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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 40, de 21/12/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 40 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 38 celebrada el martes, 21 de diciembre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:

--Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre, de medidas urgentes para la cinematografía. («Boletín Oficial del Estado», número 296, de 11 de diciembre de 1993.) (número de expediente 130/000008) (Página 1802) --Real Decreto-Ley 17/1993, de 3 de diciembre, por el que se concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un suplemento de crédito por importe de 456.374.000.000 de pesetas, destinado a la cobertura de obligaciones derivadas de las prestaciones por desempleo correspondientes al ejercicio de 1993. («Boletín Oficial del Estado», número 290, de 4 de diciembre de 1993.) (número de expediente 130/000006) (Página 1819)

Enmiendas del Senado:

--Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (número de expediente 121/000001) (Página 1827)

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Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:

--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para exponer y debatir la posición del Gobierno español y de la Unión Europea sobre las repercusiones para España y la Unión Europea de la posible finalización de la Ronda Uruguay del GATT, con especial atención a los aspectos agrícolas, culturales y de servicios (números de expedientes 210/000004 y 210/000005) (Página 1830)

SUMARIO

Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-ley (Página 1802)

Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre, de medidas urgentes para la cinematografía (Página 1802)

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller). No considera necesario a estas alturas explicar que la cinematografía española atraviesa, desde hace algunos años, una crisis motivada por causas variadas y conocidas de orden social y tecnológico. Esta situación, que exige la intervención de los poderes públicos, se ha visto acentuada en los últimos tiempos por dos circunstancias que han obligado a la promulgación del real Decreto-ley de medidas urgentes para la cinematografía.
La primera de estas circunstancias es la urgencia en tomar posiciones claras ante las negociaciones del GATT, en sintonía con la sensibilidad europea que ha puesto de manifiesto la prioridad de defender la identidad cultural europea mediante la inclusión, como se ha denominado, de la cláusula de excepción cultural en los acuerdos del GATT. Por otra parte, existe la necesidad de equiparar el Derecho español al europeo, y en concreto la Ley 3/80 de Regulación de Cuotas de Pantalla y Distribución Cinematográfica, que discrimina al cine europeo en relación con el español. Se trata de una exigencia que ha sido recordada reiteradamente por la Comisión Europea.
Sin embargo, la urgencia en la promulgación del Decreto-ley no significa que la misma haya sido dictada con precipitación, puesto que desde hace más de un año el Gobierno venía trabajando sobre la materia, no llegándose a aprobar un proyecto de ley remitido a la Cámara en la anterior legislatura por la disolución de las Cortes.
Afirma que cuotas de pantalla y licencias de doblaje integran el sistema de protección del cine español desde hace décadas, no tratándose, por tanto, de una invención del Decreto-ley.
Este lo que ha hecho es adaptar nuestro Derecho al Derecho comunitario y centrar las bases para afrontar los retos inaplazables que tiene el audiovisual español.
Expone a continuación los objetivos del Decreto-ley, que son, en primer lugar, preservar nuestro espacio cultural en el contexto europeo; en segundo lugar, el fortalecimiento de la industria audiovisual; en tercer término, la introducción de mecanismos correctores en el mercado que lo hagan más libre y, por último, iniciar la vía de liberalización del sector, compaginando dicho proceso de liberalización con medidas de fomento que hagan posible el fortalecimiento del cine español, que es el objetivo fundamental del Decreto-ley.
Enumera seguidamente algunos datos que sirven para poner de manifiesto el dominio del mercado por las multinacionales norteamericanas, lo que ha llevado al cine español a pasar de una cuota de mercado del 22 al 9 por ciento actual en poco más de una década, a pesar de las importantes subvenciones realizadas en los últimos años en apoyo de nuestra cinematografía. Se intenta asimismo fortalecer e incrementar el peso del cine español en el mercado internacional, deteniéndose la señora Ministra en la exposición de las medidas contenidas en el articulado del Decreto-ley para conseguir estos objetivos.
Termina afirmando que con la convalidación del Decreto-ley se puede producir una notable inflexión en el proceso de crisis que soporta el cine español y con ello colaborar decididamente a preservar una parcela muy importante de nuestra cultura.


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En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley interviene, en nombre del Grupo Popular, el señor Cortés Martín, manifestando que la urgencia que ha motivado la aprobación del Decreto-ley no existe desde el momento en que el audiovisual queda fuera del GATT y sólo su tramitación como proyecto de ley subsanará sus defectos. Pueden, además, aprovechar esta falta de urgencia para hacer las cosas correctamente, con un debate de fondo que permita a la opinión pública conocer bien todas las cuestiones que hacen que la situación actual de nuestro cine sea desastrosa. A tal efecto pide la retirada de este proyecto improvisado y defectuoso, a fin de poner manos a la obra en la inaplazable revisión legislativa de la política cinematográfica. Agrega que no se puede consentir que los españoles piensen que son los creadores españoles los causantes de esta situación, en vez de que ha sido la política de los gobiernos socialistas, que ahora pretenden continuar chapuceramente lo que ha colocado al cine español al borde de la desesperación. Es esta política la que amenaza con jubilar prematuramente la aportación española a lo que Julián Marías ha calificado, en varias ocasiones, como el arte característico de nuestra época. Si el Gobierno tiene verdadera voluntad de arreglar la situación del cine español puede traer, sin urgencia, a la Cámara un nuevo texto más pensado y que se perfeccione en el Parlamento, escuchando a todos y no sólo a algunos y que se decida aquí y no mediante decretos a los que se llega en negociaciones difícilmente confesables. En este sentido, denuncian que se pretende presentar a la opinión pública este Decreto-ley como el acuerdo entre un gobierno bien intencionado y los protagonistas del sector, cuando sólo se ha negociado con algunos y se olvida a quienes, en cualquier caso, tendrán algo que decir. Considera que hay que sacar adelante una regulación que cuente con un amplio acuerdo parlamentario, que el Grupo Popular ofrece y que el cine español necesita, para no estar sujeto a los vaivenes de los cambios políticos.
Añade el señor Cortés que es imposible que su Grupo vote a favor de medidas que han traído la decadencia y traerán la aniquilación del cine español y, en este sentido, esta ley, que es más de lo mismo, puede acabar con nuestro cine.
Entiende que la primera ayuda que necesita el cine español es liberarlo de la política socialista. Mientras que la señora Ministra dice que el cine español necesita protección, el Grupo Popular cree que, además de esa protección, necesita libertad y fortaleza, recuperarse de su condición de actividad cultural marginalizada, lo cual sólo puede lograrse con una industria sólida, con una financiación suficiente y con respeto a las preferencias del público en materia de espectáculos. Recuerda algunas cifras provenientes del propio Ministerio de Cultura en relación a la actual situación de nuestro cine, reiterando que lo que ahora se propone es más de lo mismo, con lo que el enfermo puede morir de una sobredosis.


Está de acuerdo con la señora Ministra en que nuestro cine necesita más dinero, pero, según los datos del Ministerio, aquél ha recibido 35.000 millones de pesetas del contribuyente en la última década, justamente cuando menos películas españolas se producen y menos espectadores acuden a verlas, lo que debe hacerles reflexionar sobre tal cuestión. Afirma que se ha seguido una política de subvenciones equivocada y arbitraria, que ha perjudicado la buena salud de un sector que es vital para la imagen que los españoles nos hacemos de nosotros mismos.
Termina señalando que, de seguir adelante el artículo 6 del Decreto-ley, se agravará aún más la situación, ya que lo que se pretende es montar un PER cultural, crear una clientela y no una política dirigida a ayudar al cine español, limitándose, por otra parte, a traducir lo que hacen en Francia, cuando es evidente que España no es Francia ni la situación de nuestro cine equiparable a la del cine francés.
En nombre del Grupo Socialista interviene el señor Clotas i Cierco apoyando las medidas en favor de la cinematografía contenidas en el Real Decreto-ley, en un momento de serenidad y esperanza, porque, a pesar de los problemas graves que aquejan tanto a nuestra cinematografía como a la europea, este debate tiene lugar después de un resultado muy satisfactorio en la negociación del GATT que nos permite tener esa esperanza hacia el futuro de nuestra cinematografía y de la cinematografía de los pueblos que componen la Unión Europea.
El Decreto-ley viene a apoyar esa cinematografía, que es reflejo de nuestra cultura y de nuestra diversidad lingüística, así como de nuestro modo de ser europeo. Se trata, por tanto, de una medida, no la única, que viene a apoyar el derecho que los europeos tenemos a ser dueños de la imagen que deseamos proyectar.
Por otra parte, no se trata de una medida que vaya en contra de nadie, de una medida en contra del cine norteamericano, que a todos nos gusta, sino que se trata de una medida que lo que pretende es salvaguardar al menos una pequeña parte para nuestro cine y el cine comunitario en general, respecto del cual las cosas han evolucionado en los últimos años y de una manera muy desfavorable. Facilita algunas cifras relativas a la penetración del cine norteamericano en los diversos países europeos,

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achacándolo a la gran calidad de ese cine que le permite ganar los diversos mercados, si bien al amparo de esa gran calidad de muchas de esas películas se están produciendo y distribuyendo películas norteamericanas regulares y, en algunos casos, malas, sin que los europeos tengan capacidad de escoger el cine norteamericano que desean ver, y éste es el problema que hay que resolver y que se pretende resolver. Sin embargo, el Gobierno español y los gobiernos comunitarios que pretenden la defensa de nuestro cine no intentan negar o limitar la libertad de opción ni ponen barreras al cine norteamericano, aunque éste sí pone barreras importantes al cine europeo. Lo que se hace es seguir los pasos que se están dando en otros países europeos en favor del cine europeo, en este caso del cine español, y con este fin se presenta el Decreto-ley que, por otro lado, no supone ninguna improvisación, ya que es coherente con el proyecto que conoció la Cámara antes de su disolución. El Decreto-ley obedece, además, a una serie de negociaciones y diálogos mantenidos con el sector y responde a la necesidad de adaptarnos a la legislación europea. Concluye manifestando que el Decreto se hace para que circulen por el mundo varias interpretaciones, para que la voz de culturas, como las que componen Europa puedan existir en el mundo audiovisual, y que puedan existir no con un sistema de protección indefinida sino con capacidad de competir. De ahí que el Decreto presentado por el Gobierno tenga un límite en el tiempo. Replica el señor Cortés Martín, duplicando el señor Clotas Cierco. En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; González de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
El señor Cortés Martín, del Grupo Popular, interviene para una cuestión de orden, señalando que, con el compromiso de Grupo mayoritario de la Cámara de tramitar el Decreto-ley como proyecto de ley, se abstendrán en la votación de convalidación y presentarán enmiendas en la tramitación subsiguiente.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 188 votos a favor y 135 abstenciones.
Asimismo se aprueba en votación, por 323 votos a favor y una abstención, la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley.
Real Decreto-ley 17/1993, de 3 de diciembre, por el que se concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un suplemento de crédito por importe de 456.374.000.000 de pesetas, destinado a la cobertura de obligaciones derivadas de las prestaciones por desempleo correspondientes al ejercicio de 1993 (Página 1819)

El nombre del Gobierno presenta el Real Decreto-ley el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez), que solicita la convalidación de la norma por la que se aprueba un suplemento de crédito de 456.000 millones de pesetas para atender las obligaciones derivadas de las prestaciones por desempleo, así como para compensar, con una mayor aportación del Estado, la caída de la recaudación de la cuota de desempleo, compensación que, de no producirse, provocaría un desequilibrio financiero en el sistema de prestaciones que habría de repercutir negativamente en otros sistemas de protección social. Agrega que la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en la legislación, adelanta el pago de las prestaciones por desempleo, aun cuando en el presupuesto del Inem no existiera crédito suficiente.
Señala posteriormente que éste es el tercer Decreto-ley que con el mismo objeto se presenta a la Cámara durante este año, y la diferencia fundamental es que esta vez el Real Decreto- ley no pretende regularizar las insuficiencias de ejercicios precedentes, sino dotar de suficiencia al organismo en el mismo ejercicio al que corresponden los créditos para atender a las necesidades reales del sistema de protección por desempleo. En cuanto a las causas que han provocado esta situación piensa que están en la mente de los señores Diputados, y tuvo ocasión de exponerlas en su intervención del pasado 28 de octubre, en la que ya anunció la presentación de este suplemento que hoy les ocupa. La crisis económica y sus repercusiones en relación con la caída del empleo, así como la disminución de la capacidad contributiva de las empresas y una caída de la población cotizante provocan un mayor coste de las prestaciones y una disminución de las cotizaciones sociales que cofinancian el sistema. Por otro lado, la crisis económica ha coincidido temporalmente con la mayor ampliación de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo que se ha registrado en su Ministerio, pasando de un 35 por ciento de cobertura en 1985 a casi el 80 por ciento en 1993. Estas son realidades que inciden en estos momentos sobre el equilibrio financiero del sistema y contribuyen a esta situación de desfase presupuestario.


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Añade el señor Ministro que, para racionalizar el sistema de protección por desempleo ajustando el gasto a la capacidad financiera existente en un contexto de crisis como el que vivimos, el Gobierno promulgó el Real Decreto-ley 1/1992, cuyos efectos se están sintiendo actualmente y se sentirán aún más en el futuro inmediato. Dichas medidas han supuesto, en su primer año de aplicación, una minoración del gasto en unos 300.000 millones de pesetas, sin alterar el nivel de intensidad de la protección.
Termina señalando el señor Ministro que con el Decreto-ley que hoy se somete a la Cámara cierran un ciclo de saneamiento de las insuficiencias crediticias del Inem y se comenzará el ejercicio de 1994 con las cuentas a cero y con los instrumentos legales que le deben permitir cumplir con la acción protectora, asegurando al mismo tiempo el equilibrio financiero y presupuestario. Anuncia la adopción de otras medidas simultáneas para asegurar la viabilidad del sistema, solicitando la convalidación del Real Decreto-ley 17/1993, que forma parte de un plan global que pretende precisamente la estabilidad financiera y la consolidación de nuestro sistema de protección social. En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Peralta Ortega, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Aparicio Pérez, del Grupo Popular, y Almunia Amann, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 183 votos a favor, uno en contra y 128 abstenciones.
Asimismo se somete a votación la tramitación del Real Decreto- ley como proyecto de ley, siendo rechazada por 130 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones.


Enmiendas del Senado (Página 1827)

Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales (Página 1827)

Para fijación de posiciones intervienen los señores Robles Orozco, del Grupo Popular, y Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Romero López, del Grupo Socialista, y el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV).
Sometidas a votación, se aprueban las enmiendas del Senado a este proyecto de ley por 308 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento (Página 1830)

Comparecencia de Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para exponer y debatir la posición del Gobierno español y de la Unión Europea sobre las repercusiones para España y la Unión Europea de la posible finalización de la Ronda Uruguay del GATT, con especial atención a los aspectos agrícolas, culturales y de servicios (Página 1830)

Interviene el señor Vicepresidente del Gobierno (Serra Serra), manifestando que comparece ante la Cámara para informar sobre el contenido del acuerdo final de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT y evaluar de una manera general las implicaciones de la misma para nuestro país. Expone que esta Ronda, la más larga de la historia del GATT, constituye el impulso más liberalizador y ambicioso acometido a nivel multilateral desde la entrada en vigor del GATT en 1948, no sólo porque aborda campos hasta ahora excluidos del proceso liberalizador del GATT, como el capítulo agrícola o el sector servicios, sino porque supone la consolidación institucional de la nueva organización mundial de comercio y cuyo fin es procurar que la liberalización de los intercambios no sea puesto en peligro por prácticas desleales en el ámbito de los intercambios del comercio mundial. Señala que la dilatación de las negociaciones ha hecho coincidir la última etapa de las mismas con la fase más baja del ciclo depresivo que atraviesa la economía mundial, circunstancia que ha dificultado la conclusión del acuerdo, al suscitarse resistencias por parte de los sectores y grupos sociales más afectados a corto plazo por las medidas liberalizadoras. Sin embargo, cree que el resultado final ha valido la pena.
Añade el señor Vicepresidente del Gobierno que, como en todo proceso negociador complejo, nadie obtiene de forma completa todo lo que desea, pero aun así el punto de convergencia mundial acostumbra a ser, con mucho, preferible a la situación de partida. El resultado es razonable y beneficioso para todas las partes contratantes y con este acuerdo

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disponemos hoy de un marco internacional adecuado para que el comercio se intensifique y con él la riqueza y el empleo de todos los países y del nuestro en particular.
Seguidamente expone diversas consideraciones en torno al comercio mundial y los problemas que hubieran podido derivarse para el mismo de no alcanzarse el reciente acuerdo, fundamentalmente por la proliferación de prácticas proteccionistas, informando a continuación sobre las características de las negociaciones de la Ronda Uruguay, que dividió su trabajo en 14 grupos o capítulos, que muestra bien a las claras la ambición de las negociaciones. Analiza cada uno de los principales capítulos de la negociación, indicando la repercusión de los resultados obtenidos para nuestro país, y también para la Unión Europea, y concluye afirmando que la Ronda Uruguay abre un nuevo y amplio mercado a nuestros productos, que puede y debe ser aprovechado. El Gobierno, junto a los demás miembros de la Unión Europea, ha tratado de conseguir con este acuerdo el marco legal necesario para que este aprovechamiento sea una realidad y va a seguir trabajando para perfeccionarlo en todos los aspectos posibles, pero será la empresa, en último término, la que deba hacer frente de forma efectiva al reto planteado, mejorando su productividad, ampliando y consolidando sus redes comerciales y haciéndose internacionalmente más competitiva. Puede afirmar que los resultados obtenidos en los seis sectores que centraban nuestro interés han sido satisfactorios para España, como positivos han sido los resultados a nivel colectivo para la Unión Europea. En turno de fijación de posiciones intervienen los señores De Rato Figaredo, del Grupo Popular; EspasaOliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Molins i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; la señora Rahola i Martínez y el señor González Lizondo, del Grupo Mixto, y Solchaga Catalán, del Grupo Socialista. Para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios interviene de nuevo, en nombre del Gobierno, el señor Vicepresidente del Gobierno (Serra i Serra).
Replican los señores De Rato Figaredo, Solchaga Catalán, Espasa Oliver, Molins i Amat y González Lizondo, duplicando el señor Vicepresidente del Gobierno.
Se levanta la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY:

--REAL DECRETO-LEY 19/1993, DE 10 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA CINEMATOGRAFIA (Número de expediente 130/000008)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día convalidación o derogación de reales decretos-Leyes. En primer lugar, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre, de medidas urgentes para la cinematografía.
Para la presentación del Real Decreto-ley, tiene la palabra la señora Ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Señor Presidente, señorías, no parece necesario a estas alturas explicar que la cinematografía española atraviesa, desde hace algunos años, una crisis motivada por causas variadas y conocidas de orden social y tecnológico. Esta situación, que sin duda exige la intervención de los poderes públicos, se ha visto acentuada en los últimos tiempos por dos circunstancias que han exigido que se dictara el Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre, de medidas urgentes para la cinematografía. Por una parte, la urgencia de tomar posiciones claras ante la negociación del GATT, en sintonía con la sensibilidad europea, manifestada en el informal Consejo de Ministros de Cultura y del Audiovisual, celebrada en Mons los días 4 y 5 del pasado mes de octubre, así como en sucesivos... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento señora Ministra, por favor.
Señorías, es imposible escuchar lo que se dice desde la tribuna si no colaboran guardando silencio. Les ruego, por favor, que ocupen sus escaños y guarden silencio.
Cuando quiera puede continuar, señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): ...así como --decía-- en sucesivos foros europeos en los que el Gobierno español y la mayoría de los Gobiernos de los estados de la Unión pusieron de manifiesto la prioridad de defender la identidad cultural europea mediante la inclusión de lo que se ha denominado cláusula de excepción cultural en los acuerdos GATT. A la urgencia anterior se añade la de equiparar el Derecho español al europeo, y en concreto la Ley 3/1980,

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de 10 de enero, de regulación de cuotas de pantalla y distribución cinematográfica, tal y como ha fallado la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1993, que al anular el Real Decreto legislativo 1.257/1986, de 13 de junio, en lo relativo a la redacción dada al apartado 2, del artículo 3, de la Ley 3/1980, que regula las licencias de doblaje, deja en vigor la redacción primitiva de la Ley 3/1980, que discrimina al cine europeo en relación al cine español. Dicha sentencia del Tribunal Supremo sigue la doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1993, que declara taxativamente que son contrarias al Tratado las normas nacionales que reserven la concesión de licencias de doblaje de películas procedentes de terceros países a alguna lengua oficial nacional a los distribuidores que se comprometen a distribuir películas nacionales. Esta exigencia de equiparar la Ley española 3/1980 al Derecho europeo ha sido también recordada reiteradamente por la Comisión Europea.
Los razonamientos anteriores acreditan la urgencia de las mencionadas medidas, pero esto no significa que el Decreto-ley que traemos a convalidar se haya dictado con precipitación. En efecto, desde hace más de un año, el Gobierno trabajaba en la línea apuntada. Así, el 20 de enero de 1993 --hace ahora 11 meses--, se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes el proyecto de ley de modificación de la Ley 3/1980, que decayó por la convocatoria de elecciones. Dicho proyecto de ley modificaba la Ley 3/1980 para adaptarla al Derecho comunitario, eliminando el diferente trato que se daba a las películas españolas en relación al resto de las películas comunitarias. Además, este proyecto de ley a que más adelante me referiré preserva íntegramente el sistema de cuotas de pantalla y modifica el de licencias de doblaje.
Señorías, he hecho referencia a los antecedentes porque cuotas de pantalla y licencias de doblaje integran el sistema de protección del cine español desde hace décadas, no son una invención del Decreto-ley. Lo que ha hecho es adaptar nuestro Derecho al Derecho comunitario y, haciéndolo, ha sentado las bases para afrontar los retos inaplazables que tiene el audiovisual español.
Afirmado lo anterior, quiero inmediatamente decir cuáles son los objetivos del Decreto-ley 19/1993. En primer lugar, trata de preservar nuestro espacio cultural en el contexto europeo.
En segundo lugar, se propone el fortalecimiento de la industria audiovisual y, por consiguiente, del empleo, la proyección de los diversos profesionales que la integran, y todo ello en una estrategia cultural que se concibe en el marco más amplio del desarrollo del Decreto-Ley y en el plan integral en que vienen trabajando varios Ministerios desde hace más de un año también. En tercer lugar, se pretende introducir mecanismos correctores en el mercado que lo hagan más libre, pues esa libertad está hoy mermada en algunos de los subsectores que integran el audiovisual. Finalmente, el Decreto-Ley inicia la Vía de liberalización del sector, ponderada, calculada, compaginando dicho proceso de liberalización junto a la previsión de medidas de fomento que hagan posible el fortalecimiento del cine español, que es el objetivo fundamental del Decreto-ley, fomento de todos sus sectores, en la medida, insisto, en que son una manifestación capital de nuestra cultura.
Para comprender en sus justos términos el contenido del Decreto-ley es necesario tener en cuenta un conjunto de datos, entre los que quiero destacar los siguientes. Primero, de la recaudación total de taquilla, el cine español obtiene el 9 por ciento, el cine norteamericano el 77 por ciento y el resto, es decir, el 14 por ciento, se reparte entre los países comunitarios y otros terceros países. Segundo, el número de salas de cine ha pasado de 4.096 en 1980 a 1.807 en 1993, y el número de espectadores, respectivamente, de 176 millones a 83 millones. Tercero, nuestra producción cinematográfica ha pasado de 118 películas en 1980 a 52 en 1993. Cuarto, el coste medio de producción de las películas españolas es el más bajo de su entorno competitivo: 204 millones, menos del 50 por ciento del francés --468 millones--, menos que el italiano - -299 millones--, y diez veces menor que el coste medio de las películas producidas por las multinacionales americanas.
Quinto, el sector de la distribución está en la actualidad controlado por las multinacionales americanas, situación de posición dominante que ha producido como efecto que los exhibidores no tengan total libertad para programar su cartelera.
Estos factores, entre los que destacan el dominio del mercado de la distribución por las multinacionales norteamericanas y la baja inversión en el sector, han llevado al cine español de una cuota de mercado del 22 al 9 por ciento actual en poco más de una década.
No obstante lo dicho, es preciso señalar que la inversión del Estado en subvenciones anticipadas en los últimos nueve años, que ha cumplido la legislación que ahora modificamos, no ha llegado a los 14.000 millones, cuando, por ejemplo, en Francia la inversión pública anual supera los 30.000 millones. Este apoyo a la cinematografía ha situado al vecino país como segunda potencia cinematográfica en el mundo.
Con la inversión pública española citada hemos producido 323 películas, con una distribución no precisamente favorable dichas películas han recaudado más de 17.000 millones de pesetas, y más del 10 por ciento de las películas subvencionadas han obtenido premios internacionales, concretamente 38. Es decir, nuestra industria audiovisual no en vano está entre la cuarta y quinta industrias audiovisuales del mundo y ocupa los primeros lugares de aceptación en muchos países iberoamericanos. Sirva Argentina como ejemplo, en que

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el cine español supera en aceptación al propio de aquel país.
Las descalificaciones que se han escuchado sobre nuestra cinematografía, que elevan a regla la excepción y a excepción la regla, además de irresponsables no son merecidas por nuestros actores, directores, guionistas técnicos, etcétera, que hacen el cine español. El Decreto-ley se propone no sólo mantener la posición que tiene el cine español, sino introducir una inflexión en el proceso de modo que se fortalezca e incremente su peso en el mercado internacional.
Para ello, como más adelante expondré, se actúa en dos coordenadas: por una parte, liberalización paulatina del sistema, y, de otra, medidas de fomento.
Antes de entrar en la explicación del articulado del Decreto- ley conviene hacer una breve referencia de lo sucedido en Europa en los últimos meses. La reunión de Ministros de Cultura y del Audiovisual, celebrada en la ciudad belga de Mons los días 4 y 5 de octubre de 1993, marca un importante hito en la concepción de la cultura audiovisual. Los responsables europeos reconocimos al menos dos cosas: en primer lugar, que la identidad cultural de las naciones que integran Europa debe ser preservada y, además, que la cultura tiene como principal instrumento para su promoción y preservación a los medios audiovisuales. Cine y televisión son instrumentos versátiles y sus productos, fácilmente transportables, suponen la existencia de importantes industrias, tecnologías, creatividad literaria, actividades comerciales, etcétera. Por ello, el control de las medidas audiovisuales equivale, y equivaldrá todavía más en el futuro, al control de la cultura. En el tramo final de la negociación del GATT los Estados de la Unión Europea han sido capaces de reaccionar y el audiovisual ha quedado excluido. El Gobierno español ha tenido un cierto grado de responsabilidad en esta exclusión, poniendo de manifiesto una postura firme de defensa de nuestra identidad cultural en todos los foros de un modo sistemático y metódico. Por eso, señorías, no es coherente invocar la libertad de los ciudadanos contra nuestra cultura.
Nuestro audiovisual necesita apoyo porque los soportes empresariales de su industria no son lo sólidos que el mercado internacional exige. No debemos renunciar a que nuestras ciudades, nuestros paisajes, nuestros actores, nuestras costumbres se vean reflejadas en el futuro en las pantallas.
Pero, señorías, ni los españoles ni nuestro sistema son absolutamente proteccionistas. ¿Cómo podríamos serlo y alcanzar el cine americano una cuota del 77 por ciento del mercado español? No me cabe duda de que la defensa de nuestra cultura es compatible con nuestra capacidad para estar abiertos y recibir libremente otras culturas.
Centrando nuestra reflexión en el contenido del Decreto-ley hay que decir que éste ha flexibilizado la cuota de pantalla en relación no sólo a la Ley 3/1980 y el Real Decreto legislativo 1.257/1986, de 13 de junio, sino que la ha flexibilizado en relación al proyecto de ley de reforma de la Ley 3/1980, que entró en esta Cámara el 20 de enero de 1993.
Este proyecto, que como he dicho decayó por la convocatoria anticipada de elecciones generales, mantenía íntegramente la cuota de pantalla de la reforma de 1986. Ninguna enmienda cuestionó el mantenimiento de esa cuota de pantalla de un día de cine comunitario por dos de cine de terceros países; es decir, 244 días de cine de terceros países por 121 días de cine español y comunitario. Ningún sector del cine español impugnó, repito, la cuota de pantalla. Ahora se liberaliza esa cuota para las ciudades menores de 125.000 habitantes, llegándose a la proporción de un día de cine comunitario por tres de cine de terceros países; es decir, 273 días de cine de terceros países por 92 días de cine comunitario. Finalmente, se facilita el cumplimiento de la cuota en los multicines, que podrán concentrar esa cuota de pantalla en cine comunitario en una de sus salas. A esta flexibilización se ha llegado tras largas conversaciones también con los exhibidores. Debe señalarse que sólo los países que han mantenido la cuota de pantalla, como Francia e Italia, han sobrevivido al cine norteamericano. Véase, si no, el efecto demoledor que produjo en el cine inglés, que instauró la cuota de pantalla en 1927, la supresión de esta cuota por la señora Thatcher. Por lo que se refiere a las licencias de doblaje, puede decirse lo mismo.
El proyecto de ley mencionado cambiaba el sistema hasta ahora vigente, exigiendo, para obtener la primera licencia, que se acreditara que la película española lograba unos ingresos brutos de taquilla de 20 millones de pesetas. Esta modificación tampoco fue puesta en cuestión cuando se presentó el proyecto de ley a que me he referido anteriormente. Ahora se mantiene la exigencia de unos ingresos en taquilla de 20 millones, pero al eliminar la discriminación que persistía para las películas comunitarias no españolas, se facilita considerablemente la obtención de dicha recaudación calculada por el Ministerio tan sólo en base al cine español. Del mismo modo, la segunda licencia se obtenía con 50 millones, y ahora se obtiene también con 50 millones, sólo que se ha regulado más allá, adaptándola a las necesidades del mercado y a la realidad autonómica.
El sistema de licencias de doblaje que contiene el Decreto-ley evitará los efectos perversos a que había conducido la obtención de licencias de doblaje a la sola contratación de una película española para su distribución: por una parte, el sobreabastecimiento del mercado en que existe una bolsa de 180 licencias de doblaje sin aplicar; por otra parte, la producción de múltiples películas de dudosa calidad que en algunos casos no han llegado ni siquiera a estrenarse.


