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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 569, de 03/10/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 569 PRESUPUESTOS PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA Sesión núm. 34 celebrada el martes, 3 de octubre de 1995

ORDEN DEL DIA: Comparecencias: --Del señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social (Navarro López), para dar cuenta, previa remisión de la documentación precisa, de la liquidación del presupuesto del año 1995 a 31 de agosto, así como la concreción de los efectos del recorte y ajuste presupuestario aprobados durante el primer trimestre del año por el Consejo de Ministros. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001574). (Página 17296) --Del señor Secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas (Zaragoza Rameau), para informar de la evolución de la ejecución del presupuesto del Programa 512-A, gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos para 1995, previa remisión del informe de ejecución del Presupuesto de la Sección 17 solicitado con fecha 14 de julio de 1995. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001551). (Página 17303) --De la señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (Narbona Ruiz), para informar de la evolución de la ejecución del presupuesto para 1995 del Programa 441-A, infraestructura urbana, de saneamiento y calidad del agua, previa remisión del Informe de ejecución del presupuesto de la

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Sección 17, solicitado con fecha 14 de julio de 1995. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001552). (Página 17310) --Del señor Subsecretario de Industria y Energía (Girbau García), para informar, previa remisión de la documentación precisa, de la liquidación del presupuesto del año 1995 a 31 de agosto, así como la concreción de los efectos del recorte y ajuste presupuestario aprobados durante el primer trimestre del año por el Consejo de Ministros. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001575).
(Página 17320) --Del señor Subsecretario de Economía y Hacienda (Blanco-Magadán y Amutio), para: --Explicar la evolución de la ejecución del Presupuesto de la Sección 15 del citado Ministerio y de la Sección 6, Deuda Pública, durante el primer semestre de 1995, previa remisión del informe solicitado con fecha 14 de julio de 1995. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001553). (Página 17330) --Dar cuenta, previa remisión de la documentación precisa, de la liquidación del presupuesto del año 1995 a 31 de agosto, así como la concreción de los efectos del recorte y ajuste presupuestario aprobados durante el primer trimestre del año por el Consejo de Ministros. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001571). (Página 17330)

Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS:

--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (NAVARRO LOPEZ) PARA DAR CUENTA, PREVIA REMISION DE LA DOCUMENTACION PRECISA, DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 1995 A 31 DE AGOSTO, ASI COMO LA CONCRECION DE LOS EFECTOS DEL RECORTE Y AJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO POR EL CONSEJO DE MINISTROS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001574.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Reanudamos las sesiones de comparecencias para informar sobre el desarrollo de los presupuestos de 1995. En primer lugar, tenemos la comparecencia del señor Navarro López, Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social.
Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López): Señorías, hace aproximadamente siete meses --exactamente el pasado 27 de febrero-- que comparecía en esta Cámara y ante esta Comisión para informar de la ejecución del presupuesto de mi departamento a 31 de diciembre, tal y como fue solicitado entonces por el Grupo Parlamentario Popular. Hoy lo hago a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, si bien la referencia temporal de la ejecución presupuestaria está limitada a los ocho primeros meses del año, lo que, a pesar de su indudable interés, no permite una valoración global, cuestión ésta que no es baladí si se considera el carácter estacional que tiene el comportamiento de determinados créditos, tal y como veremos más adelante. Entonces, señoría, expresé que unas obligaciones reconocidas sobre el crédito actualizado en torno al 99 por ciento suponía un alto nivel de ejecución --si me lo permiten SS. SS.
diré que un excelente nivel de ejecución--, sobre todo si se considera que el presupuesto actualizado se situó en los 3 billones y medio de pesetas. Como he dicho al principio de mi intervención, hablo en relación con la ejecución del presupuesto de 1994.
Pues bien; con datos a 31 de agosto de 1995, puedo afirmar que se avanza por la senda programada, de modo que al final de año se alcanzarán, en términos de homogeneidad, los positivos resultados de 1994. A tal efecto, hay que considerar que, tradicionalmente, durante los últimos cuatro meses del año es cuando se produce un mayor volumen de realización.
Antes de seguir adelante, me van a permitir SS. SS. una breve explicación sobre el informe que, precediendo a mi comparecencia, fue remitido por mi departamento a esta Comisión el pasado día 27. El informe tiene un carácter provisional y de avance de resultados en la medida que la obligación legal de remitir las cuentas a la Intervención General de la Administración del Estado, para su posterior rendición al Tribunal de Cuentas, es antes del 1 de abril del año siguiente al que se refiere, como conocen perfectamente sus señorías. Por ello, hablo de ejecución provisional

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y no de liquidación del presupuesto, como solicita el Grupo de Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya. En todo caso --y es algo que me interesa resaltar ante SS. SS de modo que les despeje cualquier prevención--, los datos se basan en información proporcionada por la contabilidad presupuestaria, por lo que pueden considerarse totalmente fidedignos.
Con el fin de dar una visión completa y a su vez relevante, al tiempo que ayude a SS. SS a comprender la situación real del departamento desde un punto de vista presupuestario y de ejecución, el informe remitido, y que supongo en su poder, se ha estructurado en cinco apartados con el siguiente contenido: un análisis de las grandes cifras, centrando la atención en el desglose del presupuesto consolidado del departamento desde una perspectiva económica, orgánica y funcional; una referencia a las variaciones que se han producido en el presupuesto a lo largo de su recorrido en el período analizado, así como un seguimiento del cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 1995, en el que se establecen criterios y líneas de actuación a seguir en orden a garantizar el cumplimiento del objetivo del déficit previsto en el programa de convergencia; una exhaustiva información por centros gestores que abarca el Ministerio propiamente dicho y los cuatro organismos autónomos y el ente público adscrito al mismo. En todos los casos, señorías, la información se presenta desde la vertiente de ingresos y gastos y éstos, a su vez, desde una doble perspectiva: económica y funcional. Por último, se hace una especial mención a las transferencias a las comunidades autónomas por su incidencia en los presupuestos del departamento. Sin embargo, me van a permitir que no insista en lo dicho puntualmente en el informe y que a continuación haga un análisis global que pretendo complete a SS. SS. la visión más detallada del informe.
Análisis general de las grandes cifras. Centrando la atención en las grandes cifras, se observa que el crédito inicial asignado al departamento de Trabajo y Seguridad Social, a 1 de enero, que era de 3 billones 619.070 millones de pesetas, se ha visto incrementado en 8.032 millones a través de diferentes modificaciones presupuestarias que han situado el crédito definitivo, a 31 de agosto, en 3 billones 627.102 millones de pesetas. A este respecto, conviene recordar que durante los ocho primeros meses del año se han aprobado un total de 61 expedientes de modificaciones presupuestarias, por un importe de 49.015 millones de pesetas, de los que tan sólo algo más del 16 por ciento han incrementado realmente el presupuesto. Hay que tener en cuenta que una parte importante de estas modificaciones han correspondido a generaciones de crédito, de las que 16.035 millones de pesetas provenía del Fondo Social Europeo que han sido posteriormente transferidas al Ministerio de Educación y Ciencia y a otros centros no adscritos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para acciones cofinanciadas.
Desde el punto de vista de la evolución de los créditos, puede señalarse que esta variación, apenas un 0,2 por ciento, tiene una muy escasa significación, de modo que, desde la perspectiva del impacto de estas modificaciones de crédito sobre el déficit público, tampoco puede decirse que hayan contribuido a una desviación respecto a las necesidades de financiación del Estado.
En conclusión, señorías, puede afirmarse que las variaciones de crédito existentes entre el inicial y el actualizado apenas modifican el mandato original aprobado por las Cortes Generales a través de la Ley de Presupuestos para el año 1995 y, obviamente, en la insignificante parte que lo hacen, es con el amparo legal correspondiente. En todo caso, el aumento operado en el presupuesto --3.620 millones, el 45 por ciento del mismo-- ha sido convalidado por esta Cámara a través de un crédito extraordinario.
Sentadas las bases anteriores, por las que se obtiene el presupuesto actualizado, las obligaciones reconocidas globales ascienden a 2 billones 128.189 millones de pesetas, es decir, el 58,7 por ciento de los créditos, lo que aparentemente evidencia un nivel inferior al que teóricamente le correspondería en función de la parte del año transcurrido, las ocho doceavas partes o, lo que es lo mismo, el 66,66 por ciento. Ese desfase de 8 puntos porcentuales entre el nivel teórico y el nivel real está suficientemente justificado como consecuencia de la ralentización de la actividad durante el período estival de los meses de verano y, sobre todo, del hecho contrastado de que en los cuatro últimos meses es cuando madura la gestión impulsada desde el inicio del mismo.
Este hecho es particularmente imputable a los capítulos 2 y 6.
El que el grado de ejecución se encuentre en niveles similares, aunque con tendencia a la baja respecto a los del año 1994 y anteriores, ratifica la veracidad del aserto anterior. No obstante, existen diversos factores --además de los generales ya señalados-- que durante 1995 están influyendo en los niveles de ejecución presupuestaria en el sentido de rebajar su cuantía, lo que no necesariamente significa una deficiente gestión, tal y como expondré a continuación. Me estoy refiriendo, señorías, al límite de reconocimiento de obligaciones, a las transferencias a comunidades autónomas, a las subvenciones gestionadas también por las comunidades autónomas y a las prestaciones a los desempleados. De todos estos aspectos, me detengo especialmente en el del límite y recorte presupuestario, al haber sido citado como petición expresa de información por el Grupo Parlamentario que solicita mi comparecencia y al que gustosamente estoy tratando de contestar.
En efecto, el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 1995 establecía los criterios y líneas de actuación a seguir en orden a garantizar el cumplimiento del objetivo del déficit previsto en el programa de convergencia, de tal modo que en el presente año no se supere el 5,9 del PIB. En este sentido, como conocen SS. SS., el Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de enero de 1995, adoptó una serie de medidas tendentes al cumplimiento de aquellos criterios. Entre las citadas medidas, y por lo que respecta al departamento que represento, la situación se concretó, básicamente, en dos aspectos: un límite de reconocimiento de obligaciones y un recorte presupuestario. El límite de reconocimiento de obligaciones de los créditos iniciales se fijó para el Ministerio en un billón 517.932 millones de pesetas, de tal modo que, de su comparación con

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el crédito inicial, se deduce que el montante del ajuste ascendía a 10.445 millones de pesetas de un total de 407.369 millones para todo el Estado.
La concreción del ajuste al crédito actual lleva una adaptación al límite concreto por capítulos y aplicaciones presupuestarias sobre las que se da una exhaustiva información en el documento remitido a la Comisión. En este sentido, tal y como lo demuestran las cifras, puedo avanzar que el límite del reconocimiento de obligaciones se está cumpliendo rigurosamente, tanto a nivel de capítulos como de conceptos presupuestarios. Es importante señalar que, en la medida que la contabilidad presupuestaria no recoge los ajustes habidos por límite de reconocimiento de obligaciones en el presupuesto actualizado, el grado de realización resulta inferior al realmente habido. Ello es así, porque la limitación no impide comprometer gastos que normalmente son incorporados en el ejercicio siguiente, salvo que acuerdos de Consejo de Ministros limiten esta posibilidad.
Por lo que respecta al llamado recorte presupuestario, quiero recordar que el Consejo de Ministros acordó un recorte directo en los presupuestos de 150.000 millones de pesetas, de los que al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le correspondió una aportación de 94,3 millones; tal cantidad coincidió con el importe de la incorporación de créditos comprometidos en operaciones de capital del Ministerio. En consecuencia, el recorte del presupuesto del Ministerio se concretó en la no incorporación del referido crédito de 94,3 millones de pesetas.
Completo la información sobre el límite y recorte presupuestario añadiendo que, de los 15.000 millones de pesetas que el acuerdo del Consejo de Ministros fijaba como cantidad máxima para atender las incorporaciones por operaciones corrientes en el presupuesto del Estado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no ha tenido participación alguna.
En cuanto a las subvenciones gestionadas por comunidades autónomas, que precisan de unos criterios objetivos de distribución y que han de ser aprobados por el Gobierno, procede citar que lo fueron en las reuniones del Consejo de Ministros de 24 de marzo y 30 de junio, lo que ha incidido en su bajo nivel de realización actual. Estos créditos, que importan 126.426 millones, por su propia naturaleza, sin lugar a duda en los próximos meses alcanzarán un grado de ejecución del ciento por ciento.
Pero de todos los aspectos citados que están influyendo en los niveles de ejecución del presupuesto, el más importante, por su cuantía y significación, es el referido a las prestaciones a los desempleados, que han experimentado una notable caída como consecuencia de la favorable evolución del empleo, la recuperación económica, el mejor funcionamiento del Inem y, sobre todo, la reforma del mercado de trabajo. Recordemos que en los últimos años el presupuesto del Inem se ha saldado con un déficit de 470.000 millones en 1993 y de 45.000 millones de pesetas en 1994. Creo que no es arriesgado afirmar que, a final de este ejercicio, el gasto en prestaciones por desempleo se podrá reducir en torno a 200.000 millones de pesetas sobre el presupuesto inicial.
Asimismo, procede destacar que las bonificaciones por contrataciones a favor de las empresas, cuyo crédito es de 48.000 millones, son imputadas a los presupuestos a fin de ejercicio, por ser descontadas en los boletines de cotización a la Seguridad Social y efectuarse la liquidación a fin de año. Naturalmente, como habrán podido observar, ello tiene su lógica incidencia en una relativa baja ejecución en el programa concreto de fomento del empleo.
Finalmente, quiero señalar que en los primeros meses del año concluyó la fase de negociación en ponencia conjunta de diversas transferencias del departamento de Trabajo y Seguridad Social a las comunidades que accedieron a las autonomías por la vía del artículo 143 de la Constitución. Los traspasos se pueden agrupar en tres grandes bloques: ejecución de la legislación laboral, cooperativas, calificación y registro administrativo de las sociedades anónimas laborales y programas de apoyo al empleo, que sería el primer bloque; fundaciones, que sería un segundo bloque, y gabinetes técnicos provinciales de seguridad e higiene en el trabajo, que sería el tercer bloque.
De las diez comunidades autónomas del 143, siete han pasado por comisión mixta y publicado sus reales decretos de transferencia, faltando tan sólo Asturias, Baleares y Cantabria, que previsiblemente lo harán en los próximos meses. Si bien los referidos reales decretos han sido publicados antes del 31 de agosto, con efectos económicos diversos en cuanto a su fecha de efectividad, lo cierto es que, a ficha fecha, no han tenido trascendencia económica alguna, dado que en ese período los expedientes de transferencia de crédito desde la Sección 19 a la Sección 32 se encuentran en fase de tramitación. Sin embargo, en este período se ha transferido personal a las comunidades autónomas, pero no créditos de funcionamiento --capítulos 1 y 2--, por lo que, hasta que los expedientes de modificación de crédito sean autorizados, ocasionan retenciones que impiden su disponibilidad.
Señoría, si me he detenido en este punto es para resaltar la importancia de estas transferencias en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se concretan en el importante volumen a que asciende el coste efectivo de los traspasos, con baja en la Sección 19 para el año 1995 en el tramo temporal que va desde la fecha de efectividad del traspaso hasta el 31 de diciembre o, con otra visión, en lo que supondría el coste efectivo de las diez comunidades en pesetas de 1995 y que, previsiblemente, serán baja en el presupuesto del departamento en 1996. En el primer supuesto, el coste asciende a 2.225 millones de pesetas, mientras que la valoración conjunta para el año 1996 es de 6.223 millones.
Señor Presidente, señorías, la experiencia de comparecencias anteriores en un tema árido y farragoso, en el que para su exposición hay que recurrir reiteradamente a cifras, datos y porcentajes, me ha llevado a considerar la conveniencia de tratar de simplificar al máximo mi intervención, con el ánimo de hacerla lo menos tediosa posible. Espero haberlo conseguido, sin menoscabo de haber dado cumplida satisfacción a la demanda de SS. SS., aunque confieso que el propósito ha resultado una tarea ardua, que ha requerido un notable esfuerzo por mi parte, pues no olvidemos

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que estoy informando del grado de ejecución de un montante de crédito que supera ampliamente los 3,5 billones de pesetas, que supone el 18,6 por ciento del presupuesto del Estado, y el 5,3 por ciento del producto interior bruto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: En primer lugar, quiero agradecer no sólo la información que se nos ha dado, sino el detalle con el que viene la documentación que se ha aportado. Nosotros hemos solicitado esta comparecencia en la frontera de la discusión del presupuesto para 1996 y, por tanto, el objetivo de nuestra solicitud de comparecencia era ver cómo ha evolucionado, a 31 de agosto, en los parámetros que la ley exige al Gobierno a la hora de presentar esto, el presupuesto de 1995, cómo han afectado las modificaciones presupuestarias a este presupuesto, de qué manera están cubiertas, por así decirlo, las previsiones, los objetivos que el Gobierno se marcó en esta sección. Ese era el objetivo de nuestra comparecencia, y yo tengo que reconocer que con la documentación que se nos ha aportado y la explicación que se ha dado se ha cubierto. Tenemos más información de la ejecución presupuestaria, con toda la prevención que puede haber en cuanto a algunos argumentos que pueden influir después en la evolución de todos los datos que se nos han dado; es decir, que puede haber razones para un grado de ejecución escaso y puede haber razones para un grado excesivo de ejecución. Después le haré algunas preguntas sobre algunos de los frentes de gestión en los que puede darse esto, o un exceso de gestión y, por tanto, de consumo de los créditos, o un escaso consumo de los créditos.
En segundo lugar, tengo que reconocer que la explicación que se nos ha dado de las modificaciones de crédito --que son escasas, la cifra no es muy alta-- es bastante exhaustiva. Se nos ha explicado por programas, por tipos de modificación y también por los grandes capítulos de la distribución del gasto; por tanto, conocemos cuál ha sido la propia modificación.
También se nos ha dado una buena información --de la que se nos ha aportado en las distintas comparecencias es la más exhaustiva-- tanto del ajuste presupuestario de 27 de enero como del límite de obligaciones reconocidas. Ha quedado muy detallado e incluso figura, en un cuadro que usted nos ha aportado, por los distintos capítulos y por los distintos programas o centros de ejecución. Por tanto, no voy a entrar en esa parte de la información que nos ha aportado.
Sí que le voy a preguntar, de lo que es la liquidación del presupuesto, que usted nos ha leído rápidamente, en lo que es gran evolución de los grandes centros de gestión, por el Inem y por alguno de los dos programas que considero escasamente gestionados o con exceso de gestión. Por ejemplo, en cuanto al Fogasa, me gustaría saber qué explicación tiene ese alto uso del Fogasa, que tiene una gestión superior al 70 por ciento, a unos nueve meses, frente a unos programas de fomento del empleo, que se encuentran en una situación más limitada en cuanto a su gestión. Dentro del Inem, no se trata solamente de los programas de prestaciones, de los que usted ya ha dado una explicación que yo, personalmente, no comparto, pero no es ése el objetivo de la comparecencia --no es objetivo de la comparecencia ver si el ahorro en prestaciones por desempleo obedece a la reforma del mercado laboral o a la ubicación, de verdad, de generación de empleo--, sino de ver otros programas dentro del Inem, como, por ejemplo, las escuelas-taller y las casas de oficios, que tienen una gestión del 37 por ciento; el fomento del empleo, que apenas llega al 22 por ciento; la formación profesional, que está en un 47 por ciento, etcétera. Es decir, hay unos programas, unas actuaciones del Inem que tienen una gestión limitada. Me gustaría saber a qué obedece esa gestión limitada en torno al Inem y esa gestión del Fogasa en cuanto a cuotas de garantía salarial en el 80 por ciento --antes he dicho superior al 70 por ciento--, y si eso está relacionado con los procesos de regulación o con determinadas soluciones o conflictos en las empresas, que usan este fondo.
El otro organismo por el que le quería preguntar es por el INFES, que también cuenta con una gestión de transferencias corrientes escasas --me estoy refiriendo a los ingresos del propio departamento, después le hablaré del gasto; la cuantía es pequeña, no estoy hablando de grandes cifras, porque tiene una ejecución del 30 y del 20 por ciento en transferencias; y en cuanto al gasto, tiene una escasa gestión en determinados capítulos, no solamente en el capítulo de inversiones, algo general, sino también en transferencias corrientes y en el capítulo 2.
En suma, señor Presidente, nuestro objetivo era valorar el papel que juega el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dispone de un gran volumen presupuestario y siempre está en el alero si se está despilfarrando o gastando de más o si no está siendo austero a la hora de gestionar las políticas sociales que emanan de los distintos organismos.
Nosotros queríamos constatar, con independencia de que existe una gestión limitada, si la política que emana de este Ministerio, a pesar de tener 3,3 billones de pesetas en volumen total, se está gestionando en un porcentaje aceptable.
En cuanto a las inversiones, la verdad es que el nivel de ejecución de inversiones, en su conjunto, del Ministerio es escasa. Es verdad que son obras en el patrimonio sindical y en todo lo que es acumulado; no es una cifra muy grande, pero tiene un nivel de ejecución pequeño. Y las transferencias de capital también tienen una evolución pequeña, ya que estamos hablando de 6.500 millones.
Termino, señor Presidente. Como el objetivo no era entrar en la controversia de si la cotización del Inem se ha reducido en función de determinada política, sino que el objetivo era conocer los números de la ejecución del presupuesto, agradecemos al señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social los datos que nos ha aportado, puesto que nos van a servir para discutir los presupuestos que se nos vienen encima, porque las cifras de recorte no hablan de 200.000 millones de pesetas para el año próximo en el Inem, sino de una cifra mayor como propuesta presupuestaria para 1996; pero usted se ha referido a lo que este año

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se podía reducir de las cifras previstas, al menos es lo que yo he entendido. En todo caso, son datos para una discusión posterior.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Entiendo que no se trata de que el señor Subsecretario repita la información que ha tenido a bien remitirnos por escrito; no se trata tampoco, en opinión del Grupo Popular, de reiterar o repetir «ad nauseam» un debate presupuestario, que por cierto no sabemos siquiera si va a tener lugar este año. Espero que nuestros esfuerzos no sean, como decía Ortega, esfuerzos tendentes a la melancolía por su inutilidad, sino tendentes al esclarecimiento de las cifras de ejecución del pasado ejercicio, y, por qué no decirlo, de orientación de nuestros trabajos respecto a las propuestas presupuestarias que desde cada grupo formularemos en relación con este importante Ministerio. El señor Subsecretario ha citado la cifra de 3 billones 600.000 millones; si quiere otras dos análogas le diría que es un montante muy semejante al de las pensiones de la Seguridad Social en su parte contributiva, y muy semejante también a lo que está representando para España en este momento la financiación de su déficit. Son 3 billones 600.000 millones de pesetas, cantidad que coincide casi reiterativamente.
Nuestras preguntas van a ser muy concretas. Sabe de sobra que al Grupo Popular le ha preocupado mucho la inclusión en el presupuesto de la Seguridad Social de un préstamo procedente de su Ministerio relacionado con el sistema de Seguridad Social, préstamo cuya amortización debería haberse iniciado ya en el año 1995 y que debe tener continuidad en próximos ejercicios. La amortización correspondiente al año 1994 era de 345.000 millones de pesetas. Pregunta clara: ¿dónde se ha contabilizado, cómo se va a contabilizar, y, si es posible, en un gesto de generosidad que supongo que no nos va a regatear, cuáles son los criterios de amortización para próximos ejercicios? Segunda pregunta y bien concreta. Sorprende que precisamente habiendo previsto un ahorro global, entre comillas, que usted estima en 200.000 millones de pesetas y que nosotros creemos que va a ser superior y que se situará en torno a los 300.000 millones de pesetas en el gasto del Estado en desempleo, la realización sea muy alta (el 75 por ciento) en la aportación del Estado a su Ministerio por este concepto. Resulta chocante que, frente a ese estándar de ejecución (en término medio el 66 por ciento) y estando previsto un ahorro global, que la estimación de nuestro Grupo y la estimación de ese coloquialmente conocido como Libro Amarillo sitúa en 300.000 millones, se haya alcanzado ya el 75 por ciento. E igualmente de ese orden, del 75 por ciento, son las aportaciones del Estado para pensiones mínimas, e incluso para ese reiterado préstamo de la Seguridad Social. Nos gustaría conocer una explicación al respecto.
El tema del Inem yo lo centraría en dos capítulos. En el de ingresos --y aquí permítanos nuestra primera sorpresa-- se nos ha dicho desde su departamento que no existe un obstáculo técnico ni político para que los ingresos por cotizaciones sociales referentes al desempleo se computen o se contabilicen de forma ordinaria en cuentas presupuestarias, circunstancia que sigue sin producirse. Dichos ingresos por cotizaciones se contabilizan y computan en cuentas extrapresupuestarias que, como no se le oculta al señor Subsecretario, dificultan nuestro trabajo y empañan, por decirlo de alguna manera, la transparencia contable que creo que merece esta materia. En distintas ocasiones hemos preguntado y solicitado los motivos por los que este hecho no se producía. Se nos ha dicho que no existía obstáculo alguno, pero los hechos son tozudos y se mantienen las cuentas extrapresupuestarias. Nos gustaría que nos diese una explicación.
Asociado a los ingresos del Inem, también nos gustaría saber cuál es su grado de ejecución en acciones cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, concepto 490 de su estructura de presupuesto.
Con relación a los gastos, y aceptando el esfuerzo de oferta y de disposición de datos, nos gustaría saber por qué no ofrecen la ejecución por programas de una manera desagregada, lo que facilitaría enormemente la comprensión de este presupuesto, sino que lo hacen por grandes áreas de actuación. Supongo que no existe ninguna mala fe ni obstáculo técnico, pero nos gustaría saber por qué no se ofrece esta desagregación, que parece bastante obvia en un presupuesto, insisto, estructurado por programas.
También en este mismo capítulo nos gustaría conocer, aun a riesgo de reiterar las preguntas que ha formulado el representante de Izquierda Unida, el porqué del bajo grado de realización (apenas un 29,7 por ciento) del programa sobre fomento del empleo y, si es tan amable, ya detalladamente, las transferencias a comunidades autónomas y corporaciones locales (en el primer caso, en creación de empleo de minusválidos, y, en el segundo, en reinserción de parados) y las transferencias a empresas con creación de empleo estable. Permítame que me detenga un segundo en este punto, porque creo que es uno de los grandes temas de importancia capital, desde el punto de vista social y económico, e incluso en las transferencias a la Seguridad Social en el capítulo de bonificaciones a cuotas empresariales.
También nos gustaría conocer a qué se debe el bajísimo grado de realización de los programas sobre formación profesional ocupacional y escuelas taller, que apenas alcanzan el 47 y el 37 por ciento, y más en concreto, en este epígrafe, las transferencias a instituciones (concepto 483) de formación sobre parados y formación para ocupados, así como las transferencias a un programa del que sin duda hemos oído hablar muchas veces como programa estrella, como eje de actuación de su Ministerio, pero que no parece que tenga esa correspondencia presupuestaria, como son las transferencias a escuelas taller.
Finalmente --aunque creemos tener una explicación, que es el afecto de retardo con el que la crisis económica alcanza al organismo denominado Fondo de Garantía Salarial--, nos gustaría saber a qué se debe ese sorprendentemente alto grado de realización del programa de prestaciones de garantía salarial. Hemos oído en muchas ocasiones que, en el caso de la crisis, alguno de sus efectos, dada la

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gestión de los trámites, se produce con ese retardo de uno o dos ejercicios, pero creemos que eso merece una explicación.
El hecho quizá más sorprendente --y con esto no pienso anticipar ningún debate-- es esa baja ejecución de la cantidad que inicialmente presupuestaron para los gastos de desempleo en España. Si hubiesen tenido ustedes fe en sus propias políticas, yo creo que hubiesen acertado en la cantidad a presupuestar; me parece que puede ser una explicación la falta de confianza en sus propias políticas; y una posible segunda explicación es que creo que ustedes no midieron los efectos de recorte del que en su día fue denominado «decretazo». Lo que no parece lógico es que en esta cantidad se produzca una desviación que, aunque ahora ustedes intenten deflactar a 200.000 millones, sospechamos (no lo sospechamos, empezamos a tener la certeza en razón de las publicaciones que nos son remitidas) que va a superar los 300.000 millones de pesetas, y le añado: tenga la certeza que desde este Grupo no se va a hacer demagogia sobre estas cifras y otros conceptos, como es la reducción del gasto público, y a costa de quién.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Muy brevemente, para agradecer, en nombre del Grupo Socialista, la comparecencia del señor Subsecretario de Trabajo para explicarnos la ejecución del presupuesto del Ministerio hasta agosto de 1995.
Igualmente, quiero agradecerle, en nombre de mi Grupo, el magnífico informe que sobre la ejecución nos ha presentado para el estudio de todos los grupos, informe amplio, transparente y riguroso, a mi entender, que espero sirva para aclarar algunos extremos a los grupos que están empeñados en emitir informaciones sesgadas sobre el déficit público de este país.
Quisiera destacar, de la comparecencia del señor Subsecretario, tres datos importantes: el primer dato se refiere a la ejecución del presupuesto, que es aceptablemente buena, utilizando las mismas palabras que el Subsecretario, y muy similar al de los otros años; es decir que, si todo acaba bien, tendremos un cumplimiento del ejercicio presupuestario con obligaciones reconocidas superior al 90 por ciento, que es una buena cifra, que hemos de reconocer desde el Grupo Socialista.
El segundo dato importante que nos ha permitido conocer la comparecencia del señor Subsecretario es que, respecto a los recortes producidos por el acuerdo del Consejo de Ministros de enero de 1995, no se ha practicado ningún recorte en la política social contemplada por los presupuestos para el año, como con el sistema de pensiones, el sistema de Seguridad Social, etcétera, que han tenido unos recortes bajísimos, dando cumplimiento a la política social que el Gobierno socialista ha querido impulsar en este país para el presente ejercicio.
Para terminar, creo que es un magnífico adelanto de cifras sobre la ejecución del presupuesto del Inem el que nos acaba de hacer el señor Subsecretario, ya que acabar con un nivel tan bajo de ejecución del gasto en prestaciones de desempleo es una magnífica noticia que debemos celebrar, aunque algunos grupos se empeñen en que, si hemos de añadir dinero en algunos ejercicios presupuestarios, está mal, y si hemos de recoger dinero o gastar menos, también está mal. Obviamente, esto es una contradicción en sus propios términos. Creo que todo el mundo debería alegrarse de que un conjunto de medidas, al que hemos contribuido todos los grupos de la Cámara, ha hecho posible un recorte presupuestario muy importante en los gastos del Estado, por lo que nosotros queremos congratularnos conjuntamente con el señor Subsecretario.


