económica que llevaba dicha ley se centran en lo que son los profesores de idiomas, la educación infantil y las obras que deben realizar los centros de educación secundaria obligatoria con el fin de acomodarse a las exigencias legales.
Al compartir los argumentos que ha manifestado el portavoz socialista y queriendo responder debidamente desde el Grupo Vasco a las enmiendas que se nos aceptan, le anuncio al señor Presidente que el Grupo Vasco va a retirar todas las enmiendas a esta Sección 18 y que, en consecuencia, va a votar favorablemente. Sólo nos queda una esperanza, y es que otros Ministerios, como el de Cultura, se contagie de este espíritu ilustrado o académico y nos podamos encontrar en otra materia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ (don Antonio): Simplemente para agradecer... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Ruego que escuchen con atención a los señores Diputados.
Continúe, señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ (don Antonio): Para agradecer la expresión del portavoz del Partido Nacionalista Vasco y tratar de tranquilizar al representante de Izquierda Unida y del PNV y demás intervinientes, en el sentido de la preocupación que manifiestan acerca del desarrollo de la LOGSE, ya que lleva acompañado un calendario de aplicación que, como se sabe, es progresivo, y progresivo significa ir aplicándola progresivamente.
En el próximo curso está prevista la implantación de los cursos 5.º y 6.º de enseñanza primaria, que, como saben ambos portavoces, junto con el descenso de natalidad, condiciones demográficas que se producen en nuestro país, no van a representar un esfuerzo excesivo en cuanto a la inversión en infraestructura y a la creación de puestos escolares.
Por ello consideramos que la aplicación de la LOGSE en estos momentos está perfectamente garantizada. Esperemos que las condiciones económicas en próximos presupuestos nos permitan afrontar todos los retos que esta importante Ley progresista presenta para nuestro país.


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El señor PRESIDENTE: Terminan nuestros debates en relación con la Sección 18. Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a la Sección 16, Ministerio del Interior; Sección 17, Ministerio de Obras Públicas, Transportes e Infraestructura, y Sección 18, Ministerio de Educación y Ciencia.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Popular a la Sección 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, el Grupo Popular pide votación separada de la enmienda número 1.436.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación todas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, excepto la 1.436.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 1.436, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 31; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Pausa.) La Presidencia, dado que no se suman los cuarenta votos de los Diputados presentes y hay una cierta diferencia, somete a votación nuevamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto de la Sección 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia aplica el artículo correspondiente del Reglamento y, por tanto, a pesar de haber habido empate, se aprueba el texto de acuerdo con el informe de la Ponencia.
Sección 17, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Antes de someter a votación las enmiendas relacionadas con esta Sección, ¿hay algún tipo de enmienda que tenga que ser segregada del conjunto de las de algún grupo o alguna enmienda transaccional? Tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular solicita votación separada de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida números 1.437, 1.472, 1.538 y 1.577. Asimismo, solicitamos votación separada de la enmienda 250, del Grupo Catalán.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, le recuerdo que hemos presentado propuestas de enmienda transaccional a las enmiendas 249 y 251, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor PRESIDENTE: Señor Homs, me indica el Letrado que cree que la enmienda 250, cuya votación solicita el Grupo Parlamentario Popular que se haga por separado, está retirada por el Grupo Catalán.


El señor HOMS I FERRET: Tiene usted razón, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, solicitamos que en la Sección 17 sea votada separadamente la enmienda 1.093, del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, pedimos votación separada de la enmienda 466, del Partido Popular. También, si se van a someter a votación enmiendas transaccionales, me gustaría conocer el texto de las mismas.


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El señor PRESIDENTE: Por el Letrado se va a leer el texto de las enmiendas transaccionales.


El señor LETRADO: Enmienda transaccional con la número 249, de Convergència i Unió, al Anexo de inversiones. Alta, Sección 17, servicio 09, Programa 431.A, aplicación 756, remodelación del barrio de San Cosme, Cataluña. Se incrementa la dotación en 200 millones de pesetas. Baja, Sección 17, servicio 09, Programa 431.A, aplicación 782, baja de 200 millones de pesetas.
Enmienda transaccional con la 251 al anexo de inversiones.
Alta, Sección 17, servicio 09, Programa 431.A, aplicación 759.04, convenio para reparaciones de viviendas como consecuencia de los efectos de la aluminosis en Cataluña, se incrementa la dotación en 725 millones de pesetas. Baja, Sección 17, servicio 09, Programa 431.A, aplicación 782. Baja de 725 millones de pesetas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabrea el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: En relación a la enmienda que defendió el señor Villalobos, del Partido Popular, como coincide con la de Coalición Canaria, pedimos que se separe del resto para poder votarla positivamente.


El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, ¿es la número 488? (Asentimiento.) Sometemos a votación todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, menos la número 466, que fue solicitada su votación separada por parte del Grupo de Izquierda Unida, y la número 488, cuya solicitud de votación separada ha sido hecha por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Excepto esas dos enmiendas, sometemos a votación el resto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 466, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada en aplicación del artículo correspondiente del Reglamento.
Votamos la enmienda 488, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos todas las enmiendas de Izquierda Unida, con excepción de las números 1.437, 1.472, 1.568 y 1.577.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señor Aguirre, ¿el sentido de la petición de votación separada, significa que todas las demás se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.) Votamos conjuntamente el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas en aplicación del artículo correspondiente del Reglamento.
Votamos las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 1.092, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 1.093, del Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa.) Votos a favor, 17... Vamos a repetirla.
(El señor Mauricio Rodríguez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Rogaría que se leyese, señor Presidente, porque estoy confundido.


El señor PRESIDENTE: Señor Padrón...


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El señor MAURICIO RODRIGUEZ: No soy el señor Padrón, soy el señor Mauricio.


El señor PRESIDENTE: Comprendo, señor Mauricio que, aunque es un veterano político, es un nuevo Diputado, y no sabe que yo veo mal, pero oigo bien. (Risas.) Por eso, el tono canario me hizo creer que era el señor Padrón en vez de el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: ¿Me puede decir a qué se refiere la enmienda que vamos a votar, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: Por el señor Letrado se va a proceder a su lectura.


El señor LETRADO: Sección 17, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. Denominación correcta del Servicio 23. Dice: «Dirección General de Política Territorial», y debe decir: «Dirección General de Política Territorial y Urbanismo».
Denominación correcta del Servicio 12. Dice: «Secretaria de Estado para Políticas de Agua y Medio Ambiente», y debe decir: «Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda».


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda número 1.093, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación la enmienda transaccional con la número 249, cuyo texto ha sido leído.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar la enmienda transaccional con la número 251, de acuerdo con el texto leído anteriormente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el texto de la Sección 17, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por aplicación del artículo correspondiente del Reglamento.
Sección 18, Ministerio de Educación y Ciencia.
¿Me quieren indicar los grupos parlamentarios si desean que alguna enmienda sea votada por separado, como también que nos ilustren sobre posible retirada de enmiendas o la existencia de transaccionales, por si coincide con los datos que operan en la Mesa?

El señor Almunia tiene la palabra.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, además de la corrección de un mero error material que he entregado a la Mesa y que tiene que ver con esta Sección, aunque creo que figura en el anexo VI, hemos planteado dos enmiendas transaccionales a dos enmiendas del Grupo Vasco, a la 1.214 y a la 1.615.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Vasco (PNV) retira todas sus enmiendas?

El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Sí, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


El señor Aguirre tiene la palabra.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, si no he escuchado mal, ¿el Grupo Vasco retira todas sus enmiendas?<ð  El señor PRESIDENTE: Eso es lo que he creído escuchar al señor González de Txabarri en su segunda intervención.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Efectivamente, hemos dicho que el Grupo Vasco retira el resto de las enmiendas a la Sección 18.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, señor Zabalía, se entiende que retiran las enmiendas de la Sección que estamos votando y que, como he indicado el señor Almunia, se van a votar esas dos enmiendas transaccionales que se relacionan con dos enmiendas de su Grupo.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Exactamente. Eso es lo que hemos querido decir.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, el Grupo Popular solicita votación separada de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida números 1.473 y 1.477.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo.


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El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, solicito votación separada de la enmienda 180, del Grupo Mixto, que es la que corresponde a Unión Valenciana y, por tanto, las otras tres del PAR votarlas conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra cuestión? (Denegaciones.) Sometemos a votación el conjunto de enmiendas del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, menos las números 1.473 y 1.477.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 1.473 y 1.477, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas en aplicación del artículo 88.2 del Reglamento.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, con excepción de la 180.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 180, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 1.615, en su redacción transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda transaccional en relación con la 1.214.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el texto de acuerdo con el informe de la Ponencia y con las incorporaciones derivadas de las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 22; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Hemos terminado, señoras y señores Diputados, este grupo de votaciones.
Reanudamos nuestros trabajos con la Sección 19, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
A esta Sección, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, el señor Montoro tiene la palabra.


El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta cuatro enmiendas a la Sección 19, correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La primera enmienda es a la totalidad de la Sección, solicitando la devolución al Gobierno para provocar una reasignación entre los programas, de forma que esa recolocación de programas haga ganar eficacia en la consecución de los objetivos prioritarios del Ministerio. Este es el mismo espíritu que anima a la enmienda número 749 por la que solicitamos también la devolución del presupuesto correspondiente al Instituto Nacional de Empleo, el Inem. Las otras dos enmiendas pretenden simples cambios de programa cuya justificación paso a exponer con brevedad a continuación.
Pedimos la devolución de todo el presupuesto del Ministerio de Trabajo por entender que el Presupuesto de ese Ministerio no responde a lo que es un papel clave de esta Sección; es decir, la estructura administrativa llamada a sustentar el cambio de relaciones laborales en España. Es cierto que este cambio de relaciones laborales obedece a la necesidad de modernizar nuestro sistema, anticuado y obsoleto, de relaciones laborales que es culpable, en buena parte, de la alta tasa de desempleo y de la baja tasa de actividad que padecemos; pero también es cierto que ese esquema de relaciones laborales hay que modificarlo debido a los defectos de gestión que se hacen notar en la aplicación de los programas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La intención de la enmienda es solicitar, en definitiva,

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una mejora de la gestión en ámbitos importantes del Ministerio, como la gestión de pensiones, la aplicación de la normativa laboral concerniente a la finalización de la relación laboral y, en definitiva, otras políticas que en este momento, dada la crisis de empleo que padecemos, son importantes, son claves, en la recuperación de la economía española.
La orientación de esta primera enmienda, la 746, y de las dos siguientes, por las que proponemos cambios en los programas, es precisamente potenciar las políticas activas de creación de empleo frente a las políticas pasivas, que son las comunes, las que normalmente están vigentes en la estrategia, en el planteamiento del Ministerio de Trabajo.
Las cifras son muy claras cuando comparamos, por ejemplo, el presupuesto dedicado a políticas activas, discutibles en sí mismas, que alcanza un volumen de 328.000 millones de pesetas, frente a las políticas pasivas, es decir, las prestaciones de desempleo, que se elevan a casi tres billones y medio de pesetas. Obviamente, este desplazamiento en favor de las políticas pasivas es algo que nos hace sufrir, nos hace padecer una falta de políticas modernas de creación de empleo en la línea que recomiendan todos los organismos internacionales que estudian los problemas del mercado de trabajo. Me vienen a la cabeza, por ejemplo, citas de la OCDE relativas al consejo de promover políticas activas frente a políticas pasivas, que lo que hacen es anclarnos en el problema. Sabemos también que el Gobierno ha sido parco en la concesión de medidas tributarias favorables a esas políticas activas, por ejemplo en materias de formación profesional. Por eso estamos demandando esta potenciación de las políticas activas y esta reasignación de los programas. Lo que solicitamos en las enmiendas números 747 y 748 es una reasignación de programas conducentes precisamente a promocionar políticas activas de empleo, reasignación entre programas presupuestarios que están explicitados en esas enmiendas. También quiero destacar la circunstancia de que nuestra solicitud de reforma de los programas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es sumamente respetuosa con el objetivo de corrección del déficit público, del déficit presupuestario que, como ya es sabido pero conviene insistir, constituye el principal obstáculo para la creación de empleo en nuestro país por el efecto que ejerce sobre los tipos de interés, desanimando la realización de inversiones empresariales capaces de crear empleo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Continuando en la tónica que ha planteado el representante del Grupo Popular, voy a dar por defendidas las enmiendas que tiene nuestro grupo a esta Sección 19, limitándome a leer la fundamentación o motivación de la enmienda de totalidad, en la que se afirma que el proyecto de presupuestos para 1994, con ser importante en su cuantía y revelar el esfuerzo en esa materia, no es, sin embargo, el adecuado para garantizar el correcto cumplimiento de las inversiones requeridas, con deterioro de las políticas activas y pasivas de empleo.
Aprovechamos para retirar la enmienda número 1.491, y damos por defendidas todas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor González de Txábarri tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Anuncio que retiramos las enmiendas presentadas a esta Sección.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Arnau tiene la palabra.


El señor ARNAU NAVARRO: Rápidamente, porque rápidamente han defendido también los distintos portavoces las enmiendas presentadas a esta Sección. El Grupo Popular pide la devolución del presupuesto de la Sección 19, y entendemos que no ha aportado ninguna razón convincente. Ha hablado de reasignación de programas, y curiosamente se ha referido también a que este presupuesto de la Sección 19, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no atiende a la modernización de las relaciones laborales. Yo creo que las cuestiones presupuestarias son absolutamente distintas de las materias relacionadas con la modernización, utilizando la palabra del portavoz del Grupo Popular, de las relaciones laborales. Ha hablado también de defectos de gestión. En definitiva, ninguna razón que nos convenza a la hora de justificar su enmienda de totalidad. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.) Parece que el Portavoz del Grupo Popular desconoce que el Presupuesto del Ministerio de Trabajo experimenta este año un crecimiento global del 23,5 por ciento, respecto al Presupuesto del año 1993. Con ello se demuestra la voluntad política del Gobierno de incrementar el gasto social, de consolidar el Estado de bienestar, en definitiva, de aumentar la protección social. Hay que tener en cuenta que el 79,4 por ciento del Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va al Inem. De ahí que el fomento de la política de empleo tenga una importancia vital y sustancial en este presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En cuanto a las referencias también escasas hechas al Instituto Nacional de Empleo, hay que decir que el presupuesto del Inem asciende a 2,3 billones de pesetas, lo que representa el 8 por ciento del Presupuesto del Estado. Se incrementa el 11,4 por ciento respecto

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al presupuesto del año anterior. Esto es lo que hay que tener en cuenta, es decir, cómo se avanza en la protección social, cómo se avanza en los niveles de consolidación del Estado de bienestar en España.
La mayor parte del presupuesto del Inem se destina al pago de prestaciones por desempleo. El representante del Partido Popular ha hablado de las políticas activas, en contraposición a las políticas pasivas. Pues bien, en políticas activas hay que señalar que casi medio millón de personas se van a beneficiar de las políticas activas que va a llevar a cabo el Inem durante 1994. En ellas se priorizan y reorientan los gastos hacia la atención de las necesidades de formación y cualificación profesional como vías idóneas para apoyar el empleo. El gasto en políticas activas asciende a 266.000 millones de pesetas, es decir, el 11,5 por ciento del total del presupuesto, lo que supone un aumento del 3,65 por ciento respecto al año anterior.
Estas políticas activas comprenden tres áreas de actuación. En primer lugar, la formación profesional, con un gasto previsto de 108.000 millones de pesetas y un total de 204.000 beneficiarios. En segundo lugar están las escuelas-taller y casas de oficio, con un presupuesto de 40.000 millones de pesetas y la previsión de formar a 30.000 alumnos y, por último, las medidas de empleo con 116.000 millones de pesetas y 203.000 beneficiarios. En estas medidas de empleo se incluyen los convenios de colaboración, las medidas de apoyo a la creación de empleo y las bonificaciones en las cuotas empresariales.
A modo de conclusión, y siendo breve, como he prometido, la pieza clave de este presupuesto del organismo Inem para 1994 está en el esfuerzo notable que se realiza en el programa de formación, cuyo crecimiento relativo es próximo al 33 por ciento, siendo el destino del conjunto de los créditos dotados la formación de parados, 72.000 millones de pesetas y el reciclaje de la población ocupada, 36.000 millones de pesetas; es decir, se combinan la protección a los parados con el fomento del empleo, sobre todo, a través de la formación y de la formación ocupacional.
Poco más ha señalado el representante del Partido Popular. Ha aludido a dos enmiendas, pero creo que no las ha justificado, ni tampoco explicado. No sé si en la réplica podrá ser más concreto. Yo lo intentaré ser también en mi intervención. El representante del Partido Nacionalista Vasco ha retirado las enmiendas, con lo cual, por mi parte, tampoco voy a comentarlas.
El representante de Izquierda Unida, señor Peralta, ha aludido a la motivación de la enmienda de totalidad. Eso, evidentemente, es decir poco. Espero que en el Pleno podamos contrastar opiniones y debatir acerca del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Montoro por el Grupo Popular.


El señor MONTORO ROMERO: Si no fuera por lo avanzado de la hora diría que el señor representante del Grupo Parlamentario Socialista ha ironizado sobre lo que yo he dicho. En primer lugar, ha hecho una afirmación concreta y es que el apartado administrativo que sostiene el Ministerio de Trabajo no tiene nada que ver con las relaciones laborales. Está bien precisada esta consideración. Por lo visto, no es el Ministerio de Trabajo la sede de donde parte la gestión del mundo de las relaciones laborales en España.
Hecha esta precisión, hago la siguiente: el representante del Grupo Socialista está alabando el crecimiento de la prestación de desempleo. Se está felicitando y está llamando incremento de protección social en España a las consecuencias del desempleo. Ya sabía yo que llegaríamos a este punto. Después de apuntarse como éxito de la política económica la reducción de una inflación que procede de la depresión económica, la reducción de los tipos de interés, que procede de la recesión económica, y la reducción del déficit comercial con el exterior, que también procede de la recesión económica, están ustedes a punto de apuntarse como éxito el desempleo y están llamando aumento de protección social a las consecuencias del desempleo. Esto es lo que usted acaba de hacer con esa defensa del crecimiento del gasto social en España. Si ése es su mérito, nosotros lo haríamos mucho mejor, corregíriamos realmente las raíces de ese incremento de protección social.
Por último, quiero recordarle el espléndido crecimiento que aparece en las políticas de gasto (página 152 del informe económico-financiero relativo al incremento de las políticas activas de empleo), crecimiento que ustedes en un alarde de apuesta por la creación de empleo en España, por lo visto, es del 0,27 por ciento respecto del presupuesto del año anterior.
Este es el incremento de la política activa de empleo. No es extraño que sea éste el crecimiento, porque esta política está aplastada por la otra, por la política pasiva y las consecuencias de esa destrucción de empleo, que está impidiendo que realmente podamos pasar a hacer algo útil y practico en la creación de empleo.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: El señor Arnau, al contestar a la defensa que he hecho de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ha dicho algo que, sin lugar a dudas, es verdad: que he sido

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breve en mi intervención. No ha dicho otra cosa salvo que he sido acertado, y eso también es verdad.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Peralta, el acierto o no de sus palabras o de la motivación de su enmienda serán objeto de debate en su momento, porque la verdad es, y usted lo reconocerá, que no hemos tenido aquí oportunidad de debatir, ya que poco se dice cuando se justifica una enmienda en los términos en que usted lo ha hecho. En el pleno podremos y tendremos ocasión de debatir sobre lo que piensa cada grupo acerca del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto al señor Montoro, representante del Partido Popular, he querido decirle que una cosa es el modelo de relaciones laborales, es decir una cosa es el Estatuto de los Trabajadores, y otra muy distinta son las implicaciones presupuestarias en gastos e ingresos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No confundamos los términos, porque en este momento no estamos debatiendo sobre el modelo de relaciones laborales, sino que nos estamos refiriendo exclusivamente al presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo que ocurre es que aquí tenemos criterios distintos, en primer lugar, sobre el incremento que se produce de la protección social. No sé si lo que pretende el Grupo Popular es dejar desprotegidos o los parados, da esa impresión, eso es lo que se deduce de las palabras del representante del Grupo Popular, sin embargo lo pongo en duda y también seguiremos debatiendo sobre esto en el momento adecuado, que será en el Pleno del Congreso la próxima semana.
En cuanto a la política de fomento de empleo, le diré que no tiene en cuenta el importante incremento que se produce en la formación ocupacional. De esto es de lo que hay que hablar en el debate de presupuestos. El presupuesto del Ministerio de Trabajo, señor Montoro, debe usted saber que crece el 23,5 por ciento; el presupuesto del Inem crece el 11,4 por ciento.
Analizando las atenciones económicas, y éste es el debate presupuestario, es decir, el lugar idóneo para debatir sobre estas cuestiones, analizando, repito, las atenciones económicas, se puede ver que las prestaciones a desempleados crecen el 13,6 por ciento.
A la formación ocupacional, que a ustedes les preocupa tanto, tanto, al menos como a nosotros y que no deja de ser una política activa de empleo, se dedican 130.000 millones, es decir, 22.000 millones más que en 1993, lo cual supone un incremento del 21,4 por ciento. Seguiríamos hablando; también se transfieren a la Seguridad Social 547.000 millones, 79.000 millones más que en 1993, es decir, el 16,9 por ciento más.
Estos son los datos, este es el debate presupuestario y de esos datos, ¿qué deduce mi grupo? Que se incrementa la protección social, que en España la solidaridad se va consolidando y al mismo tiempo, con ella, el Estado de bienestar. Pero al mismo tiempo que se incrementa esa solidaridad se está incentivando el empleo. De ahí que todos los grupos hayan presentado, a este presupuesto del Ministerio de Trabajo, tan pocas enmiendas.
Si analizamos el presupuesto del Ministerio de Trabajo dentro del contexto de los Presupuestos Generales del Estado de 1994 --este presupuesto se incrementa el 23,5 por ciento--, necesariamente hemos de concluir que el presupuesto del Ministerio de Trabajo cumple sus funciones, es bueno y, por tanto, habría que votarlo favorablemente por parte de todos los grupos.


El señor PRESIDENTE: Finalizan las intervenciones correspondientes a la Sección 19, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Comenzamos las intervenciones de la Sección 20, Ministerio de Industria y Energía, a la que han presentado enmiendas, entre otros, el Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, el señor Gamir tiene la palabra.


El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, la enmienda a la totalidad se va a esbozar aquí con brevedad y se expondrá en su totalidad en el Pleno. Simplemente quiero recordar que la política presupuestaria industrial no es válida porque ante el grado de crisis industrial, ante la política macroeconómica que se realiza y ante la política de privatizaciones que se anuncia, indudablemente, ante ese contexto, no tiene ninguna eficacia para la industria española la política presupuestaria anunciada.
No es exacto decir que en toda Europa hay un problema de desindustrialización; en España hay una crisis diferencial especialmente en el terreno del empleo. Europa podrá tener unos problemas de sociedad post- industrial; los nuestros son muy distintos, como se analizará más ampliamente en el Pleno, es una profunda crisis diferencial de la industria que se observa, sobre todo, en lo más grave, que es en el paro.
Ante eso ha habido una política del Gobierno que precisamente es una de las causas de ese elemento diferencial de nuestra crisis. La industria se diferencia por ser un sector competitivo ante el exterior que tiene que competir con importaciones, y le ha afectado de manera extraordinariamente grave la política de sobrevaloración de la peseta que nos vimos obligados a devaluar tres veces, pero que es difícil luego recuperar cuotas de mercado. El diferencial sigue existiendo en los tipos de interés reales, que en un sector abierto al exterior nos convierte en no competitivos desde los costes, o, por ejemplo, en la forma de financiación de la Seguridad Social, distinta

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en España que la media europea, que afecta, sin duda, a la competitividad de este sector.
En este contexto, al que habría que añadir una política de privatizaciones que, sin ninguna acritud, desarrollará más la razón por la que se la pudiera llamar la metamorfosis de la mano, metamorfosis de la mano porque el ministro anterior decía que con una mano tenía todas las empresas públicas que le hacían falta que le quedaran en el sector público, que las podía contar con los dedos de una mano y podía privatizar el resto. El Ministro actual ha dicho que con una mano puede contar todas las empresas que es necesario privatizar. La curiosa metamorfosis de la mano quizá nos acompañaría comparando las declaraciones del Presidente del Gobierno y el Ministro de Economía, perfectamente contradictorias unas con otras en este caso, lleva también a que no hay rumbo favorable cuando no se conoce el viento y no se conoce cuál es el rumbo de la política de privatizaciones de este Gobierno.
En ese contexto, la política presupuestaria e industrial no tiene importancia y sin duda no es eficaz para frenar el gravísimo problema de la crisis industrial en España. Además de eso, como se verá en las enmiendas que vamos a presentar, tanto puntuales como a la totalidad de programas concretos, nos parece que la política de la Escuela de Organización Industrial es inadecuada, sin duda --plantearemos el problema de su posible y futura privatización--, y nos encontramos con que existe un sesgo claro en la política presupuestaria en el sentido de dotar más a la empresa pública y mucho menos a la empresa privada en los programas de competitividad. Parece que la empresa privada española no tuviera problemas de competitividad con Europa. El Subsecretario nos dijo que era un problema de dogmatismo. No es un problema de dogmatismo, es un problema que, en el lenguaje de los hechos, son los presupuestos que se han presentado a esta Cámara. Nos encontramos, pues, con que, además de estos problemas, la forma de remunerar al personal es un ejemplo claro de falta de claridad, como también se argumentará en el sentido de que a menudo aparece una remuneración para altos cargos y luego otras gratificaciones, etcétera, hasta 10, lo cual no es una buena técnica de claridad presupuestaria. La suma de todo ello hace que en este presupuesto, bastante lúgubre, bastante pequeño, bastante continuista y que, indudablemente, no hace frente a los problemas de la industria, haya que plantearse una enmienda de totalidad.


El señor PRESIDENTE: ¿Por qué orden quieren intervenir?

El señor GAMIR CASARES: Posiblemente sea más lógico que, en primer lugar, se produzcan las intervenciones relativas a las enmiendas a la totalidad de los programas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sieso.


El señor MARTINEZ SIESO: Señor Presidente, voy a defender las enmiendas números 751 y 752 que el Grupo Parlamentario Popular presenta a los programas 422.H y 722.D. En ambos casos se trata de enmiendas de totalidad, enmiendas de devolución de ambos programas.
En lo que se refiere al programa 422.H, Formación de personal en el ámbito organizativo industrial, he de decir que este programa es desarrollado íntegramente por la Escuela de Organización Industrial, y lo que se pretende con él, como consta en la propia memoria de objetivos, es una finalidad básica: contribuir al desarrollo de las infraestructuras técnica y profesional para que el personal técnico y directivo de las industrias mejoren su cualificación de un modo continuado. Por supuesto que en estos momentos no voy a poner en duda que, efectivamente, un factor muy importante de la competitividad de nuestras industrias es la cualificación profesional de sus trabajadores, tanto en los ámbitos que abarca la formación profesional que podríamos calificar clásica, como aquella otra que se refiere a los mandos intermedios y directivos. Realmente, cuando se fundó la Escuela de Organización Industrial, en el año 1955, hay que reconocer que fue pionera en la enseñanza de una serie de materias que en aquel momento no se impartían prácticamente en ninguna otra institución de nuestro país. Sin embargo, en la actualidad, existen numerosas escuelas privadas que no tienen ningún tipo de subvención estatal y que con sus actividades consiguen beneficios, en algunos casos importantes, que abarcan las mismas materias en sus planes de estudio que la Escuela de Organización Industrial y gozan del mismo o mayor prestigio nacional e incluso internacional que la citada escuela.
Desde nuestra perspectiva, es muy discutible que el Ministerio de Industria tenga que constituirse en empresario de la enseñanza, ofreciendo cursos tales como master en administración de empresas, en alta dirección, programas de gestión de calidad total, programa superior de ingeniería y gestión ambiental, etcétera. El camino idóneo, la línea que en nuestra opinión debería seguirse es la privatización de las actividades de la Escuela de Organización Industrial y el diseño de un programa adecuado de becas que pusieran al alcance de todos aquellos que lo necesiten y tengan la capacidad requerida este tipo de estudios. Tanto la subvención anual que la Escuela de Organización Industrial viene recibiendo como el coste por alumno para los cursos que imparte, desde nuestra óptica, parecen excesivos, por lo que se plantea esta enmienda de devolución, entendiendo que la función que actualmente desarrolla la Escuela de Organización Industrial puede ser desempeñada

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mejor y en unas mejores condiciones, más competitivas, por el sector privado.
En lo que se refiere a nuestra enmienda número 752, al programa de competitividad de la empresa industrial, hay que reconocer que en este programa se dedican o se han dedicado en otros ejercicios partidas presupuestarias para ayudar a la competitividad de empresas que se encuentran en sectores críticos con problemas acuciantes con dificultades especiales.
También en este programa están los fondos para fomentar la cooperación de las empresas en el ámbito nacional e internacional, y para contribuir al desarrollo de la tecnología de protección medioambiental en la industria.
A pesar de la importancia patente de estos objetivos, de la cantidad y de la reiteración de las manifestaciones del Gobierno, declarando su preocupación por la competitividad de nuestras industrias y su decidido propósito de que éste sea un objetivo no sólo ya prioritario sino absolutamente necesario en sus políticas, a pesar de todo ello, su dotación decrece en un 11 por ciento respecto al presupuesto de 1993. Y esta disminución no puede atribuirse a un ahorro de los gastos corrientes o en los gastos de personal, sino que directamente afecta al capítulo de inversiones o al capítulo de transferencias de capital. Las inversiones así pasan de 509 millones prácticamente, en 1993, a 302 millones en el proyecto de presupuestos para el año que viene. Y respecto a las transferencias de capital, se reducen de 8.676 millones, en 1993, a 7.826, en el proyecto de presupuestos para el año que viene.
Las dotaciones para la cooperación entre las empresas en el ámbito nacional e internacional, la infraestructura técnico- profesional o la adaptación de la empresa industrial española al mercado único, sufren la mayor parte de la reducción mientras que el plan de competitividad del sector textil, de la confección, mantiene sus fondos. Pero, además, se da la circunstancia de que las reducciones en transferencias de capital no son homogéneas, sino que es mucho más acusado en el capítulo de las transferencias de capital a empresas privadas, tónica que se mantiene en otros muchos programas del presupuesto.
En este caso, nosotros pensamos que no vale decir que se van a gestionar mucho mejor los fondos disponibles, ni tampoco que se han alcanzado los objetivos porque, evidentemente y de forma muy patente, no ha sido así.
Las prioridades políticas deben tener un claro reflejo presupuestario y en este presupuesto parece que el Gobierno no va luchar por incrementar la competitividad de nuestras empresas industriales. Por este motivo, se solicita la devolución del citado programa, y ese es el sentido de nuestra enmienda.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez Vázquez.


