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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 27, de 16/11/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 27 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 25 celebrada el martes, 16 de noviembre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 27.1, de 1 de octubre de 1993. (Continuación) (número de expediente 121/000013) (Página 1033) --Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 28.1, de 11 de octubre de 1993 (número de expediente 121/000014) (Página 1084) --Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 27.1, de 1 de octubre de 1993. (Continuación) (Página 1127) --Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 28.1, de 11 de octubre de 1993. (Final) (Página 1129)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 28, de 17 de noviembre de 1993.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas (Página 1033)

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. (Continuación) (Página 1033)

Título VI (Página 1033)

En defensa de las enmiendas del Grupo Popular interviene el señor García-Margallo y Marfil. Expone que las modificaciones en las normas tributarias que el Gobierno piensa introducir para el ejercicio de 1994 se han escindido en dos proyectos de ley: primero, el tradicional título de normas tributarias incluido en el proyecto de Presupuestos y que motiva su intervención en este momento; segundo, el proyecto de ley que contiene un conjunto de normas de vocación más permanente que se incluyen en la llamada Ley de acompañamiento.
Consiguientemente, cree que tiene poco sentido comentar las normas tributarias del proyecto de ley de Presupuestos de forma independiente a las comprendidas en el otro proyecto de ley. Aun así, va a intentar centrarse exclusivamente en las normas contenidas en el proyecto de Presupuestos, respecto de las que lo primero y más importante que tiene que decir es que el Gobierno socialista les tiene acostumbrados en esta materia a ir parcheando los aspectos que le parecen más importantes y que le pueden proporcionar una recaudación mayor, sea cual sea su coste en términos de equidad y de apoyo a la economía productiva.
Esa constante no se ha roto en este Presupuesto, en el que se proponen algunas medidas de relativa importancia para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, por primera vez desde 1978 se van a gravar las prestaciones por incapacidad permanente, total o parcial, y también por primera vez quiere el Gobierno que estén sujetas a gravamen las prestaciones por desempleo. Probablemente nada tendrían que objetar, desde el punto de vista teórico, a esta medida, pero sí tienen que hacerlo cuando el Gobierno elige este momento para realizar esa modificación, al mismo tiempo que abre brechas importantes en el Impuesto sobre el Patrimonio. Por otra parte, el Gobierno sabe que en el momento de presentar la declaración de la renta estos desempleados no van a alcanzar los mínimos necesarios para declarar, por lo que no van a estar sujetos de verdad al impuesto, con lo que lo único que se está haciendo es establecer una obligación de retención para anticipar dinero gratuitamente al Tesoro a cargo de las prestaciones por desempleo.
La tercera de las innovaciones también se incardina en esta corriente de ir recaudando fondos de donde sea y al coste que sea, sin tener en cuenta la capacidad económica de los perceptores de rendimientos. Así, no se va a ir a la escala que este Parlamento aprobó en la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta, pretendiendo que estas escalas comprendiesen un abanico entre el 18 y el 50 por ciento en 1993, ya que se vuelve a la escala anterior a la Ley de 1991, introducida torticeramente por un Decreto-ley. Esta falta de actualización del Impuesto sobre la Renta no sólo tiene efectos negativos en el área familiar sino extraordinariamente nocivos desde el punto de vista de la equidad, con grave perjuicio para los pensionistas y en general para los más débiles, cuando paralelamente se establecen determinadas deducciones para las sociedades.
Concluye afirmando que se ha esquilmado de tal manera el sistema tributario a lo largo de estos once años que el sistema fiscal ya no sirve para nada, ni para recaudar con justicia ni para utilizarlo como mecanismo de estabilización, como mecanismo de reacción y de corrección. En esta situación, las enmiendas que su Grupo presenta son aquellas posibles para mejorar un presupuesto que es hijo de una política económica que no les gusta y que nos ha llevado donde nos ha llevado.
Han intentado hacer unas enmiendas de mínimos, unas enmiendas que puedan ser apoyadas por los demás grupos parlamentarios.
Explica a continuación el contenido fundamental de las mismas.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que, al proceder a la reforma de la política impositiva del país, el Gobierno adopta una actitud regresiva, no haciendo pagar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen sino al contrario. Las propuestas que se presentan en los presupuestos, y concretamente por lo que se refiere al IRPF, van a suponer una subida en frío de los impuestos, al no deflactar la tabla del IRPF y que las rentas del trabajo tengan que hacer frente a todo lo que se va a dejar de recaudar de las sociedades, a las que se va a cobrar 439.000 millones menos. Izquierda Unida pretende decir al Gobierno y al Grupo Socialista dónde pueden conseguir los ingresos que necesitan sin tener que acudir a esa política de recortes sociales, como por ejemplo en las pensiones.
En cuanto a los impuestos locales, el Gobierno no ha sido capaz de modificar la participación de los

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ayuntamientos en la fiscalidad del Estado para que puedan hacer frente a sus deudas y, en cambio, se introduce un incremento del catastro del 3,5 por ciento, en una política de parches que no hace frente verdaderamente a la necesaria reforma fiscal. Seguidamente expone el contenido de las enmiendas de Izquierda Unida, quedando a la espera de conocer la postura del Grupo Socialista sobre las mismas.
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas presentadas, que entiende que se apoyan en una serie de criterios que figuraban en los programas electorales de algunos de los partidos que actualmente apoyan al Gobierno y que hacen referencia a un aumento de la inversión, fortalecer la formación profesional, incentivar el ahorro y moderar y adecuar a la baja los impuestos. Termina dando lectura a sus enmiendas números 126, 127 y 212.
El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV), manifiesta que las medidas fiscales contempladas en estos Presupuestos y en el proyecto de ley que los acompaña son altamente insuficientes, desde su punto de vista. La situación de crisis generalizada, particularmente en el sector industrial, exigía la adopción de otras medidas fiscales por parte de la Administración pública de cara a conseguir la reactivación económica y el empleo. Aun reconociendo el escaso margen de maniobra como consecuencia del déficit público, considera que deben adoptarse medidas de apoyo que devuelvan al sector privado el protagonismo económico y actúen de motor de la reactivación económica. Piensa asimismo que las pequeñas y medianas empresas deben ser el objeto central de las medidas fiscales, ofreciéndoles incentivos fiscales para la inversión y la creación de empleo. Analiza a continuación las modificaciones fiscales contempladas en los Presupuestos, lamentando que en las mismas se pretenda no sólo consolidar los ya muy elevados tipos de impuestos sobre la renta sino aumentar la presión fiscal efectiva con medidas como la inclusión del desempleo. Entienden que una buena técnica tributaria exige, por lo menos, deflactar las tarifas en la inflación esperada y actualizar las deducciones. Expone seguidamente sus enmiendas relativas al Impuesto de Sucesiones, donde observan algunas novedades importantes, así como en relación con el IVA, esperando que estas enmiendas merezcan la aceptación de esta Cámara y del Gobierno.
En representación del Grupo de Coalición Canaria defiende las enmiendas presentadas el señor Mardones Sevilla. Manifiesta que mantienen las enmiendas números 1.216 y 1.217, destinadas a perfeccionar aquellas lagunas, ausencias o deficiencias que existen en la norma tributaria específica para Canarias.
En turno en contra de las enmiendas al Título VI interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor García Ronda. Señala que no va a realizar un análisis pormenorizado de las enmiendas defendidas a este título porque ya en Comisión tuvieron ocasión de debatirlas ampliamente, por lo que intentará contestar a lo que le ha parecido más granado de los discursos de esta mañana.
Comenzando por el Partido Popular, su portavoz ha insistido en el tema del gravamen a las prestaciones por desempleo, respecto de lo que ha dicho inicialmente que nada tenía que objetar, a pesar de lo cual ha añadido una serie de consideraciones sobre el particular. Está de acuerdo con el enmendante en que en la mayoría de los casos quienes reciban estas prestaciones no alcanzarán los mínimos que les obligarían a tributar, por lo que cualquier retención que haya se les devolverá en el momento de hacer la declaración de la renta, que les saldrá negativa.
En cuanto a la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuestión a la que han aludido varios enmendantes, considera lógico que haya habido que retrasar la puesta en vigor de la nueva escala, habida cuenta de las circunstancias económicas del momento, que obligan en ocasiones a tener la flexibilidad suficiente como para adaptarse a las mismas, sobre todo cuando se trata de algo que no supone una cuestión sustancial, como es el asunto de las tarifas.
Respecto al Grupo de Izquierda Unida señala que siempre tratan de llevar la cuestión a lo que pudieran ser principios ideológicos, pero él no va a entrar a discutir en este momento sobre qué es progresivo o regresivo. Simplemente tiene que decir que considera que progresivo en este momento es ser realista, ayudar a que la actividad económica se levante, y es regresivo empecinarse en mantener las cosas como están, sean cuales sean las circunstancias en que se hallen inmersos.
Sobre este particular, cree que el enmendante ha adolecido en parte de este empecinamiento, de este inmovilismo en determinadas líneas.
A Coalición Canaria tiene que decirle que no considera necesario modificar la cuestión tal como hoy está planteada y que no añadiría nada nuevo al propio régimen de Canarias la aceptación de estas enmiendas.
En cuanto al señor González Lizondo y al Grupo Vasco (PNV), se limitan a pedir, al igual que otros grupos parlamentarios, menos impuestos, con lo que, por desgracia, sus enmiendas no cumplen la

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necesidad de conjugar recaudación con incentivación de la actividad económica.
En definitiva, como ya tuvo ocasión de decir en Comisión, parece que unos y otros enmendantes simplemente querían ponérselo difícil al Gobierno, un Gobierno que ha de actuar, y hoy más que nunca, con realismo, con eficacia, endeudando lo menos posible a la nación, teniendo en cuenta la capacidad económica, la neutralidad fiscal y la distribución de recursos posibles.
Replican los señores García-Margallo y Marfil, Ríos Martínez, González Lizondo, Zabalía Lezamiz y Mardones Sevilla, replicando el señor García Ronda.


Título VII y Secciones 32 y 33 (Página 1052)

El señor Rajoy Brey defiende las enmiendas del Grupo Popular, manifestando que han pedido la devolución al Gobierno de esta normativa sobre financiación de las corporaciones locales sencillamente porque lo que dice el proyecto de presupuestos no es verdad, habida cuenta de que la normativa para determinar la participación de las corporaciones locales a partir del año 1994, según establece la Ley de Haciendas Locales, aún no se ha aprobado, con lo que las cantidades que figuran en estos Presupuestos las establece el Gobierno en base a los criterios que el mismo estima convenientes. Además, son cantidades provisionales, ya que la fijación definitiva de las mismas depende de una norma legal que en su día tiene que aprobar esta Cámara. No le parece que esta sea una forma sería de gobernar, ya que lo lógico sería plasmar en el proyecto de ley las cantidades que corresponden a las normas legales previamente aprobadas, puesto que en otro caso, como va a ocurrir aquí, lo aprobado es papel mojado.
Tampoco pueden aceptar esa cifra establecida a ojo por el Gobierno, porque la misma en ningún caso supone aumento respecto de la establecida para 1993. Añade que esta forma de gobernar es la que ha provocado una parte de los gravísimos problemas de nuestras corporaciones locales y que se han puesto de manifiesto en la última reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias celebrada en La Coruña, donde muchos señores, algunos Diputados de esta Cámara, han dicho todo lo contrario de lo que van a votar hoy aquí. Le gustaría que el Gobierno explicase cómo unas corporaciones locales pueden planificar sus actividades para el futuro y aprobar sus presupuestos si en esta fecha aún no conocen, ni siquiera aproximadamente, qué es lo que van a recibir del Estado en concepto de participación en los tributos estatales para el año que viene. Por si fuera poco, tampoco saben si se va a cambiar y cómo será la fórmula que en su día se apruebe.
Lógicamente, su Grupo no puede aprobar una cifra que se les dice que se fijará cuando esta Cámara apruebe los criterios legales para establecerla, porque lo consideran poco serio.
Añade que todas las enmiendas parciales presentadas a este título responden a lo que lleva dicho hasta este momento y pretenden lisa y llanamente establecer un sistema claro sobre la financiación de las corporaciones locales para el año 1994, previendo, además, que si el Gobierno no aprueba el nuevo sistema se aplique el antiguo, contemplado en la Ley de Haciendas Locales.
Alude a algunas de las enmiendas concretas referidas a la financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas, manifestando que en la financiación de estos entes territoriales no deberían existir discrepancias entre los grupos políticos, porque no es un tema de fuerte contenido ideológico ni de gran carga política, pero siempre se encuentran con una inoperancia del Gobierno que les impide llegar a un entendimiento.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señalando que no sería bueno, en asuntos como el que les ocupa, pasar de puntillas sobre una realidad que afecta al funcionamiento del Estado en su vertiente más cercana a los ciudadanos, haciendo aparecer a los entes municipales y regionales como derrochadores de recursos y poco ajustados en la administración de los mismos, sin plantearse de verdad cómo deben participar en los ingresos del Estado las distintas administraciones que lo componen. Su Grupo cree que la participación de estos entes territoriales en los ingresos del Estado no es ajustada, no habiéndose conseguido una buena distribución de los impuestos, de manera que de cada cien pesetas recaudadas puedan llegar 25 a los entes locales, otras 25 a las comunidades autónomas y las 50 restantes para atender los servicios que presta la Administración central.
Añade que tampoco se ha logrado que los españoles que viven en los distintos lugares geográficos reciban la misma calidad de servicios, ni se ha hecho el esfuerzo necesario para superar viejos desequilibrios a fin de situar a todos cara al futuro en idénticas situaciones para ejercer su libertad y sus posibilidades de desarrollo. En este sentido, muestran su discrepancia con la propuesta y distribución de fondos que plantea el proyecto, entendiendo que hay que comprometer más al Estado para que, por ejemplo, en inversiones en infraestructura se invierta el 50 por ciento en las regiones más desfavorecidas,

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permitiendo corregir los actuales desequilibrios.
Explica el contenido concreto de las enmiendas más importantes a este título y secciones concordantes, así como las modificaciones presupuestarias que entrañan para conseguir los fines anteriormente reseñados, esperando que merezcan la aceptación de la Cámara.
El señor Martín Menis defiende las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, señalando que a través de las mismas pretenden corregir una situación de agravio comparativo en relación con el resto de ayuntamientos y diputaciones del Estado. Si nadie discute la grave situación por la que atraviesan estos entes territoriales, debe tenerse también en cuenta que los ayuntamientos y cabildos canarios pasan por una situación especial que les sitúa en peores condiciones que los restantes entes locales del Estado. Los elevados costes de los servicios que prestan los municipios del archipiélago, indudablemente más caros que en el resto del Estado, cree que les hacen acreedores, como ha ocurrido a lo largo de la historia, a alguna fórmula de financiación propia para permitirles prestar esos servicios con una calidad similar a la existente en el resto del Estado.
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas presentadas, la primera de las cuales va encaminada a que el área metropolitana de la ciudad de Valencia sea considerada como tal en los Presupuestos Generales, dando por finalizada la pertinaz marginación con que se viene tratando a dicha área en relación con las de Madrid y Barcelona.
La segunda enmienda, presentada a la Sección 33, pretende la devolución de la misma en cuanto que discrimina nuevamente a la Comunidad Valenciana, que ha sufrido unas bajadas importantes en los Fondos de Compensación Interterritorial.
El señor Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), da por defendida su enmienda número 1.195, remitiéndose expresamente a la argumentación expuesta en el debate de Comisión.
El señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), pide que se mantengan las enmiendas de su Grupo a efectos de votación.
En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente, interviene, en representación del Grupo Socialista, la señora Aroz Ibáñez. Comienza expresando su acuerdo con el portavoz del Grupo Popular en el sentido de que en la financiación de los entes locales y las comunidades autónomas no debería haber discrepancia entre los Grupos de la Cámara. Desde el Grupo Socialista comparten esta manifestación, pero para poder llegar a un acuerdo sería necesario que el Grupo Popular realizase un diagnóstico más riguroso de los problemas con que se enfrentan y unas manifestaciones más ajustadas en relación con el proyecto de Presupuestos para 1994. Sobre éstos en concreto tiene que reiterar lo que han venido diciendo desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista a lo largo de los debates previos en torno a que los presupuestos del Título VII y de las correspondientes secciones 32 y 33, que contienen los créditos destinados a las corporaciones locales y las comunidades autónomas, son los derivados de las normas legales relativas a su sistema de financiación. Rechaza también que exista ninguna indefensión en torno a las cantidades que van a percibir dichos entes territoriales, citando al efecto cifras concretas que figuran en el proyecto de ley.
Formula otra serie de consideraciones en torno a la fijación del nuevo sistema de financiación de estos entes y a las negociaciones sobre el particular, rechazando que exista ninguna situación de incumplimiento por parte del Gobierno.
Añade que buena parte de las argumentaciones anteriores, referidas al portavoz del Grupo Popular, son también aplicables a algunas de las objeciones planteadas por el representante de Izquierda Unida.
Finalmente expone la postura del Grupo Socialista en relación con las enmiendas concretas defendidas por los representantes de los diversos grupos parlamentarios en relación con este título y secciones.
Completa el turno del Grupo Socialista el señor Padrón Delgado para contestar a las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, anunciando que se va a estudiar el problema planteado para ver si en sucesivos trámites se encuentran fórmulas que permitan atender estas peticiones.
Replican los señores Rajoy Brey, Ríos Martínez, González Lizondo y Gatzagaetxebarría Bastida, duplicando la señora Aroz Ibáñez.


Título VIII (Página 1069)

El señor Fernández-Miranda y Lozana da por defendidas las enmiendas del Grupo Popular, remitiéndose a lo expuesto por su compañero señor Núñez en el debate del Título III.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a través de las cuales pretende la reordenación de organismos autónomos y entidades públicas que el Gobierno se autoriza para realizar durante el próximo

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ejercicio en base a unas pretendidas razones políticas. Su Grupo cree que la supresión de un organismo autónomo o de cualquier entidad pública, empresa pública u organismo comercial debe debatirse en esta Cámara. En todo caso, como no es su deseo poner obstáculos a la toma de decisiones por el Ejecutivo, solicitan que, una vez adoptada la decisión correspondiente por el Consejo de Ministros, se tramite en esta Cámara para que todos los grupos políticos puedan expresar su opinión y obtener cualquier tipo de información.
Otra de las enmiendas hace referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y concretamente a su modo de funcionamiento y resultados.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Pérez González. Recuerda que el año anterior fue también encargado de dar respuesta a las enmiendas presentadas a este título y cree que las enmiendas defendidas hoy por el señor Ríos son similares a las planteadas el año anterior, por lo que tratará de no repetir más allá de lo necesario los argumentos entonces expuestos. Respecto a la supresión o transformación de organismos públicos no debe tener temor el señor Ríos porque al final del artículo noventa y siete se establece la dación de cuentas del Gobierno. Además, nada obsta para que, en aras a libertad de la Cámara y de los Grupos Parlamentarios, se reclame esta información cuando se estime conveniente. Respecto a la última enmienda del señor Ríos señala que su planteamiento es genérico y hablan de reflexionar sobre el sistema de actuación, cuando más que reflexionar habría que estudiar cuál ha sido la práctica y la operatividad de la Agencia de Administración Tributaria.
En consecuencia, considera que no procede aceptar ninguna de las enmiendas de Izquierda Unida.
Replica el señor Ríos Martínez, duplicando el señor Pérez González.


Título IX (Página 1072)

El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que comprenden los números 1.341 a 1.348. Alude al difícil momento por el que atraviesa la Seguridad Social como consecuencia de la crisis económica, que está produciendo un importante proceso de destrucción de empleo que conlleva la pérdida del número de cotizantes a la Seguridad Social y, simultáneamente, el incremento del número de beneficiarios de las distintas prestaciones. Consiguientemente, se está produciendo una situación de dificultad financiera de la Seguridad Social, habiéndose producido diversas posiciones que plantean como objetivo prioritario el recorte de prestaciones, mientras que la postura de Izquierda Unida es dar prioridad a la dotación de recursos suficientes para la Seguridad Social. Dicha filosofía se encuentra detrás de todas sus enmiendas a este título, con el fin de dotar a la Seguridad Social de los medios adecuados y, posteriormente, plantear las adaptaciones que sean adecuadas a la situación de crisis.
El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), manifestando que se trata de dos enmiendas que fueron objeto de prolijo debate en Comisión, por lo que no dedicará mucho tiempo a su defensa. A través de estas enmiendas se pretende, en primer lugar, que a los directivos y empresarios de pequeñas y medianas empresas se les dé opción para permanecer dentro del régimen de la Seguridad Social sin que, como ocurre en estos momentos, se les dé de baja de oficio pasando al régimen de autónomos. Otra pequeña disfunción que pretenden corregir afecta a los trabajadores directivos y empresarios también afiliados al régimen de autónomos de la Seguridad Social y que tengan entre los 49 y 55 años. Esta Ley de Presupuestos les impide que puedan optar a algo que anteriormente podían hacer legítimamente si lo deseaban, es decir, acudir a la base máxima de cotización prevista en el régimen de autónomos de la Seguridad Social.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Cercas Alonso, que considera bien argumentadas las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), por lo que es propósito del Grupo Socialista que sean objeto de debate y, en su caso, de transacción, a la vista de las soluciones que se puedan ofertar sobre el particular.
Anuncia que su Grupo votará a favor de la enmienda 1.201 y ofrecerá una transacción respecto a la número 1.200 cuyo texto hará llegar a la Mesa. En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida no van a poder aceptarlas, no porque no estén de acuerdo con la filosofía expresada por el señor Peralta sino porque, en todo caso, es el momento, no de recortar derechos a los trabajadores, sino de acudir a subvenir las necesidades financieras del sistema para que éste pueda seguir cubriendo sus finalidades protectoras, que es su razón de ser. Pero, estando de acuerdo con esta filosofía, cree que las enmiendas presentadas conducirían a un camino equivocado para la resolución de estos problemas.
Replican los señores Peralta Ortega y Olabarría Muñoz, duplicando el señor Cercas Alonso.


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Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas a lo largo de la sesión de la mañana, así como al texto correspondiente a los Títulos VI, VII y Secciones 31 y 32, y Título VIII y IX, que son aprobados.


Se suspende la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos (Página 1078)

El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que abarcan los números 1.350 a 1.384, centrando su intervención en aquellas que considera más relevantes. Comienza refiriéndose al tema de las indemnizaciones en favor de los represaliados políticos, sobre el que ya se pronunció este Parlamento en la anterior legislatura, y solicita concretamente que se sustituya la fecha de 31 de diciembre de 1990 por la del 31 de diciembre de 1994, como plazo máximo para la presentación de solicitudes, abriendo al efecto un nuevo plazo con carácter excepcional para la presentación de aquéllas.
Otras enmiendas se refieren a temas relacionados con la igualdad, planteando al efecto la creación de una Secretaría de Estado para la mujer y un fondo de garantía para pensiones alimentarias, que constituye una necesidad evidente. El Gobierno ha manifestado ya en alguna ocasión su posición favorable a este fondo e Izquierda Unida cree que es el momento de hacer realidad tal propósito.
Alude a algunas otras enmiendas encaminadas a avanzar en la línea de igualación de derechos como, por ejemplo, en favor de las parejas de hecho, y al establecimiento de cláusulas en favor de los minusválidos en las ofertas públicas de empleo, destacando, por último la que hace referencia a que la retribución de personal de reemplazo en el servicio militar tenga la adecuación que se preveía en la Ley vigente.
El señor Fernández-Miranda y Lozana da por defendidas en sus justos términos las enmiendas del Grupo Popular, solicitando que sean sometidas a votación posteriormente.
El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV), da igualmente por defendidas las enmiendas presentadas y solicita que sean sometidas a votación.
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, interviene en relación con las enmiendas presentadas a estas disposiciones, remitiéndose a los argumentos empleados en el debate en Comisión, que siguen siendo plenamente válidos. No obstante, tiene especial interés en hablar en relación con la enmienda presentada a la disposición adicional para la consecución de un acuerdo económico como modelo de financiación de la Comunidad Autónoma Valenciana, modelo al que aspiran y que es el que en estos momentos tienen ya dos comunidades autónomas.
Se trata de la concertación económica que da realidad al Estado de las autonomías. Considera que no es casualidad que sistemas similares se estén utilizando actualmente en los países más avanzados del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Suiza o Alemania. Se trataría de conciertos económicos solidarios y generalizables a todas las comunidades autónomas que lo deseen, considerando que la recuperación económica de la Comunidad Valenciana depende de manera determinante de la modificación y del sistema de financiación actual.
Finalmente alude a la enmienda 138, relativa a los damnificados por la rotura de la presa de Tous en el año 1982, resaltando que al cabo del tiempo transcurrido, se encuentran todavía pendientes de un juicio o de unas indemnizaciones que no han llegado. Cree que es el momento de reparar estos daños, para lo que pide el voto a favor de su enmienda.
El señor Martín Menis, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, defiende en primer lugar la enmienda 1.228, postulando una disposición adicional nueva para que los fondos del Instituto Nacional de Empleo sean repartidos de acuerdo con criterios objetivos que proponga el propio Gobierno para evitar lo que viene sucediendo, por ejemplo, en los ayuntamientos de la isla de Tenerife donde, según el color político de los correspondientes ayuntamientos, la cantidad de pesetas por habitante percibidas varía ostensiblemente.
Asimismo mantiene y da por defendida la enmienda 1.229, por la que pretenden añadir una nueva disposición adicional.
El señor Peralta Ortega, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, retira el voto particular formulado.
En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente interviene, en representación del Grupo Socialista, el señor Jerez Colino, que comienza agradeciendo a los enmendantes el tono de sus intervenciones. Empezando por el final, señala al representante de Coalición Canaria que el tema del reparto de los fondos del Inem más bien parece un comportamiento específico que se da en las islas, ya que entiende que la distribución general de estos fondos se hace con carácter objetivo y con arreglo a disposiciones previas sobre el particular. Si existe alguna situación que no se ajusta a este sistema

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es bueno hacer la denuncia de la situación concreta.
En cuanto a las restantes enmiendas, que parece que se dan por defendidas, simplemente ha de decir que no pueden ser admitidas. Así, por ejemplo, el señor González Lizondo está repitiendo sistemáticamente una enmienda sobre el sistema de financiación a la manera foral cuando sabe perfectamente que es imposible admitirla en estos momentos, y no ya por voluntad de esta Cámara sino del propio pueblo valenciano, que en su momento se pronunció claramente en favor del sistema de financiación de la LOFCA.
Respecto al viejo tema de Tous sería bueno que los análisis fuesen completos y no hablar simplemente de lo negativo. En este sentido podrían mencionarse las importantísimas inversiones realizadas en la zona, que superan los 120.000 millones de pesetas. También conoce el enmendante que el Gobierno ha expresado su mejor voluntad para atender a los damnificados.
Respecto a Izquierda Unida le permitirán que haga una contestación general, ya que el conjunto de enmiendas presentadas a estas disposiciones o bien implican aumento de gastos o disminución de ingresos. Con independencia de que las intenciones sean buenas, la realidad es que no pueden asumir estas enmiendas en las circunstancias por las que atravesamos en estos momentos.
Respecto al Grupo Popular señala que asumen una transacción en relación con la enmienda 392, que espera que sea aceptada por el propio Grupo Popular. Por otra parte, aceptan la enmienda número 400, de adición a la disposición adicional 17, apartado 1.3.
Replican los señores Peralta Ortega, González Lizondo y Martín Menis, duplicando el señor Pérez Colino.


Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo (Página 1084)

Título I y disposiciones concordantes (Página 1084)

El señor García-Margallo y Marfil defiende las enmiendas del Grupo Popular, señalando que este debate constituye la segunda parte del que han tenido esta mañana. Reconoce que ha entendido muy poco la argumentación del portavoz socialista esta mañana para rebatir lo que él expuso en nombre del Grupo Popular, afirmando que toda la filosofía que se puede encontrar en los textos que el Gobierno ha remitido a la Cámara es la de extraer dinero de donde puedan, con la máxima rapidez y la máxima facilidad posible, rompiendo así la línea de menor resistencia del contribuyente. Esta mañana el Grupo Socialista, con la complicidad y colaboración de los Grupos que apoyan al Gobierno, ha decidido que las prestacines por incapacidad permanente y por desempleo tributen por primera vez en España en el Impuesto sobre la Renta, a sabiendas de que no están sujetas a pagar el impuesto definitivamente. Se les va a exigir un ingreso a cuenta de una obligación que no existe, exclusivamente para sacarles el dinero y devolvérselo varios meses después sin intereses. También han decidido que no se puede actualizar la tarifa del Impuesto sobre la Renta y las deducciones familiares atendiendo a las variaciones de los precios, lo que supone un aumento de la presión fiscal, especialmente para las clases menos favorecidas. Completan la faena estableciendo que aquellas 500.000 pesetas que un español pudiese obtener de vender sus participaciones en una institución de inversión colectiva, que antes no pagaban impuesto, ahora lo van a pagar.
En materia del Impuesto sobre el Patrimonio afirma que si su grupo hubiese propuesto algún día lo que este Gobierno propone en el proyecto de ley habría que escuchar los discursos que harían los socialistas sobre el interés del Grupo Popular de favorecer a los ricos y perjudicar a los pobres. El Gobierno socialista declara la exención del Impuesto sobre el Patrimonio en favor de aquellas personas que tengan acciones en determinadas sociedades de carácter familiar, formulando una definición de las mismas que implica que cualquiera que sea el capital o las participaciones estarán exentas del impuesto.
Respecto al Impuesto al Valor Añadido establecen una medida que califica de cómica, frente a todo lo cual el Grupo Popular formula unas enmiendas que ya esta mañana calificaba de mínimas en una situación difícil de déficit público y con espíritu de sacar a este país de la crisis y no crear al Gobierno más dificultades que las que él mismo se crea.
Termina explicando el contenido concreto de algunas de sus enmiendas.
Por alusiones, interviene el señor Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), replicando el señor García- Margallo y Marfil.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que la propuesta que les presenta el Gobierno y el Grupo Socialista ha defendido en el trámite de Comisión, viene a decir que para estimular

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el empleo hay que introducir medidas que incentiven a las empresas, a través de exenciones fiscales o determinados apoyos en los impuestos de Sociedades, del Patrimonio y del IVA. En esta ley se proponen unas exenciones fiscales respecto de las que Izquierda Unida afirma que hay que reducirlas y limitarlas a políticas concretas y no aplicarlas indiscriminadamente. No considera positiva esta Ley de acompañamiento, pues no va a significar más empleo, más recuperación de la inversión y sí menos recaudación para las arcas del Estado. Concluye explicando el contenido de las enmiendas de su Grupo a este primer título del proyecto de Ley.
El señor Zabalía Lezamiz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), afirmando que al debatir las medidas fiscales en dos proyectos de ley distintos se está produciendo una duplicidad argumental en lo que se refiere a la política tributaria del Gobierno a corto plazo. Añade que, después de pasar el trámite de Comisión, teme que este debate va a ser estéril, a pesar de lo cual insiste en sus argumentos para tratar de conseguir que las medidas que se aprueben tengan un contenido asumible por todos.
Insiste en lo manifestado por la mañana en el sentido de que el Gobierno pretende pasar de puntillas por los impuestos sobre la Renta, de Sociedades, del Patrimonio y de Bienes Inmuebles, hasta el punto de que cree que lo que está haciendo es mucho ruido y pocas nueces. No obstante, reitera su posición sobre estos impuestos, aludiendo al contenido de las enmiendas de su Grupo Parlamentario, aun a sabiendas de lo que le va a contestar el portavoz socialista.
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas presentadas, sobre las que afirma que ya se debatió con amplitud en Comisión.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor García Ronda, coincidiendo con otros intervinientes en la imposibilidad de evitar una remisión a las argumentaciones puestas de relieve en la sesión de la mañana.
Consiguientemente, para evitar ser reiterativo intentará limitarse a fijar la posición del Grupo Socialista en relación con las enmiendas formuladas por los diversos Grupos Parlamentarios.
Replican los señores García-Margallo y Marfil, Martínez Blázquez y Zabalía Lezamiz, duplicando el señor García Ronda.


Título II y disposiciones adicionales y transitorias concordantes (Página 1101)

El señor Núñez Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular, manifestando que una primera aproximación al Título II de este proyecto de ley denota que el Gobierno, de forma vaga, fragmentaria e inoportuna, además de técnicamente deplorable, acomete la urgente tarea de llevar a cabo la reforma administrativa que España viene demandando desde la consumación de la primera fase de transferencias y traspasos a las comunidades autónomas. Añade que antes de afrontar la reforma del régimen funcionarial, que tan torpemente se intenta, la Administración del Estado debería proceder a una reestructuración de su aparato orgánico, a fin de determinar el tamaño ideal de su estructura orgánica y la mejor ordenación de ella para cumplir los fines generales y específicos.
Califica de máquina de liquidar funcionarios o instrumento de reconversión salvaje al Título II del proyecto de ley, ante el que cabe preguntarse por las razones que han llevado al Gobierno a su elaboración. Quizá se deba a la angustia que ocasiona en el ánimo del Gobierno las dimensiones de la carga financiera que representa el importante volumen de personal infrautilizado, o puede tratarse de una mera operación de despiste encaminada a demostrar a las centrales sindicales que están dispuestos a dar el primer paso adelante para asumir las obligaciones y sacrificios que exigen aquéllas en la negociación ante el pacto social. Puede tratarse también de un globo sonda para poner a prueba las reacciones de los funcionarios ante la posibilidad de adoptar en el futuro las medidas que ahora anuncian como inminentes.
Respecto al pretendido ahorro con estas medidas, afirma que la Ley puede resultar carísima y hasta casi ruinosa para las arcas del Estado, al regular hasta seis supuestos de percepción de retribuciones sin contraprestación laboral.
Pregunta si se puede pedir el voto favorable a la Cámara para un proyecto de ley que es una pura incógnita y un puro derroche de medios. En cuanto a los planes de empleo, constituyen el segundo defecto grave del proyecto por la indeterminación con que se diseñan, tras los reiterados fracasos en los planes de reforma y modernización administrativa que con gran despliegue de medios propagandísticos ha intentado llevar a cabo el Gobierno, sin lograrlo. Otro motivo de su oposición al proyecto lo justifica el procedimiento utilizado al echarse mano de un proyecto de ley donde se mezclan medidas de orden fiscal, de protección para el desempleo y de función pública, cuando una cuestión de esta trascendencia debería merecer un tratamiento legal autónomo.


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Termina haciendo una breve referencia a las enmiendas parciales al articulado, pretendiendo que las medidas que se proponen sean lo menos dañinas posible.
El señor Martínez Blasco defiende las 38 enmiendas que el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado a este título del proyecto de ley, destacando el contenido de algunas de ellas, principalmente las relacionadas con los planes de empleo, que es una novedad del proyecto de ley que no les disgusta, como ya dijeron en Comisión, aunque a través de sus enmiendas pretenden concretar el contenido del proyecto en algunos aspectos. Termina defendiendo la enmienda número 26, de totalidad al Título, en cuanto que se trata de un proyecto que quiere dejar las manos libres a los administradores para reducir plantillas y abaratar los costes de la reestructuración. Considera que lo más oportuno sería que este Título II se excluyera de la Ley, que no es imprescindible, ni necesario ni conveniente de cara a los Presupuestos de 1994.
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), calificando de sorpresiva la actitud del Gobierno al plantear una modificación importante del régimen de la función pública con esta urgencia e inmediatez, sin acompañar el dictamen del Consejo Superior de la Función Pública, con lo que puede ponerse en tela de juicio su legalidad, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Agrega que se trata de una ley que se viene a unir a una normativa ya muy dispersa y con la que se trata de modificar en un 90 por ciento la Ley aprobada el pasado mes de abril.
Entiende que lo procedente sería realizar una regulación global del personal al servicio de las administraciones públicas en vez de continuar con reformas parciales que parchean puntualmente la normativa general de la función pública.
Respecto a la nueva figura de los planes de empleo, a su Grupo le parece bien que éstos existan, pero ha de ser con la garantías debidas para que esta figura sea efectiva.
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, da por defendidas sus enmiendas.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Varela Flores. Comienza refiriéndose al señor Núñez, que, a diferencia del resto de los enmendantes, ha hecho una exposición descalificadora de todas las reformas de la función pública realizadas en los últimos diez años sin que paralelamente proponga nada alternativo. Ha tratado toda la reforma realizada de vaga, fragmentaria, inoportuna, torpe, fracasada y confusa, sin encontrar nada bueno en el trabajo hecho, que personalmente piensa que ha consistido en adaptar la función pública española a las necesidades de una Administración moderna. Le preguntaría si conoce realmente el proyecto que tiene el Partido Popular para la función pública a la vista de su permanente afán destructivo. Cree llegada la hora de que empiecen a plantear algo constructivo, alguna propuesta de carácter alternativo.
Reitera que las modificaciones realizadas a lo largo de estos años han ido encaminados a adaptar las nuevas estructuras administrativas a los servicios que demandan los ciudadanos, si bien dichas modificaciones no son suficientes en el tiempo, ya que en cada momento han de continuar adaptándose a las necesidades del servicio, y en el presente caso vienen determinadas por una política restrictiva en cuanto al gasto.
Alude a continuación a los planes de empleo como elemento justificativo del proyecto de Ley, y con los que se pretende dotar a la Administración del instrumento legal para que pueda abordar la reestructuración necesaria, asignando con objetividad los recursos humanos disponibles y determinando las necesidades de nuevas incorporaciones a través de la oferta pública de empleo. Explica las características de dichos planes y las nuevas situaciones administrativas que se crean, y termina mostrando la oposición del Grupo Socialista a las enmiendas a este Título del proyecto de Ley.
Replican los señores Núñez Pérez, Martínez Blasco y Gatzagaetxebarría Bastida, duplicando el señor Varela Flores.


Título III y disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales concordantes (Página 1115)

La señora Villalobos Talero defiende las enmiendas del Grupo Popular, manifestando que las modificaciones que se producen en materia de protección por desempleo hubieran necesitado un ámbito más sosegado que el de una Ley de acompañamiento de los Presupuestos. Si a ello se une que en el trámite de Comisión se han aprobado enmiendas a la Ley de Seguridad Social que afectan a cuestiones totalmente diferentes a la protección por desempleo, y que impiden al resto de los Grupos plantear iniciativas en torno a esta situación, el problema se agrava aún más.
A continuación se refiere al contenido de las enmiendas presentadas por su Grupo, no sin reconocer que posiblemente todo lo que están discutiendo hoy aquí sea tiempo perdido.


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El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, destacando la máxima importancia del tema que les ocupa, siendo la posición de Izquierda Unida de oposición clara y rotunda el proyecto de Ley por muchas razones. En primer lugar, porque se produce un recorte muy importante en los niveles ya bajos de protección por desempleo de nuestro país y que afectan además a una cantidad sensiblemente inferior al número de desempleados.
Otra razón de peso para esta oposición es el informe elaborado por el Consejo Económico y Social, informe bastante equilibrado y del que significativamente el Gobierno prescinde prácticamente en su totalidad. En tercer lugar está la propia incorrección de las modificaciones contenidas en el proyecto de Ley, resultando sorprendente que en un nivel de grave recesión de nuestra economía se pretenda con estas medidas incidir aún más deprimiendo el consumo. Pero el error más palmario y grave es el establecimiento de la incompatibilidad de las prestaciones por desempleo con las indemnizaciones, que la propia realidad ha puesto de manifiesto, obligando al Gobierno a rectificar, aunque la previsión normativa sigue estando en el texto del proyecto.
Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Frutos Gras, haciendo referencia a las números 84 y 85, propugnando unos Títulos IV y V nuevos, sobre fondos de inversión obligatoria, con el exclusivo objetivo de crear empleo, así como en relación a las jubilaciones y horas extraordinarias, que en este momento se están haciendo de forma desmesurada en el conjunto de un mercado español en recesión y crisis.
El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), a las que califica de naturaleza parcial y específica. Se trata concretamente de enmiendas a los artículos 28, 31 y 34, exponiendo el contenido de las mismas.
En turno en contra de las enmiendas defendidas interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Arnau Navarro, manifestando que su Grupo Parlamentario ha tenido muy en cuenta el artículo 41 de la Constitución, que ordena a los poderes públicos garantizar prestaciones sociales suficientes en situación de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
Contesta, por otro lado, a quienes han calificado de pobre a nuestro sistema de protección por desempleo, afirmando que, a la vista de los datos, éstos nos indican que se trata de uno de los más generosos de los países de la Unión Europea. Expone algunas características del proyecto, afirmando que el mismo no discrimina a nadie ni afecta negativamente a los derechos subjetivos de nadie, y reforma en cambio el régimen jurídico de la protección por desempleo, perfeccionándolo en la medida en que se hace más solidario y que obliga a los trabajadores a buscar activamente empleo, y protege a éstos así como a los cotizantes y a los contribuyentes, por lo que lógicamente contará con el apoyo del Grupo Socialista.
Replican la señora Villalobos Talero y los señores Peralta Ortega y Frutos Gras, duplicando el señor Arnau Navarro.


Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. (Continuación.) (Página 1127)

Votación de las disposiciones adicionales, transitorias y finales y anexos.
Se procede a las votaciones de las enmiendas defendidas en relación con estas disposiciones, así como al texto del dictamen sobre las mismas, que es aprobado.


Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de Protección por Desempleo (Final.) (Página 1129)

Se procede a las votaciones de las enmiendas formuladas a este proyecto de Ley y debatidas a lo largo de la sesión de la tarde, así como al dictamen correspondiente a los diversos títulos y disposiciones que integran el proyecto de Ley, que es aprobado.


Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994 (Continuación) (Número de expediente 121/000013)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Debate correspondiente al Título VI.
Enmiendas del Grupo Popular. El señor García-Margallo tiene la palabra.


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El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señorías, las modificaciones en las normas tributarias, que el Gobierno piensa introducir para el ejercicio de 1994, se han escindido en dos proyectos de ley destinados a constituir dos cuerpos jurídicos independientes: el tradicional título de normas tributarias, que acompaña al proyecto de ley de presupuestos, que constituye el objeto de mi intervención en este momento; y, en segundo lugar, un conjunto de medidas, de vocación más permanente, de contenido más estructural, que, por imperativo de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, se incluye en lo que se llama ley de acompañamiento.
Tiene poco sentido pues, comentar las normas tributarias del proyecto de ley de presupuestos de forma independiente a las que se incluyen en el llamado proyecto de ley de acompañamiento o de medidas financieras urgentes; sin embago, en un esfuerzo de contención mental y verbal, voy a intentar centrarme exclusivamente en estas normas tributarias, sin perjuicio de que cuando hablemos de las más permanentes en el otro proyecto de ley, tenga necesariamente que referirme a alguna de las observaciones que voy a hacer aquí.
La primera y más fundamental es que el Gobierno socialista nos tiene acostumbrados en materia tributaria a ir parcheando poco a poco aquellos aspectos que le parecen más importantes, y siempre son los más importantes aquellos que les pueden proporcionar una recaudación mayor, más rápida y más simple, sea cual sea su coste en términos de equidad y en términos de apoyo a la economía productiva. Esa constante no se ha roto en este presupuesto, no se ha roto en la ley de medidas de acompañamiento, sean cuales sean los padrinos y madrinas que este proyecto de ley, de forma inédita respecto a la experiencia anterior, tenga en estos momentos.
En el Impuesto sobre la Renta, el proyecto de ley de presupuestos nos propone algunas medidas, esas sí, de relativa importancia. Por primera vez desde el año 1978, establece que se van a gravar en el sistema tributario español las prestaciones por incapacidad permanente total o parcial. Por primera vez, desde el año 1978, quiere el Gobierno que estén sujetas a gravamen las prestaciones por desempleo. Si probablemente nada haya que objetar desde un punto de vista teórico a esta medida, si el impuesto fuese sintético de verdad, si el impuesto gravase de verdad las rentas de todos los perceptores de riqueza o de rendimientos, si el Impuesto sobre la Renta fuese, de verdad, un impuesto general y no un impuesto sectorial destinado a gravar fundamentalmente aquellas rentas más detectadas, nada habría que objetar; pero sí hay que objetarlo cuando el Gobierno elige precisamente este momento para gravar las prestaciones por incapacidad y las prestaciones por desempleo, al mismo tiempo que abre brechas de agua importantes, como veré a lo largo de la ley de acompañamiento, en un impuesto tan significativo y tan emblemático, desde la teoría de la izquierda, como es el Impuesto sobre el Patrimonio.
Y mucho más importante hay que objetar que ustedes no están aquí modificando el sistema fiscal con un criterio de generalidad. Al gravar las prestaciones por desempleo sabe el ponente del Grupo Socialista, que es experto en estas materias y, sobre todo, sabe el Gobierno, que esas prestaciones por desempleo al final, cuando haya que presentar la declaración para el impuesto, no van a alcanzar los mínimos exentos, los mínimos necesarios para declarar, y no van a estar sujetas de verdad al impuesto; lo único que ustedes están haciendo es establecer una obligación de retención para anticipar dinero para financiar gratuitamente al Tesoro a cargo de las prestaciones por desempleo.
La tercera de las innovaciones (la primera es el gravamen de las prestaciones por incapacidad, y la segunda de las prestaciones por desempleo) se incardina también en esta corriente de ir recaudando fondos de donde sea, al coste que sea, y sin tener en cuenta la capacidad económica de los perceptores del rendimiento. Introducen ustedes en este proyecto de ley dos medidas esencialmente perversas: en primer lugar, establecen ustedes que la escala del Impuesto sobre la Renta no va a ser la escala que este Parlamento aprobó en la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta; que, desde luego, no van ustedes a obedecer el mandato establecido en esa misma Ley e introducido por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en la disposición adicional octava, que decía algo así --y el verbo es puramente adjetivo-- que las escalas del impuesto convergerán en el año 1993 a una escala-tipos que se establecerá entre el 18 y el 50 por ciento. Van ustedes a volver a la escala anterior a la Ley 18/1991, que torticeramente introdujo este Gobierno por Decreto-ley.
Leyendo estos días la última obra del que fue compañero nuestro, Ramón Tamames, recordaba que el Plan de Convergencia del Gobierno, presentado a esta Cámara en abril de 1992, decía que había que hacer un esfuerzo de contención fiscal para favorecer, para fomentar el ahorro familiar que se había venido por los suelos. Ese compromiso se concretaba en una reducción de los tipos marginales del Impuesto sobre la Renta, que habían subido en España cuando no habían subido en ninguno de los otros países de Europa. Ese compromiso duró exactamente tres meses, porque en el mes de junio donde dijeron digo, dicen Diego, lo cual introdujo un factor de extraordinaria incredulidad, porque, dice Tamames, ¿cómo se puede confiar en planes plurianuales que no duran escasamente ni doce semanas? Pero no actualizar el Impuesto sobre la Renta no tiene sólo efectos en el ahorro familiar, y me remito aquí a los brillantísimos discursos de todos los representantes

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de la oposición y muy especialmente a los del Grupo Catalán (Convergència i Unió), a quien en estos momentos pido el voto para la enmienda que estoy defendiendo. Tiene efectos extraordinariamente nocivos desde el punto de vista de la equidad. Recordará probablemente el señor García Ronda que en el fragor de la campaña electoral uno de los debates más candentes, y por cierto más torticeramente llevados por el representante del Partido que apoya al Gobierno, fue el tema de la capacidad adquisitiva de los pensionistas. He hecho un ejercicio numérico, teniendo en cuenta la escala y el incremento que ustedes proponen para las pensiones y sólo el coste fiscal para un pensionista que tenga una pensión de 100.000 pesetas y dos hijos a su cargo, sólo el coste derivado de la no actualización de la tarifa le supone en términos reales una pérdida, para el año 1994, de 2.500 pesetas. Tenga en cuenta S.S. que no estoy cuestionando aquí si el incremento que ustedes proponen del 3,5 por ciento en las pensiones se compadece o no con el incremento que va a sufrir la inflación, de cuya evolución, por cierto, tenemos hoy los datos más recientes; estoy centrándome simplemente en el coste que supone la no actualización de la tarifa para este colectivo al que ustedes decían proteger especialmente.
Llevados por este paroxismo, por la protección de los más débiles, no tienen ustedes dinero --sí lo tienen para otras cosas, como veremos en la ley de acompañamiento-- para actualizar las deducciones en materia familiar.
Si la capacidad económica, si la equidad del sistema, si la protección de los más débiles, si la adecuación del sistema fiscal a los que más ganan, como dice la Constitución, es el primero de los ejes que vertebran cualquier reforma fiscal, el segundo en esta mini-reforma fiscal que ustedes quieren introducir era el apoyo a la economía productiva. Aquí en el Impuesto sobre Sociedades hemos desgranado con especial atención las medidas que ustedes y sus socios han introducido en este proyecto de ley. Establecen un pomposo título, un título que no está mal, un título que va en la dirección adecuada. Hablan ustedes de deducciones para fomentar el ahorro, la inversión o relanzar la economía productiva y salir de la crisis. Establecen un aumento en las deducciones a aquellas sociedades españolas que hagan un esfuerzo de internacionalización, que hagan un esfuerzo para crear filiales o establecimientos fuera, que hagan un esfuerzo para comprar acciones en sociedades extranjeras, que hagan un esfuerzo de publicidad y propaganda para ganar fuera las cuotas de mercado que dentro hemos perdido, y hacen ustedes un esfuerzo, que no está mal, en otro título que es cuando hablan ustedes de formación profesional.
Pero cuando vemos los topes, lo que ustedes estiran de capa para realizar este loable objetivo y preguntamos cuánto están ustedes dispuestos a sacrificar para relanzar la economía productiva, nos dice el Secretario de Estado, que supongo en este caso intentará ser lo más generoso posible en sus apreciaciones, que esto cuesta, en términos de sacrificio recaudatorio, 5.000 millones del año 1995. Si SS.SS. que apoyan al Gobierno creen que la crisis española que estamos viviendo, que el paro que está sufriendo España, que la situación de competitividad en la economía española se va a arreglar recaudando 5.000 millones menos del año 1995 en economía productiva, o no tienen ustedes idea de la magnitud de la crisis, o realmente están en una quiebra técnica que les impide utilizar el sistema fiscal para cualquier objetivo propio de lo que es una política fiscal y presupuestaria. Han esquilmado ustedes de tal manera el sistema tributario a lo largo de estos once años, que el sistema fiscal ya no sirve para nada; no sirve para recaudar con justicia, ni para utilizarlo como mecanismo de estabilización, como mecanismo de reacción, como mecanismo de corrección.
En materia de Impuesto sobre el Valor Añadido, de Impuesto sobre Actividades Económicas y de Impuesto sobre Bienes Inmuebles las modificaciones que se introducen son tan menores, tan pacatas que me permitirá S.S. que no haga aquí comentario alguno.
¿Qué hace el Grupo Popular en este momento? En primer lugar, quiero advertir que de la lectura de las enmiendas que presentamos a este proyecto de ley conjuntamente con las enmiendas que presentamos a la ley de acompañamiento, no se deduce en absoluto cuál es la filosofía ni el programa fiscal del Partido Popular, que fue presentado a las elecciones y que íntegro se mantiene. Las enmiendas que estamos presentando aquí son aquellas posibles para mejorar un presupuesto que es hijo de una política económica que no nos gusta y que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Se ha intentado hacer unas enmiendas de mínimos, unas enmiendas que puedan ser apoyadas, que puedan ser corroboradas y ratificadas por los grupos parlamentarios de esta Cámara, teniendo en cuenta que España atraviesa una situación de déficit no casual, no heredado de la naturaleza, sino heredado de la gestión que la política socialista ha llevado a lo largo de estos años.
¿Qué es lo que mi Grupo propone? En materias de escala propone no que cumplan ustedes su promesa, que incorporaron al texto legal en la disposición adicional octava, para hacer converger --como dijeron sus socios en aquel momento-- los tipos del Impuesto sobre la Renta al 50 por ciento, reduciendo todos y especialmente los que afectan a las rentas más bajas, no tan siquiera que reduzcan ustedes a menos de lo que se establecía en la Ley, sino simplemente que vuelvan a la escala de la Ley 18/1991 que tiene el récord histórico de ser la única escala que yo conozco en cualquier sistema fiscal del mundo que no estuvo vigente nunca. Vuelvan ustedes a esa escala para evitar los daños a las economías más modestas a las que me he referido anteriormente.


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Hagan ustedes un esfuerzo, no tan grande como quieren hacer en el Impuesto sobre el Patrimonio para determinadas fortunas, pero estírense un poco en materia de deducciones familiares.
En segundo lugar, si de verdad les preocupa --y estoy seguro de que les preocupa-- el problema de la economía productiva, hagan ustedes un pequeño esfuerzo, aumenten los porcentajes para aquellas empresas que inviertan en activos fijos, para aquellas empresas que se dediquen a aumentar su cuota de mercado en el exterior, y hagan un esfuerzo serio en materia de capital humano, porque llevan una temporada que cada vez que acuden a un foro público o a un medio de comunicación y no se les ocurre nada más, hablan ustedes de capital humano, pero cuando se trata de plasmar en medidas concretas los incentivos y los apoyos al capital humano, establecen una deducción del 5 por ciento, que girará exclusivamente sobre la diferencia en más de un ejercicio respecto a otro.
En tercer lugar, limitan la formación profesional a capacitar a la gente para hacer aquello que seguían haciendo. Dicho de otra manera, ustedes están de acuerdo en que esa deducción opere para un curso de contabilidad de costes, si se le da a un contable, pero no para un curso dado a ese mismo contable para que acceda a una función distinta. Hablan ustedes de movilidad funcional, hablan de reasignación forzosa de los funcionarios públicos por ucase, y cuando se trata de favorecer la movilidad funcional a través de medidas de incentivo, de medidas de apoyo, que es como se hace en la economía de mercado, se descuelgan ustedes con una deducción que no va a tener ninguna operatividad.


El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, le ruego concluya.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Sí, señor Presidente.
En materia de Impuesto sobre el Valor Añadido, si les preocupa, como creo que les preocupa, el problema del turismo, les pedimos que modifiquen el tipo que afecta a hoteles y restaurantes, para evitar esas seudocalificaciones artificiales por motivos fiscales; esa pérdida de competitividad y calidad exterior exclusivamente para eludir un tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido caprichoso donde los haga. En segundo lugar, pedimos que se establezca el tipo super-reducido del 3 por ciento para las comunicaciones con aquellas islas cuya única y exclusiva vía de comunicación es la marítima.
En tercer lugar --ya sé que no lo entendió en Comisión, señor García Ronda, espero que lo entienda en Pleno--, no tiene el menor sentido que en las adquisiciones intracomunitarias, que han sustituido al concepto de importaciones, quien compra en un país de la Comunidad tenga que pagar el impuesto en el momento que compra, y tenga que esperar al trimestre siguiente para deducirse ese mismo impuesto. Eso es una forma de financiación torticera, es una forma de financiación tramposa, es una forma de financiación que no se corresponde con la filosofía ni con lo dispuesto en las directivas de la Comunidad. Señor Presidente, termino. Probablemente lo más importante en la mini-reforma fiscal que estamos introduciendo en este proyecto de ley y en la ley de acompañamiento sea el método chapuza tras chapuza, cambio sobre el cambio, en definitiva, falta de objetividad, falta de visión global de lo que es un sistema fiscal. En segundo lugar, las medidas que ustedes proponen inciden de nuevo en las economías más débiles, en las prestaciones de desempleo, en las prestaciones de incapacidad, en quienes tienen deducciones familiares que no ven actualizadas y en quienes han de pagar una escala del Impuesto sobre la Renta que no tiene en cuenta la evolución de los precios y que tiene los efectos que he dicho sobre todo tipo de rentas. He puesto un ejemplo, porque sé que fueron los ejemplos que ustedes le prepararon a su Secretario general para la campaña electoral, en materia de pensionistas.
En tercer lugar, señor García Ronda, convendrá conmigo que sacrificar 5.000 millones del año 1994 para salir de la crisis económica que España está padeciendo es una broma que ni este Parlamento ni la opinión pública merecen.
Hago un llamamiento al resto de las fuerzas políticas, y muy especialmente a aquellas que defendieron la necesidad de adecuar los tipos impositivos a la evolución de los precios; aquellas que defendieron en otro tiempo, cuando éramos todos oposición material y formal, la necesidad de reducir los tipos para fomentar el ahorro, para que en este momento, si sus compromisos se lo permiten, apoyen lo que en todo momento defendieron.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, alguien había dicho alguna vez al grupo mayoritario de la Cámara que acertaban cuando cambiaban de posición. Pues bien, en el caso que vamos a discutir ahora, en los impuestos, en la política impositiva del país, no es así, es al revés: ustedes se hacen más regresivos cuando cambian.
Como no me gusta adjetivar voy a decir las razones por la que nosotros vemos que ustedes, con estas propuestas que nos hacen de modificaciones en tres actuaciones impositivas (los impuestos directos --IRPF y sociedades-- y algunos impuestos locales), no hacen frente de verdad a lo que debiera ser una política fiscal

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progresiva y, además, no hacen recaer la aportación a las arcas del Estado para hacer las políticas que éste necesita haciendo pagar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, sino todo lo contrario.
A nosotros, por tanto, nos hubiera gustado que el debate no se hubiese situado como pasó en la Comisión (sé que los tiempos son complicados, eso de tiempos modernos es muy difícil verlo venir sin poder torearlo bien y, además, es legítimo, ustedes lo pueden hacer) entre un discurso, según ustedes, liberal- conservador, que defiende el partido mayoritario de la oposición, y una posición liberal-progresista, que puede defender estas propuestas. Me gustaría que a la palabra liberal no le añadieran ustedes progresista o conservador, porque es liberal y se define sola. Me hubiese gustado que ustedes no hubiesen entrado por esa definición de liberal, sino por mantener principios, por mantener líneas de actuación que les hubiesen acercado a lo que ustedes han estado defendiendo, a las bases sociales a las que pidieron el voto hace apenas seis meses, para así no equivocarnos y no separar lo que es, lo que decimos cuando pedimos el voto de lo que hacemos cuando nos han votado y estamos aquí como padres de la patria para intentar hacer el bien en todas las actuaciones.
¿Qué pretendemos nosotros? Miren ustedes, la propuesta que nos traen en la ley de presupuestos en lo que se refiere al IRPF va a significar no una bajada de los impuestos, sino una subida, pero una subida en frío, que, al no deflactar la tabla del IRPF, va a significar que las rentas del trabajo tengan que hacer frente a todo lo que ustedes van a facilitar de gasto fiscal a las empresas, a las sociedades. Esto es sencillísimo, la presión fiscal se produce con los impuestos directos más los indirectos dividido por el PIB. Si bajamos los impuestos de las sociedades --vamos a cobrar 439.000 millones menos-- para que inviertan, aunque no sé cómo lo vamos a hacer, porque esa teoría ya la han aplicado durante muchos años; les hemos facilitado ingresos y luego no sé cómo han invertido, pero la realidad es que la estructura productiva está como está. En cuestión de IVA tenemos la realidad que tenemos. Díganme ustedes sobre quién va a recaer la carga de la recaudación en este país. Pues sobre el IRPF, sobre las rentas del trabajo; esa subida en frío de la capacidad impositiva, de la presión fiscal, va a recaer sobre esas rentas.
¿Qué pretende Izquierda Unida? Decirles dónde podrían conseguir ingresos, reducir esa política que ustedes han abierto a diestro y siniestro para buscar recortes, por ejemplo, en las pensiones. Les voy a demostrar cómo han modificado la Ley del año pasado para separar a algunas personas que están recogidas como inválidas y que no puedan estar exentas dentro de este año; cómo ustedes podrían también declarar exentas o incorporar algunas deducciones de las rentas del trabajo, de la parte social más desfavorecida; y cómo ustedes podían liberalizar, reducir el gasto fiscal de esas deducciones que están planteando para la sociedad y en algunas que nosotros, en concreto, consideramos que es injusto.
Por último, sobre los impuestos locales. Ustedes no han sido capaces de modificar la participación de los ayuntamientos en la fiscalidad, ustedes no han sido capaces de hacer frente a la deuda, pero ponen aquí un incremento del catastro del 3,5 por ciento, sin entrar a hacer frente a toda la posibilidad que pudiera haber después de aquella discusión para ajustarlo, ponerlo en marcha, etcétera. Es decir, sus propuestas, permítanme que se lo diga, son parches que no hacen frente de verdad a una reforma del sistema fiscal --no haría falta, no es aquí donde debería hacerse--, ni siquiera orientan el camino de una política fiscal más progresiva, ni siquiera eso; es decir, se trata de una política fiscal que se mueve al vaivén, son pequeños parches al socaire y en función de la lluvia que me cae: si cae granizo implanto una medida, si cae agua o si cae chipichipi, ya veremos cómo escampa.
¿Cuál es el objetivo de nuestras enmiendas? Nosotros proponíamos igual que estaba el año pasado, que el Gobierno tenga en cuenta para declarar exenta la participación en el IRPF, junto con la gran invalidez que ponen este año, la incapacidad permanente absoluta que ustedes han reducido y ya no va a poder ser declarada exenta dentro de la propuesta que ustedes hacen. Nosotros proponíamos que se incorporara, que se tuviese en cuenta, que no tuviese que hacer esa declaración.
Miren ustedes por dónde nosotros creemos que ustedes podrían recaudar dinero. Usted me dirá que está sacado de un sitio excesivamente estirado, que además puede obedecer a algo por lo que ya se está cotizando; pero como ustedes han descubierto para el socialismo y el bienestar social el juego y han aparecido juegos y apuestas por todos los lados, nosotros decimos: ¿Por qué no declarar exenta a efectos de la declaración de impuestos solamente una parte de los premios que se obtienen por los distintos juegos? ¿Por qué no se declara que no está exento y por tanto que cotice? A quien le haya caído un premio de equis millones no le va a costar mucho aportar al Estado, si está subiendo; ahora, mal va a ver usted a un señor a quien le están conteniendo el salario y después se lo baja vía retención del Impuesto sobre la Renta. La gente alegre que obtiene premio puede aportar al Estado.
Por tanto, les decimos: reduzcan ustedes el 20 por ciento, eso lo sugerimos aunque estaríamos dispuestos a discutir otros porcentajes para que no estuvieran exentos de cotizar los premios de lotería, de las apuestas, los premios de la Organziación Nacional de Ciegos, de las distintas apuestas organizadas por las comunidades, de los sorteos de la Cruz Roja. Ahí tenemos una posibilidad de ingresos. Además, como lo han hecho ustedes, hay premios todos los días, sábados, domingos, acumulados, coincidentes, reincidentes; han conseguido

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ustedes poner en marcha dos, tres loterías, todo lo que ustedes quieran. Ahí tendríamos posibilidades de ingreso. Es verdad que ya cotizan, que el Estado obtiene beneficios de eso, pero estoy hablando de los premios, no de la recaudación en su conjunto, y es una posibilidad, es una fórmula para obtener ingresos.
La propuesta que nosotros hacemos con nuestras enmiendas es intentar deflactar el 3,5 de la inflación previsible hacia la tabla de la declaración del IRPF, tanto si se hace individual como si se hace en su conjunto. Nosotros creemos --ya se lo he explicado antes-- que hay que evitar que ustedes estén bajando los recursos en circulación a la gente que vive de su propio salario. Pero es más, ¿cómo van a incentivar el ahorro, cómo van a plantear una dinámica determinada si no hacen que la presión fiscal no recaiga sobre los que siempre han estado pagando, sobre los que tienen nómina? En este país hay quien no tiene nómina y también quien puede actuar sobre otro tipo de realidad fiscal. Por tanto, nosotros creemos que es prioritario que la tabla sea deflactada en el mismo porcentaje que tiene la inflación. ¡Fíjense ustedes que ya tenemos dos años acumulados! La del año pasado, que fue del 4,5 por ciento (ya veremos dónde termina la inflación, porque a esta velocidad que llevamos ya estamos en el 4,3 y ustedes establecieron una previsión de 4,5), más la de este año, que está en casi 8 puntos. Yo no le pido para 8 puntos, sino estamos pidiendo el 3,5 de este año. Lo pasado pasado está, pelitos a la mar. Vamos a lo de ahora, vamos a ver cómo pudiéramos actuar. Bien, ustedes prefieren otra realidad distinta. Nosotros consideramos que eso, desde luego, no es progresismo, tal cual nosotro lo vemos, será liberalismo.
Otro bloque de enmiendas va dirigido a incorporar reducciones que se han hecho en el IRPF otros años, por ejemplo, el rendimiento del trabajo dependiente. Nosotros podríamos proponer aquí: ¡Hombre! en señores que tienen buenos sueldos, y podríamos entrar en esa demagogia. No proponemos eso, proponemos a sujetos pasivos que están en ingresos inferiores a un millón de pesetas y a sujetos pasivos que están en ingresos inferiores a 1.800.000 pesetas; proponemos a la gente más débil del sector productivo para que puedan reducir de su declaración estos rendimientos del trabajo productivo.
Por tanto, hasta esas 30.000 pesetas, según sean personas con ingresos inferiores de un millón a 1.800.000 pesetas. Por tanto, lo que estamos consiguiendo con esta enmienda, con esta propuesta, es un mejor tratamiento fiscal para esas rentas del trabajo que hoy en día desde mi punto de vista, están excesivamente presionadas mientras otras están viviendo una especie de paraíso fiscal que no se corresponde con el momento. Mal ejemplo, y hay que predicar con el ejemplo; por las obras vamos a conocer las cosas, no por las palabras.
Otra propuesta nuestra iba dirigida a incrementar las deducciones por gastos de custodia, y les voy a leer cuáles serían los objetivos: hasta el 15 por ciento en 50.000 pesetas para servicio y cuidado de ancianos y minusválidos, algo que las personas con medios no necesitan pero las que tienen menos medios sí; la asistencia a menores en escuelas infantiles; el servicio y cuidado a los menores a domicilio...
En suma, estamos circunscribiendo estas deducciones no a todos los que declaran a Hacienda, sino a los que ingresan menos de tres millones de pesetas. Por tanto, volvemos a decir que mejoramos el tratamiento fiscal hacia los sectores más desfavorecidos. Me gustaría, por lo menos, que usted reconociera que le suena la música, aunque la letra le pille con el paso cambiado, porque si no, no venimos de donde venimos --podemos venir de otro sitio-- y la conversión de Pablo de Tarso, como buen recaudador de hacienda, puede haber sido en otro sitio, distinto al que pudiera haber sido.
Después, proponemos medidas sobre lo que es el Impuesto sobre Sociedades que ustedes nos presentan en el proyecto de ley.
Ustedes proponen declarar exentos y reducir los tipos a determinadas sociedades y nosotros proponemos suprimir estas reducciones o incrementar los porcentajes que ustedes establecen a algo muy importante. ¡Fíjese usted qué sociedades son a las que ustedes quieren conceder las exenciones! Sociedades de fondos de inversión inmobiliaria, a esas instituciones de inversión colectiva tributando al 7 por ciento y al 1 por ciento los fondos de inversión inmobiliaria.
Nosotros proponemos que se suprima. Pero sabiendo que estamos cantando para alguien que no nos quiere oír como sabemos que no hay peor sordo que el que no nos quiere oír, decimos: Como eso no va a ser, así, le hacemos otra propuesta, para que vean que queremos acercar posiciones y ofrecemos manos, que queremos llegar a acuerdos, a puntos de encuentro en la izquierda, mirando a la sociedad que queremos mirar. Y le digo: Pues, entonces, a las sociedades de los fondos de inversión inmobiliaria, en lugar de ponerle el 1 por ciento, súbanle ustedes al 26 por ciento. Y dirán ustedes: ¡Hombre, qué bárbara es esta propuesta! Pues es la mismilla que tienen ustedes para las cajas rurales, para las sociedades de crédito. ¿Van a tener mejor tratamiento los fondos de inversión inmobiliaria que las cajas rurales y que las entidades de crédito?

