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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 20, de 26/10/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 20 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 18 celebrada el martes, 26 de octubre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Parlamento de Canarias, sobre modificación de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y actualización de los Puertos Francos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 9.1, de 16 de julio de 1993 (número de expediente 125/000008) (Página 654)

Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:

--Del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo (número de expediente 121/000014) (Página 666) --Modificaciones en el orden del día de la sesión (Página 666) Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):

--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de Comercio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 10.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente 122/000002) (Página 667)

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Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a tomar para mejorar la situación por la que atraviesan los pescadores españoles de bonito. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 6, de 14 de septiembre de 1993 (número de expediente 162/000017) (Página 674) --Del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno a negociar ante la Comunidad Económica Europea (CEE) la prohibición definitiva de las volantas para la captura de túnidos a partir del 1 de enero de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 13, de 4 de octubre de 1993 (número de expediente 162/000031) (Página 674)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre política de tasas universitarias realizada por el Gobierno y los cambios necesarios en la misma para garantizar el acceso a la enseñanza superior pública de todos los españoles. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 17, de 8 de octubre de 1993 (número de expediente 173/000006) (Página 681) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en relación con el Mercado de Trabajo para detener el proceso de destrucción de empleo y activar la creación del mismo.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 17, de 8 de octubre de 1993 (número de expediente 173/000007) (Página 688) --Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre el sector agrario y las medidas de política general previstas por el Gobierno en beneficio del mismo.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 17, de 8 de octubre de 1993 (número de expediente 173/000008) (Página 696) (Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 21, de 27 de octubre de 1993.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 654)

Del Parlamento de Canarias, sobre modificación de los Aspectos Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y actualización de los Puertos Francos (Página 654)

En nombre del Parlamento de Canarias defiende la proposición, en primer lugar, el Diputado de aquella Cámara señor Brito González, que destaca las singularidades de aquellas islas, lo que les coloca en situación no competitiva con otros enclaves marítimos. Alude al contenido del Real Decreto de 11 de julio de 1852 y la justificación que daba Bravo Murillo para su promulgación, así como a las modificaciones posteriores de cara a promover el desarrollo económico y social del Archipiélago, razones todas ellas válidas en este momento para tomar en consideración la iniciativa que se somete a la decisión de esta Cámara.
Continúa la defensa de la proposición de ley el Diputado del Parlamento Canario señor González Vieitez, aludiendo a la situación económica canaria como una economía alejada, pequeña y fragmentada, sin materias primas, caracterizándose por ser una economía abierta, frágil y dependiente. Añade que para luchar contra las desventajas de aquella economía peninsulares e isleños han ido construyendo un régimen económico y fiscal de carácter jurídico constitucional al tratarse de una ley paccionada. Menciona, por otro lado, el hecho de que se encuentren probablemente en la crisis más profunda de las últimas décadas, como lo demuestra la elevada tasa de paro en aquellas Comunidades, que, en su opinión, está demandando una solución similar a la arbitrada para Extremadura y Andalucía a través de planes específicos contra el desempleo.


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Completa la defensa de la proposición de ley, en nombre del Parlamento Canario, el señor Ucelay Sabina, manifestando que la tramitación de esta reforma de los aspectos económicos de la Ley 30/72, de Régimen Económico y Fiscal, es consecuencia lógica y necesaria, aunque desgraciadamente tardía, de la integración plena de Canarias en la Comunidad Económica Europea. Reconoce que la respuesta comunitaria a la nueva situación ha sido comprensiva, pero no así la respuesta legislativa española para sustituir al obsoleto régimen económico y fiscal. Precisamente a la actualización de este tradicional régimen fiscal de las islas se dirige la proposición que ahora defiende, estableciendo un sistema compensador del transporte, condicionante básico de la insularidad, a fin de equipararse a las regiones continentales. Menciona otras ventajas contenidas en el articulado de la proposición de ley y termina solicitando, en nombre del Parlamento canario, la toma en consideración de la misma y su posterior aprobación con aquellas mejoras que puedan superar el texto presentado y alcanzar más fácilmente los objetivos propuestos.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Romero Ruiz, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Popular, y Martinón Cejas, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley debatida por 300 votos a favor y uno en contra.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 666)

Del proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por el Desempleo (Página 666)

El señor Presidente manifiesta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento de la Cámara, se somete al Pleno la avocación de la deliberación y votación final correspondiente al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo.
Se aprueba por asentimiento dicha avocación.


Modificaciones en el orden del día de la sesión (Página 666)

El señor Presidente informa al Pleno que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, se somete al Pleno la modificación del orden del día de la presente sesión consistente en la exclusión del punto 2, proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre creación de la provincia de Catalunya, y el punto 63, debate de totalidad del proyecto de Ley de plantillas de las Fuerzas Armadas.
El Pleno aprueba por asentimiento dichas modificaciones del orden del día.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) (Página 667)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de Comercio (Página 667)

En defensa de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Roca i Junyent, que comienza recordando algunas de las magnitudes que acompañan y definen la importancia del tema que se pretende regular. Así, por ejemplo, el sector del comercio representa casi un 12 por ciento del producto interior bruto de este país y emplea a un 14 por ciento de nuestra población activa. La magnitud de estas cifras revela la importancia de la regulación que van a proponer.
Adelanta que esta regulación en modo alguno debe ubicarse simplemente en la solución de un problema coyuntural que actualmente está causando cierta polémica en la vida pública, pues la proposición es mucho más que la regulación de los horarios comerciales, afectando a otras muchas cuestiones, que van desde la necesidad de regular lo que puede ser la actividad del ejercicio del comercio hasta todo lo referente al urbanismo comercial y otros aspectos varios. Afirma que la ausencia de una regulación que marque unos mínimos básicos para el conjunto de España hace aconsejable que este Congreso afronte hoy una regulación que desde hace mucho tiempo se viene demandando por el sector.
Añade el señor Roca que para facilitar la toma en consideración de la proposición de ley es voluntad de su Grupo que la misma pueda ser ampliamente modificada, si los señores Diputados lo desean, ya que lo importante es que se alcance un consenso

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sobre una norma que sea de aplicación general y pacífica y que venga a resolver problemas que afectan de manera muy clara a este gran colectivo que es el sector del comercio, y a la vez, al interés general de los consumidores y de la sociedad.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo Coalición Canaria; Frutos Gras, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del Grupo Popular, y la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley debatida por 300 votos a favor.


Proposiciones no de ley (Página 674)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a tomar para mejorar la situación por la que atraviesan los pescadores españoles de bonito (Página 674)

Del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno a negociar ante la Comunidad Económica Europea (CEE) la prohibición definitiva de las volantas para la captura de túnidos a partir del 1 de enero de 1994 (Página 674)

En defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular interviene el señor Fernández de Mesa Díaz del Río, manifestando que presentaron la proposición en la Cámara el pasado 17 de agosto, en el momento en que la situación por la que atravesaban nuestras flotas de pescadores de túnidos en el Cantábrico se encontraban en el momento más conflictivo.
Considera el Grupo Popular que, debido a la integración de España en el Mercado Común, los pescadores de bonito de la cornisa cantábrica suprimieron el arte de pesca de volantas de deriva, dado que su erradicación fue exigida por las autoridades de Bruselas, mientras que las autoridades europeas no han conseguido que el resto de los países integrantes de la Comunidad que faenan en las mismas aguas en las que se encuentran faenando las flotas del norte de España hayan erradicado este tipo de volantas, con el consiguiente perjuicio para nuestros pescadores.
El Grupo Popular solicita que, a través de esta proposición no de ley, a partir del 31 de diciembre del año en curso no se pueda pescar con las volantas de deriva, evitando así que nuestras flotas boniteras del norte se encuentren en inferioridad de condiciones con las de otros países que atraviesan por momentos difíciles. Se trata de más de quinientas embarcaciones que representan más de siete mil puestos de trabajo directos en el mar, e indirectamente cerca de 30.000 familias, por lo que creen necesario realizar todo el esfuerzo para que se defiendan de manera clara los intereses de nuestros pescadores.
Pide a todos los grupos de la Cámara el apoyo a esta proposición no de ley, que no hace otra cosa que defender los intereses de los pescadores españoles, en este caso concreto de la flota del Cantábrico dedicada a la pesca de túnidos, que sin duda está atravesando por un mal momento y que de no atajarse tendría graves consecuencias y mandaría al paro seguramente a tantas familias como las de otras industrias que están viendo estos días que no están atravesando por sus mejores momentos.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV) interviene el señor Gatzagaetxebarría Bastida, solicitando que el Gobierno central participe activamente en el proceso de formación de la voluntad comunitaria dirigida a la definitiva prohibición de la utilización de las redes de deriva de volantas por la flota francesa en la pesca de los túnidos.
Alude al fuerte conflicto surgido durante el verano entre las flotas francesa y española que faenan en aguas del Atlántico nordeste y al impacto negativo que tiene el uso de las redes de volantas, por lo que su Grupo propone a la Cámara que se inste al Gobierno a negociar la definitiva prohibición del uso de esas redes a partir del 31 de diciembre de 1993.
El señor Méndez Martínez, en nombre del Grupo Socialista, defiende las enmiendas presentadas a estas proposiciones no de ley.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista y de los que resultan del propio debate, es aprobada por 297 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV), en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, se aprueba por 280 votos a favor, uno en contra y una abstención.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 681)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política de tasas universitarias realizada por el Gobierno y los cambios necesarios en la misma para garantizar el acceso a la enseñanza superior pública de todos los españoles (Página 681)

El señor González Blázquez defiende la moción del Grupo de Izquierda Unida, recordando que en el debate anterior expresó su deseo de que no fuera necesaria la presentación de la misma porque las autoridades educativas hubieran llegado a una solución del conflicto que hoy tienen planteado. El propio señor Ministro de Educación anunció la publicación de una orden ministerial como medida provisional para este curso, de acuerdo con las partes, que daría una solución al conflicto.
Es evidente que la orden ministerial se ha publicado, pero también lo es que el conflicto no se ha solucionado porque dicha orden ministerial no satisface más que a una pequeña parte de las organizaciones estudiantiles. El Ministerio ha cerrado en falso la herida y los estudiantes, en su mayoría, están fuera del acuerdo, por lo que, una vez más, no ha dado fruto la política de división que se ha implantado en ese Ministerio en algunas ocasiones para solucionar los temas pendientes.
A continuación expone el señor González Blázquez los términos de la moción, cuyo sentido considera que sigue más vigente que nunca porque en el proyecto de Presupuestos Generales las cifras destinadas a la Universidad vuelven a decrecer, con lo que puede afirmar que la educación universitaria no es una prioridad para el Gobierno en un momento de incremento del número de alumnos universitarios y de implantación de nuevos planes de estudio.
Para fijación de posiciones interviene el señor López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Popular, y el señor Lazo Díaz, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es rechazada por 38 votos a favor, 159 en contra y tres abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato en relación con el mercado de trabajo para detener el proceso de destrucción de empleo y activar la creación del mismo (Página 688)

En defensa de la moción del Grupo Popular interviene el señor Aparicio Pérez, manifestando que si algún consenso puede existir en la Cámara es que el problema del desempleo y la creación de puestos de trabajo es el tema central, el principal problema que tiene planteado la economía española.
En este instante nuestra principal divergencia respecto a cualquier referencia de convergencia europea es precisamente nuestra tasa de paro del 22,5 por ciento y esa bajísima y preocupante tasa de actividad del 48,2 por ciento inferior incluso a la tasa de ocupación que España tenía en 1982. Si a ello se une la cifra espectacular de casi 600.000 puestos de trabajo perdidos en lo que llevamos de año, se convendrá en que una de las principales obligaciones de esta Cámara esta tarde es la de plantear, con toda seriedad y rigor, una serie de medidas que permitan afrontar esa panorama.
Alude a la falta de liderazgo en los últimos meses de la vida pública española, especialmente en relación al tema de creación de empleo, señalando que hasta la fecha lo único que parece que se va concretando es el nuevo régimen de fiscalidad que habrán de soportar los desempleados y poco más. De ahí que el Grupo Popular haya querido plantear medidas que considera razonables, posibles y que entran dentro de la acción directa del Gobierno. Se trata, por lo demás, de medidas que vienen reiterándose desde el año 1986, muchas de ellas varias veces presentadas y sistemáticamente rechazadas. Se refiere a continuación al contenido de las medidas en cuestión y que guardan relación con la productividad, la reforma necesaria de las ordenanzas laborales, la reducción gradual de las cotizaciones sociales con cargos a las empresas, lucha contra el fraude, formación profesional y contratos de aprendizaje, y termina pidiendo el apoyo de los grupos de la Cámara a la moción en cuestión.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Peralta Ortega, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Arnau Navarro, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular por 126 votos a favor, 150 en contra y 15 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT,

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su repercución sobre el sector agrario y las medidas de política general previstas por el Gobierno en beneficio del mismo (Página 696)

El señor Vidal i Sardó defiende la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió) manifestando que en la misma proponen dos grupos de resoluciones diferenciadas, unas referidas a las negociaciones del GATT y otras referidas a las medidas de política agraria española. Agrega que se trata de una moción para la supervivencia de la agricultura, explicando seguidamente las medidas concretas que postulan en los diversos apartados que integran la misma.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Espasa Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pascual Monzo, del Grupo Popular, y Roncero Rodríguez, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV).
Sometida a votación, se aprueba la moción debatida por 257 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a la diez y diez minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, SOBRE MODIFICACION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y ACTUALIZACION DE LOS PUERTOS FRANCOS (Número de expediente 125/000008)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Parlamento de Canarias, sobre modificación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias y actualización de los puertos francos.
Para la defensa de la proposición, en nombre del Parlamento de Canarias, tiene la palabra, en primer lugar, don Oswaldo Brito González.
El señor BRITO GONZALEZ (Diputado del Parlamento Canario): Señor Presidente, señorías, al ocupar hoy esta tribuna para participar juntamente con otros dos Diputados autonómicos en la defensa de la proposición de ley de modificación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias, a propuesta de Parlamento de Canarias, no sólo asumo la honrosa función institucional que ello representa, sino asimismo la responsabilidad de transmitir a SS.SS. algunas claves esenciales que nos permitan solicitar su apoyo en la tramitación parlamentaria de una ley que definirá el futuro de Canarias y los canarios.
En 1852 don Juan Bravo Murillo, Presidente del Gobierno español, en un lúcido y completo diagnóstico del hecho diferencial canario, afirmaba en el preámbulo justificativo del Real Decreto de 11 de julio de ese mismo año: Sea cual sea el sistema que prefiera en opinión de cada uno, nadie podrá negar que las condiciones mercantiles de las Islas Canarias son esencialmente distintas de las que concurren en la península.
Tan certera percepción no era producto del azar institucional o simple evidencia de la fina sensibilidad política del estadista. Una larga historia de singularidades, política y jurídicamente asumida, hunden sus raíces en la temprana conquista y colonización de las islas, franquicias y exenciones en pechos y alcabalas, aranceles mínimos o intercambios comerciales para, no sin tensiones, en el complejo sistema del antiguo régimen de la modernidad hispana, extender su alcance a reiteradas excepciones en el régimen del monopolio indiano y en el comercio constante con los países europeos, aun en etapas de rígido aislamiento hispano. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Brito.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Brito.


El señor BRITO GONZALEZ (Diputado del Parlamento Canario): Gracias, señor Presidente.
Bravo Murillo era consciente, por lo demás, de la fuerte y continuada presión isleña, embrionaria desde la capa ilustrada y explícita en la primera mitad de la pasada centuria, así expresada por las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y el Real Consulado de Canarias, Junta de Comercio, Diputados en las Cortes gaditanas y del trienio liberal, Diputación Provincial, etcétera, que insistían en la necesidad de recuperar la singularidad consolidada en siglos anteriores, cuestionada por la traumática irrupción de las ideas uniformizadoras y centralistas, vinculadas al modelo del Estado liberal en el ámbito hispano. Realidad que, ante la temprana fase de confrontación entre librecambistas y proteccionistas, colocaba al archipiélago en situación no competitiva con los puertos y áreas francas implantados en el primer tercio del pasado siglo

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en enclaves marítimos y comerciales estratégicos del Atlántico, como es el caso de Madeira, Cádiz, Cabo Verde, Dakar, etcétera, como reconoce el propio estadista al afirmar lo siguiente: El origen de esta situación --habla por supuesto de la problemática que existe en este momento en el archipiélago-- está por averiguar. Si las naves se alejan de aquellas costas es porque no encuentran allí alicientes para la carga ni para la descarga, es porque no hay un mercado más extenso que las limitadas exigencias de la población, es porque tienen señalados recargos gravosos, es porque se hallan sujetos a formalidades incómodas... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Brito. Le ruego me disculpe. Señorías, ruego guarden silencio. Es imposible desarrollar las sesiones en estas condiciones. Advierto que si no es posible mantener un mínimo de silencio suspenderé la sesión. Cuando quiera, señor Brito.


El señor BRITO GONZALEZ (Diputado del Parlamento Canario): Muchas gracias, señor Presidente. Continúo con el texto de don Juan Bravo Murillo, interrumpido en esta situación: es porque tienen señalados recargos gravosos, es proque se hallan sujetos a formalidades incómodas, es, finalmente, porque en otros puntos extranjeros, aunque incomparablemente menos ventajosos, se les ofrecen mayores facilidades y economías. A partir del Real Decreto de 11 de julio de 1852, una vez frustrado el episódico libre arancel de comercio de 1830, la historia de la franquicia y libertades comerciales canarias se ha incorporado al acervo normativo y constitucional del Estado español. Su confirmación y actualización se producirá a través de diversos instrumentos legislativos, como la ley de 22 de junio de 1870, la ley de 6 de marzo de 1900 y, por supuesto, la ley 30/1972, de 22 de julio, del Régimen Económico y Fiscal. Una realidad reforzada en el reconocimiento constitucional a través de la disposición adicional tercera de la Constitución Española y reconocido el «status» singular incorporado por el Reglamento de la Comunidad Económica Europea 1911/1991, y el programa de opciones específicas para la lejanía e insularidad de Canarias, conocido como Poseican.
Más recientemente, la ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del REF, en su exposición de motivos, precisaba que las medidas incorporadas a ella deben completarse en un futuro próximo con las que establezca la ley que ha de regular los aspectos económicos con la finalidad de promover el desarrollo económico y social del archipiélago. Por todo ello, señorías, no nos encontramos ante la agraviante solicitud de un privilegio o la pretensión discriminatoria para el resto de los pueblos del Estado español de un «status ex-novo»; muy al contrario, sólo pretendemos, al igual que en 1478, 1852, 1900 y 1972, la ratificación y actualización de un régimen de franquicia y apoyos económicos y fiscales capaces de alcanzar un único objetivo: promover el desarrollo económico y social del archipiélago, realidad alejada y fronteriza en el Atlántico sur, por más que algunos cartógrafos y políticos hayan hecho verdaderos esfuerzos para situarnos con frecuencia remarcados en el Mar Mediterráneo. Sin olvidar, por respecto a la realidad histórica, la asunción, no gratuita por la sociedad canaria, de superiores obligaciones fiscales y recaudatorias, en un primer momento, recargos en las contribuciones y mantenimiento del déficit posible de la renta de aduanas, o a través del decisivo papel desempeñado por los Cabildos insulares en su frecuente papel sustitutivo de las obligaciones inversoras y de gasto estatal en las islas.
Termino, señor Presidente, señorías, asumiendo la plena virtualidad, a pesar de los 141 años transcurridos, de la convicción de don Juan Bravo Murillo al proponer: Declárense puerto franco las islas Canarias y todos estos inconvenientes desaparecerán. Sueltas las trabas que embarazan ahora la acción mercantil, se formará allí, naturalmente, un centro de contratación, acudirán los capitales, se crearán establecimientos, se fomentará el trabajo y aquellas islas ahora olvidadas serán el enlace y el punto de comunicación de apartados continentes. Sólo cabe precisar --para dar paso a la intervención de los dos compañeros que representan al Parlamento-- la visión del estadista de la pasada centuria, el olvido de la realidad canaria parece que empieza a ser superado. Hoy, señorías, es una magnífica oportunidad para confirmarlo. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Brito. Tiene la palabra don Antonio González Vieitez.


El señor GONZALEZ VIEITEZ (Diputado del Parlamento Canario): Buenas tardes a todos. Señor Presidente, agradezco muchísimo las llamadas de atención que ha hecho, porque en el Parlamento de Canarias al menos tenemos una costumbre inveterada, y es escuchar con atención y con respeto a aquellas personas que están en el uso de la palabra, fundamentalmente si vienen a visitarnos. Mi compañero acaba de explicar algo que seguro todos ustedes conocen, y es que la historia evidencia de una manera rotunda el hecho nacional canario. Estas propias paredes y esta propia cúpula han escuchado en el siglo pasado, este siglo, durante la dictadura, durante la democracia, reflexiones respecto a ello. ¿En qué se basa ese reconocimiento? Fundamentalmente en una situación económica.
Somos una economía alejada, más

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allá del mar; somos una economía pequeña y fragmentada, sin materias primas, y a eso se añade un proceso de especialización productiva tremendamente precoz y que hizo que los monocultivos y sus crisis recurrentes labrasen en la piel de todos los canarios el trauma de la emigración. Todo esto origina una caracterización de nuestra economía como abierta, frágil y dependiente. Ese tipo de desventajas son expresables clarísimamente, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en los últimos ocho años respecto a la fragilidad de nuestra economía. Dando cifras e información del Fondo de Investigación Económica y Social, «Papeles de Economía», Canarias, en el quinquenio 1985-1989, es la Comunidad Autónoma de toda España que más crece, con mucho; en pleno «boom» turístico, crecimiento especulativo, sin ningún tipo de contrapartidas, ni siquiera en el empleo. En cambio, en el último trienio, en los años 1990-1992, es la Comunidad Autónoma que menos crece; en un año se pasa de ser el número uno a ser el último. Para luchar contra todas estas desventajas y superarlas, peninsulares e isleños hemos ido construyendo un régimen económico y fiscal que hoy constituye nuestro acervo histórico y que tiene fundamentalmente dos características: una, de carácter jurídico-constitucional, que a nuestro juicio no cabe ninguna duda de que se trata de una Ley paccionada; se trata de un pacto histórico. Cuando se lee la disposición adicional tercera que este Congreso aprobó en las constituyentes, se indica que la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma. Exactamente las dos primeras disposiciones adicionales eran territorios forales y la tercera Canarias. La situación que tenemos en estos momentos es que, aparte de esa explicación de carácter constitucional, hay una económica importante. El REF tiene como finalidad que lo que hemos inventado los seres humanos, que son instrumentos económicos y fiscales, los coloquemos en Canarias para compensar el coste de la insularidad que se origina por la falta de espacio continuo continental. Nosotros no podemos hacer trasvases Tajo-Segura, no podemos importar energía eléctrica de Francia; la escala de nuestra economía marca clarísimamente enormes deficiencias. En esta dirección es un poco donde el REF básicamente intenta realizar atractivos para atraer actividad, fortalecer la renta de situación y luchar contra el coste de la insularidad. Hay una constante histórica. Siempre que en Canarias hemos estado sumidos en una crisis o hay una mutación en el Atlántico que a nosotros nos toca, como ahora, con la integración de España en la Comunidad Europea, inmediatamente la sociedad isleña ha enviado a este Parlamento a sus diputados para, juntamente con ustedes, arreglar, a mitad del siglo pasado, en 1900, en 1972, lo que representa nuestro acervo histórico. Ahora se dan esas dos circunstancias. Estamos probablemente en la crisis más profunda de las últimas décadas y, además, en el escenario de la integración plena en la Comunidad Europea. Respecto a la mutación europea, el otro Diputado va a hablar de ella y no me voy a extender; sí en lo que representa la crisis. Para poder valorarla deberíamos hacerlo con el elemento que mide mejor la calidad de la vida, que es el paro. Quiero dejar constancia aquí, señores Diputados, y creo que ustedes lo saben, que hay dos métodos de medir el paro. Uno, la encuesta de población activa. De acuerdo con ella, Canarias es la tercera comunidad autónoma en paro. Otro, la del paro registrado en el INEM.
Desgraciadamente, de acuerdo con este segundo registro, la Comunidad Autónoma Canaria es la primera en paro en 1992 y en lo que llevamos de 1993. Quiero decir con ello que este Parlamento es tremendamente consciente, que para Extremadura y Andalucía se han creado planes específicos contra el desempleo, al margen de cómo hayan funcionado, y que la situación canaria está demandando una solución similar. ¿Por qué tenemos este volumen de paro? Por algo sencillo, señorías: no somos competitivos. Si usamos la perspectiva mundial, la lógica en nuestra economía abierta, parece que tenemos una maldición bíblica. Siempre, siempre hay alguien que produce lo mismo que nosotros y más barato: una tonelada de plátanos, un canasto de tomates, un paquete turístico, un servicio portuario. Para hacernos competitivos en el corto plazo, esquematizando, solamente hay dos fórmulas: una, bajar los salarios directos e indirectos hasta el nivel, por ejemplo, de Guatemala; y, dos, establecer medidas económicas e incentivos fiscales que permitan que la economía en Canarias genere empleo y actividad económica. Nuestra finalidad --y queremos dejarlo bien claro-- es elevar el nivel de empleo en Canarias.
Si el régimen económico y fiscal que hoy presentamos aquí no eleva el nivel de empleo, el régimen económico y fiscal ha fracasado. Señores Diputados, la geografía y la base económica nos separan, son distintas, pero la voluntad de los pueblos, al hilo de la historia, puede unir lo diferente y lo lejano con lazos de entendimiento y cooperación, que para ser fuertes han de ser sutiles y solidarios. No queremos paraísos fiscales, no mendigamos privilegios, no queremos ser una economía subvencionada. Planteamos tratar de modo diverso lo que es diferente. Los isleños y los peninsulares continentales, es decir, nosotros y ustedes, hemos sido capaces de entendernos por espacio de más de 20 generaciones, con algún sobresalto, sí, pero nos hemos entendido y estas paredes y esta cúpula son mudos testigos de todo ello. Quienes venimos hoy de más allá del mar representando la mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias

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queremos creer, y estamos convencidos, que nuestro viejo pacto histórico está vivo. Por nosotros no ha de quedar, y de todos dependerá. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. Tiene la palabra don Francisco Ucelay Sabina.


El señor UCELAY SABINA (Diputado del Parlamento Canario): Gracias, señor Presidente. Señorías, la tramitación en las Cortes Generales de la proposición de ley del Parlamento de Canarias sobre la reforma de los aspectos económicos de la Ley 30/1972, de Régimen Económico y Fiscal, es consecuencia lógica y necesaria, aunque, desgraciadamente tardía, de la integración plena de Canarias en la Comunidad Económica Europea. Tras la reforma del Protocolo II del Tratado de Adhesión, esta incorporación, que, desgraciadamente, no ha sido pedida desde Canarias, nos llevó a un cambio en nuestro tradicional modelo económico, que quedó a resultas de él totalmente desquiciado. Ante esta situación, la respuesta comunitaria fue rápida, generosa y comprensiva. El Poseican es una muestra evidente en lo que supuso para Europa el comprender la problemática originada en las islas por este brusco cambio y a través de una larga excepción en la normativa comunitaria, que va desde el régimen especial de suministros para los productos alimenticios o la excepción arancelaria para los insumos en las actividades productivas, la no obligación de la política comercial común ni de los aranceles para productos sensibles o de la tradición comercial en las islas, como los textiles, aparatos electrónicos, de óptica o de transporte, además de una serie de medidas para la protección del desarrollo de la agricultura y de la pesca, se ha pretendido buscar soluciones a los problemas planteados desde la integración. Pero, insisto, mientras que podemos considerar comprensiva la respuesta comunitaria, la respuesta legislativa española para sustituir ya al obsoleto régimen económico y fiscal, tras las anteriores demandas planteadas al anterior Gobierno del Estado, es pobre y absolutamente alejada de la realidad canaria. La proposición de ley que presentamos por el Parlamento de Canarias en estas Cortes Generales basa su filosofía en cuatro principios fundamentales: ratificar, por una parte, actualizándolo, el tradicional régimen fiscal de libertades y franquicias de las islas; garantizar la compensación de la insularidad de modo que los costes de las actividades en las islas se equiparen a la media de las regiones de la Comunidad Económica Europea; establecer un conjunto estable de estímulos económicos y fiscales encaminados a promover el desarrollo económico y social del archipiélago, fundamentalmente para la generación de empleo, y adecuar el régimen económico y fiscal, respetando sus bases históricas, a los cambios tecnológicos, productivos y de sistemas de intercambio con la economía mundial, y de la Comunidad Económica Europea en particular, en la perspectiva de lejanía e insularidad del archipiélago. Dentro de este esquema, la ley pretende establecer un sistema compensador de las garantías del transporte, condicionante básico de la insularidad, a fin de equipararnos a las regiones continentales. En la actualidad, Canarias, en vez de tener transporte subvencionado, por la vía de los monopolios, de hecho o de derecho, está subvencionando a la compañía monopolizadora, de tal modo que es más barato traer un «container» desde Estados Unidos a Canarias que desde Barcelona. Exactamente ocurre igual en lo que es la problemática del transporte aéreo. En este mismo esquema, la ley trata de establecer mecanismos, como ya es tradicional, que compensen la carestía de las comunicaciones, la energía y el agua. A su vez, en la línea de establecer un sistema de mecanismos capaces de dinamizar la actividad económica --lo que significa, en definitiva, generar la creación de empleo y de renta--, la ley trata de sustituir el viejo e histórico marco de exenciones y franquicias arancelarias que posibilitaron un modelo de desarrollo en base a la actividad comercial y a la actividad exportadora. En el actual marco de relaciones internacionales, prácticamente no tiene sentido este modelo económico y pretendemos, por el contrario, otro basado en los incentivos fiscales sobre la imposición directa de la actividad empresarial que genere empleo. En el análisis comparativo, a nivel mundial, de las zonas de características similares a la región canaria --es decir, regiones insulares, regiones alejadas--, que han implementado o han intentado implementar con notable éxito mecanismos de inversión y de desarrollo, el tratamiento diferenciado de la tributación directa parece que es el mecanismo común. Es el caso de Irlanda; de Puerto Rico; de Singapur o de tantas otras regiones que podrían enumerarse de forma exhaustiva. En este sentido, la ley recoge la bonificación del 50 por ciento de la cuota tributaria del impuesto que grava los rendimientos empresariales, única vía que entendemos posible para que el hecho de invertir y de producir en Canarias no sea algo que se desaliente por los altos costes que la insularidad implica.
Paralelamente, se recoge en el articulado de la proposición de ley una bonificación adicional para las actividades exportadoras que, si bien han sido tradicionales en Canarias - -en las islas, plátano, tabaco, tomate o pesca--, hoy los elevados costes competitivos de Canarias los abocan a su paulatina desaparición, todo ello con un coste ridículo para el Estado. La recaudación del Impuesto sobre Sociedades, en 1991, fue en Canarias de 13.972 millones. Por tanto, el coste será del orden de 7.000 millones de pesetas.


