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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 34, de 30/11/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 34 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 32 celebrada el martes, 30 de noviembre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre comercio interior. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 32.1, de 24 de septiembre de 1993 (número de expediente 122/000022) (Página 1534) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre bases del Estatuto del Contribuyente. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 14.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 122/000005) (Página 1540)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar la protección de la juventud y la infancia frente a la proliferación de películas y series con alto contenido de violencia, xenofobia y cualquier otro planteamiento que atente contra la dignidad de la persona, en la programación de las televisiones públicas y privadas.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 13, de 4 de octubre de 1993 (número de expediente 162/000032) (Página 1555)

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--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre el respeto a la toponimia catalana en la documentación para uso público del Ministerio del Interior. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 22, de 29 de octubre de 1993 (número de expediente 162/000039) (Página 1563)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas previstas por el Gobierno para poner fin a los problemas del Sistema Nacional de Salud y para conseguir un adecuado nivel de calidad y de satisfacción por parte de los usuarios, y de los profesionales sanitarios, evitando recortes en las prestaciones a los ciudadanos (número de expediente 173/000015) (Página 1569) --Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas económicas y políticas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para garantizar el futuro de la factoría de SEAT en la Zona Franca de Barcelona, en el marco de la crisis actual (número de expediente 173/000013) (Página 1579) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre criterios de política industrial que piensa adoptar el Gobierno, ante la grave crisis que afecta al sector del automóvil y, en concreto, a la empresa automovilística SEAT (número de expediente 173/000014) (Página 1579) --Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios generales de política industrial que tiene previsto aplicar el Gobierno en el sector de la automoción e industrias auxiliares, con especial referencia a la situación de crisis que afecta a la empresa SEAT (número de expediente 173/000016) (Página 1579)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 35, de 1 de diciembre de 1993.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 1534)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre comercio interior (Página 1534)

Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo de Izquierda Unida, el señor Frutos Gras. Comienza aludiendo a la proposición de ley que hace pocas semanas presentaba el Grupo Catalán, momento en el que no se aceptó la tramitación conjunta de ambas proposiciones, que tenían determinadas coincidencias aunque, naturalmente, también diferencias importantes. Agrega que la proposición que ahora defiende es fruto de un trabajo intenso durante muchos años y la justifica en que la normativa actual sobre el comercio está absolutamente anticuada, beneficiando predominantemente los intereses que en este momento defienden el Gobierno central y Convergència iUnió, pero que no tiene nada que ver con el pequeño comercio.
La proposición tiene su origen en otra similar presentada en la III Legislatura y su contenido fundamental consiste en fomentar principios de igualdad entre los trabajadores del sector, recogiendo las propuestas de la Mesa del comercio, en la que están representadas organizaciones de pequeños comerciantes y también los sindicatos. Igualmente pretenden la actualización de una serie de normas y la posibilidad de modernizar los pequeños comercios para favorecer su competitividad frente a las grandes superficies, avaladas siempre por compañías transnacionales. Se trata, en definitiva, de armonizar los intereses del pequeño comercio con los del usuario y el consumidor.
Otro apartado de la proposición va dedicado al medio ambiente, avanzando una serie de iniciativas que lo respetan. Por otra parte, se trataría de garantizar un sistema de créditos, del cual están prácticamente ausentes los pequeños comerciantes.
Lógicamente pretenden también derogar algo que ha sido absolutamente perverso para el pequeño comercio y para otros sectores populares de la sociedad española, como es el llamado Decreto Boyer, es decir, la Ley 2/85.
Termina señalando que su propósito es contribuir a que desde el sector del pequeño comercio se creen

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numerosos puestos de trabajo, porque es justamente el lugar donde más empleo puede crearse en nuestro país. Por consiguiente, piden el voto afirmativo de la Cámara para la toma en consideración de la proposición de ley y su posterior tramitación parlamentaria. Para fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Molins i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Aguirre González, del Grupo Popular, y Martín Mesa, del Grupo Socialista. Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por 15 votos a favor, 142 en contra y 120 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre bases del Estatuto del Contribuyente (Página 1540)

En defensa de la proposición de ley del Grupo Popular interviene el señor García-Margallo y Marfil, manifestando a través de ella que pretenden, en primer lugar, establecer, garantizar y fijar el principio de seguridad jurídica, que es fundamental en el Estado de Derecho. En segundo lugar, se trataría de acabar con el fraude y la emigración fiscal.
Reconoce las dificultades que entraña esta defensa y que derivan, en primer lugar, del desconocimiento que la gente tiene de lo que está pasando en materia de fiscalidad en España.
Recuerda que para que un sistema fiscal sea justo y se acomode a la capacidad de pago de cada uno es necesario, en primer lugar, que se administre eficazmente y para ello debe cumplir cuatro principios, que son la claridad, continuidad, economía y conveniencia. Analiza la forma en que dichos principios se encuentran recogidos en el actual sistema fiscal español, afirmando que cuando se altera el principio de seguridad jurídica en los términos en que se ha señalado anteriormente se cometen aberraciones como el artículo 63 o las resoluciones sobre la aplicación del tipo reducido del IVA. Cuando se modifica el Impuesto sobre la Renta muchas veces en menos de diez años, cuando se tiene la presión fiscal indirecta más alta de Europa y cuando se agreden los derechos de los contribuyentes, como aquí se agreden, no es extraño que florezca el fraude fiscal. No va a sonrojar a los señores Diputados dándoles las cifras públicas y privadas sobre el fraude fiscal, que ha batido récords históricos desde que los socialistas están al timón de la economía nacional. Tampoco va a leer las listas de empresas que en los años de bonanza, de 1985 a 1989, prefirieron emigrar por razones económicas varias, pero también por razones fiscales. A la vista de la situación existente, el Estatuto del Contribuyente pretende restablecer un consenso fiscal que se estableció en 1977, en el clima de las recién recobradas libertades en España, y que el Gobierno socialista ha deteriorado con sus actuaciones a lo largo de estos años.
Explica seguidamente el contenido de dicho Estatuto del Contribuyente, recogido en la proposición de ley, y termina señalando que el fraude y la emigración fiscal se está disparando porque el contribuyente no encuentra garantías jurídicas en el ordenamiento, con lo que se están vaciando las arcas de la recaudación del Estado. No le basta con que se le diga que van a traer la Ley General Tributaria, porque se han perdido los años de bonanza en que el país se ha vendido al exterior y se han establecido fuera nuestras empresas, por lo que en estos momentos de crisis, cuando quieran traer esa ley, probablemente no haya nadie a quien se le pueda aplicar.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor García Ronda, manifestando que, una vez más, van a debatir con el Grupo Popular sobre aspectos tributarios o pretensiones de ley tributaria respecto de las que mantienen discrepancias de matiz esenciales con referencia al tratamiento que de los tributos se quiere hacer por parte del Grupo Popular. Es de considerar la intención del Grupo Popular de mejorar, precisar y equilibrar las relaciones entre la Administración y los contribuyentes, pues supone que no habrá ninguna intención de debilitar a la Administración ni de introducir confusión en esas relaciones. Sin embargo, piensa que la proposición de ley presentada no sirve para satisfacer nada, pues es técnicamente incorrecta, fiscalmente inconveniente para la Administración tributaria, a la que se debe fortalecer en su lucha contra el fraude y en su capacidad recaudatoria, y políticamente inoportuna por cuanto el Gobierno está estudiando el problema. Ese debilitamiento de la Administración tributaria se daría de manera objetiva si se hiciera caso de esta proposición de ley.
Desmenuza sintéticamente las bases de la proposición de ley del Grupo Popular, destacando los numerosos problemas que plantearía su aplicación en relación con el tema de la seguridad jurídica, ya que los socialistas son escrupulosos con cualquier principio que ataña a la misma y, en general, a las obligaciones de los ciudadanos. El que en ocasiones se produzcan imperfecciones lo acepta, pero precisamente su propósito es el de ir mejorando a través de futuras reformas legales.
En este sentido informa a la Cámara de que el Gobierno presentará próximamente un proyecto de ley

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general tributaria, que es el lugar donde deben incardinarse estos aspectos de los derechos de los contribuyentes y de sus relaciones con la Administración pública. Dado que es allí donde considera que deben discutirse todas las cuestiones planteadas por el representante del Grupo Popular, anuncia en este momento que el Grupo Socialista votará en contra de la proposición de ley, porque no les parece la adecuada ni en forma, ni en expresión, ni en momento exacto.
Replica el señor García-Margallo y Marfil, duplicando el señor García Ronda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo y Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular es rechazada por 127 votos a favor, 168 en contra y seis abstenciones.


Proposiciones no de ley (Página 1555)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar la protección de la juventud y la infancia frente a la proliferación de películas y series con alto contenido de violencia, xenofobia y cualquier otro planteamiento que atente contra la dignidad de la persona, en la programación de las televisiones públicas y privadas (Página 1555)

Defiende la proposición no de ley, en representación del Grupo Popular, el señor Fernández-Miranda y Lozana, manifestando que a través de aquélla intentan proteger a la infancia ante los contenidos violentos de la programación de las televisiones.
Con esta iniciativa pretenden recoger la preocupación que la sociedad española está demostrando en torno a este importante asunto y, en definitiva, tranquilizar la alarma social que están suscitando acontecimientos tan dramáticos como los protagonizados por niños dentro y fuera de España, que actúan como protagonista y como víctimas en episodios escalofriantes.
En la proposición no de ley tratan de la educación de los niños españoles hasta la edad de doce años y de la tremenda influencia que la televisión tiene en el hecho educativo. Han aparecido en los últimos meses con especial intensidad numerosas opiniones científicas de gran solvencia que afirman que los niños de esas edades transforman su propia vida y su propio entorno por lo que ven en televisión. También es importante considerar que los niños entre los dos y los doce años ven la televisión de una forma especial y, además, sumamente intensa, constituyendo su primera actividad de ocio.
Es igualmente importante reflexionar sobre lo que los niños en esas edades ven en la televisión y los datos proporcionados son para hacernos reflexionar en torno a esa realidad.
Menciona la existencia de un amplio número de programas y escenas violentas y su influencia en sucesos recientes que están en la mente de todos, agregando que lo que el Grupo Popular pretende a través de esta proposición no de ley es que por televisión no se emita violencia, no se emita racismo ni xenofobia. Y, si se hace, cuando se produzca antes de las diez de la noche, que se avise expresamente que se va a producir esa emisión para conocimiento tanto de los padres como de los propios niños.
Termina pidiendo el voto afirmativo de la Cámara como demostración de que son conscientes del grave riesgo al que están induciendo a nuestros niños, que acabarán constituyendo la sociedad del día de mañana.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del Grupo Popular intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores González Lizondo, del Grupo Mixto, y Martínez Martínez (don Enrique), del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular en los términos resultantes de la aceptación de diversas enmiendas, es aprobada por 275 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre el respeto a la toponimia catalana en la documentación para uso público del Ministerio del Interior (Página 1563)

La señora Rahola Martínez, del Grupo Mixto, defiende la proposición no de ley presentada. Pregunta si existe alguna explicación razonable para que dieciséis años después de las primeras elecciones democráticas y diez años después de la Ley de Normalización Lingüística aún tengan que debatir una proposición no de ley de esta naturaleza. Pregunta

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asimismo si consideran razonable que haga perder el tiempo a la Cámara para reclamar lo que no es sólo un derecho sino un simple ejercicio de cultura.
Menciona el nombre castellano de numerosas localidades catalanas, nombres prácticamente irreconocibles para la inmensa mayoría de los catalanes, pidiendo al Gobierno que retire esos listados obsoletos que vulneran la legalidad y los sustituya por otros listados donde la toponimia de poblaciones, barrios y calles catalanes esté respetada. Dado que es desde el respeto mutuo, desde el respeto de las instituciones al carácter pluricultural del Estado donde se crea un marco de convivencia, apela al sentido común, al respeto cultural y al respeto al marco legal para que sea tenida en cuenta su petición.
Aprovecha también para pedir al Gobierno que tramite esta documentación oficial en catalán, para que los derechos de los ciudadanos catalanes no se vean conculcados.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Marcet i Morera, del Grupo Socialista; Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Díaz, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Ribó 1Massó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición debatida, en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas de los Grupos Socialista y Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 292 votos a favor y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 1569)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas previstas por el Gobierno para poner fin a los problemas del Sistema Nacional de Salud y Para conseguir un adecuado nivel de calidad y de satisfacción por parte de los usuarios y de los profesionales sanitarios, evitando recortes en las prestaciones de los ciudadanos (Página 1569)

El señor Burgos Gallego defiende la moción del Grupo Popular.
Expone que la moción no contiene un catálogo exhaustivo de propuestas y ni siquiera han pretendido abordar toda la variada problemática de nuestra sanidad. Con ella simplemente desean invertir una tendencia al anquilosamiento del sistema y a su progresivo deslizamiento por una pendiente de ineficacia, de escasez de ideas y voluntad de cambios que no pueden mantener por más tiempo. La sanidad española padece importantes deficiencias derivadas del agotamiento y las insuficiencias de un modelo cerrado, burocrático, rígido y centralizado, basado en presupuestos irreales. En definitiva, un modelo lastrado de prejuicios y superado por las necesidades de la sociedad española.
Añade que el Sistema Nacional de Salud, que todos defienden, ha demostrado ser un instrumento válido para configurar una respuesta asistencial y una cobertura de las necesidades de los ciudadanos. El Sistema no se cuestiona, pero sí su modelo, y de forma profunda, porque el modelo que se está aplicando es el que pone en grave riesgo la pervivencia del diseño asistencial, que comparten a grandes rasgos. Es, además, un modelo que cuesta demasiado para lo que ofrece, que ha marginado a los profesionales sanitarios de la toma de decisiones y que ha generado discriminaciones, irregularidades, politización en la gestión, descontrol económico e insatisfacción creciente en profesionales y usuarios.
Con la moción que ahora defienden pretenden desbloquear la parálisis actual y superar el marasmo organizativo que les preocupa extraordinariamente. Termina exponiendo el contenido de los puntos que integran esta moción.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Cardona i Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Sometidos a votación los diversos apartados que integran la moción, son rechazados.


Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas económicas y políticas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para garantizar el futuro de la factoría de SEAT en la Zona Franca de Barcelona, en el marco de la crisis actual (Página 1579)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre criterios de política industrial que piensa adoptar el Gobierno ante la grave crisis que afecta al sector del automóvil y, en concreto, a la empresa automovilística SEAT (Página 1579)

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Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios generales de política industrial que tiene previsto aplicar el Gobierno en el sector de la automoción e industrias auxiliares, con especial referencia a la situación de crisis que afecta a la empresa SEAT (Página 1579)

En defensa de las respectivas mociones presentadas intervienen la señora Rahola Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Ribó Massó, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de las enmiendas presentadas a estas mociones hacen uso de la palabra los señores Milián Mestre, del Grupo Popular, y Marsal i Muntala, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Mixto, es rechazada por 18 votos a favor, 250 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya se aprueba su apartado segundo por 270 votos a favor, rechazándose los restantes apartados por 19 votos a favor y 250 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y una transaccional en relación con las enmiendas del Grupo Popular, es aprobada por 254 votos a favor y 17 en contra.


Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PREPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE COMERCIO INTERIOR (Número de expediente 122/000022)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Cataluña, sobre comercio interior.
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, escasísimos y escasísimas señoras y señores Diputados. Voy a reiterar brevemente lo que ya fue un anuncio de presentación con motivo de la proposición de ley de Convergència i Unió de hace escasamente dos meses. Nosotros en aquel momento y defendiendo la posibilidad de que ambas proposiciones de ley fueran tomadas en consideración en el mismo trámite, planteamos que había determinadas coincidencias y, naturalmente, también diferencias importantes. Nosotros partimos en la presentación de nuestra proposición de un trabajo que hemos venido realizando durante muchos años.
El señor Homs en el anterior debate vino a decir, más o menos, que se alegraba de que un Grupo como el de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya se preocupara por los temas del pequeño comercio, la pequeña y mediana empresa, no habiéndose leído, seguramente, las actas del Parlamento que decían --ya en aquel lejano 1983, en la III legislatura-- que el grupo que en aquel momento representaba, junto a otras organizaciones, a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defendió ya una ley del comercio que procurara normalizar y democratizar el conjunto del sector, atendiendo a las reivindicaciones de los trabajadores, al pequeño comerciante, etcétera. En aquel momento prácticamente todos los grupos de la Cámara, incluido el Grupo Catalán (Convergència i Unió), se inclinaron por favorecer los intereses de los grandes grupos transnacionales, de las grandes superficies que, posteriormente, en Cataluña y en el conjunto del Estado se han instalado defendiendo los intereses bien concretos. En el año 1993, cuando ya Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya iba a presentar en esta legislatura la proposición de ley que tenía pendiente de la anterior legislatura, resulta que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) presenta la suya. Parece ser que no fue aceptada a trámite en su momento, y vamos a ver su posición favorable, neutra o negativa a la propuesta que hacemos ahora nosotros.
Presentamos esta proposición de ley porque consideramos que la normativa actual que afecta al comercio en su conjunto está absolutamente anticuada. Esto beneficia a los intereses que de forma predominante el Gobierno central y el de las comunidades autónomas --en concreto, el Gobierno de Convergència i Unió-- han defendido en este momento concreto; intereses que no tienen nada que ver con el pequeño comercio. Eso sí, llenándose la boca de hablar bien de los pequeños comerciantes, pero no poniendo en marcha con tiempo una iniciativa que hubiera fomentado el asociacionismo del pequeño comercio, la defensa frente al gran competidor, que viene normalmente de la gran trasnacional, etcétera.
Nuestra proposición de ley tiene unos contenidos muy claros -- no voy a extenderme mucho en ello--, y

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su origen, repito, en nuestra propuesta de la III Legislatura.
Los contenidos fundamentales son fomentar principios de igualdad entre todos los trabajadores del sector, entendiendo y recogiendo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya las propuestas que nos vienen de la mesa del comercio, en la cual están organizaciones de pequeños comerciantes, pero también están los sindicatos. Promoción, por tanto, del trabajador y del conjunto del sector. Actualizar una serie de normativas y de posibilidades de modernización de toda una serie de pequeños comercios para su competición frente a la intervención de las grandes superficies, avaladas siempre por compañías transnacionales. Y armonizar, en definitiva, los intereses del pequeño comercio con los del usuario y consumidor. Democratizar en definitiva, los órganos decisorios. Por eso pretendemos, cosa que no se recoge en la preposición de ley de Convergència i Unió, que a nivel central y a nivel de comunidad autónoma haya comisiones formadas por sindicatos, empresarios y la Administración, que puedan atender los problemas que en cada ámbito se puedan presentar; reglamentar horarios y modalidades de ventas.
Hay todo un apartado dedicado al medio ambiente, porque pensamos que en la pedagogía que se establece en este pequeño comercio hacia el usuario y consumidor se puede avanzar en toda una serie de iniciativas que respeten el medio ambiente.
Garantizar un sistema de créditos, del cual están prácticamente ausentes los pequeños comerciantes, engullidos por los tiburones del sector que tienen todas las facilidades de créditos de que en cada momento quieran disponer.
Naturalmente, derogar algo que ha sido absolutamente perverso para el pequeño comercio y para otros sectores populares de la sociedad española, que es el llamado Decreto Boyer, es decir, la Ley 2/1985.
Nosotros pensamos que en el sector del pequeño comercio, según la política que se desarrolle, se pueden crear muchos puestos de trabajo. Oímos de forma reiterativa en los últimos meses (además creemos que hay una gran presión sobre el Ministro de Comercio por parte de las grandes superficies) que en las grandes superficies se crean muchos puestos de trabajo. Nosotros no queremos contribuir con ninguna medida a la liquidación de un solo puesto de trabajo, pero sí deseamos que desde el sector del pequeño comercio se creen también un montón de puestos de trabajo, porque, tal como discutimos en su momento en el debate que hubo sobre la pequeña y mediana empresa, es el lugar donde más empleo se puede crear en nuestro país.
Por todas estas razones, pedimos su voto afirmativo, entendiendo que la toma en consideración en su momento de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) no es motivo para, en este momento, denegar la presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque puede haber un método muy sencillo, y ya lo dijimos también cuando votamos afirmativamente la toma en consideración de la proposición de ley de Convergència i Unió. Dijimos que en el trabajo en Comisión, a través de una Ponencia, se pueden ver las cosas en las que se puede avanzar de forma complementaria; naturalmente, ante las contradicciones y diferencias que haya, cada uno va a defender sus enmiendas particulares.
Por tanto, señoras y señores Diputados, les rogamos tomen en consideración nuestra proposición de ley para que podamos avanzar de inmediato en un trabajo que es absolutamente necesario para este sector en la actual situación económica española.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Frutos, estoy bastante de acuerdo con usted en que no es malo que esta proposición de ley se pudiera tomar también en consideración para poder trabajar sobre ella. Por ello voy a votar a favor de ella, porque entiendo que esta proposición de ley contempla una serie de puntos que no están perfeccionados en la presentada por Convergència i Unió, y, al mismo tiempo, dentro de todo un montón de enmiendas que nosotros tenemos preparadas, tampoco habíamos pensado en estos temas. Hay cosas que nosotros tratamos muy bien, como es, por ejemplo, el aspecto relativo al urbanismo comercial, pero ustedes también lo tratán aquí con otra perspectiva que no es mala, y se podría hablar de ella.
Es importante el tema de los incentivos y fomento de las agrupaciones y cooperativas de los trabajadores, y asimismo son importantes las especificaciones que ustedes hacen sobre aspectos de las grandes superficies comerciales.
Sería bueno que se pudieran aceptar las dos. Unión Valenciana va a votar afirmativamente. Pero tampoco es ningún problema que ustedes puedan presentar las enmiendas a la de Convergència i Unió, y que entre todos podamos llegar a hacer esa gran ley que --estoy totalmente de acuerdo con usted--está precisando nuestro pequeño comercio.
En cuanto a esa pequeña, digamos rabieta (perdóneme usted la expresión) con que usted se despacha, diciendo: la nuestra no salió, han aceptado la otra, este Diputado también presentó una, pero como teníamos un cupo tan pequeño nos tuvimos que aguantar. Es lógico. Pero lo que hace falta, en definitiva, es que el trabajo salga. Yo creo que este tema preocupa mucho a

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todos. Y creo que Convergència i Unió, ha hecho también un gran despliegue, que perfectamente es compatible, y entre todos debemos intentar mejorarlo. Por tanto, votaremos a favor de esta toma en consideración, entendiendo que es posible homologarlo --todo es posible trabajando en conjunto-- y que lo que debemos intentar es que haya unión de criterios, unión de pareceres y que salga lo más rápidamente posible.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario quiere fijar su posición ante la proposición de ley sobre comercio interior presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Tanto esta proposición de ley como la presentada en su día en esta Cámara por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) intentan acometer, por fin, la regulación de la actividad del comercio interior, objetivo tan demandado desde todas las esferas de esta actividad, empresarios, trabajadores y usuarios.
La evolución que el tráfico mercantil está teniendo en los últimos años, junto con las pautas de conducta de los usuarios y consumidores, obligan a los poderes públicos a garantizar, por una parte, los derechos y dar cumplimiento, por otra, a las obligaciones que tienen todos los que intervienen en esta actividad. Es, además, notorio que este desarrollo del tráfico mercantil está obligando al pequeño comercio a acometer una puesta al día de sus estructuras empresariales y de formación profesional de sus trabajadores, en general muy costosas, lo que, junto con la competencia de algunas prácticas reconocidas en el sector, lleva a gran número de pequeños comerciantes a situaciones que desembocan en numerosos cierres de comercio, con el consiguiente impacto social que ello conlleva. Es, por lo tanto, urgente y necesario que se acometa definitivamente esta regulación, que es además un compromiso político de todos los grupos, que ya hemos manifestado esta necesidad y es, asimismo, un mandato constitucional recogido en el apartado 3 del artículo 51 cuando establece que la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
Sentadas estas premisas, debo decir que ya en su día nuestro Grupo Parlamentario dio su voto favorable a la proposición de ley de comercio, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Estamos, desde luego, a favor de cualquier iniciativa parlamentaria sobre esta materia, si bien es cierto que, desde nuestra óptica, es más adecuada, en principio, la proposición presentada por Convergència i Unió.
Esperamos que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) consideren la conveniencia de unificar ambas proposiciones de ley.
No hay que olvidar que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de comercio interior, según el punto 27 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía, que establece esta competencia, sin perjuicio de la política general de precios, la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia, ferias y mercados interiores, denominaciones de origen y publicidad en colaboración con el Estado. Es importante resaltar este punto en un momento en que la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de julio de 1993, sobre la ley del Parlamento valenciano 8/1986, de 29 de diciembre, de ordenación de la actividad económica, establece la inconstitucionalidad de regular los horarios comerciales a la Comunidad Autónoma de Valencia. Si bien no es el momento de entrar a debatir esta cuestión, sí quiero dejar claro que para nuestro Grupo Parlamentario es fundamental la derogación del artículo 5.º del Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica, que establece, norma básica, la regulación de la libertad de horarios y el cierre de establecimientos comerciales, sobre la cual el Parlamento vasco se pronunció a través de una proposición no de ley, el día 29 de octubre de 1993, reafirmándose en la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en comercio interior y, consecuentemente, en la regulación de los horarios comerciales, instando al Estado la derogación del citado artículo 5.º del llamado Decreto Boyer.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario, como digo, propone la unificación de las proposiciones de ley presentadas por los dos grupos parlamentarios y que existen en estos momentos en la Cámara, para lo cual daría su voto favorable. Mientras tanto, como nosotros hemos dado el voto favorable a la proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), mantedríamos esta postura y nos abstendríamos en la votación de la proposición de ley presentada por Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. La proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya coincide en muchos de sus puntos con la presentada, en semanas pasadas, por nuestro Grupo Parlamentario, tomada en

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consideración por el Pleno de la Cámara y en este momento en tramitación y en plazo de presentación de enmiendas, como conoce muy bien el señor Presidente. Otras partes de esta proposición de ley no coinciden con nuestros planteamientos.
Por eso no están contenidos en la proposición de ley de nuestro Grupo Parlamentario y, por tanto, no la podríamos apoyar.
Sin embargo, señor Presidente, entendemos --como ya han dicho otros grupos parlamentarios-- que lo lógico sería aprovechar la toma en consideración, por parte de la Cámara, de la proposición de ley presentada en esta Cámara por nuestro Grupo Parlamentario. Por ello invitaríamos al Grupo Parlamentario proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a que retirara la suya y presentara enmiendas dentro de plazo, que se encuentra abierto hasta el 14 de diciembre, a la proposición de ley que ya ha sido tomada en consideración por la Cámara. De otra forma, no vemos la manera de poder votar a favor de esa toma en consideración, y no haría sino retrasar el proceso de discusión, insisto, de una proposición de ley que se encuentra en trámite de presentación de enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Corresponde en este turno al Grupo Popular fijar su posición en torno a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida sobre comercio interior. Es una proposición de ley que viene a sumarse a la ya presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el pasado mes de octubre, que gozó del voto unánime de esta Cámara. Es una proposición de ley, señorías, que es en sus objetivos y también --¿por qué no decirlo?-- en parte de sus contenidos muy semejante a la que en su día presentó el Grupo Parlamentario Catalán.
Sin duda, la crisis en que se encuentra sumergida la economía española viene a dañar de forma muy especial a un tejido muy frágil, como es el de nuestro pequeño comercio, el conocido comercio tradicional, de barrio. Estos efectos de la crisis en el pequeño comercio se ven, a nuestro juicio, agravados por la aparición de nuevas fórmulas comerciales, que colocan al pequeño comercio en una situación de crisis; nuevas fórmulas comerciales que se identifican de una manera que no creo acertada con la aparición de los efectos de las grandes superficies; efectos que recaen fundamentalmente en los horarios comerciales, en las políticas de precios, en las ventas promocionales, en los plazos de pago, en el urbanismo comercial y en un largo etcétera. Unas nuevas fórmulas comerciales que también han puesto al descubierto cierta antigüedad de nuestro tejido comercial interior y una falta de especialización de nuestro comercio de barrio; unas nuevas fórmulas comerciales que también han puesto de manifiesto el papel que juegan en el comercio interior nuestros ayuntamientos; unos ayuntamientos que, en unos casos por egoísmo y en otros casos, fundamentalmente, porque tienen una necesidad de financiación adicional, están dando una serie de concesiones, indiscriminadas, de licencias a hipermercados, y este extremo está contribuyendo, de manera perniciosa, a que se enrarezca el ambiente en el sector del comercio interior. Y --¿por qué no decirlo?-- nuevas fórmulas comerciales que también están poniendo de manifiesto que nuestro comercio interior se encuentra en una situación de reconversión; una situación de reconversión que amenaza, claramente, a un tejido empresarial que es francamente frágil. Sin embargo, señor Frutos, no neguemos que estas nuevas fórmulas comerciales han venido a mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores, así como a mejorar y a estimular la demanda interna.
Las reglas del comercio interior están cambiando, clarísima y fundamentalmente, y dejando en evidencia que nuestra legislación, en materia de comercio interior, es centenaria; es una legislación que, por el momento, no tiene contemplado cuáles son exactamente las competencias de las comunidades autónomas y las de las corporaciones locales en materia de comercio interior; no tienen contemplado cuál es la legislación oportuna, o la no oportuna, en el urbanismo comercial; tampoco están legislados los tipos de venta; no están legislados los horarios comerciales, de la manera adecuada que requiere en este momento el comercio; no están legislados los plazos de pago que se están produciendo entre los proveedores y las grandes superficies, y tampoco está perfectamente legislado todo aquello que concierne a la inspección y a las sanciones necesarias.
Pero no nos engañemos, aunque podrá ser absolutamente necesaria su puesta en marcha --que lo es y así lo votó el Grupo Popular con la unanimidad de toda esta Cámara--, una ley de comercio que se promulgue de manera aislada se va a declarar claramente insuficiente si al mismo tiempo el Gobierno no adopta medidas en otro tipo de políticas: en política fiscal, reformando el Impuesto sobre Actividades Económicas o la estimación objetiva; en materia de política laboral; en materia de política crediticia, destinada fundamentalmente a reforzar y a especializar nuestro comercio interior; en materia de Ley de Arrendamientos Urbanos y en materia de política económica. Es evidentemente, señor Frutos, que es necesario tipificar todos los tipos de ventas nuevas que han salido al mercado, como pueden ser la venta por correo o por teléfono, fundamentalmente porque hay que garantizar la estabilidad y la credibilidad

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del mercado y, por qué no decirlo, porque hay que amparar a nuestros consumidores.
Es necesario hoy día adoptar alguna medida concreta en materia de horarios comerciales. Se ha pasado todo el debate de presupuestos sin poder adoptar alguna medida en este tema.
Creo que se ha pasado conscientemente por parte del Gobierno, porque lo que quiere es promulgar un decreto-ley. De hecho, si usted se repasa el contenido de los Presupuestos en la Sección 29, verá, en su página 59, que existe concretamente una mención a la promulgación de un decreto-ley para regular los horarios comerciales.
Pero no nos engañemos, habrá que regularlos con carácter temporal, no se puede hacer una regulación con carácter indefinido ni eterno.
Señor Presidente, el Grupo Popular entiende que a la fecha de hoy la proposición de ley que nos trae el Grupo de Izquierda Unida es semejante en sus objetivos, prácticamente, a la que ya aprobó por unanimidad esta Cámara. Creemos que estamos en el trámite de poder enmendar esta proposición. Entendemos la iniciativa que quiere tomar Izquierda Unida, pero al mismo tiempo, señor Frutos, mi Grupo piensa que, estando ya un texto en la Cámara, deberíamos proceder a enmendarlo, a mejorarlo y a introducir todas aquellas diferencias que puedan existir entre los distintos Grupos. Por estas razones, señor Frutos, nos gustaría poder apoyar su iniciativa, pero lo que vamos a hacer es no impedirla con nuestros votos. Por ello el Grupo Popular anuncia su abstención a esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida, entendiendo que es en el trámite de la ya aprobada unánimemente el pasado mes de octubre donde debemos plasmar nuestras iniciativas en torno a la necesaria regulación del comercio interior.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me corresponde exponer la posición del Grupo Socialista en relación a la toma en consideración de la proposición de ley de comercio interior presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Con carácter previo a los comentarios que he de realizar sobre la opinión que nos merecen, en líneas generales, la proposición de ley de Izquierda Unida, debo recordar aquí, una vez más, como ya han hecho algunos grupos que me han precedido, que este Pleno, el pasado día 26 de octubre --ha transcurrido poco más de un mes--, tomó en consideración, por unanimidad de la Cámara --recuerdo que fueron 300 votos favorables sobre 300 votos emitidos-- una proposición de ley de comercio del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Aunque es cierto que las diferencias entre ambas proposiciones de ley, a nuestro juicio, son apreciables, sin embargo, ambas pretenden regular la misma materia, y ambas responden al mismo propósito de cumplir los preceptos o la previsión del artículo 51.3 de la Constitución, y a esta fundamentación constitucional habré de referirme más adelante.
Es obvio que estas coincidencias entre las dos proposiciones permitirían al Grupo proponente de Izquierda Unida utilizar la tramitación de la proposición de ley de CiU, que ya ha sido aceptada por la Cámara, para intentar introducir, vía enmienda, sus propios criterios sobre el sector que es objeto de regulación, sobre el sector del comercio interior, y no venir a plantear un nuevo debate en un tema respecto al cual Pleno ya se ha pronunciado con absoluta claridad y de forma tan inminente, de forma tan cercana en el tiempo, poco más de 34 días.
Decía, y quiero detenerme ahí un instante, que habría que empezar cuestionando la proposición de ley en la propia fundamentación que la misma realiza en el artículo 51.3 de la Constitución, y ello en la medida en que desde el Tribunal Constitucional se ha interpretado que la competencia de comercio interior aglutina materias que, en virtud del citado artículo, han de entenderse reservada a la ley, esto es cierto, pero tampoco cabe deducir que se trata de un mandato constitucional del que necesariamente se haya de derivar una ley de comercio interior.
Señoría, esquematizando la posición del Grupo Socialista debo señalar que estamos (y voy a devidir mi intervención en tres claros apartados) en primer lugar, ante una materia compleja; en segundo lugar, ante un sector que está sometido a una clara y profunda transformación que incluso nos permitiría calificarlo, como ha hecho el interviniente del Grupo Popular, como un sector sometido a un auténtico proceso de reconversión, y, en tercer lugar, estamos ante una actividad, la distribución comercial, que, con el resto del sector servicio, es clave de cara a conseguir dos grandes objetivos de política económica que pienso que son asumidos por la mayor parte de esta Cámara, como son: la contención de la inflación, por una parte, y la mejora de la competitividad y de la eficiencia de la economía española, por otra, aunque ustedes me van a permitir que yo no esté completamente seguro de que estos objetivos sean sinceramente compartidos por el Grupo proponente. Si me equivoco, ya de entrada les pido excusas.
Decía en el primer bloque que estamos ante una materia compleja, y lo estamos fundamentalmente por dos razones. La primera, porque se trata de una materia multidisciplinar, al ser muy diversos los aspectos que confluyen en la actividad comercial. De hecho, leyéndose detenidamente la proposición de ley de Izquierda Unida, ésta adopta un texto que incide en distintas regulaciones

