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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 197, de 09/05/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 197 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU Sesión núm. 12 celebrada el lunes, 9 de mayo de 1994

ORDEN DEL DIA: Debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado por la Ponencia Especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario. (Número de expediente 154/000005.)

Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se inicia la sesión.
Como saben SS. SS., el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, en su día, una moción consecuencia de interpelación por la que se instaba la creación de una comisión que elaborase un informe sobre la reforma del actual Plan de empleo rural y del subsidio agrario.
En la misma moción se aprobó un plazo de dos meses y medio para que dicho informe estuviera concluido. En ese sentido, pues, y así se indicaba en el telegrama que han recibido SS. SS., inicialmente estaba convocada en el día de hoy una sesión de la Comisión con la comparecencia del señor Ministro de Agricultura para informar de los acuerdos del GATT y sus repercusiones sobre la agricultura, y para aprobar el informe elaborado por la Ponencia relativo al Plan de empleo rural y el subsidio agrario.
Por las circunstancias de todos conocidas, esta Presidencia, en consulta con los

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restantes portavoces, acordó dejar solamente este punto del orden del día dado que preceptivamente teníamos que aprobar el informe en el plazo que se había establecido en el Pleno del Congreso.
Si les parece, para la tramitación del debate y aprobación de este informe, daría en primer lugar la palabra al ponente que se ha designado para su presentación, luego a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas al informe y después a los restantes grupos parlamentarios para fijar la posición, si así lo desean, respecto a su contenido. A continuación pasaríamos a la votación de las enmiendas y del texto del informe. Como saben SS. SS., con posterioridad, los grupos que deseen mantener algún tipo de enmiendas o votos particulares para defenderlos en el Pleno tendrán un plazo de veinticuatro horas para presentarlos en el registro de la Cámara.
La Ponencia ha designado al señor Roncero para presentar el informe.
Señor Roncero, tiene la palabra.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Como ya recordarán SS. SS., el Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 1994, con motivo del debate de una moción consecuencia de una interpelación del Grupo Popular sobre el Plan de empleo rural, en los términos de una transacción propuesta por el Grupo proponente a una enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, lo siguiente: El Congreso de los Diputados acuerda la creación de una Ponencia especial en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con participación de todos los grupos parlamentarios con presencia en la misma, al objeto de estudiar la reforma del actual sistema del Plan de empleo rural (PER) y el subsidio agrario, concluyendo sus trabajos en el plazo de dos meses y medio; plazo que está recientemente concluido y que esta Ponencia ha cumplido en sus previsiones de trabajo y tiene aquí este informe para su debate y votación en el día de hoy.
La Ponencia especial se constituyó el 10 de marzo de 1994 con la siguiente composición: tres miembros del Grupo Socialista, tres miembros del Grupo Popular, un miembro de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, un miembro del Grupo Catalán (Convergència i Unió), un miembro del Grupo Vasco (PNV), un miembro de Coalición Canaria y un miembro del Grupo Mixto.
La Ponencia celebró su primera reunión de trabajo el mismo día de su constitución y, posteriormente, ha ido celebrando varias reuniones hasta concluir los trabajos. Estas primeras reuniones estuvieron dedicadas al establecimiento de las reglas internas de su funcionamiento, del método de trabajo, fuentes de documentación e información, etcétera. Una de las características a destacar, y que interesa mucho destacar a la Ponencia en su conjunto, es la complementariedad de las propuestas efectuadas por los grupos parlamentarios para la ordenación de los trabajos, por lo que no ha sido necesario efectuar votación alguna para establecer el calendario de reuniones, las relaciones de documentación solicitada y de autoridades y personas llamadas a comparecer, así como el plan general de trabajo. Es decir, han sido propuestas complementarias adoptadas de consenso y de mutuo acuerdo, sin llegar en ningún momento a votación alguna para establecer estos planes de trabajo y las comparecencias. Se ha utilizado abundante documentación facilitada tanto por los servicios de la Cámara como por la Administración y por los señores comparecientes; documentación que figurará como anexos al informe, así como la relación de comparecencias que se estableció con el criterio general de garantizar el conocimiento de las opiniones de las administraciones públicas concernidas y de la práctica totalidad de los agentes sociales, profesionales y funcionariales que intervienen en la materia objeto del estudio. La Ponencia quiere destacar y valorar muy positivamente los informes orales expuestos por los comparecientes, cuya relación figura en un anexo al propio informe, así como los escritos aportados por varios de ellos, simultánea o posteriormente a sus comparecencias y que se recogen en otro anexo. La Ponencia quiere agradecer expresamente el espíritu constructivo con el que todos y cada uno de ellos han abordado los problemas de la materia objeto de estudio, los problemas del sistema de protección integrado conocido como Plan de empleo rural.
Una vez constituida la Ponencia y con este consenso y acuerdos iniciales, el objeto del informe, conforme al acuerdo del Pleno de la Cámara citado, ha sido el estudio en profundidad del sistema de protección de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, su naturaleza, evolución, la estructura de los beneficiarios, el funcionamiento y gestión del sistema y los mecanismos de control e inspección del mismo. A partir de este análisis y de la evaluación de los problemas que el sistema plantea, el informe formula distintas recomendaciones dirigidas al perfeccionamiento tanto de su marco normativo como de su gestión, inspección y control. La estructura del informe se divide, pues, en varios apartados que vienen a abordar el marco normativo vigente del sistema de protección integrado conocido como PER en su origen y su evolución histórica. Aborda posteriormente el análisis y la evolución del sistema, así como el control y la inspección del mismo. Efectúa luego el informe una evaluación global del sistema y una identificación de los problemas del mismo. Y, por último, plantea unas conclusiones que recomiendan líneas de actuación al Gobierno y a los agentes sociales para la reforma y las modificaciones pertinentes que puedan mejorar el sistema. Voy a destacar muy brevemente algunos aspectos de estos apartados del informe.
En cuanto al marco normativo es de destacar sus antecedentes y evolución histórica. Hay que recordar que el inicio de la normativa sobre protección de trabajadores eventuales agrarios en nuestro país data del año 1970, de la Ley 41/1970, del denominado empleo comunitario, que sufre una reforma en el año 1984 con la implantación de las bases del actual sistema en el Plan de empleo rural, que sufre varios retoques a lo largo de los años 1987-1989, y que sufre una reforma quizá más profunda en el año 1990, como consecuencia de un acuerdo entre Gobierno y sindicatos, que se produce el 20 de febrero de dicho año. Es un

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sistema integrado de protección que tiene tres elementos, que son: el subsidio agrario, el Plan de empleo rural y la formación ocupacional rural. De todos son conocidos estos tres elementos. Quizá cabe destacar de estas reformas la citada del acuerdo del Gobierno con los sindicatos en febrero de 1990, que viene a introducir algunos aspectos más rigurosos en cuanto a la segmentación de edades --los tratamientos diferenciados por edades de los beneficiarios--, al tratamiento de las rentas familiares y de las incompatibilidades en la percepción, y a la mayor protección de los trabajadores de mayor edad. También una novedad importante es la creación de los consejos comarcales para colaborar en la gestión del sistema.
En cuanto al análisis y la evolución del sistema hay algunos datos que la Ponencia estima relevantes para el conocimiento generalizado, puesto que, como es conocido, ha existido cierta confusión en los análisis que desde distintos medios se han podido hacer del sistema integrado PER. Conviene recordar --y el informe así lo hace-- que, según los datos estadísticos objetivos, respecto a la estructura de los beneficiarios en la media de los diez años, primero, su media de beneficiarios se ha mantenido estable, hay una media de 239.000 beneficiarios mensuales a lo largo de los diez años de vigencia, con un mínimo en el año 1985 de 184.000, un máximo en el año 1989 de 296.000, y una cifra en el año 1993 de 223.000.
Es decir, hay una estabilidad en el número de beneficiarios a lo largo de los años. En cuanto a la distribución de los beneficiarios por la edad, menores de 25 años hay en 1993 un 16,7 por ciento y un 83,3 mayores de 25 años. En cuanto a la distribución por sexo, había en el año 1984 un 10,65 de mujeres y en el año 1993 aproximadamente la mitad. Es decir, que se refleja en esta estructura una estabilidad, como digo, en el número de beneficiarios. Por otra parte, se refleja que el subsidio REA tiene un marcado carácter protector de los colectivos más necesitados, de las personas de mayor edad, que no ha conducido a la inamovilidad profesional de las capas jóvenes, puesto que su porcentaje ha disminuido hasta esa cifra del 16,7 por ciento, y ha contribuido a la incorporación al trabajo y al sistema de protección de las mujeres.
Hay otros datos estadísticos objetivos, en cuanto a la evolución del gasto público en el subsidio REA, que también son importantes destacar.
Es un gasto que ha pasado del año 1984 a 1993 de 42.130 millones a 100.745 millones, con un incremento interanual del 15,4 por ciento. Si esto se compara con el conjunto de los sistemas de protección por desempleo en nuestro país, cuya evolución ha sido pasar del año 1984 de 580.000 millones, redondeando, a 2,12 billones de pesetas, con un incremento interanual del 29,6 por ciento, se ve que hay una diferencia de 14 puntos de menor crecimiento en la evolución del gasto del subsidio agrario, lo cual quiere decir que ha habido una contención importante del gasto en el subsidio agrario y que se manifiesta en que del año 1984 al 1990 --si desagregamos los datos en tramos de años se ve más claramente esta situación-- se pasa de 42.130 millones a 95.000, con un incremento interanual del 21 por ciento, y del año 1990 al 1993, después de la reforma pactada con los sindicatos, se pasa de 95.322 millones a 100.745, con un incremento interanual de solamente el 1,9 por ciento.
Hay datos que voy a ahorrar a SS. SS., y que están en el informe, que también permiten afirmar que la imagen de subsidiación que podría desprenderse de algunas informaciones o algunos clichés de informaciones sobre el subsidio agrario en Extremadura y Andalucía no es la realidad.
Esos datos suponen que mientras en Andalucía y Extremadura se dedicaron en protección por desempleo, en 1993, 760.000 pesetas por parado, en el resto de España la cantidad fue de 863.000, con un desequilibrio negativo en perjuicio de estas dos comunidades autónomas y que representa una menor protección inferior en 12 puntos porcentuales respecto al resto del país. También, y a pesar del subsidio agrario que ha supuesto un indudable mecanismo positivo de redistribución de rentas, en el período analizado de su vigencia, en protección por desempleo, la aportación económica total por desempleado para Andalucía y Extremadura ha crecido notablemente menos que la del resto de España, el 24,4 por ciento anual frente al 30 por ciento, lo que ha agravado en 1993 la diferencia existente en 1984, a pesar de la existencia del subsidio agrario. Por otra parte, el coste medio por beneficiario del subsidio agrario ha pasado de 219.000 pesetas en 1984 a 450.000 en 1993. No obstante este aumento, el coste total de la protección a los trabajadores agrarios eventuales en las comunidades andaluza y extremeña, en relación al gasto total en todas las prestaciones por desempleo, ha experimentado un considerable descenso pasando a representar del 7,3 en 1984 al 4,7 en 1993.
Quizá la forma más gráfica de medir la importancia de la protección al colectivo de trabajadores eventuales agrarios es comparar la tasa de cobertura de la protección por desempleo en Andalucía y Extremadura teniendo o no en cuenta el impacto de subsidio agrario. Ello significa que la importancia relativa del subsidio agrario como elemento añadido a la cobertura por desempleo de los demandantes de empleo en Andalucía y Extremadura ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, aportando en la actualidad el subsidio agrario sólo la séptima parte de la cobertura del desempleo, en la perspectiva ampliada que estamos utilizando de todos los sistemas de protección, frente a casi la mitad que aportaba el subsidio agrario en el año 1984. Son datos importantes que pueden objetivamente romper esos clichés de subsidiación y de excesiva --entre comillas-- protección que han podido acuñarse respecto a la situación de los trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura.
Otro elemento del sistema del que también conviene hacer alguna mención específica de sus datos evolutivos es el Plan de empleo rural, que ha tenido una evolución en estos diez años en que se ha invertido en obras de infraestructura una cantidad aproximada de un billón de pesetas. El mayor esfuerzo corresponde a las administraciones autonómicas, con una cantidad algo superior al medio billón de pesetas. Los convenios INEM-corporaciones locales suponen 160.000 millones de pesetas y las inversiones de la Administración del Estado 337.000 millones de pesetas, aproximadamente, es decir, hay que diferenciar y entender

