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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 16, de 29/09/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 V Legislatura Núm. 16 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 14 celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:

-- Preguntas (Página 487)

Interpelaciones urgentes:

-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en relación con el Mercado de Trabajo para detener el proceso de destrucción de empleo y activar la creación del mismo (numero de expediente 172/000007) (Página 508) -- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre el sector agrario y las medidas de política general previstas por el Gobierno en beneficio del mismo (número de expediente 172/000009) (Página 520) -- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre política de tasas universitarias realizada por el Gobierno y los cambios necesarios en la misma para garantizar el acceso a la enseñanza superior pública de todos los españoles (número de expediente 172/000010) (Página 531)

(Continúa el orden del día en el número 17, de 30 de septiembre de 1993.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 487)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno alguna acción relativa a la reintegración del Condado de Treviño en el territorio de Alava? (Número de expediente 180/000064) (Página 487)

Del Diputado don Jorge Novella Suárez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Ministerio de Industria explicar el estado de inversión y planes futuros de REPSOL y ENAGAS en Cartagena? (Número de expediente 180/000071) (Página 488)

Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Qué razones justifican los incrementos de tasas aplicados a las nuevas titulaciones universitarias? (Número de expediente 180/000080) (Página 489)

Del Diputado don José Cholbi Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Piensa el Gobierno adoptar medidas rectificadoras para evitar que las tasas aplicables a las nuevas titulaciones universitarias tengan efectos discriminatorios? (Número de expediente 180/000081) (Página 490)

De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: En relación al Plan Especial del Frente Marítimo de la Bahía de Roses (Girona), ¿qué proyecto específico tiene respecto a la playa de «La Perola» de Roses, y si este proyecto tiene en cuenta la declaración de «paraje pintorico» con que está protegida dicha playa desde 1972, según Decreto del Ministerio de Cultura vigente, número 2899/1972, de 15 de septiembre («B.O.E.» 255 de 24 de octubre de 1972) (Número de expediente 180/000065) (Página 492)

Del Diputado don José Antonio Amate Rodríguez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno adjudicar el tramo de autovía de la variante de Almería? (Número de expediente 180/000069) (Página 493)

Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones hay previstas en materia de costas en la zona del Delta del Ebro, en Tarragona? (Número de expediente 180/000070) (Página 493)

Del Diputado don José Félix Sáenz Lorenzo, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de autovía Zaragoza-Nueno, en su Ministerio, y cuáles son las previsiones existentes respecto de su licitación y el comienzo de las obras? (Número de expediente 180/000073) (Página 494)

Del Diputado don Pere Baltá i Llopart, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué medidas adopta el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para evitar los vertidos incontrolados en el muelle Sur el Puerto de Barcelona? (Número de expediente 180/000092) (Página 495)

Del Diputado don Joan Miquel Nadal i Male, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para realizar inversiones en el delta del Ebro en aquellas cantidades presupuestadas

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que todavía quedan pendientes? (Número de expediente 180/000093) (Página 496)

Del Diputado don Adán Martín Menis, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Tiene previsto el Ministerio alguna alternativa para cubrir la asistencia de los enfermos de Tenerife o qué otra fórmula baraja para facilitar el acceso de los beneficiarios de la Seguridad Social al Hospital Universitario de Canarias, dado que el día 6 de octubre finaliza el Convenio entre éste y el INSALUD? (Número de expediente 180/000067) (Página 497)

Del Diputado don Néstor Padrón Delgado, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encuentran la proyectada 2.ª Fase de mejoras y ampliación de la Residencia Sanitaria N.ª Sra. de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife? (Número de expediente 180/000072) (Página 497)

Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo piensa solucionar el Gobierno, de forma definitiva, la situación actual de los médicos especialistas sin título oficial? (Número de expediente 180/000086) (Página 498)

Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo afectan a los intereses españoles, concretamente a los temas sobre agricultura defendidos por su Departamento, los acuerdos adoptados en el Consejo conjunto de Ministros comunitarios de Asuntos Exteriores y Agricultura, celebrado en Bruselas el 20 de septiembre de 1993? (Número de expediente 180/000074) (Página 499)

Del Diputado don José Ramón Pascual Monzo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué tipo de medidas va aadoptar el Gobierno para lograr de una manera eficaz la libre circulación de los productos agrarios españoles por las vías de comunicación europeas? (Número de expediente 180/000083) (Página 500)

Del Diputado don Neftalí Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno exigir a las instituciones europeas, el cumplimiento de lo establecido en el Tratado de Roma en relación a la Preferencia Comunitaria de los productos agroalimentarios europeos? (Número de expediente 180/000084) (Página 501)

Del Diputado don José Antonio Gayarre Bermejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cómo tiene previsto el señor Ministro repartir las ayudas concernientes al trigo duro para la campaña 1992-1993? (Número de expediente 180/000085) (Página 503)

Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Qué explicaciones puede dar el Ministro de Defensa con respecto a la ocupación del Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia de una habitación en una residencia militar? (Número de expediente 180/000082) (Página 504)

Del Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de los créditos FAD en el período comprendido entre 1987-1990, una vez ha tenido conocimiento del contenido del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)? (Número de expediente 180/000078) (Página 505)

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Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para poner fin inmediatamente a sus incumplimientos de la normativa reguladora de la prestación de la asistencia letrada de oficio? (Número de expediente 180/000075) (Página 506)

Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Conoce el Gobierno si la Administración Vasca tiene acceso al sistema informático de las Audiencias y Juzgados de la Comunidad Vasca? (Número de expediente 180/000079) (Página 507)

Interpelaciones urgentes (Página 508)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en relación con el Mercado de Trabajo para detener el proceso de destrucción de empleo y para activar la creación del mismo (Página 508)

En defensa de la interpelación del Grupo Popular interviene la señora Villalobos Talero, manifestando que no es la primera vez que formulan interpelaciones en esta Cámara en torno a este problema, aunque sí, lógicamente, la primera vez en esta legislatura y, tal como se están desarrollando las cosas, volverán a plantear el tema en otros momentos.
Cree que lo procedente, en primer lugar, es analizar la situación actual del empleo que, a la vista de los datos de la EPA correspondientes al segundo trimestre del 93, continúa caracterizándose por seguir aumentando nuestra divergencia con Europa. Se consolida una tasa de paro del 22,25 por ciento, es decir más del doble de la comunitaria, y una tasa de ocupación del 37,9. Se está creando lo que en Europa se llama una sociedad dual en la que el número de parados es cada vez mayor y afecta más a personas mayores de 48 años que están viviendo del subsidio, sin esperanza de encontrar un puesto de trabajo.
El número de parados ha crecido en los últimos doce meses en 710.805 personas, habiéndose destruido en dicho período 590.130 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en el sector industrial.
Alude también a que uno de los graves problemas que tiene nuestro mercado de trabajo es el paro coyuntural, que se puede acabar convirtiendo, como de hecho está sucediendo, en paro estructural, como lo demuestra el que en la última década la tasa de paro no haya descendido en ningún momento por debajo del 16 por ciento, ni siquiera en los años en que se produjo una recuperación económica.
De esta forma resulta que el paro acaba siendo, no una consecuencia de una situación económica determinada, sino algo que forma ya parte de las propias estructuras sociales de nuestro país.
Señala a continuación que, en su opinión, esta tasa tan elevada de paro es consecuencia del tipo de empleo que tenemos en nuestro país, enmarcado dentro de una política económica determinada, y la segmentación del mercado de trabajo, con enormes rigideces internas de ese mercado que impiden que incluso en épocas de crecimiento económico España sea capaz de rebajar la tasa de paro por debajo del 16 por ciento. A su juicio, la mayor parte de responsabilidad en estas cuestiones recae sobre el Gobierno, que es quien lleva a cabo una política determinada que da como resultado las cifras que analizan en este momento. No sirve ampararse en la situación de crisis internacional para justificar los errores propios y la falta de acción del Gobierno. Por otro lado, si cuando el Gobierno socialista tenía mayoría absoluta en el Parlamento no fue capaz de tomar las medidas adecuadas, pregunta cómo va a serlo en la actual situación de minoría. Si contemplan lo ocurrido en los últimos años, la conclusión tiene que ser claramente negativa.
Se refiere, por otra parte, al peligro que entraña esta elevada tasa de paro para nuestro sistema de protección social, teniendo los primeros efectos en el recorte de las pensiones en la cifra de ocho mil pesetas por pensionista, según manifestaciones de los propios sindicatos, que es casualmente la misma cantidad con la que el señor González acusaba al señor Aznar de que iba a rebajar las pensiones.
Por otro lado, el Gobierno basa su modelo de reforma en el diálogo social cuando la realidad es que desde 1986 ha fracasado en este diálogo social, en buena parte debido a que los incumplimientos del Gobierno ha llevado a la desconfianza a los agentes sociales y parece que actualmente las cosas van por este mismo camino. Si definitivamente fracasa ese diálogo social, como anuncian los agentes sociales, pregunta al señor Ministro qué va a hacer, si retrasar las medidas anunciadas en Comisión el día anterior o si se limitará a traer a esta Cámara simples parcheos de contención del déficit

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en determinadas partidas presupuestarias. Cree que es buena ocasión para que el señor Ministro rompa con la falta de confianza y de credibilidad marcando calendarios exactos de realización de las medidas previstas, de manera que todos tengan la seguridad de que este problema es la última vez que se plantea en la Cámara.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez), manifestando, en primer lugar, que el Gobierno socialista ha asumido históricamente sus responsabilidades y por eso viene siendo Gobierno desde hace once años. También lo hará el Gobierno constituido hace sólo setenta y siete días, como consecuencia de un nuevo proceso electoral que ha vuelto a dar una explicación de a quién y cómo apoya la sociedad española.
Afirma seguidamente que ninguna reforma del mercado de trabajo, ninguna reforma del sistema de relaciones laborales puede tener efectos taumatúrgicos, siendo capaz de terminar, y ni siquiera detener, el proceso de destrucción de empleo, porque esto depende de muchas circunstancias, como ayer explicaba en Comisión. Señala que todo sistema de relaciones laborales es el resultado de una determinada historia, la consecuencia de una cultura o de una organización productiva bien determinada, con unas costumbres y comportamientos que a veces son difíciles de modificar. En este sentido, nuestro actual sistema de relaciones laborales, por razones históricas de todos conocidas, tiene adherencias de regulaciones estatales que están resultando incompatibles con la necesaria adaptación que han de tener nuestras relaciones laborales en las circunstancias concretas de cada momento histórico. Por eso se propone avanzar en la construcción de un marco determinado de relaciones laborales que sea más adaptable y para ello han propuesto un acuerdo social por el empleo que pretende dar respuesta a que las empresas españolas sean más competitivas, que favorezca la creación de empleo y que consolide un sistema de protección social. El Gobierno entiende, además, que parte importante de ese acuerdo por el empleo es un acuerdo de rentas, pero no uno cualquiera sino aquel que pueda sostener las condiciones de trabajo de nuestro modelo y que, al mismo tiempo, sirva para controlar la inflación y generar empleo. Se trataría de un acuerdo de rentas que tenga como objetivo inmediato la recuperación de los beneficios y su reinversión en el proceso productivo para favorecer la competitividad y el empleo y que, además, tenga carácter trienal, estableciendo una evolución de todas las rentas con ese objetivo de recuperación económica.
Termina manifestando el señor Ministro que, en el caso de que no se consiga el citado pacto social por el empleo, el Gobierno adoptará todas las medidas que sean necesarias, mencionando una serie de ellas que comenzarán a tener efecto con fecha 1 de enero del próximo año y otras varias a más largo plazo, algunas de las cuales se someterían a esta Cámara por tener carácter legislativo. Replica la señora Villalobos Talero, duplicando el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Peralta Ortega, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre el sector agrario y las medidas de política general previstas por el Gobierno en beneficio del mismo (Página 520)

En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) defiende la interpelación el señor Vidal i Sardó, manifestando, que ante la situación crítica por la que atraviesa el sector agrario español y ante las repercusiones que puedan tener sobre su futuro los acuerdos agrícolas del GATT, presentan esta interpelación para contribuir a situar en sus justos términos ambos problemas y dar respuesta, desde este Congreso, al desánimo y la desorientación que aquejan a muchos agricultores.
Alude al preacuerdo agrícola con los Estados Unidos al que llegó la Comisión agrícola de la Comunidad Económica Europea en noviembre pasado, que ha contado desde el principio con la oposición total de Francia, oposición a la que se fueron adhiriendo progresivamente otros países comunitarios, especialmente de agricultura mediterránea. Sin embargo, España, que está afrontando a duras penas y con muchos sacrificios el esfuerzo que representa la integración en la Comunidad Europea y la más reciente adaptación a la reforma de la PAC, ha mantenido una posición dubitativa e indecisa respecto al preacuerdo y a la oposición y rechazo francés.
Menciona también que el día 20 de este mes los Ministros comunitarios necesitaron doce horas de intensas discusiones para apoyar la posición y las tesis francesas de replantear el preacuerdo agrícola con los Estados Unidos, acordando, finalmente, dar un mandato al comisionado europeo para

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seguir dialogando con Estados Unidos --a lo que éstos parece que se niegan-- por las pérdidas que representaría ese acuerdo para los agricultores de los países industrializados, todo lo cual piensa que justifica la interpelación para que el Gobierno y este Congreso piensen en el presente y en el futuro inmediato de nuestros agricultores, ya que en otro caso puede ocurrir que haya poco que planificar a más largo plazo para este sector. Facilita algunos datos relativos a los últimos ejercicios que demuestran la falta de dinamismo del sector agrario, con un peso cada vez menor en el conjunto de la economía española y una disminución considerable del empleo, mientras crece continuamente su endeudamiento a la par que desciende la rentabilidad, todo lo cual debe llevar al Gobierno a plantear en profundidad una serie de ayudas inmediatas en favor de este sector.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Albero Silla), considerando oportuna y perfectamente adecuada a la situación en que estamos la interpelación de Convergència. Sin embargo, rechaza que la posición del Gobierno español haya sido dubitativa o indecisa en las negociaciones para el preacuerdo alcanzado por la Comisión Europea y Estados Unidos, ya que en realidad la postura del Gobierno ha sido clara y ha tenido como objetivo fundamental la defensa de los intereses agrarios españoles y el mantenimiento de las rentas de nuestros agricultores.
Explica las cuestiones y cláusulas con las que se mostraron de acuerdo con el referéndum francés y el avance obtenido en el tema de las ayudas compensatorias, mencionando detalladamente la situación en que queda cada una de nuestras producciones agrícolas.
Reconoce que el papel más beligerante en las discusiones ha correspondido a Estados Unidos y Francia, lo que se justifica porque son dos países que compiten en mayor medida en el mercado cerealista mundial. Sin embargo, en el caso de España se trata de problemas diferentes, ya que nuestra estructura de exportaciónes muy distinta.
Finalmente explica el contenido de las conclusiones del Consejo de Ministros comunitario, celebrado el pasado día 20, en base a las cuales la comisión debe continuar conduciendo las negociaciones para buscar un acuerdo que sea aceptable.
Asimismo facilita algunos datos relativos a la actual situación del sector agrario, en los que hay factores positivos importantes frente a la descripción excesivamente pesimista hecha por el interpelante. Replica el señor Vidal i Sardó, duplicando el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Pascual Monzo, del Grupo Popular.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política de tasas universitarias realizada por el Gobierno y los cambios necesarios en la misma para garantizar el acceso a la enseñanza superior pública de todos los españoles (Página 531)

En representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defiende la interpelación el señor González Blázquez. Expone que, por lo que cuentan los medios de comunicación y el propio Ministro adelantó ayer ante la Comisión, parece que la cordura ha vuelto al Ministerio y que la falta de diálogo que se había observado en otros casos se ha suplido en esta ocasión por la negociación con los afectados con los representantes de los estudiantes. Espera también, por el bien de la Universidad y de los que quieren acceder a la misma y no tienen medios económicos para hacerlo, que este diálogo fructifique y ceda el Ministerio ante las legítimas pretensiones de los estudiantes, que en estos tiempos que corren en modo alguno son disparatadas.
Agrega que invertir en la Universidad es la mejor inversión que tiene que realizar el país y un Gobierno progresista para garantizar el futuro del país y también la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad, en lugar de dar pasos hacia su privatización con decisiones como las del Decreto de tasas de 26 de febrero.
Formula una serie de consideraciones en torno al Decreto en cuestión, llegando a la conclusión de que no existe la más leve relación entre los incrementos de las tasas académicas y los de las becas, por lo que en términos políticos piensa que la situación creada en este curso puede ser inadmisible. En consecuencia, pide al señor Ministro que llegue a acuerdos con los representantes de los estudiantes para una solución inmediata que garantice la viabilidad de la Universidad pública al servicio de todos. A su juicio, debe procederse a la retirada de ese Decreto, que tan graves consecuencias va a tener para muchas economías familiares y negociar con los estudiantes una subida de tasas y una paralela de becas que reequilibre la situación en estos momentos de crisis que las familias de los estudiantes, especialmente las más necesitadas, también sufren.


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Les agradaría verse obligados a retirar la moción subisiguiente a esta interpelación en el próximo Pleno por que el señor Ministro haya anulado el Decreto de tasas y realizado una política consecuente de becas, solucionando el problema creado.
En nombre del Gobierno interviene el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra), que expone los criterios que le han llevado a fijar una determinada política de tasas universitarias para el curso que ahora comienza y cuáles han sido las razones para su corrección. Está de acuerdo con el interpelante en que la enseñanza universitaria tiene un interés generalizado, lo que justifica su naturaleza de servicio público y, por consiguiente, también la financiación pública al servicio académico. Sin embargo, a diferencia de otros servicios públicos, como por ejemplo la educación secundaria obligatoria, éste es un servicio público que no puede considerarse universalizable. Por consiguiente, el esfuerzo que la sociedad hace para mantener y desarrollar el sistema universitario cree que es lógico que resulte también compartido por los beneficiarios directos del sistema, por los usuarios del servicio público académico, de acuerdo, naturalmente, con las posibilidades económicas de cada uno. Este es el principio fundamental del que se derivan algunos otros principios de actuaciones, que expone a la Cámara, y que han llevado a la decisión que ha motivado la interpelación. En base a estos principios se plantea la conveniencia de actualizar la contribución del estudiante universitario a la financiación de este servicio público, teniendo en cuenta, además, que se había producido un desfase en esa contribución en los últimos años, según demuestra con la exposición de numerosas cifras relativas a la evolución de las tasas y el costo del servicio público. Termina el señor Ministro señalando que se trata de una medida para este curso y, en este sentido, provisional, de tal modo que ayer mismo, ante el pleno del Consejo de Universidades, comprometió el inicio de un diálogo para afrontar los retos que encara nuestra Universidad, iniciándose las conversaciones en cuanto el curso comience y esperando que den el fruto apetecible. Replica el señor González Blázquez, duplicando el señor Ministro de Educación y Ciencia.
Para fijación de posiciones interviene el señor Ollero Tassara, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pregunta número 13, del señor Novella, que tiene la palabra para formularla. (Pausa.) Queda decaída.


--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ALGUNA ACCION RELATIVA A LA REINTEGRACION DEL CONDADO DE TREVIÑO EN EL TERRITORIO DE ALAVA? (Número de expediente 180/000064)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Olabarría Muñoz, que tiene la palabra para formularla.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿tiene el Gobierno previsto alguna acción para posibilitar la reintegración del Condado de Treviño en el territorio de Alava?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Olabarría, el Gobierno de la nación no tiene previsto tomar ninguna iniciativa. Además, no le corresponde tomar ninguna iniciativa en relación con los procesos de segregación de enclaves de una comunidad inscritos en el territorio de otra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, no por inconcreta su respuesta le parece a mi Grupo menos merecedora de consideración; el tono ponderado, tan diferente a otras reflexiones que hemos escuchado, sobre todo de responsables políticos de la Comunidad de Castilla y León, llamando poco menos que a la rebelión armada y al uso de los cañones --sic, si fuera palabra escrita-- para evitar que prospere esta propuesta, señor Ministro. Ya pueden imaginarse SS.SS. el carácter tan democrático de este tipo de reflexiones.
Al margen de estas consideraciones dictadas «obiter dictas», sí quiero indicarle que lo que pretende mi Grupo parlamentario es conocer la opinión del Gobierno

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sobre el mantenimiento de auténticos anacronismos históricos - -los enclaves territoriales--.
Este concreto, el del Condado de Treviño, está prácticamente colindante con la ciudad de Vitoria o Gasteiz, que es la capital de Alava, como usted sabe, y la capital de Euskadi, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y carece de legitimidad histórica. En primer lugar, ¿por qué carece de legitimidad histórica? Porque, entre otras cosas, el origen histórico de este enclave consiste en que la familia de Pedro de Manrique se lo compró nada menos que al repostero del Rey; le compró los derechos sobre las personas, los derechos sobre las fronteras de los montes y los derechos sobre los «muellos» -- una expresión forense de la época--. Señor Ministro, como carece de legitimidad histórica, en primer lugar, nosotros pedimos que se repare históricamente esta disfunción.
Carece de legitimidad política también, porque nosotros conocemos cuál es la inequívoca voluntad de los habitantes de Treviño. Esta voluntad es, ni más ni menos, que la reintegración de este territorio, de este enclave en el territorio alavés, en Euskadi. Y carece de sentido común, entre otras cosas, porque es que la lejanía del enclave, del Condado de Treviño, respecto de la capital y de las instituciones de Castilla y León provoca una auténtica desatención administrativa en relación a las necesidades de infraestructura, de sanidad, de educación de los ciudadanos de este Condado. Por eso nosotros pretendemos que se acabe con un auténtico subterfugio legal, que es el que está siendo utilizado para evitar la reparación histórica que proclamamos, la reintegración de Treviño en Alava, convalidada desgraciadamente por el Tribunal Constitucional, pero subterfugio legal.
Pedimos una reforma, señor Ministro, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en virtud de la cual se prevea el procedimiento de desanexión de este enclave, que es lo que está impidiendo materialmente la reintegración del Condado de Treviño al territorio de Alava, y se armonice este procedimiento de desanexión con el de anexión, sí previsto éste en el Estatuto de Autonomía de Guernica.
Este subterfugio legal está siendo utilizado por los gobernantes de la Comunidad Autónoma...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
El señor Olabarría sabe las respuestas que ha dado el Gobierno con anterioridad a la última formulada por usted mismo, por parte del entonces señor Ministro para las Administraciones Públicas señor Almunia.
No entro a calificar lo de subterfugio o no, sino simplemente quiero recordar que hay una sentencia de 11 de julio de 1986, número 99, del Tribunal Constitucional, donde se señala que tiene que haber, en primer lugar, conformidad o acuerdo de los municipios afectados pero, además, conformidad de la Comunidad, en este caso de Castilla y León, en la que se encuentra actualmente integrado.
Por consiguiente, sólo le puedo dar esta respuesta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JORGE NOVELLA SUAREZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA EXPLICAR EL ESTADO DE INVERSION Y PLANES FUTUROS DE REPSOL Y ENAGAS EN CARTAGENA? (Número de expediente 180/000071)

El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías contribuyan con su puntualidad al buen desarrollo de este punto del orden del día. Vamos a proceder a la tramitación de la pregunta número 13, del señor Novella Suárez.
Tiene la palabra el señor Novella.


El señor NOVELLA SUAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en abril de 1992 el Instituto Nacional de Hidrocarburos y Repsol Petróleos firmaron sendos convenios de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de programas de inversiones por importe de unos 75.000 millones de pesetas. En concreto, el INH se comprometía a desarrollar, a través de la sociedad Enagás, la construcción de un gasoducto Orihuela-Murcia-Cartagena y de ramales de suministro doméstico a distribuidores por un importe estimado de 6.700 millones de pesetas en el período 1992-1996. El INH también se obligaba, a través de sí mismo y de Repsol, a hacer mejores esfuerzos para que la sociedad Gas Natural, S.A., llevase a cabo un programa de inversiones por un importe estimado de 6.300 millones de pesetas, referidos al período 1993-1997 para redes de distribución de gas natural en Lorca, Murcia y Cartagena. Estos dos compromisos del INH, que sumaban unas inversiones de 13.000 millones de pesetas, darían lugar a un número estimado de puestos de trabajo, directos o indirectos, de 120, así como un empleo inducido durante la construcción de aproximadamente 8.500 empleos.
Por su parte, el Convenio de Repsol Petróleos, S.A., fijaba un programa de inversiones para la modernización, conexión logística y ampliación de sus instalaciones en el valle de Escombreras, de Cartagena, por sí mismo o mediante acuerdos con otras empresas, por importe de 60.913 millones de pesetas durante el período

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1992-1995, a los que había que sumar 1.107 millones que durante ese mismo período la sociedad Campsa también invertiría en la construcción del oleoducto Cartagena-Alicante y otros complementarios. Este último convenio globalizaba una inversión de 62.020 millones y la creación estimada de unos 180 puestos de trabajo directos e indirectos.
Por todo ello y a la vista de las referidas inversiones contempladas igualmente en el plan especial que Cartagena tiene para el desarrollo de este municipio y de la región de Murcia, en el contexto nacional, se formula la siguiente pregunta al señor Ministro de Industria: ¿Puede el Ministerio de Industria explicar el estado de inversión y planes futuros de Repsol y Enagás en Cartagena? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Novella.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente.
Señor Novella, le puedo explicar, y además lo haré con mucho gusto.
En relación con ese protocolo firmado, creo que le puedo decir que la empresa Enagás está cumpliendo sus compromisos. En el momento actual han finalizado prácticamente las inversiones de CLH, la antigua Campsa, al concluir en el año 1992 la construcción del oleoducto Cartagena-Alicante.
Se han llevado a cabo inversiones en la refinería por una cuantía de 10.000 millones de pesetas entre 1991 y 1992, y además de ello se encuentran en curso los proyectos de la refinería de Repsol en Cartagena, que totalizarán una cifra superior a los 40.000 millones de pesetas, destacando los 6.600 millones invertidos ya para la instalación de una turbina de generación eléctrica, que por cierto entrará en servicio en el primer trimestre de 1994. Por tanto, prácticamente toda la inversión programada dentro de ese protocolo está cumpliéndose.
Debo decir que una parte de los proyectos exige también, en conjunto, el cumplimiento de otra parte de compromisos, que también lo son de la Comunidad Autónoma y que suponían alrededor del 8,5 por ciento de los importes que estaba previsto llevar a cabo.
Unicamente hay dos inversiones, que debo citar para que tenga usted toda la información, que han sido aplazadas en este momento y que son, por un lado, la unidad de vacío y de coquización y, por otro lado, la segunda turbina de cogeneración. El segundo proyecto va unido al primero y éste tiene que ver con una caída en la demanda de productos ligeros y, por el contrario, una mayor prioridad en la necesidad de producir fundamentalmente combustibles de sulfurados.
Por tanto, esto es lo que en este momento está aplazado. No quiere decir que no se lleve a cabo. El segundo proyecto --el de la segunda turbina de cogeneración-- está ligado al primero. En todo caso, lo que sí le puedo señalar es que en el año 1992 aproximadamente fueron 10.000 millones de pesetas; en el año 1993 están previstos unos 9.000 millones; en 1994, 17.000 millones; en 1995, 12.574 millones y en los años sucesivos otra serie de millones que totalizarán en el período 1993-1997, 48.000 millones de pesetas. Naturalmente, esto no es un contrato en términos estrictamente jurídicos, sino un protocolo de intenciones y de compromisos que, obviamente, están sometidos a las consideraciones coyunturales.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


--DEL DIPUTADO DON ANDRES OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿QUE RAZONES JUSTIFICAN LOS INCREMENTOS DE TASAS APLICADOS A LAS NUEVAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS? (Número de expediente 180/000080)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Ollero Tassara, que tiene la palabra.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones justifican los incrementos de tasas aplicados a las nuevas titulaciones universitarias?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la razón es la necesidad de actualizar los precios públicos que constituyen las matrículas universitarias y que estaban desfasados, como lo demuestra la circunstancia de que nos situamos todavía por debajo de la contribución a la financiación universitaria que las tasas tenían en el año 1985.
Por consiguiente, sabe que, en función de esta circunstancia, el Ministerio de Educación decidió a finales de agosto determinar un incremento de un 12 por ciento sobre las tarifas del curso completo como media, de tal manera que las carreras quedaban situadas en una banda entre unas 55.000 y 88.000 pesetas, según el grado de experimentalidad y cada uno de los siete grupos donde estuvieran situadas.
Este incremento del 12 por ciento se aplica también al precio de los créditos. Es decir, 10 horas lectivas en

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las enseñanzas renovadas que entran en vigor, fundamentalmente, a lo largo de este curso académico.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me parece que me ha colocado un disco parecido al del otro día. No sé si es porque está en el número uno del «hit parade» y lo pone todas las semanas. Lo que yo le he preguntado es por qué han subido las nuevas titulaciones. La razón que usted da de que hay que adecuar los precios, son aplicables a todas las titulaciones sin distinción.
Lo que intento preguntarle --y es lo suficientemente inteligente como para captar el fino matiz-- es a qué se debe el que suban de una manera distinta las nuevas titulaciones.
Tendrá que haber alguna razón. Para algunos rectores no la hay. El de Canarias, por ejemplo, no la ha aplicado; el de Valladolid lo considera un criterio lesivo.
Aparte de que esto de intentar comprar la enseñanza universitaria por horas suena un poco a clases particulares.
No sé en qué facultad ha estado usted donde se den clases particulares. En la mía son bastante generales. Son masivas, en concreto.
Habría que plantearse realmente por qué hay que pagar si se enseña por créditos. Tenga en cuenta que el propio Ministerio ha exhortado para que la reforma de nuevas titulaciones se hiciera con coste cero. Si hay un coste cero, no hay razón para que el precio suba. Ya que a ustedes les gusta últimamente hablar más de precio que de tasa, hablemos de precio. ¿Qué ofrecen ustedes a cambio de pagar más? Porque, a lo mejor, están en una estrategia comercial de nueva presentación, que se llama, donde les venden el mismo champú de antes, con un color distinto, pero les cobran el doble.
(Rumores.) No creo que sea eso lo que usted pretenda. Por tanto, explique en concreto qué es lo que justifica esas nuevas titulaciones.
Veo que mis argumentos hacen mella a juzgar por los rumores que van levantando. Supongo, señor Ministro, que usted debería exigir unos requisitos mínimos de calidad y garantizar que nueva titulación significa que se cumplen los módulos objetivos de capacidad, que el Consejo de Universidades que usted preside aún no ha fijado. O significa que el profesorado que imparte esos módulos reúne unas determinadas condiciones.
Le aconsejaría que no se empecine en cobrar por créditos, porque los profesores de plena le podrán reclamar que tienen derecho a cobrar lo mismo que cobra uno de exclusiva en relación a los créditos que él imparte, con lo cual le va a salir carísimo. En resumidas cuentas, no hay razón alguna objetiva, señor Ministro, para que usted esté cobrando de modo distinto las nuevas titulaciones. El único problema es que usted quiere ahorrarse dinero para las universidades y no sabe qué inventar para sacárselo al ciudadano. Por tanto, busque una razón objetiva.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, difícilmente se puede contestar de diferente manera a la misma pregunta. Su señoría pregunta por la razón del incremento de las tasas universitarias. La razón del incremento de las tasas universitaria es la necesidad, en el caso de las enseñanzas renovadas y en el caso de las enseñanzas no renovadas, de que los usuarios corran con parte del costo de la financiación de la universidad, entre otras cosas, para así poder mejorar la calidad de la enseñanza universitaria.
Por consiguiente, señoría, la razón es la misma, y si se aplica la tarifa por crédito en el caso de las enseñanzas renovadas es, precisamente, porque estas enseñanzas están estructuradas exactamente por créditos que agrupan 10 horas lectivas cada uno de ellos.
Aparte de esto, señoría, las enseñanzas pueden ser diferentes.
Las fija cada universidad en uso legítimo de la autonomía, que está legalmente protegida. Por consiguiente, los precios, puesto que el costo de las enseñanzas es diferente, también pueden ser diversos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE CHOLBI DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO ADOPTAR MEDIDAS RECTIFICADORAS PARA EVITAR QUE LAS TASAS APLICABLES A LAS NUEVAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS TENGAN EFECTOS DISCRIMINATORIOS? (Número de expediente 180/000081)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Cholbi Diego. Para formularla, tiene la palabra el señor Ollero Tassara.


