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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 471, de 04/04/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 471 P R E S U P U E S T O S PRESIDENCIA DE DON ANGEL GARCIA RONDA, VICEPRESIDENTE PRIMERO Sesión núm. 29 celebrada el martes, 4 de abril de 1995

ORDEN DEL DIA: Comparecencias: --Del señor Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Llardén Carratalá), para informar del reajuste presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros del día 27 de enero de 1995, así como del efecto que provocará en el desarrollo del plan puente de carreteras, del plan ferroviario, del plan hidrológico y del plan director de infraestructuras. A solicitud de los Grupos Parlamentarios Federal IU-IC.
(Número de expediente 212/001372) y Popular (número de expediente 213/000542). (Página 14340) --Del señor Secretario de Estado de la Defensa (Flos Bassols), para dar cuenta del reajuste presupuestario aprobado en el Consejo de Ministros del día 27 de enero de 1995, así como del efecto que provocará en la industria pública española y en los proyectos de inversión recogidos en los anexos de inversiones presupuestarias. A solicitud de los Grupos Parlamentarios Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001370) y Popular (números de expedientes 212/001390, 212/001391, 212/001392 y 212/001393).
(Página 14352)

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--Del señor Subsecretario de Industria y Energía (Girbau García), para informar del reajuste presupuestario aprobado en el Consejo de Ministros del día 27 de enero de 1995, así como de los efectos que provocará en el desarrollo de una política industrial activa, en los sectores estratégicos y en la investigación y desarrollo. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001375). (Página 14360) --Del señor Subsecretario de Justicia e Interior (Herrero Juan), para informar del reajuste presupuestario aprobado en el Consejo de Ministros del día 27 de enero de 1995, así como de sus efectos en la puesta en marcha del Jurado y en los proyectos de inversión recogidos en los anexos de inversiones presupuestarias. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001371). (Página 14366) --Del señor Subsecretario de Administraciones Públicas (Hernández Spínola), para informar del reajuste presupuestario aprobado en el Consejo de Ministros del día 27 de enero de 1995, así como del efecto que provocará en la oferta pública de empleo comprometida por el Gobierno y en los proyectos de inversión recogidos en los anexos de inversiones presupuestarias. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
(Número de expediente 212/001373). (Página 14372)

Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS:

--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Llardén Carratalá) PARA INFORMAR DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DIA 27-1-95, ASI COMO DEL EFECTO QUE PROVOCARA EN EL DESARROLLO DEL PLAN PUENTE DE CARRETERAS, DEL PLAN FERROVIARIO, DEL PLAN HIDROLOGICO Y DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001372) Y POPULAR. (Número de expediente 213/000542.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Buenos días. Comenzamos la comparecencia del señor Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. De acuerdo con la mecánica que estamos siguiendo, se iniciará con una exposición a cargo del señor Subsecretario, a continuación intervendrán los grupos solicitantes de la comparecencia, acto seguido los demás grupos que lo estimen conveniente para fijar su posición y se cerrará con un último turno muy breve para eventuales aclaraciones o precisiones.
Tiene la palabra, por lo tanto, el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Llardén Carratalá): Señorías, buenos días. Cumpliendo con el mandato de esta comparecencia, en primer lugar, voy a dar información a la Comisión sobre los efectos, en el Presupuesto del año 1995 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de los acuerdos del Consejo de Ministros del 13 y del 27 de enero de este año, llamados normalmente acuerdos para el recorte. Voy a dar, repito, la información general y después estoy totalmente abierto, ya que tengo la información suficiente, para ampliar o comentar lo que fuera menester en el turno de preguntas o aclaraciones.
Los datos básicos, los números macro del recorte para el Ministerio de Obras Públicas son los siguientes. Los acuerdos de Consejo de Ministros, por lo que afectan al presupuesto de Ministerio, han establecido una no incorporación de créditos por valor de 50.810 millones de pesetas y, conjuntamente con esta no incorporación de créditos, una no disponibilidad de 11.800 millones de pesetas. La suma global de estas dos cifras arroja un total inicial de 62.610 millones de pesetas.
Ahora bien, simultáneamente a estos acuerdos de recorte, el Consejo de Ministros acordó también un crédito extraordinario para el Ministerio de Obras Públicas por 12.000 millones de pesetas, por motivos que después comentaré y que, en todo caso, son conocidos por SS. SS., porque es el tema de la sequía, lo cual quiere decir que el crédito realmente disminuido en el Ministerio de Obras Públicas es de 62.000 menos 12.000, es decir, 50.610 millones de pesetas. Este sería, por lo tanto, el balance neto inicial del recorte.
Estos 50.610 millones de pesetas se repartirían por capítulos de la siguiente manera. En el capítulo 4 tendríamos una no disponibilidad de 11.800 millones de pesetas. La cifra de no disponibilidad, como ven ustedes, íntegramente va a parar al capítulo 4. El resto, que son créditos de no incorporación, se reparten de la siguiente manera: 31.626 millones van al capítulo 6 y 7.184 al capítulo 7. Si sumamos los 11.800, los 31.626 y los 7.184, nos da los 50.610 millones de pesetas de lo que podríamos denominar recorte.
Junto con este recorte del crédito --porque esto sí que es recorte del crédito--, el Consejo de Ministros decidió, a

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propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, un no reconocimiento de obligaciones por valor de 94.747 millones de pesetas. Como sin duda SS.
SS. conocen bien, las dos cifras que he dado no se pueden sumar, ya que en realidad corresponden conceptualmente a aspectos presupuestarios diferentes.
Los 50.610 millones es una partida correspondiente a crédito disminuido en el Ministerio a través de dos formas de actuación: no disponibilidad de 11.800 millones, lo cual significa que partidas que estaban recogidas en el Presupuesto del año 1995 no son disponibles, es decir, el Ministerio de Hacienda, para entendernos, las bloquea; en concreto, esta partida está en el capítulo 4, como he dicho, y formaba parte de los 39.000 millones de pesetas de subvención corriente a la Secretaría General de Comunicaciones. De acuerdo con los datos que ha suministrado dicha Secretaría General de Comunicaciones, se ha entendido que para el año 1995 no iba a ser necesaria esta cifra inicialmente presupuestada y, por lo tanto, la no disponibilidad se ha afectado, en principio, a esta partida.
Hay que decir, no obstante, que el acuerdo de Consejo de Ministros, como más adelante veremos, es definitivo en cuanto a sus cifras, pero no en cuanto a las partidas concretas. Por consiguiente, el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Hacienda, a lo largo del ejercicio tienen la posibilidad de ver exactamente en qué partidas puede parecer más oportuno introducir estas cifras.
Además de estos 11.800 millones netos, hay unos 38.000 millones más que son de no incorporación y que van a parar a los capítulos 6 y 7. Aquí tengo que hacer una observación. Esta cifra de no incorporación quiere decir exactamente que créditos remanentes del ejercicio de 1994 no se incorporan al ejercicio de 1995. Ahora bien, como conocen SS. SS., la incorporación del gasto no es un derecho automático de los ministerios, sino que el Ministerio de Economía y Hacienda, y más exactamente la Intervención General del Estado, es la que en cada momento autoriza o no la incorporación de una partida. ¿Qué quiero decir con ello? Que ésta es una cifra máxima. Es decir, si realmente no se hubieran producido estos acuerdos del Consejo de Ministros, como máximo hubiéramos podido incorporar estos 38.000 millones de pesetas. Digo como máximo porque en la práctica siempre hay un tanto por ciento de rozamiento, es decir, una serie de créditos que, por diferentes motivos de tipo administrativo, de tipo formal, el Ministerio de Economía y Hacienda no nos permite incorporar. Estos motivos son tipo presupuestario, jurídico, etcétera.
Por lo tanto, la cifra de estos 38.000 millones, que junto con los 11.000 nos da los 50.000, es el crédito máximo al que hubiéramos podido aspirar si se hubiera producido una incorporación del cien por cien. Como en la práctica esto no es así, probablemente la incorporación real hubiera sido algo menor.
En todo caso, ésta es una explicación más para dar una idea de contexto, no para discutir la cifra.
En el capítulo 6 dejamos de tener crédito por valor de 31.626 millones de pesetas. Tengo una lista adjunta de la que, para no leerla porque puede ser algo farragosa, haré una fotocopia y se la entregaré, en la que verán que, de estos 31.000 millones de pesetas, la partida más importante, de lejos, es la destinada a la Dirección General de Carreteras; es de no incorporación y suma 26.583 millones de pesetas. El resto de las cifras corresponden a cada una de las direcciones generales --esta información la daré posteriormente a la Comisión-- y no tienen una relevancia fundamental.
El capítulo 7, que son 7.000 millones de pesetas, pertenece en su práctica totalidad a la Dirección General para la Vivienda, que, como saben, tenía un presupuesto de más de 100.000 millones de pesetas, y haciendo los números con exactitud hemos comprobado que para el año 1995 podíamos retirar este crédito sin afectar, en el caso de vivienda, a los objetivos previstos en los créditos del Ministerio de la Vivienda.
En resumen, los créditos en menos son 50.610 millones de pesetas.
Anteriormente decía que había una segunda parte, que era el no reconocimiento de obligaciones. En este no reconocimiento de obligaciones, el Ministerio de Economía y Hacienda ha cogido el conjunto del Presupuesto del Estado, ha hecho una previsión de cuál va a ser el grado de cumplimiento del conjunto de los ministerios y ha establecido para cada uno de ellos lo que podíamos llamar un tope orientativo de cuál va a ser su grado de ejecución. Haciendo estos números para el conjunto del Estado, en concreto para el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente se nos ha dado una cifra de ejecución del 92,7 por ciento. Esto quiere decir que el Ministerio podría reconocer obligaciones por un total de un billón 200.706 millones de pesetas.
Con esta cifra, aplicando el 92,7 por ciento al presupuesto inicial del Ministerio, se obtienen estos 94.747 millones. Esta es una cifra hasta cierto punto teórica, porque es la diferencia entre el cien por cien teórico del presupuesto y el grado de ejecución que el Ministerio de Economía y Hacienda ha supuesto que el Ministerio de Obras Públicas va a tener en el año 1995, que es este 92,7 por ciento. Por lo tanto, dice: ustedes van a dejar de ejecutar presupuesto por valor de 94.000 millones de pesetas.
De hecho, este ejercicio no es novedoso porque lo realiza cada año el Ministerio de Economía y Hacienda no en el mes de enero, sino normalmente en septiembre u octubre, cuando establece más o menos las necesidades presupuestarias y ve cuál va a ser el grado de cumplimiento de los ministerios.
Para que tengan un dato orientativo, creo que fue en la Comisión de Infraestructuras donde comparecí hace poco para explicar el grado de ejecución del Ministerio en el año 1994. El grado de ejecución del año 1994 fue del 94 por ciento. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Hacienda nos ha dado una cifra muy similar a la de dicho año.
Evidentemente, esta cifra de no reconocimiento de obligaciones es una previsión que realiza el Ministerio de Economía y Hacienda no para el Ministerio de Obras Públicas, sino para el conjunto de los ministerios y da a cada ministerio, repito, una cifra orientativa. A lo largo del ejercicio queda por ver el desarrollo real de cada ministerio y la posibilidad --al menos teórica-- de que un ministerio suba su techo a

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cambio de que otro lo baje, porque los grados de ejecución se van modificando.
Por eso digo que técnicamente no se pueden sumar los 94.000 millones a los 50.000. Los 50.000 corresponden a disminución de crédito, es menos disponibilidad real de crédito para hacer cosas, y los 94.000 corresponden a una previsión de lo que el Ministerio de Economía y Hacienda entiende que, de forma casi natural, va a ejecutar. Como digo, el año anterior nosotros ejecutamos un 94 por ciento, es decir, un uno por ciento más. Normalmente nos movemos alrededor de esta cifra, y cabe la posibilidad de que si nuestro Ministerio, acercándose el mes de octubre, viera que el grado de ejecución es algo mayor, pudiera pedir al Ministerio de Economía y Hacienda que elevara algo nuestro techo a cambio de que otro ministerio u otros ministerios tuvieran un grado de ejecución menor. Pero, como digo, ésta es una previsión.
Por este mismo motivo no hago una división por capítulos, porque en este momento no tendría ningún sentido y, al mismo tiempo, el Ministerio de Economía y Hacienda admite perfectamente, en lo que son no reconocimiento de obligaciones, trasvase de cifras de un capítulo a otro. Tan es una previsión que en este acuerdo del Consejo de Ministros se determinó que estos datos se revisarían mes a mes, para ver cómo evolucionaba el grado de ejecución de cada ministerio.
Entrando en una segunda parte de lo que podía ser mi intervención, dadas las cifras globales, vemos que al capítulo 6, que es lo que más directamente podemos identificar como obra pública, el neto que se deduce es de 31.000 millones de pesetas y en su gran mayoría van a parar a la Dirección General de Carreteras.
El Ministerio ha estado estudiando esta cifra en relación con el plan de inversiones y las obras que nosotros teníamos en marcha, y si bien en un primer momento se hizo público que iba a fijar en qué obras concretas se produciría esta disminución de crédito, un estudio posterior más profundo, con las cifras ya definitivas que nos dio el Ministerio de Economía y Hacienda, y sobre todo, poniéndolo en comparación con lo que es el conjunto del presupuesto del Ministerio, nos llevan a la determinación, hasta cierto punto novedosa para la Comisión ya que este tema no se había comentado, de que el Ministerio no va a hacer, por el momento, ninguna asignación concreta de recorte a una obra determinada.
El motivo de esto es el siguiente. Los 31.000 millones de pesetas comparados con el inicial capítulo 6 del Ministerio --serían 31.000 contra 710.000--, nos dan un 4,5 por ciento de peso; es decir, el presupuesto del Ministerio es ahora un 96 por ciento, en el capítulo 6, del que era inicialmente. Si bien esa cifra en valor absoluto es una cifra importante --son 31.000 millones de pesetas--, se ve fácilmente que en valor relativo no llega ni al cinco por ciento del presupuesto del Ministerio. Quiere ello decir que la previsión que en este momento hacemos en la Subsecretaría es que el propio devenir normal de nuestras obras a lo largo del año producirán, probablemente, y en este momento no sabemos dónde, retrasos --por motivos climáticos, y por motivos de todo tipo-- en algunos sitios que van a representar prácticamente los 31.000 millones de pesetas. Es decir, no es necesario afirmar ahora que estos 31.000 millones se aplican, vamos a suponer --si se me permite una pequeña broma--, a la carretera en la cual está la circunscripción del señor diputado X o el señor diputado Y. El propio devenir de las obras del Ministerio tiene un rozamiento que podríamos calcular entre un cinco o un diez por ciento y cada año sabemos que por motivos no previstos inicialmente, decisiones judiciales sobre expropiaciones, etcétera, una obra concreta se ralentiza o queda incluso parada. Por tanto, y en principio, el Ministerio no va a asignar estos 31.000 millones de pesetas a cinco o diez obras diferentes.
Para que SS. SS. tengan una información más exacta de este cálculo lo podemos ver desde otro punto de vista. Si pensáramos que el presupuesto del Ministerio del año 1995 era para hacer un conjunto de obras que iban a terminar el 31 de diciembre y que después ya no tuviéramos más obras, el que dejáramos de disponer de estos 31.000 millones de pesetas equivaldría, más o menos, a unos catorce o quince días. Es decir, si termináramos nuestras obras el 31 de diciembre con el presupuesto inicial y ahora tenemos el presupuesto inicial menos 31.626, quiere decir que terminaríamos todas las obras no el 31 de diciembre de 1995, sino el 14 de enero de 1996. Esto es, en media se retrasa el conjunto de obras en catorce días. Esta cifra ya da una idea de que estamos hablando de algo que, repito, en valor absoluto tiene peso, pero que en valor relativo, para lo que hace el Ministerio, apenas representa algo significativo. No se va a producir matemáticamente un retraso lineal de catorce días en todas y cada una de las obras, pero supongamos que la mitad de las mismas no se retrasen y la otra mitad se retrasen, hablaríamos de 28 días en media. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que el recorte, desde el punto de vista del capítulo 6, representa un pequeño retraso que pensamos, a fecha de hoy, a 4 de abril, que en la práctica se va a producir y centrar de forma natural en algunas obras, como sucede cada año. Por tanto, la intención del Ministerio en este momento, repito, no es establecer un mapa concreto de obras en las cuales se aplica el retraso, sino asistir a la ejecución normal del presupuesto, y en el mes de agosto o septiembre, pasado el verano --que es cuando hay la obra fuerte de obra pública por razones climáticas-- ver realmente cómo ha evolucionado, ver si tenemos algunas obras que se han retrasado por motivos normales y concentran el recorte y, si no fuera así, se tomaría alguna medida. Este es el conjunto de información que tenemos.
Aprovecho el foro que me da la Comisión para comentar --éste es un tema que los diputados de la Comisión de Infraestructuras conocen ya bien-- que la preocupación del Ministerio en el año 1995 no está tanto en este recorte --que lo asumimos, aunque como todo ministerio nos gustaría tener más crédito--, como en los problemas de medios humanos que nuestro Ministerio tiene ya desde hace tiempo; es decir, el capítulo 1 y el capítulo 2, especialmente el capítulo 1. Me refiero, fundamentalmente, a los cuerpos técnicos del Ministerio. La estructura técnica, es decir, ingenieros de caminos, ingenieros técnicos y un

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poco el conjunto humano que da base a la política de inversión, no se ha modificado en números redondos en los diez últimos años. La fuerza humana del Ministerio --ingenieros, ingenieros técnicos, todos los técnicos, hombres y mujeres que trabajan en la inversión-- es prácticamente muy similar a la que podía tener en los años 80, cuando el Presidente de la Comisión era Ministro; no creo que hayamos avanzado demasiado en eso y, sin embargo, la inversión se ha multiplicado por dos, por tres o por cuatro. Es cierto también que la técnica ha avanzado; ahora hay unos sistemas informáticos que no teníamos hace años, pero, en definitiva, los medios humanos de los que dispone el Ministerio para administrar y gestionar la inversión no se han incrementado notablemente, y ahí tenemos un verdadero cuello de botella objetivo que se salda o se palía, a veces, con asistencias técnicas exteriores de empresas consultoras, lo cual no es suficiente. Hemos iniciado una reflexión con el Ministerio de Economía y Hacienda, no en el mejor momento, porque es evidente que este Ministerio tiene problemas más importantes que resolver, pero la hemos iniciado hace ya un cierto tiempo, sobre la correlación que tiene que existir entre el nivel de inversión y el de medios humanos, de funcionarios de calidad que tenemos.
En los dos últimos ejercicios presupuestarios hemos podido incrementar, por ejemplo, la plantilla de ingenieros de caminos mediante oposiciones; en el primero creo que fueron 37 plazas y, en el segundo, 44. Es gente nueva en el Ministerio, pero con ello estamos cubriendo simplemente las jubilaciones. Es decir, que el personal que desaparece del Ministerio por jubilación difícilmente es sustituido por personal de nueva entrada, en la medida en que, como SS. SS. conocen, con criterios generales se decretó, hace ya tiempo, congelación de plantillas en la Administración.
Esto hace sufrir al Ministerio en su día a día de gestión, y como Subsecretario del mismo, repito, aprovecho la posibilidad de comentar esto ante ustedes. En este momento, para hablar con toda sinceridad, no nos preocupa tanto este recorte, que puede quedar perfectamente asumido dentro de lo que es la política del Ministerio sin menoscabar ninguno de sus objetivos, y en cambio nos sigue preocupando la falta de medios; falta de medios que en todo caso no es de hoy, no es un tema del año 1995, sino que arrastra desde hace tiempo. Como digo, en la Comisión de Infraestructuras es bien conocido, ya que hemos comentado que puede tener, a corto y a medio plazo, un efecto sobre la inversión en la medida en que la capacidad de gestión es la que es y creo que el Ministerio hace ya tiempo que está en el tope de su capacidad de digestión de estos datos.
Señorías, he dado esta primera información, que sin duda será necesario ampliar en algunas cuestiones. Pero estoy en condiciones de hacerlo si el señor Presidente de la Comisión me lo indica. (El señor Posada Moreno pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Si es para una cuestión de orden, adelante.


El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, es una pregunta que puede ser una cuestión de orden. ¿Esta comparecencia que está haciendo el señor Subsecretario a petición del Grupo de Izquierda Unida, subsume la petición de comparecencia que hizo el Grupo Popular al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para hablar de este mismo tema?

El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Así es, señor Posada. Como consta en el orden del día, que debe estar en poder de SS. SS., por acuerdo de la Mesa y Portavoces de 15 de marzo, se subsume la petición solicitada por el Grupo Popular y cita el número de expediente.


El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, querría decir que consideramos que nuestro Grupo también es de los que han demandado la convocatoria.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Así es, y que conste claramente en acta. En todo caso, como quiera que lo que debatimos en esta comparecencia y la que corresponde a la solicitud del Grupo Parlamentario Popular es la subsumida, entiendo que sigue teniendo la palabra, en primer término, el señor Ríos y después puede tomar la palabra el señor Posada en representación del Grupo Parlamentario Popular.


El señor RIOS MARTINEZ: La evolución que ha habido en todas las comparecencias de este tipo no ha seguido el régimen reglamentario de intervención de un grupo, réplica e intervención del mismo grupo, sino que la intervención es general. Todos los grupos intervenimos demandando información y después replica el señor Subsecretario.
Me gustaría que las precisiones que usted nos ha dado con datos y números pudiéramos trasladarla a la información que tenemos cuando se presentan los presupuestos y también cuando se liquidan, con un nivel de desagregación por programas.
Es verdad que en el caso del capítulo 4 ha precisado que los 11.800 millones del recorte iban dirigidos a la subvención a Correos pero a partir de ahí toda la información que se nos ha dado ha quedado más inconcreta y ha sido referida a direcciones generales. Me parece bien que el señor Subsecretario utilice la fórmula de direcciones generales, pero a nosotros nos gustaría, puesto que tenemos una historia de presupuestación por programas que debe objetivar la política del Gobierno, conocer de qué políticas se trata.
Después me va a permitir el señor Subsecretario que haga dos bloques de preguntas, dos bloques de demanda de información, porque a mi Grupo le han quedado poco precisadas algunas de las cifras que ha ofrecido. Yo acepto que ustedes relativicen los efectos de los dineros, porque creo que entra dentro de su función, pero no que lo hagan con 50.610 millones de pesetas, que son recorte puro y duro. ¿Y sabe por qué son recorte? Porque o bien no acometen unas obras --como es el caso de la subvención a Correos, 11.800 millones--, o bien con los dineros de que disponían para 1995 van a cumplir los compromisos u obligaciones que tenían reconocidas de 1994.


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Y me da la impresión de que el tiempo no está para llover. Es decir, al final del ejercicio de este año vamos a tener una situación determinada y el año que viene también, porque ya se anuncian otros recortes de actuación para la presupuestación de 1996.
Pero al final tienen que cuadrar los números. No se pueden estirar, explicar que son elásticos y hablar del retraso que llevan las obras, pero que se deslizarán para otro año. Aquí tenemos su liquidación de 1994, que me la he estudiado íntegra, programa por programa, con las modificaciones que ha tenido el presupuesto y, por tanto, con los deslizamientos, los créditos por incorporación, obras reconocidas que pasan a este año. Es decir, vamos a afectar un volumen total para el ejercicio de 1995, aproximadamente, de 144.000 millones de pesetas. Por poner un ejemplo, le reconozco que no tiene por qué estar precisada la prevención de obligaciones a no reconocer. Es lógico, pero vamos a ver cómo evoluciona. Se trata de créditos en que a ustedes les dicen que no se pueden gastar más de un dinero y además se lo han fijado por meses: este mes no se puede gastar más de esto o más de lo otro. Y al final, por la evolución que tengamos, se cuadrará el círculo. En el mes de octubre o noviembre se dirá: esta obra se desliza al año que viene porque no tenemos dinero suficiente, o esta obra se renuncia a acometerla en este ejercicio y se iniciará al siguiente. Pero al final, repito, los números tienen que cuadrar o deben encontrar su propia ubicación.
Le voy a dar las cifras del año 1994 en cuanto a carreteras. Acepto la explicación del recorte en Correos porque está claro y nítido. Puedo no compartir que dicho recorte se dé ahí, pero la información, que es de lo que se trata en esta comparecencia, está clara. En el capítulo 6, del recorte de 31.626 millones de pesetas, 26.500 millones van al plan puente de carreteras, a la Dirección de Carreteras. No sabemos qué parte irá a creación de infraestructuras y qué parte a conservación. Por lo menos, de su explicación no me ha quedado claro. Pero la red de alta capacidad para el año 1994 tenía un presupuesto de una inversión de 150.000 millones de pesetas; las actuaciones en medio urbano, redes arteriales de toda España, tenía un presupuesto de 71.000 millones de pesetas, y los acondicionamientos de las distintas carreteras nacionales tenían una inversión de 86.100 millones de pesetas. A mí me gustaría conocer cómo se va a distribuir en esos grandes bloques. Fíjese que no le estoy preguntando si afecta a la autovía de Oviedo-Mieres, a la de Murcia-Albacete, a la de Bailén-Jaén-Granada ni a la de las Rías Bajas.
Es decir, si usted se circunscribe al volumen total se pueden relativizar. Pero por darle la obra más costosa que este año se iba a acometer, que era la de las Rías Bajas, este año iban a gastar ustedes 31.000 millones de pesetas, y en lo que era la autovía del noroeste, La Coruña-Lugo-Benavente, 28.000 millones de pesetas. Por consiguiente, cuando bajamos a proyectos concretos las pesetas empiezan a no relativizarse, a verse con mayor concreción.
En el capítulo 7 se ha referido usted fundamentalmente, en lo que es el recorte de 150.000 millones, a los 50.610 que a usted le afectan, y después ha hecho referencia a que hay un crédito extraordinario. Pero si usted utiliza esa técnica me gustaría que me explicara si usa como minoración de la reducción ese crédito extraordinario que se aprobó por 12.000 millones, porque en recursos hidráulicos también iba un recorte de esa cuantía que se ha suplido. Por tanto, habrá políticas que se han declarado no prioritarias. Si utiliza usted el argumento de los 12.000 millones del crédito extraordinario es porque había otros 12.000 millones que se iban a gastar en otras cosas, de recursos hidráulicos o de lo que sea, y debe precisarme a qué se ha renunciado con ese recorte. Hay que entender bien --porque su explicación ha sido muy clara y concisa-- que hay obras a que se renuncia, que no es el caso de Correos, y hay otras que aceptando ustedes que se siguen haciendo con su evolución, las van a pagar con dinero y recursos del año 1995. Por ello, me gustaría saber cuáles de esas obras, de esas precisiones podríamos tener afectadas. Por tanto, en esta parte de lo que son los dineros que ustedes iban a no incorporar al año 1995, habrá obras de este año que no se harán y que se deslizarán a 1996, y me gustaría que me precisara esa distribución.
En cuanto al otro bloque de explicaciones, lo ha cifrado en el grado de cumplimiento. Usted ha dado cifras globales, pero yo le voy a utilizar el grado de ejecución del año 1994, porque fue una argumentación que brillantemente nos dio en esta Comisión de Presupuestos, cuando compareció. Y no se puede generalizar, porque en su Ministerio, en el año 1994, respecto al capítulo 4, el grado de ejecución que usted nos presentó era del 99,9 por ciento. En el capítulo 6, en dicho año 1994, el grado de ejecución que nos dio fue del 98,6, y en el capítulo 7, fue del 94,9. Ese fue el grado de ejecución que usted nos presentó en los presupuestos de 1994, y ahora dice que, en realidad, el 94,9 respecto al 92 tampoco supone tanto recorte.
Yo creo que lo bueno es reconocer que el Gobierno ha elegido una prioridad, que es contener el déficit público, sobre todas las otras políticas. Porque el arte de la política es eso, tomar decisiones que tienen un orden de prioridad: lo prioritario es esto y renunciamos a otras actuaciones. Pero no me quieran ustedes vender las dos cosas a la vez. No digan que recortan pero que van a hacer lo mismo. Eso, en mi casa nunca lo hemos podido hacer; con distintos dineros no hemos podido hacer la misma compra, hemos podido hacer otras compras.
En cuanto a lo que es la contención de la obligación a reconocer, ésa es la parte que ha detallado parcialmente. Yo veo más detallada la parte del recorte, pero es que creo que está más precisada y más medida por ustedes. Fíjese en que la contención que hoy en día está usted anunciando en el Ministerio, que es de 94.000 millones de pesetas, puede convertirse en recorte para el año que viene; eso puede suceder si ustedes no ejecutan a este grado y al año que viene se dice lo que dijo el Ministro, señor Solbes, en su comparecencia aquí, que como los ministerios no han ejecutado no pasa nada, que si no han ejecutado es porque no sería prioritaria la obra y renunciamos a ella. Eso fue lo que dijo el Ministro aquí. Por tanto, la contención de hoy se puede transformar en recorte para el año 1996, porque al no incorporarse y volver a hacerse otra contención de obligaciones reconocidas para 1996 estaremos en las mismas,

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pero con cifras mayores, porque ya se habla de cifras superiores.
También le he dicho antes que aquí solamente hay una precisión sobre este volumen de 94.000 millones de pesetas. Nos ha explicado usted que 31.000 millones van al capítulo 6, si no he interpretado mal la información, y me gustaría saber, de los 94.000 millones, no sólo a dónde van esos 31.000 millones, sino la distribución de dichos 94.000 millones en todos los demás capítulos.
Usted hacía una reflexión en voz alta que yo comparto, y es que faltan medios. Es verdad que no se toca el capítulo 2, pero sí el capítulo 1; hay una diferencia de casi 2.000 millones de pesetas respecto a este compromiso de no reconocer obligaciones que puede ser por la gestión de un volumen de personal alto, de plazas vacantes que no se van a cubrir o las actuaciones que sean. Pero es un compromiso que ustedes mismos han mantenido. De la contención de la obligación a reconocer, ustedes se autolimitan en personal en unos 1.800 millones si las cifras que tengo en la mano pueden cuadrar con las previsiones de presupuestos de unos 50.325 millones de pesetas originarios pasan a unos 48.600 al final.
Me gustaría conocer la distribución de esos 94.000 millones de pesetas por cada uno de los capítulos, y dentro de cada uno de los capítulos, y con arreglo a los cuadros que usted tiene --que, además, nos ha dicho que son los que nos va a entregar--, dónde están todos los programas.
Nosotros hacíamos referencia, fundamentalmente, a tres programas y al PDI que lo engloba todo: programa-puente de carreteras, que iba a terminar en 1995 como enlace del anterior plan de carreteras con el PDI o con los compromisos que el PDI podría adquirir para la nueva actuación; el plan ferroviario, y el plan de recursos hídricos, porque son los de mayor volumen dentro del capítulo de inversión. Es posible que cuando oiga la cifra correspondiente al capítulo 7 compruebe que hay otros programas afectados, como, por ejemplo, el de rehabilitación y acceso a la vivienda, al que se destinan noventa y tantos mil millones de pesetas.
Como he dicho anteriormente, me gustaría conocer la distribución por programas. Usted ha manifestado que no se han elaborado los proyectos y ha fijado la cifra de 31.000 millones de pesetas. Ahora bien, me tendrá que reconocer que 94.000 millones por el devenir de la gestión es un porcentaje muy alto, y usted tiene un ministerio muy inversor. Pueden darse dos casos: uno, que ustedes reconozcan unas obligaciones, pero que no haya suficiente dinero para hacer frente a las mismas, por lo que tardarían más tiempo en pagar --si ahora tardan tres meses pasarían a cuatro o a cinco--, y, dos, que ustedes mantengan el criterio que han seguido anteriormente, que prefieren no licitar para luego no tener contenido el sector. Usted nos expuso este criterio con motivo de su comparecencia para explicar el presupuesto, y nosotros podemos compartirlo.
En consecuencia, nos gustaría que nos proporcionara una distribución más exacta de este compromiso de ajuste, porque el Gobierno quiere hacer frente a unas previsiones de contención del gasto público, de cubrir el mayor costo de los intereses de la deuda por subir el producto que estamos poniendo en circulación ahora mismo y otras políticas que se han comprometido en los presupuestos. Si ustedes no están en condiciones de decirnos --porque no lo han decidido-- cuál es la evolución de la gestión de determinados proyectos en este año, sí me gustaría conocer la evolución de los proyectos del año pasado, porque en carreteras, en ferrocarril y en recursos hídricos la actuación es plurianual, hacen previsiones para tres, cuatro o cinco años. Ustedes tienen un calendario orientativo en cuanto a los volúmenes de recursos, en función de la licitación puede ser un volumen menor, con lo que se podría hacer frente a más obras, pero es evidente que ustedes tienen fijado un calendario.
En resumen, desearíamos que nos dijera --si no es ahora sí en septiembre o en octubre-- cuál es la conclusión final y qué proyectos se aplazan, y, en el mejor de los casos, cuál va a ser el efecto y cuáles son las actuaciones del Ministerio que se retrasarán hasta 1996, cuáles no se han realizado en 1994 y han pasado a 1995, y cuáles se aplazan por no creerlas prioritarias, y no pasa nada, todos sabemos lo que hay encima de la mesa.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): El señor Posada tiene la palabra.


