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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 391, de 20/12/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 391 JUSTICIA E INTERIOR PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ Sesión núm. 43 celebrada el martes, 20 de diciembre de 1994

ORDEN DEL DIA: Comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Justicia (Fernández de la Vega Sanz), para informar sobre las líneas generales a desarrollar al frente de dicha Secretaría de Estado, con especial indicación de las prioridades de actuación, así como sobre la estructuración de la nueva Secretaría de Estado de Justicia y los fines administrativos de la misma.
A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000780) (Página 12063) Preguntas: --De la señora Martínez Saiz (Grupo Parlamentario Popular), sobre mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en La Línea de la Concepción y Algeciras (Cádiz). (BOCG serie D, número 133, de 16-9-94.
Número de expediente 181/000899) (Página 12078) --Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre existencia de fraudes en el cumplimiento de la prestación social sustitutoria. (BOCG serie D, número 109, de 10-6-94. Número de expediente 181/000828) (Página 12079)

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--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre mantenimiento por el Ministerio de Justicia e Interior de su afirmación de no haber recibido solicitudes materiales concretas provenientes de las Juntas de Valencia. (BOCG serie D, número 142, de 3-10-94. Número de expediente 181/000982) (Página 12080) --Del mismo señor Diputado, sobre apoyo material previsto para el desarrollo del proyecto «Coral», que ha sido puesto en marcha por la Junta de Jueces de Instrucción de Valencia. (BOCG serie D, número 142, de 3-10-94. Número de expediente 181/000987) (Página 12080) --Del señor Frutos Gras (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre explicaciones acerca de la orden dada a la Dirección General de lo Contencioso del Estado para que desista del recurso de casación interpuesto en el procedimiento seguido contra La Caixa, en relación con el asunto conocido como de «las primas únicas». (BOCG serie D, número 146, de 10-10-94. Número de expediente 181/001011) (Página 12083) --Del señor López Garrido (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre desarrollo de los acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España. (BOCG serie D, número 154, de 31-10-94.
Número de expediente 181/001059) (Página 12083) --Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre medidas para dotar a la Audiencia Provincial de Castellón de medios para garantizar el desarrollo de sus funciones. (BOCG serie D, número 160, de 14-11-94. Número de expediente 181/001099) (Página 12086) --Del mismo señor Diputado, sobre dotación de los servicios de un Juzgado de lo Penal a Gandía (Valencia). (BOCG serie D, número 160, de 14-11-94.
Número de expediente 181/001100) (Página 12086) Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción. (BOCG serie A, número 68-1, de 24-6-94. Número de expediente 121/000054) (Página 12087) Dictamen, a la vista del informe de la Ponencia, de la proposición de ley Orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie B, número 52-1, de 4-1-94. Número de expediente 122/000041) (Página 12089) Proposiciones no de ley: --Sobre protección a la infancia en aquellos países donde sufre violaciones de derechos y malos tratos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 156, de 31-10-94. Número de expediente 161/000318) (Página 12092) --Para garantizar el cumplimiento de la Ley de 12 de julio de 1994, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552 CEE, para la protección de menor. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 154, de 31-10-94. Número de expediente 161/000320) (Página 12092)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.


El primer punto del orden del día es la comparecencia de la Secretaria de Estado de Justicia, doña María Teresa Fernández de la Vega, para informar sobre las líneas generales a desarrollar al frente de dicha Secretaría de Estado. El propio autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular, poco antes del inicio de la sesión, ha informado a esta Presidencia que renuncia a la comparecencia.


CONTESTACION A PREGUNTAS

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 2 del orden del día, que es la contestación de las preguntas.
La primera es de don Antonio Romero Ruiz, sobre la existencia de fraudes en el cumplimiento de la prestación social sustitutoria. (Pausa.) El señor Romero no se encuentra en la sala y, por tanto, decae la pregunta.
La segunda es de doña María Teófila Martínez Saiz, sobre mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en la Línea de la Concepción y Algeciras. (Pausa.) Tampoco está presente en la sala y, por tanto, decae la pregunta.
La número 4, de don Ignacio Gil Lázaro, es el mantenimiento por el Ministerio de Justicia e Interior de su afirmación

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de no haber recibido solicitudes materiales concretas provenientes de las juntas de jueces de Valencia. (Pausa.) Tampoco se encuentra en la sala y, por tanto, decae la pregunta.
La siguiente pregunta número 5, del mismo autor, don Ignacio Gil Lázaro, se refiere al apoyo material previsto para el desarrollo del proyecto Coral, que ha sido puesto en marcha por la Junta de Jueces de Instrucción de Valencia. (Pausa.) Por el mismo razonamiento, decae la pregunta.
El punto número 6 es la pregunta del señor Francisco Frutos Gras, explicaciones sobre la orden dada a la Dirección General de lo Contencioso por la que se instruye a la Abogacía del Estado para que desista del recurso de casación interpuesto en el procedimiento seguido contra La Caixa en relación con el asunto conocido como de «las primas únicas». (Pausa.) Tampoco se encuentra el señor Frutos en la sala y, por tanto, decae la pregunta.
El séptimo punto del orden del día es la pregunta sobre el desarrollo de los acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España. El autor de la pregunta es don Diego López Garrido.
(Pausa.) Al no encontrarse en la sala, decae la pregunta.
Pregunta número 8, medidas para dotar a la Audiencia Provincial de Castellón de medios para garantizar el desarrollo de sus funciones. El autor de esta pregunta es don Ricardo Fernando Peralta Ortega. (Pausa.) Tampoco se encuentra en la sala y, por tanto, decae la pregunta.
El autor de la pregunta número 9 y última es Ricardo Fernando Peralta Ortega, y es sobre dotación de los servicios de un juzgado de lo Penal a Gandía (Valencia). Igual que en el caso anterior decae la pregunta.
Señorías, decaen, por tanto, todas las preguntas formuladas en el orden del día de la sesión de hoy. El siguiente punto del orden del día es aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, de un proyecto y de una proposición de ley.
Suspendemos la sesión durante 15 minutos antes de iniciar el debate de este proyecto y proposición de ley.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ) PARA QUE INFORME SOBRE LAS LINEAS GENERALES A DESARROLLAR AL FRENTE DE DICHA SECRETARIA DE ESTADO, CON ESPECIAL INDICACION DE LAS PRIORIDADES DE ACTUACION, ASI COMO SOBRE LA ESTRUCTURACION DE LA NUEVA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA Y LOS FINES ADMINISTRATIVOS DE LA MISMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente: 212/000780.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Reunida la Mesa con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y escuchados estos portavoces, la mesa ha decidido mantener la comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Justicia, que conforma el primer punto del orden del día, dándola, por tanto, por no retirada, y, como consecuencia de ello, seguir la tramitación del resto de las preguntas que constituyen el orden del día, entendiendo que de esta manera no existe indefensión alguna para los distintos autores de las preguntas que previsiblemente habrían calculado una más dilatada tramitación en el supuesto de que la primera comparecencia hubiera sido debatida a su vez.
Por tanto, recuperando el orden del día de la sesión de la Comisión de Justicia e Interior tal y como lo tienen SS. SS., iniciaremos los debates con la comparecencia de la Secretaria de Estado Doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, que está con nosotros en la Comisión y a la que damos la bienvenida, para que informe sobre las líneas generales a desarrollar al frente de dicha Secretaría de Estado con especial indicación de las prioridades de actuación, así como sobre la estructuración de la nueva Secretaría de Estado de Justicia y los fines administrativos de la misma. El autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora Secretaria de Estado de Justicia tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor Presidente, buenos días.
Paso a exponer cuáles son las líneas generales de actuación a desarrollar por la Secretaría de Estado de Justicia que, por una parte, no son otras que aquellas que están en relación con las competencias que a la Secretaría de Estado de Justicia atribuye el decreto de estructura orgánica del Ministerio de Justicia e Interior de 20 de junio de 1994 y, por otra, aquellas actuaciones que responden a los objetivos en su día marcados y conocidos por SS. SS., puesto que en muchas ocasiones han sido expuestos en esta Cámara por el Ministro de Justicia e Interior, y que resumidamente son potenciación de la eficacia de la acción de la justicia, una justicia para el ciudadano dentro de cuyo objetivo existen una serie de actuaciones y prioridades que reseñaré posteriormente: la homogeneidad en la actuación jurídica de la Administración y en la defensa de los intereses generales; la potenciación de las garantías en el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia, dotando de los mecanismos suficientes al contenido de la prestación social sustitutoria; el incremento de la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y comercial; la unificación de la fe pública extrajudicial, es decir, todo aquello que está referido a la gestión de los registros asociados a la fe pública; la cooperación jurídica en el ámbito internacional y de manera prioritaria en el marco de la Unión Europea, y la potenciación de los mecanismos de garantía en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Estos objetivos o líneas de actuación generales a su vez son llevados a cabo dentro de la estructura de la que ha sido dotada la Secretaría

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General de Justicia por el decreto a que hacía referencia.
En el área de Justicia, digamos, en sentido estricto, lo que denominamos juzgados y tribunales, las prioridades fundamentales son de dos tipos.
Hay un conjunto de actuaciones que están dirigidas fundamentalmente a mejorar la estructura de la Administración de Justicia y a dotar a los órganos judiciales, a los jueces y tribunales de instrumentos precisos, no sólo de medios, sino también de instrumentos precisos legales para el cumplimiento de su función constitucional. Dentro de este objetivo está toda el área, a la que luego me referiré, de la iniciativa legislativa llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Justicia, por el Ministerio de Justicia e Interior, y, al margen del tema de la iniciativa legislativa, que son reformas estructurales a medio plazo para la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, existen también unos objetivos yo diría prioritarios de gestión, de acción de gobierno para la mejora del funcionamiento de esa Administración de Justicia, que resumidamente se refiere, por una parte, a la potenciación, como SS. SS.
ya nos han oído y también ha expuesto el Ministerio de Justicia e Interior, de los juicios rápidos, de aquellos que se llevaron a cabo por la reforma emprendida en el año 1992 y que pretendemos extenderlos; están funcionando, como ustedes saben, en algunas grandes ciudades yo creo que con gran eficacia, y desde la Secretaría de Estado de Justicia pretendemos fomentarlos y dotar a los órganos judiciales de los instrumentos precisos, sobre todo en las grandes ciudades, para que puedan solucionar problemas de la justicia con arreglo a los mecanismos previstos en este tipo de ligislación.
Al margen del tema de la potenciación de los juicios rápidos, existen también una serie de acciones que tienen como objetivo fundamental mejorar todo el tema de la gestión en la Administración de Justicia, tanto en lo que se refiere a medios materiales como a medios personales, y todo ello con independencia de seguir potenciando el proceso de transferencias en la gestión de dichos medios a las comunidades autónomas. Como SS. SS. saben, en el año 1994 hemos culminado el proceso de transferencias en medios materiales con Cataluña, con Galicia y recientemente también con Valencia. Estos acuerdos van a entrar en funcionamiento a principios del año 1995, y una de las políticas prioritarias de la Secretaría de Estado de Justicia es seguir potenciando con el resto de las comunidades autónomas el sistema de transferencia de medios --probablemente en 1995 a Andalucía, a Canarias y a alguna otra comunidad--, además de empezar a estudiar los mecanismos dirigidos a iniciar las transferencias de gestión de medios personales que hasta ahora no se han llevado a cabo.
Además de este tema, en materia de gestión de personal tenemos como objetivos prioritarios el incremento en dotación de medios, que no es muy amplio, de 9 plazas de magistrado para el año que viene, que son 15, la transformación de 100 plazas de jueces en plazas de magistrados, el aumento de las plantillas del Ministerio Fiscal, así como la puesta en funcionamiento de la Fiscalía anticorrupción, la modificación, espero ya, de la medicina forense con el establecimiento de los institutos regionales de medicina forense y concentración de los médicos forenses en estos institutos a disposición de la Administración de Justicia, así como también una mejor gestión en la estabilización de las plantillas del personal al servicio de la Administración de Justicia. Como ustedes saben, existe un aumento presupuestario de 167 plazas y esperemos que, con el concurso que se ha convocado este año, podamos el que viene, junto con el aumento de plazas y las plazas que en estos momentos están quedando desiertas, que son alrededor de 2.300, convocar un concurso, de forma que con la oferta de empleo pueda haber una estabilización mayor en el personal al servicio de la Administración de Justicia.
En lo que se refiere a infraestructuras es verdad que el presupuesto de la Secretaría de Estado de Justicia en esta materia no es el que sería de desear. Vamos a tratar fundamentalmente de priorizar en este año la adaptación de las infraestructuras para el funcionamiento del jurado, tenemos ya previsiones presupuestarias para eso, y esperemos que a lo largo del año de 1995, sobre todo en el primer semestre, podamos tener la mayoría de las audiencias con las adaptaciones precisas para que en el momento en que la ley del jurado esté aprobada pueda, conforme a las previsiones iniciales que habíamos hecho, entrar en funcionamiento.
Lo mismo hay que decir en materia de informática, donde se está mejorando la gestión de los medios materiales a proporcionar a los juzgados. Hasta ahora se habían hecho unas inversiones yo creo que complicadas y con un coste elevado, y ahora se está ya en un proceso de reducción de costes y de aportación. Creo que para el año que viene, con un presupuesto no muy grande, de 267 millones, vamos a poder informatizar el doble de órganos de los que se venían haciendo hasta ahora, porque se ha simplificado mucho la adquisición de equipos, sin perjuicio de que yo creo que hay que seguir mejorando --esto es lo más importante-- el sistema de informatización integral de todos los órganos judiciales. Para ello hemos constituido una comisión de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial y con las comunidades autónomas que tienen transferencias en medios materiales.
En el tema de abogados y procuradores, como SS. SS. saben, uno de nuestros objetivos fundamentales es mejorar la gestión de la asistencia letrada y del turno de oficio. En estos momentos tenemos pendiente en el Consejo de Estado un real decreto que ya avanza mejoras respecto a este tema, y confiamos en que al inicio del próximo período de sesiones podremos remitir a esta Cámara el proyecto de ley de asistencia gratuita, que contempla una reforma global para que los ciudadanos que carecen de medios accedan a la justicia gratuita, sin perjuicio de que este año también se ha incrementado, desde una perspectiva presupuestaria, la dotación a los turnos de abogados y de procuradores y, por tanto, las dotaciones son mejores. Lo que queremos es que esta subvención se gestione mejor y que los ciudadanos tengan una prestación más adecuada en los servicios.
Relacionado con este tema, uno de los objetivos de la Secretaría de Estado de Justicia es el seguir el mismo nivel que hemos mantenido hasta ahora de iniciativa legislativa.


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Como SS. SS. saben, algunos de los temas prioritarios son, como ya he mencionado, aquellos que afectan a la ley de asistencia jurídica gratuita, todos los que afectan a las reformas estructurales de la justicia, y con ello me estoy refiriendo fundamentalmente a las reformas procesales. En estos momentos se acaba de remitir al Consejo General del Poder Judicial, para informe, el anteproyecto de ley de regulación de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esperemos que a principios de año pueda estar ya aprobado por el Gobierno y en esta Cámara. En el primer trimestre de 1995 vamos a terminar lo que va a ser anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es un proyecto también global de reforma íntegra de esta jurisdicción, y esperemos también que aproximadamente en la misma fecha o quizá un poco más tarde, pero en el primer cuatrimestre, podamos tener también preparada la reforma, en este caso parcial, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que afecta a determinados supuestos de procedimiento abreviado y a algunas cuestiones que tienen que ver también con la mejora en la eficacia de la acción de la justicia en determinados temas de criminalidad organizada y narcotráfico.
Al margen de estos temas, estamos también pendientes, y para ello hay gente trabajando en un proyecto, de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante una ley adicional. Probablemente esa reforma, en su caso, tenga que ser una reforma parcial, puesto que no sé si va a ser posible hacer la reforma global de la Ley Orgánica adicional del Poder Judicial en esta legislatura, pero, desde la perspectiva de la Secretaría de Estado de Justicia y del Ministerio, priorizaríamos fundamentalmente aquello que afecta a, en su caso, la determinación de competencias de la justicia de paz en las grandes ciudades y todo aquello que se refiere a la reforma de la oficina judicial, a instrumentos de mejora de la justicia al servicio del ciudadano.
También existen otras iniciativas legislativas, fundamentalmente en cumplimiento de desarrollo de directivas, como es la de viajes combinados, multipropiedad. Tenemos también un proyecto de ley que contempla la unidad de la fe pública extrajudicial, un anteproyecto de ley que se refiere también, aunque esto es en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales, a los derechos del menor. También tenemos dos anteproyectos de ley que se refieren, el primero, al tema de precursores en materia de lucha contra el narcotráfico y el otro es lo que denominamos la ley del fondo, es decir, aquella que está destinada a la regulación de los bienes decomisados por tráfico de drogas. Yo diría que éstas son las iniciativas globales fundamentales en materia legislativa de la Secretaría de Estado de Justicia.
Además, es un tema prioritario de las líneas de actuación de la Secretaría de Estado de Justicia la cooperación jurídica internacional, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el de la Unión Europea, así como en lo relativo a la cooperación judicial bilateral con países tanto de América como de Europa. Objetivo prioritario en el año 1995 va a ser, evidentemente, el tema de la Unión Europea, puesto que, como SS. SS.
saben, en el segundo semestre corresponde a nuestro país la presidencia.
En este sentido se ha empezado a trabajar, también en colaboración con el Ministerio de Justicia francés, para presentar un plan de acción conjunto para el año 1995 en el área de justicia, que tiene como objetivos fundamentales, en primer lugar, contribuir al desarrollo del estatuto de ciudadanía europea, mediante la mejora del funcionamiento del sistema de garantías en el ámbito de los derechos a la libertad de circulación y a la seguridad de los ciudadanos, y, en segundo lugar, favorecer la adhesión del ciudadano respecto del cumplimiento de los deberes comunitarios, aumentando la confianza en el funcionamiento eficaz de las instituciones de la Unión Europea. Con estos dos objetivos nos hemos marcado diversas estrategias y varios programas de trabajo.
En el ámbito civil, el objetivo prioritario es la extensión del campo de aplicación del convenio de Bruselas a las materias de derecho de familia, separación, divorcio, nulidad y guarda y custodia de menores; también en el ámbito del derecho privado civil, el segundo objetivo es la simplificación de la transmisión de actos entre los Estados miembros.
En el área penal, los programas de trabajo se concentran fundamentalmente en un objetivo prioritario, que es el nuevo convenio de extradición de la Unión Europea, así como en el establecimiento de nuevas formas de asistencia judicial penal que abarquen áreas que tienen mucho que ver con la delincuencia organizada. Ahí me estoy refiriendo a temas que coinciden en el tiempo con objetivos también legislativos internos del Ministerio de Justicia e Interior, como es todo lo referente a protección de testigos, a la confiscación de productos del delito, a los plazos de prescripción o a la interceptación de las comunicaciones. Estos son objetivos que, en materia de lucha contra la delincuencia organizada, fueron curiosamente debatidos con el Ministerio de Justicia francés --ellos los pusieron encima de la mesa en la reunión que mantuvimos hace escasos días en París--, que coinciden con los objetivos prioritarios del Ministerio de Justicia e Interior para la presidencia europea del año 1995.
Por otra parte, existe también un nuevo objetivo, que es importante y es aquel que tiene por finalidad profundizar en las relaciones entre el derecho comunitario y los derechos penales nacionales. Se han establecido programas de trabajo que tienen que ver con la lucha contra la defraudación a la Hacienda comunitaria, con el establecimiento de una incriminación común contra los delitos de motivación racista o xenófoba, así como el establecimiento o la homogeneización en el cumplimiento de sanciones, por ejemplo, en temas como el permiso de conducir.
Al margen de este tema del tercer pilar, existe también una priorización en lo que se refiere a la política de extradición, no sólo en el ámbito de la Unión Europea sino también en el de América Latina, mediante la potenciación o la renovación de los convenios de extradición bilaterales que existen con muchos de los países de este área, que en estos momentos plantean problemas para tener una eficacia en esa cooperación judicial internacional. Estamos ya denunciando muchos de esos convenios bilaterales y tratando de renovarlos, llevando a muchos países de América Latina la nueva jurisprudencia que en esa materia se ha