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normativas, por ejemplo, el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica de Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley de Competencia Desleal, leyes de régimen local, de naturaleza laboral, creditica, etcétera. En este sentido, señorías, la proposición no tiene generalmente en cuenta la normativa vigente sobre los temas que aborda, y en muchos momentos opera en cierto modo «ex novo», desconociendo, insisto, la regulacion existente. En segundo lugar, la materia es compleja por la propia distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Diversas (y algunas recientes) sentencias del Tribunal Constitucional han venido a dibujar el panorama competencial que permite regular el comercio interior. Sin embargo, con la proposición, señoría, de forma --permítaseme que lo califique así-- extremadamente simple se despacha el tema en poco más de tres renglones, exactamente en tres renglones y medio del segundo párrafo del artículo 1.º La cuestión, señorías, creo que no es tan simple, si me lo permiten. Ustedes omiten los títulos competenciales que facultan al Estado para dictar una ley de comercio cuando existen competencias compartidas entre el propio Estado y la comunidad autónoma, lo que requeriría necesariamente especificar, o bien el carácter de básico, de total, o bien el carácter parcial de estas facultades competenciales. De cualquier forma, ustedes se adentran en su proposición de ley en competencias constitucionalmente atribuidas al Estado, tanto porque afectan a la regulación general de la actividad económica como porque afectan a la libre competencia del mercado, y le puedo recordar, por ejemplo, el artículo 48 y siguientes, que regulan los horarios comerciales; el artículo 78, que define la competencia desleal, o el artículo 86 y siguientes, en los que se regulan los precios.
En segundo lugar, decía con anterioridad que estamos ante un sector en plena reconversión. Hay necesidad de corregir excesos de capacidad instalada... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Martín.
Ruego silencio.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Decía, en el segundo bloque de mi intervención, que estamos en un sector en plena reconversión. Hay necesidad de corregir excesos de capacidad instalada; existen establecimientos obsoletos de verdad; inadaptación de muchos de estos establecimientos a la demanda actual; problemas de formación y de readaptación de la mano de obra; fuertes necesidades de inversión; necesidad de introducir y adaptar nuevas tecnologías, etcétera. Pero es que, además, este proceso de reconversión se enfrenta a dos hechos de signo contradictorio: el sector está constituido por un gran número de pequeños comercios individuales que no siempre son conscientes de la necesidad de los cambios, o que incluso, en otras ocasiones, no tienen capacidad para afrontarlo, porque son pequeños comercios poco proclives a adoptar fórmulas de cooperación, a adoptar fórmulas de integración. Por otra parte, la internacionalización de nuestra economía está impulsando la introducción de grandes empresas transnacionales de distribución --los conocidos hiper-- que están obteniendo especiales ventajas de la situación existente. Todo esto es verdad y lleva a la necesidad de plantear, de forma inminente, la problemática del sector comercial. Ahora bien, hay que distinguir claramente lo que son aspectos meramente coyunturales de los aspectos estructurales, y desde luego cualquier ley del comercio habrá de completarse con una política de comercio interior que permita afrontar, como digo, esta amplia problemática.
De cualquier forma, ya el Ministro del ramo, en la Comisión correspondiente, en la Comisión de Economía, ha puesto claramente de manifiesto cuáles han de ser las líneas globales que el Ministerio va a impulsar en una política de comercio interior, y ustedes, puesto que figura en el «Diario de Sesiones», me van a evitar tener que repetirlo aquí.
En tercer lugar, decía que estamos ante un sector clave para alcanzar dos objetivos fundamentales de la política económica: la contención de la inflación y la mejora de la competitividad. Pues bien, he de señalar que el estudio detenido de la proposición de Izquierda Unida en principio deja claro, por lo menos a nuestro juicio, su posicionamiento contrario al objetivo de aumentar la competencia en el sector servicios. La proposición pretende dar un giro a la tendencia progresivade liberalización de los mercados que se está produciendo en nuestro entorno y, por el contrario, plantea un intenso intervencionismo de la autoridad pública, particularmente de la autoridad autonómica y de la autoridad local.
El comercio, señorías, es una actividad clave, como recordaba el pasado día 26 de octubre el señor Roca, por su aportación a la generación del PIB o por el porcentaje de población activa que ocupa, pero también lo es --ustedes me permitirán que lo diga--por su repercusión en la inflación y por su importancia para la competitividad de la economía española.
Por consiguiente, creemos que potenciar la modernización del sector, compatibilizar los intereses del pequeño y mediano comerciante, establecer las condiciones generales en que se desarrolle el comercio, no debe ni puede, en ningún caso, ser incompatible con los objetivos de incrementar la competencia y favorecer la competitividad y la eficiencia de nuestra economía y, en última instancia, el crecimiento económico y la creación de empleo.


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Por todo ello, señoría, nuestra posición respecto a la proposición de ley de Izquierda Unida es la siguiente. El Grupo socialista entiende, con independencia de que cualquier ley de comercio, como ya he dicho, debe estar completada con una adecuada política de comerciointerior, que no vamos a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley por las siguientes razones.
Primera razón...


El señor PRESIDENTE: Señor Martín, le ruego concluya.


El señor MARTIN MESA: Voy terminando, señor Presidente.
En primer lugar, decía, porque el pasado día 26 ya se aceptó una proposición con idéntico objetivo. Señores de Izquierda Unida, planteen enmiendas a la proposición ya aceptada, hagan valer sus criterios, porque a nosotros no nos parece lógico, en absoluto, que se pretendan acumular las proposiciones, lo coherente sería actuar de esta forma.
En segundo lugar, la proposición no recoge de formaadecuada, según nuestro criterio, el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo con las más recientes sentencias del Tribunal Constitucional. Su contenido afecta a materias que ya están reguladas por normas específicas, el texto adolece de imprecisiones conceptuales, e igualmente tiene omisiones básicas. La proposición no es innovadora en materias conexas con el comercio interior, introduce preceptos que ya han sido regulados por normativas que transponen directivas de la comunidad, y, a nuestro juicio, tiene efectos negativos sobre la libertad, la competencia y el crecimiento económico.
En definitiva, y ya termino, señor Presidente, consideramos el contenido de esta proposición de ley insuficiente para que sirva de base a la tramitación parlamentaria, por lo cual vamos a votar negativamente su toma en consideración. Será en la tramitación de la proposición de ley de Convergència i Unió cuando el Grupo Socialista ponga claramente de manifiesto cuáles son nuestros criterios sobre el contenido que habrá de tener cualquier ley de comercio interior. También queremos poner claramente de manifiesto la existencia de grandes reservas respecto al contenido de la proposición de Convergència i Unió, por lo que haremos ejercicios múltiples de nuestros derechos reglamentarios a través de la presentación de enmiendas al propio texto de Convergència i Unió, aprobado por esta Cámara.
Esto es todo, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Votación relativa a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre comercio interior.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 15; en contra, 142; abstenciones, 120.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE BASES DEL ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE (Número de expediente 122/000005)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular, sobre bases del estatuto del contribuyente.
En nombre del Grupo Popular, el señor García-Margallo tiene la palabra. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me toca hoy defender la toma en consideración de una proposición de ley que lleva por título «Del Estatuto del Contribuyente».
En la pasada campaña electoral fue gracia recurrente en los representantes del Grupo Socialista decir que el Grupo Popular no tenía un proyecto coherente de reforma fiscal. Hoy defiendo la primera pieza de ese proyecto global de reforma fiscal, que hace referencia a las garantías y libertades de los contribuyentes.
Como el que en cualquier foro defiende una pretensión debe alegar y probar sus alegaciones, quiero empezar diciendo lo que el Grupo Popular pretende de esta Cámara cuando presenta esta proposición. Pretendemos, en primer lugar, establecer, garantizar, fijar el principio de seguridad jurídica, que es fundamental en el Estado de derecho, y, en segundo lugar, acabar con el fraude y la emigración fiscal.
Soy perfectamente consciente de las dificultades que entraña esta defensa, dificultades que derivan de la ignorancia, del desconocimiento que la gente tiene de lo que está pasando en materia de fiscalidad en España. El Gobierno socialista se ha preocupado, a lo largo de los tiempos, de establecer impuestos anestesiantes, impuestos neutros, impuestos oscuros, y hoy en España tres de cada cuatro españoles pagan su impuesto sobre la renta, que es el impuesto transparente por excelencia, por la vía de la retención. En este terreno, como en otros muchos, como decía Ortega, lo que España sabe es que no sabe lo que le pasa.
La segunda dificultad entraña que el pueblo español por tradición es poco amante de las libertades, poco consciente de sus garantías y sus derechos frente a lo que significa la arbitrariedad y el arbitrismo del poder. El Estatuto del Contribuyente, si con algo encarna es con esa tradición liberal, minoritaria a lo largo de los

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tiempos que hoy encarna el Partido Popular, y que frontalmente pugna con la ideología que sustenta el Partido Socialista. De ese desconocimiento y de ese poco apego que tienen los españoles por lo que significan sus libertades y sus derechos, surge como una flor silvestre el arbitrismo, el fácil remedio que en materia fiscal se ha traducido en ir siempre a perforar la línea de menor resistencia del contribuyente, a recaudar cuanto más y cuanto antes mejor.
Decía que la primera de las pretensiones que este Estatuto tiene es el establecimiento del principio de la seguridad jurídica. Un viejo texto, «La riqueza de las naciones», decía que para que un sistema fiscal sea justo, para que un sistema fiscal se acomode a la capacidad de pago, para que un sistema fiscal grave más al que más tiene, es necesario, en primer lugar, que se administre eficazmente; y para que se administre eficazmente, decía entonces Adam Smith, es necesario que cualquier sistema fiscal cumpla cuatro principios: claridad, continuidad, economía y conveniencia.
¿Cómo están estos principios representados en el ordenamiento fiscal que en estos momentos tenemos? Voy a pasar por los que aquí me interesan. En primer lugar, claridad. Me van a permitir sus señorías, los representantes del Grupo Socialista y de los demás grupos que apoyan al Gobierno, que lea aquí un artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley que tienen que aplicar cada año todos los españoles. Dice el artículo 63: El resultado de las operaciones previstas en el artículo 61, sumando el saldo positivo que, en su caso, arroja la prevista en el apartado uno del artículo anterior y el cociente al que se refiere el párrafo segundo del artículo siguiente, y minorando en el importe de los rendimientos irregulares negativos a que se refiere la letra b), del apartado dos, del artículo 59, constituirá el importe de la renta regular del sujeto pasivo.
Este artículo, que ingresó en el libro «Guinness», tuvo el mérito de ser traducido y publicado en una revista humorística española. Pero si ustedes quieren un ejemplo menos críptico, más sencillo, tienen la resolución 2/1993, sobre aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se plantea el tema de la tributación de la leche, de la aplicación del tipo reducido en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Dice la resolución que de acuerdo con el código alimentario sólo se aplicará el tipo del tres por ciento a la leche natural de vaca, eso sí, siempre que no se aplique esa leche para la producción de queso, en cuyo caso se aplicará el tipo del tres por ciento.
He tenido una carta muy reciente de las centrales lecheras en la que nos dicen: «Aplíquennos ustedes el tipo del seis por ciento porque esto no hay quien lo entienda: esto nos cuesta mucho en términos de contabilidad.» Vayan ustedes a una pequeña explotación lechera en Galicia, en Asturias, etcétera, y digan ustedes que tiene que aplicar esto, y verán cómo prefieren que les apliquen ustedes el tipo mayor antes que hacer toda esta serie de operaciones.
El segundo de los principios al que se refería Adam Smith es el de la continuidad. El Impuesto sobre la Renta ha conocido tres leyes sustantivas, la de 1978, la de 1989 y la de 1991, un sinnúmero de reales decretos-ley, dos reglamentos, modificaciones en todos los presupuestos y 500 alteraciones por orden ministerial. Por eso, en el Ministerio de Economía y Hacienda se preocupan de dar a los agentes tributarios y a los inspectores una plantilla para que puedan ir siguiendo cuáles son las normas vigentes en todos y cada uno de los ejercicios.
El tercero de los principios, el de economía, es probablemente el que más vulnerado está en España respecto al resto de los países de la OCDE. Sorprenderá a SS.SS. que les diga que en el resto de los países de nuestro entorno la Administración fiscal, de oficio, sin petición del contribuyente, tiene que aplicarle siempre el régimen más favorable. Sorprenderá a S.S.
saber que de los 22 países sobre los que se ha estudiado este tema en la OCDE, España es probablemente uno de los pocos en que no se aplican las consultas vinculantes, las consultas obligatorias para la Administración. Sorprenderá a SS.SS.
saber que, en materia de conveniencia, lo que cuesta llevar los libros, documentos y registros que son necesarios para aplicar la deuda tributaria, la presión fiscal indirecta, en definitiva, es la más alta de todos los países de la OCDE. Y si a SS.SS., como buenos socialistas, les conmueve poco el principio de seguridad jurídica en cuanto a principio incardinado y derivado de una tradición liberal que les extraña, es probable que en términos de recaudación sí sean más sensibles a lo que aquí estoy diciendo.
Cuando se altera el principio de seguridad jurídica en los términos que he señalado anteriormente, cuando se cometen aberraciones como el artículo 63 o la resolución sobre la aplicación del tipo reducido del IVA, cuando se modifica el Impuesto sobre la renta 500 veces en menos de diez años, cuando se tiene la presión fiscal indirecta más alta de Europa y cuando se agreden los derechos de los contribuyentes como aquí se agreden, no es extraño que florezcan el fraude y la emigración fiscal.
Yo no voy a sonrojar a SS.SS. dándoles las cifras públicas y privadas sobre el fraude fiscal, que ha batido récords históricos desde que SS.SS. están al timón de la economía nacional. Tampoco les voy a leer a ustedes las listas de empresas que en esos años de bonanza, entre 1985 y 1989, por razones económicas varias, pero por razones fiscales también, prefirieron emigrar.
Tengo a disposición del representante del Grupo Socialista la lista de las empresas del sector agroalimentario y del sector editorial, por citar dos sectores

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emblemáticos de la economía nacional, que han pasado de manos españolas a manos extranjeras, y cuyos cuarteles generales están hoy fuera de nuestras fronteras.
He dicho antes, y repito ahora, que esa venta masiva, esa constitución de España como un país de filiales y no como un país de matrices, no obedece sólo a razones fiscales, aunque también a razones fiscales, y tan es así que pongo a disposición de S.S., que sé que quiere reflexionar sobre este tema que estudie por qué el Consejo de Ministros el 27 de abril de 1990 avala una decisión del Consejo de Repsol y del Consejo del Instituto Nacional de Hidrocarburos que permite a Repsol establecer una sociedad anónima, sus cuarteles generales, en Holanda para administrar sus participaciones en el extranjero, porque dice el Secretario General de la Energía que el clima fiscal español impide establecer aquí cabeceras de grupo. ¿Son conscientes SS.SS. de lo que han hecho en ese tema? ¿Son conscientes SS.SS. de hasta qué punto ese clima de inseguridad jurídica ha propiciado un fraude histórico y una emigración masiva como los que padecemos en estos momentos? Por eso, señores del Grup Socialista y señores que apoyan al Gobierno, el estatuto del contribuyente pretende restablecer un consenso fiscal que se estableció en el año 1977 al aire, en el clima de las recién cobradas libertades en España y que ustedes con sus actuaciones han deteriorado a lo largo de los tiempos. El estatuto del contribuyente es algo que se tarda muy poco en explicar, porque son proposiciones muy poco técnicas, son proposiciones de puro sentido común.
Dice en la primera de sus bases, en el artículo primero, el estatuto del contribuyente que el Gobierno deberá aprobar cada año el texto refundido de todos y cada uno de los impuestos siempre que se hubiesen producido variaciones.
En el sistema fiscal español la mayor carga administrativa recae en el contribuyente. Hay que autoliquidar el Impuesto sobre la Renta. Hay que liquidar el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre Sucesiones, y el Impuesto sobre Transmisiones. ¿Han valorado ustedes alguna vez lo que supone, en términos de coste administrativo, esta liberación de trabajo de la Administración y el desplazamiento de carga al contribuyente? ¿Han entendido ustedes que si se produce este desplazamiento y esta consiguiente liberación hay que ser, como mínimo, leal con el contribuyente y proporcionarle unos textos refundidos que sea capaz de entender? ¿Creen ustedes que un contribuyente medianamente constituido intelectualmente puede aplicar un Impuesto sobre la Renta cuya última guía --en dos idiomas, eso sí-- pesaba un kilo? En segundo lugar, decimos, señores del Grupo Socialista, algo tan elemental como lo que se hace en todos los países de la Comunidad con excepción de España, que las respuestas a las consultas vinculantes obliguen a la Administración, que sean públicas, que sean conocidas. Decimos también que las resoluciones de los tribunales económico-administrativo centrales, que hoy forman parte del secreto oficial, de la materia reservada, sólo apta para los amigos de los amigos, sean accesibles a los contribuyentes, que son los que tienen que aplicar la doctrina fiscal.
Decimos que, en materia de valoración de bienes, no es posible que un contribuyente modesto tenga, para valorar un piso, que aplicar índices municipales, si se trata de impuestos de los ayuntamientos, el valor real, el valor de mercado o cualesquiera otros valores que en las leyes figuren; que es necesario que un bien tenga una sola valoración cuando se trate de tenencia y otra cuando se trate de transmisiones, para que esto sea posible. Pedimos también, para evitar ese mercado negro que existe de información confidencial sobre valoraciones, que cuando la Administración llegue a una valoración determinada la publique, como en las revistas especializadas puede conocerse el precio de los coches de segunda mano.
Pedimos, en la base cuarta, que la Administración, cuando las sentencias de los tribunales le sean desfavorables, indemnice, en lo que a gastos se refiere, al contribuyente que ha obtenido una sentencia favorable.
En estos momentos eso se está aplicando --sé que me lo va a contestar el representante del Grupo Socialista-- en muy contadas ocasiones, por aplicación del artículo 106 de la Constitución y el 40 de la Ley de Régimen Jurídico; se aplica muy a cuentagotas, muy en contadas ocasiones. Y lo que nosotros pedimos es que se traslade al terreno tributario el principio que rige en el proceso civil de condena en costas cuando hay una conducta temeraria por parte de la Administración, y conducta temeraria hay hoy cuando la inspección muchas veces dice al contribuyente: tiene usted razón, pero yo le voy a hacer un acta de disconformidad, vaya usted a los tribunales que los tribunales garantizarán su derecho. Pero, mientras tanto, hay o que pagar o que avalar, incurrir en unos costes financieros, que son aquellos que pedimos que se resarzan al contribuyente. Creemos que con esto se introducirá un principio de responsabilidad hoy desconocido.
Pedimos que, en materia de ingresos indebidos, la Administración devuelva pronto, porque si el contribuyente tiene que pagar anticipadamente, vía retenciones, no parece exagerado reclamar que la Administración devuelva con diligencia y prontitud. En reclamaciones, en estos momentos, se puede tardar entre 9 y 12 años desde que se interpone una reclamación hasta que es estimada en vía contencioso- administrativa y nos parece que en un Estado que tiene que vivir con rapidez, con agilidad, respetar con prontitud

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los derechos del contribuyente, éste es un plazo exagerado.
Por eso decimos que instancia única y un plazo de ocho meses.
Y como sabemos que los funcionarios de los tribunales económico- administrativos son funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda que, por su propio bien, su propia seguridad y su estabilidad en el empleo, tendrán que atender a los telefonazos y sugerencias que se les haga, decimos que se les dote de una inamovilidad de siete años, para garantizar su independencia. Pedimos también que no haya que pagar previamente o avalar la cuantía correspondiente a la sanción cuando la controversia, el contencioso, las diferencias entre la Administración y el contribuyente se refieran exclusivamente a la interpretación de la norma, cuando no haya ocultación de hechos, ocultación de patrimonio, ocultación de datos. Porque no parece, coherente, en 1993, que haya que avalar la presunción de inocencia. Derecho de sanción, sí, pero derecho de defensa, sí; derecho de defensa no encarecido por un aval en materia de sanción.
Decimos, a continuación, que se presuma cierto lo que el contribuyente dice, salvo cuando haya incumplimiento de las obligaciones contables o documentalmente no se justifiquen los gastos o las bonificaciones, exactamente lo mismo que ocurre en un proceso civil en un conflicto entre partes.
Decimos que hay que reformar el procedimiento sancionador y en eso está todo el mundo de acuerdo, incluido su nuevo Director General de Tributos. No es posible, después de haber intentado ustedes establecer el principio de responsabilidad objetiva, el principio de responsabilidad sin culpabilidad, seguir admitiendo que la simple negligencia puede llevar a la infracción grave; no es posible seguir admitiendo que en los casos de simple negligencia se apliquen las agravantes...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García-Margallo, vaya terminando, por favor.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Termino, señor Presidente.
... y no se apliquen las atenuantes.
En materia de procedimiento ejecutivo, no es posible que se empiece si no hay procedimiento de apremio, como figuraba en el reglamento de recaudación antes de que entrasen ustedes, y no es posible que la suspensión no aplace el ingreso de la deuda, como se ha hecho siempre en los países civilizados. Yo entiendo que para ustedes es difícil comprender lo que significa un estatuto del contribuyente, cuyo valor esencial es defender la seguridad jurídica como principio básico del Estado de Derecho, que es difícil entender un ordenamiento jurídico tributario en que haya un equilibrio entre la prerrogativas de la Administración y las garantías y derechos del ciudadano, que es difícil entender que tiene que haber un juego equilibrado, un principio de lealtad recíproca entre Administración y administrado, porque no responde a su proyección filosófica, pero, créanme, el fraude, que se les está disparando, la emigración fiscal, que se les está disparando también --porque cuando el contribuyente no encuentra garantías jurídicas en el ordenamiento vota con los pies yéndose-- está vaciando las arcas de la recaudación del Estado. Ni han logrado ustedes un récord histórico en materia de fraude ni han logrado ustedes un récord histórico en materia de elusión fiscal.
Termino, señor Presidente. No me diga que ya lo van a hacer ustedes trayendo una ley general tributaria, porque han perdido ustedes cuatro años de bonanza en que el país se ha vendido al exterior y se han establecido fuera nuestras empresas, están ustedes mal administrando los años de la crisis y cuando quieran traer ustedes la ley general tributaria probablemente no haya nadie a quien esa ley se pueda aplicar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno en contra, tiene la palabra el señor García Ronda.


El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, subo una vez más a esta tribuna para debatir con el Grupo Popular sobre aspectos tributarios o de pretensiones de ley tributaria, que, sin duda, tiene su concomitancia con momentos anteriores, como es lógico, por otra parte, en cuanto que no cabe duda que existen unas discrepancias, que yo llamaría no fundamentales, pero sí de matiz esencial, con respecto al tratamiento que de los tributos se quiere hacer por parte del Grupo Popular y del Grupo Socialista, por no entrar, desde luego, a presumir ninguna de las posiciones de los demás grupos de la Cámara.
Es de considerar la intención --intención que yo supongo buena--del Grupo Popular con esta proposición de ley: mejorar, ajustar, precisar y equilibrar las relaciones entre Administración y contribuyentes. Supongo que no habrá ninguna intención de debilitar a la Administración ni de introducir confusión en esas relaciones ni en las relaciones de la Administración con cualesquiera tribunales. Y esa intención, la buena, que yo presumo que es la de S.S. y la de su Grupo al traer aquí esta proposición de ley, es también la que vamos a tratar nosotros y el Gobierno de materializar en breve plazo.
Pero yo pienso que su proposición de ley no sirve para satisfacer nada. Es técnicamente incorrecta, como trataré de demostrar de manera breve; me parece a mí que es fiscalmente inconveniente para la Administración tributaria, a la que pienso que desde esta Cámara debemos fortalecer, tanto en su lucha contra el fraude como en su capacidad recaudatoria; y políticamente inoportuna por cuanto el Gobierno está estudiando el problema, como S.S. ha anunciado ya, como si ya lo supiera

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--yo supongo que algún barrunto tiene de ello-- y porque, si bien de manera objetiva, la promulgación de esta proposición de ley como ley, en su caso, llevaría a eso que ninguno -- pienso que tampoco el señor García-Margallo, que es un buen funcionario y yo creo que un consciente defensor del Estado-- queremos, ese debilitamiento al que antes he aludido de la Administración, de la Administración estatal en su sector tributario e incluso, correlativamente, de administraciones como la vasca y la navarra, que, de alguna manera, comparten soberanía con el Estado en este terreno. Ese debilitamiento se daría de manera objetiva si se hiciera caso a esta proposición de ley.
Voy a tratar de desmenuzar sintéticamente, a efectuar un ejercicio tal vez paradójico, pero que se atiene a la doble necesidad de considerar el tiempo parlamentario disponible y el debate que se debe a toda proposición de ley. Detallar excesivamente sería agobiar a SS.SS., dado el carácter altamente técnico de la proposición, aunque el señor García- Margallo dice que no, que no tiene carácter técnico; él sabe que sí, tanto en su expresión como, sobre todo, en su trasfondo. No responder suficientemente sería descortesía con un Grupo que ha propuesto una ley cuyo fondo apreciamos que tiene una gran importancia para el futuro de las relaciones tributarias: de eso no me cabe la menor duda ni yo se lo voy a negar al señor García-Margallo. Vamos, pues, a ese breve análisis.
En su Base 1.ª, a mi juicio, lo que no puede hacer es incurrir en tiempo indeterminado en lo que pretende, diciendo: durante el primer trimestre de cada año. Tratándose de textos concretos --y así lo son los refundidos--, sería excesivamente indeterminado. Por otra parte, los textos refundidos han de aprobarse cuando es realmente necesario aprobarlos y no a tiempo concreto o a Tiempo indeterminado pero por mandato de cualquier ley. Creo que no es procedente querer eximir por otro lado al contribuyente de sanción cuando se trata de conductas culposas, como se dan en ocasiones, no comprendidas todas en lo que en esa base se relaciona, porque hay muchas otras.
En cuanto a la Base 2.ª, no me parece necesaria la publicación de consultas y resoluciones que afectan a contribuyentes individualizadamente. La práctica es que los órganos de hacienda realmente no sancionan a quienes se atienen a las consultas, y S.S. bien lo sabe. Me tendría que dar ejemplos concretos de algún contribuyente que haya sido sancionado a pesar de atenerse a lo que el Ministerio de Hacienda ha contestado a una consulta suya. Del juego con los tribunales para acomodarse a lo que decidan, ¡hombre!, no pueden acomodarse precisamente «a posteriori»; eso en cuanto al afectado. En cuanto a otros contribuyentes, es dudoso que se pueda ejercer ese acomodamiento general a una sentencia que es particular y sobre unas circunstancias que son particularísimas en cada caso. En cuanto a la Base 3.ª, me parece que tiene una especie de confusión por uniformidad en la pretensión de valoración uniforme por cualquier Administración pública. Su señoría no ignora que no todos los tributos buscan los mismos efectos ni tienen la misma finalidad, y de ahí que --al menos hoy por hoy y salvo que fuera un sistema fiscal el nuestro no solamente integrado sino casi integrista, podríamos decir-- no se pueda dar una valoración absolutamente uniforme, como se pretende en esta Base 3.ª.
En la Base 4.ª, en cuanto a decir que si pretende indemnización --y parece que de eso es de lo que se trata, en principio-- será aplicable la legislación general, que ya contempla el cobro del interés legal, como S.S. también sabe.
Y si se pretende más que la indemnización, se crearía un curioso ámbito de responsabilidad, ya que queda siempre condenada en costas la Administración, si se hace lo que pretende la Base 4.ª, y no el contribuyente, cuando la sentencia le sea desfavorable; ahí habría un desequilibrio evidente.
En la Base 5.ª, que trata de la reclamación por ingresos indebidos, esa reclamación está bien resuelta por el Real Decreto de 21 de septiembre de 1990, donde se prevé el procedimiento y el contenido del derecho a la devolución e incluso se habla de tres meses, en lugar de seis, como pretende la Base 5.ª En algo que es un pleito cuantitativo, no debe introducirse el silencio positivo que, además, impediría una resolución posterior; cualquier otra resolución quedaría impedida. Sí se contempla en sus textos respectivos la devolución en cada uno de los impuestos; se habla de seis meses en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el IVA y de un año en el Impuesto de Sociedades que, como no ignora S.S., es bastante más complejo. En cuanto a la Base 6.ª, yo creo que supone un erróneo concepto jurisdiccional de los órganos a que se refiere --y alude a los tribunales económico-administrativos-- , cuando en realidad son órganos administrativos y no de otra índole. La realidad nos dice que el Tribunal Central resuelve en única instancia --que es lo que pretende fundamentalmente la Base 6.ª-- más de las tres cuartas partes de los asuntos que recibe. Por otra parte, la posibilidad de la doble instancia, a mi juicio, refuerza en la práctica las garantías de los contribuyentes, porque la inmensa mayoría renuncia después a la vía judicial y se queda en esta otra vía, pero al menos tiene dos posibilidades. También hay que recordar que la vía económico-administrativa es gratuita, que es lo que más interesa al contribuyente, sobre todo al de menor poder adquisitivo. En cuanto a los nombramientos, tal y como se pretende, están fuera de los temas que la misma proposición intenta, son de otra índole, como S.S., sabe.
La Base 7.ª habla de cuándo una reclamación puede considerarse exclusivamente tributaria. En realidad, sólo lo es cuando se ha aclarado mediante un recurso y

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posterior resolución, con lo cual ya está fuera de lugar cualquier suspensión. El tribunal tendrá que estudiar a priori el fondo de la cuestión para ver la procedencia o no de la suspensión, lo que nos colocaría en una situación contraria a la que se pretende, o en la que tendríamos que ir hacia el final para poder encontrar el principio de si es procedente o no la suspensión.
En la Base 8.ª la inversión de la presunción parece pretender una especie de deslegitimación de la Administración pública en el ámbito tributario y creo que pone fuera de la presunción de certeza a quienes están en régimen de estimación directa, lo cual, a mi juicio, lleva a un desequilibrio entre unos y otros contribuyentes. Hay otras excepciones que debieran ser contempladas también por esa propia base, si hubieran querido hacerla con más exactitud. Además de los gastos deducibles o desgravaciones, que es a lo que la proposición se refiere; por ejemplo, están las exenciones.
En la Base 9.ª, me remito a lo ya dicho para la Base 4.ª, fundamentalmente. Y quiero poner de relieve a S.S. que las actuaciones de inspección en un solo acto --S.S. bien lo sabe porque ha ejercido como inspector, en su momento--, a mi juicio por economía procesal, comprenden las cuotas y los otros conceptos (sanciones, intereses, etcétera). Por otra parte, en la última frase de la Base 9.ª se pretende algo que pudiera acabar, si no iniciarse en la propia legislación pretendida como presión sobre los funcionarios. En realidad, la responsabilidad personal en estas cuestiones sería altamente inconveniente para los propios funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda. En la actualidad existe una graduación de sanciones en el artículo 82 de la Ley General Tributaria, de manera general, tal como pretende esta base 9.ª. Sí comparto con S.S. que puede haber una mejora en esa graduación, estoy de acuerdo en ello. Creo que es necesario matizar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a las graduaciones de infracciones y sanciones. Estamos en ello y en la ley que en su momento traiga el Gobierno a esta Cámara, que no tardará mucho, tendremos ocasión de debatirlo y mejorarlo todo lo que se pueda.
En la Base 10.ª hay que decir que los premios de cobranza yo creo que no proceden por el incumplimiento de una obligación legal. ¿Qué premio de cobranza hay que legislar ahí? Por otro lado, me parece, como se pretende en el segundo párrafo, que no se puede dejar en manos de los sujetos pasivos el cumplimiento de la obligación legal. La obligación legal es la obligación legal y parece que pretenden de alguna manera deslegalizar esa obligación.
En cuanto a la base 11.ª lo que se pretende en el primer párrafo en realidad ya está en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación; creo que es el 97, no lo recuerdo en este momento con exactitud, aunque lo he visto anteriormente.
La normativa vigente contempla una suspensión de procedimientos recaudatorios cuando existen recursos y reclamaciones. Eso también lo sabe SS. El recurso y la reclamación suspenden el procedimiento recaudatorio. Y se podría, por otra parte, incrementar los procedimientos ejecutivos de recaudación si hiciéramos caso a esta base en esta proposición de ley. Probablemente habría un incremento absolutamente inconveniente. Que puede haber una mejora en la regulación de los aplazamientos de pago y de suspensión de actos administrativos, también se lo concedo a S.S. Puede haber una mejora en ese sentido.
Y, por fin, la base 12.ª Pienso que la regulación de aplazamientos y suspensiones de pagos no iniciados ejecutivamente está ya en algunos de los preceptos, los artículos 48 y siguientes, del Reglamento General de Recaudación.
El señor García-Margallo, en su intervención, ha hecho una mezcla, desde luego, de defensa técnica de la proposición de ley y también un discurso, como no podía ser menos, que nos acerca más a las cuestiones de tipo político y de tipo ideológico. Ha dicho que ésta es la primera pieza de todo un sistema alternativo fiscal. Me parece que la primera pieza no debiera ser la de derechos de los contribuyentes. Hay que tener un cierto equilibrio y repetiré la palabra equilibrio en lo poquísimo que me queda de intervención. Por otro lado, dice que con este estatuto que se pretende se quiere acabar con el fraude. A mí me parece que esto está un poco traído por los pelos. Y su alegación última de que en España ha crecido el fraude enormemente poco tiene que ver con esta cuestión. Poco.
Otra cosa es que haya habido un incremento del fraude que, a mi juicio, se debe fundamentalmente a un incremento de la propia actividad económica y --no me voy a recatar en decirlo-- a un incremento de la actividad fraudulenta, cuando no delictiva, de quienes, en realidad, debieran más bien colaborar con la Administración en que se cumpliera la Ley, aun cuando fuera en defensa de los contribuyentes en todo aquello que les puede afectar favorablemente. Y, por desgracia, hemos visto proliferar también asesores poco deseables y hasta entidades o sucursales bancarias que en nada han ayudado, desde luego, a combatir el fraude fiscal. No voy a continuar con ello porque tampoco es éste el debate, pero ahí lo dejo apuntado y, como he dicho, no me recato en decirlo y, si es preciso, en hablar sobre ello en debates futuros.
En cuanto a que el pueblo español es poco consciente de sus libertades, no me diga eso, señor García-Margallo. El pueblo español es consciente hasta casi la anarquía, en muchas ocasiones, como usted bien sabe: todos sentimos dentro seguramente, un poco ese pequeño punto de individualismo anárquico, que no digo yo que sea totalmente negativo, ni mucho menos, porque para ciertas cosas puede ser positivo. Por mi parte, siempre he pretendido claridad en las leyes. Me he quejado con frecuencia de los juristas que

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a veces quieren que sean demasiado oscuras, con demasidados recovecos e inconvenientes. Lo que pasa es que S.S. lo que ha hecho es extrapolar ejemplos extremos casi con una intención pienso que humorística. En efecto, algunos de esos ejemplos se dan, no sólo en la legislación tributaria. Vamos a ver si la vamos aclarando también entre todos y con su propia ayuda, por supuesto.
En cuanto a que somos poco sensibles al principio de seguridad jurídica...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda, vaya concluyendo, por favor.