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Es decir, que el Decreto-ley que presentó mantiene, mejora y flexibiliza todos sus precedentes en lo relativo a cuotas de pantalla y licencias de doblaje. Incluso en el apartado de las sanciones, la previsión máxima de 25 millones que contenía el proyecto de ley a que me he referido se ha reducido a diez millones. Finalmente, el proceso de liberalización emprendido se constata por la circunstancia de que el Decreto-ley establezca una vigencia máxima de cinco años para las licencias de doblaje. Dicho lo anterior, puedo afirmar rotundamente que es posible el cumplimiento de la cuota de pantalla, pues la que regía hasta la fecha, más rigurosa que la del Decreto-ley, era cumplida mayoritariamente por los empresarios. Por otra parte, no existe riesgo de desabastecimiento del mercado porque, como he dicho, hay una bolsa de 180 licencias sin aplicar y al menos otras 80 que anualmente generará el cine comunitario. Pero en el caso de que por circunstancias sobrevenidas se produjeran alteraciones de lo previsto, el Decreto-ley habilita al Gobierno para modificar cuotas y porcentajes y adaptarlos a la realidad cambiante.
Señorías, como les decía inicialmente, es necesario combinar la liberalización paulatina del sistema --hacerlo de golpe sería irresponsable-- con medidas de fomento que hagan posible el fortalecimiento, también paulatino, de la industria cinematográfica española. En esa línea, el Decreto-ley, tras clarificar los conceptos de obra audiovisual europea y obra cinematográfica comunitaria, ha dado cobertura legal a la posibilidad de que el Gobierno instrumente procedimientos que faciliten el acceso al crédito, conceda ayudas y subvenciones al conjunto de actividades audiovisuales, les dé el apoyo fiscal necesario, promueva la cinematografía en el interior y exterior de España, impulse la formación de los profesionales del audiovisual y haga todo esto directamente o mediante convenios de cooperación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Finalmente, ha introducido el principio de coproducción de las televisiones públicas y privadas con los productores independientes, colaboración que, por cierto, se estaba ya produciendo y que puede ser un factor de impulso y desarrollo extraordinario de nuestra cinematografía.
Por lo demás, este principio se desarrollará en el futuro y se hará previa consulta a las televisiones públicas y privadas y con respeto a los compromisos contractuales adquiridos.
Señorías, la defensa y promoción del cine español se hace fomentando dicho cine y viéndolo, no impidiendo el acceso a las salas cinematográficas a los ciudadanos, que son los destinatarios finales de estas medidas. Creo que convalidando este Decreto-ley podemos producir una notable inflexión en el proceso de crisis que soporta el cine español y con ello colaborar decididamente en preservar una parcela muy importante de nuestra cultura. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Para turno en contra, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, la urgencia que motivó la aprobación del Real Decreto-ley que hoy viene para su convalidacicón no existe desde el momento en que lo audiovisual ha quedado fuera del GATT. Sólo la tramitación como proyecto de ley subsanará este defecto. Sin embargo, podemos aprovechar esta falta de urgencia para hacer las cosas correctamente, tratando a fondo, con un debate en el que la opinión pública sepa bien de qué estamos hablando, todas las cuestiones que hacen que la situación actual de nuestro cine sea desastrosa.
Proponemos, señor Presidente, que se retire este proyecto improvisado, que cojea de los dos pies, y nos pongamos manos a la obra a la inaplazable revisión legislativa de la política cinematográfica. Porque, señor Presidente, no se puede consentir, ni por un momento, que los españoles piensen que son los mismos creadores españoles los causantes de esta situación; ha sido la política de los gobiernos socialistas, que ahora pretenden continuar chapuceramente, la que ha colocado al cine español, al cine que han creado españoles como Segundo de Chomón, Luis Buñuel, Luis García Berlanga, Carlos Saura, José Luis Garci, Fernando Trueba, Fernando Colomo o Pedro Almodóvar, por citar sólo algunos de los más representativos de nuestros autores, al borde mismo de la desaparición. Es su política la que amenaza con jubilar anticipadamente la aportación española a lo que Julián Marías ha calificado en varias ocasiones como el arte característico de nuestra época.
Ya sin urgencia, el Gobierno, si es que de verdad tiene voluntad de arreglar la situación del cine español, puede traer a la Cámara un texto nuevo, más pensado, que se perfeccione en el Parlamento escuchando a todos, y no sólo a algunos, y que se decida aquí, en el Parlamento, con luz y taquígrafos, y no mediante decretos a los que se llega en negociaciones difícilmente confesables.
Denunciamos, señor presidente, que se pretenda presentar a la opinión este Real Decreto-ley como el acuerdo entre un gobierno bienintencionado y los protagonistas del sector, negociando sólo con algunos y olvidando a quienes en cualquier caso tendrán algo que decir.
Hay que sacar adelante una regulación que cuente con un amplio acuerdo parlamentario, que nosotros ofrecemos y que el cine español necesita para no estar sujeto a los vaivenes de los cambios políticos.


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Señor Presidente, el cine español necesita menos política, y en cualquier caso otra distinta; una política diferente de la que ha creado la situación que la señora Ministra ha descrito, aunque sólo parcialmente. Por eso es imposible que votemos a favor de medidas que han traído... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cortés. (Pausa.) Cuando quiera puede continuar su señoría.


El señor CORTES MARTIN: Por eso decía, señor Presidente, que es imposible que votemos a favor de medidas que han traído la decadencia y traerán la aniquilación del cine español.
Queremos ayudar a ese cine español, y esta ley, que es más de lo mismo, puede acabar con él.
La primera ayuda que necesita el cine español es liberarle de la política socialista. (Rumores.) La señora Ministra ha dicho que nuestro cine necesita... (Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) Señorías, vamos a ver los datos y entonces contaremos las cosas. (Grandes rumores en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Continúe, señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: La señora Ministra ha dicho que el cine español necesita protección. Nosotros creemos que, además, necesita libertad y fortaleza, necesita recuperarse de su condición de actividad cultural marginalizada y alcanzar de nuevo la condición de fábrica de ilusiones que sólo puede lograrse con una industria sólida, con una financiación suficiente y con respeto a las preferencias del supremo juez que, en materia de espectáculos, siempre ha sido y seguirá siendo el público. La señora Ministra en su intervención ha evitado cuidadosamente preguntarse cómo se ha llegado a una situación de auténtica emergencia, como ella misma ha dicho, y hay que reconocerle el acierto en el análisis. Esta reflexión, sin embargo, aunque me imagino que muy incómoda para las bancadas socialistas, es absolutamente necesaria si queremos de verdad tomar medidas que ayuden a la cinematografía española en su conjunto, incluidos los aficionados al cine, tanto los efectivos como los potenciales que se han perdido en estos años. Y como la señora Ministra no quiere hacer balance, pretende colocarnos una de esas malas películas de buenos y malos en la que el caballo del malo, por una vez no el más lento, es el cine americano, aparentando olvidar que once años de política socialista pueden acabar con cualquier cosa y son la causa principal de la situación en la que se halla el cine español. Es la política que ha venido siguiendo el Ministerio de Cultura la que ha expulsado a los espectadores de los cines. Son las medidas presuntamente protectoras las que han ahogado la producción nacional. Nuestro problema no consiste en que las carteleras estén llenas de películas norteamericanas, sino en que cada vez hay menos espectadores en las salas y en que el cine español, con la fórmula que ustedes han auspiciado, está perdiendo su parte del pastel.
Doy cifras, señor Presidente, del propio Ministerio de Cultura. Tenemos otras, pero sólo vamos a usar las del propio Ministerio de Cultura. Algunas ya las ha dicho la señora Ministra, pero en otro contexto. De 176 millones de espectadores en 1980, se ha pasado a 78, en 1990; de 176 a 78.
El número de salas en el mismo período y gracias a esta acertada política cultural, ha pasado de 4.096 a 1.773. La producción de películas no muestra datos mejores. La fuente sigue siendo el propio Ministerio de Cultura. En 1982, antes de su llegada al poder, se producían en España 146 películas, en el año 1990 se producen 47. (Rumores.) Y con estos resultados lo que se propone ahora es más de lo mismo, con lo que el enfermo puede morir de una sobredosis, a menos que el buen sentido de la Cámara libere al cine español de la política del Ministerio de Cultura.
¿Cuáles son los problemas del cine español a los que hay que procurar remedio? Se podrá decir que el cine español necesita dinero, y estamos de acuerdo en ello, pero la Cámara y la opinión pública tienen que saber que el cine español ha recibido no lo que ha dicho la señora Ministra, sino más de 35.000 millones de pesetas en estos once años del bolsillo del contribuyente. Vuelvo a citar datos del propio Ministerio, fuentes del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Lo que no me explico es quién le ha hecho la chuleta que ha leído la señora Ministra, porque sus propios datos dicen que son 35.000 millones de pesetas. (Rumores.) El hecho de que sea dinero público, señor Presidente, es lo que nos fuerza a preguntarnos por el destino que se ha dado a ese dinero, porque resulta muy alarmante, y debe hacer reflexionar a la Cámara, incluido el Grupo Socialista, que desde que ustedes gobiernan, cuanto más dinero público se da al cine español con ese procedimiento, se producen menos películas y menos espectadores acuden a ver las películas españolas, las que llegan a estrenarse, porque aunque cueste creerlo, el Ministerio de Cultura ha estado subvencionando con muchos millones de pesetas películas que ni siquiera se han llegado a estrenar. Lo dice el informe editado por el propio Ministerio, en su página 28: Entre 1982 y 1991, de las 714 películas producidas, 72 ni tan siquiera llegaron a estrenarse. Estas son las consecuencias de esta política cultural de la que parece que ustedes se sienten tan orgullosos. Otras muchas se han estrenado, pero han estado en cartel un par de días en un cine de provincias. Hay ejemplos muy recientes, en documentación

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oficial del propio Ministerio del año 1992 se cuentan muchos casos, entre otros, por ejemplo, el de una película que ha recibido 50 millones de subvención y ha recaudado en taquilla 13.800 pesetas; es decir, ha contado con treinta espectadores.
Eso es lo que resulta cuando se divide por 500 pesetas, que es lo que viene a costar una entrada.
Pero no es sólo una política de subvenciones equivocada, que se dan anticipada y arbitrariamente al proyecto que juzga el Ministerio y no al que juzga el público, la que ha perjudicado la buena salud de un sector que sin duda es vital para la imagen que los españoles nos hacemos de nosotros mismos. La Cámara, y a su través la opinión pública, tiene que saber que también se ha exigido la distribución del cine español mediante licencias de doblaje que sólo existen en España y en Nigeria. La Señora Ministra ha dicho que se quería homologar la situación española con la europea. En ningún país de la Comunidad Europea existe semejante aberración. Sólo existen en España y en Nigeria y reto a la señora Ministra a que nos dé algún otro ejemplo de dónde existen las licencias de doblaje.
¿Entraríaen la cabeza de alguien que hiciera falta una licencia para traducir un libro? Pues en la España de fin de siglo, con Gobierno socialista, hace falta licencia para doblar una película y probablemente ni siquiera el Gobierno sabe bien hasta dónde nos puede llevar esta aberración en manos de los que creen en la ingeniería social para modelar las sociedades a su modo. (Rumores.) Esta medida de las licencias de doblaje, medida con la que se pretendía proteger al cine español, ha tenido un efecto perverso, como suele ocurrir con los aprendices de brujo metidos a reguladores. Uno de los problemas del cine español --lo ha dicho la señora Ministra-- es que hoy apenas existe un sector de la distribución nacional, con las consiguientes dificultades para distribuir las películas españolas. Sin embargo, en los años setenta había distribuidoras españolas, que hacían razonablemente su trabajo y convivían con las distribuidoras norteamericanas que se ocupaban de sus propias películas. Hasta que se empezaron a exigir las licencias de doblaje. Las grandes compañías estadounidenses se vieron obligadas a distribuir películas para poder distribuir dobladas, que es como las quieren ver los españoles, las películas que eran las únicas que les interesaban. Las distribuidoras españolas se quedaron sin mercado y desaparecieron al no poder competir con las grandes, pero no por culpa del mercado, sino por culpa del intervencionismo del Ministerio de Cultura que entonces contó con el respaldo de algunos que hoy son sus potenciales víctimas. El Ministerio de Cultura actúa en este caso como el bombero pirómano que primero causa el problema para que así esté justificada la intervención y, luego, quiere apagar el incendio con gasolina.
Podría volver a citar los propios papeles del Ministerio de Cultura, pero voy a acudir a una resolución del Tribunal de la Competencia, que el 2 de marzo de 1990 dice exactamente lo que estoy diciendo en estos momentos: que es el sistema implantado por el Ministerio de Cultura el que ha creado esas situaciones de dominio que decía la señora Ministra.
Pues bien, la situación se agravará más si sigue adelante el artículo 6.º del Real Decreto-ley. Existe una situación de dominio, lo ha reconocido la señora Ministra y, sin embargo, la señora Ministra, que por su formación seguro que sabe algo de derecho de la competencia, no introduce en el Real Decreto- ley ninguna medida que vaya contra esta situación indeseable.
Probablemente tampoco la necesitaba y le bastaría con que se hiciese cumplir la Ley de Defensa de la Competencia. Si esas prácticas se siguen produciendo la señora Ministra podría acudir al Tribunal de Defensa de la Competencia, como hacen sus colegas de Gobierno cuando quieren perseguir a afanosos dentistas o a laboriosos abogados.
También podría la señora Ministra --y ya nos explicará por qué no lo hace--, en el supuesto de que exista esta situación de dominio que aquí mismo ha reconocido y figurará en el «Diario de Sesiones», advertir al servicio de Defensa de la Competencia para que vigile al sector cinematográfico, como dice el propio Tribunal de Defensa de la Competencia en su resolución de 2 de marzo de 1990.
Esta es la situación, señor Presidente. Compartimos con la señora Ministra el reconocimiento al talento de los artistas y creadores españoles, pero creemos que ese talento se puede pervertir cuando en vez de orientarse a buscar el aplauso del público tiene que dirigirse a conseguir los favores del partido en el poder. Llamemos a las cosas por su nombre, lo que pretenden montar es un PER cultural, su política no va dirigida a ayudar al cine español, sino a crear una clientela.
En el Partido Popular, por el contrario, queremos ayudar al cine español, devolverle a los espectadores liberándole de los controles y las servidumbres de los políticos, hoy del PSOE y por supuesto también mañana de los nuestros.
Como todas sus fechorías, pretenden cubrir ésta con ropajes nobles, el de esta vez es la defensa de la identidad nacional.
Hay que alegrarse, señor Presidente, de que los viejos internacionalistas se hagan defensores de la identidades culturales particulares, tanto de las que existen, caso de la española, como de las que no están tan claras, como es el caso de la europea. Pero, al igual que no supieron hacer internacionalismo, ahora tampoco saben defender la identidad nacional. A la ignorancia de entonces sucede el oportunismo de hoy.
Todo lo que se les ha ocurrido es traducir lo que hacen en Francia y pactar las medidas con los que niegan la existencia de una identidad cultural española y

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actúan en consecuencia. Ni España es Francia, señora Ministra, ni Argentina es Senegal, ni Méjico es Camerún. A Francia le interesa el marco europeo dentro del cual ella es hegemónica y fuera del cual la comunidad francófona sólo es receptora. Pero no es ese nuestro caso. ¿Nos puede decir la señora Ministra cuánto cine español se ve en Francia, por no hablar de Holanda o de Dinamarca? Sin embargo, nuestros artistas, nuestros directores, son conocidos en los países hispanoamericanos y muchos triunfan allí, como les ocurre a los de allí aquí. Al año siguiente de la celebración del V Centenario del Descubrimiento, el Gobierno de España considera prioritaria culturalmente una coproducción hispano-holandesa frente a una hispano-venezolana. En el Partido Popular, señor Presidente, pensamos que hay que ayudar a la cinematografía, pero no creemos que el dinero de los contribuyentes y la libertad de elegir de los consumidores deba ponerse al servicio de los mecanismos clientelares del Partido Socialista hundiendo al mismo tiempo al cine español. Hay que ayudar al cine no sólo para que sea económicamente posible, sino para que siéndolo sea también del agrado de los espectadores. Queremos un plan del cine que contemple todo el problema y no sólo una parte y de la peor manera posible; un plan que haciendo al cine económicamente viable devuelva las películas a los espectadores y la industria a los productores profesionales y no a los amiguetes de ocasión. Un proyecto de ley nuevo, que incluya todas las medidas que el cine necesita, a algunas de las cuales la señora Ministra, cuando con una audacia próxima a la temeridad, se comprometió con un amplio surtido de 25 reformas. Sucede, sin embargo, que las más interesantes se las han quitado en la mesa del Consejo de Ministros, porque allí les importa poco el cine, pero no voy a negar que de política entienden algo.
Con el objetivo último de la autofinanciación, que es lo que quiere el sector y a lo que debemos aspirar todos, hay que contemplar beneficios fiscales, apoyo a la exportación aprovechando la red exterior de promoción cultural de la cultura española, amortizaciones, acceso al crédito, regulación de la competencia para impedir situaciones de dominio indeseables desde todo punto de vista. Hay que liberar al cine español de tasas e impuestos de todo tipo que entorpecen su labor; una regulación que contemple toda la realidad audiovisual. El vídeo, el satélite y el cable tienen que tenerse en cuenta también en esta regulación, cosa que no hacen en las medidas urgentes que trae la señora Ministra. Para que estas condiciones tenga estabilidad deben figurar en una ley. Queremos un marco estable para que sea posible recrear la industria del cine, que necesita seguridad y no que cambien las condiciones cada vez que cambia la Directora General o el Ministro deturno o que cambie la mayoría parlamentaria, como va a suceder próximamente. (Rumores.) Estas medidas deben estar al servicio de los espectadores, no sólo porque son la representación más aproximada de los contribuyentes, sino porque sin ellos el cine español no podrá existir. Sin embargo, las medidas que propone no tienen en cuenta la opinión de los espectadores, porque ustedes no buscan un cine de calidad, que es la mejor garantía de su futuro, sino mantener y acrecentar clientelas. Quieren que las ayudas públicas las siga decidiendo el Ministerio y no el público. Una película recibirá o no dinero en función de la amistad o el compromiso con el gobernante de turno y si se va a reuniones del Círculo de Bellas Artes con Felipe González a uno le va mejor que si se queda en su casa (Un señor Diputado: ¡Ya está bien de enchufes!) Esto y no otra cosa es lo que ustedes buscan y si no, cambien el sistema de subvenciones, vayan al sistema automático que nosotros proponemos y que quiere el sector, como dice el informe de Procine; vayan adelante con la informatización de las taquillas, que han parado este año precisamente para decir que son necesarias estas otras medidas y acudir a las subvenciones anticipadas y arbitrarias, que han sido las principales responsables de la actual situación del cine español, aunque se haya beneficiado de ellas el Partido Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, le ruego que concluya.


El señor CORTES MARTIN: Termino, señor Presidente.
Hay que cambiar la política cultural del Partido Socialista porque hemos visto dónde nos ha llevado. En 1982 se intuía, pero ahora ya hay evidencias y los datos de la señora Ministra han coincidido con los nuestros. Hay que decir que la ayuda al cine español debe contemplar la libertad de elegir de los espectores, pero también la de los actores, los directores y los productores explicando que en el juego de la libertad no ganan unos para que pierdan otros; no es un juego de suma cero. Perderán, sí, aquellos que sólo tienen habilidad para ganar el favor de los políticos y que aburren al cinéfilo más impenitente y patriótico. Perderán también los políticos que para mantenerse necesitan tener enganchados apoyos que de no ser así habrían perdido. Pero, señor Presidente, señoras y señores Diputados, bienvenidas sean esas pérdidas. Ganarán los espectadores, los que quedan y los que volverán a serlo porque tendrán más posibilidades y podrán disfrutar de un cine de acuerdo con sus gustos libres y plurales. Ganarán los contribuyentes, que verán que se hace un buen uso de sus impuestos. Ganarán los actores, los directores, los productores, que estarán en condiciones de crear y actuar

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contando con el reconocimiento público a su talento y no con el agradecimiento oficial condicionado a su apoyo o a su silencio en la crítica. Ganará incluso ese sector del Partido Socialista que quiere regenerar sus modos de actuar, evitando prácticas que conducen inexorablemente a la corrupción, y ganará el cine español, porque un cine sin espectadores no tiene futuro. Y ese es el drama de nuestra situación actual, a la que hemos llegado por una política disparatada que tenemos que cambiar.
El Partido Popular, señor Presidente, no va a cambiar. Ustedes tienen la palabra. (Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés. ¿Turno a favor de la convalidación? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Clotas.