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producido en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, que además tiene mucho que ver con algunas de las jurisprudencias que se establecen también en los países de este área.
Como les decía al inicio de esta intervención, uno de los objetivos fundamentales de la Secretaría de Estado de Justicia, al margen del tema de la eficacia de la acción de la justicia y de la justicia para el ciudadano a la que acabo de referirme, es el que tiene que ver con el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia. Como ustedes saben, tenemos un reto muy importante que parte fundamentalmente del cumplimiento del plan aprobado por el Gobierno en el presente año. En estos momentos puedo afirmar que las previsiones iniciales para el presente año 1994, en lo que se refiere a las incorporaciones, ya se han realizado. Hemos hecho dos llamamientos que comportan la cifra global de 35.000 objetores. Por lo tanto, las previsiones del plan para este año están cumplidas y vamos a cumplir también las previstas para el año 1995, que es hacer unos llamamientos de incorporaciones de hasta 50.000. Me gustaría que tratáramos de sobrepasar alguna de las previsiones del plan aprobado por el Gobierno inicialmente para tratar de recuperar los atrasos que todavía tenemos en la materia. Además, seguiremos intensificando el proceso de creación de plazas. En estos momentos tenemos unas 49.000. Por lo tanto, las previsiones para el cumplimiento de la prestación en este año y en el próximo van a quedar cumplidas. Se han suscrito 7.500 convenios con las instituciones, y el plan previsto para 1995 va un poco más allá de las previsiones marcadas, como decía anteriormente, por el plan del Gobierno. Nuestro objetivo es seguir trabajando, no ya sólo en el tema de la incorporación y de la prontitud en el reconocimiento del derecho, sino sobre todo en el acortamiento de los tiempos entre llamamiento e incorporación para la realización de la prestación.
Finalmente, otro de los objetivos fundamentales de la Secretaría de Estado de Justicia es seguir incrementando la eficacia en las garantías para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa mediante la continuación en el desarrollo de los acuerdos suscritos con las distintas confesiones religiosas.
Es probable que me haya dejado en el tintero actuaciones que también se están llevando a cabo por la Secretaría de Estado de Justicia, pero en términos resumidos éstas son las principales áreas de actuación que estamos llevando a cabo y con las que pensamos proseguir en el próximo ejercicio.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado, por su comparecencia y también por su cortesía en relación con la incidencia que ha tenido lugar esta mañana. Le aseguramos que nuestra cortesía hacia usted es también total y con gran espíritu de reciprocidad y cordialidad.
He escuchado con atención su exposición. No hace muchos días que el Ministro de Justicia e Interior también desarrollaba en esta Comisión, en una comparecencia similar a la de hoy, las líneas generales de su departamento. He notado algunas diferencias, pero supongo que obedecen más a que él nos dio los trazos políticos, las directrices que quería desarrollar en los próximos meses al frente de Ministerio de Justicia e Interior, y usted nos ha expuesto con un detalle más pormenorizado y más técnico el contenido de esas líneas que el Ministro de Justicia e Interior había trazado en su comparecencia ante esta Comisión.
He de decirle que conociendo algunas de sus preocupaciones fundamentales, desde el punto de vista personal, no me extraña que donde ha puesto mayor énfasis haya sido en la cooperación jurídica internacional y lo ha desarrollado con mucha precisión. Efectivamente, hemos de reconocer que existe un diseño muy positivo de los propósitos que alberga como titular de la Secretaría de Estado en la gestión de la misma, como elemento muy importante de su responsabilidad. Me ha gustado tanto ese desarrollo y esa concreción que le tengo que decir que he quedado muy gratamente impresionado, porque probablemente es un área que en muchas ocasiones se examina con rapidez y sin profundizar mucho en ella, y usted lo ha hecho, conocedora, como es, de las carencias y necesidades que de años para acá se han ido poniendo de relieve en ese área tan importante, que lo va a seguir siendo en un mundo cada vez más comunicado en los próximos años.
No le puedo decir lo mismo de lo que sería el bloque fundamental de las responsabilidades de la Secretaría de Estado de Justicia. Cualquier ciudadano que estuviera sentado en esta Comisión y escuchase cómo iba usted desgranando una serie de conceptos (viajes combinados, multipropiedad, precursores, ley del fondo) diría: muy bien, pero ¿eso va a arreglar mi problema? Los ciudadanos están pendientes de sus problemas, de la respuesta que le piden a la justicia estatal. Yo entiendo que son proyectos técnicos que mejoran nuestro ordenamiento jurídico, que lo modernizan y lo ponen al día, tienen que tener un antecedente necesario, que es un aparato judicial, una estructura de organización de la justicia del Estado y un ordenamiento jurídico básico que esté en condiciones de dar respuesta a las necesidades de una sociedad del siglo XX, de una sociedad en la que cada vez es mayor el tráfico jurídico, y donde, por lo tanto, cada vez es mayor el litigio y es más numeroso.
Cuando se producen estas comparecencias y a medida que uno va ganando experiencia con ellas, hago unos repasos muy por encima, porque si no el detalle concreto le quita a uno la perspectiva de lo que ha ido pasando desde el comienzo de esta legislatura, porque yo pienso que hay que poner siempre un pórtico a cualquier examen de una circunstancia temporal, y en este momento creo que lo que debemos ver es esta legislatura, pero con una proyección anterior, y es que es el mismo Gobierno el que desde 1982 está diseñando y desarrollando su modelo de justicia.


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El otro día le decía al Ministro de Justicia e Interior en el debate de los presupuestos que llevan ustedes una cadena de suspensos desde 1982, porque no han superado el examen. Han consumido ustedes convocatorias de septiembre, le decía al Ministro, extraordinarias de febrero, una más extraordinaria y creo que están consumiendo la última convocatoria extraordinaria que la sociedad española les ha dado para que se examinen, y van camino de suspender. Y le voy a decir por qué con toda cordialidad.
Decían los medios de comunicación cuando en julio de 1993 se produce la constitución del nuevo Gobierno, al que usted se incorpora después (estoy seguro que asume solidariamente todo lo que ha hecho ese Gobierno antes de que usted se incorporara, porque, si no, no estaría en el concepto de gobierno, me refiero naturalmente en el sentido amplio), que el señor De la Quadra Salcedo traspasaba al señor Belloch las reformas para transformar la justicia y para cambiar, puesto que la pretensión de éste de cambiar la imagen de los tribunales se había quedado en medidas simbólicas y que además había fracasado.
Yo no soy muy partidario de utilizar los medios como referencia, a pesar de la enorme consideración que les tengo, pero hay un aumento determinado en el que me gusta hacerlo, sobre todo cuando hay una manifestación expresa del Gobierno, para atenerme a ella. El propio señor Ministro de Justicia e Interior en su comparecencia en otoño de 1993 nos habló de la ejecución de gran parte de lo que nos dice que se va a ejecutar, pero estábamos hablando entonces en otoño de 1993, y ahora estamos a finales de 1994, prácticamente en 1995. Y si de algo se presumía en relación con el equipo del Ministerio al que usted se ha incorporado, es de que era un equipo que tenía ya unas ideas relativamente claras sobre las prioridades de la justicia española, sobre cuáles debían ser las medidas de choque que precisaban nuestra justicia y nuestro ordenamiento jurídico. A fuer de ser pesado, le he de decir que, naturalmente, aquellos trabajos que bajo la dirección de otros ministros de Justicia del Partido Socialista se habían desarrollado en el ámbito del Ministerio de Justicia, incluso con aquella Dirección General que dirigía el profesor Almagro Nosete, que estuvo funcionando durante año y medio, casi dos años, con un importante gasto público dedicado a esa tarea, y que culminó con la publicación de unos trabajos, de unos materiales para la reforma procesal, habían sido abandonados. Cuando se abandonan unos trabajos se supone que el que se incorpora a la nueva responsabilidad tiene recetas mejores. Le he de decir que las recetas no las hemos visto y que, desde luego, la mejora no se ha producido. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.) En respuesta a una pregunta que hacía en el Senado nuestra portavoz parlamentaria del Grupo Popular, doña Rosa Vindel, a finales de diciembre de 1993 --y he cogido esta pregunta, pero hay muchísimas, porque hemos hecho reiteradas preguntas en distintos aspectos, pero me ha parecido que por la materia a que se refería y porque es una contestación por escrito, resultaba bastante más elocuente--, sobre a qué reformas de leyes vigentes se había referido la Subsecretaría del Ministerio en su comparecencia en el Senado, le contestaba textualmente por escrito el Ministerio: En el ámbito civil, se indicaba la conveniencia de abordar definitivamente la reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Civil apuntándose el principio de 1994. Estamos a finales de 1994, va a empezar 1995 y yo creo que esto no necesita muchas más lecturas, porque si ya esas ideas estaban claras en 1993, si ya se consideraba que el momento oportuno para poder presentar ese proyecto hubiera sido a principios de 1994, estoy en condiciones de decirle, sin faltar a la objetividad, que han perdido ustedes un año al menos en esta iniciativa que en principio a ustedes les corresponde.
También le quiero decir, como le dije al Ministro, que comoquiera que ustedes no atienden esa iniciativa, nosotros actuaremos con los medios de la oposición, que evidentemente son muchos menores porque, como usted sabe, no disponemos de todos esos gabinetes de estudios que uno y otro año nos traen ustedes en los presupuestos. Por cierto, le decía al Ministro en el debate presupuestario que estoy seguro de que en el siglo XIX los grandes codificadores necesitaron menos tiempo, menos gabinetes y tuvieron una producción legislativa para aquel momento de mejor respuesta a la sociedad española en la construcción de un sistema jurídico.
En diciembre de 1993, en otra respuesta, el Gobierno decía que en su gama de actuaciones se había fijado como uno de sus objetivos la creación de servicios de atención a las víctimas de los delitos, y que inicialmente pretendía que estos servicios se pusieran en marcha en Madrid, Barcelona, Zaragoza, en las grandes ciudades, y establecía también una prioridad casi inmediata. De ese aspecto concreto yo no he tenido noticia. Supongo que habrá quedado en algún cajón del Departamento, pendiente de que lleguen mejores momentos para resolverlo.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Padilla, vaya usted concluyendo, por favor.


El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.
Yo le voy a decir que he notado en falta algo fundamental, porque es un mandato legal; que nos dijera usted qué ideas tiene en relación con la Ley de Planta y Demarcación Judicial que, como usted sabe, el mandato implícito en la misma establecía una revisión cuyo plazo ha llegado y no conocemos exactamente cuáles son sus criterios.
Quisiéramos saber también, si es posible, qué visión política tiene en este momento la Secretaría de Estado de Justicia en relación con eventuales transferencias de medios personales de funcionarios a las comunidades autónomas. La posición de nuestro Grupo --para que quede clara-- dentro del conjunto de la Constitución y del bloque de la constitucionalidad está muy clara, porque el artículo 122 de la Constitución remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, no solamente la regulación del estatuto de los jueces y magistrados de carrera, sino también del personal al servicio de la Administración de Justicia. Y le hago notar, señora Secretaria de Estado, que ese requisito de ley orgánica no lo contiene la Constitución para ningún cuerpo de

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funcionarios del Estado. De manera que al hablar del Poder Judicial, no solamente se refiere el legislador constituyente a la carrera judicial propiamente dicha, sino también a esos cuerpos. Además, contemplando incluso los estatutos de autonomía y la regulación contenida en el Título VIII de la Constitución, entendemos que debe merecer una especial reflexión; reflexión que le agradeceríamos que, si usted está en condiciones, nos la hiciera ahora.
Nos ha hablado usted de un proyecto de ley de asistencia letrada y de turno de oficio. La Cámara, con una proposición no de ley acordada por todos los grupos y en la que todos intervinimos, le había dado al Gobierno un plazo que ha concluido ya prácticamente, señora Secretaria de Estado, porque estamos ya a finales de diciembre y ese proyecto no ha llegado aquí.
En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa, si efectivamente llega, yo le agradecería que nos dijera cómo van a completar las previsiones, que ya no son de regulación procesal ni tan siquiera de planta, de los que en algún momento ustedes desarrollarán, de los juzgados de lo contencioso-administrativo, y qué previsiones tienen --porque creo que ya tendrían que tener ustedes las ideas claras en eso-- para la cobertura, para la provisión de la titularidad de esos juzgados de lo contecioso-administrativo, que son una necesidad insoslayable.
Como normalmente hay una tendencia a emplear terminologías tranquilizadoras de la sociedad, usted nos ha hablado hoy con mucha sensatez de los juzgados de paz de las grandes ciudades. Supongo que usted se refiere a eso que hemos escuchado de los jueces de barrio. Pero eso me convence de la suposición que yo tenía de que esos jueces de paz iban a ser jueces legos. Yo quiero saber si esos jueces de barrio que hemos oído se refieren a jueces legos que, en el ámbito de la justicia de paz, van a resolver --lo he leído el otro día, no sé qué verdad podía esconder esa noticia-- los pequeños litigios contenciosos-administrativos. Yo quisiera que la señora Secretaria de Estado nos hiciera alguna precisión.
Sólo quiero decirle dos cosas más para terminar.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Termine, señor Padilla, por favor.


El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.
En la reestructuración de su Secretaría de Estado le pido una aclaración, que es saber por qué la Dirección General de Asuntos Religiosos, que después se llamó de Asuntos Religiosos y Objeciones de Conciencia, luego la denominaron ustedes Gabinete, porque presupuestariamente no tenía ninguna consecuencia y no sé qué alcance pueda tener.
Finalmente, en cuanto a la oficina judicial, en las mociones que presentó un grupo al Pleno del Congreso la semana pasada había una apelación al Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que ustedes, después de la última reforma de la Ley Orgánica, han puesto todavía más dificultad en la nueva regulación de la estructura de trabajo judicial y, naturalmente, se van convidando nuevas personas e instituciones a la dirección compleja de esa oficina. Por tanto, le rogaría que nos dijera quién va a participar de verdad y cómo en el diseño de una estructura de trabajo nueva de la justicia, y si tiene ya alguna idea clara al respecto.
Le agradezco mucho a la señora Secretaria de Estado su intervención, y le agradeceré mucho más sus respuestas.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene el uso de la palabra la señora Alemany, del Grupo Parlamentario Catalán.


La señora ALEMANY I ROCA: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado, aunque sea por cortesía parlamentaria, porque aunque no hemos solicitado su presencia, nos ha mostrado las líneas generales de su responsabilidad al frente de esta Secretaría de Estado y sus prioridades, del mismo modo que hace unas semanas también el señor Ministro nos hizo una amplia exposición. De todo lo que usted ha expuesto, a mí me gustaría resaltar unos puntos para ver si de alguna manera me puede dar una información más precisa.
En primer lugar, la ley del jurado, que esta Cámara va a debatir en Comisión, habiéndolo hecho ya en Ponencia. Nos gustaría saber cómo van a materializar toda esa infraestructura necesaria para llevarla a cabo.
En cuanto a la objeción de conciencia, sabemos de los múltiples problemas que están surgiendo y de la reorganización que precisamos de cara al futuro. Cómo y de qué manera el Ministerio piensa resolver esta cuestión.
Un tercer punto es el relativo a la propuesta de la oficina judicial, sobre la que el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha expuesto también su preocupación.
En las mociones que se presentaron al informe del Consejo General del Poder Judicial, en la sesión pasada, en mi intervención pregunté qué iniciativa iba a tener el Ministerio, lógicamente teniendo en cuenta la propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre esta oficina, para poder desarrollar una oficina judicial de acuerdo con esta nueva reestructuración que se está haciendo de la justicia para toda España.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene el uso de la palabra don Diego López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Quiero dar gracias a la señora Secretaria de Estado por su amabilidad al comparecer en esta Comisión y estar a disposición de la misma para la celebración de esta comparecencia y las preguntas subsiguientes.
Los anteriores intervinientes de otros grupos parlamentarios le han planteado ya algunas cuestiones. Yo voy a ser muy breve y a solicitarle simplemente alguna información complementaria al respecto de las que ha señalado.
No cabe duda de que la Secretaría de Estado está desplegando una gran actividad en cuanto a la preparación de proyectos de ley y que prácticamente en todos los ámbitos hay la sensación, que los nuevos responsables de la Secretaría de Estado seguro que han percibido, de que había muchas

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cosas por hacer en el ámbito de la Justicia. Ha habido toda una serie de años en los que no ha habido un auténtico gobierno de la Justicia en este aspecto cuando le hubiera correspondido al Ministerio de Justicia tener esa iniciativa. En estos momentos esa iniciativa ha pasado, en gran medida, al Consejo General del Poder Judicial, a pesar de lo cual sigue siendo necesario tomar muchas decisiones e iniciativas porque en el campo de la Justicia --y esto tendrá que ser compartido por el Consejo y por el Ministerio de Justicia e Interior-- está casi todo por hacer y la Justicia es, sin duda, la columna vertebral de un Estado democrático.
En toda esta actividad muy significativa quizá sea éste un momento de prioridades, lo que políticamente puede ser lo más importante, porque podemos hacer que los árboles no nos dejen ver el bosque y que haya una enorme cantidad de iniciativas o de proyectos que, sin embargo, no se sitúen en el orden de prioridades adecuado, que es lo que importa, ya que no tenemos todo el tiempo del mundo. Aparte de que esta legislatura constantemente está en precario en cuanto a su terminación y las noticias de ayer mismo y de hoy vuelven a ponerlo de manifiesto.
Para empezar, quiero señalar algunos aspectos que no ha mencionado. Yo he echado de menos una mención un poco más precisa sobre el gran desconocido de la Justicia española, que el el Ministerio Fiscal. Se ha hablado de la Fiscalía anticorrupción, que va a ser uno de los proyectos que hoy dictame esta Comisión y, sin embargo, no sabemos exactamente cuál es el diseño que el Gobierno piensa para el Ministerio Fiscal en el futuro.
También he echado de menos el asunto de la policía judicial. La semana anterior, el jueves, el Pleno del Congreso de los Diputados examinó una serie de propuestas de resolución presentadas por el Grupo Vasco y por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, entre las cuales una proponía el envío por el Gobierno de un proyecto de ley sobre Policía Judicial en un plazo determinado. El interviniente en representación del Grupo Socialista señaló que este proyecto está en estudio por parte del Gobierno y que, por tanto, no era necesario aprobar esa resolución, puesto que era algo que está en la agenda del Ministerio de Justicia e Interior.
No se ha referido usted a ello y nos gustaría saber cuáles son los propósitos respecto de esta vieja reivindicación de la Policía Judicial, a partir de la cual muchísimas otras cuestiones, relativas al procedimiento penal fundamentalmente, podrían solucionarse. Esta misma tarde, en el Pleno, va a someterse a la toma en consideración una proposición de ley sobre la asistencia del secretario a los registros.
Seguramente ese planteamiento podría tener una resolución si existiese una Policía Judicial dependiente directamente de jueces y magistrados.
Este es uno de los medios fundamentales de los que se precisan por parte de jueces y magistrados y quizá también en el futuro --depende del diseño del Ministerio Fiscal, pero ya se apunta algo en el proyecto de ley del jurado-- del Ministerio Fiscal.
En los aspectos de gestión, se ha referido al desarrollo de la informática judicial. Este es un asunto de extremada importancia ya que, aunque en el ámbito de la Justicia nos gusta hablar en el Parlamento más de las grandes leyes que se consideran cuestiones de Estado, no nos parece tan atractivo referirnos a asuntos de gestión diaria, que son los que afectan verdaderamente al ciudadano normal y corriente, donde este tema de la informática --digo-- nos parece crucial y, sin embargo, no ha sido bien llevado hasta este momento. No ha sido bien llevado porque conocemos de la existencia de ordenadores que proliferan en los juzgados españoles, pero que en la práctica están infrautilizados y no hay un diseño adecuado y global de los programas informáticos para que esto tenga una eficacia y una rentabilidad expansiva en todo el ámbito de los juzgados y tribunales.
Se ha referido usted a ello. A mí me gustaría una mayor precisión, puesto que en el tema de la informática ha habido iniciativas --cada año una diferente-- y lo que ha habido es una proliferación de ordenadores y programas distintos que no se entienden entre sí y que hacen inútil ese gasto. En la era tecnológica en la que estamos no tiene sentido que no sea utilizado hasta sus últimas consecuencias y no se saque el máximo rendimiento por parte de la Justicia.
En cuanto a abogados y procuradores, ha hablado de un real decreto que está próximo a aprobarse sobre el turno de oficio. Sabe usted que éste es un tema que nos preocupa extraordinariamente. También se ha referido a la pronta llegada a esta Cámara del proyecto de ley de justicia gratuita, consecuencia de la moción aprobada por unanimidad en esta Cámara, moción en la que, como sabe también, el compromiso que se le exigía al Gobierno era el de enviar el proyecto de ley a la Cámara antes de la terminación de este período de sesiones, pero no va a poder ser así. La verdad es que a mí no me preocupa excesivamente que en vez de llegar el 30 de diciembre llegue el 15 o el 20 de enero, pero sí me preocuparía que se fuese mucho más allá porque éste es un proyecto de ley de extremada urgencia. Por ello le agradecería que precisase algo más cuál es exactamente el calendario previsto para este importantísimo proyecto de ley, que es consecuencia de una iniciativa parlamentaria y que, por tanto, le interesa mucho conocer a esta Cámara.
Se ha referido asimismo a la previsible modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, citando dos aspectos: justicia de paz en grandes ciudades y oficina judicial. En cuanto a la justicia de paz en grandes ciudades, precisamente hace unos días fue rechazada la propuesta de resolución de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la creación de juzgados de barrio sobre la base de que se iba a desarrollar por parte del Gobierno; sin embargo, hay una cierta imprecisión, o al menos no sabemos bien a qué se refiere cuando habla de justicia de paz en grandes ciudades, ya que la justicia de paz que en estos momentos está funcionando, no en grandes ciudades precisamente, se hace sobre la base de jueces legos, con unas enormes dificultades de funcionamiento. Desde nuestro punto de vista, los jueces de barrio, o como se les quiera llamar, no deben nacer capitidisminuidos, sino con una importante competencia que realmente aporte a la Administración de Justicia una descarga de su trabajo y que constituya el primer escalón