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Incluye también la ley de incentivos directos la creación de empleo por vía de la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social y subvenciones directas equivalentes al 50 por ciento del subsidio percibido por aquellos trabajadores que sean contratados, manteniendo, desde luego, el puesto de trabajo a partir de un mínimo de tres años. A la vez se prevé la elaboración de un plan especial de formación técnico- profesional --es un gravísimo problema en Canarias--que eleve el nivel de cualificación de los trabajadores canarios y que debe incluir un programa específico que permita el desarrollo de prácticas en empresas peninsulares o en el resto de la comunidad, puesto que en Canarias no hay empresas suficientes para poder plantear la formación ocupacional, mucho menos en las especialidades que significarían una economía moderna y desarrollada. Por tanto, señorías, consumido el tiempo disponible, ello me impide entrar con mayor detalle en el contenido de la proposición de ley, aunque creo que en sus grandes líneas ha quedado descrita. Por ello, tan sólo me queda concluir afirmando que las islas Canarias demandan esta ley como un instrumento capaz de compensar los costes añadidos que suponen producir, desarrollarse y vivir en un territorio insular fragmentado, sin recursos naturales y tan alejado del resto del Estado; un territorio, en suma, definido por la propia Comunidad Económica Europea con el gráfico adjetivo de «ultraperiférico». Con relación a estas regiones leeré, para terminar, la Declaración del Tratado de Maastricht número 26, relativa a las regiones ultraperiféricas de la Comunidad: La Conferencia reconoce que las regiones ultraperiféricas -- departamentos franceses de ultramar, Azores, Madeira y las islas Canarias--padecen un importante atraso cultural gravado por diversos fenómenos: lejanía, insularidad, escasa superficie, relieve, climas difíciles, dependencia económica respecto de algunos productos, cuya importancia y acumulación perjudican gravemente su desarrollo económico y social.
Considera que si las disposiciones constitutivas del Tratado de la Comunidad Económica Europea y del Derecho derivado se aplican de pleno derecho en las regiones ultraperiféricas, ello no obsta para que se adopten disposiciones específicas a su favor, mientras exista una necesidad objetiva de adoptar tales disposiciones con vistas a un desarrollo económico y social de estas regiones. Esta disposición deberá tener por objetivo a la vez la realización del mercado interior y el reconocimiento de la realidad regional, con vistas a hacer posible que las regiones ultraperiféricas alcancen el nivel económico y social medio de la Comunidad. A la vista de todo ello, les pido, en nombre del Parlamento de Canarias, la toma en consideración de esta proposición de ley y, como quiera que ésta será nuestra última intervención en estas Cortes, quiero rogarles el apoyo a su tramitación y a su aprobación con aquellas mejoras que puedan superar el texto y alcanzar más fácilmente los objetivos propuestos. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ucelay. ¿Turno en contra de la toma en consideración? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, sin la presencia de un solo miembro del Gobierno, a excepción del señor Saavedra, por razones obvias de paisanaje con la cusa (Rumores.), que nos honre con su presencia y después de las intervenciones de los representantes del Parlamento de Canarias en este acto, tengo que expresar, en primer lugar, la coincidencia plena de Coalición Canaria con el contenido de sus tres intervenciones. No en balde se trata de diputados canarios pertenecientes a la Coalición Canaria y de ahí que lógicamente esa confluencia absoluta con cuanto han expresado anteriormente deba manifestarse y parezca obvia. Se ha puesto de manifesto hoy cómo Canarias, desde su incorporación a la Corona de Castilla hace medio milenio, constituyó una unidad económica plenamente diferenciada por su fragmentación, es decir, por la insularidad, por la lejanía del resto del territorio del Estado, y como consecuencia de ello, desde la época de los Reyes Católicos, comienza a consolidarse nuestro acervo económico en virtud de un tratamiento diferenciado por tratarse, como hoy se dice, de una región ultraperiférica, con factores geológicos, geográficos, climáticos y una escasez de recursos naturales que hizo que se hubiese ensayado por primera vez en el archipiélago canario un sistema de economía colonial que se trasladó a América, sin que hasta la fecha hayamos sido capaces, entre todos, de superar las bolsas de miseria allí existentes y la crisis permanente que, por ejemplo, se detecta en la agricultura, sin lugar a dudas, y que ha dado lugar a los cultivos de exportación con los cuales ha subsistido ese sector tan importante y que hoy se encuentra en franca decadencia. Nuestra inexistente industria, dada la falta de materias primas, y desarbolada nuestra flota pesquera y las industrias pesqueras también como consecuencia de la descolonización del Sáhara, habiendo perdido los caladeros que constituían el tradicional banco pesquero canario-sahariano, es el caso que en los últimos años hemos visto cómo incluso las flotas cubana, rusa, japonesa, coreana e incluso la peninsular, que tanto faenaban por aquellas latitudes y se avituallaban en nuestros puertos, se han ausentado de los mismos, agudizándose una crisis que venimos soportando de manera

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bastante estoica, diría yo, y con una paciencia bíblica, digo también. Hemos podido sobrevivir merced a nuestra apertura al exterior, a nuestra actividad comercial y a una situación estratégica evidente que mereció precisamente esa normativa especial a que se ha referido al principio de su intervención el primer representante de la Comunidad Autónoma hoy aquí presente y que desde los Reyes Católicos, desde 1852, con la Ley de 1870, la Ley de Puertos Francos del año 1900 y el Régimen Económico Fiscal del año 1972 hacen que se pueda ensamblar un sistema jurídico-político-administrativo con una carga fiscal perfectamente diferenciada de la tradicional y de la existente en el resto del Estado y que gracias a ello hayamos podido subsistir. De suerte que la libertad de importación y exportación, nuestra tradicional libertad comercial, las franquicias aduaneras y fiscales al consumo y los arbitrios de entrada y sobre el lujo que han constituido la financiación de nuestros cabildos y restantes corporaciones locales han posibilitado un entramado de nuestro régimen especial que la Constitución tutela en su disposición adicional tercera exigiendo para cualquier alteración, rectificación o reforma el parecer de la Comunidad Autónoma y que, como no podía ser menos, también consagra nuestro Estatuto de Autonomía, al igual que la Constitución, en el artículo 138, trata de proteger al tutelar especialmente al hecho insular precisamente por las dificultades de la insularidad, sin menoscabo del principio del equilibrio y de la solidaridad interregional. Los canarios hicimos un sacrificio bastante notable, por muchas razones, y en alguna ocasión lo he destacado yo en esta Cámara, con motivo de la incorporación plena a la Comunidad Europea, y cómo el tránsito del «statu quo» inicial que se consagraba en el Protocolo II del Tratado de Adhesión a la plena incorporación produce la necesidad de una reforma de nuestro sistema para atemperar la normativa fiscal canaria a las exigencias de la Comunidad Europea. He aquí que, así como se produce el 9 de mayo de 1991 la ley de reforma de los aspectos fiscales y se modifican de acuerdo con la filosofía antes expresada, como nuestros arbitrios insulares tradicionales, al igual que la imposición estatal en las Islas, se establece el compromiso de proceder paralelamente a la reforma económica, de suerte que la economía canaria y sus estructuras pudiesen también atemperarse a la nueva situación y he aquí que esto es como Diego que fue a Flandes y nunca regresaba, pese a los compromisos expresados por voces cualificadas, incluso por el propio Presidente del Gobierno español, han tenido que transcurrir meses, más meses y años para que afortunadamente hoy nos dirijamos a SS.SS. con la esperanza de que den luz verde a la tramitación de este proyecto que espera de manera ansiosa la comunidad canaria. Conscientes de que nuestro régimen económico tradicional, que posibilitaba la subsistencia del archipiélago canario y el desarrollo socio- económico de las islas, hoy, en el supuesto de que esta proposición merezca el favor de SS.SS. y que la tramitación se produzca en una plenitud de consenso que Coalición Canaria desea con todas las fuerzas políticas aquí presentes, sin la menor excepción, podamos tener un escenario normativo que dé solución --como antes decíamos-- a nuestros problemas. Cuántas veces en el archipiélago canario nos hemos lamentado de que la Comunidad Europea haya tenido con nosotros mayor sensibilidad en ocasiones que el Estado español. Hay que decirlo así de claro, señorías. Cuántas veces nos hemos lamentado de esto y creo que es bueno para todos --en ese pacto al que se referían quienes me han precedido en el uso de la palabra-- que se terminen estos agravios comparativos y que no tengamos los canarios que mirar a la Comunidad Europea porque en casa nos sintamos perfectamente tutelados, apoyados en virtud de la solidaridad, que no tiene por qué producirse del sur hacia el norte, sino que nosotros en tantas ocasiones demandamos que vaya desde el norte hacia el sur, en virtud de las características de esa insularidad alejada que caracteriza el archipiélago canario. (Un señor Diputado: Muy bien.) En su día hubo negociaciones para conseguir este régimen económico fiscal y complementarlo en la faceta económica; hubo negociaciones de gobierno a gobierno que, precisamente por una falta de entendimmiento y de respaldo a quienes desde allá solicitaban que se diera el cerrojazo a esta cuestión pendiente tan grave, motivaron la censura del anterior Presidente de la Comunidad Autónoma, quien hoy acaso pueda pensar que no hay mal que por bien no venga, al tener en este momento la digna representación del Gobierno de la nación. La realidad, señorías, es que desde el archipiélago canario, desde el Parlamento canario, surgió, en un canto en solitario, con los exclusivos votos de Coalición Canaria, esta proposición de ley; surgió desde allí en la soledad de nuestros votos y por ello precisamente hoy no han intervenido, en representación de la Comunidad, nada más que miembros de Coalición Canaria. Nosotros creemos que con el transcurso de los meses ha cambiado la situación, ha habido una sensibilidad adecuada, ha habido un mayor entendimiento y hoy lo que deseamos, de verdad, sinceramente, clamorosamente --diría yo-- , es que ese conjunto de normas que articulan la proposición de ley cuyo debate y consideración estamos teniendo en este momento, sea objeto de las aportaciones, de las mejoras que evidentemente merece y necesita toda obra humana, de suerte que en esa plenitud de consenso consigamos ese régimen económico-fiscal del que debemos disponer no durante un bienio ni durante un lustro, sino durante

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muchos y muchos años, porque es absolutamente imprescindible que sea así y que la forma sea así también. Tengo que anticipar mi gratitud a quienes nos apoyen hoy con su voto.
Quiero reiterar nuevamente --y voy terminando, señor Presidente--, la necesidad de rectificar y actualizar las libertades y las franquicias tradicionales; de contar con esa zona exterior canaria a la que se refería en su investidura el señor Presidente del Gobierno español y entonces candidato a la Presidencia, don Felipe González. Además, tenemos que hacernos una pregunta sobre algo que no comprendemos y que tenemos que atribuirla necesariamente a la falta de sentido político que en ocasiones tienen los técnicos. Con ocasión de las reuniones preparatorias a la comisión bilateral celebrada hace unos días, un alto cargo del Ministerio de Hacienda se dirigía a la representación canaria y decía: Pero ustedes, ¿qué es lo que quieren, algo como lo de Madeira? Efectivamente. Y nos lo preguntaban en son de duda y como esperando una respuesta negativa. Queremos más que Madeira.
Queremos que el arhipiélago canario sea objeto de un trato superior al favorable trato que Portugal ha dispensado a Madeira. Queremos competir con Madeira, que está en nuestra cercanía, y con Tánger, que contará con su zona económica especial y no con un paraíso fiscal que nosotros no pedimos.
Tenemos que sobrevivir y tenemos perfecto derecho a que el Estado español haga lo posible para que podamos competir con esas áreas vecinas. Eso es lo que pedimos. Solicitamos que se cumplan los compromisos en materia del registro especial de buques, que ya tiene su embrión, su asentamiento normativo, en la Ley de Puertos.


El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo, señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Estoy terminando, señor Presidente.
Solicitamos que desaparezcan los monopolios en el transporte marítimo y aéreo, que no han hecho otra cosa que agravar nuestro aislamiento; que se suplan nuestras carencias energéticas, tan difíciles de soportar por nosotros, que se deben precisamente a nuestro aislamiento; que se atienda a las actividades sectoriales específicas, como es la necesidad de una reconversión turística, y no me refiero a la reducción de mano de obra, sino justamente a lo contrario, a la modernización del sector, al igual que solicitamos que se atienda al fomento del empleo y a nuestras tasas --antes se recordaba-- que, tristemente, están a la cabeza de las de toda España. Queremos sensibilidad, cosa que no siempre se está poniendo de manifiesto, y para muestra basta un botón; basta con recordar cómo en los presupuestos se ha excluido, como decía el otro día, la atención que requiere el archipiélago canario, y concretamente sus dos capitales, con la exclusión de los mencionados presupuestos de dos hospitales absolutamente fundamentales para una región como la nuestra, donde la inversión per cápita en el área de sanidad es en muchas ocasiones siete veces menor que en otras comunidades del Estado español. Queremos sensibilidad y, de antemano, agradecemos de corazón los votos de SS.SS. que hagan posible que comience la singladura del procedimiento parlamentario de la proposición de ley que hoy se ha traído a esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olarte. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, haciéndose eco literal de la propuesta de Izquierda Unida Canaria sobre el proyecto de ley de modificación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal para Canarias, quiere plantear y fijar su posición en este trámite parlamentario, por acuerdo de la sesión de la comisión política de Izquierda Unida canaria celebrada el día 18 del presente mes de este año, de 1993.
Nuestra propuesta se basa en la necesidad de que se haga una introducción a la historia de este proyecto de ley, unos comentarios sobre su contenido, del que discrepamos, y que escuchen algunas ideas sobre lo que entendemos en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y entienden nuestros compañeros federados de Izquierda Unida Canaria que deberían ser las bases económicas para un modelo de desarrollo de Canarias. Si hacemos una breve introducción, veremos que las negociaciones entre la Administración central y la Administración canaria sobre esta ley de bases económicas del régimen económico y fiscal duran desde 1991 hasta marzo de 1993 y culminan con la presentación de una moción de censura por el socio principal del PSOE en el Gobierno autónomo: las Agrupaciones Independientes de Canarias, con el pretexto de que ese partido se dejaba torear por su homólogo estatal y no mejoraba el texto del proyecto de ley de bases económicas. Eso se ve hoy como una jugada política de las AIC, más sus amigos de otros grupos que hoy conforman la Coalición Canaria, para preparar la campaña electoral y obtener grupo canario en el Congreso y en el Senado, y la prueba palpable está en que hoy se llega a un acuerdo con el flamante Ministro de Administración Territorial aquí presente, don Jerónimo Saavedra, con condiciones más duras que las planteadas por la Administración central en marzo de 1993, como podemos ver en su contenido.


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El proyecto de ley que entra en las Cortes es el resultado de una propuesta de una de las fuerzas que componen la Coalición Canaria, las AIC, fuerza insularista que tiene, entre otros, a su Presidente como Presidente del Gobierno autónomo canario, don Manuel Hermoso. Esa propuesta es aprobada por una escasa mayoría en el Parlamento canario el 1 de julio de 1993; la apoyan en esta ocasión solamente las fuerzas coaligadas en Coalición Canaria: las AIC, el Centro Canario Independiente, Asamblea Majorera e ICAN, y se oponen PSOE, PP e Izquierda Unida Canaria; UC no tiene representación en el Parlamento autónomo y sólo puede expresar su desacuerdo con la orientación de la misma. Izquierda Unida Canaria, ante la gravedad de esta ley y la situación producida tras las elecciones generales, donde ha tenido un respetable apoyo, pide ser interlocutor al presidente canario ante este tema tan importante para el Archipiélago. Se reúne con el mismo, reunión a la que acuden también los portavoces de Coalición Canaria para determinar los contenidos de este proyecto y trasladar al Congreso de los diputados su defensa. Se abre una mesa técnica entre Izquierda Unida y Gobierno de Canarias, que se reúne dos veces. Por otra parte, se pide una entrevista con el Partido Socialista, a raíz de la presencia pública de un proyecto alternativo. Se celebran dos entrevistas y algunas aproximaciones. El pasado miércoles 20 de octubre se llega a un acuerdo entre la Administración central y la canaria, en uno de cuyos capítulos --el principal, sin lugar a dudas-- se llega a unificar la propuesta de Ley de Bases del Régimen Especial con las fuerzas PSOE, PP y Coalición Canaria. El domingo día 24, Izquierda Unida Canaria anuncia su desacuerdo global con la aproximación de estas fuerzas políticas y la Administración y presentará en las próximas semanas, una vez que votemos favorablemente la admisión a trámite de este proyecto de ley, enmiendas que pueden considerarse a la totalidad del articulado del citado proyecto. ¿Cómo se justifica esta propuesta de Izquierda Unida Canaria, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al que represento desde esta tribuna? Se justifica de la siguiente forma: apoyamos la admisión a trámite, dado que el marco legislativo, aprobado en su día, así lo aconseja, y además la tramitación debe ser urgente, dado que se produce una descompensación entre la ley de modificación de los aspectos fiscales del régimen especial y financiero, la Ley 20/1991, que entró en vigor en enero de 1993, y la ausencia de un marco de las bases económicas en Canarias. Al mismo tiempo, con ella se cierra el perfil del nuevo régimen especial y financiero, surgido en la nueva realidad del Estado y de la propia Comunidad Autónoma Canaria, en relación con la nueva configuración jurídico-política española y en expresión y concreción con la legislación económica y financiera estatal, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, Ley de Incentivos Regionales, Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, Ley de Cesión de Tributos en las comunidades autónomas, entre otras. Por otro lado, en lo establecido por Canarias, en su relación con la Comunidad Económica Europea, en el Reglamento de la CEE de 1991 y en el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de Canarias en una decisión del Consejo de la Comunidad Económica Europea del 26 de junio de 1991. El modelo de desarrollo económico de Canarias vigente en la actualidad es totalmente obsoleto. En las mejores coyunturas no consigue reducir sus tasas de paro del 20 por ciento en el período 1985-89 y en la actualidad está en los primeros lugares de todas las comunidades autónomas del Estado por desempleo y de las más altas en el IPC. Una de las configuraciones legales es el mismo modelo de estado y de situación de su propio régimen especial y financiero (la Ley 30/1972, ahora en fase de sustitución), aplicando las actualizaciones propias del nuevo marco autonómico y la integración en la Comunidad Económica Europea, los mismos criterios fracasados, ya sean exenciones y bonificaciones fiscales, así como de puerto franco, todos ellos componentes de una economía interrelacionada, pero pasiva, que persigue, por la vía del ahorro empresarial, la inversión productiva y el fomento de la creación de empleo, supuestos perfectamente inviables o, por lo menos, no suficientemente atados en las distintas propuestas de Coalición Canaria o del PSOE, pretendiendo reproducir un modelo fracasado ya en Canarias si bien con la adaptación a un marco legal nuevo. Se reitera el modelo; es más de lo mismo lo que aquí se plantea. El esquema del proyecto de ley del Parlamento de Canarias se puede entender de la siguiente forma. Primero. Un régimen general de libertad de comercio y de servicio en donde se especifica esa condición en la libertad del transporte marítimo, aéreo y terrestre con el capítulo de igualdad de tarifas en relación al marco estatal y el nivel de libertades de compañías que ya determina el propio reglamento de la Comunidad Económica Europea, a lo que se añade el capítulo de las telecomunicaciones. Izquierda Unida Canaria y nuestro Grupo Parlamentario entienden que gran parte de lo que define este proyecto en materia de comunicaciones está ya determinado por la Comunidad Económica Europea. Por otra parte, un apoyo explícito al desarrollo de las nuevas tecnologías en el campo de las telecomunicaciones puede convertirse en una propuesta clave para un nuevo modelo de desarrollo en Canarias; desarrollo sostenible como una de las alternativas de las nuevas infraestructuras de comunicación que son necesarias en Canarias. Segundo. Subvenciones sobre el coste de las energías del agua, algo que apoyamos evidentemente como parte

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del diferencial canario y sobre lo que no cabe discusión.
Tercero. Equiparación a las subvenciones regionales del conjunto del Estado por encima de la consideración de las otras ventajas ineludibles para Canarias por su insularidad y lejanía, igualmente asumible y poco discutido por ninguna administración ni por ninguna fuerza política. Cuarto.
Actividades de fomento a la creación de empleo. Este es el núcleo de la ley. Se trata de subvenciones sobre la Seguridad Social, exenciones y bonificaciones fiscales que van sobre la imposición directa y que pretenden ser atractivas para la creación de una actividad productiva para el relanzamiento del tejido productivo canario. Izquierda Unida Canaria se opone radicalmente a las subvenciones sin garantía de creación de puestos de trabajo y se opone, igualmente, a las exenciones del IRPF sobre las inversiones si éstas no garantizan al menos el mantenimiento de los puestos de trabajo, sobre las exenciones, sobre la producción o sobre la exportación, si mantienen empleo con un 25 por ciento y si crean empleo con un 50 por ciento. Y no a la consideración de la actividad turística como una actividad exportadora. Quinto. Sobre la zona especial de Canarias, zona franca y el registro de buques se pueden establecer diversas matizaciones sobre su contenido.
La principal de ellas es el escaso valor de lo mismo para el conjunto del producto interior bruto canario, y no se espera que eso mejore con estas ofertas que se dan en la ley. Pueden existir otras matizaciones de interés. En el registro de buques la tolerancia o no del segundo registro de buques en Canarias, pero lo más grave --que no apoyamos ni aceptamos--es la contratación de las tripulaciones de los mismos, ya que en el proyecto de ley se dice que al menos un 25 por ciento sean de nacionalidad española. No estamos de acuerdo con esta fórmula para la contratación de mano de obra barata del entorno canario. Finalmente, la alternativa que plantea Izquierda Unida Canaria expresa, por un lado, el mantenimiento de estas especificidades canarias reconocidas en la Constitución (artículo 138, apartado 1, y disposición adicional tercera), así como en el Estatuto de Autonomía (artículo 45 y otros), y, por otro lado, defiende la salida del marco de limitación a su economía que ha supuesto la hipótesis del paraíso fiscal como panacea o futurible de desarrollo. La perspectiva que se impone es superar lo que ya nadie defiende para los territorios de ultramar y aplicar programas de desarrollo al amparo de las subvenciones estatales y comunitarias, desarrollo de una tecnología punta en la infraestructura de la comunicación --no en carreteras o puertos--, red de servicios a las empresas en el marco insular y del archipiélago, formación profesional y empresarial en todo ello, lo público, la empresa y el capital público, como pionero que arrastre de la inversión privada. Esa es nuestra posición y será el contenido de nuestro voto. Por eso vamos a votar favorablemente la admisión a trámite de esta ley, pero vamos a hacer enmiendas prácticamente a la totalidad en sus trámites de Ponencia y Comisión. Creemos que Coalición Canaria ha vendido barato su voto a los Presupuestos Generales del Estado; por algunos dineros para carreteras, por el desbloqueo de esta ley y por algunas transferencias sanitarias se vuelve hacia donde se empezó en un «totum revolutum», donde hay mezcladas ideas de una supuesta izquierda que no existe en el seno de la derecha, como se demuestra aquí, con un Presidente de la Cámara de Comercio, un viejo militante comunista canario y otro, en esa pipirrana que no hay quien entienda. Desde luego Izquierda Unida Canaria defenderá su perfil claro y contundente de izquierda transformadora del archipiélago.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente. Deseo expresar, en nombre de mi grupo parlamentario, la posición favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley sobre modificación de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Señor Presidente, tras conocer la posición de los distintos grupos parlamentarios, quiero expresar nuestra satisfacción por el consenso que la iniciativa del Parlamento de Canarias ha alcanzado en esta Cámara. Desde esta posición unánime, expresamos la satisfacción de nuestro grupo de poder manifestar en este acto nuestra posición favorable a la toma en consideración. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, cuando en la elaboración de las leyes se hacen coincidir los ideales, los sentimientos de justicia y solidaridad, los legisladores somos capaces de demostrar hasta qué punto encarnamos la grandeza espiritual del pueblo al que representamos, porque el concepto de justicia permite ser adjetivado, de tal manera que nos podemos encontrar ante una idea de justicia fría, indiferente o meramente igualitaria, o, por el contrario, ante una idea de justicia generosa y solidaria. Hoy, ésta es la clase de justicia que Canarias viene a demandar de las Cortes Generales, y viene a demandarla

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siendo plenamente conscientes de que lo que pedimos es un régimen de naturaleza especial, un tratamiento diferenciado y, en este sentido, apelamos a la magnanimidad del resto del pueblo español, del resto de los pueblos que integran España.
Pero también somos conscientes de que pedimos lo que por derecho, historia y sentido común, nos corresponde y, en consecuencia, planteamos nuestra reclamación como una exigencia firme y terminante. Son éstas razones más que sobradas para que el Grupo Parlamentario Popular anuncie desde este momento el apoyo con sus votos a la iniciativa legislativa que proviene del Parlamento autonómico de Canarias. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la totalidad del texto que hoy llega a esta Cámara. Al contrario, discrepamos en parte de su contenido y discrepamos en cuanto al procedimiento político que se ha seguido en su tramitación.
Creemos en su finalidad última y la compartimos de corazón.
Canarias no puede esperar más, es el momento en que ya Canarias pueda contar con un texto legislativo completo de su Régimen Económico y Fiscal, y en esa finalidad nuestro voto será el voto de 141 diputados más. El REF canario debió estar regulado desde finales de 1985, para que entrara en vigor el 1.º de enero de 1986. La responsabilidad de que en ocho años no haya podido ser así es del Partido Socialista, que ha disfrutado de varias mayorías absolutas en esta Cámara y de dos gobiernos en el Parlamento autonómico para que esto fuera aprobado cómodamente, con holgura y sin problemas. Esta es una responsabilidad que tiene que asumir el culpable de ello.
Nosotros, el día que en el primer semestre de 1991 se debatió en esta Cámara la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del REF, presentamos como Partido Popular un texto alternativo aquí porque entendíamos que no se puede separar lo que es inseparable; y en un texto como el del REF, que es económico y que es fiscal, en un texto que constituye un instituto jurídico indelegable, inseparable, no podíamos consentir que se llevara a cabo el despropósito de regular, primero, los aspectos fiscales y, después, los económicos.
Como siempre suele ocurrir en las relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular, nuestra propuesta no tuvo éxito. En lo único en que llegamos a un acuerdo fue en que no íbamos a alcanzar tal acuerdo. El Partido Socialista votó en contra de ese texto alternativo y no prosperó la posibilidad de regular conjuntamente los aspectos económicos y fiscales.
Ello llevó consigo más de dos años de incertidumbre económica para el archipiélago y de inestabilidad y tirantez en las relaciones jurídicas y políticas entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de Canarias. Pero, señorías, tampoco estamos de acuerdo --y lo he dicho anteriormente-- en cuanto al procedimiento político seguido para traer a esta Cámara la iniciativa que hoy se toma en consideración. Entendemos que no se ha hecho un favor a Canarias al traer a esta Cámara esa iniciativa con sólo 30 votos del Parlamento de Canarias. Una iniciativa autonómica que llega a las Cortes, debe venir con práctica unanimidad y, si no, con una amplia mayoría. Esta responsabilidad que no nos la echen encima al Partido Popular o incluso al Partido Socialista; ésta es una responsabilidad única de los partido que apoyan al Gobierno de Canarias, que demostraron su falta de capacidad negociadora y quisieron presentar como propio un proyecto que debió ser de todas las fuerzas canarias. El Partido Popular, instó en todo momento a la negociación; el Partido Popular afirmó que debían negociar el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación. El tiempo nos ha venido a dar la razón. Hoy nos encontramos con que esa negociación se ha producido y, sin embargo, para nosotros resulta sorprendente cuál ha sido el resultado de dicha negociación, porque entre ese resultado y el texto que hoy se debate en esta Cámara cualquier parecido es pura casualidad -- al César lo que es del César-- y nosotros tenemos que felicitar al Partido Socialista y a sus negociadores porque creemos que se han llevado al huerto al Gobierno de Canarias; han hecho de él lo que han querido en este momento. Creo que han demostrado que para lo único que sirvió la ruptura del Gobierno regional hace siete meses fue para cambiar un presidente por otro y para hacer Ministro a don Jerónimo Saavedra (Rumores.) El voto de este grupo no puede entenderse, ni quiero que se entienda, como un cheque en blanco. Por supuesto, nos reservamos el derecho a presentar cualquier tipo de enmiendas, tanto generales como particulares. Nosotros estamos satisfechos de que algunas propuestas hechas por el Partido Popular ya hayan sido asumidas por otras fuerzas políticas, por ejemplo, la reserva de inversiones; pero, en cambio, desconfiamos de gran parte de lo pactado y del contenido del texto que viene a esta Cámara. Nosotros desconfiamos de la regulación que se ha hecho de la zona especial canaria; desconfiamos de las llamadas vacaciones fiscales hasta el año 2001, y ello porque pensamos que esta prolongación de vacaciones fiscales, que empiezan el 1.º de enero de este año para todo el territorio nacional, pueden ser de dudosa constitucionalidad, por posible infracción de los artículos 14 y 31 de la Constitución. No renunciamos tampoco a que el diferencial fiscal tradicional en la imposición indirecta en Canarias, ya hoy prácticamente inexistente, pueda ser sustituido por un diferencial fiscal justo y equilibrado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Creo que es una vieja aspiración que debemos llevar adelante, porque si no se estaría discriminando tributariamente sólo en favor de las rentas empresariales, y no en favor de todas las rentas que confluyen en el IRPF. Señorías --y con esto voy concluyendo, señor Presidente--, queremos dejar patente que el Grupo Popular

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va a colaborar con el alma y con el espíritu en hacer posible que de esta Cámara salga un buen REF. Canarias lo pide, y lo pide en justicia. Entre todos debemos ponernos a trabajar, limar asperezas e intentar conseguir una ley lo más consensuada posible. Una ley del REF completa, que pueda ser el motor de la economía canaria, que de alguna manera sirva como instrumento para reducir el paro, porque el paro, con la insularidad, es todavía una sensación mucho más desagradable.
Una ley del REF que de alguna manera promocione las coordenadas o elementos básicos de cualquier economía, en este caso de una economía a distancia como la canaria; y, en fin, un REF que constituya el cauce legal que haga posible la prosperidad de nuestra comunidad autónoma. Señorías, hoy Canarias tiene sus ojos pendientes de nuestros actos. A lo largo de la historia, y cuando ésta se lo ha exigido, Canarias ha demostrado ser fiel y solidaria con los intereses nacionales. En algunas ocasiones, como cuando se elaboró la Constitución, los legisladores nacionales pusieron también toda su alma y todo su corazón en atender a Canarias, y ahí está la disposición adicional tercera de la Constitución. Hoy Canarias pide lo mismo; pide ser correspondida, porque la única manera de que hoy no defraudemos las miradas, las mentes y los sentimientos de los canarios, es que de aquí salga un voto favorable y un acuerdo positivo para que el día de mañana Canarias siga sintiéndose orgullosa de ser una más de las regiones de España. Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabrera. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.