El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, siguen sin convencerme sus explicaciones. El intento de cobrar por créditos crea una distorsión adicional.
Como usted conoce --lo conoce cualquiera que sepa lo que pasa en la universidad--, el diseño de los planes de estudios se ha visto condicionado

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por presiones corporativistas, que han hecho que, en ocasiones, se atribuyan los créditos por razones no estrictamente científicas. Usted añade ahora una razón económica que complica aún más la situación.
Le aconsejaría que cobrara más bien por asignatura ya que las nuevas titulaciones descartan la idea del curso. En todo caso, manteniendo unos márgenes de oscilación de los créditos. Es absurdo intentar cobrar por hora. Insisto en que los profesores le podrían reclamar cobrar así. En vez de eso, utilizar un índice, como el actual de experimentabilidad, de una manera mucho más flexible cuando pasen de un tope considerable. En todo caso, le llamo la atención por las consecuencias discriminatorias que esta situación está creando. Porque, por ejemplo, le recuerdo algo que le dije ayer: usted no puede actuar como el consejero de un territorio autónomo desigual declarado a extinguir. Usted tiene que preocuparse de la solidaridad que exista entre todas las autonomías, porque cada autonomía luego irá a sus intereses más particulares. Usted es el garante del interés general y de la solidaridad. Usted acaba de mantener una revisión de su propia orden ministerial, con la cual se van a evitar subidas de hasta el 70 por ciento en los créditos; subidas que se han dado, por ejemplo, en Andalucía, una comunidad que no ha subido las tasas más allá del 6,5 por ciento en los títulos anteriores, pero que en los nuevos llega al 70 por ciento en algunas carreras. Usted dice que va a compensar, vía subvenciones, a las universidades del territorio MEC de la merma de ingresos que suponga no pasar del 12 por ciento. Yo le pregunto, ¿qué medidas concretas va a establecer para compensar a las universidades de otras comunidades, por ejemplo, en el caso de Andalucía, que han llegado a subir hasta el 70 por ciento por créditos? ¿Qué pasa ahora? Porque, indudablemente, el consejero se verá vinculado por el acuerdo del Consejo de Universidades, del que forma parte como usted, y dará su propia orden para bajarlas. Usted, vía subvenciones, va a compensar. ¿Cómo se va a compensar a los andaluces? ¿O es que usted tiene ahora un modelo de despegue económico para las comunidades menos desarrolladas que consiste en que sus universidades reciban menos recursos que las demás? ¿Es así como piensa usted sacar del subdesarrollo a Canarias o a Andalucía? ¿O, por el contrario, se va preocupar, como Ministro que es del Gobierno de esta nación, de buscar también unos cauces de financiación que hagan que las universidades en las cuales, por razones sociales --las mismas que usted ha esgrimido para exigir que no se pase del 12 por ciento--, no se ha querido subir más allá del 6,5 o ahora se tiene que rebajar desde el 70 por ciento al 12 por ciento? ¿Van a contar esas comunidades con algunas medidas? ¿Se va a preocupar usted de que en las transferencias que se realicen de créditos a las autonomías se contemple también un reforzamiento de lo necesario para que en las subvenciones a esas universidades lleguen los fondos oportunos? De lo contrario, usted es el consejero de un territorio autonómico a extinguir y el día que se hayan transferido todas las competencias a las universidades, dentro de un año, usted no se podrá sentar en ese sillón, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Tiene la palabra el señor Ministro. Le recuerdo que la obligación es contestar a la pregunta que consta en el orden del día.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Iba a decir precisamente que ahora entiendo los efectos discriminatorios a los que se refería la pregunta, que no era capaz de encontrar en los planteamientos que venimos haciendo normalmente en relación con las tasas universitarias.
Señoría, primero tengo que decir que, en mi opinión, no es aceptable que los diseños de los planes de estudios nuevos respondan a intereses corporativistas; prefiero pensar exactamente lo contrario, que responden a las necesidades sentidas por las universidades y por el entorno social en que están ubicadas.
Señoría, se cobra por créditos precisamente porque los planes de estudios --repito-- están estructurados por créditos. Y están estructurados por créditos, entre otras razones, para permitir que los estudiantes puedan realizar su proyecto docente personal, es decir, matricularse en unos créditos sí y en otros no; ordenar su carrera, que es lo que hacen en las universidades de los países desarrollados de nuestro entorno.
Yo tengo la obligación señoría, de fijar la ordenación general del sistema educativo, también del universitario, como Ministro de Educación y Ciencia, y luego realizar algunas funciones como responsable del llamado territorio del Ministerio de Educación y Ciencia. En función de lo primero, señoría --y no eludo esta responsabilidad--, llevo al Consejo de Universidades el dictamen previo en relación con la fijación de las tasas universitarias. Fijo las tasas universitarias en función de la segunda de las responsabilidades y aún llevo --como hice ayer-- a debatir en el Pleno del Consejo de Universidades la necesidad de reforma de la cuestión tal y como yo la estaba viendo. Por consiguiente, bajo ningún punto de vista puede decirse que este Ministro elude su responsabilidad de ordenación general del sistema educativo, eso sí, de manera plenamente respetuosa con las competencias de las demás administraciones educativas del territorio nacional. En ningún caso se ha dicho que los Presupuestos Generales del Estado vayan a compensar a las universidades por la pérdida de las tasas, que muchos supuestos no tenían incluida en su propio presupuesto esta previsión; sí que se ha dicho que se procurará

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--como es la obligación de este Ministro y del Gobierno-- que la subvención nominativa no sufra merma. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: EN RELACION AL PLAN ESPECIAL DEL FRENTE MARITIMO DE LA BAHIA DE ROSES (GIRONA), ¿QUE PROYECTO ESPECIFICO TIENE RESPECTO A LA PLAYA DE «LA PAROLA» DE ROSES? ¿TIENE EN CUENTA ESTE PROYECTO LA DECLARACIONN DE «PARAJE PINTORESCO» CON QUE ESTA PROTEGIDA DICHA PLAYA DESDE 1972, SEGUN DECRETO DEL MINISTERIO DE CULTURA, VIGENTE, NUMERO 2899/1972, DE 15 DE SEPTIEMBRE? (Número de expediente 180/000065)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, de la señora Rahola i Martínez.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
A raíz de la información según la cual a partir del 1 de octubre y con la ayuda del MOPT se iniciará el proyecto de regeneración de la playa y que afecta a la playa de «La Parola» de Roses, y teniendo en cuenta que los criterios del Gobierno español, según se ha hecho saber, son los de no iniciar ni ejecutar actuaciones que puedan deteriorar el litoral, preguntamos qué proyecto específico tiene respecto a la playa de «La Parola» de Roses y si este proyecto tiene en cuenta la declaración de paraje pintoresco con que está protegida dicha playa desde 1972, según decreto del Ministerio de Cultura, vigente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola. Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrel Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el día 3 de agosto del presente año se adjudicó el proyecto de regeneración de la playa de Rosas, segunda fase, tras superar todos los trámites legales y administrativos de la legislación vigente. Entre éstos se encuentra el período de exposición pública y la solicitud de informe a la Generalitat y al Ayuntamiento, sin que se haya producido ni por parte de uno ni de otro informe desfavorable. Por otra parte, el proyecto fue diseñado para que la incidencia en el paisaje sea mínima, pues sólo comprende un espingón de encauzamiento de una riera y aportación de arena para el recrecimiento de la playa. Esta segunda fase se proyectó y licitó tras ejecutar con pleno éxito, como sabe S.S., la primea fase en la zona inmediatamente contigua. Estas obras, ahora adjudicadas en 140 millones de pesetas, consisten esencialmente en la construcción de un espigón de escollera semisumergido de 310 metros, encauzará la riera del Jinjolés y para contener lateralmente la arena y evitar que entre en la ría. Además, habrá que aportar 130.000 metros cúbicos de arena procedentes de la desembocadura del Fluviá. La playa recuperada tendrá una anchura media de 40 metros y 400 metros de longitud. Con esta obra se completa la playa y todo el frente del casco urbano de Rosas, puesto que con ella se llega hasta la zona portuaria y su incidencia en el paisaje será mínima, porque casi la mitad del espigón está proyectado a cota cero, por lo que no producirá ninguna intrusión visual. La parte emergida del espigón es la imprescindible para apoyar en ella la playa emergida, de 170 metros de largo, con una cota de coronación de sólo un metro. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias.
Entendemos lo siguiente. Primero, hay un informe de Green Peace que asegura que esa zona va a quedar en mala situación y, por tanto, desde un punto de vista ecológico y de respeto al medio ambiente la regeneración no sólo no es necesaria, puesto que se produce una regeneración natural de la propia playa, sino que, además, hace un daño ecológico específico.
Además, quiero recordar al señor Ministro que ha habido muchas firmas de ciudadanos de Rosas en contra del proyecto, que el Partido Socialista de Cataluña en el Ayuntamiento de Rosas se ha pronunciado específicamente en contra del proyecto, que entendemos que vulnera la protección que supone el decreto del Ministerio de Cultura. Entendemos que esa playa se regenera sola. Además, el espigón es de una profunda inutilidad y, por tanto, demuestra insensibilidad con el medio ambiente, con el problema ecológico y no entendemos que sea compatible con el decreto que la protege, como paraje pintoresco.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, el Ministerio no tiene ningún interés en echar 140

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millones de pesetas al mar, y nunca mejor dicho. No tenemos ningún interés en hacer esta obra si no hay que hacerla, pero los ciudadanos creen que sí hay que hacerla; lo cree el Ayuntamiento y lo cree el Gobierno autónomo catalán. El propio Grupo de Convergència i Unió se ha interesado recientemente por que la obra se haga cuanto antes. Yo no sé qué representación tienen los firmantes de las cartas a las que usted hace referencia, será mucha, pero quizá no tanta como la que tienen las instituciones, el Ayuntamiento y el Gobierno autónomo, que apoyan su ejecución.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO AMATE RODRIGUEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADJUDICAR EL TRAMO DE AUTOVIA DE LA VARIANTE DE ALMERIA? (Número de expediente 180/000069)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Amate Rodríguez, que tiene la palabra.


El señor AMATE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, los distintos tramos de autovía que discurren por la provincia de Almería han corrido o están corriendo distinta suerte. Así, mientras que en el año 1992 se pusieron en funcionamiento ciento y pico kilómetros, desde Almería hasta Puerto Lumbreras, otros tramos han seguido unos trámites más lentos, y así están adjudicados y en ejecución desde Almería hasta Adra, y finalizarán en el año 1995. Sin embargo, quedan otros tramos por adjudicar, como puede ser la variante de Almería y como es la continuación de la A-92, la intersección con la autovía del Mediterráneo, el tramo que discurre desde Puerto Lumbreras hasta el límite de la provincia de Almería. En lo referente a la variante de Almería, según noticias que tenemos, se adjudicó provisionalmente en la mesa de contratación por parte del MOPU en el mes de mayo, se hablaba de que iba a ser adjudicada definitivamente en Consejo de Ministros y de que se iba a autorizar la adjudicación en el primer semestre del año, pero no fue así. Después se nos informó, y así lo ha manifestado, a través de los medios de comunicación, la Delegada del Gobierno en Andalucía y yo mismo que había recibido una información de altos cargos de su Ministerio, que el pasado viernes iba a ser adjudicada definitivamente en Consejo de Ministros. No fue así y por eso le hago la pregunta que figura en el orden del día de esta sesión: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno adjudicar definitivamente el tramo de autovía de la variante de Almería? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amate.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la obra objeto de su pregunta fue licitada en diciembre de 1992 por un sistema de concurso con admisión previa. Está ya seleccionada la empresa adjudicataria. El gasto ha sido fiscalizado por la Intervención General; ha pasado por la Comisión de Subsecretarios el día 22 de septiembre pasado y espero que sea aprobado por el próximo Consejo de Ministros el día 1 de octubre, pasado mañana. Con esto la variante de Almería queda definitivamente adjudicada y sus obras empezarán de forma inmediata. Significa una inversión de casi 12.000 millones de pesetas en 25 kilómetros de actuación y dos años de plazo. Con eso quedará terminada completamente la conexión por la autopista del Mediterráneo desde Alicante, por Murcia, Puerto Lumbreras hasta Adra. Y quedará solamente un tramo de autovía por contratar, el último del primer plan de carreteras, que es el tramo que unirá Puerto Lumbreras con el límite de la provincia de Almería, donde empalmará con la autopista del 92 que está construyendo la Junta, que será adjudicada antes de finales de este año. De esta manera el impulso a las comunicaciones por carretera desde Almería hacia Europa alcanza unas dimensiones ciertamente históricas. El tramo Adra-El Parador estará terminado en el verano de 1995; el tramo más corto, El Parador-Almería, estará terminado en la primavera de 1995 y la obra que contrataremos este próximo Consejo de Ministros estará terminada dos años después del inicio de las obras, podemos decir que a partir de las próximas Navidades. Con eso se viene a dar cumplida satisfacción a una obra importantísima, demorada por las dificultades del proyecto y de extrema necesidad puesto que por ella circularán 17.000 vehículos diarios, con un porcentaje del 30 por ciento de vehículos pesados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES HAY PREVISTAS EN MATERIA DE COSTAS EN LA ZONA DEL DELTA DEL EBRO, EN TARRAGONA? (Número de expediente 180/000070)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Antich i Balada.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Pregunta número 12, del señor Antich i Balada.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, señor Ministro, la zona del Delta del Ebro en Tarragona es yo creo que casi como un tesoro en bruto, sin explotar. Hace ya bastantes años que sus habitantes, con su esfuerzo, transformaron sus tierras que sirven ahora para el cultivo del arroz y de otros productos hortofrutícolas, pero sus otras riquezas naturales, especialmente sus playas, la verdad es que están todavía sin explotar. Las comunicaciones en general del Delta son malas y su publicidad deficiente. Sus habitantes desean que se hagan cosas, inversiones, en el Delta y, por ello, después de ver las obras positivas ya realizadas por su Ministerio, en concreto la regeneración del istmo del Trabucador, y también la protección del margen del río Ebro en Deltebre, desearían saber cuáles son los proyectos que hay previstos para el futuro. En consecuencia, señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, le formulo la pregunta siguiente: ¿qué actuaciones hay previstas en materia de costas en la zona del Delta del Ebro en Tarragona? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Estas actuaciones, señoría, están condicionadas por el reparto de competencias entre las distintas administraciones y porque no hay un documento equivalente de lo que podríamos denominar plan director del Delta del Ebro, que permitiría tomar decisiones con perspectiva general, en función de los usos a establecer en la costa y en sus zonas limítrofes. Existen sin terminar, y sin ningún grado de vinculación entre las administraciones, un estudio de regresión del Delta. Por ello, las actuaciones que a continuación le voy a citar vienen a solucionar problemas concretos, ya planteados, que exigen respuesta urgente, y que han sido consensuados con los ayuntamientos respectivos, estando en diversos grados de ejecución y proyecto.
En primer lugar, ya hemos ejecutado --lo sabe S.S.-- la duna en la barra del Trabucador, en San Carlos de la Rápita, donde se han invertido 140 millones de pesetas para dificultar la rotura del istmo, a falta de una solución definitiva. En segundo lugar, la protección de un tramo del río Ebro, por 50 millones de pesetas, en los 600 metros del margen izquierdo del término municipal de Deltebre, en dominio público marítimo-terrestre.
Este año y el próximo vamos a ejecutar obras en las áreas de servicio de la playa del Trabucador, 100 millones de pesetas, para hacer un conjunto de instalaciones dedicadas al uso veraniego de estas playas, que ahora no las tienen. Son instalaciones desmontables, de cuya explotación se permitirá obtener los recursos necesarios para asegurar el mantenimiento y la limpieza de los seis kilómetros de doble línea de orilla del referido istmo.
En cuarto lugar, áreas de servicio en la playa del Eucaliptus, en Amposta, cuyo proyecto se está finalizando de redactar en coordinación con el Ayuntamiento de Amposta.
En quinto lugar, un acceso y áreas de servicios en la playa de San Jaume d"'Enveja, 50 millones de pesetas, que se intentará adjudicar antes de este verano. Está pendiente del estudio de impacto ambiental, conforme a lo establecido en el Plan de Espacios de Interés Natural del Gobierno autónomo de Cataluña.
En sexto lugar, un conjunto de servicios y accesos a las playas de San Jaume d"'Enveja, donde invertiremos entre 300 y 400 millones de pesetas.
En séptimo lugar, regenerar las dunas y los servicios en la playa del río Mar, en Deltebre.
Octavo lugar, las áreas de servicio en la playa Drenal de la Ampolla, que está redactado por el Ayuntamiento, en coordinación con Costas...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE FELIX SAENZ LORENZO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL ESTADO DE TRAMITACION DEL PROYECTO DE AUTOVIA ZARAGOZA-NUENO, EN SU MINISTERIO, Y CUALES SON LAS PREVISIONES EXISTENTES RESPECTO DE SU LICITACION Y EL COMIENZO DE LAS OBRAS? (Número de expediente 180/000073)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Sáenz Lorenzo, que tiene la palabra.


El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como S.S. sabe, el pasado año se mantuvieron, por parte de su Ministerio, contactos con la Diputación General de Aragón de cara a una posible colaboración entre ambas instituciones para la construcción de la autovía Zaragoza- Huesca o, más específicamente, de la autovía Zaragoza-Nueno.
Finalmente, su Ministerio decidió acometer directamente la obra, la incluyó en la primera fase del Plan Director de Infraestructuras, y por ello supongo que habrá iniciado los trámites correspondientes a esta construcción. Sin embargo, hace pocos días, y en el contexto del debate que se ha producido en Aragón en estas últimas semanas, el ex Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, señor Eiroa, afirmaba ante la prensa que se habían producido, respecto a la construcción de la autovía, incumplimientos de compromisos por parte del Ministerio.


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Como el tema es importante para la opinión pública aragonesa, porque, como el señor Ministro conoce, esa autovía forma parte del eje norte-sur que conecta Valencia con Francia y tiene una gran importancia para el futuro desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, es necesario que esta cuestión quede aclarada ante la opinión pública, y es por eso por lo que me planteo preguntarle a qué incumplimientos, si es que los hay, se refiere el ex Presidente de la Comunidad Autónoma y, en definitiva, cuál es el estado de tramitación del proyecto de autovía Zaragoza- Nueno en su Ministerio, y cuáles son las previsiones existentes respecto de su licitación y el comienzo de las obras.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
No podré contestar a su pregunta, señoría, porque yo tampoco sé a qué se refería el ex presidente del Gobierno autónomo de Aragón al citar incumplimientos. Es una cantinela que se oye con mucha frecuencia y que no suele estar nunca concretada en nada, pero que tiene un gran éxito ante la opinión pública, jaleada por los incumplimientos del Gobierno central. No hay ningún incumplimiento.
Al contrario, esta autovía se está construyendo, no hay máquinas en el terreno, pero hay planos en las mesas de los ingenieros, requisito imprescindible para que acaben apareciendo las máquinas, con los plazos técnicamente más cortos posibles, puesto que tienen la financiación asegurada en los escenarios presupuestarios con los que trabaja el Ministerio, que hacen innecesaria la aportación de ningún gobierno autónomo, afortunadamente para la hacienda de ese gobierno autónomo, que así podrá dedicarla a construir sus carreteras, pues estoy seguro de que todavía les queda alguna por construir. Los plazos están marcados de acuerdo con los procesos normales de construir una autovía. En este momento ya se ha licitado la redacción de los proyectos de trazado y construcción, lo cual quiere decir que ya tenemos declaración de impacto ambiental y un estudio informativo aprobado definitivamente. Ambas cosas fueron aprobadas a finales de 1992. En el primer trimestre de 1993 hemos licitado la asistencia técnica para redactar proyectos de trazado y construcción, que serán adjudicadas de forma inmediata. Estos proyectos de trazado y de construcción, a escala 1/1.000, tienen unos plazos mínimos para ser hechos y, si los contratamos, como espero y estaba previsto, a finales de este año, en este trimestre, estarán disponibles, aproximadamente, en el verano o en el otoño del próximo año. Y no se pueden hacer en menos tiempo, salvo que queramos hacer mal la obra. Tan pronto como tengamos los proyectos, licitaremos la obra, que puede ser perfectamente adjudicada a finales del próximo año o principios del siguiente. De manera que, en todo caso, a principios del año 1995 pueden empezar físicamente las obras en el terreno y prolongarse durante dos años, que es el plazo mínimo de construcción de una autovía.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON PERE BALTA I LLOPART, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUE MEDIDAS ADOPTA EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE PARA EVITAR LOS VERTIDOS INCONTROLADOS EN EL MUELLE SUR DEL PUERTO DE BARCELONA? (Número de expediente 180/000092)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, del señor Baltá i Llopart, que tiene la palabra.


El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, este Diputado ha tenido conocimiento de que se han venido produciendo vertidos incontrolados en unas obras de relleno en el Puerto de Barcelona, que servirán de base para el futuro muelle Sur del mismo. Conocidas algunas negativas repercusiones de orden ecológico, que fueron consecuencia en el pasado de ciertas actuaciones urbanísticas en la misma zona del Puerto Autónomo de Barcelona, es obligado preguntarle, señor Ministro, si se han tomado medidas para evitar los referidos vertidos incontrolados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
La respuesta irá en la misma línea argumental que con respecto a los incumplimientos. Los servicios responsables del Puerto de Barcelona informan a este Ministro, y éste tiene el honor de informar al señor Diputado, que no existen vertidos incontrolados en el Puerto de Barcelona. Por tanto, no puedo contestar a su pregunta con mayores precisiones, puesto que insisto en que no se produce una actividad incontrolada en materia de vertidos en el Puerto de Barcelona.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Baltá, tiene la palabra.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Ministro, no obstante su respuesta, debo decirle que la denuncia ha sido formulada por la entidad Metropolitana de Medio Ambiente y recogida por algún periódico de reconocido prestigio. Señor Ministro, después de congraciarnos de que se haya producido la comprobación en el sentido positivo que usted nos plantea, debo decirle que la pregunta ha sido formulada desde la preocupación plenamente justificada si se conoce el proceso seguido por el Puerto, imponiendo históricamente su voluntad a través de los hechos consumados; le hablo del pasado anterior a su Ministerio. Así se construyó la dársena tierra adentro, que hoy enmarca el espacio donde se ubicará el muelle Sur, y lo que debía ser una ampliación de la línea costera de atraque, se convirtió en un auténtico desaguisado ecológico, causa principal del proceso de salinización del importante acuífero del delta del Llobregat, actualmente herido de gravedad. La posibilidad de un nuevo impacto negativo sobre el ecosistema, se deduce a partir de la denuncia efectuada por el organismo mencionado, que nos habla de una actuación irresponsable, de la que no están exentos intereses concretos que afectan al pliego de condiciones de la obra contratada, que ha vertido materiales de derribo sin reciclaje previo alguno, en lugar de las tierras que se habían previsto. Parece ser que el problema ha surgido a raíz de la discrepancia sobre la ubicación en el muelle de la maquinaria dedicada al reciclaje.
En fin, señor Ministro, si la comprobación se ha efectuado, este Diputado estará satisfecho; y si no, le rogaría que promoviera la investigación, para ver la posibilidad de que los datos que le han llegado sean ciertos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, es cierto que para construir la terminal de contenedores del muelle Sur del Puerto de Barcelona, se está procediendo al relleno de una laguna, cerrada totalmente, sin comunicación con las aguas del Puerto. El relleno de esta superficie se está efectuando de acuerdo con las exigencias contenidas en el pliego de condiciones técnicas, y se ha hecho con tierras procedentes de excavaciones, en las que se cumplieron las exigencias objeto del pliego, para garantizar que los materiales de relleno no fueran contaminantes.
Independientemente de este planteamiento general y con carácter esporádico, durante la realización de las obras preparatorias de los Juegos Olímpicos, se admitieron materiales procedentes de derribos, los cuales eran controlados y seleccionados debidamente. La actividad de relleno, por tanto, se ha venido realizando con sujeción a los correspondientes controles, sin que me sea posible verificar que existan actividades incontroladas al respecto. Sin embargo, para mayor seguridad y con carácter preventivo, la Capitanía Marítima de Barcelona ha dispuesto la colocación de barreras flotantes en la zona de obras para evitar cualquier posible derrame accidental.
Asimismo, disponemos de una embarcación de limpieza, afecta a las aguas del Puerto, que diariamente controla las obras y detecta posibles indicios de contaminación, en cuyo caso se pondría a trabajar el buque de salvamento , dotado de medios de lucha contra la contaminación, disponible las 24 horas del día.
Si usted ha leído las noticias de referencia, señoría, verá que he pedido la información necesaria para contestar a su pregunta y creo que puedo tranquilizarle en la medida en que esta información me ha tranquilizado a mí, como responsable último de la problemática que S.S. plantea.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOAN MIQUEL NADAL I MALE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA REALIZAR INVERSIONES EN EL DELTA DEL EBRO EN AQUELLAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS QUE TODAVIA QUEDAN PENDIENTES? (Número de expediente 180/000093)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Nadal i Male, que tiene la palabra.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno para realizar inversiones en el Delta del Ebro en aquellas cantidades presupuestadas que todavía quedan pendientes?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, las previsiones en cuestión se adaptan a lo

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previsto en los planes de inversión, pero no hay modificación alguna con respecto a los mismos, y la cantidad que todavía está pendiente no permite tampoco anticipar ninguna de las obras de inversión previstas en planes más ambiciosos, que tendrán que desarrollarse después de los correspondientes acuerdos con las Administraciones territoriales y locales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Nadal tiene la palabra.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Ministro. Acepto su respuesta. Quizás más adelante podamos volver sobre ella. A la vista de que usted se ha quedado corto en el tiempo para contestar al Diputado que me ha precedido en la pregunta sobre el Delta del Ebro, sería muy satisfactorio que el resto de la pregunta constara en el ; el resto de su contestación que no ha podido realizar antes.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, yo creo que sí sería útil para la posteridad que toda la pregunta pudiera quedar recogida en el , aunque no la haya podido verbalizar en el Pleno. Tampoco he querido repetirla en la respuesta a la suya, porque la respuesta que he dado al señor Antich i Balada ya contenía las actuaciones realizadas y previstas por este Ministerio en el Delta del Ebro, y comprendo que haya sido exclusivamente el orden de prelación el que haya hecho que la respuesta del detalle haya sido suministrada a un Diputado socialista y no a un Diputado de Convergència i Unió, a quien con mucho gusto le remito a la anterior información.
La circunstancia de que parte de estas actuaciones no tengan todavía el proyecto aprobado se debe a que están pendientes de acuerdos con ayuntamientos y con el Gobierno autónomo catalán o de la preceptiva intervención de estas administraciones, y aunque ello impide fijar ahora el montante total de la inversión, sí puedo adelantarle que las obras ya terminadas o en marcha supondrán una inversión, por parte de este Ministerio, en torno a los 700 millones de pesetas, cantidad nada despreciable y sin duda justificada por los objetivos que perseguimos. Por otra parte, insisto en lo que le he dicho anteriormente. Este Ministrio está preparando un plan de actuaciones para financiar, concertadamente con el resto de las Administraciones territoriales, un plan sobre el Delta del Ebro, que espero que pueda ver la luz en este ejercicio presupuestario y nos permita a todos actuar coordinada e íntegramente sobre un espacio natural de tanta importancia, que lo preserve y al mismo tiempo potencie el desarrollo económico y social de sus gentes.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ADAN MARTIN MENIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA A LA EXCMA. SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿TIENE PREVISTO EL MINISTERIO ALGUNA ALTERNATIVA PARA CUBRIR LA ASISTENCIA DE LOS ENFERMOS DE TENERIFE O QUE OTRA FORMULA BARAJA PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS, DADO QUE EL DIA 6 DE OCTUBRE FINALIZA EL CONVENIO ENTRE ESTE Y EL INSALUD? (Número de expediente 180/000067)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Martín Menis.