El señor GARCIA RONDA: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Ahora termino.
...que los socialistas no somos sensibles al principio de seguridad jurídica, los socialistas somos escrupulosos con cualquier principio que atañe a las libertades y también a las obligaciones de los ciudadanos. Desde luego que sí. Somos enormemente sensibles a este principio de seguridad jurídica.
Que no lo hagamos perfectamente en ocasiones, por supuesto.
Vamos a ver también si lo vamos mejorando.
Que los derechos de los contribuyentes han sido agredidos. Un poco fuerte me parece esto.
Y creo que es impropio de una proposición de ley hablar de fiscalidad --como se dice en la proposición-- que sólo ha pretendido una mayor recaudación, que hace peligrar el principio de seguridad jurídica, que lesiona los derechos a la presunción de inocencia, a la no indefensión, que ignora el régimen sancionador actual la posibilidad legítima de interpretación dispar. Me parece que son unos cargos en la introducción a la proposición de ley demasiado fuertes. Pienso que S.S. debe tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de abril de 1990, que declaró constitucionales todos los preceptos de la Ley General Tributaria, aquellos que se habían cambiado, también. Esta intervención mía puede terminar, para tranquilidad de S.S., diciendo que hay una proximidad de un proyecto de Ley general tributaria, que lo traerá el Gobierno en poco tiempo. Creo que ése es el lugar donde deben incardinarse estos aspectos de los derechos de los contribuyentes y de su relación con la Administración Pública. Ahí es donde lo discutiremos, si es que esta proposición de ley no sigue adelante, como nuestro Grupo pretende. Esa ley general tributaria será el texto adecuado, con sus correlacciones en los textos específicos de los diversos impuestos. Como avanzadilla a esa ley general tributaria tendremos, en muy breve tiempo, una ley de modificaciones de los aspectos de infracciones y sanciones, que contempla actualmente la propia Ley General Tributaria.
Por todo ello, les anuncio que nuestro Grupo votará en contra de esta proposición de ley que, si bien se considera que atañe a un asunto muy importante, no nos parece la adecuada ni en forma, ni en expresión, ni en momento exacto, dado que, repito, vamos a tener un texto más importante, más abarcador, y donde deben quedar incardinadas esas buenas intenciones de SS.SS.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor García-Margallo.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Decía el señor García Ronda que le extraña que la primera pieza que mi Grupo Parlamentario propone, de ese gran conjunto que es la reforma fiscal, sea el estatuto del contribuyente. Yo entiendo que a S.S. le extrañe, pero me permitirá que, retomando el hilo de mi discurso inicial, diga que para un grupo que pretende representar la tradición liberal española, y lo que ha sido un arroyuelo convertirlo en gran río, precisamente el tema de los derechos, garantías y libertades del ciudadano, en este caso en materia tributaria --y en cualquier otra materia de la misma manera--, sea el estatuto del contribuyente la primera pieza.
Dice S.S. que al Grupo Socialista no le sale de dentro atentar contra el principio de seguridad jurídica. Al Grupo Socialista sólo le sale de dentro atentar contra el principio de seguridad jurídica. Mire usted, los españoles ni una sola vez han logrado hacer una declaración del Impuesto sobre la Renta con la misma normativa que lo habían hecho el año anterior.
Los españoles ni una sola vez han podido estar seguros de que en un año se les iba a sancionar, se les iba a penalizar con la misma normativa sancionadora que el año anterior, porque ustedes han cambiado también en materia de sanciones. Los españoles en esta materia, como en otras, se han sentido inermes frente a un Estado arbitrario y despótico. Y puesto que la materia tributaria no le sirve de buen ejemplo, tendré que decir que fue mi Grupo Parlamentario el que tuvo que plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional a la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Cada vez que ustedes utilizan la palabra seguridad, sea en la llamada Ley Corcuera, sea en términos tributarios, es para echarse a temblar.
En segundo lugar, dice el señor García Ronda que mi proposición es técnicamente incorrecta: ni una sola demostración de una incorreción técnica. Fiscalmente inconveniente. Acepto que a S.S. no le guste, pero que, sea fiscalmente inconveniente, cuando estamos batiendo el récord en materia de fraude fiscal y cuando día a día se están destruyendo empresas o están pasando las fronteras, realmente es una licencia literaria que ni siquiera a estas horas de la tarde le tolero. Me dice S.S. que es políticamente inoportuna porque la están ustedes estudiando.
¡Si llevan once años en el Gobierno, si

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la mayor agresión que ha sufrido la Ley General Tributaria la hicieron ustedes el año 1985! ¿Hasta cuándo van a estar ustedes estudiando? Y, por cierto, le había dicho, señor García Ronda, como amigo suyo que soy (y es la única vez que desvelo una conversación de pasillos), que hiciese el favor de no repetirme el informe que había hecho, a petición del Gobierno, el Instituto de Estudios Fiscales sobre las demandas del Grupo Popular. Es una inmoralidad que el Instituto de Estudios Fiscales, que se paga con los impuestos de todos los españoles, dedique la mayor parte de su tiempo y su dinero a intentar destrozar, por cierto, torticeramente, las proposiciones del Grupo Popular. Eso no pasaba en Unión de Centro Democrático y no pasa en ningún país democrático del mundo. Y le había dicho: No mencione usted eso. Y me lo ha repetido línea por línea, por cierto, no teniendo en cuenta (lo tengo a su disposición, señor García Ronda; este es el informe del Instituto de Estudios Fiscales) que buenos compañeros míos, escandalizados de lo que les estaban obligando a hacer, han tenido la bondad de transmitirme. Y no quisiera tener que hablar de eso y no hablaré si usted no me lo dice. Puesto que lo ha hecho, tengo que decirlo: es un escándalo político de primera magnitud, y que ese escándalo no se refleje en esta Cámara, significa, de verdad, hasta qué punto es cierta aquella afirmación de Azaña, más veraz hoy que entonces, de que qué poco los españoles valoran el principio de libertad, y mucho menos en materia tributaria, en que los españoles se han resignado a pagar lo que les toca y no a pagar lo que deben. Y entra S.S. en un análisis pormenorizado de cada una de las bases, para terminar diciendo que el conjunto no está mal.
Mire usted: me dice que es indeterminado que los textos refundidos se presenten en el primer trimestre. Póngame usted una fecha; a mí me parece bastante determinado decir en los tres primeros meses de cada año tráigame usted el texto refundido. ¿Cuándo? Cuando sea necesario, cuando hayan hecho ustedes variaciones en el ordenamiento tributario. Por desgracia, esa va a ser la regla y no la excepción, aunque, con un Gobierno normal, esto no sería necesario, porque no se introducirían variaciones. Ahora, con un Gobierno que el Impuesto sobre la Renta lo modifica quinientas veces, naturalmente que vamos a tener mucho trabajo en materia de textos refundidos.
Por otro lado, me habla usted del tema de consultas vinculantes. Tengo a disposición de S.S. un informe de la OCDE sobre las prácticas en 22 países, algunos más desarrollados, otros menos que España. En casi todos ellos, lo que la Administración dice, lo que la Administración contesta, les obliga; sólo en España, y en algún otro país subdesarrollado en materia fiscal, como nosotros, la Administración puede sentar una doctrina, en vía contestación a una consulta, y no sentirse vinculada.
Y me dice S.S. que por qué hablo de las reclamaciones económico-administrativas. Su señoría sabe igual que yo, porque es experto en materias fiscales, que esas resoluciones son vitales cuando uno se enfrenta a un caso. Y no es posible que en la portada de las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central se diga: para uso reservado del Tribunal Económico-Administrativo Central. Y le digo yo: y para algunos amigos de los miembros de los tribunales, que tienen acceso a unas resoluciones que el resto de los españoles no tienen, y lo que yo pido es que eso se haga en los quioscos, se abarate la informática, en vez de publicar artículos absurdos sobre lo que hace el Partido Popular en las publicaciones que pagamos todos los españoles.
Y me dice S.S. que no entiende...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García-Margallo, le ruego termine, que ha concluido con creces su tiempo.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Terminaré, señor Presidente. Me decía, en otra de las perlas del señor García Ronda, que qué tenía que ver el fraude con las sanciones fiscales. Ayer, en «El País», en primera página, se decía que ustedes van a bajar las sanciones porque necesitan recaudar más. De la misma manera que están tardando en devolver a los españoles lo que han pagado de más en el Impuesto sobre la Renta. Porque no tienen un duro, porque han sacrificado ustedes el sistema fiscal, porque tienen ustedes el pozo seco.
Y tienen el pozo seco porque no se puede estar trucando permanentemente, no se puede estar engañando permanentemente y, como los españoles lo saben, lo que está ocurriendo --y tengo aquí la lista de empresas que se han ido--es que están buscando cuarteles generales fuera, donde las autoridades financieras sean más serias, más responsables, donde una consulta les obligue, donde no se castigue más al que retiene, que es un colaborador de la Administración, que al que tiene que obligar, en donde el procedimiento sancionador no se aplique de forma automática en un acta, desconociendo que eso puede tener consecuencias penales, que eso requiere un proceso distinto, que no se puede hacer en un proceso escrito, como un acta, en que se reclama una deuda tributaria, sino que requiere testigos y aplicar una culpabilidad. Y ha tenido usted la osadía de citarme la sentencia del Tribunal Constitucional en materia sancionadora. En el año 1985 establecieron ustedes una modificación de la Ley General Tributaria, que querían ustedes que la responsabilidad fuese ajena a la culpabilidad. En ningún caso se hablaba de voluntariedad y tuvo que ser el Supremo el que tuvo que decir que, en materia tributaria, para que hubiese infracción y sanción, tenía que haber voluntariedad y que tenían ustedes

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que aplicar esa norma, y no la aplican. Porque en casos de simple negligencia, como he dicho antes, se puede producir una infracción grave, cosa que no ocurre en ningún campo de un derecho punitivo, y en materia de simple negligencia, es decir, de culpabilidad mínima, no aplican ustedes jamás las atenuantes y sí aplican las agravantes y, como he dicho antes, ustedes castigan mucho más al que colabora con la Administración pública, liberándole de una obligación de retener un determinado impuesto sobre rendimientos que van a pagar a otro, que la defraudación de aquel que es el obligado tributario. Ustedes tienen una concepción fiscal que es peor que la Ley General Tributaria, que era una Ley franquista, y lo que a esa Ley franquista han hecho ustedes en el año 1985 es quitarle los principios mínimos de seguridad que tenía.
Cuando yo le digo que eso es una tarea urgente, por decencia y por honestidad política y porque estamos perjudicando la recaudación, alentando y legitimando el fraude y alentando y legitimando la elusión fiscal en un mundo en el que hay libre circulación de capitales, me dice usted, como Larra: Vuelva usted mañana, espere, estamos estudiando, estamos pensando, después de doce años. Que SS.SS. piensen bien, se vayan pronto a pensar donde se piensa, que es en los institutos y no en el Gobierno, en el que lo que hay que hacer es actuar.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda, tiene la palabra.


El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor García-Margallo, con su vehemencia que consigue el aplauso, de su Grupo, por supuesto (Rumores.), quiere que parezca que lo que dice, además, es verdad, cosa que ya es una pretensión excesiva. Y es verdad en ciertos aspectos de presentación o de exposición del tema. Lo que no es verdad, y en él existe con frecuencia esa dicotomía, es que extrapola las cuestiones y saca conclusiones que para nada se derivan de lo que ha expresado o de lo que ha descrito anteriormente. En cuanto al asunto de sanciones, por empezar por lo último que ha dicho, quiero decirle algo. Naturalmente que, si se va a hacer una modificación en el aspecto de infracciones y sanciones, es porque tratamos de mejorarlas y no solamente por esa intención poco menos que maligna, que dice S.S., de recaudar más. No. Yo creo que S.S. debe leer bien y debe estudiar bien las cosas. Tampoco me enseñe ese periódico como si fuera algún oráculo, porque, por lo menos para mí, ni para la inmensa mayoría de mis compañeros y, desde luego, para el Gobierno, no lo es. Lea bien S.S. y sabrá que de lo que se trata, que quizá se haya detectado como algo inconveniente, es que, por la vía judicial del delito fiscal, se retrasa la recaudación con referencia a que se pudiera sancionar de manera administrativa y subir los umbrales que hacen caer al contribuyente defraudador en el posible delito fiscal. Ahí es donde está la cuestión de que pueda ser más conveniente pasar algo que, en otro momento o en nuestra legislación actual, puedan ser niveles de delito fiscal a niveles que conlleven sanción administrativa.
En cuanto a hablar, y lo ha hecho con una cierta vehemencia (creo que los miembros de los tribunales económico- administrativos, si leen el «Diario de Sesiones» de esta tarde, se van a molestar bastante), ha dicho: y para algunos amigos de los miembros de los tribunales. Ya sabemos que los amigos pueden enterarse en ésos y en otros tribunales. Fíjese si es así que usted, al parecer, por amigos suyos se ha enterado del estudio que había hecho el Instituto de Estudios Fiscales, y lo ha confesado paladinamente. Es decir, eso no le da a usted un ápice más de razón en su alegación, no nos importa para este debate y únicamente lo he contestado porque me parecía injusto por su parte.
En cuanto al estudio del Instituto de Estudios Fiscales --que, en efecto, fuera de la Cámara S.S. me ha insinuado algo sobre ello--, le puedo asegurar que no lo tengo y que no lo he leído. Si coincido con algunos de los aspectos de ese informe, que desconozco, será porque pienso lo mismo y porque creo que podemos estar en una sintonía similar, en cuanto que estoy, de verdad, en un intento de equilibrio enorme, mirando también a la Administración y considerando lo que puede ser conveniente para la Administración pública. Además, creo que S.S.
convendrá conmigo en que yo he aceptado algunas de las cuestiones desarrolladas en sus bases, que le he dicho que tienen importancia y que lo vamos a mejorar.
También señala que toda la legislación llevada a cabo en tiempo del Gobierno socialista es mala, al menos eso ha parecido decir. Dice: Llevan ustedes 12 años sin hacer nada.
¡Hombre, por Dios!, no llevamos 12 años sin hacer nada; llevamos 12 años, naturalmente, modificando, para perfeccionarlas, muchas leyes y, en otras ocasiones, para ceñirnos a las circunstancias que en cada momento --como S.S. bien sabe-- son cambiantes, de forma rápida, en el terreno de lo económico y, consiguientemente, de lo fiscal.
Creo que no hay perfección --por supuesto que no-- y tampoco en las leyes promulgadas durante el mandato del Gobierno socialista; por eso las cambiamos. Pero S.S. tiene muy mala memoria, porque yo sí me acuerdo que desde hace muchos años, y por mi oficio, sé que las leyes fiscales se cambiaban con una continuidad absolutamente inconveniente --como ha dicho S.S.-- para el contribuyente. Y he dicho que muchas veces no hay más remedio que hacerlo, porque es necesario ceñirse a la realidad. Y no me diga que sólo ha

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ocurrido en tiempos del Gobierno socialista. Repito que recuerdo que desde hace muchos años --todos los que yo tengo como ejercicio de mi profesión-- se cambiaban continuamente las leyes, y, por supuesto, también se hacía cuando S.S.
seguramente, tenía responsabilidades directas en esta cuestión, en un Gobierno anterior, etcétera.
No nos metamos en ese asunto porque S.S. sabe que las leyes fiscales, como también las penales, son cambiantes a tenor de las circunstancias y siempre --por lo menos en los últimos años, que yo recuerde-- tratando de mejorarlas, aunque en ocasiones nos hayamos equivocado. Tan es así que nada hemos dicho respecto a cualquier sentencia de los tribunales que haya venido a modificar algo que hubiésemos legislado desde aquí, y nos ha parecido bien no sólo por acatamiento, sino porque, seguramente, era una mejora de la ley, tanto en el aspecto de seguridad jurídica como en los aspectos propiamente fiscales.
Respecto a que el Estado sea arbitrario y despótico, muy bien, S.S. puede considerarlo así y, desde luego, creo que está más cerca, como he dicho anteriormente, de lo anárquico --quizá sea muy racial en ese sentido-- que de lo liberal. Sin embargo, coincido con usted en que no es extraño que un grupo que se pretende meramente liberal --y liberal puro-- diga que tiene que haber un desequilibrio entre la defensa de la riqueza privada y la pública, porque así es, porque todas sus proposiciones van en el mismo sentido. Y yo me siento también, como socialista, obligado --y obligado por la razón, no por el partido--a mantener un equilibrio entre lo individual y lo social; un equilibrio, por tanto, entre la defensa de los derechos y de la riqueza privada y de la riqueza pública, que aquí tratamos de defender y que el Gobierno, desde luego, tiene el deber de defender. Le recuerdo que en los liberales de antaño, al menos, había un grupo moderado y otro progresista. Desde luego, el grupo progresista está mucho más en nuestros antepasados, en los antepasados del Grupo Socialista, mientras que, probablemente, en los antepasados de S.S. y de su Grupo están los liberales moderados, a los que, por ese mismo hecho, les importaban mucho más sus caudales personales que los caudales públicos. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Ronda.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente. Voy a compartir el turno con mi compañero de Grupo, señor Albistur.
Señor García Ronda, hay una cosa muy clara en todos sus argumentos, que es la única que usted no puede utilizar: que no se puede presentar porque ustedes ya lo tienen en marcha.
Ustedes ya debían haberlo hecho; la realidad es que es necesario hacerlo. Pero, señor García-Margallo, no creo que sea la forma, con todos mis respetos; creo que se han pasado en un par de temas que yo voy a intentar resumir. Primero, ustedes proponen que, en el plazo de seis meses, a propuesta del Ministerio de Economía, publique un decreto legislativo que adecúe las normas generales tributarias a los criterios establecidos en las bases presentadas en la proposición de ley. Nuestra opinión sería haber procedido a proponer al Gobierno un proyecto de ley y no un real decreto-ley. Creo que los demás Grupos podíamos haber trabajado, haciendo aportaciones y mejorándolo.
En el primer párrafo hablan ustedes de la realización de un texto refundido de la legislación reguladora de los impuestos locales en el primer trimestre de cada año. De acuerdo, tienen ustedes razón, eso se puede y se debe hacer. Y tenía mucha razón en la segunda parte de su intervención, cuando en la réplica le contestaba usted al Partido Socialista, pero, lo lamento, señor García-Margallo, usted es mucho mejor parlamentario de como ha estado en esta tribuna, porque, lamentablemente, esta proposición de ley presentada por ustedes para que el Gobierno dicte ese decreto-ley tiene una serie de lagunas muy importantes, y yo me llego a preguntar si ustedes lo habrían presentado si hubieran estado en el Gobierno.
También me pregunto si no estamos, a lo mejor, un poquito cambiados y resulta que el hemiciclo está al revés, porque yo estoy oyendo de una parte criterios que creo que corresponden a la otra. La realidad es que, además, esto implica a otras administraciones autonómicas, y aunque lamentablemente nosotros no tengamos esas prerrogativas, el sentido nacionalista de mi Grupo no me permite apoyar este decreto.
Señores socialistas, es necesario que lo hagan ya, porque es cierto que está hecho un desastre, pero, señor García- Margallo, lo siento, no podemos apoyarlo.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Lizondo.
Tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. Simplemente para fijar posición. Estoy de acuerdo en que debe buscarse, fundamentalmente en todos los temas, y principios fiscales, la distribución de las cargas fiscales, un sistema tributario justo y progresivo y no confiscatorio, porque ciertamente sí puede existir en la mentalidad, y yo creo que hasta en la vivencia, de los contribuyentes un sentido de haberse buscado una mayor recaudación y una cierta

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lesión de principios y derechos del contribuyente. Sin embargo, consideramos que este no es el procedimiento para buscar el fin que se propone. No estamos de acuerdo con que, en las bases que se propone, en la propuesta general, se esté aludiendo a una reforma de tan amplio calado y a la publicación de un decreto legislativo.
Por otra parte, suponemos, y estamos seguros de poder afirmarlo, que existe una clara indefensión, como ya se ha dicho desde esa tribuna, para la Administración, hasta provocando verdaderas dificultades de tesorería en la gestión de la propia Administración. En este caso están implicadas también otras administraciones, como pueden ser la foral vasca y el propio Gobierno de Navarra, y opinamos que deberían ser escuchadas también sus opiniones antes de avanzar en estos temas. Como está prevista una reforma de la Ley General Tributaria, nos remitimos a lo que pueda derivarse de esa reforma.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur. Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, por parte de Coalición Canaria voy a fijar nuestra posición aquí ante esta proposición de ley que ha presentado y defendido, en nombre del Grupo Popular, el señor García-Margallo.
Quiero comenzar diciendo que muchos de los argumentos que él ha empleado aquí los compartos plenamente. Quiero decir también, en esta misma línea de coincidencias, que muchas de las bases que en este documento se continen tienen nuestra tácita aprobación, y las suscribiríamos, pero en otro marco legal. En lo que no estamos conformes es precisamente en que una buena letra y un buen espíritu no tenga el marco jurídico legal conveniente y adecuado; es decir, no estamos de acuerdo en la forma en que se pretende realizar esto.
¿Por qué digo esto? Lo digo por lo siguiente que voy a analizar sobre las propias bases de la proposición de ley que nos permiten fijar la posición.
Nosotros entendemos, como resumen general, que muchas de estas bases que aquí se contienen donde tienen que encontrar su engarce y su marco es en la Ley General Tributaria o en el Reglamento General de Recaudación y, por supuesto, en aquellos capítulos singularizados que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año le reconozca en la singularidad que decide.
Ahora bien, de aquí se puede derivar no solamente una inseguridad jurídica, sino que se puede derivar algo más grave: el incumplimiento, vía una normativa interna, por un decreto-ley, de lo que es el imperativo de la ley. Me explico. Cuando el artículo primero de esta proposición de ley dice en su base primera que el Gobierno debe aprobar en el primer trimestre de cada año el texto refundido de la legislación reguladora de los impuestos estatales, y se dice seguidamente, en el segundo párrafo, que el incumplimiento por el Gobierno de este deber determinará la no imposición de sanción alguna a los contribuyentes, estamos entrando en un principio de inseguridad jurídica tremenda. ¿Pero cómo se va a ir, por un incumplimiento de una norma regulada por decreto-ley con lo que está diciendo la Ley General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación o la Ley de Presupuestos Generales del Estado? Esta es una situación, por llamarla de alguna manera, pintoresca e inédita en este momento en lo que es la regulación fiscal, en base legal, en nuestro país.
La base segunda dice que los contribuyentes que ajusten sus actuaciones a la doctrina administrativa que resulte de tales contestaciones --porque se está codificando la contestación administrativa pura y simple-- no serán sancionados en ningún caso. Creo que hay que meditar la repercusión y la responsabilidad que esto tiene. No sé qué se está pretendiendo con esta base segunda y este párrafo, pero, desde luego, entraríamos en un descrédito institucional de nuestras leyes fiscales. Que las consultas contestadas por la Administración vayan a constituir una doctrina administrativa es estar en contra de grandes principios que han regulado las comisiones de codificación o los principios que tienen que inspirar un Estado de Derecho. Esto, desde luego, no tiene sentido.
La base tercera quiere decir que los bienes se valorarán de forma uniforme en los impuestos que gravan su tenencia o disfrute, cualquiera que sea la Administración que exija el impuesto. Apañados estamos, desde una representación del marco fiscal que existe en el Archipiélago canario en nuestras bases fiscales y económicas, que no contemplan esta figura. Nosotros exigimos, y venimos exigiendo desde hace años, que la legislación fiscal que se emana desde esta Cámara para el Estado tenga en cuenta la peculiaridad fiscal y económica canaria. No podemos admitir esto desde una lectura de las competencias estatutarias y de las competencias legales que una propia Ley de 1991, aprobada en esta Cámara, de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias singulariza y señala.
De las bases cuarta, quinta y sexta nosotros diríamos que de acuerdo, pero que vayan al marco de la Ley General Tributaria, que sea una proposición de ley o un proyecto de ley, lo mande quien lo mande, cualquier Grupo Parlamentario o el Gobierno, que modifique y actualice lo que necesita actualización, que es la Ley General Tributaria.
Finalmente, señorías, a nosotros lo que nos preocupa aquí, no solamente ya otras bases que se han señalado por otros intervinientes, es que en el artículo 2 se

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dice, en uno de los tres apartados, que por el decreto legislativo el Gobierno regulará esto. Si estamos intentando aquí que el decreto-ley, tan denostado tantas veces por Grupos de la oposición, quede instaurado periódicamente, es algo verdaderamente pintoresco.
Yo no sé, como en el apartado c) se dice: dictamen del Consejo de Estado, qué diría el Consejo de Estado si le mandamos directamente esta proposición de ley. Verdaderamente a los letrados del Consejo de Estado supongo que algo les tendrá que revolver su concepto de la doctrina del Derecho para aceptar este tema, porque, desde luego, cuando el artículo 86.1 de la Constitución Española dice para qué casos está indicado el decreto legislativo, casos de extraordinaria y urgente necesidad, yo no sé un decreto legislativo, con una periodicidad del primer trimestre de cada año, en lo que tenga que intervenir.
Nosotros creemos que una legislación de este tipo (que consideramos importante que se recojan principios que están en esta proposición de ley) debe ir a la Ley General Tributaria, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado o al Reglamento General de Recaudación y cualquiera de las normas que en comunidades autónomas o a nivel del Estado, como central, sea de recibo en un marco legal, pero jamás recurrir a la figura del decreto legislativo.
Por esta razón, señorías, y por un principio de seriedad y concordancia, nuestro Grupo votará en contra.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en la tercera legislatura nuestro Grupo Parlamentario presentó una proposición de ley reguladora del defensor del contribuyente que fue rechazada por esta Cámara; rechazo mejor o peor argumentado jurídicamente, pero que tuvo una consecuencia práctica: el contribuyente se quedó ante la Administración tributaria como estaba antes, indefenso.
Hoy, uno de los Grupos Parlamentarios que rechazaron nuestra propuesta presenta a esta Cámara una proposición de ley de bases del Estatuto del Contribuyente, distinta figura, pero con un mismo objetivo: preservar los derechos básicos del administrado. La situación desde entonces ha ido evolucionando hacia posiciones que han reforzado el «status» de prepotencia de la Administración frente al debilitamiento general de los mecanismos jurídicos y administrativos del contribuyente. Por ello, hoy más que nunca, es necesaria una reforma del régimen de ordenación básica del sistema tributario en cuanto a las prerrogativas y privilegios de la Administración en los procedimientos de gestión, comprobación y recaudación tributaria. Es necesario un régimen sancionador, proporcionado y acorde con el falseamiento de los hechos, pero cuidadoso con el nivel técnico que puede ser exigible al ciudadano, y, desde luego, que no suponga una carga superior a la que se puede encontrar en los países europeos de nuestro entorno.
Hay que dotar al contribuyente de los instrumentos necesarios que le permitan establecer una defensa cómoda y no gravosa económicamente ante las situaciones producidas por actuaciones de la Administración que lesionan sus intereses, y me estoy refiriendo, entre otras, a la recuperación de las reclamaciones por la vía optativa del recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa, hoy derogada, salvo en el País Vasco. Señorías, a medida que vamos profundizando en nuestro sistema tributario, vemos con más necesidad y urgencia una reforma en profundidad del sistema tributario.
Concretamente, la Ley General Tributaria de 1963, modificada parcialmente por la Ley 10/1985, ha quedado un tanto desfasada a partir de la aprobación de la Constitución y del desarrollo de la implantación de un Estado democrático de economía moderna y de un sistema tributario de las comunidades autónomas en España. Por ello, el Gobierno, consciente de esto, ha preparado varias veces un anteproyecto de adaptación de la Ley General Tributaria, que por diversas circunstancias todavía no ha aprobado y presentado a este Parlamento.
Es preciso señalar que, dentro de la configuración del sistema tributario español, la Ley General Tributaria es la encargada de recoger los principios materiales y formales del ordenamiento tributario definidos en la Constitución española, tales como los principios de igualdad, progresividad, capacidad económica, adecuación a los tratados internacionales y reserva de ley en materia tributaria.
Además, España se ha adherido a la Comunidad Económica Europea, por lo que está obligada a adaptar a su ordenamiento interno toda la normativa producida por la misma. No hay que olvidar que el desarrollo de las autonomías ha supuesto un nuevo marco jurídico del sistema tributario español. Pues bien, todo esto exige una reforma urgente de la Ley General Tributaria y no un parcheo de la misma.
La proposición de ley que presenta el Grupo Popular supone un conjunto de modificaciones parciales de la Ley General Tributaria sin conseguir, a nuestro entender, una reforma en profundidad de la misma, que es lo verdaderamente necesario y urgente para llevar a cabo. Entendemos que la proposición de ley, aun con su buena voluntad, enturbiaría más la situación tributaria actual, ya que se limita a recoger en dos artículos una serie de consideraciones que benefician al contribuyente, pero de una forma parcial y deshilvada, lejos de definir un verdadero estatuto del contribuyente.


