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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 174, de 21/04/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 174 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU Sesión núm. 11 celebrada el jueves, 21 de abril de 1994

ORDEN DEL DIA: Proposiciones no de ley: --Por la que se insta al Gobierno a que negocie ante la Unión Europea la plena integración de la flota pesquera española en la política pesquera común en igualdad de condiciones que el resto de los países miembros.
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco-PNV. (BOCG, serie D, número 61, de 25-2-94. Número de expediente 161/000134) (Página 5471) --Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa remisión de un informe, para que dé cuenta de la ejecución de su presupuesto. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 67, de 4-3-94.
Número de expediente 161/000142) (Página 5471) --Por la que se insta al Gobierno a regular la caza de ciertas especies de aves y la utilización de métodos tradicionales de captura. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán-Convergència i Unió. (BOCG, serie D, número 76, de 22-3-94. Número de expediente 161/000163) (Página 5474)

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--Relativa a la disminución de las superficies de barbecho blanco, en los cultivos herbáceos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 161/000174) (Página 5477) --Relativa a las medidas a tomar en favor del sector vitivinícola, en la proyectada reforma de la correspondiente organización común de mercados en el seno de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 80, de 28-3-94. Número de expediente 161/000175) (Página 5481) Preguntas: --Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre planes para la futura utilización del centro de laboratorios, sito en Albal (Valencia). (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93. Número de expediente 181/000244) (Página 5490) --Del señor Sanz Escalera (Grupo Parlamentario Popular), sobre utilización por un asesor del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de un coche oficial para su traslado a la región portuguesa del Algarve. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000386) (Página 5493) --Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre valoración del funcionamiento del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para las Islas Canarias, previsto en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad de las Islas Canarias, POSEICAN. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000324) (Página 5495) --De la señora Rivadulla Gracia (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre medidas previstas por la Unión Europea para dar respuesta a las demandas de los apicultores europeos, así como posición adoptada por el Gobierno para defender los derechos de los apicultores españoles. (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94. Número de expediente 181/000397) (Página 5498) --Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular), sobre motivos por los que España, al solicitar permiso de construcción de buque pesquero, exige desguazar otro en servicio del mismo arqueo que el nuevo. (BOCG, serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000487) (Página 5499) --Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de la influencia de la falta de caladeros y la baja rentabilidad en la flota congeladora de gran altura. (BOCG, serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000488) (Página 5499) --Del mismo señor Diputado, sobre perspectivas para la renovación de la flota pesquera. (BOCG, serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000489) (Página 5499) --Del señor Fernández Rodríguez (Grupo Parlamentario Popular), sobre fecha y modo de la tramitación de las ayudas al sector pesquero por paradas biológicas, instadas por esta Cámara el 1 de marzo de 1994.
(BOCG, serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 181/000699) (Página 5500) --Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas para solucionar los problemas derivados de las importaciones de anchoa, así como problemas que se han generado con la flota pesquera del Atlántico. (BOCG, serie D, número 82, de 12-4-94.
Número de expediente 181/000700) (Página 5500)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
Tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Con la venia de la Presidencia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quisiera plantear una cuestión previa para la consideración de la Comisión de Agricultura.


El señor PRESIDENTE: Brevemente, tiene S. S. la palabra.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago referencia a los ataques sufridos por camiones españoles en la madrugada del día de ayer, conteniendo fruta española, en dirección a los mercados comunitarios.
Este acto vandálico, cometido en las carreteras francesas con el visto bueno de las autoridades de aquel país que

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tienen que tutelar la libre circulación de las mercancías españolas por la totalidad del territorio francés con destino a mercados franceses o de otros países, pone de manifiesto la necesidad de que todas las instituciones españolas reaccionemos en contra de esta práctica que ya se ha hecho endémica por parte de los agricultores franceses. Se destruyeron cerca de 25 camiones y una cantidad importante de mercancía española. Los daños han sido valorados por algunas organizaciones agrarias en más de 500 millones de pesetas.
Mi Grupo cree necesario llamar la atención en el seno de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados por esta situación, de tal forma que, si así lo acepta el resto de los grupos parlamentarios, a través de la Presidencia nos dirijamos, en primer lugar, a la representación diplomática francesa en España, al Embajador, con enérgica repulsa, manifestando que la Comisión de Agricultura del Parlamento español no está dispuesta a tolerar estas circunstancias, y, en segundo lugar, a las autoridades españolas en los mismos términos.
Nosotros, como Grupo Parlamentario, vamos a sustanciar la semana que viene en el Pleno una acción parlamentaria cerca del Ministro de Agricultura para plantear esta cuestión, pero no queríamos dejar pasar este momento de la reunión de la Comisión de Agricultura sin poner de manifiesto esta circunstancia y pedir al resto de los grupos parlamentarios que se posicionaran en el sentido en que lo ha hecho el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Queremos manifestar nuestro acuerdo con esta repulsa que tendría que ser enérgica, en el sentido en que se ha manifestado el portavoz del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Para suscribir las palabras de los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y expresar a SS.
SS. y a usted como Presidente de la Comisión el que esos actos no se pueden volver a repetir.
Nuestro Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el primer período de sesiones de esta legislatura presentó una proposición no de ley que fue aceptada unánimemente por el conjunto de los grupos, en el sentido de reclamar de las autoridades francesas un mayor control y del Gobierno español que exija con firmeza ante las autoridades francesas que estas actitudes agresivas contra nuestros productos y contra las personas que comercian con los países del área europea no se produzcan y no sean objeto de agresión.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Tiene la palabra el señor Torres.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, intervengo exclusivamente como representante del Grupo Socialista, para unirme a las manifestaciones que han hecho los demás grupos y apoyarlas.


El señor PRESIDENTE: Si les parece, dada la unanimidad que existe en la Comisión, propondría redactar un comunicado que, al final de la sesión, podemos poner a consideración de los portavoces y tramitarlo en el sentido que se ha expresado por todos los Grupos de la Comisión.


DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE NEGOCIE ANTE LA UNION EUROPEA LA PLENA INTEGRACION DE LA FLOTA PESQUERA ESPAÑOLA EN LA POLITICA PESQUERA COMUN EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE EL RESTO DE LOS PAISES MIEMBROS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000134.)

--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, PREVIA REMISION DE UN INFORME, PARA QUE DE CUENTA DE LA EJECUCION DE SU PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000142.)

El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar la tramitación del orden del día, quiero comunicarles que el Grupo Parlamentario Vasco ha retirado la proposición que figura en primer lugar. Por tanto, comenzaríamos con la tramitación del segundo punto, que es la proposición no de ley por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de Agricultura, previa remisión de un informe, para que dé cuenta de la ejecución de su presupuesto.
La proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla don Miguel Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Intervengo con brevedad, porque los términos de la proposición ponen de manifiesto el alcance y objetivos que persigue el Grupo Popular con su presentación y defensa en este momento en la Comisión de Agricultura.
Pretendemos que trimestralmente --es lo que marca nuestra proposición-- el Subsecretario del Ministerio de Agricultura, que es, como se sabe, la autoridad que reglamentariamente tiene la responsabilidad de la ejecución, elaboración y preparación del presupuesto en ese Ministerio, en todos los Ministerios donde radica la oficina presupuestaria

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existente, que, por tanto, es, repito, la autoridad responsable de la vigilancia, control y ejecución del mismo, trimestralmente, como digo, comparezca ante la Comisión de Agricultura del Congreso e informe en el seno de la misma de la marcha y ejecución del presupuesto.
Es notorio, señorías --creo que todos tenemos ya cierta experiencia-- que sistemáticamente se producen desvíos en la ejecución de los presupuestos; sistemáticamente se observa que no hay un paralelismo entre el presupuesto que sale del Congreso de los Diputados y el que maneja y ejecuta la Administración, y en el caso concreto que nos afecta, el Ministerio de Agricultura; sistemáticamente conocemos luego acuerdos del Consejo de Ministros que permiten y autorizan desvíos, silencios, ahorros, ampliaciones, que en nada se parecen al trabajo que se realiza en el seno de la Comisión de la Agricultura cuando elaboramos nuestras enmiendas y cuando aprobamos o rechazamos un presupuesto.
Con esta proposición no de ley pretendemos un mayor protagonismo de la Comisión de Agricultura a la hora de conocer la ejecución del Presupuesto. Pretendemos que la autoridad ejecutiva, el Gobierno, el Ministerio, tengan presente que de forma trimestral tienen que comparecer ante la Comisión de Agricultura e informar de la ejecución del presupuesto. Además, pretendemos que esa comparecencia de la autoridad que se requiere a través de nuestra proposición, el Subsecretario, se produzca previa remisión por parte del Ministerio de un informe que contemple los elementos que se contienen en el segundo párrafo de nuestra proposición.
Creemos, señorías, que no estamos pretendiendo nada extraordinario. Al revés, realzamos con esta proposición la presencia de la Comisión, del Parlamento, del Congreso de los Diputados a la hora de controlar los presupuestos que de aquí salen aprobados en el mes de diciembre y de los que no sabemos nada hasta que comparecen las autoridades que llamamos cuando pretendemos conocer, en el mes de noviembre, once meses después, qué ha pasado con ese presupuesto.
De esta forma, señorías --y termino, señor Presidente--, queremos tener una máxima información en esta Comisión sobre cómo se está ejecutando el presupuesto por parte del Ministerio correspondiente, en este caso, el Ministerio de Agricultura.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, intervengo muy brevemente para decir que a nuestro Grupo le parece conveniente un mayor control del gasto público. Comparto con el Grupo proponente el fondo de los objetivos de la proposición no de ley de control periódico de la ejecución de estos presupuestos.
No obstante, señorías, pensamos que esta tarea tendría que estar especialmente encomendada a la Comisión de Presupuestos, que hasta este momento sólo tiene encomendada la tarea de tramitar, debatir y aprobar, en primera instancia parlamentaria, los presupuestos y que esta actividad se agota en unas pocas semanas.
Nuestro Grupo apoyaría --así lo ha manifestado siempre y en otras Comisiones-- que, a través de la reforma del Reglamento de la Cámara, se cree, dentro o fuera de esta Comisión de Presupuestos, una nueva subcomisión u oficina específica para el seguimiento permanente de la ejecución presupuestaria, en la que tendrían cabida todas las comparecencias del tipo de las que hoy se proponen.
Al hallarse el nuevo Reglamento de la Cámara en fase de elaboración por una comisión «ad doc», estamos todavía a tiempo de conseguir los objetivos de la proposición no de ley por la vía que nos parece más razonable cual es su inclusión en el nuevo Reglamento, en torno al cual la mayoría de los grupos de la Cámara deberíamos llegar a un rápido y amplio consenso en todas las materias, específicamente en los incrementos de control del Ejecutivo y de ellos principalmente los presupuestarios.
Por estas razones no votaremos favorablemente esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que en principio tenía la posibilidad de intervenir en primer lugar.
La señora Rivadulla tiene la palabra.


La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo comparte plenamente la preocupación por un mayor seguimiento de la ejecución de los presupuestos. Efectivamente, pensamos que ha de ser el Reglamento de la Cámara el que dé a esto un tratamiento adecuado con el máximo consenso de todos los grupos parlamentarios, sobre cómo la Cámara puede seguir el día a día de la ejecución de dichos presupuestos, pero en el ínterin estamos en disposición de votar afirmativamente la propuesta del Grupo Popular.
No obstante, teníamos nuestras dudas respecto a la comparecencia del Subsecretario y, sobre todo, de que fuera trimestral. En nuestra enmienda pedimos que sea semestral por cuanto nos daría una mayor posibilidad de abarcar en un mayor período de tiempo el cumplimiento de los objetivos, que podrían ser de difícil evaluación en un período tan corto como es el de tres meses.
En el sentido de acotar al máximo el informe que el Subsecretario habría de aportar a esa Comisión, nosotros hemos presentado unas enmiendas que delimitan mucho más el contenido de este informe, en cuanto a que debería recoger, junto a las previsiones iniciales, todas las modificaciones presupuestarias que se hayan producido --altas y bajas-- y los créditos definitivos, y también, a 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas, así como todos los pagos ejecutados, los pendientes y los deslizamientos o las economías producidas.
Tenemos otra enmienda al párrafo segundo referida a los objetivos.
Creemos que es imprescindible que se especifique qué objetivos se han modificado o renunciado, aquellos que se han aplazado a otros presupuestos, así

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como los cumplidos de cada uno de los programas de la sección, especificando también las causas de todo ello.
Por eso, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votará afirmativamente la proposición no de ley del Grupo Popular si se nos aceptan estas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Torres tiene la palabra.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Aunque reconozco de entrada que lo que voy a decir en mi intervención son prácticamente obviedades, me parece conveniente hacerlo a los efectos de que si alguien un día coge el «Diario de Sesiones» de esta Comisión conozca --más aún si no es conocedor del funcionamiento de la Cámara-- el porqué de la posición del Grupo Parlamentario Socialista en contra de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Es evidente que todos los grupos parlamentarios, incluido el mío, hemos tenido y seguimos teniendo interés en controlar eficazmente al Gobierno en todos sus aspectos y, desde luego, también en el cumplimiento del ejercicio presupuestario y del cumplimiento fehaciente de los acuerdos que el Parlamento toma.
Por otra parte, también es una obviedad que el Reglamento de la Cámara proporciona a los grupos parlamentarios medidas que a nuestro juicio son bastante completas para controlar al Gobierno también en la fase de la ejecución del Presupuesto.Todos los grupos parlamentarios, incluido el Popular proponente de la proposición no de ley, tienen en su mano medidas tales como preguntas escritas al Gobierno, donde pueden solicitar cualquier tipo de información, también sobre el Presupuesto, con todo el detalle que deseen; preguntas orales en Comisión; preguntas orales en Pleno; interpelaciones en Pleno; y comparecencias del Subsecretario, o de la personalidad o personalidades que consideren oportuno del Gobierno en la Comisión de Agricultura o en el Pleno de la Cámara. Lo que en este momento tenemos que afirmar rotundamente es que las posibilidades de los grupos de ejercer el control sobre la acción de gobierno son bastante grandes, a nosotros nos parecen suficientes, si bien estamos de acuerdo con que en determinados aspectos puedan encontrarse fórmulas que hagan más eficaz ese control. Como el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha estado de acuerdo en que ese control se ejerza de manera eficaz por parte de los grupos --nos parece que en democracia es esencial que eso se haga así--, al rechazar esta proposición no de ley no manifestamos nuestra oposición a que se controle al Gobierno, sino que queremos que se haga eficazmente. Me explico.
Hay una Comisión, formada por todos los grupos de la Cámara, que está estudiando --y tiene bastante avanzados sus trabajos-- un nuevo reglamento de la Cámara en el que se ponen en marcha una serie de medidas para hacer más eficaz y mejorar ese control. Hay un consenso entre todos los grupos para la creación de la oficina presupuestaria. Dicho consenso también se produjo ayer al votar una resolución en el Pleno del Congreso en este mismo sentido. Creemos que es un instrumento válido, eficaz y necesario y, como digo, ayer ya se adoptó dicho acuerdo. Además, la Comisión que está confeccionando el nuevo reglamento, solicitó a la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que, a los efectos de encontrar la fórmula más eficaz para controlar el gasto del presupuesto, se creara una Ponencia de estudio dentro de dicha Comisión, formada por todos los grupos parlamentarios, para que aportara soluciones e ideas sobre cómo se podía realizar mejor ese control. Esta Ponencia está trabajando con eficacia, con un alto nivel de consenso y yo creo que es el cauce correcto en este momento para que se resuelva este problema.
Por consiguiente, dejando constancia de que los grupos parlamentarios de la Cámara tienen en su mano bastantes instrumentos reglamentarios para controlar al Gobierno cuantas veces lo deseen --por ejemplo, solicitando por escrito una información al Gobierno y pidiendo posteriormente la comparecencia del señor Subsecretario--, pensamos que lo correcto sería que el Grupo Parlamentario proponente hubiera presentado a esa Ponencia su propuesta. Desconocemos si lo ha hecho ya. Desde luego, la semana pasada no lo había hecho. Nos sorprendía --y lo comentaba yo la semana pasada en la Comisión de Industria-- que lo hubiera hecho en todas las comisiones y no precisamente donde, a nuestro juicio, era más lógico hacerlo, que es en la Ponencia donde el propio Grupo Parlamentario Popular tiene su representación y está trabajando como los demás para intentar encontrar la fórmula más adecuada.
Terminando ya, señor Presidente, quiero decir que hay alguna razón más por la que a nuestro Grupo no le parece oportuno aprobar esta proposición no de ley. Nosotros no queremos sólo que se fiscalice al Gobierno, nosotros queremos que el dinero público, el dinero de los españoles, se fiscalice en su totalidad; es decir, que no solamente se fiscalice cómo ejecuta el presupuesto del Gobierno, sino cómo lo hacen todas las instituciones del Estado. Precisamente del reglamento de la Cámara saldrán esas propuestas para que se pueda comprobar cómo las instituciones del Estado gastan el dinero que el Parlamento les proporciona. Con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular esto no se consigue. Por tanto, creemos que esta propuesta, modificada en los términos que el Grupo proponente crea oportuno, se presente a la Ponencia que está trabajando al respecto y estoy convencido de que en breve plazo tendremos resoluciones y acuerdos que hagan posible que el control se realice con más eficacia de la que ahora se está consiguiendo.
Mientras tanto --y con esto termino, señor Presidente--, repito que el Grupo proponente como mi Grupo o cualquier otro, tiene en su mano medidas más que suficientes en este momento para ejercer esa labor sin menoscabo de la dignidad de su trabajo y sin menoscabo de la información que lógicamente como Grupo necesita y tiene derecho a recibir.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramírez para expresar su posición sobre la enmienda.


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El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, voy a expresar nuestra posición respecto a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el sentido de agradecérselas, manifestando que las aceptamos porque perfeccionan nuestro texto. Quiero agradecer asimismo la sensibilidad que significa tener presente que en este momento y ahora, en tanto en cuanto terminan estos trabajos que sabemos que son largos y prolijos para reformar el reglamento de la Cámara, lo que necesitamos es un instrumento en esta Comisión para conocer la marcha del presupuesto del Ministerio de Agricultura. En tanto en cuanto se produzcan esos profundos, lentos y prolijos trabajos de reforma de todo el reglamento de la Cámara, nosotros creíamos --y nos ratificamos-- que necesitábamos un instrumento urgente, cual es una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Agricultura, que nos permitiera ese control. Otros grupos parlamentarios entienden que no hace falta ese instrumento urgente de control, allá ellos. Nosotros nos ratificamos en la proposición, aceptamos las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, excepto la que hace referencia a la comparecencia semestral.
Nos ratificamos en que la comparecencia debe ser trimestral y repetimos que ahora es cuando necesitamos esa modalidad de control. Otros grupos consideran que es a largo plazo como se tiene que controlar el Gobierno en su gasto. Por lo tanto, señor Presidente, sometemos a votación nuestra proposición en los términos que quede después de aceptar la enmienda en los términos anteriormente señalados.


El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, ¿está de acuerdo en que el Grupo Popular acepta su enmienda, excepto la parte que hace referencia a la comparecencia semestral? (Asentimiento.) Sometemos a votación la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular con la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REGULAR LA CAZA DE CIERTAS ESPECIES DE AVES Y LA UTILIZACION DE METODOS TRADICIONALES DE CAPTURA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente 161/000163.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir la tercera de las proposiciones no de ley por la que se insta al Gobierno a regular la caza de ciertas especies de aves y la utilización de métodos tradicionales de captura, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señorías, cuando se regula sobre la protección del medio natural puede suceder que la predisposición contra los excesos desaprensivos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Baltá.
Ruego silencio, señorías, se hace difícil poder seguir el debate.


El señor BALTA I LLOPART: Decía que puede suceder que la predisposición contra los excesos desaprensivos, actitud que seguramente compartimos con todas SS. SS., nos lleve a legislar con tal rigor que se pueda marginar a la misma especie humana en su condición de integrante del propio medio natural, olvidando que los hábitos humanos --eso que llamamos las costumbres-- no son más que la concreción de unos comportamientos casi siempre relacionados con la subsistencia o la supervivencia.
Parece oportuna esta reflexión cuando se trata de defender una proposición no de ley que pretende instar al Gobierno para que proceda a la regulación de la caza de ciertas especies de aves y la utilización de medios tradicionales en su captura. Sin la caza la vida humana no sería, o sería otra cosa. La conciencia ecologista y la defensa de las especies animales, hoy necesarios mecanismos de autodefensa de un mundo en peligro, eran hasta el siglo pasado inusuales. Pocos podían sospechar que al punto de girar la página del siglo X la desaparición de algunas especies animales sería prácticamente una realidad. Afortunadamente, la colectividad ha tomado conciencia del problema y se ha legislado a todos los niveles. Para el caso que nos ocupa, la Ley de Conservación de los Espacios Naturales de la Flora y de la Fauna Silvestre, de marzo de 1989, que incorporó a la legislación española las directrices comunitarias del Convenio de Berna de 1979, sobre la conservación de especies animales, tiene un vacío importante al no precisar disposiciones que regulen lo que se define como métodos tradicionales de caza, con arraigo ancestral entre la población de determinadas zonas de Cataluña y, lógicamente, de todo el Estado.
El vacío legal ha producido situaciones entre la paradoja y la contradicción, generando agravios comparativos porque si se legisla sobre la captura de especies comunes al territorio en el que históricamente habían cazado, sin que por su abundancia se produjera merma en las poblaciones existentes, plantearía ciertas dificultades de equilibrio biológico, dado que el hombre cazador siempre ha formado parte del mismo, incluso como elemento regulador. De aquí que la regulación genética impida utilizar medios de captura identificados como masivos y no selectivos, y los permitidos sean los más próximos posible a una presencia humana en el hábitat natural, razonablemente desprovista de la posibilidad de destrucción que la capacidad de pensar le ha permitido desarrollar al hombre.
Sentadas estas premisas, y puestos a considerar a ras del suelo, los textos legales vigentes impiden, por ejemplo, la caza de la única clase de perdiz, la pardilla, que existe en el

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Pirineo y en las zonas prepirenaicas, no obstante estar hoy en clara expansión. Algo parecido sucede con la llamada polla de agua en las zonas del Delta del Ebro, cuya abundancia actual ocasiona considerables pérdidas a los agricultores de la zona.
En varias comarcas de Tarragona sucede algo parecido con la caza de los tordos. El tradicional procedimiento de caza denominado «la barraca» ha sido sometido a un seguimiento muy riguroso en cuanto a su control e inspección por parte de la Generalitat, que ha llegado a censar el número total de barracas en 500 y únicamente ha autorizado su uso en condiciones de control muy rigurosas para que la práctica de dicho procedimiento no significara un peligro para las especies de aves afectadas.
Sin embargo, pese al rigor de este control, Icona ha planteado recurso ante los tribunales alegando la prohibición recogida en la Ley 4/1989. El sector social afectado no ha tardado en plantear ante la administración autonómica que prácticas del mismo tipo se dan en otros territorios, sin que la Administración estatal haya actuado contra ellas, creándose una situación de agravio comparativo.
Por todo ello, señorías, recogiendo el sentir popular, mi Grupo ha presentado esta proposición no de ley, con objeto de que se proceda a desarrollar la Ley 4/1989, al amparo de la correspondiente directiva comunitaria, para que se resuelva la situación descrita desde la consideración que merece la caza tradicional y el respeto al mantenimiento de las especies animales, ya recogido en la Ley de Protección de los Animales del Parlamento de Cataluña, que fue la primera ley, por cierto, sobre la materia a nivel del Estado. Se resolverían así las contradicciones o vacíos competenciales que posibilitan el pleito entre organismos y la represión de unas prácticas de caza que, bien reguladas, pueden contribuir al justo equilibrio que planteábamos al iniciar la defensa de nuestra proposición no de ley.
Nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista y dos del Grupo Popular.
Para defender las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cotoner tiene la palabra.