El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López): Voy a ir contestando a las intervenciones de los distintos grupos por orden, aunque habrá algunas respuestas, en relación con las preguntas que me ha formulado tanto el Diputado de Izquierda Unida, señor Ríos, como el Diputado representante del Grupo Popular, señor Aparicio, que podrán ser válidas con respecto a determinado grado de ejecución de algunos programas.
Agradezco sinceramente al señor Ríos y a todos los intervinientes la valoración positiva que hacen de la información que hemos facilitado. Yo diría que es norma de la casa --permítaseme la expresión--, ya que ésta es la tercera comparecencia que hago para informar a esta Comisión sobre la ejecución del presupuesto: primero fue en 1994 y, ahora, para los ocho primeros meses de 1995, y quiero recordar que siempre hemos facilitado bastante información, aparte de que los gestores públicos no hacemos más que cumplir con nuestro trabajo, que es dar a estas Cámaras la información que se solicita. En todo caso, agradezco mucho las palabras de todos los intervinientes a este respecto.
Después de esta valoración global, el señor Ríos se ha referido a lo que él considera un bajo grado de ejecución, concretamente, según mis anotaciones, en el programa de las escuelas-taller, fomento y formación profesional.
En mi intervención he indicado claramente que, en todo caso, la previsión de los gestores es llegar a final de año, como ya pude anunciar en esta Cámara cuando informé sobre la ejecución del primer semestre del presupuesto de 1994, y así lo pudimos cumplir el año pasado, prácticamente con la ejecución del 100 por ciento.
En el caso de escuelas-taller, por ejemplo, se está cambiando un poco la filosofía, el enfoque más exactamente; es decir, en lugar de ir a nuevas y a muchas escuelas-taller, de lo que se trata es de consolidar las ya existentes a través de segundas y terceras fases. Aquí ha habido algún retraso, que tengo que reconocer, en relación con la propia resolución del Director General del Inem en el desarrollo de la nueva orden, creo que de agosto de 1994, que regula nuevamente las escuelas-taller, y la nueva resolución con ese nuevo enfoque del Inem tarda algún tiempo en producirse, ya que sale en julio de este año, lo que naturalmente incide en la ejecución. Pero ya les digo que lo que ha influido fundamentalmente

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ha sido ese deseo de ver qué nuevo enfoque se daba al programa.
En relación con el programa de fomento del empleo, yo diría que este programa se ve afectado por el hecho de que, como ustedes saben --si no, se lo digo yo--, la contabilización de las cantidades abonadas en materia de bonificaciones a las nuevas contrataciones, las certificaciones que debe extender la Tesorería de la Seguridad Social, se producen en su inmensa mayoría a final del ejercicio, en el segundo semestre, lo que, teniendo en cuenta la cuantía de esas bonificaciones, produce esta disfunción, pero les aseguro a SS. SS. que, a final de año, el programa se va a poder cumplir en su totalidad, aunque hasta el momento, como ya he dicho, no se dispone de las certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativas del gasto. Eso es lo que fundamentalmente influye en relación con el relativamente bajo grado de ejecución de ese programa.
Por otra parte, dentro de ese mismo programa, recuerdo a ustedes que está todo lo relativo a los conceptos 453, subconcepto 01, en relación con la aprobación del empleo autónomo en la integración laboral del minusválido.
El acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio fijó los criterios objetivos por parte del Gobierno, en desarrollo del artículo 153 de la Ley General Presupuestaria, pero la orden de desarrollo, que es del 7 de julio, no se publicó hasta el 14 de julio. Ahí tenemos esos desfases que, como digo, a lo largo del segundo semestre se irán corrigiendo.
En materia de formación profesional ha pasado algo parecido también porque tenemos retrasos importantes por la orden ministerial, ya que es, si mal no recuerdo, de mayo de este año; en ella se establece el traspaso a las comunidades autónomas de en torno a los 40.000 millones de pesetas que se transfieren a las cinco comunidades autónomas que, como saben SS.
SS., gestionan la formación profesional y creemos que también se van a corregir en este segundo semestre esas que yo vengo llamando disfunciones.
Me parece que ha habido una referencia, no sé si ha sido al programa de formación continua, porque ahí están las transferencias a la Forcem, la Fundación de gestión de este programa, que vienen funcionando con bastante regularidad.
Fogasa. ¿Qué pasa con el Fogasa? Con el Fogasa ocurre una cosa que debo reconocer a sus señorías. Cuando nosotros elaboramos el presupuesto de 1994 y se aprobó, creíamos que definitivamente las prestaciones a pagar por el Fondo de Garantía Salarial irían entrando en una regresión progresiva, en el sentido de ir a menos, por aquello que yo siempre digo: evidentemente el Fogasa está en el vagón de cola y los pagos le llegan al final de la crisis. Sin embargo, debo reconocer que no es que nos hayamos equivocado, sino que la evolución de los pagos del Fogasa no se ha desarrollado conforme a lo que habíamos previsto. Concretamente, hasta el mes de agosto, las órdenes de pago del Fogasa se han incrementado, con respecto al mismo período del año 1994, en poca cuantía, pero no se ha producido esa disminución, se han incrementado en un 2,62 por ciento; es decir, que en lugar de ir a menos todavía sigue creciendo.
Respecto a la entrada de expedientes como dato también significativo en el período considerado, y comparando 1994 con 1995, he de decirles que el importe en cuanto a dicho concepto ha disminuido algo, un 8,60 por ciento, pero no nos hagamos excesivas ilusiones, porque siempre en el mes de agosto, por este efecto, al que me refería anteriormente, de que en dicho mes todo se ralentiza, las entradas han sido menores. Los datos que ayer mismo me daba por teléfono el Secretario General del Fogasa es que en septiembre ha vuelto a haber una entrada masiva de expedientes. Esto quiere decir que, para hacer frente a los créditos para el pago de prestaciones del Fogasa, además de una modificación de crédito, que aparece reflejada en el informe que hubo que elaborar, en este momento estamos tramitando un suplemento de crédito en torno a los 4.000 millones de pesetas.
¿Poder pronosticar si la situación va a cambiar, si a partir del año que viene los pagos del Fogasa van a ir a menos? Quiero pensar que sí, porque creo que la crisis ha tocado fondo, pero hacer pronósticos aquí es muy comprometido. En todo caso, insisto, para hacer frente a esa excesiva evolución de los gastos, que no es más que la consecuencia de la presión de los propios expedientes y de la necesidad de pagar, se está tramitando en el Ministerio de Hacienda el oportuno expediente de suplemento de crédito.
Infes. Ingresos bajos, gastos bajos. Es verdad que la ejecución del Infes está baja, a mí también me ha sorprendido. En esta cuestión incido en el retroceso de la propia publicación de la orden de 7 de julio, que regula todo lo que tiene que ver con el empleo autónomo. Como saben SS. SS., hay traspasos importantes a las comunidades autónomas y se nos ha producido un evidente retraso. Estamos hablando del acuerdo del Consejo de Ministros fijando los criterios objetivos para los programas que gestiona el Infes y para las transferencias a las comunidades autónomas; dicho acuerdo se adopta el 30 de junio y la orden se publica el 14 de julio; la razón fundamental es ésta.
En relación con los ingresos bajos, he de reconocer que lo que se producen son retrasos respecto a las transferencias del Estado por parte del Tesoro. No trato de culpar al Tesoro Público, sino que quiero decir que la documentación contable correspondiente la vamos librando y posteriormente el Tesoro Público tarda algo en hacer efectivos esos ingresos. Diríamos que nosotros estamos realmente al día, en lo que se refiere a la tramitación de la documentación contable; los retrasos se deben a esa situación por parte del Tesoro Público.
Inversiones escasas. Hemos dicho en otras comparecencias que los procesos de inversión, como saben SS. SS., tienen unos ritmos lentos; la nueva Ley de contratos del Estado trata de introducir más garantías de las que había en relación con la contratación pública, pero como al mismo tiempo la ley establece más plazos y más trámites, eso se traduce en una mayor ralentización en la tramitación del proceso de inversiones. En el primer semestre lo que se hace fundamentalmente es contratar las obras, y en el

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segundo semestre tiene lugar el reconocimiento de obligaciones. Esto se puede considerar como una explicación válida de carácter general. Por otra parte, el límite del reconocimiento de obligaciones ha afectado a todo el capítulo 6, con la incidencia lógica que ello supone en el grado de ejecución de las inversiones.
Señor Presidente, creo que acabaré en dos o tres minutos. Respecto a la intervención del señor Aparicio, una de las cuestiones que me ha planteado se ha centrado en los préstamos a la Seguridad Social. En todas las comparecencias me formula la misma pregunta. La respuesta es la que he dado en otras ocasiones. Señoría, no lo interprete como un intento de escurrir el bulto. ¿Qué es lo que hace la Sección 19 en relación con el préstamo a la Seguridad Social que aparece reflejado en el capítulo 8? Pues librar por doceavas partes las cantidades correspondientes. Es verdad que, tal y como se establece en las sucesivas leyes de presupuestos, ya a partir de 1994 se fija un período para su cancelación, un plazo de diez años, a partir de 1995 en el caso del préstamo para 1994, y a partir de 1996 en el caso del préstamo para 1995. Ese préstamo no devenga intereses, y lo que sí es cierto es que, según lo establecido en el artículo 12 de la propia Ley de Presupuestos para el año 1994, al igual que en la anterior, tampoco se dice que la amortización se deba ir haciendo anualmente. ¿Cuándo se va a hacer? En este momento no lo sé, porque no se especifica claramente en dicho artículo. En cuando a dónde se va contabilizando, he de decir que se realiza, naturalmente, en la propia contabilidad que llevamos en el departamento siguiendo el proceso de gestión presupuestaria.
En relación con el ahorro de prestaciones de Inem, se me ha planteado que sorprende que con el ahorro previsto las aportaciones del Estado sean tan altas. Esto no debe sorprender. A estas alturas del ejercicio, normalmente las aportaciones del Estado se desenvuelven en esas cuantías a las que nos estamos refiriendo. Tengan ustedes en cuenta --y así lo digo en el informe--, en el capítulo de ingresos, todo lo que tiene que ver con el ingreso por cuotas, por aquello de los retrasos que se producen en la conciliación y en la contabilización de los ingresos que recibe la Tesorería, con destino al Inem, lo cual hace que las aportaciones del Estado tengan ese ritmo para hacer frente a los propios pagos.
Me he preguntado una cosa sobre el concepto 490, capítulo de ingresos.
Señor Aparicio, le daremos la información por escrito, porque en este momento no la tengo.
¿Por qué desagregaciones por programas y no por grandes áreas? Este es un enfoque. Nosotros hemos creído que con esta metodología facilitábamos bastante la información a SS. SS., pero, en todo caso, tomo nota de la sugerencia del señor Aparicio.
Ya me he referido al fomento. En cuanto a las transferencias de empresas a comunidades autónomas y creación de empleo estable ya he dicho las razones por las que las transferencias se nos han retrasado este año porque los acuerdos del Consejo de Ministros, tanto el de marzo como el de junio, no se han elaborado a tiempo y ello tiene su lógica incidencia en esas transferencias a las comunidades autónomas que gestionan esos programas a los que nos hemos referido anteriormente.
Sobre el bajo grado de ejecución de los programas sobre escuelas taller y formación profesional, ya he contestado anteriormente.
Sobre el grado de ejecución del programa de prestaciones del Fogasa creo que ya he dado una respuesta cumplida.
En cuanto a la baja ejecución del gasto en prestaciones, también creo haberme referido a ello. Aquí se hace un juicio de valor, porque se habla de una falta de previsión. Yo creo que no lo es. En todo caso, debe ser un motivo para congratularnos que el gasto en prestación por desempleo haya disminuido, no por la razón a que alude S. S. del famoso decretazo, sino porque la evolución del empleo va siendo buena, afortunadamente.
Finalmente, agradezco al Diputado del Grupo Socialista su intervención y sus elogios hacia el informe.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención? (Pausa.) Termina la comparecencia del señor Navarro, Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.


--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS (ZARAGOZA RAMEAU), PARA QUE INFORME DE LA EVOLUCION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 512-A, GESTION E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA 1995, PREVIA REMISION DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA SECCION 17 SOLICITADO CON FECHA 14 DE JULIO DE 1995. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001551.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos la comparecencia del señor Secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, señor Zaragoza.
Tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS (Zaragoza Rameau): Señorías, permítanme que haga un primer esbozo de cuáles son los objetivos, cuantitativamente, que se plantean en el presupuesto de 1995 y los grados de realización de cada uno de ellos a efectos de que pueda servir de introducción a las preguntas que SS. SS.
planteen.
El análisis de desarrollo durante el presente ejercicio de las inversiones consignadas en el Programa 512A de infraestructuras hidráulicas adquiere mayor utilidad cuando se realiza, como decía, en el contexto de los objetivos genéricos encomendados a aquéllas. Son objetivos que coinciden en una gran medida con aquellos que están expresados en el borrador de anteproyecto de planificación hidrológica o del Plan Hidrológico Nacional, que se está debatiendo y

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analizando a diversos niveles en la sociedad española, y que componen los instrumentos básicos de la política hidráulica del Gobierno.
Dentro de los objetivos del Programa 512A, en primer lugar conviene destacar la corrección del actual déficit hidráulico con la consiguiente consolidación de los sistemas de explotación. Este objetivo, que es el prioritario dada la situación de sequía por la que atraviesa nuestro país en este momento, tiene un importe asignado en 1995 de 61.500 millones de pesetas, previéndose mantener este nivel inversor en el próximo año 1996 y elevarlo en los siguientes a unos 71.000 millones en 1997 y a unos 75.000 millones en 1998-1999. Se ha concedido prioridad absoluta, como decía, en un contexto de persistente sequía, a las inversiones destinadas a dotar de recursos hídricos suficientes a demandas insatisfechas, incluyendo dentro de este objetivo no solamente las obras convencionales sino incluso aquellas no convencionales, como la desalación o reutilización de aguas residuales depuradas.
En un rango inmediato dentro de los objetivos presupuestarios, se sitúan las actuaciones destinadas a la modernización de infraestructuras y a la mejora del medio ambiente ligado al agua. En el presente ejercicio, se han elevado hasta 40.400 millones los fondos dedicados a dicho objetivo, previéndose un crecimiento importante en las próximas anualidades presupuestarias, de unos 50.000 millones para 1997 y 1998 y unos 80.000 millones aproximadamente para el año 1999. En este campo, se ha introducido un nuevo impulso en los últimos años como fruto de las necesidades de nuestro sector. A tal efecto, se está ya actuando en 150.000 hectáreas de regadío en Toro, Zamora, regadíos del Tajo medio, canal del Chanza, etcétera, y se está trabajando en los proyectos de otras 400.000 hectáreas.
El tercer objetivo presupuestario es la prevención contra las avenidas e inundaciones, que es una constante en nuestra política hidráulica. A estos fines se destina en el presente ejercicio un total de 40.600 millones de pesetas, contemplándose una reducción para los próximos años --objetivo distinto de los anteriores-- hasta un nivel en torno a los 25.000 millones. Las inversiones se destinan tanto a infraestructuras tradicionales, encauzamientos, como a la extensión del sistema automático de información hidrológica, el Saica, a las cuencas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Además de esos objetivos, se cuenta finalmente con unos 8.500 millones de pesetas en el presupuesto para estudios, actuaciones de fomento de tecnologías punta y actuaciones complementarias. Estos son los grandes objetivos de la política hidráulica en el presupuesto de 1995.
¿Cuál ha sido la evolución del crédito presupuestario a lo largo del año? Como SS. SS. saben, el presupuesto inicial de la Dirección General de Obras Hidráulicas en el capítulo 6 era de 158.367,4 millones de pesetas.
Las incorporaciones de crédito extraordinario con motivo de la sequía del mes de febrero a marzo, las incorporaciones de crédito extraordinario por inundaciones y la incorporación de crédito extraordinario por sequía de finales de julio han planteado que el presupuesto de la Dirección General de Obras Hidráulicas en este momento sea de 185.708,4 millones de pesetas, lo que implica un crecimiento del crédito presupuestario de un 17 por ciento a lo largo de 1995.
Pues bien, de este presupuesto, las grandes cifras de realización, aunque luego se las daré con más detalle, están en que el presupuesto inicial, como digo, se ha elevado a 185.708 millones. A 30 de septiembre de 1995, el crédito dispuesto era de 147.592 y las obligaciones reconocidas de 107.588 millones. A efectos de ver los grados de realización y situación actual, permítanme que les compare la ejecución del presupuesto del año 1995 con el del 94. En 1994, sobre un presupuesto de 162.329 millones de pesetas, se había alcanzado una disposición de créditos de 152.543 millones --estoy hablando siempre a fecha 30 de septiembre, en ambos años--, lo que representaba el 94 por ciento. En el mismo año y fecha, las obligaciones reconocidas alcanzaron la cifra de 112.090 millones, lo que representaba el 69 por ciento de lo presupuestado. Comparando estas cifras con las de 1995, como les decía, los créditos dispuestos a 30-9-95 suponen 147.592 millones de pesetas, lo que representa un porcentaje del 79 por ciento respecto al presupuesto de 185.708 millones, es decir, respecto al presupuesto actual. Las obligaciones reconocidas ascienden, en esta misma fecha, a 107.588 millones, lo que supone un porcentaje del 50 por ciento sobre el presupuesto vigente. Si comparamos los dos años a finales de septiembre, vemos que la disposición de créditos estaba en el 94 por ciento en 1994 y actualmente está en el 79 por ciento, y las obligaciones reconocidas estaban en el 69 por ciento y actualmente están en el 50 por ciento.
¿Cuáles son las razones de este distinto grado de ejecución entre 1994 y 1995? La razón es muy sencilla. Las incorporaciones para emergencias, de 14.500 millones de pesetas, y de 1.120 millones de pesetas, por inundaciones, han sido aplicadas prácticamente a mediados de septiembre y, por lo tanto, no ha sido posible comenzar a gastarlas cuando, sin embargo, en el crédito presupuestario global, estamos considerando los 185.000 millones, en lugar de los 158.000. Esa es fundamentalmente la razón. Hay otra razón que se añade y es el hecho de que, para dar a lo largo del año cabida al volumen de obras de emergencia que habrá que realizar sin la cuantía correspondiente de crédito extraordinario que no financia la totalidad de las obras de emergencia, ha habido que ir laminando en alguna medida un conjunto de obras, a partir del segundo semestre de 1995, para dejar hueco a las obras de emergencia que habrá que realizar a lo largo de 1995 y que supondrán, como ustedes verán posteriormente, la realización completa del presupuesto.
Si hiciéramos una comparación del año 1994 con 1995, pero sin tener en cuenta la ampliación del crédito presupuestario, puesto que todavía no lo hemos podido gastar en esta situación, los datos reflejarían lo siguiente: que en el año 1994, el porcentaje dispuesto, como decía, estaba en el 91 por ciento, las obligaciones reconocidas estaban en el 60 por ciento y, si lo comparamos de forma homogénea con el año 1995, las disposiciones serían el 91 por ciento, que serían 154.901 millones, sobre un presupuesto de 170.000 millones, porque todavía los 14.500 millones de

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finales de julio no los habríamos puesto, y las obligaciones reconocidas, sobre el mismo presupuesto vigente de 170.000 millones, que serían 98.140 millones, alcanzan un 58 por ciento. Por lo tanto, en situación homogénea, incluyendo en el crédito presupuestario la última ampliación de crédito, las cifras de realización presupuestaria son aproximadamente similares a las del año pasado.
¿Cuál es la previsión de situación de créditos a 31 de diciembre de 1995? Pues, sobre el presupuesto vigente, de 185.000 millones de pesetas, los créditos dispuestos alcanzarán 184.381 millones, en las previsiones que en este momento tenemos, y las obligaciones reconocidas 176.422 millones, lo que da una relación de créditos dispuestos de un 99,3 por ciento y de obligaciones reconocidas de un 95 por ciento, respecto al presupuesto vigente, lo que supone un grado de realización presupuestaria de alto nivel, por lo que es normal dentro de la Dirección General de Obras Hidráulicas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
En primer lugar había pedido su comparecencia el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, en su nombre, el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Señorías, en primer lugar, quiero saludar la presencia del señor Secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas y agradecer su comparecencia en esta Comisión, en donde nos informa oralmente de lo que, en fechas anteriores, nos había remitido por escrito a la Cámara. Por los documentos que nos remitió, disponemos de información respecto al Programa 512A, de infraestructura de recursos hidráulicos, y precisamente en lo concerniente a la ejecución del presupuesto del presente ejercicio, en nombre de mi Grupo, señor Secretario de Estado, quería plantearle algunas dudas que no han quedado claras con la información que usted nos ha remitido y que nos ha expuesto verbalmente en esta comparecencia, como es, por ejemplo, la actuación dentro de ese objetivo de una serie de superficies de regadío, concretamente 150.000 hectáreas de actuación presente y 400.000 de actuación de futuro; sobre esas 550.000 hectáreas de regadío nos gustaría que, si pudiera, nos diera un detalle, si no exhaustivo, sí al menos aproximado, de en qué zonas se está actuando, montante de la inversión, previsión de sistemas de riego y a qué cultivos se podrían aplicar.
Señor Secretario de Estado, también quiero plantearle una duda que nos surge de la lectura de los documentos que nos remitió. Si en este programa el crédito inicial --hablo en grandes cifras-- era de 158.000 millones de pesetas y hay una implementación de ese crédito inicial, quedando en un crédito final de 185.708 millones, la diferencia, hasta donde en esta Cámara conocemos --al menos, hasta donde mi Grupo conoce-- de la información dada por su Secretaría de Estado, es bastante inferior a lo que se ha invertido en eso que podríamos llamar obras de emergencia, que da lugar a este suplemento del crédito inicial. Es decir, se han iniciado obras de emergencia por un montante muy superior a la diferencia en que se ha implementado el crédito inicial para llegar a ese crédito final de 185.000 millones de pesetas. Indudablemente, esto nos indica que la financiación adicional ha tenido que venir de la ralentización de otras obras. Si eso es así, señor Secretario de Estado, deseamos conocer cuáles son esas obras que han sufrido --permítaseme la expresión-- ese frenazo y en qué cuantía. Dicho en un lenguaje quizá poco riguroso pero más inteligible, cuáles y de qué cuantía son los concursos y expedientes seleccionados en principio en los que no han podido firmar el contrato por no disponer del crédito correspondiente. Asimismo, nos gustaría conocer cuál sería el monto total de obras de emergencia para el presente ejercicio de 1995 y cuál es su grado de ejecución. Nos ha indicado la naturaleza de las distintas incidencias que han dado lugar a esas actuaciones extraordinarias, por sequía o por inundaciones, pero nos gustaría conocer, si puede ser ahora o en su momento, el montante total de estas obras de emergencia y, sobre todo, cuál es el grado de ejecución. Para poder ajustar además las cifras, necesitamos conocer cuáles son las fechas de finalización previstas de esas obras de emergencia, descartando aquellas obras que pudieran ser menores.
Podríamos hablar de obras cuyo presupuesto supere los 50 ó 100 millones de pesetas.
Al mismo tiempo, cuando se habla de obras de emergencia de manera recurrente cada año, porque lamentablemente cada año existen incidencias que obligan a ello, no conocemos cuál es el grado de ejecución de las obras de emergencia de años anteriores, 1992, 1993 y 1994, que van arrastrándose de año en año, y si fuera posible nos gustaría conocer las especificaciones de las inversiones realizadas, las inversiones pagadas y las obras liquidadas, en obras, repito, de un presupuesto no inferior, digamos, a 50 millones de pesetas, para no perdernos en las cifras más pequeñas.
Pero es que, además, señor Secretario de Estado, hay un tema que a este Diputado y a nuestro Grupo nos crea un poco de confusión. Si ha habido, como decíamos al principio, un aumento del crédito inicial de 158.000 millones hasta 185.000 millones como crédito final, ¿por qué en el informe que se nos remite se comunica a esta Cámara que es preciso una --leo textualmente-- «deceleración» de 13.500 millones de pesetas para minorar la deuda? En el Consejo de Ministros de enero de 1995 el recorte presupuestario del gasto público no afectaba a este programa; luego nos gustaría saber a qué deuda se refiere esa «deceleración» de 13.500 millones de pesetas. Nos surge la duda, y sería bueno que la aclarara el señor Secretario de Estado en esta comparecencia, de si había alguna deuda no reconocida en el ejercicio anterior que ahora se quiere ir aminorando con esta «deceleración». En todo caso, sería interesante, y así lo requerimos, conocer en qué proyectos se aplica esta «deceleración» de 13.500 millones de pesetas, qué obras se dejan de hacer o se posponen por esta cuantía.
Otra duda que nos surge de su información, repito, y de los documentos que previamente nos remitió es qué parte de estas obras de emergencia va a ser financiada con cargo a los presupuestos de 1995 y cuál a los de 1996, lo que en definitiva nos podría dar el encaje de esas cifras que ahora

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no nos casan, porque, como decía, al principio --y con esto termino con el tema de obras de emergencia--, la financiación de las mismas requiere una cuantía superior a la diferencia entre la implementación que tuvieron los créditos iniciales hasta llegar al final de 185.000 millones de pesetas.
En otro capítulo, señor Secretario de Estado, tenemos en esta Cámara bastantes comunicaciones de personas públicas y privadas sobre el tema de expropiaciones, y cuando digo comunicaciones no son precisamente de loa y de alabanza, porque ya en 1994 se reconoció por parte de su Ministerio una cifra aproximada de 10.000 millones de pesetas de retraso en el pago de las expropiaciones, de deuda del Ministerio con una serie de personas públicas y privadas, y parece ser que esa cifra se ha incrementado en 2.000, 3.000 o no sabemos si hasta 4.000 millones de pesetas. ¿Nos podría dar la deuda exacta por expropiaciones a fecha de hoy? No figura en su informe y sería un dato que nos interesaría conocer.
Asimismo nos interesa conocer, y así se lo requerimos, señor Secretario de Estado, cuáles son las deudas con empresas a fecha de hoy por incidencias como modificados, revisiones, complementarios y otras incidencias. Creo que esa cifra es interesante, porque en alguno de los casos distorsiona la cifra final de la inversión cuando por incidencias no previstas o por actuaciones no rigurosas los modificados suponen muchas veces una cantidad muy importante respecto al presupuesto inicial.
Por último --y estábamos hablando de deuda--, la situación final prevista a 31 de diciembre de 1995, es decir, a la vista de estas cifras que nos proporciona, cuál será la deuda final reconocida al cierre del ejercicio de 1995, que será el lastre con que tengamos que empezar el ejercicio de 1996.
Por mi parte no tengo en estos momentos más preguntas ni más dudas sobre las que solicitar su aclaración, y posiblemente de su segunda intervención tenga que requerirle alguna precisión más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Jerez tiene la palabra.


El señor JEREZ COLINO: Simplemente para decir que reconocemos que la información es la adecuada con arreglo a lo que en estos momentos estamos intentando constatar, cómo es el estado de ejecución del presupuesto del Programa 512A. Digo esto porque hemos tenido con anterioridad la comparecencia del Subsecretario, que nos ha aclarado el contexto global de la ejecución del presupuesto de todo el Ministerio, en la que se nos ha dado a conocer cuáles eran las circunstancias de cantidades pendientes en uno u otro sentido, y me imagino que aquí nos tendremos que circunscribir únicamente a ese programa 512A, pero vaya por delante el reconocimiento a la tarea informativa que ha llevado a cabo el Secretario de Estado, señor Zaragoza, precisamente porque además nos incorpora datos con fecha 30 de septiembre, y además yo creo que en sus explicaciones existe un sentido muy lógico y razonable de por qué se producen desviaciones en sentido negativo con respecto al ejercicio de 1994.
Parece interesante conocer que si ese desvío de cerca de diez puntos, traducido a cifras completas, puede estar entre los 16.000 y los 18.000 millones de pesetas de diferencia, bien se refiera a las cantidades que estamos hablando de 1994 o las de 1885, la justificación de que existen incorporaciones de ese orden de 16.000 millones de pesetas que no han estado disponibles hasta septiembre clarifica de una manera completa a efectos de cifras globales que el estado de ejecución del presupuesto en este año, en lo que supone la Dirección General de Obras Hidráulicas, va exacta y correctamente con arreglo al año pasado, que no olvidemos que tenía un extraordinario índice de ejecución.
Pero yo creo que también en temas que no se han tocado ni por el Secretario de Estado ni tampoco en la intervención del representante del Grupo Popular sería interesante reconocer algo que va intrínseco en toda la información que se nos ha facilitado, como es por ejemplo que la cantidad que tiene que gastar el Ministerio tanto en capítulo 1 como en capítulo 2 para un nivel tan importante de inversiones es mínima. Estamos hablando de que el esfuerzo que se hace desde esa Dirección General en la reducción de gastos de capítulo 1 y gastos de capítulo 2 es notable teniendo en cuenta las cifras mínimas en las que nos estamos moviendo. Ya el año pasado suponía, sobre el monto global, del orden del 1,1 por ciento del conjunto del presupuesto. Este año estamos hablando del 0,7 por ciento de ese conjunto de los dos capítulos, lo que hace que no creo que haya ningún órgano inversor en el que la repercusión de esas dos partidas sea tan pequeña. Por tanto, vaya por ahí también el reconocimiento de mi Grupo, porque se es capaz de realizar una inversión de 158.000 millones de pesetas y si añadimos lo que se hará, de bastante más, con inversiones en personal de poco más de 1.000 millones de pesetas, y en el capítulo 2 de cantidades tan ridículas como 76 millones de pesetas. Por tanto, en este momento la satisfacción de mi Grupo es total, y mucho más si existe un compromiso por parte del secretario de Estado de que al final del ejercicio la ejecución tanto de las obligaciones reconocidas como de las cantidades dispuestas, estará en las primeras, por el 95 por ciento, y en las segundas en la media que es tradicional en el Ministerio, por encima del 99 por ciento. Por tanto, en esa visión global no tenemos sino que reconocer que nos parece interesante el asunto.
En esa pormenorización que ha hecho el señor Subsecretario de aquellos primeros doce o trece objetivos planteados en el presupuesto por programas que se presentaba por la Dirección General y que en estos momentos, yo creo que con acierto, se simplifican en tres, también interesa saber que esos tres importantes programas con sus prioridades van de acuerdo con lo que llevamos en estos momentos de ejercicio y que aquellas cosas que puedan tener alguna dificultad han sido correctamente explicadas.
Por tanto, entiendo que por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas se ha actuado, primero, con un sentido muy meticuloso del desarrollo presupuestario, con un sentido que quizás al final tendrá que aparecer, porque, aunque en el capítulo 1 hay más gasto del que sería normal en ese apartado, ello indica que evidentemente las incorporaciones

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de nuevas tareas pueden llevar a un ligero aumento de ese capítulo 1 también comprensible.
En consecuencia, por parte de mi Grupo consideramos que a 31 de septiembre, con la información disponible, el cumplimiento de objetivos es correcto, que el gasto es proporcional a la fecha que estamos, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos créditos del orden de 16.000 millones de pesetas en septiembre, que no se puede disponer de ellos, y creemos además que las previsiones del Ministerio van a llegar a ese cumplimiento del cien por cien. Por tanto, nada más me queda que expresar esa satisfacción. Espero que a final de ejercicio, hacia el mes de febrero, cuando se tiene que dar cuenta del ejercicio completo, porque no cabe duda que dar cuenta a 31 de agosto y a 30 de septiembre, cuando se hace ese gran esfuerzo por tener esa información en tiempo adecuado, es un proceso que siempre es incompleto teniendo en cuenta que en el Ministerio las adjudicaciones funcionan por plazos de realización de obras normalmente plurianuales y que ejercicios incompletos como de los que se da cuenta solamente nos hacen vislumbrar que la ejecución va bien, pero yo cuento con que en febrero, con cifras finales a 31 de diciembre, podamos confirmar esa satisfacción que hoy a mi Grupo, por los indicios, le parece suficiente con que se pueda cumplir.


El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS (Zaragoza Rameau): He tomado nota de toda la serie de preguntas que me hace su señoría. A algunas podré responderle verbalmente, si no, tendrá cuenta detallada S. S. de todas ellas, incluso de algunas a las que yo le pueda contestar ahora y que requieran una ampliación por escrito porque son muy detalladas. (El señor Vicepresidente, Ortiz González, ocupa la Presidencia.) Los datos que grosso modo yo le puedo comentar, pero que le remitiré con todo detalle, se refieren, como le decía, al alto rango en que se han encuadrado entre los objetivos del Ministerio las actuaciones dedicadas a modernización de infraestructuras. Ha habido un cambio sustancial en la composición presupuestaria de lo que suponían, dicho de alguna forma, los regadíos dentro del Ministerio, de forma tal que se ha producido un incremento extraordinario de la importancia de la modernización de los regadíos respecto a un objetivo más antiguo o más tradicional y más discutido en este momento, que son los nuevos regadíos. Los nuevos regadíos han bajado en porcentaje dentro del presupuesto --estoy hablando de memoria-- de un 20 ó 21 por ciento que ocupaban del presupuesto en cuanto a las realizaciones de infraestructura a prácticamente un 11, mientras que, sin embargo, todo lo que corresponde a la modernización de regadíos ha crecido de un 19 por ciento aproximadamente en que estaba --estoy hablando del año 1992 al año 1995-- a un 30 por ciento. Luego ha habido un cambio de alguna forma sustancial en los últimos cuatro años en cuanto al rango que dos clases de infraestructuras, la modernización y consolidación, o los nuevos regadíos suponen dentro del presupuesto.
Precisamente esto está en línea con lo que decía antes a SS. SS. de lo que plantea el Plan Hidrológico Nacional, incidir fundamentalmente en la modernización y consolidación de regadíos y plantear un interrogante respecto al volumen global de nuevos regadíos que tengan que hacerse en nuestro país, cuya cifra final estará condicionada al resultado de reconocer los planes de cuenca de cada una de las cuencas hidrográficas y el plan de regadíos que el Gobierno ponga encima de la mesa.
Independientemente de que se conozca la cifra final en función de esos trabajos, como le decía a S. S., el Ministerio ya está trabajando en ello. Yo le citaba algunos sobre las 150.000 hectáreas; según los datos que tengo delante y que le podrán servir de orientación inicial, aunque los daré con todo detalle, son, fundamentalmente Toro-Zamora, regadíos del Tajo medio, canal del Chanz (zona oeste), Viar, Adra, vegas del Segura. Como le decía, al mismo tiempo estamos redactando los proyectos sobre 400.000 hectáreas, de los cuales le mandaré a S. S. información, así como de las grandes zonas donde se está trabajando en mejora y consolidación de regadíos.
En cuanto al incremento del crédito y a obras por mayor cuantía, hay que tener en cuenta que en la evolución del presupuesto de la Dirección General de Obras Hidráulicas se producen dos hechos importantes. Como S.
S. destacaba se produce precisamente el hecho de saltar de un crédito presupuestario inicial de 158.000 millones, grosso modo, a 185.000 millones de pesetas, consecuencia no solamente de las dos ampliaciones de créditos extraordinarios producidos en febrero y a final de julio, sino también de las inundaciones y determinadas pequeñas minoraciones que ha habido que no tienen mucha importancia, pero, grosso modo, son los dos créditos extraordinarios. Esos dos créditos extraordinarios no cubren el volumen de obras de emergencia planteadas en el mes de febrero y actualmente. El volumen de obras de emergencia que han sido aprobadas en los dos decretos de febrero y agosto, porque fue en el Consejo de Ministros de primero de agosto, alcanzaba --redondeando la cifra-- los 70.000 millones de pesetas. Sin embargo, el crédito extraordinario aprobado en los dos decretos era de 12 y 15.000 millones, unos 27.000.
Por tanto, digamos que hay un diferencial, no entre los 27.000 y los 70.000, sino entre los 27.000 y aquella parte de los 70.000 que tengan anualidad presupuestaria en el año 1995, porque los 70.000 millones de pesetas no corresponden a obras de un solo año; muchas de ellas sí, son obras que se concluyen a lo largo del año, pero hay un conjunto de obras que no finalizarán a lo largo del año 1995.
Esto enlaza con otra pregunta que hacía S. S., que era precisamente cuál es la periodificación anual de las obras de emergencia correspondientes.
En este momento es difícil saberlo todavía, porque como le decía a S. S.
respecto a la adjudicación de las obras de emergencia de agosto, este Secretario de Estado ha aprobado la propuesta de adjudicación la semana pasada o la otra. Entonces, entre que las empresas empiezan a funcionar y a realizar, no sabemos todavía el volumen de anualidad presupuestaria que consignarán

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a lo largo de 1995. Obviamente tenemos previsiones, pero quizás hasta que no llegue finales de octubre no tendremos una idea exacta del grado de anualidad presupuestaria que podrá cubrir en 1995.
Respecto a los grados de realización de las obras de emergencia, le diré a S. S. que las obras de emergencia que fueron aprobadas en febrero estaban todas realizadas a finales de julio. Las obras de emergencia que se han aprobado en agosto algunas de ellas tienen grados de realización plurianual, no corresponden tanto a las de febrero, que eran obras mucho más factibles de ser realizadas en un conjunto de meses. Además a este volumen de obras de emergencia habría que añadir, porque no están en los 70.000 millones que le acabo de decir a S. S., la posible realización de dos desaladoras a realizar por parte del Ministerio, una en Cádiz y otra en Sevilla. Conjuntamente con las obras de emergencia, el Gobierno aprobó un acuerdo de Consejo de Ministros que planteaba que el Ministerio pusiera en funcionamiento o incitara de alguna forma a las autoridades regionales competentes y al propio Ministro para ordenar y poner en funcionamiento un conjunto de desaladoras en una parte del territorio nacional. Dentro de los 70.000 millones de las obras de emergencia, la única desaladora que está considerada es la de Ceuta, cuyo abastecimiento, como S. S. sabe, es competencia de la Administración central y, por tanto, lo hará directamente el Ministerio. De las demás desaladoras el Ministerio tiene la intención de realizar, a través de las confederaciones hidrográficas, las desaladoras de Sevilla y de Cádiz, y, por tanto, en su momento, si es que da tiempo, a su vez también absorberán una parte correspondiente de anualidad en 1995, que todavía, dada la situación incipiente, no sabemos en qué cuantía podrá ser.
Es claro, y lo he dicho en mi exposición inicial, que para poder cubrir el diferencial entre el crédito extraordinario y el volumen de anualidad de todas las emergencias del año 1995, se está produciendo una cierta desaceleración; una cierta desaceleración que, si me permiten SS. SS., se habría producido de todas formas, aunque no hubiera habido obras de emergencia, porque en la Dirección General de Obras Hidráulicas, como en otras partes del Ministerio --y yo creo que el Subsecretario en su intervención de ayer hizo referencia a ello--, se ha producido una cierta ralentización como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la Ley de Contratos del Estado. Hay un conjunto de licitaciones que se deberían haber producido a lo largo de los meses pasados entre mayo y este momento, y no ha sido posible licitar como consecuencia precisamente de la puesta en punto de todo el sistema de pliegos que ha habido que revisar completamente. Pero es que además hay otro apartado importante en la Ley de Contratos del Estado que nos afecta y que supone también un cierto grado de ralentización, y es que, como SS. SS. saben, el artículo 129 de la Ley de Contratos del Estado plantea el hecho de que es necesario tener los terrenos disponibles antes de realizar el proceso de licitación. esa situación no era exactamente igual en la Ley de Contratos del Estado anterior, porque aunque dicha ley sí lo planteaba, había una excepción que yo creo que arrastrábamos del año 1983 aproximadamente, me parece recordar, según la cual, dado el período temporal que existe entre que se licita un proyecto y se comienza la obra, no había ningún problema en licitar la obra, con un cierto grado de disponibilidad de terrenos obviamente, el que había dado tiempo entre el proyecto constructivo y la licitación de la obra, pero sin que fuese un volumen sustancial de terrenos, debido a que una vez que se licitaba se podía seguir expropiando terrenos, y en el momento de comenzar la obra siempre se disponía del volumen de terrenos necesarios. Pero en estos momentos la ley es muy taxativa. Establece que es necesario que el replanteo de terrenos del proyecto constructivo lleve la incorporación de los terrenos correspondientes expropiados, y, por tanto, eso produce un retraso y una ralentización en los procesos de licitación. Yo espero que a partir de mediados o finales de octubre podamos empezar de nuevo a licitar, pero lo cierto es que en un conjunto de direcciones generales que dependen de esta Secretaría de Estado, entre el mes de mayo y el mes de noviembre, no se ha licitado. ¿Eso qué implica? Pues que cosas que se habrían licitado en el mes de mayo y que podrían quizás haber consumido algo de anualidad presupuestaria, no la han tenido, y que, a su vez, el volumen de anualidad presupuestaria que puedan comprender en el año 1996 también será menor. Luego hay un cierto desplazamiento que ha permitido acoplar una parte del diferencial, como le decía, entre las obras de emergencia del año 1995 y los créditos extraordinarios.
Al mismo tiempo, hay unos 13.000 millones aproximadamente, que es lo que le he dicho, que habrá que ralentizar. Los 13.000 millones es una cifra mucho más importante al citarla que al ponerla en relación con lo que maneja la Dirección General de Obras Hidráulicas. Para que S. S. tenga una idea comparativa de lo que suponen unos 13.000 millones de pesetas, en este momento la Dirección General de Obras Hidráulicas debe de estar manejando --hablando de obras superiores a 500 millones de pesetas--, con detalle exactamente no lo sé, pero me atrevería a decir que entre 200 a 300 obras, y eso supone una obra viva superior a 300.000 millones de pesetas; el 10 por ciento serían 30.000 millones de pesetas, el 5 por ciento serían 15.000 millones de pesetas. Luego cuando estamos hablando de que se produce una cierta ralentización en algunas obras hay que repartirla según la situación de cada una de ellas entre un conjunto muy amplio de obras y en una cuantía que no supondrá nada más que el 3 o el 4 por ciento aproximadamente del volumen de obras que tenemos. Por tanto, es una cuantía mínima, porque se apoya, como le decía antes a S. S., en la capacidad de mover la licitación tal como hemos hecho.
Por lo que se refiere a las fechas de finalización de las obras, en el caso de las de febrero ya le he dicho que estaban todas terminadas. En el caso de las de agosto, le daré aquellas que prevemos que se realicen al año siguiente, porque prácticamente la gran mayoría de ellas, en cuanto a número, se producirán lógicamente a lo largo de este año. En cuanto a cuantía quizá las más grandes son plurianuales y durarán más de un año.