El señor POSADA MORENO: Señor Subsecretario, voy a hacer una intervención que consta de dos partes diferenciadas. En primer lugar, quiero hacer una reflexión de carácter general sobre la reducción del déficit público y la detención o el retraso de las inversiones. Indudablemente, hay una prioridad que ha establecido el Gobierno de lucha contra el déficit público al objeto de reducirlo, prioridad que compartimos. Ahora bien, el planteamiento político es el siguiente: ¿puede hacerse esa reducción sin afectar, o afectando lo mínimo posible, a unas inversiones en infraestructuras que son absolutamente necesarias porque nos tienen retrasados respecto a Europa e impiden nuestra competitividad en un mercado europeo? Teniendo en cuenta la evolución que se está desarrollando con las decisiones que está adoptando el Gobierno, la respuesta a esta pregunta es que no es posible llevar a cabo las dos prioridades a la vez. Y yo lo comprendo, porque le voy a decir, señor Subsecretario, lo siguiente: actuar reduciendo con dureza el déficit público, como hay que hacerlo, y mantener una inversión creciente para alcanzar a los demás países europeos, es un programa muy difícil de llevar a cabo en un planteamiento político nuevo, en una situación política distinta, con planteamientos originales; esto desde el principio es difícil, porque siempre habrá algunos partidos y algunos grupos que crean que el déficit público no es tan malo como se dice, y para eso hay que recortar actuaciones de gasto corriente que son buenas y que tienen buenos resultados en una parte de la población, que a veces son bastante necesarias y, sin embargo, hay que reducirlas. Yo veo difícil, repito, hacer esto con un nuevo planteamiento.
Pero he de decir con toda sinceridad --y ésta es mi opinión-- que creo que con este planteamiento actual es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque el Gobierno y el grupo que le sustenta, el Grupo Socialista, están presos en

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una trayectoria de muchos años en la cual se han establecido otras prioridades de gasto, se han fijado unos gastos de tipo corriente que han tenido más importancia que los gastos de inversión, que hay un electorado al que se ha dirigido el Gobierno socialista con toda legitimidad durante muchos años, y se va a seguir dirigiendo a él en elecciones autonómicas o en las generales, que demanda otro tipo de cosas. Todos los días estamos viendo propuestas como, por ejemplo, del Grupo de Convergència i Unió, que irían más hacia una economía productiva, más hacia reducir ese déficit y, al mismo tiempo, mantener las inversiones y reducir el gasto corriente, y aunque yo supongo que desde el Gobierno se estudian con mucho interés, sin embargo no se aplican. ¿Por qué? Porque hay una dificultad intrínseca --termino esta visión global--, me refiero a esas declaraciones que ayer hizo el Secretario General de UGT, que en cierta manera yo creo que reflejaban una realidad. Decía que de cara a estas elecciones autonómicas y locales este planteamiento político, económico del Gobierno trae tantos votos como un cubo sin base. Yo creo que en cierta forma eso refleja una realidad. Ahora mismo, para reducir este déficit público se está hablando de privatizaciones, 700.000 millones.
Inmediatamente ha habido grupos cercanos a la sensibilidad del grupo del Gobierno que ha reaccionado contra esa actuación. Por tanto, yo veo muy difícil que esa reducción del déficit público, que considero absolutamente necesaria, se consiga recortando otros gastos que no sean la inversión.
En consecuencia, ¿en qué panorama nos encontramos, y ahora entramos en lo que estamos hablando aquí hoy? Nos encontramos con el panorama de que ya ha habido un recorte de 50.000 millones, casi todos ellos de inversión; se habla de una suspensión, de un no reconocimiento de obligaciones de 94.000 millones, pero --y esto es lo que más nos preocupa-- voy al año 1996. Todavía no está ese presupuesto, pero las noticias que nos van llegando se refieren al planteamiento necesario de reducir ese déficit público drásticamente. No obstante, si no se van a tocar las pensiones, como ha dicho el Ministro de Trabajo; si no hay que pagar los intereses de la Deuda pública; si, como yo insisto, se mantiene la misma filosofía aplicada, la misma continuidad del Gobierno, todas estas condiciones hacen difícil recortar un serie de gastos porque sería cambiar de dirección demasiado bruscamente, y yo me temo que en 1996 la inversión nuevamente vuelva a ser el pagano de la situación.
Dicho esto, que reconozco que es una manifestación de carácter global y que no va dirigida al Subsecretario de Obras Públicas --que encuentra esto como algo dado--, entro en los temas a los que él se ha referido.
Aprovecho el recorte de 11.500 millones de la subvención corriente a Correos para citar un punto clave en lo que estoy diciendo. Si se quiere que ese recorte en la subvención sea en realidad eso, un recorte de subvención, hay que cambiar, y bastante drásticamente, ciertas políticas en Correos que nos indiquen que esos 11.500 millones no se gastan porque, a lo mejor, no se hacen determinadas obras de acondicionamiento, no se llevan a cabo labores de actuación en determinados sitios, no se suben determinados pluses, en definitiva, se recortan. Si no fuera así, se crea una deuda que no se reconoce, pero que dentro de dos o tres años habrá que sacarla, como ha ocurrido en el pasado, no en el pasado reciente, sino también en el remoto, pero eso sería engañarnos.
En cuanto al recorte de 31.000 millones querría conocer perfectamente --y en eso me sumo a Izquierda Unida-- ese documento que tiene el Subsecretario, pero me preocupa la reacción del Ministerio de decir que vamos a ver el devenir histórico, lo que vaya ocurriendo, y así decidimos. Si hubiera un recorte único, esa política podría ser aceptable, pero ya tenemos en cuenta que hay ese otro no reconocimiento de obligaciones de 94.000 millones, que representa un 7 u 8 por ciento del presupuesto, que es una parte importante y que se suma a esta cantidad, no ahora, pero sí en noviembre. Al mismo tiempo, hay una reducción del presupuesto de 1996, lo que quiere decir que no se pueden desplazar hacia 1996 las decisiones de 1995. En septiembre, octubre o noviembre va a haber una trampa, por la cual hay que reducir del orden del 15 por ciento de la inversión. Entonces, me resulta poco aceptable dejar que sea el azar el que nos marque las prioridades; que en un momento dado una obra que se considera muy interesante no pueda realizarse dependiendo de que una expropiación se pueda llevar a cabo o no y, por tanto, se pueda decir que se ha paralizado, pero no por el Ministerio, sino por el azar.
Creo que es una reacción del Ministerio, que yo puedo comprender, de no querer afrontar lo que llamaríamos establecer prioridades, quizás porque el propio Ministerio está haciendo una valoración y todavía no tiene datos suficientes para saber qué va a ocurrir en septiembre u octubre con el recorte total. Por lo tanto, transmito al Ministerio, a través de la persona del Subsecretario, que si bien comprendo que quizá ahora se pueda adoptar la actitud de ver qué nos dan las propias circunstancias, de cara a septiembre u octubre, cuando haya que tomar las decisiones porque a lo mejor el azar no ha frenado tanto los gastos y haya que retener ese dinero que no hay que reconocer como obligaciones, debemos tener un planteamiento que nos diga dónde recortar y dónde no.
Sobre todo esto quiero trasladar dos cosas, porque creo que son importantes. Primera, no puede recortarse el tema hidráulico; me parece que estamos todos de acuerdo en que debe tener máxima prioridad. Segundo tema, cuidado con la conservación de carreteras. Ese es quizá el capítulo más fácil de recortar porque es el que menos se ve, el que menos nombres y apellidos tiene, no se establecen las obras de la misma forma, no se cortan cintas, pero tiene una importancia absoluta en la seguridad vial.
Termino, para no alargarme, diciendo al señor Subsecretario que comprendo que, en efecto, puede ocurrir que en algunos aspectos el capítulo 1 sea necesario en el Ministerio, puede haber algunos departamentos, como la propia Dirección General de Carreteras, donde sea necesario ese incremento, pero vuelvo a decirles lo que he dicho al Ministro reiteradas veces: creo que estamos en un momento en el que hay que aplicar, ante la nación y ante todos los españoles, una austeridad, y una austeridad difícil. Reitero que no es fácil para este Gobierno, con una trayectoria

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de años, dar ese cambio. Si se pretende lanzar una imagen de austeridad, si se pretende demostrar que algunos puestos del capítulo 1 son necesarios, es preciso llevar a cabo una reorganización en la dirección del Ministerio. Insisto, porque lo dije entonces, no para compensar el dinero que se ahorra en las inversiones, quizá ni siquiera para compensar todo lo que es necesario en el capítulo 1, pero sí para transmitir a los ciudadanos que ese esfuerzo de austeridad que hay que hacer, el primero que lo realiza es la dirección del Ministerio.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jeréz.


El señor JEREZ COLINO: Por parte de mi Grupo quiero dar la bienvenida al Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y también reconocer su esfuerzo y la valoración que ha hecho sobre recorte de gastos. Quizás por algunos grupos puede haberse interpretado, por el tono del Subsecretario, que ha hecho del recorte virtud; creo que un recorte nunca gusta en un Ministerio. Por lo tanto, tiene sus consecuencias y entiendo, por su exposición, que así se han reconocido.
No voy a entrar en situaciones globales de si lo mejor para el déficit es ese recorte diversificado que se ha hecho o centrarnos en otros aspectos, porque creo que los partidos políticos dicen esto en general en sitios como éste, pero nunca en la definición de programas. Quizás esa teoría de que el recorte social y no el de infraestructuras puede ser beneficioso a largo plazo, pero los que propugnan eso debieran ser sinceros en la elaboración de sus programas para decir si definitivamente el déficit se realiza a costa de recortes sociales. Ese reconocimiento sería bueno.
Quiero circunscribirme a la intervención del Subsecretario. Creo que ha sido interesante porque indica prudencia política, indica también ir a una eficacia de gestión. El Ministerio de Obras Públicas tiene unas singularidades, entre ellas la de ser un ministerio netamente inversor.
Los gastos de funcionamiento están en torno a algo más del 4 por ciento, y algunos de ellos, como el gasto del capítulo 1 (prácticamente imposible de mover), están en el 3 y pico, y las compras alrededor del 1 por ciento. Por lo tanto, pretender eliminar cantidades dentro de ese 1 por ciento para intentar satisfacer no sé qué determinadas opciones, me parecería imprudente. No olvidemos que recortes en compras y en capítulo 1 supondrían dificultades en la inversión, pero cuando hablamos del Ministerio parece que los distintos capítulos forman compartimentos estancos y la eliminación de partidas en estos capítulos supone crear dificultades en el proceso inversor.
Por hacer una análisis de lo que ha parecido a mi Grupo la inversión, quizás lo más escandaloso por el número son los 94.700 millones de no reconocimiento de obligaciones. Creo que en este Ministerio, que es inversor, habría que distinguir entre muchos conceptos para no crear confusión. Los voy a enumerar simplemente. hay que distinguir entre créditos totales, compromisos de gastos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y pagos realizados. Cuando estamos hablando de los 94.700 millones de pesetas, estamos hablando del no reconocimiento de obligaciones. ¿Qué supone en otros presupuestos la relación de cantidad crédito total y reconocimiento de obligaciones? Por ejemplo, el año pasado estuvimos en el 93,9 por ciento, este año, el Ministerio de Economía y Hacienda lo cifra en el 92,7 y se habla de que es una previsión revisable mes a mes. Es decir, estamos a una diferencia de un punto. Con esa revisión que se puede hacer parece que existe la intención de que si la agilidad es mayor, podría haber una corrección. Por lo tanto, entiendo que esta cantidad está ajustada al ritmo normal que puede seguir el Ministerio de Obras Públicas. Creo que, con todo lo dramático que puede resultar cualquier recorte en inversión, esta cuantía, que puede ser la mayor, no tiene nada más que el reconocimiento de ajustarse a una situación normalizada de gestión por parte del Ministerio de Obras Públicas y no tiene otra connotación, porque el año pasado estaríamos muy cercanos a esta cantidad y no hubo necesidad de verbalizarla para ver cuál era su cuantía. Por tanto, ese aspecto está claro.
También hablaba de prudencia política, porque quizá lo que pueda ser más evidente, que son los 31.626 millones de pesetas, no se realizan de manera concreta hoy, porque, conociendo el funcionamiento del trámite hasta llegar a la adjudicación y comienzo de obra que se realiza en el Ministerio de Obras Públicas, parece mucho más sencillo seguir el trámite y cortar en el último momento. Cortar se puede hacer cuando se quiera; recomponer es mucho más difícil dentro del Ministerio. Por lo tanto, si el Ministerio cometiera la imprudencia de dar nombres y apellidos a las obras, pudiera encontrarse luego con sobrantes en función de la tramitación normal: bajas de obras, situaciones especiales en determinadas obras, convenios con otras administraciones, por los que hay que demorarlas en función de situaciones nuevas que aparecen, dificultades en expropiaciones, rescisiones, etcétera. Es decir, hay un gran número de incertidumbres evidentes que yo no llamaría azar, sino prudencia para no definir las obras en este tiempo en que hay que hacer el recorte.
Por tanto, me parece correcta la postura del Ministerio en este campo, que va a asignar las mayores cantidades en aquellos campos de la contratación donde hay mayor cantidad de incertidumbres, y habla de carreteras, porque no olvidemos que en esas obras de licitación de carreteras son frecuentes, por ejemplo, bajas del 30 por ciento. Es decir, ni podemos jugar con bajas supuestas que pueden no producirse ni podemos partir de la base de que no va a haber bajas, porque entonces estamos tomando decisiones antes de tiempo. Creo que sería necesario, y por mi Grupo así se entiende, la prudencia política que en estos momentos tiene el Ministerio de Obras Públicas a la hora de posponer las decisiones completas, y además asignar con criterios en las distintas direcciones generales.
También me parece adecuada la cantidad de 7.184 millones en el Capítulo 8, en la vivienda. No olvidemos que estas cuantías funcionan por convenio y en muchos de ellos no están absolutamente definidas las cantidades. Por tanto, es cierto que al final nos podríamos encontrar, como no sería el primer año que ocurre, con cantidades asignadas no invertidas.


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Por lo tanto, yo creo que el Ministerio lo que está haciendo al eliminar estas cantidades es asumir más riesgo a la hora de los plazos y de los tiempos que deben durar las obras. Lo que no sabemos es si ese riesgo llevará a aplazamientos de obras de manera real o a no aplazamientos, pero esto no lo vamos a poder saber hasta que los acontecimientos no nos vayan dando la razón. Por eso me parece adecuada la distribución que se realiza.
Por otra parte, creo también que la cantidad de 11.800 millones a Correos permite un mayor control. Yo me imagino la eficacia y el sacrificio que va a suponer a la gestión de Correos eliminar una partida de 11.800 millones, que permite mucho mejor su seguimiento no solamente por la Administración, sino también por cualquier Grupo de esta Cámara, puesto que se centra en un concepto claro y a lo largo del ejercicio se tiene la facilidad de poder realizar el seguimiento. Pero sí es interesante que en ese continuo trámite que se realiza en el Ministerio (desde que se realiza el proyecto previo al proyecto de obra, a la licitación previa la expropiación de los terrenos necesarios, licitación, adjudicación, replanteo y a continuación comienzo de obra con la inversión propiamente dicha) no se produzcan paralizaciones. Por eso, en esta línea, entendemos los recortes, entendemos la prudencia política, ya que es más fácil recurrir a parar en cualquier momento. El Ministerio puede parar en el último instante, en cuestión de días, pero si se da cuenta en noviembre de que tiene un sobrante y que quería reconstruir una obra que ya ha tenido su coste político al decir que no se va a hacer, la posibilidad de incorporarla es mucho más difícil debido a todos esos reconocimientos.
Yo quisiera hacer al señor Subsecretario una pregunta en cuanto a esta situación que plantea de ir viendo cómo se produce el proceso real de inversión de compromiso de gasto y de pagos respecto a que si en las previsiones va a tener alguna repercusión, bien en las expropiaciones, bien en otro tipo de incidencias que pudieran provocar a lo largo de ese camino que ya he marcado alguna situación irreversible, si luego ocurrieran fenómenos que nos permitieran hacer un gasto completo, porque ahí es donde podríamos entrar en caminos que a estas alturas nos harían difícilmente recuperable una posible inversión en función de bajas, de alteraciones de obras, de expropiaciones no posibles o de convenios con administraciones públicas que no están ajustados a lo previsto por terceros dentro de ese convenio. Esa pregunta me interesaría, porque nos dejaría el camino despejado en un futuro y no se producirían situaciones irreversibles.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Llardén Carratalá): Voy a intentar contestar por orden a las intervenciones de sus señorías.
En primer lugar, me voy a referir a la documentada intervención del señor Ríos. Voy a intentar agrupar en bloques el conjunto de temas que él ha tocado y dar cumplida contestación a todos ellos.
Efectivamente, la información que yo he dado no la tengo --me refiero a los 31.000 millones de pesetas del Capítulo VI-- desagregada por programas; la tengo desagregada por direcciones generales, porque, como bien ha indicado el señor Diputado, me es más sencillo a la hora de presentar la documentación. Me comprometo a transformar estas cifras en programas y políticas y hacérselo llegar por escrito --si el señor Presidente me lo autoriza-- a los miembros de la Comisión.
También ha habido varias preguntas que han salido posteriormente.
En primer lugar, quiero aclarar una cuestión al señor Ríos. Cuando hemos hablado de las obligaciones no reconocidas él me ha comentado cifras que yo di en una comparecencia anterior sobre el ejercicio de 1994. (El señor Ríos Martínez: Y el compromiso de gasto.) Efectivamente, como él bien me indica, tenemos los dos grados de cumplimiento: el grado de compromiso y el grado de obligación reconocida. Yo lo que he dicho, que es totalmente correcto, es que en el ejercicio de 1994 la media del Ministerio, en cuanto a obligaciones reconocidas o no reconocidas, era del 94 por ciento. Efectivamente, el grado de compromiso es siempre, por fortuna, superior (rozó el 99 por ciento), porque el compromiso en términos presupuestarios es lo que se llama el AD y éste existe en el momento en que existe un proyecto, este proyecto se ha licitado y tiene crédito presupuestario. En cambio, la obligación reconocida o no reconocida es lo que vulgarmente se denomina el ADOK, que es cuando realmente se ha hecho una certificación.
Por lo tanto, lo que yo he dicho y mantengo es que el grado de obligaciones reconocidas en el año 1994 fue en media del 94 por ciento --el Diputado señor Jerez, del Grupo socialista, me precisa que ha sido de 93,9-- y la previsión que ha hecho el Ministerio de Hacienda para nosotros este año es del 92,7 por ciento. Por tanto, lo que realmente estamos discutiendo y podríamos discutir no es tanto los 94.000 millones, que ésta es la diferencia máxima teórica respecto del 100 por cien el presupuesto, que nunca se alcanza por motivos ajenos al gestor, por cuestiones de tipo jurídico, etcétera, sino realmente la diferencia entre 93,9 por ciento y el 92,7 por ciento. Aquí me remito a lo que yo he dicho y reitero de que tenemos en principio una buena parte del año para ver si efectivamente esta cifra se alcanza o no.
Le voy a dar un dato al señor Diputado. A 31 de marzo --no tengo los datos aquí físicamente, pero lo estuve comentando ayer por la noche con el Director General de Presupuestos, que me acompaña aquí--, la cifra de ejecución del Ministerio es aproximadamente, en compromiso, obligaciones reconocidas, de un 15 por ciento. Conocen ustedes bien la tipicidad de la obra pública, que en el primer e incluso segundo trimestre del año suele ir lenta con una gran subida en el tercer trimestre, que coincide con el verano, y fuerte en el cuarto. Por tanto, esto quiere decir que si habláramos en estos momentos de entre el 92 y el 93 por ciento --llevamos un 15 por ciento-- sería muy difícil acertar.


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No obstante, le puedo dar también al señor Ríos, porque la tenemos, aunque yo no la he traído hoy aquí, una previsión de esas obligaciones no reconocidas por capítulos, porque como el Ministerio de Hacienda nos lo pide, nosotros mes a mes hacemos una previsión por capítulos, que es sobre la que el señor Diputado me comentaba del Capítulo 1, que efectivamente, como él bien ha dicho, en principio serían vacantes no cubiertas que pensamos que podrían ir a parar ahí. Ahora bien, esa previsión --lo he dicho aquí ya y lo reitero-- es móvil mes a mes. Por tanto, yo le puedo dar en este momento cuál es la previsión por capítulos de estos 94.000 millones en función de la historia del año anterior y, por lo tanto, de una cierta previsión razonable que podemos hacer. El Ministerio de Hacienda nos permite modificar esto cada mes en función de la realidad del Ministerio y, como he dicho al principio, cabe incluso la posibilidad de que, si realmente el grado de ejecución del Ministerio fuera algo mayor de este 92,7 y otros ministerios compensaran este «surplus», nosotros podríamos tener un techo algo mayor. Esto en cuanto a este apartado.
Por otra parte, el señor Diputado del Grupo de Izquierda Unida, y, de hecho, el señor Posada, del Grupo Popular, me han hecho la misma pregunta, sobre infraestructura y conservación. Aquí sí puedo precisar con toda claridad que el recorte, que yo he dicho que sería de 26.000 millones para la Dirección General de Carreteras, no va a ir al programa de conservación (eso sí que ya está decidido por parte del Ministerio), no va a ir al programa de conservación por los motivos que el señor Posada ha dado y que yo hago míos, es decir, por motivos de seguridad, etcétera, no va a ir ahí. Entonces, estos 26.000 millones (preciso algo que no había precisado en mi primera intervención) serían íntegramente del programa de creación de infraestructuras. Aquí, el señor Diputado por Izquierda Unida me pide hasta qué punto no podemos dar ya una previsión más concreta, según él mismo decía, no tanto por proyectos como por programas. Como digo, se la voy a hacer llegar, pero será una previsión, porque el «lei motiv» de mi anterior intervención (en parte contesto también al señor Posada, que me ha comentado que era un poco por el azar) es que el Ministerio --quiero dar una explicación muy precisa-- lo que dice es que con la experiencia de gestión que tenemos (permítanme, inmodestamente, porque ya llevo cuatro años de Subsecretario y creo que, al final, sabe más el Subsecretario por viejo que por Subsecretario), con la experiencia de gestión que tenemos, la cifra de estos 31.000 millones que yo estoy dando en relación con el Capítulo VI inicial de 710 (que, como he dicho, es un 4,5 por ciento) entra en términos estadísticos en el rozamiento que cada año tiene el presupuesto por motivos absolutamente naturales. Por lo tanto, el Ministerio dice: Hacer ahora, en el mes de febrero, de marzo o de abril una previsión por proyectos concretos tiene poco sentido, porque la cifra es pequeña, pequeña en valor relativo (evidentemente, en valor absoluto, cuando nuestro Ministerio habla de cifras son cifras millonarias), tiene poco peso en valor relativo; por supuesto, si estuviéramos hablando de un 20 por ciento del presupuesto serían otras palabras. En consecuencia, lo que hemos dicho es: Mantengamos una prudencia de gestión, es decir, una frialdad en la gestión; veamos cómo se desarrollan los diferentes proyectos, porque la historia presupuestaria nos dice que, al final de año, en noviembre, que es el momento en que se suelen tomar estas decisiones, vemos cómo, de forma natural, no porque lo quiera el gestor, hay una serie de proyectos que han tenido diferentes circunstancias que no permiten agotar ese presupuesto. En parte, yo recojo la sugerencia, como no podía ser de otra forma, que me hace la Comisión, y estoy totalmente dispuesto, para en el mes de julio o septiembre, en el momento que la Comisión crea más oportuno, a venir aquí con una concreción mayor. Con toda seguridad, en septiembre estaríamos en condiciones de forma natural, de decir qué parte de proyectos se han retrasado o han tenido pegas, ver si eso colma o no los 31.000 millones, y, si no lo colma, ver en qué proyectos se toma la decisión.
Tercera cuestión que quiero dejar muy clara. Ante un recorte, el señor Jerez decía, con una cierta gracia, que el Subsecretario había hecho del recorte virtud (que no me oiga el Ministerio de Hacienda porque va a pensar que esto se puede hacer siempre). No, yo lo que he dicho, con toda honestidad intelectual, es que, en comparación con las cifras globales del Ministerio, este recorte era asumible, en términos de gestión, no paralizaba la gestión del Ministerio; he hecho incluso mención a que nos preocupan más problemas de medios del Capítulo I, de personal técnico cualificado, etcétera, que nos falta, que no esto.
Dicho lo anterior, ante un recorte, filosóficamente, caben dos posturas: dejar de hacer cosas o bien laminarlas en el tiempo. El Ministerio de Obras Públicas, en concreto (otros ministerios no lo sé), ha decidido lo segundo, por entender que la cifra del recorte es asumible y que no nos obliga a eliminar ninguna actuación, en principio; por lo tanto, lo que hacemos es retrasarlas en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? He dicho, en media, si lo aplicáramos linealmente, catorce días, es decir, si cogiéramos las obras del Ministerio y a todas les aplicáramos la parte proporcional del recorte del Capítulo VI, catorce días, es decir, terminaríamos todas las obras, que duran unos treinta meses de media, dos años y medio y catorce días. Es evidente que esta cifra, hoy por hoy, no es una cifra preocupante.
Ahora bien, tanto el Diputado señor Ríos como el Diputado señor Posada han entrado ya más a fondo y han hecho una referencia al presupuesto de 1996. Bien, esto ya son palabras mayores y es otro problema. Aquí, hasta cierto punto, como es obvio, no tenemos datos concretos; lo que hay ahora en estos momentos es que, por parte del Ministerio de Hacienda y de los diferentes Ministerios, hemos iniciado ya unas..., iba a decir unas conversaciones, pero con el Ministerio de Hacienda en realidad no se conversa, en realidad al Ministerio de Hacienda se le dan datos y el Ministerio de Hacienda nos los devuelve, pero sí que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda en el presupuesto de 1996, y, como es evidente, éste es un tema de hondo calado político que está en la opinión pública, y hay opiniones. Nosotros, en este momento, como Ministerio, no tenemos ningún dato de que el presupuesto de 1996 nos vaya a recortar inversión, lo digo con toda sinceridad; nadie nos ha dicho que nos vaya a recortar