El señor COTONER GOYENECHE: Antes que nada, deseo saludar a todos los miembros de esta Comisión, que me han acogido tan gratamente, ya que no pertenezco a la misma. Unicamente he sido designado para poder defender estas enmiendas.
Dicho esto, he de manifestar que nuestras enmiendas pretenden ampliar la proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió. En relación con el primer punto de la proposición no de ley, tratamos de incluir, aparte de que se puedan cazar la perdiz pardilla y la polla de agua, todas las aves que tradicionalmente se han venido cazando en cada una de las comunidades, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con ellas en cuanto a qué clase de aves son las que tradicionalmente se han venido cazando, y siempre y cuando no se ponga en peligro la supervivencia de las mismas y no se encuentren incluidas en el anexo primero de la directiva del Consejo de la Comunidad Europea 79/409, de 2 de abril de 1979.
En cuanto a la segunda enmienda que presenta nuestro Grupo, en relación con el punto segundo, el relativo a los medios tradicionales de caza, pretendemos que se pueda cazar, además de por el de «la barraca», que se utiliza en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por los denominados «filats en colls», que se utilizan en la Comunidad de las Islas Baleares y el «parany», que también se utiliza en la Comunidad Autónoma de Valencia, además de poderse utilizar otros medios tradicionales que se hayan venido utilizando en las diversas comunidades autónomas y que autorice la propia comunidad, siempre que no tengan la consideración de captura masiva y sí selectiva.
Nosotros consideramos que todos estos métodos tradicionales, como ha dicho el representante del Grupo Catalán, son métodos de un arraigo rural en todas esas comunidades y se originaría un perjuicio muy grave y grande hacia esas personas que han venido utilizando dichos procedimientos. No porque en estos momentos se regule la prohibición de esos procedimientos se va a dejar de cazar. Hay que ser sensibles hacia esas personas porque, de lo contrario, lo único que se conseguirá será que se trasgreda la legislación en este concepto. Por eso, nosotros consideramos que, siempre y cuando no sean masivos y sí selectivos, se tienen que permitir dichos procedimientos tradicionales utilizados en dichas comunidades autónomas.
Ultimamente, en la prestigiosa revista de caza «Trofeo» viene un reportaje sobre los «filats en colls», que se utilizan en la Comunidad Autónoma de Baleares. En el mismo se aprecia el método que se usa y se especifica que es un método no masivo y sí selectivo.
En cuanto a la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en el caso de que no se aceptaran nuestras enmiendas, propondríamos una enmienda transaccional «in voce» para que se añada, además de los métodos de «la barraca» y «parany» los «filats en colls» en la comunidad balear.


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Antich tiene la palabra.


El señor ANTICH I BALADA: Al igual que el señor Cotoner, quiero agradecer a los miembros de la Comisión la aceptación de mi presencia, puesto que al ser Diputado representante de una zona especialmente afectada por el contenido de esta proposición, mi Grupo me ha encargado la defensa de la enmienda presentada.
Entrando ya en materia, señor Presidente, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que derogó y sustituyó la de 2 de mayo de 1975, ha servido para trasponer a nuestro ordenamiento jurídico directivas comunitarias y, en particular, la 79/409, y, al propio tiempo, adaptar al nuevo Estado de las autonomías surgido de la Constitución Española de 1978 lo relativo a estas materias, correspondiendo, por tanto, al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente y a las comunidades autónomas

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la posibilidad de su desarrollo y aplicación, atendiendo mucho mejor a las peculiaridades de cada zona.
Así, pues, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a regular la caza de ciertas especies de aves y la utilización de métodos tradicionales de captura, responde a casos prácticos que se han presentado en aplicación de la ley antes referida, tanto en cuanto a especies cinegéticas (perdiz pardilla y polla de agua) como en cuanto a métodos o procedimientos de captura: aves de cetrería y barraca para los zorzales o tordos.
Al parecer, la realidad es que en las zonas del Pirineo la perdiz pardilla está ahora en fase de expansión y, asimismo, la polla de agua es muy abundante en el Delta del Ebro. No parece que exista problema para que el método de las aves de cetrería se utilice de manera selectiva sobre las especies autorizadas. Por otro lado, en algunos pueblos de las comarcas catalanas del Ebro y especialmente en los limítrofes con la comunidad valenciana, Alcanar, Ulldecona, la Zenia, ha existido desde tiempo inmemorial un método de capturar los tordos o zorzales conocido con el nombre de «barraca», de las que hay unas quinientas en toda la zona. Igualmente, en la vecina comunidad valenciana, idéntico método, conocido allí como «parany», está extendido prácticamente por toda ella, totalizando unas 5.000. Las «barracas» o «paranys» son árboles, generalmente algarrobos u olivos, muy cuidados y preparados para capturar los zorzales o tordos. Existen pruebas documentales, más de 35.000 firmas recogidas en el sur de Cataluña y en toda la comunidad valenciana, de que los tordos producen daños cuantiosos en la agricultura. Pero, además, en general, las fincas en las que hay «barracas» o «paranys» suelen estar mucho más cuidadas, por su evidente valor ecológico. Y, asimismo, la autorización de las mismas ayuda a evitar roces y discusiones entre los propietarios de las fincas y los cazadores que no son propietarios.
A pesar de estar de acuerdo con el fondo de la cuestión que plantea esta proposición no de ley que nos ocupa, de Convergència i Unió, nuestro Grupo Parlamentario estima que precisamente, en aplicación del Estado autonómico, al que me he referido, y del reparto de competencias que ello comporta, debe reflejarse en el texto que hoy aquí se apruebe la referencia explícita, tanto al Gobierno español como al de las comunidades autónomas, cada uno en sus respectivas competencias. Es por ello que hemos presentado una enmienda de sustitución a la misma, anulando los antecedentes y modificando el contenido de la parte resolutiva, que literalmente dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar el artículo 28.2 y otros de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales de la Flora y Fauna Silvestre, de forma que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, puedan dictar las normas precisas para autorizar, en los casos previstos en la ley, la caza de las especies perdiz pardilla y polla de agua, la utilización de las aves de cetrería y el control de la población de los tordos o zorzales mediante el método tradicional conocido como «barraca» o «parany».
En relación a las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular, y defendidas por el señor Cotoner, las dos adolecen del defecto de ser bastante inconcretas. En la primera se dice: «demás aves», y en la segunda: «demás métodos tradicionales», y, por tanto, en su texto actual, no nos parecen aceptables. Aceptaríamos, en cambio, la propuesta transaccional presentada por el señor Cotoner al final de nuestra enmienda de sustitución, añadiendo detrás de las palabras «barraca» o «parany» los que él proponía de «filats en colls».
Finalmente, ruego a los restantes grupos parlamentarios que respondan a los deseos de sus representantes en la zona, pues, puedo asegurarles que todos ellos se han manifestado en favor de un texto como el nuestro, firmando incluso unas hojas en las que solicitan su autorización y regulación. Señorías, hoy, muchas personas, especialmente en la comunidad autónoma catalana, en la valenciana y creo que, por lo que ha dicho el señor Cotoner, también en la balear, están pendientes de lo que decida este Congreso de los Diputados, esperando que con su voto, a poder ser unánime, se apruebe un texto que permita, manteniendo las tradiciones, dar una respuesta legal a las demandas que ellos nos han planteado.


El señor PRESIDENTE: El único Grupo que no ha presentado enmiendas ha sido Izquierda Unida. Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro Grupo no comparte la vocación cinegética del conjunto de los grupos de la cámara. (Risas.) Estamos muy preocupados por la supervivencia de especies como la perdiz pardilla, la polla de agua y otras a las que aludían en sus enmiendas otros grupos parlamentarios. Somos conscientes de que la legislación actual, tanto la Ley 4/1989 como el Decreto 1.095/1989, ha creado una gran confusión. De hecho hay comunidades autónomas donde se está permitiendo la caza de esas especies. Creemos que la directiva de aves 79.409... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
Ruego silencio, señorías.
Continúe, señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
... modificada en fecha 6 de marzo de 1971, establece la protección estricta de estas especies e incluye en el artículo 5 de la directiva la prohibición de matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuere el método empleado. En ese sentido, el Estado español se verá obligado a reflejar en su normativa esta directiva comunitaria.
Somos conscientes de que quizá en algún enclave la perdiz pardilla pueda ser objeto de expansión. De cualquier manera, nosotros pensamos que era responsabilidad del Grupo proponente el haber aportado a esta Comisión los datos, los estudios en los que se especificase el censo definitivo que hay de estas especies para que, en esta Comisión, nos hubiésemos podido hacer una idea mucho más

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exacta de la situación. De hecho, si tenemos en cuenta estudios que ha realizado Icona, por ejemplo la monografía de la serie técnica de 1992, en la que se habla de la perdiz pardilla en España, un estudio de Antonio J. Lucio y de Mario Sáenz de Buruaga, advierte de la situación de peligro de esta ave y desaconseja su caza. Por otra parte, también Icona, en el libro rojo de los vertebrados en España, incluye a la perdiz pardilla como especie vulnerable y que ha de ser objeto de especial protección. Es por eso, señorías, que nuestro Grupo no va a aceptar ni la primera proposición no de ley ni las enmiendas que se han aportado por otros grupos. No podría haber ninguna autorización de caza de pardillas sin un plan especial de aprovechamiento y sin que se conociese el censo definitivo. Solamente cuando esta Comisión hubiese evaluado la situación real de esas especies en el territorio español sería cuando nuestro Grupo estaría en condiciones de hacer alguna modificación de tipo legislativo, no ahora.
Respecto a la polla de agua, «gallinula chloropus», en lenguaje técnico-científico, nosotros pensamos que la gestión de la Generalitat ha sido nefasta en el Delta del Ebro, que ha permitido la incidencia de caza furtiva y que ha producido el envenenamiento del 80 por ciento de las aves muertas, porque se las encuentra envenenadas por plomo debido a los cartuchos de plomo. El que ahora se hable de incrementar todavía más la caza de la polla de agua nos parece realmente un contrasentido.
En relación con la cetrería, señorías, la utilización de aves de presa para la cetrería es la causante de que numerosos nidos que existen actualmente sean afectados gravemente. Son aves que están en peligro de extinción, como el halcón peregrino, el azor y otras especies protegidas.
Este dudoso deporte de la cetrería ha generado un mercado negro de huevos y pollos de aves de presa que se realiza clandestinamente y que opera en España para abastecer a mercados de los países árabes y de Europa.
Nosotros pensamos que los esfuerzos de la Administración deberían ir encaminados a erradicar estas prácticas, que son absolutamente delictivas, y no en el sentido de promover estas actividades en el territorio español.


El señor PRESIDENTE: Señor Baltá, tiene la palabra para expresar la aceptación o no de las enmiendas presentadas.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, aparte de aceptar o no las enmiendas presentadas, creo que este portavoz tiene, en cierto sentido, la obligación de manifestar el parecer de su Grupo sobre la actuación que el departamento correspondiente de la Generalitat ha desarrollado respecto al tema, por cierto, con una relación detallada de actuaciones en defensa de las especies que aquí se ha planteado. Es precisamente esa actuación detallada, convenientemente censada y estudiada, la que ha impulsado al Grupo, en colaboración con el departamento correspondiente, a presentar esta proposición no de ley.
Se trata precisamente de dar cauce legal a la realidad que existe porque sucede que, por importante que sea la actuación del departamento, la fuerza que tiene esta tradición popular hace que constantemente se produzcan situaciones de irregularidad. Lo más inteligente, cuando se ha comprobado que estas especies en estos momentos ya tienen la adecuada abundancia, es intentar regular el problema.
En cuanto a las enmiendas, señor Presidente, debo decirle que las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y el Partido Socialista vienen a enriquecer el criterio que he expuesto en mi intervención en cuanto al fenómeno que se producía en otras comunidades, e incluso diría que vienen a enriquecer algunas aportaciones en el campo de lo que denominaría la cultura cinegética, demostrando que en otras comunidades existen efectivamente unas artes tradicionales que, por esta condición de tradiciones, deben respetarse, siempre y cuando no pongan en peligro las especies que tanto les preocupan a todos los presentes. Sin embargo, he de decir que la enmienda que mi Grupo considera que debiéramos aceptar es la presentada por el Grupo Socialista y, como solución al problema planteado por el portavoz del Partido Popular, señor Cotoner, sugerimos que la adición propuesta sea recogida por el señor Antich, con lo cual se daría solución al problema que hemos planteado al presentar nuestra proposición no de ley.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Creo que no hay inconveniente en someter a la consideración de la Comisión la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación, al final de la misma, de «y filats en colls». Creo que el Grupo Popular ya ha manifestado la admisión de esta propuesta en el caso de que no fueran aceptadas inicialmente las suyas.
Si les parece, vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sustituida por la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación, al final, de «filats en colls».


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


--RELATIVA A LA DISMINUCION DE LAS SUPERFICIES DE BARBECHO BLANCO, EN LOS CULTIVOS HERBACEOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000174.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir la cuarta de las proposiciones no de ley, relativa a la disminución de las superficies de barbecho blanco en los cultivos herbáceos. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y, para defenderla, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, como es sabido por todos los miembros de la Comisión,

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fruto de la reforma de la Política Agraria Común, aprobada en mayo de 1992, la Comunidad, mediante diversos reglamentos, estableció un sistema de apoyo a determinados cultivos herbáceos que contemplaba bien el pago de una compensación en función de los rendimientos establecidos a determinadas comarcas de cultivos herbáceos en cada país, o bien el pago de aquellas superficies que obligatoriamente tenían que quedar en barbecho en función de la aplicación de las normativas, a las que estamos haciendo referencia, que establecían límites a partir de determinadas producciones en cada explotación agraria. Esa normativa comunitaria se ha venido aplicando en España en dos ocasiones, y estamos ante la segunda aplicación que tiene cuerpo legal en la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 29 de noviembre de 1993, por la que se fijaban los índices comarcales de barbecho, habida cuenta de que en España, por las condiciones aceptadas por el Gobierno español en la reforma de la Política Agraria Común, se estableció un límite máximo de hectáreas a las que se tendría derecho a la hora de cobrar las ayudas que estamos comentando. España, como es conocido, tiene un total de 9.229.000 hectáreas con derecho a ayuda, lo que supone, con los rendimientos medios españoles establecidos, una producción aproximada a 20 millones de toneladas.
Los hechos han demostrado que los agricultores, a la hora de suscribir sus peticiones de apoyo, de ayudas, no han alcanzado la totalidad de hectáreas a las que España tenía derecho. Los datos del primer año de aplicación de la reforma de la Política Agraria Común en España ponen de manifiesto que más de 600.000 hectáreas no han sido objeto de solicitud de ayuda por parte de los agricultores en las diversas comarcas cerealistas o de cultivos herbáceos en España. De alguna forma, estamos contemplando que existe, en algún momento de la normativa española, algún error, porque nadie tira piedras sobre su tejado y, por tanto, ningún agricultor deja de solicitar las ayudas a las que tiene derecho. Quiere decir esto que, tanto la normativa española, con la limitación de rendimientos comarcales, como la normativa española que establece los índices obligatorios de barbecho gratuito, están equivocadas de raíz, porque están impidiendo que los agricultores españoles ejerzamos el derecho por más de 600.000 hectáreas.
Yo llamo la atención de SS. SS., porque estamos hablando de dinero contante y sonante que no está entrando en la economía agraria española, que no está llegando directamente a nuestros agricultores. Si tomamos como base el rendimiento medio establecido a la hectárea cerealista española, estaremos hablando, por tanto, de rentas, de subvenciones o de apoyos económicos a más de un millón y medio de toneladas, dinero del que, a la hora de utilizar los fondos comunitarios, no se están beneficiando los agricultores de nuestro país.
A través de la proposición que estamos en estos momentos defendiendo, señor Presidente, pretendemos que el Gobierno español rectifique la Orden Ministerial que regula el acceso de nuestros agricultores a estas ayudas.
Hemos comprobado que más de 600.000 hectáreas no han sido objeto de petición y entendemos que uno de los elementos condicionantes para esta no petición de ayudas ha sido los altos índices de barbecho que se han establecido obligatoriamente en diversas comarcas españolas, especialmente en aquellas comarcas que están sufriendo índices superiores al 40 por ciento. Esa limitación, establecida unilateralmente por el Gobierno español, ha producido los hechos que estamos contemplando: que más de 600.000 hectáreas queden sin petición de ayudas, y, por tanto, el dinero de las arcas comunitarias, no dinero del Presupuesto español, no está llegando fluida y directamente a nuestros agricultores.
Por tanto, señorías, solicitamos que la Comisión ordene al Gobierno la rectificación de esos índices de barbecho, de tal forma que aún estamos a tiempo, porque aún estamos en período de siembra de cultivos herbáceos --recuerden SS. SS. que por el efecto de la sequía no se han producido todas las siembras de cereales que se deberían haber hecho--, de poder acceder a siembras de oleaginosas que permitirían a nuestros agricultores, si rectificáramos urgentemente los índices de barbecho, compensar esas 627.000 hectáreas para las que no hemos pedido ayudas y en las que no hemos sido beneficiados por los fondos que existen en las instituciones comunitarias --que no afectan al Presupuesto español-- y que, por el contrario, están beneficiando a otros agricultores.
Un último punto, señor Presidente. Como saben los miembros de la Comisión, el año que viene acaba el período de tres años que contemplaba la reforma de la Política Agraria Común. Al finalizar este período, las instituciones comunitarias tendrán que comprobar, analizar y, en su caso, proponer modificaciones a las superficies y a los rendimientos establecidos para cada país y para cada comarca. Si aparecemos sistemáticamente sin utilizar el total de las hectáreas a que tiene derecho el Reino de España, correremos el peligro de que, el año que viene, las instituciones comunitarias reduzcan esta superficie en el potencial productor español, y entonces todos nos lamentaremos.
Por tanto, creemos que estamos en el momento oportuno de hacer este llamamiento al Gobierno español para que rectifique urgentemente la Orden que establece los índices de barbecho, posibilite el reparto de esta superficie, por la que no hemos pedido las ayudas, y permita que los agricultores españoles utilicen al cien por cien las previsiones que tienen a su favor en los reglamentos comunitarios.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas.
¿Grupos que quieran participar en el debate? (Pausa.) El señor Vidal, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.


El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario, Convergència i Unió, al estudiar detenidamente esta proposición no de ley sobre el barbecho blanco y el problema real al que pretende hacer frente, así como la solución propuesta de disminuir proporcionalmente en todas las comarcas la superficie destinada al barbecho

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blanco, repartiéndose una disminución global de unas 600.000 hectáreas, tenemos la sensación de que se parte de una premisa, a nuestro juicio, equivocada, cual es la de afirmar --hoy lo ha repetido el portavoz del Grupo Popular-- que el principal motivo por el que los agricultores españoles no solicitan la totalidad de las ayudas compensatorias a las rentas para el total de las hectáreas de los cultivos asignados a España, especialmente cultivos de secano, se debe a que la solicitud de subvención lleva implícita la obligatoriedad de dejar en barbecho blanco no subvencionado un porcentaje demasiado alto de las superficies arables de las explotaciones, con lo que algunos agricultores renuncian a la totalidad de las ayudas comunitarias, o a parte de éstas, para poder cultivar más superficies.
Nuestro Grupo piensa que el hecho de no apurar al máximo esta solicitud de ayudas por parte de los agricultores españoles puede ser debido a otras causas, por ejemplo, el desconocimiento de los propios mecanismos de solicitud de estas ayudas, falta de hábito de los destinatarios para solicitaras y, especialmente, el temor a las consecuencias fiscales que la obtención de la totalidad de las ayudas o subvenciones podría acarrearles en la declaración obligatoria en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Sin negar totalmente la posibilidad, por tanto, de la relación causa-efecto citada en la proposición no de ley, pensamos que las cuotas de barbecho por regiones o comarcas podrían no ajustarse a las auténticas necesidades de éstas y, por ello, cabría la posibilidad de un estudio exhaustivo de la actual distribución para, si así lo aconsejara, proceder a su redistribución más que a la disminución lineal o proporcional, de más compleja justificación y aceptación por unas comarcas que sí se han adaptado a las exigencias de su cupo.
En todo caso, estamos ante una propuesta que, de cualquier forma, modificaría un status aceptado por la mayoría de las comunidades autónomas y cualquier alteración debería ser aceptada por éstas y por las organizaciones profesionales. Sin este requisito, lo sentimos, pero no podemos votar favorablemente la reducción propuesta de las superficies de barbecho blanco.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: A pesar de que nuestro Grupo es consciente de que éste es un tema no resuelto, no estamos en condiciones de votar afirmativamente esta proposición no de ley, primero, porque la consideramos extemporánea. Yo no sé si esta Diputada tiene los datos correctos, pero la solicitud terminó el 15 de marzo, este tema podría estar ya en Bruselas, y ahora cualquier modificación no puede variar la superficie. Tendrían que ser modificaciones que afectasen a algún tipo de cultivo, pero no a la superficie.
En cuanto a la bolsa que se ha generado en esta campaña, no hay certeza de la cuantía de la misma. No tenemos los datos concretos. Habría que exigir del Ministerio que aportase los datos de la bolsa que se ha generado en la campaña de este año.
En relación con el tema del reparto, nuestro Grupo tampoco comparte la opinión del Grupo Popular en el sentido de que habría de ser lineal. De esta manera podríamos estar favoreciendo a algunos que han podido defraudar no aplicando los índices de barbecho y que en esta ocasión podrían modificar al alza esta situación. Estaríamos más por un reparto que afectase a las zonas más desfavorecidas; de hecho estaríamos más por un reparto individual, pero como no hay una asignación individual es absolutamente imposible.
No tenemos los datos suficientes para ver cómo se comporta esta ayuda a la superficie; solamente tenemos los datos de la campaña 93-94, y con el resultado de esta campaña habrá que ver cómo se comporta este año.
Nosotros consideramos oportuno que una vez que se tengan los datos suficientes, y ya podríamos hacer la evaluación de las dos campañas, los criterios de reparto fueran objeto de revisión en una comisión que debería estar integrada por la Administración, por las comunidades autónomas y por las organizaciones profesionales agrarias. Nuestro Grupo estaría dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que fuese en esa línea, pero no la que hoy nos presenta aquí el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Velasco.


El señor VELASCO RODRIGUEZ: La postura del Grupo Socialista es la de rechazar esta proposición no de ley sobre la base de que la consideramos inadecuada en cuanto al momento en que se plantea. Efectivamente, las consecuencias que presenta la proposición no de ley en cuanto al barbecho blanco creemos que no son las causas reales de las bolsas que se han generado en la campaña 92-93. Entendemos que el problema es mucho más complejo y viene dado fundamentalmente en el momento en que se constituyen las superficies base de cultivo, en que se toma como dato inicial cinco años, lo que fue aceptado por comunidades autónomas, por organizaciones agrarias y demás, y al verificar las solicitudes planteadas el año pasado nos encontramos con que efectivamente existe un excedente de 700.000 hectáreas.
Haciendo un análisis pormenorizado por regiones, se ve que aquellas que tienen menor porcentaje de barbecho blanco son las que menores solicitudes han presentado respecto a la superficie base que tenían. Por tanto, no es el problema del barbecho blanco el que está originando esta bolsa y las repercusiones negativas que planteaba el portavoz del Grupo Popular, con lo que efectivamente estamos de acuerdo. Habría que conseguir que toda la superficie base que nos reconoce la Comunidad se pudiera plantear y, por tanto, esas ayudas llegasen a los agricultores españoles. De todas maneras, es sabido por todos que el planteamiento de esta orden ministerial ha sido discutido por las comunidades autónomas y por las organizaciones agrarias y que, en ningún caso, debería plantearse una modificación puntual por parte del Gobierno central, sino que tendría

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que efectuarse un acuerdo entre comunidades autónomas puesto que tenemos cupos establecidos por comunidades autónomas. Nosotros entendemos que debería plantearse en las comisiones sectoriales entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, y algunas comunidades autónomas tendrían que ceder parte del cupo en beneficio de otras. Con eso se arreglaría el problema porque en alguna comunidad --muy pocas-- donde tenemos altos porcentajes en barbecho blanco podemos encontrarnos con mayor superficie de la asignada y, por tanto, podríamos incurrir en penalización.
Concluyendo, señor Presidente, el Grupo Socialista entiende que la posible modificación debe estudiarse y plantearse una vez que finalicen las tres campañas, pero con los datos que se tienen en este momento y que se van a tener en la próxima campaña de cereal, pues hay que seguir cumpliendo la técnica de barbecho que afecta fundamentalmente a zonas semiáridas y donde esta práctica cultural es absolutamente necesaria.
Convendría también hacer un llamamiento a todas las comunidades autónomas para que, a tenor de sus competencias, fueran completando sus directorios de explotación, de manera que tuviéramos datos exactos a la hora de plantear las superficies bases por región y, a la vez por comarcas. Ello nos llevaría a poder afinar perfectamente el número de hectáreas, tanto en superficie como en barbecho, y sacar el máximo provecho. En cuanto al problema que planteaba el portavoz del Grupo Popular de que pueda haber una restricción por parte de la Comunidad, existen suficientes causas técnicas, que se pueden alegar ante la misma, para poder justificar que estos primeros años de análisis conllevan unos reajustes y que técnicamente hay datos que pueden avalar que se pueda modificar y respetar la superficie que, en este caso, es superior a las peticiones que se han realizado por los agricultores españoles. (El señor Ramírez González pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra brevemente, por favor.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Sin ánimo de polémica porque las posiciones son conocidas, quizá de las intervenciones de los grupos se han suscitado algunas dudas respecto al alcance de nuestra posición que, con la benevolencia de la Presidencia, me gustaría aclarar.
En primer lugar, cuando pedimos la reducción de los índices de barbecho en aquellas zonas que tienen establecido más del 40 por ciento, estamos hablando de las zonas más deprimidas de España, de las zonas más desfavorecidas. Si miran la geografía nacional verán que aquellas zonas a las que se les ha establecido índices de barbecho superiores al 40 por ciento coinciden con las zonas más deprimidas y más desfavorecidas. Por tanto, con esa idea pretendíamos alcanzar ese objetivo.
En segundo lugar, hemos actuado con fecha 16 de marzo, cuando conocimos el dato oficial. Si lo hubiéramos conocido antes, antes hubiéramos reaccionado. Cuando hemos constatado que se había creado una bolsa cercana a los 700.000 hectáreas es cuando hemos reaccionado. Posiblemente el Reglamento y los trabajos de la Cámara impiden que se vean las cuestiones antes, pero estamos en tiempo. Nada impide al Gobierno español, especialmente en las circunstancias de sequía que ayer fueron contempladas incluso en las propuestas de resolución que la Cámara aprobó, teniendo en cuenta ese marco de referencia a la sequía española, nada impide al Gobierno español plantear ante las instituciones comunitarias la necesidad de las rectificaciones que se contienen en nuestra proposición.
En tercer lugar, es público y notorio que múltiples comunidades autónomas han protestado oficialmente respecto a los índices de barbecho que se les han aplicado, y es público y notorio que la totalidad de las organizaciones agrarias han protestado en relación con los índices de barbecho que se contemplan en la normativa comunitaria.
En resumen, señor Presidente, tenemos el peligro de que las instituciones comunitarias comprueben que España no utiliza la totalidad del potencial que se le asigna en cultivos herbáceos y, por tanto, existe el peligro de que el año que viene se nos reduzca nuestra superficie. En segundo lugar, hemos reaccionado cuando hemos conocido el dato. En tercer lugar, en nuestra iniciativa hemos puesto por delante los intereses de las zonas menos favorecidas de España para que se pudieran beneficiar de esta posibilidad. En cuarto lugar, estamos en tiempo porque la sequía nos permite habilitar un plazo especial. Finalmente estamos --creemos-- ante la necesidad de alertar al Gobierno español de que algo no está funcionando a la hora de fijar los índices regionales de cultivos herbáceos y, en consecuencia, pretendíamos, a través de esta proposición, hacer un llamamiento al Gobierno y a la sociedad española en el sentido de que no estamos regulando perfectamente esta situación.