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de la carrera judicial, al estilo de lo que sucede en todos los países de nuestro entorno puesto que no tenemos que inventar nada a este respecto.
Sin embargo, tengo la sensación de que no se le quiere dar esa amplitud por parte del Gobierno.
Con respecto al asunto de la oficina judicial, me alegro también de que sea ése uno de los objetivos. Como usted sabrá, la semana pasada se aprobó unánimemente en la Cámara instar al Consejo General del Poder Judicial para que haga un diseño de la oficina judicial, e incluso inicie una experiencia piloto, y nos gustaría saber cuál es el grado de engranaje que en estos momentos existe entre el Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial para impulsar decididamente esta cuestión de la oficina judicial, en donde, seguramente, está una de las claves de la reforma profunda que exige el servicio público de la justicia y en donde aparecen involucrados aspectos tan importantes como el estatuto de los funcionarios de la Administración de Justicia o el papel que puede representar el secretario judicial, etcétera. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Quería aludir también al desafío del año próximo como consecuencia de la Presidencia española de la Unión Europea y lo que esto tiene que ver con los temas de justicia. Se ha referido usted a ello. Sin embargo, el texto a aplicar de forma más inmediata y que, desde nuestro punto de vista, en muchos aspectos afecta negativamente a la justicia y a los derechos fundamentales en Europa es la aplicación del Tratado de Schengen, que ha sufrido muchas dificultades para su puesta en práctica. Me gustaría saber cuál es la situación, en estos momentos, de la aplicación y desarrollo del Tratado de Schengen, cuál es la posición española a ese respecto, qué se está haciendo, así como también nos gustaría que nos avanzase algunas ideas, si es que existen todavía, y cuáles son los planes del Ministerio en cuanto a esa idea tan atractiva que ha mencionado del estatuto de la ciudadanía europea, que creemos que debería ser objeto de debate en esta Cámara y de lo que tendría que ocuparse esta Comisión en un futuro, ya que nos parece un tema de extremada importancia que tiene mucho que ver con la justicia entendida en términos muy amplios.
Por último, quería recordar algo que creo que usted ha mencionado de pasada y es que el año 1995 es el año europeo contra el racismo. Teniendo en cuenta que en Europa existe una gran problemática a este respecto, que se suele vincular al fenómeno de la inmigración, nos gustaría saber cómo se enfoca ese año europeo contra el racismo desde el Ministerio de Justicia y qué iniciativas se van a tomar, puesto que creemos que es el momento de tomar importantes iniciativas a ese respecto, sobre todo teniendo en cuenta que España va a presidir la Unión Europea en el segundo semestre de 1995.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Mariño.


El señor PEREZ MARIÑO: Escuchando la intervención del representante del Partido Popular, que solicitó en su momento esta comparecencia, no entendí muy bien cuál era la razón de la misma puesto que en los últimos tiempos, inmediatos además, se han producido dos comparecencias sobre este mismo tema: la relativa a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al Ministerio de Justicia, en la que este último puso de manifiesto dónde iba a invertir sus bienes, las infraestructuras, etcétera, y, por otra parte, la que realizó el Ministro de Justicia hace muy escasas fechas que, como no podía ser menos, ha ratificado, no en sus detalles pero sí en su contenido, la señora Secretaria de Estado. En definitiva, tendríamos que dar por reproducidos los mismos argumentos, como, de hecho, aunque quizá con otras palabras, han manifestado el resto de los grupos que han intervenido. De todas formas, al hilo de las intervenciones, me voy a permitir hacer alguna pequeñísima observación.
Ciertamente, en el parlamentarismo mundial suelen establecerse unos períodos de vacación amplios, a veces no bien entendidos, con una finalidad fundamental, que es permitir que el Gobierno gobierne, que escape durante un tiempo al control de los grupos parlamentarios y que pueda llevar a cabo lo que son sus políticas, lo que son sus objetivos legislativos y de toda índole. Yo me imagino que en estos momentos es difícil, desde un Ministerio, poder llevar a cabo casi ninguna iniciativa, porque los grupos parlamentarios que aquí intervienen dicen: A propósito, señora Secretaria de Estado, ¿no piensa usted que valdría la pena hacer una ley...? Y cada uno se saca su ley. Yo esta mañana he oído que le decían: No ha dicho usted nada de la política judicial, ni de la justicia gratuita, ni de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de los jueces de barrio... Yo ya no sé si somos conscientes de lo que ha mandado este Ministerio a la Cámara y lo que ha anunciado que va a enviar. Si se hace un nuevo Código Penal, la ley del jurado, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (que han anunciado que va a llegar de forma inminente) y la ley de enjuiciamiento civil, ¿no debíamos de pararnos ya en este momento y decir que el Ministerio no mande ninguna cosa más? Porque si realmente a todos nos preocupan, como así es, los problemas de la justicia, con que se aprobase en una legislatura, ya no digo las cinco leyes que he enumerado, sino una sola de esas grandes leyes por legislatura, de aquí a 20 años habíamos arreglado prácticamente la justicia española. Indudablemente, todo lo que se nos vaya ocurriendo se puede hacer, pero podríamos llegar al infinito.
Yo confío en que el Ministerio de Justicia no quiera mandarnos tantos proyectos, porque, si no los manda, no podremos resolverlos, como saben muy bien los dignos representantes de los otros grupos parlamentarios, puesto que no tenemos ni capacidad ni tiempo para poder entrar en la discusión de esos proyectos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar la discusión del Código Penal? Hemos pedido retrasos de plazo, los ha pedido el representante del Partido Popular hace menos de una semana porque no le da tiempo a preparar las nobles enmiendas que pueda presentar a ese proyecto; no le da tiempo ni a prepararlas. Por si acaso, que el Ministerio nos mande de todo un poco más, sin saber efectivamente ni qué es el todo, ni el poco más. Pues

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yo, señora Secretaria de Estado, le voy a pedir que no nos mande más proyectos; mándenos el proyecto de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa lo antes posible, como decíamos al Ministro el día pasado, y gobiernen ustedes lo que crean conveniente, que para eso tienen ustedes la responsabilidad.
El señor Padilla dice que han suspendido siempre, desde el año 1982, y que ahora va a ser el suspenso final porque es el de las urnas. Pues hasta ahora, en las urnas, ese tribunal al que usted se refiere, ha aprobado con unas importantes notas, como usted sabe. A lo mejor mañana es otra cosa. Es posible, porque eso es lo que tienen de bueno los sistemas electorales y la democracia: que todo puede cambiar en cualquier momento, las expectativas y las realidades, todo se puede cambiar. De momento, como el que tiene que gobernar es este Gobierno, que no nos manden muchas más normas, y que las que nos manden seamos capaces de llevarlas a cabo.
Repitiendo lo que dije el día de la comparecencia del señor Ministro, nosotros creemos que ningún Gobierno, ningún Ministerio, hace las cosas perfectas, pero, en concreto, este Ministerio de Justicia e Interior, pero sobre todo de Justicia, que es al que pertenece la señora Secretaria de Estado, nosotros creemos que tiene un más que aceptable desarrollo en el año y medio que lleva. Porque en el año y medio que hace que existe, además de lo que ha hecho, ha planteado lo que nosotros creemos que son los verdaderos problemas de la justicia: Código Penal, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley de Enjuiciamiento Civil.
Todos los señores Diputados son perfectamente conscientes de lo que significa que, por primera vez, se plantee la reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y lo dificultoso que es llevar a cabo la redacción de un proyecto de estas características. Porque hay muy pocas personas capacitadas, es muy fácil reformar un artículo de una ley, de un código, pero es muy complejo hacer un diseño global de lo que es toda la jurisdicción civil. Podemos instar, y el otro día el representante de Izquierda Unida, a raíz de las resoluciones sobre la comparecencia relativa a la Memoria del año judicial que había hecho el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, presentaba una serie de propuestas.
Nosotros decíamos en este punto la semana pasada en el Pleno que no es que estuviéramos en desacuerdo con muchas de ellas, sino al contrario, estábamos más que de acuerdo, pero lo estábamos porque el Ministerio ya las había anunciado. En ese sentido, nos parecía que no se nos podía instar, ni pedir, ni exigir, porque incluso había unos calendarios hechos por el señor Ministro de Justicia e Interior sobre cuándo debían de llegar a la Cámara.
En definitiva, nosotros creemos que lo hecho no es un mal resultado, que es más sobresaliente lo que queda por hacer anunciado y previsto y que, como terminaba en la intervención con el señor Ministro, la pelota está de nuestro lado y la responsabilidad está en el lado del Parlamento. Si somos capaces de dar unas respuestas rápidas a los proyectos enviados lograremos que el Ministerio haya hecho una excelente labor, y si en el Parlamento no somos capaces de sacar adelante todos estos proyectos, probablemente arrastraremos con nuestra ineficacia la labor del Ministerio.


El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Justicia tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Voy a tratar de dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que han tenido a bien formularme sus señorías. Si hay alguna que se me queda en el tintero, agradeceré que me lo digan, aunque he procurado tomar nota de cuantos temas me han planteado.
Inicialmente y en respuesta a los planteamientos realizados por el Diputado del Grupo Popular, señor Padilla, he de manifestarle que usted dice que ha notado en mi intervención determinadas diferencias en cuanto a la exposición de las prioridades del Ministerio de Justicia e Interior, la Secretaría de Estado de Justicia, en relación con las que formuló días atrás el Ministro. Es posible que uno u otro hayamos insistido en alguno de los temas. Yo traté de leerme la comparecencia del Ministro y he procurado subrayar algunos de los aspectos que precisamente el Ministro no puso de manifiesto para completar la información. Puede usted suponer que las prioridades que ha establecido el Ministro son las mismas prioridades que tiene la Secretaría de Estado de Justicia.
Es evidente que el Gobierno, el Ministerio de Justicia e Interior y la Secretaría de Estado de Justicia no estamos satisfechos, ni podemos hacer una declaración de autocomplacencia en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Eso es cierto. Yo creo que ésa es la primera afirmación. Si fuese de otra manera también lo diría, lo que no significa que en estos años de atrás no se hayan hecho muchas cosas. Quien conozca la Administración de Justicia de este país podrá concluir que la Administración de Justicia de hoy no es la misma que la que había en 1981, en 1980, en 1979, o en 1975; no lo es. La Administración de Justicia ha crecido mucho, la Administración de Justicia se ha adaptado a la Constitución, en la Administración de Justicia se han desarrollado un montón de leyes de garantías y protección de derechos fundamentales en todo este período, se han hecho muchas cosas. ¿Suficiente? No, no es suficiente. Es insuficiente y todavía hay que seguir haciendo cosas porque nuestro objetivo, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es diseñar una Administración de Justicia que sea capaz de dar una respuesta al ciudadano, esa respuesta que el ciudadano tiene legítimo derecho a exigirnos puesto que, como ustedes decían, es evidente que el funcionamiento de la justicia es el pilar esencial del Estado social y democrático de Derecho.
Hay muchas cosas que hacer y yo creo que las estamos haciendo. Es evidente que algunas de las cosas que hay que hacer son reformas estructurales y que, por consiguiente, el rendimiento o el beneficio de esas reformas estructurales no las va a percibir el ciudadano únicamente a medio plazo. Hay un diagnóstico común, señoría, y creo que todos ustedes están de acuerdo. El Grupo Parlamentario ha planteado, no ahora sino en muchísimas otras ocasiones,

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la necesidad de esas reformas estructurales que son las que afectan a las leyes procesales. Junto con esas reformas procesales, la orgánica, porque no se pueden concebir de forma independiente. Las reformas procesales, en la medida en que instauran un determinado modelo, llevan consigo reformas orgánicas. Pues bien, es cierto que esas reformas se están haciendo y se van a hacer. Es posible que hace un año, en la primera comparecencia del Ministro de Justicia e Interior, pusiera de manifiesto, en octubre de 1993, que en enero de 1994 estarían elaboradas las leyes procesales. Es posible que fuera un cálculo no excesivamente preciso. Desde el primer momento se ha estado trabajando intensamente en ello. Lo que sí le puedo decir, señoría, como le he indicado inicialmente, es que esas leyes procesales se van a presentar ante esta Cámara. Ese es uno de los temas prioritarios de la Secretaría de Estado de Justicia, porque considero que es fundamental para que la justicia funcione mejor en nuestro país.
Es evidente que tampoco es suficiente con eso, y que junto a la mejora de las estructuras desde el punto de vista legislativo es necesario mejorar la gestión, es necesario dotar de más medios a la justicia. Es cierto que en los últimos años se ha dotado de muchos medios a la justicia, que en los dos últimos años han quedado congelados por la crisis económica y por la restricción de los Presupuestos Generales del Estado, y esperamos que en los próximos años esos presupuestos se amplíen para recuperar el ritmo que se llevaba en los años anteriores porque es importante.
También es cierto que todos los problemas de la justicia ni se solucionan con las leyes, ni se solucionan con los medios, sino que se solucionan con un conjunto de medidas de todo tipo y con una acción coordinada de todas las instituciones, jueces, magistrados, fiscales, instituciones responsables del gobierno del Poder Judicial y, desde luego, Gobierno.
Con esto no quiero decir que el Gobierno vaya a eludir sus iniciativas.
Como decía el Diputado señor Mariño, si somos capaces, y lo vamos a intentar, de remitir a esta Cámara todo el programa legislativo que hemos anunciado, ni Alonso Martínez. Si mandamos Código Penal, que ya está; Ley del Jurado, señoría, que ya está; y algunas leyes que les voy a mencionar ahora que se me han olvidado anteriormente, como la ley penal juvenil, que también va a estar en esta Cámara, más las reformas procesales de lo contencioso-administrativo, de lo civil y parte de lo procesal, más una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya hemos hecho, más aquellas otras que a lo mejor no nos parecen prioritarias pero que es desarrollo legislativo en cumplimiento de directivas que el Gobierno tiene obligación porque, además, tiene la amenaza lógica de la Comisión de las Comunidades Europeas de establecer un procedimiento sancionador (viajes combinados, multipropiedad, etcétera) que tenemos obligación de desarrollar, todo ello es un esfuerzo de iniciativas legislativas que se va a tener que compensar con el esfuerzo que también están haciendo SS.
SS. en esta Cámara.
Vamos a intentar no remitir más leyes de las que hemos dicho, y enviaremos éstas que hemos creído que son prioritarias y aquellas otras a las que estamos obligados por compromisos internacionales, es decir, por la fecha de transposición de determinadas directivas comunitarias.
Otro de los temas al que ha aludido el señor Padilla es el servicio de atención a las víctimas, era una de las cuestiones anunciadas en esta Cámara como prioritaria. Es verdad que no lo he mencionado en mi intervención inicial. Tengo que decirle que algunos de los servicios de asistencia a las víctimas ya se están instalando en determinadas provincias o decanatos al servicio de la Administración de Justicia. El Gobierno va a aprobar y a remitir a esta Cámara, como ya ha anunciado en algunas ocasiones, una ley de protección a las víctimas por delitos violentos, que va a contemplar no sólo aquellos aspectos de solidaridad para cubrir las situaciones económicas en las que puedan quedar determinadas víctimas que hayan sufrido cierto tipo de delitos internacionales o dolosos, sino también el establecimiento, con carácter general, de una infraestructura a nivel estatal de apoyo y asistencia a las víctimas, porque creemos que ese apoyo y asistencia a las víctimas no se debe limitar única y exclusivamente al campo económico. En muchas ocasiones, las víctimas necesitan de un apoyo, de una tutela, de una asistencia, que no es exclusivamente económica. Ese es un anteproyecto de ley que, en cumplimiento del compromiso que adquirimos en su día, será remitido a esta Cámara.
No he hablado --también es cierto-- de la ley de planta y demarcación. Ya estamos trabajando, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, desde hace más de un mes, para fijar cuáles son los criterios y los objetivos prioritarios de esta revisión. El proyecto va a ser remitido, evidentemente, a esta Cámara. Yo espero enviar el proyecto de ley al Consejo a finales de año y que a principios del próximo pueda ser remitido a esta Cámara, si bien está pendiente de adoptar una decisión, en colaboración con el Consejo, sobre si en ese proyecto de ley se va a proceder a una revisión completa, tal y como establecía la propia Ley, de toda la planta y demarcación o si, en el momento actual, se va a proceder exclusivamente --ése sería, en principio, el criterio del Ministerio de Justicia e Interior-- a una revisión parcial de la planta y demarcación que afecte solamente a aquellos supuestos no controvertidos en estos momentos y que no deben ser afectados por las reformas procesales. No tendría mucho sentido que en estos momentos hiciésemos una revisión completa de la planta y demarcación cuando la misma, en algunos aspectos, pudiera ponerse en cuestión por el diseño definitivo de las reformas procesales. No obstante, nosotros remitiremos a esta Cámara esa revisión y, con independencia de la postura que adopte el Gobierno, que en principio es la de hacer una revisión limitada, SS. SS. decidirán sobre la amplitud de esa revisión.
Me preguntaba también el señor Padilla cuál es el criterio del Ministerio de Justicia e Interior en lo que se refiere a las transferencias de medios personales. El que ha fijado el Tribunal Constitucional. Como usted sabe, el Tribunal Constitucional ya ha opinado sobre las transferencias personales a la Administración de Justicia. Dentro de ese ámbito constitucional y de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia e Interior está