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inversión. Sí es cierto que hay un debate público, lícito y lógico, sobre si se recorta gasto social, se recorta inversión, no se recorta nada o se hacen otras cosas. Por cierto, yo tengo interés en que el Portavoz del Partido Popular me explique un día con detalle su programa económico, porque realmente quedaba maravillado de que, sin subir los impuestos, más bien bajándolos, sin recortar el gasto social y sin recortar la inversión, van a reducir el déficit público. (El señor Ríos Martínez: Cosas veredes.) No obstante, el señor Posada me hacía una referencia a este presupuesto que, en parte, yo comparto; es decir, el Ministerio de Obras Públicas comparte el criterio de que la inversión, cualitativamente, es algo más que el ingreso o el gasto presupuestario; la inversión pública tiene unos efectos positivos, más allá del estricto valor que tenga la infraestructura que se crea, dobles. Por una parte, la inversión pública, en obra pública, crea puestos de trabajo. Ustedes, sobre todo en la Comisión de Infraestructuras, donde tocamos estos temas con más frecuencia que en la Comisión de Presupuestos, saben que la media que ha calculado el Ministerio es que cada seis millones de pesetas de inversión crea un puesto de trabajo durante un año; es evidente que un plan de inversiones públicas, con la cifra que sea, da automáticamente un puesto de trabajo durante ese año. En segundo lugar, la inversión pública tiene unos retornos al Tesoro, vía impuestos IVA, etcétera, que hay que tener en cuenta. Tiene un tercer apartado, que es que, como decimos, al crear empleo, deja de crear paro, por lo que la inversión pública, inmediatamente, produce un cierto incremento de la partida correspondiente en gastos sociales y de desempleo. En cuarto lugar, lo último, pero no lo menos importante, es que no hay que olvidar que la inversión pública, en concreto la que estamos haciendo en este momento en España, conlleva una parte de retorno de fondos europeos, que, en media, podemos cifrar en un 50 por ciento. Por lo tanto, la postura del Ministerio de Obras Públicas --que, evidentemente, va a ser respetuosa con la decisión no ya del Gobierno, sino con la que al final adopte el Parlamento respecto al presupuesto del año 1996-- es la de entender que, cuando se examinen las cifras de inversión para el año 1996, sea cual sea la cifra resultante, habrá que tener en cuenta, no sólo el dato frío de cuánto dinero pones o dejas de poner en el presupuesto y si esto suma más o suma menos, sino los efectos inducidos que la inversión pública tiene de forma directa en la economía. Incluso yo me atrevería a dar una opinión personal, que yo creo que la historia ha demostrado correcta, que es que el ajuste del año 1991 en infraestructuras probablemente fue erróneo porque fue procíclico, es decir, se ajustó a la baja la cifra de inversión porque era un momento de crisis económica, y probablemente esto hizo que el sector de la construcción en definitiva fuera mal y en el fondo incrementara gastos sociales, vía desempleo, etcétera, y vía de menos entrada de impuestos, que a lo mejor otro tipo de política o de ajuste.
Este es un tema que el Ministerio de Economía y Hacienda conoce bien, y yo estoy convencido de que en los contactos que vamos a mantener nosotros con ellos a lo largo de este año --el Gobierno en su discusión y posteriormente las Cámaras, que son las que en definitiva van a aprobar o no el presupuesto del año 1996-- este elemento lo van a tener presente.
Por lo tanto, para el año 1996, en principio, nuestro Ministerio no prevé que vaya a tener un recorte significativo, por lo que sería infundada parte de la preocupación que me mostraba el señor Ríos, que yo comprendo, sobre que si este recorte puede ser pequeño, pero que, si se le suma a otro que va a venir, pueden ser palabras mayores. Si esto fuera así, sí habría que plantearse dejar de llevar a cabo actuaciones, pero evidentemente al día de hoy, con toda sinceridad y objetividad, esa situación no se ha dado, y es más, yo entiendo que no tiene por qué darse.
He comentado ya el tema de las obligaciones no reconocidas, y me preguntaba el señor Ríos por el tema de la licitación. Efectivamente, el Ministerio va a mantener la misma política, nosotros no licitaremos más del volumen de créditos que tengamos, es decir, que vamos a continuar con la política de mantener un flujo de licitación, en principio razonable y estable, pero muy ligado al volumen de crédito presupuestario. Por eso, en las cifras que el Ministro de Obras Públicas hizo públicas a mediados de febrero en cuanto a los objetivos de licitación y de contratación del año 1995 --que yo ahora no sé si en esta Comisión se han visto o no, me parece que no, quizás sería un tema a comentar--, el Ministro ya dio incluso una horquilla, en función precisamente de cuál fuera la evolución presupuestaria del año, de forma que nunca vamos a licitar más de lo que nosotros pensamos razonablemente que tenemos como presupuesto. Hasta el momento, la cifra de licitación está perfectamente ligada con la cifra de evolución de los créditos presupuestarios.
Hay que tener presente otro dato que no he dado yo en esta Comisión, y es que, con el saneamiento que se hizo en los años 1991, 1992 y 1993 de las cuentas del Ministerio, la sombra para el futuro, es decir, para 1996 y especialmente para 1997 y 1998, es muy baja. Es decir, en este momento, el presupuesto que tiene el Ministerio para este año tiene, como es lógico, una sombra plurianual para los años siguientes; esta sombra baja radicalmente en los años 1997 y 1998, entre otras cosas por el doble efecto, por el saneamiento que se hizo y porque la obra pública cada vez se concentra en menor período de tiempo; antes una obra pública normal duraba cuatro o cinco años y ahora prácticamente en dos años y medio, e incluso a veces en menos, se puede realizar. Por tanto, quiere decir que en este sentido el Ministerio va manteniendo un ritmo de licitación perfectamente coherente con el presupuesto que tenemos y el que vemos para el año que viene. Si hubiera que reducirse, se podría hacer, espero que no sea el caso, y si no es éste el caso se puede seguir licitando.
Probablemente me he dejado alguna cuestión, pero he intentado contestar al máximo. Resumiendo, voy a hacer llegar al señor Ríos la previsión del Capítulo 6, los 31.000 millones, por programas, con la previsión que en este momento tenemos. Concreto que no vamos a hacerlo por proyectos, en la medida que entendemos que de forma natural veremos, en agosto o septiembre, qué proyectos han tenido algún tipo de problema, y le diría por capítulos una previsión

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de las obligaciones no reconocidas, habiendo aclarado ya a qué nos referíamos.
El señor Posadas, en nombre del Partido Popular, ha hecho una reflexión importante sobre el tema de las prioridades. Efectivamente, es una discusión que está en la calle y yo no voy a terciar en ella. Ya he dicho, no obstante, que para el año 1996 el Gobierno, y en definitiva el Parlamento, se tendrá que plantear un presupuesto en donde el objetivo de contención del déficit público, que todos compartimos, sea coherente con unas políticas sociales y de inversión determinadas. Gobernar es decidir y decidir es escoger. Por tanto, este Gobierno y cualquier otro, cuando presenta un presupuesto, toma unas prioridades que, por otra parte, las Cámaras convalidan o no. En el caso del Ministerio, yo ya he dicho que nuestra postura va a ser --estamos trabajando en ello-- exponer muy claramente cuáles son los proyectos del Ministerio, que, por otra parte, son conocidos prácticamente en su totalidad por la Cámara vía Plan Director, vía Plan de Actuación en Carreteras, etcétera, y en todo caso argumentar ante quien corresponda, ante la propia Comisión de Infraestructuras, que entendemos que, cuando se examine el presupuesto de inversión pública, habrá que tener en cuenta no sólo los proyectos concretos a los que nos referimos, sino la trascendencia económica que en el empleo y en los gastos sociales y fiscales tiene la política de inversiones.
En concreto, en cuanto a las preguntas que me hacía el señor Posadas, en parte también las he contestado ya. Voy a hacerle llegar, como a todos los miembros de la Comisión, este recorte de 31.000 millones transformado de direcciones generales en programas, dejando claro que no va a afectar a la conservación. La reducción de 1996 ya hemos dicho que es una especulación en la que nosotros no entramos en este momento, y desde luego le confirmo que no se trataría tanto del azar como de ver que el devenir normal del Ministerio nos da una cifra razonablemente similar de no ejecución.
El hablaba del tema del recorte hadráulico. En el plan del Ministerio para este año 1995, dadas las circunstancias de sequía, no tenemos en principio previsto recortar ninguna obra que tenga directamente que ver con el tema de abastecimiento de agua o --más amplio-- de sequía, salvo aquellas obras de tipo hidráulico en las que se puedan dar, por ejemplo, cuestiones de tipo medioambiental que pueden paralizar o retrasar una actuación, pero, salvo eso, el Ministerio está destinando una partida específica de estos 12.000 millones; de hecho más, porque el crédito extraordinario ha sido de 12.000 millones, pero el conjunto de obras que en este momento está realizando el Ministerio para hacer frente a los problemas de sequía estarían cerca de los 17.000 millones; o sea que hay una partida importante.
En cuanto al Capítulo 1, compartimos los dos la necesidad de que determinados medios técnicos del Ministerio estén más dotados. El habla de austeridad y de reorganización; yo creo, sinceramente, que el Ministerio --hablo en términos generales-- está eficazmente gestionado.
Como decía el señor Jerez, los gastos de funcionamiento son apenas del 4 por ciento y han disminuido en los dos últimos años. Yo creo que nuestro problema, con toda sinceridad --yo no digo, como Subsecretario, que no se puedan mejorar cosas, que es evidente que siempre se puede hacer--, en términos macro, más bien es en este momento de incrementar niveles medios y altos de personal cualificado, y probablemente, en cambio, es cierto que, con la estructura antigua del Ministerio --me refiero a hace años--, podemos tener personal a lo mejor menos necesario porque la técnica ha cambiado, porque ahora se necesitan más informáticos que dibujantes, por poner un ejemplo. Es evidente que hay un proceso de reconversión, y estamos en conversaciones con el Ministerio de Administraciones Públicas para ver cómo somos capaces de avanzar en él. Por poner un ejemplo bien conocido por el señor Posadas, es evidente que la figura del peón caminero ha variado con el paso del tiempo, y en estos momentos una parte importante de este personal puede y debe ser reconvertida a otras funciones útiles en el Ministerio, a lo mejor no en la dirección de carreteras, pero sí en obras hidráulicas, en vigilancia de pantanos, etcétera. Son cuestiones que tenemos entre manos.
El señor Jerez ha hecho una serie de comentarios a los que en parte ya he contestado o que comparto con él, y no haría falta entrar en ello. El ha hecho insistencia en que el tope provisional era las obligaciones no reconocidas que el Ministerio de Hacienda nos ha puesto es muy parecido al del año 1994 en media --92,7 contra 93,9--; esto ya lo he comentado y no voy a incidir más.
El tocaba un tema que no sólo comparto, sino que, además, es exactamente así. Al Ministerio, por la propia práctica administrativa, si ahora toma una decisión de parar un proyecto --vamos a suponer--, esta decisión le resulta mucho más costosa, en términos administrativos, de recomponer que la contraria, es decir, ver cómo se van desarrollando todos los proyectos y en agosto o septiembre ver, en función de esto, si los 31.000 millones se han colmado o no, porque administrativamente, cuando se paraliza un proyecto, por motivos formales y burocráticos, es mucho más complicado posteriormente volverlo a poner en marcha.
En concreto, el señor Jerez me preguntaba si el recorte iba a afectar a las expropiaciones, incidencias o este tipo de créditos. No.
Evidentemente, el Ministerio ha decidido que el recorte de estos 31.000 millones, más los 7.000 en Capítulo 7, no va destinado a expropiaciones, ni a incidencias ni a conservación, como he dicho antes. Estas partidas quedarían perfectamete exentas, y al contrario, la práctica de cada año es que si vemos que el volumen de papel, para entendernos, es mayor, detraemos créditos sobrantes de otras partidas para hacer frente a ello.
por tanto, el recorte que tenemos en este momento, que, repito, entendemos que es manejable por el Ministerio, se centraría en lo que sería proyectos de infraestructura normales, y a partir de ahí en septiembre, probablemente, como digo, estaríamos en un buen momento para ver qué proyectos son los que de forma natural han tenido algún retraso, o bien aquellos en que el Ministerio decide voluntariamente aplicar este retraso, que, como digo, en media, si lo hiciéramos lineal, sería de unos catorce días. (El señor Posada Moreno pide la palabra.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Con ruego de brevedad, señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Sí, señor Presidente, voy a ser brevísimo.
Simplemente quiero decirle al señor Subsecretario que yo, que reconozco su disposición siempre a comparecer ante esta Comisión y ante la Comisión de Infraestructuras para explicar la política del Ministerio, estoy dispuesto en cualquier momento a comparecer ante el Subsecretario y explicarle la congruencia de nuestro programa como Grupo Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Con esto se da por terminada la comparecencia del señor Subsecretario de Obras Públicas.


--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (FLOS BASSOLS) PARA DAR CUENTA DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DIA 27-1-95, ASI COMO DEL EFECTO QUE PROVOCARA EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA Y EN LOS PROYECTOS DE INVERSION RECOGIDOS EN LOS ANEXOS DE INVERSIONES PRESUPUESTARIAS. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS IU-IC (número de expediente 212/001370) Y POPULAR (números de expediente 212/001390, 212/001391, 212/001392 y 212/001393.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): A continuación procederemos a la comparecencia del señor Secretario de Defensa.
Tiene la palabra el señor Secretario de Defensa.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): Señorías, voy a intentar ser breve, aunque no podré evitar, lógicamente, en una comparecencia de este tipo, tener que tocar cifras concretas. Intentaré ir a las más importantes.
Los acuerdos del Consejo de Ministros del mes de enero contemplan básicamente dos puntos, como SS. SS. saben sobradamente. Uno de ellos es la limitación en el reconocimiento de obligaciones del año 1995. Se trata de una medida que no afecta a la capacidad de gasto, sino a la de pago, es decir, no supone un recorte propiamente dicho.
En nuestro caso, el límite de obligaciones a reconocer supone que no podremos reconocer un total de 42.503 millones de pesetas del presupuesto aprobado, es decir, nos vamos a quedar en un 95 por ciento respecto de lo que es el presupuesto, pero, insisto, éste no es un tema que afecte propiamente a la capacidad de gasto este año. Si acaso podemos intuir que tenga repercusiones en el próximo año. Quizá más adelante tocaríamos el tema.
La segunda medida aprobada es la no incorporación de los remanentes de crédito comprometidos del año 1994, y esta medida sí, obviamente --SS.
SS. lo saben--, es la que tiene efectos en la capacidad de gasto, ya que significa que determinados compromisos que deberían ser cubiertos con recursos de 1994 tendrán que serlo con recursos de 1995 que estaban previstos para otros gastos. En definitiva, éste es el recorte.
Digo, de pasada, que en el Ministerio de Defensa las incorporaciones pendientes del año 1994 ascendían a unos 30.000 millones de pesetas, que se concentraban especialmente en el Ejército de Tierra, con un 60 por ciento, y en el Ejército del Aire, con un 30 por ciento.
Afortunadamente, dentro de los acuerdos citados el Gobierno decidió incorporar 18.000 millones de pesetas, con lo cual el recorte al que voy a referirme a continuación será exactamente de la diferencia, es decir, 12.776 millones de pesetas. Se trata, obviamente, de una cifra no excesivamente importante si la comparamos con el importe total del presupuesto, ya que no alcanza el 1,5 por ciento del mismo. Es más, no olvidemos que después de varios años de reducción presupuestaria, en 1994 el presupuesto creció más del 6 por ciento, y aun con este recorte crece en más del 6 por ciento. Lo digo simplemente para poner las cosas en su sitio. No estamos realmente ante un descalabro, aun con todos los problemas que luego voy a citar, que son importantes. De todos modos, aun con todo esto, se trata de una magnitud que debe ser distribuida muy cuidadosamente si queremos evitar que sea lesiva para órganos concretos, ejércitos concretos o para tipos de gasto concreto.
La distribución de este recorte la hemos hecho bajo el criterio --esto es muy importante-- de salvaguardar, en la medida de lo posible, la operatividad de las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, no hemos jugado a distribuciones que respondan a ningún tipo de proporcionalidad, ni con cantidades globales, ni con incorporaciones pendientes, ni por capítulos ni por órganos o Ejércitos, sino que hemos hecho un ejercicio meticuloso, evitando hacer todo el daño que podamos evitar hacer. Hemos cogido elemento a elemento y hemos escuchado y tomado como base las propuestas de los Ejércitos, que son quienes en definitiva entienden realmente de operatividad.
Voy a entrar en estos dos puntos, antes de hacer el examen por Ejércitos: el tema de ditribución por capítulos y distribución por órganos.
Por capítulos, la distribución ha sido del siguiente tipo: 3.009 millones en gasto corriente y 9.767 millones en gastos de inversión. ¿Qué significa esta división? Que forzamos a que el gasto corriente asuma un peso más importante en el recorte del que le habría correspondido de atenernos a las incorporaciones que quedaron pendientes. Concretamente, el gasto corriente soporta un 23 por ciento del recorte cuando, si nos atenemos a las incorporaciones pendientes, le habría correspondido solamente el 16 por ciento. Este es un punto que considero relevante y que indica la preocupación que tenemos por no estropear la poca inversión de que disponemos.
Por otra parte, por lo que respecta a los gastos de inversión, hemos hecho también un esfuerzo por tocar lo mínimo posible los gastos de mantenimiento, ya que a corto plazo, y siempre desde el punto de vista de la operatividad, los gastos de mantenimiento son más eficaces que la nueva

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inversión. Este es un aspecto de gestión absolutamente normal y corriente.
Vista esta distribución por capítulos, veamos lo que hemos hecho en cuanto a órganos. En este aspecto hemos intentado que el efecto del recorte sea el mínimo posible en los ejércitos, y también hemos evitado cualquier tipo de distribución proporcional a las incorporaciones pendientes de cada Ejército, ya que ello habría tenido efectos muy negativos para el Ejército de Tierra. Concretamente, los 12.776 millones de pesetas se han distribuido del siguiente modo: 2.950 millones de pesetas al órgano central, con lo cual el órgano central absorbe el 23 por ciento del recorte, cuando en realidad, si nos atenemos a las incorporaciones que tenía pendientes, le habría correspondido solamente el 3,7. Más adelante entraré en este tema. Atribuimos 4.505 millones de pesetas al Ejército de Tierra, lo cual supone un 35 por ciento del recorte, cuando en realidad, por sus remanentes, le habría correspondido quedarse con el 60 por ciento del recorte.
Por tanto, el planteamiento que hemos hecho lleva a apoyar fundamentalmente al Ejército de Tierra, que, como luego se verá, es el que está más en apuros, dentro de que los tres Ejércitos y el órgano central están con un presupuesto de Defensa muy bajo. Ochocientos ochenta y siete millones van a la Armada. Son magnitudes pequeñas, obviamente, y están más o menos en proporción al nivel de lo que eran sus incorporaciones pendientes. Y 4.434 millones de pesetas al Ejército del Aire; un poco más, el 34 por ciento respecto al 30 por ciento, de lo que le habría correspondido de acuerdo con sus remanentes.
En definitiva, ¿qué sucede con esta distribución por órganos y ejércitos? Yo creo que lo destacable es que el órgano central, siguiendo el criterio general, que he dicho, de mantener la operatividad de los ejércitos, ha tenido que absorber una parte muy importante de los 12.000 millones.
También algo más han absorbido de lo que les correspondería el Ejército del Aire y la Armada, pero en cantidades muy pequeñas.
Antes de entrar en las consideraciones por ejércitos --y voy a ser muy breve--, quizás convenga tocar algunos puntos adicionales de carácter general, que creo que son relevantes. Primero, que el recorte no supone en ningún caso abandono de ningún programa, pero sí supone, obviamente, retrasos, deslizamientos en el tiempo y reducción de algunas dotaciones económicas concretas que ya eran de por sí muy bajas.
En segundo lugar, que la reducción de la demanda a la industria militar será de unos 6.200 millones de pesetas, sumando mantenimiento y nueva inversión. El carácter disperso de la reducción --también me remito a lo que voy a explicar más adelante-- hace que no podamos hablar de efectos decisivos en ninguna industria o en ningún programa, pero es evidente que estamos empeorando la situación de un sector industrial que ya tiene problemas de por sí. Por tanto, todo lo que estamos diciendo hay que referirlo siempre a un presupuesto escaso y a una industria con problemas. Esto es de una evidencia total.
El tercer punto general --éste sí que voy a repetirlo a lo largo de mi exposición-- es que tanto más importante que el recorte, que, como digo, no parece excesivamente importante, es que se conceda al Ejército de Tierra la ampliación de crédito de 10.000 millones de pesetas, que estaba prevista en el presupuesto de 1995 para acometer el Plan Norte. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la presidencia.) El Ejército de Tierra tiene un crédito titulado Plan Norte, dotado con 5.000 millones de pesetas y ampliable en 10.000 más. Muchos programas del Ejército de Tierra y, por tanto, muchas expectativas de la industria de Defensa están estrictamente ligadas a que se conceda o no esta ampliación de crédito, que se conceda en todo o que se conceda en parte.
El cuarto punto de carácter general que tampoco quería saltarme, antes de entrar en temas más concretos, es que uno de los elementos que ha ayudado a absorber el recorte y que me permite decir que el recorte en sí mismo no es tan grave es que hemos reducido gastos en infraestructura gracias a que en este año tenemos unas previsiones de ingresos de la Gerencia de Infraestructura muy cercanos a los 10.000 millones de pesetas. Lo cual hace que podamos contemplar con relativa tranquilidad estos recortes --que tampoco son tan grandes-- que hemos hecho en infraestructura. Desde un punto de vista industrial, en su caso, el recorte en materia de infraestructura afectaría, como SS. SS. saben, fundamentalmente al servicio militar de construcciones.
Dicho esto, que creo que son los parámetros básicos, voy a tocar órgano por órgano y sus repercusiones. En primer lugar, el órgano central, que incluye el EMAD, es decir, el Estado Mayor de la Defensa. Los remanentes con los que terminó el año 1994 eran de 1.148 millones de pesetas, mientras que su recorte --como he dicho-- es de 2.950 millones; es decir, dos veces y media más de lo que le habría correspondido. Esto significa, en términos netos, que el órgano central transfiere a los ejércitos, a efectos de conservar el criterio básico de mantener la operatividad, 1.800 millones de pesetas. Buena parte de este recorte debo decir que corresponde al INTA, el cual tendrá que afrontar con sus propios recursos por lo menos una cantidad de 500 millones, que estaba destinada al Centro de Ensayos de Vuelos del EFA, y que no le será transferida. El INTA tendrá, por tanto, que apretar, reducir su ritmo de actividad, sacarlo de otros programas, pero tendrá que afrontar estos 500 millones de pesetas, que pueden no ser mucho en relación al presupuesto de Defensa, pero en relación al presupuesto del INTA suponen un esfuerzo muy importante. El resto del recorte del órgano central se distribuye de modo disperso entre distintos organismos. No suprimimos ningún programa, lo que hacemos es retrasarlos en el tiempo. No hay ningún órgano concreto que vea puesta en peligro su actividad. Es más, órganos tan relevantes, como es el propio Estado Mayor de la Defensa, sólo ven afectado su presupuesto en 20 millones de pesetas. Todo ello responde, como he dicho al principio, a defender, en la medida de lo posible, el mantenimiento de la operatividad.
Entremos ahora en el Ejército de Tierra, que es el núcleo central del problema. Ahí es donde hay mayores problemas, a pesar de que el esfuerzo de otros órganos y ejércitos ha permitido reducir notablemente el recorte que le

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habría correspondido. Como ya he señalado anteriormente, en lugar de atribuirle el 60 por ciento del recorte, se le atribuye estrictamente el 35 por ciento. Podríamos decir que en este caso ha existido la aplicación estricta de un criterio político definido al principio y, sin duda alguna, la solidaridad absoluta no ya del órgano central, que ha aportado mucho, sino también de los otros dos ejércitos, que han entendido perfectamente el problema. Podríamos decir, pues, que aplicando un 35 por ciento del recorte los problemas no serían muy graves, pero, insisto, el Ejército de Tierra tiene un problema grave, que es la necesidad perentoria de que se le otorgue la ampliación del crédito denominado Plan Norte en 10.000 millones o en una cantidad relevante que le permita acometer debidamente las inversiones previstas en el Plan Norte.
Yendo a magnitudes concretas, tengo que decir que el recorte en el Ejército de Tierra asciende, como he dicho, a 4.505 millones de pesetas, que representa el 3,3 por ciento de su presupuesto. De estas cantidades, 1.505 millones corresponden a gasto corriente, con lo cual el volumen total de gasto corriente está tocado en el 2,1 por ciento; 325 millones --muy poco-- corresponde a mantenimiento, con lo cual el mantenimiento está tocado solamente en un 1,4 por ciento. Esto responde al criterio general de decir: por lo menos salvemos lo que es mantenimiento, porque es eficaz a corto plazo. Y luego, 2.675 millones, que es lo que hay que quitar del programa de modernización, es decir, de la nueva inversión.
En principio, puesto que tenemos --SS. SS. lo conocen-- ese crédito genérico denominado Plan Norte, de 5.000 millones de pesetas, podríamos decir: los 2.675 millones se quitan del crédito de 5.000 millones y el resto lo distribuimos como estaba previsto hacerlo. Pero ello no puede ser así, porque lo que se pensaba cubrir con los 5.000 millones denominado Plan Norte incluía programas de mayor prioridad que otros que estaban puestos explícitamente en el anexo de inversiones del presupuesto. Por tanto, no ha funcionado así y el recorte en inversión ha sido aplicado a programas concretos que voy a citar, que están en el anexo de inversión, y que son los siguientes: Primero, el programa TLE, que pasa en este año de 6.681 millones de pesetas a 5.186 millones de pesetas; es decir, se reduce casi en 1.500 millones de pesetas. Una tercera parte de este importe corresponde al desarrollo de un simulador para el M-60 y el resto son contratos diversos que tocan a otros sectores y sobre los que se puede admitir un cierto retraso. De hecho, estamos ante contratos que no se incluyeron en la contratación inicial del programa TLE precisamente porque admitieron cierto retraso, es decir, que puede preocuparnos como todo recorte, pero no es una situación dramática, aunque yo no quiero quitar importancia a ningún aspecto del recorte.
El segundo punto que se ha reducido es el programa del vehículo de combate de infantería, el famosos VCI/Ascod, en términos hispánicos «Pizarro», que pasa de 600 a 200 millones. Es evidente, no creo que haga falta que se lo resalte a SS. SS., que tanto 600 como 200 millones son cantidades muy reducidas en el conjunto del programa y en cierto modo ello significa ralentizar el programa, pero, puesto que ambas son reducidas, ello no significa que suprimamos el objetivo de adquirir, en el plazo que sea, los 366 vehículos que consideramos que necesitamos.
El tercer punto que queda afectado por el recorte dentro del Ejército de Tierra son los gastos de infraestructura, que pasan de 3.900 millones de pesetas a 3.240 millones de pesetas; es decir, se reducen en 660 millones de pesetas. Como he señalado antes, ésta es la reducción que nos preocupa menos, puesto que los ingresos que la Gerencia de Infraestructura obtendrá este año son elevados y calculamos que podrá proporcionar al Ejército de Tierra exactamente 7.300 millones de pesetas para infraestructura, con lo cual nos iríamos a magnitudes incluso algo superiores de lo que había previsto el Plan Norte. Por tanto, ésta es la parte del recorte que hacemos con toda tranquilidad. Aunque, insisto, en el Ejército de Tierra el problema no es este tratamiento del recorte, que es, obviamente, muy favorable gracias a los demás órganos, sino que es el tema de la ampliación del crédito del Plan Norte. Este es un tema sobre el que hay que transmitir un mensaje muy claro.
Por otro lado --y no forma ya parte del recorte--, los 5.000 millones de pesetas precisamente de que ya disponemos de este crédito han permitido iniciar 16 nuevos programas, incrementar el importe de cuatro programas y los otros 16 programas del anexo de inversión quedan sin variación. Es decir, el planteamiento con el que el Ejército de Tierra aborda este año, obviamente no es el que queríamos, va a sufrir estrecheces y tensiones, pero, aun así, se pueden abordar un número importante de nuevos programas y aumentar la dotación de otros. Hay algo que luego comentaré como conclusión importante: estamos moviéndonos siempre en cifras muy pequeñas; por tanto, que nadie interprete que nada de lo positivo que yo diga tiene el menor carácter triunfalista, en absoluto.
Visto el Ejército de Tierra, pasamos a la Armada. Por lo que respecta a la Armada, los 887 millones de pesetas se distribuyen, más o menos, en tres partes iguales: gasto corriente, mantenimiento y modernización.
Evidentemente, se trata de cantidades mínimas, inferiores al 1 por ciento de sus gastos de inversión y sostenimiento, no afectan a ningún programa importante, se distribuyen de modo disperso y no creo que merezca la pena resaltar nada al respecto. Debo recordar a SS. SS. que éste es un hecho muy espectacular; la Armada inició el ejercicio de 1995 habiendo comprometido 43.000 de los 46.000 millones que tenía para nueva inversión, programas de modernización. Quiero decir que por esto se toca tan poco a la Armada, porque ésta no tiene margen de maniobra.
Finalmente, yendo al Ejército del Aire, el recorte --también como he dicho-- es de 4.434 millones de pesetas y es algo superior al que le habría correspondido de hacerse proporcional a sus remanentes. El recorte se distribuye del siguiente modo: 734 millones a gasto corriente, 1.276 millones a mantenimiento y 2.424 millones a inversiones de modernización.
¿Qué programas de modernización se ven afectados? Son los siguientes: el primero es el SIMCA, cuyo importe en el año 1995 pasa de 8.509 millones a 7.371 millones; es