El señor PRESIDENTE: El señor Velasco tiene la palabra, también brevemente.


El señor VELASCO RODRIGUEZ: Señor Presidente, intervengo tan sólo para hacer una pequeña matización. En la última conferencia sectorial prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas estuvieron de acuerdo con esa orden ministerial. En cuanto a las superficies que han quedado sin solicitar habría que destacar que las dos comunidades autónomas cuyo diferencial en superficie es más alto son Andalucía y Galicia; Andalucía con 248.000 hectáreas y Galicia con 209.000.
Precisamente en Galicia el porcentaje de barbecho es el menor y, sin embargo, entendemos que no hay relación causa-efecto entre el barbecho y la bolsa que se ha generado. En consecuencia, el Grupo Socialista cree que es fundamental el reajuste de las superficies. A partir de ese momento podremos entrar a redefinir algunos porcentajes de barbecho blanco en comarcas.
Por tanto, insistimos en la misma cuestión. Creemos que hay que plantearla en el marco de la conferencia sectorial entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, porque allí hay representación de todos los grupos políticos que son conocedores de esta situación porque la están gestionando directamente.


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El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DEL SECTOR VITIVINICOLA, EN LA PROYECTADA REFORMA DE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION COMUN DE MERCADOS EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente: 161/000175.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la última de las proposiciones no de ley relativa a las medidas a tomar en favor del sector vitivinícola en la proyectada reforma de la correspondiente organización común de mercados en el seno de la Unión Europea. Para defenderla tiene la palabra don Neftalí Isasi, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ISASI GOMEZ: Señorías, antes de comenzar a debatir esta proposición no de ley, quería llamar su atención sobre la trascendencia socioeconómica y cultural que sin duda va a tener para España el proyecto de reforma de la organización común de mercado que en estos momentos se está discutiendo en el seno de la Comunidad Económica Europea, sobre todo si se llegara a aprobar en los términos que conocemos en estos momentos.
Sin duda también debemos tener en cuenta, al margen de posiciones partidistas, que lo que conocemos hasta ahora es un documento que a todas luces parece redactado contra los intereses españoles. Por eso solicito la mayor atención de esta Comisión y, si es posible, dejar de lado posiciones partidistas para intentar obtener aquí, esta mañana, una posición firme que indique al Ministro de Agricultura la actitud del Parlamento español y de la sociedad implicada --que yo creo que es toda la sociedad española porque va a afectar directa o indirectamente a todos los españoles-- para que el Ministro español defienda en Bruselas las premisas de las líneas generales que en la proposición no de ley que vamos a debatir se contemplan.
El sector vitivinícola español, señorías, está regulado por el Estatuto de la vid y del vino, que data de 1970, y por los reglamentos de desarrollo de la OCM del vino, redactada también hace más de veinte años para una Comunidad Económica Europea de seis u ocho países que nada tenían que ver con la tradición vitivinícola del sur de Europa, en definitiva del Mediterráneo, que es donde se cultiva el mayor número de hectáreas del mundo, como en el caso de España. (Rumores.) No tenemos que perder de vista...


El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor Isasi. Silencio, señorías.
El señor ISASI GOMEZ: No debemos perder de vista que nuestro país, España, es el primero del mundo en superficie dedicada a la viticultura; por el contrario, somos el tercero en producción total de uva y de vino.
No debemos pasar por alto este dato, que más adelante saldrá a relucir en cuanto a los rendimientos.
Los organismos comunitarios, desde la incorporación de España y otros países del sur de Europa cuando se constituyó la Europa de los doce, que entró en vigor el 1 de enero de 1986, ya desde entonces vienen discutiendo sobre la necesidad de reformar la organización común de mercado, pero a la vez han sido incapaces de llegar a acuerdos por los intereses contrapuestos, por los egoísmos demostrados por los dirigentes de los países miembros y por la actitud cínica de la mayoría de esos países miembros que han preferido descapitalizar el presupuesto comunitario y agrícola gastando cientos de miles de millones de pesetas en intentar atajar los graves problemas que tiene el sector vitivinícola y, sin embargo, no han sido capaces de ponerse de acuerdo porque, coincidiendo en la necesidad de la reforma, cada uno estaba mirando, al mismo tiempo, para su lado.
Ya en la aprobada reforma de la PAC, en mayo de 1992, en su introducción se hacía alusión a la necesidad también de la reforma de la organización común de mercado, y se adquiría de alguna manera un compromiso para introducir en ella dicha reforma, pues bien, en julio del año 1993 se conoció un documento, el llamado documento de reflexión, que el Consejo de Ministros agrarios contempló, discutió y analizó el 21 de septiembre de 1993. Dicho documento de reflexión llegó a conocimiento de la mayoría del sector interesado en el futuro de la política vitivinícola europea y saltaron todos los dispositivos de alarma porque conocimos entonces que se había redactado un documento absolutamente en contra de los intereses españoles, como decía antes. Ese documento fue debatido también en el Parlamento Europeo, obteniéndose un nuevo documento contrario en líneas generales al documento de la Comisión, pero, como todos sabemos, la decisión que tome el colegio de comisarios no es vinculante. Este documento podríamos asumirlo, en parte, sin perjuicio de algunas matizaciones importantes.
La producción vitivinícola española se origina en la mayoría de las provincias y regiones, pero se da la circunstancia de que gran parte de ellas carecen de alternativa a otros cultivos, además de la tradición que supone para nuestro país el cultivo del viñedo desde tiempos inmemoriales, hecho que supone, como todos sabemos, una auténtica cultura del cultivo, de la elaboración e incluso en la gastronomía de su consumo moderado. Las exportaciones de vino español alcanzan el doce y pico por ciento de todas las exportaciones agrarias, suponiendo casi el dos por ciento de la totalidad de las exportaciones españolas, cifras que nos muestran la importancia que tiene el sector vitivinícola español. La Unión Europea produce en torno a 190 millones de hectolitros, de los cuales el 20 por ciento se produce en nuestro país. Alrededor de catorce millones son dedicados al consumo interior, entre vinos y mostos, exportamos ocho millones y el resto va destinado a diferentes

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destilaciones y a la elaboración de productos como coñac, vermut, vinagre, etcétera. Tenemos que destacar que ha descendido el consumo del vino en España en los últimos diez años, en torno al 50 por ciento, sin que nadie haya hecho absolutamente nada para atajar esa disminución.
Durante los años ochenta ha existido una especie de mala conciencia en mucha gente tratando de identificar el consumo moderado del vino con el alcoholismo. Incluso hemos visto campañas institucionales identificando el alcoholismo con una copa de vino con botellas de vino reconocidas como de las mejores calidades del mundo, lo cual nos parece, cuando menos, una verdadera aberración. Ya van siendo menos esas voces que tratan de identificar el alcoholismo con el vino cuando, por otra parte, estamos viendo que el alcoholismo se produce fundamentalmente en los sectores de población más jóvenes, que precisamente son los que no prueban el vino en absoluto. Por otra parte, desde el Gobierno español se penaliza el consumo del vino al estar sometido a una fiscalidad del 15 por ciento de IVA, cuando el sector hostelero está sometido a un 6 por ciento, y el propio Grupo Socialista ha rechazado reiteradas veces nuestra propuesta de reducir el IVA del vino del 15 al 6 por ciento.
Los principales problemas que se aprecian en el documento de reforma de la organización común de mercado se concretan en los puntos que a continuación les voy a comentar. El objetivo fundamental de la reforma de la organización común de mercado pretende, de una forma simplista, equilibrar la producción con la demanda, fijándose solamente en un principio, como decía hace un momento, de una forma un tanto simple, diciendo: Esta es la demanda que hay, ésta es la producción que tiene que haber en la Comunidad Económica Europea, sin tener en cuenta para nada la promoción, la intensificación del incremento de la demanda. En estos momentos se fija la demanda para establecer la producción dentro de seis años, que es el plazo de revisión de esta propuesta, lo cual nos parece un auténtico error. Se pretende reducir la producción alrededor del 30 por ciento de una forma lineal en todo el territorio de la Unión Europea, lo cual a priori puede parecer a sus señorías algo lógico, pero les puedo asegurar que es tremendamente injusto para los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque en España, como decía antes cuando hacía alusión a la importancia de nuestro país en cuanto a que somos el primero del mundo en superficie dedicada al viñedo, pero el tercero de la Unión en cuanto a producción, los rendimientos se sitúan en torno a 30 hectolitros por hectárea y en los países del centro y norte de Europa se sitúan en torno a los 150 ó 200 hectolitros por hectárea. Quédense con estas cifras que son tremendamente importantes para ver quién produce excedentes en el seno de la Unión Europea y quién no; para ver a quién tiene que afectar fundamentalmente la reforma y a quién, en todo caso, tiene que afectarle de otra manera. Por eso rechazamos de plano esa reducción lineal del 30 por ciento de la producción, a todos por igual.
Por otra parte, señorías, y éste es uno de los puntos, a priori, más escandalosos o de los que más se está hablando en los últimos momentos, sin perjuicio de que también hay otros de la misma entidad, está el tema de la chaptalización. Como venimos hablando mucho de este tema todos sabemos a qué nos referimos. Además de esos rendimientos escandalosos --digo escandalosos porque está demostrado que va en contra de la calidad--, los países del centro y norte de Europa tienen unas prácticas enológicas consistentes en añadir sacarosa, o sea, elementos extraños a la producción de uva, elementos extraños a lo que es el zumo de uva, añadir azúcar de remolacha. Estamos viendo cómo en los mercados europeos tenemos vinos sin identificar, con componentes de la uva y componentes extraños, por tanto, una fabricación de vinos artificiales sin que ningún consumidor sepa qué es lo que está bebiendo. Estos países están produciendo un auténtico fraude al consumidor. Lo tenemos que decir bien alto, y gritando si hace falta, desde las posiciones españolas, y no solamente nosotros sino el propio Ministro de Agricultura en el seno de la Comunidad Económica Europea, tan preocupados ellos cuando les interesa poner pegas fitosanitarias o de otro tipo en productos españoles que nada tienen que ver con esos temas. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Bravo!) Quiero llamar la atención de SS. SS. sobre cómo a partir de esa práctica enológica... (Rumores. Varios señores Diputados se sirven café en la mesa situada al efecto.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego silencio. Yo creo que esta nueva práctica que se ha introducido no resulta demasiado conveniente. (Risas.) Continúe, señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Quiero llamar la atención de SS. SS. sobre cómo a partir de la práctica enológica de la chaptalización se introducen en el mercado europeo nada más y nada menos que veinte millones de hectolitros de vino fabricado, de vino con azúcar, que el consumidor --insisto-- no lo sabe, y, sin embargo, asistimos a la cínica e hipócrita posición del documento --por no hablar de personas, aunque alguien lo ha redactado--, en el que se dice que, en todo caso, los Gobiernos de los países miembros podrán autorizar a los productores de vino a poner en sus etiquetas que es un producto no elaborado con sacarosa, cuando en todo caso debe ser lo contrario: que aquellos que lo están haciendo --y respecto a los cuales seríamos incluso partidarios de que lo pudieran hacer durante un período transitorio, pero no con remolacha-- tuvieran que poner obligatoriamente que ese producto está elaborado con añadido de sacarosa.
Señorías, para que comprueben el alcance de esta situación se están utilizando en torno a 500.000 u 800.000 toneladas de azúcar para la fabricación de vino en Europa.


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, le ruego vaya concluyendo.


El señor ISASI GOMEZ: Perdón, señor Presidente. Le rogaría fuera un tanto flexible con el tiempo, porque lo que estamos tratando la verdad es que lo merece.


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El señor PRESIDENTE: Su señoría sabe que el Presidente lo es normalmente, y en este caso también, pero le ruego brevedad,

El señor ISASI GOMEZ: Señorías, se pretenden reducir en los próximos seis años nada menos que cincuenta millones de hectolitros de vino. Hemos visto cómo veinte se producen con la fabricación de vinos con sacarosa, y dieciséis millones de litros de alcohol se utilizan para la fabricación de brandys y licores, no contemplados en los números establecidos en la reforma. Tampoco se contempla el incremento del consumo que está comenzando a remontar en estos momentos, y que con una mínima promoción de los productos, tanto en zumo como en el consumo moderado del vino, se podría conseguir, resultando ahí que con estos tres parámetros tendríamos asumidos esos cincuenta millones de hectolitros que la Comunidad cree que es necesario disminuir.
Se establece, además, otro de los capítulos trascendentales, que es el arranque del viñedo, y no como medidas disuasorias como hasta ahora, sino de una forma obligatoria, a través de planes regionales que posteriormente se desarrollarán por los Estados miembros. Pues bien, se considera por los expertos españoles que le puede «tocar» --entre comillas--, le puede corresponder a España arrancar en torno a un tercio de su superficie: en torno a 500.000 hectáreas --y han oído bien-- de viñedo en el territorio nacional.
Esas 500.000 hectáreas, lógicamente, tienen una prima, una compensación económica, pero también existe ahí otro asunto importantísimo. Además de la pérdida de tres patrimonios para los viticultores españoles (ya que, como he dicho al principio, yo creo que esto afecta a todos los españoles): un patrimonio económico --excuso explicarlo--, un patrimonio cultural, ya que desde hace más de seis mil años se está cultivando la vid y elaborando vino en este país, y un patrimonio ecológico; además de esto, vemos cómo las primas establecidas en el documento van a favorecer la hectárea de los países del centro y norte de Europa. ¿Por qué? Porque aquí sí que se establece que una hectárea de viñedo arrancada en España --en Castilla-La Mancha o donde sea, pero en el territorio español-- no vale lo mismo que iguales metros cuadrados arrancados en el centro y norte de Europa, porque las primas se establecerán en proporción a los rendimientos. Es decir, para llevarse los dineros de la propia Comunidad sí se establece un sistema de forma que se prima mucho más las hectáreas arrancadas en el resto de la Comunidad que en España. Yo no sé qué dirá el agricultor, el viticultor español cuando vea que un compañero suyo se puede llevar el doble o tres veces más por los mismos metros cuadrados.


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, le ruego que, por favor, vaya concluyendo.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, nosotros --y voy concluyendo-- hemos presentado una proposición no de ley en la que, como decía al principio, pretendemos indicarle al señor Ministro de Agricultura --ya que no hemos visto ningún documento, ningún memorándum por el que el Gobierno español fije su posición respecto a este gravísimo problema-- que hemos presentado a la consideración de todas SS. SS. una proposición no de ley con el fin de, repito, fijar la posición de este Parlamento.
Además, posteriormente hemos presentado una serie de enmiendas a dicha proposición no de ley tratando de enriquecerla.
Señorías, nosotros pretendemos en el punto primero, que el Gobierno español, dada la importancia del sector en España, lidere esta reforma.
Ninguna ocasión mejor que ésta para que el Gobierno español, el ministro de Agricultura o el Presidente del Gobierno si hiciera falta, lidere la posición española en este tema. Tiene que presentar un memorándum, tiene que presentar una alternativa en el seno de los organismos comunitarios sobre la posición española y la posición europea en este asunto, y eso es lo que planteamos en este punto. (El señor Pascual Monzó: Sí señor. Muy bien.) Por otra parte, y en el segundo punto, nosotros consideramos que, en todo caso, las parcelas de tierra que se van a afectar por el arranque de viñedo tengan las mismas compensaciones que las contempladas en la reforma de la PAC.
En el tercer punto contemplamos que las destilaciones vínicas sean coloreadas. Este es un tema que ya nuestro compañero y portavoz don Miguel Ramírez ha planteado varias veces en esta Comisión, porque hemos detectado --así nos lo ha manifestado el sector-- cómo partidas importantísimas de vino que se han destinado a la destilación han vuelto al mercado del vino, distorsionando claramente todo el mercado. Por eso, creemos que éste es el momento para plantear esta situación. En cuarto lugar, nosotros no somos partidarios de que se arranquen ni una sola cepa en España, ni una sola, porque hemos dicho que es un patrimonio español, ecológico, económico y cultural, y como alternativa a todo eso nosotros vemos con buenos ojos el tema de la vendimia verde, que habrá que desarrollar.
Respecto a la financiación, diré que no comprendemos cómo toda la política del área común va financiada a través de los fondos comunitarios y, sin embargo, en esta ocasión se hacen apartados para que parte de esos costes vayan a cargo de los Estados miembros.


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, por favor, vaya concluyendo. Creo que la flexibilidad de la Presidencia se ha demostrado ya con creces.


El señor ISASI GOMEZ: El resto de las posiciones --por ir concluyendo, como me pide el Presidente-- seguramente las conocen, las tienen SS. SS., y espero que hayan tenido oportunidad y tiempo para analizarlas y estudiarlas, y espero que también coincidan con todos nosotros y den su voto favorable a la proposición no de ley, con el añadido de las enmiendas que hemos presentado.
Por otra parte, si me permite, señor Presidente, quería fijar nuestra posición sobre las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, en este trámite o en otro posterior.


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El señor PRESIDENTE: Como quiera su señoría.


El señor ISASI GOMEZ: Entonces, mejor posteriormente, una vez que el Grupo Socialista fije su posición. (Aplausos de varios señores Diputados del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, como ha anunciado el señor Isasi, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley.
Para defenderla, el señor López tiene la palabra.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Si me lo permite, empezaría por una cuestión personal. En una mañana en la que parece que somos muchos los Diputados invitados a esta sesión, quiero mostrar mi satisfacción quizá porque no me siento invitado, sino simplemente regresado, y por estar de nuevo en esta Comisión de Agricultura, a la que pertenecí durante la legislatura pasada.
Esta satisfacción, además, se ve aumentada por dos razones. La primera porque estamos tratando un tema de gran importancia en la presente proposición no de ley del Grupo Popular, como es el de la reforma de la organización común del mercado del vino, mucho más viniendo de una comunidad y de una provincia donde siento reconocidos a líderes agrarios, a medios de comunicación, incluso al Presidente de la Comunidad, y fundamentalmente a gran parte de esos cientos de miles de viticultores.
La segunda cuestión que aumenta la satisfacción de volver otra vez a la Comisión de Agricultura es el clima de consenso que adivino en las palabras del señor Isasi, un consenso que viene determinado porque coincidimos en la importancia que esta reforma de la organización común de mercado tiene para la economía española; estamos de acuerdo con él en la trascendencia social y cultural --y económica, añadiríamos nosotros-- de esta reforma. Pero este consenso también viene determinado por la valoración que hacemos, tanto del documento de reflexión que la Comisión titula «Evolución y futuro de la política vitivinícola» como por el consenso alcanzado en la valoración del proyecto de reglamento sobre organización común de mercado del vino.
Quizá eliminaríamos alguna expresión gruesa, quizá no fuera yo capaz de expresarme con la vehemencia con que lo hace el señor Isasi, lo cual lamento, entre otras cosas porque no voy a dar ocasión a mi grupo de que me aplauda. (Aplausos de un Diputado del Grupo Popular. Un señor Diputado del Grupo Popular: Hay que ganárselo.) Efectivamente, hay que ganárselo.
Ese consenso me va a obligar, incluso, a obviar algunas discrepancias que podemos mantener el señor Isasi y yo en ciertos análisis, que las hemos mantenido personalmente y que incluso en alguna ocasión, en la legislatura pasada, se ven reflejadas en el «Diario de Sesiones». Obvio esas diferencias porque la verdad es que lo que me preocupa fundamentalmente esta mañana es que de la Comisión de Agricultura salga lo más consensuada posible una proposición no de ley que inste al Gobierno a actuar con la mayor firmeza en la defensa de los intereses de los viticultores españoles.
Tengo que decir, con la menor acritud de la que sea capaz --simplemente porque no debo callarlo y, fundamentalmente, por la última alusión que hacía el señor Isasi a que creía que podíamos haber estudiado sus enmiendas--, que de la misma manera que el otro Grupo enmendante, el Grupo Socialista, desde hace dos o tres días está intentando conformar su propia posición presentando sus enmiendas, discutiéndolas con otros grupos y corrigiéndolas en algunos casos, incluido el señor Isasi, portavoz del Grupo Popular, es verdad, repito, que nos hubiera gustado que esta misma actitud, tendente al consenso, nos hubiera llevado a conocer las enmiendas un poco antes.
A pesar de ello, seguimos pensando que el consenso es fundamental. He hecho el esfuerzo personal --y quiero personalizar porque en este caso, ante cualquier equivocación, querría evitar la responsabilidad que tuviera mi Grupo-- de ver cuáles han sido las enmiendas que he conocido esta misma mañana al entrar en la Comisión hace menos de una hora, y he hecho también el esfuerzo de aproximarme para intentar ver la mejor manera de llegar a un acuerdo, a través de transaccionales o a través de expresar nuestra propia opinión.
Nuestras enmiendas, señor Presidente, que es para lo que en realidad me había concedido este turno, están encaminadas fundamentalmente a eliminar todo aquello que pudiera ser discrepante, pero no en la discrepancia de lo que pueden ser soluciones, sino en todo aquello que podría ser opinable.
En esta situación en la que nos posicionamos de mantener que es necesario que esta mañana de esta Comisión salga una postura unánime de la misma, ni siquiera estamos en disposición de contestar con enmiendas a planteamientos de la proposición no de ley con los que no estamos de acuerdo, sino que más bien nuestras enmiendas en ese caso irían a una propuesta de supresión de esas cosas que son opinables y sobre las que, en realidad, no nos podemos poner de acuerdo. Pero ya tendré ocasión de poner algún ejemplo al ver cada una de nuestras enmiendas.
Estas enmiendas, fundamentalmente, son cinco de redacción, lo que indica sobre todo que aceptamos completamente los puntos a los que ellas se refieren. No tengo ningún inconveniente en reconocer que la enmienda de redacción, en mi caso, probablemente se deba a un vicio profesional de maestro de escuela, por el cual tengo la tendencia absoluta de meter la pluma en cualquier escrito que veo redactado con intención de corregirle, pero que en realidad lo que esas enmiendas de redacción indican es que aceptamos en todos sus términos los puntos segundo, quinto, noveno, cuarto, sexto, séptimo, décimo y undécimo en una proposición, en principio, de doce puntos.
Sobre estos puntos luego ha habido modificaciones del propio Grupo proponente, que pasaré a comentar, pero que son más bien enmiendas de redacción, incluso respetando lo que el Grupo Popular había ofrecido, en principio, para su proposición.
Hay dos enmiendas de matiz. La primera la comentaré también al hilo de lo que es la número 11, de adición, del