El señor GOMEZ VAZQUEZ: Me toca a mí ahora, en este turno, defender las cuarenta y seis enmiendas parciales que el Grupo Popular ha presentado a esta Sección. Son cuarenta y seis enmiendas, de las que cuarenta y tres son de reducción, con una media de 9,3 millones de pesetas por enmienda, y tres son de ampliación, con una media de 44,3 millones de pesetas. El ahorro neto conseguido, dentro de nuestro objetivo general de reducir el máximo de gastos en todos los capítulos, es de 267 millones de pesetas, que es el resultado de haber realizado unos recortes por valor de 400 millones de pesetas y de haber aumentado algunas partidas por un valor de 133 millones de pesetas.
El capítulo 2 es el más afectado con 128 millones. El capítulo 4 se ha visto reducido por estas enmiendas en 17,6 millones de pesetas. En el resto de los capítulos los recortes han sido reducidos. En el Capítulo 1, 95 millones de pesetas; en el 6, 105 millones de pesetas y el 7 es en el único en el que ha habido un aumento de 133 millones de pesetas.
Los recortes practicados en el capítulo 2 se han hecho en una gran parte de manera genérica, 69 millones; al artículo 2, material, suministros y otros, 34 millones, y el resto al artículo 2.3, indemnizaciones por razón de servicio, 20 millones, y 2.4, publicaciones, cinco millones.
En el capítulo 4 se ha hecho de una manera genérica al conjunto del capítulo.
En el capítulo 1 se han recortado 35 millones en el concepto 10001, otras remuneraciones de altas cargos. La justificación ha sido que, por un lado, esta partida indefinida supera en mucho las remuneraciones básicas y que esta manera de remunerar a los altos cargos introduce opacidad en el presupuesto. Con la misma finalidad, se han recortado 40 millones al concepto 13001, otras remuneraciones del personal laboral.
Hay que tener en cuenta que, aunque, en términos absolutos, sea mayor el recorte en personal laboral que en el anterior, en altos cargos, en términos relativos es mucho más pequeño, entre otras cosas porque en este caso las remuneraciones básicas son más elevadas que otras remuneraciones.
El resto de los recortes en este capítulo se ha realizado en el concepto de gratificaciones y de una manera genérica al capítulo, aunque estos dos últimos conceptos son más pequeños.
Con respecto al capítulo 6, el grueso de los recortes se ha realizado en el artículo 6.4; gastos de inversión de carácter inmaterial, 99 millones, y una pequeña parte en el 6.3, inversiones de reposición, asociado al funcionamiento operativo de los servicios, seis millones de pesetas.
Esto, y he hablado hasta aquí de una manera genérica, se sustancia en 41 enmiendas, que podríamos agrupar en bloques, para no hacer muy extensa esta exposición. Son 14 al capítulo 1, artículo 0, concepto 0.01,

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que abarca distintos programas y que se refiere, como decía antes, a otras remuneraciones a altos cargos; significa un importe muy superior a las remuneraciones básicas e introduce opacidad, como decía antes. Las 14 enmiendas son la 755, 756, 757, 762, 766, 773, 775, 778, 779, 783, 784, 787, 789 y 790.
Al capítulo 1, artículo 3, concepto 0.01, que consiste en disminuir partidas indefinidas, como decía antes, otras remuneraciones a laborales, introducen opacidad en los presupuestos. Son seis enmiendas que se corresponden con los números 763, 767, 774, 776, 780 y 785. Al capítulo 1, artículo 5, concepto 1, para disminuir partidas también indefinidas, como otras remuneraciones y gratificaciones, hay tres enmiendas que corresponden a la 758, 768 y 781.
Al capítulo 2 recorte de gastos de compra de bienes y servicios, hay cinco enmiendas, que corresponden a la 759, 764, 777, 786 y 797. Y al capítulo 4, disminución de gastos por transferencias corrientes, hay dos enmiendas, que se corresponden a la 796 y 798.
Luego hay otras enmiendas, que son de más difícil encaje en bloques, pero que, por ser pocas y por relatarlas muy sucintamente, las voy a decir una por una. Son la 753, Servicio 02, Secretaría General Técnica, capítulo 2, artículo 2, para disminuir partidas indefinidas como otros gastos y gastos en prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Al servicio 02, dentro del programa de publicaciones, Secretaría General Técnica, gastos de edición y distribución.
Al programa 542 E Investigación y Desarrollo Tecnológico, la 760, organismo 203, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, para disminuir partida de becas a posgraduados. También dentro de este mismo organismo, disminuir partida de contribución voluntaria a la OIEA. Y en el Organismo 204, Instituto Tecnológico y Geominero de España, reducir algunas partidas de superproyectos, como es el 9.007, formación geológica minera, y el 9.001, información y documentación, pidiendo, además, que los estudios se realicen por el propio Instituto.
Al programa 721, Dirección y Servicios Generales de Industria, la enmienda 769, correspondiente al servicio 01, Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, pidiendo la reducción para prensa, revistas, libros y otras publicaciones, publicidad y propaganda, reuniones y conferencias y atenciones protocolarias. En este mismo servicio, en el capítulo dos, para disminuir locomoción y dietas; también dentro de este mismo servicio, en el capítulo cuatro, reducir partidas de concesión de becas, asistencias a congresos, cursos y seminarios y otras subvenciones a distribuir por orden ministerial, y disminuir también las cuotas de asociación y gastos de participación en organismos internacionales de los servicios del departamento. Dentro del capítulo 6, reducir partidas de renovación de mobiliarios y enseres.
Al programa 722 D, competitividad de la empresa industrial, dentro del servicio 16, la enmienda 782, correspondiente a la Secretaría de Estado de Industria, para disminuir el concepto de ferias, exposiciones, congresos y campañas de difusión, realizando en el propio Ministerio estos estudios implicados.
Por último, al programa 731 F, normativa y desarrollo energético, la enmienda 788, servicio 03, Secretaría General de la Energía y Recursos, capítulo seis, para disminuir la inversión en estudios técnicos, pidiendo también que se realicen por los funcionarios del Ministerio.
Después, hay tres enmiendas, como decía antes, de ampliación, todas del capítulo siete, enmiendas 791, 792 y 793. En el concepto 770, transferencias de capital a empresas privadas por el plan de calidad y seguridad industrial, programa 702 C, calidad y seguridad industrial, se incrementarían 40 millones.
La justificación se debe a la importancia que tiene el Plan de calidad industrial. Además, se ha visto cómo las transferencias de capital a empresas privadas se han reducido.
Esta tendencia, la reducción de las transferencias de capital en mayor cuantía a las empresas privadas que a las públicas, se puede observar como una norma general de los presupuestos de esta sección. Esta enmienda contribuye a romper esta tendencia, con la que no estamos de acuerdo.
Al programa 722 B, competitividad de las empresas industriales, hemos presentado dos enmiendas de ampliación; en el concepto 773, transferencias de capital a empresas privadas para la adaptación de la empresa industrial española al Mercado Unico, por un importe de 35 millones de pesetas, justificada por la importancia de ayudar a nuestra industria para su adaptación al Mercado Unico, así como el recorte que se había realizado, siguiendo la tendencia señalada en la enmienda anterior. La segunda enmienda de ampliación de este programa se ha realizado en el concepto 777, transferencias de capital a empresas privadas, para la cooperación entre empresas en el ámbito nacional e internacional. Pensamos que de esta manera también contribuimos a romper la tendencia, acercando esta partida, al igual que las dos anteriores, a lo presupuestado el año anterior.
Por último, quería hacer una pequeña referencia a dos enmiendas, también de disminución de gasto, la 794 y la 795, que se corresponden con la Escuela de Organización Industrial, de la que ya ha hablado más ampliamente mi compañero que defendía las enmiendas de devolución. Estas dos enmiendas corresponden al programa 422 H, formación de personal en el ámbito organizativo industrial, y lo lleva a la práctica el organismo de la Escuela de Organización Industrial. Esta compite, como decía mi compañero, en un sector en el que existen múltiples ofertas privadas y, sin embargo, está recibiendo elevadas subvenciones públicas. En

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concreto, se había presupuestado para la Escuela de Organización Industrial 130 millones de pesetas en transferenciasvcorrientes y 36 millones en transferencias de capital.
Nosotros vamos a proponer un plan a tres años en los que la Escuela de Organización Industrial debe autofinanciarse en su totalidad con la vista puesta en su privatización. Por estas enmiendas, en este año se recortan en un tercio tanto las transferencias corrientes como las de capital, lo que supone 43 y 12 millones de pesetas, respectivamente. Estos recortes se realizan en el servicio 20.01, conceptos 432 y 732, dentro de las transferencias entre subsectores y siguiendo en la línea de dotar de mayor autonomía a la Escuela y ésta deberá distribuir entre sus gastos estos recortes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Intervengo para defender la enmienda 477, que es una enmienda excepcional para una situación excepcional. Nos estamos refiriendo al plan de actuación de la Empresa Minero-Siderúrgica de Ponferrada, la llamada MSP. Esta sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada, cuyas explotaciones se encuentran en el valle de Laciana, en la provincia de León, es en la actualidad la mayor empresa minera privada española.
Su producción se sitúa actualmente por encima del millón de toneladas de hulla y cuenta con 2.800 puestos de trabajo que están en serio peligro de desaparición. La empresa es un elemento clave de la economía del hermoso valle leonés. La empresa se ha deteriorado tanto en los últimos años que su viabilidad futura pasa por la toma de medidas drásticas y la exigencia de sacrificios importantes a todos los agentes implicados.
En plena campaña electoral la situación era tan grave y tanta la desesperanza entre los mineros que el propio Presidente del Gobierno, don Felipe González, en una intervención pública que tuvo lugar en León el 16 de mayo prometió claras y concretas ayudas para poner en marcha el plan de viabilidad de esta empresa, que se concretaron en un plan de actuación aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el día 23 de mayo de este mismo año, es decir, unos días antes de celebrar las elecciones generales.
El primero de los compromisos contemplado en el plan fija unas aportaciones de la Administración Central en concepto de inversiones y déficit operativos por las cantidades y ejercicios presupuestarios siguientes: para 1993, 3.187 millones; para 1994, 2.480 millones y para 1995, 1.905 millones.
En la Sección 20, en el programa 741 F, en el capítulo 7, transferencias de capital, figuran sólo los 2.480 millones de pesetas correspondientes a 1994, pero nada se dice de los 3.187 millones correspondientes a 1993, que tampoco están en la Sección 20 de los Presupuestos Generales del Estado de 1993, entonces Industria, Comercio y Turismo.
Dada la situación de extrema gravedad por la que atraviesa la empresa, repito, el peligro de perder más puestos de trabajo de los que hasta ahora se han perdido y esperando que se superen las dificultades técnico-jurídicas, porque está en situación de quiebra, creemos que debe aumentarse la partida de los 2.480 millones de pesetas para 1994 con otros 2.000 que, en parte, compensen el olvido de los tres mil y pico que figuraban para 1993 en el Plan de actuación aprobado, repito, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos --y buena publicidad se dio de ello en León-- el 23 de mayo de 1993.
Es una enmienda que no rompe el equilibrio presupuestario ni tampoco el equilibrio de las enmiendas tan magníficamente defendidas por mis compañeros a esta Sección, porque los 2.000 millones proponemos que se detraigan de los gastos corrientes en bienes y servicios del Estado, organismos autónomos y entes públicos, de acuerdo con una disposición adicional presentada por el Grupo Popular y que ayer tuve el honor de defender ante mis compañeros de Comisión, por un importe de 186.000 millones de pesetas, de los que 2.000 sirven para que esta partida figure dentro de las aportaciones que el Estado se ha comprometido a invertir en 1993 y 1994 en León.
Hacer posible el plan de viabilidad de la MSP y dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 23 de mayo de 1993 sería también ayudar a cumplir la promesa electoral del Presidente del Gobierno, don Felipe González.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, debido al momento procesal actual y a estas horas mi Grupo se reserva para el debate en el Pleno porque, por otra parte, entiende que ya ha vertido suficientes argumentos, que justifican tanto las enmiendas parciales cuanto, y sobre todo, la enmienda a la totalidad, en el trámite de comparecencias, donde, aparte de cuestiones para obtener información, hemos expuesto suficientemente nuestros criterios sobre cada una de las enmiendas. Por esa razón, doy por defendidas las enmiendas y me reservo para trámites posteriores.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Gatzagaexebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, intervengo brevemente para manifestar que

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retiramos la enmienda que tenemos presentada a esta Sección.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.


El señor SAENZ LORENZO: Voy a consumir un turno en contra de las enmiendas planteadas. En primer lugar, de la enmienda de totalidad que ha defendido el señor Gamir, en nombre del Grupo Popular.
El señor Gamir ha ido más a una crítica a la política económica del Gobierno, que, evidentemente, mucho tiene que ver con la política industrial, pero yo creo que las partidas presupuestarias que vamos a discutir en la Sección 20 se refieren mucho más a los programas específicos y a los objetivos de política industrial y menos a un tema de valoración de la peseta, tipos de interés, cuotas de la Seguridad Social que deben plantearse en un debate de política económica general, de los objetivos globales del presupuesto y no en las partidas presupuestarias que aquí vamos a contemplar, partidas presupuestarias que se refieren a programas de adaptación de la empresa industrial española al Mercado Unico, mejora de las infraestructuras técnico- profesionales, programas de apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico, plan de infraestructura tecnológica, promoción del diseño industrial, fomento de la calidad, programa industrial tecnológico medioambiental y apoyo a la pequeña y mediana empresa, una serie de programas horizontales, una serie de programas sectoriales que se refieren a los sectores en crisis, la reconversión del sector siderúrgico que hemos estado debatiendo en la Comisión, la reconversión del sector naval, los temas de apoyo a la extracción de carbón en nuestro país. Esos son los programas que aparecen en los presupuestos. Más, por tanto, que hacer un debate sobre los problemas de la política general y de la política económica, que sí que tienen que ver con la política industrial, nuestro Grupo piensa que deberíamos trabajar en el terreno específicamente de lo que es la política industrial, que son los programas existentes para mejora de la competitividad.
Nuestro Grupo piensa que estos son unos presupuestos austeros y que el presupuesto del Ministerio de Industria está en consonancia con esta austeridad. Para hacer una mejor política industrial no nos parece que hace falta un crecimiento espectacular de los presupuestos, sino una política más activa, que yo creo que se está poniendo de manifesto en actuaciones como las que está promoviendo el propio Gobierno con relación a las crisis que se producen en el sector; por ejemplo la actuación respecto de la empresa Seat. Esto en algunos casos va a tener consecuencias presupuestarias y en otros, no. En definitiva, es necesario una política más activa que sí promovemos desde nuestro Grupo pero que, a nivel presupuestario, se traduce fundamentalmente en los programas que he señalado.
No voy a referirme a todas las enmiendas planteadas. Sí quiero decir que la Escuela de Organización Industrial ha llevado a cabo en nuestro país, desde nuestro punto de vista, una labor encomiable durante años. Ha sido pionera en muchas de las actuaciones, aunque hoy, afortunadamente, también hay empresas privadas que las realizan; hay algunas actuaciones de este tipo que lleva a cabo la Escuela de Organización Industrial y buena parte de esas actividades se realizan financiándose, pero hay otras que no son rentables y que las realizan por mandato legal. Por tanto, parece lógico que haya unas partidas presupuestarias que financien estas actuaciones que no son rentables y que siempre va a tener que seguir desarrollando la Escuela de Organización Industrial, independientemente de que por sus actividades competitivas con la empresa privada, de máster, etcétera, se autofinancie, lo que pensamos que ya está haciendo en esos programas. Respecto al conjunto de enmiendas del Partido Popular, si consideramos también la que ha defendido el señor Núñez, hay que decir que no suponen disminución de gasto, sino aumento. Yo creo que las enmiendas del Partido Popular habrá que considerarlas todas en conjunto y así significan, no una disminución de gasto, sino un aumento de gasto de más de 6.700 millones. Hacen ustedes una serie de enmiendas de disminución de gastos poco consistentes. Entran ustedes en la remuneración de los directores generales. En estos presupuestos un director general tiene una remuneración que no llega a los siete millones de pesetas y ustedes les quitan dos millones a cada uno. A mí me parece un poco aberrante. Yo creo que tendrían que mirar con más cuidado cuáles son las partidas que disminuyen. A cada director general, que no llega en su remuneración total a siete millones de pesetas, le quitan dos millones. ¿Por qué? Porque están en el concepto «otras remuneraciones». Menos mal que previsiblemente no se van a aprobar estas enmiendas, porque, si se aprobaran, me parece que sería absolutamente negativo.
No tiene ningún sentido que a los directores generales se les rebaje en dos millones un sueldo que no llega, repito, a los siete millones de pesetas. Y así se hace con los altos cargos, se hace con las gratificaciones, se hace con el personal laboral, se hace con el capítulo 2, que está ya muy disminuido. Porque en los sucesivos presupuestos de austeridad resulta que todos vamos recortando el capítulo 2, de los ministerios, que tienen que funcionar y tienen una serie de gastos corrientes que ya están muy disminuidos. Al final, de toda esa panoplia de enmiendas que ustedes presentan, acaban disminuyendo no llegan a 400 millones, que luego destinan a aumento de subvenciones a empresas privadas. Y, desde luego, no hay voluntad, en estos presupuestos, por parte del Gobierno,

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según mi punto de vista, de disminuir la subvención a empresas privadas, sino que hay algunos programas que dependen de cuál es su desarrollo. El programa de calidad industrial está en un proceso de desarrollo, en el cual este año necesita menos dotaciones que en el año anterior, pero por el propio desarrollo de ese plan. Lo que no hay, en modo alguno, es voluntad de disminuir los apoyos a las empresas privadas en el conjunto del presupuesto y eso se demuestra en que el programa que más crece en el presupuesto es el de la pequeña y mediana empresa industrial, un 17 por ciento, y que va dirigido fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas privadas.
Considerado en su conjunto, yo pienso que no es verdad que haya una disminución en este sentido.
Tampoco hay un programa de privatizaciones en el Ministerio, efectivamente, y nuestro Grupo mantiene que no debe haberlo; el criterio respecto a si se privatiza o no una empresa pública debe ser en función del análisis de la situación de esa propia empresa. Ha habido privatizaciones, como la de Seat, que hoy han vuelto a aparecer en los debates en la Comisión. Ha habido privatizaciones de empresas del sector de la alimentación, de empresas textiles, de empresas que tienen poca importancia, digamos, o que tienen pocas sinergias dentro de un Instituto como el Instituto Nacional de Industria, pero pensamos que el Instituto Nacional de Industria tiene un volumen muy importante, tiene una capacidad de actuación en el sector industrial significativa, dentro del cual hay sectores en crisis y sectores en reconversión en los que tiene que seguir estando presente. Institutos como el INI son difícilmente sustituibles cuando no hay empresas industriales privadas en España de tamaño suficiente para jugar un papel a nivel internacional, a nivel europeo; y las que hay resulta que son públicas, porque está Repsol, en el sector del petróleo, Endesa y también Iberdrola en el sector eléctrico, o el Instituto Nacional de Industria y el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Y hay muy pocas empresas industriales privadas, ninguna, que puedan sustituir el papel que juegan algunas de estas empresas. Nuestro planteamiento es que no debe haber un programa de privatizaciones, pero sí que se debe considerar, cuando convenga a los intereses industriales de nuestro país, que pase al sector privado una empresa que esté en el sector público. En estos momentos, no parece que haya muchas, porque buena parte de las empresas del INI están en pérdidas y en las pocas que hay lo que se está haciendo es una privatización, pero sin que el sector público pierda el control. Estamos viendo que se ha producido una privatización importante de Repsol, puede producirse una mayor privatización de Endesa, pero sin que el sector público pierda la mayoría o por lo menos el control de estas empresas, en las que no hay un empresario privado alternativo. Por ello, sería un disparate, desde nuestro punto de vista, dejar de tener unas empresas con tamaño suficiente y capacidad de presencia en el exterior. En esa serie de enmiendas parciales se quita dinero de sitios muy curiosos, como de las becas, se quita remuneraciones a los altos cargos --a los directores generales, dos millones--, gratificaciones, etcétera. No entendemos el sentido de ese conjunto de enmiendas para, al final, si se aceptaran todas, obtener una modificación de los Presupuestos que no llega ni a los 200 millones de pesetas. No entendemos el sentido, porque nos parece disparatado que se disminuyan los salarios, que se disminuyan las gratificaciones, que se disminuyan las becas, que se disminuyan las cuotas en la participación de organismos internacionanles. No lo acabamos de entender. En cuanto a la enmienda del señor Núñez, lo que yo quiero decir es que, efectivamente, hay un plan aprobado por el Gobierno que prevé, como ha dicho el señor Núñez, 3.187 millones para el año 1993, 2.480 millones para el 94 y 1.905 para el 95. Este compromiso se mantiene por el Gobierno. En los Presupuestos están los 2.480 millones que corresponden al año 1994, los del 93, en el momento en que haya que desembolsarlos, está previsto hacerlo por crédito extraordinario, como estaba previsto cuando se inició el plan. Evidentemente, se ha producido una situación nueva, que es la incoación de un procedimiento de quiebra, que está retrasando la posibilidad de llevar adelante el plan, pero desde luego, en este sentido, el compromiso del Gobierno es mantener el plan en sus previsiones. Yo no sé si, en su momento, caso de que se viera que en este año no va a haber actuación, se puede introducir alguna modificación, pero desde luego la previsión del Gobierno es mantener el plan de actuación de esa empresa en los términos en que está planteado, en el momento en que se pueda poner en marcha, con los compromisos también por parte de las comunidades autónomas y la ampliación del capital correspondiente. Por tanto, el compromiso se mantiene y se mantiene la previsión. La previsión era que la cantidad destinada en el año 93 se hiciera por crédito extraordinario --la previsión sigue, todavía no está terminado el año 93, la del 94 está perfectamente asumida en los Presupuestos y, digamos, estamos de acuerdo en el espíritu de cumplimiento. No hay por parte del Gobierno ninguna intención de no cumplir ese compromiso, sino de llevarlo adelante, y en las dificultades que se están produciendo, el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad.
Por mi parte, nada más. Las enmiendas de Izquierda Unida no han sido defendidas y, por tanto, lógicamente, no las voy a rebatir.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gamir.


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El señor GAMIR CASARES: En política económica, hay una expresión anglosajona que utilizamos todos, «policy mix», mezcla de políticas. La mezcla de políticas que afecta al sector industrial es, simplemente, catastrófica, implica el incremento de paro más importante de Europa. Como tal, no se puede ver aisladamente la política presupuestaria, sin comprobar por lo menos la política monetaria-financiera, que es la famosa «policy mix», monetaria-fiscal. Con otra política de tipo de cambio y de tipos de interés, a lo mejor esta política presupuestaria sería la adecuada. Esta política fiscal, la política monetaria, la política de tipos de interés y la política de tipo de cambio que ha hecho este gobierno socialista, la combinación, la suma, lo que ha implicado es una desindustrialización muy grave de este país. Al final, parece que fue Carlos Solchaga el que dijo la famosa frase de que la mejor política industrial es la que no existe, parece.
Perdón, la frase es errónea. Se ha hecho una política industrial activa, con los diversos instrumentos, cuya eficacia ha sido un fuerte proceso contra la industria, una fuerte desindustrialización en este país. Sobre esto, aunque son mis compañeros los que van a contestar, simplemente quiero hacer un apunte muy breve. Nosotros, en el tema de «otras remuneraciones», hemos querido llamar la atención sobre lo que nos parece una falta de transparencia, de claridad. Fernández Ordóñez decía que los Presupuestos debían estar hechos como de cristal, que se viera dentro de ellos todo lo que tenían. Lo que no puede ser es que un alto cargo tenga de sueldo un millón y, luego, en otras remuneraciones y gratificaciones, ocho millones. Esto no parece lógico, y nosotros hacemos una llamada de atención a que se plantee como un auténtico presupuesto de cristal, transparente, la parte de las remuneraciones de los altos cargos. Estaríamos dispuestos, si el Grupo Socialista lo plantease de otra manera, a analizar una enmienda transaccional que no nos exigiera esta llamada de atención al respecto.
No sé cuál es la voluntad, en el fondo del pensamiento, diríamos, en el fondo del corazón socialista, sobre el sector privado. No sé cuál es, porque ha evolucionado muy rápidamente en el tiempo y está en continuo proceso de evolución o metamorfosis. La realidad de estos presupuestos es que en las partidas básicas de competitividad se incrementa lo que va al sector público y se disminuye lo que va al sector privado.
Dejamos para el Pleno el tema de las privatizaciones, pero lo que usted dice es totalmente contradictorio con lo que dice un conocido parlamentario de su grupo que se llama Felipe González, cuando manifiesta que el Estado es muy mal empresario. Lo que usted está diciendo no se compagina muy bien con ese enfoque. Dejemos para el Pleno si son los privilegios de Endesa el sistema que en este momento se utiliza para que den positivas algunas cuentas de Teneo, y algunos otros temas que nos plantea el problema global de la política de metamorfosis. Ustedes dicen que quedan pocos.
Realmente, existen los de la mano de un lado, y existen las personas de su partido que la mano la colocan en otro lado, entre ellos, por ejemplo, Felipe González.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sieso.


El señor MARTINEZ SIESO: Muy brevemente, para una réplica a los argumentos aducidos por el portavoz socialista en relación con la Escuela de Organización Indutrial. Nosotros hemos reconocido que, desde su creación, ha desarrollado una labor encomiable y que, afectivamente, fue pionera en las enseñanzas que viene impartiendo hasta ahora. Pero lo que sí es cierto es que en el momento actual todos los cursos que se imparten en la Escuela de Organización Industrial se imparten también en escuelas privadas, y con demasiada frecuencia a un nivel más competitivo y sin necesidad de estar, digamos, enganchados a los Presupuestos Generales del Estado, sin necesidad de recibir subvenciones. Reconocemos que realiza sus actividades por mandato legal, pero lo que planteamos, precisamente, es cambiar el estatuto jurídico que regula la Escuela de Organización Industrial y tender a una privatización de sus actividades, que entendemos que se desarrollan con mayor eficacia en el sector privado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez Vázquez.


El señor GOMEZ VAZQUEZ: Creo que lo más importante ha sido contestado por nuestro portavoz señor Gamir, pero quiero aclarar algún concepto en cuanto a las enmiendas parciales. El señor Sáenz dice que no acaba de entender el sentido de estas enmiendas. Creo que ha quedado bien claro por nuestra exposición y en la primera réplica de nuestro portavoz. El sentido de nuestras enmiendas es reducir una serie de gastos representativos, que son ejemplarizantes dentro del objetivo general de reducción de gastos. Nosotros no tocamos para nada los sectores en crisis ni las grandes partidas de esta sección. Como decía antes, son 267 millones de pesetas lo que reducimos en este capítulo, que supone el 0,13 por ciento nada más del total. Es muy poco, pero muy ejemplarizante. ¿Qué conceptos reducimos? En el capítulo 1, nuestra enmienda significa luchar contra esa opacidad en la manera de remunerar. En el capítulo 2, ¿qué partidas son las que reducimos? Enmienda 753: gastos en prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Enmienda 754: gastos de edición y distribución, para los que hay 66 millones de pesetas.
Enmienda 769: reducción en prensa, revistas, libros y otras publicaciones, publicidad

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y propaganda, reuniones y conferencias, atenciones protocolarias. Todo eso es reducción de gastos de una manera ejemplarizante.
En cuanto a las becas, no decimos que se reduzca simplemente, decimos que se reduzca una partida. Nuestra enmienda 771 dice: concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones a distribuir por orden ministerial, que es un concepto mucho más amplio que decir que el Grupo Popular quiere reducir las becas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Sáenz, yo no dudo de sus palabras cuando usted cree que el Gobierno va a cumplir el compromiso.
De lo que dudo y de lo que dudan los leoneses es de que el Gobierno cumpla ese compromiso, porque estamos ya a noviembre de 1993 y hay unas partidas muy importantes que deberían haberse puesto en marcha en este año. Y no solamente son los 3.187 millones para 1993; son también los 1.888 millones para atender las 162 prejubilaciones, y son otra serie de cosas.
Efectivamente, hay un dato: el acuerdo --como dice usted muy bien-- está condicionado a que se supere la situación de quiebra. Pero de ese tema no vamos a hablar ahora; ese tema está provocado por una serie de circunstancias muy sospechosas, para, a lo mejor, dejar en aguas de borrajas el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Es difícil hacer entender a los casi 3.000 mineros afectados por el plan de viabilidad todo este tinglado técnico-jurídico que impide cumplir un acuerdo que con tanta publicidad, tanta solemnidad y tanta rentabilidad electoral se hizo el 23 de mayo de 1993.