El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, la situación del Hospital Universitario de Canarias es dificilísima. El Hospital Universitario de Canarias es un hospital de referencia, sustitutorio de la Seguridad Social pero sin posible sustitución por la insularidad. El convenio que hoy tiene con el Ministerio acaba el día 6 de octubre y, si no hay acuerdo, la situación de la sanidad puede ser muy grave. La Comunidad Autónoma es la que tiene la planificación, la provisión en este caso es por esa corporación, pero la financiación es del Insalud. Las fuerzas políticas de esa corporación tienen un acuerdo unánime para que lo gestione el Insalud, pero estando en este momento en tramitación la posible transferencia entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad canaria, el Consejero de la Comunidad me ha pedido que retire la pregunta, por creer que está en vías de solución. Por eso agradezco mucho la atención y ruego que perdonen que la retire en este momento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Menis. Entiendo retirada la pregunta.


--DEL DIPUTADO DON NESTOR PADRON DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA LA PROYECTADA 2.ª FASE DE MEJORAS Y AMPLIACIION DE LA RESIDENCIA SANITARIA N.ª SEÑORA DE CANDELARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE? (Número de expediente 180/000072)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Padrón Delgado.


El señor PADRON DELGADO: Señora Ministra, la pregunta va en relación con la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, que hace unos años presentó un plan por el cual se iba a hacer una remodelación de todas las habitaciones y de todo lo que constituía la atención hospitalaria en diversas fases. Se realizó la primera fase, que resolvió los problemas de lavandería y cocina, y efectivamente esta parte está resuelta. No obstante, a la vista del retraso en la ampliación y remodelación del centro, en el mes de febrero formulé una pregunta en este Pleno al anterior Ministro, el cual me manifestó que, a pesar de la escasa consignación presupuestaria para el año 1993, en noviembre de este año saldría a concurso la segunda fase de ampliación y remodelación, y es por lo que presento la pregunta, que tiene un interés extraordinario, puesto que el tema de la falta de camas y la atención hospitalaria por parte del Insalud en este centro deja mucho que desear y sería muy importante que estas obras salieran a concurso lo más pronto posible.
Por esta razón, pregunto en qué situación se encuentra esta segunda fase de este centro hospitalario.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Señora Ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Como S.S. sabe, las obras de mejora y ampliación de la Residencia Nuestra Señora de la Candelaria han sido objeto de información reiteradamente, la última vez en comparecencia en Comisión el día 24 de marzo. Las obras de mejora y ampliación responden a un plan director elaborado para ese centro, que define la estructura del hospital en función del diseño, de las prestaciones y de los servicios que debe ofrecer para ese área de actuación, y por ello el plan director contiene también las actuaciones que han de realizarse para pasar de la situación que tenemos ahora al modelo definitivo. Por tanto, el plan director pretende adecuar eficazmente el hospital a las nuevas necesidades de la población, acomodarlo a otras modalidades de atención sanitaria, mejorar las condiciones hoteleras, en definitiva, dotarle de las instalaciones que hoy consideramos que debe tener ese hospital. Como S.S. ha dicho, el plan director está diseñado en tres fases. En la primera, ya concluida, no solamente se han hecho las obras a que S.S. ha hecho referencia, sino que también se ha remodelado el edificio de consultas externas. La segunda fase prevé obras de reforma en el materno-infantil, en el edificio general y en el edificio de traumatología. El proyecto está ya redactado y en estos momentos, que es lo que S.S. me pregunta, está en fase de supervisión técnica. Las reformas incluidas en esta fase tienen un coste previsto de 343 millones de pesetas. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 figura en el anexo de inversiones una partida consignada para atender a esta fase.
Dicho esto también debo decirle que, constituida la ponencia técnica que viene trabajando desde mediados de este año para proceder a las transferencias sanitarias, las inversiones también están siendo objeto de consideración y, por tanto, también las inversiones de este hospital; pero dado el grado de acuerdo en las conversaciones previas entre la Consejería y el Ministerio respecto de este hospital, puedo afirmar que todo el proyecto, tal como está previsto, se va a llevar a cabo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿COMO PIENSA SOLUCIONAR EL GOBIERNO, DE FORMA DEFINITIVA, LA SITUACION ACTUAL DE LOS MEDICOS ESPECIALISTAS SIN TITULO OFICIAL? (Número de expediente 180/000086)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25 del señor Villalón Rico.


El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, desde hace meses, incluso yo diría que años, la situación de los médicos especialistas sin titulación preocupa en diferentes sectores médicos y ha sido motivo de debates para dar una salida satisfactoria a este grupo de facultativos. Usted misma, a los pocos días de ser nombrada Ministra, manifestó que en el mes de septiembre se daría una solución al problema de la titulación de los profesionales. Pero en los últimos días, el Secretario General de Salud ha declarado que sobre este tema lo primero que hay que hacer es caracterizar al colectivo y después buscar soluciones. Por lo que nosotros consideramos que es contradicción dentro del Ministerio y teniendo en cuenta la fecha en el día de hoy, 29 de septiembre, último o anteúltimo día del mes de septiembre, es por lo que realizamos esta pregunta: ¿Cómo piensa solucionar el Gobierno, de forma definitiva, la situación actual de los médicos especialistas sin título oficial?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Tiene la palabra la señora Ministra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en primer lugar, permítame que le aclare que no constituye una discrepancia las manifestaciones que yo hice en el mes de julio, con las que ha hecho el Secretario General de Salud, sino que tratan de limitar exactamente el alcance del problema, sin generar falsas expectativas y sin hacer planteamientos difíciles de resolver. Por tanto, yo también voy a tratar de limitar tanto el alcance de su pregunta como las posibilidades que el Gobierno tiene para solucionar un determinado problema, en este caso el que usted me plantea.
Pero tenemos que partir del análisis de cuál es el problema, y para eso, seguramente, es bueno recordar que la expedición de títulos corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia; que la ejecución de las convocatorias para la admisión en las unidades docentes acreditadas corresponde al de Sanidad y Consumo, y que el establecimiento de los requisitos de acreditación y la determinación del número de especialistas son competencias de ambos ministerios.
El título de especialista, por el que S.S. se interesa, que expide el Ministerio de Educación, es preceptivo para utilizar de modo expreso esta denominación, según la normativa vigente y, en concreto, el Real Decreto del año 1984, número 127, de 11 de enero.
Además, hay una normativa comunitaria que, como S.S. conoce, nos obliga, que es la directiva 93/16 que refunde a su vez tres dictadas con anterioridad y que establece con claridad las condiciones a que debe responder la formación que permita la obtención de un título de médico especialista. Por tanto, vamos a resolver el problema de los médicos especialistas y para empezar lo que tenemos que hacer es deslindar cuáles son los problemas que bajo esa rúbrica se intentan agrupar, porque son de distinta naturaleza y la situación es diferente en distintos casos. Le aseguro a S.S. que estamos trabajando en cumplimiento de la afirmación que hice en el mes de julio.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Villalón.


El señor VILLALON RICO: Ya me temía yo que usted se iba a escudar, lógicamente, en las normas administrativas. Pero, aunque usted se escude en las normas administrativas, si no hay interés político de resolver los problemas de nuestro país, en este caso el que hoy es motivo de debate, no hay solución eficaz.
Mire usted, no han negociado con las partes interesadas y no han buscado las soluciones que faciliten el que todas las partes estén satisfechas con la solución. Es más, ustedes han provocado el enfrentamiento entre distintos sectores, léase médicos MIR, médicos no titulados. Entran ustedes en contradicciones, porque ustedes no reconocen, por una parte, los títulos de especialista y, en cambio, contratan a estos médicos para que presten asistencia sanitaria, ya sea en equipos quirúrgicos, ya sea como médicos adjuntos de centros sanitarios.
Hay que decirle, señora Ministra, que nosotros aquí le demandamos una solución rápida, eficaz, justa por diferentes motivos: porque esos médicos a los que antes aludíamos tienen conocimientos suficientes, es un importantísimo número de especialistas, alrededor de 20.000, y porque el 1 de enero del año 1995, fecha en que todos los especialistas de la Comunidad Europea podrán trabajar en el ámbito de estos países, está a la vuelta de la esquina y estos médicos lógicamente van a quedar desamparados. Nosotros aquí le proponemos ayudas. Si a ustedes no se les ocurren las soluciones eficaces para este problema, el Grupo Popular desde un punto de vista desinteresado, le prestará a ustedes las ayudas y todas las ideas que sean necesarias. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
La señora Ministra tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señoría, lo que usted llama escudarse en normativa administrativa a mí me parece que es el respeto a la legislación vigente, y le aseguro que me voy a mover dentro de ese marco. Dicho esto, también le digo que le agradezco esas sugerencias que usted pueda hacerme en relación a este número de 20.000, sobre el que, para empezar, en el Ministerio no nos consta que sea ésa la cifra de personas que está en esta situación.
Los médicos especialistas sin título oficial a que se refiere su pregunta, son, como le he dicho, un colectivo muy heterogéneo...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO AFECTAN A LOS INTERESES ESPAÑOLES, CONCRETAMENTE A LOS TEMAS SOBRE AGRICULTURA DEFENDIDOS POR SU DEPARTAMENTO, LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL CONSEJO CONJUNTO DE MINISTROS COMUNITARIOS DE ASUNTOS EXTERIORES Y AGRICULTURA, CELEBRADO EN BRUSELAS EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1993? (Número de expediente 180/000074)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Pau i Pernau.


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El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, el azar ha querido que hoy coincidan en su tramitación parlamentaria distintas iniciativas que tratan sobre los acuerdos agrícolas del Gatt. Durante la mañana el señor Ministro ha tenido la oportunidad, en el curso de un debate sobre política general de su Departamento, de tratar estos temas en la Comisión de Agricultura y, con posterioridad, se verá en este mismo Pleno una interpelación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que trata también sobre el tema que ha originado mi pregunta.
De todas maneras, la intención de la pregunta que formulo no es tanto reabrir un debate sobre estos acuerdos, porque creo que éste no es el trámite parlamentario adecuado, sino más bien conocer las repercusiones concretas que tienen sobre nuestra agricultura los acuerdos alcanzados en el Consejo extraordinario de Ministros de Agricultura y Exteriores celebrado en Bruselas la semana pasada. En este Consejo de Ministros, también llamado jumbo, se trataba de armonizar o fijar la posición de los distintos países de la Comunidad respecto al preacuerdo que sobre temas agrícolas se firmó entre Estados Unidos y la Comisión de la Comunidad Económica Europea.
De todos es conocido que los agricultores europeos han sido críticos con estos preacuerdos, y los distintos países tenían posiciones diferentes en función también de sus respectivos intereses. Lógicamente el interés de los agricultores españoles, y creo que también del Gobierno español, era establecer algún tipo de modificaciones que permitieran, en todo caso, mitigar los impactos, que en principo eran negativos, sobre nuestra agricultura. En este sentido nos interesaría conocer el contenido del memorándum que presentó España en este Consejo de Ministros y la repercusión concreta que los acuerdos del mismo tendrán sobre la agricultura española.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, como muy bien conoce, el preacuerdo de Blair House entre la Comisión y el Gobierno de Estados Unidos presenta mejoras importantes para la Comunidad Europea respecto al documento Dunkel.
Quizás la más importante se refiere a la reducción de la ayuda interna a la agricultura y consiste en que en esta ayuda no se computarán las ayudas introducidas en la reciente reforma de la PAC. En segundo lugar, por lo que respecta a la reducción de las exportaciones subvencionadas de productos agrarios, también hay una disminución, con respecto a la propuesta Dunkel, del 24 al 21 por ciento. En tercer lugar, se introduce la denominada cláusula de paz, para evitar que la PAC pueda continuar siendo cuestionada desde el Gatt y asegura el futuro de su compatibilidad con el Gatt.
Lo que pasa es que esa seguridad sólo alcanza a un plazo de seis años. Para los intereses agrarios españoles la postura que estamos defendiendo y que forma parte del memorándum español que hicimos circular en el Consejo jumbo, al que usted ha hecho referencia, y en la Comisión y que parte como premisa fundamental del mantenimiento de las rentas para los agricultores y, al mismo tiempo, del mantenimiento de la preferencia comunitaria, la postura que estamos defendiendo, repito, es insistir también en que tanto la cláusula de paz prevista en el preacuerdo de Blair House, así como la cláusula de salvaguardia que incorpora el documento Dunkel deben aplicarse permanentemente sin limitaciones en el tiempo.
Por otra parte, para los sectores modificados por la reforma de la PAC existen ya unas reglas del juego perfectamente conocidas que prevén el mantenimiento de la preferencia comunitaria. Para los sectores todavía no reformados, entre los que se encuentran algunos muy sensibles para España, como frutas y hortalizas, arroz, vino, azúcar, nuestra postura exige garantías de que cuando se reformen deberá asegurarse el mantenimiento de la preferencia comunitaria y las ayudas necesarias para mantener las rentas de los agricultores con garantías de disponibilidad financiera.
Desde este punto de vista, las demandas españolas fueron perfectamente atendidas en el Consejo mixto, jumbo, del día 20, a productos o sectores a los que se dedican párrafos específicos en los que se recogen las peticiones españolas y de otros países mediterráneos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON PASCUAL MONZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE TIPO DE MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LOGRAR DE UNA MANERA EFICAZ LA LIBRE CIRCULACION DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS ESPAÑOLES POR LAS VIAS DE COMUNICACION EUROPEAS? (Número de expediente 180/000083)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Pascual Monzo.


El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, qué tipo de medidas va a adoptar el Gobierno para lograr de una manera eficaz la libre

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circulación de los productos agrarios españoles por las vías de comunicación europeas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, desde el primer momento, a partir del mes de abril, cuando se empezaron a notar estos incidentes, el Gobierno español ha denunciado bilateralmente a Francia a través de las instituciones comunitarias las acciones violentas que la llamada Coordinadora Rural estaba llevando a cabo, para que se tomaran las medidas adecuadas para su erradicación. En los Consejos de Ministros de mayo y de junio de 1993, España denunció de nuevo los hechos que se seguían produciendo y exigió la adopción de medidas por parte de las autoridades comunitarias francesas. La Comisión también se lo hizo saber al Gobierno francés en diversas ocasiones. En el Consejo de julio, el penúltimo, ante las firmes exigencias de las autoridades españolas, la delegación francesa en el propio Consejo hizo pública una declaración condenando enérgicamente estas acciones, calificándolas como inaceptables y vandálicas y mostrándose partidaria de la máxima firmeza contra los autores, cualesquiera que fueran. También se informó de las medidas que estaba tomando con respecto a la investigación judicial que se llevaba a cabo con el fin de detectar a los culpables. Declaró el Gobierno francés, en aquella sesión también, que haría todo lo necesario para garantizar la libre circulación de las mercancías por su territorio.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
No, señor Ministro, eso no es tomar medidas de tipo eficaz, como yo le he preguntado, porque la semana pasada han vuelto a repetirse los mismos actos vandálicos. Además, usted se está contradiciendo a sí mismo. Sin ir más lejos, el pasado día 18 de julio, decía usted al periódico «El País» que el Gobierno exigirá la libre circulación de nuestros productos en Francia en el Consejo de Ministros de Agricultura del día 19. Decía además: En Francia está el origen del problema y es injustificable. Las reacciones de asumir la responsabilidad económica de los hechos son las que deben ser, pero eso no es suficiente. Es lógico lo que ha decidido el Gobierno francés de pagar los camiones afectados, pero hace falta algo más.
Desde luego que hace falta algo más, señor Ministro. Según las organizaciones agrarias españolas, el daño causado a los productos españoles supera los 31.000 millones de pesetas, porque la importancia del daño no está en que el Gobierno francés pague las mercancías dañadas, sino en los canales de comercialización que estamos perdiendo por culpa del terrorismo comercial. Claro que hace falta algo más, y lo definía muy bien el Presidente de las cooperativas agrarias valencianas cuando decía que el Gobierno español, en vez de defender a nuestros agricultores como algo primordial, se muestra más preocupado por defender los principios de alta filosofía europeísta de Bruselas, sin darse cuenta que los demás miran más hacia lo suyo. Hace falta, señor Ministro, señorías, un Presidente del Gobierno que se preocupe más por los españoles y por el problema de la agricultura española que por el ideario europeo. Hace falta exigir a Bruselas el cumplimiento del principio de libertad de tránsito de mercancías, según reza el acuerdo del mercado único europeo. Desde luego, señor Ministro, hacen falta menos declaraciones y más hechos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
Señoría, ninguna contradicción. No sé si fue en la primera ocasión en la que puse de manifiesto que nuestra preocupación eran precisamente esas pérdidas de mercado. Esa primera declaración con respecto a la pérdida de mercado la hizo este Ministro delante precisamente del Presidente de las cooperativas y seguramente también le llegó a usted. No ha habido ninguna contradicción. En base a eso, hemos exigido al Gobierno francés que tome las medidas oportunas, y hay cuatro alteradores del libre tráfico procesados por las autoridades francesas. Tengo una carta, de la que puedo darle una copia, del Ministro francés, del 1 de septiembre, en la que me garantiza que en ningún caso se volverán a producir esos incidentes, salvo algún grupo incontrolado, pero que, en todo caso, los prefectos tienen orden de actuar con la máxima contundencia. No se han vuelto a producir incidentes, aunque hace poco cerca de Perpiñán hubo algún pequeño conato que no ha tenido mayor trascendencia.
Espero que sigamos así, porque ni es bueno para los agricultores españoles, ni lo es para los franceses que se perjudique el libre tráfico de mercancías.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON NEFTALI ISASI GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL

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CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO EXIGIR A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE ROMA CON RELACION A LA PREFERENCIA COMUNITARIA DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EUROPEOS? (Número de expediente 180/000084)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Isasi Gómez.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Piensa el Gobierno exigir el cumplimiento de la preferencia comunitaria de los productos agroalimentarios?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
Señoría, es sobradamente conocido por todos que el mantenimiento de una política de preferencia comunitaria está siendo uno de los principales escollos a salvar en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay y más concretamente en el preacuerdo agrícola negociado por la Comisión de forma bilateral con los Estados Unidos. Así se ha introducido esta preferencia comunitaria al aceptar el proceso de arancelización contenido en el proyecto de acta final sobre la agricultura. Dicho proceso pretende transformar en aranceles todas las ayudas que hasta ahora se aplicaban en frontera. Para aceptar este ejercicio de arancelización la Comunidad Europea exige, además, el establecimiento de una cláusula de salvaguardia que la proteja frente a las fluctuaciones excesivas de los precios del mercado mundial, así como de las posibles variaciones monetarias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Isasi tiene la palabra.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Ministro, en el Tratado de Roma se contempla el principio de preferencia comunitaria para intercambio comercial intracomunitario. Sin embargo, durante los últimos años los países más industrializados y al mismo tiempo de menor capacidad de producción agroalimentaria de la Comunidad están actuando como si no formaran parte de un club al que deben lealtad en su conjunto y a cada uno de sus miembros, si quieren sentirse con alguna autoridad para exigir a los demás socios el cumplimiento de las reglas internas que entre todos nos hemos dado. Estos países, , y ante la más absoluta pasividad del Gobierno, nos están cambiando las reglas del juego, por lo menos las reglas del juego para la política agroalimentaria, que ustedes y su aparato propagandístico hicieron creer a los agricultores y ganaderos españoles que habían firmado con motivo de la entrada de España en el Mercado Común. En concreto, hicieron creer que el principio de preferencia comunitaria para los productos agroalimentarios iba a funcionar, aunque seguramente, respecto a los grandes cultivos continentales, cereales, etcétera, con rendimientos por hectárea en España tres veces inferiores a los del resto de la Comunidadd, tendríamos que ir paulatinamente renunciando a ellos, pero aquellos productos españoles como las frutas y hortalizas, leguminosas, aceite de oliva, cítricos, etcétera, en justa corresponsabilidad, lealtad y solidaridad con un miembro de la propia Comunidad, abastecerían el mercado comunitario, fundamentalmente a los países del centro y norte de Europa, que carecen de la práctica totalidad de los productos agroalimentarios mediterráneos que nosotros producimos en inmejorables condiciones de calidad y estacionalidad. Pero ahora nos encontramos con que nuestros propios socios conceden, eso sí, medallas a nuestro Presidente de Gobierno, pero compran los productos agroalimentarios que nosotros producimos a países de fuera de la Comunidad. Por ello, señor Ministro, desde el Partido Popular le alentamos a que exija de los organismos comunitarios el más alto grado de lealtad y solidaridad, reclamando el cumplimiento de la preferencia comunitaria y no permitan que con fondos de la Comunidad se primen en el centro y norte de Europa las producciones intensivas de frutas y hortalizas que producimos en España de forma natural y extensiva. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, desde luego no existe ninguna manipulación por parte de ningún socio comunitario; las decisiones se toman en el Consejo a propuesta de la Comisión, y le puedo asegurar, por descontado, que no hay ninguna pasividad, sino todo lo contrario, por parte del Gobierno español en la defensa de los intereses de nuestros agricultores. Sólo tendría que comparar algunas cifras, saber exactamente los recursos comunitarios que este año van a llegar a la agricultura española, que van a superar los 700.000 millones, y que son una buena muestra de la solidaridad financiera, como uno de los principios rectores de la política agrícola comunitaria.
En todo caso, en las negociaciones, y en este momento quizá sea uno de los puntos en los que más tengamos que poner el acento --en aquellos sectores no reformados, algunos de los que ha hecho mención su señoría,

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y en los que debemos, como Comunidad, protegernos frente a los efectos de la liberalización del comercio mundial--, ya hemos hecho constar que para aquellos sectores cuyas organizaciones comunes de mercado no han sido modificadas, el Consejo y la Comisión se comprometen a aplicar el principio de solidaridad financiera y también la preferencia comunitaria. Es cierto que la preferencia comunitaria en el sector de frutas y hortalizas se aplica con cierta levedad, dado que cuando se establecieron los calendarios en el momento de la fundación de la Comunidad, con la puesta en marcha de la PAC, no había ningún problema específico con productos mediterráneos. En este momento lo que pretendemos es ampliar los calendarios, tanto en número de productos como en tiempo, así como los calendarios de retirada para preservar y garantizar las rentas de nuestros agricultores. No hay, por otra parte, ningún tipo de subvenciones especiales para producciones de frutas y hortalizas en ningún otro país comunitario.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO GAYARRE BERMEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿COMO TIENE PREVISTO EL SEÑOR MINISTRO REPARTIR LAS AYUDAS CONCERNIENTES AL TRIGO DURO PARA LA CAMPAÑA 1992-1993? (Número de expediente 180/000085)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Gayarre Bermejo.


El señor GAYARRE BERMEJO: Gracias, señor Presidente.
¿Cómo tiene previsto el Ministerio de Agricultura repartir las ayudas concernientes al trigo duro para la campaña 1992-1993?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, en breve plazo, que puede ser mañana o pasado, en función de su inclusión en el , se publicará una orden ministerial en la que se propone que los agricultores puedan elegir con carácter absolutamente prioritario la mejor de las soluciones a las cuatro campañas 1988-1989, 1991-1992 y, posteriormente, para los nuevos agricultores, en la campaña 1992-1993 o para los que tienen incrementos de su mejor opción en la campaña 1992-1993, para que se repartan la diferencia entre las 550.000 hectáreas y las adjudicadas que podríamos llamar derechos históricos. Por tanto, se va a efectuar una asignación inicial provisional de los derechos, que deberá ser confirmada cuando los agricultores presenten la justificación correspondiente de la disponibilidad de las tierras sobre las cuales se genera dicho derecho; igualmente prevé las situaciones razonables de transmisión de explotaciones con tierras dedicadas a la producción de trigo duro durante el período de referencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gayarre.


El señor GAYARRE BERMEJO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es curioso que los agricultores en el mes de mayo, al rellenar el formulario, nos encontramos con que no se podría elegir campaña. Por otra parte, es de obligado cumplimiento la normativa comunitaria 364, donde se dice clarísimamente que hay que tener en cuenta la campaña de comercialización 1992-1993. Curiosamente la Orden del 11 de febrero de 1993 de su Ministerio igualmente contempla y recoge el mandato comunitario. Se anunciaba a bombo y platillo que esta campaña iba a recibir las ayudas, pero finalmente una resolución del 7 de abril de la Dirección General del Senpa, sobre la elección de campaña, no da derecho a suplemento del pago compensatorio de trigo duro y deja fuera a todos los agricultores que de alguna forma tenían la campaña 1992-1993.
Tal es así, que ni siquiera aparece en el formulario la solicitud. Por tanto, la Dirección General del Senpa ha aplicado incorrectamente la normativa comunitaria, que expresamente impide a los productores de trigo duro la posibilidad de elegir la campaña 1992-1993. En resumen, señor Ministro, debe dictar la orden que proceda, con el fin de que todos los productores de trigo duro puedan solicitar la ayuda que da la norma de la CEE. Le indico que proceder a la exclusión de los productores de la última campaña supondría poner en práctica fórmulas de exclusión que atentarían contra el principio de equidad e igualdad que predica la normativa. Además, le sugiero que a la hora de conceder ayudas su Ministerio debe buscar fórmulas de aplicación horizontal, es decir, que lleguen a todos los agricultores, y no la fórmula que se ha hecho tradicional dentro de la agricultura, todo aquel agricultor que tiene información privilegiada adquiere un cupo y, más tarde, tiene derecho a una subvención.
Desde este escaño reivindico el derecho de todos los productores, de todos los agricultores españoles a la producción de la campaña de trigo duro 1992-1993.
Concretamente, mi comunidad, Navarra, entró un año más tarde.
Luego cantidad de productores de trigo duro se deben perjudicar. Yo le ruego a ese Ministerio que pida aumento de las...


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, creo que la segunda parte de su intervención ha sido contestada en mi primera respuesta.
Ya le he dicho que en la orden ministerial que se publicará esta misma semana se prevé la posibilidad de que los agricultores tradicionales o nuevos puedan elegir la campaña 1992-1993 cuando tengan incrementos importantes para adjudicar la diferencia. De todos modos creo que sobre la política que ha seguido el Gobierno en relación con el trigo duro es difícil poner demasiadas objeciones. Creo que S.S. conoce perfectamente que en la campaña 88-89 se sembraron en España 75.000 hectáreas, en la siguiente 114.000, en la siguiente 177.000 y en este momento, en la campaña 91-92 se han sembrado 424.000. España ha conseguido que hasta 550.000 hectáreas, superficie jamás sembrada en España, sean elegibles. Eso significa que unos 40.000 agricultores van a percibir 54.000 pesetas por hectárea, lo cual va a suponer una aportación para ese sector, que era diminuto desde el punto de vista del volumen de producción en 1988, por un importe global de 30.000 millones de subvención para todo el sector, cosa que creo que ni S.S.
ni yo mismo podíamos imaginar en 1988.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUE EXPLICACIONES PUEDE DAR EL MINISTRO DE DEFENSA CON RESPECTO A LA OCUPACION POR EL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DE UNA HABITACION EN UNA RESIDENCIA MILITAR? (Número de expediente 180/000082)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
¿Qué explicación puede dar el Ministro de Defensa con respecto a la ocupación por el Subsecretario de Educación y anterior Director General del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de una habitación de una residencia militar en Madrid? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor Presidente.
La explicación es bien sencilla, y es que para trasladarse de un lugar a otro hay que darle a la gente un cierto tiempo para que recoja sus cosas, se mueva, encuentre otro alojamiento, y parece que, además, eso se tiene que hacer en los términos de cierta cortesía, y el actual señor Subsecretario de Educación ha tenido un margen de quince días, que a mí me parece bastante razonable y que la buena educación de S.S. seguro que comparte también. Es un tiempo prudente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro. Por supuesto que la cortesía y la educación permiten no cinco días, sino el tiempo que le hiciera falta. Lo que pasa es que es realmente lamentable que haya ocupado una residencia militar una persona a la que no le corresponde por ser civil, cuando hay cantidad de militares que, en tránsito por Madrid o que vienen aquí a realizar cualquier tipo de cursos, no pueden alojarse en unas viviendas o en una habitación de una residencia, que cuesta del orden de las cuatro o seis mil pesetas diarias, con pensión completa o media pensión. De manera que el tema no tiene una mayor importancia si este señor no hubiera sido Director General del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, que se ha encargado de desalojar, de desocupar, hacer dejar vacías cantidad de viviendas a cantidad de militares por un Real Decreto que, tenga o no tenga la aprobación de todas las Cortes, se está poniendo en funcionamiento, y él ha sido una de las partes que ha tenido que ponerlo en marcha. Desde luego, creemos que ha sido un abuso, mayor o menor, pero similar al que se ha producido por otros altos cargos de la Administración socialista ocupando faros en la costa española para veranear durante mucho tiempo.
Me imagino, señor Ministro de Defensa, que no volverán a producirse hechos de esta naturaleza y lo que sí esperamos es que al señor Subsecretario de Educación, con toda la elegancia y con todo el respeto que nos merece, no se le ocurra ocupar una residencia de estudiantes en el futuro.
Muchas gracias, señor Ministro. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.