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Grupo Popular. En este punto quiero hacer dos brevísimas consideraciones.
En primer lugar, que me alegra que el Grupo Popular haya dejado, para después de la intervención del Grupo Socialista, el exponer su posición, en el sentido de que espero dar alguna razón de por qué se deberían aceptar nuestras enmiendas y darlas, sobre todo, en función de la razón del consenso, de que salga por unanimidad una solución de aquí.
Al primer punto de la proposición no de ley del Grupo Popular nosotros hemos presentado una enmienda que pretendía mantener el criterio de añadir, en el primer párrafo, lo que es la importancia que tiene para nuestro sector vitivinícola y para los agricultores de este sector la referencia a la reforma de la organización común de mercado. Entendemos que nuestra enmienda, que se pretende introducir en el primer párrafo y suprimir, por tanto, el punto número 1, se justifica en el sentido de llamar la atención sobre lo que significa la organización común de mercado desde el principio de la proposición no de ley. Además, incluida en el primer párrafo, donde nosotros queremos, destaca la importancia de que se trate en el Congreso de los Diputados, y de otra forma quedaría como la necesidad de que el Congreso de los Diputados le haga ver al Gobierno dicha importancia.
En este sentido, ya anticipo --y me cuesta empezar así, porque la verdad es que con el resto de las enmiendas vamos a hacer un esfuerzo tremendo por votarlas conjuntamente-- que en el primer punto nosotros seguiríamos manteniendo nuestra propia enmienda, en orden a incluir la importancia del sector y la importancia que para los agricultores tiene, suprimiendo el punto primero.
Estamos de acuerdo en que el Gobierno debe liderar la cuestión. Estamos de acuerdo en que el Gobierno debe exigir, con la máxima firmeza, que se contemplen los intereses de los viticultores españoles, pero puesto en una proposición no de ley nos parece que no tiene un sentido de exigencia, un sentido de instancia al Gobierno, entre otras cosas porque liderar es una palabra que se entiende en muchos sentidos y porque no lidera quien quiere, sino quien tiene, por ejemplo, una minoría de bloqueo. Por tanto, eliminaríamos lo del liderazgo, con el que no tengo ningún inconveniente en mostrar que estamos de acuerdo.
A la vez creo que también es de justicia señalar que es precisamente el Gobierno español el que más está trabajando por ajustar el proyecto de reglamento a lo que son las necesidades españolas, pero nos parece que en una proposición no de ley no tiene cabida.
Aceptábamos tal cual, en sus mismos términos, el punto número 2 del Grupo Popular. Y por lo que puedo leer de la enmienda, que, como digo, sólo la he podido conocer hace escasos minutos, cuando empezó la sesión de la Comisión, aunque me hubiera gustado, en estas conversaciones que he mantenido con todos los grupos parlamentarios, tener alguna indicación de en qué sentido iban a ir las enmiendas del Grupo Popular y no fue así, seguramente por razones que son explicables pero que no conozco; repito que, por lo que he podido leer, estamos de acuerdo con el punto segundo de la proposición primitiva en todos sus términos y que, hasta donde se me alcanza, seguimos estando de acuerdo con la enmienda que introduce el propio Grupo Popular.
En el punto tercero introducíamos también una pequeña enmienda de matiz.
Creemos que las destilaciones vínicas que deben ser desnaturalizadas --entendemos, además, que debe utilizarse el término «desnaturalizadas» porque es más comprensivo que el de «coloreadas»-- son aquellas que no se destinan al uso de boca. Empieza a ser cada vez más alternativo a la crisis que pueda estar manteniendo el sector la utilización de alcoholes vínicos para uso de boca, que no es el propio de la elaboración de vinos.
En nuestra opinión, todos los intereses en presencia deben estar contemplados, y por eso añadimos simplemente esta cuestión de matiz: que sean desnaturalizados aquellos cuyo destino final no sea el uso de boca y que se utilice la expresión «desnaturalizar», porque a nuestro modo de ver expresa lo que es preciso hacer con los productos procedentes de las destilaciones vínicas. Estaríamos dispuestos a mantener estas dos cuestiones de matiz en cualquier instancia.
Respecto al punto cuarto, al que el propio Grupo enmendante hace una enmienda, estaríamos de acuerdo con que a su comienzo se añadiera que, como alternativa a cualquier política excepcional de arranque del viñedo, se podría establecer la llamada vendimia verde. No estaríamos de acuerdo, entre otras cosas porque no hemos tenido tiempo de formar opinión --lo digo tal cual--, con la segunda parte, porque en este momento no entendemos muy bien cómo encajarla ni dónde. Pero sí estaríamos de acuerdo en esa corrección técnica al punto cuarto y mantendríamos la nuestra, de simple vicio de maestro de escuela, de que donde se diga «establecer» se sustituya por «se establezca», por aquello de mantener una congruencia con la redacción que el propio Grupo aceptó.
Resumiendo, diré que como alternativa a cualquier política excepcional de arranque del viñedo se establezca la llamada vendimia verde, y votaríamos el punto cuarto de la proposición no de ley en los términos en que se recoge en esta enmienda si el Partido Popular, como le ruego, tuviera a bien retirar: «Asimismo, se garantizará...», etcétera, de su propia enmienda, no de la proposición no de ley, que es sobre la que hemos formado opinión.
Al punto sexto habíamos presentado una enmienda de las que yo he llamado de redacción, con la que es verdad que habíamos aprovechado para eliminar alguna otra cosa, como es la cuestión de la firmeza que el Gobierno español debe mantener en el tema de la chaptalización. En este tema, con el estilo de oratoria que cada uno tiene, debo compartir, y comparto absolutamente, todas las apreciaciones que el señor Isasi hace sobre la materia. Nos parece que tratar el excedente de la producción vinícola sin tener en cuenta la chaptalización, pretender que se demuestre lo contrario de una práctica que en absoluto es natural y enriquecer el vino con sacarosa, merecen todos los calificativos que se les quieran imponer, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los intereses españoles.
La verdad es que nuestra enmienda al punto sexto de la proposición no de ley es una enmienda con la que, aprovechando la intención de ajustarla a la redacción que el

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Grupo Popular había hecho, simplemente eliminábamos firmeza, pero no porque creamos que el Gobierno español no debe mostrar firmeza en oponerse a la chaptalización, sino porque creemos que la firmeza afirmada --si se me permite la expresión-- de un solo punto podría eliminar la firmeza que el Gobierno debe en todos los puntos que apruebe el Parlamento. Por tanto, no tengo ningún inconveniente en decir que éste es un especial problema y, en aras de ese consenso que me parece --sigo diciendo-- lo fundamental de esta mañana, no me importa hacer alguna alusión aquí a la firmeza. Lo que no se me ocurre es por qué tiene que tener más firmeza en este tema que en otros, aunque es verdad que esta es una cuestión especialmente grave. Pero insisto en que no tengo ningún inconveniente, señor Isasi, en que la firmeza quede reflejada en este punto. En cualquier caso, mantendríamos la enmienda de redacción por aquello del vicio a que antes hacía referencia.
Por lo que se refiere al punto séptimo de la proposición no de ley, como la enmienda es de redacción creo que el Grupo Popular no tendrá ningún inconveniente en aceptarla.
En el punto octavo de la proposición no de ley sí que tenemos alguna diferencia, pero sigo insistiendo en que no es una diferencia de acuerdo en el fondo. Creemos que la producción vínica natural debe establecerse en torno a los nueve grados, que son los que fija nuestro Estatuto de la Viña, la Vid y los Alcoholes. El problema que se le plantea al Grupo Socialista en este punto, y, por tanto, haríamos una enmienda en el sentido de que se exija el establecimiento de la producción vínica natural por encima de los grados alcohólicos que contempla el documento de la Comisión, aprovechando la enmienda número 15 del Grupo Popular; el problema del Grupo Socialista, repito, es otro, es el referido al modo de afrontar una negociación. ¿Que significa que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que, en la reforma de la OCM, se establezcan los nueve grados que impone nuestro Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes? ¿Significa esto que si llegáramos a una mejora evidente respecto al proyecto primitivo de Reglamento, pero que no cumpliera con la exigencia de nuestro Estatuto, el Gobierno debería rechazar y no firmar esa mejora simplemente porque le hemos instado a mantener una posición cerrada? Creemos, y estamos convencidos, de que se protegen mejor los intereses españoles si la producción vínica natural estuviera en los nueve grados alcohólicos que contempla nuestro Estatuto simplemente porque es una forma de ver una negociación en la que otros países, no diría yo cínicamente --y menos aún con países a los que tenemos que convencer y con los que tenemos que negociar-- defienden sus propios intereses. Pues bien, en esa negociación ¿debe ir el Gobierno con un mandato cerrado de imposición a los demás países miembros de una legislación interna? Legislación interna en la que estoy seguro que estaríamos encantados de hablar de cómo se debe tratar el Estatuto de la Viña de nuestro país y de la influencia que tiene respecto de nuestros agricultores, que no siempre es beneficiosa por restrictiva.
Por tanto, al hilo de la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Popular, proponemos, y leo, que se exija el establecimiento de la producción vínica natural por encima de los seis grados alcohólicos que contempla el documento de la Comisión.
En congruencia con ello, en el punto 9 diríamos una cosa igual a la que dice el Grupo Popular en su documento, porque aquí de lo que se trata, obviando el problema de los nueve grados, es de exigir que los enriquecimientos se hagan con mosto concentrado. Y como estamos de acuerdo en que el enriquecimiento de los vinos se haga con mosto concentrado exclusivamente y no con otro tipo de adiciones, presentamos una enmienda que pretende obviar lo referente a los nueve grados, por si, finalmente, la reforma no saliera con ellos, que bien que nos gustaría que saliera, pero por si saliera con algo menos. Por eso la redacción es una redacción congruente, insisto, con lo que puede salir de la reforma.
No es que por encima de los nueve grados haya que enriquecer el vino con mosto concentrado, sino que se debe hacer así por encima de cualesquiera grados que fije dicha reforma. Y me parece que el señor Isasi estaría, en principio, despuesto a aceptar.
También podríamos incluir una parte de lo que es su enmienda número 16, y quedaría el texto así: «Que exija la utilización exclusiva de mosto concentrado, cuya producción debería ser subvencionada, para enriquecer los vinos que precisen aumentar su graduación alcohólica por encima de lo establecido en la reforma.» Creo que con esto se recoge nuestra enmienda al punto 9, y también la enmienda número 15 del Grupo Popular.
En cuanto al punto 10, teníamos una enmienda de redacción. El Grupo Popular mantiene la enmienda número 17, en la que se hace referencia al carácter cultural e histórico del vino en todas sus facetas, desde la producción hasta el consumo. Mantenemos nuestra enmienda de redacción, que no creo que tenga ningún problema, y aceptaríamos votar la enmienda, que, además, hace referencia al carácter cultural e histórico del vino.
Seguramente habría que redactarla de manera que fuera congruente con la redacción de toda la proposición no de ley. Es decir, que en la OCM del vino se contemple lo que dice el punto 9 originario que se debe contemplar, que en la OCM del vino se contemple claramente la necesidad de informar y educar sobre el consumo moderado del vino dentro y fuera de la Unión Europea, con el fin de recuperar mercados y consumidores que se han ido perdiendo en favor de otros productos y que se tenga en cuenta o se restablezca el carácter cultural e histórico del vino en todas sus facetas, desde la producción hasta el consumo.
En el punto 11, al que teníamos presentada una enmienda de simple redacción, estamos de acuerdo con el texto que figuraba en la proposición no de ley, es decir, que los excedentes vitivinícolas deben ser comunitarizados. Estamos absolutamente de acuerdo en esto. Además, añade el Grupo Popular, tanto en su enmienda como en la intervención del señor Isasi, que es necesario que en el balance vitivinícola se tenga en cuenta no sólo la producción, sino también los rendimientos por hectárea. Es verdad que no considerar los rendimientos por hectárea supone un

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grave problema para la viticultura española. Mantenemos unos rendimientos por hectárea muy inferiores a los que pueden mantener Luxemburgo y Alemania y, por tanto, no podemos aceptar que el balance vitivinícola final se obtenga simplemente en torno a la producción y no al rendimiento por hectárea. Como estamos de acuerdo en que los excedentes deben ser comunitarizados, no nos importa estarlo con una enmienda que diga algo así como que los excedentes sean comunitarizados teniendo en cuenta los rendimientos por hectárea y no sólo la producción en el ámbito de la Unión Europea, financiando sus costes --con lo que también estamos totalmente de acuerdo-- íntegramente con los fondos del Feoga-garantía.
Sobre el balance vitivinícola no haríamos ninguna referencia, porque, estando de acuerdo como estamos y creyendo en ese acuerdo entre el Grupo proponente y el enmendante, en este caso Popular y Socialista respectivamente, lo que de verdad queremos es que se refleje en nuestra posición, en la posición del Congreso, que el Gobierno debe defender una concepción del balance vitivinícola atendiendo al rendimiento por hectárea y no sólo a la producción. Creemos que lo dejaríamos así, en el sentido de que los excedentes sean comunitarizados atendiendo a los rendimientos por hectárea y no sólo a la producción.
En el punto 12 sí mantenemos diferencias de criterios y, por eso, pedimos su supresión; no queremos reflejar nuestro criterio en una enmienda y simplemente pedimos que se suprima. Creemos, señorías, señor Presidente, que no es bueno, que no sirve a los intereses españoles eliminar la inclusión de los vinos de calidad procedentes de regiones determinadas en el régimen de destilaciones. Hay varias razones. En primer lugar, ya he dicho que procurábamos eliminar aquello en lo que pudiera haber controversia, aquello en lo que el sector o los grupos políticos no se pusieran de acuerdo porque es opinable. Nosotros tenemos razones para creer que los vinos de calidad producidos en regiones determinadas deben ser incluidos en el régimen de destilaciones. La primera que se nos ocurre es que, de esa controversia que digo que hay en esta medida, es muestra la enmienda del Grupo Popular a su propia proposición; es muestra, por tanto, de que es una medida que puede ser contestada, que puede ser discutida. Por tanto, lo que pedimos es que el Grupo Popular acepte la supresión de este punto. Tenemos alguna razón más para fijar nuestra posición, en el sentido de que hay países, como Alemania por ejemplo, que en campañas enteras no declaran nada de vino de mesa; todo lo que declaran son vinos de calidad producidos en regiones determinadas.
Si aceptáramos el punto 12 tal como está en la proposición no de ley del Grupo Popular, estaríamos diciendo que Alemania no tiene que destilar nada porque todo lo declara como vino de calidad que procede de regiones determinadas. Creemos que perjudica al sector, mucho más aún teniendo en cuenta que el país miembro es el que, una vez que tiene su cupo de destilación, puede elegir, el país miembro sólo, si manda a la destilación vino de mesa o vino de calidad; es el país el que lo decide.
Si nuestra producción de vino de calidad estuviera incluida en el régimen de destilaciones, podríamos llegar a ese cupo de destilaciones con vino de mesa y no tendríamos por qué hacerlo con vino de calidad. Desde nuestro punto de vista --de una cuestión, repito, que es discutible--, ni siquiera nos parece aceptable la enmienda que el Grupo Popular hace a su punto 12, porque nosotros creemos que, en el régimen de destilaciones, por razones de solidaridad, por razones de declaración de los países como Alemania, por razones de que el país miembro decide, finalmente, qué es lo que quiere destilar o no, creemos, repito, que todo el vino debe entrar en el régimen de destilaciones. Pero no queremos hacer una enmienda en el sentido de decir eso, simplemente queremos llegar al consenso máximo. Por esto, las cuestiones que sean opinables deberíamos hacer el esfuerzo de eliminarlas porque lo que de verdad se pretende es que el Gobierno tenga la clara conciencia de que el Congreso de los Diputados le pide firmeza y le pide negociar por los intereses españoles.


El señor PRESIDENTE: Señor López, vaya concluyendo.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Termino, señor Presidente, pero estoy seguro que S. S. comprende que tengo que debatir en este momento enmiendas que yo había hecho, proposición no de ley del Grupo Popular, enmiendas a las enmiendas del Grupo Popular y, además, ofrecer transaccionales. Aprovecho el inciso para pedir disculpas porque seguramente en alguna me habré equivocado y algunas otras no habré sabido expresarlas de forma comprensiva.
Con la enmienda número 20, del Grupo Popular, ni siquiera hemos tenido tiempo para saber --ni mi Grupo ni otros grupos-- qué es lo que podíamos hacer. Por tanto, ruego al Grupo Popular que la retire, que la discutamos en otra ocasión, si es preciso, que hablemos en otra ocasión de esto, del régimen de destilaciones, del estatuto de la viña, pero que en este momento retire esta enmienda de la que en media hora no hemos tenido tiempo de formar opinión.
Respecto a la enmienda número 21, es verdad que hay una carencia en el documento y en el proyecto de reglamento, que es no hacer ninguna referencia a la influencia que los acuerdos del GATT pueden tener en la reforma de la OCM del vino; es verdad. Como lo es, nos parece absolutamente aceptable una enmienda que intentando transar con la que hace el Grupo Popular dijera, simplemente --y aquí vuelvo a hacer también una enmienda de la enmienda, en el sentido de la redacción--, que la reforma de la OCM del vino tenga en cuenta las consecuencias negativas que el reciente acuerdo del GATT tiene sobre la vitivinicultura de la Unión Europea y de la española. Lo demás creemos que no aporta gran cosa.
En fin, señorías, por encima de una única diferencia de criterios, por encima de dos cuestiones de matiz o por encima del vicio profesional de meter la pluma en cualquier redacción, por encima de todo esto, digo, está el que aquí seamos capaces de sacar una posición unánime que diga al Gobierno español, a la Comisión Europea, pero sobre todo a los agricultores españoles, que estamos convencidos de la importancia del sector, que estamos convencidos de la exigencia de hacer una reforma que defienda los intereses

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españoles y, desde luego, que estamos unánimemente dispuestos a luchar por los intereses de los agricultores españoles, que, en definitiva --coincido en eso con todos los grupos--, son los intereses de España.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Vidal, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como portavoz del mismo y, además, como pequeño viticultor, en trance, por desgracia, de cesar en esta actividad.
Decía que voy a fijar la posición respecto a la proposición no de ley del Grupo Popular que con tanta convicción y contundencia ha defendido su portavoz, porque trata nada más y nada menos que de las posibilidades de supervivencia de uno de los sectores agrícolas cuantitativamente más importantes económicamente y, a la vez, más representativos de nuestra agricultura productiva mediterránea, cual es el sector vitivinícola.
Además, señorías, se trata de un sector profundamente enraizado en el acervo social, cultural e histórico de amplias zonas del país, de toda la cuenca mediterránea. Es imposible tratar de esta civilización mediterránea olvidando su vinculación con el cultivo de la viña, la elaboración del vino y su comercio a orillas del Mediterráneo. Y este sector económico y social tan profundamente nuestro se halla amenazado seriamente por un proyecto de organización común de mercados inadmisible en casi la totalidad de sus propuestas, referidas al cultivo de la vid, en los países mediterráneos pero que afecta especialmente a España. La propuesta del Comisario Steichen es una propuesta indignante y contraria a los intereses de nuestro viticultores, contradictoria, además, con los propios objetivos de la misma Organización Común del Mercado y que empeora, inclusive, el documento de reflexión conocido hasta ahora, que precisa el rechazo y la condena unánime del sector, del Gobierno y de este Congreso de los Diputados. Unanimidad que nuestro Grupo desea que se produzca también para trabajar conjuntamente en ofrecer a todos los responsables de la negociación en el marco europeo, primero, las razones cuantificadas de oposición a esta OCM en sus términos actuales; las de inadmisible discriminación entre los países miembros, según sean continentales o mediterráneos; las consecuencias lamentables de disminución de renta para nuestros viticultores y la consecuencia peor de abandono de muchas superficies que quedarían afectadas por la erosión y, tal vez, por la desertización.
En segundo lugar, deberíamos ofrecer también conjunta y razonadamente las soluciones y mínimas exigencias de contenido de esta OCM para que pueda ser aceptada por nuestros viticultores y votada por nuestro país, ejerciendo la influencia y el peso que le corresponde a España por tratarse del país con mayor superficie destinada a este cultivo dentro de la Unión Europea.
Efectivamente, España ocupa el 38 por ciento (en primer lugar, por tanto) de la superficie de viña, pero es el tercer país en producción después de Francia e Italia. Esto ya indica que, en ese cultivo, en España priva la calidad, el grado alcohólico natural sobre los rendimientos por hectárea, siendo nuestra media nacional de 28 hectolitros/hectárea, algunas décimas inferior a la mitad de la media comunitaria. Retengan, señorías, también este dato.
Si tenemos en cuenta que el principal objetivo de la OCM es alcanzar el equilibrio interno entre oferta y demanda, disminuyendo el potencial productivo comunitario para disminuir los excedentes y, por tanto, el producto subvencionado, parecería lógico priorizar la reducción de los rendimientos/hectárea, antes que hacerlo a través de las superficies.
Por lo tanto, es inadmisible, injustificable la pretensión de obligar a nuestro país al arranque de 500.000 hectáreas de viñedo antes de que no se haya obligado a descender los altos rendimientos centroeuropeos, que son sinónimos de baja calidad y graduación y de prácticas condenables, como la de la chaptalización.
Además, en su momento, fueron aducidas razones de mejor calidad y rentabilidad para proteger, dentro del ámbito comunitario, ciertas producciones de la Europa continental, como los cereales, la carne, la leche, obligando a España a grandes sacrificios de reducción de sus producciones, incluso muy por debajo de su autoabastecimiento. Por idénticas razones, la Unión Europea tiene ahora que respetar forzosamente, obligatoriamente, las superficies y las producciones de nuestro país, la mejor calidad de nuestros caldos, obtenidos con fermentaciones naturales, con productos obtenidos en un ámbito territorial climático y vegetativo mucho más idóneo, cual es el Mediterráneo.
Por esto, nuestro Grupo también apoya al Gobierno a que siga oponiéndose con coraje, radicalmente, a que prospere la OCM en su redacción actual.
Es imprescindible que se comunitaricen todas las medidas de financiación de la OCM, pues la cofinanciación crearía discriminaciones contrarias a los viticultores de los países más pobres.
Convergència i Unió apoya y defiende que la OCM del vino contenga previsiones para el arranque subvencionado de los viñedos, mediante planes regionales plurianuales de abandono, en los que, no obstante, se respete siempre la libertad individual de cada viticultor en acogerse a ellos y la compatibilidad de estas subvenciones con el aprovechamiento de las superficies liberadas para otros cultivos. Que se desnaturalicen los productos de destilaciones subvencionadas para ser retirados del consumo humano. Que, para obtener la disminución de rendimientos y de excedentes en determinadas cosechas anuales, se priorice la subvención para el aclareo y la vendimia en verde. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vidal.
Señorías, ruego silencio, por favor.