El señor SAENZ LORENZO: Señor Núñez, lo que sí que le puedo decir es que, desde luego, el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el procedimiento de quiebra que se ha puesto en marcha y que eso es lo que ha impedido poner en marcha un plan que está comprometido, que siguen los compromisos y que, además, tiene una partida presupuestaria en una cuantía específicamente señalada en el plan por el Ministerio de Industria para el próximo año. (El señor Vicepresidente, Ortiz González, ocupa la Presidencia.) Señor Gamir, efectivamente, usted se sitúa en el terreno de la política económica, pero si los problemas más importantes son los de la valoración de la peseta y tipos de interés, éstos son dos problemas que han mejorado sustancialmente en los últimos meses. En estos momentos, en la valoración de la peseta ha habido sucesivas devaluaciones, por tanto, nuestra situación competitiva ha mejorado por ese lado, y los tipos de interés van disminuyendo también sensiblemente. Por consiguiente, estamos en condiciones de que las dificultades que suponían esos dos elementos desde el punto de vista económico, que hay que reconocerlas, vayan desapareciendo o hayan disminuido significativamente.
No quiera confrontarme con el Presidente del Gobierno.
Efectivamente, yo coincido totalmente con las posiciones del Presidente del Gobierno. Lo que sí que le quiero decir es que hay algunos sectores en donde las empresas pioneras y las empresas líderes son empresas públicas y parece difícil que sean sustituidas por empresas privadas. La voluntad del Gobierno es mantener la presencia en esos sectores y sería un disparate desmantelar empresas con capacidad, como pueden ser Repsol o Endesa. Yo estoy en desacuerdo con que usted, siempre que habla de Endesa, hable de privilegios. Yo creo que Endesa ha sido una empresa que ha demostrado, a lo largo del tiempo, una mejor gestión que otras empresas que en los años setenta situaron a Endesa en un aspecto marginal. A Endesa se la dejó fuera de la distribución --la crema del sector eléctrico está justamente en la distribución porque es donde se cobra el dinero directamente de los consumidores--, de la distribución y de lo que entonces parecía el programa más de futuro, que era el programa nuclear. Y esas dos cosas, al final, han jugado en favor de Endesa y en contra de determinadas apuestas erróneas que se realizaron por algunas empresas del sector privado. Por tanto, yo creo que hay una buena gestión, y eso ha repercutido en el papel de liderazgo que hoy está jugando Endesa y que era impensable seguramente hace diez años y que, por tanto, desde nuestro punto de vista, debe seguir jugando.
Yo creo que no hay contradicciones en las distintas declaraciones. Esa frase de que la mejor política industrial es la que no existe, es una frase que se ha estado repitiendo a lo largo del último año y que, desde luego, ni el Ministro de Industria anterior ni el señor Solchaga ni nosotros reconocemos como nuestra; no es ése nuestro criterio. Nuestro criterio es llevar a cabo una política industrial activa y, por tanto, desmentimos una vez más ese planteamiento.
Respecto a la enmienda parcial relativa a la remuneración de los altos cargos, le diré que en cada Dirección General hay un solo director general y, por tanto, alto cargo no hay más que uno. La partida presupuestaria que aparece en los Presupuestos es de 6 millones 953.000 pesetas, y ustedes le restan dos millones. Aunque figure en «otras remuneraciones», yo creo que es muy transparente. Esta partida de 6 millones 953.000 pesetas, que es para un solo director general, por tanto, no sólo alto cargo y una sola persona, está dividida en tres partes: lo que es sueldo, lo que son gratificaciones y lo que son otras remuneraciones, y le quitan ustedes dos millones de pesetas. Yo creo que eso es estar en contra de una Administración eficaz y eficiente. Yo creo que un Director General no debe cobrar menos de 6.953.000 pesetas, que es lo que figura en los presupuestos,

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y desde luego es de locura quitarle dos millones de pesetas a cada Director General. Me parece un planteamiento de enmienda que yo creo que tendrían que retirarlo ustedes a toda velocidad.
Por mi parte nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Con la intervención del señor Sáenz Lorenzo termina el debate de la Sección 20.
Iniciamos el debate de la Sección 21, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, para las que tiene la palabra el señor Ramírez, con el ruego de la brevedad, compatible con el número de enmiendas y compatible con la hora en la que estamos.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a intentar ser breves.
La alternativa presupuestaria del Grupo Parlamentario Popular se refleja en las 166 enmiendas que hemos presentado, de las cuales 142, aparte de la enmienda de devolución, son de minoración de gastos, 7 de supresión de altos cargos y de organismos y 16 de aumento de gastos.
Antes se decía que la política del Gobierno se refleja a través de la política presupuestaria. Nosotros entendemos que la política agraria del Gobierno Socialista tiene un fiel reflejo en su alternativa presupuestaria, alternativa que es incapaz de afrontar los retos que tienen planteada nuestra agricultura en estos momentos, cuales son la de su modernización, rejuvenecimiento, hacer más competitiva nuestra agricultura, potenciar la agroindustria, financiar la reforma de la política agraria común en aquellos aspectos que tiene que financiar la aportación presupuestaria nacional, luchar contra la erosión, desertización y los incendios forestales, dotar de infraestructuras al sector agropecuario español, luchar contra el abandono que existe en la mentalidad de los agricultores y potenciar nuestra pesca.
La pesca, señor Presidente, está infradotada en el presupuesto que nos ha remitido el Gobierno Socialista. Solamente tiene una dotación del 3 por ciento del total del presupuesto con el que pretende el Gobierno socialista revitalizar un sector que da de comer directamente a 150.000 personas y tiene, entre puestos de trabajo directos e indirectos, la responsabilidad de más de 700.000 puestos de trabajo en España.
Nosotros creemos que este presupuesto remitido por el Gobierno no responde a la realidad agropecuaria española para 1994. Y no es solamente nuestro juicio, es el de las organizaciones agrarias que en su totalidad han rechazado el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Es un presupuesto que es incapaz de afrontar los retos, repetimos, de 1994. Pero además es un presupuesto que gasta mal, es un presupuesto reiterativo, es un presupuesto en donde se consumen importantes dotaciones económicas en conceptos que no tienen ninguna justificación, un presupuesto que tiene dinero por encima --muy por encima-- de las previsiones que con carácter general se han dicho para el capítulo 1. Sigue creciendo el capítulo 1 del Ministerio de Agricultura, inexplicablemente, cuando todos sabemos que ha habido una traslación del eje de la política agraria a nivel nacional a favor de las comunidades autónomas, y a nivel internacional ha sido asumido por la Comunidad Económica Europea; un presupuesto que sigue dotando jugosamente el capítulo 2 de su Ministerio, con gastos que no tienen ninguna justificación: se aumentan los arrendamientos, se aumentan los gastos consultivos, se aumentan partidas, por ejemplo, inexistentes, como es la protección de los edificios oficiales, en donde hay un verdadero consumismo respecto a la dotación de este servicio --capítulos que no tienen justificación--. Se decía ahora mismo que están bajando los intereses, menos para el Ministerio de Agricultura, porque el capítulo 3 dota suficientemente y aumenta las previsiones financieras para el pago de intereses.
En resumen, señorías, no es este presupuesto el que necesita el campo español. Hemos demostrado a través de 149 enmiendas que se pueden disminuir los gastos en 23.076 millones de pesetas; gastos que no tienen ninguna justificación, gastos que se destinan al pago de estudios fuera del Ministerio. Y recuerdo a los miembros, escasos en esta hora, de la Comisión de Presupuestos (Un señor Diputado: Demasiados.) que un alto dirigente socialista español acaba de decir que habría que introducir la jornada de cuatro días en la propia Administración española, porque sobran funcionarios y falta trabajo (señor Jáuregui, Secretario del Partido Socialista Vasco). ¿Cómo se comprende, por tanto, esta afirmación, cuando tenemos un Ministerio que dedica 8.000 millones de pesetas a gastos fuera del Ministerio, a gastos de estudios y elementos que pueden ser asumidos perfectamente por las amplias plantillas del Ministerio del capítulo 1 que mantienen aún en la Administración central? En resumen, señorías, nosotros pretendemos cambiar el presupuesto del Ministerio de Agricultura eliminando esos gastos superfluos por valor de 23.000 millones de pesetas, vendiendo y privatizando las empresas públicas que dependen aún en exclusividad o bien de la Dirección General del Patrimonio o bien de los organismos autónomos del Ministerio.
Porque hay que decir que a finales del siglo XX tenemos un Ministerio de Agricultura que aún vende aceite al detall que aún cría directamente ganado, que explota fincas, que labra, que siembra. Tenemos un Ministerio de Agricultura que tiene unas previsiones de actuación como podría tener a finales del siglo XIX. No es el Ministerio de finales del siglo XX que está demandando en estos momento nuestra agricultura.
La privatización de ese sector público que no tiene

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justificación, que no tiene elementos sociales o económicos que justifiquen su existencia posibilitarían la conjunción de una cantidad importante que es la que necesita nuestro sector agropecuario y pesquero. Son los 55.400 millones de pesetas que se contienen en nuestras 16 enmiendas de adición, enmiendas que van destinadas a la inversión en infraestructuras.
El Ministerio de Agricultura en 1994 gastará menos del 50 por ciento en infraestructuras de lo que gastó en 1990. Enmiendas que van a modernizar las explotaciones agrarias. El Ministerio de Agricultura gastará menos del 50 por ciento que hace tres años con destino a la modernización de las explotaciones agrarias. El Ministerio de Agricultura ha tirado la toalla en todo lo que hace referencia a la jubilación anticipada de los agricultores o en lo que hace referencia al rejuvenecimiento de las estructuras agrarias, posibilitando la incorporación de jóvenes agricultores.
Un Ministerio de Agricultura que en el capítulo de pesca ignora que hace falta modernizar nuestra flota, que hace falta dotar a nuestra flota con dinero para parar la parada biológica. No hay un duro en el Ministerio de Agricultura para financiar las paradas biológicas que nos imponen los convenios internacionales. No hay dinero en el Ministerio de Agricultura para un plan de acuicultura, que a todos se nos ha dicho que es el porvenir de la revitalización de nuestras costas y de nuestra vieja actividad pesquera. El Ministerio de Agricultura no tiene dinero suficiente para financiar la reforma de la política agraria común, especialmente las llamadas políticas de acompañamiento. Sólo figuran 26.000 millones de pesetas con unos objetivos absolutamente ineficaces para los fines que tiene que alcanzar nuestra agricultura. Sólo se prevé que se jubilen 2.400 agricultores o que se foresten 55.000 hectáreas.
Para ilustración del portavoz socialista a este respecto, noticia de hoy: Sólo en cinco comunidades autónomas, de las 17 que componen la geografía autonómica española, se han solicitado para reforestar por parte de los agricultores 111.000 hectáreas. ¿Sabe el portavoz socialista qué objetivo tiene el Ministerio de Agricultura en el presupuesto de 1994? Forestar 55.000 hectáreas. Ya llevamos solicitadas 111.000 en sólo cinco comunidades autónomas y faltan los datos de doce.
En resumen, señorías, no creemos que este presupuesto pueda cumplir los objetivos de una política agraria en 1994, los objetivos de una política que viene exigida por parte de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, solicitamos su devolución al Gobierno o, alternativamente, la aprobación de nuestras enmiendas, tanto de minoración de gastos y supresión de organismos como de aumento de gastos que posibilitarían mínimamente adecuar nuestra responsabilidad agraria en 1994.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Muchas gracias, señor Ramírez, especialmente por su brevedad.
Tiene la palabra para la defensa de las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: En aras de la brevedad, dadas las horas que son y el trabajo que queda por realizar todavía en esta Comisión, quiero decirles que nuestro Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pedimos la devolución al Gobierno de los presupuestos del Ministerio de Agricultura por insuficientes para afrontar el retro agrario en la Comunidad Económica Europea.
A pesar de las apariencias, estos presupuestos decrecen un 1 por ciento en pesetas corrientes y un 2 por ciento en pesetas constantes. Por tanto, hacen depender la renta agraria mayoritariamente de la política de la Comunidad Económica Europea. Acrecientan la recesión del sector, sobre todo por el recorte en los programas de mejora de estructuras agrarias.
Todo esto nos lleva a asegurar que no existe una política agraria del Gobierno socialista y que continúa fomentando la reconversión incontrolada del sector.
El resto de las enmiendas parciales que nuestro Grupo tiene planteadas a estos presupuestos, excepto la número 261 que la defenderá mi compañero de Grupo, Manuel García Fonseca, las damos por defendidas con esta intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Intervengo brevísimamente no tanto porque sea una enmienda singular cuanto porque tiene, quizá, una especial significación en el sentido de que hace poco mi Grupo planteó en esta Cámara una proposición no de ley sobre la declaración de Parque Nacional para el conjunto de los Picos de Europa, y por parte del Grupo mayoritario se nos argumentó que, estando de acuerdo con el planteamiento de fondo, es decir, con que debiera darse una figura protectora al conjunto de los Picos de Europa y que pudiera o debiera ser la de Parque Nacional, sin embargo, se dijo que era necesario ir preparando el terreno sobre todo para vencer las resistencias que pudiera haber por parte de los habitantes de las zonas afectadas. Mi Grupo no estuvo de acuerdo con este aplazamiento, puesto que habíamos presentado otra proposición no de ley similar hace cuatro años y se nos respondió un poco en el mismo sentido de que era necesaria una preparación previa.
Pues bien, hablando de preparaciones previas, creemos que esto significa que debe haber alguna partida presupuestaria especial para los Picos de Europa, tanto

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en lo que ya es Parque Nacional cuanto en lo que más o menos coincidimos que debiera ser el futuro Parque Nacional, que de alguna forma hiciera desde ahora frente a los temas medioambientales y espaciales y promoviera una serie de actividades que incluso pudieran resultar compensatorias para los habitantes de las zonas afectas y que moviera desde ahora a ir adoptando una actitud positiva y receptiva en relación a la futura declaración de Parque Nacional para todo el macizo.
(El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría por el PNV.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Intervengo para defender las enmiendas de nuestro Grupo a esta Sección.
La enmienda 1.616 plantea un incremento del concepto previsto para la ordenación y el fomento de la industria agroalimentaria y, en concreto, lo relativo a la reestructuración de la industria láctea. Nuestro Grupo Parlamentario entiende que el Gobierno debe liderar el tema de la reestructuración de la lactaria, puesto que a través de Lactaria Española, S. A., LESA, dispone de una participación importante en el sector y así lo demandan tanto los productores de leche del País Vasco, como los de Cantabria, Asturias y Galicia. Es necesario que el Ministerio aborde este tema y las comunidades autónomas están de acuerdo en participar y tener una vinculación económica con el tema de la reestructuración de la lactaria. Por eso nosotros planteamos un incremento a costa de la disminución de los gastos de personal del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
La enmienda 1.617 solicita el incremento de 1.000 millones a las ayudas a la adaptación de capacidades pesqueras. En concreto, los 12.600 millones que tiene presupuestados el Ministerio de Agricultura, relativos a la adecuación de la capacidad pesquera española en la zona económica exclusiva de pesca a los recursos existentes, se sigue con una política, con la que estamos de acuerdo, de colaboración con el Ministerio de Agricultura, de que se realice una reconversión que de hecho, y ahora de derecho se ha realizado. En base a las disposiciones comunitarias y a las ayudas que está dando el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, apoyamos dicha política, pero entendemos que los años 1994 y 1995, preparatorios para la entrada en vigor de las adaptaciones comunitarias el 1 de enero de 1996, requiere ese pequeño esfuerzo de ayudar a la reestructuración de la flota y adaptarse en las licencias de derechos a la flota de los trescientos, y por ello pospondríamos las inversiones que se prevén para modernización en materia de pesca a años posteriores, porque es mejor que primero adaptemos nuestra capacidad a los recursos y, con posterioridad, abordemos la modernización de la flota pesquera. Es por ello por lo que presentamos la enmienda, como contrapartida a la reducción, en estos dos años siguientes, en cuanto a la modernización. Las enmiendas 1.620 y 1.619 son de contenido filosófico, que nuestro Partido tradicionalmente ha presentado y hacen referencia al planteamiento político de nuestro partido tanto en relación con el Servicio Nacional de Productos Agrarios, como el Forppa, organismo que en este momento, con la entrada en la Comunidad Económica Europea, ha perdido gran parte de las funciones que ejercía, quedando únicamente como organismo receptor de los fondos a nivel español. Sabemos que las enmiendas que presentamos no van a ser aceptadas, pero queremos ser coherentes con el planteamiento que tradicionalmente nuestro Partido ha venido manteniendo con relación a estos dos organismos que, en definitiva, aplican la política agrícola comunitaria en el Estado.
Finalizo, señor Presidente, indicando que el resto de las enmiendas que nuestro Grupo ha presentado a esta sección las damos por defendidas, remitiéndonos en bloque a la argumentación expuesta por mi compañero el señor Zabalía a las secciones con anterioridad debatidas en esta Comisión.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Torres, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, la verdad es que con algunos grupos parlamentarios hay evidentemente discrepancias en cuanto a las enmiendas que plantean, pero son discrepancias perfectamente explicables. Debo reconocer que con el Grupo Parlamentario Popular entramos de nuevo, otro año más, en un diálogo de sordos. Tengo la sensación --me preocupa que la tengan sobre todo los altos cargos del Ministerio-- de que la comparecencia en la Comisión de Agricultura para explicar a los grupos parlamentarios cómo se ha confeccionado el presupuesto, para responder a todas las preguntas que los grupos hicieron, que fueron muchas, ha sido inútil por lo que respecta al Grupo Parlamentario Popular. Me da la sensación de que han perdido el tiempo, lo cual es bastante lamentable, porque después de recibir múltiples explicaciones, verbales y posteriormente por escrito --las tengo también aquí, las que se enviaron a los distintos gru- pos--, por lo visto, el Grupo Parlamentario Popular estaba sordo y no oyó en la Comisión de Agricultura y, desde luego, no leyó tampoco lo que se le envió porque ha hecho caso omiso de las explicaciones.
Ha vuelto a reiterar, un año más, las viejas enmiendas de siempre, y a mí me da un poco de apuro volver a pronunciar el mismo discurso de todos los años, porque a las mismas enmiendas, es difícil hacer otro discurso. Me hubiera

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ilusionado más tener un debate más constructivo sobre el sector primario, pero es bastante difícil.
Distingo entre la enmienda presentada a la totalidad y las parciales del Grupo Parlamentario Popular y la enmienda de totalidad de Izquierda Unida. Distingo, aun discrepando, en favor de Izquierda Unida; lo digo con sinceridad. Ha mantenido sus posiciones, que no compartimos, pero ha sido bastante más coherente a la hora de presentar las enmiendas parciales. Sin embargo, el Grupo Popular parece, repito, no haber oído nada, no haber leído nada y sigue manteniendo la misma posición que años anteriores; sigue diciendo las mismas cosas; no hay, por desgracia, ninguna nueva imaginación y, por tanto, voy a repetir un poco la defensa que hay que hacer del presupuesto del Ministerio de Agricultura y algún comentario haré también sobre las enmiendas parciales, aunque trataré de ser los más breve posible, señor Presidente.
El presupuesto consolidado del Ministerio de Agricultura, para 1994, es de 932.554 millones de pesetas, lo cual significa un aumento del 22,9 por ciento, casi el 23 por ciento, respecto al año 1993. El presupuesto del subsector Estado, es decir, excluido el Feoga-Garantía y los organismos autónomos, es de 159.874 millones que, deducidos los 5.106 millones que se han transferido a las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y Cataluña por la transferencia de cámaras agrarias, significa una disminución respecto al ejercicio de 1993 del 5,8 por ciento. Pero, repito, que el presupuesto consolidado sube casi un 23 por ciento.
Ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que crecen los gastos en el capítulo 1, para que SS. SS. se hagan idea, tiene razón. Crecen un 0,2 por ciento, señorías, respecto a 1993. ¿Por qué razón crecen un 0,2 por ciento? Porque están aquí repercutidas, naturalmente, las subidas que se acordaron después de aprobados los presupuestos de retribuciones de personal de la Administración.
También dice que aumentan los gastos en el capítulo 2.
Volvemos al diálogo de sordos. Parece que los papeles que hay en los presupuestos no sirven para nada. El capítulo 2 disminuye un 4,7 por ciento respecto a 1993. Figura en los presupuestos y cualquiera lo puede ver. Por eso digo que entramos en un diálogo de sordos difícil de corregir y la verdad es que lo lamento.
¿Cuáles son las prioridades que el Ministerio de Agricultura, el Gobierno y el Grupo Socialista, compartiendo con el Gobierno la política agraria, dan a este presupuesto? Evidentemente, son las prioridades que señala el programa del Partido Socialista Obrero Español. ¡Hasta ahí podíamos llegar, que las prioridades fueran las que están en el programa del Partido Popular! Estos presupuestos, señorías, los presenta a la Cámara el Gobierno socialista y tienen que responder, lógicamente, a las prioridades que da el Gobierno socialista, no a las que daría el Grupo Parlamentario Popular. Por cierto, apañados estaríamos si hiciéramos caso en eso, como en otras cosas, al Grupo Parlamentario Popular.
Medidas de acompañamiento de la PAC, uno de los objetivos prioritarios de este presupuesto. Concretamente, en el Plan nacional de reforestación, en la protección del medio ambiente y en la jubilación anticipada este presupuesto pasa de 11.902 millones, en el año 1993, a 26.635, en el año 1994. Bastante más del doble.
Respecto a la reordenación del sector lácteo, el programa de abandono de producción lechera se incrementará el 25,3 por ciento respecto al año anterior. En reconversión de cultivos hay un 10 por ciento de incremento. En el fomento de industria agraria alimentaria, que tanto se critica que está abandonada, ha sufrido un 3,3 por ciento de aumento.
Quiero, por cierto, recordar a SS. SS., por si lo olvidan, que estamos en un presupuesto restrictivo. Estamos intentando disminuir el déficit público y este presupuesto, como los demás, responde a esa situación.
Señorías, en mejora y racionalización de regadíos se produce un incremento sensible, aunque eso, evidentemente, significa que en otros aspectos de la política del Ministerio hay que proceder a una racionalización mayor.
En la constitución de sociedades mixtas, en lo que es mejora de estructura de la producción pesquera, hay un importante aumento que consiste en destinar 1.130 millones de pesetas. En el plan de seguros agrarios hemos mantenido la dotación, teniendo en cuenta que el año pasado ya aumentó un 28 por ciento respecto al año anterior.
Creo que los objetivos que el Gobierno socialista se ha marcado se cumplen perfectamente con este presupuesto y no tengo más remedio que anunciar que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra y, por tanto, a rechazar las enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Respecto a las enmiendas más concretas, en una breve intervención, hay que aclarar lo siguiente. El Grupo Parlamentario Popular propone con sus enmiendas una disminución en el capítulo 1, gastos de personal, de 5.737 millones de pesetas; una disminución en el capítulo 2, gastos corrientes, de 2.734 millones de pesetas; y una disminución en el capítulo 3, gastos financieros, de 3.341 millones de pesetas.
Para resumir, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, por una parte, dice que quiere un aumento en las retribuciones de los funcionarios del 3,5 por ciento, pero, por otra, los deja sin cobrar su salario si aceptáramos las enmiendas que nos propone. El Grupo Parlamentario Popular, si aceptáramos las enmiendas que nos propone de disminución del gasto, dejaría a casi

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la mitad de los funcionarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sin cobrar sus salarios el año 1994. Pero no solamente se mete con los funcionarios. Los laborales también les caen mal al Grupo Parlamentario Popular.
Tampoco podrían cobrar sus salarios completos en el año 1994 si aceptáramos sus enmiendas. Además estaríamos creando un fraude desde la propia Administración porque nos propone que no paguemos a la Seguridad Social, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no pague a la Seguridad Social, pero que tampoco cumpla con los convenios colectivos que tienen establecidos los laborales. Es decir, que si hacemos caso a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, no solamente podemos ahorrar lo que propone. Podríamos ir más allá, no pagar a nadie y ahorraríamos mucho más, evidentemente. Uno puede ahorrar en su casa todo cuanto quiera. Con no pagar al panadero, con no pagar en la carnicería, con no pagar el teléfono, con no pagar la electricidad, ¡fíjese si podemos ahorrar! Claro está que las consecuencias de eso habrá que tenerlas en cuenta. Ustedes proponen una disminución del gasto de 23.000 millones de pesetas y un aumento global de 54.000 millones, una diferencia de 31.000 millones de aumento del gasto en la Sección. Y, señorías, yo lo que quiero es que el Grupo Popular me explique de dónde saca ese dinero, porque no son posibles esas disminuciones que ustedes plantean, porque a los funcionarios y a los laborales hay que pagarles, porque a la Seguridad Social hay que pagarle. Tiene que cumplir el Ministerio con eso, señor Ramírez. Estaría feo que no lo hiciera, ¿verdad? Ese dinero no está. Pero, además, ustedes para esos aumentos dicen: «Vendamos las empresas públicas adscritas al sector agrario.» Ni siquiera las mencionan, ni siquiera dice cuáles son. Suponemos que dice todas las que hay, pero tampoco tiene la valentía de poner sobre un papel cuánto valen a su juicio.
No valora cuánto valdría la hipotética venta de esas empresas públicas. En el mercado una cosa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. En el hipotético caso de que estuviéramos dispuestos a aceptar alguna de estas enmiendas de privatización de la empresa pública, si nadie paga nada por ellas, vale cero pesetas, señorías. Es así. Para empezar, nosotros no estamos por la labor de vender las escasas empresas públicas que ya hay en el sector agrario, porque nos parece que cumplen una función muy importante de apoyo al sector agrario y de apoyo de la política del Ministerio a dicho sector. Pero es que no sabemos cuánto valen, no sabemos cuánto podrían valer.
Señorías, sus enmiendas son una falacia. Ese dinero que ustedes dicen que hay, no está, es así de sencillo.
Rechazaremos con nuestros votos, por lo menos con los nuestros --repito--, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Respeto a las enmiendas que proponen aumento de gasto, las voy a dejar para el Pleno porque nos lo vamos a pasar bien. Las voy a dejar para entonces, porque, además, proponen ustedes cosas que no se corresponden con lo que dicen. Ya lo veremos.
En resumidas cuentas, señorías, vamos a rechazar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular por todo lo expuesto.
Respecto al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, ya he dicho que rechazamos la enmienda de totalidad a la Sección. En cuanto a la única enmienda mencionada expresamente por el señor García Fonseca, la número 1.508, que propone un aumento de 500 millones de pesetas, para el desarrollo del proceso de ampliación del Parque Nacional de Covadonga al Parque Nacional de los Picos de Europa, así como el desarrollo del plan rector de uso y gestión de este futuro parque, quiero decirle que no la vamos a aceptar por entender que no es posible utilizar ese dinero en el año 1994 por muy deprisa que vayan las cosas a la hora de convertir en parque natural el Parque Nacional de los Picos de Europa.
¿Por qué? Como usted decía, el otro día vimos en Comisión su proposición de ley, en la que se demostró claramente que están trabajando precisamente tres comunidades autónomas y el Gobierno para que ese parque sea posible, pero ustedes no ignoran que para aprobar un parque nacional hace falta la aprobación previa de los planes de ordenación de los recursos naturales; que hay que aprobar la ley de creación y la posterior elaboración del plan rector de uso y gestión; y que antes de su aprobación todo esto debe ser sometido, entre otros informes, al trámite de información pública.
Nosotros no vemos ninguna posibilidad real de poder utilizar ni una sola peseta de ese dinero en el año 1994, y es única y exclusivamente por eso por lo que no vamos a aceptar su enmienda. Como ustedes saben por el debate del otro día en la Comisión de Agricultura, ése es un parque en el que el Gobierno y las comunidades autónomas afectadas están trabajando para que sea una realidad y estoy seguro de que así será, teniendo, por supuesto, la dotación necesaria en el momento oportuno.
Otros grupos han presentado otras enmiendas, pero al no estar presentes ni defenderlas, no voy a referirme a ellas en este momento, por lo que finalizo dirigéndome al portavoz del Grupo Vasco (PNV), para decir lo siguiente. Propone un incremento de 1.000 millones de pesetas en adaptación de capacidades pero lo hace a costa de cargarse dos programas, el de fomento de la acuicultura y acondicionamiento de la franja costera y el de renovación de la flota. El problema que tenemos, señor Gatzagaetxebarría, es que con esas disminuciones no podemos hacer frente a los compromisos que ya hay en esos dos programas y, no pudiendo hacer frente a esos compromisos, tampoco podemos aceptar que