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claramente que cuando se habla de un billón de gasto en el Plan de empleo rural se trata de inversiones en infraestructuras de las que 160.000 son inversiones de convenios INEM-corporaciones locales para contratación de trabajadores en estos convenios, medio billón son de inversiones de las comunidades autónomas en esos planes de empleo rural, también con contratación de trabajadores, y 337.000 millones son inversiones de la Administración del Estado en esas comunidades autónomas con obras afectadas al Plan de empleo rural. La mayoría de los dos millones de contratos que se han producido en estos años, el 90 por ciento, se ha debido a los convenios INEM-corporaciones locales, que han sido los más efectivos en la generación de contratos, pero no es desdeñable la cifra de contratos que ha producido el resto de inversiones, que es de un 10 por ciento. También es un dato significativo a destacar que sólo el 25 por ciento de los beneficiarios del subsidio acceden al mismo mediante jornadas realizadas por el PER cuando antes de las últimas reformas esa cifra casi se triplicaba y era alrededor del 70 por ciento. Es un dato positivo de la evolución que han supuesto las reformas y la gestión del Plan en los últimos años.
Por último, la tercera pata del sistema es el programa de formación profesional ocupacional rural. El informe da las cifras absolutas y posteriormente hablaremos de los aspectos negativos de la misma. Se ha hecho un esfuerzo importante en formación, siendo los colectivos más beneficiados los jóvenes menores de 25 años --un 60 por ciento del total en Andalucía y un 63 por ciento en Extremadura-- y las mujeres, con una media del 55 por ciento en Andalucía y 63 por ciento en Extremadura, con una inversión, por ejemplo, en los últimos tres años de alrededor de 38.000 millones de pesetas. Ello no quiere decir, como luego apuntaremos en las valoraciones finales del informe, que ese dinero y esa formación se hayan rentabilizado al máximo como hubiera sido posible y como cabe esperar si se introducen las reformas recomendadas.
El informe aborda a continuación, después de esta descripción de la evolución de los elementos del sistema, la evolución del control y la inspección que se ha producido en la gestión del sistema. Se describen con bastante detalle los métodos de actuaciones directas a cargo de la Inspección de Trabajo y también los controles indirectos que realiza el INEM como órgano gestor del sistema. Cabe destacar, respecto a las impresiones que también podrían haberse trascendido de clichés respecto a posibles situaciones de fraude generalizado, que tanto los datos de la propia Inspección de Trabajo en sus controles directos como los datos de controles indirectos del INEM hacen ver, y así se manifiesta en el Informe, que los porcentajes de irregularidades son mínimos respecto al total de inspecciones realizadas y estadísticamente no son significativos para poder hablar de fraude generalizado.
En cuanto a la evaluación del sistema el informe distingue dos partes.
Destaca, en primer lugar, los efectos positivos que el sistema de protección integrado de los trabajadores eventuales agrarios, conocido como PER, ha tenido en Andalucía y Extremadura y posteriormente identifica los problemas que el sistema ha tenido y tiene en su aplicación con el objeto de recomendar después, como decía al principio, conclusiones de modificaciones que puedan mejorar el sistema y su gestión.
Como aspectos positivos, muy brevemente, hay que tener en cuenta el componente de elevada equidad social que ha tenido el subsidio y el sistema PER en su conjunto al incidir con sus aportaciones directamente en los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. Hay que tener en cuenta también que se ha conseguido fijar la población al territorio en estas dos comunidades autónomas, registrándose por primera vez en 1986 un crecimiento positivo de la población. También que se han mejorado infraestructuras básicas y la calidad de vida de la población rural en virtud de las obras y servicios llevados a cabo en áreas como infraestructuras básicas, centros sociales educativos, puesta en actividad de terrenos baldíos, actuaciones de mejora en el medio ambiente y apoyo a la economía social. El subsidio agrario ha supuesto un elemento de protección adicional que ha permitido elevar las tasas de cobertura de protección por desempleo en Andalucía y Extremadura, aproximándolas a la media nacional.
Sin embargo, como decía, el sistema puede y debe sin duda ser mejorado y, además, complementado con planes específicos tendentes a la creación de empleos estables. Estos planes han de tener una componente estructural estratégica mucho mayor, han de ser elaborados principalmente por las autoridades y órganos representativos de las comunidades autónomas respectivas y han de movilizar, de acuerdo con los nuevos planteamientos sobre el mundo rural, auspiciados por las instituciones de la Unión Europea en el medio y largo plazo, recursos e iniciativas que en muchos casos habrán de proceder del sector privado. Para que ello pueda lograrse es preciso, como decía también antes, identificar los problemas que sin duda se manifiestan en este sistema de protección. Hemos dividido estos problemas en función de las tres patas o tres elementos mencionados. En relación con el subsidio cabe destacar, muy brevemente, los siguientes: la inexistencia de un censo de trabajadores eventuales agrarios, desconocimiento que ha llevado a la incorporación progresiva de algunos colectivos no directamente vinculados a la actividad agraria. También se ha detectado el desconocimiento de un censo de explotaciones agrarias, así como de las necesidades cualitativas de mano de obra por comarcas y épocas del año que precisa la producción agraria. Es decir, un desconocimiento en su conjunto con estos dos factores del mercado de trabajo en estas zonas, tanto en sus aspectos de oferta como de demanda y en las producciones agrarias y su posible estacionalidad o distribución geográfica.
Por otra parte, también se detecta que las relaciones laborales agrarias y el funcionamiento del mercado de trabajo en el mundo rural no disponen de un marco normativo procedimental adecuado. Esto posibilita, con importantes dificultades de detección, la prestación de jornadas entre subsidiados, el cómputo de jornadas no realizadas entre parientes o el falseamiento y compraventa de jornadas para acceder al derecho. Asimismo se detecta que la normativa reguladora del subsidio obliga a procesos administrativos

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de especial complejidad, lo cual también plantea determinadas disfunciones y problemas en el sistema.
Por último, hay que añadir la dispersión y la relativa fiabilidad y dificultad de acceso a las informaciones estadísticas precisas para comprobar los requisitos de obtención y permanencia en el subsidio, ello añadido a la insuficiencia de coordinación entre organismos con información relacionada con posibles incompatibilidades, así como las dificultades ocasionalmente planteadas en algunos casos por problemas de confidencialidad en la información. También se ha detectado en ocasiones falta de voluntad de colaboración y apoyo de diferentes entes implicados directa o indirectamente en la configuración, funcionamiento y erradicación del fraude existente en el sistema, llegando en ocasiones a que en ciertos ámbitos no se evite el acceso irregular al mismo y no se colabore activamente en la denuncia del fraude. Por otra parte, también se puede destacar la mentalidad del colectivo afectado, que progresivamente ha devenido en considerar el subsidio como un derecho explotable al máximo, llegando a estimar que algunas de las prácticas seguidas para tener derecho al mismo son admisibles y no existe una conciencia de comisión de fraude en muchos casos.
Los problemas detectados en el PER son los siguientes. No se obtiene el máximo aprovechamiento posible de los fondos disponibles en la consecución de cambios estructurales en el medio rural que generen empleo estable, como se ha apuntado, en detrimento de otros proyectos orientados a infraestructuras ligadas más directamente al empleo. No se ha potenciado convenientemente un enfoque integral de inversiones del PER, de los convenios INEM-corporaciones locales con otros recursos bien del propio PER, bien de otras administraciones públicas, bien de los propios municipios. Tampoco se ha promovido convenientemente la conexión con el desarrollo local y la promoción de empresas públicas mancomunadas de ámbito comarcal a proyectos dirigidos a un efectivo desarrollo económico, ni con la necesaria participación e integración con otros programas como escuelas-taller, casas de oficios, iniciativas locales de empleo, etcétera, de manera que todos los programas se potenciasen entre sí y mejorasen la eficacia de los proyectos. También en algunos proyectos que se han desarrollado con mayores expectativas para la creación de empleos inducidos se ha puesto de relieve la inexistencia de una infraestructura y de unos mecanismos de gestión empresarial que aprovechen la mejora de las condiciones proporcionadas por los proyectos. Por último, la selección de los trabajadores se ha realizado en ocasiones con criterios no totalmente homogéneos y básicamente orientados a complementar salarialmente las rentas.
En relación con la formación ocupacional rural, he de destacar la escasa vinculación de la programación de esa formación a la consecución de un empleo bien en el sector agrario, bien en otros sectores productivos, lo que desincentiva la participación en la misma por parte de los afectados.
También he de destacar que la coordinación entre las distintas administraciones que imparten esta formación debe ser mejorada sustancialmente. A pesar de la mejora de la situación educativa general, que se ha producido en el mundo rural, la formación profesional no ha dado de sí --como apuntábamos anteriormente-- todo lo que cabría esperar de las inversiones realizadas, por lo que todo ello obliga a potenciar la coordinación y racionalización de los programas de acciones formativas para obtener esa mayor rentabilidad de los mismos.
Finalmente, señor Presidente --y con ello termino--, el informe hace una valoración global positiva del sistema puesto que se considera totalmente necesario como sistema específico, dada la situación de especial precariedad de los trabajadores eventuales de Andalucía y Extremadura y dados los efectos positivos que el sistema ha tenido en el conjunto del ámbito rural de las dos comunidades autónomas. La valoración que hace el informe en cuanto a las mejoras y cambios que paulatinamente se han ido introduciendo en la gestión del sistema, en su control e inspección, no permite hablar de fraudes generalizados. Sin embargo, subsisten deficiencias que conviene atajar y tomar medidas en los diferentes ámbitos que muy brevemente voy a enumerar.
En cuanto al conocimiento del mercado de trabajo, se hace necesario ajustar los criterios generales de acceso al sistema de protección a cada realidad comarcal y, por tanto, es necesario el conocimiento del mercado de trabajo tanto por parte de los trabajadores eventuales agrarios existentes en cada comunidad, en su censo y en la definición de los que lo tienen como su medio fundamental de vida, así como en la cuantificación, cualificación y localización geográfica y temporal de los requerimientos o demandas de trabajadores eventuales agrarios y de su oferta efectiva a la población y, por tanto, de los excedentes existentes en la misma en la actualidad. Se ha puesto de manifiesto que es necesario establecer criterios más claros y homogéneos, así como mecanismos de control sobre la inscripción, la permanencia y la baja en el censo del régimen especial agrario de la Seguridad Social de los trabajadores eventuales, de forma que queden acreditados los requisitos de habitualidad y medio fundamental de vida que condicionan la inclusión y la permanencia de los trabajadores en dicha región. Respecto al conocimiento de los días trabajados, se ha puesto de manifiesto que hay que modificar los sistemas de comunicación de las colocaciones --la situación de cada trabajador--, que actualmente tiene un plazo hasta el día 8 del mes siguiente y que debería realizarse automáticamente desde el primer día de trabajo, como se recomienda en el informe.
En el informe también se recomienda el perfeccionamiento y la potenciación de los consejos comarcales como órganos de participación institucional y como órganos a los que se añadan funciones de gestión y control en materia de empleo, formación ocupacional rural, subsidio por desempleo y colaboración en la elaboración y control de los censos que afectan a colectivos de los trabajadores eventuales agrarios. En atención a la diversificación de problemas se recomienda una traslación progresiva a las inversiones del Plan de empleo rural y en especial de la de los convenios Inem-corporaciones locales, orientándolas prioritariamente hacia otros proyectos que con la confluencia de otros recursos públicos garanticen, más que la

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cobertura temporal, la creación de empleo estable en los ámbitos de actividad óptimos para permitir un mayor desarrollo integral en el medio rural. Se proponen, igualmente, diferentes medidas de intensificación de la mejora de la gestión administrativa y del control del subsidio por desempleo, tanto en la simplificación de la gestión administrativa como en la potenciación de la exigencia de acreditación de habitualidad en el trabajo agrícola, así como un mayor control de la disponibilidad para el trabajo, también la potenciación y priorización selectiva de las actuaciones de inspección y control y coordinación y colaboración de las administraciones públicas implicadas, en especial el Ministerio de Economía y Hacienda y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la misma, estableciendo planes integrados que se desarrollarán a través de actividades de verificación, requisitos, control de presencia, contrastes informáticos y actuaciones directas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se recomienda también el establecimiento de una nueva regulación que permita promover trabajos o servicios de colaboración y utilidad social, incluyendo expresamente entre los desempleados que deben efectuarlos a los trabajadores eventuales agrarios perceptores del subsidio por desempleo como fórmula de contraprestación a la sociedad. Por último --y la Ponencia lo ha considerado muy importante--, el perfeccionamiento y el desarrollo de la formación ocupacional rural se ha de lograr mediante planes específicos coordinados con los gobiernos autónomos que han de perfeccionar dicha formación, orientándola a la cualificación en labores agrarias y a la reconversión, profesional o sectorial, de los excedentes de población activa en el medio rural, en especial de los más jóvenes, estableciendo la posible obtención de becas o ayudas en función de las características personales de los distintos colectivos.
Aquí terminan las recomendaciones de las conclusiones del informe, señor Presidente, pero quisiera volver a poner de manifiesto el espíritu de colaboración constructiva que se ha producido en las comparecencias de todos los miembros representantes de la Administración o de los sectores afectados, así como de los miembros de los diferentes grupos parlamentarios que han participado en la Ponencia. Quiero decir, por último, que el informe intenta reflejar lo que globalmente, como cuerpo fundamental de los trabajos de la Ponencia, se ha podido deducir que puede ser apoyado por todos los grupos políticos y que lógicamente se podrá someter a distintas posibles enmiendas parciales o matizaciones, pero la Ponencia ha querido reflejar en este informe lo que es el cuerpo fundamental que se deduce del análisis en profundidad del sistema que puede ser apoyado por todos los grupos parlamentarios, independientemente de esas enmiendas ya presentadas y que discutiremos a continuación, así como las matizaciones que puedan realizarse. Este es el informe, señor Presidente, que ha elaborado esta Ponencia en el plazo que se le había encomendado.