El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.


El señor RIOS MARTINEZ: Muy bien, señor Presidente.
Creo que sería positivo que actuaran desde otra óptica.
Las otras enmiendas van dirigidas --con esto termino mi intervención-- a reducir las exenciones que establecen en el artículo setenta hasta el 25 por ciento

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a determinadas actuaciones: la apertura de sociedades, los establecimientos en el extranjero, a la participación en sociedades extranjeras; toda esa actuación en lugar de al 25 por ciento, al 20 por ciento. Tampoco va a dejar de invertirse por eso. No se van a acoger solamente por esta actuación. Le estoy reduciendo el gasto Fiscal. Me tendrían que estar ofreciendo laureles por esta propuesta que reduce el gasto fiscal del Estado. Eso sí, a los sectores que pueden pagarlo, no a los que no pueden pagarlo.
Las otras enmiendas van dirigidas --nosotros consideramos que no es oportuno-- a suprimir ese incremento del 3,5 por ciento del catastro que ustedes proponen a las corporaciones locales para que puedan actuar en esos bienes inmuebles. Nosotros creemos que no está en condiciones de hacerse. En todo caso, estúdiese, hágase una propuesta más rigurosa y después veremos hasta dónde puede llegar, porque a lo mejor el 3,5 es corto para algunas propuestas, a lo mejor es largo para otras.
No sé si habrá logrado explicar cuál es el objetivo, la propuesta o las orientaciones a estos parches impositivos que ustedes proponen, pero si no lo he logrado no será por no haberlo intentado. En todo caso, arrieros somos y nos vamos a volver a ver dentro de poco en la réplica.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el Grupo Mixto, por parte de Unión Valenciana, hemos presentado una serie de enmiendas que entendemos que llevan detrás de sí esa serie de criterios que figuraban, por lo menos, en los programas de algunos de los partidos que están apoyando actualmente al Gobierno, tales como aumentar la inversión, fortalecer la formación profesional, incentivar el ahorro y moderar y adecuar a la baja los impuestos.
La enmienda 126 propone que el 15 por ciento del importe de las inversiones que se realicen en: «Activos fijos materiales nuevos y de segunda mano homologados, afectos al desarrollo de la actividad empresarial de la entidad, sin que se consideren como tales los terrenos» u «la edición de libros y la producción cinematográfica que permitan la confección de un soporte físico, previo a la producción industrial seriada».
Entendemos que aumentar en 10 puntos la deducción por inversiones en activos fijos materiales, habida cuenta de la constante caída de esta magnitud en los últimos años, forma parte de una medida coherente al cien por cien. La enmienda 127 habla de la modificación del artículo setenta, subapartado cuatro, que entendemos que debía quedar redactado como sigue: «Los sujetos pasivos podrán deducir el 15 por ciento de la diferencia existente entre los gastos de formación profesional de su personal deducibles fiscalmente en el ejercicio y los correspondientes al ejercicio precedente, minorados ambos en el importe de las subvenciones recibidas para la realización de dichas actividades e imputadas, a efectos fiscales, como ingreso de cada ejercicio».
También proponemos aumentar en 10 puntos la deducción por inversiones en formación profesional. La formación profesional está hoy en día en boca prácticamente de todos los partidos políticos, de todos los parlamentarios, pero la realidad es que no estamos haciendo, según nuestro criterio, aquello que debíamos. La formación profesional es una gran posibilidad para nuestro país y creemos que no se están tomando las medidas oportunas.
La enmienda 130 es relativa a la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas, y en ella modificamos la Ley Reguladora de Haciendas Locales 39/88, de 28 de diciembre, referida a la escala del Impuesto sobre Actividades Económicas en los siguientes términos: Municipios hasta 5.000 habitantes; entre 5.000 y 20.000; 20.000 y 50.000; 50.000 y 100.000 y más de 100.000, llegando a un máximo de 1.8 lo que se puede aplicar a este Impuesto.
Pretendemos disminuir los coeficientes a aplicar por parte de los ayuntamientos sobre la cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, demostrada también la gran necesidad en nuestro país de fomentar esta inversión, y este Impuesto sobre Actividades Económicas está teniendo actualmente unos gravámenes fuera de lo normal.
Hay otra enmienda correspondiente precisamente al mismo impuesto pero en aquello que representa a las diputaciones provinciales. Lamentablemente, la voracidad recaudatoria de algunas diputaciones provinciales las hace responsables en gran medida del incremento de presión fiscal derivado de la aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Determinadas diputaciones están aplicando el 40 por ciento, que es el máximo autorizado por la ley, lo cual nos parece una subida francamente excesiva. Proponemos que el máximo que se pueda aumentar sea el 20 por ciento. Reducir a la mitad este impuesto en el recargo de las diputaciones provinciales nos parece asimismo totalmente coherente.
Por último, la enmienda 212 trata de disminuir la presión fiscal directa con la intención de fomentar el ahorro y la demanda agregada. Señorías, estamos atravesando --se ha discutido mucho aquí y se viene planteando por parte de todos los grupos políticos-- los graves problemas que tiene la sociedad. Estamos de acuerdo en que si no hay unas inversiones, si no aumentamos la inversión, si no fomentamos el ahorro, naturalmente será muy difícil que podamos salir de este

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marasmo en el que nos hemos hundido. Me gustaría que los grupos que están apoyando al Gobierno en estos Presupuestos entendieran que las enmiendas que presenta Unión Valenciana en este título VI son de una total coherencia y que, por tanto, pueden ser aprobadas por todas sus señorías.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con este título VI entramos en una de las materias más esperadas de los Presupuestos Generales del Estado para 1994. Bien es cierto que las medidas fiscales contempladas en este proyecto de ley hay que complementarlas con las recogidas en el proyecto de ley de acompañamiento. Sin embargo, hay que adelantar que son altamente insuficientes, desde nuestro punto de vista.
Esta expectativa que teníamos sobre las medidas fiscales es consecuencia de la situación de crisis generalizada, particularmente en el sector industrial, que exige la adopción de medidas fiscales por parte de la Administración Pública del Estado. Las medidas fiscales, junto a un posible pacto social y a una mejora imprescindible en las condiciones de la financiación de las empresas, deben tener como objetivo conseguir la reactivación económica y el empleo. A pesar de que el margen de maniobra está restringido por el déficit público, deben adoptarse medidas de apoyo que devuelvan al sector privado el protagonismo económico y actúen de motor de la reactivación económica.
Desde la reforma tributaria de 1978 ha habido un proceso de recorte continuo de apoyo a la inversión empresarial, salvo en los dos últimos años en los que se han establecido algunos incentivos a la exportación y a la investigación y desarrollo.
Por otra parte, en los últimos 14 meses se han adoptado tres decretos-leyes de medidas urgentes, con efectos económicos contrapuestos. El primer decreto-ley supuso un aumento importante de la presión fiscal en el Impuesto sobre Actividades Económicas y en el Impuesto sobre la Renta; el segundo concedió bonificaciones y rebajas fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta; y el tercero ha vuelto a aumentar la presión fiscal en impuestos especiales.
La política fiscal se ha utilizado, por tanto, en función del ciclo político electoral, con medidas cambiantes, sin tener como objetivo la creación de un marco de apoyo que incentive la inversión y reactivación económica. A nuestro juicio, debe adoptarse un conjunto de medidas fiscales que colaboren a un cambio en las expectativas de los empresarios. Las pequeñas y las medianas empresas deben ser el objeto central de las medidas fiscales, ofreciéndoles incentivos fiscales a la inversión y creación de empleo. El efecto anuncio y el cambio de actitud de la Administración son tan importantes como las medidas concretas que se proponen. Por tanto, aunque las medidas de incentivos tienen un horizonte temporal limitado, sus efectos deben ser de largo alcance y, simultáneamente, debe transmitirse la idea de un pacto de no agresión en el sentido de que no se incrementará la presión fiscal a medio plazo. Es necesario adoptar medidas de apoyo y transmitir credibilidad fiscal si queremos que las pequeñas y medianas empresas actúen como elemento dinamizador de la economía y de la creación de empleo.
En este orden de cosas, el Gobierno ha remitido dos proyectos de ley, uno el que corresponde a la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 y el otro un nuevo proyecto de ley de medidas tributarias --ya es el tercero del año, si tenemos en cuenta los dos anteriores decretos-leyes de medidas urgentes financieras y tributarias. Dentro de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado destacamos las modificaciones que se introducen en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Existen unas exenciones en el artículo nueve que suponen algunas modificaciones. Se suprime la exención relativa a las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora. Se limitan las exenciones relativas a las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social como consecuencia de incapacidad permanente a la absoluta o gran invalidez. Se limitan las exenciones relativas a las pensiones por inutilidad o incapacidad para el servicio de los funcionarios de las administraciones públicas cuando el grado de disminución física o psíquica sea constitutivo de una gran invalidez.
Por lo que respecta a la tarifa del Impuesto, la escala individual y la escala conjunta vigentes para 1994 coinciden con las vigentes en el ejercicio 1993. Los artículos sesenta y cuatro y sesenta y seis del proyecto de ley determinan con vigencia exclusiva para 1994 dichas escalas.
Por lo que respecta a las deducciones, se actualiza la deducción por invalidez a 52.000 pesetas; se actualiza asimismo la deducción por alquiler, pasando el requisito de la base imponible en tributación individual a 3.000.000 de pesetas --antes era de 2.000.000--. No se ha utilizado el mismo coeficiente de actualización en la tributación individual que en la conjunta, ya que de haberse utilizado el mismo, el requisito de la base imponible en la tributación conjunta debería ser de 5.250.000 pesetas.
En relación con el Impuesto sobre la Renta, este proyecto de ley de presupuestos generales no contempla disposiciones de importancia, si exceptuamos la sujeción

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al impuesto de las prestaciones por desempleo. Pero no debemos olvidar que esta disposición supone «de facto» un recorte en la cuantía de las prestaciones por desempleo. Está bien, desde el punto de vista de equidad, que se sujeten a tributación.
Más discutible es que se recorten de hecho las prestaciones por desempleo.
Por otra parte, las modificaciones del Impuesto sobre la Renta para 1994 no contemplan determinadas medidas fiscales que han sido solicitadas recientemente por el Grupo Nacionalista Vasco. En primer lugar, la deflactación de las tarifas en la inflación esperada y la actualización de las deducciones. Ello hace que graven plusvalías meramente monetarias, debidas a la inflación, lo que implica un aumento de la presión tributaria en este Impuesto.
El Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, de medidas presupuestarias urgentes, elevó transitoriamente las escalas y retenciones inicialmente previstas en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Ley de presupuestos para 1993 consolidó esta situación con una escala que va del 20 al 56 por ciento, tipo de gravamen marginal para rentas de 9.500.000 pesetas. En consecuencia, no se está cumpliendo con el mandato de la disposición adicional octava de la Ley 18/1991, de 6 de junio, que establece que deberían aprobarse nuevas escalas del impuesto para el período impositivo de 1993 con tipos aplicables entre el 18 y el 50 por ciento. Este proyecto de ley de presupuestos pretende no sólo consolidar los ya muy elevados tipos del Impuesto sobre la Renta en España, sino mediante la inclusión del desempleo, aumentar la presión fiscal efectiva. Los tipos marginales del Impuesto sobre la Renta, como todo el mundo sabe, son de los más elevados de Europa. Por otra parte, el Gobierno ha devorado el margen de maniobra que le permitía la directiva europea de armonización de tipos de IVA. Este balón de oxígeno proporcionado por las directivas europeas sobre el IVA y los impuestos espaciales se está consumiendo en una paralela reducción de la imposición personal directa. Una buena técnica tributaria exige, por lo menos, deflactar las tarifas en la inflación esperada y actualizar las deducciones.
Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, hay algunas novedades importantes. El pago a cuenta en el Impuesto sobre Sociedades ha sufrido una modificación: se introduce la posibilidad, a opción del sujeto pasivo, de realizar pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades sobre la parte de la base imponible del período de tres, nueve u once primeros meses de cada año natural, determinada según las normas de la Ley 61/1978. Esto resulta interesante para el sujeto pasivo en aquellas situaciones en que las sociedades tienen resultados económicos inferiores a los períodos anteriores, puesto que tributan de forma más acorde con la situación económica real de las empresas.
En cuanto a la deducción por inversiones, creación de empleo y gastos de formación profesional, también existe una serie de medidas: se incrementa la deducción por inversiones a las exportaciones a un 25 por ciento --antes era del 20 por ciento--; se introduce la deducción por gastos de formación profesional consistente en un cinco por ciento de la diferencia existente entre los gastos de formación profesional del personal deducibles fiscalmente en el ejercicio y los correspondientes al ejercicio precedente, minorados ambos en el importe de las subvenciones recibidas para la realización de dichas actividades e imputadas a efectos fiscales como ingreso en cada ejercicio. Se incrementa, por otra parte, el límite conjunto de la deducción al 35 por ciento de la cuota líquida del ejercicio, salvo en las deducciones por inversiones en exportaciones y en gastos de formación profesional que permanecen en el 25 por ciento.
Respecto a las deducciones, hay que señalar que permanece la deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos en el cinco por ciento y, por otra parte, la deducción por creación de empleo sólo alcanza a la experimentada por la plantilla de trabajadores minusválidos contratados por tiempo indefinido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/1981.
Ahora bien, si el Gobierno tiene una preocupación por la reactivación de la actividad económica y la inversión, debería incrementar la deducción por inversión en activos fijos materiales nuevos y extender la deducción por creación de empleo a todo tipo de trabajadores con un contrato laboral indefinido. En este orden de cosas están nuestras enmiendas 1.205, 1.206 y 1.207. Opinamos que la supresión del incentivo a la creación de empleo por la Ley 22/1992, de 30 de julio, no fue oportuna en una coyuntura adversa de destrucción de empleo y así lo manifestamos en el debate de Presupuestos Generales del Estado del año pasado. El Gobierno debería rectificar y volver a establecer la deducción por creación de empleo a todo tipo de trabajadores con contrato laboral indefinido. En cuanto a la deducción por gastos de formación profesional en un cinco por ciento, estamos de acuerdo en que se inicie de una vez el apoyo fiscal a la formación profesional. Es necesario, no obstante, definir con precisión reglamentaria la formación profesional. La cuestión de la formación de capital humano es uno de los grandes retos a abordar si queremos tener unas empresas competitivas; la formación del trabajador y su vinculación a los objetivos de la empresa es imprescindible si queremos avanzar en la calidad de nuestras relaciones industriales y de los bienes y servicios producidos.
Dentro del capítulo de normas fiscales, nuestro Grupo ha presentado unas enmiendas en el tratamiento fiscal de los centros de enseñanza y, genéricamente, en los servicios que estos centros ofertan a la sociedad. En una

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coyuntura en la que existe en la Cámara un consenso generalizado en favorecer una legislación fiscal que tienda a reforzar el protagonismo de la sociedad civil, nos encontramos con un articulado referido a los centros docentes cicatero y y caduco. A los efectos de favorecer el protagonismo de la sociedad civil, el Grupo Vasco propone una serie de enmiendas, entre las cuales destacamos la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Actividades Económicas para todos los centros educativos, concertados y no concertados, y la exención del IVA a las obras de rehabilitación y adaptación que exige la Logse a los centros educativos. Otro grupo de enmiendas complementarias tienen el objetivo de no excluir del IVA a las actividades de alojamiento y alimentación en las residencias de estudiantes, dado que los servicios complementarios a la enseñanza, si son ofertados directamente por los centros de enseñanza, están exentos de este impuesto.
No se puede, por tanto, discriminar en función del sujeto que realiza el servicio. Con respecto a estas enmiendas hay que señalar que no hay reducción de los ingresos en las propuestas recogidas en estas enmiendas porque, hasta la fecha no se han aplicado a los centros de enseñanza estas previsiones fiscales. Por aplicación de la disposición transitoria segunda, número 2, de la Ley 39/1981, que regula las haciendas locales, éstas están exentas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Lo mismo ocurre en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el Impuesto de Radicación, donde los centros de enseñanza tenían una bonificación del 95 por ciento. Luego, como decimos, estas medidas que nosotros proponemos en las enmiendas presentadas no incurren en reducción de ingresos en estos impuestos. Por estas razones, esperamos que estas enmiendas presentadas por el Grupo Nacionalista Vasco merezcan la aceptación de esta Cámara y del Gobierno. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García Ronda. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Un momento, señor García Ronda, porque hay unas enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria mantiene vivas para este trámite de Pleno las enmiendas números 1.216 y 1.217 al título VI del texto articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1994. En este capítulo referido a la fiscalidad, dedicado fundamentalmente a la norma tributaria, Coalición Canaria hace la observación de que estas dos emiendas citadas, que parecen escasas, están destinadas a perfeccionar aquellas lagunas, ausencias o deficiencias que existen en la norma tributaria específica para Canarias, razón por la cual, para nosotros, la lectura de los artículos dedicados al IVA y a determinados tipos de impuestos, por no ser de vigencia ni de aplicación en Canarias, no motivan ninguna dedicación de análisis y enmiendas al mismo. Hemos querido mantener estas dos enmiendas, en primer lugar, porque creemos que, andando el tiempo, la posición que en estos momentos viene en los textos, tanto de la propuesta del Gobierno como en otros, va a desaparecer. En cuanto a la negociación que se tenga que hacer en el futuro marco de la Ley de Bases Económicas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la racionalización de las actuaciones de determinadas empresas públicas en el área competencial del Archipiélago, basándonos en la prudencia, en el sentido común y en lo que es no hacer futurología pero sí hacer estimaciones de futuro sensatas, llegará un día, no muy lejano, en que hayan desaparecido los motivos que hoy nos traen aquí con nuestras enmiendas.
La enmienda 1.216, que se refiere al artículo setenta y ocho - -que precisamente el texto del Gobierno dice que son disposiciones particulares en relación con Canarias--, trata de suplir, señorías, lo que nosotros consideramos que fue algo improcedente en el texto de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales. En aquel momento, este Diputado defendió una enmienda respecto al denominado Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, conocido en el argot como Impuesto de Matriculación de Vehículos Automóviles. El propio Gobierno central entendía que el rendimiento de este Impuesto, como se dice en el artículo 74 de la mencionada Ley, era para la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras que el Ministerio de Economía y Hacienda, en sus servicios fiscales, se reservaba la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, que quedaba en la competencia de la administración tributaria del Estado. Esto era difícil de explicar política, fiscal y administrativamente en Canarias, donde ya hay una administración hacendística --y celebro que esté asistiendo a este debate y escuche mis palabras el propio Ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, para racionalizar este tema--. Es muy difícil explicar cómo una administración autonómica que gestiona, recauda y distribuye toda la inspección fiscal de determinadas figuras impositivas en Canarias, con la madurez funcionarial que tiene, se vea hoy día abocada a una situación verdaderamente pintoresca, por llamarla de alguna manera, y es que la administración fiscal del Estado, que lleva la gestión y administración de todo el impuesto, una vez que lo tiene recaudado se lo entrega a la Comunidad Autónoma Canaria para que ella haga la aplicación correspondiente, de acuerdo con las normas presupuestarias al respecto. Esto se planteó y en su día, en el año 1992, cuando el Parlamento

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autónomo de Canarias tuvo que informar el proyecto de ley a que me he referido de Impuestos Especiales por las referencias que hacía a Canarias en razón de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía de Canarias para que esto se hiciera así. ¿Qué pretende nuestra enmienda? Racionalizar todo el proceso fiscal, pero desde una óptica puramente intelectual y también política, es decir, que sea explicable lo que tiene que ser consecuente y congruente: que tiene la finalidad del destino del impuesto recaudado tenga también la capacidad.
Porque si no parecería que estamos todavía en una situación de tutelaje, como ocurría en el año 1982 al iniciarse la vigencia del Estatuto de Autonomía de Canarias. Nuestra enmienda viene a completar lo que en su día se pidió para que el artículo 74 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales referido, precisamente al Impuesto de Matriculación en Canarias, sea no solamente el rendimiento, como ya decía el título mencionado de la citada ley, sino también la competencia en la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión. Y vuelvo a repetirlo porque, si se quiere añadir un argumento más, que éste sea el del sentido común.
La segunda enmienda que defiendo, la 1.217, tiene también una lectura de recionalidad fiscal en Canarias. Va dirigida al artículo 80, correspondiente a las tasas que recauda por servicios aeroportuarios el Ente Público AENA. Señorías, cuando en la disposición tres, referida a los derechos aeroportuarios en los aeropuertos nacionales correspondientes a los vuelos nacionales, nos encontramos con que se eleva la cuantía de las tasas de aterrizaje hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1.03 a la cuantía exigible durante 1993, y siguiendo con la lectura de los distintos apartados de este mismo artículo nos encontramos que cuando se trate de vuelos intracomunitarios, es decir de la hoy Unión Europea, se baja la repercusión del derecho aeroportuario de las tasas de despegue y aterrizaje de aeronaves, que en el leguaje corriente es solamente de 0,90, hay que hacer una reflexión, y es que no hay comunidad autónoma en el Estado español que tenga mayor número de aeropuertos que la Comunidad Autónoma Canaria, por un secilla razón, por su carácter archipielágico, por su dispersión geográfica. Por tanto, la movilidad de los ciudadanos en Canarias, que dependen del trasporte aeronáutico con el uso verdaderamente continuado --no digo esporádicamente a lo largo del año sino continuado semanalmente-- se van a ver obligados a sufrir una repercusión en el precio del billete en sus desplazamientos por ser vuelos nacionales entre las islas. Yo pediría al Grupo Parlamentario Socialista que meditase sobre este tema para no someter a una sobrecarga fiscal a los ciudadanos de Canarias que tienen que utilizar el transporte aeronáutico con esta facilidad. Vean ustedes, por ejemplo, qué tratamiento fiscal da Francia a sus ciudadanos de los territorios nacionales de Guayana, Martinica o Guadalupe.
Porque, si estamos hablando aquí del coste de la insularidad, que recoge nuestra propia Constitución, si estamos hablando aquí de los compromisos que desde el 1 de noviembre, con la entrada en vigor de la Unión Europea y del Tratado de Maastricht, hay que aplicar a las regiones ultraperiféricas, vamos a hacerlo tangible, vamos a hacerlo bueno, vamos a darle credibilidad. No parecería que el transporte nacional que existe en largas distancias dentro del territorio peninsular, que tiene que tener una adecuación a las tasas aeroportuarias, por el uso que tiene que hacer el ciudadano español de Canarias de sus vuelos nacionales dentro del archipiélago, se vea sometido, por un efecto de traslación multiplicadora, a esta repercusión en las tasas.
Señorías, no creo que exista ningún problema, porque no se trata de que nosotros pretendamos reducir al organismo autónomo Aeropuertos Españoles los ingresos que tiene.
Precisamente en el trámite de información en Comisión el señor Abejón, Presidente del ente Aeropuertos Españoles, entre los datos que nos facilita nos dio la cuenta de resultados --pongo nada más que la de 1992-- de los aeropuertos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y vimos que todos ellos son excedentarios; es decir, recaudan más por ingresos aeroportuarios que los gastos que genera el mantenimiento, las operaciones, las amortizaciones y otras implicaciones en inputs que tengan que tener en su cuenta de explotación. Por tanto, no creo que vaya a haber aquí ningún detrimento.
Incluso en la estimación para 1994 que realiza el organismo autónomo y la cuenta de resultados, en la previsión de cierre para 1993, siguen siendo excedentarios en la recaudación de ingresos aeroportuarios. Estas son las motivaciones, señorías, por las cuales Coalición Canaria entiende que estas dos enmiendas merecen ser objeto de reflexión por parte del Gobierno y del grupo mayoritario, a los que pediríamos su consideración y, por tanto, su apoyo. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Para turno en contra, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor García Ronda.


El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna para consumir este turno en contra de las enmiendas presentadas por diversos grupos de la oposición y que han defendido SS.SS. --yo diría-- con tranquilidad, con sensatez y con seguridad; una seguridad que no quiere decir que sea la de la razón. No voy a hacer un análisis pormenorizado porque ya en Comisión tuvimos ocasión de debatir estas mismas enmiendas, pero sí voy a responder a lo que me ha parecido más granado de sus discursos de esta mañana.


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Empezando por el Grupo Popular, he de contestar concretamente a su insistencia en cuanto a los gravámenes cuando se trata de prestaciones por incapacidad o desempleo. Su señoría ha dicho que nada hay que objetar y luego ha hecho unas consideraciones que no objetaban nada a ese nada hay que objetar. En efecto, la mayor parte de quienes reciben estas prestaciones no alcanzarán los mínimos que les obligaría a tributar y, desde luego, cualquier retención que haya S.S. sabe que se devuelve, es decir, que es objeto de devolución en el momento de hacer la declaración correspondiente, que será negativa.
Su señoría también ha hablado de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tema que se ha repetido en varios de los grupos enmendantes. Ha querido hacer una frase ingeniosa, que en efecto no le ha salido mal, y ha dicho aquello de que es la única tarifa que no ha entrado en vigor, a pesar de que teóricamente lo está. Llamo a S.S. a la consideración de que es lógico que haya habido que retrasar de alguna manera esa puesta en vigor, que haya habido que atender a las circunstancias del momento, porque, como S.S. bien sabe, las circunstancias económicas son suficientemente rápidas y normalmente más rápidas que la legislación que tratamos de poner en marcha, y en ocasiones hay que tener una flexibilidad suficiente como para adaptarse a esas circunstancias que son más importantes que el mantenerse en una legislación, sobre todo cuando no se trata de una cuestión sustancial, cuando se trata de unas tarifas que hay que atemperar a esa realidad. En cuanto a su referencia al señor Tamames como si fuera un oráculo, el señor Tamames no está presente y no voy a decir nada que él mismo pudiera controvertir. Posiblemente piense en varios años porque, a lo mejor, tiene la reminiscencia todavía de cuando defendía ardua y ardorosamente planes quinquenales.
También he de decirle que la ayuda a las empresas no se mide, como él ha tratado de hacer, en rebajas de recaudación. ¿Pero qué ayuda es ésta que solamente supone 5.000 millones de gasto? Puede no suponer nada en su conjunto, como cifra neta, y sin embargo haber una legislación que realmente ayude a las empresas. Este es el caso. Si, además, sólo cuesta cinco mil millones pero realmente sirve para ayudar a las empresas, tanto mejor. Lo digo sin nigún rebozo. Ahora bien, si tuviera que costar más, costará más. Creo que no debemos atarnos a esa cuestión de que, como cuesta poco, ya no sirve para nada. Yo creo que S.S. lo tiene bastante fácil dado el Grupo en el que está y se limita a oponerse. Pienso que los contribuyentes menos reflexivos agradecerán, en efecto, su discurso relativamente fácil. El Grupo de Izquierda Unida siempre trata de llevar la discusión a lo que pudieran ser principios, a lo directamente ideológico. No voy a entrar en la discusión de qué es progresivo y qué es regresivo. Yo considero --y se lo digo claramente, señoría-- que progresivo en este momento es ser realista, ayudar a que la actividad económica se levante; es progresivo el conocimiento exacto de la situación y obrar con arreglo a ese conocimiento. Y es regresivo empecinarse en mantenella y no enmendalla, sean cuales sean las circunstancias en las que estamos inmersos. Creo que S.S. ha adolecido, en parte, de este empecinamiento, de este inmovilismo en determinadas líneas. Sí quiero puntualizar algo. Le agradezco la buena voluntad de alguna de sus enmiendas pero que está mal dirigida. Reflexione sobre ello.
Por ejemplo, en el tratamiento del Impuesto sobre Sociedades, cuando se queja de que las entidades de inversión colectiva se favorecen en esta ley, he de decirle que tenga en cuenta lo que en esas cantidades hay de doble imposición si realmente se les hace tributar con las cuantías con las que S.S. pretende.
En cuanto al asunto del juego, usted mismo lo ha dicho. El Estado gana en el mismo hecho de que exista ese juego autorizado. Por tanto, creo que está dada previamente la tributación a la consecución de los premios. Creo que no es necesario molestar más al que los consigue. Ya han pagado previamente el que los consigue y el que no los consigue.
Unicamente quiero decir a S.S. --como conoce mi gusto por la precisión histórica-- que no era Pablo de Tarso el recaudador sino Mateo el Evangelista.
En cuanto al Grupo de Coalición Canaria, quiero decir al señor Mardones que consideramos que es competencia del Estado este Impuesto sobre vehículos. Creo que tampoco es necesario --y menos hoy por hoy-- modificar esta cuestión. Creo que no añadiría nada al propio régimen de Canarias y no me parece realmente importante como para que nos detengamos en ello y aceptemos una enmienda sobre ello. Comprendo que la hayan presentado, pero no creo que tenga demasiada importancia como para atenderla.
En cuanto a la otra enmienda, las tasas de aeropuertos, el sistema viene establecido por exigencias de la propia norma comunitaria. También le diré que puede ser controvertido por S.S. y preguntar ¿y por qué en vez de un 0,90 un 0,75? Naturalmente que se puede discutir. Tenga en cuenta S.S. que el retoque a determinados impuestos que no tienen una incidencia tan directa y que no tienen por qué desfavorecer la actividad económica --y yo estoy seguro de que no lo hacen-- no tiene gran importancia y quizá hay que hacerlo muy a pesar nuestro en ocasiones. Tampoco me parece de suficiente importancia, aunque también comprendo el planteamiento de su enmienda.
No he oído a ningún grupo (y dejo Unión Valenciana y el Partido Nacionalista Vasco porque han defendido sus enmiendas concretamente; lo tratamos en Comisión y algo diré sobre ellas en lo que me resta de tiempo en esta intervención) que animase al Gobierno a luchar contra el fraude fiscal. Dejo ahí la cuestión. No trato de hacer de ello ninguna polémica.
Simplemente

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les digo que nos gustaría ver que SS.SS. azuzaban a que se luchase adecuadamente para evitar el fraude fiscal.
Estudiando de nuevo las enmiendas una por una, me he dado cuenta de que hay una gran homogeneidad dentro de cada grupo y aun de unos con otros. Voy a hacer un breve resumen que abarca la totalidad de estas enmiendas agrupadas por similitudes y verán cómo tengo razón.
Las enmiendas que presenta el Grupo Popular se resumen en lo siguiente: rebajar la tarifa del IRPF, rebarjar el IVA, incrementar las deducciones por IRPF e incrementar las deducciones por Impuesto de Sociedades. En total, siempre menos impuestos. El Grupo de Izquierda Unida resume el capítulo de menos impuestos en lo siguiente: baja en la base liquidable del IRPF, incremento en las deducciones por trabajo, incremento en otras deducciones del IRPF --ya las he especificado--, rebaja en la actualización de los valores catastrales --no sé bien por qué y esta enmienda me ha extrañado más que otras-- y una rebaja en algún punto del Impuesto de Actividades Económicas. También tiene --es el único grupo que ha propuesto esto-- algo acerca de incremento de impuestos: incremento de impuestos en los premios por sorteos, incremento de tributación en las entidades de inversión colectiva, incremento del Impuesto sobre Vehículos, rebaja en las deducciones por inversión, rebaja en las deducciones por formación profesional y rebaja en los límites de deducción del Impuesto de Sociedades.
El Grupo de Unión Valenciana propone lo siguiente: rabaja en la tarifa del IRPF, congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles, incremento de deducciones en Impuesto sobre Sociedades, rebaja en el Impuesto de Actividades Económicas, incremento de deducción de inversiones para quienes están en estimación objetiva. En total, menos impuestos.
El Grupo del PNV propone: rebaja en la tarifa del IRPF, rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles, rebaja en el Impuesto sobre el Valor Añadido, incluida la hostelería de centros de enseñanza, incremento en las deducciones del IRPF, incremento en el límite del IRPF por deducciones e incremento en incentivos del Impuesto sobre Sociedades, tanto para inversiones como para formación profesional, para empleo, en el caso de inversiones por «leasing», etcétera. Además, están las dos enmiendas que tiene el Grupo de Coalición Canaria que son, digamos, un poco externas a estas tendencias. Como ven SS.SS., tres grupos piden menos impuestos: el Grupo Popular, PNV y Unión Valenciana. Izquierda Unida también pide menos impuestos cuando se trata --primero lo supuse y luego no me cupo la menor duda-- del IRPF que puede afectar a sus presuntos votantes, pero pide más impuestos en sectores de tributación que apenas les afectan electoralmente, o así seguramente lo pensarán y quizá también lo pensamos los demás, lo digo con claridad y no quiero que a SS.SS. les irrite esa verdad, aunque nada más sea por aquello de que la verdad es siempre revolucionaria, que dijo un tal Antonio Gramsci, y no está mal que nos quede, al menos a ustedes y a nosotros, señorías, algo revolucionario, siquiera sea la verdad. Pero, ¿qué ocurre con el conjunto de las enmiendas? Que, por desgracia, no cumplen la necesidad de conjugar recaudación con incentivación de la actividad económica. Unas, porque suponen una rebaja excesiva para los ingresos presupuestarios, que lo sentirían en una cifra realmente fuerte y que, sin embargo, apenas afectaría positivamente a cada contribuyente, que también hay que tener en cuenta esto. No podemos forzar la máquina de los beneficios para el contribuyente, por otro lado, porque ya están en la ley de presupuestos y en la otra ley que la acompaña, que veremos a continuación, aquellos que pueden coadyuvar a impulsar la actividad económica sin que ocasionen una caída perniciosa en los ingresos fiscales. Y otros (la rebaja de tarifa del IRPF, incrementos de deducciones, rebajas en impuestos de bienes inmuebles, no actualización de valores catastrales) no tendrían incidencia en ese posible incremento de actividad económica, son simples rebajas de impuestos que no coadyuvarían al impulso a la actividad económica y sólo favorecerían rentas individuales, a mi juicio, sin ningún efecto para la comunidad española.


El señor PRESIDENTE: Señor García Ronda, le ruego concluya.


El señor GARCIA RONDA: Concluyo enseguida, señor Presidente.
Tampoco podemos, en aras de una justicia tributaria que no veo nada clara, impedir estímulos a lo que en este momento es prioritario: el relanzamiento económico por vías de inversión y de mejora de la formación profesional, por ejemplo, entre otras. En el debate de Comisión dije, señorías, que parecía que unos y otros enmendantes simplemente querían ponérselo difícil al Gobierno; un Gobierno que ha de actuar --y hoy más que nunca-- con realismo, con eficacia, endeudando lo menos posible a la nación, teniendo en cuenta la capacidad económica, la neutralidad fiscal y la distribución de recursos posible. Unos por la derecha (nos entendemos bien con esta terminología aunque sea demasiado esquemática) dicen que rebajemos los impuestos a todo el mundo; otros dicen que se los rebajen a los de su grupo social o a los del sector en el que se mueven, y ambos parecen olvidar la realidad actual.
Unos, en la derecha o junto a ella, porque a pesar de sus discursos se evaden o no quieren ver que no podemos prescindir de ingresos necesarios que incrementarían ese déficit contra el que reclaman. Ustedes hablan del déficit continuamente y achacan éste al

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Gobierno, a la política pasada, etcétera, y, sin embargo, lo que están pidiendo en definitiva y como resultado de sus enmiendas es que se aumente. Otros, en la izquierda, desorientados pero en la izquierda, ciegos ante la necesidad de apoyar a las empresas y ofuscados por una fotografía que ya está, a mi juicio, amarillenta de las empresas como centros de explotación de trabajadores, cuando hoy día hay muchas, muchísimas que tienen pérdidas y otras apenas llegan al umbral de rentabilidad. Yo llamo a SS.SS. para que despierten de esa imagen que no es más que un sueño que repiten machaconamente, y un mal sueño en definitiva. Despréndase de ese sueño y vengan a la realidad. No estamos, como bien saben SS.SS., con la captación de la realidad que, sin duda, les acompaña y que supera con mucho los discursos de mera oposición que están haciendo como para permitirnos relajos, halagos, etcétera.
Estamos para caminar con sensatez, con realismo, con equilibrio, sabiendo qué objetivos tenemos y el primero es el del resurgir económico de España, tras un paso realmente penoso por una recesión, a cuya salida poco puede ayudarnos nadie si no nos ayudamos a nosotros mismos, y con solidaridad, poniendo cada uno sus esfuerzos y tal vez hasta sus sacrificios personales, laborales, monetarios, etcétera, de los que no me gustaría excluir tampoco a esos negocios y a esas compañías que parece que nunca participan de los sudores del país.


El señor PRESIDENTE: Señor García Ronda, le ruega concluya.


El señor GARCIA RONDA: Ahora mismo concluyo.
Dicha ya la palabra solidaridad voy a referirme, por fin, a la de responsabilidad, a la que llamo a todas SS.SS. y a todos los grupos de la Cámara, porque creo que es la mejor virtud que podemos ejercer en este momento. Y, señorías, no está acorde con ella el que se entretengan en intentos de modificación que no conducen a nada positivo desde el punto de vista de la colectividad, como ya he señalado anteriormente.
Sobra todo sectarismo contra el Gobierno y más todavía en lo que se refiere a este título VI, que trata de las necesidades tributarias y la política que se ha de hacer para incentivar desde el campo fiscal. En esa virtud de la responsabilidad a la que yo les llamo, señorías de los grupos enmendantes, pidiéndoles que den su voto favorable al texto de este título VI, tal como lo va a hacer el Grupo Socialista. Nada más.
Muchas gracias, señorías, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
El señor García-Margallo tiene la palabra.El señor GARCIA- MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señorías, son muchos los años que llevo en esta Cámara y son muchos los discursos que he oído a los portavoces del Grupo Socialista, y aún así no pierdo la esperanza de que alguna vez --no es éste el caso-- se responda a las cuestiones que planteo desde esta tribuna, no a cuestionees que yo no he planteado y que vienen bien al portavoz de turno del Grupo Socialista para montar su discurso. He señalado, en primer lugar, que el primer defecto de las modificaciones fiscales que se introducen en el proyecto de ley de presupuestos y las que se van a introducir en el proyecto de ley de acompañamiento son perversas, no tanto por su naturaleza como el sistema empleado. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.) El Grupo Socialista ha sido incapaz de concebir una reforma total del sistema tributario, una reforma global del sistema tributario que aglutine todos los tributos del sistema, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, cobrados por todos los niveles de Gobierno que son sujetos activos de la relación tributaria. Como probablemente luego dirá mi compañero Mariano Rajoy, al carecer ustedes de esta visión de conjunto, parchean al hablar de la financiación de las comunidades autónomas, parchean al hablar de la financiación de las corporaciones locales, a las que les niegan las transferencias desde Madrid y les dan como toda agua unos pozos que están secos porque seco está el Impuesto sobre Bienes Inmuebles después del desastroso paso del señor Borrel a través del catastro, y seco está el Impuesto sobre Actividades Económicas que carece ya de futuro y ha sido condenado en la Comisión Europea.
En el campo del sistema tributario estatal, intentando circunscribir la discusión a un terreno más concreto para lograr una contestación de S.S. (prescindo ya de una visión global del sistema), introducen ustedes modificaciones parciales que vienen inspiradas exlcusivamente por un deseo recaudatorio. No se trata de mejorar la capacidad del sistema, ni se trata de que el sistema fiscal ayude a poner en marcha la economía productiva; se trata de sacar dinero de donde lo haya. Ahí S.S. por primera vez ha reconocido algo importante, ha reconocido que gravar las prestaciones por incapacidad permanente total o parcial, que gravar las prestaciones de desempleo no responde a una necesidad lógica. Su señoría dice que la mayoría de los perceptores de estas prestaciones no van a estar obligados a pagar el Impuesto sobre la Renta cuando haya que hacer la declaración, que es el único impuesto que hay que pagar y es el único que responde a la capacidad de pago, porque la retención no es más que un pago a cuenta de una obligación definitiva. Y cuando ustedes saben que no hay obligación definitiva, establecer un pago a cuenta es una exacción, una financiación gratuita. Carlos I recurría a los banqueros alemanes para

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financiarse y ustedes recurren a los que reciben las prestaciones de desempleo y a los que reciben la prestación por incapacidad permanente. Créame, señor García Ronda, desde el punto de vista de la ejemplaridad del sistema fiscal, carece de precedentes que el mismo año que ustedes establecen normas excepcionales, singulares, particulares, para quienes son titulares de los mayores patrimonios de este país, establezcan ustedes simultáneamente, el mismo día, la obligación de declarar a cuenta, que es la única obligación que van a tener, en prestaciones de desempleo y prestaciones por incapacidad. Carece de sentido que este mismo día se nieguen ustedes a actualizar las deducciones familiares, y carece de sentido que no cumplan ustedes sus compromisos en materia de la escala sobre la renta. Ustedes sacaron el Impuesto sobre la Renta negociando con el Grupo de Convergència i Unió y con el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, prometiéndoles --y les obligaron a incluirlo en la ley- - que iban ustedes a reducir los tipos, el año 93, a una escala entre el 18 y el 50 por ciento. No sólo no han hecho eso, sino que ni siquiera han mantenido la escala del 53 por ciento, para bajar a la escala del 56 por ciento. Y créame que cuando hubo una referencia al tipo marginal no es porque sea el tipo marginal el que más preocupa a este Grupo Parlamentario, sino porque la reducción en la escala afectaba a todos los niveles de renta y especialmente a las más bajas.
Engañaron ustedes a los grupos que les apoyaron en esa reforma y están engañando a los grupos que les van a acompañar en esta ley de presupuestos. Con la no modificación de la escala --y me remito al famoso debate televisivo entre el candidato del Partido Popular y el Secretario General del Partido Socialista-- y no teniendo en cuenta las previsibles alteraciones en materia de inflación, sólo por razones fiscales, ustedes, a un pensionista que cobre cien mil pesetas y con dos hijos a su cargo, le van a incrementar su presión fiscal, van a disminuir su renta disponible y van a dejarle dos mil pesetas menos para vivir todos los años. Acuérdese del escándalo que esas declaraciones produjeron. Tengo el cuadro a su disposición y puedo demostrar que, sea cual sea la pensión que ustedes elijan, sean cuales sean las circunstancias familiares que ustedes escojan, sean las que sean las circunstancias económicas concurrentes en un pensionista, con su no actualización de la escala, con no tener en cuenta el índice de los precios al consumo, están ustedes penalizando a los pensionistas, sólo por esa razón, en dos mil pesetas.
Luego dice una cosa harto pintoresca a estas horas de la mañana. Me dice que los incentivos fiscales no pueden medirse en términos de sacrificio recaudatorio. Señor García Ronda, cuano uno elige el incentivo fiscal y no el gasto presupuestario, o la subvención de interés, o cualquier otra técnica de incentivo, lo que se está es dando un abaratamiento de la factura fiscal, una ventaja fiscal si se adopta en un determinado comportamiento. Es obvio que la adopción de ese determinado comportamiento, que sin esa ventaja fisal no se haría, depende de la ventaja que esto ofrezca. Recuerde S.S., a quien tanto gustan los cuentos, lo del burro y la zanahoria; si no hay zanahoria, no hay comportamiento que se desea promocionar. Que usted me diga que todo el sacrificio que el Gobierno socialista puede hacer en este terreno para salir de la crisis en la que estamos, para relanzar la economía productiva, para favorecer el ahorro, la inversión, la internacionalización de las empresas españolas y los gastos de formación profesional, el desarrollo del capital humano, son cinco mil millones de pesetas del año 1995 es pura, lisa y llanamente decir que no están ustedes en condiciones, porque han llevado al Estado a una quiebra técnica, de hacer el menor esfuerzo en materia fiscal para conseguir los objetivos propuestos. Es pura, lisa y llanamente reconocer que con la política de esquilmación permanente que han hecho ustedes a lo largo de los once años, el sistema fiscal ya no es un instrumento hábil para conseguir los objetivos que se propone...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García-Margallo, vaya terminando.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Voy terminando, señor Presidente. No sirve para los objetivos que se porponen, no tienen ustedes política de corrección de la coyuntura, ni política de estabilización, porque están ustedes en los límites máximos de presión fiscal. Saben ustedes que los tipos máximos y mínimos en toda Europa han bajado desde 1984, cuando ustedes los han subido. Saben ustedes que ya no tienen margen de maniobra en este tema. Saben ustedes que están capeando el temporal sin que les quede ya ni el tormentín, ni vela de respuesto con el que salir a flote. Por eso están ustedes en la filosofía árabe de su Secretario General, en el fatalismo clásico de su Secretario General de esperar a que escampe porque ustedes ni tienen tienda, ni tienen abrigo, ni tienen paraguas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ríos, por el Grupo de Izquierda Unida.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, tengo que reconocer que con usted es una delicia debatir. Y digo que es una delicia debatir, aunque en parte de su intervención ha tenido errores de redundancia, y no es bueno. Ese término de S.S. misma es excesivamente expletivo o redundante.


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Yo creo que usted nada en un concepto maniqueo permanente, en un egocentrismo tremendo, en una división del mundo de buenos y malos. Yo creo que su educación tuvo que llevarle permanentemente a buscar a los malos y buscar a los buenos. Su problema es que cree que los buenos son el Gobierno, y después, como los filisteos vienen por todos los lados, todos los demás son malos. Piensa que el objetivo que tienen los demás es ponérselo difícil, impedir que el Gobierno avance y se le olvida que los grupos políticos estamos representando a ciudadanos concretos con problemas concretos. Y, para redondear toda su faena, dice: fíjense ustedes si son majos estos de Izquierda Unida, que piden bajar los impuestos a los suyos. Y usted me ha citado a Gramsci, y yo le voy a citar el refranero español: cree el ladrón que todos son de su condición. (Rumores.) Es que manda narices que defender la bajada de los impuestos a los sectores más débiles de la población sea que S.S. entiende que buscamos reducir los impuestos a los nuestros. ¿Pero quién son los nuestros y los vuestros? ¿Se han repartido ya España? ¿Han repartido ustedes como si esto fuera una mesa de cartas? No ridiculice usted así las propuestas y respóndame: ¿Por qué es malo reducir las propuestas concretas que hemos hecho a las personas que ingresan menos de tres millones de pesetas? ¿Por qué es malo deflactar las rentas del trabajo? ¿Por qué es bueno subir la presión fiscal en frío a las rentas del trabajo? ¿Por qué es bueno eximir o reducir la presión fiscal a determinadas figuras impositivas directas de las sociedades? Respóndame usted a eso, porque si no, usted está llevando a una discusión equivocada, falsa, algo así como los teóricos y los realistas, otra división que ha hecho usted. Nosotros vivimos excesivamente en el inmovilismo --ha dicho usted al final de la frase; creía que no la terminaba de decir--; excesivamente teórico, dialéctico y, al final, inmovilista. Nosotros nos queremos mover, pero ustedes cada vez que se mueven lo hacen para el mismo lado; si es que llevan un plano inclinado a una velocidad tremenda, si es que dejan sin espacio a la derecha a esta velocidad, si es que no es posible que ustedes sigan así.
Remítanme ustedes a otro tipo de realismo y, en todo caso, remítanme ustedes a la ventana que me lleva a hacer posible lo necesario, y nos pondremos de acuerdo. Háganme pragmático para concretar propuestas que signifiquen apoyar a la sociedad que necesita salir adelante. Y en ese sentido extenderemos la mano, estaremos de acuerdo. Yo le acepto una corrección histórica, porque, además, es buena, lo de San Pablo. Es verdad, era San Mateo el recaudador. A San Pablo se le desconocía la profesión. No sería un sujeto tributario, según su posibilidad de actuar, no sería de esa posible actuación.
Yo creo que nuestras enmiendas pueden estar mal dirigidas, pueden no ser exhaustivas en todas las propuestas que hayamos podido realizar en todas las vertientes en la posición impositiva. Ahora bien, las hemos cifrado en tres vertientes.
Impuestos del IRPF. Es verdad, queremos representar a las rentas del trabajo. Pero yo le considero a usted un hombre brillante, ilustrado y preparado, y sé que conoce muy bien cuál es nuestra base electoral, y sabe usted que nosotros no hemos crecido por los sectores más débiles de la población electoralmente, usted sabe que nosotros hemos crecido por sectores intermedios y por la pequeña y mediana empresa, lo sabe usted, porque forman un condominio y conocen las informaciones del CIS; porque tienen información. Sabemos cuál es nuestro electorado. Pero aquí, señorías, aunque no se lo crean ustedes, nosotros no hemos traído intereses de electorado. Ustedes, para aprobar estos presupuestos, sí, y han aceptado enmiendas en determinados sitios exclusivamente para pagar factura a sus electorados territoriales. Nosotros no hemos traído esas propuestas. Intentamos proyectar nuestro programa, es verdad que matizado, tamizado por las propuestas que ustedes hacen. No hemos planteado retirar este título, sustituirlo por uno nuevo. No. Nos hemos limitado a precisar sus propuestas. Eso sí, permítannos seguir defendiendo la utopía de que esto es mejorable, de que estamos en una finca manifiestamente mejorable y a nivel impositivo también. Y permítanme una reflexión para el final; no me gusta ser futurista, no me gusta andar por el futuro, pero en la liquidación del presupuesto nos vamos a ver. Y yo le puedo asegurar a ustedes que han conseguido la cuadratura del círculo, la cuadratura, menos déficit público, menos impuestos e incrementan los gastos dos billones. Ya veremos cómo ingresan ustedes lo que tienen previsto ingresar. Eso sí, lo pueden hacer con más multas y recargos, lo pueden hacer metiendo la cuchara donde tienen que meterla o lo pueden hacer sobre las costillas de los de siempre. Yo le pediría que lo hicieran sobre la gente, si es posible, que más medios tiene.
No demonizo la empresa, no lo ridiculice, no hemos dicho: «¡Oh, los empresarios sangrantes!» No. Si aquí no estamos hablando de los empresarios; si aquí hablamos del Gobierno y del Grupo que tiene que aprobar y las leyes que damos y los instrumentos de que nos dotamos para recaudar. Les hemos dicho: reducir las exenciones que ustedes plantean, porque no van a generar empleo, no lo van a generar. Y ustedes mismos lo saben. Si ya han aceptado que a final de año tendremos el 23,7 por ciento de desempleo. Lo han aceptado. Si es que ustedes están en una angustia vital de las macrocifras esa angustia de decir: déficit público, reduce; reduce tipos de interés; genera inversión, salimos de la crisis. Los mejores círculos macroeconómicos los tenía Francia; la verdad es que no les deseo a ustedes que les pase lo que en Francia.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.


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El señor González Lizondo tiene la palabra.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señor García Ronda, usted acusa a distintos grupos de la oposición y dice que el Partido Nacionalista, PP, Unión Valenciana, inclusive Izquierda Unida, solamente quieren bajar impuestos y que quieren recaudar menos. No, no es así, lo que pretendemos es enseñarles cómo se pueden hacer las cosas bien hechas. Usted no puede cifrar el beneficio única y exclusivamente diciendo: como ha cerrado un número de empresas, como hay una serie de problemas, a los que quedan les voy a aumentar. No. No son esos los números. Los números son: voy a crear más sujetos impositores para que así toquemos a menos. Si es muy sencillo. De verdad, es muy fácil.
Cuando se habla de reactivar la economía, no solamente se tiene que decir, se tiene que poner medidas y hasta ahora las medidas de ustedes no sirven para reactivar la economía ni fomentar el empleo. Subir la gasolina porque hacen falta más impuestos no redunda absolutamente para nada en una generación de mayor cantidad de puestos de trabajo. Ni mucho menos.
Recaude usted mejor. Intente usted crear nuevas empresas.
Intente usted que haya menos parados. Reactive usted la economía de este país. Procure usted no que haya cada vez menos gente que tribute, sino que haya mayor cantidad de sujetos que tributen menos. Si es muy fácil. Es muy fácil. Es que ustedes cogen las teorías equivocadas. Las teorías normalmente las plantean al revés, no sé por qué. Confío, señor García Ronda, que en su próxima intervención nos diga otra cosa un poco más nueva. Lo que nos dijo en la Comisión y lo que nos ha dicho aquí, lamentablemente, estoy convencido de que no forma parte de su cosecha, forma parte de la doctrina a que le obligan, usted es bastante más inteligenete. En fin, espero poderle escuchar nuevamente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Zabalía tiene la palabra.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor García Ronda, yo voy a salir en su defensa, porque sé lo mal que tiene que estar pasando estos días defendiendo algo que usted no cree, porque usted entiende de impuestos. Tiene que ser difícil, desde luego, tomar posturas de defensa en algo en lo que usted no está en absoluto de acuerdo, me atrevo a decir, porque, en caso contrario, mis dudas serían en otro entorno. A las enmiendas presentadas por nuestro Grupo nos contestó en la Comisión de Presupuestos y no ha hecho directamente demasiada alusión, pero ha dicho tantas cosas que serían motivo de una réplica mucho mayor que en la defensa de las enmiendas.
Usted decía que no hemos hecho alusión al fraude fiscal. Hay que tener en cuenta que hay otro proyecto de ley donde hay medidas fiscales de más contenido y que tienen que ser debatidas. Allí está recogido el fraude fiscal. Pero, de cualquier forma, ¿usted cree, señor García Ronda, que nosotros tendríamos que advertir al Gobierno que tiene que perseguir el fraude fiscal? ¿Es que no es algo que tiene que hacer sin que nadie se lo diga? Hablaba de la homogeneidad que tenemos todos los grupos parlamentarios con respecto a las medidas fiscales.
Eso tiene que hacerles reflexionar. Si todos los grupos parlamentarios de diversa índole ideológica coincidimos en algo, creo que es un motivo de reflexión para el Gobierno.
Usted dice que nosotros pretendemos rebajar los impuestos. No es cierto eso, no pretendemos rebajar impuestos. Lo que pretendemos es establecer una política fiscal que procure una situación de incentivación a la actividad productiva, que genere riqueza, porque de ahí vendrán mayores impuestos. De la generación de la riqueza. En caso contrario, ustedes van a seguir intentando compensar la rebaja de impuestos por la recaudación, debido a la crisis económica, a través del mantenimiento o el aumento de la presión fiscal. Necesitan más impuestos, la actividad económica no procura mayor recaudación, por tanto, tenemos que o mantener la política tributaria o aumentar la presión fiscal. Es la única forma de recaudar más. ¿Por qué? Porque en la reducción del gasto público ustedes tampoco han hecho un esfuerzo. Ese es un planteamiento excesivamente peligroso. Si ustedes no tienen la valentía de hacer una política fiscal de acuerdo con lo que en estos momentos necesita la sociedad y, sobre todo, el sistema productivo, mal les veo en el futuro para intentar recaudar lo suficiente para poder compensar el incremento de gastos públicos que van a tener durante el año 1994. No me voy a referir a nuestra enmienda sobre «leasing», a la que usted ha hecho referencia, porque, como usted sabe, no ha sido aceptada ni siquiera a debate. Por tanto, poco podemos decir de eso.
Tampoco me ha contestado sobre nuestras enmiendas relativas a la fiscalidad de Educación, no sé si porque da por hecho que están aceptadas o simplemente porque no le interesa hablar de la fiscalidad en centros docentes. Ha hablado también de prioridades que tiene el Gobierno sobre la incentivación a la actividad económica. Esto para nosotros es una contradicción, porque, por una parte, establecen unas medidas que no incentivan en absoluto la actividad económica y, por otra, son uno de sus objetivos.
Dice que hay que tener realismo que hay que ser eficaces, que nos olvidamos de la realidad

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actual. Señor García Ronda, la realidad actual es una realidad provocada, entre otras cosas, por ustedes, por su política económica y fiscal de los últimos años. Ese es el motivo de que estemos en este momento en esta realidad. Por tanto, ustedes, culpables de la realidad, tienen que ser los que saquen a este país de la situación en que nos encontramos. Le voy a decir más. Las medidas que por lo menos el Grupo Parlamentario Vasco ha propuesto son medidas que están recogidas en las políticas fiscales de otros países europeos, son medidas que estamos aplicando en el País Vasco. No estamos pidiendo nada que no pueda ser, de alguna forma, contrastado con lo que se está haciendo, en política fiscal y tributaria, dentro de los países más avanzados de Europa.
Señor García Ronda, no me queda más que decir, vuelvo a repetirlo, que creo que usted, en el fondo, coincide con que estas medidas fiscales deberían ser aplicadas. Tienen ustedes el problema del déficit público, y lo que yo le tengo que decir es que el déficit público lo deben combatir de otra forma, como usted sabe; combatir el fraude fiscal definitivamente y ser muy rigurosos en los gastos públicos.
Ahí es donde tienen que actuar ustedes. Pero no pongan como medida, la más cómoda y la más fácil, establecer una política fiscal que vaya nuevamente en contra de lo que en estos momentos necesitan la sociedad y el sistema productivo.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía. Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento, señor García Ronda, que no haya captado en estas dos enmiendas la petición de una sensibilidad hacia el tema canario en lo fiscal, pero sobre todo en lo competencial.
Enmienda 1.216, es verdaderamente difícil de explicar, y, por tanto, exige una racionalización, el sistema fiscal canario en el caso concreto, por ejemplo, del impuesto sobre los vehículos, automóviles, camiones, etcétera. ¿Por qué? Con las disposiciones que existen actualmente, un vendedor de automóviles se ve obligado a tener que entenderse con tres administraciones fiscales: la del Estado, por esto que ustedes traen aquí y mantienen empecinadamente con respecto al artículo 74 de la Ley de 1992, de impuestos especiales. Si hay un destinatario, que es la comunidad autónoma, del rendimiento del impuesto, es decir, el huevo, ¿cómo es que se mantiene el fuero en la competencia fiscal administrativa del Estado, de la hacienda pública del Gobierno central? En segundo lugar, el vendedor se encuentra con que automáticamente tiene que hacer frente al impuesto de liquidación municipal de circulación de vehículos. Ese vehículo se ve sometido también, como objeto de importación, a las competencias fiscales que tiene la comunidad autónoma canaria en razón de la ley, ya aprobada en esta Cámara en 1991, de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias.
¿No sería mucho más racional que toda esta conceptuación procedimental de un impuesto cuyo rendimiento ya está reconocido que va destinado a la comunidad autónoma canaria, única en todo el Estado español que lo tiene, estuviera dentro de su ámbito competencial? Pues, señorías, no hagamos distorsiones verdaderamente atípicas.
Y al ritmo que se lleva en la crisis del sector del automóvil la recaudación de este impuesto me parece que tampoco se está pidiendo ninguna tasa de aumento de trabajo.
Con respecto a la 1.217, señor García Ronda, nosotros no vamos a poder votar ningún artículo que discrimine o penalice fiscalmente a los canarios en este sentido. Cuando Iberia se planteó en España crear compañías aeronáuticas de tercer nivel, salió la empresa Binter y fue Canarias la pionera. En verdad es la única que viene funcionando en toda España con un concepto integral de compañía de tercer nivel. ¿Por qué? Porque, al estudiar el mercado interno canario, encuentra que el ciudadano de Canarias en los vuelos interinsulares es, estadísticamente, el de mayor tasa de habitualidad en toda España. De todos los ciudadanos del Estado español los que más habitualmente, a lo largo de un ejercicio económico de un año, emplean el transporte por avión son los ciudadanos que habitan en el archipiélago canario. Como, al final, lo que tendrá que hacer la compañía que expide el billete es repercutir el aumento de tasas aeroportuarias en el billete, le puedo decir, señor García Ronda, que, con las nuevas disposiciones de la Comunidad Económica Europea, el Gobierno canario tiene que ser consecuente, impulsar una política de cielos abiertos en el archipiélago y que entre en competencia frente a Binter cualquier compañía de bandera nacional o de la Unión Europea, para que se pueda abaratar. Si ya van a tener que pagar todas la misma tasa aeroportuaria en la zona de más hábito de transporte aéreo por la dispersión geográfica del archipiélago, que, al menos, haya una competencia libre de empresas aeronáuticas de tercer nivel para que se consiga reducir la repercusión en los billetes.
Esta postura se la tendrán que pensar los consejos de administración de Iberia y de Binter para racionalizar este tema. Lo único que pedimos es sentido común y que, al menos, dentro del archipiélago juegue la misma norma que entre los países dentro de la Unión Europea. No es que la Unión Europea obligue al Gobierno español a tener unas tasas aeroportuarias superiores a las que existen en despegues y aterrizajes en aviones

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que vuelen dentro del espacio aeronáutico de la Comunidad Económica Europea, hoy de la Unión Europea. Sencillamente es una cuestión de aplicación de unas normas de ingreso por una entidad autónoma. Prueba de ello es que tiene que aplicar unos coeficientes de aumento sobre 1993 inferiores a los nacionales para cuando la aeronave despegue o aterrice en un aeropuerto de la Comunidad Económica Europea.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Tiene la palabra el señor García Ronda.