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No tengo la cifra exacta aquí --se la remitiré a S. S.--, pero yo tengo una sensación contraria a la que S. S. ha percibido en relación con la opinión que le llega de que en expropiciaciones hay una situación de ralentización. Nosotros creemos que una de las grandes aportaciones del equipo actual es que ha dado una priorización fundamental a las expropiaciones, y yo le puedo garantizar a S. S. que cualquier proceso de ralentización o cualquier proceso que haya que realizar nunca lo plantearemos sobre el tema de las expropiaciones. Me parece que es un tema absolutamente crucial en el que hay que ser lo más rápido que el procedimiento administrativo nos permita. Por desgracia, el procedimiento administrativo no siempre nos permite actuar ipso facto. Desde luego, yo lo miraré con detalle, porque no tengo esa impresión que S. S. ha percibido de determinadas declaraciones. Por tanto, me gustaría dejar claro que si eso es así, en la medida en la que el grado de realización del presupuesto de otras direcciones generales --no de la de Obras Hidráulicas, que terminará con un grado de realización, como le he dicho al principio de mi intervención, prácticamente como el del año pasado-- que dependen de esta Secretaría de Estado pueda ser quizás algo más bajo como consecuencia del problema que he comentado antes, de la Ley de Contratos del Estado, lo elevaremos, porque centraremos todo lo que los expedientes administrativos puedan y permitan precisamente en el pago de expropiaciones y en el avance de expropiación, porque me parece que ése es un dinero siempre bien empleado dentro de la sociedad española.
Por último, en cuanto a las deudas con empresas por incidencias presupuestarias, le remitiré a S. S. los datos porque desconozco la cuantía con detalle. La deuda final de 1995 dependerá mucho de lo que seamos capaces de poner en funcionamiento en obras de emergencia de aquí a final de año. Por tanto, no tendremos una idea exacta hasta noviembre, y el mes de octubre será enormemente decisivo para ver nuestra capacidad --ya hemos citado a las empresas-- de poner en funcionamiento las obras que se les han asignado.
Para concluir --quizás se me ha pasado alguna pregunta, pero S. S. tendrá respuesta puntual a todas ellas-- quisiera destacar lo que S. S.
planteaba respecto a un punto en el que quizás --y agradezco a S. S. que lo haya planteado-- no solemos incidir, pero me parece crucial, y es el peso de los capítulos 1 y 2, pero fundamentalmente el 1, dentro de los procesos inversores. El Ministro, que tiene antecedentes hacendistas claros, hace constantemente referencia a ello. Normalmente estamos habituados a incrementar los capítulos 6 en nuestros planteamientos presupuestarios, pero en la visión de todos de no incrementar los presupuestos casi nunca llevamos los incrementos correspondientes de los capítulos 1 que se requieren. Los esfuerzos que eso lleva por parte de los cuerpos de la Administración del Estado que se encuentra en los ministerios, en un Ministerio inversor importante como éste, son fundamentales. Cuando se han planteado los grados de realización del capítulo 6 en algunas de las direcciones generales, ya he dicho que en muchas ocasiones no es tanto un problema de dinero sino de recursos humanos, y muchas veces no solamente de cuantía de recursos humanos, sino de su reordenación adaptándolos a las nuevas tecnologías de producción en obra pública que existen. Se ha experimentado un cambio sustancial en la tecnología de la producción de obra pública y no hemos sido siempre capaces de adecuar nuestros recursos humanos en cuanto a categorías, estructuras, etcétera. Es un tema fundamental con el que, quizá, por desgracia, nos hemos acostumbrado a vivir y estamos más pendientes del grado de realización del capítulo 6 que de los problemas de correlación entre el capítulo 1 y el capítulo 6.
Le voy a dar dos datos completamente anecdóticos, pero que denotan la situación en la que vivimos. El volumen de ingenieros superiores que tiene el departamento de túneles en Francia, en la Dirección General de Carreteras, es superior al número de ingenieros superiores de toda la Dirección General de Carreteras de España. Hay infinidad de datos que SS.
SS. pueden analizar de correlación entre grados de producción, volúmenes de inversión por ingeniero, etcétera, que se ha producido en los últimos años. Sus señorías conocen bien el volumen de obra pública y cómo ha evolucionado. Si comparan el volumen de inversión del capítulo 6 de la Dirección General de Carreteras o de Obras Hidráulicas hace cuatro o cinco años --y no me remonto a diez años, sino a cuatro o cinco-- con la situación actual, verán que plantea unos problemas importantes. Sobre todo pone de relieve una dedicación por parte de los cuerpos del Ministerio de la que creo que hay que dejar constancia. Por tanto, agradezco a S. S. esa referencia, porque me parece un aspecto absolutamente crucial. Entre el año 1992 y el año 1995, en la Dirección General de Obras Hidráulicas se ha realizado una inversión, contanto el año 1995, por valor de 600.000 millones de pesetas, y solamente el volumen de inversión que se está realizando en la Dirección General de Carreteras en Galicia en las dos autovías alcanza una cifra de 450.000 millones de pesetas. Si uno compara el volumen de ingenieros y la calidad de una empresa constructora como Dragados o Fomento para volúmenes de inversión de 400.000 ó 300.000 millones de pesetas, se encuentran unos desequilibrios entre nuestras dotaciones y las de la empresa privada absolutamente excepcionales. Pero ésa es una anécdota que les quería señalar.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Para un brevísimo turno de aclaraciones, tiene la palabra el señor Madero.


El señor MEDRANO JARABO: Efectivamente, será un turno brevísimo, porque quisiera agradecer la disposición del Secretario de Estado a enviarnos la información detallada que le hemos solicitado, que no es de extrañar que no pueda darnos in situ.
El señor Secretario de Estado, al referirse a la «deceleración» o desaceleración --no sé cuál es la palabra correcta-- de 13.500 millones de pesetas en determinadas obras, ha apelado a la Ley de Contratos del Estado y al grado de titulación dominical sobre los terrenos sobre los que se actúa. Yo me refería concretamente a esa «deceleración»

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--cito textualmente-- que se señala en la página 4 del informe que usted remitió a esta Comisión, donde la causa de esa «deceleración» no es precisamente ésa sino --leo textualmente-- permitir la minoración de deuda. Yo preguntaba cuál era esa deuda, cuál es el montante. Usted ha quedado en remitirnos posteriormente esa información, como tantas otras solicitadas, y quedamos a la espera.
Creo que ha sido evidente que en mi intervención como portavoz de mi Grupo no he hablado de la actuación del Ministerio, pues, efectivamente, el Subsecretario informó lo que tuvo a bien respecto a la ejecución del presupuesto. Me he limitado a expresar dudas y sugerencias sobre el Programa 512A que gestiona la Dirección General de Obras Hidráulicas dentro de la Secretaría de Estado, cuyo titular es el señor Zaragoza.
Además, he tenido exquisito cuidado en no pronunciarme sobre si lo han hecho bien o mal. No he juzgado absolutamente nada. He preguntado. No se trata aquí de buenos o malos. Si me permite, señor Presidente, tampoco me he pronunciado sobre la bondad o maldad de la ratio resultante entre la comparación del capítulo 6, incluso el 7, con el 1. Puede haber muchos ingenieros muy buenos que aumenten el capítulo 1 y, sin embargo, permiten, efectivamente, que se consiga --y de hecho muchas veces es así-- que las obras se hagan antes, mejor y más baratas. No me he pronunciado al respecto. Pero ya que hablan de esa relación de los capítulos 6, fundamentalmente --yo agrego el 7--, y el 1, quisiera decirle que en este Programa --lo digo a efectos informativos--, 512A, no solamente entra el capítulo 1 de la Dirección General de Obras Hidráulicas. Recuerdo que también entra al menos una parte que nunca queda explicitada, porque parece ser que las confederaciones hidrográficas no aportan una documentación fehaciente, nadie la aporta, sobre los créditos a los distintos capítulos; entra también, además de la Dirección General de Obras Hidráulicas, la Confederación Hidrográfica del Duero, del Ebro, del Sur, del Guadalquivir, del Guadiana, del Júcar, del Segura, Norte, Tajo, Canales de Taibilla y el organismo 237, Parque de Maquinaria. Yo no he hecho ninguna apelación al capítulo 1, pero quiero decir que no es solamente la Dirección General de Obras Hidráulicas la que gestiona este programa, sino que, además, entra al menos una parte del capítulo 1 de todos esos organismos que he citado.
Finalmente, y agradezco la comprensión del señor Presidente, quedamos a la espera, señor Secretario de Estado, de la contestación por escrito de todas las preguntas que le he formulado. Comprendo que es prácticamente imposible, dada la concreción de las demandas que le hacemos, que usted pueda contestar aquí, pero nuestro Grupo concretamente queda a la espera de la contestación, a la mayor brevedad posible, a las preguntas que le hemos formulado anteriormente.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor Jerez, por un minuto, por favor.


El señor JEREZ COLINO: Para aclaración, simplemente, porque yo sí he entrado en juicios de valor sobre la bondad o malicia de una buena o una mala gestión. Cuando se nos presentan los números son servicios centrales de la Dirección General. Las confederaciones hidrográficas tienen presupuestos aparte, como se verá en los programas correspondientes, que creo que ascienden a un monto de alrededor de 38.000 millones de pesetas.
Como su tarea es otra distinta a la inversora --tienen mucha tarea de vigilancia--, evidentemente su situación de personal tiene otras concepciones distintas y otras valoraciones. Por tanto, cuando me refería a la correspondencia inversión/personal, que me parece interesante, ha sido en ese contexto. Las confederaciones tienen su propio contexto y su propia valoración, positiva o negativa. No están incluidas en la cantidad global, que digo que son 38.000 millones de pesetas, como figura en el libro rojo de los presupuestos, con cada una de las confederaciones. Le diré más, para su conocimiento. Las confederaciones tienen una inversión media de personal un poco por encima del 70 por ciento de los presupuestos. Pero tienen otra tarea radicalmente distinta.
Muchas veces el funcionario no percibe lo que el político puede apreciar y parece que sólo nos interesa la inversión. Por eso quisiera que el señor Secretario de Estado transmitiera en nombre de mi Grupo, y de otros si quieren añadirse, la felicitación a los funcionarios de la Dirección General de Obras Hidráulicas, porque entiendo que han hecho un esfuerzo importante dada la relación funcionarios/inversión realizada.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS (Zaragoza Rameau): Medio minuto, señoría. Sólo quiero aclarar, porque quizá no ha quedado suficientemente explicitado, que hay una desaceleración de 13.500 millones. Lo que le decía es que esa desaceleración no cubre la totalidad, y no lo hace porque precisamente la Ley de Contratos del Estado nos ha permitido cubrir el resto. Es decir, que hay una desaceleración en obras de 13.500 millones de pesetas, pero, además, la Ley de Contratos del Estado ha permitido una holgura que ha hecho posible la cobertura. No era una cosa u otra, sino que son las dos cosas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

--DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (NARBONA RUIZ), PARA QUE INFORME DE LA EVOLUCION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1995 DEL PROGRAMA 441 A, INFRAESTRUCTURA URBANA, DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA, PREVIA REMISION DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA SECCION 17, SOLICITADO CON FECHA 14 DE JULIO DE 1995. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (Número de expediente 212/001552.)

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El señor PRESIDENTE: Terminada la comparecencia del señor Zaragoza, comienza la comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
Tiene la palabra la señora Narbona.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona Ruiz): Señorías, comparezco a petición del Grupo Popular para informar sobre el cumplimiento del presupuesto de la Dirección General de Calidad de las Aguas. Ofreceré a los señores Diputados información de la evolución del presupuesto hasta fecha 26 de septiembre e intentaré también hacer una valoración de lo que ha sido la evolución en este año de la actividad de la Dirección General de Calidad de las Aguas, así como de las perspectivas más inmediatas en cuanto a ejecución presupuestaria y actividad de dicha dirección general.
En primer lugar, quiero señalar que esta dirección general ha venido registrando desde su creación un incremento lento, pero continuo, en cuanto a los recursos que se le asignan. Así, el presupuesto definitivo para 1995, en lo que se refiere al capítulo 6, ha supuesto un incremento algo superior al 6 por ciento respecto a 1994, en que tuvimos un crédito definitivo para el ejercicio de 18.954 millones de pesetas. Este año, después de algunas modificaciones presupuestarias internas dentro del Ministerio, que hicieron elevar ligeramente la cuantía, nos hemos situado en un volumen total de crédito de 20.196 millones de pesetas. Esta cantidad, como digo, supone un incremento en torno al 6 por ciento del año pasado a éste, incremento al que habría que añadir otro incremento, que, por lo relativo, resulta exagerado comentarlo, en lo que se refiere al capítulo 7. El capítulo 7 en 1994 no contaba con dotación presupuestaria y a partir de 1995 comenzamos a tener recursos para realizar transferencias, básicamente a las comunidades autónomas, de forma que este año vamos a disponer de 1.025 millones de pesetas en el capítulo 7. Ese es el crédito que, después de algunos ajustes internos, ha quedado asignado a esta dirección general y que marca el inicio de un cambio importante en lo que se refiere a la forma de actuar desde la Dirección General de Calidad de las Aguas en relación con las comunidades autónomas. A partir de ahora, esta dirección general no llevará a cabo su política sólo a través de la ejecución directa de inversiones en obras declaradas de interés general del Estado, sino que también, de acuerdo con lo que se postula en el Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales, cofinanciará actuaciones de las comunidades autónomas. Por tanto, este capítulo 7 es un capítulo que está llamado a ir cobrando una importante relevancia en los ejercicios futuros.
Con estas cifras iniciales, en cuanto a cumplimiento de presupuesto, a fecha 26 de septiembre nos encontramos en una ratio de crédito dispuesto respecto al crédito inicial del 91 por ciento y, en cuanto a obligaciones emitidas, en una ratio del 32 por ciento. Esta ratio del 32 por ciento a finales de septiembre es análoga a la registrada el año pasado en la Dirección General de Calidad de las Aguas, que, como otras direcciones generales del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, tiene una estacionalidad muy marcada en cuanto al pago de las obras, en función de la presentación de las certificaciones de las mismas por parte de las empresas que las ejecutan, de forma que aunque en el mes de septiembre estemos en este porcentaje algo superior al 30 por ciento de obligaciones reconocidas, de pagos efectuados, el año pasado llegamos al 90 por ciento en cuanto a la ejecución material del presupuesto y este año está previsto que incluso alcancemos un porcentaje algo mayor a la vista de las certificaciones que en este momento estamos pendientes de recibir.
Por tanto, en términos generales, la evolución del presupuesto es satisfactoria. Vamos a terminar el año 1995 con una cifra de ejecución que seguramente será superior en una pequeña cuantía al porcentaje del 90 por ciento que se obtuvo en 1994.
Quisiera dedicar unos minutos a hacer un análisis de las grandes partidas de la Dirección General de Calidad de las Aguas en cuanto a su ejecución durante el presente ejercicio. Con diferencia, la partida de mayor relieve es la correspondiente a las inversiones en capítulo 6 dedicadas al saneamiento y la depuración de las aguas residuales. En esta partida se ha mantenido durante este año la ejecución de las redes de saneamiento correspondientes a la zona central de Asturias, el saneamiento de Gijón, se han iniciado diversos tramos de colectores en el Principado de Asturias, se ha adjudicado provisionalmente el colector de la margen izquierda de la ría de Avilés, y está previsto adjudicar en el último trimestre del año obras correspondientes a la red de colectores del Aljarafe. Por lo que se refiere a obras estrictamente de depuración, les diré que se han continuado las obras iniciadas el pasado año: las depuradoras del entorno de Doñana, la depuradora de Adeje-Arona en Tenerife y la depuradora del Mar Menor sur, en Murcia. Se ha iniciado la ejecución de las depuradoras de Calviá, la segunda fase de la depuradora de Galindo, en Bilbao, y están a punto de iniciarse las obras del emisario submarino de Peña Rubia, en Gijón, de depuración y reutilización en El Campo de Dalías y, en breve, en cuanto se resuelvan algunos problemas de disponibilidad de terrenos, la depuradora del Rincón de León, en Alicante. Están en fase de redacción de proyectos de construcción de otras depuradoras, Huesca, Motril-Salobreña, Almuñécar, La Línea, Albufera sur, y en fase de licitación la depuradora de Logroño.
Estos son, con diferencia, los proyectos de mayor envergadura en lo que se refiere a depuración.
Este año la Dirección General ha comenzado también a desarrollar su actuación como responsable de las estaciones de tratamiento de aguas potables, las denominadas ETAP. Durante 1995, se ha contratado la mejora y ampliación de la estación correspondiente a Ceuta, y está en período de licitación la estación de Almoguera-Mondéjar, en Guadalajara, cuya adjudicación provisional se prevé para finales de este año. Dentro de este capítulo de inversiones, ha habido también obras de emergencia en varios puntos, en particular en Galicia y en la Costa del Sol. Ha habido una actividad de desarrollo tecnológico, que se ha centrado en los trabajos que lleva a cabo la planta piloto de tratamiento terciario en Chiclana de la Frontera y el desarrollo de nuevos tratamientos biológicos en colaboración con la

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Universidad de Granada, así como el proyecto Derea, de reutilización de agua, concertado con el Gobierno de Canarias.
Dentro también de la actividad en materia de depuración y de saneamiento, cabe destacar numerosos estudios que se han realizado a lo largo del presente ejercicio, entre los que destaca la propia elaboración del plan nacional de depuración de aguas residuales, que el Gobierno aprobó el 17 de febrero y fue consensuado con las diecisiete comunidades autónomas, así como algunos proyectos importantes, en particular los del saneamiento de la cuenca del río Louro y los de saneamiento y depuración de la cuenca del Saja-Besaya, y de las marismas de Santoña. Esto en lo que se refiere a la depuración de aguas residuales, que será, el año que viene, el capítulo que en el proyecto de presupuestos para 1996 tendrá un importe de mayor envergadura, dentro de un presupuesto que estimamos que pueda registrar también un incremento hasta situarse en el capítulo 6, por encima de los 21.000 millones de pesetas.
Por lo que se refiere al segundo gran capítulo de gastos de la Dirección General de Calidad de las Aguas, el correspondiente a las obras de la red de estaciones automáticas de alerta, el denominado proyecto Saica, este año se han culminado las obras correspondientes a la primera fase de este proyecto, que se materializan en la construcción y puesta en marcha de 106 estaciones automáticas para el control de la calidad de las aguas junto con el centro de proceso de datos, en la propia Dirección General de Calidad de las Aguas, y nueve centros de proceso correspondientes a cada una de las cuencas hidrográficas. A estas 106 estaciones automáticas, que están ya finalizadas, se van a añadir, por la ejecución de las obras que han comenzado este mismo ejercicio, otras estaciones, que sumarán otras ochenta y cinco estaciones en las nueve cuencas, hasta llegar al total que define el proyecto Saica y que nos va a permitir tener información en tiempo real de cualquier modificación en el estado de la calidad de las aguas de las nueve cuencas intracomunitarias, que se encuentran ya entrando en esa segunda fase que completará la red de estaciones en todas las cuencas hidrográficas.
Para terminar, antes de abrir el turno de las intervenciones de SS. SS., quiero comentarles que hay proyectos que desde el punto de vista presupuestario tienen una cuantía de menor envergadura, pero a los que concedemos una importancia extraordinaria porque los tres se refieren a la mejora en la gestión del dominio público hidráulico, que es la otra gran área de actuación de esta Dirección General de Calidad de las Aguas.
El primero de estos proyectos es el denominado proyecto Linde; se trata de hacer el deslinde físico de las zonas de dominio público hidráulico y, en particular, de identificar aquellas que sufren una mayor presión y degradación a causa de la actividad humana, de forma que puedan ser objeto de un tratamiento específico. El proyecto Linde, que se inició en 1993, ha culminado una primera fase de identificación de las áreas del dominio público hidráulico sometidas a mayor presión. Esto se traduce físicamente en 592 tramos de río en toda España, son algo más de 3.500 kilómetros, y, dentro de esos tramos ya identificados, hay una prioridad para los correspondientes a 2.000 kilómetros, que serán objeto de actuaciones más inmediatas por parte de la Dirección General. Una vez identificadas las áreas sometidas a presión, estamos en el proceso del estudio y delimitación cartográfica del dominio público hidráulico en estas zonas ya identificadas y, a partir del año que viene, tendremos la posibilidad de iniciar todo el proceso administrativo de deslindes y, por tanto, establecer programas de exploración racional del dominio público hidráulico.
Por lo que se refiere a un segundo conjunto de actuaciones denominadas proyecto Picrha, se trata de planes integrales de cuenca, de restauración hidrológico-ambiental, que, al igual que en el caso del Saica y en el caso del proyecto Linde, son proyectos que han sido aprobados por el Fondo de Cohesión y que comportan un retorno para los Presupuestos Generales del Estado. En este caso, se trata de mejorar, mantener y llevar a cabo una restauración hidrológico-ambiental de todas las cuencas intracomunitarias. Estamos en la primera fase de este proyecto. Desde principios de este año están en marcha los estudios correspondientes a las nueve cuencas para poder comenzar el año que viene el desarrollo del programa concreto de inversiones, que debería llevarse a cabo en un horizonte máximo de ocho años y comportar una inversión total próxima a los 100.000 millones de pesetas, para llevar a cabo la restauración ambiental integral de las nueve cuencas. Estamos en este caso en el momento inicial, ya que, durante este año, lo que se están haciendo son los estudios correspondientes a cada una de las cuencas.
Por último, cara al año que viene, se está preparando un nuevo proyecto de una extraordinaria importancia que permitirá la actualización de los registros y el catálogo de aprovechamientos hidráulicos en todo el país.
Esto, como saben SS. SS., es una de las carencias más notables en el desarrollo de la Ley de Aguas de 1985. En estos momentos, el conocimiento que se tiene de los aprovechamientos de nuestras aguas subterráneas en todo el país es muy deficiente, y con el proyecto que comenzaremos a desarrollar el año que viene deberíamos llegar a un exacto conocimiento de los más de quinientos mil aprovechamientos que están estimados en todo el país, de los cuales están solamente declarados aproximadamente la mitad e inventariados otros trescientos cincuenta mil puntos-tomas de agua subterránea. Por tanto, a partir del año que viene, se trata de iniciar los trabajos para tener catálogos y registros de agua en cada uno de los organismos de cuenca, que permitan un control adecuado del uso de nuestros recursos subterráneos.
Por otra parte, informo a SS. SS. que ayer valoramos con los consejeros de las diecisiete comunidades autónomas la evolución hasta ahora del plan nacional de depuración de aguas residuales, aprobado por el Gobierno el 17 de febrero, que se va cumpliendo de manera satisfactoria, teniendo en cuenta las perspectivas para el año que viene y la asignación de fondos de cohesión que este año ha tenido en lo que se refiere a proyectos ambientales, como prioridad indudablemente traducida en términos cuantitativos, precisamente la aplicación de estos recursos a proyectos tanto de la Administración central como de la Administración

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autonómica y de la Administración local, destinados a la depuración de las aguas residuales para que se pueda ir avanzando hacia el cumplimiento de las exigencias que la directiva comunitaria impone a España en esta materia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Quisiera dar la bienvenida a esta Comisión a la señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, que viene a solicitud de nuestro Grupo, diciéndole que agradecemos la valoración adecuada de aquella información respecto a la ejecución presupuestaria que nos ha dado sobre el Programa 441A sobre infraestructura urbana, saneamiento y abastecimiento de agua, que gestiona concretamente la Dirección General de Calidad de las Aguas.
Señora Secretaria de Estado, quisiera plantearle una duda numérica que este portavoz tiene en estos momentos, porque de la información que nos remitió por escrito hace unas fechas, en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 1995, en el capítulo 6, correspondiente a inversiones reales, figura un presupuesto inicial de 18.958 millones de pesetas, mientras que en el documento que usted nos remitió era de 19.850 millones. Debo suponer que se debe a la modificación correspondiente antes de la aprobación de la Ley, y hago referencia al debate de los Presupuestos Generales del Estado. Además, eso lo tengo perfectamente claro, ha habido un suplemento de crédito de 500 millones de pesetas, con lo cual el presupuesto vigente es de 20.350 millones de pesetas. Cito esto para poder hablar de cifras homogéneas, porque me gustaría dar por buena esta cantidad de 20.350 millones de pesetas, pero la cifra que la Secretaría de Estado nos remite no coincide con la que nos remitió el Subsecretario y, aunque las diferencias no sean para resolver los problemas de la calidad del agua, nos gustaría que hubiera un poco más de rigor a la hora de facilitar cifras a la Cámara.
Señora Secretaria de Estado, si en 1994 el crédito final, hablando en grandes números, era de 19.000 millones de pesetas y se dispusieron 13.000, la pregunta obvia es qué ha pasado con esos 6.000 millones de pesetas. En ninguno de los informes que tenemos respecto a la ejecución presupuestaria de este programa, se nos dice si se ha recortado, si le afectó el plan de recortes del gasto público en el Consejo de Ministros de enero de 1995 o si se han incorporado esos 6.000 millones de pesetas a los Presupuestos de 1995.
Efectivamente, en 1994, se reconocieron obligaciones por 5.717 millones de pesetas; nos lo dice en su informe y a nosotros nos parece una cifra realmente bajísima. Es un reconocimiento de obligaciones escandalosamente bajo, señora Secretaria de Estado. Saco la cifra del informe que S. S.
nos remitió en fechas recientes. Si en 1994 se reconocieron dentro de este programa esos 5.717 millones de pesetas de los 13.045 que se licitaron y en el documento se nos dice que estaban comprometidos de años anteriores 12.520 ¿puede explicar esta diferencia cifrada en unos 7.000 millones de pesetas? ¿De qué obras anteriores a 1994? No está explicitado en la información que nos envía, que ahora le requiero en nombre de mi Grupo. En definitiva, nos gustaría que desglosara los 12.520 millones de pesetas por años y por obras.
También quisiera decirle, señora Secretaria de Estado, y seré muy breve, que en el cuadro resumen del gasto comprometido para 1995, con distribución por columnas de comunidades autónomas y por filas de comprometido en años anteriores, comprometido en el año 1995, total y lo certificado, no me cuadran las sumas. Repito, como dije al principio, que no son diferencias exorbitantes, pero simplemente sumando las cantidades que nos da se ve que no coinciden con las cifras que la misma Secretaria de Estado nos facilita. En este sentido, vuelvo a insistir en que hay una falta de rigor en la documentación que se suministra a la Cámara.
No quisiera reavivar aunque sea un mínimo debate suscitado en la anterior comparecencia del Secretario de Estado respecto a las confederaciones hidrográficas, pero efectivamente mi Grupo insiste, y yo en su nombre, que en este programa 441A, capítulos 1 y 2, están incluidos también parte de los créditos correspondientes a las confederaciones hidrográficas del Duero, del Ebro, del sur, del Guadalquivir y del Júcar. Es decir, que en este programa, además de contar con los créditos correspondientes a la Dirección General de Calidad de las Aguas, entran también las confederaciones hidrográficas que he citado anteriormente. Yo rogaría a la señora Secretaria de Estado que alguien nos dé las cifras de las confederaciones, porque si no, al final, la documentación del programa será incompleta.
Aunque el capítulo 7 no lo ha citado la señora Secretaria de Estado, me permito recordarle que había un presupuesto inicial casi testimonial, unos 50 millones de pesetas, que luego tuvo un implemento de casi 1.000 millones de pesetas de transferencia a la Generalidad de Cataluña. Vuelvo a insistir en que esta cifra de 975 más 50 no coincide con la cifra que nos facilita la Subsecretaría de su Ministerio. Vuelvo a pedirle rigor, señora Secretaria de Estado, que coincidan las cifras de los documentos que vienen de la Secretaría de Estado y de la Subsecretaría. En todo caso, nuevamente no es la diferencia lo que nos preocupa, sino que la disposición de este crédito ha sido de cero pesetas. Me gustaría, si es posible ahora y si no en ocasión posterior, que nos explique por qué este convenio con la Generalidad no ha tenido absolutamente ninguna disposición, por qué no se ha llevado a efecto ni se ha hecho absolutamente nada en el tema sobre el que versa este convenio, que es de la depuración de ríos pirenaicos.
Ha hablado la señora Secretaria de Estado del Plan Nacional de Saneamiento en coordinación con las comunidades autónomas y nos ha dado las últimas noticias precisamente de la reunión de ayer. A mi Grupo, y es uno de los fines de esta comparecencia, le gustaría conocer, señora Secretaria de Estado, cuáles son exactamente los fondos de saneamiento por parte del Ministerio en este plan de saneamiento, de dónde vienen esos fondos, cuál es la financiación proveniente de los organismos de la Unión Europea, cuáles son los fondos propios del Ministerio, cuántos son los fondos de las comunidades autónomas y las inversiones

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de futuro. Si nos lo pudiera completar con la situación en poblaciones de más de 50.000 y más de 100.000 habitantes, en esos dos tramos, para saber exactamente cómo estamos en este tema de saneamiento en coordinación con las comunidades autónomas, se lo agradeceríamos.
La señora Secretaria de Estado no ha dicho nada en su información respecto a la protección de la calidad de las aguas en los acuíferos. Las aguas subálveas cada vez están teniendo una importancia mayor, cada vez tenemos que recurrir más a ellas, sobre todo en años como los precedentes, donde los regímenes pluviométricos han sido tan escasos. La calidad de las aguas subálveas, la calidad de nuestros acuíferos requiere, a nuestro entender, un mayor tipo de control.
Presupuestariamente, no vemos nada reflejado en cuanto a ese tipo de control, en cuántos acuíferos y de cuántos puntos en cada uno de ellos podemos hablar para controlar las aguas subterráneas. En definitiva, señora Secretaria de Estado, nos gustaría conocer con el mayor detalle posible la inversión en esta materia.
Tampoco ha dicho nada respecto a lo que puedan suponer, dentro del presupuesto, denuncias y sanciones en vertidos por cuencas. Entendemos que la cuantía no es lo importante, sino lo que ello significa, y pensamos que, en el tema de denuncias y sanciones, la cuantía que ello signifique nos da un indicativo de cómo se está vigilando realmente en la materia.
Finalmente, señora Secretaria de Estado, nos ha hablado del proyecto Saica. Nadie ha criticado nunca hasta ahora, al menos desde mi Grupo, la bondad de dicho proyecto. Nos gustaría conocer el monto total de la inversión, que en declaraciones que alguna vez hemos oído al Ministro y a la propia Secretaria de Estado, debe rondar los 12.000 millones de pesetas. Si esta cifra no es correcta, ruego a la Secretaria de Estado que nos rectifique. Ello supone, en una primera fase, como nos ha dicho, unas ciento seis estaciones automáticas de control, más otras ochenta y tantas o noventa en fases posteriores: podemos hablar de doscientas estaciones de control automático de la calidad de las aguas.
Señora Secretaria de Estado, planteamos no ya cómo se está ejecutando, para lo cual le requerimos información quizá más detallada de la que ha dado en esta Comisión, sino el hecho de que se plantee antes, si no --permítaseme la expresión-- estamos poniendo antes la carreta que los bueyes. Es decir, si a un enfermo, como son nuestras aguas, le aplicamos un sistema de control, nos va a decir cuál es el grado de fiebre o de infección que tiene. ¿No sería mejor, como han hecho otros países --estoy pensando en Gran Bretaña, Alemania o Estados Unidos--, hacer antes parte de esa inversión en una depuración, en un plan de choque integral y exhaustivo y luego aplicar los sistemas de control? De esta manera estamos controlando no a un enfermo, sino a un sano, a unas aguas ya depuradas previamente. Esta es una de las dudas que no pretendo introducir como elemento de debate, sino en la medida en que tiene su traducción presupuestaria y su ejecución, para lo cual ha sido requerida por mi Grupo la Secretaria de Estado a esta Comisión.
Y, salvo que surja alguna cosa más en su posterior intervención, por mi parte no tengo más que añadir, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: La señora Urán González, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.


La señora URAN GONZALEZ: En primer lugar, quiero dar las gracias a la señora Secretaria de Estado. Mi intervención va a ser breve porque voy a ir a los objetivos concretos y a los asuntos que a nosotros nos interesa conocer para que nos los aclare.
Nos gustaría saber en qué ha afectado la no incorporación de obligaciones reconocidas pendientes del año 1994 y a qué programas en concreto, así como cuáles son las actuaciones de 1995 que no se van a acometer o que se van a aplazar. Esa sería la primera pregunta. Me gustaría saber en qué afecta a este programa el límite de obligación mensual reconocida y acumulada sobre el presupuesto inicial.
Sobre la liquidación del presupuesto de 1995, nos gustaría que nos explicara cuáles han sido las modificaciones sobre el presupuesto inicial y cuáles son sus características, es decir, si son de ampliación, de modificación por generación de crédito, de incorporaciones de 1994 o de transferencias de otras secciones.
Nos gustaría que ampliara un poco más su explicación en cuanto a la gestión del capítulo 6, que nos resulta escasa, cuando de 20.000 millones de pesetas más de doce y medio estaban comprometidos ya por actuaciones plurianuales de años anteriores. Asimismo, nos gustaría que nos explicara las razones para la no ejecución del capítulo 7, de transferencias para inversión.
En la distribución por comunidades autónomas, lo certificado en algunas de ellas para nueve meses, según los datos que nosotros tenemos del presupuesto, es bastante escaso en comparación con las certificaciones efectuadas en otras comunidades autónomas. Por ejemplo --quería resaltar-- hay escasa ejecución en Aragón o se ha reducido al 40 por ciento en Murcia y, además, ambas tienen realidades muy distintas sobre el agua. Y nos gustaría que nos explicara las razones para la pésima ejecución en Ceuta y Melilla, cuyos recursos además provienen de ejercicios anteriores. En el resumen del capítulo 6 lo tenemos, por lo que podemos verlo. De un total acumulado de 175 millones de pesetas se han certificado seis en Ceuta, y en Melilla, de 418 millones, se han certificado dos con lo cual es totalmente increíble el grado al que se ha llegado en el mes de septiembre de 1995. Para resumir, le diré que nos llama la atención el grado de ejecución que hay en Cataluña, Valencia o Madrid y el escaso en Extremadura, Andalucía, Murcia y Aragón.
Queremos que nos explique, además, en los diferentes objetivos de la Secretaría de Estado, cuáles han sido las razones para que haya una gestión inferior al 30 por ciento en ingeniería de saneamiento en Canarias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.