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se detraiga de ahí tal cantidad de dinero. En todo caso, le querría tranquilizar en este aspecto. El Ministerio piensa, con los datos que tiene en su mano y con las conversaciones que ha mantenido con el sector y que usted también conoce, que la dotación presupuestaria es suficiente para cumplir los objetivos fundamentales del sector en adaptación de capacidades del sector. No vamos a aceptar esta enmienda, pero estén tranquilos porque pensamos que se puede abordar la problemática que a ustedes les preocupa. Lamentamos no poder aceptar la rebaja porque es muy importante y porque sencillamente dejaría inoperantes los dos capítulos de los que antes hablé. Para terminar, les diría que ustedes han presentado unas enmiendas genéricas atendiendo a su filosofía respecto a la financiación de las comunidades autónomas. Señor Gatzagaetxebarría, estas enmiendas números 1.123, 1.124 y 1.125 no tienen nada que ver con las Secciones 32 y 33, no son homologables, porque lo que hacen es transferir dinero a las comunidades autónomas para que actúen, junto con el Estado, en programas que, previo convenio establecido entre las comunidades autónomas y el Ministerio, se ponen en marcha. Por tanto, no pueden ir por la Sección 32, ni por la Sección 33.
No tiene que ver una cosa con la otra.
Finalmente, porque tampoco es momento de ir repasando demasiado todos los argumentos, quiero decirles que sí hemos observado con suma preocupación que ustedes, con las enmiendas que nos proponen, le bajan al Senpa, en el capítulo 1, 12.232 millones de pesetas, cuando solamente está dotado con 11.541 millones. Es decir, le bajan casi 1.000 millones más de los que tiene dotados en el capítulo 1, lo cual no es posible.
¿Por qué ha ocurrido? Porque, por una parte, le quitan 3.000 millones de pesetas en una enmienda y, en otra, dicen que el 80 por ciento de todos los capítulos. La suma de eso --se lo aseguro-- es la que les digo, 1.000 millones más de los que tiene dotados. Evidentemente, el Senpa no es que no puede pagar a los funcionarios laborales, sino que tiene que ir a buscar un crédito si quiera para compensar los 1.000 millones de pesetas que ustedes también le quitan de otras partidas, de otros capítulos, porque en el capítulo 1 no hay tanto dinero.
Finalmente, ustedes con esta enmienda se cargan el 80 de lo que viene al Forppa vía Feoga-Garantía que, como saben, es el grueso del presupuesto del Ministerio. A cambio, tampoco dicen dónde quieren que vaya. No podemos aceptarla. Ustedes proponen renunciar al 80 por ciento de lo que viene del Feoga-Garantía y, a cambio, no dicen dónde quieren llevar ese dinero, porque estoy convencido de que no pretenden que lo devolvamos a la Comunidad Económica Europea. Por tanto, lo siento pero tampoco podemos aceptar esas enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Torres, por esta, sin duda, profunda y evidentemente extensa ilustración acerca de las enmiendas de todos los grupos de la oposición.
Vamos a empezar el turno de réplica y yo ruego a todos que sean lo más breves posibles. No vamos a marcar un tiempo, pero sean breves porque yo creo que se ha explicado todo muy bien y lo hemos entendido todos.
Tiene la palabra el señor Ramírez, en nombre del Grupo Popular, para replicar.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: El que se ignoren algunas cuestiones, señor Torres, no excluye ciertas responsabilidades cuando se habla en la Cámara.
Si usted quiere saber la relación de empresas públicas propiedad del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General del Patrimonio cuya privatización pretendemos, vea usted las enmiendas que hemos defendido en anteriores sesiones de esta Comisión, que le ilustren sus compañeros y no venga usted aquí sin paracaídas. Está la relación. Se la puedo decir a usted: Merco, Mercosa... (El señor Torres Sahuquillo: Ya la conozco.), Alimentos y Aceites, Tragsa, Tragsatec y La Almoraima. Está propuesto y, por lo tanto, no venga usted aquí preguntando cuáles son. ¿Valor de esas empresas? Solamente el capital social; nada especulativo, el capital social; el que tiene capital social da para pagar el mayor gasto que hace el Grupo Popular. Lo que pretendemos es que la privatización se haga pública y honestamente, no son circuitos enrevesados, por ejemplo, como los que sufrió la privatización de Elosúa para acabar controlada por Ferruzzi y en los tribunales italianos sospechando de la legalidad y la pureza de esa privatización.
Por tanto, sí a privatizar con honestidad y con publicidad y no como, por ejemplo, se están intentando hacer con Alimentos y Aceites, que se está ofertando, pero solamente el 49 por ciento, no el 51 por ciento; por lo tanto, sobra en el sector público. Con publicidad. Busque, entérese, ilústrese usted para poder hablar, para preguntar de dónde sacamos los 30.000 millones de pesetas en exceso de la eliminación de gastos que hacemos en el Ministerio de Agricultura.
Se pregunta si vamos a dejar a los funcionarios sin pagar. No, señor Torres. Solamente una enmienda. Que le ilustren en el Ministerio de Agricultura cómo el Programa 531A, capítulo 1 de la Secretaría General de Estructuras Agrarias, artículo 12, solamente en gastos de funcionarios puede pasar de los 48 millones, de pesetas que tiene en 1993, a 128 millones de pesetas; que le ilustren cómo se pueden multiplicar por tres solamente en funcionarios. En función de eso comprenderá, si se dedica a trabajar, de dónde salen las 142 enmiendas en donde demostramos que en los Capítulos 1 a 4, estudios e intereses, sobran 22.000 millones de pesetas, y altos cargos, de lo que no ha dicho usted nada, señor Torres. ¿Saben

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ustedes que tienen 25 altos cargos y organismos en el Ministerio de Agricultura? ¿Saben ustedes que tienen el doble de la estructura política-administrativa que había en 1982? Usted no lo conoce porque lleva muy poco tiempo en esto, pero ¿sabe usted que la antigua Dirección General de la Producción Agraria de 1982 está multiplicada por tres en este momento? Hay tres direcciones generales en el Ministerio de Agricultura socialista que hacen las funciones que hacía la Dirección General de la Producción Agraria, antes de las transferencias a las comunidades autónomas, antes de nuestra integración en la Comunidad Económica Europea --y alguna política agraria se haría en este país--. Por lo tanto, señor Torres, usted no conoce el presupuesto, usted no asistió a las comparecencias de los altos cargos porque comprendería que no contestaban a ninguna de nuestras alegaciones, y se ha leído usted los escritos de contestación y vendrá a reconocer con nosotros que ésa no es la justificación de los datos que pretendíamos. Para terminar, señor Presidente, dice que el Partido Popular repite sus argumentos. Desgraciadamente, acertamos. ¿Recuerda, señor Torres, que usted estaba en la Comisión de Agricultura cuando decíamos que no había dinero suficiente para financiar la reforma de las estructuras agrarias previstas en el Real Decreto 808? Usted me criticaba y decía: «Está usted exagerando». Hemos acumulado una deuda de 29.000 millones de pesetas que hemos tenido que sustanciar en un crédito extraordinario, porque la insuficiencia presupuestaria de los diversos presupuestos del Ministerio de Agricultura han acumulado esa deuda.
¿Sabe, señor Torres --usted asistió al debate con el Secretario General de Alimentación--, que cuando le pregunté qué íbamos a hacer con los 8.900 millones de pesetas destinados a la industria agroalimentaria, tuvo que reconocer que se deben 8.500 millones de pesetas y que, por lo tanto, en 1994, solamente se van a poder invertir en la joya de la corona, el sector agroindustrial, que va a protagonizar la ley de asuntos profesionales, 400 millones de pesetas de los 8.900 presupuestados porque se deben de programas anteriores insuficientemente dotados presupuestariamente, 8.500 millones de pesetas? Señor Torres, de las comparecencias, de los antecedentes obrantes en la Comisión de Agricultura y del desastre de la política agraria socialista, viene nuestra alternativa presupuestaria. Menos direcciones generales, menos secretarías generales, menos empresas públicas, menos gastos superfluos y más dinero al sector en las 16 enmiendas que hemos presentado.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán González.


La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, quiero agradecer el tono de la intervención del portavoz del Grupo Socialista y el reconocimiento a la coherencia que ha hecho a la enmienda a la totalidad de nuestro Grupo, lamentando que nuestros criterios políticos no sean compartidos en el tema de agricultura por el Grupo Socialista. En el Pleno seguramente tendremos un debate mucho más profundo.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a contestar a las alegaciones del señor Torres.
Previamente quiero indicarle respecto al tema pesquero, que puede haber una valoración diferente sobre la presupuestación que para el año que viene había que hacer en materia de adaptación de capacidades en cuanto a la modernización y el fomento de la acuicultura. Admito que puedan existir compromisos y puede ser una respuesta válida la presupuestación que tiene el Ministerio de 12.600 millones, pero por la razón que he expuesto en mi primera intervención, que para el 1 de enero de 1996 nos quedan todavía dos años, consideramos que para entonces es necesario que la reestructuración se haya producido y por ello pensamos que pudiera ser una pequeña ayuda. No obstante, admito como argumento válido que me diga que disminuyan los programas relativos a la acuicultura y a la modernización, porque entendemos que se pueden posponer a otros años. Sin embargo, estamos sujetos por el Reglamento del Congreso a que tengamos que realizar toda disminución en alguna sección y, por ello, hemos tenido que realizarla en este mismo programa.
En segundo lugar, quiero referirme a las enmiendas presentadas por nuestro Grupo con relación a transferencias a las comunidades autónomas e indicarle que es una cuestión de orden técnico-presupuestario y que como existe una sección relativa a las transferencias a las comunidades autónomas, hemos planteado que en lugar de realizar la presupuestación en esta sección, se haga en aquélla. Es una cuestión de índole técnica y puede estar tanto aquí como allí. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En tercer lugar, quiero referirme al Senpa y al Forppa.
Nuestra enmienda tiene un contenido filosófico. Solicitamos esa reducción porque los gastos que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado, puesto que van destinados a esos servicios, podían estar a cargo de las comunidades autónomas. Pero no hablamos de todo el Forppa, ni de todo el Senpa, porque, como puede comprobar S. S., nuestra enmienda hace referencia al 80 por ciento sólo. Admitimos que pueda existir una infraestructura básica, necesaria, fundamental, para articular las relaciones del Estado español con la Comunidad Económica Europea, pero entendemos --y la sentencia del Tribunal Constitucional,

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de mayo de 1992, así lo dice-- que las comunidades autónomas son las administraciones territoriales ordinarias en materia de agricultura y ganadería. Eso lo dice el mismo Tribunal Constitucional.
Nosotros admitimos que respecto a un 20 por ciento, puede existir una infraestructura administrativa de los poderes centrales del Estado, puesto que hay una competencia de ordenación general de la economía en base al artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que yo acepto. Pero nuestra filosofía va más en la línea de que esto sea gestionado por las comunidades autónomas, por los razonamientos que le hemos dado. Es más, si usted se da cuenta, el Reglamento comunitario de 1970 que regula los fondos del Feoga en aplicación a los Estados admite que los Estados puedan habilitar, a efectos de gestionar los fondos, a otros organismos diferentes de lo que son los poderes centrales del Estado. Luego es una cuestión de voluntad política, de opción, de filosofía política.
Por tanto, yo no voy a ser reiterativo, esta es una cuestión que planteamos también el año pasado y mantenemos una diferencia con el planteamiento que el Grupo mayoritario tiene respecto a esta estructuración de la gestión de los órganos administrativos del Ministerio de Agricultura y Pesca en los servicios periféricos de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres, en nombre del Grupo Socialista.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Por empezar por el final, señor Gatzagaetxebarría, yo acepto los argumentos que usted utiliza para defender sus enmiendas, lógicamente, pero yo le tengo que dar más o menos los mismos que le di antes. Evidentemente, el problema de tener que aumentar el gasto en una sección y tener que disminuir la misma cuantía en la misma sección es un problema de elegir. Esto es lo malo de esta situación, en la que uno tiene que elegir de dónde lo quita para poderlo aumentar aquí. Yo le vuelvo a decir lo mismo. No nos es posible aceptar sus enmiendas por las razones que le dije antes. Y en cuanto a lo último que ha comentado usted respecto al Feoga-Garantía, no sé si usted no me ha entendido bien lo que le he dicho antes o si yo me he expresado mal. Quise decir que cuando usted plantea la disminución del 80 por ciento, al aplicarla a todos los capítulos, también plantea la reducción del 80 por ciento a lo que nos viene a través del Feoga- Garantía, de la Comunidad Económica Europea, es decir, las ayudas al sector, y tampoco dicen adónde tienen que ir. A eso me refería, a esa imposibilidad. Yo puedo entender su filosofía, pero al no estar plasmado perfectamente adónde tiene que ir, aunque se sepa de dónde se quita, yo creo que, si lo aprobáramos, nos veríamos obligados a devolver el 80 por ciento de los fondos que nos llegan del Feoga-Garantía a la Comunidad Económica Europea. (Varios Diputados del Grupo Vasco hacen signos denegatorios.) A lo mejor estoy exagerando, pero es así como lo interpreto. Lamentablemente no podemos aceptar sus enmiendas por las razones que le comentaba.
Respecto a Izquierda Unida, yo también le agradezco que diga que le parece bien el tono que he empleado. Yo creo que es el tono que hay que utilizar cuando alguien mantiene sus posiciones y trata de ser coherente con ellas, independientemente de que puedan ser o no compartidas.
Respecto al Grupo Parlamentario Popular, yo ya sabía, señor Ramírez, a qué empresas se refiere usted, pero es que ustedes no han tenido el valor de citarlas en una sola enmienda en los presupuestos de esta Sección 21. Le reto a que me diga en qué enmienda de la Sección 21 ha citado usted una sola vez una de las empresas públicas. ¿Y sabe por qué le reto? Porque yo he dedicado muchas horas --me ha dicho usted: aprenda, estudie, lea papeles-- a estudiarme muy bien todas las enmiendas, casi me las sé de memoria; y he dedicado también muchas horas a leerme pacientemente el acta taquigráfica de esa Comisión donde los altos cargos el Ministerio de Agricultura comparecieron para dar explicaciones a los grupos; la he leído de pe a pa varias veces, la tengo subrayada. He dedicado muchas horas a estudiar esto, porque me parece que es un asunto serio, simplemente, y cuando le digo las cosas que digo es que sé muy bien lo que estoy diciendo. Usted habla del 808.
Cuando se habló del 808, quiero recordar --porque del 808 se ha hablado muchas veces--, era cuando ya sabíamos todos, cuando ya el Gobierno había previsto el crédito extraordinario, que está todavía pendiente de aprobarse porque, como se disolvieron las Cortes, no fue posible hacerlo, para corregir ese problema, que no es un problema que venga de un año ni de dos sino de muchos años atrás.
Respecto a lo que dice de los 8.500 millones de la industria agroalimentaria, ¿de verdad usted entendió bien lo que le dijo el Secretario General de Alimentación? ¿De verdad cree usted que la industria agroalimentaria debe 8.500 millones que tiene que pagar en el año 1994? ¿Se lo cree usted eso? Pues entonces lo siento por usted, pero no se ha enterado. Claro que hay deudas aproximadamente de esa cantidad, a un plazo bastante más largo que el de un año, señor Ramírez, pero no solamente aquí sino en otras partidas. Verá cómo en el Pleno aclaramos esto bastante mejor.
Por tanto, tengo que reiterarle, señor Ramírez, que, lamentablemente, ustedes no han planteado alternativas reales, como usted decía al presupuesto del Ministerio de Agricultura y, para terminar, para muestra un botón. Retribuciones de funcionarios, enmienda 844 del Grupo Parlamentario Popular -- cójala usted, por si no se acuerda de ella--: ustedes proponen una baja de 2.733 millones a 1.492.


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Esa baja, ¿sabe usted aproximadamente de cuánto es? De aproximadamente 1.300 millones. Pues mire usted, según el SICOP, con cargo a este artículo 12, lo que a 30 de septiembre de este año hay comprometido para pagar en retribuciones a funcionarios es de 1.944 millones.
Funcionarios que existen, porque a los que no existen no se les paga, señor Ramírez. Son --repito-- 1.944 millones a 30 de septiembre de 1993. Y ustedes para 1994 proponen que solamente tengamos 1.492; es decir, 500 millones de pesetas menos. Para muestra un botón, señor Ramírez. ¿Cuántos funcionarios se quedan el año 1994 sin cobrar? ¿Cuántos? Realmente sus propuestas son una auténtica falacia. Yo lo siento, pero es así. ¡Qué le vamos a hacer!

El señor PRESIDENTE: Con esta intervención terminan las correspondientes a la Sección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Correspondería después el Ministerio de Administraciones Públicas, cuya Sección es la número 22, pero por necesidades de algún miembro de los grupos parlamentarios y de acuerdo con dicho grupos, vamos a entrar en las enmiendas correspondientes a la Sección 24, Ministerio de Cultura.
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gómez-Alba.


El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: El Grupo Popular ha presentado a esta Sección una enmienda a la totalidad de devolución y varias enmiendas parciales. Estas, a su vez, las distinguiríamos en dos grupos: las que suponen un ahorro de crédito en gastos corrientes y las que suponen una redistribución de crédito en inversiones.
La enmienda de devolución se justifica porque los presupuestos presentados para 1994 son unos presupuestos continuistas. Pese a los buenos deseos de revisión de la política cultural realizada hasta el momento expresados por la Ministra en su primera comparecencia, son unos presupuestos, como digo, continuistas de una política cultural basada en la llamada cultura espectáculo, y en ellos se descuida, un año más, una necesaria política cultural de base, que no tiene quizá tanta rentabilidad propagandística, pero que es indispensable en un país de tanto y tan antiguo acervo cultural. Esta opción tiene mayor trascendencia este año en el que, al ser más grave la escasez de recursos, hay que optar por prioridades en las actuaciones, algunas de ellas de suma urgencia. Se pide, pues, la devolución al Gobierno de toda la Sección porque se entiende que no se han marcado adecuadamente las prioridades en el gasto del Ministerio de Cultura.
El primer bloque de enmiendas parciales está destinado a conseguir un ahorro, al menos, de un 2 por ciento en los gastos corrientes de diversos servicios y organismos. En época de crisis todos debemos mirar más nuestros gastos, y la Administración debe empezar por dar ejemplo de austeridad, lo que contribuirá, por otra parte, a reducir el déficit público.
El segundo bloque de enmiendas parciales de redistribución de créditos en el capítulo de inversiones tiene, como es lógico, dos tipos de enmiendas, las que suponen un aumento de crédito en determinadas partidas y las que implican las correspondientes reducciones de créditos imprescindibles para compensar los incrementos anteriores.
Las enmiendas que suponen una reducción de crédito, de presentación obligada para que se admitan las otras, están casi todas referidas al Centro de Arte Reina Sofía, cuya dotación consideramos desproporcionada en el conjunto de programas de museos y en el conjunto de los presupuestos de la sección. El CARS tiene un presupuesto para 1994 de 2.935 millones de pesetas, mientras el Museo del Prado tiene 2.253 millones, y para el resto de museos de titularidad estatal, 63, se consignan 5.819 millones, que es la participación de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, sin contar la colección Thyssen y las aportaciones al sistema español de museos. Nuestras enmiendas vienen a reducir en 1.000 millones de pesetas algunos créditos consignados en los presupuestos del CARS, cuya elevada cuantía consideramos difícilmente justificable. Ello no es porque el Partido Popular tenga especial ojeriza a este centro, sino porque consideramos que existen inversiones más urgentes y que al CARS le queda un presupuesto dignísimo de 1.935 millones. Así, en el capítulo 2 y al margen del ahorro del 2 por ciento, se reducen las partidas referidas a reparaciones, suministros y publicaciones.
El apartado de reparaciones se deja en 39 millones de pesetas porque no es de recibo que un museo tres veces inaugurado --la última no hace tanto-- tenga para este concepto una partida de 169 millones, cuando resulta que para las goteras del Prado sólo hay 43 y para el resto de los museos de titularidad estatal hay 108 millones, y la mayoría de estos museos de titularidad estatal son edificios históricos con graves problemas. La semana pasada estuve en Sevilla y puede comprobar que su pinacoteca, que creo que es la segunda de España, también tenía goteras, como ocurre en El Escorial, etcétera.
La partida de suministros: electricidad, teléfonos, transportes, etcétera, se reduce igualmente de forma considerable, en 440 millones, para dejarse, como en el caso anterior, al mismo nivel que la del Prado. No es justificable que para el CARS haya 940 millones cuando para el Museo del Prado sólo hay 510 millones y para los restantes 63 museos de titularidad estatal, 644. La partida destinada a publicaciones se reduce en 45 millones, hasta quedar en 7.719.000 pesetas, porque es inadmisible que se destinen casi 53 millones al CARS cuando resulta que el Prado sólo tiene para este fin 8

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millones y el resto de los museos de titularidad estatal 10,5 millones. Muchos de ellos, como el de Sevilla, no tienen siquiera editada guía.
Respecto a las disminuciones del capítulo 6, de inversiones, hemos reducido las partidas correspondientes a obras, adquisición de cuadros y grandes campañas de imagen. En primer lugar, no se entiende una partida de 169 millones destinada a inversiones de reposición, sin más detalles, en un museo que, como ya se ha señalado, está recientemente inaugurado, por lo que se propone una reducción de 135 millones, hasta dejar dicha partida en 57 millones de pesetas, al menos en tanto no se especifique el destino de las inversiones. Del mismo modo, tampoco se entiende que en época de crisis un museo que según el Gobierno está ya consolidado dedique 50 millones a grandes campañas de imagen del centro, por lo que se reduce drásticamente dicha partida, que queda en 5 millones, y se destinan los otros fondos a actuaciones más importantes y urgentes, como es la conservación del patrimonio histórico español.
Finalmente, también se propone una reducción en la partida de adquisición de obras de arte, dotada con 465 millones de pesetas, minorándola en 215 millones para dejarla en 250 millones de pesetas, cantidad ya importante que permite seguir formando la colección del CARS poco a poco, sin menoscabo de otros deberes del Estado tanto o más importantes, lo que introducirá asimismo cierto sosiego, lejos de las decisiones compulsivas, que no favorecen la formación de una colección.
El montante de 1.000 millones que se obtiene de las correspondientes reducciones en el Reina Sofía se propone que sirva para aumentar los siguientes créditos. Para la conservación preventiva de archivos, que a todas luces se encuentra, insuficientemente dotada con una partida simbólica de un millón de pesetas, destinamos 10 millones. Con esta enmienda queremos apoyar esta línea de actuación, especialmente en un momento en el que parece que se multiplican las malas noticias sobre daños o pérdidas de estos fondos. 72 millones más para la adquisición de lotes bibliográficos para la red de bibliotecas de titularidad estatal, que sólo tienen consignada una partida de 8 millones.
A esto es a lo que nos referíamos cuando hablábamos de hacer una política cultural de base, aunque sea oscura, en vez de primar el espectáculo de las inauguraciones. Destinamos 100 millones más para inversiones de reposición en museos, distintos del Centro de Arte Reina Sofía y del Prado, que, como ya hemos dicho antes, tienen importantes necesidades. 10 millones de pesetas para permitir la realización, en 1994, de los estudios necesarios sobre la ampliación del Prado, así como la convocatoria de un concurso internacional de ideas. El Ministerio se ha comprometido a dichos estudios y concurso y ha prometido una solución consensuada antes de finales de 1994, cosa que no podría realizarse si no se dota una partida presupuestaria para ello. 88 millones para continuar el proceso de informatización del control de taquilla en las salas de cine, proyecto al que este año no se destina ni una sola peseta, que considereamos es básico para conocer datos fiables que permitan medidas de apoyo al sector cinematográfico y del que el Estado no puede retirarse sin asegurar su continuidad. 171 millones más para el plan nacional de catedrales, que ha visto reducida su dotación hasta los 67 millones de pesetas, cantidad totalmente inadecuada a la necesidad de las actuaciones, cuando la previsión, compromiso de inversión para 1994 contenida en la programación plurianual del año pasado y que ya se consideraba insuficiente, era de 138 millones. 223 millones para el plan de actuación urgente a monasterios, que sólo dispone este año de 72 millones, cuando la programación plurianual de 1993 establecía 195 millones. Se pretende, como en el caso anterior, de las catedrales, no sólo cumplir el compromiso de inversión hecho en 1993, sino incrementar su cuantía en 100 millones sobre ésta. Destinamos 200 millones más para bienes culturales, patrimonio mundial, y 127 millones más para actuaciones en recintos históricos, que cuentan este año con tan sólo 3 millones cada uno. Con estos incrementos de crédito, se pretende que sea posible realizar algunas actuaciones de cierta utilidad, cosa que con la actual dotación de 3 millones además de imposible resulta irrisorio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, como en todo, en política también hay planetas mayores y planetas menores o dioses mayores y dioses menores, y por desgracia la Sección de Cultura es uno de los dioses menores, de los ministerios menores, con 66.000 millones de pesetas. Ministerio menor también porque es uno de los ministerios que tiene bajas, es decir, bajan sus cifras. La cantidad que va a invertir en Cultura el Estado este año es de 3.000 millones de pesetas menos que el año pasado. El año pasado tenía una previsión inicial de 70.000 millones de pesetas y este año tiene 66.000 millones de pesetas.
Nosotros creemos que la acción que se realiza desde el Ministerio de Cultura se concentra en dos grandes actuaciones: Bellas Artes y todo lo que pudiéramos llamar aparato administrativo del propio Ministerio. Creemos que con estos recursos que se plantean es difícil que podamos hacer frente a lo que nosotros entendemos debe ser una política cultural: crea las condiciones para que exista capacidad de ejercer la libertad por todo un pueblo. Por tanto, creemos que más bien opta por el consumo de la cultura que por crear o dar infraestructuras a un pueblo para ejercer los niveles de cultura que pueda tener. Ese hecho se manifiesta en la

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concentración de recursos, 10.000 millones de pesetas a empresas privadas dentro de Cultura. En este sentido es en el que nosotros vamos a defender una enmienda a la totalidad al Ministerio de Cultura, por entender que ni los recursos ni las políticas que se dirigen desde ahí son las adecuadas. Hay una escasa inversión en libros, en bibliotecas y en cooperación cultural también.
Defendida la enmienda a la totalidad, me gustaría defender ahora dos bloques de enmiendas que también hemos presentado.
Dos de ellas están dirigidas a incrementar la oferta cultural a los residentes españoles en el extranjero, una por 600 millones de pesetas en el artículo 62 del Programa 455.C, y otra dirigida al suministro de programas radiofónicos en el exterior por parte del Ministerio de Cultura a través de un convenio con Radio Nacional.
Las otras tres enmiendas que voy a defender pertenecen a una circunscripción como es la de Murcia y van dirigidas a conseguir el incremento de inversiones en Cultura en algo muy sencillo. Hemos trasladado al papel compromisos concretos firmados por el Ministerio de Cultura en años anteriores a través de convenios con la Comunidad Autónoma y con los municipios. Se trata de convenios para recuperar la conservación y restauración del Museo Salzillo, para la terminación y equipamiento del auditorio municipal, para la biblioteca regional y para el museo regional en la antigua prisión provincial de Murcia. Estas enmiendas pretenden incrementar un volumen de recursos para hacer frente a estos compromisos adquiridos para la región de Murcia a través de convenios concretos con la Comunidad Autónoma. La enmienda 1514 hace referencia a actuaciones que llevan relegándose en los últimos años relativas a la catedral de Murcia y al castillo de Monteagudo, por un volumen de 315 millones.
La última enmienda se refiere a un compromiso que es verdad que no está firmado. Sin embargo, en plena campaña electoral, el ex ministro de Cultura, a la sazón el señor Solé Tura, se comprometió con el pueblo de Cartagena a recuperar el teatro romano y poder conseguir así recursos para centro de atracción de corte turístico-cultural que significasen un relanzamiento de la propia ciudad. Pero, claro, la campaña electoral ha pasado y resulta que en los presupuestos no se ve el teatro romano, porque está debajo de la tierra, aunque lo empezaremos a sacar poco a poco mediante la actuación arqueológica. Y como estamos aprendiendo del norte coaligado, pesetas que no vemos, teoría que no creemos. (Varios señores Diputados del Grupo Parlamentario Vasco: Sí señor.) Por tanto, queremos que se pongan las pesetas. Y como eso ahora es muy europeo, queremos europeizarnos. (El señor Homs i Ferret: Tiene razón.) Es verdad que nuestro discurso y nuestra canción a lo mejor no cuenta con el mismo coro ni con el mismo músico para poder sacarla adelante en ese orfeón que podía ser una distinta coalición para dirigir al país desde otra óptica que el eje actual. (El señor Homs i Ferret: No digas de este agua no beberé.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor González de Txábarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Aquí no hay un orfeón pero sí por lo menos un ochote, y que conste que de eso entendemos. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González de Txábarri.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, hay otra enmienda que se me ha traspapelado y quería saber si la podía defender.
(Asentimiento.) Es una enmienda que ha sido presentada otros años por parte de todos los grupos y que hemos presentado por separado, puesto que no se llegó a tiempo para poder hacerlo conjuntamente. Es una enmienda de adición al Programa 455.C, para fundaciones dependientes de partidos políticos, por un valor de 338 millones de pesetas. En todo caso, la doy por defendida puesto que la tienen todos los grupos. Sé que es una enmienda que ha sido presentada también por otros grupos y no habría ningún problema en llegar a un acuerdo o encuentro en la propuesta que hacemos.