El señor VIDAL I SARDO: Que no se permita la chaptalización en toda la Comunidad Económica Europea, y si esa prohibición debe hacerse por fases, de forma progresiva,

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que se obligue de inmediato a la identificación de los productos para diferenciarlos del vino natural. Que se exija un grado alcohólico mínimo superior a los 6 grados para tener acceso al mercado europeo y que el encabezamiento o enriquecimiento alcohólico sólo sea permitido mediante «coupage» o mezcla con mostos concentrados. Ambas exigencias son acordes con el objetivo prioritario de la propia OCM, cual es el de la reducción de los excedentes.
A nuestro juicio, la filosofía de la OCM parte de una premisa absolutamente equivocada, falsa, basada en la irreversible reducción progresiva del consumo. Equivocada por cuanto este consumo puede aumentarse con el fomento de una mejor calidad, con la investigación de nuevos productos, con la promoción interior y exterior y el conocimiento del vino y su consumo como bebida sana y como producto profundamente cultural.
Nuestro Grupo, respecto al último apartado, el número 12, manifiesta sus dudas de que su contenido pueda ser aceptado unánimemente por el propio sector, pues las destilaciones de ciertos contingentes de producción de las denominaciones de origen también han contribuido tradicionalmente a garantizar la calidad de los caldos, que precisamente se distinguen por el exhaustivo control de calidades.
Termino haciéndome también eco de la llamada que se ha hecho a todos los grupos de la Cámara para que nos esforcemos en hallar el máximo consenso en las respectivas enmiendas que se han defendido, tanto a la proposición no de ley como a las enmiendas de los proponentes.
Sí que nuestro Grupo consideraría necesario manifestar claramente la exigencia al Gobierno de que, para el caso de no obtener las modificaciones de la OCM indicadas en esta proposición no de ley y en sus enmiendas consensuadas --que, en todo caso, tendrían la consideración de exigencias mínimas--, sea el propio Gobierno el que lidere, aquí sí, un movimiento de bloqueo conjunto con los demás países mediterráneos a tal insensata y perjudicial OCM.
Señor Presidente, nuestro Grupo le agradecería que, dada la proliferación de enmiendas y matices en cierta manera similares, se suspendiera, al final del debate, la sesión y se diera lugar a un acercamiento de posiciones entre los proponentes y los enmendantes.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la Presidencia y la Mesa estaban ya debatiendo esa posibilidad. La presentación por parte del Grupo Parlamentario Popular de varias enmiendas a su propia proposición motiva también el estudio de si reglamentariamente es posible, tras la aceptación de ellas, que se voten en bloque. En ese sentido, quizá sería necesario que, con posterioridad al debate, se reunieran los portavoces para tratar de ordenar aquellas enmiendas que se aceptan y fijar un criterio común, porque si no sería difícil para la Presidencia que pudieran votarse separadamente los puntos, en el caso de que se acepten las propias enmiendas del Grupo Parlamentario Popular o de cualquier otro grupo.
Después de dar la palabra a la señora Rivadulla, yo rogaría este receso, ya veríamos sin con una interrupción de más o menos tiempo.
La señora Rivadulla tiene la palabra.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya comparte con el resto de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra la voluntad de que este tema sea resuelto con el máximo consenso de todos los grupos políticos del Estado español, por la enorme trascendencia que tiene para el sector vitivinícola, pues afecta a miles de viticultores que ahora mismo ven en peligro la continuidad de sus explotaciones, en principio, diría yo, también, por una grave contradicción que se está produciendo actualmente entre las resoluciones del Consejo y las de la Comisión.
En esta ocasión sí que somos realmente oportunos, por cuanto, aunque la proposición no de ley se refiere... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, un momento, por favor.
Señorías, ruego silencio.


La señora RIVADULLA GRACIA: Continúo, señor Presidente.
Somos realmente oportunos por cuanto, si la proposición no de ley se refiere al documento de reflexión del 24 de julio, todos sabemos que la Comisión ha elaborado ya un proyecto de reforma que precisamente se va a ver por el colegio de Comisarios el 27 de este mes.
Nuestro Grupo estaba en condiciones de votar afirmativamente la mayor parte de los puntos de la proposición no de ley del Partido Popular, a excepción del número 12, que es el que hace referencia a la prohibición de destilación de los vinos con denominación de origen. Pensamos que ese punto podría llevar a una devaluación de los vinos de origen y a una congestión de los vinos de mesa y, por tanto, sabiendo que hay dudas sobre este punto y que hay diversos sectores que lo contemplan de forma distinta, optaríamos por su supresión.
Señorías, nosotros pensamos que la Unión Europea, en el tema de la reforma de la organización común del mercado del vino ha roto con toda una tradición. No es una política común de mercado, no es común. Se ha entrado en un proceso de estatalización y nosotros en este punto, de entrada, nos manifestamos completamente en contra, como, por otra parte, también se demuestra que es la voluntad del Grupo Popular y asimismo del Grupo Socialista, por las enmiendas y por la aceptación que ha manifestado.
Creemos que, aparte de todo el tema de producción, las producciones de referencia van a beneficiar fundamentalmente a las explotaciones del norte. En este sentido, la Unión Europea, a través de muchas medidas, a través de la chaptalización y a través de las medidas de las producciones de referencia, está clarísimo que está beneficiando a las producciones de los países del norte, con lo cual podremos ver, si esto se aplica (y por eso instamos al Gobierno a que, con la máxima firmeza, haga una propuesta alternativa en el sentido que demanda esta Cámara), que se va a

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producir una cosa que es muy grave. Si ya tenemos problemas de desertización, si tenemos problemas de sostener un tejido social agrario que haga que el mundo rural sea equilibrado, estas medidas que propone la reforma de la organización común del mercado del vino van a ser terriblemente graves.
Ya en la proposición no de ley del Grupo Popular se contempla que el Feoga-Garantía se haga cargo del cien por cien, que no dependa de las economías estatales, porque, si no, otra vez, vuelvo a decir, serán los países más ricos los que podrán subvencionar programas que vayan en ese sentido y los países más pobres seremos los que menos posibilidades tendremos de poder contribuir a ello. Por tanto, el Feoga-Garantía tiene que hacerse cargo del cien por cien de lo que significa el coste de la reforma de la organización común de mercado.
Yo, señor Presidente, señorías, había hecho un gran esfuerzo en mirar las enmiendas del Grupo Popular, las del Grupo Socialista las tenía desde ayer por la noche, y agradecería a la Presidencia que, después de este debate, se pudiese entrar en un proceso de reflexión.


El señor PRESIDENTE: Creo que estamos todos perfectamente de acuerdo. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en cierta manera, han sido conocidas esta mañana y los Diputados precisan un receso para ordenarlas, porque el tema es importante. Todos los grupos estamos de acuerdo en ese sentido y, por tanto, propondría, si les parece --luego les daré la palabra--, un receso pero, para avanzar en el orden del día de la sesión, podríamos tramitar preguntas, de manera que, si precisa de un cierto tiempo la ordenación del debate, no se alargue demasiado la sesión. ¿Les parece bien a SS. SS.? Señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, quería fijar posición respecto de las enmiendas del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: No tengo inconveniente, señor Isasi, pero creo que es mejor, sinceramente, que, si se puede hacer este esfuerzo de aproximación, se haga. No es que no lo queramos hacer con luz y taquígrafos, en absoluto. Es mejor para la resolución final una propuesta conjunta, si les parece.


El señor ISASI GOMEZ: Estoy de acuerdo en el receso posterior, pero aprovecharía este breve turno para fijar posición y a la vez aclarar algunas cosas al Grupo Socialista, a los efectos de su reflejo en el «Diario de Sesiones».


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, cuando se presente finalmente la propuesta, daría un turno de palabra a cada uno.
En este momento podría dársela solamente a los efectos de aceptar o no las propuestas de enmiendas, porque no ha habido contradicciones. Yo creo que es mejor que, cuando se presente la propuesta, dé la palabra a todos los grupos, para manifestar finalmente su posición, si les parece. (El señor Torres Sahuquillo pide la palabra.) Señor Torres, brevemente, por favor.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Brevemente, señor Presidente.
Primero, iba a proponer, en nombre del Grupo Socialista, exactamente lo mismo que ha dicho usted, que no se interrumpa la Comisión. Creo que es bueno que avance. Por tanto, estoy completamente de acuerdo con su posición. En todo caso, quiero rogar a la Presidencia que, en el momento en que los portavoces se hayan puesto de acuerdo en la redacción, pueda, a continuación de terminarse las preguntas, sustanciarse la proposición no de ley, pues me consta que hay Diputados que tienen problemas.


El señor PRESIDENTE: Suspendemos por espacio de un minuto y continuamos con las preguntas.


Se reanuda la sesión.


CONTESTACION A LAS PREGUNTAS:

--PLANES PARA LA FUTURA UTILIZACION DEL CENTRO DE LABORATORIO SITO EN ALBAL (VALENCIA). FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000244.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tramitación de las preguntas.
La primera de ellas es la que formula don Ricardo Peralta, sobre planes para la futura utilización del centro de laboratorios sito en Albal (Valencia).
Señor Peralta, tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, desde hace varios años, desde los últimos meses del mandato a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de don Carlos Romero, se vienen efectuando importantes inversiones en lo que era un antiguo local dedicado a secadero de tabaco sito en la localidad de Albal, en Valencia. Esas inversiones --más de 1.000 millones de pesetas-- van destinadas a la configuración de lo que sería un centro de laboratorios, un centro de investigación agraria dependiente del Ministerio.
En este año 1994 los Presupuestos Generales del Estado prevén una partida, parece que ya final, del orden de 80 millones de pesetas, destinadas a proseguir las inversiones en ese laboratorio. No obstante, señorías, señor Presidente, han surgido dudas importantes fundadas acerca de la viabilidad del proyecto inicial, tal como se configuró en su momento. Estas dudas surgen porque, a pesar de la cuantía importante de las inversiones que se han realizado, no es menos cierto que el propio Ministerio tiene ya centros que podrían cubrir, al menos en parte, las funciones que desempeñaría

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este nuevo centro de laboratorios y que la propia Comunidad valenciana tiene un importante laboratorio en Burjasot, dependiente del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Las dudas acerca de la viabilidad y de la utilidad concreta de este proyecto han sido, en alguna medida, fomentadas por las propias indecisiones de la Administración, cuando recientemente se le planteaban preguntas acerca de la fecha concreta de puesta en funcionamiento de este laboratorio. En concreto, el Delegado del Ministerio de Agricultura en la Comunidad, a finales del año pasado, decía que el proyecto seguía estando vivo y que quizás en el año 1994 se pudiera poner en funcionamiento. A estas alturas del año, ya terminando el mes de abril, nos gustaría saber --y este es el contenido de la pregunta-- qué planes concretos tiene el Ministerio para la futura utilización del centro de laboratorios sito en Albal.


El señor PRESIDENTE: Para contestar la pregunta, tiene la palabra el Secretario General de Alimentación.


El señor SECRETARIO GENERAL DE ALIMENTACION (Díaz Yubero): En su exposición, el señor Peralta creo que ha hecho un análisis adecuado de cuál ha sido el origen y la razón de la construcción del laboratorio de Albal.
En los Presupuestos Generales del Estado, desde el año 1988, figura un superproyecto que se denomina mejora y control de la calidad en el sector alimentario, con el siguiente objetivo: dotar a la Administración central de la capacidad analítica necesaria para el desarrollo de las funciones reservadas. Con la entrada en funcionamiento, el próximo mes de junio, del laboratorio de Albal, se va a completar la red estatal de laboratorios de alimentación, que en estos momentos está constituida por cuatro centros: el de Madrid, el de Cantabria, el de Granada y este centro de Albal. En realidad, en estos momentos funciona ya en la Comunidad Autónoma de Valencia --concretamente en la provincia de Valencia-- un laboratorio agroalimentario que viene desarrollando su labor desde el año 1984.
¿Cuál es el proyecto y cuál es el plan que desde el Ministerio de Agricultura se ha diseñado para el laboratorio de Albal? Lógicamente, incorporar las actuaciones que actualmente desarrolla el laboratorio agroalimentario sito en el puerto de Valencia. Como es lógico, al haber llevado a cabo la construcción de un laboratorio que podemos definir como de última generación (donde se han incorporado importantes mejoras de estructura, importantes mejoras de seguridad y con una dotación de 80 millones --precisamente a los que hacía referencia el señor Peralta-- para elementos analíticos y de aparataje para el funcionamiento de este laboratorio), se van a potenciar las actuaciones que hasta ahora, y de una manera bastante precaria, desarrollaba el laboratorio de calidad agroalimentaria al que estoy haciendo referencia. Concretamente, el año pasado el laboratorio agroalimentario de Valencia realizó 19.600 controles, de los cuales 11.200, prácticamente el 60 por ciento, se realizaron sobre muestras de vinos con destino a países terceros. El segundo gran bloque de controles fue dirigido a zumos procedentes de la región valenciana, pero también de otras regiones, con una cuantía de muestras de 4.600, y el tercer gran grupo de controles fue dirigido al arroz, con 960 muestras, en el año 1993.
Por tanto, queda claro que no es un laboratorio que nazca ex novo ni que se vaya a ocupar de cuestiones que no están claramente definidas, sino que es la respuesta que desde el Ministerio de Agricultura se da a una necesidad de dotar a la industria agroalimentaria española y a los servicios de control de nuestro departamento de los elementos precisos para atender aquellas necesidades a las que tiene que dar respuesta por obligaciones derivadas de la propia legislación española, decretos de transferencia a las diferentes comunidades autónomas, donde quedan reservadas unas claras competencias para la Administración central del Estado, las que vienen derivadas de la propia Constitución en cuanto al control de todos los productos que vayan destinados a países terceros, y también las que vienen derivadas de la normativa comunitaria.
Concretamente este laboratorio va a ser el primer laboratorio agroalimentario español que va a responder a la exigencia comunitaria de las normas denominadas EN.450001. Por primera vez --como he dicho con anterioridad-- estamos ante un laboratorio de última generación, dotado, por tanto, de todos los elementos más modernos en relación con este área, y el primer laboratorio español agroalimentario que responde a esta exigencia. Bien es cierto, como ha dicho S.S., que en relación con el diseño que en su momento se efectuó, en el año 1984, sobre lo que sería la red de laboratorios, donde se perfiló que existiría un laboratorio arbitral y once laboratorios agrarios, como es lógico, la evolución de las competencias entre la Administración central y las comunidades autónomas, la incorporación de nuevos países, a partir del 1 de enero de 1995, a la Unión Europea, etcétera, han hecho que se hayan cambiado los supuestos por los que se creó aquella red de laboratorios y que ahora nos hayamos hecho un nuevo planteamiento --como he indicado con anterioridad--, según el cual solamente cuatro centros van a ser objeto de esa red de laboratorios, porque los cuatro centros se completan perfectamente y están distribuidos especialmente, de manera que son capaces de responder a las exigencias del sistema agroalimentario.
Sucesos como los ocurridos recientemente en Alemania con denuncias concretas sobre alimentos dietéticos y aceite de oliva españoles hacen más precisa la existencia de una red estatal de laboratorios, suficientemente dotados, que dé respuesta a las necesidades que actualmente el sector agroalimentario tiene en nuestro país. Esté segura S.S. porque a pesar de la cifras que parecen indicar un derroche en cuanto a la dotación presupuestaria --la cifra es algo inferior, pero podemos dar esa cifra--, va a ser suficientemente utilizado por parte de la Administración, es un laboratorio que va a tener una clara vocación de servicio para la industria agroalimentaria española y espero, por tanto, rentabilizar esta importante inversión. Creo que no es malo --todo lo contrario-- que España, la industria agroalimentaria y la Administración del Estado cuenten con una red de laboratorios como la que se ha diseñado. No le oculto que estamos en contacto con la Comunidad Autónoma valenciana, con la Generalitat, con el Consejo

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Superior de Investigaciones Científicas, con la universidad y con la industria agroalimentaria para que se convierta no en un centro aislado, con una vocación absurda posiblemente en este momento y que podía tener alguna razón en los años 1980 para controlar el fraude y con vocación exclusiva de servicio a la Administración del Estado, sino que va a ser un centro abierto que, por supuesto, va a tener las obligaciones que la legislación concede a la Administración del Estado, pero que también --como he dicho antes-- va a estar abierto a todo ese tipo de colaboraciones a las que he hecho referencia.
Espero que en el mes de junio sea una realidad la apertura de dicho laboratorio y tardará en entrar en pleno funcionamiento, como es lógico en cualquier labor de investigación o de trabajos analíticos, unos dieciocho o veinte meses, hasta que esté completada la estructura ideal que queremos para ese centro.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Agradezco las explicaciones del señor compareciente porque creo que han contribuido a despejar algunas de las dudas que existían en relación con el centro de Albal, que forma parte de ese superproyecto --al que usted ha hecho referencia-- previsto en el año 1988.
Quiero, en primer lugar, que le quede claro que no puede por menos que merecer nuestro apoyo que se lleven a cabo inversiones, en primer lugar, que doten a la Administración central de los instrumentos adecuados para el cumplimiento de las funciones que le corresponden, de acuerdo con la normativa nacional o con la normativa comunitaria, por supuesto. Como tampoco nos parece en absoluto negativo, más bien todo lo contrario, muy positivo, que por parte de la Administración central del Estado se lleven a cabo inversiones que contribuyan a la mejora de los productos nacionales que eviten problemas, en ocasiones interesados, en otras ocasiones con fundamento, que se puedan plantear a estos productos y, en definitiva, a la industria nacional en el mercado comunitario o en el mercado internacional. Nos parece absolutamente positivo.
Las dudas, no obstante, partiendo de estas premisas, se plantean cuando se analiza un proyecto determinado y, en concreto, el proyecto de Albal, cuando, como usted nos ha reconocido, ya existía en Valencia un centro, un laboratorio, que estaba llevando a cabo labores importantes. Ha detallado usted las labores que realizaba ese laboratorio actualmente radicado en el puerto de Valencia, durante el año 1993, con 19.000 controles, centrados fundamentalmente, tal como usted ponía de manifiesto, en los sectores de vino, de zumos o de arroz, por citar los tres grandes bloques a los que usted ha hecho referencia.
Parece desprenderse de sus informaciones que este nuevo gran laboratorio de Albal va a absorber el actual laboratorio del puerto de Valencia y, desde ese punto de vista, a lo mejor no tiene demasiado sentido, más que a efectos comparativos, pensar si ésa era la mejor opción; si no era mejor opción haber concentrado las inversiones en el laboratorio del puerto de Valencia, evitando esta duplicidad, que, al final, se resuelve por la vía de una absorción, siendo así que quizá para las labores de control que venía realizando el centro existente en el puerto de Valencia, dirigido fundamentalmente a mercancías hacia el exterior, era aconsejable la ubicación geográfica que tenía el mismo en el propio puerto. No obstante, nos parece que, apoyando que se introduzca una cierta racionalidad en la actual duplicidad de centros que se va a plantear a partir del mes de junio, fecha en la que usted nos ha dicho que está prevista la entrada en funcionamiento del centro de Albal, sí que creemos que debe avanzarse rápidamente en dotar de plena racionalidad a esa inversión, despejando las dudas y las razones que justificaban esas interrogantes hasta el momento actual.
Nosotros consideramos, en este sentido, que deben plantearse, puesto que usted ha hecho referencia a las inversiones que ya se han realizado en materia de aparataje, las plantillas adecuadas en ese centro; deben realizarse los convenios oportunos con la Administración autonómica y local que puedan existir, con la universidad, con la industria, de cara a que la oferta de este gran laboratorio que va a radicar en Albal sea una oferta que se corresponda con una demanda real existente en el mercado.
Y, en última instancia, en la medida en que pueda reconocerse que realmente el solar de Albal ocupa una extensión desmesurada para el conjunto de ese laboratorio --son más de 16.000 metros cuadrados, de los cuales menos de la mitad ha sido objeto de reconstrucción, y la parte dedicada a laboratorio es menos de la quinta parte del total--, creemos que se debería buscar una solución útil para esa parte importante, acorde con su carácter público y, por tanto, destinada a finalidades y a funciones sociales, que son importantes en esa zona geográfica y en esa zona territorial de la Comunidad valenciana, en donde se concentra un volumen importante de población, que seguramente agradecerá que se pueda destinar a servicios públicos diverso terreno público.


El señor PRESIDENTE: El señor Díaz Yubero tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE ALIMENTACION (Díaz Yubero): Estoy de acuerdo con la reflexión que el señor Peralta ha realizado y, desde luego, el objetivo más importante para todos es rentabilizar al máximo esa importante inversión que hemos efectuado. Ese es el objetivo. Por eso, y según mis palabras anteriores, debemos estar abiertos a los convenios necesarios para evitar un cierto derroche, que es cierto que se ha producido en algunas ocasiones por ese prurito de mantener cada uno sus centros cerrados a su específica actividad. Estamos en un momento completamente distinto en el que nuestros centros de laboratorios deben tener muy clara la vocación de servicio a la industria agroalimentaria, que la industria agroalimentaria vea en nuestros centros no sólo un centro controlador de las actuaciones que realiza la industria agroalimentaria, sino que considere a estos centros como auténticos órganos de apoyo, de ayuda al desarrollo de

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nuevos procesos o nuevos procedimientos, y sobre todo, estos centros deben tener una clara vocación de coordinar sus esfuerzos con el resto de administraciones que trabajan en el mundo de la investigación y del desarrollo.
Es objetivo fundamental rentabilizar una inversión tan importante como la que hemos realizado en Valencia, que posiblemente --y eso también lo dejo claro-- si tuviéramos que planteárnosla ahora, lo hubiéramos hecho a lo mejor en otra dimensión, hubiéramos establecido otras fórmulas, pero una vez realizada la inversión, debemos congratularnos porque la importancia de la misma es enorme. Inversiones que en los años 1989 y 1990 se pudieron llevar a cabo hoy día no serían posibles, pero lo mismo ha ocurrido con el tejido industrial y con otra serie de proyectos que en España ahora no podrían realizarse. Pienso que tenemos que estar satisfechos de que en su día hayamos sido capaces de dotar a nuestro país y a nuestro sistema agroalimentario de un laboratorio tan importante, con unos avances cualitativos y cuantitativos como los que va a tener el laboratorio de Albal.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que hay que respecto al edificio o del solar de Albal --pero eso no es objeto de esta comparecencia-- analicemos las posibilidades de que se le dé la mayor utilidad social, como este laboratorio que fundamentalmente tiene esa vocación de servicio social y de servicio a todo el sistema.


--UTILIZACION POR UN ASESOR DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION DE UN COCHE OFICIAL PARA SU TRASLADO A LA REGION PORTUGUESA DEL ALGARVE. FORMULADA POR EL SEÑOR SANZ ESCALERA (GP). (Número de expediente 181/000386.)

El señor PRESIDENTE: Si les parece, para ordenar mejor la comparecencia en la Mesa por parte de los distintos responsables del Ministerio, propondría tramitar ahora la pregunta número 8, que va a contestar el señor Subsecretario, y con posterioridad las números 7 y 9.
Pasamos, pues, a continuación a la pregunta número 8, formulada por don Emiliano Sanz Escalera, sobre utilización por un asesor del Ministro de Agricultura de un coche oficial para su traslado a la región portuguesa del Algarve.
El señor Sanz tiene la palabra.


El señor SANZ ESCALERA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor representante de la Administración, quizá debería comenzar ofreciendo mis disculpas por hacer en el día de hoy una pregunta como ésta y mostrar mi preocupación por un tema como éste, cuando en realidad hoy ya por lo que estoy preocupado en verdad es por la destrucción vandálica y salvaje de 470 toneladas de fresas de Huelva en las carreteras de Francia. Sin embargo, la demora en los trabajos de esta Cámara, que lo impone así, hace que hoy hablemos de cosas que tuvieron su importancia y que hoy quizá ya no la tengan tanto.
La relatividad de las cosas de la política hace que lo que el día 3 de enero de este año fue un auténtico escándalo hoy día se convierta en una fruslería, porque desde esa fecha han pasado cosas graves en cuanto a la corrupción en España. Los problemas del señor Roldán y del señor Rubio han oscurecido y han tendido una manta gigantesca sobre esta pequeña corrupción que he denunciado ya con la presentación de la pregunta y con el debate de esta mañana.
El día 3 de enero un representante del Ministerio --yo no sé si era asesor del Ministro o un funcionario del Ministerio, pero desde luego era una persona vinculada a la Administración-- iba con su familia en su coche particular de viaje al Algarve y, al llegar a Huelva, se le estropea el coche. Este hombre no tiene otra ocurrencia que presentarse ante el Delegado del Ministerio en Huelva y exigirle la entrega del coche oficial en tanto reparaban el suyo propio para continuar con su familia el viaje al extranjero, al Algarve. El Delegado provincial, tal vez fundado en un criterio falso de jerarquía administrativa, entregó el automóvil, y este señor, desde el día 3 hasta el día 5, que yo sepa, que me conste --yo creo que fue hasta el día 8, pero al menos hasta el día 5 en que hice la pregunta-- se paseó lindamente por el Algarve con el coche oficial de la Delegación, disfrutando de un descanso con su familia; descanso que seguramente tendría merecido, no así el uso del coche oficial.
Yo creo, señor representante de la Administración, que las circunstancias en cuestión, el hecho de que haya un clima etéreo, vago, pero presente en la Administración, a propósito de la patrimonialización de la Administración, y la posibilidad de utilizar para usos particulares y privadísimos cosas que corresponden al servicio público y son de utilidad pública hacen posible que haya conductas como la que estamos denunciando.
Realmente es así. Hay un clima de devastación moral que pasa hacia arriba y hacia abajo, a derecha y a izquierda de la Administración, y hemos de reconocerlo. Eso es lo que se llama la generalización, que no la universalización, de la corrupción. Existe ese clima porque se ha perdido el instinto ético y esas virtudes que eran la probidad del funcionario, la austeridad en el uso de los elementos del servicio público, lo que ha hecho posible que a este hombre le pareciera natural y adecuado a la circunstancia pedir un coche oficial para continuar sus vacaciones con su familia.
Yo creo que denunciar estas cosas no es grato. A mí no me hace ninguna gracia denunciarlo. No me parece que se corresponda con mi posición como Diputado, pero tengo la obligación de hacerlo, y cumplo penosamente la obligación de la denuncia. A usted, como representante de la Administración, le corresponde ahora la posibilidad de corregir cosas como la presente para que el clima de dejadez que existe en la exigencia de determinadas virtudes desaparezca de la Administración. Este hecho de la Comisión del día de hoy puede ser el trueno que siga al relámpago del día de ayer. Si ayer en el debate sobre el estado de la Nación hablamos profundamente de la corrupción y convinimos todos los grupos políticos en la necesidad de iniciar sin desaliento alguno la lucha contra la corrupción, yo creo

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que ahora, aquí, tenemos la oportunidad y la ocasión de continuarlo.
El coche en cuestión era matrícula M-0570-MW y estaba titulado a nombre de Eustaquio Jiménez Molero. No sé si el mismo que lo conducía era el titular a cuyo nombre figuraba el coche, pero los hechos fueron reconocidos por las autoridades. Incluso el Gobernador Civil de Huelva llegó a reconocer que era cierto, pero que no era un asesor del Ministro sino un funcionario, lo cual no eximía en nada lo que se trataba de denunciar.
En consecuencia, nosotros, con mesura pero también con firmeza, pedimos al señor representante de la Administración que corrija esta circunstancia y que se haga imposible en lo sucesivo que hechos como el denunciado puedan realizarse.