El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la convalidación de este Real Decreto-ley de medidas de apoyo a la cinematografía comunitaria se produce en momentos que yo calificaría de serenidad y de esperanza. De serenidad y de esperanza porque a pesar de los problemas que aquejan a la cinematografía europea y española, como muy bien y con gran rigor y detalle ha explicado la señora Ministra, a pesar de la gravedad de esos problemas, este debate tiene lugar después de un resultado muy satisfactorio en la negociación del GATT que nos permite tener esperanza hacia el futuro respecto a nuestra cinematografía, a la cinematografía de los pueblos que componen la Unión Europea.
El Real Decreto-ley, como ha dicho la señora Ministra, viene a apoyar una cinematografía que sea reflejo de nuestras culturas, que sea reflejo de nuestra diversidad lingüística, que sea reflejo de nuestra manera de ser como europeos. Es, por tanto, una medida --no la única, deben seguir otras--que apoya el derecho que tenemos los europeos a ser dueños de la imagen que deseamos proyectar. Como ha dicho el Director General de la Cinematografía, no es una medida que se haga contra nada, no es una medida contra el cine americano y, muchísimo menos, contra el excelente cine norteamericano que a todos nos gusta. No es una medida contra ninguna parte de los que componen el sector audiovisual y cinematográfico. Es una medida que pretende salvaguardar al menos una pequeña parte para nuetro cine, para el cine comunitario.
Las cosas han evolucionado en los últimos años de una manera muy desfavorable para el cine comunitario y para el cine español. Ya en 1986 la realidad era que frente a las 125.000 horas anuales que podía consumir Europa, solamente tenía la capacidad de producir cinco mil; y esta realidad ha ido agravándose. Hoy, la penetración del cine norteamericano en Europa tiene cifras que apuntan el cien por cien. En Alemania es el 93 por ciento. En España --se ha dicho aquí-- es prácticamente el 80 por ciento. En Inglaterra es el 80 por ciento y está apuntando al cien por cien. ¿A qué motivo se debe eso? ¿A los méritos del cine norteamericano? En parte habrá que reconocer que también se debe a los méritos del cine norteamericano, porque hay un cine norteamericano de gran calidad que se gana esos mercados.
Pero, no nos engañemos. No es por esos méritos del buen cine americano. En Norteamérica, como en cualquier cinematografía de otro país, se produce buen cine, cine regular y menos bueno y cine muy malo. El problema es que los europeos ya estamos consumiendo todo ese cine sin ninguna capacidad de escoger el cine americano que queremos ver, y ése es el problema. No se puede tratar el problema como una cuestión de libertad de mercado, porque esa libertad de mercado la están infringiendo una y otra vez las grandes productoras americanas con el sistema de cupos que conocemos, con el sistema de imponer programaciones ... (El señor Cortés Martín: Pero, ¿cómo es posible?) ..., con el sistema de retirar películas españolas o comunitarias, cuando están en pleno éxito, de los cines, que en gran parte también controlan. Ese es el problema. No queremos, el Gobierno socialista de España y el resto de gobiernos comunitarios europeos que defienden la existencia de un cine comunitario, no pretendemos negar o limitar la libertad de opción; no pretendemos poner barreras al cine americano. El cine americano sí pone barreras importantes al cine europeo, señorías. Menos de un 2 por ciento del mercado americano ocupa todo el cine europeo. ¿Será ese un problema de falta de mérito, de calidad del cine europeo? No, señorías, son barreras reales. Por ejemplo, en Norteamérica no se admite que se doblen las películas.
Aquí se ha oído algún análisis que sorprende porque, de verdad, lo que demuestra es un cierto o un profundo desconocimiento. Señorías, ¿cómo se puede decir que lo que le ocurre al cine español es producto de la política del Gobierno socialista? ¿Cómo se puede decir eso cuando lo que le ocurre al cine español es lo que le está ocurriendo al resto del cine europeo? Desde luego, no hemos tenido la satisfacción de gobernar durante los últimos veinte años en todos los países europeos. ¿Cómo se pueden decir algunas de las cosas que se han oído --como si no se supiera lo que ha representado el impacto de las nuevas tecnologías, del vídeo o de la televisión, en la asistencia a los cines--, tales como que es una política determinada, gubernamental, la que hace que las personas se alejen de los cines? ¿Cómo se puede afirmar con tanta ignorancia y manifestarse a favor de una tesis, que no he acabado de entender, que hay películas españolas que no se estrenan? Naturalmente, eso lo tengo que aducir yo. Hay películas españolas que no se estrenan precisamente por el sistema al que acabo de referirme de las multinacionales, por el sistema de cupos y, en muchos casos, por los propietarios

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de las salas de exhibición. (Un señor Diputado del Grupo Popular: Porque son malas.) También desearíamos --y a eso apunta la política del Gobierno-- una exhibición más española, una exhibición más comunitaria. No se pueden afirmar estas cosas.
Esta situación del cine europeo y comunitario ha sido reconocida por todo el mundo. No hace mucho tiempo afirmaba Jacques Delors que algo tendríamos que hacer si queríamos evitar que en el futuro todos los aparatos fueran japoneses, todas las producciones norteamericanas y todos los espectadores europeos. Pues bien, para evitar eso estamos dando pasos. Para evitar eso, lo están haciendo también otros países comunitarios, Francia, en primer lugar. Para evitar eso, está el Decreto que el Gobierno hoy presenta a esta Cámara, que no es una improvisación --lo ha dicho la señora Ministra--. Este Real Decreto-ley es coherente con un proyecto que ya conoció esta Cámara antes de la disolución. Este Real Decreto-ley obedece a una serie de negociaciones y diálogos mantenidos con el sector en toda su amplitud, es una necesidad de adaptarse a la legislación europea, de adaptar el sistema que protegía nuestro cine al conjunto de la producción comunitaria. Es también una necesidad el variar la magnitud de la cuota de pantalla y la de obtención de licencias. Es una necesidad, porque la política que se ha hecho hasta ahora --que no es distinta, como también se ha dicho aquí-- no nos está produciendo todo el resultado que quisiéramos y, por tanto, hemos de incrementarla. El Real Decreto-ley la incrementa con algo muy importante, que es con un límite temporal. Fijamos cinco años.
¿Para qué? Para que el cine español y el cine europeo se recuperen; para que el cine español y el cine europeo se recapitalicen, se reindustrialicen y puedan, como deseamos, competir con menos protecciones, porque estamos a favor de esa pluralidad. Estamos a favor de la pluralidad dentro y fuera incluso de nuestras fronteras. Por eso, el Real Decreto-ley contiene un importante punto referente al cine que se produce en otras lenguas distintas del castellano, porque deseamos también fomentar ese tipo de pluralidad.
El Real Decreto-ley, señorías, en definitiva, es un paso adelante en el sentido de no quitar la voz a las culturas más minoritarias. En un importante artículo aparecido el otro día en un periódico de esta ciudad, Regis Debray se hacía la siguiente pregunta: ¿Podrán circular varias interpretaciones del mundo o sólo una interpretación? Pues bien, el Decreto, señorías, se hace para que circulen por el mundo varias interpretaciones, para que la voz de culturas como las que componen Europa también puedan existir en el mundo audiovisual y para que puedan existir no con un sistema de protección «ad infinitum», sino con capacidad de competir. Por eso, el Real Decreto-ley que hoy presenta el Gobierno tiene un límite en el tiempo. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Clotas.
Tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, la verdad es que el señor Diputado ministerial (como se diría en la jerga de la Restauración en esta Casa) ha tenido que hacer un triste papel en defensa de algo sobre lo que no sabe o no se lo cree, porque yo no entiendo muy bien cómo es posible que se siga diciendo, antes por la señora Ministra y ahora por usted, que en España se imponen programaciones, se producen situaciones de dominio y hay concentraciones indeseadas. ¿Por qué no se aplica la Ley de Defensa de la Competencia, que ha aprobado esta Cámara, que ha sido una iniciativa suya? ¿Por qué no se hace caso al Tribunal de la Competencia, al que tantas veces se invoca aquí cuando se quieren tomar medidas contra sectores? Hágasele caso. Quizá lo que ocurre es que el señor Clotas no sabe de Derecho de la competencia y está esperando, como espera con ansiedad toda la Cámara, una intervención improvisada de la señora Ministra que, por su formación mercantilista, sí debe saber de Derecho de la competencia, y aparecería aquí en una improvisación y nos diría que sí tiene intención de hacer algo, porque lo que nos sorprende es que, siendo éste el principal problema, tratándose de prácticas claramente ilegales --lo dice el Tribunal de la Competencia y lo dice de manera expresa la Ley de Defensa de la Competencia--, en el Real Decreto-ley que nos piden que se convalide no se adopte ninguna medida para adaptar al cine, si es que no se tiene ese instrumento legal --se lo aprobaremos de mil amores--, o por qué no nos cuenta la señora Ministra por qué no acude al Tribunal de la Competencia o por qué no insta al Servicio de Defensa de la Competencia para que actúe, que lo dice el propio Ministerio. Ahora resulta que el señor Clotas nos dice que, efectivamente, todas esas prácticas se producen, y para ello no se toma ninguna medida, ni las que ya están en la propia legislación ni medidas nuevas que podrían figurar en el Real Decreto-ley cuya convalidación se solicita.
Y dice el señor Clotas que no entiende cómo se puede decir que es la política socialista la causante. Yo me he limitado a dar unos datos. Ha dicho algo el señor Clotas en lo que probablemente sí puede tener razón. Dice que es que estamos mal informados, en la intervención que hemos tenido. Es posible que estemos mal informados porque, como dije al principio de mi intervención, única y exclusivamente he usado datos del Ministerio de Cultura, y es posible que ésa sea la razón de la mala información que tiene el señor Clotas. Pero lo cierto es que, si la Cámara puede ver esto (mostrando un gráfico), la producción de películas españolas empieza

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a disminuir desde el año 1982. Hasta 1982 iba disminuyendo y desde 1982 disminuye en picado. La fuente es el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Es lo cierto que desde 1982 el número de espectadores no hace más que disminuir. Se ha pasado de 155 millones en el año 1982 a 78 millones en el año 1990. Algo tendrá que ver la política que se ha venido aplicando en estos días, o a lo mejor son puras coincidencias, pero da la sensación de que esto es así.
Resulta que en su propia documentación, y vuelvo a leer, el Ministerio de Cultura lo ha dicho, dice el Ministerio de Cultura: Teóricamente las subvenciones deben ser una ayuda a posteriori complementaria del costo de la película y no de su presupuesto inicial. Y sigue diciendo: Y ésta es la razón por la que, entre 1982 y 1991, de las 714 películas producidas 72 ni tan siquiera llegaron a estrenarse, porque nunca interesaron ni al distribuidor ni al productor. No porque haya una situación oligopolística del mercado. ¡Pero si lo están diciendo ustedes! Lo que pasa es que, señor Clotas, yo comprendo que como usted no es Ministro de Cultura, no se fía de lo que dice el Ministerio de Cultura. En eso también tiene razón. Lo que pasa es que nosotros le damos más crédito al Ministerio de Cultura que usted mismo y nos hemos limitado a leer datos, todos y cada uno fuente del propio Ministerio de Cultura.
Ha habido otra cosa, y es la última, señor Presidente, sobre la que quiero replicar, en el turno de defensa más bien pobre que ha realizado el señor Clotas, pero seguro que es que él se ha reservado para que la señora Ministra pueda lucirse y pueda deslumbrar a la Cámara (Risas.), que es el de las licencias de doblaje. El señor Clotas no ha contestado, pero, repito, probablemente está esperando a que lo diga la señora Ministra, a un solo ejemplo en la Europa comunitaria donde exista este sistema. No se diga, por tanto, que se pretende homologar el sistema español con el europeo. No hay un solo país; yo sí se lo he dado: Nigeria. Pero les reto a usted y a la señora Ministra a que nos digan otro ejemplo de las licencias de doblaje. Y lo único que ha dicho en defensa de las licencias de doblaje es que sólo se van a mantener durante cinco años.
¡Hombre!, si el sistema es bueno, manténgase siempre, y, si es malo, ¿por qué vamos a tener que estar sufriéndolo cinco años, cuando resulta que el Tribunal de la Competencia y sus propios informes que pagan y a los que luego no hacen caso dicen que ese sistema es el causante de las situaciones de distorsión de la competencia y de que no pueda haber en España una distribución? Espero, señor Clotas, que usted y la señora Ministra nos contesten a estas razones, porque, a lo mejor, podríamos incluso cambiar nuestra opinión.
En cualquier caso, la Cámara y el cine español tienen que saber que el Partido Popular quiere ayudar a la cinematografía española. Considera que la cinematografía española necesita una ayuda, una ayuda automática y objetiva, pero no condicionada al apoyo político al Partido Socialista, y una ayuda que en cualquier caso se tiene que hacer de una forma distinta a como ya hemos experimentado a lo largo de 11 años y que ha llevado a que el cine español sea casi una especie en peligro de extinción, que tiene que andar buscando el consuelo de la autoridad conservacionista. El cine español necesita menos política, pero en cualquier caso otra política. El Partido Popular está dispuesto a traerla. La traeremos o en las enmiendas al proyecto si el Gobierno lo mantiene o, si no, con una proposición que presentaremos en esta Cámara, en la que se contemple toda la realidad del sector, porque a nosotros no nos pasará como a la señora Ministra, que de manera tan irresponsable como insolidaria con el resto de sus colegas del Gabinete se comprometió con 25 medidas, que luego le echaron abajo en el Consejo de Ministros, no sabemos por qué, probablemente porque la señora Ministra sigue teniendo poco peso, como los ministros de Cultura en el seno del Gabinete.
Le ofrecemos la oportunidad de que consiga desde esta tribuna el respaldo de la Cámara. Eso reforzará, señora Ministra, su prestigio y su posición dentro del Gabinete y desmentirá esa especie de que la señora Ministra sólo sabe leer lo que le preparan y no puede improvisar en el Parlamento, como debe hacer cualquier ministro en un régimen parlamentario. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Tiene la palabra el señor Clotas.


El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, el cine español no está en peligro de extinción. Pese a la gravedad de la situación, me parece que es una desafortunada afirmación, porque el cine español está demostrando calidad, creatividad, fuerza y, desde luego, ganas de seguir existiendo. Aquí se ha seguido haciendo un análisis, y ello me obliga a decir algo que no me gusta decir, porque me gusta ser respetuoso, pero resulta complicado debatir con alguien que conoce muy mal los problemas. (Protestas en los bancos del Grupo Popular.) Yo me he referido, señorías, a la realidad de los mercados cinematográficos europeos, a la cifra de ocupación de esos mercados por los americanos. Es evidente que otros países tienen menos vocación de defender su propia cinematografía que nosotros, y por eso seguramente tienen protecciones más débiles. Francia, que es un país con una cinematografía que mantiene una cuota de mercado mucho más elevada, tiene su propio sistema, al que nosotros nos hemos acercado en algunas cosas, en otras no, pero tenemos un sistema de protección que es válido, que en este momento, en ese acto, al convalidar este

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decreto, lo mejoramos para adaptarlo a una situación distinta.
Yo no estoy seguro de que el señor Cortés entienda por qué la gente va menos al cine, y ha insistido otra vez en ese análisis --por llamarlo de alguna manera--, porque realmente, señor Cortés, asegurar que la gente no va al cine porque se hace una mala política, sea de derechas o de izquierdas, es algo que realmente no lo había oído jamás. (El señor Gortázar Echeverría: ¡Estáis vaciando las salas!) Son otras las causas por las que los ciudadanos acuden menos al cine. Pero siendo éste un problema muy importante, quiero decirle que no es el más importante, porque el cine hoy tiene otros cauces de llegar a los ciudadanos, a través de la televisión o del vídeo, y eso se ha modificado técnicamente, pero no hay que considerarlo solamente como una nota negativa.
No quisiera alargar más mi intervención, señor Presidente, pero sí quisiera afirmar que no creo que ni un solo productor, ni un solo actor, ni un solo exhibidor independiente, ni un solo distribuidor independiente esté de acuerdo con las tesis que hoy nos ha expuesto el portavoz del principal partido de la oposición en materia de política cinematográfica. Me parece que éste es un dato preocupante.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (El señor Cortés Martín: ¡La Ministra, la Ministra!) ¡Silencio, señorías! (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, hoy trae el Gobierno a la Cámara un Real Decreto para su convalidación. Tal como establecen la Constitución y el Reglamento del Congreso, el presente Real Decreto se somete a votación en el Pleno de la Cámara, dentro del plazo de 30 días desde su promulgación. El Gobierno justifica la creación de este Real Decreto en la necesaria recuperación de la cinematografía española, con el establecimiento de una vigencia limitada en el tiempo para algunas medidas interventoras, la equiparación cinematográfica de los países miembros de la Unión Europea a la obra cinematográfica española, así como el cumplimiento por los exhibidores de la cuota de pantalla. Para ello, entendemos que se establecen unas medidas precipitadas para la cinematografía española, imponiendo determinadas limitaciones a los exhibidores y distribuidores, entre las que cabe destacar que para distribuir una obra cinematográfica de terceros países en versión doblada será necesaria la obtención de la licencia correspondiente, pero no se articula cómo. Se faculta al Gobierno en este Decreto a fijar el porcentaje de obra europea cinematográfica que se deberá coproducir entre las televisiones y los productores independientes, pero esta medida adolece de deficiencias, pues no se establecen las fórmulas de coproducción por parte de las televisiones, con lo que éstas podrían computar como producción la precompra de los derechos de emisión. Queda claro, según nuestro entender, que para el Gobierno la finalidad de este Real Decreto es favorecer la distribución de las películas españolas, aunque con ello no queda garantizada su calidad, pues no se ha realizado un debate sobre la calidad del cine español que entendemos se tendría que haber hecho.
Este Decreto, entre otras cosas, tiene una con la que Unión Valenciana se siente identificado, y es que hay que reconocer que beneficia a las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas, por lo tanto a la lengua valenciana; cuando introduce la obligación de su traducción o doble lenguaje se refiere a lenguas oficiales españolas, por lo que la lengua valenciana, como lengua oficial de una parte del Estado español, está de esta manera protegida. Pero no hay que olvidar que estas medidas llegan en un momento en el que las salas cinematográficas comenzaban a salir de la crisis profunda en la que estaban sumergidas en los últimos años.
Según los datos que se nos han facilitado por parte de la Federación de Exhibidores y Distribuidores de Cine, hoy funcionan en España 1.807 salas de cine y sólo en el mes de diciembre fueron inauguradas 35 pantallas nuevas. Por otro lado, estas medidas afectan directamente a los destinatarios de las películas cinematográficas, ya que se defiende la producción sin pensar en el consumidor. Hay que tener en cuenta que al público tampoco se le puede obligar a ver el cine en versión original.
Por lo menos en este tema, señora Ministra, convendrá conmigo en que tendrán que regularlo y muy rápidamente. También hay que destacar que las medidas de fomento, como planes crediticios, fórmulas especiales de amortización y desgravaciones fiscales, no vienen recogidas en este texto, con lo que habrá que esperar a la nueva normativa que lo regule. Y yo me pregunto: ¿cuándo se acostumbrarán, señores socialistas, a traer las cosas terminadas? Nosotros hemos de calificar este Real Decreto-ley como precipitado, falto de normas por su siempre --y lo lamento-- mala forma de trabajar.
Esperamos que el Ministerio con la incorporación de una nueva Ministra cambie estas formas y verdaderamente comencemos a trabajar un poquito mejor. Pensando que aunque no venga completo, tiene unas partes criticables y otras que se deben de proteger, en esta ocasión nos arriesgaremos, una vez más, a darles un voto de confianza al no votar en contra de este Decreto, esperando que sean capaces de llevar adelante un proyecto que o bien puede ser un descalabro total y completo para nuestra cinematografía o bien puede llegar a mejorarla.
Con esta confianza y entendiendo que el Decreto

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es de ustedes, nos abstendremos y deseamos que lo complementen para bien de todos, como vulgarmente se dice «com Deu mana».
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, al fijar la posición, en nombre de Coalición Canaria, para la convalidación de este Real Decreto-ley queremos valorar, en primer lugar, lo que subyace en el fondo de la intencionalidad y cuál es el primer valor que queremos destacar dentro de este fondo, que es precisamente proteger la actividad creadora dentro del campo de los valores, por una parte, culturales y, por otra, económicos. Qué duda cabe que este Real Decreto-ley tiene posiblemente una serie de descompensaciones al tratar de armonizar intereses de valor cultural, de la inteligencia creadora en el ámbito del audiovisual o del cinematógrafo, tiene que compaginarlos con lo que es la razón de ser en una economía competitiva libre de mercado, como son los intereses económicos, intereses económicos asentados fundamentalmente en el sector de la producción, pero, qué duda cabe, también en el de la distribución y, sobre todo, en el de la exhibición.
Posiblemente, en las críticas que estos días se han hecho por parte de los sectores empresariales, representantes no tanto de la distribución como de la exhibición en el amplio capítulo de inversiones y de adaptación a los gustos y necesidades del público, con las fórmulas de los multicines o multisalas, tenemos que tener una consideración especial. ¿Qué ocurre con las formas de este Real Decreto-ley? Para nosotros, la crítica hay que hacerla clara aquí, porque mal le iría a una película que tuviera un montador o un guionista como el que ha hecho el texto escrito, articulado y ensamblado de este Real Decreto- ley. Tiene escenas buenas, tiene escenas regulares y tiene escenas malas. Eso, a veces, es cuestión del montador o del guionista. Por tanto, quienes debemos hacer una labor de análisis político y por supuesto de apoyo a toda esta actividad creadora nos hacemos las siguientes reflexiones al hilo del mismo. En primer lugar, trata de definir lo que es obra audiovisual europea, muy extensamente dicha --está en el campo de lo que se emite por televisión--, e inmediatamente en el artículo 2, cuando habla de la obra cinematográfica comunitaria, menciona el certificado de nacionalidad. Estamos, en verdad, ante un Decreto-ley que me atrevería a calificar de nacionalista. Por un lado, da un marco europeo y, por otro, ya en el artículo 2, entra con una definición de certificado de nacionalidad.
El artículo 3 es una especie de música celestial porque dice que el Gobierno podrá acordar --«podrá acordar», no «acordará», como dicen otros textos--una serie de créditos, ayudas y subvenciones, apoyo fiscal, etcétera. Eso, si no hay una voluntad sujeta a los Presupuestos Generales del Estado y concretada en cifras económicas, es solamente una buena declaración de intenciones.
Quiero resaltar en lo positivo el artículo 4, porque habla de la coproducción entre las televisiones y productores independientes. Señorías, si en España, y dentro del marco de la Unión Europea, no hay una simbiosis y una colaboración y cooperación múltiple en el campo de audiovisual o de la película, compatible o alternativa entre sala de proyección clásica y pequeña pantalla de televisión, no tendremos uno de los motores de estímulo cultural, de estímulo tecnológico y de estímulo financiero-económico para potenciar nuestra industria cinematográfica española. Todas mis palabras van en el sentido del hilo conductor de responsabilizar, precisamente en este momento a través de mis palabras, con el apoyo a la industria cinematográfica española y a todas las personas e instituciones que la hacen viable y aceptable, cultural o económicamente.
Qué duda cabe que los artículos 5 y 6, en cuanto a la cuota de pantalla y a la cuota de distribución cinematográfica, con lo referente a las licencias, son harto opinables y discutibles, pero sí quiero resaltar algo que va a motivar que Coalición Canaria le dé el voto favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley. Aunque teóricamente pueda parecer que los artículos fundamentales de este Real Decreto-ley son los artículos 5 y 6, al final, alguien con sentido común, al redactar la disposición adicional única, Facultades de modificación por el Gobierno, establece lo que a nosotros nos da la confianza para que, en ese artículo tan especial que yo llamaría de sentido común --porque el resto sería un decreto que, como dicen los bancos con los créditos de dudoso cobro, puede pasar a fallidos--, las desviaciones que se puedan dar a lo largo de estos próximos años, incluso dentro del período de cinco años para el controvertido tema de las licencias, los importes, cuotas y porcentajes a que se refieren los artículos citados puedan ser modificados por el Gobierno, oídas las asociaciones afectadas por la materia. Yo le pediría aquí a la señora Ministra que, haciendo un uso de sentido común como el que ha utilizado el que ha puesto aquí esta cláusula de garantía para salvar las desviaciones atípicas, se oiga a todas las asociaciones afectadas por la materia, desde productores, artistas o actores, directores, guionistas, todos los que están expresados en un film, hasta las asociaciones de exhibidores, de proyectistas y de distribuidores, porque armonizando todas y cada una de las partes del sector, habrá armonía en este asunto.


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Qué duda cabe también que hay que hacer, señora Ministra, una racionalidad del propio texto que aquí se nos trae, en primer lugar, porque creo que en España nos hemos olvidado de algo muy importante y caemos en la tendencia del cine norteamericano y su soporte económico, que es basarse en el derecho del copyright. Yo creo que en Europa, y concretamente en España, debemos ir a defender por encima de todo el tema de los derechos de autor, porque estamos defendiendo la actividad creadora, que es la que en verdad tiene valor, valor cultural, valor de innovación, que después se tendrá que reflejar en su comercialidad; pero, en fin, ésa es una condición añadida en una economía libre de mercado, que la película o el film sea de rentabilidad comercial. Pues bien, resulta que el artículo 1.º de este Real Decreto-ley, en la consideración de obra audiovisual europea o cinematográfica, lo que valora es la residencia de los que intervienen, el 50 por ciento, y la residencia es un concepto etéreo. No habla de la nacionalidad del director o de los actores, habla de la residencia en un país de la Comunidad o de la Unión Europea.
Esto habría que aclararlo, porque yo prefiero que no se nos haga una engañifa por el gran coloso norteamericano del cine, utilizando fraudulentamente el concepto de residencia en país de la Unión Europea frente a los derechos de autor. Creo que es importante resaltar esto aquí.
Señora ministra, hablar de terceros países creo que es un eufemismo para designar a Hollywood --no digo ni a Estados Unidos-- que es donde está la industria cinematográfica, que domina, como aquí se ha dicho por el señor Clotas, el 90/95 por ciento en Alemania y el 80 por ciento en España o en el Reino Unido. Esa potencialidad está ahí, creadora, financiera, de distribución, de modas, etcétera. Por tanto, este eufemismo de terceros países hay que matizarlo para no perjudicar ese tremendo mercado que tiene la industria cinematográfica española en Hispanoamérica, donde tienen la misma lengua. Me dolería que el colonialismo norteamericano se metiera, por una vía indirecta de éstas, a dominar el mercado cinematográfico hispanoamericano, de Río Grande para abajo, porque entonces nos estaría produciendo una distorsión. Hay que potenciar la capacidad de proyección de ese mensaje cinematográfico generado en España, con todas las coproducciones que sean posibles, hacia el potentísimo mercado de consumidores de Hispanoamérica, que es un mercado que ve cine. Quien conozca cualquier país hispanoamericano y ve la estructura de sala de exposición, desde la más modesta, se da cuenta de la tremenda implantación del cinematógrafo en relación, por ejemplo, al número de televisores que tienen los ciudadanos de Colombia o de Bolivia, por poner unos ejemplos. Van al cine fundamentalmente y se están encontrando colonizados precisamente por el cine norteamericano, yésto creo que es una responsabilidad cultural de España en este momento.
Y termino, señor Presidente, con una recomendación a la señora Ministra. Señora Ministra, en la disposición derogatoria única, no hay ninguna derogación; hay una tabla de vigencias donde se mantienen ocho reales decretos u ocho decretos -- porque algunos son de la época del régimen anterior-- y nada menos que 20 órdenes ministeriales. Hay órdenes ministeriales --que no quiero leer a SS.SS. aquí--, como la de 21 de septiembre de 1962, que es una joya del intervencionismo franquista. Leer esa orden ministerial del Ministerio del Información y Turismo, sobre los inspectores de sala, verdaderamente, a estas alturas, produce sonrojo. Vamos a refundir, porque traer aquí, con una disposición derogatoria, una tabla de vigencia de 20 órdenes ministeriales, donde hay perlas cultivadas curiosísimas, nos hace a nosotros realizar esta llamada de atención. Como a final de cuentas el dispositivo del artículo 6 queda condicionado a la vigencia de cinco años por lo que dice la disposición final primera, nosotros, concediéndole el beneficio de la duda y en apoyo de la industria creadora cinematográfica española, lo vamos a votar favorablemente. Nada más y muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Señorías, señora Ministra, el Grupo Vasco --voy a empezar por el final-- va a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto-ley, básicamente por tres razones. En primer lugar, porque supone apoyar la estructura productiva del sector audiovisual del Estado, pues tiene en cuenta esta consideración del sector audiovisual como sector industrial de cara a dar estabilidad al mismo. Sabe usted que cuando los obreros de Altos Hornos defienden su puesto de trabajo, defienden su puesto de trabajo; los obreros de la cultura defienden la cultura. Yo creo que la redacción de este Real Decreto-ley salva esta consideración y nos lleva a la consideración del sector audiovisual como sector industrial. Creemos que es muy acertado centrar en este eje la propia discusión. En segundo lugar, por la perspectiva de política lingüística que adopta el propio Decreto, creemos que es un paso sustancial, tanto de cara a la normalización del uso de las lenguas minoritarias o «minorizadas» como del propio castellano, y que en definitiva se fomenta en el Decreto el uso de estas lenguas, en el caso de las lenguas minoritarias o «minorizadas», dándoles nuevos ámbitos de uso y favoreciendo, en consecuencia, la exhibición de películas en la lengua propia, en la lengua nacional de cada comunidad

