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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 22, de 28/10/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 22 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 20 celebrada el jueves, 28 de octubre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (Sesión secreta):

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 4.428) (Página 761)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:

--Real Decreto-Ley 16/1993, de 1 de octubre, por el que se concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un crédito extraordinario por importe de 237.458.944.063 pesetas, para atender insufuciencias producidas durante 1992 en materia de gestión de desempleo, y un suplemento de crédito, por importe de 21.907.000.000, para completar las aportaciones del Estado a la Seguridad Social con destino a pensiones no contributivas (número de expediente 130/000005) («Boletín Oficial del Estado», número 238, de 5 de octubre de 1993; corrección de errores en «Boletín Oficial del Estado», número 246, de 14 de octubre de 1993) (Página 761)

Página 754


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Código Europeo de Seguridad Social, hecho en Estrasburgo el 16 de abril de 1964. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, númer 110/000001) (Página 772) --Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y sus tres Protocolos anejos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 4.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente 110/000002) (Página 773) --Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, hecha en Ginebra el 6 de abril de 1974 formular en el momento de la adhesión. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 6.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 110/000004) (Página 773) --Documento sobre los Miembros Asociados de la Unión Europea Occidental (UEO) referente a la República de Islandia, al Reino de Noruega y a la República de Turquía, firmado en Roma el 20 de noviembre de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 7.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 110/000005) (Página 773) --Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X del Convencio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, hecho en M Generales», Serie C, número 8.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 110/000006) (Página 773) --Protocolo de Enmienda al Convencio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania de 22 de mayo de 1990, firmado en Madrid el 2 de marzo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 9.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 110/000007) (Página 773) --Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República de Colombia, junto con el Protocolo de Cooperación el 29 de octubre de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 10.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 110/000008) (Página 773) --Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en San Sebastián el 20 de septiembre de 1992, y Canje de Notas que modifica el artículo VI del mismo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 11.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 110/000009) (Página 774) --Canje de Notas por el que se modifica el Convenio relativo al transporte marítimo entre España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 29 de diciembre de 1979. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 12.1, de 2 de agosto de 1993 (número de expediente 110/000010) (Página 774) --Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 13.1, de 2 de agosto de 1993 (número de expediente 110/000011) (Página 774) --Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 14.1, de 2 de agosto de 1993 (número de expediente 110/000012) (Página 774) --Convenio de extradición y asistencia judicial en material penal entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 15.1, de 2 de agosto de 1993 (número de expediente 110/000013) (Página 774)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 16.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 121/000002) (Página 774)

Página 755


--Proyecto de Ley de concesión de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del E número 18.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000004) (Página 781) --Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 22.483.000.000 de pesetas, para financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 19.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000005) (Página 797) --Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 20.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000006) (Página 802)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de adaptación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley de Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 21.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000007) (Página 804) --Proyecto de Ley de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 22.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000008) (Página 804)

SUMARIO

Se reanuda la sesión, con carácter secreto, a las nueve y cinco minutos de la mañana para el debate de los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Se reanuda la sesión con carácter público.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 761)

Real Decreto-Ley 16/1993, de 1 de octubre, por el que se concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un crédito extraordinario por importe de 237.458.944.063 pesetas, para atender insuficiencias producidas durante 1992 en materia de gestión de desempleo, y un suplemento de crédito, por importe de 21.907.000.000, para completar las aportaciones del Estado a la Seguridad Social con destino a pensiones no contributivas (Página 761)

En nombre del Gobierno explica las razones que han determinado la promulgación de este Real Decreto-Ley el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez), que solicit por el que se habilita un crédito extraordinario para atender insuficiencias financieras producidas en materia de desempleo durante el ejercicio de 1992 y las necesidades adicionales de financiación que se prevén para el presente ejercicio como desfase en el pago de las pensiones no contributivas. Señala que el Consejo de Estado ha emitido dictamen favorable constatando la legitimidad de las obligaciones que se pretende atender y también la inexistencia de crédito para satisfacerlo en los Presupuestos Generales vigentes, además de las razones de urgencia y necesidad del gasto.
A continuación se refiere a las reformas en marcha y al período de reflexión abierto de cara a la consecución del equilibrio económico-financiero de la acción protectora por desempleo y termina reiterando su solicitud de voto favorable de la Cámara para la convalidación del Real Decreto-Ley.


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En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-Ley, interviene en nombre del Grupo Popular, la señora Villalobos Talero, manifestando que el señor Ministro ha tenido un interés especial en buscar la legitimación para la aprobación de este crédito extraordinario. Sin embargo, cuando se analizan las cifras de los diferentes créditos que se vienen sometiendo a la aprobación de la Cámara, se le ocurre preguntar al señor Ministro si está seguro de que con ellas se ha puesto el contador a cero de cara al 31 de diciembre próximo, toda vez que lo que ahora se hace es exactamente lo mismo que ocurrió en el año 1988 y ya se ven los resultados.
Alude seguidamente a algunas partidas concretas correspondientes a la liquidación del año 1992 que demuestran que se están pagando unos déficit que arrastran desde el año 1986, cuando, según antes decía, en el año 1988 parece que se había hecho borrón y cuenta nueva. Sin embargo, la realidad es que, a la vista de los diferentes debates abiertos en la Cámara sobre este asunto, ni siquiera los propios socialistas son capaces de ponerse de acuerdo sobre las cifras reales del déficit. Si resulta que se están pagando todavía cantidades correspondientes a los años 1986 y siguientes, pregunta al señor Ministro cómo van a creer que con el crédito que ahora se somete a la Cámara se va cerrar definitivamente el déficit del INEM correspondiente a 1992. Personalmente cree que no aludiendo a una serie de cifras respecto de las que no encuentra encaje claro. Formula algunas consideraciones en torno a la solidaridad y al recorte de prestaciones sociales, afirmando que se ha venido ocultando la realidad durante varios años hasta que ha llegado el momento en que la Seguridad Social está en quiebra técnica y obliga a buscar apoyos parlamentarios, y todo ello como consecuencia de una mala gestión del Gobierno Socialista, un mal control del fraude y una mala política económica.
En turno a favor de la convalidación del Real Decreto-ley interviene el señor Almunia Amann, en nombre del Grupo Socialista. Afirma un secreto que la situación de la protección por desempleo en nuestro país atraviesa por una situación complicada financieramente debido a que, a partir del cambio de signo de la situación económica en el año 1990, a medida que el crecimiento económico disminuía el desempleo aumentaba, entrándose en una situación de desequilibrio al que hay que dar una solución rigurosa yendo al fondo de la cuestión. Agrega que las manifestaciones de ese desequilibrio financiero las están conociendo en esta Cámara durante los últimos quince meses en los que se ha obligado al Gobierno a traer créditos extraordinarios para financiar insuficiencias presupuestarias, destinados al Inem y, en particular, a la protección por desempleo. En total, en cuatro años hay una insuficiencia superior al billón de pesetas, y no porque el Gobierno y el Parlamento hayan estado cruzados de brazos. Se han tomado medidas a lo largo de estos años para tratar de equilibrar el sistema de protección por desempleo, medidas que han sido expuestas en esta Cámara en repetidas ocasiones y, por tanto, son conocidas perfectamente, que van desde ahorros importantes en el gasto a una intensificación en la lucha contra el fraude. Pero el hecho de que en el ejercicio de 1993 siga habiendo desequilibrios les obliga a reflexionar sobre el fondo y sobre las causas que los están generando, la principal de las cuales es el aumento del desempleo y la recesión económica.
A combatir la situación van dirigidas las medidas contenidas en los Presupuestos y en la Ley que los acompaña, que han sido objeto de explicación reciente por parte del Ministro de Trabajo. Alude a algunas de estas medidas, fundamentalmente encaminadas a favorecer un entorno positivo en orden a la inversión y a la creación de empleo y a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y termina mostrando su oposición a los argumentos expuestos por la señora Villalobos.
Replica la señora Villalobos Talero, duplicando el señor Almunia Amann.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Coalición Canaria; Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Peralta Ortega, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por alusiones, hace nuevamente uso de la palabra la señora Villalobos Talero, replicando el señor Peralta Ortega.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 167 votos a favor, tres en contra y 124 abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley es rechazada por 127 votos a favor, 162 en contra y dos abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales (Página 772)

Código Europeo de Seguridad Social, hecho en Estrasburgo el 16 de abril de 1964 (Página 772)

Sometido directamente a votación, es aprobado el dictamen por 291 votos a favor.


Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas

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convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos insdicrinados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y sus tres Protocolos anejos (Página 773)

Sometido a votación, es aprobado el dictamen por 290 votos a favor y una abstención.


Documento sobre los Miembros Asociados de la Unión Europea Occidenteal (UEO) referente a la República de Islandia, al Reino de Noruega y a la República de Turquía, firmado en Roma el 20 de noviembre de 1992 (Página 773)

Sometido a votación, es aprobado por 294 votos a favor.


Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X del Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, hecho en Madrid el 5 de junio de 1992 (Página 773)

Sometido a votación, se aprueba por 293 votos a favor y uno en contra.


Protocolo de Enmienda al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania de 22 de mayo de 1990, firmado en Madrid el 2 de marzo de 1993 (Página 773)

Sometido a votación, es aprobado por 292 votos a favor y una abstención.


Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República de Colombia, junto con el Protocolo de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica, el Protocolo de Cooperación Educativa y Cultural y el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmados en Madrid el 29 de octubre de 1992 (Página 773)

Sometido a votación, queda aprobado por 293 votos a favor.


Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en San Sebastián el 20 de septiembre de 1992, y Canje de Notas que modifica el artículo VI del mismo (Página 774)

Sometido a votación, es aprobado por 291 votos a favor y una abstención.


Canje de Notas por el que se modifica el Convenio relativo al transporte marítimo entre España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 29 de diciembre de 1979 (Página 774)

Sometido a votación es aprobado por 292 votos a favor.


Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992 (Página 774)

Sometido a votación, es aprobado por 292 votos a favor y una abstención.


Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993 (Página 774)

Sometido a votación, es aprobado por 292 votos a favor.


Convenio de extradición y asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993 (Página 774)

Sometido a votación, es aprobado por 290 votos a favor y una abstención.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 332)

Proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado (Página 774)

En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley el señor Ministro del Interior (Corcuera Cuesta). Comienza recordando que el dictamen del anterior proyecto de noviembre de 1992 recogió 18 enmiendas en su tramitación parlamentaria y fue aprobada por este Pleno el 11 de marzo último con un amplio consenso, con sólo 13 votos en contra y una abstención. Tras la disolución de las Cortes Generales y el consiguiente decaimiento del proyecto, el

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Gobierno ha querido respetar escrupulosamente el consenso producido en torno al mismo, aprobando un proyecto que reproduce literalmente el dictamen de esta Cámara.
Consiguientemente, considera que la presentación que hizo del anterior proyecto en el mes de febrero pasado sigue siendo plenamente válida.
Al igual que el proyecto anterior, el que ahora presenta da cumplimiento al mandato parlamentario contenido en la proposición no de ley aprobada por esta Cámara el 9 de abril de 1991, por la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas para garantizar la necesaria celeridad en el examen individualizado de las solicitudes de asilo y a impedir la utilización fraudulenta con fines de inmigración económica del sistema de protección a los refugiados, garantizando una protección rápida y efectiva a los verdaderos refugiados.
Expone las razones justificativas de esta reforma de la Ley de 1984, que supuso en su día un paso importante en la protección de los refugiados, fundamentalmente encaminada a evitar que por la vía del asilo y refugio se produzca una inmigración paralela que se sustraiga a la aplicación de la normativa general en materia de extranjería, así como garantizar sin dilaciones a los verdaderos refugiados el pleno disfrute de los derechos que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico, esperando que en torno al nuevo proyecto de ley se mantenga el amplio consenso alcanzado respecto al anterior.
En defensa de la enmienda de totalidad presentada interviene, en representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor López Garrido. Expone que el proyecto de ley, aunque trata de una modificación de la Ley de 1984, la realidad es que afecta profundamente a la misma hasta darle un sentido muy distinto del que tuvo en 1984 cuando se aprobó.
Agrega que se trata de una buena Ley de asilo, progresista, que va a quedar profundamente modificada y en algunos casos irreconocible si se llega a aprobar el proyecto que ahora presenta el Gobierno tal como viene redactado. Es un proyecto de ley sobre la gran cuestión del derecho de asilo, degradado en los últimos tiempos como consecuencia de la obsesión en Europa por la lucha contra la inmigración, que desgraciadamente amenaza con acabar con ese derecho establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Comparten los objetivos que dice pretender el proyecto de ley, es decir, suprimir la doble figura del refugio y asilo y el establecimiento de un procedimiento acelerado para las peticiones manifiestamente mal fundadas, pero no comparten el procedimiento utilizado para llegar a ello. En su opinión, es un proyecto de ley innecesariamente duro, más aún en España donde no hay problemas de refugiados, porque tenemos una de las cifras de inmigración más bajas de Europa y sin embargo, el proyecto coloca a España en la cola de la protección del derecho de asilo, llegando a producir una profunda desprotección.
Explica a continuación el contenido del texto alternativo presentado por su Grupo Parlamentario, muy distinto al modelo del proyecto de ley, en el que existen una serie de puntos a su juicio inaceptables, al no ir en la lógica de la defensa de un derecho fundamental sino todo lo contrario. Como aspecto central de su propuesta alternativa destaca una serie de garantías del proceso de inadmisión, afirmando que la crisis de los refugiados en el mundo es la crisis de los derechos humanos y en esta situación considera que defender el derecho de asilo es el «test» de un compromiso con los valores de la solidaridad, de la democracia y de los derechos humanos.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Valls García, manifestando que en la defensa hecha por el señor López Garrido del derecho de asilo, de las libertades y de los dere estará el Partido Socialista junto a los más avanzados, como lo ha estado siempre. Lo que pasa es que primero tiene que decir qué son derechos fundamentales y el señor López Garrido sabe muy bien que éste que ahora contempla no se encuentra recogido como tal derecho fundamental en nuestra Constitución, con lo que piensa que se desvanece esta argumentación del enmendante.
A continuación agradece al Gobierno que haya tenido la delicadeza de respetar íntegramente el texto aprobado por esta Cámara con amp hace escasos meses, resaltando el dato de que, salvo en cuatro apartados, el voto fue unánime en favor del dictamen, por lo que duda que el texto presentado merezca los calificativos de acabar con el derecho de asilo o de situarnos a la cola de Europa. No cree que esta Cámara pueda cometer semejante error, entre otras cosas porque el propio Grupo de Izquierda Unida votó a favor del dictamen, excepto en los cuatro apartados citados.
Termina haciendo una llamada al diálogo a un esfuerzo de reflexión como el mantenido en la tramitación del anterior proyecto de ley, de lo cual fue buena prueba las enmiendas admitidas directamente y las transacciones realizadas respecto de otras, con el resultado de un texto que ha merecido la alabanza por parte de algunos organismos internacionales que tienen fundado y reconocido prestigio en materia de refugiados. El propio texto alternativo de Izquierda Unida coincide en un elevado tanto por ciento con el proyecto de ley del Gobierno,

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excepto en los cuatro puntos a que antes aludía, discrepancias que, a su juicio, no justifican la presentación de una enmienda de totalidad. Consiguientemente, pediría al señor López Garrido la retirada de esta enmienda y que en el trámite de Ponencia y Comisión pudiesen llegar a un diálogo y enriquecimiento mutuo, como ocurrió en la anterior ocasión, fruto del cual es el proyecto que ahora contemplan y que merece la aprobación de la inmensa mayoría de esta Cámara y el reconocimiento de los organismos internacionales, como antes decía.
Replica el señor López Garrido. Interviene de nuevo el señor Ministro del Interior (Corcuera Cuesta). Para réplica, hacen uso de la palabra los señores López Garrido y Ministro del Interior. En nombre del Grupo Socialista replica al enmendante el señor Valls García.
Para fijar posiciones intervienen los señores Olarte Cullen del Grupo de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, de Convergència i Unió; González de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV), y Jordano Salinas, del Grupo Popular.
Sometida a votación se rechaza la enmienda de totalidad debatida por 12 votos a favor, 279 en contra y tres abstenciones.


Proyecto de Ley de concesión de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1993, para aplicar el Acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el período 1992-1996 (Página 781)

En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Ríos Martínez, manifestando que el proyecto de ley vie bastante retraso lo que está provocando déficit de tesorería en algunas comunidades y, sobre todo, de liquidez, e incluso puede estar provocando endeudamiento. Por otro lado, plantearían la duda de si la distribución de dinero para la financiación autonómica debe discutirse en el Parlamento o si debe hacerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como algún grupo político ha estado defendiendo anteriormente.
Sin embargo, se han inclinado por traer el tema a esta Cámara, presentando la enmienda de totalidad que ahora defiende, porque aun reconociendo que se produce un significado avance y mejora con respecto al sistema anterior, desde su punto de vista, el defecto de este proyecto es que no introduce un sistema estable para la financiación del Estado en toda su estructura. Sucede, incluso, que posiblemente para cuand termine la tramitación del proyecto haya que producir una serie de ajustes en función de los últimos acuerdos alcanzados sobre la materia. En definitiva, no hemos construido un sistema de financiación que pueda ser estable.
Ocurre, por otra parte, que el nuevo modelo no es más que una continuación del anterior, que no ha resuelto tres problemas fundamentales, según Izquierda Unida, como son la necesidad de equiparar el gasto por habitante en cada una de las comunidades, lograr una prestación similar en los servicios en todo el Estado e incrementar la política regional que desde el Estado se hace, con una atención especial hacia las comunidades más deprimidas.
Añade que la enmienda de su Grupo va dirigida fundamentalmente a conseguir una equiparación media del gasto por habitante para las comunidades de los artículos 151 y 143, para lo que deberán acercar a lo largo del resto de la legislatura el gasto transferido por persona, atendiendo de forma prioritaria a las comunidades que se encuentran por debajo de la media.
Lograda la equiparación, deberán también establecer un fondo global para igualar los recursos por habitante que puedan repartirse en función de los parámetros que señala la LOFCA.
Asimismo desean incrementar el Fondo de Compensación del 36,8 por ciento de la inversión que el Estado va a hacer, según el proyecto en trámite en la Cámara, hasta el 45 por ciento. En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en nombre del Grupo Socialista, la señora Aroz Ibáñez, manifestando que los créditos objeto de debate responden a la aplicación para el año 1992 del acuerdo sobre financiación de las comunidades autónomas del quinquenio 1992-1996, reanudando así un trámite parlamentario iniciado en la pasada legislatura y reproduciendo un debate de totalidad que también tuvo lugar en la anterior legislatura y cuya continuación hizo imposible la disolución de las Cortes. Señala que el proyecto incluye los nuevos porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio mencionado con arreglo a la redefinición que se ha producido en algunas variables respecto al método existente en el período anterior, como también a la introdución de otras variables nuevas. Asimismo el proyecto consigna las cantidades correspondientes para el año 1992 por los importes que indica, en cumplimiento del nuevo sistema aprobado por todas y cada una de las comunidades autónomas. Consiguientemente, considera incomprensible la enmienda de totalidad que ahora debaten y que trata de enmendar la plana, no a una posición del Gobierno

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del Estado, sino a la de todos los gobiernos de las comunidades autónomas, después de un consenso que requirió largas reflexiones y un prolongado debate durante bastantes meses del año 1991. Realiza algunas consideraciones en torno al sistema alcanzado y termina expresando el rechazo de su Grupo a la enmienda en cuestión.
Replica el señor Ríos Martínez, duplicando la señora Aroz Ibáñez.
Para fijar posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Rajoy Brey, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad debatida por siete votos a favor y 273 en contra.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 22.483.000.000 de pesetas, para financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio (Página 797)

En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Popular interviene el señor Pascual Monzo, que se extiende en diversas consideraciones en torno a la situación de nuestra agricultura, a la concesión de estas ayudas y a los avatares sufridos en su tramitación, llegando a una situación que, en su opinión, podía haberse resuelto mucho antes, con lo cual los agricultores habrían recibido el dinero con antelación.
Explica a continuación el contenido del texto alternativo presentado, para el que termina pidiendo el apoyo de la Cámara.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene el señor Padrón Delgado, en nombre del Grupo Socialista, oponiéndose al texto presentado por el Grupo Popular al tacharlo de incoherente, además de que, a su juicio, sería de imposible cumplimiento ya que pretende, con la misma cantidad establecida en el crédito extraordinario, atender mayores obligaciones de pago que no tienen justificación. Se reserva para dar más amplia respuesta, en la Comisión correspondiente y en el debate de cada uno de los artículos del proyecto, a las argumentaciones del Grupo Popular.
Para fijar posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ríos Martínez, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad del Grupo Popular por 122 votos a favor y 159 en contra.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989 (Página 802)

El señor Ríos Martínez defiende la enmienda de totalidad del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al entender que el importe de este crédito podía haberse recogido en los Presupuestos del año 1993, con lo cual no hubiese sido necesario que viniese ahora como crédito extraordinario.
Considera que desde el año 1990 al año 1993 ha habido tiempo más que suficiente para que se produjeran los ajustes que hicieran falta.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Padrón Delgado, manifestando que el proyecto de crédito extraordinario no tiene efecto monetario alguno y que para que se produzca el correspondiente ajuste contable tiene que haber una ley que reconozca la deuda del Ministerio de Economía y la compensación con cargo a los beneficios que la Fábrica Nacional tendría que haber entregado y no entregó.
Pide al enmendante la retirada de la enmienda en base a las razones expuestas.
El señor Ríos Martínez retira la enmienda de totalidad.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 804)

Proyecto de ley de adaptación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales (Página 804)

Sometido directamente a votación, se aprueba el proyecto de ley por 282 votos a favor y uno en contra.


Proyecto de ley de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del

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Impuesto sobre el Valor Añadido a la Ley de Impuestos Especiales (Página 804)

Sometido directamente a votación, se aprueba el proyecto de ley por 282 votos a favor.


Se levanta la sesión a las dos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCMOS. SRES. DIPUTADOS (Número de registro 4428)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY:

--REAL DECRETO-LEY 16/1993, DE 1 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CONCEDE AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 237.458.944.063 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS PRODUCIDAS DURANTE 1992 EN MATERIA DE GESTION DE DESEMPLEO, Y UN SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE DE 21.907.000.000, PARA COMPLETAR LAS APORTACIONES DEL ESTADO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON DESTINO A PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (Número de expediente 130/000005)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley.
Real Decreto-ley 16/1993, de 1 de octubre, por el que se concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un crédito extraordinario para atender insuficiencias producidas durante 1992 en materia de gestión de desempleo y un suplemento de crédito para completar las aportaciones del Estado a la Seguridad Social con destino a pensiones no contributivas.
Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han determinado la aprobación de este Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Señor Presidente, señorías, tomo la palabra para pedir el voto favorable necesario en orden a la convalidación de este Real Decreto-ley de 1 de octubre, por el que se habilita un crédito extraordinario de 237.458 millones de pesetas, para atender las insuficiencias financieras del Inem en la gestión del desempleo durante el ejercicio de 1992, y también un suplemento de crédito de 21.907 millones de pesetas destinado a cubrir las necesidades adicionales de financiación que se prevén para el presente ejercicio como desfase en cuanto al pago de las pensiones no contributivas.
El Consejo de Estado ha emitido dictamen favorable, constatando la legitimidad de las obligaciones que se pretenden atender con esta cobertura presupuestaria, así como tambien la inexistencia de crédito para satisfacerlas en los Presupuestos Generales del Estado vigentes, y además, como es natural, las razones de urgencia y necesidad del gasto.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro. (Pausa.)

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): La auditoría realizada por la intervención General de la Administración del Estado, ceñida exclusivamente a los datos constatados que han sido aportados por el Inem, determinan un déficit --con dicha revisión limitada-- de 283.618 millones. Habida cuenta de que el Inem tiene, a su vez, abierto un expediente de ampliación de crédito a financiar con cargo al remanente de tesorería disponible correspondiente a 1992, por un importe de 46.160 millones de pesetas, se solicita la autorización de esta Cámara para cubrir las insuficiencias financieras en la gestión del Inem para el año 1992, por importe --como decía-- de la diferencia entre estas dos cifras, que alcanza a 237.458 millones de pesetas.
La insuficiencia financiera en el ejercicio de 1992 se ha generado en la gestión de la acción protectora por desempleo (prestaciones contributivas, subsidios y cuotas por beneficiarios a la Seguridad Social) y se corresponde con la diferencia entre las obligaciones netas reconocidas y el coste comprobado por la auditoría, minorado por el remanente de tesorería a que antes he aludido.
Esta diferencia --como conocen SS.SS.-- ha sido atendida, al igual que en ejercicios anteriores, por la Tesorería General de la Seguridad Social, quien, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, adelanta el pago de las prestaciones. Por esta razón, y aun cuando las prestaciones hayan sido atendidas, es extraordinariamente

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urgente proceder a la devolución de este anticipo, teniendo en cuenta la grave tensión financiera que la Seguridad Social ha de soportar por ese anticipo.
Es cierto que el Real Decreto-ley cuya convalidación hoy solicito en esta Cámara llega algunos meses después de otro Decreto-ley --el del 18 de junio-- para atender las necesidades financieras de de 1991, por importe de 222.441 millones de pesetas. También es cierto que este ejercicio, el vigente de 1993, no se va a cerrar con el equilibrio presupuestario que desearíamos, sino que tendrá que aprobarse un suplemento de crédito para compensar las insuficiencias.
Esta realidad nos hace reflexionar sobre las causas que han dado lugar a esta situación y sobre las medidas que tienen que adoptarse para procurar que no vuelva a suceder en el futuro.
Las causas las conocen SS.SS. perfectamente: la caída del empleo, la fuerte disminución en la capacidad contributiva de las empresas, la rotación de la mano de obra, la crisis económica y las consecuencias que de ellas se derivan en relación al empleo, y los recursos necesarios para la financiación de los mecanismos de protección social.
Se trata, además, en este caso, de una crisis cuyos efectos, en términos de destrucción de empleo, han hecho su aparición de una manera brusca, de forma que en España les recuerdo que a finales del año 1992 se daba un incremento neto de empleo, habiéndose producido, por tanto, en el transcurso de un año una notable destrucción de empleo, con las inevi de gastos por la disminución en la recaudación y el aumento correspondiente de los gastos atinentes a la protección.
Ciertamente, esta situación se está planteando a las economías europeas debido a la crisis competitiva y sus consecuencias sobre los respectivos sistemas de protección social, entre ellos, los créditos de protección por desempleo, como ocurre en los diferentes países del ámbito comunitario. Basta recordar, por ejemplo, Holanda, donde está planteándose la reducción de la prestación o Francia, donde el alto déficit generado en el Unedic ha hecho necesaria una aportación suplementaria del Estado a los recursos contributivos de financiación del propio sistema.
La profunda transformación de los mecanismos y producción, que sustituye al capital humano por capital tecnológico, y la elevación de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, que ha pasado del 35 por ciento en 1985 --año en que el paro registrado coincidía con el paro registrado en el año 1993-- a casi un 80 por ciento, son en estos momentos otras realidades que inciden sobre el equilibrio financiero del sistema y contribuyen a la actual situación de endeudamiento.
Todo ello hace necesaria la adopción de medidas estructurales dirigidas a procurar el ajuste del gasto a lo que es la capacidad financiera de una sociedad y a desarrollar también un marco eficaz para el fomento de la actividad y del empleo.
Así se está haciendo, y ya en 1992, la Ley de Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección por Desempleo, constituyó un tratamiento de urgencia, como su propia denominación lo evidenciaba, para mitigar los efectos negativos de esta situación. Sin ella, el déficit --no lo duden-- sería cuantitativamente superior al previsto para el ejercicio de 1993.
A este respecto, si bien los efectos racionalizadores de esta Ley se van a dejar sentir a partir de este último trimestre y principios del año próximo, quiero decir que no es propósito del Gobierno ahondar en la reforma del marco normativo, con el fin de conseguir el equilibrio económico-financiero de la acción protectora por desempleo.
Hemos querido llevar a cabo esta reforma mediante el ejercicio de una reflexión con los agentes sociales y las fuerzas políticas buscando establecer las medidas necesarias para que la protección que se dispense se base en la pérdida involuntaria del empleo, en la cobertura de un verdadero estado de necesidad que implique la carencia de otras rentas, y en el necesario equilibrio financiero que garantice el mantenimiento de la acción protectora y no determine el deterioro de otras políticas sociales ni de las inversiones reactivadoras de la economía y de la creación de empleo.
A estas medidas habrá que unir la necesaria reforma institucional en la gestión, el pago de las prestaciones y el fortalecimiento de los mecan intermediación para la obtención de empleo, potenciándose, además, de manera especial, las medidas de control del fraude e intensificándose el sistema sancionador. En esta tarea estamos trabajando, y a su consecución responde el proyecto de ley recientemente aprobado por el Gobierno y que ha iniciado su tramitación parlamentaria en esta Cámara. Señorías, la concreción de este propósito en el plazo más breve posible es necesaria y urgente y, en todo caso, es una responsabilidad que hay que afrontar.
Finalmente, nos referiremos al suplemento de crédito solicitado con respecto a la financiación de las pensiones no contributivas, cifrado en a el 25 por ciento del gasto presupuestario. La mayor difusión del conocimiento de la Ley 26/1990, que cumplirá este año el tercero de su vigencia, así como el reciente incremento del flujo migratorio de este país, unido a las dificultades crecientes en la ocupación laboral, explican el incremento del nivel de cobertura de este nuevo instrumento de solidaridad con quienes se hallan en una verdadera situación de necesidad, y la urgencia de proveer los medios de financiación necesarios.
Estas son, señorías, las razones que justifican la necesidad y la urgencia de los medios de financiación contenidos

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en el Real Decreto-ley cuy propone hoy a esta Cámara y que espero haber llevado a su conocimiento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. ¿Turno en contra? (Pausa.) La señora Villalobos tiene la palabra.