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decir, estamos ante un recorte de 1.137 millones, que es absorbido por dos hechos: fundamentalmente, el replanteamiento del proyecto del edificio del Centro de Mando y Operaciones, que se había previsto en Morón y que se traslada a Zaragoza, así como un cierto retraso en la instalación de algunos escuadrones de vigilancia aérea. Sus señorías saben perfectamente la situación del escuadrón del Mulhacén.
El segundo programa que se toca en el Ejército del Aire es la reducción en la adquisición de munición, que pasa de 1.922 millones a 1.522, es decir, 400 millones menos.
El tercero que se toca es la infraestructura, que pasa de 2.382 millones a 1.851 millones; es decir, 530 millones de pesetas menos. Buena parte de esta reducción corresponde a los gastos de retrocesión de bases.
Por último, hay dos temas de inferior cuantía, que son la reducción en adquisición de equipos para dotar los centros de mantenimiento, que se reducen en unos ciento y pico millones y, por último, también una cierta reducción de vehículos de transporte, que pasan de 600 a 500 millones de pesetas. Estas creo que son las magnitudes globales que, a la vez, dicen en qué quedan afectados los ejércitos y qué sectores de la economía quedan tocados.
Recapitulando modestamente los efectos de la no incorporación, yo destacaría lo siguiente: primero, el importe total del recorte podríamos decir que no es excesivamente grande, ni en términos globales ni relativos, pero que se produce sobre unos gastos de inversión y sostenimiento que ya están a niveles mínimos.
En segundo lugar, que el procedimiento de distribución del recorte y la aportación destacada del órgano central a los ejércitos hace que los efectos sobre la operatividad sean limitados. Sin embargo, ello no quita que se vayan a producir tensiones importantes en el desarrollo del Plan Norte, de no obtenerse la ampliación de crédito a la que me he referido reiteradamente.
En tercer lugar --y toco directamente el tema de la demanda industrial--, hemos calculado que los efectos sobre la industria de defensa ascienden a 6.178 millones de pesetas, aunque su aplicación es un tanto dispersa, como se ha visto por la lista de partidas que se han tocado, y digo, una vez más, que toca un sector que ya está en graves dificultades y que, al mismo tiempo, es un sector que contaba en sus planes de actuación con la reiteradamente citada ampliación de crédito.
Por último, decir que aun con el recorte, el presupuesto de Defensa crece por segundo año consecutivo en más del 6 por ciento y que esto es positivo, sin duda alguna, con los tremendos recortes que hubo a principios de los 90, pero que estamos ante un ritmo de crecimiento insuficiente para hacer frente a los gastos previstos en el propio quinquenio, y me refiero estrictamente a programas iniciados o a programas cuyo inicio es imprescindible para mantener los niveles actuales de operatividad, no para incrementarlos. En este sentido, más importante que el recorte, más importante que la ampliación, creo que va a ser lo que suceda en los próximos dos años con la aplicación de las medidas de austeridad presupuestaria que proponga el Gobierno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: La intervención del señor Secretario de Estado ha sido bastante prolija, bastante detallada, creo que meticulosamente detallada, en la parte relativa a la no incorporación de créditos del año 1994 al ejercicio de 1995 en las dos vertientes: parte que no se vaya a ejecutar o parte que se tenga que hacer frente con los créditos de 1995.
Por tanto, con el dinero de 1995 faltará para poder actuar.
La cifra definitiva que ha dado es superior a la inicialmente aprobada en el Consejo de Ministros, que era de 11.882 millones. La cifra definitiva, por lo que usted ha estado barajando, parece que está en torno a unos 12.776 millones, un poco mayor. No es ésa la pregunta que me gustaría hacerle en cuanto al detalle que ha dado Ejército por Ejército. Su Ministerio era el que más reaccionó cuando se planteó el ajuste, puesto que entendía que era un presupuesto de gasto contenido en los ejercicios siguientes.
Mi pregunta respecto al recorte va dirigida fundamentalmente a esa apreciación que ha hecho en la distribución y que ha precisado a la hora de hablar de las inversiones de los distintos Ejércitos. Por tanto, a lo mejor está incluido. Ha venido a decir que el efecto que va a tener el recorte sobre la industria militar va a estar cifrado en torno a unos 6.000 millones de pesetas. No sé si esa limitación de la demanda a la industria militar de 6.000 millones es la suma de 2.675 millones de modernización en el Ejército de Tierra, de un tercio de los 887 de la Armada y de una parte del Ejército del Aire.
En todo caso, me gustaría preguntarle, sino fuera así, si fuera un efecto distinto a éste, cuáles de las actuaciones de la industria militar ser verían afectadas. Ahora mismo hay dos grandes bloques de la industria militar que pueden verse afectados: uno, el que pudiéramos llamar Programa 212A, gastos operativos, y otro, que podríamos llamar Programa 213A, modernización de las Fuerzas Armadas, y los proyectos que van detallados en el anexo de inversión.
Si no he entendido mal, no hay ninguna renuncia, no se suprime ninguna actuación, sino que se deslizará en el tiempo la ejecución de algunos programas, y usted ha citado algunos de ellos. Ha hecho mucho hincapié en el Plan Norte y en una posibilidad de ampliación de crédito y le voy a hacer dos preguntas sobre esta vertiente. Una, en el Plan Norte, que se habían previsto 5.000 millones de pesetas en el ejercicio de 1995, tendría un deslizamiento del año 1994 inferior, que ha cifrado en un 35 por ciento. Por tanto, se recortarían unos 4.500 millones de pesetas en el Plan Norte o en los efectos del Ejército de Tierra hacia el Plan Norte. La explicación, en todo caso, no me ha quedado clara. Cuando habla de la ampliación, ¿se refiere a que el Ministerio va a intentar que ese crédito ampliable llegue al máximo o se pueda cubrir esa minoración del Ejército de Tierra para hacer frente a algo que ha estimado como prioritario dentro del Plan Norte? Es decir, dentro de las actuaciones del Ejército de Tierra, el Plan Norte es prioritario y van a intentar ejecutarle con independencia de

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la contención. Lo malo de esto es que para el año que viene se anuncian también recortes, que incluso para la ejecución de este año, que es la parte que veo que está menos explicada de su exposición, a la que después me voy a referir, también va a tener una contención de obligación reconocida, una especie de compromiso de no licitar a nivel porcentual.
Esto en cuanto a lo que pudiéramos llamar recorte. Si va a afectar solamente a los programas que usted ha citado, si otros programas que vienen recogidos en el anexo de inversiones, como, por ejemplo, construcción de cazaminas o modernización o reparación de submarinos S-70 o S-60 se van a ver afectados, si se ralentizará también en el tiempo o si solamente quedaría circunscrito a los que usted ha dicho.
La parte que veo menos explicada o detallada de toda su explicación son los 42.503 millones de pesetas que se han planteado como limitación que el propio Ministerio debe marcarse para el ejercicio 1995, limitación de la obligación reconocida; unos créditos iniciales de unos 866.000 millones de pesetas que van a limitar a 823.000. No he oído --se ha podido decir en el tiempo que no he podido estar atento a su explicación-- cuál es la distribución de estos 42.503 millones de pesetas que, en principio, irían como la aportación a esos 407.000 millones de pesetas que el Gobierno pretende contener para hacer frente a previsibles evoluciones presupuestarias y obligaciones que considera prioritarias.
Me gustaría conocer la distribución de esos 42.500 millones, aunque no sea con el mismo grado de prolijidad, porque estoy convencido de que los proyectos no se podrán precisar hasta que llegue septiembre u octubre y veamos cómo se ajusta definitivamente el presupuesto; quisiera saber de qué manera van a afectar a los tres niveles que usted ha utilizado, a lo que pudiéramos llamar órgano central y los tres Ejércitos y, sobre todo, a los programas de actuación del propio Ministerio, es decir, las inversiones que va a acometer, puesto que la distribución de este dinero, fundamentalmente en la distribución que nos dio el Ministerio de Economía y Hacienda, estaba también pivotando sobre el esfuerzo inversor, es decir, comprometían la inversión o recortaban o limitaban su obligación reconocida a 216.000 millones de pesetas para el año 1995, es verdad que sobre créditos iniciales. Como usted ha explicado que hay una parte de deslizamiento de 1994 que sí va a sumar, ésa estará añadida.
¿Por qué le digo esto? Creo --y se lo voy a decir sinceramente-- que lo que hoy se anuncia como una contención de lo que pudiéramos llamar la obligación reconocida puede verse al final del ejercicio 1995 como un no deslizamiento al siguiente, marcando las prioridades. Puede darse la siguiente circunstancia: que, de estos 42.000 millones, 40.000 no se deslicen al año 1996. Por tanto, se considerarán como no ejecuciones, como proyectos a no acometer o como aplazamientos, en el mejor de los casos, a futuros años, pero usted sabe que cualesquiera de las inversiones o cualesquiera de las actuaciones se pueden ralentizar en la gestión del Ministerio bien limitando la oferta, sacándola a licitación, o bien ralentizando la ejecución y, por tanto, aplazando los pagos ¿Tienen hecha una previsión de cómo van a afectar estos 42.500 millones a los distintos programas? He utilizado los dos programas que creía que requerían un mayor esfuerzo inversor: el de gastos operativos ligados a las Fuerzas Armadas y el de modernización de las Fuerzas Armadas, pero también puede contener otros gastos. En la distribución del recorte usted ha citado un esfuerzo importante en gasto corriente que, si no he tomado mal la nota, era de 3.000 millones de pesetas, aunque después no ha dicho cuánto afectaría al Capítulo I, de transferencias corrientes, o al Capítulo II, pero se hace un esfuerzo importante de 3.000 millones de pesetas en gasto corriente a tener en cuenta.
Por tanto, mi pregunta iría dirigida a esos 42.500 millones de pesetas, al estar convencido, como usted ha dicho, de que el esfuerzo en Defensa va ligado al esfuerzo en la industria ligada a la Defensa y a toda una estructura productiva. Es verdad que hay fuerzas políticas, como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que han venido manteniendo la contención del gasto de defensa y la ordenación de la estructura del Ejército hacia otra orientación política. No es ése el centro de la discusión, no quiero entrar en controversia, sino simplemente obtener la información para conocer de verdad cómo va a evolucionar esta decisión política del Gobierno en las actuaciones y los compromisos que el Ministerio de Defensa tiene contraídos a la hora de presentar los propios presupuestos, con independencia de que después podamos compartirlos con unos y no compartirlos con otros, que no es el objetivo de nuestra demanda de comparecencia de hoy.
De todas formas, quiero agradecerle lo exhaustivo que ha sido, el realismo con el que ha explicado la contención y la valentía que ha tenido para explicar que esos 12.000 millones de pesetas de recorte van a afectar o pueden afectar a algunas políticas, aunque han intentado reorientarlo hacia las políticas menos prioritarias, por así decirlo, del Ministerio de Defensa.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Celdrán.


El señor CELDRAN VIDAL: Voy a hacer una breve intervención y la voy a comenzar haciendo una valoración política, la que merece a nuestro Grupo el recorte presupuestario que estamos comentando. Seguro que no sorprenderá al Secretario de Estado que esta valoración política sea negativa Estamos hablando de una reducción de 12.776 millones, pero el Secretario de Estado se ha referido a la partida de 42.503 en unos términos que no acabo de comprender; dice que no va a suponer una disminución del gasto, sino del pago del gasto --en términos similares se ha expresado--. Con toda sinceridad, no puedo entender qué significa esto, salvo que se interprete como que se puede gastar lo que se quiera y que ya veremos cómo se paga, dicho en términos coloquiales.
Quiero que amplíe su información sobre qué significa que se congele esta partida de cuarenta y tantos mil millones, porque, una de dos, o se dispone y se puede comprometer ese gasto o no se puede comprometer. Si no se puede comprometer, estamos hablando de una reducción presupuestaria

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no solamente de 12.700, sino que a esa cifra habrá que sumarle los 42.500. En cualquier caso, creemos que las repercusiones de esta disminución de recursos del Ministerio de Defensa son bastante más importantes de las que ha tratado de considerar o exponer el Secretario de Estado.
En varias fases de su intervención ha tratado de disminuir la gravedad de la repercusión de esta disminución de gasto, pero creo que ha incurrido en una contradicción cuando --y empleo sus propios términos, si no me equivoco-- ha hablado de que es perentoria la ampliación de ese crédito ampliable de cinco a quince mil millones. Si es tan absolutamente perentoria la necesidad de ampliar ese crédito, «sensu contrario» será igualmente importante la reducción en una cuantía bastante similar. Si una cosa es muy perentoria, la disminución tiene que ser igualmente grave, valga la expresión, en sentido contrario.
Nosotros valoramos también muy negativamente que los encargos del Ministerio de Defensa disminuyan, porque, tal y como ha dicho el Secretario de Estado, estamos hablando de una industria con serios problemas y esto no viene más que a agravar la situación. Me gustaría conocer, si el Secretario de Estado puede informar, algún detalle sobre qué industrias se verían afectadas y en qué medida aproximadamente, de las principales que trabajan para el Ministerio de Defensa.
Quiero añadir que lo importante de esta reducción no es quitar el porcentaje en términos relativos, porque estamos hablando de un porcentaje modesto. La importancia de la reducción es que afecta a mantenimiento y a inversiones. Porque el capítulo I es prácticamente inamovible; el II, me refiero a gastos corrientes, se intentará reducir; ya veremos si se consigue esa cifra que usted nos ha dado, pero lo que es inevitable es que va a afectar a mantenimiento y a inversiones, va a afectar a algo tan importante como la operatividad. Yo ahí soy menos optimista y no le otorgo demasiada credibilidad o, por lo menos, no tengo confianza en las palabras del Secretario de Estado, porque, según nuestras informaciones, sobre todo en el Ejército, el estado actual de mantenimiento es bastante inferior a lo que necesita; como, sin duda, conocerá el Secretario de Estado, se habla incluso de que es del 45 por ciento. Esto es en el momento actual. Si se ve reducido en alguna medida, tal y como se nos ha informado, el déficit en este punto tan importante, porque no es ni más ni menos que el que califica la operatividad de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en particular, creo que es algo muy relevante, tan relevante como que, según un documento llegado a nuestras manos, podría decirse que para 1995 se anula el programa de modernización de materiales del Plan Norte. Esto no es un pequeño recorte, un pequeño deslizamiento. Estamos hablando de algo a lo que quizá nosotros damos más gravedad que la que se deduce de las palabras del Secretario de Estado, aunque él tampoco ha ocultado que nos movemos en un contexto presupuestario, en general, muy reducido. Y no hace falta que entremos ahora en este debate porque no hay más que ver las estadísticas de los últimos doce o quince años para ver cómo han evolucionado los presupuestos de Defensa. En este contexto, este nuevo apretón de tuerca, que yo cuestiono --vuelvo a mis palabras iniciales-- si es de 13.000 millones o de 55.000 porque, como digo, no he acabado de entender muy bien esa diferencia, creo que va a tener un impacto muy negativo, fundamentalmente en mantenimiento y en inversiones y, por qué no decirlo, en la confianza, en la moral de nuestros Ejércitos, cuando vez que sus necesidades son cubiertas con esta penuria, con esta escasez y que son siempre los que sufren las necesidades, que todos comprendemos, presupuestarias en las que se ve envuelto nuestro Gobierno.
Reitero si me puede aportar algún detalle sobre la repercusión en las industrias de Defensa, profundizar un poco en la explicación de estos cuarenta y tantos mil millones ¿son recorte o no?, ¿se pueden gastar?, ¿se van a gastar en un año, en dos? Otras preguntas que tenía anotadas, las ha contestado ya en su primera intervención. Por tanto, aquí termino la mía.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL I MUNTALA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del Secretario de Estado, señor Flos, y, en segundo, la explicación que nos ha dado; creemos que ha sido muy clara y, además, muy pedagógica y que nos ha permitido hacernos una clara idea de cuál es la situación en un tema que, por las diferentes intervenciones, todos lamentamos; no nos agrada mucho tener que hablar de estas cuestiones o, mejor dicho, que estas cuestiones se produzcan.
Los recortes siempre son temas, para cualquier Ministerio o cualquier Administración, que obligan a ciertos replanteamientos del presupuesto.
Sin embargo, todos reconoceremos que este recorte no es algo caprichoso ni obedece a extraños designios, sino sencillamente a llevar a cabo aquello que por todos los grupos políticos ha estado reconocido como uno de los objetivos principales de la política económica que el Gobierno debe tener, por no decir el principal, que es el de la reducción del déficit. Incluso algunos grupos, desde la oposición, han empezado a hablar de la necesidad de un plan de austeridad bastante duro para reducir este déficit.
Cuando se enuncia como una voluntad general es muy fácil hacerlo pero, después, cuando esto se define en las operaciones concretas para conseguir el objetivo global de la reducción del déficit, resulta que no se quiere recortar por ninguna parte. Cada Diputado, independientemente del grupo político al que pertenezca, comparte las preocupaciones de su área y de su ministerio cuando se producen unas reducciones. Como grupos políticos parlamentarios debemos fijar los objetivos globales prioritarios y garantizar la máxima racionalización en los efectos sobre las partes, la máxima racionalización hacia fuera en los aspectos externos, en las repercusiones sociales que puedan tener estos recortes y también en la máxima racionalidad técnica o interna para ver que estos recortes no afecten a lo que es el buen funcionamiento de cada uno de los ministerios y, en el caso del que estamos hablando, al grado de operatividad

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de las Fuerzas Armadas, como el Secretario de Estado manifestaba en su intervención.
En el Ministerio del que estamos hablando, ¿qué es lo que debemos garantizar en los presupuestos y en los posibles recortes o en el recorte real del que hablamos? Hay un objetivo fundamental, que es el cumplimiento del modelo de Fuerzas Armadas 2000, que fue aprobado por este Congreso. ¿Qué quiere decir esto, simplificando? Llegar a unas Fuerzas Armadas mixtas y garantizar que estas Fuerzas Armadas sean modernas. El ritmo de consecución de estos dos objetivos, Fuerzas mixtas y Fuerzas modernizadas, vendrá marcado por la situación económica y la capacidad de reducción del déficit que consigamos entre todos. En este sentido, nos parece adecuado el procedimiento seguido por el Ministerio sobre la distribución de la cantidad global procedente de los remanentes de 1994 no aplicables a 1995 y que, como algún otro interviniente ha recordado, inicialmente podrían haber sido más amplios y, al final, se han centrado en estos 12.700 millones.
Nos parece que ha sido adecuado el procedimiento porque ha seguido cuatro criterios, que hemos creído entender de la exposición del Secretario, que compartimos: en primer lugar, la distribución no mecánica a cada uno de los grandes centros gestores, y nos parece racional que haya habido una mayor concentración en el órgano central para garantizar la mayor operatividad de los otros tres grandes órganos gestores que son los tres ejércitos. En segundo lugar, que se haya hecho con una fijación de prioridades dentro de cada uno de estos centros en lo que son los gastos corrientes, los gastos de mantenimiento y los gastos de inversión, precisamente en este orden de prioridad en la reducción. En tercer lugar, el criterio que se aplica a los programas que pueden dilatarse más en el tiempo y, por tanto, nos satisface oír también que en este momento el Ministerio puede afirmar que ningún programa desaparece y que aquéllos que han sufrido algún recorte lo que se hace es alargarlos en su ejecución en el tiempo. En cuarto lugar, también compartimos claramente el intento de minimizar las consecuencias para la industria nacional que puedan tener estos recortes.
En cualquier caso, nos alegra haber oído intervenciones que comparten preocupaciones por la reducción, seguramente por motivos diferentes, pero nos agrada el paso que ha dado algún grupo teniendo en cuenta que cuando se aprobó el presupuesto de Defensa hace pocos meses la intervención fue defendiendo que se tenían que reducir los gastos de Defensa. Hoy hemos oído una intervención mucho más realista, más acorde con la realidad y considerando que los recortes en el presupuesto de Defensa tienen incidencia importantísima en sectores productivos que, si bien no tienen mucha cantidad de trabajadores y un nivel de producción muy elevado, sí tienen una importancia estratégica y tecnológica para el futuro del tejido industrial en nuestro país.
Compartimos lo expuesto por el Secretario de Estado y por los otros intervinientes respecto a dos preocupaciones: una, centrar esfuerzos para garantizar el justo cumplimiento del Plan Norte, la importancia e incluso necesidad de conseguir que se pueda hacer efectiva la ampliación del crédito para el Plan Norte. Y, otra, lo que pueda pasar en los presupuestos para 1996 y que los posibles planes de austeridad, de ajuste presupuestario, se hagan con la máxima racionalidad posible y siguiendo los ejemplos que este año el Ministerio ha dado en la aplicación del recorte a su ministerio.


El señor VICEPRESIDENTE (Gracía Ronda): Para contestar a los problemas planteados, a las preguntas formuladas, tiene la palabra el señor Secretario de Estado de Defensa. Le ruego que sea lo más esquemático posible.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Voy a ser muy esquemático.
En primer lugar, quisiera referirme a un tema tocado por el señor Marsal, la racionalización. A un Secretario de Estado le sería muy fácil y sería muy bien aceptado según en qué ámbitos las distribuciones proporcionales.
Por esto he insistido en que no las hemos hecho; hemos ido por el camino más difícil de todos en aras a defender algo a lo que también se han referido los otros intervinientes, especialmente el Diputado señor Celdrán: la operatividad. Cuando uno tiene que acometer un recorte, aunque sea solamente --y permítanme que utilice este adverbio-- de 12.000 millones, hay que estudiarlo paso a paso; yo no creo en la aplicación de porcentajes genéricos, hay que ver qué daño hacemos a los ejércitos y a las industrias con cada una de las acciones. Por supuesto, el tema es muy difícil, me encuentro siempre con estos dos platos de la balanza y llegar a un equilibrio es algo muy complicado.
Voy a contestar muy esquemáticamente al señor Ríos. Hemos pasado a hablar de 12.776 millones de pesetas, no de una cantidad menor, porque ahora ya son cifras definitivas de presupuesto cerrado. ¿Cómo hemos contado el efecto en la Industria? Está contado con la suma de gastos de mantenimiento, gastos de nueva inversión y hemos restado los gastos de infraestructura, no todos, una parte, los que están como gastos de infraestructura en el presupuesto, y, obviamente, hemos contado lo que adquieren los ejércitos, no lo que adquiere el órgano central como tal, porque complicaríamos mucho la cosa y no son propiamente sistemas de armas.
Respecto a lo que significa el crédito del Plan Norte he de decir que es un crédito de 5.000 millones asignado al Ejército de Tierra con posibilidad de ser ampliado a 10.000, como reza en el presupuesto. ¿Cómo se articula el recorte? Quizá ha habido alguna confusión en el modo de expresarlo --para simplificar la exposición yo me he saltado todos los aspectos del procedimiento, que son complicados-- y voy a hacer unas breves aclaraciones. Lo primero que se hizo, de común acuerdo, conjuntamente con el Ejército de Tierra, que es el más afectado, fue ver qué es lo que había que recortar porque era lo menos prioritario; lo segundo que se hizo fue una reprogramación, tema complicadísimo y que explicarlo aquí sería muy difícil, necesitaríamos otro tipo de ámbito; y luego lo que se hizo fue sumar a lo reprogramado los 5.000 millones que teníamos del Plan Norte. Este es exactamente el procedimiento que se siguió.


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Me pregunta S. S. si solamente afecta a los programas que he citado y no a otros como, por ejemplo, los cazaminas. Efectivamente, sólo afecta a los programas que he citado y no a otros como los cazaminas. También he dicho, cuidado, porque muchos programas están en unos niveles de dotación que a menudo son simbólicos. Es una palabra muy dura, pero tengo que decir la verdad.
Me habla de que la parte menos detallada es la de los 42.500 millones de recorte en la capacidad de obligación reconocida. En esto enlazaría también con lo que ha señalado el señor Celdrán. Lo que no podamos reconocer, lo que no pueda ser obligación reconocida no quiere decir que no se pueda comprometer. Es más, el Diputado señor Celdrán se ha expresado de la siguiente manera: Se puede gastar lo que se quiera y ya veremos cómo se paga. Su señoría lo ha dicho de un modo un tanto brutal, pero en cierta manera esto es la verdad. Nosotros podemos llegar a comprometer todo el presupuesto del año 1995, sólo que no podremos reconocer 42.000 millones de obligaciones. Y aquí vuelvo a lo que decía el Diputado señor Ríos, quien, por desgracia, puede tener toda la razón, y es que, por la experiencia que hemos tenido este año, lo primero que piensa alguien que esté en este tema, el Secretario de Estado por supuesto, es que éste es el anuncio de las incorporaciones que no nos van a dar el año que viene, además de que, según cual sea el plan de austeridad, puede haber recortes adicionales, tema que desconozco absolutamente. Pero coincido totalmente con el señor Ríos en que esto es una señal de alerta que no se le escapa a nadie.
¿A qué vamos a destinar estos 42.500 millones? ¿Qué es lo que no será obligación reconocida? Esto lo veremos a medida que vayamos adelantando en el presupuesto, es imposible tenerlo en cuenta ahora. Si hemos tenido 30.000 millones de no incorporaciones este año es porque hemos tenido sorpresas. Normalmente, el Ministerio de Defensa es un ejecutor magnífico, y yo he dicho en más de una ocasión, no en esta Comisión, sino en la de Defensa, que somos un ejecutor extraordinario, entre otras cosas porque tenemos muy poco dinero y llegamos al final. ¿Qué ocurrió en el año 1994? Ya sé que habrá quien no se lo crea, pero el Ejército de Tierra tuvo unos tropiezos inevitables con temas que no eran previsibles, en concreto dos asuntos de misiles de importancia no pudieron entregarse a tiempo por razones diversas e incluso se ha abierto un expediente de penalización de las empresas; más muchas otras cosas. Digamos que ha sido un año --permítanme que lo diga-- bastante atípico. Para nosotros llegar al 99 por ciento no es un milagro, es habitual y, en cambio, no pudimos.
En cuanto a lo último que ha señalado el señor Ríos, a qué se refiere el gasto corriente, es estrictamente el Capítulo 2. No toco nada del Capítulo 1, que queda exactamente igual.
En relación a las observaciones del Diputado señor Celdrán, he hablado ya de los 42.503 millones de pesetas. Usted, señoría, dice que ha habido una cierta contradicción en mi modo de expresión. No lo he pretendido en absoluto. No quiero minimizar en absoluto los efectos. Lo que sí quería hacer es poner de manifiesto que tenemos un problema muy grave, que es esta ampliación de crédito; veo que lo he conseguido. Que en un recorte de 12.000 millones podamos imputar una parte a gasto corriente, que podamos hacer esfuerzos, que intentemos dispersar el efecto en las industrias, es posible, pero insisto en lo que he dicho: hay muchas industrias y, por supuesto, el Ejército de Tierra, que han venido manejando 10.000 millones más en su programación y lo sabe el Ejército de Tierra y lo saben las industrias y son industrias que necesitan, si no los 10.000, sí una buena parte. Hablo de industrias más bien de material convencional.
Esto es lo que quería poner de manifiesto y me parece que lo he dicho. En absoluto quería quitar hierro al asunto, la situación es grave, lo que pasa es que yo doy por hecho que todo el mundo sabe que el presupuesto de inversión y sostenimiento de las Fuerzas Armadas está por debajo de mínimos, que la industria de Defensa está mal, ¡por supuesto!, y que cualquier cosa que nos recorten nos hace muchísimo daño. Estas son cosas que las doy por hechas. Y, además, en algunas empresas puede traducirse en reducciones de personal. En algunas discusiones que he tenido, lógicamente, con el Ministerio de Economía y Hacienda, traduzco las cosas no sólo en términos operativos, sino en empleo y desempleo; es evidente.
Y en algunos casos es un empleo y desempleo que podríamos llamar de tecnología media, pero en otros es de una tecnología punta. En España, aún hoy, buena parte de la tecnología punta y de lo que tenemos para salvaguardar nuestro futuro, nos guste o no, está en la industria de defensa, de ahí que haya que defenderla. Esto es fundamental.
Me pregunta el señor Celdrán qué industrias se verán afectadas. Hemos hecho un esfuerzo para distribuir el daño. He señalado, por no decir la lista entera, que se tocaría el Programa TLE en 500 millones, que afectarían a un simulador. No está contratado. Lógicamente un simulador lo tiene que hacer una empresa del tipo Ceselsa u otra parecida.
Los otros casi 1.000 millones afectados por el Programa TLE tienen una parte de casi 400 millones que son de I + D, que irían destinados a Santa Bárbara, para seguir desarrollando un prototipo. Santa Bárbara seguirá desarrollando un prototipo --es un problema de subvención, pero es un problema que va a un tipo de empresa así-- y otros elementos --estamos en el TLE-- afectan directa o indirectamente a Santa Bárbara, aunque en algún caso haya alguna adquisición en el exterior. Es decir, que en este caso tocaríamos prácticamente 1.000 millones de pesetas que, de un modo u otro, están vinculados con Santa Bárbara u otra empresa similar.
Santa Bárbara --voy a darles el dato concreto-- facturaría este año 1995 a Defensa 7.215 millones y, como efecto del recorte, se quedaría a unos 6.000 y algo. Digo 6.000 y algo porque del recorte se infiere que quedaría en 5.800, pero de la nueva asignación de créditos disponibles de ese plan norte, no de los 10.000 millones, sino de los 5.000 que ya tenemos, probablemente algo vaya adicional a Santa Bárbara. Por tanto, sí recibiría Santa Bárbara una reducción de unos 1.000 millones de pesetas.
Otro organismo --no es industria pero está ligado a industria e indirectamente afecta a industrias-- es el INTA,

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que tendrá que absorber 500 millones del centro relacionado con el EFA y tendrá que hacerlo con su dinero, es decir, recortando internamente otros esfuerzos.
En cuanto al programa Simca, son 1.137 millones; tocarían básicamente al servicio militar de construcciones más algunos aspectos de electrónica asociada a los EVA o al centro de control.
Esta parte que está dentro de los 6.200 millones, es una parte que afecta poco a lo que solemos entender por industria de Defensa.
No llega a 100 millones la cantidad que se reduce en vehículos --hablo de vehículos de transporte-- y ahí puede afectar a diversas empresas. Es una cantidad que queda muy dispersa.
En cuanto a la munición, 400 millones que deja de comprar el Ejército del Aire, por lo que vemos sería más bien munición que se adquiere en el extranjero; es un tipo de bomba que no se fabrica en España.
Por último, también en relación con lo que ha señalado el señor Celdrán, manifestaba su preocupación por el Ejército de Tierra y por la operatividad. He señalado al principio que el criterio básico es mantener la operatividad y por esto al Ejército de Tierra, que tenía que haber soportado el 60 por ciento del recorte, sólo le hacemos soportar el 35 por ciento, cosa que, le aseguro, señoría, no es nada fácil, porque para cualquier órgano es muy fácil. Lo lógico es decir que tal ejército o tal órgano es el que no cumplió con la ejecución del presupuesto del año anterior, luego que asuma su culpa. En este caso, la culpa, aparte de que no sea directamente gestión, es algo que afecta directamente a la operatividad y por esto hemos hecho este esfuerzo, que, ya digo, ha recaído mayormente en el órgano central, que es lo más alejado de los aspectos operativos, pero también el Ejército del Aire ha hecho una cierta aportación. Es decir, que sí nos ha preocupado mucho este tema.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Con esto termina su comparecencia y este punto del orden del día.