El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el señor Subsecretario, don Mariano Casado.


El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Casado González): Coincido con S. S. en que, verdaderamente, lo importante son los escándalos que se producen con los ataques a nuestros camiones en Francia, y al lado de este caso verdaderamente no existe comparación en absoluto.
Sin embargo, no coincido en tachar como S. S. lo ha hecho lo que puede ser un uso indebido de un bien de la Administración y, por tanto, de toda la sociedad española por un funcionario en un momento determinado y, desde luego, sin coste para la Administración, porque verdaderamente no ha sido un daño producido en sus bienes patrimoniales. Estoy de acuerdo en que es una mala utilización de un bien público. La política de uso de coches oficiales está fijada claramente en una resolución del Ministerio del año 1983 --en la que se prohíbe taxativamente el uso de vehículos oficiales para circunstancias o servicios particulares--, para el que tiene que existir una autorización especial de la persona correspondiente, del jefe de automovilismo del propio Ministerio, y, por tanto, este funcionario, efectivamente, cometió una falta y utilizó mal ese vehículo.
La conducta del Director provincial, al que usted también ha aludido, desde luego no se ajusta tampoco a estas directrices que acabo de leer.
Sin embargo, el funcionario, que, por cierto, fue cesado inmediatamente, me parece que fue el mismo día 8 ó 9 de enero --no recuerdo muy bien el día que se firmó el cese--, trabajaba en el gabinete del Ministro, pero tenía un rango de nivel 26 que en la Administración es un puesto técnico que lo puede tener cualquier funcionario con una cierta titulación; fue cesado, como digo, en cuanto el Ministro conoció la mala utilización que había hecho de este vehículo oficial y se abrieron los expedientes oportunos, los expedientes disciplinarios, tanto al Director provincial como a este funcionario, cuyo nombre exacto es Eustaquio Jiménez Molero.
Estas son las actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio. Se ha producido ya un pliego de cargos, tanto al Director provincial como a este funcionario, que ya no está en el Ministerio de Agricultura --por tanto, ya no depende administrativamente de la Subsecretaría, sino que está en su Ministerio de origen, el Ministerio de Trabajo--, y el cargo que se le ha hecho a este supuesto asesor, que no lo era, es el de una falta grave con abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, puesto que creemos, por nuestras informaciones y por los testimonios que se han reflejado en las correspondientes diligencias, que utilizó el cargo de asesor, diciendo que era asesor del Ministro, para de alguna forma abusar de su autoridad y coartar al Director provincial para que le dejase el automóvil. El Director provincial luego dijo que no le había dicho ni por cuántos días iba a utilizar el automóvil, ni cuándo lo iba a devolver, ni el destino, ni si iba en viaje oficial o iba en viaje particular, ni nada. Por lo tanto, creemos que si es verdad que el Director provincial incumplió las órdenes que estaban emitidas ya desde el año 1983, en la circular correspondiente, no es tanta la falta de ese Director provincial, que se califica de un descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones, según establece el Reglamento en el artículo 14. Estos con los hechos y creo que se tomaron las medidas oportunas.
Yo no creo que haya una generalización ni que podamos hablar de corrupción por este mal uso de los bienes del Estado. Si llevásemos eso a sus últimas consecuencias, podríamos obligar, y nosotros mismos deberíamos hacerlo, a que cuando llamáramos a casa desde las oficinas tuviésemos que bajar a un teléfono público. No quiero quitar trascendencia a este hecho, respecto al que, como digo, se han tomado las medidas oportunas, pero tampoco creo que debemos exagerar la importancia del mismo.


El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, tiene la palabra.


El señor SANZ ESCALERA: Con la venia, señor Presidente.
Señor representante de la Administración, yo quiero decir únicamente que este hecho es un síntoma, un índice de la situación que existía. Yo hablaba entonces de que hay un sentimiento difuso y vago de posibilidad de utilizar mal los bienes públicos sin que suceda absolutamente nada. Me congratulo, naturalmente, de que la Administración haya tomado las medidas pertinentes. Yo también advertí que el Director provincial de Huelva es una excelente persona, que yo creo que fue acosada por la exigencia de este hombre esgrimiendo una jerarquía que no era la debida y que lo movió a entregar el vehículo. Pero nuestras exigencias no van frente al Director provincial, sino frente a esta persona que cometió la falta de que se trata. Es necesario separar la cizaña del trigo y poner a cada uno en su sitio. Quien realmente merecía la respuesta severa de la Administración era el que usó el coche mal y no el que lo entregó, seguramente fundado en la creencia de que se lo pedía un superior.


El señor PRESIDENTE: Señor Casado, tiene la palabra.


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El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Casado González): Sólo quiero hacer una matización y es que creemos efectivamente que, cuando se produce un comportamiento de este tipo que se sale de las normas establecidas, se ha actuado con una celeridad obvia, puesto que antes incluso de que el funcionario estuviese de vuelta, porque estaba ilocalizable, ya estaba cesado y se le había abierto un expediente disciplinario. Lo que quiero decir es que tampoco hay una generalidad en este tipo de actuaciones. La verdad es que en el Ministerio, en los últimos tres o cuatro años, no ha habido, que yo sepa, ningún hecho parecido. Y desde luego la voluntad del Ministerio, del Ministro como titular del Departamento, es cortar de raíz este tipo de comportamientos, que no son generalizados, puesto que hay diez mil funcionarios en el Ministerio de Agricultura y esto es la excepción, que lógicamente se ha atajado con la celeridad y con la disciplina correspondiente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.


--VALORACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGIMEN ESPECIFICO DE ABASTECIMIENTO (REA) PARA LAS ISLAS CANARIAS PREVISTO EN EL PROGRAMA DE OPCIONES ESPECIFICAS POR LA LEJANIA Y LA INSULARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS (POSEICAN). FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000324.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la tramitación de la pregunta que figura con el número 7, que es la formulada por don Alfonso Soriano, sobre valoración del funcionamiento del régimen específico de abastecimiento para las Islas Canarias previsto en el Poseicán.
Señor Soriano, tiene la palabra.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, señorías, el Plan de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las Islas Canarias, conocido con las siglas Poseicán, contempla un régimen especial y específico de abastecimiento para las Islas Canarias, para compensar los perjuicios que se pudieran ocasionar como consecuencia de la plena integración de las Islas en la Unión Europea. Este régimen específico de abastecimiento estuvo pensado --y así está contemplado en su texto-- como una forma de impedir la posible elevación de los precios como consecuencia de la integración de Canarias en la Unión Europea. Sin embargo, y en el corto espacio de tiempo libre que lleva en funcionamiento, se ha provocado una serie de malos funcionamientos de este régimen, que han sido puestos de manifiesto tanto por los importadores como por los productores agrícolas de Canarias y por las razones que a continuación explicaré.
A pesar de los 18.830 millones de pesetas que han ido a parar a los importadores canarios en concepto de ayudas a las importaciones como parte del mecanismo previsto en el REA con el objetivo de evitar el alza de precios, la realidad es que los precios de los alimentos en Canarias, lejos de bajar, han subido más que en el resto del territorio nacional.
Como es sabido, el mecanismo funciona a través de unas ayudas a las importaciones que garantizan el abastecimiento de productos de primera necesidad, dentro de unos cupos establecidos previamente. Si se traspasan esos cupos, las importaciones de la Unión Europea no reciben ayudas y a las de terceros países se les aplica el arancel comunitario. Sin embargo, las diferentes administraciones no han dado aún con las cantidades idóneas de abastecimiento y, desde la creación del REA, en 1992, siempre se han agotado anticipadamente los cupos de alguno de estos pro-ductos.
Las sospechas de fraude han sido frecuentes y han sido denunciadas, incluso en esta misma Cámara, por el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores al valorar los resultados del Poseicán. Las cantidades que se están percibiendo por importar son lo suficientemente atractivas y altas como para hacer que sea rentable la reexportación de esos mismos productos a territorio comunitario y, por supuesto, a los países africanos próximos. Con ello se consigue, por un lado, agotar el cupo subvencionado y, por otro, encarecer las importaciones futuras.
Sospechoso es lo que ocurre con la leche. Por más que se amplía el cupo de importación, siempre se agota en los primeros meses del año y nadie da explicaciones. Se sospecha que las solicitudes de importación están siendo engordadas artificialmente. El motivo es simple: Bruselas recorta sistemáticamente estas solicitudes. Así, se da el caso del importador avispado que pide tres veces más de lo que necesita y el desinformado que, por el contrario, solicita importar lo que efectivamente ha calculado. Si la Unión Europea recorta los cupos, el avispado controlará las importaciones y venderá lo que le sobra a otros importadores que lo necesitan. Al año siguiente, no quedarán importadores que soliciten unos cupos razonables.
Esto que estoy poniendo de manifiesto ha venido siendo recogido por todos los medios de comunicación en Canarias en fechas recientes, y raro es el día en que no aparecen las protestas de los importadores con motivo de estas disfunciones, como las protestas de los productos agrícolas y ganaderos que ven cómo entran productos en las Islas Canarias en régimen de dumping y subvencionados, compitiendo directamente con los productos que se elaboran en las propias Islas Canarias. Me voy a limitar a poner unos cuantos ejemplos bien significativos en cuanto a unos determinados productos, puesto que, de un total de cuarenta productos que, si no recuerdo mal, contempla el REA, en efecto sólo nueve podrían sufrir una variación al alza por entender que no entran en competencia con productos canarios. Este incremento afectaría a la cebada, la leche líquida y en polvo, el pollo congelado y algunos embutidos entre otros alimentos.
Pero, por el contrario, creemos que deben reducirse las importaciones de carnes frescas de

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cerdo, de vinos --a fin de proteger la producción local--, de aceite de oliva y de queso fresco.
Remitiéndome a estos concretos productos, nos encontramos, por ejemplo, con que en el aceite de oliva, el contingente comunitario que recibe ayuda dentro del REA, es superior a los corrientes del tráfico tradicional, lo que provoca la desprotección de la industria local. La Comunidad Autónoma solicitó para este producto, 10.000 toneladas, lo que supone un crecimiento del 25 por ciento respecto al consumo tradicional; sin embargo, desde el Gobierno central, se propuso a la Comisión Europea 14.400 toneladas. Por ello es preciso no sobrepasar las 8.000 toneladas tradicionales y también que se adecue la relación entre la ayuda al aceite de oliva y los aceites de semilla, bien disminuyendo la primera, bien incrementando la de semilla de 2,5 ecus a 10 ecus.
Algo parecido viene sucediendo con el vino. El régimen específico de abastecimiento potencia, mediante subvenciones o restituciones, la importación de vinos a granel y embotellados, sin tener en cuenta la producción isleña, lo que permite la introducción de vinos de baja calidad que, además, se hacen pasar como vinos del país, y aquí se producen también frecuentes fraudes. En Canarias se mueven más de 10 millones de litros de vino a granel importado, lo que representa unos 5.000 millones de pesetas al año. Canarias dispone de 14.000 hectáreas de viñedo, lo que supone el 0,9 por ciento de la superficie total cultivada en España. Es ahora en estos momentos, como consecuencia de la crisis del plátano y del tomate, posiblemente el cultivo más extenso de las Islas alcanzando u ocupando aproximadamente el 10 por ciento de la superficie agrícola útil, la práctica totalidad dedicada a uva para vinificación; sólo 400 hectáreas aproximadamente producen uva de mesa.
La producción de vino canario es de unos 30 millones de litros anuales que cubren sólo el 40 por ciento del consumo total. El resto se importa de la Península, de la Unión Europea e, incluso, de Suramérica. De la producción canaria sólo se embotellan 3,5 millones de litros; es decir, el 14 por ciento de la producción total. Según el régimen específico de abastecimiento se permite la importación de vino con subvenciones de 30 pesetas/litro para los graneles y de 120 pesetas/litro para los embotellados. Esto favorece, sin género de dudas, el desplazamiento de los vinos del país. Además, si a un bodeguero peninsular el embotellar y encapsular le supone 35 pesetas la unidad, el canario ha de abonar del orden de 75 pesetas.
En 1993 se permitieron importar 23 millones de litros, 117 hectolitros a granel y otros tantos embotellados, con las correspondientes restituciones de 30 y 120 pesetas respectivamente. Se esperaba que en 1994 disminuyera la cantidad de vino importado con subvenciones, pero lejos de eso se han elevado los contingentes hasta 26,5 millones de litros para los meses de septiembre y octubre con restituciones de 115 pesetas por botella. A esto se añade que los desaprensivos se dedican a vender vino importado, que les cuesta 20 pesetas el litro como vino del país, a 600 pesetas/litro y esto es denunciado continuamente en los medios de comunicación y por parte de los agricultores canarios.
Algo similar viene sucediendo con la ganadería. Es preciso primar la producción local en lugar de favorecer las subvenciones para las carnes importadas. Las importaciones de carne reciben un trato favorable, frente a las de ganado, para posterior engorde en las Islas. La diferencia de las subvenciones por kilo es de 100 pesetas en favor de la carne llamada de gancho, y por esta razón los ganaderos importan sólo 2.600 cabezas de vacuno en vez de las 12.000 fijadas en la cuota correspondiente. De aquí que los ganadores estén denunciando los perjuicios de la importación masiva de carne fresca o refrigerada para el abastecimiento de las Islas.
En los nueve meses del funcionamiento del REA han llegado a Canarias 8,4 millones de kilogramos de carne acogida a los beneficios del REA. Se produce así una regresión de la ganadería en beneficio de estas carnes importadas. De aquí que como no se estimule la importación de ganado de engorde que supere la de carne en piezas, se acabará con la ganadería en las Islas.
Algo parecido sucede con los quesos. Nadie está en contra de la posible importación en Canarias, acogida al régimen específico de abastecimiento, de quesos, que allí se suelen llamar quesos amarillos, holandeses fundamentalmente, que son los del consumo tradicional de las Islas. Sin embargo esas importaciones masivas de queso, que vienen subvencionadas y con precios de dumping a competir con unos quesos canarios que están obteniendo cada vez una mayor calidad y cada vez una mayor posibilidad de exportación a la Unión Europea, quesos frescos de cabra que tienen, como todo el mundo sabe, la gran ventaja de que la cabra canaria está inmune a la fiebre de Malta y, en consecuencia, esos quesos tienen un gran porvenir en Europa, repito, estas importaciones masivas a precios de dumping están hundiendo las posibilidades de este queso. Se debe aplicar la normativa 92/46 de 16 de junio, según la cual los productos derivados de esta actividad pueden venderse con total garantía sanitaria tras una inspección minuciosa al ganado --las cabras--, la manipulación y las instalaciones.
En definitiva, nosotros consideramos que en la aplicación específica del régimen específico de abastecimiento, cuya bondad nadie discute puesto que su intencionalidad venía claramente exigida como consecuencia de la posibilidad de que los precios de los productos de primera necesidad se dispararan en las Islas Canarias, está surgiendo una serie de disfunciones bien en la Administración central, bien en la autonómica, porque aquí también sucede con frecuencia que ambas administraciones se culpan mutuamente de los defectos que haya. Yo estoy convencido de que hace falta un entendimiento entre ambas administraciones para conseguir que, sin perjuicio de evitar la subida de los precios en Canarias de los productos de primera necesidad, se trate de proteger y primar la producción local, a efectos de que ésta pueda competir en igualdad de condiciones con la producción europea. De ahí que en estos momentos sea muy de actualidad en las Islas Canarias la valoración que haga la Administración, en concreto el Ministerio de Agricultura, competente en la materia, sobre el régimen específico de abastecimiento, y yo estoy seguro de que del entendimiento entre ambas administraciones tendrán

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que salir los remedios y las soluciones para estas disfunciones que he puesto de manifiesto abreviadamente.


El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta tiene la palabra el señor Secretario General de Producciones y Mercados Agrarios, señor Barreiro.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro Seoane): Muchas gracias, señor Presidente.
Como S. S. expuso al inicio de su intervención el régimen específico de abastecimiento de las Islas Canarias, incluido dentro del Programa del Poseicán, que es más amplio, como S. S. ha señalado, tiene por objetivo fundamental mantener el abastecimiento de productos de consumo a unos niveles de precios correctos y garantizar también el suministro de determinados inputs necesarios para las industrias de transformación instaladas en el archipiélago canario, todo ello respetando tanto los flujos comerciales tradicionales como las producciones locales.
Quiero señalar, por si no ha sido suficientemente explicitado en la intervención del señor Soriano, que el abastecimiento teóricamente se podría hacer de países terceros a la Unión Europea mediante un sistema de pago de arancel cero, que era el que estaba vigente antes de la entrada de las Islas Canarias en la aplicación de la política agrícola común, en lo que es materia de mercados, o bien a través de productos comunitarios antes de esa incorporación del Archipiélago canario a la política de las organizaciones comunes de mercado, mientras las restituciones a la exportación que ahora se dan se han sustituido por unas ayudas a cada producto.
El sistema se puso en marcha el 1 de julio de 1992 mediante la realización de unos balances que la Administración central presenta en Bruselas por la vía de los comités de gestión correspondiente a cada producto, pero discutidos y siempre sobre la base de las propuestas elaboradas por las autoridades de la administración canaria. El sistema ha tenido un primer año de aplicación, que es la campaña 1992-93, por así decirlo, es decir, 1 de julio del 92 a 30 de julio de 1993. Estamos ahora en el segundo año de aplicación.
Es cierto que cuando se habla de las necesidades de abastecimiento de un mercado ello no es una realidad estática sino absolutamente dinámica y en continua evolución, por lo que los planes que se elaboran antes de cada campaña de abastecimiento están sujetos a revisión. De hecho, en el primer año de ejecución del REA en Canarias se efectuaron varias modificaciones a lo largo del año. Se hicieron cuatro modificaciones. Se hizo un balance inicial previo en julio del 92; luego se hizo una primera modificación que afectó a determinados productos, entre ellos el aceite de oliva en noviembre del 92; otra modificación en febrero del 93 y una última en mayo del 93; es decir, se hicieron cuatro modificaciones, porque, como decía anteriormente, la realidad de abastecimiento de un mercado es una realidad dinámica y no estática. Este año se ha hecho un balance para la campaña 1993-94 y estamos tratando de configurar alguna modificación que se va a hacer en estos momentos.
Creo que los objetivos básicos del sistema se han alcanzado de una manera correcta. Como todo en la vida, es perfectible. En el tema de conjugar los intereses de los consumidores y de los productores o de determinadas producciones canarias siempre hay un elemento de confrontación. Eso está no en la dinámica de Canarias sino en la de cualquier mercado de cualquier país del mundo. Siempre hay una cierta contraposición en lo que son los intereses de los consumidores y lo que son los intereses de los productores. Quiero señalar que los productores canarios en el régimen del Poseicán tienen un copioso y abundante paquete de medidas de ayuda a las propias producciones autónomas canarias. Si no recuerdo mal, el paquete Poseicán tenía una valoración presupuestaria en la unidad de cuenta europea de 350 mecus, millones de ecus, cifra realmente significativa e importante. Repito que esta confrontación que puedan existir en un momento dado entre los intereses de una producción y los intereses del consumo no son elementos de confrontación únicos de la Administración central, sino que en el seno del propio Gobierno canario, tanto el actual como el anterior, siempre existían posiciones y puntos de vista distintos, naturales y perfectamente legítimos los dos, entre determinados departamentos de la Administración canaria, ya fuera el de Agricultura, ya fuera el de Economía y Hacienda, ya fuera el de Comercio; pero, confrontación, repito, lógica y natural y que tratamos de resolver con el mayor equilibrio posible, y así lo hemos estado haciendo estos casi dos años de puesta en funcionamiento del sistema y lo seguiremos haciendo cara al futuro.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Realmente, el señor representante de la Administración no nos ha dicho nada nuevo. Me creí que nos iba indicar esas posibles modificaciones a efectuar en el régimen específico de abastecimiento en el futuro y, aun reconociendo que aquí hay una confrontación de intereses entre los importadores canarios comerciantes y los productores, es obvio que la Administración tiene que buscar el adecuado equilibrio. Este equilibrio, indudablemente, tiene que encontrarse sobre la base de que a Canarias lleguen primados los productos de primera necesidad que no entran en competencia con las producciones locales, porque de no ser así estaremos perjudicando a los productores en los tres o cuatro productos típicos de Canarias que podrían tener una posibilidad de introducirse en Europa y de competir, si no fuera porque esos productos europeos vienen primados al mercado canario.
En consecuencia, y resumiendo, no he oído aquí ninguna palabra que a los productores de queso o de vinos o a los ganaderos canarios les pueda ofrecer la posibilidad, al menos de futuro, de seguir comercializando sus producciones. Por el contrario, hay una serie de productos que nadie discute que vengan primados, puesto que no entran en competencia con ninguna de las producciones de Canarias.


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Aquí se trata de buscar el equilibrio, como bien ha dicho el representante de la Administración, pero es la Administración la que tiene que buscar ese equilibrio, el punto medio entre los intereses de unos y de otros. Como digo, en esa valoración que ha hecho el representante de la Administración, se han contado una serie de hechos que ya conocíamos, pero no se ha dicho nada acerca del futuro, algo que pueda tranquilizar a los agricultores canarios, como digo, fundamentalmente ganaderos y productores agrícolas de vino. Hubiera deseado que estas producciones canarias hubieran encontrado hoy un apoyo por parte de la Administración, porque si en Canarias se siguen importando producciones europeas que compiten con las producciones nacionales a precio de dumping y debidamente subvencionadas, acabaremos con la agricultura de Canarias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Barreiro.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro Seoane): En ese paquete de los 350 mecus que representa el Poseicán en sus elementos de apoyo a las producciones autóctonas canarias, está prevista una serie de medidas para fomento y desarrollo de la producción de vino canario. El viñedo canario no está sometido a otras disciplinas de recorte del potencial de producción --que si lo está otro viñedo español, como puede ser el de La Mancha--, tiene una ayuda por hectárea, hecho insólito a nivel comunitario el que el viñedo canario tenga una ayuda por hectárea. La leche producida en Canarias tiene una sobreprima, una ayuda directa. Es decir, son una serie de elementos --y así en otros sectores-- que configuran ese paquete global de los 350 mecus a los que antes hacía referencia.
Su señoría no ha insistido en una serie de temas que ha señalado en su primera intervención y de la misma forma en que yo reconocía, porque es un hecho natural, esa confrontación que puede haber entre los intereses de los productores y los consumidores, lo que no me casa es algo que S.
S. ha dicho, que no crecen los precios al consumo y, encima, los productores canarios también están afectados. O una cosa u otra. O se está desviando el apoyo hacia el consumidor o se está desviando hacia el productor. Hacerlo mal para las dos partes es realmente difícil. En todo caso, creo que se está tratando de actuar de una manera equilibrada y teniendo en cuenta los intereses canarios yo le diría --y me va a permitir que como representante de la Administración central tenga que decirlo-- que respetando los intereses globales del país, porque S. S. no lo ha dicho, pero yo puedo explicitar lo que está detrás de su palabras.
Efectivamente hay una producción de quesos de cabra en Canarias, pero hay una producción de quesos de cabra en la Península que tenía unas salidas al mercado antes de la entrada en vigor de la aplicación de la política agrícola común en todos sus ámbitos de aplicación --valga la redundancia-- en Canarias y que en una visión global no podemos frenar, sobre todo, cuando a lo mejor ciertas posiciones en el mercado las podrían ocupar productos comunitarios y no españoles.
Le rogaría a S. S. que cuando haga esa confrontación entre Canarias y la Comunidad especifique en la Comunidad cuándo es la Comunidad en la parte peninsular española y cuándo es la Comunidad en otros países que no son España.