La señora VILLALOBOS TALERO: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad, señor Ministro, es que usted ha tenido un interés muy especial en buscar la legitimación en la petición de este crédito extraordinario. Sinceramente, hablar de los déficit en las prestaciones por desempleo y utilizar un turno en contra, es posible que le parezca al portavoz del Grupo que soporta al Gobierno una falta de solidaridad, una huida del Partido Popular (que es una frase que le gusta mucho al Partido Socialista respecto al Partido Popular), pero es que ustedes son responsables, el Gobierno es responsable de esta situación, de la falta de credibilidad que tienen las cifras que usted intenta legitimar hoy aquí.
Ustedes recurren al informe del Estado y dicen que hay fondos en los presupuestos. Ese es el primer argumento que usted ha utilizado. Ha hablado de legitimidad. De acuerdo, el Gobierno puede uti se supone que en circunstancias extremas. Por tanto, existe legitimidad.
Dice también que hay fondos en los presupuestos. Esto ya si que no. ¿Dónde están los fondos en los Presupuestos de 1993 cuando en el propio cr a esta Cámara para ser aprobado se dice que pasa directamente a deuda pública? Si el déficit del año 1993 anunciado por el Gobierno es del 7,2, y el incremento es de 7 puntos en la deuda pública, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿Cómo puede decir que hay fondos presupuestarios? Habla de la Intervención General del Estado, que la legitimidad final está en la Intervención General del Estado.
Yo tengo aquí la auditoría y lo primero que dice es que no han sido auditadas las cuentas de liquidación, del Inem, así como que la documentación de la subdirección general no está auditada ni está completa.
El último argumento que usted utiliza para cubrir los déficit, por lo menos el que utiliza siempre en esta Cámara, son los remanentes de tesorería, el gran milagro al que acuden todos los años para los créditos extraordinarios. Parte de sus déficit los cubren con remanentes de tesorería, y la propia Intervención General del Estado, en su informe previo (incompleto todavía) sobre este presupuesto, dice que duda sobre dónde puedan estar estos remanentes.
Y ustedes quieren que les apoyemos.
Cuando analizo las cifras de los diferentes créditos --y este es el segundo que aprobamos este año aquí, señor Ministro, nos queda un tercero que ya se nos ha anunciado que vamos a aprobar en el mes de noviembre en esta Cámara--, mi primera pregunta es: ¿Está usted seguro que con eso hemos puesto el contador a cero, como decía el Subsecretario General de Empleo? ¿Usted cree realmente que a 31 de diciembre de 1993 estará el contador del Inem a cero? En el año 1988 hicieron exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy aquí en el año 1993. Según estas cuentas del antiguo Ministro de Trabajo, desde ese momento se ponían a cero los déficit del Inem; a partir de aquel momento se generarían déficit siempre a partir del año 1988. Pues miren ustedes, en la liquidación del Presupuesto del año 1992 ya aparece una partida presupuestaria de 560.000 millones de pesetas (que, van ustedes a cubrir con remanentes de tesorería) donde se pagan déficit desde el año 1986, cuando se supone que en el año 1988 ya habíamos hecho borrón y cuenta nueva. ¿Cómo es posible, señor Ministro, ese desconcierto contable que tiene el Inem? Inmediatamente el portavoz del Grupo Socialista se subirá a esta tribuna para decirme: Pero, señora Villalobos, es que ustedes no entienden de técnica presupuestaria; es que ustedes no saben lo que es déficit de caja; ustedes no saben lo que es el remanente de tesorería; ustedes no saben --hasta ahora no ha salido este concepto aquí, pero esta vez va a salir-- lo que son las cuentas extrapresupuestarias, las que utiliza el Inem continuamente, que lo hemos descubierto hace dos años, porque la Intervención General del Estado, cubriéndose las espaldas, le dice al Inem: ¡Cuidado!, están ustedes utilizando demasiado las cuentas extrapresupuestarias.
¿Qué significan las cuentas extrapresupuestarias? Pues muy simple, ustedes empiezan a tirar de la máquina y cuando se les acaba el dinero --porque la Tesorería General de la Seguridad Social les dice: se me acabó el dinero, ya no tengo para pagar, las cuotas ya no dan para más hasta diciembre--, si eso sucede en el mes de mayo, no importa, se van a las cuentas extrapresupuestarias, no se entera el Parlamento porque no son presupuestarias y a ver cómo las pagamos. Pues según dice el propio Ministro de Economía en una entrevista a un medio de comunicación, si las cosas hubieran ido bien, lo hubiera pagado la Tesorería de la Seguridad Social y no se hubiera enterado nadie. Como desde el año 1992 las cosas van mal, han tenido que recurrir a los créditos extraordinarios e inventar estas historias de los remanentes de tesorería, que me gustaría muchísimo que el representante de la mayoría fuera capaz de explicármelo aquí esta mañana.
Cuando se aprobó el 25 de junio de 1992 el crédito para el déficit del año 1990, el representante entonces del Grupo de la mayoría decía que, efectivamente, aprobar aquí un crédito extraordinario era una demostración de una mala gestión, de una falta de fondos, a que

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se había incrementado la cobertura por desempleo, etcétera.
Decía el señor Gimeno que buscar financiación adicional cuesta dinero, y, por tanto, no podían ir al mercado a buscar ese dinero para financiar el déficit. Pero sí recurren ustedes a las cuotas de la Seguridad Social de trabajadores y empresarios --que está para otras cuestiones--para pagar este déficit. Por lo visto eso, presupuestariamente, al Grupo de la mayoría le parece absolutamente maravilloso.
Y si después se analizan las cifras concretas que en cada presupuesto extraordinario hemos estudiado aquí, se encuentra uno con cosas tan divertidas como que el señor Arnau, en un crédito que se aprobó en esta Cámara en el mes de junio de 1993, decía que el déficit del año 1990 era de 52.000 millones de pesetas y que lo demás iba a pasar --como se había aprobado un crédito de 190.000 millones de pesetas-- al año 1991, me supongo que como remanente de tesorería. Y miren ustedes por donde, la necesidad de financiación del año 1990 era de 115.000 millones de pesetas, según dice la Intervención General del Estado. Ni ustedes mismos son capaces de ponerse de acuerdo sobre cuáles son las cifras reales de déficit. Y no estamos hablando del año 1992, ¡cuidado!, que posiblemente todavía haya algunas cifras que no hayan salido porque estén en alguna Delegación Provincial del Inem, ya que, como funciona tan bien el Inem, esto se da con bastante asiduidad, sino del año 1990, señor Ministro. ¿Cómo es posible que en el año 1992 se estén liquidando 590.000 millones con remanente de tesorería? Quiero que me expliquen aquí de qué ejercicio presupuestario estamos hablando, porque se están pagando déficit de los años 1986, 1987, 1988 y 1990 ¿Cómo es posible, señor Ministro? ¿Y usted quiere que yo me crea que este crédito va a cerrar definitivamente el déficit del año 1992 del Inem en prestaciones por desempleo? Sinceramente le tengo que decir que no. Y se lo tengo que decir porque, como he manifestado anteriormente, en el año 1992 aparecen presupuestos del año 1986 y es imposible que el Inem pueda tener aproximadamente 800.000 millones de pesetas en remanentes de tesorería desde el año 1986. Si los remanentes de tesorería sirven para cubrir los pagos reconocidos y no inventariados en el presupuesto, ¿cómo diablos lo van ustedes acumulando año tras año? ¿Dónde están esos remanentes de tesorería? ¿Por qué esta Cámara no ha tenido conocimiento, en las liquidaciones de presupuestos, de esos llamados remanentes de tesorería a los que ustedes recurren por cantidades aproximadas de 800.000 millones de pesetas? ¿Dónde están? Yo no quiero traer a esta Cámara el hecho de si realmente estos déficit del Inem están, en términos de contabilidad nacional, aplicados a cada y por tanto, no tienen nada que ver con el déficit del año 1993, como así reconocía el señor Ministro en el día de ayer y en el debate de presupuestos insistía en ello; tampoco supo explicar después de dónde diablos salen entonces los tres billones del déficit del año 1993 si no se puede aplicar al Inem.
Ustedes dicen que este segundo crédito cubre el año 1992 y que para el año 1993 vamos a aprobar aquí, antes de que finalice el año --cuando ustedes están cerrando ejercicios con tres años de ret Ministro--, un crédito de 407.000 millones de pesetas, como así viene recogido en los Presupuestos Generales del Estado, lo cual significa que las modificaciones del crédito del Inem en el año 1993 serían de 870.000 millones de pesetas en números redondos. ¿Me quiere usted decir por qué en la liquidación que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado aparece una modificación de crédito a 31 de diciembre de 1993 de un billón 116.949 millones de pesetas? ¿Me quiere usted decir a mí de dónde salen los 245.000 millones?, ¿de qué déficit?, ¿del año 1990?, ¿del año 1991?, ¿del año 1992?, ¿es un remanente de tesorería que no aparece en la liquidación definitiva de los Presupuestos de los años 1991 y 1992? ¿Usted quiere que yo aquí hoy me crea que este déficit que estamos aprobando liquida el año 1992? Señor Ministro, es imposible poder creerse todo eso. A mí me gustaría --sinceramente se lo digo-- que las palabras que usted ha expresado aquí fueran la realidad. Y le voy a decir más, si usted estuviera tan convencido de que las cuentas del Inem están muy claras, que los déficit son exactamente los que usted dice aquí, que los remanentes de tesorería existían, ¿por qué hace usted apelación por primera vez en esta Cámara a la Intervención General del Estado, al Consejo del Estado? ¿Por qué busca usted legitimaciones que nunca en la vida los antiguos ministros de trabajo --y es el tercero que aprobamos en un año y medio-- han traído a esta Cámara? Porque usted sabe que hay una sensación de duda sobre la capacidad del propio Inem para gestionar sus fondos.
Sinceramente, señor Ministro, lo que sí tienen que saber los españoles muy claramente es que ustedes tenían el convencimiento absoluto de que si la situación económica hubiera sido positiva, es decir, si no se hubiera destruido empleo, si no se hubiese dado la situación de quiebra en la que puede encontrarse la Seguridad Social --puesto que las cotizaciones de afiliaciones bajan cada día más--, si eso no se hubiese producido en nuestro sistema, nadie hubiera sabido que el Inem tenía un déficit desde el año 1982 de dos billones de pesetas, porque ese dinero pagado, que era derecho a terceros, directamente en cada un de los años corrió a cargo de la Tesorería General, eliminando otra serie de prestaciones sociales fundamentales a las que tenían también derecho puesto que estaban cotizando, y sale ahora porque ustedes se han encontrado con que la Tesorería General de la Seguridad Social ha dicho que no tenía dinero para pagar las pensiones y entonces ustedes se inventan las cuentas extrapresupuestarias, la necesidad

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de financiación del Inem y buscan la solidaridad de los grupos parlamentarios como diciendo: el que no esté conmigo no está creyendo en las cotizaciones, no cree en la protección por desempleo y está buscando el vacío en la solidaridad de la sociedad española. No, señor Ministro.
Porque esa solidaridad que usted entiende hace que haya presentado ya dos decretos que recortan prestaciones por desempleo, sin ir al fondo de la cuestión. Ese concepto que tiene usted de lo que es la solidaridad le lleva a la situación de decir que ahora la sociedad española tiene una sobreprotección social, que hay que recortar, que no deben recibir los que no trabajan... ¿Es que eso pasa solamente en el año 1993, señor Ministro? ¿Usted cree realmente que esa oficina del fraude interministerial, que ustedes van a crear, sirve para algo? Si el fraude existía ya hace muchos años, ¿por qué no atajaron ustedes ese fraude con las medidas que les da la propia Ley de Protección por Desempleo? ¿No es simplemente, señor Ministro, que ustedes ya no pueden seguir ocultando estas realidades, que han estado ocultando durante años porque les convenía a ustedes, al Partido Socialista, no a los españoles, y ahora necesitan el apoyo del Gobierno, porque en este momento la Seguridad Social está en quiebra técnica? Eso lo sabe usted igual que yo. Si no, no habría un crédito de 345.000 millones para equilibrar el presupuesto del año 1994.
Usted sabe que estoy diciendo cosas que son ciertas y no me gusta tenerlas que decir en esta Cámara, porque no quiero alarmar a la población. Esto es consecuencia de una mala gestión del Gobierno socialista; esto no es consecuencia de que la gente se haya apuntado al paro porque son unos vagos; esto es consecuencia de una mala gestión, de un mal control del fraude, de una mala política económica. Ahora usted busca aquí el apoyo y no podemos decirle que no, porque son prestaciones por desempleo, porque es la Tesorería General de la Seguridad Social, pero, desde luego, lo que le puedo garantizar es que el apoyo de este Grupo no lo va a tener, señor Ministro.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
¿Turno a favor de la convalidación? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, consumo el turno a favor de la convalidación del Real Decreto-ley 16/1993, que aprobó el Gobierno el 1 de octubre, que nos acaba de ser explicado por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y empiezo por decir algo que no sorprenderá a la Cámara y es que el Grupo Socialista, igual que el Gobierno, igual que la mayoría de las persona o formaciones políticas o de otra índole que se acercan a la situación de la protección por desempleo en nuestro país, de la cobertura que ha alcanzado, de las técnicas a través de las cuales protege esa situación, del modo en que se financia, ve que atraviesa por una situación complicada financieramente. Es un sistema que, a partir del cambio de signo de la situación económica, del año 1990, y a medida que el crecimiento económico disminuía, que el desempleo aumentaba, está entrando en una situación de desequilibrio a la que, como decía el Ministro en la presentación que nos ha hecho del Real Decreto-ley, hay que dar una solución rigurosa; hay que ir al fondo de la cuestión.
La verdad es que las manifestaciones de ese desequilibrio financiero las estamos conociendo en esta Cámara en los últimos quince meses y nos l mismo la señora Villalobos. Es cierto, todos los miembros de esta Cámara lo conocemos, que en estos últimos quince meses éste es el tercer créd destinadas al Instituto Nacional de Empleo y, en particular, a la protección por desempleo. Desde junio de 1992 hasta este Real Decreto-ley de octubre de 1993, pasando por un anterior de junio, hay en torno a 700.000 millones de pesetas que el Gobierno ha necesitado instrumentar a través de créditos extraordinarios para los cuales solicita el apoyo del Congreso de los Diputados y la documentación presupuestaria. Y en las manifestaciones del propio Ministro de Economía y de Hacienda y del Ministro de Trabajo y Seguridad Social se anuncia que, antes de final de año y para subvenir a la dotación presupuestaria de los créditos necesarios para financiar los desequilibrios en las prestaciones del año 1993, vendrá un nuevo crédito extraordinario.
En total, en cuatro años hay una insuficiencia presupuestaria superior al billón de pesetas, y no porque el Gobierno haya estado cruzado de brazos y no porque el Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado, hayan estado cruzados de brazos. Se han tomado medidas a lo largo de estos años, como no podía ser menos, para tratar de equilibrar el sistema de protección por desempleo y han sido expuestas en esta Cámara en repetidas ocasiones, la Cámara las conoce perfectamente: desde incrementos en las cotizaciones por desempleo, que tuvieron lugar en el año 1992 y que permitieron ingresos adicionales en torno a 150.000 millones de pesetas, pasando por un decreto-ley del año 1992, de hace año y medio, que, además de adoptar determinadas medidas de reforma de los mecanismos de contratación, introducía algunos retoques, algunas modificaciones en la protección por desempleo que van a producir, según estimaciones del propio Gobierno, un ahorro estimado de 350.000 millones de pesetas en el año 1993 con relación a cuál hubiera sido el gasto si no se hubiesen adoptado esas medidas, hasta una intensificación

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evidente de la lucha contra el fraude en el desempleo.
Recientemente, los medios de comunicación recogían las cifras proporcionadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al primer semestre de este año 1993, donde se podía observar, y recibía una atención muy significativa de los medios de comunicación, una intensificación de las actuaciones de la inspección de trabajo y seguridad social y una intensificación de las situaciones detectadas y de las situaciones sancionadas por la legislación vigente por parte de las autoridades laborales.
Más allá de estas actuaciones, el hecho de que hoy nuevamente estemos debatiendo un crédito extraordinario para el Inem, el hecho de que en el ejercicio de 1993 siga habiendo desequilibrio, nos obliga a reflexionar sobre el fondo, sobre las causas que están generando este desequilibrio, causas que, por supuesto, escapan a las competencias del Instituto Nacional de Empleo, en buena parte, pero que a esta Cámara no pueden escapar. Y la principal de las causas, qué duda cabe que es un aumento del desempleo, una destrucción de puestos de trabajo producto de la recesión y para la cual no son suficientes --¡ojalá lo fueran!-- medidas de técnicas de contabilidad presupuestaria o de gestión de los presupuestos.
La solución del problema del fondo del desempleo y de la recesión económica va dirigida a todas las actuaciones de política económica y, en particular, los presupuestos que estamos debatiendo en este momento en esta Cámara y las medidas que acompañan a esos presupuestos en el proyecto de ley de medidas.
Además, y ha sido objeto también de explicación reciente por parte del Ministro de Trabajo en esta Cámara con ocasión de una interpelación del hay toda una serie de medidas que el Gobierno ha planteado para la reforma del mercado de trabajo - -me parece que es hoy el día en que están siendo debatidas en el Consejo Económico y Social-- y el Gobierno ha anunciado no sólo el contenido de esas medidas ante esta Cámara, sino también que de aquí a final de año tendrá lugar la traslación al debate parlamentario de esas medidas.
¿Por qué la reforma del mercado de trabajo incide y debe incidir para reducir el desequilibrio de las cuentas de la protección por desempleo? Por varias razones.
En primer lugar, porque una reforma del mercado de trabajo como la que plantea el Gobierno es un instrumento importante, aunque no el único, para mejorar las posibilidades de crear empleo.
En segundo lugar, porque en esas propuestas de reforma del mercado de trabajo que hace el Gobierno hay elementos que van a tender a disminuir la excesiva rotación en el mercado de trabajo que está produciendo --no es la única causa, pero sí una de ellas-- el desequilibrio en las prestaciones por desempleo, como tantas veces ya se ha debatido en los últimos tiempos.
Y, en tercer lugar, además de la política económica, las medidas generales de política de empleo y, en particular, las medidas de reforma del mercado de trabajo, una política de empleo que incidirá positivamente sobre la financiación de la protección por desempleo, el contenido del proyecto de ley de medidas que acompaña el presupuesto y que estamos debatiendo en esta Cámara, por lo cual no me detendré en ello. Además, las medidas que van a tender a incentivar a facilitar la búsqueda de empleos alternativos para los desempleados y las medidas que intensifican y dan más herramientas a la autoridad laboral y a la Inspección de Trabajo para combatir los abusos y el fraude en el desempleo llevan una estimación de ahorro de gasto en protección por desempleo, respecto de lo que hubiese sido la inercia del sistema para el próximo año 1994, en torno a 300.000 millones de pesetas.
Esta es la estrategia política, este es el contexto político en el que debe ser entendido el Real Decreto-ley que hoy el Gobierno somete a la consideración de la Cámara para su convalidación. Como el Grupo Socialista comparte la política de empleo del Gobierno, como el Grupo Socialista comparte las medidas que el Gobierno plantea en su actuación y en sus propuestas legislativas para favorecer un entorno positivo, en orden a la inversión y a la creación de empleo, para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, para corregir las ineficiencias de nuestro sistema de protección por desempleo, daremos nuestro voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley y, por lo tanto, no podemos coincidir con los argumentos expuestos por la señora Villalobos en nombre del Grupo Popular.
El problema no es contable, señora Villalobos. Hay problemas contables derivados de los problemas de fondo, hay problemas de contabilidad presupuestaria que hay que resolver con las técnicas de la contabilidad presupuestaria y con las autorizaciones que, a tal efecto, debe dar este Congreso de los Diputados --como espero que dé hoy al Real Decreto-ley que nos presenta el Gobierno--, pero los problemas son de fondo.
Pensar que las insuficiencias para financiar la protección por desempleo o que las dificultades para dotar presupuestariamente el gasto de producción por desempleo son problemas contables, creo, sinceramente, que es no entender cuál es el auténtico problema que hoy nos ha traído el Gobierno para su debate.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
La señora Villalobos tiene la palabra.


La señora VILLALOBOS TALERO: Sinceramente, señor Almunia, habiendo sido Ministro, habiendo participado en Consejos de Ministros, conociendo las técnicas

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presupuestarias y habiendo aprobado tantísimo presupuesto como ha aprobado usted desde el Ministerio, y además de Trabajo, yo esperaba algo más de usted, en función de las preguntas concretas que le he hecho.
Hasta ahora, en los debates que hemos planteado aquí, yo siempre he intentado hacer un debate político sobre el crédito. El representante del Grupo Socialista me ha dicho: Señora Villalobos, este no es el momento del debate político; estamos hablando de un ajuste presupuestario, estamos hablando de un déficit, etcétera. Y ha hecho un análisis sobre la supuesta estrategia política del Gobierno socialista y del Partido Socialista. Desde luego, si la estrategia política del Partido y del Gobierno socialista es volver a plantear en esta Cámara la necesidad de la reforma del mercado de Trabajo, es situarnos en peticiones hechas hace tres años en esta Cámara.
No ha añadido usted absolutamente nada. Simplemente ha hecho de muñeco de «punch-ball» al que todo el mundo da y sigue sin moverse. Usted recibe los golpes, pero no contesta.
Simplemente, deja pasar.
Creo que esto es un error, señor Almunia, porque así da más credibilidad a la falta de confianza en su Gobierno y en las cifras que facilita su Gobierno.
Yo espero esa reforma del mercado de Trabajo, pero ahora no estamos hablando de la reforma del mercado de Trabajo. Estamos hablando del déficit del Inem en el año 1992. Y eso, le guste o no, es un problema de pelas. ¿Usted sabe lo que es la pela, no? Algunos compañeros suyos hablando de dinero y estamos hablando, señor Almunia, de una falta de clarificación en las cuentas del Inem; estamos hablando del uso excesivo, por parte del Inem, de las cuentas extrapresupuestarias, como así reconoce la propia Intervención General del Estado en sus informes. Y usted quiere que yo siga creyendo en lo que están haciendo.
En el año 1992 aprobamos aquí un crédito extraordinario para el año 1990. Junio de 1992. ¿Sabe qué fecha tiene el informe de la Intervención General del Estado? 18 de marzo de 1993.
Eso se lo pedí yo a la señora Interventora. La fecha de aprobación, de apoyo, de la Intervención General del Estado a un crédito aprobado en esta Cámara en junio de 1992, tiene fecha de marzo de 1993. ¿Comprende, señor Almunia? Tengo serias dudas sobre si se hizo como debía. Además, si uno analiza el informe provisional y limitado --como dice la Intervención--, de los años 1990, 1991 y 1992 ve que dice que las cuentas no están auditadas, que son certificados que le proporciona el Inem, etcétera.
Estamos hablando, señor Almunia, de dos billones de pesetas, que no es ninguna tontería. Me hubiera gustado mucho que usted hoy me hubiera dicho las cifras que le he preguntado. ¿Qué remanente de tesorería y de qué ejercicios presupuestarios? ¿Por qué aparece en la modificación de crédito a liquidación, diciembre de 1993, del Inem, una modificación de crédito de un billón 116.000 millones de pesetas? Porque ni el Secretario General de Empleo, ni el Director General del Inem, ni usted me lo quiere contestar. Luego tengo que seguir pensando que hay algo que ustedes no me quieren decir. Y necesito saberlo para aprobar este decreto que ustedes plantean.
No se trata, señor Almunia, de que entremos en un debate sobre si la contratación temporal influye o no en el déficit del Inem, porque usted y yo estamos de acuerdo en que efectivamente influye. Por fin ustedes están de acuerdo. El profesor Segura y todos los profesores que se dedican a analizar esta materia hablan de la incidencia de la rotación del mercado del trabajo en los déficit del Inem, en la falta de productividad y en la falta de competitividad de nuestras empresas. Es una realidad hoy y hace dos años y, por fin, repito, parece que ustedes están empezando a plantearlo.
No me hable hoy, señor Almunia, de la estrategia política del Partido Socialista. Estamos hablando de números, estamos hablando de déficit. Y por las cuentas del Inem que existen en esta Cámara, el único remanente que existe del año 1986 al año 1991, donde desaparece misteriosamente el concepto 870, Remanente de Tesorería, es de 52.000 millones de pesetas.
¿Cómo han llegado a 800.000 millones de pesetas de remanente de tesorería? ¿Por qué no utilizaron el sistema del artículo 66 de la Ley General Presupuestaria de crédito ampliable, que es el crédito de prestación por desempleo? Le tenían miedo al tres por ciento de incremento del déficit, como decía el artículo 10 de los Presupuestos. Por cierto, hoy no hemos hablado de ello.
Ustedes en este decreto se cepillan el artículo 10, párrafos uno y dos, de los Presupuestos Generales del Estado.
(Protestas en los bancos del Grupo Socialista.) Ustedes han aumentado por encima del tres por ciento que decían los Presupuestos en su artículo 10, y lo han hecho, no este año, lo llevan haciendo muchos años, solo que lo han ido ocultando, señor Almunia. Esa es la auténtica realidad. Y me gustaría saber la cifra final.
No me ha contestado usted, en nombre del Ministro de Trabajo, si con esto hemos cerrado el año 1992, si con los 407.000 millones de pesetas que vamos a aprobar en el mes de noviembre cerramos y ponemos el contador a cero en el presupuesto del Inem para el año 1994, aunque dudo mucho que en el año 1994 se cumplan los presupuestos que han traído a esta Cámara. Tampoco me parece adecuada la técnica presupuestaria o legislativa de utilizar un decreto ley para derogar nada menos que un artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esa es la realidad del día de hoy.
Posiblemente al señor Solbes no le haya gustado la falta de técnica presupuestaria de su antecesor y hoy presidente y portavoz del Grupo Socialista. A lo mejor al señor Solchaga le gustaba eso como Ministro y el señor