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estudiando la transferencia de gestión --estamos hablando de transferencia de gestión-- de medios personales de la Administración de Justicia a las comunidades autónomas. Yo le he anunciado que a lo largo de 1995, que es el año en que vamos a hacer estos estudios, se dará cumplida cuenta a esta Cámara para que, con detalle --detalle que en estos momentos no le puedo facilitar--, se pueda conocer cuál es el desarrollo de esos criterios de transferencia en materia de medios personales. Pero, repito, que esos criterios son los que están enmarcados en el ámbito del diseño constitucional, de los estatutos de autonomía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Puede estar tranquilo, señor Padilla, que no nos vamos a salir de ese marco, en absoluto. El Ministerio de Justicia e Interior no tiene ningún interés en cambiar ese marco, ni siquiera en cambiar el modelo que está establecido en la Ley Orgánica, que por cierto he de decir que en la última reforma no se ha cambiado en absoluto, pese a que algunos estén muy interesados en decir que lo hemos cambiado.
Respecto a los juzgados de lo contencioso-administrativo, me pregunta usted --me sorprende que me pregunte esto-- cómo vamos a proveer a los titulares. Habrá que preguntarle al Consejo del Poder Judicial cómo se va a proceder a esa provisión. Yo le puedo decir los mecanismos que en estos momentos existen ya en la ley para poder atender a la provisión de los jueces de lo contencioso-administrativo. Como usted sabe, en la última reforma se han introducido mecanismos nuevos que completan los existentes. Se podrán cubrir estas plazas: primero, por especialistas, convocando las plazas correspondientes y aumentando el nivel de convocatoria en esas plazas para cubrir, en su caso, el número global de juzgados de lo contencioso que hay que poner en funcionamiento. En segundo lugar, se establece también la posibilidad de que por el Consejo General del Poder Judicial se establezca ya no un sistema de especialización, sino un sistema de selección con arreglo a unos criterios de formación específica en materia de contencioso-administrativo por el que puedan cubrirse esas plazas.
Finalmente, se establece un tercer sistema y es que, en el supuesto de que las plazas previstas no puedan ser cubiertas por estos dos turnos anteriores que acabo de indicar y opere el turno de antigüedad, el Consejo General del Poder Judicial podrá exigir en la propia convocatoria el establecimiento, con carácter obligatorio, de la realización de unas pruebas de formación para los magistrados que accedan a estos órganos jurisdiccionales. Estos son los sistemas que hoy prevé la ley que, evidentemente, espero que el Consejo General del Poder Judicial desarrolle en los reglamentos que, en virtud de las nuevas atribuciones que le ha otorgado la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene obligación y ya ha anunciado que va a realizar.
Hacía usted alusión a los juzgados de paz de barrio. Es una pregunta que también ha formulado el Diputado Diego López Garrido, por lo que ya contesto simultáneamente a los dos. Es verdad que han aparecido en medios de comunicación muchas manifestaciones, que, desde luego, no ha hecho el Ministerio de Justicia e Interior --por lo menos, yo no controlo haberlas hecho--, sobre cuáles van a ser las competencias de esos juzgados. Se están estudiando y, por tanto, me parecería un ejercicio de cierta imprudencia el poner de manifiesto en estos momentos cosas que todavía están en trámite de estudio. La finalidad de estos juzgados es precisamente contribuir a la inmediación y a la solución a los ciudadanos de las grandes ciudades de los problemas que tienen planteados. Partimos de la concepción de jueces de paz, en principio --digo en principio porque estamos todavía en la fase de estudio--, de jueces no profesionales que aborden lo más posible, en el marco constitucional y en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para solucionar los problemas de los ciudadanos en estos temas. Repito que todavía no estamos en condiciones de poder hacer aquí un catálogo de cuáles van a ser las competencias de estos jueces, pero tengan SS. SS. la absoluta seguridad de que en el momento en que lo tengamos, con mucho gusto, yo estaré dispuesta a venir a esta Cámara a explicar con mayor detalle cuáles van a ser las competencias de estos juzgados de barrio en las grandes ciudades, que en principio se enmarcan dentro del funcionamiento de la justicia de paz, que es uno de los temas pendientes porque no ha funcionado satisfactoriamente, ni siquiera en las zonas rurales en muchas ocasiones, y ha habido quejas, yo creo que a veces justificadas, de que los juzgados de paz han sido los grandes olvidados de la Administración de Justicia.
Este es un tema que hay que retomar y tenemos que establecer mecanismos para que los ciudadanos tengan la resolución de los conflictos que les afectan a su vida cotidiana de una manera más próxima, más eficaz y con mayores garantías de esa tutela judicial efectiva.
El señor Padilla me decía que no había entendido muy bien por qué, en la reestructuración de la Secretaría de Estado, a la antigua Dirección de Asuntos Religiosos ahora se le daba la denominación de Gabinete. Lo que se ha hecho --creo que está establecido en el propio Decreto-- es que esa Dirección General, hoy Gabinete, tenía como objetivo principal el establecimiento de las garantías de un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad religiosa y había una reivindicación, yo creo que histórica, de las distintas confesiones religiosas de elevarla de rango, que fuese la propia Secretaría de Estado la que asumiese más directamente estas funciones, por lo que en la reestructuración se le ha denominado Gabinete de apoyo a la Secretaría de Estado, en la medida en que la Secretaría de Estado asume más directamente las funciones referentes al desarrollo del ejercicio de este derecho constitucional.
Finalmente, el señor Padilla se refería a la oficina judicial, tema al que creo que han aludido todos los grupos. Tengo conocimiento de que esta Cámara ha aprobado una moción para que el Consejo General del Poder Judicial presente, en un plazo determinado, un estudio sobre el funcionamiento de la oficina judicial y que incluso realice una experiencia piloto. Yo estoy muy satisfecha de que esa moción se haya presentado. Como ustedes saben (el señor Padilla lo conoce bien porque cuando estábamos en el Consejo cuando tratamos de la necesidad de llevar a cabo alguna experiencia piloto), aquello no se concretó demasiado bien y creo que es importante que, por parte del Consejo General del Poder Judicial y en virtud de las competencias que le hemos otorgado para el mejor funcionamiento

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de la Administración de Justicia, se lleven a cabo esos estudios. Por supuesto, el Ministerio de Justicia e Interior y la Secretaría de Estado de Justicia van a estar absolutamente a disposición del Consejo para realizar conjuntamente los trabajos que el Consejo quiera dirigir en esta materia.
¿Cómo se va a articular la oficina judicial? En la reforma de la oficina judicial yo creo que hay temas de todos los tipos. Hay algunos que son de reforma de ley orgánica que habrá que llevar a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los que no sean de ley de orgánica, sino de ley ordinaria, de reglamento o de acción de gobierno, habrá que ir adaptándolos conjuntamente. Hemos reclamado la reforma de la oficina judicial y todos estamos de acuerdo en el diagnóstico de que no funciona como debe, por lo tanto, el modelo actual no es satisfactorio.
No podemos hablar de una oficina judicial. Va a haber varios modelos porque no es igual la oficina judicial de los juzgados concentrados en las grandes ciudades que la oficina judicial de órganos que están en las zonas rurales, como tampoco es igual la oficina judicial de un órgano colegiado que la oficina judicial de órganos unipersonales. En el Ministerio de Justicia e Interior estamos trabajando ya en esta variedad de diseños. Hemos tenido reuniones con los representantes de los sindicatos para estudiar las mejoras y la modificación del Estatuto del personal al servicio de la Administración de Justicia que, de alguna manera, va a llevar aparejada la reforma de la oficina judicial. Es un tema prioritario.
Cuando he señalado la necesidad de abordar una reforma global de la Ley Orgánica del Poder Judicial he dicho que ahí priorizábamos algunos temas, en la medida en que es posible que en esta legislatura, y habida cuenta del bloque de iniciativas que el Ministerio de Justicia e Interior ya ha expuesto a esta Cámara, a lo mejor hay que ir a una reforma urgente y parcial en la medida en que todos estamos de acuerdo en que haya temas que estén avanzados, como el de la oficina judicial y sea conveniente adelantar su reforma para que los mecanismos de la oficina judicial empiecen a funcionar con antelación.
Me preguntaba la Diputada, señora Alemany, por el jurado: cómo vamos a materializar la infraestructura para llevar a cabo los juicios por jurado cuando la ley esté aprobada. Como sabe S. S., en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Justicia existen previsiones para llevar a cabo la readaptación de las infraestructuras en todas las audiencias provinciales para que el jurado, inicialmente --son nuestras previsiones--, empiece a funcionar en 1995, en los dos últimos meses.
Dentro de la Dirección General de Infraestructuras de la Justicia hay un equipo de trabajo que ya ha hecho una revisión de todas las modificaciones estructurales que hay que llevar a cabo en los edificios de todas las audiencias. Espero poder dar cuenta a esta Cámara en el primer semestre del año que viene, de que la mayoría de esas readaptaciones se ha realizado. La Secretaría de Estado de Justicia va a poner todo lo que esté en sus manos para que cuando SS. SS. aprueben la ley del jurado, con el plazo de «vacatio legis» que ésta prevé, a final de año puedan celebrarse los juicios por jurados y tengamos la infraestructura preparada. Repito que los estudios de lo que hay que hacer en cada local ya están determinados y que lo que hace falta es que, con arreglo al presupuesto del año 1995, el grupo de arquitectos y aparejadores lleven a cabo esas reformas.
Otro tema que era del interés de S. S. era el de la objeción de conciencia: qué es lo que estamos haciendo para tratar de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de los jóvenes a objetar el servicio militar. Como sabe S.S., se aprobó un plan del Gobierno en el mes de marzo del presente año. Lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Estado de Justicia, en la Dirección General de Objeción de Conciencia, es cumplirlo estrictamente. Dicho plan preveía diversas acciones. Por una parte, había unas acciones de infraestructura porque no existían instrumentos suficientes dentro de la propia Dirección General para poder gestionar el crecimiento que se había producido en la objeción. Le puedo decir que en lo que se refiere a ese aspecto de desarrollo estructural, en gran parte ya está hecho. En cuanto a la instalación de la Dirección General, ya hay previsiones de que se traslade a principios de año a un nuevo edificio que se ha arrendado. Las aplicaciones informáticas las vamos a poner en funcionamiento también a principio del próximo año, y las dotaciones de infraestructura de personal para la gestión de esa prestación están a punto de cubrirse muchas de las plazas previstas, el 80 por ciento. Eso desde un punto de vista de infraestructura o administrativo, que era fundamental para conseguir, a su vez, los objetivos que en estos momentos nos hemos marcado, que son incrementar, hasta el punto de llegar a un tiempo real, el reconocimiento del derecho a la objeción. En ese sentido, la actuación del Consejo está siendo muy satisfactoria y a finales de este año estamos en un tiempo real de reconocimientos. Ahora mismo ya no existe prácticamente atraso en el reconocimiento de la prestación. Ese es un primer objetivo que sí ha avanzado.
Hay un segundo objetivo importante que se refiere a los llamamientos.
Para 1994 se preveían llamamientos de 35.000 objetores que ya están realizados. Además de esos 35.000, vamos reduciendo también la bolsa que teníamos de atraso, combinando unos y otros, para llegar al momento en el que se regularice la situación, aunque todavía falta un poco de tiempo.
Un año para poder evaluar las previsiones del plan del Gobierno era un plazo insuficiente en función, a su vez, de la tendencia exponencial que se viene produciendo en los últimos tiempos en objeción.
El tercer objetivo sería la creación de plazas. En estos momentos hemos hecho un esfuerzo muy grande en aumentar el número de plazas disponibles, aunque todavía no es suficiente. Tenemos 49.000 plazas disponibles y prevemos 50.000 en el plan de objeción. Desde esa perspectiva, se está haciendo un esfuerzo muy grande con el que tratamos de establecer mecanismos, que están funcionando bastante bien, de colaboración y de concienciación de todas las instituciones (comunidades autónomas, ayuntamientos), así como de organizaciones fundamentalmente no gubernamentales. En estos momentos se han suscrito alrededor de 7.000 convenios con entidades. Estas son las actuaciones habidas hasta el momento.


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Lo que sí le puedo decir, señoría, es que éste es un tema prioritario para la Secretaría de Estado de Justicia. No descansaremos los responsables hasta que no podamos afirmar que hemos acortado el tiempo.
Ese es el tema que en estos momentos presenta mayores dificultades entre el llamamiento y la incorporación; dificultades que, como no se le ocultará, derivan del aumento de la objeción producido en los últimos tiempos --es una tendencia que ahora ya está estabilizada, pero que se produjo en los últimos tiempos--, así como de la inexistencia de plazas en su momento. Las plazas son insuficientes todavía y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en la creación de plazas para que esos tiempos se puedan reducir, como es nuestro objetivo.
Paso a contestar las preguntas formuladas por el Diputado, señor López Garrido. Decía S. S. que había notado en mi intervención una carencia de alusión al Ministerio Fiscal. Tiene razón. No sé si lo he dicho de pasada, pero no me he detenido en un tema que es relevante también para la Secretaría de Estado de Justicia. ¿Cuáles son las prioridades referentes a la actuación del Ministerio Fiscal? Hay dos temas, uno al que se refería S. S., que es el modelo de Ministerio Fiscal. Si vamos a seguir avanzando en lo que en un momento se dijo de la conveniencia de incrementar las facultades del Ministerio Fiscal en la investigación o en la instrucción.
Creo que en esta legislatura no va a ser posible ese trabajo. En estos momentos hemos optado por no avanzar más en el modelo. Vamos a ver si las novedades que se han introducido en la ley del jurado funcionan bien. Nos vamos a concentrar fundamentalmente en potenciar lo que hoy existe, que son las facultades que se le han dado al Ministerio Fiscal en materia de menores. Es una reivindicación que han planteado los fiscales de menores: una mayor especialización porque, como sabe S. S., en esta materia ya tiene amplias facultades el Ministerio Fiscal. Y hay que dotar a la fiscalía de los medios necesarios para que pueda cumplir su función con mayor eficacia. Por lo tanto, nuestra política fundamental en el próximo año va a ser la de sacar el mayor rendimiento a los instrumentos legales que hoy tenemos, sin perjuicio de que vayamos estudiando en las futuras reformas el seguir avanzando en el modelo de atribuir al Ministerio Fiscal mayores facultades en la investigación y persecución de los delitos.
Por tanto, los objetivos fundamentales son incremento y racionalización de los medios que tiene hoy la fiscalía, incremento de los medios en materia de lucha contra la delincuencia organizada. Estamos trabajando en unos convenios con el Banco de España, la Agencia Tributaria y el Mercado de Valores, para, sobre todo en la persecución de los delitos de tipo económico, dotar de técnicos específicos a la Fiscalía General del Estado. Vamos a incrementar también la informática, que es un tema fundamental. Aun cuando la mayoría de las fiscalías tienen ya un incremento notable de informatización, nos vamos a concentrar fundamentalmente en la Fiscalía antidroga, para que su sistema central pueda funcionar coordinadamente con todas las fiscalías que están en las provincias, y con especial atención de medios en aquellas en las que se ha puesto de manifiesto, respondiendo a las peticiones del Fiscal General del Estado, que están centradas en Galicia y en Andalucía, precisamente porque son las zonas donde mayor número de delitos en materia de narcotráfico se está produciendo.
Por otro lado, en relación con este tema, hay algo también fundamental, que es el establecimiento y organización de un programa íntegro y completo de formación inicial y continuada para los fiscales, que está ya establecido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el Centro de Estudios Jurídicos para la Administración de Justicia.
Queremos llevar allí todo un programa que ha sido ampliamente reivindicado --yo creo que legítimamente-- por los fiscales, de forma pareja a como se hizo en su momento en el Consejo General del Poder Judicial para los jueces. A mí me parece que éste es un tema de política prioritaria de constitución, desarrollo y puesta en funcionamiento de ese nuevo centro como centro de formación, de investigación y de estudios para la Administración de Justicia. Por tanto, ése va a ser también un tema prioritario.
En cuanto a la policía judicial, es cierto que no lo he mencionado. Tiene usted razón, señoría, en que ése también es un tema importante, que tiene relación con el funcionamiento del Ministerio Fiscal. Creo que el Ministerio en alguna ocasión lo anunció, y si no ha sido recogido con la suficiente claridad lo digo yo ahora en estos momentos, que se están empezando a hacer estudios preliminares para el establecimiento de un nuevo modelo policial, y que dentro de ese nuevo modelo policial se va a abordar la reforma de la policía judicial. Poco más le puedo decir en estos momentos, porque es cierto que es un proyecto embrionario en el que se está empezando a trabajar dentro del contenido, del marco de lo que es el nuevo modelo policial de este país. Yo creo que a lo largo del año que viene sí que estaremos en condiciones de poder adelantarles un poco más las líneas de por dónde va a ir la reforma de la policía judicial.
Por lo que se refiere a la informática judicial, dice S. S. que es insatisfactorio el nivel de informatización de los órganos judiciales.
Usted sabe que había un proyecto inicial, el proyecto Inforius, que se empezó a aplicar en el año 1979-80, y que ha tenido constantes actualizaciones, porque la materia informática se va quedando constantemente obsoleta de forma inmediata, por las innovaciones tecnológicas que suele haber en esta materia así como por la insuficiencia en el desarrollo del «sofware» y de los programas para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Evidentemente, las cosas no han funcionado como debían funcionar, pero quiero también deshacer un equívoco que se pone de manifiesto en muchas ocasiones. Yo me atrevería a afirmar, con carácter general, que no es tanto como se dice. Parece que hay un caos de aparatos informáticos que son todos incompatibles entre sí y no funcionan. Esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que el parque de 1979 se va quedando antiguo y hay que intentar modificarlo por un parque nuevo. Lo que sí es cierto es que ha habido reformas procesales --y va a haber más-- y que el paquete de gestión del «software» hay que ir adaptándolo y modificándolo. Lo que sí es cierto, además, es que en el proceso

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de transferencias lo que no puede ser --ya que ha habido transferencias a las comunidades autónomas-- es que no haya mecanismos de coordinación para que el sistema sea un sistema de informática integral y global, conectado, y que dé una mayor eficacia. Todos esos son temas en los que se está trabajando de manera permanente.
¿En qué es en lo que hemos avanzado? Hemos avanzado en que ya hay una conciencia absoluta, hay una comisión trabajando de comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, magistrados y fiscales, como usuarios de la informática, para la aprobación, actualización y homologación de todos los programas, para que esos programas sean todos iguales. Esa es una de las garantías fundamentales que tenemos que establecer desde la Secretaría de Estado de Justicia y desde el Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte, también se ha mejorado la gestión en lo que se refiere a la adquisición del «hardware». Puesto que ha habido también un descenso vertiginoso en los precios de la adquisición de estos instrumentos tecnológicos, lo que sí podemos decir es que estamos en condiciones, con el presupuesto que hoy tenemos, de abordar, en lo que queda de 1994 --que estamos terminando de informatizar 150 órganos judiciales--, y en el año que viene, el doble de lo que se había previsto este año, es decir, 300 órganos judiciales más. Vamos a seguir informatizando estos órganos con arreglo al nuevo modelo establecido por esa Comisión, y habrá que tener en cuenta que en algunas cosas tampoco se podrá avanzar demasiado, porque en la medida en que nosotros tenemos una informática de gestión, esa informática de gestión a su vez necesariamente requiere ir adaptándose a las nuevas reformas procesales y orgánicas que en estos momentos estamos haciendo. Lo que es importante ahora es haber establecido esos mecanismos y tratar de evitar lo que de alguna manera es cierto que se ha producido: no una gran eficacia en proporción a la inversión que se ha hecho en los últimos años, aunque yo creo que se está mejorando ostensiblemente.
Por lo que se refiere a abogados y procuradores, estamos todos absolutamente sensibilizados de la importancia que tiene el que mejoremos el servicio de asistencia gratuita a los ciudadanos. El Decreto está pendiente--como decía antes-- en el Consejo de Estado. Me da mucho miedo dar fechas. Ustedes tienen derecho a exigirlas, pero yo creo que el proyecto puede estar remitido al Consejo General del Poder Judicial a finales de año --como usted sabe, el Consejo tiene un mes para informar-- y, una vez sea emitido el informe del Consejo General del Poder Judicial e incorporadas las observaciones que en su caso haga el Consejo, será inmediatamente remitido a esta Cámara el proyecto de ley.
Por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya le he contestado, porque son los temas a los que me refería tanto de jueces de paz, como de oficina judicial. Repito que en el tema de la oficina judicial hay asuntos que serán de ley orgánica y hay otros que no. Por tanto, la oficina judicial tiene que contemplar un conjunto de medidas que serán de distinto tipo. En cuanto al engranaje que vamos a tener en esta materia con el Consejo, tenemos un mecanismo permanente y constante de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. La Secretaría General de Justicia tiene constantes reuniones semanales con los vocales del Consejo General del Poder Judicial y con los órganos técnicos del mismo. A raíz de lo que se ha aprobado en esta Cámara recientemente en ese trabajo para la oficina, nosotros vamos a estar a disposición absoluta del Consejo e integrándonos --si el Consejo así lo tiene a bien-- en las comisiones de trabajo que para la regulación de este tema establezca. No obstante, nosotros seguimos trabajando en la materia, y si lo hacemos coordinadamente con el Consejo a través de esos mecanismos que ya tenemos de colaboración, tanto mejor.
Por otro lado, me preguntaba usted por algunos temas importantes de Europa a los que no había hecho alusión en mi intervención, como el relativo a Schengen. Es cierto que es un tema prioritario, pero, como usted sabe, no sólo está en manos del Gobierno español, sino que para su entrada en funcionamiento requiere el acuerdo unánime de determinados países. Se está trabajando en la Comisión que hay al respecto dentro de la Unión Europea. Lo que sí le puedo decir es que desde la perspectiva del Ministerio de Justicia e Interior prácticamente hemos terminado de desarrollar --era el programa fundamental-- las aplicaciones informáticas de los mecanismos registrales informáticos que prevén los propios acuerdos de Schengen. No le puedo decir que vaya a entrar en funcionamiento Schengen en 1995. Para nosotros es un tema prioritario y lo vamos a impulsar dentro de esta Comisión. No ha sido un tema prioritario planteado por Francia, tengo que decirlo. Incluso los mecanismos informáticos de desarrollo y entrada en funcionamiento por parte de Francia y Alemania siguen, de alguna manera, bloqueados y yo creo que los tenemos más avanzados nosotros que otros países. Nosotros vamos a tratar de impulsarlo en el ámbito del K-4, del Comité correspondiente, donde se están celebrando reuniones quincenales sobre la puesta en funcionamiento del tema de Schengen.
En lo que se refiere al desarrollo del estatuto de ciudadanía, lo he señalado porque es un tema prioritario y me parece absolutamente correcto que haya un debate en esta Cámara sobre este tema. Se introdujo en la Unión Europea a instancias del Gobierno español. En lo que se refiere a mejorar el funcionamiento del sistema de garantías de los ciudadanos de la Unión, el Ministerio de Justicia e Interior va a dar prioridad al desarrollo de sistemas electorales y de acceso del ciudadano a la justicia. Es más, podríamos decir que el desarrollo de ese estatuto de ciudadanía es uno de los objetivos dentro del cual se establecen muchas de las estrategias que he mencionado antes. El acceso del ciudadano europeo al funcionamiento de la Administración de Justicia es un objetivo prioritario y eso es estatuto del ciudadano europeo. Dentro de esos objetivos, como decía anteriormente, tenemos programas de trabajo en lo que se refiere a la Secretaría de Estado de Justicia, como el de profundizar en la dimensión comunitaria del juez nacional. El sistema, en definitiva, está basado en la confianza en los subsistemas judiciales de la Unión. En muchas ocasiones lo que ocurre es que esos subsistemas judiciales ni siquiera

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se conocen suficientemente. Eso lo estamos viendo en ocasiones en reuniones internacionales donde a veces se ponen en cuestión temas para avanzar en la cooperación derivados de un desconocimiento, en ocasiones, del funcionamiento de los subsistemas judiciales de los países de la Unión.
Uno de los objetivos fundamentales es el de profundizar en esa dimensión comunitaria del juez nacional; el establecimiento de redes de contacto; el intercambiar experiencias sobre prácticas de cooperación judicial; el formular conclusiones y propuestas de mejora en este tema en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial; el establecer también unas jornadas permanentes de contacto entre los jueces europeos y los españoles, cosa que ya se ha empezado a hacer porque creemos que eso va a contribuir enormemente a un mejor conocimiento del ciudadano europeo del sistema de justicia de la Comunidad y, por tanto, de su acceso al mismo, facilitando también ese acceso al ciudadano. En términos generales, uno de los objetivos de contribuir al desarrollo del estatuto de ciudadanía, desde la perspectiva de la Secretaría de Estado de Justicia, es el programa con los objetivos que he marcado al inicio de mi intervención; es decir, estatuto de ciudadanía, por una parte y, por otra, favorecer, como complemento de ello, la adhesión del propio ciudadano europeo respecto del cumplimiento de los deberes comunitarios aumentando la confianza en el funcionamiento eficaz de las instituciones europeas.
Es evidente que uno de los temas importantes que se va a plantear también el año que viene, como mencionaba S. S., es el de lucha contra los movimientos racistas o xenófobos. Ese es un objetivo prioritario para el año 1995. Hay tema de derecho interno desde un punto de vista legislativo, que es el de llevar al Código Penal los tipos suficientes para poder perseguir esta conducta. En el ámbito de la Unión Europea hay que conseguir una, por lo menos, homogeneización en la incriminación común de conductas contra estos delitos de motivación racista o xenófoba, con independencia de los programas culturales que en el comité para la prevención de estas actuaciones que existen en la Unión Europea, se hagan propuestas al margen de las legales, que es necesario hacer también para perseguir estos comportamientos. Yo creo que es muy importante establecer políticas en materia de medios de comunicación y de ámbito cultural.
Creo, señor Presidente, que con esto he tratado de contestar a todas las preguntas formuladas por sus señorías.