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El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, quiero dar la bienvenida a la Secretaria de Estado, señora Narbona; agradecer la información desde muchos puntos de vista, que viene fechada el día 26 de septiembre, lo que indica el gran esfuerzo de dar una información totalmente actualizada; que la completa información por autonomías ha permitido que la intervención de la señora Narbona no se haya centrado tanto en darnos cifras, que tienen una interpretación siempre de gestión y política, como en cuanto a hablarnos de programas, de objetivos y de conceptos cumplidos, lo que hace mucho más didáctica y más política la intervención. Desde esa óptica, expreso el reconocimiento en nombre del Grupo Socialista. En esa dirección va a centrarse la intervención.
En primer lugar, deseo decir que creo que es necesario, y debería venir de otros grupos, porque indicaría una cierta sinceridad, felicitar a la Secretaria de Estado por el programa nacional sobre depuración de aguas residuales en cumplimiento de la Directiva 91/271. Porque no solamente es que es interesante «per se», sino que ha sido gestionada con las diecisiete autonomías, lo que permite garantizar un programa interesante y permite, entiendo yo, poder elaborar en el futuro un libro blanco que nos compare con los países más avanzados de Europa. Por tanto, vaya por delante esa felicitación, puesto que, si no, podemos caer en el argumento de que hacer oposición es hablar mal de las cosas y apoyar al Gobierno siempre es hablar bien. Entiendo que era necesario decirlo y me parece muy interesante.
Por otra parte, las confederaciones hidrográficas han surgido con una cierta frecuencia en esta sesión, quizás por su distinto tipo de dependencias: dependencia orgánica de la Subsecretaría, funcional en programas de parte de esta Dirección General, y con ayudas en algunos tipos de inversiones, sobre las que quisiera preguntar a la señora Secretaria de Estado en qué momento se encuentran --creo que era sistemas informáticos y mejora de laboratorios--, con objeto de hacer seguimiento de todas las operaciones que se están realizando.
También quiero reconocer el esfuerzo en la realización de registros y catálogos para, posteriormente, elaborar el plan de aprovechamientos hidroeléctricos para estar de acuerdo y conocer perfectamente la sincronización de esta situación con el PEN, lo que nos indica que por fin vamos a tener algo que nos permite obrar con conocimiento completo de causa sobre qué está influyendo en el PEN los aprovechamientos hidroeléctricos. Por tanto, también ese reconocimiento en los programas.
Querría preguntar, quizás, cómo va el diseño y puesta en marcha para cada cuenca de la red integrada de control de calidad para los distintos usos.
Me parece que ya ha dado una cierta información, pero le rogaría si podría ser más completa, con objeto de que como es un elemento que nos va a ir dando los resultados del plan de saneamiento, sería interesante conocer en esos distintos usos su situación.
Quiero decirle también que no nos parece extraño, en función de la información global que hemos tenido del Subsecretario del Ministerio, y anteriormente del Secretario de Estado, sobre la Dirección General de Obras Hidráulicas, el desfase existente entre los créditos dispuestos y las obligaciones emitidas, por entender que también esa Dirección General de Calidad de las Aguas interviene en los atrasos debidos a la nueva situación de las contrataciones como consecuencia de la nueva ley. Esto ha hecho que las contrataciones se realicen con posterioridad y las obligaciones reconocidas tengan lógicamente ese desfase. La contratación tardía ha hecho que el comienzo de las obras sea reciente y la mayor parte de esas obligaciones que existen también pueden verse afectadas porque, muchas veces, la incorporación de los créditos de años anteriores, que elimina el Decreto de 27 de enero, hace que tengan un punto de partida distinto, porque esas incorporaciones integran cantidades y obligaciones reconocidas a la vez, lo que hace que el tanto por ciento de obligaciones reconocidas crezca. Entendiendo que las explicaciones que en su momento se nos han dado también sirven (lo digo por el Subsecretario y la Dirección General de Obras Hidráulicas) para esta Dirección General, esta situación nos parece, por parte de mi Grupo, adecuada.
Por tanto, solamente me queda decir que verdaderamente es una satisfacción la línea de atracción que está llevando esta Dirección General, que va entrando en tareas que cada vez van a tener más influencia en una gestión racional del medio ambiente. Esperemos que, en lo sucesivo, esos planes por los que mi Grupo le felicita, puedan terminar con una felicitación en su conclusión porque los objetivos se hayan cumplido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona Ruiz): Señor Presidente, en relación con las observaciones formuladas desde el Grupo Popular, lamento obviamente que haya discrepancia en la información entre unas cifras y otras, y me comprometo con absoluta inmediatez a ofrecerle datos de detalle respecto a las cifras.
Quiero decirle que la cifra de crédito final que aparece en la información de la Subsecretaría, que supongo que es la que todos los meses emite la Dirección General de Presupuestos, es la cifra del capítulo 6 y del capítulo 7, a la que yo he hecho mención: 20.196, en el capítulo 6, y 1.025 en el capítulo 7. Estas cifras son el resultado de una serie de ajustes respecto a los créditos iniciales que se habían asignado en el presupuesto de 1995, y que aprovecho para comentar puesto que también la representante del Grupo de Izquierda Unida pedía información sobre cómo se había modificado el presupuesto inicial de esta Dirección General, en capítulos 6 y 7. Por lo que se refiere al capítulo 6, se produjo, en primer lugar, un suplemento de crédito de 500 millones de pesetas a favor de esta Dirección General, y después se han producido disminuciones a favor de otros centros directivos, hasta llegar a la cifra que se indica en la información de la Subsecretaría de 20.196, que es efectivamente el dinero que tenemos que ejecutar en el máximo grado posible durante este año.
Las transferencias se han realizado a favor del Cehopu y a favor de la Dirección General de Meteorología. Se ha

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tratado de ajustes internos de cuantías no significativas pero que han hecho que, junto con el suplemento de crédito de 500 millones de pesetas, hayamos pasado a esa cifra inicial de algo más de 19.000 millones a la cifra algo superior a 20.000 millones en lo que se refiere al capítulo 6.
El suplemento de crédito a favor del capítulo 7, que partió con un crédito inicial de 100 millones de pesetas, 50 eran para transferencias a empress y 50 para comunidades autónomas, es lo que ha llevado a situar al capítulo 7 en esos 1.025 millones cuya aplicación ahora comentaré. En este caso ha sido una modificación que ha detraído recursos, internamente, de la Dirección General de Vivienda, a la Secretaría de Estado, de acuerdo con la ejecución previsible del gasto en esta Dirección General durante este ejercicio, que nos ha permitido complementar los recursos adicionales precisamente para atender el convenio que tenemos con la Generalitat y que prevé la aplicación de estos recursos.
En lo que se refiere tanto al contraste de cifras del contenido por comunidades autónomas (que quizá sea un problema de sumas que en estos momentos no le puedo aclarar, lo lamento) como en cuanto a lo que en cada caso corresponde a actuaciones directamente gestionadas por las confederaciones hidrográficas, a lo que ha hecho mención en su intervención, quiero aclararle con mayor detalle lo correspondiente al convenio con la Generalitat. Esta era también una pregunta formulada desde Izquierda Unida. El convenio preveía nuestra aportación hasta un 80 por ciento del total de las obras de depuración de los ríos del Pirineo, declarados en su momento obra de interés general del Estado. Con el crédito que se nos había atribuido inicialmente en capítulo 7 para este ejercicio era imposible llevar a cabo el pago de las cuantías que, en función de la evolución de estas obras, se estaban desarrollando durante 1995. La transferencia a favor del capítulo 7 solamente se ha materializado en el mes de septiembre. Por tanto, acabamos de comenzar el expediente de gasto correspondiente que nos permitirá pagarle a la Generalitat una cifra próxima a los mil millones. El resto de la cuantía presupuestada en el capítulo 7 corresponde a transferencia a empresas y se va a concretar en la resolución de la orden de subvenciones de la Subsecretaría del Ministerio, que en estos momentos ya ha dado lugar a la presentación de peticiones de subvención por parte de empresas y estamos a punto de resolver. Por tanto, en el capítulo 7, por una parte tenemos la cuantía destinada a la Generalitat, que es próxima a los mil millones de pesetas, para lo cual tenemos ya la certificación de obras por parte de la Generalitat de las distintas depuradoras del Pirineo. Con esa certificación de obras hemos puesto en marcha la aplicación --es una cofinanciación por nuestra parte-- de la parte de ese convenio que podemos atender este año. Emplearemos esos recursos al 100 por ciento tanto en lo que se refiere a las empresas, que son destinatarias de una parte del capítulo, como por lo que se refiere al compromiso con la Generalitat.
Me parece importante contestar con detenimiento a algunos de los temas que se han planteado desde el Grupo Popular, en concreto respecto del plan nacional de depuración y saneamiento. Su señoría puede, a través del «Boletín Oficial del Estado», conocer todos los términos de ese plan que aprobó el Gobierno y que el Boletín Oficial publicó después de la aprobación por parte del Consejo de Ministros, así como por la existencia de convenios firmados para cada una de las comunidades autónomas en estos momentos. Quiero sintetizar recordando que éste es un plan que prevé que desde ahora hasta el año 2005 España pueda cumplir estrictamente con las obligaciones que se imponen, de acuerdo con la población equivalente de los distintos municipios y áreas metropolitanas, con la directiva comunitaria en vigor en cuanto al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Se ofreció a las comunidades autónomas un escenario de concertación en el cual la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se compromete a, de los casi dos billones de pesetas de inversión pública necesarios para llevar a cabo este plan de aquí al año 2005, aportar desde nuestros presupuestos y a partir de los fondos de cohesión, en aplicación a inversiones ejecutadas por las comunidades autónomas, un 25 por ciento de lo que en cada territorio se tiene que invertir para alcanzar en el año 2005 los estándares de depuración de aguas residuales impuestos por la directiva comunitaria. Este compromiso de aportación a las comunidades autónomas vía recursos de la Secretaría de Estado o vía recursos del Fondo de Cohesión aplicados a las comunidades autónomas en proyectos de su ejecución directa, significa modificar sustancialmente la forma de colaboración que hasta ahora había existido, donde se declaraban de interés general del Estado algunas obras, pero no existía un marco de planificación global ni se estaban aplicando en cada territorio los recursos de la Administración central de acuerdo con un criterio de distribución equitativa en el territorio.
Se partió de los planes regionales de las comunidades autónomas, que nos dan la cifra que cada comunidad autónoma necesita para llegar al año 2005, y respecto de esos planes, como digo, para cada una de las comunidades autónomas, con la excepción de Asturias, que habiendo sido beneficiaria en años anteriores de un programa nacional de interés comunitario tendrá un porcentaje de aplicación de recursos del Fondo de Cohesión y de la propia Secretaría de Estado algo superior. En el resto de las comunidades autónomas, como digo, nuestro compromiso es alcanzar el 25 por ciento en el largo plazo, es decir, en el conjunto de los años en que está planteado el plan nacional de depuración. Por tanto, cada año va a haber, como lo ha habido este año, aportaciones desde la Secretaría de Estado, capítulos 6 y 7 --y de acuerdo con una evolución progresiva-- y Fondo de Cohesión.
Le ofrezco a S. S. los datos de este año que, junto con el capítulo 6, donde tiene usted desglosado lo comprometido en años anteriores y lo comprometido este año por comunidades autónomas, que son algo más de 10.000 millones de capítulo 6, y los casi 1.000 de capítulo 7, Fondo de Cohesión, este año se han presentado proyectos de las comunidades autónomas hasta un total que equivale en retorno neto para las comunidades autónomas, o sea aplicando el 80 por ciento que el Fondo devuelve a la Administración que invierte, a 16.000 millones de pesetas.
Esos 16.000

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millones de pesetas corresponden a proyectos presentados por las comunidades autónomas, y en estos momentos, después de haberse remitido Bruselas toda la información, estamos pendientes de la aprobación definitiva por parte del Fondo de Cohesión. Por tanto, entre la cuantía que suponen los recursos de la Secretaría de Estado y la cuantía que este año ya proviene de Fondo de Cohesión, por primera vez, a las comunidades autónomas, en el año 1995 se van a aplicar, dentro del plan nacional de depuración, recursos por un importe superior a 27.000 millones de pesetas procedentes de estas dos fuentes. El resto, obviamente, es financiación de las administraciones que tienen plena competencia en materia de depuración de las aguas residuales, que son las corporaciones locales y las propias comunidades autónomas en su función transferida de auxilio financiero y técnico a las corporaciones locales. Quiero decir, además, que el Fondo de Cohesión este año ha tenido también un segmento de recursos destinados directamente a las corporaciones locales, que supone para este año y el que viene, en depuración de las aguas residuales, más de 7.000 millones de pesetas. Esas son las cifras que, junto con las previsiones del año próximo, comentamos ayer con las comunidades autónomas analizando el proceso que estamos poniendo en marcha este año.
Realmente, éste es el año en que se ha aprobado el plan y tenemos que esforzarnos por materializar este compromiso por el hecho de que las obras de interés general del Estado declaradas en años anteriores son las que marcan el grueso de nuestra inversión. Por tanto, en estos momentos hay comunidades autónomas en las que nuestro grado de cumplimiento de compromiso, por supuesto, es superior que en otras, por la simple razón de que sólo a partir del año que viene vamos a tener ya en marcha obras en todas las comunidades autónomas, en lo que se refiere a capítulo 6, con la excepción obvia de Navarra y País Vasco, que no pueden recibir por esta cifra a partir de ahora nueva inversión, exceptuando la depuración de interés general del Estado en Bilbao, que se está llevando a cabo y que corresponde a la «dote» --entre comillas-- de las transferencias a esta Comunidad Autónoma.
Por tanto, el plan nacional de depuración supone compromisos de la Administración General del Estado de aportación a lo que es el grueso de la inversión pública desarrollada por corporaciones locales y por las comunidades autónomas.
Su señoría pregunta respecto de la protección de las aguas subterráneas.
Hay una información muy exhaustiva sobre el diagnóstico en estos momentos y las propuestas de actuación a desarrollar, tanto por nuestra Dirección General como por la Dirección General de Obras Hidráulicas, en el libro blanco sobre las aguas subterráneas, que se ha publicado hace pocos meses, que define para cada uno de los acuíferos la situación actual, los problemas existentes y la previsión de actuación también en cuanto a inversión. Es un tema de una enorme complejidad y le remitiré a S. S.
este libro, si no dispone de él, porque se refiere tanto al diagnóstico como, efectivamente, a los planes que en estos momentos se tienen, pero que yo diría que no pueden desarrollarse con ningún rigor si no tenemos ese instrumento que he mencionado en mi intervención de una catálogo serio de los aprovechamientos hidráulicos en cada una de las cuencas.
Poco podemos controlar y, sobre todo, actuar si en muchos acuíferos --y pongo el ejemplo que todos sin duda conocen del acuífero 23-- nos encontramos ante una situación todavía no acorde con el espíritu y el contenido de la Ley de Aguas en cuanto a la posibilidad de controlar de manera efectiva el aprovechamiento que se hace del recursos respecto del acuífero.
La protección de las aguas subterráneas tiene mucho que ver con lo que seamos capaces de hacer a la hora de reducir la contaminación de origen tanto industrial como agrícola, puesto que son aguas que están siendo degradadas por la actividad productiva en su sentido más amplio. En ese sentido, aparte de los datos que aparecen en el libro blanco al que he hecho referencia, y también ligando con lo que me preguntaba respecto a la situación de los vertidos, este año el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que modifica los procedimientos relativos a las autorizaciones de vertido. El decreto de regularización de vertidos, aprobado hace pocos meses por el Gobierno, abre un campo de relaciones distinto del anterior en cuanto a tramitación y en cuanto a relación con las empresas que vierten a los cauces; y es una herramienta legislativa que hemos empezado ya a desarrollar. Puedo anticipar a S. S. que estamos a punto de firmar con la industria agroalimentaria un convenio, de acuerdo con ese decreto de regularización de vertidos, para permitir que en la situación existente, en la cual solamente el 25 por ciento de los vertidos industriales tienen una autorización definitiva en nuestro país y el resto es o autorizaciones provisionales o todavía vertidos sin ningún tipo de autorización, ni provisional ni definitiva, podamos, en un plazo de tiempo, creo, bastante breve, poner al día la situación de autorización de vertidos en todo el país y, sobre todo, dar prioridad precisamente a aquellos sectores industriales que más contaminan nuestras aguas subterráneas y que son, precisamente, tanto el sector de la industria agroalimentaria como otros sectores, el químico, con el cual estamos ahora mismo en negociación para hacer un convenio semejante.
Por tanto, en cuanto a los datos concretos que me pedía, para terminar, le daré una información más precisa. Pero quiero, en cambio, detenerme, porque también ha habido en ese sentido una petición de información por parte de otros grupos, en relación con el proyecto Saica, que S. S.
entiende que es una herramienta extraordinariamente importante. Me pregunta concretamente si no es preferible depurar antes que controlar.
De hecho, estamos desarrollando los dos grupos de manera simultánea. La depuración de las aguas residuales urbanas que en estos momentos, en términos de población equivalente, sólo cubre el 40 por ciento de nuestras aguas residuales urbanas, es el dato que aparece en el plan nacional de depuración correspondiente al ejercicio de 1995, sobre ese nivel de depuración que, por cierto, es muy similar al de otros países más desarrollados que nosotros. A partir de a hí, los diez próximos años son el escenario de actuación del plan nacional de depuración que, de hecho, en algunas comunidades autónomas por nuestra parte ya ha recibido financiación, pero que

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vamos a desarrollar con criterios de equidad territorial. Por tanto, estamos invirtiendo en depurar y no sólo en tener mayor capacidad de control. Evidentemente, si no fuera así sería bastante irresponsable por nuestra parte. Hay que evitar al máximo la contaminación, tanto la que procede de las aguas residuales urbanas como, por supuesto, los vertidos industriales a los que antes me he referido.
Dicho esto, las herramientas de control creo que se están desarrollando de una forma satisfactoria. Hasta ahora, la inversión realizada en lo que denominamos primera fase del Saica, que es la correspondiente a la construcción y puesta en marcha de las primeras 106 estaciones, el centro de la propia Dirección General, de proceso principal, y los nueve centros en cada uno de las cuencas, asciende a 4.442 millones de pesetas. Esto es lo correspondiente a la primera fase que este año hemos dado por concluida, y de hecho hemos hecho ya las pruebas correspondientes al desarrollo del trabajo de cada uno de estos centros.
Lo que en estos momentos se está desarrollando son los planes de mantenimiento de estos centros a partir del programa de verificación de los equipos. Esa es la situación en la que nos encontramos en las estaciones que ya están construidas, verificando la calidad de la información y desarrollando los planes de mantenimiento de las mismas.
Las pruebas han sido ya realizadas en cada una de las cuencas hidrográficas y, por tanto, hay ya una información que es perfectamente accesible en cada uno de los puntos de toma de datos.
La segunda fase del proyecto Saica, que llegará a tener otras 85 estaciones --también sobre esto le puedo dar los datos sobre cada una de las confederaciones y el presupuesto de adjudicación de las obras--, supone en estos momentos un presupuesto de otros 4.400 millones de pesetas. Por tanto, estaríamos hablando, entre la primera y la segunda fase, de un presupuesto próximo a los 9.000 millones de pesetas en estos momentos, con el conocimiento que tenemos de necesidades de inversión sobre las estaciones existentes y las previstas. Es posible que el Saica en su proyección completa suponga algún gasto adicional. Pero lo que ahora mismo podemos ofrecer como información son los presupuestos de adjudicación, tanto de la primera fase como de la segunda.
Le repito mi malestar en cuanto a la diferencia de datos que, aunque en su conjunto no sea de demasiada envergadura, creo que SS. SS. tienen todo el derecho a pedir una información rigurosa por parte de los órganos de la Administración.
La Diputada de Izquierda Unida me ha preguntado sobre el atraso en cuanto al cumplimiento de los presupuestos del año pasado y sobre si ha supuesto atraso durante este año. Quiero decirle que, en relación con las cuestiones que me plantea y con la propia situación de partida del presupuesto de este año y los límites impuestos por el propio recorte presupuestario general para todos los órganos del Ministerio, hemos podido atender, de hecho, las previsiones que teníamos en gran medida por las bajas en los contratos; respecto de los presupuestos iniciales, tanto de obras del año 1994 como de obras previstas para este año, las bajas han sido entre el 20 y el 30 por ciento y esto ha absorbido de forma muy significativa tanto la disminución del presupuesto respecto a lo que hubiera sido el cumplimiento de lo ya iniciado en 1994 y años anteriores, como de lo que se ha iniciado este año y cuyo desglose lo tienen por comunidades autónomas.
La explicación respecto al capítulo 7 la he ofrecido ya, en cuanto a cómo se va a disponer de ese dinero. Repito que del dinero disponible en estos momentos respecto del capítulo 7, situado en 1.025 millones de pesetas, 50 millones de pesetas se van a destinar a transferencias a empresas en aplicación de la orden de subvenciones del Ministerio, y el resto, íntegramente, para Cataluña en aplicación del convenio establecido con la Generalitat.
Se preocupa S. S. por diferencias en las certificaciones entre las distintas comunidades autónomas, pero yo le aseguro que, por parte de la Secretaría de Estado, no hay el más mínimo deseo de perjudicar o beneficiar a las distintas comunidades autónomas en el grado del cumplimiento de nuestras inversiones que, en esa fase, depende exclusivamente de la evolución concreta de los trabajos de las empresas.
Además, le llama la atención que estemos en un 30 por ciento; le diré que todos los años estamos así, pero no sólo en nuestra Dirección General.
Como ha señalado el Diputado del Grupo Socialista, un cumplimiento del 30 por ciento o algo más a estas alturas supone llegar al 90 por ciento o más a final de año, porque las grandes certificaciones se producen habitualmente en el último trimestre, de hecho eso es lo que tenemos previsto para este año. Ello, en gran medida, compensará algunas de las diferencias que usted ha apreciado, por ejemplo, «en contra», entre comillas, de Canarias o «en contra» de Ceuta y Melilla. Repito que la cifra de certificaciones es el resultado, sobre todo, de la presentación de la obra ejecutada por parte de las empresas. No hay, en este caso, la más mínima intención de distribución territorial por nuestra parte, sino, evidentemente, el resultado de esa distribución, en cuanto al crédito comprometido, donde ha habido «a priori» una distribución irregular, de la localización de las obras de interés general del Estado en todo el territorio, y a ello ya me he referido. Esa ha sido la forma de actuar hasta ahora: hacer una declaración de obras de interés general del Estado que ha beneficiado a algunas comunidades autónomas y a otras en absoluto.
El plan nacional quiere corregir esa situación con un esquema de colaboración territorial que sea de la misma intensidad para cada una de las comunidades autónomas. Aunque eso sea así, a la hora de la certificación de las obras, me temo que habrá desajustes, porque nuestra capacidad de controlar cómo nos certifican las empresas no es total.
Por otro lado, es cierto que este año nos hemos encontrado con problemas específicos; estoy recordando, en particular, en el caso de Canarias, la ejecución de la obra correspondiente a Adeje-Arona. Allí nos encontramos con una situación que de vez en cuando aparece respecto a la disponibilidad de los terrenos. Eran terrenos cedidos por el ayuntamiento, pero una vez comenzada la obra se descubrió que el ayuntamiento no tenía la titularidad plena de esos terrenos. No es responsabilidad nuestra, es algo que depende de otras administraciones que ceden los terrenos y

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es una cuestión que, concretamente en Adeje-Arona, se está resolviendo por acuerdos entre el ayuntamiento y, en este caso, la propietaria de los terrenos.
También se están registrando los efectos evidentes de la nueva Ley de Contratos que, con carácter general, en todo el Ministerio de Obras Públicas está suponiendo un retraso muy importante en la ejecución del presupuesto de este año; puede que sea mucho más llamativo respecto a los datos finales del Ministerio en otras direcciones generales --quizá han tenido ocasión de comprobar los datos en la comparecencia del señor Subsecretario--, pero nos afecta a todos, desde el momento de la entrada en vigor de la Ley de Contratos, la necesidad de procedimientos internos que son más dilatados, que entiendo en el espíritu de la norma está que contribuyan a una mayor transparencia y rigor en la contratación, pero que sin ninguna duda van a suponer un retraso importante. Lo que llevamos certificado en estos nueve meses es bajo, pero, insisto, con lo que se certifique en los próximos tres meses, nuestra previsión es alcanzar un grado de cumplimiento --ejecución material del presupuesto-- bastante alto.
Por último, en relación con la intervención del Grupo Socialista, creo que he comentado ya algunos de los temas sobre los que su portavoz me preguntaba en relación con los distintos programas del Ministerio.
Ciertamente, desde la Dirección General de Calidad de las Aguas se asume la tutela, por decirlo así, en lo que es la actividad de las confederaciones hidrográficas en aquellos programas donde dicha Dirección tiene la responsabilidad política y administrativa. La gestión, en gran medida, es de las comunidades autónomas, y lo que más nos preocupa en estos momentos es potenciar a las confederaciones hidrográficas en todo lo que se refiere al control del uso del dominio público hidráulico. Esta es mi mayor preocupación y creo que en los próximos ejercicios se podrá avanzar de manera más satisfactoria que hasta ahora. Las confederaciones hidrográficas, en su configuración actual, no están adecuadamente dotadas de medios humanos y técnicos para determinadas tareas de control del dominio público, y eso es evidentemente una carencia que debemos atender, porque creo que mal se puede hacer una política de calidad del agua si no tenemos las herramientas de conocimiento y de control de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. En ese sentido, espero, como comentaba en mi intervención, que los programas que he mencionado sirvan para corregir esta situación.
El programa SAICA realmente está recibiendo de distintas instancias una valoración muy positiva. En este sentido quiero decir que es de los programas que la Comisión Europea destaca en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Cohesión. Los responsables de dicho Fondo han realizado visitas a lo largo de este año a los centros de proceso de datos del SAICA y han manifestado su buena impresión por la tecnología que se aplica, tecnología que, en términos del control derivado para cada una de las cuencas, creemos que está muy ajustada en cuanto a su coste.
Si lo comparamos con otros programas de control, por ejemplo, los de la Dirección General de Obras Hidráulicas en lo que se refiere al control de avenidas, la inversión en nuestro caso es sustancialmente inferior, con una tecnología muy avanzada que en estos momentos permite ya que nuestros datos sean utilizables también por la Dirección General de Obras Hidráulicas. Concretamente, hay capacidad de uso conjunto de los datos sobre caudal y sobre temperatura y del aprovechamiento de nuestras estaciones para los fines de programas de la Dirección General de Obras Hidráulicas. Estamos buscando, en ese sentido, la máxima capacidad de aprovechamiento conjunto de las infraestructuras que están llevando a cabo las dos direcciones generales, porque creo que la sinergia entre las dos y el control de la cantidad y de la calidad del agua es algo que debe ser simultáneo y suficientemente satisfactorio. (El señor Madero Jarabo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero para una intervención muy breve.


El señor MADERO JARABO: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Me gustaría que la señora Secretaria de Estado no se llevara la impresión de que la intervención de este portavoz del Grupo Popular no ha sido sincera porque no la haya felicitado. Por supuesto, no comparto la afirmación que se ha hecho en el sentido de que tengamos que hacer desde aquí oposición hablando mal de las cosas. Las cosas referidas a la calidad del agua, señora Secretaria de Estado, han sido expuestas por usted en algunos momentos hasta con brillantez, y las dudas que le hemos planteado desde mi Grupo la señora Secretaria de Estado ha quedado emplazada para contestarlas en su momento, porque entendemos que, a botepronto, y de una forma tan rápida, es imposible contestar al caudal de demandas que le hemos formulado.
La valoración adecuada que hacemos de su intervención pasa por el hecho de que, incluso respecto al pequeño descuadre que pueda haber en cifras del capítulo 6, nos hemos leído sus papeles, señora Secretaria de Estado, nos hemos leído hasta la última cifra, y apuntando como falta de rigor y aceptando las excusas que nos ha dado S. S., pensamos que es la mejor valoración que podemos hacer sobre la información que nos ofrece. Le rogaría --y le requiero amablemente-- que sobre el plan nacional de saneamiento en coordinación con las comunidades autónomas --que usted nos remite al «Boletín Oficial del Estado» y a los distintos boletines de las comunidades autónomas--, nos informara, desde el punto de vista presupuestario, cómo está su grado de ejecución. En ese sentido iba la aclaración que quería hacerle.
Igualmente le digo en relación con las aguas subterráneas. Agradezco sinceramente el envío del Libro Blanco que ha prometido enviarme, porque, aunque lo conozco, no lo tengo en mi biblioteca y así lo tendré, pero principalmente quisiéramos conocer cuál es el reflejo presupuestario que va a tener dentro del programa 441A sobre calidad de las aguas, lo que ha motivado el requerimiento de su comparecencia por parte de mi Grupo. (El señor Jerez Colino pide la palabra.)

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Cuando se hace una afirmación, que es un registro de las percepciones que uno tiene, de cien situaciones, por parte de la oposición hay más de 90 negativas; no quiere decir que esa afirmación global afecte al diez por ciento que puede ser del Diputado señor Madero, al que considero que normalmente suele trabajar en positivo, pero también es reconocer que ese 90 por ciento permite la afirmación genérica yo creo que con ajustarme a la verdad.


El señor PRESIDENTE: Termina la comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
Muchas gracias, señora Narbona.


--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (GIRBAU GARCIA), PARA DAR CUENTA, PREVIA REMISION DE LA DOCUMENTACION PRECISA, DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 1995 A 31 DE AGOSTO, ASI COMO LA CONCRECION DE LOS EFECTOS DEL RECORTE Y AJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO POR EL CONSEJO DE MINISTROS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001575.)

El señor PRESIDENTE: Comparecencia del señor Subsecretario de Industria y Energía, que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Girbau García): Señorías, la cuestión que hoy me trae aquí se centra fundamentalmente en tres aspectos: los efectos del recorte y del ajuste presupuestario aprobados durante el primer trimestre del año y la ejecución presupuestaria a 31 de agosto. Intentaré exponer brevemente por separado los tres aspectos.
Respecto al recorte presupuestario, como ya expliqué en la comparecencia que tuve ante esta Comisión el pasado mes de febrero, el llamado recorte presupuestario se operaba en nuestro Ministerio sobre los remanentes por operaciones de capital del presupuesto del Ministerio de Industria y Energía de 1994. Explicaba en aquella ocasión, en el mes de febrero, que dichos remanentes ascendieron a la cifra de 4.990 millones de pesetas. El Consejo de Ministros del día 27 de enero, sobre medidas a adoptar para el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 41/1994 de Presupuestos para 1995, autorizó al Ministerio de Industria y Energía a incorporar, de dichos remanentes, al presupuesto de 1995 hasta un máximo de 3.000 millones de pesetas, con lo cual yo explicaba en aquella ocasión que el recorte presupuestario era la diferencia de estos 3.000 a los 4.990 millones que habíamos tenido de remanentes en el Presupuesto de 1994. En base a esta autorización, y hasta la fecha, se han incorporado un total de 2.859 millones de pesetas de créditos, y estas incorporaciones se han efectuado siguiendo un criterio de priorización presupuestaria en el que hemos primado aquellos programas que consideramos son política activa del departamento. Supongo que lo tienen en la documentación que hemos remitido. En cualquier caso, si fuere necesario, puedo darles el detalle de los créditos uno por uno.
Respecto al ajuste presupuestario, el citado acuerdo, al que he hecho referencia, del Consejo de Ministros estableció también un límite máximo de reconocimiento de obligaciones del presupuesto no financiero de este Ministerio que lo establecía en un total de 172.487 millones de pesetas respecto al presupuesto inicial que, como ustedes saben, era de 190.488 millones de pesetas, lo que supone una minoración en obligaciones por importe de 18.001 millones de pesetas.
Estos créditos, en este momento, coinciden en su totalidad con lo que expuse en mi comparecencia de febrero. A lo único que quiero hacer referencia aquí es a dos excepciones respecto a aquella exposición. En la partida al ICO para compensación de quebrantos por avales y préstamos de reconversión que, en aquel momento (febrero) decíamos que lo ajustábamos en su totalidad, es decir, por un importe de 2.000 millones de pesetas, en estos momentos lo hemos ajustado por un importe de 1.232 millones de pesetas. Esto lo hemos hecho para poder obligar 768 millones de pesetas con destino al ICO para abonarle fundamentalmente dos quebrantos de avales de reconversión, procedentes del año 1984, y que en su caso estoy dispuesto también a explicar qué son.
Paralelamente, hemos hecho un incremento en la misma cantidad respecto al ajuste presupuestario, es decir, reduciendo estos 768 millones de pesetas de la partida de primas a la construcción naval.
Como en el caso del recorte, los ajustes en obligaciones han obedecido a criterios de oportunidad presupuestaria, atendiendo al cumplimiento de los programas de todo el Ministerio.
Entro en la explicación, también resumida, de cuál es el estado de ejecución del Presupuesto del Departamento a 31 de agosto de 1995, como se solicita en la comparecencia.
El presupuesto inicial del Ministerio de Industria ascendió a 200.822 millones de pesetas, de los que, como al principio indicaba, 190.488 millones de pesetas son el presupuesto no financiero, que es sobre el que voy a tratar de explicar la ejecución.
El presupuesto total a 31 de agosto, lógicamente producto de la incorporación de remanentes, ha experimentado un crecimiento, con lo que en lo que es presupuesto inicial del Ministerio de Industria a 31 de agosto, podríamos decir que estamos en 206.141 millones, en virtud de las siguientes modificaciones que, hasta esta fecha, se han aprobado y de las que quiero poner de relieve las más significativas.