El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados, saludo en primer lugar a los tres diputados que han sido encargados de defender en esta Cámara el texto remitido por el Parlamento de Canarias. Estamos ante una proposición de ley cuyo objetivo es conceder un trato especial, en el ámbito de lo económico y de lo fiscal, a uno de los territorios del suelo nacional, Canarias. La visión de un mapa en el cual las islas estén correctamente situadas, es posiblemente suficiente para comprender que esta Comunidad necesita de un tratamiento específico en muchas políticas nacionales y, en particular, en las políticas económicas y fiscales. Permítanme que recuerde algunos hechos que justifican esta singularidad, de manera que a todos nos quede claro que no estamos considerando la posibilidad de ningún privilegio, sino tan sólo de dotar a este archipiélago de un conjunto de instrumentos específicos que sean eficaces para disminuir la desventaja relativa de Canarias en lo que se refiere a la creación de empleo y a su desarrollo económico y social. Canarias tiene un territorio fragmentado en siete islas con escasa superficie y gran población; menos del 1,5 por ciento de la superficie nacional y casi el 4 por ciento de la población. Debemos añadir lo alejadas que están las islas del resto del territorio nacional y comunitario. Esto hace que la mayor parte de los bienes y servicios tengan en las islas un coste superior, sensiblemente superior al que existe en otros territorios nacionales o comunitarios. Canarias es hoy una región con bajo nivel de desarrollo; hay un alto nivel de paro y un bajo nivel de formación profesional, tanto entre los empresarios como entre los trabajadores; existe poco suelo útil para el desarrollo de actividades económicas y hay una importante escasez de agua. Carece de recursos naturales y tiene un limitado mercado interior. Las zonas para la exportación de sus productos agrícolas e industriales están alejadas. Afortunadamente, las islas se han convertido en una de las zonas turísticas europeas con mayor atractivo, siendo esta actividad el motor principal de su economía.
Históricamente ha habido --esta tarde aquí se han recordado-- muchas y varias normas específicas que atienden a la singularidad del archipiélago. La última de todas ellas es la Ley de 22 de julio de 1972, de Régimen Económico Fiscal. Esa es la ley que se convierte en el punto de partida de la situación en que hoy nos encontramos. Básicamente, estas normas han permitido a los canarios que paguen menos impuestos indirectos que los españoles de otros lugares; han facilitado la libertad de comercio, de manera que los canarios han comprado y han vendido allí donde les ha resultado mejor, y han servido también para producir cierto nivel de protección de las producciones canarias, tanto agrícolas como industriales. Estas normas específicas para Canarias no han sido normas que hayan colocado a Canarias en una situación de privilegio, sólo han servido para que Canarias, como el resto de las comunidades autónomas españolas, evolucione hacia cotas de mayor bienestar, pero siempre colocada en una situación de menor desarrollo que, afortunadamente, ha disminuido en los últimos diez años. La necesidad, por tanto, de un tratamiento económico y fiscal para Canarias tiene un fundamento histórico y, también, un fundamento en la situación actual. Ha sido recogido en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Autonomía del año 1982. Así ha sido también recogido recientemente en una declaración añadida al acta final del Tratado de la Unión Europea. Confío en haber justificado ante SS.SS. de manera suficiente la necesidad de esta norma específica, de esta norma particular,

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y que no se trata de un privilegio para alguno de los territorios de España. Hoy estamos en una situación bien distinta a la de la Ley de 1972. A la existencia de la Constitución y del Estatuto hemos de añadir la adhesión de España a la Comunidad Europea, el año 1985, que produce un cambio profundo en toda la normativa nacional y, en particular, en la normativa de carácter económico y fiscal.
Esta nueva situación ha obligado a una revisión de la normativa que afecta a Canarias. La Ley del Régimen Económico- Fiscal de Canarias, del año 1972, ha sido sustituida hasta la fecha por tres normas, las tres de junio de 1991 --a ellas se ha hecho referencia ya--, una de carácter nacional, aprobada por las Cortes, y dos de carácter comunitario. Se ha hecho alusión a que algunos parece que encuentran más sensibilidad en instituciones de carácter comunitario que en el Gobierno de la nación. Quiero recordar algo bien sabido por la mayoría de los canarios: la sensibilidad que se haya podido encontrar en las instituciones comunitarias se debe al esfuerzo y a la sensibilidad que han demostrado los gobiernos de esta nación.
Estas tres normas que ya han sido aprobadas han sido fruto del acuerdo entre los gobiernos de la nación y de la comunidad autónoma y han contado con un amplio apoyo de las fuerzas políticas en el archipiélago y también de las fuerzas políticas presentes en estas Cortes. Por tanto, para completar la sustitución de la Ley del año 1972 falta la cuarta norma, falta la ley económica sobre la que hoy estamos hablando.
También esta ley debe ser suficientemente satisfactoria para que se produzca un gran acuerdo nacional en estas Cortes y también un gran acuerdo entre los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias. Convencidos de la necesidad de alcanzar ese amplio acuerdo, los socialistas hemos venido insistiendo en esta idea. Así lo hicimos en la campaña electoral; en el mismo sentido se manifestó Felipe González en el acto de investidura como Presidente del Gobierno; y en la misma línea hemos venido trabajando desde entonces. Hace pocos días los gobiernos de la nación y de la comunidad autónoma han llegado a un acuerdo básico sobre el contenido que debe tener esta ley económica. También se ha logrado un alto nivel de acuerdo entre el Partido Socialista Canario-PSOE, con el Partido Popular en las islas, por un lado, y con Izquierda Unida Canaria, por otro. Celebramos haber pasado de una situación de claro alejamiento a otra de mayor coincidencia y nos congratulamos de haber propiciado este acercamiento, acercamiento imprescindible en un tema de gran importancia para la población canaria. En nuestra opinión, la futura ley debe contener los siguientes cuatro elementos: debe compensar la lejanía y la insularidad; debe contener incentivos a la creación de empleo y a la potenciación de la actividad económica; debe crear una zona especial española ubicada en Canarias, la que ya es conocida como zona especial canaria; y debe desarrollar el ya creado registro especial de buques y empresas navieras, el llamado segundo registro español de buques, también ubicado en Canarias. El contenido de la ley contribuirá a definir las Islas Canarias del futuro. En estos meses dos modelos diferentes se han considerado acerca de los incentivos fiscales que debe contener la ley: unos han defendido la existencia de bonificaciones fiscales para todos los empresarios, pues consideran que todo empresario instalado en Canarias debe ser primado; otros hemos vinculado tales incentivos a la potenciación de la actividad económica, es decir, del empleo. Consideramos que debe dotarse al archipiélago de instrumentos eficaces que animen la inversión y el desarrollo y que ofrezcan a nuestra numerosa juventud, casi la mitad de la población, un futuro de esfuerzo pero también de esperanza. Canarias debe continuar progresando, pero con el esfuerzo colectivo de los canarios, con el trabajo y la imaginación para que esos avances sean duraderos y de ellos se beneficie toda la población y no sólo una parte. Esta proposición de ley que hoy consideramos tiene, a juicio de los socialistas, dos graves defectos. En primer lugar, no goza de un amplio acuerdo dentro del Parlamento de Canarias, se ha recordado ya; sólo 31 de los 60 diputados votaron a favor; el principal grupo del Parlamento de Canarias, el Grupo Socialista, no votó a favor. Además, no es superfluo recordar que el texto que esta tarde estamos considerando se presentó en el Parlamento regional después de la convocatoria de las elecciones generales del pasado 6 de junio. Durante la campaña electoral el contenido de esta Ley fue uno de los temas de principal debate entre las fuerzas políticas en Canarias, y quiero recordar que quienes defendieron este texto como suyo, y sólo de ellos es, únicamente obtuvieron el 6 de junio el 25 por ciento del electorado canario. En segundo lugar, esta proposición de ley defiende una postura que, como ya he indicado, no resulta aceptable para los socialistas ya que contempla una bonificación general de las rentas empresariales. Se pretende hacer un regalo a los empresarios, regalo que, como tal, está exento de contrapartidas y, por tanto, se despreocupa de dar respuesta al principal problema social de Canarias que es el paro. Nosotros queremos conseguir empleo y para ello bonificamos la potenciación de la actividad económica. Queremos el máximo volumen de empleo posible; ese es nuestro objetivo. Con esa finalidad espera la ley toda la población canaria, jóvenes y mayores, mujeres y hombres empleados y parados, trabajadores y empresarios que hoy estoy seguro siguen con interés el acto de este Parlamento.


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El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta proposición de ley; pero resulta claro, por lo que acabo de indicar, que es imprescindible mejorarla en este Congreso de los Diputados y de incorporar, además, lo que ha supuesto el acuerdo entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de la comunidad autónoma. Cuando dentro de algunos meses la ley esté publicada en el «Boletín Oficial del Estado» se habrá cerrado un largo período de incertidumbre en la sociedad canaria; será entonces responsabilidad de los canarios aprovechar esta ley para afrontar el futuro con trabajo, con esperanza y con ilusión. Desde las instituciones nacionales y regionales debe emitirse un mensaje de optimismo que anime a los empresarios a crear empleo en Canarias. Los miles de parados que hay en estas islas exigen con razón una situación más justa, de más empleo para todos. Seguro que esta ley no es una panacea para los males de los canarios. Muchos de esos males son comunes a los que tienen los demás españoles y los demás europeos y, en cualquier caso, podemos decir que son menores que los que padecen la inmensa mayoría de la humanidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Martinón, le ruego concluya.


El señor MARTINON CEJAS: Termino rápidamente, señor Presidente. Hasta este momento he hablado en nombre de los 159 diputados que componen el Grupo Socialista de este Congreso de los Diputados; permítanme que en estos segundos que me restan hable como diputado socialista y como canario, o como diputado canario y como socialista. Quiero que SS.SS. sepan que el pueblo canario, al que represento en esta Cámara, es un pueblo que practica la solidaridad, la generosidad y la comprensión y que no sólo la pide para sí. De la definición de lo que es el pueblo español los canarios participamos con lo que es nuestro desde siempre: la lucha permanente por abrirnos al mundo y no encerrarnos en nuestros peñascos atlánticos y hacerlo sin perder nuestra identidad, no sólo económica y fiscal, sino política y cultural. Aspiramos a incrementar nuestras relaciones con Africa. Muchas de nuestras preocupaciones se refieren a América a la que tantos de los nuestros tuvieron que emigrar; pero nuestra identidad como pueblo nos ha llevado siempre a rechazar todo aquello que nos aleje de la convivencia armoniosa y fraternal con los otros pueblos españoles y europeos. Señoras y señores diputados, muchas gracias. Señor Presidente, muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! Aplausos en los bancos socialistas.)

El señor PRESIDENTE; Gracias, señor Martinón. Vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Canarias, sobre modificación de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y actualización de los puertos francos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 300; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

--DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO (Número de expediente 121/000014)

El señor PRESIDENTE: De confomidad con lo dispuesto por el artículo 149.1 del Reglamento de la Cámara, se somete al Pleno la avocación de la deliberación y votación final correspondientes al proyecto de ley de medidas fiscales y de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo. ¿Lo acuerda el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobada la avocación.


MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION:

--TOMA EN CONSIDERACION DE LA PROPOSICION DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CREACION DE LA PROVINCIA DE CATALUNYA (Orgánica.) (Número de expediente 122/000001)

--DEBATE DE TOTALIDAD DEL PROYECTO DE LEY DE PLANTILLAS DE LAS FUERZAS ARMADAS (Número de expediente 121/000011)

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día de la presente sesión consistente en la exclusión de los dos puntos siguientes: toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre creación de la provincia de Catalunya y debate de totalidad del proyecto

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de ley de plantillas de las Fuerzas Armadas. ¿Acuerda el Pleno esta modificación? (Asentimiento.) Queda aprobada.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación.):

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), DE COMERCIO (Número de expediente 122/000002)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de Comercio. El señor Roca tiene la palabra.


El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, al presentar la proposición de ley de nuestro Grupo Parlamentario creo que sería bueno recordar algunas de las magnitudes que acompañan y definen la importancia del tema que se pretende regular. En primer término, recordemos que el sector del comercio representa casi un 12 por ciento del producto interior bruto de este país y emplea a un 14 por ciento de nuestra población activa; concretamente más de 1.350.000 personas viven empleadas en este sector.
Simplemente, la magnitud de estas cifras nos revela la importancia de la regulación que vamos a proponer. Quiero adelantar, de entrada, que esta regulación en modo alguno debe ubicarse sólo en la solución de un problema coyuntural que en este momento está causando una cierta polémica en la vida pública. Esta proposición de ley es mucho más que la regulación de los horarios comerciales; afecta a otras muchas cuestiones que van desde la necesidad de regular lo que puede ser la actividad del ejercicio del comercio o las modalidades de venta hasta todo lo que hace referencia al urbanismo comercial u otros aspectos. Hoy por hoy, la ausencia de una regulación que marque, por un lado, unos mínimos básicos en el conjunto de toda España como consecuencia de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional que reservan a esta Cámara el conocimiento de aspectos muy concretos de esta materia, y, por otra parte, la necesidad de que en aquellas comunidades en las que no se goce de una legislación específica pueda, supletoriamente, funcionar una ley dictada desde esta propia Cámara, hacen aconsejable que este Congreso de los Diputados afronte una regulación que desde hace mucho tiempo se viene demandando por el sector. Todas las organizaciones más representativas del mundo del comercio, además muy apoyadas --y singularmente en este caso-- por el propio mundo sindical, han venido reclamando una legislación que venga a regular las cuestiones que nuestra proposición demanda. No obstante, quiero adelantar, para invitar precisamente a la facilidad con que desearía que sus señorías pudieran tomar en consideración nuestra proposición, que sería voluntad de nuestro Grupo que esta iniciativa pudiera ser ampliamente modificada si así lo desean, que pudiera ser ampliamente debatida. Porque lo importante es que alcancemos un consenso que sea de aplicación general y pacífica y que venga a resolver problemas que afectan de una manera muy clara a este gran colectivo que es el sector del comercio, y que afectan, a la vez, al interés general en tanto en cuanto del ejercicio del comercio resulta afectado el interés de los consumidores y, lógicamente, el interés general de la sociedad. Hemos de ser capaces en esta Cámara, y con el debate que esto requiera, de encontrar un terreno de amplia coincidencia, un terreno que nos permita regular estas situaciones complejas que afectan, insisto, de una manera muy especial al tejido social de nuestro país. Porque el comercio crea cohesión social, el comercio no es simplemente una actividad productiva más, es una actividad que genera cohesión, que define incluso la calidad de vida de una sociedad, ya que ésta puede en cierto modo medirse por el asentamiento real del sector del comercio en esta sociedad concreta. Por ello invito a sus señorías no únicamente a que tomen en consideración esta proposición de ley, sino que les invito a que participen en el debate con aportaciones, con sugerencias que se puedan hacer para enriquecerla, para hacerla más eficaz, pero que resuelvan una situación que hoy, en nuestra sociedad, repito, demanda una regulación de esta naturaleza. Existen vacíos legales que deben llenarse, existen situaciones de hecho que no están suficientemente reguladas y, por otra parte, insisto, afecta a este colectivo amplísimo del sector del comercio una crisis que hace especialmente urgente la regulación que se propone. El sector del comercio vive una gran crisis, no soslayemos el problema, 30.000 comercios han cerrado en los últimos dos años, han dejado de tener actividad comercial; 30.000 pequeños comercios. Y en esto últimos dos años se ha triplicado el número de grandes superficies comerciales. ¿Estamos abogando por una regulación que represente que hay que frenar las grandes superficies comerciales? ¿O estamos abogando por una regulación que sólo contemple el pequeño comercio? No es verdad; hay que buscar el punto de equilibrio. Pero sería igualmente imprudente considerar que una libertad de las grandes superficies comerciales es un tributo a la modernidad, o decir simplemente que los pequeños comerciantes lo que tienen que hacer es un esfuerzo para formarse y reconvertirse. Todo esto requiere tiempo, requiere soluciones y requiere, sobre todo, una legislación que lo haga posible. Hay a veces cosas que nuestros ciudadanos no conocen. Muy a menudo se dice de la libertad de horarios,

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por ejemplo; que hemos de hacer lo que los demás, que tienen libertad de horario. Pues bien, sepan los ciudadanos españoles que, en todo caso, en sólo otros dos países del mundo existe la posibilidad de abrir en domingo; sólo en Estados Unidos, con una legislación muy distinta, y en Irlanda, donde razones religiosas evitan el cumplimiento de la norma. Por tanto, si pretendemos hacer lo que los demás tendremos que cerrar.
Busquemos soluciones específicas, busquemos soluciones pensadas para nuestra realidad socioeconómica que persigan el punto de equilibrio --hay necesidad de encontrar equilibrio-- entre el interés general y los intereses a proteger de manera clara, sin tapujos ni rubor. Evidentemente, hay que proteger un sector que de no contar con esta acción puede agravar de una manera absurdamente grave, valga la redundancia, la situación de paro por la que atraviesa nuestra sociedad. No podemos, frívolamente, dejar pura y simplemente que ocurra lo que debe ocurrir. Tenemos que regularlo, tenemos que establecer unas normas que sobre la base de un equilibrio entre los distintos intereses a hacer convivir --difícil pero que es posible--, respeten los niveles competenciales de esta Cámara y de las comunidades autónomas. Que sepa, por otra parte, defender los intereses de los consumidores y que sepa también defender la concepción global de una economía de mercado. Todo esto debe ser capaz de convivir en una sola disposición legislativa. Las aportaciones que SS.SS. realicen a nuestra proposición de ley serán absolutamente bienvenidas; todas aquellas aportaciones que la mejoren, insisto, serán bienvenidas. No vamos a sentirnos aquí en modo alguno ni heridos ni molestos porque alguien diga que lo que nosotros presentamos puede ser mejorado. Seguro que puede ser mejorado, porque muchos más veremos más y, por tanto, seremos capaces de encontrar un terreno de coincidencia. Pero que al final España disponga de aquello que otros países europeos de nuestro entorno tienen y España no, que es una ley general de comercio que regule esta situación. No nos creamos que por no regular o por exagerar, diríamos, la libertad en un campo concreto de nuestra actividad económica vamos a ser más próximos a la realidad europea. Lo que hoy está en España nos distancia de Europa, no nos acerca. Por tanto, lo que hay que hacer es una regulación al estilo, sobre la base, con los criterios o con razonamientos similares o parecidos a los que nuestra proposición formula a sus señorías. Desearíamos que esta coincidencia fuera lo más amplia posible. Sería una muy buena noticia para el sector del comercio. Se sentirían tranquilos y compensados en un momemnto en el que ustedes saben que la crisis aprieta especialmente a este sector. Todo lo que es el sector del pequeño comercio, o por extensión el sector de la pequeña empresa, está sufriendo de manera muy especial la gravedad de la crisis, por eso nos gustaría que saliera de esta Cámara en este momento una nota de sensibilidad y que a través de una regulación se abra la puerta a la esperanza de algo que esta gente y este sector hace tiempo que desea.
Nuestro Grupo no quiere extenderse más, señorías, porque si al concurso invitamos, mal lo haríamos a base de dejar muy cerrada la tramitación de esta proposición. La dejamos muy abierta, pero nos gustaría haber podido compartir con todas SS.SS. la satisfacción de ofrecer al sector del comercio una regulación que intente resolver de manera definitiva buena parte de sus problemas. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a intervenir brevemente, en nombre del Partido Aragonés, para prestar el apoyo con nuestro voto a esta proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió); una proposición que nos parece oportuna, puesto que es necesario hacer compatibles los intereses de los comerciantes y de los consumidores, que en modo alguno creemos que deben ser intereses contrapuestos. En esta proposición hay temas de rabiosa actualidad, como la regulación de los horarios comerciales, pero evidentemente va mucho más allá. Creo que hay un completo tratamiento general de la problemática del sector. Junto al comercio tradicional, esta ley regula aspectos nuevos de la actividad comercial, como puede ser la venta automática, la venta a distancia, que está teniendo un enorme auge gracias a la colaboración de los medios de comunicación, y en especial a medios tan nuevos en la actividad comercial como puede ser incluso la televisión.
Creemos que en esta proposición de ley hay que tener en cuenta también las especiales características que tiene nuestro país, un país con un sector turístico muy amplio. Evidentemente, la regulación que se haga del comercio tiene que tener en cuenta, insisto, esta circunstancia especial que no tienen otros países de nuestro entorno, con los cuales tendremos que intentar homologarnos, pero, como digo, sin perder de vista algunas de nuestras características, como puede ser la de país turístico o incluso la de nuestra propia climatología, que también tendrá algo que decir a la hora de regular la actividad comercial. De todas formas, con las aportaciones que se puedan hacer en el trámite parlamentario, bienvenida sea esta proposición de ley, porque hay expectación en el sector y en los afectados. Creemos que la crisis que están padeciendo los miles y miles de pequeños comerciantes en este país nos tiene que servir de impulso y estímulo

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para que en el trámite parlamentario logremos una buena ley.
Espero que todos los grupos, también, el Grupo proponente, habrán sido muy sensibles a las peticiones que proceden de los sectores afectados. También quiero decir que con esta proposición de ley tenemos que poner al sector del comercio en condiciones de poder competir con el exterior, puesto que, evidentemente, en una economía en estos momentos tan interrelacionada tenemos que buscar alguna medida que haga que un sector tan importante de la economía española y que afecta a tantos miles y miles de ese tejido empresarial, como son el pequeño y mediano comercio, no se vea tan alterado por la crisis económica, que en estos momentos creo que es su principal preocupación. Desde nuestro Grupo colaboraremos también con las enmiendas parciales para intentar mejorar esta proposición de ley, y ahora, en este trámite, daremos nuestro voto positivo al mismo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mur. Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: También muy brevemente, señor Presidente, quiero intervenir para expresar, en nombre de Coalición Canaria nuestro apoyo a la toma en consideración de la proposición. Creemos que, efectivamente, es muy oportuna, y vamos a intentar, como nos ha invitado el proponente, mejorarla con nuestras enmiendas para lograr el equilibrio necesario entre los intereses, aparentemente contradictorios, de pequeños y grandes comerciantes y consumidores. Nosotros creemos, como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que en este momento de crisis de la pequeña empresa y del pequeño comercio esta Cámara tiene que tener la sensibilidad de dar respuestas a ese problema ayudando a modernizar las estructuras comerciales del país y a que no se produzca la desaparición de un entramado que tiene una importantísima función económica, como es el pequeño comerciante, y también una importantísima función social. En el equilibrio de la sociedad es necesario defender a ese pequeño comerciante, pero también los intereses de los consumidores y la modernización de las redes y de las estructuras comerciales españolas. Por eso nuestro voto va a ser favorable. Muchísimas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como el señor Roca ha dicho que iba a compartir con otros todas las aportaciones y enriquecimientos, he subido aquí para compartir con él la tribuna, en primer lugar.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado también una proposición en el mes de septiembre, y parece ser que, por razones más o menos leguleyas, no había habido tiempo de leer con detenimiento nuestro texto; por ello no ha tenido posibilidades de verse conjuntamente con la proposición de ley presentada por el Grupo Catalán. Y verse conjuntamente quiere decir que, en la medida en que ustedes y nosotros hemos estado reunidos con el sector, con los sindicatos del sector, con la Mesa del Comercio, con las asociaciones profesionales, etcétera, también era posible aquí empezar a trabajar ya conjuntamente, puesto que la voluntad no es un problema político, no es un problema de palabras, sino de hechos concretos. Demostrar que podemos hacer una ley de comercio buena para afrontar el conjunto de los problemas de los usuarios, de los comerciantes y de todo el sector es empezar a trabajar conjuntamente, y como es natural, esto tendría que haberse visto también. De todas formas, yo planteo dos lástimas que seguramente no figurarán en este parlamento como dos aportaciones muy importantes en política, ni tan siquiera quiero que figuren como lamento, pero lo digo en relación a lo que ha dicho el señor Roca de que es una ley muy importante y necesaria. Es tan importante y necesaria esta ley que el Grupo que yo represento en este momento la presentó ya en la III Legislatura y fue votada en contra --en estos momentos no tengo «Diario de Sesiones» con las votaciones-- prácticamente por todos los grupos. No sé qué hizo su Grupo en concreto, no lo sé. (El señor Roca i Junyent hace signos afirmativos.) Votó afirmativamente, pues ya tenemos otro punto de coincidencia.
En todo caso, sépase que una ley necesaria, una aportación necesaria de mi Grupo a un sector muy importante de la economía española fue rechazada en este Parlamento. En segundo lugar, en este país hay un muy escaso asociacionismo. La proposición que en el mes de septiembre presentó Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, además de regular democráticamente el conjunto del sector, intentaba impulsar el asociacionismo, entendiendo que, en la medida en que la sociedad se organiza democráticamente, hay más posibilidades de solucionar también democráticamente los problemas. Por ello ponemos énfasis, y estoy enunciándolos, en algunos elementos que van a ser fruto de debate y sobre los que espero que haya acuerdo, como es el cooperativismo, las sociedades anónimas laborales, el desarrollo del empleo artesanal, etcétera. En tercer lugar, nosotros planteamos también --y espero que sea tenido en consideración-- la necesidad de que haya una participación amplia, y participación amplia, a nuestro entender, es dar margen de maniobra,

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es dar cancha, es dar un papel a las organizaciones empresariales del pequeño comercio, a las organizaciones sindicales, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para que, en el momento en que sobre una ley general de bases se tenga que actuar en cada comunidad autónoma o en cada ayuntamiento, haya la posibilidad de hacerlo de acuerdo con todos los protagonistas sociales y económicos. En cuarto lugar, creemos que es imprescindible --en esto coincidimos, aunque ustedes dan más margen a las grandes superficies-- reglamentar de una forma estricta el tema de esas grandes superficies, ya que por un lado se dice que esto es una competencia en muchos casos desleal, que en el momento de instalarse tienen una serie de ventajas por parte de las comunidades autónomas o de la Administración del Estado, pero luego, con la otra mano, se da permiso para que se instalen en muchos casos, como hemos visto recientemente en una localidad de Madrid, grandes superficies que no reúnen las condiciones democráticas exigidas al conjunto de los sectores. En quinto lugar está la cuestión de los horarios, respecto a lo que estamos de acuerdo con lo fundamental que defienden ustedes en su texto y con lo que defendemos nosotros en el nuestro, aunque también planteamos algo que consideramos imprescindible en cualquier acción de Gobierno o en cualquier acción legislativa, como es la reducción de la destrucción ecológica.
Como el comercio es un elemento transmisor de destrucción ecológica, tal como está funcionando ahora, planteamos las célebres tres erres: reducción de residuos, reutilización y reciclaje, por tanto, el tratamiento de lo que se hace con los envoltorios desde que salen de la manufactura en el conjunto del comercio y desde el mismo hacia el usuario. Creemos que Izquierda Unida presenta una proposición que no es contradictoria en muchos aspectos con la propuesta por el Grupo Catalán, que además tiene, como he señalado antes, una historia y que está muy de acuerdo con el conjunto del sector, con el que nos hemos reunido --ustedes también han hecho lo mismo--, con el que hemos negociado y hemos recogido gran parte de sus propuestas, entre otras --y debemos citarlo con mucha fuerza-- la derogación del Decreto-ley conocido como «Decreto Boyer», que es un desastre para el pequeño comerciante y para el sector, no únicamente por un artículo, sino por el conjunto de la norma. Lamentamos que haya habido un cierto sectarismo en la Mesa o en la Junta de Portavoces en el momento de tomar en consideración nuestra iniciativa, y que por razones que obviamente son absolutamente burocráticas no se haya acordado defenderla en este momento concreto y empezar a trabajar y compartir ya ese trabajo para ayudar a encontrar una solución democrática adecuada para el conjunto del sector.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos. Para su información tengo que decirle que no ha habido ningún sectarismo, ni en la Mesa ni en la Junta de Portavoces. Ha habido una aplicación del Reglamento que impide que la iniciativa de su Grupo sea incluida en el orden del día. (El señor Frutos Gras pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, los problemas políticos se solucionan políticamente; los reglamentos deben servir para ayudar a que la política cumpla sus funciones, y yo creo que en este momento no han ayudado. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, los problemas políticos no los confunda con los problemas reglamentarios. La iniciativa de su Grupo reglamentariamente no estaba en condiciones de ser incluida en el orden del día; ni la Mesa ni la Junta de Portavoces podían hacer otra cosa. Por tanto, no insista en echar la culpa de que no se pueda ver su iniciativa a la Mesa o a la Junta de Portavoces.


El señor FRUTOS GRAS: Insisto, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Trillo.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, señorías, hace ya algunos años se preguntaba don Joaquín Garrigues por la respuesta que los juristas habían dado a lo que él analizaba como retos pendientes que planteaban los nuevos hechos, propios del tráfico mercantil de nuestros días, a quienes hemos de ocuparnos, de manera o de otra, del mundo del Derecho, y el gran maestro del Derecho Mercantil español se contestaba con tristeza que la respuesta había sido, hasta entonces, el silencio inoperante. Esa ha sido también, hasta la fecha, señoras y señores Diputados, la respuesta del legislativo español a las nuevas realidades del comercio en nuestro país. Reto pendiente y mandato constitucional incumplido es la regulación integral, por ley del Estado, del comercio interior, con arreglo al artículo 51 de la Constitución; reto pendiente es acometer las múltiples formas de compraventa a las que se ha referido el proponente y que hacen que esta institución no sea sólo la base de la economía de mercado, sino que incluso llegue a calificar a la sociedad de nuestros días como sociedad de consumo; reto pendiente es la nueva dimensión de las empresas del sector dedicadas al comercio y, desde luego, lo que se ha llamado el tráfico en masa

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que hace aparecer todos esos fenómenos a los que se han referido algunos de los intervinientes con anterioridad. Y, desde luego, reto apremiante --coincidimos todos-- es la situación del pequeño y mediano comercio en España, porque las cifras que se han barajado, y que nosotros también recordamos y subrayamos, demuestran que si se ha hecho quizás una reconvesión sin normativa, en tiempos de crisis esa reconversión puede ser calificada de reconversión salvaje, y hora es de que acometamos, deseablemente entre todos, esa regulación. Por tanto, señor Roca, señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que esta proposición de ley tiene la virtualidad de romper ese silencio inoperante y nos congratulamos por ello; bienvenida sea la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió y bienvenida sea también la tramitación parlamentaria que inicia y para la que, sin embargo, me van a permitir SS.SS. que explicite algunos de los principios que a mi Grupo Parlamentario le gustaría ver reflejados en esa futura ley. Yo meditaba ahora, al hilo de alguna de las intervenciones, sobre cuál debía ser el espíritu que podría presidir esa elaboración y un compañero de escaño me recordaba que estos días se representa en Madrid una inmortal obra del inmortal Shakespeare que puede darnos una idea adecuada, dicho sea con ánimo de distender el debate. Se trata de «El Mercader de Venecia». En «El Mercader de Venecia», como recordarán SS.SS., se llega entre dos comerciantes --en el sentido amplio-- a un trato, a un trato legal que, sin embargo, consiste, nada menos, en que una de las partes quiere desplazar a la otra del mercado porque Shylock nada menos que pretende desplazar a Antonio para hacer en Venecia los negocios que él quiera. ¿Y cómo lo hace? Exigiendo como pago una libra de carne, despojándole, si puede, del corazón.
Señorías, yo creo que el espíritu que debe animar el trabajo de esta Cámara en relación a esos conflictos que se han subrayado esta tarde no debiera ser otro que el de la solución justa, es decir, aquella que se acordó por el Duce de Venecia: que no se derrame una gota de sangre. Que no haya vencedores ni vencidos. Que no haya sectores maltratados. Y con ese espíritu nosotros creemos que hay que volver, de alguna manera, a los principios constitucionales, a los principios que deben inspirar al legislador ordinario. El primero de ellos --a nuestro juicio-- es el principio de libertad de comercio, como manifestación de la libertad de empresa, garantizada en el artículo 38 de la Constitución y que incluye la libertad de establecimiento, la libertad de iniciativa, la libertad de apertura con aquellas limitaciones que, como excepción, se crean convenientes --dice la propia Constitución-- para garantizar la productividad o en aras de la ordenación general de la economía. ¿Se contempla en la proposición de Convergència i Unió el principio de libertad de comercio o de libertad de empresa? Ciertamente; en el artículo 10 de dicha proposición. He de decir, señor Roca, que a nosotros nos gustaría que quizá hubiera precedido a otros artículos, por ejemplo, al artículo 2.º, que condiciona el ejercicio de la actividad comercial no sólo a las condiciones generales del comerciante, sino a indeterminadas autorizaciones o concesiones, aparte de otras condiciones adicionales que se establecen en el artículo 3.º Sinceramente, la apariencia es que la redacción de la proposición se inclina más por el lado del control que por el de la iniciativa.
Nosotros anunciamos que nuestro planteamiento va a ser el inverso. Nosotros estamos por la libre iniciativa y por la limitación como excepción. Segundo principio --obviamente compartido por todos--: defensa de los consumidores. Ese es el principio rector que nos señala el constituyente al mandatarnos para hacer una ley de comercio. Podrá decirse: ya hemos hecho en el Parlamento español una Ley General de los Consumidores y Usuarios. Es cierto, pero no lo es menos que la jurisprudencia de aplicación de esa Ley ha demostrado que existen parcelas que no están suficientemente reguladas, que existe todo un campo, el de la responsabilidad de las partes, el de su cuantía, el de su determinación, el de su procedimiento, que hay que poner sobre el tapete a la hora de hacer una ordenación del comercio en defensa de los ciudadanos en su veste de consumidores. En tercer lugar --que no menos importante-- el principio de unidad de mercado. Para nosotros ese es un principio que el Tribunal Constitucional ha dejado claramente establecido que es derivación del principio de unidad territorial de Estado y que se encuentra a estos efectos contemplado en el artículo 139.2 de la Constitución, como expresión del también principio general de libre circulación de personas y bienes y que implica, sin mayores detalles en ese trámite, que no haya circunstancias que puedan suponer un trato discriminatorio a los comerciantes en función del territorio en que ejerzan su actividad. Querría, señor ponente, que lo que voy a añadir como cuarto principio se entendiera en su dimensión cabal: principio de coordinación legislativa y de competencias. Me ha alegrado enormemente que en la exposición que ha hecho el señor Roca haya reconocido expresa y claramente la necesidad, no ya la conveniencia, de conciliar lo que en los estatutos de autonomía aparece como competencia exclusiva de las comunidades autónomas con aquello otro que --sin duda por ser jurisprudencia simultánea a la redacción de su proposición no ha posido ser íntegramente tenido en cuenta en el contenido de la misma-- el Tribunal Constitucional nos acaba de recordar que son normas básicas que corresponde fijar a una ley del Estado --y ustedes propician esa ley trayéndola hoy aquí-- y, al tiempo, con aquellas otras materias conexas que se pueden englobar en lo

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que es la ordenación general de la economía, que, como es sabido, es también título competencial habilitante para la intervención del Estado. Creo, señor Roca, que debieran ustedes meditar sobre el principio de supletoriedad que proponen. Tengo la impresión de que ese principio no resuelve las cosas, de que ese principio quizá, en términos alegóricos, derramaría algo más de una gota de sangre. Me explico. ¿Puede significar el principio de supletoriedad que las comunidades autónomas determinen en sus leyes de comercio interior condiciones distintas para el ejercicio de la condición de comerciante? Entiendo que no, que las condiciones básicas para el ejercicio de la condición de comerciante deben estar fijadas en norma del Estado. ¿Pueden acaso las comunidades autónomas establecer obligaciones y derechos distintos para las partes de los que se deriven de los contratos que en sus distintas formas se presentan en esta ley? Entiendo que tampoco; no es en este caso supletoria, es también norma básica. Esto permitiría conjugar la espinosa cuestión a la que se ha aludido de los horarios y de la apertura en festivos.
Sin duda, es un tema que probablemente necesite soluciones coyunturales urgentes, que, desde luego, nosotros apoyaremos, en el momento y en la forma que se estime oportuno para que se corrija también esa parece que sangría que se ha originado en el pequeño y mediano comercio. Pero el principio es el que es: el Estado es competente con carácter general dentro de la ordenación general de la economía --lo ha dicho el Tribunal Constitucional-- para fijar los horarios, el tope de horas semanales, y los días de apertura, principio que puede compaginarse, por supuesto, con la competencia de las autonomías y --probablemente el señor ponente convendrá en esto conmigo-- de las administraciones locales, en algún caso, porque, tradicionalmente, han tenido competencias sobre la materia de mercados y abastos. Termino sumándome a lo que también se ha dicho aquí, y que es el último de los principios que nosotros queremos señalar: el principio de participación.
Si esta proposición fuera un proyecto de ley del Gobierno, por mandato constitucional y legal se habría llamado, para la elaboración del proyecto, a las distintas organizaciones del sector a las que se ha hecho referencia. Naturalmente, nosotros, como parlamentarios, como Legislativo, estamos, quizá, más compulsivamente obligados a propiciar esas comparecencias y quiero anunciarles, en nombre de mi Grupo, que solicitaremos la audiencia de los representantes de las organizaciones de consumidores, de los representantes del sector del pequeño, mediano y gran comercio, de la Federación Española de Municipios y de todos aquellos que quieran aportar algo, como ha dicho el señor Roca, para encontrar entre todos la solución a lo que es, no sólo un reto pendiente, sino una demanda social. Por tanto, cuenten ustedes con nuestro voto positivo para la toma en consideración; con esos principios desearíamos llegar hasta el final, y me gustaría que el día que eso finalice, con reflexión, pero también sin pausa, permítame decirle, señor Roca, que ojalá podamos también, rememorando a Shakespeare, que todo termina bien, perdón, que bien está lo que bien termina. En eso nos encontrarán ustedes dispuestos... (Rumores.) Veo a SS.SS. muy especializados en la obra del genio de Stratford. Desearía que ése fuera justamente el estilo que presidiera no sólo la elaboración de esta ley sino también las intervenciones de algunas de SS.SS. en el Pleno. Muchas gracias. (Rumores y aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías, el Grupo Socialista va a apoyar con su voto la toma en consideración de la proposición de ley de comercio, presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Coincidimos con el Grupo proponente en la conveniencia y oportunidad de esta iniciativa legislativa. En efecto, el artículo 51 de la Constitución comporta la necesidad de una regulación del comercio interior y del régimen de autorización de productos comerciales en el marco de lo dispuesto para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. Estamos, sin embargo, ante una materia que es compleja. La propia proposición de ley así lo reconoce en su exposición de motivos, y ello por varias razones. En primer lugar, porque se trata de una materia pluridisciplinar que, en algunos de sus aspectos, en los múltiples aspectos que confluyen en la actividad comercial, cuenta ya con normas propias o está afectada por directivas comunitarias, por el proceso del mercado único. Ello requiere una concordancia, por tanto, con dichas normas. En segundo lugar, porque existen, como ya se ha dicho aquí, competencias exclusivas o competencias compartidas con las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, porque hay que considerar los diferentes intereses, intereses contrapuestos, que coinciden en esta actividad económica. En relación con estas reflexiones, la proposición incide, en diversos puntos de la regulación que propone, en materias que cuentan con un régimen específico, como es la publicidad, que tiene una ley propia, la defensa de la competencia, la competencia desleal, los contratos celebrados fuera de establecimiento y las cláusulas abusivas, que son tratadas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.