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El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor Presidente.
Esa historia de los faros que usted me relata yo, desde luego, no la he oído más que como fruto de la imaginación de algunos, sobre todo cuando usted dice que . En todo caso, usted conoce perfectamente cuáles son las normas de la residencia. La Residencia Alcázar tiene a lo largo del año plazas vacías y, por tanto, el Ministerio, para rentabilizar --y eso le parecerá bien, supongo ¿no?-- una instalación, que, además, tiene autonomía financiera y debe equilibrar sus ingresos y sus gastos, autoriza a los altos cargos del Ministerio, como hacen las residencias de este mismo tipo en otros países, a que ocupen esas habitaciones que normalmente están vacías.
Estas normas su señoría no las ha puesto en cuestión en ningún momento y si de lo que quiere hablar es de la política del Invifas, haga la pregunta correspondiente en la Comisión.
Desde luego sí que rechazo lo que ha dicho de que esta persona ha seguido una política, según sus expresiones, casi desalmada, de extrema crueldad de echar a militares de sus viviendas, cuando usted sabe que eso no es verdad, porque han sido militares que no lo eran ya o son militares que han pasado voluntariamente a otra condición profesional.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN LA GESTION DE LOS CREDITOS FAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1987-1990, UNA VEZ HA TENIDO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL INFORME DE FISCALIZACION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE EL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD)? (Número de expediente 180/000078)

El señor PRESIDENTE: Pregunta (nueva) del señor Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de los créditos FAD en el período comprendido entre el año 1987-1990, una vez ha tenido conocimiento del contenido del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo de Ayuda al Desarrollo?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): En la pregunta hay una inexactitud y es que el Gobierno sigue sin tener conocimiento del contenido del informe. Por lo tanto, no conoce el citado informe.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Hernando tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
El señor Ministro vuelve a las mismas de hace una semana, lo cual demuetra no ya indolencia sino negligencia y mala fe.
(Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Venga, hombre!-- Rumores.) Debe de ser el Gobierno uno de los pocos organismos que todavía no tiene conocimiento, o dice no tener conocimiento, sobre un informe en el que se detectan graves irregularidades sobre 266.000 millones de pesetas concedidos en créditos durante este tiempo; 266.000 millones, sobre los cuales sí ha tenido conocimiento el Gobierno, porque son irregularidades denunciadas por este Grupo, tanto en el Congreso como en el Senado, en otro tiempo, en la anterior legislatura; irregularidades sobre las cuales tiene conocimiento el propio Ministerio porque ha tenido que informar sobre el anteproyecto de informe presentado por el Tribunal de Cuentas para sus alegaciones; informe en el cual, como decía la semana pasada, se establecen numerosas irregularidades, que en algunos casos demuestran que ha habido y han existido en este tema graves casos de tráfico de influencias, cuasando graves perjuicios a empresas españolas.
(Rumores.) Yo sólo le digo, señor Ministro, que lamento que vuelva usted a contestar lo mismo. Usted no puede decir que no tiene conocimiento.
Fue informado en su momento, fue informado por mí también hace una semana y fue informado su Ministerio, como decía antes, en su momento por el propio Tribunal de Cuentas. Una vez más lo único que se demuestra en este tema, en el tema de los créditos FAD, es un absoluto oscurantismo, un grave caso de falta de trasparencia en su gestión e indudablemente la falta de voluntad de tomar medidas para mejorar el servicio a los ciudadanos a la hora de acceder a estos fondos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): El señor Diputado no piense

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que va a tener más razón porque repita las cosas más veces ni porque diga más palabras gruesas. Tendrá la misma razón, y no entiendo tampoco su extraordinaria prisa en algo sobre lo que yo la semana ya le dije que estaba a disposición de informar en esta Cámara las veces que hiciese falta, una vez que tuviésemos conocimiento y obrara en nuestro poder el citado informe. El Gobierno solicitó el informe a la Mesa de esta Cámara y el día 28, ayer, la Mesa de esta Cámara contestó al Ministerio de la Presidencia con un acuerdo, en el cual comunica al Gobierno que, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, éste tiene el deber de darle traslado del informe al que se refiere el presente escrito, sin perjuicio de su tramitación parlamentaria. Quiero decir que no hemos recibido el informe todavía, lo hemos solicitado al Tribunal de Cuentas y, por tanto, en cuanto lo recibamos de dicho Tribunal --en el día de hoy el Ministro de la Presidencia se ha dirigido al Tribunal de Cuentas solicitando el informe--, responderemos de la manera adecuada.
Insisto en que no entiendo la reiteración de la pregunta cuando probablemente usted conoce que seguimos sin tener el informe. Usted no me lo dio la semana pasada, sino que se limitó a decirme que lo tenía subrayado y no podía entregármelo y, por tanto, esas grandes palabras de indolencia, negligencia, tráfico de influencias, oscurantismo, falta de voluntad política, etcétera, están fuera de lugar y que por el hecho de que usted diga palabras gruesas no va a tener más razón de la que pueda tener esta semana o la que viene.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON DIEGO LOPEZ GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PONER FIN INMEDIATAMENTE A SUS INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA LETRADA DE OFICIO? (Número de expediente 180/000075)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor López Garrido, quien tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted sabe, en las últimas semanas ha habido protestas de abogados del llamado turno de oficio por el mal funcionamiento de ese importantísimo servicio, que es la clave en la que se asienta la justicia gratuita garantizada en nuestra Constitución.
Hay múltiples problemas en ese turno de oficio y por tanto en la justicia gratuita, a la que se acoge una enorme mayoría de ciudadanas y ciudadanos en la vía penal y un gran número en la vía civil: retribuciones inadecuadas, retrasos en los pagos, arbitrariedades en la designación de abogados del turno de oficio, la existencia de turnos especiales desconocidos, etcétera. En definitiva, falta de transparencia que redunda en falta de calidad y en la degradación de un servicio fundamental para la defensa de la tutela judicial.
Por eso, nuestro Grupo formula al Gobierno la pregunta siguiente: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para poner fin inmediatamente a sus incumplimientos de la normativa reguladora de la prestación de la asistencia letrada de oficio?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor Presidente, señor Diputado, a tenor de la formulación inicial de la pregunta, parecía que aludía simplemente al no cumplimiento de los compromisos derivados del Real Decreto de 1986, de tipo financiero. La exposición que usted ha realizado esta tarde parece que amplía el tema a la justicia gratuita en general.


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
Si se dirigen a la Presidencia, es la mejor manera de que sus interlocutores les oigan.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto a la primera parte, habría que aclarar que no hay tales incumplimientos en este momento. Es cierto que ha habido retrasos, pero hoy no hay incumplimientos. En concreto, el Real Decreto, de 1986, que regula la materia, prevé que el Ministerio de Justicia, a través del Consejo General de la Abogacía y dentro del marco que fijan las consignaciones presupuestarias, subvencionará ese servicio y se prevé que se liquidarán semestralmente después de que se justifiquen las cuentas por el Consejo General de la Abogacía.
A fecha de hoy, el año 1992 está plenamente satisfecho y, desgraciadamente, se ha superado la asignación presupuestaria inicial. Por lo que respecta al presupuesto del año 1993, se ha satisfecho, a fecha de 9 de septiembre --es verdad que con cierto retraso--, el pago correspondiente a la mitad de la total asignación presupuestaria. Sólo falta el segundo semestre, que lógicamente no podrá realizarse hasta el final de año.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor López Garrido tiene la palabra.


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El señor LOPEZ GARRIDO: El señor Ministro dice que no hay retrasos pero nuestras noticias son que hay retrasos importantes en el pago a los abogados. Es cierto que probablemente la causa está en la maraña burocrática que viene desde el Ministerio de Economía y Hacienda, pasa por Justicia, por el Consejo General de Poder Judicial, por el Colegio de Abogados y hasta que llega al abogado tarda mucho. Desde luego, habría que acortar esa maraña burocrática y hay soluciones para esto. El Ministerio puede poner en práctica soluciones a corto plazo y también subir las retribuciones que son absolutamente inadecuadas --como estamos en época presupuestaria, se lo sugerimos--, potenciando servicios de orientación y no sólo servicios procesales.
El Ministerio tiene que ocuparse del asunto como responsable económico y como responsable de la ejecución del servicio, porque, en definitiva, es el Estado el que paga esos servicios, aunque entendemos que, a largo plazo, habría que ir a una ley de la justicia gratuita que supere el desorden legislativo que existe en este momento, que configure un sistema, un modelo de justicia gratuita adecuado a los tiempos modernos --el existente es antiquísimo--, que garantice la transparencia en la asignación de abogados y, en definitiva, la defensa efectiva de ciudadanas y ciudadanos españoles que acuden a la justicia gratuita.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Ciertamente, he reconocido retrasos. Digo que ya están pagados, a fecha 6 de septiembre.
Respecto al fondo del tema, este Ministerio comparte gran parte del planteamiento de su pregunta. Es preciso hacer cambios en materia de justicia gratuita. Y hacerlos en tres planos distintos. En primer lugar, cambios que afecten al control, no sólo de la financiación sino de la gestión. En segundo lugar, cambios que garanticen el control del acceso a la justicia gratuita, para asegurar que solamente se beneficien del servicio quien realmente lo necesita. Finalmente, un tercer cambio, al que ha aludido S.S. en la pregunta, que para el Ministerio es fundamental: hay que mejorar la calidad del servicio público de asistencia al detenido y del turno de oficio. Para ello, es necesario introducir mecanismos duros de selección y formación continuada de los abogados de oficio.
Eso debe hacerse en el marco de colaboración con el Consejo General de la Abogacía, y ya hemos empezado a trabajar en esa línea.
Por todo ello, espero que dentro de poco tiempo se pueda lograr, efectivamente, una solución satisfactoria para los abogados, pero, sobre todo, para el derecho de defensa.


El señor PRESIDENTE; Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONOCE EL GOBIERNO SI LA ADMINISTRACION VASCA TIENE ACCESO AL SISTEMA INFORMATICO DE LAS AUDIENCIAS Y JUZGADOS DE LA COMUNIDAD VASCA? (Número de expediente 180/000079)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Azpiroz Villar, que tiene la palabra.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes. Gracias, señor Ministro, por su comparecencia en esta Cámara.
Nuestra pregunta es si conoce el Gobierno si la Administración vasca tiene acceso al sistema informático de las audiencias y juzgados de la Comunidad Autónoma vasca.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el Gobierno conoce que en julio de 1992, a instancia del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, se creó una comisión mixta integrada por siete magistrados designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y dos representantes del propio Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Su finalidad era, precisamente, el seguimiento del plan informático.
Su señoría conoce también que la tecnología actual posibilita establecer medidas que garanticen la seguridad y la privacidad de esa información. Efectivamente, el Gobierno conoce que esas medidas se han adoptado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero decirle que usted ha puesto el dedo en la llaga cuando apunta a las medidas de seguridad que preserven la privacidad. Pero hay una preocupación que quiero exponerle aquí con ánimo de oposición constructiva y para que pueda, como máximo responsable de la Justicia y como perfecto conocedor de la justicia vasca, preservar algo tan importante

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como es para todos el derecho a la independencia del Poder Judicial y el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
No presumo ninguna mala fe en esta cuestión, pero he de remitirme a los hechos. He de remitirme a reuniones numerosas de jueces y secretarios, a reuniones también de letrados, que se encuentran preocupados por el mal uso que se puede hacer de este acceso a la información.
Sabíamos perfectamente la evolución en la instalación de los sistemas informáticos, pero nos parece que debe deslindarse con claridad y le alentamos a ello. Estamos dispuestos a cooperar con usted. Le requerimos para que esos sistemas de seguridad que garanticen la privacidad se den, puesto que nos parece que no puede haber una Justicia vigilada, un Poder Judicial que no sea independiente. Creemos que hay que preservar el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
Por tanto, le agradecería que nos concretara en qué consisten estas medidas o qué piensa hacer en el futuro al respecto. Le animamos a que lo haga ya que, además, eso contribuye a aquietar los ánimos de quien se encuentra tan preocupado en el mundo de la judicatura, en el mundo de su Departamento, en el mundo de la Justicia y en el mundo de los ciudadanos de la tierra vasca. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
Este Ministerio agradece el sentido de su pregunta y su explicación, que no pretende otra cosa que tranquilizar a profesionales de la Justicia que han podido tener esa inquietud. Para tranquilizarles, les diré que el decano de los jueces de Bilbao ha manifestado que la instauración de ese sistema garantiza la credibilidad, la seguridad y la privacidad --son informes escritos del decano de Bilbao-- mejor que el sistema tradicional de acumulación material de expedientes. Los tres decanos de las tres capitales, más los tres presidentes de las audiencias provinciales del País Vasco, han informado que les consta que no ha existido supuesto alguno de utilización ilegítima de los datos contenidos en el plan informático.
Ningún supuesto. Y, finalmente, lo que es definitivo en mi opinión, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Gobierno vasco que, como sabe S.S., es el máximo representante del Poder Judicial dentro del territorio, sostiene que en modo alguno existe riesgo de que surja el problema que usted plantea; que, por el contrario, el sistema garantiza el control exclusivo por parte del Poder Judicial y que esté exclusivamente al servicio de la Administración de Justicia. Por lo tanto, los jueces del País Vasco y el Ministro de Justicia con ellos, estamos tranquilos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO DE MODO INMEDIATO EN RELACION CON EL MERCADO DE TRABAJO PARA DETENER EL PROCESO DE DESTRUCCION DE EMPLEO Y ACTIVAR LA CREACION DEL MISMO (Número de expediente 172/000007)

El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en relación con el mercado de trabajo para detener el proceso de destrucción de empleo y activar la creación del mismo.
Para desarrollar la interpelación, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
No es esta la primera vez que el Grupo Parlamentario Popular plantea en esta Cámara interpelaciones en torno a este problema. Es la primera vez en esta legislatura --como no podía ser menos--, pero tal y como se están desarrollando las cosas volveremos a plantearlo en otros momentos.
En primer lugar, lo que hay que hacer en este momento es analizar la radiografía, la foto fija, de cuál es la situación actual del empleo. Si analizamos los datos de la EPA -- encuesta de población activa-- del segundo trimestre de 1993, vemos cómo la situación del empleo continúa caracterizándose por seguir aumentando nuestra divergencia con Europa. Se consolida una tasa de paro, en este momento del 22,25 por ciento --más del doble que la media comunitaria-- y una tasa de actividad del 48,2 y de ocupación del 37,9, que continúa aumentando más esta divergencia.
En estos momentos, en España, de cada 100 españoles en edad de trabajar solamente lo hacen el 37,9: En el año 1982, lo hacía el 40,4. A su vez, el número de parados y las tasas más elevadas se producen de nuevo en estos doce últimos meses.
Sigue siendo éste el dato más preocupante, que está llevando consigo no sólo unas pérdidas en la producción, sino un nivel de vida inferior y que está afectando, cada vez más, a adultos con responsabilidades familiares y menores niveles de formación, creando lo que en Europa se llama una sociedad dual, es decir, que el número de parados cada vez es mayor y afecta a personas mayores de 48 años

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que están viviendo del subsidio sin esperanza de encontrar ese puesto de trabajo.
La tasa de paro ha pasado del 21,74 por ciento, del anterior trimestre del año, al 22, 25, lo que bate un nuevo récord en la encuesta de población activa en lo que se refiere a las tasas de paro. El paro ha crecido, en los últimos doce meses, más de un 25,4 por ciento, especialmente en los varones --un 37 por ciento-- y más en los comprendidos entre los 25 y los 54 años. Asimismo el número de parados ha ascendido, en los últimos doce meses, en un número total de 710.850 personas, siendo la industria el sector más afectado, seguido por el de la construcción, con un 40 por ciento, y el sector de servicios, con un 30 por ciento. En relación con el empleo continúa bajando la tasa de ocupación. En estos momentos, como decíamos antes, estamos en el 37,9 por ciento, habiéndose destruido en los últimos doce meses 590.130 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en el sector industrial - -302.000-- y en el sector de servicios --125.000--. La mayor destrucción de empleo afecta a los contratos indefinidos que si bien, a lo largo de los doce años, ha sido de 304.200, en el último trimestre se produce de nuevo un aumento de éstos de 21.180, creciendo levemente el número de contratos temporales.
En cuanto a los contratos temporales, están en torno al 32 por ciento y se va acrecentando cada vez más la dualidad del mercado de trabajo entre contratos indefinidos y contratos temporales, lo cual nos lleva al déficit en las prestaciones por desempleo, a la falta de competitividad de nuestras empresas y a una serie de medidas que me gustaría que hoy se pudieran estudiar aquí. Este análisis que hemos realizado hasta ahora se refiere al paro coyuntural, pero creo que uno de los graves problemas que tiene nuestro mercado de trabajo es que este paro coyuntural se puede acabar conviertiendo -- como de hecho está sucediendo-- en un paro estructural. Si analizamos los datos de la última década veremos cómo la tasa de paro pasó del 16 por ciento en el año 1982, al 21,6, en 1985. Empieza la recuperación económica en 1990, pero se mantienen las tasas de paro en el 16,3 para volver al 22,2 por ciento en que nos encontramos en este momento, segundo trimestre de 1993.
No es solamente eso, sino que la tasa de actividad y la de ocupación siguen siendo las más bajas de la Comunidad Económica Europea. En la tasa de actividad, la diferencia es de 10 puntos y en la tasa de ocupación, de 11 puntos aproximadamente. Es decir, que se acaba convirtiendo no en un paro consecuencia de una situación económica determinada, sino en un paro que ya forma parte de las propias estructuras sociales de nuestro país. Yo creo que aquí había que formular las dos preguntas que se hacía el propio Ministro de Trabajo en el día de ayer, en la sesión de la Comisión de Política Social y Empleo: ¿Qué pasa con el empleo en España? ¿Por qué mantenemos unas tasas tan altas de paro? Desde nuestro punto de vista, esto es consecuencia del tipo de empleo que tenemos en nuestro país, enmarcado en una política económica determinada. En última instancia, en lo que se refiere al Ministerio de Trabajo, creo que el tipo de empleo que se ha ido creando a lo largo de estos diez años, la segmentación del mercado de trabajo y las enormes rigideces internas de este propio mercado, impiden que, incluso en épocas de crecimiento económico, España sea capaz de superar la tasa de paro del 16 por ciento.
Espero que hoy el señor Ministro amplíe un poco más la respuesta a esas mismas preguntas. Ya es una llamada de atención que el señor Ministro haga las preguntas y no las conteste. Pero hay muchas formas de contestar a estas preguntas. Hay algunos que argumentan que la responsabilidad de esta situación la tiene la propia sociedad. El fracaso en la creación del empleo es el fracaso de toda una sociedad que no ha sabido hacer frente a este problema. Si analizamos los diferentes medios de comunicación, los distintos «Diarios de Sesiones» de esta Cámara, encontraremos que el señor González es el mayor artífice de esta tesis, jamás acepta la responsabilidad que al Gobierno le corresponde en esta situación que estamos discutiendo en este momento; la culpa la tiene siempre la propia sociedad. Nosotros creemos que la mayor cuota-parte de responsabilidad en estas cuestiones la tiene el Gobierno, porque es quien lleva a cabo una política determinada que da como resultado las cifras que estamos analizando en este momento. Es el fracaso de esa política llevada a cabo por el Gobierno durante estos diez años, y que se mantiene contumaz en ese error, la que conduce a estas cifras que analizamos. Es fácil, como hace el señor González, ampararse en la situación de crisis internacional para justificar los errores propios y la inanición, la falta de medidas ante situaciones tan graves como ésta en la que nos encontramos en este momento.
Si durante esta última legislatura en la que ya empezó a crecer el paro, en la que no se tomaron medidas, en la que el Gobierno socialista que tenía una mayoría parlamentaria que le sostenía fue incapaz de llevar a cabo estas medidas, ¿por qué ahora, en una situación de minoría, va a ser capaz de hacerlo? Si analizamos lo que han hecho hasta ahora desde que son ustedes Gobierno, y han pasado unos pocos meses, la conclusión es bastante negativa. Si tenemos en cuenta lo que supone que van a ser los Presupuestos Generales del Estado para 1994 --al final de esta semana los tendrá que presentar el propio Ministro de Economía-- y estudiamos lo que hasta ahora se ha comunicado a los medios de comunicación, el resultado es que vamos a volver a perder esta oportunidad. Desde luego, si oímos al Vicepresidente del Gobierno, señor

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Serra, responsable de la política económica del Gobierno, la respuesta es un no rotundo, porque el señor Serra se ha limitado al silencio más absoluto.
Es llamativo que el propio señor Ministro de Trabajo se haga esas preguntas. Yo le invitaría a que utilizara el material que ha surgido, no solamente de su propio Ministerio, sino del resto de los ministerios que han compuesto los diferentes gobiernos del señor González. Yo le sugiero que se dirija a sus colaboradores más inmediatos y les pida los informes de sus ministerios, y me quiero referir a tres muy concretos. Ya en el año 1986, el Ministerio de Trabajo realizó un informe sobre las condiciones de trabajo en España que apuntaba los problemas que se nos venían encima. En el año 1988, a instancias de esta Cámara, se realiza un informe sobre el paro, «El Paro, magnitudes y soluciones», que dirigió el profesor Lluch, en el que se analizaban estas realidades y se aportaban una serie de soluciones muy concretas y muy justas desde mi punto de vista, que, si se hubieran puesto en marcha en aquel momento, ahora no nos encontraríamos ante estas enormes dificultades. Estaríamos en una crisis económica pero con una situación totalmente diferente a la que tenemos en este momento.
Más tarde, aparece el llamado informe Segura, sobre contratación temporal, que dirigió su propio Ministerio y que colaboró de una forma bastante adecuada a esclarecer el problema que nos ocupa hoy.
Mi pregunta es: ¿para qué han servido estos estudios? Si analizamos lo que ha hecho hasta ahora el Ministerio de Trabajo en la última legislatura, la conclusión es un no rotundo; no han servido absolutamente para nada. Simplemente ha sido un ejerjcicio académico, eso sí, a costa del bolsillo de todos los españoles.
Además, en los últimos años el Gobierno remite a esta Cámara una serie de medidas. Yo quiero recordar aquí el plan de convergencia, el pacto social de progreso, el pacto para la competitividad... Incluso en la comparecencia del antiguo Ministro de Economía, señor Solchaga, en el debate de totalidad de los Presupuestos para 1993, ante una situación de crisis y unos presupuestos que no respondían a esa situación de crisis, se sacó de la manga una reforma inmediata del INEM.
Era el tema prioritario del Gobierno intentando ocultar otros problemas mayores. La realidad es que aquello se convirtió simplemente en eso, en una cortina de humo como todas las que han ido pasando a lo largo de esta última legislatura por esta Cámara.
El plan de convergencia contenía medidas muy concretas en el marco del mercado de trabajo, en las reformas profundas y estructurales del mercado de trabajo que, según el propio Gobierno y el plan de convergencia, serían fundamentales y necesarias para conseguir la necesaria competitividad de nuestras empresas que hicieran posible la creación del empleo.
Y mi pregunta es: ¿qué pasó con aquellas medidas? ¿Qué pasó con el plan de convergencia? Un año después --ayer por la mañana lo volvimos a repetir-- nos vemos obligados a hablar exactamente de lo mismo, de las mismas medidas, de las mismas necesidades urgentes de reforma, eso sí, con una situación económica y social bastante más compleja y bastante más difícil de la que teníamos el año pasado.
Ya en las previsiones presupuestarias del año 1994 el señor Solbes anuncia que en el año 1994 se destruirán 150.000 puestos de trabajo y atisban, para finales de 1995, una ligera recuperación del empleo. Pero, ¿qué credibilidad tienen estas cifras? No hay más que analizar qué ha ocurrido con los diferentes presupuestos que han ido pasando por esta Cámara.
Si estudiamos los últimos que presentó el ex Ministro, señor Solchaga, nos encontramos con que anunció que para la anterior legislatura, 1989-1993, se iban a crear 1.200.000 puestos de trabajo netos, y solamente analizando las cifras de diciembre de 1992 sobre diciembre de 1993, nos encontramos con que se destruyeron 243.200 puestos de trabajo, en vez de crear los 300.000 anuales que significaban las previsiones del señor Solchaga.


El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, le ruego concluya.


La señora VILLALOBOS TALERO: Voy concluyendo, señor Presidente. Además, en los últimos doce meses este problema se agrava, llegando a la cifra de 590.130 puestos de trabajo. Y para hacer frente a esta situación el señor Ministro de Trabajo, en el día de ayer nos presenta lo que van a ser las líneas generales de su Ministerio, y las basa en dos temas fundamentales: en una reforma global del mercado de trabajo, desarrollando exactamente los mismos puntos que aparecían ya reflejados en ese plan de convergencia del que hablábamos antes. Yo pienso que, a lo mejor, con un poquito de suerte, para finales de 1994 habrá salido de esta Cámara y estarán en el «Boletín Oficial del Estado» esas reformas legales, es decir, ese nuevo Estatuto de los Trabajadores imprescindible para reflejar esas reformas estructurales en el mercado de trabajo. Tengo que decirle algo con muchísimo afecto, señor Griñán, y es que en el día de ayer a mí me alegró muchísimo oírle utilizar una serie de contenidos que a mí me sonaban, como mociones, proposiciones de ley, proposiciones no de ley, que este Grupo había traído a esta Cámara y que habían sido rechazados por el Grupo de la mayoría; me alegró muchísimo, repito, que hoy estén en el planteamiento de su señoría.
También me alegró profundamente que usted utilizara un lenguaje, una terminología, que hasta ahora utilizaban en esta Cámara poquísimas personas. Cuando yo hablaba de la estabilidad del mercado de trabajo se asustaba el Grupo de la mayoría diciendo que yo estaba pidiendo el despido libre, y usted empezó hablar en los términos que

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en hoy se hace en Europa sobre la reforma y de las necesidades del mercado de trabajo. Quiero mostrar sinceramente mi apoyo y mi alegría porque se haya producido esa transformación en su propio Ministerio hacia posiciones bastante más sensatas que las que mantenía hasta ese momento. Usted lo basa en una contestación del gasto del desempleo, olvidando que el gasto del desempleo es consecuencia de su política económica y de su política en las relaciones de trabajo. Por favor, señor Griñán, no vuelva usted a buscar culpables externos; la culpabilidad está dentro de las propias consecuencias de una política económica. No le eche usted la culpa a los demás, asuma usted su propia responsabilidad. Está usted empezando a hacerlo y yo creo que es el momento de que lo haga. Esa política del desempleo es la que puede poner en peligro nuestro sistema de protección social. El excesivo despilfarro en la protección por desempleo es el que conduce a ese peligro en esa protección social en nuestro país. Por cierto, que su todavía compañero y antiguo Ministro de Trabajo, señor Martínez, cuando yo hablaba del peligro en la protección social española me llamaba catastrofista. Ya veo que usted, no. Por lo visto, esa catástrofe se ha iniciado con el anuncio de los incrementos de pensiones para este año, que con enorme clarividencia presentó el Ministro. Da la casualidad de que este recorte (por llamarlo de alguna forma) de pensiones, que supone la cifra de 8.000 pesetas por pensionista (y no son cifras mías, sino de los sindicatos), coincide con la cifra con la que el señor González acusaba al señor Aznar que era lo que iba a hacer precisamente el Partido Popular. Y todo este modelo...


El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, la ruego concluya.