El señor PADILLA CARBALLADA: Si me lo permite, señor Presidente, sólo quería hacer un brevísimo comentario. No es pregunta, sino una pequeña precisión.


El señor PRESIDENTE: De cinco segundos.


El señor PADILLA CABALLADA: De cinco segundos, señor Presidente.
No quisiéramos que la señora Secretaria de Estado se fuera con la convicción de que nos abruma la tarea. Como se repite el señor Pérez Mariño en su idea de que debemos moderar nuestro trabajo, yo le quiero recordar una anécdota un poco graciosa, que me parece oportuna, del debate de presupuestos; después de que el señor Corcuera ya no nos tenga que dar aquellas clases de tarde y noche que nos anunciaba, tenemos tarde y noche. Por lo menos nuestro Grupo pone tarde y noche para esos trabajos y, sobre todo, para que las prioridades importantes, aunque sea tarde y noche, se debatan. Para eso traeremos nosotros, vuelvo a repetirlo, la proposición de ley de Enjuiciamiento Civil. (La señora Alemany i Roca pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Alemany no podemos abrir un turno de debate ni de réplica, sólo solicitar alguna aclaración o información muy puntual.
La señora Alemany tiene la palabra

La señora ALEMANY I ROCA: Señora Secretaria de Estado, solamente para reafirmar un objetivo que nosotros consideramos prioritario en cuanto a que la iniciativa de la reforma de la oficina judicial debe ser del Ministerio pues al Ministerio le corresponde la iniciativa legislativa que se debe llevar a cabo para hacer efectiva dicha reforma.
Nos parece bien las propuestas que pueda hacer el Consejo General del Poder Judicial, así como también las consultas a las comunidades autónomas competentes en la materia, pero siempre con la iniciativa jurídica del Ministerio.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de Justicia.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Estoy absolutamente satisfecha de lo que dice S. S. de que se trabaje día y noche para sacar este ambicioso programa legislativo. El Ministerio de Justicia e Interior se siente absolutamente complacido por esa tan buena predisposición.
En cuanto a que su Grupo va a presentar una proposición de ley de Enjuiciamiento Civil nada tengo que decir. Desde luego, el Gobierno cumplirá su compromiso y en el primer trimestre el proyecto de ley del Gobierno va a estar en esta Cámara.
En cuanto a lo que decía la señora Alemany respecto de la iniciativa de la oficina judicial, evidentemente la iniciativa legislativa es del Gobierno. Eso es así. El Consejo General del Poder Judicial no tiene iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa la ejercita el Gobierno, lo que pasa es que en estos temas, como en muchos otros que afectan a la Administración de Justicia, como usted misma decía, es bueno y hasta conveniente que todas las instituciones y, sobre todo, una tan importante constitucionalmente, como es el Consejo General del Poder Judicial, opine y diga cómo cree que debe ser esa reforma de la oficina judicial. Lo que hay que hacer aquí es un trabajo en común de colaboración, sin perjuicio de que, evidentemente, la responsabilidad final en la iniciativa legislativa será del Gobierno.


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CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:

--MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA LINEA DE LA CONCEPCION Y ALGECIRAS (CADIZ). FORMULADA POR LA SEÑORA MARTINEZ SAIZ (GP). (Número de expediente 181/000899.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos, señorías, el trámite de contestación a las preguntas formuladas por los distintos grupos, con la advertencia de que, por decisión de la Mesa, el tiempo global de intervención de SS. SS.
es de cinco minutos, entendiendo que es intervención más réplica.
Empezamos el trámite con la pregunta número 3. La autora es doña Teófila Martínez Saiz y se refiere a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en La Línea de la Concepción y Algeciras (Cádiz).
La señora Diputada tiene la palabra.


La señora MARTINEZ SAIZ: Señora Secretario de Estado de Justicia, mi pregunta es muy sencilla. Yo no necesito que me dé una contestación muy extensa, porque éste es un asunto que ha traído esta Diputada y el Grupo Popular desde hace años en esta Comisión, y la última vez fue en el mes de mayo.
La situación de los juzgados de La Línea es deplorable en todos los aspectos desde el punto de vista de las instalaciones, y también, cómo no, porque la Ley de Planta preveía, concretamente para esta localidad, la creación de un tercer juzgado de primera instancia, y, sin embargo, desde su aprobación no ha sido posible que el Ministerio de Justicia ni el Gobierno socialista haya considerado mejorar las instalaciones o cambiarlas. Desde el mes de mayo obran en poder del Ministerio de Justicia e Interior --porque se lo entregaron al Presidente de esta Comisión-- unas fotografías donde se dejaba ver de forma palpable la situación de esos juzgados. Es una zona muy delicada, como antes usted ha dicho, para la represión del narcotráfico y de blanqueo de dinero.
Estamos en una situación precaria, llevamos mucho tiempo reclamándolo y, desde luego, a esta Diputada le gustaría irse de aquí hoy con la respuesta clara y contundente del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado.
Tengo que decirle que en los presupuestos para el año 1994 se contemplaba una pequeña cantidad para los juzgados de La Línea, que luego desaparecieron, y en los presupuestos de 1995 hay dotación presupuestaria cero para los juzgados de La Línea de la Concepción. Ante esta gravedad de que los presupuestos de 1995 no contemplen ninguna partida, y ante la imposibilidad que parece que tienen el Ministerio y los responsables de la Justicia de este país de crear ese tercer juzgado de primera instancia, yo le rogaría que fuera muy concreta y que me diera fechas en su contestación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Voy a tratar de ser lo más precisa posible en este tema. Es cierto que la Ley de Planta prevé en La Línea de la Concepción un tercer juzgado, que no se ha creado y no ha entrado en funcionamiento; es un juzgado que está pendiente. Sí le puedo decir, señoría, que la carga de trabajo de los juzgados de La Línea está bordeando un poquito más de la normalidad, pero no está en cifras de sobrecarga que tienen otros juzgados. Junto a eso también en cierto --como usted y yo hemos señalado en nuestras intervenciones-- que esos juzgados tienen un trabajo especialmente complejo por la ubicación y el nivel de conflictividad importante de los asuntos que llegan al juzgado. Esto es absolutamente cierto.
Lo que sí podemos decir es que el Consejo General del Poder Judicial no ha previsto en la memoria de necesidades del año 1994 como prioritario este tercer juzgado. Se lo digo, señoría, porque ahí está. ¿Hasta qué punto es prioritario frente a otras necesidades? Yo comprendo que el tema más importante de todo es el de las instalaciones. Aquí hay dos problemas: uno, el de que queda el juzgado por instalar. No le puedo garantizar, señoría, que en el año que viene ese juzgado se vaya a crear y a poner en funcionamiento, porque no está siquiera entre las prioridades iniciales del Consejo. Lo que sí le digo, señoría, es que vamos a solucionar el tema de la instalación, porque en estos momentos es ya muy grave.
Es cierto que en los presupuestos de 1995 no aparece ninguna previsión inicial para la construcción del nuevo edificio de juzgados, pero tenemos unas restricciones presupuestarias que nos nos impiden el año que viene construir una edificio nuevo, tal y como sería de desear, en La Línea de la Concepción. En el año próximo vamos a realizar el proyecto de construcción del nuevo edificio que está calculado a una inversión de 190 millones de pesetas y la redacción del proyecto se va a llevar a cabo en el año 1995. Creemos que en el año 1996 se empezarán a realizar las obras y en 1996-1997 el tema de instalaciones quedará solucionado.
Junto a esta acción de realización del proyecto para dotar a los juzgados de una infraestructura fija, estamos en estos momentos buscando locales.
Sí que existen previsiones, en la partida referente a arrendamientos, para que en el año 1995 traslademos hoy estos dos juzgados a unos locales más dignos porque la ubicación es una situación realmente muy mala.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señora Secretaria de Estado de Justicia, por su contestación, aunque, como usted bien puede comprender, para mí es insatisfactoria puesto que ya el año pasado había una dotación presupuestaria para esos juzgados, que luego desapareció, con lo que nosotros teníamos la esperanza de que este proyecto estuviera elaborado.
Si el Ministerio del Interior nos dice que ese proyecto se tiene que elaborar en 1995, nos deja

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completamente fríos, porque haber esperado a buscar un local en alquiler en La Línea de la Concepción donde los locales sobran, a que las instalaciones estén en la situación en la que están, es lamentable.
Desde luego, quiero mostrar mi queja total porque el Consejo del Poder Judicial no vea prioritario para los jugados de La Línea de la Concepción la creación de este tercer juzgado de primera instancia. Yo me creo lo que usted dice sobre la acumulación de expedientes, pero para el ciudadano normal, para ese que usted dice que la justicia tiene que estar al servicio del ciudadano, que con todas estas cosas que ha dicho usted hoy de todo lo que piensa hacer el Ministerio de Justicia e Interior, durante esta legislatura, una cosa tan sencillita como ésa que solucionaría el problema a muchas familias y a muchas personas que tienen que pasar por esos juzgados, con un pequeño esfuerzo presupuestario y con un pequeño esfuerzo de decisión política, lo tendríamos solucionado.
Gracias de todas maneras, y espero que su sensibilidad nos ayude a los ciudadanos de la provincia de Cádiz a solucionar ese gravísimo problema que tenemos en los juzgados de La Línea de la Concepción.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Yo respeto su postura, señoría. Es verdad que no es una respuesta satisfactoria decir que todavía no se ha arreglado el problema. Es verdad que es un tema pendiente de arreglar, como muchos otros. Es verdad que las restricciones que ha habido en presupuestos han sido unas restricciones con carácter generalizado, y no es que el dinero haya desaparecido. El dinero no ha desaparecido, se ha invertido en las prioridades previstas en el plan de inversiones y, evidentemente, ésta es una de ellas. Por eso, yo le puedo decir que me comprometo a que en este próximo año los juzgados estén instalados en otros locales y, cuando haya presupuesto para inversión, construiremos el edificio.
En cuanto a la prioridad del Consejo General del Poder Judicial, ahí están las memorias de necesidades del Consejo. El Consejo tiene una visión global de todo el territorio y es cierto que la carga de trabajo de La Línea de la Concepción no está por encima de muchos otros órganos judiciales, en donde los temas se acumulan. El problema de La Línea de la Concepción es otro, como decíamos antes, es la conflictividad de los temas que allí llegan.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado.


--EXISTENCIA DE FRAUDES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ (G. IU-IC). (Número de expediente 181/000828.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 2, existencia de fraudes en el cumplimiento de la prestación social sustitutoria. El autor es don Antonio Romero, que es sustituido en este acto por el señor Peralta, que tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, tal como usted ha indicado, formulo la pregunta en nombre de mi compañero que se encuentra ausente.
¿Tiene el Gobierno conocimiento cierto de la existencia de fraudes en el ejercicio por los ciudadanos de la prestación social sustitutoria?

El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Como usted sabe, señoría, al Ministerio de Justicia e Interior incumbe velar para que los programas en los que colaboren los objetores mantengan los requisitos exigidos por tal colaboración, es decir, el encuadramiento en los sectores correspondientes, el cumplimiento de los fines de interés general, la gratuidad y neutralidad ideológica del contenido de las prestaciones, etcétera. Precisamente para ello, el Ministerio tiene atribuida la inspección y control de la prestación social. Para cumplimiento de este objetivo tenemos una estructura, que es la Dirección General de la Objeción de Conciencia y, luego, una estructura periférica, que se dotó a raíz de la aprobación del plan por el Gobierno, consistente en un Inspector delegado adscrito a cada comunidad autónoma, que depende orgánicamente de la Delegación de Gobierno o del Gobierno civil y, funcionalmente, del propio Ministerio.
La actuación inspectora, que es la que sirve para detectar en su caso las irregularidades que se producen, se lleva a cabo mediante un plan semestral de visitas, que es elaborado por los servicios centrales, que son, asimismo, los competentes para supervisar el grado del cumplimiento del plan y valorar, en su caso, los informes emitidos decidiendo sobre la conveniencia o no de adoptar las medidas correctas o disciplinarias propuestas por los inspectores en cada uno de los casos. Con carácter general puede afirmarse que el desarrollo de la prestación social es objeto de examen y evaluación por la Oficina de la prestación social de los objetores, a través de su servicio de inspección, diría que de una forma casi prioritaria, porque es una de las prioridades que hemos establecido para regularizar y garantizar el ejercicio de este derecho.
Frente a las irregularidades de distinto tipo, que evidentemente se detectan en ocasiones, lo primero que se va a hacer es responder a un criterio, el de la posibilidad de corrección del defecto que se haya detectado mediante la información al organismo afectado y la impartición de las instrucciones precisas que, con posterioridad, se verifican por los inspectores adscritos a los servicios de la inspección. En otros supuestos, cuando la irregularidad --una vez detectada, una vez hecha la propuesta y revisada la misma-- no es corregida, lo que hace la Dirección General de la Objeción de Conciencia es cambiar de adscripción a los objetores de conciencia del programa en el que están

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realizando la prestación o, en su caso, incluso llegar a la rescisión del concierto con la entidad de que se trate.
En aplicación de estos criterios generales, que además son prioritarios porque tenemos que encaminarnos precisamente a dar un contenido efectivo a la prestación, se ha instruido muy justamente a algunas entidades con las que colaboramos sobre aspectos tales como cumplimiento estricto del horario convenido en el concierto suscrito y establecimiento de los mecanismos de control adecuados para la verificación de su cumplimiento, contenido de la actividad de los objetores de modo que se concentre en las de mayor utilidad social, condiciones de desempeño de la propia actividad, etcétera. Es decir, se han dado instrucciones a las entidades con las que concertamos para que luego no se llamen a engaño sobre el control que desde el Ministerio vamos a realizar de ese tema. Además, se ha ordenado en algunas ocasiones el cambio de actividad de objetores que estaban desarrollando su prestación en tareas que pudieran suponer, llevados por las propias entidades, sustitución de puestos de trabajo. A veces hemos visto que no se ha podido reconducir, como decía al inicio de la intervención, y lo que hemos hecho es rescindir el concierto. Por acuerdo de 20 de julio fueron elevados --en cumplimiento del plan del Gobierno, incluso más allá de las previsiones del plan-- de 27 a 49 los puestos de inspección adscritos a la objeción de conciencia. En el presente año, de enero a octubre, el número de inspecciones realizadas asciende a 1.063, que afectan a 7.798 objetores incorporados a la prestación social, incluso con superación del objetivo anual cifrado en el Plan de Objeción de Conciencia, que estaba previsto para este año en 5.600; lo hemos sobrepasado precisamente porque éste es un tema prioritario para la Secretaría de Estado de Justicia.
Del último análisis que tenemos del primer semestre de este año (el otro lo estamos estudiando ahora), le puedo decir que, en las actuaciones inspectoras llevadas a cabo, se ha visitado un total de 864 centros de prestación social, de los cuales 612 presentan un nivel muy satisfactorio de cumplimiento de sus obligaciones respecto de la prestación social y no se han detectado irregularidades de interés; en 105 centros se han observado irregularidades de menor entidad y en 84 centros se han observado irregularidades un poco mayores.
En términos generales, la valoración global es que los centros están funcionando bastante bien. Además, el mecanismo de la inspección no debe ser sólo represivo en el sentido de detectar las irregularidades, sino también preventivo. En la medida en que se concierta con las entidades y se les pone de manifiesto cuáles son los objetivos del Ministerio en materia de objeción y cuáles son los controles que vamos a ejercitar, si luego se ejercita realmente, el mecanismo de la inspección no sólo funciona como corrector sino como preventivo, porque hemos observado que irregularidades que en el primer semestre se habían producido en los últimos meses están desapareciendo. No obstante, este es un tema que hay que seguir controlando y que hay que incrementar cualitativa y cuantitativamente el trabajo de la inspección para tratar de detectar esos supuestos en que ha habido irregularidades, y en ello estamos. En algunos estamos pendientes de hacer una segunda inspección. Se han girado 196 inspecciones posteriores con respecto de las primeras para comprobar si las instrucciones dadas se habían seguido, y todavía hay supuestos pendientes de ver si esas irregularidades han sido superadas y, si no, adoptar en su caso las medidas pertinentes.


--MANTENIMIENTO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR DE SU AFIRMACION DE NO HABER RECIBIDO SOLICITUDES MATERIALES CONCRETAS PROVENIENTES DE LAS JUNTAS DE JUECES DE VALENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP).
(Número de expediente 181/000982.)

--APOYO MATERIAL PREVISTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO «CORAL», QUE HA SIDO PUESTO EN MARCHA POR LA JUNTA DE JUECES DE INSTRUCCION DE VALENCIA.
FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/000987.)

El señor PRESIDENTE: Las preguntas números 4 y 5 se acumulan. El autor de ambas es don Ignacio Gil Lázaro, que las formula en este momento.