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En primer lugar, los 2.859 millones de la incorporación de remanentes de crédito procedentes del año 1994. Hemos hecho una ampliación de crédito para compensar deudas a CASA, por su participación en el consorcio Airbus, por importe de 731 millones de pesetas.
El Congreso aprobó una ley de crédito extraordinario para compensar las desviaciones en el contrato-programa de Hunosa, que correspondía al año 1992. El importe era de 1.430 millones de pesetas, que también se han incorporado lógicamente al presupuesto de 1995.
Finalmente, y aunque sea de cuantía modesta, hay que decir que hemos generado un crédito a favor de la Escuela de Organización Industrial, que se ha financiado con aportaciones del Feder, para el pago de las obras del Centro de Formación de la Escuela de Organización Industrial en Sevilla, por importe de 125 millones de pesetas.
A 31 de agosto, los créditos comprometidos por el Ministerio ascienden a 139.845 millones de pesetas y las obligaciones contraídas a 83.625 millones, lo que, en porcentajes respecto al presupuesto actualizado, supone, en el primer caso, el 67,8 por ciento y, en el segundo, el 40,6, respectivamente.
Quisiera hacer una consideración y señalarles que el presupuesto del Ministerio de Industria y Energía está compuesto, en su mayor parte, por transferencias, tanto corrientes como de capital, que, en conjunto, ascienden a 188.603 millones de pesetas, es decir, el 91,5 por ciento del presupuesto. Y, en consecuencia, y puesto que tenemos que sujetarnos estrictamente, en cuanto a la concesión de transferencias no nominativas, al procedimiento previsto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, es decir, a convocatoria pública previa, al proceso de selección, notificaciones, al cumplimiento de todo el procedimiento, ello origina que la ejecución se concentre tradicionalmente en nuestro Ministerio en los últimos meses del ejercicio, sin que ello suponga, a nuestro juicio, una gestión ineficaz o tardía.
Bajo este supuesto, y teniendo en cuenta esta consideración, debo manifestar que, a mi juicio, y a juicio del Ministerio, el nivel de ejecución es normal y es el que tradicionalmente se ha venido realizando.
Haré un brevísimo análisis de las grandes partidas que creo tienen interés, a efectos de clarificar cuál es la situación, y empezaré haciendo mención al PATI, en el cual incluyo también al sector automoción.
En el PATI se han dictado resoluciones, ya hay decisión firme por la totalidad del crédito, y tenemos pendientes en estos momentos que la comisión que toma las decisiones sobre las adjudicaciones de subvenciones adopte esa decisión respecto a 340 millones de pesetas, que lo efectuará en una próxima reunión la comisión competente dentro del Ministerio.
En el sector automoción, debo también hacer referencia al cumplimiento del acuerdo Seat y, puesto que está pendiente la solución global a este asunto, lo que tenemos previsto es la ejecución de los 7.500 millones de pesetas que figuran nominativamente en el presupuesto del año 1995.
En lo que hace referencia al «Plan Renove», el ICO ha presentado a la Dirección General de Industria las liquidaciones de intereses, que, según lo previsto en el «Plan Renove II», afectan en su totalidad al presupuesto que teníamos dotado en 1995.
En el plan de calidad y seguridad industrial, las transferencias nominativas a los centros Aenor, Rele y Afiti tienen el ritmo de ejecución que se prevé en los convenios que se han suscrito con estas instituciones. Las subvenciones que se han otorgado mediante convocatoria pública fueron aprobadas por el comité en el pasado mes de julio y la previsión que tenemos es que, en el momento en que se puedan gestionar presupuestariamente estas aprobaciones, se agotará el crédito.
Respecto al programa que denominamos infraestructura técnico-profesional, el comité de valoración de las peticiones ya ha analizado las solicitudes. El plazo de presentación de las mismas quiero poner de manifiesto que finaliza a finales de junio y que están pendientes de dictarse en este caso las oportunas resoluciones, con la pretensión de agotar también el crédito.
En el sector textil, el plan Retex, ya están dictadas las resoluciones de concesión de subvenciones por la totalidad del crédito que figuraba, con excepción de 52 millones de pesetas, que están pendientes en estos momentos de distribución, que también lo efectuará un próximo comité.
En el PITMA, el programa tecnológico y medioambiental del Ministerio de Industria, se han presentado hasta el momento 1.551 proyectos. El comité de evaluación el 25 de julio pasado acordó proponer subvenciones a 360 de estos proyectos, con una subvención global de 1.962 millones de pesetas.
En el presente mes de octubre el comité resolverá el resto de solicitudes, y la previsión que tenemos es la de tratar de agotar el presupuesto.
Se ha reservado --y quiero dejarlo claro también en esta intervención-- una partida, que alcanza al 21 por ciento del presupuesto del PITMA, por importe de 6.572 millones de pesetas, para dar cumplimiento a las previsiones presupuestarias, porque había un convenio suscrito entre el Ministerio de Industria y la Generalidad de Cataluña para actuaciones medioambientales en esa comunidad autónoma.
Respecto a las transferencias al ICO, créditos excepcionales y avales de préstamos de reconversión, en virtud de la referencia que he hecho en primer lugar al ajuste de obligaciones, sólo están disponibles los 768 millones de pesetas que, como antes he indicado, los dedicaremos para atender obligaciones de planes de reconversión anteriores.
Se encuentran en trámite dos propuestas de gastos ante el Ministerio de Hacienda que supondrán obligar la totalidad del crédito disponible.
En construcción naval, intereses de préstamos a la construcción naval y primas a la construcción naval, en ambos casos, teniendo en cuenta el ajuste que se efectúa en primas por un importe de 5.780 millones de pesetas, tal como hice referencia en febrero, está prevista también la ejecución total del crédito y esto se desarrolla habitualmente en el segundo semestre del año.
En el Plan de promoción del diseño industrial, la ejecución del programa se ha transferido mediante el oportuno expediente de modificación presupuestaria al IMPI, para

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que se integre en el Plan Pyme. La previsión que tenemos es la ejecución también en su totalidad.
En el Programa de ahorro y eficiencia energética, hasta este momento están previstas subvenciones por importe de 3.000 millones de pesetas y el resto esperemos poder obligarlo antes de finalizar el año.
En minería, las subvenciones nominativas a Hunosa, Figaredo, La Camocha y a la Minerosiderúrgica de Ponferrada siguen la ejecución normal para este tipo de transferencias. Se hace por doceavas partes y así se está cumpliendo. Simplemente quiero resaltar que se han efectuado unos ajustes, por efecto del artículo 11 de la ley, tanto en Hunosa, por importe de 4.053 millones de pesetas, como en Figaredo, por importe de 230 millones de pesetas.
En cuanto a las subvenciones al Plan de exploración, ordenación y seguridad minera, lo único que podría decirles es que se han ajustado en 1.524 millones de pesetas y que prevemos que el total restante, como en otras ocasiones, se pueda realizar de forma más positiva de lo que quizá fue en el año 1994, que fue una de las partidas fuertes que luego generaron remanentes de crédito.
También en el caso de la investigación, el desarrollo tecnológico y el medio ambiente energético-minero prevemos la ejecución íntegra.
Por no alargar más mi intervención sólo voy a resaltar que queda pendiente de totalizar la ejecución prevista para la cuota de la Agencia Espacial Europea, que es un crédito importante dentro de los presupuestos del Ministerio; que prevemos igualmente en el tema de CASA amortizar las pérdidas ocasionadas, y a ello hacía referencia en el tema de remanentes por la participación que tiene en el Airbus, y que en el tema de proyectos aeronáuticos, que son préstamos reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos aeronáuticos hasta la fecha se han firmado convenios con CASA y con ITP, y esperamos poder concluir otros convenios con Gamesa e INGRA. Con estos cuatro convenios suponemos que vamos a ejecutar el total del crédito presupuestario para esta materia.
Hemos realizado las transferencias a todos los organismos del Ministerio con una ejecución normal.
En cuanto a gastos de inversión, la práctica totalidad de los créditos de inversión del Departamento son estudios y asistencia técnica para el seguimiento de los programas de subvención, lo que origina que su ejecución se produzca de forma casi total a final del ejercicio, que es cuando realmente se pueden adjudicar esos estudios a efectos de controlar las subvenciones que durante el período del presupuesto hemos venido otorgando.
Los anticipos al personal están dentro de lo que es la ejecución normal del presupuesto, como los gastos de personal y el gasto de capítulo 2, teniendo en cuenta lo ajustado y escaso que es el capítulo 2 en nuestro Ministerio, lo que nos obliga a esforzarnos en ajustar el gasto lo máximo posible y a ahorrar más allá, a veces, de lo necesario.
Me parece que esto es someramente lo que puedo decir respecto a la ejecución del presupuesto, por no alargar mi intervención, y quedo a su disposición para aclarar lo que estimen conveniente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Urán, por el Grupo de Izquierda Unida.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Subsecretario, por las aclaraciones a la ejecución del presupuesto que nos ha ofrecido.
La verdad es que parece ser que solamente se ejecutan los presupuestos al final del ejercicio, porque esa razón también nos la aducía la anterior compareciente.
De todas formas, aquí hay partidas que llaman mucho la atención a nuestro Grupo. Nos llaman la atención porque, en principio, si partimos de la base de que el presupuesto de 1995 ha sufrido recortes; de que en previsión, por la documentación que ya se nos ha entregado, el presupuesto de 1996 también va a sufrir recortes; de que usted mismo aquí ha dicho que en algunas de las partidas presupuestarias esperan, creen, que van a mejorar la ejecución o que van a poder cubrir el total de lo presupuestado antes de finalizar el año, yo creo, al entender de nuestro Grupo, que lo que denota también es una falta de política de su Ministerio. Me parece muy bien que ustedes nos digan que hasta finales de año no se terminan de adjudicar todas las partidas presupuestarias, pero otra cosa es que haya partidas en las que ustedes nos dicen que esperan mejorar la ejecución o que sencillamente esperan poder cubrirlo antes de finalizar el año, cuando hay todavía remanentes no adjudicados por las comisiones que tengan que ver con concesión de subvenciones.
Hay un dato que también nos llama poderosamente la atención después, además, de lo ocurrido en el sector minero. Es que precisamente en el Plan de seguridad minera, en colaboración con las comunidades autónomas, a la fecha en que se nos ha entregado la documentación, que es el 31 de agosto, el grado de ejecución del presupuesto es cero.
Es cierto que la cantidad inicial y la cantidad presupuestada después de la actualización no es excesiva, pero también es cierto que ni tan siquiera el crédito comprometido alcanza ningún tipo de porcentaje, puesto que también es cero. Consideramos que hay una dejación por parte del Ministerio y nos gustaría que nos explicara por qué ha sucedido esa falta de ejecución.
Hay un dato que también nos gustaría que nos explicara. Se ha hablado mucho del apoyo a la pequeña y mediana empresa, y el porcentaje de ejecución, independientemente del traspaso que se haya podido hacer del Plan de promoción de diseño industrial, es de un 11,9 por ciento. Nos gustaría que nos lo explicara y que nos dijera algo más aparte de que estamos terminando el ejercicio y posiblemente se ejecutará todo a finales de este año.
Ya que ha hecho una exposición exhaustiva de dónde han venido esos 5.000 millones de pesetas de modificación de crédito, quisiéramos que nos indicara qué proyectos o a qué inversiones del Ministerio de Industria ha afectado el recorte presupuestario de 1995 que, desde mi punto de vista, no ha quedado suficientemente claro.
Asimismo, nos gustaría que nos explicara qué actuaciones o qué programas, en base a ese recorte, se van a quedar aplazados o sencillamente se van a quedar sin terminar

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hasta que volvamos a tener otra vez unos presupuestos con un mayor importe y se puedan acometer mejor los problemas que tiene nuestro país.
Por mi parte, y de momento, nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ruiz López.


El señor RUIZ LOPEZ: También quiero dar las gracias al señor Subsecretario por las explicaciones que nos ha dado.
En primer lugar, me gustaría constatar la mejora inequívoca respecto al año anterior en cuanto al informe remitido a esta Cámara. Como bien recordará, el año pasado se nos remitió un informe de cuatro folios, que fue muy criticado por todos los grupos, y este año tenemos un informe bastante más detallado, puesto que consta de más de 75 folios. Se nota que cuando el Gobierno empieza a hacer caso a las observaciones de nuestro Grupo empiezan a salir las cosas un poquito mejor.
Entrando a analizar el informe, permítame, señor Presidente, que lo desarrolle en base a una serie de cuestiones, y si el Subsecretario no puede contestarlas esta mañana por su concreción, rogaría que lo hiciera por escrito para dar así una mayor exactitud a la respuesta a estas preguntas, en las cuales voy a entrar sin más preámbulos, analizando, si al Presidente le parece oportuno, la parte de la ejecución de programas.
En cuanto al programa de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, ya nos ha dicho el Subsecretario en cuanto al PATI, el Plan de Actuación Tecnológico Industrial, que sólo contaba hasta el día en que nos presentaron el informe con un comprometido de un 16,3 por ciento y un realizado del 2,3. Ahora nos ha explicado que se ha adjudicado esta parte y parece ser que va a subir este comprometido y este realizado, pero nos parece un poco tarde. Un 2,3 por ciento de realizado a 31 de agosto opinamos que es poco.
Hablando del fomento de la capacidad tecnológica no se ha comprometido a nada y no se gasta nada.
En cuanto a inversión real, en este programa sólo se compromete el 33 por ciento y se realiza el 5,3 por ciento, y a raíz de ello nos surgen unas cuantas preguntas. ¿Es que acaso no tiene importancia para el Gobierno el cumplimiento de sus compromisos en investigación y desarrollo? ¿Es que no hay nada que fomentar en capacidad tecnológica? ¿Es que van a realizar las inversiones reales el último día o no se van a hacer? Pasando a otras partidas, me gustaría resaltar --aunque deberíamos pasar por todas iré haciendo una somera entrada en algunas que consideramos más interesantes y más preocupantes-- el programa 722-D de competitividad en la empresa industrial. Si entramos en infraestructuras técnico-profesionales vemos que lo comprometido y lo realizado es cero; que en el plan de competitividad del sector textil, el Retex, sólo habían comprometido el uno por ciento y realizado el cero por ciento, aunque ya ha explicado que estaba empezando a adjudicarse esta parte del presupuesto, pero consideramos que en un sector tan comprometido tras la firma del GATT, y estando, como bien sabe, muy afectado por esta firma, es un poco tarde para empezar a sacar ayudas de competitividad para este sector tan importante.
También vemos que en el plan del sector del corcho está comprometido y realizado el cero por ciento, y en base a este programa nos surgen una serie de cuestiones: ¿es que no le interesa al Gobierno la dotación de infraestructuras profesionales? ¿Qué ocurre con el plan del sector del corcho? ¿No es viable? ¿No se aplicará? ¿No es necesario? ¿O no se ejecutará hasta el último día? Entraremos a analizar un programa última y tristemente en el candelero, como es la reconversión y reindustrialización, el programa 723-B. Vemos que el grado de compromiso en la reconversión es el 7,1 por ciento nada más y el ejecutado el 4,5 por ciento. En construcción naval vemos, aunque ya se ha explicado, que el comprometido supera los 5.000 millones de pesetas. ¿Por qué se usa tan poco --preguntamos al Gobierno-- el programa de reindustrialización? ¿Acaso ya no es necesario? En cuanto al sector de la construcción naval, preguntamos: ¿seguirá afectando la morosidad del Gobierno en el pago de primas al sector naval, tal y como reconoce el propio Gobierno en la memoria del presupuesto de 1995 y en la que han presentado de 1996, con los consecuentes problemas financieros para las empresas? Si seguimos analizando programas pasaremos al 724-B, apoyo a la pyme industrial, y si analizamos el presupuesto de la IMPI vemos que sólo existe un comprometido del 13,4 por ciento y un realizado del 10,2 por ciento. ¿Este es el apoyo que se da a las pymes industriales? ¿Cree que es un cumplimiento presupuestario idóneo para un sector tan importante y necesitado como es éste? ¿Es esto lo que queda de su incremento en esta partida, diciendo que era una medida importantísima para las pymes industriales? ¿Para qué sirve este incremento si no se aplica? En el programa 731-F aparece un dato curioso, que las potabilizadoras en Canarias tampoco se comprometen ni se aplican. ¿No se va a aplicar este programa? ¿Qué ocurre con él? Ya entrando en el último programa a analizar, y muy brevemente, el 741, de explotación minera, en cuanto analizamos los datos, hay dos que nos llaman aparentemente la atención. Uno es exploración, ordenación y seguridad minera, en donde vemos un comprometido sólo del 11,9 por ciento y un realizado del cero por ciento, y el plan de seguridad minera, ya comentado anteriormente en esta Comisión, con un cero por ciento de comprometido y un cero por ciento de realizado. Con toda la buena intención y toda la buena fe del mundo, y en base a una preocupación general, me gustaría conocer a través de sus palabras si esta falta de ejecución del plan de seguridad minera ha influido de alguna manera en el terrible incremento de la mortandad en la minería española.
En definitiva, y ya para terminar, quería decirle al señor Subsecretario que la impresión del Grupo Popular es que el Gobierno padece una enfermedad crónica en cuanto a ejecución del presupuesto, eso sí, con una ligera mejoría este año. ¿Es que va a necesitar otros trece años de gobierno

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para hacer una ejecución en condiciones? Esta ejecución está maquillada por las grandes macrocifras que se dan a Hunosa, etcétera, que están presupuestadas mes a mes, se van dando mes a mes, y aun así existe una diferencia importante entre el comprometido y el realizado. Así se mantiene lo que el Grupo Popular viene reiterando durante mucho tiempo, y es que están manteniendo un déficit oculto que no puede salir de otra manera que no sea ejecutando el presupuesto mucho mejor.
Nada más, y emplazo al señor Subsecretario para que me conteste a estas cuestiones.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ros, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ROS MAORAD: Bienvenido y buenos días, señor Subsecretario.
Mi Grupo quiere, en primer lugar, manifestar que la información que nos ha enviado primero por escrito y la que nos ha explicado hoy aquí en la Comisión creemos que es adecuada y justa para este trámite parlamentario en el que hoy nos encontramos, y no solamente por lo que acabo de decir, sino porque además el presupuesto del Ministerio de Industria ha servido para alcanzar los objetivos para los que fue aprobado, y esto no sólo desde el punto de vista de lo que son medidas de apoyo a la competitividad, a las pequeñas y medianas empresas o a sectores en crisis, sino que también me alegra especialmente que lo que S. S. dijo aquí cuando compareció para hablar del ajuste de los presupuestos del Ministerio de Industria haciendo referencia expresa a que programas muy importantes para alcanzar esos objetivos se iban a respetar y no iban a ser en absoluto minorados, lo ha cumplido. Nos alegra que el programa 542-E, todo lo que son transferencias al CDTI, el programa Pati, el Pitma y Retex, sean programas y planes que han funcionado correctamente a lo largo del año.
Nos ha dicho usted, señor Subsecretario, que a finales de agosto el Ministerio había realizado el 40,6 por ciento de su presupuesto actualizado, incluyendo, entiendo, las generaciones, incorporaciones y ampliaciones de crédito que se han producido a esa fecha. Pienso que la ejecución presupuestaria de su Ministerio es mejor de lo que indica la cifra del 40,6 por ciento, puesto que no podemos olvidar que el acuerdo del Consejo de Ministros, que usted también explicó aquí, del pasado 27 de enero, sobre medidas a adoptar para el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 41/1994, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, estableció como límite máximo de reconocimiento de obligaciones del presupuesto no financiero del Ministerio de Industria y Energía un total de 172.487 millones de pesetas respecto al presupuesto inicial, que ascendía a 190.488 millones de pesetas, lo que supone una minoración en obligaciones por importe de 18.001 millones de pesetas. Por tanto, aunque esta cifra esté dentro del presupuesto total, sin embargo no se podrá realizar a final de año.
Además, me parece que habría que resaltar otro aspecto importante que tienen los presupuestos del Ministerio de Industria. Como SS. SS.
conocen, la gestión de los distintos programas y actuaciones de política industrial se instrumentan fundamentalmente a través de subvenciones, cuya tramitación, persiguiendo la claridad y la transparencia, a veces va en detrimento de la rapidez, con trámites como la convocatoria pública previa, el plazo de presentación de solicitudes, el proceso de selección, notificación a los interesados y proceso de audiencia. Todos estos trámites alargan el tiempo y determinan que en muchos casos su realización presupuestaria no pueda tener lugar hasta el último cuatrimestre del año, situación, por otra parte, que se ha producido con toda normalidad, ya que el Ministerio, acabado el año, ha presentado un balance de ejecución perfecta en todos estos programas.
Quiero referirme también, para terminar, a las transferencias de capital.
Decía el señor Subsecretario que aunque presente un índice de realización del 33,5 por ciento, sin embargo, este indicador es superior a otras fechas parecidas de este mismo año.
Señor Subsecretario, quiero animarle a que siga trabajando en la misma línea que lo ha hecho en otros ejercicios presupuestarios. Mi Grupo confía en ello porque sabe que al final del ejercicio el presupuesto estará correcta y totalmente ejecutado.
Y permítame, señor Presidente, que me felicite, aunque sólo sea por una vez y sin demasiada confianza, de la alegría del representante del Partido Popular por la buena información que ha suministrado el Ministerio de Industria.
Respecto a los niveles de ejecución, le diría que todo es mejorable, pero que el portavoz del Partido Popular no busque la receta para cumplir más fielmente los presupuestos en su nivel de ejecución en lugares, por ejemplo, como Castilla-León o Galicia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Girbau García): Señorías, intentaré explicar las cuestiones que se me han planteado, pero me gustaría iniciar esta fase de mi intervención haciendo al menos dos exposiciones brevísimas.
Algo que es absolutamente cierto, y que creo que ha sido una preocupación permanente por parte de todos los grupos políticos de la Cámara, ha sido el control público, transparente y adecuado de todos los importes de transferencias y subvenciones del presupuesto del Gobierno. El Gobierno siempre ha coincidido, creo yo, en esta apreciación. Pero tenemos que ser conscientes también de que el hecho de pedir transparencia, publicidad, equilibrio e igualdad entre todos los solicitantes implica necesariamente procedimientos administrativos rigurosos y capacidad por parte de los interesados en presentar recursos u oposiciones a las resoluciones. Todo eso nos lleva a un alargamiento de los procesos de concesión de subvenciones o transferencias.
Tenemos que hacer una reflexión y pensar que si queremos lo bueno, y lo bueno parece ser que es el control público y exacto de las transferencias y subvenciones no nominativas del presupuesto debemos, al mismo tiempo, ser conscientes de que eso implica un rigor en los procedimientos

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administrativos a aplicar, que necesariamente hacen que la ejecución presupuestaria se ralentice por la intervención de comisiones de valoración amplias, por la capacidad que tienen los interesados, tanto de plazo para presentar su solicitudes, como de plazo para subsanar errores y de recurrir a cuantos elementos les dé la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo ya aprobada. Esta reflexión inicial hay que hacerla para ser rigurosos en las críticas que se hacen a la ejecución presupuestaria en general.
La Diputada de Izquierda Unida hacía una referencia a los remanentes no adjudicados. No son remanentes no adjudicados. En todo caso tenemos pendiente de valorar solicitudes que previamente han tenido que ser estudiadas por comisiones técnicas, y que no han podido ser elevadas aún al comité de valoración que debe decidir sobre la concesión o no concesión de la subvención solicitada.
A este respecto me gustaría introducir otro elemento de reflexión. En el sector de competencia del Ministerio de Industria y Energía las subvenciones son a proyectos empresariales. Los proyectos empresariales puede que se gesten en un ejercicio presupuestario determinado y que la petición de apoyo por parte de las empresas al Ministerio se efectúe en ese ejercicio. La concesión de las subvenciones no quiere decir que sea necesaria para la ejecución del proyecto empresarial. Es un apoyo al proyecto empresarial, y la empresa tendrá su propio calendario de actuación, que no para porque tenga o no la subvención, sería absurdo pensar lo contrario. Eso es lo que ha venido ocurriendo reiteradamente, al menos en mi corta experiencia de dos años en el Ministerio de Industria. Difícilmente he visto que algún proyecto empresarial se pare, si el empresario lo estima necesario para su competitividad o para la mejora de su empresa, simplemente por no percibir una subvención del Ministerio de Industria.
Me parece una pretensión excesiva el pensar que de nosotros dependen las decisiones empresariales, y que la decisión o no decisión, por muy buena que sea, de un comité de valoración técnico del Ministerio de Industria y Energía tiene tal capacidad de influir en los empresarios de este país.
Esa no es la realidad empresarial. Lo que estamos haciendo dentro de la modestia presupuestaria que tenemos como apoyo (que me parece que es importante, pero no lo que nos gustaría tener a todos) no conlleva el que ciertos proyectos se realicen o no. Sinceramente lo creo así. Este tipo de críticas a la ejecución presupuestaria me atrevería a calificarlo de poco adecuado, pero respeto absolutamente la opinión de la Diputada.
Sí quisiera decirle que la única vía que a mí y a nuestro Ministerio se nos ocurrió en su momento para tratar de agilizar la ejecución consiste exclusivamente en poder anticipar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las órdenes de convocatoria de subvenciones. Si somos capaces, y en eso estamos en el tiempo que yo llevo, de adelantar el plazo de publicación en el Boletín de las órdenes de convocatoria, ganaremos algún mes, no excesivos meses, pero alguno ganaremos.
Respecto a las modificaciones de los 5.000 millones a que hacía referencia, podría en estos momentos, y con algunas imprecisiones puesto que estamos hablando de la ejecución presupuestaria, hacer mención a cuáles fueron en el llamado recorte presupuestario. En cualquier caso, señoría, me remito al acta de mi comparecencia del mes de febrero.
Además, ya he afirmado taxativamente que no ha habido más que una única modificación a la que ya he hecho referencia al inicio de mi intervención, y así consta, repito, en el acta de esta Comisión del mes de febrero.
Si le parece al Presidente y a S. S., me reservo para responder la cuestión del Plan de seguridad minera y de las Pymes, puesto que es algo que también ha planteado el Grupo Popular y me parece que es mejor dar una respuesta conjunta. Contestaré ahora a alguna de las cuestiones planteadas exclusivamente por el Grupo Popular y, finalmente, insisto, responderé al Plan de seguridad minera y al tema de las Pymes.
Sin entrar en ninguna polémica, respecto al inicio de sus palabras, si me gustaría hacer una ligera precisión. Efectivamente, la información que facilitamos en el presupuesto de 1994 en este mismo trámite en el período anterior era más corta, pero también dije en aquel momento que los grupos parlamentarios disponían de ella por otras vías, porque éramos conscientes de que el Ministerio de Economía y Hacienda cumple puntualmente sus obligaciones de información a los grupos parlamentarios.
Y entonces lo dije con una convicción profunda, al menos de este Subsecretario, del Ministro y del Ministerio de Industria, de que no tenemos nada que ocultar en materia presupuestaria y de ejecución presupuestaria, y como es así me parece que no es cuestión de atribuirnos mala fe (y no digo que usted lo haya hecho), no es cuestión de atribuirnos que queremos facilitar poca información al Parlamento. Como ello no era así, les dije entonces que corregiría mi actitud y que en la próxima oportunidad tendría la información suficiente. Me satisface, y se lo agradezco, que reconozca esta vez que hemos cumplido con aquel compromiso y que la información que les hemos facilitado al menos está bien.
Me dice en algunos casos que le responda por escrito. Yo le voy a tratar de responder a algunas cosas. Si usted cree que mi respuesta es insuficiente, generalista o excesivamente genérica, me lo dice y no hay ningún inconveniente en que tengan todos los grupos parlamentarios la correspondiente posición del Ministerio por escrito.
Le diría que la reflexión sobre los temas de investigación y desarrollo tecnológico es la misma que le hecho con carácter general. Cuando les estoy hablando de nuestra pretensión y de que estimamos que vamos a ejecutar el presupuesto es porque estamos seguros, hasta donde racionalmente se puede, de que ello va a ser así, aun cuando nos pueda ocurrir algo parecido a lo que nos sucedió en el año 1994. Es decir, los cuatro mil novecientos noventa y tantos millones de pesetas de remanentes, luego reducidos a 3.000 millones de pesetas, no surgen de la nada, sino de una deficiencia de la ejecución presupuestaria del Ministerio, que no fue capaz de realizar los documentos contables correspondientes a las obligaciones contraídas antes de que la máquina del Ministerio de Hacienda el 31 de diciembre cerrase el presupuesto.
Entonces, nuestra preocupación, mi preocupación es que en este tiempo que nos queda volvamos a estar en una situación similar a la del

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año 1994 en algunas direcciones y en algunos servicios de nuestro Ministerio y nos veamos otra vez en la situación de tener que enfrentar el presupuesto de 1996, en su caso, con obligaciones contraídas que no hemos podido realmente pagar y que tengamos que volver otra vez a tener remanentes y a la incorporación o no de créditos.
Lógicamente, el techo que tenemos de ejecución es el que nos permite el artículo 11 del presupuesto, y mi pretensión, que creo que es también mi obligación, es tratar de espolear o de activar si se me permite la expresión, a los servicios técnicos de la casa para que sean capaces realmente de hacer los documentos contables y presentarlos en su debido momento a la Intervención. Yo no creo que origine perjuicios, como les decía en mi reflexión general, a lo que son de verdad proyectos técnicos empresariales o de empresas, creo que no, sinceramente. Quizás se pueda ralentizar algo en este tipo de programas; en otros --y haré referencia a ello en el sector naval--, efectivamente, hay otros problemas.
El Retex es lo mismo. Habitualmente el Retex, y está centrado en un par de comunidades autónomas, siempre se ha ejecutado en su integridad, y los propios empresarios acogidos al mismo saben que funciona así, que así se percibe las subvenciones, que al final se gasta todo --porque sí se gasta todo en el plan Retex-- y que eso se efectúa, y se reciben los pagos durante el segundo semestre del año. Yo le decía sinceramente que creo eso es así, y además va a ocurrir igual que en el año 1994, y en ese sentido, al menos en las relaciones que me consta tiene la Secretaría de Estado de Industria, que es la que tiene la responsabilidad de conducir el plan Retex con los empresarios del sector textil, no nos consta que estemos ante una situación como podría ser en algunos casos la de algunos empresarios del sector naval, que sí se quejan de otras cosas.
Usted me pilla en absoluto desconocimiento del plan del corcho, pero le contestaré por escrito en su caso. Me parece que lo ligaba al programa de infraestructura técnico-profesional o al menos en su intervención ha sido todo seguido. Si no es así, yo, en cualquier caso, le contesto por escrito sobre el plan del corcho, del que en estos momentos no tengo ni la más mínima idea ni me suena. Le comento, si quiere, el tema de la infraestructura técnico-profesional.
Estos son programas fundamentalmente de formación, si no me estoy equivocando, de técnicos y de directivos, que se estructuran a través de mi Subsecretaría y creo que a través de la Escuela de Organización Industrial. El importe me parece que es aproximadamente de unos 200 millones de pesetas, si es de lo mismo que estamos hablando. Este programa está comprometido prácticamente en su totalidad, puesto que son convenios firmados con grandes centros de formación empresarial, es decir que no hay una convocatoria que cumplir, simplemente es la previsión del convenio suscrito con los centros de formación empresarial que lo que tienen que hacer es presentar la documentación que justifique el cumplimiento del convenio, se analiza esa documentación y a continuación es cuando se produce el pago.
En el tema de reconversión, me parece que se quejaba, si voy al fondo de lo que usted planteaba, más que de la cuantía de ejecución, aunque también lo criticaba, de que lo usemos tan poco para reindustrializar. Yo quiero decirle simplemente una cosa. Los créditos de reconversión del presupuesto del Ministerio de Industria en estos momentos son de reconversiones pasadas, no de lo que se esté haciendo, sino de algo que está hecho, y aquellas reconversiones ya se hicieron. Lo que estamos pagando es el coste de aquellas reconversiones. En todo caso y en el futuro estos créditos tendrán que soportar también los costes de las reconversiones que en este período se vayan produciendo.
No le voy a negar una cuestión que me parece que es evidente. ¿Afecta? Claro que afecta la morosidad al sector naval, pero tenemos un problema --y yo no puedo ocultar al Congreso de los Diputados algo que es evidente y además lo venimos reiterando creo que manifiestamente en cada intervención--, que los créditos con los que dotamos la partida de reconversión, de intereses y de primas nunca son suficientes, porque el volumen es absolutamente astronómico y las opciones prioritarias y presupuestarias del Gobierno y del Ministerio en algunos casos van por otras vías que nos parecen que tienen una incidencia mayor o más inmediata, y aun cuando este tema afecte a algunas cuentas de resultados del sector naval, entendemos, por otro lado, que eso es un coste soportable y, en todo caso, lo que no sería soportable es que destináramos cuantías importantes de un presupuesto escaso en apoyo de un sector público que creo que es fundamental es el sector naval --la cuota de morosidad estaría establecida ahí-- frente a otras opciones de política de industria activa que en estos momentos nos parecían fundamentales para el país y para la política del Ministerio. Esta es una opción que yo creo que se ha manifestado por el Secretario de Estado de Industria en sus comparecencias, el Gobierno las reconoce porque es algo que no podemos dejar de reconocer, que podrá ser criticable, pero, en cualquier caso, la única solución que tenemos es poner más dinero en el presupuesto, no hay más, porque, con lo demás, estamos todos, incluyendo al Gobierno, incurriendo en costes financieros, de los que todos somos conscientes, que creemos y estimamos que en principio podemos soportar.
Me parece que la otra cuestión pendiente era sobre potabilizadoras. El crédito de las potabilizadoras de aguas de Canarias es atípico del Ministerio de Industria y Energía. tiene una historia variopinta, con desaparición del presupuesto del Gobierno y aparición por enmiendas de grupos parlamentarios. En fin, nos parece que es una situación en la que estar subvencionando esta cuestión tiene su importancia. No estimamos en principio que nosotros seamos el Ministerio competente en la materia. Nos parece que la predecesora que ha habido en esta Mesa en esta comparecencia es más competente de lo que pueda ser yo en materia de agua. En cualquier caso, habitualmente es una orden de convocatoria que se publica en el segundo semestre del año. Las depuradoras de aguas --y si usted ve la partida, son para Canarias exclusivamente-- están tasadas, lo conocen, saben el contenido material de la orden, saben qué documentación tienen que preparar y habitualmente la partida

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se ejecuta en su integridad en tiempo y plazo y no va a dar ningún problema, seguirá su mecanismo habitual. Si no las he mencionado en mi intervención previa, simplemente ha sido porque no es sinceramente de las partidas que más me apasionen del presupuesto del Ministerio de Industria y Energía.
Y a partir de aquí, creo que nos quedan dos temas por tratar, el tema de las pymes y el tema de la minería y sus últimos acontecimientos, que yo creo que todos lamentamos con la seriedad y el sentimiento que a todos nos producen y que a mí me lo produce también, ya que no dejo de pensar que en algún momento fui miembro del Consejo de Administración de Hunosa y, en consecuencia, siento de cerca estos problemas. Sí quería decirles que aparte de esta sensibilidad lo que no debemos de olvidar en el plan de seguridad minera es cuál es la Administración competente en materia de planes de seguridad minera, y a partir de ahí veamos el presupuesto del Ministerio y el problema.
El programa de exploración, ordenación y seguridad minera tiene tres grandes conceptos: exploración, ordenación y seguridad. La seguridad, si ustedes quieren, es la parte más pequeña dentro de una partida de ciento y pico millones de pesetas, y la parte, si quieren, fuerte de ese concepto presupuestario está en los temas de exploración y de ordenación.
Habitualmente, ésta es una partida que se ha demostrado que goza de un grado de ejecución medio/bajo, pero la razón no está en la voluntad o no voluntad del Ministerio de Industria; quizá la voluntad o no del Ministerio será modificar el importe de esa partida, cosa que en este proyecto que parece ser que no tendrá larga vida, aunque no perdemos la esperanza de que la tenga, es lo que hemos hecho: ajustar la misma a unas cifras razonables y no las que han tenido hasta la fecha. Que en dos años de ejecución de una partida presupuestaria en temas de exploración y ordenación, en los que la responsabilidad de solicitar las ayudas compete a las empresas mineras privadas, los empresarios mineros privados no acudan, por las razones que fueren y en las que no quisiera entrar porque son opiniones de cada uno --quizá la exigencia de controles y de ciertas cuestiones que se plantean en las órdenes que ejecutarían esa partida no incentivan enormemente a algunos empresarios mineros a presentarse, porque tendrían que poner de manifiesto algunas cosas que no parece que concordarían excesivamente con los controles que pedimos-- hace que esa partida tenga un grado de ejecución a veces bastante insatisfactorio.
Sinceramente les digo que en el nuevo proyecto hemos tomado otras opciones, creo recordar que hemos eliminado las nociones de exploración y ordenación y hemos elevado el concepto de seguridad dejando la partida simplemente en seguridad; con ello les manifiesto una sensibilidad evidente de la que somos conscientes, aun siendo, como digo, Administración no competente. La competencia en materia de planes de seguridad minera y en seguridad minera es de las comunidades autónomas.
¿Cómo gastamos esos ciento y pico millones destinados a seguridad minera? Esta es una parte proporcional que se transfiere a todas las comunidades autónomas que tienen actividad minera y que normalmente se verifica mediante la reunión de una comisión ad hoc en la que están presentes el Ministerio y las comunidades autónomas con sus organismos mineros correspondientes, y de acuerdo con los planes que tienen previstos se efectúa la distribución, teniendo en cuenta tanto factores de personal, como de instalaciones mineras que están en funcionamiento, como de capacidad y otra serie de criterios. Simplemente es el reparto de unos costes, de lo que puede significar el apoyo del Ministerio de Industria a los planes de seguridad minera.
Los hechos luctuosos últimamente acaecidos, que creo que ya han sido comentados en la Comisión correspondiente por parte del presidente de la empresa, no es que nos hayan despertado una preocupación, sino que el tema de la seguridad es algo que siempre ha estado presente en la Dirección de Minas del Ministerio de Industria, pero no veíamos muy claro, como tampoco lo vemos en estos momentos, qué más podemos hacer en apoyo de las administraciones autonómicas para que realmente haya algo que, según las propias administraciones autonómicas, era suficiente en cuanto a planes de seguridad, si no se hubiese suscitado la problemática en esta comisión. De hecho, no se había planteado, puesto que cada una tiene su propio plan de seguridad minera, para lo que en su momento y a través del oportuno traspaso se dotaron de los medios humanos y materiales y que tienen que tener en sus propios presupuestos. Esa es la situación. Intentaremos hacer un esfuerzo, y creo que en ello está trabajando la Dirección General de Minas. Esa es la posición que hemos adoptado en el proyecto de presupuestos para 1996: incrementar la partida de seguridad minera exclusivamente, suprimiendo los conceptos --si es que al final eso se vierte así a través de los artilugios informáticos-- de exploración y ordenación, que nos parece que tienen otras vías en las que estamos trabajando, como puede ser en la del decreto de ayudas al carbón u otro tipo de planteamientos que pueden ir más directamente en apoyo de las estructuras empresariales de la minería sin necesidad de que aparezca incardinado en esta partida a la que estamos haciendo referencia relativa al año 1995.
Respecto al plan PYME, por no alargarme excesivamente, les diré que seguimos pensando que es una de las políticas centrales y fundamentales para este país, desde la óptica del Gobierno, no sólo del Ministerio de Industria sino del Gobierno. En ese sentido, en este proyecto de presupuestos --y espero que en este punto contemos con el apoyo de algunos grupos parlamentarios-- la partida de la iniciativa PYME experimenta no un recorte como sucede con algunas otras sino un pequeño incremento; con ello estamos cumpliendo religiosamente --perdónenme la expresión, entrecomillada-- nuestros compromisos de la conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas. En la conferencia sectorial de Industria nos comprometimos en la iniciativa PYME de desarrollo industrial con las comunidades autónomas en un plan financiero que contemplaba el período de vigencia del plan de la iniciativa PYME y el Ministerio de Industria está cumpliendo las aportaciones a que nos obligamos desde el Ministerio. Esas están recogidas y comprometidas. ¿Por qué no se han