--MEDIDAS PREVISTAS POR LA UNION EUROPEA PARA DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LOS APICULTORES EUROPEOS, ASI COMO POSICION ADOPTADA POR EL GOBIERNO PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS APICULTORES ESPAÑOLES.
FORMULADA POR LA SEÑORA RIVADULLA GRACIA (GIU-IC). (Número de expediente 181/000397.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta de la señora Rivadulla, sobre medidas previstas por la Unión Europea para dar respuesta a las demandas de los apicultores europeos, así como posición adoptada por el Gobierno para defender los derechos de los apicultores españoles.
Señora Rivadulla, tiene la palabra.


La señora RIVADULLA GRACIA: Secretario General, nuestro Grupo planteó esta pregunta oral en Comisión a raíz del documento que nos hicieron llegar las organizaciones agrarias con motivo de la jornada de protesta que se iba a desarrollar el 24 de enero de 1994 ante el Consejo de Ministros de Agricultura reunido en Bruselas, y en el que se manifestaba la situación de desprotección en la que se encuentra el sector apicultor, no solamente en España sino en la Unión Europea, y todo ello a pesar de que el Tratado de Roma, en el anexo segundo, reconoce a la apicultura como una actividad agraria y, también, a pesar de que el Parlamento Europeo en 1991 acordó una serie de medidas de apoyo que iban desde compensar al sector por la función que ejerce de polinización, a que se esclareciese con transparencia las actividades del sector, que se determinase la procedencia de los productos, así como los criterios de calidad. Digo, que a pesar de todo ello, parece ser que hay una insensibilidad por parte de la Comisión respecto a este sector de apicultores que ve agravada su situación actualmente por el descenso que se experimenta en los precios a partir de las importaciones que se producen en la Unión Europea y también por las repercusiones que puede tener el acuerdo del Gatt.
En ese sentido, señor Secretario General, le pregunto qué medidas se van a adoptar. Me consta que el Ministro se reunió con las organizaciones agrarias el día 24 de enero en Bruselas, pero nos falta información sobre la resolución que haya podido adoptar el Gobierno español, así como la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barreiro.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro

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Seoane): Como S. S. ha expuesto, el Gobierno español y específicamente el Ministerio de Agricultura comparte la preocupación sobre la situación de la apicultura europea y en concreto de la apicultura de nuestro país. Hay que señalar que somos el primer país productor de miel, por delante, incluso, de Francia y Grecia. Es por todos sabido y reconocido el valor que tiene la producción apícola no solamente desde el punto de vista intrínseco sino por los beneficios indirectos derivados de su función polinizadora, así como de su contribución al mantenimiento del equilibrio ecológico.
Su señoría ha expuesto ya la preocupación del Parlamento Europeo en los años 1991 y 1992 sobre este tema, así como la preocupación manifestada por el Copa-Cogeca a este respecto. Como muy bien señalaba S. S., con ocasión del Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 24 de enero, hubo una manifestación, impecable desde el punto de vista de las formas --quiero señalar-lo--, de los apicultores europeos, entre ellos los españoles, que yo diría llevaban un poco la batuta de la manifestación.
Fueron recibidos por el Presidente del Consejo de Ministros de Agricultura de la Comunidad, el Ministro de Agricultura griego, fueron recibidos por el propio Ministro de Agricultura español --yo estuve presente en esa entrevista-- y en el orden del día de ese Consejo del mes de enero se planteó un debate sobre el establecimiento de un sistema, por así decirlo, de respuestas o ayudas a las demandas de los apicultores europeos. La inclusión de ese tema fue decidida, en última instancia, por el que tiene la competencia, que es el Ministro griego, pero auspiciada por varias delegaciones en contactos previos que habíamos tenido. El debate, como suele ser habitual en la Comunidad, reflejó diferentes posiciones de los distintos Estados miembros. Yo diría que fuera de los países meridionales no encontramos apoyo en los países del norte. Incluso llegan --y no lo digo en un sentido peyorativo, pero es la constatación de un hecho-- a considerar que la actividad de producción de miel es un poco un hobby de fin de semana de determinadas personas ligadas al mundo rural. Esa no es la postura española. Se han barajado tres tipos de fórmulas posibles para dar solución al tema. Uno es establecer una organización común de mercado de tipo clásico --yo creo que en los momentos actuales eso es prácticamente imposible--; otro, establecer un sistema de ayudas por colmena o por kilo de producto, a la actividad de fabricación de miel, o incluso compatibilizar, por así decirlo, las ayudas nacionales que los distintos Estados miembros están dando en estos momentos. En nuestro propio país hay determinadas comunidades autónomas, fundamentalmente, como es lógico, las comunidades autónomas en donde la producción de miel tiene mayor importancia, que están dando ciertos tipos de ayudas, unas por vía directa y otras indirectas.
Nosotros hemos defendido que hay que establecer un sistema y más bien propiciamos, en el bien entendido de la dificultad de establecer una organización común de mercado de carácter clásico, un reglamento específico de ayudas a la apicultura. La respuesta del Comisario de Agricultura, después de la intervención de los ministros del Consejo, fue muy cauta en el sentido de que se comprometió únicamente a que la Comisión efectuaría un informe, en un plazo de tiempo relativamente breve, y que lo presentaría al Consejo. Como señalaba anteriormente, eso fue en enero. El informe aún no se ha presentado. Quiero avanzar a S. S.
que con ocasión de una visita a Atenas del Ministro de Agricultura español, al cual acompañé, el pasado día 5 de abril, volvimos a plantear el tema al Ministro griego, Presidente del Consejo de Ministros, quien nos señaló que si no podía ser en este Consejo de abril esperaba que en el de mayo el Comisario le daría una respuesta.
Respecto a las bases del sistema de ayudas que se arbitren, sea cuales sean, de cara al futuro sería muy positivo poder alcanzar este objetivo bajo la presidencia griega, ya que Grecia y España tenemos intereses comunes en este tema.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, intervengo brevemente para instar al Secretario General a que el Gobierno español se mantenga firme en esta línea, que se esfuerce en reclamar esta resolución del Consejo, y que cualquier medida que se adopte procure ser consensuada con las organizaciones agrarias, que también están representando los intereses de estos sectores.


El señor PRESIDENTE: El señor Barreiro tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro Seoane): Tenga la seguridad de que eso se va a hacer. Es más, la semana próxima recibo a los representantes de las organizaciones agrarias que me han solicitado una entrevista para mantener el fuego vivo de la defensa de los intereses de la apicultura española, y así lo haremos.


--MOTIVOS POR LOS QUE ESPAÑA, AL SOLICITAR PERMISO DE CONSTRUCCION DE BUQUE PESQUERO, EXIGE DESGUAZAR OTRO EN SERVICIO DEL MISMO ARQUEO QUE EL NUEVO. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO. GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000487.)

--OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA INFLUENCIA DE LA FALTA DE CALADEROS Y LA BAJA RENTABILIDAD EN LA FLOTA CONGELADORA DE GRAN ALTURA. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO. GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000488.)

--PERSPECTIVAS PARA LA RENOVACION DE LA FLOTA PESQUERA. FORMULADA POR EL

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SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO. GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000489.)

--FECHA Y MODO DE LA TRAMITACION DE LAS AYUDAS AL SECTOR PESQUERO POR PARADAS BIOLOGICAS, INSTADAS POR ESTA CAMARA EL 01/03/94. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ. GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000699.)

--MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS IMPORTACIONES DE ANCHOA, ASI COMO PROBLEMAS QUE SE HAN GENERADO CON LA FLOTA PESQUERA DEL ATLANTICO. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO. GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000700.)

El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a tramitar las restantes preguntas que nos quedan en el orden del día, que las va a formular el señor Mantilla en nombre del señor Fernández de Mesa.


El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Creo que SS. SS. me agradecerán que intente condensar todas las preguntas en una sola, porque parte de ellas casi responden a un mismo contenido. Hay dos muy específicas, las números 13 y 14, por lo que rogaría al señor Secretario General que hiciera hincapié en ellas, pero también le pido que matice las respuestas y que no haga, como es norma en esta Comisión, y nos acostumbre a exposiciones tremendamente amplias pero poco concretas en muchas ocasiones.
La primera se refiere a los motivos por los que España, al solicitar permiso de construcción de buque pesquero, exige desguazar otro en servicio del mismo arqueo que el nuevo. Está claro que España, ya en la década de los setenta, con sus antecesores en el cargo --creo que era don Gonzalo Vázquez en aquel momento, cuando se ordenó el sector pesquero--, obligaba a unos desguaces por nuevas construcciones que variaban en función del caladero al que iban destinados esos buques; incluso se obligaba a desguazar dos toneladas por una. Se ha ido evolucionando y actualmente la obligación en general es el desguace de uno por uno, lo que no ocurre en otros países de la Unión Europea. Por tanto, nosotros preguntamos por qué en España se sigue manteniendo ese criterio, independientemente de que se puede justificar que nosotros tenemos una flota excesiva, etcétera. Es verdad que tenemos una flota excesiva, pero nos obligan a reducir flota y nos obligan a retirar cepas de vides, como pronto vamos a ver, en tanto que estamos viendo que otros países están incrementando su flota día a día. Es posible que S. S. me conteste diciendo que también en España se están concediendo determinadas subvenciones, en tanto que otros países no lo hacen así. Pero yo creo que ésa no es una compensación o una respuesta muy equitativa al problema que tienen nuestros armadores.
La segunda pregunta y la tercera, que prácticamente son idénticas, son acerca de la influencia de la falta de caladeros y la baja rentabilidad de la flota congeladora de gran altura y las perspectivas para la renovación de la flota pesquera. Obviamente esta última se refiere más bien a la flota del Gran Sol, como usted ya puede presuponer, en tanto que la primera es el archiconocido acuciante problema que tiene la flota congeladora de altura, tanto la de pesquerías varias como la de merlúcidos, etcétera.
En cuanto a la falta de caladeros, cuando se incorporó España al Mercado Común, en aquel momento, se vio obligada a ceder sus propias cotas de pesca, en tanto que ahora es la propia Unión Europea la que distribuye esas licencias o esas cotas de pesca entre los países miembros. Desde entonces, las importaciones de pescado de esos países de la Unión Europea se han multiplicado por tres, y eso sin contar las otras importaciones, que nosotros hemos puesto aquí en solfa, de terceros países, transbordos en mercantes, etcétera, que lógicamente están dando lugar a que los precios bajen constantemente y que la captura de determinadas especies en determinados caladeros no sea nada rentable.
En cuanto a la flota pesquera del Gran Sol, tenemos que decir que la media de antigüedad de los barcos que faenan en él superan, con mucho, los 25 años. Por ello consideramos que es importante buscar medidas adecuadas para que se pueda llevar a cabo una política de renovación. Ya sabemos que por parte de Ordenación Pesquera y de determinadas comunidades se está intentando colaborar para que haya una renovación, que nosotros consideramos que todavía es muy exigua y muy raquítica. Por tanto pedimos a la Administración central que, en colaboración con otras autonomías, logre renovar esa flota por su antigüedad, porque sus medidas de seguridad, su rentabilidad, etcétera, están tremendamente desfasadas.
La cuarta pregunta responde a una moción presentada por mi compañero de Grupo don Luis Angel Fernández Rodríguez, moción que hace más de cuatro meses ha sido aprobada por todos los grupos políticos, en el sentido de subvencionar o ayudar con determinados fondos a paliar las paradas biológicas en las flotas que operan fundamentalmente en el caladero saharaui o marroquí. Hasta el momento, que nosotros tengamos noticia, esto no se ha llevado a cabo, lo cual está creando graves problemas financieros a nuestros armadores que faenan en esos caladeros.
Por último, un problema actual. Hemos observado estos días en los medios de comunicación que hay graves problemas y graves tensiones con los pescadores franceses que siguen pescando la anchoa, cuando los armadores españoles están insistiendo en que se han superado con mucho las 3.000 toneladas que tenían de cota para capturar. Lógicamente, no es ya el problema de que estén agotando los stocks de la anchoa, sino que haya enfrentamientos que puedan tener graves complicaciones, pues hemos visto que casi han estado abordándose entre barcos estos días. Yo supongo que la Administración central, el Gobierno, tiene que hacer una protesta enérgica para que la Unión Europea

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obligue a los franceses, igual que nos obliga a los españoles, a acoplarse a sus condiciones y a lo que están autorizados a faenar, y nada más. Porque nosotros tenemos que andar con los planes de pesca, con inspecciones a bordo, en tanto que para otros armadores y flotas de otros países no es así. Por tanto, nuestra petición es que se adopten las medidas oportunas para que los franceses, o cualquier otra flota de otro país de la Unión Europea, se sitúen en el lugar que les corresponda.


El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas formuladas, el señor Secretario General de Pesca, señor Loira, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): Muy buenos días a todos. Voy a procurar ser breve.
Señor Mantilla, en cuanto a la primera pregunta, los motivos por los que España plantea que como mínimo se aporte en tonelaje y en potencia otro tanto de lo que se quiera construir, con una previsión histórica, no en el año 1974, sino antes, en el año 1961, la Ley de Renovación y Protección de la Flota Pesquera exigía la aportación de bajas para acceder a los créditos establecidos en ella. A partir de ahí ha sido una constante en nuestro país exigir, para cualquier nueva construcción, la aportación de las correspondientes bajas. Podría hacer una gran disertación, pero me voy a ceñir al tema porque tal vez el último punto sea el más interesante de debatir por su actualidad, por lo que voy a procurar ser breve.
Nosotros entramos en la Unión Europea y las normas nacionales (independientemente de las normas comunitarias, que no nos han exigido esta obligación que en España tenemos desde hace tiempo) han continuado, lo que nos ha dado muy buenos resultados porque nos han ayudado a ir cumpliendo los planes de orientación plurianuales comunitarios y, al mismo tiempo, ha posibilitado que, en ese ejercicio continuo de ajuste los recursos pesqueros a la capacidad extractiva de nuestras flotas, fuéramos modulando en el tiempo algunas de nuestras pesquerías y, dentro de ese concepto de pesca responsable y de ese código de conducta que España está capitaneando a nivel de FAO y de Naciones Unidas, ir ganando un nombre y un prestigio, sobre todo en los últimos tiempos, que anteriormente nuestra flota no tenía. Da usted a entender que otras flotas pudiesen estar creciendo de manera indiscriminada. Quiero decir a SS. SS. que hay unos planes de orientación plurianuales en la Unión Europea (en román paladino ajuste de flota, reducción de flota) que son iguales en todos los países comunitarios para los mismos segmentos de flota. Lógicamente, si algún país no los cumple, no tiene posibilidades de ayuda, y no se hace borrón y cuenta nueva con nuevo plan de flota, sino que los países van arrastrando lo que tengan a cuenta para ir reduciendo, y esto es lo que está motivando en algunos países nórdicos la tensión que se da en muchos de sus puertos. Nadie nos ha obligado a esto, pero yo creo que ha sido muy inteligente precisamente para poder avanzar, y al mismo tiempo ha hecho posible que no hayamos tenido que poner ninguna norma con carácter obligatorio en el sentido de decir que tal flota debe reducir tanto y tal flota cuanto, no, sino que de manera natural y espontánea nuestros empresarios han presentado sus proyectos en libertad, sin ningún tipo de norma coercitiva por parte de la Administración. Ahí está el marco general, el plan general a efectos de Unión Europea, y a partir de ahí esto nos ha permitido ir avanzando en el tiempo sin grandes tensiones para nuestros empresarios pesqueros ni para nuestros trabajadores. Yo creo que con esto le contesto a la primera pregunta.
La segunda pregunta está en relación con un tema que sale cada vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes en esta Cámara, es la fija, que son los temas --no voy a decir los problemas, hoy ya no digo problemas, por primera vez-- relacionados con la flota congeladora de gran altura.
Ayer mismo --lo tenía desde tiempo atrás programado-- me reuní con dos de las tres grandes asociaciones de este sector. Tenía preparada una intervención para toda la flota congeladora, para la palangrera, para la de los túnidos, para la marisquera, para todas, pero S. S. ha ceñido la pregunta a la flota congeladora que dirige la actividad básicamente a los merlúcidos y a los cefalópodos, en fin, a la flota de mayor porte, y en aras de respetar el tiempo me voy a ceñir a esta flota. Como decía, ayer tuve la oportunidad de hablar todo el día, durante la mañana con una asociación y por la tarde con ANAC, ANAMER y con el ejecutivo de la Cooperativa de Armadores de Vigo, y hay un algo --comienzo por el final-- que ya de entrada quiero dejar muy claro: los precios. Ellos me daban precios ayer y como yo tenía hoy esta comparecencia he procurado sacar información. Si hace un año el calamar estaba a 120, en este momento está a 225; si hace un año la merluza estaba a 160, en este momento está sobre 210. Su señoría, que es de la zona de un puerto muy importante, sabe que hay un gran termómetro, todo aquello que se decía, cuando la independencia de Namibia, de que nuestra flota iba a desaparecer, todos aquellos grandes males que íbamos a tener. En este momento hay armadores que con esos barcos que han estado operativos están realizando muchas transacciones comerciales, pero ya no quedan barcos que comprar; ayer me decían que ya casi no quedan barcos que comprar. Si S. S. los tiene le agradecería que diese los nombres a las asociaciones. La situación ha cambiado mucho. Su señoría hablaba de caladeros; un poco en plan catastrofista hablaba de la obligación nuestra de aportar las cuotas a la Unión. No, nos hemos visto obligados. Lo que sucede es que la flota, como muy bien sabe S. S. --excepción hecha de los caladeros del Atlántico Norte, del área NAFO-- había fae-nado antes básicamente en las aguas del Atlántico Sur, donde no había más que los convenios de ICSEAF en el área de Namibia; ese era el marco en el que nos movíamos. Aquella flota que nada más pescaba en esos dos caladeros --y son datos de ayer-- la tenemos faenando en estos momentos en áreas de Malvinas, en aguas del Atlántico Sudoccidental y en aguas de NAFO a especies a las que antes dedicaba su actividad y a especies nuevas --como muy sabe S. S.--, como el fletán negro, una especie reciente a la que dirige su actividad nuestra flota congeladora de gran altura. Daré una cifra para que comprendan perfectamente

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la importancia económica de esta nueva actividad. El año pasado hubo más de 40.000 toneladas de captura de fletán negra, que tan buen precio tiene en los mercados internacionales. Esta flota, que estaba casi secuestrada, de dos caladeros en este momento tiene barcos en Marruecos, en Mauritania, en las Guineas, en Angola, en la India, en Suráfrica, en Argentina, en Senegal y en Namibia. Se me puede decir que en Namibia todavía no hay un acuerdo de pesca y yo contesto que en Namibia todavía no hay un acuerdo de pesca, pero la Administración española, de común acuerdo con los sectores, ha venido apoyando a los que han planteado la posibilidad tanto de exportación de buques como de sociedades mixtas, de las que ahora estamos hablando. Han sido varios los miles de millones de pesetas que se han destinado precisamente para que nuestros barcos sean los que en estos momentos están capturando la inmensa mayoría de las posibilidades de pesca que Namibia ofrece al mundo. De aquella situación muy difícil que todos hemos pasado, y uno como gestor pesquero si cabe más, tenemos un horizonte nuevo por delante. Estos datos que le he dado no son míos, sino de una de las principales asociaciones del sector pesquero español y de ayer tarde mismo. Hemos estado trabajando en algo que SS. SS. conocen, en el programa de actuación de la flota congeladora que hace dos años pusimos en marcha y por parte de la Administración española se ha cumplido escrupulosamente. Hemos pasado revista a este cumplimiento y hemos estado visitando lo que va a significar el nuevo horizonte, lo que va a significar el IFOP, con todos los reglamentos y con el plan sectorial que en estos momentos tenemos presentado en Bruselas.
Entro en el siguiente tema que está un poco ligado con éste. Me plantea S. S. las perspectivas para la renovación de la flota pesquera y lo centra de manera importante en la flota de los trescientos, en lo que en Galicia de una manera más afectiva y más pesquera llamamos la flota del Gran Sol, aunque unos faenan en el Gran Sol, otros en las aguas francesas y otros en el área del Reino Unido, en Escocia y encima de Irlanda. El marco es nuevo. Tuve oportunidad, tanto en esta Comisión como en el Senado, de hablar de manera muy extensa en el gran debate sobre el nuevo reglamento base de estructuras, el 3699, del Consejo del pasado 21 de diciembre, en el que se desarrolla el reglamento de aprobación del IFOP, el 2080, de julio del año pasado. ¿El gran debate cuál fue? El gran debate es que había una serie de países nórdicos y la propia Comisión que no querían que hubiese posibilidad de financiación comunitaria para nuevas construcciones. Al final logramos los votos suficientes, aquellos once a uno que se dio una vez en la historia de la pesca y que han desaparecido del marco pesquero. Contra la voluntad de algunos países importantes de la Unión y contra el parecer de la propia Unión, que hizo una muy dura declaración después del debate de aprobación, conseguimos que las nuevas construcciones puedan favorecerse de estos importantísimos fondos que tanto la Unión como el Estado español van a dedicar en este año y en los próximos cinco para este plan sectorial. Quiero adelantar la cifra de lo que ya hoy tenemos comprometido a nivel comunitario: 1.105 millones de ecus. En la anterior comparecencia hablé de 1.000 millones, que era lo que teníamos de Objetivo-1, y a esto añadimos en este momento otros 105 para el resto de las regiones. Uno de los grandes objetivos, por no decir el gran objetivo, está en la renovación y modernización de nuestra flota, que conlleve, como muy bien decía S. S., a unas flotas más dinámicas, más operativas y con menos consumo de combustible, a unas flotas tecnológicamente mejor dotadas y más seguras, tanto en lo que a faenas de pesca se refiere como a medios tecnológicos de comunicación y de emergencia ante lo que pueda acontecer en un medio tan duro como es el marino. Quiero tranquilizar a SS. SS. pues ese aspecto lo hemos superado en diciembre.
¿En qué situación estamos ahora? Después de haber presentado antes del primero de este mes, que era el plazo, el Plan sectorial a la Unión, vamos a entrar en capilla de negociación con la Unión para que nos apruebe el marco comunitario de apoyo, es decir, en grandes líneas, dentro de ese monto total cuánto vamos a disponer tanto para regiones Objetivo-1 como para el resto de las regiones en cada uno de los apartados: construcción, modernización, acuicultura, equipamientos portuarios, zonas a proteger de interés ecológico e interés pesquero, y también para ajuste de flota, transformación y comercialización. A este Plan sectorial se une el gran esfuerzo que hemos hecho en los últimos años de modernización de nuestras flotas, pero no de todas, la que usted ha mencionado casi no se ha tocado, pero no se ha hecho porque quien tiene que tomar la iniciativa no la ha tomado. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no tenía el horizonte claro (esto quiero decirlo de manera clara, llana y rotunda) y no lo tenía claro porque, como saben SS. SS., había unas normas que fueron aprobadas por unanimidad del Parlamento español --el Tratado de Adhesión-- que en aquel momento fueron aceptadas de muy buen grado por el sector porque significaba una superación de la anterior situación a la Adhesión (quiero dejar muy claro que en aquel momento se valoró muy positivamente por parte del sector, a pesar de todo lo restrictivo que era), pero una vez en la Unión hemos estado luchando porque desapareciera este régimen discriminatorio. Es conocido de todos que en la noche en la que había que entrar en la conferencia con los nuevos países miembros conseguimos una importantísima declaración política de los Doce, del Consejo de Asuntos Generales, en base a la cual, antes de finalizar el año, tienen que estar aprobados los reglamentos de esfuerzo para todas las flotas comunitarias que faenan en esas aguas, y a partir del 1 de enero de 1996 nuestras flotas faenarán en igualdad de condiciones porque lo harán con los mismos reglamentos de esfuerzo. Cuando negociamos el reglamento base de la nueva política pesquera, hace año y pico, tuvimos que atar esto, una estrategia muy bien diseñada, muy cogida y donde no nos podía fallar nada, y hasta este momento no nos ha fallado porque el pasado día 12 de este mismo mes, después de un muy fuerte debate, sobre todo entre el Ministro Albero y los Ministros del Reino Unido y e Irlanda, como saben todas SS. SS., como saben todos nuestros pescadores, se ha aprobado finalmente el reglamento que llamamos de ajustes, el reglamento en el que se hace la trasposición de ese