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En los aspectos competenciales, afecta también, en algunas de sus previsiones, a materias de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como son las modalidades específicas de actividad o la indicación de precios; hay puntos regulados que corresponden al ámbito de protección del consumidor y también se incide en competencias autonómicas en el campo del urbanismo y de ordenación del territorio. Es evidente que uno de los aspectos destacados de esta proposición de ley es la regulación de los horarios y de la implantación de las grandes superficies, y ha sido precisamente esta cuestión, como consecuencia de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre las normas de varias comunidades, considerando prevalente el Real Decreto-ley 2/1985, sobre medidas de política económica, en lo que concierte a libertad de horarios para los locales comerciales, lo que ha acelerado la necesidad y la demanda existente, como recordaba el señor Roca, de una norma sobre el comercio que resuelva a la vez la situación creada por la suspensión de estas normas en las diferentes comunidades. Por otra parte, no podemos ignorar que afrontamos la legislación de esta materia en un momento difícil para alguno de los subsectores, como es el pequeño comercio, afectado por la crisis económica y por la competencia con las grandes superficies. Nuestro país participa de los cambios socioeconómicos que se vienen produciendo en los países desarrollados y que están modificando la estructura tradicional de la distribución comercial, reforzando, además, su importancia conjuntamente con el sector servicios, tanto en la economía española como en la economía comunitaria. Nos encontramos, por tanto, e insisto en ello, ante una materia compleja cuya legislación incidirá, además, en un sector que está afectado por una reestructuración. Ello requiere un debate, así como la reflexión necesaria para afrontar debidamente los problemas y para lograr un amplio consenso, pero, al mismo tiempo, tenemos urgencia de dar solución a los problemas planteados por las recientes sentencias del Tribunal Constitucional. Por todo ello, nuestro Grupo considera que sería adecuado proceder a una regulación inmediata sobre los aspectos considerados urgentes --la implantación de grandes superficies y la cuestión de los horarios-- así como debatir, con tranquilidad y avanzando en un gran consenso parlamentario, sobre los otros contenidos de la ley, de la futura ley general de comercio, en base a la proposición presentada y sobre la que ya ha adelantado el grupo proponente una actitud abierta al debate en todos los aspectos en ella contenidos. Respecto a la regulación de los horarios comerciales, hemos asistido en los últimos meses a un debate público interesante y creo que debemos tener presente los mensajes que nos ha dirigido la sociedad, lo que conlleva la necesidad de conciliar intereses contrapuestos, no sólo entre subsectores comerciales, sino también entre el sector comercial y los consumidores y usuarios. Hay que tener en cuenta que cuando se plantea la posibilidad de ampliar horarios comerciales en relación a los existentes hasta ahora en determinadas comunidades estamos proponiendo un mayor margen de libertad, pero, al mismo tiempo, la regulación va a suponer un retroceso en la libertad que existe en los otros territorios del Estado. El Grupo Socialista considera que la regulación general de la actividad comercial ha de suponer, teniendo presente la protección del consumidor y el respeto a las reglas del mercado, el establecimiento de un marco claro de las condiciones en que debe realizarse el comercio, pero a la vez debe contribuir al desarrollo del equilibrio entre pequeño comercio y grandes superficies, entre comercio periférico y comercio urbano. La regulación de los horarios comerciales, respetando el deseo de los consumidores de disponer de horarios amplios, ha de tener presente, por tanto, estos objetivos. En las últimas semanas hemos asistido a una aproximación importante entre las posturas de la pequeña y de la gran distribución en el marco del diálogo propiciado por el Gobierno y es preciso seguir avanzando para conseguir un consenso en esta cuestión.
Finalmente, el Grupo Socialista considera que la legislación en esta materia no puede resolver de manera exclusiva los problemas a los que se enfrenta el sector del comercio, sino que debe ir acompañada de una política de comercio interior en el marco de las competencias de la Administración central y en las líneas expresadas por el señor Ministro de Comercio en esta Cámara recientemente: aumento de la competencia, incremento de la dimensión de las empresas y competitividad del sector, difusión de las innovaciones tecnológicas, mejora de la información y la formación de los comerciantes y los empleados del sector y adaptación plena a la normativa comunitaria. De forma especial entiende el Grupo Socialista que debe fomentarse la competitividad y el cambio estructural del pequeño comercio a través de un programa específico para este sector. En resumen, señor Presidente, señorías, el Grupo Socialista va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, con las reservas manifestadas en torno a su contenido y acogiéndose a la voluntad de diálogo expresada por el Grupo proponente, y, al mismo tiempo, desde la consideración de la necesidad de una pronta regulación de los aspectos considerados más urgentes por la sociedad, con arreglo a los criterios que he manifestado anteriormente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz. Vamos a proceder a la votación.


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Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de Comercio.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 300.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A TOMAR PARA MEJORAR LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESAN LOS PESCADORES ESPAÑOLES DE BONITO (Número de expediente 162/000017)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (PNV), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A NEGOCIAR ANTE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) LA PROHIBICION DEFINITIVA DE LAS VOLANTAS PARA LA CAPTURA DE TUNIDOS A PARTIR DEL 1.º DE ENERO DE 1994 (Número de expediente 162/000031)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día. Proposiciones no de Ley Proposición del Grupo Popular sobre medidas a tomar para mejorar la situación por la que atraviesan los pescadores españoles de bonito y del Grupo Vasco (PNV) por la que se insta al Gobierno a negociar ante la Comunidad Económica Europea la prohibición definitiva de las volantas para la captura de túnidos a partir del 1.º de enero de 1994. Los grupos proponentes efectuarán por separado y por su orden la defensa de las dos proposiciones. Los grupos que vayan a intervenir consumirán un solo turno, al hacerse tramitación acumulada de ambas. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae a la Cámara una proposición no de ley presentada ante el Congreso de los Diputados el 17 de agosto pasado, cuando la situación por la que atravesaban nuestras flotas de pescadores de túnidos en el Cantábrico, Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia se encontraba en su momento más conflictivo. El Grupo Parlamentario Popular no tiene inconveniente, es más, le parece conveniente, que se debata conjuntamente con la proposición del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, presentada el 22 de septiembre del año en curso, que es mucho más genérica, pero que se refiere también a las medidas que se puedan adoptar tendentes a que a partir del día primero de año de 1994 se suprima la utilización de las volantas de deriva en el norte de España. El Grupo Parlamentario Popular entiende que previa la integración de España al Mercado Común, los pescadores de bonito de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco suprimieron el arte de pesca de volantas de deriva, dado que su erradicación fue exigida por las autoridades de Bruselas, ante los efectos perniciosos sobre la pesca y las especies marinas que este tipo de arte de pesca ocasionaba en las zonas en las que se venía produciendo la pesca del bonito y de los túnidos del Norte. Desde la integración de España en el Mercado Común, a partir del día primero del año 1986, hace ya siete años, la Comunidad Europea no ha conseguido que el resto de los países integrantes de la Comunidad que faenan en las mismas aguas que las flotas del norte de España haya erradicado este tipo de volantas, con el consiguiente perjuicio para nuestros pescadores. Es bien sabido que los españoles utilizan única y exclusivamente el método artesanal.
Puedo darles el dato de que, hoy por hoy, en el tiempo que un barco español consigue capturar aproximadamente una tonelada en estas condiciones, los barcos franceses capturan alrededor de veinte toneladas. El problema se agrava con la importación de pescado, con el libre tránsito de las mercancías. Mientras los españoles están vendiendo el kilo de este pescado entre las 400 ó 450 pesetas, estos túnidos capturados en grandes cantidades por medio de las volantas se venden a precios muy inferiores, siendo doble el juego desleal que se está practicando con respecto a la flota española. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley, en la que se solicita, entre otros puntos, que a partir del día 31 de diciembre del año en curso, es decir, a partir del día primero del año 1994, no se pueda pescar con las volantas de deriva, volantas pelágicas, ya que el Reglamento de la Comunidad Europea establece que serán retiradas y dejarán de utilizarse todas aquellas que tengan cinco kilómetros de longitud. Y nos encontramos con que en este sentido se encuentran 37 barcos autorizados. Pero lo cierto es que hay otros 223 barcos que faenan en estas mismas condiciones y que a partir del día primero de enero podrían continuar haciéndolo con las volantas de 2,5 kilómetros que, como bien es sabido, y hay documentación que así lo refleja, no se fondean, sino que se utilizan también en superficie.
Todos estos condicionantes están haciendo que las flotas boniteras gallegas, asturianas, cántabras o de Euskadi estén pasando por unos momentos difíciles. Estamos hablando --hay que decirlo-- de unas quinientas

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embarcaciones, que representan más de siete mil puestos de trabajo directos en la mar e indirectamente cerca de treinta mil familias, por lo que consideramos que es necesario poner todo nuestro esfuerzo para que se defiendan de una manera clara los intereses de nuestros pescadores, de aquéllos que están utilizando artes de pesca, valga la redundancia, artesanales, para el futuro. Por ello, de manera urgente, solicitamos de esta Cámara que inste al Gobierno para negociar ante las instancias pertinentes de la Comunidad Europea el establecimiento de un severo control en el cumplimiento de la normativa comunitaria en cuanto a la utilización de volantas pelágicas en la pesca del bonito, así como la prohibición definitiva de las volantas en la pesca de túnidos, a partir del día primero de enero del año 1994, por los daños ecológicos que su utilización está ocasionando. A nadie se le escapa la cantidad de especies, como delfines, ballenas o cachalotes, que aparecen muertos en nuestras playas o en nuestro litoral, a lo largo del verano y durante las épocas de las costeras. Igualmente, solicitamos que se adopten medidas a los efectos de que se controle de manera eficiente, a través de los correspondientes servicios de vigilancia pesquera comunitaria, que hoy en día desgraciadamente no están funcionando, la actuación de los pesqueros que cometan infracciones en los reglamentos propios, con independencia de la bandera de los países. Asimismo, pedimos que se hagan posibles las autorizaciones para el cambio de modalidad a la pesca de palangre de superficie y autorizar el cambio definitivo, algo que los españoles hasta ahora venían disfrutando pero que, desgraciadamente (y hay que decirlo así), desde que entraron en vigor los censos nacionales de palangre de superficie o de palangre de fondo no pueden realizar este tipo de cambios ni dedicarse (permítaseme la expresión) a la captura o pesca del pez espada, mientras que los franceses, de manera indirecta, con sus volantas, no sólo pescan túnidos, sino que están pescando también, por ejemplo, pez espada y marrajo, comercializándolo, cuando a los españoles no se les permite. Por último, instamos a que se elabore un conjunto de medidas que permita el relanzamiento del sector y que contribuya a la mejora de competitividad y a la apertura de mercados, tal y como el Grupo Parlamentario Popular propone ya en enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado en este capítulo. Yo quiero recordar en este momento que hace exactamente 26 días, el 30 de septiembre, se aprobaba en esta Cámara un Protocolo de la enmienda al párrafo 2.º del artículo 10 del ICCAT, de ese ICCAT que debería estar defendiendo los intereses de todos aquellos que pescan túnidos. Desgraciadamente, hoy por hoy, aunque hayamos sido uno de los países que hemos ayudado y tratado de consolidar al ICCAT, de esos 22 países que lo conforman, tan sólo 16 asistieron a la última conferencia habida en Madrid y seremos cuatro probablemente los que tendremos que pagar y sostener el ICCAT. En este mismo debate, el representante del Grupo Parlamentario Socialista reconocía que la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular preocupaba en el seno del partido del Gobierno y que no sólo estaba dispuesto a estudiarla en su literalidad, sino que, efectivamente, estaba de acuerdo con el contenido. No se comprometía a decir en ese momento que la apoyaría íntegramente, pero sí a estudiarla, y compartía el espíritu y el sentido de la citada proposición no de ley que había presentado mi Grupo Parlamentario. En esa línea, el portavoz de mi Grupo en aquel entonces, mi compañero el Diputado señor Durán, recordaba al Grupo Parlamentario Socialista que, si se adoptaba un cierto compromiso para apoyar nuestra proposición no de ley, nuestro Grupo retiraba la enmienda que allí se había producido. Termino, señor Presidente, pidiendo a todos los grupos de la Cámara el apoyo a esta proposición no de ley, que no hace otra cosa que defender los intereses de los pescadores españoles, en este caso concreto de la flota del Cantábrico que se dedica a la pesca de túnidos, que sin lugar a dudas está atravesando por un mal momento y que, de no atajarse, tendría graves consecuencias y mandaría al paro seguramente a tantas familias como las de otras industrias que hemos estado viendo durante estos días que no están atravesando por sus mejores momentos.
Solicito el apoyo de los Grupos nacionalistas o de Izquierda Unida en virtud de un cierto compromiso adquirido por el portavoz socialista, señor Curiel, el día 30 de septiembre, al debatirse el protocolo. Y solicito, asimismo, el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista porque creo que es de justicia para un colectivo que hoy no atraviesa por sus mejores momentos. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de Mesa. Para la defensa de su proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado esta proposición no de ley con el fin de que el Gobierno central participe activamente en el proceso de formación de la voluntad comunitaria, dirigido a la definitiva prohibición de la utilización de las redes de deriva volanta por la flota francesa en la pesca de los túnidos. La pesca de los túnidos en aguas del Atlántico nordeste y, en concreto, en el mar Cantábrico, se ha venido

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realizando por los países ribereños, como España y Francia, mediante dos sistemas tradicionales. En primer lugar, por el curricán o la cacea, que es el arte consistente en el arrastre de anzuelos, y, en segundo lugar, por el arte de cañas con cebo vivo. Es en el año 1987 cuando el uso de la red de deriva, junto al arrastre pelágico, se empieza a utilizar por la flota pesquera francesa. Desde sus comienzos, la flota pesquera que faena con artes tradicionales en aguas del Cantábrico se ha opuesto a la utilización de este arte por la flota francesa, pues provoca un notable deterioro del recurso pesquero de túnidos. Durante el verano pasado ha existido un conflicto muy fuerte entre las flotas francesa y española que faenan en aguas del Atlántico nordeste, que ha hecho necesaria la intervención de los inspectores comunitarios, del Gobierno central, e incluso de buques de la Armada, que ha implicado la apertura de 22 expedientes sancionadores a buques pesqueros franceses. Igualmente, todas las cofradías del Cantábrico han solicitado la prohibición del uso de las redes de volanta por ser incompatible dicho uso en el mismo caladero con las artes tradicionales de pesca del curricán o la cacea y la pesca con el cebo vivo. El empleo de las volantas está afectando a un stock de peces que hasta la fecha se mantenía estable y que da sustento a 8.000 familias en todo el Cantábrico, empezando por Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia. Además, estas redes de volanta vienen a constituir auténticas paredes en la mar, que cuando se pierden en el fondo forman unos verdaderos cementerios flotantes en los que se enmalla cualquier variedad de peces. Su incompatibilidad en el caladero con las artes tradicionales que emplean nuestros pescadores es manifiesta, produciéndose por ello constantes y graves conflictos pesqueros. Las redes de volanta, según el Instituto Francés de Investigación Marina, se caracterizan por tener una longitud de hasta 100 metros, una altura de 18 metros y un mallaje de 90 milímetros, lo cual supone, repito, que exista una pared en el agua en la que quedan atrapadas las diferentes especies de túnidos de distintos tamaños, y otras veces cetáceos y tortugas marinas. Quiero indicar también que el incremento de las descargas de atún blanco proveniente del uso de las redes de volanta, en el período que va desde 1989 a 1992, ha sido vertiginoso, pasando de ser meramente testimonial la pesca con estas redes a suponer el 20 por ciento del total internacional en 1992. En cuanto a la pesca de especies accesorias, procede señalar que, a diferencia de las artes tradicionales del curricán y el cebo vivo, la red de volanta constituye un arte de pesca no selectivo, pues captura especies distintas del atún blanco, como el tiburón o la japuta, que posteriormente son comercializadas a precios sensiblemente mayores que el atúnblanco, además del incremento que ha experimentado la captura de cetáceos como el delfín. Otro dato a considerar es que el esfuerzo pesquero de la flota de red de deriva francesa, medida en número de barcos y días de pesca, de 1990 a 1992, ha aumentado, en el período de dos años, el 84 por ciento. Igualmente, hemos de tener en cuenta los datos facilitados por el ICCAT, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, referidos a los días de pesca con relación a la longitud de la red, pues no es lo mismo utilizar una red de 2,5 kilómetros que una red de 12 kilómetros de volanta. Resulta que la flota francesa ha experimentado, de 1990 a 1992, un aumento del esfuerzo, medido en kilómetros de red por día, del 126 por ciento. Todo ello está suponiendo que, frente a un considerable incremento del rendimiento pesquero de la flota francesa por el uso de este tipo de redes, se haya producido una disminución del rendimiento correspondiente a la flota española que faena con los sistemas del curricán y el cebo vivo. El uso de las redes de volanta tiene un impacto negativo por las siguientes razones. En primer lugar, porque constituye un obstáculo para la normal navegación marítima, pues se colocan a un metro por debajo de la superficie del mar, con lo cual es fácil que los buques pesqueros encallen con las hélices en las redes de volanta. En segundo lugar, porque la disminución de los rendimientos de la flota que utiliza las artes tradicionales de pesca se ha producido --y no es casualidad-- en los años de mayor esfuerzo pesquero de la flota francesa que usa las redes de volantas, existiendo, pues, una relación de causa/efecto en la disminución de los rendimientos y de las pescas del atún por parte de la flota que faena en aguas del Atlántico nordeste en correlación al aumento progresivo de las pesquerías por parte de la flota francesa que utiliza las redes de volanta. En tercer lugar, es perjudicial este tipo de enmalle porque es el origen de una mortalidad adicional de los túnidos, tanto de las especies que, tras quedar enmalladas, logran liberarse, como de la mortalidad derivada del efecto mecánico del izado de la red y la que deviene del efecto del oleaje. La Comunidad Económica Europea, mediante el Reglamento 345/1992, prohíbe la utilización de las redes de deriva de longitud individual o acumulada superior a 2,5 kilómetros, concediendo no obstante, una excepción a un número de barcos a los que se les permite faenar en una longitud máxima de hasta 5 kilómetros, hasta el 31 de diciembre de 1993. El Grupo Parlamentario Vasco propone a la Cámara que se inste al Gobierno a negociar la definitiva prohibición del uso de las redes de volanta a partir del 31 de diciembre de 1993, pues el Reglamento 345/1992 está en la práctica llamado a ser defraudado, por una sencilla razón, porque las redes de 2,5 kilómetros y de hasta

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5 kilómetros no son rentables para el ejercicio de la actividad pesquera y, como decía anteriormente, se están utilizando redes de 50 y hasta 100 kilómetros de longitud. Por ello, en la medida en que existe una normativa que está llamada a ser defraudada por la flota francesa, procede inmediatamente la modificación de tal normativa que ampara la utilización de las redes de enmalla a la deriva o volanta por parte de la flota francesa en aguas del Atlántico nordeste.
Termino, señor Presidente, expresando que, en la misma línea de lo argumentado por este Grupo, organizaciones ecológicas como Greenpeace, incluso, lo que es más importante, la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones 44/225, 45/197 y 46/215, han instado a los Estados ribereños, miembros de la Convención sobre el Derecho del Mar, a prohibir y limitar progresivamente la utilización de redes de volanta.
Tales resoluciones han sido puestas en marcha para sus flotas por diferentes países, correspondiendo hacerlo a nuestro nivel a la Comunidad Económica Europea que es lo que, en definitiva, se propone en la presente proposición no de ley. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría. El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas: una, a la proposición no de ley del Grupo Popular y, otra, a la proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV).
Para la defensa de ambas enmiendas, tiene la palabra el señor Méndez.


El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías, los términos del problema planteado en ambas proposiciones no de ley están bien expuestos, por tanto no abundaré en ellos ni me veré obligado a repetir los términos de ambos contenidos.
Sin embargo, sí quiero precisar con rigor la posición del Grupo Socialista sobre esta cuestión, que puede resumirse esquemáticamente en los siguientes aspectos. En primer lugar, estamos a favor de la prohibición del uso de las artes de enmalla a la deriva. Subsidiariamente, apoyamos la limitación, la restricción en su uso. Esta es una posición que defendemos tanto en el ámbito internacional, como en el comunitario, como asimismo en el de la normativa interna, de lo cual queda cumplida muestra en la reciente Orden Ministerial de 22 de octubre del año 1990. En segundo lugar, estamos a favor de que esa prohibición o limitación se efectúe desde la consideración de que se trata de un arte no selectivo y que presenta múltiples y notables inconvenientes. Creemos que agrede indiscriminadamente los caladeros y, por tanto, dificulta su regeneración. Además, en esa agresión indiscriminada se dañan especies marinas de nulo interés comercial o, en todo caso, de alto valor ecológico. Cuando se efectúan en condiciones singulares o en proximidad a costa, dificultan, entorpecen y arriesgan la navegación. Cuando concurren, como es el caso que estamos analizando, con artes de carácter artesanal, son absolutamente incompatibles entre sí, producen una reducción notable de las capturas y hacen por tanto, escasamente rentable el esfuerzo pesquero. En tercer lugar, apoyamos que nuestro sector de pesca artesanal (del que pueden vivir aproximadamente unas siete mil familias en empleo directo y posiblemente ocupar unas quinientas embarcaciones) pueda desarrollar su esfuerzo y obtener la rentabilidad adecuada.
Para ello, creemos que la política que desarrolla la administración pesquera es, en principio, correcta en la medida en que apoya el desarrollo de las campañas de pesca y proporciona, además, un notable apoyo logístico e incluso fleta un barco sanitario para la atención de los tripulantes.
Con ocasión del último conflicto que ha sido citado aquí de la costera de este verano, también se han desplazado al caladero sendos patrulleros de altura para el control de cualquier incidente que se produzca. Somos conscientes de que la actividad de esta flota artesanal no sólo comporta necesidades para sus tripulaciones y sus empresas pesqueras, sino que, además, podría incidir negativamente en sectores inducidos desde la misma, como puede ser el sector de comercialización de estas especies, pero, especialmente, el sector conservero.
A su vez, creemos firmemente que la administración pesquera ha sido en el reciente conflicto aquí citado altamente activa, no sólo denunciando ante la Comisión de las Comunidades Europeas las conductas infractoras, sino también ante los propios países miembros de las distintas flotas que pudieran haber infringido el Reglamento 345. En cuarto lugar, es necesario precisar lo siguiente. Estamos ante una elevada política pesquera que es política común comunitaria. Además, la Comunidad Europea --el Reglamento 345 es del año 1992, francamente reciente-- reguló, con escasas fechas de distancia, tanto cuanto era menester respecto a la utilización de estas artes de enmalla a la deriva. Hay que distinguir lo que son problemas estructurales que puedan afectar a la flota de aquellos que, de una manera coyuntural, se hayan podido producir en este reciente conflicto. Por ello, la postura del Grupo Socialista es, en primer lugar, exigir un estricto cumplimiento de los términos recogidos en el Reglamento 345, del año 1992, de la Comunidad Europea. Ese estricto cumplimiento debe producirse denunciando las infracciones ante la Comunidad Europea y ante los países miembros de la Comunidad cuyas flotas sean infractoras, pero también poniendo nuevos medios de inspección

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y control y exigiendo a la Comunidad Europea, con sus recursos propios, y a los países miembros idéntica actitud de inspección, control y sanción. Estoy convencido de que un estricto cumplimiento de los términos contenidos en el Reglamento de la Comunidad que estoy citando, el 345, resuelven, a corto plazo, el conflicto porque hacen imposible la rentabilidad de una explotación que, sometida a los estrictos términos del Reglamento 345, tiene nulo interés económico para las flotas que concurran con nuestra flota artesanal. Ese estricto cumplimieno que hace no rentable la actividad nos parece la primera exigencia a formular ante la Comunidad y los países miembros. En segundo lugar, nuestra enmienda, junto con esta demanda de estricto cumplimiento, debe confirmar, de ahí el interés de la misma, nuestra voluntad de que se prohíban definitivamente estas artes de pesca. Si esto es así podríamos encontrar una posición convenida con ambas proposiciones no de ley. Sin embargo, encontramos algunas dificultades para asumir la proposición no de ley del Partido Popular que son francamente sencillas. En la exposición de motivos se enuncia la existencia de un pacto previo a la entrada en la Comunidad Europea. Creo que, efectivamente, forma parte de un contubernio que explica fácilmente las tensiones, pero que no dice la realidad, toda vez que fue la propia actitud de la administración pesquera española la que razonablemente produjo la prohibición del arte en España en el año 1990, como antes he citado. Además, desde la entrada en la Comunidad Europea ha habido sucesivas costeras de bonito, alguna de ellas francamente rentables. No es tanto un problema estructural, cuanto un problema coyuntural o de conflicto puntual. Por otro lado, en su parte dispositiva se habla de una prohibición definitiva pues se está enunciando la voluntad de que el Reglamento 345/1992 de la Comunidad sea modificado en un plazo absolutamente breve y, por tanto, imposible de cumplimiento: el 1 de enero de 1994.
Quiero recordar nuevamente que se trata de política común que requiere la mayoría de los países miembros, alguno de los cuales, como hemos visto en la exposición de motivos, como Francia, Irlanda, Gran Bretaña o Italia, mantendrían una postura dispar a la de nuestro país. Nos parece que el punto 3 cuela de rondón un tema que debemos plantearnos de un modo específico y al margen de esta proposición no de ley. En relación con el punto 4, nos parece también interesante pero inconcreto, ya que no plantea un abanico de problemas y de soluciones, ni aborda la incidencia de las posibles soluciones a adopar o las que instáramos al Gobierno, sobre aquellos sectores que yo citaba relativos a la comercialización y a la conserva del bonito. Hemos creído conveniente presentar ambas enmiendas a las proposiciones no de ley y, efectivamente, cree-mos que es posible converger entre todos en el contexto de las mismas. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Méndez. ¿Grupos que deseen fijar su posición con respecto a ambas proposiciones no de ley? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a apoyar estas dos proposiciones no de ley que nos presentan el Grupo Popular y el Grupo Vasco (PNV), por un principio de congruencia legislativa con las legislaciones y disposiciones que en el régimen de aguas interiores tiene la Consejería de Pesca de la Comunidad Autónoma de Canarias y en congruencia también con la normalización legislativa con la directiva de la Comunidad Económica Europea (no podemos hacer directivas que permitan a unos países lo que se prohíbe a otros, en el marco de normalización jurídica que exige el propio Tratado de Roma, el Acta Unica y todos los reglamentos concordantes en este caso con la regulación pesquera); pero también porque, con base en Canarias, hay una numerosa flota pesquera dedicada en exclusividad a la pesca de túnidos. En este momento, las flotas de pabellón español con base en Canarias, bien de matriculación en el archipiélago o en puertos peninsulares, del sur y del Cantábrico, como aquí se contempla, no utilizan la volanta ni las grandes redes de deriva. Sí nos preocuparía, señorías, que, al amparo de la Directiva y del reglamento comunitario que permiten a la flota atunera francesa el empleo de estas artes de pesca, se introduzcan --porque problemas hemos tenido con flotas coreanas, japonesas y rusas porque no se consideran afectados por la legislación comunitaria-- estas artes que pueden hacer que los ricos bancos pesqueros de túnidos que permiten tener en Canarias una flota y una actividad industrial y extractiva del sector atunero se vean sensiblemente perjudicados. Señorías, la flota pesquera con base en el Archipiélago canario emplea únicamente, y con una supervisión de la Armada española, artes de pesca con cebo vivo, lo que tradicionalmente es conocido como caña o linde.
En este momento ninguna de estas flotas de pabellón español, insisto, está utilizando sistemas de palangre. Si no se modifica este reglamento francés hay un peligro creciente dentro de los bancos atuneros del área de influencia marítima de Canarias. Por consiguiente, entendemos que de una vez por todas, España, en el seno de la Comunidad, debe exigir de una manera radical y rigurosa, que la pesca con artes de volanta o redes de deriva quede radical y tajantemente prohibida.