--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (GIRBAU GARCIA) PARA INFORMAR DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL 27 DE ENERO DE 1995, ASI COMO DE LOS EFECTOS QUE PROVOCARA EN EL DESARROLLO DE UNA POLITICA INDUSTRIAL ACTIVA, EN LOS SECTORES ESTRATEGICOS Y EN LA INVESTIGACION Y DESARROLLO. A SOLICITUD DEL G. P.
IU-IC. (Número de expediente 212/001375.)

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Comparece ahora el ilustrísimo señor Subsecretario de Industria y Energía, para dar las explicaciones correspondientes a los recortes presupuestarios del año en curso.


El señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Girbau García): Intentaré brevemente explicar las operaciones que prevemos para la ejecución presupuestaria de este año en el cumplimiento lo más estricto posible del acuerdo del Consejo de Ministros.
Como ustedes saben, el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 27 de enero estableció un límite máximo de reconocimiento de obligaciones que, en el caso del presupuesto no financiero del Ministerio de Industria y Energía, establecía un total de 172.487 millones de pesetas, respecto al presupuesto inicial que, como ustedes saben, ascendía a 190.488 millones de pesetas. Esto supone una aminoración en obligaciones por importe de 18.001 millones de pesetas, y quiero significarles que en el año 1994 la aplicación del entonces, creo, artículo 10 de la Ley, representó una cifra de 15.245 millones de pesetas.
La distribución por capítulos de este límite la hemos efectuado de forma provisional y transitoria, en el sentido de que queremos trabajar durante el año 1995 con esta previsión, entendiendo que hemos priorizado aquellos programas y aquellas obligaciones que nos parecía que se deducía, tanto de la discusión que en su momento tuvo el presupuesto del Ministerio de Industria y Energía como de nuestros propios objetivos, que era lo que deberíamos mantener en el transcurso del ejercicio presupuestario. Ello no es óbice también para que, en caso de que surgiese alguna necesidad, fuese posible, puesto que esto es una mecánica interna del propio Ministerio, adoptar aquellas decisiones que pudieran modificar de alguna forma esta previsión inicial.
Como les decía, lo que hemos efectuado es, por capítulos, una serie de estimaciones. El capítulo I y el II no se ven afectados en absoluto por este cumplimiento, simplemente porque lo tenemos ajustado al máximo y cualquier recorte que hubiésemos efectuado en ellos nos provocaría problemas de funcionamiento. Sí hemos efectuado el cumplimiento de las obligaciones en los capítulos IV, VI y VII, con una diferencia respecto a los créditos iniciales, en el capítulo IV, de 7.343 millones, en el VI, Inversiones reales, por 59 millones, y en el VII, Transferencias de capital, por importe de 10.599 millones.
Esto es, a nuestro juicio, lo que debíamos hacer en el sentido de que, si vemos el análisis de las partidas, se puede apreciar que prácticamente en su totalidad corresponden a programas que no inciden en la política industrial activa que nosotros pretendemos llevar a cabo, que no afectan tampoco a sectores estratégicos ni, por supuesto, a la investigación y al desarrollo.
Las partidas más afectadas por estos ajustes de obligaciones son las que tienen como destinatario al Instituto de Crédito Oficial, tanto como perceptor de transferencias nominativas, y ustedes saben que en nuestro presupuesto figuran partidas para compensación de quebrantos por préstamos excepcionales y por avales de reconversión, como partidas no nominativas, también al Instituto de Crédito Oficial, que afectan a los planes de reconversión siderúrgica. También se ven afectadas las primas a la construcción naval y en alguna cuantía las transferencias a empresas mineras, entre ellas Hunosa.


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El desglose por partidas, para que quede clara la cuestión. En el capítulo IV, como les decía, por un total de 7.343 millones de pesetas, se afectan a los siguientes conceptos: la compensación de quebrantos por préstamos excepcionales al ICO, por importe de 980 millones de pesetas; la subvención a Hunosa sufre una disminución en obligaciones de 4.053 millones de pesetas; la subvención a Minas de Figaredo de 230 millones; el Plan de Seguridad Minera, de 80, y al ICO, para compensación de quebrantos por avales y préstamos de reconversión, que es a lo que hacía referencia en cuanto a la siderurgia, 2.000 millones de pesetas, lo que totaliza los 7.343 millones.
En el capítulo VI, en la parte que corresponde a inversiones del área de energía, efectuamos un ajuste o una previsión de 59 millones menos, que afecta fundamentalmente a partidas de estudios, que ha llevado a cabo el área de energía. También afecta en una cuantía insignificante a una aportación que se hacía a los Laboratorios Madariaga, de la Escuela Superior de Minas, para que fuesen adquiriendo material; según entendíamos, de acuerdo con lo que el Secretario General de la Energía ha previsto, la aportación en este momento no era necesaria y hemos operado este pequeñísimo recorte.
En el capítulo VII afectamos a una serie de conceptos por unas cuantías muy poco importantes: en el medio ambiente energético-minero prevemos 172 millones y luego, tres partidas de transferencia a los tres organismos dependientes del área de energía, al IDAE, al CIEMAT y al ITGE, por importe respectivamente de 185, 118 y 188 millones de pesetas. Los tres conceptos presupuestarios afectados en mayor cuantía son, por orden, la explotación, ordenación y seguridad minera, que experimentará un ajuste de obligaciones de 1.524 millones de pesetas, las primas a la construcción naval, que no se comprometerán 5.012 millones de pesetas, y en planes de reconversión siderúrgica por 3.400 millones de pesetas. Así nos da los 10.599 millones a que hacía referencia.
A nuestro juicio, este ajuste que efectuamos provisionalmente para la ejecución del presupuesto de 1995 nos permite cumplir los programas que sí representan la parte más importante en cuanto a objetivos prevista del año 1995. No afectamos por minoraciones al programa 542-E, Investigación y desarrollo tecnológico, que exclusivamente se vería disminuido en los 172 millones de pesetas a que he hecho referencia en el sector energético-minero; nos parece una cuantía insignificante, teniendo en cuenta que la totalidad del programa representa 58.814 millones. Y no resultan minoradas partidas tan significativas como el PATI, las transferencias al CDETI o la participación en la Agencia Espacial Europea.
No hay ninguna afección a las partidas integrantes del Programa de competitividad de la empresa industrial, que tenía una dotación de 3.034 millones de pesetas, en la que se incluye el PITMA y el Plan RETES, y tampoco resulta minorado el Programa 722.C, de calidad y seguridad industrial, ni el 724.B, de apoyo a la pequeña y mediana empresa industrial, la conocida en este caso iniciativa PYME.
Esta es la situación de la que partimos. Quiero significarles dos cosas: una, que en los criterios de ejecución presupuestaria que adoptó ya el Ministerio a partir del año 1994 en la previsión de cumplimiento, tanto, en el año 1994, en el artículo 10 como, en este caso, en el artículo 11, nos esforzamos en que realmente no se produzca ningún compromiso de gasto que afecte a las cuantías previstas para el cumplimiento de estos artículos de la Ley General de Presupuestos; así, en el ejercicio de 1994 nos encontramos en una situación, al iniciar 1995, en la que habíamos comprometido por debajo de los 15.000 millones, que entonces significaba el cumplimiento del artículo 10, con lo que en el presupuesto real que nosotros tendríamos que haber ejecutado, por dificultades técnicas de última hora en el mes de diciembre, nos encontramos con unos compromisos de gasto por un importe de 4.999 millones de pesetas con cargo al presupuesto del año 1994, que serían los remanentes de crédito a incorporar en el ejercicio de 1995. Y puesto que el Consejo de Ministros, en el acuerdo del que estoy tratando de explicar la afección al Ministerio, nos ha permitido una incorporación de 3.000 millones de pesetas, hemos tenido, por decirlo de alguna forma, una pérdida, respecto a la ejecución del presupuesto del año 1994, de 1.999 millones de pesetas. Esta es, señoría, la situación del presupuesto del año 1995.
Entendemos que con esta previsión cumpliremos los objetivos que nos habíamos propuesto al inicio del ejercicio y debo decir que, teniendo en cuenta que seguimos practicando la misma política presupuestaria, es decir, la de cumplir estrictamente los compromisos afectados y por tanto no comprometer eso en el ejercicio de 1995, seguiremos en una situación en la que, a nuestro juicio, siendo el presupuesto del Ministerio de Industria un presupuesto ajustado, nos esforzamos en que no tengamos que experimentar, por incumplimiento de estas previsiones, en los años sucesivos, problemas que afecten a esos presupuestos justos que venimos teniendo desde hace varios ejercicios.
Estoy a su disposición para completar la información y espero que haya sido lo esquemática que la Presidencia me ha solicitado que sea y, al mismo tiempo, lo completa que yo desearía.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: El objetivo de la comparecencia que nosotros hemos solicitado tenía dos partes. Por un lado, conocer esto último que usted ha citado, qué parte de la no ejecución o de la obligación reconocida no ejecutada o no reconocida que existía en el año 1994 no pasaba al año 1995, qué parte de ese volumen significaba que se renunciaba a proyectos y actuaciones concretas y qué parte no significaba eso pero sí que ustedes, con los dineros del año 1995, tendrían que hacer frente al año 1994.
Ese volumen, inicialmente, lo que aprobó el Consejo de Ministros a primeros de enero, estaba cifrado en 3.644 millones de pesetas, según los datos que nos aportó el Ministro Solbes en su comparecencia.
Definitivamente, según los datos que usted nos acaba de dar al final, son cuatro mil novecientos y pico millones de pesetas --no he cogido la cifra exacta--. Me gustaría que usted nos explicara la distribución

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de esa declaración de no disponibilidad derivada del ejercicio de 1994, cómo va a afectar a los compromisos de 1994 que no se ejecuten y cómo va a afectar a los presupuestos de 1995.
Ha explicado usted muy bien y muy detalladamente la otra parte, que significa la contención en obligación reconocida, en principio unos 18.000 millones de pesetas y, según su distribución aproximadamente también, de esos 17.000 millones de pesetas o algo más. Usted ha explicado esa distribución muy exhaustivamente, citando los programas que se van a afectar, inclusive los proyectos y los organismos. En la misma medida que hemos tenido esta información dirigida a lo que pudiéramos llamar la contención de la obligación reconocida de 1995, me gustaría conocer la evolución de los otros cuatro mil y pico millones, si no es con este mismo grado de precisión con el que usted crea oportuno, con un comentario, y es que la liquidación del presupuesto de Industria en el año 1994 venía de una evolución, tanto en el capítulo IV como en el VII, de reducción sobre el año 1993. Mirando todos los parámetros que podamos comparar, mirando la obligación reconocida, hay menos obligaciones reconocidas en 1994 que en 1993, y se nos pueden proponer ahora todavía menos --190.000 en 1994 y 172.000 al final de 1995; estoy hablando de cifras globales del Ministerio--. Si hablamos de pagos ordenados, también tienen una menor ejecución en 1994 que en 1993, y si hablamos de los pagos realizados, exactamente igual, hay una distancia, según cada uno de los escalones, en la ejecución. Quiere eso decir que esto choca con el comentario de que hacen falta políticas activas e impulsar la política de industria. Usted ha dicho, y lleva razón, que hay dos programas, el 722.C y el 724.B, que no se tocan; es cierto. Me gustaría ver si la otra parte tampoco los toca.
En los planes de reconversión, la prima a la construcción naval y todo el tema de seguridad minera sí tienen su proyección a determinados sectores que yo creo que hoy están en una situación complicada, máxime cuando hablamos de empresas como Hunosa, que tiene una situación de debate, si no permanente, muy encima de la mesa. Por tanto, mi pregunta iría dirigida, señor Presidente, a una distribución mejor de lo que pudiéramos llamar esa no derivación del año 1994 y a intentar acompasar, porque aunque usted ha relativizado muy bien, lo ha hecho bastante bien, que tampoco es para tanto porque los porcentajes son pequeños. Decía Disraeli, que era Ministro de la Reina Victoria, que hay tres clases de mentiras: la pequeña mentira, que se dice en familia; el perjurio, que se dice en los tribunales, y la gran mentira, que es la estadística. En los porcentajes ya sabe usted aquello de la distribución, que es muy malo sacarlo, porque si me toca a mí el 0,01 me ha pillado el cien por cien.
En ese sentido era en el que yo le quería poner en relación voluntad y declaración de mayor política industrial y, sin embargo, menores recursos. Si usted lo hace, desde luego le tendrían que nombrar Ministro de cualquiera de las carteras, porque es cuadrar el círculo, cosa difícil.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Como aquí se ha puesto de manifiesto, en la liquidación de 1994 ya observamos una reducción en los gastos precisamente de los capítulos IV y VII, que son los más afectados también, una vez más, en 1995, y nos da la sensación de que eso es un preámbulo de lo que va a ocurrir en el año 1996. Por eso yo quiero manifestar nuestro desasosiego o nuestro desencanto, porque quizás hubiéramos deseado que se hubiera producido también un recorte similar al total de lo afectado, que es el 8,5 por ciento del presupuesto inicial previsto por el Ministerio, a los capítulos I y II. Ese paso que se ha producido de 190.000 a 172.000, que son 18.000 millones, como ha manifestado el señor Subsecretario, supone que su Ministerio, el Ministerio de Industria, sea el cuarto más afectado de todos los Ministerios. Después de los recortes que se han producido al Ministerio de Administraciones Públicas, al de Asuntos Exteriores y al de Comercio y Turismo, está el Ministerio de Industria. Lo que nos preocupa a nosotros es si esto va a afectar, como nosotros nos tememos, a alguno de los compromisos que se han venido realizando en los últimos tiempos y de qué forma este recorte va a incidir en algo que ha presentado a bombo y platillo su Ministerio, como son las realizaciones que se anuncian y se prevén en el libro blanco de industria, en el cual se hablaba del compromiso de alcanzar un 5 por ciento de producto interior bruto para inversiones públicas dedicado a la promoción de nuestra industria; si tiene algún dato más concreto sobre cómo va a afectar esto precisamente a ese campo, al campo de las inversiones, y sobre todo a los compromisos establecidos en el libro blanco.
Ya nos ha dicho que no va a afectar al compromiso adquirido por el Ministerio de Industria en la llamada «Iniciativa Pyme de desarrollo industrial»; veremos en qué queda al final ese compromiso y si son ciertas sus palabras. Lo podremos ver cuando procedamos a hacer la liquidación final. No tenemos mucha confianza en que se cumpla, porque hemos visto cómo a su Ministerio le aplican recortes ya avanzado el año.
Concluyo diciendo que una vez más estamos ante una política presupuestaria poco seria. Hemos visto cómo este año se ha batido absolutamente el récord. Estábamos acostumbrados a que la política presupuestaria presentada por el Gobierno al Parlamento no se cumpliera, unas veces por exceso y otras veces, como pasó en el año 1994, por recortes; pero nunca que estos recortes se habían aplicado de forma tan rápida, un mes después de que se aprobaran los presupuestos en el Parlamento. Esto parece que viene a demostrar que esa política presupuestaria no estaba bien concebida, sino que era una política presupuestaria que, en principio, puede soportar importantes ajustes, porque según las propias declaraciones del subsecretario --y esto nos choca-- estos recortes no inciden en la política industrial activa, no afectan a los programas de I+D, y permiten cumplir la mayoría de los programas. Me ha parecido observar en sus manifestaciones, señor subsecretario, que usted no está disgustado con el recorte; que usted va a realizar esfuerzos por soportar dicho recorte, pero que no está muy preocupado en el cumplimiento de los objetivos que marcó el Gobierno en el debate de presupuestos, en el

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cumplimiento de los programas que en el mismo se presentaron.
Nosotros no estamos convencidos de que esos objetivos al final puedan ser cumplidos con este recorte, tal como se ha producido, que, como decíamos, afecta fundamentalmente a los capítulos 4 y 7.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ros.


El señor ROS MAORAD: Bienvenido, señor subsecretario, a esta casa en esta mañana de subsecretarios.
Dicho esto quisiera hacer un «praevius». Yo no estoy de acuerdo con que los grupos que han solicitado esta comparecencia hablen en la misma de reajuste presupuestario, porque parece evidente que para que haya un reajuste previamente ha debido de haber un ajuste; en un presupuesto que hemos aprobado hace unos días y que no ha sufrido ningún tipo de ajuste, no es adecuado, en absoluto, hablar de reajuste.
Por otra parte, no nos llama la atención que algunos se extrañen de que algo que permite la Ley, como es proceder a este tipo --eso sí-- de ajustes o de recortes para cumplir los criterios de convergencia, y que ha sido aprobado en esta Cámara, se presente con unos tintes de desasosiego político. No hay ningún tipo de desasosiego; no hay ningún tipo de ilegitimidad a la hora de proceder a hacer estos ajustes y recortes presupuestarios, sino simplemente, y mal que les pese a algunos, se está actuando desde la seriedad del que tiene la responsabilidad de gobernar para que precisamente esos compromisos que España tiene en lo que es nuestra convergencia con Europa puedan ser cumplidos.
En el caso del Ministerio de Industria, ¿cuáles son esos recortes? Decía muy bien el señor subsecretario que en ese Consejo de Ministros, del día 27 de enero, se adoptaron una serie de medidas, de acuerdo con el artículo once de la Ley 41/1994, en las que se establecía que como máximo el reconocimiento de obligaciones presupuestarias no financieras del Ministerio de Industria quedara fijado en 172.487 millones de pesetas en lugar de los 190.480 millones de pesetas del presupuesto inicial; supone, indudablemente, una minoración en obligaciones de 18.001 millones de pesetas.
Pero debíamos ir más allá, porque si estamos actuando de acuerdo con la ley y tenemos también mandato de hacer esa aminoración, deberíamos analizar, como muy bien hacía el señor subsecretario, dónde se produce esa minoración.
Tengo que decir que desde mi grupo contemplamos desde un punto de vista muy positivo las partidas que han sido minoradas. ¿Por qué? No porque nos guste que haya menos dinero, sino porque lo que son los objetivos fundamentales, los objetivos generales, los objetivos no negociables para el Ministerio de Industria, permanecen intactos. Va a permanecer intacto el programa 542. Todo lo que afecta al CDTI, al PATI, al Pitma, al Retex, son programas que no se van a ver afectados por este ajuste. No se va a ver afectado el programa 522.C, que es, nada más y nada menos, que el segundo plan de calidad de la industria de España. Tampoco se va a ver afectado el programa 724.B, uno de los programas presentados por el ministerio como insignia de los presupuestos del año 1995.
En ese sentido tengo que felicitar al ministerio porque ha sido capaz de reducir en aquellos programas lo que no era fundamental o esencial de los presupuestos de este ministerio para 1995.
Por otra parte, tampoco deberíamos olvidar que el Ministerio de Industria es responsable de lo que es, y que hay otros muchos organismos, entre ellos comunidades autónomas gobernadas por algún grupo que reclamaba aquí cosas al ministerio, que tienen transferidas las competencias en industria. Por tanto, no me parece adecuado tener únicamente como frontón de exigencia de la reclamación al Ministerio de Industria, cuando muchos de los que reclaman pueden tener también, o deberían tener la obligación de reclamar eso mismo allí donde gobiernan.
El que no haya ajuste ni recorte en los capítulos 1 y 2 me parece que no debe producir desasosiego al Partido Popular. Cuando estos presupuestos se presentaron a la Cámara se insistió por parte de los grupos de la oposición que había que reducir los capítulos 1 y 2, eterno sonsonete de aquellos que están en la oposición. Ya se dijo en aquel momento que los presupuestos estaban hechos con gran austeridad y eran partidas que no se podían rebajar en absoluto, a no ser que quisiéramos que se corriera el riesgo de que se paralizara el propio ministerio. Prueba de ello es, una vez más, que aun en momentos en que pueda haber una mayor dificultad presupuestaria, no ha sido posible rebajar los capítulos 1 y 2; por tanto, no es eso lo que me desasosiega, sino que me reafirma en que este presupuesto fue hecho con criterio de austeridad.
Aunque no era la cuestión de la comparecencia, porque creo que el señor subsecretario ha hecho una intervención muy ajustada, muy precisa y muy adecuada, se ha planteado el eterno sonsonete del comprometido, obligado, ejecutado. Estoy seguro que quien dice eso sabe que muchos programas cuyo gasto se compromete en un mes, se obliga en otro y se llega a ejecutar cuando han sido certificados y se ha garantizado que esos objetivos han sido cubiertos; por tanto, no era el momento de plantear esas cuestiones.
Finalmente quiero decirle, señor subsecretario, que para nosotros, sintiendo que se haya tenido que realizar ese recorte y sabiendo que se hace de acuerdo con la ley, se ha producido de forma inteligente. Digo esto porque los programas que eran la bandera de este ministerio, van a estar en marcha, no dudo que se van a desarrollar y no dudo que esto no afecta para nada a lo que aquí se ha llamado el Libro Blanco de la industria o al plan de la industria de España que, por otra parte, hoy parece ya reconocer la oposición, y el día que el Ministro vino a presentarlo fue descalificado rotundamente.
Por mi parte, nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor subsecretario para contestar a las cuestiones planteadas.


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El señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Girbau García): Señor Ríos, en primer lugar me pedía explicación más o menos detallada de los 4.999 millones de 1994. Con la misma precisión que, le agradezco, reconoce en la información que previamente le he dado, intentaré explicárselo y espero que sea así.
Los 4.990 millones --exactamente son 4.990,8-- se producen en los siguientes capítulos y partidas. En el Capítulo 6, de inversiones reales, la partida correspondiente a la Secretaría de Estado de Industria, una partida de estudios y asistencia técnica, por importe de 8,6 millones. En el Capítulo 7, transferencias de capital y en el ámbito de la Secretaría General de la Energía, están afectadas las siguientes actuaciones: en I+D energético-minero, 120,5 millones; por transferencias al IDAE, 594, en el plan de ahorro y eficiencia energética, 1.729,5; una transferencia al ITGE, por importe de 138,5 millones, y una transferencia al Ciemat, por importe de 104,5 millones. En el mismo ámbito de la Secretaría General de la Energía, Dirección General de Minas, en el programa de exploración, ordenación y seguridad minera, está afectado un importe de 541,8 millones. En el ámbito de la Secretaría de Estado de Industria, en la Dirección General de Tecnología Industrial, el PATI tiene una afección de 20,4 millones de pesetas; la Dirección General de Calidad, Plan de calidad, 147,5; la Dirección General de Industria, el PATI-SBT, 115,7; el Plan Retex, 139,5; el Plan de diseño industrial, 116,9, y en el Pitma, 1.213,4 millones de pesetas. Todo ello nos da el total, al que hacía referencia, en el Capítulo 7, de 4.982,2 millones de pesetas, y la suma de los Capítulos 6 y 7 nos proporciona la cifra de 4.990,8 millones de pesetas.
Sobre esto, como les decía, y de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, se pueden realizar, de hecho ya lo hemos solicitado y esperamos seguir haciéndolo, incorporaciones hasta un importe total máximo de 3.000 millones de pesetas. En consecuencia, estamos en la obligación de seleccionar qué vamos a incorporar y qué no vamos a incorporar. En ese sentido, estamos en trámites de solicitar las incorporaciones y esperamos que, efectivamente, se computen y se cumplan, en el plan de ahorro y eficiencia energética, 1.729,5 millones. Vamos a solicitar la incorporación de los 20 millones del PATI, de los 147 del plan de calidad, los 115 del PATI-SBT, los 139 del Plan Retex y 838,8 millones del Pitma. Esto nos da un total de 2.991,4 millones, a los que añadiremos los 8,6 millones de estudios que realmente se contrataron, por ineficiencias administrativas no se pudo contraer la cifra, y estamos obligados a pagar el estudio por 8,6 millones, que nos da la cifra de 3.000 millones. Si ustedes comparan este programa de incorporaciones que estamos solicitando al Ministerio de Economía y Hacienda, para dar cumplimiento a los 3.000 millones, con las partidas afectadas por las obligaciones del artículo once, verán que son plenamente concordantes y que nuestras afecciones, en un caso y en otro, indican también las prioridades de cumplimiento de programas.
Esta es la explicación que usted me solicitaba respecto a esos 4.000 millones. Insistiría en que crucen ustedes estas solicitudes de incorporación con aquello que no solicitamos incorporación, y que se corresponde exactamente con partidas o con programas que afectamos en el cumplimiento de obligaciones, porque entendemos que no son prioritarios, y en ese sentido verán que nuestra política presupuestaria y de objetivos es absolutamente coherente.
Me preguntaba usted por varias cuestiones: el tema de la seguridad minera, los planes de reconversión naval, el sector naval y Hunosa. Creo que eran las cuatro cuestiones puntuales que debo responder. Si quiere empezamos por Hunosa porque la explicación es muy cortita y me parece que es plenamente comprensible.
Como usted sabe en Hunosa presupuestariamente teníamos 50.000 millones de pesetas como aportación de los Presupuestos Generales del Estado al contrato-programa. Ustedes saben también que en Hunosa hay un plan de empresa, acordado con los sindicatos. Desde el Gobierno, desde el INI y desde los sindicatos mineros la voluntad y creo que así se está manifestando públicamente puesto que la situación de Hunosa en estos momentos, al menos según reconoce la Comunidad asturiana, es inusitada respecto a años anteriores, en sentido favorable, queremos que se cumpla el plan aprobado y el convenio o acuerdo que, en su momento, se firmó con los sindicatos de la empresa --se está cumpliendo positivamente a juicio de todos-- y ello hace necesario respetar los compromisos que todos tenemos.
Ustedes saben también que Hunosa se ha venido financiando tradicionalmente por dos vías: la aportación del Estado vía contrato-programa, que a su vez y por el «décalage» propio de las liquidaciones en los contratos-programa, con el transcurso del tiempo necesita créditos extraordinarios que esta Cámara aprueba por ley y se producen por los cálculos numéricos necesarios de cumplimiento de las estimaciones de ingresos de la empresa en el transcurso del ejercicio anual y, por otra parte, anualmente el Instituto Nacional de Industria, como accionista de Hunosa, aporta también capital a la empresa para su funcionamiento.
Hemos hecho esta reducción en la aportación desde los presupuestos generales a Hunosa, teniendo en cuenta la capacidad y la posibilidad, sin ninguna duda, de que por parte del Instituto Nacional de Industria se compense y complemente hasta cubrir el importe total del contrato-programa de Hunosa, que en estos momentos se está debatiendo entre nuestro Ministerio, el Ministerio de Economía y Hacienda y la propia empresa con el Instituto Nacional de Industria, lo que nos permitirá precisar exactamente la evolución de la financiación de la empresa para el período de duración del contrato-programa.
En cualquier caso, esta afección de compromiso insisto en ello, porque estamos hablando no de recortes, sino que estamos jugando con un concepto que estaba en la Ley de Presupuestos que ustedes aprobaron y que, en lógica coherencia y creo que en un ejercicio de realismo, intentamos prever anualmente para no sufrir los embates posteriores que la no incorporación de remanentes provocan, ello hace que estos 4.000 millones --lo creemos así porque lo hemos consultado con el Instituto Nacional de Industria--