El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, voy a tratar brevísimamente de contestar, si es que puede ser, porque seguramente darían lugar a otro debate algunos de los temas que han reabierto sus señorías. En primer lugar, empezando por el final, lo más cercano y lo más breve, el señor Mardones, de Coalición Canaria, hablaba del fuero y por qué se mantiene. Comprenda que se mantiene por una cuestión de sistemática fiscal, fundamentalmente. Ya le he dicho antes que no es una cuestión de forcejeo en este sentido, sino una cuestión de sistemática fiscal.
En segundo lugar, en cuanto a las tasas de aeropuertos, su señoría ha hecho algunas consideraciones válidas, que, desde luego, yo comprendo en algún sentido y desde el punto de vista del contribuyente o del viajero canario. También le digo que no es éste el último momento procesal de la ley de presupuestos y que, a lo mejor, hay lugar a reflexionar sobre lo que S.S. ha dicho. Y sí, por fin, le digo que no se puede quejar de la consideracicon que este Parlamento ha tenido siempre con Canarias. Sin decir que les hemos mimado, sí puedo decirle que dedicamos muchísimo tiempo a Canarias, como realmente tiene necesidad, por un lado, y se merece, por otro.
En cuanto al señor Zabalía, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), me dice que no puedo estar de acuerdo con lo que el Gobierno plantea. Yo lo que no puedo tener son posturas en abstracto y, por lo tanto, me tengo que atener a la realidad presente. Y el hecho de que me gustasen o no me gustasen más otras cosas no tiene nada que ver con este debate. Tengo que mirar la realidad como es y decir qué es lo que se puede hacer en primer lugar. En este sentido, estoy de acuerdo con el Gobierno: ¿Qué se puede hacer: esto o esto otro? Su señoría hará algunos matices con respecto a ello y podremos estar en desacuerdo, pero, realmente, la línea general que el Gobierno plantea en estos presupuestos me parece correcta. Se toman medidas. Claro que se toman medidas, en estos presupuestos y en la ley que los acompaña; claro que se toman medidas en el sentido de favorecer la actividad productiva. Ahora, también le digo que una cosa es la valentía a la que se ha referido y otra es la imprudencia. Quizá aquí nos movemos en un terreno dificultoso pero el político, por su propia naturaleza, tiene que caminar --quizá ésa es su misión--por él casi siempre.
Al señor González Lizondo, de Unión Valenciana, le digo también que se han tomado medidas. Le agradezco sus elogios personales. Cuando habla de doctrina venida, que me dan otros y que yo asumo, le digo que no. Probablemente es el momento en que menos doctrinario soy. En estos momentos económicos de España y en esta ley de presupuestos probablemente me he despojado de cualquier doctrina que tenga, precisamente en aras de acomodarme a ago que veo como inevitable, y que hay que hacer; hay que ceñirse a la realidad. Qué más quisiera yo que tener más utopía, como ha dicho alguien. Probablemente la tengo dentro tanto como el que más, pero comprendo que en estos momentos no es posible sacarla a relucir, casi ni hablar de ella.
En cuanto al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Ríos me dice que yo he pensado siempre en buenos y malos. No, en absoluto he sido maniqueo. Además, creo que, con el paso del tiempo, uno se va haciendo, si se quiere hasta más ambigüo, y no en el sentido peyorativo. Lo de bueno y malo está entremezclado casi siempre. En cuanto a que cree el ladrón que todos son de su condición, yo se lo tomo como metáfora y hasta admito lo de que yo pueda ser el sujeto ladrón; pienso que el buen ladrón en todo caso. (Risas.) Por otro lado he oído otra metáfora del burro y la zanahoria por parte del señor García-Margallo y el burro parece que eran los empresarios, digo yo también que será puramente metafórico, y nosotros los que le damos la zanahoria. Dejando aparte esto refranes, sigo con el señor Ríos. Creo que es un poco demasiado suspicaz. Incluso ha aludido a que yo he repetido señorías. No, no, en absoluto. Lo he hecho por mera corrección parlamentaria y, desde luego, no me aleja personalmente de él ni de ninguna de sus señorías el hecho de que así les llame.
Estamos en un trámite determinado, estamos en el hemiciclo y creo que es correcto que nos llamemos así; no he intentado ridiculizar nada. Otra cosa es que no esté de acuerdo y que lo haya controvertido. No he ridiculizado nada, ni a su señoría ni a ninguna de sus otras señorías que han presentado enmiendas. Pienso que el trámite es suficientemente serio y el momento también como para que nos entretengamos en ridiculizar y en hacer farsas. No, no, en absoluto le he ridiculizado. Las he tomado absolutamente en serio. Creo que si he hablado de inmovilismo es porque pienso que hay algo de eso. Me he referido, por si acaso S.S. no se ha dado cuenta, a que también tienen que hacer sacrificios aquellos que no los hacen habitualmente y que parece que siempre se benefician de cualquier

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circunstancia que haya en el país. No vamos a entrar en el debate de quiénes son, etcétera, porque creo que estará de acuerdo S.S. con quiénes son y podemos hablar de ello.
Si no tomamos medidas, yo creo que sería mucho peor el asunto del déficit todavía y lo del paro. La tasa de paro también sería peor. Estamos tratando de hacer precisamente que sea menor,aunque crezca. Más crecería si no se tomasen esas medidas. Y ya debatiremos sobre el cumplimiento de los presupuestos en su día, y yo estoy seguro de que S.S. debatirá porque, además, tiene coraje y carácter para debatir.
Yo creo que Pablo sí era un sujeto tributario, en cuanto que era ciudadano romano, también se lo aclaro, porque por ese mismo hecho era sujeto tributario de otra manera que los ciudadanos judíos, naturalmente. En cuanto al Grupo Popular, señor García-Margallo, le tengo que decir que en estos momentos no se trata de reformar la totalidad del sistema tributario. Tenga paciencia S.S. porque el año que viene espero, estoy seguro, que se nos traerá aquí, en primer lugar, una modificación de la Ley General Tributaria y, correlativamente con ella, y a partir de ella, una serie de modificaciones que darán lugar a un sistema tributario mejorado, sin duda.
No engañamos a nadie. No hemos engañado a nadie. Lo que ocurre es que somos unos políticos sensibles a la realidad cambiante.
No hemos engañado a nadie. Pero, si las circunstancias han cambiado, nosotros debemos tenerlas en cuenta y lo he repetido aquí seis o siete veces. Ahora, si usted dice: Como no se ha cumplido aquello que ustedes dijeron, entonces cambian. Pues, sí, cambiamos; hemos tenido que cambiar determinadas cosas; no hemos podido cumplir determinadas cosas, pero, ¿por qué? En aras de hacerlo mejor precisamente para el país que ha cambiado o cuyas circunstancias han cambiado también.
En cuanto a que es pintoresco por la mañana, ya le diré lo del gasto fiscal por la tarde. Ya hablaremos por la tarde, o no sé si mañana por la mañana, de la cuestión del gasto fiscal como válido o no o como medida o parámetro para medir la ayuda a la actividad económica.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda, vaya terminando, por favor.


El señor GARCIA RONDA: Ahora mismo termino, señor Presidente.
Tal como me dice un querido compañero de escaño, la verdad es que ha hecho usted un poco de Robin Hood aquí, y no es lo que le va; más bien tenía que estar usted en el lado de Juan Sin Tierra, que, como sabe usted, era el soberano contra el que luchaba Robin Hood. (Risas.) Lo digo por lo de sin tierra.
(Risas.) En cuanto a la esquilmación a la que ha aludido, yo creo que, en primer lugar, no existe en nuestra política, ni en nuestra política fiscal y me temo que no existe ni en el Diccionario de la Real Academia, pero no se lo aseguraré para no pecar de aseverativo. Lo comprobaremos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Ronda. Finalizado el debate del Título VI, iniciamos el de las enmiendas presentadas al Título VII, junto con las Secciones 32 y 33.
A este Título se han presentado enmiendas por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Gracias, señor Presidente.
Señores Diputados, voy a defender conjuntamente nuestras enmiendas al Título VII y a la Sección 32, en donde se plasman los criterios del Gobierno sobre financiación de los entes territoriales. Las enmiendas son de devolución de la totalidad del Título VII, de sus Capítulos I y II, y de la Sección 32.
Además, hemos enmendado de supresión, de modificación o de adición, según los casos, diversos artículos del título. Y voy a distinguir en mi exposición, para una mayor claridad, las enmiendas que hacen referencia a la financiación de las corporaciones locales de las enmiendas sobre financiación de comunidades autónomas.
Pues bien, hemos pedido la devolución al Gobierno de la normativa sobre financiación de las corporaciones locales, lisa y llanamente, para que se me entienda, porque lo que dice el proyecto de Presupuestos Generales del Estado es mentira o, dicho de una manera más suave, no es verdad, y voy a intentar explicarlo con la mayor claridad posible. La actual Ley de Haciendas Locales establece, en sus artículos 112 y 125, las normas para determinar la participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado para el quinquenio 1989-1993, pero las normas para determinar esa participación en años sucesivos --el primero de esos años es 1994-- no se han aprobado a fecha de hoy, con lo cual las cantidades que figuran en este proyecto de Presupuestos las establece el propio Gobierno en base a los criterios que él mismo estima conveniente. Además, son cantidades provisionales, como el propio proyecto de Presupuestos reconoce al señalar en sus artículos 81.2 y 82.4 que las liquidaciones definitivas se harán conforme a los criterios que se determinen en su día. Es decir, esta cifra que figura en los Presupuestos no es que no responda a criterio alguno, sino que, además, no es verdad porque la fijación de las mismas depende de unas normas legales que en su día tiene que aprobar esta Cámara. Esto, a mí al menos, no me parece una forma seria de gobernar. Creo que lo lógico es plasmar en el proyecto de Presupuestos las cantidades

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que corresponden a esas normas legales previamente aprobadas, porque, si no, como va a ocurrir en este caso, lo aprobado es papel mojado. Dicho de otro modo: lo que posiblemente se apruebe hoy en la Cámara no es verdad o, si quieren ustedes, es mentira o, si quieren ustedes, no vamos a aprobar nada. A mayor abundamiento, no podemos aceptar esta cifra establecida a ojo por el Gobierno, porque el propio Gobierno en el proyecto nos dice que de momento se aumenta la participación de las corporaciones locales en un porcentaje respecto de la cantidad que estas corporaciones recibían al año anterior y, como es sabido, la fijación de la participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado del año 1993 se hizo después de que el Gobierno derogara en la Ley de Presupuestos la Ley de Haciendas Locales pactada con la Federación Española de Municipios y Provincias; ley que, por otra parte, derogó con efectos retroactivos; ley del año 1993, de aplicación para los años 1990 y 1991; ley que, por supuesto, hemos recurrido al Tribunal Constitucional y que provocó un pintoresco debate en esta Cámara a principios del año 1993, fecha en la que estábamos discutiendo qué deberían recibir los ayuntamientos en el año 1990.
Por si ello no fuera suficiente, la cantidad que se fija en los Presupuestos en ningún caso supone aumento respecto de lo que se fija para el año 1993, porque el proyecto de Presupuestos de 1993 habla de 549.000 millones y se refería al 95 por ciento de la participación. Ahora se habla del cien por cien de la participación, de 597.000 millones de pesetas, con lo cual, si sumamos a la cantidad del año pasado el índice de devolución previsto por el Gobierno, resulta que sale una cantidad mayor que la que se prevé en el proyecto de Presupuestos del año 1994.
Esta forma de gobernar, y hay que decirlo con absoluta franqueza, junto con otras habilidades del Gobierno, como el famoso «catastrazo» o la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas, es la que ha provocado buena parte de los problemas gravísimos de nuestras corporaciones locales y que se han puesto de manifiesto en la última reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias, celebrada en La Coruña.
Le voy a decir una cosa con absoluta franqueza. Muchos señores, algunos de los cuales son Diputados en esta Cámara, han dicho el último fin de semana en la ciudad de La Coruña todo lo contrario de lo que van a votar en el día de hoy en esta Cámara.
Voy a hacer una pregunta que creo que es muy oportuna. A mí me gustaría que el Gobierno explicase cómo puede una corporación local planificar sus actividades para el futuro y aprobar sus presupuestos si a fecha de hoy, que es la fecha en la que la ley le obliga a presentar su proyecto de Presupuestos, no sabe, ni siquiera aproximadamente, qué es lo que va a recibir del Estado en concepto de participación de tributos del Estado para el año que viene y, además, y por si ello fuera poco, tampoco sabe si le van a cambiar la fórmula que en su día se apruebe, como le han cambiado la fórmula en el último quinquenio mediante esas leyes que el señor Solchaga acostumbraba a traer a esta Cámara y que teníamos que recurrir, en algunas ocasiones --como hicimos-- al Tribunal Constitucional, que, como ustedes saben fallará dentro de diez o doce años, y falle lo que falle ustedes también se darán cuenta de cuáles son los efectos que se van a producir.
Lógicamente, nosotros no podemos prestarnos a esto, y lo digo con absoluta franqueza. Es decir, nosotros no podemos aprobar nada o no podemos aprobar una cifra que se nos dice se fijará cuando esta Cámara apruebe los criterios legales para fijarla, porque esto es muy poco serio. No tiene nada que ver con la forma de gobernar de un Gobierno que tenga un mínimo de conciencia de lo que es un gobierno y, consiguientemente, sintiéndolo mucho, no vamos a apoyar el proyecto de Presupuestos en este título y en esta sección.
Todas las enmiendas parciales que presentamos a los artículos ochenta y uno, uno; ochenta y uno, dos; ochenta y dos, uno, y ochenta y dos, cuatro, como responden a lo que he dicho hasta ahora --no los voy a explicar en este momento--, pretenden, lisa y llanamente, establecer un sistema claro sobre la financiación de las corporaciones locales para el año 1994 y, además, prevemos que, si el Gobierno no aprueba el nuevo sistema, se aplique el antiguo, el que estaba en la Ley de Haciendas Locales. Además, presentamos otra serie de enmiendas parciales --sólo voy a referirme a algunas, a las que me parecen más importantes-- que pretenden, lisa y llanamente, que el Gobierno gobierne o que el Gobierno gobierne bien. Y ustedes lo van a entender. Al artículo ochenta y tres, uno, presentamos una enmienda. Dice este precepto que las entregas a cuenta se abonarán a los ayuntamientos trimestralmente.
Nosotros decimos que el abono a los ayuntamientos se produzca mensualmente para evitar los muchos problemas de tesorería y para evitar, en suma, una pérdida de ingresos, porque no es lo mismo que estos ingresos se abonen a las corporaciones locales mes a mes que se abonen trimestre a trimestre y, en muchas ocasiones, con retraso. Sigue diciendo este precepto que las entregas a cuenta que hace el Gobierno a los ayuntamientos o a las corporaciones locales, en general, son entregas a cuenta que se hacen observando la última liquidación definitiva practicada. Nosotros decimos que las entregas a cuenta se hagan considerando la liquidación del año 1993, que habrá de hacerse dentro del primer trimestre del año 1994, porque la última liquidación definitiva practicada, en muchas ocasiones, es una liquidación que se ha hecho del ejercicio del año 1990, porque no hay una liquidación definitiva del ejercicio

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del año 1991 y 1992. Y, lógicamente, esta manera peculiar y pintoresca de funcionar de este Gobierno, también genera problemas de tesorería a las corporaciones locales y un grave perjuicio económico a las mismas. Al artículo ochenta y tres, dos, hemos presentado una enmienda en relación con el resto de las corporaciones locales en el mismo sentido que la del artículo ochenta y tres, uno, al que acabo de hacer referencia. Presentamos otras enmiendas, que no voy a detallar, y que a buen seguro conoce el portavoz o la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a los artículos ochenta y cuatro y ochenta y ocho. En suma, ¿qué es lo que pedimos al Gobierno en relación a la financiación de las corporaciones locales? Primero, que fije las reglas del juego. En este momento no hay reglas de juego, es decir, no sabemos cuáles son los criterios para fijar la participación de los ayuntamientos o de las corporaciones locales, en general, en los tributos del Estado del año que viene, simplemente porque no hay criterios, como muy bien dice el Gobierno, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no lo digo yo.
El Gobierno dice que no hay criterios y que cuando se fijen dirán en los presupuestos que se van a aprobar ahora qué es lo que van a recibir las corporaciones locales, lo cual --vuelvo a insistir-- no me parece serio, ni a mí ni a ninguno de los presentes.
Segunda petición que le hacemos al Gobierno: que cumpla las leyes que el propio Gobierno aprueba. Creo que es una petición sensata y razonable, es decir, que no haga lo que hizo en el último quinquenio que aprobó una ley de Haciendas Locales y luego la derogó en la Ley de Presupuestos, pero como la Ley de Presupuestos solamente puede surtir efecto para el año presupuestario, hizo una ley con efecto retroactivo para los años 1990 y 1991. Por tanto, no es mucho pedir, es una petición razonable: le pedimos que cumpla sus propias leyes.
En tercer lugar, le pedimos que abone la participación que les corresponde a los ayuntamientos, con arreglo a los presupuestos, en tiempo y forma. Creo que esto es lógico; a todo el mundo le gusta que se le pague en tiempo y forma. A un asalariado le gusta que se le pague a fin de mes; pues a las corporaciones locales también les gusta que el Gobierno les pague en tiempo y forma, porque, de lo contrario, tienen que pedir créditos de tesorería, reciben menos ingresos y eso supone que los proveedores cobran más tarde, genera problemas a las empresas, etcétera. En cuarto lugar, le pedimos que pague lo que le corresponde, que también es una petición muy sensata y muy razonable, motivo por el que hemos presentado una enmienda pidiendo que las entregas a cuenta se calculen teniendo en cuenta la última liquidación definitiva practicada, pero que sea la liquidación del año de que se trate, es decir que no se está refiriendo el abono de las entregas a cuenta a la liquidación de ejercicios presupuestarios anteriores a tres o cuatro años. Por tanto, las peticiones que hace el Grupo Popular son muy razonables, y como yo entiendo que los señores Diputados son todos muy razonables, particularmente los del Grupo Socialista, estoy seguro que van a aprobarlas. Vuelvo a insistir en que se fijen unas reglas del juego, que se cumplan, que se pague a tiempo y que se cumpla la legislación vigente; creo son unas peticiones muy sensatas, a las que nadie puede oponerse.
En cuanto a la enmiendas referentes a la financiación de las comunidades autónomas, son menos importantes, pero también tienen su trascendencia. En principio no estamos en un desacuerdo tan global en materia de financiación de comunidades autónomas como en materia de financiación de corporaciones locales, porque aquí sí que hay un sistema de financiación de las comunidades autónomas, que se ha aprobado el 20 de enero de 1992, aunque se aprobó con retraso, pues debía haberse aprobado en el año 1991. En cualquier caso, yo siempre firmaría un retraso de veinte días, porque los retrasos habituales en el funcionamiento del Ministerio de Economía y Hacienda son de dos o tres años. Hay un modelo de financiación que este Partido político ya aprobó en su día; sin embargo, hemos enmendado de totalidad al capítulo del Título VII, referido a las comunidades autónomas, lisa y llanamente porque el Gobierno no cumple sus compromisos; pedimos que los cumpla, y me voy a explicar. En esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de enero de 1992, el Gobierno se comprometió a que el 1 de enero de 1993, es decir, hace once meses, entrarían en vigor una serie de normas que hacían referencia a los siguientes temas: en primer lugar, una asignación para la liberación de servicios mínimos en el territorio nacional, que está prevista en el artículo 15 de la Lofca; la Lofca es una Ley que entró en vigor en el año 1980. Es decir, el Gobierno ha dicho que el 1 de enero de 1993 había asignación para liberación de servicios mínimos y no la hay; ya no la había en el presupuesto de 1993, pero es que tampoco la hay en el presupuesto para 1994. Hay que decir otra cosa, y es que estamos hablando de una Ley del año 1980 que lleva trece años sin cumplirse en lo que se refiere, al menos, a su artículo 15. En segundo lugar, se iban a establecer fórmulas de corresponsabilidad fiscal, compromiso que debía tener su traducción en estos presupuestos. Yo he leído atentamente los presupuestos y no hay nada que haga referencia a ese asunto, con lo cual, una de dos, o yo no he leído atentamente los presupuestos --pero, si eso es así, nadie en esta Cámara se ha leído atentamente los presupuestos-- o es que es verdad que no hay nada referido a corresponsabilidad fiscal y, por tanto, el Gobierno ha incumplido, una vez más, sus propios compromisos. Lo único que sabemos de la corresponsabilidad fiscal es esa famosa fórmula que se sacó de la

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manga el señor Ministro de Economía y Hacienda aquí presente y que, como el propio Ministro de Economía y Hacienda sabe, aunque, como es natural, no lo iba a reconocer --yo, en su caso, tampoco lo haría, dicho sea de paso--, es una fórmula que no resuelve ningún problema en absoluto, es provisional y precisamente lo único bueno que tiene esa fórmula es que es provisional, lo cual no deja de ser ciertamente curioso.
Por último, tampoco hay una sola palabra referida a la financiación de la Sanidad, que es otro de los temas que, según el Gobierno, estarían resueltos en enero de 1993.
Lógicamente, no podemos dar nuestro apoyo a este capítulo porque hay un incumplimiento claro por parte del Gobierno de sus propios compromisos. Lo único que pido --que también es una petición muy sensata-- es que el Gobierno cumpla sus propios compromisos.
Además, hay una serie de enmiendas, que no voy a detallar, de menor importancia, aunque también tienen cierta tendencia, sin duda, y que hacen referencia a lo que hemos dicho antes: hay que gobernar bien. Por tanto, hay que aprobar los presupuestos en su día, hay que hacer la liquidación en su momento, hay que cumplir sus compromisos y estas enmiendas que presentamos a los artículos noventa y dos, noventa y dos, cuatro, etcétera, son unas enmiendas que van, fundamentalmente, en esta línea.
Señor Presidente, ya voy a terminar, pero antes quisiera hacer una última afirmación. En la financiación de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas no debía haber discrepancias entre los grupos políticos, no debía haberlas, porque no es un tema de fuerte contenido ideológico ni de gran carga política, pero, con absoluta franqueza, nosotros, que siempre hemos intentado buscar el consenso en este tipo de asuntos, nos encontramos con que no creemos que sea la falta de voluntad del Gobierno, sino, en muchas ocasiones, su inoperancia la que nos impide llegar a un entendimiento. En cualquier caso, el Grupo Popular está dispuesto --y ya lo demostramos en su día al firmar el Pacto Autonómico-- a llegar a algún entedimiento en materia de financiación de las corporaciones locales, que, aunque a la mayoría de la gente le trae sin cuidado, como muy bien sabe el señor Ministro de Hacienda, es un tema no menor.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rajoy.
Para defender las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en este título VII hemos unido la discusión sobre entes territoriales, correspondientes a la sección 32, y sobre el Fondo de Compensación Interterritorial. No sería bueno, aunque hemos tenido debates en esta Cámara sobre la financiación del crédito extraordinario y sobre temas puntuales de la vida municipal, pasar de puntillas por una realidad, por una realidad que está haciendo vivir el funcionamiento del Estado en su vertiente más cercana a los ciudadanos, y sería injusto hacer aparecer ante la ciudadanía la vida municipal y regional como derrochadora de recursos y poco ajustada a la administración, sin plantearnos de verdad cómo debe participar en los ingresos del Estado las distintas administraciones que lo componen. Por eso, nuestra posición, tanto en la financiación de las comunidades autónomas como de los propios ayuntamientos --aunque es verdad que en el tema municipal la sección 32 solamente en su capítulo IV hace frente a esa aportación de la vida municipal-- es la de no pasar de puntillas sobre lo que es nuestra propia voluntad. Nosotros creemos que la participación que se hace de los ingresos del Estado no es ajustada y que no se ha logrado todavía un sistema que nos haga partícipes de lo que pagamos todos los españoles, vivamos donde vivamos, para, por un lado, recibir mejores servicios de la vida local y coordinar los esfuerzos territoriales en la comunidad autónoma, y, por otro lado, de las actuaciones del Estado. No hemos conseguido que esos impuestos estén bien distribuidos y que, de cada 100 pesetas que paguemos, puedan llegar 25 pesetas para los servicios locales, 25 para los servicios de la comunidad autónoma y las 50 restantes para lo que nos presta la Administración central.
Y digo que no se ha logrado el acuerdo que solucione todos estos problemas porque en este país, los españoles, vivamos en un sitio o en otro, no recibimos la misma calidad en los servicios ni se ha hecho el mismo esfuerzo para superar viejos desequilibrios que, dotando de infraestructuras y de medios a los distintos pueblos, les sitúe, cara al futuro, en la misma posibilidad de ejercer su propia libertad, su propia posibilidad de desarrollo. Y es ahí donde nosotros discrepamos de la propuesta y la distribución que el propio Estado ha planteado, ya que, por un lado, congela --ésta es una discusión que hemos tenido antes--, en la misma cuantía de 1993, el Fondo de Compensación. Es verdad que ese fondo se actualizó como consecuencia del pacto que se produjo en enero de 1992, y es verdad que la cuantía que hay ahí es un incremento sobre lo que existía en años anteriores, pero lo cierto y verdad es que la política regional que el Estado central plantea se ha visto congelada en las mismas pesetas, cuando el valor de las pesetas de 1994 no va a ser ni muchísimo menos el mismo que el de las pesetas de 1993; sin embargo, son las mismas pesetas, aunque sean de distintos años. Nosotros creemos que no debe ser así, e incluso hay que comprometer más al Estado para que, en la inversión que vaya a hacer en infraestructuras, piense en invertir el 50 por ciento en las regiones más desfavorecidas para corregir sus desequilibrios

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y el otro 50 por ciento en todo el resto del Estado. No estamos pidiendo, por tanto, que haya una actuación que favorezca a esas regiones, sino que el Estado tenga en cuenta a las mismas con políticas regionales. Por tanto, estamos proponiendo que en la Sección 32 se incremente la cuantía a 157.000 millones de pesetas para caminar hacia el 45 por ciento de lo que es el esfuerzo inversor del Estado, es decir, pasar del 36,8 por ciento al 45 por ciento. Y se me puede responder que en el acuerdo al que llegamos se habló del 35 por ciento; se me puede decir lo que quieran. Aquí estamos viendo cómo año a año, señorías, actualizamos las leyes que teníamos antes para adecuarnos a los recursos de ingresos y los gastos, pero año a año. Acabamos de ver cómo hemos adecuado el IRPF, cómo adecuamos el Impuesto sobre Sociedades, cómo adecuamos los impuestos locales, lo hemos visto ahora mismo. Lo adaptamos a la coyuntura del momento, al devenir del tiempo, según la realidad de cada momento. ¿Por qué no hacerlo también en la discusión de los fondos para corregir desequilibrios territoriales? ¿Por qué no hacer frente a ello? Se me puede decir que es que hoy lo prioritario es otra cosa.
Aquí hay quien ha establecido una prioridad distinta: estabilidad de Gobierno, estabilidad política que garantiza después todo lo demás y nosotros creemos que no es verdad, que eso es tener una política miope, que eso es actuar como el avestruz y es creer que salir hoy bien significa de verdad crear el encuentro en la sociedad que facilite el futuro, y eso no es así.
Solamente con una actuación integrable en el territorio, con una situación de poder descentralizado y con actuación de recursos para ejercer sus competencias, mínimamente aceptadas, solamente así, con un poder cercano al ciudadano y dotado de medios y con una política que ordene el territorio de forma integrada, estaremos sentando las bases de una forma de gobernar permanente y duradera, con independencia del partido que se siente en el sillón; si no no estamos creando bases para que eso se pueda producir así, estamos actuando en la coyuntura del día a día, pero no estamos caminando hacia esa realidad. Ese es el objetivo de nuestras enmiendas a nivel del Fondo de Compensación y a nivel de lo que es la financiación.
Proponíamos que a los ayuntamientos fuesen dos actuaciones concretas: 100.000 millones de pesetas para lo que es el incremento, para lo que puede ser toda la viabilidad de participación en los ingresos del Estado, para incrementar la participación en los ingresos del Estado.
Yo voy a mojarme en algo que ha salido a discusión. La participación en el IRPF, tal y como está propuesta para la financiación de las Corporaciones Locales, no es ajustada, porque los munipios de mayor capacidad de renta llevarán la mayor capacidad de recursos. No es posible si no se plantea lo mismo que decíamos para las comunidades autónomas: elementos correctores. Los municipios chicos, de poca población, nunca recibirán los mismos recursos para hacer frente a los mismos servicios que tienen que prestar. Por tanto, proponemos para la vida municipal y para la vida regional una actuación coordinada. No estamos en contra de que se incremente la capacidad de recursos por participación en los ingresos del Estado, por cualquiera de las vías (en el caso de las comunidades, el 15 por ciento), siempre y cuando se pongan en marcha actuaciones de fondo para nivelar los servicios y hagamos frente a la deuda que tenemos. Ahora estamos hablando de la de sanidad, que está aplazada e incluso está dificultando transferencias que se están haciendo a algunas comunidades, pero pronto vamos a discutir de otras; por ejemplo, del transporte; por ejemplo, otros servicios. Y cuando hablemos del INSERSO, hablaremos también del INSERSO.
Vamos a hablar de muchos déficit a nivel de cada una de las realidades. Por tanto, estamos proponiendo que en los recursos de este año se plantee un mayor incremento en la participación de los ingresos del Estado hacia los municipios en 100.000 millones y hacia las comunidades en menor medida: proponemos una cifra de 10.000 millones de pesetas. Por otro lado, estamos proponiendo que a los municipios vayan 50.000 millones de pesetas para superar el déficit, como aportación de este año. Las situaciones históricas no se superan de golpe y porrazo. No es lógico plantear, esto de repente, pero sí progresivamente y tomando las riendas desde el momento en que podamos iniciar esa actuación. Es verdad que este proyecto de ley puede salir de la Cámara sin aceptar estas enmiendas; es verdad que podemos salir de aquí sin aceptar que esto hoy pueda ser necesario incorporarlo en los presupuestos, pero les aseguro que fuera de aquí se van a producir encuentros, se están iniciando encuentros que después van a reconducirse o a créditos extraordinarios o a actuaciones de modificación que se harán por la puerta falsa de este Parlamento, y ese vicio es el que queremos evitar; esa manera de actuar desde el poder es la que queremos evitar. Hay que actuar de otra manera distinta. Debemos conseguir un funcionamiento diferente y hay posibilidades si se admitieran las distintas enmiendas.
Por otro lado, nuestra enmienda 1.329 va dirigida a garantizar que los pagos trimestrales de la participación en los ingresos del Estado de los ayuntamientos se ejecuten cuando se tienen que producir.
La enmienda 1.330 al artículo ochenta y ocho, b), pretende adelantar, para agilizar los trámites, el plazo que se concede, a los ayuntamientos hasta el 30 de junio, adelantarlo, decía, al 31 de marzo para suministrar la información relativa a las corporaciones locales.


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La enmienda 1.331 que se ha presentado al artículo ochenta y nueve hace referencia a las retenciones a practicar a los ayuntamientos. Ustedes proponen que esas retenciones a los ayuntamientos se puedan realizar como máximo por un importe equivalente al 50 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva corporación. Nosotros creemos que eso es excesivo y proponemos reducirlo al 25 por ciento. Por la misma razón proponemos, en el mismo artículo y más adelante, que donde habla del 25 por ciento, se pueda reducir al 15 por ciento, garantizando así una menor retención de la que proponen ustedes para esta actuación.
Por último, las enmiendas 1.334 y 1.335, que hacen referencia al Fondo de Compensación, las doy por defendidas.
Nosotros creemos que con estas reflexiones --porque en algunos casos se trata de enmiendas a la totalidad y si se aceptaran como tales significaría devolver esta sección y debatirla de nuevo-- el objetivo es facilitar la discusión sobre estos temas, poder llegar a encuentros en las propuestas puntuales y, si no, al menos facilitar el debate que comience ahora.
Anteriormente decía que siempre y cuando el planteamiento vaya sobre la filosofía del territorio integrado, siempre y cuando se tienda a recuperar la dinámica de esa era de los ayuntamientos, de esa era de la descentralización, de esa era de acercar el poder de los ciudadanos en la decisión y ejecución con nítidas competencias estaríamos a favor; en la medida que esto no sea así, nosotros estamos dispuestos a plantear respuestas en la ordenación y financiación del poder que puedan significar un equilibrio político suficiente con el respaldo también suficiente. Aquí me van a permitir SS.SS. que les diga que nosotros sí estamos participando en el poder, estamos siendo poder; en el caso local, ejerciéndolo directamente o en relación, y en el caso de las comunidades, facilitando gobernabilidades en algunas de ellas. Esa participación en el poder, para bien o para mal, parece que va a ser creciente en el devenir del tiempo, y hay eventos entremedias que van a situar la vida política española, antes que en las generales, en otra dinámica. Facilitemos que eso se pueda producir así, recuperando una dialéctica que teníamos siempre en la era de 1977 a 1979, y que hoy vemos truncada, puesto que el equilibrio político y territorial se está ejerciendo en otra dinámica distinta que nosotros creemos que no es la que España necesita.
Nada más, Presidente; nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Martín.El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, señorías, a este título Coalición Canaria ha presentado cuatro enmiendas que van dirigidas, fundamentalmente, a remediar una situación de agravio comparativo que creemos existe en relación al resto de los ayuntamientos y diputaciones del Estado. No hay discusión sobre la grave situación que están atravesando los ayuntamientos de todo el país, y las conclusiones de la Federación Española de Municipios son buena prueba de ello.
Pero dentro de esta situación creemos, y tenemos razones para ello, que los ayuntamientos y cabildos canarios tienen una situación especial y están en peores condiciones que el resto.
No hay duda de los elevados costos de los servicios que prestan los municipios en unas islas fragmentadas --siete-- donde la cultura, el deporte, las ayudas sociales y las infraestructuras son --y está admitido sin discusión en todos los ámbitos-- más caras que en el resto del Estado. Por ello, a lo largo de la historia surgieron los arbitrios como una fórmula de financiación interior, propia, para poder intentar prestar unos servicios de calidad similar. Pero, ¿qué ha pasado? Esa fórmula histórica que permitió a los ayuntamientos canarios establecer unos arbitrios ha tenido como contrapartida una reducción en la participación de los fondos del Estado, luego lo que se incrementa por un lado se pierde por otro.
Hay una sentencia reciente, de 1981, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 2.736/1991, que da la razón a los ayuntamientos canarios. Cuestiona la forma y el fondo, y respecto a la imposición indirecta no encuentra cobertura legal para la limitación en la participación correspondiente al IRPF, como tampoco en lo concerniente al rendimiento de las tasas en juegos de azar. Literalmente, dice: Con otras palabras, no se encuentra cobertura legal de ningún tipo, ni siquiera la que se podría haber derivado de una remisión por real decreto no llevada a cabo, que permita establecer por orden ministerial la limitación que se impugna: tomar como criterio para evaluar el índice de participación de los municipios canarios en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal, en lo que a los impuestos indirectos se refiere, el 17 por ciento de su población de derecho y no el cien por cien, limitación que, por otra parte, para nada se contiene en los Reales Decretos-leyes 34/1977 y 3/1981. Aun en la hipótesis de que por real decreto se operase una remisión al artículo 123.1 del Real Decreto 2.350/1986, no cabría entender operante dicha limitación respecto de la participación correspondiente al IRPF, como tampoco, sin la conveniente justificación, en lo que concierne al rendimiento de la tasa sobre juegos de azar, que tampoco se menciona en el último Real Decreto citado. Más adelante sigue diciendo dicha sentencia: Se trata, en definitiva, de comprobar si el Reglamento limita

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injustificadamente las posibilidades y facultades contempladas por la ley, imponiendo medidas incongruentes o desproporcionadas con la finalidad de aquélla o adoptando previsiones objetivamente irrazonables o generadoras de resultados manifiestamente injustos. En avenencia con lo que decimos --continúa-- este Tribunal no aprecia, a la vista de las pruebas obrantes en autos, de la naturaleza de la imposición directa --nos referimos en concreto a la participación que corresponda en los ingresos del Fondo Nacional de Cooperación Municipal por el IRPF y régimen jurídico de la tasa sobre rendimientos de los juegos de azar-- circunstancia alguna que justifique dicha restricción.
Creemos que esta sentencia da apoyatura legal, ya que es el resultado de un juicio iniciado durante 1981 y todos conocemos el retraso con que funciona la justicia. Estamos ante un problema que ha venido a esta Cámara reiteradamente durante muchísimos años y que está relacionado con la historia de los puertos francos canarios, con unos privilegios de la época de Carlos III --que no eran tales privilegios--, cuando les daban a los cabildos canarios potestad para poner impuestos y pagar su propia defensa. Los arbitrios, de entrada, eran arbitrios para ayudar a superar las condiciones de insularidad, y el ITE era un ITE reducido en algunos casos, que recaudaba el Estado.
En este momento, al haberse cambiado el régimen económico- fisal por la entrada en la Comunidad Económica Europea, el Estado sigue reteniendo su parte proporcional del ITE. Cuando ese ITE se transfiere, una parte del mismo, como es el caso de los recientes acuerdos, es para hacer una inversión que el Estado está dejando de hacer.
Creemos que en Europa se ha reconocido --está claro que con la ayuda del Gobierno central-- la insularidad; se ha reconocido en el Poseican; se ha reconocido cuando se ha permitido un impuesto general indirecto diferenciado; se ha reconocido cuando se admite Canarias como región ultraperiférica, pero la inercia sigue dirigiendo el comportamiento en los presupuestos. Hay acuerdos de ayuntamientos de todos los colores políticos pidiendo que se corrija esta situación; hay acuerdos de todos los cabildos, de todos los colores políticos pidiendo corregir esto. Después hay una circunstancia todavía menos entendible, a la cual obedece la última enmienda de esta serie, enmienda que se refiere a la participación de los cabildos canarios en unos fondos que se distribuyen entre diputaciones y cabildos para los gastos sanitarios que se hacen en concurrencia con la Seguridad Social. ¿Cómo se determinan estos gastos? Estos gastos se determinan en el año 1988 mediante una auditoría que hace el Ministerio de Hacienda, auditoría que se hace a todas las diputaciones y cabildos y donde se obtienen las cifras que están aportando de sus presupuestos para aquellos gastos sanitarios que están sustituyendo a los que deben ir con cargo al Estado. Ahí no está incluida la psiquiatría, de la que se están haciendo cargo los cabildos y las diputaciones, sino aquellos gastos que son concurrentes con la Seguridad Social. Se audita, vuelvo a repetir, a todas las diputaciones y cabildos, pero cuando se van a distribuir esos fondos, auditados previamente por el Ministerio de Hacienda, se reparten los fondos completos a todas las diputaciones, y a los cabildos canarios sólo se les da el 70 por ciento. Ahí se crea, además, un agravio comparativo entre unas instituciones insulares y otras: aquellas que no prestan servicio sanitario porque lo hace el Servicio Nacional de Salud, el Insalud, no tienen que aportar ninguna parte; en cambio, aquellas otras que prestan servicio sanitario tienen que aportar el 30 por ciento de los déficit que se producen por un gasto sanitario que, como desde el propio Ministerio de Hacienda se ha admitido, tiene que ser pagado con cargo a los Presupuestos del Estado. La situación aquí es doblemente difícil. Lo que ocurre con estos gastos en concurrencia con la Seguridad Social es una buena prueba de que el 30 por ciento de la imposición indirecta y el 70 por ciento de la total que se abona a los ayuntamientos y cabildos canarios es un criterio que no tiene ninguna justificación, que viene de una forma inercial desde los Presupuestos y que hay que corregir. Estimamos que no hay ninguna causa que justifique porque la participación de los ayuntamientos y cabildos canarios en los fondos del Estado se hace en un porcentaje menor. Los mayores ingresos que pudieran tener por los impuestos propios históricos que se realizan en Canarias (participación cada vez más pequeña) es una participación que históricamente ha sido para compensar los mayores costos de la insularidad, los costos de la lejanía, los costos mayores de los servicios que prestan los ayuntamiento, y esos costos, indudablemente, son reales y se pueden determinar. Por tanto, sería de justicia acabar con una discriminación y que figuraran los ayuntamientos y los cabildos canarios como ayuntamientos y diputaciones de régimen común.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente. Voy a defender dos enmiendas. Una referente al Título VII y otra a la Sección 33. En primer lugar, en la enmienda 129, al Título VII, solicitamos que el área metropolitana de la ciudad de Valencia sea considerada como tal en los Presupuestos Generales del Estado, dando ya finalización a esa pertinaz marginación que se viene haciendo con nuestra área metropolitana.


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Son ya cinco presupuestos distintos en los que esta enmienda ha aparecido, en ocasiones presentada por Unión Valenciana, y en otras acompañada también por enmiendas de otros grupos políticos.
Señorías, hace aproximadamente tres o cuatro años se me decía que no se podía convalidar el área metropolitana de Valencia porque estaban cercanas a desaparecer las subvenciones para el área metropolitana de Madrid y la extinta área metropolitana de Barcelona. No ha sucedido así; se mantienen y se mantendrán. Y ya se me contestó en la Comisión por parte de la Portavoz del Grupo Socialista que cuando venga a discusión el proyecto de ley de ciudades antiguas se apoyará, al mismo tiempo que se decía que no se podía abrir la espita para que fueran saliendo las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas, señorías no se forman de la noche a la mañana, es completamente imposible. No es de recibo que se diga precisamente ese argumento. Un área metropolitana, en estos momentos, en España única y exclusivamente la tiene Madrid, Barcelona y Valencia, y es lógico y no se puede argüir que la han solicitado Zaragoza, Sevilla y Bilbao, porque no disponen de un millón y medio de habitantes que vivan alrededor de un sólo núcleo. No tienen el problema de una ciudad que tiene que estar pagando servicios a una serie de habitantes de ayuntamientos colindantes que vienen a gestionar y, naturalmente, utilizan los servicios que da el ayuntamiento de esta ciudad.
No entiendo esa pertinaz ignorancia, ese intento de continuar aferrados a una defensa numantina que no tiene lógica, y en algún momento tendrán que reconocerlo. Pero está claro que en muchas ocasiones esa lógica o la verdad está en función de la fuerza política que se tenga. Yo espero que esto cambie en cualquer momento. Respecto a la enmienda número 205, a la Sección 33, habla de la devolución de esta Sección en cuanto que discrimina nuevamente a la Comunidad Valenciana, que ha sufrido unas bajadas en los fondos de compensación interterritorial que en la última ocasión se elevan al 60 por ciento.
También en Comisión, la misma portavoz me dice que hemos sobrepasado unas centésimas la media nacional. Desconocimiento total del área metropolitana de Valencia; desconocimiento total de la Comunidad Valenciana; desconocimiento de cuál es la situación en la que se encuentra una de las unidades productivas más importantes de todo el Estado, y, por supuesto, ganas de que esto no se recupere. Se está viendo hoy que las medidas del Gobierno son única y exclusivamente hablar, hablar y hablar de crisis, pero no ponerla en práctica.
Señorías, que se haya reducido desde el año 1991 a 1993 de 15.000 millones a 5.000 millone de pesetas la participación en la Compensación Interterritorial, cuando además figuramos en Europa como una región de acción preferente --porque indudablemente lo estamos necesitando--, es ignorar la realidad de un pueblo, en esta ocasión el pueblo valenciano; ignorar la realidad de Alicante, de Castellón y de Valencia.
Por tanto, yo rogaría que se volviera otra vez sobre sus pasos; que se viera que, efectivamente, hay razones objetivas que obligan a hacer esta serie de modificaciones y que se tuvieran en cuenta. Desconocerlas es seguir en la misma política de siempre: desconocer la realidad de una parte del Estado a la que única y exclusivamente se le busca para tributar, tributar, y tributar. Confiemos en que esas tributaciones las sigamos haciendo porque podamos, pero al paso que vamos me da la impresión de que, no ya por deseo sino por imposibilidad, no lo vamos a poder realizar. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Lizondo. Para defender las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, para hacer referencia a la enmienda 1.195 de nuestro Grupo, que la voy a dar por defendida, remitiéndome, en bloque, a la argumentación expuesta por parte de este Grupo Parlamentario en el debate en Comisión. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por último, enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
(Pausa.) Quedan decaídas.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, pido la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: No están decaídas nuestras enmiendas. Pedimos que se mantengan para su votación.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. Se mantienen, por tanto para votación.
Para un turno en contra, tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Socialista quisiera iniciar mi intervención coincidiendo con las palabras que expresaba el portavoz del Grupo Popular cuando señalaba que en la financiación de los entes locales y

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de las comunidades autónomas no debería de haber discrepancias entre los grupos de esta Cámara.
Es evidente que desde el Grupo Socialista compartimos esa manifestación, pero para poder llegar a ello sería necesario que el Grupo Popular realizase un diagnóstico más riguroso de los problemas a los que nos enfrentamos y realizase unas manifestaciones más rigurosas en relación con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 que estamos debatiendo. Tengo que reiterar lo que hemos venido diciendo desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista a lo largo de los debates previos, en el debate de totalidad y en Comisión, y es que los presupuestos del Título VII, de los entes territoriales, y sus correspondientes Secciones 32 y 33, que contienen los créditos destinados a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas, son derivados de las normas legales, tanto por lo que se refiere al sistema de financiación de las corporaciones locales como al de las comunidades autónomas. Lo reiteramos, señor Rajoy, en este debate. En el caso de las corporaciones locales, se realiza, como sabe muy bien, la prórroga del sistema de determinación de las cantidades a cuenta con el método que se ha venido aplicando en el quinquenio 1989-1993. Estamos, por tanto, aplicando un método que está dentro de la legalidad. Es verdad que lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales fue corregido, pero lo fue por una ley y, por ello es un método que está dentro de la legalidad.
Su señoría introduce confusión y tergiversa lo que propone el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1994. Dice que hay una indefinición respecto a las cantidades que se van a cobrar como cantidades a cuenta. No es verdad. Hay unas cantidades concretas, y si es necesario se las leo.
Participación, que es el 95 por ciento de una cantidad provisional, en los tributos del Estado, de los ayuntamientos, de unos 597.000 millones de pesetas; una cantidad prevista para la liquidación de 1993, que es crédito ampliable, de 82.000 millones; unas cantidades correspondientes también para las diputaciones que son 345.000 y 51.000 millones. Su señoría, no puede venir aquí a decir que hay una indefinición respecto a las cantidades que van a cobrar las corporaciones locales o las comunidades autónomas. Usted introduce confusión y tergiversa las cosas cuando dice que la propia ley señala que ya se verá a través de la negociación cuáles serán los criterios. Señor Rajoy, está hablando la ley de los criterios de liquidación, pero estos criterios de liquidación deberán aplicarse en la ley de Presupuestos de 1995 y en las cantidades que se consignen en ella. Por tanto, está tergiversando lo que dice el proyecto de ley de Presupuestos de 1994, ya que habla de las liquidaciones a cuenta cuando se remite a los acuerdos que puedan producirse en este sentido.
Insisto en que las cantidades presupuestadas tienen un carácter provisional, y que la aplicación del acuerdo deberá corregir estas cantidades, pero en el ejerciciode 1995. Es evidente que se va a iniciar la negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias --que es una condición necesaria para una ley que debecontar con un consenso de las corporaciones locales-- con un cierto retraso, pero no podemos olvidar que ha habido una incidencia, ajena a los deseos del Gobierno, que ha sido la disolución de las Cortes en el mes de abril de 1993. En cualquier caso, yo creo que no estamos fuera de plazo, porque la negociación se va a iniciar de manera inmediata; además, insisto, tendrá aplicación con efectos de 1.º de enero de 1994. Por lo que se refiere a las comunidades autónomas, aquí yo creo que hay que poner de manifiesto esa falta de rigor de una manera todavía más clara que la citada al principio, porque el señor Rajoy sabe perfectamente que su Grupo Parlamentario, su Partido ha dado apoyo al método de participación en los ingresos del Estado y a la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, que son los criterios que se aplican en la determinación de los créditos presupuestarios de esta ley que estamos debatiendo. Por tanto, no se entiende (desde luego mi Grupo no lo entiende), que se produzcan enmiendas de totalidad a un proyecto de ley que recoge, que implementa los acuerdos que su Grupo ha suscrito.
Por razones de calendario no se incluye el acuerdo de corresponsabilidad fiscal que tuvo lugar el 7 de octubre de 1993 respecto a la participación de las comunidades autónomas en el 15 por ciento del IRPF recaudado en su territorio. Este acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede ser incorporado al ordenamiento jurídico mientras no se haya producido el acuerdo de las comisiones mixtas respectivas, como muy bien sabe su señoría. Por tanto, estamos a la espera de que esto se produzca, y en el momento en que se haya acordado se incorporará, vía enmienda, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, o bien a través de una disposición propia al ordenamiento jurídico.
Me parece obvio tener que insistir en cosas que el señor Rajoy sabe mejor que esta portavoz, y es que el acuerdo de corresponsabilidad fiscal no tiene efectos financieros para 1994. Por ello no hay una razón para cuestionar las cantidades que se plantean aquí invocando la falta de incorporación de este acuerdo, porque las diferencias que se puedan producir en la implementación del mismo por desviaciones en el comportamiento del IRPF, tendrán lugar en el ejercicio de 1995. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de las comunidades autónomas que lo han suscrito es que el sistema de corresponsabilidad se aplique a partir del 1 de enero de 1994, y en principio con una vigencia de dos años. Se aplicará, por tanto, rigurosamente el acuerdo adoptado. El señor Rajoy decía que la mejor virtud de este acuerdo es que tiene una duración limitada. Yo creo que es un buen acuerdo.
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un acuerdo que más adelante veremos --y con satisfacción-- que también será apoyado por el Partido Popular, estoy convencida de ello, porque sé que las comunidades gobernadas por dicho Partido Popular lo están valorando en este momento, y tengo confianza en que lo suscriban las que no lo hicieron en su momento; por tanto, no insistiré más en esta cuestión.
En cuanto al desarrollo del artículo 15 de la LOFCA, es cierto que vamos también con retraso, que no se ha podido concretar.
Se hizo un encargo, dentro del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, a un grupo de trabajo que se creó para que presentara una propuesta. El propio grupo de trabajo reconoció su incapacidad para avanzar más allá de ciertas conclusiones y recomendaciones para implementar una respuesta concreta. La decisión del Consejo, no del Gobierno, ha sido que se realice un encargo a un grupo de expertos para determinar cuáles son los servicios que hay que considerar con carácter fundamental, cuál es el nivel medio de estos servicios que hay que garantizar en todo el territorio del Estado y cuál va a ser la fórmula de financiación de las diferencias que se puedan producir. No creo que estemos en una situación de incumplimiento del Gobierno. No es voluntad del Gobierno que no se cumplan los plazos, es un problema real que se plantea para resolver una cuestión muy compleja y esperemos que a través del informe que se va a elaborar se pueda avanzar para corregir las diferencias que en la prestación de servicios pueda haber en el conjunto del Estado. Me he referido, fundamentalmente, a las argumentaciones que ha expuesto el portavoz del Grupo Popular, pero en buena medida creo que he respondido también a algunas de las objeciones que planteaba el portavoz de Izquierda Unida. Tengo que insistir, señor Ríos, comoya hemos dicho en otros debates, que estamos aplicando las normas que hacen referencia tanto al sistema de financiación de las corporaciones locales como de las comunidades autónomas y que sus objeciones en el sentido de mejorar las dotacionees que figuran en el proyecto de ley desvirtuarían dichas normas, que llegan a esta Cámara con el acuerdo de todas las comunidades autónomas, no solamente con el acuerdo del Gobierno del Estado. Unión Valenciana también ha presentado una enmienda de totalidad a la sección 33, relativa a las consignaciones presupuestarias para el Fondo de Compensación Interterritorial, que contestaré dentro de las enmiendas particulares que ha planteado el señor González Lizondo.
Paso a contestar ahora las enmiendas parciales del Grupo Popular. Tiene una serie de enmiendas, las números 371, 373, 374, 375, 377, 381, que son de supresión de distintos artículos del Capítulo I, en coherencia con la argumentación que hacía con carácter general de supresión del capítulo y, por tanto, no voy a insistir en ellas. Algunas de las que no hacen referencia a estas cuestiones tampoco han sido defendidas y me limitaré entonces a contestar a las que sí ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular. La enmienda número 378 es una enmienda clásica, en la que propone que las entregas a cuenta, en lo que se refiere a los ayuntamientos, se realicen con carácter mensual, en lugar del carácter trimestral que tienenen este momento. Mi respuesta también será clásica, señor Rajoy, porque se ha venido diciendo en debates presupuestarios anteriores y, por tanto, le diré lo mismo que en su día le dijeron los otros portavoces del Grupo Socialista. Una cosa es poder hacer las entregas a cuenta de las comunidades autónomas o de las diputaciones, y otra hacerlo con los municipios, que son 8.000, que tienen unas incidencias y una documentación a preparar para un número tan elevado de entes locales que, con los medios actuales, sería difícil que pudiera realizarse mensualmente en tiempo y forma.
En relación con las enmiendas números 379 y 380, se propone fijar como base para las entregas a cuenta el año 1994 la liquidación definitiva de 1993; y como plazo de dicha liquidación definitiva el primer trimestre de 1994. Entiende nuestro grupo que es un plazo insuficiente para disponer de la información de base requerida. Hay un problema para disponer en ese plazo del índice de evolución que va a predominar y, además, hay que tener presente que estas dificultades se ponen de manifiesto también en el acuerdo que hay para la liquidación definitiva de las comunidades autónomas, que se ha fijado en el tercer trimestre del año. Creo que este plazo es razonable y que debería incorporarse también dentro de los acuerdos, de las normas que regulen el próximo método de participación en los ingresos del Estado para el quinquenio 1994-1998.
En cuanto al devengo de intereses de demora, es también una propuesta clásica de su grupo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señora Aroz, vaya concluyendo.
La señora AROZ IBAÑEZ: Sí, gracias, señor Presidente.
Entendemos que no se puede admitir automáticamente por cuanto se quebraría el principio de disponibilidad de fondos y el plan de pagos que el Estado debe establecer necesariamente con arreglo al artículo 117 de la Ley General Presupuestaria. El Grupo Socialista entiende la motivación, que es agilizar las liquidaciones, mejorar la gestión de los pagos, y lo comparte, pero creemos que esta no es la vía.
Creo que con estos argumentos he contestado a las enmiendas particulares que ha defendido el señor Rajoy.


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Con relación a las enmiendas del Capítulo II, creo que, de alguna manera, se pueden dar por contestadas, porque también hacen referencia tanto a las transferencias a cuenta como a las liquidaciones. Solamente quisiera corregirle un error.
Usted dice que la liquidación definitiva de 1994 debería hacerse en el primer trimestre de 1995, y en este sentido invoca el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Creo que hay un error, porque el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera es que sea en el tercer trimestre.
En relación al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hay una serie de enmiendas particulares que hacen referencia a las cantidades que ya he mencionado; en cualquier caso, no fueron aceptadas por el Gobierno y ni siquiera deberían haberse discutido.
Otras enmiendas hacen referencia a los plazos de entrega de la información para subvención, transporte, etcétera. No voy a pormenorizar, señor Ríos, porque ya hablamos de ello en Comisión; en todo caso, me remito, para no alargar el debate, a lo dicho en ese trámite.
En relación con las enmiendas de Coalición Canaria, pediría benevolencia, señor Presidente, y unos minutos más para que mi compañero de Grupo, el señor Padrón, pueda responder.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, su tiempo ha pasado en más de tres minutos.


La señora AROZ IBAÑEZ: Brevísimamente contestaré a Unión Valenciana. No ha hablado hoy de la enmienda referente al concierto económico, lo celebro. En cuanto a la enmienda número 129, en relación a la financiación del Consell Metropolitano de L"'Horta, Valencia, me remito a lo dicho en Comisión; creo que no es necesario reiterarnos en todos los debates. En relación al Fondo de Compensación Interterritorial tengo interés en decir alguna cosa. Creo que el señor González Lizondo tiene unos errores de concepto muy graves cuando habla de federalismo fiscal, cuando habla del concierto, etcétera; pero también tiene unos errores muy graves en las matemáticas.
Señor González Lizondo, el Fondo de Compensación Interterritorial, para la Comunidad de Valencia, no ha descendido el 60 por ciento; ha pasado de 6.575 millones, en el año 1993, a 5.778 millones, en el año 1994; es un descenso del 12 por ciento en relación al año 1993. Este descenso, como usted sabe, tiene una justificación positiva, que es el incremento superior de la renta por habitante de la Comunidad Valenciana en relación a las otras comunidades incluidas en el fondo. Como le dije, es una buena noticia para los ciudadanos de Valencia, porque eso quiere decir que se están aproximando a la renta media de la Comunidad Europea. No es la única comunidad cuya participación desciende en el fondo, también lo hacen Andalucía, Cantabria, Castilla-LaMancha y Extremadura, y es una buena noticia para los ciudadanos de estas comunidades autónomas. En cuanto a los 7.000 millones a que usted hacía referencia, quiero decirle que mire las leyes y los acuerdos que se adoptan y que afectan tanto a su comunidad. Los 7.000 millones a que usted hace referencia son la compensación transitoria que se desgajó del Fondo y que fue incorporada a la financiación incondicionada de la Comunidad Valenciana.
En relación al Grupo Vasco (PNV), el Grupo Socialista va a presentar una enmienda transaccional a la número 1.195, añadiendo un nuevo párrafo final al artículo noventa y cinco con el siguiente texto: En las comunidades autónomas sujetas a régimen de concierto o convenio, la valoración del coste efectivo se realizará conforme a sus propias normas. Espero que dé satisfacción a la argumentación planteada por el portavoz de dicho grupo. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, si es tan amable, haga llegar el texto de la enmienda transaccional a la Presidencia. Para turno de réplica...


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, pido la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para contestar a las enmiendas de Coalición Canaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene que ser extraordinariamente breve, un minuto.