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Además, hemos suscrito convenios internacionales --como se recuerda en las dos proposiciones no de ley que estamos discutiendo-- y hemos contraído compromisos para evitar los desafueros que este tipo de pesca no sólo están produciendo al esquilmar bancos y deteriora otras especies que no son precisamente las tuneras, por el tipo de malla, sino que se están causando daños a la población de delfines. Hay unos convenios internacionales donde precisamente se reconoce que este arte es verdaderamente depredatorio con las poblaciones de delfines que suelen acompañar a estos grandes bancos de túnidos. Esta congruencia es la que nosotros exigimos para que, de una vez por todas, se solucione y rectifique. Por estas razones, nosotros vamos a votar a favor, porque las consideramos oportunas, estas proposiciones no de ley que nos han traído aquí acertadamente el Grupo Popular y el Grupo Vasco. Nada más. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá

El señor BALTA i LLOPART: Gracias, señor Presidente. Señorías, mi Grupo Parlamentario comparte idéntica preocupación ante la problemática ocasionada por el cumplimiento (dado como respuesta positiva por parte española a las exigencias respecto a la pesca de bonito de los organismos de Bruselas) de la directiva y del Reglamento de la Comunidad que impide la utilización del arte de pesca de volanta, de deriva, por el impacto que el mismo ha producido históricamente sobre la pesca de las especies marinas. También compartimos la preocupación por el efecto económico que ha producido en nuestra industria pesquera de túnidos que faena en el Atlántico Norte, básicamente la de la Cornisa Cantábrica, y de las Canarias --esta última la añadimos tras la intervención del portavoz del Grupo Canario--, que podrían verse obligada al amarre de no pocos de sus barcos y a la consiguiente desaparición de muchos centenares, millares de puestos de trabajo, al faenar en clara desventaja y verse sometidos a constantes conflictos. La situación actual sería causada por el riguroso cumplimiento de una normativa --más bien se trata, en este caso, de una recomendación--, mientras sus competidores del país vecino, Francia concretamente, siguen autorizados a la utilización del arte de volanta hasta finalizar el presente año, prescindiendo del deterioro ecológico y de la situación de ventaja que tan peculiar autorización les otorga. Parece urgente establecer la prohibición definitiva que se pide en las proposiciones no de ley presentadas por los Grupos Vasco y Popular, para acabar con una situación irregular desde una perspectiva de defensa de la ecología marina, para restablecer el respeto a las recomendaciones de los organimos de cooperación comunitaria y poner fin a la discriminación explicada por el conjunto de las posiciones formuladas por los distintos grupos parlamentarios, que consideramos refundidas objetivamente en la enmienda presentada por el Grupo Socialista, cuyo texto, que apoyaremos, debiera ser expuesto donde corresponda con el tono de voz que refleje la protesta de los grupos intervinientes demandando el estricto cumplimiento --como se dice en la misma--, el rigor y el control exigido en el Reglamento 345/1992 de la Comunidad Europea y la prohibición del uso de las redes de enmalle a la deriva. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Para exponer la posición de su Grupo, en nombre de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a apoyar esta proposición no de ley en los términos en que ha sido presentada a la Cámara o en los de la enmienda, en el caso de que los Grupos proponentes la admitieran. Bien es cierto que la redacción que nos parece más ajustada es la que presenta el Grupo Vasco, no solamente por lo elocuente de la exposición del señor Gatzagaetxebarría, sino porque es evidente que si hay algo que está mal en todo el ordenamiento del sector pesquero es precisamente el Reglamento 345/1992, de la Comunidad Europea. Hay algo que se trasluce con bastante claridad, y es que no vale hacer reglamentos que supongan una virguería legal por la cual se piense que si planteamos 2,5 kilómetros no va a ser operativa la pesca con redes de volantas y, por tanto, nadie va a pescar. Esto no es cierto.
Aquí se demuestra que la picaresca no solamente se da en España, de lo que tradicionalmente se ha venido acusando a la flota pesquera española, sino que la picaresca también se produce, de forma tremenda por sus efectos para el medio ambiente y tremenda por los efectos económicos para nuestra flota, en países como Francia, como Italia, como otros países comunitarios. Por tanto, lo que nos parece justo y cabal es que desaparezca la posibilidad de que se pesque con estas artes, tanto con las redes de volantas como con las artes de deriva, como se está haciendo en el Mediterráneo, para lo que mañana precisamente el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya presentará una proposición no de ley en la Comisión de Agricultura. Nuestro espíritu al plantear nuestro apoyo a esta proposición no de ley o a la enmienda que surja de ella es que se prohíba definitivamente el uso de artes que suponen

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una competencia desleal para con nuestras flotas, además de una agresión insalvable para el medio ambiente marino. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Exclusivamente a los efectos de indicar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, al margen del enfoque subjetivo que cada uno de los parlamentarios que hemos intervenido podamos dar a este tema, existe en la Cámara un acuerdo, creo que entre todos los grupos parlamentarios, en el sentido de que es necesario que a partir del 1.º de enero de 1994 se erradique la utilización de la volanta pelágica, sobre todo en aquellas zonas que están afectando de una manera importante a nuestros pescadores en el Cantábrico. El Grupo Parlamentario Popular recoge las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Nos gustaría que en la primera de ellas, la que propone que se exija a las autoridades comunitarias y de los países miembros un mayor control y rigor en el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 345/1992 de la Comunidad Europea, se añadiera lo que dice exactamente el punto segundo de nuestra proposición no de ley, que recoge el sentir de lo expresado por el propio portavoz socialista y que dice: Se adoptarán las medidas a los efectos de que se controle de manera eficiente, a través de los correspondientes servicios de vigilancia pesquera comunitarios, la actuación de los pesqueros que cometan infracciones de los reglamentos comunitarios, con independencia de la bandera de los mismos.
De la misma manera, aceptamos la segunda enmienda, que pide que proponga y defienda ante la Comunidad Europea la prohibición en el plazo más breve posible. Nosotros consideramos, señor portavoz del Grupo parlamentario Socialista, que debería decir: la prohibición definitiva de las volantas en la pesca de túnidos, a partir del día 1.º de enero de 1994, por los daños ecológicos que su utilización está ocasionando. Exactamente en los términos previstos en el propio Reglamento. Con eso, señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular ve recogido, en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el espíritu de la proposición no de ley presentada por nuestro Grupo y no tendremos inconveniente en aprobar esta proposición no de ley por unanimidad en la Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de Mesa. Señor Méndez, ¿acepta las modificaciones planteadas por el señor Fernández de Mesa a la enmienda del Grupo Socialista?

El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero intervenir para señalar nuestra aceptación de los términos de las mismas y agradecer el esfuerzo de convergencia sobre el nuevo texto. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): También a los efectos de la aceptación o no de la enmienda socialista, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a los portavoces de los diversos grupos parlamentarios --del Grupo de Coalición Canaria, del Grupo parlamentario Catalán y del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya-- las fijaciones de posiciones que han tenido y la voluntad de aunar los propósitos y las intenciones de todos en aras a conciliar las voluntades y lograr, en definitiva, un acuerdo unánime que inste al Gobierno y que se encuentre fortalecido, se encuentre amparado con el mandato parlamentario de toda esta Cámara para negociar ante la Comunidad Económica Europea la definitiva prohibición de las volantas. Por ello, señor Presidente, en relación a la enmienda del Grupo parlamentario Socialista, manifestamos nuestra conformidad en cuanto al primer inciso, en cuanto que plantea una medida complementaria, que sería la de conllevar un estricto control de las actuaciones de la flota francesa. Y en cuanto al siguiente punto, quiero indicar que, efectivamente, el Gobierno puede encontrarse enconsertado en la medida en que haya un plazo perentorio que le obligara a negociar una determinada finalidad, un determinado objetivo.
Coincidimos con el espíritu y la finalidad planteada por el Grupo parlamentario Socialista y, por lo tanto, aceptamos su enmienda. Nada más y muchas gracias. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo Popular, que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, a su vez modificada en los términos que resultan del propio debate. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 297; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DE TASAS UNIVERSITARIAS REALIZADA POR EL GOBIERNO Y LOS CAMBIOS NECESARIOS EN LA MISMA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA ENSEÑANZA SUPERIOR PUBLICA DE TODOS LOS ESPAÑOLES (Número de expediente 173/000006)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a interpelación, sobre política de tasas universitarias realizada por el Gobierno y los cambios necesarios en la misma para garantizar el acceso a la enseñanza superior pública de todos los españoles. Tiene la palabra el señor González.
(Rumores.) Un momento, señor González. Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio. Si van a abandonar el hemiciclo, les ruego lo hagan con diligencia. (Pausa.) Cuando quiera, señor González.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, con motivo de la interpelación sobre el tema que hoy nos ocupa -- la política de tasas y becas del Gobierno--, expresé el deseo, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de que no fuera necesaria la presentación de esta moción porque las autoridades educativas hubieran llegado a una solución del conflicto que hoy tenemos planteado. El señor Ministro de Educación anunció la publicación de una orden ministerial como medida provisional para este curso, de acuerdo con las partes, que daría una solución al conflicto.
Evidentemente, la orden ministerial se ha publicado, pero también es evidente que el conflicto no se ha solucionado porque dicha orden ministerial no satisface más que a una pequeña parte de las organizaciones estudiantiles. El Ministerio ha cerrado en falso la herida. Los estudiantes, en su mayoría, están fuera del acuerdo, por lo que una vez más no ha dado fruto la política de división que se ha implantado en este Ministerio en algunas ocasiones para solucionar los temas pendientes. El sentido de nuestra moción sigue vigente en su primer apartado cuando dice que es necesario anular la orden ministerial, no ya sólo del 23 de agosto de 1993, sino también la posterior de octubre de 1993. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Tengan en cuenta, señorías, señor Presidente, que nuestra moción, como es preceptivo, hubo de presentarse en su día cuando todavía no estaba publicada la segunda orden ministerial. De ahí el sentido de la autoenmienda, que también defiendo en nombre de mi Grupo, sustituyendo la fecha de la orden ministerial. Sigue siendo necesario, pues, este debate entre las fuerzas políticas en el marco de política general de financiación de la universidad. Por nuestra parte, estamos dispuestos a intervenir en ese debate con propuestas abiertas que generen una financiación de la universidad que haga soportar los gastos de una manera equilibrada y justa entre los usuarios y el Estado. No estamos, pues, situados previamente ni en un porcentaje de subida de tasas que tenga como elemento indicador, por ejemplo, el IPC --que es el compromiso adquirido con los estudiantes hace algún tiempo-- ni tampoco en un porcentaje determinado, porque entendemos que todo ello tiene que venir enmarcado en una determinada política de becas y de financiación de la universidad. Nuestra preocupación -- esa es la segunda parte de la moción--es que se lleve a cabo una política de becas que no deje a ningún alumno fuera de la universidad por razones económicas. Discutiremos, pues, de participación de las tasas universitarias en la financiación de la universidad y de una política de becas adecuada. La insuficiencia financiera de las universidades públicas no ha de paliarse cargando todos los esfuerzos sobre las espaldas de los estudiantes. Hay que plantear urgentemente una ley de financiación de la universidad que contemple la adecuada planificación de recursos materiales y humanos y que acerque el porcentaje del producto interior bruto destinado a financiarla a la media europea. Ese es otro aspecto de nuestra moción. No debe el Gobierno, y los grupos políticos que le sustentan, negarse a apoyar esta moción si es verdad lo que, en su nombre, el señor Ministro de Educación ha manifestado de entender la educación como un importante factor de progreso, igualdad individual y social, que extendida a todos los ciudadanos en condiciones de calidad

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creciente hace posible la construcción de una sociedad de seres libres; una educación democrática, madura y participativa. Son palabras del señor Ministro de Educación.
Tampoco debe autocomplacerse el Gobierno, como recientemente ha declarado alguna autoridad educativa, de que haya realizado --según su opinión-- una política de tasas equilibrada con una política de becas en ascenso. Están faltando a la verdad, señorías, porque la realidad presupuestaria no aventura precisamente esa situación. El sentido de nuestra moción sigue, pues, más vigente que nunca, porque en el proyecto de presupuestos generales del Estado las cifras destinadas a transferencias a la universidad vuelven a situarse con decrementos; es el caso de las transferencias de capital para las inversiones que llevan a cabo las propias universidades, menos un 34,2 por ciento o incrementos muy por debajo de la inflación prevista. Las transferencias corrientes «suben» -- entre comillas-- un 1,05 por ciento. Bajan también las inversiones --un 34 por ciento-- realizadas directamente desde el Ministerio de Educación, vía Junta de Construcciones.
Podemos afirmar, por ello, que la educación universitaria no es una prioridad para el Gobierno en un momento de incremento del número de alumnos universitarios y de implantación de nuevos planes de estudio. Voy a intentar, señor Presidente, señorías, sintetizar y resumir los argumentos que avalan nuestra moción. El gasto público universitario es débil e insuficiente, y aún más en comparación con los países de nuestro entorno. El esfuerzo que el Estado realiza para incrementar los fondos universitarios para 1994 es del menos 2 por ciento. No hay un modelo coherente de financiación universitaria. El Estado financia, por poner un ejemplo -- aparte de inversiones--, con 345.774 pesetas al alumno de la Universidad Carlos III, con 176.945 pesetas al alumno de la Universidad Complutense, y, lo que es más sorprendente, con 49.733 al de la UNED, Universidad con claro fin social. La nueva política de tasas supone incumplir el acuerdo Ministerio-sindicatos de estudiantes, de febrero de 1987, y hacerlo en una época de crisis económica. Los incrementos de esta política de tasas no tienen correspondencia en la política de becas, con incrementos para 1994, en la beca universitaria, de un sólo 2,7 por ciento, por debajo de la inflación, una vez más, y práctica congelación del número de becarios, con un «incremento» --también entre comillas-- del 0,08 por ciento. Sigue habiendo una clara selectividad económica, que se refleja en la poca representación que en el conjunto de los universitarios tienen los alumnos provenientes de zonas rurales o de grupos sociales desfavorecidos. Estos alumnos no pueden acceder a los estudios universitarios cuando tienen que hacer frente a gastos, costes indirectos, superiores a la cuantía de la beca máxima. Aprovecho la ocasión para explicar a SS.SS. --que sin duda lo conocen-- que la beca máxima es la que reúne todas las becas universitarias parciales posibles y que asciende a 604.000 pesetas en 1994.
Si hacemos un estudio de lo que suponen los gastos indirectos de un estudiante universitario y calculamos ese coste en torno a lo que se realiza en un colegio mayor de titularidad pública, podemos decir que supone unas 900.000 pesetas. La beca cubre 604.000, un 67 por ciento aproximadamente. El incremento de tasas propuesto para este curso se ha hecho tarde --lo dijimos ya en la interpelación-- y mal, sin contar con los consejos sociales de la universidad, sin los representantes estudiantiles y está obligando a devoluciones y gestiones administrativas con un coste añadido. Además, en las comunidades autónomas con competencias univesitarias los incrementos han sido menores. En resumen, nuestra propuesta es derogar la última orden de tasas y mantener en vigor la del curso anterior. Esta propuesta --a nuestro juicio-- es coherente con lo que «sube» --entre comillas-- el presupuesto universitario y la partida de becas, y permitiría llevar a cabo un debate político y social con los representantes universitarios de todos los estamentos --alumnos, profesores, consejos sociales-- sobre la financiación de la universidad.
Queremos también referirnos a dos argumentos que el Ministerio de Educación empleó el pasado 23 de octubre en defensa de su política de tasas. El Ministerio de Educación afirma que habrá 250.000 alumnos exentos del pago de tasas. Esta cifra no es la que aparece en los presupuestos para 1994, sino que figuran 216.000 alumnos, sólo 6.000 más que el año pasado. El Ministerio de Educación afirma que habrá 250.000 alumnos exentos del pago de tasas. Esta cifra no es la que aparece en los presupuestos para 1994, sino que figuran 216.000 alumnos, sólo 6.000 más que el año pasado. El Ministerio afirma también que los incrementos en las rentas anuales familiares sobre las que se calcula la beca de tasa son dos puntos superiores al incremento de las tasas; es decir, las tasas suben un 12 por ciento, pero las rentas a partir de las cuales se está exento suben el 14 por ciento. Esto tampoco es cierto; en la página 345 del presupuesto por programas y memoria de objetivos, Educación y Ciencia, sección 18 de los presupuestos para 1994, se recogen incrementos que oscilan entre el 8,6 por ciento y el 13,6 pasando por el 11,8, 12,3 y 13, hasta llegar al 14, que sólo afecta a la renta de las familias de dos miembros; es decir, que los incrementos son, menos un caso, inferiores al 14 por ciento y en varios casos inferiores al 12 por ciento.


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En estas condiciones, señor Presidente, señorías, ¿se va o no a resentir la calidad de la enseñanza? La política del Gobierno para paliar la situación no es otra que subir las tasas universitarias sin tener en cuenta que un gobierno progresista, según nuestra opinión, no puede exigir al usuario en momento de crisis un esfuerzo mayor que a la Administración. Financiación a la universidad, 1,05 por ciento, como se ha dicho; subida de tasas, 12 por ciento.
¿Cómo creen SS.SS. que van a poder soportar las clases más desfavorecidas tamaña injusticia?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González, vaya terminando.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
¿Cómo creen que puede un funcionario llevar a sus hijos a la universidad? Hace falta también una reforma en profundidad de la política de becas, destinando no sólo más recursos vía Presupuestos Generales del Estado, sino también un control que signifique que los destinatarios de las mismas sean precisamente los más necesitados y no aquellos, como a veces ocurre, que son más hábiles en picardías más o menos legales para defraudar a la Hacienda Pública. Mientras tanto -- finalizo ya--, señor Presidente, señorías, ¿qué hacer? Como he dicho, anular esa orden ministerial, debatir con las fuerzas políticas y con los implicados y definir una política de tasas y becas plurianual en el contexto de una política de financiación de la universidad que haga recaer sus costes de una forma razonable entre una Administración, que dice apostar por la universidad pública, y los usuarios, dependiendo de su nivel adquisitivo. Solicitamos, pues, el voto favorable de los grupos políticos a esta moción, teniendo en cuenta que el debate subsiguiente puede generar una política de tasas, becas y financiación de la universidad que sea fruto del consenso entre las fuerzas políticas y que dé lugar a la paz y no al disgusto social existente. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor González. ¿Grupos que desean fijar su posición respecto a esta moción? (El señor Lazo Díaz: ¿Turno en contra?) Señor Lazo, no hay turno en contra en el debate de las mociones. Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto de esta moción consecuencia de interpelación --moción autoenmendada-- del Grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y para manifestar que este Grupo va a votar en contra de esta moción y que va a hacerlo por las siguientes razones. Primera razón. Es cierto que la moción consecuencia de la interpelación vista el día 29 de septiembre último se refiere a algo que es de rabiosa actualidad y que, además, ha sido objeto de una cierta marcha atrás, rectificación o corrección, como quieran SS.SS., por parte del propio Ministerio de Educación y Ciencia, pero es igualmente cierto que de aprobarse y ejecutarse esta moción se iban a dejar en el aire las tasas académicas para el vigente curso académico, no para el curso académico próximo, sino para el actual, creando incertidumbre allí donde debería existir sólo certeza, es decir, en la previsión presupuestaria de las universidades y en la gestión económica consiguiente, todavía más cuando las tasas se han fijado de acuerdo o con el visto bueno del propio Consejo de Universidades, en concreto de su Comisión de Coordinación y Planificación. Decir que debe ser retirada la Orden ministerial de fecha 1 de octubre para abrir paso a un debate, puede gustar, musicalmente hablando, pero jurídicamente se abre una laguna que contradice el mandato de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria y, además, políticamente equivale a decir que quien grita o se manifiesta tiene no sólo razón, que puede tenerla en algunos aspectos, sino que tiene la razón, lo cual nos parece no es nada cierto en este tema. Segunda razón de oposición. La enseñanza universitaria es un servicio público, evidentemente que sí, pero ese servicio público no es universalizable, como ocurre en otras etapas educativas. Es decir, la naturaleza pública del servicio académico justifica plenamente su financiación pública, la aportación de dinero por parte de los presupuestos de las Administraciones públicas, pero su no obligatoriedad -- no se obliga a nadie a estudiar una carrera universitaria-- comporta, por una parte, la exigencia de ciertos requisitos para el acceso a dichos estudios y, por otra, la contribución de los interesados en su coste, al ser beneficiarios particulares, individuales y no generales de dicha enseñanza.
Por tanto, las tasas deben existir, haciéndolas compatibles, eso sí, con una acertada política de becas que aseguren, como ha dicho el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el derecho a la formación universitaria absolutamente a todos los ciudadanos de este país. Tercera razón. Creo que deberá ser norma introducir en la evaluación de costes universitarios no sólo criterios cuantitativos, sino sobre todo cualitativos o de calidad específica que ofrece un tipo de estudio o una determinada universidad. Posiblemente también sea ésta, al menos esto piensa nuestro Grupo Parlamentario,

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una consecuencia lógica del proceso de autonomía universitaria que pone en marcha la propia Constitución y que desarrolla la ya citada Ley de Reforma Universitaria. A partir de aquí, el crecimiento de la financiación pública de la Universidad debería ir acompañado de un esfuerzo equivalente por parte del usuario en el porcentaje que se fije. En este sentido me parece oportuno recordar que las tasas cubren tan sólo una parte del coste real de los estudios. Así, hoy, aproximadamente un 80 por ciento de los presupuestos de las universidades españolas son sufragados por los presupuestos públicos, sean de la Administración central del Estado, sean de las Administraciones autonómicas competentes en la materia.
También me parece oportuno indicar que mientras que en 1985 la participación de las tasas universitarias en la financiación de las universidades administradas o tuteladas por el Ministerio de Educación y Ciencia superaba ampliamente el 20 por ciento (era del 21,6 por ciento exactamente), en 1993 ese porcentaje quedaba situado en un 17,5 por ciento, actualizado ahora de manera mesurada, creemos nosotros, por esta Orden ministerial que se pretende anular. Finalmente, hay un aspecto en el que sí coincidimos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y es en la necesaria reforma de la política de becas con una nueva orientación; una orientación que para nuestro Grupo debería pasar también por la gestión por parte de las administraciones autonómicas competentes en materia universitaria. Pero lo cierto es que tampoco podemos votar este punto, toda vez que existe en la propia redacción del mismo una excesiva dependencia conceptual respecto del primer punto, que es el punto nuclear de esta moción consecuencia de interpelación, la cual, repito, no vamos a apoyar. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López de Lerma. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señor Presidente, señorías, yo echo hoy de menos en esta Cámara la presencia del señor Ministro de Educación; se ve que estará tan ocupado en frenar los impulsos incontenibles de los estudiantes que le interesará muy poco lo que puedan decir los grupos parlamentarios en esta Cámara sobre la política de tasas. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi: ¡Muy bien!) Pero, en cierto modo, eso me tranquiliza porque mucho más peligroso sería que estuviera fabricando algún decreto. (Rumores.) En primer lugar, quiero que quede claro, señor Presidente, el rechazo de mi grupo parlamentario ante los diferentes actos de violencia que, aunque no han sido graves, son excesivamente desdeñables si se producen en el seno de la comunidad universitaria. Ninguna persona que intervenga en estos hechos merece llevar el nombre de universitario ni pertenecer a una comunidad que debe ser ante todo escuela de diálogo. Dicho esto, paso a fijar la posición de mi grupo sobre la moción presentada, que vamos a apoyar. Nuestro apoyo se basa precisamente en el galimatías que se ha formado en torno a la política de tasas universitarias, porque ese vaivén de las tasas que parecía que se frenaba un poco con la nueva posición del Ministerio de dar marcha atrás no se basó en la reflexión, ni en el diálogo ni en la necesidad de proteger en estos días de crisis a la sufrida familia española; la revisión del decreto se basó simplemente en el miedo al rechazo popular.
Son palabras del señor Ministro, quien el día 30 de septiembre decía que no se puede empañar la reforma de las enseñanzas universitarias con cuestiones que producen alarma social y que pueden desacreditarla. Y no sé cómo se las ha arreglado el Ministerio, pero ese rechazo se ha producido, y los anuncios para mañana de movilizaciones, que no son deseables por nadie, están ahí, y eso nos preocupa. Sin embargo, señorías, esto se veía venir, y se veía venir porque, desde el pasado mes de marzo, las universidades, que preveían el posible conflicto, pidieron al Ministerio que les comunicase antes del mes de mayo cuáles iban a ser los criterios para la fijación de los nuevos precios de las matrículas universitarias, pero sucedía que en esos días el Gobierno estaba muy preocupado con tramoyas electorales y pospuso su decisión, que, curiosamente, sorprendió a la población española en vacaciones. El 26 de agosto algunos periódicos dijeron que ya los estudiantes estaban haciendo cola para matricularse, y ese día, día aciago, el Ministerio tendrá que reflexionar sobre el porqué ha sido el día en que se ha abierto la caja de Pandora de la Universidad española. Septiembre se presentó conflictivo y octubre no digamos. Pero es que el presupuesto familiar también se vió alterado en sus previsiones, porque lo que no me pueden negar es que el rechazo ya no se ha arreglado con la política de la marcha atrás. Pero esta decisión, señorías, de anular el decreto de las tasas ni siquiera ha servido para zanjar el problema. Es, una vez más, la política del parche; nada serio ni estable. Aquí, el ciudadano se acuesta sobrecogido con lo que le puede suceder a la mañana siguiente, y, como ya es norma de este país, cuando desde el Gobierno se arbitra una chapuza, el ciudadano se defiende como puede, y casi siempre con otra chapuza, y, ahora, se da la circunstancia de que, ante el galimatías de las tasas, muchos estudiantes en muchas universidades han solicitado beca porque de esa manera no tienen que abonar las tasas hasta que se les diga si se las han concedido o no, y así el afán recaudatorio y la medida que el Gobierno había previsto ha seguido una trayectoria

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inversa a la deseada. Pero este recurso a la picaresca es normal, es normal y es esperable, porque aquí el ciudadano se defiende de un Gobierno que cambia constantemente de opinión según le vengan las reglas del juego, y esto no puede ser serio, señorías. El ciudadano se pone a cubierto de su voracidad, y a ver qué pasa. Porque no se puede proponer ninguna subida de las tasas sin una contrapartida clara, y las cuestiones que ha planteado el Ministerio ciertamente no lo son, señorías. Hay que precisar, en primer lugar, en qué momento nos encontramos. Parece ser que al día de hoy las tasas tendrán un valor medio de 88.601 pesetas en las carreras de máxima experimentación y 55.745 pesetas en las menos experimentales. Eso, en términos globales y si no ha surgido por ahí otra cosa, porque la imprevisión de este Ministerio es manifiesta. El Ministro dijo que se compensaría vía subvenciones a las universidades que vieran reducidos sus ingresos por motivos de tasas. Luego dijo ante esta Cámara que no compensaría a ninguna universidad, pero que no habría --se comprometió a ello-- merma en las subvenciones y, posteriormente, en Comisión, el día 28 de septiembre, anunció que había merma en las inversiones. ¿En qué quedamos? Con los presupuestos en la mano, el galimatías es todavía mucho mayor, señorías. Pero sepan que nuestro grupo nunca apoyará una subida de tasas superior al IPC y no admitiremos ninguna subida que no lleve paralelamente y como mínimo en el mismo porcentaje medio ponderado un aumento de subvenciones e inversiones a las universidades; sólo de esa manera podría haber una cierta garantía de un aumento de calidad, que tanto necesita la Universidad española. Pero tengan la certeza de que nunca vamos a apoyar una subida unilateral de las tasas sin contrapartida, aprovechando, como se aprovecha el Gobierno, de que es prácticamente el único que tiene ofertas en el mercado universitario. Señorías, si contemplamos los presupuestos, no se ve reflejado en ningún sitio un aumento de lo que hubiera supuesto esta subida de tasas. Por ejemplo, en Alcalá de Henares, los alumnos aumentan 10,2 puntos y los gastos de funcionamiento aumentan 1,8. Pero es que se da la paradoja de sitios como Murcia, que aumentan 5,1 puntos los alumnos y los gastos de funcionamiento la mágica cifra de 0,04. ¡Ustedes me dirán! Salamanca aumenta 4,03 puntos alumnos y los gastos de funcionamiento 0,17. Pero en Valladolid ya es la repera; (Rumores.) aumenta 5,4 el número de alumnos y los gastos de funcionamiento descienden 0,2. Si el aumento de las tasas no va a servir para repercutir en los gastos de funcionamiento, ¿dónde va a repercutir? Porque lo que no podemos pensar es que se puedan crear plazas gratis. ¿Qué se ofrece a cambio de la subida de tasas? Lo que sucede, señorías, es algo muy grave: que el Ministerio está utilizando en la Universidad la misma técnica y el mismo criterio que utiliza en los hospitales: más alumnos, aunque sea en los pasillos, y esto no es de recibo, ya que no tenemos ni las condiciones ni las garantías adecuadas. A esta altura de curso todavía no se ha normalizado la enseñanza de determinadas asignaturas ni se prevé. Aún hay obras sin ejecutar en muchas universidades que son necesarias para impartir las clases en ellas. La Universidad necesita en este momento, señorías, de todo menos parcheo. Necesita una reforma a fondo que el Gobierno no se ha atrevido a hacer y el presente tampoco acomete. El Ministro declaraba no hace mucho que no podía precisar el coste de la llamada «marcha atrás». Decía que si en los Presupuestos había un respiro para educación se harían subvenciones nominativas, pero con los datos de los Presupuestos en la mano lo que sucede no es que haya un respiro, sino que la Universidad ni respira. Y, si no respira, entra en anoxia y ésta produce grandes daños cerebrales. La Universidad debe de servir para promover cerebros sanos. ¿Qué menos? Tampoco vemos que sea adecuada la política de tasas, en cuanto a segundas y terceras convocatorias. El señor Fereres decía el día 19 en Comisión --y cito textualmente-- que la modificación del Decreto de tasas se realizó antes de enviar los Presupuestos a este Congreso y que, por tanto, se tuvo en cuenta el conjunto de subvenciones universitarias. Asimismo afirmó que no se tenía previsto ninguna ampliación de crédito por la «marcha atrás» de las tasas. Esto con relación a las tasas, porque si entramos en la relación tasas-becas, el enfoque del Gobierno es de aurora boreal. Para este año, con un incremento considerable de alumnos --los datos están recogidos de los Presupuestos--, hay cinco mil becas menos en relación a 1992. Ustedes me dirán de qué manera se corresponde el aumento de las tasas con el incremento del número de becas que ya se está produciendo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández de Capel, vaya terminando.


La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Termino, señor Presidente.
El señor Fereres anunció en la misma Comisión que si suben los peticionarios de las becas --cosa que está sucediendo--, habría un crédito extraordinario, a pesar de no haberse aprobado todavía los Presupuestos. ¿Pero qué seriedad de presupuestos universitarios son éstos? ¡Por Dios! (Risas.) Por ultimo, señorías, cuando en algún momento esta Cámara y estos Diputados sepan lo que cuesta una plaza universitaria --pues aún no sabemos lo que cuesta ni cómo se calcula, aunque el señor Fereres se ha comprometido a ponerlo en conocimiento de nuestro Grupo--, entonces podremos saber la participación que

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realmente tienen las tasas universitarias en el coste de un puesto universitario. Quede claro, señorías, que subidas a cambio de nada por encima del IPC no las vamos a apoyar. Entre tanto, el Consejo de Universidades dijo el día 19, por boca del señor Quintanilla, que hay que subir las tasas, pero el Gobierno no les da dinero a los rectores. Este es el problema.
La Universidad no tiene dinero. Y, para acabar el triste panorama, aparece en televisión un representante socialista de educación de una autonomía alardeando de que sus tasas son más bajas que las de otros. Si no hay compensación por la «marcha atrás» será porque se dedica menos dinero a la Universidad. Yo no entiendo por qué están tan contentos porque dedican menos dinero a la Universidad. No lo puedo entender. La oferta universitaria no puede plantearse como una rebaja de saldos.
Créanme, yo compadezco desde esta Cámara al señor Ministro por la carga que el señor González ha depositado en él. Tiene una herencia peor que la de los Países Bajos, mucho peor: un Ministerio pésimamente gestionado. Y el asunto de las tasas no es un asunto prioritario; es solamente la punta del iceberg de lo que pasa en la universidad española.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, por favor, señora Fernández.