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Solbes no quiere cargar con el muerto de los déficit acumulados de todos los años. Esa puede ser la realidad, pero reconózcanla. El señor Solbes ya lo ha reconocido.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Siento haber decepcionado a la señora Villalobos en mi intervención. La próxima vez que tenga que subirme al estrado la consultaré antes sobre lo que debo decir en nombre del Grupo Socialista. Lo siento.<ð En todo caso la voy a decir, señora Villalobos, que, como sabe bien, hace pocas semanas debatimos esta cuestión en la Comisión de Presupuestos en presencia de la Interventora General de la Administración del Estado, que comparecía a petición propia y a petición de su Grupo parlamentario. Allí, la señora Interventora General, en nombre de la Intervención General del Estado y del Poder Ejecutivo en el que se encuadra la intervención, nos dio, a mi modo de ver, una cumplida explicación, compleja, como es esta cuestión en cuanto uno desciende a los temas técnicos, de cuál es la situación de la relación financiera entre el Inem y la Tesorería General de la Seguridad Social, cuál ha venido siendo a lo largo de todos estos años la plasmación de los gastos en protección por desempleo en contabilidad nacional, tarea que tiene encomendada la Intervención General del Estado, y cuál no ha sido hasta la aprobación de los créditos extraordinarios la traslación de ese gasto a la contabilidad presupuestaria, imputando a cada ejercicio presupuestario las cantidades correspondientes, sea por el crédito inicial o, cuando no haya habido, por la correspondiente ampliación o crédito extraordinario.
Yo, en aquella comparecencia,me di cuenta de que usted no se siente cómoda con los temas de contabilidad presupuestaria, contabilidad nacional; es demasiado técnico, y lo entiendo, porque poca gente se siente cómoda con esa complejidad del tecnicismo de diversas contabilidades; la contabilidad de caja que lleva la Tesorería, la contabilidad nacional, la contabilidad presupuestaria, etcétera. Pensé que estaría usted más en su papel haciendo aquí un debate político sobre las causas que llevan a las insuficiencias presupuestarias en ejercicios anteriores. Más adelante, hemos celebrado comparecencias, también en Comisión de Presupuestos, sobre los presupuestos del año 1994, y el Secretario General de la Seguridad Social, no el rería General de la Seguridad Social, dijo, ante la Comisión de Presupuestos, que, con este crédito extraordinario y con el anunciado por documentación que acompaña a los presupuestos y en otras manifestaciones, quedaría, lo que se llama en términos coloquiales, el contador a cero en la cuenta Inem Tesorería General de la Seguridad Social, a 31 de diciembre del año 1993.
Por tanto, no busque usted donde no hay. Léase los documentos de la Intervención. Son extraordinariamente correctos y precisos. No le quiera pedir a la Intervención General del Estado lo que no es su competencia, pero no le niegue lo competente que es la Intervención General del Estado, porque incluso ha tenido ocasión usted de conocer, en la Comisión de Presupuestos, que la Interventora General del Estado ha expresado una cierta desazón ante la puesta en duda continúa de las tareas que cumplidamente realiza ese centro. Y políticamente reconozca, señora Villalobos, que en el debate sobre protección por desempleo, su Grupo y su Partido no están cómodos y, por eso, quizá desvía la cuestión, o trata de hacerlo, hacia los asuntos contables. Y no están cómodos porque en su programa electoral no decían una sola palabra sobre la cuestión.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, por parte del Grupo de Coalición Canaria vamos a fijar nuestra posición respecto a la convalidación de este Real Decreto-Ley que vamos a votar y a apoyar favorablemente. Y diré cuáles son las razones.
En primer lugar, y dentro del primer cuerpo de explicación del preámbulo del Real Decreto-ley que nos trae hoy aquí para su convalidación, se plantea el problema del Instituto Nacional de Empleo. Quiero recordar que el problema yo lo globalizaría diciendo que las grandes mareas traen grandes resacas; mareas y marejadas de situación económica de desempleo generan una resaca como la que trae hoy día a causa y a resolverla este Real Decreto-ley.
Cuando en esta Cámara, en el año 1984, aprobamos la Ley número 31, de Protección por Desempleo, y cuando posteriormente el Gobierno, al amparo de esa Ley, saca el Decreto 625 el año 1985, que era una época de vacas gordas, que era una época en que había sosiego y no había estas cifras de desempleo con las que nos encontramos actualmente, no dimos mayor importancia a aprobar que la Tesorería de la Seguridad Social prefinanciara al Inem. Y ahora resulta que, al llegar esta circunstancia de desempleo, tenemos que hacer uso,

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con toda su gravedad y radicalidad presupuestaria, de este principio.
Una de las reivindicaciones que la Comunidad Autónoma Canaria tiene planteadas al Gobierno es precisamente la transferencia del Inem, pero de la misma manera que, cuando hemos pedido las transferencias del Insalud, hemos dicho que se nos entregue en contabilidad de arranque cero, sin déficit arrastrado, sin facturas guardadas en el cajón, para que no haya ninguna presunción de fraude de ley, diríamos, con respecto al Inem, que, caso de que entrase en una posibilidad de transferencia de gestión a la Comunidad Autónoma, viniera también limpio de deudas y de déficit que estuvieran en este momento asumidos por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Por tanto, en corresponsabilidad con aquel voto de 1984, es necesario que la Tesorería General de la Seguridad Social no quede en déficit de cuenta de resultados porque ha estado al amparo de aq encontramos con más causantes y demandantes de la prestación por desempleo, no hay más remedio que atender esta obligación legal, social y política con esta dotación de crédito extraordinario.
El segundo punto al que quiero referirme para justificar nuestro voto es el de las prestaciones no contributivas.
Señorías, aquí es muy difícil la predicción, como se trató de hacer en la Ley 26/1990, pero en este momento hay una obligación social y política, no sólo del Gobierno sino también de esta Cámara, de que aquellas personas receptoras por derecho legal de la prestación no contributiva no sufran una decepción más y la perciban.
Por tanto, para poder atender las prestaciones no contributivas y la cifra que se había dado en los Presupuestos Generales del Estado para est solamente cabría preguntar al Gobierno, aquí en presencia, tanto del representante del Grupo Socialista, el señor Almunia, como del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Griñán, qué razones ha habido en verdad para lo que estaba previsto y presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado de 1993 para atender las prestaciones no contributivas haya quedado tan desfasado.
Porque ahí sí podía haber una estimación, al menos de previsión estadística, de cálculo actuarial, de lo que iba a producirse, para que las cifras del Presupuesto que aprobamos en diciembre del año pasado hubieran tenido un reflejo lo más aproximado posible a la demanda actual.
Y el tercer punto al que quiero referirme, señorías, es el que contempla el preámbulo del Real Decreto-ley para hacer modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado. Ahí sí quiero hacer yo una llamada de atención al Gobierno, y más en estos momentos en que estamos debatiendo en la Cámara los presupuestos para 1994. Qué duda cabe de que cuando aprobamos la Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado, creímos, con exigencias de rigor presupuestario, y así debe ser, que los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos destinados a tramitarse en el ejercicio correspondiente deberían tener un límite, y que, de la misma manera, y en segundo lugar, la actuación económica de los presupuestos para el Gobierno debería posibilitar los créditos para inversiones.
Pero también se había puesto un límite. Ahora con este Real Decreto-ley se hace, en verdad, prácticamente una enmienda muy fuerte, muy «a posteriori» a los Presupuestos Generales del Estado de 1993.
Sería un motivo de reflexión si, cuando este tema lo planteemos en el debate de enmiendas a los presupuestos de 1994, le diéramos el valor del antecedente que ya está implicando este Real Decreto-ley. Ahora bien, nosotros entendemos que, como toda esta financiación se va a hacer apelando a la deuda pública, y de las informaciones de que dispone en este momento este portavoz se deduce que estamos por debajo del límite de endeudamiento por deuda pública aconsejado por el Plan de Convergencia que había presentado en la pasada legislatura el Gobierno y el propio indicativo del Plan de Convergencia que señala la Comunidad Económica Europea en los últimos acuerdos, tenemos todavía techo para ir por esta vía de solución.
Nosotros no vamos a oponernos, aunque hacemos esta crítica de falta de previsión en su momento de que, habiendo puesto aquellas barreras de disciplina presupuestaria en 1993, ahora se traten de dejar sin efecto levantando estas barreras y dejando créditos, en verdad, abiertos y flexibles. Y lo decimos sobre todo porque nosotros entendemos que si esto va a una finalidad de Estado de bienestar y va a una finalidad de prevenir las inversiones pendientes superará en beneficio al mal crítico que, desde un punto de vista fiscal y contable, podamos hacer a este Real Decreto-ley, que tiene, desde luego, sus defectos. La finalidad de paliar la tremenda resaca en la que en estos momentos nos estamos encontrando en el plano laboral y en el social, en el Inem y en los restantes aspectos de la Seguridad Social todas estas circunstancias nos aconsejan votar favorablemente su toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, una vez más estamos hablando del Inem. Aquí nos e hecho real. Más allá del buen o mal funcionamiento del Instituto --que, en muchas ocasiones, hemos criticado

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desde esta tribuna y que, asimismo, en muchas ocasiones hemos solicitado su transferencia a las comunidades autónomas que lo pedían--, más allá de esto, digo, hay una realidad que nos trae hoy aquí el Gobierno, que es la deficiencia presupuestaria producida durante el ejercicio de 1992. Se nos plantea una cuestión: si creemos o no las cuentas del Inem.
Nosotros no tenemos razón evidente para dudar de las cuentas del Inem. Otra cosa son las causas de esas cuentas, que es donde deberíamos haber centrado el debate, en las causas y en el porqué se producen estos hechos, que el señor Ministro ha mencionado, pero en lo que no hemos profundizado hoy. En otras ocasiones recientes, sí lo hemos hecho. Todos sabemos del déficit del Inem. El otro día nos dijo el señor Ministro, en la Comisión, que en el ejercicio de 1990 a 1992 había un déficit de 700.000 millones de pesetas, es decir, de 1990 a 1992 se había producido un déficit de 700.000 millones; para 1993, el señor Ministro tenía una previsión de un déficit de 400.000 millones, trescientos de los cuales --decía-- eran debidos a insuficiencias presupuestarias. Y añadía entonces, y ha dicho hoy, que si no hubiese sido por la Ley 22 de 1992, el déficit aún sería mayor. ¿Cuál es la realidad que contempla mi Grupo y donde querríamos situar el debate? Lo querríamos situar en la disyuntiva de qué hacer con el 1.926.000 beneficiarios del Inem. Este es el tema. La cuestión está en que, en 1985, había 1.065.000 beneficiarios y en estos momentos, cuando comparece el señor Ministro, hay 1.926.000 beneficiarios.
El debate debería centrarse --en otros foros así está ocurriendo, en días pasados se ha discutido sobre esta cuestión en esta Cámara-- en cómo evitar, cómo restar beneficiarios al Inem. Sólo se pueden restar beneficiarios al Inem si logramos crear acti finalmente, crear empleo. Este es el debate que nos preocupa, no tanto cómo se contabilizan las partidas del Inem, sino cómo evitar que se vayan expulsando día a día trabajadores de los puestos de trabajo y vayan a parar a la bolsa de los subsidiados por el Inem. Esta es la preocupación de mi Grupo, compartida, sin duda, por todas ustedes, señorías, aunque hoy nos hayamos dedicado a las cuentas, a la contabilidad.
Por imperativo constitucional, mi Grupo no puede hacer otra cosa que votar favorablemente la aprobación de este crédito.
El artículo 41 de la Constitución nos obliga a tener unas pensiones mínimas que permitan una vida digna a aquellas personas que no cuentan con otros ingresos producto de su trabajo. Por tanto, por imperativo de la Constitución, hemos de votar favorablemente este Real Decreto-ley.
En segundo lugar, todos los partidos aquí presentes, y el mío por supuesto, tienen sus programas y sus líderes han dicho en los medios de comunicación repetidamente que no íbamos a renunciar al mantenimiento de los niveles mínimos de conquistas sociales que se han producido hasta ahora en el país. Seria contradictorio que hoy negásemos al Gobierno la aprobación de un decreto que permite disponer de dos créditos (uno, para pensiones contributivas y, otro, para pensiones no contributivas, es decir, para aquellos más desfavorecidos de la sociedad) sería --digo-- una incongruencia de nuestro partido votar en contra de este Decreto-ley, pues estaríamos creando un problema añadido a las personas menos favorecidas de la sociedad.
Mi Grupo anuncia su voto favorable a la aprobación del Real Decreto-ley y, en todo caso, deja constancia de su preocupación --que no dudo que comparten otras señorías-- sobre las causas en las que hay que profundizar.
Si hoy pudiera ser efectiva esta llamada, sería bueno hacérsela a las fuerzas sociales, a las fuerzas sindicales y patronales y al Gobierno que el esfuerzo necesario y suficiente para eliminar el constante deterioro de empleo y fomentar la creación de ocupación.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nos interesa hoy el Gobierno el voto favorable para la convalidación de un Real Decreto-ley que pretende cubrir el déficit de protección social en los años 1992 y 1993 y, simultáneamente, suprime un límite legal en la Ley de Presupuestos de este año 1993, en relación precisamente con los déficit que ya se prevén.
En el debate que se ha producido hasta este momento se preguntaba la representante del Partido Popular cuál era la justificación --la legitimación decía ella-- de este Real Decreto-ley. En nuestra opinión, se perdía en digresiones contables.
Izquierda Unida considera que la justificación de este Real Decreto-ley, señores representantes del Partido Popular, es muy clara. Son las necesidades sociales de la realidad, ni más ni menos que eso. Es frecuente, señores del Partido Popular, que ustedes utilicen la situación de paro en nuestro país en iniciativas parlamentarias. Sin ir más lejos, esta semana discutíamos una moción, consecuencia de una interpelación, sobre este tema.
Hoy que se solicita dotar de medios económicos para atender a los parados, ustedes anuncian un voto en contra. Da la impresión, señora Villalobos, de que el Partido Popular utiliza a los parados como un simple

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instrumento para darle golpes al Gobierno. Ello nos hace temer, como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que si ustedes alcanzaran el poder concentrarían todos los golpes sobre los parados, ya que no podrían sobre el Gobierno.
(Rumores.) De todos modos, más que hablar de esa hipótesis, afortunadamente lejana, conviene centrarnos en este Real Decreto-ley; Real Decreto-ley en el que el Ministro ha dicho cuáles eran las causas de estos déficit sociales. Yo también quiero hacer referencia a ese tema, porque creo que la descripción que ha hecho el señor Ministro no es exacta.
Detrás de este Real Decreto-ley es posible descubrir un doble y notable fracaso. De una parte, una mala política económica protagonizada por el Gobierno y que ha agravado en nuestro país las consecuencias de una situación recesiva internacional; mala política económica que ha producido unos resultados nocivos, especialmente en materia de paro. Esa es una de las facetas de ese doble fracaso.
La segunda faceta es un notable fracaso de la política presupuestaria llevada a cabo por el Gobierno, política presupuestaria absolutamente al realidad que da lugar a déficit sistemáticos, sobre todo, en los mecanismos de protección social y que da argumentos que son reiteradamente utilizados por quienes juegan en contra de esos mecanismos de protección social.
Estas son, señor Ministro, señorías, en opinión de Izquierda Unida, las causas de este Real Decreto-ley. También tenemos que dejar claro que, en opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, este Real Decreto-ley expresa, materializa y pone de manifiesto el esfuerzo que lleva a cabo la sociedad española, el Estado español, de atender las necesidades sociales derivadas de esa errónea política económica. Un esfuerzo que, a pesar de los límites de la protección social en nuestro país, conlleva un fuerte incremento del gasto social. Esto también hay que decirlo, señorías, y nosotros, como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo decimos. Por eso Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a votar a favor de este Real Decreto-ley, pero queremos aprovechar la ocasión para decir que si estamos dispuestos a colaborar en la solución de los efectos, nos parecería mucho más importante contribuir a solucionar las causas de los mismos. Estas causas hay que buscarlas en esos dos elementos a los que yo hacía referencia antes: política económica y política presupuestaria. En este sentido, señorías, las posiciones que ha avanzado el Gobierno en ambas materias no hacen posible hasta este momento nuestra colaboración. Son unos Presupuestos Generales del Estado que no consiguen crear empleo, para el año 1994 el Gobierno prevé un nuevo incremento del paro. Unos Presupuestos Generales del Estado que para el año que viene prevén un importante recorte de los mecanismos de protección social en nuestro país. Esta política económica, dejando aparte aspectos determinados como la rebaja de los tipos de interés y una más adecuada valoración de la peseta, sigue manteniendo fundamentalmente los mecanismos y las pautas de política económica anterior, y nos hace prever y temer que producirá idénticos resultados económicos, sociales y presupuestarios.
Señorías, quede clara la voluntad de Izquierda Unida en este acto de colaborar con el Gobierno en la solución de la actual situación de necesi quede clara también la voluntad de Izquierda Unida de colaborar en la solución de las causas, y a tal efecto ponemos de manifiesto nuestro análisis de la misma y nos gustaría que el Partido Socialista sacara conclusiones de las posiciones que vienen de la derecha y de las posiciones que vienen de la izquierda a la hora de decidir sus alianzas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta. (La señora Villalobos Talero pide la palabra.) ¿Para qué solicita la palabra, señora Villalobos?

La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, el representante de Izquierda Unida ha aludido directamente a esta Diputada.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Peralta, usted dice que yo me he perdido en cifras, pero usted ha repetido el mismo mensaje del Grupo Socialista.
Yo le quiero preguntar una cosa: ¿es que en los déficit no hay política? ¿Los déficit se producen por nada? ¿Los tres billones de déficit, del año 1993, no los vamos a pagar los españoles? ¿Eso no es política para usted? Para mí, sí es política.
Hemos tenido una interpelación sobre el empleo hace dos semanas. Vamos a discutir en esta Cámara, dentro de aproximadamente diez días, los pre Ministerio de Trabajo. Allí hablaremos del contenido político de cada una de las medidas que trae aquí el Gobierno, pero hoy hemos venido a hablar de un déficit del Inem, de 1992. Esas son cifras. Desde nuestro punto de vista, señor Peralta, eso es política; es una obligación fundamental de esta Cámara, por eso la ley fundamental es la Ley de Presupuestos.
Usted dice que el Partido Popular atacará a los parados.
(Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

La señora VILLALOBOS TALERO: Usted lo deduce, señor Peralta, del sentido de nuestro voto. En primer

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lugar, yo no he dicho que vayamos a votar en contra, señor Peralta. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

La señora VILLALOBOS TALERO: En julio del año 1993, en esta Cámara vimos un decreto para cubrir el déficit del año 1991.
Anuncié también entonces que íbamos a abstenernos, porque no podemos ir en contra de las necesidades de financiación de la Tesorería General de la Seguridad Social. Luego, ese tema está bastante aclarado.
Respecto a que el Partido Popular ataca a los parados, señor Peralta, hasta ahora el único que está creando aquí paro es el Gobierno socialist provocando esos déficit es el Gobierno socialista, no el Partido Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular y protestas en los escaños de la izquierda.) Si usted cree que porque el Partido Popular intenta que el gasto público esté controlado ataca a los parados; si usted cree que el Partido Popular ataca a los parados porque entiende que hay que utilizar mejor los fondos públicos, que - -no lo olvide su señoría-- son del conjunto de la sociedad española, está muy equivocado, señor Peralta. Digo más, le puedo garantizar una cosa, váyase a las medidas que he propuesto en esta Cámara, váyase al programa del Partido Popular y verá cómo no hay un ataque a los parados. Nuestro objetivo es crear empleo. Crear empleo es el único objetivo del Partido Popular. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Popular.) Señor Peralta, me tendrá que admitir algo: cuando menos, tenemos posibilidades de ganar las elecciones y demostrar lo que le estoy diciendo aquí. Lo que sí está claro es que esa oportunidad no la tendrá usted jamás en la vida. Gracias, Presidente. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Popular y protestas en los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señora Villalobos, voy a contestar serenamente a su fervorosa intervención.
Lo que para usted son cifras y números, para Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya son cientos de miles de parados. Esa es la diferencia. (La señora Villalobos Talero hace signos negativos.) Nosotros nos sentimos cerca de esas personas, ustedes sólo ven números. A ustedes sólo les preocupa el control del gasto público, a nosotros nos preocupan esas necesidades sociales.
Eso, señora Villalobos, es política. ¡Claro que es política!, la de su Grupo y la del nuestro, evidentemente; dos políticas muy distintas. Eso es así.
Sólo quiero decir, señora Villalobos que celebro que, al parecer, mi intervención haya conseguido cambiar su voto.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Vamos a proceder a la votación. Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/1993, de 1 de octubre.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 167; en contra, tres; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
¿Desea algún Grupo que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.) Vamos a someter a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 127; en contra, 162; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado la tramitación como proyecto de ley.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.
¿Desea algún Grupo hacer uso de la palabra en relación con alguno de los dictámenes? (Pausa.)

--CODIGO EUROPEO DE SEGURIDAD SOCIAL, HECHO EN ESTRASBURGO EL 16 DE ABRIL DE 1964 (Número de expediente 110/000001)

El señor PRESIDENTE: Dictamen relativo al Código Europeo de Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 291.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS, HECHA EN GINEBRA EL 10 DE OCTUBRE DE 1980, Y SUS TRES PROTOCOLOS ANEJOS (Número de expediente 110/000002)

El señor PRESIDENTE: Convención sobre prohibiciones o restricciones de empleo de ciertas armas convencionales que puedan con nocivas o de efectos indiscriminados.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 290; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


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--CONVENCION SOBRE UN CODIGO DE CONDUCTA DE LAS CONFERENCIAS MARITIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS, HECHA EN GINEBRA EL 6 DE ABRIL DE 1974, ASI COMO RESERVAS Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESION (Número de expediente 110/000004)

El señor PRESIDENTE: Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, hecha en Ginebra el 6 de abril de 1974, así como Reservas y Declaración que España va a formular en el momento de la adhesión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 290; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--DOCUMENTO SOBRE LOS MIEMBROS ASOCIADOS DE LA UNION EUROPEA OCCIDENTAL (UEO) REFERENTE A LA REPUBLICA DE ISLANDIA, AL REINO DE NORUEGA Y A LA REPUBLICA DE TURQUIA, FIRMADO EN ROMA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1992 (Número de expediente 110/000005)

El señor PRESIDENTE: Documento sobre los miembros asociados de la Unión Europea Occidental, referente a la República de Isla y a la República de Turquía.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--PROTOCOLO PARA ENMENDAR EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO X DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 1992 (Número de expediente 110/000006)

El señor PRESIDENTE: Protocolo para enmendar el párrafo segundo del artículo X del Convenio internacional para la conservación del atún atlántico.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ISLAMICA DE MAURITANIA, DE 22 DE MARZO DE 1993 (Número de expediente 110/000007)

El señor PRESIDENTE: Protocolo de enmienda al Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--TRATADO GENERAL DE COOPERACION Y AMISTAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, JUNTO CON EL PROTOCOLO DE COOPERACION TECNICA Y FICO-TECNOLOGICA, EL PROTOCOLO DE COOPERACION EDUCATIVA Y CULTURAL Y EL ACUERDO ECONOMICO INTEGRANTE DEL MISMO, FIRMADOS EN MADRID EL 29 DE OCTUBRE DE 1992 (Número de expediente 110/000008)

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El señor PRESIDENTE: Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República de Colombia, junto con el Protocolo de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica, el Protocolo de Cooperación Educativa y Cultural y el Acuerdo Económico integrante del mismo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 293.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--ACUERDO SOBRE RELACIONES CINEMATOGRAFICAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARGENTINA, FIRMADO EN SAN SEBASTIAN EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1992, Y CANJE DE NOTAS QUE MODIFICA EL ARTICULO VI DEL MISMO (Número de expediente 110/000009)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Reino de España y la República Argentina.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 291; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO RELATIVO AL TRANSPORTE MARITIMO ENTRE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 29 DE DICIEMBRE DE 1979 (Número de expediente 110/000010)

El señor PRESIDENTE: Canje de notas por el que se modifica el Convenio relativo al Transporte Marítimo entre España y el Reino de Marruecos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 292.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE POLONIA PARA LA SUPRESION DE VISADOS, REALIZADO EN MADRID EL 26 DE OCTUBRE DE 1992 (Número de expediente 110/000011)

El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA, FIRMADO EN SOFIA EL 23 DE MAYO DE 1993 (Número de expediente 110/000012)

El señor PRESIDENTE: Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República de Bulgaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 292.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--CONVENIO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA, FIRMADO EN SOFIA EL 23 DE MAYO DE 1993 (Número de expediente 110/000013)

El señor PRESIDENTE: Convenio de extradición y asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Bulgaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 290; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 5/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA CONDICION DE REFUGIADO (Número de expediente 121/000002)