El señor GIL LAZARO: El pasado mes de junio la señora Secretaria de Estado y yo tuvimos ocasión, en esta Comisión de Justicia e Interior, de sustanciar una pregunta relativa a una serie de necesidades materiales que tenían los órganos judiciales de la ciudad de Valencia. Con ocasión de aquel debate, la señora Secretaria de Estado manifestó que no había recibido o no constaba en la sede del Ministerio ninguna petición de naturaleza material emanada de estas juntas de jueces valencianos.
Quisiera leer simplemente, con toda brevedad, un texto que a buen seguro conoce la señora Secretaria de Estado porque le ha sido remitido. En fecha 7 de julio, el Magistrado-decano de los juzgados de Valencia remite a la señora Secretaria de Estado de Justicia un escrito en el que señala que, «habiendo leído en la prensa diaria correspondiente al pasado 15 de junio de 1994 que, en la contestación a la pregunta parlamentaria formulada por el Diputado señor Gil Lázaro, se hacía referencia a la falta de peticiones expresas de las juntas de jueces de Valencia para el impulso de los juicios rápidos, lo que por similar argumento podría justificarse en otras materias, me permito dar traslado de las cuestiones extraídas de los distintos acuerdos que se hicieron llegar a ese Ministerio, directamente en unos casos y en otros a través de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en esta Comunidad, por si hubieren sufrido extravío las remitidas, en cuya redacción se consigna la fecha de la primera petición y las reiteraciones de que fueron objeto algunas de ellas. Bien sabe V. E. que proponer la especialización de uno de los juzgados de primera instancia existentes implica repartir entre los restantes un mayor número de asuntos sobre órganos sobrecargados,

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pues recibieron un total de 21.375 en 1993 y se ha producido un incremento del 4,11 por ciento en el presente, según acredito con la estadística que acompaño.» Este escrito va acompañado de una serie de datos que me permito sintetizar muy brevemente.
Cuestiones solicitadas al Ministerio de Justicia por las distintas juntas de jueces y decanato: Junta de Jueces de lo Social, siete peticiones --estamos hablando del período 1993-1994--; Junta de Jueces de Primera Instancia, ocho peticiones en este mismo período 1993-1994, siete de ellas relativas a la solicitud de creación de nuevos juzgados de familia; Junta de Jueces de Menores, una petición; Junta de Jueces de Instrucción, en el período 1992-1994, diecisiete peticiones relativas a la informatización de los juzgados de instrucción números 17 al 19, ocho relativas a la instauración de la oficina de comunicación con los centros penitenciarios, cinco relativas a la infraestructura clínica-médico-forense, Instituto Anatómico Forense, otras varias relativas a implantación de impresos, valoración de acuerdos sobre asistencia médica, medios para la implantación de los juicios rápidos en el juzgado de guardia, con fecha 10 de diciembre de 1993, otras dos relativas a retrasos de informes de farmacia y creación de un laboratorio territorial de drogas --cuestión sobre la que también hablamos en aquella comparecencia del 15 de junio--, ocho más relativas a diversos asuntos; Junta de Jueces de lo Penal, cuatro relativas a ubicación de sedes de los juzgados de lo penal, también en este período 1992-1994, dos relativas a la puesta en funcionamiento de la oficina de comunicación con los centros penitenciarios durante 1993-1994, y tres en 1993-1994 referidas a informatización de los juzgados de lo penal y alguna otra más proveniente de esta Junta de Jueces de lo Penal; finalmente, nueve peticiones remitidas directamente por el Decanato en relación con diversos asuntos.
Tramitado directamente ante la Gerencia Territorial hay un conjunto de 35 peticiones --de cuya lectura naturalmente voy a hacer gracia--, peticiones de carácter conceptual que, sumando las reiteraciones de las mismas, alcanzarían el número de 133.
Quiero entender que la afirmación hecha en su momento por la señora Secretaria de Estado de Justicia debió deberse puramente a un lapsus de memoria, en todo caso a que no habían podido llegar a su poder estos papeles que ya estaban en el momento de suscitarse aquella pregunta oral y que ahora nuevamente tienen que estar conforme a la remisión directa que le ha hecho el decanato de los juzgados de Valencia. Por tanto, preguntamos con un carácter puramente constructivo --no queremos hacer de esto una cuestión de batalla-- si el Ministerio de Justicia se mantiene en su afirmación, hecha en la citada sesión de junio de este año, en relación con no haber recibido ninguna petición de carácter material por parte de las juntas de jueces de Valencia.
La pregunta número 5 hace referencia al apoyo material que tiene previsto prestar el Ministerio, si es que lo tiene, para el desarrollo del proyecto Coral, que ha sido puesto en marcha por la Junta de Jueces de Instrucción de Valencia. Nosotros creemos que es un proyecto muy interesante. Hemos leído alguna valoración oficial del Ministerio y de la propia señora Secretaria de Estado de Justicia, en una reciente visita a Valencia, estableciendo ese carácter interesante de este proyecto que es pionero en España y que pretende, fundamentalmente, salvaguardar los derechos de las víctimas, y en conjunto los derechos de la justicia, frente a aquellos delitos de cuello blanco, especialmente los vinculados a operaciones de narcotráfico, intentando evitar, a través de una coordinación de la información disponible, que estos delincuentes de cuello blanco, especialmente los narcotraficantes, puedan utilizar el tiempo, normalmente amplio, que se necesita para la instrucción en la fase sumarial para de alguna forma poder hacer desaparecer, entre comillas, sus respectivos patrimonios. Nosotros creemos que esta oficina puesta en marcha por el decanato de Valencia es, sin lugar a dudas, una iniciativa singularmente útil que, con este carácter pionero que señalábamos, debe ser muy bien seguida por parte del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, a efectos de que esa experiencia pueda después, con las correcciones necesarias, y en base a su carácter experimental, ser puesta igualmente en marcha en otros puntos de la geografía española. Por eso nuestra pregunta en relación con ese apoyo material, que por otra parte no es costoso ni cuantioso, habida cuenta de que de lo que aquí se trata esencialmente es de, entre diversas administraciones, entre diversas entidades, poder desarrollar esa fase esencial de coordinación de la información para poder hacer un buen uso del fin de este proyecto, que no es otro sino el de luchar contra los artilugios de naturaleza jurídico-económica que estos delincuentes de cuello blanco suelen utilizar para poder alcanzar una declaración de insolvencia que, en su momento, les impida tener que responder con sus bienes fraudulentos y con su patrimonio fraudulento a las indemnizaciones consecuencia de la sentencia por el delito que se les imputa.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Yo creo recordar que, cuando comparecí en esta Cámara ante SS. SS. y se me formuló la pregunta de las necesidades expuestas por los jueces de Valencia, el primer aspecto fundamental al que me referí era que no existían peticiones pendientes en lo que se refiere al funcionamiento de los juicios rápidos. En una primera parte fue ésa mi intervención. Desde el Ministerio de Justicia se había mandado en su día, en el año 1993, por la Subsecretaria una circular a todos los órganos judiciales para que aquellos que estuviesen dispuestos a llevar a cabo los juicios rápidos solicitasen los medios precisos. Precisamente por el Juzgado de Valencia se había solicitado un perito y no sé si alguna cosa más, cuestiones que se habían satisfecho, pero no había más. Es cierto que luego se puso de manifiesto que los medios solicitados y puestos a disposición de los órganos judiciales en Valencia para el funcionamiento de los juicios rápidos no eran suficientes, y de ahí que hubiera segundas peticiones.
Yo creo que S. S. sabe que nuestro contacto con el decanato de los juzgados de Valencia es permanente y constante

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y que, desde luego, está en la disposición del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Estado y del Secretario General de Justicia facilitar al decano y a los jueces de Valencia los instrumentos que necesitan --como a todos los órganos judiciales, evidentemente, pero a este decanato por su especial iniciativa en determinados temas-- y que allí no se pusieron.
Teníamos el problema de que los juicios rápidos no estaban funcionando en Valencia. Yo creo que ahora van a empezar a funcionar con eficacia, y por ello vamos a otorgarles los medios que han solicitado (personales, de peritos, de estenotipistas y de intérpretes, así como la conexión con el Registro Central de Penados y Rebeldes) para el funcionamiento de los juicios rápidos, así como otra cuestión también importante --en estos momentos pendiente del Consejo General del Poder Judicial-- que es el funcionamiento del segundo juzgado de guardia.
Es una valoración muy respetable la que hacen los jueces de Valencia --y que no puedo compartir-- lógica y legítimamente, desde sus pretensiones de que se creen más órganos judiciales, de que para especializar un órgano de derecho de familia hay que repartir su competencia entre los restantes. Evidentemente, pero al mismo tiempo se quita a los restantes la competencia en materia de familia. Es decir, hay que crear un juzgado más, pero la especialización yo creo que no está en función de la creación de un juzgado más, porque las competencias son las mismas. Si es más eficaz concentrar las de familia en un juzgado, eso significa que las de ese juzgado hay que repartirlas entre los demás, pero también significa que a los demás se les va a quitar la competencia de familia.
En cualquier caso, eso lo pueden hacer los jueces cuando quieran, es competencia suya proponerlo. Es cierto que los juzgados de primera instancia tienen todos un volumen de trabajo muy grande y que los de Valencia no son distintos. Es más, Valencia, junto con otras grandes capitales de provincia, experimenta en estos momentos una acumulación de asuntos en lo civil que es indeseable. Por tanto, yo creo que ése es un tema que tendremos que valorar conjuntamente para ver qué hacemos, porque ha habido un crecimiento tremendo de los asuntos en materia civil, por una parte, y por otro lado es cierto que son necesarias las reformas estructurales y procesales pertinentes para que también mejore. Por consiguiente, yo creo que tenemos que hacer los estudios con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y adaptar la planta judicial, en la revisión de la Ley de Planta y Demarcación, a la justicia civil.
Es cierto que también dije que no había otras peticiones pendientes de confirmar. Efectivamente no las tenía, ahora sí las tengo. Es verdad que se ha enviado por el Juez-decano de Valencia un dossier de temas que estaban pendientes de contestar, tanto en la gerencia como en algún otro sitio, y que se referían a peticiones de medios que los órganos judiciales hacen constantemente, algunas de las cuales se han atendido y otras no. Lo que sí le puedo decir es que este año 1994 se han invertido en los juzgados de Valencia 32 millones de pesetas, en su mayor parte en máquinas de escribir que han solicitado. Si tenemos en cuenta las solicitudes que no se han atendido --porque es verdad que en estos momentos existen solicitudes que hemos ido recopilando-- yo he tenido conocimiento, a partir del mes de agosto, de algunas que quizá estaban dispersas --y esto al margen de los juicios rápidos y de la dotación a los órganos judiciales para ello-- y que hemos valorado que en este año ascienden a 48 millones de pesetas. La distribución de la inversión que tenemos en los capítulos de justicia está territorializada y atender a todas las peticiones de los órganos judiciales en la Comunidad de Valencia supondría que hubiéramos tenido que tener el doble del presupuesto, que en estos momentos no tenemos y que para el año que viene me parece que tampoco vamos a tener. Vamos a ir priorizando, de acuerdo con los órganos judiciales, las necesidades que ellos nos indican. Eso por lo que se refiere a la primera pregunta.
En cuanto al proyecto Coral, que ha puesto en marcha el decano de los juzgados de Valencia, tiene como objetivo --como decía S. S.-- suministrar a los juzgados los datos patrimoniales registrales en cualquier oficina pública de imputados por delitos de narcotráfico con responsabilidades civiles superiores a 500.000 pesetas. Es un proyecto que ha empezado a poner en funcionamiento el decano, pero que por las conversaciones que hemos mantenido con él hay que desarrollar más. Hay una primera aproximación, pero hemos quedado en evaluar el coste económico para ver en qué medida el año que viene se puede llevar a cabo, porque estoy de acuerdo en que es un proyecto importante, es supernecesario poner a disposición de los órganos judiciales y de la fiscalía una información sobre los temas económicos que afectan a los grandes traficantes de droga. Intentaremos ver en qué medida podemos poner en funcionamiento esta experiencia en cuanto terminemos las conversaciones con el Juez-decano de Valencia y veamos que estamos en condiciones presupuestarias de abordarla. Lo tendremos que hacer, pero repito que hay que completar la información para su desarrollo y la evaluación económica del proyecto.


El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tan brevemente como que no le queda tiempo, señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Diez segundos.


El señor PRESIDENTE: Los tiene.


El señor GIL LAZARO: Simplemente quiero decir, en cuanto a la primera cuestión, señora Secretaria de Estado, que ni por asomo se me ocurre pensar que S. S. hubiera podido plantearnos una información distinta a la que obraba en su poder. A ver si en el futuro todos conseguimos esforzarnos un poco más para que estas cuestiones no sigan un procedimiento tan dilatado como el que se ha llevado y quizá tan extraño como que tengamos que hablar en el Parlamento de unas peticiones que directamente se remiten al Ministerio de Justicia.


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En cuanto a la segunda cuestión, desearía que el diálogo entre la Secretaría de Estado de Justicia y el Decano de los juzgados de Valencia en relación con el proyecto «Coral» fuera fluido e intenso, porque cuando todos estamos hablando de un tipo de delitos que nos repugna, muchas veces por la impunidad en la que quedan en sus consecuencias finales precisamente en virtud de los grandes instrumentos de que disponen estos delincuentes de cuello blanco, cuando a todos nos repugna el juego de estos delincuentes, tener sobre la mesa una iniciativa interesante como ésta sin lugar a dudas merece la atención y la solidaridad de todas las administraciones, desde luego del Ministerio de Justicia e Interior y de todos los grupos de la Cámara. Creo que es un proyecto vital para la lucha contra estos delincuentes y que conviene desarrollarlo de una manera eficaz en los próximos meses.


El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Unas palabras para decir que puede haber pocas cosas que no hayan funcionado todo lo bien que es deseable, pero lo que yo había afirmado en esta Comisión, de que peticiones de medios para el funcionamiento de los juicios rápidos no había pendientes ninguna, estaba constatando y respondía a la realidad.


--EXPLICACIONES SOBRE LA ORDEN DADA A LA DIRECCION GENERAL DE LO CONTENCIOSO POR LA QUE SE INSTRUYE A LA ABOGACIA DEL ESTADO PARA QUE DESISTA DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO CONTRA LA CAIXA EN RELACION CON EL ASUNTO CONOCIDO COMO DE «LAS PRIMAS UNICAS». FORMULADA POR EL SEÑOR FRUTOS GRAS (CIU-IC). (Número de expediente 181/001011.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, de don Francisco Frutos Gras, que formula en este acto el señor López Garrido, quien tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, intervengo en sustitución del señor Frutos para formular una pregunta relativa a la retirada del recurso, por parte de los servicios jurídicos del Estado, contra la sentencia que absolvió a la Caixa del pago de una presunta deuda tributaria de 20.000 millones de pesetas. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.) Como usted sabe, Hacienda emprendió en su momento actuaciones contra La Caixa por no haber practicado retenciones a los titulares de las libretas llamadas PTI (Pensión Temporal Inmediata), pero la Audiencia Nacional dio la razón a la Caixa en una sentencia de mayo de 1993. El Servicio Jurídico del Estado presentó un recurso de casación, que sin embargo luego fue retirado en contra de sus costumbres, pues no suele retirar ni un sólo recurso, y que incluso sostiene algunos que en principio pueden ir abocados al fracaso procesal. Nuestra pregunta va dirigida a saber las razones por las cuales se produjo la retirada del recurso de casación.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, en relación con lo que me plantea le puedo decir lo siguiente.
El tema tiene su origen en una actuación del Ministerio de Economía y Hacienda. Se dictó una sentencia de la Audiencia Nacional sobre esta cuestión que usted ha mencionado que daba la razón no al Ministerio de Economía, sino a la Caixa. Una vez dictada la sentencia, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y Hacienda que había iniciado las actuaciones, dio unas instrucciones por escrito, como exigimos en el Servicio Jurídico del Estado. Como la Administración es el cliente, el Servicio Jurídico del Estado hace inicialmente lo que su cliente, en estos momentos la Administración, le pide. En atención a la petición de que se recurriese la resolución dictada por la Audiencia Nacional, la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado da instrucciones a los servicios de tribunales para la interposición al anuncio, en este caso fue del correspondiente recurso, y con posterioridad los servicios jurídicos del Ministerio de Economía y Hacienda consideraron que no era conveniente seguir adelante con el recurso, porque pensaron que jurídicamente eran atendibles las razones expuestas por la Audiencia Nacional en la resolución judicial que daba la razón a la Caixa, y por escrito se dio instrucciones al Servicio Jurídico del Estado para que se desistiese del recurso y éste, en atención a lo solicitado por la Agencia Tributaria, no recuerdo en estos momentos si lo que hizo fue desistir --un desestimiento expreso-- o no formalizar en el plazo debido; ahora no lo recuerdo, pero me parece que fue acción de desistimiento expreso.


--DESARROLLO DE LOS ACUERDOS DE COOPERACION CON LA FEDERACION DE ENTIDADES EVANGELICAS DE ESPAÑA, LA FEDERACION DE COMUNIDADES ISRAELITAS DE ESPAÑA Y LA COMISION ISLAMICA DE ESPAÑA. FORMULADA POR EL SEÑOR LOPEZ GARRIDO (GIU-IC). (Número de expediente 181/001059.)

El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación pasamos a la pregunta número 7 del orden del día, desarrollo de los acuerdos de cooperación con la Federación de entidades evangélicas de España, la Federación de comunidades israelitas de España y la Comisión islámica de España, cuyo autor es don Diego López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quien tiene la palabra.


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El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, la pregunta escueta es la siguiente: ¿Por qué no se han desarrollado los acuerdos de cooperación del Estado español con la Federación de entidades evangélicas de España, con la Federación de comunidades israelitas de España y con la Comisión islámica de España? Estos acuerdos fueron el objeto precisamente de las recientes leyes 24, 25 y 26, de 1992, y en especial lo relativo a la Comisión mixta paritaria que debe aplicar y hacer el seguimiento de dichos acuerdos.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): La señora Secretaria de Estado de Justicia tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Los acuerdos a que se refiere S. S. fueron aprobados por las leyes 24, 25 y 26 de noviembre de 1992 y entraron en vigor ese mismo año. Las materias a que se refieren esos acuerdos son fundamentalmente la determinación de los lugares de culto, la determinación de quiénes son los ministro de culto de dichas iglesias, la sujeción de los mismos a las obligaciones generales del servicio militar o la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, la sujeción a secreto profesional, el reconocimiento de efectos civiles del matrimonio celebrado conforme a los ritos de las respectivas iglesias, el derecho a las prácticas religiosas de los internos en los centros penitenciarios hospitalarios, el derecho a la enseñanza religiosa concretada a los centros públicos y privados, la previsión de exenciones fiscales, el respeto al descanso laboral y, finalmente, como consecuencia de todas estas materias o áreas, que no todas afectan al Ministerio de Justicia e Interior sino a distintos departamentos de la Administración de las comisiones paritarias para la ejecución y desarrollo del acuerdo entre la Administración del Estado y los representantes de las comunidades religiosas afectadas.
En ejecución de estas disposiciones adicionales, las comisiones paritarias previstas se constituyeron el 14 de octubre de 1993 y en diferentes reuniones, posteriores a dichas comisiones --ha habido ya bastantes reuniones de las tres confesiones religiosas--, se han sentado las bases a lo largo de todo este tiempo, para la aplicación de los acuerdos en las distintas áreas previstas en el articulado a que antes me he referido. A estas reuniones que ha habido de las comisiones paritarias han asistido representantes de otros Ministerios, en la medida en que los temas a tratar eran de otros Departamentos ministeriales, y lo que el Ministerio de Justicia e Interior ha asumido y sigue asumiendo es la coordinación de las actividades de los distintos Departamentos en estas materias para el total desarrollo de los acuerdos, a través, repito, del Gabinete de Asuntos Religiosos.
Los principales asuntos que se han estudiado y se han desarrollado de los acuerdos suscritos --no es que no haya habido desarrollo, sino que ha habido desarrollo en algunos puntos de los acuerdos-- son aquellos, sobre todo hasta la fecha, que tienen que ver con la enseñanza de la religión en los centros docentes públicos y privados. Este es el tema que más se ha desarrollado por interés de las propias confesiones religiosas, porque era el tema prioritario para ellas. El tema de la enseñanza de la religión tampoco es que haya llevado un ritmo vertiginoso, porque ha estado sujeto a su vez a las vicisitudes que ha sufrido el análisis del tema de la enseñanza de la religión con los acuerdos del Estado con la Santa Sede. Como S. S. sabe, se acaba de aprobar por el Gobierno un reciente decreto en Consejo de Ministros, en virtud de la inconstitucionalidad o ilegalidad decretada por determinadas sentencias del Tribunal Supremo con respecto al sistema que estaba vigente hasta el momento.
Dicho esto, le puedo decir que en estos momentos, con la Iglesia evangélica en concreto, ya se ha dictado una orden en el año 1993 por la que se aprueba el modelo de certificado de capacidad matrimonial y de celebración del matrimonio religioso. Ha habido también una instrucción del año 1993 sobre inscripción en el Registro Civil de determinados matrimonios celebrados en forma religiosa con arreglo a los evangelistas.
También una orden de septiembre de 1993 regula la participación en los órganos de gobierno colegiados de los centros docentes de los profesores que imparten enseñanza religiosa, que era responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia. También hay una orden del año pasado por la que se dispone la publicación de los currícula de enseñanza religiosa evangélica correspondientes a la educación primaria y secundaria obligatoria y bachillerato. Esto en lo que se refiere al desarrollo de los acuerdos con la Iglesia evangélica.
En lo que se refiere a la Federación de Comunidades Israelitas de España, ha habido tres asuntos que han sido desarrollados. Uno del año pasado, por el que se aprueba el modelo de certificado de capacidad matrimonial y de celebración del matrimonio religioso; la inscripción en el Registro Civil de determinados matrimonios celebrados con arreglo a la confesión de las Comunidades Israelitas de España; y una orden por la que se regula también la participación en los órganos de gobierno colegiados de los centros docentes de los profesores que imparten la enseñanza religiosa.
Con la Comisión Islámica, lo mismo...