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autonóma, permitiendo medidas eficaces de discriminación positiva que el Grupo Vasco comparte íntegramente. En tercer lugar, porque, en lo sustancial, se recogen en este Real Decreto-ley los contenidos de las propuestas que el Grupo Vasco presentó al proyecto de ley que el Gobierno trajo a esta Cámara en la legislatura anterior. Estas serían las razones básicas que el texto del Decreto-ley determina respecto a la cuota de distribución: que se podrá acceder a una licencia de doblaje cuando una película europea lleve alcanzados 20 millones de recaudación; la segunda licencia se obtendría cuando se acredite una recaudación de 50 millones. El Grupo Vasco entiende razonables estas medidas, porque estos son, precisamente, los parámetros que se expusieron en las enmiendas que el Grupo Vasco presentó al proyecto de ley que decayó en la pasada legislatura. En consecuencia, en el Grupo Vasco estimamos que la modificación que se ha producido sobre las previsiones iniciales del Ministerio es procedente por adecuarse mejor a la realidad.
Expuestas estas razones, que nos conducen a votar afirmativamente el decreto-ley, quisiéramos realizar una serie de consideraciones que estimamos el ministerio debiera tener en cuenta, y aprovechamos la coyuntura de poder manifestarlas a los máximos representantes del ministerio en esta Cámara. Por una parte, entendemos que los contenidos del decreto-ley son insuficientes para los objetivos que se marca. Se aprueban, en definitiva, sólo ocho de las 25 medidas propuestas por el ministerio en el documento presentado el 15 de noviembre con el título de medidas urgentes para lo audiovisual; se aprueban exclusivamente las referidas a cuotas de pantalla, licencias de doblaje y coproducción con las televisiones. No se recogen las medidas fiscales y decae una de las medidas que, en nuestra opinión, era básica en dicho informe: la que hacía referencia a los planes plurianuales que se podrían presentar. Creemos que esa era una medida clave que podría estar recogida en este decreto-ley. Por otra parte, tampoco conocemos el desarrollo del decreto-ley que nos ocupa, el cómo, el cuándo y el cuánto de estas medidas. No resulta difícil deducir, de la presentación del documento de 15 de noviembre a esta presentación urgente del decreto-ley, que falta acuerdo interministerial, que decaen cosas. Tampoco en la exposición de la señora ministra se nos ha explicado suficientemente por qué un documento que se presenta todavía hace un mes se reduce tan excesivamente o con tanta diligencia, con tanta premura, y se presenta como decreto-ley.
En nuestra opinión, este decreto-ley tampoco es excesivamente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, en el caso de la vasca, que tiene transferidas todas las competencias de este ámbito, con la única salvedad del control de taquilla. Volvemos a encontrarnos en el decreto-Ley con un registro más en el ICAA. ¿Cómo se va a desarrollar este registro? ¿Va a ser único, obligatorio, exclusivo, es decir, va a seguir actuando este Instituto con su concepción centralista y monopolizadora? ¿Van a ser capaces en este instituto de superar el concepto de subvención en su concepción más obsoleta? ¿Van a ser capaces de contar con los representantes de las comunidades autónomas que son titulares de la competencia en las comisiones de valoración y de evaluación, o va a seguir monopolizando este instituto en exclusiva la representación del Estado en los programas europeos, como el programa Media? ¿Vamos a tener que deducir, por fin, que Bruselas es el extranjero? Creemos que son consideraciones que, en caso de que este decreto-ley pueda ser tramitado como proyecto de ley, podrían dar paso a una serie de enmiendas que presentaría en este sentido el Grupo Vasco. Tampoco estamos excesivamente de acuerdo con las formas en que se tramita este proyecto de ley, por realizarlo vía decreto-ley. Creemos que, una vez que ha quedado excluido este acuerdo del GATT, las razones de urgencia no son tan pertinentes. En la legislatura anterior contábamos con un proyecto de ley y, desde esta perspectiva, estimaríamos más oportuno que se pudiese tramitar en la Cámara como proyecto de ley, como un proyecto de ley que aborde genéricamente lo audiovisual.
Está muy de moda últimamente, en eso de las formas, lo del impulso democrático, pero ustedes presentan un decreto-ley que tiene relación directa con algunas comunidades autónomas, con las televisiones públicas y privadas, con exhibidores y con distribuidores, y no da la impresión de que el diálogo sea la asignatura por la que brilla en el Ministerio de Cultura.
Entendemos que existen formas de acceso, las propias televisiones privadas y las públicas podrían haber tenido conocimiento por lo que respecta al artículo 4.º de este decreto-ley, se podían haber abierto una serie de negociaciones o contactos de cara a explicar cuáles son los contenidos del propio decreto-ley o por dónde puede ir su desarrollo.
Estimaríamos inoportuno llegar al absurdo con este decreto-ley y que, por haber abierto estas negociaciones y no haberlas cerrado suficientemente y por defender la producción europea, terminen exhibiéndose las películas en versión original, en inglés; es decir, que habiendo empezado por manifestar que estamos de acuerdo con la política lingüística que se plantea en este decreto-ley, donde tanto el castellano como las lenguas nacionales o propias de las comunidades autónomas tienen una consideración importante, llevando el argumento al absurdo y abiertas una serie de guerras, que se sabe donde empiezan, pero nunca se sabe donde terminan, asistamos a que los principales perjudicados de esta política sean los propios destinatarios, los amantes de la producción cinematográfica, que se verían obligados

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a asistir a un modelo de exhibición más cercano al portugués que a lo que hemos estado acostumbrados en el Estado.
Compartimos el criterio de que el libre funcionamiento del mercado de cine está guiado por la incontinente voracidad de las multinacionales norteamericanas, que aspiran a copar las salas de cine todos los días del año con sus películas. En este sentido estamos de acuerdo en que tienen que existir medidas interventoras que conduzcan a la regulación del propio mercado. Frente a este intento de monopolio es preciso una regulación legal. Esperamos que esta regulación legal que consideramos oportuna y necesaria, no se limite a este texto que ahora debatimos. El propio texto presentado por la señora ministra el día 15 de noviembre en la Sociedad General de Autores es mucho más ambicioso. Las medidas fiscales y financieras quedaron en el tintero y esperamos que se nos den razones para poder asistir a la tramitación de las mismas.
Termino, señor Presidente. El Grupo Vasco no quisiera engañarse --he puesto el ejemplo de los obreros de Altos Hornos-- y no quisiera que se envolviera este problema con el celofán cultural. La clave no está ahí; la clave radica en potenciar industrias, la clave radica en la propia tecnología de lo audiovisual y ahí es, en nuestra opinión, donde debemos centrar los esfuerzos. Mientras se pueda acceder a los hogares a través de la televisión por cable o por satélite, este tipo de regulaciones se realizan para la galería. No nos podemos engañar. Hay que realizar otra serie de consideraciones de cara a lo que ha sido el mundo de lo audiovisual en los anteriores gobiernos socialistas. ¿A qué espera el Gobierno para regular la televisión por cable? ¿Cómo se entiende en este contexto la regulación de televisión por satélite que se realizó en la legislatura anterior? ¿Para cuándo se va a producir la incorporación a la legislación del Estado de la directiva de televisión sin fronteras? Esa es la responsabilidad del Gobierno. Claro, siempre resulta fácil y muy simple echar la culpa a terceros, en este caso, señor Presidente, a los americanos.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, el Real Decreto-ley sobre medidas urgentes para la cinematografía fija en su exposición de motivos la necesidad de proseguir el impulso de mejora del sector y la equiparación del mismo a la realidad legal, a la que también se han acoplado los restantes países de la Unión Europea, como se va produciendo en otros ámbitos de nuestra sociedad.
Junto a la flexibilización de cuotas de pantalla se plantea la adaptación de las cuotas de distribución a las nuevas exigencias del mercado. No se puede obviar que la oportunidad del Real decreto es debida a la reciente concreción de los acuerdos del GATT, cuyas medidas de liberalización del mercado internacional tienen un fuerte impacto sobre el conjunto de la industria cinematográfica europea. La cláusula de excepción cultural ha sido defendida encarecidamente desde Europa, más allá y a pesar de la voluntad de liberalización que ha inspirado los acuerdos. Los diferentes gobiernos han centrado la negociación del tema audiovisual al mergen de las reglas del mercado, porque carece de sentidosometer a las mismas una actividad netamente cultural, cuando, tan a menudo, la cultura globalmente precisa para sobrevivir de un impulso institucional. ¿Cuántos ámbitos de la cultura subsisten al margen de la protección que se destina a un bien público? Puede que alguien se atreva a contestar a esta pregunta dando relevancia precisamente a la realidad cultural autosuficiente de la que pretendemos protegernos. La capacidad de creación audiovisual desarrollada por la industria norteamericana, donde ha producido, por cierto, gran irritación el proteccionismo europeo hacia este ámbito, sólo es comparable al impacto sociocultural que desde aquel país se ha producido en la sociedad de nuestro tiempo, en todos nosotros.
Subimos a esta tribuna a fijar posición sobre la convalidación de un decreto que ha redactado el Gobierno, que no nos satisface de modo absoluto, porque tiene defectos que consideramos debieran corregirse en su aplicación, especialmente en su desarrollo sobre competencias autonómicas y la realidad plurilingüística ya citada por el portavoz del PNV. Dicho proyecto es ahora mismo sustancialmente necesario para defender nuestra industria, nuestra cultura, de la industria cultural de otra comunidad que domina el arte de crear ilusiones, de crear las imágenes que pasan por nuestras mentes ahora mismo y que están tan metidas en nosotros que han llegado a fijar instantes de cada vida.
Pasando al ámbito de la realidad, más allá de los datos expuestos por la señora Ministra en su intervención, creemos que la cultura y la producción audiovisual es, en gran medida, la más importante expresión cultural de nuestro tiempo; no puede someterse exclusivamente a los mecanismos del mercado comercial, forma parte del patrimonio colectivo, incluso constituye buena parte de nuestra propia identidad. Permítasenos que recalquemos este hecho desde un grupo parlamentario cuyo programa político acentúa especialmente la defensa de una identidad. En este momento, aquí y ahora, nos sumamos a la defensa de la sociedad pluricultural que entre todos representamos.
Somos ocherentes con aquello que hemos dicho siempre, pero puede que alguien entienda que no lo somos en cuanto a la propuesta de proteccionismo frente a la

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de liberalización, que también asumimos programáticamente. Voy a precisar que lo hacemos sin recato alguno. Precisamente ahora que parece debiera liberalizarse todo, hay espacios de la sociedad donde es imprescindible garantizar unos mínimos: sanidad, bienestar social, instrucción pública. Así, del mismo modo creemos e insistimos en ello, debe hacerse también con la cultura como señal de identidad de un pueblo, de diversos pueblos. Lo decimos con relación a Europa y con relación a nuestra propia diversidad, porque no es difícil observar, como lo demuestra el empeño puesto en la exclusión conseguida en las conversaciones del GATT, que en este tema las culturas europeas están en desventaja.
Es muy posible que la causa se deba a un error cometido en mayor o menor medida. Europa, quizá, creyó en el arte cinematográfico, mientras Norteamérica utilizaba el arte para crear una gran industria, un gran coloso de la industria cultural, que además ha sido el mayor propagandista de una forma de vida.
Un siglo después de la invención del cinematógrafo, cuando infinidad de países deciden liberalizar su interrelación comercial, el cine y el mundo del audiovisual que se ha configurado en su entorno precisan una cláusula de excepción, y se diría que necesitamos algún tiempo para evitar el desastre, para que nuestra gente (nuevamente me refiero a este país pero también al conjunto de Europa) que ha producido también grandes obras maestras --algunos de sus admirados autores han sido ya citados por el Portavoz del Grupo Popular- -, como el maravilloso cine norteamericano que, por otro lado, también realiza producciones lamentables pueda prepararse para abandonar definitivamente el proteccionismo.
Hay que fijar unos plazos, están en el Real decreto, una normativa compensatoria que ya tiene una tradición, superando por ahora las contradicciones, además de la confrontación, liberalizar o proteger, que ha dividido el mundo del cine, poniendo a un lado a los creadores asustados por la liberalización y al otro a los exhibidores temerosos de una normativa que puede perjudicar aún más un sector que en las últimas décadas cerró demasiadas puertas cuando todos hubiéramos querido que no se cerrara ninguna.
Se debiera plantear también esta problemática con las compensaciones adecuadas cuando la aprobación de un Real decreto impone la defensa de un bien colectivo frente intereses concretos y legítimos.
Termino, señor Presidente, señorías, dejando a un lado la crítica que pudiera hacerse, y es legítimo hacerla, respecto a la política cinematográfica y del mundo audiovisual, cuyos errores vienen de muy lejos, como lo demuestra lo tarde y mal que en este país y en Europa, salvo en proyectos elogiables que no han afectado a las estadísticas de la industria, se reaccionó frente a la realidad del cine como algo más, mucho más que una industria o un hecho cultural. Por todo ello, decía, mi grupo parlamentario considera necesaria la convalidación del Real decreto y aconseja su aplicación desde la coherencia con la realidad pluricultural y la necesaria protección del ámbito social afectado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Alcaraz tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el debate que estamos teniendo hoy se inscribe en el marco de los acuerdos del GATT, es decir de la ofensiva liberal de los Estados Unidos, en un momento muy singular y determinado de la política económica y social en lo internacional.
Había que decir desde el principio, porque las categorías fundamentales se están encubriendo, que no estamos ante un problema de libertad, ni siquiera ante un problema de libertad de mercado; estamos, fundamentalmente, ante un problema de proteccionismo desleal, de proteccionismo desigual. Se avisó que con Clinton venía una nueva etapa que cambiaría incluso la etapa de Bush, pero no es cierto. Como se dice casi en forma de chiste en Andalucía, cuando dos elefantes se pelean perjudican la hierba, pero cuando dos elefantes hacen el amor también perjudican la hierba. Clinton defiende a tope lo suyo; Clinton está protegiendo lo suyo de manera que casi se parece al blindaje y, naturalmente, tiene que aumentar sus cuotas de mercado, sus cuotas industriales internas a base de los demás, porque lo que hay en el exterior es lo que existe y no hay más allá de lo que vemos. Estados Unidos intenta ampliar su cuota de mercado, la intenta ampliar ahora a costa de la Unión Europea y junto a la Unión Europea --este es otro de los fondos de la cuestión--intentan este nuevo colonialismo de entrar, de invadir, de arrasar toda la industria y toda la situación ideológica del tercer mundo. Para ello Estados Unidos, como siempre, pone a la cultura entre paréntesis y se basa de manera no leal, desde el punto de vista cultural, en el tema simplemente industrial. Un poco lo que pasó la primera vez que fue un pájaro de Brâncusi a los Estados Unidos y en la aduana lo catalogaron como manufactura industrial, no como escultura, manufactura industrial bien fabricada técnicamente, pero que de ahí no pasó en la aduana de los Estados Unidos.
Esto está pasando ahora y corremos un peligro serio De los acuerdos del GATT se ha quitado el tema audiovisual, pero no definitivamente. El 15 de abril se firman los acuerdos en Marrakech y posteriormente, cada país tiene que ratificar estos acuerdos. Por tanto, tenemos

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un paréntesis de año y pico, un paréntesis que hay que llenar de contenido, un respiro que hay que llenar de trabajo, de batalla, en un momento que España está absolutamente desprotegida en el terreno cinematográfico. No hemos traspuesto a tiempo, y expiró el plazo en abril de 1991, la directiva televisión sin fronteras, y no había ninguna política real respecto al cine español, excepto balbuceos, excepto aproximaciones ambiguas, excepto proteccionismo barato, pero no en el marco de una política lógica y bien estructurada.
Nos puede pasar lo que ha dicho un dirigente europeo; Europa se puede convertir en un jardín lleno de televisores japoneses que sólo transmiten películas norteamericanas. Y no lo ha dicho ningún señor duro, lo ha dicho el señor Delors, Presidente de la Comisión Europea, viendo lo que se ve venir ante la desprotección de muchos países que en su momento no se protegieron y que no están reaccionando a tiempo.
El 80 por ciento del cine exhibido en España --ya se ha dicho aquí-- es norteamericano, pero intentan llegar al 100 por ciento; es decir, intentan que se vea en España no sólo el buen cine norteamericano, sino todo el cine con exclusividad, el regular y el malo, y no sólo esto, sino acabar con una diversidad, con un muestrario que es en el fondo un poco lo que constituye la estructura profunda de esta Europa plural, y naturalmente impedir que realicemos e incluso podamos ver nuestro cine.
Se habla de proteger la calidad como base de la libertad y de la libertad de mercado, pero no es verdad, no es toda la verdad. Si no se aporta una estructura industrial mínima, si no se relanza la infraestructura industrial, después no se puede extraer la calidad y hablar aparte de ella. Hoy se está dedicando de media a una película norteamericana 1.200 millones de pesetas, a una película española se dedican, de media, 200 millones. Por tanto, no hay, en absoluto, forma de comparar ese tema de la calidad. Incluso aparece cierto prejuicio sustancialista cuando se habla de la falta de calidad del cine español. Cuando tenemos las mismas posibilidades, cuando hay que competir con los mismos medios, un lienzo, un pincel, el óleo, un papel, una máquina de escribir, ¿no competimos? ¿No competimos cuando la base material y técnica es la misma desde Baroja, Montserrat Roig, Picasso, Antonio López? Claro que competimos, pero, ¿cómo podemos competir sin una base industrial, si ahora tiramos la toalla, si ahora no apoyamos la posibilidad de una infraestructura industrial que haga que estemos en igualdad de condiciones poco a poco, andando el tiempo, con el «timing» adecuado que en cada caso se quiera o se pueda establecer? Por tanto, hay cierto prejuicio sustancialista cuando se habla de calidad sin más, y no se intente ahora comparar demagógicamente aquí, en esta tribuna, a Ozores con Orson Welles; son demagogias baratas que no vienen al caso en este momento. Efectivamente, el marco es ése, una ofensiva liberal muy fuerte en un momento de enorme desprotección de Europa y de España. Ante esa enorme desprotección frente a una política que intenta suprimir todo tipo de proteccionismo mientras ellos, el señor Clinton, está protegiendo hasta la mecedora de su abuela, hay que reaccionar, hay que adelantar peones, hay que tomar posiciones, y en este sentido hay que decir y hay que subrayar que hay que evocar con cierta nostalgia el coraje patriótico francés, el coraje de esa derecha francesa moderna, civilizada, la que procede de la Revolución Francesa, el coraje a la hora de proteger lealmente sus intereses, a la hora de proteger su cultura, a la hora de protegerse frente a esas multinacionales en cuyos despachos representativos aquí en España se ha convocado la huelga de ayer, la huelga del lunes. Por tanto, no es un tema baladí el que estamos tocando aquí, y nos extraña a veces la ambiguëdad del Gobierno, nos extraña que el señor González, desde esta tribuna el otro día, cuando habló de los acuerdos de Bruselas, no se apuntara el tanto de la exclusión, del aparcamiento cultural. No habló ni una sola palabra, lo puso en sospecha, ¿por qué? ¿Cómo se va a negociar este próximo período hasta Marrakech primero, y después hasta la ratificación por el resto de los estados? Por tanto, desde ese punto de vista, este decreto no es baldío, demuestra también cierto coraje de la señora ministra, que esperemos se mantenga en el próximo período avanzado sobre él, avanzando sobre la ambigüedad que puede sembrarse desde otras posiciones en el interior del propio Gobierno, desde la ofensiva de las multinacionales, o desde la ofensiva de ciertos sectores de la televisión privada y de ciertos sectores que están detrás del impulso a la concentración de los medios de comunicación. Da a veces la impresión como si el señor Polanco empezase a cambiar de apoyos políticos de ahora en adelante, aunque pueda haber espejismos en esta situación que simplemente dejamos aquí subrayada a lápiz. El primer decreto, ya se lo dijimos a la señora ministra cuando el debate de los Presupuestos Generales del Estado, el borrador de decreto que se presentó en la Sociedad General de Autores, parece ser que con el apoyo de don Felipe González, aunque no muy explícito, era bastante más ambicioso, bastante más sólido. Ese borrador de decreto se redujo a ocho medidas, que son las que vienen a esta Cámara; ocho medidas tímidas, ocho medidas oportunas y redactadas con buena puntería, y desde esa timidez se ha desarrollado la huelga del lunes. ¿Por qué? ¿Qué motivo tiene? Es una huelga ideológica y simbólica, señorías. Se nos viene a decir desde las «major», desde las multinacionales norteamericanas: Ni eso os permitimos; no os vamos a dejar hablar de cine en el próximo período. Por tanto, ganar ahora esta batalla es de enorme importancia para los próximos dieciocho meses.


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Hay timidez, buena puntería a veces, ambigüedad en los tonos; ambigüedad en no apuntarse aquí tantos que se pueden apuntar y que redundarían en beneficio en el próximo período en las cosas que hay que consolidar a base de trabajo y de batallas, y de mantener patrióticamente la industria y la cultura españolas. Lo enuncio en el sentido cultural más profundo, mientras otros están abriéndole la puerta a una nueva invasión de Normandía, esta vez sin los aliados, porque afortundamente están en otra parte. Desde ese punto de vista, nosotros decimos que sí es urgente este decreto, es muy urgente; tímido, pero muy urgente. Es muy urgente el macrodecreto que se ha enunciado. Nosotros acabamos de presentar en el Registro una iniciativa en el sentido de que se constituya en el seno de la Comisión de Cultura una ponencia para que, en contacto con los sectores afectados, se analice el macrodecreto y se analice, en definitiva, este próximo período, donde a través de simples iniciativas comerciales o directamente --porque el GATT es simplemente un complejo de tratados bilaterales-- se haga un nuevo tratado bilateral, porque sino lo de la cinematografía española y la posibilidad de un impulso industrial se va a reducir a la mínima expresión.
Desde ese punto de vista, también la trasposición rigurosa de la directiva televisión sin fronteras puede y debe ayudar, y debió ayudar desde abril de 1991 y no se hizo.
En definitiva, señor Presidente, termino diciéndoles que aparte de todo estamos haciendo lo que quiere la gente por ahora. Es una batalla que hay que ganar también en la opinión pública, pero concretamente anoche Antena-3 publicó una encuesta en el telediario de máxima audiencia, donde decía que el 68,7 por ciento está a favor de la cuota de pantalla, una película de la Unión Europea por dos de terceros países, está en el 43,7 por ciento de acuerdo con los productores y sólo en el 28 por ciento de acuerdo con los exhibidores. Por tanto, incluso estamos haciendo lo que quiere la gente. Pero no es una batalla ganada, señores del Partido Socialista Obrero Español y no se puede ganar ahora rebajando este decreto; no se puede ganar ahora envainando espadas de aquí a Marrakech, envainando espadas de aquí a la ratificación de los tratados por el resto de los países.


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: Vayamos adelante porque este decreto puede empeorar. Es malo, es tímido, tiene buena puntería pero puede empeorar y también se pueden iniciar en algún despacho dinámicas políticas que no deseamos y que puede haber iniciado, señora Ministra, la operación de la cabeza del Bautista.
Muchas gracias. (El señor Cortés Martín pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, es una cuestión de orden. Con el compromiso del grupo mayoritario de que se tramitará como proyecto de ley el Real decreto que viene a convalidación, nosotros nos abstendremos en la votación y presentaremos enmiendas en la tramitación subsiguiente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 19/1993, de 10 de diciembre.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 188; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Habiéndose solicitado en el curso del debate la tramitación como proyecto de ley, vamos a proceder a la votación.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 323; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley.


--REAL DECRETO-LEY 17/1993, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDE AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UN SUPLEMENTO DE CREDITO POR IMPORTE DE 456.374.000.000 PESETAS, DESTINADO A LA COBERTURA DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1993 (Número de expediente 130/000001)

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/1993, de 3 de diciembre, por el que se concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un suplemento de crédito destinado a la cobertura de obligaciones derivadas de las prestaciones por desempleo correspondientes al ejercicio de 1993. Para exponer en nombre del Gobierno las razones que han obligado a la promulgación del Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad

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Social. (Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, Beviá Pastor.)