El señor PADRON DELGADO: Un minuto es un minuto, no tiene más allá de 60 segundos, señor Presidente. (Risas.) Las enmiendas de Coalición Canaria, defendidas por el señor Martín, pretenden la elevación del porcentaje de participación de los ayuntamientos y cabildos canarios en el fondo de cooperación municipal, Capítulo II. Efectivamente, desde 1983-1984 --ha hecho referencia a esa sentencia del Tribunal Supremo-- participaban con el 17 por ciento. Por enmiendas sucesivas en leyes de presupuestos ese porcentaje se elevó al 31 por ciento. La razón de ese 31 por ciento es que Canarias tiene una imposición indirecta «sui generis». Por ejemplo, para el año 1993 el IGIC, el APIM, el impuesto sobre carburantes, etcétera, constituyen un montante bastante importante, según los datos que tenemos nosotros. Y suponen que la participación de los ayuntamientos canarios en el Capítulo II es mayor que la de los ayuntamientos de régimen común. Dicho esto, y teniendo en cuenta las resoluciones aprobadas en las asambleas de la FEMP, tanto en Zaragoza como en La Coruña, en la subcomisión de política económica, fiscal y financiera de la Comisión

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Nacional de Administración Local se va a estudiar el tema, para ver si en sucesivos trámites o bien en ese informe de criterios que ha de aportar la subcomisión para la participación de los ayuntamientos en los fondos estatales se encuentran fórmulas que permitan un incremento en el porcentaje, actualmente establecido en el 31 por ciento. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista están dispuestos a estudiarlo. Por tanto, decimos no a la enmienda. Seguimos estudiando el tema y, por supuesto, estaremos a la espera de esas negociaciones entre Gobierno y la FEMP. Nada más, señor Presidente, y muchas gracias por su amabilidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Presidente. Seré breve y me ajustaré al tiempo que establece el Reglamento.
Voy a contestar a la intervención de la señora Aroz. Intentaré hacerlo punto por punto, aunque es muy posible que de algunos de los temas a que se ha hecho referencia en su intervención no haya podido tomar buena nota. Hace una afirmación general en el sentido de que es bueno que haya coincidencia entre el mayor número de fuerzas políticas y de partidos en todo lo que se refiere a los asuntos territoriales. Entiendo que es una afirmación general que no solamente se refiere a la financiación de los entes territoriales, sino a todos los demás asuntos. De hecho, yo creo que el Partido Popular a lo largo de los últimos años ha acreditado cierta capacidad para, a pesar del Partido Socialista, llegar a entendimientos en temas territoriales. Pongo por ejemplo el pacto autonómico, el acuerdo de financiación de las comunidades autónomas 1992-1996, al que usted ha hecho referencia; el Fondo de Compensación Interterritorial; esta sección 33; ya con anterioridad a los estatutos de autonomía, etcétera.
La labor de la oposición no solamente es ayudar a resolver los grandes problemas que tiene planteados la nación, sino que también tiene la obligación de decir al Gobierno lo que hace mal. Es la obligación de un partido que está en la oposición.
Si la oposición no dice al Gobierno lo que hace mal, ¿para qué sirve la oposición? Entonces, lo que yo he pretendido en mi exposición es decirle al Gobierno qué hace mal y, además, no solamente le he dicho eso, sino que le he dicho también cómo se tienen que hacer las cosas bien. Por tanto, yo creo que no se me debe contestar diciendo que tengo poco rigor, que soy confuso o, lo que es peor, que tergiverso las cosas. Fíjese usted lo que le he dicho al Gobierno. Primero, que fije las reglas del juego, pero eso es lógico. Si el sistema para calcular la paticipación de las Corporaciones locales en los tributos del Estado termina en diciembre de 1993, tiene que haber un sistema para 1994 y años siguientes, y no lo hay.
Entonces, yo le digo al Gobierno que lo lógico es que este sistema ya estuviera fijado con anterioridad. Usted dice que yo tergiverso porque sí hay cifras en los presupuestos.
¡Hombre, cómo no va a haber cifras en los presupuestos! Si no hubiera cifras en los presupuestos, ¿de qué estaríamos hablando aquí? Desde luego no estaríamos hablando de presupuestos.
Lo que yo he dicho es que las cifras son mentira o dicho más finamente, que las cifras no son verdad, y usted misma lo ha reconocido, y ¿sabe por qué lo ha reconocido? Porque ha dicho que son cifras provisionales. Un presupuesto no debe ser provisional porque si todo lo que dice el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que estábamos debatiendo aquí es provisional --luego muchas veces la historia hasta ahí demuestra que es cierto--, ¿qué estamos debatiendo y, sobre todo, qué vamos a votar aquí? Algo provisional, porque yo no sé qué procedimiento se va a utilizar para fijar la participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado. Puede ser un procedimiento que provoque que las Corporaciones reciban mucho más de lo que dice el proyecto de ley de presupuestos, algo más, o incluso menos; es decir, está muy complicado. Estamos aprobando algo provisional, lo cual no me parece serio. Segunda petición: ¿qué le pedimos al Gobierno? Es sensato que cumpla lo que acuerda. Por eso hemos criticado al anterior Ministro de Hacienda, señor Solchaga, aquí presente, que modificara el anterior sistema de financiación de las corporaciones locales en la Ley de Presupuestos y luego en una ley, a la que le da efectos retroactivos y que hemos tenido que recurrir al Tribunal Constitucional. Luego le pedimos al Gobierno que pague a tiempo. El Gobierno tiene que pagar a tiempo, en los plazos que establece la ley --es una petición sensata-- y, además, que pague lo que tiene que pagar. Son cosas absolutamente lógicas. Sobre todo pedimos seriedad, porque usted habla aquí de que, como ha habido elecciones generales, no podemos disponer del nuevo modelo, en el año 1993 hemos discutido en esta Cámara --me parece que usted no era aún Diputada-- la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado de los años 1990 y 1991: pero es que en noviembre de 1993 --es decir, este mismo mes--, en esta tribuna, yo mismo he tenido que venir aquí a discutir un crédito extraordinario para pagar a las Comunidades Autónomas unas cantidades que se le debían del año 1992, que ya se le habían pagado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Estamos discutiendo que se pague a las comunidades autónomas lo que ya se les ha pagado y si decimos no ¿qué pasa? ¿Que tienen que devolver las comunidades autónomas

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todo lo que se les ha pagado? Por eso, pedimos un poco de seriedad en el planteamiento de estos temas, que, por otra parte, con mucho gusto, estamos dispuestos a pactar y llegar a entendimientos.
En cuanto a la financiación de las comunidades autónomas, a usted le ha parecido muy mal, o así me ha parecido entender, que hayamos enmendado de totalidad este capítulo porque nosotros hemos votado a favor el sistema de financiación para el quinquenio 1992-96 y, además, hemos estado de acuerdo con el Fondo de Compensación. Es verdad. Nosotros no hemos enmendado la Sección 33 y no vamos a votar a favor las enmiendas de devolución que hay en ese sentido. Tampoco discutimos el sistema de financiación del quinquenio 1992-96.
¿Qué hemos dicho? Que hay muchos temas de ese acuerdo 1992-96 que no se han cumplido y, por ello, nosotros valoramos como algo necesario decirle al Gobierno que tiene que cumplir sus compromisos, y presentamos una enmienda de totalidad.
Usted nos ha hablado de las corresponsabilidad fiscal; del 15 por ciento. Yo no voy a discutir aquí si el acuerdo es bueno o es malo. Simplemente digo que el acuerdo es malo y, además, que estoy convencido de que el señor Ministro de Hacienda sabe que es malo, que usted sabe que es malo y que los señores del Grupo Catalán (Convergència i Unió) también saben que es malo.
En cualquier caso, yo no voy a discutir este asunto. Vuelvo a insistir en que ya se debatió en otras ocasiones. Sí presento una enmienda de devolución porque no hay ninguna asignación para la nivelación de servicios mínimos del artículo 15 de la LOFCA. Fíjese usted lo que ha dicho. Ha dicho que se ha creado un grupo de trabajo que ha acreditado su incapacidad para decir qué es la nivelación de servicios mínimos. Pero ¿qué está diciendo usted? ¿Que el actual señor Ministro de Hacienda y el anterior, eran unos incapaces? Yo entiendo que usted no está haciendo esa afirmación y en el supuesto de que la estuviera haciendo, que, ya digo, no creo que la esté haciendo, yo estaría en contra de esa afirmación, porque no creo que sean unos incapaces, el actual ni el anterior Ministro de Hacienda.
Lo que sí constato es que hay un artículo en la LOFCA que habla de nivelación de servicios mínimos en el territorio nacional, que es un instrumento de solidaridad que pretende que todos los ciudadanos tengan un nivel de servicios mínimos razonable, similar, no digo igual, algo parecido y que aquí no hay nada, desde el año 1980, pero además hay un compromiso del cual lo único que sabemos ahora, por lo visto, es que el Gobierno ha nombrado a unos señores que son incapaces. ¿Qué quiere usted que haga yo? ¿Que le diga que estoy de acuerdo con eso que ha dicho y que, por tanto, no enmiende de totalidad el Capítulo II de este Título VII? Comprenderá que aunque el Partido Popular tenga intención de hacerlo --que la tiene-- no puede, porquetal y como está redactado este apartado del título de los presupuestos no podemos apoyarlo.
Por tanto, y con ello ya termino mi intervención, son temas en los que se puede y se debe llegar a acuerdos. De hecho, como usted muy bien ha señalado, el sistema de financiación de las comunidades autónomas y la Sección 33 han contado con el apoyo del Grupo Popular, pero el Gobierno, como todos los gobiernos, tiene también una serie de obligaciones y la oposición, cuando no las cumple, tiene que decirle que lo está haciendo mal. Eso es lo que le decimos sintiéndolo mucho. A nosotros nos gustaría que lo hiciera bien, porque eso iría en beneficio de España y del interés general. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rajoy.
Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, poco tiempo ha dedicado a rebatir nuestras propuestas la portavoz socialista. Yo comprendo que cuando no se han dado argumentos y se intenta decir que vale lo dicho para otro se pueden cometer algunos deslizamientos.
Me gustaría hacerle una reflexión. He intervenido en este debate de presupuestos en varias secciones y con ustedes me hago un lío. No se sabe cuándo acierta uno. Hace poquito en los impuestos yo decía: no modifiquen la norma, ustedes me contestaban: no es usted realista. La realidad nos lleva a la norma. Ahora que yo me hago realista y les digo que modifiquen la norma para hacer frente a la realidad, me dicen: hombre, no, es que la norma que tenemos pactada no la podemos modificar. A ver si se aclaran y yo puedo ser más coherente, como usted me ha pedido. Aquí he intentado ser realista, ver qué recursos manda el Estado a las comunidades; ver qué recursos manda el Estado a los municipios; qué realidad tienen los municipios y trasladarlo a los presupuestos. Ese ha sido mi esfuerzo; ese ha sido mi interés y ahora ya no se me pide realismo; ahora ya se me dice: normalizar, ir a lo que está pactado. Voy a hacer otro comentario. No abusen ustedes de la estadística, porque es una ciencia poco objetiva. La estadística es la fórmula para camuflar las diferencias. Le voy a poner un ejemplo: Si usted come dos pollos y yo como uno, la estadística dice que la media es uno. (Rumores.) Le voy a llevar a otro ejemplo, al de la enfermedad. Yo voy al médico y me dice: no se preocupe usted que de esta enfermedad el 90 por ciento sana, pero mira por donde me va a pillar a mí el 10 por ciento restante del 100 por ciento. Para financiar, para aportar recursos hay que hablar de actualizar a cada una de las realidades diferentes para así poder corregirlas. Eso es lo que hemos hecho

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nosotros y por eso hemos mantenido una modificación del Fondo de Compensación, para mejorar lo diferente, porque en otro caso no se mejora lo diferente. De eso partíamos todos, de corregir desigualdades, de corregir diferencias, de acercar el poder a los ciudadanos, etcétera. Eso es lo que acercaba posiciones en unos casos y facilitaban en otros. Ahora se han trasladado los argumentos. No nos diga que no hemos sido coherentes. Nosotros sí hemos sido coherentes. Estos señores habrán tenido una relación (Señalando los escaños del Grupo Popular.); nosotros hemos mantenido siempre la misma posición.
No diga tampoco que respaldamos el modelo de financiación. No lo respaldamos. Nosotros ya adoptamos entonces, lo mismito que estamos cantando ahora, una posición moderada, de mano tendida; no fuimos con unas posiciones absolutos. No, no.
Estuvimos diciendo que ese sistema que ustedes dicen que han definido para el período 1992-1996 no es para tal período, y lo está demostrando la realidad. Estamos en 1994, dándonos una prórroga para poder concretar algo que se tenía que haber hecho en 1992. El sistema de financiación que definíamos para el período de cuatro años debiera haber hecho frente a cosas que se han ido deslizando de 1993 a 1994 y se deslizarán de 1994 a 1995; es decir, va a haber elementos de la financiación de las comunidades autónomas que no van a ser efectivos más que para un tramo muy pequeño de ese período de financiación; no hay un sistema de financiación global para ese período de cuatro años.
Le decíamos: ¿dónde está la nivelación del servicio? La primera comisión iba a terminar en junio de 1993. ¿Terminó? No. Ahora se nos dice que para 1994 va a terminar esa discusión del fondo de nivelación. Pero, ¿se ha basado en la autonomía financiera? La autonomía financiera es: más impuestos cedidos para que tengan más ingresos. Habría que ver cómo se ha avanzado en las comunidades del artículo 143 y cómo se ha avanzado en otras para ver si hemos hecho crecer a todas las comunidades con los mismos instrumentos. ¿Se ha avanzado en más corresponsabilidad fiscal porque les hemos transferido el 15 por ciento? Hemos dicho que el sistema del 15 por ciento es neutral y usted me respondió a mí en Comisión --ahora a lo mejor es distinto--lo siguiente: No se líe, el 15 por ciento no dice nada más ni nada menos que lo que ustedes recibían por participación en los ingresos del Estado lo reciben así o se lo vamos a dar por el porcentaje del 15 por ciento y, por tanto, el sistema es neutral para 1994. Ya lo sé muy bien; por eso quienes lo apoyaban pedían dos años, porque en 1995 la cuestión va a variar. Va a ser más beneficioso para unos que para otros; por eso --no sé si usted se habrá percatado de ello-- lo han exigido más unas comunidades que otras. Así no se ha explicado. Se han establecido unos porcentajes de diferencia. Usted sabe tan bien como yo que la corresponsabilidad fiscal ni siquiera es eso. Es la capacidad de producir norma propia; ésa es la corresponsabilidad fiscal y también participar en la Agencia fiscal y tributaria.
También es verdad que es participar ahí. Si les da facultad de que gestionen impuestos y en ellos participa cada comunidad, ellas mismas se van a encargar de ser más eficaces en la recaudación. Así, se ha demostrado en las transferencias de ingresos que ustedes han hecho a distintos sitios. Eso es verdad y no se lo voy a discutir. Por tanto, señorías, lo que intento exponer con mayor o menor realismo es que cuando hablamos de la financiación del Estado es necesario abordar los criterios de actuación para la financiación de los municipios, y la financiación del Estado la debatimos hoy en los Presupuestos Generales. ¿Que no está madura alguna discusión? Lo acepto, pero no diga que nuestras propuestas no formarían un cuerpo de propuestas, a lo mejor sin cuantificar definitivamente, que facilitaría la incorporación de las discusiones que se producen. Lo que he dicho es que, como fuerza de oposición, en la financiación y en el funcionamiento de las comunidades autónomas no me gusta que favorezca la relación bilateral del Gobierno con cada comunidad autónoma ni del Gobierno con cada municipio. Además, me gustaría participar en la discusión global, facilitando los raíles que ponemos para ese nuevo Estado en su nueva financiación, en su nueva distribución competencial. Si no se hace así y se hace fuera de aquí, no estamos potenciando esto que es en un sistema democrático la representación de todo un pueblo.
En todo caso, señor Presidente --y con esto concluyo--, creemos que nuestras enmiendas acercarían este criterio.
Insisto en que es un criterio que acerca posiciones entre lo que representa históricamente su grupo y lo que representa el nuestro, y se lo dice alguien que estuvo gobernando cuatro años en un municipio de mi región, en colaboración con el Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que eran otros tiempos; hoy miran ustedes para otras caras.
Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Las palabras de don Néstor Padrón creo que justifican nuestro razonamiento. Entiendo lo difícil que es para él defenderse y no apoyar la enmienda que presenta en este momento Coalición Canaria. El mismo indica que se ha pasado del 17 al 31. ¿Por qué no el 45, el 63, el 82 o el 100 por ciento? No hay ninguna razón para esa menor participación.
Si la imposición indirecta canaria al sistema especial era para resolver los problemas de la insularidad, no puede sumarse la participación en los tributos del Estado

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y la participación en los tributos del Estado y la participación indirecta para que den la misma cantidad, porque entonces, ¿para qué toda esta complicación? Históricamente, la participación de las corporaciones locales canarias es un tributo propio, el arbitrio de entrada de mercancías, era para compensar las condiciones de insularidad y las de lejanía. Y así está en la exposición de motivos del Régimen Económico Fiscal del año 1972 que dice que el tener unos arbitrios y unas exenciones especiales no obsta para que el Estado invierta lo mismo en gastos corrientes e inversión, cosa que después no ha venido ocurriendo. Ahí es donde está el problema. Cuando se habla de un gasto sanitario --y el señor Padrón no me ha contestado a esa enmienda-- que se deriva de una auditoría realizada por el Ministerio de Hacienda, para pagar a las diputaciones y cabildos que prestan asistencia sanitaria en concurrencia con la Seguridad Social la diferencia entre sus ingresos y gastos, después de auditar que el gasto es correcto, ¿por qué se exceptúa a unos sí y a otros no? ¿Por qué los cabildos canarios participan sólo en el 70 por ciento como si fueran una diputación, cuando ni todos los cabildos canarios prestan asistencia sanitaria en concurrencia con la Seguridad Social y cuando lo que se pretendía era que ese diferencial que se producía entre las diputaciones y cabildos que prestaban asistencia sanitaria y los que no la prestaban no gravara especialmente a unas provincias y a otras no? El razonamiento es tan claro que no hay una sola justificación, y es tan claro que durante un tiempo se contemplaron en los Presupuestos del Estado mil millones de pesetas y, después, 500 millones de pesetas para compensar esa diferencia, millones que después se quitaron. Si nos centráramos en discutir si el Impuesto General Indirecto (o el APIM, que tiene que desaparecer por las condiciones de adhesión a la Comunidad Económica Europea) baja la imposición indirecta y nos quedáramos a cero y, al final, el sistema perjudicara a los ayuntamientos canarios, llegaríamos a la conclusión de que sería un sistema perverso y absurdo. Por tanto, esperamos, como ha dicho don Nestor Padrón, que se estudie rápido en esta Comisión y que, incluso, con una fórmula progresiva, en poco tiempo, en pocos años, los ayuntamientos canarios se igualen al resto de los ayuntamientos de España. Nos gustaría saber si eso se puede acelerar, de forma que quizá en el Senado pudiera haber alguna enmienda transaccional, es decir, que si no se aprobara en junio, pudiera ser aprobada en septiembre. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González Lizondo, tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decirle que la enmienda de la financiación autonómica la discutiremos en el trámite de las enmiendas a las disposiciones adicionales, naturalmente.
No se me ha olvidado. Cómo se me puede olvidar una cosa tan importante. Es completamente imposible.
Señora Aroz ¡Qué papelón le están haciendo hacer! En el año 1991, en esta misma Cámara, un ilustre Diputado valenciano me dijo, porque protesté sobre que los Fondos de Compensación Interterritorial se desgajaban, sobre la compensación transitoria: Si está todo ahí, no te preocupes. Yo le contestaba: Es que eso nos lo quitaréis. En aquel entonces el señor Solchaga era Ministro de Economía y Hacienda. Y usted hoy me lo dice: No tiene nada que ver, una cosa son los 7.000 millones de pesetas de la compensación interterritorial y, por tanto, no tiene nada que ver. Yo le digo que todo eso formaba parte del Fondo de Compensación Interterritorial. Es el 60 por cien lo que han bajado. Es decir, nos daban 15.000 millones de pesetas y nos dan ahora 5.000 millones, y no tiene vuelta de hoja. Por eso digo: ¡Qué papelón! Consulte usted al señor Solchaga, pero desgraciadamente es cierto, sin embargo, alguna otra se le ocurrirá. Ustedes son pertinaces. Creo que en la próxima campaña electoral el eslogan podría ser ese: «Pertinaz en el error, Partido Socialista Obrero Español» (casi cae en verso). Y así se mantienen ustedes. Además, hay una cosa que no se puede aceptar. Usted me dice: tienen que ser rigurosos.
Señoría, somos todos rigurosos, todos los que estamos aquí somos rigurosos. Ustedes son los que, quizá, en el rigor no tienen precisamente su mejor virtud, porque a ustedes se les está muriendo un enfermo y no se enteran, y se les muere. Y cuando ustedes los tengan ya muertecitos, poco les van a poder sacar. (El señor Valls García: Los enterramos.) Esa es la auténtica realidad, enterrarlos, efectivamente, no tendremos otra solución.
Lamento que le hagan hacer a usted estos papelones, porque creo que no está usted en esta onda, pero en fin, lógicamente obligan mandos, hay que hacer lo que sea necesario y usted está obligado a hacer el papelón que ha hecho hoy, pero ¡qué vamos a hacer! En definitiva, creo que usted ha tenido hoy una suerte importante: le ha salvado el reloj, porque no tenía ya ningún argumento que poder dar. Ya ve usted en el tono que se lo digo, y se lo digo, además, preocupado de verdad, porque no me gustaría oír a los portavoces de cualquier fuerza política, sean del Partido Socialista o de cualquier otro, conceptos o criterios que no fueran claros o razones objetivas, pero, naturalmente, como creo que no las tienen, han de ser eso, pertinaces en su error. Continúen ustedes que van bien.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Lizondo. Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


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El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, quiero indicar que el Grupo Parlamentario Vasco acepta la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista, en el sentido que viene a aceptar la argumentación expuesta en su día por este Grupo respecto a que en el título VII del Proyecto de ley de presupuestos, artículo noventa y cinco, había que diferenciar el régimen de traspasos en cuanto a medios materiales, medios financieros y medios personales establecido en el proyecto de ley de presupuestos, donde se preveían los criterios objetivos a los que se deberían adaptar los reales decretos que efectuaron los traspasos correspondientes a las comunidades del artículo 143 de la Constitución. No obstante, a través de la enmienda transaccional, se admite la existencia de regímenes específicos de financiación, vía convenio con Navarra o vía concierto en el caso del País Vasco.
Creo que el texto queda claramente mejorado, por lo que el Grupo Parlamentario Vasco acepta la transaccional propuesta por el Grupo Socialista. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente, intentaré responder con brevedad.
En primer lugar quisiera decirle al portavoz del Grupo Popular que, ¡cómo no!, el Grupo Socialista entiende y reconoce la labor que tienen que hacer los grupos de la oposición, pero creo que hay una diferencia en la manera de ejercer la oposición: hay grupos que no aspiran a gobernar y que, por tanto, pueden permitirse el lujo de ser poco rigurosos, y otros, los grupos de los partidos que aspiran a gobernar, que tienen el deber de ser rigurosos. La intervención inicial y la réplica del Grupo Parlamentario Popular creo que ponen de manifiesto una posición que no está en consonancia con lo que podían ser los deseos de ser una alternativa de Gobierno y de manifestar posiciones responsables.
En cualquier caso, el Grupo Socialista quisiera aprovechar este turno de réplica para hacer algunas consideraciones generales sobre los temas que se han planteado, no para hacer reiteraciones sobre cuestiones que hemos debatidos exhaustivamente. Nuestro Grupo comparte el deseo que expresaba el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el sentido de que el debate presupuestario pueda significar una contribución a los debates abiertos en relación con los temas sobre los que estamos reflexionando.
En relación con la financiación local hay que tener muy presente que estamos en vísperas de una revisión de la Ley de Haciendas Locales y, aunque afecta solamente a una pieza financiera de las corporaciones locales, yo creo que es importante destacar la predisposición de nuestro Grupo, en consonancia con la posición avanzada por el Gobierno, para hacer una reflexión más amplia que consideramos necesaria sobre el balance que arroja la Ley de Haciendas Locales ya que, a la vista de los problemas que se han manifestado claramente estos días, podemos convenir en que no es un balance satisfactorio. Ahora bien, nuestro Grupo entiende que sería un error enfocar esta reflexión, como entendemos que viene haciendo el Grupo Popular, exclusivamente sobre una de las piezas del sistema de financiación de las corporaciones locales, que es la participación en los tributos del Estado.
Esta pieza financiera representa un 30 por ciento aproximadamente de los ingresos de estas administraciones públicas y los problemas de las haciendas locales se derivan en una mayor proporción de un funcionamiento no satisfactorio de los tributos propios, que es la pieza fundamental, y sobre esta cuestión hay que reflexionar. La fuente de financiación principal recae sobre unos impuestos que son inelásticos y que sólo se compensan con un incremento de la presión fiscal, y esto, como SS.SS. saben, tiene un coste. Además ha habido unos problemas en el desarrollo de lo dispuesto para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para el Impuesto sobre Actividades Económicas suficientemente conocidos.
El Grupo Socialista entiende, por tanto, que hay que afrontar todos los problemas, así como la cuestión de las atribuciones competenciales a las corporaciones locales, que es la vía, señor Ríos, para avanzar en esta distribución ideal del gasto que nos hemos fijado del 50, 25, 25, que no puede venir de la mano del recurso a los Presupuestos Generales del Estado sino de una distribución competencial reconocida a las comunidades autónomas y con recursos financieros suficientes para atender a esas competencias. Además, hay que mejorar, corregir y perfeccionar el mecanismo de participación en los tributos del Estado para conseguir una participación estable en la misma.
Al Grupo Socialista le parece que centrar la valoración crítica de la situación actual, como ha venido haciendo el Grupo Popular, en los problemas derivados de la modificación de la Ley de Haciendas Locales en relación con la definición del parámetro del gasto equivalente, que ha estado presente en todos los debates que hemos tenido en esta Cámara sobre esta cuestión, es una fijación obsesiva del Grupo Popular, que es limitativa en la comprensión de los problemas que afectan a las corporaciones locales y que además supone una cierta elusión de las responsabilidades del Partido Popular en esta Cámara y fuera de ella, porque no se puede defender permanentemente, señor Rajoy, como ha hecho el Grupo Popular, el incremento de los ingresos de las corporaciones locales y después poner todo tipo de obstáculos en esta Cámara y fuera de ella al desarrollo de los tributos propios de las corporaciones locales.


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La solución a los problemas de estas administraciones públicas no pasa por reclamar el recurso sistemático a los Presupuestos Generales del Estado; yo creo que es preciso tener en cuenta que estamos ante unas administraciones que tienen un grado de corresponsabilidad fiscal elevado, que hay que seguir desarrollando su sistema de financiación con un equilibrio entre la autonomía financiera del gasto y el mantenimiento de esta corresponsabilidad fiscal y que, por tanto, debemos entrar en una reflexión sobre los problemas fundamentales, que son los que afectan a los tributos propios de las corporaciones locales.
El Grupo Socialista considera --y creo que en ello coincide con todos los grupos de la Cámara-- que resolver los problemas que afectan a los municipios y mejorar su sistema de financiación es una cuestión decisiva en los próximos años, porque estamos ante unas administraciones públicas que prestan unos servicios en nuestro país y que además contribuyen de una manera decisiva a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades. En este punto, el Grupo Socialista considera que deben acometerse las reformas que van a llevarse a cabo e invita a todos los grupos de la Cámara a buscar un consenso para que esta ley cuente con un respaldo mayoritario y sea una ley que, además de resolver los problemas, logre una gran legitimidad entre nuestros conciudadanos.
En cuanto a las comunidades autónomas, no voy a insistir en algunas de las cosas que ya hemos comentado sobre si hay incumplimientos o no, o sobre la incapacidad del grupo de trabajo. Yo quiero decir en relación el artículo 15 de la Lofca que las dificultades de su implementación son reconocidas por el propio Grupo Popular. Yo quiero recordar que en el debate de la Ley de Presupuestos de 1993, el Grupo Popular presentó una enmienda para implementar el artículo 15 de la Lofca, pero no fueron capaces de plantear una enmienda concreta, colaborar en esa tarea propia de un partido oposición que quizá quiere ser alternativa y gobernar en nuestro país; no fueron capaces de presentar una propuesta que ayudase a resolver las dificultades que plantea --como usted sabe muy bien-- el desarrollo del artículo 15 de la Lofca.
Porque, primero, hay que determinar qué servicios son fundamentales. Segundo, hay que analizar cuál es el nivel que se ha alcanzado en todas las comunidades y, después, ver cómo nos acercamos a la media en todas las comunidades. No es una tarea fácil. No es problema de incapacidad del grupo de trabajo, es el reconocimiento de que no ha sido posible conseguir estas concreciones y el recurrir a los expertos no me parece que sea en menoscabo del grupo de trabajo y de la actividad que ha realizado.
Al portavoz de Izquierda Unida, que le gusta bastante hablar - -creo que lo ha hecho en varias ocasiones-- de que el sistema de financiación de las comunidades autónomas tiene desequilibrios, yo quisiera hacerle algunas reflexiones. Creo que no se puede enjuiciar el sistema de financiación de las comunidades autónomas sin hacer un análisis de lo que ha pasado en nuestro país en estos años. Hemos pasado en diez años de un Estado totalmente centralista a un Estado descentralizado, con un nivel de descentralización del 25 por ciento para las comunidades autónomas, que es un nivel de gobierno nuevo, que alcanza en este año en los presupuestos del Estado dos billones de pesetas. Ahora bien, esta descentralización de recursos no ha podido seguir el mismo ritmo en la definición del modelo de la hacienda autonómica y no hay que escandalizarse por ello, porque los países que estamos tomando como referencia en este modelo de descentralización del gasto y de creación de unos modelos de haciendas subcentrales de niveles medios de gobierno, llevan veinte años en este proceso y continúan perfeccionándolo. Yo creo que lo que tenemos que hacer en España es ver si caminamos en la buena dirección; no lo rápido que vamos, sino si vamos en la buena dirección. Yo creo que caminamos en la buena dirección, señor Ríos, porque todos los pasos que se han dado están hechos a partir de la Lofca, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que está demostrando que es una buena ley. Yo creo que es muy importante destacar, cuando hablamos de esta Ley, que es una Ley fruto del consenso...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, vaya terminando.
La señora AROZ IBAÑEZ: ...y, por tanto, yo creo que hay que seguir avanzando en ese consenso que nos marca la propia Lofca.
Comprendo que su Grupo pueda desmarcarse del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque ustedes no gobiernan en ninguna comunidad autónoma, pero todas las comunidades autónomas de nuestro país han suscrito el acuerdo del 20 de enero de 1992 y no creo que sea esta Cámara --aunque tiene soberanía para ello-- la que tenga que modificar un sistema que es de consenso para seguir desarrollando todo el sistema de financiación de las comunidades autónomas que, además de ir en una línea de mejorar la suficiencia financiera, mantiene un principio importantísimo que es la solidaridad. Se pone en duda si lo que se aplica es la corresponsabilidad fiscal. Cuando llegue a esta Cámara la propuesta de la incorporación del acuerdo sobre el IRPF tendremos ocasión de debatir qué es o qué no es la corresponsabilidad fiscal. Yo quiero decir que estamos aplicando un sistema que funciona en países federales como Alemania, como Canadá; en cualquier caso, son unos primeros pasos. Estamos ante un sistema más razonable y positivo del que hemos tenido hasta ahora porque se va a combinar

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la autonomía en el gasto con la corresponsabilidad fiscal y la asunción de mayores responsabilidades en la gestión de los recursos de estas administraciones públicas en relación a sus administrados. En relación al Fondo de Compensación Interterritorial son los mismo criterios sobre la base, señor Ríos, de los acuerdos que se toman en el Consejo por todas las comunidades autónomas, en las que lamentablemente ustedes no gobiernan. Finalmente, el Grupo Socialista quiere expresar, una vez más, la valoración muy positiva de las normas por las que se rige el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que son las normas que se aplican en estos presupuestos, que tienen --insisto-- un amplio consenso y por esta razón, teniendo en cuenta que estas consignaciones presupuestarias responden a esas normas de gran consenso, el Grupo Socialista considera que estos presupuestos deberían merecer el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Quiero hacer una brevísima consideración en relación a la intervención del portavoz de Unión Valenciana. No voy a insistir en lo que he dicho, pero por si no lo ha entendido, quiero repetirle que cuando he hablado de esos 7.000 millones en relación a la financiación incondicional me estaba refiriendo a la incorporación en la participación en los ingresos del Estado. Le pediría, señor González Lizondo, que mañana, con tranquilidad, se leyera el «Diario de Sesiones», para que se avergüence de su intervención y de la ignorancia que manifiesta en relación a los asuntos de la Comunidad Valenciana. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, voy a utilizar un minuto de sesenta segundos para contestar a la réplica del señor Martín, de Coalición Canaria. Quiero manifestar que, de acuerdo con los datos que nosotros tenemos, facilitados por la Dirección de Planificación Económica de la Comunidad Autónoma, la aplicación de la imposición indirecta en el año 1993 está suponiendo un incremento bastante notable --más de 15.000 millones de imposición indirecta-- con respecto a años anteriores. En cambio, en los ingresos del Estado del capítulo II para el año 1993, en los conceptos que nutren ese capítulo II, la participación de impuestos en la Comunidad Autónoma es casi insignificante, no obstante, se participa en el 31 por ciento. Dicho esto, y tal como manifesté anteriormente, el Gobierno y el Grupo Socialista estará al tanto de esas conversaciones entre Gobierno y la FEMP, a través de la Subcomisión de Política Económica, Fiscal y Financiera, para que esos acuerdos adoptados, que dicen que los ayuntamientos canarios deben participar en un porcentaje superior, aunque no especifica si incrementando la dotación del Fondo o detrayéndolo de la aportación común, en esos acuerdos, que han de plasmarse en una norma legal que ha de aprobar esta Cámara, el Grupo Socialista está dispuesto y va a estudiar un incremento de la participación de los ayuntamientos canarios.
No se preocupe, señor Martín, porque la disminución del APIM empezará a partir del año 1996. Por tanto, hay tiempo de resolver este tema para incrementar esa participación. Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate del título VII, junto con el de las secciones 32 y 33, vamos a pasar a debatir las enmiendas presentadas al título VIII.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández- Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, damos por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al título VIII, tal y como puso de manifiesto el señor Núñez en el debate del título III. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández-Miranda. Tiene la palabra el señor Ríos, por el Grupo de Izquierda Unida, para defender sus enmiendas al título VIII.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve puesto que mantenemos tres enmiendas a este título que tiene tres capítulos. Nuestras enmiendas van encaminadas a dirigir la reordenación de organismos autónomos y entidades públicas, que el Gobierno se propone realizar durante el próximo ejercicio, en base a unas pretendidas razones políticas.
Nosotros creemos que la supresión de un organismo autónomo o de cualquier entidad pública, una empresa pública o un organismo comercial, debiese debatirse en la Cámara, puesto que hace referencia de manera importante a los objetivos que el Gobierno ha planteado a la hora de proponer y aprobar los presupuestos. En todo caso, nuestro objetivo no es oponernos a ello, no queremos poner piedras o granicos de arena a la maquinaria de la toma de decisión del Ejecutivo, sino que esa decisión, una vez planteada y aprobada por el Consejo de Ministros, venga a esta Cámara para ser tramitada y podamos ser conocedores de la misma todos los grupos políticos y así dar nuestra opinión antes de tomarse la decisión y no después, puesto que podemos obtener cualquier tipo de información.
La segunda enmienda pretende incorporar al Capítulo II, artículo noventa y ocho, que habla del Instituto

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de las Fuerzas Armadas y propone la compensación económica que favorece el Real Decreto 1.751 del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, al final del segundo párrafo, lo siguiente: «...respetando en todo caso los derechos de tanteo y retracto de los inquilinos y arrendatarios». En cualquier caso, lo que pretende la enmienda es, puesto que la viviendda ha podido ser cedida a una determinada persona, una garantía para los inquilinos que puedan encontrarse ahora mismo en las viviendas del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
La última enmienda hace referencia al artículo 100, concerniente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Nosotros creemos que habría que meditar más sobre cual va a ser el sentido y cómo va a funcionar, y no nos parece bien que, vía presupuestos, de rondón, se nos metan estas actuaciones. En todo caso, nosotros entendemos que cualquier actuación de este tipo se puede medir en función de resultados, y siempre que se utilizan los resultados echamos manos a mediciones estadísticas. Como antes no me ha salido bien el ejemplo que he puesto referente a la estadística, voy a poner otro más ajustado. El primer ministro de la Reina Victoria, Disraeli, decía que había tres formas de mentir: una, la mentira pequeña y cotidiana; dos, el perjurio, mentir ante la ley; y tres, la estadística. Dicho sea esto con el respeto que nos merecen los profesionales de la estadística, que son los primeros que reconocen esto. De todos modos, es verdad que sí funciona para medir parámetros intermedios de cualquier actuación. Esperemos que el funcionamiento de esta Agencia Estatal de Administración Tributaria nos pueda demostrar lo distante que ha sido la realidad de las dudas que tenemos en un principio acerca de esta puesta en marcha, no por la puesta en marcha en sí, sino por la forma en que se va a producir. Estos son los objetivos de nuestras enmiendas, que nosotros damos por defendidas y, en función de la defensa que haga del propio dictamen de la Comisión el portavoz del grupo mayoritario, podremos precisar mejor nuestra posición en la réplica.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para un turno en contra, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PEREZ GONZALEZ: Señor Presidente, creo que el hecho de que el Grupo Popular defendiera sus enmiendas en el Título III va a dar una cierta facilidad en esta larga sesión de presupuestos.
Aprovecho también la oportunidad para dar respuesta a Izquierda Unida, esta vez en exclusiva, porque es el único Grupo que mantiene enmiendas. El año pasado estuve encargado de este título y me parece que las enmiendas que acaba de defender el señor Ríos ya fueron planteadas en el ejercicio anterior. Voy a tratar de no repetir mis argumentos más allá de lo necesario. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a su enmienda 1.336 y la supresión del artículo noventa y siete, he oído del señor Ríos palabras diferentes, incluso complementarias, de la justificación que hacen en la enmienda. Por eso, parece innecesario tener que acudir aquí al amparo constitucional, a la legalidad que tiene el Gobierno para poder transformar o suprimir organismos. A pesar de todo, creo que se siguen manteniendo reticencias, sobre todo en lo que hace al control parlamentario de esta facultad que la ley otorga al Gobierno. No tenga temor el señor Ríos, porque al final del precepto, en el artículo noventa y siete, se establece esa dación de cuentas del Gobierno. Además, como ya se ha expuesto en otras peticiones de información y control, nada obsta para que, en aras de la libertad que tiene la Cámara y los propios grupos, se reclame cuando sea conveniente. Creo que está explícita la voluntad del Gobierno, en esta materia tan importante, de ser sometido al control, de poder presentar un plan en tiempo oportuno y que esta Cámara lo conozca suficientemente.
La segunda cuestión, que tiene que ver con el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, también fue planteada el año pasado. Me parecía que ésta era una petición que tenía su base y era digna de ser estudiada. Debo decir al señor Ríos que esta petición, en lo que tiene que ver con los inquilinos que puedan estar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, no es de aplicación. Por tanto, estando a favor del derecho de tanteo y de retracto, y estando el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, como el primero, al cumplimiento de esos derechos, cuando no se da esa sujeción a la Ley de Arrendamientos Urbanos este derecho no entra en ese ámbito de aplicación. A la segunda parte de su enmienda, en la que hace la petición de que no se exceda de los precios máximos de la VPO, he de decirle que, respecto a las viviendas que tienen esa naturaleza jurídica, el Gobierno y el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas están al cumplimiento de ese precepto, como no podía ser de otra manera.
En lo que se refiere a la última enmienda, la 1.340, su planteamiento es bastante genérico porque en su motivación dicen que hay que reflexionar sobre este sistema. Pues bien, además de reflexionar, hay que estudiar en firme cuál ha sido la práctica y el operativo de la Agencia, porque no es la primera vez que se aplica. Debo decirle que el comportamiento es satisfactorio. Por tanto, en uso de esa facultad que tienen los entes públicos para realizar estas actuaciones, que se hacen buscando motivos de mayor eficacia y economía como se explicitan en su enmienda, se consiguen mayores grados de eficacia y economía. Por tanto, esta es la reflexión, en este ámbito donde están ustedes, que yo les traslado.


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Y concluyo, porque se deriva de mi explicación, que no procede aceptar ninguna de las tres enmiendas de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
El señor Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Brevemente, señor Presidente, la argumentación que ha dado el Grupo mayoritario se ha circunscrito, por lo menos, a las iniciativas. Me tengo que alegrar de que por primera vez esta mañana podamos discutir en función de razonamientos que se dan a propuestas concretas.
Por primera vez estamos haciendo política en el sentido más estricto de la palabra: solución de problemas concretos.
Usted nos dice que en la primera propuesta --que es tradicional, la hemos hecho otros años-- el objetivo está cubierto puesto que cualquiera que sean las propuestas que haga, bien transformando un organismo, suprimiéndolo o refundiendo algunos, el Gobierno dará cuenta, a las Cortes de las medidas tomadas, según diceel texto de la ley. Pero, fíjese, dará cuenta, ¿cuándo? ¿Cuándo ya esté en marcha? ¿Cuándo ya esté hecha la modificación presupuestaria? Porque aunque parezca que no estamos hablando de números, sí hablamos de números: hay que trasvasar recursos, hay que modificar actuaciones, etcétera. Nuestra propuesta garantizaría que la discusión de esa adecuación se hiciese previamente a que se tome la decisión, a que se ponga en funcionamiento. Conforme está en el texto del Gobierno podría venir a los tres meses, a los seis o a los ocho, cuando estimara oportuno. Usted, muy hábil --lo que le caracteriza--, dice: Ustedes lo pueden pedir también, cualquier grupo puede tomar la iniciativa parlamentaria para que esto se pueda cumplir. Muy bien, la estamos tomando ya. Si por ley está obligado nos ahorramos gastar después nuestras iniciativas parlamentarias. En la segunda enmienda me dice usted una especie de sí, pero. La propuesta es buena, la iniciativa en parte puede ser asumida pero, de todas formas ya está. Por un lado, no tendremos ninguna posibilidad en el sentido de que los que estén acogidos al régimen general no van a poder acogerse y, por otro lado, las actuaciones al VPO, ésas sí. Yo le revierto la situación. Lo que abunda no daña; si esto está y se recoge tampoco perjudica. En todo caso, sería motivo, para transaccionar, matizar las cosas, porque yo acepto que puedan ser matizadas, no para no aceptarlas. Lleva usted razón en la parte final, cuando hablamos de la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si nos agarramos a la terminología tal cual está podemos llegar a una conclusión equivocada. Nosotros decimos que antes de ponerla en marcha, antes de hacer funcionar lo que ustedes nos proponen aquí como una sociedad estatal o un ente público, debiéramos profundizar más en cómo hacerlo y en qué realidad.
Usted dice: Ya hemos estudiado, tenemos unas experiencias piloto, queremos comprometernos en mayor eficacia y mayor economía, y podremos hacerlo de partida. Yo acepto ese argumento, pero usted entiende que lo que nosotros queríamos decir es que no lo hagamos ya y ahora --argumento que se ha utilizado para muchas cosas--, profundicemos, y no pasa nada porque se ponga en marcha en el mes de febrero o en el mes de marzo. Ustedes se han autorizado en el punto 1.º para poder hacerlo. En cualquier caso, nuestro objetivo es facilitar niveles de conocimiento mayor, niveles de concreción mayor que nos posibiliten apoyar la puesta en marcha, pero además usted sabe que hay otros sistemas que se van a ver afectados en la puesta en marcha de la Agencia Tributaria, incluida la participación en ella de determinadas administraciones que no son solamente la del Estado. Espero haber dado las razones suficientes para mantener nuestras propuestas, que no quiere decir que sean de confrontación sino de acercamiento en la opinión que tiene nuestro Grupo a las propuestas del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
El señor Pérez tiene la palabra.


El señor PEREZ GONZALEZ: Observo que el representante de Izquierda Unida ahora no ha tenido que hacer alusión a las estadísticas, por fortuna, porque además le oí en la tribuna que a él le tocaba la parte del enfermo, que es la peor parte.
Por tanto, me congratulo de que no tenga que apelar nuevamente a este ejemplo. En cuanto a la tercera enmienda, parece que en el grado de reflexión se mueve la cuestión.
Sobre la primera, respecto de plazos y formas hay un hecho muy relevante que tiene que ver con este título VIII y son los compromisos del programa de Maastricht. Debo decir al señor Ríos que ya se presentó este documento, en uno de cuyos apartados más importantes, como es el de la reducción del número de organismos públicos, se da cuenta con largueza de las acciones emprendidas y se cuantifica el grado de transformación, supresión, desaparición de organismos, economía, etcétera. Está en la voluntad del Gobierno seguir rindiendo cuentas sobre el Plan de Convergencia. Por tanto, si en los meses de febrero y marzo de 1993 obra ese documento, es previsible que sea así también en 1994 y que suscite en la Cámara, en las Comisiones o en el Pleno, todos los debates necesarios. Por consiguiente, ninguna preocupación en exceso porque estas garantías no se cumplan.
Respecto de la enmienda que tiene que ver con el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, estos derechos no se mueven en el aire, sino que los propios inquilinos afectados ya interpusieron un recurso a la

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sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó el 16 de marzo de 1992 que nunca han sido de aplicación, en las cesiones de uso de las viviendas militares, esos derechos de tanteo y retracto. No es una cuestión en abstracto, sino concreta, y existe sentencia del Tribunal Supremo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Habiéndose retirado la enmienda número 1.226, del Grupo de Coalición Canaria, pasamos al debate correspondiente al título IX.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Peralta. Recuerdo a SS.SS. que la ordenación del debate se refiere sólo al Título IX, con exclusión de la Sección 60.


El señor PERALTA ORTEGA: Agradezco, señor Presidente, ese recordatorio y sobre la base del mismo voy a defender las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya correspondientes a los números 1.341 a 1.348.
Parece oportuno, señor Presidente, explicar la filosofía que se encuentra tras este conjunto de enmiendas presentadas por nuestro Grupo y que en este momento defiendo. Todas SS.SS.
conocen perfectamente que la Seguridad Social atraviesa un momento difícil. Como consecuencia de la crisis económica, estamos asistiendo a un proceso de destrucción de empleo que conlleva una pérdida del número de cotizantes a la Seguridad Social y, simultáneamente, un incremento en el número de beneficiarios de las distintas prestaciones de la misma. Ello está produciendo una situación de dificultad financiera a la Seguridad Social y en torno a la misma se han producido distintas posiciones; posiciones que plantean como objetivo prioritario recortar prestaciones de la Seguridad Social y posiciones, como la de nuestro Grupo, que plantean como objetivo prioritario dotar a la Seguridad Social de los recursos suficientes. Esta es, señorías, la filosofía que se encuentra tras este conjunto de enmiendas que, por una parte, pretenden adecuar las bases de cotización en el año 1994 a lo que es la previsión de salarios reales en dicho año 1994. En este sentido, hay que profundizar en ese proceso que se conoce en la jerga sindical como destopar las bases máximas de cotización de la Seguridad Social, para conseguir que las mismas se acerquen a los salarios reales. El segundo bloque de enmiendas de nuestro Grupo va dirigido a conseguir que las horas extraordinarias tengan unos tipos de cotización adecuados a la realidad de una situación de empleo, gravemente difícil en nuestro país, que hace más difícilmente asimilable la realidad de estas horas extraordinarias. Por tanto, planteamos un incremento de los tipos de cotización sobre las horas extraordinarias. Finalmente, señorías, pretendemos que el tipo de cotización al Fondo de Garantía Salarial se eleve en el año 1994, en el que previsiblemente este organismo va a sufrir la crisis de empleo que de manera tan dramática estamos sufriendo en el año 1993. Hay que tener en consideración que al Fondo de Garantía Salarial se llega una vez que se han tramitado las reclamaciones frente a las empresas y se ha producido la declaración judicial de insolvencia de las empresas, es decir, con retraso en relación con la destrucción de empleo. Por tanto, es previsible que sea en el año 1994 cuando el Fondo de Garantía Salarial acuse directamente el impacto de destrucción de empleo que estamos viviendo de manera tan aguda en este año. Pretendemos que en el año 1994 el Fondo de Garantía Salarial esté dotado de los recursos adecuados para poder atender --insisto-- las obligaciones que legalmente tiene asignadas, que recuerdo a SS.SS. que sólo son una parte de las deudas contraídas por los empresarios en relación con los trabajadores. Estas son las enmiendas que presenta nuestro Grupo. Celebramos que esta filosofía de fondo, planteada por el Grupo de Izquierda Unida, que es dotar inicialmente a la Seguridad Social de los medios adecuados y, posteriormente, plantear las adaptaciones que sean correctas y adecuadas a la situación de crisis sea aceptada finalmente por el Gobierno, a tenor de las posiciones planteadas por el mismo a finales de la semana pasada en que retiró parte de sus medidas de recorte al desempleo y planteó, simultáneamente, un incremento del tipo de cotización para el desempleo. Nos parece que ese cambio en la posición del Gobierno va en la línea correcta. Por tanto, celebramos que se produzca ese acercamiento a lo que han sido las posiciones de Izquierda Unida. Desearíamos que en estos puntos concretos que no hacen referencia al tema del desempleo también se produjera ese acercamiento y pudiéramos votar conjuntamente estas enmiendas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo ha presentado a este bloque sistemático dos enmiendas que fueron objeto ya de debate prolijo en Comisión, y no voy a destinar, señor Presidente, mucho tiempo a la defensa de las mismas. Se pretende corregir dos disfunciones, señor Cercas, que incorpora el artículo ciento uno, número cuatro, de la ley de presupuestos. Estas disfunciones consisten, en primer lugar, que a los empresarios, directivos sobre todo de pequeñas y medianas empresas, afiliados al régimen de autónomos de la Seguridad Social --sabe usted que el número cuatro se titula Régimen General y Régimen

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de Autónomos--, a los cuales la Administración de la Seguridad Social desafilia ex officio, desafilia contra su voluntad, desafilia del régimen general unilateralmente y les afilia obligatoriamente al régimen de autónomos, no se les aplique a estos trabajadores afiliados a este régimen especial, a estos directivos y empresarios de pequeñas y medianas empresas la limitación de opción, la limitación de bases de cotización que incorpora, a su vez, el número dos del mismo artículo ciento uno. Lo contrario es incorporar una reforma de la protección de este colectivo de trabajadores regresiva. No voy a dar la paliza a SS.SS. sobre el concepto de regresividad, que reiteradamente nuestro Grupo defiende en esta institución, Congreso de los Diputados, pero me gustaría que lo considerasen. Se trata de una enmienda cuantitativamente casi irrelevante y que corrige una disfunción que puede tener incluso problemas de constitucionalidad y que afecta sobre todo, señor Cercas, a empresarios, directivos de pequeñas y medianas empresas que vienen siendo objeto de una situación de recesión económica de desempleo tan profunda como ésta de especial consideración.
La segunda disfunción que mi Grupo pretende corregir afecta a los trabajadores, directivos y empresarios también afiliados al régimen de autónomos de la Seguridad Social que tengan entre 49 y 55 años. Esta ley de presupuestos --el artículo ciento uno, número cuatro-- impide a estos trabajadores entre 49 y 55 años que opten por algo por lo que legítimamente podían optar anteriormente, hasta la vigencia en su caso de este precepto, artículo ciento uno, número cuatro, que opten si ellos quieren, si así lo desean, por la base máxima de cotización prevista en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. Entendemos que de alguna forma la expropiación, la interdicción de este derecho que les correpondía hasta ahora - -derecho, por otra parte, legítimo que no suponía cuantitativamente un mayor gasto para la financiación del sistema-- supone también una reforma regresiva y que, además de regresividad puede incidir en otro problema de constitucionalidad diferente, el de retroactividad; retroactividad que en este momento veta la propia Constitución en su artículo 9.3 en cuanto a los derechos que resulten menos favorables, a los derechos más limitativos. Señor Presidente, estas son las dos enmiendas que presenta nuestro Grupo Parlamentario. Entendemos que por la sensibilidad del Grupo Socialista podemos tener fundadas expectativas de que sean objeto de la adecuada y ponderada consideración. Son enmiendas sin repercusiones notables cuantitativamente en los gastos de financiación del sistema de Seguridad Social, y son enmiendas que atienden a la singular situación de directivos, de empresarios, de trabajadores de pequeñas y medianas empresas cuya capacidad de resistencia, desde la perspectiva del empleo, a los envites de la rescisión económica debe ser objeto de una consideración muy ponderada por esta institución.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Terminaba su intervención el señor Olabarría señalando que tenía fundadas expectativas de que las dos enmiendas del Grupo Vasco, PNV, fuesen bien recibidas por el Grupo Parlamentario Socialista, y no se equivocaba en este sentido. El señor Olabarría decía --y decía bien-- que sus enmiendas estaban bien argumentadas, y es posición de nuestro Grupo que lo razonable sea objeto de debate y sea objeto de apoyo o, en su caso, como diré ahora, de transacción cuando veamos que las soluciones que se pueden ofertar por la vía de la transacción son más funcionales, incluso, para lo que pretende el propio Grupo enmendante. Así, señor Presidente, anuncio ya, desde ahora, que el Grupo Parlamentario Socialista votará afirmativamente la enmienda 1.201, defendida por el señor Olabarría, y que a la enmienda 1.200 ofrecemos una transacción que haré llegar a los servicios de la Mesa, a los letrados, para que pueda ser conocida por la Cámara. Consiste básicamente nuestra posición en defender, de fondo, el concepto que pretende amparar la enmienda del Grupo Vasco, en el sentido precisamente de dar la oportunidad, en un plazo razonable de tres meses, para que aquellas personas que van a tener la necesidad de elegir una base de cotización que en el tramo último de su disponibilidad lo puedan hacer. Esto lo votaremos afirmativamente. En cuanto a la enmienda de transacción ofreceremos la posibilidad al Grupo Nacionalista Vasco de que en el «Boletín Oficial del Estado» vea cubierta su expectativa de que los directivos de estas empresas, que son llevados de oficio al régimen de trabajadores autónomos, puedan mantener las bases de cotización que tenían en el régimen preexistente. Creemos que la redacción de la enmienda del Grupo Nacionalista Vasco incluso va mucho más allá porque les puede permitir un derecho superior al que traían del régimen de inicio, y de ahí la transacción. En todo caso, tengo la impresión de que ya conocen algo esta enmienda de transacción y que tenemos una identidad de propósito y de soluciones técnicas. En cuanto a las enmiendas que plantea Izquierda Unida, no vamos a aceptarlas, pero no porque no estemos de acuerdo con la filosofía que ha expresado el portavoz de este Grupo, señor Peralta. También nosotros creemos que la Seguridad Social está en unas situación difícil y que justamente en situaciones como la actual

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no es momento de recortar derechos a los trabajadores sino, en todo caso, de acudir a subvenir las necesidades financieras del sistema para que pueda seguir cubriendo las finalidades protectoras, que son su razón de ser. Lo que ocurre es que, aun estando de acuerdo con esta filosofía, nos parece que sus enmiendas nos conducirían a un camino equivocado en la resolución de estos problemas. En primer, lugar, no nos parece que estas enmiendas supongan ninguna mejora para el gran objetivo común, creo, de todas las fuerzas de la izquierda en Europa y en España: la generación de empleo, en cuya base estará la resolución precisamente de los problemas financieros. Sinceramente creemos que incrementar la carga contributiva que tienen las empresas españolas, en este momento, en el sistema de la Seguridad Social no es funcional para la creación de empleo. Pensamos además, señor Peralta, que si esta razón no fuese suficiente, lo cierto es que sus enmiendas tendrían consecuencias quizá no queridas por su propio Grupo Parlamentario, puesto que junto a la indudable mejora de los recursos del sistema, en unas cifras en todo caso modestas, acarrearía en paralelo obligaciones para el sistema de la Seguridad Social, de modo que la ecuación coste- beneficio no estaría tan claramente en la dirección del beneficio, tal como ha expresado S.S. Respecto a las otras dos enmiendas que se refieren a incrementar el tipo de cotización por las horas extraordinarias, le daría, señor Peralta, argumentos parecidos a los que tuvimos ocasión de comentar en Comisión. No voy a ser reiterativo, pero comprenda S.S. que en lo que se refiere a las horas extraordinarias de carácter urgente, por razones de fuerza mayor, no parece congruente que se penalice precisamente cuando esas horas extraordinarias nada tienen que ver con el reparto de empleo, que parece ser la base de la justificación de sus enmiendas. Respecto a la generalidad de horas extraordinarias, telegráficamente le diré que la capacidad recaudatoria es muy escasa (puede usted verlo en el Informe económico-financiero) y que, por otra parte, en este momento creo que hay foros más adecuados donde este tipo de debates, que sí tienen alguna relevancia en cuanto que se incardinan en el debate general del reparto de trabajo disponible, podrían tener lugar con una tranquilidad mayor, con una posición mucho más rica de matices, y no le oculto que nuestro Grupo vería con enorme satisfacción también que en nuestro sistema de relaciones laborales se produjeran muchas menos horas extraordinarias de las que en este momento se realizan. Pero créame, señor Peralta, que deberá ser conseguido por otras vías más sofisticadas que la del mero incremento de la cotización a la Seguridad Social.
En cuanto al tipo del Fondo de Garantía Salarial, también coincido con su preocupación, pero le reitero lo que ya le comentamos en Comisión. Nos parece que es una preocupación lógica pero quizás prematura, puesto que el Fondo de Garantía Salarial aún está en un equilibrio económico-financiero que hace no deseable incrementar su cotización, al menos, desde el punto de vista de que sea necesario para que cubra con la finalidad de protección que hoy el ordenamiento jurídico le reserva.
Nada más. Mucha gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
El señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Cercas, por su razonada contestación a las enmiendas presentadas por nuestro Grupo. Comenzando por la que ha comentado en último lugar, la del Fondo de Garantía Salarial, quisiera decirle al señor Cercas que en las comparecencias de altos cargos de la Administración para tratar la ley de presupuestosya se nos reconoció que este propio año 1993 posiblemente el Fondo de Garantía Salarial termine el ejercicio con déficit; para el próximo año 1994 es previsible, por el mecanismo de funcionamiento de este organismo, con retraso en relación con la destrucción de empleo, que ese déficit se pueda incrementar. De ahí, por tanto --insistimos--, la pertinencia de una enmienda concreta de nuestro Grupo que hace referencia sólo al tipo de cotización de cara al Fondo de Garantía Salarial y de un incremento que va del 0,4 por ciento al 0,6 por ciento, por tanto, con una influencia muy relativa sobre el costo de la mano de obra e indirectamente sobre el empleo.
En relación con las horas extraordinarias, celebro que el Grupo Socialista se manifieste cercano a las posiciones de nuestro Grupo en relación con el debate en torno al reparto del trabajo, que es efectivamente el fondo que justifica este tipo de enmiendas. Quisiera precisar al portavoz socialista que hace referencia a las horas extraordinarias motivadas por necesidades urgentes y en este sentido dice que no parece oportuno gravar esas horas extraordinarias. Las enmiendas de nuestro Grupo, señor Cercas, hacen referencia a todas las horas extraordinarias, unas y otras. Por tanto, no nos parece que referirse sólo a las urgentes sirva para desmontar la pretensión de nuestro Grupo en relación con las horas extraordinarias. Finalmente, cuando hablamos de destopar las bases máximas de cotización es evidente, señor Cercas, que con esto sí que se produciría una mayor carga de cotización social para las empresas. Pero, ojo, empresas que en este momento, como consecuencia de ese tope de la base máxima, no pagan sobre una parte de los salarios que retribuyen a los trabajadores. En ese sentido terminaríamos con una discriminación que tienen esas empresas de que una parte de su carga salarial no cotiza

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a la Seguridad Social. Lo que haríamos simplemente sería igualarlas al conjunto de empresas que pagan por toda su nómina a la Seguridad Social y dotar de más recursos a la Seguridad Social. También estamos hablando de una parte de retribuciones que cabe pensar, lógicamente, que es pequeña y de una parte de retribuciones cuya incidencia en las prestaciones es a su vez muy pequeña, porque nuestro Grupo, como ya tuvo ocasión de recordar al señor Cercas, mantiene los topes máximos de prestaciones.
Por todo ello, señor Presidente, insisto en que nuestroGrupo vería con particular agrado que la coincidenciaen filosofía que afirma el Grupo Socialista se tradujera también en la coincidencia en votar estas enmiendas. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para manifestar, en primer lugar, en nombre de mi Grupo, que aceptamos la transacción que nos ofrece el Grupo Socialista. Y en segundo lugar, a modode conclusión, para manifestar nuestra satisfacción al comprobar que nuestras expectativas eran verdaderamente tan fundadas en cuanto a las posibilidades de aceptación de esta enmienda. Simultánea y simétricamente, señor Presidente, mostrar nuestra desazón porque otras enmiendas de mi Grupo con igual fundamento intelectual y conceptual no han sido objeto de la misma consideración. Gracias, señor Presidente

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Tiene la palabra el señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Quiero decir al señor Olabarría que no le quepa la menor duda de que si esas otras enmiendas hubieran estado tan bien fundamentadas también habrían sido objeto de aceptación por el Grupo Socialista.
Al señor Peralta quiero decirle que aunque en este trámite, y en este momento, el Grupo Parlamentario cuya representación ostento en este debate no cree oportuno ni coherente que produzcamos esas subidas de tipo, puesto que creemos que no apoyaría en nada la finalidad última que pretende su Grupo, no le debe llevar a dudar que, en un momento determinado, si hubiera necesidad de dotar bien sea el Fondo de Garantía Salarial, bien sea la Seguridad Social, con recursos adicionales para que mantuviese el nivel de protección actualmente existente, no le quepa la menor duda, repito, señor Peralta, de que o ustedes apoyarían iniciativas en este sentido del Gobierno o del Grupo Socialista o nosotros no tendríamos ningún inconveniente en apoyar tales iniciativas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Concluido el debate de esta sección, vamos a proceder a las votaciones de las secciones debatidas a lo largo de la mañana.
Votaciones correspondientes al Título VI.
Enmiendas del Grupo Popular al Título VI. (El señor Fernández- Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda, tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos que las enmiendas que corresponden a la deflactación de la tarifa de la declaración de la renta, que son las números 358 y 360, se voten separadamente del resto.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas 358 y 360, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 165; en contra, 166; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.) Restantes enmiendas del Grupo Popular. ¡Silencio, señorías! Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 142; en contra, 172; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tienen la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos votación de las enmiendas números 1.309, 1.310, 1.312, 1.322, 1.324 y 1.325 en un bloque, separadas del resto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Enmiendas números 1.309, 1.310, 1.312, 1.322, 1.324 y 1.325, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 160; en contra, 175; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 18; en contra, 310; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 141; en contra, 175; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 149; en contra, 171; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Fernández- Miranda pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos la votación separada de las enmiendas 1.217 y 1.216.