El señor PRESIDENTE: A este informe se presentaron inicialmente tres enmiendas. Una de ellas, la del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha sido aceptada, por lo que si les parece le concederé la palabra posteriormente para fijar la posición respecto a la totalidad del informe.
A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Popular, señor Jordano, para defender su enmienda y expresar también su posición respecto al informe.


El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, la primera parte del informe que ha sido objeto de exposición por el representante del Grupo Socialista es compartida, puesto que recoge, por un lado, los trabajos de la Ponencia y, por otro, lo sustancial, los datos estadísticos y económicos de los diez años de aplicación del sistema de protección. La opinión discrepante de nuestro Grupo surge en los apartados relativos a la evaluación del sistema y a las conclusiones.
En cuanto a la evolución del sistema, la valoración conjunta de los tres elementos del sistema de protección de los trabajadores eventuales del campo, es decir, obras PER, formación profesional ocupacional y subsidio agrario del REA, es negativa para nuestro Grupo, porque ni ha resuelto el paro estructural, ni ha capacitado a los trabajadores para dirigirse a especialidades agrícolas o hacia otros sectores productivos, ni ha generado infraestructura productiva en las zonas agrarias. No obstante, habría que plantearse --y eso lo hacemos en el primer punto de nuestra evaluación-- si debe o no continuar un sistema especial para los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura. En este aspecto hay que decir que el fracaso histórico de la industrialización en Andalucía y Extremadura, que convirtió ambas regiones en abastecedoras de mano de obra y de capital para el desarrollo económico de otras regiones de España y otras regiones europeas, está realmente en la raíz del atraso económico de ambas comunidades y ha provocado la existencia de un paro estructural. Unido este fracaso industrial al hecho de que el sector agrario no pueda ya generar más empleo, entendemos que se hace obligatorio mantener el sistema que, de un lado, tiene que dar cobertura social a las poblaciones desempleadas de estas zonas y, de otro, tiene que tender a la generación de empleo estable y a la cualificación profesional, principalmente de los jóvenes. Debe decirse --y creo que ésta es una conclusión común de todos los grupos-- que los núcleos rurales andaluces y extremeños han mejorado gracias a las obras acogidas a los convenios Inem-corporaciones locales en cuanto a la calidad urbanística de los núcleos rurales, pero estas obras que se han realizado no han servido realmente para resolver carencias de infraestructura, electrificación, caminos rurales, depuración de aguas residuales, etcétera. Por otra parte, las obras en sí han resultado costosas y con un ritmo de ejecución muy lento.
Es verdad que el sistema en su conjunto ha servido para mantener a la población en el mundo rural en Andalucía y Extremadura y este dato es positivo; ha servido para garantizar un mínimo vital a personas que no podrían haberse acogido a otros sistemas de protección o que no habrían podido encontrar otras fuentes de ingresos cuando ya han finalizado en España los grandes ciclos migratorios. Pero también en el debe del sistema hay que decir que se ha

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generado fraude. De un lado, un fraude por necesidad, entre comillas, motivado por la exigencia de un mínimo de 60 jornadas trabajadas, de personas a las que les ha sido muy difícil alcanzar otro nivel. De otro, un fraude penal originado por la facilidad de acceso al sistema y el nulo o un reducido control administrativo durante muchos años.
En cuanto al llamado fraude por necesidad en algunas zonas, hay que decir que el control ejercido sobre determinados ayuntamientos por la Inspección de Trabajo, en situaciones auténticas de abuso manifiesto, ha permitido enjuiciar, por los tribunales, conductas en las que, alejándose los regidores públicos de una labor humanitaria, han obtenido un lucro personal a costa precisamente de los ciudadanos más humildes de su municipio. Objetivamente --hay que reconocerlo y decirlo también con claridad--, el nivel de fraude de este sistema especial no está demostrado que sea superior al de otros sistemas especiales de la Seguridad Social e incluso al régimen general, pero ha alcanzado cotas de desprestigio muy altas y difícilmente la sociedad en general va a entender que se mantenga el sistema actual con ligeros retoques. Por otra parte, el sistema se ha inclinado por un carácter regresivo del subsidio, de forma que a más jornadas trabajadas se reduce el nivel de prestación y se aleja al perceptor de trabajar en las obras del PER. Evidentemente, el trabajador no ha tenido ningún incentivo para trabajar más, y en muchos casos --y lo pone de manifiesto la parte expositiva del informe-- el trabajo realizado por encima de los 60 días ha sido opaco o se ha acreditado a nombre de una tercera persona, bien el cónyuge, bien los hijos, bien algún otro familiar. Puede pensarse, y así lo ha manifestado algún sindicato, que un sistema de incentivos reducido, en términos muy simples, a más trabajo más subsidio rompe el espíritu de solidaridad o dificulta incluso a los menos capaces para encontrar trabajo, que acapararán los más activos. Pero lo cierto es que no puede admitirse tampoco una situación como la actual que produce falta de trabajadores, en época de cosecha, en zonas en las que hay perceptores del subsidio, y que quien supera las 60 jornadas no pueda verse doblemente penalizado, por una parte, con la reducción del subsidio y, por otra, situándose a la cola en la lista del PER.
La formación profesional ocupacional la verdad es que hay que reconocer que no ha funcionado. Lo único que ha funcionado, aunque colateralmente relacionado con el sistema, han sido las escuelas taller, pero con un número muy reducido de alumnos. Ni la selección de especialidades ni el nivel alcanzado en ellas han servido para obtener una cualificación profesional y, en muchos casos, los cursos no han tenido ninguna relación con la mano de obra que demandaban los sectores productivos ni con el desarrollo económico de la comarca a través de iniciativas locales de empleo, como recomienda la OCDE y la Unión Europea.
Lo más preocupante del sistema, a nuestro entender, es que ha propiciado que se introduzca en el mundo rural de Andalucía y Extremadura una cultura de inactividad que ha bloqueado, en buena medida, las iniciativas de desarrollo y ha desactivado el afán de trabajar. Por ello entendemos que es necesario introducir correcciones importantes en el sistema. Los esfuerzos de las distintas administraciones (tengamos en cuenta que han intervenido, sobre todo en las obras PER, todas las administraciones, unas aportando financiación de mano de obra y otras financiación de materiales) no se han conjuntado. Parece que es necesario avanzar en esa conjunción de esfuerzos, en la buena relación entre las administraciones, en el intercambio de datos entre las mismas y, a nuestro entender, también en dar entrada, como ofertantes de proyectos, a la iniciativa privada siempre que se trate de obras que, si bien de propiedad privada, sean de interés general y, por supuesto, con arreglo a un catálogo preestablecido y con criterios de publicidad y libre concurrencia.
He de reconocer que la inexistencia de un censo de trabajadores eventuales agrarios condiciona la efectividad del sistema y que se han incluido en él personas que no tenían nada que ver con el mundo del paro agrícola y que, sin embargo, han tenido la oportunidad de beneficiarse del sistema. Coincidimos en que las normas han sido poco claras, han faltado instrucciones y se han aplicado criterios heterogéneos en distintas provincias, incluso en distintas comarcas.
El mercado agrario y las relaciones laborales es verdad que encuentran importantes problemas debido a defectos en la aplicación de los marcos normativos y que es necesario clarificar y controlar la actividad que se desarrolla en este mundo rural. Ello nos lleva --por aligerar y no repetir lo que ya es objeto de la redacción de lo que podríamos llamar nuestro voto particular-- a las conclusiones que formulamos. La primera es que el alto número de trabajadores que hay en el mundo rural en Extremadura y en Andalucía hace necesario la existencia de un sistema de protección específico. En eso creo que somos coincidentes todos los grupos. Creemos que el sistema necesita una profunda revisión, tanto en el aspecto normativo como en los objetivos que debe perseguir. Deben separarse los conceptos de parado rural y parado agrícola, ya que el parado rural no es un parado del sector agrícola sino del sistema económico en su conjunto, que tiene una incapacidad estructural para ofrecerle un puesto de trabajo. Eso conlleva la necesidad de realizar un censo de trabajadores eventuales agrarios.
El criterio de acceso al sistema no puede ser exclusivamente la realización de 60 jornadas en los 12 meses anteriores. Se ha planteado y se está planteando hoy en día por los sindicatos del campo de Andalucía la necesidad de eliminar totalmente el número de las 60 jornadas.
Nosotros no somos partidarios de esa eliminación, porque si no se sustituye por ningún otro criterio para la entrada en el sistema generaría mayores problemas que los que trata de evitar. Pero es evidente que consideramos que el límite de las 60 jornadas tiene que ser flexible, atendiendo a las posibilidades reales de trabajo en cada comarca y también a las circunstancias climatológicas que afectan a las producciones agrícolas. Es evidente que, en una comarca en la que no se puede regar por carencia de agua, probablemente no se puede dar el número de jornadas que se dan en un año de riego y que, por tanto, en estas comarcas hay que atender a esos criterios. También hay que atender a criterios más amplios en el reparto del trabajo y a una movilidad geográfica de los trabajadores. Las administraciones,

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bien las autonómicas bien la central, deben contemplar un sistema de compensaciones en los gastos de transportes para facilitar la movilidad geográfica.
Creemos que el cobro del subsidio agrario debe estar vinculado a la realización de actividades sociales de interés comunitario, con dedicación a tiempo parcial a trabajos demandados por los ayuntamientos u organizaciones privadas de interés social. Pero discrepamos en los principios de la propuesta que en este mismo sentido se hace en el informe de la Ponencia. El informe de la Ponencia configura la dedicación a una actividad social a cambio del subsidio como un castigo que se aplica a aquellos trabajadores que han rechazado ofertas de empleo. Para nosotros, debe ser otro concepto el que rija. No se trata de un castigo a nadie. Se trata, pura y simplemente, de intentar romper la cultura de inactividad y de introducir el principio de que quien recibe algo de la sociedad debe dar algo a la sociedad a cambio de ese dinero que percibe.
Hay actividades muy amplias que pueden desarrollar los ayuntamientos y que ahora no se realizan por falta de medios económicos y por no contar con medios adecuados para cubrir esos objetivos de interés social y que el trabajador que percibe el subsidio pueda sentirse realizado al estar haciendo algo para la sociedad y no, pura y simplemente, estar parado en una calle esperando que le caiga trabajo o esperando que llegue el día del cobro del subsidio.
En cuanto a la formación profesional proponemos, para los trabajadores de menos de 25 años, una obligación de recibir formación profesional. No podemos situar a una persona de más de 16 años en el umbral de que ya es parado agrícola y que va a estar percibiendo el subsidio hasta que se jubile. Para esa persona de menos de 25 años, que tiene capacidad y ha tenido una formación primaria para acceder a formación, si quiere mantenerse en el sistema entendemos que debe configurarse como obligatoria la formación profesional, tanto para especialidades agrícolas como para dirigirlo hacia otros sectores productivos.
Proponemos también, y nos separamos del informe de la Ponencia en ese aspecto, un sistema de prejubilaciones flexible para trabajadores que hayan cumplido más de 55 años en determinadas zonas en las que sea imposible, por la evolución de la política agraria comunitaria y por el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, cubrir las 60 jornadas de trabajo. Entendemos que, a partir de esa edad, en vez de acudir a la afición actual de permanencia indefinida en el subsidio, debe adaptarse a algo que todavía no se ha adaptado en el mundo agrícola, que es a acometer un proceso de reconversión; proceso de reconversión que se ha utilizado en otros sectores como en la minería, en la construcción naval, en la construcción de bienes de equipo, incluso en el sector de la banca, pero que no se ha aplicado al campo, a pesar de la enorme reducción de las jornadas que se trabajan en el campo. Creemos que debe primarse al trabajador que extrema la búsqueda activa de trabajo y, por tanto, debe modificarse el sistema en el sentido de introducir un incentivo moderado en el importe del subsidio para aquellos trabajadores que acrediten más de 60 jornadas trabajadas. En cuanto a la declaración de las jornadas trabajadas coincidimos con el informe en que hay que modificar el sistema, y que la declaración hasta el día 8 del mes siguiente lo único que produce es abrir una ventanilla a posibles fraudes tanto por parte de las empresas como por parte de los trabajadores.
Introducimos también como novedad, que no se recoge en el informe, la regulación de la situación de incapacidad laboral transitoria. Tal y como está regulada actualmente obliga al trabajador enfermo o accidentado a fingir un alta laboral para poder entrar en situación de incapacidad laboral transitoria. Pensamos que debe introducirse un sistema diferente, con los debidos controles, por las especiales características del trabajo agrícola eventual, ya que no se trabaja continuadamente sino alternativamente, e incluso con espacios muy amplios entre cada uno de los períodos de trabajo.
En la reordenación de los proyectos del PER coincidimos con las propuestas del informe respecto a un ámbito superior al actual, incluso proyectando obras plurianuales, saliéndonos del ámbito de los núcleos urbanos y yendo más a infraestructuras. Introducimos como novedad dar entrada a la iniciativa privada en las ofertas de proyectos de interés general en la forma que ya expresé; proyectos que serían subvencionados en las cotizaciones a la Seguridad Social y en los salarios de personal no cualificado.
En cuanto a la modificación administrativa coincidimos sustancialmente con el punto diez del informe y asumimos la mayoría de las propuestas que se realizan en dicho punto.
Coincidimos en el criterio de potenciar los consejos comarcales del Inem.
Creemos que es el Inem el único que puede dar las listas de beneficiarios y que debe avanzarse en el desarrollo de consejos locales que deben asumir funciones de control de la realización efectiva de la obra y de la permanencia de trabajadores en el sistema.
Con el conjunto de propuestas que hacemos, que entendemos que son razonables y la mayoría de ellas no han sido inventadas por el Grupo Popular, sino recogidas de las iniciativas que han aportado a la Comisión, a lo largo de todas las comparecencias, tanto los expertos económicos como alcaldes y representantes de sindicatos, de empresarios agrícolas e incluso algunas autoridades del Ministerio de Trabajo, consideramos que se puede configurar un nuevo sistema, que podemos superar el desprestigio actual del sistema y facilitar una mayor información sobre el mismo para que no recaiga un baldón sobre el mundo agrícola y el mundo rural de Andalucía y de Extremadura. También queremos dejar claro que no proponemos un sistema idéntico al planteado en el informe a instancias del Grupo Socialista. De los nueve puntos que sobre la evaluación del sistema contiene el informe de la Ponencia sólo asumimos uno, el número nueve. De las conclusiones sólo asumimos parte de la diez y la once, y son doce. Por tanto, hay notables diferencias en las propuestas. Creemos que debe producirse un acercamiento entre los distintos puntos que plantean los diferentes grupos políticos para intentar conjuntar una recomendación al Gobierno de reforma del sistema que vaya respaldada por el mayor número posible de grupos políticos. No obstante, si esto no fuera así, si tuviera que plantearse en el Pleno una multiplicidad de