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podrán ser perfectamente soportados por el accionista dentro de su PAIF y de sus aportaciones anuales a Hunosa.
Respecto al tema de planes de reconversión y sector naval, debo reiterar algo que se expuso por parte del Secretario de Estado de Industria, en su comparecencia para explicar los presupuestos del ministerio. Me parece que en aquella comparecencia el Secretario de Estado de Industria hacía referencia a que la situación tanto en los planes de reconversión de la siderurgia, que son deudas anteriores que venimos computando y anotando al Instituto de Crédito Oficial, como todo el plan del sector naval tenía unas insuficiencias, de las que se sabía que partíamos, y afectar en estos momentos la no obligación de esas cuantías por la totalidad que figura en el presupuesto, el efecto que va a producir es desplazar en el tiempo tanto las amortizaciones o los pagos que haya de hacer al Instituto de Crédito Oficial como en su caso, al sector naval partiendo de un dato, que me parece importante y al que creo también hacía referencia el Secretario de Estado de Industria, que es la existencia de un nuevo sistema o de una ampliación de plazo a través de un decreto que regula las ayudas al sector naval y que ampliaba los plazos de estas ayudas, por una parte, y la situación de cartera del sector que le hacía prever a él como responsable de este sector la existencia desgraciadamente para todos --porque a todos nos gustaría tener un sector naval potente y con cartera de pedidos--, de esa cartera corta que realmente hace que sea posible realizar estas previsiones. Me parece que esto es lo que puedo explicarle respecto a sus preguntas.
Señor Hernando, en su intervención hay algunas apreciaciones de tipo general sobre las que trataré, al menos, de explicar cuál es la posición del ministerio. Hacía --eso he entendido-- algunas peticiones concretas; en principio, nos solicitaba un recorte de los capítulos 1 y 2, eso me ha parecido entender en su intervención.
Quiero insistir en la justeza de la consignación presupuestaria de los capítulos 1 y 2 del Ministerio de Industria. El capítulo 2, por mucho que nos empeñemos, estamos en los límites razonables de sostenimiento del gasto corriente del ministerio. Cualquier reducción del capítulo 2 que no se produzca por circunstancias de mercado, de precios que inciden en lo que es el gasto corriente u otras circunstancias, nos impediría funcionar razonablemente. Aquellas partidas que habitualmente son objetivo de control, llámense gastos de representación u otras, quisiera significarles simplemente que son tan cortas que andamos en los límites justos de poder aguantar. Simplemente quiero decirle que el Ministerio de Industria para gastos de representación de todos sus cargos, en los que se incluyen, evidentemente, los gastos de desplazamiento y otros, tiene 11 millones de pesetas para el total del año. Me parece que no es una cantidad excesiva para el número de cargos que tiene el Ministerio de Industria y eso nos obliga, de verdad, a un esfuerzo de realismo, de ahorro y de contención del gasto que creo resulta evidente por la ejecución que hacemos del capítulo 2.
Respecto al capítulo 1, hay algo que me parece obvio. Tenemos el número de funcionarios que tenemos; tenemos los niveles salariales que existen y me parece que no tenemos vacantes suficientes que permitan efectuar ningún ajuste, porque no lo hay, ni me parece que sea exigible al Ministerio de Industria más recortes de capítulo 1 de los que realmente hemos venido operando desde nuestra incorporación a las responsabilidades del ministerio.
Quisiera simplemente recordarle dos cuestiones que hemos efectuado, que son públicas, y me parece que es algo significativo. Nosotros hemos suprimido una secretaría general, hemos suprimido la Secretaría General de Promoción Industrial; eso significa un ahorro de estructura. Hemos propuesto --aunque esté todavía pendiente de aprobación por el ministerio competente-- una nueva estructuración de la Administración periférica del Ministerio de Industria y Energía que, según nuestros cálculos internos, caso de ser aprobada por el Gobierno y con el visto bueno del ministerio competente, significaría una posibilidad de ahorro en torno a los 40 millones de pesetas anuales. Ese es nuestro esfuerzo de realismo que, en un caso, viene efectuado y, en el otro, esperamos y confiamos que el ministerio y el Gobierno entiendan que nuestra reforma se atiene a los criterios que viene definiendo el ministerio competente de que es viable, de que es posible y de que nos va a permitir seguir funcionando con unos ahorros de coste que nos vendrían muy bien para poder aplicar en otros capítulos presupuestarios, fundamentalmente de gasto corriente u otros en los que realmente estamos ajustados y cortos. Lo único que pretendemos es que los ahorros que generemos nos permitan al menos no tener holguras, pero sí que no tengamos que andar con grandes justezas.
Le preocupa el cumplimiento del Libro Blanco de la industria. Quisiera decirle que el debate de política industrial que en estos momentos se está suscitando es un debate social que aportará --y creo que no debo reiterarme demasiado en esta cuestión-- la previsión que el ministro ha explicado suficientemente en su comparecencia; aportará al Gobierno un criterio global, no de ministerio sino de Gobierno, que afectará o deberá afectar a lo que sea el futuro de la industria de España. En consecuencia, si ese debate es global, no afecta sólo al Ministerio de Industria, y eso creo que ustedes lo saben muy bien; afecta al Ministerio de Industria y a todo aquello en lo que el ministerio tiene competencias y materias de competencia en el ámbito del debate que se está suscitando.
Como creo que ustedes conocen perfectamente, lo que piensa el ministerio en este momento que será el futuro de la industria española no sólo se cifra en actividades de fomento y apoyo económico a los sectores industriales. Hay otras variables de tipo legislativo, de tipo fiscal, de muy distinto tipo, que a juicio del Ministerio de Industria afectan y servirán de apoyo y ayuda al futuro de la industria española. Eso será lo que en su momento tendrán ustedes que sustanciar, una vez que el Gobierno, terminado este debate con la sociedad, remita a la Cámara lo que ha adquirido como obligación; las resoluciones que definan ese futuro industrial.
En ese sentido, las afecciones, inversiones y otras materias deberán en todo caso surgir de ese debate y deberán contemplarse no exclusivamente en los presupuestos del Ministerio de Industria y Energía, sino en todos aquellos

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presupuestos de cuantos ministerios el Gobierno estime que estén afectados y sea necesario afectar para lograr un futuro positivo para la industria española.
Decía usted en su intervención que no confía en que se cumpla la iniciativa PYME. Desde el punto de vista presupuestario, he manifestado, y creo es patente, que no hemos modificado en una peseta a la baja las cifras previstas de aportación por el Ministerio de Industria para la anualidad de tal iniciativa. Usted sabe muy bien, porque creo que esto se ha explicado, que la iniciativa PYME surge en la Conferencia Sectorial de Industria. Es una iniciativa en la que no sólo se computa la cuantía comprometida en presupuestos por el Ministerio de Industria y Energía, sino aquellas cuantías que todas las comunidades autónomas que han aceptado su participación en esa iniciativa PYME están presupuestando y van a presupuestar.
El cumplimiento o la ejecución presupuestaria de esa iniciativa (y en ello no excluyo, en absoluto, la responsabilidad que tenemos como Ministerio de Industria y como promotores de tal iniciativa) sabe usted que va a depender de la gestión conjunta que hagamos todas las comunidades autónomas y el propio Ministerio de Industria a través del IMPI. Hasta el momento, la marcha que se lleva en el período de cumplimiento de la iniciativa en cuanto a la firma tanto de los convenios marco como de los convenios específicos con todas las comunidades autónomas sigue siendo a nuestro juicio absolutamente satisfactoria. En aquellas comunidades que queda pendiente la firma --exactamente en cuatro--, esperamos que sea posible cuanto antes, una vez que transcurra el período o una vez que tomen sus decisiones. En algunos casos son comunidades autónomas que ni siquiera han procedido a aceptar algún paquete de transferencias en materia de industria y energía y tienen una situación absolutamente atípica respecto al resto. Me estoy refiriendo a una comunidad en concreto. En las otras comunidades autónomas, por diversas razones, aún no se ha procedido a la firma. En aquellas en las que se ha procedido a la firma tanto de los convenios marco como de los específicos, la iniciativa está funcionando y supongo yo que los resultados en su momento podrán ser tan positivos como todos esperábamos en la Conferencia Sectorial de Industria en el momento que se acordó la iniciativa PYME.
Respecto a la política presupuestaria poco seria, tengo la sensación de que su manifestación afectaba a la política presupuestaria del Gobierno, no exclusiva y directa del Ministerio de Industria. Supongo que voces más autorizadas que la mía han respondido a cuál sea la posición de la política presupuestaria poco seria a que usted aludía. En todo caso, debo decirle que en mi opinión la política ha sido seria desde el momento en que se está dando cumplimiento por parte del Gobierno a un artículo de la Ley de Presupuestos que esta Cámara aprobó en su momento. Lo que se ha hecho con el acuerdo del pasado mes de enero es dar cumplimiento a lo que preveía el artículo once de la Ley de Presupuestos que aprobó esta Cámara.
Respecto a los recortes, donde creo que realmente se ha producido un ahorro es en lo que hace referencia a la posibilidad de incorporar remanentes de créditos, me parece que a veces, y siendo todo lo estricto que se quiera, quizás sea conveniente exigir más a los gestores para que los presupuestos se ejecuten con precisión, seriedad y rigor y que no haya excesos en ningún sentido. Me parece que ése es el esfuerzo que se persigue por parte del ministerio competente y del Gobierno. Si ése es el esfuerzo, me parece que difícilmente puede ser criticado como de política presupuestaria poco seria.
Creo que podemos cumplir los objetivos por parte del Ministerio de Industria, y me remito simplemente a mi intervención anterior, en el sentido de que aquello que definimos como prioridades presupuestarias en el debate o en la presentación del presupuesto del Ministerio de Industria no se ha visto en absoluto afectado en cuanto a los límites de obligaciones a reconocer en el mes de diciembre. Si somos capaces como gestores --y espero que lo seamos-- de ejecutar tales partidas, eso permitirá cumplir los objetivos que el ministerio se propuso.
Por mi parte, señor Presidente, he terminado.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchísimas gracias, señor subsecretario. Con esto termina su comparecencia.


--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (HERRERO JUAN), PARA DAR CUENTA DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DIA 27-1-95, ASI COMO DE SUS EFECTOS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL JURADO Y EN LOS PROYECTOS DE INVERSION RECOGIDOS EN LOS ANEXOS DE INVERSIONES PRESUPUESTARIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001371.)

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Continuando el orden del día, vamos a pasar a la comparecencia del ilustrísimo señor Subsecretario de Justicia e Interior.
Tiene la palabra el señor Subsecretario de Justicia e Interior para exponer el tema objeto de la comparecencia.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Señorías, voy a tratar de hacer una exposición lo más ajustada posible a lo que se me solicitaba en la petición de comparecencia, que exactamente decía: dar cuenta del reajuste y del recorte presupuestario aprobado en el Consejo de Ministros del 27 de enero, sus efectos en la puesta en marcha del Jurado y sobre los proyectos de inversión recogidos en los anexos de inversiones presupuestarias. Son tres, pues, las partes que trataría de desarrollar sucintamente, en el entendimiento de que si dejo sin desarrollar algún aspecto podría ser posteriormente aclarado o ampliado.
En primer lugar, como han pasado por aquí un buen número de subsecretarios, creo que no hace falta señalar el marco normativo en que nos movemos, el artículo once de la Ley de Presupuestos, que he oído citaba reiteradamente

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mi colega de Industria hace un momento. Hubo un acuerdo de Consejo de Ministros, de 13 de enero, y posteriormente, que es al que se refiere la comparecencia, otro de 27 de enero. Digamos que los dos aspectos fundamentales que tienen algún impacto sobre el presupuesto del Ministerio de Justicia e Interior son los siguientes. En primer lugar, el establecimiento de un límite de obligaciones, de acuerdo con el artículo once de la Ley de Presupuestos, que para el Ministerio de Justicia e Interior supone el 3,53 por ciento del total de su presupuesto. La distribución de este límite de obligaciones en el conjunto del presupuesto resulta muy asimétrica, porque muy asimétrico es nuestro presupuesto. Aproximadamente, el 80 por ciento de los créditos que tiene asignados el Ministerio de Justicia e Interior se destina a retribuir a empleados públicos; por tanto, tan sólo algo más del 20 por ciento del presupuesto se dedica a otras atenciones, básicamente a gastos corrientes (capítulo 2), y también a transferencias (capítulo 4), inversiones (capítulo 6) y muy poco también a transferencias de capital (capítulo 7).
En términos porcentuales, ¿cómo afecta este límite de obligaciones a nuestro presupuesto? Del siguiente modo: los gastos de personal, muy poco; la característica de los gastos de personal es que son muy poco flexibles, son bastante rígidos. Las retribuciones son las que son, la nómina hay que pagarla y, por tanto, la limitación respecto del capítulo 1, que representa el 80 por ciento de nuestro presupuesto como he indicado anteriormente, es más bien pequeña; en concreto, el 0,73 por ciento.
Mayor impacto tiene sobre nuestro capítulo 2, que inicialmente estaba presupuestado en ciento cinco mil y pico millones de pesetas y ha pasado a 95.625; por tanto, el impacto ha sido del 9,45 por ciento. También tiene importancia la limitación de obligaciones respecto del capítulo 4, con un impacto del 15,7 por ciento. Finalmente y donde más impacto tiene el límite de obligaciones es en el capítulo 6, siendo, como es evidente, nuestro ministerio un ministerio no inversor específicamente, que llega al 29 por ciento.
Podríamos decir, aunque éstas son generalidades, que la previsión del límite de obligaciones no es algo nuevo en este ejercicio. Si acaso lo nuevo puede ser la rapidez con que el Gobierno ha decidido establecer este límite de obligaciones para los distintos centros gestores. Lo nuevo también está en que este límite no tiene carácter anual, como venía teniendo otros años, sino que tiene carácter mensual. La rapidez y la periodificación mensual son dos instrumentos potentes en manos del Gobierno para hacer que efectivamente los diferentes ministerios cumplan las previsiones presupuestarias, incluido el artículo once, de no desviarse, en definitiva, en el gasto respecto de créditos iniciales.
Este primer efecto es el del límite de obligaciones. Hay un segundo, que seguramente la petición de comparecencia hacía más referencia a él, y sería lo que ha venido en llamarse el efecto recorte. No es propiamente un recorte, seguimos teniendo los mismos créditos iniciales que teníamos, pero sí es cierto que la posibilidad que abre el artículo 73 de la Ley General Presupuestaria de incorporar los gastos de inversiones ha quedado limitada sustancialmente este año, como ustedes bien conocen. De hecho, el ministerio tenía, a final de 1994, algo más de 6.000 millones comprometidos y no pagados, por mor del límite de obligaciones del año pasado, y tan sólo 1.000 millones han quedado incorporados a nuestro presupuesto. Ciertamente, esto tiene el impacto de que hay unos 5.000 millones de obligaciones del año pasado que tendremos que satisfacer con el presupuesto vigente de inversiones. En esa medida es absolutamente natural y esperable que hayamos tenido que reordenar el anexo de inversiones, porque, de los 29.000 iniciales que tenemos, tendremos que emplear 5.000 millones de pesetas en pagar algunas obligaciones del ejercicio anterior. Parece bastante claro que tendremos que reordenar algo el capítulo de inversiones, aunque, como les diré, quizás no sustancialmente.
Con independencia de que podamos aportar alguna información más pormenorizada, si SS. SS. así lo desean, pasaría a comentar brevemente también el segundo aspecto, que es si la Ley del Jurado se va a ver afectada de alguna manera por la limitación en las obligaciones que establece el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de enero. Quiero empezar diciendo rotundamente que no --ahora desglosaré un poco mi afirmación--; que la ley del jurado entrará en vigor cuando lo apruebe el Senado, ya que está en este momento, como saben SS. SS., en el trámite del Senado. Es una ley larga en su tramitación, compleja, se han presentado, me parece, 138 enmiendas y, por tanto, todavía va a pasar algún tiempo hasta que la ley esté en el «Boletín Oficial del Estado», pero razonablemente se puede pensar que estará en el boletín hacia el mes de julio y como SS. SS. recuerdan, la ley prevé que entrará en vigor hacia primeros de enero de 1996. Por consiguiente, es verdad que para que la ley sea aplicable el día 1.º de enero de 1996 hay que incurrir en algunos gastos este año ya que, como digo, y pese a la limitación de obligaciones a que me he referido, el presupuesto del Ministerio de Justicia e Interior va a hacer frente a ellos rotundamente.
Son tres tipos de gastos los que vamos a incurrir por aplicación de la ley del jurado. En primer lugar, los que derivan de todo el proceso de selección de los que van a formar parte de los jurados. Como saben SS.
SS., entre los artículos 13 y 23, en el actual texto, hay un complejo sistema de designación de ciudadanos que formen parte de los jurados, que involucran a las delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral y, en última instancia también, a órganos judiciales. Esto produce una serie de gastos, fundamentalmente del capítulo 2, que de acuerdo con la memoria económica que se elaboró cuando se hizo el proyecto de ley, ascendía, en términos bianuales, porque el proceso de selección de los que van a formar parte de los jurados es bianual, a 43,4 millones de pesetas cada dos años.
En segundo lugar, hay otro aspecto por el que vamos a incurrir también en algunos gastos como consecuencia de la ley del jurado, que serían todos los derivados del artículo 7, en su redactado actual, donde se prevé que los jurados sean retribuidos. Hemos hecho una estimación, porque

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la ley se remite a un desarrollo reglamentario, por tanto los datos que doy son estimativos, pero bastante finos diríamos; hemos hecho una estimación de qué puede suponer, en términos anuales, la retribución de los jurados y esa estimación, valorando distintas variables, datos tales como el salario medio, el número de juicios en los que van a intervenir, valorando el grupo dos de las indemnizaciones en funcionarios y algunos otros aspectos, tendrá un coste anual de 1.035 millones de pesetas. Es obvio que si la ley del jurado, con independencia de que entre en vigor con anterioridad, no se va a aplicar hasta el día 1.º de enero de 1996, no habrá que retribuir a nadie y, por tanto, este aspecto fundamental en el coste de aplicación de la ley del jurado no será soportado por el presupuesto vigente.
El tercer elemento a tener en consideración para la aplicación de la ley del jurado, desde el punto de vista del coste, es la adecuación de las infraestructuras para que el jurado sea operativo desde el día 1.º de enero de 1996. Tenemos que adecuar, como mínimo, o prever la existencia de una sala de audiencias adaptada para tal fin, también una sala de deliberación contigua y, en todo caso, un aseo. Estamos viendo la posibilidad de que, además, existan progresivamente una serie de dependencias anejas que puedan incluir una pequeña sala de descanso e incluso un salón-comedor; y, desde luego, aseos masculinos y femeninos.
El coste de adecuación inicial para no hacer instalaciones faraónicas, que como saben SS. SS. no son propias de la Administración de Justicia, y dado el grado de saturación que tienen este tipo de edificios, está precisamente previsto en el anexo de inversiones por 300 millones de pesetas. Tengo que decir, como ya he anunciado cuando he empezado a tratar este punto, que la decisión del Ministerio de Justicia e Interior es abordar, de hecho ya lo estamos abordando, la ejecución de estas adecuaciones, la construcción y, en algún caso, puede que incluso el arrendamiento. En todo caso, durante el presente ejercicio seremos capaces de gastar lo necesario para que la ley del jurado entre en vigor cuando está previsto; es decir, 300 millones en infraestructuras y 43,4 millones en el proceso de selección de jurados. Por supuesto, se pospondrá para el año que viene, tampoco es necesario, ni posible siquiera que se realice este año, todo el tema de retribución de los jurados.
Con esto, querría tocar el tercer punto anunciado, que sería la repercusión de las medidas del control del déficit en los proyectos incluidos en el anexo de inversiones del Ministerio de Justicia e Interior. Quizá me gustaría hacer unas reflexiones previas, porque voy a hacer una exposición obligadamente agregada, pero tal vez tengo que explicar las razones por las que así lo pienso hacer. Con independencia de la desagregación...


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdone, señor subsecretario, haga todas las consideraciones que crea del caso, pero tenga en cuenta que el tiempo es limitado y sea lo más breve posible.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Así procuraré hacerlo.
En todo caso, las reflexiones se enumeran brevísimamente del siguiente modo: el Ministerio de Justicia e Interior es un ministerio reciente; es un ministerio que se crea en el mes de mayo del año pasado, y el anexo de inversiones se elabora en los meses de mayo, junio o julio. Ya comprenderán ustedes, y no es una justificación, que un proceso de fusión de dos ministerios tan importantes como los que dan origen al nuevo, no es quizá el caldo de cultivo más adecuado para poder hacer un anexo de inversiones muy fino. Por otra parte, el anexo de inversiones es habitual que se haga tras los estados numéricos y en eso también hemos incurrido.
Por tanto, quiero hacer cierta autocrítica respecto de la posible no excesiva finura del anexo de inversiones inicialmente elaborado.
Por otra parte, repito, se elabora en las fechas en que he dicho, en junio, y es evidente que todo gestor cuando hace un plan lo va reordenando y revisando. Evidentemente hemos revisado ese plan de inversiones para 1995; por tanto, algunos proyectos que inicialmente figuraban, no están; algunos que no figuraban, sí están; en algunos que figuraban con determinadas cuantías vamos a ejecutar menos de lo previsto, y también en algunos casos, que habíamos previsto gastar ciertas cuantías, el gasto va a ser mayor del que inicialmente habíamos previsto. En todo caso y por cerrar rápidamente este capítulo de reflexión, el propio hecho de haber tenido que pagar en torno a 5.000 millones con el capítulo 6 vigente (de la cantidad inicial de 29.000 millones, que correspondían, repito, a lo no incorporado del año pasado y que es el efecto realmente importante para el ministerio de la decisión gubernamental de 27 de enero) supone disponer inicialmente de aproximadamente el 15 por ciento menos de crédito para poder atender lo que en principio estaba previsto. Quizá muy agregadamente diría, y creo que ya lo he expresado, que de un inicial de 29.000 millones en el capítulo 6 hemos pasado a no tener ningún recorte, pero a tener que hacer frente a 5.000 millones correspondientes a obligaciones que no se han incorporado de año pasado.
Por otra parte, y esto sí que estaba previsto en el plan de inversiones de departamento, hay unos 8.800 millones que son anualidades de proyectos que se iniciaron el año pasado o hace dos años, que tenían carácter plurianual, y hay que pagar la anualidad que corresponda en este ejercicio. Por dejar una cifra encima de la mesa, el resultado final es que tenemos aproximadamente 15.300 millones para hacer frente a nueva inversión. No pretendo, ni mucho menos, enumerar en este momento cada proyecto. En nuestro plan de inversiones tenemos 284 proyectos que, a su vez, se subdividen en un montón de obras; llevamos este año tasadas ya 454 obras, y el año pasado, en 1994, llegamos a un total de 2.936 obras.
Tengan en cuenta que el número de edificios que mantiene la estructura del Ministerio de Justicia e Interior es muy elevado, son cerca de 5.000 edificios. Tenemos setenta y tantas instituciones penitenciaras; sólo en el ámbito de la Guardia Civil tenemos unos 3.200 edificios, casas-cuartel, etcétera. En consecuencia, hay gran cantidad de ellos en los que no vamos a hacer ningún tipo de inversión nueva ni de reposición; sin embargo, hay un buen número

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de ellos en los que sí vamos a hacer pequeñas obras. Por tanto, lo que quería dejar sobre la mesa es que la inversión que hace el Ministerio de Justicia e Interior está muy distribuida en pequeñas obras en la mayor parte de los casos.
En aras de la brevedad que me pide el Presidente, doy por concluida mi intervención inicial y estoy a su disposición, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Ríos por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que esta mañana tenemos heterogeneidad en la presentación de los distintos subsecretarios a la hora de explicar los dos elementos que tenía nuestra parte de demanda: el recorte presupuestario interpretándolo como este no deslizamiento de 5.000 millones de pesetas para este año. Estoy pensando en lo que usted decía, que 6.000 millones deberían haberse deslizado, incorporado al ejercicio de 1995 provenientes de 1994, y que solamente se han incorporado mil. Nos ha hecho una distribución de ese volumen por capítulos. Me gustaría que nos proporcionara por escrito, si no dispone de los datos en este momento, la distribución de esos 5.000 millones de pesetas que no se van a deslizar. Usted dice que son obligaciones comprometidas que como no tienen los recursos para pagarlo de ese dinero, tendrán que pagarlo del presupuesto para 1995, y me gustaría que me precisara una cosa sobre ese número: cuántos de esos 5.000 millones puede ser renuncia a acometerlo porque las obras no estén iniciadas o porque las actuaciones no estén iniciadas, y cuánto es lo que se va a acometer con presupuesto de 1995.
Usted lo ha distribuido fundamentalmente en tres capítulos, y la explicación de lo que no es recorte sino que es uso de una posibilidad reglamentaria cual es contener la obligación reconocida mensualmente y al final del ejercicio en el propio ministerio, dicha explicación la ha centrado usted en tres capítulos: capítulo 2, porcentaje en torno al 10 por ciento, capítulo 4, con un porcentaje en torno al 15 por ciento (es importante el capítulo 4 y por eso le preguntábamos nosotros por el jurado y por otras actuaciones, porque fundamentalmente las transferencias son las que hacen uso de ese volumen); pero el mayor volumen lo ha cifrado casi en el 30 por ciento, lo ha fijado en el 29 por ciento es en inversiones si no he recogido mal sus datos.
A la hora de estudiar el anexo de inversiones yo he utilizado dos programas fundamentalmente: el 142.A, que son tribunales de justicia y el ministerio fiscal, las inversiones que hay para distintos juzgados, para la actuación de todas las obras que se pretendían abordar; y el 144.A, que son los centros e instituciones penitenciarias, un tema permanentemente en la palestra sobre todo porque hacen falta grandes inversiones, grandes recursos para hacer determinadas actuaciones. Usted ha dicho, y lleva razón, que hay una atomización de proyectos, incluso lo ha fotografiado diciendo que si miramos el anexo de inversiones hay 284 para este ejercicio a los que hay que sumar cuatrocientos y pico, proyectos y subproyectos, porque muchos proyectos llevan luego a actuaciones puntuales en cada provincia. Y ¿cuál es el objetivo? No es que se recorten, sino que se deslizan en el tiempo de terminados compromisos, y nos gustaría poder conocerlos. Por tanto, ¿que es lo que se desliza en el tiempo? De estos dos programas, que son en los que se concentran desde mi punto de vista los dos grandes volúmenes inversores, nos gustaría saber en qué actuaciones se distribuyen.
En cuanto a lo que pudiéramos llamar contención de la obligación reconocida este año en 28.195 millones de pesetas, le diría que, sumando tanto en el capítulo 4 como en el 6 la ejecución de 1994, ya es un ministerio que contiene su esfuerzo de actuación sobre el año 1993. He sumado los dos, me he limitado a coger Ministerio de Justicia y Ministerio de Interior, que era como funcionaba en 1994 a nivel presupuestario, y tanto el capítulo 4 como el 6 ya tenían una contención del esfuerzo. Por eso, le repito, y con esto termino, señor Presidente, que me gustaría saber cuáles serían los efectos en las dos partes sobre los programas, en general esos dos programas distribuidos por capítulos porque entiendo que no es posible hacerlo ahora con los proyectos; incluso puede ser uno ahora y dentro de seis meses pensar que es preferible optar por dejar uno y deslizarlo para el año siguiente. Digo en las dos partes por separado, pues aunque es verdad que contablemente se suman, es lo mismo y usted después no tendrá que hacer uso de ese recurso.
Como estoy convencido de que la evolución de la contención presupuestaria la va a mantener el Gobierno al que usted representa hoy aquí durante los próximos ejercicios, quiero hacerme a la idea de que deslizaremos sobre 1996 lo de 1995 y, previsiblemente, sobre 1997 lo de 1996. En todo caso, no entro a discutir esto porque es un problema de prioridades que puedo compartir o no.
Señor Presidente, como me voy a ausentar de la sala, si llego a tiempo a la respuesta, bien; en otro caso, si me lo puede aportar por escrito, mejor.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Así se hará, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Nuestro reconocimiento al subsecretario por comparecer. Es una comparecencia que entiendo técnica; los contenidos políticos que esconde este reajuste son de otra ventanilla, por lo que no me voy a referir a ellos, ya tendré ocasión, pero sí quiero que nos suministre la información suficiente que pueda conformar esas otras comparecencias, esa segunda ventanilla, sobre la que sí tenemos que abundar.
Creo que ha hecho una buena disección del recorte de 28.000 millones de pesetas, que es el total de lo que afecta a la Sección 13. No me voy a referir a esto que se llama eufemísticamente reajuste, que además ha tenido una presentación muy confusa en medios de comunicación, porque doy por válido el principio de que a un Gobierno derrochador le sucederá --y hago votos para que sea rápido-- un Gobierno administrador. No me voy a referir a eso, pero sí