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Comparezco ante SS.SS. para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 17/1993, de 3 de diciembre, por el que se aprueba un suplemento de crédito de 456.374 millones de pesetas en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para atender con el mismo las obligaciones derivadas de las prestaciones por desempleo, así como para compensar con una mayor aportación del Estado la caída de la recaudación de la cuota de desempleo que, como conocen SS.SS., es la otra fuente de financiación del sistema protector.
En efecto, hay una insuficiencia real de crédito en el Inem para atender las obligaciones derivadas de las prestaciones por desempleo en 1993 y hay, igualmente, una caída en la recaudación de la cuota por desempleo que, de no compensarse con una mayor aportación del Estado, provocaría un desequilibrio financiero en el sistema de prestaciones que habría de repercutir negativamente en otros sistemas de protección social. Como saben SS.SS., la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en la legislación, puede adelantar --y adelanta, de hecho-- el pago de las prestaciones por desempleo aun cuando en el presupuesto del Inem no existiera crédito suficiente.
Este mecanismo, que supone tensiones financieras en el sistema de la Seguridad Social, nos lleva a la necesidad de recurrir a expedientes de ampliación de crédito o a créditos extraordinarios para regularizar las operaciones extrapresupuestarias contabilizadas en el Inem por las prestaciones pagadas por la Tesorería de la Seguridad Social sin cobertura presupuestaria.
No necesito recordar a SS.SS. que éste es el tercer Real Decreto-ley que con el mismo objeto se presenta en esta Cámara este mismo año y la diferencia fundamental es que esta vez, tal y como ya anuncié en la intervención del 28 de octubre pasado, el Real Decreto-ley no pretende regularizar presupuestariamente insuficiencias de ejercicios precedentes, sino precisamente dotar de suficiencia al organismo en el mismo ejercicio al que corresponden los créditos y los recursos necesarios para atender las necesidades reales del sistema de protección por desempleo, que ascienden a 382.675 millones en lo que se refiere a la previsión de mayor gasto y a 73.699 millones de financiación adicional del Estado para compensar la caída de la recaudación de la cuota de desempleo.
Las causas que han provocado esta situación están en la mente de SS.SS. y tuve ocasión de exponerlas en mi intervención del 28 de octubre cuando ya les anunciaba la presentación de este suplemento que hoy conocemos.La crisis económica y sus repercusiones en relación con la caída de empleo, así como la disminución de la capacidad contributiva de las empresas y una caída de la población cotizante provocan, por una parte, un mayor coste de las prestaciones y, por otra, una disminución de las cotizaciones sociales que cofinancian el sistema.
Es esta, ciertamente, una situación que se plantea a las políticas de protección social por su carácter anticíclico y que está formando parte del debate sobre las políticas sociales en la Unión Europea.
En el reciente Libro Blanco de la Comisión de las Comunidades- Europeas se señala la magnitud de los costes sociales y económicos del desempleo. Su volumen en una época como ésta de recesión económica está dificultando las posibilidades de generar recursos en políticas activas tomando en consideración no solamente las cantidades que se pagan en prestaciones por desempleo, sino también la pérdida de ingresos que con él se producen, es decir, aquellas cantidades que se recaudarían a través de impuestos y cotizaciones sociales si los desempleados se incorporaran al mercado de trabajo.
En el caso concreto de Alemania, las cifras que recoge el Libro Blanco indican que el desempleo costará al Estado 6,3 billones de pesetas este mismo año procedentes de los pagos de prestaciones y de ingresos no percibidos y según las estimaciones comunitarias el desempleo va a costar a los gobiernos de la Unión Europea más de 31,8 billones de pesetas este año, lo que equivale al producto interior bruto de un país como Bélgica. En el nuestro, a estas reflexiones y a las causas comunes de los distintos sistemas de protección social hay que añadir que la crisis económica ha coincidido temporalmente con la mayor ampliación de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo que se ha registrado en nuestra historia. Hemos pasado de un 35 por ciento de cobertura en 1985 a casi el 80 por ciento en 1993, siendo coincidentes las cifras de paro registrado en esos dos años.
Todas ellas son realidades que en estos momentos inciden sobre el equilibrio financiero del sistema y contribuyen a esta situación de desfase presupuestario.
Ante ello, el Gobierno, con el objeto de racionalizar el sistema de protección por desempleo, ajustando el gasto a la capacidad financiera existente en un contexto de crisis como el que vivimos, promulgó en 1992 el Real Decreto-ley 1/1992 y la Ley de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo en aras de asegurar el futuro equilibrio del sistema y la protección activa a quienes encontrándose en paro buscaran activamente empleo. Los efectos racionalizadores se están sintiendo actualmente y habrán de hacerlo en el futuro más inmediato. Puedo adelantarles que las medidas tomadas en el primer año de aplicación

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de la citada Ley ha supuesto minorar el gasto en unos 300.000 millones de pesetas sin alterar, y esto es lo verdaderamente importante, el nivel de intensidad de la protección. En efecto, frente a una cobertura media del paro registrado del 69 por ciento, que se constataba en el período de junio de 1991 y mayo de 1992, se ha pasado a una cobertura media del 77 por ciento entre junio de 1992 y mayo de 1993, con una mejora entre ambos períodos de un 8 por ciento de más población desempleada protegida. He de hacer notar, además, que la cobertura ha aumentado en los dos subsistemas de protección, es decir, tanto en el de carácter contributivo como en el de carácter asistencial.
Con el Real Decreto-ley que hoy les presento para su convalidación lo que se pretende es cubrir las insuficiencias presupuestarias, que se producen por la crisis económica actual y que por las medidas adoptadas ha tenido una menor repercusión en el sistema de protección. Se cierra así un ciclo, al finalizar el proceso de saneamiento, de las insuficiencias crediticias del Instituto Nacional de Empleo.
El Inem comenzará el ejercicio de 1994 con las cuentas a cero y con instrumentos legales que le deben permitir cumplir con la acción protectora, asegurando al tiempo el equilibrio financiero y el equilibrio presupuestario. La Ley 22 de 1992 va a continuar surtiendo efectos racionalizadores a lo largo de este próximo año y ello me permite afirmar que seguirá minorándose el incremento de gasto del sistema como consecuencia lógica de las medidas que en su día se tomaron. Pero, señorías, junto con el equilibrio financiero es necesario adoptar medidas para hacer viable la prestación y para garantizarla en el próximo futuro. Volviendo al Libro Blanco de la Comisión, conviene reflexionar sobre la necesidad de no abordar exclusivamente las políticas de equilibrio presupuestario actuando sobre ellas, sino que también es necesario buscar un equilibrio entre la lucha contra el desempleo y la creación de empleo, y, como nos recuerda la Comisión, el actual desempleo comunitario se explica en parte por una débil tasa de crecimiento económico y en parte también por la falta de flexibilidad del mercado o de los mercados de trabajo. De hecho se necesita actuar simultáneamente sobre los elementos que están generando tensiones financieras en la prestación, pero, además, buscando aquellas otras fórmulas que permitan un mayor dinamismo del mercado y, entre ellas, mejorar el acceso al empleo de los grupos sociales más desfavorecidos: desempleo juvenil, paro de larga duración, igualdad efectiva de oportunidades de la mujer, también agilizar el funcionamiento de los servicios públicos y privados de empleo, avanzar hacia un sistema más adaptable a las relaciones laborales y conseguir, por último - -añade el Libro Blanco--, una moderación en la evolución de las rentas salariales.Así las cosas, la convalidación de este Decreto-ley se va a unir también a medidas simultáneas que está adoptando el Gobierno para conseguir todos estos objetivos. En este sentido, hemos querido, de forma inmediata, adoptar medidas de garantía en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo, proyecto ya debatido en esta Cámara y en trámite en el Senado. Se trata de un proyecto que pretende compatibilizar la protección efectiva con el equilibrio presupuestario del importante gasto en desempleo, que en términos de participación en el producto interior bruto ha pasado del 2,7 por ciento al 3,5 en el período entre 1985 y 1993. Se adopta para ello un conjunto de reformas legales ante la situación de desempleo, ante el cual el régimen público de protección debe garantizar, en caso de necesidad, una prestación social suficiente.
Sin embargo, el Gobierno no se va a limitar a actuar exclusivamente en la adopción de medias racionalizadoras del sistema de protección por desempleo. La viabilidad financiera del sistema debe quedar asegurada también y fundamentalmente por la superación de la crisis y la creación de empleo. El Real Decreto-ley de medias urgentes de fomento de la ocupación va a permitir actuar sobre las instituciones laborales, cuya rígida regulación ha podido perjudicar la creación de empleo al diseñar instrumentos que favorezcan la colocación de jóvenes, mejorar las fórmulas que permiten el reparto de trabajo y orientar los programas de fomento de empleo hacia desempleados perceptores de prestaciones por desempleo que sean contratados en pequeñas empresas.
Junto a ello, es voluntad del Gobierno poner en marcha los mecanismos necesarios para que, al tiempo que se garantiza la protección, se extremen las medidas tendentes a la erradicación de las conductas insolidarias de aquellos que pretendan acceder al sistema sin reunir los requisitos o permanecer indebidamente en el mismo.
El efecto conjugado de todo lo anteriormente expuesto tendrá, ha de tener, no cabe duda, una incidencia positiva sobre los costes de financiación del sistema de protección por desempleo, lo que, unido al considerable esfuerzo que en materia de financiación se va a hacer en la aportación del Estado al desempleo --recordarán SS.SS. que las aportaciones para esta finalidad en términos presupuestarios crecerán en 1994 un 45,6 por ciento--, nos hace considerar ajustadas a la realidad las dotaciones económicas previstas para el próximo año en el proyecto de ley de presupuestos, no debiéndose producir en este ejercicio nuevas insuficiencias. Pero también es voluntad del Gobierno no detenerse aquí. Asegurar el futuro de la protección obliga a que realicemos también una amplia reflexión sobre nuestro sistema de protección. Se trata de analizar

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su evolución en estos últimos años, definir también un nuevo modelo para el futuro que atienda fundamentalmente a las características siguientes: que sea solidario, que sea efectivo y que sea financieramente viable.
El propósito del Gobierno es, por consiguiente, enviar a esta Cámara a lo largo de 1994 un proyecto de ley de reforma del sistema de protección por desempleo.
Así, pues, con el suplemento de crédito que se recoge en el Real Decreto-ley para el que solicito la convalidación se conseguirá sanear financieramente al Inem.
Con las medidas recogidas en la Ley de Acompañamiento de la de Presupuestos, próxima ya a su entrada en vigor, pretendemos garantizar la suficiencia presupuestaria que en 1994 y con la reforma de la protección por desempleo, cuya entrada en esta Cámara se va a producir el próximo año, queremos asegurar la viabilidad futura de esta importante protección social y, junto a ello, las medidas sobre reforma del mercado de trabajo, de las que podremos hablar con mayor detenimiento en la próxima semana, van a tratar de conseguir un modelo de relaciones laborales que promocione, mantenga y promueva el empleo.
Próximamente, digo, cumpliendo con un compromiso que adquirí en esta misma tribuna el pasado mes de septiembre, el Gobierno va a remitir a este Parlamento el proyecto de ley de reforma global del Estatuto de los Trabajadores.
Por consiguiente, la acción combinada de estas medidas estructurales son las que hacen que el suplemento de crédito, cuya convalidación hoy solicito a esta Cámara, se incluya dentro del marco general, dentro de un plan global que pretende precisamente la estabilidad financiera y la consolidación de nuestro sistema de protección social.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. ¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.) ¿Qué Grupos desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Dice el Real Decreto, cuya convalidación pide el Ministro, que durante el presente ejercicio de 1993 se están produciendo determinadas circunstancias que hacen que los créditos dotados en el presupuesto de gastos del Inem no sean suficientes para atender la cobertura de las prestaciones, al tiempo que los ingresos estimados por cuotas de desempleo presentan una evaluación desfavorable en relación con las previsiones contenidas en el presupuesto. Esta situación, unida a la necesidad ineludible de la cobertura de las obligaciones de referencia, hace preciso que de forma urgentese efectúe una aportación adicional al fondo del Inem, etcétera.
Evidentemente, nuestro Grupo, y ante esta petición del Gobierno, no puede hacer otra cosa que votar favorablemente la tramitación de la concesión de este crédito. Lo que pasa es que el matiz de este apartado, en el que se dice: determinadas circunstancias, valdría la pena especificarlo más o menos --no lo vamos a hacer porque creemos que sería adelantar el debate de la semana que viene--; valdría la pena especificar esas determinadas circunstancias. Por un lado, una circunstancia es que ha crecido el paro, evidentemente. Pero, por otro lado, está que el Inem no ha funcionado como habíamos venido pidiendo en los últimos años. Tendríamos que aprovechar esta circunstancia, y probablemente alguien la aproveche, para hacer una crítica nuevamente en esta Cámara respecto al funcionamiento del Inem.
Vamos a guardar nuestro discurso en este tema --y en el tema de la reforma, porque creo el Ministro ha ampliado excesivamente la petición que hoy correspondía, que era sólo la de pedir la convalidación del Real Decreto--, vamos a guardar, digo, nuestros argumentos respecto a la reforma laboral y, definitivamente, a la reforma del Inem como un instrumento para incentivar las políticas activas de creación de empleo en el futuro para la semana que viene. Hoy nos limitamos, simplemente, señor Presidente, a decir lo que hemos dicho. Vamos a votar favorablemente este crédito, que esperemos que sea el último --ya no queda tiempo para otro en este año--, pero esperemos que en el futuro el rigor presupuestario y las circunstancias del crecimiento del paro no nos obliguen a ir incrementando constantemente el presupuesto de gasto del Inem.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, tal como indicaba el señor Ministro de trabajo, éste es el tercer Real Decreto-ley que en un plazo muy breve - -no llega a seis meses--tenemos ocasión de discutir en esta Cámara, aprobando créditos extraordinarios dirigidos al Inem para paliar los déficit de este organismo en la liquidación de sus obligaciones en relación con derechos de trabajadores: el primero de ellos por importe de 222.000 millones, el segundo por importe de 237.000 millones y el tercero por importe, éste, de 456.000 millones de pesetas.
Esta sucesión de reales decretos nos permite en estos momentos, señorías, señor Ministro, reiterar lo que

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dijimos en relación con la convalidación del segundo de ellos.
Detrás de esta sucesión de reales decretos-leyes, señor Ministro, es indudable que existe un doble y notable fracaso: de una parte, una mala política económica ejecutada por el Gobierno y que ha agravado notablemente en nuestro país las consecuencias de una situación recesiva internacional; mala política económica del Gobierno que ha producido unos resultados nocivos, especialmente en materia de desempleo.
Este es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos de ese doble fracaso a que aludía anteriormente. La segunda faceta, señorías, señor Ministro, es indudablemente un notable fracaso de la política presupuestaria ejecutada por el Gobierno, política presupuestaria que da lugar a déficit sistemáticos, sobre todo en los mecanismos de protección social, y que proporciona argumentos reiteradamente utilizados por quienes, en definitiva, apuestan en contra de los mecanismos de protección social públicos.
Señor Ministro, al día de hoy, a escasamente mes y medio de las afirmaciones de nuestro Grupo en los términos expuestos y vertidos en el debate del segundo Real Decreto-ley a que antes hacía referencia, creemos que los datos vienen a confirmar nuestras afirmaciones.
Hemos conocido los datos de paro registrados en dos meses, octubre y noviembre, y nos encontramos con 150.000 parados, prácticamente más, con un nuevo Real Decreto-ley, con un importe de prácticamente el doble del anterior para cubrir déficit del Inem. Por tanto, señor Ministro, esa situación es una situación muy grave que requiere medidas. Las medidas que se contienen en este Real Decreto-ley son, sin lugar a dudas, medidas parciales, pero importantes en nuestra opinión, en la medida en que tienden a garantizar los derechos de los trabajadores de este país. Por tanto, señor Ministro, nosotros, en definitiva, vamos a votar a favor de la convalidación de este Real Decreto-ley, no sin antes haber puesto de manifiesto, como hemos intentado en mi intervención, descubrir las verdaderas causas de esta situación tan grave como la que atraviesa nuestro país y, fundamentalmente, el empleo.
Antes de terminar, sólo quiero, señor Ministro, en relación con su intervención, muy brevemente, contestar a dos afirmaciones que ha hecho usted desde la tribuna y que, en mi opinión, no guardan relación con la realidad y sería importante atenernos a ella para poder llevar a cabo reformas de todo tipo, tanto normativas como de prácticas adecuadas a la misma.
La primera de ellas hacía referencia a sus afirmaciones sobre el porcentaje de cobertura de la protección por desempleo.
Decía usted que en estos momentos estamos en torno al 80 por ciento del porcentaje de cobertura. Le quiero recordar, señor Ministro, que con datos presupuestarios, en estos momentos los beneficios de prestaciones de desempleo no llegan a dos millones de trabajadores. El dato de paro del tercer trimestre de este año 1993, a tenor de la encuesta de población activa, es de más de tres millones y medio de personas. Si eso es así, señor Ministro, indudablemente el nivel de cobertura es notablemente inferior a ese porcentaje al que usted se refería. Y eso es así, señor Ministro, y lo confirma usted con un dato que ha dado. Ha dicho usted el porcentaje de gasto destinado a desempleo sobre el PIB. En 1985 --creo recordar que es la fecha que ha mencionado usted desde la tribuna-- un 2,7 por ciento del PIB se destinaba a desempleo; en el año 1993 el porcentaje de gasto sobre el PIB destinado a desempleo es el 3,5. Evidentemente, señor Ministro, no se ha producido esa duplicación de gasto sobre el PIB para el desempleo que cabría deducir de sus afirmaciones de que se ha más que doblado el nivel de cobertura de la protección por desempleo. Finalmente, señor Ministro, e íntimamente relacionado con sus afirmaciones en esta materia, ha dicho usted que el Real Decreto-ley 1/1992, el conocido popularmente como «decretazo», no había recortado el nivel de intensidad de la protección por desempleo. Quiero recordarle, señor Ministro, que sí se rebajó la cuantía de la prestación del 80 al 70 por ciento, sí se rebajó la duración de la prestación desde la mitad de la cotización a la tercera parte de la cotización y, en definitiva, medidas de este tipo, como las que se contienen amplia y profusamente en el famoso «decretazo», no recortan el nivel de intensidad de la prestación, señor Ministro, y me hace temer que, efectivamente, estamos haciendo juegos malabares con el lenguaje, pero la realidad es la que es y cuando estamos en vísperas de una huelga general no cabe duda, señor Ministro, de que los trabajadores constatan que estamos asistiendo a un grave deterioro de la situación y de la normativa laboral de nuestro país.
Nada más y gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, después de este extraño programa doble de esta mañana, con dos Reales decretos-leyes --y digo programa doble porque precisamente la primera parte ha venido dedicada al cine--, a veces uno sí que comprende, aunque no puede compartir, la afición que parece tener el Gobierno socialista por los decretos-leyes y esa tendencia, que, en nuestra opinión, es bastante abusiva, a evitar los proyectos de ley.
El señor Ministro sabe, al igual que el representante del Grupo Socialista, que una de las principales diferencias es que a los proyectos de ley se les impone la obligación lógica de venir acompañados de una memoria y --dice el Reglamento de nuestra Cámara-- de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre un tema.


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Ya ha hecho mención también el representante del Grupo Catalán de que si algo se puede calificar de ambigüedad deliberada y medida es justificar 456.000 millones de pesetas en unas determinadas circunstancias, como dice literalmente el Real Decreto ¿Y cuáles son esas determinadas circunstancias? Porque determinadas son las que se determinan y no las que se cuentan como determinadas. Además --y creo que quizás ésta es la parte importante--, no estamos hablando de ninguna fruslería presupuestaria. Yo creí que 456.000 millones de pesetas iban a merecer un mayor esfuerzo de atención de esta Cámara, porque es aproximadamente la mitad de lo que se gasta en Educación, aproximadamente la mitad de lo que gasta el Estado en Defensa, casi tanto como gasta el Estado en el Ministerio del Interior y más del doble de lo que se gasta España en Justicia; luego no creo que estemos hablando de ninguna fruslería ni creo que deba tratarse o intentarse despachar en una sola página del «Boletín Oficial del Estado», que creo que va a ser una de las páginas más densas, en términos económicos, que ha podido publicar en estos últimos años.
Ciertamente, es la tercera vez que tenemos un debate de estas características. En el anterior debate del día 28 de octubre el representante socialista pretendió un socorrido juego: si usted me hace un debate político, yo le diré que debía haber hecho un debate técnico-presupuestario y si usted hace un debate técnico-presupuestario, yo le diré que tenía que haber hecho un debate político. Espero que esta vez no recurra a ese pequeño ardid, porque creo que hemos venido a hablar de un tema muy importante en términos sociales, de sensibilidad social, como es el desempleo, y de un término que, vuelvo a insistir, es medio punto, por ejemplo del producto interior bruto. Estamos hablando, vuelvo a insistir, de casi medio billón de pesetas que, además, van a ir a parar, si se convalida este Real Decreto, directamente a la Deuda Pública. Hay una dificultad para debatir esta cuestión y es que en esta materia creo que el Gobierno ha tenido una técnica deliberada de ocultación y de opacidad --lo digo yo y lo dice la Intervención General del Estado--, porque si no, ¿cómo puede explicarse el deseo de mantener permanentemente la práctica totalidad de los ingresos, la práctica totalidad de los pagos del Inem en cuentas extrapresupuestarias? Sé que probablemente el señor Almunia va a decir que es una cuestión de un fino tecnicismo. Para mí no es ningún fino tecnicismo, sino que yo entiendo, como entienden otras personas, y creo que así lo recogía el Informe de la Intervención General, que ha habido un deseo de opacidad, que mantenerlo en cuentas extrapresupuestarias es también una forma de mantenerlo fuera del control parlamentario. Vuelvo a insistir en que estamos hablando de un billón 200.000 millones que se han movido en cuentas extrapresupuestarias, cantidades que superan, como digo, la práctica totalidad de la dotación de los ministerios, del mayor número de ellos. Leo una frase literal de la Intervención General del Estado: El Inem no ha contabilizado presupuestariamente la totalidad de las cuotas de desempleo y de formación profesional recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Evidentemente, tampoco se recoge la totalidad de las prestaciones que figuran contabilizadas nuevamente como operaciones extrapresupuestarias.
En resumen, hay que creerse lo que ustedes nos cuentan y les aseguro que ése es un acto de fe que en este momento no está al alcance de cualquier ciudadano. Lo que sí sabemos, de lo que tenemos certeza es de que lo que venían haciendo les ha fallado. Esa técnica de recurrir siempre a la Tesorería General de la Seguridad Social, su eterno fiador, hacer un trasiego de dinero y no tener que dar explicaciones a nadie les ha fallado. Esos tres debates han venido a esta Cámara y realmente lo que han hecho --y no voy a utilizar el circunloquio semántico del señor Ministro de crear pensiones-- no ha sido crear pensiones, sino poner en peligro el sistema de la Seguridad Social.
El recurso a la Tesorería General ha sido abusivo.
Efectivamente, ha permitido poder pagar esas prestaciones a las que hacemos mención, pero, sin duda ninguna, lo que ha hecho ha sido, al final, poner en peligro la propia Tesorería General. Digamos que su fiador se ha resentido, le han creado tensiones, en la terminología que tanto le gusta al señor Ministro. En lo que llevamos de año, entre créditos extraordinarios y suplementos de crédito, hemos visto pasar por la Cámara prácticamente un billón de pesetas. A los 800.000 millones de créditos y suplementos, se ha añadido un concepto que nosotros también rechazamos, un concepto tan peculiar como los remanentes de tesorería. Creo que no es serio hablar de remanentes de tesorería cuando las cuentas de la Seguridad Social ni siquiera han sido conocidas desde 1989 por el Tribunal de Cuentas. Lo sabe el señor Almunia como lo sé yo. Aquí, hay que hacer nuevamente otro acto de fe: les contamos que hay remanentes de tesorería. Estaremos en nuestro derecho de creérnoslo o no, perdóneme.
Tampoco es novedosa la teoría del contador a cero. Se nos había hablado ya varias veces de los contadores a cero; ahora hablaré de dos contadores que me gustaría que estuviesen a cero, creo no es sólo uno. Hoy, ha repetido nuevamente el señor Ministro que ya está a cero el contador. Pregunto, ¿qué contador, el contador entre el Inem y la Tesorería General de la Seguridad Social? ¿El contador de todos los posibles déficit o desfases, como le gusta decir al señor Ministro, del Inem? ¿Cuál es el contador que se pone a cero? Porque en la última comparecencia de la Intervención General del Estado -- también se lo recuerdo-- se reconocía que, al menos, en principio, había 21.000 millones

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de pesetas correspondientes a 1992 que en este Decreto, de esa enorme austeridad en su literatura, no aparecen mencionados.
Pregunto en términos bien concretos: si no se nos quiere decir, ni siquiera desagregar esos 21.000 millones, ¿qué ha sucedido? Porque, en principio, iban como deuda reconocida imputable a 1992. Desde luego, en la aplicación de estos dineros no se habla de si queda o no saldado.
Ciertamente, nos gustaría que fuese cierto que se produce esa puesta a cero, pero me parece que vuelve a ser otro acto de fe de imposible cumplimiento, al menos desde la perspectiva del Grupo Popular.
Nos gustaría, también hoy, mantener ese clima de cierto apoyo a este Real Decreto, porque el argumento coactivo es decir que, si no, no van a cobrar nuestros empleados. Le digo que ya sabemos que sí han cobrado con cargo a la Tesorería. Sobre todo, nos gustaría que en las palabras de quienes intervienen en esta materia hubiese algún ejercicio de autocrítica, por elemental que fuese. Comprendo que hoy el señor Ministro ha intentado ganarse el sueldo presentando las causas de este déficit, de este desfase presupuestario, como causas externas, ajenas, por supuesto, a cualquier actuación del propio Gobierno; ha intentado hacerlo aún más externo planteándonos algo tan curioso como el Libro Blanco europeo, como si fuese ese Libro Blanco una bendición a lo que es la política del Gobierno socialista, cuando ustedes saben que es precisamente una reconvención, un amable varapalo pero que no deja de ser un varapalo, a lo que ustedes han venido haciendo. Vuelvo a insistir en que nos llevan a una materia en la que, ciertamente, si algo ha presidido la información al Parlamento es ese deseo de opacidad, de no facilitar las cosas. Si la Intervención General del Estado ha tenido que pronunciarse sobre este tema ha sido gracias a la tenacidad, a la insistencia, del Grupo Popular. ¿Por qué? Porque, por ustedes, estoy seguro de que hubiese seguido funcionando en ese régimen de no dar una explicación al Parlamento y apelar a que son cuestiones de contabilidad interna, de la Tesorería del Inem, que no tiene por qué saber esta Cámara. Le anuncio que vamos a pedir la tramitación como proyecto de ley de este Real Decreto, a ver si así podemos conocer con mayor profundidad y de mejor forma cuál es el estado real del Inem. Espero --y a lo mejor también es una esperanza vana-- que no diga el representante del Grupo Socialista que lo importante sería conocer cuáles son las posiciones del Grupo Popular. Creo que se trata de dar explicaciones a esas causas, determinadas según el texto e indeterminadas según la intervención del propio Ministro, de dar explicaciones de por qué se han producido sistemáticamente estos desfases. Ya sabemos que el tema no les resulta agradable, que prefieren poner «determinadas circunstancias» a hablar de crisis, a hablar de un incremento real de la cifra de desempleados; ustedes prefieren decir «determinadas circunstancias», que lo recoge todo. Sabemos que les gusta la brevedad y no le hago la cuenta de a cuánto saldría cada segundo de intervención, si estamos hablando de 456.000 millones de pesetas. Si quiere, es un ejercicio práctico curioso.
Desde el Grupo Popular no podemos apoyarles con nuestro voto y nos gustaría que admitieran esa petición nuestra de que sea tramitado como proyecto de ley para poder conocer un poco más a fondo si de verdad se pone algún contador a cero, si de verdad hay alguna voluntad de reformas en profundidad.
Hoy ha habido una contradicción enorme del señor Ministro, permítame que se lo diga. Vamos a ir a la reforma global, pero nuevamente por fascículos, vamos a traer ahora una nueva reforma de las prestaciones por desempleo. ¿Por qué no traen de una vez esa nueva ley, completa, global, de Seguridad Social? Porque, si no, nos van a decir siempre que están dando una visión global, pero cuando eso se tiene que materializar ante esta Cámara, es auténticamente hojita a hojita, hojitas de medio millón de pesetas algunas, hay que decirlo, pero hojita a hojita o fascículo a fascículo. Yo les agradecería que se produjese de una vez ese debate, global, sobre unas bases globales de Seguridad Social, si es que de verdad quieren afrontar este tema con la profundidad y con la seriedad que creo que todos entendemos que debe ser tratado.
Vuelvo a insistir: Nuestro Grupo no va a poder prestar su apoyo a esta iniciativa. Tampoco es momento, especialmente el actual, para hacer sólo ejercicios semánticos; comprendo que están dentro del sueldo o de las obligaciones del señor Ministro, pero también es un ejercicio de una inútil cosmética o un inútil maquillaje a una situación que ustedes no quieren asumir. Creo que sería, es, la asunción de la actual situación y algún astibo de autocrítica, la primera base de credibilidad de las medidas que se anuncian.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar nuestra posición, favorable a la convalidación de este Real decreto-ley que nos ha traído el Gobierno. Para nadie es una sorpresa la llegada a la Cámara de este Real decreto-ley.
Era suficientemente conocida, había sido anunciada en la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado a esta Cámara por parte del Gobierno, del Ministro de Economía y Hacienda, había sido anunciada en intervenciones en este mismo hemiciclo por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, habían sido