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El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Debate de totalidad relativo al proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro del Interior. (Rumores.) Señores, les ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, comparezco hoy ante SS.SS. para presentar el proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, que el Gobierno aprobó en el pasado mes de julo.
El dictamen del anterior proyecto, de noviembre de 1992, tras una tramitación parlamentaria en la que se introdujeron un total de 18 enmiendas, fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 11 de marzo de este año con un amplio consenso; sólo 13 votos en contra y una abstención. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Tras la disolución de las Cortes Generales y el consiguiente decaimiento del citado proyecto, el Gobierno ha querido respetar escrupulosamente el consenso producido en torno al mismo aprobando un nuevo proyecto que reproduce literalmente el dictamen de esta Cámara. Es evidente que en lo esencial la presentación del anterior proyecto, que realicé en febrero pasado, sigue siendo plenamente válida y, por tanto, seré breve.
Al igual que el proyecto anterior, señorías, el que presento hoy da cumplimiento al mandato parlamentario contenido en la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1991, en el que se instaba al Gobierno a --decía-- adoptar las medidas necesarias para garantizar la necesaria celeridad en el examen individualizado de las solicitudes de asilo y a impedir --decía la proposición no de ley-- la utilización fraudulenta con fines d económica del sistema de protección a los refugiados, garantizando una protección rápida y efectiva a los verdaderos refugiados. No cabe duda, señorías, de que la vigente Ley de Asilo, aprobada hace casi más de nueve años, fue en su día un paso adelante en la protección de los refugiados, desarrollando, por una parte, el mandato constitucional en lo referente al derecho de asilo y estableciendo, por otra, el procedimiento necesario para el reconocimiento de la condición de refugiado en aplicación de la Convención de Ginebra de 1951.
La necesidad de abordar hoy la reforma de la Ley de 1984 se deduce fundamentalmente de tres consideraciones. En primer lugar, la constatación, derivada de la experiencia en la aplicación de la vigente ley, de la inutilidad del actual sistema de doble estatuto, asilo por un lado y refugio por otro, que, por el contrario, ha generado bastante confusión y no pocos abusos. En segundo lugar, la creciente utilización del sistema de protección a los refugiados por parte de inmigrantes que, de esta forma, y a menudo sin siquiera alegar la menor persecución, utilizan una solicitud de asilo para acceder y permanecer en el territorio español, evitando así los procedimientos migratorios establecidos en nuestras leyes.
Por último, señorías, la próxima entrada en vigor de diversos tratados internacionales, como los convenios de Dublín y Schengen, en los que España ha establecido, junto con sus socios comunitarios, un sistema de determinación del Estado responsable de examinar cada solicitud de asilo que se presente en lo que pronto será un espacio sin fronteras interiores. En el mismo sentido la resolución adoptada por los ministerios de inmigración de los Doce en Londres, en diciembre pasado, exige un esfuerzo de armonización y alineamiento de la regulación de cada Estado en materia de asilo.
Señorías, en la comunicación sobre la situación de los extranjeros en España que el Gobierno presentó al Congreso de los Diputados en noviembre de 1990, se señalaba como objetivo de las reformas que se proponían el de evitar que por la vía del asilo y refugio se produjera una inmigración paralela que se sustrajera a la aplicación de la normativa general en materia de extranjería, así como garantizar sin dilaciones a los verdaderos refugiados el pleno disfrute de los derechos que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Este sigue siendo el sentido del nuevo proyecto, que la Cámara anterior mejoró con las 18 enmiendas, a que hacía antes referencia, y que el Gobierno somete a SS.|SS., esperando que en torno a él se mantenga el amplio consenso creado, primeramente, en torno a la citada proposición no de ley y, más recientemente, en torno al texto aprobado por el Congreso en marzo pasado y que el Gobierno se ha limitado a convertir en un nuevo proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me dispongo a defender la enmienda de totalidad con texto a de ley de modificación de la Ley de Asilo que, aunque aparentemente es un modificación, afecta profundamente a esa Ley hasta darle un sentido muy distinto del que tuvo en 1984, cuando se aprobó. Esta buena ley progresista, de asilo, existente en este momento, va a quedar

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profundamente modificada, y en algunos casos irreconocible, si se llega a aprobar el proyecto de ley tal como viene redactado en estos momentos.
Se trata de un proyecto de ley sobre la gran cuestión del derecho de asilo, degradada en los últimos tiempos como consecuencia de la obsesión en Europa por la lucha contra la inmigración, pero que, desgraciadamente, amenaza con acabar con ese derecho establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que tiene esa solera que viene incluso de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Nosotros compartimos los objetivos que dice pretender el proyecto de ley: el de suprimir la doble figura del refugio y asilo y el de establecer un procedimiento acelerado para las peticiones manifiestamente mal fundadas. Esos objetivos fueron aprobados en la proposición no de ley de este Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1991 y, repito, los compartimos. Lo que no compartimos es el procedimiento utilizado para llegar a ellos. Es innecesariamente duro este proyecto de ley, más aún en España, donde no hay un problema de refugiados, ya que tenemos una cifra de refugiados de las más bajas de Europa, una cifra de inmigración de las más bajas de Europa y, sin embargo, este proyecto de ley, repito, sitúa a España en la cola de la protección del derecho de asilo o, mejor dicho, a la cabeza de la desprotección del derecho de asilo en Europa.
Si una de las pretensiones manifestadas por el señor Ministro del Interior hace un momento es la de armonizar el derecho de asilo en Europa, en este caso resulta que se desarmoniza el derecho de asilo porque se produce una profunda desprotección, hasta el punto de situarnos, repito, en la cola de la protección del derecho de asilo en Europa.
El modelo de proyecto de ley es muy distinto del modelo que defendemos en el texto alternativo. El modelo del proyecto de ley ve al solicitante de asilo como un problema, no repara en la cuestión de los derechos humanos, sino que ve al solicitante de asilo como un problema que hay que solucionar y que los gobiernos intentan solucionar como sea, al precio que sea. Es decir, que el solicitante de asilo se convierte en un presunto defraudador y se invierte la carga de la prueba, que es algo contrario a la defensa de un verdadero derecho fundamental, con lo cual se encubre una incapacidad profunda de los gobiernos europeos a la hora de establecer una auténtica política de inmigración.
En este proyecto de ley hay una serie de puntos, a nuestro juicio inaceptables, que nos parece que van, no en la lógica de la defensa de un derecho fundamental, sino todo lo contrario.
En primer lugar, el proyecto de ley convierte la idea, que nosotros compartimos, de un procedimiento acelerado en una inadmisión a trámite, que es un tema absolutamente diferente, porque los procedimientos acelerados se podrían conseguir si hubiera muchos más medios que los que tiene ahora mismo el Ministerio del Interior para examinar las solicitudes de asilo, con lo que lo convierte en un procedimiento previo de inadmisión a trámite inexistente en la ley actual, lo universaliza, por tanto, le da carácter de regla; le da un plazo reducidísimo al examen de esa solicitud --cuatro días--; cualquiera que conozca mínimamente lo que es el examen de una solicitud de asilo se dará cuenta de que es prácticamente imposible darse cuenta en cuatro días de si una persona puede tener un temor fundado de sentirse perseguido por sus ideas políticas, por su raza o por su religión, que es lo que defiende el derecho de asilo en la Convención de Ginebra.
Además no establece, y esto nos parece el punto crucial, un recurso suspensivo ante los tribunales. Por tanto, una persona, en cuestión de siete días, puede estar de vuelta sin que un tribunal haya podido examinar si esa solicitud era o no manifiestamente mal fundada.
En el artículo 6 e) de ese proyecto de ley, España se desentiende del problema de un solicitante de asilo cuando considere que otro Estado tiene la obligación de examinar esa solicitud, con lo cual se contradice flagrantemente el Convenio de Ginebra y uno de los principios básicos del derecho de asilo, y es que toda persona tiene derecho a que sea examinada individualmente su pretensión de asilo. Por tanto, a partir de ahí se vuelve a recrear una de las cosas que pretenden hacer desaparecer los ministros de inmigración en Europa, que es el famoso tema de los refugiados en órbita.
Recuerdo que, hace algunos meses, un solicitante de asilo hizo el viaje en avión Barcelona-Ginebra siete veces en el mismo día, porque ni España ni Suiza querían hacerse cargo de ese solicitante de asilo. Con esta redacción desde luego ese problema no se soluciona. Además, el proyecto de ley suprime el asilo por razones humanitarias y no introduce algo fundamental en estos últimos tiempos que es el problema de los desplazados que piden asilo como consecuencia de conflictos o disturbios graves en su país.
Por último, incomprensiblemente, el proyecto de ley suprime la posibilidad de acudir a la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, la Ley 62/1978, con lo cual, en definitiva, el modelo del proyecto de ley es el de no considerar al derecho de asilo como un verdadero derecho, degradar y deteriorar la figura, como digo, hasta hacerla bastante irreconocible, hasta hacerla casi desvanecer ante la inexistencia de suficientes garantías en esta nueva creación de un procedimiento de inadmisión a trámite que se resuelve en el plazo, nada menos, que de siete días.
Nosotros planteamos en nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo un modelo diferente, aun admitiendo el esquema del proyecto de ley --y este es el sentido de una enmienda a la totalidad con texto alternativo-- pero manteniendo unas diferencias profundas de fondo que voy rápidamente a enumerar.


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En primer lugar, mantenemos dos días para la solicitud de asilo: la de la Ley vigente y la del caso en que haya indicios de peticiones manifiestamente mal fundadas, en las que entonces sí que se establece el procedimiento de inadmisión a trámite, mientras que en el caso del proyecto del Gobierno, el procedimiento de admisión a trámite se hace universal.
En segundo lugar, y este es el aspecto central de nuestra propuesta, se rodea de garantías este proceso previo de inadmisión a trámite. Ya que --nosotros lo limitamos a cinco días, por tanto no vamos más allá de la propuesta del Gobierno-- hay que rodearlo de garantías, y por eso establecemos la necesidad de que haya un derecho a asistencia letrada, que no viene claramente establecido en el proyecto de ley (sí en la ley para la vía normal pero no en el proyecto de ley para la vía de inadmisión a trámite), y la ayuda imprescindible de un intérprete, si no es bastante ilusorio el derecho que teóricamente se le plantea a un solicitante de asilo, fundamentalmente, cuando llega a la frontera.
La garantía de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia nos parece fundamental. No es posible considerar que un derecho humano se defiende suficientemente si no existe la garantía judicial; es algo que está en la tradición centenaria de los derechos humanos. Un derecho humano que no es garantizado judicialmente no es un auténtico derecho fundamental, no se le protege como tal. Establecemos, por tanto, la posibilidad de un recurso suspensivo y la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia en diez días resuelva sobre si el rechazo a una petición de asilo, por manifiestamente mal fundada, está justificado. Pero además establecemos que durante el tiempo que permanezca esta persona en frontera, prácticamente detenida, privación física, por tanto, de su liberad, esté a disposición judicial, cosa que tampoco hace el proyecto de ley, cosa que nosotros no ampliamos a los niños menores de 16 años.
En nuestra enmienda de texto alternativo establecemos además la necesidad de que España examine la solicitud de asilo, salvo que esté claro qu responsable de esa solicitud, que se hace cargo de ella, que la admite a trámite y que en ese Estado no existe peligro para la integridad de esa persona o de su familia y que no tienen temor a ser perseguidos.
Establecemos también el asilo por razones humanitarias, que no entendemos por qué se ha sacado del proyecto de ley, y el asilo por razones de graves conflictos, que es lo que ha pasado en estos días con algunas personas que han sido acogidas en España como consecuencia de la guerra en Yugoslavia. Además, consideramos que a una persona a la que se le ha denegado por la vía normal el asilo tiene que seguir manteniendo la posibilidad de regular su situación por la vía de la ley de extranjería. Introducimos también la posibilidad, que está ahora mismo en la ley vigente, de que un solicitante de asilo denegado pueda acudir a la Ley 62/78 de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. Y, por último, no entendemo de ley hace retroactivo esa disminución de derechos establecidos; nosotros consideramos que no debe ser retroactivo este proyecto. En definitiva, nuestro modelo pretende, manteniendo los objetivos del proyecto de ley de acelerar el procedimiento, rodearlo de todas las garantías de las que, desde luego, carece este proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Hay que tener en cuenta que cuando una persona llega a una frontera y pide asilo --y ése es el contexto que hay que entender-- lo ha hecho después de atravesar una serie de barreras que se le han presentado desde el momento en que en su país de origen entendió que tenía que escapar, es decir, hay todo un contexto de endurecimiento de las leyes de inmigración y de asilo en toda Europa (en España, como siempre, somos los primeros de la clase y lo endurecemos aún más que el resto); esa persona tiene que lograr en primer lugar un visado --porque hay una política de visados que en el fondo va contra el espíritu de la Convención de Ginebra de 1951-- para poder salir, hay toda una política de sanciones a compañías aéreas o de transportes a las que se les obliga a hacer de policías o de funcionarios de inmigración para ver si los papeles están en regla, esa persona llega a una zona internacional en la que no hay desde luego control judicial, en la que se da una situación de cierta indefinición jurídica, en donde no hay medios de asistencia, en donde se plantea el problema que he citado anteriormente de refugiados en órbita, en donde esa persona se encuentra en un medio hostil y en donde tiene que demostrar, a veces sin saber el idioma, que quiere solicitar asilo, y después de todo eso es cuando aparece una petición que se va a resolver en el plazo de siete días, sin ningún tipo de garantía judicial, con un recurso suspensivo. Nos parece que es inaceptable, desde el punto de vista de una verdadera garantía de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, este procedimiento. Nosotros proponemos un procedimiento que no llega a los 20 días y que, sin embargo, está rodeado de las garantías mínimas para poder entender que el derecho de asilo sigue siendo un derecho y no un mero procedimiento administrativo.
Estos días se ha hablado, señorías, del impulso democrático.
Esta interesante propuesta de impulso democrático no puede limitarse, a nuestro j mejora de las relaciones entre las instituciones o entre la clase política, que es importante, sino que tiene que tener una dimensión social y una dimensión de derechos humanos, sin la cual no sería suficientemente creíble. Si el Gobierno entiende que esto es así, que el impulso democrático que preconiza tiene esa dimensión, entonces la enmienda que proponemos tiene mucho más que ver con ese impulso democrático que el

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proyecto de ley que nos presenta hoy el Ministro del Interior.
La crisis de los refugiados en el mundo es la crisis de los derechos humanos, y esto no lo digo yo, esto lo dice el Consejo de las Iglesias, beligerante en el tema del refugio y el asilo como es sabido. Defender el derecho de asilo no es simplemente dar un servicio a los refugiados del mundo, de los cuales una mínima parte, por cierto, está en Europa; defender el derecho de asilo es el test de nuestro compromiso con los valores de la solidaridad, de la democracia y de los derechos humanos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías.
Señor López Garrido, parece que ésta es su primera intervención desde la Tribuna de estas Cortes (El señor López Garrido señala que es la segunda intervención.) Es la segunda, es igual, bienvenido, y sepa desde esta su primera o segunda intervención que en la defensa del derecho de asilo, en la defensa de las libertades, en la defensa de los derechos humanos, estará el Partido Socialista, no delante de usted, porque no quiere ser el primero de la clase, pero sí junto a los que estén más avanzados, como ha estado siempre y como está hoy, respetuosamente, en el cumplimiento de la Constitución. Quédese tranquilo en eso. Lo que pasa es que lo primero que tendríamos que decir es qué son derechos fundamentales, y estamos hablando de un tema que usted sabe tan bien como yo que no es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Así de claramente se desvanece toda su argumentación.
Quiero empezar agradeciendo al Gobierno que haya tenido la delicadeza de respetar íntegramente en su proyecto, el texto aprobado por esta Cámara no hace siquiera un año con un amplio consenso, con una amplia mayoría, que hizo que, salvo cuatro apartados del proyecto de ley, todos saliesen votados por una unanimidad. Este dato hay que tenerlo en cuenta. Cuando la Cámara, salvo en cuatro apartados, vota unánimemente un proyecto, yo dudo que ese proyecto merezca los calificativos de irreconocible, que intenta acabar con el derecho, que está en la cola de Europa, que contempla el asilo como un problema, etcétera. No creo yo que esta Cámara pueda cometer semejante fallo y semejante error, entre otras cosas, y déjenme que lo utilice como garantía de ese progresismo, porque su Grupo votó, menos cuatro apartados, todo ese texto, y esos cuatro apartados tuvieron trece votos en contra y una abstención. Por lo tanto, yo me felicito de que se haya remitido a la Cámara precisamente ese texto, yo me felicito de que se haya mandado con celeridad para poder cumplir, no lo que quiere el Gobierno sino lo que esta Cámara le demandó; fue esta Cámara la que le demandó al Gobierno un proyecto de ley con tres requisitos fundamentales, y esos tres requisitos, a juicio de la Cámara, los contiene y los contempla el proyecto que hoy debatimos.
Pero es más, yo quiero llamar a SS.SS. a un esfuerzo de diálogo, a un esfuerzo de reflexión como el que mantuvimos en la anterior tramitación de este proyecto. Me parece que fue un ejemplo de discusión, de cesión, de pacto, en el sentido más positivo del término, que dio lugar a unas enmiendas admitidas directamente y a otras enmiendas que fueron motivo de debate y, por último, de transacción entre las posturas de unos y otros grupos, y el resultado fue un texto que ha merecido la alabanza del texto y de las contribuciones que hicimos en esta Cámara por parte de algunos organismos internacionales que tienen fundado y reconocido prestigio en la materia de refugiados. Es más, inclusive aquellas organizaciones más críticas con el proyecto del Gobierno y con el proyecto que salió de esta Cámara reconocen en escrito el avance producido en el debate y en la discusión del proyecto.
Yo entiendo, señor López Garrido, que por mantener un impulso con la anterior postura en el anterior debate, usted haya hecho una enmienda a la totalidad; sin embargo, créame si le digo de manera sincera que el texto que usted propone, o propone su grupo con su firma, es coincidente en un tanto por ciento con el del Gobierno, únicamente se distingue en cuatro puntos, en los cuatro puntos que ustedes no votaron en la anterior tramitación, inclusive alguno de tono menor, que ustedes votaron positivamente, hoy lo enmiendan. Supongo que será para decir: cedo en esto si contemplamos lo demás. Parece una inteligente técnica parlamentaria, pero pienso que no es como para hacer un texto alternativo. Pienso que su intervención se podía haber reducido a mantener esas enmiendas (las que usted propone, documentación aparte para su tramitación, consciente de que su enmienda de totalidad no va a prosperar) y haber centrado la discusión o el debate en esos puntos.
El proyecto que vamos a aprobar desde el Grupo Socialista es respetuoso, como he dicho antes, con el mandato de esta Cámara en cuanto a articu que dé celeridad, que impida el fraude y que proteja a los verdaderos refugiados. Pero esto no sería suficiente si el proyecto que nos remite el Gobierno no fuese escrupulosamente respetuoso con la Constitución. Créame que yo no estaría aquí defendiéndolo si no considerara que el proyecto es escrupulosamente respetuoso con la Constitución.
Por último, este proyecto, como dije en el anterior debate, coincide --no diré que al cien por cien, porque el cien por cien no lo soporto ni conmigo mismo-- en gran

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medida con la doctrina internacional sobre el derecho de asilo, no sobre las migraciones, que es distinto. Aquí lo que se trata de regular es el derecho de asilo.
Permítame que por cortesía analice, aunque sea de manera breve, los puntos en los que S.S. y su Grupo fundamentan la exposición de motivos de su texto alternativo. El primer punto, que me parece el más grave, es que ustedes consideran el derecho de asilo como un derecho fundamental, de acuerdo con nuestra Constitución. Señor López Garrido, soy consciente de su valía intelectual y de sus conocimientos de Derecho Constitucional. Lo que no puedo entender es que, con la Constitución en la mano, con los artículos 53.1 y 53.2 se pueda decir que algo regulado en los artículos 13.1 y 13.4 de la Constitución puede ser considerado un derecho fundamental y, por tanto, tiene que contemplarse su regulación o la aplicación de la Ley de Derechos Fundamentales. Es más, estoy convencido que si usted tuviese el más mínimo atisbo de que esto fuera así, hubiera presentado una enmienda a la totalidad con un proyecto alternativo de ley orgánica, porque me consta perfectamente que usted no puede ignorar el artículo 81 de nuestra Constitución. Por lo tanto, sabiendo que no es un derecho fundamental en el sentido reconocido por nuestra Constitución, todo aquello que trate de darle la protección de derecho fundamental se viene abajo.
El segundo argumento de su exposición de motivos viene referido a los efectos de la resolución denegatoria, artículo 17. Todos los grupos hicimos un esfuerzo para contemplar en ese artículo 17, con una remisión a la Ley de Extranjería, las razones humanitarias de aquellos casos de disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, salvaguardando siempre el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra, es decir, siendo totalmente respetuosos con el Estatuto de los Refugiados y contemplando en ese mismo artículo el no envío a un tercer Estado sin que tenga una protección efectiva. Por lo tanto, si examina el artículo 17, aunque es verdad que remitido a la Ley de E todas las dudas que ha expuesto en esta tribuna.
Por último, el proyecto de ley del Gobierno, como no podía ser de otra forma, también es totalmente riguroso y escrupuloso a la hora de aplicar la sentencia 115 del año 1987, del Tribunal Constitucional, contemplada en el artículo 18.3 del anteproyecto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos hablando de dos cosas distintas, me parece a mí. El Gobierno, el Grupo Socialista, así como los demás que apoyaron la tramitación del proyecto hace unos meses, lo que distinguen perfectamente, para ser consecuentes con el mandato de esta misma Cámara, es proteger el derecho de asilo con todos los requisitos internacionales que quiera el que más y no mezclar, lo que es la figura típica, la figura de gran prestigio internacional -- como usted ha puesto de manifiesto--, a lo largo de los años, la figura del asilo, con otros problemas de migración. Me parece que en su exposición, a veces, se ha tratado de mezclar lo que es la figura típica --insisto-- del asilo con la figura de la emigración. Prueba de ello es que trata de que se proteja el asilo por razones humanitarias. Y usted sabe perfectamente, en este caso mejor que yo porque lo ha estudiado mucho más detenidamente, que el asilo, por razones humanitarias, no está contemplado en las resoluciones más importantes de los organismos internacionales. Lo cual no quiere decir que no sea algo deseable de otorgar. Por ello, el proyecto de ley lo remite a la Ley de Extranjería como algo beneficioso y a contemplar.
Por todos estos motivos, señor López Garrido, querría pedirle que retirase su enmienda a la totalidad y que, en los trámites de Ponencia y de Comisión, pudiésemos llegar a un diálogo, a un enriquecimiento mutuo de los grupos, como hicimos en anterior ocasión, fruto del cual fue este proyecto de ley remitido hoy por el Gobierno que, como he dicho antes, merece la aprobación de la inmensa mayoría de esta Cámara y el reconocimiento de los organismos internacionales de mayor prestigio en la materia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, intervengo para contestar alguna de las observaciones que ha hecho el señor Va relación con nuestra enmienda a la totalidad. Nos ha pedido que la retiremos, aunque nosotros pensábamos ingenuamente que incluso podía ser aceptada, ya que estamos en otros tiempos, en otra legislatura, en otro momento. Esto nos parece que es un proyecto de ley de otro tiempo, de otra legislatura, en que se aprobaron recortes importantes de derechos fundamentales en nuestro país, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana; de la Ley sobre Protección de Datos, que está recurrida por el Defensor del Pueblo, o de este mismo proyecto de ley.
Usted considera que mi argumentación se desvanece en el momento en que parte de la base de que el derecho de asilo no es fundamental. Probable está la explicación. Para ustedes, el derecho de asilo no es un derecho fundamental y para nosotros sí lo es. No estamos ante un problema de tecnicismos, de si constitucionalmente es un derecho fundamental o no. La única diferencia que tiene el derecho de asilo con los demás derechos en nuestra Constitución es que no cabe recurso de amparo. Pero aparte de eso, es un auténtico derecho, es un derecho humano y, desde el punto de vista político y sociológico, un derecho fundamental. Para una persona que llega a una frontera, que huye de la persecución o de una guerra y que pide asilo,

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se trata de un derecho fundamental, esencial. A partir de ahí puede gozar de los demás derechos. Este no es un problema de echar un pulso de venir aquí a mantener la situación anterior.
Usted lo reduce a cuatro puntos, a que estamos de acuerdo en todo menos en cuatro puntos, pero vaya cuatro puntos; son decisivos, cambian la faz de una ley. Si usted sitúa delante de todo el procedimiento normal de la ley de asilo una inadmisión a trámite, en la que se puede quedar la inmensa mayoría de las solicitudes, ha vaciado de contenido la ley; ha cambiado absolutamente la ley si fija esa inadmisión a trámite que se puede resolver, por una decisión del señor Ministro del Interior, en siete días, sin posibilidad de recurso judicial suspensivo y sin estar esa persona a disposición judicial. Ese es un punto fundamental que hace desaparecer la garantía de un derecho como el de asilo. En esto estamos a la cola de Europa, claro que lo estamos, somos los últimos de Europa en cuanto a este tema concreto del recurso judicial. Tengo aquí los datos --me he entretenido en ir buscando uno por uno los doce países de la Comunidad-- sobre cuál es la situación en estos países.
Excepto los casos de Italia y de Irlanda, que no tienen procedimiento acelerado, en los demás países que lo tienen, en todos, hay posibilidad de un recurso suspensivo ante un tribunal frente a una denegación por manifiestamente mal fundada de una solicitud de asilo; todos los países de la Comunidad Económica Europea. Por eso le decía anteriormente que esa propuesta del señor Ministro de armonizar el derecho de asilo es todo lo contrario de lo que sucede en este proyecto de ley; se desarmoniza. En este proyecto de ley --y probablemente sea el centro nuclear de su pretensión-- no hay un recurso judicial suspensivo, no hay una garantía judicial.
En todos los países de la Comunidad en los que hay procedimiento acelerado hay un recurso suspensivo. El último en el Reio Unido, que no se ha caracterizado precisamente por ser un gran respetuoso de los derechos de asilo, donde el 26 de julio hay una reforma legislativa, se introduce un procedimiento acelerado y un recurso suspensivo judicial. Esto con un Gobierno con el que me imagino que ustedes no se identifican políticamente.
Este tema del derecho de asilo tiene una importancia política descomunal. No es algo que afecte solamente a unas personas que lo necesitan; no Esto ha producido nada menos que un recurso de diputados de izquierda ante el Consejo Constitucional francés por el proyecto de ley de Balladur. El Consejo Constitucional francés ha considerado contrario un proyecto de ley que no es peor que éste, desde el punto de vista de garantías de los derechos fundamentales, lo ha considerado inconstitucional, contrario al derecho de asilo establecido en la legendaria Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Un proyecto de ley que no es peor que éste en Portugal mereció el veto de un Presidente de la República socialista, Mario Soares, para que no fuese adelante. Así que, vuelvo a repetir, si sale adelante ese proyecto de ley con esta redacción, en el punto nuclear concreto de lo que es el recurso judicial suspensivo, estaremos en la peor situación de la Comunidad Europea en cuanto a defensa de este derecho de asilo, porque desaparece la garantía judicial con efecto suspensivo. Es decir, que esta persona, hasta que no resuelve el juez, no es expulsada.
Nosotros lo limitamos a 17 días, que no creo que sea mucho pedir, para que haya una auténtica garantía judicial. Aquí desaparece. Este no es un punto cualquiera; es un punto fundamental que decide el tono político, el tono respetuoso con los derechos humanos de un proyecto.
El hecho de que ustedes manden el asilo humanitario, o el asilo por razones de disturbios a la Ley de Extranjería no es un tema secundario. No comparar la situación de la Ley de Extranjería con la situación de la Ley de Asilo. Las personas que necesitan asilo humanitario que huyen de un conflicto no son unos extranjeros o inmigrantes económicos como los demás.
Son otro tipo de asilados a los que hay que dar acogida teniendo en cuenta el cambio de los tiempos, o el asilo por razones humanitarias que está en la vigente ley. ¿Cómo va a situar a esas personas que no tienen las características de un inmigrante económico en la Ley de Extranjería, una ley que no tiene, en absotulo, las garantías de la Ley de Asilo, con un estatuto mucho más volátil, con una renovación necesaria cada año de la residencia de esas personas? De hecho España ha concedido a yugoslavos y a bosnios un estatuto de permanencia en España saliéndose de la Ley de Extranjería. ¿Por qué? Porque requiere un tramiento especial, que es lo que otros países llamana el estatuto B o el refugiado de facto. Por tanto, no nos sirve que los manden a la Ley de Extran garantías. No son verdaderos emigrantes económicos, son personas que necesitan un asilo especial, una forma de asilo humanitaria...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido, vaya terminando.