La señora VILLALOBOS TALERO: Termino rápidamente, señor Presidente. Y todo este modelo de reformas usted lo basa en el diálogo social, así nos lo anunciaba también ayer. Desde el año 1986, ustedes han fracasado en el diálogo social. Los incumplimientos en el Acuerdo Económico y Social llevó a la desconfianza de los agentes sociales hacia el Gobierno, y parece, por las últimas noticias que aparecen en los medios de comunicación, que este intento de diálogo social sigue exactamente el mismo camino. Pienso que tal vez este nuevo fracaso se deba fundamentalmente a la falta de práctica que tiene el Gobierno socialista de trabajar en el consenso. Yo creo que diez años de prepotencia preparan muy mal para la nueva situación al Gobierno actual. Si definitivamente fracasa este diálogo social, como parece y anuncian ya los agentes sociales que va a fracasar, ¿qué va a hacer usted; va a retrasar de nuevo esas medidas que anunció ayer? ¿Va simplemente a traer a esta Cámara parcheos de contención de déficit de determinadas partidas presupuestarias, o va a enfrentarse con esa reforma estructural de nuestro mercado de trabajo? Yo creo, y termino, señor Ministro, que si usted llega hoy a ese compromiso con los representantes del pueblo, aquí, en la Cámara de los Diputados, podrá conseguir lo que está perdiendo en la calle.
Si usted consigue ese respaldo en esta Cámara, podrá romper la dinámica de desconfianza y de falta de credibilidad que hasta ahora, desde que ustedes tomaron posesión de sus ministerios, es la medida normal y actual con la que debemos analizar los resultados y la credibilidad de este Gobierno. Creo que es la ocasión, señor Ministro, de que rompa usted esa falta de confianza y de credibilidad, marcando calendarios exactos de realización de estas medidas, de forma que todos quedemos profundamente tranquilos de que es la última vez que este problema se presenta en esta Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos. Antes de dar la palabra al señor Ministro para contestar la interpelación, ruego a los señores y señoras Diputados que puedan intervenir en las interpelaciones que se ajusten a los tiempos reglamentarios previstos. Se incluyen en el orden del día tres interpelaciones. Les ruego que sean solidarios con los restantes compañeros, porque si todo el mundo desborda su turno en la forma en que acabamos de ver, es imposible incluir en el orden del día tres interpelaciones. Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente. No por su tranquilidad, señora Villalobos, sino por contestar a la pregunta que usted formula --que, además, la formula de una manera muy concreta-- , me dispongo a contestársela de forma tan concreta como usted ha hecho. Si me va a permitir algunas observaciones previas, también muy breves. La primera es que el Gobierno socialista ha asumido históricamente sus responsabilidades, y por eso viene siendo Gobierno desde hace once años, y que este Gobierno se ha constituido hace solamente 77 días como consecuencia de un nuevo proceso electoral que ha vuelto a darnos una explicación de a quién y cómo apoya la sociedad española. Su señoría formula esa pregunta, que le voy a contestar de una manera muy concreta, pero tendría que decirle previamente --lo decíamos ayer también-- que ninguna reforma del mercado de trabajo, ninguna reforma del sistema de relaciones laborales tiene o puede tener efectos taumatúrgicos, ninguna, desde luego, es capaz de terminar, ni siquiera de detener, el proceso

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de destrucción de empleo, porque todo esto depende, como usted sabe, de muchas circunstancias. Ayer se lo decía en la Comisión, hoy se lo digo en el Pleno: Todo sistema de relaciones laborales es el resultado de una determinada historia, es la consecuencia de una cultura o de una organización productiva también determinada. Creo que detrás de cada sistema hay un equilibrio de poderes, e incluso también hay unas costumbres y comportamientos que a veces son difíciles de modificar, pero también es cierto que nuestro sistema, el sistema español de relaciones laborales, por razones históricas de todos conocidas, tiene adherencias de regulación estatal que están resultando incompatibles con la necesaria adaptación que han de tener nuestras relaciones laborales a las circunstancias concretas de cada momento histórico. Por eso, nos proponemos avanzar en la construcción de un marco determinado de relaciones laborales que sea más adaptable, y para ello hemos propuesto un acuerdo social por el empleo, un acuerdo que pretende dar respuesta a una triple cuestión: Cómo ayudar a que las empresas españolas sean más competitivas, cómo favorecer la creación de empleo y cómo consolidar un sistema de protección social. El Gobierno entiende, además, que parte importante de este acuerdo por el empleo es un acuerdo de rentas, pero, insisto, no un acuerdo de rentas cualquiera, sino un determinado acuerdo de rentas, que pueda sostener las condiciones de trabajo de nuestro modelo, pero que, al mismo tiempo, sirva para controlar la inflación y para generar empleo; un acuerdo de rentas que tenga como objetivo inmediato la recuperación de los beneficios, su reinversión en el proceso productivo, de forma que se favorezca la competitividad y el empleo; y un acuerdo, además, de carácter trienal, que establezca una evolución de todas las rentas con esos objetivos de recuperación económica. Pero lo pregunta usted muy concretamente y se lo digo de la misma forma. Si no se alcanza o no se consigue el pacto social por el empleo, el Gobierno va a adoptar todas las medidas que sean necesarias, y le puedo adelantar ya hoy, aquí, que, entre las medidas que el Gobierno quiere aplicar, con efectos de 1.º de enero del año que viene, bien porque estén aprobadas ya o bien porque estén en esta Cámara, estarían las siguientes, aparte de otras que se puedan pactar.
Primera. El Gobierno aplicará, en los ámbitos de su competencia, una política de moderación de rentas coherente y consecuente con esos objetivos que antes le mencioné. En este sentido mantenemos el siguiente criterio: Para quienes puedan tener el riesgo de perder el empleo, que las rentas crezcan por debajo de la inflación prevista; para quienes tienen empleo asegurado, congelación de rentas; y para quienes tienen más dificultades para recuperar el poder adquisitivo, mantenimiento del poder adquisitivo, es decir, pensionistas.
Segunda. Medidas de articulación y potenciación de la negociación colectiva, con objeto de conseguir la necesaria capacidad de adaptación a la que hacía referencia hace un momento. Se pretende: a) Impulsar una negociación colectiva articulada, potenciando la decarácter sectorial y la de empresa; b) Establecer que la negociación colectiva disponga de capacidad de modificación o de adaptación de normas estatales, básicamente las referidas a ordenación del salario, ordenación del tiempo de trabajo, ordenación del régimen de vacaciones y descansos, ordenación de la movilidad funcional, capacidad modificativa que tendrá como límite necesario los mínimos inderogables de protección; y c) Que en la negociación colectiva también se reconozcan cláusulas de descuelgue para que, en condiciones convenientemente acordadas en el ámbito superior, se permita a las empresas desvincularse, en más o en menos, de alguna de las condiciones pactadas en ese ámbito superior.
Tercera. Derogación de ordenanzas de trabajo. Hemos propuesto que esa derogación se haga, de forma pactada, antes del 31 de diciembre del año próximo. Si no es así, el 1.º de enero estarán derogadas por legislación estatal o, bien, a partir de dos años en aquellos sectores con dificultad de interlocución para la negociación. Me estoy refiriendo a sectores donde no hay negociación colectiva y se tiene que suplir por la actuación del Estado: empleados de fincas urbanas, campo, etcétera.
Cuarta. Revisar los procedimientos del despido individual para hacer menos gravosos los costes de tramitación.
Quinta. Establecer el fin del monopolio del Inem en la intermediación a través de la regulación de las empresas de trabajo temporal.
Sexta. Regular un marco específico para la pequeña empresa cuyo objetivo es permitir una mayor flexibilidad en la contratación y una mejor adaptación de estas empresas familiares a las condiciones cambiantes del mercado de trabajo.
Séptima. Puesta en marcha del programa nacional de formación profesional, del acuerdo nacional tripartito sobre formación continua y colaboración, naturalmente, con comunidades autónomas y con el Ministerio de Educación y Ciencia.
Octava. Medidas que disminuyan la rotación laboral y potencien la permanencia y estabilidad en el empleo, reforzando la causalidad en la contratación y, simultáneamente, favoreciendo, como antes decía, todo lo que se refiere a movilidad interna.
Novena. Mantener y reforzar los incentivos a la contratación indefinida de mayores de 45 años, demandantes de primer empleo, mujeres que se tratan de reincorporar al mercado de trabajo y las que se insertan en sectores en que están subrepresentadas y trabajadores minusválidos.
Décima. Nueva regulación de los contratos de formación en prácticas y aprobación de nuevos incentivos para estas modalidades de contratación.


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Undécima. Regular como nueva figura contractual bonificada el contrato de aprendizaje en coordinación con los de formación en prácticas, haciendo que esta modalidad contractual se dirija esencialmente a jóvenes sin ninguna titulación académica provenientes del fracaso o del abandono escolar.
Y, duodécima, poner los medios para una mayor utilización del contrato a tiempo parcial como fórmula de reparto de trabajo.
Insisto, son medidas que el Gobierno propone, están en la mesa y que quiere alcanzarlas en el marco de un acuerdo. En todo caso, si no fuera así, estarían en esta Cámara para su debate --si son medidas legislativas-- o aprobadas por el Gobierno el 1.º de enero del año próximo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que, efectivamente, señor Griñán, ha repetido usted lo que decía yo ayer, tal vez con un poco más de precisión, por lo cual me alegro muchísimo de haber realizado esta interpelación.
Lo primero que ha dicho usted es que el Gobierno asume sus propias responsabilidades históricas de sus diez años de Gobierno, y vuelve usted a remachar algo que últimamente escuchamos mucho a los miembros del Gobierno y del Partido Socialista, quedando en el aire la sensación de que el Partido Popular no acepta la decisión de las urnas del 6 de junio. Me parece un error gravísimo por parte del señor Griñán decir eso, porque las urnas se expresaron el 6 de junio; por supuesto, el Partido Popular acepta exactamente lo que recogieron aquellas urnas, y estamos cumpliendo la obligación que 8.200.000 españoles echaron a nuestras espaldas, que es controlar al Gobierno, exigirle el cumplimiento de su propio programa y la solución de los problemas que aquejan al conjunto de la sociedad, y ésa es la razón de que estemos aquí.
A mí, al final, me da la sensación, y vuelvo a decírselo, con muchísimo cariño, señor Griñán, y con muchísimo respeto, de que los que no aceptan la nueva situación son ustedes; porque ustedes están muy acostumbrados a gobernar desde la mayoría absoluta, y ustedes, sus mentes preclaras todavía no han asumido, en el conjunto de todo su partido y del Gobierno, que ya no estamos en esa historia; que ustedes hoy necesitan el pacto, el pacto con los partidos, el acuerdo parlamentario en aquellas medidas necesarias que tengan que salir de esta Cámara y el consenso social, no solamente de los agentes sociales, sino del conjunto de la sociedad. Ya no sirve la prepotencia, ya no sirve simplemente eliminar a la oposición con el sistema de las votaciones, porque eso ya acabó en esta Cámara, señor Griñán.
Por tanto, los que se tienen que adaptar a las nuevas fórmulas son ustedes. Nosotros estamos perfectamente adaptados.
Usted plantea unas medidas, como le decía en el día de ayer, de las que yo me alegro; de verdad me alegro muchísimo de que ustedes estén ya en ese discurso, porque no era el discurso del Partido Socialista y del Gobierno socialista de hace sólo siete meses, ni siquiera el que trajeron ustedes a lo largo de la propia campaña electoral. Yo comprendo que en las campañas electorales se dicen cosas que habitualmente se pueden sacar del contexto, y yo no quiero utilizarlas; quiero ser profundamente sensata en los planteamientos que haga hoy aquí, porque creo que el problema es fundamental y no se debe hacer demagogia. Lo que sí está claro es que ustedes están acercándose a un planteamiento que, desde mi punto de vista, es mucho más lógico, y es el planteamiento adecuado para enfrentarnos con este problema. De lo que usted ha ido desgranando a lo largo de su intervención hay cosas que todavía me suscitan dudas. Usted habló, como hizo ya en el día de ayer, de un programa especial para las Pymes. Yo estoy esperando que realmente suceda, porque en el año 1986, el 23 de octubre, esta Cámara, con el apoyo del grupo de la mayoría, decía al Gobierno que tenía que tomar medidas concretas en los aspectos laboral, fiscal y financiero para las pequeñas y medianas empresas, octubre de 1986, y estamos exactamente donde estábamos. Este grupo parlamentario y otros grupos de la Cámara han planteado medidas concretas para conseguir crear empleo y algo fundamental, como es que existan pequeñas y medianas empresas. Eso, señor Ministro, lo recogía ya el debate sobre el empleo, el paro, magnitudes y soluciones del año 1988. Por tanto, hasta que usted no traiga estas medidas, sinceramente, no me las tengo que creer, y además le digo que éstas vienen muy tarde. Respecto al resto de las medidas, la única pregunta que le haría, esperando que me la quiera contestar con la claridad y el compromiso que usted ha adquirido hoy aquí en esta Cámara, es si significa que el Gobierno, en el primer Consejo de Ministros del mes de enero, va a aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Usted habla de una nueva formulación de la negociación colectiva y de las modalidades de contratación; como usted sabe igual que yo, señor Ministro, eso significa la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y me gustaría que en enero entrara en esta Cámara, aprobado por el primer Consejo de Ministros del mes de enero --y si pudiera ser antes, desde mi punto de vista, mejor, porque no podemos perder el tiempo--, ese nuevo Estatuto de los Trabajadores, que me agradaría fuera en las mismas condiciones que el que se negoció, en el año 1980, cuando la UCD estaba en el poder, exactamente igual que ustedes, sin mayoría absoluta, y se negoció

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con la Cámara, con los grupos, entre otros con el que usted representa en el Gobierno, y con los agentes sociales, que es la mejor forma de conseguir llegar a donde tenemos que llegar.
Señor Ministro, ya en el año 1988, el señor Lluch, cuando planteaba o sugería que se llevaran a cabo las necesarias reformas en el mercado de trabajo, esas mismas que hoy recoge usted aquí, decía que era un sacrificio enorme, que era el grave problema de España, y seguimos exactamente donde estábamos. Por tanto, aunque sea tarde, bienvenidas sean.
Ahora, le puedo garantizar que la primera semana de enero el Grupo Parlamentario Popular controlará que esas medidas se lleven a cabo. Ya de entrada las ordenanzas laborales no van a estar, porque para usted un año; para nosotros, seis meses. Lo que le pido ya, señor Ministro, como nosotros vamos a plantear una moción a consecuencia de esta interpelación que planteamos hoy aquí, es que el Grupo Socialista, mayoritario en la Cámara, sea capaz de analizarlo sin ningún tipo de criterio que esté fuera de los intereses del conjunto de la sociedad española y sea capaz de apoyar medidas que usted ha planteado hoy aquí, que nosotros estamos planteando desde hace dos años y que vamos a volver a plantear dentro de una semana. Ahí veremos si realmente el resto de su grupo adquiere con usted el compromiso que ha adquirido hoy aquí, porque, dada la circunstancia en la que está el Grupo Socialista, no sé si al final los votos del Grupo Socialista serán unánimes ni suficientes. (Rumores.) Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Entre las responsabilidades que uno asume y los compromisos que uno pretende cumplir no se encuentra el de incrementar la confianza o la credibilidad en la señora Villalobos (La señora Villalobos pronuncia palabras que no se perciben.); sí, en todo caso, el de cumplir con los objetivos y los programas que tenemos propuestos. Yo no sé si usted cree o no lo que yo le digo, pero en eso no voy a gastar mucho tiempo.
¿Es un error decir lo que he dicho yo? No es ningún error decir que el Gobierno socialista viene asumiendodesde hace once años sus responsabilidades de Gobierno, precisamente porque es un Gobierno contrastado en cuatro procesos electorales consecutivos (La señora Villalobos pronuncia palabras que no se perciben.), y digo simplemente que eso es algo que se puede decir porque es lo cierto.
Pero no hable usted de los programas o de lo que pretende el Partido Socialista, y no diga que estas medidas son nuevas, porque no hay ni una sola de las doce medidas, ni una sola, que no estuviera incluida en el documento que está remitido al Consejo Económico y Social. Lo que pasa es que hace falta leerse el documento. Están todas incorporadas en ese documento, y una vez incorporadas en él digo que nosotros lo vamos a hacer. He planteado medidas muy concretas, tan concretas como que algunas supondrán modificaciones legislativas. Claro que el Estatuto de los Trabajadores, naturalmente que sí, y serán pactadamente o no pactadamente, pero procuraremos que sean con acuerdo. Por cierto, el Estatuto fue un acuerdo en el año 1980 y la modificación que hizo el Gobierno socialista, en 1984, también. Ahora será otra modificación, en el año 1994, y también si es acordada, mucho mejor.
Serán medidas concretas, como las que yo le he dicho aquí. Las medidas que yo le acabo de citar, una detrás de otra, tienen un contenido específico que se han de desarrollar normativamente. Lo que no vamos a hacer es reformar el Estatuto de modo que se establezca un marco jurídico que facilite productividad, empleo y capacidad de gestión para competir a escala interna, comunitaria e internacional, que es lo que decían ustedes en su moción; vamos a hacer una reforma concreta sobre artículos concretos, que es lo que tenemos que hacer para conseguir un mercado más adaptable a las circunstancias actuales que son, exactamente, insisto en esto, señora Villalobos, las que acabo de proponer a esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que estaba presente en este Pleno por la gravedad del tema que se trata, pero estoy decepcionado, lo tengo que decir abiertamente, en primer lugar, porque me parece que, tal y como se ha tratado un tema tan importante, donde se ha tenido la virtud de analizar uno de los temas de fondo de la crisis económica, desde esa tribuna y con bastante exactitud, creo que se ha instrumentalizado para ser únicamente un debate entre dos partidos: el de la oposición y el del Gobierno.
No me importa, en absoluto, en este tema tener que denunciar este hecho porque mi voto no representa más que un voto, pero creo que un tema tan grave no debería haberse traído a este Parlamento y a este Congreso en la forma que se ha presentado.
No tengo intención de dar a ningún partido orientación de cómo se deben presentar los temas, pero me parece que, ante una situación de grave crisis económica como ésta, es mejor sumar voluntades para imponer al Gobierno y al partido del Gobierno la posibilidad de un debate en este Congreso y no hurtarlo sobre todo, cuando el señor Ministro nos ha hecho una descripción de medidas que,

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a mi modo de entender, merecen toda la atención posible y un análisis detenido para que pronto puedan ser objeto de debate, me parece que es el procedimiento que debería haberse seguido.
Para finalizar, quisiera manifestarle al señor Ministro que me gustaría que esas medidas que han sido planteadas, a mi modo de entender con bastante concreción, lleguen a esta Cámara de forma urgente, que sean debatidas y si son en los términos que se han propuesto, le animo a continuar con ellas porque contarán, además, de con el apoyo de su propio grupo, con algún otro voto. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, el Grupo de Coalición Canaria interviene también en este debate en orden a la importancia del tema que se ha planteado, aunque sabemos que no es nada más que un aperitivo del debate de los Presupuestos del Estado que vamos a tener muy pronto, porque, tengo entendido, que ni siquiera vamos a poder debatir la moción del Grupo Popular la semana que viene, porque no hay Pleno, y será en el Pleno de los Presupuestos donde trataremos en serio el gran debate sobre la nueva política económica, en relación al tema del paro.
Nosotros queríamos fijar posición sobre un tema tan importante en tres o cuatro cuestiones, que nos preocupan, aprovechando la interpelación que ha hecho el Grupo Popular.
En primer lugar, quiero decir que estamos a favor del éxito del pacto social, como uno de los instrumentos básicos en orden a la política de empleo. Sin embargo, tengo que expresar nuestra preocupación porque parece que la negociación no avanza lo que todos deseamos en el sentido de un final feliz.
No cabe duda que a partir de un consenso es mucho más fácil aplicar una política de rentas y es mucho más fácil acometer un problema tan importante como el que el Ministro ha señalado, que es la reforma del mercado de trabajo, buscando la modernización, la racionalización de ese mercado, pero buscando no la precarización del mismo en el sentido de mantener contratos indefinidos todo lo que se pueda.
Creemos que el pacto social no va bien y ese es un elemento que nos preocupa y el Grupo de Coalición Canaria quiere expresar aquí su inquietud por ese tema y su voluntad de buscar todos los consensos posibles en ese orden y en otros para desarrollar una política de empleo en serio que haga frente a los problemas históricos que tiene en este momento España.
Creo que no podemos aislar el tema del empleo; como es natural y todo el mundo sabe, es obvio, un problema de competitividad.
En este momento en el mundo hay un complejo problema de competitividad. Tenemos la situación de que ya no sólo los países desarrollados son los competitivos; países de zona media, los del Este de Europea, los países asiáticos, etcétera, empiezan a ser muy competitivos, y eso nos lleva a medidas nuevas. Ya las soluciones para el tema del empleo no son mágicas ni voluntaristas; son hacer frente con soluciones innovadoras a esa cuestión.
Nosotros en ese orden, aparte del pacto social en orden a la política de rentas, creemos que el hacer frente al tema del déficit público es uno de los temas básicos; lo veremos en el Presupuesto, porque es un tema que está ligado a los costes financieros, los tipos de interés, a los costes financieros de las empresas. Pero yo quiero remitirme a dos temas concretos.
La lista de propuestas del Ministro nos satisface parcialmente, pero hay dos temas en que no estamos totalmente de acuerdo con la intervención del señor Ministro.
Uno, en el marco de la pequeña empresa. Yo creo que el señor Ministro, entiendo y deduzco de sus intervenciones, sabe mejor que yo que uno de los generadores de empleo básicos en este país es la pequeña empresa. Pero la pequeña empresa no sólo es un marco de subvenciones, sino que, fundamentalmente es un marco de política fiscal. Nosotros creemos que hay que introducir medidas fundamentales para lograr la reactivación en ese sector, en cualquiera de sus actividades. En ese sentido yo creo que pronunciamientos claros del Gobierno en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en el tema del Impuesto de Sociedades, y no sólo para empresas nuevas, que nosotros hemos introducido en el régimen económico-fiscal canario; en el tema de la estimación objetiva y de los módulos, etcétera, son temas fundamentales para que la política fiscal ayude a no ser un obstáculo precisamente para el desarrollo económico de la pequeña empresa española, que es uno de los generadores de empleo.
Por último, un tema que a nosotros nos sigue preocupando. Creo que es hoy un acuerdo de prácticamente todas las comunidades autónomas que si se quieren hacer políticas activas de empleo en cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta los marcos especiales de cada una de ellas, y cómo no, en el caso de Canarias que tiene una situación muy especial, con un espacio económico propio, es necesario ir no sólo a la reforma del Inem sino al traspaso de determinadas competencias del Inem, y si no a fórmulas de gestión y de colaboración entre comunidades autónomas y la Administración del Estado en el tema del Inem.
Le he oído varias veces hablar de la necesidad de coordinar la política de formación profesional, una política activa de empleo que me parece un tema básico, y del Plan Nacional de Formación Profesional como un problema de empleo. Nosotros creemos que es necesario negociar los traspasos del Inem al menos parcialmente.


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El Ministro para las Administraciones Públicas nos decía en su comparecencia esta mañana que eso es lo que le piden todas las comunidades autónomas, lo está negociando con los bancos; lo está negociando con otras comunidades; lo han pedido los andaluces; lo piden todos, y yo creo que ya es hora de que el Inem deje de ser el organismo burocrático que hace de todo y no hace nada definitivamente bien y entre todos ayudemos a reformarlo, pero también territorializando algunas de sus competencias.
En ese orden, como ideas de aportación a las iniciativas que ha planteado el Ministerio, nosotros queremos decir que nos preocupa, como a todo el mundo, este asunto. Creemos que este asunto hay que sacarlo de la retórica, hay que ir a medidas concretas, con calendarios concretos, y en ese sentido Coalición Canaria está dispuesta a los consensos necesarios, a los acuerdos necesarios, incluso a los acuerdos impopulares que fueran necesarios para que este país recupere la iniciativa, salga de la recesión y empiece a generar empleo y a no destruirlo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, señora interpelante, hemos escuchado con atención sus argumentaciones. Algunas nos parecen sugerentes y otras, se lo tengo que decir con toda sinceridad, más o menos discutibles. Tampoco vamos a asumir posiciones dogmáticas en esta tribuna. Hemos escuchado también con detenimiento las propuestas más pormenorizadas y concretas del señor Ministro y es más difícil no sintonizar con ellas. Nos parecen todas pertinentes, aunque parezca una apología quizá demasiado intensa. Sin embargo las críticas que se le pueden hacer al señor Ministro serían por omisión, porque algunas otras cosas se pueden hacer, señor Ministro, algunas referencias a otros problemas que en este momento subyacen en este concepto tan perverso como es esta magnitud macroeconómica tan perversa y tan incontrolada como el desempleo.
Tenemos algunas dudas también, como comentaba el señor Albistur, sobre la oportunidad de la iniciativa, pero no vamos a ahondar tampoco en esta cuestión. Cuando presenten la moción y pormenoricen qué es lo que pretenden para corregir la disfunción tan grave que afecta a tantas personas, tan perversas desde una perspectiva solidaria como es la perspectiva social, podremos quizás emitir una opinión más solvente sobre cuál es su propuesta para solucionar este problema.
A pesar de todo, en el programa del desempleo, desgraciadamente hay pocas novedades en este difícil frente para las instituciones y para los agentes económicos. Siguen las mismas perversiones económicas de difícil corrección, por lo que se ve. El déficit público sigue siendo muy abultado, lo que mantiene muy altos los tipos de interés. El mantenimiento de unos tipos de interés altos dificulta la reactivación económica.
El señor Ministro, perdón señor Solchaga, el señor ex Ministro, el portavoz nos comentaba con frecuencia que se iba controlando esta magnitud, la del déficit público. No se terminaba de controlar suficientemente, no por culpa del Gobierno, sino por culpa de una serie de circunstancias acumuladas que pivotan o gravitan negativamente sobre nuestras estructuras económicas. Si no se controla esta variante va a ser muy difícil establecer unos tipos de interés o articular una política monetaria con la suficiente suavidad como para reanimar nuestra exánime economía. La coyuntura económica en este momento es muy complicada. No sólo porque vivimos en un momento económico recesivo, en una crisis muy importante, sino por factores específicos que gravitan o que incrementan nuestros problemas, factores adicionales a estos problemas generales que afectan a todas las economías del mundo como ciertos problemas estructurales, cuya reforma no se termina de acometer, como un déficit más abultado que el de otros países con los que tenemos que competir, o como unos altos costes laborales unitarios (tampoco estamos avanzando significativamente en la reducción de nuestros altos costes laborales unitarios), son perversiones que no se terminan de corregir.
Espero que con el pacto social que han propuesto a los interlocutores sociales podamos empezar a avanzar significativamente en la corrección de algunas de estas magnitudes.
De todas formas, señor Ministro, y no voy a ahondar demasiado en los aspectos macroeconómicos del problema, pero sí le quiero hacer algunas advertencias que preocupan singularmente a mi grupo parlamentario.
Para reducir el déficit público creo que no es el mejor procedimiento, señor Ministro, acudir a una reforma de nuestro sistema aseguratorio público, y tenemos que reformarlo. Lo tenemos que reformar antes de que nos termine fagocitando a todos dada su evolución preocupante y desordenada. No me gustaría que la reforma de nuestro sistema aseguratorio público pivote o gravite sobre una reestructuración del sistema de pensiones, recortando el volumen o magnitud de estas prestaciones, o endureciendo las condiciones de acceso a las mismas.
No quisiera dar la paliza con estas cuestiones en la Cámara, pero me veo en la obligación, casi institucional, de repetir nuestra posición en esta materia. El Tribunal Constitucional, al menos en dos sentencias del año 1987, ha consagrado un principio que, cuando menos no debía provocar sonrisa, señor Ministro, porque es un requerimiento constitucional.
Interpretaba el artículo

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41 de la Constitución cual es el principio de irregresividad.
El principio de irregresividad significa que cuando la legislación, el ordenamiento jurídico cuantifica, dimensiona el nivel público de protección de nuestro sistema aseguratorio y las condiciones de acceso a las prestaciones, cualquier reforma posterior tiene que mantener, tiene que cristalizar ese nivel de aseguramiento de protección anterior. Lo único que puede hacer cualquier reforma posterior es mantener el nivel de protección vigente, existente; mantener, desde luego, las condiciones de acceso y particularmente los períodos de carencia para tener acceso a determinadas prestaciones como son las de jubilación e incapacidad y otras. Luego para reformar nuestro sistema aseguratorio público --particularmente el sistema público de Seguridad Social-- y para reducir nuestro sistema de pensiones, por favor, valore estas reflexiones de naturaleza constitucional que, desde una perspectiva macroeconómica, pueden ser un factor retardatario a cualquier reforma pertinente, pero que son requerimientos de constitucionalidad que están ubicados en el artículo 41 de la Constitución, señor Ministro.
Comprendo una cosa perfectamente. Los costes laborales unitarios del Estado español son altos no sólo por su componente salarial, que es malo, que es muy alto. Los salarios, en los últimos años, en el Estado español han ido creciendo un 6,2 por ciento, mientras que los salarios de nuestros socios comerciales sólo se han incrementado en un 4,5 por ciento. La evolución salarial en el Estado español ha sido desarmónica con nuestra productividad, con la productividad de nuestros sectores económicos. Eso hay que corregirlo mediante un pacto social, al que desgraciadamente --ojalá tenga suerte, señor Ministro, el Gobierno con el pacto social-- no le auguro un buen porvenir, porque no entra fácilmente dentro de la cultura salarial posibilitar o propiciar que los trabajadores, en los próximos cuatro años, pierdan cinco puntos de poder adquisitivo en sus salarios. Eso no encaja fácilmente en la cultura sindical.
Sin perjuicio de esto, señor Ministro, hay un componente en los costes laborales unitarios que no es salarial, que es el de las cargas sociales y otras cargas de naturaleza tributaria que deben abonar los empresarios, por una parte, y los trabajadores, por otra. Luego su primera reforma, la primera reforma que su Gobierno se debe plantear es de corte o naturaleza institucional; una reforma profunda y global del sistema público de Seguridad Social.
Esas sí son, señora Villalobos, las reformas estructurales que la economía en este momento requiere. Luego se lo explico más detenidamente.
En cuanto a otras reformas, señor Ministro....