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández-Miranda, ¿solicita votación separada de cada una de las dos enmiendas? (Asentimiento.) Votación relativa a la enmienda número 1.216, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 12; en contra, 172; abstenciones, 151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1.217, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 150; en contra, 171; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación correspondiente al dictamen del Título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 173; en contra, 159; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones correspondientes al Título VII y a las Secciones 32 y 33. Enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 145; en contra, 175; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos votación separada de la enmienda 1.530 y luego el resto.


El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda 1.530 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 19; en contra, 173; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 161; en contra, 176; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 150; en contra, 172; abstenciones, 17.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo.
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, cuatro; en contra, 181; abstenciones, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional relativa a la enmienda número 1.195, del Grupo Vasco (PNV), referida a su vez al artículo noventa y cinco del texto articulado. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 187; en contra, uno; abstenciones, 151.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) a la Sección 32. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 23; en contra, 297; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación correspondiente el dictamen del Título VII y de las Secciones 32 y 33. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicito votación separada del texto del dictamen de las Secciones 32 y 33.


El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al dictamen del Título VII. Entiendo, señor Fernández-Miranda, que las dos Secciones se pueden votar conjuntamente.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Separadamente.


El señor PRESIDENTE: Título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 170; en contra, 163; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente al dictamen de la Sección 32.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 177; en contra, 161.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la Sección 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 317; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones correspondientes al Título VIII.
Enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 147; en contra, 173; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 17; en contra 175; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación relativa al dictamen del Título VIII.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 177; en contra 145; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones correspondientes al Título IX.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 20; en contra, 175; abstenciones, 143.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1.201 del Grupo Vasco (PNV). (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Señor Peralta.


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El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
En relación con las enmiendas 1.200 y 1.201, creemos que se han hecho ofertas de transacción por parte del Grupo Socialista y no conocemos su texto.


El señor PRESIDENTE: El texto concreto en el que se contiene la transacción explicada durante la intervención del señor Cercas es del siguiente tenor: Añadir un párrafo al número dos, del apartado cuatro, del artículo ciento uno, con la siguiente redacción: Cuando el alta en el Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos se haya practicado de oficio por la Administración de la Seguridad Social como consecuencia de una baja de oficio en un régimen de trabajadores por cuenta ajena, el interesado podrá optar entre mantener la base por la que venía cotizando con anterioridad o por la base que resulte de aplicar las normas generales establecidas en el Régimen de autónomos.
Enmienda 1.201 del Grupo Vasco (PNV.).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 338; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Risas.).
Enmienda transaccional relativa a la enmienda número 1.200 del Grupo Vasco (PNV.).
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 320; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación relativa al dictamen del Título IX.
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 319; en contra, tres; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Debate correspondiente a las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos. Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme que, en aras a la brevedad, defienda desde el escaño las enmiendas de nuestro Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, presentadas a las disposiciones adicionales, transitorias y finales. Es tradición en el debate parlamentario de los presupuestos generales que este apartado funcione como un cierto cajón de sastre donde se recogen las distintas posiciones de los grupos parlamentarios en temas que tienen incidencia presupuestaria.
Por tanto, señorías, nuestro Grupo, en relación con este apartado, ha presentado las enmiendas que van desde la número 1.350 a la 1.384, y voy a defenderlas centrándome en aquellas que en estos momentos consideramos más relevantes.
En primer lugar, hay un tema que tuvo resolución en la anterior legislatura, precisamente en el trámite de los Presupuestos Generales del Estado, cual es el tema de las indemnizaciones en favor de los represaliados políticos.
Nuestro Grupo manifestó entonces su disconformidad con determinados criterios restrictivos que se contenían en su regulación. En estos momentos, en la discusión del proyecto de ley relativo a los presupuestos del año 1994 presentamos una enmienda por la que creemos que debe procederse a la supresión de aquellos aspectos que, en nuestra opinión, resultan más hirientes de aquella normativa que en su día aprobó el Parlamento como es la exigencia de 65 años de edad al 31 de diciembre de 1990 y la exigencia de que el plazo máximo de presentación de las solicitudes fuera precisamente el de 31 de diciembre de 1990 y planteamos su sustitución por el de 31 de diciembre de 1994. Nos parece que la posición que mantenemos en relación con esta normativa es equilibrada y tiende a eliminar, por una parte, aspectos de esa regulación que están hoy sometidos al Tribunal Constitucional mediante diversos recursos de inconstitucionalidad planteados por tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas, y, por otra pretende abrir el plazo de presentación de solicitudes que, de una manera excepcional en nuestro conjunto normativo en el Derecho español, se estableció en un plazo tan corto como el de 31 de diciembre de 1990, teniendo en cuenta que la Ley de Presupuestos del año 1990 se aprobó a mitad de ese año. También tenemos enmiendas sobre temas relacionados con la igualdad. Por lo que se refiere a la mujer, proponemos la creación de una Secretaría de Estado para la Mujer, la creación de un fondo de garantía para pensiones alimentarias, compromiso al que reiteradamente ha aludido el Gobierno que hasta la fecha no ha sido objeto de plasmación real y que constituye una necesidad evidente. Muy recientemente nos encontrábamos con noticias que hablaban de que un porcentaje

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muy elevado de las pensiones alimenticias resultaban incumplidas, y este es un tema que merece una solución de carácter político, sin perjuicio de su tratamiento a nivel judicial. El Gobierno ha manifestado ya en alguna ocasión su posición favorable al fondo de garantía de pensiones alimenticias y nuestro Grupo pretende que, en esta ley de presupuestos, se contenga la previsión para que su viabilidad sea una realidad normativa en el próximo ejercicio. En el mismo sentido, apuntamos la necesidad de que, por parte de esta Cámara, se emplace al Gobierno para avanzar y continuar en la línea de igualación de derechos en favor de las parejas de hecho. Relacionado con el tema de las ofertas públicas de empleo, pedimos en este apartado que las cláusulas discriminatorias en favor de minusválidos sean objeto de una modificación, de tal manera que tengan posibilidad de acceder a las ofertas de empleo público, ya que la Administración pública debe considerarse la destinataria principal de las obligaciones de empleo de estos colectivos especialmente dificultados para el acceso al empleo.
Y, finalmente, entre otras enmiendas que consideramos de interés destacar, está la que hace referencia a que la retribución del personal de reemplazo en el servicio militar tenga la adecuación que se preveía en la ley vigente. En los dos últimos ejercicios, en el del año 1993 y en las previsiones de 1994, se deja sin efecto lo que en su día aprobó esta Cámara y, en nuestra opinión, ésta no es la mejor solución. Estas y otras enmiendas relativas a la exención de las cantidades que se abonan por los fondos de promoción de empleo constituyen el núcleo más importante del conjunto de enmiendas que defiende nuestro grupo y para el que solicita su voto a favor. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Enmiendas del Grupo Popular. El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Las damos por defendidas en sus justos términos para votarlas posteriormente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). El señor Zabalía tiene la palabra.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, el Grupo Vasco también da por defendidas estas enmiendas y solicita que se sometan a votación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Enmiendas del Grupo Mixto. El señor González Lizondo tiene la palabra.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el grupo de enmiendas que hemos presentado a las disposiciones adicionales y finales está defendido en Comisión y creo que los argumentos allí empleados podrían ser válidos para darlo por defendido. Pero hay una enmienda muy especial para la que tengo que tomar la palabra, por lo menos en cuanto a que es preciso que quede su espíritu reflejado en el «Diario de Sesiones». Me estoy refiriendo a la enmienda 132 a la disposición adicional relativa a la creación de un acuerdo económico como modelo de financiación de la Comunidad Valenciana. Este modelo al que aspiramos y que deseamos es el mismo que en estos momentos tienen ya dos comunidades autónomas, lo que, además, nos parece muy bien y, al mismo tiempo, nos gustaría que no solamente fuera ampliado a la Comunidad Valenciana sino a aquellas otras comunidades que también lo consideraran oportuno. Se trata de la concertación económica, concertación económica que da realidad al Estado de las autonomías. Los economistas más prestigiosos de la Hacienda pública defienden la tesis del federalismo fiscal, tesis por la que los gobiernos subcentrales, en nuestro caso comunidades autónomas, gestionan sus propios recursos y realizan la asignación más eficiente de los bienes y servicios públicos posibles. No es casualidad que sistemas similares sean los que actualmente están utilizando los países más avanzados del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Suiza o Alemania. Desde la óptica de un partido nacionalista como Unión Valenciana, que aspira a mejorar el nivel y calidad de vida en Alicante, Castellón y Valencia, Unión Valenciana pretende la adopción de los conciertos económicos para nuestra Comunidad, conciertos económicos solidarios y generalizables a todas aquellas comunidades que los deseen. Por lo tanto, la recuperación económica de la Comunidad Valenciana depende de manera determinante de la modificación del sistema de financiación actual. Sólo de esta manera se podría llevar a cabo una política económica, valenciana de una manera correcta y se podrá llevar a cabo la realización de las competencias transferidas con suficiencia financiera. Supone un menor gasto burocrático y una menor duplicidad de gestión. Señorías, ésta es una enmienda que se plantea en estos momentos desde un grupo minoritario, un grupo que no tiene el respaldo del partido que sustenta al Gobierno, pero al que al menos le gustaría tener el respaldo del resto de las minorías, que entendieran que estamos sencillamente solicitando aquello que ya tienen otros españoles, aquello que ya se da dentro del Estado, en la que la Comunidad Valenciana no ha podido entrar.
Es nuestro deseo

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incorporarnos a ese vehículo necesario para que la Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia) pueda verdaderamente tener opción auténtica y real a su autonomía.
También quiero hacer mención especial a la enmienda 138, relativa igualmente a los damnificados de las inundaciones derivadas de la rotura de la presa de Tous, en nuestra Comunidad, en el año 1982. Hace 11 años de ello y una cantidad enorme de personas afectadas por esta horrible inundación se encuentran todavía en estos momentos pendientes de un juicio o de unas indemnizaciones que no han llegado. Las indemnizaciones previstas para los damnificados por la rotura de la presa de Tous, fijadas en 19.000 millones de pesetas, no han tenido en cuenta la actualización de los valores desde la fecha en que se produjo la inundación, en octubre de 1982 y han resultado de todo punto insuficientes. Por otra parte, se debe indemnizar a damnificados de poblaciones como Sellent, Cárcer, Sumacárcel, Alcántara y demás damnificados excluidos.
Establecemos un credito de 30.000 millones de pesetas que debe dotarse presupuestariamente en la misma cuantía de los créditos FAD, previstos en el proyecto de presupuestos para 1994.
Creo que si en esta Cámara se ha defendido ya varias veces algún tema con justicia es precisamente éste de Tous, respecto al cual me gustaría que la sensibilidad de SS.SS. entendiera que una noche aciaga, hace ya 11 años, una serie de pueblos quedaron destrozados totalmente, sus habitantes perdieron sus enseres, perdieron sus tierras. Hoy en día algunos de estos pueblos continúan siendo pedregales, tal como los dejó la riada, la pantanada que se produjo, y esperan por lo menos la sensibilidad de SS.SS. para reparar aquello que en otras partes del Estado español fue reparado en pocos meses. Han pasado 11 años, señorías. Naturalmente, solicito su voto a favor de esta enmienda.
Muchas Gracias, señor Presidente, y doy por defendidas el resto de las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente hay una enmienda, la 1227, que no procede votarla porque fue aceptada en Comisión.
La enmienda 1228 pretende añadir una disposición adicional, para que los fondos del Instituto Nacional de Empleo, que se reparten entre las entidades públicas y privadas de las distintas comunidades autónomas para el fomento y la gestión de empleo, sean repartidos de acuerdo con criterios objetivos que proponga el propio Gobierno. ¿Por qué? Simplemente porque --y es un caso puntual aunque estamos analizándolo en las diferentes islas y en las diferentes comunidades-- nos podemos encontrar con el caso curioso de que, por ejemplo, en la isla de Tenerife, en los ayuntamientos gobernados por el PSOE la cantidad de pesetas recibida por habitantes sea de 671, y en los ayuntamientos de otro color político de 288; eso era en el año 1985. En el año 1986, los ayuntamientos del PSOE pasan a tener 612 pesetas por habitante y los otros ayuntamientos a 200. Y así sucesivamente, y se van separando, de manera que en los últimos años vemos que en pesetas por habitante son 2.900 contra 775; o en el año 1989, que son 1.408 contra 189; o en el año 1990, que son 1.362 pesetas contra 408. Nos parece que eso no es bueno para nadie, que lo que hace falta es fijar criterios objetivos, que lo haga el propio Gobierno, pero que, una vez se fijen esos criterios, que indudablemente deben estar ligados a la tasa de desempleo, se repartan entre las comunidades autónomas y, dentro de ellas, entre los ayuntamientos, repito, con criterios objetivos. Mantenemos nuestra enmienda 1229, con la que pretendemos añadir una disposición adicional vigesimoséptima (nueva), dándola por defendida. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Voto particular del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) El señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, en este acto retiramos ese voto particular.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
¿Turno en contra de las enmiendas defendidas? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, en principio he de manifestar el reconocimiento por la actitud de todos los Diputados que han intervenido, por su tono; quizá la hora de la tarde en la que estamos se presta más a situaciones tranquilas, y no podía por menos de agradecérselo a las señorías que están presentes, porque no cabe duda que la hora también merece un espacio, aunque sea corto, de agradecimiento.
Empezando por el final diría a los miembros de la Coalición Canaria, que mantienen una enmienda sobre los fondos del Inem, que yo creo que más que proponer un texto que no tendría sentido, más parece una acusación de comportamientos dentro de las islas. Yo creo que, señorías, independientemente de que no dudo de los datos que dan ustedes, me parece que la distribución de fondos del Inem es objetiva, entendiendo

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por objetiva la que se hace con arreglo a unas disposiciones previas ajustadas a ella. Si existe alguna situación que no se ajusta es bueno que se produzca la denuncia sobre la situación concreta. Quizá S.S. tiene una vivencia dentro de la propia situación de estructura del Gobierno canario que se puede prestar a direcciones de este tipo, pero yo le digo desde aquí que, sin introducir ninguna enmienda en esta dirección, no cabe duda que los repartos del Inem se han hecho, se hacen y se harán de manera objetiva, con criterios jurídicos anteriores que, lógicamente, han sido meditados. Por tanto, no tenga cuidado S.S. que se va a hacer con arreglo a esos criterios.
En cuanto a las demás enmiendas, que parece que se pueden dar por defendidas, creo interesante que se ajusten a esos textos, aunque, sinceramente, no pueden ser admitidas.
Yo creo que el representante de la Unión Valenciana está haciendo ya una tradición de una enmienda sobre el sistema de financiación a la manera foral, por decirlo en lenguaje coloquial, e imagino yo que en todas las contestaciones siempre se andará en lo mismo, señor González Lizondo. Es un problema de la Constitución, de los estatutos, es un problema que usted conoce perfectamente y que lo trae aquí no sé si por esa singularidad de su carácter de ir diciendo cosas que nadie puede imaginarse que se puedan decir, pero, de todas maneras, usted sabe como yo que es imposible su admisión en estos momentos, y no es una cuestión de voluntad menor o mayor de esta Cámara; es que la voluntad del pueblo valenciano, cuando le tocó en su momento expresarse, fue clarísimamente a favor de un sistema de financiación, el de la LOFCA, y en esa idea se está. Por tanto, es extraño que usted, portavoz del pueblo valenciano, nos diga esto cuando su propio pueblo, de una manera tan unánime y tan rotunda, lo ha expresado.
Y nos trae usted, no sé si porque le gusta a usted mantener las costumbres, el viejo tema de Tous. Sería bueno que, cuando nos referimos al tema de Tous, se hablara de lo que se ha hecho para intentar marcar el panorama tal y como es, porque creo que es una necesidad que los análisis sean completos, por lo menos le da fuerza; el que estemos hablando siempre de lo negativo, parece que no, y debiera ser bueno que se dijera a quien no conoce esa zona que allí se está haciendo un conjunto de tres embalses, con una inversión superior a 50.000 millones de pesetas, que en los pueblos aguas abajo ha habido inversiones importantísimas de reposición de toda la red de canales, y usted sabe que las inversiones ahí superan los 120.000 millones de pesetas. Sobre el tema de los damnificados, que usted conoce bastante mejor que yo, sabe también que el Gobierno ha expresado su mejor voluntad -- incluso a través del Gobierno Civil, en momentos en los que aún no se había producido esa situación de volver a empezar con todo el esquema jurídico-- de intentar recoger todas las necesidades que se podrían dar, abriendo plazo tras plazo para que pudieran ir allí. En ningún caso los que no estuvieran amparados en la primera parte han quedado fuera de amparo, por idea precisamente del Gobierno y, como usted sabrá, hubo un acuerdo conjunto en el Senado que se está en disposición de cumplir y en cumplimiento. Otra cosa es que después queden algunos damnificados, que quizá no se presentaron en ninguno de los momentos, que sean objeto de estudio por esta Cámara a petición de nuestro Grupo, del suyo o de cualquier otro con sensibilidad hacia ese tema de la presa de Tous, que efectivamente todos sentimos y que fue, como usted sabe, un fallo de una presa con unos problemas no buscados por este Grupo político que en estos momentos me digno representar. Por lo tanto, con una sensación de que quizá le quitamos a usted alguna cosa, no podemos asumir ninguna de las dos enmiendas.
Izquierda Unida me va a permitir que le haga una contestación general, puesto que en el conjunto de este cajón de sastre -- tiene muchísima razón--que suponen las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos, creo que su Grupo ha hecho una división deseable por cualquiera que esté metido en azares políticos, que es separar los ingresos de los gastos. En todo el conjunto de sus enmiendas --y las que me expone no son excepción-- que hablan de números, o bien aumentan gastos o bien disminuyen ingresos. No me atrevo a decir si ésa es la tónica en todas las enmiendas que introducen, pero comprenderán que con esa situación sí nos marcan intenciones. Yo le diría que si aquí tuviéramos que defender intenciones y adherirnos a ellas, estaríamos muy cerca de usted. Qué más quisiéramos en el Gobierno que intentar remediar todas las necesidades sin tener en cuenta lo que se ingresa y lo que se ha gastado con anterioridad ni preferencias de gastos. Le tengo que decir, de manera general, que no podemos entrar en esa aceptación. Una cosa son intenciones y otras soluciones. El Gobierno tiene que dar soluciones y, al dar soluciones, tiene que decir lo que le hemos dicho en Comisión, que no podemos asumir esas enmiendas que nos presenta en las circunstancias en las que estamos en estos momentos. Yo sé que ustedes tienen una idea de solución global distinta a la que nosotros podamos tener, pero sepa usted que sería intención en cualquier socialista remediar todos esos problemas que expone usted, pero cara a las soluciones, a la hora de gobernar, no pueden ser asumidas --y se lo digo desde aquí-- las enmiendas que usted nos presenta.
Respecto al Grupo Popular, aunque ha dado por defendidas sus enmiendas, le decíamos en Comisión que es nuestra intención, y sigue siéndolo, asumir en lo posible

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aquellas enmiendas que supongan aumento o mejora del control presupuestario. Poníamos dos excepciones...


El señor PRESIDENTE: Señor Jerez, un momento.
El turno que está consumiendo S.S. es de réplica. La intervención del señor Fernández-Miranda ha sido muy brillante pero tiene poco que replicar. No le quiero impedir que pueda consumir un turno haciendo alguna alusión a las enmiendas del Grupo Popular, pero no un turno de réplica porque no han sido defenidas argumentalmente sino sólo a efectos de mantenerlas para su votación.


El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, quizás mi tono pudiera parecer de réplica, lo dudo, pero era porque tenemos una transacción y una aceptación.


El señor PRESIDENTE: Continúe con su intervención.


El señor JEREZ COLINO: Quiero decir que estamos en esa misma idea y que, por lo tanto, asumimos una transacción --esperemos que sea aceptada por el Grupo Popular-- con su enmienda 392, que dice que durante los meses de febrero de 1994 y 1995, el Gobierno informará a las Cortes Generales sobre los resultados del seguimiento de objetivos previstos en la disposición adicional primera, en 1993 y 1994, respectivamente.
Habíamos dicho que estos plazos no eran válidos. Nosotros les proponemos --y si ustedes lo aceptan se produciría la retirada de esta enmienda-- que en lugar de que esa información se produzca en los meses de febrero se diga que tendrá lugar en el segundo trimestre, lo que yo creo que nos permitiría cumplir el objetivo de control y además entrar en una situación de realismo a la hora de poder ejercer ese control.
Por último quiero decirles que aceptamos la enmienda 400, que es una adición a la adicional decimoséptima, apartado uno.3, en el que se propone otro ejercicio de control. Ese añadido dice: «El Ministro de Cultura dará inmediata cuenta a las Cortes Generales del otorgamiento del compromiso del Estado y del contenido del acuerdo al que se refiere el presente artículo». Con esto parece que mantenemos la línea de que nos interesa, como a todos los grupos de esta Cámara, el control presupuestario. Muchas, gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez y disculpe por haber alterado el curso de su intervención.
Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Estoy convencido, señor Presidente, de que aunque el portavoz socialista haya replicado a mi intervención no por eso ésta ha dejado de ser menos brillante. (Risas.) Partiendo de esta base, yo quisiera decirle al portavoz del Grupo Socialista que creo que ha situado exactamente el punto de discrepancia. Es verdad, tal como usted ha dicho, que no cabe duda de que las cosas se ven de forma distinta desde su Grupo y desde el nuestro, a tenor de las enmiendas que nosotros hemos planteado. Sentado este punto de partida, que justifica evidentemente que nosotros vayamos a mantener estas enmiendas y que, previsiblemente, a tenor de sus manifestaciones, ustedes vayan a votar en contra de ellas, sin embargo es oportuno que yo le llame la atención sobre que su contestación no da respuesta a la realidad de las necesidades que nuestro Grupo pone de manifiesto con sus enmiendas. Algunas de estas necesidades, como usted ha dicho, han sido objeto de soluciones parciales, al menos desde nuestro punto de vista, en anteriores iniciativas legislativas, como el caso de los represaliados políticos, como el caso de la equiparación de las parejas de hecho, etcétera, y, sin lugar a dudas, la incidencia presupuestaria en buena parte de las enmiendas de nuestro Grupo (aunque qué duda cabe que todo tiene incidencia presupuestaria), en concreto, por ejemplo, en éstas a las que yo hago referencia, la incidencia presupuestaria --digo-- es puramente puntual y claramente limitada. Por tanto, permítame, señor portavoz del Grupo Socialista, que desde la diversidad de posiciones que mantenemos, que yo creo que es legítima y que es enriquecedora para un debate desde la izquierda, llame su atención sobre la necesidad de que reconsideren buena parte de estas enmiendas con el objetivo de ver las que pueden votar a favor.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
El señor González Lizondo tiene la palabra.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señor portavoz del Partido Socialista, mire usted, yo le agradezco mucho su tono y sus recomendaciones. Hay una cosa que usted ha dicho: usted sabrá más que yo. Efectivamente yo sé bastante más que usted, por lógica. Soy valenciano y conozco la historia del Estatuto de Autonomía y conozco la historia, al igual que la conoce usted, de la Constitución española. A mí me gustaría que me dijera usted exactamente las razones para que la Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia), el Reino de Valencia, no figure dentro de las comunidades históricas. Yo se lo voy a decir a usted. Yo sí tengo una razón: no estaba presente el peso político, y naturalmente fueron históricas aquéllas que supieron estar allí en ese momento y reclamar lo que consideraron oportuno.
Desde luego, tachar a nuestra

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Comunidad, tachar al Reino de Valencia, cuyo título aún está vigente, no está derogado, tacharla de no histórica demostraría un desconocimiento total de la auténtica historia, de la historia real, no de la historia política que yo por supuesto no creo que S.S. desconozca. Otra cosa son los postulados políticos que se puedan tener. Luego entonces, no accedimos a aquello que quisimos, porque además yo recuerdo las grandes manifestaciones por el Estatuto de Autonomía donde se reclamaba el 151, y nos colocaron el que les dio la gana: y luego, para arreglarlo, nos pusieron la Lotrava e intentaron que la autonomía valenciana accediera a cuotas de poder lo más altas posibles, pero la realidad es que de un borrón dijeron: ustedes no son históricos porque nos da la gana. Y los diecisiete siglos o veinte o los que sean con anterioridad, ésos no cuentan y no valen absolutamente para nada. No vale un siglo XV, un siglo XVI de Oro, no vale toda una cultura, no valen toda una serie de hombres que han demostrado lo que significaba la valencianidad. Eso no valió. Y ahora usted me dice: eso es imposible porque significa modificar la Constitución. Pues mire usted, la Constitución se puede y se debe de mejorar y se debe y se puede rectificar cuando sea necesario, y no pasa absolutamente nada. Hemos tenido una modificación hace poco y no pasa nada. Si un documento es injusto, y la Constitución lo es con mi pueblo, se rectifica y no pasa absolutamente nada. Se lo digo además con toda la cordialidad del mundo. Emplee usted los argumentos políticos que considere oportunos, pero de verdad, no tienen ustedes razones históricas de peso, no tienen ustedes ningún argumento real válido, es sencillamente político; no hay otro. Esos empléelos, pero no emplee ningún otro porque de verdad no puede hacerlo. Respecto a Tous, sus palabras también son muy bonitas, pero la realidad es que ahí están los hechos que no demuestran lo que usted está diciendo. Usted me dice que aquello prácticamente está terminado, que las inversiones son muy grandes, que se ha repuesto. Mire usted, se ha repuesto lo que se ha repuesto, ya se lo he dicho antes. Hay campos que son auténticos pedregales. Y sobre el tema que usted ha comentado, yo le diría que de color, bien, pero como el submarino de Gila, no flota; la realidad es que no flota, la realidad es que allí siguen sumergidos toda una serie de campos que están totalmente destrozados y las inversiones en Tous y en las otras presas, en Bellús en Escalona, están retrasadas en el tiempo y ya tenían que estar terminadas. La realidad es que se han tomado unas medidas que yo más bien diría cortas, cortísimas por parte del Gobierno, que no recogen ni mucho menos no solamente aquello que desean, sino aquello que en justicia se les tenía que haber dado.
Hay una cosa de la que yo me he alegrado en el fondo, y es que usted me dice que hay posibilidad de recoger todo aquello que quede desperdigado, aquello que no haya sido acoplado. Mire usted, hay mucho; ya le he nombrado antes varios pueblos: Alcántara, Sellent, los he nombrado antes. Mucho tendremos que trabajar aquí. Bueno, pues, qué quiere que le diga. Está claro que no lo van a votar, está claro que lo van a votar en contra, y en la discusión del presupuesto del año que viene, si Dios quiere y estoy aquí y si no se han convocado elecciones nuevas, volveré a presentar estas enmiendas porque, lamentablemente, ninguna de las dos se habrá cumplido. Ojalá me equivoque y no las tenga que volver a presentar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Martín Menis.


El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Quiero decirle al portavoz del Partido Socialista que los datos que hemos suministrado proceden del propio Ministerio a petición de nuestro grupo parlamentario en el Senado. Al haberse pedido ya de todas las Islas, los de algunas tenemos otras y obedecen a la misma tónica. Hay algo que parece claro, que los fondos del INEM deben de responder claramente en su distribución a un criterio prioritario por encima de todos, que es el número de parados, y a ese criterio no están obedeciendo. Lo que sí me parece que es razonable es que no debiera ser necesario, deben ser instrucciones de Gobierno, porque esas distribuciones deben ser objetivas. Nosotros las hemos presentado porque los datos que tenemos de cinco años, suministrados por el propio Ministerio, no dan esa relación con el número de parados. Si colocamos los datos, en vez de por el color político, por el número de parados, vemos una enorme discordancia con un resultado que debiera ser homogéneo. Por tanto, nosotros los mantenemos. Lo que sí esperamos es que el Ministerio y el Gobierno corrijan esa situación que nosotros, en principio, venimos detectando y denunciando desde hace mucho tiempo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Muchas gracias, señor Presidente.
Por ir de final al principio, quiero decir al representante de la Coalición Canaria que yo no creo que esas dudas que usted manifiesta, y que me argumenta con datos, tengan un apoyo real sobre una disposición que provenga del Gobierno. No sé si habrá algún momento en que, en una aplicación concreta, no exista eso así.


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Pero, por la misma regla de tres, en esa situación de duda yo le podría a usted decir que el Gobierno canario distribuye de manera desigual entre sus pueblos, en función del Gobierno, los fondos que asigna. Y usted se indignaría y contestaría diciendo que no es cierto, y sería lo que yo le digo frente a lo que usted me dice. Yo creo que no es ese el debate que debemos mantener aquí. No cabe eso que usted añade, porque está incluido en el espíritu y en la norma, y además en la letra, de lo que se está reflejando, y sus dudas, desde aquí, del conocimiento general que pueda tener me parece que no tienen fundamento, salvo el caso concreto que pudiera existir.
Siempre en la aplicación de una buena norma puede existir alguna laguna o algún incumplimiento. Ese sería el tema, pero no es cambiar la norma y, por tanto, le vamos a seguir diciendo que no.
Al señor González Lizondo tengo que decirle que yo creo que sigue un poco el principio de: diga lo que quiera, que yo le contestaré lo que me dé la gana. Porque aquí nadie ha dudado de la historia de Valencia, ni lo que usted pide es un agravio comparativo sobre qué zona de España tiene más historia, porque eso sería objeto de un debate absolutamente distinto.
Yo le he dicho otra cosa distinta a lo que usted me responde.
Siempre tiene la costumbre de salir por aquellos cerros que a usted le interesaría. Aquí nadie duda de la gran historia de Valencia, de los grandes valores de Valencia. ¿Cómo vamos a dudar de eso? Mucho menos los que conocemos Valencia, no digo yo como usted, pero la conocemos. No nos entre usted por esos derroteros, de verdad, señor González Lizondo. Aquí no se duda nada. Blasco Ibáñez decía: No sea que el exagerar las penas sea el principio del olvido. Y me da la impresión de que con tanto elemento puntual de pena hacia Valencia se olvida usted de Valencia. Fíjese usted qué cosa tan seria le digo en el lenguaje más amable que puedo. Pero, de verdad, no sea que estemos haciendo que los debates que planteamos con usted intenten hacer de alguna cierta demagogia virtud, y eso me parece que es muy difícil que se consiga. Conteste usted y responda a aquello que yo le he dicho y estaré o no de acuerdo, pero estaremos hablando en los mismos términos.
Por último, señor González Lizondo, en la presa de Tous, juntamente con las peticiones (porque evidentemente hay problemas ahí, ¿cómo no se los voy a reconocer a usted?), debiera decir que el conjunto de las tres presas, y usted lo sabe, son 350 hectómetros cúbicos frente a menos de 100 o 110 hectómetros cúbicos que tenía la primitiva presa; que se va a una solución definitiva del problema, y ese reconocimiento tiene que hacerse, porque, luchando por los plazos más cercanos o no, lo importante es que la solución que se ha previsto es la definitiva para el problema, y ese es el primer reconocimiento. ¡Qué más quisieran muchos territorios de España con problemas de inundaciones decir que se va a soluciones definitivas! Y yo voy por ahí. Pero usted, cuando haga el discurso, no vaya tanto a la pena, que ya le digo que es el principio del olvido; vaya usted a un análisis real de lo que pasa en su tierra, y entonces nos entenderemos todos.
A Izquierda Unida tengo que decirle que lo siento, pero no podemos aceptar sus enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) ¿Señor Fernández-Miranda?

El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, no sé si es el momento de decir si se acepta o no la transaccional.


El señor PRESIDENTE: Puede aprovechar el momento.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Pues bien, esperando además hacerlo con la misma brillantez que S.S. consideraba en mi intervención anterior, quiero decir que aceptamos la enmienda transaccional del Grupo Socialista y retiramos, por tanto, la enmienda número 392. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Concluimos así el debate relativo a las disposiciones adicionales, finales y transitorias y anexos del texto de la Ley de Presupuestos.


--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO (Número de expediente 121/000014)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al debate del proyecto de ley de Medidas Fiscales y de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo.
Vamos a debatir, en primer lugar, el Título I y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y novena, por su coherencia en la materia a la que se refieren con el contenido de este Título I.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor García- Margallo.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señorías, señor García Ronda, el debate que iniciamos en este momento constituye la segunda parte del que hemos tenido esta mañana.


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Iniciaba mi parlamento matutino señalando que el Gobierno se ha visto obligado a escindir las normas fiscales aplicables para 1994 en dos cuerpos legales: el proyecto de ley de Presupuestos y el proyecto de ley que vamos a discutir en esta tarde. Confieso que he entendido muy poco de las argumentaciones que S.S. ha utilizado esta mañana para rebatir las que yo mismo había expuesto. Pero, por fortuna, he podido en la tarde releer un artículo que publicó Unamuno, en 1931, que se llamaba «Qué sé yo». Como S.S. es aficionado también a la literatura, le recordaré el pasaje inicial de ese artículo.
Cuenta que el autor de la Biblia en España, George Borrow, tuvo una conversación, en Córdoba, con un sacerdote que había sido inquisidor. Y le decía el sacerdote: Supongo que, a pesar de ser usted inglés, sabrá que el Santo Oficio castigaba por delitos de brujería, judaísmo y ciertos descarríos carnales. Y preguntaba don Jorgito: «¿Qué opina usted de la brujería? ¿Existe en realidad ese delito?» Contesta el sacerdote: «Qué sé yo. La Iglesia tenía poder de castigar por algo que fuese real o irreal y tenía que ejercer esa facultad para demostrar que el poder existía.» Toda la filosofía, si filosofía se puede encontrar en los textos que ustedes han remitido a esta Cámara, estriba en extraer dinero de donde puedan, con la máxima rapidez y con la máxima facilidad posible, rompiendo así la línea de menor resistencia del contribuyente.
Esta mañana su Grupo Parlamentario, con la complicidad y la colaboración de los grupos que apoyan al Gobierno, han decidido que las prestaciones por incapacidad permanente y que las prestaciones por desempleo tributen por primera vez en España en el Impuesto sobre la Renta, sabiendo como saben --y S.S. lo ha reconocido-- que la mayoría de los que perciben estas prestaciones no están sujetos a pagar el impuesto definitivamente. Se les va a exigir un ingreso a cuenta, un pago a cuenta de una obligación que no existe, exclusivamente, para sacarles el dinero y devolvérselo 24 meses después sin intereses. Y su Grupo Parlamentario, exclusivamente con la colaboración del Grupo Catalán (Convergència i Unió), ha decidido que no se pueda actualizar la tarifa del Impuesto sobre la Renta y las deducciones familiares a las variaciones de los precios, lo que supone un aumento de la presión fiscal, especialmente para las clases menos favorecidas. Quiero recordar ahora, porque lo traeré a colación cuando hable de las modificaciones que ustedes introducen en el Impuesto sobre el Patrimonio, que esto se traduce, para hablar de los pensionistas, tema caro donde los haya para su Secretario General, sobre todo en campaña electoral, en que, por razones fiscales absolutamente artificiales, ustedes van a extraer a cada pensionista que tenga una pensión de 100.000 pesetas y doshijos a su cargo, 2.000 pesetas anuales, aparte de lo que se les detraiga por no tener en cuenta la inflación. En esta Ley completan ustedes la faena estableciendo que aquellas 500.000 pesetas que un español pudiese obtener de vender sus participaciones en una institución de inversión colectiva, que antes no pagaban impuestos, lo van a pagar. Pero dicen ustedes: salvo que en el ejercicio 1993 y 1994 esas 500.000 pesetas se dediquen a un plan de ahorro popular. Los planes de ahorro popular estaban previstos en la Ley 18/1991, no se han desarrollado hasta ahora y no se desarrollan en esta Ley, con lo cual ustedes dicen al españolito de a pie que ha creído en las promesas del Gobierno, que ha creído que era verdad que había que fomentar el ahorro, que había que participar en las instituciones de inversión colectiva, que ese medio millón de pesetas con los que pagaba el colegio de los niños o los gastos de casa, que hasta ahora no pagaba, el impuesto no van a pagar siempre que invierta en un plan de ahorro popular que no existe porque no está reglamentado. Lo único que dice el Grupo Popular es: No me quite usted el traje diciendo que me ponga otro, cuando en el armario no hay ninguno. Espere usted a que se desarrolle el plan de ahorro popular para aplicar esto.
En materia del Impuesto sobre el Patrimonio, yo podría hacer aquí el discurso más fácil de toda la legislatura. Si mi Grupo hubiese propuesto algún día lo que este Gobierno está proponiendo en ese proyecto de ley, habría que ver los discursos que ustedes harían, siempre tan refinados y tan matizados, sobre nuestro interés de favorecer a los ricos y perjudicar a los pobres. En el Impuesto sobre el Patrimonio ustedes dicen que no quieren que paguen este Impuesto los bienes afectos a una explotación agrícola o a una empresa mercantil. Es exactamente lo que mi Grupo ha dicho siempre y que torcidamente ha sido interpretado aquí por el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en aquel momento don Miguel Roca, diciendo que contradecíamos nuestra postura.
Hasta ahí de acuerdo, con una salvedad. Dejan ustedes fuera de esa exención a los profesionales, a los chicos y chicas que acaben la universidad y pongan un despacho o un laboratorio.
Esos no tienen derecho a la exención, a la que sí tienen derecho los empresarios y los agricultores. De acuerdo, pero señalando que existe aquí una omisión importante.
En segundo lugar dicen: Y vamos a declarar exentos del Impuesto sobre el Patrimonio, no van a pagar este Impuesto, aquellas personas físicas que tengan acciones en determinadas sociedades de carácter familiar. Y definen ustedes esas sociedades de carácter familiar como aquellas en las que el titular tiene el 25 por ciento del capital, y deriva el 50 por ciento de sus ingresos del trabajo personal o del trabajo profesional, sin límite alguno, como establece el impuesto sobre las grandes fortunas francés del que ustedes han copiado todo menos eso. ¿Qué quiere decir eso? Que sea cual sea el

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límite de las participaciones que una persona física tenga, sea cual sea el capital de la sociedad en que esas participaciones representan el capital, estarán exentas del pago del impuesto. Hemos preguntado y pregunto ahora, ¿qué tipo de sociedades son esas? ¿A quién beneficia esta exención? ¿Cuál es el costo fiscal que ustedes hacen en este tema? Les diré luego que si quieren modificar el Impuesto sobre el Patrimonio, yo les voy a decir como se hace bien, pero no esta chapuza que ustedes presentan aquí, justo en el momento en que van a gravar las prestaciones por desempleo y por incapacidad permanente.
Establecen luego en el Impuesto sobre el Valor Añadido una medida absolutamente cómica. Dicen ustedes que el español, el empresario o el profesional que pasa una factura y no la cobra, tiene que ingresar el Impuesto sobre el Valor Añadido, y para recuperar ese Impuesto que ha ingresado, pero jamás ha cobrado de su cliente, tiene que esperar a que haya una suspensión de pagos, una declaración previa y, además, una autorización administrativa. ¡Largo me lo fía el Gobierno socialista! ¿Qué es lo que mi Grupo propone? Advierto de entrada que lo que aquí voy a decirle, como lo que he dicho esta mañana, son unas posturas de mínimos en una situación difícil de déficit crónico a que ustedes han llegado; pero con el espíritu de sacar a este país de la crisis con el espíritu de no crear más dificultades al Gobierno de las que él mismo se ha creado con el propósito de no seguir tirando de la cuerda que el Gobierno ha puesto al cuello de España a lo largo de once años --insisto--vamos a hacer unas propuestas de mínimos, las que pueden dulcificar, de alguna manera, un presupuesto malo, hijo de una política perversa, y que nos ha llevado a la situación en la que hoy estamos.
¿Qué es lo que nosotros proponemos en el Impuesto sobre la Renta? Algo tan sencillo como decir: Si quieren afectar a los españoles que han creído de verdad en la voluntad del Gobierno, en la Ley 18/1991, cuando les brindaron, para fomentar el ahorro, las instituciones de inversión colectiva, indicándoles que las primeras 500.000 pesetas que obtengan cuando vendan sus participaciones no van a pagar, y ahora dicen que eso será así siempre que las inviertan en plan de ahorro popular, traigan ustedes los planes de ahorro popular y después aprueben la exención. Pongan ustedes en el armario el nuevo traje antes de desnudar a los españoles del que tenían y que ustedes habían ofrecido.
¿Qué es lo que nosotros decimos en el Impuesto sobre el Patrimonio? Decimos: empresas individuales, primer capítulo, y conste que lo vamos a votar a favor. De acuerdo, como hemos propuesto siempre que los bienes afectos a una actividad agrícola o a una actividad empresarial no paguen el Impuesto sobre el Patrimonio, porque creemos que hay que distinguir entre bienes que se dedican a crear riqueza y bienes que se dedican a otras necesidades, pero amplíelo usted a los profesionales y dé satisfacción a esos universitarios que empiezan su vida con enormes dificultades y a los que privan ustedes de los beneficios que van a dar a esas participaciones de las que voy a hablar. Al hablar de las participaciones (y créame S.S. que sabemos uno por uno a quién beneficia sin límite de ningún tipo o superando el límite que nosotros vamos a establecer), no llegan a mil las familias que se van a beneficiar de esa exención. Y nosotros lo que decimos en este momento en que es necesario recurrir a los desempleados y a quien cobra una incapacidad para financiar el presupuesto, cuando no están obligados a pagar el impuesto; en este momento en que ustedes no pueden actualizar la tarifa del Impuesto sobre la Renta para atender las necesidades mínimas, en que dicen ustedes que hay que combatir el fraude fiscal, es que siguen con un tipo marginal que no tiene parangón con el que existe en Europa. Permítame que les cite, y también a sus socios, al Presidente del Partido Popular de Cataluña, al que cité el otro día en Comisión, cuando dice que establecer un tipo del 56 por ciento y decir después que se es contrario al fraude fiscal es una perversidad digna de Gilles de Rais; es algo así --dice Alex Vidal-Quadra-- como condenar las relaciones prematrimoniales para decir a continuación dogmáticamente que el infierno existe. En segundo lugar, si estamos de acuerdo --y estábamos todos de acuerdo, el señor Homs el primero-- en que los tipos marginales penalizaban el ahorro y hacía usted magníficos discursos estableciendo la correlación entre el aumento de la presión fiscal y la disminución del ahorro familiar; y decía usted, cuando era oposición material y oposición formal, que había que reducir los tipos marginales si queríamos tener ahorro, que era el motor de la economía productiva; y decía usted, y decía yo, y coincidíamos, en contra del señor Zabalza entonces, que teníamos que tener un sistema fiscal competitivo si no queríamos que nuestros ahorros y nuestras empresas se fuesen al exterior; y decía usted --cierto también--, que el no deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta era una injusticia que penalizaba la equidad y determinaba la progresividad en frío y en salto --yo no sé si han contraído ustedes matrimonio o esponsales, que decían que era en las partidas la promesa que hacen los hombres que quieren contraer matrimonio--, no sé si en este momento va a tener usted que aplicar el «favor family» para defender el vínculo y va a tener usted que seguir votando en contra de mis enmiendas que recogen gran parte de su programa electoral, sus discursos, mucho mejor estructurados que los míos, y sus razones, mucho más convincentes que las mías. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

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En materia del Impuesto sobre el Patrimonio he dicho, porque no lo he hecho nunca, y siempre he dicho lo mismo desde esta tribuna, y diré lo mismo cuando sea el portavoz del gobierno popular que no voy a hacer demagogia sobre este tema.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Lo único que les digo a ustedes en este momento de crisis económica, en este momento en que no se puede hacer ningún sacrificio recaudatorio, ni siquiera actualizar la tarifa al IPC, en este momento en que hay que gravar a los desempleados y al que cobra una prestación por incapacidad permanente, ¿qué les parecería a ustedes si estableciésemos para esos titulares, personas físicas, de participaciones en sociedades un límite de 250 millones de pesetas? Declarar exentos 250 millones de pesetas, que quiero decir, con las reglas que establece el artículo que el Gobierno ha traído y que ustedes apoyan, que estamos hablando de sociedades de un capital de mil millones.
No estoy hablando aquí de exonerar a la pequeña y la mediana empresa. Lleguemos a ese acuerdo, establezcamos ese límite de que hasta los 250 millones se regule la exención, que a partir de ese momento trabaje como mínimo exento; que quien tenga mil millones tribute sobre 750 millones, ya que no me parece exagerado en unos momentos de dificultades como las que tenemos.


El señor PRESIDENTE: Señor García Margallo, le ruego concluya.


El señor GARCIA MARGALLO Y MARFIL: Si tanto les preocupa el Impuesto sobre el Patrimonio, ¿por qué no pensamos en esos españoles que tienen su patrimonio en una vivienda modesta? ¿Por qué no nos preocupamos de elevar el mínimo exento que está en estos momentos en 15 millones de pesetas a 25 millones de pesetas, para que este beneficio de Papa Noel que quieren ustedes establecer para determinados partícipes en grandes sociedades afecte también al pequeño ahorrador, a la pequeña familia que no tiene más patrimonio que la vivienda familiar? Si tanto les preocupa esto, ¿por qué no aceptan ustedes nuestra enmienda en el Impuesto sobre Sucesiones en la que usted y yo, otrora más felices tiempos, coincidíamos? (Dirigiéndose al señor Homs.) ¿Por qué establecemos que el Impuesto sobre Sucesiones no se liquide cuando se herede una pequeña o una mediana empresa o una explotación mercantil mientras se siguen ejerciendo esas actividades para evitar que quien hace eso tenga que vender para pagar, que se cierren y que sucumban más pequeñas y medianas empresas y mandemos más españoles al día a engrosar esa cola que ustedes han situado en 3.200 al día? ¿Por qué no establecemos para el Impuesto sobre el Valor Añadido...? Y no me diga el señor García Ronda que desconfío de la Administración, porque sí, desconfío. Lo que nosotros decimos es que cuando se preste un servicio a la Administración Pública el Impuesto se pague, no cuando la factura se gire, sino cuando la factura se cobre, porque da la causalidad que en estos momentos en el sector sanitario, por ejemplo, según me informa mi portavoz, señor Fernández- Miranda, se tarda más de dos años sin cobrar. Porque en estos momentos la Administración no paga o paga tarde y mal. Tiene poca gracia que quien no ha cogrado de la Administración sí tenga que ingresar el impuesto.
Me dice el señor García Ronda que en estos momentos --me lo dijo en Comisión-- de dificultades financieras es justo que el Estado se financie con lo que no es suyo; que es justo que se financie con retenciones que no se van a ingresar jamás porque va a haber que devolver 24 meses después sin intereses; que es justo que se financie con un Impuesto sobre el Valor Añadido pagándole a la Administración, cuando la Administración no ha pagado ni el Impuesto, ni el principal hasta dos años después.
En materia de Impuestos sobre Actividades Económicas --y termino, señor Presidente-- lo que ustedes hacen es una broma.
No se les puede decir a los ayuntamientos que como todo alivio lo que se baja es el mínimo del coeficiente de población y el índice de situación. Los ayuntamientos no tienen un céntimo porque ustedes pagan tarde y mal y, por tanto, tienen que extraer el Impuesto sobre Actividades Económicas de donde pueden. Lo que hay que bajar son los coeficientes máximos, lo que hay que hacer es estructurar un impuesto sobre actividades económicas que no siga penalizando el empleo. Por eso pedimos, señor Presidente, que se modifique la tributación en este tema y en el de estimación objetiva para no seguir penalizando y castigando al que crea puestos de trabajo y emplea mano de obra.
Señor Presidente, hemos pedido también que la estimación objetiva...


El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, está S.S.
brillante en sentido diferente al del señor Fernández-Miranda, pero le ruego concluya.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Coincido con S.S. en todo.
Señor Presidente, termino diciendo que pedimos una modificación radical del programa de pequeñas y medianas empresas, y eso, señores del Grupo de Convergència i Unió, del Grupo del PNV, de Unión Valenciana, de todos los grupos de la Cámara, con excepción del partido Socialista, fue apoyado en la anterior legislatura. No dudo que en este momento las circunstancias son mucho más graves que entonces y, por tanto, las razones para votar a favor mucho más imperiosas. Si seguimos perdiendo el tiempo; si seguimos sin aplicar la terapia que estamos propugnando, serán ustedes responsables

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de las empresas que se destruyan, de los puestos de trabajo que desaparezcan en este período.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados desde los bancos del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.
El señor Homs tiene la palabra.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, pido la palabra para un turno de alusiones que el señor García-Margallo ha dirigido a mi persona.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.


El señor HOMS I FERRET: Voy a ser muy breve porque hemos tenido muchas ocasiones, en trámites parlamentarios y también en los pasillos, para irnos transmitiendo el señor García- Margallo y yo nuestras posiciones sobre las modificaciones fiscales que se introducen en estas dos leyes. El señor García-Margallo siempre ha dicho que todasestas modificaciones, individualmente consideradas, constituyen un avance, una rectificación de aspectos que hasta ahora conjuntamente hemos criticado y hemos propuesto al Gobierno su revisión, que algunas de estas cuestiones se introducen en unas leyes en este país y que cada una de estas modificaciones es en sí misma positiva. Puede aceptarle que, en conjunto, podrían ser insuficientes. Coincidimos en todo aquello que todavía no se ha revisado, estamos absolutamente de acuerdo y nuestros programas electorales recogen que hay otros aspectos de naturaleza fiscal que tienen también que ser sometidos a revisión. A lo largo de la legislatura, vamos a insistir en todos los temas que ahora no se afrontan, pero debemos señalar que las modificaciones que se encuentran en esta ley de presupuestos y en la ley de acompañamiento son positivas.
Señor Presidente, me alegro de observar que la posición del Grupo Popular en cuanto a la modificación que se hace introduciendo una exención en el Impuesto de Patrimonio ha variado. Ya no discrepan sobre la medida en sí, porque coinciden con ella y con su alcance, lo único que plantean es una limitación. Han cambiado de posición, porque en esta misma Cámara le escuché al portavoz y Presidente de su Grupo criticar la naturaleza de la medida, no la limitación. Creo que ahora, en su intervención, usted ha expuesto que hay una valoración positiva de la medida, pide que se limite, pero estima que en sí misma la medida es positiva. Coincido con usted en que la medida es positiva. Si todas estas medidas que hemos alcanzado son en sí mismas positivas, señor Presidente.
La rectificación del sistema de pago a cuenta del Impuesto de Sociedades, ¿es buena o no es buena? ¿Lo proponían ustedes o no lo proponían ustedes? Ahora se hace. La posibilidad de deducir el IVA para las empresas que están en un proceso de quiebra o de suspensión de pagos, es una revisión que nos hemos hartado usted y yo de trasladarla a los debates de los presupuestos. Ahora finalmente se hace. ¿Es buena o no es buena? El hecho de que se introduzcan diez puntos de deducción en cuota para las inversiones, ¿es bueno o no es bueno? El hecho de que ahora revisemos el tratamiento de los activos que se incorporan en las actividades económicas y se les declare exentos del Impuesto de Patrimonio, ¿es bueno o no es bueno? Usted dice que pongamos un límite. Pero, ¿es bueno o no es bueno? Así haríamos una lista de todas estas modificaciones tributarias que en sí mismas son positivas, aunque reconozco que globalmente pueden ser insuficientes. No le quepa a usted la menor duda de que vamos a continuar --si usted quiere, conjuntamente-- reflexionando sobre los aspectos que no se introducen en estas leyes y que todavía deben ser objeto de una revisión en el marco fiscal. Usted sabe perfectamente que en todo lo que hemos estado hablando, coincidimos; en todolo que hemos estado planteando en esta ley, coincidimos. Usted está de acuerdo. Si lo que le dice a usted su portavoz o su Grupo es que salga a la tribuna y nos critique porque ahora toca criticarnos, pues muy bien. (Varios señores Diputados de los bancos del Grupo Popular: ¡No!) Sé exactamente que usted coincide conmigo en que todo lo que hemos incorporado en sí mismo es positivo, es un avance; puede ser insuficiente, pero es un avance.
Quiero decirle que continúo coincidiendo con usted en todos aquellos aspectos que no hemos afrontado y que en un futuro inmediato, porque la legislatura es muy larga, vamos a intentar rectificar. (La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, por favor, guarde silencio.


El señor HOMS I FERRET: Ustedes desde la oposición y nuestro Grupo Parlamentario desde el compromiso de cambiar efectivamente las cosas, que es como nos encontramos en estos momentos.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor García-Margallo y Marfil, pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Señor García-Margallo, le concedo la palabra porque el señor Homs no ha consumido un turno de alusiones, sino, realmente, de réplica a su intervención. Tiene la palabra.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Gracias, señor Presidente.
Yo sí me he sentido aludido.


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El señor PRESIDENTE: No, replicado.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Homs, realmente ha hecho usted una intervención entrañable por lo que implica de defensa de la virginidad. Yo le avisé, señor Homs, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, de que le estaban llevando al jardín y me decía usted: «No, es que bajamos el tipo del Impuesto sobre la Renta; es que los tipos en 1993, en la disposición adicional octava, van a converger» --lapsus freudiano-- «al 50 por ciento; es que se van a desarrollar los planes de ahorro popular y es que va a haber determinadas exenciones para las instituciones de inversión colectiva.» Ni una sola de las promesas que a usted le hicieron, y que candorosamente me transmitió usted en el pasillo para ver si yo le acompañaba también en su aventura nocturna, se han cumplido. Yo le digo que en estos momentos le vuelven a llevar a usted al jardín y que usted sigue, con un color sonrosado y cándido, explicando que 5.000 millones del año 1995 es lo que este país necesita para salir de la crisis productiva; que una modificación en el Impuesto sobre el Patrimonio es lo que este país necesita para salir de la crisis; y que ha conseguido no sé qué en el Impuesto sobre Actividades Económicas para no sé qué actividad concreta, en qué pueblo concreto, de una región concreta. Mire usted, así no se va a ningún lado.
Lo que dijo el señor Aznar, Presidente y portavoz de mi Grupo, está aquí escrito; y lo que yo he dicho en la Comisión escrito está. He dicho siempre que estábamos a favor de exonerar del Impuesto sobre el Patrimonio los bienes afectos a actividades empresariales y a explotaciones agrícolas que fuesen titulares de personas físicas, empresas individuales, que ése es realmente el tejido industrial de este país y la gente que necesita una determinada ayuda. En materia de participaciones, de acciones en determinadas sociedades, sin límite..., porque le he preguntado: ustedes que administran en Cataluña el Impuesto sobre el Patrimonio, quid prodest, a quién beneficia esto? ¿A cuántos? ¿Cuántos empleos se van a crear porque no paguen Impuesto sobre el Patrimonio aquellas personas que sólo en participaciones tengan más de 250 millones de pesetas? (El señor Homs i Ferret: Muchos.) ¿Muchos? Serán amigos suyos.
(Risas.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Señor Homs, en este momento en que hay que pagar, en que se exige que paguen impuestos los desempleados, las personas que están con incapacidad permanente, cuando dice usted que no se puede actualizar ni siquiera para que en aquellos bancos (Señalando los del Grupo Socialista.) no tengan el rubor de explicar a los pensionistas que por no actualizar las pensiones van a ver mermados sus ingresos, su renta disponible, en 2.000 pesetas... (Varios señores Diputados del Grupo Po-pular: ¡Muy bien!) ¿Cree usted que estas son las medidas que hay que tomar en este momento? Me decía el portavoz de Defensa que se dice en artillería --y me dirijo a aquellos bancos-- (Señalando los del Grupo Socialista.) que la misión de la artillería es machacar a la infantería, a ser posible a la enemiga. Me parece que ustedes están machacando a la propia.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, después de esta mezcla de paseo por el jardín, de indicios de ofertas deshonestas de amores avenidos y desavenidos y la terminación de la artillería con la infantería, voy a intentar defender las enmiendas de Izquierda Unida al proyecto del Gobierno de una pretendida ley de acompañamiento de la ley presupuestaria.
Puesto que esta mañana hemos estado discutiendo problemas fiscales, me gustaría empezar diciendo: «Como decíamos esta mañana...», aunque no me gustaría hacer esta referencia a Unamuno porque no es ajustada. El se refería a ella por su situación personal al tener que suspender las clases. En este momento yo no quiero hacer la misma referencia. (Varios señores diputados: ¡Fray Luis de León!) Sí, Fray Luis de León.
La propuesta que nos trae el Gobierno y que ustedes han defendido durante la tramitación en Comisión viene a decirnos que para estimular el empleo busquemos medidas que incentiven a las empresas y que las concretemos en exenciones fiscales o en determinados apoyos. Por un lado, en el IRPF, en exenciones del Impuesto sobre Sociedades en determinadas situaciones y, por otro, en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el IVA. Lo cierto es que esta ley de acompañamiento propone exenciones a unas actuaciones, pero nosotros solicitamos reducir y limitar esas exenciones a políticas concretas y no aplicarlas todas, cuando sea. En el Título II se sostiene que los funcionarios están muy cómodos con el suelo congelado, se lo congelamos e introducimos elementos de inestabilidad laboral. Por otro lado, en el Título III se remata la faena y limitamos derechos que hemos estado garantizando porque no tenemos perras para hacer frente a todos los derechos, a todas las prestaciones sociales. Nosotros creemos que no es positivo como ley de acompañamiento, porque no va a significar más empleo, no va a significar más recuperación de la inversión, pero sí va a significar menor recaudación en las arcas del propio Estado.