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informadas, en las reuniones del diálogo social, tanto las centrales sindicales como las organizaciones empresariales, a lo largo del mes de septiembre. Los antecedentes numéricos, que algún portavoz reclamaba, de por qué se producen estas insuficiencias en relación a lo presupuestado al inicio de este ejercicio, cuáles son las causas por las cuales los gastos en prestaciones por desempleo aumentan y los ingresos por cotizaciones por desempleo no llegan a la previsión presupuestaria para el año 1993, han sido debatidos en bastantes ocasiones en este período de sesiones. Al menos, recuerdo cuatro ocasiones: dos veces en el debate presupuestario, una vez en el debate del anterior Real decreto-ley que tuvimos ocasión de debatir en el mes de octubre y otra vez en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, por parte del Ministro Griñán con los portavoces de los grupos. Por lo tanto, hay un conocimiento más que suficiente; probablemente éste será uno de los temas --y es lógico que así sea, dada la cuantía del crédito suplementario que el Gobierno ha aprobado en el Real decreto-ley--, en modificaciones de crédito, del cual más conocimiento tiene esta Cámara y que en más ocasiones y durante más tiempo ha sido debatido por todos nosotros.
Es verdad que estamos debatiendo una cuestión que nos es conocida, pero la estamos debatiendo en un plano distinto al que lo hemos hecho en ocasiones anteriores; me refiero a los dos anteriores decretos-leyes debatidos este año, uno por la Diputación Permanente y otro por el Pleno. ¿Por qué es distinto en esta ocasión? No por sorpresa, pero sí distinto.
Porque en ocasiones anteriores se trataba de modificar créditos para responder a insuficiencias producidas en ejercicios anteriores, desde el año 1990 hasta el año 1992, mediante sucesivas modificaciones de crédito debatidas en esta Cámara a lo largo de los dos últimos años. Pero en esta ocasión, una vez recuperado el atraso de las insuficiencias de ejercicios anteriores, estamos debatiendo la insuficiencia de este ejercicio 1993, que va a finalizar dentro de diez días.
Esa mayor agilidad para salir al paso rápidamente de las insuficiencias generadas por causas a las que ahora me referiré debe ser puesta de manifiesto en este debate. Porque, al hacerlo así, quedan un poco pasadas de moda o de tiempo algunas de las consideraciones que el portavoz del Partido Popular quería traer otra vez a colación en este debate. En otras ocasiones, con la entonces portavoz del Grupo Popular, hemos debatido los ajustes entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional o, dicho de otro modo, entre el gasto efectivamente realizado por el Instituto Nacional de Empleo, al satisfacer las prestaciones por desempleo, y el reflejo de ese gasto en la contabilidad presupuestaria. Pero, en esta ocasión, a diferencia de cualquier otro debate anterior de los mantenidos en los dos últimos años, estamos dando la respuesta en el mismo momento en que está finalizando el ejercicio en el cual se han detectado esas insuficiencias. Y creo que esto conviene decirlo así, porque entonces cobra todo su significado esa puesta a cero del contador en un doble sentido: corresponder a su preocupación.
El Secretario General de la Seguridad Social afirmó en la Comisión de Presupuestos, hace mes y medio, que, una vez que quedase aprobado este crédito suplementario, era evidente que quedaba satisfecho el saldo deudor que venía manteniendo el Instituto Nacional de Empleo con la Tesorería General de la Seguridad Social en la cuenta que mantienen ambas entidades. A su vez, al atender este crédito suplementario las insuficiencias estimadas para este ejercicio de 1993, queda también el contador a cero, en cuanto al gasto efectivamente realizado por el Instituto Nacional de Empleo en el pago de las prestaciones y la modificación de los créditos que le permitan disponer de créditosuficiente para respaldar, desde la contabilidad presupuestaria, esos pagos. Por tanto, ambos contadores están a cero con la aprobación de este Real decreto-ley.
¿Las razones de la desviación en 1993? Son conocidas, han sido debatidas por nosotros en esta Cámara. Pero, igual que ha hecho el Ministro, se pueden también evocar muy sintéticamente. Con relación a las previsiones de los Presupuestos que aprobamos hace ahora un año, desgraciadamente, en la economía española hay menos empleo del que se había previsto a finales de este ejercicio, hay más desempleados con derecho a prestación de los que se habían estimado al hacer las previsiones presupuestarias para el año 1993 y hay también, como consecuencia del menor empleo, no sólo más desempleados, sino también menores ingresos por cotización. A la suma de ese mayor gasto en prestaciones y menores ingresos por cotizaciones responde este Real Decreto- ley.
Me puede decir S.S. con razón que eso no es atacar las causas del problema, sino sólo las consecuencias. Pero, como usted bien sabe y como sabe bien la Cámara, también en estos meses, el proyecto de ley de presupuestos, el proyecto de ley de medidas urgentes (ambos serán debatidos en esta Cámara la próxima semana antes de su definitiva entrada en vigor), la reforma del mercado de trabajo que el Gobierno también ha aprobado y que debatiremos la próxima semana, el conjunto de las actuaciones, sea de la política laboral o social, sea de la política económica, puestas en marcha al principio de esta legislatura, en estos meses por el Gobierno y que cuentan con el respaldo mayoritario en esta Cámara y van a seguir contándolo, todas esas medidas van no sólo a paliar las consecuencias, como hace este Real decreto-ley, consecuencias mayores de las estimadas, sino también a atajar las causas. Y esperamos no sólo que, como queda, creo suficientemente explicado, el doble contador a cero sea cierto a finales del ejercicio de 1993, sino también que, gracias a las políticas

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adoptadas, gracias a las políticas que se están poniendo en marcha, las previsiones que figuran en los presupuestos para 1994 sirvan para que no haya estos desajustes, no vuelvan a repetirse estos desajustes en el próximo ejercicio. Eso es lo que nosotros, como Grupo Socialista, esperamos. En esa confianza venimos apoyando las políticas económicas y sociales del Gobierno socialista y en esa confianza ratificamos --y con ello concluyo mi intervención -- nuestro voto positivo a la convalidación de este Real decreto-ley. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 17/1993, de 3 de diciembre.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 183; en contra, uno; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real decreto-Ley.
Votación relativa a la tramitación como proyecto de ley del Real decreto-ley convalidado, habiéndose solicitado que se someta a la decisión de la Cámara esta tramitación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 130; en contra, 179; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--ENMIENDAS DEL SENADO AL PROYECTO DE LEY SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (Número de expediente 121/000001)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vienen hoy a la aprobación de la Cámara las enmiendas del Senado y la aprobación definitiva de este proyecto de ley. En primer lugar, tengo que decir que, aunque nuestro Grupo se felicita porque podamos aprobar hoy este proyecto, no es menos cierto que lo vamos a hacer con un año de retraso. Hay que recordar, y quiero hacerlo muy sucintamente, que este proyecto es una trasposición de la Directiva comunitaria... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Robles. (Pausa.) Cuando quiera.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente. Como les decía, este proyecto es la trasposición de una directiva comunitaria que obligaba a tipificar y a trasponer al Derecho español los contenidos de esta Directiva. Este mandato tenía su fin en diciembre de 1992 y lo vamos a aprobar con un año de retraso. Y es un síntoma preocupante, que a todos nos hubiera debido motivar; un hecho de una gravedad tan importante, como es poder luchar de forma eficaz contra el blanqueo de capitales, se hubiera debido tramitar de forma más urgente, como lo fue, a través de una iniciativa del Grupo Popular, la proposición no de ley de junio de 1992. Este proyecto tendría que haberse visto como muy tarde, repito, en diciembre de 1992. Pero como es preferible que sea más bien tarde que nunca, nos tenemos que felicitar y esperamos que definitivamente este proyecto vea la luz y de forma eficaz. Ha sido un proceso largo, interrumpido en alguna ocasión, y ha tenido un gran retraso, pero definitivamente está sobre la mesa y vamos a hacer posible, aunque hemos intentado enmendarlo y mejorarlo, no con demasiada fortuna por parte de nuestro Grupo, en el trámite de la Comisión en el Congreso y en el Senado, que sea aprobado.
Este no es nuestro proyecto, no es nuestra ley. A nosotros nos hubiera gustado una ley distinta, más clara, más concisa y más eficaz. Lo hemos manifestado a lo largo del proyecto en repetidas ocasiones. Tiene importantes lagunas, importantes deficiencias y también dudas más que razonables sobre la posibilidad de su aplicación en algunos ámbitos concretos, pero, insisto, es preferible una mala ley que ninguna ley que regule un tema tan importante y tan grave como el blanqueo de dinero. Tengo que aprovechar para recordar, porque se ha intentando confundir a la opinión pública en alguna ocasión y muy concretamente con motivo del proceso electoral, cuál fue el origen de esta iniciativa. No es solamente la trasposición de la Directiva comunitaria; el Grupo Popular presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno que se trasladaran al Derecho español los contenidos de esta Directiva y fue en junio

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de 1992 cuando se aprobó, a instancias del Grupo Popular. Es la nota del Letrado de la Comisión de Economía la que recuerda estos contenidos. Dice exactamente: El establecimiento de determinadas medidas para prevenir el blanqueo de capitales encuentra su origen en una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Quiero recordar esto hoy aquí porque creo que es de justicia frente a tanta demagogia y frente a tanta manipulación como se ha hecho con esta ley.
Nuestra voluntad política, nuestro deseo es que exista esta ley, ley que nos hubiera gustado que fuera más eficaz y más justa pero que, en última instancia, vamos a apoyar.
Vamos a apoyar, por consiguiente, también estas seis enmiendas del Senado, entre otras cosas, porque cinco de ellas son meramente técnicas y otra tiene un contenido político pero razonable y coherente con las diferentes iniciativas que hemos visto en otros ámbitos. La más importante de todas ellas se refiere al artículo 14, que da entrada precisamente a las comunidades autónomas en la Comisión.
Dicho esto, señorías, quiero decir que la verdadera preocupación que tiene nuestro Grupo a partir de este momento ya no es la ley, sino lo eficaz que va a ser la ley. De ahora en adelante, empezaremos a demandar al Gobierno de qué instrumentos la va a dotar para que pueda ser eficaz. Hay que recordar, una vez más, las denuncias permanentes de la Fiscalía especial de Lucha contra la Droga, las denuncias permanentes de la judicatura en la falta de medios, la denuncia permanente de los servicios aduaneros, la denuncia permanente de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado. No existen medios y no existen recursos suficientes para ser eficaces en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Hoy nos vamos a dotar de un instrumento legal que nos va a hacer posible esta lucha, pero a partir de este momento tendremos que comprobar la voluntad del Grupo mayoritario, del Gobierno, en dotar de forma suficiente, amplia presupuestariamente y con medios humanos, la lucha contra el blanqueo de capitales. Ya les anuncio a ustedes que, desde luego, va a ser un objetivo prioritario del Grupo Parlamentario Popular comprobar el desarrollo de esta ley, hacer un seguimiento de su eficacia y pedir constantemente, a través de esta Cámara, que se dote de los medios suficientes, de los medios necesarios para que esta ley, como he dicho, sea eficaz.
Esperamos que con la ley de blanqueo se cierre el círculo de lucha contra el narcotráfico, aspecto, como ustedes saben, fundamental y vital para hacer posible que no afloren los beneficios de este criminal ejercicio económico que es la venta de droga en nuestro país.
Señorías, insisto, con el lamento de que haya sido un año perdido, un año de retraso el que hemos tenido, pero felicitándonos por fin de que vayamos a tener una ley de blanqueo consensuada por todos los grupos, a partir de este momento demandamos en esta Cámara la eficacia, los medios suficientes, económicos y humanos, para que sea realmente posible la lucha contra el blanqueo de capitales.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Vamos a votar favorablemente esta ley y las enmiendas que vienen incorporadas del Senado, enmiendas que vienen a garantizar la participación de las comunidades autónomas en tareas de seguridad y vigilancia, como compete a sus respectivos estatutos de autonomía.
Esta es una ley que ya calificamos en su día de claramente progresista, y queríamos que lo fuese más. Nuestro Grupo Paralamentario propuso incluir un cuarto supuesto en los elementos a vigilar por parte de las autoridades y de los miembros de las entidades financieras --me estoy refiriendo al dinero negro--, y no fue posible porque el Grupo Popular, y el Grupo Socialista, se opusieron a ello. Quiero recordar a la señora Romero que asumió el compromiso formal en la Comisión con competencia legislativa plena, en nombre del Grupo Socialista, de que, ya que no se iba a incluir en esta ley, se comprometía, repito, a presentar un proyecto o proposición de ley para abordar, con la misma contundencia, con la misma dureza con que abordamos ahora el tema del dinero procedente del narcotráfico, el problema del dinero simplemente negro y antidemocrático, el dinero que no tributa a Hacienda, que para nosotros es tanto o más execrable que el dinero que proviene de actos ilícitos, sean del terrorismo, sean del narcotráfico.
No quisiera terminar sin manifestar mi sorpresa ante la intervención del digno representante del Grupo Popular, pues parecía que pretendía irrogarse la paternidad de esta ley. Yo creo que, siendo un poco piadoso, no quiero recordar cuál fue la intervención...


El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, el turno es para fijar posición en relación con las enmiendas del Senado y con el texto, no con la intervención del señor Robles.


El señor ESPASA OLIVER: Pero en la medida en que el texto fue durísimamente combatido por un ilustre representante del Grupo Popular, a este Diputado le sorprende esta reclamación de paternidad, por cierto tardía.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Espasa.


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Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Al Grupo Socialista también le sorprende la intervención del Partido Popular en un turno que teóricamente es de fijación de posición respecto a las enmiendas, pero que se ha convertido en una especie de turno de explicación de voto, por lo cual intentaré resumir, en mi breve intervención, la posición en relación con las enmiendas que vienen del Senado, que han sido en su mayoría referentes a modificaciones de estilo, y no rebatiré al señor Robles en lo que hace referencia a su posición respecto a la enmienda sobre la composición de la Comisión de la prevención de blanqueo. Pero, puesto que ha intervenido para explicar su voto, aunque no sea una referencia a lo que son los turnos parlamentarios, tendría que intervenir en ese sentido diciéndole al señor Robles que tal vez «explicatio non petita, accusatio manifesta». (Rumores en los bancos del Grupo Popular.) No queremos recordar la desafortunada intervención de otros tiempos de un diputado que no se encuentra hoy ante nosotros. (Grandes rumores en los bancos del Grupo Popular.--El señor Cisneros Laborda: Que hable en latín.)

El señor PRESIDENTE: Señora Romero, le recuerdo lo mismo que al señor Espasa. El turno es para fijar la posición de su Grupo. (Rumores en los bancos del Grupo Socialista.) Señorías, guarden silencio. El turno, insisto, es para fijar la posición en relación con las enmiendas del Senado y con la ley, no para un turno de réplica a las intervenciones de los demás grupos.
Continúe, señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Señor Presidente, puedo sentarme ya si lo que quiere es que fije la posición respecto a las enmiendas. Pero no ha habido fijación de posición con respecto a las mismas ya que han utilizado un turno de explicación de voto.


El señor PRESIDENTE: En relación con el texto del proyecto de ley. (Fuertes rumores.) ¡Silencio, señorías!

El señor CISNEROS LABORDA: ¡En latín, en latín! (Un señor Diputado desde los bancos del Grupo Socialista: ¡Se te caen las flechas!)

El señor PRESIDENTE: Señor Cisneros, guarde silencio.
Señora Romero, puede fijar la posición en relación con las enmiendas y en relación con el proyecto de ley que hoy recibe su última votación parlamentaria, pero no en relación con las intervenciones de los demás portavoces de los Grupos.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Fijo, entonces, la posición de nuestro Grupo.
Le satisface al Grupo Socialista que esta ley haya contado con la unanimidad de todos los grupos en una necesidad ineludible, como es la lucha contra el narcotráfico y la puesta en marcha de una directiva que están recogiendo ya en sus respectivas legislaciones todos aquellos países que tienen una verdadera intención de poner en marcha los mecanismos necesarios para esta lucha contra el narcotráfico.
Nos satisface, al mismo tiempo, superar una etapa en la que no queremos pensar que el confusionismo generado alrededor de esta ley podría obedecer a un intento de restarle eficacia, al mezclar deliberadamente, en los debates anteriores a lo largo de la tramitación de la ley en Comisión, los ámbitos administrativos y penales como una estrategia obstruccionista con el fin de que una ley como ésta no pudiera llegar a buen término. Por eso pensamos que, superada esta etapa, es una satisfacción recoger aquí la unanimidad de todos los grupos y hacer posible que esta ley salga adelante. Esta norma legal es el complemento administrativo de otra que también pusimos en marcha de modificación urgente del Código Penal en aquellos delitos que hacían referencia al narcotráfico. Ni siquiera la discusión que se produjo alrededor del carácter orgánico de la ley ha sido suficiente para impedir su tramitación rápida.
El Grupo Socialista pensaba que cuando no se regula ningún derecho fundamental, las leyes no tienen que tener carácter orgánico, a pesar de que haya normas que puedan rozarla, pero cuando existe jurisprudencia constitucional las leyes no tiene por qué tener carácterorgánico. Por eso la discusión sobre el carácter orgánico ha sido siempre un intento de provocar obstrucionismo y retrasar la aplicación rápida de la ley. Es cierto que su operatividad dependerá mucho del funcionamiento.
Por eso, desde aquí nos comprometemos y recogemos todos los guantes que hayan lanzado los grupos para hacer posible que esta ley tenga realmente la operatividad que hemos pretendido.
Como desgraciadamente esta es una lucha que se nos plantea a largo plazo, estaremos aquí presentes para hacer que su cumplimiento sea eficaz.
Por último, quiero señalar, respecto a la intervención de Izquierda Unida, que saben que ha sido, es y será también nuestra preocupación la persecución del fraude fiscal. Pero esta Ley, como recoge las indicaciones de la Directiva y afecta sobre todo a fenómenos que tienen dimensión internacional, no pensábamos que fuera el marco adecuado para recoger la pretensión de Izquierda Unida. Sin embargo, dijimos en la Comisión,

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y también, decimos hoy, que estamos decididos a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para crear aquellos instrumentos precisos para que medidas de prevención de este tipo puedan aplicarse al ámbito fiscal. Por eso, no nos queda más que satisfacernos mutuamente... (Risas en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Continúe, señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Ante el uso recíproco de ciertos verbos es muy curiosa la distinción que suelen hacer los señores del Grupo Popular. (Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Tal vez es que todavía no han entendido muy bien lo que significa. Tendremos que ir colaborando para que puedan entender de verdad lo que es la reciprocidad en los verbos. (Rumores.) Insisto en que tendremos que satisfacernos mutuamente para que este proyecto de ley siga adelante, ya afortunadamente concluido, que su aplicación sea de la efectividad que deseamos, y entre todos podamos eliminar esta lacra en un día como hoy, en el que la colaboración ciudadana es muy importante y en el que la lucha contra el problema del narcotráfico tiene que servir para unir todos los esfuerzos necesarios. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Estimulado intelectualmente este portavoz por un ambiente tan navideño, provocado quizás por las intervenciones anteriores, tan estimulantes desde una perspectiva, repito, intelectual, realmente las neuronas se activan en un contexto de esta naturaleza (Risas.) Sólo queremos decir, a pesar de que la situación propicia quizás un discurso más prolijo y más relevante intelectualmente, que nos satisface cómo ha quedado este proyecto de ley (Risas.) tras su paso por el Senado y las enmiendas incorporadas en el mismo y nos satisface por un doble bloque de razones o una doble argumentación, señor Presidente. En relación o en lo atinente a su contenido material, nos satisface porque este proyecto de ley es un fiel reflejo de las directivas comunitarias y de los requerimientos de otro importante instrumento internacional: la Convención de Viena del año 1988. Esta congruencia casi nos exonera de tener que argumentar, en cuanto a su contenido material, de forma más detenida, de forma más prolija, y nos satisface, y esto es una argumentación dilecta para mi Grupo Parlamentario... (Risas.) Señor Presidente, uno no tenía la conciencia de ser tan gracioso en sus argumentaciones; no puedo comprender esta hilaridad que provocan mis palabras. En todo caso, nos satisface, señor Presidente, porque los debates competenciales son dilectos para mi Grupo Parlamentario, aunque son siempre complejos de articular y es difícil buscar consensos de amplio espectro en relación a materias, insisto, competenciales, y no sólo en los aspectos de naturaleza estrictamente financiera --en materia de blanqueo de capitales los aspectos jurídicos más relevantes quizás sean los de naturaleza económico-financiera--, sino que también aquellos atinentes a las competencias de policía administrativa en esta materia han sido razonablemente satisfactorios, lo mismo que en materia de la distribución de competencias entre los órganos de las comunidades autónomas y la Administración central del Estado previstos en el bloque de constitucionalidad.
Por estas razones, nosotros manifestamos nuestra satisfacción, insisto, por el contenido de este proyecto de Ley, y acabo con estas apalabras mi intervención.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Enmiendas del Senado relativas al proyecto de ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado. El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO:

--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO, PARA EXPONER Y DEBATIR LA POSICION DEL GOBIERNO ESPAÑOL Y DE LA UNION EUROPEA SOBRE LAS REPERCUSIONES PARA ESPAÑA Y LA UNION EUROPEA DE LA POSIBLE FINALIZACION DE LA RONDA URUGUAY DEL GATT, CON ESPECIAL ATENCION A LOS ASPECTOS AGRICOLAS, CULTURALES Y DE SERVICIOS

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(Números de expedientes 210/000004 y 210/000005)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto III del orden del día: Comparecencia del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para exponer y debatir la posición del Gobierno español y de la Unión Europea sobre las repercusiones para España y la Unión Europea de la posible finalización de la Ronda Uruguay del GATT, con especial atención a los aspectos agrícolas, culturales y de servicios.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--El señor Fernández-Miranda y Lozana: ¡Existe, existe!)

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor Presidente, señorías, comparezco hoy ante la Cámara para informar sobre el contenido del acuerdo final de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT y evaluar, de una manera general, las implicaciones de la misma para nuestro país. Como SS.SS. conocen, la ronda que concluyó el pasado día 15 de diciembre, tras siete años de intensas negociaciones, la ronda más larga de la historia del GATT, constituye a la vez el impulso más liberalizador y más ambicioso acometido a nivel multilateral desde la entrada en vigor del GATT en 1948. Es una negociación ambiciosa, no sólo porque aborda campos hasta ahora excluidos del proceso liberalizador del GATT (como el capítulo agrícola o el sector servicios), sino porque supone la consolidación institucional de la nueva organización mundial de comercio, que denominaremos de forma resumida OMC en el futuro, cuyo fin es procurar que la liberalización de los intercambios no sea puesta en peligro por prácticas desleales en el ámbito del intercambio del comercio internacional. La dilatación de las negociaciones ha hecho coincidir la última etapa de las mismas con la fase más baja del ciclo depresivo que atraviesa la economía mundial. Esta circunstancia ha dificultado la conclusión del acuerdo al suscitarse resistencias por parte de los sectores y grupos sociales más afectados, a corto plazo, por las medidas liberalizadoras. A pesar de esas dificultades, creo que el resultado final ha valido realmente la pena.
Como en todo proceso negociador complejo nadie obtiene de forma completa todo lo que desea, pero aun así, el punto de convergencia final acostumbra a ser con mucho preferible a la situación de partida. El resultado, señorías, es razonable y beneficioso para todas las partes contratantes. Con este acuerdo disponemos hoy de un marco internacional adecuado para que el comercio se intensifique y con él la riqueza y el empleo de de todos los países y del nuestro en particular. La idea de que la liberalización del comercio y la prosperidad económica van normalmente de la mano no siempre ha sido aceptada con la generalidad, que podría esperarse, del análisis histórico del crecimiento económico, aunque ésta es la conclusión que se deduce del examen de la evolución reciente del mundo occidental. La ola de prosperidad que conocieron los países de la OCDE en la posguerra se debe atribuir en gran medida a la expansasión del comercio mundial.
Los ciclos económicos precedentes han mostrado una estrecha relación entre el aumento de los intercambios comerciales y el crecimiento económico. En 1991 el mundo produce seis veces más que en 1950 y, en cambio, exporta 12 veces más. Esto naturalmente no significa que el progreso liberalizador de comercio haya sido uniforme y constante. Las tentaciones proteccionistas se han manifestado en la concesión generalizada de subvenciones, en los acuerdos bilaterales de reparto de mercados y en la sucesión de represalias comerciales unilaterales, que tan frecuentemente han sido utilizadas para conseguir ventajas comparativas artificiales y difícilmente duraderas. Hay un dato relativo al denominado Grupo de los Siete que es interesante señalar, porque ilustra el efecto negativo que esta tendencia a la protección puede tener. Hasta el año 1980 el comercio mundial creció a una tasa mayor que la de la producción total del conjunto del denomindo Grupo de los Siete, pero la década de los ochenta se ha caracterizado por un cambio de esa tendencia, con una desaceleración relativa del comercio mundial, cuya pérdida de dinamismo se ha debido en gran parte a la aparición de numerosas barreras no arancelarias y acuerdos bilaterales. Creo que es importante señalar este hecho porque nos puede ayudar a entender el verdadero significado del acuerdo alcanzado el pasado día 15 de diciembre. Además de las ventajas teóricas para el crecimiento económico, de una mayor libertad en el comercio mundial, la firma de la octava ronda del GATT, la denominada Ronda Uruguay, da respuesta a una situación que, en ausencia del acuerdo, podría haber desencadenado una escalada de medidas proteccionista que hubieran empeorado notablemente la situación de partida anterior al acuerdo. En este sentido, creo que la importancia de concluir la Ronda reside no sólo en lo que aporta a la libertad de comercio, sino también en lo que evita de espiral proteccionista. Sin acuerdo no estaríamos en el mundo en que nos encontrábamos cuando comenzaron las negociaciones, sino en un mundo mucho peor, más cerrado al comercio y más incierto, por lo que se refiere a la política comercial. De hecho, en estos últimos años ha sido cada vez más patente la inadecuación del acuerdo general en su estado anterior a la Ronda Uruguay. Los nuevos desarrollos en los mercados de bienes y servicios y la globalización de la actividad económica mundial dejaban, cada momento que pasaba, más y más obsoleto el marco de referencia anterior. La desregulación financiera y la liberalización de los movimientos