El señor PRESIDENTE: Señor González de Txábarri, tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Decía que orfeón no, ochote sí, pero también mucho desafine por parte del Grupo Socialista y del Gobierno socialista en materia de cultura.
Desde el Grupo Vasco hemos hecho un esfuerzo por sistematizar cuál debería ser como mínimo la intervención del Ministerio de Cultura, del Estado, en las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia cultural, que casualmente son todas, las diecisiete. El Ministerio de Cultura efectivamente cuenta con 66.000 millones de pesetas. ¿Sabe cuánto gasta, señor Presidente, el Ministerio de Cultura en la Comunidad Autónoma del País Vasco? No llega a 500 millones, contando y sumando todo. Nos dicen: vamos a sumar también la parte alícuota... Sume usted todo lo que quiera. ¿Y sabe lo que nos dice la señora Ministra? Que la competencia cultural es concurrente. Y yo me pregunto ¿cómo pueden concurrir dos cosas cuando una no existe? Esa ha sido la reflexión básica por parte del Grupo Vasco transmitir al Grupo Socialista, es decir que debía establecerse una criteriología para saber cuáles son las medidas y las acciones de política cultural que el

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Gobierno Socialista debe emprender. Es bien cierto que llevamos muchos años empeñados en querer hacer esta reflexión y quizá la pérdida de la mayoría absoluta obligue de alguna forma a hacer entender que, orfeones y ochotes, pero que hay afinar las cuerdas, porque así no puede ser. Yo no quisiera sumarme al coro de aquellos que dicen que el Ministerio de Cultura debe desaparecer, porque en la realidad de estos presupuestos el Ministerio de Cultura es básicamente un Ministerio de la Comunidad Autónoma de Madrid, en pequeñito además, no de todo Madrid, de algunos barrios de Madrid, y nada más, y esto nos preocupa profundamente.
En las enmiendas que hemos presentado a esta sección hemos tratado de establecer una criteriología de aquellas materias desde que la perspectiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco entendemos que son competencia del propio Ministerio de Cultura, y así hemos indicado que hay materias de gestión cultural como los archivos de protocolos, por ejemplo, que son de competencia exclusiva del Ministerio de Cultura, donde no se invierte suficientemente; que en temas de biblioteca, que son también competencia exclusiva del Ministerio de Cultura, el Ministerio no invierte; que existe un sistema español de museos donde las diecisiete comunidads autónomas siguen sin saber qué hay que hacer para integrarse y cuál es el sistema para poder funcionar al unísono sin desafines en el tema de museos; que existe un tema de proyección internacional de la cultura en el cual el Ministerio de Cultura debiera estar presente a nivel cinematográfico, como en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, o en temas como teatro o coros. En el País Vasco existen certámenes únicos en el Estado de proyección internacional en los que el Ministerio de Cultura no tiene ninguna participación. Hay programas europeos, como el programa Media, en el que se incluye el Euro Aim Donostia Screening, única sede europea en materia cinematográfica en el Estado, y el Ministerio de Cultura sigue sin enterarse.
Creemos en consecuencia que existe una serie de actividades en las cuales el Miniterio de Cultura debiera hacerse presente y donde debiera actuar en defensa y en promoción de sus propias competencias; si no, vamos a tener que llegar a la conclusión de que este Ministerio no tiene ninguna razón de ser. Voy a decir algo más, señor Presidente, que entendemos que los recursos de los que dispone el Ministerio de Cultura son recursos suficientes, que no estamos tampoco diciendo que haya que añadir partidas, sino que estamos haciendo una llamada para que programas que son de materia exclusiva dentro del reparto competencial o de eso que la Ministra llama competencias concurrentes, se puedan ejercer, y desde esta perspectiva hacemos una llamada al Grupo Socialista a entender que estos programas existen, que el Ministerio de Cultura debe de tener una proyección a todo el Estado, o que, si no, debe desaparecer. No quisiéramos sumarnos al coro de los que quieren cantar esta canción, pero para ello hacemos una llamada al Grupo Socialista para que atienda las razones de esta criteriología que el Grupo Vasco expone en las enmiendas que presenta a esta sección.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Para defender muy brevemente las dos enmiendas que tenemos pesentadas a esta Sección 24, la enmienda número 252 y la enmienda número 253.
La enmienda número 252 se plantea al Programa 455-C, que va dirigido a la promoción y cooperación cultural, para incrementar la partida que figura en estos presupuestos en 10 millones de pesetas. Se trata de la aplicación 483.08, dedicada a la Fundación Antoni Tàpies.
La enmienda número 253 es una enmienda dirigida también dentro de la Sección 24, Ministerio de Cultura, al mismo Programa 455-C, de promoción y cooperación cultural, en la aplicación 483.01 para la Asociación de Juventudes Musicales de España.
Parece ser que en años anteriores en la Ley de Presupuestos figuraba una asignación para esta Asociación de Juventudes Musicales de España, a cuyo Presidente, por cierto, le han hecho Presidente de Agrupaciones Musicales de la Unesco, y todas las asociaciones que están presentes en la Unesco cuentan con la correspondiente aportación del gobierno de su país para su sostenimiento.
Para la misma se plantea una dotación de unos treinta millones de pesetas, para poder continuar con el mantenimiento de las ayudas del Ministerio de Cultura a esa asociación. Estas son las dos puntuales enmiendas que mantiene nuestro Grupo a esta Sección 24, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: El señor Martínez tiene la palabra.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Voy a contestar a las enmiendas, tanto de totalidad, como a las parciales, que han sido presentadas por los Grupos Popular e Izquierda Unida.
Deseo agradecer al representante del Grupo Popular la sistemática que ha utilizado, la concreción con la que ha defendido su enmienda a la totalidad y, por supuesto también, las parciales, indicándole --y lo hago simultáneamente a él y al representante de Izquierda Unida-- que el Ministerio de Cultura tiene una dotación similar a la que ha tenido el año anterior, en el marco restrictivo y de solidaridad que ha informado la confección de los Presupuestos Generales del Estado de este año.


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No podemos decir que el Ministerio de Cultura haya sido un Ministerio que salga especialmente malparado. No quiero decir que vayamos a echar las campanas al vuelo, pero, desde nuestro punto de vista, podemos entender que la dotación que hay para esta Sección 24 nos permite tener, al menos, un sentimiento de moderada satisfacción. A todos nos gustaría, naturalmente, tener más dinero para cultura, y seguramente que el resto de las secciones compartirán un sentimiento similar en cuanto al deseo de disponer de un mayor número de recursos, pero con los que hay --repito--, en ese marco de solidaridad, en ese marco restrictivo que informa la confección de los presupuestos, nos parece que el Ministerio tiene los recursos suficientes como para cumplir los objetivos que se proponía básicamente para este año.
Naturalmente, la elaboración de los presupuestos supone, cómo no, la elección de unas determinadas prioridades. Es una opción política la que elige la confección de un presupuesto.
Se trata de elegir, con unos recursos escasos, determinadas opciones, determinados objetivos, y, desde este punto de vista, es perfectamente legítimo que las opciones que han regido como criterio la confección de estos presupuestos por parte del Grupo Parlamentario Popular no sean compartidas, en lo que se refiere a los criterios que defiende el Grupo Parlamentario Socialista, pero nos parece que son opciones perfectamente defendibles, puesto que nacen de una naturaleza distinta, de programas políticos distintos y de programas electorales diferentes. Seguramente, nosotros no compartiríamos con ustedes los criterios, las prioridades que ya anuncian en las enmiendas, tanto de totalidad como las parciales, y permítannos que, desde nuestro punto de vista, mantengamos como buenos los criterios que han regido la confección de estos presupuestos por parte del Gobierno para la Sección 24.
Esta distribución de recursos, en nuestra opinión, ha sido bastante equilibrada, puesto que se ha procurado tener en cuenta la opinión no sólo de los responsables políticos y administrativos del Ministerio, sino también la de los sectores interesados en cada uno de los diferentes programas.
Por tanto, creemos que es una adjudicación de recursos lo más ajustada a la realidad, lo más en consonancia con las necesidades que experimenta cada uno de los sectores a los que la acción del Ministerio va dirigida.
Deseo decirles que este año los presupuestos tienen básicamente como finalidad cumplir los compromisos que, en materia de inversiones, el Ministerio se había trazado en años anteriores y, por otra parte, elegir un período de reflexión para que en lo sucesivo las inversiones y lo que podríamos denominar como el mapa de infraestructuras culturales a realizar, no solamente por el Gobierno, sino por el resto de las administraciones públicas, pueda ser un gasto coherente, un gasto que evite duplicidades y, por tanto, un gasto que, desde el punto de vista de la rentabilidad social, sea lo más cabal posible.
En cuanto a las enmiendas parciales, el Grupo Popular plantea un primer grupo, que va de la 980 a la 985, que propone un recorte sistemático del 2 por ciento del Capítulo II en diversos organismos y servicios.
Quiero decirles, señorías, que el Ministerio, en la Sección 24, ha hecho ya un gran esfuerzo de austeridad al introducir una serie de recortes en este capítulo y que mayores reducciones de las que ya se han efectuado equivaldrían a producir graves quebrantos en su funcionamiento. Respecto a algunos de los servicios y de los organismos a los que hacen referencia en sus enmiendas, quiero indicar que ha habido, en cuanto al año anterior, recortes tan importantes, deducciones tan importantes como las del 23 por ciento, 67 por ciento, 19 por ciento, 34 por ciento, 15 por ciento, respectivamente, con relación a las enmiendas que han planteado. Un segundo grupo de enmiendas propone dotar con mayores recursos, con mayores caudales públicos, actividades respecto de las que nadie puede estar en contra, como puedan ser el libro, la protección del patrimonio, los museos. Quiero decir que lo hacen, utilizando la vieja expresión, vistiendo a un santo, pero a costa de desnudar a otro; lo hacen recurriendo a su vieja fijación del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía. La propuesta que hacen comporta una reducción de tal naturaleza --implica el 34 por ciento-- que supondría que en la práctica ese Museo dejara de funcionar y casi de existir. No se trata de que estén bordeando el nivel imprescindible de eficiencia, sino el de la mera supervivencia.
El Reina Sofía es un museo joven, es un museo que ya ha venido haciendo esfuerzos muy notables en lo que se refiere a la reducción de determinados capítulos, en concreto el Capítulo II. En 1991, el Museo redujo su presupuesto en un 22 por ciento; en 1992, en un 12 por ciento y en 1993 lo reduce en un 11,5 por ciento. El Museo Reina Sofía es joven y tiene como finalidad aproximar al gran público español al arte moderno y al arte contemporáneo, arte que lamentablemente ha estado ausente de la vida cultural de este país hasta hace muy poco tiempo, hasta los años setenta. No ha sido habitual en nuestro país un coleccionismo importante ni tampoco, lamentablemente, una preocupación de los poderes públicos respecto a las adquisiciones de arte moderno, de arte contemporáneo. Podemos decir que, en buena medida, se han perdido ya los primeros cinco decenios de este siglo en lo que se refiere a la adquisición importante de obras de arte, hay lagunas tremendas en este terreno. Al menos, permitan que, con las dotaciones modestístimas con las que cuenta el Museo de Arte Reina Sofía para este año, se pueda hacer frente, con un mínimo de decoro, a las posibilidades de compra que puedan surgir.


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Usted sabe, señor representante del Grupo Popular, que con la dotación de 465 millones sería dificilísimo, prácticamente imposible, adquirir, por ejemplo, un Juan Gris del año 1914 o adquirir un buen Picasso. La dotación que hay para adquisición de arte es realmente modesta. Si ustedes la rebajan más, realmente el Museo se dedicaría nada más que a poder abrir sus puertas para exponer la colección permanente, pero ahogarían la posibilidad de ocho exposiciones temporales que se van a hacer este año, de las que podríamos denominar de carácter histórico, y tres proyectos para artistas jóvenes. Digo que serían absolutamente inviables si se recortara un poco este capítulo en lo que se refiere a adquisición de obras de arte.
Repito que se trata de un museo joven, de un museo que se tiene que hacer y de un museo que necesita recursos. Frente al Museo del Prado, donde afortunadamente la gran colección ya está hecha, el Reina Sofía es un museo joven, es un museo que se está haciendo y que necesita de muchos recursos para poder hacerse.
En cuanto a Izquierda Unida, contesto muy rápidamente a su enmienda 1.513, que habla de determinadas dotaciones para instituciones de la provincia de Murcia. Respecto al Museo Salcillo, efectivamente se hizo un museo para restauración de esculturas que en 1994 prevé ya una dotación de 15 millones; que para el Auditorio se prevén 129 millones en este año; que la Biblioteca Regional, y usted lo sabe muy bien, es competencia exclusiva de la comunidad autónoma y se hizo un convenio al respecto para que pueda actuar de momento el Ministerio, y que en Archivos y Museos en 1994 se van a realizar unos encargos de tipo arquitectónico y, en función de esos encargos arquitectónicos, se verá cuál es la dotación que se necesita para la transformación de esta prisión provincial en archivo y museo. Por tanto, en estos momentos es prematuro consignar cantidad alguna.
Hay otras dos enmiendas muy concretas, que hacen referencia al Castillo de Monteagudo y a la Catedral de Murcia. En cuanto a la primera, usted sabe que el Ministerio de Cultura actúa, en bienes que forman parte del patrimonio histórico español que no son de su competencia, bien a través de convenios con las comunidades autónomas, bien a través de planes nacionales específicos del Consejo del Patrimonio Histórico Español.
Lamentablemente, el Castillo de Monteagudo no está inscrito en ninguno de estos dos supuestos que le acabo de indicar.
Respecto a la catedral de Murcia, sabe que se está reflexionando en cuanto al modo más adecuado de su restauración y, en cualquier caso, está prevista la firma de un convenio en este año para las actuaciones pertinentes en este edificio.
Con relación a su enmienda 1.553, quiero decir que el Grupo Parlamentario Socialista da por decaída la que en este sentido tenía con el número 1.096, ofreciendo la transacción de que revisemos la aplicación presupuestaria, en la que parece que hemos indicado cifras distintas, diciendo que la aplicación presupuestaria en cuanto al alta sería la 24.09 455 C, 485 y que la baja se produciría en la 31.02, 633 A, 630.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Naranjo.


El señor NARANJO GONZALO: Intervengo muy brevemente para exponer la posición del Grupo Socialista en relación con las enmiendas propuestas por el Partido Nacionalista Vasco. Hemos escuchado, señor González de Txábarri, su discurso muchas veces en la Comisión de Educación y sabe usted que compartimos la preocupación de su Grupo en relación con su entendimiento, sus contactos con el Ministerio de Cultura. En ese sentido hemos hecho un ofrecimiento de compensación en relación con alguno de los programas.
Quisiera decirle que el planteamiento de sus enmiendas incide permanentemente en esa preocupación, pero además supone una contradicción, que yo voy a tratar de explicar, en relación con sus propias afirmaciones.
Para ello quisiera referirme, en primer lugar, a las enmiendas 1.105 a 1.163 en las que ustedes pretenden suprimir algunos presupuestos, en torno aproximadamente a los 6.600 millones de pesetas, de partidas destinadas a convenios con comunidades autónomas o transferencias a corporaciones locales, dentro de los programas del Ministerio de Cultura, así como también a algunos programas relativos a los servicios generales de Cultura. En ese sentido, ignora cuáles son --diríamos-- las competencias básicas del Ministerio de Cultura (las que se refieren a la expansión y la defensa de nuestra cultura, de toda la cultura de nuestro país en el exterior, a la gestión de los grandes centros nacionales, a la defensa del patrimonio que le está conferido e incluso mandatado por la Ley de Patrimonio que aprobó este Parlamento), además de otras tareas que a usted le parecen secundarias en relación con algo que niega desde el principio sobre la cooperación en determinados programas con las diferentes comunidades autónomas.
En ese sentido, parece razonable que si usted piensa que con estos presupuestos del Ministerio de Cultura el que se destinen 500 millones al País Vasco es poco es porque considera que el costo de la gestión de los programas de defensa de la cultura y los que le he citado anteriormente no está afectando al País Vasco como una comunidad autónoma más de nuestro país.
Por otra parte, usted presenta después un conjunto de enmiendas que de alguna manera quieren indicar la necesidad de una transferencia a corporaciones locales de su comunidad autónoma o a la propia comunidad

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autónoma para programas específicos suyos.
En ese sentido hay muchos programas que, sin necesidad de ajustarse puntualmente a una indicación nominal en el presupuesto de gastos se adjudican en función de convocatorias regidas por la normativa correspondiente de los diferenes servicios y organismos dependientes del Ministerio de Cultura.
En ese sentido, y por no alargarme mucho más, podría citarle muchas de las enmiendas que usted propone, por ejemplo, las que se refieren a auditorios, pues dependen de convenios que se establecen entre la comunidad autónoma correspondiente o la corporación local y sabe usted que en algunos casos hay conversaciones, como por ejemplo en el del Auditorio Euskalduna u otros proyectos de inversión en materia de archivos o en materia de defensa o consolidación y recuperación del patrimonio. Hay programas dentro de esos 500 millones, y usted lo ha reconocido, de carácter internacional que por celebrarse en el ámbito del País Vasco son participados por el Ministerio de Cultura y las instituciones de esa comunidad autónoma.
En ese sentido, se recoge una de sus más importantes preocupaciones que nosotros compartimos, la del Festival de Cine de San Sebastián, la cual, al igual que todas las transferencias nominadas que aparecen en el poresupuesto, ha sufrido el recorte solidario de todos los programas. En cualquier caso, al participar el Ministerio de Cultura dentro del consorcio, junto con las instituciones vascas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, existen otras partidas que dentro de las negociaciones y de la programación que se establezca en el Consorcio, seguramente con la misma solidaridad que haya por parte de esas instituciones que también tendrán sus problemas presupuestarios, se podrán incorporar a la programación de 1994.
En cuanto a las enmiendas comprendidas entre la 1.589 y 1.608, aparte de la que le he citado sobre el Festival de Cine, voy a señalar las relativas al Archivo de Oñate. Como sabe usted perfectamente, hay dinero para un proyecto y hasta que no esté redactado difícilmente se van a poder establecer las anualidades, pero existe la voluntad por parte del Ministerio de Cultura de hacerlo. En la enmienda 1.595 ustedes plantean la posibilidad de una ayuda a los programas del Instituto de ocio de la Universidad de Deusto, y también nos parece razonable, dentro de un programa que abre el propio Ministerio de Cultura este año relativo a la formación de profesionales en artes e industrias culturales y que tendrá su convocatoria respectiva. Estamos completamente convencidos de que la Universidad de Deusto podrán concurrir a él y obtener la financiación correspondiente. Por tanto, consideramos que las enmiendas no pueden ser aceptadas por un doble motivo: por una parte, porque la financiación, en el caso del segundo bloque, se hace a partir de un programa, en un Decreto-ley que ha aprobado este Parlamento y que tiene unos plazos, y me estoy refiriendo a la colección del Museo Thyssen. Y, por otra parte, porque en el conjunto del primer grupo de enmiendas ustedes descapitalizan completamente al Ministerio de Cultura, y cuando dicen que esas partidas deben ir a la Sección 32 y a la sección 33, creo que cometen un error de apreciación desde el punto de vista presupuestario; la sección 32 no tiene nada que ver con estos programas específicos y la sección 33 está destinada exclusivamente al Fondo de Compensación Interterritorial. Con lo cual, no tendrían cabida. En ese sentido, y sin estar en desacuerdo en la filosofía de algunos de esos planteamientos, pero entendiendo que se pueden resolver en aquéllos donde haya insuficiencia económica con una negociación con el Ministerio de Cultura, para lo cual reiteramos la mejor disposición del Grupo Socialista, nos vemos obligados a rechazar sus enmiendas.
En la enmienda 252, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se plantea un incremento para llegar a la misma financiación que había el año pasado en el caso de la fundación Antoni Tàpies. En este sentido, estaríamos en una situación similar a algunas de las que he citado anteriormente, pero quizá hay una diferencia, y es que, en este caso, la subvención finalista está destinada a actividades que están ya presupuestadas y que, por tanto, no se pueden incrementar con otras partidas en la negociación correspondiente, además de que el Ministerio de Cultura no forma parte del consorcio de la fundación. Por tanto, vamos a votar favorablemente esta enmienda, recordándole también al Grupo Catalán (Convergència i Unió) que la primera vez que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado fue precisamente a través de una enmienda del Grupo Socialista.
Por lo que respecta a la enmienda 253, quisiéramos invitar al Grupo Parlamentario Catalán a que votara la 1.095 que nosotros hemos presentado, porque, efectivamente, las Juventudes Musicales, al ser una organización de ámbito estatal, había sido objeto de subvención nominal en anteriores presupuestos.
Consideramos que las restricciones presupuestarias y los criterios de solidaridad a los que se ha referido antes mi compañero, que están expresados en la memoria del presupuesto, no nos permiten aceptar la cantidad de 30 millones de pesetas y proponemos que, con cargo a la misma fuente de financiación que se expresa en las dos enmiendas, sea sustituida por la nuestra que propone 15 millones.


El señor PRESIDENTE: Rogaría a los intervenientes en este segundo turno que lo hicieran muy brevemente, en los términos estrictamente reglamentarios.


El señor Gómez-Alba tiene la palabra.


El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor Presidente, así lo haré.


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Yo quiero responder, no muy extensamene, por su petición y por no agotar el debate, que ya lo continuaremos en el Pleno, a algunas de las cosas que el señor Martínez me ha dicho.
Se ha referido al deseo de su Grupo de cumplir en estos presupuestos unos compromisos anteriores adquiridos ya de alguna manera. Yo estoy de acuerdo, por eso he empezado diciendo que eran unos presupuestos continuistas.
También me ha dicho que nadie puede estar en contra de lo que nosotros pedimos respecto a la compra de libros, etcétera.
Pues no estarán en contra, pero ¿quién lo diría? Porque si dedican un millón de pesetas a la conservación preventiva en archivos, ¡fíjese usted! Si dedican ocho millones a la adquisición de lotes bibliográficos, si dedican tres millones para la conservación de bienes culturales del patrimonio mundial, y si dedican tres millones para actuaciones en recintos históricos, no estarán en contra, pero yo me atrevería a decir lo contrario.
En cuanto a las adquisiciones del Reina Sofía, a las que se refería, yo creo que, por ejemplo, la de un Juan Gris no es una cosa perentoria. A lo mejor se adquiriría no uno, sino varios, y sin gastar un duro, si su Gobierno saca una buena y positiva ley de mecenazgos y fundaciones.
Pero, por no alargar el debate, como nos ha pedido el Presidente, yo, como veo que persiste el Gobierno en las dotaciones desproporcionadas al CARS, en detrimento de inversiones básicas y urgentes, me voy a permitir darles una iniciativa: que cambien el logotipo actual del CARS por uno de las orondas y felices esculturas de Fernando Botero.


El señor PRESIDENTE: El señor Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Muy breve, señor Presidente.
Se ha dicho que es muy difícil poder subir siempre el gasto y que el que gobierna tiene como arte la elección de prioridades, y que han aplicado un criterio de solidaridad a la hora de elaborar el proyecto de presupuestos junto con los demás Ministerios. Y me parece muy bien; lo malo es que el Ministerio de Defensa ha crecido en el 6 por ciento, y ustedes han decrecido. Mirándolo desde una óptica que parece ser que defendíamos, choca un poquitín que crezca Defensa y decrezca Cultura, con aquella óptica famosa que defendían las gentes de izquierda y que algunos todavía podamos tener. A mí me gustaría que todo lo que usted ha dicho viniese en los anexoss, porque es que los anexos globalizan la actuación y, cuando se globaliza la actuación, es muy difícil, para el que va a presentar enmiendas o para el que busca en los presupuestos, saber qué es lo que aparece en cada uno de ellos. Me refiero, en concreto, al de Cultura, no a los demás.
Hay otros anexos en los que sí va especificada la inversión que hay. En cualquier caso, por lo que se refiere a la catedral de Murcia, tengo que decirle que llevan ya ocho años los andamios puestos. Sí, sí, la cifra que yo le he dado es correcta.
Llevan ya ocho años los andamios puestos y van trocito a trocito, añico a añico. Van con la teoría aquella de olivica comida, huesecico al suelo. A mí me gustaría que este año no se perdiera la olivica y que también hubiera olivica. Ustedes dicen que van a firmar un convenio. Pues no está mal, si el día de mañana ese convenio se pone en marcha y se ejecuta y no, como hasta ahora, que los convenios que se firman, se aplazan mucho tiempo, a la hora de poder verlos hechos realidad.
Respecto al tema de las fundaciones, acepto la transacción que me ha propuesto y todo lo demás me imagino que seguiremos discutiéndolo de aquí al Pleno.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txábarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, intervengo para manifestar que comparto básicamente la exposición que ha realizado el portavoz socialista que me ha contestado. El problema es que luego la realidad tiene poco que ver con esa exposición de criterios que él ha manifestado.
Comparto que existe una contradicción entre las enmiendas que hemos presentado y el discurso que realizamos en la Comisión de Educación y Cultura, pero viene basada en el propio Reglamento del Congreso, que indica que hay que detraer las partidas de la propia sección en la que se propone el aumento.
No vea usted más contradicción que las propias limitaciones que tenemos los grupos parlamentarios para presentar enmiendas de adición de gasto y, después, un criterio general que ha presidido las enmiendas del Grupo Vasco de reducción de gasto corriente en los distintos ministerios, y creemos que el Ministerio de Cultura es uno de los que básicamente puede reducir gasto corriente. Pero comparto su criterio, no tengo ningún rubor en manifestarlo, es así, le asiste toda la razón.
También creo que le asiste la razón al manifestar que en las enmiendas que presentamos de adición de gasto no se necesita la citación literal, el ajuste nominal de los programas que en nuestras enmiendas presentamos y que existen convocatorias a las que esos programas se pueden presentar. Lo que pasa es que llevamos doce años en que esas convocatorias, esos programas, que a nuestro entender son prioritarios o de competencia exclusiva o que son festivales de nivel internacional, no son debidamente contemplados por parte del Ministerio de Cultura.
Esa es nuestra preocupación. Si las convocatorias los contemplaran con criterios transparentes

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y de imparcialidad, esas enmiendas no se hubieran presentado.
Yo le he indicado en mi primera intervención que los recursos que tienen esas partidas para esos programas son, además, suficientes, lo que pasa es que es difícil explicar en el País Vasco algunas materias. Por ejemplo, la Sociedad de Estudios Vascos, por más que presenta sus programas a esas convocatorias, no consigue ningún tipo de subvención; lo consigue la sociedad de tal sitio o el Ateneo de Guipúzcoa.
¿Qué criterios presiden esas convocatorias cuando se dan circunstancias de ese estilo? Ese es el problema. A ustedes, los programas que presentamos ahí, les parecen razonables. Lo que pasa es que, durante muchos años, al Ministerio no le parecen razonables. Yo entiendo que su propia disposición es favorable y creo que ése es el estilo que debe presidir la perspectiva de contemplación de los presupuestos y le anuncio que, si esos criterios que usted ha manifestado en su exposición son compartidos por el Ministerio de Cultura, por parte del Grupo Vasco no tenemos ningún problema para retirar estas enmiendas, en el Pleno o en el debate posterior.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Voy a intervenir con toda brevedad, señor Presidente, para indicar al representante del Grupo Popular que hay, efectivamente, una diferencia de óptica respecto al arte moderno, respecto al CARS, al Centro de Arte Reina Sofía. Parece como si ustedes lo fiaran todo a la iniciativa privada. Por nuestra parte, creemos que no es incompatible el esfuerzo inversor de los poderes públicos, en este caso concreto, del Estado, con el que, lógicamente, debe derivarse de la existencia de esa ley de mecenazgo. Estamos convencidos, nuestro Grupo comparte la idea de que, efectivamente, cuando exista una ley de mecenazgo podrán afluir de colecciones privadas y de un modo espontáneo y generoso determinadas obras, determinados cuadros, al Museo de Arte Reina Sofía. Pero esto, creemos, no impide el esfuerzo que obligatoriamente debe hacer el Estado para cubrir unas ciertas lagunas y para garantizar un mínimo de adquisiciones que podrían no venir de la mano de la iniciativa privada.
Respecto al representante de Izquierda Unida, quiero pedirle un acto de buena fe en un doble sentido. Primero, que dé por buenas las cifras que hemos indicado a propósito de sus enmiendas concretas con cantidades exactas. Y, por otra parte, en cuanto al convenio de la catedral, repito que este año se van a realizar los estudios arquitectónicos y, consecuentemente, se hará la adjudicación económica.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Naranjo.