La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Los problemas están saliendo. Esperamos soluciones claras, útiles, necesarias, a fondo, sin ir de tapadillo y por eso nuestro voto será afirmativo en este caso. Muchas gracias. (Varios señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lazo.


El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a referirme, no a la atractivísima intervención de la representante del Grupo Popular (lo dejaremos para otro día), sino a la moción presentada por Izquierda Unida. Una moción que, a pesar del tono serio, incluso solemne, que ha utilizado en la lectura de sus folios el representante de Izquierda Unida, resulta, se coja por donde se coja y se mire por donde se mire, muy difícil de defender; tan difícil de defender (y yo no recuerdo ahora mismo ningún precedente; desde luego no es habitual), que el propio Grupo de Izquierda Unida ha tenido en el último momento que autoenmendarse, que presentar una enmienda a parte del texto presentado, concretamente al primer punto. A pesar de todo, a pesar de esta autoenmienda, el primer punto casi se cae por sí mismo.
Aquí se habla de instar al Gobierno a iniciar un debate (en la primera redacción se decía «fuerzas políticas» y en la enmienda se dice «fuerzas sociales»; no sé si habrá alguna diferencia de contenido, o si es una cuestión puramente estilística) con las fuerzas políticas sobre el tema de las tasas. Y digo que carece de sentido esta petición porque ese debate ya está, ya se ha celebrado aquí con motivo de la propia interpelación de Izquierda Unida, se está celebrando en este momento, porque de eso es justamente de lo que estamos discutiendo, y se puede celebrar en el futuro cada vez que una fuerza política o un Grupo Parlamentario quiera presentar una moción, una pregunta, una interpelación, una proposición no de ley sobre este tema. Carece, por tanto, de sentido mantener este primer punto. Con respecto al segundo punto, no es que no tenga sentido, es que está asentado en una idea de la universidad española y, sobre todo, de lo que ha sido la política universitaria en estos últimos diez años que --con todo respeto se lo digo-- no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué es lo que se pide en el punto 2.º? Que se reforme la política de becas y que nadie quede excluido --se viene a decir-- por razones económicas de la Universidad española. Es, en definitiva, la posición fácil, es la tentación que acecha siempre a la oposición de pedir más, se haga lo que se haga. Pedir más está al alcance de cualquiera.
Hay una serie de bienes, hay una serie de servicios que, por mucho que se ofrezca, siempre se puede exigir más, bien cuantitativamente o bien cualitativamente. Nosotros podemos hacer muchísimas viviendas; siempre es posible pedir viviendas más baratas o mejores. Podemos hacer miles de kilómetros de autovía; siempre es posible pedir una carretera nueva para mi pueblo. Y lo mismo ocurre con la política universitaria y lo mismo ocurre con las becas. Por eso, si no se quiere acudir al recurso facilón de «queremos más», yo creo que, para hablar de esta cuestión (tasas, becas, acceso a la universidad, en definitiva), hay que colocar sobre la mesa una evidencia que, como tal evidencia, no puede ser negada: En estos momentos, hoy, en la universidad española todos los estudiantes son becarios, todos los estudiantes están becados en cuanto que todos pagan --los que paguen; enseguida vamos a hablar de eso- - una ínfima parte de lo que vale el puesto escolar. Y para tener una idea de que, efectivamente, esto es así, basta simplemente echar una ojeada a lo que cuesta o a lo que va a costar la matrícula en las universidades privadas. Pero vayamos al tema de las becas y de las tasas estrictamente dichas. Con unos presupuestos (lamento no coincidir con sus cifras; tendrá usted que manejarlas un poco mejor) rigurosos como son los de este año, como correponde a una época de crisis, unos presupuestos donde hay partidas que se congelan, hay partidas

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incluso que descienden, las partidas destinadas a becas ni se congelan ni descienden, sino que suben en conjunto -- incluyendo aquí también las exenciones de tasas-- alrededor del 9 por ciento. Y hay que hablar de las exenciones de tasas, sobre las que usted ha pasado como de puntillas. El año pasado estaban exentos de tasas, es decir, no pagaban nada en la universidad española aquellos estudiantes que pertenecían a familias con ingresos inferiores a 2,5 millones de pesetas.
Este año no pagan tasas, no pagan ni una peseta, todos los estudiantes que pertenecen a familas con ingresos que no llegan a los 3 millones de pesetas. Me parece a mí que 3 millones de pesetas no es precisamente el umbral de la pobreza. Ese número de alumnos significa alrededor de 250.000.
Alguien puede decir, desde luego, que de 1 millón 300.000 alumnos que tiene la Universidad española, 250.000 que no paguen tasas es muy poco. Pero de eso no tiene la culpa el Gobierno; lo que significa es que en la Universidad española solamente hay 250.000 alumnos que pertenecen a familias que no llegan a los 3 millones de pesetas. Si hubiese 600.000 alumnos, habría 600.000 alumnos exentos de tasas. Y es que la Universidad española tiene la composición social que tiene, y aquí hay que detenerse porque me parece un tema fundamental.
En la cuestión del acceso a la Universidad, de las tasas, de las becas, como en todo, cabe una actitud conservadora y cabe una actitud progresista. Y una actitud progresista no consiste en tratar a todos por igual, sino justamente tratar desigualmente a los que se encuentran en una situación desigual. ¿Por qué digo esto? Para nosotros, la Universidad es un centro de alta calidad docente e investigadora. Eso exige, para ingresar en ella, un determinado nivel intelectual, un determinado nivel de formación, un determinado nivel de preparación. Por tanto, se monta algún tipo de filtro, algún tipo de puerta de acceso. Lo que no puede ocurrir, efectivamente, es que en la Universidad pública, a diferencia de lo que ocurre en las universidades privadas, el filtro, la puerta de acceso sea de tipo económico. Eso no puede ocurrir en una Universidad pública. Pero tampoco puede ocurrir en una Universidad pública que una renta elevada sea una llave para entrar en la Universidad y para permanecer indefinidamente porque se sea un mal estudiante. De esta idea, la necesidad de que haya una política de tasas, la necesidad de que haya una política de becas y la necesidad de que haya --ahora no se ha nombrado, pero se hizo en el momento de la interpelación-- una política, vamos a llamarla, de penalizaciones sobre el estudiante que no aprovecha suficientemente los estudios.
Puesto que los recursos son limitados --y ha habido otro señor parlamentario del Grupo Catalán que se ha referido a ello--, puesto que en este país, como en cualquier otro, los recursos son limitados, dada la composición social de la universidad española --a la que antes me refería-- los socialistas y el Gobierno socialista consideran que no es bueno y que no es progresista una universidad gratuita, que significaría que con el dinero de todos los españoles se está financiando la educación de quien puede financiársela a sí mismo. Nuestra filosofía, en consecuencia, es muy simple, y es la que se está practicando: quien tiene dinero para estudiar en la universidad, que pague; quien tiene menos dinero no paga, exención de tasas; quien tiene poca renta no sólo no paga, sino que además recibe una beca; y quien no aprovecha suficientemente los estudios es penalizado económicamente. En el tema de las penalizaciones también conviene detenerse un momento. Aquí se dijo, el día de la interpelación, que el sistema actual, que penaliza económicamente a las asignaturas repetidas, es un sistema nefasto, que castiga sobre todo a los estudiantes con renta baja, que por esta penalización se pueden ver obligados a abandonar la universidad, y prácticamente no lo notan los estudiantes que pertenecen a familias con rentas altas. Eso es barata demagogia derechista.
Cualquiera que conozca la universidad española sabe que no es precisamente entre los hijos de los trabajadores donde hay que buscar a los repetidores; normalmente los hijos de los trabajadores son bastante buenos estudiantes. Cualquiera que conozca la universidad española sabe que nadie ha tenido que dejar sus estudios porque haya sido penalizado. Se dijo en el día de la interpelación --se ha vuelto a insinuar hoy-- que no se puede penalizar la repetición de una asignatura; hay estudiantes que piden la supresión de esas penalizaciones. Si se quiere ser sincero, si se adopta esa postura y se quiere ser sincero, habría que añadir: no se penalice económicamente sino que se marche de la universidad. Semejante disparate yo no lo he oído. Por tanto, si se habla y se propone que no suban las tasas --como se ha propuesto--, si se propone que no haya penalizaciones --como se ha propuesto--, lo que se está diciendo en realidad, de una manera consciente o de una forma inconsciente, es que todos los españoles paguemos los estudios de todos los estudiantes, sea cual sea su nivel de renta, y que todos los españoles paguemos indefinidamente a los estudiantes eternos. El representante de Izquierda Unida decía en su momento, el día de la interpelación --y voy terminando-- , que una política progresista se definía por las inversiones en la universidad. Totalmente de acuerdo. Una política progresista se define, entre otras cosas, por las inversiones en la universidad. Por eso, hoy España es el primer país de la Comunidad Europea en población universitaria; por eso, en 1982, en la universidad española había 57 titulaciones y hoy hay 130; por eso, en 1982 teníamos 8.700 profesores funcionarios y hoy tenemos 27.000; por eso, en estos años de Gobierno socialista

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las retribuciones del profesorado han subido entre el 159 por iento y el 225 por ciento; y por eso, porque estamos hablando de becas, las becas en estos años de gobierno socialista se han incrementado el 915 por ciento. Eso es inversión política universitaria y eso es, por tanto, política progresista.
Izquierda Unida dice que están muy preocupados por la calidad de la universidad pública. A nuestro entender no es con las propuestas que hace Izquierda Unida como se consigue esa calidad, no es suprimiendo las pruebas de acceso. Ya sé que no lo ha planteado hoy, lo planteaba en la legislatura anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Lazo, vaya concluyendo. El señor LAZO DIAZ: Acabo, señor Presidente. No es suprimiendo las pruebas de acceso; no es suprimiendo las tasas o congelándolas, que para el caso es lo mismo; no es suprimiendo las penalizaciones. Así sólo conseguimos una universidad masificada, una universidad descapitalizada y una universidad degradada. Como el Grupo Socialista no está por esa labor, el Grupo Socialista va a votar en contra de esta moción. Muchas gracias, señor Presidente, (El señor González Blázquez pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González Blázquez, ¿en qué artículo se ampara para solicitar la palabra?

El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, quería aclarar una cosa y si no me voy preocupado. El señor Lazo cuando ha dicho «barata demagogia derechista» me ha mirado y estoy preocupado por eso. (Risas.) Es para irme tranquilo a casa, señor Presidente. No le voy a contestar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González Blázquez, solicita un turno de alusiones. Tiene un minuto para ese turno.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Que retire la mirada, señor Presidente. (Risas en los bancos del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.) Simplemente para aclarar al señor Lazo que hemos tenido que hacer la autoenmienda porque como quiera que la moción que presentamos a consecuencia de la interpelación se hizo en su momento y después se ha reformado la orden ministerial, ese es el motivo de la autoenmienda. No es que nos tengamos que enmendar a nosotros mismos porque creamos que está mal. No entro en más debate, señor Presidente. Aclarado suficientemente que no se refería a mí, me voy a gusto.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor González Blázquez. Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que se somete a votación en los términos resultantes de la enmienda del propio grupo proponente de la moción. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 300; a favor, 138; en contra, 159; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO DE MODO INMEDIATO EN RELACION CON EL MERCADO DE TRABAJO PARA DETENER EL PROCESO DE DESTRUCCION DE EMPLEO Y ACTIVAR LA CREACION DEL MISMO (Número de expediente 173/000007)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a interpelación, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno, de modo inmediato, en relación con el mercado de trabajo, para detener el proceso de destrucción de empleo y activar la creación del mismo. El señor Aparicio tiene la palabra.


El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, señorías, me cumple presentar la moción consecuencia de interpelación que el Grupo Parlamentario Popular hizo relativa a la política del mercado de trabajo para creación de empleo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Aparicio. Señorías, ruego guarden silencio.


El señor APARICIO PEREZ: Ciertamente el tema que ocupa nuestra moción no es banal. Creo que si algún consenso puede existir en la Cámara es que el problema del desempleo, la creación de puestos de trabajo es el tema central, es el principal problema que sin ninguna duda tiene planteada la economía española. Desde esa perspectiva con unas cifras que como recordaba la diputada Villalobos son un triste récord, en este instante nuestra principal divergencia respecto a cualquier referencia de convergencia europea son precisamente nuestras cifras no sólo de paro, no sólo ese 22,25 por ciento de tasa de paro, sino ese aún más preocupante 48,2 por ciento de tasa de bajísima actividad, inferior incluso a la misma cifra de ocupación o de tasa de ocupación que España tenía en 1982. El 37,9 de

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cada cien españoles en edad de trabajar, están realmente trabajando y ocupados. Si a esto le unimos el récord de la destrucción de empleo que se ha producido en estos últimos meses, muy selectivo además... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Aparicio, le ruego me disculpe. (Pausa.) Cuando quiera.


El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente, por el amparo. Si a esto unimos una cifra realmente espectacular, casi 600.000 puestos de trabajo perdidos en lo que llevamos de año y más preocupante si lo analizamos en lo que afecta al empleo estable y entendemos que en este momento se está rozando prácticamente que uno de cada tres puestos de trabajo, el 32 por ciento, tenga ya carácter eventual, creo que una de las principales obligaciones de esta Cámara --al menos así lo entiende el Grupo Popular-- es tratar de plantear, con toda seriedad, con todo rigor y sin ninguna concesión una serie de medidas que puedan afrontar ese panorama. Quizás en la intervención del otro día del señor Ministro hubo mucho de catálogo exhaustivo y hubo poco de verdadera voluntad de salir de esta situación desesperante de falta de actividad por parte del Gobierno, yo diría, que de falta de liderazgo social. Si algo creo que encaja también en las obligaciones de un Gobierno es ejercer una verdadera función de liderazgo, ese liderazgo ha estado ausente en los últimos meses de la vida pública y política española, especialmente en relación al tema de creación de empleo. Me gustaría decir que hasta la fecha lo único que parece se va concretando es el nuevo régimen de fiscalidad que habrán de soportar los desempleados y poco más.
De ahí que en nuestro grupo hayamos querido plantear medidas que entendemos razonables, posibles, sabemos que unas entran dentro de la acción directa del Gobierno, otras entran dentro de la capacidad del Gobierno de demostrar un liderazgo en la sociedad española, que con un respeto absoluto a la función constitucional de los agentes sociales sean una verdadera llamada al diálogo y a la responsabilidad, una apelación a estos mismos agentes sociales. Lo que no van a ser, lo digo, es sorprendentes en muchos casos; no podían serlo.
Prácticamente desde el año 1986 venimos reiterando un mismo cuadro de propuestas, muchas de ellas han sido varias veces presentadas, sistemáticamente rechazadas y la única sorpresa que cabría es que las hemos visto acogidas en alguno de los planteamientos del Partido Socialista de este año, especialmente en la llamada ley financiera. Sólo cabe aplaudir que se haya producido por fin una aceptación de tesis que, insisto, sistemáticamente, desde el año 1986, han sido rechazadas, quizá por el único delito de proceder de nuestro grupo. A nosotros, en el nuevo escenario político, nos encantaría que este tipo de comportamientos desaparezca. El otro día hubo, yo creo, una oferta absolutamente sería del Presidente del Partido y del Grupo Parlamentario Popular, de José María Aznar, que no cabe (yo lo digo por respeto a ese 22,25 por ciento de la población española en paro) tomársela a broma y menos aún tratar de utilizar un lenguaje que se aproxime a los juegos. Yo no creo que el tema del desempleo, del paro en España sea para jugar. Creo que estamos ante el principal problema que tiene la sociedad española. No se trata de ir o no de farol; de hecho, las propuestas que a continuación voy a comentar con toda brevedad coinciden exactamente con enmiendas que vienen ahora, bien a la ley de presupuestos bien a la ley financiera. La verdadera voluntad de diálogo, la credibilidad de unos y otros, creo que habrá que acreditarla si efectivamente se produce una aceptación o no. Ese esfuerzo de aproximación que se ha hecho lo vamos a seguir manteniendo y reiterando. Habrá quien se limite a despacharlo con un calificativo, bien lúdico, que creo es absolutamente impertinente, o bien --es un temor que tengo y espero que el señor Arnau me despeje esa duda--, con el peregrino argumento de que son muchas las medidas. Entrando ya en lo que es el fondo de la propuesta, creemos que la primera clave en este momento (y me alegro de que hoy mismo se haya dado a conocer un informe internacional de toda solvencia, el informe McKinsey) es la productividad. Entendemos que la principal obligación del Gobierno en este momento es fomentar como clave de despegue de una situación de crisis, una política de rentas salariales que tenga precisamente como engranaje básico la productividad. Además y en esto creo que también ha habido un cambio de rumbo importante no desde nuestro grupo (bastaría con releer no sólo los discursos previos de quienes han actuado como portavoces, sino los propios informes Lluch y Segura, que sin duda no le son ajenos al señor Arnau), mediante un tratamiento específico sectorializado que atienda no sólo dimensiones de empresa, sino sectores productivos. El segundo punto es una apelación a la responsabilidad que creo tienen, y que en muchas otras ocasiones han demostrado los agentes sociales. Sin ninguna duda una pieza esencial, la movilidad funcional, está en este momento insertada en el marco de la reforma necesaria de las ordenanzas laborales y creemos que hay que dar un plazo, porque si bien es deseable, absolutamente deseable (coincidiríamos todos los grupos en que su modificación se haga por la vía de la negociación colectiva), creo que también hay que tratar de acotar esa negociación para que efectivamente si no se produce por el camino óptimo se produzca, en cualquier caso, por un camino.


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Hablamos del tercer punto: reducir gradualmente las cotizaciones sociales con cargo a las empresas. Nos encantaría, y es una vieja petición, que las prestaciones de carácter universal, especialmente las no contributivas, no sólo las propias pensiones definidas como no contributivas, sino una parte del sistema asistencial español, como puede ser la prestación a la que genéricamente llamaríamos campo Inserso, tienda a un esquema de financiación en el que cada vez tengan menor importancia las cotizaciones sociales que, como llegó a definir el propio Presidente González, no dejan de ser sino un impuesto al empleo.
Creemos que hay que atenuar la excesiva rotación de nuestro mercado de trabajo y estimamos que es urgente, porque ya están actuando, empresas españolas de trabajo temporal, que algunas ya se están constituyendo, o bien están actuando en el propio mercado laboral español empresas extranjeras. Ese es un tema que conocen bien quienes han sido titulares y han tenido responsabilidades en el Ministerio de Trabajo, que es una vieja petición nuestra en la que creo llegamos tarde, pero no demasiado tarde aún.
Creemos que el perfeccionamiento de la regulación del contrato a tiempo parcial debe tener en cuenta no sólo las particularidades de las pequeñas y medianas empresas, sino que, efectivamente, debe asociar un carácter finalista a dichos contratos.
Entramos --y seré sintético para atenerme al tiempo que tengo marcado para este trámite parlamentario-- en un segundo bloque que tampoco es nuevo. Lo propusimos en los Presupuestos Generales del Estado el año pasado y en dos proposiciones no de ley.
Creemos que una forma efectiva de luchar contra el fraude, que ahora parece sí se reconoce desde las filas socialistas que existe y existe con abundancia en el seguro de desempleo (por cierto, nos agradaría que siempre que se hable de fraude en el seguro de desempleo se diga con claridad y se diga en los textos que maneja el propio Gobierno que también afecta al subsidio agrario), es la vinculación de las prestaciones a la propia formación profesional. Yo creo que el objetivo último de un sistema de protección al desempleo por supuesto es dar unas cantidades económicas que permitan unas condiciones dignas a quien haya tenido la desgracia de perder su puesto de trabajo, pero no puede perder de vista el horizonte básico, que es reintegrar a esa persona cuanto antes al mercado de trabajo. Creemos que una forma eficaz de conseguir el doble objetivo de reintegrar al mercado de trabajo y, por otro lado, de luchar contra el desempleo es vincular efectivamente, la prestación y la formación, cosa que ya hemos propuesto en varias ocasiones y que sistemáticamente ha sido ignorada por su parte.
Creemos que si se quiere reservar al Inem para unas funciones, digamos, altas y nobles, como sería la formación profesional, como sería la gestión realmente del empleo, bastaría con que cumpliesen algo que dijeron que iban a cumplir y nos permitimos recordárselo. En una de las disposiciones adicionales de la anterior ley de presupuestos se hablaba de que la gestión de las prestaciones debía hacerse de forma centralizada desde el INSS. No sabemos por qué no se ha hecho, es un planteamiento que en su día vimos como propio y que, desde luego, entendemos que en este momento podía ser objeto de un acuerdo entre ambas fuerzas políticas.
Tratando de unificar dos de los puntos, los números 10 y 11, habrán visto SS.SS. que tratan de definir un nuevo modelo en la formación profesional. No me importa decir que hemos tratado de seguir uno de los modelos sin ninguna duda más experimentados y más eficientes del contexto europeo. Es el modelo alemán, en el cual mediante la concertación, mediante la negociación entre los agentes sociales, se puede alcanzar un catálogo exhaustivo y actualizable a la vez de cualificaciones profesionales que permitan ya concentrar todos los esfuerzos. Ese modelo, en el que sin ninguna duda los agentes sociales, empresarios y trabajadores, tienen mucho que decir, permitiría una optimización de recursos. Es la propuesta que sistemáticamente hemos venido reiterando y que hoy, si todos volvemos a coincidir, como creo que coincidimos en la necesidad de perfeccionar la formación profesional en España, podría ser una buena fórmula.
Por otro lado, algo obligados estamos en materia del contrato de aprendizaje. No pretendo jugar a ningún tipo de anticipación del futuro, pero me permito recordar que la directiva que aparece citada en nuestra moción debe entrar en vigor en junio del año próximo.
Si el Grupo Socialista no va a apoyar nuestra moción, sirva al menos como recordatorio de una obligación legislativa que bien pronto tendremos sobre la mesa.
Los dos últimos puntos pretenden algo en lo que podemos estar todos de acuerdo: establecer una nueva deducción de la cuota común del Impuesto de Sociedades y del IRPF por formación profesional, esa necesaria formación profesional en el seno de las empresas que, efectivamente, esté incentivada desde el punto de vista fiscal y social, y que los gastos destinados a políticas activas en el mercado de trabajo se vayan equilibrando (la situación española, en comparación con la de cualquier otro país de la Comunidad Europea, es profundamente desequilibrada) con las políticas pasivas.
Bien saben quienes han actuado en esta materia que es uno de los grandes problemas de la protección social española. Carga la mano, por decirlo así, en las políticas pasivas y sin duda ninguna ha descuidado las activas.
Me permito, en consecuencia, pedir al resto de los grupos su apoyo a nuestra moción. No hay, lo puedo garantizar, ningún deseo de jugar a nada, que insisto es un término que no debe ser jamás utilizado, sobre todo por respeto a quienes han perdido su puesto de

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trabajo. Creemos que es el camino que hay que seguir, emprender esas reformas estructurales tantas veces anunciadas y nunca materializadas. En ese trabajo encontrarán ustedes al Grupo Popular, sin contrapartidas, sin otro interés que el interés general de España, de esos trabajadores en desempleo, sin otra intención, en este instante, que la de contribuir a resolver lo que, vuelvo a insistir, es el verdadero drama social español. Les puedo garantizar también, y permítanme que me refiera más particularmente al Grupo Socialista, que renunciando a cualquier protagonismo en esta acción, creo que sería una forma buena de empezar a trabajar.
Una última cosa les digo. Muchos de los puntos que aquí se han tratado son perfectamente concordantes, coinciden plena y absolutamente con algunas de nuestras enmiendas presentadas a la Ley de Presupuestos y a la ley financiera. Si existe una verdadera voluntad de diálogo, no simplemente de buscar las adhesiones o forzar las adhesiones, nos encontrarán; si no, muy difícilmente.
Gracias. (Un señor diputado del Grupo Popular: ¡Muy bien!.
--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Con brevedad desde el escaño para indicar al señor Aparicio, tras su intervención y al socaire de la misma que tales entusiasmos ha provocado su grupo parlamentario (realmente ha estado tramada con fundamento conceptual e intelectual más que razonable, señor Aparicio) que nos vamos a abstener a pesar de sus esfuerzos intelectuales en la materia. Nos vamos a abstener no porque las medidas desagregadas que se proponen en su moción sean medidas objetables de forma muy relevante. Son razonables en su generalidad, sin perjuicio de que algunas sí nos generan reservas mentales también de cierta entidad. Nos generan reservas mentales, señor Aparicio, la número 2 por ejemplo, el viejo problema de la derogación de las ordenanzas laborales y la habilitación jurídica que se contiene en materia de derogación de estas ordenanzas en el Estatuto de los Trabajadores en esa discutida desde una perspectiva hermenéutica disposición transitoria del Estatuto y quiénes están legitimados para esa derogación. Nosotros seguimos dudando que la Administración, que los poderes públicos del Estado tengan legitimación jurídica para derogar las ordenanzas y, desde luego, pensamos que la derogación íntegra de las ordenanzas es un ejercicio de genuina irresponsabilidad. Es que no tienen por qué derogarse íntegramente las ordenanzas laborales. Todas las ordenanzas laborales no son rigidez; todas las ordenanzas laborales no son removibles por impedir u obstaculizar desarrollo armónico o dinamismo de nuestra economía. Es más, las ordenanzas todavía ponen regulación en algunos sectores donde las dificultades objetivas existentes en la negociación colectiva y (salvo que se acuda a otra fórmula más perversa que la propia existencia de las ordenanzas, la extensión de convenios colectivos) impediría la existencia de una regulación sectorial de las condiciones de trabajo a determinados sectores donde no hay más regulación en este momento que las ordenanzas. Nos genera reparos la propuesta número 4 de su moción, el tema de las empresas de trabajo temporal. Todavía nuestro Derecho atribuye monopolio inequívoco a la Administración, a la autoridad laboral para intermediar en el mercado de trabajo. Desde esta perspectiva, el proceso de colocación, según nuestra normativa, mientras no se modifique sigue respondiendo en exclusividad a la autoridad laboral y, en concreto, al Instituto Nacional de Empleo. Con algunos recelos por lo menos se debía reflexionar con suficiente ponderación la existencia de las empresas de trabajo temporal y nos genera recelos también sobre todo porque entendemos que en el seno de la misma, en la propuesta número 6, existe una especie de contradicción en sus propios términos. Nos crea recelos o reservas mentales esta propuesta concreta porque si lo que ustedes están pidiendo por una parte es agilizar y objetivizar la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo pero lo hacen aplicando la normativa comunitaria, nos encontramos con la sorpresa --quizá en otro momento usted lo podrá explicar-- de que la normativa comunitaria desautoriza esta intervención administrativa puesto que la normativa comunitaria, y particularmente la Directiva del año 1975, desregulariza esta cuestión y no atribuye a la autoridad laboral ninguna competencia en materia de despidos colectivos. Pero, bien, marginando estas cuestiones que quizás podrían ser de tono menor, señor Aparicio, nos vamos a abstener por razón de extemporaneidad o por una acción de oportunidad temporal. En este momento, casi todas estas propuestas están siendo objeto bien de negociación con los interlocutores sociales en el seno o en el contexto del pacto social que el Gobierno está negociando con los interlocutores, o son ya medidas propuestas, medidas anunciadas por el Gobierno que se van a vehicular a través de los correspondientes proyectos normativos. Desde esta perspectiva encontramos que estas mociones, no siendo conceptualmente objetables, sí tienen un problema de extemporaneidad, señor Aparicio, que, con todos los respetos, le llevan a mi grupo a declarar públicamente que va a ser la abstención el sentido de su voto.