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Nuestro Grupo Parlamentario entiende que no aborda en profundidad y globalidad la situación del ciudadano contribuyente y las posibles indefensiones en que puede encontrarse el mismo en sus relaciones jurídico-tributarias con la Administración. Es indudable la necesidad de regular la seguridad de la posición del contribuyente en la relación jurídico-tributaria, sin embargo, esta regulación debe efectuarse en el marco de una reforma global de la Ley General Tributaria por las razones ya expuestas. En concreto y por lo que respecta al contenido de esta proposición de ley, una premisa básica sería la necesidad de analizar si una ley de bases como la que nos encontramos invade competencias de otras administraciones. Salvo este requisito, podemos decir, entrando ya en el análisis de las bases, que, por lo que respecta a la base 1.ª, se propone que el Gobierno apruebe en el primer trimestre de cada año el texto refundido de la legislación reguladora de los impuestos estatales en los que se han producido modificaciones en el ejercicio anterior. Ahora bien, si el Gobierno incumple este mandato, ello determinará la no imposición de sanción al contribuyente que no tenga en cuenta las modificaciones producidas. Esto puede suponer, desde nuestro punto de vista, una carga excesiva al Gobierno, pues continuamente se realizan modificaciones tributarias, y en la Ley de Presupuestos hay modificaciones en casi todos los impuestos, lo que supondría en muchas ocasiones el incumplimiento del mandato de esta base al ser los plazos muy justos y excesivas las modificaciones. Si en los supuestos de incumplimiento del Gobierno los contribuyentes que no aplicasen las modificaciones legislativas no son sancionados, se produciría una injusticia tributaria entre los contribuyentes cumplidores y los que no son cumplidores.
Esto llevaría, en situaciones de excesivas modificaciones, a que los contribuyentes no se las tomarían en serio y no se aplicarían, por lo que resultaría ineficaz la política tributaria y económica del Gobierno. El Gobierno no podría utilizar la política tributaria para conseguir objetivos de política económica general.
La base 2.ª propone que las consultas administrativas y las resoluciones de los tribunales económico-administrativos sean publicadas y que los contribuyentes que ajusten sus actuaciones a la doctrina administrativa no sean sancionados en ningún caso. A este respecto hay que señalar que las consultas actualmente no son vinculantes para la Administración, salvo en el caso del País Vasco que mantenemos las consultas vinculantes. Por ello, sería necesario una reforma de este punto en la Ley General Tributaria, para que resultase eficaz la propuesta de la base 2.ª Las consultas vinculantes, en la realidad, sólo vincularán a la Administración, ya que el contribuyente siempre puede optar entre lo que le responde a la Administración, o lo contrario, hacer valer sus derechos en los tribunales.
La base 3.ª propone una uniformidad en la valoración de los bienes en todos los impuestos, cualquiera que sea la Administración que exija el impuesto. Esto resulta difícil de llevar a la práctica, además de la exigencia de la reforma de la Ley General Tributaria y del sistema tributario, por los siguientes motivos. En primer lugar, por el principio de estanqueidad tributaria. En segundo lugar, porque las diversas administraciones afectadas por los mismos bienes exaccionarán impuestos distintos. En tercer lugar, porque hay impuestos concertados, cedidos, estatales y locales, que tienen su origen de valoración al mismo bien. En cuarto lugar, porque el valor único a aplicar en todos los impuestos del sistema tributario puede parecer muy loable pero tendría efectos contraproducentes. Así, por ejemplo, la utilización del valor catastral para cualquier incremento o disminución de patrimonio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas nos llevaría a resultados irreales.
La base 4.ª propoone, en las resoluciones firmes desfavorables a la Administración tributaria, que ésta habrá de indemnizar al administrado que haya realizado pago previo o prestado garantía. Recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional número 206 exige estas indemnizaciones a la Administración tributaria, por lo que sería más correcto modificar la Ley General Tributaria para la introducción de estas indemnizaciones en el sistema tributario español.
La base 5.ª propone que en las reclamaciones por ingresos indebidos, la Administración tributaria deberá proceder a su resolución en el plazo máximo de seis meses. Esto sería un ideal que, de llevarlo a la práctica, haría necesario, además de reformar la Ley General Tributaria, una reforma de la propia Administración.
La propuesta de la base 6.ª supone, al igual que otras de esta proposición, una reforma previa de la Administración, pero para llevarla a la práctica sería mejor encajarla en una reforma general de la Ley General Tributaria. De todas formas, la propuesta acorta el acceso a la vía judicial, lo cual es un aspecto positivo a tener en cuenta.
La base 7.ª propone la supresión del previo pago o aval de deudas correspondientes a sanciones de las reclamaciones económico-administrativas, lo que conllevaría además de la exigencia de la reforma de la Ley General Tributaria, la posibilidad, por parte de los ciudadanos, de actuar con cierta impunidad, ya que no supondría ninguna carga la realización de actividades antijurídicas, siempre que se limite a interponer una reclamación económico-administrativa. Para el razonamiento de la base 8.ª, que supone la presunción de certeza del contribuyente, podríamos esgrimir lo mismo que lo apuntado para la base 7.ª Por lo que respecta a la base 9.ª, propone un nuevo régimen sancionador. Opino que sería mejor llevarlo a una reforma de la Ley General Tributaria. Actualmente

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ya se gradúa la sanción en atención a la buena o mala fe del sujeto infractor, de la capacidad económica, de la reiteración de la infracción, de la resistencia u obstrucción a la acción de la Administración, etcétera. La base 10.ª propone un precio de cobranza del 0,2 por ciento de las cantidades retenidas a favor de los retenedores.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Zabalía, vaya concluyendo.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.
Esta medida estuvo en vigor en su día y viene a compensar en cierta manera «el servicio» --entre comillas-- obligatorio que prestan estas retenciones, es decir, a las empresas fundamentalmente.
La base 11.ª supone, asimismo, una reforma de la Ley General Tributaria. La proposición de la Base 12.ª estaría mejor en el marco de una reforma general de la Ley General Tributaria.
Entendemos que la mera petición de aplazamiento o fraccionamiento no debe suspender las actuaciones de la Administración tributaria encaminadas al aseguramiento o cobro de la deuda a no ser que, al igual que se exige actualmente, el contribuyente solicite la suspensión de la vía ejecutiva junto a la petición de aplazamiento.
En definitiva, nuestro Grupo Parlamentario entiende que esta proposición de ley debe enmarcarse dentro de un ámbito de reforma de la Ley General Tributaria, pues una reforma en esta línea podría añadir confusión a la ya procelosa legislación tributaria. Es por ello por lo que nuestro Grupo Parlamentario adelanta que su posición será de abstención en la votación de esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular. Nada más.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
La posición de nuestro Grupo en relación con esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se nos proponen unas bases del estatuto del contribuyente, va a ser la de no aceptar su toma en consideración.
El Grupo Parlamentario Popular propone a esta Cámara una iniciativa legislativa de un solo artículo en el que se nos pide que esta Cámara autorice al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, se publique un decreto legislativo que adecue las normas generales tributarias así como las específicas de cada tributo.
Pues bien, a nuestro Grupo Parlamentario, señores del Grupo Parlamentario Popular, no le parece bien revisar todo el sistema fiscal mediante un decreto legislativo. ¿Que esto es un mecanismo perfectamente legítimo y constitucional? Es cierto, pero no nos parecen bien modificar la Ley General Tributaria, la Ley del Impuesto de Sociedades, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, todo ello mediante un decreto legislativo.
Nuestro Grupo cree que si esta Cámara debe afrontar una reforma del sistema tributario --que sí estimamos debe hacerse--, debe ser a través de iniciativas legislativas que esta Cámara pueda debatir en su seno y contemplar muchas de las bases, de los criterios que ustedes recogen. Que hoy adoptemos la decisión de mandatar al Gobierno que lleve a cabo, mediante un decreto legislativo, la reforma del sistema tributario, francamente nos parece que es una dejación legislativa excesiva, que no la desea, en absoluto, nuestro Grupo Parlamentario.
Tengo que decirle que es cierto que el sistema tributario español ha estado sometido en los últimos años a numerosas modificaciones que han incrementado su complejidas y la inseguridad del contribuyente ante la Hacienda pública; es cierto. Ahora bien, nos parece que elaborar unas bases del estatuto del contribuyente, es decir, una nueva ley, un nuevo texto legislativo sin derogar la Ley General Tributaria vigente, sería complicar todavía más el acervo legislativo tributario hoy existente. No es mediante una nueva ley de bases como tenemos que afrontar la reforma del sistema tributario, sino mediante una revisión profunda de la Ley General Tributaria o, en todo caso, revisar o exigir el desarrollo de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sería mediante esas iniciativas legislativas y las correspondientes específicas en el Impuesto sobre Sociedades o en cualquiera de los impuestos hoy vigentes, como esta Cámara debería revisar el marco tributario. Pero hacerlo con nueva ley que se superponga a las hoy existentes, no nos parece que sea un buen mecanismo, porque vendría, en todo caso, a contradecirse con uno de los argumentos que ustedes han defendido, que comparto: hoy el sistema tributario ha llegado a ser muy complejo, hasta el punto de que se hace difícil su ejecución y cumplimiento. No obstante, añadir una ley más no va a resolver para nada el problema que están ustedes denunciando hoy.
Por otro lado, es necesario diferenciar lo que es importante y lo que no lo es para garantizar la seguridad jurídica del contribuyente. En eso quiero hacer constar que algunas de las bases, de las propuestas que el Grupo Popular formula, podrían encajarse perfectamente en una revisión legislativa de alguno de los textos

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hoy vigentes. Por ejemplo, el que ustedes en estos momentos soliciten publicar anualmente un texto refundido de todos los impuestos de ámbito estatal cuando se hayan modificado, aunque sea mínimamente, no es importante hoy. No tiene ningún sentido afirmar que si el Gobierno no afronta ese texto refundido, las sanciones que se deriven del cumplimiento de dichos impuestos no van a tener vigencia. No es necesario ni importante --en todo caso, nuestro Grupo no lo puede compartir-- el contenido de la base 1.ª que ustedes proponen. Hay algunas bases que nos parecen bien, pero hay otras con las que no estamos de acuerdo, y una de ellas es ésta. Tampoco nos parece correcto el que ustedes propongan que se tenga que automatizar el aplazamiento en el pago a Hacienda, tal como se recoge en la base 12.ª, hasta que la Administración se pronuncie. El solo hecho de solicitar el aplazamiento no puede suspender la vía ejecutiva de los impuestos. No es posible aceptar como válido ese principio. En cambio, hay cuestiones que convendría incorporar y nuestro Grupo cree que deberíamos revisarlas mediante una iniciativa legislativa. Por ejemplo, su base 7.ª que pretende suprimir el requisito de pago previo o de garantía de la deuda correspondiente a las sanciones en las reclamaciones económico-administrativas cuando la cuestión controvertida verse sobre cualificaciones tributarias y no se haya producido ocultación de datos en las declaraciones precedentes. Este nos parece un buen principio, que debería permitir adecuar aquellas leyes que hoy no lo contemplan. También la base 11.ª, en la que ustedes proponen que se revise lo relativo a la recaudación de los tributos en su fase ejecutiva. Este es un buen criterio que debería trasladarse a una revisión de la Ley General Tributaria, pero no mediante un decreto legislativo que pueda adaptarse a estas bases.
En definitiva, señorías, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es que podríamos compartir algunos puntos de la filosofía de la proposición del Grupo Popular. No nos parece, en absoluto, acertada la proposición en su técnica procedimental para revisar todo el sistema tributario. No es éste un buen procedimiento para afrontar la revisión del sistema tributario. En absoluto aceptamos que hoy tengamos que hacer dejación legislativa mediante un decreto legislativo porque --repito--, aunque es perfectamente constitucional, políticamente no nos parece adecuado revisar hoy el sistema tributario mediante esta vía.
Por otra parte, señorías, nuestro Grupo cree que si en su momento el Gobierno trae a la Cámara la modificación de la Ley General Tributaria --parece ser que se ha comprometido a presentarla--, vamos a trasladar algunas de estas bases mediante enmiendas a dicho texto, si vemos que en él no se contemplan. Nada más, señor Presidente y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, al Diputado proponente le vendría bien el verso del «Poema del Mío Cid»: ¡Qué buen vasallo si hubiera buen señor! El Diputado proponente es un gran conocedor de los temas fiscales. Nos ha hecho una brillante demostración desde esta tribuna --lo hace repetidamente, esto se lo reconocemos todos- -, pero lo que hay que preguntarse políticamente es si tiene buen señor. Yo creo, señoras y señores Diputados, que no lo tiene y es una lástima. Aprecio, como él sabe, al Diputado García-Margallo, pero no puedo compartir la filosofía política que hay detrás incluso de algunas de las acertadas bases que plasma en su proposición de ley.
He de decirle también que nuestro Grupo, que por lo general siempre tiende a votar favorablemente las proposiciones de ley de la oposición, en este caso no va a hacerlo, puesto que a una tradición de cortesía parlamentaria se opone el contenido político profundo de esta proposición de ley que no comparte en absoluto. Quiere contribuir con su voto y su posición política a clarificar un poco en esta Cámara quién está a favor de los ingresos públicos, quién está a favor de la redistribución de rentas a través del mecanismo de asignación del Estado (sólo se puede buena asignación si hay buena recaudación), y quién está a favor, por los mecanismos que sea, de recortar la recaudación del Estado, de recortar el peso del Estado.
Decía lo de «buen señor», porque el Grupo Popular poco puede decir sobre transparencia, sobre un buen sistema fiscal, cuando repetidamente nos ha dado muestras políticas de enorme magnitud de que no está por la labor.
Señorías, recuerden ustedes cuando votamos la no procedencia de nuevas amnistías fiscales. ¿Quién votó a favor? El Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida. ¿Quién votó en contra? La derecha: Convergència i Unió y el Partido Popular.
No quiero recordar la posición del Partido Popular en la Ley del Blanqueo de Capitales; no quiero recordar otra serie de posiciones políticas del Partido Popular sobre el tema de la recaudación fiscal. Decir --como hace el señor García-Margallo y aquí le traiciona la fidelidad a su Grupo no su capacidad como conocedor de los mecanismos fiscales-- que el fraude fiscal en este país ha aumentado porque aumenta la inseguridad jurídica de las leyes (algunas de ellas, he de convenir con él, mal redactadas y mal aplicadas), realmente es un eufemismo. Es un eufemismo decir eso cuando todos sabemos lo que está pasando en las cesiones de crédito del Banco de Santander, de La Caixa, cuando todos

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sabemos lo que está pasando en el fraude del IVA y cuando si algo haría falta en esta Cámara, señoras y señores Diputados, sería un consenso democrático, claro está, para incrementar las medidas contra el fraude fiscal. Ahí sí que nos encontrará, señor García-Margallo, porque defendiendo una buena legislación y una mejor ejecución y persecución del fraude fiscal estaremos defendiendo el estatuto del contribuyente, el de la mayoría de españoles que pagan sólo a través de la nómina, no el de los defraudadores. Sus propuestas, el repetido posicionamiento político de su Grupo, aunque no sólo del suyo en particular, no avalan esta preocupación, sino todo lo contrario. Si estuviésemos hablando esta tarde aquí de cómo erradicar el fraude fiscal de nuestro país, de cómo hacer una nueva piña democrática contra el dinero negro --aquí tanto ustedes como el Grupo Socialista se opusieron a que en la Ley del Blanqueo de Capitales se pudiese introducir un cuarto motivo de denuncia ante las autoridades competentes, esto es el tratamiento del dinero negro, no quiso el Grupo Socialista introducir este tema--, estaríamos hablando de otras cosas.
Podemos estar de acuerdo, como ya han dicho algunos oradores que han intervenido antes que yo, en algunos aspectos técnicos de las bases que nos ha propuesto el señor García-Margallo.
Con lo que no podemos estar de acuerdo, como decía al principio, es con lo que se trasluce de esta propuesta, aparte de ser, como algún diputado ya ha dicho, señor García- Margallo, tremendamente contradictoria, lo cual, de alguna forma, facilita nuestra posición de voto. Lo que usted presenta hoy aquí no es una proposición de ley, es una proposición no de ley, una especie de moción, es decir: Hágase eso en la línea que yo quisiera que se haga, porque no presenta todo un texto articulado. En ese sentido, también nos va a facilitar que no podamos acompañarle en esa línea.
Para terminar, yo creo que a veces el ardor con que defendemos cada uno nuestras posiciones nos traiciona, y esta tarde al señor García-Margallo su ardor también le ha traicionado, porque, señorías, decir que el Partido Popular es la herencia de la tradición liberal y progresista española, realmente es mucho decir.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de la iniciativa del Grupo Popular sobre bases del estatuto del contribuyente, vamos a pasar a su votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la proposición de ley del Grupo Popular sobre bases del estatuto del contribuyente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 127; en contra, 168; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA JUVENTUD Y LA INFANCIA FRENTE A LA PROLIFERACION DE PELICULAS Y SERIES CON ALTO CONTENIDO DE VIOLENCIA, XENOFOBIA Y CUALQUIER OTRO PLANTEAMIENTO QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA, EN LA PROGRAMACION DE LAS TELEVISIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (Número de expediente 162/000032)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, proposiciones no de ley: Del Grupo Popular por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar la protección de la juventud y la infancia frente a la proliferación de películas y series con alto contenido de violencia, xenofobia y cualquier otro planteamiento que atente contra la dignidad de la persona, en la programación de las televisiones públicas y privadas.
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Señorías, me corresponde en este momento la presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, de la presente proposición no de ley, que va encaminada a proteger a la infancia ante los contenidos violentos de la programación de las televisiones.
Con esta iniciativa, con esta proposición no de ley, pretendemos recoger la preocupación que la sociedad española está demostrando en torno a este importante asunto; en definitiva, tranquilizar la alarma social que están suscitando acontecimientos tan dramáticos como los protagonizados por niños dentro y fuera de España, niños que actúan como protagonistas y como víctimas en episodios que llegan a ser auténticamente escalofriantes. Esta proposición no de ley fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular por primera vez en el mes de mayo de la legislatura anterior, pero, como consecuencia de la disolución de las Cámaras, decayó y es presentada de nuevo en el mes de septiembre, para debatirla hoy día. Planteamos, pues, la necesidad de reflexionar en la Cámara en voz alta y de actuar. Todos somos responsables en este preocupante asunto y eso es precisamente lo que nos está diciendo la sociedad y lo que nos están exigiendo los ciudadanos:

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que seamos responsables y que actuemos en consecuencia ante los hechos que se están produciendo.
Estamos hablando en esta proposición no de ley --y es importante dejarlo bien claro-- de la educación de los niños y niñas españoles hasta los 12 años, y de la tremenda influencia que la televisión tiene, efectivamente, en el hecho educativo; estamos hablando, por tanto, de su protección, sabiendo, además, que con esta reflexión y con este intento de protección los ciudadanos adultos vamos a limitarnos en nuestros derechos fundamentales, vamos a limitarnos en los derechos fundamentales que recoge claramente el artículo 20 de la Constitución, pero destacando también que en el punto 4 de este mismo artículo los constituyentes fijaron también, con nítida claridad, sus propios límites, su mecanismo de autorregulación, precisamente para proteger a la juventud y a la infancia.
Han aparecido a lo largo de los últimos meses con especial intensidad numerosas opiniones científicas, de gran solvencia, que afirman que los niños a estas edades --insisto, niños menores de 12 años-- transforman su propia vida, transforman su propio entorno por lo que ven en televisión. Son niños en unas edades en las cuales es imposible que sepan distinguir lo que es realidad, lo que es su propia vida y lo que es ficción a través de lo que perciben, a través de la televisión. Y este hecho es especialmente importante puesto que pueden llegar a percibir, y de hecho lo hacen, esas imágenes de forma prácticamente subliminal, sin ningún tipo de reflexión ni de barrera ante esas imágenes que les proporciona la televisión. Es importante saber que los niños entre los dos y los doce años ven la televisión de una forma especial y, además, sumamente intensa; es, sin duda ninguna --y hay también numerosos estudios en este sentido--, su primera actividad de ocio. El 96 por ciento de los niños en estas edades ven diariamente la televisión entre tres y cuatro horas al día; es decir, que pueden llegar a ver, entre los 2 y los 12 años, una media de 25 horas a la semana de televisión. Además, ellos mismos seleccionan, según las edades, los programas que más les apetecen. Así, hasta los 9 años, digamos que fundamentalmente «consumen» dibujos animados, y a partir de los 9 y hasta los 12 prefieren ya las películas o las series de televisión.
Es también muy importante analizar --y además lo ha comunicado en un estudio reciente, importante, la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de España-- qué es lo que ven los niños en todas esas horas en las que están plantados delante de la televisión. Y los datos que han proporcionado son para hacernos reflexionar de nuevo en torno a esta realidad. En una semana los niños en edad escolar pueden percibir, pueden ver, pueden asimilar, sin esa barrera que antes mencionaba, 878 peleas, 670 homicidios, 420 tiroteos, 32 capturas de rehenes, 30 imágenes de secuestros, 30 imágenes de torturas, 18 episodios de consumo de drogas, 13 intentos de homicidio, 11 robos y ocho suicidios. Es decir, al cabo de un año, los niños españoles perciben en torno a 12.000 episodios, 12.000 imágenes violentas. Además, es también importante saber que el 35 por ciento de los niños ven la televisión solos, sin la presencia de los padres ni de personas adultas que puedan en un momento determinado hacerles reflexivo lo que están viendo, y lo ven desde la más absoluta pasividad, como auténticas esponjas. El hecho cierto es que en un 25 por ciento de los casos de estos niños, que pudiéramos llamar prácticamente teleadictos, la televisión interfiere, de forma nítida, negativamente incluso en las propias relaciones interfamiliares. Podemos afirmar que nuestros niños de hoy, cuando tengan 70 años, habrán pasado siete años de su vida sentados adelante de una televisión. Y las consecuencias están también estudiadas. Hace poco más de un año se publicaba por un Instituto sociológico en Alemania que tras emitir una serie de televisión, en la cual se describía minuciosamente el suicidio, tirándose a un tren, de un joven de 19 años, la tasa de suicidios reales, con el mismo método, de jóvenes entre 15 y 19 años, en los dos meses siguientes a la emisión de esta película, aumentó en un 175 por ciento. Las consecuencias, por tanto, están ahí; estamos siendo capaces de estudiarlas y de objetivarlas científicamente, y están en toda Europa. No hace falta que les recuerde en este momento a los niños de Liverpool, ni sus hechos ni las consecuencias de los mismos; no hace falta que les recuerde lo que recientemente y no tan recientemente ha pasado en España entre niños y niñas, víctimas y protagonistas de episodios auténticamente dramáticos donde la violencia formaba parte sustancial de esa actuación.
Lo que el Grupo Parlamentario Popular pretende con esta proposición no de ley es, simple y llanamente, que por televisión no se emita violencia, no se emita racismo, no se emita xenofobia, no se emita en definitiva intolerancia, y que, si se hace, cuando se produzca antes de las 10 de la noche, se avise expresamente que se va a producir esa emisión, tanto para avisar a los padres como a los propios niños, y me dirán automáticamente SS.SS. pero lo verán. Por supuesto que sí, porque solamente el hecho del anuncio de lo prohibido va a atraer a esos niños, pero en ese momento --según afirman las personas que científicamente están cualificadas para ello--, la barrera que supone el hecho de ser conscientes de ese atractivo hacia la prohibición puede ser suficiente para que la percepción de esas imágenes no sea pasiva, no sea subliminal, como antes mencionaba.
Queremos, por tanto, que haya una decisión de esta Cámara en su conjunto, no solamente para decir aquello que no es deseable o para pedir que no se emitan esas imágenes, sino para ir un poco más allá, para que a través del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que es el organismo encargado de calificar todas las películas y todos los eventos audiovisuales

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en este país, podamos contribuir positivamente desde las televisiones a la educación de los niños, de tal forma que, cuando se emita antes de las 10 de la noche, se diga para quién está indicado ese espacio televisivo, a qué educación va a contribuir, positivamente hablando, como lo hace ya el Instituto de Cinematografía citado, de que son espacios especiales para la infancia, para todos los públicos, para menores de 7 años, de 13 años o de 18 años; que haya, por tanto, un movimiento no solamente de recomendación de no emitir sino un movimiento positivo de decir: este programa es positivo para esta franja de edad.
Este es el contenido formal de nuestra proposición no de ley, en la que queremos matizar, en cuanto a la expresión de la recomendación que queremos hacer al Gobierno, la distinción entre televisiones de titularidad pública y las televisiones privadas. En el caso de las televisiones de titularidad pública, se pide la modificación del Estatuto de la Radiotelevisión y de la Ley Reguladora del Tercer Canal, para que efectivamente aparezcan reflejadas estas dos recomendaciones: no emitir, antes de las 22 horas, películas no recomendadas para menores de 18 años; y la obligatoriedad de recomendar, para las franjas de edad determinadas a quién le viene bien y a quién le viene mal desde el punto de vista educativo. En cuanto a las televisiones privadas instamos al cumplimiento del código ético que el Ministerio de Educación y Ciencia firmó acertadamente antes de las elecciones generales para que, en definitiva, todo el hecho televisivo tenga este doble componente de renuncia por nuestra parte, como ciudadanos adultos, a la emisión de ciertos programas violentos, racistas, xenófobos e intolerantes, como decía anteriormente, y de ayuda a la educación.
Yo rogaría por tanto a SS.SS. que, en el momento de emitir su voto --y termino, señor Presidente-- piensen que estamos hablando de niños menores de 12 años. Esta iniciativa simplemente quiere hacer un ejercicio de reflexión en voz alta, pidiendo el apoyo de toda la Cámara, y siendo conscientes --utilizando un lenguaje habitual cuando hablamos de consumo-- de que estamos corriendo el serio peligro de intoxicar a nuestros niños con imágenes violentas, como antes decía, en su concepción más amplia. No tiene mucho sentido que todaslas televisiones condenen siempre, condenen sistemáticamente en sus noticiarios estas actitudes a las que hago mención cuando informan de ellas, información y condena que tienen el indudable efecto educativo positivo que pueden tener en estos niños, para que a continuación, y precisamente a los más pequeños de sus espectadores, les lleven, recorriendo el camino inverso con sus dibujos animados, con sus películas, con sus series, justo al sitio de donde antes querían sacarlos, en definitiva, a la violencia.
Por todo ello, yo les pido su voto afirmativo para demostrar que somos conscientes del grave riesgo al cual estamos induciendo a nuestros niños que sin duda ninguna acabarán constituyendo la sociedad del día de mañana.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández-Miranda.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Cataluña, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, presentamos una serie de enmiendas, cuatro, de fondo, por el punto de vista del que parten; punto de vista que va desde el principio a centrar la intervención y, por lo tanto, más allá, la estrategia del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No partimos, por lo tanto, del punto de vista de una autocensura o semicensura ni tampoco hablamos de medidas superficiales, cosméticas, absolutamente limitadas incluso respecto a lo que va a ser la trasposición de la Directiva de Televisión sin Fronteras, como en el caso de la propuesta del Grupo Popular, que se queda muy por debajo, y que es simplemente una brizna respecto a lo que es esa directiva de 1989, que está a punto de llegar a esta Cámara en forma, primero, de Ponencia y que habrá que discutir en todos los niveles.
Por lo tanto, hablamos, en principio, de orientación cultural y de intervención en el mercado, de crítica de mercado, por consiguiente, de cómo tiene que intervenir el sector público en este tema de enorme importancia y que no se limita al tema de la infancia sino que también afecta, y aquí está una de las ampliaciones que introducimos en nuestra enmienda, al tema de la xenofobia, al tema de la juventud, al tema del machismo y a otra serie de temas como la falta de solidaridad, la angustia constante que se interpone a través de la publicidad y de otra serie de cuestiones que sí vienen recogidas en la directiva sobre televisión sin fronteras pero en absoluto en la resolución que hoy aquí nos trae el Grupo Popular, que, repito, se queda muy por debajo de lo que vamos a empezar a discutir dentro de muy poco. Estamos discutiendo esto, efectivamente, en eso coincido, en un momento de grave escándalo social por lo que se emite y por las consecuencias en muchos casos de lo que se está emitiendo. Algunos teóricos en Norteamérica, en la Comunidad Europea están empezando a hablar de una especie de fascismo blando, de

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fascismo cibernético en el seno de un mercado extraliberal que de pronto documenta que la violencia, la xenofobia, el sexismo, la morbosidad, fundamentalmente expresada a través de los niños, vende mucho. Más venta significa más audiencia; más audiencia significa más publicidad y más publicidad significa más negocio. Y aquí está un poco la dinámica más o menos oculta de esta situación.
Y nos referimos también, a la hora de defender nuestras enmiendas --son cuatro, de calado-- a otro punto de vista, y a ver si lo explico sintéticamente. Cuando se intentó discutir en Norteamérica el tema de la venta o no libremente de armas se publicó un cartel, en el que aparecía una pistola apuntando al objetivo, consecuentemente al entrecejo de quien mirase el cartel. La leyenda del cartel era: Míralo desde este punto de vista. Pues desde ese punto de vista lo enfocamos nosotros, no desde el punto de vista del emisor, sino del receptor, desde el punto de vista del ciudadano o de la ciudadana que ve la televisión y no desde el punto de vista de la empresa, del emisor, de la productora. Desde ese punto de vista defendemos, repito, a los receptores, a los ciudadanos y ciudadanas, a los que la programación actual está apuntando al entrecejo en un momento en que se han encendido todas las luces rojas de alarma. Hay que decir que, efectivamente, al espectador o a la espectadora los caracteriza fundamentalmente la pasividad ante algo que se mueve y vive por él o por ella. Cuanto más se mueve lo otro, más capta la atención, resulta más atractivo, y el ritmo, la frecuencia de las imágenes es lo que educa de una determinada manera en la pasividad y, naturalmente, en un cierto autismo más o menos exagerado, creciente, desde luego, en el tema de los niños. La hipnosis de los niños ante los dibujos animados, que se basan en un enorme ritmo, en una enorme frecuencia, o ante los anuncios, es importante. Los dibujos animados, los anuncios o los informativos, incluso, por la enorme frecuencia que tienen en sus imágenes, son los reyes de la actual televisión, incluso para los niños, porque se emiten en horas en que los niños ven la televisión. Hablar de protección de la infancia o de la juventud sin hablar del conjunto de la programación no sirve para nada. No se pueden acotar horarios. No es una propuesta susceptible de ser aceptada desde la izquierda, porque hay que hablar de la orientación general, de la orientación de los reyes de la televisión, para los niños los dibujos animados, pero también los anuncios y los informativos en general. A partir de los diez años --aquí se ha dicho, y es verdad-- los niños ven toda la programación y no hay forma de controlar su tiempo como receptores. Ven la televisión cuatro horas diarias. Contando las etapas de vacaciones ven más televisión que tiempo dedican a la escuela.
Por tanto, hablar de una reforma educativa sin hablar de la reforma de los medios de comunicación, de la televisión pública y de la privada, es hablar de una falacia, no es hablar del fondo de la cuestión. Todo está orientado al espectáculo, sobre todo al espectáculo morboso, y sometido a ese --permítaseme la metáfora extraña-- dios diabólico de la captación de audiencia. A mayor audiencia, mayor publicidad, por lo tanto, mayores ingresos, y aquí es donde interviene la pérdida absoluta y creciente de valores. Aquí es donde debiera venir (y ahí está la directiva que habrá que trasponer y discutir en esta Cámara) la intervención de lo público y la ejemplaridad del liderazgo que tiene que establecerse, y aún no se hace, de la televisión pública, de los medios de comunicación públicos, naturalmente basado siempre en la primacía del interés ciudadano público. Además, se ha descubierto, Freud ya lo sabía, que lo que más puede atraer la atención, lo que más vende --así se dice ahora--es el sufrimiento humano. Eso es lo que más vende en televisión, sobre todo si el sufrimiento humano va ligado al sexo y a la infancia. Es lo que más vende, lo que más audiencia capta, lo que más publicidad capta, lo que más negocio resulta. Por tanto, hay que poner pies en pared para defender los valores democráticos, para defender el Estado social y democrático de Derecho, en un momento, repito, en que se han encendido todas las luces rojas de alarma. De ahí que nosotros estemos defendiendo la financiación pública de televisión pública -- quien paga manda, y en este caso pagaría la defensa del Estado social y democrático de Derecho-- y estemos defendiendo que se intervenga deprisa y corriendo en el mercado de la conciencia en un momento en que el debate social reclama que haya una respuesta desde lo que debiera ser el centro del debate político y social de este país, este Congreso de los Diputados. Existe ese gran debate social y no se pueden seguir haciendo llamamientos abstractos, cosméticos, superficiales o tremendamente limitados como el que ha venido hoy aquí a esta Cámara en vísperas de que se empiece a discutir, por fin, después de que caducó el plazo en que tenía que haberse discutido --marzo de 1991-- la Directiva de Televisión sin Fronteras, la Directiva 89/552. Y hay que decir que están compitiendo en este terreno, lamentablemente, las televisiones públicas y las privadas, autonómicas o no. (El señor Presidente ocupa la presidencia.) Las públicas, sometidas al principio de la programación y financiación desde el Estado no debieran en absoluto competir en este terreno. Y ¡ojo!, las cadenas privadas, como tales, no existen realmente en este país, son concesiones, son servicios públicos que se ejercen privadamente en régimen de concesión, con leyes atravesadas por elementos (que yo aquí estoy desarrollando brevísimamente, de manera sintética) culturales y de defensa del sentido del estado social y democrático

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de Derecho que, hasta ahora, no se cumplen, y, por tanto, no puede establecerse, ni siquiera a nivel de esta brizna que se mete aquí como resolución, ninguna diferencia con respecto a las televisiones públicas son servicios públicos que se ejercen en régimen de cesión, nada más, simplemente eso. Se me puede decir: empresa privada. Pero, entonces, la empresa privada que, por ejemplo, produzca un bizcocho, ¿puede producirlo como ella quiera, con independencia de lo que cause en la ciudadanía? No, no; tiene que producirlo en función de unos parámetros higiénicos, de salubridad y en función del bien democrático, de la defensa del estado social y democrático de Derecho, tal como viene consagrado en la Constitución española.
Desde ese punto de vista, el Gobierno no ha respondido de manera clara y a tiempo. En este tema, el Gobierno ha declarado urgente no hacer nada. El Ministerio de Educación se ha limitado a sacar a concurso público (y no sé si al final lo ha hecho) una investigación sobre la influencia de los contenidos en la audiencia: una simple encuesta es lo único que ha hecho hasta ahora el Ministerio, si es que al final ha sacado este tema a concurso público, y el Gobierno se ha encargado de dilatar desde 1991 hasta finales de 1993 la Directiva correspondiente a lo que se está limitando a la intervención en el mercado publicitario de televisión y de los medios de comunicación, que se está haciendo en el seno de la Comunidad Europea, y queremos converger siempre en lo peor, disminuyendo el sentido de las leyes europeas, y naturalmente en esta dirección nosotros no vamos a apostar por la iniciativa que aquí se nos trae.
En ese sentido, presentamos cuatro enmiendas, señor Presidente, teniendo en cuenta que dentro de unos días vamos a empezar a debatir una ley muchísimo más amplia que esta resolución. Repito que esta resolución es un par de líneas de esa ley que lo toca todo, absolutamente todo, y que, por tanto, si nosotros aprobamos aquí esto como una especie de voluntad de este Parlamento, va a ser una voluntad capitidisminuida que no tiene ningún sentido, porque no afecta a la programación, a los contenidos, es simplemente una especie de censura limitada en el tiempo que no toca nada, excepto una especie de canto, de brindis al sol, que se puede rectificar en función de que se acepten o no nuestras enmiendas. No nos negamos de manera frontal y sin salida; damos una alternativa. Por ejemplo, la de la creación de una comisión (y no se me diga que ya hay en el Senado, no; este Congreso tiene que responder a esta situación), no permanente, para estudiar, con la comparecencia de cuantas personas, asociaciones y grupos de todo tipo puedan hacer aportaciones de cara a conseguir una resolución, y dar respuesta social a este problema. Pero no sólo por esto, sino porque ustedes sólo tocan el problema de la infancia, que es muy importante pero no es el único: está el problema de la xenofobia, el problema del público juvenil, el problema del machismo; todos estos temas se incluyen y ustedes no los han incluido.