El señor LOPEZ GARRIDO: Ya termino, señor Presidente.
En definitiva, señorías, atendiendo a la petición de la Presidencia, nos parece que hay elementos básicos y fundamentales en este proyecto de ley que deberían ser modificados porque ponen en cuestión el reconocimiento de este derecho de asilo, y ponen en cuestión el futuro de los países europeos que están metidos en una vorágine de recorte de derechos para los inmigrantes, sin darse cuenta de que Europa está metida en un callejón sin salida en algunas cosas. Europa es un gigante comercial y económico --y deseamos que siga siéndolo--, es una futura potencia política --y deseamos

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que siga siéndolo--, pero en este momento la Comunidad Europea como tal Comunidad Europea, no los Estados que la integran, es un enano en derechos humanos. No hay una lista de derechos fundamentales en la Comunidad en este momento. Y ésta no es la mejor vía para fortalecer esa salida que necesita Europa, para dar una ilusión a los europeos, dar un enfoque adecuado, y el enfoque adecuado está en la protección, siempre que sea posible, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro del Interior tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna porque al hablar tan seguido de recorte de libertades parece que algo se tiene que decir.
El señor López Garrido, al que respeto profundamente, ha dicho dos cosas que me permito matizar. ¿Cuándo una petición de asilo es manifiestame señoría? Cuando, por ejemplo, se miente incluso del país del que se viene. ¿Le parece a usted que a eso hay quedarle también protección jurisdiccional: cuando se miente del país de que se viene? Su señoría, en nombre de no sé qué libertad ni qué respeto de derechos, porque hay una gran confusión aquí, dice que aquel que haga un petición de asilo y se demuestre que es infundada o que es falsa, cómo va a ser expulsado del país, que se quede como un inmigrante económico. Pues, señoría, acaba usted de descubrir la piedra filosofal para que se quede todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Y una cosa es ser respetuoso en la defensa de derechos, y otra cosa es desvirtuar la defensa de un Estado de derecho. Hay como una progresía anarquizante que a mí me da un miedo atroz. (Risas.) del conjunto de la Cámara que lo han mejorado. ¿O es que en esto usted entiende más que ACNUR como para descalificar tan profundamente las cosas? ¿O es que ACNUR es una organización que ampara el que coartemos las libertades, los derechos de los inmigrantes? Dicho de otra forma, ¿es que usted es más papista que el Papa? Porque ya a uno le llega a molestar esto del recorte de las libertades. Y quiero hacer una última referencia a uno que ha señalado su señoría. Yo sí he pretendido recortar algunas libertades en la llamada «ley Corcuera». Tiene usted razón. He pretendido recortar el derecho que parecían tener los delincuentes a atentar contra las libertades del común denominador de los ciudadanos. Ese derecho sí, y lo volveré a hacer 50 veces si hace falta.
Porque una cosa es que haya el derecho a defender todo lo defendible, pero que haya que defender también el derecho a atentar contra la libertad de los ciudadanos los delincuentes, no. Y cuando el delito cambia y las fórmulas del delito cambian, cualquier Estado de derecho que se precie, y que quiera mantenerse, tiene que cambiar sus normas para defender a la colectividad de quienes le agreden. Y eso que se dice tan alegremente, recorte de libertades, en un proyecto de ley que ha gozado del apoyo mayoritario de una Cámara, que ha gozado del respaldo de organizaciones internacionales que están en la ONU, ¿cómo puede usted descalificarlo tan radicalmente? Sentado ahí, cuando le he oído hablar de épocas del pasado me he remontado no al año pasado sino a 15 o 20 años. ¿Esto qué es, señoría, estas descalificaciones per se? ¿Usted también descalifica a ACNUR aquí? ¿A Naciones Unidas también? un Diputado dice: Sí, señor, claro, si hace falta; si hace falta hay que hacer lo que haya que hacer. En absoluto señoría. Les ruego que hagamos todos un esfuerzo para tener una buena Ley de Asilo, que es políticamente muy importante, y desde luego esta Ley no está en la cola de Europa, señoría. No señor, no hay país en Europa en el que la política de interior pueda decir algo en frontera. Ningún país de Europa ha renunciado a eso, ninguno. A veces se habla de los gobiernos como de algo perverso. ¡Pero si el gobierno lo pone el pueblo! Si al Gobierno lo han puesto los ciudadanos de este país. No hay gobierno en Europa que haya renunciado en su política interior a tener que decir algo en la política de sus fronteras, ninguno. Y si usted dice lo contrario, es por desconocimiento o falta a la verdad. Este no es un mal proyecto de ley. ¿Este es un proyecto de ley que puede ser enriquecido? Por mí encantado, porque si algo hay que preservar es el derecho de aquel que siendo perseguido, por cualquier razón, en su país pueda quedarse en el nuestro dando cobertura a una petición de asilo. Pero lo que hay que impedir a toda costa es que de un derecho que sólo tienen que tener aquellos que son perseguidos por razones políticas, culturales, étnicas o religiosas, aprovechando el derecho de aquéllos, se aprovechen o lo utilicen otros para poner en peligro el verdadero estatuto de refugiado político. Y eso es lo que dice ACNUR, señoría. Y ACNUR no nos ha dicho que somos una cuadrilla que vamos a quitar derechos, sino más bien que estamos reconociendo un derecho. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Corcuera, le agradezco que haya salido a la tribuna a defender el proyecto, su proyecto con un

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tono que me parece que yo no he utilizado. Yo no le he calificado a usted de nada, y a mí me ha llamado progresista anarquizante. La verdad es que me han llamado de todo, pero hasta ahora no recuerdo que nadie me haya llamado progresista anarquizante. Algo progresista sí me considero, tampoco demasiado, pero en cuanto a lo de anarquizante me suelen decir lo contrario, que soy una persona demasiado de orden, que debería ser un poco más anarquista. (Risas.) Así que me alegro de que compense usted con esa definición otras cosas que me dicen desde otros sitios.
Pregunta usted si a las personas que cuando llegan a la frontera mienten sobre su país de origen hay que darles protección. Pues, en un Estado de derecho hay que darle protección a todo el mundo; por supuesto que hay que darle protección a todo el mundo. Al que haga las cosas más horrendas hay que darle una protección, la protección que da un Estado de derecho. Y la protección básica de un Estado de derecho es la garantía judicial, artículo 24 de nuestra Constitución, artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; la posibilidad de un recurso judicial, garantía judicial. No hemos inventado un sistema mejor de defensa de derechos hasta ahora que los procedimientos judiciales. Yo le recomiendo que le pregunte usted a su colega, el Ministro de Justicia, qué opina sobre si hay que darle protección a una persona que llega a una frontera y miente o hace lo que sea.
Quien administra esta cuestión, y lo va a administrar mal porque es muy difícil que en siete días se pueda resolver mínimamente sobre esta cuestión, es el Poder Ejecutivo, que en todos sitios puede ser recurrido, puede ser residenciado ante un tribunal; en todos los sitios. Nosotros planteamos algo muy razonable y muy prudente y es que todo el procedimiento se resuelva en 17 días, pero que haya un recurso judicial, y aquí no hay un recurso judicial suspensivo; no lo hay, diga usted lo que diga y hable de progresismos anarquizantes o de lo que quiera. No hay un recurso judicial, y eso hace que se deteriore profundamente la protección de un derecho. Nosotros alargamos cinco días el procedimiento y metemos el recurso judicial. Me parece fundamental que esta Cámara lo apruebe. Y aunque toda la Cámara se pusiera de acuerdo en no aprobarlo, no habríamos avanzado nada; no por ello algo que va contra un derecho se convierte en algo que va a favor de un derecho. La defensa de los derechos consiste precisamente en los procedimientos de un Estado de derecho ante un tribunal, y en este caso de un derecho tan fundamental como es el de asilo.
Dice usted que nosotros pretendemos que quien ha mentido se quede en España y que se queden todos en España. Yo le pido que se lea nuestra enmienda de totalidad. No planteamos que una persona denegada pase a la Ley de Extranjería para los manifiestamente mal fundados y rechazados, para esos, no. Lo planteamos para quien ha entrado en el procedimiento normal, se ha terminado ese procedimiento normal y entonces, habiendo habido indicios --por eso ha entrado en el procedimiento normal--, se le pueda permitir que se integre en nuestro país, si es posible, a través de la Ley de Extranjería.
Por último, habla usted del respaldo de organismos internacionales, del ACNUR. Bastante tiene ACNUR con que las cosas no vayan a peor de lo que van en el tema del derecho de asilo. Como es sabido, ACNUR siempre es muy prudente con los gobiernos porque tiene que encargarse de negociar con ellos muchas de estas cuestiones. Pero lo mismo que usted habla del ACNUR, yo le puedo decir que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o que Amnistía Internacioal tiene clarísimo, por ejemplo, que hace falta un recurso judicial, una garantía judicial de los derechos. Y eso está en documentos que tengo aquí delante o en cartas que he recibido en estos días de esos organismos tan prestigiosos como el otro.
En definitiva, no hay que acudir a argumentos de autoridad para estas cosas sino que hay que ver lo que se plantea, lo que se defiende y, utilizando una expresión que hace poco empleó Felipe González, pasar de la literatura a las matemáticas. Dijo que en política es muy difícil pasar de la literatura a las matemáticas. En este caso yo digo: Vamos a pasar de la literatura de la solidaridad y de los derechos humanos a las matemáticas de la protección efectiva de esos derechos. Eso es lo que hemos pretendido con esta enmienda de totalidad con texto alternativo, en la que hacemos unas propuestas muy razonables, muy prudentes, y en la que intentamos mantener el Estado de derecho en la protección de este derecho, a nuestro juicio fundamental, como es el de asilo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro del Interior tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Respecto a las propuestas, señoría, ojalá que con ellas se pueda enriquecer el debate. Yo no he intervenido por eso. Yo he intervenido por la apelación al pasado y al recorte de libertades, lo que se dice con demasiada frecuencia, y no he utilizado yo que usted sea un progresista anarquizante. He dicho que hay como una corriente progresista a la que he añadido la palabra anarquizante. En cualquier caso, si le he ayudado a compensar eso que usted decía que algunos le llaman de orden y que le faltaba el otro rasgo característico de la izquierda, estoy encantado de que yo le haya ayudado. ¡Pero que a mí se me pueda acusar de hablar de literatura! (Risas.) En fin, yo paso rápido de la literatura a las matemáticas. Tan rápido, señoría, que le voy a poner un ejemplo de qué es lo que quiero decir.


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Hace tres semanas se iban a reunir en España unos neonazis, y hubo un clamor para que se cometiera una legalidad que consistía en prohibir la reunión en local cerrado, que nuestra Constitución no dice que haya que pedir ni permiso ni nada. Es más, algunas veces cuando me deslizo o me equivoco en lo de pedir permiso para manifestarse en la vía públia siempre se me argumenta que eso no lo dice la ley. Pues no sólo hicimos eso, sino que además prohibimos que entraran por frontera ciudadanos europeos que tienen derecho a pasar la frontera, y fuimos aplaudidos. Toda la progresía del país y todas las fuerzas vivas del país nos aplaudieron, nos aplaudieron una ilegalidad, y yo estoy dispuesto a hacerlo otra vez porque me parece un peligro. Pero, al mismo tiempo, mañana se reúne en cualquier parte de España una serie de señores a gritar ¡Gora ETA! y dicen que tenemos que combatirlos con los valores del Estado de derecho, con lo que yo también estoy de acuerdo. Pero alguna vez tendremos que defender al Estado de derecho ¿no? ¡Alguna vez tendremos que defender al Estado de derecho contra aquellos que lo quieren combatir! ¿Tendremos que defenderlo? Eso es lo que quiero decir, señoría, que aquí hay muchas varas de medir.
Por último, he salido porque estoy cansado ya de que se me diga que hay proyectos que recortan las libertades; señoría, estoy cansado. Yo no he recortado jamás una libertad ni quiero recortarla. Quiero recortar la libertad con la que algunos delincuentes pretenden atentar contra la libertad de mis conciudadanos. Ahí sí, pero las de mis conciudadanos, en absoluto. Como aquí se hacen apelaciones a los recortes de libertades incluso en proyectos de ley que están avalados por organismos internacionales, ¡no me diga usted que hago apelaciones de autoridad! ¡Si usted ha citado a las iglesias como criterio de autoridad! ¿Me dejará que yo cite a ACNUR, verdad? ¿O es que ACNUR es menos que el Comité de las iglesias? Nada más. Esto es lo que quería decir, señorías. (Los señores López Garrido y Valls García piden la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor López Garrido, ya ha consumido el turno de réplica al que tiene derecho y después cierra el señor Ministro. Ahora el señor Valls consume el turno de réplica a su intervención anterior.
Tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor López Garrido, yo le agradezco que cite usted como argumento de autoridad democrática al Presidente del Gobierno y Secretario General de mi Partido. Me parece que ya va usted por buen camino.
En segundo lugar, literatura, lo suyo. Y es más, yo en el anterior debate acusé a un compañero suyo de insnaturalista.
Ya he encontrado la fuente. El iusnaturalista es usted.
(Risas.) Hay otra cosa que se le ha escapado, señor López Garrido.
Usted habla del estatuto B, de la Ley de Extranjería. Eso es lo que usted tiene que corregir, pero no el proyecto de ley que regula el derecho de asilo. Esta ley es matemática con respecto al derecho de asilo. Esta ley protege y defiende al que tiene derecho a un derecho de asilo, valga la redundancia.
Perfectamente. Ahora bien, si usted nos dice: Señores del Grupo Socialista, yo voy a apoyar esta ley y a cambio les voy a pedir que contemplemos nuevas figuras que se están planteando, nosotros le diremos: Sí señor, de acuerdo. Porque el Gobierno, este verano, de facto ha tomado medidas para proteger esas situaciones nuevas, pero no la Ley de Asilo; la Ley de Asilo no tiene ningún problema.
Por último, dice usted que en manos de quién lo dejamos. ¿Me puede usted decir de un solo caso que haya decidido la Oficina del Refugiado, con de ACNUR, que haya sido injusto? ¿Me quiere usted decir un solo caso donde el Gobierno español, con su instrumento, haya tratado injustamente a un ciudadano del mundo con derecho a asilo en España? Uno solo. Luego entonces la experiencia demuestra que se está actuando bien y se está protegiendo el derecho que tienen los ciudadanos al asilo. Los derechos en España, señor López Garrido, salvo que haya cambiado la teoría constitucional, de la cual sabe usted tanto, desde que yo estudié hasta ahora, los regula y los consagra la Constitución y luego los desarrollan las leyes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente señorías, Coalición Canaria va a votar negativamente que pueda prosperar esta enmienda de totalidad, y lo decimos desde el respeto máximo que nos merece siempre

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la coherencia de cualquier grupo político y en este momento concretamente la de Izquierda Unida, en razón de que no hace otra cosa que mantener criterios puntuales y concretos que propuso anteriormente. Lo que ocurre, señorías, es que se ha encauzado a nuestro juicio inadecuadamente esa fijación permanente y obsesiva, en sentido no peyorativo, de una serie de criterios que con relación a esta cuestión ha venido manteniendo Izquierda Unida, porque el cauce adecuado para encontrar la respuesta satisfactoria a sus pretensiones creemos que no debiera haber sido la enmienda a la totalidad sino a través del ejercicio de presentación de las correspondientes enmiendas puntuales, porque en definitiva hoy ha quedado aquí patente que fundamentalmente son dos las cuestiones que en relación al proyecto de ley les preocupa: la celeridad del procedimiento y, en definitiva, cuestiones procedimentales; y, de otra parte, la necesidad de la suspensión del acto administrativo, una suspensión que, dado el contenido del proyecto de ley, no se encuentra. Puesto que no estamos en presencia de un derecho fundamental reconocido expresamente como tal en la Constitución --otra cosa es que filosóficamente hubiera merecido incluso mayor protección--, lo que es incuestionable es que por este motivo no puede darse la garantía al refugiado a través de la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo, donde la suspensión del acto es tan aleatorio. De ahí que Coalición Canaria, consciente de ello y precisamente compartiendo esa preocupación, haya formalizado una enmienda parcial en la que concretamente se solicita la posibilidad de la interposición del recurso de protección jurisdiccional, precisamente porque en estos casos es obvio que la suspensión por parte del órgano jurisdiccional es automática.
Estamos de acuerdo con distintos criterios que se han formulado en el día de hoy y a lo largo del tiempo por Izquierda Unida, pero lo que nosotros creemos es que ese debate hay que reconducirlo a la Ponencia y a la Comisión, donde evidentemente confluiremos en más de una ocasión. Sin embargo, si nosotros respetamos la coherencia de los demás, ¿cómo no la nuestra? Nosotros hemos querido ser, en primer lugar, respetuosos con el acuerdo de esta Cámara de 9 de abril de 1991, del cual trae causa la normativa que se pretende aprobar; hemos querido ser coherentes con un conjunto de enmiendas que prosperaron en su día y que fueron formuladas anteriormente cuando todavía no existía Coalición Canaria, señor Mardones, que se han visto reflejados en el proyecto, y coherentes también con nuestro criterio que no fue el de presentar enmienda de totalidad sino de elaborar un trabajo, creemos que bastante completo, y que se tradujo en un total de 32 enmiendas del conjunto creo que de 88 que se han presentado a este proyecto de ley.
Nosotros somos especialmente sensibles por muchas razones, entre otras, evidentemente, porque el Archipiélago Canario constituye una región frontera, un puente, como nosotros decimos, entre varios continentes y un trasiego permanente de personas a través de la vía aérea y marítima, y somos conscientes porque en nuestro territorio se producen estas situaciones a las cuales hay que dar una respuesta solidaria y generosa. Por ello precisamente, entre nuestras enmiendas, aparte de la posibilidad de ese recurso, con lo que creemos que se mejora extraordinariamente la imposibilidad de suspensión que se detecta en el proyecto, hemos querido avanzar más en las razones humanitarias que se insinúan en el texto, pero no se ponen de relieve con el rigor que sería preciso. Nosotros queremos conseguirlo a través de la enmienda oportuna. Hemos querido diferenciar esta situación de aquella que trae su razon de ser, como antes se expresaba, me parece que por el señor Ministro, en la inmigración por motivaciones económicas.
Para nosotros es digno de destacar la repetición del anterior texto por el que como alternativo se ofrece por Izquierda Unida, en un conjunto de normas o propuestas que literalmente son idénticas a las que se contienen en el proyecto. ¿Por qué? Precisamente porque el proyecto, al igual que recogió enmiendas que se habían ido tramitando, que si bien luego decayeron no fue obstáculo para que el Gobierno las recogiera, también se recoge un número importante de enmiendas de Izquierda Unida en el proyecto, y esto hay que reconocerlo. En definitiva, para nosotros ha sido positiva la supresión de la doble figura de asilo y refugio, que obviamente se reconoce como una única fi Consideramos, respecto al problema de los veinte días en la inadmisión a trámite y demás, que tanto preocupa a Izquierda Unida, que se ha dado un avance importante y aparece bien recogido en el ar proyecto. Además, el artículo 18.3 se atempera a la sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de julio de 1987, recortando las facultades que pretendía ejercer el Ministerio del Interior sobre la suspensión de asociaciones de extranjeros. En resumen, Izquierda Unida nos presenta un proyecto alternativo que, en una parte muy importante, coincide incluso literalmente con el proyecto del Gobierno, esto hay que reconocerlo. Hay que reconocer también que, a través de las enmiendas parciales, donde, repetimos, en más de una ocasión nos encontrará Izquierda Unida, será posible despejar estos problemas y estos fantasmas que, en perjuicio del refugiado, se ciernen sobre un proyecto que evidentemente todavía hay que mejorar. Nosotros, con 32 enmiendas de un total de 88, creo que hemos acreditado nuestra voluntad de que así sea. Desde luego, ahí nos encontrará Izquierda Unida.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


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El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, emprendemos hoy un debate que la disolución anticipada de las Cámaras impidió concluir, el de la reforma de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. Sin embargo, el proyecto que nos ha remitido el Gobierno difiere en algunos aspectos del que debatimos en la anterior legislatura y, en ciertos aspectos, lo mejora, aunque insuficientemente, puesto que, según nuestro criterio, algunas de las disposiciones no garantizan convenientemente la protección de los refugiados. Me referiré a algunas de ellas, aunque no sea exhaustiva- mente, puesto que tiempo habrá para ello en los sucesivos trámites parlamentarios.
Es sabido que nuestro Grupo Parlamentario ha presentado 23 enmiendas al proyecto, que la mayoría de ellas son reiterativas o coincidentes con enmiendas que presentamos en la anterior legislatura e incluso puede sorprender que haya alguna enmienda que nuestro Grupo Parlamentario formula de nuevo en este debate, que fue retirada en su momento en aras a alguna transacción que se ofreció por parte del Grupo Socialista. Consideramos que ello no supone ningún tipo de contradicción por cuanto retiramos en su momento la enmienda a que me refería en beneficio de transacción, ya que creíamos realmente que la transacción mejoraba el proyecto de ley, pero ello no obsta para que insistamos de nuevo en nuestros planteamientos en esta legislatura y sobre todo queramos reabrir el debate acerca de algunos aspectos que regula el proyecto de ley.
Así, por ejemplo, un tema que para nuestro Grupo es importante, que ha sido debatido y mencionado por anteriores intervinientes, es el que en el proyecto se remita el asilo por razones humanitarias a la legislación general de extranjería. Nuestro Grupo está de acuerdo con el objetivo de evitar que dicha vía pudiera ser utilizada por quienes conocemos con el triste nombre de emigrantes económicos, pero nos parece que el proyecto de ley va demasiado lejos cuando excluye de su regulación específica, con la remisión a otra ley, a todas aquellas personas que han de huir de su tierra, ya sea por causa de conflictos religiosos, étnicos o políticos que pongan en peligro su vida, su integridad o la de sus familias. Este entiende el Grupo Parlamentario Catalán que es un aspecto del proyecto que debería ser mejorado y que requiere además de nuestra sensibilidad.
Permítame, señor Valls, que le recuerde algo que ya tuvimos ocasión de recordar en la anterior legislatura, y en lo que evidentemente coincidimos su Grupo y el mío, y es que el nuestro ha sido, histórica y desgraciadamente, un país que ha generado multitud de asilados políticos y además en numerosas y recientes ocasiones. Yo creo que conviene abrir los ojos al pasado, refrescar la memoria y pensar en las circunstancias adversas a las que tuvieron que enfrentarse nuestros exiliados, para que, a partir de esta reflexión, seamos capaces de analizar si realmente en el proyecto de ley que se nos plantea estamos dando un trato solidario y generoso a aquellos ciudadanos que han de abandonar su país por estas causas y que se corresponda con el que hubiéramos deseado que recibieran nuestros exiliados. Esto creo que debemos hacerlo en esta ley y no en la de extranjería, que tiene objetivos loables pero distintos.
Otro aspecto del proyecto que se debería mejorar, según nuestro criterio, lo constituye el proceso de tramitación de la solicitud de asilo y l solicitante. En este sentido, creemos que se puede mejorar el proyecto en múltiples aspectos, por ejemplo, introduciendo que la solicitud de asilo pueda ser presentada ante cualquier agente o representante de cualquier Administración pública, quien tendría la obligación inmediata de trasladarlo a la Administración competente, por cuanto normalmente el refugiado extranjero o el solicitante de refugio extranjero ignora cuál es la autoridad competente para tramitar su solicitud y creemos que no hay que complicarles más las cosas, sino que, contrariamente, hay que facilitarles el ejercicio de su derecho, también garantizando que el solicitante esté en todo momento plenamente informado de su situación, contando al efecto con asistencia letrada, ayudándole a superar las barreras del idioma o facilitándole asistencia médica, en definitiva, atendiendo a sus necesidades humanitarias inmediatas.
De otro lado, consideramos conveniente, para garantizar suficientemente los derechos de los solicitantes de asilo, introducir con carácter preceptivo el informe favorable por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en los casos de inadmisión de la solicitud por no fundarse ésta en alguno de los motivos previstos en el artículo 1.A) de la Convención de Ginebra, o excluir de la necesidad de realizar la solicitud a aquellas person lleguen a alguno de los países firmantes de dicha Convención. Asimismo, creemos importante introducir mayores garantías en el procedimiento de reconocimiento del derecho, determinando que el régimen constitucional de detención preventiva es aplicable a los demandantes de asilo y que por tanto debe de someterse a la jurisdicción ordinaria la decisión acerca de la libertad o no del solicitante que presenta la petición de reexamen.
Igualmente, es importante la introducción del procedimiento previsto en la ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona para sustanciar los recursos contra las resoluciones previstas en la ley, procedimiento que no está de más recordar que la jurisprudencia ha venido admitiendo para las denegaciones de asilo y que en la ley en vigor se prevé contra la denegación del estatuto de refugiado. También sería conveniente -- creemos-- introducir determinados supuestos de suspensión de la