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votaciones sobre puntos diversos, consideramos que todo el trabajo realizado no ha sido en balde y que hay una aportación de ideas y de documentación suficientes para configurar un sistema justo que logre llevar a los auténticos trabajadores eventuales del campo no una pequeña limosna o un complemento de renta, sino un auténtico subsidio en cuantía equivalente a la de cualquier parado de otros sectores productivos.
Nuestro objetivo sería conseguir una equiparación total de la percepción correspondiente al parado agrícola con la de otros sectores productivos.
Sabemos que es difícil, es costoso y es un camino que hay que emprender, pero para iniciar ese camino se necesita una profunda reforma del sistema actual, y en esa línea se manifiesta nuestro Grupo Parlamentario.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Alcaraz tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, con su venia, he de manifestar que nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad a las propuestas del informe de la Ponencia. Proponemos una alternativa a la forma de funcionar del sistema ateniéndonos al título del propio informe: mejora y reforma del sistema PER y del plan de formación ocupacional. En primer lugar, queremos insertar el sistema en la realidad. Por ello pretendemos la eliminación tajante del requisito de 60 jornadas realizadas porque eso es imposible y, como decía el torero, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Por tanto, si no se pueden conseguir 60 peonadas, ¿cómo se mantiene en una ley? De ahí que los jueces ya ni puedan condenar a los jornaleros porque saben que no se pueden conseguir sesenta peonadas al año en el campo con la política agraria comunitaria, nefasta a nuestro juicio, con la mecanización del campo y con la sequía que aumenta año tras año.
Nos oponemos de manera rotunda, tal y como se recoge en las propuestas del Partido Popular, en la del Partido Socialista Obrero Español y yo creo que en la asunción de todo el sistema por Convergència i Unió, a la necesidad de realizar un censo tecnocrático por arriba, que separe mundo rural y mundo agrario en un momento en que se está limitando fortísimamente la agricultura andaluza, no la holandesa o la marroquí, la andaluza específicamente, que nos llevaría paralelamente a la reforma radical del mercado laboral que estamos a punto de aprobar en esta Cámara, de vuelta del Senado, a una reconversión, a una reducción drástica de perceptores y de cantidades que ahora van a Andalucía y a Extremadura en un volumen mensual de unos 8.500 millones de pesetas, para subsidios y para PER, 7.800 para subsidios y el resto para el Plan de empleo rural, lo que significaría que casi tendríamos que cerrar Extremadura y Andalucía si se produce un enfriamiento serio de estas cantidades que puede tener lugar como consecuencia del censo que se nos anuncia. Queremos que haya una participación de abajo arriba de los sindicatos, de los ayuntamientos, del Inem, por tanto participación institucional y de los representantes de los ciudadanos a la hora de elaborar un censo humano, comisiones locales a pie de obra formadas por gente que conozca de verdad quiénes deben estar y quiénes no, y se evite este desprestigio creciente que se ha enunciado aquí y que se ha aumentado a través de declaraciones de portavoces que, por cierto, después no han comparecido en los trabajos de la Ponencia que acaban de concluir. En este mismo sentido, teniendo en cuenta que sólo se perciben por PER unos seis o siete jornales al año --en este año se han destinado al Plan de empleo rural aproximadamente 11.900 millones--, planteamos el aumento de los fondos para que se perciba un mes de jornales por PER ya en este año, e ir aumentándolo en el horizonte de cuatro meses cuando sea adecuado, oportuno y conveniente.
Creemos que en estos momentos hay que clarificar mucho las cosas para superar este desprestigio, cuya responsabilidad se intenta atribuir al medio rural y agrario andaluz, y por extensión a toda Andalucía. Incluso se ha dicho que se habían destinado dos billones de pesetas a Andalucía en estos diez últimos años. Esto no es cierto. Se han destinado 160.000 millones en diez años para el Plan de empleo rural, aproximadamente un billón para subsidios (teniendo en cuenta todos los subsidios agrarios y de paro, esta cantidad está por debajo de la media nacional y muy por debajo de comunidades como Cataluña, Baleares, Madrid o Valencia) y otro billón de pesetas que se dice que va a cubrir inversiones del PER, confundiendo totalmente a la gente. Se trata de inversiones normales, carreteras, la cárcel del Puerto de Santa María, la de Jaén, el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, que llevan la etiqueta PER. Es decir, que si un obrero del campo trabajó en esto, ese requisito le sirve para sumar un jornal de los 60 que necesita para cobrar las 32.000 pesetas mensuales de subsidio, y consta como si hubiese en Andalucía un billón de pesetas en el horizonte de 10 años para Plan de Empleo Rural, y eso no es cierto. Por eso pedimos que estas obras no lleven la etiqueta PER, que se desafecten esas inversiones del PER, para que esa enorme confusión que hay hoy en España se disuelva y evitemos el desprestigio que se intenta echar sobre Andalucía.
Y, desde luego, no vamos a defender la percepción de estos fondos y su aumento (que actualmente son de 11.900 millones para este año, un 20 por ciento menos que el año pasado, sin que se haya prorrogado aún el decreto de la sequía) con ningún complejo. Hemos pagado las reconversiones de la siderurgia, de una serie de sectores, de la banca privada, y en Andalucía no se ha hecho nunca la reconversión, la reforma agraria. Si al sector agrario de Andalucía se suma ahora la política agraria comunitaria y estos planes estratégicos que nos han anunciado, singularmente el Plan de Desarrollo Rural, el PDR, por la Junta de Andalucía, que suponen la reducción drástica de la agricultura andaluza, quiere decir que podemos ir a un enfriamiento y a una reconversión del llamado censo, que aquí se nos anuncia por parte del PP y del PSOE, que redunde en perjuicio directo y radical de toda la estructura social agraria y rural (agraria y rural, a la vez) de Andalucía.
Nosotros no estamos de acuerdo, yo diría, que con las coincidencias profundas entre Convergència i Unió, que sólo hace una enmienda de ocho o diez líneas y ha sido

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asumida por la Ponencia (nos ha dejado un poco perplejos la coincidencia de Convergència i Unió con el sistema del PER, porque creíamos que iban a pedir la eliminación); la coincidencia también profunda entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, profunda, sólo hay una diferencia real, junto a otras diferencias muy matizadas, muy singulares y muy reducidas. La diferencia es que entre la economía privada, como adscrita al sistema del PER, en algunos casos; ésa es la única diferencia real; todo lo demás es igual. Por tanto, nos oponemos al mantenimiento, tal cual, de un sistema que es mejorable, y para eso se creó esta Ponencia. Nos oponemos a no corregir sino temas accidentales. Nos oponemos a mantener la dependencia, a través del requisito de las 60 peonadas, de empresarios o ayuntamientos-empresarios; de mantener esta especie de neocaciquismo, esta dependencia que hace que la gente busque los 60 imposibles jornales de una manera o de otra. Nos oponemos a mantener el origen del desprestigio. Y, desde luego, nos oponemos a ese censo tecnocrático que se nos anuncia, correlativo a la reforma del mercado laboral, que puede traer serios perjuicios para el medio rural y el medio agrario, que no son fáciles de separar. Además, la ley dice que pertenece al medio agrario no sólo aquel que tiene esta vinculación laboral como prioritaria, sino también aquel que pide trabajo en el medio agrario. No sé de qué manera se va a hacer este censo, si no se cuenta con las comisiones locales de empleo que nosotros planteábamos. Y también nos oponemos, indudablemente, a que no se aumenten los fondos del PER ni haya voluntad para que se reedite el decreto de la sequía.
Nuestras protestas son muy concretas. No hemos hecho un discurso ampuloso, sino tremendamente concreto en once puntos, para que se vean las diferencias y no se diga que sólo hay matices. Y aquí van los once puntos, expresados en corto y por derecho, muy concretamente.
Primero: eliminación del requisito de las 60 peonadas. Hay que meter el sistema en la realidad. ¿Por qué no condenan los jueces a los jornaleros? ¡Porque es imposible condenarlos! ¡Si están llegando a seis o siete peonadas al año! ¿Cómo van a conseguir 60? Esto es imposible. Y, además, las consiguen aquellos a los que menos falta hace, porque tienen amigos, o porque hay gente con un libro que les firma las peonadas. Por tanto, lo que se hizo para evitar el fraude es precisamente la fuente de todo el fraude. Hay que quitar de en medio el requisito de las 60 peonadas.
Segunda propuesta: se crearían las comisiones locales de empleo con los sindicatos, ayuntamientos, el Inem, con alguna otra representación administrativa, la que se quiera, para que vean la forma de acceso al subsidio, después de trabajar en el campo o en el medio rural, y de manera participativa, de manera real y adecuada.
Tercer punto: nosotros pedimos la equiparación del importe del subsidio agrario al salario mínimo interprofesional. Hoy sólo cobran el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Hay que subir.
Cuarta propuesta: planteamos la sustitución de los criterios de renta familiar, porque no se percibe individualmente en muchos casos el acceso al subsidio, sino que se considera la unidad familiar, y nosotros pensamos que esto estaba bien en la Edad Media, pero ahora los ciudadanos cada uno es uno y seis media docena, y no debe contar para nada la unidad familiar, que limita en muchos casos la percepción del subsidio o su cuantía.
Pedimos en el mismo sentido la creación de verdad, esta vez sí, de los consejos comarcales, que se crearon sobre el papel, pero que no se han puesto (no había voluntad política, ni, al final, tampoco fondos) en funcionamiento, ampliando sus competencias y uniéndolos al funcionamiento de las comisiones locales de empleo, en el sentido de aprobar las resoluciones de éstas sobre el acceso al subsidio.
Estimular inversiones de carácter intercomarcal, planificar como elementos de planificación democrática las inversiones comarcales y, naturalmente, sobre la base de una ordenación territorial comarcal que, a nuestro juicio, es fundamental, no sólo en Andalucía, pero en este caso, singularmente, en Andalucía.
En sexto lugar, pedimos aumento de los fondos del PER. Hoy hay fondos del PER para siete jornales al año de cada uno de los 223.000 perceptores del subsidio. ¡Sólo siete jornales al año, ni uno más! Por tanto, nosotros pedimos que se aumenten los fondos para que se pueda percibir un mes de jornales este año. ¡Un mes! Con la perspectiva de ir aumentando, porque naturalmente son jornales que se trabajan: trabajo a cambio de dinero público, que se trabajan y no se firman, no son jornales de bolígrafo, no son firmas falsas, son jornales reales; por tanto, hay que aumentar esos fondos exiguos, que este año son un 20 por ciento menos que el año pasado y que van a quitar de en medio a mucha gente, en un momento, como aquí se ha dicho, en que el 51 por ciento del censo son mujeres, y van a quedar (fundamentalmente mujeres y jóvenes) en una situación de enfriamiento que no se explica si no es aprovechando un desprestigio falso que se ha creado sobre la situación de una tierra supuestamente subsidiada, que se ha demostrado sobre los números que no es así.
En séptimo lugar, planteamos una formación ocupacional para los jóvenes y trabajadores del campo en general, pero no ligada y como castigo, como control, de cara al acceso al subsidio. Ahí tenemos también algunas diferencias con cosas que se han propuesto aquí anteriormente.
Pedimos, porque tiene mucha relación con los fondos a los que me he referido anteriormente, la aprobación urgente del decreto contra la sequía y que se aplique este decreto y los fondos concernientes al mismo a través de una mesa de la sequía con participación, integrada, de los afectados, para que se haga una distribución real del agua, que hasta ahora está creando problemas muy serios.
En noveno lugar, planteamos la desafección del PER de otras inversiones del Gobierno --lo he explicado anteriormente--, inversiones del Gobierno, de las Juntas de las comunidades autónomas o de la Comunidad Europea, cuya finalidad es la consecución de objetivos generales pero que aparecen como inversiones del PER, ligadas al PER de una manera no explicada, que genera múltiples confusiones. Habría que desagregarlas para evitar lo que he dicho antes.
En décimo lugar, hablamos de la necesidad de potenciar proyectos en inversiones locales y comarcales que