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino de inmediato, señor Presidente. Las otras dos enmiendas se dirigen a la televisión pública en el sentido de que se constituya una comisión de evaluación para que estos programas se evalúen a través de asociaciones de padres de alumnos, de enseñantes, de pedagogos, a la hora de prever un daño que realmente se está haciendo con la emisión de estos programas y de la programación en general.
También pedimos que anualmente se presente en la Comisión parlamentaria de Control de Radiotelevisión Española una evaluación de cómo ha ido el curso de esta situación, a la vez que, naturalmente, pedimos que en la televisión privada (veremos qué trasposición se ha hecho), se respete, entre otras cosas, junto a la Constitución y el resto de las leyes, la trasposición rigurosa de la Directiva Televisión sin Fonteras, que hay que discutir dentro de poco.
Por tanto, planteamos la necesidad de que se aprueben estas cuatro enmiendas, que amplían no sólo el contenido, sino la posibilidad de que este Parlamento dé una respuesta adecuada y, naturalmente, esperemos que, a partir de ahí, conjugando esto con el debate de la ley que pronto va a venir aquí, demos la respuesta que merece una situación realmente alarmante. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Enmienda del Grupo Catalán, Convergència i Unió. Para su defensa, y para fijar la posición de su Grupo, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley que nos ocupa, el contenido de la cual es muy claro, como lo es su objetivo, que no es otro que el de acometer los cambios legislativos necesarios para que todas las televisiones y no sólo las públicas, como parece desprenderse de la iniciativa del Grupo Popular, tengan la obligación de respetar la no emisión, en horarios anteriores a las 22 horas, de las películas y series no recomendadas para menores, así como la de señalar la franja de edad para la que está indicada cada emisión, cuando se programe antes de dicha hora.
Pienso que la proposición no de ley quedaría coja si se aprobara con la redacción original con la que ha sido defendida, ya que el objetivo que persigue, y con el cual coincidimos, sólo se conseguiría a medias. Para subrayar

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la importancia del tema que nos plantea hoy el Grupo Popular en la Cámara, me remito a hechos más que recientes, a un debate vivo no sólo en los medios de comunicación y en los ciudadanos especializados en el tema, sino incluso a un debate que está vivo en el seno de la propia sociedad y, cómo no, a la intervención del portavoz popular, el señor Fernández- Miranda, que ha sido suficientemente ilustrativa al respecto.
Es más, quiero recordar, abundando en lo que constituye el sentido propio de nuestra enmienda, que hace unos meses se aprobó un documento sobre protección de la infancia, en lo que se refiere a la televisión, entre el Ministerio de Educación, las consejerías de las comunidades autónomas con competencias en materia de educación y los responsables de las televisiones públicas, Televisión Española y autonómicas, y también de las televisiones privadas. Este documento, que ha sido también muy debatido, incluso hasta ha sido objeto de iniciativas en la Comisión de control parlamentario de Radiotelevisión Española, apelaba a la autorregulación, lo que requiere una actitud decidida y sincera de los propios medios, que son los que tienen que aplicar. Tras unos meses de su puesta en práctica, para este Grupo Parlamentario, la aplicación del contenido de ese documento que ha hecho Radiotelevisión Española no constituye el principal motivo de preocupación, por cuanto consideramos que la aplicación que ha realizado Radiotelevisión Española y también el resto de televisiones públicas es y ha sido básicamente buena; concepto que nuestro Grupo Parlamentario difícilmente puede extender a todas las televisiones que hay en nuestro país. Por todo ello, espero que el Grupo Popular admita nuestra enmienda, porque, como decía antes, considero que es importante para conseguir el objetivo que nos proponen, que no sólo nos parece positivo, además, absolutamente necesario.
En la génesis de esta iniciativa, y muy recientemente, ha surgido una novedad importante en el panorama televisivo, con una incidencia muy directa en el problema que hoy nos ocupa, que es la aprobación por el Gobierno del proyecto de ley que traspone a nuestro ordenamiento la Directiva 89/552, de Televisión sin Fronteras. Es sabido que dicha iniciativa obliga a una serie de adaptaciones legislativas, que son contempladas en esta proposición no de ley. Asimismo, como ha sido citado por otros intervinientes, concretamente por el señor Alcaraz, esta iniciativa va incluso más allá y extiende la limitación de contenidos a otros aspectos.
Nuestro Grupo Parlamentario cree que estamoss ante la inminencia de un debate en profundidad en esta Cámara, con mucha más profundidad y detalle que el que hoy estamos manteniendo. Por ello, invito al grupo parlamentario proponente, el Grupo Popular, a que retire esta iniciativa, en aras al debate que se producirá en breve en la propia Cámara.
Ahora bien esto es de su exclusiva responsabilidad y, por tanto, en el caso de que el Grupo Popular opte por mantener la proposición no de ley, además de solicitar que incluya nuestras enmiendas, anunciamos nuestro voto favorable a la misma.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Para su defensa y fijación de posición del Grupo, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, el Grupo de Coalición Canaria, a esta proposición no de ley, presenta tres enmiendas que significan, de entrada, una aceptación tácita de la iniciativa del Grupo Populr, que nos parece muy conveniente y muy oportuna.
Quiero recordar que en noviembre de 1992 votábamos en esta Cámara una moción consecuencia de interpelación, por la práctica mayoría de los grupos representados en el hemiciclo, que también se refería a esta cuestión. Posiblemente habían quedado sin determinar aspectos concretos, como señalar una hora, que es lo que trae hoy aquí el Grupo Popular. Dicho esto respecto a nuestra aceptación por la oportunidad y conveniencia de esta proposición no de ley, paso a defender nuestras enmiendas, que hay que situar --la primera de ellas, sobre todo-- dentro del propio concepto. Dentro del contexto que nos trae aquí la letra a) de la proposición no de ley del Grupo Popular, hemos observado que el punto primero se refiere exclusivamente --y es lo que impregna de singularidad la proposición-- a reglamentar la emisión hasta o a partir de las 22 horas, y todo lo que haga referencia a películas o series. Notros entendemos que es habitual (a la vista de la programación que realizan los servicios informativos y las televisiones, tanto públicas como privadas) el tema referente a la advertencia previa de la propaganda o publicidad que se va a emitir. Si solamente reglamentásemos aquí que antes de las 22 horas, en horas de audiencia juvenil o infantil, no podrían exhibirse películas o series que hagan una apología de la violencia, de la xenofobia o de cualquier otro planteamiento que atente contra la dignidad de las personas (que son tres principios que nosotros suscribimos y que nos parece oportunísimo que los traiga la proposición no de ley, para que sirva de punto de referencia de qué es lo que preocupa, xenofobia, violencia y cualquier cosa que atente a la dignidad de la persona humana), nosotros entendemos que si, respetándose este horario, la publicidad de esa emisora está incluyendo, en horas de audiencia infantil, avances informativos, se está excitando el morbo del niño, del joven, para que, salvando la disciplina del hogar, por la ausencia de los padres o tutores, conecte el televisor, a lo que ha sido ya previamente incitado y excitado en horas de audiencia juvenil.


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Esto lo estamos viendo en las rejillas de publicidad y en los cortes que para anunciar programas horarios que van a seguir, en programaciones nocturnas, hacen cualquiera de las televisiones. De aquí que nosotros hagamos hincapié en el tema de la propaganda de publicidad para superar el exigente horario de las 22 horas, a partir de las cuales sí se pueden emitir estas otras películas para mayores.
Las otras dos enmiendas traen una causa que supera en gran medida el marco con que la proposición no de ley está planteada por el portavoz del Grupo Popular, y se refiere a las empresas de doblaje --incluso esto ha sido ya motivo de debate en los periódicos--, en cuanto a lo soez o la procacidad con que se emplea a veces el lenguaje en las traducciones o traslaciones que se hacen de cualquier telefilme de origen extranjero, al vertirlo en una de las lenguas oficiales del Estado español. Pues bien, nosotros presentamos una enmienda dedicada a este tema de las empresas de doblaje.
La tercera y última de nuestras enmiendas se refiere a una preadvertencia de esta cualificación de todo este tipo de filmes, de películas o series, en cuanto al mundo de vídeo y de su venta o alquiler, para que también existiera este preaviso, dado que es muy frecuente hoy en día que, al adquirir para un hogar cintas o películas de vídeo, no haya una calificación previa, y esto queda al uso insicriminado de los menores que puedan existir en ese hogar.
Por todas estas razones, señorías, y apoyando, como decimos, la oportunidad de esta proposición no de ley, a la que vamos a dar nuestro voto afirmativo, pedimos al Grupo Popular la consideración de estas tres enmiendas, especialmente la primera, por la necesidad que nosotros vemos de esta cautela en el mundo de la información. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Gonazález Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
La posición de Unión Valenciana es aceptar y votar a favor de esta proposición, así como rogar al Partido Popular que tenga sensibilidad hacia algunas de las enmiendas que se han propuesto, que entendemos que mejoran esta proposición. Por tanto, yo espero de su sensibilidad que pueda aceptarlas en su mayoría. Al mismo tiempo, querría indicar a algún otro Grupo que no ha estado excesivamente receptivo, porque la ley es corta, que siempre se puede mejorar y siempre se podrá alargar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Señor Presidente, señorías, permítanme, en relación con el tema objeto de debate, dos observaciones iniciales. La primera, para manifestar la coincidencia del Grupo Socialista respecto a la preocupación de fondo --tan sólo respecto a ella y a algunas otras consideraciones que hace el señor Fernández-Miranda-- que ha dado origen a la iniciativa del Grupo Popular. En segundo lugar, para decir que, en opinión de nuestro Grupo, sería urgente que las televisiones de este país, sea cual sea su titularidad, sean televisiones públicas o privadas, reforzaran cuanto sea posible las dimensiones culturales y educativas de estas emisiones, para evitar que se conviertan, como lamentablemente está sucediendo en la práctica, en agentes ocasionales de una relativa primariedad en las conductas, petición que, naturalmente, subrayamos, por razones que son obvias, en el caso de que se trate de programas dirigidos especialmente a menores, y no sólo para que se excluyan de esas programaciones aquellas ideas, aquellas imágenes o mensajes de violencia gratuita o de xenofobia, sino también para que, en lo posible, con un contenido y una perspectiva más positivos, se incluyan propuestas de paz y perspectivas creativas de los conflictos y de las situaciones conflictivas, que por otra parte son inherentes a la vida misma. Dicho esto, señor Presidente, quiero indicar que mi Grupo se va a oponer a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, por dos razones: la primera, porque entendemos que existe una normativa plural para regular la situación que nos ocupa, lo que hace falta es cumplirla; y la segunda, porque, en opinión del Grupo Socialista, resulta inaceptable la diferencia de trato que el Grupo Popular propone para las televisiones públicas y las privadas a propósito de esa protección de los derechos de la infancia y de la juventud. Las normas que en el ámbito de la televisión regulan en nuestro país los derechos de expresión y de difusión (sea, por ejemplo, el Estatuto de Radiotelevisión, sea la ley que regula los terceros canales o la ley de las televisiones privadas) establecen unos límites concretos, meridianos, para garantizar la protección de la infancia y de la juventud. En este contexto --y se ha hecho ya alusión a ello--, por iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia se ha llegado a una fórmula de autorregulación, suscrita por las Consejerías de Educación de las distintas comunidades autónomas, por el propio Ministerio y también, por supuesto, por las televisiones de este país, con la finalidad de evitar que los mensajes que lleguen a la juventud puedan dañar, desde el punto de vista físico, moral o mental, esa formación

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a la que a veces pomposamente denominamos formación integral de los jóvenes.
Ha sido necesario hacer ese convenio de autorregulación porque todos éramos conscientes --el Gobierno y las televisiones también-- de que en las televisiones, por su propia capacidad de medio, existe una capacidad enorme en cuanto a agente socializador y existe también, respecto de los jóvenes, una situación, en cierto modo, inerme; una situación que no les permite, a veces, dada su sensibilidad y su vulnerabilidad, evitar mensajes nocivos que puedan llegar a través del medio.
Se ha dicho que ha habido unos acuerdos en la comisión de seguimiento de este convenio de autorregulación. Me voy a referir a uno de ellos para indicar al señor representante de Izquierda Unida que, en nuestra opinión, no es baladí que el Ministerio se haya comprometido, no a hacer una simple encuesta, señor Alcaraz, sino una investigación rigurosa, para ver el grado de influencia que ejerce la televisión sobre los menores. Por tanto, a la vista de ese estudio, estaremos en condiciones de evaluar el grado de repercusión que tienen los diferentes programas en estos tramos de edad que estamos considerando.
Se ha hecho también alusión, y por eso paso rápidamente por este punto, a que el panorama normativo de este país sea completado, con la iniciativa del Consejo de Ministros último, a través de la trasposición que se va a hacer mediante un proyecto de ley de la televisión sin fronteras. Quiero decir que esa directiva de la televisión sin fronteras contiene, de modo explícito, indicaciones que garantizan la protección de la juventud y de la infancia. Por ejemplo, en el terreno de la publicidad, en tanto que se analiza y se garantiza qué es lo que los jóvenes del país tienen que tener como cobertura de garantías en materia de publicidad en cuanto receptores, y también en cuanto a protagonistas de los propios «spot» publicitarios. Por ejemplo, en materia de horarios o en emisión de programas y de escenas que puedan dañar, como he dicho antes, la salud, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista moral.
Por último, en lo que se refiere a la propia Televisión Española, y para puntualizar algunas de las cosas que aquí se han dicho, quiero indicar que, además del cumplimiento a que se ve obligada voluntariamente, como el resto de las televisiones con ese acuerdo de autorregulación que han hecho con el Ministerio de Educación, TVE está a punto de aplicar un código interno que va a servir de referencia a los comportamientos, a la conducta, a la labor de sus profesionales. Este es un documento en cuyo cuerpo doctrinal se analizan aspectos tan importantes como la violencia, la delincuencia juvenil, el consumo de sustancias nocivas, las minorías, el sexo, el buen gusto y decencia, etcétera.
Respecto a la letra b) de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, en la que pretende, cuando habla de la protección de los derechos de la infancia y de la juventud, que las televisiones públicas modifiquen el Estatuto de Radiotelevisión y la ley que regula los terceros canales, en tanto que a las televisiones privadas las invita a que, de un modo voluntario y amable, se someten a un cierto código ético, tenemos que decir que no podemos estar, en absoluto, de acuerdo con este tratamiento diferenciado. Nos parece que no hay base jurídica suficiente para que exista ese doble tratamiento. No existe, desde nuestro punto de vista, porque la protección de la juventud y de la infancia es algo que corresponde absolutamente a todas las televisiones del país, sea cual sea su titularidad, se trate de televisiones privadas, se trate de televisiones públicas. Ello, señorías, por una razón sencillísima, y es que todas ellas, televisiones públicas y privadas, gestionan directa o indirectamente un servicio público esencial.
Para terminar quiero anunciar la intención de nuestro Grupo de votar favorablemente las enmiendas de Convergència i Unió, en el supuesto de que el Grupo Popular las acepte y retire las que inicialmente redactó, y también la enmienda de Coalición Canaria, con una salvedad en la que creo que no habría dificultad en ponernos de acuerdo, y es que en el primer renglón de su enmienda sustituya la palabra «propaganda» por «publicidad».
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
En nombre del Grupo Popular, para fijar la aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas, tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Empezando quizá en orden inverso a como se han producido las intervenciones, en torno a las propuestas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar, en cuanto a la retirada de la iniciativa, quiero matizar que lo que pretendemos con ella es una reflexión en voz alta en torno a este problema planteándolo como proposición no de ley, conscientes de la actuación del Gobierno en su momento con el código ético, con el convenio para las televisiones y con el deseo expresado el viernes pasado de la trasposición a través de un proyecto de ley. Por tanto, al ser simplemente esa reflexión en voz alta, pensamos que es bueno para transmitir a la sociedad, en definitiva, a todos los Grupos Parlamentarios, la conciencia de esta Cámara ante este problema.
En cuanto a sus enmiendas, aceptamos el planteamiento que nos hacen para introducir simplemente la reflexión en los cambios legislativos, que sin duda ninguna obligarán también a la modificación de la ley de televisiones privadas. Damos por buena, por tanto, la

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enmienda que plantea este Grupo y proponemos lo que sería una especie de transaccional al resto de los grupos.
Aceptamos la primera enmienda del Grupo de Coalición Canaria, en la misma línea que ha marcado el ponente socialista, cambiando la palabra «propaganda» por «publicidad», para que figure como el punto tercero de la proposición no de ley, puesto que a través de la publicidad, no solamente de productos sino de las propias series, podíamos incurrir en los errores que hemos expresado. Tanto el doblaje como la comercialización de las cintas de vídeo tienen importancia, pero quizá volviendo al primer argumento que manejaba, cuando le decía al Grupo de Convergència i Unió nuestro convencimiento de no retirar la iniciativa, la propuesta que le hago es no aceptarlas en este momento, para ceñirnos a esta reflexión en voz alta, a esta reflexión sobre el deseo de poner de manifiesto ante la sociedad que estamos preocupados por este asunto y que queremos poner remedio a él. Por tanto, formaría parte de la enmienda propuesta por Convergència i Unió como un tercer punto, cambiando la palabra antes mencionada.
En cuanto a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, señor Alcaraz, no podemos aceptárselas, entre otras cosas porque muchas de ellas son tremendamente contradictorias. No podemos dar por bueno que usted critique el hecho de la censura y, sin embargo, plantee como positivo y deseable el eufemismo que usted utiliza, que es la orientación de la programación; no podemos dar por bueno el hecho de crear una comisión que ya está acordada con fecha de 14 de noviembre en el Senado, que es la Cámara Alta de nuestro país, en donde usted además pretende concederle una serie de funciones que ya realiza el Instituto de Cinemeatografía y que, por tanto, creemos que no tiene sentido. El estudio de las respuestas que hay que dar, señor Alcaraz, son precisamente las que propone el Grupo Parlamentario Popular con esta iniciativa. Creemos que las cosas están sabidas; sabemos lo que pasa; somos conscientes de la violencia y de las imágenes no deseables que se emiten; conocemos también las consecuencias dramáticas. Por tanto, yo creo que la sociedad en este momento, los ciudadanos españoles, nos están pidiendo que actuemos.
No está de más que esta primera actuación, sabiendo que el Gobierno va a entrar en mayor concreciones, sea decir en voz alta que somos conscientes del problema y que queremos poner soluciones. Por tanto, no aceptamos sus enmiendas porque desvirtuarían el sentido último de nuestra proposición no de ley. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
El señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Para decir que aceptamos, respecto a nuestra primera enmienda, la corrección gramatical de sustituir la palabra «propaganda» por «publicidad». Y recogiendo lo dicho por el señor portavoz del Grupo Popular, para no romper la unidad temática de la proposición de dicho Grupo, retiraríamos nuestas enmiendas segunda y tercera.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo Popular, que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del punto primero de las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, que pasa a constituir el apartado tercero del texto de la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, diio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 275; en contra, uno; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), SOBRE EL RESPETO A LA TOPONIMIA CATALANA EN LA DOCUMENTACION PARA USO PUBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Número de expediente 162/000039)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Mixto, señora Rahola, sobre el respeto a la toponimia catalana en la documentación para uso público del Ministerio del Interior. En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, si me lo permiten, quisiera reflejar el estado de ánimo que acompaña a esta intervención. Me siento políticamente cansada, con esa fatiga que da tener que defender la obviedad. A veces los catalanes --quizás también vascos y gallegos-- nos sentimos como el protagonista del mito griego: permanentemente obligados a subir la misma piedra por la misma colina. ¿Hay alguna explicación política razonable para que 16 años después de las elecciones democráticas y... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, un momento. (Pausa.) Cuando quiera.


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La señora RAHOLA I MARTINEZ: ¿Hay alguna explicación política razonable para que 16 años después de las elecciones democráticas y 10 años después de la ley de normalización lingüística aún tengamos que debatir una proposición no de ley de esta naturaleza? ¿Les parece razonable que esta Diputada haga perder tiempo a la Cámara, tiempo a SS.SS. y tiempo a ella misma para reclamar lo que es no sólo un derecho, por suerte ya reglamentado, sino un simple ejercicio de cultura? Al fin aquí estamos. Cuando se trata de ejercer la naturaleza pluricultural del Estado --garantizada por el artículo 3 de la Constitución-- el Estado muestra a veces inercias inexplicables, ámbitos cerrados casi impermeables. Los hechos que han motivado esta proposición no de ley, por ejemplo, resultarían incomprensibles si no fuera por esta vocación de parque jurásico, de nostalgia y de concepciones culturalmente unidimensionales que respiran a veces algunas instancias.
¿Cómo se puede explicar si no, más allá de la falta de sensibilidad, que en 1993 los ciudadanos de Cataluña no reciban aún del Ministerio del Interior la documentación necesaria para tramitar el DNI también en la lengua catalana? ¿Cómo se puede explicar que, vulnerando claramente el artículo 12 de la Ley 7/1983, del Parlamento de Cataluña, el Ministerio del Interior no utilice la toponimia oficial, sino una toponimia arqueológica que sólo responde a la perversa imaginación que en su momento generó el franquismo y que lo único notable que ha dado a Cataluña ha sido una buena colección de chistes? Señorías, tengo aquí un documento del Ministerio del Interior comprado ayer mismo en un estanco de Pedralbes. Me remito sólo a algunos de los ejemplos más notorios, algunos de los ejemplos más cómicos, si no fuera porque resultan también penosos. La población de Sant Boi de Llobregat se ha convertido, en la documentación oficial, en un magnífico San Baudilio, irreconocible para la inmensa mayoría de los ciudadanos; la calle Ample se convierte en una inexistente calle Ancha, y el Rec Comtal aparece como acequia condal, que nadie puede saber en Cataluña dónde está ubicada. ¿Continúo? Can Tunis convertido en Casa Antúnez; Vilanova en Villanueva, pueblo que quizás está ubicado en algún lugar de la meseta, pero desde luego no en Cataluña. Sant Adrià en San Adrián, y para completar quizás la obra de imaginería toponímica, las grafías utilizadas no son tampoco decepcionantes. La plabra Cerdanyola contiene, en este documento de la Dirección General de la Policía, tres faltas de ortografía, Terrassa, dos, Montcada y Reixach, dos más, Vía Laietana, otras dos, etcétera.
Acabo este esperpéntico recuento, que confieso que me produce una cierta vergüenza ajena, con dos guindas. Las famosas Dressanes son, en el texto del Ministerio, las Atarazanas; el Poble Nou, un Pueblo Nuevo, y el Popular Carrer Major de Montcada, la calle Mayor.
Señorías, no creo, sinceramente, que se necesiten más ejemplos para apelar, no al derecho ya legitimado de utilizar la toponimia oficial, sino la pura razón. Para pedir, pues, al Gobierno que retire estos listados obsoletos, y que vulneran la legalidad, por listados donde la toponimia de poblaciones, barrios y calles catalanas esté respetada. Es desde el respeto mutuo, desde el respeto de las instituciones al carácter pluricultural del Estado, desde donde se crea un marco de convivencia. Apelo, pues, al sentido común, al respeto cultural y al respeto al marco legal.
Coincidiendo con estos tres fundamentos de respeto, pido al Gobierno que tramite esta documentación oficial también en catalán, para que los derechos de los ciudadanos catalanes no se vean conculcados. Quiero decir, en este sentido, que hay una notable diferencia de sensibilidad entre algunos funcionarios de comisarías catalanas, que ya hacen esfuerzos para atendernos en catalán --aunque parece más fruto de la buena voluntad personal que no de directrices claras del Ministerio-- y la documentación oficial, estrictamente monolingüe.
Por último, quiero dejar constancia de la falta de respecto con que fue tratada la entidad Omnium Cultural, que envió en el mes de junio pasado una carta al Ministerio del Interior y otra al Delegado del Gobierno de Cataluña expresando su preocupación por este tema --tengo aquí también la copia-- y que no ha merecido ni siquiera una repuesta.
Señorías, también el Ministerio del Interior es corresponsable de garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, es corresponsable de garantizar el carácter pluricultural del Estado y corresponsable de respetar el marco legal, así como corresponsable de tener un mínimo de pudor con la cultura. Esperemos, pues, que el sentido común se imponga y que ninguna documentación oficial de este Ministerio sea protagonista de episodios culturalmente aberrantes y legalmente irrespetuosos, que los San Baudilio y los Villanueva entren en el museo de los horrores con todo lo que han representado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. A esta proposición no de ley se ha presentado, en primer lugar, una enmienda conjunta de los Grupos Socialista y Catalán (Convergència i Unió) y otra del Grupo Popular.
Para la defensa de la enmienda conjunta, en primer lugar, y por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marcet.


El señor MARCET I MORERA: Señor Presidente, señorías, señora Rahola, yo diría que lamentablemente su proposición no de ley llega tarde, porque en este Congreso

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de los Diputados, por parte del Grupo Socialista y de Diputados de Convergència i Unió, como seguramente después lo recordarán, ha habido iniciativas, quizá no del mismo calibre o del mismo tono que la suya, pero sí para que este problema - -que efectivamente existe-- se solucione.
Por esta razón creemos que es preciso presentar una enmienda de sustitución, aun reconociendo el fondo de su argumentación, es decir, que es cierto que se vienen manteniendo listados que contienen los topónimos de poblaciones y calles que no se corresponden con los oficiales --y ahora haré una argumentación sobre la oficialidad de estas denominaciones--, pero también es cierto que por impulso, repito, de Diputados del Grupo Socialista --y de Diputados del Grupo Catalán, quiero reconocerlo porque hubo concretamente una pregunta del señor Recoder, del Grupo de Convergència i Unió, en la legislatura anterior--, se ha avanzado ya de una manera clara para solventar esta situación que en su proposición no de ley usted está denunciando.
Decía que haré un «excursus» sobre el tema del carácter oficial, porque en el texto de su proposición no de ley dice que se insta al Gobierno a plantear la necesidad de retirar los listados actuales de direcciones y teléfonos (los teléfonos, señora Rahola son números y éstos no cambian de idioma) para la obtención del DNI, y sustituirlos por otros en los que los topónimos respeten la normativa vigente al respecto. La normativa vigente al respecto, evidentemente, es que es competencia de las comunidades autónomas dar a los municipios la denominación en la lengua propia de cada comunidad autónoma. Por tanto, la denominación oficial de los municipios catalanes es la que ha dado la Comunidad Autónoma de Cataluña; la denominación que tienen las calles la dan los municipios oficialmente, y la que tienen los barrios creo que es secundario, porque no entra en los documentos, aunque en estos listados estén sobre todo los situados, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona.
Quiero reiterarle que todo esto está en marcha, que en la Fábrica de Moneda y Timbre están ya confeccionándose los nuevos impresos que van a hacer posible que el Documento Nacional de Identidad incluya los topónimos en las denominaciones oficiales y que incluya las instrucciones -- como se pide en su proposición y en la enmienda de sustitución que planteamos-- en las distintas lenguas oficiales de cada comunidad autónoma.
A nuestro Grupo (y como después será evidente también al Grupo de Convergència i Unió) nos ha parecido que era oportuno que esta proposición no de ley (en caso de que usted acepte esta enmienda de sustitución) haga referencia no solamente al ámbito lingüístico de Cataluña, sino a los diversos ámbitos lingüísticos existentes en el conjunto de España, y por esto se habla dela documentación relativa al DNI en las distintas lenguas oficiales en cada comunidad autónoma.
Pero lo que me parece más grave es que las instrucciones en los impresos que se dan estén solamente en lengua castellana, que no se cumpla, por tanto, la cooficialidad de las lenguas en estas comunidades, y no la cuestión de los topónimos.
Porque, al final, los ciudadanos, cuando incluyen la ciudad en la que viven, ponen, por ejemplo, Vilanova i la Geltrú, y no Villanueva y la Geltrú; esto sin duda. Y en el documento que tienen los ciudadanos pone también Vilanova i la Geltrú.
Siendo esto grave o, por lo menos, siendo algo a considerar, me parece de mayor contenido el hecho de que la información a la que tienen derecho los ciudadanos sea una información que se les conceda en las dos lenguas cooficiales, alternativa o conjuntamente, esto es lo de menos.
En cualquier caso, señora Rahola --y termino--, la pretensión de nuestra enmienda de sustitución --que yo le ruego que tenga a bien considerar y aceptar-- pretende de alguna forma constatar que el trabajo se está realizando; que el impulso ha existido, porque esta preocupación que usted manifiesta ha existido también por parte de otros Diputados; que con este nuevo impulso queremos que se culmine, y que sea cuanto antes, y que pretendemos que se haga extensible no solamente a la Comunidad Autónoma de Cataluña, no solamente a la cooficialidad del catalán, sino también a la de las demás comunidades autónomas.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marcet.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, la proposición no de ley que la señora Rahola ha presentado ante esta Cámara viene a incidir sobre una vieja reivindicación planteada reiteradamente por la coalición que represento. Me refiero a la necesidad de normalizar, desde el respeto a la diversidad lingüística del Estado, la relación de los organismos del mismo como los ciudadanos de las comunidades con lengua oficial propia.
En Cataluña, los ciudadanos --repito-- tenemos derecho a ser entendidos por la Administración también en el idioma que constituye un patrimonio cultural que se debe proteger y fortalecer, porque es un derecho constitucional en cuanto a la protección y a su uso oficial para que nunca más nadie en este país caiga en el desaguisado de ponerlo en peligro.
Del mismo modo deben ser corregidos hábitos del pasado que prevalecen, queremos creer que por simple inercia, manteniendo incorrecciones toponímicas, como olvidando que cada comunidad ha ido cobrando, en

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democracia, los nombres históricos que les fueron sustraídos.
La presencia de aquellos nombres de pueblos y ciudades, inclusive parajes, en los documentos de algunos ministerios, recuerdan inevitablemente el pasado con traducciones sencillamente ridículas y lamentables.
Es evidente que quienes hemos sufrido los impactos políticos y sistemáticos de la despersonalización cultural tenemos la sensibilidad a flor de piel, como se desprende de la intervención de la Diputada proponente. El estado de ánimo en defensa de la obviedad ha sido mencionado en su intervención, pero no es nada nuevo en esta Cámara. El propio portavoz socialista nos ha hecho mención de algunas de nuestras intervenciones.
Revisando las actas de las sesiones puede comprobarse cómo mi Grupo Parlamentario se ha repetido en la defensa de propuestas más o menos parecidas; defensa que también se ha producido en el Senado, donde nuestros parlamentarios coleccionan un sinfín de intervenciones sobre este tema en particular en la línea del debate de la problemática interterritorial que quisiéramos para aquella Cámara.
Aquí, en el Congreso, es todavía reciente el acuerdo unánime de la Comisión correspondiente, que recobró, a propuesta de mi Grupo --casi es forzoso precisarlo--, los nombres de Lleida y Girona para las ciudades que lo reivindicaron desde que recobramos la democracia.
Por cierto, las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en este caso concreto apuntan hacia la unánime coincidencia que se produjo en aquel momento, lo cual me parece necesario destacar. Por nuestra parte recordamos, en esta línea, intervenciones de los Diputados Durán Lleida, Josep López de Lerma y del propio Lluis Recoder, como nos ha recordado el portavoz socialista, que también figura en la colección de debates de este hemiciclo. Respecto a la normalización lingüística del Documento Nacional de Identidad, este mismo Diputado presentó la petición de que fueran corregidos los programas informáticos de la Policía Nacional con el fin de incorporar la ce con cedilla, cuestión que puede parecer anecdótica, pero que afectaba a más de 30 poblaciones y a infinidad de ciudadanos cuyos nombres eran escritos incorrectamente en sus acreditaciones personales. La petición fue atendida por el Ministerio del Interior, y recientemente hemos sabido de su incorporación a los listados de reclutamiento del Ministerio de Defensa.
Podríamos referirnos a numerosas intervenciones en esta línea, pero muy especialmente debo citar el debate de la Ley de Seguridad Ciudadana, en donde Josep María Trías de Bes reclamaba la normalización lingüística para el Documento Nacional de Identidad, y extendía su petición a otros documentos públicos. En aquella ocasión, el Grupo Socialista nos manifestó su conformidad con la propuesta y la voluntad de encontrar elmarco preciso para la normalización que demandábamos.
La enmienda de sustitución que juntos proponemos hoy con el objetivo de acumular las denominaciones oficiales a los toponímicos de calles y poblaciones en los listados que se facilitan para la tramitación del DNI, instando al Gobierno para que cumplimente la documentación relativa al mismo en las distintas lenguas oficiales de cada comunidad, es la consecuencia del compromiso adquirido en aquella ocasión, y nos parece coherente con el texto de la proposición no de ley que debatimos, por lo que la aceptación de la misma representaría culminar el trabajo desarrollado hacia una normalización que juntos deseamos. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me aceptará la Diputada proponente, señora Rahola, que podían haber ido todavía peor las cosas, porque en esa documentación Sant Cugat del Vallés aparece como San Cugat del Vallés y no como San Cucufate del Valle, o sea que las cosas podrían haber sido manifiestamente peores.
A esta proposición no de ley del Grupo Mixto, y en su nombre de la Diputada señora Rahola, mi Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda dividida en cuatro apartados: tres afectan a la exposición de motivos y otra al contenido mismo del texto que se propone como proposición no de ley a aprobar, en su caso, por este Congreso de los Diputados.
La señora Rahola habrá observado que nuestro Grupo Parlamentario comparte el fondo de la preocupación que subyace en el planteamiento de esta proposición, e incluso comparte, como no podía ser de otra manera, el que la legislación vigente debe ser cumplida por la Administración del Estado. Nuestras enmiendas van en la línea de intentar mejorar técnicamente la redacción de la exposición de motivos, así como la propia redacción del texto que se propone a debate y votación. En cuanto a las enmiendas a la exposición de motivos, diré que las tres, o una que afecta a tres apartados distintos de dicha exposición, intenta, por una parte, precisar, en la exposición de motivos, el ámbito territorial al que se está ciñendo, en principio, el texto de esta proposición, si bien es cierto que después hemos visto que hay una enmienda que presentan conjuntamente el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència y Unió que intenta generalizar este modelo de desarrollo de la legislación vigente en materia de confidencialidad en aquellas comunidades autónomas donde