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ejecución de la resolución que dé lugar al rechazo en frontera, salida obligatoria o expulsión del territorio español de los solicitantes hasta que los tribunales se pronuncien.
Por último, quiero hacer referencia a un aspecto del proyecto que no es nuevo, puesto que fue tratado en el debate original de la ley en el año 1984 en esta Cámara, y que nuestro Grupo ya defendió entonces, que no es otro que el de la ubicación de las competencias en la materia. Nuestro Grupo ha presentado una enmienda en la que reitera que la competencia en la materia que nos ocupa debe residir en el Ministerio de Justicia y no en el Ministerio del Interior. Nosotros creemos que esta es una propuesta necesaria, puesto que el Ministerio de Justicia, por su propia idiosincrasia y por lo que constituye la razón de su existencia, en la aplicación práctica del derecho de asilo debe tener en cuenta aspectos distintos de los que también precisamente, por su razón de ser, contemplará el Ministerio del Interior, que, evidentemente, debe de tener una participación en todo el procedimiento de tramitación del asilo, pero, repito, la competencia básica creemos que debe estar en el Ministerio de Justicia. Además pensamos que no es una propuesta vana, puesto que en la mayoría de países de nuestro entorno la competencia descansa en el Ministerio de Justicia, salvo, si no recuerdo mal, en el caso de Portugal, que es el único país comunitario, que mantiene la competencia en el Ministerio del Exterior. En definitiva, señor Presidente, señorías, estas son algunas de nuestras principales objeciones al proyecto de ley cuyo debate hoy iniciamos con la voluntad de mejorarlo sustancialmente en los sucesivos trámites parlamentarios. Evidentemente, de las enmiendas al articulado presentadas por nuestro Grupo Parlamentario se desprende una coincidencia en muchos aspectos con los postulados que ha defendido el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; sin embargo, quizá la diferencia resida en que nuestro Grupo considera que el proyecto de ley que nos ha remitido el Gobierno es un texto fundamentalmente bueno pero mejorable, y esa va a ser la vía de trabajo de este Grupo Parlamentario.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente y, en primer lugar, quiero agradecer la flexibilidad de esa Presidencia.
Es preciso, desde el Grupo Vasco, reconocer que este nuevo proyecto de ley de modificación de la Ley de asilo y refugio enviado por el Gobierno a esta Cámara contiene considerables mejoras respecto al primer proyecto gubernamental. La tramitación realizada en la anterior legislatura dio pie a un Pleno como en la Comisión Constitucional, que propició tanto la mejora técnica del proyecto como la ampliación de garantías a los solicitantes de asilo. Conste, pues, en primer lugar, a la hora de reiniciar este debate, el reconocimiento a todos los grupos, en especial al Socialista, por haber abordado esta reforma con amplitud de miras y apertura suficiente a las propuestas de los demás grupos parlamentarios en un tema del calado como el del que nos ocupa.
El inicio de una nueva legislatura nos brinda la oportunidad de actualizar el debate y de abordar nuevamente temas del mismo que, en opinión d salvados los aspectos sustanciales, pueden ser mejorados y actualizados. No compartimos la idea expresada por el portavoz de Izquierda Unida de que para abordar los mismos sea más procedente recurrir al texto alternativo. Entendemos, al contrario, que fue Izquierda Unida quien se equivocó en su estrategia desde el comienzo de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley.
El Grupo Vasco entiende, señor Presidente, que el proyecto aprobado en esta Cámara el pasado 11 de marzo recoge los elementos básicos y sustanciales que hay que abordar al día de hoy. Ahora bien, sin perjuicio de los objetivos básicos recogidos en ese proyecto de ley, entiende también que siguen existiendo en el mismo aspectos susceptibles de mejora. La posibilidad de poder acometer nuevamente la tramitación parlamentaria de esta Ley de asilo y refugio tiene que dar pie a introducir en la misma mejoras y modificaciones, sin perjuicio de alcanzar los objetivos básicos de la reforma, y a buen seguro que el Grupo Vasco se encontrará muy cerca de las posturas de Izquierda Unida en esta labor. Convendrá conmigo el señor López Garrido que para abordar los aspectos recogidos en su propuesta no es necesario recurrir al texto alternativo.
Entendemos que el propio proyecto de ley permite mejorar técnicamente el texto, limitar el excesivo rigor de algunos de sus artículos y garantizar suficientemente los derechos de los solicitantes de asilo. Este va a ser el intento del Grupo Vasco que ha presentado 17 enmiendas al articulado del proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalmente, para fijar la posición del Grupo Popular, tien la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, señorías, cuando se tramitó en la anterior legislatura el proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, fueron admitidas la totalidad de las enmiendas que presentó el Grupo Popular. El proyecto que hoy consideramos

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es básicamente el aprobado por este Congreso de los Diputados el 11 de marzo de este año, salvo el apartado de la obligación de información periódica por parte del Gobierno que, perdida en el trayecto seguido por el proyecto una vez disueltas las Cámaras, ha sido objeto de una de las enmiendas parciales presentadas.
El Grupo Popular está convencido de que la modificación de la Ley de asilo que se propugna garantiza los derechos de las personas que solicitan refugio en España y que este proyecto se adapta a los convenios internacionales suscritos por el Estado español. Por ello no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Unida. Entendemos que esta enmienda no mejora el texto del Gobierno ni supone una aportación válida para resolver el problema de fondo que motiva la reforma. En la defensa de la enmienda se ha ido girando continuadamente en torno al problema de la inmigración, y no estamos aquí hablando de la inmigración.
Realmente hay que pensar que de lo que se trata justamente es de impedir el bloqueo de la figura de asilo por solicitantes que pretenden acogerse a este derecho cuando realmente son inmigrantes económicos, y esas continuadas solicitudes, no sólo en España sino en otros países como Alemania, bloquean las instituciones gubernamentales que tienen que preocuparse de quien de verdad necesita protección por ser un perseguido político. Por otra parte, no es admisible que nadie se sitúe en la posición de ser el único poseedor de la verdad democrática y del respeto de los derechos humanos, y por supuesto, no podemos compartir una expresión como la de que «Europa es un enano en la defensa de los derechos humanos», porque habría que preguntarse: ¿en relación a qué, a qué zona del mundo, a qué países los países europeos pueden sufrir este calificativo de enano? Por otro lado, una buena parte de la defensa de una enmienda, por el representante de Coalición Canaria ha girado en torno a la intervención o no del juez en este tipo de procedimientos. Creo que se está incidiendo en error y no queda claro. En esta ley que hoy aquí consideramos no se plantea la situación de que sea el Ministerio de Interior el que vaya a resolver, por sí solo y que esa decisión del Ministerio del Interior no vaya a ser revisable.
La propia Ley prevé en el artículo 21 la revisión en la jurisdicción contencioso-administrativa de todo tipo de resoluciones que se adopten; por tanto, quede claro que sí cabe el recurso. Es la Ley de la jurisdicción contencioso- administrativa la que prevé la suspensión cautelar del acto administrativo impugnado cuando se aleguen razones suficientes, y en este caso concreto es evidente que los solicitantes de asilo que vean denegada su solicitud acudirán al recurso contencioso, pedirán la suspensión cautelar y, por lo que se trata, debe pensarse que se acogerá.
El fondo del problema que se está ventilando aquí esta mañana lo constituye el poder atractivo de las economías occidentales que ha motiv nacionales de países en vías de desarrollo traten de acceder a sociedades más ricas en las que puedan encontrar una nueva vida. Para el acceso a estas sociedades occidentales se han utilizado todas las vías posibles y una de ellas han sido, y no sólo en España las leyes de protección para refugiados políticos, que permiten un status de mayor calidad que las leyes relativas a inmigrantes económicos. En España no tenemos un nivel de problemas igual al de Alemania, pero es claro que la situación se está agravando paulatinamente. Para el Grupo Popular el proyecto de ley no significa renunciar a una tradición protectora del perseguido por razones políticas, étnicas o religiosas, que en el caso español arrancan del Real Decreto de 17 de noviembre de 1852; creemos que la modificación del procedimiento a seguir ante una solicitud y su resolución en frontera permite eliminar cualquier tipo de abuso.
Es evidente que se amplían las facultades del Ministerio del Interior, y en este punto es donde nos pueden surgir algunas dudas sobre si se responderá eficazmente ante la mayor responsabilidad. Cuando hablo de eficacia no me estoy refiriendo exclusivamente a una tramitación rápida ni a la habilitación de locales para una estancia digna de los solicitantes, ni a la colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ni al reciclaje y formación permanente de los funcionarios. La eficacia en esta materia no supone cumplir estrictamente los plazos. La eficacia, cuando de refugiados políticos se trata, consiste en no cometer ningún error. Si un solo solicitante de asilo es erróneamente rechazado en nuestras fronteras y devuelto al país perseguidor, no estaremos ante un fallo administrativo, sino que en este caso habrá fracasado toda una concepción de vida en el respeto a los derechos humanos. De ahí la mayor responsabilidad que asume el Ministerio del Interior y en la que es verdad que vamos a ser extremadamente vigilantes.
Por parte de ACNUR y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado se han sugerido determinadas reformas, en cierto sentido alabando el proyecto presentado, algunas de las cuales no compartimos, aunque creemos que hay que detenerse en el problema que plantean los desplazados. El caso de los desplazados no es estrictamente un supuesto de demandantes de asilo o de perseguidos políticos y creemos que no tendría acogida en la ley que consideramos, pero una situación tan próxima como la de la antigua Yugoslavia nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de protección, que en estos casos responde a una situación objetiva de conflicto en el país de origen. Podemos preguntarnos si la remisión que el artículo 17.2 del proyecto de ley hace a la legislación es suficiente o si se requiere una regulación específica para el problema de los desplazados. El Gobierno podría

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contestar que ha respondido adecuadamente en el caso de los 1.500 desplazados bosnios cuya permanencia en territorio español ha prolongado en forma estable, pero también podríamos preguntarnos por qué no se han facilitado los intentos de diversos colectivos para acoger a un mayor número de desplazados, y como ejemplo podríamos citar a la Asociación de Amigos de Bosnia en Almería. Creemos que éste es un asunto de Estado, no es un asunto partidista y que es necesario que se abra un diálogo suficientemente amplio como para saber lo que quiere nuestra sociedad, que es extremadamente generosa cuando de extranjeros se trata. Sería éste el momento de resaltar que en todo el sur de España no ha habido ninguna denuncia particular por el avistamiento de pateras o el desembarco de inmigrantes económicos; las denuncias se han producido precisamente cuando había riesgo físico para quien estaba desembarcando y creo que eso quiere decir que la sociedad española es muy sensible al problema de los inmigrantes, al problema de los extranjeros, al mejor trato para ellos.
En resumen, consideramos que el proyecto es bueno, es respetuoso con los derechos constitucionales españoles y con los derechos humanos en gen afronta claramente un problema como es el separar la situación de quien pide asilo o refugio político de la situación de quien lo que necesita es, pura y simplemente, una asistencia económica. Creo que merece la pena seguir tramitando este proyecto y hacerlo rápidamente para que, cuanto antes, pueda ser eficaz. Dejamos en el aire la consideración de que sería necesario abrir un debate amplio sobre la condición de los desplazados y ver qué puede hacer esta sociedad en forma regular y estable para atender a los desplazados por conflictos graves, como los que se están produciendo en parte de Europa.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, presentada al proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 12; en contra, 279; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
--PROYECTO DE LEY DE CONCESION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS SECCIONES 32 Y 33 DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1993, PARA APLICAR EL ACUERDO SOBRE EL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA EN EL PERIODO 1992-1996 (Número de expediente 121/000004)

El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad al proyecto de ley de concesión de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1993, para aplicar el acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el período 1992-1996.
Enmienda de totalidad de devolución del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, siempre que discutimos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ríos. Comprendo su interés por iniciar su intervención, pero interesa también garantizar que pueda ser oído. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Siempre que discutimos de números puede haber dos tentaciones: Una, hablar solamente de las matemáticas, de cuadrar los números; y dos, hablar de la política que se hace con esos dineros.
El proyecto de ley que hoy se presenta en esta Cámara habla de unas modificaciones de crédito, modificaciones de crédito destinadas a la aplic acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el período 1992-1996, pero lo cierto es que este proyecto viene ya con bastante retraso, esta ley está provocando déficit de tesorería en algunas comunidades y sobre todo problemas de liquidez, incluso puede estar provocando endeudamiento. También se plantearía una duda a la hora de abordar el debate de este crédito, y es si la distribución de dineros para la financiación autonómica debe discutirse en el Parlamento (en el Congreso y en el Senado), o si debe hacerse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como algún Grupo, hoy con peso específico en la gobernabilidad de este país, ha estado defendiendo; sin embargo, nos hemos inclinado por traer a esta Cámara el debate, el debate de los números y el debate de la política que se quiere hacer con estos números.
La enmienda de totalidad que va a defender Izquierda Unida está basado en que, a nuestro entender, el sistema que se ha establecido desde ener significado un avance, una mejora con respecto al anterior.


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Es verdad que esta modificación introduce que la financiación autonómica no se haga sobre competencias actuales sino sobre las necesidades de cada comunidad autónoma, según las competencias que puedan tener; es verdad que se ha incrementado la ponderación por habitante (en las comunidades que se rigen por la vía del artículo 143 hasta el 64 por ciento, y en las del 151 hasta el 94 por ciento); es verdad que se incorpora una nueva variable sobre dispersión de población; es verdad que se incorporan subcentros administrativos para lo que pudiéramos llamar islas en las distintas comunidades que se ven afectadas por ello; es verdad que desaparece el tramo de financiación constante de signo negativo en las comunidades del 151, y es verdad que se introducen variables redistributivas (una, la pobreza relativa, y otra, el esfuerzo fiscal de forma conjunta). El nuevo modelo, por tanto, distingue dos tipos de comunidades según las variables, tanto geodemográficas como redistributivas (población, superficie, unidades administrativas, dispersión, insularidad, y además pobreza relativa y esfuerzo fiscal).
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el defecto que tiene este proyecto es que no introduce un sistema estable para la financiación del Estado en toda su estructura, en toda su composición. Es más, los efectos de este proceso no van a ser reales para todo el tramo; este crédito extraordinario va a ser efectivo cuando se termine su tramitación, posiblemente para el año 1994, y es posible que se tengan que producir una serie de ajustes en función de los últimos acuerdos para este ejercicio que veremos en el año 1995. En suma, no hemos construido un sistema de financiación que pueda ser estable.
Pero el nuevo modelo no es ni más ni menos que una continuación del modelo anterior. Hay una estimación de la inversión de reposición, que se va a sumar a lo que son en función de los servicios transferidos, y hay una incorporación de la financiación incondicionada a la compensación transitoria.
No obstante, fundamentalmente no ha resuelto tres problemas, según Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Primero, la necesidad de equiparar el gasto por habitante en cada una de las comunidades. Segundo, lograr una prestación similar, homologada, homogénea (que no quiere decir igual para todos, pero sí parecida), de los servicios públicos en todo el Estado. Y, tercero, incrementar la política regional que desde el Estado se hace para toda la dimensión, sea cual sea la ordenación territorial, basándola en las comunidades más deprimidas, basándola en lo que pudiéramos llamar políticas regionales hacia las comunidades que se encuentran en el objetivo uno de la Comunidad Europea. Por tanto, incrementar el Fondo de Compesación.
Por consiguiente, la enmienda de totalidad de Izquierda Unida va dirigida fundamentalmente a tres ejes, porque hay que responder antes de 1994 cosas: una, corresponsabilidad fiscal, que apenas se ha avanzado con ese tan llevado y traído 15 por ciento del IRPF, que por cierto no sabemos el costo real del mismo ni el grado de corresponsabilidad que va a significar, porque partiendo de la neutralidad de principio, al final esa neutralidad parece que no está siquiera garantizada. Dos, la nivelación de los servicios. Los españoles vivan en Extremadura, vivan en Andalucía, vivan en Murcia, vivan en el País Vasco o vivan en Cataluña, deben de tener unos servicios que antes se prestaban desde el Estado y que ahora presta cada Comunidad, y no son solamente los de sanidad, pueden ser la ITV, pueden ser los servicios fitosanitarios, pueden ser un sinfín de servicios que han recibido cada comunidad y que debiéramos de recibirlos de manera parecida, de manera similar, ya que no puede haber primera categoría y segunda categoría. Y, tres, que queda pendiente algo que va a significar la segunda factura, y es la financiación del déficit sanitario.
¿Cuál es el centro de la propuesta de Izquierda Unida? Pues conseguir una equiparación media del gasto por habitante en esta reforma para las comunidades del 151 y las de 153. Para cumplir este objetivo debiéramos de acercar, a lo largo del resto de la legislatura, es decir, 1992-1995, el gasto público transferido por persona. Para lograr esta equiparación es preciso atender, de forma prioritaria, a aquellas comunidades que se encuentran por debajo de la media. Esta equiparación a la media se debiera calcular para el año 1990, puesto que el sistema de financiación que se va a poner en marcha, que está pactado, en pesetas del año 1990 (las pesetas que van a recibir las comunidades autónomas harán referencia a pesetas 1990, con toda la evolución que han podido tener en el tiempo), y establecer los recursos necesarios para ello. Una vez lograda esa equiparación, debiéramos de establecer un fondo global para igualar los recursos por habitante que puedan repartirse en función de los parámetros que señala la Lofca. No plantea Izquierda Unida salirse, por tanto, del sistema que la propia Lofca establece: 95 por ciento para la población, 5 por ciento para el esfuerzo fiscal e inverso a la renta por habitante. Una vez conocidas esas cantidades, tanto para las comunidades que están por debajo de la media como para las que corresponden al conjunto por el segundo de los objetivos, proponemos dividirlo por el ITAE del año 1990, y obtenemos así el aumento del porcentaje más allá de lo que indica el proyecto de ley del propio Gobierno para una nueva financiación. Por ello, con nuestra enmienda proponemos incrementar los dineros que se van a distribuir para el año 1993, y, a su vez, elevar el Fondo de Compensación Interterritorial.
Por consiguiente, hemos aceptado las ponderaciones que establecía el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiero, queremos corregir las diferencias que

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existen en estas realidades, valor gasto por habitante y, además, queremos utilizar los mismos parámetros.
Pero es que incluso queremos establecer algo importante: incrementar el Fondo de Compensación. En el proyecto de ley que tenemos en trámite en las Cortes hay un fondo de compensación aproximadamente del 36,8 por ciento de la inversión que el Estado va a hacer, y nosotros proponemos incrementarlo hasta el 45 por ciento. Ello quiere decir que Izquierda Unida está haciendo un planteamiento desde la óptica global del Estado y no desde una relación bilateral. Es cierto que el Grupo mayoritario, y el Gobierno que soporta, han establecido un proceso distinto: relaciones bilaterales fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que ha llevado a una pretendida neutralidad del sistema que no es verdad, pero han ido basculando, olvidándose de retos que están aplazados desde la época anterior; no se ha logrado una corresponsabilidad efectiva y, sobre todo, la autosuficiencia de las comunidades autónomas no se está garantizando con este modelo.
Es verdad que en la evolución última a unos se les ha ofrecido mantener o incrementar el PER, a otros que se les va a tener en cuenta que son diputación provincial, a otros se les va a hablar de la compensación en función de la sanidad, pero no hay un diseño global, no sabemos cuántas facturas habrá que pagar. Con esta dinámica se estará consiguiendo estabilidad para mandar, pero no estabilidad en un modelo de Estado. No se ha terminado de pagar; no había que guardar el talonario de cheques. Se ha pagado el primero, pero vamos a ver cuántos cheques hay que seguir pagando. En todo caso, lo que estamos ofreciendo es un modelo distinto, que no anda por los derroteros de la pretendida estabilidad del presupuesto sin garantías, porque es inestable y ello se va a ver en su evolución.
Por tanto, ya se verá si esta enmienda decae, como parece que va a ocurrir. Si sabemos contar --y hemos aprendido a contar en la escuela, aunque haya sido hasta poco, pero posiblemente hayamos aprendido a contar hasta más de tres-- vemos que es posible que esta enmienda de totalidad no prospere, que el proyecto de ley no se devuelva al Gobierno, pero hemos presentado enmiendas al articulado para mantener esta filosofía en la discusión que va a tener lugar en la tramitación de este proyecto de ley en el seno de esta Cámara.
La filosofía de la enmienda a la totalidad la hemos proyectado a las enmiendas concretas, que pretenden cuatro cosas. En primer lugar, incrementar la equiparación de recursos por habitante; en segundo lugar, incrementar las cantidades que se proponen para las comunidades autónomas en 80.000 millones de pesetas, es decir, en lugar de 1,4 billones, pasar a 1,5 billones; en tercer lugar, incrementar el crédito extraordinario que nos propone el Gobierno desde 80.000 millones de pesetas hasta 158.000 millones de pesetas; y, en cuarto lugar, ¿qué proponemos en el Fondo de Compensación? Permítanme SS.SS. que haga un alto en la explicación de la propia enmienda. Ha habido y hay algunos partidos de corte nacionalista que han intentado recuperar un discurso viejo, arcaico y conservador, que consiste en decir en que las zonas del sur y de la periferia se abusa, abunda la picardía, incluso el fraude, y que en los años del cambio han metido mucho la cuchara en las arcas del Estado. Cree el ladrón que todos son de su condición, y no es así, porque bajo ese planteamiento se está promoviendo entrar a saco en las arcas del Estado, se está planteando reconvertir, con un cambiazo al cambio, para orientar las políticas hacia otro lado. La picaresca y el fraude pueden existir en muchos sitios, no solamente en las zonas del sur y en la periferia. ¿Cuál es el planteamiento del Fondo de Compensación? El mismo que se hace en una familia: se invierte primero en la gente que más lo necesita, es decir, se hace la cuenta de todo un año y se pregunta quién es el que más lo necesita lógicamente. No es lo mismo cambiar de coche que comprar zapatos; no es lo mismo hacer frente a una enfermedad urgente que plantearse los gastos de una boda o del cambio de piso. Por tanto, el planteamiento que hacemos del Fondo de Compensación es el siguiente: El Estado, que debe tener una visión integrada de todo nuestro territorio, debe dedicar más dinero a corregir los desequilibrios territoriales del que está dedicando ahora mismo. Hay que caminar hacia el 50 por ciento. No proponemos que no vaya dinero a otras regiones; no es cierto. Estamos proponiendo que si el Estado va a invertir 440.000 ó 450.000 millones de pesetas, se llegue al 45 por ciento para corregir los desequilibrios que existen en este territorio, y no desde el concepto de la beneficencia, de dar a los que no tienen. No es dar un pez al que no tiene; es crear las condiciones para que todas las regiones puedan competir, puedan marcar su futuro en la misma realidad. Esto quiere decir que el planteamiento, en su conjunto, iría en el sentido de incrementar el Fondo de Compensación.
Me podrán decir que esta propuesta no tiene respaldo suficiente a la hora de negociarla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero este Estado se puede gobernar de otra manera, esta realidad se puede articular de otra manera.
Creo que en esta Cámara, y en la tramitación en el Senado, se podría llegar a otro tipo de encuentro que haga bascular la política del futuro sobre la base social y la base territorial que respalda al grupo mayoritario y que respalda a otros grupos de esta Cámara. Porque las políticas que se van a aplicar aquí no evolucionan de la base social ni de la base territorial en función de los acuerdos que se están consiguiendo para la financiación. Estamos dispuestos a hablar de una cifra para la corresponsabilidad fiscal, y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo sobre la cifra para corregir el déficit que tienen los ayuntamientos,

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para incrementar la participación de los mismos en los ingresos del Estado, y estamos dispuestos a hablar de una cifra para el Fondo de Compensación, aquí y en el Senado, con enmiendas conjuntas o particulares apoyadas desde los distintos grupos, pero lo que queremos es que en este Parlamento se pueda conseguir una estabilidad distinta a la que se está fraguando ahora mismo, y esa estabilidad pasa por cambiar la filosofía, a pesar de que no nos guste, porque lo moderno de hoy parece ser que es más arcaico que lo que se pretende superar.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Para turno en contra, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como el título del proyecto de ley indica, el objeto de los créditos extraordinarios que van a someterse a tramitación parlamentaria responde a la aplicación, para el año 1992, del acuerdo sobre la financiación de las comunidades autónomas para el quinquenio 1992-1996. Reanudamos con este debate un trámite parlamentario iniciado en la pasada legislatura y repetimos un debate de totalidad que también se produjo en la pasada legislatura, concretamente en el mes de febrero, ya que la disolución de las Cortes en el mes de abril hizo imposible la continuación de dicho trámite.
El proyecto incluye, para su aprobación, los nuevos porcentajes de la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio mencionado, con arreglo a la redifinición que se ha producido en algunas variables respecto al método existente en el período anterior y también con la inclusión de otras variables nuevas.
Asimismo, el proyecto de ley consigna las cantidades correspondientes para el año 1992, lo que supone una cifra de participación en los ingresos del Estado de un billón 441.977 millones de pesetas y una cantidad adicional respecto a lo presupuestado en el año 1982 de 80.678 millones de pesetas, importe de uno de los créditos del proyecto de ley.
El segundo crédito, por importe de 21.353 millones de pesetas, corresponde a la cantidad adicional en la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, que queda fijado para ese año en 128.844 millones de pesetas.
Este proyecto de ley, señorías, ha merecido una enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, coherente con la posición que había manifestado en su día en el debate del mes de febrero.
Debo recordar que el sistema de financiación autonómica, cuya aplicación va a tramitarse a través de este proyecto de ley, ha sido aprobado po una de las comunidades autónomas, ya que a pesar de que en el momento de la firma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 20 de enero de 1992, alguna comunidad autónoma no lo firmó, lo hizo en el trámite posterior de ratificación y aprobación de las respectivas comisiones mixtas.
Resulta, por tanto, incomprensible para nuestro grupo Parlamentario --y creo que lo será también para el resto de los grupos de la Cámara-- esta enmienda de totalidad, que, en nuestra opinión, trata de enmendar la plana no a una posición del Gobierno del Estado, sino a la de los gobiernos de todas las comunidades autónomas, después de un consenso que requirió largas reflexiones y un debate, durante bastantes meses en el año 1991.
Las revisiones del sistema de financiación autonómica que se realizaron una en 1992 y otra en el año 1986 (el señor Ríos ha hecho una valoración positiva del segundo acuerdo) han significado pasos adelante en la mejora del sistema de financiación de las comunidades autónomas con arreglo a los criterios de autonomía y suficiencia financiera, al criterio de solidaridad y al criterio de igualdad, ya que en la segunda revisión de 1992 se produjo un avance sustancial en cuanto a la financiación «per capita» y, por tanto, en la igualdad de recursos por habitante en el conjunto de las comunidades autónomas.
Las dos reformas efectuadas lo han sido en una línea de profundización de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que, c recordarán, fue una ley fruto del consenso político y que debe merecer un balance globalmente positivo en sus resultados.
Señor Ríos, nuestro Grupo coincide con el interés de su Grupo en seguir perfeccionando el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Esta coincidencia la tienen todos los grupos de esta Cámara, y se expresa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el Gobierno y en las comunidades autónomas, de tal manera que se ha continuado trabajando, después del acuerdo del 20 de enero de 1992, y se continúa trabajando, después del acuerdo del 7 de octubre de 1993, en relación al sistema de corresponsabilidad a aplicar para las comunidades autónomas.
Este acuerdo ha ido acompañado de otros, a los que es importante también hacer referencia, como es que se proceda a un estudio sobre la financiación de las comunidades autónomas, encargado a un grupo de expertos independientes en relación a los siguientes temas: El balance de situación de dónde estamos en el desarrollo del sistema de financiación; la determinación del nivel de los servicios públicos para que el Estado los garantice a los ciudadanos en todo el territorio nacional; los mecanismos de financiación; la forma de cálculo e instrumentación de las asignaciones a que se refiere el artículo 15 de la Lofca y otras posibles medidas