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de capital han sido factores importantes para fomentar la inversión internacional y el crecimiento sin precedentes del comercio de los servicios. Quiero recordar que el comercio de los servicios, en el año 1992, superó la cifra de 960.000 millones de dólares, es decir, una cifra que duplica el valor de los intercambios de productos agrícolas y representa alrededor del 21 por ciento del total del comercio mundial.
Por otra parte, la transición de las economías planificadas de la Europa Oriental a modelos de libre mercado y el crecimiento de los países del sureste asiático han alterado muy significativamente el mapa político y económico comercial de todo el mundo. Los países en transición al sistema de mercado requieren un refuerzo de las reglas y disciplinas del comercio internacional para que éste actúe como motor impulsor del desarrollo económico. En cuanto a los países del sureste asiático, la proliferación de prácticas proteccionistas en los mismos es responsable en parte del desequilibrio comercial con esta región. Junto a la globalización de la economía mundial se ha producido también la aparición de bloques comerciales regionales. La proliferación de áreas de libre cambio y uniones aduaneras como, por ejemplo, evidentemente la Unión Europea, pero recientemente la NAFTA o el Acuerdo de Libre Comercio entre los países de Norteamérica o el Mercado Común Centroamericano o Mercosur, ha sido aceptada por el GATT, en base al artículo 24, como una fase en la apertura de determinados países paralela a la posterior multilateralización. Pero la creación y desviación de comercio dentro de las uniones aduaneras, aunque favorece un crecimiento del comercio en el interior de cada bloque regional, a una tasa mayor que el crecimiento general, amenaza con compartimentar en exceso el comercio internacional.
Por otra parte, a pesar de que las siete rondas de negociaciones multilaterales habían permitido reducir los derechos arancelarios para los productos industriales de un promedio del 40 por ciento hasta el 5 por ciento en los países más desarrollados, estos tipos medios del 5 por ciento, por un lado, encubrían importantes dispersiones con las denominadas crestas arancelarias que distorsionan el comercio y, por otro, su alcance era limitado al no afectar a los sectores agrícola y de servicios. La Ronda Uruguay ha pretendido dar respuesta a esta situación, adaptando el sistema comercial multilateral existente, revistiéndolo de mayor credibilidad institucional y fuerza institucional también, y buscando una más efectiva libertad de comercio. Para ello, la Ronda dividió su trabajo en catorce grupos o capítulos que cito puesto que muestran bien a las claras la ambición de las negociaciones. El primero, obviamente, aranceles; segundo, medidas no arancelarias; tercero, recursos naturales; cuarto, productos textiles; quinto, agricultura; sexto, productos tropicales; séptimo, reglas y disciplinas; octavo, salvaguardias; noveno, subvenciones; décimo, propiedad intelectual ligada al comercio, los denominados TRIPs en el argot inglés; decimoprimero, inversiones ligadas al comercio, las llamadas TRIMs en el mismo argot; decimosegundo, solución de diferencias; decimotercero, servicios, y decimocuarto, reglas antidumping. Como SS.SS. conocen, la Ronda Uruguay, iniciada en junio del año 1986, debería haber concluido con una conferencia convocada en Bruselas en diciembre de 1990, teniendo en esa fecha que prorrogarse un año más, provisionalmente, ante la falta de acuerdo sobre el capítulo agrícola. Para intentar cumplir ese plazo de un año de prórroga en aquel momento, y ante la falta de acuerdo en varios capítulos, el anterior Director General del GATT, el señor Dunkel, distribuyó, a finales de 1991, una propuesta de compromiso conocida como documento Dunkel que, aunque no satisfizo a todas las partes, sirvió de base para la negociación posterior, centrándola desde entonces en tres grandes apartados: uno, el proyecto de acta final; dos, las negociaciones arancelarias para productos industriales, cuyas listas no habían sido incluidas en el documento; y tres, los compromisos iniciales para la liberalización del sector servicios.
Pasaré revista a continuación, y con brevedad, a cada uno de los principales capítulos de la negociación, indicando en cada caso la repercusión del resultado obtenido para nuestro país y, en la medida en que sea relevante, también para la Unión Europea. En particular, me referiré al grado en que el acuerdo final recoge las aspiraciones españolas, tal y como fueron sintetizadas por el Gobierno en el memorándum sobre la Ronda Uruguay hecho público en vísperas de la celebración del Consejo Jumbo, de 20 de septiembre de este año, que definió la postura oficial española respecto a la Ronda. En dicho memorándum España abogaba por la conclusión de un acuerdo global equilibrado, justo y duradero de la Ronda Uruguay, emplazando a la Comisión para que condujera la última etapa de la negociación con la máxima transparencia y comunicación con el Consejo y los Estados miembros. En concreto, las preocupaciones españolas se centraban en seis sectores: el textil, el comercio de productos agrícolas, el acceso de mercados en bienes y servicios, la propiedad intelectual y los aspectos institucionales del acta final.
Una de las grandes novedades del acuerdo es, sin duda, la inclusión del sector textil en la Ronda Uruguay y el desmantelamiento progresivo, en diez años, de las restricciones cuantitativas derivadas del denominado Acuerdo multifibras, en los grandes grupos de hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas de vestir. La desaparición del Acuerdo multifibras va acompañada de una mejora del acceso al mercado de las distintas partes contratantes mediante una reducción arancelaria extensa. La Unión Europea y los Estados Unidos han introducido una enmienda que

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privará de los beneficios de la desaparición del Acuerdo multifibras a aquellos países que no mejoren de manera efectiva la apertura de su mercado. Esta era una de las principales reivindicaciones españolas, que se ha visto complementada por la consecución de una cláusula de salvaguardia específica y transitoria, que podrá ser invocada individualmente por los Estados miembros cuando se produzca un perjuicio a nivel nacional. A la hora de evaluar el impacto de estas medidas sobre el sector textil y de confección española, conviene no perder de vista que, de hecho, desde la entrada en vigor del mercado único, el pasado día 1 de enero, la libertad de circulación intracomunitaria y la comunitarización de las cuotas de importación textil habían supuesto ya una liberalización sustancial de este sector.
El nuevo impulso liberalizador brinda un período de adaptación y permite graduar las categorías de productos liberalizados, de forma que el grueso de las restricciones cuantitativas para los productos más sensibles se mantengan hasta el final del período. El sector textil español ha apostado claramente por la mejora de la calidad, diseño y valor añadido de sus productos, siendo apoyado por un plan de competitividad de cinco años de duración, aprobado ya en 1992, precisamente con el objetivo, incluido en el plan, de adaptar el tejido industrial a las actuales necesidades competitivas y conseguir el posicionamiento en los mercados exteriores. En el sector textil es posiblemente donde se produce el cambio estructural más importante en lo que respecta a la relación comercial con los mercados exteriores de terceros países. Será fundamental, pues, continuar el proceso de diálogo ya iniciado entre la Administración y el sector, con ocasión del plan de competitividad, para identificar la mejor forma de aprovechar el período transitorio de once años que el acuerdo ofrece hasta la desaparición completa de los contingentes que existen en el Acuerdo multifibras.
Otro de los sectores que en mayor medida ha centrado el interés español en la Ronda es, sin duda alguna, la agricultura. Como SS.SS. conocen, en noviembre de 1992, la Comisión Europea y los Estados Unidos suscribieron el denominado preacuerdo de Blair House, que centraba las concesiones en materia agrícola en tres apartados principales: la reducción de las ayudas internas, el acceso al mercado, incluyendo la conversión de las medidas de protección en su equivalente arancelario y garantizando, además, un acceso mínimo, y la reducción de exportaciones subvencionadas. En el primer apartado, la reducción de las ayudas internas, se calculaba la llamada medida global de la ayuda de que disfrutaba cada sector, comprometiéndose todas las partes contratantes a reducir esta ayuda en un 20 por ciento. Esta reducción se calculaba globalmente para el conjunto de los productos agrarios, lo que proporciona una gran flexibilidad para reducir en menor medida la ayuda a los productos más sensibles. Además, en la ayuda interna no se incluyen ni las ayudas por hectárea ni las ayudas por cabeza de ganado, introducidas en la reciente reforma de la política agrícola común, que se podrán seguir concediendo libremente sin quedar sometidas a ningún compromiso de reducción. En segundo lugar, el preacuerdo agrícola de Blair House preveía un acceso mínimo de las importaciones que pasarán del 3 por ciento actual al 5 por ciento del consumo comunitario en seis años. Se contemplaba también una reducción arancelaria media del 36 por ciento, calculada sobre el conjunto de productos, lo que permite reducciones diferentes por productos, siempre con un mínimo de reducción del 15 por ciento. En tercer lugar, el compromiso de Blair House consistía en la reducción, también en seis años, de las exportaciones subvencionadas no en un 24 por ciento, como el documento Dunkel, sino en un 21 por ciento de su volumen y en un 36 por ciento del valor de las subvenciones en términos presupuestarios.
Este preacuerdo de la Comisión con los Estados Unidos exigía en opinión de determinados Estados miembros, en particular de Francia y España, una serie de aclaraciones y mejoras que permitieran asegurar la compatibilidad de la política agraria común reformada con el GATT y obtener así un reequilibrio en las concesiones agrícolas. Concretamente, a España le preocupaba que la Unión Económica asumiera el compromiso de la reforma de la política agraria común para la serie de productos mediterráneos, entre los que destacan el vino, el azúcar, el arroz y las frutas y las hortalizas, con las mismas garantías que para los sectores agrícolas ya reformados, que son, como SS.SS. saben, básicamente los de los denominados productos continentales. También preocupaba al Gobierno español la intención de Estados Unidos de limitar la denominada cláusula de paz a tan sólo seis años, a partir de los cuales podrían denuciarse ante el GATT aquellas medidas de ayuda que se consideran perjudiciales para el comercio internacional. Pero la oposición más fuerte a ese preacuerdo ha provenido de Francia, que consideraba inaceptable el acuerdo y solicitaba un tratamiento más favorable para sus exportaciones de cereales y la posibilidad de mantener su participación en el comercio mundial en caso de que se produjera una expansión del mismo. El escollo agrícola, con visos de enfrentamiento bilateral, se resolvió positivamente la semana anterior a la conclusión del acuerdo, al mostrar los Estados Unidos una mayor flexibilidad en la interpretación del citado acuerdo de Blair House. (Rumores.) En el acuerdo se excluyen del compromiso de reducción de exportaciones los stocks comunitarios y se aumenta la cantidad de exportaciones que se toma como base de partida para la aplicación de las reducciones comprometidas, lo que limita ciertamente el efecto final sobre las exportaciones agrícolas de la Comunidad.


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En lo que se refiere a los intereses españoles en este capítulo, hay que constatar que las peticiones españolas han sido mayoritariamente atendidas tanto en el marco del GATT como en el plano intracomunitario. (Rumores.) La primera nota a destacar es la extensión de la llamada cláusula de paz, de seis a nueve años, que permitirá la culminación de la reforma de la política agraria común. En el seno de la Unión Europea, la Comisión y el Consejo se han comprometido a llevar a cabo la reforma de la política agrícola común para los productos mediterráneos antes citados, de forma que se haga compatible el respeto al GATT con el mantenimiento de las rentas de los agricultores y de la preferencia comunitaria por la producción española, que había sido erosionada por una serie de concesiones a países mediterráneos. En frutas y hortalizas se ha conseguido el mantenimiento de los precios de referencia y la modificación del calendario de aplicación de los mismos, ampliándose a los períodos en que no había precio de referencia para los tomates, pepinos, calabacines, etcétera, que normalmente abarcan los meses de enero, febrero y marzo. Como sus señorías recordarán, ésta ha sido una aspiración de España desde su adhesión a la Comunidad Económica Europea, ya que los calendarios de protección exterior para dichos productos hortofrutícolas no se correspondían con la cosecha española; y no sólo eso, habían sido elaborados antes de nuestro ingreso en la Comunidad precisamente en contra de nuestros propios intereses. En atención a la sensiblidad del sector, la reducción arancelaria para la mayor parte de frutas y hortalizas será de un 20 por ciento, en seis años, frente a la media del 36 por ciento para todos los productos agrarios. El acuerdo del GATT consagra también la nueva organización del mercado del plátano, que entró en vigor el pasado día 1 de julio para adaptar los distintos mercados compartimentados del plátano en la Comunidad Europea a las exigencias del mercado único. El sistema actual prevé la fijación de un contingente arancelario anual, que permite cubrir el consumo comunitario excedente una vez que se ha comercializado la producción comunitaria y una vez que se han respetado las corrientes tradicionales de importación de plátano de los países ACP, es decir, Africa, Caribe y Pacífico. En el marco de la Ronda Uruguay se ha conseguido, por tanto, salvaguardar la organización común del mercado del plátano, recientemente reglamentada por la política agrícola común. A cambio se ha ofrecido por la Comunidad la posibilidad de una revisión al alza del contingente arancelario, previsto en dicho régimen, en los próximos años, que debe poner fin a los contenciosos planteados por ciertos países productores salvaguardando la producción canaria. Por el momento no ha sido posible cerrar esta negociación, que proseguirá durante las próximas semanas, habiendo insistidola Comisión Europea en que el aumento ofrecido del contingente es el techo máximo a que se puede llegar.
Otro apartado importante es el que se refiere a las reglas y disciplinas en el comercio internacional. A medida que la protección arancelaria es menos relevante, las prácticas desleales como el dumping, las subvenciones encubiertas o las barreras técnicas se convierten en el escollo más importante para la libertad de los intercambios. En este sentido el acta final aporta reglas más claras para la determinación del dumping, y en el capítulo de subvenciones se establecen como únicas excepciones las ayudas al desarrollo regional, a la investigación y al medio ambiente, considerándose que las demás distorsionan el comercio internacional cuando la intensidad de la subvención supera el 5 por ciento del valor del producto.
Me gustaría destacar asimismo la inclusión de normas relativas a las garantías internacionales para inversiones y a la propiedad intelectual. Las primeras establecen un marco más estable para los inversores extranjeros, con efectos positivos para un país como España, que ha sido en la última década el tercer destinatario mundial de las inversiones directas exteriores y que hoy está potenciando la inversión propia en el exterior.
Las segundas, las de la propiedad intelectual, favorecerán la protección de los criterios de calidad y diseño característicos de los países más desarrollados, reforzando la protección frente a las falsificaciones.
En relación con ese campo de las reglas y disciplinas, la preocupación del Gobierno, ya expresada en su memorándum sobre la Ronda, se centraba no sólo en la actualización de los códigos del GATT, sino particularmente en su trasposición y reflejo en la legislación y práctica comunitarias. En este sentido, dentro de la Unión Europea se han tomado una serie de medidas para reforzar la eficiencia del funcionamiento de los instrumentos de defensa comercial, sin que ello suponga la introducción de un sesgo proteccionista. En el plano institucional, el gran logro de la Ronda es, sin lugar a dudas, la creación de la Organización Mundial de Comercio, que sustituirá al GATT asumiendo la reglamentación del comercio de bienes y servicios. Esta institución, que ya fue prevista inicialmente en la Conferencia de Bretton Woods, posterior a la Guerra Mundial y malograda por la resistencia de los Estados a la pérdida de soberanía en materia comercial, aleja el peligro de nuevas guerras comerciales y de represalias unilaterales, puesto que permitirá reforzar las soluciones multilaterales y la disciplina en el comercio internacional.
Como he señalado al comienzo de mi exposición, al margen de la revisión del texto final del acuerdo cuyo contenido he descrito, el grupo de acceso al mercado para productos industriales ha seguido trabajando en la conciliación de las ofertas de los distintos países en materia de rebajas arancelarias para los productos industriales.


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La reunión en Tokio del Grupo de los Siete estableció en el pasado mes de julio de este año un acuerdo que ha servido para impulsar los avances finales en este capítulo. Concretamente, se determinó que las ofertas arancelarias seguirían los siguientes principios. Primero, la eliminación completa de los aranceles para cinco sectores: productos farmacéuticos, maquinaria para la construcción, equipos médicos, cerveza y acero, y un desarme casi total en los sectores de muebles, maquinaria agrícola y licores. Segundo, armonización de los aranceles aplicables a los productos químicos para situarlos en el 6 por ciento como máximo. Tercero, recorte de las crestas arancelarias; es decir, de los tipos superiores al 15 por ciento, que tendrán que verse reducidos a la mitad. Y, como norma general, una deducción del resto del arancel, en promedio, del 33 por ciento.
En los últimos días se han producido un sinfín de ofertas, cuyo alcance resulta difícil de resumir. En el conjunto, destaca la apertura del mercado estadounidense, que ha reducido casi a la mitad los aranceles aplicables a las exportaciones comunitarias. Japón será, tras la Ronda Uruguay, el país con los aranceles más bajos del mundo, con una reducción de casi el 60 por ciento. También Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur han hecho amplias concesiones.
Asimismo quisiera destacar los esfuerzos de los países latinoamericanos en vías de desarrollo para consolidar sus reducciones arancelarias y las perspectivas que se abren en el sudeste asiático para el elevado nivel que tenían sus aranceles y por el compromiso de eliminación de todas las medidas de carácter no arancelario.
A pesar de la dificultad que entraña la valoración «a priori» de un acuerdo de esta envergadura, cabe anticipar algunas consideraciones sobre su impacto en el comercio exterior español. Desde el punto de vista de nuestras importaciones, el impacto será limitado, ya que más del 75 por ciento de las importaciones industriales españolas provienen de países con los que el arancel ya es nulo o es muy reducido.
El proceso de descreste arancelario tampoco nos afecta significativamente, ya que poseemos muy pocos aranceles superiores al 15 por ciento. Desde la óptica de las exportaciones, en cambio, el efecto puede ser importante, afectando a la cuarta parte de las mismas. Destaca la importancia para nuestro país de las concesiones en productos químicos, azulejos, cerámica, muebles, calzado y textiles, consolidando la tendencia de las exportaciones españolas a ganar una cuota real en los mercados exteriores y favoreciendo el acceso a nuevos mercados.
En definitiva, la ventaja de esta liberalización es que es recíproca y nos afecta menos que a otros países porque partimos de unos aranceles mucho más reducidos. En cualquier caso, conviene destacar que las reducciones pactadas se aplicarán de forma escalonada a lo largo de cinco años, con lo que el efecto psicológico más importante será la necesidad de adecuar la mentalidad del empresario español a un entorno internacional más abierto y más competitivo.
Cerraré mi descripción del contenido de la Ronda con unos comentarios acerca del capítulo más novedoso de la misma, el capítulo de la liberalización del comercio de servicios. El esquema de la negociación ha consistido en la redacción de un Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en las siglas inglesas), con una serie de anexos sectoriales y listas nacionales de compromisos iniciales para la liberalización. El mayor éxito ha sido, sin duda, el diseño de una serie de obligaciones y disciplinas generales, entre las que hay que destacar extender al sector servicios el trato de nación más favorecida y extender también al sector servicios el trato nacional a los proveedores extranjeros.
El Acuerdo también establece las bases para la liberalización progresiva del sector servicios mediante sucesivas rondas de negociaciones. Como era de prever, el centro de las discrepancias se ha producido entre los países desarrollados, que querían abrir los mercados internacionales a sus empresas, y los países en vías de desarrollo, que planteaban reticencias de fondo a la liberalización comercial de los servicios con el argumento del principio de industria naciente, negándose a aceptar una liberalización sobre un sector para el que ni siquiera disponían de una legislación nacional completa.
En síntesis, se han producido escasos avances en las listas de compromisos iniciales en los distintos sectores, con la práctica exclusión de los derechos del tráfico aéreo; un compromiso para la prolongación de las negociaciones en transporte marítimo por dos años y medio, ciertas garantías de acceso al mercado y utilización de las redes de telecomunicaciones y un aplazamiento de seis meses desde la aplicación de la Ronda Uruguay en el sector de servicios financieros.
Pero, sin duda, el capítulo que más ha centrado el interés de la opinión pública ha sido el audiovisual. Como SS.SS.
conocen, se ha suscitado en los últimos meses un duro enfrentamiento entre la Unión Europea y los Estados Unidos basado en dos concepciones antagónicas. La posición europea, encabezada por Francia, España y Bélgica, defiende la importancia del reconocimiento de la identidad cultural, que debe reflejarse en la protección y amparo de la producción cultural europea, especialmente en el sector audiovisual. Para Estados Unidos y Japón, en cambio, la producción audiovisual es una industria más. No en vano el audiovisual es el segundo capítulo de las exportaciones estadounidenses a Europa, con un 80 por ciento del mercado.
Este enfrentamiento se ha endurecido en las últimas semanas con una doble exigencia por parte de los Estados Unidos: la primera, limitar la posibilidad de que,

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en el futuro, la Unión Europea pueda reglamentar las emisiones por cable, satélite y nuevas tecnologías. Y la segunda, su deseo de que las productoras estadounidenses participarán en la recaudación de impuestos sobre «cassettes» y cintas de vídeo. Planteada así la cuestión, el resultado final ha sido el siguiente: el sector audiovisual queda, como todos, incluido formalmente en el GATT, pero no le será de aplicación ninguna obligación dimanante del acuerdo, lo que equivale a una exclusión «de facto» del sector. La Unión Europea queda así con entera libertad para proseguir su política actual.
Quisiera destacar, señorías, que el escaso avance en los aspectos sectoriales del capítulo servicios era previsible, dada la dispar situación de partida de las partes contratantes. Ello no debe llevar a infravalorar el alcance del GATT. Como ya he señalado, es un acuerdo marco que prevé el desarrollo futuro de la liberalización del sector, acompasándolo con el desarrollo real del mismo.
Como SS.SS. pueden comprobar, el acuerdo alcanzado incluye una amplia gama de disposiciones que incide en casi todos los aspectos de la vida económica de los Estados firmantes. Su primer efecto, sin duda, será la intensificación del comercio mundial y, consiguientemente, la intensificación de la producción mundial. Es difícil hacer pronósticos exactos en esta materia; pero los recientemente elaborados por la OCDE apuntan a un aumento de la producción de entre 213.000 y 274.000 millones de dólares para el año 2002, que viene a ser cerca de un punto del producto bruto mundial de ese año, y eso se producirá cuando los efectos de la Ronda se hayan dejado sentir totalmente.
Si me permiten que identifique estos efectos en términos regionales, no puedo dejar de manifestar que aproximadamente un 86 por ciento de las ganancias de la Ronda redundarán en favor de los países de la OCDE, dentro de los cuales la Unión Europea, que supone, ya hoy, el 39 por ciento del comercio mundial, es la zona más abierta a los intercambios multilaterales, y será, sin duda, la zona más beneficiada.
Concretamente, de las ganancias en la producción mundial calculadas por la OCDE, alrededor de un 30 por ciento corresponderán a la Unión Europea.
El segundo efecto económico del acuerdo es el conjunto de ventajas que va a suponer para los consumidores. La mejor asignación de recursos a escala internacional va a implicar, no sólo un significativo abaratamiento de bienes y servicios, sino también una mayor disponibilidad y una mayor calidad de los mismos al servicio del consumidor.
El tercer efecto, señorías, va a situarse en el mismo presupuesto público de los distintos Estados firmantes y, en particular, en el propio contribuyente, que se beneficiará de la mayor disciplina que el acuerdo impone en materia de subvenciones.
Los recursos así ahorrados podrán destinarse a reequilibrar las finanzas públicas, o bien, una vez alcanzado este fin, a reducir la presión fiscal.
Y el cuarto y último efecto económico de carácter general lo situaría en el mismo sector productivo, que se beneficiará de las economías de escala y de especialización que permite la globalización de los intercambios. La conclusión de la Ronda Uruguay abre un nuevo y vasto mercado a nuestros productos que puede y que debe ser aprovechado. El Gobierno, junto a los demás miembros de la Unión Europea, ha tratado de conseguir con este acuerdo el marco legal necesario para que este aprovechamiento sea una realidad, y va a seguir trabajando para perfeccionarlo en todos los aspectos posibles. Ahora bien, será la empresa, en último término, la que deba hacer frente, de forma efectiva, al reto planteado: mejorando su productividad, ampliando y consolidando sus redes comerciales y, en definitiva, haciéndose internacionalmente más competitiva.
Pero más allá de esos efectos generales, quisiera finalizar esta intervención, señorías, resaltando lo fructífero que ha sido el proceso de negociación para Europa y para España y la ayuda que su conclusión puede representar para el progreso económico de nuestro país.
Como he tenido ocasión de señalar a lo largo de mi exposición, la estrategia española se ha centrado en dos líneas de trabajo. Por una parte, en la consecución de una serie de objetivos plasmados en el memorándum español sobre la Ronda Uruguay y, por la otra, en la articulación de una posición interna de la Unión Europea que fuera favorable a nuestros intereses. Puedo afirmar que los resultados conseguidos en ambos frentes han sido satisfactorios.
En la Ronda Uruguay propiamente dicha se han conseguido resultados sustanciales en los seis sectores que centraban nuestro interés. Se ha conseguido un plazo razonable para el desmantelamiento de las restricciones cuantitativas derivadas del Acuerdo multifibras y una privación de estos beneficios a aquellos países que no mejoren de manera efectiva la apertura de sus mercados. Se ha conseguido la extensión de la llamada cláusula de paz de seis a nueve años en el sector agrícola, y una reducción arancelaria menor que la media para frutas y hortalizas. Se ha conseguido una notable actualización de los códigos del GATT en materia de reglas y disciplinas. Se han logrado notables avances en materia de acceso a mercados en bienes y servicios por parte de otros países, particularmente si tenemos en cuenta que después de nuestra entrada en la Unión Europea la mayor parte de nuestro comercio internacional estaba ya liberalizado. Se ha conseguido la exclusión «de facto» del sector audiovisual. Finalmente, se ha conseguido, junto con otros países, la creación de una organización mundial del comercio, posiblemente el logro más significativo de esta Ronda y el que permitirá,

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no sólo un control más eficaz de sus previsiones sino, también, la erradicación de represalias unilaterales y prácticas abusivas de las reglas del comercio internacional.
En lo que respecta al ámbito comunitario, hemos obtenido, en primer lugar, un importante resultado colectivo. La Unión Europea ha salido enormemente reforzada desde un punto de vista político, en la medida en que ha sido capaz de articular los intereses de todos los Estados miembros en una posición de consenso general. Y, en segundo lugar, hemos logrado que esta posición recogiera dos aspectos fundamentales para los intereses particulares de España. Por una parte, la articulación de un mecanismo más ágil para tomar decisiones en materia de defensa comercial, que para las medidas antidumping y antisubvención permitirá acelerar los plazos de investigación y pasar de la mayoría cualificada a la mayoría simple para confirmar las decisiones finales del Consejo; por la otra, el mantenimiento de los precios de referencia y la ampliación del calendario de aplicación para determinadas frutas y hortalizas, con lo cual se consigue una adecuación mucho mejor con las épocas de cosecha de nuestros productos.
Señorías, este es el resultado global que hoy el Gobierno somete a la consideración de esta Cámara. Un resultado que --no tengo ninguna duda acerca de ello-- es razonable y beneficioso para España. En un mundo cambiante, con una geografía productiva que el acceso de los nuevos países industrializados ha transformado enormemente, y con un ámbito comercial que los avances de los transportes y de las comunicaciones ha globalizado de forma irreversible, la respuesta no puede ser encerrarnos sobre nosotros mismos. Estoy convencido de que siempre será mejor enfrentarnos a esta realidad cambiante que tratar de ignorarla. La conclusión de la Ronda Uruguay no incrementa significativamente el grado de apertura de nuestra economía productiva, en la medida en que esta apertura ya se ha ido realizando de forma intensa desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea. Lo que sí hace, en cambio, es abrir nuevas perspectivas a nuestras exportaciones, sobre todo a terceros países, tanto por las reducciones arancelarias acordadas como por el perfeccionamiento de los mecanismos y la eliminación de trabas no arancelarias. En este sentido, la Ronda supone para la economía española un verdadero desafío de adaptación a las nuevas circunstancias, adaptación que podrá ser progresiva, y también del aprovechamiento de las posibilidades de ampliación de nuestros mercados exteriores.
Los acuerdos sobre el GATT, señorías, encauzan, ordenan y regulan el fenómeno irreversible de la globalización de la economía mundial; subrayan aún más, si cabe, las exigencias de competitividad que nuestra economía tiene planteadas y la ineludible necesidad de proseguir el esfuerzo reformador de nuestros mercados y estructuras, incrementando la vocación exportadora de nuestra industria e impulsando la modernización en todos los ámbitos de nuestra realidad económica y social.
Esta es la tarea que todos, Gobierno, la sociedad, los agentes económicos y sociales tenemos por delante.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Rato.