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además del castellano hay otra lengua propia, que, lógicamente, también es oficial en el territorio de esa comunidad autónoma. Anticipo ya que, en principio, nuestro Grupo Parlamentario estaría dispuesto a aceptar este texto si la Diputada proponente así lo considerara, porque nos parece que lo que en este caso la ley reconoce a Cataluña, se lo reconoce, por supuesto, a cuantas otras comunidades autónomas españolas estén en idéntica situación, pero es evidente que en la exposición de motivos no queda claro, en principio, ese problema de la toponimia catalana, e incluso el reconocimiento del derecho a los ciudadanos de Cataluña a relacionarse con la Administración del Estado en las dos lenguas oficiales de Cataluña: catalán y castellano. Eso no se precisa de manera clara en la exposición de motivos, y por eso presentamos una enmienda que pretende aclararlo.
Hay otra enmienda al tercer párrafo, línea quinta, de la exposición de motivos, que, en definitiva, pretende también mejorar esa exposición de motivos, evitando interpretaciones e incluso procurando no herir sensibilidades, que, como sabe S.S., en el caso de la lengua están a flor de piel en unos y otros sectores de la sociedad. No hemos de dar motivos para que, en un tema en el que estamos de acuerdo en la cuestión de fondo, nos perdamos en discusiones que a mí y a mi Grupo nos parecen secundarias.
En la exposición de motivos se dice que a los ciudadanos de Cataluña se les priva del derecho a ser atendidos en su lengua propia y oficial, dando a entender, en una interpretación literal y sistemática del párrafo, que la única lengua propia de los ciudadanos de Cataluña es el catalán. Se sabe que la lengua propia de Cataluña, según reza el Estatuto, es el catalán, idioma institucional propio de Cataluña; otra cosa es la lengua propia de cada ciudadano. Lógicamente, hemos de entender que la lengua propia de cada ciudadano es su lengua materna, y en Cataluña, como lengua materna, el 99,99 por ciento de los ciudadanos tienen el catalán o el castellano.
Por tanto, la redacción que proponemos pretende salvar esa posible interpretación, que no se ajustaría a la realidad social de lo que es Cataluña y que, por otra parte, podría llevarnos a una discusión absolutamente estéril, ya que, insisto, en el fondo de la cuestión estamos de acuerdo.
Por último, la tercera enmienda, también a la exposición de motivos, en la misma línea de precisión técnica que estoy apuntando y de evitar afirmaciones que pueden llevar a discusiones no constructivas en el ámbito que estamos tratando, pretende superar lo que se dice aquí de que se trata de proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía catalana, presuntamente agredidos por la Administración del Estado en Cataluña, y limitarnos a decir que se trata de superar esas irregularidades para que la Administración del Estado en Cataluña cumpla, de forma adecuada, la vigente legislación en materia lingüística. Me parece que estas fórmulas son mucho más pacíficas, no se prestan a discusiones y, repito, en todo caso salvan el espíritu y el fondo de la cuestión que estamos debatiendo.
En cuanto a la enmienda con texto alternativo que proponemos, de sustitución a la propuesta de la señora Rahola, habrá visto que en el fondo también la respeta, pero nos parece que la redacción que nosotros ofrecemos es técnicamente más precisa, ya que no se trata de que este Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que se plantee una cosa, sino que, en todo caso, le insta a que haga lo que aquí, en su caso, mayoritariamente se decida, puesto que éstas son las reglas del juego de una democracia parlamentaria en la que el Congreso de los Diputados controla e impulsa la acción del Gobierno.
Bien es cierto que tras la presentación de nuestra enmienda hemos escuchado la que ha defendido el Grupo Socialista, en conjunción con el Grupo de Convergència i Unió (como procede en un gobierno de coalición que en la práctica está funcionando), y como esa enmienda respeta el fondo de la propuesta que se ha planteado aquí, que va en la línea también de nuestra misma enmienda y que lo que hace es generalizarla a todo el territorio español, insisto en que si la señora Rahola la aceptara estaríamos dispuestos a asumir ese texto, en el bien entendido de que mantendríamos las enmiendas a la exposición de motivos, rogando de la señora Rahola que las acepte desde el espíritu constructivo que a todos nos debe animar en un tema como el de la lengua, insisto, de enorme trascendencia y que ha de ser tratado siempre teniendo muy presente que el patrimonio fundamental que hemos de preservar es el de la convivencia y la cohesión social, y que la lengua debe ser siempre un instrumento de encuentro y comunicación y nunca barrera de separación, ni entre ciudadanos ni entre comunidades. Desde este espíritu, repito, confío en que la señora Rahola acepte nuestras enmiendas a la exposición de motivos para que podamos encontrar la mayor unanimidad posible en esta Cámara, que creo irá en favor de esa convivencia a la que he hecho alusión --otra cosa es lo que después pueda aparecer en determinados ámbitos--, y que me consta que es enormemente compartida por lo menos por la ciudadanía de Cataluña, y estoy seguro que por la ciudadanía española en general.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández Díaz, esta Presidencia le recuerda que en las proposiciones no de ley lo único que se somete a votación posterior es el texto estricto de la proposición no de ley, es decir, la propuesta de resolución, y no la exposición de motivos, con independencia de que esté bien que S.S. haya defendido unas precisiones en relación

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a esa exposición de motivos presentada por la señora Rahola.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar nuestra posición respecto a la proposición no de ley del Grupo Mixto, señora Rahola.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley por dos consideraciones. En primer lugar, porque la Administración central del Estado debe adecuar su actuación al régimen de cooficialidad vigente en la Comunidad Autónoma catalana, puesto que así lo establece la Ley de normalización lingüística catalana. Evidentemente, el Tribunal Constitucional, en las sentencias de 1986 relativas tanto a la Ley de normalización lingüística catalana como a la vasca, determina que el régimen de competencia para fijar la oficialidad de lenguas distintas del castellano corresponde a las comunidades autónomas. En este caso sería tanto a la de Cataluña como a las del País Vasco, Galicia, Baleares y la Comunidad valenciana. Por todo lo anterior, lo que pide la portavoz de Esquerra Republicana es algo evidente, y señala que lo que tiene que hacer la Administración central es cumplir con la normativa de oficialidad lingüística vigente en Cataluña. Esto como primera cuestión.
En segundo lugar, para que se produzca esa adecuación del respeto a la normativa lingüística catalana, lo que los municipios catalanes han debido hacer, en el ejercicio de sus competencias determinadas en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, es la modificación de su denominación, que si la han realizado de conformidad con el procedimiento legalmente previsto, la aprobación correspondería al Gobierno autónomo --en este caso al catalán--, y si así está realizada y esa inscripción se ha hecho en el registro de Administración Local, produciría una eficacia plena, tendría plenos efectos. Esto quiere decir que todas las administraciones públicas deben respetar los efectos que «erga omnes» debe tener la inscripción legalmente realizada.
Por tanto, lo que está pidiendo la representante de Esquerra Republicana de Cataluña son cosas obvias, pero son cosas también de nervio, son cosas importantes, puesto que todas las administraciones públicas deben cumplir la legalidad vigente, y el que a estas alturas, desde la entrada en vigor de la democracia, nos encontremos con disfunciones en el cumplimiento del régimen de cooficialidad, nos parece que es una cuestión criticable.
En resumen, estamos completamente de acuerdo con el planteamiento realizado por la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. No obstante, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario ve factibles y viables los planteamientos sensatos que han expuesto los señores Marcet y Baltá, así como el señor Fernández Díaz, puesto que van en la línea posibilista de integrar la voluntad de los distintos grupos parlamentarios. Nosotros, si la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña está dispuesta a aceptar dichos planteamientos, apoyaríamos estas enmiendas a la proposición planteadas por los portavoces antedichos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo también quiero felicitar a la Diputada Pilar Rahola por haber presentado esta proposición no de ley, que a diferencia de alguien me ha precedido en el uso de la palabra creo que no llega tarde; si acaso lo que llega tarde es el cumplimiento del mandato. La Constitución data del año 1978 y a finales de 1993 nos debería dar vergüenza a todos los Diputados y Diputadas de esta Cámara tener que estar discutiendo algo tan sencillo como recoger la toponimia auténtica y única de una serie de poblaciones de las diversas nacionalidades del Estado español.
Hay un mandato constitucional que va bastante más allá de la toponimia; ojalá que también nos dijesen desde el Gobierno que llegamos tarde a pedir que se cumplan otros apartados del mismo mandato constitucional, por ejemplo, el que encarga a la Administración del Estado velar por el avance de todas las lenguas que hoy conviven en el Estado español.
Yo creo que en la enmienda que plantean el Partido Socialista y Convergència i Unió hay un aspecto muy positivo que debería ser aceptado y que nosotros apoyaríamos, y es generalizar el mandato no sólo para Cataluña, sino para todas las zonas donde se hable euskera, ya sea en Euskadi o en la parte norte de Navarra; gallego en Galicia, u otras áreas catalanoparlantes en sus variedades del País Catalán. Creo que es una enmienda correcta en esta dirección, aunque tiene eufemismos dignos de ser recogidos algún día en los anales de esta Cámara. Se dice en la enmienda que se pretende culminar los trabajos ya emprendidos --ojalá no tardemos 15 años más en culminarlos-- para que se acomode la toponimia. ¿Por qué no decimos claramente que se traduzca y no que se acomode la toponimia? En esa dirección va el sentido de nuestro voto, repitiendo nuestra felicitación a la proponente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.


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Tiene la palabra la señora Rahola, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a su proposición no de ley.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, puesto que entiendo que las enmiendas presentadas no cambian en absoluto el sentido de la proposición, que es el de resolver una irregularidad de orden cultural y lingüístico y el de proteger el derecho de los ciudadanos a recibir la información en su propia lengua --por cierto celebro que 16 años después de las elecciones democráticas empiece a plantearse una solución--, no tengo ningún inconveniente en aceptar la enmienda conjunta del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán.
Asimismo, acepto las mejoras técnicas del Grupo Popular referentes a la exposición de motivos, y no tendría ningún problema en aceptar también la redacción final de la proposición, sin embargo, puesto que hay que aceptar una redacción u otra, opto por la enmienda del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán. Quiero dejar constancia de mi satisfacción por el clima de consenso y de respeto que se ha respirado en un tema tan importante --de nervio lo calificaba el representante del Partido Nacionalista Vasco-- para la convivencia y el respeto a todas las lenguas y culturas.
Finalmente, quería expresar mi felicitación a las taquígrafas de este hemiciclo, puesto que, demostrando una gran sensibilidad, me han pedido mi texto para no cometer ninguna falta en catalán, cosa que hasta el momento el Ministerio del Interior no ha hecho. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Pasamos a la votación de esta proposición no de ley.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo Mixto, de la señora Rahola. Se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA PONER FIN A LOS PROBLEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y PARA CONSEGUIR UN ADECUADO NIVEL DE CALIDAD Y DE SATISFACCION POR PARTE DE LOS USUARIOS Y DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS, EVITANDO RECORTES EN LAS PRESTACIONES A LOS CIUDADANOS (Número de expediente 173/000015)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día. Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Popular subsiguiente a la interpelación sobre medidas previstas por el Gobierno para poner fin a los problemas del Sistema Nacional de Salud y para conseguir un adecuado nivel de calidad y de satisfacción por parte de los usuarios y de los profesionales sanitarios, evitando recortes en las prestaciones a los ciudadanos.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Popular presenta esta moción consecuencia de la interpelación urgente sobre problemas del Sistema Nacional de Salud que tuvimos ocasión de debatir la semana pasada en esta Cámara. Una interpelación urgente, porque urgente era entonces, y es ahora, la necesidad de acometer profundas reformas en nuestro sistema sanitario, hoy inmerso en profundas dudas e incertidumbres.
Nuestra moción no es un catálogo exhaustivo de propuestas y ni siquiera hemos pretendido abordar toda la variada problemática de nuestra sanidad. Queremos con ella, simplemente, invertir una tendencia al anquilosamiento del sistema y a su progresivo deslizamiento por una pendiente de ineficacia, de escasez de ideas y voluntad de cambio, que no podemos mantener por más tiempo.
La sanidad española, señorías, padece importantes deficiencias derivadas del agotamiento y las insuficiencias de un modelo, su modelo, señorías socialistas, que es un modelo cerrado, que es un modelo burocrático, que es un modelo rígido y centralizado, basado en presupuestos irreales. Un modelo, en definitiva, lastrado de prejuicios y superado por las necesidades de la sociedad española.
El Sistema Nacional de Salud, que defendemos todos, ha demostrado ser un instrumento válido para configurar una respuesta asistencial y una cobertura de las necesidades de los ciudadanos. El Sistema no se cuestiona, señorías, pero su modelo sí y de forma profunda, porque el modelo que están ustedes aplicando es el que pone en grave riesgo la pervivencia de ese mismo diseño asistencial que compartimos a grandes rasgos. Su modelo, además, es caro y cuesta demasiado

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para lo que ofrece. Su modelo ha marginado a los profesionales sanitarios de la toma de decisiones. Han aparcado ustedes, a lo largo de los años, sus demandas más sentidas y han demostrado en estos años una proverbial incapacidad para motivar, para comprometer, para involucrar y para corresponsabilizar a los profesionales. Su modelo y su política han generado discriminaciones, irregularidades, politización en la gestión, descontrol económico e insatisfacción creciente en profesionales y usuarios.
Nosotros pretendemos con esta moción y los puntos en ella contenidos desbloquear esa parálisis actual, no sé si debida a la falta de ideas, si debida a su falta de voluntad o peso político o a los problemas internos del Departamento. Ustedes han pasado de perder el tiempo desmintiendo a los propios responsables, que anunciaban recortes importantes de prestaciones, a ceses fallidos, como el de la Directora General de Farmacia, o a ceses reales, como el que hoy mismo se ha producidocon el Director del Plan Nacional del Sida. En definitiva, están ustedes inmersos en un marasmo organizativo que a nosotros nos preocupa sobremanera.
Por todo eso, hemos presentado esta moción. En ella les proponemos una serie de puntos que consideramos prioritarios y fundamentales para iniciar un nuevo camino para la sanidad española, un camino donde las administraciones sanitarias adecuen su planificación, su organización y su gestión a las necesidades verdaderamente sentidas por la población y los profesionales, haciendo posible nuevas fórmulas, suficientemente acreditadas y eficientes, que permitan aprovechar todoslos recursos existentes, todos los recursos disponibles, abriendo el Sistema Nacional de Salud y favoreciendo, de verdad y plenamente, la igualdad real de los ciudadanos en la libre elección en la provisión de los servicios sanitarios.
El Gobierno ha modificado recientemente su inicial posición de disolver la Muface, que permitía y permite disfrutar a unos ciudadanos de una modalidad de gran aceptación, más barata y más eficaz. Nos congratulamos en su momento por esa decisión, porque es una buena medida. Pero, si es una buena medida --y ustedes han reconocido que lo es--, por qué no hacerla extensiva también al resto de los ciudadanos, por qué extraña motivación los funcionarios disfrutan de una posibilidad a la que no tiene acceso el resto de los ciudadanos. ¿Puede alguien explicarnos por qué lo que es bueno para algunos funcionarios en este país no lo es para todos y cada uno de los ciudadanos? Ese nuevo enfoque, esa nueva demanda es casi palabra por palabra la misma que defendía ayer, en el «Diario Médico», el Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ni yo mismo ni nadie de mi Grupo habría podido defender mejor que el Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
Ese nuevo camino para la sanidad necesita, además, introducir libertad y sentido común en nuestro sistema, implica devolver la confianza en los profesionales y comprometerles a ellos con el modelo. Señorías, el ambiente entre los profesionales de la sanidad en España es absolutamente irrespirable; desde la frustración profesional a la politización de la gestión, desde los flagrantes incumplimientos que se arrastran a lo largo de los años hasta las reformas aplazadas día tras día. Hay que acometer las reformas pendientes como mecanismo para devolver esa confianza y esa motivación a los profesionales.
En nuestra moción fijamos en seis meses el tiempo necesario para traer a esta Cámara una serie de medidas; seis meses es suficiente, si se tiene voluntad y capacidad, después de tantos años, para abordar aspectos como la carrera profesional, como las atribuciones profesionales, o como las especialidades en enfermería. Porque, señorías, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir en este país sin contar con unas normas básicas, como éstas, que están demandando los sectores correspondientes desde hace un montón de tiempo? Las especialidades en enfermería desde el año 1953, señoras y señores Diputados.
Todas ellas necesidades ineludibles para una efectiva motivación de nuestros profesionales y, sobre todo, lo que es más importante, para una verdadera modernización de nuestro sistema sanitario. ¿Y de qué se trata, al final, con esta moción y su contenido? Se trata, a grandes rasgos, de devolver el respeto, por parte de la Administración, a los profesionales, de generar un marco de estabilidad profesional bien fundamentando, y de corresponder con eficacia a las demandas de formación y de homologación europea que tienen esos profesionales sanitarios.
Es inconcebible, señorías, que año tras año y Ministro tras Ministro hayan quedado en la cuneta aspectos tan fundamentales como estos. Demuestren ustedes ahora que algo puede cambiar en el rumbo de la sanidad española, demuestren ustedes ahora que apuestan de verdad por la profesionalización de nuestros sanitarios y que dicen no, con claridad, a la manipulación, a la politización, a la marginación de los profesionales, a la confrontación entre ellos y al dirigismo autoritario que ha sido el norte y guía de su gestión. Señorías, la necesidad también de un marco contractual, de un estatuto que defina la relación especial de los profesionales con el Sistema Nacional de Salud, es otro de los aspectos básicos de nuestra moción.
Ese estatuto marco, o como quieran ustedes llamarlo, que no es, desde luego, el que preveía la Ley General de Sanidad, es una realidad que hay que hacer efectiva ya, en este momento, mediante una ley, una realidad que ustedes han estado rehuyendo durante años y que ya no puede esperar más. Definan, señorías, de una vez por todas, desde el Grupo Socialista, cuál es su proyección de futuro. ¿Pretenden

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que los trabajadores sigan ligados estatutariamente a la Administración sanitaria como hasta ahora, pretenden introducir mecanismos de laboralización progresiva, ya sea esta parcial o ya sea esta total, o siguen ustedes manteniendo ese obscuro proyecto denominado contrato-cooperativo, que nadie sabe muy bien en qué consiste y que nadie sabe muy bien cómo se a va a plasmar desde su programa electoral a la realidad? Señorías, resulta casi vergonzoso tener que traer una moción a este Parlamento para pedir que se haga cumplir uno de los supuestos básicos de nuestra Constitución, el que afecta al artículo 14, el que consagra el principio de igualdad al que han apelado muchos profesionales demandando una elemental homologación de retribuciones entre profesionales que pertenecen al mismo Sistema Nacional de Salud, que tienen puestos de trabajo de idénticas características, de similares responsabilidades, pero que en estos momentos están llegando a cobrar retribuciones con más de 100.000 pesetas al mes de diferencia entre unos y otros, en función de que trabajen para una comunidad autónoma o para otra. Esa realidad, que afecta a muchos profesionales sanitarios, es una realidad indefendible e insostenible y necesita una respuesta urgente. Incurrir en discriminaciones retributivas de más de cien mil pesetas por profesional y por mes, entre profesionales, como decía, de iguales condiciones de trabajo y de responsabilidad, es algo que debería avergonzar a la administración sanitaria de este país y que, desde luego, no ayuda en absoluto a ese compromiso de los profesionales con el sistema y a esa involucración, cada vez mayor, que deben mantener y que es bueno que mantengan con ese mismo sistema.


El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, le ruego concluya.


El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Esa obligación de atajar esta situación y de hacerlo cuanto antes es la que nos guió a traer aquí esta moción. Esa falta de adecuación, de coordinación, de consenso y de homologación interterritorial es un caos añadido, que ustedes tienen la obligación de corregir. Este es el camino que nosotros hemos querido marcar con esta moción, un camino que tenemos que recorrer entre todos, y bien lo encaramos de verdad, sin demora, desde la reflexión, desde el análisis sosegado, cuando todavía estamos a tiempo, o tendrán ustedes que encararlo, puesto que ustedes tienen la responsabilidad superior, haciéndolo desde el incremento de los costes, desde la ausencia de recursos, desde el desapego de los profesionales y desde la huida, y eso es extraordinariamente grave, de gran parte de los usuarios hacia modalidades, éstas sí auténticamente privadas, de asistencia sanitaria. Más de cinco millones de personas, en este país, dicen que el sistema sanitario público les crea insatisfacción y que prefieren recurrir a la iniciativa privada. Quiéranlo o no, mantener esta tendencia por su negativa a introducir las necesarias reformas, al final, es lo que va a provocar el definitivo abandono social del sistema y su definitiva pérdida de credibilidad. Esa es su responsabilidad y la de todos los grupos de la Cámara. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias para afrontarla.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar, desde el Grupo Vasco, la posición en la moción del Grupo Popular sobre las medidas previstas por el Gobierno para poner fin a los problemas del Sistema Nacional de Salud.
Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quiero señalar que, aunque el Grupo Popular plantea un conjunto de actuaciones, algunas de las cuales son oportunas, no coincidimos con su enfoque. Desde nuestro Grupo, señor Presidente, consideramos que, antes de abordar las medidas parciales o individuales en el ámbito sanitario que propone el Grupo Parlamentario Popular, debemos realizar otra cuestión, que es fijar los fines concretos. Puesto que el objetivo general ya está plasmado en la Ley General de Sanidad, que es la mejora de la salud de los ciudadanos, lo que debemos hacer previamente es llegar a un consenso sobre los fines concretos del modelo sanitario público que queremos, hacia dónde debe caminar este modelo sanitario público, en aras a concretar ese objetivo general previsto tanto en la Constitución como en la Ley General de Sanidad.
Señor Presidente, el Grupo Popular plantea un conjunto de medidas, a nuestro juicio reglamentistas, en distintos ámbitos sanitarios y estimamos que, en este momento, el debate tiene que definir esos principios e intentar consensuar, tanto entre la administración sanitaria central como entre la administración sanitaria de las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales del sector, el modelo que queremos y hacia dónde caminamos. Nuestro Grupo entiende que lo que debemos hacer es fijar ese fin y esos objetivos. Ver hacia dónde caminamos, qué modelo de sistema sanitario queremos. Después de tener esto detallado, consensuado, pactado y elaborado, habrá que abordar algunas de las medidas que el Grupo Popular sugiere.
En esta fase del debate, entendemos que nos encontramos todavía sin ese modelo, sin ese consenso suficiente y, por tanto, iniciar --como el Grupo Popular

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dice-- una serie de medidas reguladoras puede suponer un obstáculo a la hora de llegar a un consenso sobre el modelo sanitario, puesto que, en definitiva, habremos avanzado un camino que quizá haya que retroceder. Nuestro Grupo es más partidario de llegar, primero, a ese consenso y, después, abordar las medidas que plasmen, apliquen y ponga en práctica ese modelo consensuado entre los profesionales y las diferentes administraciones sanitarias.
Al conjunto de actuaciones que propone el Grupo Parlamentario Popular, hay que, a nuestro juicio, realizar diversas consideraciones. En primer lugar, habla de la libre elección en la provisión de servicios sanitarios, a semejanza de la que tienen los usuarios de entes como la Muface, la Mutualidad General Judicial o el ISFAS.
Hace unos meses se ha aprobado, por parte del Gobierno central, un régimen de libre elección de médico que nuestro Grupo entiende que supone un avance cualitativo importante, en un Estado social y de Derecho, y que va en la misma línea de otras comunidades autónomas, como el País Vasco, donde ya existía libertad en cuanto a la elección del médico de cabecera o de atención primaria. A nuestro juicio, el actual sistema de libre elección de médico de cabecera es un avance importante y positivo, pues tiende a generar la necesaria confianza que ha de existir entre el médico y el paciente.
Creemos, señor Presidente, que ni el régimen de ausencia de libertad de elección de médico ni el sistema de completa o plena libertad de elección son los idóneos; ni uno ni otro. En este momento, el sistema de libre elección racionalizado, que es el que existe, nos parece que es sensato, que se adecua a las necesidades de los pacientes y que se ajusta a las posibilidades de organización que tiene el Sistema sanitario nacional. Está en una situación equilibrada.
Evidentemente, si logramos un consenso sobre qué tipo de modelo sanitario queremos, hacia dónde caminos, podemos avanzar en la línea que propone el Grupo Popular, pero nos parece que todavía existe cierta premura para adoptar medidas de esa índole. El plazo de seis meses que ustedes indican para poneren marcha un régimen de estas características nos parece que distorsionaría seriamente el funcionamiento, tanto del Insalud como de las administraciones sanitarias autónomas, sin perjuicio de que, como el representante del Partido Popular ha indicado, haya alguna comunidad autónoma, como Cataluña, que pueda caminar ya hacia esta vía, puesto que cuenta con una fuertered sanitaria privada, muy consolidada. Efectivamente, ha habido unas recientes declaraciones del Consejero de Sanidad catalán, pero es evidente que en este momento la situación de las administraciones públicas sanitarias, del modelo sanitario, no nos permite, con seriedad, con rigor y con sensatez, avanzar en esa línea, sin perjuicio de que sea un planteamiento a tener en cuenta en cada caso, por ejemplo en el caso catalán, porque dispone, como digo, de una red sanitaria privada potente y consolidada, por lo que puede ser válido dicho modelo, pero esto no es trasplantable en este momento, con carácter general, tanto a la red del Insalud como a la de otras comunidades autónomas.
Señala el representante del Grupo Popular la necesidad de elaborar un proyecto de ley de atribuciones profesionales que defina competencias y responsabilidades de estos profesionales sanitarios. Y estamos de acuerdo con ello, pero siempre que se cumplan dos premisas. En primer lugar, la delimitación de las atribuciones profesionales requiere un previo debate entre todas las organizaciones profesionales que actúan en el ámbito de la sanidad y las comunidades autónomas. Y eso, señor representante del Grupo Popular, usted sabe que no se logra en seis meses, sino que requiere un debate profundo y sosegado para poner de acuerdo a todos los colectivos profesionales que actúan en el ámbito de la sanidad y a las diferentes administraciones públicas.
La segunda premisa es que la determinación de las atribuciones profesionales no puede crear, a nuestro juicio, compartimentos estancos entre los profesionales de la sanidad; tiene que abordar esta definición, esta delimitación funcional desde una visión dinámica; no pueden existir compartimentos estancos entre los cuales no haya ámbitos de fluidez, de interconexión.
Propone también el Grupo Popular la regulación legal de la carrera profesional de los sanitarios. Señorías, nuestro Grupo entiende que, antes de disciplinar esta cuestión, como decía anteriormente, debemos fijar esos objetivos del sistema sanitario, el modelo de gestión que queremos, el sistema de plantillas que vamos a utilizar, en definitiva, tener una visión global del sistema sanitario y, en base a ella, en función de lo que verdaderamente queramos y sabiendo claramente a dónde vamos, adoptar medidas reguladoras. Pero quizá este no sea el momento propicio para adoptar este tipo de medidas reguladoras que ustedes avanzan; posiblemente fuera andar un camino que en breve plazo habría que desandar.
Hablan asimismo ustedes de la necesidad de regular las especialidades de enfermería. Tiene razón, pero, a nuestro juicio, deben soportarse en las consideraciones generales que antes he expuesto y que no voy a repetir, señor Presidente.
Para ir terminando, la Ley General de Sanidad preveía un estatuto marco profesional, concebido como un conjunto de normas profesionales para el funcionamiento del sistema sanitario. En este aspecto, desde la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad han pasado suficientes años y quizás deba actualizarse la regulación que en ella se contiene a la vista del tiempo transcurrido, de las necesidades que exige la realidad social y de que es necesario un consenso para planificar y obtener una programación de la política de personal a realizar en el ámbito de las administraciones

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sanitarias. Por ello, efectivamente, usted tiene razón cuando dice que se preveía un estatuto marco, pero en este momento ese estatuto marco quizás no es el que hace falta a la realidad social de las administraciones sanitarias, que requieren esa visión global de la política de personal y del modelo de gestión, tanto de los hospitales como de los centros de atención primaria, a realizar por las administraciones sanitarias.
Por último, en materia de retribuciones profesionales, nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente, no es partidario de que todos los profesionales sanitarios ganen lo mismo. En este caso tenemos una discrepancia de fondo con el planteamiento del Grupo Popular. Un sistema de homologación es un incentivo para la baja productividad. Señorías, las administraciones sanitarias, en sus respectivos ámbitos competenciales, disponen de capacidades normativas y de organización del régimen retributivo. Por tanto, yo no puedo coincidir con el Grupo Popular cuando dice que hay una discriminación. No hay una discriminación y una violación del artículo 14 de la Constitución, puesto que, como entiende el Tribunal Constitucional, hay violación cuando, no existiendo una justificación objetiva y razonable, a comportamientos o actuaciones iguales ante la ley se les da tratamientos diferentes. En este caso, la justificación objetiva y razonable que diferencia normativas y potestades de autoorganización diferentes es el ámbito competencial, y es que las comunidades autónomas pueden normar, disciplinar y actuar, tanto en el ejercicio de sus potestades de desarrollo legislativo en materia de sanidad como en sus postestades de autoorganización en el ámbito de la función pública, para disciplinar el régimen retributivo, sin perjuicio de que exista, con carácter básico, la retribución básica prevista en la Ley 30/1984, de Función Pública.


El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego concluya.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente, concluyo. Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario entiende que el sistema de incentivar para originar una mayor productividad entre los profesionales de la sanidad es muy válido y en ese aspecto no coincidimos con el Grupo Popular.
Termino, señor Presidente, señalando que, por todas las consideraciones explicitadas, nuestro Grupo no coincide con las propuestas que ha efectuado el Grupo Popular, porque nos llevan a una reforma implícita o soterrada del sistema sanitario, cuando, a nuestro juicio, lo que precisa, repito, es una reforma que contenga con claridad esos fines y esos objetivos, hacia dónde vamos, tanto del Insalud como de las comunidades autónomas, puesto que es necesaria una coordinación y una colaboración en esta cuestión, basada tanto en la realidad social como en la experiencia acumulada y el debate sereno y riguroso entre todos los sectores afectados de los profesionales y las administraciones.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palagra el señor Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, antes de entrar a comentar nuestros puntos de vista sobre cada una de las propuestas que se nos ofrecen en esta moción, para fijar la posición de nuestro Grupo hemos de hacer una consideración previa.
Para la Coalición de Convergència i Unió la financiación sanitaria ha de ser pública, mientras que la gestión puede ser pública y privada. Es decir que debe de haber una complementariedad entre la provisión pública y la privada por medio de los conciertos. En este sentido hemos de significar que, por encima de polémicas estériles e inútiles ya superadas entre centros públicos y centros privados y por extensión, por tanto, servicios públicos y servicios privados, es preciso mejorar los servicios sanitarios, desde la aceptación de que todos los centros cumplen con un servicio público, incluyendo criterios de competitividad y de gestión empresarial en el momento de administrar estos centros sanitarios al servicio de los ciudadanos.
Hemos de recordar que el actual planteamiento de la asistencia pública sanitaria es uno de los principales problemas que tienen las administraciones en el ámbito del déficit público.
Por ello creemos llegado el momento de plantearnos cuáles son los caminos más adecuados para conseguir una sanidad de calidad y, además, más humanizada, con independencia de que sea ofrecida por un centro público o por un centro privado.
Dicho esto, entraría ya a analizar cada uno de los puntos de la moción desde nuestra perspectiva.
Con respecto al punto primero, al programa de actuación que permite extender la libre elección en la provisión de los servicios sanitarios, es, a nuestro entender, inviable económicamente en estos momentos, pues llevaría al sistema sanitario público a una situación de quiebra. Entendemos que lo que habría que hacer es ir avanzando en la fórmula que proponíamos en nuestro programa electoral, en la que, al final, haré mayor hincapié, si el tiempo me lo permite, que va en el sentido de que la parte sanitaria de la cotización de la Seguridad Social pueda ir a las mutuas, a las que buena parte de la población (un 22 por ciento en Cataluña) tiene concertada una póliza de asistencia sanitaria.


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En cuanto al segundo punto, sí que podíamos estar de acuerdo, pues entendemos que es positivo que cada actividad sanitaria esté regulada a nivel de sus atribuciones profesionales.
En cambio, creemos que es totalmente imposible poder afrontar, con los presupuestos actuales, la iniciativa legislativa que se nos propone en el tercer apartado.
En cuanto al cuarto, creemos también del todo necesario que se regulen las especialidades de enfermería, siempre de acuerdo con la normativa comunitaria. Ello resolvería, entre otras cuestiones, por ejemplo, el problema de las comadronas.
También podríamos estar de acuerdo en la necesidad de establecer un estatuto marco de los profesionales sanitarios, como se propone en el apartado 5.
Finalmente, en cambio, no podemos estar de acuerdo con el punto 6, pues ello va a en contra de nuestro concepto de la autonomía y del autogobierno, además de que impediría la imposibilidad de crear fórmulas más imaginativas, por parte de las comunidades autónomas, en el campo de la gestión de los recursos humanos. Como decía antes, permítanme, señor Presidente, señorías, unas palabras referentes a lo que nosotros, Convergència i Unió, entendemos que se debe ir avanzando en el sistema sanitario; es decir, un sistema mixto de seguro de la sanidad pública, eliminando la doble cobertura y, por tanto, la doble cotización. Decíamos la semana pasada que la demanda de servicios sanitarios no ha dejado de crecer en los últimos años y la previsión es que siga creciendo en un futuro. El crecimiento del sector sanitario en el Estado español ha sido hasta ahora posible por el incremento de la financiación pública de la sanidad. No obstante esto, y en el contexto económico presupuestario actual en el que nos movemos, el presupuesto del INSALUD difícilmente podrá hacer frente al crecimiento de esta demanda sanitaria. Esta diferencia entre demanda y recursos económicos se podría resolver de diferentes maneras. Por ejemplo, en primer lugar, limitando las prestaciones que ofrezcan los servicios públicos; en segundo término, introduciendo una parte de financiación privada más importante que la actual con tickets moderadores, por ejemplo. Evidentemente, ninguna de las dos fórmulas que he expuesto, de los dos términos que he citado, parece adecuada. Nosotros hemos optado por una tercera vía, consistente en un sistema mixto de seguro de la sanidad pública eliminando la doble cobertura. Como hemos dicho, es preciso separar la financiación, que ha de ser, evidentemente, pública, de la gestión, que puede ser pública o privada. Como decíamos anteriormente, ha de complementarse, como así lo indicaba el informe conocido como «Informe Abril Martorell», mediante lo que se ha llamado la provisión de servicios.
El usuario en este caso puede elegir libremente entre una u otra asistencia. Al permitir la posibilidad de escoger, se reconoce implícitamente que el usuario es quien conoce mejor sus necesidades y, por tanto, lo que más le conviene. La utilización de los servicios privados representaría una descongestión para el sector público sanitario, congestión que puede ir en un futuro a la quiebra del sistema en cuanto a su gestión y su funcionamiento.
Por tanto, el mecanismo para llevarlo a término sería evitar la doble cotización, dando opción a este ciudadano a que pueda escoger entre acogerse a la cotización a la Seguridad Social o en alguna entidad de seguro libre, que resulta ser frecuente, por lo menos en nuestra sociedad, sin negar a nadie la posibilidad de acogerse al sistema de sanidad pública. En este caso, el importe actual de la cotización a la Seguridad Social se trasladaría a la entidad aseguradora, subvencionando la cuota que el ciudadano paga en concepto de seguro sanitario.
Si la aportación a la financiación a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social --lo recordaba hace unos días la propia señora Ministra al presentar los presupuestos de Sanidad-- representa por parte del Estado aproximadamente un 71 por ciento, mientras que las cotizaciones representan un 27/28 por ciento, y, por otra parte, los gastos por cada persona son aproximadamente de 82.000 pesetas por año, de las cuales este 25 por ciento que serían 22.000 pesetas, proceden de estas cotizaciones, serían estas 22.000 pesetas las que se deberían destinar en este caso que nosotros proponemos a las personas que son socios de estas entidades.
A nuestro entender, la libertad de elección implica libertad de mercado, y ello quiere decir que también lleva consigo competencia; competencia que siempre se traduce, por una parte, en una mayor calidad de las prestaciones de la asistencia, en definitiva, en este caso, pero que, a la vez, también comporta y representa un menor coste, por tanto, una disminución del gasto al mejorar su gestión.
La alusión que ha hecho el Diputado... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cardona.
Señorías, ruego guarden silencio, y, además de silencio, respeto a la Cámara. (Pausa.) Cuando quiera, señor Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente. En cuanto a la alusión, decía, del Diputado del Grupo Popular, el señor Burgos, a lo que explicaba el Conseller Trías, no sé si lo he sabido explicar claramente como él lo hubiera hecho, pero, en todo caso, sí he querido que quedara constancia en el «Diario de Sesiones» de la Cámara porque es lo que nosotros proponemos.