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de mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.
Existe, además, procedente del acuerdo de 20 de enero de 1992, un grupo de trabajo que está tratando de avanzar propuestas para mejorar la financiación de la sanidad.
Todo ello, señor Ríos, constituyen piezas adicionales del sistema de financiación autonómica a la principal que estamos considerando en este proyecto de ley y que tiene un propósito limitado, y cual es la aplicación de la revisión del método de participación en los ingresos del Estado con arreglo a las previsiones del artículo 13 de la Lofca, y la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial para convertirlo en un auténtico instrumento de solidaridad y de compensación de desequilibrios, acordados ambos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por tanto, señor Ríos vamos a rechazar, por considerar totalmente injustificada, la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, me han pedido que no le eche tanto calor al debate, que sea más moderado por ello, moderar la forma si con eso consigo mantener el contenido de lo que he dicho.
Es cierto que se ha producido un consenso, un acuerdo o un encuentro de voluntades en el Consejo de Política F se llegó a un acuerdo en determinados elementos; se aplazó en enero de 1992 hasta junio de 1992 creando tres comisiones: corresponsabilidad fiscal, nivelación de servicios y se planteó el estudio de la financiación del sistema sanitario o los problemas sanitarios que pueda haber. Lo cierto es que inclusive ese consenso tuvo un proceso de negociación comunidad a comunidad para establecer planes de financiación y planes de política presupuestaria que ajustasen el déficit público, el recurso a la deuda de cada comunidad hasta el año 1996. Ese proceso tardó, no se terminó en junio de 1992, pero lo cierto es que nos encontramos terminando el año 1993 y se ha vuelto a producir una parte de acuerdo, un parche de acuerdo en el proceso de ese 15 por ciento de cesión, que yo no entro a calificar ni a valorar, porque todavía no sé lo que vale, todavía no sé cuánto va a costar ni cómo se va a concretar esa pretendida corresponsabilidad o acceso a autosuficiencia o autonomía financiera que podamos tener cada comunidad. No lo he podido ver, pero me da la impresión de que más que un consenso o un acuerdo se aparca aquello en lo que no hay acuerdo y hay una especie de negociación bilateral permanente con trato preferente a una de las partes. Eso es lo que nosotros consideramos que no debe ser ajustado y pedimos sustituir ese modelo por uno de más estabilidad. Ustedes me pueden decir: Si ustedes no tienen presencia de Gobierno en una comunidad, va a ser difícil que ustedes puedan condicionar esto. Todo es relativo, porque aquí antes se ha hecho una afirmación de que nosotros no íbamos a gobernar jamás. (La señora Aroz Ibáñez hace signos negativos...) No se lo digo a su señoría. Estamo participando en gobiernos y a lo mejor vemos más participación en gobiernos, en función de cómo evolucionen las cosas, no solamente en posiciones actuales, en posiciones de futuro. Pero lo que hay que preguntarse es si es posible hoy no abordar los tres problemas fundamentales, si es posible separar corresponsabilidad fiscal y cesión de tramos del IRPF de la nivelación de servicios, de fondos que signifiquen inversión nueva para que mejoremos los servicios que hemos recibido las comunidades. Inversión que yo le he dicho antes que no es solamente en sanidad o en educación, no es solamente que haya comunidades con dos camas por mil habitantes y otras comunidades con cuatro camas por mil habitantes. No. Es que hay servicios meramente administrativos, como la ITV, que he mencionado antes, y los coches de Extremadura son igual de coches que los de Madrid o los de Asturias. Invertir en servicios, inversión nueva para ello, e inversión nueva para gestionar los recursos. Y anuncio que el Inserso tiene inversiones realizadas no puestas en marcha porque no hay recursos de Capítulo I para hacer frente a ello, llámese personal, llámese gastos corrientes. En suma, estamos proponiendo políticas regionales establecidas desde el Fondo de Compensación, caminar hacia el 45 por ciento de la inversión del Estado, que el 45 por ciento de la inversión del Estado se destine a esas comunidades, a corregir los desequilibrios territoriales, a invertir en política regional de lo que es el Gobierno central, no a apoyar las políticas que cada Gobierno establezca, sino una política regional definida de la que carecemos y no estamos viendo. Ese debe ser el marco de ese fondo. Y proponemos incrementarlo este año hasta el 45 por ciento, subimos aproximadamente un nueve por ciento, un ocho y pico por ciento.
Se establece un porcentaje definitivo para la participación en los ingresos del Estado. Es verdad que va a ser corregido con los efectos que el 15 por ciento tenga y este porcentaje se verá minorado en lo que se reciba vía transferencia del 15 por ciento de IRPF. Entenderá, por tanto, que nuestro objetivo es mantener el mismo criterio que propusimos entonces para facilitar el debate en esta Cámara de esos criterios y posibilitar niveles de adecuación o de encuentro distintos a estos que ahora se proyectan. Es verdad, y usted lleva razón, que pudiéramos entender que hoy no devolver este proyecto al Gobierno ocasionaría a las comunidades mayor

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retraso, no solucionaría los problemas que a prolongar para junio de 1994 estos tres elementos que quedaron aplazados para junio de 1993-- y no sabemos cómo vamos a poder evolucionar.
Hay una parte de coherencia en lo que ha estado diciendo usted, pero nos podrá aceptar que el planteamiento global que hemos hecho, desde nues de vista, se podría aplicar. Es verdad que el equilibrio político tendría sus resistencias y ésa es la parte final que yo le he dicho antes. No es lo mismo que las resistencias se produzcan en un sitio determinado, por mucho peso específico, a que tengan mayor coherencia con la base social y la base territorial que respalda hoy al proyecto político que está gobernando o al proyecto político que puedo yo representar. En ese sentido, mantenemos la enmienda a la totalidad, pero como no termina aquí el debate parlamentario ni el debate político, mano tendida para la discusión en la Comisión y en la vuelta de las enmiendas al articulado. A lo peor tienen la misma respuesta, pues seguirá la mano tendida para discutirlo en el Senado. Y seguirá la mano tendida sobre propuestas concretas, sobre otra filosofía concreta de financiación del Estado. El Estado tiene tres patas; ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración central, y ese poder debe redistribuirse competencialmente y con los recursos adecuados para que sea realidad esa competencia, esa actuación competencial. En esa distribución competencial deberíamos plantearnos en qué condiciones está cada uno de los socios que apoyan un proyecto, porque la vida municipal se ve de manera distinta si yo estoy de presidente de Comunidad, por mucha historia que yo sea, a si estoy en otra realidad distinta.
Nos interesa como proyecto político el conjunto del Estado, no una parte del conjunto del Estado. Y en ese sentido seguimos manteniendo la enmienda a la totalidad, aceptando de buen gusto los argumentos que se nos han dado.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ríos, por el tono de su intervención. En cualquier caso, debo insistir en que estamos debatiendo ahora una pieza concreta del sistema de financiación de las comunidades autónomas que es la referida al artículo 13 de la Lofca, el mecanismo de participación en los ingresos del Estado.
Como bien decía el señor Ríos, existe la necesidad de que este proyeccto de ley no tenga más retrasos para poder proceder a la liquidación del año 1992. Quiero decirle, señor Ríos, con toda cordialidad, que con su enmienda de totalidad el Grupo de Izquierda Unida está cuestionando, de alguna manera, unos acuerdos que cuentan, insisto, con un consenso unánime del país, de la sociedad, de los gobiernos autonómicos de todas las comunidades autónomas. Y, por otra parte, se está anticipando, en los temas que planteaba, a un debate que ha de llegar a esta Cámara, sobre la corresponsabilidad fiscal, cuando llegue el acuerdo del 7 de octubre de 1993, y sobre los otros temas, cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera avance en los trabajos que está realizando.
Señor Ríos, nuestro Grupo considera que esta enmienda solamente genera confusión en relación a la posición y a las intenciones de su Grupo y q de que ya ha avanzado su posición de mantener esta enmienda a la totalidad, sería positivo, en aras de que aparezca con claridad al conjunto de la sociedad española que el contenido de este proyecto de ley cuenta con un respaldo unánime de todas las comunidades autónomas, la retirada de la misma.
Ahora bien, si ustedes lo que plantean, como ha dicho, es hablar de un modelo distinto de financiación de las comunidades autónomas, el Grupo Socialista está dispuesto a ello. Pero no nos parece que, a través de una enmienda de un proyecto que viene con un objetivo muy limitado, se pueda plantear esta revisión global del sistema de financiación. La manera adecuada de realizarlo sería que ustedes presentasen una iniciativa diciendo que no están de acuerdo con el sistema Lofca y que proponen una revisión de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria se va a oponer, votando su rechazo, a esta enmienda de totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tengo que valorar su intervención, y comparto muchos de los criterios singularizados que el señor portavoz ha hecho justificando las razones d Qué duda cabe que para Coalición Canaria, por ejemplo, en encontrar un perfeccionamiento en baremos para la financiación de las comunidades au de las áreas más sensibles es la de la sanidad. Precisamente en las conversaciones que se viene manteniendo por el Gobierno autónomo de Canarias con el Gobierno central del Estado, en las reuniones sectoriales entre su Consejero de Sanidad, la Ministra de Sanidad y el Ministro para las Administraciones Públicas, señor Saavedra, se ha hecho hincapié en que, por ejemplo, la financiación sea individual, que se considere el

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parámetro individuo para tener a la población protegida, pero la población protegida con la peculiaridad que ocurre en comunidades autónomas, como en este caso la Canaria, que me permite utilizar estos argumentos en este foro, en que resulta que la población protegida por lo que entiende la Administración del Estado central es menor que la población real que existe en el archipiélago. Incluso hay un componente de población extranjera de la Comunidad Económica Europea que tiene derecho a prestaciones hospitalarias, sanitarias o de la Seguridad Social y que nos está generando un déficit, mientras no se hagan parámetros como los que usted dice y que estaremos dispuestos a defender en cualquier momento para perfeccionar los módulos que hay.
Sabemos que en este momento se han encomendado y se están encomendando una serie de trabajos a comisiones especializadas de estudios, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en la sanidad, para encontrar los parámetros justos de financiación, porque éste es otro de los temas en que la Comunidad Autónoma de Canarias ha pedido al Gobierno la transferencia de la competencia de la gestión del Insalud, pero con sus cifras reales, sin déficit acumulados con la financiación exacta para responder. No se va a tratar de que tirar la piedra contra la Administración del Estado se cambie ahora por tirar la piedra contra una administración autonómica por parte del administrado que se considera insatisfecho en la asistencia hospitalaria, por poner un ejemplo. También existe esta Comisión que se ha citado, donde no solamente se va a estudiar cuál es la situación del balance actual de esta financiación de las comunidades autónomas, sino a determinar los mecanismos de financiación y la calidad de la prestación de los servicios estatales que van a ser o son realizados por comunidades autónomas que se nutren de estos fondos de compensación.
¿Qué ocurriría si se aceptase su enmienda? Que sería mayor el retraso que ya trae este proyecto de ley de haber tratado de obtener esta financiación en los Presupuestos para 1993, en razón de lo que trae causa de los acuerdos de 1992 del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el representante de la Comunidad Autónoma Canaria ha mantenido criterios muy duros para años sucesivos, incluso en los últimos negándose a firmarlos. Nosotros tenemos enmiendas para los presupuestos para 1994 por parte de Coalición Canaria en que pedimos la rectificación de los coeficientes, de los porcentajes de participación, porque en unos aspectos se nos sitúa por debajo de la media nacional y no se tiene en cuenta los verdaderos costes de la insularidad; pedimos que se computen perfectamente la fragmentación del territorio, aspectos como esta misma lejanía en lo que se encarece, y otros tan peculiares como pueden ser los derivados de la prestación de otros servicios públicos desde inversiones como aquí viene una modificación de crédito para Canarias en la Sección 33, nosotros decimos: Después que tuvo el parón por la larga tramitación y polémica dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por las elecciones generales que interrumpen su tramitación en esta Cámara, por todas esas razones legítimas, muchas de las cuales compartimos y compartiremos y estamos en la línea de que se incluyan en los nuevos criterios y baremos para calcular los porcentajes de participación y lo que tenga que ocurrir en el Fondo de Compensación Interterritorial, que desde el punto de vista de Canarias tiene esta reivindicación, así lo haremos llegar. Tenemos partidas como las que aparecen aquí, no solamente en el artículo número 1, donde están los porcentajes de participación para la Comunidad Autónoma de Canarias, sino, sobre t artículo 3 y en el 5, donde se hacen consignaciones presupuestarias en la Sección 33; incluso se ven cosas que parecen añejas. Se va a financiar en la región canaria una cuestión compartida entre las dos circunscripciones, entre las dos provincias, como son 708 millones de pesetas en inversiones por la conmemoración del V Centenario, para que no estemos conmemorando aquí presupuestariamente el V Centenario más un año, y nos metamos en el V Centenario más dos años, o sea, 502 años; y la autopista Pasito Blanco-Arguineguín, con una dotación de 556 millones de pesetas que hay que hacer efectivos y no producir déficit en la administración canaria correspondiente.
Por estas razones, señorías votaremos en contra, como he dicho, de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-In Catalunya, porque sería peor el remedio que la enfermedad.
Queremos despejar todas estas incógnitas para que la comisión mixta correspondiente, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión bilateral que en estos momentos existe entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central de la nación, obtenga una claridad absoluta con las enmiendas que se han presentado para modificar porcentajes de participación en el Fondo de Compensación Interterritorial. Queremos que se le dote ya de una vez, porque si, además de estar insuficientemente dotado --que es nuestra crítica--, sufre un retraso de tramitación, lo que mal anda mal acaba.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar el texto del Gobierno de este proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


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El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para manifestar la posición de mi Grupo en el crédito extraordinario que se tramita para poder trasponer el acuerdo de financiación alcanzado en el año 1992 sobre el período 1992-96.
Nuestro Grupo rechaza la enmienda a la totalidad. La rechaza por cuestiones de forma y por cuestiones de contenido.
Constitucionalmente es necesario adoptar esa decisión. Es necesario constitucionalmente que se trasponga el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la revisión del Acuerdo del sistema de financiación autonómica para el período 1992-96. Esto debe hacerse. Debería haberse hecho ya hace tiempo. Otras circunstancias no lo permitieron.
Nuestro Grupo cree que esa concesión de crédito extraordinario debe aprobarse porque es necesario.
En cuanto al contenido, creemos que es positivo. No resuelve todos los problemas que hoy tiene el sistema de financiación autonómica, sin duda no lo resuelve, pero es un paso adelante en ir superando las insuficiencias, las inconsistencias y las dificultades que han ido apareciendo a lo largo de estos años por la aplicación de los mecanismos de financiación aplicables a las comunidades autónomas. Es un paso adelante. Un paso más.
He leído con detalle la justificación de motivos que tiene la enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y quiero hacer notar a su portavoz lo siguiente: Dicen ustedes en el texto que el proyecto de crédito extraordinario obedece a la aplicación del Acuerdo para el Sistema de Financiación Autonómica aprobado en enero de 1992. Cierto. Dicen ustedes que, aun aceptando las ponderaciones utilizadas para fijar estas cuantías, creemos imprescindible impulsar la equiparación a la media de los servicios. Muy bien. Este texto permite acercarnos a la media de los servicios. Dicen ustedes que desearían que se acercara aún más la financiación por habitante. Sí señor, este texto nos acerca aún más a una mejor ponderación o igual relación de las proporciones de recursos por habitante entre las distintas comunidades autónomas.
¿Llegamos a un nivel de igualación en todas las comunidades autónomas? No, pero nos acercamos todavía más, un poco más, a un nivel de renta pe entre las comunidades autónomas, a una nivelación de estos recursos per cápita.
Si ustedes desean impulsar la equiparación media y acercarse aún más a la financiación por habitante equivalente de todas las comunidades autónomas, sepan que este acuerdo --por cierto, unánime entre todas las comunidades autónomas-- permite un acercamiento a estos propósitos que ustedes están exponiendo en su enmienda a la totalidad, por la cual rechazan ese acuerdo.
Dicen más adelante que el incremento previsto en esta propuesta del Gobierno se basa en una estimación de la inversión de reposición anexa a los servicios transferidos y en la incorporación de la denominada compensación transitoria a la financiación incondicionada. Cierto, es verdad, es así. Y esto es positivo, esto permite un nivel de recursos un poco más alto para las comunidades autónomas que el que tenían anteriormente en el período 1986-1992.
De la lectura de la exposición de motivos de la enmienda de totalidad por la que ustedes piden la devolución no veo ningún elemento que tenga base para poder rechazar lo que ustedes nos proponen rechazar. Todo el contenido de ese acuerdo va en la dirección de alcanzar un poco más estos objetivos que ustedes exponen en la enmienda de totalidad por la que piden la devolución. Por tanto, debo decirles que dicrepamos de sus argumentos, no los compartimos en absoluto.
Usted ha reflexionado sobre otros aspectos que no son los contenidos en este proyecto de ley. No voy a referirme a ellos, quizás tendremos ocasión de debatir otros aspectos relativos a la financiación autonómica. Pero en cuanto al contenido de ese proyecto de ley que ahora estamos debatiendo, es positivo en sí mismo porque permite una puntual mejora de las inconsistencias y de las insuficiencias que hoy tiene el sistema de financiación autonómica en nuestro país. Incluso pediría al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que considerara la oportunidad de someter a votación la enmienda de su Grupo porque es perfectamente contradictoria con los intereses que ustedes persiguen, porque pretenden acercarse a la media equivalente de recursos per cápita entre todas las comunidades autónomas y ese acuerdo lo permite, como también lo hace el acuerdo que se ha alcanzado recientemente sobre la cesión del 15 por ciento del IRPF; permite aproximar los recursos per cápita de las distintas comunidades autónomas a unos niveles equivalentes entre ellas.
Señor Presidente, la posición de nuestro Grupo va a ser de rechazo a esta enmienda de devolución, manifestando nuestra posición favorable al texto del proyecto de ley cuando se someta a votación en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como es sabido --ya se ha recordado con anterioridad--, este proyecto de ley, con mínimas variaciones, fue debatido en esta Cámara el pasado día 25 de febrero. Como consecuencia de la disolución de las Cortes, no se pudo aprobar de forma definitiva y vuelve hoy, con ligeras modificaciones, como he señalado, a debatirse.


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Nuestra posición hoy, como por otra parte es lógico, va a ser la misma de entonces, es decir, vamos a votar a favor del proyecto porque lo hicimos en su día por coherencia con la postura mantenida por los consejeros de hacienda de los Gobiernos en los que la responsabilidad es asumida por el Partido Popular en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, y porque el acuerdo de financiación del que trae su origen este proyecto de ley aborda a satisfacción -- cierto es que matizada-- de nuestro Grupo el problema de la financiación para el quinquenio 1992/1996.
En cualquier caso, yo no voy a hacer un análisis del proyecto ni voy a hacer una defensa a fondo del mismo, que ya han hecho, por otra parte, tanto la portavoz del Grupo Socialista como los portavoces del Grupo Canario y del Grupo de Convergència i Unió, pero sí quiero hacer algunas consideraciones que pienso que pueden ser muy importantes de cara al futuro en relación con la financiación autonómica. Yo creo que el Gobierno en el futuro debe hacer las cosas mejor que en esta ocasión o, dicho de otra forma, creo que el Gobierno debe procurar hacer las cosas bien. No tiene ningún sentido que el día 28 de octubre del año 1993, es decir, hoy, estemos debatiendo la concesión de un crédito para abonar a las comunidades autónomas una parte de la financiación de las mismas correspondientes al año 1992. Y esto se hace así porque el modelo de financiación de las comunidades para el quinquenio 1992-1996 se aprobó después del 1 de enero de 1992, con lo cual, para hacer efectivo en el año 1992 ese modelo, hubo que suplementar un crédito, que fue lo que debatimos aquí en febrero de 1993 y que hoy volvemos a debatir.
Me parece que el Gobierno debe evitar que estos hechos se vuelvan a producir. Si hay un modelo de financiación quinquenio 1992-1996, ese modelo se debe aprobar antes de entrar en vigor, esto es, en el año 1991, e incorporar sus consecuencias económicas al Presupuesto de 1992. Es absurdo votar en octubre de 1993 la concesión de un crédito para abonar la financiación de las comunidades autónomas del año 1992, financiación que, por otra parte, ya ha sido abonada a las comunidades autónomas, por lo cual se podría dar la paradoja de que hoy esta Cámara votara que no a que se abonase a las comunidades autónomas una cantidad que ya les ha sido abonada en el año 1992.
Este procedimiento de funcionar no es serio y se debe hacer una recomendación al Gobierno para que en el futuro haga las cosas de otra manera, para evitar, entre otras cosas, que los parlamentarios seamos unos meros comparsas o ratificadores, no de lo que el Gobierno presenta a debate en esta Cámara, sino de lo que el Gobierno ya ha ejecutado en su día.
Por otra parte, no sería malo, aprovechando que se está debatiendo la financiación de las comunidades autónomas, que recordemos al Gobierno que el 31 de diciembre de 1993 termina la vigencia del sistema actual de participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado y que, a fecha de hoy, dos meses antes de la terminación de la vigencia del modelo actual, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida para fijar el nuevo modelo. Con lo cual, a finales de 1993 debatiremos qué es lo que deben recibir los ayuntamientos desde el 1 de enero de 1993, lo que recordaré al Gobierno en la intervención que a buen seguro haré en su día.
La segunda consideración que quiero hacer sobre este proyecto de ley es que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992, como aquí se ha señalado, se adoptaron, además del Acuerdo que hoy se debate, otros tres.
Primero, que el 1 de enero de 1993 entrarían en vigor fórmulas de corresponsabilidad fiscal; segundo, que en esa misma fecha entraría en vigor un artículo de una Ley de 1980, el artículo 15 de la Lofca, por lo que se procedería a adoptar alguna medida para nivelar servicios mínimos en el territorio nacional; y que el 1 de enero de 1993 se adoptarían fórmulas y entrarían en vigor para resolver el problema de la financiación de la Sanidad. Hoy, 28 de octubre de 1993, no hay ninguna medida adoptada sobre nivelación de servicios, no hay ninguna medida adoptada sobre financiación de la Sanidad y no hay ninguna medida que haya entrado en vigor en materia de corresponsabilidad fiscal; en esta materia lo único que hay es un Acuerdo, adoptado por mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre el que no voy a hacer ninguna consideración --sin duda, las haré en su día--, pero que ha sido un grave error del Gobierno y que no supone más que una mínima parte --por hacer una concesión graciosa a los firmantes del Acuerdo-- en materia de corresponsabilidad fiscal.
Por tanto, me parecen muy oportunas y convenientes las afirmaciones que han hecho los representantes de las distintas fuerzas políticas, con la única excepción de Izquierda Unida, en el sentido de que se están preparando grandes tomos, grandes papeles, que va a haber grandes acuerdos, pero lo único que constatamos hasta el presente momento es un incumplimiento clamoroso de unos compromisos que, en su día, había asumido el Gobierno, por lo que se mantiene el planteamiento habitual del Gobierno en este tipo de asuntos.
En suma, vamos a votar que sí al proyecto, pero ese sí al proyecto hay que entenderlo matizado. No es un sí como el que ha dado Coalición Canaria o Convergència i Unió, sino que es un sí recomendando al Gobierno que en el futuro se hagan las cosas bien, sobre todo que se cumplan los acuerdos y que se busque el consenso en los temas autonómicos, en todos, incluidos los de financiación, para evitar que se produzcan acontecimientos

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como el del 15 por ciento al que antes he hecho referencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 280; a favor, siete; en contra, 273.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 22.483.000.000 PESETAS, PARA FINANCIAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, EN EL MARCO DEL REAL DECRETO 808/1987, DE 19 DE JUNIO (Número de expediente 121/000005)

El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio.
Enmienda de texto alternativo, del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Pascual. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señorías, guarden silencio para que podamos continuar la sesión.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías voy a defender la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este proyecto de ley, sobre concesión de un crédito extraordinario para financiar los compromisos adquiridos por el IRYDA en el marco del Real Decreto 808, así como a presentar un texto alternativo al citado proyecto de ley. Lo hago hoy, señorías, aunque ya lo hice tiempo atrás, concretamente el pasado 25 de febrero, cuando debatíamos también en la Cámara el mismo proyecto de ley.
Con las enmiendas entonces aprobadas por esta Cámara, el proyecto de ley se remitió el Senado para su debate, teniendo lugar éste en la Comisión de Presupuestos el 22 de marzo. Fue aprobado en la citada Comisión, pero no llegó a discusión e por la disolución de las Cámaras, realizada por el Presidente del Gobierno, como SS.SS. saben, el 12 de abril de este mismo año.
La aplicación en España del Reglamento comunitario 797/1985, sobre mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, junto con varios planes de mejora y programas vigentes en la legislación española, dieron lugar a la aplicación del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio, por el que se establecía un sistema de ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias.
En principio, la medida era buena porque pretendía varias cosas. En definitiva, mejorar las estructuras agrarias y la competitividad de las explotaciones agrarias españolas con vistas a los retos que les deparaba el futuro, aumentar la rentabilidad de los agricultores y, con la reciente incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, recuperar el tiempo perdido y aprovecharse de los fondos comunitarios para la mejora de sus explotaciones, de los que hasta ese momento habían disfrutado el resto de agricultores de la Comunidad Económica Europea.
Después de dos años de funcionamiento efectivo de este Real Decreto, en concreto el 15 de junio de 1991, los datos de situación facilitados por la Secretaría General de Estructuras Agrarias señalaban que el número de solicitudes presentadas para beneficiarse de este Real Decreto sobrepasaban las 60.000 y que el valor de las subvenciones aprobadas pasaba también de 78.000 millones de pesetas, pero la realidad de lo pagado era muy distinta. La realidad, en esas fechas, era que solamente se habían abonado 21.373 expedientes, correspondiendo a 26.026 millones de pesetas. Se había pagado al agricultor la tercera parte de las obligaciones contraídas.
Ante esta situación, el entonces recientemente nombrado Ministro de Agricultura, señor Solbes, toma la decisión de suspender la admisión de nuevas solicitudes amparándose en la legalidad de la Ley General Presupuestaria, en concreto, en su artíc materializa de una forma un tanto irregular, mediante una circular firmada por el entonces Secretario General de Estructuras Agrarias, mandada a las distintas consejerías de agricultura de las comunidades autónomas, y en la Orden ministerial de 26 de diciembre de 1988 que desarrolla el citado Real Decreto 808. En su disposición adicional segunda faculta a la Secretaria General de Estructuras Agrarias para instrumentar las actuaciones y dictar las resoluciones precisas en orden a la aplicación del régimen de ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. Desde luego, señorías, suspender la recepción de nuevos expendientes no figura entre las atribuciones de la Secretaría General de Estructuras Agrarias. Por lo tanto, esta circular carecía totalmente del rango necesario para anular una anterior. La excusa del señor Solbes en la Comisión de