El señor NARANJO GONZALO: Muy brevemente, quiero agradecer al representante del Grupo Parlamentario Vasco la buena recepción de nuestros argumentos, y decirle que al considerar razonable una gran parte de los programas --por no decir todos-- entendemos que son razonables también los que presentan el resto de las comunidades autónomas, que suelen ser del mismo tenor. De esas partidas que no vienen desglosadas por asignaciones nominales y que se establecen a través de una convocatoria, lo que se hace es repartir en función de determinado tipo de prioridades, del carácter más o menos general de las mismas. Efectivamente nunca llueve a gusto de todos.


El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Naranjo finalizan las correspondientes a la Sección del Ministerio de Cultura.
Comenzamos ahora la Sección correspondiente al Ministerio para las Administraciones Públicas, a la que tiene presentadas enmiendas el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Núñez Pérez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señorías, la verdad es que con motivo de la discusión de la sección anterior me hubiera gustado mucho defender algunas enmiendas que tengo sobre la catedral de León, las murallas de Astorga y otras cosas del patrimonio histórico-artístico de mi hermosa provincia, pero en aras a la brevedad y a la hora en la que estamos he renunciado a ello, pero no a las enmiendas, que supongo que en la votación podrán tener un trato distinto del que han tenido hasta ahora. Dicho esto, y perdón por la licencia que me he tomado, señor Presidente, a esta Sección 22 hemos presentado una enmienda de totalidad y varias enmiendas parciales que van numeradas del 965 al 978. Esta enmienda de totalidad y las distintas enmiendas parciales presentadas a la Sección 22 se justifican por las siguientes razones. Primera, porque no responde la Sección 22, creemos, al objetivo de modernización de las Administraciones Públicas. El Plan de modernización aprobado en 1992 y estructurado en los famosos 204 proyectos no está dando los resultados previstos, y no se ve, ni mucho menos, en una sección que copia literalmente la Sección 22 desde el año 1986, un cambio que aliente la esperanza de que el Plan de modernización va a entrar por un buen camino. Segunda, porque no refleja el necesario esfuerzo que se necesitaría en formación y perfeccionamiento, orientado a la eficacia y a la promoción de los funcionarios. Tercera, porque no posibilita el apoyo necesario al desarrollo del pacto autonómico. Ni siquiera apunta un plan de reordenación de los efectivos humanos en la Administración central del Estado, en correspondencia con el Estado autonómico y la realidad del reparto de competencias. Se me dirá que espere a mañana y a la ley de acompañamiento.


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De acuerdo. Pero algo --y tiempo ha habido para hacerlo-- podría haberse ya apuntado y realizado de cara a la buena marcha de la buena aplicación de este proyecto que de tantos datos va a necesitar, como luego veremos. Y cuarto, porque mantiene la tendencia regresiva en el apoyo a la Administración local, vía cooperación económica local del Estado. Prácticamente son motivos semejantes a los que nos movieron a presentar la enmienda a la totalidad otros años.
Todas nuestras enmienda a la Sección 22 proponen reducción del gasto, en línea con el denominador común de todas las enmiendas del Grupo Popular, que tienen su reflejo principal en la nueva disposición adicional que, relativa al título III, defendimos, y que proponen, como conocen SS. SS., una reducción de gastos en bienes corrientes y servicios --léase gastos de funcionamiento-- de 186.000 millones de pesetas. La aplicación de estos criterios a los programas 121.B, 121.C, 124.A, 313.E, 314.B y 912.B, supondría un ahorro de 1.495 millones de pesetas. Y no proponemos altas. Sólo una de 10 millones de pesetas, en el programa 124, destinado a las asociaciones de vecinos. Concretamente se recoge en la enmienda 978. El resto del ahorro queremos que lo gaste el Ministerio de otra manera y en otros objetivos. Por ejemplo, en programas especiales de empleo de funcionarios a tiempo parcial, programas piloto de evaluaciones individualizadas en conexión con procesos de promoción en la carrera administrativa, intercambios con el sector privado de cara al intercambio de experiencias con organismos internacionales; algo que permita ver que realmente se buscan propuestas imaginativas a las nuevas situaciones.
Especial importancia tiene para nosotros la formación y el perfeccionamiento, no sólo en la fase de ingreso o de cara a los méritos para concursar, sino también para apoyar la reasignación de efectivos y facilitar la promoción interna, no de la manera aleatoria y discrecional que persigue la ley de acompañamiento a esta ley de presupuestos, sino de manera objetiva y rigurosa, teniendo en cuenta las necesidades de personal en las distintas instituciones y la promoción en la carrera administrativa en razón a los objetivos básicos de mérito y capacidad. Se trataría de cambiar el sistema de cursos que se imparten en el INAP, orientados a dotar a los funcionarios de conocimientos relacionados con los puestos que ocupan y de los que seguramente saben más que los pretendidos profesores o que las empresas que contrata el INAP para impartir estos cursos que, en definitiva, sirven sólo para dotar de puntos a los funcionarios que tienen la suerte de realizarlos y que consiguen ventajas para concursar. Se trata de cambiar este defectuoso sistema por otro que concilie adecuadamente los intereses de la Administración con las expectativas de los funcionarios.
El programa 121 C, con su dotación actual, difícilmente puede contribuir decididamente a un ambicioso plan de formación y perfeccionamiento. Otros años enmendábamos este programa solicitando el aumento de determinadas partidas, 1.000 millones, 2.000 millones. Este año, a propósito no lo hemos hecho, porque los problemas que tienen la formación y el perfeccionamiento necesitan no de 1.000 millones más, sino de un cambio profundo en la concepción, estructura y formas de impartir estos cursos de formación. Por ello, quizá, cuando concluya, el ruidoso trajín del debate presupuestario, presentemos una proposición de ley que regule un plan global de formación, al que le corresponderá, como es lógico, las dotaciones necesarias. Y que no se nos conteste ahora que para distintos ministerios existen además partidas destinadas a la formación, porque, al margen de los cursos de formación para los funcionarios de nuevo ingreso o personal docente o entrenadores de fútbol del Instituto Nacional de Educación Física y Deportes, estamos refiriéndonos a la formación necesaria de los servidores públicos, de los administradores, que corresponde específicamente al Ministerio para las Administraciones Públicas.
Por otro lado, en las descripciones de objetivos que acompañan a la Sección 22, a los programas 121.A, 121.B y 121.C, se resalta, en el papel sólo, los criterios de eficacia y eficiencia, flexibilidad y opción por una política de gestión de recursos humanos --estoy leyendo literalmente-- frente a una política meramente burocrática de situaciones de personal.
Todos ellos se compadecen muy escasamente con los contenidos del título III, no sólo porque congela las retribuciones para 1994, que éste es un sacrificio que estoy seguro de que los funcionarios estarían dispuestos a aceptar en un clima de igualdad y de solidaridad en situación de tan gravísima crisis, sino en materia de asignación de complementos específicos y de productividad, fijación de retribuciones de personal laboral, permisividad de contratos fuera de convenio, desregulación, huida del Derecho administrativo, de determinados entes públicos, singulares métodos para la creación de nuevos cuerpos y escalas, irregularidades en el sistema de selección, etcétera. Tampoco se compadecen con el proceso de cambio en que la organización de la Administración está implicada, en función del Estado de las autonomías, la importancia de los entes locales como prestadores de servicios públicos (ya hemos visto lo ocurrido en la reunión de la FEMP en La Coruña el pasado fin de semana), los procesos de cambio tecnológico, la plena integración de la Comunidad Europea, etcétera. Por otro lado, y ya termino, señor Presidente, se dice en la literatura que acompaña a la Sección 22 y al Plan de modernización que la mayor parte de los 204 proyectos del mismo no necesitan de ningún esfuerzo presupuestario, cosa insólita y desde luego increíble como demuestran los propios reconocimientos o arrepentimientos del anterior Ministro, ante la Comisión de Régimen para las Administraciones Públicas, diciendo que

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varios de los 204 proyectos del Plan no podían llevarse a cabo por falta de dotación presupuestaria. Es lógico que cuando se trata de mejorar la atención al ciudadano mediante respuestas más inmediatas en el tiempo y en el espacio, cuando se trata de mejorar la coordinación y la formación, la simplificación de trámites, la creación de oficinas para determinados asuntos y colectivos, etcétera, algún medio tendrán que prever para estas cosas los correspondientes programas de esta Sección 22.
Junto con los medios se requiere contar, y lo repito por enésima vez, con unos funcionarios bien preparados y no discriminados por aplicaciones letales de dosis altas de discrecionalidad y profesionalmente satisfechos que tengan futuro, que tengan, en definitiva, una clara carrera administrativa. Junto con los aspectos reseñados deberían tener cabida en nuestra Administración, y por tanto, en la Sección 2, los avances últimos en la organización del trabajo, los medios técnicos y la revolución informática sobre programas coordinados para toda la Administración por el Ministerio para las Administraciones Públicas. Echamos de menos que el Ministerio no haya previsto dinero suficiente para la realización de estudios o de auditorías que cuantifiquen y analicen los medios personales y materiales que cada Ministerio necesite, en función de las competencias que a cada uno le queden después de concluidas las transferencias.
De esta forma, por ejemplo, el proyecto de ley de medidas fiscales de reforma del régimen jurídico de la Función Pública y de la protección por desempleo, que debatiremos mañana en Comisión, hubiera debido venir acompañado de la preceptiva memoria que le falta --es un requisito que exige la Constitución-- y que nos hubiera dado luces para conocer de verdad la cuantificación del problema, los datos que, en definitiva, sirven para valorar el contenido de un precepto y, sobre todo, las posibilidades de aplicación del mismo.
Ahora sí que ya termino, señor Presidente, señorías. Creemos, pues, que la enmienda de totalidad y las enmiendas parciales tratan de llamar la atención sobre lo que nosotros creemos que debe ser un cambio profundo en la confección de la sección y en los objetivos de los programas. Creemos, sobre todo, que debería reflejarse en las partidas de gastos de la sección 22 de los Presupuestos Generales del Estado este decidido propósito por el cambio que parece trascender del propósito de enviar a esta Cámara --lo han dicho tantas veces-- proyectos como la ley de organización y funcionamiento de la Administración del Estado, o el proyecto que vamos a debatir mañana, etcétera, que efectivamente demuestran que la Administración sigue necesitando no una modernización, sino un cambio profundo que haga que sirva de verdad a los ciudadanos con eficacia y con eficiencia.


El señor PRESIDENTE: El señor Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a intentar defender la enmienda de devolución a esta sección. La enmienda establece cuál es nuestro criterio y, en todo caso, mirando las cifras, si antes hablábamos de los planetas tendría que decir que es el planeta más chico este Ministerio, pues tiene 32.000 millones de pesetas de presupuesto este año y el pasado tenía 41.800; es decir, ha bajado casi 10.000 millones. Por tanto, al Ministerio de Administraciones Públicas podía llamársele el de la desadministración pública, puesto que es el Ministerio que más baja o que menos peso tiene dentro del concierto. En todo caso, con dinero o sin dinero se podían tener ideas y podían abordarse, de verdad, los problemas pendientes que tiene la Administración del Estado. Desde mi punto de vista, todavía no se ha abordado una auténtica reforma de la Administración pública. Tampoco está dentro de esa filosofía. Creo que sería bueno que con la devolución que nosotros proponemos, si se aceptase y se tuviese que reelaborar, se tuvieran en cuenta tres cosas: una, simplificar la Administración como un objetivo importante y evitar las duplicidades a la hora de descentralizar; sobra aparato: burocrático y, sobre todo, sobra el crecimiento excesivo de los grandes aparatos de decisión que los distintos ministerios puedan tener. Es necesario abordar, junto con una gran reforma de la función pública, un proceso de modernización, actualización y reciclaje del propio personal, y algo fundamental, ilusionar y estimular a los funcionarios de que su tarea es importante, gobierne quien gobierne. Eso no se puede hacer mientras se abuse, como se abusa, de la libre designación y se estén suplantando las responsabilidades por personas de confianza del partido que gobierna, en lugar de estimular a la persona que esté, con independencia de su ideología, en el seno de la Administración.
En todo caso, yo no voy a pedirle peras al olmo y el olmo no da peras. Esperemos que granito a granito la columna vaya cediendo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Brevemente, voy a defender las enmiendas presentadas a esta sección. En primer lugar, quiero indicar que las enmiendas 1.116 y 1.117 van en la misma línea expuesta en relación a las secciones que anteriormente se han defendido. Por tanto, me remito a la argumentación expuesta al respecto.
En segundo lugar, las enmiendas 1.185 y 1.192 pretenden que un organismo autónomo como el Instituto Nacional para las Administraciones Públicas, a la hora de la formación de su personal tanto laboral como funcionario o estatutario, contemple el aprendizaje de otros idiomas oficiales distintos del castellano. La Administración periférica del Estado se encuentra ubicada

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en territorios en los cuales hay un régimen de cooficialidad lingüística que vincula a todos los poderes que se encuentran ubicados en ese territorio. En definitiva, el criterio determinador de la competencia sería el territorio. En este sentido, estimamos que la Administración periférica del Estado no está a la altura de las circunstancias en la medida en que comunidades como la gallega, la vasca, la catalana, la valenciana o la balear, que disponen de regímenes de cooficialidad lingüística, la facultad o el reconocimiento de dirigirse a esos poderes públicos de la Administración central en las lenguas diferentes al castellano se ve constreñido, muchas veces, en la medida en que esos servicios periféricos no disponen de personal con la suficiente formación para poder atender una reclamación, una sugerencia, una solicitud administrativa en definitiva, bien por escrito, bien oralmente, en el otro idioma oficial distinto del castellano en ese territorio. Por ello nuestro Grupo plantea que se cree una partida específica de 50 millones para la formación en estas lenguas. También se debería contemplar, dentro de los objetivos indicadores de la sección, la posibilidad de que conste este objetivo de la formación en lenguas oficiales distintas del castellano para el personal al servicio de las Administraciones públicas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: En aras a la brevedad que todos los Diputados de esta Comisión esperan de mi intervención, voy a ser conciso en la misma sin dejar de responder, en el fondo, a todas las enmiendas que han planteado los distintos grupos.
Voy a empezar haciendo referencia a las enmiendas planteadas por los grupos Popular e Izquierda Unida, que son a la totalidad. Quisiera hacer una reflexión en torno a lo que se ha comentado en la defensa de las enmiendas a la totalidad respecto al funcionamiento de la Administración pública. Yo me imagino que uno y otro grupo coincidirán conmigo en que los objetivos de la Administración pública tendrían que estar encaminados a una mejora y a un impulso de la calidad y eficacia de los servicios públicos; tendrían que estar encaminados a una adecuación de la política de recursos humanos a las nuevas situaciones, es decir, futuras transferencias que se puedan plantear a las comunidades autónomas y, en función del desarrollo de la ley de transferencias, a la continuación de la modernización de la Administración pública, porque de los 204 programas que hay en funcionamiento, la mayor parte están en una situación de avance bastante importante; al desarrollo de técnicas de información, a una mayor cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y a asegurar un funcionamiento integral y estable en el Estado autonómico y, como es lógico, en la incidencia de las Administraciones públicas en las administraciones locales. Creo que estos son objetivos que los dos grupos proponentes de las enmiendas a la totalidad considerarán como válidos para sacar adelante la reforma de la Administración pública y las enmiendas que se han planteado chocan frontalmente con el mantenimiendo de esos objetivos.
El presupuesto de la Sección 22, Administraciones Públicas, está caracterizado por una disminución de los gastos de personal en un 1,9 por ciento, por una disminución de los gastos financieros en un 8,7 por ciento, por una disminución de las transferencias corrientes internas en un 7,3 por ciento, por una disminución de las inversiones reales en un 34,5 por ciento. Hay un ligero aumento del capítulo II en un 7,3 por ciento y hay una disminución de las transferencias de capital de un 10 por ciento. Pensamos que se trata de un presupuesto que intenta equilibrar y acudir en demanda de los objetivos que tiene planteados el propio Ministerio, a la vez que coadyuva a la disminución del déficit público y a la contención del gasto público. Por eso nosotros pensamos que estas enmiendas a la totalidad deben ser rechazadas.
Analizando las enmiendas parciales que el Grupo Popular presenta a los distintos programas, por ejemplo al 121.B, al 121.C o al 912.B, me gustaría que se fuera un poco más coherente, con todos los respetos, señor Núñez, porque una cosa es lo que me ha dicho usted en su intervención y otra cosa es lo que usted escribe en el papel, porque en el papel usted justifica la enmienda a la totalidad diciendo que se considera necesario redistribuir los créditos presupuestarios entre los programas para lograr los objetivos señalados como prioritarios. Usted me admite que los objetivos son los correctos, me admite que los criterios con que se está llevando a cabo el desarrollo de esta sección son los adecuados, pero cuando plantea las enmiendas parciales tanto a la totalidad de los programas que he dicho, como a los gastos corrientes a que hace referencia en varias enmiendas relativas a los programas planteados, me encuentro con que no tiene nada que ver el contenido de la enmienda a la totalidad con el contenido de las enmiendas parciales que intentan, me imagino, ir en la dirección que usted plantea que deba ser modificado el presupuesto y, desde luego, compaginándolo con los criterios que usted mantiene y que coincide, por lo que estoy observando, con lo que decimos nosotros en nuestro presupuesto.
Paso a analizar someramente lo que usted plantea como reducción de gastos corrientes. En el capítulo de gastos corrientes de todos los programas, que si mal no recuerdo lo que plantea como reducción son 1.195 millones de pesetas, aproximadamente, usted me quiere reducir en materia de arrendamientos, de reparaciones, de energía eléctrica, de combustibles, de teléfonos, de transportes y luego me dice que tiene que haber unas

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oficinas adecuadas, unos servicios administrativos en condiciones; es decir, que tiene que estar todo muy bien dotado sin gastar un duro. Los regalos no se hacen en ningún sitio. Los duros a cuatro pesetas últimamente han desaparecido de la circulación. Creo que plantear en estos momentos este tipo de enmiendas lo único que está haciendo es coadyuvar a una especie de confusión, a una especie de incoherencia que ustedes han planteado en la enmienda a la totalidad y en las enmiendas parciales a las que he hecho referencia en mi intervención. Ampliaré en el turno de réplica la referencia a estas enmiendas.
Paso a referirme a una enmienda concreta, relacionada con las asociaciones de vecinos, a la que se ha ofrecido una transacción que he presentado a la Presidencia de la Comisión y en la que lo único que hacemos es mantener los 10 millones de pesetas, pero en lugar de detraerlos del capítulo a que ustedes hacen referencia los sacamos de la Sección 31.
Respecto a las enmiendas que plantea Izquierda Unida, aparte de la devolución de la Sección 22, Administraciones Públicas, creo que los planteamientos que hemos puesto encima de la mesa avalan el que esta sección no debe ser devuelta, en absoluto.
Pensamos que lo que ustedes quieren que sea el funcionamiento de la Administración pública coincide con los objetivos que están marcados en el presupuesto; que es un presupuesto que está en coherencia con lo que es la política global del Gobierno en cuanto a contención del gasto público y que, desde luego, con las cantidades que están asignadas al presupuesto perfectamente pueden ejecutarse en el año 1994, a pesar de la escasez financiera, medidas de reforma, medidas de acondicionamiento, medidas de reestructuración de la Administración central como las que vienen diseñadas en los objetivos.
Respecto a su enmienda 1.510, que hace referencia a la aportación de un fondo para las asociaciones de vecinos y piden 45 millones de pesetas, nosotros planteamos que sean 10 millones, lo que significaría situarlo en el mismo límite en que lo teníamos consignado en los presupuestos del año 1993.
Respecto a la cantidad asignada a transferencias de la FEMP, 25 millones de pesetas, nosotros pensamos que no es conveniente ampliar el capítulo de gastos, porque la FEMP en el propio presupuesto ya tiene asignada una cantidad ligeramente superior a la del año pasado, pero en el ámbito general en que estamos trabajando significa incrementar un poco su dotación.
Respecto a las dos enmiendas de supresión del Partido Nacionalistas Vasco, la 1.116 y la 1.137, nosotros pensamos que no existe ninguna duplicidad tal y como nos plantean, que responde la inclusión de este concepto a la existencia de preceptos legales que lo imponen, como la Ley de Régimen Local, en su artículo 57, o dos reales decretos de 1986 y 1990, el 761 y el 765 respectivamente, y que la cooperación económica local es de naturaleza distinta a la gestionada por las secciones 32 y 33 y a la estructura orgánica del presupuesto de gastos del Estado, que es lo que ustedes quieren rebatir con la presentación de estas enmiendas.
Respecto a los cursos de idiomas oficiales del Estado, no podemos aceptar las enmiendas 1.185 y 1.189 porque suponen un incremento del gasto de 50 millones de pesetas. Por las razones anteriormente expuestas nos es imposible aceptarlas.
Pero sí entendemos el fondo y, por tanto, aceptamos la 1.188 al programa 121 C, que se refiere a la misma cuestión, que, si me permiten sus señorías leerlo, dice: Al programa 121.C, Formación de personal de la Administración general, incluir en el objetivo el siguiente texto: Dentro de los indicadores asignados a dicho objetivo, se solicita la inclusión de uno nuevo: cursos de idiomas oficiales del Estado. Esta enmienda, tal y como viene planteada, sí sería aceptada por nuestro Grupo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Morlán, por sus respuestas, aunque no comparto casi ninguna de ellas, pero su tono de verdad es muy cordial y es muy grato debatir con usted.
Aceptamos la transaccional y, por tanto, retiramos nuestra enmienda 978 para que sea votada la de ustedes que, en definitiva, viene a cumplir el mismo objetivo de dotar a las asociaciones de vecinos de 10 millones de pesetas.
No hay ninguna contradicción entre nuestra enmienda de totalidad y nuestras enmiendas parciales. Nosotros creemos que no responden a los objetivos prioritarios que nosotros entendemos que deben ser los objetivos prioritarios de la sección; en todo caso, fíjese lo que le digo, ni siquiera con los objetivos prioritarios que ustedes dicen que tienen que ser prioritarios. Ya lo debatiremos en otra ocasión. Una de las cosas más incoherentes de todo el planteamiento que ustedes hacen es que rebajan partidas que nosotros consideramos necesarias y justamente aumentan hasta un 3 por ciento las que nosotros creemos que deben ser rebajadas, como son las del capítulo 2. Fíjese si son ustedes incoherentes.
Dice usted que nosotros dejamos sin medios al Ministerio para las Administraciones Públicas para cumplir los cometidos que tiene, los programas y los objetivos de esos programas. Si nosotros decimos que los arrendamientos tienen que rebajarse en un 10 por ciento, estamos haciéndolo porque hemos hecho preguntas al Gobierno --algunas de las cuales todavía no han recibido respuesta-- sobre cuántos pisos tiene arrendados el Ministerio para las Administraciones Públicas y quién los ocupa. No quiero darle cifras ahora --a lo mejor se las doy en el Pleno--, pero son sorprendentes,

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absolutamente sorprendentes. Y así otros gastos corrientes que efectivamente pueden rebajarse. Le aconsejo la lectura de un artículo que viene hoy en un periódico, por otra parte, nada sospechoso de estar cerca de nuestras tesis, sobre los arrendamientos de la Administración. Verá usted cómo se puede corregir el derroche. Desde luego se podría ahorrar muchísimo más que con esa famosa enmienda que hoy tanto nos ha dado la lata; sólo con ese capítulo. Por tanto, no diga usted que somos incoherentes. Nosotros no estamos diciendo cómo tiene usted que ahorrar dinero de determinadas partidas y dedicarlo a los objetivos prioritarios. Le hemos dicho que no hacemos utilización de ese ahorro, en esa sección se lo dejamos para ustedes. Les decimos que gasten ustedes menos en gastos corrientes y que lo utilicen para dar cumplimiento a unos objetivos prioritarios que a lo mejor en el papel coinciden con los nuestros, pero que en su realización y en su plasmación, no.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Creemos que nos podemos morir de éxito y de razón porque cuando defendemos una enmienda a la totalidad nos dicen: No, los contenidos y los objetivos son idénticos a los que persigue la propuesta del Gobierno. Pues nos vamos a morir de éxito y de razón, pero sin poder conseguir luego la modificación.
Me alegra enormemente que los objetivos sean coincidentes, pero la literatura en técnica presupuestaria nunca me ha gustado, porque utiliza la fórmula de decir: Idea genial la que ha tenido, pero, en lugar de cien millones, vamos a dedicar 25.000 pesetas, que con eso lo vamos a arreglar. Y, claro, ya empiezan a variar los éxitos.
En todo caso, comprendo que ustedes no quieran incrementar el dinero destinado a la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre todo por la evolución que viene encima. Pero no sería malo que se entendieran, no vaya a ser que de la era de los municipios pasemos a trillar a los municipios en la era, que es distinto.
La Administración debe descentralizarse no solamente hacia las comunidades autónomas, sino hacia los propios municipios, desde las comunidades, desde el Estado y desde el conjunto de actuaciones, con competencias y medios materiales para poder actuar.
Usted ha dicho que se ha contenido el gasto de este Ministerio. Es verdad, lleva razón en que han sido austeros, que han reducido el gasto en casi 10.000 millones de pesetas, porque este año el presupuesto asciende a 32.000 millones y el año pasado a 41.800 millones. Eso es lo que tenían inicialmente. Es verdad que de lo que se tiene al inicio a lo que después queda con las modificaciones y lo que al final se contrae, hay una distancia. Del dicho al hecho hay un trecho.
De ese montante global, 22.000 millones son transferencias de capital (capítulo VII). Ustedes dicen que eso se ha reducido un diez por ciento. En todo caso, descentralizar y desburocratizar son elementos que necesita la Administración.
Si lo logran ustedes con esas partidas presupuestarias, fabuloso. Si no lo logran, a lo mejor hay medidas que no cuestan dinero, pero se necesita voluntad política para abordarlas.
La enmienda que hemos propuesto respecto a las asociaciones de vecinos estaba cifrada en 45.000.000 de pesetas. Ustedes han ofrecido una transacción, me imagino que tanto a la propuesta del Grupo Popular como a la nuestra. Nos parece bien. Si no da la mata para más, diez millones buenos son. Esperemos que el año que viene no los congelen y nos pasemos de grados en el congelador. Pudiera ser también que el año que viene subiera la cantidad destinada a la Federación Española de Municipios.
Fíjese que nosotros hemos hecho una teoría y en la práctica hemos ido al grano: participación y municipio. Desde luego, de incoherencia no nos puede usted acusar.


El señor PRESIDENTE: El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a contestar al señor Morlán.
Efectivamente, en las enmiendas 1.116 y 1.137 hay una discrepancia respecto a su localización a efectos presupuestarios, si tiene que estar en la sección correspondiente al Ministerio para las Administraciones Públicas o en la sección correspondiente a las transferencias a las comunidades autónomas. Yo no voy a entrar en ello, porque no discutimos la cuantía, sino una cuestión técnica.
(El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.) Pero, señor Morlán, sí quiero profundizar en las enmiendas números 1.185 y 1.192. Usted acepta como objetivo el que el Instituto Nacional de la Administración Pública pueda formar al personal en lenguas oficiales distintas del castellano, pero no me acepta ninguna cuantía. Eso es un absurdo, porque usted acepta un objetivo político, pero no dispone los medios para luego ponerlo en práctica.
En definitiva, los servicios periféricos de la Administración central en algunas comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas del castellano, como Baleares, Valencia, Galicia, el País Vasco, Cataluña y Navarra, no están adecuándose a la realidad sociolingüística de esas zonas.
De hecho, por ejemplo en los casos vasco y catalán, las leyes de normalización respectivas dicen que será la Administración central la que cumplirá el régimen de cooficialidad lingüística tomando las medidas necesarias.


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Hoy mismo, el Consejero de la «Generalitat», señor Guitart, dice que es el Gobierno central el que tiene que tomar --y leo literalmente en «El País» de hoy-- las disposiciones normativas y ejecución para acatar la legislación catalana en materia de normalización lingüística, y lo mismo ocurre con el tema del País Vasco, donde se prevé una disposición semejante de la ley de normalización lingüística, donde ha de ser la Administración central la que adecúe su comportamiento a ese régimen de oficialidad. Por lo tanto, si usted me dice: «No, lo vamos a cumplir, pro no le acepto la consignación presupuestaria», pues, si usted no lo va a cumplir, eso se convierte en papel mojado en la práctica, y si no, dígame usted cómo lo va a cumplir, en qué cuantía, en qué concepto está y de qué manera van efectivamente a adecuarse al régimen de cooficialidad que existe en Comunidades autónomas.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Morlán tiene la palabra.