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Todo lo que sea por esta línea encontrará nuestra buena predisposición.
Por todo ello, y desde esta perspectiva, no podemos apoyar la moción, aun cuando, como hemos dicho, estamos de acuerdo en algunos puntos. Además, lamentamos sinceramente que al tratarse de cuestiones tan amplias como las que se han propuesto en estos seis apartados y al no haber plena coincidencia en todos los aspectos, no nos queda otro remedio que optar por el voto en contra. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo votará negativamente los puntos primero y sexto de la moción que nos ha presentado el Grupo Popular, y después daré las razones.
Pero quiero aprovechar esta intervención para fijar nuestra posición sobre el debate de fondo que subyace en esta moción, que, como han podido oír SS.SS., el Grupo de Convergència i Unió, por boca del señor Cardona, nos ha hecho una magnífica exposición y un magnífico ejemplo de doble lenguaje: el de Convergència i Unió. Hoy votarán que no con el Grupo Socialista, pero quieren lo mismo que la moción y van a intentar practicarlo, señoras y señores Diputados, y me dirijo especialmente a los Diputados del Grupo Socialista.
¿Qué quiere Convergència i Unió? Lo ha dicho el señor Cardona muy claro: quiere romper la Seguridad Social, quiere que la cotización a la Seguridad Social se rompa, se fragmente y vaya a las mutuas privadas, a La Alianza, al conjunto de mutuas de Cataluña. Por cierto, una Alianza de Cataluña quebrada, además de cobrar por dos veces los servicios, en tanto que socios de La Alianza y con el consiguiente P-10 firmado por los servicios sanitarios de Cataluña, a pesar de eso, regulación de empleo, quiebra y aval bancario por parte de la Generalitat a la Mutua La Alianza.
A pesar de todo, Convergència pide eso, aunque ahora vote que no con los socialistas, pero quiere lo mismo. Quiere romper el sistema de Seguridad Social, quiere romper la profesión pública de servicios sanitarios en toda España y fragmentarla en un modelo a la belga o a la holandesa, en diversas mutuas privadas de provisión de servicios sanitarios. Pero no sólo por la vía del convenio, con la que podríamos estar de acuerdo, adecuadamente regulada, fijando parámetros máximos y mínimos. No, señores socialistas; su socio de Gobierno va mucho más allá, su socio de Gobierno quiere romper la Seguridad Social. Lo ha dicho el señor Cardona claramente: ¿Por qué no separamos la cotización sanitaria de la Seguridad Social y se la entregamos a las mutuas privadas? ¿Ustedes quieren esto, señores del Grupo Socialista? (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: No, no.) Me alegra oírles, pero tiempo al tiempo.
Yo les advierto de lo que está practicando por vía de propuesta, por vía de iniciativa política el Consejero de la Generalitat, señor Trías, gran amigo mío, lo conozco perfectamente. No comparto sus planteamientos, pero son ésos, señoras y señores Diputados.
Hay que saber de qué se está discutiendo políticamente en esta Cámara. No nos escondamos en tecnicismos y sepamos de qué estamos discutiendo. Un sistema público de recaudación y de provisión de servicios, que donde no llega puede concertar con el sistema privado, hasta ahí podemos estar de acuerdo una amplia mayoría de esta Cámara, o un sistema que se quiere romper para fragmentarlo y la fragmentación en sanidad, sus señorías lo saben, no les voy a cansar con discursos sanitaristas, implica siempre una cosa: inequidad en el acceso a los servicios, desigualdad en un tema tan sensible como el acceso a la salud y el derecho a la salud.
Por lo tanto, todo lo que sea fragmentación de la provisión del servicio en sanidad --y los sanitaristas lo saben perfectamente--es un axioma, es desigualdad en materia de salud. Esto es lo que se quiere probar en Cataluña, aunque ahora voten que no. Pero el señor Cardona, y en eso ha sido honrado, ha sido muy claro, ha hecho un discurso de una posición política, la de la derecha europea: fragmentar la provisión de servicios. Eso sí --¡faltaría más!--, la provisión de financiación que sea pública. Los privados no se arriesgan, no. El dinero que venga de las arcas de los contribuyentes. Ya lo gastaremos como queramos los privados.
Esta es la filosofía de Convergència, señores del Grupo Socialista, ténganlo claro cuando están ustedes en comandita de gobierno con estos señores que tienen toda la legitimidad de plantear este modelo sanitario que me parecía, hasta hoy, que no era el del Grupo Socialista de esta Cámara, pero vivir para ver. De todas formas, hoy votarán que no, en un ejemplo magnífico de lo que es el doble lenguaje de Convergència i Unió en Madrid o en la Plaza de Sant Jaume; un ejemplo más.
Respecto al punto 6.º, señorías, es también importante decirle al señor Burgos que ha equivocado totalmente el tiro. Señor Burgos, no se puede pedir a las comunidades autónomas que tienen transferidos los servicios sanitarios que no tengan capacidad de autoorganización y normativa propia para asignar, como mejor crean y proceda, los gastos sanitarios y, dentro de estos gastos, las retribuciones al personal sanitario profesional de todo tipo. El problema no está aquí, y el representante del Grupo Vasco ha tenido mucho cuidado en no mencionar dónde está el problema. Algunos sabemos de qué hablamos. El problema está, señorías, y en esta Cámara nunca se ha dicho y hoy se va a decir por primera

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vez, en que en la financiación sanitaria a Euskadi y Navarra se les da más de lo que se les da a las otras comunidades autónomas. En todas las comunidades autónomas, señorías -- Valencia, Andalucía, Cataluña, Galicia--, el coste financiero del servicio transferido es igual al peso poblacional de aquella comunidad sobre el total español: Cataluña, 16 por ciento, 16 por ciento del INSALUD, Valencia, Andalucía, etcétera.
En los casos de Navarra y Euskadi se da una curiosa coincidencia. Cuando se hizo el cálculo de cuál era el peso poblacional de Euskadi sobre el total español o de Navarra sobre el total español las cifras que salían eran bastante más bajas. Por ejemplo, en el caso de Euskadi el guarismo del cupo, era, si no me equivoco --cito de memoria y perdóneme--, un 6 y creo que el cálculo salía en 4,5. Los negociadores socialistas y del PNV dijeron: Si el cupo es un 6 os damos un 6, con lo cual están cobrando un punto y medio más respecto a cualquier otra comunidad autónoma que tenga transferidos los servicios sanitarios; lo mismo pasa en Navarra.
Señor Burgos, ahí está el problema que a usted le acucia, pero que no se atrevía a decir, y se lo digo yo; aquí está el porqué del diferencial en las retribuciones sanitarias. Es un porqué que nos debe atañer a toda esta Cámara cuando hablamos de igualdad y de solidaridad y algunos desde perspectivas demócrata cristianas hablan muchísimo de eso; deberían acordarse de cómo está negociado y cómo está fijado no el cupo vasco, sino el cupo sanitario vasco y navarro. Es algo de lo que algunos que no hemos participado en ello podemos orgullosamente decir que no estuvimos en aquello y que no lo hubiésemos sancionado con nuestros votos. Estas son las razones de fondo, señor Burgos.
La otra es la que le he dicho al principio: que las comunidades autónomas tienen todo el derecho y el deber de autorregularse.
Todo esto es para finalizar diciendo que nuestro Grupo votará en contra de estos dos puntos y se abstendrá en el resto, pero también, como ha hecho el digno representante de Convergència i Unió, he querido aprovechar para fijar nuestra inequívoca posición en favor de un sistema sanitario justo y solidario, esto es, financiado públicamente y con provisión pública de los servicios, porque eso quiere decir igualdad en el acceso de todos los ciudadanos y que si pudiésemos, y si ustedes nos quieren ayudar, nos gustaría corregir los restos de insolidaridad que en la asignación de recursos financieros aún persisten en este tema, sobre todo en lo que se refiere a Navarra y el País Vasco. Ya saben que cuando quieran nos tienen a su servicio, señores de la minoría mayoritaria.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
El señor Cardona tiene la palabra.El señor CARDONA I VILA: Señor Presidente, por alusiones.


El señor PRESIDENTE: Señor Cardona, no es por alusiones; tiene un turno de réplica.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento que el señor Espasa --que, además, es un gran conocedor de la temática sanitaria por su experiencia y por su profesión--haya querido caricaturizar nuestra posición antes de fijar su postura. Lo que he hecho es pintar una posible solución a la situación actual, y le preguntaría si se puede prever una solución para evitar el incremento de la demanda, con los consiguientes incrementos presupuestarios, ¿nos lo podemos permitir? La subida del déficit público para solucionar el incremento de las contribuciones, sé que es un 5,6 y se podía gastar más en sanidad. Hemos dicho que para ir avanzando y para evitar esa quiebra de la Seguridad Social ese podría ser un sistema y, además, si la gente voluntariamente va a la doble cobertura y a la doble cotización se puede evitar, y que sólo vaya a la parte de asistencia sanitaria de las cotizaciones, así el usuario puede muy bien elegir lo que él crea más conveniente para sus intereses. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Tiene la palabra el señor Espasa, con la misma brevedad.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Seré aún más breve. En ningún caso he caricaturizado: he puesto de manifiesto dos modelos profundamente distintos.
Quiero, simplemente, en esta mini-réplica, señalarles un ejemplo, como puede ser la mutua a la que me he referido antes. La Provisión Privada de Servicios en Cataluña, que desde el Gobierno se ha apostado a fondo por ella, está produciendo graves quiebras financieras (¿quieren mejor ejemplo que este?) en hospitales estrictamente privados, Hospital General de Cataluña, y mutuas de previsión social.
Por ahí no está el camino, señores de Convergència i Unió, honradamente creo que no es éste. Hay modelos internacionales comparativos que demuestran que no es éste; el modelo inglés está ahí para cualquier estudioso que quiera verlo. Lo que pasa es que aquí a cada uno nos tira la ideología, nuestra ideología; sí, las dos. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.


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La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, utilizo este turno para fijar la posición del Grupo Socialista de rechazo a la moción presentada por el Grupo Popular.
Esta moción es consecuencia de una interpelación presentada en este Pleno la semana pasada, que decía lo siguiente: «¿Qué medidas pondrá en marcha el Gobierno para poner fin a los problemas del Sistema Nacional de Salud que está obligando al Ministerio de Sanidad y Consumo a plantear, después de recortar las prestaciones en farmacia, la necesidad de recortar prestaciones asistenciales?» Esta interpelación parece que lo que quiere decir es que su principal preocupación es la situación financiera del Sistema Nacional de Salud por no haberse propuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como también señala en su exposición de motivos, cambios en el modelo de financiación, mejor asignación de recursos públicos, medidas para el adecuado control del gasto, etcétera.
Ya el debate producido la semana pasada muy poco tuvo que ver con la formulación de esta interpelación, pero nosotros esperábamos que se iba a presentar una moción en la que por parte del primer Grupo de la oposición iba a haber una exposición de su propio modelo sanitario que fuera eficaz contra la ineficacia, que tuviera ideas contra la falta de ideas y, desde luego, que rompiera este marasmo organizativo que tenemos en estos momentos, pero resulta que ni modelo de financiación, ni mejora en la asignación de recursos públicos ni medidas para el adecuado control del gasto.
La moción que presentan, y utilizando su propio modelo y su propia lógica, desde luego no soluciona ninguno de los problemas que plantea en la formulación de la interpelación.
Esperábamos de su propuesta en esta moción que hicieran esa asignación de recursos públicos, esas medidas de adecuado control del gasto, en definitiva, esa propuesta suya que contribuye a hacer más eficiente el gasto sanitario para salir, como ustedes dicen, de la insostenible situación financiera.
Pues no; se presenta una moción que no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a ver por qué. El primer punto de su moción insta a la presentación de un programa de actuaciones que permita extender a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud la libre elección en la provisión de servicios sanitarios.
Permítanme que les señale, señorías, que, efectivamente, ampliar la libertad de elección dentro del Sistema Nacional de Salud es un objetivo y está dentro de las líneas de actuación del Ministerio de Sanidad, como ya lo ha explicado la señora Ministra en su comparecencia en Comisión. Se ha hecho a través del Real Decreto de la libre elección de médico general y pediatra, se ha anunciado la libertad de elección en el caso de obstetricia y ginecología, en atención especializada,y también se ha avanzado en la libertad de elección dentro de los servicios sanitarios públicos.
Lógicamente, debido a las repercusiones presupuestarias que esto tiene, no sólo presupuestarias, sino asistenciales y organizativas, es un proceso que hay que hacer de manera paulatina y regular.
Señorías, no hay que confundir la libre elección en la provisión de servicios sanitarios con las peculiaridades de un determinado modelo de aseguramiento de mutualismo administrativo. En este sistema, en el del mutualismo administrativo, los titulares tienen derecho a elegir entre el Régimen General de la Seguridad Social o bien entre cualquiera de las entidades de las aseguradoras privadas concertadas con el mutualismo.
La elección de generalista y de especialista hay que efectuarla dentro de su cuadro médico. Por tanto, la libertad de opción es bastante más restringida que dentro del sistema sanitario público, en el que la libertad de elección, cuando ésta se haya generalizado, será bastante más amplia.
Nuestro propósito, por tanto, señorías, es ampliar esa capacidad de elección de los ciudadanos dentro del Sistema Nacional de Salud, evitando, sin embargo, todos los problemas derivados de la tendencia a la selección adversa de riesgos que los sistemas de competencia entre aseguradoras les obliga a hacer.
Además, hay algunos argumentos más, y es que en este tipo de sistemas se da la posibilidad de optar entre el Régimen General a todos los beneficiarios de mayor edad, a todos los portadores de patologías graves, complejas y, por supuesto, bastante más costosas. Esto ¿qué significa? Que se quiebra el principio de solidaridad, principio de solidaridad que es fundamental en nuestro modelo, señorías. Por tanto, no podemos aceptar lo que proponen.
Además, esto tiene un riesgo: la quiebra del sistema sanitario público. Esta es su propuesta efectivamente: quieren la quiebra del sistema sanitario público. Díganlo tranquilamente.
Esa no es nuestra propuesta.
Este sistema no es eficaz porque no mejora la calidad asistencial. ¿Por qué no la mejora? Porque es poco viable en amplias zonas de poblaciones dispersas y, de hecho, ahora mismo, los residentes en zonas rurales tienen que ser atendidos en los servicios de atención primaria a través de conciertos de las mutualidades --léase el caso de Muface-- con el Sistema Nacional de Salud.
En definitiva --vuelvo a insistir--, estamos por ampliar la libre elección en la provisión de servicios, pero dentro del Sistema Nacional de Salud.
Respecto al resto de los puntos, al segundo y tercero, en los que ustedes propugnan un proyecto de ley de atribuciones profesionales y un proyecto de ley de carrera profesional, el Ministerio de Sanidad y Consumo ya hizo público el pasado mes de mayo un borrador que contenía las bases para la ordenación de las profesiones

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sanitarias. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: ¡Seis meses!) Además, les consta a SS.SS. que la señora Ministra, en su comparecencia en Comisión y desde esta tribuna, cuando hizo la presentacion de los presupuestos, habló de la elaboración del proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, pero es un proyecto de ley que hay que someter a discusión y a debate entre las organizaciones y las asociaciones profesionales. Respecto al punto siguiente, que es el cuarto, en el que proponen un proyecto de ley de especialidades de enfermería, sin perjuicio de la inclusión de este punto en el anterior, en la ley de ordenación de profesiones sanitarias, siento decirles que han sido creadas y reguladas en el Real Decreto-ley 992/87, de 3 de julio, por el que se regula la obtención de títulos de enfermero especialista.
Respecto al punto quinto, en el que hablan del Estatuto marco de los profesionales sanitarios, les diré que el objetivo de un estatuto marco es, desde luego, sentar una serie de criterios de actuación comunes para todo el personal del Sistema Nacional de Salud mediante el establecimiento de una serie de normas básicas. Con este objetivo, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha iniciado ya contactos con el Instituto Nacional de la Salud y con todos los servicios de salud de las comunidades autónomas, que son los que tienen que llegar a ese consenso.
Respecto al punto sexto, de la homologación de retribuciones, la terminología que se emplea en la moción al hablar de retribuciones resulta como mínimo poco clarificadora; si no es que está tratada con una excesiva ligereza, desde nuestro punto de vista.
El personal al servicio de las diferentes instituciones sanitarias de la Seguridad Social percibe su remuneración por retribuciones básicas y retribuciones complementarias.
Respecto a las básicas, el artículo 84 de la Ley General de Sanidad prevé la elaboración del estatuto-marco, que contiene la normativa básica aplicable al personal al servicio de las instituciones sanitarias. Esto es lo que constituirá la normativa específica en la materia, una normativa de carácter básico, pero las comunidades autónomas que han asumido la gestión del Insalud pueden establecer conceptos y cuantías en las retribuciones del personal estatutario a su servicio distintas de las que establezca en el ámbito del Insalud-gestión directa.
Respetando incluso como básicos los principios establecidos en la Ley de la Función Pública, esto no impide que las comunidades autónomas desarrollen y ejecuten una normativa básica dentro del territorio que a ellas les compete, al tener competencia por sus propios estatutos de autonomía.
Respecto a los conceptos complementarios el decir que se homologuen cuando responden a una retribución a las personas, no tienen mucho sentido porque es legalmente posible que así sea. Creemos que no puede invocarse nunca la igualdad estricta. En cualquier caso, si lo que se pretende es evitar que haya excesivas disparidades retributivas dentro del Sistema, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están las comunidades autónomas, es donde pueden sentarse todas las políticas de coordinación. En resumen, señorías, los puntos primero y sexto son, desde nuestro punto de vista, totalmente rechazables.
Respecto a los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto, estamos convencidos de que no es más que una transcripción de lo que ya las autoridades sanitarias han dicho desde esta tribuna y en sus comparecencias durante esta legislatura. La falta de ideas no sé realmente a quién corresponde.
Lo que ustedes plantean, que es una limitación en el tiempo respecto a la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, creemos que es un tiempo excesivamente corto, que esta Ley requiere de un gran consenso por parte de los profesionales implicados y, por tanto, el compromiso está dentro de la legislatura, pero no podemos aceptar lo que plantea el Grupo Popular. La postura del Grupo Socialista, ante esta moción del Grupo Popular, será de rechazo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, queremos pedir la votación separada de los puntos primero y sexto en un bloque y el resto, en otro.


El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a la moción del Grupo Popular.
Votamos los puntos primero y sexto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292: a favor, 124; en contra, 167; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados uno y seis. Votamos los restantes puntos de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 122; en contra, 153; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes apartados de la moción.


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--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS ECONOMICAS Y POLITICAS QUE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL FUTURO DE LA FACTORIA DE SEAT EN LA ZONA FRANCA DE BARCELONA, EN EL MARCO DE LA CRISIS ACTUAL (Número de expediente 173/000013)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CRITERIOS DE POLITICA INDUSTRIAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO, ANTE LA GRAVE CRISIS QUE AFECTA AL SECTOR DEL AUTOMOVIL Y, EN CONCRETO, A LA EMPRESA AUTOMOVILISTICA SEAT (Número de expediente 173/000014)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE LOS CRITERIOS GENERALES DE POLITICA INDUSTRIAL QUE TIENE PREVISTO APLICAR EL GOBIERNO EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCION E INDUSTRIAS AUXILIARES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACION DE CRISIS QUE AFECTA A LA EMPRESA SEAT (Número de expediente 173/000016)

El señor PRESIDENTE: Mociones de los Grupos Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Catalán (Convergència i Unió), subsiguientes a las interpelaciones tramitadas acumuladamente en la pasada sesión, relativas a los problemas de la empresa Seat. Vamos a proceder a la tramitación acumulada de estas mociones. Los portavoces que intervengan en defensa de las mismas fijarán posición en relación con las demás y defenderán también las enmiendas que tengan presentadas a las otras mociones.
Lógicamente, los grupos que no hayan presentado moción fijarán su posición en relación con todas las mociones en un solo turno. Moción del Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Rahola. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, una semana después de la interpelación urgente al Gobierno y con la aparición de nuevos datos en los medios de comunicación, fruto de las declaraciones de altos ejecutivos, tanto de Seat como de Volkswagen, Ezquerra Republicana considera que no sólo está justificada nuestra moción, sino que probablemente se hace más necesaria. Ahorro a SS.SS. el debate previo a los puntos de nuestra moción, puesto que fueron el objeto del debate del anterior Pleno y paso a justificar los tres puntos de la moción presentada.
En el primer punto pedimos un plan industrial para cubrir las gamas alta y baja de los fabricados de Seat. Según datos facilitados por la Confederación Española de Automoción y que aparecen en la prensa de hoy, el mercado estatal crecerá un 7 por ciento en el año 1994, y la previsión es que crezca un 8 por ciento en 1995 y un 10 por ciento en 1996. Teniendo en cuenta que estos porcentajes son acumulativos, estos crecimientos podrían superar la caída del mercado del 24,2 por ciento del presente año.
Nos preguntamos, con preocupación, ¿cómo podrá participar Seat en esta recuperación del mercado si no posee gama propia? ¿Qué interés podría tener Volkswagen en cubrir esta gama si debido a la apropiación de la red comercial de Seat en la financiera Fiseat, la podría cubrir con su propia marca? Si no se potencia Seat como fábrica de automóviles, su desaparición es una muerte anunciada. Un plan industrial es necesario y urgente; no podemos renunciar a la única factoría integral que poseemos.
Quiero además hacer una afirmación que podría resultar chocante ante el alud de datos contrarios al carácter competitivo de la marca. Su condición de factoría integral, con capacidad de diseño y ejecución de proyectos propios, la sitúan en una posición de ventaja, incluso frente a otras marcas, puesto que los nuevos vehículos a producir para cubrir la gama alta y baja que el mercado requiere podrían responder a la nueva situación económica en Europa, una situación que, sin duda, modificará las características de esta demanda.
Todos somos conscientes de que los niveles de consumo, así como las necesidades a cubrir en un futuro inmediato, exigirán una nueva y original respuesta por parte de los fabricantes.
Estar en Seat como inversionista y participar en su dirección podría garantizar la optimización del aprovechamiento de los recursos humanos que la empresa posee, así como amortizar las inversiones aún no obsoletas de la Zona Franca.
Respecto al segundo punto, el parque de proveedores, también fue objeto de presentación en el octavo encuentro de empresarios de automoción --por cierto, con profusión de dibujos y esquemas--. Sin embargo, y como ya parece lugar común en toda esta película, se presentó vacío de los datos que lo cuantifican, y lo único que deja claro es que un parque de estas características no se puede llevar a término sin las ayudas de las administraciones. Incluso anuncia algunas de ellas. Es curioso, por cierto, que al despido masivo y a la recolocación del fantasmal parque, el Ejecutivo que lo presenta lo califique eufemísticamente de trasvase de recursos humanos cualificados, curiosa manera de narrar lo que es un despido. Pero hubo más, se prometieron también pedidos de por vida a aquéllos que se instalen en el parque. Si es de por vida de Seat no tendrán tiempo ni de amortizar las inversiones, ya que los síntomas hacen creer que, amortizado en cinco años Martorell, Seat desaparecerá.


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Pero vayamos al tema de las ayudas. Si en un documento que se hace público aparece la frase: ayudas de las administraciones, será porque hay un compromiso formal por parte de éstas. Esto nos lleva a una conclusión francamente esperpéntica: las mismas Administraciones que se niegan a aportar recursos que hagan posible la continuidad de Seat y la participación en su dirección, los aportan, por contra, para facilitar su cierre.
Más prueba de confirmarse hasta qué punto el poder público está perdiendo su capacidad de decisión en detrimento de los grandes grupos financieros, una política de ultraliberalismo nos lleva hacia aquí.
Vuelvo al hecho de la inconcreción del parque. Un aumento de un 13 por ciento de la nacionalización de componentes no puede justificar las inversiones necesarias a no ser que las nuevas empresas que se instalen absorban parte o la totalidad de la producción de componentes ya nacionalizados y cuyos proveedores están fuera del parque, en zonas situadas, mayoritariamente, mucho más cerca de Martorell. (Rumores.) ¿Qué comportaría, pues, esta medida? De hecho, trasladar a multitud de pequeñas y medianas empresas el problema del cierre y despidos. Quede claro, además, que si realmente Volkswagen tuviera la intención de nacionalizar este 13 por ciento --que no sabemos si corresponde a motores o a arandelas--, sus actuales proveedores, sin casi nuevas inversiones, son capaces de darle respuesta. Parece lo contrario, parece que una vez que Volkswagen consiga el ERE que propone, olvidará el proyecto del parque de proveedores, culpando de ello quizás a la intransigencia de los sindicatos, como ya es recurrente en muchos conflictos laborales.
(Rumores.) No nos engañemos, el anuncio por parte de la dirección de Seat de aplazar la aplicación del ERE no parece un aggiornamento para darse tiempo en buscar nuevas soluciones, sino un paréntesis para poder aprovecharse de las ventajas que para la empresa va a significar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Rahola. Por favor, señorías, les ruego guarden silencio; es imposible poder escuchar lo que dice la señora Diputada que está en el uso de la palabra. Puede seguir, señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
No nos engañemos, el anuncio por parte de la Dirección de Seat de aplazar la aplicación del ERE no parece un aggiornamento para darse tiempo en buscar nuevas soluciones, sino un paréntesis para poder aprovecharse de las ventajas que para la empresa va a significar, con probabilidad, la ley de modificación del mercado de trabajo que, según parece, va a aprobar el próximo viernes el Consejo de Ministros y que abara-tará, facilitará y propiciará las intenciones del Grupo Volkswagen.
Hay más datos a añadir que han emergido durante esta semana.
El Presidente de Volkswagen, señor Piëch, anunció que las pérdidas de Seat ya han pasado de los 120.000 millones a 160.000 millones, y que estas pérdidas son la causa de los resultados negativos del Grupo. Creemos que, antes de que decidan su posicionamiento los miembros de esta Cámara, es necesario valorar estas declaraciones.
Si las causas de las pérdidas son debidas al exceso de plantilla, cuantificada en 10.000 trabajadores, cada uno de ellos habría provocado una pérdida de 16 millones de pesetas.
Dato curioso sobre todo si, como es sabido, el coste de la hora de trabajo en el Estado español es de 1.591 pesetas, mientras que en Alemania es de 3.386. Como ello parece, pues, bastante poco creíble, cada vez parece más evidente que el desplazamiento de las pérdidas de Volkswagen a Seat se debe a motivos geopolíticos. No olvidemos que el 20 por ciento del capital de Volkswagen es propiedad del Gobierno del Estadode la Baja Sajonia y que, en 1994, va a haber múltiples encuentros electorales en Alemania. Si tenemos presente que Volkswagen es con mucho la primera fuente de riqueza del Land, quizá comprendamos la decisión de trasladar el problema lejos del marco y del paisaje electoral. En Alemania se reduce la jornada laboral a cambio de mantener los 100.000 puestos de trabajo con un coste, por parte de los trabajadores, del 10 por ciento de su salario. Esa reducción de 338 pesetas hora continúa situando al salario alemán en el doble del español.
Lo dijimos en la interpelación y ahora lo ratificamos con nuevos datos. La decisión sobre Seat no es una decisión económica, está siendo una decisión geopolítica; intereses ajenos a los nuestros están decidiendo sobre nuestra economía.
Intervenir es decidir, no intervenir es contemplar cómo una empresa emblemática de la industria de automoción desaparece, a pesar de poder ser competitiva, la única --repito-- empresa integral de automoción que nos queda. Decidamos pues. O aceptamos la lógica del ultraliberalismo y perdemos toda posibilidad de decisión y pasamos a ser clientes de los grupos financieros, u optamos por entrar en el accionariado y controlar el futuro de la empresa. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Para la presentación de la moción del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señorías, nos toca analizar unas mociones que se refieren, como decíamos en la interpelación con el Ministro, no a una industria emblemática sino a la industria puntera en

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todo el Estado español, que se debería analizar en dos dimensiones, aunque en esta Cámara, producto del empecinamiento del Gobierno español, vamos a analizar principalmente una, si bien deberíamos hablar de la dimensión industrial y de la dimensión social. Sobre la dimensión industrial, me temo que hoy vamos a escuchar palabras huecas; en cambio, sobre la dimensión social, vamos a escuchar unos compromisos que, en definitiva, es dinero del contribuyente que, en decenas de miles de millones de pesetas, se deberá dedicar a expedientes de regulación.
Dentro de la dimensión industrial nadie está planteando, desde los gobiernos responsables, que se trata de un producto absolutamente competitivo en el mercado actual. Si hay un sector de la automoción española, aparte de la industria auxiliar, que tiene mejores perspectivas, dentro de la crisis, para ir hacia adelante, es la empresa Seat. De esta dimensión industrial, en la moción presentada que se va a defender a continuación y en la enmienda que ha sido presentada también - -lamento mucho tener que decirlo ahora porque, según las normas del debate, no puedo fijar posición después de escuchar sus argumentos-- se llega a afirmar que todo lo que SS.SS. van a votar se basa en un plan industrial que no existe; es decir, vamos a decidir unos compromisos en nombre de la ciudadanía sobre un plan industrial que nadie hasta ahora ha podido tener en sus manos. Es algo realmente curioso, sintomático y evasivo sobre cómo vamos a abordar, para tapar las responsabilidades de los gobiernos, un tema tan preocupante como es el de Seat.
En su dimensión social --ya lo hablamos en interpelaciones y en comparecencias en Comisión-- existen expedientes que están pendientes de aprobación, expedientes que incumplen de forma flagrante lo que manda la legalidad española en cuanto a la documentación que les debe acompañar. No se conoce la cuenta de resultados de 1993 y se van a aprobar expedientes que afectan a miles y miles de trabajadores; promesas, eso sí, de recolocación de casi 5.000 trabajadores sin precisar cuestiones tan elementales, que están pidiendo los empresarios de la industria auxiliar del automóvil, sobre qué componentes se van a fabricar en este famoso parque, qué va a suceder con los terrenos y qué tipo de garantías hay. Son preguntas que se están haciendo en las jornadas públicas de automoción, y a las que el Gobierno español, el Gobierno de Cataluña y el Gobierno navarro dan el silencio por respuesta. Algo realmente impresionante.
Nuestra moción, en primer lugar, se refiere a algo que se deduce de un Libro Blanco que elaboró este Gobierno, el Libro Blanco sobre política industrial, en el que se recogía la necesidad de ir a un acuerdo general sobre automoción. Así lo expresamos en nuestra moción y entramos en aquella concepción, que defendimos en su día, de que no se puede hablar de Seat sin hablar en general de la crisis y, muy en concreto, de la crisis del sector del automóvil.
En segundo lugar, planteamos algo que es obvio y que supongo que es aceptable por todos: mantener Seat en todas sus dimensiones, no como, parece ser, pretendía Volkswagen (digo parece ser porque nada está firmado categóricamente al respecto), que era mentener Seat sólo como marca. Pedimos que se dé una solución consensuada al problema no a golpe de expediente, no a golpe de cerrazón en la negociación. Queremos que se garanticen los acuerdos que se pudiesen conseguir en la negociación. Recuerden, señorías, que los acuerdos de abril y los de septiembre --estamos a muy pocas semanas de los mismos- - son hoy papel mojado, y que incluso costando al contribuyente 3.500 millones de pesetas de expedientes de regulación no sirven para nada. Hemos tirado por la ventana 3.500 millones de pesetas para unos acuerdos que ahora no sirven. Pedimos que si se llega a nuevos acuerdos el Gobierno español se moje garantizando que se van a cumplir, por un problema elemental no sólo de ahorro sobre el gastopúblico, sino de credibilidad ante las partes implicadas.
Pedimos en el punto 5 --sabemos que a esto se dirá «vade retro», será condenado por las concepciones gubernamentales de Cataluña y de España--una implificación de los Gobiernos en el tema, como ha hecho el Gobierno holandés en la empresa de camiones Daf; como ha hecho el Gobierno de la Baja Sajonia en Volkswagen en Wolfsburg, donde sí tiene el problema real Volkswagen, el que en parte nos han trasladado a la empresa Seat, como se ha hecho en Escandinavia, haciendo algo que hoy es normal en Europa, en la comunitaria y en la no comunitaria, cuando hay problemas de este alcance.
Pedimos una implicación, miren ustedes sobre qué: garantías para que exista un plan industrial. Parece que es una verdad de Perogrullo pedir que se cumpla la ley, pero aún más lo es pedir que se cumpla la lógica. Si se debe tomar decisiones tan contundentes, exista un plan industrial y un plan viable. Si se quiere aprobar una regulación, se sepa sobre qué bases se va a fabricar y se va a producir.
Pedimos implicación para conseguir una financiación concertada. Llamo la atención a SS.SS. sobre cómo está redactado este punto. Básicamente hay capital privado y, si es necesario, hágase con la ayuda de capital público, vía aval, o crédito, o vía inyección directa capital público, como se ha hecho en otras partes de Europa no hace muchas semanas o meses.
Pedimos que si se produce esta eventualidad, tercer apartado del punto 5.º, entonces exista una garantía de a dónde va a parar ese capital público. En el punto 6.º --diálogo de sordos, lo sabemos-- pedimos una política industrial activa.
En el punto 7.º pedimos algo tan elemental que se les niega a todos ustedes, que es conocer los contratos de venta de las empresas públicas