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Agricultura, para paralizar la admisión de nuevos expedientes, era que no quería cometer una ilegalidad dentro de la Ley General Presupuestaria, pero no tuvo reparo en cometerla al paralizar el Real Decreto con una orden de rango inferior.
El Real Decreto 1887/1991, de 30 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 2 de enero de 1992, en su disposición derogatoria dice que queda derogado el Real Decreto 808/1987. El mismo Real Decreto 1887, en su disposición transitoria primera, dice que las solicitudes presentadas al amparo del Real Decreto 808, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto 1887, sobre las que haya recaído resolución de las comunidades autómas antes del 22 de junio de 1991, deberán ser objeto de compromiso de gasto derivado de ellas conforme al Real Decreto 808.
Señorías, varias comunidades autónomas, entendiendo que esta disposición transitoria primera no se ajustaba a Derecho, presentaron recursos a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo. ¿Cómo afecta realmente este Real Decreto al agricultor? La realidad, señorías, es que miles de agricultores han sido los sufridores de todos estos vaivenes. Habiendo desembolsado el dinero para realizar las mejoras en sus explotaciones, la mayoría de ellos tuvieron que recurrir a créditos puente, pagando intereses realmente altos cuyas rentas no podían soportar durante mucho tiempo, mientras esperaban las subvenciones del Real Decreto 808. Estos retrasos les llevaron a una situación económica realmente difícil. Muchos han optado por abandonar sus explotaciones, su actividad agraria, y dedicarse a otras actividades.
Este, señorías, ha sido el esfuerzo del Gobierno socialista para modernizar, en estos últimos años, nuestro campo. Hemos perdido unos años pre haber modernizado nuestra agricultura convenientemente, adaptándola no solamente a los retos de la adhesión a la Comunidad Económica, sino también a futuros retos, como a las consecuencias del preacuerdo de Blair House, en el marco de la negociación del GATT, sobre una mayor liberalización en los intercambios de los productos agrarios, que el pasado martes fueron aquí debatidos.
Señorías, esta situación se podía haber evitado habiéndola resuelto mucho antes y los agricultores habrían recibido el dinero también mucho an Grupo Socialista hubiera aceptado las enmiendas que, en los últimos años, ha presentado el Grupo Popular a los Presupuestos Generales del Estado, en concreto, a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el sentido de dotar suficientes fondos para hacer frente a las obligaciones contraídas con los agricultores en el marco del Real Decreto 808.
Señorías, el Grupo Popular ha presentado hoy la enmienda a la totalidad con texto alternativo a este proyecto --igual que hicimos en el mes d varios motivos. El primero, por la forma tan rácana y cicatera con que se ha portado el Gobierno socialista con los agricultores, puesto que a muchos, en lugar de mejorar sus explotaciones con este Real Decreto 808, les ha supuesto una trampa económica en sus explotaciones. El segundo motivo, por la lentitud. Desde que el señor Solbes paralizó la admisión de nuevos expedientes, en junio de 1991, todavía hoy --casi dos años y medio después-- se encuentra este crédito extraordinario en trámite parlamentario. El tercer motivo, por la forma irregular con la que se ha llevado a cabo la paralización del Real Decreto 808, dejando el proyecto de ley remitido por el Gobierno de una forma incompleta el desarrollo del Real Decreto.
Es más, señoría, la memoria que adjunta el proyecto de ley remitido por el Gobierno dice que las certificaciones recibidas pendientes de pago, hasta el 11 de junio de 1992, son de 22.483 millones, justamente lo que representa este crédito extraordinario. Añade que el importe de las certificaciones a recibir, desde el 11 de junio hasta el 1 de diciembre de 1992, calculado sobre un ritmo mensual medio de recepción de certificaciones, es de 2.470 millones de pesetas, lo que supondría una deuda todavía mayor, de 14.021 millones de pesetas. Por tanto, el total de las certificaciones pendientes de pago se calcularían en 36.504 millones de pesetas. Restándolo de la dotación presupuestaria disponible de 8.068 millones, nos quedaría un importe total de deuda pendiente de pago de 28.436 millones de pesetas, es decir, casi 6.000 millones de pesetas más de la cantidad que se apruebe con este crédito presupuestario.
Más adelante, curiosamente, la memoria añade: No obstante lo expuesto, se ha considerado que, dado que en la cifra solicitada por el organismo se incluye una parte correspondiente a la previsión de certificaciones a recibir hasta el 1 de diciembre de 1992, la cuantía del crédito extraordinario no debe incluir previsiones, limitándose el mismo a recoger exclusivamente las cantidades necesarias para atender a las certificaciones de inversiones realizadas hasta la fecha, que ascienden a 22.483 millones de pesetas.
Señorías, a las fechas en que estamos, finales de octubre de 1993, la Secretaría General Técnica debe saber cuáles son las certificaciones rec de diciembre del año pasado. Ha transcurrido suficiente tiempo para saberlo. Si no nos lo quiere decir eso significa que no quiere dar la cifra exacta o que la Secretaría General de Estructuras Agrarias queda en entredicho por su lentitud.
El Grupo Parlamentario Popular, para reconocer la deuda total contraída --lo manifestamos en el artículo 1.º del texto alternativo que hemos presentado--, propone de forma explícita que, con cargo al presente crédito extraordinario, se atienda el pago de las ayudas correspondientes a las solicitudes resueltas favorablemente con anterioridad a la derogación del Real Decreto

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808 por los órganos competentes de las comunidades autónomas, a tenor de lo establecido en el artículo 32 de la Orden de 1 de octubre de 1988. Por tanto, el Real Decreto 808 sigue vigente hasta que un nuevo real decreto derogue el anterior, como es el caso del Real Decreto 1887. Decimos también que los pagos correspondientes a las anteriores ayudas, que han sido efectuados por las comunidades autónomas con cargo a sus propios presupuestos, sean reintegrados directamente con cargo al presente crédito extraordinario.
En el artículo 2.º nos referimos a la repercusión en los presupuestos del organismo y en el artículo 3.º, sobre financiación del crédito extraordinario, decimos: El crédito extraordinario a que se refiere el artículo anterior se financiará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993. Por último, en el artículo 4.º sobre la aplicación del crédito extraordinario, decimos que la aplicación al presupuesto de ingresos y gastos del citado organismo autónomo se hará de forma inmediata a la entrada en vigor de esta ley, a los efectos de lograr la rápida ejecución de los pagos, para que así el dinero llegue lo antes posible a los agricultores.
Termino, señorías, solicitando el apoyo a nuestro texto alternativo a este proyecto de ley, primero, para hacer justicia, incluyendo a todos los agricultores afectados por la paralización de este Real Decreto 808 y, segundo, porque apoyar nuestro texto alternativo supone que los agricultores reciban el dinero que se les adeuda lo más rápidamente posible.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Pascual.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señoras y señores diputados, nos oponemos al texto alternativo presentado por el Grupo Popular ya que es incoherente, además de que sería de imposible cumplimiento.
Entre las muchas virtudes que le reconocemos al Grupo Popular, no le conocíamos esta nueva de la taumaturgia. Pretenden, con la misma cantidad establecida en el crédito extraordinario, atender mayores obligaciones de pago que no tienen justificación. Lo que ha dado lugar a este crédito extraordinario es la promulgación, en 1987, de un real decreto por el que se regulaba la aplicación en España del Reglamento de la Comunidad Económica Europea relativo a la mejora y la eficacia de las estructuras agrarias. Se promulga un real decreto, que luego se desarrolla por una orden ministerial mediante el cual se cede la competencia en la aplicación y en la resolución de los expedientes a las comunidades autónomas, pero financiadas exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado, salvo en algún caso en el que alguna com también medidas complementarias.
Dado el volumen de peticiones que se producen durante los tres años de aplicación de este Real Decreto y como consecuencia de que las previsiones son insuficientes, se suspende tal aplicación, comunicando el IRYDA a la Secretaría de Estructuras Agrarias, al Ministerio de Agricultura y a todas las comunidades autónomas, que, a partir del 22 de junio, quedaba en suspenso por razones presupuestarias, basadas legalmente, en el artículo 32 de la Orden de 1 de octubre de 1988, en la que se explicaba claramente que la aplicación de estas resoluciones favorables de ayuda a la agricultura estarían condicionadas a la existencia de crédito presupuestario.
A partir del 22 de junio de 1991, el Ministerio de Agricultura empieza una negociación con las comunidades autónomas y organizaciones agrarias para promulgar, en diciembre de 1991 un nuevo decreto, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» de enero de 1992. En este intervalo lo que ocurre es que unas comunidades autónomas lo aceptan claramente, y suspenden la tramitación de nuevas subvenciones para la agricultura y otras, no. Por ello, en este proceso ha habido una negociación con comunidades autónomas y con organizaciones agrarias que promueven un nuevo Real Decreto, el 1887/1991.
Las razones expuestas por el portavoz del Grupo Popular no tienen cabida, porque si, efectivamente, se aplicara lo que solicitan en la enmiend proyecto de ley, que las ayudas se reconozcan hasta la suspensión de ese Real Decreto, ello supondría una mayor carga y, por tanto, el crédito tendría que aumentar, mientras que en la propuesta de texto alternativo figura el crédito por el mismo importe que lo ha establecido el Gobierno.
Quiero decir, por otra parte, que como consecuencia del dictamen favorable del Consejo de Estado, el IRYDA ha efectuado el anticipo correspondiente de todas las obligaciones reconocidas por las comunidades autónomas hasta la suspensión de este Real Decreto, por lo que éstas han cobrado en su totalidad y han podido trasladar a los agricultores las cantidades correspondientes a estas subvenciones, que, para su conocimiento, le diré que ascienden a 69.425 millones de pesetas, estando pendiente de cobro por parte de los agricultores solamente aquellas inversiones realizadas que todavía no se han justificado ante las comunidades autónomas y ante el IRYDA.
Nos oponemos a la enmienda de totalidad y daremos más amplia respuesta al Grupo Popular, en la tramitación en la Comisión correspondiente, a cada uno de sus artículos. Queremos añadir que la mitad de las comunidades autónomas cumplieron lo establecido por el Ministerio de Agricultura --esto es la circular suspendiendo

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la aplicación del Decreto-- por lo que, de aprobarse el texto alternativo, estaríamos adoptando una medida discriminatoria, puesto que unas comunidades --unas y otras, de diferente signo-- cumplen lo establecido en esta comunicación a las consejerías de Agricultura, y otras, no. Si las comunidades autónomas han pagado estas cantidades pueden acogerse, porque así lo establece la disposición transitoria, a una serie de b concede ese nuevo Decreto 1887, del año 1991. Por todas estas razones nos oponemos a la aprobación de la enmienda a la totalidad y solicitamos que sea rechazada por el resto de los grupos de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, el Grupo de Coalición Canaria, al fijar su posición con respecto a la enmienda de totalidad con texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario Popular, tiene que decir lo siguiente.
La aplicación en España de la ayuda, vía subvenciones, para la modernización de estructuras agrarias, que introdujo el Decreto 808, en el argot, para la modernización de explotaciones, introdujo una peculiaridad que fue muy bien vista por las comunidades autónomas: la coparticipación en un fondo que ostentaban los presupuestos estatales y que tenía en depósito el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), si bien su gestión era encomendada a los servicios de agricultura y ganadería de las respectivas comunidades autónomas. La experiencia ha venido a demostrar que como el Decreto 808, de amplio beneficio y grata aceptación en el mundo agrario, no fijó límites, porque era muy difícil hacerlo, para saber hasta qué techo las comunidades autónomas podían ir gestionando la aprobación de los expedientes de solicitud que los agricultores y ganaderos presentaban al amparo de ese Decreto 808, sumado al total nacional, eso produjo lo que era previsible y natural que sucediese.
Ajustarse a la propia directiva, al Reglamento 797 de la Comunidad Económica Europa, cuando había que atender con ese Decreto reducciones de producción o de cuotas de determinados productos agropecuarios, iba a implicar que, cuando se hubiera agotado el crédito correspondiente, o bien se actualizaba o se establecía uno nuevo, o bien se arbitraba una nueva medida. La verdad es que se han hehco las dos cosas. Aparece el nuevo Decreto 1887, de 1991 --más perfeccionado que el 808-- que, por un lado, viene a mantener las ayudas, de acuerdo con el Reglamento comunitario, y por otro lado, viene a perfeccionar los mecanismos que traten de evitar la reproducción en la tesorería del I acumulado por ese excedente de expedientes favorablemente informados por los servicios correspondientes de las comunidades autónomas.
Nosotros entendemos que este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario, por importe de 22.483 millones de pesetas, para financiar los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas también, en coparticipación con el IRYDA, en verdad lo que viene a atender es el déficit del presupuesto del IRYDA como consecuencia del endoso de las obligaciones de ayudas que vinieron vía comunidades autónomas.
No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Popular, que en verdad no añade nada con respecto a la cuantía, porque el Decreto 887 viene precisamente a cubrir también el paréntesis que existía en el momento en que se suspendió su aplicación, puesto que no había más dinero presupuestado aunque el IRYDA lo siguió aceptando en su cuenta de resultados, produciéndose el déficit de los 22.000 millones de pesetas en el período comprendido entre 1989 y el 21 de junio de 1991. Esto es lo que hace que nosotros consideremos que aceptar esta enmienda y bloquear lo que en verdad es una cuenta de resultados de tesorería en el IRYDA conduciría a mantener unos números rojos, sin aportar nada nuevo a los agricultores que tienen la línea abierta para seguir recibiendo los expedientes que qudaron suspendidos --según la información que tenemos, están en estos momentos satisfechos y pagados po el déficit de caja queda compensado.
Por todas estas razones, señorías, nuestro Grupo se va a oponer, votaremos en contra de la enmienda y apoyaremos el proyecto de concesión de este crédito extraordinario, en beneficio tanto de la posibilidad de ayuda de los agricultores, como de que permanezca perfectamente en orden la cuenta de ingresos y de gastos del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos hoy, día 28 de octubre de 1993, un proyecto de ley que el Grupo Catalán (Convergència i Unió), ante la extrañeza de que no se hubiese iniciado su trámite con anterioridad, en septiembre de 1991, pidió, mediante interpelación y moción, que el Gobierno lo trajera a este Congreso cuanto antes. Han transcurrido dos años y muchos destinatarios del crédito extraordinario de 22.483 millones, para financiar planes de mejoras de estructuras agrarias acogidas al Real Decreto 808/1987, siguen esperando, tal como ha reconocido

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el portavoz del Grupo Socialista. Son expedientes, señorías, la mayoría de ellos de agricultores, de empresas familiares agrarias, cuyo exagerado retraso en el cobro de las subvenciones a obras ya ejecutadas para mejorar su competitividad les habrá causado un grave quebranto, que, de alguna forma, aparte de pagarles cuanto antes las cantidades adeudadas, habrá que compensar, tal como aprobamos anteayer en la moción consensuada por todos los grupos de la Cámara.
En febrero del presente año se tramitó en el Congreso el proyecto de ley que habilitaba el citado crédito extraordinario, pero que no pudo lle tal como ya se ha citado, debido a la disolución de las Cortes. Nuestro Grupo presentó entonces dos enmiendas que proponían que el período legal de vigencia del Real Decreto 808/1987 llegara hasta su derogación por causa de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 1887/1991, y que los pagos correspondientes a estas ayudas que ya fueron efectuados de forma avanzada por las comunidades autónomas fueran reintegrados con cargo a este crédito extraordinario.
Reiniciado ahora el trámite parlamentario del Real Decreto-ley de concesión del crédito extraordinario, nuestro Grupo ha reproducido sus enmiendas, porque creemos que continúa siendo válido, con todas las matizaciones que se quieran, lo que en ellas defendíamos. Aunque no sea el objeto de este debate el entrar en el contenido y defensa de las enmiendas parciales, las hemos querido citar porque ambas han sido incorporadas al texto de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley que presenta el Partido Popular, y que éste sí que es objeto de debate en esta Cámara; enmiendas de totalidad, señorías, que, a nuestro juicio, no tienen razón de ser legislativa. Otra cosa es que pueda tener la estrategia política de erosión, de tirios y troyanos.
El Partido Popular propone en su enmienda de totalidad una copia prácticamente literal del texto del Gobierno con la incorporación de nuestras más dos modificaciones de elaboración propia, que consisten en proponer una distinta forma de financiar el crédito a la que propone el proyecto de ley y, otra, para lograr una mayor agilidad en la ejecución de los pagos. Ambas cosas, perfectamente respetables y defendibles como enmiendas parciales.
La apropiación de enmiendas de otros grupos, en este caso del nuestro, en otro tipo de trámite legislativo podría interpretarse como un acto de voluntad de consenso. En este trámite del proyecto de ley, la incorporación de enmiendas de otros grupos a un texto alternativo pienso que no puede interpretarse así, al contrario, puede indicar desconfianza hacia la voluntad de nuestro Grupo de mantener en la nueva situaciónde composición de la Cámara propuesta iniciativas de la pasada legislatura.
La presentación de la enmienda a la totalidad tampoco sirve a una eventual finalidad de agilizar el trámite, pues cualquiera que sea el t que deberá debatirse en Comisión. Pero es que, además, podría interpretarse como intento de secuestro de la libertad del grupo autor inicial de las enmiendas parciales, y nuestro Grupo, señorías, no puede ni quiere renunciar a la defensa de sus enmiendas, renuncia en que incurriríamos si nuestras enmiendas ya estuvieran incorporadas al texto de la enmienda a la totalidad.
No queremos renunciar, en primer lugar, porque son nuestras y, en segundo, porque nuestro Grupo se enfrenta a todos los debates con mentalidad abierta, con apertura a posibles modificaciones, de forma que nuestras propuestas pueden ser mejoradas y transaccionadas con otros grupos de la Cámara.
Esto es especialmente indicado en esta ocasión, porque el tiempo que ha transcurrido habrá servido para precisar los cálculos y los costes de lo que significa monetariamente la incorporación de las enmiendas parciales al texto del proyecto de ley, todo ello sin olvidar que el objetivo último de este proyecto es pagar cuanto antes a los agricultores y reintegrar a las comunidades autónomas las cantidades que avanzaron a expedientes que habían iniciado en plazo y forma.
Por todo ello, votaremos en contra de la enmienda de totalidad del Partido Popular, no tanto por razones de contenido, sino por las razones de procedimiento y de forma que he citado; contenido que podrá ser consensuado si continúan las coincidencias con el Partido Popular en ulteriores trámites, que insistimos, señorías, deben ser agilizados al máximo. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Para fijar la posición del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar defender la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que en este caso va a ser un «sí, pero» al proyecto de ley del Gobierno y un «no, pero» a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
El proyecto de ley consiste en la concesión de un crédito extraordinario para hacer frente a la aplicación del Decreto 808, que en realidad fue una transposición de una posibilidad europea para financiar actuaciones en nuestro país, el Reglamento de la CEE del año 1985 para mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. Lo cierto y verdad es que muchos agricultores podían acogerse a este Decreto para reformas de estructuras y recibir una subvención de la inversión que iban a acometer, aproximadamente del 35 por ciento si era para bienes inmuebles y del 20 por ciento si era para otra actuación. Muchos agricultores se fueron acogiendo a

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ello y estas ayudas, en lugar de transponer infraestructuras propias y adecuarlas a nuestra propia realidad, fueron destinadas a infraestructuras que repetían modelos que venían de fuera. Por tanto, se acometieron las inversiones y las comunidades autónomas no estaban comprometidas para hacer frente a la tramitación de este proyecto. Solamente aceptaban la petición, la tramitaban y el Estado central pagaba y hacía frente a su parte. Lo cierto y verdad es que se ha producido una descompensación y el importe, hasta el día 11 de junio del año 1992, era de 58.000 millones de pesetas. Las certificaciones que el Estado ya había pagado, fruto de este Decreto, eran de 35.000 millones de pesetas y quedaba todavía un tramo hasta el mes de diciembre del año 1992 que no se sabía la previsión de gasto que iba a tener. Lo cierto y verdad es que hoy nos encontramos con unos agricultores que hicieron una inversión, pidieron unos créditos, en algunos casos al 17 por ciento que hoy están pagando al 26 por ciento. Por tanto, si votáramos retirar o aplazar aún más esta cuestión significaría perjudicar a los propios afectados, pero, además, la solución pasaría por incorporar a los beneficios de este proyecto a las personas que se quedaron fuera.
Es verdad que el Gobierno modificó este Decreto por el Decreto 1887/1991, que este año y para reforma de estructuras, ha reducido a nivel del Estado, es decir, los Presupuestos Generales del Estado este año llevan 1.700 millones de pesetas menos que llevaban el año pasado para todas las actuaciones en reforma de las estructuras agrarias. Al Gobierno le ha fallado la política en reforma de estructuras como también le falló en lo que era la política de ceses del campo, las dos grandes reformas que hay que abordar dentro del campo español.
Señorías, hoy en el campo, a fecha del año 1991, el 50 por ciento de los agricultores son mayores de 55 años y menores de 39 años solamente el 8 por ciento. O se aborda de verdad una reforma de estructuras y se produce una incorporación de jóvenes a la estructuta productiva o el futuro de nuestro campo va a ser complicado.
Por tanto, la posición de Izquierda Unida es crítica con lo que ha sido la evolución del Gobierno, que se ha limitado a trasponer políticas europeas, sin amoldarlas a políticas autónomas que de verdad unieran lo que se propone a la realidad que tenemos aquí. Por tanto, lo que se ha conseguido es que, hoy, muchos jóvenes agricultores ya no lo son, habiéndose acogido a estos dineros; van a cobrar tarde el dinero que se les propone, pero van a abandonar la agricultura.
Por tanto, nuestra posición va a ser de apoyo al proyecto del Gobierno, aunque sea corto y aunque no obedezca a política propia, pero sí a obl contraídas con los agricultores de este país.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación de la enmienda presentada por el Grupo Popular a este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 122; en contra, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.


--SOBRE CONCESI'ON DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 13.464.683.902 PESETAS, PARA CANCELAR DEUDAS CON LA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE DERIVADAS DE ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 1986, 1987, 1988 Y 1989 (Número de expediente 121/000006)

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad correspondiente al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario par Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los ejercicios 1986 a 1989.
Enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, dada la hora y el tema que nos ocupa... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías.


El señor RIOS MARTINEZ: ...voy a ser breve para defender los motivos de la enmienda a la totalidad y las razones por las que el Grupo Parlamentario de izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no ha comprendido como tal crédito extraordinario este posible ajuste contable que se propone para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Nosotros creemos que, incluso, este crédito extraordinario no debiera ser tal crédito. La ley de Presupuestos del año 1990 en su artículo 56 autorizaba al Ministerio de Economía y Hacienda para que compensara las cantidades que el Estado debía de pagar a la Fábrica por los servicios que le presta y la participación en los beneficios que el Estado tiene como accionista de esta empresa.


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Lo cierto y verdad es que los Presupuestos Generales del Estado del año 1993 podían muy bien haber recogido en el artículo 22, concepto 220 ma los presupuestos del año 1993 esto que hoy viene como crédito extraordinario. No hubiera sido necesario que viniese como tal crédito extraordinario.
Desde nuestro punto de vista, desde el año 1990 a 1993 ha habido tiempo suficiente para que se produjesen todos los ajustes que hicieran falta en lo que puede ser esta compensación de deuda.
El otro razonamiento que tenemos es que el título hace referencia a los años 1986, 1987, 1988 y 1989 y, a la hora de mirar la memoria que se nos ha adjuntado, se nos dice que las labores oficiales realizadas por la Fábrica suman 13.464 millones en los años 1986, 1987, 1988 y 1989. Sin embargo, en la deuda, que viene como participación en los ingresos del Estado, la Memoria hace referencia a la deuda que tiene la Fábrica con el Estado en los años 1983, 1984 y 1985, y no hace referencia a lo que significan los ingresos que el Estado debiera de recibir en los años 1988 y 1989. Por tanto, está liquidando años totalmente distintos. Puede darse el caso, y me gustaría que se nos hubiese aportado, que el Estado ya hubiese pagado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en los años 1983, 1984 y 1985. Y puede darse el caso, también, que el Estado haya percibido de la Fábrica los años 1988 y 1989. Lo cierto y verdad es que la compensación debiera de producir un movimiento final de 39 millones de pesetas a favor del Estado.
Sin embargo, lo que estamos aprobando hoy es una partida presupuestaria para que la Fábrica pueda recibir del Estado trece mil y pico millones de pesetas, pero no sabemos de qué manera va a evolucionar el tránsito hacia acá. Desde nuestro punto de vista, se produce una limpieza contable en la Fábrica que va a tener unos ingresos para hacer frente a su propia realidad, pero no está establecida la compensación al propio Estado. Puede producirse o simplemente, al aplicarlo «de facto», se podría realizar. En suma, hubiéramos entendido mejor que los 39 millones se hubiesen producido como ingresos del Estado y se hubiese solucionado el problema.
En todo caso, entendemos que este crédito extraordinario viene hoy porque si todos los créditos extraordinarios que estamos aprobando hubiesen año 1993, el volumen de gastos del Estado hubiese sido muchísimo mayor y la diferencia entre los ingresos no recaudados y los gastos producidos aún hubiera sido bastante mayor.
Por tanto, nos da la impresión de que este crédito extraordinario obedece a una realidad de funcionamiento que debiera de haber sido por trámi es el motivo de nuestra enmienda a la totalidad. Entendemos que debiera de haber sido un proceso de incorporación a los Presupuestos Gener extraordinario en el año 1993. Nada más, señor Presidente.
Nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Turno en contra. (Pausa.) Tiene la palabra el señor Padrón, por el Grupo Socialista.


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, espero que por la brevedad de la intervención del repre dar y dada la hora, incluso pueda retirar la enmienda de totalidad.
Efectivamente, en la Ley de Presupuestos había una habilitación, pero esto no exime de que haya un reconocimiento explícito de la deuda que el Estado tiene con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y que tiene que ser reconocida, para efectuar esa cancelación, por una ley de crédito extraordinario que debe ser aprobada en Cortes. Por estas razones, y dado que en el año 1989 el organismo autónomo Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se reconvierte, en virtud de una autorización efectuada en la Ley de Presupuestos, en un ente de Derecho público de los que regula el artículo 6.1, apartado d) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, se produce un reconocimiento, análisis y fiscalización de las cuentas mutuas entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Estado, que lleva, efectivamente, a que en el año 1992 se inicie la tramitación del crédito extraordinario para compensar estas diferencias, que conduce a que se produzca la habilitación de este crédito extraordinario para compensar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, de las deudas hasta dicho año, a partir del cual ya la Fábrica Nacional efectúa sus ingresos y su tributación como una sociedad anónima normal, esto es, pagando sus impuestos e ingresando los beneficios correspondientes en el Tesoro. A estos efectos, quiero decir, para tranquilidad del señor Ríos, que en los años 1990-91 y 92 los beneficios antes de impuestos, que al final todo ha ido al Tesoro Público, fueron del orden de 4.500 millones de pesetas y que, por tanto, esto es una cosa anterior que hay que habilitarlo por una ley, que es lo que estamos haciendo. Por todo ello este proyecto de Ley de crédito extraordinario no tiene efecto monetario ninguno, pero para que se produza el correspondiente ajuste contable tiene que haber una ley que reconozca la deuda del Ministerio de Economía y Hacienda y la compensación con cargo a los beneficios que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tenía que haber entregado y que no entregó mientras se producía esta discusión.
Por estas razones, yo le pido al señor Ríos que retire la enmienda, que no tiene casi sentido, y que acabemos

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cuanto antes con este pleito interadministrativo que se soluciona con este crédito extraordinario.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
El señor Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, muchas gracias. Nos convence la explicación que se nos ha dado por parte del Grupo Socialista en cuanto a que no hay efectos económicos en el crédito extraordinario, sino que son ajustes contables, para lo que es imprescindible el que se tramite por ley. Por tanto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a retirar la enmienda a la totalidad.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos. Entiendo que la expresión «va a retirar» significa que la da por retirada.


--TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES (Número de expediente 121/000007)

El señor PRESIDENTE: Punto undécimo del orden del día.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de Ley de adaptación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley de Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales.
¿Grupos que deseen fijar su posición en relación con este proyecto de Ley? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación relativa al proyecto de ley de adaptación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley de Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 282; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.
(Rumores.) ¡Silencio!, señorías.


--PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONVENIO ECONOMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES (Número de expediente 121/000008)

El señor PRESIDENTE: Tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de adaptación del convenio económico entre e de Navarra a la Ley de Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 282.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.
Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.

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