El señor MORLAN GRACIA: Señor Núñez, yo sigo manteniendo que hay cierta incoherencia entre su enmienda a la totalidad y sus enmiendas parciales. Pero cuando usted me hace referencia a los arrendamientos y a otro tipo de materiales en los que usted quiere que se gaste menos --es decir, que esos mil y pico millones de pesetas que ha dicho desaparezcan del presupuesto--, me imagino que usted se ha dado cuenta que supone en cierta medida paralizar bastante los medios administrativos. Señor Núñez, quítele a un despacho la luz, quítele a un despacho el combustible, quítele a un despacho el teléfono y encima no tengas miedo en provocarlo y vea usted cómo efectivamente nos quedamos sin sitio para atender al público, que cree que se lo merece. Quizá todo el mundo hemos trabajado en esa dirección.
Por eso le digo que, en fin, salvando las distancias, como es lógico, y en este tono jocoso en que estamos desarrollando esta sesión, mantengo mi tesis de que existe una incoherencia seria entre su enmienda a la totalidad y lo que han sido sus planteamientos en las enmiendas parciales.
A la vista de cuál es su justificación, a la vista de que aceptan como buenos los objetivos que marcamos a través de nuestros programas electorales y a través del Gobierno en el programa que establece el propio Ministro de Administraciones Públicas, yo creo que ustedes debieran de trabajar en esa dirección, y la dirección no es disminuir lo que hay que utilizar para sacar adelante esos programas, sino es apoyar, como ha comentado el señor portavoz de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, que los funcionarios se encuentren motivados, para que se encuentren motivados porque tienen unas instalaciones en la que puede trabajar cómodamente. Y prefiero que trabajen con luz que sin luz. Lo de las velas creo que ha pasado a la historia.
Con respecto a lo que planteaba el señor Ríos, yo lo que sí puedo decir es que el tema de la FEMP tiene una dotación que creo que es superior a los 1.000 millones de pesetas en presupuesto y que esto para 1994 va a ser de 10 millones de pesetas. Pero no confundamos la FEMP con la solución de los problemas de los municipios y no confundamos lo que es la Federación Española de Municipios y Provincias con lo que ha de ser el día a día con lo que ha de ser el sistema de financiación de las corporaciones, que creo que es un tema que afecta a otras áreas de este presupuesto y que me imagino que se habrá debatido o se debatirá con los compañeros del Grupo Socialista.
Para aclararle algunas cifras, que no sé de dónde las ha sacado, los datos que yo tengo es que el proyecto de presupuesto de 1994 es de 32.000 millones de pesetas --el presupuesto sin consolidar-- y que el presupuesto inicial de 1993 es de 34.965 millones de pesetas, es decir, un 8,4 por ciento.
Respecto a las enmiendas que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco, le tengo que decir, y le agradecería que prestara un poco de atención, señor portavoz del Partido Nacionalistas Vasco, en relación con el tema de la cooficialidad no es que aceptemos únicamente la enmienda a la que he hecho referencia, sino que en 1993 ha habido cursos de euskera impartidos por el Centro Vasco de Administración Pública que han supuesto 5.263.200 pesetas, que ha habido cursos de formación en la Administración vasca que han supuesto 1.350.000 pesetas y que ha habido cursos de enseñanza asistida por ordenador que han supuesto un montante de 500.000 pesetas.
No se trata de plantear que qué bonito es lo que ustedes quieren hacer y aceptarle esa teoría, esa filosofía o ese concepto sobre el tema de la cooficialidad, sino que en 1993 ya se han dado una serie de recursos para que lo que hoy se plantea como aceptación de una enmienda fuera una realidad. En lo que no estamos de acuerdo es en aceptar que para eso son precisos 50 millones de pesetas, porque el presupuesto que tenemos es muy ajustado y queremos mantenerlo en las coordenadas iniciales que todos los señores Diputados hemos defendido a lo largo de todo el debate presupuestario respecto a la cotización del gasto y del déficit público. Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Terminado el debate de esta Sección, comenzamos el debate de la Sección 25, Ministerio de la Presidencia.
Tiene la palabra el señor Arias-Salgado, por el Grupo Popular.


El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: El Grupo Popular va a dar por defendidas las enmiendas presentadas

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a la Sección 25 en sus propios términos y para hacer su defensa específica en las sesiones plenarias.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Nuestro Grupo parlamentario ha presentado una enmienda a esta Sección 25 que posteriormente hemos reconsiderado y hemos decidido retirarla.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para defender las enmiendas de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Telegráficamente, señor Presidente, para decir que es una enmienda que pretende incrementar, a nivel de inversión en el Patrimonio del Estado, 9.000 millones de pesetas y que es una enmienda parcial y no a la totalidad de la Sección.
Pretendemos incrementar los recursos que el Estado destina al Patrimonio, sobre todo para dirigirlos al patrimonio histórico.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Para dar las gracias al Grupo Popular por la brevedad en la exposición, teniendo en cuenta la hora, y dar las gracias también al representante del Grupo Vasco, señor Zabalía, por reconsiderar su enmienda.
El representante de Izquierda Unida, señor Ríos, decía que va a tener mucho éxito en cuanto que apoyamos el fondo de su enmienda, pero no damos un duro y da la impresión de que vamos a seguir en esa misma línea.
No cabe duda de que el Patrimonio del Estado, que afecta a esta Sección, es tremendamente importante. Comprende desde el Palacio Real, al Palacio de El Pardo o hasta el de La Granja y tantos y tantos edificios entrañables. Y no sólo eso, sino muchas colecciones de abanicos, tapices y talleres de restauración.
La política que se ha seguido para hacer este Presupuesto ha sido fundamentalmente intentar mantener lo que hay e impedir el deterioro de los edificios. Esa ha sido la tendencia y por eso se ha preguntado a los encargados del mantenimiento y conservación para ver cuál era el proceso sobre mínimos e intentar así no aumentar el deterioro en un período de crisis como el que estamos atravesando. Esa ha sido la tendencia y el Presupuesto ha sido de 9.016 millones. Por tanto, una subida que prácticamente duplica el Presupuesto asignado para esta Sección efectivamente se sale de toda posibilidad, pero qué duda cabe que algo tan importante como es el patrimonio histórico, con eso que hemos enumerado y muchas cosas más, necesita para su mantenimiento no sólo el doble, sino que tres o cuatro veces más sería lo deseable.
Sin embargo, nunca debemos perder la óptica general de los Presupuestos que en estos momentos tenemos que llevar adelante y, por tanto, diciéndolo así como lo he dicho al principio, es cierto que cualquier cantidad es válida, pero no podemos duplicar una partida con 9.000 millones de pesetas más en estos momentos y con el espíritu que ha presidido el Presupuesto, por lo que tenemos que rechazar la enmienda, reconociendo que cualquier partida tendría empleo en esa serie de edificios, colecciones y talleres de restauración que en estos momentos están dependiendo del Patrimonio del Estado.
Simplemente quería decir eso, sintiéndolo, pero rechazamos la enmienda.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Pasamos, por lo tanto, a la Sección 26: Sanidad, sus organismos autónomos concordantes e Instituto Nacional de la Salud.
Para defender sus enmiendas tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Villalón.


El señor VILLALON RICO: Para defender las enmiendas del Grupo Popular a la Sección 26. Voy a dividir mi intervención en dos partes: una global, atendiendo a la enmienda de totalidad de la Sección y las diferentes enmiendas de programas y conceptos, y una segunda parte dedicada a la enmienda de adición donde nosotros planteamos que se cree un nuevo programa para atención a la enfermedad del sida.
En relación con la enmienda a la totalidad, tenemos que decir que tanto en la Sección 26 como en el Insalud lo que es evidente es que hay una falta de credibilidad en los presupuestos presentados por el Gobierno, lo que justifica las enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
Por otra parte, me parece obligado hacer una referencia a la relación entre la Sección 26 y el Insalud y decir que el debate de esta Sección 26 seguramente queda limitado, ya que el presupuesto es un presupuesto puente hacia el Insalud, como principal gestor de la política del Ministerio.
En todo caso, la política sanitaria que se dice querer realizar según se expone en los objetivos del Ministerio parece irrealizable con estos presupuestos. Nosotros consideramos que con estos presupuestos no se puede realizar la reforma estructural que el sistema sanitario necesita. Se incide más profundamente en el problema de la financiación, pero se incide de forma errónea y, por lo tanto, va a originar un aumento de la deuda del Sistema Nacional de Salud y ello va a traer las consecuencias del deterioro asistencial para los ciudadanos de nuestro país.
Se mantiene un año más la ficción presupuestaria de

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la Sanidad con una marcada desviación en los presupuestos, como podremos ver a lo largo de los meses del año 94, como hemos visto a lo largo de los meses del año 93 con el presupuesto aprobado el otro año y, como decía antes, se incrementará la deuda del Sistema Nacional de Salud.
Me limitaré, a pesar de todo, solamente a intervenir sobre el Ministerio de Sanidad y Consumo para hacer unas consideraciones sobre lo que debe considerarse una política de salud, desde el punto de vista presupuestario o en relación con el gasto público, la mejora en el gasto público a través de la asignación lógica de los recursos públicos debido a la elección de programas eficaces, frente a aquellos que son de elevado coste y escasa eficacia.
Y el segundo apartado en relación con el referente al gasto público, la gestión directiva, debe ser realizada por personas competentes en el campo de la gestión sanitaria.
Por otra parte, lo que nosotros consideramos como una política de salud es fomentar la salud entre los ciudadanos desde la unidad familiar pasando por las distintas instituciones y, en tercer lugar, dentro de lo que se denomina política de salud promover la diversidad y competencia en la prestación de los servicios de salud.
Qué es lo que se hace, por el contrario, desde el Ministerio de Sanidad y Consumo en relación con estos temas? Vemos que se concentra la mayor parte de los recursos en servicios y equipos sofisticados y, por otra parte, se desatiende la medicina preventiva y la asistencia primaria.
En este Ministerio echamos en falta programas de información a los ciudadanos, a los ciudadanos en general y también a los niños en épocas escolares en particular, que se podrían realizar lógicamente en su medio; de igual forma son insuficientes las medidas preventivas dirigidas a un amplio sector de la sociedad, fundamentalmente desde el punto de vista de dar a conocer las perversidades, podríamos decir, del consumo de alcohol y tabaco, sobre todo en jóvenes.
Nuestra enmienda ha sido presentada también en razón del gasto sanitario, diría yo mejor del mal gasto sanitario o del despilfarro, fundamentalmente debido a la mala gestión. Esta mala gestión tiene sus raíces en la estructura del propio Sistema Nacional de Salud muy centralizado, burocratizado y que no deja lugar a la iniciativa de los distintos gestores sanitarios, ya sean directores de centros de salud, de hospitales o directores provinciales del Insalud.
Consideramos que la descentralización podría contribuir a incrementar la eficacia del Sistema nacional de Salud. Es por todo esto que a través del proyecto presentado por el Gobierno creemos que no se va a conseguir una adecuada financiación y aplicación de un conjunto de medidas de salud pública encaminadas a hacer frente a los agentes externos que actúan sobre los ciudadanos; no se va a conseguir la protección asegurada de un conjunto de servicios clínicos esenciales y la ampliación de otras asistencias sanitarias que se pueden realizar teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas de los distintos territorios de nuestro país y no se va a mejorar la gestión de los servicios de salud que se podrían generar a través de la autonomía presupuestaria. Sobre estos tres ejes se puede garantizar, desde los poderes públicos, el acceso a una asistencia sanitaria de calidad y, además, podemos promover la responsabilidad de los ciudadanos sobre la propia salud. Con el proyecto presentado por el Gobierno no alcanzaremos la calidad asistencial necesaria en nuestra sanidad, entre otras cosas porque no hay racionalización del gasto y del funcionamiento de los centros sanitarios.
Para terminar, consideramos que se puede realizar una labor de protección de la salud en los distintos aspectos --antes se hacía referencia al alcohol, al tabaco--, coordinación en la atención dedicada a la salud mental con las diferentes instituciones, los programas contra el cáncer o contra el sida y podríamos decir que tener una mala organización es el orígen de que no funcione bien el sistema y, por lo tanto, se incrementen los riesgos de la salud. Por todo ello solicitamos el apoyo de los distintos grupos parlamentarios para esta enmienda de totalidad a la Sección 26 y a las otras enmiendas a programas y a los distintos conceptos en los términos en que se han expresado en la justificación.
Señor Presidente, brevemente voy a hacer una referencia a la enmienda de adición que presentamos para la creación de un nuevo programa en relación con el sida. Hay que decir que nuestro país ocupa el primer lugar en la incidencia de nuevos casos de sida y de prevalencia en Europa. En la actualidad el número de afectados está en torno a los 20.000, una cifra que podríamos catalogar de escalofriante y que constituye uno de los grandes problemas sanitarios de nuestros días. Según los datos de que disponemos, parece ser que en el último año se han gastado unos 50.000 millones, pero han sido insuficientes para conseguir los objetivos que se pretendían con el gasto y con las medidas desde el diferente punto de vista que se han tomado.
En la Comunidad Europea, así como en su momento se habló de un plan contra el cáncer, en los últimos meses se está estableciendo un plan de lucha contra el sida, como lógica preocupación por el constante aumento del número de casos detectados. Todo esto, el aumento de casos de sida en nuestro país, la necesidad de equiparar España a las directivas y programas de la Comunidad Europea, es lo que ha promovido al Grupo Popular a presentar esta enmienda de adición por la que se crea un nuevo programa para la prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación y formación en materia de sida. El objetivo está claro que es establecer un programa de carácter integral que asuma las distintas

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partidas presupuestarias, a semejanza de lo que se realiza, por ejemplo, en el plan contra la droga. A través de este programa integral se establecerían distintos tipos de acciones, a semejanza de lo que está estructurado en el programa europeo contra el sida. Así podríamos hablar de una relación detallada de los objetivos que se pretenden alcanzar en la Comunidad Europea, como pueden ser la información, la educación sanitaria, el conocimiento de las necesidades en ayuda sanitaria y social, evaluación de los costes, medidas para evitar la discriminación de los portadores y de los enfermos, establecer una coordinación de acciones en materia exclusiva que desarrollan las distintas comunidades autónomas y entidades locales, en conjunto, establecer un plan integral para actuar sobre él. Consideramos que todos los programas y objetivos se alcanzarían más fácilmente a través de la constitución de este programa integral que facilitaría la actuación de los distintos medios, tanto públicos como privados, en la lucha contra el sida.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Con nocturnidad, pero desde luego sin alevosía, pretende mi Grupo presentar la enmienda a la totalidad a la función dos de la Sección 60, Insalud, y queremos expresar con esta enmienda a la totalidad nuestra absoluta disconformidad con la forma en la que se han elaborado los presupuestos del Insalud para este año, una vez más, puesto que siguen adoleciendo de los mismos vicios y de las mismas carencias que hemos venido denunciando a lo largo de estos últimos años. La persistencia en el error, señorías, a la hora de la elaboración de estos presupuestos y la contumacia en mantener ficciones, cuando no auténticas artimañas presupuestarias, merecerían estar en los anales de la terquedad.
Tengo que decir que se ha vuelto a desaprovechar con estos presupuestos una ocasión, quizá la última, para reconducir financieramente al sistema nacional de salud. Año tras año, Ministro tras Ministro, hemos escuchado una retahíla de buenas intenciones, de declaraciones de buena voluntad, de promesas no cumplidas nunca en relación con unas cifras presupuestarias que, año tras año también se asentaban sobre la ilusión y año tras año se han venido incumpliendo sistemáticamente. Es cierto que una cierta flexibilidad es necesaria a la hora de una buena ejecución presupuestaria, pero no es menos cierto que el Gobierno ha convertido esa necesaria flexibilidad en una discrecionalidad absoluta, soslayando el mandato de este Parlamento, que cuando aprueba una ley, aunque sea la de Presupuestos, espera y exige que se cumpla. Es cierto que no deben mitificarse los presupuestos, pero de eso a que se desvanezcan el rigor y la seriedad a la hora de su ejecución media un abismo que nuestro Grupo Parlamentario no está dispuesto a ayudar a traspasar.
En los últimos seis años, señorías, la asistencia sanitaria pública en este país ha generado un déficit de más de un billón y medio de pesetas, diferencia entre la suma de las cantidades anuales presupuestadas por el Insalud y las de gasto final reconocido. Los presupuestos iniciales crecieron cada año, y a veces en proporción notable, pero, año tras año, y sin recato también, fueron desbordados por el gasto real.
Casi un 20 por ciento de diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado constituye una auténtica joya de la presupuestación en nuestro país. En estos momentos, los sindicatos valoran en cerca de 400.000 millones de pesetas la desviación presupuestaria que se puede producir en el año 1993 y que se suma a las anteriores desviaciones que les voy a hacer a ustedes el favor de no citar, porque creo que sería suficiente explicación.
No podemos apoyar desde mi Grupo esta forma de proceder. El Gobierno no ha cumplido, sistemáticamente, los presupuestos anteriores, y en lugar de modificar su postura tratan de seguir disfrazando, maquillando y ocultando la realidad. Hagan ustedes, señores del Partido Socialista, unos presupuestos reales, por el bien de la sanidad, por el bien de los ciudadanos, y mi Grupo Parlamentario les ayudará y les apoyará y comprenderá el esfuerzo que es necesario para ello. Ese es el paso previo antes de traer aquí unos presupuestos y antes de saber si realmente estamos debatiendo sobre una ficción, sobre previsiones absolutamente ficticias. Nos gustaría saber si van a seguir proliferando deudas y agujeros presupuestarios como en ejercicios anteriores, porque no vemos en este presupuesto criterios que introduzcan variaciones sustanciales en los métodos de gestión, y la experiencia de los años anteriores, a nuestro juicio, es suficientemente significativa. Por tanto, enmendar a la totalidad este presupuesto, desde nuestro punto de vista, es un acto de responsabilidad, porque no queremos ser cómplices en que se siga gastando más de lo que está presupuestado, en que se siga gastando más dinero del que se dispone, en que el Insalud siga sin pagar a los proveedores y que en algunos casos ni siquiera certifique la entrega de materiales o la prestación de los servicios, algo que está pasando y de lo que SS. SS. son perfectamente conscientes. Con esta política continuista en materia presupuestaria, están provocando la corrosión financiera del Sistema Nacional de Salud. Primero no reconocen las deudas y luego, ante la evidencia, aprueban un crédito extraordinario de 480.000 millones de pesetas para afrontar dichas deudas entre 1989 y 1991. Este año destinan 140.000 millones de ese crédito que se aplicará, por lo visto, a pagar deudas del segundo semestre de 1991.
¿Por qué no aparecen en los Presupuestos esos

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140.000 millones y se utiliza la argucia presupuestaria de remitirlos al artículo once de esta ley de Presupuestos? ¿Qué va a pasar con las deudas de 1992? ¿Qué va a pasar con las deudas previsibles de 1993, que, como digo, pueden alcanzar, incluso, los 400.000 millones de pesetas? Señorías, ¿hasta cuándo esta flagrante contradicción entre las sentimentales apelaciones al mantenimiento del sistema y la manifiesta incapacidad y pasividad ante una situación financiera que es, en sí misma, un auténtico riesgo para el sistema, además de un factor adicional degradante de la propia asistencia sanitaria? ¿Hasta cuándo ese recurso al nefasto deslizamiento presupuestario y cuándo y a quiénes remiten ustedes la solución de este problema? La verdad es que mientras se sigan produciendo estas actuaciones, mientras no consigan identificar realmente de dónde previenen esas desviaciones presupuestarias tan tremendas, por qué se ha producido la deuda estos años, a cuánto asciende exactamente --que seguimos sin saberlo--, qué mecanismos ineficientes han hecho posible esa deuda y quién y cuándo se va a pagar, discutir estos Presupuestos Generales nos parece francamente absurdo, y sobre todo entrar en un debate pormenorizado sobre el contenido de estas secciones.
Estos Presupuestos no nos merecen credibilidad, ni a nosotros ni a la propia Ministra, que habiendo presupuestado 2 billones 845.480 millones ya dijo en comparecencias públicas que los Presupuestos del año 1993 van a exceder los tres billones de pesetas. ¿Van a convencernos ustedes de que es posible reconducir en los Presupuestos del año 1994, de más de tres billones que vamos a gastarnos en 1993, a menos de 2,8 billones de pesetas? ¿De dónde se va a producir ese recorte en el gasto? Probablemente de la disminución de las prestaciones, que es lo único que, vistos estos Presupuestos, pueden explicar esa disminución.
En definitiva, por estas razones y porque nos parece que, además, los Presupuestos en sus diferentes partidas, no hacen más que incidir precisamente en esa ficción presupuestaria que queremos denunciar, puesto que en la mayoría de las partidas se recogen previsiones para cubrir gastos de años anteriores, con lo cual el Presupuesto está en peores condiciones para asumir los previsibles gastos de 1994, tenemos que decir que en dicho año 1994 se generará nueva deuda con estos Presupuestos en materia de personal, salvo que ustedes decidan la congelación de las plantillas, puesto que, según estos Presupuestos, repito, el personal prácticamente se congela en número y en retribuciones, y es difícil entender que de esta forma se puedan afrontar alguno de los retos que tiene previstos entre sus objetivos el propio Ministerio.
En materia, por ejemplo, de recetas de farmacia, el Presupuesto afirma que ustedes van a conseguir reducir el gasto en cerca del 16 por ciento, lo cual es absolutamente imposible por muchos y muy importantes que sean los efectos del medicamentazo y la reducción del 3 por ciento, teniendo en cuenta que se va seguir produciendo un aumento del consumo y que los precios de esos medicamentos tienden al alza.
En materia de conciertos hay que decir que ustedes solamente ofrecen un aumento del 2,8, lo que parecería apuntar a un intento de su potenciación, pero que, desde el punto de vista de nuestro Grupo, son absolutamente insuficientes para abrir la sanidad a nuevas posibilidades.
En cuanto a materiales y suministros, es evidente que el aumento del 1,3, inferior al incremento nominal del IPC para el próximo año, lo que hace es que, al final, o se toman fuertes medidas de contención, es decir, que se restringen los pagos a los suministradores del Insalud un año más y en cantidades crecientes, o van a ser absolutamente vanos los esfuerzos por generar menos deuda.
En inversiones reales la reducción es patente, se acerca al 17 por ciento, y esto creemos que hace inviable la culminación de la extensión de la asistencia primaria a toda la población, fechada por ustedes en el año 1995, cuando uno de sus principales objetivos era haberlo conseguido en 1992. No se mejora la capitalización del sistema, no se hace inversión en nuevas edificaciones, en nuevos servicios, y eso hace difícilmente sostenible un aparato de inversiones bastante envejecido y con notables problemas, como hemos podido constatar estos últimos días.
En definitiva, para no seguir con el resto de las partidas, a nosotros nos parece que ustedes prometieron, una vez más, un presupuesto equilibrado y valiente, y éste no lo es; éste adolece de los mismos problemas, de las mismas deficiencias, de las mismas ficciones, y esta situación constituye un elemento de incertidumbre muy grave que pesa sobre el sistema de cobertura sanitaria pública y sobre el esquema de prestaciones que han venido recibiendo los ciudadanos de este país. Esto nos preocupa, sobre todo si se perpetúa y se profundiza con la aprobación de este presupuesto, en el que nadie cree y en el que nadie confía, incluyendo los altos cargos del Ministerio, y que nace, como los anteriores, con vocación de irse difuminando paulatinamente.
Nosotros buscamos gastar mejor en el sector público, gastar más en sanidad, involucrando a los sectores privados, gastar de otro modo mucho más efectivo, y estos Presupuestos no están a la altura de las circunstancias, ya que profundizan en los errores. Por eso pedimos su devolución.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para la defensa de las enmiendas de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Ley voy a dar dos noticias; una buena, y es que la enmienda 1.518 la retiramos,

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y una mala, que tenemos otra enmienda a la totalidad y la voy a defender. El objetivo de la enmienda de totalidad y de las enmiendas parciales que hemos presentado a esta Sección es, fundamentalmente, intentar corregir esta reducción que hay en política sanitaria dentro de la globalidad del presupuesto.
Este año, el presupuesto de sanidad es inferior en siete puntos a las previsiones del año 1993. Por tanto, nosotros creemos que hay que invertir más en sanidad. Esa es una seña de lo que pudiéramos llamar una política de bienestar, una política de salarios indirectos hacia los ciudadanos, que pueden recibir algo al margen del propio salario.
Quiero dar dos argumentos para defender esta enmienda a la totalidad. El primero es que es preciso hacer frente a las necesidades de mejores infraestructuras a los dos niveles de la sanidad: uno, atención primaria de la salud, y recuerdo que el primer compromiso que se tuvo para la atención primaria de la salud era llegar al cien por cien de la población en el año 1992, ya caminamos a finales de 1993 y todavía no podemos hablar de cumplir ese objetivo, puesto que estamos en porcentajes bastante inferiores; y dos, inversión en la atención hospitalaria, de forma que se incremente el número de camas públicas y se reduzcan lo que están siendo unas atenciones no ordenadas o, mejor dicho, no bien articuladas.
Toda política de inversión en infraestructuras tiene que ir acompañada, en materia de servicios sociales (y concretamente en el aspecto sanitario), de medios materiales y humanos, y nos estamos encontrando ante un problema: que se terminan infraestructuras importantes, se termina la política de obras, pero no tenemos la previsión de capítulo 1, personal, o de capítulo 2, para hacer frente. Por desgracia, hoy se está siguiendo en el Insalud la teoría de utilizar el personal que tenemos en la actualidad y redistribuirlo entre los hospitales que tenemos que poner en marcha. Nosotros creemos que eso no debe ser así y, desde luego, nuestra solución no iría por la privatización de la sanidad ni por la privatización de ninguno de sus servicios. Si hay que privatizar el tema hotelero, de hospedaje, etcétera, nos parecería bien, pero en la estructura de la sanidad no nos parece bien que funcione mejor la privada, entre otras cosas porque no da el mismo nivel de calidad y atención que puede dar; con la localización y los busca suelen funcionar los que compatibilizan, pero desde luego no con la atención que puede tener cualquier hospital de la Seguridad Social hoy.
En cualquier caso, sería bueno el incremento del capítulo 1 y del capítulo 2, para evitar lo que está haciendo ahora mismo el Insalud, que está recurriendo, para reducir los atrasos, los años que tienen algunas actuaciones, a las horas extraordinarias; se está ofreciendo al propio personal del Insalud hacer horas extraordinarias; sesión de tarde u otras sesiones, para aligerar las colas que se están haciendo en otros sitios. En suma, nosotros creemos que hace falta una recuperación, dentro de las previsiones que pudiéramos llamar de atención sanitaria a los dos niveles que les decía, para invertir en infraestructuras y en dotación de medios materiales y humanos.
Las enmiendas concretas van dirigidas a tres objetivos: uno, las infraestructuras, hospitales y centros de salud; otro, a los medios materiales, y hay una enmienda dirigida a lo que pudiera ser la adquisición de aparatos de resonancia magnética nuclear, para que pudieran llegar a los centros regionales, ya que en la estructura del Insalud hay un centro de región y luego un centro que hace frente a cada comarca o a cada área de salud, según la región o según la provincia; habría que incrementar esa atención.
Estos serían los objetivos de todas y cada una de las enmiendas, y hacen referencia a Ciudad Real; a Zaragoza; a actuaciones en el propio Madrid; a Las Palamas de Gran Canaria, con 500 millones; a Palma de Mallorca; a actuaciones en Murcia, que es mi región, por lo que voy a pasar de puntillas para que no me digan que siempre hago política de campanero para mi región, etcétera. En resumen, se refieren a atención primaria de la salud, en centros de la propia región, junto con centros comarcales.
Como verán SS. SS. he simplificado la defensa de las enmiendas las defenderemos con mayor detenimiento en el pleno y así les ahorro tiempo a ustedes. He utilizado cinco minutos y medio, por lo que creo que he sido lo suficientemente conciso como para no entretenerles en demasía.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Ríos, la Presidencia continúa la alabanza que así mismo se ha hecho en cuanto a su empleo del tiempo.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, voy a ser mucho más breve todavía. En la Sección 26 hay dos enmiendas que están mal ubicadas y, además, repetidas, por tanto, las retiramos. Estas enmiendas son la 1.188 y la 1.192.
Al resto de la Sección 26, así como a las Secciones que quedan, nuestro Grupo Parlamentario, si el señor Presidente me lo permite, da por justificadas las enmiendas, dado que han sido defendidas sobradamente en secciones anteriores.
En resumen, retiramos las enmiendas 1.188 y 1.192, y damos por defendidas todas las restantes hasta el final.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Zabalía, quiero cerciorarme de lo que está diciendo, por sí mismo no me ha quedado claro. No solamente retira