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modifiquen el actual grado de dependencia tecnológica de la agricultura andaluza. Unas perspectivas, una situación estratégica para desarrollar la investigación agraria, para potenciar la industria agroalimentaria, para favorecer el desarrollo asociativo y cooperativo en el sector agrario. Nosotros pensamos que las inversiones del PER, que ya han servido para completar muchísimo la infraestructura básica de los pueblos, ahora hay que llevarlas a inversiones productivas intercomarcales; habrá que insistir mucho en esta dirección de cara al futuro.
Y en último lugar, planteamos la necesidad (también tiene mucha conexión con la lógica del discurso, en el sentido de la creación de las comisiones locales de empleo o del funcionamiento real de los consejos comarcales) de elecciones sindicales en el campo, para ver los representantes reales, y elecciones a cámaras agrarias. Cuando pedimos una dialéctica, una fórmula participativa, hay que basarla necesariamente en los votos. Por eso hablamos, en la lógica de este discurso, aunque se nos pueda decir que no tiene nada que ver con el PER y con el subsidio --nosotros pensamos que sí que tiene mucho que ver-- de la necesidad de elecciones sindicales.
Termino, señor Presidente. Nosotros, de manera muy concreta, hemos planteado once puntos. Pensamos que hay que decir sí o no a los mismos y no englobarlos en un debate abstracto, genérico, difuso, que pueda confundir las propuestas reales. Sinceramente, nos parece que las propuestas del Partido Socialista Obrero España, quitando alguna especificidad, algunos matices, y este tema de fondo de la participación de la iniciativa privada en los fondos del PER a través de una fórmula específica de confluencia, que ya se vería, y la fórmula que va a votar Convergència i Unió son idénticas, son las mismas; es mantener el sistema tal cual. Quizá la petición, lo voy a llamar así, de Convergència i Unió de la elaboración de un censo, que elimine una parte importante de los 223.000 perceptores actuales.
Yo creo que el asunto puede ir por ahí, con lo cual, consecuentemente, se elimina una parte importante de esos 8.500 millones mensuales que van a Extremadura y a Andalucía para fondos del subsidio y del PER. Nosotros planteamos esta fórmula alternativa muy concreta, en once puntos. Aparte del discurso que se pueda hacer --y yo puedo coincidir con cosas que aquí se han dicho, fundamentalmente en el nivel descriptivo, en el nivel cuantificado y objetivo del informe de la Ponencia--, son diferencias que están ahí sobre el tapete y sobre las que yo pido que esta Cámara se pronuncie.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no hayan presentado enmiendas y que quieran participar en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señorías, en primer lugar, permítanme expresar mi satisfacción por el trabajo en sí mismo desarrollado por la Ponencia especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de empleo rural. Considero que hemos sido capaces de cumplir el calendario que nos fijamos en el primer momento, prestando la debida atención a las opiniones, datos y sugerencias que han ido desgranando en sus intervenciones la totalidad de los comparecientes que han sido convocados. La voluntad de que la Ponencia se circunscribiera al estudio de la reforma del PER ha facilitado la tarea de los diversos ponentes y la comunicación con la realidad, configurándose una posición que valoraba lo constructivo y anotaba los aspectos que es importante, si no imprescindible, modificar, que han sido expuestos esta tarde por los ponentes de los grupos con base electoral en los territorios afectados.
Mi Grupo ha querido participar en la Ponencia activamente, desde la dimensión de que, aun no teniendo base electoral en Andalucía y en Extremadura, el millón largo de andaluces y extremeños que ha echado raíces en Cataluña nos obliga a un acto de responsabilidad que va mucho más allá de la que todos los grupos parlamentarios adquieren desde el voto positivo o negativo a los presupuestos del Estado, que incluyen los caudales que se han dedicado al PER.
Sentadas estas premisas, la de la satisfacción de haber participado en la tarea y la de haber sido consecuentes con una responsabilidad, debo decir que el informe que pusieron en manos de los ponentes los representantes del Grupo Socialista, en su condición de grupo mayoritario, recoge los puntos fundamentales en los que ha surgido la discrepancia, tras la lectura de los textos de los restantes grupos, y plantea la solución desde la óptica de quien puede aplicar sus criterios porque sustenta al Gobierno. No obstante, analiza desde la autocrítica los puntos débiles del sistema aplicado, los cuales no requieren, como expresa nuestra enmienda, otra investigación parlamentaria que la que hemos realizado.
En el texto que comentamos y que asumimos, ya desde la misma definición, de forma ambigua, entre la protección por desempleo y el fomento del empleo, se observa la autocrítica, sobre todo, si tenemos en cuenta que se trataba de un sistema integrado de protección de los trabajadores eventuales agrarios que ha producido subsidiados permanentes y ha propiciado la inclusión de trabajadores procedentes de otros sectores productivos.
Nos preguntamos si no ha sido esto causa de la ambigüedad mencionada.
Unámosla a la tolerancia, que ha producido una cierta moralina colectiva, detectada por la prudencia, y añadamos la escasa reglamentación a la que también se alude, la aplicación de fondos destinados a infraestructuras agrarias, a mejoras urbanísticas de las comunidades ubicadas en las áreas del PER, objetivo que no siempre se pretendía, la insuficiencia de control y vigilancia de los requisitos exigidos, que el informe adjetiva, de funciones más propias del orden público, y desconocimiento de la exactitud censal de los trabajadores agrarios y de las explotaciones agrarias. En conjunto, han producido el agravio comparativo y propiciado el falseamiento de los derechos que el plan concedía al sector al que realmente iban destinados los fondos del PER.
Desde nuestra distancia, no queremos entrar en más detalles. Pero si unimos al conjunto de criterios resumidos en

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el informe que comentamos la descoordinación entre los organismos implicados, será fácil considerar, después de valorar en positivo el plan, que son necesarias una serie de reformas para que el PER sea más eficaz y también más justo. Porque si bien es cierto que no se ha de generalizar el fraude detectado, razón embrionaria de la Ponencia, también es cierto que el porcentaje detectado en relación al controlado merece una justa respuesta de la Administración por cuanto se debe erradicar la posibilidad del «aquí no pasa nada», pase lo que pase, filosofía de los pícaros de turno.
Mi Grupo, señor Presidente, valora positivamente el PER como aportación a una problemática social, insólita en Europa --ni el sur de Portugal ni el de Italia son comparables, como se nos ha explicado en la Ponencia--, que es consecuencia de la historia del conjunto del país, que ha dejado esta situación en Andalucía y en Extremadura. No cabe duda que el problema de los jornaleros merece la solidaridad a nivel de nuestro Estado, al igual que la Unión Europea plantea la solidaridad hacia el desarrollo equilibrado de la nueva Europa que entre todos estamos creando. En la misma línea en que lo lleva a cabo la Unión Europea hemos de ir al encuentro de la creación de una economía productiva que desarrolle las posibilidades naturales de Andalucía y Extremadura. No podemos seguir avanzando por la economía del subsidio o de la inactividad. Sería una irresponsabilidad que los andaluces y extremeños, socialmente responsables, nos reprocharían y, sobre todo, merecería el reproche de las generaciones venideras.
Nos complace recalcar que este criterio es compartido por todos los ponentes, cualquiera que sea el grupo parlamentario que representan, como nos complace observar que la discrepancia es puntual y sobre aspectos concretos que a todos nos preocupan.
Los datos del informe son una magnífica aportación a la realidad social y, junto con la evidencia sobre alguno de los errores de funcionamiento del PER, pueden ser la base de la rectificación del Plan hacia una más eficaz coordinación de las diversas administraciones, hacia la creación de una economía productiva absolutamente necesaria, la mejora de infraestructuras agrarias desde una visión clara de lo que es el mundo agrícola y el mundo rural, la mayor y mejor inversión en planes de formación profesional, mejora de los mecanismos de control, sobre todo de la interrelación o cruce y cotejo de los datos en posesión de los diversos organismos estatales y regionales, el rigor de la inspección; también cabe un análisis técnico más riguroso; etcétera.
Finalizo, señor Presidente, con una llamada a la colaboración, que en el seno de la Ponencia se ha producido, que nos parecería altamente constructiva, si supiéramos aplicar idéntico espíritu al plantear, desde el Ejecutivo, las soluciones que debieran conducirnos a poner fin a una estructura social que tiende a eternizar los esquemas de una comunidad subsidiada. Desde estos criterios desearíamos que esta Ponencia sirva como piedra fundamental para un plan de reformas del PER. Lo que nos parece difícil de reformar son las estructuras de una sociedad rural en las que todavía no han entrado los conceptos de convivencia social que caracterizan la Europa de la que formamos parte. Esa reforma no tiene reflejo en los presupuestos que alimentan el PER, pero se halla en el fondo o en el origen del problema.
Quizá también estos criterios lleven a la perplejidad a algún portavoz.
Más de un millón de andaluces y extremeños que tuvieron que emigrar nos empujan a una política constructiva que, desde la posibilidad de ser ejecutada, sea una aportación constructiva a los problemas de la tierra que dejaron atrás. Ellos y nuestro sentido de la responsabilidad, señor Alcaraz, nos empujan a dar soporte a la reforma propiciada por el Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: En primer lugar, debo poner de manifiesto, en nombre del Grupo Socialista, el enorme provecho obtenido por el trabajo realizado por la Ponencia durante los más de dos meses en que ésta viene desarrollando las tareas que le encomendó el acuerdo plenario del pasado día 22 de febrero y que fundamentalmente se ha concretado en el informe que hoy debatimos y que nuestro portavoz, el señor Roncero, presentaba al principio de la sesión.
En segundo lugar, debo hacer constatar --y creo que esto es importante-- la gran diferencia existente entre el crispado clima que presidió la defensa de la interpelación urgente el pasado día 16 de febrero y la consiguiente moción el 22 de febrero, por parte del entonces portavoz del Grupo Popular, y el ambiente sosegado en que la Ponencia ha desarrollado sus trabajos hasta el día de hoy; incluso el ambiente sosegado en que esta Comisión se está celebrando. Ello se ha debido, señorías, a que la Ponencia ha podido constatar, yo diría que en todas y cada una de las comparecencias realizadas, la muy alta valoración que los diferentes comparecientes tienen sobre el sistema integrado de protección de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. Ha habido una alta coincidencia en sindicatos, alcaldes, inspectores de trabajo, técnicos y profesores universitarios, técnicos de la Administración central y autonómica y representantes políticos, presidentes de las cajas de ahorros, etcétera.
Y es que, como el informe recoge, estas valoraciones positivas pueden concretarse. Por una parte, en que parece evidente que se ha producido una reanimación del ciclo económico en Andalucía y en Extremadura como consecuencia de las aportaciones económicas realizadas al amparo del sistema integrado.
Se ha conseguido fijar la población al territorio. Hoy podremos hablar de mayor nivel de paro en Andalucía o en Extremadura en el sector agrario, pero también de una mayor población; si en otras comunidades autónomas el nivel de paro es menor probablemente sea porque no han logrado retener la población al territorio.
En tercer lugar, se han mejorado las infraestructuras y la calidad de vida de la población, en virtud de las obras y servicios llevados a cabo.
El perfil, el panorama de