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quiero aclarar posiciones. Digo esto porque nos parece un ministerio macrocefálico, como he dicho, con 46 subdirecciones generales, 17 direcciones generales, tres secretarías de Estado, pero eso es de otra ventanilla y al subsecretario no le voy a estrechar sino en orden a que nos aclare el recorte.
Dice que evidentemente el capítulo 1, de personal, es el más constreñido, es un presupuesto rígido en un presupuesto gastador, no porque sea altito y bien parecido el ministro sino porque es verdad que el ministerio no es de inversión, es gastador.
Creo que en el capítulo 2, gastos corrientes, se pueden dar recortes sustanciales sin que que se resintiese el funcionamiento general del ministerio. Eso no es una cantinela, es un objetivo nuestro que se ha subrayado en las comparecencias previas a la aprobación del Presupuesto.
Ya veo que afecta muy poco, es el 9,45 por ciento dentro de ese porcentaje interno del reajuste total.
En gastos financieros y en transferencias tampoco hay incidencia importante. Sí llama la atención que sea en inversiones reales donde se lleve el grueso del recorte, con el 29 por ciento, me ha parecido oír en cuanto al porcentaje que ha resumido el señor subsecretario.
El señor subsecretario recordará que pusimos mucho énfasis al quejarnos de que en los presupuestos referidos a todo el año, en el capítulo de inversiones hubiese un decremento, una minoración del 2,3 por ciento, pasando de 48.000 a 47.000 millones de pesetas. No es que fuesen muy significativos 1.000 millones de pesetas, pero apuntaba una tendencia. En este sentido, lamentamos que sea precisamente el capítulo de inversiones el que vaya más a más, como dirían nuestros compatriotas catalanes, el que descienda. Por eso mi primera pregunta, que abunda en lo que ha indicado mi predecesor en el uso de la palabra, se refiere a los 5.000 millones que no son disponibles porque vienen arrastrados de compromisos del ejercicio anterior y le pedimos que nos desglose cuáles son. Ya sé que hay cinco mil edificios en el Ministerio y que, lógicamente, las inversiones incidirán en no hacer la reforma o la mejora de muchos de esos edificios, por lo que a mi Grupo le gustaría que nos especificase en la réplica o por escrito cuáles son, dentro de los grandes programas del Ministerio, los que se van a ver más afectados, si el de seguridad ciudadana, el de la lucha contra la droga, etcétera. Eso en términos generales. Y quisiera que también nos hablara de los proyectos específicos más significativos, si lo puede hacer por grandes rúbricas.
Con ello podremos hacer un seguimiento de un presupuesto que yo siempre he dado en calificar como un arcano y que ahora, a la vista de la documentación que nos manda Presidencia del Gobierno para celebrar esta comparecencia, es mucho más enigma. En términos generales ésa es la información que le solicitamos. Si no nos la puede proporcionar ahora, le pedimos que se comprometa ante la Comisión para enviarla por escrito, porque, como digo, nos permitirá hacer un seguimiento sobre el cumplimiento y la ejecución del presupuesto y ver cómo ha incidido.
Por último, quiero lamentar una vez más que sea en las exiguas inversiones de este Ministerio donde se meta el bisturí para rebajar, porque creo que el capítulo 6 se ha quedado en 15.000 millones. Pasar de 48.000 millones a 15.000 millones, que es lo que va a ocurrir en la práctica, me parece muy grave. Es decir, en lugar de coches-patrulla vamos a tener al troncomóvil patrullando por las ciudades.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Baón, respecto a la petición de datos que ha hecho el Ministerio de Justicia e Interior, así se hará.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor De la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Intervengo brevemente en nombre de mi Grupo para, en primer lugar, agradecer al señor Subsecretario la información que nos ha avanzado verbalmente en su intervención sobre el ajuste o recorte que se produce en el presupuesto del Ministerio de Justicia e Interior como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno en el mes de enero; medidas que a mi Grupo le parecen necesarias con carácter general y que en lo que se proyecta sobre el presupuesto del Ministerio de Justicia e Interior son razonables y acertadas. Hay quien interpreta, por una parte, que es necesario reducir el déficit, y por tanto ajustar los gastos, y por otra parte se lamenta de que se produzca ese tipo de ajustes en los gastos, aunque sea fundamentalmente en los gastos de inversión, en un ministerio en el que el capítulo 1 es de una rigidez apabullante, porque tiene personas que fundamentalmente desarrollan tareas al servicio de la seguridad del Estado, y en donde los capítulos 2 y 4 están enormemente ajustados, es muy difícil hacer un recorte en otros capítulos.
Yo le pido en nombre de mi Grupo, señor Subsecretario, abundando en lo que han dicho otros portavoces, que cuando pueda, en un plazo breve si es posible, se nos aporte por escrito la información que usted ha dado, concretándola en los recortes o ajustes por capítulos y dentro los capítulos 4 y 6 qué programas y en qué cuantías quedan afectados. Usted ha dicho --y yo creo que es un buen criterio-- que en el capítulo 6 lo que se va a hacer fundamentalmente es deslizar en el tiempo las inversiones. Supongo que en algunos casos quiere decir que una previsión de 300 millones para este año se puede quedar en 100 ó 150 millones y, por tanto, la obra se empieza un poquitín más tarde o se hace con un poco más de lentitud y, en otros casos, pura y simplemente que se retrasa hasta el año 1996. Qué inversiones se ven afectadas es algo que interesa conocer a mi Grupo de manera más precisa, y ésa es la información que le solicitamos.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra de nuevo el señor Subsecretario para contestar a los problemas planteados.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): El señor Ríos ha identificado bien el recorte. Quiero decir que, de las dos medidas que adopta el Gobierno en enero, una es propiamente recorte, o al menos esos efectos tiene, en cuanto que la no incorporación de obligaciones que teníamos hemos de pagarla con el

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presupuesto vigente, pero en modo alguno el límite de obligaciones, como sugería ahora el señor De la Rocha, es un recorte. Es, efectivamente, un deslizamiento en el tiempo, es un tener que retardar algunas inversiones que finalmente (y creo que el señor Baón hacía referencia a ello) acabarán siendo soportadas en el presupuesto del año que viene. Ahorrar también se ahorra cuando las cosas se hacen más despacio de lo que uno tenía previsto hacerlas, eso es evidente y pasa en las economías domésticas, cuanto más en las macrocifras que estamos manejando.
Puedo dar algún detalle adicional sobre el que he proporcionado en mi intervención primera, pero quizá no con tanta profundidad como los tres Diputados han pedido, y desde ahora me comprometo a enviar una información adicional por escrito, incluso identificando proyectos. En cualquier caso, el efecto de la no incorporación de los 5.000 millones, en números redondos, ha venido a ser el siguiente. Para los servicios comunes, que prácticamente tienen muy poco asignado porque nos hacemos cargo de lo que son los servicios centrales del Ministerio y de las delegaciones del Gobierno y gobiernos civiles, el efecto de la no incorporación viene a ser unos 162 millones de pesetas. En la Secretaría General de Justicia (se ha hecho referencia a ello) son 956 millones de pesetas. En la Dirección General de la Policía, que es donde se ha producido el mayor efecto de no incorporación, son 1.775 millones de pesetas. En la Dirección General de la Guardia Civil, una cuantía algo inferior, 1.542 millones de pesetas, y en Instituciones Penitenciarias son 451 millones de pesetas. El resto de la no incorporación hasta los 5.000 millones, que son 200 millones, son en capítulo 7, transferencias de capital, no en capítulo 6. Sin duda el señor Baón, por error, ha puesto algunos ceros; es lógico ponerlos de más. Ya quisiéramos haber tenido en capítulo 7 los 43.000 millones y este año 15.000. Realmente tenemos del orden de 1.000 millones y partíamos de 4.300, pero ya digo que cuando tendemos a poner y quitar ceros nos liamos un poco todos.
¿A qué vamos a renunciar? Me parece que he dicho que no incorporamos el 15 por ciento en términos porcentuales. Por tanto, tendremos razonablemente que renunciar a un 15 por ciento bien de proyectos, bien de obra. Seguramente no vamos a dejar de hacer lo que teníamos previsto en la mayor parte de los casos. Preferimos que las obras que teníamos previstas hacer este año --vuelvo a decir-- bien hacerlas muy al final de año, incluso prever que las hagamos el año que viene, pero no vamos a hacer un recorte proporcional porque no nos llevaría a ningún sitio.
Pensamos que los proyectos están bien hechos en general, no siempre --y creo que he hecho referencia a ello--, por tanto, preferimos concluir proyectos, o abordar aquellos que creemos que están bien diseñados, y posponer otros más que recortar proporcionalmente todos.
El señor Ríos me ha pedido la distribución del límite. Creo que la he dado. Efectivamente he reconocido que en el capítulo 6 es bastante fuerte, es un 30 por ciento, pero junto a ello quiero decir una vez más que el límite de obligaciones no supone que no podamos abordar obras este año con ese 30 por ciento; supone que no podremos pagarlas, pero antes de pagar una obra hay que hacer toda una serie de operaciones que ustedes conocen sobradamente y que requieren desde una programación adecuada a una inclusión en el anexo de inversiones, a un redactado de proyecto --por otra parte por muy poco dinero--, petición de licencias --he dicho que normalmente tenemos una estructura muy capilar-- y todas estas operaciones, de muy poco coste, sí que las podremos abordar en el último trimestre del año.
Pide --ya he dicho que así lo haré con los tres Diputados que han intervenido-- un mayor desglose especialmente en el área de tribunales y de Instituciones Penitenciarias. También ha hecho alguna referencia a que hay un esfuerzo de contención en el gasto en los años 1993-1994, que efectivamente nuestro Ministerio ha soportado con un principio de solidaridad muy fuerte. Nuestros gastos son muy poco flexibles, no somos un Ministerio inversor, pero debemos poner la parte que corresponde al Ministerio para hacer el esfuerzo de mejora de gestión y de minoración del gasto. En cualquier caso, quiero dejar sobre la mesa que salvo los ministerios que se dedican a prestaciones sociales, Educación, Trabajo y Sanidad, es nuestro Ministerio el que porcentualmente menos recorte, entre comillas, soporta o en el que menos impacto ha tenido el ajuste o las limitaciones que ha establecido el Gobierno.
Señor Baón, le agradezco sus palabras y no me plantee cosas a las que no puedo responder. Efectivamente, hay otras ventanillas donde algunas de las cuestiones que sugería, más que enunciarlas, podrían ser mejor contestadas.
El efecto de limitación ha repetido que son 28.000 millones de pesetas y es realmente el 3,5 por ciento de nuestro presupuesto --es una limitación relativamente pequeña-- y si hablamos de la no incorporación, los 5.000 millones de pesetas, estamos hablando aproximadamente del 0,7 ó el 0,8 de nuestro presupuesto. Estamos hablando de un impacto que, aunque sea bastante espectacular en algunos capítulos, es no voy a decir irrelevante, porque toda peseta es buena para gestionar, pero sí de poca importancia en el conjunto del presupuesto del Ministerio.
Lamenta el recorte en inversiones, que es donde se ha producido, lo lamentamos todos, y especificaremos por escrito aquellos proyectos que, insisto (en esto mantengo un criterio algo diferente), no tanto no vayamos a abordar cuanto vayamos a retardar, aunque sea unos meses, su ejecución.
Al señor De la Rocha le agradezco igualmente su intervención. Comparto con él que los efectos del acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de enero son responsables y acertados en el ámbito de Justicia e Interior, especialmente en un año --y no he hecho referencia a ello-- en el que el Ministerio va a tener que abordar algunos gastos adicionales, precisamente en el capítulo que es más rígido el Ministerio, el capítulo I. Creo que está en la mente de todos el pacto que ha suscrito el Ministerio con los sindicatos policiales, que va a suponer un incremento de retribuciones --entendemos que absolutamente justificado-- que va a significar un aporte adicional al presupuesto del Ministerio este año del orden de 11.200 millones y el año que viene de 14.500 millones. Haciendo una cuenta probablemente algo tosca, pero bastante significativa, el Ministerio

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de Justicia e Interior ha dejado de incorporar 5.000 millones a su presupuesto y por otra vía --y diré cuál es-- habrá que generar crédito del presupuesto de la Dirección General de Tráfico, que afortunadamente es un organismo excedentario, y allegaremos, como digo, del orden de 11.200 millones. Por tanto, nuestro presupuesto inicial, aunque pueda resultar paradójico, es superior al que teníamos hace muy poco, y esto tras las medidas de ajuste acordadas por el Gobierno. Ya sé que esto último que he dicho me lo entienden ustedes bien. No estoy negando que experimentemos la limitación de obligaciones e incluso el efecto de la no incorporación, a la que creo me he referido antes con toda claridad. Por supuesto, tal como pide el señor De la Rocha, remitiremos esta información específicamente sobre los capítulos 4 y 5, y como he creído entenderle que le interesa por programas tomo buena nota para hacerlo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Subsecretario. Con esto termina su comparecencia a los efectos que se preveían en el orden del día. (Pausa.)

--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HERNANDEZ SPINOLA), PARA INFORMAR DEL REAJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DIA 27-1-1995, ASI COMO DEL EFECTO QUE PROVOCARA EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO COMPROMETIDA POR EL GOBIERNO Y EN LOS PROYECTOS DE INVERSION RECOGIDOS EN LOS ANEXOS DE INVERSIONES PRESUPUESTARIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente 212/001373.)

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El último punto del orden del día es la comparecencia del señor Subsecretario de Administraciones Públicas, quien tiene la palabra al objeto de exponer el tema que le corresponde.


El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Hernández Spínola): Señor Presidente, señorías, comparezco hoy para proceder a dar detalle del ajuste presupuestario que en el seno del Ministerio para las Administraciones Públicas se ha producido como consecuencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en el mes de enero, todo ello a petición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Antes de empezar, quiero decir que tengo a disposición de los señores Diputados unos cuadros que pueden contribuir al mejor seguimiento de mi comparecencia.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Gracias, señor Subsecretario. Al término de su comparecencia, ya que lo tiene preparado, lo mejor es que dé el informe a cada uno de los grupos.


El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Hernández Spínola): Los acuerdos del Consejo de Ministros de 13 y 27 de enero de 1995 suponen un doble sistema de ajuste presupuestario. Por un lado se constituye una reserva de en torno a 407.000 millones de pesetas, en forma de límite al reconocimiento de obligaciones y, por otro lado, se restringen las incorporaciones de crédito del ejercicio anterior por un importe aproximado de unos 150.000 millones de pesetas. El objetivo de tales ajustes, como todos ya conocen, es que el déficit público previsto para el año 1995 no supere el 5,9 por ciento del PIB, como medida para alcanzar el objetivo del 3 por ciento en el año 1997, de acuerdo con el Programa de convergencia y con el fin de asegurar la incorporación de España a la tercera fase de la Unión Monetaria Europea. Ambos ajustes han tenido para el MAP un impacto de casi 5.900 millones de pesetas; de ellos, 5.667,3 millones en forma de limitación al reconocimiento de obligaciones y 231,7 en forma de créditos de 1994 cuya incorporación no se prevé en el ejercicio corriente. Este ajuste supone para el MAP una realización máxima posible para este ejercicio del 85 por cierto, si bien la distribución no es uniforme entre todos los capítulos de gastos. En definitiva, el ajuste esta cifrado en torno al 14,9 por ciento del total del presupuesto del Departamento.
El presupuesto inicial no financiero de este Ministerio, como todos conocen por la aprobación de la Ley de Presupuestos, es de 37,9 miles de millones de pesetas; de ellos, 5.250 millones corresponden al capítulo 1, 1.858 millones al capítulo 2, 208 millones al capítulo 3, 2.000 millones al capítulo 4, 470 millones al capítulo 5 y 28.120 millones al capítulo 7, transferencias de capital, que a su vez se subdivide en una transferencias internas al INAP de 146,9 millones de pesetas en unas transferencias externas, que van a corporaciones locales, del orden de 27.973,6 millones de pesetas. Sobre este presupuesto que tenemos aprobado por el Parlamento se han producido, por aplicación del artículo 11 de la Ley 41/1994, unas restricciones, de tal manera que afectan a cada uno de los capítulos del siguiente modo. En los gastos de personal, sobre esa previsión inicial que he comentado de 5.250 millones, que representa el 98,09 por ciento del total del presupuesto inicial. En el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, de un presupuesto inicial de 1.858,2 millones de pesetas hemos pasado a 1.800 millones de pesetas, que representa el 96,87 sobre el crédito inicial. En el capítulo 3, gastos financieros, tenemos 208 millones de pesetas y no le afecta en absoluto la limitación de obligaciones, con lo que tenemos una previsión de gasto del cien por ciento. En cuanto al capítulo 4, las transferencias internas --son las transferencias que hace el Ministerio al organismo autónomo, al INAP--, estaba inicialmente previsto que este año se fijase en un importe de 1.882,4 millones, y después del límite de obligaciones ha pasado a 1.694 millones, lo que representa un 90 por ciento. En las transferencias externas, sobre un crédito inicial de 117,7 millones hemos pasado a 105,8 millones, el 89,89 por ciento. En el capítulo 6, las inversiones reales, de 470 millones hemos pasado, con el límite de obligaciones, a 292 millones, un 62,13 por ciento del total presupuestado

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inicialmente. En el capítulo 7, las transferencias internas al INAP, teníamos previsto un gasto, aprobado en el presupuesto inicial, de 146,9 millones y hemos pasado a 90, lo que supone un 61,27 por ciento. Y en las transferencias externas, que es la partida sin duda más importante en el Ministerio --son las transferencias externas a corporaciones locales--, teníamos un presupuesto inicial de 27.973 millones y ahora, con la limitación de obligaciones, hemos pasado a 22.900 millones, por tanto un ajuste de alrededor de unos 5.000 millones de pesetas, lo que representa un 81,86 por ciento. El porcentaje es siempre sobre presupuesto inicial.
El definitiva, y concluyendo, de un presupuesto de este Ministerio de 37.907 millones tenemos un límite de obligaciones en este momento de 32.240 millones, por tanto, un 85,05 por ciento para ejecutar el presupuesto y una limitación del 14,9.
¿Qué tipo de incorporaciones hemos tenido? ¿Cómo ha afectado a este Ministerio el ajuste, el recorte que ha establecido el Consejo de Ministros sobre las incorporaciones de crédito? La verdad es que en este punto el Ministerio ha salido muy bien parado, porque del total del crédito que tenía, que era previsible o que se podía incorporar en la medida en que estaba comprometido el gasto, de un total de 4.450 millones --en cifras redondas-- se incorporan 4.211 millones, que es una cifra muy importante, muy respetable. El Gobierno ha hecho aquí un esfuerzo enorme, sobre todo para no perjudicar y para atender las transferencias que efectuamos a corporaciones locales. Se incorpora un total de 4.000 millones del presupuesto de 1994 al de 1995 para atender esas obligaciones que teníamos contraídas con las corporaciones locales, y además se incorporan 211 millones de pesetas en el capítulo 4 para el INAP. Del total del recorte que efectúa el Gobierno sobre las incorporaciones de crédito, el MAP ha obtenido un 8,10 por ciento, una cifra, como digo, muy importante, en la medida en que únicamente no se nos han incorporado unos 200 millones de pesetas sobre un total de 4.400.
En cuanto a la incidencia por capítulos he dado las cifras. La incidencia que tiene en cada uno de los capítulos también la voy a explicar de una forma sucinta. En el capítulo 1, el ajuste afecta únicamente a una cifra en torno a 100 millones de pesetas. Es decir, que de 5.250 millones de pesetas la limitación al reconocimiento queda en 5.150 y, por tanto, hay un ajuste de 100 millones de pesetas. Este reajuste de 100 millones, que se debe realizar en este capítulo 1 de gastos, va a afectar fundamentalmente a los artículos 12 y 13, que son las retribuciones de funcionarios y laborales. En cualquier caso, quiero dejar sentado y adelantarles que esta disminución no va a afectar, en absoluto, a los programas de gastos del capítulo 1 del Ministerio. Las retribuciones del personal, tanto funcionario como laboral, están perfectamente garantizadas en la medida en que también en el Ministerio se ha producido una disminución del número de efectivos reales y, por tanto, esta reducción de 100 millones no va a afectar, en absoluto, al pago de la nómina, hablando en términos claros.
Por lo que se refiere al capítulo 2 este Ministerio viene soportando, como el resto de los ministerios, pero quizá más el nuestro al ser uno de los que tiene menor presupuesto, un nivel de reducción muy importante.
Para que tengan algunas cifras comparativas les diré que en el año 1992 el Ministerio tuvo su máxima dotación, en gastos corrientes 2.228 millones de pesetas, y año tras año ha venido reduciéndose. En el año 1993 pasamos a 1.911; en 1994, a 1.831 y en este año 1995 hemos subido un poquito, unos quince millones, y hemos pasado a 1.858. Por supuesto que esta mínima subida no alcanzaba siquiera a la subida prevista por la inflación. Y ahora este capítulo 2, como consecuencia del ajuste, se queda cifrado en torno a 1.800 millones de pesetas, hay una reducción de 58 millones de pesetas, lo que representa un 3,1 por ciento respecto al presupuesto inicial. Por tanto, por lo que se refiere al capítulo 2 les adelanto que continuaremos, obviamente, por la senda de la austeridad que venimos manteniendo desde hace varios años.
En el capítulo 3 no hay nada que comentar en la medida en que se trata únicamente de pagar los intereses a la antigua IPPV, como consecuencia de las viviendas que gestionaba la oficina liquidadora de patronatos de casas.
El capítulo 4 presenta un presupuesto de 2.000 millones de pesetas, de los cuales lo más importante es la subvención de 1.882 millones que corresponde a la transferencia que efectúa el Ministerio al INAP, al organismo autónomo, que lógicamente se financia del presupuesto del Ministerio. La limitación de obligaciones, que se cifra ahora en torno a 1.800 millones de pesetas, supone una reducción del 10 por ciento frente a la reducción del 14,9 que es global del Ministerio. Por tanto, en el capítulo 4 la incidencia de esta reducción es menor, es sólo de un 10 por ciento, y de este modo afecta de una forma menos contundente o menos directa al INAP.
Las cifras en este Ministerio son muy pequeñas. Téngase en cuenta que todo el Ministerio inicialmente tiene un presupuesto de 470 millones de pesetas, por tanto es un presupuesto muy poco inversor. En el capítulo 6 se ha producido un límite de reconocimiento. Hemos pasado de 470 millones inicialmente previstos a 292 millones, en que ha quedado fijado este límite de obligaciones. Esto sí que representa una reducción importante, en torno al 38 por ciento. La incidencia que puede presentarse en los diferentes proyectos de inversión es difícil de cuantificar debido a que alguna de las unidades poseen más de un proyecto y la marcha de las actividades durante el año marcará, sin duda, la posible incidencia. En definitiva, todavía estamos en una fecha muy temprana para determinar cómo se va a producir la incidencia de esta reducción en los distintos proyectos que gestiona el Ministerio. No obstante, en los cuadros que he preparado podrán ver exactamente cómo distribuimos esa reducción por centros directivos y por programas presupuestarios; en ellos queda perfectamente reflejado cómo pasamos de los 470 millones a los 292.
La dotación inicial del capítulo 7, como les he indicado, era de 28.120 millones de pesetas y el límite de reconocimiento de obligaciones se cifra ahora en torno a 22.900 millones de pesetas, lo que representa una disminución del 18 por ciento. En la subvención al INAP, que también figura en el capítulo 7, se efectúa una disminución de 56,9 millones de pesetas en el reconocimiento de obligaciones,

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aplicándose el mismo porcentaje de reducción, el 38,7 por ciento, que vimos anteriormente en las inversiones. Las transferencias externas --que es la gran partida del Ministerio, el programa 912.B, la cooperación económica local--, que tenían un presupuesto inicial de 27.973,6 millones de pesetas, han sido limitadas a 22.900, lo que supone una reducción del 18 por ciento con respecto a la dotación inicial. Esta disminución de 5.073 millones de pesetas, que es donde se concentra el 90 por ciento del ajuste, no supone, sin embargo, desvirtuar los objetivos ni la estrategia del MAP en este punto, aunque lo que sí ocurrirá es el deslizamiento para el ejercicio siguiente del pago del 25 por ciento del importe de la subvención, que se producirá como consecuencia de la certificación a final de obra que pondrá fin a la subvención al municipio beneficiario de la misma.
Quería hacer también una pequeña referencia a la oferta de empleo público. Como saben, la planificación del empleo público es competencia del Gobierno. La oferta de empleo público la aprueba el Gobierno, eso sí, a propuesta del MAP, a través de la canalización que se efectúa por la Secretaría de Estado para la Administración Pública. Lo que corresponde a esta Subsecretaría obviamente es la gestión del personal que tiene asignado el MAP. Ya dije antes la forma en que puede afectar a este personal los acuerdos del Consejo de Ministros de los días 13 y 27 de enero. Es decir, la reducción de los 100 millones no va a tener ningún tipo de incidencia en la medida en que se ha producido de los años 1994 a 1995 una reducción de los efectivos reales en el Ministerio. No obstante, y aunque no sea un asunto de mi estricta competencia, sí quiero dar a SS.
SS., a título meramente informativo, una evolución de la oferta de empleo público desde el año 1989, donde se recoge una disminución muy importante en cuanto a las ofertas que el Ministerio venía efectuando desde aquella fecha. En el año 1989, por ejemplo --quiero recordarles el dato--, la oferta de empleo fue de 27.242 efectivos; en el año 1990 bajó a 26.622 efectivos; en el año 1991 subió a 33.008 (es el único punto de inflexión que hay, el único punto de subida es en el año 1991); en el año 1992 se produce una reducción drástica en la medida en que la oferta de empleo se cifra en 19.565 efectivos; en el año 1993 bajó a 13.900; en el año 1994 hay una bajada muy notoria, se alcanzó la cifra de 5.985 efectivos; y en el año 1995 todavía no se ha aprobado la oferta de empleo público pero es previsible que en el próximo Consejo de Ministros o el siguiente se produzca la aprobación para 1995. Respecto de esa oferta de empleo público para 1995 les puedo adelantar que también se producirá una reducción muy notable sobre el porcentaje de la tasa de reposición de efectivos, va a ser una cifra bastante reducida, como la situación del país aconseja para reducir el déficit una contención de efectivos del capítulo 1.
Por último, quiero referirme muy brevemente a los dos organismos que dependen del Ministerio. En términos generales he cifrado ya cuáles han sido los ajustes que afectan al INAP. Hay una reducción, fundamentalmente en la transferencia que recibe del Ministerio, en torno a 188 millones en los capítulos 2 y 4; también en el capítulo 6 existe una disminución de 56 millones de pesetas, lo que hace que el límite de obligaciones al INAP le afecte en unos 245 millones de pesetas.
Por lo que se refiere a la Muface no se produce ningún tipo de limitación. La Muface no tiene ningún tipo de ajuste y, por tanto, ejecutará el presupuesto conforme a las dotaciones que inicialmente aprobaron el Congreso y el Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve, señor Presidente.
La explicación ha sido muy detallada. Me alegro de dos cosas. Una, del efecto negativo en el sentido positivo, es decir, la no afectación de los recortes a Muface; y dos, de la distribución de lo que pudiéramos llamar previsión del recorte en los capítulos de mayor volumen, porque aunque el porcentaje en inversión es del 38 por ciento estamos hablando de 400 millones de pesetas.
Me gustaría circunscribirme a dos cosas que me preocupan por el efecto que tienen sobre algo que el Gobierno había anunciado que este año iba a tener un tono diferencial, y es un proceso municipalizador o un proceso de fortalecimiento de las corporaciones locales. Sin embargo, el volumen mayor del recorte que tiene el Ministerio está en estos 5.073 millones de pesetas que reciben las transferencias externas a las corporaciones locales y precisamente los programas de cooperación local. Es verdad que no se dice que estos efectos significarán una supresión de actuaciones sino un deslizamiento. Eso es lo que me preocupa. Porque un deslizamiento del 25 por ciento, aproximadamente --no sé ahora mismo la cifra exacta porque he ido tomando notas de oído, cuando tenga los papeles lo veré--, significa un deslizamiento de la carga hacia los ayuntamientos. Es decir, si ustedes no les van a pagar y el pago en lugar de hacerse en el año 1995 lo van a deslizar al 1996, los ayuntamientos van a tener que hacer frente a obligaciones para las que hoy en día se encuentran poco dotados.
Los ayuntamientos son hoy la parte del Estado que más dificultades tiene.
Dicho esto, me gustaría ver de qué manera puede afectar el recorte a temas concretos del proyecto de cooperación. Es verdad que no los ha detallado porque ha dicho genéricamente a las transferencias externas, el capítulo 7, pero me gustaría saber si va a afectar a temas concretos, a subproyectos, a actuaciones determinadas o si se ha hecho una proyección simplemente. Pueden haber decidido aplicar prioridades o hacer tabla rasa, un porcentaje y decir que todos los proyectos al 25 por ciento (y a quien se la dé se la bendiga) o decir que se va a mantener al cien por ciento porque se marca una prioridad sobre ello. Es decir, me gustaría saber si han establecido prioridades o una acción general.
Sobre la contención del gasto hay algo que afecta al Ministerio, aunque no directamente a la gestión del presupuesto del Ministerio. Son los recursos que en la Sección 32, a través de entes territoriales, tienen una contención