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego que vaya concluyendo.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acabo ya con estas reflexiones y de forma absolutamente inmediata, señor Presidente.
Hay otras reformas que son rigideces estructurales no sólo del mercado de trabajo. Aquí se están enfatizando mucho las reformas del mercado de trabajo como si en el ordenamiento laboral español todo fuese rigidez. Es mentira. Sólo es más rígido que el ordenamiento laboral español el de los países anglosajones; el alemán no es más rígido que el español; el italiano no es más rígido que el español, ni el francés es más rígido que el español.
Sólo son rígidas, en nuestro ordenamiento laboral las ordenanzas laborales. Eso sí, derogue las ordenanzas laborales con acuerdos con los interlocutores. La disposición transitoria del Estatuto de los Trabajadores atribuye, puesto que esto es ahora derecho dispositivo, legitimidad única para derogar las ordenazas laborales en materia de movilidad, en materia de clasificación y calificación profesional y en otras materias a los interlocutores. Ahí si tiene usted que esforzarse porque el pacto social avance. En otras materias este pacto está abocado al fracaso, desgraciadamente, pero aquí sí que puede hacer una gran cosa, señor Ministro. No es rígido el ordenamiento laboral español, no sólo no es rígido sino que es un ordenamiento cuya esencia peligrosamente se pretende modificar en las propuestas de algunos grupos parlamentarios. No es un derecho privado, no es un derecho contractual, es un derecho tuitivo. Es un derecho protector del trabajador que pretende superar la falta de sinalagma y de bilateralidad o de igualdad entre trabajador y empresario a la hora de formalizar el contrato de trabajo. Si acabamos con esto, acabamos con una de las esencias de la modernidad y podemos retroceder a los momentos de la primera revolución industrial. Pormenorizaremos más estas reflexiones en próximos debates.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, el señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señorías, estamos debatiendo en esta Cámara un tema que no es la primera vez que tocamos, en esta legislatura sí, pero los Diputados veteranos saben que últimamente hemos traído a esta Cámara el debate que hoy nos ocupa varias veces. Es inevitable. La crisis económica, el alto nivel de paro en nuestro país nos obliga a replantearnos todo el paquete sociolaboral de los Presupuestos Generales del Estado y la política laboral del Gobierno.
Es verdad que hoy no se ha hablado del Estado de bienestar, ayer sí, y entiendo que es un debate continuación del de ayer, y por tanto no entraré en él. Sólo

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apuntaré un par de cosas para tenerlas en el fondo de nuestra reflexión e ir adaptando nuestra mentalidad a lo que probablemente no habrá más remedio que hacer, y es tener en cuenta las grandes magnitudes. Téngase en cuenta la gran magnitud que supone la población ocupada en el país y téngase en cuenta la gran magnitud que supone la población subsidiada en el país. Verán sus señorías que la diferencia no nos permite hacer grandes juegos, no tenemos grandes márgenes para incrementar el Estado de bienestar que todos desearíamos.
Nuestro Grupo desea, eso sí, y por eso batallará, que no se retroceda en lo que hasta ahora ha conseguido la sociedad española respecto al bienestar social. No permitiremos, en la medida en que nuestras fuerzas sean decisivas en ello, que se retroceda y que se pierda poder adquisitivo en lo que hemos dado en llamar el paquete del Estado de bienestar. Ello nos lleva a una reflexión de la mano de la interpelante de hoy y de la comparecencia ayer del señor Ministro. A nosotros nos preocupa fundamentalmente --llámele ustedes reforma de las estructurales laborales o de otra manera-- la entrada al mundo del trabajo y la salida del mundo del trabajo. Esto lo mencionó ayer el señor Ministro. Nos preocupa la entrada al mundo del trabajo con todo lo que supone de contratación temporal, de contratación de formación y en prácticas, de contratación de aprendizaje (me congratulo de que ayer dijese el señor Ministro, y hoy aquí vuelva a incidir en ello, que está decididamente dispuesto a llevar a término el contrato de aprendizaje), todo ello incentivado, porque de lo contrario no habrá manera de que estas modificaciones contractuales permitan una facilidad en la entrada al trabajo, al mundo laboral. También nos preocupa la salida. Se está hablando estos días --y es uno de los argumentos de la mesa de negociación con las fuerzas sociales- - de la salida del mundo del trabajo, que aquél que desgraciadamente tiene que abandonar el trabajo y recibe una indemnización empiece a cobrar el subsidio de paro cuando la indemnización haya cubierto aquel espacio de tiempo que justifique el agotamiento de la indemnización y entonces pueda empezar a cobrar el seguro de desempleo. Pero eso tiene, señorías, un problema grave que no resolvemos, que es el del costo --lo hemos venido discutiendo aquí repetidas veces-- que supone la adaptación de las plantillas a la real necesidad de las empresas. Habrá que profundizar en ello.
Hay más problemas y más capítulos que tendremos que afrontar, hoy no se ha hablado de ello, pero hemos tenido debates en esta Cámara respecto a la formación profesional para la competitividad. Ayer hablamos un poco de ello, hoy no lo hemos tocado, seguramente lo abordaremos cuando la señora Villalobos nos presente la moción consecuencia de esta interpelación, pero no podemos olvidar que en este gran paquete no podemos perder el objetivo de hacer un esfuerzo en recursos para la aplicación de la reforma de la formación profesional de cara a una productividad que nos acerque a la media de los mercados que tienen los países más próximos a nosotros. Todo esto no podemos discutirlo sectorialmente sin tener en cuenta la gran magnitud de la política económica del país. Si el Presupuesto General del Estado no coadyuva, no tiene presente que este es el objetivo central de la política del Estado y no se hacen unas políticas convergentes que permitan esas famosas ayudas de que hablamos a la pequeña y mediana empresa y a las otras (nosotros somos defensores de la ayuda a la pequeña y mediana empresa, pero a las otras empresas, a las mayores, a las que tienen mayor capacidad de giro también hay que ayudarlas para que el mercado de trabajo y la actividad se amplíen), si toda la política económica del Estado, digo, no va encaminada a la creación de nueva actividad, de más actividad, difícilmente vamos a resolver el problema que hoy nos ocupa, fundamentalmente el problema del paro.
Pero yo quiero advertir a la Cámara también, y no por ser negativo ni pesimista, que probablemente nosotros saldremos, como saldrá Europa, como saldrá el mundo, de la crisis económica, pero no lograremos crear empleo suficiente para todas las personas que tengan capacidad y quieran trabajar.
Esa es una reflexión que tenemos que seguir realizando entre nosotros porque es evidente que la revolución industrial, que las nuevas tecnologías están expulsando, día a día, a personas de los puestos de trabajo. Es casi seguro que resolveremos la crisis económica, pero no es nada seguro que resolvamos el problema del paro, y habrá que buscar políticas alternativas para atender a esa población que no tendrá la fortuna de poder trabajar.
Nada más, Presidente. Muchas gracias. Esperamos la moción de la señora Villalobos, de su Grupo, para fijar definitivamente nuestra posición ante este problema.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Villalobos, muchas veces hemos tenido ocasión de discutir desde esta tribuna acerca de temas laborales, en concreto sobre materia similar a ésta o incluso sobre ésta, en la medida en que es un problema grave que llevamos arrastrando muchos años. Tengo que reconocerle, señora Villalobos, que en esta ocasión tenía verdadera expectación por escuchar su intervención. En efecto, ayer un medio de comunicación nacional decía que el Partido Popular defiende un modelo de relaciones laborales basado en salarios altos, gran cualificación y contratos estables. Así se recoge

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en la interpelación al Gobierno que en materia de empleo presentó la Diputada popular Celia Villalobos, quien rechazó la supresión del permiso administrativo en los despidos y abogó por una mayor presencia de la contratación indefinida.
Añadía más. La señora Villalobos cree que el modelo de relaciones laborales que preconiza el Ejecutivo es propio de los países subdesarrollados al estar basado en salarios bajos, alta temporalidad en el empleo y escasa cualificación.
Esta expectación que tenía mi Grupo, señora Villalobos, se mantenía al comienzo de su intervención, cuando usted ha dado datos reales de la grave situación que tiene nuestro país en estos momentos. Pero, desgraciadamente, señora Villalobos, se ha venido completamente abajo cuando ha terminado usted indicando soluciones, las soluciones del Partido Popular: más flexibilidad del mercado de trabajo. Eso lo ha dicho usted, señora Villalobos. Ha hablado usted de contención del gasto de desempleo. El problema del desempleo y el creciente desempleo en nuestro país parece ser que tienen solución, en el caso de ustedes, por la vía de recortar el gasto y la protección. Y luego se ha extendido usted en el fracaso del intento de diálogo. Yo creo que con estas medidas, que en definitiva son las medidas clásicas que ha planteado el Partido Popular, señora Villalobos, tenía razón el señor Ministro cuando le decía que así se les gana a ustedes en las elecciones. Así se les gana a ustedes, y no mucho y no muy tarde, no hace mucho tiempo.
Yo creo, señora Villalobos, que lo único que pone de manifiesto esta interpelación que ha hecho usted y su segunda intervención es que, desgraciadamente, el grupo del Gobierno es proclive a esos cantos de sirena que se le lanzan desde el grupo mayoritario, hasta tal punto que la señora Villalobos a continuación ya no pide eso, pide una nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores, directamente, todo el marco laboral nuevo, y hacerlo en los mismos términos en los que se hizo en 1980, con acuerdo con los empresarios, con una parte de los trabajadores, sólo con una parte, y en un contexto en que no teníamos el paro que hay hoy. Las medidas de ese Estatuto, señora Villalobos, flexibilizando el mercado de trabajo, agudizadas por el Gobierno socialista en el año 1984 con más contratación temporal, traen estos lodos. Eso es real, señora Villalobos. Esa política económica nos ha conducido a esta situación.
La conclusión es evidente, señora Villalobos. Es necesario modificar esa política económica; es necesario. La permanencia de un modelo de política económica de los gobiernos socialistas basado en la inexistencia de una política industrial, dejándolo todo a salarios bajos y precarizando el mercado laboral, nos ha conducido a una situación en que tenemos un paro incontrolado, unos gastos de desempleo crecientes y una situación a la que para abordarla, señor Ministro, recurren ustedes en buena medida a soluciones ya conocidas. Yo creo, señor Ministro, que a la hora de hacer el diagnóstico del mercado laboral no lo hace correctamente. Usted, ayer y hoy, insiste en que nuestro modelo de relaciones laborales tiene residuos del franquismo, y habla usted de la rigidez de las ordenanzas laborales. Hay muchos más, desgraciadamente. Yo le hablaba ayer de una escasa implantación sindical. De eso usted no dice nada, no hace la menor referencia en su intervención. Hablaba de un desempleo tremendo como no se conoce en Europa; de una precarización...
¿Qué quiere que le diga? Superamos el 35 por ciento, camino del 40. ¿Por qué no paran? Unos niveles de accidentalidad laboral como tampoco se conocen en Europa, señor Ministro. Y tenemos hasta una presencia importante de la economía sumergida. En esta realidad, señor Ministro, nos da la impresión de que las medidas que ustedes plantean no contribuyen realmente a crear empleo.
Ha hablado usted, por ejemplo, de una política de rentas, eso sí, que sirva para crear empleo, e incluso usted se pone de abanderado: En la Administración lo vamos a hacer. Y parece ser que es una congelación cero. Yo le digo, señor Ministro, que en la Administración está prevista la congelación de plantillas; en definitiva, reducir el personal al servicio de la Administración. Por tanto, esa política de rentas que usted plantea, señor Ministro, no sirve para crear empleo. Dígame usted si en la Administración, congelando los salarios de los funcionarios públicos, se van a incrementar las plantillas. No es verdad. Si tenemos unos niveles de precarización como no hay en Europa, señor Ministro, las medidas que usted plantea yo se las recojo: legalización de las empresas de trabajo temporal. En este sentido, señor Ministro, le tengo que decir que es escandaloso que hoy estén funcionando de hecho esas empresas, sin ningún requisito legal. Tendremos ocasión de hablar sobre qué es lo que está haciendo la Inspección de Trabajo con estas empresas que se anuncian públicamente; cualquier medio de comunicación las anuncia. Ayer usted decía: Tendremos que legalizar lo que hay. Pues ese es un argumento muy discutible, señor Ministro. Hoy la legislación lo prohíbe y la realidad nos pone de manifiesto que están funcionando con absoluta libertad y sin ninguna regulación. Esas empresas de trabajo temporal, señor Ministro, fomentarán el trabajo temporal, no cabe duda, es su definición.


El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego concluya.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino en seguida, señor Presidente.
Marco flexible para las Pyme. ¿Qué significa eso? ¡Vaya usted a saber! Nueva regulación de los contratos en formación y prácticas --contratos temporales--, a los que se les amplía el marco de duración; regulación del

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contrato de aprendizaje, contrato temporal, que usted ayer decía que era superprivilegiado. Ya veremos en qué queda eso.
Finalmente, mayor utilización del contrato a tiempo parcial.
Todas medidas de mayor flexibilidad.
Otras medidas de las que usted habla: derogación de las ordenanzas de trabajo en un plazo determinado. Señor Ministro, ayer hablábamos de un caso concreto: los empleados de fincas urbanas. En la ordenanza de empleados de fincas urbanas se regulan los premios de antigüedad, etcétera. Si usted los deroga en una fecha fija, los empresarios no tienen ningún interés en sustituirlo por convenios, porque con el Estatuto de los Trabajadores no tienen que pagar antigüedad ni otros derechos.
No tienen interés. Y yo le dije a usted ayer: Señor Ministro, no ponga fecha fija y recurra a los procedimientos de extensión de los convenios colectivos. De eso no dice usted nada. Recurra usted a esos procedimientos legales. Allí donde ha habido acuerdos en un ámbito determinado se pueden extender. Dice usted: Revisar los procedimientos de despido individual, no con el objetivo de que el trabajador que se ha quedado sin trabajo y no tiene ningún medio de sustento vea antes la solución de su pleito. No, no, para abaratar los costes de la empresa, ese es el objetivo. Pues le recuerdo, señor Ministro, que en estos momentos, cuando pasa de 60 días, lo paga el Estado, lo estamos pagando entre todos los trabajadores.
Señor Ministro, en ese conjunto de medidas que usted ha anunciado, con efectos de uno de enero de 1994, no ha hecho usted la menor referencia a la reforma de la protección por desempleo. Ayer ya anunció recortes. No son unas medidas equilibradas. Le dije ayer y se lo repito hoy que no son medidas equilibradas. ¡Qué duda cabe de que hay que tomar medidas difíciles porque la situación es muy grave! ¡Qué duda cabe! Pero, señor Ministro, sólo cambiando la política económica, orientándose decididamente a la creación de empleo y poniendo los medios adecuados para ello --y éstos, así anunciados, no lo son-- podremos avanzar.
Insisto y repito lo que le decía ayer. Somos conscientes de que hay que tomar medidas difíciles, pero lo importante, señor Ministro, es acertar en ellas. Repetir fórmulas que nos han conducido a esta situación, señor Ministro, no sólo son medidas que cargan sobre la parte más débil, sino que además van a contribuir a empeorarla.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE LA POSICION ESPAÑOLA ANTE LOS ACUERDOS AGRICOLAS DEL GATT, SU REPERCUSION SOBRE EL SECTOR AGRARIO Y LAS MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN BENEFICIO DEL MISMO (Número de expediente 172/000009)

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre el sector agrario y las medidas de política general previstas por el Gobierno en beneficio del mismo.
Para desarrollar la interpelación tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Catalán, ante la situación crítica que está atravesando el sector agrario español y ante las repercusiones que puedan tener sobre su futuro los acuerdos agrícolas del GATT, ha presentado esta interpelación urgente para contribuir a situar en sus justos términos ambos problemas y dar respuesta desde este Congreso al desánimo y a la desorientación que aquejan a muchos agricultores. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.) La Comisión de Agricultura de la Comunidad Económica Europea llegó, en noviembre pasado, a un preacuerdo agrícola con los Estados Unidos, conocido con el nombre de Blair House. Este preacuerdo o pacto, que se debe ratificar en el Congreso de los Estados Unidos el próximo 15 de diciembre, ha contado desde su inicio con la oposición total de Francia, especialmente por el recorte que supondría a su capacidad exportadora que --recordemos-- es de alrededor del 50 por ciento de la exportación total de productos agroalimentarios de la Comunidad Europea. Otros países comunitarios, especialmente de agricultura mediterránea, se fueron adhiriendo progresivamente a la oposición francesa al preacuerdo agrícola.
España, que está afrontando a duras penas y con mucho sacrificio el esfuerzo que representa la integración en la Comunidad Europea y la más reciente adaptación a la reforma de la PAC, ha mantenido una posición dubitativa, indecisa, respecto al preacuerdo y respecto a la oposición francesa y a su rechazo, o por lo menos ésta era la sensación que se percibía. El día 20 de este mes, los Ministros comunitarios, entre ellos usted, señor Ministro, necesitaron doce horas de, según parece, intensas discusiones para apoyar la posición y las tesis francesas de replantear el preacuerdo agrícola con los Estados Unidos y acordaron, por unanimidad, dar un mandato al comisionado europeo para proseguir dialogando con los Estados Unidos y así obtener garantías de que lo que se negocie en la Ronda Uruguay no podrá cuestionar la política agraria común ni la vocación exportadora de la Comunidad Económica Europea, ni afectar a la preferencia comunitaria en sus propias producciones

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agrarias. Al día siguiente, Estados Unidos hacía pública su oposición a renegociar el preacuerdo. Mientras tanto, se aventuran cálculos según los cuales, de aprobarse el preacuerdo de Blair House sin ninguna modificación, los agricultores de los países industrializados sufrirían pérdidas por valor de 2.000 millones de dólares en diez años. Se afirma también que el mecanismo establecido en la reforma de la política agraria común de subvencionar las rentas por unidades de producción, en vez de los precios, podría fácilmente compensar las citadas pérdidas. El Banco Mundial acepta que a corto plazo algunos sectores económicos perderán, pero que a largo plazo los beneficios globales, incluso los de la agricultura de los países industriales, serán superiores.
No me negará, señor Ministro, que con estas previsiones estaba más que justificada la interpelación, y que más allá de discusiones académicas entre quienes preconizan un proteccionismo a ultranza y los que proponen una liberalización más o menos generalizada del mercado agroalimentario, más allá de estas disquisiciones, usted, señor Ministro, y este Congreso debemos pensar en nuestra agricultura que ya, sin nuevas complicaciones, está inmersa en una grave crisis estructural, que ha significado la pérdida creciente de competitividad.
Sin dejar de planificar el largo plazo, debemos pensar en el presente y en el futuro inmediato, no vayamos más tarde a tener poco que planificar. Efectivamente, desde nuestra adhesión a la Comunidad, la agricultura es el sector económico con menor dinamismo. Desde 1986 hasta 1992 ha tenido un crecimiento nulo, mientras que, en este mismo período, la industria creció el 22 por ciento, la construcción el 57 por ciento y los servicios el 30 por ciento. El último ejercicio no fue una excepción a esta tendencia. Los datos correspondientes a 1992 lo confirman. Según el Instituto Nacional de Estadística, la producción agraria y pesquera registró en conjunto un descenso, del 0,5 por ciento, lo que unido a los descensos de 1989 y 1991 sitúan el valor añadido del sector en los mismos niveles que en el año 1988. Los precios finales agrarios continuaron reduciéndose, fundamentalmente los de los cereales, las frutas frescas, las oleaginosas y el vino, por lo que, en pesetas corrientes, el valor de la producción final agraria descendió en 1992 el 5,5 por ciento. Como conjunción de ambos factores, la menor producción y los menores precios de venta, la renta agraria se redujo en 1992 en el 9,4 por ciento. Según datos de la Oficina de Estadística comunitaria, la caída de la renta española es la mayor de todos los países comunitarios. La balanza comercial agroalimentaria ha presentado repetidamente un saldo negativo desde 1988; tendencia que, como consecuencia de las tres devaluaciones consecutivas de la peseta, puede invertirse en este año de 1993, lo que significaría que el campo español, con las paridades del cambio actuales, podría empezar a recuperar parte de su competitividad perdida en los últimos años, si no se complica la situación con nuevos desequilibrios exteriores, que hay que evitar a toda costa.
Estos resultados negativos, que comportan un estancamiento de la producción agraria, tienen como consecuencia directa la disminución de la actividad y la rentabilidad del sector; un sector, señor Ministro, que afecta al 15 por ciento de la población española. Además, el peso de la agricultura en la economía española es cada vez menor. Mientras que en 1990 la agricultura española representaba el 5,1 por ciento del PIB español, en 1992 sólo representa el 4 por ciento. El empleo en el sector disminuye considerablemente. Según datos de la EPA, en dos años la población ocupada en el sector se ha reducido en 210.000 personas. O, lo que es lo mismo, la destrucción del empleo en el campo es responsable de la pérdida de una cuarta parte --el 25 por ciento-- del empleo total de la economía española en este período, cuando solamente ocupa el 10 por ciento de la población activa. El endeudamiento del sector crece. Ya se acerca a los dos billones de pesetas. Casi tanto, señor Ministro, como el valor global de la producción agrícola española. La rentabilidad de la agricultura desciende. Según un reciente estudio, con datos de 1991, el rendimiento de la agricultura, en función del valor de la tierra y de la inversión, oscila entre el 0,5 por ciento y el 2 por ciento, según los tipos de aprovechamiento. Esta baja rentabilidad explica, por un lado, la baja demanda de las tierras agrícolas y la rápida depreciación de las tierras de uso agrícola, que en los últimos tres ejercicios han visto reducido su valor en el 20 por ciento. Por otro lado, explica el envejecimiento de la población activa, cuya media de edad es de 58 años, la más elevada de la Comunidad. Además, va acompañada de la más baja tasa de incorporación de los jóvenes a la agricultura, y es la responsable de la creciente desertización del campo español. El único factor positivo que puede atribuirse a la agricultura española en los últimos años es su importante contribución a la reducción de la inflación, vía reducción de los precios de los productos agrarios.
Esta es una visión simplificada, que no pretende ser exhaustiva, de la situación del sector agrario español. Ante esta situación, los poderes públicos deben actuar con prontitud. Creemos que en este aspecto existe un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios. Nuestro Grupo Parlamentario cree que la agricultura española puede ser competitiva en el marco comunitario mundial, pero para que esto sea posible se la debe ayudar desde los poderes públicos. En opinión de nuestro Grupo Parlamentario la ayuda del Gobierno a la agricultura española debe orientarse a través de dos vertientes. La primera la configurarían las medidas de carácter interno que debe adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad de la agricultura española, como

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son la reducción de la fiscalidad que recae sobre esta agricultura, dotar de mejores recursos financieros para modernizar las estructuras agrarias, potenciar la comercialización de los productos agrarios y promover un programa de desarrollo en el mundo rural, etcétera. De todos estos temas hemos hablado extensamente esta mañana en la Comisión. Estas medidas deberían aprobarse, señor Ministro, con celeridad dada la situación del campo español.
La segunda y no menos importante vertiente de la política agraria española debe ser la firmeza en las actuaciones y gestiones que el Gobierno español debe llevar a cabo en el marco comunitario y mundial en defensa de las rentas de nuestros agricultores y ganaderos. En la actualidad nadie pone en duda que el futuro de la agricultura española depende en buena parte de la evolución de la política agraria comunitaria y de las rondas para la liberación del comercio mundial en el seno del GATT, porque la aplicación de estos acuerdos externos sería causa del agravamiento de muchos problemas de los agricultores españoles. Basta citar algunos ejemplos de lo que ya ha acontecido (las cuotas lecheras, la importación de fruta dulce del hemisferio sur hacia la Comunidad Económica Europea, que ha hundido los precios percibidos por los agricultores, las importaciones de ajos de China, las importaciones masivas de espárragos, frutos secos, etcétera) para observar la importancia que tienen los compromisos internacionales en el futuro de la agricultura española.
Por lo que se refiere a la aplicación de la nueva PAC, el Gobierno español debe aprovechar al máximo las posibilidades de financiación de nuestra agricultura a través de la CEE y potenciar la aplicación de las medidas que acompañan esta nueva PAC todavía, a nuestro juicio, más orientada a favorecer las agriculturas de los países comunitarios centrales que las agriculturas mediterráneas.
En cuanto a las negociaciones multilaterales del GATT, el preacuerdo en materia agraria de la Comunidad Económica Europea con los Estados Unidos es un tema más de preocupación para la agricultura española. En esta problemática el Gobierno español debe defender sin complejos un acuerdo favorable al campo español. ¿Es que acaso la Comisión Europea puede aceptar una reducción de las exportaciones agrícolas subvencionadas en un 21 por ciento? ¿Es que es favorable aceptar un acuerdo en el que la CEE sólo queda resguardada de los ataques externos hasta 1999, mientras que las concesiones de los Estados Unidos, por ejemplo, son indefinidas e inmediatas? ¿Es que es aceptable disminuir un 20 por ciento las ayudas comunitarias a la producción interna en un período de seis años? ¿Debe la Comunidad renunciar a la preferencia comunitaria de sus producciones agrarias? ¿Cuáles son las compensaciones que deben recibir los agricultores europeos en el supuesto caso de que se apruebe el preacuerdo de «Blair House» y la renqueante agricultura española qué receta mágica deberá recibir para subsistir? Estos son algunos de los interrogantes que se plantea el colectivo de agricultores y ganaderos españoles a los que el Gobierno debe dar una respuesta satisfactoria y espero que tranquilizadora.
Sin duda las respuestas a estas preguntas no son fáciles dada la complejidad de las negociaciones del GATT...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vidal, vaya terminando.


El señor VIDAL I SARDO: En seguida termino, señor Presidente.
Decía que sin duda las respuestas a estas preguntas no son fáciles dada la complejidad de las negociaciones del GATT y a lo crítico del lenguaje utilizado hasta ahora. Es sabido que este proceso negociador preocupa al Gobierno español, puesto que el memorándum sobre la Ronda Uruguay y el GATT presentado a la CEE por el Ejecutivo español el día 13 de septiembre incluye una serie de objeciones a la indefinición en la que se encuentran ciertos sectores clave de la agricultura española, como el vino, el azúcar, el arroz, la fruta, las hortalizas, que no han permitido una toma de posición clara del Gobierno español en esta materia. Le solicitamos, señor Ministro, un amplio comentario sobre este memorándum fijando la posición española y que al parecer alcanzó una notable aceptación en la Comisión Europea. Por todo ello, y dada la importancia que tienen estas negociaciones para el futuro de la agricultura española, nuestro Grupo parlamentario ha presentado esta interpelación urgente para conocer cuál es la posición actual del Gobierno español respecto a los acuerdos de «Blair House», el estado de estas negociaciones (Comisión Estados Unidos) y de las negociaciones en el seno de la propia Comunidad, para saber cuáles son los objetivos mínimos irrenunciables que piensa defender el Gobierno, y una vez conocidos éstos discutir conjuntamente cuáles son las actuaciones de política agraria que se deben adoptar en España para compensar la incidencia de estos acuerdos en el sector y para sentar las bases futuras de una agricultura española competitiva en el marco comunitario mundial.
Convergència i Unió opina que con un amplio acuerdo del Gobierno, los grupos políticos, las organizaciones profesionales y las comunidades autónomas, los agricultores españoles verían con mayor tranquilidad y esperanza su futuro inmediato.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.


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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
Señorías, indudablemente la interpelación es oportuna. Estamos justo en un momento en el que las cuestiones que se refieren al preacuerdo de «Blais House» van a estar en el debate agrario permanentemente y, por tanto, a esa pregunta que se hacía el señor Vidal i Sardo sobre si es oportuna, mi respuesta es sí; es una interpelación perfectamente adecuada a la situación en la que estamos.
Para centrar el contexto en el que se sitúa la posición española, me gustaría recordar cuáles son los objetivos fundamentales del grupo de negociación sobre agricultura de la Ronda Uruguay: primero, mejorar las condiciones de acceso a los mercados, especialmente mediante la reducción de los obstáculos a las importaciones y, segundo, mejorar el clima de competencia mediante una mayor disciplina en la utilización de todas las subvenciones directas e indirectas y demás medidas que afecten al comercio de productos agrarios.
Para conseguir estos objetivos, las negociaciones se han venido centrando en tres aspectos concretos: la reducción del apoyo o ayuda interna a la agricultura, la mejora del acceso al mercado mediante la reducción de las barreras a la importanción y la reducción de las subvenciones a la exportación.
El representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) desea conocer la posición española ante el preacuerdo alcanzado por la Comisión Europea y Estados Unidos. Como todas SS.SS. saben, el Gobierno elaboró y presentó al Consejo Europeo un memorándum donde se expresaba de manera amplia y clara la posición global española en la Ronda Uruguay. Quiero, de forma concreta y clara, desmentir el que haya habido ningún tipo de posición dubitativa o indecisa; ha sido muy clara desde el primer momento. Después intentaré explicar la diferencia entre la posición que reflejaba el memorándum francés y la que refleja el memorándum español; de ahí que a veces se puedan sacar conclusiones que no son acordes con la posición española o que no responden al memorándum español.
Me gustaría señalar que la postura que estamos manteniendo para la defensa de los intereses agrarios españoles tiene como objetivo fundamental el mantenimiento de las rentas de los agricultores. Respecto a la cláusula de paz prevista en el preacuerdo de «Blais House», estamos completamente de acuerdo con la duración de seis años a que S.S. hacía referencia, seis años es una duración limitada a cambio de concesiones ilimitadas y, por tanto, debería procurarse que la PAC tuviera una mayor perennidad y fuera inatacable a partir incluso de los seis años. En eso estamos completamente de acuerdo con la posición del memorándum francés y también en lo que se refiere a la cláusula de salvaguardia que ya estaba en el documento Dunkel, que debería aplicarse permanentemente sin limitaciones en el tiempo, ya que lo contrario significaría mantener una incertidumbre adicional en absoluto deseable. Por otra parte, la PAC ha sido parcialmente modificada y, por tanto, para los sectores ya modificados (cereales, oleaginosas, leche, carne de vacuno, tabaco y carne de bovino) existen unas reglamentaciones conocidas que prevén el mantenimiento de la preferencia comunitaria, y en los casos en que ha sido necesario establecen unas determinadas ayudas compensatorias para los agricultores, ayudas por hectárea o ayudas por cabeza.
En lo que se refiere a estas ayudas, el preacuerdo de «Blair House» es un avance importante sobre el documento Dunkel; nos hace pasar de la caja ámbar a la caja verde, es decir, pasa de estar como elemento en la medida global de ayuda a hacerse independiente de ese MGA y, por tanto, ser también inatacables. Se trata, por tanto, de ayudas que ya son compatibles con el GATT porque se desconectan en el preacuerdo de la producción, es decir, que no fomentan los incrementos de producción, lo que significa el apoyo a una agricultura más respetuosa con el medio ambiente. Para los sectores todavía no reformados, entre los que se encuentran productos mediterráneos a los que hemos añadido el azúcar, tan importantes para España como las frutas y hortalizas, el vino y el arroz, nuestra postura exige garantías de que cuando se reformen deberá asegurarse el mantenimiento de la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera. Preferencia comunitaria muy debilitada en el sector de frutas y hortalizas porque los productos a los que se aplica esa preferencia comunitaria de un modo más efectivo siguen siendo los que la Comunidad tenía cuando sólo estaba compuesta de seis miembros, y lógicamente, han ido cambiando las circunstancias, los terceros países están produciendo otro tipo de frutas y hortalizas que antes no hacían, los calendarios han cambiado e independientemente del memorándum que hemos presentado respecto al preacuerdo de «Blair House», esa negociación estaba abierta, siendo necesario igualmente que en frutas y hortalizas los calendarios se amplíen en el tiempo, en el número de productos afectados y también los calendarios de retirada para permitir que convivan las producciones de tercero países y las nuestras.
En lo que se refiere al sector del arroz, la solución es muy sencilla y en principio pensamos que la Comisión no va a tener grandes dificultades para adoptarla, porque sería darle un tratamiento equivalente a la de los otros cultivos herbáceos, por tanto, una ayuda a la hectárea que permitiera al sector arrocero absorber el impacto de estar en el mercado a precios mundiales. En el sector del vino la preocupación se centra más en la solidaridad financiera. Tenemos una serie de cuestiones pendientes, que S.S. conoce, referidas a la autorización