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nuestros pueblos, es indudable, y en eso han coincidido la práctica totalidad de los comparecientes, que ha mejorado enormemente, como consecuencia del Plan de empleo rural.
En cuarto lugar, el subsidio agrario ha supuesto un elemento de protección adicional, que ha permitido, en muchos casos, aproximar la cobertura a la media nacional.
Señor Presidente, cada vez son menos los que se atreven a criticar generalizadamente al PER; hoy son cada vez menos los que hablan indiscriminadamente de efectos perversos del sistema integrado de protección; hoy son cada vez menos los que hablan de Andalucía y de Extremadura como comunidades subsidiadas.
Como más de un compareciente ha señalado en la Ponencia, yo diría que de forma más o menos literal, si el PER, señor Presidente, no existiera, habría que inventarlo para Andalucía y para Extremadura. No obstante, el sistema de protección integrado, subsidio agrario, REASS, el PER y la formación ocupacional rural pueden y deben, sin duda, ser mejorados y, además, completados con planes específicos de creación de empleo estable.
Me interesa señalar especialmente que el PER nunca ha pretendido ser un instrumento de creación de empleo estable, señor Jordano. Probablemente aquí radique alguna de nuestras diferencias. Permítame que le diga que sólo torticeramente se puede achacar al PER no haber conseguido un objetivo que nunca se ha planteado. El PER no es sino un elemento de corrección de estados de necesidad, es un elemento de creación de empleo eventual que ha de limar, que ha de mitigar la angustia de la gente que no tiene empleo fijo. Y esto --creo que todos lo consideramos-- se ha conseguido ampliamente.
Pues bien, señorías, para mejorar el sistema, lo primero que ha hecho la Ponencia, y que nosotros compartimos, ha sido identificar los problemas.
Los problemas creo que están claramente identificados en el propio texto de la Ponencia y yo aquí, muy someramente, voy a resaltarlos. En relación con el subsidio agrario, la inexistencia de un censo de trabajadores eventuales agrarios, quizá ha permitido la inclusión de personas cuyo medio fundamental de vida no es el trabajo agrario. Tampoco se conoce con exactitud un censo de explotaciones agrarias ni la realidad de las necesidades cualitativas de mano de obra, por comarcas y épocas del año, que precisa la producción agraria. Ello, probablemente, ha facilitado el falseamiento de jornadas reales e imposibilita la cuantificación de la mano de obra y el control del subsidio.
En tercer lugar, diría que existe una insuficiente coordinación entre los organismos con información relacionada con posibles incompatibilidades entre los perceptores del subsidio REASS. Quizá no se colabora en la medida necesaria activamente en la denuncia del fraude; no existe --y éste es otro problema identificado-- en el colectivo afectado una conciencia de comisión de fraude. Por eso, quizá todo ello aconseja reforzar los mecanismos de intervención del Inem en la gestión de la oferta y de la demanda de empleo y en la contratación.
En relación con el PER, no se obtiene el máximo aprovechamiento de los fondos disponibles en la consecución de cambios estructurales en el medio rural o no se ha potenciado convenientemente un enfoque integral de las inversiones del PER ni su conexión con el desarrollo local. La selección de los trabajadores se efectúa con unos criterios no totalmente homogéneos y básicamente orientados a completar salarialmente las rentas obtenidas a través del subsidio y ayudar a la consecución de las jornadas precisas para acceder al mismo, etcétera.
Por último, en relación con el Plan de formación ocupacional rural, es escasa la vinculación de la programación de la formación ocupacional con la consecución de un empleo o quizá también la coordinación entre las distintas administraciones que imparten formación en el medio rural deba ser mejorada.
Identificados los problemas, que el Grupo Socialista comparte plenamente, se pueden aportar soluciones y éstas, señor Presidente, no son otras que las propias conclusiones que, a nuestro juicio, incluye la Ponencia. La valoración global es positiva, la situación de desempleo estacional y la especial precariedad que padecen los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y de Extremadura hacen necesaria la existencia de un sistema de protección específico, aunque eso sí, y tengo interés en ponerlo de manifiesto, en ningún caso se puede hablar de fraude generalizado.
Efectivamente, el Inem realiza controles de peonadas, el Inem realiza controles de requisitos aproximadamente en una media anual de 100.000.
Sin embargo, señorías, el índice de irregularidades es reducido. En el año 1990, se situaba en un 14 por ciento, que se ha visto descender, hasta 1992, al 6,5 por ciento. Ello no impide que se deban introducir cambios en la gestión y en el control del sistema.
En cuanto al acceso al sistema, me permitirán que diga que éste es quizá el aspecto más difícil de arreglar. Por eso, nosotros propugnamos, y vamos a ofrecer una transacción, que la elaboración del censo, la cuantificación y cualificación de las explotaciones agrarias y su posible producción, permitan la definición de un procedimiento de acceso al sistema de protección que ajuste los requisitos exigidos con carácter general a cada realidad comarcal. Ello exigiría, previamente, un adecuado conocimiento del mercado de trabajo.
Hay que establecer también criterios homogéneos y claros, así como mecanismos de control sobre la inscripción, permanencia y baja en el REASS, de forma que quede acreditada la habitualidad y el medio fundamental de vida de los perceptores. Hay que mejorar el conocimiento de los días trabajados. Probablemente la comunicación del trabajo por cuenta, bien sea propia o ajena, que suponga una inclusión en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social debería ser previa al inicio del trabajo efectivo. Así se evitaría la situación en la que aun existiendo trabajo el trabajador lo abandona por haber causado ya el subsidio o continúa trabajando sin declarar las jornadas ni cotizar por ellas.
Habría que perfeccionar los consejos comarcales. Izquierda Unida insiste en su idea preconcebida de los consejos locales; sin embargo, entiende la Ponencia, entiende el Grupo Socialista y lo apoya en sus justos términos, que,

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añadiendo a las funciones actuales de los consejos comarcales otras tendentes a la gestión y control en materia de empleo, formación ocupacional rural, subsidio por desempleo y colaboración en la elaboración y control de los censos que afecten al colectivo de los eventuales agrarios, se podrían potenciar y resolver muchos de los problemas hoy existentes.
Habría que reordenar los proyectos del PER con una traslación progresiva hacia otros proyectos que garanticen, con la confluencia de otros recursos públicos, la creación de empleo estable, sistema, en cualquier caso, complementario, nunca alternativo; mejorar la gestión administrativa y de control. El señor Roncero ya ha expresado ampliamente las propuestas de la Ponencia, por lo que yo no voy a insistir en ellas.
Creemos que es importante, en el punto 8 de las conclusiones, la promoción de servicios de utilidad social, estableciendo quizá una nueva regulación que permita promover los trabajos o servicios de colaboración y utilidad social que incluyan entre los que deban efectuarlos a los trabajadores eventuales agrarios perceptores del subsidio por desempleo.
Habría, en definitiva, que perfeccionar la formación ocupacional rural.
Ello, probablemente, mediante un plan específico que oriente esta formación a la cualificación en labores agrarias y a la reconversión profesional o sectorial de los excedentes de población activa del medio rural.
Señor Presidente, en relación al escrito de enmiendas que presenta el Grupo Popular debo señalar, de entrada, una cierta perplejidad por parte de mi Grupo ante la aparente contradicción, al menos así lo percibimos nosotros, entre el preámbulo, en el que reiteradamente se habla de aspectos negativos del PER, y las propuestas, propuestas que si yo no he entendido mal, tanto en la lectura detenida del escrito del PER como de la defensa que aquí ha hecho su portavoz, se concretarían prácticamente en la iniciativa privada y la flexibilidad. De hecho, ya, los mayores de 55 años, como SS. SS. conocen, tienen un sistema más flexible que permite el alargamiento en el período de percepción del subsidio e incluso la reducción importante del número de peonadas.
De cualquier forma, parece contradictorio, en este sentido, la afirmación de que se ha generado fraude; sin embargo, a continuación, el portavoz del Partido Popular señala que no está demostrado que sea superior al de otros regímenes. Esta es la conclusión de la Ponencia y lo que nosotros compartimos totalmente. Desde luego, lo que no compartimos es la afirmación relativa a la creación de una supuesta cultura de inactividad en Andalucía ni en Extremadura.
En relación a las propuestas que realiza el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hablan de un censo tecnocrático, pero yo no entiendo lo que es un censo tecnocrático; será, en cualquier caso, un censo que permita determinar las dos condiciones de habitualidad y medio fundamental de vida para los perceptores del subsidio, del REASS.
Comprendo perfectamente que el señor Alcaraz, en unas declaraciones en el diario «Ideal» del pasado día 27 de abril, diga que el trabajo inútil conduce a la melancolía y a la impotencia, porque él tenía preconcebidas dos ideas claras: eliminación de las 60 peonadas y comisiones locales.
El trabajo de la Ponencia, desde luego, no ha llevado a esta conclusión y el no ver reflejado en el mismo las dos conclusiones previamente asumidas por su Grupo le llevan a este sentimiento de impotencia. Tengo que decirle que, por una parte, en la eliminación de las 60 peonadas, en unos u otros términos, los diferentes grupos hemos puesto de manifiesto que éste es un tema que habrá de modificarse previsiblemente en el futuro; sin embargo, en este sentido ofrecemos una enmienda transaccional al Grupo de Izquierda Unida, igual que al Grupo Popular, que pudiera mejorar la redacción inicial del informe de la Ponencia.
Señor Alcaraz, realmente incrementar el subsidio al 100 por cien del salario mínimo implica un incremento del 33 por ciento; sobre los fondos, nosotros también seríamos partidarios de cualquier tipo de incremento, pero la situación actual de la economía española no nos puede hacer olvidar el incremento indiscriminado de partidas. En cualquier caso también, permítame que le diga, que la diferencia que usted pueda apreciar en los fondos de este año, respecto al ejercicio pasado, fundamentalmente van en el Decreto de la sequía. Tanto el Gobierno como la comunidad autónoma lo tienen actualmente en estudio y no podemos descartar, en absoluto, que este año se produzca un nuevo decreto que incremente los fondos.
Las comisiones locales, señor Alcaraz, pienso que no son garantía de que las pequeñas corruptelas o los fraudes que se hayan podido producir tiendan a eliminarse. En cualquier caso, en muchos pequeños municipios no existen representaciones empresariales, ni, a veces, sindicales, que permitieran constituirlas. Creo --así lo cree el Grupo Socialista-- que el reforzamiento de las comisiones regionales sería la solución adecuada, porque, con una visión más global del problema, podríamos encontrar vías de solución para el sistema.
Apreciamos, y quiero ponerlo especialmente de manifiesto, la valoración positiva que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) realiza del Plan de empleo rural, del sistema integrado, en su conjunto y, desde luego, señor Baltá, tenga en cuenta que Andalucía sabrá apreciar los términos de su valoración.
Para terminar y no hacerme excesivamente extenso, señor Presidente, debo decir que el Grupo Socialista presenta dos enmiendas transaccionales, que, de ser aceptadas por los grupos respectivos, Grupo Popular e Izquierda Unida, las incluiríamos en el texto de la Ponencia o propondríamos que su no inclusión permitiera convertirlas en enmiendas técnicas al propio texto de la Ponencia.
En concreto, presentamos una enmienda transaccional al texto presentado por el Grupo Popular en el número 4 de las conclusiones, texto que tanto la Presidencia como los diferentes grupos tienen en su poder. Va en el sentido de la flexibilización de las peonadas; transar en el sentido de que los estudios que se realicen con posterioridad a la elaboración de censo permitan ajustar las realidades

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comarcales a la exigencia del número de peonadas correspondientes.
Igualmente presentamos una enmienda transaccional al texto presentado por Izquierda Unida en el número 8 de las conclusiones, para reforzar los mecanismos de intervención del Inem en la gestión de la oferta y demanda del empleo y la contratación. Ello permitirá, junto al reforzamiento de las comisiones comarcales, a nuestro juicio, solventar muchos de los problemas.
En cualquier caso --y ahora sí que termino, señor Presidente-- no se puede decir, como afirmaba el portavoz de Izquierda Unida, que la pretensión del Grupo Socialista sea, en absoluto, dejar el sistema como estaba. Creo que ha quedado claramente puesto de manifiesto, tanto por la exposición de las conclusiones de la Ponencia como por mi propia intervención, que el sistema adolece de determinados defectos y que, manteniendo lo esencial, exige su modificación. El amplio número de conclusiones y propuestas que en el informe de la Ponencia se contienen estamos seguros que facilitarán la mejora del Plan de empleo rural.