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comprometido más? La razón es externa, y no estoy echando la culpa a nadie, sino simplemente estoy diciendo que este plan de apoyo, lógicamente, necesita el visto bueno de la Unión Europea y de la Comisión. Esperamos contar con esa aprobación este mes y esperemos que a partir de ahí podamos ejecutar todos, porque en la misma situación en que se encuentra en estos momentos el Ministerio de Industria se encuentra el conjunto de comunidades autónomas y de gobiernos autonómicos, pendientes de que se apruebe ese plan de la iniciativa PYME para poder empezar a materializar las ayudas que de todas maneras se han venido ya tramitando, estudiando, analizando y aprobando en el marco de la citada iniciativa y de acuerdo con lo previsto en los distintos convenios suscritos con todas las comunidades autónomas. Eso es algo que, a mi juicio, está funcionando con plena normalidad dentro del esquema de convenios suscritos con las comunidades autónomas y todos estamos esperando que se encienda esa lucecita verde que ha de dar la Unión Europea para poder hacer reales, material y dinerariamente, los apoyos que las empresas ya conocen, porque es algo que se ha venido gestionando en los ámbitos autonómicos, los comités de valoración se han venido reuniendo, las entidades colaboradoras han ido funcionando, los empresarios han solicitado este tipo de apoyos a la iniciativa y hay una gestión interna que ha ido funcionando, pero que no se puede materializar mientras no tengamos la aprobación. Por eso les decía que pienso que será posible ejecutarlo. En cualquier caso, si por las razones que fueren, sufriese un retraso, no creo yo que éste sea uno de los programas que vaya a experimentar en absoluto ningún tipo de recorte ni que vaya a ninguna bolsa extraña. La posición del Gobierno y del Ministerio de Industria, como lo va a demostrar el proyecto de presupuestos para el año 1996, respecto a la iniciativa PYME, cumple los compromisos pactados con las comunidades autónomas, y eso significa un crecimiento de la partida presupuestaria de 1995.
Creo que he contestado a casi todo lo que me han preguntado y simplemente quería hacer una manifestación, si me lo permiten, personal y obligada, creo yo. Me parece que esa enfermedad de trece, de siete, de cuatro o de tres años es la enfermedad de la claridad, la publicidad, la transparencia y el cumplimiento riguroso de unas peticiones que todos los gobiernos parece que tienen que cumplir frente a sus órganos de control que son los parlamentos, y este retraso en la ejecución del presupuesto en materia de transferencias y subvenciones me parece que se da en todos sitios. Yo he estado en gobiernos autonómicos en los que aparte del Partido Socialista había otros partidos, y la verdad es que la ejecución presupuestaria en materias de subvenciones necesariamente se retrasa si se quiere ser transparente. Ahora bien, si la opción es cortemos la enfermedad y suprimamos la transparencia, probablemente se pueda ejecutar una orden de subvención en un mes.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Para un turno último y muy breve de aclaraciones, precisiones o cosas por el estilo, tiene la palabra, en primer término, la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Seré muy breve. En principio, deseo decir al señor Subsecretario que si nuestras críticas son poco adecuadas, se basan sólo y exclusivamente en lo que acaba de decir en su comparecencia, porque cuando en el programa de ahorro y eficiencia energética usted nos dice que esperan poder cubrirlo antes de finalizar el año, bien, pero el Ministerio tiene la obligación no solamente de sacar las respectivas órdenes de convocatoria de subvenciones sino la de incentivar a que se presenten esos proyectos. En ningún momento desde este Grupo Parlamentario se ha puesto en duda que los empresarios que concurran a las diferentes subvenciones vayan a paralizar sus proyectos en función de si el Ministerio concede la subvención o no, que se puede o no se puede dar, pero nosotros desde luego no hemos puesto en duda eso.
Yo he hecho referencia a que lo mismo que nos decía usted que iban a agotar el presupuesto en el Pitma y que había una reserva del 21 por ciento para cumplir un convenio con la Generalitat, que nos parece una explicación correcta --independientemente de compartirlo o no compartirlo, es una explicación correcta--, lo que no nos parece correcto es que nos diga usted que pueden cubrirlo al finalizar el año. Queríamos que nos explicara cómo estaba la ejecución del presupuesto, y así como nos ha dado datos en otros programas, en los que nos ha dicho que no se han cumplido totalmente pero que estaban pendientes de adjudicación porque van a ir a la Comisión, era lo único que nosotros queríamos y en ese sentido hacíamos la crítica.
De todas formas, nosotros no hubiéramos tenido esa crítica si entre lo que nos han entregado, que nos parece una información bastante completa, y la comparecencia que usted ha hecho quince días después o un mes después no hubiera tanta variación como la que hay en estos momentos, porque, de pasar en algunos programas del 1,6 o del 1, a decirnos que prácticamente ya está todo el crédito adjudicado hay mucha variación.
Una cosa que en la que no he quedado totalmente satisfecha con su explicación es cuando ha hecho alusión a la seguridad minera. Somos conscientes que las competencias son de las comunidades autónomas, pero ya lo he dicho en mi intervención inicial que había una partida presupuestaria, que no era muy grande, que eran 166 millones de pesetas, creo recordar, porque ahora no veo la cifra, pero no se ha ejecutado nada. ¿Es porque las comunidades autónomas no han solicitado apoyo del Ministerio de Industria para los planes de seguridad? ¿Es eso lo que usted nos quiere decir exactamente? ¿No ha habido ningún programa? ¿No ha habido ningún proyecto? ¿Sencillamente, se presupuestaron y, después, no ha sido necesario ejecutarlo? Eso es lo que me gustaría que nos aclarara, independientemente de que a todos nos afecte la situación de los últimos acontecimientos en la minería.
Por mi parte, nada más que agradecer la comparecencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor Ruiz López.


El señor RUIZ LOPEZ: En primer lugar, quiero decirle al señor Subsecretario que nunca pensamos que hubo

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mala fe al mandarnos los papeles que nos envió el año pasado, al contrario, pensamos que lo hizo con buena fe; lo que pasa es que a nosotros nos parecieron insuficientes. Menos mal que se han mejorado. Yo creo que con la colaboración de todos es como se pueden mejorar las cosas. Igual que creemos que obra de buena fe cuando usted nos dice que cree que se va a cumplir el presupuesto. Nosotros confiamos en su buena fe y debemos creerle en este caso.
Hablando de la ejecución, sigo pensando que la ejecución es baja en base a un criterio. Si tomamos los números sueltos, nos daremos cuenta de que la ejecución no es muy baja, pero sí lo es si quitamos, como he comentado antes en mi intervención, las grandes partidas que van a Hunosa, a este tipo de empresas, que van temporalizadas, y realmente van cubiertas siempre al cien por cien. A nuestro entender, creemos que eso es lo que dignifica un poco las cifras.
El plan del corcho también tiene su relativa importancia, en los términos en que estamos hablando, pero siempre nos ha llamado la atención un plan de competitividad de un sector más pequeño o más grande que no tenía ninguna aplicación ni ejecución; por eso nos ha llamado la atención.
Creemos que se tiene que luchar de alguna manera en el tema de la morosidad de las primas de la construcción naval. Hay que entrar ahí porque aunque usted dice que el coste es asumible, algunas empresas por su situación actual realmente no tienen la posibilidad de asumir ese coste adicional.
También nos gustaría requerir el esfuerzo del Ministerio de Industria en cuanto a la importancia de la seguridad. Si es necesario, y nosotros creemos que sí, que se aumente la partida en cuanto a la colaboración con las comunidades autónomas para la seguriadad de los mineros.
Ya muy brevemente, como dije al principio al Presidente, nosotros no consideramos que la transparencia sea una enfermedad, y lo demostramos donde estamos gobernando. Nosotros pensamos que bastantes veces les falta a ustedes esa agilidad de gestión que necesitan unos buenos gestores, y no pensamos que suprimir la transparencia sea el método adecuado para que se ejecute mejor el presupuesto.
Para terminar, al representante del Partido Socialista le diré que mire los niveles de ejecución de algunos presupuestos de sus compañeros, a ver si son o no superiores a los de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor Flores.


El señor ROS MAORAD: Muy brevemente. No pensaba ya intervenir, pero tengo que decir que sí los he mirado, y en cuanto a lo que se ha hablado de enfermedad, he dicho que como receta no le aconsejaba que mirase usted la ejecución presupuestaria de Castilla y León, pero si me insiste, le digo que mire la de Galicia, a no ser que S. S. cambie las recetas por «conxuros» o «embruxos». Si no, los datos no cuadran.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Si el señor Subsecretario quiere añadir algo (Asentimiento.), con brevedad, por favor.


El señor SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Girbau García): Con absoluta brevedad, señor Presidente.
Me parece que en mi segunda intervención he aclarado el mecanismo del plan de seguridad. Insisto en lo mismo, yo siento que se quede usted insatisfecha con mi respuesta, pero es que no puedo darle otra; es que no es la voluntad del Ministerio de Industria activar la convocatoria o no de la comisión, porque este asunto es irrelevante para las comunidades autónomas: saben que es una reunión, se ponen de acuerdo, se distribuyen el crédito, hay una orden ministerial y, a partir de esa orden ministerial, perciben la cuantía y cuentan con ella. Están actuando. Es decir, prácticamente ésta es de las partidas que realmente están ejecutadas. Simplemente, tenemos una cuestión que es que tiene que haber una reunión formal de las comunidades autónomas para distribuir esa cuantía entre ellas, y, a partir de ahí, a la semana siguiente, hay una orden ministerial, y, a continuación, se liberan los fondos. No es más, no es un problema del que estemos hablando en otro sentido. Podemos tratar de convocarlas o no convocarlas, de anticiparlas o no. En cualquier caso, si me permite la opinión, no estamos en la otra situación. Es decir, a mí me parece mucho más importante no el reparto de esos ciento sesenta y tantos mil millones de pesetas, sino quizá que tuviésemos la capacidad de articular otros mecanismos incentivadores o de apoyo distintos de ese coste. Pero es que --ustedes saben lo que puede ocurrir en materia competencial-- tampoco a veces es posible, si no hay una solicitud expresa por parte de quien ostenta la competencia, y me parece que hasta el momento no se ha manifestado así. Es decir, estamos hablando de voluntariedades, que no les estoy negando a las comunidades autónomas la voluntad en absoluto, porque creo que se gastan bastante más dinero ellas en los planes de seguridad, porque todos estamos muy preocupados con esa cuestión, de lo que significa este pequeño reparto de una cuantía que, en el momento de los traspasos, se reservó el Ministerio de Industria para ciertos planes generales en el país. Ese es el concepto de esta partida, una reserva que no se transfirió a las comunidades autónomas por entender que era conveniente que en un foro conjunto algunos planes generales se efectuasen por parte de las comunidades autónomas y el Ministerio de Industria. A eso responde esta partida.
Quizás eso es lo que en el futuro tenga que ampliarse, pero ahí habrá que contar con la voluntad de todas las partes.
En cuanto al problema que usted planteaba a continuación, yo lamento que en mi intervención haya diferencias respecto a la documentación, pero me parece que ustedes solicitaban la ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 1995, y la ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 1995 es la que tienen ustedes en la documentación. Yo lo que estoy dándoles como información complementaria es lo que, a partir del 31 de agosto, preveo que va a ocurrir hasta el 31 de diciembre.


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La cuestión no es si a mí me gusta que me consideren un buen gestor, en absoluto, no es ésa la cuestión. Me parece que los que están son buenos gestores y buenos gestores hay en la Administración general del Estado, a pesar de que, en su opinión, sigamos siendo lentos en la ejecución presupuestaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Damos por terminada la comparecencia del señor Subsecretario de Industria y Energía, a quien agradecemos su presencia entre nosotros. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.)

DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA:

--PARA QUE EXPLIQUE LA EVOLUCION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA SECCION 15 DEL CITADO MINISTERIO Y DE LA SECCION 6, DEUDA PUBLICA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1995, PREVIA REVISION DEL INFORME SOLICITADO CON FECHA 14-7-95. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001553.)

--PARA DAR CUENTA, PREVIA REMISION DE LA DOCUMENTACION PRECISA, DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 1995 A 31 DE AGOSTO, ASI COMO LA CONCRECION DE LOS EFECTOS DEL RECORTE Y AJUSTE PRESUPUESTARIO APROBADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO POR EL CONSEJO DE MINISTROS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001571.)

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para explicar la evolución de la ejecución del presupuesto de la Sección 15 y de la Sección 6, Ministerio de Economía y Hacienda, tiene la palabra el ilustrísimo Subsecretario del mismo Departamento, señor Blanco-Magadán.


El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán y Amutio): Señor Presidente, estoy seguro de que, cumpliendo el deseo del Presidente y de SS. SS., voy a tratar de ser lo más breve posible, fundamentalmente por dos razones, una primera porque hemos remitido a SS. SS., y espero que les haya llegado con tiempo, una documentación, creo que bastante completa, sobre el seguimiento presupuestario, y, en todo caso tan completa como de la que yo mismo dispongo, porque es la que mensualmente se me facilita para hacer el seguimiento del presupuesto. Por tanto, tienen SS. SS. exactamente la misma información que tengo yo mismo. La segunda, porque ya el año pasado tuve ocasión, con motivo de esta comparecencia, de hacer algunas reflexiones de carácter general, lo que me va a permitir ser hoy mucho más breve.
En todo caso, creo que es necesario hacerlas para situar el análisis del cumplimiento de los objetivos presupuestarios del Ministerio de Economía y Hacienda en un contexto correcto que lo haga inteligible de forma plena.
Como saben ustedes, los Presupuestos del Estado que se aprobaron para el año 1995 tenían un conjunto de objetivos bastante claro entre los cuales, a efectos del análisis del presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda, creo que el más relevante es el objetivo de reducción del déficit público y continuación, por tanto, de una política de consolidación presupuestaria que ya se había iniciado en el ejercicio de 1994, en línea con las pautas establecidas en el programa de convergencia y con los objetivos del propio Gobierno en relación con el déficit.
En este contexto de objetivos, los presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda para 1995 se han dirigido básicamente a la consecución de este objetivo de consolidación presupuestaria y de ajuste a los gastos de funcionamiento del Estado, en este caso del Ministerio.
Para valorar la consecución de estos objetivos, hay que tener en cuenta o resaltar, si lo quieren decir así, tres características del presupuesto del Ministerio. En primer lugar, el hecho de que el presupuesto no financiero del Departamento va destinado fundamentalmente a financiar gastos de funcionamiento.
Si excluimos las operaciones financieras, a las que me referiré más adelante, el 84 por ciento del presupuesto no financiero del Ministerio son gastos operativos, entendiendo por tales personal, gastos corrientes en bienes y servicios, transferencias corrientes a organismos autónomos y de capital a estos organismos y muy especialmente a la Agencia Tributaria, puesto que estas transferencias son las que financian los gastos de personal y los gastos de funcionamiento de los organismos a las que se dirigen. Incluso las inversiones del Departamento se dedican en su práctica totalidad al funcionamiento operativo de los servicios, puesto que, como han tenido ocasión SS. SS. de analizar en los presupuestos y en los documentos de seguimiento, se destinan fundamentalmente a la reparación de edificios y a la adquisición del equipamiento informático necesario para el funcionamiento del Departamento.
Si incluimos algunas de estas operaciones (obras, inversiones en informática, inmobiliario, etcétera) dentro de los gastos de funcionamiento, como parecería correcto, lo que antes les he mencionado del 84 por ciento del presupuesto, pasaríamos a situarnos en un entorno del 90 por ciento del presupuesto. Esto quiere decir que las que podríamos llamar políticas activas del Departamento, es decir, aquellas que se dirigen a la provisión de bienes y servicio públicos para la sociedad o las que inciden directamente en el aparato productivo del país, son francamente escasas. No es ésa la obligación, no es ése el papel que le corresponde al Departamento.
Dentro de estas políticas, por destacar una que tiene una especial singularidad y que ustedes conocen bien, está la política de incentivos económicos regionales, que seguro que tendremos ocasión de comentar, y para la cual están

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presupuestados 19.000 millones. Por destacar otra, aunque está con un pie en cuanto a inversiones que se podían considerar como de funcionamiento de los servicios o como de políticas activas de cara a la sociedad española, señalaré las revisiones catastrales o toda la tarea del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de elaboración de censos y encuestas o incluso, si quieren, la administración y gestión de la Cartera de Valores del Estado que corresponde a la Dirección General del Patrimonio.
Por tanto, en primer lugar, el 90 por ciento del presupuesto del Ministerio son los gastos de funcionamiento.
En segundo lugar, el presupuesto de este Ministerio se caracteriza por una singularidad que creo que no tiene ningún otro Departamento, que es el gran peso que tienen las operaciones financieras, es decir, el capítulo 8. Dentro del presupuesto total del Departamento, las operaciones financieras, es decir, actuaciones financieras en cuanto a empréstitos, que se dirigen desde el Departamento a determinadas empresas y organismos --por mencionar algunos señalaré los créditos FAD, la aportación a la cobertura de riesgos extraordinarios a la Exportación de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), etcétera-- supone más del 60 por ciento del total de los créditos del Departamento, que es una singularidad especial que hay que tener en cuenta --luego tendré ocasión de comentarlo-- a la hora de analizar su seguimiento presupuestario.
En tercer lugar, no está de más señalar que si uno de los objetivos fundamentales de la política presupuestaria del Gobierno y en este caso de la responsabilidad directa del Ministerio de Economía y Hacienda es la consecución de un determinado objetivo de déficit y la consolidación presupuestaria, parece que el Ministerio de Economía y Hacienda debería intentar tener un comportamiento especialmente riguroso en cuanto a sus gastos en relación con los créditos que tiene autorizados.
Saben SS. SS. perfectamente que, ya en el año 1994, el Ministerio hizo un serio esfuerzo en este sentido de contención --tuve ocasión de explicarlo--, hasta el punto de que la liquidación final del presupuesto, que ascendió a 209.142 millones de pesetas, significó, de hecho, una disminución de los gastos --estamos hablando de obligaciones reconocidas, de lo que pagamos-- del orden de 60.000 millones de pesetas en relación con lo gastado en el año 1993. Es decir, la política de contención condujo en el año 94 a un resultado de una disminución del gasto por parte del Ministerio --insisto, fundamentalmente por parte de políticas relacionados con los servicios-- del orden del 21,7 por ciento. Pues bien, en 1995 los presupuestos han continuado esta política de reducción y consolidación de los gastos de funcionamiento, es decir, los gastos no financieros del Ministerio de Economía y Hacienda excluido el capítulo 8, que ascienden, en términos de presupuesto inicial, a 206.000 millones de pesetas, suponen una caída del 1,2 por ciento en relación con la liquidación que se hizo en el año 94. Esperemos a final del año 95 para ver qué ocurre con la liquidación final, pero les puedo adelantar a ustedes que, a la vista de cómo va el presupuesto este año --a continuación tendremos ocasión de comentarlo--, estamos seguros de que, para el año 95, también vamos a poder reflejar, en términos de liquidación 95 frente a liquidación 94, una disminución en pesetas contantes y sonantes. Es decir, que vamos a estar, por segundo año consecutivo, gastando menos que el año anterior, a pesar de que los presupuestos inicialmente ya incluían un ajuste relativamente importante.
Una vez hechas estas reflexiones --creo que ya las hice el año pasado con alguna mayor amplitud, pero entiendo que son útiles para contextualizar el seguimiento presupuestario del Ministerio de Economía y Hacienda--, les voy a recordar brevemente lo que es el centro de esta comparecencia mía ante ustedes, que es explicar cómo hemos ido cumpliendo el presupuesto y, en concreto a 31 de agosto, caben muy distintos criterios de analizar y valorar cómo un gestor se está gastando el dinero que SS.
SS. han autorizado al aprobar los Presupuestos. Yo elegí entonces, y creo que vuelvo a elegir este año, con un cierto criterio que me parece de sentido común, tres posibles formas de analizar cómo hemos gastado lo que nos han autorizado. Una forma que si quieren ustedes es la más convencional, es decir, cómo estamos gastando en el sentido de a qué ritmo estamos gastando los créditos que nos autorizaron en su día. Con este enfoque, que es el más convencional, parece que el mejor gestor es el que gasta más deprisa aquello que ustedes han autorizado. Un segundo criterio podría ser ver si el gestor se está gastando más de lo que ustedes autorizaron o en cosas distintas a las que nos autorizaron. En definitiva, me estoy refiriendo a si lo que estamos haciendo es pedir créditos extraordinarios, suplementos, modificaciones, etcétera, que hacen que el presupuesto que ejecutamos sea distinto o incluso, en algunos casos, no tenga mucho que ver con lo que inicialmente se nos autorizó --insisto--, tanto en cantidades como en destinos concretos.
Deberíamos concluir que, si estamos haciendo eso, no somos muy buenos gestores o, podríamos decirlo de otra forma, no presupuestamos muy bien, puesto que presupuestamos en cantidades y para cosas distintas a las que luego realmente nos lo hemos gastado. Un tercer criterio podría ser --y no es habitual emplearlo-- el pensar: ¿Qué dice la Ley General Presupuestaria? Pues que los créditos son límites que ponen las Cortes al gestor al autorizar unos gastos, esto es: se puede usted gastar hasta aquí. Pero yo no estoy obligado a gastarme hasta ahí, yo estoy obligado a cumplir determinados objetivos. Si cumplo esos objetivos y me gasto menos de lo que me han autorizado, seré mejor gestor que si no hago eso. Este es el tercer criterio que también voy a usar para analizar el presupuesto del Ministerio.
Me referiré ahora al primer criterio, es decir, el ritmo al que hemos ido gastando. Ustedes pueden ver en la documentación que el presupuesto del Departamento, la Sección 15, en el cuadro 1 de la página 51, para ser exactos, a 31 de agosto teníamos comprometido más del 61 por ciento de los créditos totales del Ministerio y habíamos reconocido obligaciones, habíamos pagado, por más del 50 por ciento. Pero --y aquí vuelvo a lo que les decía anteriormente-- si cogemos sólo las operaciones no financieras, que, como luego veremos, parece más razonable, estamos

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hablando de porcentajes que se elevan al 88 por ciento en cuanto a compromisos de gastos y a más del 61 por ciento en cuanto a obligaciones no reconocidas. Estos porcentajes, 88 y 61 por ciento, son similares a los del año pasado y son los que podían considerarse normales en esta época del año, insisto, 31 de agosto. Estamos hablando de haber pagado en torno al 60 por ciento.
No obstante, es verdad --y hay que resaltarlo-- que las inversiones reales del Capítulo VI llevan un ritmo de ejecución más lento que el resto de los capítulos, especialmente en edificios y en inversiones y materiales. En todo caso, en inversiones y materiales estamos hablando de una partida muy pequeña, pero el hecho cierto es que llevan un ritmo más lento, aunque se están comportando mucho mejor que el año pasado. Estamos hablando de que, en términos de obligaciones reconocidas, es decir, de pago, este año, en ese conjunto de partidas del Capítulo 6, estamos a 31 de agosto del orden del 30 por ciento, mientras que en el año pasado estábamos en el 17 por ciento. Alguna de SS. SS., que tuvo la amabilidad de estar presente en la comparecencia del pasado año, precisamente nos llamó la atención por el bajo ritmo de ejecución que llevaba, fundamentalmente el Catastro, por lo que tuvimos ocasión de comentar la singularidad del Catastro en cuanto a que funciona de forma muy descentralizada y los pagos se acumulan muy a finales de año. En todo caso, hemos hecho, y es comprobable en las cifras, este año, principalmente lo ha hecho el Catastro, aunque yo me tuve que ocupar de decir que se hiciera, un esfuerzo que ha supuesto casi duplicar el ritmo que llevábamos a esta fecha el año pasado en cuanto a inversiones. De todas maneras, si ustedes lo que contemplan no es a 31 de agosto sino a 31 de diciembre, al final el Catastro fue capaz de gastarse prácticamente la totalidad de lo que tenía autorizado. Por tanto, es un organismo que sigue teniendo problemas de acumulación en cuanto a ritmo de gasto a final de año con respecto al principio.
Por el contrario --estábamos hablando de lo que era la ejecución de las operaciones financieras--, el ritmo de gasto en las operaciones no financieras, Capítulo 8, tiene un nivel de realización mucho más bajo.
¿Por qué razón se produce este ritmo más bajo? En primer lugar, por una cosa tan simple como que estamos intentando gastar menos y, por tanto, siguiendo los criterios del Gobierno de política de contención del gasto, en el Capítulo 8 podemos hacer una cierta contención, y luego tendremos ocasión de comentarlo. Esta es una primera razón sobre por qué va más lento. La segunda razón es porque tiene poco sentido un análisis mensualizado del Capítulo 8, porque son operaciones que se producen puntualmente dentro del año, es decir, una ampliación de capital se hace cuando hay que hacerla, por la razón que sea, con independencia de que estemos a mitad o a final del ejercicio; hay que hacerla por otro tipo de razones, y cuando hay que hacerla, se hace. Por tanto, las comparaciones interanuales, es decir, agosto sobre agosto o agosto dentro del conjunto del año, para el Capítulo 8, que, insisto, es la parte mayoritaria del presupuesto del Ministerio, tienen poco sentido. Reitero lo que he dicho antes. A los ocho meses de ejercicio, el ritmo de ejecución del gasto es normal; estamos, a nivel de obligaciones reconocidas, en más del 60 por ciento en operaciones no financieras, y hemos comprometido más del 85 por ciento del gasto.
El segundo criterio es, decía anteriormente, que no estemos demandando más recursos de los que ustedes nos autorizaron y no lo estemos usando para cosas distintas a las que ustedes nos autorizaron. Señorías, si tienen interés, también pueden comprobar un cierto detalle de las modificaciones en el cuadro 1 de la página 51 de la documentación que se les ha remitido.
Las modificaciones de crédito que se han producido hasta agosto alcanzan la cifra de 11.143 millones, que, sobre un proyecto inicial de 529.000 millones, estamos hablando de que supera ligeramente el 2 por ciento del crédito inicial. Cualquiera que tenga un cierto conocimiento de cómo se comportan los Presupuestos sabe que el 2 por ciento de modificaciones es una cifra prácticamente despreciable, pero creo que más despreciable todavía es si se contempla qué hay dentro. Es decir, ¿estas modificaciones estaban previstas o estamos hablando de algo nuevo? Pues bien, en su inmensa mayoría estaban previstas, cuando SS. SS. aprueban los presupuestos saben que estas modificaciones se van a producir porque las han autorizado.
Una parte muy sustancial de ellas, más de la mitad, son generaciones de crédito que corresponden a la Agencia Tributaria. Como saben SS. SS., la Agencia Tributaria, de acuerdo con su ley reguladora y en la ley de presupuestos de cada año, puede generar crédito por un determinado importe --creo que es del 16 por ciento, pero no me acuerdo exactamente-- de la recaudación obtenida por la Inspección de Tributos, y eso financia la Agencia Tributaria. Pues bien, de esos 11.000 millones de modificaciones 6.296 han sido generaciones de crédito de la Agencia. El año pasado acabamos el ejercicio con unas generaciones de la Agencia del orden, creo recordar, de 12.000 millones, este año nos moveremos en cifras similares, quizá un poquito superiores. Esta es una modificación un poco singular, en el sentido de que es conocida y está prevista.
¿Dónde está lo demás de los 11.000 millones? Pues una parte muy importante está en un tema que a los que hayan seguido la política presupuestaria del Ministerio les es bien conocido, que es lo que nosotros llamamos los créditos de farmacia. Hace dos o tres años hubo una sentencia que declaró nula una orden ministerial --creo que era del Ministerio de Sanidad y se refería a los márgenes comerciales-- y ha habido que hacer frente a las demandas de los farmacéuticos y, por tanto, según se van produciendo las sentencias, hacer frente al pago del principal de la indemnización y de los intereses correspondientes al desfase entre que se produce la sentencia y los farmacéuticos cobran.
Esto lo llevamos arrastrando desde hace dos o tres años y lo seguiremos arrastrando conforme se sigan produciendo nuevas sentencias. De hecho estamos ya en un goteo de mucha menor cuantía de lo que estábamos hace uno o dos años, pero en todo caso este año hemos tenido que hacer frente aproximadamente a casi 4.000 millones de pesetas. Es decir, de 11.000 ya llevo casi 10.000 que se justifican por situaciones previstas o extraordinarias.


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El resto son cantidades bien pequeñas, parte de las cuales incluso están previstas, como por ejemplo --y estoy hablando de 425 millones-- cuando se pagan deudas tributarias aportando bienes integrados en el Patrimonio Histórico Español, y para lo que a Ley de Presupuestos de cada año prevé que lo que hay que hacer es generar crédito para poder adquirir esos bienes.
Por tanto, si excluimos estos créditos a los que me he referido, fundamentalmente la Agencia y lo de los farmacéuticos, más las ampliaciones para cancelar deudas tributarias, estamos hablando de que las modificaciones presupuestarias en relación con el conjunto del presupuesto del Ministerio suponen el 0,15 por ciento del crédito inicial. Por consiguiente, creo que no es exagerado concluir que en la práctica sólo estamos gastando aquello que se nos ha autorizado y además precisamente en aquello que se nos ha autorizado y no en otra cosa.
El tercer criterio al que me refería, y con esto ya termino, sería si los gestores del Departamento estamos siendo austeros, capaces de, manteniendo los objetivos gastar menos de lo que nos han autorizado como límite. Pues bien, en este punto, y les recuerdo lo que les decía al principio del carácter restrictivo del presupuesto inicial del Departamento, durante los ocho primeros meses del año se han reconocido obligaciones en operaciones no financieras por valor --lo pueden comprobar en los cuadros que tienen-- de 132.000 millones, lo que supone una disminución próxima a los 1.500 millones de pesetas en relación con las obligaciones que habíamos asumido en el mismo período del año anterior, que a su vez ya habían disminuido considerablemente con respecto a 1994.
Pero si excluimos de estos 132.000 millones el crédito a los farmacéuticos, al que me refería hace un momento, las operaciones no financieras del Departamento han disminuido en 4.272 millones de pesetas en relación con el mismo período del año anterior, agosto de 1995 frente a agosto de 1994, y es una reducción, en lo que estamos gastando, del 3,6 por ciento, sobre una cifras --me permito insistir-- que ya habían experimentado fuertes contracciones en 1994 con respecto a 1993.
Dos breves comentarios con respecto a la Sección 31, puesto que, aunque no he sido llamado a comparecer con respecto a ella, una parte de ella es responsabilidad mía, siempre sale y yo les he mandado documentación al respecto.
Esta Sección, como saben ustedes, es una especie de cajón de sastre --se llama gastos de diversos Ministerios-- la cual está prevista para cumplir, por una parte, unas determinadas cosas y, por otra, para hacer frente a los gastos imprevistos. Aquí se mete aquello que no afecta y no es responsabilidad de un solo Departamento.
En lo que afecta a mi responsabilidad, dentro de esta sección 31, hay varias cosas importantes: Primero, hay un conjunto de transferencias de capital que van dirigidas a Autopistas Públicas; al ICO, para subvencionar préstamos a bajo interés; a la subvención de las pérdidas de las empresas de autopistas, a la que ya me he referido, y a la diferencia de cambios en el seguro de cambio de los préstamos y divisas para las autopistas. Segunda, hay una parte muy importante, que también entra dentro de mi responsabilidad, que son las ampliaciones de capital derivadas de la participación de la Dirección General de patrimonio, el 50 por ciento de la Corporación Siderúrgica Integral. Tercero, hay una parte también importante que se refiere a las inversiones de la Dirección General del Patrimonio en edificios de órganos de tipo institucional constitucional, etcétera, como el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado.
En estas tres partidas que están bajo mi responsabilidad como tienen SS.
SS. posibilidad de comprobar, se han comprometido gastos del orden del 92 por ciento de los créditos definitivos y se han reconocido obligaciones por el 71 por ciento. Como ven, el nivel de ejecución es alto, como corresponde a una Sección como ésta, donde una parte muy notable de la misma está destinada al pago de cuotas a la Seguridad Social de los funcionarios, Muface, Mugeju, Isfas, etcétera, y no entra en mi responsabilidad sino en la de la Dirección General de Presupuestos.
En resumen, y termino, creo que se puede concluir afirmando en primer lugar, que el análisis del seguimiento presupuestario del Ministerio de Economía y Hacienda a 31 de agosto, refleja, en primer lugar, un alto nivel de ejecución presupuestaria, de los gastos no financieros, ya que se ha superado el 85 por ciento en gastos comprometidos y 60 por ciento en obligaciones reconocidas. En segundo lugar, se ha realizado una fuerte contención de las modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio. Como decía antes, si excluimos operaciones no imputables directamente al Departamento, las modificaciones presupuestarias sólo representan un 0,15 por ciento del crédito inicial. En tercer lugar, se puede caracterizar la política seguida como una política austera y de consolidación presupuestaria y contención de los gastos operativos que se manifiesta en una reducción de gastos no financieros, en términos de obligaciones reconocidas, del 3,6 por ciento en relación con lo gastado en 1994, año en el que ya se habían efectuado fuertes contracciones en los gastos de funcionamiento del Departamento.
Paso a contestar ahora a las preguntas que quieran hacer SS. SS.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Popular, peticionario de la comparecencia, tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Verdaderamente el año pasado usted hizo un alarde de precisión a la baja para precaverse de cualquier acechanza crítica en el análisis de los datos y este año usted nos ha hecho un cántico a la austeridad, cosa que, por mi parte, me alegra, pero que, a lo mejor, admite alguna consideración de matiz, como, por ejemplo, esa tónica general de arrastre, que es habitual ya en los Presupuestos, de créditos del ejercicio anterior que se suman al siguiente. En este caso creo que hay un arrastre de 250.000 millones del año 1994, de los que sólo se han incorporado 100.000, lo que pondría en cuestión también los márgenes de esta austeridad.