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de riego o no, pero que en definitiva se concentra en un solo punto, independientemente de la mayor o menor racionalidad de la reforma del sector. Lo que sí elimina todas nuestras preocupaciones es la aplicación de la solidaridad financiera al sector del vino; es decir, que el sector del vino tenga un tratamiento igual que otros sectores y que los excedentes sean tratados con recursos comunitarios y no como en este momento, en el que, aunque la mayor parte de los recursos son comunitarios, todavía una parte importante de la política vitivinícola pesa sobre los presupuestos nacionales.
En el sector del azúcar la situación puede ser más específica para España porque, por una parte, no estamos dispuestos a renunciar en absoluto a nuestra cuota remolachera-azucarera, en definitiva, a nuestra superficie de cultivo remolachero que, además, está en regiones en las que no hay tantas alternativas y donde, por tanto, hemos de mantener a la población con un cultivo que por el momento tiene altos rendimientos y que, en cambio, difícilmente va a ser competitivo en el futuro; y difícilmente lo va a ser en el futuro, incluso, a pesar de la rebaja que se hace específica para el azúcar en el preacuerdo de «Blair House». A pesar de eso, la posición española es que hemos de garantizar nuestra cuota y, al mismo tiempo, un sistema de ayudas que permita que el sector, que aunque reduzca sus costes difícilmente podrá competir con otras producciones comunitarias, pueda sobrevivir.
Además, para estas producciones solicitamos la concesión de las ayudas que en su caso sean necesarias para mantener las rentas de los agricultores con garantías de compatibilidad con el GATT y de disponibilidad financiera, es decir, que se aplique el principio de solidaridad financiera para todos los sectores por reformar. Hasta ahora, la posición más beligerante (iba a decir aparentemente, pero por lo menos la que más se ha visto) en las discusiones ha correspondido a Estados Unidos y a Francia, que son dos países que compiten en mayor medida en el mercado cerealista mundial. Francia, como país fuertemente exportador de cereales, carnes, productos lácteos o azúcar, que se beneficia en gran medida de las subvenciones comunitarias, se ve directamente afectada por el recorte previsto en la Ronda Uruguay, de ahí su toma de posición. Pero en el caso de España los problemas son diferentes, porque nuestra estructura de exportación es muy distinta. Nuestros tradicionales sectores exportadores, frutas y hortalizas, vinos, aceite, han obtenido históricamente sus cuotas de mercado sin gozar de fuertes subvenciones, de las que sólo hemos empezado a beneficiarnos tras nuestra integración en la Comunidad.
La problemática es, por tanto, muy diferente; pero ello no quiero decir que los acuerdos, al afectar a intereses comunitarios y, por tanto, franceses, no afecten a otros países, entre ellos a España. Sin duda, en un mercado único, todos estamos directamente involucrados en la evolución de los mercados. No obstante, los mecanismos de la PAC van a permitir amortiguar, mitigar y neutralizar los efectos indirectos que podrían recaer sobre las producciones españolas como consecuencia de un recorte de las exportaciones francesas.
Quiero ahora referirme a las conclusiones del Consejo conjunto de Ministros comunitarios de Exteriores, Agricultura y Comercio celebrado el 20 de septiembre. En sus conclusiones (y este fue quizá uno de los elementos que prolongó más el debate en el Consejo) se refleja perfectamente, o cuasi perfectamente, lo que era la esencia del memorándum español.
En ellas se dice que, para los sectores cuyas organizaciones comunes de mercado no han sido modificados todavía, el Consejo y la Comisión (y quiero resaltar estos dos conceptos) no sólo la Comisión en su capacidad de propuesta, sino también el Consejo, en su capacidad de decisión política sobre las propuestas de la Comisión, se comprometen ambos a adoptar las disposiciones necesarias para garantizar las rentas agrarias y la preferencia comunitaria, y se tendrán en cuenta --se añade- - en estos sectores las condiciones y principios agrícolas y financieros que se han aplicado para el conjunto del sector agrícola ya reformado. Principios financieros en la Comunidad, en la política agrícola comunitaria, sólo existe uno, que es el de la solidaridad financiera.
En otro párrafo de estas conclusiones se dice que el Consejo ha confirmado su postura según la cual los resultados de la Ronda Uruguay, en el sector agrícola, no pueden tener el efecto de cuestionar, directa o indirectamente, la perennidad de la política agrícola común. Creo que es una clara indicación de que la cláusula de paz debe ser permanente en opinión del Consejo. Por tanto, señoría, considero que las conclusiones del Consejo han recogido perfectamente las peticiones españolas, y ahora la Comisión debe continuar conduciendo las negociaciones, teniendo en cuenta sus conclusiones, para buscar un acuerdo que sea aceptable. El próximo lunes, 4 de octubre, la Comisión Europea informará al Consejo de la evolución de las negociaciones, de acuerdo con la declaración del 20 de octubre, y el día 13, como sabe, el negociador americano estará en Bruselas para seguir hablando sobre la cuestión. A pesar de que haya habido declaraciones en el sentido de que no se reabre, no fue esa la petición del Consejo. No se reabre nada, pero sí que se interpreta, sí que se añade, y sí que se matiza, y eso consideramos que es posible.
En todo caso, como sabe S.S., el principio de que no se aprueba nada si no se aprueba todo va a seguir vigente hasta el último momento, lo cual no quiere decir que tengamos que estar permanentemente vigilantes para que no exista ningún tipo de compromiso que ponga en cuestión aquello que debemos preservar: las

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rentas de nuestros agricultores y la preferencia comunitaria.
Creo que este compromiso del día 20 (que no cuestiona para nada el preacuerdo de «Blair House», sino todo lo contrario, lo que hace es vincular al Consejo y a la Comisión a tomar decisiones muy concretas sobre una serie de sectores muy concretos también) es un elemento bastante positivo, porque no ofrece la vaguedad que puede tener una parte del documento de conclusiones, en el que, como sabe, hubo que utilizar todos los instrumentos que permite la gramática y la capacidad de redacción para poder conseguir un acuerdo que no fuera un mandato, sino que fuera sólo, para el negociador comunitario, el tomar nota de las preocupaciones del Consejo. En cambio, en lo que se refiere a estos compromisos intracomunitarios, sí que es un compromiso que pueden aceptar la Comisión y el Consejo y que no cuestiona para nada «Blair House».
Su señoría ha hecho una serie de referencias a lo que hemos hablado esta mañana en la Comisión...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya terminando.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Voy a acabar, señor Presidente. Muchas gracias.
Quisiera darle algunos datos de la situación de nuestro sector --no sé si le he proporcionado todos esta mañana--, que podrían modificar, en parte al menos, una declaración excesivamente taxativa en cuanto al único factor positivo que tenemos en este momento. Creo que hay factores positivos importantes. La renta este año va a crecer un 10 por ciento, aproximadamente; no tenemos sectores que en este momento tengan situaciones críticas, salvo el sector porcino, que está en una situación cíclica y además, quizá, en la zona más baja del ciclo. Pero en cuanto al resto de sectores podríamos, incluso, aportar, como elemento complementario a lo que he estado comentando, que la efectividad de la cláusula de salvaguardia ha sido importante en algunos sectores, ha funcionado, nos ha sido útil para corregir situaciones graves y, por tanto, eso, sólo ello, justifica el que estemos insistiendo en el mantenimiento de esta cláusula de salvaguardia para el futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a intervenir desde el escaño y para decirle al señor Ministro que tomamos buena nota de sus amplias y detalladas explicaciones, que con toda seguridad habrán contribuido a situar en sus justos términos las dos vertientes de nuestra interpelación. El objetivo de una de ellas era conocer la posición española respecto al preacuerdo agrícola con los Estados Unidos y el porqué del apoyo a las tesis del Gobierno francés; mejor dicho, también las razones de la tardanza en dar este apoyo. El otro objetivo era conocer cómo afectaría a la agricultura europea y española la reducción de la protección de la que hasta ahora hemos gozado, en caso de aprobarse el acuerdo «Blair House». En otra vertiente, la pretensión de la interpelación era propiciar el compromiso del Gobierno en la adopción de medidas urgentes de política general agraria, que encaucen la recuperación sostenida de este sector. Nuestro Grupo sostiene que existen unas medidas de política económica agraria que pueden y deben ser consensuadas de inmediato y que propondremos en una próxima moción, conjuntamente con las referidas a la defensa de nuestra agricultura en los tratados internacionales y en las negociaciones intracomunitarias. Es un esfuerzo, señorías, que mi Grupo quiere realizar, que esperan y se merecen los agricultores del país, sin que ello signifique renunciar a luchar por la obtención de otras medidas que cada grupo político estime adecuadas para la mejora del sector agrario. La negociación y el pacto es el fruto, siempre razonado, de exigencias y renuncias por parte de quienes quieren alcanzarlo. Esta es nuestra meta también en la agricultura, la ganadería y la pesca. Pretendemos un pacto de mínimos a través de una moción, a la que invitamos a todos los grupos de la Cámara. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, estoy completamente dispuesto, ya lo he manifestado esta mañana en la Comisión, a que ese amplio acuerdo con las comunidades autónomas, con las organizaciones profesionales agrarias, organizaciones cooperativas, organizaciones de industriales, transformadores y comerciantes, con todos aquellos interesados en el sector, nos lleve a la definición de todos aquellos elementos de acompañamiento que puedan permitir que los efectos no deseados que pueda ocasionar cualquier tipo de negociación se amortigüen. En todo caso, son políticas estructurales que ya venimos aplicando.
Ha hecho una referencia en su intervención anterior al envejecimiento de nuestra población agraria. Creo que la política que estamos aplicando, respecto a la incorporación

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y al mantenimiento de los jóvenes al sector, está produciendo unos efectos bastante positivos. En los últimos años --como ya he dicho esta mañana en la Comisión--, una media de unos 40.000 jóvenes se incorporan al sector agrario con un nivel de preparación y con una capacidad que nos va a permitir hacer sus explotaciones más competitivas.
En cuanto a algún matiz --de nuevo me gustaría volver a insistir sobre esta cuestión-- sobre el posicionamiento español, no ha sido tarde. El memorándum español ha podido tener menos relevancia para la opinión pública internacional, porque no era una confrontación directa con el preacuerdo de «Blair House». El memorándum español lo que hacía era garantizar que la política intracomunitaria se reformara de tal modo que el preacuerdo de «Blair House» no nos afectara y, por eso, quizá ha podido tener menos relevancia desde el punto de vista informativo. He hablado con mi colega francés el mismo día en que estaba planteando su memorándum, y ya le estaba proponiendo el memorándum español, al que, por cierto, son ustedes sabedores de que ha sido sensible y lo ha defendido también en el marco comunitario.
Creo que podemos tomar medidas nacionales que nos puedan servir, sobre todo, para mejorar nuestra competitividad.
Nuestra industria agroalimentaria --que en la Comunidad de Cataluña, concretamente, representa el 28 por ciento de la industria--puede alcanzar en el futuro niveles de competitividad y de transformación que nos permitan mejorar nuestra balanza comercial. Este año, por primera vez en los últimos cinco años, vamos a tener una tasa de cobertura positiva, tanto en lo que es la balanza agraria como en la balanza agroalimentaria, no un punto o dos, pero habrá modificado totalmente la tendencia de estos últimos años.
Por tanto, creo que, tal y como esta mañana les he ofrecido a todos en la Comisión de Agricultura, el acuerdo y el consenso va a ser muy importante, porque, básicamente, lo que plantea el memorándum español son posiciones de Estado, que habrá que mantener en cualquier caso y que, cuanto mayor sea el consenso con el que cuenten, más efectivas podrán ser nuestras posiciones en el debate y en la discusión comunitaria e internacional. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Coalición Canaria también participa de esa primera calificación que nuestro Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de hacer, al principio de su intervención; ha calificado esta iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) como oportuna. Nosotros añadimos también el calificativo de pertinente.
A una pregunta efectuada en el anterior Pleno, que se refería a la repercusión de los acuerdos del GATT en las producciones plataneras y el comercio del plátano en Canarias, el señor Ministro contestó exactamente igual a como lo ha hecho esta mañana en el amplio, informativo y constructivo debate que hemos tenido en la Comisión de Agricultura a este respecto.
Nosotros vamos a apoyar esta interpelación por la oportunidad y pertinencia que trae la iniciativa del Grupo Catalán, porque entendemos que, tanto la información que el Ministro nos da aquí sobre la reunión del pasado día 20 de los Ministros de Agricultura, Asuntos Exteriores y Comercio, como el contenido del propio memorándum que el Gobierno español ha elevado, y que también comentamos esta mañana, nos dan la definición o el diagnóstico de la situación en que se encuentra en España el sector agrario comercial y productivamente hablando; y voy a emplear la propia palabra del Ministro: incertidumbre. Creo que es conveniente que con un gran consenso se despejen estas incertidumbres. Porque no podemos nosotros tampoco ser víctimas del apretón de acelerador que le quieren dar a la Ronda Uruguay instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial o el propio GATT, como acuerdo de comercio y de aranceles. Si hay que respetar el principio de que no se aprueba nada si no se aprueba todo, no queremos estar en la incertidumbre de qué producciones agrarias españolas pueden quedar muy tocadas del ala y repercutir en las directrices de política agraria interior, como la modernización de agricultura, política de rentas, de estructura o de precios, porque entonces estaríamos hipotecando no solamente el futuro inmediato de nuestra agricultura, sino nuestra propia política agraria. Por supuesto, tenemos que incardinarnos en los países de nuestro entorno comunitario, como ya hemos dicho, con una coincidencia, posiblemente, de política de intereses con Francia, pero cuando se habla aquí de la Ronda Uruguay nos estamos refiriendo a 116 naciones, y al final hay dos interlocutores de calidad que tienen hasta su propia personificación en el Comisario, el señor Leon Brittan, o en el señor Kantor por parte del comercio de la administración federal norteamericana. Es decir, al final, hay dos bloques o dos instituciones internacionales negociando: Comunidad Económica Europea, por un lado, y los Estados Unidos de Norteamérica, por otro.
Nosotros tenemos que quitar incertidumbres, como por ejemplo que los Estados Unidos no respeten la política agrícola común.
Debe haber unas garantías por parte de los Estados Unidos en lo que se ha llamado

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la cláusula de paz para que no tengamos que estar desenterrando o viendo desenterrar el hacha de guerra dentro de cuatro o seis años porque los Estados Unidos vuelvan a cuestionar una política proteccionista, de aranceles, de restricciones al comercio, o se lleve a cabo una política de represalias por parte de la administración norteamericana, como nos ha pasado en determinados renglones de otras producciones en España que no tienen que ver nada con la agricultura --llámese acero o calzado--. Eso debe quedar muy claro en un marco, porque desde luego no debe aceptarse por un sistema de derecho ninguna inseguridad jurídica, ni tampoco debemos entrar en una política de una dinámica de la incertidumbre.
Nosotros hemos llevado a cuestiones muy puntuales este compromiso de defensa en el marco del GATT y en la Ronda Uruguay, producciones como las que afectan al Archipiélago Canario, por ejemplo la producción platanera, frente a esa tremenda presión de los norteamericanos, que se han transformado en una especie de adalides, en su defensa internacional, de los países del área dólar del Caribe, que deberían llamarse de otra manera por la servidumbre de salaros de miseria a la que muchas veces las multinacionales norteamericanas del plátano --están en Centroámerica dos o tres con nombres y apellidos-- condenan a estos países de Iberoamérica, que se ven a veces necesitados de presionar, invocando argumentos históricos, emocionales para el sentimiento español, de nuestras tradiciones y lazos, que no tienen que verse complicados para nada ahora con una competencia desleal que se puede hacer a la producción de los países comunitarios, como España en primer lugar con la producción platanera canaria, como Portugal o como Francia, con los que siempre podremos formar un frente común que defienda lo que se invoca acertadamente en el memorándum español, que vuelvo a decir a la Cámara y al señor Ministro, como dije esta mañana en la Comisión, Coalición Canaria apoya en todos sus extremos, todas sus líneas y todos sus párrafos. Nos parece un memorándum muy acertado y muy realista que da preferencia comunitaria a estas producciones. También nos congratulamos -- y lo hemos dicho-- de que la postura del Ministerio español de Agricultura sea una defensa, pies en pared, de producciones clave como son los cítricos y tomates, en lo que esto afecta a Canarias, incluso con las repercusiones que pudiera tener para terceros países como Marruecos, donde la defensa del principio de las producciones y las preferencias comunitarias debe prevalecer siempre, porque nosotros tenemos que hacer la política agrícola o agraria que le interesa a España...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
Que le interesa a España y dentro del marco de la política agrícola común. Por tanto, que se aclaren muy certeramente las premisas de posturas de antisubvención que se consignan en el texto Dunkel. Señor Ministro, estaríamos dispuestos a aceptar las reglas y disciplinas, como las salvaguardias, del texto Dunkel en el tema de la antisubvención, pero dejando muy claro que en el caso de Canarias, de aceptarse una lectura literal de las cláusulas de antisubvención del texto Dunkel, la subvención al transporte del tomate, por ejemplo, o de producciones agrícolas canarias, quedaría en situación no competitiva frente a otros países.
Por esta razón, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa del Grupo Catalán de Convergència i Unió, como apoyaremos también la moción que pueda venir, y al mismo tiempo reiteramos nuestra oferta de cooperación y de apoyo con la política que nos ha señalado el señor Ministro de Agricultura.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, yo también tengo que coincidir con todos los oradores en señalar la oportunidad de esta interpelación, pero quiero ir un poco más allá. Creo que esta interpelación ha sido y es muy oportuna hoy, pero, sobre todo, lo será si el Grupo proponente, a través de su moción, o todos nosotros, a través de las enmiendas que podemos aportar, sabemos encontrar una justa y clara posición política de España respecto del acuerdo de Blair House, respecto del acuerdo del GATT y de la Ronda Uruguay.
El señor Ministro de Agricultura nos ha dado muchas explicaciones de tipo técnico que podemos compartir. Hemos leído atentamente el memorándum y podemos decir que es aceptable, pero nosotros queremos que aquí, en la Cámara política, el Ministro y Convergència i Unió, que tantas cosas quiere pactar con el Grupo que da sustento al Gobierno, nos digan claramente si está a favor de renegociar «Blair House» o no. Nosotros creemos que se debe renegociar. Nosotros creemos que se debe aplicar a fondo la cláusula de que o se aprueba todo o no se aprueba nada.
Quisiéramos que el Ministro de Agricultura, que el Ministro de Asuntos Exteriores (que el otro día en la Comisión de Exteriores también se zafó de nuestra pregunta) y, si puede ser, el mismo Felipe González, Presidente del Gobierno, digan claramente a la nación y a los agricultores españoles, si van a estar o no al lado de la postura francesa que reclama claramente, sin rubor, sin tapujos, no proteccionismos

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insolidarios, sí defensa de la agricultura comunitaria, la general, la francesa y la española.
Creo que esto es lo que hoy debería haber dicho aquí claramente el Ministro y no lo ha dicho. Nos ha explicado una serie de argumentos técnicos de lo que podríamos llamar el entresijo de la negociación.
Están en la buena dirección, señor Ministro, se lo aceptamos, pero nos falta claridad política.
Le falta a usted, no quiere darla. El señor González tampoco quiere darla. Esta Cámara se la puede arrancar. Y el Grupo de Convergència i Unió tiene una ocasión de oro para fijar su posición y para ayudar a que la fijemos todos. Veremos si la sabe aprovechar. En nombre del desarme arancelario, en nombre de la libertad de comercio, a veces, se están cometiendo auténticas tropelías para los productores de los países industriales avanzados, pero también de los países en vías de desarrollo --el señor Mardones lo recordaba perfectamente--.
En nombre de la libertad de comercio, en nombre de la falsa igualdad de los productos en el mercado podemos estar dando soporte, apoyando los sueldos de miseria que las multinacionales americanas pagan al plátano canario en Centroámerica. Eso no se contradice con el GATT. Deberíamos adoptar una postura en el terreno político general, no sólo en el agrícola, no de estar en contra del GATT --no es nuestra posición--, no de estar a favor de un proteccionismo insolidario --tampoco es nuestra posición--, pero sí de decir, además del GATT, además de la libertad de comercio ha de haber también homologación en el entorno social de la producción. No sólo igualdad de comercio, también igualdad social en la producción. Entonces sí estaríamos construyendo un acuerdo equilibrado. Bajo la capa de la libertad y de las no trabas al comercio se esconden muchas desigualdades en el mecanismo de la producción, en los ritmos y en los niveles de la producción y, sobre todo, en el entorno social y democrático de la producción. En el terreno industrial es evidente la deslocalización industrial, el «dumping» social de los países del sudeste asiático, pero en agricultura lo mismo.
Entonces, ustedes, el Gobierno, se refugian en los problemas técnicos para no abordar estos problemas políticos. Ustedes se reclaman de la izquierda como partido. ¿Ustedes están de acuerdo en que, en nombre de la libertad de comercio, se mantengan estos salarios de miseria en la agricultura o en la industria? ¿Sí o no? Si no están de acuerdo, hagan una negociación política distinta. No se arruguen ante la ideología, en el peor sentido de la palabra, del librecambismo a ultranza que nos está invadiendo por todas partes. Esto no es hacer proteccionismo barato; esto no es defender la agricultura francesa, que ya es muy potente, o la española, que comparada con otros países está mejor situada; esto es mantener la cohesión social en nuestros países; esto es hacer acuerdos de progreso para nuestros países y para todo el mundo. Insisto, a la Ronda Uruguay del GATT habría que añadirle lo que yo llamaría una Ronda de la OIT, que los principios de la Organización Internacional del Trabajo que se aplican en los países de la Comunidad Europea se aplicasen también en estos países que después nos producen una competencia económica, social y también, a veces, monetaria.
Sé que esto no es de hoy para mañana, pero esto implica una actitud distinta que no es el mero proteccionismo trasnochado, que es una actitud de progreso solidaria a nivel internacional y que implica también saber pararle los pies a quien, en nombre de la libertad de comercio, quiere hundir no sólo la agricultura europea, sino la Unión Política Europea. Estos son, en buena parte importantes sectores políticos y de opinión en Estados Unidos.
Hablando de protección agraria, señor Albero, usted lo sabe mejor que yo, el conjunto de la protección agrícola en la Comunidad Europea, por ejemplo, es de 450 dólares; en Estados Unidos es más baja, 360, pero en el Japón es de 600 dólares.
Por tanto, no somos los más proteccionistas los europeos.
Hecho este excurso, señor Ministro, señores de Convergència i Unió, participando de lo que ha sido el debate más técnico del interpelante y del Ministro que le ha respondido...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Espasa, le ruego termine.


El señor ESPASA OLIVER: Voy a terminar, señor Presidente, reclamando y esperando, si no anunciando que, a través de enmiendas, nosotros vamos a plantear esta nitidez o esta claridad política que debe adoptar esta Cámara y que podíamos resumir en que esta Cámara dé un mandato claro al Gobierno, al Ministro de Exteriores, al Ministro de Agricultura, a nuestros Comisarios en la Comisión de que o se aprueba todo o no se aprueba nada. Esto es bueno decirlo políticamente. ¿Por qué hemos de ser más tibios que los franceses si tenemos, y creo que la tenemos en esta Cámara, una posición igual desde el sector agrícola y desde otros sectores? ¿Por qué no hemos de ser claros políticamente? ¿Es que el señor Mickey Kantor cuando dice: esto no se renegocia, no está haciendo un «pressing» político? ¿Por qué no lo hace también el Gobierno español? Nosotros creemos que lo debería hacer.
Creemos que esta interpelación ha sido muy oportuna, pero que será aún más oportuna la moción si sabe ser valiente y sabe plantear claramente las posiciones en el terreno político, no en el terreno técnico que, señor Ministro, como le he dicho, el memorándum está bien, es tibio para nuestro gusto, va en la buena dirección, pero debería ser más claro.


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Termino, y le recuerdo que las organizaciones agrarias españolas están totalmente de acuerdo con las francesas. No resulte que nuestros agricultores están más pendientes de lo que hace el Gobierno francés que de lo que hace el Gobierno español.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición de nuestro Grupo en relación con la interpelación sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre el sector agrario y las medidas de política general previstas por el Gobierno en beneficio del mismo. Si ha habido un planteamiento técnico, como definía el portavoz anterior, y un planteamiento político, yo quiero centrar el tema más bien en un planteamiento humano, como es el de la situación de los agricultores.
La agricultura española está asistiendo en los últimos años a unos procesos de transformación extremadamente rápidos, lo que a un sector como el del mundo rural, un tanto inmovilista, le está produciendo unos efectos negativos, un trauma social al no estar suficientemente preparados para unos cambios tan rápidos. Por eso, en estos momentos, cuando hablamos de liberalización del comercio agrario, el agricultor español se echa a temblar porque ve como siempre termina perjudicándole, y no es para menos, señorías, pues ya lleva varios procesos de liberalización en los últimos años. Primero fue la liberalización del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, un mal Tratado de Adhesión en que al agricultor se le usó como moneda de cambio para firmar el tal Tratado. Se liberalizaron las fronteras españolas con el siguiente resultado: pérdida de capacidad exportadora; pérdida de capacidad de mercado nacional en favor de los productos del resto de la Comunidad (la tasa de cobertura del sector agroalimentario, que normalmente nos era favorable, ha ido decreciendo, siendo a finales del año pasado simplemente del 76 por ciento); pérdida de renta de los agricultores; abandono masivo de éstos de sus explotaciones, buscando otras actividades con las que poder alimentar a sus familias --en los últimos años han abandonado la agricultura más de cuatrocientos mil agricultores.
La segunda liberalización es la iniciada este año con la entrada en vigor del Tratado del Mercado Unico Europeo que ha traído consigo la desaparición del control de las fronteras intracomunitarias.
Mientras se vulnera por parte de los agricultores franceses eln derecho de libertad de tránsito de nuestros productos hortofrutícolas, afectando gravemente a nuestros canales den comercialización, no se comprende cómo el Gobierno Socialista sen comporta de una forma tan generosa con los productos procedentes den los países terceros (Sudamérica, el Magreb y, principalmente, Marruecos).
La tercera liberalización, que es el motivo de esta interpelación, es la que se va a producir siguiendo la política de libre comercio que, a la sombra del GATT, se está negociando en la denominada Ronda de Uruguay y que encuentra en los acuerdos agrarios su principal dificultad para concluir las negociaciones. Así, asistimos estos días a los problemas de cierre del preacuerdo agrario pactado en noviembre del año pasado entre los Comisarios europeos, Andriessen y McSharry, con la Administración de Estados Unidos en «Blair House», en Washington. Por cierto, ninguno de los dos comisarios sigue en su responsabilidad política.
En resumidas cuentas, este recuerdo obliga a la CEE a desmantelar en buena medida la protección que tiene en sus fronteras para con su mercado agrícola interior. Esto obliga, señorías, a permitir mayores importaciones de productos de terceros países, a disminuir considerablemente las exportaciones europeas subvencionadas, así como a disminuir, también considerablemente, las subvenciones a las exportaciones --las antiguas, restituciones--, aplicación de la tarificación en frontera, sustituyendo a los anteriores «prelèvement», o a la contingentación de la producción de oleaginosas.
Todo esto, señorías, va a producir un aumento todavía mayor de los excedentes agrícolas, por tanto, una caída de precios y, consecuentemente, una pérdida de renta de los agricultores, pérdida que va a obligar a la Comunidad a hacer un desembolso mayor de los fondos comunitarios si quiere evitar el día de mañana, un día muy inmediato, el despoblamiento rural. Esto ya está pasando con la actual remodelación de la PAC, que está costando más cara de lo que se preveía a los fondos comunitarios. Por cierto, ¿qué va a pasar cuando se acaben las ayudas a la superficie que están en vigor en la Comunidad Europea en la remodelación de la PAC? ¿Qué tiene previsto hacer la Comunidad cuando se acaben estas ayudas? ¿Qué pasará con la renta de los agricultores, señor Ministro? Según las organizaciones agrarias esta nueva liberalización va a provocar el abandono de otros 200.000 agricultores en los próximos cuatro años.
Señor Ministro, si Estados Unidos no acepta la renegociación del acuerdo de «Blair House», ¿qué va a suceder con los productos con organización común de mercado y que no entran en la remodelación de la PAC? ¿Qué va a suceder con la fruta, las hortalizas, con el vino, con el arroz o con el sector del azúcar remolachero? ¿Cómo se van a defender de las consecuencias que aportará el citado acuerdo de «Blair House»? Todos estos interrogantes que se hacen en el sector son interrogantes que le producen inquietud sobre su futuro y el de sus familias, inquietud que sube en aumento al asistir estos días a las contradicciones en

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las declaraciones de quien se supone que lo debe tener más claro, como son los representantes del Gobierno español.
El cambio de opinión del Ministro de Asuntos Exteriores, el señor Solana, ha sido patético, así como las contradicciones entre su postura y la de su compañero de gabinete, el Ministro de Comercio.
Inquietud porque un día ustedes apostaban por la postura alemana y al día siguiente adoptaban la postura francesa.
Por cierto, esta mañana --y se lo digo al señor Mardones y al resto de Diputados canarios-- un eurodiputado alemán ha presentado una moción en el Parlamento Europeo donde se solicita una nueva liberalización del protocolo de la organización común de mercado que se prevé para el plátano.
Seguramente debe ser un favor del apoyo alemán a la postura francesa. ¿Qué hemos sacado nosotros apoyando la postura francesa, señor Ministro? ¿Hemos sacado algo? Posiblemente, una vez más, nada.
El Gobierno no ha tenido un planteamiento claro desde noviembre pasado cuando se firmó el acuerdo para ver qué es lo que convenía a los intereses agrarios españoles. Desde luego, su predecesor en el cargo no se lo ha dejado a usted como herencia ministerial.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pascual, vaya concluyendo, por favor.


El señor PASCUAL MONZO: A última hora han redactado ustedes un memorándum, que es lo único que ha podido usted traer aquí como bagaje y que, por cierto, no deja las cosas nada claras, sino que deja bastantes dudas e interpretaciones sobre él.
El acuerdo de «Blair House», como se ha dicho hoy, supone un desmantelamiento de la protección agrícola comunitaria, pero este esfuerzo que se pide a los agricultores europeos, ¿tiene su contraprestación con los agricultores americanos? ¿No cree, señor Ministro, que los americanos nos han tendido una emboscada haciendo un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, haciendo un acuerdo bilateral dentro del GATT, cuando el GATT lo forman, como se ha dicho aquí antes, 116 países, donde hay quince paquetes de negociación y todo se ha circunscrito a que se aprobara el paquete agrario? La agricultura americana es tremendamente fuerte, subvencionada por su país por el sistema de los «deficit payments», cayendo en el «dumping» en numerosas ocasiones --y eso lo saben muy bien nuestros agricultores productores de almendra--, con una agricultura protegida en frontera con trabas burocráticas y sanitarias. ¿No cree que hemos caído en su estrategia? ¿No cree que esto hay que denunciarlo en el Consejo de Ministros de Europa? El dato es elocuente, señorías, la balanza comercial agroalimentaria para Estados Unidos tiene un superávit de 21.000 millones de dólares; la de la Comunidad Económica Europea tiene un déficit de 20.800 millones de ecus. Y si como parece, Estados Unidos se niega definitivamente a renegociar el acuerdo de «Blair House», ¿qué va a pasar con nuestros agricultores? Usted, señor Ministro, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Agricultura para exponer la política agraria que va a desarrollar a través de su Departamento. Desde luego ha sido una exposición bastante alejada de la realidad, como, por ejemplo, cuando ha hablado de las medidas de acompañamiento, cuya función primordial es acompañar la renta de los agricultores por la remodelación de la PAC.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Voy terminando, señor Presidente.
O como cuando ha hablado de las medidas medioambientales, que todavía no se han puesto en funcionamiento; o de la jubilación anticipada, a la que después de tres años, solamente se han acogido mil agricultores, lo que la hace totalmente inoperante; o de la forestación de tierras agrarias (que fue una de las ofertas electorales del señor González) de varios cientos de miles de hectáreas cuando las organizaciones agrarias han denunciado que no hay dinero para ello; o de la mejora de las estructuras agrarias cuando todavía no se ha pagado lo pendiente del Real Decreto 808. Desde luego, señorías --voy a terminar, señor Presidente--, después de diez años de gobierno socialista han sido ustedes totalmente incapaces de crear una agricultura moderna, organizada, capaz y preparada para los retos que estamos debatiendo en este momento y que se han producido en esta década. No lo hicieron ustedes en los años de bonanza económica, así que ya me dirá usted cómo lo van a hacer con la crisis que estamos atravesando actualmente.
Termino, señor Presidente. Espero, porque la esperanza es lo último que se debe perder, que de ahora en adelante tengan ustedes una postura más clara, más precisa con respecto al acuerdo de «Blair House», menos oscurantista que la que han tenido hasta ahora, porque ha sido deprimente ver cómo los agricultores españoles hasta ahora hemos sabido mucho mejor cuál era la postura del Gobierno francés, cómo le afectaba el acuerdo de «Blair House» a los agricultores franceses y a la agricultura francesa que a nuestros agricultores.
Esperamos la moción consecuencia de esta interpelación para que esta Cámara adopte un planteamiento lo suficientemente claro y exigente para la defensa de nuestros agricultores.
Muchas gracias, señor Presidente.