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en plena época de impulso democrático. Sería bueno que el impulso democrático fuese transparencia para que los diputados y diputadas tuviesen acceso a los documentos públicos, pues desde hace siete años éste es un muro infranqueable para conocer los famosos contratos, ya no de Seat sino el de Enasa- Iveco, el de maquinista Alsthom y recuerden ustedes las secuelas de aquellas ventas, como las que hoy están sufriendo los trabajadores de las empresas citadas.
Planteamos en un punto 8.º que se pidan responsabilidades de los incumplimientos que se derivan de los contratos firmados, como mínimo de los de abril y septiembre. Son flagrantes incumplimientos de la ley española y ya sabemos que ante incumplimientos similares el Gobierno nos tiene acostumbrados a la pasividad.
Por último, pedimos que se impulse en la Unión Europea una definición de un modelo de empresa comunitaria. El Mercado Unico vale como normativa para la libertad de capitales, con las solas barreras para proteger aún los privilegios arcaicos de la banca española, mientras que el Mercado Unico no vale para que exista una normativa de obligado cumplimiento a las empresas que campan a sus anchas por encima de las fronteras.
Aquí tenemos la fácil respuesta del Gobierno: Volkswagen es una empresa alemana. Lamentando mucho practicar algo que en un Parlamento a mí me parece improcedente, que es pronunciarse sobre algo que aún no has escuchado, debo reiterar argumentos sobre la moción que a va a defender ahora el señor Sánchez i Llibre, en nombre de Convergència i Unió, y sobre la enmienda que se va a presentar a continuación.
La moción tiene un punto absolutamente falaz.
Dice: Seguimiento estricto del cumplimiento por parte de Seat y de su matriz Volkswagen del plan industrial planteado por la emprea. Señores de Convergència i Unió, ¿dónde Volkswagen y Seat han presentado el plan industrial? ¿Dónde? ¿Cuántas páginas contiene este plan industrial? ¿Cuáles son sus apartados principales? ¿Qué opciones se hacen sobre el Toledo? ¿Qué se prevé para la sustitución de la gama baja? ¿Qué prevé el plan industrial para lo que es el fomento de la investigación y el desarrollo? ¿Qué componentes incluye el plan industrial? Me parecen preguntas sencillísimas de responder por alguien que se atreve a hacer votar a esta Cámara que vamos a controlar el seguimiento estricto de algo que, según nuestro conocimiento - -agradeceríamos mucho que se nos corrigiese--, no existe. Se dice que se va a mantener la planta Landaben. Deben saber SS.SS. que en los acuerdos de septiembre se firmó la segregación de la planta Landaben. Continuamos bailando en la imprecisión sobre detalles tan pequeñitos e importantes para el futuro de la empresa como qué pasa con una de sus cuatro factorías.
Se pide que se consolide Seat como fabricante independiente dentro del grupo Volkswagen --todo ello deducido del plan industrial-- y que se mantenga el centro de compras. Deben saber SS.SS. que, Fiseat, un instrumento importantísimo, más allá de las compras y de la financiación en Seat, ya es hoy propiedad de Volkswagen. Ha sido una de las contrapartidas que Volkswagen ha incorporado directamente en la operación.
Se dice que se exija el cumplimiento de elevar un 13 por ciento los componentes. Vuelvo a la pregunta, ¿cuáles? Se pide que se potencie el centro de diseño. Los señores de Convergència i Unió saben mejor que yo que el centro de diseño está hoy paralizado. No es que se potencie, es que, si acaso, debería decirse que se ponga en marcha el plan correspondiente a partir de la opción industrial para que el centro de diseño sea algo en lo que valga la pena creer como consecuencia de lo mismo.
Por si se pudiera derivar que ustedes están pidiendo intervención pública, dicen que la única intervención pública que pueden esperar es para ayudar a sufragar los expedientes de ocupación. Por esto decía al principio que continuaremos discutiendo con palabras huecas, si ningún tipo de documento que responda sobre industria. Pero vamos a discutir sobre cifras concretas, aunque bailen las del señor Ministro, sobre expedientes.
Y aprovecho, para acabar, anunciando ante la Cámara que el señor Eguiagaray, que se permitió en la comparecencia en Comisión decir que lo que se había inyectado en Seat eran algo más de 200.000 millones y que en la respuesta a la interpelación incluso reiteraba lo mismo, debe desconocer la publicación oficial del Instituto Nacional de Industria que corrobora, con todo detalle, que la inyección de dinero público en Seat fue de 387.000 millones. Claro que es algo más de 200.000; es una forma muy eufemística de hablar de cifras.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la presentación de la moción del Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el objetivo fundamental que persigue Convergència i Unió en esta moción, tal como ya adelantábamos en nuestra exposición durante la interpelación que presentamos respecto a la situación de Seat y a la industria automovilística del Estado español e industrias auxiliares fabricantes de componentes, es, por una parte, consolidar la industria Seat como fabricante de automóviles, manteniendo la competitividad de los cuatro centros de trabajo, así como potenciando nuevas iniciativas empresariales alrededor

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de Seat que puedan fructificar en la creación de nuevos puestos de trabajo; y, por otro lado, la puesta en marcha, con carácter de urgencia, de una política industrial, por parte del Ministerio de Industria del Estado español, orientada hacia el sector del automóvil e industrias auxiliares, para conseguir la competitividad de las mismas y evitar la desparición de un sector industrial de pequeñas, medianas y grandes empresas, que tan importante papel han desempeñando en la última década.
Por este motivo, Convergència i Unió ha basado dicha moción en las siguientes consideraciones. En primer lugar, es evidente que uno de los problemas que tiene el presente y el futuro de la industria del automóvil en el Estado español está, fundamentalmente, asentado en la permanencia de inversiones extranjeras en nuestro país y en la existencia de un marco de competitividad de nuestras empresas, capaz de poder dar respuestas a las garantías y al mantenimiento de estas futuras inversiones.
Por otro lado, el sector de la fabricación de componentes de automóvil está sometido a un importante proceso de cambio estructural, no solamente a nivel español sino también, como corresponde a un nivel muy industrializado, a nivel europeo.
Si a la progresiva reducción del número de proveedores, de suministradores directos de los fabricantes de vehículos, que son cada vez más suministradores de equipos y subconjuntos completos y no de componentes aislados; a las mayores exigencias en cuanto a capacidad de diseño y desarrollo de productos y a la creciente globalización de las decisiones de compras de los fabricantes de automóviles, añadimos lo que representa Seat en particulary la industria del automóvil en general en su aportación al Estado español, tanto por la ocupación de puestos de trabajo directos o indirectos como por su participación al producto industrial bruto del Estado (cantidades a las que yo ya me referí detalladamente en mi intervención durante la interpelación de la últimasesión), pensamos en Convergència i Unió que es urgente el diseño y puesta en marcha, por parte del Ministerio de Industria, de un plan de política industrial que cree un marco favorable de la industria automovilística y de las industrias auxiliares de componentes en general y de la empresa Seat en particular, que tenga en cuenta, entre otras posibles consideraciones, los siguientes aspectos: en primer lugar, que se contemple la industrialización y la internacionalización de las empresas fabricantes de componentes del automóvil; en segundo lugar, que se contemple la mejora de la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico, así como también el diseño y la calidad de las empresas de automoción y fabricantes de componentes de automóvil; en tercer lugar, la potenciación de la competitividad de todo el sector, y, por último, el desarrollo y la puesta en marcha, con carácter de urgencia, de un ambicioso plan de financiación compatible con las directivas comunitarias, que potencie, refuerce y ayude a las empresas del sector para poder estar a niveles competitivos cuando la coyuntura económica sea más favorable. Todas estas consideraciones son respecto a nuestro primer punto de la moción.
Respecto a nuestro segundo punto de la moción, nosotros pedimos que, por parte de la Administración central, se dedique el máximo esfuerzo de cara a recabar el máximo de fondos, orientados a las prestaciones sociales y a las jubilaciones anticipadas consiguientes a los expedientes de regulación de empleo que hoy se están discutiendo. Nosotros pedimos al Gobierno una actuación rápida y decidida en este punto, para que facilite que hoy los acuerdos entre la empresa y los sindicatos sean una realidad. Tengan en cuenta que durante estos días ha habido informaciones al respecto que nos han preocupado muchísimo, en las cuales la dirección del comité de vigilancia de la empresa Volkswagen ha anunciado que no pensaba inyectar ampliaciones de capital futuras si no había un acuerdo entre los sindicatos y la dirección de la empresa Seat. Por eso, nosotros instamos al Gobierno para que, en este sentido, mejore cuantitativamente todas las cantidades posibles para poder conseguir este acuerdo con más rapidez y evitar, de todas maneras, que el socio alemán se nos marche. Por otra parte, nosotros también pedimos en este segundo punto de la moción un apoyo decidido, por parte del Gobierno, a todas las futuras iniciativas industriales que puedan surgir del plan industrial de Seat, puesto que nosotros creemos que es importante dar soporte a todos los proyectos marginales que surjan alrededor de Seat para poder ver cumplida una opción que para nosotros es muy importante, como es la recolocación de todos estos excedentes de trabajo que puedan surgir de la reconversión de Seat.
En el tercer punto de nuestra moción, nosotros instamos al Gobierno y a las administraciones implicadas en el contexto de Seat a hacer un seguimiento estricto, por parte de Seat y de su matriz Volkswagen, de Alemania, del plan industrial y de los acuerdos planteados en las conversaciones entre estas dos empresas, así como de las conversaciones que también han mantenido con el Gobierno, según se desprendió de la intervención del Ministro de Industria en su comparecencia ante la Comisión de Industria y ante el Pleno respondiendo a la interpelación. Para nosotros es muy importante, señor Ribó --no sé si para usted lo será--, que Volkswagen cumpla el objetivo de ampliar el capital para compensar las pérdidas del año 1993. Sin capital y sin aportación de capital, señor Ribó, es imposible que las empresas pueden funcionar.
También nosotros estamos convencidos de que, por parte del Gobierno, se debe influir, en todos los aspectos que sea posible, para que la planta de Landaben no sea segregada de la estructura de Seat. Nosotros entendemos

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que una segregación dificultaría el pasivo y la solvencia de la industria Seat, y creemos que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para evitar esta segregación de Landaben como una simple venta de activos y que hay que mantenerla dentro de la estructura de los activos de Seat.
Nosotros entendemos, y así lo dijimos en nuestra interpelación, que era importantísimo mantener a Seat como fabricante independiente de Volkswagen. Nosotros estamos convencidos de que esta independencia, de nuevos productos, de nuevas tecnologías, es la que, en definitiva, le puede dar un resultado favorable de cara a las expectativas futuras y económicas. Por tanto, nosotros estimamos que es básico e indiscutible mantener el centro de compras de Seat, al menos en los productos que habitualmente vieron orientados a la fabricación por proveedores españoles. En nuestra interpelación también exigíamos que, por descontado, Volkswagen había de cumplir su compromiso de nacionalizar la fabricación en España de nuevos componentes de automóviles.
Entendemos que este 13 por ciento de nuevos componentes --no de más componentes sino de nuevos-- es el que, en definitiva, puede crear un negocio marginal muy importante, que también puede potenciar estas futuras iniciativas empresariales que, en su momento, pueden significar una salida importante para los excedentes de personal que puedan producirse subsiguientemente a la reestructuración de Seat. Por descontado, también creemos que la potenciación del centro de diseño, de investigación y desarrollo de nuevos productos es importantísima y básica para garantizar esta independencia de Seat como fabricante de automóviles, respecto a su matriz de Volkswagen. Entendemos que sin centro de diseño y sin centro de investigación y desarrollo es totalmente imposible fabricar y diseñar nuevos productos, por lo que para nosotros éste es un tema básico e irreductible. Nuestro cuarto y último punto de la moción está dedicado, básicamente, a potenciar los centros de diseño, investigación y desarrollo de las fábricas importantes de automóviles que hoy existen en España. En este momento, el Estado español dispone de dos centros de investigación, diseño y desarrollo importantes, uno ubicado en la planta de Martorell y otro en la factoría de Nissan. Creemos que esto es trascendental para potenciar el desarrollo de nuevos productos, para potenciar la competitividad de estas compañías y, en definitiva, para también poder así ubicar los centros de nuevas tecnologías y de nuevos productos cerca de los centros de decisión de compras. Entendemos que si estos centros de decisión de compras están cerca y, aún mejor, están englobados con los centros de investigación y desarrollo, eso será básico para poder iniciar un nivel de competitividad importante para la industria automovilística española y para Seat en particular.
Respecto al posicionamiento de nuestro Grupo con relación a las mociones que han presentado los grupos de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no vamos a poder favorablemente la moción presentada por Esquerra Republicana, en ninguno de sus puntos, pues va orientada en otra dirección, y no converge con la moción que nosotros hemos presentado. Respecto a la moción que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya vamos a votar favorablemente su número 2, pues entendemos que en él también queda especificado lo que en el cuerpo de nuestra moción entendíamos que era interesante para resolver esta difícil papeleta. Respecto al resto de los puntos de la moción de Izquierda Unida, en algunos de ellos estamos absolutamente en desacuerdo. No compartimos la posibilidad de la penetración de capital público en la empresa Seat. Respecto a otros, está a disposición de todas las señoras y señores Diputados de esta Cámara el poder ver los contratos de las compras o de las transacciones de Seat, tal como nos dijo el señor Ministro, y por eso los votaremos negativamente.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados, muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez. El Grupo Popular ha presentado enmiendas a cada una de las tres mociones que acaban de debatirse. Para su defensa conjunta, tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor Presidente. Señorías, no vamos a insistir una vez más acerca de la crisis paradigmática de Seat. Lo hemos dicho casi todo en sendos debates anteriores, en Comisión y el pasado miércoles en este mismo pleno. Sin embargo, sí queremos hacer un acopio de realismo para llegar a entender, de alguna manera, la genuina dimensión de este problema y, sobre todo, para encontrar algunos puntos de coincidencia para entre todos los grupos hallar una vía común de exigencia al Gobierno para que considere acertadamente la identidad de la crisis y la dimensión sectorial, y no sólo puntual, con el protagonismo de Seat, tal como estamos ahora haciendo.
Si el caso Seat es axiomático por su etiología y el comportamiento de la propia matriz, Volkswagen, no lo son menos otros casos del sector cuyas empresas ya en su día, y tal vez con mayor perspicacia --General Motors o Ford, por ejemplo--, acometieron las necesarias reformas para afrontar la crisis sin pedir ayudas a la Administración pública, lo cual, de hacerse ahora, como proponen las mociones de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y de la señora Rahola, del Grupo Mixto, no dejaría de ser una chistosa situación de agravio para quienes en su día fueron más avisados, más previsores, más inteligentes y más agudos en la previsión de

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la dimensión real de la crisis que estamos viviendo en el sector de la automoción en España y de sus consecuencias. De ahí que en ambas propuestas, muy al contrario de lo que sucede con la del Grupo Catalán (Convergència i Unió), la filosofía subyacente en sus planteamientos no concuerde con nuestro pensamiento y nuestra política industrial, tan poco dada a intervenciones del Estado y a participación directa en empresas y accionariado.
Se propende en este momento, entendemos nosotros, a la desregularización, se postula la privatización de las empresas públicas y se constata que donde quiera que se haya llevado a cabo, los resultados han sido altamente insatisfactorios para el erario público así como para la sociedad. Yo deseo que los grupos parlamentarios, al igual que las organizaciones sindicales, que postulan extemporáneamente intervenciones directas en las empresas y adquisiciones, sin duda con buen fin, de paquetes accionariales, comprendan a tiempo aquella astuta afirmación que de los ingleses hacía Voltaire en su octava Carta Filosófica: «Me parece que se van volviendo sensatos por experiencia propia y no les creo ninguna gana de volverse a degollar por silogismos». Es decir, señorías, la magnitud de la crisis obliga al entendimiento, a alejarse de filosofías, para poder comer el pan de cada día, a saber: a superar la crisis, salvar los puestos de trabajo en su mayor cuantía y conseguir la supervivencia de las empresas para reconstruir el tejido industrial después de la tormenta. No nos parece, por tanto, prudente mantener ahora posturas cerradas por razón de silogismos, cual dijera sabiamente Voltaire.
Las motivaciones de nuestra aquiescencia con la moción del Grupo Catalán en su mayor parte, así como la filosofía que apoya nuestras enmiendas, son las siguientes. Primero, la generalización de la crisis en el sector de automoción, y derivadamente en toda la industria que lo soporta, no permite la casuística discriminatoria sino atender al problema en todo su conjunto, habida cuenta de que se defiende un volumen de más de 300.000 empleos inducidos, además de los propios de las empresas constructoras de automóviles. Todas las empresas tienen igual derecho a la asistencia gubernamental, sin interferir en ello lo que pudiera modificar las condiciones legales de libre competencia. Por tanto, les asiste la razón y les asistía anteriormente cuando lo dijeron --y así se manifestaron los presidentes de Renault y General Motors en España--, al hacer ciertas advertencias a las posibles ayudas derivadas del Gobierno a Seat. El señor Sanz decía: las posibles ayudas del Gobierno a Seat podrían llevar a crear una grave distorsión en el sector automovilístico español. El argumento del señor Juan Antonio del Moral era de racionalidad absoluta: no a las ayudas a Seat, porque --textualmente decía-- otras sociedades nos hemos gastado mucho en reducir las plantillas.
En segundo lugar, el Gobierno debe actuar ya sin demora ante la gravedad de la situación, como ya ha hecho en otros países más avanzados en este mismo sentido, y pongo ejemplos: Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia y ahora mismo Alemania, que ha encontrado el buen camino gracias a la nunca suficientemente ponderada inteligencia de los sindicatos germanos, que han consensuado con Volkswagen una reducción salarial equiparable al porcentaje de horas que dejarán de producir, casi un 20 por ciento de reducción salarial frente a cuatro días por semana de trabajo. Creemos que ese es un mejor método que la huelga general.
Tercero, han de adoptarse medidas coherentes que favorezcan una armónica salida a la crisis del sector de automoción, fundadas en nuestra propia realidad. Es el caso, por ejemplo, que se plantea con Nissan Motor Ibérica, la otra gran empresa del sector en Cataluña y también en regulación de empleo, con un expediente de eliminación de 1.000 puestos de trabajo en marcha y que trata de reducir los efectos de la crisis en aquellas regiones españolas de menor capacidad industrial y, por ende, de máxima incidencia, como pudiera suceder en Castilla y León, con cuyo Gobierno, al igual que con la Administración del Estado, se está negociando en este momento un plan para renovar la fabricación de motores que se producen en Avila. Nissan es una industria absolutamente trascendental para la provincia de Avila con 750 empleos que dependen de ella; sin el desarrollo de estos nuevos motores y la continuidad de la fabricación de los camiones de Avila terminaría en el plazo exactamente de año y medio, según nuestras noticias. El desarrollo de este programa supone una inversión de 4.500 millones de pesetas, y no precisamente para despedir trabajadores ni reducir plantillas, sino para continuar la fabricación de camiones y furgonetas en España que supone en este momento el 40 por ciento de la cuota de mercado.
En cuarto lugar, las ayudas que para ello postulamos son las idóneas para consolidar la permanencia de nuestra industria de componentes, más importantes para los puestos de trabajo que las propias fábricas de montajes de automóviles, como se puede demostrar fácilmente por los números. Se trataría, entiendo, de ayudas que trascienden a las empresa como Seat, es decir, las que favorecen el desarrollo del I+D, las que aportan renovación tecnológica, las que multiplican el crecimiento del tejido industrial de la nación. La industria de automoción es una industria desintegrada, dado que cada una de ellas fabrica según los componentes que le aportan otros productores. Estas ayudas, pues, deben potenciar nuestras ingenierías, Seat y Nissan las poseen en España, reduciendo, a su vez, los componentes extranjeros, que llevan a encarecer los costes industriales hasta un 40 por ciento, además de sustraernos los efectos nocivos que produce la oscilación del valor

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de las monedas, que, en el caso de Seat, ha sido uno de los factores fundamentales de su propia crisis. Endeudarse en tecnología y en la adquisición de productos que hoy se fabrican en España en el supuesto que dejaran de hacerlo, es no menos grave y arriesgado que el endeudamiento en moneda extranjera, con los riesgos del cambio monetario, pudiendo llegar a desbaratar los efectos benéficos y el gran sacrificio que, al propio tiempo, ha supuesto para España con las tres devaluaciones consecutivas de la moneda.
En quinto lugar, hay que tutelar la industria auxiliar de España al extremo de que se potencie su capacidad exportadora hacia otros países productores de automóviles, al tiempo que se reduce nuestra dependencia del exterior, habida cuenta de que nuestro país es hoy la quinta potencia mundial en el sector del automóvil y la tercera de Europa tras Alemania y Francia. Sin embargo, este sector, lejos de recibir ayudas del Gobierno o siquiera atenciones por parte de las administraciones públicas, sufrió un impacto de la voracidad recaudatoria y todos sus derivados.
De ahí que no fuera baladí la consideración de la fatídica fiscalidad que en su conjunto soporta el sector de automoción, lo que produce un encarecimiento del 28 por ciento del automóvil en el momento de su matriculación. Esta es una de las causas de la caída de las ventas en España, cuando justamente en Inglaterra, por haber desgravado, en parte, la fiscalidad del automóvil, ha supuesto la excepción en Europa de un crecimiento de las ventas del 12 por ciento.
Este es, pues, un dato a la vez significativo y paradójico, ya que la política fiscal española difiere sustancialmente de aquellas que practican en Europa los restantes países. Veamos.
Primero, la fiscalidad es más alta en los países no productores de coches, como en Dinamarca. Segundo, es más baja esta fiscalidad en los países productores, como en Alemania, Francia e Inglaterra. En consecuencia, me parece a mí que lo que nosotros estamos argumentado, y que va introducido en una de nuestras enmiendas, queda muy claro en su significado y en sus consecuencias. Y sexto, el mayor sarcasmo sería el de vincular la desaparición de nuestra industria de automoción a la sola rigidez del mercado laboral. No puede aseverarse que sea ésta la causa exclusiva. Hay bastantes más. Indudablemente la flexibilidad del mercado de trabajo es una condición necesaria pero no una condición suficiente. Es cierto que el sentido común no recomienda el despido libre en momentos de crisis. Se ha perdido, sin embargo, la oportunidad histórica de reformar el mercado de trabajo en momentos de auge económico, teniéndose que hacer ahora en una coyuntura dramática para los trabajadores y para sus familias. Evidentemente, seguimos en este país haciendo experimentos con champán y no con gaseosa, como aconsejaba el sabio e irónico catalán don Eugenio d"'Ors.
Las cosas son como son, señorías, y ahí está esta admonición reciente del embajador norteamericano Mr. Gardner, cuando decía textualmente que considera que España ha perdido alicientes y no reúne las condiciones mínimas para traer capitales foráneos.
Precisamente en Cataluña en el primer semestre de 1993 se ha perdido el 20 por ciento de las inversiones extranjeras y precisamente es mucho más grave aún este dato si reparamos en el hecho de que la inversión foránea acude a Cataluña en el 61,8 por ciento con destino al sector industrial. Causas de este fenómeno no faltan si reparamos en el hecho de que durante los últimos cuatro años los precios industriales crecieron en Cataluña un 8,6 por ciento, en tanto que el coste laboral de la producción industrial lo hizo un 31 por ciento, más del 12 por ciento más que la media de la Comunidad Europea, lo cual sanciona una onerosa pérdida de competitividad.
Estas son las razones, y yo no voy a pormenorizar ahora las enmiendas, puesto que son muchas y algunas de matiz, y simplemente voy a sintetizar. En primer lugar, apoyaremos la propuesta que hace la moción de Convergència i Unió introduciendo dos aspectos fundamentales: un punto quinto, que se refiere precisamente al incremento de esfuerzos del Gobierno para potenciar los centros de investigación, sobre todo universitarios, del área catalana y también de España; y un punto sexto, que atiende al principio de la fiscalidad al que me he referido. En cambio, en el supuesto de la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nosotros tenemos que decir que gran parte de su contenido no nos satisface por contravenir nuestra propia filosofía en los planteamientos de economía industrial, como ha quedado patente en mis argumentos, y, en cambio, el punto segundo lo respetamos, y otros son cuestionados y algunos de ellos enmendados, especialmente algunos por cuestiones puramente formales, como un «y» por «o», etcétera, a la hora de pedir informaciones al Gobierno respecto a ciertos contratos.
Por último, en cuanto a la moción de Esquerra Republicana, en este caso de la señora Rahola, tenemos que decir que aceptamos el principio de la misma en el punto primero, respetando la línea inicial del punto primero, solamente la línea inicial y no las dos consecuentes. Y no aceptamos el resto.
Consecuentemente, esta es nuestra postura y nuestra filosofía.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Milián.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista a la moción de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL I MUNTALA: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, como consecuencia del largo e intenso debate de la semana pasada sobre las tres interpelaciones presentadas, nos hallamos hoy ante tres mociones que, hemos de decirlo, contienen en esencia las distintasposiciones que cada uno de los grupos interpelantesmantuvieron en sus intervenciones.
Hemos realizado un análisis del debate que se produjo la semana pasada, de las tres mociones que se han presentado y, también, de la defensa que se ha hecho de ellas hoy. Creemos que nos encontramos ante dos análisis, ante dos concepciones distintas de cuál es el problema y, por tanto, también ante dos concepciones distintas de cuáles deben ser las soluciones para salir de esta situación.
Dos de las posiciones traducidas en mociones, aunque tal vez pueda acusárseme de simplificación, aunque no excesiva, contienen un razonamiento que se basa en cuatro puntos, en cuatro pasos casi estrictamente lógicos. En primer lugar, el punto de partida es que no existe la crisis o que esta crisis es menos aguda o que, al menos en el caso de Seat, es una crisis --tal como dice una de las mociones-- que ha sido sobredimensionada. Por tanto, si el punto de partida es que la crisis no es tan fuerte como se dice, es que alguien nos está engañando, y así pasamos al segundo punto: ¿Quien nos está engañando? La empresa. En este caso, Seat y Volkswagen están engañando, transmitiendo a todos los españoles una idea que no es real de que existe una crisis.
El tercer paso evidente es que hay que controlar a la empresa porque trata de engañarnos. Estos elementos se reflejan en las dos mociones, especialmente en una de ellas, en la cual, además de pedirnos soluciones para el problema de Seat, se nos insta también a investigar, a exigir responsabilidades legales, estcétera.
Esto nos lleva al cuarto paso del análisis. ¿Cuál es la solución? Solamente hay una: lo público. Las Administracones públicas tienen que invertir capital, convertirlo en acciones, y en este caso en una empresa, que ya había sido propiedad pública y se había privatizado en su momento, hay que volver a comprar una parte y el sector público tiene que volver a entrar en ella. Tal vez sea simplificación, pero creo que no nos equivocamos si éste es el análisis, el discurso lógico que nos hacen estas dos mociones.
Nosotros no compartimos las premisas y el análisis y, por lo tanto, las conclusiones a que llegan estas dos mociones.
Frente a ello creemos que hay que analizar lo que nos dice la realidad: que hay una crisis, que esta crisis afecta al sector del automóvil, especialmente con las características propias que tengan, pero que esto es innegable. Lo que no podemos hacer es realizar un análisis, no desde la realidad, sino desde nuestros deseos que, evidentemente, serían que no existiese la crisis, ni desde ideologías que nosotros no compartimos.
Existe una crisis importante del sector que afecta a la industria automovilística y tambien a la industria de componentes. Las soluciones deben darse dentro de las reglas de juego vigentes, no dentro de un hipotético mundo que ya no existe, sino de unas reglas de mercado en las que lo público tiene algo que jugar --y en este sentido no creemos que siempre lo público funcione peor que lo privado, ejemplos de todo hay--, pero las reglas que existen son las reglas que hay. Y desde estas reglas es desde las que tenemos que jugar.
Estas soluciones deben tener un carácter general, no únicamente para el caso de Seat, sino para todo el sector. No deben hacerse en perjuicio de ninguna otra zona geográfica y en el conjunto de España, ni tampoco dentro de Cataluña. Hay que tener en cuenta que entre estas reglas existen las normativas fijadas, antes por la Comunidad Europea, ahora por la Unión Europea, sobre las posibilidades que existen de ayudas en sectores que no están declarados en reconversión.
¿Cuál es el objetivo final? La moción de Izquierda Unida sí que lo define. Dice que hay que hacer las gestiones necesarias para asegurar el mantenimiento de Seat como empresa, con capacidad propia industrial, tecnológica, comercial, financiera. Este es el objetivo central y, además, esto hay que hacerlo con el mínimo coste social posible.
Para conseguir este objetivo central en sus dos aspectos, ¿qué es conveniente? Desde nuestra perspectiva, en primer lugar, es conveniente que exista una negociación entre las partes y que se llegue a la mayor parte de acuerdos posibles. En segundo lugar, debe existir el compromiso de las Administraciones públicas en todo aquello que es competencia de ellas, en todo aquello que es posible que las Administraciones públicas actúen. En este sentido, en las aportaciones sociales el Ministro indicaba el coste que va a suponer para la Administración central, cercano a los 30.000 millones de pesetas, los expedientes tal como están presentados en este momento, y junto a las aportaciones sociales, los apoyos en el marco de los programas horizontales y verticales que existen en el Ministerio de Industria.
Y también en el marco de aquellas políticas industriales que pueda realizar la comunidad autónoma competente: ayudas a los proyectos de inversión que favorezcan la recolocación al máximo de los trabajadores que se ven afectados por los expedientes de regulación que están en trámite.
En este sentido, creemos que la moción presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) es la que recoge en mayor medida este espíritu. Por ello, tomando como base esta moción, hemos presentado una enmienda al punto segundo que creemos que precisa y define mejor el marco de estas ayudas sociales, pero también industriales, que se definen en la moción.
Al mismo tiempo, indicamos que votaremos el punto segundo de la moción de Izquierda Unida, que corresponde a la parte que he leído anteriormente y que define el objetivo central de la actuación que los poderes

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públicos deben tener en este momento. Con ello esperamos que se obtenga lo que creemos mejor para el futuro de Seat y también para el futuro y los intereses de los trabajadores.
Cuando oigo afirmaciones tan contundentes, tan seguras, de soluciones tan claras y a veces incluso tan sencillas para solventar los problemas industriales que afectan a nuestras empresas, a veces me pregunto cómo podemos ser tan estúpidos los demás de no ver con la misma claridad qué es lo que hay que hacer. Por otra parte, cuando vemos la aplicación de políticas radicales como las que se defienden por parte de alguno de los intervinientes, y nos damos cuenta de cuál ha sido el resultado, la verdad es que empiezo a dudar más de que realmente seamos tan estúpidos de no entender ciertos argumentos.
Por ello, en este momento más que grandes discursos o grandes afirmaciones, para el futuro de Seat y para los propios intereses de los trabajadores, creo que lo más importante es un acuerdo que cuente con el mayor apoyo posible por parte de esta Cámara. Por tanto, un acuerdo hecho a partir de la moción de Convergència, con la enmienda presentada por nosotros, que creemos que el Grupo de Convergència i Unió aceptará, y con otra posible inclusión a través de una transaccional con una de las enmiendas del Grupo Popular y la aceptación de un punto de Izquierda Unida, nos puede dar una resolución que obtenga el máximo, por no decir unánime, respaldo por parte de todos los Grupos y todos los Diputados de esta Cámara, que en este momento puede ser más útil para Seat y para los trabajadores de esta empresa. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marsal.
¿Grupos que no hayan intervenido en el debate y que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señora Rahola, tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta la enmienda presentada a su moción por parte del Grupo Popular.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular porque suprime los dos aspectos fundamentales de nuestra moción: uno, la voluntad de consolidar la Zona Franca como factoría de producción de automóviles plenamente competitiva, y el otro, garantizar la capacidad de decisión a través de la entrada en el accionariado. Lo digo sin el complejo de ultraliberalidad que respira, según parece, esta Cámara; un complejo que obliga a algún otro Diputado a justificarse incluso con citas literarias. Intervenir como hacen gobiernos occidentales modernos, que tan a menudo se usan como ejemplo, con valentía en la intervención y sin com- plejos, capacidad de decidir como otros gobiernos tienen...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola, el turno es exclusivamente a los efectos de indicar si acepta o no la enmienda.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: A los efectos que decía, no la acepto en esos términos, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Ribó, a los mismos efectos de decir si acepta o no la enmienda presentada a su moción por parte del Grupo Popular.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, el Grupo Popular nos presenta siete enmiendas al texto de nuestra moción, que se dirigen a diversos puntos de la misma y que, en resumen, nosotros no podemos aceptar porque están basadas en datos aún no demostrados, como el mismo hecho de que un aval o una garantía sea necesaria para la credibilidad de la empresa, cuando de septiembre a octubre pasamos de 12.000 millones de pérdidas a 120.000 millones de pérdidas, como dijo un dirigente de Seat, quizá porque alguien se olvidó de un cero. Como puede usted comprender, si no hay garantía para que no se reproduzcan argumentos tan absurdos como éste, no podemos ir por esta vía.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, a los mismos efectos de la aceptación o no de las enmiendas presentadas a la moción que ha defendido, enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo aceptaría la enmienda presentada por el Grupo Socialista al punto número dos y también aceptaría la enmienda presentada al punto número cinco, de adición, del Grupo Popular, en el caso de que nos aceptara una transaccional a su enmienda, que quedaría de la siguiente forma. Se trata de incorporar a nuestro punto cuarto la siguiente frase: «Asimismo, dedicar especial atención a la posibilidad de que los centros de investigación puedan prestar una asistencia técnica a fabricantes de equipos de automoción y empresas proveedoras.» Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i Llibre. Señor Milián, ¿se acepta por parte de su Grupo la transaccional ofrecida por el Grupo de Convergència i Unió?

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El señor MILIAN MESTRE: Aceptamos la transaccional por una razón muy simple, porque corrobora nuestra filosofía y añade textualmente, en un apéndice a ese punto cuarto, nuestro planteamiento en el párrafo cinco. Aceptamos también el rechazo del punto sexto.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Milián.
Finalizado el debate de las mociones de la señora Rahola, de Izquierda Unida y de Convergència i Unió, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 18; en contra, 250; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Votamos a continuación la moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Solicitamos votación separada del punto segundo de la misma.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, el apartado segundo de la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 270.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Seguidamente votamos los restantes apartados de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 19; en contra, 250.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y de la enmienda transaccional que ha sido ofrecida por el Grupo autor de la moción y aceptada por el Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 254; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las diez y veinte minutos de la noche.

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