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Voy a entrar ahora en el análisis de algunas cosas que usted ha dicho y de los papeles que se nos han facilitado.
En cuanto a la ejecución del ajuste, el Presupuesto inicial de la Sección 15, aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, ascendía a 206.759 millones de pesetas, presupuesto no financiero del subsector Estado. No obstante, el ajuste presupuestario llevado a cabo por el Gobierno el pasado mes de enero, según el Consejo de Ministros del 27 de enero de 1995, creaba una reserva de no disponibilidad por importe de 12.622 millones de pesetas, con lo que se pretendía, o al menos así se anunció en su debido momento, limitar el crédito de la Sección a 194.137 millones de pesetas. La finalidad de este ajuste no era otra que la de cumplir con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, evitando que el gasto se desviase en más de un 3 por ciento sobre el gasto aprobado.
Usted nos ha dado datos sobre la liquidación definitiva, según mis notas, y ha sido muy preciso, pero quisiera hacerle observar que la liquidación definitiva de la Sanidad de años anteriores era de 105.000 millones, la liquidación definitiva de las comunidades autónomas el año 1994 creo que era 25.000 millones; la ayuda oficial al desarrollo, 30.000 millones; el aumento del gasto por intereses previsto, 100.000 millones; y otros gastos, como envío de tropas a Yugoslavia, obligaron al Gobierno a recortar gastos en otras partidas.
La cuota de ajuste correspondiente a la Sección 15 ascendía, como ya se ha señalado, a más de 12.000 millones de pesetas. El nuevo crédito de la sección quedaba establecido en algo más de 194.000 millones de pesetas, y debía actuar como límite efectivo que contribuyese a compensar la desviación de gasto puesta de manifiesto a comienzos del año. Yo creo que esta reducción no se ha ajustado del todo, no se ha aplicado según los parámetros previstos.
Sin embargo, las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo en la sección ha vuelto a situar el límite del gasto no financiero en 204.731 millones de pesetas, con lo cual el ajuste de enero queda reducido en realidad a menos de 2.000 millones de pesetas. Sin ánimo de entrar a valorar las mencionadas modificaciones presupuestarias, lo cierto es que este, subrayado por su parte, ajuste que se aprobó en el Consejo de Ministros del 27 de enero de este año se ha reducido en un 85 por ciento.
Por tanto, se podría decir, forzando la máquina dialéctica, que ha habido un cierto fracaso del ajuste del Gobierno y citando a mis clásicos, a Horacio, que le gusta mucho al señor Presidente: «parturient montes, nascetur ridiculus mus». Es decir, hemos venido a generar un ridículo ratón a la hora de reducir este ajuste.
Si tomamos como referencia el límite actualizado del gasto tras el ajuste de enero, el gasto hasta agosto debería situarse en torno a 129.424 millones de pesetas, lo que daría lugar a una ratio obligaciones reconocidas-crédito definitivo próxima al 66 por ciento. Un poco más de lo que ustedes dan, porque aquí en el global ofrecen ustedes un 52,3.
Hasta agosto han reconocido obligaciones por valor de 132.737 millones de pesetas, que representarían un 68,4 de la referencia considerada. De ningún modo se pretende poner en duda la ejecución de la Sección 15, que estamos seguros puede acabar incluso por debajo de los 194.000 millones, pero es conveniente hacer este ejercicio para recordar que en enero, pocos días después de haberse aprobado el presupuesto, se reprodujo un supuesto ajuste que, según hemos tenido ocasión de comprobar, después no ha sido tenido muy en cuenta a la hora de ejecutarlo, y la Sección 15 no es una excepción, aunque luego, como ha ocurrido en los últimos años y probablemente ocurra en éste, las obligaciones reconocidas se sitúan por debajo del crédito final. Esta es la consideración global a los problemas que plantea este análisis.
En cuanto a las modificaciones presupuestarias a las que usted se ha referido, quisiera decirle que entre las ampliaciones de crédito hay una cuya justificación es el pago de indemnizaciones a titulares de farmacia, que usted ha precisado y que me acuerdo que el año pasado ya fue motivo de sorpresa por mi parte, puesto que esto se viene arrastrando «sine die»; concepto para el cual existía una dotación presupuestaria inicial que más tarde fue aumentada por un crédito extraordinario. entendemos que es difícil estimar el importe final de un gasto de esta naturaleza, pero no dejan de llamar la atención tantas modificaciones. En este sentido, según mis notas, si no me equivoco, advierto que al crédito inicial se le añade un crédito extraordinario en 1995 de 3.145 millones de pesetas y que además hay una subsiguiente ampliación de crédito de 518,2 millones de pesetas. Es decir, hay una imprevisión cuando aquí estamos hablando precisamente de una suma fijada por una sentencia del Tribunal Supremo y, siendo muy precisa la sentencia, no es tan preciso el cálculo de los gastos.
Algo parecido podríamos decir que ocurre con las aportaciones a organismos internacionales, concepto que también está recogido en los presupuestos aprobados por esta Cámara. Cabe preguntarle, señor Subsecretario, por la antelación con la que se suelen conocer las aportaciones a este tipo de organismos y por las dificultades que conlleva establecer un calendario de aportaciones para un período corto de doce meses. Digo esto porque, si no recuerdo mal --porque he repasado estos papeles a vuelapluma--, he visto alguna referencia a dotaciones a bancos internacionales y, a este respecto, creo haber participado en algún debate, en Pleno o en Comisión; si no recuerdo mal, el Banco Europeo de Desarrollo, etcétera. Hay unos supuestos calendarios que son observables, son previsibles y casi siempre vienen predeterminados por las instituciones internacionales. Que ahora ocurran estas cosas, aunque sea un tema menor, no deja de ser chocante, y lo subrayo.
En tercer lugar, las operaciones financieras. Al valorar la ejecución del Capítulo 8, cuya utilización intensiva es una de las aportaciones de los Gobiernos socialistas a la técnica presupuestaria, no dejan de sorprendernos ciertos hábitos, en los que no voy a entrar porque atenderíamos más a cuestiones relativas al próximo presupuesto que vamos a debatir y no tanto a la revisión de los presupuestos que estamos analizando y que se están cumplimentando. No me corresponde valorar aquí el contenido del Capítulo 8 --aunque será objeto de debate durante la tramitación de

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los Presupuestos Generales de 1996--, sino cómo se ha producido la ejecución de dicho capítulo.
En primer lugar, cabe preguntarse por las razones de la baja ejecución del crédito destinado al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) que no llega a un 31 por ciento. Le he oído bien y he tomado mis notas a este respecto. Cabe esperar que la ejecución de este mismo crédito no se periodifique perfectamente a lo largo del año, pero el bajísimo grado de ejecución nos sorprende y hace pensar que la ejecución para todo el año también lo será.
A este respecto, quisiera hacer alguna consideración puesto que me traslado ya mentalmente a otra Comisión a la que pertenezco, que es la de Asuntos Exteriores, que incide mucho en temas de cooperación. Que los fondos FAD estén subejecutados me asombra un tanto, y mucho más en un año como 1995 en el que hemos tenido que soportar una presión tremenda, por ejemplo, el famoso 0,7 --lo digo desde el punto de vista político--, y yo diría que hasta escandalosamente presionante y que después no se refleja en otros comportamientos. Pero es que hay más. Los créditos FAD son un instrumento de apoyo a la empresa española para exportaciones, o podían serlo. Y yo me pregunto: ¿cómo es posible que esto ocurra cuando hay tanta demanda a la exportación, cuando falta información a los empresarios, a los exportadores españoles respecto a la capacidad operativa a través de este capítulo de los créditos FAD? ¿O es que ustedes no lo gestionan correctamente, y, en ese caso, hay una carencia de predisposición en los empresarios que se encuentran con dificultades evidentes a la hora de adquirir esas ayudas o esos créditos? Porque yo entiendo que hay una demanda objetiva de necesidades de desarrollo.
Países necesitados de esta demanda, los hay. Países que buscan operaciones con España, los hay; al menos, quienes nos movemos en el terreno exterior lo estamos comprobando de forma sistemática. Quisiera saber si puede dar algún tipo de credencial o admonición para ver cuál es la razón fundamental por la cual es tan bajo el uso de este instrumento, que entendemos que es de suma importancia en un momento en el que los mercados exteriores son los que predeterminan el buen estado de las economías nacionales en una economía global.
Respecto del artículo 82, el grado de ejecución del préstamo de la Dirección General de Seguros al Consorcio y Compensación de Seguros está quince puntos por debajo de lo que correspondería para los ocho primeros meses del año, aunque no sea tan llamativa como en el caso de los créditos FAD, pero, de alguna manera, reincidimos en la misma filosofía.
Yo me pregunto: ¿es que en los seguros para la exportación a través del CESCE no son interesantes, no son convenientes? ¿Es que estamos detrayendo posibilidades de intervenir fuertemente en apoyo de las exportaciones y las garantías de nuestros exportadores? Muchos empresarios, que están ocupados en estos menesteres de forma muy activa, se quejan y lamentan de que estamos reduciendo las ayudas y los apoyos a las exportaciones o al seguimiento de apoyo a las operaciones de exportación por parte de oficinas comerciales de España, etcétera, etcétera. He oído estas quejas habitualmente y, últimamente, de forma muy especial, aunque no recuerdo ahora mismo, pero creo que no hace ni una semana, he oído una queja muy clara en una reunión de empresarios justamente sobre este hecho: una notable disminución de los recursos de apoyo a las exportaciones de las empresas españolas. Todo esto --FAD, CESCE-- son capítulos presupuestarios que significan instrumentos de soporte a esta acción y a esta política que a nosotros evidentemente nos interesa y nos conviene mucho, dada las connotaciones generalistas de lo que es la economía global.
En cuanto al artículo 85, convendría disponer de una relación exacta de las sociedades estatales cuyo capital se ha ampliado hasta el 31 de agosto de 1995 y los importes de dichas ampliaciones. No tenemos un conocimiento minucioso del tema o, al menos, yo no lo he alcanzado.
Finalmente, respecto a inversiones reales, el grado de ejecución del Capítulo 6 de la Sección, según reconoce el propio informe --y cito textualmente--, es bajo para el mes de agosto. No se nos consuela señalando que --y cito textualmente-- «supera ampliamente al que se registraba en idéntica ocasión el pasado año». Nuevamente, estimamos que este bajo grado de ejecución hasta el mes de agosto nos permite prever un bajo grado de ejecución para el resto del año. Naturalmente, lo que quisiéramos conocer es si todo esto obedece a una política de mucho rigor en el ajuste, o es que realmente no se están haciendo inversiones en mejoras de edificios, en adquisición de edificios, en material de oficina, en equipamientos o en sistemas informáticos, dato importante, puesto que, como sabemos, cada día el rigor en el control es mayor y los sistemas informáticos así lo permiten. Nuestra sospecha sería, en todo caso, pensar si esto podría ser una trampa para ahorrar, es decir, para hacer ver que se ahorra, en lugar de ser realmente un reajuste serio. En este sentido, por lo que respecta a lo que usted ha dicho en apartados como el 31, de autopistas, etcétera, no voy a entrar en muchas consideraciones porque entiendo que éstos son compromisos fehacientes e irreversibles, y en muchos otros casos el que los compromisos estén dentro de un calendario en los primeros meses o en los últimos meses obedece más a unas necesidades imperativas que a una política como es autopistas, pagos, ampliaciones de capital, etcétera, etcétera.
Consecuentemente, éste es nuestro análisis y, como usted verá, somos bondadosos en el reconocimiento de la austeridad, pero me gustaría ser mucho más exigente en estos puntos de lo que yo he subrayado a lo largo de mi intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Aunque siempre es elogiable el celo de los Diputados en el cumplimiento de sus funciones, yo rogaría que ese celo se estreche lo más posible en cuanto al tiempo a emplear, dada la hora y que todos los servicios de la Cámara estarán un poquito cansados tras dos días de comparecencias. Por favor, ruego a SS. SS. y a todos los intervinientes, incluido el señor Subsecretario, que abrevien lo más posible de ahora en adelante hasta la conclusión de esta sesión.
Gracias.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Ríos tiene la palabra.


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El señor RIOS MARTINEZ: Como Grupo solicitante de la comparecencia y con la voluntad de ser breve, desde luego voy a ser bastante más breve que el señor Subsecretario. El señor Subsecretario ha entrado en una especie de filosofía general a la hora de valorar a los gestores, de cómo se debe valorar a los gestores, y decía que podemos caer en la tentación de entender que un buen gestor es el que es capaz de gastar más rápidamente lo que tiene que gastar, es decir, que valoramos la capacidad de gastar como la filosofía de medir al buen gestor. No, yo creo que el buen gestor es el que cumple los objetivos que se ha propuesto y destina los recursos necesarios para cumplir esos objetivos. Por tanto, no es un problema de ver si se ha gastado todo el crédito inicial, es que hay muchas veces que hay una desviación o una dificultad en la gestión, que es lo que queremos conocer, porque se gasta más de lo que pudiera ser lo lógico en estos primeros nueve meses, o porque se gasta muy poco de esa evolución para cumplir los objetivos. Es decir, la idea de la presupuestación por programas debe unir el objetivo y las actividades que uno ha comprometido, lo que ha dicho que iba a hacer, para luego ejecutarlo, no vaya a ser que entendamos por austeridad el renunciar a hacer políticas concretas, el no cumplir los compromisos que hemos contraído. En ese sentido no entiendo yo la austeridad. Yo entiendo la austeridad en el sentido de lo que dicen en mi tierra: bueno, bonito y barato. Es decir, lo que es bueno, lo que está bien y lo que, además, sale barato. En ese sentido sí entiendo la posibilidad de austeridad.
En todo caso, voy a hacerle dos demandas de información. Tengo que reconocerle una cosa: es muy intensiva y exhaustiva la información que nos ha dado. Ha sido el único compareciente que nos ha dado la explicación, incluso programa a programa, de todos los artículos, de la evolución desde el principio: presupuesto inicial, modificaciones. Es de agradecer, porque tenemos un conocimiento de toda la gestión presupuestaria, me imagino que a nivel contable o de la fórmula que ustedes tengan. Le quiero agradecer este grado de información, porque nos va a mostrar cómo han gestionado ustedes durante esos nueve meses.
También es verdad que nueve meses pueden medir o no una ejecución real, pero sirven para estudiar los presupuestos de 1996, porque es el objetivo que tenemos hoy: cómo analizamos el presupuesto de 1995 para mejor analizar la propuesta de 1996, que, por cierto, en el presupuesto de su Ministerio tiene una reducción cuantitativa y porcentual, aproximadamente del 8 por ciento sobre la previsión inicial del año 1995.
Las modificaciones presupuestarias están distribuidas por artículos y por capítulos, pero a la hora de aplicarlas a los programas pueden estar más o menos justificadas. Le voy a citar dos ejemplos: hay una modificación presupuestaria en el programa de Imprevistos y funciones no clasificadas, el 633 A, con una previsión inicial de 5.900 millones y experimenta una minoración de 4.800. Asimismo, una partida inicial de 8.000 millones tiene un incremento de 3.000 millones de pesetas --el 630 del programa 612 F, Gestión del Patrimonio del Estado-- y hay incluso modificaciones que afectan, por ejemplo, al capítulo 2, con un volumen de más de 3.000 millones de pesetas. Este capítulo es uno de los que, en teoría, supone no usar gasto corriente para determinada gestión. Es verdad que puede obedecer a mil criterios. Usted ha dado uno o yo he entendido en su intervención que había un razonamiento para ello. En suma, las modificaciones no son muy numerosas en cuanto al volumen, creo que vienen a suponer en torno a los 10.000 millones. No es porcentualmente una cifra muy alta, pero sí que es un movimiento de la previsión inicial.
Usted nos ha aportado un documento que también tengo que agradecerle.
Además de deslizar a este ejercicio de 1995 obligaciones contraídas en 1994, por valor de unos 8.400 millones de pesetas, por decisión del Consejo de Ministros, había un compromiso de contener la obligación en una cifra de unos 12.600 millones de pesetas, el 93 por ciento de la obligación reconocida.
Usted nos ha dado aquí el límite máximo --incluso nos ha dado un dato que es la obligación mensual, que es muy difícil de seguir por parte nuestra, por parte de ustedes me imagino que tendrá más utilidad--, que está dirigido fundamentalmente a las grandes cifras: por un lado, Ministerio; por otro, organismos autónomos. No tenemos esa proyección --me imagino que será imposible y no se tendrá hasta final del ejercicio-- hacia los grandes centros gestores, hacia los grandes compromisos presupuestarios.
Es decir, que no vamos a acometer o deslizamos o dejamos para el año que viene, fruto en unos casos de esta renuncia a gastar el recurso; en otros, puede ser simplemente una economía por buena gestión, en lo que no hay ningún problema. Pero no hubiera hecho falta que el Gobierno hubiese iniciado esta contención de 407.000 millones de pesetas para reducir el déficit público si todos los comparecientes, todos los subsecretarios dijeran: «No, en realidad esto no incide sobre el resultado final, porque esto es simplemente que no vamos a gastar, y como nunca gastamos todo lo que tenemos previsto...» No hubiera sido necesario; no hubiera hecho falta este acuerdo de Consejo de Ministros porque ya se iba a ahorrar de todas formas; todos lo tendrían explicado. De alguna forma, sí que hay una renuncia a hacer algo este año, y esa renuncia es para no gastar, en función --también es verdad-- de la previsión de ingresos. Eso iba unido.
En cuanto a la liquidación del presupuesto por centros gestores, la verdad es que hay algunos centros gestores de los que nos choca el grado de ejecución. Insisto en que la fecha que usted nos ha aportado aquí es el 19-9-95, pero me imagino que será a 31 de agosto. Por ejemplo, la coordinación con las haciendas territoriales tiene un grado de ejecución, si lo comparamos con la obligación reconocida (es otra discusión saber qué distancia hay entre un gasto comprometido y la obligación reconocida o, por así decirlo, el compromiso del pago, que son dos distancias en una decisión administrativa), un tanto escaso, del 33 por ciento. La cifra de ese centro gestor no es cuantitativamente importante; pero, por ejemplo, la gestión catastral tiene una ejecución en torno al 27 por ciento, si utilizamos, insisto, la obligación reconocida. Es verdad que un gasto comprometido está en un 80 por ciento; mala señal sería si

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hubiéramos gastado todos los dineros en nueve meses y nos faltasen para los próximos; malo es también que no tengamos medido el pagarlo y podamos deslizarnos. ¿Por qué le pregunto esto? Porque al final del ejercicio, si se vuelve a producir, que nunca se ha dicho que no se pueda producir, un nuevo impulso de reducción del déficit público, por tanto, una proyección hacia el ejercicio de 1996 de compromisos contraídos sin obligaciones reconocidas, estaríamos trasladando otro volumen de dinero para hacer frente a esto con los dineros de 1996; estaríamos deslizando sucesivamente obligaciones o compromisos contraídos, aunque no los dineros para pagarlos, y los iríamos distribuyendo entre los distintos meses.
Hay otros centros gestores, como el Instituto de Estudios Fiscales o como, por ejemplo, la Intervención General de la Administración del Estado, que también tienen un volumen escaso de gestión. ¿A qué se debe el que estos organismos, estos centros directivos tengan esa gestión tan contenida? En cuanto a los organismos autónomos, la verdad es que aquí la diferencia es menor entre gasto comprometido y obligación reconocida. Me imagino que obedecerá a la mayor facilidad de comprometer el pago o quizá a la cuantía. Por ejemplo, en el Instituto de Contabilidad y las auditorías de cuentas, que tiene una gestión del 27 por ciento, la cuantía es pequeña; el Instituto Nacional de Estadística, un 37 por ciento; el Parque Móvil Ministerial, un 30 por ciento, y el Organismo Nacional de Loterías imagino que al final del ejercicio correrá a una velocidad mayor, cuando se liquide el propio ejercicio.
En cuanto a los programas, solamente le voy a hacer algunas preguntas que ya han sido planteadas por el Grupo Popular. Queremos conocer la proyección en los distintos artículos de los distintos programas de cierta escasez de ejecución, porque, además, no solamente son inversiones, sino que hay programas en los que un artículo que es muy socorrido (después me referiré, por ejemplo, al del catastro y a otras actuaciones), que es el artículo 23, Indemnizaciones por razón del servicio, tiene una gestión del 10 o del 20 por ciento en nueve meses. En las indemnizaciones por razón del servicio, a lo mejor el servicio se presta accidentalmente al final del ejercicio en unos casos, pero no en todos o en alguno de los programas.
Por tanto, no se trata solamente de las inversiones, que por cierto sí es verdad que tienen una ejecución contenida, pero imagino que habrá una razón para todos, porque todos los ministerios tienen una contención. Si pudiera ser --porque a lo mejor estamos cuadrando el círculo creyéndonos que estamos haciendo una cosa fabulosa y obedece a otra razón--, nos gustaría conocer qué inversiones se derivan de compromisos contraídos en años anteriores, es decir, pagos plurianuales de gastos que se han contraído en años anteriores, y cuáles son nuevas actuaciones del año 1995. Así podríamos ver si este Ministerio tiene muchas inversiones nuevas de este año, porque mientras pone en marcha el proceso de contratar, de adjudicar, etcétera, se han consumido unos meses y no es tan importante la no ejecución, mientras que si tiene compromisos y pagos plurianuales de otros años, sí hay una manifestación de no gestión.
Podríamos estar midiendo esos dos parámetros para ver la evolución de la propia gestión.
El Capítulo 8 tiene una ejecución de un 43 por ciento; es decir, queda más remanente de la que hemos reconocido y comprometido. Hay por medio un sinfín de artículos, pero no entraré en los distintos programas con los distintos artículos porque hay programas que sí tienen una ejecución alta en este Capítulo 8 --casi un 80 por ciento comprometido-- y otros que no.
En los FAD ha habido una no actuación de unos 20.000 millones de pesetas incluso en otras comparecencias que se han producido antes así se ha afirmado. Estos fondos miden, más que la ayuda al desarrollo de los países que los reciben, la proyección hacia nuestras empresas que actúan fuera, la reversión de la inversión que hacemos. Entonces, la no actividad por parte de algunas empresas ha provocado esa actuación. Pero choca porque había un compromiso este año de elevar el porcentaje de ayuda al desarrollo, sumando los Fondos de Ayuda al Desarrollo que gestiona el Ministerio de Asuntos Exteriores y todas las vertientes que significan política de ayuda al desarrollo, de un 0,35 por ciento a un 5 por ciento, con decisiones del Consejo de Ministros. La verdad es que tiene una ejecución bastante limitada.
Lo que pudiéramos llamar patrimonio del Estado tiene un grado de ejecución alto, pero en determinadas vertientes de este programa no es así o, por lo menos, en ese artículo famoso, en el artículo 86, no tiene una gestión suficiente. El Programa 612 F, Patrimonio del Estado, tiene en todo lo demás una gestión de casi el 50 por ciento, el 60 por ciento o el 70 por ciento. El artículo 86 es todo lo referente al Capítulo 8. Son varios conceptos, el 860, 861, y me imagino que serán perceptores distintos. El programa es la gestión del patrimonio del Estado. Los recursos no son muy cuantiosos, pero en ese artículo estamos hablando de un remanente de 51.000 millones de pesetas y de una obligación reconocida de 32.000 millones de pesetas. Hemos aplazado más dinero. Es importante la cuantía. Si fuera reducida, no le plantearía esta duda. Me imagino que obedecerá a alguna actuación concreta.
Y termino, señor Presidente, con el Programa 613 D, que se refiere a la gestión del catastro a nivel de inversión y a nivel de gasto corriente, artículos 22 y 23 de este programa. Yo no sé si la revisión del catastro o la actuación en esta materia era un objetivo prioritario o no, pero es verdad que el grado de ejecución a esta fecha no tiene una proyección equilibrada en los nueve meses de gestión. Me gustaría saber si eso va a significar una no ejecución de algunos compromisos, y entonces sería una valoración, o si simplemente es una mecánica de gestión presupuestaria que, al final, va a estar en el grado de ejecución.
Yo sé que esto viene de antiguo porque el año pasado --yo no estuve en la comparecencia, estuvo otro compañero-- también se habló de la gestión de este organismo. En todo caso, estoy convencido de que igual que este programa tiene esa gestión, otros han tenido una gestión mayor. A mí no se me caen los anillos en reconocer que, por ejemplo, todo lo que son transferencias o incentivos regionales tienen una ejecución alta. Me imagino que son transferencias

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o subvenciones que se ponen en marcha y se ejecutan, pero hay que reconocer que son transferencias que están llegando a los sujetos que las deben de recibir en un porcentaje adecuado; otros no las reciben.
En todo caso, señor Subsecretario, nosotros queremos conocer los problemas que han surgido en la gestión de este año para ver si la presupuestación del año próximo es acertada y la podemos enmendar nosotros o simplemente apoyarla, que también puede ser una conclusión, aunque esto último pueda parecer complicado. Puede haber un apoyo a determinadas políticas, aunque no global, o puede haber un apoyo global y una crítica a unas políticas concretas.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, voy a ser mucho más breve que mis predecesores y me voy a sumar como portavoz del Grupo Socialista, primero, a la satisfacción y a la felicitación al señor Subsecretario por la información amplia, exhaustiva, detallada y literada que ha presentado a esta Comisión, por cuanto que no solamente ha presentado una evolución de cuadros sino que ha dado una explicación exhaustiva, casi hasta el céntimo, de todos los gastos del Ministerio de Economía.
Esta gestión a fecha 31 de agosto, retomando las palabras del señor Ríos, no sé si será bonita, pero desde luego sí que es buena y barata, no porque el concepto de barato sea baladí, sino porque en la línea de los objetivos marcados en el frontispicio del presupuesto de Economía para el año 1995 y en el conjunto del gasto público del Estado, que era avanzar en esa consolidación presupuestaria, como decía el señor Subsecretario, creo que los datos son suficientemente explícitos e indican que se va por el buen camino. Pero no solamente en el objetivo de consolidación presupuestaria, sino que en la medida en que el Ministerio de Economía, en su vertiente de gasto y en su vertiente impulsora y organismo o ministerio transversal empuja y desarrolla políticas y filosofías presupuestarias y legislativas, creo que los objetivos marcados para los presupuestos de 1995 se están consiguiendo a todas luces: crecimiento económico, mejora de ingresos, reducción del gasto público, creación de empleo, etcétera. Además, viendo la ejecución presupuestaria a 31 de agosto, en la medida en que no se van alcanzando los límites de gastos asignados, en la evolución mensual, está consiguiendo el Gobierno unos buenos objetivos, con una reducción del gasto público.
Me sumo a las palabras del señor Subsecretario, no porque se las haya oído sino porque tenía ya previamente decidido su realización. Primero, creo que hay un rigor presupuestario en la ejecución del presupuesto del Ministerio. Efectivamente, hay un 2 por ciento sólo de desviaciones o de aumentos en el gasto por modificaciones presupuestarias lo suficientemente explicadas no sólo en la comparecencia actual, sino en la información que había dado por escrito previamente, donde prácticamente esos 11.000 millones de pesetas de gasto por modificaciones presupuestarias tienen dos partidas básicamente importantes que explican todo el comportamiento de las modificaciones presupuestarias: el pago a las oficinas de farmacia y la generación de créditos con la Agencia tributaria, previsto en la Ley General Presupuestaria y en los propios presupuestos del Estado que se pueden y se deben realizar. A este rigor presupuestario tengo que añadir la buena ejecución presupuestaria en cuanto a que no hay desviaciones importantes de los ritmos de gasto previstos a lo largo del ejercicio, con la excepción de la evolución de la partida de los activos financieros, que bien ha explicado el señor Subsecretario. Respecto a dos subpartidas importantes, que son la evolución de los créditos FAD, con un ritmo de ejecución inferior al que una lógica evolución, mes a mes, debiera de producir si se aplicara la lógica en el gasto presupuestario, cosa que es difícil de realizar en esta partida, y la evolución de los gastos o créditos que se asignan al consorcio de compensación de seguros, fundamentalmente para esos riesgos políticos provenientes del incremento que se va a producir en 1995 para los créditos de riesgo político --de Argelia, fundamentalmente-- alguna explicación tendrá la evolución tan lenta y que no se ha producido a los ritmos previstos por el Ministerio.
Aprovechando la presencia del señor Subsecretario, quería preguntarle varias cosas que preocupan históricamente a este grupo parlamentario. Si no nos puede suministrar ahora esta información, le ruego que nos la pase por escrito. La primera es, en el Programa 314 C, gestión de clases pasivas, ¿cómo va la evolución de los pagos y de los recursos de los ciudadanos en la resolución de las indemnizaciones de tiempo de prisión? Es un tema que S. S. conoce y que este grupo parlamentario siempre ha mimado desde que se aprobó en la ley de presupuestos correspondiente.
Otro tema que afecta a la economía productiva es el Programa 724 C, incentivos regionales. El señor Subsecretario lo ha esbozado en su primera intervención pero no ha profundizado después.
El nivel de gasto comprometido es del 94,3 por ciento --muy alto--, y ello debe suponer que el límite de ejecución presupuestaria hasta el final de año es muy reducido. Me gustaría saber si hay muchos proyectos pendientes todavía que no van a tener encaje presupuestario en el año 1995 y cuya resolución se va a tener que demorar a los presupuestos del año 1996.
Otra pregunta. En la página 13 del documento que nos ha mandado el Ministerio se hace referencia, en el centro de Gestión Catastral, a que al no haberse incorporado 1.441 millones de pesetas del ejercicio de 1994 en concepto de remanentes, se dice que su pago se va a tener que realizar con cargo al presupuesto corriente de 1995. El tener que abonar en el año 1995 trabajos realizados en el año 1994 fundamentalmente, ¿va a hacer que el Centro de Gestión Tributaria pierda capacidad para la realización de los proyectos necesarios de actualización de los catastros y previstos para el año 1995, o entramos en una especie de pescadilla que se muerde la cola en el sentido de que lo no previsto en el año 1995 se incorporará al año 1996 o los objetivos de 1995 se van a cumplir íntegramente con cargo al presupuesto del año 1995?

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La última pregunta, señor Presidente, se refiere a la evolución de los activos financieros. Hay una partida de la que todavía no se ha consumido nada, que son los 19.370 millones de pesetas, que me parece que eran para suscribir la aportación del Estado en las posibles ampliaciones de Telefónica y, conociendo la decisión del Gobierno de sacar a Bolsa una parte de su participación, quisiera saber si existe la previsión de cubrir a través del gasto de estos 19.370 millones de pesetas nuevas acciones o mantener la participación del Estado o si, por el contrario, no se prevé que en el año 1995 se vaya a utilizar esta partida presupuestaria.