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importante de 27.000 millones de pesetas (entes territoriales que son tanto las comunidades autónomas como los municipios) además agravado con la contención que significa el fondo de compensación interterritorial. Es decir, de los 128.000 millones de pesetas de esfuerzo territorial del Estado se van a contener 40.000 millones y para el año 1996 se deslizan o, por lo menos, a esperar a octubre o noviembre a ver cómo queda esa obligación reconocida. El fondo de compensación sé que no es una cuestión suya, pero los entes territoriales sí, porque en cierta medida ustedes son los que gestionan, tramitan o están permanentemente relacionados por los convenios que hacen con las comunidades autónomas y las corporaciones locales y son los que precisan estos volúmenes de dinero. Es verdad que los recursos están cimentados en el capítulo 4. En entes territoriales la mayor contención es en el capítulo 4 porque en el capítulo 7 es menor.
Pero si unimos la contención que ustedes tienen en el capítulo 4 hacia municipios a esta contención que viene a ser de unos 27.000 millones de pesetas, podemos encontrarnos ante una actuación del Gobierno en su conjunto --y le pregunto a usted porque es el representante del Ministerio de Administraciones Públicas y en teoría quien tiene relación con la Administración a nivel territorializado de la gestión de servicios-- con un efecto que yo considero complicado a la hora de proyectar un volumen tan alto de estos 407.000 millones, porque a usted prácticamente el recorte le afecta muy poco, el volumen que afecta al Ministerio que usted representa hoy de esos 150.000 millones es escaso, son unos 500 y pico millones en principio. Me gustaría que me dijera definitivamente cuál es la cifra exacta de ese reajuste, que significaría no deslizamiento, porque yo le he entendido 200 y pico millones y al principio la cifra era mayor. Si se ha reducido definitivamente sería bueno conocerlo.
Termino, señor Presidente, con el tema de la oferta pública que usted nos ha radiografiado. Desde una óptica contable es razonable; desde una óptica preocupada por la calidad de los servicios públicos que se prestan es preocupante. Es decir, la oferta pública tiene relación, en el volumen del capítulo 1, con los servicios que se prestan. En ese sentido, siempre que hemos demandado la negociación para sacar la oferta pública hemos entendido que hay determinados servicios --podemos decir que otros no-- en que el número de funcionarios tiene una relación directa. Hay una contención voluntaria de la prestación de los servicios públicos que deben sumar. En el año 1991 usted ha dicho que salieron a la oferta pública 33.000; en el año 1992, 19.000, y posteriormente 13.000 y 5.000.
Para este año --usted tiene la cifra, la sabe-- ha dicho que va a ser sensiblemente inferior a los 5.000. Yo no sé si habrá siquiera para cubrir algunas vacantes que se produzcan este año o si hay una renuncia expresa para reducir. Y le digo esto desde el convencimiento de que puede haber aparato administrativo periférico innecesario que no tiene por qué cubrirse con vacantes; es decir, aparato periférico que está en la Administración ahora mismo y que, lógicamente, por la evolución de las transferencias a las comunidades debe significar una simplificación y una reducción. Si está dirigido en esa dirección, bien; si está dirigido a los servicios públicos que se prestan o a limitar la calidad de los servicios públicos, es otra cosa diferente. En todo caso, espero que el tema municipal se me precise en la medida de lo posible, y como los datos se me pueden dar de viva voz y después por escrito, le agradezco la explicación que me pueda dar.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Subsecretario, muchas gracias por su presencia aquí entre nosotros y por la información que nos ha facilitado.
Hubiera sido mejor, señor Subsecretario, que el informe y los cuadros que tiene usted sobre la mesa nos los hubiera facilitado 24 horas antes de su comparecencia, porque así tendríamos mayor fundamento en la alabanza o en la crítica, por qué no. Ya se lo dije en la comparecencia que tuvimos el 5 de octubre al hablar de la ejecución del presupuesto, que también nos llegaron deprisa y corriendo unos datos que a la postre sirven poco para lo que se persigue en este tipo de comparecencias. Por eso le ruego que en otras ocasiones, que no faltarán porque a lo mejor a la vista de sus datos nuestro Grupo solicita otra vez su grata presencia aquí, nos los facilite, repito, con la mayor antelación posible.
Los reajustes, las reducciones o los realineamientos --escoja usted la palabra que más le guste-- producidos en los Presupuestos Generales del Estado de 1995 a los quince días de su entrada en vigor, tienen consecuencias inevitables en todos los ministerios. Usted ha hecho un planteamiento general, que efectivamente conocemos y aceptamos como bueno --como buena la explicación, no como buenas las causas del reajuste--, según puede deducirse de los datos y cifras que sí que se nos mandó por el Gobierno a esta Cámara con carácter general. Vistos esos datos y lo que usted nos ha dicho esta mañana, yo quiero hacerle unas brevísimas consideraciones.
Por ejemplo, en la página relativa a obligaciones reconocidas sobre iniciales resultantes del ajuste en la Sección 22, hay una primera reducción, como usted muy bien ha señalado, de 5.667 millones de pesetas sobre los 37.907, lo que deja reducido este apartado, a efectos del porcentaje, en un 85,05 por ciento de lo presupuestado inicialmente. Pero hay otros 554 millones, a los que usted no ha hecho referencia en su información del ajuste, que corresponden a la declaración de no disponibilidad y que afectan al Ministerio de Administraciones Públicas.
Tengo aquí el cuadro que nos ha enviado el Gobierno y, si no lo tiene, yo se lo facilito en un do ut des para que me explique, si no ahora en otra comparecencia, de dónde sale esta cifra y por qué --repito-- a la declaración de no disponibilidad corresponden estos 554 millones a los que usted no ha hecho referencia.
Antes de seguir adelante, nos preocupa muy considerablemente lo que pueden influir estos reajustes en las transferencias de capital, como es lógico --y así lo decía el solicitante de la comparecencia señor Ríos--, a las corporaciones locales, es decir, a las diputaciones, a los cabildos, a los consejos insulares, a las comunidades autónomas, etcétera,

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como aportación a la financiación de las inversiones de las entidades locales por cooperación económica del Estado. Sabemos que soportan el mayor palo del reajuste. Usted cifraba en un 90 por ciento de todo el reajuste que afecta al Ministerio el soportado por las corporaciones locales. También estoy de acuerdo con el porcentaje. Lo que quisiera saber es cómo se distribuirá este reajuste entre las corporaciones locales. ¿Se hará una rebaja lineal para todas ellas? ¿Una rebaja proporcional? ¿Una rebaja en función de los proyectos? Señor Subsecretario, aquí sí estoy en desacuerdo con usted, amablemente se lo digo. No se puede decir que este reajuste no afecte, no desvirtúe --son sus palabras-- los objetivos del MAP, porque eso es puro voluntarismo.
¿Quién nos va a decir que dejándolos ad calendas graecas, para el año 1996, en ese año no tengamos que estar aquí hablando de otro reajuste? Si estamos hablando de otro reajuste, ¿cuándo va a compensarse a las corporaciones locales de esta rebaja o de este reajuste? Por lo que se refiere a los gastos de personal hay una rebaja --aquí sí que no me permito eufemismos, señor Subsecretario-- para todos los ministerios de 22.000 millones de pesetas, en cifras redondas. Si el objetivo de la comparecencia era calcular de verdad las consecuencias del reajuste en la oferta pública de empleo, como bien decía mi compañero en la anterior comparecencia, aunque no es su ventanilla, no cabe duda de que es al Ministerio de Administraciones Públicas al que corresponde ordenar este tema y es el responsable, efectivamente, de la marcha de las ofertas públicas de empleo.
Por tanto, con todos los reajustes señalados y agradeciendo, repito otra vez, de todas formas su información, no nos ha quedado nada claro el asunto, sobre todo --reitero-- en lo que se refiere a la oferta pública de empleo, donde ustedes como Gobierno y, como portavoz importante y cualificado de ese Gobierno, el Ministerio para las Administraciones Públicas tienen un doble compromiso: el primero se deriva del acuerdo Administración-sindicatos, del 15 de septiembre de 1994; el segundo se deriva del artículo 18 y de la disposición transitoria quinta de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1995. Por lo que se refiere al acuerdo Administración-sindicatos, cuyo cumplimiento íntegro, por cierto, pusimos en tela de juicio en una pregunta oral en el Pleno que tuve el honor de formularle al señor Vicepresidente del Gobierno y a la que contestó de manera confusa y difusa, el capítulo 14 referido a la oferta pública de empleo exige, creo, que se responda por usted, o en otra comparecencia si ahora mismo no tiene a bien hacerlo, con mayor precisión a las siguientes cuestiones.
Primero, como la oferta de empleo público debe tener carácter selectivo, así lo pactaron ustedes con los sindicatos el 15 de septiembre, ¿en qué sectores funcionales y categorías profesionales que ustedes consideran prioritarias se va a concentrar la oferta y va a afectar el reajuste? ¿Qué número de plazas de nuevo ingreso se convocarán y cómo se distribuirán para los distintos cuerpos generales y para los distintos cuerpos especiales de la Administración? Repito que si hoy no tiene usted los datos me los puede enviar, pero éstas son preguntas que, efectivamente, enganchan y toman pie de verso en el objetivo de la comparecencia.
Nos parece muy bien la evolución de la oferta pública de empleo; sus datos ya los teníamos, los confirma usted. Pero en el próximo Consejo de Ministros o en el otro, esta oferta pública de empleo tiene que reflejar la voluntad de cumplimiento del acuerdo con los sindicatos y, si no, por qué no se ha cumplido o no se puede cumplir en esa parte. Entre otras cosas, yo tendré no una satisfacción personal --bien sabe Dios que no me satisface lo negativo--, pero sí una justificación de que no se pueden estar celebrando siempre alegremente acuerdos cinco minutos antes de enviar los Presupuestos Generales del Estado a esta casa, para que luego, habiendo aprobado esos presupuestos con ese argumento, se vuelvan a incumplir un año tras otro.
Por ser muy respetuoso con el acuerdo con los sindicatos, como ve usted, tengo que preguntarle: ¿Se ha reunido después del reajuste la mesa de retribuciones y empleo, según dice el número 2 del capítulo IV del acuerdo, para analizar las consecuencias de dicho reajuste sobre la oferta pública de empleo? ¿Se ha reunido? Esa es una pregunta que tiene que saber usted. ¿Se ha reunido por ese motivo? ¿Cuáles han sido los acuerdos adoptados en función del reajuste? Eso es lo importante.
Finalmente, según dice el punto 3 del citado capítulo IV, las necesidades y previsiones que se contengan en los correspondientes planes de empleo servirán de base para elaborar la oferta de empleo pública relativa a los ejercicios de 1996 y 1997. ¿Puede el señor Subsecretario adelantarnos las necesidades y las previsiones contenidas en los planes de empleo? Dicho en términos más claros y concretos, ¿cuántos planes de empleo están elaborados? Le recuerdo al señor Subsecretario, lo sabe muy bien, que la Ley 22/93, de acompañamiento a los Presupuestos generales del Estado para 1994 se aprobó por razones de urgencia y que uno de sus principales fines era facilitar la reasignación de efectivos y promover unos planes de empleo, de los cuales todavía no conocemos ni la muestra. Por tanto, ¿esta parte del acuerdo con los sindicatos se está cumpliendo? ¿Cómo se ha cumplido? ¿Qué pasa con esto? Finalmente, señor Subsecretario, hubiera querido conocer con más detalle las influencias del reajuste en la reducción del capítulo de gastos corrientes de su Ministerio. Le reconocí el 5 de octubre --y se lo reconozco ahora-- el esfuerzo de austeridad de su Ministerio y de su Subsecretaría en este capítulo. Pero de los distintos conceptos que componen este capítulo --a lo mejor está en los papeles que tiene usted ahí--, de verdad, ¿cómo se ha producido el reajuste y la reducción? En todo caso, el porcentaje es muy pequeñito; en este capítulo me parece que es el 3,1 por ciento, según usted nos ha dicho. De 1.858 millones se han rebajado unos milloncitos, muy pocos, no tiene nada que ver con el 20 por ciento que nosotros pedíamos. Pero algo es algo y yo se lo reconozco. Si usted me da detalles sobre esta cuestión le quedaré muy agradecido.
Nada más, señor Subsecretario. Muchas gracias. Repito que nos gustaría, para que las comparecencias sean más útiles, tener los datos un poco antes.


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El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Subsecretario, por su información, detallada por cierto, de la repercusión que tiene en el presupuesto de su Ministerio este ajuste, como usted lo ha calificado.
Indudablemente, el presupuesto de su Ministerio está muy ajustado ya de por sí, porque hablar de 37.000 millones iniciales y de 32.000 millones después de este ajuste la verdad es que es hablar de muy pocas pesetas en el conjunto del presupuesto. Pero sí es cierto que es un grano de arena importante que se suma a esa contención del déficit público que, por parte del Gobierno, se pone de manifiesto en el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de enero; acuerdo que si de verdad se siguiera por otras administraciones contribuiría a que ese déficit público de todo el Estado español fuera menor y, por tanto, facilitaría el cumplimiento del Plan de convergencia, que todo el mundo creo que desea --desde luego mi Grupo sí-- que se lleve acabo en los plazos establecidos. Digo que es un esfuerzo importante porque ya en el debate presupuestario de final de año, cuando discutimos el presupuesto del Ministerio para las Administraciones Públicas, yo planteé que la propia estructura presupuestaria era demasiado ajustada a lo que tenía que ser el funcionamiento de un ministerio que tenía que encargarse de trabajar para alcanzar una mejor calidad y un mejor funcionamiento de los servicios públicos. Cuando llega este ajuste, yo me pregunto si este esfuerzo que se hace desde el Gobierno y desde el Ministerio va a suponer alguna consecuencia negativa para el propio funcionamiento de la Administración, al menos en lo que respecta a su Ministerio. Cuando hablamos de este tema, se me ocurre centrarme en tres aspectos fundamentales. Son tres temas que ya han tocado los portavoces de otros grupos, pero que yo también quisiera indicar porque indudablemente afectan al funcionamiento de su Ministerio y del conjunto de la Administración pública y desde su Ministerio siempre se han tenido presentes en la Comisión de Administraciones Públicas y en el debate presupuestario.
Efectivamente, en el campo de la cooperación económica local esa reducción que se plantea de 5.000 millones de pesetas, a pesar de que hay una aportación de créditos en 1994 de 4.200 millones de pesetas, es cierto que es una disminución importante y sobre todo para estas administraciones territoriales, las corporaciones locales, cuya situación económica no es de las más boyantes actualmente. Por la explicación que usted ha dado, creo que podemos estar tranquilos desde el momento en que este deslizamiento que se produce no va a suponer merma alguna en las inversiones de las administraciones locales y, por tanto, que lo que sí se puede producir es un deslizamiento en el pago de las cantidades que tiene que aportar el Ministerio contra certificación a final de año. En consecuencia, la demora no creo que sea excesiva. Creo que estas actuaciones suponen, es cierto, un esfuerzo no sólo por parte del Ministerio, sino también por algunas administraciones locales, pero van en la línea marcada por una política general que creo que todo el mundo debería tener presente a la hora de elaborar y de diseñar las estrategias presupuestarias y las de inversión.
En segundo lugar, en su Ministerio se han diseñado una serie de planes de modernización de la Administración pública con unos proyectos que claramente pueden verse afectados --me gustaría que usted me lo dijera porque no se ha tratado en este debateÐ por el hecho de que este ajuste se haya planteado. Es lo que no sé y me gustaría que usted me aclarara si va a haber alguna consecuencia para el plan de modernización de la Administración, los proyectos que lo configuran y los que están en estos momentos en marcha.
En tercer lugar, estamos hablando también de los programas de formación, de la aportación que hace el Ministerio al INAP. Me gustaría saber si existe algún tipo de repercusión en el funcionamiento de los cursos de formación del INAP.
Es cierto que en esos datos que nos ha suministrado sobre la diferencia entre el presupuesto inicial de 1995 y el presupuesto de limitación que surge de este acuerdo de Consejo de Ministros hay algunas partidas que tienen una significación escasa. También es cierto que esa disminución no puede ser mayor porque, si no, nos podríamos encontrar con que algunos servicios del propio Ministerio no funcionaran. Me estoy refiriendo al capítulo 2, en el que el señor Núñez siempre dedica una atención especial a la cuantía de la reducción que tiene que haber. Yo, sinceramente, creo que se está apretando demasiado el cinturón para que la Administración y el Ministerio para las Administraciones Públicas tengan la capacidad suficiente para desarrollar una serie de condiciones mínimas para mejorar la atención y la calidad de los servicios.
Con estos puntos creo que está definida, señor Subsecretario, cuál es la preocupación que tiene el Grupo Socialista respecto a las consecuencias de este ajuste. De cualquier manera, le agradecemos la explicación que nos ha dado y la que nos dé, así como la documentación que nos pueda aportar para clarificar y tener mayor información.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra de nuevo el señor Subsecretario para dar contestación a los asuntos planteados.


El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Hernández Spínola): Voy a proceder a contestar a cada uno de los Diputados. Lógicamente, empiezo por el señor Ríos, que ha sido el que ha tomado la palabra en primer lugar.
Antes que nada, quiero decirle que también me congratulo de que no haya habido reducción en la Muface, por tanto, de que la gestión del presupuesto de la Muface no haya sufrido ningún tipo de limitación y ajuste y, por consiguiente, puedan ejecutar la totalidad del presupuesto aprobado por las Cámaras.
En segundo lugar, quiero explicar cómo funciona la cooperación local.
Antes que nada quiero tranquilizarle, en el sentido de que esta limitación de obligaciones de 5.000 millones de pesetas no va a suponer ningún trastorno para el programa de cooperación económica laboral. Este programa,

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como he dicho, es la base del Ministerio, representa 27.900 millones de pesetas, que es una cifra importantísima. Tenemos una primera noticia muy satisfactoria, y es que el Consejo de Ministros acuerda la incorporación de 4.000 millones procedentes del ejercicio de 1994 al de 1995.
Realmente, lo que ocurre con este programa de cooperación económica local es que, por imperativo del propio decreto que regula las subvenciones que otorga el Ministerio, se produce siempre un deslizamiento en la medida en que algunas obras no finalizan en el mismo año en que comienzan --muchas de ellas sí y otras no--, y el decreto prevé un mecanismo de aplazamiento, de tal manera que en el ejercicio siguiente, cuando concluye la obra, se paga un 25 por ciento de esa obra con la certificación final de la misma.
En definitiva, lo que quiero decir es que este programa está concatenado un año con otro. En torno a un 25 por ciento del total del presupuesto de este programa siempre está pendiente de la incorporación de los créditos.
Esto quiere decir que este año es absolutamente normal. Vamos a contar con una incorporación de 4.000 millones de pesetas y no estamos previendo en ningún caso una reducción de 5.000 millones. Unicamente estamos presupuestando con las corporaciones locales, a través de la Comisión nacional, sobre la totalidad de los 27.900 millones, sólo que estos 5.000 millones los vamos a diferir al año 1996 y, lógicamente, vamos a incorporar al presupuesto de 1996 aquellas cantidades correspondientes al 25 por ciento de las subvenciones que se pagarán al finalizarse la obra, junto con los certificados de ejecución final de la misma.
Por tanto, quiero decirle con claridad que no hay ningún tipo de preocupación, que este programa va a mantener el mismo ritmo que ha venido manteniendo en años precedentes. Incluso le podría dar algún dato interesante en favor precisamente de la gestión de este programa, y es que en el año 1994, en el que también, por cierto, hubo límite de reconocimiento de obligaciones, concretamente en este Programa 912 B, el Ministerio contó para todo el año 1994 con un límite de reconocimiento de obligaciones de 20.586 millones. Este año el límite de obligaciones está en 22.900, lo que quiere decir que hay un suplemento de 2.400 millones de pesetas respecto del ejercicio anterior, con lo que se pone de manifiesto el esfuerzo del Gobierno en tratar de atender estas transferencias a corporaciones locales que consideramos que son vitales.
Creo que con esta respuesta, que en parte también afecta a alguna pregunta que me ha hecho el Diputado señor Núñez, doy por contestadas las preguntas que me habían formulado sobre cómo afectaba y si hay que priorizar. En absoluto. La Comisión nacional para la Administración local, cuando se ha reunido a finales de febrero, ha aprobado una previsión sobre el gasto inicial de 27.900 millones. No ha tenido en cuenta, lógicamente, este ajuste de 5.000 millones.
Hay otra cuestión que me ha planteado colateralmente. Bien sabe el Diputado --y él mismo lo ha dicho-- que nosotros no somos los encargados de la gestión de la Sección 32, relativa a los entes territoriales. La gestión de esta Sección 32, de entes territoriales, por lo que afecta al Ministerio estriba en negociar fundamentalmente los traspasos con las comunidades autónomas y la materialización de esos traspasos. Cuando el coste efectivo de los traspasos está cuantificado, se efectúa materialmente por el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Sección 32. Por tanto, en la medida en que vayamos concluyendo traspasos, se irán dando de baja los créditos correspondientes y se traspasarán a las comunidades autónomas.
También quería decirle que el Consejo de Ministros ha sido muy cauteloso con los ajustes que puedan referirse al Fondo de Compensación Interterritorial, porque los ha salvado. El acuerdo, en parte, permite las incorporaciones procedentes o relativas al Fondo de Compensación Interterritorial. Quiere esto decir que el Gobierno ha tenido en cuenta ese aspecto muy concreto que permite, en definitiva, y con carácter excepcional, incorporaciones procedentes de créditos del Fondo de Compensación Interterritorial.
Respecto a la oferta de empleo público, yo comprendo la preocupación del señor Diputado sobre la necesidad de mantener la calidad del servicio público. Esto creo que debe primar antes que nada en todo estudio de planificación de recursos, de racionalización de empleo público, que son las políticas en las que está embarcado el Ministerio, que deben tender, sobre todo, a preservar la calidad de los servicios públicos y a tratar de combinar esa calidad de los servicios públicos con la reducción del déficit, con el adelgazamiento de la Administración pública. La manera de llevar a cabo las políticas del Ministerio en este punto tiene que estar muy relacionada con la reasignación de los efectivos, en definitiva, con la puesta en práctica de los planes de empleo. Por estudios del Ministerio, está demostrado que hay algunos sectores en los que puede haber excedentes de funcionarios y de lo que se trata es de recolocar a los mismos, a través de los mecanismos aprobados en la Ley 22/1993, a través de los planes de empleo. Por tanto, se trata, por un lado, de asegurar la calidad del servicio; se trata, al mismo tiempo, de seguir reduciendo la oferta de empleo público, de tal manera que en la incorporación de efectivos del exterior continúe la tendencia actual de reducción, pero al mismo tiempo lo que hay que hacer --y es el empeño en el que el Ministerio está centrado en este momento-- es realizar la reasignación de efectivos a través del instrumento que tenemos desde el año 1993, que son los planes de empleo.
Contestando al señor Núñez, antes que nada y para sucesivas comparecencias, atendiendo al ruego que me ha hecho, he de decir que procuraré enviar a todos los miembros de la Comisión los cuadros que puedan informarles sobre el contenido de mi intervención, porque eso no cabe duda de que facilita la comprensión de la misma. Lo anoto y en sucesivas comparecencias así lo haré.
En relación con el dato global que ha dado sobre el límite de obligaciones y la no incorporación, el dato que tengo, contrastado con el Ministerio de Economía y Hacienda, es que esta limitación afecta al Ministerio en 5.667 millones y que la no incorporación se produce en una cifra de 231 millones. Esto, sumado, hace un total de unos 5.900 millones de pesetas. Esta es la cifra que maneja tanto el

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MAP como el Ministerio de Economía y en la certificación del acuerdo del Consejo de Ministros coinciden ambas. Yo no sé si a lo mejor se ha producido algún error en la remisión por parte del Ministerio de la Presidencia. En cualquier caso, luego podemos contrastarlo. Quiero decirle en cualquier caso que los datos que yo he aportado son los certeros, en la medida en que están certificados por el Consejo de Ministros, y coinciden con el Ministerio de Economía. En cualquier caso, si se ha producido algún error luego podemos comprobarlo.
A continuación se ha referido al programa de cooperación económica local.
Ya he explicado al Diputado señor Ríos cómo no va a afectar este reajuste a los créditos del Programa 912 B. Por tanto, tengo que decirle que no es necesario priorizar ningún tipo de proyectos; éstos se van a aprobar. Eso sí, se va a producir un deslizamiento en la ejecución y en los pagos, sobre todo, en la medida en que el decreto del año 1990 prevé este supuesto de pago aplazado del 25 por ciento, coincidente con el momento en el que se expide la certificación de terminación de obra. Por ello, las cifras y la explicación que he dado corroboran mi afirmación de que la puesta en práctica o la ejecución del programa de cooperación económica local no afecta a los objetivos ni a la estrategia del MAP.
A continuación, el señor Núñez se ha referido al capítulo de personal, en términos globales, genéricos, no únicamente referido al objeto de la comparecencia, esto es, los efectivos del capítulo 1; ha hecho una reflexión genérica, aunque luego ha concretado (El señor Núñez Pérez: El objeto es ése, los planes de empleo.)

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdón, no establezcan el diálogo ahora.


El señor NUÑEZ PEREZ: Perdón, señor Presidente, disculpe.


El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Hernández Spínola): Respecto de los gastos de personal, esa disminución o esa retención de los 22.000 millones de pesetas, lo que tengo que decirle es que se ha producido por acuerdo del Consejo de Ministros. Era necesario producir el ajuste como consecuencia de una serie de medidas de política económica que el Gobierno ha explicado con reiteración. Ahora bien, me ha parecido entender en la intervención del señor Núñez que por parte del Ministerio se estaba produciendo un incumplimiento del acuerdo entre los sindicatos y la Administración. Creo que esto no es así. Tengo delante el acuerdo con los Sindicatos y, con relación a este punto concretamente, a la oferta de empleo público, se habla claramente de la necesidad de la racionalización del empleo a través de la oferta de empleo público, a cuyo efecto la entrada de nuevos empleados públicos tendrá carácter selectivo y se concentrará principalmente en sectores y categorías que se consideren prioritarios y será globalmente inferior a la tasa de reposición de efectivos. Creo que la política que está desarrollando el Ministerio en este momento es perfectamente congruente y en línea con lo acordado y con lo firmado con los sindicatos, como no podía ser de otra manera. Ya indiqué que la aprobación por el Consejo de Ministros de la oferta de empleo público está cercana, será en el próximo Consejo de Ministros o en el siguiente; que en cualquier caso, la aprobación de la oferta de empleo público será inferior a esa tasa de reposición de efectivos, también lo he aclarado. No quiero dar la cifra porque, entre otras cosas, la cifra no está cerrada, en este momento está discutiéndose en el seno de los ministerios y también con la participación y la información que se les proporciona a las centrales sindicales.
Una pregunta que me hacía el señor Núñez relacionada con este punto era en qué sectores se va a concentrar la oferta de empleo público. Los sectores considerados prioritarios son el sector de la enseñanza, Correos, algunos puestos importantes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y también es posible que afecte a personal del Inserso. Son cuatro categorías importantes que creo yo que recogerá la oferta de empleo público del año 1995; a estos cuatro grandes colectivos afectará desde luego.
Me ha preguntado si se han producido reuniones, después del ajuste, de la mesa de retribuciones. Lo que puedo decirle respecto a este punto en concreto es que las reuniones que celebra la Secretaría de Estado para la Administración pública con las centrales sindicales son continuas, son permanentes. A las centrales sindicales se les está proporcionando todo tipo de información relativa, por ejemplo, a la oferta de empleo público.
Ahora, la formalidad de si se ha producido la mesa en sí lo desconozco, no formo parte de ese órgano, no tengo el dato, pero lo que sí sé es que tanto los sindicatos como el propio Ministerio están en continuo y permanente diálogo y contacto.
Se ha referido a los planes de empleo. ¿Cuántos se han aprobado? Ya lo sabe el señor Núñez, no se ha aprobado ninguno, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que no se esté trabajando, que no existan planes de empleo que estén en una fase final de aprobación. Le puedo decir, porque parece que no tiene ningún dato al respecto, que hay cuatro planes de empleo que están en una fase bastante avanzada y que se refieren: uno, al Inem, concretamente; otro se refiere a Tráfico; otro a los servicios periféricos del Ministerio de Comercio y Turismo, y otro al Ciemat. Estos cuatro planes de empleo, como le decía, están bastante avanzados y yo creo que en breve plazo se pueden concluir y aprobar. Por tanto el Ministerio está trabajando; éste no es un asunto moribundo o semimuerto.
Estamos trabajando en ello y creo que en breve plazo, al menos estos cuatro primeros planes de empleo, se pueden ya aprobar.
Ha terminado haciendo una reflexión sobre el capítulo 2, y le agradezco de verdad el reconocimiento que presta al Ministerio por esa reducción que viene acometiendo desde hace varios años en dicho capítulo 2. Como bien ha explicado, el ajuste que se producirá en el año 1995 va a ser de unos 50 millones de pesetas, que es una cifra muy exigua, pero no le puedo detallar en qué partidas concretas se van a reducir estos 50 millones, porque ya sabe usted que el capítulo 2 no es vinculante a nivel de subconceptos. Unicamente hay tres partidas, tres subconceptos que son vinculantes. Por tanto, a lo largo del año iremos viendo de qué partidas podemos

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ir ahorrando. En cualquier caso, sí le puedo decir que ya estamos prácticamente al límite de nuestras posibilidades. El capítulo 2 del presupuesto de este Ministerio difícilmente se puede seguir reduciendo, y en el año 1994 hemos tenido verdaderas dificultades para gestionarlo. Le puedo decir que la ejecución que hemos conseguido en el capítulo 2 del presupuesto ha sido prácticamente del cien por cien, y no puede ser de otra manera porque estamos muy agobiados en este punto.
A continuación, me voy a referir a la intervención del señor Morlán, al que agradezco, como al resto de los señores Diputados, su intervención.
Creo que ya he explicado en detalle la no disminución que se va a producir en el programa de cooperación económica local, y el señor Morlán ya había hecho referencia a ese dato importantísimo de la incorporación de 4.000 millones de pesetas al presupuesto de 1995, que creo que supone un balón de oxígeno muy importante para las corporaciones locales.
Después ha hecho dos reflexiones a las que también me quiero referir, la primera de ellas relativa al plan de modernización. Como sabe, el plan de modernización no es un plan que afecte exclusivamente a este Ministerio, al MAP; es un plan genérico que afecta a todo el Gobierno, a distintos ministerios. Algunos proyectos incluidos en el plan de modernización afectan a varios ministerios y, por tanto, ahora mismo es de difícil evaluación poder aplicar el plan de modernización sobre las previsiones del ajuste que ha efectuado el Gobierno; es de muy difícil cuantificación. En cualquier caso, como se trata de un conjunto de medidas que casi nunca implican gasto público, que muchas de ellas no suponen gasto público, creo que el recorte no va a afectar, en absoluto, al plan de modernización.
Por último, se ha referido al programa de formación, al INAP, y se ha planteado si la transferencia que le hace el Ministerio es o no suficiente y si, al mismo tiempo, están garantizados los cursos de formación. Creo que sí, que no hay inconveniente alguno, que el presupuesto previsto para el año 1995 y la transferencia al INAP es superior a lo presupuestado en el ejercicio del año 1994. En el año 1994 el INAP tenía un límite de reconocimiento de obligaciones de 1.513 millones y en el año 1995 va a tener 1.694 millones. Por tanto, el INAP va a tener un incremento presupuestario. La transferencia que se le hace es mayor, por lo que sí le puedo decir que estarán garantizados los cursos de formación que tenga que acometer de acuerdo con el programa que el propio Instituto establezca.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Subsecretario. Con estas palabras termina su comparecencia y concluye, asimismo, el grupo de estas comparecencias que nos han traído a los diversos subsecretarios de los departamentos ministeriales al objeto de explicar las modificaciones presupuestarias del año 1995.
Se levanta la sesión, señorías.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

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