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No puedo terminar, señor Presidente --siento frustrarle ya ese gesto--, no sin indicar al señor Aparicio que nosotros sí estamos de acuerdo en algo que usted ha dicho y ha dicho con mucha pertinencia: Vamos a eludir entre todos el peligro de sacralizar las reformas estructurales como medio o varita mágica para acabar con nuestros problemas económicos. Estamos sacralizando o mitificando las reformas estructurales conceptual e intelectualmente en exceso. No hay tantas rigideces en nuestro mercado laboral, ni hay tantas rigideces, posiblemente, en nuestras estructuras económicas en su consideración colectiva. El Tratado de Maastricht no prevé nada en materia de reformas estructurales, aunque genéricamente, en su segunda parte --en el Tratado de la Unión Económica y Monetaria--, se refiere a las reformas estructurales. Lo que no podemos hacer es, al socaire de estas reflexiones, que sacralizan, que mitifican el efecto positivo y dinamizador de la economía de las reformas estructurales, llegar a una tal desregulación del Derecho del trabajo que llegue a la privación a este Derecho de su esencialidad: el ser un Derecho protector que supere la falta de igualdad entre las partes contratantes en el contrato de trabajo, la falta de sinalagma en el seno de dicho contrato de trabajo. Vamos a tener mucho cuidado porque se está hablando de estas materias con demasiada alegría. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, mi Grupo está de acuerdo básicamente con la moción que presenta el Grupo Popular y con la defensa que ha hecho el señor Aparicio de la temática de la misma. Si analizamos por encima y rápidamente algunos de los puntos de la moción, vemos que en el primero no podemos estar en desacuerdo. Es un tema que hemos venido planteando en esta Cámara a lo largo de la legislatura pasada, que nos parece razonable y no tendríamos nada que decir en contra. El punto número 2 ya tiene algunas matizaciones, en las que en una parte podríamos estar de acuerdo y en la otra no. Emplazar a que las organizaciones sindicales y patronales se pongan de acuerdo para la reforma de la estructura del mercado de trabajo ya es un poco más discutible, sobre todo porque siguen pidiendo que de alguna manera las ordenanzas laborales sean suprimidas, y eso, como ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra, tengo mis dudas de que podamos y debamos hacerlo, como se ha dicho aquí, desde el Parlamento. El punto 3 me parece bien. Ir traspasando el peso de las cotizaciones sociales de la empresa a los Presupuestos Generales del Estado es algo que también hemos pedido a lo largo de legislaturas anteriores y que se viene haciendo, aunque ciertamente con más lentitud de la que probablemente a todos nos gustase, pero insisto en que se viene haciendo. El punto 4 pretende legalizar las empresas de trabajo temporal. Eso está en la exposición que nos hizo el Ministro, aquí y en la Comisión, y es intención del Gobierno, manifestada públicamente, legalizar este tipo de empresas. El punto 5 nos habla de la perfección del contrato específico, teniendo en cuenta las pequeñas y medianas empresas. Tampoco tenemos grandes oposiciones, grandes discrepancias en este tema. De acuerdo con esto, nosotros hemos traído iniciativas, y en algunas intervenciones de este Diputado ante la Comisión y ante este Pleno hemos ido manifestando esa necesidad, lo que pasa es que también está en los papeles que el Gobierno ha enviado al Consejo Económico y Social y a las partes sociales que están en este momento negociando. El punto 6 ya se ha comentado y teníamos criterios dispares. El punto 7 nos parece difícil de cumplir, porque difícil es que mensualmente se pueda pedir que el Gobierno nos traiga una estadística de cuáles son los logros de la lucha contra el fraude en todo el sistema de pensiones o de retribuciones por paro, incluido el PER o el subsidio agrario.
Nos parece difícil, insisto, que eso se pueda hacer mensualmente, pero sí estamos de acuerdo en el fondo.
Evidentemente, nos hemos comprometido y se ha comprometido el Gobierno a luchar contra las posibles bolsas de fraude que pueda haber en estos colectivos y en otros, pero cada vez que hablemos de fraude habrá que añadir que éste no es exclusivo de los trabajadores que están en paro, lo es también de algunos profesionales liberales y lo es de otras muchas personas que deben ser también perseguidas y analizadas, probablemente con más razón que los que estén en el paro.
Sobre el resto de puntos podríamos seguir haciendo un análisis parecido. Hay partes con las que estamos de acuerdo y otras sobre las que podríamos discutir. Globalmente nosotros creemos que esta moción llega en un momento en que puede perturbar la negociación. Hemos mandatado al Gobierno y a las partes para que discutan y lleguen a acuerdos concretos para la reforma del mercado de trabajo, y están haciéndolo, están en ello.
Interferir en esa negociación nos parece peligroso, de ahí que, compartiendo la inquietud y el fondo de la moción que hoy presenta el Grupo Popular, nosotros tengamos algunas dudas respecto al voto final que debemos dar, por lo que me van a permitir SS.SS. que acabemos de escuchar a los otros intervinientes

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que aún faltan por intervenir para que mi Grupo fije finalmente su voto. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente. Señorías, voy a hacer la intervención desde el escaño, tal como ha hecho el señor Olabarría, en un intento, sin lugar a dudas inútil, de emular su concisión, su precisión y su claridad. Al defender la moción el señor Aparicio decía que temía encontrarse con el argumento en contra de la misma de que era amplia. No, señor Aparicio. En un tema tan importante como éste, cuantas más ideas se tengan, mejor. A nosotros nos parece interesante que por parte del Grupo Popular se manifieste un catálogo importante de medidas como las que se contienen en esta moción. No obstante, tengo ya que anticiparle que nosotros vamos a votar en contra de la misma, y no precisamente por el número de dichas medidas, por lo que les felicitamos, sino porque, en nuestra opinión, adolece de otros defectos. El primero de ellos es la falta de coherencia con el análisis que se hacía en la intervención en defensa de la interpelación. Quiero recordarle que en aquella intervención la señora Villalobos hacía dos preguntas, mejor dicho, una, en definitiva: ¿Qué pasa con el empleo en España? ¿Por qué mantenemos unas tasas tan altas de paro? Desde nuestro punto de vista, y nosotros compartimos ese análisis, esto es consecuencia del tipo de empleo que tenemos en nuestro país enmarcado en una política económica determinada. Nos parece acertado, por una parte, una referencia a esa política económica determinada, la que se ha practicado en nuestro país en los últimos años, pero es una política económica a la que no se hace la menor referencia en esta moción que hoy se ha defendido, y, por otra parte, una mención a un tipo de empleo determinado, caracterizado fundamentalmente por una precariedad como no se conoce en ningún otro país europeo y a la que en esta moción no se le plantea ningún tipo de solución. Señor Aparicio, no se plantea terminar con el contrato de fomento del empleo o simplificar los innumerables modelos de contratación temporal que existen en nuestro país.
Por tanto, nos parece que no existe coherencia entre el análisis y las medidas concretas, primera razón para no apoyar esta moción. Segunda, la falta de concreción de las medidas que se plantean. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de reducir gradualmente, en un período de cuatro años, sin poner ningún límite --no sabemos cuánto se quiere reducir--, las cotizaciones sociales a cargo de las empresas transfiriendo su costo a la financiación, a la imposición general? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite de reducción de esas cotizaciones? Hay una proposición no de ley del mismo Grupo Parlamentario, independiente, en la que se establece una referencia concreta.
Se habla de «hasta alcanzar los niveles existentes en los países centrales de la Comunidad Europea». Aquí esa referencia desaparece. En un período de cuatro años no sabemos qué reducción se quiere establecer de las cotizaciones sociales y pasarlo, fundamentalmente, a la financiación por la imposición indirecta del IVA. Cuando se habla de perfeccionar la regulación del contrato a tiempo parcial, ¿en qué consiste eso? ¿Agilizar y objetivar la autorización administrativa? Quiero recordar que en estos momentos los plazos de expediente de regulación de empleo de nuestro país están entre 15 y 30 días con causas muy concretas: económicas, tecnológicas o de fuerza mayor. ¿Qué se pide aquí? Quiero recordarle que, en este caso concreto, hace muchos años el silencio funciona con carácter positivo, a diferencia de lo que ocurre con carácter general en el silencio administrativo. Aquí, repito funciona con carácter positivo. ¿Qué se pretende decir con esto? Cuando se habla de eliminar el fraude existente en el sistema de desempleo, nos gustaría que se dijera cómo se corrige esto mediante la aplicación estricta de la normativa sobre la protección por desempleo. ¿Aplicando estrictamente esa normativa desaparece absolutamente el fraude? Quizá. En definitiva, señorías, no nos parece que estas medidas que plantea el Grupo Popular sean concretas. No sabemos qué se vota al plantear esto. Estas medidas adolecen de insolidaridad, y no sólo en el sentido de pretender trasladar a la imposición indirecta cuotas y cargas directas, con lo que pagaríamos entre todos los ciudadanos, sino insolidaridad incluso en el reparto de las rentas. La cláusula primera dice que la política de rentas salariales tome en consideración -- parece ser que con carácter exclusivo-- la productividad. Si se hiciera así, difícilmente se podría decir que en nuestro país las rentas salariales han crecido de una manera desorbitada, porque en la productividad incide, de una manera muy notable, la reducción de empleo que se ha producido.
Nosotros creemos que en esa política de rentas salariales debe jugar, de una manera importante, el valor de la solidaridad, y a ése no se hace la menor referencia. Da la impresión de que sólo se piensa en rentas salariales que funcionan en favor de quienes tienen empleo, y una política de rentas salariales debe contemplar parados, jubilados y, por supuesto, también quienes tienen desempleo, aparte de la competitividad general de las empresas. En resumen, señorías, estas medidas que plantea el Grupo Popular nos parece que no son consistentes y,

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sobre todo, sin perjuicio de reconocer que algún punto concreto podría ser apoyado, nos parece que hoy es políticamente más necesario decir que esta filosofía de reforma del mercado de trabajo, una filosofía que sustancialmente coincide con estas medidas que plantea el Grupo Popular, no tiene mayoría en esta Cámara. Este, sin lugar a dudas, va a ser el resultado de la votación. Eso es lo que a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya le parece importante dejar claro. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, señorías, la moción que debatimos es consecuencia de la interpelación del Grupo Popular mediante la que se pedía al Gobierno que indicara las medidas que pensaba adoptar para detener la destrucción de empleo y fomentar la creación del mismo. El Gobierno, en el debate de la interpelación, a través del Ministro de Trabajo relató --y lo hizo con detalle-- todas las medidas que se estaban poniendo en marcha en relación con la interpelación que se presentaba. Nos parecería lógico que, de no estar de acuerdo el Grupo Popular con esas medidas expuestas por el Ministro de Trabajo, en el momento de la moción presentara alternativas distintas o, por el contrario, de aceptar las medidas propuestas por el Ministro de Trabajo, no llegara a presentar la moción. La sorpresa, señor Aparicio, se produce al comprobar que, en su moción, el Grupo Popular presenta prácticamente las mismas medidas que ya están en marcha, bien porque se han presentado a la mesa del pacto social para su negociación, bien porque se han remitido al CES para su informe, o bien por ambas cosas a la vez. A nadie sorprenderá que el Grupo Socialista vote en contra de la moción, voto que no se produce en contra de la mayor parte del contenido de la misma, sino que expresa la disconformidad formal en que se inste al Gobierno a adoptar medidas que está ya acometiendo.
Están en marcha, señor Aparicio, las medidas relativas a fomentar una determinada política de rentas, a emplazar a los agentes sociales a sustituir las ordenanzas laborales, a aumentar progresivamente la aportación del Estado a la Seguridad Social, a regular las empresas de trabajo temporal, a perfeccionar la regulación del contrato a tiempo parcial, a adoptar las medidas contra el fraude en el desempleo, a vincular las acciones de formación o las condiciones de acceso al subsidio, a estudiar el traspaso de las prestaciones de desempleo al INSS, a elaborar el catálogo de cualificaciones profesionales, a establecer una nueva deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades por gastos de Formación Profesional, y a incrementar el porcentaje de gastos destinados a política activa de mercado de trabajo. ¿En qué radica la diferencia respecto a la moción que usted plantea? Sencillamente, en relación a algunos plazos. El Partido Popular quiere que los interlocutores sociales se pongan de acuerdo en sustituir las ordenanzas y reglamentaciones antes del día 31 de julio. Pretende también que el traspaso de las prestaciones por desempleo a la Seguridad Social se produzca antes de finales de 1993 y, por último, el Partido Popular quiere que el catálogo de cualificaciones profesionales esté confeccionado antes del 1 de enero de 1994. Existen algunos puntos en los que la diferencia es mayor; por ejemplo, el relativo a la reducción gradual de las cotizaciones de las empresas o a lo que ustedes llaman en su moción unificar el programa nacional de formación profesional, que nosotros entendemos que no se trata de unificar, sino de coordinar.
Analizando algunas de las medidas propuestas, por ejemplo, la número uno, vemos que en ella el Grupo Popular calca las palabras del Ministro en su comparecencia en la Comisión el día 28 de septiembre de 1993. Señor Aparicio, ¿cómo vamos a instar al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo? La propuesta del Gobierno en esta materia, conocida por todos excepto, por lo que se ve, por el Partido Popular, consiste en potenciar lo que se conoce como negociación articulada, que delimita tres espacios muy concretos: primero, el acuerdo interconfederal; segundo, los acuerdos sectoriales territoriales y, en tercer lugar, los convenios de empresa. Se trata de articular los tres niveles y de adaptar las condiciones de trabajo a las diversas situaciones de las empresas. Esto es algo que el Gobierno está impulsando, con respeto, efectivamente, a la autonomía de las partes y poniendo sobre la mesa de negociación su propuesta. La movilidad funcional o posibilidad de cambiar las funciones habituales de un trabajador en su centro de trabajo está regulada, como se sabe, en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores; se configura dentro del poder de dirección del empresario y está sometida a unos límites: estatutarios por un lado y de ordenanzas y reglamentaciones por otro; ordenanzas y reglamentaciones que restringen, seguramente de modo inconveniente, los poderes de dirección en materia de movilidad funcional. Así lo han reconocido y lo reconocen los agentes sociales, que en varios acuerdos interconfederales se propusieron, como objetivo conjunto, su derogación. El Gobierno, en el programa de convergencia, solicitaba expresamente de los agentes sociales que negociasen las normas relativas a la sustitución de las viejas ordenanzas. Sin embargo, lo que aparece como un propósito de todos hemos de constatar que no ha progresado suficientemente en los últimos años, de modo que parecería que no es prioritario para los agentes sociales

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el reforzamiento de la movilidad funcional, pese a que de ella se derivarían efectos positivos para la competitividad y el empleo. Para el Gobierno sí es prioritaria la derogación de ordenanzas y reglamentaciones, pero también lo es la forma o el medio de derogación. El Gobierno ha optado por la derogación paccionada, consensuada, de ordenanzas y reglamentaciones, de ahí que haya interesado del CES el análisis de los procedimientos que aceleren la desaparición de aquel enclave intervencionista. Además, el Gobierno ha propuesto en la negociación del pacto social la sustitución negociada de las ordenanzas y reglamentaciones en el plazo de un año, que nos parece un tiempo prudente. El Grupo Popular plantea un plazo que más bien parece un ultimátum en cuanto que quiere que las ordenanzas y reglamentaciones sean derogadas antes del 31 de junio de 1994. Podríamos analizar cada una de las medidas concretas que propone en su moción el Grupo Popular. Por ejemplo, en cuanto a su obsesión por la reducción gradual de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, hay que decir que un estudio comparativo realizado recientemente con respecto a los niveles de dichas cotizaciones en los países centrales de la Comunidad Europea, tomando como módulo de medida el índice de la presión contributiva de las mismas en relación con el PIB, revela que dicho porcentaje supone, para la media de los países de la CE un 9,7 por ciento, mientras que en España dicho índice es del 9 por ciento. Si en dicha comparación se excluye a Dinamarca e Irlanda, que tienen otros sistemas de cotización, únicamente Luxemburgo y Portugal tienen una participación en el PIB de los ingresos procedentes de empresas inferior al de España.
Otra cosa es la progresiva sustitución de las cuotas sociales por la financiación a cargo del Estado. También en esto debemos recordar, señor Aparicio, que la participación del Estado en el sistema de la Seguridad Social se ha modificado notablemente en los últimos años. Recuerde que en 1977 esa participación estaba fijada en un 3,6 por ciento, mientras que en el año 1993 está en un 30 por ciento. En relación con las empresas de trabajo temporal, no se entiende en su moción por qué vincula la excesiva rotación de nuestro mercado de trabajo a la regulación de las empresas de trabajo temporal. No se entiende ni pretendo entrar en ese debate en estos momentos; pero sí tengo que señalarle que la regulación de las empresas de trabajo temporal está en la mente del Gobierno, está dicho en esta Cámara, y además se remitió al Consejo Económico y Social para su dictamen un anteproyecto de ley sobre este tipo de empresas. Exactamente igual que es intención del Gobierno regular la perfección del contrato a tiempo parcial, y a estos efectos se ha remitido también al CES una modificación de esos contratos a tiempo parcial. ¿Y qué decir sobre la lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo? Hoy mismo se acaba de constituir la unidad especial interministerial, anunciada por el Ministro de Trabajo en este Congreso de los Diputados, que está compuesta por representantes de los Ministerios de Economía, Sanidad, y Trabajo y Seguridad Social para luchar contra el fraude fiscal y el gasto social indebido. Pero la lucha contra el fraude viene siendo desarrollada de forma permanente, tanto por la Inspección de Trabajo como por el propio INEM. Las acciones son diversas; unas se dirigen a comprobar la adecuada percepción de las prestaciones por los beneficiarios, otras se dirigen a la mejora de la gestión y otras, por último, a facilitar la incorporación de los perceptores al trabajo. En cuanto a la medida en la que usted pretende vincular las acciones de formación a las condiciones de acceso al subsidio de desempleo, simplemente tengo que remitirle a la Ley 22/1992 para ver cómo se puede producir la extinción del derecho a la percepción de las prestaciones por desempleo en caso de rechazo de una oferta de empleo adecuada o negativa a participar en trabajo de colaboración social, programas de empleo o en acciones de promoción, formación y reconversión profesionales, salvo causa justificada. El traspaso de la gestión de las prestaciones por desempleo a la Seguridad Social fue también ampliamente tratado no sólo en la comparecencia del Ministro de Trabajo en la Comisión de Política Social y Empleo, sino también en las comparecencias que tuvimos con ocasión del debate de Presupuestos. Sabe usted, o debiera saber, que se ha constituido un grupo de trabajo a estos efectos; que no es fácil el traspaso de las prestaciones de desempleo al INSS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social; que hay complejidades que conviene resolver, y que esto motiva que el plazo que ustedes plantean para el traspaso no sea posible precisamente por la complejidad y las dificultades técnicas que acarrea esa materia. Entraríamos a analizar también todo lo relativo al Programa nacional de formación profesional, que no pretendemos unificar, como he dicho, sino que pretendemos coordinar. Esa es una gran diferencia que mantenemos con ustedes. Ha de tener en cuenta también que el Gobierno pretende crear un único sistema de cualificaciones, dentro de esa coordinación de los dos subsistemas existentes de formación profesional, elaborar un catálogo de títulos de la formación profesional reglada y del repertorio de certificaciones de profesionalidad de la formación profesional ocupacional, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Señor Arnau, le ruego concluya.


El señor ARNAU NAVARRO: Concluyo, señor Presidente. En suma, señor Aparicio, señores del Grupo Popular,

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a la vista de la moción defendida podemos preguntarnos por la alternativa laboral del Partido Popular. ¿Cuál es esa alternativa? ¿Dónde está la imaginación del Grupo Popular? (Un señor Diputado en los bancos de la derecha: En Europa.) Cuando se acusa de incapacidad o se habla de falta de liderazgo social, como se ha dicho aquí, del Gobierno, ¿dónde está la capacidad? ¿Dónde está el liderazgo? Cuando se responsabiliza al Gobierno del paro, como se hizo en la interpelación, ¿dónde están las novedades que plantea el Grupo Popular? No vemos en esta moción ni alternativa, ni imaginación, ni capacidad, ni novedad. Esta moción es prácticamente un calco, una mera transcripción de la comparecencia del señor Ministro de Trabajo en la Comisión el día que he citado, de las medidas propuestas por el Ministro de Trabajo; a lo sumo, apurando el análisis, se ve alguna pequeña diferencia en relación con los plazos, como he mencionado anteriormente, y distintos puntos de vista, eso sí, en relación a dos cuestiones muy concretas: las cotizaciones empresariales y la unificación, en lugar de coordinación, de los dos subsistemas de la formación profesional en nuestro país. En suma, pocas y nocivas novedades para tan larga moción; mucho ruido y pocas nueces, inútil a estas alturas, cuando se está debatiendo todo esto en el pacto social y cuando el CES tiene un perfecto conocimiento de todas las medidas propuestas por el Gobierno. (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Muy bien!) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau. (El señor Aparicio Pérez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, entiendo que la última intervención ha excedido de su función básica de fijar la posición del Grupo y, si desde luego era consciente el señor Arnau de que no podía disponer reglamentariamente de un turno para exponer sus últimas afirmaciones, simplemente quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de dicha circunstancia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio. Vamos a proceder a la votación. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Fernández-Miranda.


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El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Quería solicitar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, votación separada en tres bloques de la moción. En un primer bloque, los puntos 1, 10 y 11; en un segundo bloque, los puntos 2, 4 y 5, y en un tercer bloque, el resto de los puntos. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda. Moción del Grupo Popular. Votación correspondiente a los puntos 1, 10 y 11 de dicha moción. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 126; en contra, 150; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados sometidos a votación. Votación correspondiente a los apartados 2, 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 126; en contra, 149; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados citados.
Restantes apartados de la moción. Comienza la votación.
(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 126; en contra, 149; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes apartados de la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE LA POSICION ESPAÑOLA ANTE LOS ACUERDOS AGRICOLAS DEL GATT, SU REPERCUSION SOBRE EL SECTOR AGRARIO Y LAS MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN BENEFICIO DEL MISMO (Número de expediente 173/000008)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), subsiguiente a interpelación, sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre el sector agrario y las medidas de política general previstas por el Gobierno en beneficio del mismo. (El señor Fernández-Miranda pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Quiero comunicar la retirada de la enmienda del Grupo parlamentario Popular que corresponde al escrito número 4717, manteniendo la otra. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda. En nombre del Grupo proponente de la moción, tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para defender la moción consecuencia de interpelación que debatimos en el Pleno del pasado día 29 de septiembre, sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas del GATT, su repercusión sobre nuestro sector agrario y las medidas de política agraria previstas por el Gobierno. La moción propone dos grupos de resoluciones diferenciadas: unas, referidas a las negociaciones del GATT; las otras, referidas a medidas de política agraria española.
Las primeras pretenden salir al paso de la incertidumbre generada en los agricultores como consecuencia del preacuerdo entre Estados Unidos y la Comisión de Agricultura del Mercado Común y pretenden garantizar con un mandato de estas Cortes que el Gobierno defenderá sin complejos y con firmeza las rentas y los intereses de los agricultores españoles, evitando el agravamiento de una situación que ya es crítica en amplios sectores por los prolongados sacrificios y transformaciones (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.), que se viene exigiendo al sector, a los agricultores, para adaptarse, primero, a la integración a la Comunidad Económica Europea... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Vidal. Por favor, ruego a SS.SS. que guarden silencio.
(Pausa.) Continúe.


El señor VIDAL I SARDO: Decía, señorías, a los sacrificios que se vienen imponiendo a los agricultores para adaptarse, primero, a la integración a la Comunidad Económica Europea, después, al Mercado Unico, y a la reforma de la PAC, luego; situación, señorías, que no resistiría, por imposición de tratados internacionales, más restricciones a nuestras exportaciones, ni incremento de las importaciones de productos agrarios en detrimento de los nuestros, ni restricciones a las ayudas comunitarias. Es una moción, señorías, para la supervivencia de la agricultura y, al plantearla, nuestro Grupo tenía la duda de si en ella debía explicitarse desde estas Cortes el apoyo a la decidida oposición francesa al preacuerdo de Blair House, tal como algún grupo pidió explícitamente en el debate de la interpelación. Esto, señorías, nos pareció arriesgado, por cuanto las tesis iniciales francesas de exigir la separación del paquete agrícola de los demás acuerdos de la Ronda Uruguay han evolucionado, modulando sus exigencias hacia posiciones más flexibles, basadas estas últimas en los acuerdos del Consejo de Ministros comunitario del día 20 de septiembre en el que participaron los Ministros de Asuntos Exteriores, de Agricultura y de Comercio; incluso se da por seguro que Francia no ejercerá su derecho al veto en el Consejo de Europa. Por esto, señorías, mi Grupo ha preferido plantear la moción con propuestas fundadas en estos acuerdos del día 20 de septiembre y tomando como base el memorándum español. La moción parte, en su breve preámbulo, de la voluntad de que la Ronda Uruguay finalice mediante un acuerdo global y equilibrado y de que las ayudas introducidas por la reforma de la PAC son compatibles con las normas del GATT. A continuación voy a referirme al texto de la moción conjuntamente con las muchas enmiendas que ha recibido, por razón de economía de tiempo. Dice la moción: En cuanto a los productos no reformados, proponemos, primero, defender ante las instituciones comunitarias los intereses agrarios españoles, con el objetivo prioritario de mantener la renta de los agricultores. Y, segundo, solicitar de la Comunidad Económica Europea el mantenimiento de la preferencia comunitaria para los productos aún no reformados. A este segundo punto añadiríamos, como respuesta a las enmiendas de Coalición Canaria y del Partido Popular, que piden la inclusión de algunos productos concretos, la siguiente transaccional que diría: así como para las producciones que en un futuro dispondrán de organización común de mercado. El tercer apartado, exigir a nivel comunitario una negociación para que la cláusula de salvaguardia no tenga límite en el tiempo, no sufriría modificación. El punto cuarto dice textualmente: Mantener la postura firme y clara en defensa de las producciones mediterráneas cuando éstas vayan a ser reformadas y, en concreto, en los siguientes aspectos: una aplicación efectiva de la preferencia comunitaria en el sector de frutas y hortalizas, adaptando los calendarios de aplicación de los precios de referencia a la realidad de las producciones comunitarias; la aplicación del principio de solidaridad financiera en el sector vitivinícola, de manera que las medidas de regulación del mercado sean cubiertas con el presupuesto comunitario; el establecimiento en los sectores de arroz y remolacha de una ayuda de efecto similar a la fijada para el conjunto de los cultivos herbáceos.


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A este cuarto punto Coalición Canaria ha presentado dos enmiendas que, sintiéndolo mucho, no podemos aceptar, por cuanto, a efectos de terminología europea, los productos mediterráneos incluyen los meridionales y los atlánticos del sur, incluidos también, por tanto, los de las Islas Canarias.
Y en cuanto a su referencia a los calendarios de importación- exportación de plátano, pensamos que ya están incluidos, si se quiere, de forma amplia, en los apartados cuarto y sexto de la moción. Aceptamos la enmienda de supresión del punto quinto, del Grupo Socialista, pues nuestro texto se refería a productos afectados por la reforma de la PAC y éstos encuentran mejor ubicación en la enmienda de adición que propone el Grupo Socialista y que luego se dirá. Al aceptar esta supresión, pensamos que no ha lugar a las enmiendas que propone el Partido Popular, por cuestión reglamentaria. En el apartado sexto de la moción, que presentamos como cautela o complemento de los puntos anteriores, aceptaríamos en su literalidad la enmienda de Coalición Canaria, porque mejora nuestro texto y garantiza el logro de lo propuesto en enmiendas anteriores del Grupo Canario. Quedaría redactado así: Establecer, en caso de que sea necesario adaptarse a los cambios derivados de la reforma de la PAC --aquí empieza la enmienda--, programas específicos y facilidades crediticias complementarias para la mejora de la productividad y de la competitividad --termina la enmienda--, o, en su caso, para la reconversión de cultivos de tomate fresco, hortaliza, intensivo, plátano, frutos de pepita y cítricos, así como para la mejora y adaptación del sector remolachero y vacuno de carne y leche. Como este último apartado ocuparía el lugar del 5.º, ya suprimido, en 6.º lugar aceptaríamos la enmienda de adición del Partido Popular relativa a las denominaciones de origen, su mantenimiento y reconocimiento por el GATT.
Asimismo, agradecemos al Partido Popular la retirada de la enmienda de adición propuesta bajo el epígrafe 7, que proponía, en ciertos supuestos, separar el paquete agrícola del resto de los sectores de la Ronda Uruguay, lo que hubiera obligado a rechazarla, pues se oponía al preámbulo y a la filosofía que inspira la propia moción. Este primer grupo de propuestas finaliza con el anteriormente citado texto de la enmienda de adición del Grupo Socialista, que dice: Igualmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener una postura firme y clara en defensa de las rentas de los productores de los sectores ya afectados por la reforma de la PAC de 1992, en la medida en que los accesos a los mercados y a las explotaciones acordadas por el GATT pudieran poner en peligro los equilibrios anteriormente alcanzados. El segundo grupo de propuestas de la moción son las relativas a la política interior agraria y en ellas se insta al Gobierno, en su apartado A), a regular las relaciones interprofesionales en el sector agroalimentario. Aquí accederíamos a la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, por reconocer que esta regulación fue una iniciativa aprobada en esta misma Cámara.
Los apartados B), de modernización de las estructuras agrarias, C), de desarrollo del mundo rural y D), de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, no tienen enmiendas y, por tanto, se mantienen en su texto íntegro. Al apartado E), cuyo texto dice: Analizar conjuntamente con las comunidades autónomas las causas y efectos de los retrasos producidos en la tramitación y concesión de subvenciones a los agricultores acogidos a los planes de mejoras estructurales y otras ayudas del Real decreto 808/1987, con la finalidad de estudiar posibles compensaciones que en su caso pudieran corresponder, aceptamos la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, porque sigue casi literalmente el texto de la moción, se introduce la consulta a las comunidades autónomas y en ella se acepta que los retrasos en los pagos de las subvenciones podrán generar compensaciones, lo que pensamos que es un importante precedente y una demostración de buena voluntad, que tendrá que tener continuidad, por descontado, con el pago efectivo de estas compensaciones a unos retrasos que tanto han perjudicado a las empresas familiares agrarias, que querían modernizar sus estructuras para hacerlas competitivas. No podemos aceptar, en cambio, las dos enmiendas del Partido Popular a este apartado, por imposibilidad reglamentaria. Sin embargo, aceptamos añadir el apartado F), con el texto de la enmienda del Partido Popular, para establecer en el menor plazo posible un sistema de módulos de tributación de los agricultores por el IRPF.
También añadiríamos un punto G), tal como solicita la enmienda del Partido Popular, pero con el texto transaccional siguiente: Sustituir en el curso del año 1994 el sistema actual de cotización por jornadas teóricas de la Seguridad Social. Finalmente, respecto a las enmiendas de adición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, les ofrecemos un texto transaccional a las dos primeras enmiendas, que sería el apartado H), y que propondría instar al Gobierno a avanzar en el acuerdo-marco alcanzado entre las organizaciones profesionales agrarias y el Ministerio de Agricultura, porque tienen razón en que este acuerdo-marco necesita un nuevo impulso. No podemos aceptar la tercera enmienda de adición en la que solicita una nueva comparecencia del Gobierno para informar sobre las negociaciones del GATT en áreas de servicios y cultura, que escapan, entendemos, a la finalidad de esta moción, pero nuestro Grupo apoyaría su trámite en el Pleno o en la Comisión pertinente.


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Mi Grupo ha intentando, señorías, llegar a un consenso con todos los grupos enmendantes de la Cámara. Les aseguro que no ha sido fácil y que ha sido un esfuerzo, en cierta manera, agotador. Pero si se obtiene su voto favorable, habrá valido la pena, porque habrá dejado de ser una moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para pasar a ser una solución razonable de todo el Congreso de los Diputados; una solución parcial, si se quiere, pero una solución para prestar un buen servicio al mundo agrario y ganadero del país. Gracias a todos, señorías, especialmente si acompañan su voto favorable con la retirada de sus enmiendas. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Vidal. A la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se han presentado enmiendas por parte de los Grupos de Coalición Canaria, Izquierda Unida, Popular y Socialista. Para la presentación de la enmienda de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de Coalición Canaria comienzo por agradecer al portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) la aceptación de una de las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo. Y paso a hacer los siguientes comentarios: En primer lugar, Coalición Canaria considera muy oportuno y pertinente que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) haya traído esta moción consecuencia de interpelación porque coincidimos con el comunicado que el día 16 de septiembre remitió a los portavoces el Ministro de la Presidencia, señor Rubalcaba, dándonos cuenta de la posición española en un memorándum sobre las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Quiero resaltar de ese memorándum del Gobierno español unas palabras, digamos, preocupantes para todos. Son que en el propio memorándum, en el comercio agrícola, que quieren tener sin nuevas tensiones, señala ya el Gobierno la considerable incertidumbre que existe para los productos agrarios españoles. En segundo lugar, porque el propio memorándum del Gobierno señala una de las cuestiones fundamentales: la aplicación equilibrada del derecho de la preferencia comunitaria. Es en ese marco donde han sido hechas las enmiendas de Coalición Canaria, reflejadas fundamentalmente en los extremos que diré a continuación. Comienzo por decir al portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) proponente que la enmienda número 1 al punto 2 la retiramos, una vez escuchadas sus explicaciones. Igualmente, la enmienda número 2, una vez que se ha aclarado aquí que cuando el texto del Grupo Catalán se refiere a producciones mediterráneas ha comprendido entre las mismas las meridionales peninsulares y las insulares canarias. Digo esto porque no se vaya a interpretar que solamente se está refiriendo a cultivos de la cuenca del Mediterráneo, donde en este momento, por ejemplo, entraría el tomate producido en Alicante, en Murcia y Almería, pero no el producido en Cádiz y menos el producido en Canarias. Y porque no está considerado cultivo mediterráneo el plátano --por poner un ejemplo--, sobre lo que el propio Presidente del Gobierno --dicho expresamente en esta Cámara en anteriores debates--, en reuniones de los Jefes de Gobierno y de Estado de la Comunidad Económica Europea, ha tomado causa por la defensa de esta típica y genuina producción canaria dentro de las producciones agrícolas, españolas. Una vez aceptada la enmienda número 4 por el Grupo Catalán, quiero decir que nos tranquiliza esta aceptación, porque si se hubiera dejado el texto como figuraba, en el que se hace un planteamiento de reconversión, mal mensaje de optimismo hubieran recibido muchos agricultores de estos sectores hortofrutícolas, que lo que quieren es mantener su cultivo en líneas de modernización, en líneas de productividad y en líneas de competitividad. Nosotros introducimos las facilidades crediticias porque el Secretario General de Producciones Agrarias dijo en su comparecencia en la Comisión correspondiente hace una semana que el Gobierno preparaba un Real decreto de medidas crediticias para el fomento de la modernización de las explotaciones de tomate en España. Quiero significar a SS.SS. que estamos hablando prácticamente de cinco provincias españolas, que son las que figuran en el «ranking» español de exportación al Mercado Común del tomate: Almería, Murcia, Alicante y las dos provincias canarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Pues bien, señorías, sobre nuestra enmienda número 3 --que voy a defender aunque el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha dicho que no la aceptaba-- quiero hacer, en primer lugar, una observación: hay un defecto en la transcripción del texto. La solicitud y consecución del adelantamiento del calendario de aplicación del precio de referencia en defensa --faltaba esa frase-- del tomate español, en atención a los ciclos productivos meridionales y canarios, pasando del actual primero de abril a primero de enero. ¿Por qué decimos esto, señorías? En este momento, de los productores comunitarios de este producto hortofrutícola el único que está blindado y protegido con las preferencias comunitarias es Holanda, porque Holanda entra en un período tardío de producción, y el gran competidor tercero es precisamente Marruecos. Marruecos compite con el tomate europeo y concretamente con el español y el canario especialmente por el adelanto en la temporada, porque tiene unos salarios de hambre. Y a esos salarios con que se paga la recogida