El señor PRESIDENTE: En todo caso, yo propondría al señor Martín Mesa que, dado que la enmienda transaccional que propone es a los textos originales del Grupo Parlamentario Popular y de Izquierda Unida, indicara en los puntos concretos del texto de la Ponencia en los que se concretarían.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: La verdad es que la intervención del portavoz bis del Grupo Socialista, señor Martín, que ha empezado hablando de ambiente crispado y ambiente sosegado, distinguiendo dos tipos de ambientes, no ha añadido nada a la primera intervención del señor Roncero y lo que ha hecho es crispar el ambiente. Por mi parte, ni acostumbro crisparme ni acostumbro alterarme. Pero tengo que decirle al señor Martín que la referencia a intervenciones de parlamentarios no presentes en este momento en la comisión, evidentemente, sobra. En nuestro Grupo nos hemos planteado un trabajo en equipo de los Diputados asignados a esta Ponencia y asumimos las intervenciones de la totalidad de nuestros Diputados en los distintos ámbitos. Quisiera recordar al señor Martín que la solidaridad entre los miembros de un Grupo no es exclusiva de nadie, sino que es práctica de bastantes grupos.
Se empeñen o no se empeñen los representantes del Grupo Socialista, existen discrepancias básicas. Y la primera discrepancia básica es que ustedes no quieren asumir los errores del sistema, no quieren reconocer esos errores. Ustedes, por un lado, no hablan de fraude, hablan aquí de fraude y pequeñas corruptelas, pero en la página 26 del informe se plantean como objetivo la erradicación del fraude del sistema, llegando, en ocasiones, a que, desde los ámbitos administrativos, no se evite el acceso irregular al mismo y no se colabore activamente en la denuncia del fraude. Evidentemente, si no existe fraude, no sé a qué vienen estas referencias. Si no existe fraude, no sé a qué han venido determinados procesos judiciales que han acabado con sentencia. Asumamos la realidad, porque, asumiendo la realidad, será más fácil conseguir mejorar el sistema.
Una valoración global del sistema en forma positiva, como hace el Grupo Socialista, no puede partir de un concepto de que el sistema de subsidio agrario y de obras PER ha servido para una reanimación económica de Andalucía y Extremadura. Hay dos datos objetivos, que no los ponemos nosotros ni se los inventa nadie sino que los da el propio Gobierno, y esos datos dicen que ambas comunidades, Andalucía y Extremadura, eran hace 10 años las últimas comunidades de España en renta per cápita y lo siguen siendo ahora, y buena parte de las provincias andaluzas y extremeñas que no estaban situadas en la cola de la renta per cápita española, lo están ahora mismo. El índice de paro en Andalucía es 10 puntos más alto que la media nacional y 20 más que la media europea, y el número de parados en estos 10 últimos años, prácticamente, se ha duplicado en Andalucía y en Extremadura; por tanto, admitamos que el sistema no ha servido para crear empleo estable.
Se insiste en el concepto asistencial del sistema. El sistema se configura en una forma asistencial porque no podía ser puramente contributivo como el resto de los sistemas generales de la Seguridad Social, y como no podía ser puramente contributivo y la percepción del subsidio no podía estar en relación con los ingresos obtenidos los días de trabajo por los trabajadores es por lo que se configura un sistema en el que prima lo asistencial sobre lo contributivo, pero no es un sistema estrictamente asistencial, puesto que los trabajadores y los empresarios agrícolas cotizan a la Seguridad Social; por tanto, estamos ante un sistema mixto.
Se insiste en el censo de explotaciones agrarias. El censo de explotaciones agrarias por sí no sirve para ningún sistema de control; hay que conjugarlo con el cultivo que se practica en cada una de esas explotaciones agrarias. Por otra parte, hemos insistido a lo largo de las comparecencias, e insistimos en las propuestas que realizamos, en que actualmente los datos están disponibles por parte de la Administración y el Ministerio de Agricultura tiene un censo exacto de todas las parcelas que hay en explotación en España, por la vía de las declaraciones para cobrar subsidios comunitarios. Por tanto, existe el dato, pero no de explotaciones agrarias, sino de lo que se cultiva en esas explotaciones agrarias; no es lo mismo cultivar lechugas en una hectárea que cultivar trigo ya que las jornadas que se dan en una y otra, evidentemente, son diferentes.
El sistema no ha creado empleo, aunque quizá no era uno de sus objetivos básicos. El gran fracaso del sistema está en que el que era obrero sin cualificar hace 10 años, sigue siendo hoy obrero sin cualificar, tanto en el campo como en otros sectores. Esto no es algo que nosotros nos inventemos, sino que es una queja continuada de los alcaldes, que no pueden realizar determinadas obras, o les salen muy costosas, porque no encuentran en sus municipios personal cualificado para realizarlas. Ahí está uno de los grandes fracasos del sistema.
Quería también aprovechar para contestar la enmienda transaccional ofertada. Creemos que con la transacción

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que se ofrece no se asume, ni siquiera en parte, el punto que se pretende sustituir. Lo que decimos en ese punto --relacionado también con lo que dice Izquierda Unida-- es si debe desaparecer o no el límite de 60 jornadas trabajadas. Izquierda Unida se manifiesta radicalmente en el sentido de que debe desaparecer. A nuestro modo de ver, aun reconociendo la dificultad en determinadas zonas y en determinados momentos para llegar a cubrir ese límite de las 60 jornadas, entendemos que no se puede plantear la eliminación pura y simple sin sustituirla por otra serie de criterios, tanto para la entrada en el sistema como para la permanencia en el mismo. Si combinamos desaparición de las 60 jornadas trabajadas con elevación del subsidio al salario mínimo profesional, quiero preguntar al representante de Izquierda Unida ¿qué incentivos damos al trabajador para que trabaje transparentemente y acredite las jornadas que ha trabajado? Evidentemente, ninguno. Por eso introducimos nosotros un criterio flexible en la apreciación de la necesidad de 60 jornadas, según la zona y la estacionalidad del campo. Este criterio no se ve ni siquiera reflejado en la enmienda transaccional que nos ofrecen; por tanto, no podemos aceptarla.
En cuanto a las coincidencias --y con ello contesto al representante de Izquierda Unida--, es nuestro propósito votar a favor cinco conclusiones de las que propone Izquierda Unida y sólo cuatro de las que propone el PSOE. Y sobre los criterios de evaluación, votaremos prácticamente el mismo número de criterios de las propuestas socialistas que de las de Izquierda Unida, con lo cual parece que las coincidencias del Grupo Parlamentario Popular con Izquierda Unida son superiores a las coincidencias con las propuestas del PSOE.
Con respecto al punto de la elección sindical en el campo y de la elección a cámaras agrarias, nos agrada que Izquierda Unida plantee la necesidad de celebrar elecciones a cámaras agrarias, como nos agradaría que, cuando se vea en el Pleno la proposición de ley presentada por el Grupo Popular para transferir la potestad de convocatoria de elecciones a cámaras agrarias a las comunidades autónomas y, de esa forma, aligerar el proceso de elección de cámaras agrarias, vote el Grupo de Izquierda Unida a favor de la misma.
Para finalizar, señor Presidente, a pesar de las discrepancias últimas que han surgido en la segunda intervención del Grupo Parlamentario Socialista, continuamos manteniendo nuestro criterio de que el trabajo de la Ponencia ha servido para algo y que queda un documento que es útil. Se pueden admitir o no las conclusiones de los distintos grupos, pero lo que sí es cierto es que todos los grupos parlamentarios que han prestado su trabajo en esta Ponencia lo han hecho con un criterio positivo. Por tanto, no distingamos etapas en todo el proceso que va desde la aprobación por el Pleno de la moción --con la enmienda sustancial introducida por el Partido Socialista-- y el final de esta Ponencia, porque si empezamos a distinguir distintas etapas y a entrar en criterios o valoraciones personales, evidentemente, vamos a echar por tierra el buen trabajo que, al modo de ver del Grupo Parlamentario Popular, se ha realizado hasta ahora.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Quería comentar algunos aspectos del debate y hablar de la enmienda transaccional que se nos ofrece desde el Grupo Socialista.
He de aclarar al señor Jordano que se trata no de que dejen de trabajar los jornales necesarios o adecuados, los que se puedan dar, los reales, llegar a un estudio del mercado de trabajo real, no en la perspectiva del censo que aquí se nos ofrece y con el que no estamos de acuerdo, y transferir el poder que hoy tienen los empresarios, «stricto sensu», o el alcalde-empresario que firma las peonadas, que firma la cartilla de la Seguridad Social y que firma hasta la baja por enfermedad, a un ente participativo, que son las comisiones locales de empleo. Estas comisiones locales de empleo tienen en cuenta cómo funciona el mercado de trabajo, sin pasar por ese filtro antidemocrático e irreal que convierte las relaciones, en muchos casos --y usted lo sabe--, en neocaciquismo. Y de ahí vienen todas las acusaciones de clientelismo, etcétera. Se debe trasladar el poder, repito, a un ente participativo, que serían las comisiones locales de empleo. Eso es lo que planteamos. Con el conocimiento de todo, controlándose todo, como cualquier entidad de tipo democrático, se evitaría todo lo que está pasando en estos momentos y llegaríamos a un censo humano, humanamente fabricado, no como lo que se nos plantea aquí, sobre la base de dos ejes: el de la habitualidad en el trabajo y el del medio fundamental de vida. Si estos dos ejes para fabricar un censo se combinan con el hecho de la política agraria comunitaria, del PDR que se nos está ofreciendo, y que el señor Planas defendió en la ponencia, «full time», a tope, y en el marco de que no tiene virtualidad para ciertas políticas económicas la agricultura andaluza, este censo, lógicamente, se va a quedar muy reducido ¿o no? Teniendo en cuenta todo, habitualidad y medio fundamental de vida.
En muchos aspectos, en el PDR, el medio fundamental de vida del sector rural, no es la agricultura andaluza, y ya lo hemos denunciado en la Ponencia. No aparece como eje fundamental de Andalucía; sí en otras comunidades, en otras naciones, por ejemplo, Marruecos. Pero en Andalucía se quita como eje fundamental de lo que va a ser su economía de futuro.
Por tanto, si aplican estos dos ejes, el censo va a hacer una reconversión radical de la estructura social del medio rural y agrario andaluz. En eso no podemos estar de acuerdo. No se trata de ideas preconcebidas o de dogmas de fe, no; se trata de un discurso lógico que tiene una concatenación con la realidad que estamos viviendo a diario.
(Rumores.) Por eso...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alcaraz.
Señorías, ruego silencio. (Un señor Diputado: La tertulia de la Cope.) Continúe, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Sin embargo, vemos, señor Presidente, que se nos anuncia aquí --y, por tanto, empezamos a salir discreta y moderadamente de la melancolía-- que pueden reducirse las peonadas en un cierto