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La primera enmienda de Izquierda Unida, la número 17, va dirigida a que los Presupuestos Generales del Estado anualmente actualicen la tarifa del IRPF. Esta mañana hemos discutido bastante sobre ello. En la Comisión me replicaron que no era necesario solicitarlo porque cada vez que vengan los presupuestos a la Cámara se puede discutir la propuesta de IRPF; que no es necesario que figure en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas porque se puede hacer como ahora mismo. Nosotros creemos que es bueno que lo recoja la propia ley, porque así ya tiene una actualización permanente, al margen de las tarifas en cada momento. Sobre todo, evitamos hacer recaer la capacidad impositiva sobre las rentas del trabajo. Nuestra segunda enmienda, la número 18, solicita la supresión de los párrafos segundo y tercero del artículo 1.º, relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ustedes proponen: Incrementos y disminuciones del patrimonio. Ustedes dicen que no estarán sujetas a incrementos netos todas las transmisiones patrimoniales que no superen las 500.00 pesetas, y las circunscriben a reembolsos de acciones o a participaciones representativas. Estimamos que eso se debe suprimir, porque no debe tenerse en cuenta la previsión que ustedes realizan. Otra de nuestras enmiendas va dirigida al párrafo tercero de este artículo, por el que quedan exceptuados de los impuestos anteriormente citados los incrementos netos de patrimonio que procedan de transmisiones en unas determinadas condiciones, cuando se inviertan después en un plan de ahorro popular.
Pensamos que si se aceptara nuestra propuesta se incrementaría la capacidad del Gobierno y se reduciría el gasto fiscal que este año se nos anuncia, por lo que podríamos actuar sobre otros aspectos de la capacidad impositiva reduciendo o atenuando la presión que ustedes han ejercido.
La enmienda 20 se refiere a la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades, ustedes prevén esta bonificación para todas las empresas nuevas que se constituyan, porque ustedes opinan que crean más empleo. Así nos lo dijeron; no es que tengan nada en contra de las antiguas, sino que las nuevas crean más empleo y que, por tanto, hay que ayudarlas. Dicen que deben tener entre tres y veinte empleados y que deben realizar determinadas inversiones. Nosotros creemos que su propuesta no va a garantizar más inversión para generar más empleo. Yo les explicaba en Comisión que muchas de estas actuaciones pueden devenir de empresas que han tenido cierres anteriormente, porque las condiciones que ustedes exigen aquí a la persona, al propietario, a quien va a gestionar esta sociedad, pueden venir de haber cerrado una empresa con muchísimos más empleos antes, con unas cargas determinadas, que se ha acogido al Fondo de Garantía Salarial, ha cerrado la empresa y ha creado una nueva. La nueva sí tiene exenciones, la antigua ha cerrado y ésta ha abierto con menos empleo. Han creado empleo pero han destruido empleo. Ese es un drama importante a tener en cuenta, porque en la discusión en Comisión (no solamente de esta ley, sino también de la de presupuestos) ustedes decían: Es que nuestro Gobierno ha creado casi dos millones de puestos de trabajo en la época que hemos gobernado, pero no han dicho los millones de puestos de trabajo que se han destruido, porque el paro ha crecido progresivamente en los últimos años --sobre todo, en los tres últimos años-- y nos hemos situado, eso sí, en el furgón de cabeza de Europa. Somos el país de nuestro entorno con mayor porcentaje de desempleo.
Pues bien, nuestra propuesta va en la línea de suprimir la exención que se recoge en la ley porque produce competencia desleal y porque, además, los empresarios se la encontraron de choque, no la habían pedido. Decían los propios representantes de la CEOE: «Esta medida no la hemos pedido, nos la ha echado el Gobierno en la mesa; no es una petición nuestra, no es de nuestros empresarios». Usted hablaba esta mañana de los nuestros, de los que han respaldado unos a otros.
Circunscribiéndonos a eso, decían ellos: «No son las empresas que representamos las que hemos pedido esto». Creemos que no es positiva, no va a solucionar lo que ustedes proponen, no va a ser útil para esa política que ustedes intentan poner en marcha.
Si no he logrado convencerles con mi dialéctica, les proponemos tres concreciones para este artículo. Primero, que a esos beneficios de las sociedades puedan acogerse las empresas nuevas o las actuales que se acojan a planes de viabilidad, modernización y saneamiento propuestos por la Administración y que sirvan para mantener o incrementar el empleo actual. Estamos uniendo dos cosas: una, cumplir requisitos de viabilidad y de modernización y, otra, que se comprometan a mantener y generar empleo. Por tanto, estamos facilitando que las empresas actuales, que también quieran hacerlo, puedan acogerse a estas exenciones fiscales. La otra propuesta que hacemos es que los empleos que se creen sean dirigidos, por lo menos el 50 por ciento, a empleos fijos, porque no es lo mismo --y usted lo sabe-- puestos de trabajo creados en la empresa que trabajadores que están cubriendo ese empleo, y puede haber una empresa de veinte empleos en la que están trabajando mensualmente veinte personas distintas.
Nosotros creemos que el contrato temporal debe cumplir su papel para ser complemento de una parte fija, de una parte de actividad estable de la propia empresa, y, en función de la realidad productiva, debe haber una movilidad en función de la demanda que pueda existir, eso que se llama las leyes del mercado, la oferta y la demanda, que no funcionan, por cierto, en este mal mercado que nosotros estamos utilizando.
Proponemos

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que por lo menos el 50 por ciento de los puestos de trabajo, sean fijos o estables.
Otra enmienda propugna que los socios, las personas que han puesto en marcha la nueva sociedad, no hayan cerrado anteriormente otra sociedad, no hayan quebrado o suspendido pagos. Por tanto, estaríamos garantizando que no favorecemos, ayudamos ni alentamos a volver a situarse a los que han gestionado mal o a los que han tenido una realidad anterior equivocada. Esas son las tres indicaciones que hacemos a su texto. Por otro lado, con la enmienda número 21 proponemos la supresión del artículo 2, tres. La enmienda número 22, al Capítulo III, Impuesto sobre el Patrimonio, propone la supresión de la exención que en él se recoge en la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio hablan en el punto octavo, uno, de los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial. Nosotros estamos acostumbrados a que eso sea nítido y claro, pero las cosas empiezan a complicarse y estamos viendo cómo patrimonio particular es patrimonio de la sociedad, cómo el vehículo, la vivienda, etcétera, son patrimonio de la sociedad, porque el consejo de administración se hace en esa casa o porque el vehículo es utilizado también por no sé que determinada persona. Por tanto, no está claro cuál es su pretensión y, sobre todo, el beneficio en Patrimonio, un impuesto de los que menos ingresa en el Estado.
Cuando ustedes han renunciado a presionar fiscalmente la transmisión de las grandes fortunas, de los grandes patrimonios, creemos que no es positiva su propuesta.
La enmienda número 24 va dirigida a la cuota íntegra que debe establecerse en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, actualizándola tanto en la base liquidable como en la cuota íntegra a aplicar. Hacemos una propuesta más ajustada a lo que podría ser una capacidad recaudatoria de una propuesta progresista. Por último, la enmienda 25 pretende introducir una nueva figura, una capacidad impositiva del Gobierno a través de las haciendas locales. Creemos que se puede establecer un impuesto sobre construcciones e instalaciones que estén desocupadas siendo viviendas, que hay que introducir el impuesto de la vivienda desocupada. Por eso, concretamos en nuestra propuesta el objetivo que tenemos en teoría, lo llevamos a la práctica y proponemos la naturaleza, el hecho imponible, la base imponible, el tipo a aplicar, los devengos y la gestión. Intentamos, por tanto, llevar a la práctica la teoría, hacer praxis la teoría.
No sé si he resumido bien nuestras propuestas pero he intentado traer a la Cámara el objetivo indicativo de todas y cada una de nuestras enmiendas. En todo caso, en la réplica podré explicar lo que no haya sido capaz de hacer en la primera intervención. Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Para su defensa, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el debatir las medidas fiscales de estos Presupuestos Generales del Estado en dos proyectos de ley está produciendo una duplicidad argumental en lo que se refiere a la política tributaria que va a establecer el Gobierno a corto plazo. Después de pasar el trámite de la Comisión, me temo que el debate de esta mañan va a ser totalmente estéril. Sin embargo, el comienzo de la exposición de motivos que establece el Gobierno en este proyecto de ley me anima a seguir insistiendo porque a ver si a base de insistir, podemos conseguir alguna vez algo. Creo que no lo vamos a conseguir en estos Presupuestos Generales, pero, como todos participamos de que el contenido de las medidas propuestas es un contenido totalmente asumible, es posible que a lo largo de esta legislatura, de la siguiente o de la otra, se pueda por lo menos lograr alguna de estas medidas. Yo espero que así sea.
Lo que pasa que para entonces no sé cómo estará la crisis.
Habremos salido de esta crisis. Estaremos en un relanzamiento económico mayor. Habremos vuelto a otra crisis, y posiblemente seguiremos debatiendo estas medidas. Como decía antes, la exposición de motivos me anima a seguir insistiendo. La exposición de motivos empieza diciendo que la actual situación económica demanda la adopción de medidas legislativas de diversa índole, etcétera, y dedica más de la mitad de la exposición a explicar el contenido de estas medidas fiscales.
En definitiva, lo que pretende el Gobierno es pasar de puntillas por el Impuesto sobre la Renta, el de Sociedades, el de Patrimonio, el de Bienes Inmuebles. En definitiva, lo que se está haciendo es mucho ruido y pocas nueces.
Señor García Ronda, yo sé lo que usted me va a contestar después y usted sabe lo que yo le voy a decir ahora, pero permítame que en mi turno le vuelva a insistir para ver si por lo menos puede admitir algunas de esas enmiendas de las que yo sé que S.S. participa.
Centrándonos en estas medidas tributarias, me voy a referir al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Proyecto de ley modifica el artículo 44 de la Ley 18/1991, a partir del 1 de enero de 1994, introduciendo un régimen transitorio para los años 1994 y 1995, en el que se excluyen de tributar los incrementos netos de patrimonio derivados de la transmisión o cesión de acciones o participaciones representantivas del capital social o patrimonio de instituciones de inversión colectiva, con tal de que el importe obtenido en las transmisiones o reembolsos en cada uno de dichos años se invierta en ese mismo año en un plan de ahorro, en

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las condiciones que reglamentariamente se determinen. Son claros los objetivos del Gobierno con esta medida: retornar estos incrementos de patrimonio a la sujeción al impuesto y canalizar el ahorro hacia ciertas formas de inversión. En primer lugar, como ya le dije en Comisión, no nos parece adecuada la técnica jurídica de incluir en el artículo 44 de la ley un régimen transitorio de dos años de exclusión, puesto que así perdurará el texto del artículo hasta una futura modificación. Entendemos que el lugar más adecuado de esta norma estaría en una disposición transitoria del proyecto de ley.
Por otra parte, la norma remite a una futura reglamentación los planes de ahorro popular cuando ya ha existido tiempo de sobra para que el Gobierno haya tenido la voluntad de desarrollar dicha normativa. En este sentido, la norma establece un régimen transitorio todavía no desarrollado en lo que se refiere a los planes de ahorro popular.
Entiendo que el Gobierno, en lugar de fomentar el ahorro con carácter general, con medidas fiscales generales que respeten la neutralidad financiera y apoyen el ahorro, introduce continuas distorsiones en los mercados financieros, apoyando o no determinados productos financieros en función de su propia conveniencia. No se está apoyando el ahorro privado en general sino en función del destino que el ahorrador dé a su dinero al sector público o privado. El Estado ha articulado los beneficios fiscales y la menor tributación para aquellos productos financieros ofrecidos por él: Letras del Tesoro, Fondtesoro, no sujeción de los no residentes a los intereses de deuda pública, etcétera. O de productos financieros que se basan generalmente en deuda pública. ¿Cuál es la razón por la que no tienen retención las letras del Tesoro? ¿Cuánto fraude fiscal hay detrás de todas las operaciones de lavado de cupón realizadas entre residentes y no residentes? Indudablemente, la Administración del Estado utiliza la fiscalidad del ahorro para crear canales privilegiados para su financiación.
Ahora se pretende con esta ley trasvasar los fondos existentes de los fondos de inmovilizado (más de siete billones de pesetas) a los planes de ahorro popular. Así, vamos saltando de producto financiero a producto financiero, en función de la fiscalidad: primas únicas de seguro, cesiones de crédito, fondos de inversión. Es el propio Estado el que está incentivando el fenómeno de la innovación financiera por razones puramente fiscales.
¿Y qué pasa con el Impuesto sobre Sociedades? El Gobierno nos presenta en este proyecto de ley una bonificación del 95 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades para los períodos de 1994, 1995 y 1996, para las nuevas sociedades o empresas de nueva creación que se constituyan antes del 31 de diciembre de 1994. La bonificación se limita a empresas con plantilla superior a tres trabajadores de promedio e inferior a veinte, que inviertan en activos fijos nuevos más de quince millones, que la actividad no se haya ejercido anteriormente, que la sociedad no esté en régimen de transparencia fiscal, etcétera.
En este sentido, nosotros --y cuando decimos nosotros me refiero al País Vasco--, propusimos las mal llamadas vacaciones fiscales en mayo pasado, y en julio se aprobaron las normas forales que derogaban los incentivos anteriores.
Hemos sido tachados de insolidarios y llevados a los tribunales por quienes hoy proponen una medida similar a nivel estatal. Si estas medidas se nos proponen como buenas, saludables y necesarias, no veo por qué aquéllas eran nefastas. Hay que mantener cierta coherencia en los planteamientos. Por eso --y aprovecho que está presente el señor Ministro--, solicito que se retiren los recursos que tienen presentados contra las normas vascas. He dicho que se trata de una medida similar. En realidad, estamos ante una mala copia de las medidas fiscales vascas. Los requisitos y límites señalados conllevan el grave riesgo de favorecer la escisión de medianas empresas, de desglosarse en dos o más, con el único objeto de acogerse al beneficio fiscal. Este proceso puede resultar nefasto en España, donde una de las principales carencias es la existencia de un exceso de pequeñas empresas y donde existe la necesidad de abordar procesos de concentración empresarial para crear grupos empresariales de cierta entidad. La medida propuesta, fomenta la disgregación y el minifundismo empresarial. Entendemos, por tanto, que los requisitos deben ser los contrarios de los exigidos en el proyecto de ley. Sólo deben apoyarse inversiones que ofrezcan la solidez y consistencia de un proyecto empresarial aprobado y reconocido por la Administración. La ausencia de requisitos y de cierto control de la Administración sólo favorecerá las operaciones de ingeniería fiscal o de puro fraude fiscal. El Real Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero, establece la compensación, ilimitada en el tiempo, de las pérdidas generadas por nuevas entidades.
Este artículo ofrece la opción de acogerse, en la práctica, a más vacaciones fiscales. Todo el mundo sabe que una inversión empresarial nueva de cierta envergadura, en la mayoría de los casos, produce pérdidas durante los dos o tres primeros años de funcionamiento. Pues bien, estas pérdidas iniciales, compensadas dosificadamente en los cuatro o cinco años siguientes, conllevan en la práctica a la no retribución durante ocho o nueve años por el Impuesto sobre Sociedades.
Por tanto, hay aquí una opción de vacaciones fiscales aunque no se haya denominado así.
Por otra parte, ahora se nos presentan estas vacaciones fiscales para las pequeñas y medianas empresas, por tanto existirán, desde nuestro punto de vista, dos ofertas complementarias de vacaciones fiscales en la

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legislación estatal. En la normativa vasca sólo hay una opción de vacaciones fiscales, y bajo unos requisitos y un control de la Administración tributaria mucho más estrictos. Ya es hora de abandonar la demagogia y de que se nos deje ejercer competencias --artículo 42.1-- reconocidas en los estatutos.
Otro de los temas que queremos exponer y que ya está recogido en una de nuestras enmiendas, es la reforma del régimen sancionador y de recargos, vigente para las declaraciones voluntarias fuera de plazo. La cuantía de las sanciones y recargos actuales para las declaracionesextemporáneas realizadas voluntariamente es excesiva y poco realista. En la práctica, impide la regularización voluntaria de las situaciones tributarias de contribuyentes que no están al corriente de los pagos a la Hacienda Pública, dado que no ofrecen diferencias con las regulaciones que se efectúan como consecuencia de las actuaciones de investigación de la Inspección. Es decir, da lo mismo acogerse voluntariamente a una regulación fiscal que no acogerse, porque, al final, cuesta exactamente igual.
Hay otro grupo de medidas fiscales para incentivar la actividad empresarial, que nosotros volvemos a proponer y respecto de las cuales usted me va a volver a decir que está bien pero que no se pueden acometer, porque son muy profundas, muy extensas, y me va a volver a dar todas las razones que S.S. ya me ha expuesto anteriormente, pero yo se las voy a volver a decir para que usted me vuelva a repetir lo mismo.
Actualización de balances. Una vez más ponemos encima de la mesa la actualización de balances, con el fin de incorporar a las empresas valores del inmovilizado próximos a la realidad; que las empresas tengan el inmovilizado próximo a la realidad.
Las deducciones por inversiones en activos fijos materiales, para apoyar decididamente a la inversión de activos fijos nuevos, también están en las normas forales vascas. La capitalización de las pequeñas empresas; no he visto nada sobre capitalización de pequeñas empresas y nosotros proponemos que esta capitalización de las pequeñas empresas se haga mediante la deducción, de la cuota líquida, del 25 por ciento del importe de la ampliación del capital suscrito y totalmente desembolsado, lo que permitirá favorecer el destino de los fondos para fortalecer el capital social de las empresas. Dígame usted que no le gustan estas medidas. En el Impuesto sobre el Patrimonio y con referencia a la exención de bienes y derechos de las personas físicas, necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial, proponemos unas enmiendas más bien técnicas que son: introducir la aclaración del sujeto pasivo incluyendo, en su caso, a su cónyuge, dado que en una sociedad de gananciales o de participación se imputa tanto al sujeto pasivo como a su cónyuge y, si no es así, la exención se limitaría al 50 por ciento. Cree-mos que esto habría que aclararlo, lo que podría hacerse a través de la enmienda que proponemos.
Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, nos parece estupenda la medida. Consideramos de interés que finalmente se contemplen como deducibles de la base imponible las cuotas repercutidas en las operaciones sujetas al impuesto que no hayan sido hechas efectivas. Sin embargo, consideramos limitativos los requisitos exigidos y, por tanto, proponemos que se consideren asimismo deducibles de la base imponible las operaciones de dudoso cobro, con arreglo al concepto de morosidad en el cobro que contempla el Impuesto sobre Sociedades.
En el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados hacemos dos propuestas: por una parte, dar mayor agilidad al tráfico mercantil mediante la tributación al tipo de gravamen del 0,10 por ciento de las primeras copias de escrituras y con el 0,50 por ciento las actas de protesto. Esta es una medida que ya conocen SS.SS. ya que por cierto, tuvo bastante ruido la implantada en el País Vasco.


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego concluya.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.
Por otra parte, evitar rigideces y dotar de mayor fluidez a los mercados hipotecarios mediante los beneficios fiscales aplicables a la constitución y cancelación de préstamos hipotecarios.
Finalmente, en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, presentamos una enmienda para añadir como exención de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de los entes locales que están afectos a los servicios sanitarios, y que ya lo debatimos extensamente en su momento.
Este es todo el capítulo de medidas fiscales que está en nuestras enmiendas y que, de alguna manera, se las presento nuevamente para que usted me vuelva a dar las mismas razones, me imagino, que ya me dio en el trámite parlamentario que tuvimos en la Comisión de Economía.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario Mixto.
Señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, las enmiendas que figuran presentadas a los Títulos I, II y III entiendo que son enmiendas que corresponden a la Sección 13 o bien están duplicadas en ambos casos. Por consiguiente, considero que tanto unas como

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otras deben darse por defendidas a efectos de votación, porque interpreto que posteriormente discutiremos la Sección 13, y ruego que se tome nota de que se den por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, entiendo que se reserva S.S. el derecho a consumir un turno de defensa cuando se discuta la Sección 13.


El señor GONZALEZ LIZONDO: No, señor Presidente. Las doy por defendidas. Corresponden todas a las inversiones en órganos judiciales y ya se debatió bastante en Comisión para poder ahorrar al Pleno la discusión de este tema.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Lizondo.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Ronda.


El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, de nuevo, como esta mañana, nos encontramos ante el debate de una ley que bien se ha llamado de acompañamiento o complementaria de la ley de presupuestos, y, en efecto, es imposible que no haya una remisión a argumentaciones que ya hemos puesto de relieve durante esta mañana, pero trataré de ser variado en ese sentido para no cansar a SS.SS. Voy a empezar en sentido contrario a las intervenciones precisamente por el tiempo dedicado a ellas. El señor González Lizondo ha dado por defendidas sus enmiendas, que tienen un sentido similar a las presentadas al Título VI del Proyecto de Ley de Presupuestos.
El señor Zabalía, del PNV, ha estado repitiendo que ya sabía que yo conocía lo que él iba a decir y que él sabía lo que yo iba a contestar. En primer lugar, sí le voy a decir que insista. ¿Por qué no? Insista. Los vascos somos tenaces, insistentes y hasta tercos. Vamos a seguir con ello. Si usted cree que así está contribuyendo a beneficiar o a favorecer esa actividad económica que todos queremos incrementar, adelante.
Es posible que allí donde sea conveniente, en el momento que sea posible y donde lo consideremos lógico, nos encontremos.
Unicamente ha habido una diferencia: es usted pesimista porque dejaba «ad calendas graecas» que quizá pasara otra crisis y todavía no hubiéramos hecho nada. Yo soy un poco más optimista. Creo que hay ciertas cosas que se van haciendo, como se pone de relieve precisamente por esta ley. Esta ley no hubiera sido propuesta, no hubiera habido este proyecto si precisamente no hubiera existido la voluntad de abordar una serie de problemas que están relacionados con nuestra situación económica. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Hago gracia a SS.SS. de números y concreciones excesivas de sus enmiendas, que ya tuvimos ocasión de debatir en Comisión. Sí quiero detenerme un momento especialmente en algunas de las suyas, señor Zabalía. En cuanto a esas modificaciones que propugna en las sanciones de tipo fiscal, he de decirle que en buena parte están puestas en razón, pero yo le remito a la Ley General Tributaria que, como esta mañana he anunciado, vendrá pronto a esta Cámara. Creo que ése es el lugar adecuado para las modificaciones relativas a infracciones y sanciones tributarias.
¿Qué otros aspectos contienen sus enmiendas? Algo que, en efecto, le dije; la suma de sus enmiendas casi viene a ser otro proyecto de ley, no concordante en muchas ocasiones, desde luego no coincidente en gran parte con lo que hoy se trae a la Cámara, que conformaría un «corpus» legislativo del tipo fiscal que, por sí mismo, tendría entidad suficiente como para que ustedes lo plantearan como proposición de ley.
Me ciño a aspectos como el tratamiento de las empresas nuevas, donde hay una serie de cuestiones y de circunstancias mucho más amplias de las que tiene esta ley, que indudablemente es una ley de urgencia. Una ley que acompaña a los presupuestos no puede permitirse el lujo de profundizar en todos los aspectos que atañen a las cuestiones fiscales relacionadas tanto con empresas como con personas físicas. Inevitablemente, tiene que ser una ley breve, ceñida, y no puede contemplar todo lo que S.S. pretende con sus enmiendas porque estaríamos cambiando en buena parte nuestro sistema fiscal.
La actualización de balances es un viejo tema que se viene tratando desde hace mucho tiempo. De alguna manera, en algún momento algo se debatirá también sobre esto; pero no parece el momento más adecuado cuando nos tropezamos con esa otra cara de la moneda que no es solamente impulsar sino también la necesidad de que la recaudación no se nos caiga; que realmente no tengamos un perjuicio excesivo en ese terreno. Flaco servicio estaríamos haciendo al conjunto y a nuestro déficit público si, por un lado, impulsábamos la actividad, pero por otro se nos caían los ingresos. En cuanto a la deducción por inversiones, supongo que cualquier empresario elogiará lo que ustedes han propuesto como enmienda. He de decirles que es considerable, en el sentido de amplia y para tenerla en consideración. Tampoco es éste el momento. Creo que lo que se hace en esta ley, como he dicho necesariamente breve y puntual, es suficiente en este momento y realmente equilibrado para lo que se necesita. Capitalización de pequeñas empresas.
Ahí ya introduce un elemento un tanto distorsionador como es la subvención al capital. No parece que ésa sería la mejor manera de ayudar; habría que encontrar otro mecanismo. En su día algo habrá que hacer en este sentido, pero tampoco en este momento.


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Consideración del cónyuge en las exenciones de patrimonio.
Sobre eso, diría que insista porque, a lo mejor, puede haber una consideración a lo largo de todo el trámite de presupuestos en este sentido.
En cuanto a impuestos sobre transmisiones patrimoniales e impuesto de bienes inmuebles, creo que lo que pretenden lleva a una mayor capacidad de financiación de comunidades autónomas, en el primer caso, y de entidades locales, en el segundo. En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, considero que es un poco débil, flojo, el posible control necesario para considerar simplemente a los clientes no cobrados como elementos en la base imponible del cálculo del IVA a efectos de deducción a las empresas. Creo que eso necesitaría una puntualización mayor. Por otro lado, se ha quejado de que el Estado inventa productos financieros y deriva hacia ellos el dinero o trata de captar dinero con ellos. Yo creo que es mejor que tampoco entremos en ese asunto, porque me parece que todas las administraciones han tratado de hacer eso precisamente a raíz de un asunto que se planteó hace ya varios años. Por otro lado, le tengo que recordar su enmienda número 262, que pretende precisamente que las diputaciones del País Vasco, las tres diputaciones forales, tengan capacidad para emitir productos financieros sin necesidad de pasar por lo que yo creo que es la necesaria cohesión nacional cuando se trata de este tipo de cuestiones que afectan al conjunto monetario de la nación. El interviniente de Izquierda Unida ha insistido en la deflación del IRPF, tal como ha dicho ya esta mañana. Desde luego creo se puede decir que esta ley es negativa respecto al favorecimiento de la creación de empleo; pero lo que proponen en sus enmiendas no favorece esa creación. De nuevo ponen ciertos obstáculos. Pretenden un decremento de las deducciones por formación profesional, cosa que no veo que sea en absoluto favorecedor y que no sé cómo la han mantenido; limitan las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades a las empresas que se acogen a planes de viabilidad, cuando el proyecto de ley, con todo el cuidado que tiene precisamente desde el punto de vista reaudatorio del que les he hablado ya anteriormente, lo expande, sin embargo, a empresas en general cumpliendo las condiciones que en la ley misma se ponen.
Insisten en la exigencia del 50 por ciento de empleo fijo en las empresas para que éstas puedan acogerse a determinadas deducciones y exenciones. Yo les quiero llamar, señorías, a una consideración: Lo sustantivo es el empleo; lo adjetivo es ser fijo o temporal. Lo sustantivo es el empleo y eso en todo tiempo y mucho más en estos momentos. Eso es lo sustantivo. Lo otro es una matización dentro del empleo. De lo que se trata fundamentalmente es de crear empleo; si es fijo, miel sobre hojuelas, por supuesto, ¡cómo no! y sabe usted que mucho empleo que en principio es temporal se convierte en fijo. Yo creo que el mejor camino en una situación de contratación como la que tenemos es que se pase por el empleo temporal, porque es la manera, es probablemente la mejor puerta para llegar al empleo fijo. Eso es así. Además y a mí me parece que eso también va en contra de la creación de empleo y de estas medidas que tratan de conseguirlo, pretende crear obstáculos para que no puedan acogerse a esas medidas empresas en las cuales sean directivos o socios quienes hayan estado en otras empresas liquidadas por suspensión de pagos o quiebras o que hayan hecho reducción de plantilla, pero no ponen durante cuanto tiempo. De la impresión de que condenan a cadena perpetua a estas personas. No ponen limitación. Podrían haber dicho a lo mejor que hubieran incurrido en esto durante los dos últimos años; pero ni tan siquiera eso; cadena perpetua.
Yo creo que no es lógico. La cadena perpetua incluso está desterrada de nuestro Código Penal. Pretenden un incremento en el Impuesto sobre el Patrimonio. Yo creo que esto va radicalmente en contra de este proyecto de ley y no quiero extenderme en más consideraciones porque incluso ha habido aquí un debate que, en principio, parecía que no se iba a tener.
También introduce una nueva figura impositiva: las viviendas desocupadas. Me parece que no es el momento más adecuado para ello. Tampoco eso favorecería en nada la actividad económica.
Es evidente que uno de los terrenos donde también nos interesa que haya actividad económica es en el de la construcción.
Naturalmente si ustedes pretenden que se ponga un impuesto de esta índole probablemente estaremos contrayendo la demanda de viviendas por personas que a lo mejor en el momento no las van a utilizar, no van a ser para ellos, van a ser para otras personas, quizá para familiares, para hijos, etcétera. Yo creo que es inoportuna la creación de este posible impuesto. Estimo que la ley, aunque usted ha aludido a ciertas oscuridades o a ciertas ambigüedades, está muy clara y su posición también está muy clara, yo creo que lo ha explicado muy bien. Antes ha dicho que lo volverá a explicar en la réplica, yo creo que no es necesario; me parece que está completamente claro lo que ha querido decir. Yo lo encuentro controvertible y ahí han estado mis respuestas. En cuanto al Grupo Popular, el señor García- Margallo ha continuado su discurso de esta mañana, pero lo ha reforzado en algún sentido. Ha acusado al Gobierno de querer extraer dinero rápidamente y sin limitación alguna. Yo creo que es una vieja argumentación que cae por sí misma. Nos pide que el plan de ahorro esté ya. Yo le digo que durante el año que viene estará el tiempo abierto como para que se puedan hacer inversiones que puedan ser acogidas al plan de ahorro.
Naturalmente que el plan de ahorro vendrá y lo hará pronto.
¿Por

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qué se empeña en esta cuestión diciendo que primero el plan de ahorro o primero ese traje en el armario, como ha dicho? No, yo creo que no es tan necesario, creo que durante todo el año que viene se va a poder invertir y ya se determinará el plan de ahorro como es debido y con todas sus características y detalles. En lo que se refiere a la exención en patrimonio, no voy a ser yo quien ahora le cante las alabanzas porque ya otro diputado le ha dicho algo en esa controversia que han tenido ustedes. Lo que sí he de decirle es que cuando se refiere a los profesionales yo pienso que extenderlo de momento tiene ciertas dificultades. Usted bien sabe que buena parte del patrimonio de profesionales es difícilmente discernible del patrimonio personal y, por tanto, tampoco sería fácil sobre todo en esos casos de los que ha hablado usted casi lastimeramente, de los jóvenes que quieren empezar a trabajar, etcétera, pues muchos de ellos, incluso, se ponen en su propia casa. En cuanto a las sociedades, a las exenciones de patrimonio o cuando se trata de empresas con unas características determinadas, en efecto, serán discutibles las cifras pero hay que impulsar la continuidad de empresas familiares tan tentadas a abandonar en aquellos lugares donde sobre todo hay industrias o empresas agrícolas. Yo soy de una comunidad autónoma, de Euskadi que, como usted bien sabe, tiene muchísimas empresas familiares y se sienten tentados con demasiada frecuencia últimamente a abandonar esas empresas.
Las cosas no son fáciles; por tanto, facilitémoslas en la medida de lo posible con objeto de que esas empresas no se caigan, no se derrumben, no se liquiden.
En lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, ha dicho una frase que yo no dije: que el Estado se financia con lo que no es suyo. Lo que yo dije en Comisión es que no era el momento de adelantar las devoluciones o las deducciones, en su caso, en un tema como el IVA en el que determinados movimientos de tipo mercantil no son fáciles, no son rápidamente empujables, por decirlo así; es decir, no se pueden modificar a voluntad muy fácilmente. Entonces, dejémoslo como está, señor García-Margallo, no quiera que la Tesorería del Estado esté peor. Bueno, usted lo querrá porque luego irá a la Comisión, pedirán la comparecencia del Director General correspondiente y le pondrán verde a él, pondrán verde al Gobierno y nos pondrán verdes a nosotros.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda, vaya concluyendo.


El señor GARCIA RONDA: Concluyo enseguida, señor Presidente.
Aprovecharán para ponerle verde, aunque una parte de esa situación difícil viniese provocada por hacerles caso a ustedes en esta cuestión. Yo creo que el Gobierno y nosotros, sensatos con él, tratamos de que no se empeore su situación.
No vamos a tratar de hacer nada malo para los contribuyentes, porque yo creo que el contribuyente, en todo caso, está mejorado en las cifras con la ley de presupuestos y con esta otra ley, en las pesetas directas y corrientes. Otra cosa es que usted pidiera que hubiese todo tipo de deducciones para la deflación, etcétera, tal como se ha pedido. Creo que eso sería exagerado. Vamos a dejar las cosas como están y no vamos a poner más chinas en el camino de la Administración del Estado.
Por fin, he notado una contradicción tremenda en uno de sus asertos. Cuando habla sobre el Impuesto de Actividades Económicas, dice que hay que dejar a los ayuntamientos que bajen el tipo máximo, es decir, que el tipo máximo debe ser menor; y, por otra parte, dice usted que a los ayuntamientos hay que darles mayor posibilidad de recaudación. Pero, señor García-Margallo, precisamente la primera falta de posibilidad de recaudación es si les rebajamos los tipos máximos, indudablemente. Ha incurrido usted en una contradicción no propia de alguien que bien conoce nuestro sistema fiscal y todos sus detalles. En fin; ha repetido usted el discurso, pero yo creo que --digamos-- con una especie de incremento digestigo, quizá de demagogia a estas horas de la tarde, porque ha incrementado bastante la demagogia de su discurso de la mañana. En definitiva, ha seguido queriendo rebajar los impuestos y, además, según su frase final (ya lo tiene premeditado) de lo que suceda de aquí en adelante nos va a echar la culpa por no haber aceptado sus enmiendas. ¡Hombre, me parece un poco exagerado! Sus enmiendas tampoco son tan importantes, las hagamos caso o no las hagamos caso, como para que varíe sustancialmente la situación que pueda producirse en adelante. Desde luego, esa situación, en todo caso, estará mejorada por esta ley. Sí tengo que decir que algunas de sus enmiendas, las referidas, por ejemplo, a la libertad de amortización, o las modificaciones posibles en signos, índices y módulos, creo que también son de considerar y no estamos ni mucho menos cerrados a ellas, porque forman parte de nuestras reflexiones.
Finalmente, quiero anunciarles, señorías, como se imaginan, que el voto del Grupo Socialista será favorable al Título I de esta ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor García-Margallo.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Gracias, señor Presidente.
Señor García Ronda, voy a intentar seguir lo más ordenadamente posible la parte de la exposición que S.S. me ha dedicado.


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Dice el señor García Ronda que mi discurso sobre el aumento de la presión fiscal es un discurso viejo. Es verdad; es viejo de once años, de los once años que llevan ustedes gobernando.
Pero quiero recordar, como he dicho esta mañana, que en el Plan de convergencia que el Gobierno presentó aquí, en abril de 1992, reconocían ustedes paladinamente, como paladinamente se había reconocido en el Libro Blanco que fue origen de la reforma fiscal, que había que hacer un enorme esfuerzo de contención de la presión fiscal para favorecer el ahorro.
En aquel documento, discutido aquí por el antecesor del señor Ministro, se decía que había que establecer la presión fiscal central (no se decía nada de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales) a un nivel del 37 por ciento. Ese compromiso suscrito aquí como plan plurianual para aproximar nuestra economía a la economía europea, un esfuerzo conjunto de la sociedad española, duró exactamente doce semanas, porque a las doce semanas, por decreto-ley, alteran ustedes la escala que habían establecido en la ley 18/1991 y que habían ustedes vendido a mis compañeros del Grupo de Convergència i Unió.
En segundo lugar, pregunta usted por qué desconfío yo de que van ustedes a traer aquí los planes de ahorro popular. Pues porque ese compromiso lo adquirieron ustedes en la ley 18/1991 y esta es la hora en que no está hecho. Me dice el señor García Ronda que yo le entregue mi traje, que ya veré cómo a lo largo del año voy a tener otro traje en el armario. Pero, mientras tanto, ¿cómo quiere que me pasee, señor García Ronda? En tercer lugar, habla el señor García Ronda de la exención por patrimonio; y aquí lo ha hecho con tal pudor que ha dicho que la defensa la ha hecho otro Diputado de esta Cámara, supongo que echando la pelota a sus socios del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Probablemente, porque es difícil, conociendo la extracción ideológica del señor García Ronda, explicar esta exención y resulte probablemente incómodo dentro de su partido que le hayan adjudicado esta tarea, es por lo que tiene dificultades para explicarlo y dice: «Que lo expliquen mis socios, mis colaboradores del Grupo Catalán de Convergència i Unió», cuyo silencio en este tema está siendo clamoroso. Lo que hemos dicho nosotros es que en materia de empresas individuales, por tanto, de pequeña y mediana empresa, estamos de acuerdo en que no se pague impuesto sobre los bienes afectos a la actividad empresarial. Y me dice usted: Eso no se puede hacer con los profesionales, porque determinados bienes pueden dedicarse tanto a usos productivos como a su consumo o los pueden instalar en su casa. Hay ríos de tinta para distinguir lo que es afectación o desafectación de bienes para distintos usos. Pero no acierto a comprender a qué tipo de entretenimientos cree usted que se puede dedicar un matrimonio que sea analista y se compren útiles para hacer análisis; ni logro entender a qué tipo de juergas cree usted que se pueden dedicar determinados bienes como un ordenador, un «Aranzadi» o los libros de Derecho que se necesiten. No sé cuál es el temor que tiene S.S. y no acierto a comprender por qué ese temor no se puede trasladar, por ejemplo, a una explotación agrícola que puede dedicarse de verdad al cultivo de la tierra o a usos cinegéticos. Y, desde luego, no acierto a comprender en absoluto la debilísima defensa que hace usted en materia de la exención de las participaciones en determinadas sociedades. Vamos a ser serios.
En primer lugar, nosotros estamos proponiendo una modificación íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio que pasa, primero, por elevar el mínimo exento, para que la familia cuyo único patrimonio lo constituye una vivienda modesta, no pague impuesto. Segundo, un sistema de valoración que dice que las acciones en las sociedades se valoren, a opción del sujeto pasivo, valor teórico según balance o capitalización de beneficios. Y tercero y más importante, que es lo que usted no quiere discutir, es que tal y como está redactado el texto que el Gobierno nos ha remitido, no van a pagar impuestos los titulares, personas físicas --insisto--, que son los únicos que pagan el Impuesto sobre el Patrimonio, que tengan participaciones en determinadas sociedades, sin límite en el valor de las participaciones y sin límite en el tamaño de la sociedad; es decir, que un señor cuyo patrimonio sea de 20.000 millones de pesetas en participaciones en una sociedad, con un capital de 100.000 millones de pesetas, no va a pagar un céntimo. Si usted cree que eso se lo puede explicar a sus votantes en un año en que tienen ustedes que gravar las prestaciones de desempleo y las prestaciones de incapacidad, hágalo; si usted cree que una medida de este tipo sirve para crear empleos, dígame cuántos; si usted cree que esto es una medida que beneficia a la genealidad, dígame usted a cuántos más aparte de las mil familias que usted, yo y los señores de Convergència i Unió conocemos.
En materia del Impuesto sobre el Valor Añadido dice que yo he dicho lo que no he dicho. Señoría, si yo paso una factura con el Impuesto sobre el Valor Añadido incluido a una administración pública y la administración pública no me paga, yo tengo que ingresar el Impuesto sobre el Valor Añadido que no he percibido, y me dice usted que tengo que esperar a que haya una declaración de suspensión, declaración de quiebra o autorización administrativa, que es lo único que hace en esta materia. Y en el tema de las administraciones, yo digo: Hagamos un aparte. Si ustedes saben que las administraciones no pagan, haga usted que yo ingrese el Impuesto sobre el Valor Añadido cuando yo cobre mi factura y, por tanto, la Administración me haya pagado el Impuesto. Porque usted sabe, señor García Ronda, que tienen

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ustedes fama conocida de malos pagadores. Hable usted con los suministradores del sector sanitario, hable usted con los contratistas de obras públicas, hable usted con todas las personas que contratan con la Administración. Y ese Impuesto que yo no he cobrado y tengo que ingresar en Hacienda, no le pertenece al Tesoro público. Por tanto, no estoy intentando agravar la situación financiera de la Administración pública; estoy intentando decir que si la Administración pública no paga ni siquiera la totalidad, que, como mínimo, no me exija que yo ingrese un impuesto que no he percibido. Y no dice usted media palabra, probablemente porque está usted freudianamente preocupado por explicarme lo equitativo que significaban las participaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, de la pequeña y de la mediana empresa. Cuando vaya usted a su tierra, en el País Vasco, coja una pequeña y mediana empresa que esté en estimación objetiva singular y explíquele, habiendo hecho usted el discurso de que son esas empresas las que más ayudas necesitan para invertir y modernizar sus equipos, para crear mercados fuera, para realizar gastos de formación profesional, que esa pequeña y mediana empresa no tiene acceso a los incentivos a los que sí tiene acceso una gran empresa que no esté en estimación objetiva; que ustedes quieren tratar igual a la pequeña y mediana empresa que invierte que a la que no invierte, a la pequeña y mediana empresa que compite en el exterior que a la que no compite en el exterior, a la pequeña y mediana empresa que hace un esfuerzo para formar a sus trabajadores que a la que no lo hace. Dígales usted que ese es su sentido de la equidad, enséñeles la enmienda sobre patrimonio y dígales que ese es su sentido de la economía productiva.
Dice que he incurrido en una contradicción en el IAE. ¡Dios no lo permita! La Ley de Haciendas Locales ha sido recurrida por mi Grupo desde el año 1988, y desde el año 1988 les dijimos que estaban ustedes dando a los ayuntamientos pozos secos, porque a los ayuntamientos les dan ustedes tres impuestos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que después del paso del señor Borrell no...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Voy terminando.
Después del paso del señor Borrell y su aventura por el Catastro, que nos costó 101.000 millones, no ha vuelto a crecer la hierba en ese Impuesto y dudo que vuelva a crecer en muchos años. (La señora De Palacio del Valle Lersundi: ¡Muy bien!) En el Impuesto sobre Actividades Económicas, S.S. --que algún idioma conoce-- puede leer el informe del Comité Ruding --por cierto, también traducido al español--, en donde se dice que es un impuesto que penaliza el empleo, la competitividad y que ha de desaparecer en aquellos países en que exista.
Y el último impuesto, el único que queda después de todo este tantarantán, es el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Yo no sé si el señor Ministro echó los cálculos y les ha explicado a los compañeros que se han reunido en La Coruña cómo pueden pagar los servicios que los ayuntamientos realizan con tan menguado equipaje.
Por tanto, ninguna contradicción. He dicho que el IAE no nos gusta, el IAE no sirve. Vayan ustedes rebajando el Impuesto sobre Actividades Económicas y, naturalmente, vayan buscando fórmulas alternativas de financiación para los ayuntamientos, porque ni el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ni el Impuesto sobre Actividades Económicas sirven, ni el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica va a recaudar los fondos que los ayuntamientos necesitan. Ya comprendo que es un excesivo esfuerzo de imaginación el que ustedes hagan un marco distinto para las haciendas locales. Termino, señor Presidente; termino, señor García Ronda. Son ustedes responsables, por no haber introducido las medidas que había que introducir en todos los sectores y especialmente en el campo tributario, de la situación en que se encuentra la economía española; y son ustedes responsables de lo que vaya a ocurrir ahora porque están ustedes (como toda medida de economía productiva, se lo repito aunque no les guste) sacrificando 5.000 millones del año 1995. En la situación que estamos, con los índices de precios que tenemos, que hemos conocido hoy; con la tasa de paro que tenemos, que hemos conocido hace unos días; con la tasa de suspensiones de pago, de quiebra y desaparición de empresas; con la venta al exterior de las empresas que subsisten, si ustedes creen que con 5.000 millones lo van a arreglar, permítame que les diga que han crucificado ustedes la economía española y, eso sí, le han dado un protector solar para que no se queme mientras esté en la cruz.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente, voy a intentar argumentar la bondad de las propuestas ante la posición que ha fijado el portavoz del Grupo mayoritario, ciñéndome a los cuatro comentarios que ha hecho a las cuatro propuestas que él ha seleccionado. Nosotros creemos que, por desgracia, esta ley de acompañamiento es mala compañera de un mal proyecto de ley. En ese sentido, queremos analizar cuáles han sido los comentarios a unas propuestas concretas.


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Nosotros no hemos circunscrito la propuesta de empresas solamente a las actuales que se acojan a planes de viabilidad, hemos dicho que se adicionen a las que ustedes proponen, que son las empresas nuevas, también las empresas actuales que se acojan a planes de viabilidad marcados por el Gobierno para mantener o generar empleo. Eso es lo que hemos hecho, intentar unir, no sustituir, a las que ya había. No se pretende, por tanto, eliminar la propuesta del propio Gobierno, sino evitar la posible competencia desleal que puede suponer el que las empresas que ahora mismo funcionan no puedan acogerse. Tiene razón cuando dice que lo importante hoy, por la situación económica que tenemos, es generar empleo. No le miremos el letrero a «pan regalado» o a la idea del puesto de trabajo creado. Eso es cierto, pero nuestra enmienda iba dirigida a cuando la empresa nueva está circunscrita a un volumen de empleo entre tres y veinte trabajadores; nosotros decimos que en la consolidación de esa actividad económica un volumen puede ser fijo o estable, o ir hacia ello. Usted ha dicho que hay empleos temporales que pueden cuajar en fijos, y es verdad, y eso es positivo, pero no siempre es así. Lo que hemos dicho es que todo el empleo temporal puede significar hacer pasar por un mismo puesto de trabajo a tantas personas como días y jornales puedan echarse en ese mismo puesto, y no sería lógico que eso fuese un estímulo para la generación de empleo.
Nosotros no hemos pretendido condenar a cadena perpetua a las personas que hayan podido estar implicadas en procesos anteriores. Quizá nos ha faltado matizar si eso era un año o dos antes, pero podíamos haber recibido la indicación vía una transacción si hubiera sido buena la propuesta. Lo que hemos querido proponer, como botón de muestra, es que no se favorezca el que personas que han participado en destrucción de empleo vean favorecida su actuación en pretendidas políticas de apoyo y fomento de empleo. Usted ha hecho una referencia que es verdad: el horno no está para bollos. La situación económica no facilita la realidad impositiva, pero yo creo que a los dos niveles: el horno también está muy mal y la situación económica está muy mal para reducir prestaciones a la gente. El problema es que tenemos que optar, y usted reconocerá que dirigiendo al sujeto pasivo que hemos dirigido nosotros la propuesta de ese nuevo impuesto de viviendas desocupadas, las que llevan muchos años estando así mientras los alquileres son muy caros y la vivienda muy onerosa --hoy en día es muy difícil en grandes ciudades acceder a la vivienda-- este sujeto pasivo al que dirijimos el impuesto no es de los que peor van a pasar la situación de crisis económica. Por tanto, no estamos errando en la orientación de nuestra propuesta. En todo caso, acepto que su valoración sea que no es oportuno porque todo lo que sea hablar de más impuestos es malo. Meternos en esa canción de que todo es malo generalizando, nosotros creemos que es equivocado y hay que volver a recuperar la discusión de que los impuestos son malos cuando se aplican mal y que es bueno cobrar a quien más tiene y que no siempre el que más tiene va a invertir y generar empleo; que hay mucho capital especulativo y mucho nido de fraude y que tenemos que meter la cuchara en esa realidad para incrementar las arcas del Estado. Esa ha sido la orientación de nuestras enmiendas y con esta intervención las mantengo para el debate que aún queda y para su votación en la Cámara.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor García Ronda, voy a seguir insistiendo porque usted ha dicho que siga insistiendo. Lo que no ha dicho es: usted insista que nosotros seguiremos sin hacerle caso, pero me temo que eso va a ser, al final, lo que va a ocurrir. De todas formas --usted lo ha dicho--, los vascos somos muy tozudos, muy cabezotas y seguiremos insistiendo. Y, como buen vasco, cada vez que se hable de temas fiscales yo seguiré haciendo los mismos planteamientos. Lo malo es que usted también es, por lo visto, vasco y entonces también es cabezota y vamos a tener un debate bastante largo. (El señor García-Margallo y Marfil: Presunto vasco.) Vamos a ver quién vence; desde luego usted, porque tiene muchos, digamos, apoyos que yo desgraciadamente no tengo, porque sólo tengo en este momento dos, a mi derecha y a mi izquierda, y poco más, aunque me parece que por ahí veo ciertas sonrisas de apoyo. Me dice que todas las enmiendas que presentamos son de excesivo contenido y que esto debería estar recogido en otro proyecto de ley y que presentemos un texto. Dígame usted cuándo vamos a quedar porque yo, desde luego, voy a presentar un texto con todas estas medidas. Como el señor Ministro de Economía y Hacienda está aquí presente, cuando quieran quedamos y matizamos esto porque, como me lo ha dicho ya dos veces, creo que es verdad: ustedes quieren que nosotros presentamos otro texto recogiendo todas nuestras medidas. Yo, muy gustoso y obediente, lo voy a hacer.
Me dice que el tema de las sanciones no es el sitio adecuado y que vamos a esperar a la reforma de la Ley General Tributaria.
Pero si en cada medida que hacemos tenemos que esperar a la reforma de su figura tributaria correspondiente, tendríamos que estar esperando para las medidas sobre la renta al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, al Impuesto de Sociedades, lo mismo, y así de todos los impuestos. Ustedes

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han sido siempre sumamente habilidosos para regular dentro de la Ley de Presupuestos cantidad de medidas fiscales. Por eso me he atrevido a sugerirles que hagan también esto con el tema de las sanciones. De todas formas, no importa; recojo su ofrecimiento y espero que en la reforma de la Ley General Tributaria se recoja el tema de las sanciones. Por lo que respecta a la actualización de balances y a las deducciones por inversiones me dice que no es el momento adecuado.
Prácticamente en todos los impuestos me está diciendo que no es el momento adecuado. Estoy de acuerdo, no es el momento adecuado, aunque no lo será desde su punto de vista, pero, por favor, dígame cuándo es el momento adecuado. ¿Cuando estemos en una situación que no sea de crisis? ¿Cuando ustedes no tengan un déficit presupuestario como el que tienen? ¿Cuándo va a ser el momento en que sea conveniente o posible tomar estas medidas? Dígamelo para trasladárselo a nuestras empresas y poderles decir: no se apuren, esperen todo lo que sea, uno o dos años. Si cierran, mala suerte, pero no se preocupen.
Procuren no cerrar porque dentro de algunos años vamos a tener unas buenas medidas. Eso tendremos que decirles.
En el fondo esto se reduce a que ustedes han tenido una cierta precipitación al elaborar estas medidas. No han hecho uso de una gran imaginación, porque se podían hacer mucho mejor las cosas. Vuelvo otra vez a decirles lo mismo que les he dicho en reiteradas ocasiones: Rectifiquen, señores del Gobierno, rectifiquen de una vez por todas su política fiscal porque si no, al final, la política fiscal no va a hacer falta porque no va a haber a quien aplicársela. Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía. Tiene la palabra el señor García Ronda.


El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Al señor Zabalía, qué más le puedo decir de lo que ya le he dicho desde la tribuna. Creo que me han entendido perfectamente. Sólo quiero decirle que sí, que soy vasco, parece --como ha venido a decir-- y además sensato. Por ello puedo cambiar a medida que cambien las circunstancias, como ya he dicho. Lo que no cabe duda es que un político tiene que apegarse al terreno que tiene en cada momento, sin perder de vista cuáles son sus objetivos, sus finalidades y el lugar al que quiere llegar, pero se tiene que ceñir al terreno. Por lo tanto, no le extrañe que con respecto a determinadas cuestiones que S.S. pueda plantear me encuentre diciendo no exactamente lo que he dicho yo, por lo menos no negándomelo, entrando en algunas de las cosas que usted pueda pretender.
No le he dicho exactamente, ni en Comisión ni en este Pleno, que presente una proposición de ley. Lo que le he dicho es que me parecía más lógico que estas medidas, en cuanto que son tan amplias, tan abarcadoras, pudiesen formar parte de una proposición de ley específica que se llamase como ustedes quisieran, y que parecía más lógico como vía parlamentaria.
Ustedes verán si lo deben hacer y en qué momento, sobre todo.
Y no está mal que hablemos antes de que ese momento sea inoportuno también. Es posible que lo mejor sea que sigamos hablando. Usted sabe que puede hablar perfectamente, porque usted me dice que yo tengo muchos apoyos, pero ¡por favor!, yo tengo muchos apoyos, muchos votos en este Parlamento, aquí dentro, pero que usted tiene apoyos extraparlamentarios sin duda más fuertes que los míos, de eso no cabe duda. Con eso no le critico en absoluto. (El señor Zabalía Lezamiz: Explíquese, por favor.) Eso ha sido positivo a veces para llevar a cabo acuerdos que también han sido buenos, a mi juicio, para este país. En cuanto al señor Ríos, creo que nos hemos entendido perfectamente, ha comprendido bien lo que quería decirle, me alegro que me haya dado la razón en algunas cosas, aun manteniendo sus enmiendas para votación. Estoy de acuerdo con su penúltima frase que es válida. Ahí sí nos encontramos, naturalmente: Debemos recaudar más, debemos luchar contra el fraude, los que más tienen deben pagar más, etcétera, y además debemos ayudar a la actividad económica. Creo que estamos plenamente de acuerdo en ese sentido. Es en los aspectos concretos donde creo que deben ustedes revisar sus planteamientos.
En cuanto al señor García-Margallo, no sé si de verdad le interesan mucho los planes de ahorro o no, o los está utilizando aquí como arma dialéctica, porque me da la impresión de que en el fondo no le gustan nada los planes de ahorro, pero está machacándonos con ellos. No se preocupe porque los planes de ahorro tendrán su concreción.
Por lo que se refiere a la exención por patrimonio le he visto irritado, y no lo entiendo. En su momento, el señor Homs creo que ha hecho una defensa suficiente y, como he dicho antes, no voy a entrar en más defensas, pero ¿por qué le irrita? ¿Acaso es que no conoce, o sólo los conoce de nombre, a alguna de esas mil familias que ha dicho? No sé, procúrese amistades y así estará más contento, quizás. (Rumores.) Lo digo con toda cordialidad. En cuanto a lo de malos pagadores, nosotros no somos malos pagadores. La Administración del Estado nunca ha sido un dechado de pago rápido. Es evidente que siempre hay problemas porque incluso el propio proceso de pago --y usted lo sabe bien como funcionario del Estado conspicuo-- ya de por sí es bastante premioso. Entonces, en todo caso, planteen ustedes eso y no decir simplemente, con el sistema que tenemos, páguese

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ahora. Sabe usted que tiene que pasar por una serie de pasos que ya de por sí duran meses.
Sobre las pequeñas y medianas empresas, no me lance contra las de mi país precisamente, a quienes ya sabré yo lo que les tengo que decir y con quienes estoy en contacto. En realidad, para las pequeñas y medianas empresas precisamente hay unas medidas especiales, mientras que también hay otras medidas que sirven para esas otras empresas más grandes. Hay medidas especiales, precisamente en esta ley que estamos debatiendo, para las pequeñas y medianas empresas. Eso lo sabe usted y no es discutible. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Actividades Económicas, le recuerdo de nuevo su contradicción.
Usted pide que incrementen sus ingresos los ayuntamientos y pide que se rebaje en el Impuesto de Actividades Económicas los límites superiores. eso es una contradicción. Usted dice: Créense otras cosas para financiar a los ayuntamientos. Oiga, señor mío, si este Impuesto y el de Bienes Inmuebles entre otros, son específicamente locales, como usted bien sabe, y son los que tienen que alimentar muy sustancialmente a los ayuntamientos, que tienen que tener una cierta flexibilidad para poder elegir en cada caso y en cada circunstancia qué es lo bueno para ese ayuntamiento y cómo tienen que llegar también a un equilibrio entre justicia fiscal, necesidades de recaudación e impulso económico.
En cuanto al repetido informe Ruding, no tome usted una cosa y no otra, porque sabe que con respecto a algunas de las enmiendas que ustedes han hecho resulta que el informe Ruding es contrario. No lo he empleado en absoluto porque no tengo por costumbre, como creo que he tenido ocasión de decir en el debate de Comisión, tener por clásicos a gentes tan inmediatas. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Ronda. Finalizado el debate de este título con las disposiciones adicionales conectadas con él, vamos a pasar al debate de las enmiendas presentadas al título II, junto con las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y décima y a las disposiciones transitorias primera y segunda. En primer lugar, vamos a debatir las enmiendas del Grupo Popular. Para su defensa, el señor Núñez tiene la palabra.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, una primera aproximación al proyecto de ley al título II de este proyecto de ley delata que el Gobierno aborda de forma vaga, fragmentaria e inoportuna, además de técnicamente deplorable, la ingente tarea de llevar a cabo la reforma administrativa que España viene demandando desde la consumación de la primera fase detransferencias y traspasos a las comunidades autónomas. En efecto, antes de afrontar la reforma del régimen funcionarial, que ahora tan torpemente se intenta, la Administración del Estado debería proceder a una reestructuración de su aparato orgánico, a fin de determinar el tamaño ideal de su estructura orgánica y la mejor ordenación de ella para cumplir los fines generales y específicos. ¿Es que se necesitan once años para elaborar el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración del Estado? Desde 1983 el Gobierno se obligó a ello por Ley y ante esta Cámara, y sin esta pieza básica del ordenamiento jurídico las medidas de reforma de la función pública que se han aprobado otros años y las que ahora se proponen no son más que palos de ciego, parches de urgencia que están condenados al fracaso. Si el Gobierno no se decide a proceder de este modo, como la ortodoxia de la ciencia de la Administración aconseja, sino a pergeñar una apresurada máquina de liquidar funcionarios o un instrumento de reconversión salvaje, como ha sido calificado el título II del proyecto de ley que ahora debatimos, cabe preguntarse por las razones que han presidido la opción por esta segunda alternativa. ¿Obedece acaso a la angustia que ocasionan en el ánimo del Gobierno las dimensiones de la carga financiera que representa el importante volumen del personal activo infrautilizado al servicio de las administraciones públicas, agravado con el incesante incremento de los recursos necesarios para atender el sistema de clases pasivas y de Seguridad Social de los trabajadores públicos jubilados? ¿Es una mera operación de despiste encaminada a demostrar a las centrales sindicales estar dispuestos a dar el primer paso adelante para asumir las obligaciones y sacrificios que exigen aquéllos en las negociaciones del pacto social? ¿Nos hallamos ante la emisión de un globo sonda para poner a prueba las reacciones del colectivo de funcionarios ante la posibilidad de adoptar en el futuro las medidas que ahora anuncia como inminentes? En la exposición de motivos encontramos una respuesta vaga e imprecisa cuando dice: «La actual situación económica demanda la adopción de medidas legislativas de diversa índole que coadyuven al cabal cumplimiento de los objetivos económicos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1994.» Suponemos que el Gobierno se está refiriendo al control y reducción del déficit público y, por tanto, suponemos también que el título II del proyecto de ley que debatimos, referido a normas de Función pública, tiene como misión suprema coadyuvar a ese objetivo de reducción del déficit público. Esa es una argumentación en bárbara, leyendo el primer párrafo de la exposición de motivos que les he citado literalmente. Sin embargo, basta una mirada a las previsiones del artículado para comprobar que difícilmente se puede

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incidir en ningún tipo de ahorro, al menos durante el ejercicio de 1994. Al redactar el proyecto, sin duda, el Gobierno era consciente de ello y por eso no ha cuantificado el ahorro que produciría la aplicación inmediata del título II. Ninguna memoria acompaña al proyecto de ley que nos permita conocer de qué situación se parte y a cuál se quiere llegar, cuáles son los organismos y estructuras a suprimir o reordenar y cuáles los posibles excedentes de funcionarios, cuál es la naturaleza jurídica, administrativa y laboral de los planes de empleo, y lo que es más importante, cuál es el montante total al que ascendería la financiación de la operación de reasignación de efectivos. Aunque ustedes no se lo crean, el título II de este proyecto de ley, que persigue la reducción del déficit, puede resultar carísimo, casi ruinoso para las arcas del Estado, pues contempla y regula, entre otras cosas, hasta seis supuestos de percepción de retribuciones sin contraprestación laboral. Se los relato a sus señorías. El primero, excedencia forzosa que pone fin al período de expectativa de destino. Se percibe el sueldo personal y algún otro complemento. Segundo, la excedencia voluntaria incentivada. Se percibe una mensualidad completa, excepto la productividad, por cada año de servicios activos con un máximo de 12 mensualidades. Tercero, la primera fase de reasignación de efectivos, en la que se perciben las retribuciones íntegras del puesto de trabajo que el funcionario venía desempeñando. Cuarto, en la segunda fase de la reasignación de efectivos, el funcionario percibirá los haberes totales del puesto que se desempeñaba durante tres meses. Quinto, en la fase de expectativa de destino se percibirán las retribuciones básicas, el grado personal y el 50 por ciento del complemento específico del puesto que se desempeñaba. Sexto, finalmente, en la jubilación voluntaria anticipada se prevé también el derecho, además de la pensión a que hubiere lugar al abono de hasta cinco años por el tiempo que les falte para cumplir 65 en el cálculo de la misma, además de percibir la correspondiente indemnización. Seis supuestos de percepción de haberes por estar mano sobre mano.
¿Cuánto cuesta esto en un título que está destinado a rebajar el déficit? ¿Ustedes creen que pueden pedir el voto favorable a la Cámara para un proyecto de ley que es una pura incógnita y un puro derroche de medios? ¿Cómo se compagina ese propósito etéreo de la exposición de motivos de coadyuvar a la contención del gasto y a la reducción del déficit con tamañas incoherencias? ¿Y qué decir de los planes de empleo? El segundo defecto grave del anteproyecto es precisamente la indeterminación con que se diseña este nuevo artefacto sobre el que hacen descansar la reforma los llamados planes de empleo, que se configuran --leo literalmente-- como instrumentos esenciales para el planteamiento global de las políticas de recursos humanos de las distintas organizaciones administrativas y que tratan de adecuar el mercado interno de trabajo a las necesidades reales de la propia Administración, con el fin de incrementar la eficiencia de la misma. ¿Qué relación guarda todo esto con los concretos objetivos de la ley de Presupuestos Generales para 1994? ¿A quién se pretende engañar? ¿Pero no llevan años los Gobiernos del Partido Socialista vendiéndonos un ambicioso y eficaz plan de modernización de la Administración pública con especial atención a la gestión de los recursos humanos? ¿Pero es que no ha servido para nada? Porque eso no es lo que dicen los Ministros cuando yo les pregunto en Comisión, y el señor Varela sabe que lo hago con mucha frecuencia.
Conviene, pues, certificar la responsabilidad de los sucesivos gobiernos del PSOE en el actual caos organizativo y en la asignación de puestos de trabajo y de tareas a los funcionarios en la Administración del Estado. Y conviene certificar sus reiterados fracasos en los planes de reforma y modernización administrativa, que con gran despliegue de medios propagandísticos ha intentado llevar a buen puerto sin lograrlo. El proyecto que debatimos tiene, pues, una nula relevancia desde el punto de vista de su primordial objetivo declarado: coadyuvar a los objetivos económicos de la ley de presupuestos de 1994. Tan poca que el propio Gobierno ha sido incapaz de presentar en la oportuna memoria, como antes señalábamos, la cuantificación de dichos objetivos.
Pero no menor es nuestra oposición al procedimiento utilizado.
Se echa mano de un proyecto de ley donde se mezclan medidas de orden fiscal, de protección para el desempleo y de función pública. ¿Es que una cuestión de esta trascendencia no merece tratamiento legal autónomo? Nos encontramos en estos momentos con normas en vigor de la Ley de funcionarios civiles del Estado de 1964; con la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función pública, reformada en ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional por la 23/1988, reformada por distintos preceptos de distintos presupuestos generales del Estado. ¿No era este el momento de abordar en serio el estatuto de la Función pública que demanda el artículo 103.3 de la Constitución? El estatuto y la ley de organización y funcionamiento de la Administración del Estado, a que antes nos hemos referido, crearían el marco normativo adecuado para tales actuaciones. ¿Es que ya no es preciso tal marco normativo? Parece que no si se lee lo que dispone el artículo 18, nuevo, cuando habla de la modificación de las estructuras organizativas, porque evidencia que es el objetivo de reducir los costes de personal el que prima y el que se pone al servicio de la reorganización administrativa; es decir, contra toda ortodoxia y comenzando así la construcción de la casa por el tejado.
Por si todos estos inconvenientes no fueran argumentos suficientes para rechazar el proyecto, aún cabe preguntarse lo siguiente. ¿Qué impedía al Gobierno actuar

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de la manera que se pretende con el proyecto? ¿Es que la actual Ley de la Función Pública, artículo 15, no dice que las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios? ¿Y no dice también que la creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo? ¿Por qué no se ha hecho uso de este mecanismo? La respuesta quizá es demasiado sencilla: porque los Gobiernos del Partido Socialista no han tenido voluntad política para hacerlo, y cuando las han utilizado ha sido justamente para todo lo contrario. Ayer tuve ocasión de hablar de estos temas y me remito a los datos que ya constan en el «Diario de Sesiones».
Pero es que además de ser necesarios, por ya existentes, los mecanismos que ahora se postulan para la ordenación de los efectivos de personal el proyecto de ley los configura de manera confusa y con una terminología muy peligrosa. Se diría que por el contexto global del proyecto, y por la referencia que se hace a personal funcionario y laboral, esa confusión se busca intencionadamente. Hablar de planes de empleo, con referencia simultánea a personal funcionario y laboral, supone querer sembrar la confusión o no tener claras algunas ideas básicas en nuestro Estado de derecho y poner en peligro principios y valores constitucionales. Si hablamos de planes de empleo en el terreno laboral, es evidente que algo consustancial a los mismos son las medidas de supresión y rescisión de la relación contractual. Como esto no cabe en relación con los funcionarios, resulta cuando menos peligroso utilizar el concepto de planes de empleo, máxime cuando a la hora de la verdad nada se dice de los planes de empleo con relación al personal laboral. Desde el Gobierno se ha dejado caer, como un valor entendido, que los funcionarios han de estar más predispuestos al sacrificio salarial por contar con la estabilidad en el empleo --sin duda una ventaja, la de la estabilidad, con la que cuentan los funcionarios--, pero no es un privilegio, no es un privilegio que el Derecho administrativo, no solamente en España sino en todo Occidente, desde hace más de un siglo, haya consolidado en favor de los funcionarios. Lo ha sido en interés del Estado y en concreto, y según el artículo 103.3 de nuestra Constitución, como garantía suprema de imparcialidad en el ejercicio de la Función pública. Es lo que Garrido Falla, en un comentario excepcional, llama la eficacia indiferente de los funcionarios. No en vano nuestro ordenamiento jurídico, con base constitucional, cuenta con dos ámbitos normativos autonómicos y bien definidos: el de la Función pública y el de las relaciones laborales. Crear confusión y sembrar dudas al socaire de acuciantes urgencias presupuesta-rias de reducción del déficit público no parece un camino aconsejable. A las profundas razones de fondo sobre la inadecuada forma de plantear confusos planes de empleo en la Función pública se unen razones de objeciones sobre la manera de operar de dichos planes. No se sabe sobre qué ámbitos actuarán preceptivamente, cuál es su grado de proyectabilidad para la Administración, su periodicidad y qué tienen de mecanismo coyuntural o de fórmula institucionalizada. Además, alguna de las medidas que se pueden incluir en los planes de empleo, como son la suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, vaya terminando.