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Perdón, señora Secretaria de Estado. Ha pasado con creces los cinco minutos, por lo que le ruego abrevie lo más posible.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor Presidente.
Quiero decir, finalmente, que con la Comisión Islámica el nivel de desarrollo es el mismo que con la israelita y que, globalmente, respecto de las tres, en materia de Economía y Hacienda, que es otro de los temas que se deriva de los acuerdos, está pendiente de publicación una orden por la que se aclara el alcance de la exención concedida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los acuerdos de cooperación con las federaciones de las tres confesiones religiosas.
Por lo tanto, en conclusión, y acabando ya, no es que no exista desarrollo de los acuerdos. Existe desarrollo en los temas a que antes me he referido. En muchas ocasiones no ha

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sido posible incrementar más el desarrollo de las temas de acuerdo y cooperación porque hay que adaptarse a los ritmos de las propias confesiones, ya que los problemas, además, son distintos en cada una de las tres. Desde luego, le puedo decir, señoría, que vamos a seguir insistiendo en los temas que están pendientes de desarrollo y los vamos a considerar, como he señalado en mi intervención en la comparecencia, como objetivos prioritarios de esta Secretaría de Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra, muy brevemente, por favor, el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Entiendo que tengo al menos cinco minutos, porque no he consumido ni 15 segundos en la formulación de la pregunta.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Son dos y medio. Lo que pasa es que la señora Secretaria de Estado se ha pasado para darle explicación a lo que usted pedía. El tiempo son dos y medio para cada interviniente.


El señor LOPEZ GARRIDO: La pregunta sobre el grado de desarrollo de los acuerdos de 1992 iba destinada a saber hasta qué punto se había producido ese desarrollo y, efectivamente, ha sido muy limitado. Las leyes de 1992 son de mínimos en cuanto a acuerdos que exigen un desarrollo posterior, y en estos momentos debe reconocerse que hay un mínimo desarrollo de esos acuerdos que afectan a cerca de un millón de españoles, porque las tres comunidades reúnen, aunque no haya unos cálculos muy exactos, a cerca de un millón de españoles que están afectados por este tema.
Hay algunas preocupaciones prioritarias que el Gobierno debería desarrollar inmediatamente. La primera de ellas, sin duda, es el tema de la financiación. Estas comunidades realizan una labor social muy importante. En concreto, la Iglesia evangélica, que nos ha suministrado algún dato al respecto, considera que al menos en 6.000 millones de pesetas se pueden evaluar las actividades sociales, por las que no reciben ninguna subvención por parte del Estado español. Habría que solucionar este tema, por un lado, fundamentalmente a través del famoso 0,5 del Impuesto sobre la Renta, de tal forma que ese 0,5 pudiera ir a esas comunidades para que no hubiera discriminación con la Iglesia católica, con la cual, lo mismo que con estas creencias religiosas, el Estado español debe realizar una cooperación, según dice el artículo 16 de la Constitución. Lo dice claramente y no debe haber, por tanto, discriminación a ese respecto.
En el caso de la financiación, es importante tener en cuenta que se renunció en su momento por estas comunidades a financiar directamente al clero, pero para que se financiase su obra social, que no se ha financiado en absoluto, y su patrimonio. Ni siquiera tienen posibilidades de crear oficinas técnicas, una mínima infraestructura para llevar a cabo sus actividades, que son muy importantes en el plano social, y que en algunas ocasiones se hacen en estrecha unión con entidades de la propia Iglesia católica.
Tampoco está regulado el tema de la Seguridad Social de los ministros de culto y es un tema muy importante, y también el tema de la asistencia religiosa en establecimientos penitenciarios, hospitales y establecimientos militares. Sobre todo en hospitales y en establecimientos militares, en algún caso incluso se les ha negado la entrada para la asistencia religiosa. No está regulada la reciente Orden Ministerial 100/1994, sobre regulación de actos religiosos en ceremonias solemnes militares, y se sigue vinculando estrechamente una ceremonia militar con una ceremonia religiosa, y esto tiene, aparte de los efectos inconstitucionales que significa, efectos también en cuanto a la discriminación con otras confesiones religiosas que no sean la católica, muy especialmente estas tres, porque, aunque hay cientos de confesiones religiosas, son las que están reconocidas muy especialmente por el Estado español en las leyes de 1992.
En el caso concreto de la Comisión Islámica, hay algunas especificidades.
Además de lo anterior, que se refiere a la Iglesia evangélica, en el caso de la Comunidad Islámica hay un gran patrimonio de origen islámico para el cual tampoco existe ningún tipo de financiación para ayudar a su protección. No hay nada, ni siquiera negociado, sobre un desarrollo del derecho de familia islámico, algo que es muy importante para los que pertenecen a esta religión.
En el caso de la educación, se trata no solamente de financiar el que profesores pudieran dar clase de religión islámica, sino, además, de que los centros docentes públicos ofertasen esa posibilidad, naturalmente optativa, que, en algunas ocasiones, como no se da, produce situaciones insostenibles, como la que sucede en estos momentos en Ceuta y Melilla, una situación desastrosa en la que prácticamente la totalidad de algunos colegios son musulmanes y no existe esa oferta educativa. También el caso, quizá menos importante, pero también significativo para esta confesión, como es la alimentación Halal. Esa alimentación no se ofrece en centros públicos de transporte y sobre ello tampoco existe ningún tipo de financiación.
Reiteramos la necesidad, sobre todo, de las prioridades que yo he destacado de la financiación en asistencia social, porque se está produciendo un caso, que me comentaban recientemente, muy anecdótico, y es que en algunos hospitales, en el ejército o en cárceles, es Cáritas, es la Iglesia católica la que está asistiendo religiosamente a los musulmanes, porque resulta que no existe posibilidad de una asistencia por parte de esta confesión.
Volvemos a insistir en la necesidad de que esto se aborde. Yo creo, sinceramente, que no se han abordado en serio todos estos problemas.
Me alegro de que el Ministerio de Justicia haya asumido, como, naturalmente, es su obligación, la coordinación de todos los esfuerzos de todos los ministerios a este respecto, pero creemos que no puede mantenerse por más tiempo esta situación en la que hay no solamente una importante discriminación con respecto a otra confesión, la mayoritaria en este país, sino que, además, no se ha tenido en cuenta la importante labor de asistencia social, de obra social desconocida por la opinión pública que realizan estas confesiones que debería ser atendida por el Estado.


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El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor López Garrido, ha disfrutado usted de cinco minutos.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado, pero le queda un minuto nada más.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): Aprovecharé el minuto.
Coincido con S. S. en que, efectivamente, el grado de desarrollo de los acuerdos no es el deseable; es cierto. Ahora, no tanto como usted ha dicho, porque también aquí hay que tener en cuenta un factor importante, y es que, al hablar con las distintas confesiones y ver sus estructuras, se pone de manifiesto que en muchas ocasiones no ha habido mayor grado de desarrollo porque tampoco ha habido excesiva colaboración por parte de las confesiones, y eso sí que lo quiero dejar claro, entre otras cosas porque ellas mismas lo han puesto de manifiesto.
El desigual arraigo y penetración social que tienen unas y otras no es el mismo y los problemas que tiene cada una de ellas es completamente diferente. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que concienciar todos de que hay que exigir un esfuerzo para evitar posibles discriminaciones que se pudieran estar produciendo, sin perjuicio de asumir la responsabilidad de que el grado de desarrollo no ha sido el correcto, pero que en ocasiones esto ha venido determinado por la propia desigual estructura organizativa que tienen. No son lo mismo, evidentemente, los evangelistas, que tienen un grado de desarrollo organizativo e implantación muy superior al de las comunidades israelita e islámica. No lo digo por echar responsabilidades fuera, sino por poner de manifiesto que las cosas, en ocasiones, cuando hay que negociarlas, son francamente complicadas.
Quiero decirle, señoría, que el grado no es satisfactorio, pero yo creo que estamos en condiciones de poder impulsar --y éste es uno de los objetivos de la Secretaria de Estado de Justicia--, un mayor desarrollo de estos acuerdos, sobre todo en los temas fundamentales, que son los de financiación y enseñanza de la religión. Yo creo que al de la enseñanza de la religión ya se ha dado un impulso grande. En el decreto están previstos estos supuestos y ahora entra ya en una negociación con el Ministerio de Educación para atender ya los contenidos concretos.


--MEDIDAS PARA DOTAR A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLON DE MEDIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). Número de expediente 181/001099.)

--DOTACION DE LOS SERVICIOS DE UN JUZGADO DE LO PENAL A GANDIA (VALENCIA). FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). (Número de expediente 181/001100.)

El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación vamos a desarrollar los puntos 8 y 9 del orden del día, que han sido acumulados.
Para ello tiene la palabra el señor Peralta, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor PERALTA ORTEGA: Señora Secretaria de Estado de Justicia, la primera de las preguntas se formula a raíz de un hecho puntual, y es que la Audiencia Provincial de Castellón denuncia que carece de los medios técnicos para dar traslado de una prueba planteada a las partes en un sumario que es un muy conocido en toda la Comunidad Valenciana, como es el caso del asesinato del joven Guillén Aulló, que se produjo en la localidad de Montanejos y que se tramita por dicha Audiencia de Castellón. Se plantea dar traslado a las partes de unas grabaciones en vídeo llevadas a cabo por el propio tribunal para que valoraran la pertinencia de las mismas en el transcurso de dicha vista oral y la Audiencia plantea que carece de los medios idóneos, no sólo de las cintas de vídeo, sino ni siquiera del aparato reproductor, y requiere a las partes para que aporten ellas mismas los medios, con el consiguiente retraso en ese sumario. Al menos así es como aparece reflejado en los medios de comunicación.
Me consta, señora Secretaria de Estado, que esa situación fue posteriormente resuelta. Por tanto, tengo que decir, en primer lugar, que celebro que esa situación puntual esté resuelta. Sin embargo, hay un problema de fondo al que ya se ha hecho alusión a lo largo de esta sesión, y es el de la escasez de dotaciones para el correcto desempeño de sus funciones.
Quiero insistir en que eso se lleve a cabo, pues esta Comisión y la de Presupuestos tienen cauces para ello y yo creo que requiere no sólo el esfuerzo que se haga desde el propio Ministerio y desde todos los grupos políticos, sino también el que se den instrucciones para que en asuntos puntuales que tienen trascendencia y relevancia pública, como es el caso concreto del sumario de Guillén Aulló, no se puedan plantear ese tipo de situaciones, porque son sumarios sobre los que la opinión pública tiene un especial seguimiento.
Le formularía una pregunta sobre qué medidas se van a tomar en relación con ese tipo de asuntos y cuestiones.
La segunda pregunta, en la medida en que se han acumulado, hace referencia a la posible creación de un juzgado de lo penal en Gandía.
Conoce la Secretaria de Estado de Justicia que en esta ciudad, muy importante por el número de habitantes que tiene y, lógica y consecuentemente, por el volumen de trabajo que se desarrolla por parte de los juzgados de instrucción que existen en la misma, se ha planteado la posible creación de un juzgado de lo penal que permitiera evitar que ese cúmulo de expedientes de ciudadanos, de policías, etcétera, toda es serie de actuaciones que se tienen que trasladar a Valencia en la actualidad para llevar a cabo las vistas orales, pudieran desarrollarse en la propia ciudad de Gandía.
Esta fue una iniciativa que partió del colectivo de abogados que trabajan en esos juzgados de instrucción que existen actualmente en la ciudad y que fue respaldada por el Colegio de Abogados de Valencia, que ha sido asumida por el propio ayuntamiento, y la alcaldesa de esta ciudad recientemente ha llevado a cabo contactos con el propio

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Ministerio de Justicia, de los que, al parecer, traslucía una visión optimista. Decía, según reflejaban los medios de comunicación, que la verdad era que las conversaciones están muy avanzadas y existe un compromiso adquirido por el Ministerio para que nuestra ciudad pueda contar con un juzgado de lo penal próximamente.
Desearía saber, señora Secretaria de Estado de Justicia, en qué medidas esas conversaciones han fructificado y efectivamente se puede anunciar que esta ciudad va a contar con los servicios, por una vía o por otra, de un juzgado de lo penal.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar, tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de Justicia.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz): En cuanto al primer tema de Castellón, realmente me quedo tan sorprendida como S. S. podrá entender, porque es la primera vez que oigo que un órgano judicial se dirija a las partes para que le dé un instrumento para aportar las pruebas. Francamente, en sumarios de determinada trascendencia social, en la medida en que a mí me ha incumbido la responsabilidad política, jamás se ha puesto ninguna pega a ningún órgano judicial y se ha hecho el esfuerzo necesario para que asuntos de esa naturaleza no se pudieran paralizar por causa de una carencia tan nimia como pueda ser un vídeo. Por lo tanto, yo creo que los jueces en muchas ocasiones lo piden, la mayoría de ellos, incluso cuando no son temas de tanta trascendencia, pero, si hay que reiterárselo, se lo reiteraremos.
En Castellón desconocemos que haya problemas especiales. Hay problemas especiales en Castellón en lo que se refiere a espacios de la Audiencia que hay que reubicar. Lo que sí que es cierto es que la memoria de necesidades del Consejo no se refiere ya en concreto al hecho que usted me ha planteado para el año 1994, sino que se pide la creación de dos plazas más de magistrado para la Audiencia. En estos momentos la plantilla está cubierta, son seis y hay previstos seis, pero es verdad que ha habido un incremento de asuntos, aunque realmente, si se miran las estadísticas, la carga de trabajo no está más allá de lo que son los números normales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Lo que sí hay, en alguna de las secciones, es un determinado atraso que en ocasiones se ha intentado paliar con alguna medida de apoyo. Eso por lo que se refiere a la audiencia provincial de Castellón.
Me alegro mucho que me haga usted esta pregunta sobre Gandía, señoría, porque es un tema que me ha preocupado de forma específica. En estos momentos, como usted sabe, la circunscripción de lo penal de Valencia es provincial, y la carga de lo penal de los juzgados de Valencia está en la media, es decir, no se aprecia una carga superior a la que tienen otros órganos judiciales en todo el territorio. ¿Qué ocurre? Que los jueces de Valencia no quieren ir a Gandía; así de claro. Pero eso es competencia de la sala de gobierno del Tribunal Superior, porque el artículo 89 bis establece lo siguiente: Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia dispondrán que los jueces de lo Penal, asistidos de Secretario, se constituyan para celebrar juicios orales, con la periodicidad que se señale, en las ciudades donde tengan su sede los juzgados que hayan instruido las causas de las que corresponde conocer, siempre que su desplazamiento venga justificado por el número de éstas o por una mejor administración de justicia.
Yo creo que la ley, en estos momentos, prevé mecanismos clarísimos para que la Justicia Penal en Valencia funcione mejor, y es el desplazamiento, como ocurre en otras comunidades autónomas, de los juzgados de lo penal de Valencia a Gandía. Evidentemente, eso está en manos de la sala de gobierno, y así se lo he hecho saber a todo el que me ha venido con el planteamiento de este problema, incluida la propia alcaldesa de Gandía, y así se lo he hecho llegar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. En cualquier caso, si tuviéramos que crear un juzgado de lo penal en Valencia habría que hacerlo encima de la planta, y además habría que modificar la circunscripción, lo cual hay que hacer por ley, lo que no se excluye en los trabajos preparatorios que estamos realizando sobre la revisión de planta. En esos trabajos no se excluye, no tanto crear un nuevo juzgado, como trasladar alguno de los de Valencia a Gandía, en cuyo caso habría que modificar circunscripción, porque la de Gandía no es suficiente para un órgano judicial, sino que habría que unir las de Alcira y Onteniente, en cuyo caso sí que se justificaría el traslado de un juzgado de lo penal de Valencia a Gandía. Eso lo tendremos que hacer por ley, si en el momento en que esa ley se tramita el problema que está solucionado.
Hoy me ha formulado usted la pregunta sobre este tema, pero ha habido ya peticiones por parte de todos los grupos políticos, porque, evidentemente, yo creo que hay una conciencia, un diagnóstico total, de que se solucionarían mucho mejor los problemas de la justicia en Gandía desplazándose los jueces de lo penal de Valencia a Gandía y no al revés, pero, repito que hoy, incluso antes de que modifiquemos la ley, hay instrumentos precisos, que son aquellos que incumben a la zona de Gobierno del Tribunal Superior.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado, por la información dada a la Comisión y por su presencia en la misma.


APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA DEL:

--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO FISCAL, Y SE CREA LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION. (Número de expediente 121/000054.)

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El señor PRESIDENTE: El punto número 10 del orden del día es la aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.
Permanecen vivas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por el Grupo Parlamentario Popular, que van a efectuar una única intervención para la defensa de las mismas.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp.


El señor CAMP I BATALLA: Muy brevemente, señor Presidente.
Las enmiendas presentadas en su día por nuestro Grupo Parlamentario son tres, siendo dos de ellas de carácter marcadamente técnico. La primera propone suprimir un parágrafo de la exposición de motivos que entendemos que es una repetición conceptual, y la tercera también es una simple mejora técnica dentro del punto tercero del artículo único objeto de este proyecto de ley. La que tiene más relevancia sería la enmienda número 2 de nuestro Grupo, que corresponde a la 7 del informe de la Ponencia, que postula introducir dos conductas delictivas dentro de los ámbitos de interés y de intervención de la Fiscalía Especial objeto de este proyecto de ley, que serían las conductas que hacen referencia a contrabando y a materia de control de cambios. Creemos que con ello quedaría más completa esta primera definición que plantea el proyecto de delitos contra la Hacienda Pública; añadiendo «contrabando y en materia de control de cambios», se llenaría más este concepto inicial del proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Nuestro Grupo había formulado cinco enmiendas, de las que voy a hacer una brevísima defensa, destacando que se refieren a dos materias. Unas son de carácter técnico y fundamentalmente organizativo del Ministerio Fiscal, a través de las cuales buscamos una mayor coherencia de la regulación de esta Fiscalía Especial anticorrupción con el modelo de la otra Fiscalía Especial que se constituyó en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, que es la Fiscalía Antidroga, puesto que nos parece que, en la medida de lo posible y por razones puramente de homogeneidad organizativa del Ministerio Fiscal, ambas deben responder al mismo esquema en cuanto a la organización interna y la estructura. En ese sentido, consideramos que debe reflejarse en este proyecto esa previsión contenida en el número 1 de que también se consideran integrados en la misma los fiscales de las distintas Fiscalías que designe el Fiscal General del Estado en cuanto ejerzan las funciones específicas a las que se refiere el artículo 18 de esta ley.
La enmienda número 2 plantea que la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción practicará las diligencias a que se refiere el artículo 5 de esta ley e intervendrá directamente en los procesos penales de especial trascendencia apreciada por la Junta de Fiscales de Sala, en relación con los delitos a los que se refiere este proyecto. Lo que se pretende, de alguna manera, es objetivar las previsiones legislativas y no dar un margen de discrecionalidad al Fiscal General del Estado nada más que allí donde es estrictamente necesario, y en este caso concreto entendemos que no lo es.
Sin duda, la enmienda de mayor calado es la número 3, que pretende completar el cuadro de delitos a que se hace referencia en el proyecto de ley. Entendemos que tanto la infidelidad en la custodia de documentos como la revelación de secretos e informaciones como las falsedades cometidas por funcionarios públicos son delitos casi mediales, imprescindibles o necesarios, utilizados constantemente en cualquier tipo de actuación o práctica relativa a la corrupción. Por eso entendemos que deben ser expresamente contemplados para concretar realmente el objetivo que se proponen las actuaciones de esta fiscalía especial y, por tanto, los fines que persigue con su creación, para la represión de ese tipo de delitos, el proyecto de ley que nos ocupa.
Finalmente, quedan otras dos enmiendas que, como he dicho anteriormente, son de carácter organizativo. La primera pretende que, en la línea de la otra fiscalía especial, se haga una contemplación expresa de los distintos medios personales y materiales con que debe contar esta fiscalía, y una última en cuanto a que la adscripción o integración en esta fiscalía del personal que el Fiscal General del Estado proponga se haga previo informe favorable del Consejo Fiscal, porque entendemos que eso propicia una actuación más objetiva en la adscripción de medios personales a esta fiscalía, sobre todo teniendo en cuenta el carácter de la organización del Ministerio Fiscal que, como es sabido, señorías, responde a criterios de jerarquía, de tal suerte que sólo aquellos cargos que el Estatuto establece deben ser de designación discrecional, y en todos los demás debe procurarse que haya un mayor predominio de los elementos reglados. En este caso, en la integración en esa fiscalía, nos parece que es importante que, para dotarla de mayores criterios de objetividad, sea previo informe favorable del Consejo Fiscal.
Sólo quiero solicitar el voto favorable a las enmiendas de nuestro Grupo a las señoras y señores Diputados de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Para turno en contra de estas enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Espinosa.