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en Marruecos no hay competidor posible, ni con los salarios holandeses, ni con los salarios con que se paga en España la recogida de este fruto. Pues bien, nosotros lo que pretendemos es que estas producciones de estas cinco provincias españolas (las tres peninsulares que he citado y las dos canarias) tengan reconocidas las preferencias comunitarias y se encuentren, al menos hasta el 20 de febrero, protegidas frente al tomate marroquí, que se introduce en los mercados europeos con un tratamiento en verdad preferencial y que una de dos: o la Comunidad Económica Europea sube los derechos preferenciales para el tomate marroquí, para permitir una competitividad de las producciones europeas (las holandesas ya están blindadas; las francesas, menos, pero las que están más indefensas son las españolas), metiendo, a partir del 20 de febrero, los derechos preferenciales para el producto marroquí, o se hace un reajuste de la cuantía en ecus (en este momento se están pidiendo 145 ecus por 100 kilos) para hacer esta actuación. Quiero señalar a la Cámara en qué cifras nos estamos moviendo. Señorías, en la campaña 1991-1992, la exportación al área del Mercado Común europeo fue: la península, 149.000 toneladas; Canarias, 235.000; y Marruecos, 127.000. Pero en la campaña que acaba de finalizar, 1992-1993, de exportación, Canarias aporta 275.000 toneladas; península, 181.000 toneladas; y Marruecos, 173.000 toneladas. Lo que ocurre es que de estas 173.000 toneladas, Marruecos se beneficia de la falta de protección de las preferencias comunitarias desde febrero hasta abril del tomate de producción española. Nosotros queríamos que esta moción consecuencia de interpelación que traía el Grupo Catalán recogiera esta peculiaridad que nosotros hemos hecho por entender que estaba dentro del espíritu que nosotros compartimos --y vamos a dar nuestro apoyo a la propia moción, sea cual sea el resultado de aceptación de esta enmienda que nosotros señalábamos-- y por entender que si queda ya dicho la batalla que se presentará frente al GATT y frente a la Ronda Uruguay, incluso frente a Alemania, en el tema del plátano procedente del área dólar (porque aquí hacemos una consideración integral de la defensa de la agricultura española en cualquiera de estas producciones hortofrutícolas), nosotros nos daríamos por satisfechos. De esto quería dejar constancia. Vamos a votar favorablemente esta moción.
Aceptamos lo dicho por el portavoz del Grupo Catalán aceptando esta enmienda. Sí queríamos hacer la aclaración de la ampliación del precio de referencia para la defensa del tomate español frente a terceros no comunitarios, que aquí no lo hemos puesto, pero, como digo, el competidor es precisamente Marruecos. Nada más y muchas gracias, señorías.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Para la presentación de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, ya dijimos en la sustanciación de la interpelación que ésta era importante, que esperábamos que la moción estuviese a la altura de la iniciativa política y que anunciábamos que, por nuestra parte, íbamos a contribuir a darle el máximo nivel político, que creemos que corresponde a los tiempos que corren a la negociación de la que estamos hablando, la Ronda Uruguay del GATT, y a la premura con que algunos dicen querer cerrar esta Ronda Uruguay antes del 15 de diciembre. Nosotros anunciamos que íbamos a solicitarlo y así lo hacemos en una enmienda de adición. No puedo entender que el grupo proponente, el Grupo Socialista o cualquier otro grupo de la Cámara, pero quien tiene la llave es el Grupo proponente, nos diga que nos firmarán una petición conjunta para solicitar al Gobierno que acuda a esta Cámara a hacer un debate político general sobre el GATT y cuando hoy lo podemos votar todos a la vez, no quieran. Son excusas de mal pagador, señor Vidal. Si ustedes quisieran políticamente abordarían lo que está detrás de su moción, que ya le anuncio que vamos a votar favorablemente y acepto la transacción que me ofrece, moción que presenta enmiendas parciales, que presenta soluciones parciales a los problemas que la Ronda Uruguay del GATT puede generar sobre la política agraria común y sobre la política española. Voy a significar políticamente sobre qué descansa, señor Vidal. Descansa sobre mayores gastos del Estado español o de la Comunidad. No descansa sobre una buena negociación de la Comunidad Económica Europea con el resto de los países comunitarios en temas agrícolas, en temas de servicios, en temas de cultura. La Ministra del ramo pide que se hable de la exclusión cultural. El señor Mitterrand, el otro día, en la cumbre de la francofonía, recogió 44 votos de países francófonos que van a firmar o no la Ronda Uruguay, pero que, en todo caso, van a pedir la exclusión cultural.
¿Dónde está el Presidente de nuestro Gobierno, o el Jefe de nuestro Estado reuniendo a la comunidad iberoamericana para hablar de la especificidad cultural del castellano que algunos dicen tanto defender? ¿Por qué no se habla de esto políticamente en esta Cámara? ¿Del conjunto de los problemas que plantea la negociación agrícola, la negociación en servicios, la negociación de algo tan importante como es la identidad y especificidad cultural europea española con todos su componentes (catalana, española, vasca, gallega)? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué se niega el Grupo Socialista a facilitar que venga aquí el Presidente del Gobierno, Ministra de Cultura, Ministro de Comercio, Ministro de Asuntos Exteriores, quien ustedes

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quieran? ¿Por qué no hacemos un debate político de la posición española sobre la negociación del GATT? En el memorándum que tantas veces se ha citado se dice con prudencia que España no tomará una posición final ante el acuerdo para la conclusión de la Ronda en función del contenido concreto de los acuerdos multilaterales. Al final del memorándum se vuelve a repetir que las autoridades españolas pretenden recordar con claridad, en aras a una mayor transparencia y con ánimo constructivo, las preocupaciones españolas por buscar una solución global y equilibrada de la Ronda. Más adelante se dice que la solución que ahora se propone en la Ronda no es equilibrada. ¿Por qué no hacemos un debate político global sobre la posición del Gobierno español en la Ronda Uruguay del GATT? ¿Es que sólo el señor Balladur tiene capacidad de plantear problemas sentidos por muchos europeos, no sólo por la derecha francesa, por muchos más europeos que los que pueda representar políticamente el señor Balladur? ¿Por qué no hablamos de servicios? ¿Por qué no hablamos de identidad cultural o de excepción cultural? ¿Por qué no hablamos de cómo, con toda seguridad --y el señor Mickey Kantor lo ha dicho así de crudo- -, la Ronda Uruguay del GATT lesiona e impide el despliegue de la reforma de la política agraria común? Esto lo dice el «memorandum» del Gobierno y por eso no se moja --como se dice vulgarmente-- en cuál será la postura final del Gobierno español. ¿Por qué no la debatimos aquí en esta Cámara? ¿Por qué el Gobierno se hurta a este debate? Tenemos poco tiempo, el 15 de diciembre teóricamente debe acabar esta Ronda Uruguay del GATT, ¿por qué esta negativa repetida a la discusión política global? No me refiero a los acuerdos que el ponente del Grupo de Convergència i Unió nos ha traído, que son buenos acuerdos, aunque tienen un defecto que ya he señalado, señor Diputado, y es que quien pagaría los costes de estos acuerdos, que son buenos, seríamos o los españoles de nuestro bolsillo o la Comunidad de nuestro bolsillo, no una buena negociación con el GATT. Es por todo esto por lo que nuestro Grupo Parlamentario cree que el Gobierno español, el Presidente González en la próxima cumbre de Bruselas, debería plantear que España también quiere renegociar los acuerdos de Blair House. Esto hay que decirlo claramente, no hay que pensarlo, hay que intentar renegociarlos, tenemos que discutir en esta Cámara y buscar el máximo consenso posible sobre cuál sería la posición de esta Cámara y del Gobierno con el soporte de esta Cámara sobre temas tan importantes como política agraria común, servicios o, sobre todo, identidad cultural europea, incluida en ella, naturalmente, la española. No querer hacer este debate es para nosotros absolutamente incomprensible. No entendemos cómo pudiendo hoy ya acordar que el debate lo vamos a tener, hemos de aceptar el subterfugio que nos propone el señor Vidal para decir que hoy no pero mañana, sí. Pues si mañana sí, hoy también. Sé que otros grupos parlamentarios estarían absolutamente de acuerdo con esta propuesta y me extraña la contumacia con que convergentes y socialistas se niegan a un debate necesario, que está en Europa, que está en Francia, pero que en España no está porque el Gobierno no quiere; ¿es que tiene algo que esconder? No lo sé, pero a los hechos me remito.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la presentación de la enmienda del Grupo Popular, el señor Pascual tiene la palabra.


El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a esta tribuna para fijar postura y defender las enmiendas sobre la presente moción consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre el GATT y el preacuerdo de Blair House. Señorías, el preacuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea sobre materia agraria, denominado de Blair House, va a traer grandes repercusiones sobre la agricultura europea, pero, principalmente, sobre la agricultura española y dentro de ésta, en mayor medida, sobre los denominados productos mediterráneos. Es un nuevo esfuerzo que se les exige a nuestros agricultores. Como ya dije en mi intervención en la pasada interpelación, ésta va a ser la tercera vez que se les exija a los agricultores españoles un gran esfuerzo, una gran adaptación ante los acontecimientos internacionales. Primero fue con el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea; segundo, con la entrada en vigor del Mercado Unico Europeo; y tercero, las consecuencias que se derivan del GATT, con este citado acuerdo de Blair House, que bajo la negociación del GATT, se está debatiendo en estos momentos y que lleva consigo un aumento a nivel mundial de la liberalización de los intercambios comerciales y de la reducción de las subvenciones de los países a sus producciones. Indudablemente, el acuerdo del GATT traerá consigo un aumento de los intercambios comerciales.
Efectivamente, según el informe reciente del Banco Mundial sobre la liberalización comercial y sus implicaciones económicas globales, se establecen dos bandos como consecuencia del GATT: los perdedores y los ganadores. Está claro quiénes son los perdedores: una vez más, son los agricultores europeos. Esto tanto por causa de la apertura de su mercado interno a los productos de otros países, como por el descenso de las subvenciones a las producciones agrarias.
Las pérdidas para este sector las cifra el citado informe del Banco Mundial entre

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2.000 y 21.000 millones de pesetas en los próximos años. Esta es, señorías, la gran preocupación del Grupo Popular. ¿Qué medidas vamos a tomar en España para evitar al máximo estas repercusiones en nuestro sector agrario? En estos momentos, el Grupo Parlamentario Popular va a actuar por dos vías. Primero, vía Presupuestos, ya han sido presentadas 168 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, en concreto a la Sección 21, que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quitando, por un lado, gastos superfluos, evitando organismos innecesarios, máxime en un año de presupuestos marcadamente restrictivos; añadiendo y trasvasando estos ahorros, más de 55.000 millones de pesetas, a la inversión en el sector productor para la mejora de las estructuras, para la mejora de las medidas de acompañamiento, etcétera, en definitiva, para mejorar el campo ante los retos internacionales. En segundo lugar, mejorando con nuestras enmiendas la presente moción que estamos debatiendo y que posteriormente vamos a votar, así como apoyando las enmiendas de los otros Grupos, sobre todo, las de los Grupos Canario e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La moción es oportuna --se ha demostrado con la cantidad de enmiendas presentadas por los distintos grupos-- por las consecuencias negativas que este acuerdo va a traer a nuestra agricultura.
El Grupo proponente la ha dividido --como muy bien ha dicho su portavoz-- en dos partes: primera parte, consecuencias directas del GATT y, segunda parte, medidas de tipo nacional a adoptar para compensar las citadas consecuencias. Pues bien, la primera de las enmiendas que hemos presentado es de adición y se refiere al punto 2, sobre el mantenimiento de la preferencia comunitaria para los productos aún no reformados.
A este artículo añadiríamos: «Así como para los productos que no dispongan de una OCM propia, tales como los frutos secos avellanas y almendras, leguminosas, patatas, etcétera». Esto es indispensable para el mantenimiento de la preferencia comunitaria y también para las producciones que no están protegidas por OCM específicas, como ocurre con los citados frutos secos, leguminosas y patatas, porque aunque los frutos secos, señorías, están dentro de la OCM de frutas y hortalizas, es bien sabido que no disfrutan, ni mucho menos, de las mismas ventajas: no tienen precios de intervención, por tanto, no hay retirada; no tienen precios de referencia, y tienen mucha menos protección arancelaria que las frutas y hortalizas. La siguiente enmienda es de adición al punto 5, que atañe a los sectores ya afectados por la reforma de la PAC, en el que incluimos, aparte del lácteo y la carne de vacuno que cita la moción, los cereales, porque esun producto al que la posición del GATT puede poner en peligro. La siguiente enmienda, también de adición, añade un nuevo punto, el 7 que, según ha manifestado el proponente, se va a aceptar.
Se trata de exigir que en las negociaciones que se llevan a cabo en el seno del GATT se defienda el mantenimiento de las denominaciones de origen para sus productos agrarios. Creo que el proponente ha acertado al aceptarla, porque, si no, ya me dirá el señor Vidal cómo va a explicar en su tierra que, por ejemplo, una denominación como el cava se pueda perder, así como otras muchas denominaciones importantes. A la segunda parte de las medidas que contempla la moción, concretamente a la letra E hemos presentado dos enmiendas, una de adición, técnica. Simplemente se trata de reflejar los Reales Decretos números 808/1987 y 1887/1991. La segunda enmienda se refiere al mismo punto, sobre endeudamiento del sector agrario. Nos han rechazado el garantizar el urgente pago del endeudamiento de muchos agricultores por los intereses que han tenido que pagar al no recibir las ayudas prometidas del Ministerio de Agricultura. Han tardado uno o varios años en llegar estas ayudas y han tenido que recurrir a créditos puente, a unos intereses muy superiores que por el dinero que han percibido por sus productos, no han podido soportar, lo que les ha llevado a la ruina económica. Creemos que se dan largas al asunto y que no hay un verdadero interés en resolver este problema de una forma urgente. Asimismo, presentamos otra enmienda de adición incluyendo un nuevo punto, el F, en el que se pide el establecimiento, en el menor plazo posible, tras la correspondiente negociación con las organizaciones profesionales agrarias, de un sistema de módulos a efectos de la tributación de los agricultores y ganaderos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es importantísimo que se negocie con las organizaciones agrarias un nuevo sistema fiscal para el campo que se adapte a la realidad, tanto social como económica, de nuestros agricultores y, por tanto, vemos un nuevo acierto en la aceptación por parte del Grupo proponente. Añadimos también un nuevo punto G en el que se propone derogar urgentemente el sistema de cotización de jornadas teóricas en la Seguridad Social agraria, promesa que se hizo el pasado mes de marzo, víspera de elecciones generales, con una marcha verde por las calles de Madrid y que, de cierta forma, se ha descafeinado por la transaccional que ha presentado el Grupo Socialista. Es importante porque el sector está demandando esta promesa y tenemos que conseguirlo.
Por último, he dicho que estamos de acuerdo con las enmiendas que han presentado tanto el Grupo de Coalición Canaria como el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero me gustaría incidir en la enmienda de

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adición del Grupo de Izquierda Unida, en la que se solicita la comparecencia del Gobierno para dar cuenta de los acuerdos tomados en los Consejos de Ministros de la CEE, con especial atención a los capítulos de agricultura, servicios y cultura.
Estamos de acuerdo en que hace falta un gran debate sobre este tema aquí en esta Cámara, porque los asuntos importantes de este país no se deben debatir por parte de los miembros del Gobierno en las televisiones adictas a él, sin venir a esta Cámara, que es el foro de representación y de opinión del pueblo español. Una vez más, nos tememos que se hurte este debate a esta Cámara y se traslade, como se está haciendo con otros debates, a medios de comunicación afines al Gobierno socialista. Es una lástima que no se hayan aceptado totalmente nuestras iniciativas y que esta moción haya quedado un poco descafeinada. Esperemos no tener que reincidir en estos temas dentro de poco tiempo porque no hayamos estado a la altura o no hayamos denunciado suficientemente la situación que va a deparar a nuestros agricultores. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para presentar la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Diputados, a estas alturas de la noche espero y deseo ser muy breve en el turno de defensa de la enmienda del Grupo Socialista a esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y quiero manifestar nuestra posición respecto a las enmiendas de otros grupos y a las transacciones ofrecidas por el propio Grupo proponente respecto a dichas enmiendas. En primer lugar, nos gustaría recordar que éste es el tercer debate sobre temas agrarios que se realiza en esta Cámara en este período de sesiones después de las elecciones generales. Hemos celebrado un primer debate sobre una proposición no de ley del Grupo Popular, de un supuesto plan integral agrario; ha habido un debate con la comparecencia del señor Ministro en Comisión, para exponer los temas generales del Departamento y el propósito del Gobierno en la legislatura y, en tercer lugar, ha habido un debate en la propia interpelación, que agrupo con este tercero consecuencia de la misma. Nuestro Grupo valora la evolución de estos debates de una forma muy favorable. Desde el inicio del primero, nuestro Grupo formuló propuestas de avance y de consenso que fueron aceptadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y por algunos otros, pero que fueron, por el contrario, rechazadas por el Grupo Popular y, en parte, por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A lo largo de los siguientes debates, en la comparecencia propia del señor Ministro, esa oferta de diálogo fue también lanzada por el propio señor Ministro y reiterada por nosotros y por los demás grupos. Vemos, como decía, muy favorable la evolución porque en este nuevo debate parece que hay un cierto espíritu de consenso y de aproximación que valoramos altamente. Creemos que se empieza a hacer dejación de las posiciones maximalistas, que se acercan posiciones hacialos grandes objetivos, que se establecen las prioridades y, por tanto, se establecen las renuncias a determinadas cuestiones que son accesorias respecto a esos grandes objetivos. Siempre que se establecen prioridades hay que dejar algo en el camino y, por tanto, creemos que hoy todos estamos dejando algo en el camino para conseguir ese amplio consenso en esta moción importante, oportuna, pertinente en cuanto a la situación de las negociaciones del GATT y a las medidas de política nacional de mayor urgencia a adoptar en nuestro país. Hacemos extensiva esta opinión favorable no sólo al Grupo proponente, sino a todos los grupos enmendantes sobre la prudencia y el acierto al enfocar globalmente de forma adecuada los temas que estamos tratando, aunque algunos grupos no han podido evitar la tentación de intentar hacer algún nuevo maximalismo, que a última hora ha sido corregido adecuadamente con la retirada de alguna enmienda. Esto es lo destacable de esta moción consecuencia de la interpelación y creemos que estamos avanzando en plasmar esto en un gran paquete de acuerdos, que todos vamos a votar favorablemente, en un gran bloque de intenciones y de objetivos a conseguir en nuestra política agraria y en nuestra política de negociación en el GATT. Por tanto, nos felicitamos por esta moción favorable, aunque seguimos abiertos a continuar y a profundizar en el diálogo en las restantes materias que todavía nos separan. Paso ya muy brevemente a defender nuestras enmiendas. Dos tienen un carácter más técnico, de estructura del propio contenido y de dar coherencia a los bloques dispositivos de la moción y, otra, tiene un contenido más de fondo al que luego me referiré. Como la moción tiene un paquete de acuerdos hacia el GATT que se refieren a sectores no reformados por la PAC, por una parte y a otros sectores ya reformados, por otra, hacemos una diferenciación. Suprimimos el punto 5 y trasladamos los sectores ya reformados a un nuevo párrafo, que es un punto que no va numerado y que sería un nuevo párrafo intermedio entre los dos bloques en que actualmente está dividida la moción. En las medidas de política nacional hacemos una mejora técnica en el punto A, que creemos que es un reconocimiento también a las labores del propio Parlamento, y le damos una nueva redacción al punto E, que es más ajustado a la realidad. Efectivamente, puede haber problemas de endeudamiento de los agricultores acogidos a planes de mejora y otras ayudas del Real Decreto

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808/1987, pero debemos trabajar de una forma prudente y no aventurar el diagnóstico inmediatamente. Aclaramos que parte de ese endeudamiento, que puede ser real, puede ser debido -- hay que reconocerlo-- a las propias inversiones realizadas en las mejoras que no estaban subvencionadas, a la parte de las inversiones que el propio agricultor también tendría que financiar por su cuenta. Por tanto, hay que ser prudente a la hora de evaluar la incidencia de los retrasos en ese endeudamiento, no englobar todo y decir que el endeudamiento es debido solamente, a los retrasos en el pago. Por eso hacemos una redacción prudente de análisis y evaluación de la situación para establecer, si correspondiesen, las medidas compensatorias que procedieran. Es una redacción más ajustada a esa situación del Decreto 808/1987 y a la posible financiación de lo debido por los retrasos. Termino, señorías, haciendo una sugerencia para que el texto quede coherentemente estructurado. Al aceptar enmiendas de otros grupos, tal como ha sido anunciado por el Grupo Catalán, hay una enmienda transaccional con Izquierda Unida referente al avance en el acuerdo-marco del Ministerio con las organizaciones profesionales que se debería situar como punto F, antes de los puntos F y G del Grupo Popular, que se refieren a los módulos del IRPF y a la sustitución de las jornadas teóricas, puesto que esas medidas son parte de ese acuerdo-marco y significarían ya ese avance. Por eso, sería más coherente que estuvieran situadas en los acuerdos dispositivos, después de esa instancia al avance en el acuerdo-marco y posteriormente, como puntos G y H, los que el Grupo Popular presenta como F) y como G), con la transacción que el Grupo Catalán ha propuesto.
Quedaría un bloque de consenso muy importante respecto a las negociaciones GATT en sectores no reformados y en sectores ya reformados, así como un bloque de consenso muy importante en cuanto a las medidas de política nacional que son necesarias en nuestro país y en las que debemos seguir avanzando para instrumentar y hacer prácticas esas medidas de cara a los grandes objetivos, a los que estamos consiguiendo llegar en ese avance de consenso del que esperamos seguir participando y quedamos abiertos al debate. Para terminar, quiero hacer una referencia final a la petición de un debate global sobre el GATT. Estamos discutiendo hoy parte de ese asunto. Debatimos la semana pasada con el Ministerio, se ha discutido en Comisión y podemos continuar en cualquier momento. Así lo ha manifestado el resto de los portavoces de los grupos. Estamos abiertos a seguir debatiendo este tema como corresponda en cada caso. Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo celebra esta evolución favorable del consenso y esperemos que todos apoyemos unánimemente las enmiendas y las transacciones que han sido planteadas por el Grupo proponente y por el contenido de su moción. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Roncero. ¿Algunos de los Grupos que no haya presentado enmiendas, quiere fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con relación a la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la posición española ante los acuerdos agrícolas en el seno del GATT y su incidencia sobre el sector agrario, el Grupo Vasco quiere realizar las siguientes consideraciones. Primero, llama la atención la gran importancia que las negociaciones multilaterales del GATT han otorgado a la agricultura, a pesar de que cuando se inició el debate de la Ronda Uruguay, en 1986, los mercados agrarios estaban inmersos en una crisis como consecuencia de los excedentes agrícolas. La crisis afectaba tanto al agricultor comunitario, como al estadounidense, como al contribuyente, que veía cómo se disparaban los gastos agrícolas de los Gobiernos. En este contexto, los Estados Unidos han criticado y desprestigiado la política agrícola común en favor de sus intereses. Desde el Grupo Vasco entendemos que las presiones norteamericanas sobre la protección de la agricultura comunitaria no deben ser tomadas en cuenta y ha de continuarse con la política agraria de protección de la agricultura familiar, pues Estados Unidos también se protege, cada vez más frente, al acero europeo y los automóviles japoneses.
Señorías, detrás del Acuerdo de Blair House existe algo más que una amenaza para la agricultura comunitaria que pueda ser compensada con ganancias en otros sectores económicos. Está en juego algo que los distintos grupos parlamentarios hemos mencionado, que es el respeto al principio de preferencia comunitaria, ya que si no consagramos y definimos adecuadamente este principio, la economía europea hará aguas debido a que la situación económica actual responde no sólo a una crisis de carácter coyuntural, sino que también es el resultado de su progresiva pérdida de competitividad en el escenario internacional. La liberalización del comercio -- justo es reconocerlo-- es un factor clave para relanzar el crecimiento económico y reducir el desempleo, pero no es un fin en sí mismo, sino un medio. El fin es la prosperidad, la solidaridad y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos.


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Cuando reiteramos la garantía del principio de preferencia comunitaria no estamos abogando por una agricultura puramente proteccionista, sino por la preservación de la renta de los agricultores. Así, tampoco coincidimos con Francia que defiende una política ultrabilateral para productos como la patata y, a la vez, quiere una política proteccionista, frente a los Estados Unidos, en productos como el maíz. El preacuerdo del GATT implica la reducción del apoyo interno a la agricultura comunitaria y el reconocimiento de la compatibilidad del mismo con las ayudas directas, tanto por hectárea como por animal, previstas en la reforma de la PAC: oleaginosas, cereales y carne de vacuno, originándose una situación en la que existen organizaciones comunes de mercado reformadas y organizaciones comunes de mercado sin reformar.
Es sobre estos últimos donde coincidimos con el texto de la moción en que se debe garantizar la preferencia comunitaria y coincidimos también con lo manifestado por el Ministro de Agricultura, señor Albero, en que el acuerdo del Consejo comunitario, del pasado 20 de septiembre, es esperanzador y positivo en la medida en que se pretenden garantizar las rentas agrarias y la preferencia comunitaria en las OCM no reformadas de frutas, hortalizas, vino y arroz. Coincidimos con la enmienda presentada por el Grupo Popular en cuanto a mantener y reforzar esta preferencia comunitaria sobre productos agrícolas no sujetos a organización común de mercado, como la patata. Estamos de acuerdo también con el texto presentado por el Grupo Catalán de que el horizonte temporal de seis años, hasta 1999, previsto para la cláusula de PAC y para la clásula de salvaguarda, es insuficiente al no otorgar garantías adecuadas a la actividad agrícola comunitaria. Así, mediante la cláusula de PAC se evita que se puedan emprender por Estados Unidos acciones unilaterales de represalia y, por la cláusula de salvaguarda, consagrar, sin límite temporal, la posibilidad de proteger los mercados agrícolas comunitarios contra importaciones excesivas y a bajo precio procedentes de terceros países y para cuyo uso debe tomarse, a nuestro juicio, el precio de referencia comunitario. Coincidimos asimismo con el Grupo Catalán es mantener una defensa de las rentas agrarias de los productores de leche, carne y oleaginosas, que resultan afectados por el preacuerdo relativo a la reducción de las exportaciones subvencionadas en un 21 por ciento durante el horizonte temporal de seis años, 1993-1999. Esta parte del preacuerdo del GATT, la reducción de las exportaciones subvencionadas, es preocupante pues va a originar un incremento de la oferta de dichos productos que supondrá una reducción de los precios en el mercado comunitario con el consabido decremento de las rentas de los agricultores europeos. Esta medida vuelve a generar incertidumbre e inquietud en la agricultura de corte familiar, que es la que verdaderamente necesita de las ayudas directas, en contraposición a los grandes cerealistas y productores de leche nórdicos, que no necesitan de las ayudas directas que ha establecido la política agraria comunitaria.
Finalmente, señor Presidente, la moción del Grupo Catalán plantea una serie de medidas complementarias a las debatidas y que también han sido objeto de discusión parlamentaria en recientes debates, como ha señalado el portavoz del Grupo Popular. En primer lugar, la aprobación de una ley que regule las relaciones interprofesionales, con lo que estamos de acuerdo, en la medida en que es necesario que exista un instrumento legal que regule las relaciones entre los sectores productor, industrial y de la distribución, y que existan instrumentos para disciplinar los precios, evitar la caída de los mismos y poner en marcha el mecanismo de retirada de productos. Asimismo, coincidimos con la enmienda planteada por el Grupo Socialista y que estamos dispuestos a apoyar si es aceptada por el Grupo Parlamentario Catalán. En segundo lugar, en cuanto a la modernización de las estructuras agrarias, nuevamente se pide la necesidad de disponer de un texto legal, aspecto sobre el cual ya coincidimos los distintos grupos parlamentarios en los debates que ha habido en esta Cámara y, últimamente, en el que tuvimos ocasión de celebrar en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la comparecencia del señor Ministro, señor Albero. En tercer lugar, señorías, queremos manifestar también que estando de acuerdo con el principio de cooperación entre los poderes centrales del Estado y las comunidades autónomas, el Grupo Vasco, como ya hemos indicado en intervenciones anteriores, muestra una posición favorable a que se distribuya el poder del Servicio Nacional de Productos Agrarios, SENPA, a las comunidades autónomas. La sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de mayo de 1992, caracteriza a las comunidades autónomas como la Administración territorial ordinaria en materia de gestión agrícola y ganadera; por lo tanto, es a éstas, y no propiamente a la Administración central, a las que corresponde gestionar las ayudas dimanantes de los fondos comunitarios gestionados por el Servicio Nacional de Productos Agrarios. Termino, señor Presidente, indicando que nos parece muy oportuna la enmienda de adición presentada por el Grupo Popular relativa al establecimiento de un régimen de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el sistema de módulos para agricultores y ganaderos, por lo que manifestamos nuestro voto positivo siempre que sea aceptada por el Grupo proponente. Señor Presidente, los debates habidos en el día de hoy en la Cámara, tanto en el ámbito agrícola como en el ámbito pesquero, dan satisfacción a este Grupo parlamentario

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en la medida en que se ha logrado integrar y hablar de las voluntades de los diferentes grupos parlamentarios y buscar una posición común para esos sectores primarios económicos tan necesitados, como es el sector de la agricultura y la ganadería y el sector de la flota de bajura de toda la cornisa cantábrica. Nada más y muchas gracias. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Señor Vidal, aunque en su intervención inicial S.S. ya ha indicado cuáles serían los apartados de las diferentes enmiendas que está dispuesto a aceptar, dado el elevado número de propuestas que se han realizado, le agradecería que de una manera sucinta nos repitiera aquéllas que son aceptadas por S.S. El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, si le parece, voy a hacerlo por orden, según consta en la moción. En el primer punto no hay enmiendas, por lo tanto... El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, yo preferiría que cogiera las enmiendas de cada uno de los grupos y me indicara cuáles son las que acepta, bien directamente, bien a través de alguna fórmula de transacción que S.S. ha indicado en su intervención inicial.
¿Con relación a la enmienda de Coalición Canaria? El señor VIDAL I SARDO: De Coalición Canaria solamente se ha aceptado una enmienda al punto número 4 de la moción. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Enmiendas de Izquierda Unida.
El señor VIDAL I SARDO: Las dos primeras enmiendas de Izquierda Unida han sido transaccionadas y, si son retiradas, se acepta la transacción. La tercera enmienda mi Grupo la va a votar en contra. Si no la aceptan tampoco la aceptaríamos. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Enmiendas del Grupo Popular. El señor VIDAL I SARDO: Al punto número 2, el Grupo Popular ha ofrecido una enmienda transaccional, junto con las enmiendas de Coalición Canaria. Se añade un nuevo punto número 6 relativo a denominaciones de origen. En la letra F se adiciona una enmienda del Grupo Popular, que hace referencia a la declaración del IRPF por módulos, y en la letra G se transacciona una enmienda con el Grupo Popular para legislar las jornadas teóricas de la Seguridad Social.Se aceptan las enmiendas de sustitución del Grupo Socialista. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, me ha parecido entender mal al portavoz del Grupo Proponente. En su intervención en la tribuna lo que dijo respecto de las enmiendas de Coalición Canaria es que se aceptaba la enmienda al punto número 6, no al punto número 4. Se tendría que aceptar nuestra enmienda número 4 al punto número 6, que es la que habla de facilidades crediticias. Sin embargo, ahora ha dicho que se aceptaba la enmienda al punto 4, supongo que debe ser un error. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, yo he entendido que se aceptaba la enmienda número 4. ¿Es así, señor Vidal? (El señor Espasa Oliver pide la palabra.) El señor VIDAL I SARDO: Aceptamos la enmienda número 4 de Coalición Canaria y, por lo tanto, al punto número 6. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Espasa había pedido la palabra. ¿Acepta S.S. las transacciones? (Asentimiento.) Gracias, señor Espasa. (El señor Roncero Rodríguez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Querría, como he dicho en mi intervención, si es posible y lo acepta el Grupo proponente, que se cambiara el orden de las tres últimas letras: F, G y H.
Es decir, que fuera la primera de esas tres la que habla de avanzar en el acuerdo marco propuesto por Izquierda Unida -- sería una transaccional que proponemos al grupo proponente--y las letras G y H serían ahora las F y G que propone el PP relativas a módulos y a sustituir jornadas teóricas. Lo he trasladado por escrito a los servicios de la Cámara. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Conforme, señor Vidal? El señor VIDAL I SARDO: Se acepta porque esa ubicación es más congruente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), con la incorporación de las enmiendas que resultan de los

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términos del debate y de las propias palabras del señor Vidal en el curso del mismo. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 259; a favor, 257; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde. Se suspende la sesión.


Eran las diez y diez minutos de la noche.


CORRECCION DE ERROR: En el «Diario de Sesiones» número 19, del pasado 21 de octubre, página 634, aparece por error como hora de apertura de la sesión las diez y cinco minutos de la mañana cuando en realidad debería decir «a las once y cinco minutos de la mañana».

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