El señor VICEPRESIDENTE: (García Ronda): Para contestar a las preguntas de los señores Diputados, tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán y Amutio): Voy a ser lo más breve posible, lo cual estoy seguro de que va a hacer que algunas de mis respuestas sean tan escuetas que provoquen contrarrespuestas, pero no tengo otro remedio, dado que el señor Presidente me insta una y otra vez a que sea lo más breve posible.
El señor Milián hace una consideración global que no he entendido muy bien sobre la tónica de arrastre. No voy a entrar en eso porque, en definitiva, lo que más me importa es la reflexión que hace, si le he entendido bien, acerca de que el Gobierno toma unas medidas de ajuste en el mes de enero y que esas medidas de ajuste significan, por una parte, la no incorporación de créditos --y eso conecta con lo que ha planteado el Grupo Socialista, a lo que me referiré después-- y, por otra parte, la reducción de obligaciones reconocidas en 12.000 millones. Eso lo estamos superando y ya se ha reducido en un 85 por ciento. Creo que S. S. no lo ha entendido muy bien y seguro que si tiene algo más de tiempo y se atreve con lo abstrusos que son los papeles que hemos repartido --soy consciente de que son muy abstrusos--, verá que está explicado partida a partida cuál es el nuevo límite de obligaciones reconocidas que tenemos por el ajuste de Consejo de Ministros. El ajuste de los 12.000 millones significa que nos podemos gastar, en el sentido de pagar, 12.000 millones menos de lo que tenemos autorizado inicialmente, y eso va a misa. No nos podemos gastar ni una peseta más. Cosa distinta es que alguna de las generaciones, y singularmente los créditos extraordinarios y creo, las ampliaciones de crédito y las generaciones, no cuenten dentro de este límite. De ahí, quizá, el error de S. S. al no haber descontado estas generaciones y estos créditos extraordinarios --estoy hablando de farmacia y de la Agencia Tributaria--; si los descontara vería que, en realidad, disponemos de 12.000 millones menos de los que teníamos al principio del año para pagar y que no puede ser de otra forma porque el interventor no lo autoriza. Para que entienda, en nuestro lenguaje decimos que el interventor pone la llave a partir de una determinada cantidad y no paga; como lleguemos a esa cantidad, no paga. ¿Que hemos hecho, porque así lo mandaba el acuerdo del Consejo de Ministros? Mensualizar --creo que se ha referido a ello el señor Ríos--, es decir, hemos establecido un límite mes a mes de lo que podemos pagar. Eso está explicado, partida a partida, en los documentos que les hemos entregado.
Nos estamos moviendo por debajo del recorte. No sé si ese recorte será un ratón o no, para mí son 12.000 millones. Si usted a 12.000 millones lo llama ratón, me parece bien, y si lo llama león, también. Puede llamarlo como quiera pero son 12.000 millones, ni una peseta menos ni una más. Es decir, tengo un ajuste de 12.000 millones, exactamente lo que decidió el Gobierno, y no puedo distraer ni una sola peseta porque ya no es cosa mía sino que el interventor no deja pagar. En todo caso, nos estamos moviendo por debajo de ese límite y al final, como no puede ser menos, llegaremos a no poder gastarnos, en términos de obligaciones reconocidas, nada más que eso. Creo que con ello he explicado un poco este tema, si bien volveré después a él porque los otros dos grupos también han expuesto su planteamiento en relación con el mismo.
Voy a entrar ya en los temas concretos de los que he ido tomando nota. Si se me pasa alguno le pido disculpas, pero la urgencia es la que es.
Su señoría ha dicho que lo de los farmacéuticos viene sine die. No, viene desde hace tres años. Usted mismo se ha referido con bastante precisión a los créditos extraordinarios y a los suplementos de crédito que se han producido en estos tres años, si incluimos el actual, por tanto, no hay imprevisión. La previsión que podemos hacer es que en el momento en que se produce una sentencia hay que pagarla, pero no antes. ¿Cómo vamos a prever --y más como está la justicia-- lo que la justicia va a decidir? No podemos hacerlo. Y es más, tampoco podemos hacer los cálculos del interés, en términos de coste, que nos va a suponer la diferencia entre la fecha en que se emite la sentencia y el día en que pagamos. Eso es imposible. Luego esto tiene un tratamiento presupuestario distinto. Una parte, como es la de los intereses, cuenta con un crédito inicial que en estos momentos no recuerdo a cuánto asciende pero que es de poca cuantía y que podemos ampliar; la otra parte, el principal (para entendernos, la sentencia), tiene que ir por crédito extraordinario. Ese es el fondo del asunto. Creo que hemos pagado ya una cantidad del orden de los 17.000 millones desde que empezó este problema y creo que quedan por pagar unos 3.000 ó 4.000, en lo que sabemos, y parece que lo sabemos todo. ¿Qué ha pasado aquí? Que unos farmacéuticos han ido por una vía judicial, otros han ido por otra, unos están en un determinado estadio y otros están en otro más avanzado. Hablo de memoria, pero por supuesto estoy a su disposición para enviarle los datos concretos, lo que sí puedo decirle es que, por supuesto, el grueso del problema ya está asumido y lo que resta del mismo, en cifras, es bastante manejable.
Organismos internacionales: antelación y calendarios. Efectivamente, aquí existe un doble problema. Por una parte, las modificaciones que se pueden producir y que de hecho se producen en cuanto a las aportaciones de los Estados miembros cuando hay modificaciones de cuotas o de lo que sea por decisión de los órganos de gobierno de estos bancos u organismos internacionales, etcétera. Algunas se

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conocen y otras no, y es verdad que puede existir una infrapresupuestación, pero usted mismo ha reconocido que estamos hablando de cantidades francamente pequeñas. Lo fundamental ha sido la revisión de las aportaciones de las cuotas a organismos financieros que se han producido.
Me habla de las operaciones financieras y me dice una cosa que la verdad es que me deja un poco perplejo. Me dice que el capítulo VIII ha sido la aportación socialista no sé muy bien a qué. ¡Caramba! El capítulo VIII es la variación de los activos financieros, y no sé si los socialistas, entre sus muchos méritos, incluyen las modificaciones de la ciencia de la contabilidad o el descubrimiento de cómo se contabilizan unos préstamos.
Pero, en fin, si lo han descubierto los socialistas, pues una cosa más al activo de los mismos, pero me temo, en lo que yo recuerdo de la época de la facultad, que había un señor que se llamaba Luca Pacioli, que era el que empezó con esto de la ciencia de la contabilidad, y ya entonces los préstamos se contabilizaban como variación de activos financieros. En eso seguimos, y todo lo que hayamos aportado a la ciencia, incluso a la de la contabilidad, no hace más que alegrarme. Pero incluso usted ha incurrido en una contradicción, porque al final de su intervención, cuando ha hablado del ICO, de Autopistas, etcétera, que no son más que capítulo VIII, dice usted que estarán bien contabilizados y que se supone que responden a obligaciones existentes. Efectivamente, responden a obligaciones existentes por parte de la Administración pública como usted y yo como ciudadanos tenemos. A los bancos o a aquel que nos presta sabemos que hay que devolvérselo, sabemos cuánto hay que devolverles por principal e intereses y en qué fecha. Ese es el capítulo VIII más el IX.
He intentado explicar en mi intervención la ejecución. Probablemente he sido muy breve. Analizar el nivel de ejecución comparándolo en términos porcentuales, si el capítulo VIII va bajo, va fuerte compararlo con el año pasado y el momento del año en que estamos no tiene mucho sentido.
Son operaciones singulares que se producen en un momento dado, por ejemplo, una ampliación de capital. El ICO tiene que pagar la subvención a los tipos de interés y se hace trimestralizado. Cada cosa en su momento. Por tanto, tiene un calendario distinto de sueldos y salarios, inversiones, etcétera, un calendario más irregular.
Hay un tema importante y creo que a él se han referido las tres señorías que han tenido la amabilidad de comentar los créditos FAD. Las tres se han preocupado por la apariencia que da un ritmo de ejecución bajo, el 31 por ciento. Creo recordar que está en ese orden, el treinta y tantos.
Usted a ello ha añadido la reflexión de si esto va a ocurrir a lo largo de todo el año. Vaya a los años pasados y vea si algún año no se han cubierto al final las autorizaciones que la Ley de Presupuestos da al Gobierno para los créditos FAD, que no es así. Si tenemos una autorización, creo recordar que este año es de 80.000 millones, al final del año se habrán aportado 80.000 millones a créditos FAD. Pero aquí hay un doble problema. Por una parte, el crédito FAD responde a la demanda de las empresas porque es un crédito que, aunque sea de Gobierno a Gobierno, lo que hace es financiar la exportación de determinados bienes --no sé si incluye también servicios-- de las empresas españolas. El origen de un crédito FAD es una demanda de una empresa española que va a hacer una exportación a un determinado país. Por tanto el problema será si hay o no demanda. Alguien ha dicho que había que hacer una admonición al Gobierno, pero más bien habría que hacérsela a los empresarios españoles para que demanden más créditos FAD. El Gobierno establece 80.000 millones. Quizás habría que hacer la admonición de que es poco, sería aceptable, pero no mucho más.
Junto a ello --y es un problema de menor importancia-- hay otra dificultad: cómo se contabilizan estas operaciones. El banco --quizás usted lo sabe-- agente de los créditos FAD es el ICO, que lleva las concesiones, toda la operatoria y liquida --en el sentido de que demanda-- al Ministerio de Economía y Hacienda los recursos con un calendario que no tiene por qué adaptarse exactamente a cómo está su cartera viva de créditos FAD. Por tanto, la verdad es que el 31 por ciento sólo indica que nosotros hemos pagado al ICO el 31 por ciento de los 80.000 millones que tenemos autorizados. Pero para saber lo que está pasando con los FAD hay que profundizar un poco más. Yo no estoy en condiciones de decírselo, pero todos los años nos hemos gastado todo lo que teníamos para créditos FAD. Actualmente tenemos el 31 por ciento. Mas en las tripas no estoy. Usted ha mencionado disminución, pero no hay disminución. Le hablo de memoria una vez más por la urgencia del tiempo, pero 80.000 millones es la misma cantidad que hubo en el presupuesto del año anterior, del año 1994.
En cuanto al préstamo a CESCE, me hace una reflexión parecida a los FAD porque lo relaciona con la exportación, etcétera. Su señoría ha dicho algo sobre la que me gustaría llamar la atención: la dotación crediticia que tenemos para la cobertura de riesgos extraordinarios de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, CESCE, que es lo que tenemos en el presupuesto, ha pasado este año a 152.000 millones y el año pasado era del orden de los 80.000 millones. Casi se ha duplicado. ¿Por qué? Fundamentalmente por el problema de Argelia. Pero detrás de esto hay una previsión, por parte de una compañía de seguros, de que se produzca una determinada siniestralidad. Hay una previsión. La compañía prevé a principios de año qué fallidos va a tener por razones políticas. Es un seguro de crédito a la exportación por razones políticas. Por tanto, el año pasado la previsión era que este año íbamos a tener un volumen importantísimo de riesgos con este seguro. Afortunadamente no ha sido así, y le puedo adelantar que la Presidenta de la compañía hace poco me dijo que este año, el ejercicio en el que estamos, no vamos a necesitar gastar los 152.000 millones. Insisto en que hablo de memoria. En este momento llevamos autorizado del orden de 75.000 millones. No vamos a acabar de usar este dinero que tenemos aquí. Pero eso no es malo, es bueno. Quiere decir que ha habido una menor siniestralidad de la prevista, no que se ha asegurado menos, que es distinto. El presupuesto del Ministerio no tiene nada que ver con el volumen mayor, menor, inferior o igual de la operatividad de CESCE. Nosotros lo que hacemos es cubrir un riesgo extraordinario

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de carácter político, que tiene una cobertura especial y que este año ha pegado el salto de duplicarse con respecto al pasado, pero afortunadamente la siniestralidad real ha sido inferior a la prevista.
Por tanto, no hay en absoluto una política activa de reducción del papel de CESCE, de cobertura del seguro a la exportación, etcétera. Por supuesto que no hay disminución, que más me hubiera gustado a mí que hubiera disminución porque, si recuerda el presupuesto de este año, la gran subida del Ministerio ha estado provocada fundamentalmente por la subida de CESCE.
Me dice --y tiene usted razón-- que no está explicado en la Dirección General de Patrimonio en qué sociedades estatales se ha ampliado este capital. Efectivamente no lo está, no es tema que deba andar por los papeles, pero desde luego sí es un tema que S. S. tiene derecho a conocer y ahora mismo le digo en qué empresas de la Dirección General de Patrimonio se ha ampliado capital. En la Empresa Nacional de Autopistas, 4.000 millones; Minas de Almadén, 1.000 millones; Siepsa, las cárceles, 11.000; Agesa, 16.000, y en otras, 200 millones. Ahora no me acuerdo cuál es ésta de «otras». Eso es todo lo que hemos ampliado en este momento.
Dentro de un crédito global previsto de 63.000 millones llevamos gastados 32.000. En estos momentos le puedo adelantar que muy probablemente tengamos que hacer frente a una nueva ampliación en la sociedad instrumental que se creó para la construcción de cárceles, y en Agesa para la devolución del préstamo multidivisa que se hizo al finalizar la Expo. No preveo mayores gastos. Esto se ha reducido mucho. ¿Por qué? Por un tema que sonará a SS. SS. y que es importante, Intelhorce, que ha estado demandando, entre otros muchos problemas, una cantidad de recursos no despreciable. Sus Señorías lo conocen. En concreto, en el último año la ampliación de capital fue del orden de 11.000 millones de pesetas, este año cero. Merco, empresa que también sonará a S. S., es una empresa que se liquidó, que ha desaparecido. El año 1994 se destinaron 4.300 millones, este año cero. Segipsa, tres cuartos de lo mismo, una empresa que hemos saneado fuertemente y no tenemos previsiones de hacer ampliaciones de capital. Este es el estado de las sociedades del grupo patrimonio. Luego me referiré al tema Telefónica muy deprisa.
Me dice que está bajo el nivel de ejecución de inversiones reales. He empezado yo por reconocerlo. Lo pone en los papeles y es cierto. No puedo decir una cosa distinta de lo que es. El papel lo aguanta todo pero los números son los números: el nivel de ejecución de las inversiones reales es bajo. Es más alto que lo fue el año pasado. Me comprometí a ello (creo recordar que fue con S. S.) en el tema del catastro, que tiene una cierta explicación a la cual luego me referiré. Me pregunta: ¿Qué va a pasar en el resto del año? ¿Esto es un anuncio de que en el resto del año vamos a estar bajos? Le digo a S. S. que compruebe cómo acabó al final del año pasado, 1994, el nivel de cumplimiento, que no fue al cien por ciento, pero fue relativamente aceptable en unas inversiones que una parte son edificios, es decir, que tampoco las necesidades del Ministerio de Economía y Hacienda son crecientes, no, en absoluto, son más de mantenimiento, y en la otra parte que es informática y catastro nos hemos gastado prácticamente la totalidad --y lo he dicho muy resumido-- del presupuesto al final. Luego me referiré a lo que pasa con el catastro.
No he tomado más notas de su intervención, seguro que algo se me ha olvidado, pero volveremos a ello si S. S. quiere.
Al señor Ríos tengo que agradecerle sus palabras sobre la información que les hemos dado y la calidad de la información. Lo transmitiré a los funcionarios que son los que hacen esta información. Ustedes tienen exactamente la misma que tengo yo, y yo coincido con usted en que la información es de calidad, estoy muy satisfecho, y así lo transmitiré a ellos que son los que lo hacen.
Usted ha dicho lo de bueno, bonito y barato. Nadie con sentido común estaría en desacuerdo con bueno, bonito y barato. Quizás usted y yo estemos en desacuerdo con el término bonito, en el que hay más matices.
Sí quiero dejarle bien claro una cosa. Yo creo que un buen gestor es aquel que hace bueno, bonito y barato. O sea, yo debo gastarme, cumpliendo los mismos objetivos, el menor dinero posible porque no es mío, es del contribuyente. Entonces, cuanto menos me gaste para hacer lo mismo, mejor. Le admitiré que me discuta en qué me lo debo gastar --estaríamos a lo mejor en desacuerdo en lo bonito--, pero si obviamos eso lo que usted y yo tenemos que ver es si para hacer eso me he gastado más de lo que me han autorizado, lo que me han autorizado o menos de lo que me han autorizado. Yo creo que si me he gastado más, fatal; si me he gastado lo que me han autorizado, aprobado; si me he gastado menos, ya dejo a su generosidad la nota.
No voy a entrar mucho en las modificaciones presupuestarias. Usted mismo ha hablado de que son 10.000 millones; yo creo que es un poquito más, y he explicado una parte muy importante de esos 10.000. Estamos hablando de una cantidad en modificaciones absolutamente despreciable. Puedo decir rotundamente que no ha habido modificaciones presupuestarias destacables en la Sección 15; sí en Sección 31. Usted ha mezclado una con otra, según las notas que he tomado. Ha mencionado imprevistos. Efectivamente, pero la Sección 31 por su propia definición es modificable, puesto que para eso se crea. Se crea para hacer frente a imprevistos y se transfieren --usted ha hablado creo que era en el capítulo VI-- cuatro mil y pico de millones. Como digo, se crea para hacer frente a necesidades imprevistas de los ministerios, que no están dotadas, que son esos cuatro mil y pico millones que la Dirección General de Presupuestos ha destinado, a lo largo del año, dentro de los imprevistos previstos, digamos, de la partida para hacer frente a imprevistos. ¿Cuáles son? Yo los desconozco sinceramente. Tengo una relación de qué ministerios lo han demandado, pero estamos hablando de cuatro mil y pico millones en un presupuesto total que es billonario. En el capítulo II habla de una modificación de tres mil millones. Creo que se está refiriendo al crédito extraordinario de farmacia; si no, no lo entiendo. Lo comprobaré pero creo que es eso.
Ya me gustaría a mí tener un capítulo II con un incremento por modificación de tres mil millones de pesetas. Nuestro capítulo II está tan ajustado, tan ajustado,

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que tenemos problemas para llegar a fin de mes. Es decir, tres mil millones no es ninguna tontería y tiene que ser lo de farmacia.
Respecto a los centros gestores, entran en algunos de ellos la dirección de coordinación, que debe tener un presupuesto escasísimo. Ahora mismo yo ni me lo sé, pero si se quita lo que se gasta en funcionarios no debe quedar para nada. Los gastos están centralizados: deben tener un poquito para estudios, un poquito para informática. Pero cuando digo un poquito estoy hablando de nada, de tres al cuarto. Que lo lleven poco gastado, seguro. Yo no me lo sé. Usted jugaba con ventaja porque lo acaba de leer.
Yo no me lo sé. ¿Irán a un nivel bajo de ejecución? Seguro que sí. Que al final de año se lo gastan, no le quepa la menor duda que se lo van a gastar.
El catastro es un problema distinto. El catastro tiene una demanda muy fuerte de recursos para lo que tiene que hacer. Tiene menos recursos de los que necesita. Al final de año se los gasta todos. Es más, el año pasado lo que hicimos, y este año también, es pasar de edificios, donde nos podemos aguantar y no hacer obras, a catastro, porque las revisiones catastrales hay que hacerlas. En un escenario de rigor presupuestario a todos nos aprietan, al final hay que optar entre una cosa y otra, y hemos pasado de edificios a catastro. Estoy hablando de memoria. Este año ya llevamos doscientos y pico de millones pasados. Es decir, el catastro necesita dinero y el catastro se lo gasta. ¿Pero cómo se lo gasta? A lo largo del año de forma distinta a los demás; es decir, acumula mucho en el segundo semestre y poco en el primer semestre, en términos de gasto efectivo, no de compromiso, y al final de año se lo gasta. Ahora, efectivamente, va flojo. Va el doble que iba el año pasado, pero sigue yendo flojo, es cierto.
Y del IGAE le digo lo mismo con respecto a la coordinación. Seguro que se lo acaban gastando.
Ha hecho una reflexión con el arrastre de los compromisos de un año para otro. Ojo, a ver si es el arrastre del déficit. Esto no es así, incluso es contradictorio con lo que ha dicho al principio, de que el acuerdo del Consejo de Ministros ha limitado al Ministerio de Economía y Hacienda la posibilidad de incorporar. No nos ha dejado incorporar nada. Luego lo que habíamos comprometido el año pasado lo tenemos que pagar con el presupuesto de este año. Claro que sí. No estamos arrastrando ni una peseta de déficit. Comprometimos, no tenemos dinero, habrá que pagarlo con lo de este año. Luego no hay trampa, el Gobierno no ha hecho ninguna operación, señor Milián, de maquillaje. Realmente hay dos cosas: una, no podemos gastar más de las obligaciones reconocidas; dos, no podemos incorporar. Por tanto, los compromisos que tengamos hay que pagarlos con el crédito de este año. El recorte es recorte. Ya me gustaría a mí que fuera literatura. Es recorte.
Programas. Indemnizaciones por razón del servicio. Va bajo y ojalá fuera cero. Indemnizaciones por razón de servicio son las dietas que los funcionarios devengan por hacer trabajos fuera de su lugar de residencia.
Ya me gustaría a mí que fuera cero. No se preocupe S. S., vamos a tener que implementar esa partida porque es insuficiente y sacarla de otro sitio. Pero ojalá fuera cero, que no viajara nadie y cada uno hiciera su trabajo en su ciudad. No se preocupe que aquí no hay ningún problema. Si no nos gastamos todas las indemnizaciones, lo pasaremos a otro sitio, pero eso se refiere a las dietas y a los gastos de viaje de funcionarios.
Inversiones. Me dice que le haga una reflexión muy general, dentro de nuestras inversiones, sobre si la mayoría son nuevas o viejas. No se la puedo hacer más que así. Se lo puedo mandar por escrito con muchísima más precisión, pero me adelanto a decírselo: la mayoría son nuevas. Como Ministerio tenemos poco arrastre de inversiones de un año para otro.
Estamos hablando de equipos informáticos, de estudios y trabajos técnicos y de inversiones en edificios no importantes. El único arrastre que puede haber es si estuviéramos haciendo algún edificio nuevo o cosas por el estilo. Desafortunadamente, poquito hay de eso. Me parece que en este momento tan poquito como uno en Teruel, que ya lo empezamos el año pasado. Por tanto, el arrastre ha sido poco. Fundamentalmente, la inversión es del año, y eso explica el que el segundo semestre sea mucho más importante que el primero.
Capítulo 8, ejecución 48 por ciento --ya me he referido a ello-- y sobre el tema FAD ya lo he citado; el Patrimonio es el 86; Telefónica, el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y Rumasa. Rumasa muy poquito dinero.
Rumasa es la previsión de los cambios en las valoraciones que se hicieron en su día por la expropiación, lo que se lleva arrastrando del procedimiento Rumasa en las reclamaciones por la valoración. De eso va gastado cero, no ha habido ningún problema este año.
A Telefónica me referiré luego, y en cuanto al Banco Europeo de Inversiones se ha hecho la aportación que estaba fijada. Por tanto, ahí el nivel de ejecución es el que nos demanda en estos momentos: bajo.
El grado de gestión del Catastro ha sido bajo, lo he reconocido. Va a ser así al final, aunque nunca lo ha sido. Hay una demanda fuerte de recursos, los programas de revisión catastral se van a cumplir y, «de facto», estamos sacando dinero de algunas otras partes. Al final del año me comprometo seriamente a que no va a ser así, e intentaré que el año que viene, si comparezco de nuevo ante ustedes, en vez del treinta y tantos esté más arriba, pero no es fácil.
Al portavoz del Grupo Socialista tengo que decirle que coincido, lógicamente --ya lo he mencionado antes--, con el bueno y barato y estoy seguro de que también con el bonito. Hay escasísimas modificaciones, se lleva a cabo una buena ejecución, salvo --dice-- en activos financieros y se refiere a los temas FAD y CESCE. He explicado que sobre la ejecución del capítulo 8 no se debe hablar ni de buena ni de mala; es la que es y en estos momentos es la que es con esas explicaciones.
No le puedo dar ahora --se la mandaré por escrito-- la gestión de clases pasivas, programa 314 C. Conozco el tema, pero no lo gestiono yo, sino la Dirección General de Presupuestos.
En cambio, sí le puedo hablar de incentivos económicos regionales.
Esperaba que se me preguntara por ello. En estos momentos estamos con un nivel de crédito comprometido del 96 por ciento y con un nivel de obligaciones reconocidas del 83 por ciento.


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Debo señalarles algo que no es muy conocido. Nosotros estamos hablando del crédito que aportamos como presupuesto, que en estos momentos es del orden de 15.800 millones, pero eso se suplementa con los anticipos que hace la Comunidad Económica Europea, que, en estos momentos también, en cifras comparables, estamos hablando de 11.000 millones de pesetas. Por tanto, a política de incentivos, hasta agosto, habían ido 27.107 millones de pesetas; una parte, 15.800 millones de pesetas, aportada por nosotros, otra parte, aportada por el Feder.
Me pregunta: el que estemos tan cerca del nivel de compromiso, del cien, en agosto ¿va a afectar a que queden gastos para ejercicios futuros? Sin duda ninguna, señoría. Es perfectamente conocido que la política de incentivos está limitada por las disponibilidades presupuestarias; si tuviéramos más dinero, más se podría destinar. No tenemos más y, por tanto, sólo podemos destinar lo que podemos, lo que nos hace que seamos más rigurosos a la hora de seleccionar. Pero, evidentemente, una política rigurosa presupuestariamente conduce a que haya menos dinero, eso es de una obviedad manifiesta, y ésta es una de la partidas que se ve afectada.
¿Por qué? Porque hay una demanda muy fuerte. Sus señorías habitualmente enmiendan los presupuestos en este punto y siempre la Directora tiene la generosidad --se pone muy contenta-- de darnos algunos miles de millones de pesetas más. Pues, bienvenidos sean. Desde luego, capacidad de gastarlos no diría yo infinita, pero casi.
He comentado reiteradamente lo que se refiere al Centro de Gestión Catastral. Me dice: al no incorporar ¿se paga con presupuesto del año? Evidentemente. Ya lo he mencionado antes. No incorporamos y, por tanto, hay que pagar los compromisos pasados con créditos de este año.
¿Significa eso una pérdida de capacidad? En principio, sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que tendremos que sacar los recursos de otros sitios. Ya he puesto el ejemplo de inversiones en edificios. El año pasado lo hicimos y este año también.
El cumplimiento de los objetivos de la dirección del Centro de Gestión Catastral es pleno, dentro de la disponibilidad limitada de recursos.
Pregunta que si el arrastre del déficit no es la pescadilla que se muerde la cola. Insisto en que no, insisto en que aquí no hay un arrastre de déficit. El déficit es el que es y uno tiene el dinero que tiene, y si se gasta todo, genera el déficit que genere el conjunto del presupuesto.
Pero no estamos desplazando carga de un año para otro, puesto que la que no incorporemos hay que pagarla con el presupuesto vigente.
Por último --y ya termino, señor Presidente--, ampliación de capital de Telefónica. No estoy seguro de si le he entendido lo que plantea, pero yo le voy a responder y si no, me lo matiza.
En estos momentos se ha acabado, en concreto anoche a las dos y media de la madrugada, la fijación del precio para la operación de venta de acciones de Telefónica, que ha sido un éxito, como saben SS. SS.; ha habido una demanda muy fuerte, y un precio, digamos, relativamente razonable. El Estado ha vendido parte de su participación en Telefónica --era de 32, ha vendido como el 12, pues viene a estar en torno al 20--.
No tendría sentido que, si vende, también fuera a una ampliación de capital. Primero es que no ha habido ampliación de capital, pero, segundo, sería incoherente vender por un lado y comprar por otro.
Entonces, ¿por qué en presupuestos viene apareciendo desde hace años una partida como ésta, aunque Telefónica no amplía capital desde hace bastantes años? Por una exclusiva razón. Si no tuviéramos esta partida en presupuestos y Telefónica ampliase capital y el Gobierno decidiese mantener la participación, no tendría cómo pagarlo, tendría que ir a un crédito extraordinario, y no parece que sea el mecanismo mejor. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una partida de 19.000 millones de pesetas --se viene haciendo desde hace años-- que se puede utilizar, si hace falta --de hecho, el año pasado no hizo falta y, por tanto, no se utilizó--, para otras ampliaciones de capital. Y éstas son todas las tripas que hay en estos 19.000 millones de pesetas en Telefónica, que conducen a que el nivel de ejecución de ese 86 por ciento sea bajo y a la pregunta del representante del Grupo Socialista que acaba de hacer.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por si acaso quedara algún ratoncillo presupuestario en los bolsillos de SS. SS., y siguiendo la habitual benevolencia de esta Mesa, la Presidencia va a dar dos minutos a cada uno de los intervinientes de los grupos, advirtiendo que esta benevolencia será implacable.
Tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Yo no voy a entrar ahora en un debate porque no tengo tiempo, pero, de todas formas, quiero decirle que puede que algún dato me haya bailado entre la mente y la boca, porque el papel lo recibí justamente hace 24 horas y no pude ver más de lo que he visto. Eso por una parte.
Por otra parte, quisiera puntualizar tres o cuatro extremos. Primero, cuando me he referido a los farmacéuticos, el «sine die» no era en cuanto al origen, sino en cuanto a la conclusión. Quiero puntualizarlo muy claramente porque el «sine die» para mí es sinónimo de imprevisión final.
Yo desconozco cuál es el procedimiento judicial que se está siguiendo para reclamar esos fondos. Por tanto, simplemente puntualizo y no polemizo.
En cuanto al capítulo 8 y a ciertas variaciones que permiten distraer el déficit, que es ese punto apellidado técnica socialista para el presupuesto, creo que usted ha entendido perfectamente mi buena-mala intención, señor Subsecretario. En definitiva, es algo muy usual, en ciertos capítulos presupuestarios y en ciertos mecanismos financieros, el que a veces se cubran con ampliaciones de capital préstamos o deudas, y se evite el déficit haciendo ampliación de capital. A lo mejor, en Segisa puede ocurrir algo parecido. Ahí estaba mi mala intención, mi ratón malintencionado, pero lo dejo y no entro en la polémica, solamente lo subrayo y lo señalo.
Tercero, el tema FAD. El tema FAD me preocupa y de verdad discrepo, y aquí entramos en una gran polémica. Discrepo porque tengo razones para discrepar. Hace cuatro

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o cinco años, en la Comisión de Asuntos Exteriores, yo me quejé de un caso muy concreto, porque empresarios catalanes del sector textil querían créditos FAD para exportar y hacer operaciones de inversión en Polonia y se encontraron con el capítulo cerrado por una multinacional que había absorbido toda la cuantía para una operación de teléfonos, Telefonía de Varsovia, si no recuerdo mal. A lo mejor, señor Subsecretario, usted puede remitirse al «Diario de Sesiones» y encontrar ese debate mío.
Por tanto, sí que hay demanda y, a veces, no hay posibilidades de acogerse a esa demanda. Esa era la razón de mi reparo, de mi subrayado.
Por último, el tema de CESCE. A mí no deja de sorprenderme, porque usted me ha aclarado un concepto, que o no está aquí o no lo he visto. A lo mejor, en el trajín de la noche no lo he visto. Usted me ha referenciado Argelia. Evidentemente, Argelia es un problema muy serio, donde tenemos colgada, o al menos en interrogante, una inversión del gaseoducto, que creo que está en orden a 145.000 millones de pesetas en inversión no terminada, no concluida, etcétera. Por tanto, entiendo esa razón y, si ése es el concepto, lo admito, pero me sorprende que no haya más demanda o no haya posibilidad de haber más demanda cuando existen mercados en los que estamos operando mucho los españoles, por ejemplo Rusia y Cuba, donde hay altísimo riesgo político. En Rusia concretamente, y usted lo sabe, le puedo contar operaciones muy concretas de grandes pérdidas de exportaciones españolas, de inversiones que se han ido al garete.
Consecuentemente, ésta era la razón de mi reparo, una razón puramente práctica en función de conocimientos fácticos y no teórica. Es decir, no me extrañaba, sino simplemente me sorprende tan poco capítulo para tanta posible demanda cuando tengo referencias anteriores.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ : Muy brevemente, señor Presidente, porque la controversia no tiene por qué llegar a mayor grado de precisión.
Solamente quiero decirle una cosa. Si usted, con dinero del año 1995, tiene que hacer frente a obligaciones del año 1994, o renuncia a cosas de este año, o el año que viene tendrá que hacer lo mismo, tendrá que hacerlo en 1996. Por tanto, no es que se corra déficit, sino que llegará un momento en que, entre contención de obligación reconocida más hacer frente a obligaciones de otros años, se le reduce su capacidad o amplía gastos (que, de todas formas, no se da, porque el año que viene también viene una reducción de los créditos iniciales para su Ministerio del 8 por ciento). Es decir, nos encontraremos discutiendo su presupuesto en unas condiciones determinadas. A eso me refería yo cuando decía que es una bola que va a continuar afectando a políticas de este año, a políticas del que viene, o a renuncias.
En cuanto al artículo 86, al dinero y la relativización, dice: Al final, en el catastro se va a gastar todo el dinero, no se preocupen SS. SS. que se gastará. Bien; el único problema es que gastarán en tres meses lo que debieran haber gastado en doce --ésa es la lectura que sacamos aquí--, u obedece simplemente --ésa es la pregunta que yo hacía, y estas comparecencias sirven para eso-- a que estamos conteniendo un gasto que va a explotar, o que se renuncia a políticas determinadas que no hacemos este año.En ese sentido iban nuestras preguntas, y no tenga usted la menor duda de que a lo mejor podemos coincidir en todos los elementos de bonito, barato y bueno; lo malo es explicar qué es para uno y para otro lo bonito; las prioridades son el tema de lo bonito, pero ¿a qué da prioridad el Gobierno y a qué se la damos nosotros? En eso nos pondremos de acuerdo si lo discutimos. Por tanto, no hay anatema, no hay bueno o malo porque venga del Gobierno, o bueno a malo porque venga de la oposición, sino que cada uno cumple con una función parlamentaria.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Le regalo los dos minutos, señor Presidente.
(Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra de nuevo el señor Subsecretario, y creo que con esto concluirá en breve la sesión.


El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán y Amutio): Voy a ser muy breve, a ver si sólo consumo los dos minutos que ha regalado mi compañero.
Señor Milián, le acepto lo del «sine die» de los farmacéuticos. Creo que he explicado nuestras previsiones en estos momentos conociendo las demandas que ha habido por parte de los farmacéuticos y cómo se han producido hasta ahora. Estamos hablando del orden de 3.000/4.000 millones de pesetas sobre algo ya pagado, que son 17.000 millones, por tanto, estamos hablando de un tercio marginal. No estoy en condiciones en este momento de decirle cuándo se va a producir, pero en todo los casos los órdenes de magnitud nos lo explican.
En cuanto al capítulo 8, me dice con cierta gracia, no exenta de realismo --digámoslo así--, que evita déficit. No es exacto, señoría --no sé si decirle, para nuestra desgracia, como inventores del capítulo 8--, porque, primero, en términos de contabilidad nacional, es déficit puro y duro (es decir, si uno gasta más de lo que ingresa, es déficit, lo ponga como lo ponga) y, segundo, en términos de los criterios de convergencia que está aplicando la Comunidad Económica Europea le diré que cada vez se centra más --no soy un experto en esto, pero con lo que le digo es suficiente--, no en el criterio de caja, sino en el criterio más parecido al de contabilidad nacional. Por tanto, ya empieza a ser déficit desde todo punto de vista, lo mire usted como lo mire; no se preocupe su señoría. La supuesta invención del Grupo Parlamentario Socialista ha vivido lo que ha vivido y no va a vivir mucho más. En todo caso, no hay nada disfrazado, ahí está todo y está donde tiene que estar: en el déficit.


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En cuanto al FAD ha puesto un caso concreto de un textil catalán que se lo llevó uno de teléfonos. Puede ser; seguro que es así como usted dice, pero no es responsabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda la selección de los demandantes de crédito FAD y la selección última de los créditos. Por tanto, lo desconozco. Sí sé que estamos hablando de 80.000 millones cada año. No es una cantidad despreciable. ¿Es suficiente? Yo no tengo la sensación de que haya una demanda insatisfecha de calidad fuerte en cuanto a la demanda de créditos FAD por parte de los exportadores pero, en fin, es un tema sin duda ninguna discutible.
En cuanto a la CESCE, tengo que volver a aclarar el tema, porque quizá no me he explicado con suficiente claridad. Primero dice: tan poco capítulo.
¡Demontre! Le recuerdo que estamos hablando de 150.000 millones. No es tan poco, pero en fin. Lo que nosotros cubrimos aquí es un seguro que funciona de forma automática. Es decir, hay un riesgo-país que es de carácter político, que si se produce automáticamente hay que cubrirlo, y si no tenemos suficiente hay que ir a un crédito extraordinario. O sea, que todo riesgo de esa calidad que se produzca, lo pagamos. Si se produce menos de lo que hemos previsto, pagamos menos. Si se produce más, hay que ir a por el crédito extraordinario. El año pasado no hizo falta crédito extraordinario; el año anterior --le hablo de memoria--, en 1993, creo que sí, si mal no recuerdo; este año creemos que nos va a sobrar para las previsiones, pero insisto: si se asegura poco o mucho, es cuestión de los exportadores y de la CESCE. Es un poco parecido a los FAD. Lo desconozco, pero si hay riesgo-país y se produce ese riesgo, se cubre automáticamente, tanto si hay dinero en el presupuesto como si no, porque es una relación contractual que hay que cubrir. Creo que con eso respondo a sus preguntas.
Señor Ríos, estoy encantado de dos cosas. Una, de que podamos debatir sobre lo bonito y, otra --de la que estoy más encantado todavía--, de que lleguemos a un acuerdo sobre lo que llamamos bonito.
Usted me plantea otros temas, pero no entro más en el debate, aunque es muy interesante lo del gestor, calificación del gestor, etcétera. Dice que si tenía compromiso el año pasado y lo tenía que pagar con este presupuesto, renuncia al compromiso. No necesariamente, aunque en principio sí, «ceteris paribus». Yo puedo reordenar y le digo que compare el capítulo 2 que tenía el Ministerio en 1993, en 1994 y en 1995 y lo que tenía el Catastro en 1993, en 1994 y 1995 y vea si hay o no una reordenación de prioridades, qué ha pasado con el capítulo 2 y qué ha pasado con el catastro. Hay una reordenación de prioridades. ¿Suficiente? ¿Insuficiente? Es como lo del bonito. Ahí podemos debatir, pero en todo caso la hay. Es decir, tengo menos recursos y, por tanto, tengo que reordenar. ¿Renunciar a objetivos? ¡Hombre, dentro de un orden! Depende del orden del recorte. Con los recortes de los que estamos hablando no estoy renunciando a ningún objetivo, estoy apretando mucho en el Ministerio los gastos corrientes, que es donde tengo margen, y un poco las inversiones en edificios, donde también tengo margen. Ese es el tema fundamental.
Por último, dice S. S.: A ver si lo que está pasando en el Catastro es que gastamos en los tres últimos meses lo que teníamos que haber gastado en todo el año. No exactamente. Lo que ocurre es que el Catastro encarga fuera una parte importante del trabajo de revisión catastral a empresas, etcétera. Los distintos ayuntamientos, de acuerdo con la comunidad autónoma, hacen unos planes de revisiones catastrales y hay unos trabajos de revisión catastral, que normalmente los hacen empresas consultoras. Al principio del ejercicio se contrata con esas empresas, ellas van haciendo su trabajo y, al final, se les paga. Se lo he contado de forma muy simplificada, pero es así sustancialmente y es muy difícil hacer el seguimiento desde Madrid porque, además, esas contrataciones se hacen en cada territorio, es decir, en Teruel hacen las suyas, en Valladolid, las suyas, y en Málaga, las suyas. Este país, en algunas cosas, sigue siendo muy centralista, ésta es una de ellas y, al final, se nos acumulan los pagos en los últimos meses del año. Va a ser difícil evitar esa situación en el tema del Catastro, y más aún con la Ley de Contratos actual, que, por introducir un rigor, ha bajado mucho el límite de la posibilidad de contratación directa, con lo que hace esto más complejo y, por tanto, tiende a agravar más el efecto de acumular a final de año los pagos. Eso es, de forma muy resumida, lo que pasa en el Catastro.
No sé si con esto he respondido a todas las preguntas. Muchas gracias, en todo caso.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Subsecretario, creo que ha respondido exhaustivamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los comparecientes y especialmente a los servicios de la Cámara por su eficacia y su paciencia.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.

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