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las enmiendas de esta Sección, sino de todas las secciones que quedan hasta mañana al mediodía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Exactamente, de aquí hasta el final.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchísimas gracias, se toma nota de ello.
Para turno de réplica a las enmiendas, tiene la palabra don Marcelo Palacios, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, intentaré también ser muy breve, aunque inevitablemente he de contestar a algunas cuestiones aquí planteadas.
Voy a empezar por el final, agradeciendo al señor Zabalía su planteamiento, ya que ha sido brevísimo, aunque quedan tres enmiendas que en realidad tampoco defiende.
Paso a contestar al señor Ríos, con cuyo discurso puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo, así como con algunos de sus planteamientos, en los que sin duda coincidiremos. Sin embargo, hay cuestiones en las cuales seguramente la información no es del todo correcta.
En cuanto al planteamiento de previsión de personal en el Sistema Nacional de Salud, no ha habido ninguna empresa en el país que haya hecho tanto de empleador como dicho Sistema Nacional de Salud; han sido 23.000 personas las que acudieron al mismo, fundamentalmente profesionales sanitarios y otro tipo de personal de apoyo.
Respecto al planteamiento de la privatización, he de decir que nos encontramos en un nivel que nos sitúa por debajo de la media europea. En estos momentos --y aprovecho para corregir al señor Burgos--, la concertación no es del 2,6 por ciento, sino del 11,6 por ciento en los presupuestos para el año próximo, léaselos usted, puesto que he visto que hay algunas cosas en las que posiblemente ha pasado muy de largo. Quiero decirle al señor Ríos que, en el nivel de concertación con privados en nuestro sistema, en los términos que establece la Ley General de Sanidad, es decir, de complementariedad en aquellos casos en los cuales los servicios sean precisos, sean homologable con los del propio Sistema Nacional de Salud y hagan falta, cuestión que parece razonable y se atiene a ley, nos encontramos por debajo de la media europea de concertación en cualquier sistema o forma de proyección de la sanidad en los países europeos, que suele estar por el 14 o el 15 por ciento. No se tiene, por tanto, ninguna intención de privatizar la sanidad; se tiene la intención de utilizar aquellos recursos que, siendo homologables, necesarios y de la misma calidad del sistema, puedan contribuir a que éste sea verdaderamente eficaz.
Referente a los recursos materiales, debo recordarles --esto sirve para los tres intervinientes--, y lo digo sin ningún ánimo de hacer ostentación de nada, simplemente para atenerme a la realidad objetiva, que España es el tercer país del mundo que más dinero ha invertido en sanidad desde el año 1985, después de Estados Unidos, Islandia y Dinamarca, estos dos últimos al mismo nivel. Esto es así. España es de los pocos países que han cumplido la norma de la OMS que establece que el 33 por ciento de los presupuestos deben estar asignados a atención primaria; nos encontramos en el 33,2. Estas son realidades que, por otra parte, se manifiestan en una serie de indicadores, y con esto dejo perfectamente claras dos cosas: primero, que no se puede estar satisfecho nunca con el proceso de funcionamiento de un sistema nacional de salud que de por sí es tremendamente dinámico y que requiere nuevas tecnologías y nuevas aportaciones; y, segundo, que estos son unos presupuestos para el tiempo en que vivimos, pero que no pueden medirse solamente en función de su alcance prespuestario, que va a servir, por supuesto, para cubrir las necesidades de la atención sanitaria en todos los ámbitos (salud pública, atención primaria y atención especializada), sino que, además, va a incorporar elementos nuevos a través de un capítulo de inversiones importante.
Al señor Burgos le parece que las inversiones son escasas.
Efectivamente, se han reducido. Sin embargo, desde el año 1983 se han invertido en España 666.000 millones de pesetas en estructuras y equipamientos sanitarios. Quiero decirle con esto que llega un momento en el cual el sistema acaba, no saturándose, pero sí cubriendo una serie de requerimientos que son aquellos que vienen exigidos por una justicia distributiva territorial por la cual, aquellos lugares que estaban vacíos de servicios de equipamientos, puedan ser cubiertos.
Insisto, para que no haya ningún equívoco, que queda mucho camino por andar, pero esos 32.000 millones de pesetas que se establecen para inversiones durante el próximo año van a permitir que haya otros 26 centros más de salud, y van a permitir que se pongan en funcionamiento unas cuantas camas más y que se pongan en marcha nuevos hospitales.
Es cierto, señor Ríos, como también se ha dicho por parte de uno de los representantes del Grupo Popular, que no se ha cubierto todavía con los equipos de atención primaria a toda la geografía nacional, pero con una pequeña matización, desde la perspectiva de que queramos cubrir con cada equipo de atención primaria y con cada centro de salud el máximo que está establecido por ley; que las zonas de salud correspondan a 25.000 habitantes.
No obstante, en este momento hay 1.053 equipos de atención primaria y 993 centros de salud. Si nosotros quisiéramos poner en relación Insalud, gestión directa, con 17 millones de personas protegidas

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en términos de 25.000, sobrarían centros de salud.
Naturalmente, si queremos que haya un centro de salud por cada 5.000, que es lo que en algunos lugares por razones de dispersión geográfica o por razones determinadas se están demandando y se ha construido, entonces, evidentemente, faltan más.
En cualquier caso, quiero dejar bien claro que el ritmo de implantación de equipos de atención primaria y de centros de salud es un ritmo consensuado con los agentes sindicales. Los sindicatos en el año 1991 aceptaron, cuando se realizó el acuerdo sobre medicina rural, sobre centros de salud y de asistencia primaria, que se hiciera una prórroga, y justo en junio del año 1992 han vuelto a aceptar una prórroga, lo cual quiere decir que desde una perspectiva de conocimiento de cuál es nuestro país, de cuáles son nuestas circunstancias y del esfuerzo que se está haciendo en sanidad, se puede llegar a un acuerdo razonable de que las cosas no tienen, obligadamente, que cumplirse en un momento dado, sino que hay determinados avatares que pueden retrasarlo sin que por ello deje de quedar de manifiesto que una de las prioridades de este partido político que en estos momentos estoy representando, y del Gobierno del país, es la sanidad. En este sentido no puede caber ningún tipo de dudas. Por tanto, si queremos hacer un análisis riguroso de la sanidad española, no podemos hacerlo desde una perspetiva puntual, sino desde todo el proceso evolutivo.
Señor Burgos, en este país, en el año 1983 no había ninguna legislación sanitaria, estuvo en un cajón metida años antes mucho tiempo. La legislación previa se remonta, me parece, si eliminamos la Ley de la Seguridad Social de 1966, refundida en 1976, y si quitamos la Ley de Bases de Régimen Local de 1948; la Ley previa a ésta, repito, se remonta a Isabel II. De manera que quiero decirle que al menos se ha puesto el marco legal para que este país pueda tener unas normas de funcionamiento que le permitan llevar adelante una reforma. Y a partir de ese momento se inicia un proceso de mejora que nosotros, en los planes sucesivos del Congreso de los Diputados, hemos dicho que en ninguna cabeza podría caber, si no es una cabeza ilusa, que una reforma sanitaria en un país de 40 millones se pueda hacer en un año; sólo un ingenio, o un tópico, o un desconocedor de la cuestión puede imaginarse esto. Es decir, nos hemos planteado que si otros países como Alemania o el Reino Unido han necesitado entre diez y quince años para poner en marcha con cierta estabilidad y consolidación su propio sistema de salud, ni nosotros somos más ricos ni, por supuesto, somos más listos para poder hacerlo en un año.
Yo tengo aquí el resumen del programa de su último congreso, y hay unas cosas muy interesante. Es decir, S. S. nos reprochaba que no se atiendan los presupuestos para crear los servicios, centros de salud, etcétera, pero resulta que ustedes proponen quitarlos, y además se escandalizan cuando plantean que los presupuestos pueden desviarse. Por descontado que es necesario que los presupuestos se desvíen lo menos posible, pero en una actuación tan dinámica como es la propia atención sanitaria, que está sometida a fluctuaciones en muchos casos difícilmente previsibles, aun deseando y aun poniendo los medios para que esto sea así, yo soy de los que piensa que nunca va a ser posible igualar presupuestos iniciales con presupuestos finales, aunque hemos de hacer el esfuerzo, y se está haciendo, para que esto se realice. Pero tan es así que en su propio documento de enero de 1993 dicen ustedes lo siguiente: Cuando se superen los presupuestos, se recurrirá a créditos extraordinarios. Esto pone de manifiesto que ustedes mismos consideran que, efectivamente, estos desvíos pudieran producirse.
No son, por otra parte, señor Ríos, 480.000 millones de pesetas los que usted dice, son algunos más; son 560.000 millones. De ahí la razón de que en este año se amorticen 140.000. ¿Y por qué se hace en esta dirección? Porque quienes tenían capacidad para decidir, que fueron los representantes de las comunidades autónomas, entendieron que debía hacerse de esta manera, es decir, en tres plazos, 140.000 millones de pesetas, 140.000 millones de pesetas y 280.000 millones de pesetas, con lo cual se cubrían los 560.000 millones de pesetas de deuda contraída hasta el 31 de diciembre de 1991.
Por tanto, yo creo que si de algún anal se puede hablar es del anal de la ceguera. Hay que ser objetivos, como decía Kierkegaard, hasta con lo subjetivo. Pero, por favor, no subjetivicen tanto el problema, partan del principio de que la sanidad española tiene algunos problemas todavía, de que, efectivamente, hay necesidad de ir subsanando esos problemas, pero la sanidad ha ido avanzando, progresiva y paulatinamente, hasta configurarse en una sanidad creíble.
Le voy a decir una cosa que me comentaba una socióloga francesa. Señor Palacios --me decía--, la opinión pública es la opinión, y la opinión pública se ha manifestado a través de la encuesta Blendon, de la encuesta de urgencias de Madrid, de la última macroencuesta de 14.000 personas y de la encuesta que hicieron los propios profesionales de la sanidad. ¿Y sabe usted --aparte de que insisto que hay mucho que hacer todavía-- lo que opinan de la asistencia primaria española? ¿Sabe usted lo que opinan? Sobre siete puntos opinan que la asistencia primaria es valorada en 5,9, y que la asistencia especializada es valorada en 5,4. Repito que la opinión pública es la opinión, son los ciudadanos quienes han emitido el veredicto sobre lo que es realmente la sanidad. Y puesto que ustedes hicieron un debate en buena medida político, yo también lo estoy haciendo, por supuesto reservándonos todos muchas cosa para el brillante debate que, sin duda, todos van a hacer en el Pleno.


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Quiero hacer alguna precisión puntual al señor Villalón, por el que, además, sabe que siento una gran estima. Sólo voy a decirle alguna cosa y corregirle alguna otra.
No es posible que ustedes pidan que se mejoren los centros de gestión porque el personal directivo no está capacitado, cuando presentan cuatro enmiendas que piden reducción de gastos en aquellos programas que precisamente están dedicados a la formación profesional, gestores, etcétera. No nos pida que hagamos descentralización de la asistencia sanitaria en este país, cuando España es el país del mundo más descentralizado en materia sanitaria y el tercero del mundo, después de Australia y Canadá, más descentralizado en los aspectos político-administrativos. ¿No estamos diciendo que después de las transferencias a siete comunidades autónomas - -una en trámite todavía, que es la de las Islas Canarias-- desde 1981 se cumplimenta en este momento el 55,6 por ciento de dicha transferencia de la sanidad en este país? Por tanto, la descentralización es un hecho. ¿Que hay que ir a la descentralización de los centros de actuación? Ya sé que ustedes, reiteradamente, dicen en las comparecencias --y todos estamos de acuerdo en ello-- que esto no lo aceptan, que son meras palabras, pero hay algunos hechos que ponen de manifiesto que se marcha en esa dirección. Y se marcha en esa dirección, primero, desde perspectivas de voluntad; segundo, desde perspectivas de acuerdo y consenso, que es lo más importante también, y, tercero, desde perspectivas de dotación de equipamientos, tanto materiales como humanos, para que hagan posible este tipo de actuaciones.
El plan director del Ministerio de Sanidad está ahí, y ha servido para establecer mecanismos, como el propio contrato- programa, que han sido aceptados por muchos centros y que por otros están en vías de ponerse en marcha.
¿Qué mecanismo se arbitra? Pues el mecanismo de hacer dotaciones peculiares, es decir, específicas, por cada centro de actuación, que tengan en cuenta una serie de cuestiones. No es la menos baladí, y en los presupuestos hay muestras de que esto es así, la de ir hacia la motivación de los profesionales, pero no una motivación arbitraria, sino una motivación determinada por el proceso, el rendimiento en atención y la relación con el gasto y la utilización de los recursos. Se han creado 56 gerencias de área, se han informatizado ya 40 hospitales y 993 centros de salud, y se intenta, desde esa perspectiva y utilizando planteamientos contables de empresa moderna y actual, que tienen que pasar inevitablemente por lo que se llaman bases mínimas de datos, y que tienen que pasar por una serie de medidas de actuación contable y no meramente administrativa; se está yendo precisamente hacia eso. Insisto, si alguien tiene el planteamiento de que nuestra sanidad, de que cualquier sanidad, puede modificarse de un año para otro, es un ingenuo.
Hasta en su programa, en las resoluciones de su Congreso se plantean como mínimo tres años para poner en marcha este hecho. Por tanto, creo que debiéramos dejar de lado la literatura e ir a las cuestiones concretas. La sanidad tiene defectos, por supuesto que los tiene, pero la sanidad en este país ha avanzado de una manera que se reconoce de forma general. Ha universalizado las prestaciones de manera que el 98,9 por ciento de los ciudadanos recibe prestación sanitaria; ha hecho aportaciones importantes, en función del país que somos y de nuestras economías, a la atención sanitaria. Por supuesto, desde una perspectiva incluso de solidaridad intersectores, tiene que acomodarse a las situaciones de un momento dado y nosotros nos encontramos en una situación concreta en la que los presupuestos, que han venido creciendo paulatinamente desde el año 1984, se contienen en alguna medida, pero no van a hacer en absoluto dejación de atención de ninguno de los logros hasta ahora conseguidos y, desde luego, tampoco de perseverar en la mejora de las prestaciones.
Señor Presidente, termino ya. Lamento que el Grupo de Coalición Canaria no se encuentre presente. Nuestra intención era, y es, presentar dos enmiendas transaccionales que les haremos pasar. Una de ellas es transaccional con la enmienda 1234, de Coalición Canaria, con un alta de 280 millones de pesetas. Va dirigida a la realización de obras en el Hospital «Nuestra Señora de la Candelaria», en la fase 1. Especifico en la enmienda transaccional de dónde bajan esos 380 millones que se acumulan a los 20 ya existentes. Por otra parte, presentamos una enmienda transaccional a la número 1523, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y a la enmienda 1233, de Coalición Canaria, dando de alta 700 millones de pesetas para el programa 2.223, dirigido a las obras a realizar para el Hospital General de Las Palmas, especificando en la propia enmienda, señor Presidente, de qué centro de gestión, concretamente el 6.001, consideramos que deban darse de baja esos 700 millones de pesetas. Sin más, nos hemos dejado prácticamente todas las enmiendas porque SS. SS., con el criterio legítimo que han estimado, no las han tocado, y creo que me queda únicamente una última referencia a la enmienda del señor Villalón relativa al sida. El señor Villalón nos plantea en la enmienda número 1031 la creación de un programa 413.I y dice: para todos los gastos y aspectos del sida. No cuantifica, hace una propuesta de carácter general.
Sobre esto, en primer lugar, hay que hacer el recordatorio de una comparecencia muy reciente de un alto cargo del Ministerio de Sanidad para hablar de todos los planteamientos y vinculaciones del sida. Puedo decirle una cosa muy clara, señor Villalón, en principio, el sida es un problema de salud pública y la salud pública es competencia del Sistema Nacional de Salud, según está establecido

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en la Ley General de Sanidad y en la propia Constitución, que define las funciones y competencias específicas del Estado.
Esto se hace a través de una serie de actuaciones que tienen el mismo carácter integral que ustedes plantean en esta formulación. En primer lugar, porque la colaboración y la coordinación se hacen desde perspectivas de actuación directa, preventiva, terapéutica o de investigación; investigación a través del Instituto Carlos III, acciones terapéuticas y preventivas en función de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Si usted se fijara en el centro de gasto 413.G, S. S. observaría que todos estos planteamientos que usted hace están incrustados en lo que es el proceso de coordinación general de la Sanidad.
Termino, señor Presidente, con lo siguiente. Hay una Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los programas de prevención del sida, por acuerdo de una reunión del Consejo de Ministros de 5 de julio de 1987, que se encarga de hacer el seguimiento de estas cuestiones con carácter coordinador y, además, creada posteriormente, hay una Secretaría del Plan Nacional sobre el sida, en función del Real Decreto 592/1993, que también intenta ordenar todo este proceso. Por tanto, señor Villalón, sepa usted que en este presupuesto se traducen como transferencia a las comunidades autónomas un billón 900.000 millones de pesetas, aproximadamente. Ley voy a dar alguna pista. Si usted mira por todas esas transferencias, encontrará un sinfín de actuaciones que van dirigidas a la prevención y tratamiento del sida. Lleva tiempo, pero si se ponen a ello verán como lo encuentran.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Ahora, para que pasemos de ser considerados como parlamentarios y funcionarios responsables hasta el agotamiento a ser considerados meramente como sospechosos de licantropía, ruego a SS. SS. que sean brevísimos en las réplicas y dúplicas, si viene al caso, y con ello terminaremos felizmente esta madrugada.
Señor Burgos y señor Villalón, ¿tienen algo que alegar como réplica? (Asentimiento.) Señor Villalón.


El señor VILLALON RICO: Intervengo muy brevemente para contestar de forma puntual al señor Palacios.
No lo decía usted refiriéndose a mí, pero le tengo que recordar que el porcentaje del PIB dedicado a sanidad en nuestro país es en torno al 6 por ciento, no llega a la media comunitaria; o sea que no diga usted que España es el tercer país que más gasta en sanidad, porque le tengo que poner el ejemplo de Francia, de Dinamarca, y de otros países.
Segundo punto. Transferencias de competencias no quiere decir descentralización; son dos cosas completamente diferentes.
Confunde usted los conceptos entre transferencia y descentralización, que es lo que en estos momentos tiene el Insalud: un sistema totalmente centralizado y burocrático.
Tercero. Las enmiendas a la Escuela Nacional de Sanidad son por gastos protocolarios. Como comprenderá usted, nosotros no queremos reducir la aportación del Estado a la Escuela Nacional de Sanidad para que forme a los directores y a los gerentes de las instituciones sanitarias.
Y, para terminar, usted ha dicho que el Secretario del Plan contra el sida intenta ordenar. No ordena nada. Hay una diversidad en las partidas a los diferentes conceptos que están asignados y, por tanto, no hay un plan global e integral, como se está estructurando desde la Comunidad Europea.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Señor Palacios, le quiero hacer una puntualización y algunas reflexiones.
Yo no he dicho que el porcentaje de concertación de los presupuestos fuera el 2,8; he dicho que aumenta este año el 2,8 sobre los presupuestos del año pasado, que es muy distinto. Pero usted sabe perfectamente --para que no se hagan apelaciones banales a los riesgos de privatización-- que el presupuesto de conciertos en este país va prioritariamente no a clínicas privadas, sino a centros como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Gregorio Marañón, como la Cruz Roja, como antiguos hospitales universitarios o como instituciones de la iglesia y que la participación real de las entidades privadas en esos conciertos es prácticamente nula y, desde luego, muy inferior a lo que en un sistema moderno, eficaz y abierto, como el que nosotros defendemos, sería de desear. En relación con lo que usted ha dicho de que es normal y lógico que los presupuestos se desvíen, yo le he dicho que hay que tener cierta flexibilidad a la hora de ejecutar los presupuestos, pero, claro, cuando la desviación supera el 20 por ciento, ejercicio tras ejercicio durante prácticamente todos los años en que ustedes han gobernado la sanidad de este país, a mí me parece que hay algo --que no se nos escapa a ninguno de nosotros-- y es que los presupuestos son absolutamente irreales. ¡Si no les estamos pidiendo que se gasten menos en sanidad! ¡Si todos valoramos y apoyamos el esfuerzo que este país en su conjunto, sus administraciones y las nuestras, han hecho de gasto en sanidad! Estamos tratando, simple y llanamente, de que estos debates sirvan para algo y que no estemos debatiendo sobre papel mojado. La señora ministra dice que en el año 1993 se van a gastar más de tres billones de pesetas y ni usted ni yo nos creemos que en 1994 vayan a poder salir adelante con menos dinero de esos tres billones. Vamos a presupuestar

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sobre cifras reales y así no tendremos esas desviaciones tan espectaculares que lo único que generan es inseguridad, confrontación entre las diferentes administraciones por lo que esas desviaciones generan a su vez en cuanto a las transferencias a comunidades autónomas, corporaciones locales, etcétera; y, sobre todo, una falta de rigor y de seriedad absolutamente espeluznante. Sobre las inversiones, en un país como éste, donde se nos queman los hospitales y resulta que todavía las historias clínicas no están informatizadas, decir que el esfuerzo en inversiones es suficiente a mí me parece bastante arriesgado. En todo caso, creo que disminuir el 17 por ciento las inversiones reales en materia de sanidad en este presupuesto es tener desviado el norte, no es saber o no querer entender que todavía hace falta mucho esfuerzo en reposición y en nuevas inversiones. En cuanto a la asistencia primaria de la que usted tanto alardea, evidentemente estarán satisfechos del grado de prestación de esa asistencia primaria el 70 por ciento de los españoles que pueden acceder a ella, porque en este país la asistencia primaria sólo llega en su cobertura a alrededor del 70 por ciento de los ciudadanos.
¿Qué ocurre con el otro 30 por ciento de españoles? ¿Que las encuestas no van dirigidas a ellos? Evidentemente, si esas encuestas se hacen en los centros de asistencia primaria normalmente la gente está satisfecha porque los profesionales de este país son buenos profesionales. Por tanto, no quiero hacer más referencia a las cifras que usted ha dado y a que España es el tercer país que más ha gastado en asistencia primaria. También somos el penúltimo en camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Es decir, a la hora de hacer estadísticas tenemos para todos los gustos y no es conveniente establecer un duelo de estadística a estas alturas de la noche. Hoy hemos venido a hablar de las desviaciones presupuestarias. Usted me puede hablar de la evolución de la sanidad en la última década, pero lo que estamos valorando aquí es este presupuesto, con su irrealidad, con su ficción, con su carácter onírico, como usted quiera denominarlo, pero llamar dinamismo a las desviaciones sanitarias, creo que es salirse un poco del tiesto.
En definitiva, nos parecen unos presupuestos absolutamente insostenibles sobre el papel, no tienen nada que ver, como no lo han tenido en el pasado, con la realidad de las cifras y creo que seguir obcecados en esta misma línea no favorece a la credibilidad, al mantenimiento ni, sobre todo, que es lo que nos preocupa, a la pervivencia a corto plazo de nuestro Sistema Nacional de Salud.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Espero que para cerrar esta faena colectiva, tiene la palabra el señor Palacios. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.) En efecto, me había equivocado, el señor Ríos no estaba dispuesto a renunciar. Muchas gracias, señor Ríos, por habérmelo recordado y vaya de penúltimo.


El señor RIOS MARTINEZ: Solamente voy a hacer tres comentarios.
Usted ha citado en su explicación a Kierkegaard y está bien, pero citando esa misma columna de cuerpo teórico e ideológico sería bueno que además de la autocomplacencia, porque es bueno mirar atrás para poder andar hacia adelante, se utilizara también la autocrítica que algunos medios utópicos, que vivimos en algunas tesis, solemos utilizar. La autocrítica también es importante porque hay elementos a mejorar. Usted ha hecho muchas referencias al año 1983. Yo no le he planteado que se aborde la reforma de la sanidad en un año; ustedes llevan gobernando once. No me haga usted mirar para allá porque la ola ya viene, ¿sabe usted? Así que, esperemos a que la ola termine de llegar.
En cualquier caso, once años deben servir para medir dónde estamos. Solamente una referencia: es verdad que tenemos un volumen de empleados determinado, pero es verdad también que tenemos infreaestructuras que nos cuesta dotar de personal; infraestructuras que no se pueden poner en servicio y se llevan aplazadas año tras año. Yo le hablo de las experiencias que tengo: algunas llevan siete, seis años, terminándose las obras, dos años terminadas las obras, y no se pueden abrir; se utiliza el personal de dentro del Insalud, que a lo mejor está mal redimensionado y a lo mejor debemos ubicarlo mejor. En cuanto al tema de los conciertos, yo no estoy en contra de que se vaya a concertar, uniendo calidades. De todas formas, revisen ustedes el pago de los conciertos, porque hay algunos hospitales que han cerrado conciertos porque no han podido continuar --en mi región, Cruz Roja--, y se están haciendo ahora todos los atrasos de Cruz Roja desde el propio hospital del Insalud con algunas actuaciones determinadas.
Y dos preguntas: ¿estos presupuestos bajan en números de 1993, sí o no? Y, segunda: ¿han cumplido el objetivo de su programa electoral y de nuestro programa electoral de llegar al 100 por ciento de la población, o sigue siendo un objetivo a marcarse? No empecemos a mezclarnos con los porcentajes de 25.000 habitantes, poblaciones sí, si es zona rural... Eso lo sabían ustedes al hacer el compromiso, cuando ustedes hacen un programa lo miden y lo valoran.
Lo que intento decirle es: ¿hemos avanzado? Estamos en el momento de poner el dinero para seguir avanzando. Usted me puede decir que en un momento de recesión económica hemos tenido que reducir pero, como antes le decía en Cultura, no en todos los ministerios han reducido ustedes.
Considero que la sanidad y otras vertientes de la actuación pública, siempre han definido a la gestión desde

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la izquierda. Por eso yo les animaría a un mayor incremento en las infraestructuras, en los medios y en la dotación humana para poder hacer frente a las obligaciones que hemos planteado. En todo caso, si mi capacidad dialéctica no les ha convencido, tampoco voy a pretender vencerles por aburrimiento. Por tanto, doy por suficientemente debatidas mis argumentaciones.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Palacios.


El señor PALACIOS ALONSO: También muy brevemente.
Me lo temía. ¡Me lo temía! Por eso insistí en decir que no estamos satisfechos, hay mucho que hacer, queda mucho por hacer. Ahora se me reprocha que yo alardee de que la sanidad... Pues si hay que alardear un poquito, sí. La sanidad ha mejorado mucho en diez años en este país, y es una pena que nosotros estemos sufriendo permanentemente la conflagración, cuando en otros lugares se reconoce la tarea que se ha realizado en este país en materia sanitaria.
Insisto para que no haya equívocos: no estamos todavía satisfechos, queda mucho por hacer, pero ¡hombre!, lo que no se puede hacer es venir a traer aquí números y luego plantearme a mí que no sea conveniente que los diga. Cada uno que haga su debate como estime oportuno. Yo estoy defendiendo un Sistema Nacional de Salud que creo ha mejorado muchísimo en este país; mejor dicho que no existía, que se ha creado, que se ha enmarcado en un ámbito legal, que ha permitido un proceso de mejora estructural funcional evidente, aunque, por supuesto, tiene todavía muchas cosas que mejorar. Me alegra que nos anime a ello; claro que me alegra que nos anime, por si nos faltaba el ánimo, que tenemos bastante. Falta bastante por hacer; pero se ha hecho mucho.
Y ahora vamos a términos concretos: nunca en este país ha habido un 20 por ciento de desviación del gasto. Nunca. Las previsiones últimas eran, como máximo, del 14 por ciento. Las previsiones futuras son del 7 por ciento a tres años. Segundo.
Me parece muy bien que se diga que la señora Ministra habló de que se van a gastar tres billones de pesetas. Ahora bien; también entonces habrá que decir algo que se dijo en contra: la señora ministra ha manifestado que no se recortarán las prestaciones. O sea, que alguien viene a decirnos aquí que se van a recortar las prestaciones (cosa que no dijo la señora ministra, sino que dijo lo contrario) y, en cambio, se recurre a la señora ministra para decir que se van a gastar tres billones de pesetas. Es decir, cada uno maneja la oca como estima.
Bien; la asistencia primaria cubre el 75 por ciento de la población y, evidentemente, se va en la línea de que este sistema de funcionamiento en equipo abarque al 100 por ciento de la población, lo cual no quiere decir que el resto de la población esté desatendida. El resto de la población está recibiendo la asistencia primaria por pautas que no son las del trabajo en equipo y que son la de los antiguos ambulatorios, pero, de desatenciones, nada; eso que quede perfectamente claro.
Por tanto, señor Presidente, quisiera cerrar con el principio: no hay ningún alarde, pero, desde luego, sería, francamente, una omisión de lo que debe ser el sentido de la realidad venir a machacar pemanentemente aquí que nuestra sanidad es algo que está a niveles absolutamente demenciales. Es una sanidad que necesita recorrer todavía un camino, que siempre estará recorriendo un camino, pero, les guste a los señores del Grupo Popular o no les guste, es una sanidad que ha mejorado muchísimo. Ministros tienen ustedes que la vivieron en otros tiempos y que la vivieron en circunstancias bastante peores.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Con la intervención del señor Palacios concluye el debate de la Sección 26.
Se levanta la sesión hasta mañana, a las diez.


Era la una y treinta y cinco minutos de la madrugada.
rfectamente claro.
Por tanto, señor Presidente, quisiera cerrar con el principio: no hay ningún alarde, pero, desde luego, sería, francamente, una omisión de lo que debe ser el sentido de la realidad venir a machacar pemanentemente aquí que nuestra sanidad es algo que está a niveles absolutamente demenciales. Es una sanidad que necesita recorrer todavía un camino, que siempre estará recorriendo un camino, pero, les guste a los señores del Grupo Popular o no les guste, es una sanidad que ha mejorado muchísimo. Ministros tienen ustedes que la vivieron en otros tiempos y que la vivieron en circunstancias bastante peores.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Con la intervención del señor Palacios concluye el debate de la Sección 26.
Se levanta la sesión hasta mañana, a las diez.


Era la una y treinta y cinco minutos de la madrugada.

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