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importantísimo compromiso del 16 de marzo de este mismo año en el Consejo de Asuntos Generales. Ahora tendremos que desarrollar los reglamentos de esfuerzo, pero serán para todos los que faenan con el mismo arte, en la misma pesquería y en las mismas actividades.
La semana pasada, el día 14, tuve la oportunidad de reunirme con los representantes de la flota de los trescientos para explicarles y entregarles los documentos aprobados y ahora, lógicamente, estamos trabajando muy estrechamente en la siguiente fase con el sector. En esta flota, que no ha sido renovada, hay que hacer mucho en todo, hay que hacer también mucho para tener un producto de calidad. Estamos trabajando todos en lo que he contado en esta Cámara, ya hace tiempo, sobre los temas de frío y de nueva tecnología para que el pescado pueda llegar como si fuese del día aunque sea de 6, 7 u 8 días, incluso alguno más, desde Gran Sol. La idea --y aquí coincidimos plenamente con la nueva administración pesquera de la unta de Galicia, hay que reconocerlo-- es trabajar codo con codo. Si nuestros empresarios, que son los que a última hora se tienen que mojar de verdad para que haya una renovación de la flota, así lo plantean, estamos las dos administraciones, tanto la autonómica como la central del Estado, dispuestos a volcarnos en la modernización de esta flota, pero no sólo de esta flota sino que en el Plan sectorial nuestros objetivos van mucho más allá. Nos proponemos renovar algo así como cerca de cien mil toneladas de flota. Creo que esta es una cuestión muy importante. Los obstáculos han sido muy grandes para lograr aprobar ese reglamento de estructuras y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos y despejar algunas incertidumbres que nuestros profesionales y nuestros empresarios todavía tienen; y en eso estamos.
A la otra pregunta que me hace su señoría le contestaré que la decisión no se ha tomado hace cuatro meses; por lo que veo en la propia pregunta, la decisión, la proposición no de ley --presentada por el Grupo Socialista-- fue del 1 de marzo. Leo lo que aquí se me marca: «Fecha y modo de la tramitación de las ayudas al sector pesquero por paradas biológicas, instadas por esta Cámara el 1 de marzo de 1994.» Eso es lo que dice la pregunta. En ese sentido, lo que sí tengo que decir a sus señorías es que no es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no es la Secretaría General de Pesca el marco genérico; eso sí, se tomó la decisión, como saben bien sus señorías, en otra proposición en el Senado. Las medidas que se han tomado en el Senado, y les informo, si me permite el señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Loira, por favor.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): Los créditos están en marcha; se están solicitando y concediendo créditos, la prioridad para todas las flotas que faenan, para la andaluza, para la gallega, algún barco vasco, barcos valencianos y canarios, porque de todas estas comunidades hay barcos faenando, según el Acuerdo firmado con Marruecos. Esto es extensivo para todas las flotas; está en marcha también el estudio. Y en relación con este tema, diré que por parte de las entidades administrativas que llevan estas cuestiones está todo en marcha, incluso desde el primer momento, con independencia de lo que había planteado la Cámara, se arbitró también la posibilidad de un aplazamiento del pago de esta cuota empresarial a través del Instituto Social de la Marina.
Ya me queda entrar en el último tema. Su señoría lo ha centrado --estamos siendo muy breves-- en la conflictividad. Pero la pregunta, y es un tema muy importante, tal como a mí me la han transmitido tenía dos aspectos, que también los ha tocado su señoría, que eran las cuestiones comerciales y las cuestiones de flota.
En relación con las cuestiones comerciales, lo decía el otro día en el Senado, éste es el gran tema; éste es el tema donde España viene modulando desde hace siete años, como con los demás, pero donde, si cabe, el contar con compañeros de viaje a nivel de Consejo ha sido más difícil.
Ahora sí, y hemos aprobado un Reglamento, que ayer comentaba con los representantes de la flota congeladora, en base al cual para los productos que traen a la Comunidad flotas de terceros países, bien sea en barcos de pesca o en mercantes procedentes de transbordos, se va a poner en marcha un duro sistema de notificación de llegada y luego de control de los productos que traen. Esto hace sólo un año o cuatro meses, simplemente, era imposible; en el propio Consejo de diciembre fue imposible aprobarlo. Ahora hemos logrado hacerlo, eso sí, con la oposición de tres paí-ses: Reino Unido, Holanda y Dinamarca, lo cual no era minoría de bloqueo; hemos logrado aprobar este importantísimo Reglamento.
Centrándome en la anchoa, diré que para nosotros la anchoa es un producto especialmente sensible, porque son muchísimas las familias que dependen de la costera de la anchoa y de la otra, de la del bonito. En ese sentido, hemos venido planteando a la Unión Europea toda una serie de cuestiones y a nivel interno estamos planteando otras; entre ellas, para poder paliar los efectos desestabilizadores de comercialización en nuestras lonjas, de producto que pueda venir de fuera, de otros Estados miembros, como es el caso de Francia, se ha propuesto la extensión de la regla prevista en el propio Reglamento base. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas de producción referidas a tallas, a períodos y a topes de captura, así como las normas de comercialización referidas a tallas, a calidades y a precios que se adopten anualmente por las organizaciones de productores en el interior de su zona de representatividad, puedan hacerse extensibles a los productores comunitarios no afiliados a las organizaciones de productores y no solamente a los productores nacionales.
En la nomenclatura comunitaria todo es género «engraulis», y dentro del género «engraulis», tenemos el nuestro, que es maravilloso, «encrasicholus», que es la anchoa, que es el boquerón, que es el bocarte, y hay otra serie de productos, como es la anchoíta.
Entonces, venimos luchando a nivel de Unión Europea para que en el Taric, en el arancel comunitario, nos pongan no sólo el «engraulis SPP», sino el «engraulis encrasicholus»

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y «engraulis» anchoíta para diferenciar claramente una cosa de la otra.
Pero, además, como mucho de este producto va a la semiconserva, entonces ¿en qué estamos trabajando a nivel de Unión? A nivel de Unión estamos trabajando, pero es previo meter en el Taric la postura arancelaria. Así como hemos conseguido meterlo para los túnidos, y nos ha costado mucho --para el tema de las sardinas menos, porque aprovechamos el primer acuerdo con Marruecos para meterlo--, estamos luchando por una norma de calidad comunitaria para las anchoas para diferenciar claramente lo que es anchoa de lo que es anchoíta o de lo que son otras cosas.
Lógicamente, lo que lleva esto es a la especificación técnica de todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que en todas estas cosas por las que venimos luchando en la Unión venimos trabajando estrechamente con el sector.
En los temas de mercado es positivo ver cómo cambia la Unión y ver cómo cambian otros países, países que antes no querían oír hablar ni de calidad ni de temas de mercado, no querían hablar de nada, y está aprobado ahí este último reglamento, que es un hito importante en la política de mercados comunitarios.
Existe el compromiso por parte de la Unión Europea de presentarnos antes del próximo Consejo un estudio de mercado, con lo cual estamos convocando tanto a comunidades autónomas como--creo que eran 12 ó 13-- a entidades del sector, tanto extractivas como transformadoras como comerciales para tener en las próximas fechas toda una batería de contactos en la Secretaría de Pesca para que la aportación que nosotros hagamos a ese estudio pueda llevar el sentir de los diversos sectores españoles.
Termino. El otro tema es de actualidad y quiero ser muy claro. La anchoa la podemos pescar lo que es en nuestras aguas, lo que es en aguas de Portugal, lo que es en el Mediterráneo, pero luego hay una zona muy importante; es la zona que en la retícula pesquera figura como la 8 ABD.
En esa zona, como saben SS. SS., del total admisible de capturas, España puede capturar el 90 por ciento y el país donde se pescan básicamente estas cuotas de anchoas puede pescar nada más que el 10 por ciento. Esto es Tratado de Adhesión. Por tanto, este año España tiene 27.000 toneladas posibles de capturas y Francia, que es el otro país, tiene nada más que 3.000.
Desde tiempo atrás ha habido una conflictividad porque los barcos españoles nada más pueden pescarlo con un tipo de arte, que es el arte de cerco; en cambio, en el otro país pueden pescarlo con dos tipos de arte, que es el cerco y el arrastre pelágico. Esto ha motivado una conflictividad en el tiempo--nuestros barcos tienen 160 licencias, 260 barcos del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia; no hay problema para poder acceder a la captura, pues complementan licencias unos barcos con otros--, debido a que los barcos franceses pueden utilizar el arrastre pelágico, llevando tensiones importantes a la mar. De ahí que primero hayamos tratado con nuestro sector y después con la otra Administración para ver de qué manera entre todos podíamos sacar el máximo rendimiento y llegar a una situación de la mejor convivencia entre las dos flotas. Esto motivó que en junio de 1992, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español y el ministro francés firmasen un acuerdo. En base a ese acuerdo, durante una época --la época más importante para nuestros pescadores--, los arrastreros pelágicos franceses renunciaron a pescar con el arte pelágico, fecha que iba desde el 19 de marzo hasta el 1 de junio de cada año.
También...


El señor PRESIDENTE: Señor Loira, le ruego termine.


El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): Acabo en dos minutos.
También se marcaba un período de veda desde el mes de diciembre hasta el diez de enero. Eso sí, los cerqueros franceses podían pescar, siempre y cuando tuviesen cuota. En España, como tenemos muchas posibilidades de anchoa, de nuestros sobrantes cedíamos a Francia y a cambio Francia cedía a España. Hacíamos lo que llamamos un intercambio de cuotas. Cedíamos anchoa y nos daban rape, merluza y otras especies. Esto ha funcionado estos dos últimos años y este año todavía no hemos podido llegar a ese acuerdo ante la situación de algunos arrastreros pelágicos, no de todos, porque este conflicto es sólo con los pelágicos de dos puertos: de San Juan de Luz y de Hendaya. Esto es lo que ha motivado estas tensiones.
¿Cuál es la situación al día de hoy? En contacto permanente con la administración comunitaria y con la administración francesa, la situación al día de hoy es que nuestra flota está pescando, la situación al día de hoy es que la flota francesa está en puerto y esta misma noche a una serie de barcos franceses se les ha retirado, por parte de sus autoridades, las artes de arrastre pelágico que tenían a bordo para evitar que saliesen a pescar.
Hoy mismo, después de un ruego que nos han hecho las cofradías de Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya, que han tenido una reunión con los cerqueros franceses el pasado día 18 de abril, en Hondarribia, hemos procedido al intercambio de cuotas con Francia, tal como nos piden los representantes de nuestro sector pesquero. Hemos intercambiado 400 toneladas de anchoa por el equivalente en rape, pero ha quedado muy claro que nada más que pueden ser pescadas por los cerqueros franceses.
Así es como está la situación al día de hoy. Si he sido un poco largo, les ruego disculpen.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Loira.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DEL SECTOR VITIVINICOLA, EN LA PROYECTADA REFORMA DE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION COMUN DE MERCADOS EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA. (Continuación.) (Número de expediente 161/000175.)

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El señor PRESIDENTE: Tal como hemos quedado anteriormente, interrumpiríamos aquí la tramitación de esta pregunta para pasar a la finalización del debate sobre la propuesta de resolución o la proposición no de ley relativa al sector vitivinícola.
La tramitación había quedado paralizada para intentar buscar un acuerdo entre los Grupos.
Por ello daría la palabra al representante del Grupo Parlamentario Popular para manifestar la aceptación o no de las enmiendas que se han formulado.
El señor Isasi tiene la palabra.


El señor ISASI GOMEZ: Tras casi dos horas de intensas negociaciones entre los miembros de los partidos representados en esta Comisión para intentar llegar a una propuesta de acuerdo y habiéndose atascado en un punto en el que el resto de los Grupos parece que tienen una postura --no diría intransigente por no utilizar palabras gruesas--, pero sí parece que no están dispuestos a pasar por este punto, tras la lectura que haga el letrado, que es el que tiene el texto concreto o final al que hemos llegado hasta el punto 11, el Grupo Popular estaría dispuesto a retirar de la proposición no de ley el punto 12 y la enmienda correspondiente también al punto 12 que habría presentado, sin perjuicio de reservarse su derecho a volver a presentarlo para el debate en esta Cámara.
No obstante todo ello, nosotros queremos manifestar que hacemos esto sin que se nos haya convencido de la necesidad de que se defienda lo establecido en esos puntos, pero dada la trascendencia real --sin utilizar palabras grandilocuentes-- de lo que nos estamos jugando y de la necesidad de aparecer ante los organismos comunitarios --que todo llega-- con una postura unánime y cerrada de los representantes del pueblo español presentes en esta Cámara en relación a este tema, queremos hacer llegar al Gobierno español la postura de este Parlamento lo más unánime posible para que los intereses españoles, y en concreto los de este sector, se defiendan en el sentido que van estos puntos. Ahora bien, también queremos decir al Gobierno que vamos a estar pendientes del cumplimiento del mandato vinculante que los acuerdos de esta Comisión tienen para el Gobierno español.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Para mostrar no sólo mi satisfacción, sino --utilizando palabras, éstas sí gruesas, en el sentido jocoso-- mi regocijo por haber llegado a un acuerdo y haber podido mantener una postura unánime este Parlamento, instando al Gobierno a negociar, a fondo y con firmeza, todas aquellas medidas que en la proposición no de ley resultante que votaremos a continuación se dicen.
Respecto a la retirada del punto 12, es verdad que ninguno de los tres grupos que hemos estado hablando hemos convencido al representante del Grupo Popular, de la misma manera que cuando hemos pedido al Grupo Popular el punto 12 es porque, evidentemente, también se ha dado por nuestra parte un no convencimiento de que esas medidas beneficiaran al sector, pero estoy completamente de acuerdo con el señor Isasi en esa reserva de poderlo discutir más tarde. Estaremos encantados de dar todas las razones que se nos ocurrían al principio y otras que hemos ido viendo a lo largo del tiempo y a lo largo de estas negociaciones con los señores representantes de Convergència i Unió y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Es verdad que de algo no hemos tenido que convencernos, porque el resultado final de estas conversaciones es que se han retirado ciertos puntos para llegar a un acuerdo unánime, porque sí es verdad que ésta es una proposición no de ley realmente trascendental para el sector. De eso no hemos tenido que convencernos, y la prueba es que unos y otros hemos ido llegando a un acuerdo. En eso lleva toda la razón el señor Isasi.
No ha habido intransigencia alguna. Ni siquiera él --y se lo agradezco muchísimo, de verdad-- ha querido utilizar la expresión intransigencia, porque es cierto que ninguno de los grupos ha sido intransigente con las propuestas. Y nosotros también --como señalaba el representante del Grupo Popular y estoy seguro que como los representantes de los demás grupos, tanto si intervienen como si no están de acuerdo en ello-- vamos a vigilar para que el Gobierno negocie, y negocie con firmeza, en el sentido que esta proposición no de ley le indica.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Solamente para manifestar que teníamos sobre la mesa una proposición no de ley en la que, con ligeras enmiendas, más de redacción que conceptuales, se podía haber llegado fácilmente a un gran consenso, y se ha llegado, pero no fácilmente.
De repente, una serie de circunstancias, como autoenmiendas del Partido Popular, ha podido complicar en cierto momento este consenso al que todos aspirábamos. Todos hemos hecho, pienso --y en mi Grupo también--, un gran esfuerzo para intentar salvar una proposición no de ley que continúa siendo del Partido Popular, que ha sido mejorada con las enmiendas socialistas y en cuya redacción definitiva pienso que hemos colaborado suficientemente todos los grupos como para que todos nos podamos sentir en esta Comisión extremadamente satisfechos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, solamente para felicitar al portavoz del Grupo Popular por haber sabido llevar hasta las últimas consecuencias la voluntad de consenso que ha manifestado en su primera intervención y que también hemos manifestado el resto de los grupos parlamentarios.
Creo que esta Comisión debe felicitarse porque el Gobierno tendrá en sus manos una proposición no de ley que

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representará un criterio único de todos los grupos parlamentarios de la Cámara; una proposición no de ley que permitirá que se defienda que la filosofía que ha de envolver la reforma de la organización común de mercado del vino sea la misma que ha inspirado la reforma de la PAC; que vayan para el sector vitivinícola todas las ayudas compensatorias que han ido hacia otros sectores; que no se destruya, porque hemos aprobado el tema de la vendimia verde, la cubierta vegetal, en cuanto que se puede subvencionar la recogida de racimos en verde. El tema importantísimo, que nos unía a todos, de la prohibición de la chaptalización queda expresamente manifestado en la proposición no de ley; también que el Gobierno tendrá que defender al máximo que la graduación alcohólica esté en torno a los nueve grados, que se utilicen exclusivamente mostos para enriquecer aquellos vinos que no reúnan estos grados y que, asimismo, esa utilización sea subvencionada.
Nada más, señor Presidente, señorías, sino felicitarnos por esto. Nuestro grupo parlamentario también hará el seguimiento del cumplimiento de esta proposición no de ley que hoy nos ha presentado el Partido Popular, al igual que manifestamos nuestra colaboración para que este tema pueda salir adelante a satisfacción del sector vitivinícola.


El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a someter a consideración de la Comisión un texto que todas SS. SS. conocen. Dicho texto se compone de la proposición inicial del Grupo Parlamentario Popular, más sus enmiendas, más las enmiendas de Grupo Socialista, exceptuando el punto número 12.
Señor Isasi, formule exactamente el contenido en el sentido de si se retiran o mantienen las enmiendas que introduce en los puntos 13 y 14. La propuesta sería hasta el punto número 11. ¿Les parece correcto? Tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: No, señor Presidente. Es verdad que hemos llegado a un acuerdo hasta el punto número 11 y que al llegar al punto 12 --que no vamos a reproducir aquí otra vez-- lo retiramos por las razones expuestas. Sin embargo, siguen pendientes las enmiendas que corresponden a los puntos 13 y 14, que eran nuevas, y que hacen referencia a la estimulación, a la mejora de la calidad con las prestaciones vínicas obligatorias y a una declaración --tal y como está expresada en el punto 14-- sobre la influencia de los acuerdos del GATT que deben tenerse en cuenta en esta reforma, de los que no se habla para nada, pero que en algún momento hemos comentado y se reconocía que así era.


El señor PRESIDENTE: En este sentido, preciso conocer las opiniones de los portavoces.
Tiene la palabra el señor López.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Tal y como ha dicho el señor Isasi y como es evidente, no hemos hablado de los puntos 13 y 14. Por lo tanto, aquí deberíamos hacer un inciso muy breve para repetir aquello de que nos hemos encontrado con una proposición no de ley sobre la que hemos podido reflexionar durante un tiempo prudente y después nos hemos encontrado con unas enmiendas sobre las que teníamos que reflexionar un poco deprisa.
En relación con una de estas enmiendas --la referida al que sería nuevo punto 14, que no sería 14, sino 13--, ya he intervenido diciendo que podría aceptar que la organización común de mercado, la reforma, tuviera en cuenta los acuerdos del GATT, dejándolo ahí. Punto. Lo que ocurre es que para aceptar el punto 13 o el 14 u otra cuestión, me gustaría conocer la opinión de los portavoces de los Grupos Convergència i Unió e Izquierda Unida, para saber si este consenso se sigue manteniendo. En principio, no tendría inconveniente en aceptar los puntos 13 y 14, en los términos que he dicho, pero me someto a la voluntad de los portavoces de Convergència e Izquierda Unida y anuncio que comprendería cualquier decisión que tanto el señor Vidal como la señora Rivadulla tomaran al respecto, porque hemos unido, a una premura en la reflexión, un nulo tratamiento de estos dos puntos en la reunión mantenida por los portavoces. Pero, insisto, para el Grupo Socialista el consenso sigue siendo lo primero.


El señor PRESIDENTE: Señorías, yo creo que la novedad de una enmienda del propio Grupo proponente que introduce nuevos puntos, lógicamente deja en una cierta indefensión a los grupos que no tienen la posibilidad de conocerla para, incluso, enmendarla. En ese sentido y en aras del consenso, del que tanto se ha hablado esta mañana, le rogaría al Grupo parlamentario Popular que, dado que sobre el tema relativo al GATT va a tener lugar próximamente en la Comisión una comparecencia que luego tendrá la posibilidad de materializarse en propuestas de resolución, que, si les parece bien y en aras de dicho consenso, lo dejemos hasta donde exista el acuerdo, y si el acuerdo existe hasta el punto número 11, votaríamos hasta dicho punto, con las incorporaciones de las enmiendas de los Grupos Popular y Socialista. A partir de ahí, lógicamente, creo que todos los grupos tenemos la posibilidad de plantear estos temas en otros trámites parlamentarios; en el caso del tema del GATT, lo tenemos ya fijado en el orden del día de la próxima Comisión. (El señor Isasi Gómez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, es para aclarar la cuestión.
En el punto 14 de la enmienda, que se refiere al tema del GATT, se dice: «La reforma de la OCM del vino deberá tener en cuenta las consecuencias negativas del reciente acuerdo del GATT...» Es decir que simplemente se recuerda, tampoco fija un compromiso, se recuerda y se establecen las consecuencias que puede tener, pero yo creo que no sobraría una declaración de principios sobre ese asunto, aunque no voy a hacer cuestión de ello. (La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.)

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, yo, recogiendo su proposición, estaría de acuerdo en llegar hasta el punto número 11, pero sí me parece importante que aparezca en esta proposición no de ley la referencia a que se tengan en cuenta las repercusiones que va a tener el tema del GATT. Creo que eso es compartido por el portavoz del Grupo Socialista y parece que estaríamos en condiciones de votar en los términos que usted ha dicho.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Nosotros también estamos de acuerdo, señor Presidente, en eso sobre lo que ya existe, al parecer, un consenso en la Cámara, pero la verdad es que nos gustaría vernos forzados a votar el número 13 ni a pronunciarnos ahora sobre un tema en el que no hemos profundizado suficientemente. Respecto a esta apreciación que se solicita por el Grupo Popular en cuanto al tema del GATT, diré que nosotros también la votaríamos favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Simplemente, en cuanto al tema de la proposición relativa al GATT, y respecto a lo que S. S. relaciona atendiendo a que está en el punto del orden del día de esta Comisión, diré que nosotros estaríamos dispuestos a votar afirmativamente la siguiente redacción, que es lo que he dicho en mi primera intervención --lo digo también en relación con lo manifestado por el señor Vidal y la señora Rivadulla--: Que la reforma de la OCM del vino tenga en cuenta las consecuencias que el reciente acuerdo del GATT tiene sobre la vitivinicultura de la Unión Europea y muy especialmente en la española.


El señor PRESIDENTE: ¿Se acepta en estos términos por parte del Grupo Popular? (Asentimiento.) Perfectamente. Pues, si les parece, la votación se plantearía en los siguientes términos: hasta el punto número 11 en los términos acordados y con la incorporación de esta enmienda «in voce» como número 12. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.) Entonces, procedemos a la votación de la proposición no de ley Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta proposición no de ley por unanimidad.
Antes de finalizar, quiero leerles la comunicación que, si se aprueba por la Comisión, enviaríamos a las autoridades que se citan. Dice así: «La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de los Diputados, en sesión celebrada en el día de la fecha, ha acordado por unanimidad expresar su enérgica protesta por el ataque vandálico perpetrado en Francia contra los camioneros españoles que por las carreteras del país vecino transportaban fresas españolas con destino a los mercados comunitarios y que ha producido, además de evidentes daños de orden moral, cuantiosos daños económicos, siendo imprescindible la adopción de las medidas oportunas para evitar que se produzcan atentados de esta naturaleza en el futuro.
«La Comisión interesa que el presente acuerdo se remita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como al Gobernador Civil de Huelva, para su traslado a las distintas asociaciones de productores de fresas afectadas y, sobre todo, al Embajador de Francia en España, para comunicarle esta resolución.» ¿Lo aprueba la Comisión? (Asentimiento.) Queda aprobado.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: El texto que acabamos de votar, ¿estará escrito y a disposición de los Grupos Parlamentarios esta tarde?

El señor PRESIDENTE: Creo que sí; estará tan pronto como los servicios de la Cámara puedan transcribirlo.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. (La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, yo no sé si sería oportuno añadir que se efectúen rápidamente las reparaciones o las indemnizaciones.


El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente; lo añadimos también, si les parece.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Completamente de acuerdo con lo que ha manifestado la señora Rivadulla.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.

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