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--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DE TASAS UNIVERSITARIAS REALIZADA POR EL GOBIERNO Y LOS CAMBIOS NECESARIOS EN LA MISMA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA ENSEÑANZA SUPERIOR PUBLICA A TODOS LOS ESPAÑOLES (Número de expediente 172/000010)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política de tasas universitarias realizada por el Gobierno y los cambios necesarios en la misma para garantizar el acceso a la enseñanza superior pública de todos los españoles.
Para su defensa, el señor González Blázquez tiene la palabra.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, señorMinistro de Educación y Ciencia, por lo que nos cuentan los mediosde comunicación y nos adelantó usted ayer en su comparecencia antela Comisión de Educación, parece que la cordura ha vuelto a su Ministerio; la falta de diálogo que se había podido observar en otros casos en su departamento se ha suplido en éste con la negociación con los afectados, con los representantes de los estudiantes. Espero no haberle levantado de ninguna mesa de negociación para comparecer ante la Cámara porque lo sentiría.
Esperamos también, señor Ministro, por el bien de la Universidad, por el bien de los que quieren acceder a la Universidad y no tienen medios económicos para hacerlo, que este diálogo fructifique y ceda usted ante las legítimas pretensiones de los estudiantes que, en los tiempos que corren, no son en modo alguno disparatadas. No le duelan prendas, señor Ministro, en rectificar si es preciso, porque rectificar es de sabios. Mano firme, nos decía ayer, para conseguir sus objetivos; firmeza, prudencia y un componente de humildad para rectificar errores.
Invertir en la Universidad, señorías, señor Ministro, es la mejor inversión que tiene que realizar un país y un gobierno progresista para garantizar su futuro --me refiero al futuro del país--. Para garantizar también la igualdad de oportunidades y la no discriminación de acceso a la Universidad pública, es necesario nodar pasos hacia su privatización con decisiones como las del Decreto de Tasas del 26 de febrero. Parecía que con ese Decreto el Ministerio trataba de cargar sobre las espaldas de los estudiantes la insuficiencia financiera de las universidades públicas no transferidas.
Aunque sólo sea para animarle más al diálogo con los estudiantes, señor Ministro, para darle más razones, y más que sobradas, para acceder a sus reivindicaciones, me voy a permitir, señor Ministro, hacerle una serie de consideraciones sobre el Decreto de Tasas del 26 de febrero. En primer lugar, este Decreto sufre un retraso en su publicación en comparación con otros años --otros años venía publicándose en julio--, y el retraso en la publicación conduce al consiguiente transtorno para las universidades en el cobro de las matrículas y, lógicamente, también a una desinformación de los usuarios y de las organizaciones políticas y sociales.
Se contemplan en este Decreto subidas que llegan hasta el 14 por ciento sobre el monto anterior en titulaciones antiguas.
Se penaliza la repetición de asignaturas, en segunda, tercera y cuarta convocatorias, en un 25, 35 y 50 por ciento respectivamente, con toda la casuística que esto tiene, y es que, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Madrid, la tercera repetición se incrementa en un 140 por ciento. Se dan casos, señor Ministro, en los que la repetición no se debe solamente a cuestiones de vagancia o de desinterés del alumno, hay motivos laborales, personales, familiares y dificultad intrínseca de algunas asignaturas. En la Universidad Politécnica de Madrid los repetidores alcanzan la cifra del 70,4 por ciento del total y este porcentaje, por lo general, nobaja en otras universidades del 50 por ciento. Al ser obligatorio matricularse en el primer curso completo se tiene la repetición de asignaturas casi garantizada.
Existe también discriminación de unas carreras con respecto a otras en función de su grado de experimentalidad: siete grados igual a siete precios de tasas diferentes, quedando penalizadas, por tanto, determinadas vocaciones con respecto a otras. Cuando el pago de la tasa se hace en función de los créditos, titulaciones nuevas, esta situación se agrava extraordinariamente: incrementos entre el 18 y el 72 por ciento, superándose ampliamente el tope fijado para las carreras de grado de experimentalidad uno. Hay un agravio comparativo que, además, no va acompañado de una mejora de la calidad de la enseñanza en estas titulaciones, su masiva implantación no ha ido acompañada del correspondiente esfuerzo presupuestario: plantillas congeladas, no construcción de nuevos centros, mismas aulas, mismos laboratorios, mismas ratio, etcétera. A veces el estudiante, señor Ministro, se ve abocado a entrar en estos estudios por no existir plaza en el centro elegido por él en primera opción. Por otra parte, es más que dudosa la condición de titulación nueva, ya que la mayoría son titulaciones con pocas variaciones de fondo, son titulaciones que yo llamaría «maquilladas». Esta situación, señor Ministro, afecta a unos 40.000 estudiantes, solamente en el ámbito de la gestión del MEC, y se supera la cifra de los 100.000 para todo el Estado. Le voy detallando las cosas de forma concreta para que usted me pueda contestar.
Ante la alarma social generada por esta situación, en determinado momento el propio Secretario de Estado de Universidades convoca una rueda de prensa anunciando que se han cursado las órdenes pertinentes a seis

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universidades MEC, afectando a un total de siete centros, para que se proceda a la devolución del exceso de matrícula. Pasada una semana de estas declaraciones, los rectores de varias de estas universidades declaran no tener noticia de esta decisión por cauce oficial alguno. Hay que concretar estos temas, señor Ministro. En cualquier caso, como le decía, la medida anunciada afectaría a un total de 3.000 alumnos de los 40.000 afectados sólo en el ámbito del MEC, muchos de los cuales se ven perjudicados por subidas aún mayores que las citadas por el Secretario de Estado. El Ministerio argumenta que las nuevas titulaciones ven reducido el número de años de duración de los estudios, con lo cual el coste total se divide entre menos años. Esa argumentación no es verdadera, es falsa, señor Ministro, ya que en las carreras de grado medio la duración es la misma, tres años; en las que ven reducido su número de años de cinco a cuatro también conviene considerar que el alumno usa un año menos la universidad. En situaciones de familias con pocos recursos económicos poco importa que la carrera dure un año menos si no se puede hacer frente a la matrícula del primer curso. En este contexto de la política de tasas que he expuesto anteriormente, tenemos que volver la vista necesariamente a la correspondiente política de becas por ver si se corresponden, y encontramos en este momento, primero, que la renta per cápita anual máxima necesaria para obtener beca compensatoria en el año 1992-93 fue de 250.000 pesetas; en el presente curso es de 263.000. El incremento, si no me fallan mis cálculos, es del 5,2 por ciento. Para poder acceder a una beca de este tipo durante el presente curso hace falta para una unidad familiar de cuatro miembros no superar unos ingresos brutos anuales de 1.052.000 pesetas. Este es el umbral de la pobreza. Yo creo que para conseguir una beca hay que tener una situación de andar pidiendo en el metro. La cuantía máxima de tales becas fue en el curso pasado de 237.000 pesetas, siendo durante el presente de 249.000 pesetas, con un incremento del 5,06 por ciento. En otro tipo de ayudas como, por ejemplo, ayuda al desplazamiento para distancias superiores a los 50 kilómetros, curso 92-93, 90.000 pesetas; curso 93-94, 95.000: incremento, 5,5 por ciento.
Transporte urbano: curso 92-93, 15.000 pesetas; curso 93-94, 16.000 pesetas: incremento, 6,6 por ciento. Material didáctico, curso 92-93, 23.000 pesetas; curso 93-94, 24.000 pesetas: incremento, 4,3 por ciento. Conclusión, señor Ministro: no existe la más leve relación entre los incrementos que pretenden que experimenten las tasas académicas y las correspondientes becas, por lo que, en términos políticos, la situación creada en este curso es o puede ser inadmisible.
Por todo ello, señor Ministro, señorías, Izquierda Unida no va aser más papista que el Papa en la solución de este problema.Acuerde S.S., señor Ministro, con los representantes de los estudiantes una solución inmediata que garantice la viabilidad de la universidad pública al servicio de todos. Con esos acuerdos acabe S.S. con el desbarajuste que ha supuesto para muchas economías familiares que habían calculado unos gastos y se encuentran con otros muy superiores. Debe usted, a nuestro juicio, retirar el Decreto, señor Ministro, y negociar con los estudiantes una subida de tasas y otra paralela de becas que reequilibre la situación en estos momentos de crisis que las familias de los estudiantes, especialmente las más necesitadas, también sufren.
La educación, señor Ministro, es un bien social --lo decía usted ayer-- y, por tanto, una necesidad humana. Haga caso omiso a las voces que desde su propio Gobierno quieren aplicar una voracidad recaudatoria incluso en la educación. Animo y a negociar, que el diálogo da buenos frutos e incluso la fama de dialogante da buenos resultados para el ascenso en futuros gobiernos, y haga usted también oídos sordos de sus socios de la derecha, porque en temas de educación, en los conceptos de una educación pública al servicio de todos, no le van a seguir.
Nos agradaría, señor Ministro, vernos obligados a retirar la moción en el próximo Pleno --la moción subsiguiente a esta interpelación--porque usted ya haya anulado el Decreto de tasas, porque haya hechouna política consecuente de becas y porque usted lo haya solucionado ya.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Blázquez.
Para contestar a la interpelación del Grupo de Izquierda Unida, por parte del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente, señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, el contenido de su interpelación meimpulsa a hacer un planteamiento que permita enmarcar precisamente la política del Gobierno en relación con la materia objeto de la misma. Brevemente voy a permitirme poner de manifiesto cuáles sonlos criterios que me han llevado a fijar una determinada política de tasas universitarias para el curso que ahora entra, cuáles han sido las razones y cuál ha sido la corrección. Estamos de acuerdo, señoría, en que la enseñanza universitaria tiene un interés generalizado. Esto justifica su naturaleza de servicio público y, por consiguiente, justifica plenamente la financiación pública del servicio académico. Sin embargo, a diferencia de otros servicios públicos --pongo por caso la educación secundaria obligatoria--, éste es un servicio público que no puede considerarse universalizable. Es decir, ni se puede obligar a todos los ciudadanos a estudiar una

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carrera universitaria, por una parte, ni se puede admitir en la universidada estudiantes que no cumplan determinados requisitos necesarios para el acceso a los estudios superiores. Por consiguiente, el esfuerzo que la sociedad hace para mantener y desarrollar el sistema universitario me parece que es lógico que resulte también compartido por los beneficiarios directos del sistema --es decir, por los usuarios del servicio público académico-- de acuerdo,naturalmente, con las posibilidades económicas de cada uno. A mí me parece que éste es el principio fundamental que debe guiar, en general, las políticas de financiación de la Universidad española y probablemente de cualquier otra, y de aquí se derivan algunos principios de actuación que procuraré concretar.
En primer lugar, yo creo que debería ser norma que el esfuerzo económico que la sociedad hace en favor de la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria se guíe no sólo por criterios cuantitativos, que son fácilmente generalizables, sino también porcriterios de incentivación o de calidad específica que ofrece cada universidad o cada estudio. En segundo lugar, me parece que es criterio importante, que se deriva del primero, que el crecimiento de la financiación pública a la universidad deba de ir acompañado por un esfuerzo equivalente, en la medida en que lo sea, en el porcentaje en que se fije (luego tendremos ocasión de hablar de esto), por parte de los usuarios y al que me refería en un principio.
Podemos situarlo, si a S.S. conviene, en torno a un 20 por ciento, por utilizar un porcentaje que luego voy a recoger.
Porúltimo, el tercer criterio que se deriva del principio fundamental sería, desde mi punto de vista, que esta política de corresponsabilidad financiera universitaria debiera ir acompañada por una intensificación en la política de becas, de tal manera que las desigualdades que socialmente se producen no impidieran el acceso a nadie por razones económicas a unos estudios universitarios de calidad.
Pues bien, señoría, sentados estos tres principios sobre los que creo que puede darse un acuerdo general sin mayores problemas, el Gobierno se planteó la conveniencia de actualizar la contribución del estudiante universitario a la financiación de ese servicio público y teniendo en cuenta que se había producido un desfase en esa contribución, del que no sé si en la comparecencia a la que S.S. aludía he llegado a hablar pero al que me he referido en más de una ocasión ante una pregunta oral en esta misma Cámara. Por citar un dato, diré que en 1985 la participación de las tasas universitarias en la financiación de la universidad superaba ampliamente el 20 por ciento, era el 21,6 por ciento. En 1993 este porcentaje estaba situado en menos del 20 por ciento, en un 17,5 por ciento. Se había desfasado, por consiguiente, esta participación y esto provocó que por parte del Ministerio de Educación y Ciencia se dictase una orden ministerial, que no decreto, con fecha de 23 de agosto --muy poco tiempo después, señoría, prácticamente un mes después de tomar posesión de su cargo el Ministro que le habla, con lo cual no creo que pueda hablar se de especiales retrasos en este caso-- fijando el aumento de las tasas universitarias sobre las tarifas del año pasado en un 12 por ciento de incremento.
Sin embargo, de forma simultánea se actúa sobre la política de becas, actualizando, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permiten, algunas de las cuantías que S.S.
correctamente ha citado. Efectivamente, sube en un 5,6 por ciento la ayuda compensatoria, que se queda en 249.000 pesetas. Los desplazamientos quedan como S.S. ha dicho, pero S.S. no ha indicadolos que me parecen datos más importantes en relación con la política de compensación para los estudios universitarios por la vía de becas. Las becas por residencia, señoría, suben en más porcentaje del que ha indicado, exactamente, el 7,14 por ciento. Pero, fundamentalmente, el umbral para obtener becas para matrícula gratuita, que en el próximo curso van a afectar --ya lo he repetido-- a entre 250.000 y 300.000 de los aproximadamente 1.300.000 estudiantes universitarios que vamos a tener al inicio del curso que viene; el umbral para obtener matrícula gratuita se eleva exactamente en 13,6 puntos, más que la subida de las tasas universitarias. Dicho en otras palabras, si el año pasado para tener derecho a matrícula gratuita una familia española tipo de cuatro miembros necesitaba ingresar no más de 2.600.000 pesetas, ese umbral queda para este curso elevado a 3.000.000, lo cual supone un aumento sustancial y, sobre todo, que no se puede desconocer cuando se habla de políticas sociales en esta materia. Aproximadamente, señoría, 20 o 22 de cada 100 alumnos que estudiarán este año en la universidad tendrán derecho a una exención de matrícula.
Es verdad que, trabajando con la media de los 12 puntos de incremento en las tasas universitarias, hemos detectado algunas desviaciones a la hora de aplicar la Orden ministerial de 23 de agosto; desviaciones que son producidas --ya lo he explicado también-- por la entrada en vigor, de una manera masiva, de los nuevos planes de estudios de las enseñanzas no renovadas, muchas de las cuales no se sitúan en el límite medio del número de créditos, sino que aumentan su carga lectiva, incluso al máximo de lo permitido por la legalidad, y otras de las cuales, bien es verdad que las de ciclo largo pero unas cuantas --número que no puedo determinar en este momento, pero bastante elevado--, pasan de seis a cinco años o pasan de cinco a cuatro años, lo que supone que la carga lectiva del primer curso sea superior y, por consiguiente, la matrícula se encarezca. Esta es la razón de las desviaciones que se han producido, sin que ello quiera decir que la media del 12 por ciento se hubiera alterado como tal media.
En un primer momento, es verdad que se pensó en corregir las desviaciones más exageradas que afectaban

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a esas siete u ocho licenciaturas a las que S.S. ha aludido anteriormente, y que sea nunció que se pensaba actuar en esta materia. Sin embargo, nunca, señorías, se llegaron a cursas instrucciones. Tan sólo se anunció que se pensaba actuar en esas siete u ocho licenciaturas, actuación que a mí me hubiera parecido insuficiente --por eso la solución final ha sido otra-- en función no de la naturaleza del problema sino del clima social que estas desviaciones habían generado y que, en mi consideración, podían llegar a empañar el entendimiento, por parte de la sociedad y de los universitarios, de una reforma tan importante como es la que, de verdad, este año entra en la universidad española con la estructuración de los nuevos planes de estudio. Por esta razón, tras dialogar con las organizaciones estudiantiles, tras dialogar con el Consejo de Universidades ayer tarde, tras informar en más de una ocasión a SS.SS., tras dialogar con las administraciones educativas, es decir, con los responsables de algunas comunidades autónomas, se decidió generalizar la medida de recuperar la posición del 12 por ciento de aplicación lineal para el primer curso también para las enseñanzas renovadas.
Quiere esto decir que para el curso que viene, y es la solución que he encargado que se establezca a los órganos competentes para el caso, que son los de la Secretaría de Estado de Universidades de mi Departamento, las enseñanzas renovadas de primer curso para este año seguirán las tarifas de las enseñanzas no renovadas, incrementadas unas y otras, naturalmente, en un 12 por ciento, tal como se había previsto al principio, pero que da un abanico de precios que se sitúa entre las 55.500 pesetas --creo recordar-- y las 88.600 pesetas, de tal manera que la matrícula de un alumno que curse la carrera más cara en estos momentos en España según su grado de experimentalidad supone un gasto mensual en torno a las 7.500 pesetas de desembolso. Esta es la realidad para el primer curso del año que viene, tanto en las enseñanzas no renovadas cuanto en las enseñanzas renovadas. La orden ministerial se publicará esta misma semana, en cuanto se solucionen una serie de cuestiones de carácter técnico.
Se trata, señoría, de una medida para este curso, de una medida por consiguiente en este sentido provisional, de tal modo que ayer ante el pleno del Consejo de Universidades --y se viene haciendo con las organizaciones estudiantiles-- comprometí el inicio de un diálogo para afrontar los retos que encara nuestra universidad en orden a la búsqueda de criterios de coordinación, de planificación y también de financiación que puedan ser homogéneos en el conjunto del territorio español, por una parte, y que, por otra, puedan ser socialmente entendidos y asumidos. Estas conversaciones se iniciarán en cuanto el curso comience y espero que den el resultado apetecible. Todo ello, señoría, sobre la base del diálogo que no hetenido que interrumpir --aunque lo hubiera hecho muy gustoso-- paravenir a esta Cámara a responder a la interpelaciónde S.S.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor González Bláquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Voy a ser breve, señor Presidente, porque, entre otras cosas, no quiero soliviantar al señor Ministro en un momento de diálogo y quiero que vaya relajado al diálogo con los estudiantes.
Ya le he dicho, en nombre de Izquierda Unida que no vamos a ser más papistas que el Papa y por encima de las cifras que él tiene y yo tengo y que no coinciden, evidentemente, ni en política de becas ni en política de tasas, aceptaremos aquello que mejor acuerden entre las partes, aunque estaremos vigilantes para que no engañe a los chicos porque los que pagamos somos los padres.
El señor Ministro ha dejado clara una situación, que él va a hacer una política progresista en educación en la medida de que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Ahí está el quid de la cuestión. Estamos --como decía ayer el señor Ministro-- en la zona de descenso, en el porcentaje de PNB para educación entre los países de la CEE. Sólo tenemos un país detrás de nosotros; estamos en la zona de descenso.
Lógicamente lo que tienen que hacer los presupuestos es elevar a mejores puestos.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señor Presidente, muchas gracias.
Señoría, es verdad, ayer hemos hablado de la conexión presupuestaria del problema. Por supuesto que haré la política que mejor convenga a todo el conjunto de la sociedad española en materia educativa desde los planteamientos que tenemos los socialistas. El contexto presupuestario, señoría, es el que es. Yo ayer me comprometí a una mejor gestión de los dineros que la sociedad española ponga a mi disposición para llevar adelante las responsabilidades de dirección de la educación en España en todos sus niveles, una mejor gestión, así como la priorización de aquellas cuestiones que tengan mayor interés social dentro del conjunto de las políticas que se llevan a cabo en el Ministerio de Educación y Ciencia.
Nada más, señoría. Señor Presidente, muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, en esta tardía hora rayana en lo deportivo, quiero fijar posición en nombre de mi Grupo sobre esta interpelación en relación con las tasas, que en el fondo no es sino la crónica de una revisión anunciada, porque ya se veía que era imposible mantener la organización, por llamarla de alguna manera, que se había puesto en marcha sobre las tasas.
Señor Ministro, creo, en primer lugar, que no cabe discutir cuál debe ser la participación de los alumnos en la financiación de la enseñanza universitaria bajo la presión de recortes presupuestarios. Si usted reúne a los rectores en el Consejo de Universidades, no es lo mismo que les pregunte, en general, qué porcentaje consideran que deben asumir del precio de la enseñanza universitaria de los estudiantes que el que ellos estén sumidos en una dinámica en la cual el problema es de dónde van a sacar el dinero. Ante esta situación el diálogo está absolutamente trucado. Le voy a dar simplemente algunos datos de sus presupuestos, comparando 1993 con 1992.
En la Universidad de Alcalá de Henares aumentan los alumnos 3,3 puntos; gastos de funcionamiento que les da el Gobierno, -1,5. En la Universidad de Castilla-La Mancha aumentan los alumnos 38,8; los gastos de funcionamiento aumentan cero pesetas. En León aumentan los alumnos 4,4; gastos de funcionamiento, -3,7. En la Politécnica de Madrid aumentan los alumnos 2 puntos; gastos de funcionamiento, -3,7. Así no se puede hablar de cuál es la racional participación de los alumnos de la enseñanza. Por otra parte, habría que aclarar cómo calcula usted el costo de la enseñanza universitaria, porque si resulta que todo lo que se gasta en la universidad debe entenderse que forma parte del costo de un puesto escolar, da la sensación de que la universidad se ha convertido en una institución escolar. La investigación parece que sirve a la sociedad para algo más que para enriquecer las clases que reciben los alumnos de la universidad. No nos ha explicado muy bien por tanto cómo calcula usted el costo del puesto escolar. En todo caso, tenga clara la postura de nuestro Grupo.
Nuestro Grupo nunca apoyará subidas de tasas superiores al índice de precios, que son las que hasta ahora se han mantenido siempre, si no se aumentan las subvenciones y las inversiones a las universidades de modo que se garantice un aumento de la calidad. Ustedes últimamente se están convirtiendo al mercado pero con un fanatismo un poco excesivo, propio del converso. Si usted ofrece algo con más calidad, es lógico que pida un mayor precio; ahora, lo que usted no puede es aprovecharse de un mercado cautivo para poner el precio que le dé la gana dando lo mismo con menos calidad. Eso no lo puede hacer y no tiene nada que ver con ningún sistema de mercado que se precie.
Dijo usted primero que iba a compensar, vía subvención, a las universidades que tuvieran que renunciar a algunos ingresos con motivo de la revisión de la orden ministerial. Hoy ha dicho aquí, a preguntas de este Diputado, que no piensa compensar a ninguna universidad, sino que sólo se compromete a que las subvenciones no sufran merma, y ayer en Comisión ya anunció que las inversiones van a sufrir una merma. En este plan usted no tiene autoridad moral ninguna para subir las tasas ni una peseta, así de claro, porque no estamos hablando de si es justo o no; estamos hablando de qué ofrece usted a cambio, y no ofrece nada que justifique esa actitud.
Además, hay otro componente, que es el de las becas. Yo he expuesto aquí unos datos sobre becas que usted no ha sido capaz dedes mentir, porque los datos son suyos. Este año hay 41.720 becas menos para universidad en los presupuestos de 1993 que en los de 1992. Por tanto, no me hable usted de porcentajes que, aislados, no son significativos. Explíque me por qué este año hay 41.000 becas menos para la universidad que el año pasado.
Ha hablado usted de que el año que viene --ha dicho el curso que viene, cosa un poco etérea-- van a tener exención de tasas de 250.000 a 300.000 alumnos. Para empezar, ya la previsión mueve a la risa, con una variación de sólo el 25 por ciento son unas previsiones muy ajustadas. Yo sólo le digo una cosa: en los presupuestos de 1993 estaban previstas exenciones de tasas para 208.850 alumnos; no sé de dónde va a sacar los 100.000 restantes. Las que estaban previstas para 1993 eran inferiores en 7.338 a las del año anterior; vamos bajando y, sin embargo, usted dice que esto mejora. Es un sistema muy original que ustedes han patentado pero que yo no acabo de entender.
Señor Ministro, hay que replantear el problema del cálculo del precio por créditos. No es cierto, como ha afirmado hoy usted aquí, que las nuevas titulaciones estén compuestas de créditos, no es verdad; como tampoco lo es que una carrera sea examinarse 25 o 50 veces. Tampoco es verdad, aunque uno se examine. Los currículos están formados por asignaturas, hasta el punto de que haya signaturas troncales. Uno no puede hacer un número de crédito sin determinado, no; está vinculado a determinadas asignaturas, bien lo saben los profesores que han peleado porque las suyas sean troncales. Lo lógico sería un sistema de pago por asignatura, con una enorme flexibilidad en cuanto a los créditos, porque no tiene ningún sentido vincular a la hora de clase el dinero como si se tratara de clases particulares o academias; esto es otra cosa. En todo caso, para

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determinadas asignaturas que desborden unos topes muy elevados de créditos, se puede permitir un índice corrector como puede ser el de la experimentalidad, pero sin mayor alcance. Señor Ministro, lo que usted tiene que hacer, sobre todo, es abrir de una vez un debate, afrontando políticamente la realidad, sobre la selectividad y el acceso a la universidad, porque ustedes han reducido la selectividad a puro acceso a la universidad; la selectividad sólo sirve para ordenar flujos de alumnos que llegana la Universidad, y ustedes han descubierto una fórmula originalísima. Como les parece poco popular establecer sistemas serios de control académico de permanencia en la universidad como los ha habido en otras épocas, de necesidad de aprobar las asignturas en determinado tiempo, etcétera --por lo visto, a ustedes les parece represivo a juzgar por cómo han planteado la LOGSE--, ustedes dicen que no es educado decirle a un señor que nos irve, sobre todo cuando los demás le estamos pagando. ¡No! que damás fino decirle: Usted no se puede permitir ese lujo porque usted no tiene el dinero suficiente para pagar una cuarta matrícula. Ha tenido que venir un Gobierno socialista para establecer que aquí el que tenga dinero puede estar en la universidad el tiempo que quiera, ahora bien, el que no lo tenga será expulsado inmediatamente. Esa es, por lo visto, la política socialista de permanencia en la universidad (Rumores.) Me remito a los datos. Me remito a los datos que hacen que una asignatura cueste más que un curso entero. No, señor. Para ser fieles a lo que usted mismo acaba de decir aquí hay que establecer unos controles de capacidad, al margen del dinero que tenga la criatura. (Un señor Diputado: ¡Vas por mal camino!) Por ahí estaremos de verdad haciendo una política seria. Porque parece mentira que mientras que un Ministro socialista actúe así, tengan que ser rectores, que no tienen fama de socialistas, los que propongan tasas que tengan que ver con la renta familiar y que desgraven. Aquí se ve que hay algunos papeles cambiados.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, vaya terminando.


El señor OLLERO TASSARA: Voy a terminar, señor Presidente, diciéndole, señor Ministro, que aquí lo queha quedado claro, por cómo han llevado ustedes todo este problema, es que primerodisparan y luego apuntan.
Dice usted que ha habido desviaciones de las previsiones. No, señor Ministro, sea sincero; no ha habido previsiones. El señor Secretario de Estado se ha ido enterando de los datos relevantes del problema por la prensa. Esa es la realidad, no los había estudiado. Usted le ha dicho ahora que los estudie, le ha puesto deberes al señor Fereres. Me parece muy bien.
Hágale escribir cienveces: No daré una orden ministerial sin estudiar primero sus consecuencias. Hágalo, le hará un favor.
Sobre todo, una última petición, señor Ministro. Yo no le voy a pedir que cese al señor Secretario de Estado porque sé que lo va a hacer. Yo le voy a pedir que no practique el «prietas las filas». Su Presidente del Gobierno lo practicó en una ocasión, en un casomás grave que éste, acabó cesando al que estaba implicado y acabó deteriorando gravemente a su partido por esperar. No deteriore usted la gestión de su Ministerio manteniendo a un señor que notiene ni transparencia, porque se dedica a hacer apaños con los rectores intentando no modificar una orden que ha acabado modificando, y que cada vez que da un dato se lo desmienten al día siguiente en el periódico.
Señor Ministro, creo que le he dado argumentos bastante serios. De todas maneras, para facilitar la tarea al señor Lazo, que parece que va a intervenir ahora y que lleva una semana muy ajetreada por razones que no son del caso, voy a acabar con una broma para que pueda descalificar mi intervención tachándola de chascarrillo. Señor Ministro, que no le pase como al Presidente de ese club de fútbol, otrora glorioso, que, por no tomar decisiones a tiempo, actualmente a su equipo le llaman el trueno, porque a estas alturas ya va detrás del Rayo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, el Pleno se reanudará mañana a las nueve horas.
Se suspende la sesión.


Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.

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