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plazo. No vamos a bajar la guardia en el sentido de nuestra propuesta de quitar radicalmente las 60 firmas, el requisito de 60 peonadas firmadas, pero vemos que podemos haber abierto ciertas fisuras en las propuestas del Grupo Socialista. No lo sé. Estas fisuras o esta nueva sensibilidad habría que llevarlas a negociación con todos los sindicatos del sector y ver si esto concuerda o no con la posibilidad de un acuerdo sindical. De todas formas, nuestra posición política, naturalmente, es la misma, porque creemos que es justa la eliminación radical, ahora mismo, de las 60 peonadas como requisito.
Termino, señor Presidente, con otros dos detalles. Si no se suben los fondos del PER --nosotros planteamos la subida al doble, aproximadamente, para que hubiera veintitantos jornales, un mes-- y, a la vez, se intenta mantener el mismo censo, por ahora, a lo que realmente vamos es a una estructura de jornales a tiempo parcial. Vamos a conseguir que los perceptores, supuestamente, van a ser los mismos pero van a trabajar a tiempo parcial. Es otra de las perspectivas, que no se anuncia en la exposición del Grupo Socialista pero que, analizando las propuestas que nos ofrecen y combinándolas, se deduce fácilmente. No estamos de acuerdo.
Nosotros pensamos que hay que ir a una estructura real, por lo que yo no concuerdo con otras apreciaciones que se han reiterado aquí en el sentido de que si hay subsidio en Andalucía se crea una conciencia de no querer trabajar. Y no estamos uniendo esto a la realidad del informe de la ponencia, en función de los datos oficiales. Andalucía está menos subsidiada que el resto de España; Extremadura está menos subsidiada que la media nacional, mucho menos que ciertas comunidades autónomas. ¿Es que los subsidiados de Andalucía tienen menor conciencia de querer trabajar que el resto de los subsidiados de Barcelona, de Valencia o de Madrid? ¿Por qué se aplica a los subsidiados de Andalucía esta dialéctica injusta y no a los subsidiados del paro --aunque no sea agrario-- de otras comunidades autónomas, cuando el subsidio de la media nacional está por encima del subsidio agrario más el subsidio de paro en Andalucía y el subsidio de ciertas comunidades autónomas muy por encima de la media andaluza o de la media extremeña? Por tanto, no utilicemos criterios que inevitablemente nos llevan al concepto reaccionario de que realmente no hay tantos parados, lo que pasa es que no quieren trabajar. Concepto reaccionario usualmente utilizado en la vida cotidiana: No hay tanto parado, es que no quieren trabajar; se les ofrece trabajo y no quieren trabajar. No estamos de acuerdo con esa dialéctica.
En cuanto a la enmienda transaccional, el Grupo Socialista, da casi tanto como una piedra, casi nada. Es una enmienda de matiz técnico, que, si se añade al punto 8, de cierta evaluación general que nosotros hacemos no estaría mal, pero es poquísimo lo que añade, no llega ni a una propina dialéctica. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: Muy brevemente, señor Presidente.
En primer término, para decir al señor Jordano que en mi ánimo no ha estado, en absoluto, alterar el clima con que la Ponencia se ha desarrollado. Precisamente si he hecho referencia a la diferencia --probablemente en la forma dialéctica de expresión no he sido muy afortunado, así lo reconozco-- ha sido para poner de manifiesto la diferencia con aquella intervención. Por cierto, me ha sorprendido --y no se lo tome a mal-- en su segunda intervención, porque ha recordado algunos de aquellos elementos: ser los últimos de la renta per cápita en Andalucía o Extremadura o tener el doble de parados, cuando realmente lo que estamos tratando nada tiene que ver con ello, en absoluto.
Sin embargo, señor Jordano, valoro en sus justos términos el clima positivo de los trabajos de toda la Ponencia, que es lo que indudablemente ha permitido alcanzar un texto final que creo que tiene bastantes elementos de consenso por parte de todos los grupos. Usted se empeña en poner de manifiesto, al contrario de las apreciaciones, tanto del portavoz de Izquierda Unida como de nosotros mismos, que sus coincidencias son mayores con el texto de Izquierda Unida que con el de la Ponencia, y yo únicamente le digo --y no es cuestión de recordarlo aquí, probablemente al final de la comisión tengamos oportunidad de hablar de ello--: no vayan ustedes a votar en contra de algunos párrafos de nuestro informe de ponencia, que literalmente ustedes reproducen.
Tengan cuidado con ello, porque sería una contradicción.
De cualquier forma, señor Jordano, el límite de las 60 peonadas, creemos que, con la transacción que se le ofrece --actualmente no hay un conocimiento auténtico de la realidad comarcal--, nuestra propuesta va en el sentido de profundizar en ese conocimiento real. Por otra parte, no es que existan fisuras en el Grupo Socialista, como señalaba el señor Alcaraz, ni reconversión de ningún tipo. Desde el primer momento, tanto los miembros del Grupo Socialista en la Ponencia como algunas personalidades comparecientes, de idéntica adscripción ideológica, hemos venido poniendo de manifiesto que es un problema que habría que atajar y yo he dicho hoy aquí que el criterio de acceso al sistema quizá sea uno de los temas más complejos. De ahí que nuestra propuesta vaya en el sentido de conocer cuál es la realidad y cuáles son los mecanismos y nuestra propuesta al Gobierno, nuestra instancia al Poder ejecutivo de que en este terreno se debe avanzar.
De todas formas, señor Alcaraz, igual que en el año 1990 la profunda reforma del sistema se realizó de acuerdo con los sindicatos, las reformas que al respecto hayan de realizarse, no se preocupe usted, que por parte del Grupo Socialista e igualmente por parte del Gobierno se procurará que se hagan por acuerdos consensuados.
Y a requerimiento del señor Presidente, en cuanto a las enmiendas transaccionales o, en su caso, de mejora técnica, respecto a la del Grupo Popular, se incluiría --al no aceptarla como transaccional-- como mejora técnica, en el apartado 2 de las conclusiones del informe de la Ponencia, con el texto de que SS. SS. disponen. En cuanto a la enmienda transaccional, en este caso, puesto que Izquierda unida sí la admite, al texto presentado por ellos en el número 8 de las conclusiones, se incluiría en el apartado 6, es

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decir, en evaluación del sistema, dentro del apartado 1 y concretamente al final del inciso tercero.


El señor PRESIDENTE: Creo que aclarados estos extremos, si el Grupo Socialista las formula como enmiendas técnicas se incorporan --si así se acepta por todos los grupos-- como mejoras técnicas en el texto del dictamen que vamos a votar, porque la enmienda transaccional conllevaría forzosamente tener que retirar el punto concreto que se enmendaba. ¿Le parece bien al Grupo de Izquierda Unida? (Pausa.) Se formulan como enmiendas técnicas, y se incorporan al texto del informe, porque, en el caso de ser una enmienda transaccional, repito, conllevaría que el grupo parlamentario correspondiente tuviera que retirar la parte de la enmienda.
Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas. ¿Algún Grupo solicita alguna matización? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Nos gustaría que se votaran separadamente, en cuanto a las conclusiones del informe de la Ponencia, los puntos 1.1, 4, 6, 7 y 9.
Si se va a votar también la parte relativa a evaluación del sistema, pido votación separada para los puntos 1, 2 y 3 de la página 25. La valoración del sistema en el informe de la Ponencia empieza en un punto 6, que está en la página 24, y a partir de la página 25 se incluyen los puntos 1, 2 y 3, dentro de ese apartado c). Pediría votación separada de esos puntos 1, 2 y 3.
En relación a Izquierda Unida, que utiliza una fórmula distinta para identificar las dos partes de su texto, cuando se habla de conclusiones, en la página 3 de la enmienda, pediríamos votación separada de las conclusiones 1 y 5, y de las propuestas de Izquierda Unida pediríamos votación separada de las números 7, 8, 9, 10 y 11. Todas ellas conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo? (Pausa.) Tiene la palabra el Grupo Socialista.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, dado que efectivamente, como ha sido puesto de manifiesto antes por el señor Martín Mesa, hay algunos párrafos de la enmienda Grupo Popular que son coincidentes literalmente con algunos de los apartados de la Ponencia, rogaríamos que al votarse su enmienda se voten los restantes puntos y no esos que serán votados en el propio informe. Concretamente, si no me equivoco, son el punto 9 de su evaluación del sistema y las conclusiones 10 y 11, y quizás haya alguna matización en un párrafo que se podría votar por separado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, hago la matización de que en la parte relativa a la evaluación del sistema se incluye una frase en el tercer párrafo del punto 9 en el que se dice: La falta de rigor en estas estadísticas y datos podría subsanarse, ya que en los últimos años existen datos fiables en poder del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto es añadido de nuestra cosecha.
Y en el punto 10 de las conclusiones se incluye un último párrafo, que nos encantaría que lo votaran a favor, que es: Debe darse entrada a la iniciativa privada en las ofertas de proyectos, siempre que sean de interés general.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Se votarían separadamente esos párrafos que no son coincidentes con el informe y el resto no haría falta votarlo, puesto que está contenido en el informe. A eso es a lo que me refería.
En cuanto a Izquierda Unida, sus tres primeros puntos de evaluación del sistema, que son también coincidentes con el informe, imagino que tampoco deberían ser sometidos a votación en su enmienda sino a la hora de votar el propio informe, porque hacen una valoración del sistema sobre las necesidades, que coincide con las propias conclusiones del informe de la Ponencia.
Por tanto, nuestro Grupo votaría separadamente las enmiendas de los dos grupos.


El señor PRESIDENTE: Pondremos, en primer lugar, a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En cada votación será el momento para que los grupos fijen su posición, porque si no será un lío tremendo para la Presidencia y para los Servicios poder aclarar todos los extremos.
Por lo tanto, el Grupo Socialista ha pedido en cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular votar separadamente el punto 9 de la evaluación del sistema, excepto el párrafo 3 que ha citado, y en las conclusiones el 10 y el 11, excepto el último párrafo del punto 10.
¿El Grupo de Izquierda Unida solicita alguna votación separada de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones.) Señorías, les ruego una cierta atención.
Ponemos en consideración las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular excepto el punto 9, evaluación del sistema, excluido el tercer párrafo.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, creo que sería mejor al revés: votar solamente el párrafo que fuese diferente del informe. Votar el párrafo 3 del punto 9 y el último párrafo de la conclusión 10.


El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente, pero de todos modos yo creo que se trata, en definitiva, de votar en un solo bloque aquellos extremos sobre los cuales el Grupo Socialista va a tener una posición distinta.
En ese sentido yo creo que es el punto 9, excepto el último inciso, y en las conclusiones el punto 10, menos el último párrafo, y el 11.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Que literalmente son los que aparecen en el informe de la Ponencia y a los que vamos a votar favorablemente.


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El señor PRESIDENTE: De acuerdo, pero tenemos que votarlo, y luego el resto.


El señor ALCARAZ I MASAT: Pero ¿consta que se votarían aparte los tres primeros puntos de la evaluación? (Rumores.--Protestas.)

El señor PRESIDENTE: No nos liemos excesivamente.
Votamos, en los extremos que hemos dicho, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y luego votaremos el resto.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, una cuestión procedimental o de concepto. Si hay un informe que tiene determinados apartados y éstos se van a votar como informe, y algunas de las enmiendas, literalmente los apartados que hemos separado, son exactamente lo que dice el informe, no parece razonable que se voten esas enmiendas al informe. Se debería votar los párrafos no coincidentes con el informe. Parece lo lógico conceptualmente.


El señor PRESIDENTE: Si el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en este sentido, me parece correcto.


El señor JORDANO SALINAS: Entiendo que lo que se somete a votación es el conjunto del texto propuesto por el Grupo Popular, salvo los apartados coincidentes.


El señor PRESIDENTE: En esos extremos creo que finalmente se ha llegado a un acuerdo. Salvo en los apartados que son coincidentes, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en un solo bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Las que son coincidentes ya no las sometemos a votación.
A continuación votaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Sobre las enmiendas de Izquierda Unida se ha formulado por parte del Grupo Parlamentario Socialista la petición de una votación separada al punto 3.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: El mismo sistema: votar globalmente todo, excepto lo coincidente, y si hay alguna petición de votación separada se votaría separadamente.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Popular desea votación separada? (Pausa.) Si les parece, pues, pasamos a continuación a votar los puntos solicitados por el Grupo Parlamentario Popular, que son el 1 y el 5 de las conclusiones y las propuestas 7, 8, 9, 10 y 11.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Las conclusiones de Izquierda Unida 1 y 5 separadamente.


El señor JORDANO SALINAS: Creo que lo que proponía el Grupo Socialista era que se votaran separadamente las conclusiones. (Denegaciones.) Perdón.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: No hay que votar las que son literales con las del informe.


El señor JORDANO SALINAS: Es decir, primero la conclusión número 5.


El señor PRESIDENTE: Como la número 1 está literalmente recogida en el informe, votamos la conclusión número 5, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a la votación de las propuestas números 7, 8, 9, 10 y 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a votación los distintos puntos de la enmienda, excepto los puntos 1, 2 y 3, que son coincidentes con el informe.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 30.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
A continuación, pasamos a la votación del informe. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado ya distintas votaciones separadas.
¿Otros grupos que deseen votaciones separadas? (Pausa.) El señor Alcaraz tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: ¿Se vota el informe en su conjunto?

El señor PRESIDENTE: No. El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado ya votación separada de distintas propuestas y puntos.


El señor ALCARAZ MASATS: Nosotros pedimos separar el punto 6 y el 7 del resto, toda la parte descriptiva del informe.


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El señor PRESIDENTE: Si les parece, votamos del punto 1 al 5, que no se ha solicitado votación separada por parte de ningún Grupo y parece que existe acuerdo. (El señor Jordano Salinas pide la palabra.) El señor Jordano tiene la palabra.


El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, respecto a las conclusiones, nosotros hemos pedido...


El señor PRESIDENTE: La votación es respecto a la primera parte, a los antecedentes, constitución y plan de trabajo, hasta evaluación del sistema.


Efectuada la votación, fueron aprobados por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Punto número 6, evaluaciones. Existe la petición, por parte del Grupo Popular, de votar separadamente los apartados 1, 2 y 3 del punto número 6, que es evaluación del sistema. Segregamos los apartados 1, 2 y 3, y, si les parece, votamos el punto número 6 excepto esos apartados.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 6 menos los apartados 1, 2 y 3.
Pasamos a continuación a la votación de los apartados 1, 2 y 3 del punto número 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los puntos 1, 2 y 3 del punto número 6.
A continuación, entramos en el punto número 7, conclusiones. En las conclusiones, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido votación separada de los puntos 1.1, 4, 6, 7 y 9.
¿El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pide alguna votación separada? (Denegaciones.) Votamos las conclusiones, menos los puntos que he citado anteriormente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las conclusiones excepto los apartados 1.1, 4, 6, 7 y 9 del punto 7, que votamos a continuación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los puntos citados anteriormente.
Agotadas las votaciones y entendiendo que se ha votado con las incorporaciones técnicas que ha formulado el Grupo Socialista, recuerdo a los grupos que deseen mantener vivas algunas enmiendas o votos particulares, que tienen un plazo de 24 horas para presentarlas en el Registro de la Cámara, es decir, hasta mañana a las ocho de la noche, en que cierra el Registro.
Se levanta la sesión.


Eran las siete y veinte minutos de la tarde.

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