El señor GARCIA ESPINOSA: Para fijar telegráficamente nuestra posición contraria, básicamente, a las enmiendas del Partido Popular. Anuncio que lo haré con brevedad

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porque creo que la relevancia de las mismas a ello nos invita, como acaba de manifestar su representante.
El Partido Popular ha presentado cinco enmiendas de carácter fundamentalmente técnico. La primera de ellas pretende suprimir del proyecto de ley la idea que éste contiene de que también se puedan integrar en la fiscalía especial los fiscales que designe el Fiscal General del Estado en cuanto conozcan de materias relacionadas con la corrupción. Nosotros entendemos que es bueno mantener el texto del proyecto, y lo creemos así porque transcribe casi literalmente el acuerdo, la resolución, que por unanimidad adoptó este Congreso de los Diputados cuando decidió crear esta figura especial, esta fiscalía especial, para personarse en los delitos de corrupción y trabajar en la coordinación de las actuaciones de las distintas fiscalías, cosa que, por otra parte, también ejerce en su modelo organizativo la Fiscalía Especial contra la Droga.
La enmienda número 2 del Partido Popular pretende que la apreciación de la especial trascendencia de los delitos en los que deba personarse esta fiscalía especial sea apreciada por los fiscales de Sala en vez de por el propio Fiscal General del Estado, como sostiene el proyecto. Nosotros creemos que sería excederse en las competencias de la Junta de fiscales de Sala. La Junta de fiscales es un órgano asesor del Ministerio Fiscal, como se establece en el artículo 14 del Estatuto, y no entendemos necesaria esa quiebra en ese modelo.
La enmienda número 3 lo que hace es introducir una serie de nuevos delitos en los que podría intervenir esta fiscalía especial. Yo entiendo que tanto la infidelidad en la custodia de documentos como las falsedades cometidas por funcionarios pueden no ser en todos los casos delitos que se refieran estrictamente a actividades económicas relacionadas con la corrupción y que, en cualquier caso, la fiscalía tiene la posibilidad de personarse en los mismos si aprecia la especial relevancia que el proyecto le exige, debido a que en el propio artículo 18, que se pretende reformar, se contempla, repito, la posibilidad de personación en los delitos conexos con los anteriores, es decir, en otra serie de delitos que establece ese mismo artículo 18.
La enmienda número 4 carece de toda relevancia e intenta fijar exactamente la plantilla de asesores o expertos que podría tener esa fiscalía contra la corrupción, que no creemos que deba venir constreñida por indicación legal.
Por último, la enmienda número 5, del Partido Popular, en conexión con su enmienda número 2 --creo-- pretende que cuando haya que designar otros fiscales para coordinar los trabajos contra la corrupción, esa designación, ese nombramiento, no recaiga en el Fiscal General del Estado sino en el Consejo Fiscal. El razonamiento es el mismo dado con anterioridad, que creemos que sería desorbitar las competencias del Consejo Fiscal, que vienen claramente especificadas en el Estatuto orgánico del Ministerio, en su artículo 14. Creemos que sería una ampliación no razonable de su competencia y una quiebra injustificada del modelo, por el que también se rige la fiscalía antidroga.
En resumen, no vamos a aceptar, no vamos a votar favorablemente las cinco enmiendas que propone el Partido Popular, y aprovecho para expresar nuestra posición favorable hacia las tres enmiendas presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) números 6, 7 y 8, por los razonamientos que ha expresado su representante.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, quisiera que conste que el señor Robles Fraga sustituye al señor Trillo y el señor Martínez Casañ al señor Alvarez-Cascos.


El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el informe de la Ponencia, junto con las enmiendas aceptadas, lógicamente, y que también comprende las enmiendas aprobadas del Grupo Parlamentario Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia. Aprobación que como saben SS. SS. --se lo recuerdo-- es con competencia legislativa plena.


--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO.
PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/000041.)

El señor PRESIDENTE: El punto número 11 del orden del día es la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
La Ponencia encargada de redactar el informe sobre la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal con referencia a la apología al delito de genocidio, ha llegado a un acuerdo, con lo que prácticamente se han asumido todas y cada una de las enmiendas que se habían presentado a la proposición, que concretamente eran enmiendas

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del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Como consecuencia de ello cabe que hagan ustedes manifestación previa a la votación, fijando su posición, o explicación de voto con posterioridad. Parecería más lógico una fijación previa al momento de la votación, si alguno de los señores portavoces así lo desea. (Pausa.) Como no hay ninguna manifestación en este sentido, pasamos a la votación.
Sometemos a votación el informe de la Ponencia.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Explicación de voto. ¿Grupos que desean intervenir? En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Visto el informe de la Ponencia de la Comisión de Justicia, una vez estudiadas las enmiendas de los diversos Grupos al texto de la proposición de ley, parece que se ha llegado al acuerdo de todos los grupos. Parece lógico que sea así en una proposición de ley orgánica que modifica el Código Penal y mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
Queremos manifestar aquí solamente el apoyo del Grupo Catalán (Convergència i Unió) a esta proposición de ley que obliga a todos los estados democráticos a emprender una acción decidida contra la proliferación que hay en distintos países de Europa de violencia antisemita y racista, que se realiza bajo banderas y símbolos muchas veces de ideología nazi.
Ello se hace más urgente en cuanto a la guerra de la antigua Yugoslavia, tan cercana para nosotros, y donde parece que prácticas genocidas que parecían ya abandonadas reviven. Violencias masivas contra la población civil, violaciones a las niñas y a las mujeres hacen insostenible esta situación y urgente la adopción de medidas.
La legislación española ha ratificado tratados internacionales. El Convenio de Nueva York de 9 de diciembre de 1948, para la prevención y la sanción de un delito de genocidio; convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, este convenio es de 21 de diciembre de 1965, y hace tan sólo unos pocos meses se aprobó en nuestro Parlamento la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, que comporta tomar las medidas necesarias para cumplir la Resolución 827, de 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la que se crea un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en la ex Yugoslavia.
Todo el proceso legislativo llevado a cabo hasta el momento no es suficiente. Se deben castigar también cuantas conductas puedan significar apología o difusión de las ideologías que defiendan el racismo o bien la exclusión étnica, motivo de esta proposición de ley.
Por todo ello, nuestro Grupo ha votado favorablemente.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Nuestro Grupo, como todos los demás, ha votado a favor del informe de la Ponencia en relación con la ley orgánica de modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
Hemos estado a favor de esta proposición de ley desde su inicio.
Felicitamos al Grupo Popular por la iniciativa y creemos además que en este caso sí se puede decir que la Ponencia ha realizado una excelente labor --aunque sea inmodestia que se diga por parte de alguien que ha formado parte de la misma-- modificando en algunos aspectos la proposición de ley y, sobre todo, añadiendo algunas enmiendas originariamente presentadas por todos los grupos y conformando una proposición de ley, que esperemos que pronto se convierta en ley, que va más allá de lo que pretendía la proposición de ley inicial, puesto que entra a tratar la cuestión de la penalización de las conductas de tipo racista. Por tanto, no es ya sólo en el grado extremo del delito de genocidio, sino también en las conductas penales que tengan una motivación racista.
En el caso del delito de genocidio, creo que es importante destacar que ha habido una ampliación del tipo, en el sentido de que se incluiría también como apología la pretensión de «la rehabilitación o constitución de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras del delito de genocidio».
Y en relación con los añadidos que se han producido a esta proposición de ley, creo que también debemos destacar la importancia de las enmiendas presentadas en su momento por el Grupo Socialista, al que quiero felicitar también por la propuesta de nueva redacción del apartado 17 del artículo 10 del Código Penal y por la introducción de un nuevo artículo 165 ter. 1. del Código Penal. Son enmiendas que han mejorado ostensiblemente la proposición de ley y hacen que podamos decir que vamos a tener un instrumento penal (que es simplemente un paso adelante, pero al menos es un paso adelante) para combatir las conductas penales que tengan una motivación racista. En concreto, la redacción del apartado 17 del artículo 10 del Código Penal consiste en considerar como agravamiento de la conducta a la hora de fijar la pena el cometer cualquiera de los delitos contra las personas o el patrimonio por motivos racistas, antisemitas u otros referentes al origen étnico o nacional y también --es lo que incluyó la Ponencia en su deliberación-- aquellos delitos que se cometan por motivos relativos a la ideología, religión o creencias de la víctima. Me parece que es una innovación muy importante, que incluso va más allá del puro motivo racista, para entrar en principios profundamente protegidos por nuestra Constitución, como es la ideología, la religión o las creencias. Igual se ha hecho en relación con el nuevo artículo 165 ter. 1, del Código Penal, considerando que hay un nuevo tipo, que es el de aquellos que provoquen o inciten a la discriminación. Es muy importante este nuevo tipo.


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Reitero nuestra satisfacción por la enmienda presentada en su momento por el Grupo Socialista, ya que se trata de aquellas conductas que provocan la discriminación de personas o grupos por motivos referentes al origen racial, étnico o nacional y además también --la Ponencia lo añade, igual que en el caso del artículo 10.17-- la de aquellas que provoquen a la discriminación por razón de ideología, religión o creencias.
En definitiva, creemos que de cara al año 1995, que va a ser el año europeo contra el racismo, es una buena contribución la que se hace desde esta Cámara a la penalización de aquellas conductas que tienen relación con estos motivos racistas, ampliado, como hemos dicho, por razones ideológicas o religiosas en la Ponencia, y creemos que debemos felicitarnos de que hayamos podido llegar por unanimidad a considerar que ésta es una reforma necesaria y urgente del Código Penal.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Agradezco la felicitación del señor López Garrido por la proposición del Partido Popular de creación del delito de apología del genocidio y felicito también a las señorías que participaron en la Ponencia que ha llevado a este consenso. Entiendo que el consenso es importante, en este caso no definido como la pasividad resultado de la ambigüedad, sino como la reunión de voluntades en torno a una elección clara. Además, creo que cumplimos con una obligación y que esta elección clara que hacemos en esta proposición de ley obedece a una obligación de carácter europeo internacional que nos veíamos desde hacía tiempo obligados a desarrollar y a cumplir, concretamente las convenciones de los años 1948 y 1965 contra el genocidio y toda forma de discriminación racial, y me parece especialmente importante que se haya definido --y creo que ése ha sido uno de los éxitos de esta Ponencia-- de manera más clara y en formas lo más explícitas posibles el delito de apología, de tal manera que, junto a un desarrollo de sus formas, se establece que tales conductas deben constituir una incitación directa a cometer delito.
La creación del agravante de cometer los delitos contra las personas o el patrimonio por motivos racistas, antisemitas y otros referentes al origen étnico o nacional, junto a aquellos referidos a ideología, religión o creencias de la víctima, y la creación del artículo 165.ter con el delito de apología de la discriminación racial amplían notablemente el objetivo de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular, y desde luego significan que el objetivo político que nos habíamos señalado con esta proposición ha suscitado un debate que lleva, por fin, a que en nuestro Código Penal se aborde un grave problema que había sido denunciado en numerosas ocasiones, tanto en el Parlamento Europeo como en las distintas instancias europeas, muy especialmente en el Consejo de Europa. Cumplimos así además los objetivos de la recomendación de septiembre de 1993 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la declaración de Viena de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa de octubre de 1993, en la que se animaba a los estados a continuar los esfuerzos para eliminar los fenómenos de carácter racista, antisemita, xenófobo y contra la tolerancia, y se comprometían los Jefes de Estado y de Gobierno allí reunidos a reforzar las leyes nacionales y los instrumentos internacionales, adoptando las medidas apropiadas en el plano nacional europeo.
Efectivamente, el año que viene es el año europeo de la tolerancia, y más allá de los actos y de las campañas de movilización contra los peligros que supone para las democracias europeas el desarrollo de fenómenos o de movimientos de carácter racista, xenófobo o antisemita o intolerante, empezamos desde el Congreso de los Diputados a adaptar nuestra legislación al compromiso europeo y a la base ideológica común sobre la que se asienta nuestra Constitución.
Estoy convencido de que la aprobación del informe de la Ponencia llevará rápidamente a que se apruebe esta ley orgánica y a que nuestras autoridades se vean empujadas, con los instrumentos legales que les estamos entregando, a perseguir y a utilizar los medios del Código Penal para que nuestro país no sea refugio ni plataforma de actividades de carácter racista, xenófobo o antisemita.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Valls tiene la palabra.


El señor VALLS GARCIA: Con suma brevedad. Pienso que este proyecto que hemos aprobado es el proyecto del doble consenso, porque, como SS. SS.
conocen perfectamente, la proposición que estudiamos hoy tiene su origen en un artículo del proyecto de Código Penal de 1992, que ya la mayoría de los grupos votamos favorablemente y que dio lugar ya a un amplio acuerdo, pero este acuerdo, señor Presidente, creo que se ha visto reforzado, como se ha puesto de manifiesto por mis preopinantes, en la Ponencia que celebramos el otro día, y debo decir que agradezco profundamente las palabras que ha dedicado a este Grupo el portavoz de Izquierda Unida, señor López Garrido. Evidentemente, el Grupo Parlamentario Socialista quiso profundizar en el texto que estudiamos y presentó cinco enmiendas que, como han reconocido el resto de los ponentes, dejan el texto mucho más acorde con las aspiraciones de todos nosotros y puede ser un instrumento útil para la lucha contra estas deplorables prácticas.
Yo quisiera decir simplemente, señor Presidente, dos cosas más. Una, que si bien la tolerancia no se puede imponer con un código, que la tolerancia tiene que ser una postura mucho más activa y mucho más profunda de todos los ciudadanos que creemos en ella, sí es verdad que hará falta que se tengan instrumentos suficientes como para poder luchar contra aquellos que tratan de romper esta tolerancia necesaria en una sociedad democrática avanzada como la nuestra. Con ello creo que prestamos un gran servicio a la sociedad española, puesto que, si bien el delito de genocidio está tipificado en nuestro Código Penal, la apología, como ya tuve ocasión de exponer en el Pleno, ha tenido un posterior desarrollo, principalmente jurisprudencial.


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Señor Presidente, señorías, no quiero alargarme más. Nos felicitamos desde el Grupo Parlamentario Socialista por este acuerdo, esta puesta en común de nuestros ideales, y únicamente, si me permite, rogaría a los servicios de la Cámara, si no tiene inconveniente ninguno de los grupos, que, de acuerdo con el espíritu y la letra de lo que acordamos en la Comisión, tanto en el párrafo primero de la exposición de motivos como en el cuarto, para ser concordes con el texto, se ponga primero la expresión «racista» y después «antisemita». Igualmente, en el párrafo cuarto, por los mismos motivos que he expuesto, en la última línea del texto que tenemos del informe, a continuación de «el origen étnico o nacional», el Grupo Parlamentario Socialista cree interpretar en realidad lo que se dijo en la Ponencia y pondría las palabras «ideología, religión, etcétera». Si el señor Presidente lo considera oportuno, podría consultar al resto de los ponentes porque creo que así seríamos más fieles al espíritu que mantuvimos en la Ponencia.
Reiterando mi agradecimiento por la aceptación de las cinco enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el clima con que se desarrolló esta Ponencia, nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que por parte de ningún Grupo Parlamentario hay inconveniente alguno para que el dictamen de la Comisión sufra las variaciones a que ha hecho referencia el señor Valls. Se aprueba, por tanto, con estas variaciones el informe de la Ponencia y el dictamen de la Comisión. (Pausa.)

VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

--SOBRE PROTECCION A LA INFANCIA EN AQUELLOS PAISES DONDE SUFRE VIOLACIONES DE DERECHOS Y MALOS TRATOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000318.)

--PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 12 DE JULIO DE 1994, POR LA QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 89/552 CEE, PARA LA PROTECCION DEL MENOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000320.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, los puntos números 12 y 13 son consecuencia del debate que tuvimos en la reunión de la Comisión de la semana anterior acerca de dos proposiciones no de ley que fueron objeto de debate. En la votación surgió un problema para cuya solución esta Presidencia solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Cámara.
El informe lo tienen SS. SS. y ha sido objeto de aceptación por la Mesa de la Comisión en el día de ayer. Consecuente con ello, la Presidencia asume que, en la votación que va a tener lugar con posterioridad, no sería posible la votación separada de determinadas expresiones que, en el fondo, camuflaran algún tipo de enmienda o la votación separada de alguna parte de la proposición no de ley que cambiara el fondo de la misma.
Estas son, de forma rápida, las conclusiones que hay que entender forman parte del informe de los servicios jurídicos de la Cámara.
Por consiguiente, votamos, en primer lugar, la proposición no de ley sobre protección a la infancia en aquellos países donde sufre violaciones de derechos y malos tratos. (La señora Del Campo Casasús pide la palabra.) Señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: El Grupo Socialista, ateniéndose al informe elaborado por el letrado de la Comisión y en la intención de aprobar, sin desvirtuar su contenido, el fondo de la mayoría, tanto de esta proposición no de ley como de la siguiente, solicita votación separada no de expresiones aisladas, sino del punto 4 de esta proposición no de ley y del punto 2 de la proposición no de ley sobre protección de la infancia en radiotelevisión, que votaremos a continuación .


El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, señorías, a votar todos los apartados de la proposición no de ley, excepción hecha del 4.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad se aprueban los apartados de la proposición no de ley, excepción hecha del 4.
Apartado 4 de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado número 4 de la proposición no de ley.
El punto número 13 es la proposición no de ley para garantizar el cumplimiento de la Ley de 12 de julio de 1994, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552, de la Comunidad Económica Europea, para la protección del menor. (La señora Del Campo Casasús pide la palabra.) Señora del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Le recuerdo, señor Presidente, que habíamos solicitado votación separada de los apartados 1 y 2.


El señor PRESIDENTE: Procedemos, por tanto, a la votación del apartado 1 de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Apartado 2 de la proposición no de ley.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 2 de la proposición no de ley a que hace referencia el número 13 del orden del día de la sesión de hoy. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.) Señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Para una cuestión de orden.
En la Mesa de la Comisión del 30 de noviembre pasado se acordó que las comparecencias números 212/000572 y 212/000591, interesadas por el Grupo Popular, se remitieran para ser diligenciadas en el ámbito de la Comisión Roldán.
Como expusieron distintos miembros de la Mesa, y consta a este portavoz, algunos de ellos disintieron del criterio adoptado por la Mesa, en el sentido de que esas comparecencias tenían relación con la investigación y además estaban enderezadas a la finalidad de las investigaciones de esa Comisión.
Lo cierto es que, como digo, miembros de la Mesa manifestaron su criterio discrepante, y así lo hicieron constar en acta; por tanto entendemos que se dan los supuestos que suponen que la delegación de la Comisión en la Mesa para resolver sobre las comparecencias sólo podía ejercitarse en el supuesto de que la Mesa las adoptara por unanimidad y, sea cual fuera la interpretación que se haga de la decisión de la Mesa, ciertamente la Mesa lo que ha hecho ha sido decidir que esas comparecencias no se produzcan ante esta Comisión de Justicia e Interior, que en ese caso, con arreglo a esa delegación de facultades, sólo podía decidirse por unanimidad.
Como no sucedió así, solicitamos que se señale en el inmediato orden del día, que, además, por razones de la naturaleza de esas comparecencias, y su utilidad a los fines políticos que las motivan, interesamos tenga lugar lo antes posible y solicitamos que antes de finalizar el período de sesiones se acuerde someter a la Comisión la decisión sobre dichas comparecencias.


El señor PRESIDENTE: La Mesa y portavoces a que hace usted referencia tomó esa decisión argumentándolo en dos supuestos que pueden o no ser erróneos.
Uno, entendían que formaba parte de la Comisión de Investigación acerca del supuesto de don Luis Roldán; y, dos, porque aparecían como solicitud de comparecencia determinadas personas que ya no tenían carácter de funcionario público al no formar parte ya de ninguna esfera del Gobierno.
En todo caso sí es cierto que hubo la abstención de su grupo y parece que tiene cierta lógica que, en lugar de decidirlo aquí cuando ese supuesto no forma parte del orden del día, ni están algunos de los grupos parlamentarios que tomaron la decisión en la Mesa y portavoces, se convoque la Mesa y portavoces de la Comisión para mañana a las dos de la tarde y que ella decida sobre lo que parezca más oportuno.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

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