El señor NUÑEZ PEREZ: En dos minutos termino, señor Presidente. En la autorización de concursos de provisión de puestos limitados al personal de los ámbitos que determine son un aliciente para el corporativismo, al que en unos de sus pocos aspectos positivos puso coto la Ley 30/1984. La inclusión de excepciones a estos postulados, junto a la pervivencia de las libres designaciones para los puestos de superior nivel y más alta retribución, ponen en cuestión la vigencia de los principios de igualdad, capacidad y mérito proclamados en la Constitución, y plantean el riesgo, llegado el caso, de posibles excedentes forzosos privilegiados que encontrarán mayor acomodo al margen del mérito y la capacidad.
Termino haciendo una brevísima referencia a las enmiendas parciales al articulado que tratan --ya que tenemos que utilizar los planes de empleo, que éstos sean lo menos dañinos posibles-- y dicen, primero, que los planes sean objeto de negociación colectiva, en los términos previstos en el capítulo III de la Ley 9/1987. No hacemos más que plasmar un derecho reconocido a los sindicatos en el ámbito de la Función pública. Segundo, que los planes de empleo, referidos tanto al personal funcionario como laboral, se aprueben por decreto de Consejo de Ministros. Los planes de empleo, en cuanto delimitan derechos subjetivos y estatutarios, han de constituir normas jurídicas que puedan ser alegadas ante los tribunales en garantía de los derechos de los afectados.
Tercero, que en la reasignación de efectivos superen los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia.
Cuarto, que los funcionarios afectados por una reasignación de efectivos tengan derecho preferente a ocupar plazas vacantes en el conjunto de la Administración del Estado, siendo nula su provisión por otras personas si existen funcionarios en reasignación en quienes concurran las características personales exigidas para el puesto. Ejemplos que han ocurrido hay los que usted quiera y hay otros que se dibujan en el futuro y que en la réplica, a lo mejor, se los describo.


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Del mismo modo, nuestras enmiendas pretenden dar las máximas oportunidades de reasignación a los funcionarios excedentes antes de proceder a nuevos ingresos en organismos públicos, a que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley General Presupuestaria.
Otras enmiendas tratan de introducir criterios flexibles en la jubilación de los funcionarios para dar a todos ellos el mismo tratamiento y las mismas oportunidades de continuar en situación de activos que se dieron a otros cuerpos de la Administración.
Y, finalmente, solicitamos en la enmienda 223 la excedencia por agrupación familiar, teniendo en cuenta lo que disponen los artículos 39 y 103 de la Constitución Española, referidos a la protección de la familia y a la eficacia del servicio público. Créanme ustedes que tal y como el título II nos ofrece reformas de la Función pública sería mucho mejor, infinitamente mejor, que el Gobierno se hubiera olvidado en casa de semejante engendro. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo ha presentado a este título treinta y ocho enmiendas que voy a intentar defender por bloques temáticos.
En primer lugar, voy a referirme a los planes de empleo, que es la novedad de este proyecto de ley, a los que se refieren las enmiendas números 27 a 38 y la número 90. En principio no es un tema que nos disguste --y así lo hicimos saber en la Comisión-- que la Administración planifique sus efectivos, sus necesidades, más allá de lo que existía ya de la oferta de empleo público, que haga una planificación de efectivos con la relativa inconcreción que hay en el proyecto, que nosotros hemos pretendido ajustar, sobre tiempos y sobre ámbitos administrativos. No nos disgusta por tanto el tema de los planes de empleo. Pero no puede hacerse por lo mismo un plan de empleo para un servicio, ni siquiera para un departamento, para un ente público. Nosotros creemos que precisamente la planificación, la ordenación racional de todos los efectivos en función de las necesidades, los reajustes que se deben producir en las plantillas, los reajustes que se deben producir en la formación, todo ello reclama que haya un solo plan de empleo porque, de lo contrario, iríamos contra la propia racionalidad del proceso. ¿Qué sentido tiene que un plan de empleo se haga de una unidad administrativa de un ministerio equis, que ese plan de empleo decida que le sobran efectivos y empiece la cadena de fases para la reasignación, etcétera? Podría ocurrir que el resto de unidades administrativas de ese u otros ministerios no siguieran el mismo paso de hacer sus respectivos planes de empleo y, por tanto, habría todavía más irracionalidad en la asignación de efectivos. Pero ni siquiera sería suficiente un plan de empleo para la Administración central. Creemos que esta disfunción entre las necesidades y los efectivos se produce en todas las administraciones públicas, en la relación entre las diversas administraciones públicas y también dentro de cada una de las mismas. Estamos en un proceso de reasignación de competencias y de efectivos entre la Administración central y las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Creemos que de suyo pide que en los planes de empleo haya algún momento en el que se unifiquen los planes de la Administración central con los diferentes planes de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas.
Hay instrumentos --y por eso lo proponen nuestras enmiendas-- en comisión de coordinación para la Administración central con las comunidades autónomas, o en comisión de coordinación para la Función pública entre las diferentes administraciones.
También creemos que puede ser oportuno incluir en el plan de empleo todos los efectivos de la Administración, independientemente de que sean funcionarios, laborales, etcétera, según el tipo de contrato que tengan. Pero que esto no sirva para echar marcha atrás ahora en una serie de derechos alcanzados por los trabajadores que están acogidos al Estatuto de los Trabajadores o a esos cincuenta convenios colectivos. Por eso lo que piden algunas de nuestras enmiendas es que se respete el Estatuto de los Trabajadores y los cincuenta convenios colectivos, puesto que se va a incluir al personal laboral, tanto en la movilidad como en otra serie de temas como promoción, etcétera; es decir, mantener los derechos del personal laboral, a fin de mejorar la racionalidad y no para pisotear los derechos del personal laboral de la Administración. En el mismo sentido, si se incluyen medidas de promoción interna, que sea con las garantías del actual artículo 22 de la Ley 30/1984. En todo caso, debe haber una relación mejor de la que está recogida en el texto actual entre el plan de empleo y la oferta de empleo.
Por ejemplo --ya se acaba de señalar--, no tiene mucho sentido que la oferta de empleo público la apruebe el Gobierno, que da un síntoma, creemos que eficaz, de coordinación, y los planes de empleo los apruebe el Ministerio de Administraciones Públicas. Nosotros reclamamos que el plan de empleo de la Administración central lo apruebe el Gobierno. En esa relación entre plan de empleo y oferta de empleo público mostramos la preocupación de que se haya sustituido una serie de elementos, puesto que este proyecto de ley sustituye a todo el artículo 18 de la Ley 30. Había elementos de garantía de la oferta de empleo público que han desaparecido del texto actual y mucho nos tememos que sea también para mal porque, de lo contrario, debería haberse mantenido la

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redacción actual del artículo 18 en lo que se refiere a oferta de empleo público. Hay más cosas que creemos que debería haber en los planes de empleo. Por ejemplo, una memoria explicativa de por qué se hace eso, de por qué se dice que sobran efectivos aquí y faltan allá, o por qué se dice que hay que hacer ese tipo de promociones o reajustes administrativos y, desde luego, un informe económico-financiero. Hay que evaluar que esa es la mejor alternativa en relación a otras. El plan de empleo, en todo caso, debería tener una temporalidad concreta. Si se hace de verdad un plan de empleo de la Administración central y un plan coordinado entre las diferentes administraciones, no podrá ser un plan de empleo anual, eso es evidente. Deberá tener una temporalidad. Este plan de empleo va a comprender 1994-1996 y deberá contener su temporalidad para que todo el mundo pueda vigilar su cumplimiento.
La enmienda número 90 pretende que en ningún caso los planes de empleo puedan empezarse hasta que no estén terminadas todas las relaciones de puestos de trabajo, puesto que si no será difícil poder evaluar que en una u otra administración faltan o sobran efectivos.
Las enmiendas 39 a 43 y la 87 se refieren a la reasignación de efectivos. Este es un proceso novedoso en esta ley y ya dijimos en Comisión, y mantenemos ahora, que fruto de la ineficacia del funcionamiento del artículo 17 de la Ley 30/1984, que ya establecía cauces no desarrollados para hacer permeables las diferentes administraciones públicas en cuanto a reasignación de efectivos. El Gobierno, como es sabido, propone tres fases para la reasignación de efectivos. En la primera, dentro del mismo Ministerio; en la segunda, en otros ministerios; y en la tercera por fin, aparecen en una bolsa del Ministerio de Administraciones Públicas en expectativa de destino.
Las modificaciones que proponemos son, en primer lugar, que el plazo de los cuatro meses para comenzar la reasignación no sea desde la supresión del puesto, sino desde que se le oferte al funcionario un puesto de trabajo, es decir, que haya tenido oportunidad de hacer una reasignación voluntaria de los efectivos. En la segunda fase, cuando el Gobierno propone que se abra la reasignación a otros ministerios, nosotros creemos que es cuando se debería abrir ya a otras administraciones públicas. Hay ejemplos evidentes. Tiene más sentido que un ingeniero dedicado al tema de aguas, que sobre --si ése es el caso-- en la Administración central, en lugar de pasar a otros ministerios que quizá nada tengan que ver, vaya a otros organismos de las comunidades autónomas o de las administraciones locales en que el puesto de trabajo sea idóneo. Por tanto, en la segunda fase creemos que se debería abrir ya la posibilidad de reasignación a otras administraciones en puestos de similares características. En todo caso, el proceso de reasignación debe hacerse con participación sindical y nosotros hemos añadido una frase que aparece en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que dice: sin que redunde la reasignación en perjuicio de la formación profesional o en menoscabo de su dignidad. Podría parecer superflua, pero es una garantía que existe en el Estatuto de los Trabajadores, y creemos que no lo es en el caso de los trabajadores por aquello de que en la reasignación puede haber funcionarios o puede haber trabajadores laborales, pero, sobre todo, porque a los funcionarios también les puede interesar esta prevención de que no haya perjuicio para su carrera profesional o menoscabo en la dignidad. Respecto a la expectativa de destino --enmiendas 44 a 46-- nosotros creemos que, puesto que es una situación no buscada por el trabajador, el complemento específico en la tercera fase no debería ser del 50 por ciento sino del 100 por ciento. Como SS.SS.
conocen, al transcurrir un año en la situación de expectativa de destino se pasa a la de excedencia forzosa. Volvemos a decir lo mismo; que el plazo del año no compute desde un automatismo en la expectativa de destino, sino desde un automatismo en relación al ofrecimiento que le haya hecho la Administración de un puesto de trabajo, de un destino. De lo contrario, la inactividad de los propios órganos de la Administración en hacer las reasignaciones perjudicaría al trabajador. En cuanto a la excedencia forzosa, en la enmienda 47 proponemos que además de las retribuciones básicas se incluya el complemento de destino, por lo mismo. Puede ocurrir que un trabajador de la Administración se encuentre en esta situación a pesar suyo y, por tanto, hay que mantener su derecho a la totalidad de las retribuciones. De tal forma, nosotros decimos que si transcurridos seis meses en esta situación de excedencia forzosa no hay ninguna oferta de puesto de trabajo, debería retornar a la situación de expectativas de destino. Creemos que están obligados a aceptar destino de similares características, fundamentalmente en cuanto al instrumento de automatismo de penalización, en su provincia, no en la totalidad del territorio nacional. Y no podrán desempeñar puestos en el sector público ni en el privado. Señorías, creemos que no hay derecho a que a un funcionario se le paguen las retribuciones básicas, un porcentaje del complemento específico, el complemento de destino y que sólo tenga incompatibilidad para el sector público. Debería tener incompatibilidad para el sector público y el privado, como ocurre con cualquier trabajador que está en la situación de desempleo. No es justo que se mantenga sólo la incompatibilidad para el sector público. Si percibe la totalidad de las retribuciones --como nosotros decimos-- exactamente igual, insisto, que un trabajador desempleado, debe existir incompatibilidad absoluta para el sector público y también para el privado. Paso a referime al régimen disciplinario. No tiene sentido mantener a estas alturas la reglamentación específica

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del Real Decreto 33 de 1986. La razón es evidente. El Tribunal Constitucional en una sentencia reciente ha dicho que tiene reserva de Ley. Como estaba en un Decreto de 1986, como he dicho, ahora ustedes elevan a rango de ley el Decreto de 1986.
No es suficiente, señorías; no es suficiente. El régimen disciplinario de los funcionarios públicos debe ser afrontado en su totalidad. Por ejemplo, en estos momentos sólo están tipificadas las faltas muy graves en el artículo 31 de la Ley 30. Hay lagunas importantes en la tipificación de las faltas y sobre todo en los procedimientos. Creemos que es insuficiente lo que ustedes hacen en este momento en la disposición adicional cuarta: legalizar el Decreto 33 de 1986 y, además, hace referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo.
Efectivamente, dicha Ley ha sido aprobada recientemente, pero eso no resolverá ningún problema. Este proyecto de ley hace constantes remisiones a la jurisdicción contencioso- administrativa.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Blasco, vaya terminando, por favor.


El señor MARTINEZ BLASCO: Sí, señor Presidente.
No se puede hacer continuas remisiones a la jurisdicción contencioso-administrativa sin crear los juzgados. Creemos que eso obligaría a regular globalmente todo el procedimiento disciplinario.
Termino, señor Presidente, con una referencia a la enmienda número 26, que es la enmienda de totalidad. Ya se ha dicho, esto es un proyecto que quiere dejar las manos libres a los administradores para reducir plantillas y abaratar los costes de la reestructuración; igual que se pretede hacer en la empresa privada: reducir plantillas y abaratar costes. No persigue mejorar la eficacia, no persigue mejorar la racionalidad. Se ha obviado la participación de los trabajadores que hasta estos momentos estaba reconocida en la legislación de este país. Tampoco se ha negociado con los sindicatos. No se ha acudido, como establece el artículo 6 de la Ley 30, al Consejo Superior de la Función pública. Es preciso --nosotros creemos que debería haber un acuerdo global de esta Cámara-- llevar a cabo una reforma global de la Ley 30, que también incluya la movilidad funcional y la movilidad geográfica. ¡Si no nos oponemos! Lo que ocurre es que éste no es procedimiento. No es procedimiento incluir en una ley de acompañamiento temas tan importantes y sin haberlos negociado con el Consejo Superior de la Función pública o con los sindicatos. Se produce una laboralización de la Función Pública, se decide quién sobra, quién falta, dónde se lleva, etcétera, y sin que simultáneamente se den las garantías que existen en el caso de la empresa privada, que siempre hay un tercero, autoridad administrativa o un juez que establece cuándo es posible hacer todos esos reajustes de plantilla. Eso que existe en el mundo privado no existe en la Administración, porque el mismo que decide quién sobra es quien después va a tomar la decisión sobre los planes. Hay que dar ciertas garantías a esta laboralización de la Función pública. En el caso de que se incluyan los laborales, que no se haga en perjuicio de sus cincuenta convenios colectivos y sus derechos adquiridos. Por tanto, señorías, creemos que lo más oportuno sería que este título II se excluyera de esta ley. No es imprescindible ni necesario ni conveniente para el Presupuesto de 1994 porque no va a haber oferta de empleo público, porque lo más seguro es que no se van a producir los planes de empleo. Hay tiempo más que suficiente para discutir este tema en el debate global de las reformas que hay que hacer a la Ley 30/1984, con las que nosotros podríamos coincidir con el partido que apoya al Gobierno. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
En relación al título II del proyecto de ley que debatimos, quiero referirme inicialmente a lo sorpresivo que ha sido que el Gobierno plantee una modificación del régimen de la Función pública, además una modificación importante, con esta urgencia e inmediatez. Como decía el señor Martínez, que me ha precedido en el uso de la palabra, falta el dictamen del Consejo Superior de la Función Pública. Yo diría que, igual, lo que ponemos en tela de juicio es la legalidad de este proyecto de ley, porque saben SS.SS. que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que, en el procedimiento especial de elaboración de disposiciones normativas, tanto sean éstas legislativas en el ámbito gubernamental o reglamentarias, es necesario el cumplimiento de los requisitos procedimentales regulados, como pueden ser los dictámenes de órganos consultivos, en este caso el Consejo Superior de la Función Pública, para la adecuación de ese procedimiento al principio de legalidad. Por lo tanto, quiero expresar aquí mi duda, mi sospecha, de la posible ilegalidad, desde el punto de vista formal procedimental, por la forma en que el Gobierno ha procedido a la presentación de esta iniciativa legislativa en lo relativo al ámbito de la Función pública.
Quería referirme también, señor Presidente, a que nos encontramos con una normativa muy dispersa, muy disgregada en el ordenamiento jurídico. Tenemos, en primer lugar, la Ley de Funcionarios Civiles del año 1954, que está vigente, la Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública, con carácter básico, y tenemos, señor Presidente, la Ley de modificación de puestos de

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trabajo de funcionarios de habilitación nacional, aprobada nada más y nada menos que en abril de este año, y resulta que esta iniciativa legislativa vuelve a modificar en el 90 por ciento la ley aprobada el presente mes de abril, porque contiene una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Catalán de Convergència i Unió, en virtud de la cual todo el régimen competencial que existía, relativo a las permutas, a las comisiones de servicio, a las habilitaciones provisionales de este tipo de funcionarios, se regula en el mes de abril que es competencia del Ministerio para las Administraciones Públicas y el mes de noviembre pasa a regularse diciendo que es competencia de las comunidades autónomas. Nosotros estamos de acuerdo, pero lo que quiero plasmar y hacer ver es la contradicción que existe sobre esta cuestión. Hubo un debate profundo sobre tal materia, y el representante del Grupo Socialista decía que la habilitación de carácter nacional, que determinados funcionarios sean de cuerpos nacionales, exige una coordinación, una gestión centralizada, y resulta que siete meses más tarde eso no vale y vale que sea gestionado directamente por las comunidades autónomas. Yo estoy de acuerdo con esa filosofía. Lo que quiero recalcar es la contradicción que existe en el plazo de seis meses entre lo que se decía en abril y lo que se dice en noviembre, pero bienvenida sea esa modificación. Al fin y al cabo, nosotros presentamos en su día enmienda en el mismo sentido que la que ahora el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Catalán de Convergència i Unió han presentado conjuntamente.
Por ello, señorías, creo que lo que procedía era modificar ya el régimen del personal al servicio de las administraciones públicas realizando una regulación global, tanto del personal estatutario como del personal de carácter laboral como del personal de carácter eventual. Estamos continuamente con iniciativas legislativas parciales que parchean y modifican puntualmente la normativa general de función pública. Espero que sea en el siguiente período de sesiones, como ha anunciado el señor Saavedra, Ministro para las Administraciones Públicas, cuando se presente definitivamente el Estatuto de la Función Pública que establezca un marco claro y definido de la regulación en dicha materia.
Señor Presidente, el presente proyecto de ley crea una nueva figura, la de los planes de empleo. A nuestro Grupo Parlamentario le parece bien que existan planes de empleo, le parece que tiene que existir un instrumento que realice una política de los recursos humanos en la Administración, porque muchas veces nos encontramos con que no tenemos instrumentos en la Administración pública para desviar, para asignar, personal que sobra en determinados servicios a otros en los que falta. Los que hemos trabajado en diferentes administraciones públicas nos hemos encontrado con estas disfunciones y discordancias. Nosotros efectivamente estamos de acuerdo en que exista la figura de los planes de empleo pero con las garantías debidas para que esta figura de los planes de empleo sea efectiva, y creo que el proyectode ley tiene una trampa. La trampa está en que si la filosofía es que las administraciones públicas a través de los planes de empleo pueden realizar unas determinadas políticas de personal, si nos vamos al artículo 22 éste, sorpresivamente, dice que los planes de empleo no son aplicables en el ámbito de la administración docente o educativa, y resulta que es en este ámbito, donde más personal sobra, donde mayores disfunciones se están produciendo debido a la baja en el índice de la natalidad y a la baja en el índice de la matriculación en los centros públicos docentes, en el que no se puede utilizar la figura de los planes de empleo para la reasignación de funciones. Y eso, ¿por qué es? Que me lo expliquen. ¿Quizás haya un planteamiento político de pacto entre quien lo haya negociado por parte del Ministerio para las Administraciones Públicas y el sindicato mayoritario en el ámbito de la Función pública docente? No lo sé, pero no tiene sentido, puesto que si la figura es aplicable a todos los ámbitos de la Administración, ¿por qué no es aplicable al ámbito educativo? Que me den una explicación. Además no lo es no sólo en el ámbito de la Administración central, porque la ley podría decir que no se aplica la figura de los planes de empleo en el ámbito de la Administración central; muy bien, pero es que, sorpresivamente, el proyecto de ley, que en la mayor parte de la regulación no tiene carácter básico, llega al último precepto y dice que con carácter básico no se aplicará la figura de los planes de empleo ni en la Administración central ni en las administraciones autonómicas. Luego entonces algo oculto existe en esta cuestión, a juicio de nuestro Grupo Parlamentario, que es que donde verdaderamente se puede aplicar la figura de los planes de empleo no se va a poder aplicar porque el artículo 22 del proyecto de ley lo prohíbe, además con carácter básico para todas las administraciones públicas, tanto la central comola de las comunidades autónomas que tienen competencia en materia educativa.
Señor Presidente, en relación con las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo, nosotros pedíamos que la regulación que se contiene en el artículo 20.g) donde se determinan los efectos y los caracteres que devienen de la figura o del instrumento de los planes de empleo no fuera básica.
Alternativamente planteábamos que los efectos y la figura de los planes de empleo fueran facultativos o potestativos para las comunidades autónomas o para las administraciones municipales y provinciales. No nos satisface plenamente pero sí parcialmente que el Grupo Parlamentario Socialista haya aceptado el carácter potestativo de los planes y lo damos por bueno. Nos sentimos gratificados de que pueda ser básica la figura del plan pero pedimos que

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no sea obligatorio que todas las administraciones públicas lo puedan hacer, sino que éstas, en el ejercicio de sus facultades de autoorganización, determinen cuándo son necesarios los planes de empleo. También hubiera sido preciso que éstas, en el ejercicio de esa facultad de autoorganización, determinaran en qué aspectos de las administraciones educativas era necesario utilizar el plan de empleo y no prohibir la utilización de esa figura en el ámbito docente, que es donde verdaderamente creo que hace falta y donde nace la figura viciada. El tiempo dará la razón al Gobierno o dará la razón a los diversos portavoces de los grupos parlamentarios, porque, efectivamente, la finalidad es buena, pero si no se aplica en el sector donde más falta hace va a quedar como una iniciativa sin ningún efecto, va a quedar como papel mojado.
Señor Presidente, nosotros con relación ya a aspectos puntuales del proyecto de ley queremos indicar que en la disposición transitoria primera se indica que el plazo para el período máximo de excedencia voluntaria de una persona en tal situación jurídica, computado a partir del 23 de agosto de 1984, sea de 15 años. Nosotros aceptamos que el plazo sea básico, pero pedimos que dejen normar a las comunidades autónomas desde qué fecha se debe contar ese plazo de 15 años.
¿Por qué se establece en el proyecto de ley la fecha del 23 de agosto de 1984? ¿Por qué una comunidad autónoma no puede normar esta cuestión que ahora norma esta Cámara con carácter básico y dice que el plazo sea de 15 años? Me parece lógico que lo básico alcance en el aspecto formal y material hasta esa cuestión, pero que se exceda y llegue a concretar que la fecha del 23 de agosto de 1984 sea la fecha a partir de la cual se ha de computar el plazo me parece, señorías, excesivo.
Señor Presidente, la disposición transitoria segunda contiene también otra pequeña trampa y es que dice que a los funcionarios que en este momento se encuentren en situación de reasignación de efectivos, se encuentren en situación de expectativa de destino, les será aplicable la figura de los planes de empleo. Pero, ¿por qué? Para que a un funcionario se le aplique esta figura se deberá hacer aprobado esta figura de los planes de empleo. Entonces, ¿por qué se hace esa ficción de que, no existiendo planes de empleo, se le apliquen a un determinado tipo de personal que está en una situación concreta todos los efectos del plan de empleo sin que éste se apruebe? Yo creo que cada Administración pública tiene que ver, en el ejercicio de sus potestades de autoorganización, si es necesaria o no la realización del plan de empleo, y si lo estima oportuno y ve que hay causas o motivos justificados de su realización, que lo apruebe, y se producirán los efectos que el legislador ha establecido en el artículo 11 del proyecto de ley, pero no se haga la ficción de decir: a ese personal que se encuentra en esa situación se le aplicará el plan de empleo aunque el plan de empleo no se haya aprobado.
Yo creo que tenemos que ser serios y rigurosos en esta cuestión. Si queremos que se apliquen los efectos, démosle soporte o el basamento normativo suficiente, y lo haremos aprobando la figura del plan de empleo en cada Administración pública con los efectos que prevé el artículo 11, pero no le apliquemos los efectos cuando no se ha aprobado dicha figura.
Voy a terminar, señor Presidente, refiriéndome a que nosotros proponíamos la creación de una nueva disposición adicional, sería una enmienda de adición, en la que solicitábamos que el proyecto de ley admitiera la posibilidad de que las administraciones públicas, tanto la central como las de comunidades autónomas como la municipal y la provincial, pudieran utilizar, dentro de la posibilidad de reasignación de efectivos, no sólo el instrumento del plan de empleo sino también otras modalidades sujetas en su caso a la creación administrativa de turno y a la potestad que tiene cada Administración pública de autoorganizarse de normar y de dirigir respecto al personal que se encuentra a su servicio.
Por ello, aun admitiendo que la figura principal del esquema procedimental en el ámbito de la Función pública a efectos de organización sea la figura del plan de empleo, no cerraríamos la puerta para que pudieran existir también otros sistemas de racionalización de recursos a través de programas específicos en el ámbito de todas las administraciones públicas. Señor Presidente, quiero hacer referencia, por último, a una cuestión de orden técnico y es que en el artículo 20.1, g), cuando se habla de la reasignación de efectivos en el ámbito de la Administración central del Estado, se establece una primera fase de tres meses, en la que el Ministerio correspondiente podrá reasignar al personal incluido en ese plan de empleo, y, en una segunda fase, será el Ministerio para las Administraciones Públicas el que en el plazo de cuatro meses podrá reasignar a ese personal si en la primera fase no ha obtenido destino. Parece que tiene que haber una concordancia entre el período temporal de las dos fases, no que la primera fase sea de cuatro meses y la segunda de tres.
Por ello planteamos, señor Presidente, una mejora con una enmienda de modificación para que haya una coherencia en el texto normativo según la cual tanto la primera como la segunda fase tengan un horizonte temporal que sea el mismo, y que nosotros fijábamos en seis meses, para dar una garantía tanto a la Administración como al administrado, funcionario en este caso, y creemos que es un período de tiempo suficiente. Por todo ello, señor Presidente --y termino--, nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo con la creación de esta figura del plan de empleo porque es necesario en todas las administraciones públicas evitar las disfunciones y realizar una política seria, organizada, rigurosa y disciplinada de las plantillas, pero creemos que también debemos ser coherentes, porque

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si prohibimos y dejamos sin aplicación que se puedan utilizar estas figuras en el ámbito donde quizás más falta hace, que es el educativo, verdaderamente estamos aprobando una figura --el tiempo lo dirá-- que va a convertirse en una figura ineficaz y que quedará en papel mojado. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Lizondo. Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Varela Flores.


El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tengo que empezar haciendo referencia a la intervención del señor Núñez que, al contrario que el resto de los portavoces de los otros grupos que han presentado enmiendas, ha hecho una exposición descalificadora de todas las reformas de la Función pública que se han llevado a cabo en este país a lo largo de los diez últimos años. Yo a usted le encuentro, señor Núñez, cada año más agresivo, cada vez utiliza más descalificaciones; pero lo que no veo es que proponga usted nada alternativo. Ha tratado toda la reforma de la Función pública llevada a cabo de vaga, fragmentaria, inoportuna, torpe, fracasada, confusa. No tiene para usted nada en absoluto de bueno el trabajo que se ha hecho y que creo que ha consistido en adaptar la Función pública española a las necesidades de una Administración moderna. Yo le preguntaría, de una vez, si sabe usted cuál es el proyecto que tiene el Partido Popular para la Función pública, porque en todos estos años en que hemos debatido juntos estos distintos temas le he visto siempre con este afán destructivo, descalificador, pero nunca he visto que haya hecho usted una propuesta global de reforma de esta Función pública, nunca he visto de qué forma quieren ustedes tratar a los funcionarios y a los laborales, cómo quieren compaginar estos dos regímenes jurídicos. Va siendo hora de que ustedes empiecen a plantear algo constructivo, a hacer alguna propuesta de carácter alternativo. Continuaré diciendo que desde 1984 se ha operado una permanente modificación del empleo público para adaptarlo a nuevas estructuras administrativas que son consecuencia de los cambios derivados de los traspasos de competencias entre las distintas administraciones públicas y de las necesidades, también nuevas, de atender a los servicios que demandan los ciudadanos. Estas modificaciones, que se han visto acompañadas de un incremento en el número de empleados públicos, han supuesto una aproximación entre sí de dos regímenes jurídicos diferentes, el de los funcionarios, sujetos a régimen estatutario, y el de los empleados sujetos a régimen laboral.
Para los primeros, esta aproximación se ha ido reflejando en la admisión de la negociación colectiva, de la creación de órganos de representación para el establecimiento de las condiciones de trabajo, y en la superación del tradicional concepto de carrera administrativa, introduciendo un sistema de promoción interna de origen laboral. A esto se le viene denominando como la laboralización de la Función pública a la que hacía referencia el señor Martínez. Para los segundos, su aproximación al régimen funcionarial radica, sobre todo, en la consolidación del principio de estabilidad en el puesto de trabajo, manteniendo las ventajas que el Derecho del trabajo otorga sobre el de la Función pública. Pero estas modificaciones no son suficientes en el tiempo, ya que en cada momento es imprescindible adaptarse a las necesidades del servicio, que vienen determinadas, en este caso, por una política restrictiva en cuanto a gasto y la eficaz prestación de los servicios, siendo necesario, para ello, reorganizar los efectivos, adaptando los excedentes a donde haga falta.
Este es el objeto del presente proyecto de ley, que introduce como instrumento para la reasignación de efectivos los planes de empleo, a ejecutar por ministerios u organismos, además de otros mecanismos que puedan adoptar las comunidades autónomas, dentro de su capacidad de autoorganización, como queda recogido en el dictamen de la Comisión tras la aceptación de las enmiendas de los Grupos Catalán de Convergència i Unió y Socialista. Por tanto, los planes de empleo constituyen el elemento justificativo del contenido de este proyecto de ley.
Con ellos se pretende dotal del instrumento legal necesario para que las administraciones públicas puedan abordar la reestructuración de las mismas, asignando con objetividad los recursos humanos disponibles y determinando las necesidades de nuevas incorporaciones a través de la oferta pública de empleo.
Pero para que los planes de empleo sean operativos, tienen que caracterizarse, en primerísimo lugar, por su capacidad de adaptación a las exigencias de cada momento. De ahí que los concibamos como un instrumento flexible que pueda llevarse a cabo por cada departamento u organismo, unos con más contenidos que otros, con una ágil tramitación que impida su pérdida de eficacia antes de que sea ejecutado, compatible con otros medios que puedan aprobar las comunidades autónomas, dentro de sus competencias y para sus necesidades específicas.
Y por esto tenemos que oponernos a las enmiendas que pretenden la elaboración de un solo plan global en el que se incluyan todos los ministerios y organismos a la vez, con un contenido máximo

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de carácter imperativo desarrollado en un tiempo predeterminado. Menos mal que no tienen, señor Martínez, la pretensión de que se llame plan quinquenal de empleo. Y nos oponemos, por tanto, a que tenga que ser aprobado por decreto del Gobierno, lo cual no supone una garantía de adicional. Los distintos ministerios y organismos deben de disponer de este instrumento el 1.º de enero próximo, y las enmiendas que tratan de posponerlo, injustificadamente, a que se culmine la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo o a que se modifiquen otros cuerpos legales que nada tienen que ver con el proyecto, como la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, deben de ser rechazadas. No tendríamos la mayor parte de las leyes en vigor si fueran quedando pendientes de la culminación, plena y perfecta, de procesos puestos en marcha con anterioridad. La aplicación de los planes de empleo trae como consecuencia necesaria la reasignación de efectivos y ello, lógicamente, afecta a los funcionarios públicos que pueden ser removidos de sus destinos para pasar a ocupar puestos de trabajo que las necesidades de los servicios establezcan. Esta es hoy una de las mayores rigideces que padecen las administraciones públicas, y una pretensión de racionalidad y eficacia para las mismas pasa por la superación de este obstáculo. Ahora bien, se debe de hacer compatible la movilidad con el principio de conservación del vínculo que une al funcionario con la Administración y que es expresión del deber de protección ya consolidado en nuestras leyes de Función pública. Se trata de hacer posible la movilidad que requiere la reasignación de efectivos, pero con las garantías necesarias para que los derechos de los funcionarios no se vean atacados. Así se establecen criterios objetivos que son las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad que tendrán que concretarse en cada plan de empleo, plan de empleo que habrá de ser negociado con las organizaciones sindicales a través de los mecanismos previstos en la Ley 9/1987, de órganos de representación, y que, como ya saben SS.SS., ha sido recogido en el dictamen de la Comisión por enmienda del Grupo Socialista y del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Para el ámbito de la Administración general del Estado, la reasignación de efectivos se concibe en varias fases sucesivas, de las que ustedes ya han hecho suficiente referencia aquí, de duración determinada, aunque discutible, señor Martínez, que van dando lugar a distintas situaciones en las que el vínculo funcionarial se debilita progresivamente, pero sin llegar a romperse, a no ser por la voluntad del funcionario; debilitamiento que viene acompañado del mantenimiento de retribuciones, que no pueden ser iguales cuando no se realizan servicios que cuando sí se prestan, y con esto creo que se responde a su preocupación sobre cuántocuestan los planes de empleo y cómo se puede pagar a funcionarios que no tienen actividad. Todo lo anterior da lugar a una nueva clasificación de las situaciones administrativas y de la regulación de las mismas, como lleva a cabo el proyecto que debatimos. Pero, además, se trata también de lograr los objetivos de la ley a través de nuevos estímulos, con el concurso de la voluntad del funcionario, para acceder a situaciones administrativas, como la excedencia voluntaria incentivada, la cesación progresiva de actividades y la jubilación anticipada incentivada, para las que se establecen diferentes indemnizaciones. En todo ello, sus enmiendas se limitan a pedir aumento de plazos o de cantidades a retribuir sin una argumentación sólida que lo respalde. Hay otros temas que son abordados con relación a este proyecto de ley, como es la petición por el señor Martínez de una memoria de los planes de empleo. Nosotros creemos que determinar el contenido de una memoria dentro de un proyecto de ley es excesivo para el tratamiento normativo de una memoria; eso puede quedar completamente relegado al tratamiento reglamentario. Igual que el cómputo de plazos. Ustedes siguen insistiendo en que el cómputo de plazos se haga desde la oferta del primer trabajo. Eso daría lugar a que los funcionarios afectados por un plan de empleo fueran teniendo diferentes plazos y estuvieran en diferentes situaciones administrativas que darían lugar, lógicamente, a tratamientos distintos y discriminatorios.
Piden el derecho a la totalidad de las retribuciones. Creo que en la situación de crisis que vive nuestro país no se puede plantear ante la sociedad una dualidad tan marcada entre el tratamiento que puedan tener los funcionarios públicos en una situación de excedencia forzosa y el que puedan tener los trabajadores también en esa situación. Creo que no se pueden establecer unas diferencias tan grandes, porque no las admite el sentido de justicia de la propia sociedad. Cuando ustedes hablan de las incompatibilidades dicen que a los funcionarios, en cualquier situación en que se encuentren --hablamos también de la excedencia forzosa--, se les debe de establecer la incompatibilidad total con la actividad privada. Eso, como les dije en Comisión, va bastante más allá de lo que ha pretendido la Ley de Incompatibilidades 53/1984.
Respecto al régimen disciplinario, ustedes piden un tratamiento más complejo. Les vuelvo a decir lo mismo que respecto a la memoria. El régimen disciplinario, efectivamente, tiene una reserva de ley, pero no todo su contenido ha de estar en la ley, sino que siempre, como todo proyecto, como toda ley, queda algún tratamiento del régimen, en este caso disciplinario, que tiene que ser reservado para una regulación reglamentaria. Siguen insistiendo los grupos Popular y Vasco, PNV, respecto a la necesidad de un estatuto que contenga un tratamiento global de la Función pública.
Tengo que volver

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a repetir que en estos momentos hay un tratamientocompleto de la Función pública, desarrollada en distintas leyes aprobadas a lo largo de los años desde 1984. Por tanto, el contenido necesario para un estatuto, es decir, para un único cuerpo jurídico que agrupe toda la materia ya está hecho.
Efectivamente, puede ser modificado, porque no podemos pensar en modelos acabados. Los modelos acabados no aguantan el paso del tiempo. Creo que el estatuto en sus mentes tiene siempre una característica determinada. Lo configuran como pueden configurar a los estatutos de autonomía, como un cuerpo jurídico inmutable, durable en el tiempo, y pienso que la situación de la sociedad española, de la Administración pública moderna exige que se produzcan modificaciones y nuevas adaptaciones. Tenemos, como decía, dos sistemas jurídicos en el empleo público, el estatutario y el laboral. A medida que vamos progresando en la toma de decisiones, a medida que vamos legislando, se aproximan más estos dos regímenes, adaptan el uno del otro los elementos más ventajosos para los dos, para la Administración pública y para las necesidades del servicio.
Creo que es en ese camino en donde tenemos que seguir avanzando sin pensar en agotar el tema con la elaboración de un complejo jurídico donde estén encuadradas y de forma inmutable todas las materias que afectan a la Función pública.
Siguen hablando de la relación de puestos de trabajo. Tengo que insistir que ése es un elemento que se ha puesto en marcha hace años, que ha afectado a la mayor parte de la Administración del Estado, que queda todavía algún organismo o algún departamento de carácter reducido sin concretar, pero eso no puede ser óbice para que sigamos legislando y para que sigamos arbitrando nuevos instrumentos que permitan una reasignación necesaria y urgente de los efectivos humanos que tienen las administraciones públicas. También ha tocado usted, señor Núñez, la necesidad de considerar en este momento de trámite de este proyecto de ley, que trata precisamente de los planes de empleo público y de sus consecuencias, el adelanto de la edad de jubilación voluntaria para el conjunto de los funcionarios. Tengo que decirle que la jubilación se ha establecido a los 70 años para algunos cuerpos de funcionarios, y se justifica en la necesidad de servicio que viene dada por la imposibilidad de preparación de nuevos profesionales para cuerpos como los judiciales, en las cantidades necesarias y en breve plazo. No es éste, por tanto, un reconocimiento de un derecho subjetivo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que se trata de una expectativa del funcionario y no de un derecho subjetivo del mismo que sea exigible, por tanto, en cualquier momento, en cualquier época y en cualquier situación administrativa.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Varela, vaya terminando, por favor. El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente. Acabo inmediatamente. Creo que de todas formas no es un principio inmutable el de la edad de jubiliación sino que, como ustedes saben, responde a las características socioeconómicas que en cada momento se viven. No quiere esto decir que en un futuro haya un tratamiento similar para el conjunto de los funcionarios, pero en el momento en que nos encontramos, en una situación grave de desempleo, no es aconsejable proceder a esta medida con carácter general.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Varela.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Varela yo no sé cómo habré calificado o descalificado los sucesivos planteamientos que en torno a la Función Pública ha hecho este Gobierno, pero usted ha descalificado rotundamente mi actuación parlamentaria, lo cual no sé si tendrá más justificación.
La verdad --y respondiéndole a lo primero para que vea usted sencillamente que no se trata siempre de hacer crítica por la crítica-- le tengo que recordar que como aportaciones positivas en el tiempo en que he estado en la oposición, que han sido todas las legislaturas, menos las dos primeras, presentamos enmiendas a la Ley 30/1984 que eran tan positivas que fueron recogidas casi literalmente por una sentencia del Tribunal Central, si lo recuerda usted, que nos dio la razón a un recurso de inconstitucionalidad que presentamos contra esa ley. Fíjese si serán positivas. Enmiendas positivas hemos presentado a leyes posteriores; leyes, incluso la 23/1988 hasta las que figuran en los presupuestos generales del Estado, le puedo contar unas cuantas. Algunas enmiendas las han recogido ustedes literalmente en presupuestos y en leyes posteriores. En la de este año hay una perla. El párrafo tercero del artículo veinticuatro es una enmienda literal que presentamos nosotros el año pasado y que ya le dije a don Justo Zambrana que no se preocupara que no le íbamos a cobrar derechos de autor.
Por lo tanto no diga que no hacemos cosas positivas, porque le puedo recordar también cinco proposiciones de ley y dos proposiciones no de ley que han sido rechazadas por ustedes sin mayores argumentos.
Sobre si sus reformas han sido buenas o malas, nosotros tenemos nuestra opinión y valoración, pero también la tienen los funcionarios del Estado. Me parece que la moral de los funcionarios del Estado no es muy alta; desde luego no es tan alta como la de la selección

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nacional de fútbol que va a jugar mañana con Dinamarca. Eso seguro. En esta legislatura, si corremos por salud, como dicen en mi tierra, vamos a debatir, porque ya estamos hartos de esperar sobre iniciativas legislativas del Grupo Parlamentario Popular; el estatuto de la Función Pública, si ustedes nos lo mandan, y la ley de organización y funcionamiento del Estado, si ustedes nos lo mandan, verá usted cómo va a ocurrir así.
Por lo tanto, puede usted calificar mi actuación parlamentaria o mi valoración de las leyes, pero no puede, ni muchísimo menos, descalificar todo el planteamiento en esta materia y toda la preocupación que ha vertido en sus iniciativas el Grupo Popular. Otra cosa. No me ha contestado a muchas materias, y yo lo entiendo, porque eran un montón de enmiendas a las que tenía que dar respuesta, pero sí tengo que señalar que, efectivamente, no cabe hacer una reforma de la Función Pública sin haber establecido antes el marco normativo necesario para ello, porque si no nos vemos abocados a las grandes contradicciones, a los grandes desfases del calendario. El señor Saavedra promete para el próximo período de sesiones --lo dijo aquí en una respuesta a un compañero de su grupo-- la ley de organización y funcionamiento de la Administración del Estado. Era lógico que los Ministerios esperaran a la reforma de sus estructuras para que se aprobara esta ley. Pues bien, han hecho todo lo contrario y aprueban por Decreto de uno de octubre de 1993 la modificación de su estructura orgánica, como ocurre, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Hacienda. El primer párrafo de la exposición de motivos de este Decreto no tiene desperdicio, es casi copia literal de uno de los párrafos de la exposición de motivos del proyecto de ley que ahora mismo debatimos.
Como ve, no podemos estar de acuerdo con el método. Y las enmiendas que se apoyan en el método son por eso fundamentales y muy importantes. El método tiene unas marcadas prioridades y el establecimiento de un marco general como el que proporcionan el Estatuto de la Función Pública y la ley de organización y funcionamiento de la Administración del Estado son elementos básicos para un método que dé un resultado positivo y eficaz. Pero dejando aparte las prioridades legislativas y la necesidad de la memoria, que se la pediré al Gobierno si esta ley se aprueba, lo que sí quiero subrayar de nuevo, ya que no ha querido rebatírmelo, es que la indeterminación con que se articula el contenido de los planes de empleo implica la autoatribución por el Gobierno de una verdadera ley de suspensión de garantías, sin que se prevea control parlamentario alguno sobre la forma en que hará uso de la facultad de modificación de estructuras organizativas y de puestos de trabajo, lo que permite abrigar serios temores sobre la posible arbitrariedad en el empleo del dispositivo así diseñado, sin entrar en si es bueno o si es malo, tal y como está regulado.
No me extraña que los funcionarios consideren los planes de empleo como planes de reducción de plantillacon todas sus características (jubilaciones anticipadas, excedencias incentivadas, modificación de las estructuras organizativas y de los puestos de trabajo) introduciendo, quieran o no quieran reconocerlo, el despido forzoso bajo el título de excedencia forzosa. Cuando nuestras enmiendas solicitan para los funcionarios afectados por una reasignación de efectivos derecho preferente a ocupar las plazas vacantes en el conjunto de la Administración del Estado y en los nuevos ingresos en los organismos públicos a que se refieren los artículos cinco y seis de la Ley General Presupuestaria, estamos pidiendo algo justo y razonable y nos estamos curando en salud, además, señor Varela. ¿Por qué? Porque así ha ocurrido y ocurrirá.
¿Qué obstáculo existía para que el recién constituido Consejo Económico y Social se hubiera dotado con funcionarios públicos excedentes de otros organismos? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se utilizaron funcionarios que estaban perfectamente preparados para ocupar estos puestos en el Consejo Económico y Social? El Grupo Parlamentario Popular hizo en su día una proposición en este sentido, una proposición positiva, de las que usted dice que no hacemos, y ustedes se llamaron andana.
¿No cree que con fórmulas como las que hoy proponemos nuevamente colaboraríamos en una correcta, racional e inteligente reasignación de efectivos? Dentro de poco se presentará una nueva oportunidad. La oficina de armonización del mercado interior de Alicante contará como mínimo con 200 funcionarios cuando se ponga en marcha dentro de dos años.
¿Qué fórmula de asignación de funcionarios se utilizará? ¿Se les ofrecerá a los funcionarios que ya están en la Administración o se designará libremente a 200 privilegiados? Por aquí se hunde la promoción interna, señor Varela, por aquí se hunde la ilusión y la carrera administrativa. A eso responden nuestras enmiendas, no sólo a una descalificación del proyecto. Fíjese si le estoy dando ejemplos absolutamente positivos que contrarrestan todo lo que usted ha dicho de mi intervención. Esta desmoralización y esta falta de carrera y de promoción administrativa, que no se ve ni por asomo en la regulación de ese nuevo artefacto que se llama planes de empleo, me recuerda, y recuerda a los funcionarios, un dibujo de «El Roto» que el otro día publicaba «Diario 16». Lo dibujaba en la siguiente escena: Un alto cargo, un altísimo cargo miraba desde su altura a un probo funcionario y le decía: no tema usted por su futuro, no lo tiene. Es tremendo, pero la verdad es que el Título II de este proyecto de ley no le da una garantía de futuro.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señor Núñez, termine.


El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino, señor Presidente.
¿Sabe por qué? Porque, entre otras cosas, conculca principios constitucionales. Lo dije en la primera parte de mi intervención y usted no me quiso contestar. No sé si lo hará ahora. Repito, conculca, a nuestro entender, o roza, por lo menos, o no tiene en cuenta principios constitucionales.
Por eso, si la ley no cambia lo suficiente en el «iter» parlamentario que le queda en el viaje de ida y vuelta del Congreso al Senado, a lo mejor no tenemos más remedio que utilizar el recurso otra vez para que sea el Tribunal Constitucional el que arregle los desafueros de esta ley. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.
El señor Martínez Blasco tiene la palabra.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, señor Varela, estamos modificando el régimen jurídico y los derechos de casi dos millones de trabajadores españoles. Ayer veíamos cómo se les recortaban sus emolumentos, sus retribuciones y hoy sus derechos adquiridos están siendo recortados en este proyecto de ley. Tal vez ustedes se han creído que como la cantinela de la crisis hace retroceder a los trabajadores, era el momento oportuno para sacar toda la caballería contra los derechos de los trabajadores de este país y un día les toca a los de la empresa privada y hoy les ha tocado a los funcionarios.
No es posible subir a esta tribuna y decir sin que pase nada que esto es un problema de reasignación de efectivos y que los planes de empleo son el instrumento. Le he señalado y le repito que esto no tiene nada que ver con la reasignación de efectivos. Para reasignar efectivos había un artículo ya en la Ley, el artículo 17, que permitía que hubiera permeabilidad entre las diferentes administraciones, que es a lo que usted ha hecho referencia; hay una reasignación de competencias y debe haber reasignación de efectivos. Usted le ha reconocido al señor Núñez que, como van a cobrar menos porque no van a trabajar, es un problema económico. Se lo he dicho yo: esto es legitimar un proceso de reajuste de plantillas con el menor coste posible, que es lo único que ustedes pretenden, abaratar. Es verdad que no se han atrevido a poner el despido, faltaría más. Señor Varela, para nosotros importa poco el tema del despido en ese sentido. No es un problema de defender el título de funcionario a toda costa. Le he dicho que mejor que el despido o mejor que el vínculo, como ustedes dicen, es el problema de la formación profesional, incluso de a la dignidad de poder trabajar. ¿Cómo es posible decir que es para un reajuste de efectivos cuando admiten que se puede hacer no ya para ministerios, sino para áreas administrativas, para servicios concretos? Eso no tiene nada que ver con el reajuste; tiene que ver, sencillamente, con un reajuste para el despido. Pero le he dicho, y creo que es fundamental en este caso para defender los derechos adquiridos, que en esa confluencia entre lo laboral y lo funcionarial, en lo laboral existen los expedientes de regulación de empleo. Un empresario privado quiere despedir porque le sobra plantilla, pero se ve obligado a hacer un expediente de regulación --ya sé que también se lo quieren cargar en el futuro, pero existe en estos momentos-- de empleo. Hay una autoridad administrativa y, en todo caso, una autoridad judicial que vela por los derechos de los trabajadores. Ahora con los planes de empleo, incluso a los laborales, pisoteando los derechos del Estatuto de los Trabajadores, los absorben todos dentro de los planes de empleo. Admitan si no las enmiendas que dicen que en todo caso se garanticen los procedimientos para los laborales en los planes de empleo. Los meten ustedes a todos en los planes de empleo que van a sustituir a los expedientes de regulación de empleo en el caso de los laborales. Insisto en que es un problema para ustedes de abaratar el despido.
Dice que habría diferentes plazos si se garantizase que para cada funcionario empezaba a computar el plazo desde que se le ofertara el puesto de trabajo. Pero si es que de todas formas va a haber diferentes plazos. Desde el momento en que ustedes admiten que se puede hacer un plan de empleo para cada unidad administrativa, va a haber montones de plazos diferentes para muchos funcionarios, y en ningún caso se va a garantizar que se van a coordinar. El tema disciplinario. No nos venda tampoco aquí lo que no es. Cuando el Tribunal Constitucional dice que hay reserva de ley en materia disciplinaria, creo que eso es para tomárselo muy en serio. Le he señalado dos elementos que tienen reserva de ley y que no se resuelven en este proyecto: la tipificación, falta la tipificación para los funcionarios en determinado tipo de faltas que está en Decreto y no en Ley; y el procedimiento, porque ustedes hacen referencia a que se vaya otra vez por el Decreto de 1986, salvo en algunas fórmulas complementarias que son las previstas en la Ley del Régimen Jurídico.
Eso no es resolver el problema de la legalización o de la reserva de ley que establece el Tribunal Constitucional. No es esa la fórmula. Hay que afrontar seriamente el problema disciplinario. Nos mantenemos todavía en la situación anterior.


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En todo caso, señorías, creo que esto es un avance más en ese intento de, aprovechando la situación general de crisis económica, poner a los funcionarios delante diciendo: En todo caso, tenéis garantizado el puesto, vamos a hacer movilidad, vamos a hacer reajustes, pero tenéis, en todo caso, el vínculo garantizado. Con esa excusa se van a cometer atropellos contra los derechos de los trabajadores de la Función Pública. Creo que los trabajadores no van a consentir eso. No se puede aprovechar eso. Lo aprovecharon ayer para reducir, insisto, sus retribuciones. Basta ya. Por lo menos los derechos que tenían hasta ahora manténganlos, los de los laborales en este proceso de mixtificación; los de los funcionarios, también; no aprovechen ustedes este proyecto de ley. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Blasco. Tiene la palabra el señor Varela.


El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, no se lo tome como algo personal, yo no descalifico su actuación parlamentaria; me parece que usted es un parlamentario brillante, buen conocedor de la Administración y la Función Pública y un «partenaire» cordial.
Pero, señor Núñez, usted sabe que su estilo es agresivo y que cada vez es más agresivo; yo no sé si producto de algún tipo de frustración porque no puede usted plasmar en las reformas de la Administración pública sus propias iniciativas.
De todas formas, me parece positivo que sus aportaciones en el tiempo sean valoradas positivamente por nosotros, creo que usted debe compartir también esa satisfacción. Quizá usted las plantea cuando no es oportuno, a destiempo, antes o después; quiere introducir en proyecto de ley como éste temas que son bastante ajenos a los planes de empleo y a la reasignación de los puestos de trabajo. Quizá ese sea el problema fundamental por lo que sus enmiendas no puedan ser acogidas. Vuelve a insistir en que se trata de un problema de método. Yo creo que ese es el problema que tiene su postura, la pretensión de que se haga en un momento único la elaboración de todas las medidas que afectan a la función pública, incluso a la Administración del Estado. Es cierto que sus últimas intervenciones, diría que todas sus intervenciones en Administraciones públicas en esta legislatura están reclamando esa ley de organización y funcionamiento de la Administración del Estado. Creo que antes de que esta legislatura acabe ese sueño lo verá cumplido, pero el problema es un método, no es, por tanto, de contenido. Existe una legislación completa, compleja --no digo perfecta, nunca diré perfecta, porque todo es mejorable-- y, como digo, no existen modelos acabados que el tiempo no pueda demostrar que han tenido algún tipo de deficiencias.
Por tanto, partamos de la legislación que en estos momentos tenemos y procedamos a su mejora, que es lo que estamos haciendo en estos momentos con la introducción de este instrumento jurídico; instrumento jurídico, señor Martínez, necesario para lograr la movilidad de los funcionarios, no para despedir a los funcionarios. Ustedes están introduciendo una versión muy diferente a lo que el proyecto pretende respecto de los funcionarios de las administraciones públicas.
A veces, con estas descalificaciones y esa visión pesimista de cómo se van a utilizar estos instrumentos y estas normas contenidas en el proyecto de ley, me hacen pensar en una novela de Stephen King.
Yo creo que temas como el régimen jurídico de los laborales no es necesario tratarlos en una ley de la Función Pública, en esta ley concretamente. Aquí no es necesario redefinir cuáles son las fuentes del Derecho laboral. Por eso no aceptamos su enmienda, señor Martínez, en la que quieren que se recoja que los laborales se van a seguir rigiendo por el Estatuto de los Trabajadores. Es algo que está ahí y no corresponde en cada proyecto de ley en que se trata la Función Pública o el empleo público volver a definir las fuentes, que no es necesario tocar. Esas se presumen y están, por tanto, vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Usted ha insistido cuatro o cinco veces en su intervención en algo que es falso: en la reducción de las retribuciones de los funcionarios públicos. Usted sabe que hay una congelación.
Dejen ustedes de transmitir lo que no se está produciendo en el debate. Dejen de transmitir aquellos elementos que son producto de su propia imaginación para descalificar los proyectos de ley que estamos llevando a cabo. Digan ustedes la verdad, de qué se trata, por qué lo hacemos, cuál es el momento económico que estamos viviendo en nuestro país, cuáles son las medidas que afectan al conjunto de la sociedad y, cómo no, también a los trabajadores de las administraciones públicas, a los funcionarios, que, evidentemente, tienen elementos de privilegio que nosotros no pretendemos atacar, como es la estabilidad de su puesto de trabajo. Pero esa estabilidad en el puesto de trabajo no puede corresponderse con la inmovilidad, como sucedía hasta ahora. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Las situaciones administrativas que están contempladas en este proyecto y a las que se llega a través de la aplicación de los planes de empleo están previstas, lo creo sinceramente, como una medida que impulsa a que el funcionario vaya aceptando los distintos puestos de trabajo que se le oferten una vez que ha desaparecido el suyo.


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Sin estas nuevas situaciones administrativas y sin esas tres distintas fases que se contemplan en los planes de empleo, el funcionario, si no es por la fuerza, se va a mantener en la mayor parte de los casos en el mismo puesto de trabajo en el que está, aunque ese puesto sobre por necesidades de servicio.
Es, por tanto, necesaria la creación de esta figura jurídica, de este instrumento que permita estimular al funcionario en distintas etapas, cada una de ellas más dura, porque va perdiendo algún tipo de retribución complementaria --nunca las retribuciones básicas, que se mantienen siempre, aun en el peor de los casos-- que es la excedencia forzosa, que lo vayan inclinando progresivamente a que se decida por la aceptación de un nuevo puesto de trabajo.
Hablando de esto, usted ha preguntado por qué en el Consejo Económico y Social no se ha trasladado personal de otros sitios. En la visita que hice en su día --de todas formas, faltaba todavía mucho personal-- al Consejo Económico y Social pude comprobar que había en el mismo trabajando bastante personal procedente del Instituto de los Servicios Sociales, el Inserso. Eran funcionarios que se habían transferido al Consejo Económico y Social. No sé en qué se basa usted --me lo puede aclarar después en el pasillo-- para hacer esta afirmación que, como digo, mi experiencia rechaza.
La promoción interna no se hunde a través de este proyecto.
Este proyecto contempla nuevas, distintas posibilidades de promoción interna. Es claro que el proyecto de ley 30/1984 necesita en esta materia un mayor desarrollo. Creo, y soy en esto autocrítico, que necesita una mayor puesta en práctica de los sistemas que allí se establecen de promoción interna por parte de todas las administraciones públicas, no únicamente la del Estado. Pero es que también en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos se adolece de un tratamiento riguroso de lo que debe ser la promoción interna. Estamos hablando en los últimos tiempos de laboralización del sistema de la Función Pública. Yo creo que se debe avanzar también en esa laboralización cuando hablamos de promoción interna, porque es más fácil, evidentemente, en el régimen jurídico laboral.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.
Pasamos al debate correspondiente al Título III y a las disposiciones adicionales decimoprimera, decimosegunda y decimotercera, disposición transitoria tercera, disposición derogatoria y disposiciones finales primera y segunda.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
En el marco de esta ley de acompañamiento, el Título III se dedica a modificar la Ley de Protección por Desempleo y la Ley de Sanciones en el Orden Social. La verdad es que en la propia exposición de motivos de la ley, el Gobierno es consciente de la disfuncionalidad que representa este sistema de reformar determinadas leyes a través de un «totum revolutum» al que ya se han referido mis compañeros, por lo que no voy a insistir más. Quiero decir que de nuevo se producen en esta reforma de la Ley de Protección por Desempleo y en la Ley de Sanciones en el Orden Social reformas que entiendo que hubieran necesitado un ámbito más sosegado que el de una ley de acompañamiento de los presupuestos. Si a esto añadimos que a través de las sesiones de la Comisión de Economía el Grupo Socialista admitió enmiendas que afectan no ya solamente a la Ley de Protección por Desempleo, sino a la propia Ley de la Seguridad Social, parece peligroso el sistema de ir aprobando y reformando la propia Ley de la Seguridad Social con estas fórmulas, a través de los presupuestos, a través de reales decretos-ley o a través de una ley como la que estamos discutiendo aquí. Yo creo que si hay un compromiso adquirido por el Gobierno a través de la propia Ley de Prestaciones no Contributivas, por la cual antes de finalizar el año 1993 el Gobierno se compromete por ley a remitir a la Cámara un texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, no parece que sea bueno que en trámites parlamentarios, como son las comisiones, el Grupo Socialista admita enmiendas que afectan a cuestiones que no entran en el debate de la Ley de Protección por Desempleo, que afectan a cuestiones totalmente diferentes a la protección por desempleo y que impiden al resto de los grupos plantear iniciativas en torno a esta situación, y sobre todo está debilitando las posiciones y la posibilidad de este debate sobre la Ley de la Seguridad Social, a que esta Cámara obliga al Gobierno antes de acabar el año 1993.
Por otro lado, el propio Gobierno, en la exposición de motivos, dice: Por lo que a desempleo se refiere, y sin perjuicio del compromiso del Gobierno de aprobar un proyecto de ley que consolide y ordene coherentemente la protección en el ámbito de un sistema racional... Luego parece claro que esta reforma de la Ley de Protección por Desempleo responde, exactamente igual que el Decreto de abril del año 1992, a unas necesidades financieras del sistema debidas a una mala gestión del propio Gobierno socialista, que le lleva a traer medidas como ésta a la Cámara en lugar de enviar el nuevo texto de la Ley de Protección por Desempleo que sea coherente, que sea racional que es, en última instancia, lo que creo que esta Cámara debe reclamar al Gobierno.
En esta reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la exposición de motivos dice claramente: Teniendo en cuenta la persistencia de conductas socialmente insolidarias en el disfrute indebidode prestaciones por desempleo... Parece que ha habido,

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yo diría, una excesiva condescendencia, por no llamarlo de otra forma, por parte del Gobierno para que esas prácticas, socialmente insolidarias, se hayan llevado a cabo a lo largo de estos años. Luego dónde está la capacidad para controlar esos fraudes, insolidarios por otra parte, de determinados ciudadanos que han disfrutado de esa prestación y de empresarios que han permitido que se utilicen esas prestaciones. Me gustaría saber para qué existen en este país los inspectores de trabajo, si no es precisamente para controlar y para impedir esas costumbres contra las leyes, insolidarias al mismo tiempo con el conjunto de la sociedad.
Parece que de pronto, de cara al año 1994, el Gobierno socialista se ha levantado solidario en la lucha contra el fraude, cuando es consecuencia de políticas llevadas a cabo por ese propio Gobierno. Dudo mucho de que éste sea el último debate en torno a la reforma de la ley de la protección por desempleo, pero no como el Gobierno dice en la exposición de motivos y este Grupo Parlamentario reclama al Gobierno, es decir, una ley que sea coherente, racional y solidaria.
Entrando en las enmiendas concretas del Grupo Popular, me gustaría enmarcarlas en tres bloques diferentes. Las números 227, 228, 229, 233 y 234, se refieren a la vinculación de la prestación de desempleo con la Formación Profesional. Este es un viejo debate que ya planteó en el año 1992 el Grupo Parlamentario Popular y que, de alguna forma, se recogen en la ley de acompañamiento, aunque no como debiera ser. Es una vieja batalla del Grupo Parlamentario Popular siempre con el Grupo Parlamentario Socialista, que consiste exactamente en saber qué Formación Profesional queremos para nuestro país y qué hacemos con el dinero de la Formación Profesional. Yo sé que después, en el debate de la Sección 19, Trabajo, volveremos a insistir sobre este tema, pero, desde mi punto de vista, no se pueden perder oportunidades ni momentos para hacer posible que la Formación Profesional que se imparta en este país sirva para cualificar a nuestros trabajadores en las ofertas de empleo que necesita nuestro mercado, y no se pueden utilizar mal unos 900.000 millones de pesetas que se han destinado en este país a la Formación Profesional ocupacional que no cualifique de una forma adecuada a nuestro trabajadores. ¿Cuál es esa cualificación profesional que deben recibir nuestros trabajadores? Desde mi punto de vista --y así lo contempla el programa nacional de Formación Profesional--, los que corresponden al catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Cualquier utilización de los fondos de Formación Profesional, cualquier actitud permisiva por parte del Gobierno para que los parados no reciban esa Formación Profesional adecuada al sistema nacional de cualificaciones profesionales, creo que es dinero perdido, dinero gastado inútilmente.
Lo que no se puede mantener por el Gobierno son unas posiciones en la discusión del programa nacional de Formación Profesional que después no se recojan en los textos legislativos. Es por eso por lo que nosotros damos muchísima importancia a que se contemple en la ley de protección por desempleo el concepto de cualificación profesional reconocida, porque es una fórmula adecuada de utilizar los términos que así se recoge en el catálogo nacional de cualificaciones, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Lo que dice el Gobierno socialista en el programa nacional, lo que dice el Ministro en su comparecencia, se debe reflejar en el texto artículado de la ley. La enmienda 228 está relacionada con la 227 cuando solicita la sustitución del artículo 11.b) de la ley de protección por desempleo. El señor Arnau me decía en la Comisión que no podía aceptar esta enmienda porque estaba en contradicción con el artículo 11 de la ley de protección por desempleo. Aquí se nos brinda la posibilidad de que la pueda aceptar, puesto que la enmienda 228 del Grupo Popular precisamente reforma el artículo 11.b) de la ley de protección por desempleo. El tercer bloque de enmiendas, que serían las números 235, 236, 237 y 238, está relacionado con el Real Decreto-ley que regula el subsidio de desempleo agrario en nuestro país. El señor Arnau considera que estas enmiendas no se pueden tener en cuenta ya que el Real Decreto-ley 1.387/1990, de 8 de noviembre, que regula la prestación por desempleo agrario en Andalucía y Extremadura es vinculante para la ley de protección por desempleo. Señor Arnau, lo que nosotros planteamos aquí es que los controles en la percepción del subsidio, obligados para averiguar si ha habido rechazo de una oferta de empleo adecuado o de acción formativa, sea exactamente igual en el sistema de la protección por desempleo que en el sistema de protección por desempleo agrario en Andalucía. No entendemos por qué persiste esta discriminación, porque lo que estamos reformando es el Real Decreto-ley que afecta al desempleo agrario.
Tampoco entendemos por qué en el proyecto de ley ustedes modifican el concepto de rentas familiares para el desempleo general y, sin embargo, siguen siendo más benevolentes respecto al concepto de carencia de rentas o de beneficiarios en la ley de protección del subsidio agrario en Andalucía.
Sinceramente, no lo entiendo porque son dos sistemas complementarios que afectan a los parados de determinados sectores. En el caso agrario, a los parados del campo andaluz que, como ustedes saben y reconoce el Gobierno, en estos momentos están sometidos a un proceso de reformas profundas.
El mismo Presidente de la Junta y antiguo Ministro de Trabajo, señor Chaves, ha reconocido la mala utilización del sistema agrario. ¿Por qué insisten ustedes tanto en que condiciones que consideran positivo que aparezcan en la ley de protección por desempleo

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no afecten al subsidio agrario de Andalucía? Espero que no tenga nada que ver con el hecho de que el año que viene --no sé si en junio o en octubre-- se celebren elecciones.
Por otro lado, cuando planteamos en Comisión la enmienda 230, del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Socialista y, en su nombre, el señor Arnau, nos dijo que no iba a entrar en el fondo de la cuestión. Sé que posiblemente todo lo que estamos discutiendo hoy aquí sea tiempo perdido, la palabra la tiene el representante del Grupo Socialista. El Gobierno, en la oferta que ha hecho a los agentes sociales sobre la reforma del mercado de trabajo, vuelve a cambiar de posición en lo que respecta a unir la percepción de una indemnización a la prestación por desempleo. Parece ser que el Gobierno ha cambiado radicalmente de posición respecto a la ley que discutimos aquí, de modo que no sé si este debate va a servir para algo, porque en el trámite del Senado el Grupo Socialista puede enmendarse a sí mismo y la posición defendida hoy aquí por el señor Arnau puede quedarse en nada cuando un compañero socialista del Senado diga lo contrario. De forma que yo tengo bastante poca fe en la posibilidad de que prospere la enmienda del Grupo Popular o que se mantenga el dictamen de la Comisión y el proyecto de ley remitido a esta Cámara, porque como el Gobierno socialista y el señor Ministro de Trabajo cambian tanto de opinión, realmente no sabemos qué va a pasar dentro de quince días. En cualquier caso, si se mantuviese el texto enviado por el Gobierno, entendemos que no se puede vincular directamente el cobro de una indemnización al retraso en la percepción de la prestación por desempleo, por lo menos en aquello que afecta a la parte de la indemnización que legalmente le correspondería al trabajador despedido: los veinte días en caso de despido por causa objetiva, o de cuarenta y cinco días por despido improcedente. Incluso en los despidos pactados que, como el señor Arnau sabe, se utilizan con bastante frecuencia. Lo que no nos parece justo es que se obligue a un trabajador, que pasa a la situación de desempleo, a que toda su indemnización, la legal y la extralegal, se retrase a la hora de cobrar la prestación por desempleo. Esto no se puede hacer porque es profundamentediscriminatorio y poco solidario. Queremos distinguir entre la percepción de la indemnización legal de la extralegal, que está en función de las negociaciones del trabajador con su empresario. Por lo tanto, es un término medio que alivia bastante el déficit acumulado hasta este momento del sistema financiero de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, compensa a estos trabajadores que han cotizado al sistema de la Seguridad Social. Además, se trata de la percepción de unas indemnizaciones que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores: o reforman el Estatuto de los Trabajadores o respetan lo que la ley ha mantenido hasta el día de hoy como inamovible, y que nosotros creemos que debe ser inamovible.
Hemos presentado también la enmienda 231 al nuevo artículo 33 de la ley de protección por desempleo, que afecta a la prestación por desempleo de la estiba y desestiba de buques.
Es malo crear situaciones discriminatorias y ustedes deben admitir que, tal como está redactado el artículo 33 de la ley de protección por desempleo, se establece una discriminación, como es aceptar que los trabajadores portuarios tengan unas prestaciones que, de hecho, no han tenido. Ponen el contador a cero y dicen: ustedes han recibido 2.600 prestaciones por desempleo, aunque realmente no las hayan cotizado a la Seguridad Social. Luego, están creando un primer tramo de discriminación de un colectivo. Además, añaden una nueva discriminación entre los trabajadores portuarios, aquellos que han cumplido con la legislación que les obligaba a constituir las sociedades de estiba y desestiba, y aquellos otros que no lo han hecho y siguen con el viejo sistema de la OTP. Creo que es una mala fórmula castigar a aquellos trabajadores de los puertos que han cumplido con la ley, porque ustedes favorecen a los trabajadores portuarios que no han cumplido esa ley.
Cuando menos habría que contemplar dos conceptos; tanto los que han cumplido la ley y tienen constituida sus sociedades de estiba y desestiba, como los que todavía no lo han hecho. En ese sentido, entendemos que se debe suprimir la siguiente frase en el artículo 33: «... en los que no se haya constituido la correspondiente sociedad estatal de estiba y desestiba». Sería mucho más equitativo y justo para esas sociedades que han hecho el enorme esfuerzo de enfrentarse al cumplimiento de la ley.
Sinceramente --y acabo con esto, señor Presidente--, no sé si hay una mínima receptividad por parte del Grupo Socialista, aunque su actitud hasta ahora no pareceindicar que vaya a haber una mayor receptividad hacia estas enmiendas. Muchas de ellas son lo suficientemente lógicas y razonables como para que el Grupo Socialista reflexionara sobre ellas y aceptara todo lo que afecta a la Formación Profesional ligada con la percepción de la prestación por desempleo, tanto en el sistema general como en el sistema agrario de Andalucía.
Por otro lado, espero que antes de acabar este año el Gobierno remita a la Cámara los proyectos de ley que reformen la ley de protección por desempleo y el Estatuto de los Trabajadores. No podemos seguir perdiendoel tiempo mientras en este país se siguen destruyendo puestos de trabajo, como se hace en este momento. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, el Título III del proyecto de ley que discutimos en estos momentos introduce importantes modificaciones en la normativa reguladora de la prestación por desempleo.
La entidad que tiene este conjunto de modificaciones pueden entenderla SS.SS. si toman en consideración que, sin lugar a dudas, estas propuestas que se contienen en el proyecto de ley constituyen uno de los puntos fundamentales de las discusiones en torno al acuerdo nacional por el empleo o pacto social, en definitiva, las negociaciones que en estos momentos se llevan a cabo, en ámbitos distintos a este Parlamento, entre el Gobierno y los agentes sociales. Parece oportuno, señorías, puesto que vamos a hablar de eso, que breve y sintéticamente lleve a cabo una pequeña exposición del conjunto de medidas que plantea el Gobierno. La primera de ellas --por orden sistemático, de acuerdo con el proyecto de ley-- es la de que los beneficiarios de la prestación contributiva abonen la cuota obrera de la Seguridad Social. En segundo lugar, reducir la cuantía mínima de la prestación contributiva de desempleo fijándola en el 75 por ciento, en lugar del cien por cien, para los beneficiarios sin hijos. En tercer lugar, suprimir la exención de la cuota empresarial de desempleo en aquellos casos de suspensión de relaciones laborales, motivadas por fuerza mayor y siempre que esa exención sea autorizada a través del Ministerio de Trabajo o Consejería autonómica. En cuarto lugar, reducción de las cargas familiares que dan derecho al subsidio, de tal modo que lo que actualmente incluye a los familiares por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado, queda reducido única y exclusivamente a cónyuge e hijos. En quinto lugar, reducción de la cuantía del subsidio por desempleo en todos los casos al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, sin pagas extraordinarias.
Finalmente, por orden de importancia, sin entrar en más detalles, cabe destacar --y se lo merece por sí misma-- la incompatibilidad temporal entre las prestaciones por desempleo, tanto contributivas como asistenciales, con las indemnizaciones por cese en la prestación de servicios. Hecho este pequeño repaso, permítanme, señorías, que les ponga de manifiesto que este conjunto de medidas, de acuerdo con las previsiones del propio Gobierno, se calcula que afecte a un total de 1.053.104 beneficiarios de las prestaciones en el próximo año 1994 y que su cuantía, siempre según las propias previsiones gubernamentales, esté en torno a 300.000 millones de pesetas. Señorías, es evidente que estamos hablando de un tema de la máxima importancia. Si el conjunto de disposiciones de este proyecto de ley tiene trascendencia, disposiciones que reducen en 300.000 millones de pesetas la prestación por desempleo y que afectan a un millón de beneficiarios, comprenderán sus señorías que considere sin lugar a dudas que dicho conjunto de disposiciones constituyen uno de los puntos cruciales, uno de los puntos nucleares del debate en torno al acuerdo nacional por el empleo. En relación con este proyecto y con estas propuestas, existen muchas razones para manifestar una posición rotunda y clara en contra del mismo. Esta es la posición que mantiene el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el conjunto de sus enmiendas. Entre estas razones, en primer lugar debe encontrarse la de que esas modificaciones constituyen un recorte muy importante en los niveles, ya bajos, de protección por desempleo de nuestro país.
En este sentido, señorías, permítanme que les diga de acuerdo con los propios datos del Gobierno, datos que se contienen en los libros de Presupuestos del año 1994, que el año que viene el Gobierno prevé que exista en nuestro país un total de 1.900.000 beneficiarios de las distintas prestaciones por desempleo; 1.900.000 beneficiarios. Conocen perfectamente sus señorías que en estos momentos estamos prácticamente en 3.500.000 desempleados; 3.500.000 desempleados al día de hoy y, sin embargo, a finales del año que viene, cuando previsiblemente esta cifra sea superior, el Gobierno sólo prevé que perciban prestaciones 1.900.000, aproximadamente el 60 o 65 por ciento del total de desempleados de nuestro país.
Y de ese 1.900.000 beneficiarios, exactamente 900.000 percibirían subsidio por desempleo; es decir, exclusivamente el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional sin pagas extraordinarias.
Señorías, ésta es la realidad de la protección por desempleo en nuestro país, y sobre esa realidad este conjunto de disposiciones del Gobierno introduce un recorte importante.
Por consiguiente, señorías, ésta es la primera razón que nos lleva a estar en contra de este conjunto de modificaciones que hoy nos presenta el Gobierno en esta Cámara.
En nuestra opinión, hay una segunda razón de peso: el informe elaborado --que voy a citar muy de pasada-- por el Consejo Económico y Social. Señorías, precisamente hoy --y es significativo-- se celebra el aniversario de su constitución.
Pues bien, en relación con este conjunto de medidas, el Consejo Económico y Social elaboró un dictamen, en nuestra opinión bastante aquilatado.
El Gobierno prescinde prácticamente de la totalidad de este informe elaborado por el Consejo Económico y Social. Señorías, consideramos que esta actuación de una institución tan importante para el diálogo social como es el Consejo Económico y Social y en relación con una medida de tanta trascendencia como ésta, es significativa y da más que razones para sostener una posición en contra de este proyecto de ley.
En tercer lugar, está la incorrección, el propio error de las modificaciones que se contienen en este proyecto de ley.
Podríamos citar distintos tipos de errores. Resulta

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sorprendente que en un momento de grave recesión de nuestra economía se pretenda con estas medidas incidir aún más, deprimiendo el consumo. Se afecta a un millón de personas, a las que se les recorta sus capacidades económicas, y se retraen 300.000 millones de pesetas de las rentas familiares.
Mucho más grave en este sentido, cuando se dice que lo que se pretende es crear empleo, es que se recorten políticas activas de empleo. Es una antigua discusión si las prestaciones por desempleo son políticas pasivas o activas. Parece claro que algunas de ellas son políticas activas como, por ejemplo, cuando el Estado financia las suspensiones de contratos con el objetivo de que las empresas puedan superar situaciones difíciles. Pues bien, señorías, ya les he dicho antes que nos encontramos con que esta norma suprime la exención de abono por las empresas de las cotizaciones en los supuestos de suspensiones por fuerza mayor. En los casos de fuerza mayor, absolutamente ajenos a la voluntad empresarial, las empresas tendrán que pagar la cotización empresarial al desempleo, con lo cual será mucho más difícil que puedan continuar. Otro tipo de error en estas medidas: reducir el ámbito de las cargas familiares exclusivamente al cónyuge e hijos. Quiero recordarles simplemente a SS.SS. que el próximo año es el año declarado de la familia. Una manera importante de potenciar la familia es reducir el ámbito única y exclusivamente a cónyuge e hijos, eliminar a los padres y a otro tipo de familiares por consanguinidad o afinidad; sólo cónyuges e hijos. Qué decir de reducir la prestación de desempleo en su cuantía mínima al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Si el salario mínimo interprofesional es algo, es precisamente la retribución mínima que se entiende que debe cobrar una persona. Pues bien, la prestación por desempleo la situamos por debajo. Además, es una medida claramente innecesaria, sin trascendencia, porque el salario mínimo es la base mínima de cotización, con lo cual difícilmente podrá tener cualquier trabajador una cuantía mínima por debajo del salario mínimo.
¿Qué razón de ser tiene eso? Finalmente, señorías, el error más palmario y más grave se lo lleva el relacionar y establecer la incompatibilidad temporal de las prestaciones por desempleo con las indemnizaciones. La propia realidad ha venido a poner de manifiesto el gravísimo error que ha cometido el Gobierno con esta norma, con esta previsión normativa que, hay que decirlo, sigue estando hoy en el texto de la ley. En octubre se han disparado los datos del paro.
Nosotros no queremos atribuir la totalidad de ese desempleo a esta medida. Alguien ha hablado de los cien mil hijos del Ministro de Trabajo. Nosotros no creemos que tenga tal capacidad de fecundación ese Ministro, en absoluto, pero qué duda cabe que esta medida ha contribuido a crear un ambiente enrarecido en el terreno laboral, del cual se han aprovechado empresarios para abaratar las condiciones del despido y, sin lugar a dudas, también los trabajadores han pretendido huir de lo que se les anunciaba para el próximo año. Eso sigue estando hoy en la ley y sigue produciendo efectos en la realidad de hoy, de mañana y hasta que no desaparezca.
Señorías, la posición de Izquierda Unida no es exclusivamente la de criticar y no ofrecer nada. Hoy quiero aprovechar para decir desde esta tribuna que nuestra posición pasa, en primer lugar, por dotar de recursos al sistema de desempleo. Esa es nuestra primera preocupación. El desempleo cubre una necesidad fundamental y no podemos recortar esa necesidad, sino que hay que dotarlo de medios. En segundo lugar, estamos de acuerdo en que se adapte ese sistema en la línea planteada por el CES.
Nos parece que es un buen punto de partida y que debería servir de base de aproximación de posiciones. No lo ha seguido el Gobierno y llamamos la atención sobre este punto. Y, en tercer lugar, nos parece oportuno y apoyamos al Gobierno en todo lo que sea lucha contra el fraude. El Capítulo II de este Título III no lo hemos enmendado porque estamos de acuerdo con que hay que terminar con el fraude. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Peralta.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Señor Peralta, le ruego concluya, porque su tiempo ha terminado y tienen que intervenir otros Diputados.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya, señor Presidente.
Quiero decir desde esta tribuna con claridad que el anuncio hecho por el Gobierno recientemente relativo a sustituir la incompatibilidad temporal entre prestaciones por desempleo e indemnización y a subir la cotización por el desempleo en medio punto, son posiciones que, en nuestra opinión, constituyen acercamientos claros a la línea que he defendido desde esta tribuna. Nosotros valoramos esas posiciones y emplazamos al Grupo Socialista a que las convierta ya en realidad, a que acepte las enmiendas de nuestro Grupo y no demos el espectáculo de seguir incidiendo en la realidad con medidas tan negativas como la del artículo 34 de este proyecto.
Todo tipo de medidas de avance en esa dirección tienen que seguir produciéndose hasta conseguir que ese Título III esté absolutamente distinto del texto que nos ha remitido el Gobierno.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Frutos. Le ruego tenga en cuenta que se ha consumido en exceso el tiempo previsto para este trámite.


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El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré ser muy breve, pero al mismo tiempo, como estoy en plena campaña de rectificación, tengo que subir a esta tribuna a defender algunos elementos de nuestra política que encajan perfectamente con el debate de los presupuestos, en concreto con la ley de acompañamiento que estamos discutiendo ahora. Yo no voy a criticar hoy la política del Gobierno. Les aseguro, señorías, que he dejado en el escaño el catastrofismo, la utopía e, incluso, la intención de arruinar el país, que tantas veces nos atribuyen algunos representantes del Grupo Socialista. Pero después de decir esto y de no referirme, naturalmente, a las nuevas oleadas de paro de este mes de octubre, paso a decir de forma inmediata que no es bueno que el paro se convierta en una pesadilla sin salida, ni que el trabajo se vea recompensando por una oleada de lujos falsos que excitan el deseo sin satisfacer la necesidad, y que eso además afecte de forma positiva a sectores cada vez más débiles del conjunto de los trabajadores, a sectores cada vez menos amplios. Recordarán SS.SS. lo que dijeron todos ustedes en cuanto al programa de Izquierda Unida de las elecciones generales que parece que ahora ha sido descubierto porque en Europa hablan de él, porque el señor Rocard o el Partido Socialista hablan de él, porque el señor Balladur habla de la necesidad del reparto del trabajo, y porque lo están discutiendo en el Congreso y en el Senado aunque con posiciones radicalmente diferentes a las que planteó en su momento Izquierda Unida. Otros, aquí, no están de acuerdo con una política de reparto del trabajo, y hablan de que se tiene que trabajar más horas, más días, sábados y domingos; en definitiva, quieren liquidar gran parte de las conquistas históricas que el movimiento obrero ha obtenido y que el desarrollo de las fuerzas productivas ha hecho inevitable.
Lo que hoy queremos plantear son medidas concretas que, a nuestro juicio, deberían merecer la atención de esta Cámara y conseguir un voto que no dudamos debería y podría ser incluso positivo. Sería la creación de dos nuevos títulos (Título IV y Título V de la ley) que afectan a los fondos de inversión obligatorios, a las jubilaciones y a las horas extraordinarias que en estos momentos se están haciendo de una forma desmesurada en el conjunto de un mercado español en recesión y en crisis. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Frutos.
Señorías, ruego guarden silencio. En cualquier caso, a la vista del desarrollo del debate, la previsión es que la votación no tenga lugar antes de las nueve. Señor Frutos, le ruego procure abreviar porque está consumiendo un turno doble que no está previsto.El señor FRUTOS GRAS: Los dos nuevos títulos, Título IV y Título V, se corresponden con las enmiendas números 84 y 85, que hablan de fondos de inversión obligatorios y ambos nuevos títulos tienen el mismo objetivo: creación de empleo, creación de empleo y creación de empleo.
Se propone un reparto de trabajo intentando decir cómo, cuándo y quién. Aquí --pienso-- tienen ustedes ocasión, el grupo mayoritario pero también los demás grupos, de demostrar que realmente se creen lo que se dice. Nosotros planteamos que estos fondos de inversión obligatorios representen la tendencia a la formación de capital fijo que genere empleo en actividades económicas que sean social y ecológicamente útiles para el conjunto de la sociedad. Que el origen de las aportaciones de empresarios y de trabajadores sea de todas las personas físicas y jurídicas con beneficios empresariales sujetos y no exentos a tributación en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Que esto constituya un fondo obligatorio de inversiones en el cual los trabajadores aportarán un porcentaje variable determinado legalmente en cada ejercicio, lo cual conllevaría el derecho a participar en las decisiones de la gestión en igualdad de condiciones según las aportaciones al capital social. Esta primera propuesta sería un nuevo Título IV y la segunda sería una rectificación de la Ley General de la Seguridad Social que atendería a un proceso en varios años de jubilación reduciendo cada ejercicio un año la jubilación, pasando por tanto en el próximo ejercicio la jubilación obligatoria de los 65 a los 64 años, y una reducción de las horas extraordinarias que no representara más de 40 horas en el conjunto de las horas trabajadas durante el año. Pensamos que esta serie de medidas, que no son de ninguna forma una panacea, sino unas medidas más entre otras, permitirían crear una nueva situación. En todo caso, señorías, creemos que sería interesante promover de forma inmediata en este hemiciclo un debate específico, sin ningún tipo de votación, con todo el asesoramiento técnico y teórico posible para hablar, en definitiva, sobre las diversas propuestas que hay para la creación de empleo, sean las propuestas más conservadoras del espectro, las que defiende el señor Aznar o el Partido Popular, sean las propuestas que defiende, muchas veces a regañadientes y de tapadillo, el Partido mayoritario; pero sería interesante que esta Cámara, de forma abierta, entrara a fondo en el debate no sobre el reparto de empleo sino sobre cómo es posible en este país la creación de empleo.
Buscar la fórmula para, entre todos, encontrar unas vías que naturalmente necesitarían inmediatamente su presupuesto para poner en marcha e impulsar desde lo que nos compete en las instituciones y desde lo que compete al Gobierno, desde la Administración, estas medidas a través de las formas más adecuadas y de la legislación más atinente.
Pensamos que no es cierto, como se dijo en el debate de Comisión, que esta ley no es pertinente, ni el momento

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es adecuado y que, en todo caso, la creación de fondos de inversión obligatorios se debería ver en el desarrollo de una directiva europea que el propio proponente en el momento de hacerlo no sabía exactamente cómo podría realizarse. Sería bueno que en el debate de los Presupuestos Generales del Estado empezáramos a abordar estas cuestiones y si es necesario, repito, dediquemos el tiempo preciso para debatir en este hemiciclo cómo podríamos crear empleo y cómo podríamos hacer frente desde la visión que tiene cada uno, desde la visión ideológica, desde la visión económica, desde la visión política de cada uno a la gravísima situación de recesión y crisis que el mes de octubre ha acabado de poner en total evidencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego concluya.


El señor FRUTOS GRAS: Por tanto, señoras y señores Diputados, yo les pido una votación positiva a las dos enmiendas números 84 y 85.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer el esfuerzo de intervenir desde el escaño, aventura que se me antoja temeraria en estos momentos, pero, en todo caso, congruente con el contenido de las enmiendas y su naturaleza parcial y específica. Señor Presidente, mi grupo tiene presentadas tres enmiendas a esta, denominada en expresión más sentimental que forense, ley de acompañamiento.
La primera hace referencia al artículo 28; la segunda, al artículo 31; y la tercera, al artículo 34. La enmienda relativa al artículo 28, pretende evitar que se consagre un genuino absurdo jurídico, que es el que en este momento configura el precepto en cuestión objeto de análisis. Hace referencia al colectivo de los prejubilados, colectivo desgraciadamente amplio en regiones con industrias en declive (particularmente casi todas las de la cornisa cantábrica) y, en relación a estos colectivos cuando en los prejubilados concurran las circunstancias que nosotros indicamos en la enmienda, es decir, que su prejubilación sea complementada por la propia empresa, por una parte; sea complementada también por el Fondo de Garantía Salarial; y sea, por último, complementada en virtud de convenio específico por la propia Seguridad Social, se evite lo que ustedes pretenden, señor Arnau, lo cual es estrictamente absurdo: que a estos prejubilados, cuya vocación y cuyo destino último, cuyo destino inevitable es jubilarse, llegar a una jubilación «stricto sensu», se les obligue a lo que se les obliga en el artículo 28 en cuestión, que es asistir, por una parte, a cursos o acciones de promoción, formación o reconversión (para nada necesitan este tipo de acciones) o, lo que resulta probablemente más injusto, se incompatibilicen sus prestaciones con las previstas en el número 2 del artículo 28.
Si ya resulta absurdo lo que pretende el precepto, que mi grupo enmienda, resulta todavía más paradójico, más absurdo todavía, lo que se contiene o lo que se pretende con el artículo 31 del proyecto de ley, y es que a estos prejubilados, cuya prejubilación es complementada por la empresa, cuya prejubilación es complementada por el Fogasa, cuya prejubilación es complementada por la propia Seguridad Social, se les obligue a renovar mensualmente su demanda de empleo. Señor Arnau, es que no están vocacionados a trabajar, su destino no es trabajar, su destino es jubilarse. Tiene dudosa justificación, compleja justificación (espero que usted tenga la atención de exponérmela expresamente), que se les obligue a demandar mensualmente empleo a prejubilados, que están destinados inevitablemente a jubilarse.
En relación al artículo 34 (para ir acabando ya, señor Presidente, en este contexto tan complicado), pretendemos compatibilizar el contenido material del artículo 34 de la llamada ley de acompañamiento con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores establece los sistemas de exoneración del llamado empresario principal, respecto a las acciones del contratista o del subcontratista. Se establece un sistema de elusión de responsabilidades del empresario principal respecto a acciones del contratista o del subcontratista que les resulten a éstos personalmente imputables, y en este caso nosotros pretendemos que se exonere al empresario principal de las acciones fraudulentas del contratista o subcontratista previstas en este precepto, en el artículo 34; es decir, las atinentes al fraude en las prestaciones de desempleo, con lo cual (utilizando la expresión civilista del buen padre de familia) entendemos que cumple con la responsabilidad el empresario principal, exigiendo certificación al Instituto Nacional de Empleo de que ese trabajador subcontratado, o contratado por un contratista, no es titular de una prestación de desempleo, o solicitante de una prestación de desempleo o, alternativamente, que está inscrito en la Seguridad Social, con lo cual cumple con la responsabilidad del buen padre de familia, el empresario principal, solicitante al Instituto Nacional de la Seguridad Social la correspondiente certificación de no estar inscrito en dicha Seguridad Social.
Señor Arnau, señorías, estas son las reflexiones de carácter específico y particular sobre las enmiendas que nosotros hemos presentado a este bloque sistemático de la ley, eufemísticamente, entre otras expresiones o rótulos, llamada de protección del desempleo.


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Tengo que hacer una reflexión, señor Arnau, de naturaleza más global, de naturaleza general: la nueva configuración que incorpora el texto de esta ley en relación a la prestación del desempleo no le gusta a mi grupo parlamentario. Mi grupo parlamentario entiende (y tendremos ocasiones, seguramente, más específicas, más adecuadas para debatir sobre esta relevante cuestión), que la nueva configuración, el nuevo nivel cuantitativo, la nueva dimensión de la protección del desempleo que deriva de estos preceptos y de otros atinentes a la protección de desempleo, constituye una reforma regresiva de dudosa constitucionalidad. Lo digo en tono ponderado, lo digo en tono especulativo, científicamente, desde una perspectiva jurídica especulativa, señor Arnau.
¿Por qué puede adolecer de problemas de constitucionalidad? Porque usted conoce dos sentencias del Tribunal Constitucional, del año 1987, recaídas ante recursos interpuestos por el extinto Tribunal Central de Trabajo, en relación a lo que, interpretando el propio artículo 41 de la Constitución, el Tribunal Constitucional denomina principio de irregresividad. El criterio sentado por el Tribunal Constitucional en ambas sentencias es el consistente en afirmar que la cuantía de la dimensión de la protección, con cargo al sistema público de Seguridad Social, incluido el desempleo, la cuantía determinada en cada momento histórico por el ordenamiento jurídico, cuando el ordenamiento jurídico la va dimensionando, la va cuantificando en cuantoa su dimensión en materia de protección de las contingencias y en cuanto a los períodos de carencia o requisitos objetivos de acceso a la prestación que protege esas contingencias, va cristalizándose ese nivel; esa cuantía de protección cristaliza automáticamente, de forma y manera que reformas jurídicas posteriores de esa cuantía o nivel de protección sólo están habilitadas, y nosotros como poder legislativo sólo estamos habilitados, a mantener esa cuantía de protección o a incrementarla. En este momento incurrimos en regresividad, porque no se incrementa la cuantía de la protección del desempleo, no se respeta siquiera la dimensión o cuantía de protección vigente, la que en este momento configura el vigente ordenamiento jurídico, sino que se reduce desde tres perspectivas o en tres ámbitos: incompatilizando, en primer lugar, la protección de desempleo con las indemnizaciones que correspondan al trabajador por la resolución de su contrato de trabajo; en segundo lugar, exigiendo el pago a los trabajadores desempleados de determinadas cotizaciones sociales que hasta el momento de esta reforma, de esta contrarreforma --podríamos utilizar esta expresión--abonaba o pagaba la entidad gestora; y, en tercer lugar, señor Arnau, reduciendo la propia protección mínima, la prestación de subsidio mínimo, reduciéndolo al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. No voy a debatir o a ahondar en este tipo de reflexiones; seguramente, otros trámites serán más pertinentes para este tipo de debates, pero, señor Arnau, de su sensibilidad, de la sensibilidad de su partido, de la sensibilidad de su grupo parlamentario espero una reflexión mucho más ponderada, mucho más ajustada a los requerimientos de la justicia social y material que la que nosotros podemos apreciar en el contenido de este proyecto de ley. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor González Lizondo. (Pausa.) Perdón. Efectivamente, las ha dado por defendidas. Gracias, señor González Lizondo. ¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, señorías, a la hora de proceder a la reforma del régimen jurídico de protección por desempleo, quiero, en principio, señalar que mi grupo ha tenido muy en cuenta el artículo 41 de la Constitución, que ordena a los poderes públicos garantizar prestaciones sociales suficientes en situación de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Esto no se lo digo indirectamente, señor Olabarría --tendremos tiempo de debatir sobre la regresividad o no de este sistema--, pero, en cualquier caso, sepa que nosotros partimos de este precepto tan importante, del artículo 41 de la Constitución española. Cuando se dice, señor Peralta, que nuestro sistema de protección

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por desempleo es pobre, yo le tengo que señalar que hay que acudir a los datos; y los datos nos indican que nuestro sistema de protección por desempleo es uno de los más generosos de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, si analizamos el tratamiento fiscal, las prestaciones y subsidios están sometidos a impuestos al menos en seis países de la Comunidad Europea; incluso Alemania --ya serían siete-- tiene también sometidas las prestaciones a Impuesto sobre la Renta si el parado tiene otras fuentes de ingresos. La realidad es que, si analizamos el grado de generosidad de las prestaciones de desempleo en los países de la Comunidad Europea, en relación con los países de la OCDE, en España la tasa de reposición de la prestación respecto al salario está por encima de la media; el techo de la prestación está justo en la media; la duración es superior; y la facilidad de acceso a la prestación está por encima de la media de los países de la OCDE. Si analizamos, por otra parte, el gasto en porcentaje del PIB, España sólo tiene por delante a Dinamarca y a Irlanda. Son datos que hay que tener en cuenta cuando se dice que nuestro sistema de protec-ción por desempleo no es bueno, es pobre o es deficiente.
¿Qué se trata de hacer con esta modificación? A qué responde esta modificación, ha preguntado la señora Villalobos. Se trata, como dijo el ministro, de proteger la protección, de salvar el sistema, de asegurar su continuidad. Es necesario acudir a algunos datos imprescindibles, por engorrosos que sean, pero hay que tener en cuenta que en España, en el período 1985-1993 los beneficiarios de prestaciones por desempleo se han duplicado, han pasado de prácticamente un millón a dos millones. En 1993 hay 911.000 protegidos más que en 1985. La tasa de crecimiento del período se sitúa, por tanto, en el 90 por ciento.
Como se ha hecho mención también al subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, convendría dar algún dato al respecto, señora Villalobos. El subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, desde su implantación en 1984, ha experimentado una evolución que muestra un crecimiento continuo durante los seis primeros años de funcionamiento, hasta alcanzar, en octubre de 1990, la cifra de 319.608 beneficiarios. Sin embargo, desde diciembre de 1990 se observa una inversión de la tendencia; alrededor de 200.000 beneficiarios hay en 1991 y en 1992. La razón es la modificación de la normativa, pero también la reactivación del mercado de trabajo de la construcción y servicios que provocó la Expo"'92. Se impone, efectivamente, una nueva normativa, entre otras causas porque en 1993 se espera un crecimiento notable del número de beneficiarios; pero no solamente por eso, sino porque como ha señalado usted y señaló el señor Ministro en su momento, también se precisa por otras razones, una modificación. Ello no quiere decir que actualmente --como le dije en Comisión-- tenga carácter de norma supletoria la Ley 31/1984, de Protección por Desempleo. Es decir, a través de esta Ley de Protección por Desempleo se aplican las mismas normas de régimen común al régimen de subsidio agrario de Andalucía y Extremadura.
Si los beneficiarios se han duplicado en el período de ocho años; en el nivel contributivo hay que tener en cuenta que la cuantía media ha aumentado en prácticamente el 60 por ciento, pasando de 1.819 pesetas a 2.886 pesetas diarias, sólo en cinco años; la cobertura ha pasado del 35 al 78 por ciento, entre 1983 y 1993; el incremento del número de benefiarios, en suma, y el incremento de la protección ha originado un desequilibrio financiero a cuya corrección atendió ya la Ley 22/1992. De no haberse aprobado esta Ley el año pasado, hay que señalar que el coste del desempleo para 1993 habría experimentado un crecimiento de 344.000 millones de pesetas.
Se pensaba que durante la época en que la situación económica era más favorable los gastos en desempleo serían decrecientes; sin embargo, la realidad es que los gastos se han triplicado entre 1985 y 1993. Las causas son varias. No voy a entrar en ellas porque tengo poco tiempo para analizarlas. Simplemente enunciar el Real Decreto 3/1989, de 31 de marzo, de medidas adicionales de carácter social, la rotación producida en el mercado de trabajo debido al aumento del número de contratos temporales, el crecimiento de los salarios, el aumento de los tipos, etcétera.
El problema está que cuando se triplican los gatos en ocho años, cuando se incrementan en más del 30 por ciento con relación al PIB, hay que ver qué hacemos. ¿Quién paga este incremento de los gastos? ¿Los empresarios y los trabajadores a través del incremento también de las cuotas de la Seguridad Social? Hay que tener en cuenta que los ingresos por cuotas han presentado también una tendencia creciente en los últimos años. ¿Lo paga el Estado y los contribuyentes? Hay que tener en cuenta que desde 1989 la tendencia es progresivamente creciente, pasando de 301.000 millones, en 1989, a 865.000 millones en 1993.
Cuando se pide, señor Peralta, la supresión del Título III del proyecto hay que hacer frente también a las consecuencias; hay que decir quién es el que paga este incremento notable de la protección en estos últimos años. Hay que tener en cuenta, además, que para 1993 la desviación del gasto sobre el presupuesto es señaladamente más alta en el nivel contributivo que en el asistencial. Usted conoce perfectamente que el nivel contributivo deberían pagarlo exclusivamente los empresarios y los trabajadores y sabe que no ocurre así. La desviación en el nivel contributivo es de 286.000 millones de pesetas y en el nivel asistencial de 96.000 millones de pesetas. El mayor déficit, por tanto, se produce en un sistema, en el sistema contributivo, que haría falta que lo pagaran empresarios y trabajadores exclusivamente. ¿Qué hacemos? Por ejemplo el Gobierno propone medidas socialmente equilibradas como dar el mismo tratamiento para cotización a la Seguridad Social a las rentas percibidas por los parados que a las rentas percibidas por los activos. Parece que esto es razonable; parece que en principio es de aceptación por parte de todos los grupos.
La señora Villalobos presenta nuevamente a la consideración del Pleno las enmiendas 227 y siguientes. No se trata, señora Villalobos, de aumentar la exigencia de la cualificación profesional. A través de sus enmiendas no se aumenta esta exigencia. Lo que ocurre es que sus enmiendas tratan simplemente de sustituir unas expresiones, como acciones formativas, por la expresión acción de formación para conseguir una cualificación profesional. Ya le dije en Comisión que el término aptitudes físicas y formativas es genérico, es más amplio que se puede tener aptitudes físicas y formativas para el ejercicio profesional y no tener una cualificación profesional reconocida, máxime cuando no existe actualmente un sistema general y obligatorio de

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reconocimiento de las cualificaciones. Lo mismo cabría decir respecto a su enmienda número 228.
En relación con el artículo 25, el tope mínimo de la prestación contributiva se fija en el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional para los trabajadores sin hijos a cargo. Hay que indicar eso con precisión, señor Peralta. Es el tope mínimo de la prestación contributiva para los trabajadores sin hijos a cargo que se fija, como digo, en el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional y se mantiene en el 100 por ciento del salario mínimo interprofesional para los trabajadores con hijos a cargo. La razón, entre otras, está, en que la prestación por desempleo tiene por finalidad sustituir las rentas salariales dejadas de percibir y sustituirlas en un porcentaje inferior y decreciente en el tiempo, ¿por qué? Para no desincentivar la búsqueda de empleo. Por otra parte, se fija la cuantía de la prestación por desempleo en el caso de pérdida de trabajo a tiempo parcial en proporción al salario realmente percibido.
Pienso que en esto podemos estar todos de acuerdo, por tanto, no hay necesidad de suprimir, como se ha querido por parte de Izquierda Unida, todo el Título III de forma maximalista.
En cuanto a los beneficiarios del subsidio se exige que estén inscritos en el registro correspondiente, que no hayan rechazado oferta de empleo adecuada, que no se hayan negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales adaptándonos, señora Villalobos, al texto del proyecto y, además, que se carezca de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Parece lógico que si el subsidio es del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional y atiende situaciones de necesidad que no se dispongan de rentas equivalentes por parte del parado; de otra forma estaríamos incentivando la permanencia en el desempleo y desincentivando la búsqueda activa de empleo. En cuanto a las responsabilidades familiares, ya tuve ocasión de decir en Comisión que en 1984, cuando se aprobó la Ley de Protección por Desempleo, se adoptó un concepto amplio de responsabilidades familiares en relación a los beneficiarios del subsidio por desempleo. En dicho concepto amplio se incluían todos los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. El hecho estaba plenamente justificado porque en aquella fecha no existían salarios sociales de integración, ni pensiones no contributivas de la Seguridad Social; existían situaciones de necesidad no suficientemente cubiertas con mecanismos asistenciales. Ahora, se trata de modificar el sistema de desempleo en lo relativo a las personas que se consideran a cargo en cuanto al nivel de rentas. La situación actual es distinta, de ahí que sea distinto también el sistema que se propone en cuanto al concepto de familiares a cargo.
En relación con el artículo 32 que ha merecido especial tratamiento por parte de todos los intervinientes, artículo que establece una relación entre las prestaciones por desempleo y las indemnizaciones percibidas por el trabajador, hay que decir que nosotros nos mojamos, señora Villalobos.
Nosotros en este tema decimos y justificamos por qué este artículo está incluido en el proyecto. El precepto está plenamente justificado y tiene la sana intención de evitar la superposición de rentas en el tiempo que, si bien proceden de fuentes distintas, tienen la misma finalidad, es decir sustituir las rentas salariales dejadas de percibir. Señor Peralta, en relación con este artículo también hay que tener en cuenta que a veces se produce una duplicidad en las prestaciones públicas cuando es el Fogasa el que paga las indemnizaciones, si bien a título subrogado, y es también el Inem el que paga las prestaciones. De ahí que esté justificado este precepto, lo cual no quiere decir que el Grupo Socialista no deje la puerta abierta a que si, a través de las negociaciones sociales mantenidas en estos momentos entre los agentes sociales y el Gobierno, se produce alguna modificación, incluso una derogación de este precepto el Grupo Socialista modifique también su posición de cara al próximo trámite parlamentario, en el Senado.
El señor Frutos, y voy terminando, señor Presidente, ha hecho mención otra vez a los fondos de inversión. No voy a entrar en esta discusión porque, como ya le dije en Comisión, no encaja en este debate. Tampoco encaja en este debate la consideración de las horas extraordinarias o el tema de la jubilación. Se está debatiendo precisamente en la mesa del pacto social todo lo relacionado con el mercado de trabajo. ¿Cómo vamos a entrar en estos momentos en el Parlamento en algo que se está discutiendo por los agentes sociales y el Gobierno? Por tanto, sus Títulos IV y V los vamos a rechazar por estas razones.


El señor PRESIDENTE: Señor Arnau, le ruego concluya.


El señor ARNAU NAVARRO: Voy terminando, señor Presidente, pero son muchas las enmiendas que se han presentado por los distintos grupos y hago lo posible por ser esquemático.
En cuanto al señor Olabarría, hemos discutido ya muchas veces acerca de la regresividad del sistema, de la regresividad o no de la protección por desempleo cuando existen algunas modificaciones. Señor Olabarría, para nosotros la regresividad estaría si dejáramos de salvar el sistema de protección por desempleo, si dejáramos de atender esta protección; entonces sí habría regresividad porque haríamos que todo el sistema de protección por desempleo cayera porque no tendría

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unas fuentes financieras sólidas, porque no estaría equilibrado financieramente. En cuanto a su enmienda número 259, vamos a estudiarla. Seguramente hay que introducir alguna modificación técnica en cuanto se habla, por ejemplo, de estar en alta en el régimen general de la Seguridad Social con carácter previo al inicio de la obra servicio contratado.
Parece que es una incongruencia. Sabemos cuál es la necesidad que usted trata de salvar, pero seguramente hay que acudir a una aquilatación mayor del precepto, a una precisión mejor para salvar esa situación. En cuanto a su enmienda número 260 está relacionada con la 259. Su enmienda 261 no la vamos a aceptar aunque sé de su buena intención, pero no la vamos a aceptar porque el empresario principal puede comprobar perfectamente y de forma más sencilla que los trabajadores están dados de alta simplemente viendo los partes de alta de los trabajadores que prestan servicios en la obra subcontratada. Por último me queda hablar también del desempleo de los trabajadores de estiba portuaria. Señora Villalobos, ya le digo que en estos momentos y a través de este proyecto de ley lo que se pretende es unificar el tratamiento de desempleo entre aquellos estibadores portuarios que ya están dentro del sistema general del seguro de desempleo y los nuevos trabajadores que ahora incluimos en el régimen general del seguro de desempleo porque no estaban al no estar en las sociedades estatales constituidas. En definitiva, señorías, este proyecto no discrimina a nadie ni afecta negativamente a los derechos subjetivos de nadie; se reforma el régimen jurídico de la protección por desempleo, perfeccionándolo en la medida en que se hace más solidario; en la medida en que obliga a los pasivos a buscar activamente empleo; en la medida en que protege a los parados, también a los cotizantes y también a los contribuyentes; en la medida, en definitiva, en que se hace más justo nuestro sistema, ya bueno, señor Peralta, de protección por desempleo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.
La señora Villalobos tiene la palabra.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
Sinceramente, señor Arnau, siento que usted no esté de acuerdo con que definitivamente en España la formación profesional tenga la consideración que entendemos que es fundamental.
Tanto a los diferentes Ministros de Trabajo como a los portavoces del Grupo Socialista se les llena la boca cuando hablan de la formación profesional y de la incidencia que tiene en la competitividad de nuestras empresas, pero resulta quecuando eso lo tenemos que trasladar a los textos legales, a ustedes se les olvida.
Definitivamente me dice usted que no puede aceptar mis enmiendas porque el catálogo de cualificaciones no tiene vigencia. Sinceramente no lo entiendo, ustedes hacen que el dinero que este país se gasta en formación ocupacional a parados, que es aproximadamente 800.000 millones de pesetas, se haya tirado, porque ustedes renuncian a cualificar adecuadamente a nuestros parados y a nuestros trabajadores y, por tanto, como no tenemos un sistema de cualificaciones que nos equipare al resto de los países de la Comunidad, simplemente renunciamos a ello. Me parece profundamente peligroso. Creo que en el debate de la Sección del Ministerio de Trabajo tendremos que volver a hablar de esta cuestión.
Me decepciona que ustedes acepten la incapacidad del Inem para llevar a cabo la política de formación, porque al final todas las reformas que ustedes están planteando en torno a la Ley de Protección por Desempleo no son sino expresión de la mala gestión que ustedes han llevado a cabo desde el Inem.
Simplemente ustedes renuncian a cambiar la situación actual de nuestros parados respecto a la formación y la cualificación profesional y dicen: como no podemos hacerlo renunciamos a ello. Sinceramente, me preocupa la actitud que ustedes mantienen, señor Arnau, y en ese sentido comprendo que no acepten ustedes la cualificación reconocida, que como usted sabe así es como tiene que ser desde el momento en que estamos en la Unión Europea y esos son los conceptos acuñados en Europa y a los que necesariamente tendremos que tender.
Ustedes renuncian, lo siento por el número de parados que en este país no van a recibir esa cualificación profesional.
Señor Arnau, sigo sin entender por qué no les afecta a los parados agrarios de Andalucía y Extremadura, porque ustedes no reforman el Decreto-ley que afecta a los parados de Andalucía, luego ustedes siguen manteniendo discriminaciones en función de en qué sistema se esté recibiendo esa percepción.
Señor Arnau, como espero, no sé si inútilmente, que en el Senado el Gobierno socialista haya llegado a algún tipo de acuerdo con las centrales sindicales y con la patronal --dudo mucho de la capacidad del Gobierno para llegar a ningún tipo de acuerdo con las centrales sindicales y la patronal--, confío en que en el Senado darán ustedes algún argumento de por qué rechaza las enmiendas respecto a la percepción de la prestación por desempleo compatibilizándola con las indemnizaciones. Comprendo que en el día de hoy usted simplemente se ha dedicado a echar balones fuera. Comprendo que su actitud en el día de hoy era muy complicada, porque usted no tiene órdenes, ni sabe realmente cuál es la decisión final del Gobierno. Simplemente con que lo hubieran traído en otro momento, al final de mes, con la ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores, creo

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que hubiera sido mucho más cómodo tanto para ustedes como para nosotros la discusión de este título.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
El señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para permitir a mi compañero el señor Frutos que haga también una corta intervención.
Señor Arnau, ha hecho usted hincapié en su intervención, fundamentalmente, en la evolución que se ha producido en el número de beneficiarios de la prestación por desempleo desde el año 1985 hasta el año 1993, poniendo de manifiesto cómo se ha duplicado prácticamente el número de beneficiarios. Eso es verdad, señor Arnau, como también es verdad que durante este período temporal se han producido determinadas medidas de recorte de la prestación; quiero recordarle brevemente el famoso decretazo o algún otro tipo de medidas que han dado lugar a que se haya producido un incremento en la prestación, precisamente en los niveles más bajos, en lo que es el subsidio de desempleo.
Desde ese punto de vista son perfectamente compatibles las afirmaciones que usted realizaba con las que yo le hacía en torno a que los niveles de protección de nuestro país son bajos. Usted ha destacado también algunos aspectos como el tratamiento fiscal o los gastos de desempleo en relación con el PIB. Sólo quiero decirle que alguno de esos temas no ha sido cuestionado por mí, por ejemplo, el tratamiento fiscal, y que los gastos en relación con el PIB guardan íntima relación, señor Arnau, como usted sabe, con el dato de que nuestro país tiene unas tasas de paro notablemente superiores. En relación con esas tasas de paro, es indudable que hoy estamos realmente en torno a tres millones y medio de parados y que la protección por desempleo en nuestro país no alcanzará a finales del año 1994, según las previsiones del Gobierno, dos millones de beneficiarios. Por tanto, señor Arnau, esta es una realidad. Creo que la podremos ver de forma distinta, pero ahí está. Sólo quiero decirle que si usted hablaba de que yo sostenía posiciones maximalistas, me parece, señor Arnau, que esa es un poco la posición en la que usted se ha situado cuando no ha modificado ninguna de las cosas de las que el propio Gobierno ha anunciado ya su modificación.
Señor Arnau, intentemos romper ese círculo de atrincherarnos cada uno en una posición y no alcanzar una cierta vía de entendimiento. Yo ya le he indicado cuáles pueden ser.
Nosotros somos partidarios de que el desempleo tenga los recursos oportunos y, por tanto, le hemos indicado quién debe pagar; le hemos indicado también que valoramos como un punto de referencia significativo el informe elaborado por el Consejo Económico y Social; finalmente, le he indicado, señor Arnau, que estamos de acuerdo en llevar a cabo una lucha dura, implacable contra el fraude. Creo, señor Arnau, que eso debería constituir un terreno en el que pudiéramos avanzar.
Desde luego, ese es un terreno totalmente distinto al que se contiene en este proyecto de ley. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, el señor Arnau ha repetido --ya lo dijo en la Comisión-- que nuestra propuesta de añadir dos títulos a la ley no encaja en la misma. Pues bien, yo le propongo un pacto para que diga dónde puede encajar y para que con el apoyo de su Grupo empecemos a ver cómo realmente estos dos títulos que hemos propuesto se convierten en ley. Así de simple. En segundo lugar, ha dicho que se negociaba en la mesa del pacto social lo que hemos propuesto en relación a los fondos de inversión obligatoria.
Me temo que en la mesa del llamado pacto social --de pacto social nada, no hay pacto ni es social-- no se discute nada, porque hasta ahora, si no mienten los sindicatos --creo que no mienten--, éstos están diciendo que se va a la mesa con un ucase, es decir, con un imperativo: «Señores, aquí hay lo que hay y punto. El país no está para bromas y los presupuestos tampoco, por tanto, no hay ninguna posibilidad de acordar nada». Pero suponiendo que eso se negociase en la mesa, no veo ninguna contradicción, sino que lo veo perfectamente compatible con que se discuta también en este Parlamento y, si es posible, se apruebe en el marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Lo veo absolutamente normal. Termino y reitero, señor Arnau, ¿podría aceptar en nombre de su Grupo un debate en la línea que yo he propuesto en mi primera intervención, es decir, un debate a fondo sobre el empleo y sobre propuestas concretas sin votaciones de ningún tipo, no de cara a la galería, con asesoramiento técnico, del tipo que sea necesario, para intentar ver cuáles son las propuestas de cada Grupo Parlamentario en relación al problema y poder encontrar aquí, desde la línea ideológica, teórica, programática de cada uno, soluciones al problema de la recesión, la crisis y, naturalmente, las secuelas cada vez más dramáticas del paro? Yo emplazo al Grupo Socialista a que nos plantee eso con toda claridad. El debate de los presupuestos está prácticamente ultimado, pero podemos hacer otros debates de los que pueden salir alternativas que no se han querido ver en estos presupuestos.
Gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos. Tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Señora Villalobos, el Grupo Socialista no renuncia a introducir el concepto de cualificación profesional en los preceptos en los que se habla de acción formativa. Lo que ocurre, como ya le señalé en Comisión y también en este debate del Pleno, es que en estos momentos no tenemos el catálogo de cualificaciones profesionales. De ahí que sea necesario mantener las expresiones de acciones formativas que incluía ya la Ley 31/1984 y que mantiene el proyecto que estamos debatiendo. En definitiva, yo creo, señora Villalobos, que ustedes, el Grupo Popular, con la excusa unas veces de los estibadores portuarios, otras veces de las cualificaciones profesionales y en otra ocasión de una enmienda que usted no se ha atrevido a mencionar, como es la que se refiere a la prejubilación de los funcionarios en régimen general de la Seguridad Social, con todas estas disquisiciones lo que están haciendo simplemente es marear la perdiz. Todo porque en definitiva no se atreven a decir que no harían este proyecto de ley y que incluso no mantendrían el sistema actual de protección por desempleo. No en vano, señora Villalobos, ustedes durante la campaña electoral hicieron referencia a la necesidad de desmantelar el Inem. No hablaron de mejorar el Inem, no hablaron de reformarlo. Se habló de desmantelar el Inem, de desproteger, en definitiva. Nosotros intentamos mejorar esa gestión, que usted sabe que es necesaria y que nosotros reconocemos que hace falta. Por otra parte, lo que queremos con esta ley, así como con la Ley 22/1922, es mejorar el sistema de protección por desempleo. Usted lo sabe perfectamente, pero ocurre que usted no quiere mencionar expresamente cuál es la posición de su Grupo, porque con toda seguridad ustedes no tienen ningún sistema alternativo de protección del desempleo al que estamos defendiendo en este debate, al que defendimos en la Ley 31/1984 y al que defendimos el año pasado en la Ley 22/1992. Señor Peralta, la diferencia entre nosotros está en que a lo que usted llama recorte nosotros llamamos consolidación. No hay recorte del sistema de desempleo. Existe una consolidación del sistema, existe una mejora, existe una racionalización del sistema, con todas las medidas que hemos propuesto ahora y con las medidas que propusimos el año pasado.
Usted ha cuestionado la generosidad del sistema. Yo creo que le he demostrado --siempre estas cosas se deben hacer relativamente, es decir, comparando con otros países-- que de acuerdo con nuestros datos, la situación de protección de los parados españoles está, co-mo mínimo, en la media de los países de la Unión Europea. Por último, señor Frutos, ya tendremos ocasión de debatir sobre lo que usted propone hoy.
¡Claro que tendremos ocasión de debatirlo! Lo haremos en el momento en que el Gobierno traiga la reforma del mercado de trabajo. Con mucho gusto debatiremos sobre las horas extraordinarias, sobre la jubilación que usted propone que sea incluida en este proyecto de ley y en el que nosotros, juzgamos que no tiene cabida. El debate lo tendremos y a buen seguro que será interesante y fructífero. Pero, como ya le dije en Comisión, no entenderán ustedes este precepto, no entenderán ustedes el proyecto de ley que estamos debatiendo si no se parte de la idea, y sin prejuicios, de que a lo que vamos es a mejorar el sistema, a hacerlo más solidario, a hacerlo más racional y, en definitiva, a hacerlo más justo.
Si ustedes dejan a un lado los prejuicios y ven nuestra buena voluntad, observarán que todas las medidas que proponemos en este proyecto de ley se dirigen precisamente a eso: a mantener la protección, a salvar la protección, en definitiva, a hacer nuestro sistema de protección del seguro de desempleo más solidario, más justo, más equilibrado, más racional, ateniéndose más a las circunstancias actuales y, en definitiva, salvando los desequilibrios financieros que se están produciendo. Piense, señor Peralta, que todavía quedan colectivos que no están acogidos al seguro de desempleo, por ejemplo, los empleados de hogar; por ejemplo, los eventuales agrarios que no pertenecen a Andalucía y Extremadura; por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia. ¡Cómo no vamos a estar de acuerdo en la lucha contra el fraude! Cuando existen todavía colectivos sin protección, nuestra actitud debe andar al unísono al menos en esto, en lo que usted ha señalado también, en la lucha y en la persecución del fraude en la prestación del desempleo y de todas las prestaciones sociales.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.


--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994 (Número de expediente 121/000013) (CONTINUACION)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate relativo al título III y disposiciones concordantes, vamos a proceder a las votaciones del proyecto de ley de presupuestos.
Votación correspondiente a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana, pide la palabra.)

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Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicitamos votación separada en un bloque de las enmiendas números 1.355, 1.356, 1.358, 1.371, 1.375, 1.384 y 1.385, y el resto en otro bloque.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Votamos las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, números 1.355, 1.356, 1.358, 1.371, 1.375, 1.384 y 1.385. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 162; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 16; en contra, 177; abstenciones, 146.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular, excepto la número 400 y la número 392. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 147; en contra, 176; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 400, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 319; en contra, seis; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda transaccional relativa a la enmienda número 392, del Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 322; en contra, uno; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (El señor Fernández-Miranda pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA I LOZANA: Gracias, señor Presidente. Plantear por separado la votación de la enmienda 1.196, por un lado; las enmiendas 1.183 y 1.184, en un segundo bloque; y el resto en otro.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 1.196, del Grupo Vasco (PNV). Comienza la votación. (Pausa.).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 10; en contra, 313; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 1.183 y 1.184, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 150; en contra, 174; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, nueve; en contra, 177; abstenciones, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las enmiendas del grupo Mixto, del señor González Lizondo. (El señor Fernández-Miranda pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Pedimos votar por separado, en un bloque, las enmiendas 138, 207, 208, 209, 210 y 213, y el resto en otro bloque independiente.
Gracias, señor Presidente.


El señor PREISIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Enmiendas 138, 207 a 210, ambas inclusive, y 213, del señor González Lizondo. Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 10; en contra, 179; abstenciones, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Fernández- Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Pedimos votación separada de las enmiendas 1.228 y 1.229 y el resto en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas 1.228 y 1.229, del Grupo de Coalición Canaria. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 150; en contra, 173; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 11; en contra, 173; abstenciones, 155.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen de las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 175; en contra, 161; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO (FINAL)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al proyecto de ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo.
Votaciones relativas al título I y a las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y novena.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Deseamos votación separada de las enmiendas correspondientes a incentivos para las pequeñas y medianas empresas, que son las números 178 y 180. Gracias, señor Presidente. (El señor Zabalía Lezámiz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Zabalía tiene la palabra.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, solicitamos la votación separada de la enmienda número 182.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas 178 y 180, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 164; en contra, 175.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 182, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 140; en contra, 181; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 157; en contra, 182.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos votar por separado la enmienda 252 y el resto en otro bloque. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 252, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 12; en contra, 172; abstenciones, 155.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 147; en contra, 172; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 147; en contra, 177; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen del Título I y disposiciones concordantes. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández- Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicito votación separada del artículo 3.octavo.uno y de los artículos 4 y 5 en un bloque; de los artículos 6, 7 y 8 en otro bloque, y el resto en otro.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación los artículos 6, 7, 8, según el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 182; en contra, 19; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Votación relativa al artículo 3 número 8, apartado primero.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 320; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Votación correspondiente a los artículos 4 y 5 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 322; en contra, 15; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Votación del resto del dictamen correspondiente a este bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 175; en contra, 162; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Entramos en las votaciones relativas al Título II y disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y décima y disposiciones transitorias primera y segunda.
En primer lugar, corresponde someter a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. (El señor Martínez Blasco pide la palabra.) El señor Martínez Blasco tiene la palabra.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, nuestro Grupo solicita votación separada de diez enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que pueden votarse en bloque, cuyos números son los siguientes: 200, 201, 203, 204, 209, 217, 242, 248, 249 y 250.


El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 200, 201, 203, 204, 409, 217, 242, 248, 249 y 250. Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 157; en contra, 176; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 140; en contra, 177; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicito votar en un bloque las enmiendas 26, 28, 30 a 34, ambas inclusive, 38, 39, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 86 y 89; el resto en otro bloque. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 26, 28, 30 a 34, 38, 39, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 86 y 89, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 157; en contra, 176; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 15; en contra, 178; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicito votar por separado la enmienda número 11.El señor PRESIDENTE: Enmienda número 11, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 10; en contra, 178; abstenciones, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, nueve; en contra, 179; abstenciones, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen del Título II y disposiciones adicionales y transitorias concordantes. (El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada en tres bloques. El primero serían los artículos 10, 12 y 14; el segundo, el artículo 22 y las disposiciones transitorias primera y segunda; y el tercer bloque sería el resto de los preceptos del Título II y las disposiciones adicionales y transitorias.


El señor PRESIDENTE: Votamos los artículos 10, 12 y 14 del dictamen. Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 178; en contra, 155; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Votamos el artículo 22 y las disposiciones transitorias primera y segunda. Comienza la votación. (Pausa.)Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 176; en contra, 160; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación correspondiente al resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 182; en contra, 157.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votaciones relativas al Título III y disposiciones adicionales undécima, duodécima y decimotercera, disposición transitoria tercera, disposición derogatoria y disposiciones finales primera y segunda. En primer lugar, las enmiendas del Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 145; en contra, 177; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Pedimos un bloque con las enmiendas 84, 85, 92 y 93 y el resto en otro bloque. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, las enmiendas 84, 85, 92 y 93, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 21; en contra, 313; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 16; en contra, 178; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos seguidamente las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, nueve; en contra, 173; abstenciones, 157.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, ocho; en contra, 179; abstenciones, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones relativas al dictamen del Título III y disposiciones concordantes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 176; en contra, 25; abstenciones, 138.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Enmienda del Grupo Popular a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 138; en contra, 177; abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 16; en contra, 178; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación del dictamen de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 177; en contra, 162.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana. Se iniciará con el debate de las secciones 01, 02, 03, 04, 05 y 08, 13, 18, 14 y 12, y está previsto que enla sesión de la tarde se produzca el debate de las secciones 20, 15, 16, 24 y 25. Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.

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