El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, señorías, es hoy un día de primicias en esta Cámara. (Rumores.) Para empezar, el señor Vicepresidente del Gobierno, que ocupa el cargo desde noviembre de 1991, ha decidido someterse a un debate parlamentario. Bien es cierto que ha elegido un trámite en el que los grupos de la oposición sólo pueden intervenir en un bloque y en el que normalmente no hay réplicas.
Después de casi tres años de eludir su responsabilidad democrática como miembro del Gobierno de España (Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.-- Aplausos en los bancos del Grupo Popular), el señor Serra pretende cumplir con el expediente de la manera más expeditiva y menos arriesgada posible, muestra palpable de quien prefiere las sombras a las luces. (Rumores.) Pero no se acaban ahí las primicias, señorías, no se acaban ahí (Rumores.), porque el señor Serra también habla hoy por primera vez del GATT. No sólo desde las elecciones generales del 6 de junio sino antes, el señor Serra no se había pronunciado sobre el GATT, no se le conocen actuaciones en las negociaciones, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. Hemos tenido, pues, la ocasión --yo no sé si ustedes la consideración histórica-- de escuchar las reflexiones del señor Serra sobre la Ronda Uruguay, el comercio internacional, la situación española, y todo ello en rigurosa exclusiva.
Quiero decirle, señor Serra, en nombre del Grupo Popular, que es el segundo Grupo de esta Cámara, que censuramos su pretensión de ser sólo responsable políticamente de aquello que usted elige a su comodidad. Creemos que violenta usted no sólo el Reglamento de esta Cámara, sino la más mínima sensibilidad democrática (Rumores.) y mi Grupo exigirá, cada vez con mayor rigor, que S.S. responda de su acción en el Gobierno, desde la utilización de los servicios de información, pasando por la coordinación de la Exposición Universal de Sevilla, hasta la manipulación de las instituciones (Fuertes protestas en los bancos del Grupo Socialista y aplausos en los del Grupo Popular.), como la representación española en el Tribunal de Cuentas

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europeo, todo ello al servicio de su Partido o de su clan.
(Rumores.) Es una tradición en las vicepresidencias del Gobierno del señor González --hoy ausente-- que sus vicepresidentes se dediquen a representar o bien al partido o bien a sus respectivos clanes, y el Grupo Popular lo rechaza hoy, una vez más, con toda contundencia. (Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista y aplausos en los del Grupo Popular.) No exageran quienes consideran a la Ronda Uruguay como el acuerdo comercial a escala mundial más importante de la historia reciente. Sus consecuencias sobre el futuro comercial y económico de los países serán grandes; su influencia sobre el crecimiento, decisivo, como lo ha demostrado que en cada ocasión anterior en la que el comercio se ha liberalizado, han incrementado el bienestar y la estabilidad.
Saludamos con optimismo un acuerdo multilateral que globalmente resultará positivo, sin duda, sobre todo teniendo en cuenta la alternativa, que se hubiera producido si no se llega a aprobar, que hubiera sido la lucha comercial entre bloques y el crecimiento del proteccionismo. Pero no todos los países se van a beneficiar de la misma manera y, ni siquiera aquellos que se beneficien, se van a beneficiar en la misma intensidad.
Hoy toca saber aquí qué ha hecho este Gobierno en favor de España, para que España pueda ser de los más favorecidos, sobre todo a la luz de que otros gobiernos lo han intentado y con toda rotundidad. (Una señora Diputada: Este, nada.) El Grupo Popular, al contrario de los Grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, nunca se ha mostrado partidario del proteccionismo. No es, en nuestra opinión, a base de barreras como los españoles vamos a mejorar nuestro nivel de vida ni nuestra solidaridad. Es difícil comprender la propaganda sobre el dumping social, habida cuenta de que los principales escollos en la negociación de la Ronda Uruguay han sido entre Estados Unidos y Europa y sobre todo, para España, los principales beneficiarios de nuestro déficit comercial --por cierto, que el señor Vicepresidente ni lo ha mencionado-- son, precisamente, países más desarrollados que nosotros. Además, si los españoles queremos de verdad --y parece que nuestra sociedad lo quiere y nosotros lo aplaudimos-- plantearnos una contribución efectiva al desarrollo del Tercer Mundo, hemos de aceptar que el colonialismo económico, de bajos precios de materias primas y mercados occidentales cerrados a las producciones del Tercer Mundo, debe ser cosa del pasado. La experiencia de los últimos años nos demuestra que para la competitividad de nuestra economía son mucho más dañinos los errores propios que las condiciones en los de los demás países. Las políticas de altos tipos de interés y de peseta sobrevalorada en un momento de reducción arancelaria, han destruido mucho más tejido productivo español que las diferencias laborales de nuestros competidores del Tercer Mundo. Nuestra balanza comercial demuestra que son los productores procedentes de los países más desarrollados los que más han crecido en nuestro mercado interior en los últimos años y los que han sustituido trabajo en España por puestos de trabajo en el resto de la Comunidad.
En ese sentido, parecería interesante que el Gobierno, si hubiera tenido tiempo, leyese los memorándum, por ejemplo, de la industria textil española, que dice: La industria textil confección española, con un potencial equivalente --no está mal-- a una décima parte de la Unión Europea --la expresión «no está mal» es mía-- constituye un sector plenamente competitivo siempre que el marco económico en que se desenvuelva sea neutro. La nefasta política económica de los últimos años, con altos tipos de interés, alto precio de la energía y moneda absurdamente sobrevalorada, ha representado un altísimo coste para el sector. De eso, tampoco el señor Vicepresidente nos ha dicho absolutamente nada. (Rumores.) El Grupo Popular ha mantenido y mantiene que la España del futuro sólo puede construirse sobre la creciente libertad económica de los mercados abiertos en beneficio de nuestros consumidores y para construir una sociedad menos inflacionaria, cuya política económica esté basada en la exportación y en la inversión. Ahora bien, señorías, ser partidario de una libertad creciente de comercio no es lo mismo que no tener preocupaciones sobre nuestros productos concretos. La mayoría de los países más prósperos y más abiertos del mundo, con un mayor peso del comercio mundial, han defendido con toda rotundidad y publicidad posiciones concretas, muy definidas a lo largo de todo el proceso de la Ronda Uruguay. Los gobiernos que representan a las economías más eficaces del mundo, y también a las sociedades más solidarias, han planteado de manera contundente sus prioridades comerciales, enfrentándose incluso a sus socios tradicionales y haciendo que las últimas semanas de la negociación final del GATT hayan estado al borde del fracaso.
Y es ahí donde hemos echado de menos al Gobierno español.
Señor Serra, hoy no es el día de fijar objetivos. Eso había que haberlo hecho hace muchos meses. La pretensión del Gobierno español, según la cual comprometerse públicamente en las negociaciones internacionales le ata las manos, le ha llevado, una vez más, a ir a una negociación internacional con las manos en los bolsillos. (Varios señores Diputados de los escaños del Grupo Popular: ¡Muy bien!) Son las apuestas nacionales claras y públicas las que dotan a los gobiernos de credibilidad y fuerza, y esta negociación ha sido un ejemplo rotundo de ello. No es exagerado decir que la postura francesa en la agricultura o en el tema audiovisual ha influido definitivamente

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en el resultado de la ronda, y ha obtenido resultados un Gobierno que se ha comprometido a fondo con su opinión pública durante meses, como lo ha hecho el Gobierno portugués en temas textiles, como lo ha hecho el Gobierno griego en temas marítimos. Nuestro Gobierno ha sido incapaz de comprometerse con unos objetivos comerciales concretos en esta negociación y, sobre todo, ha sido incapaz, una vez más, de movilizar a la sociedad española para analizar y conocer las consecuencias del GATT.
Señor Serra, usted es el paradigma de esto. Ni una sola declaración en estos siete años. El Gobierno sólo ha realizado declaraciones y comparecencias parlamentarias en las que no ha habido ni un solo compromiso de futuro. Eso sí, la noche de la negociación cuatro ministros españoles y todos sus equipos dormían en Bruselas. Pero no era esa noche cuando había que hacer esfuerzos patentes, era muchos meses antes, en contacto con los sectores reales españoles, cuando había que haber puesto sobre la mesa las condiciones que España necesitaba.
Los señores Brittan y Kantor seguramente no hablaban de los esfuerzos físicos que realizaban los ministros por estar esa noche en Bruselas, sino que discutían las condiciones y las posiciones concretas de los gobiernos planteadas meses antes.
Nadie sin objetivos puede obtener resultados, y eso es lo que usted representa, señor Serra: un Gobierno que, una vez más, se enfrenta a las negociaciones internacionales sin propósitos previos y de espaldas no sólo a la opinión pública nacional, sino incluso a los sectores más afectados. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos.) Señor Serra, ¿dónde están los estudios previos por sectores y los impactos previstos respecto a ellos? Me temo que no están en ningún sitio porque no los ha habido. ¿Dónde está el objetivo negociador que el Gobierno ha ofrecido a la sociedad española hace uno, dos, tres años, en este mismo verano? ¿Dónde está, señor Serra? Nos hemos contentado una vez más con la diplomacia (que definía muy certeramente otro portavoz de otro Grupo Parlamentario, que me perdonará por el plagio) del «yo también», que es lo que define a la diplomacia española de estos tiempos. Para este Gobierno, España está servida con la media comunitaria, y se lo hemos oído al señor Serra. ¿Pero estamos en la media comunitaria de verdad, señor Serra? ¿Usted ha visto nuestras cifras de comercio exterior? ¿Usted cree que estamos en la media comunitaria? Hablaremos de eso un poco más adelante.
Nuestra prensa ha llegado a recoger manifestaciones realizadas la semana pasada por técnicos españoles en esta negociación, destacados en Ginebra, que han dicho textualmente que España se ha caracterizado por un absoluto desinterés en las negociaciones de la Ronda. Es elocuente, señorías, que semanas antes de la finalización de la Ronda, el Gobierno español se reuniera con el Gobierno norteamericano, con el Gobierno alemán, con el Gobierno francés y con el Gobierno marroquí.
Probablemente ahí están nuestros principales socios económicos, nuestros principales competidores y clientes y hemos estado de acuerdo con todos a la vez. Parece imposible que, en los momentos antes de firmar el acuerdo de la Ronda Uruguay, España haya sido capaz de estar de acuerdo con Estados Unidos, Francia y Alemania, con todos a la vez, Desde luego, debe ser un descanso para los gobernantes extranjeros asistir a una cumbre con el Gobierno español. Acostumbrados a tantas tensiones con países amigos, reunirse con este Gobierno debe ser un remanso de paz. España no tiene problemas comerciales, ¿verdad? Sólo que nuestras exportaciones crecen menos en el período de nuestra integración en la Comunidad que en el inmediatamente anterior, casi nada. Ese es el fracaso de nuestra integración, que se ve con claridad en nuestra balanza comercial. Pero nuestro Gobierno debe ser el más simpático de todos los gobiernos. ¿Dónde estaba usted, señor Serra, en esas cumbres? ¿Estaba usted jugando con el Cesid? (Rumores y aplausos.) Su señoría se presenta hoy aquí sin el más mínimo estudio oficial de las consecuencias del acuerdo firmado. Los Diputados españoles tenemos que recurrir a las valoraciones de gobiernos extranjeros, de la Comisión o de los sectores afectados. El Grupo Popular solicitó del Gobierno hace dos semanas, previo a este debate, un informe escrito sobre las consecuencias del GATT. Helo aquí, señorías (Mostrándolo a la Cámara.), pero no es un informe, es el tratado completo; el Gobierno no lo puede valorar y pretende que lo valoremos los grupos parlamentarios. Mire usted, señor Serra, hemos tenido que recurrir a informes de la Comisión, que mire usted lo que ocupan (Mostrando un documento a la Cámara.) o a informes del Gobierno norteamericano, realizados el día 17 de diciembre, dos días después, y sin embargo, nuestro Gobierno, una semana después de la Ronda, cuando los grupos parlamentarios que representan la voluntad nacional le piden un informe, lo único que les puede remitir es la copia del tratado. (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Qué vergüenza!) Magnífico ejercicio de eficacia. (El señor Benegas Haddad: No saben ni leer.) España no puede permitirse el lujo de repetir la experiencia del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea o del Mercado Unico.
Firmar tratados internacionales cuyas consecuencias son estructurales y que afectan, de manera sustancial, a las condiciones de funcionamiento de nuestra economía, no puede seguir haciéndose sin contar con los sectores afectados, sin informarles y sin consultarles, y tampoco sin explicar detalladamente a la sociedad española las consecuencias y oportunidades que se derivan de esos tratados. Es necesario, y no lo ha dicho el señor Serra

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en la hora que le hemos escuchado (y estamos hablando de un tratado comercial, fíjense ustedes), que la sociedad española sepa que, de los 24 países industriales, España está en la peor situación de todos en esta negociación, porque tienen el mayor déficit comercial relativo de toda la OCDE, y el segundo más grande, después de Estados Unidos, en términos absolutos.
Y de eso el señor Serra no ha dicho nada. Así que el déficit comercial al señor Serra ni le preocupa.
Y produce, señorías, sonrojo cuando uno ve en la negociación del GATT en términos reales las declaraciones continuas de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, terriblemente preocupado durante todo el año 1992 y 1993 porque Francia se quedara aislada. Ahí estaba España preocupada porque Francia no se quedara descolgada. Señor Ministro, si Francia tiene superávit comercial, ¿por qué se preocupaba usted por los franceses? ¡Si los franceses ya se preocupan ellos solos!, ¡si tienen superávit comercial!, ¡si están justo en el otro extremo que nosotros! Es realmente sorprendente.
España, los españoles, tienen derecho a esperar de su Gobierno y de la Administración pública que dirige un análisis y una información de lo que suponen las nuevas circunstancias.
Seguir el camino de dar por sentado que los efectos de los compromisos internacionales que este Gobierno adquiere han de ser conocidos por la sociedad española sólo por la propia experiencia es una irresponsabilidad. Pero esto, desde luego, exige otro tipo de política exterior en la que se abandone la pretensión de que España está bien servida con lo que proponen los demás, con la media comunitaria, y se sustituya por una visión propia española de lo que es necesario. Por ejemplo, es paradójico que España acepte sin debatirlo que la especificidad cultural europea no contenga referencias a un continente donde la primera lengua puede ser muy pronto el castellano y que, además, está en un proceso de crear precisamente un espacio económico propio. ¿Alguien en este Gobierno se ha parado a pensar que el mercado natural de nuestros productos culturales es América? Sin duda que los productos culturales no pueden sin más ser sometidos a la competencia, pero ¿está España en este tema en la media europea? (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡No!) No ha sido posible saber la opinión del Gobierno español, señorías, porque en el memorándum al que ha hecho referencia el señor Vicepresidente del Gobierno, que tiene cuatro páginas, en este memorándum no hay ni una referencia al tema cultural. Sin embargo, y es verdad, sí se mencionaban los capítulos agrícolas y textiles. De sobra es conocido que el capítulo agrícola en la Ronda Uruguay del GATT ha sido, con mucho, el más controvertido y el que más arduas negociaciones ha precisado, precedido por las especiales y duras posiciones protagonizadas por el Gobierno francés, rotundo vencedor, junto con el Gobierno norteamericano de este capítulo. Por el contrario, nuestros intereses, especialmente los vinculados a la llamada agricultura mediterránea, basada en las frutas, hortalizas, grasas vegetales y vino, han tenido resultados mucho más pobres.
¿Cómo repercutirán los acuerdos del GATT en nuestra agricultura? Como debería saber el señor Serra, el comercio exterior agroalimentario español, que tenía superávit hasta mediados de los años ochenta, tiene en este momento un déficit de 250.000 millones, y es sólo positivo el subsector de los productos hortofrutícolas y aceites donde obtenemos un superávit, hasta ahora, aproximadamente de 200.000 millones. Pues bien, en esos cruciales momentos, cuando la Unión Europea no había abordado aún la reforma que afecta a las frutas y hortalizas, cuando, por tanto, la renta de los agricultores en las regiones españoles que basan en ello su actividad, se mide por los kilos que producen, se acepta una profunda variación de las reglas del juego que limita las exportaciones y abre el mercado comunitario a terceros países. Tanto desde el propio sector, como desde la Administración española se ha evaluado la necesidad de contar urgentemente con unas ayudas comunitarias, que pueden girar entre los 150.000 y los 200.000 millones de pesetas, para acomodar nuestro sector a esa nueva realidad y ¿la han obtenido ustedes? ¿Pueden ustedes decírselo hoy a esta Cámara? Porque lo único que hay en los documentos comunitarios es una mención marginal, según la cual el Consejo y la Comisión garantizan las rentas agrarias de los sectores sin reformar -- y aquí está lo importante--, aunque sin aumentar los gastos totales agrícolas establecidos en la cumbre de Edimburgo.
Dígannos ustedes qué compromisos concretos pueden ustedes darle hoy a esta Cámara. Por tanto, ¿de dónde saldrán esos centenares de miles de millones de pesetas que nuestra agricultura mediterránea necesita de forma urgente y perentoria?

El señor PRESIDENTE: Señor Rato, le ruego concluya.


El señor RATO FIGAREDO: Sí, señor Presidente.
Le recuerdo, por otra parte, señor Serra, que los frutos secos, espárragos, uva de mesa y zumo de naranja natural (que seguramente nadie pensará que no son productos netamente españoles) tienen que sufrir en esta Ronda reducciones arancelarias de hasta el 50 por ciento, de tal forma, señor Serra, que en nuestro sector agrícola, ya a estas alturas, este acuerdo es conocido como el de «Califronia gana y España pierde». Respecto al plátano canario no le he escuchado, señor Serra, darnos ninguna garantía de que Alemania retirará los recursos presentados a la organización de mercado comunitario que había planteado, que es la exigencia del sector que el Gobierno tiene compromiso de cumplir.


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Como resultante final de todo lo anterior tenemos, en resumen, que el sector más dinámico de nuestra agricultura, el más exportador, el único que ofrecía hasta ahora un saldo positivo en el comercio exterior, tiene que sufrir el contenido de los acuerdos del GATT sin haberse integrado definitivamente en la Unión Europea. Por si fuera poco se modifican sustancialmente las reglas del juego respecto a las exportaciones subvencionadas, así como la apertura del mercado comunitario que afecta a los aceites, a los cereales, a las frutas y a las hortalizas, sin lograr la más mínima garantía y sin saber, como he dicho ya, de qué fondos vamos a disponer, y todo ello sin perder la perspectiva de que, en paralelo, la Comisión está negociando con los países del Magreb y con Israel un tratado de libre cambio que contiene un amplio capítulo agrícola, que indudablemente también tendrá su importante repercusión sobre nuestra agricultura mediterránea, y de todo eso tampoco habrán escuchado ustedes nada al señor Serra. (Rumores.--Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡No, no!) En resumen, señor Serra, las concesiones agrícolas europeas en la Ronda Uruguay se han hecho especialmente a costa de los intereses de nuestros agricultores más competitivos.
Por cierto, en los últimos meses, el Gobierno no se ha reunido con las organizaciones agrícolas para discutir este tema. ¿Lo han discutido, entre ustedes? Ahora vamos al segundo tema, que es el textil. En los últimos seis meses, el Ministro de Comercio aquí presente se ha reunido dos veces con el sector textil español (y estaba identificado en el memorándum de cuatro hojas), una de las cuales no para hablar del GATT sino con todo el sector exportador catalán, pero ha sido más diligente que el Ministro de Industria, que no está, que sólo los ha recibido una vez durante media hora. Y todavía ayer por la noche el sector textil español no tenía comunicación oficial de este Gobierno sobre las consecuencias de los acuerdos de la Ronda Uruguay.
(Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Qué barbaridad!-- Rumores.) Si éste ha sido el nivel de comunicación que han tenido ustedes con los sectores que han identificado --que sólo eran dos, no era mucho trabajo, sólo eran dos-- como esenciales en la negociación, ¿qué habrán hecho ustedes con los demás? Es que ni postales, supongo, les han mandado ustedes sobre el asunto. ¿No? (Risas.) Señor Serra, su desconocimiento del sector textil (que en su caso, siendo Diputado de donde es, es llamativo) se ha demostrado incluso esta tarde cuando usted nos dice que el sector textil español está satisfecho de un plan de competitividad que ha sido aprobado en contra de su opinión, y aquí lo dice en letras muy grandes en un periódico de circulación catalana: Intertextil considera inaplicable el Plan Aranzadi para el sector (si quiere se lo leo) y que sólo en el segundo año de aplicación no ha sido capaz de cumplir ni siquiera el 50 por ciento de los fondos presupuestados. Usted de eso ni idea, claro. No es de extrañar que este Gobierno se encuentre en esta negociación sin saber cuáles eran los objetivos, porque no los ha hablado con nadie, y el sector textil, señor Serra, representa el 15 por ciento del empleo industrial de este país y ha perdido 40.000 empleos sólo en el año 1993.
¿Realmente el Gobierno español ha aceptado sin pestañear el argumento portugués de que Francia, Italia y España están en la misma situación de marcas internacionales textiles? Porque eso ya es el desconocimiento total de la realidad, y sólo se puede entender porque no hablan ustedes con nadie. ¿Qué medidas piensan ustedes tomar para compensar la competencia que van a tener a favor de Portugal esos 60.000 millones de pesetas que el Gobierno portugués sí ha conseguido para su sector textil? Es urgente y necesario, y se lo digo a todos los miembros del Gobierno, que al menos en esta fase, cuando se está redactando el final del acuerdo, el Gobierno establezca por fin firmes y fluidos contactos con el sector textil español para fijar los flecos finales y ver lo que se puede salvar. Señor Ministro de Comercio, ni siquiera en broma, a estas alturas y este tema, se puede decir que el futuro de los españoles es producir bueno, bonito y barato. (Risas en los bancos del Grupo Popular.) Eso no se puede decir en estas circunstancias cuando uno es Ministro de un país que tiene el mayor déficit comercial de todos sus competidores. Es una muy mala broma.
(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien, muy bien!) España también, lo decía en este documento, ha hecho cuestión de los mecanismos de defensa comunitaria frente a las acciones desleales. Pero ¿para qué van a servir esos mecanismos si en la negociación ustedes han entregado los productos? Señor Presidente, y con esto termino, una economía con el mayor déficit comercial del mundo industrial, en términos relativos, no puede aceptar las consecuencias de la Ronda Uruguay sin producir un profundo cambio en su realidad económica. Liberalizar es hoy equivalente a internacionalizarse, y son nuestras empresas reales y concretas las que se tienen que internacionalizar. Para eso hace falta un esfuerzo mayúsculo de cambio de política económica.
El Grupo Popular exige en este momento al Gobierno, y lo haremos por escrito en esta Cámara, primero, un análisis, capítulo por capítulo, de las consecuencias del acuerdo para España; segundo, un análisis, sector por sector, de las consecuencias del acuerdo también; y tercero, un plan nacional que fije la estrategia del Gobierno frente a la liberalización necesaria con los plazospara preparar a nuestras empresas para que aprovechen las oportunidades.


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Contaba el actual Ministro de Exteriores, en una de sus comparecencias en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara, la anécdota de que el Secretario de Estado norteamericano, señor Christopher, en su primera comparecencia ante el Consejo Atlántico, cuando identificaba las prioridades norteamericanas en política exterior, decía que eran principalmente dos: luchar contra el déficit comercial y contra el déficit público. Es una lástima, señor Ministro, que no haya caído usted en la cuenta que eso mismo y todavía más es necesario para España. Esperemos por el bien de todos que en lo que queda de legislatura consigamos por primera vez que este Gobierno deje de contentarse con la media comunitaria y empiece a tratar de que la economía española y los ciudadanos españoles puedan realmente vivir como la media comunitaria.
Muchas gracias. (Grandes y prolongados aplusos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rato.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: ¿No habla Serra?

El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en este importante aunque difícil tema del GATT acabamos de oír dos intervenciones absolutamente distintas: la del Vicepresidente, señor Serra, a la que inmediatamente me referiré, y la del ilustre portavoz del Grupo Popular que, una vez más, nos ha obsequiado con una muestra fabulosa, diría yo, del doble lenguaje del Partido Popular en esta Cámara.
(Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.) Por una parte, el señor Rato pedía, como le corresponde a una buena derecha, aunque les queda mucho para ser una buena derecha (Protestas en los bancos del Grupo Popular), más librecambismo, más desregulación, más de lo mismo, es decir más GATT; y por otra, recriminaba al Gobierno cuando no era suficientemente proteccionista. Mayor contradicción no se puede dar a estas alturas, señoras y señores Diputados.
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Evidentemente, señorías, yo no voy a seguir por el camino de la derecha, sino todo lo contrario, voy a intentar fijar la posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, una formación política que, desde su realidad, se reclama de una izquierda transformadora y que ve con preocupación, aunque también sabe ver los elementos positivos que puede haber, este tratado del GATT, en siglas anglosajonas.
Antes de entrar en materia quería hacer una breve exposición de nuestras consideraciones sobre el momento político en que se produce el debate, sobre el perfil político del Vicepresidente y sobre el perfil político de este Gobierno; perfil político para nosotros plano o bajo plano. Señor Serra, Gobierno del PSOE, hemos pedido por activa y por pasiva que se discutiese este tema antes del 15 de diciembre, lo saben ustedes perfectamente, pero no han querido hacerlo. El señor Mitterrand, por ejemplo, cercano a sus posiciones, ha tenido la gallardía de recibir a todos los jefes de las distintas fracciones políticas de la República Francesa; ustedes no han hecho nada de eso. El señor Balladur ha tenido la gallardía de someter a un voto de confianza en la Cámara francesa la posición de la República Francesa en un tema tan importante como el GATT; ustedes no. Al señor Serra le gusta siempre jugar a toro pasado, al señor Serra le gusta apuntarse al caballo ganador, y cuando ha sido segura la firma del GATT ha aparecido el Vicepresidente del Gobierno para explicarnos el acuerdo. Señor Serra, querría haberle visto a usted antes del 15 de diciembre, querríamos haber discutido con usted mi grupo y yo antes del 15 de diciembre sobre audiovisuales, porque no les hemos visto a ustedes hablar ni del cine ni de la televisión, no les hemos visto, hemos visto a la ministra en solitario, pero no a usted ni al señor Gómez Navarro que son los que han recortado el decreto de la ministra --lo sabemos perfectamente-- quisiéramos haberles visto hablando de agricultura, de organizaciones comunes de mercado (arroz, vino, aceite, etcétera), todo esto antes de, no después de. No un mero relato explicativo, un compromiso político es lo que hacía falta en esta Cámara para ver si las fuerzas políticas de la misma (la derecha, la izquierda, o toda la Cámara) estaban o no a favor de la posición española en el tema del GATT. Sin embargo, ustedes no han hecho nada de eso; estamos haciendo un debate en cierta medida académico, pero esto no es una academia, esto es una Cámara política y por tanto yo tengo la obligación de poner de manifiesto este disgusto, profundo disgusto por parte de nuestro grupo, por no haber sido atendida nuestra petición, junto con la del Grupo Mixto y la del Grupo Popular, de un debate antes del 15 de diciembre, por el secretismo con el que el Presidente del Gobierno y todo el Gobierno han llevado las negociaciones y por la falta de reuniones con los sectores afectados, como se ha dicho ya y que por mor del tiempo no voy a repetir. Por tanto, la posición del Gobierno español ha sido realmente floja. Se ha dicho, en una frase no sé si brillante, que estábamos detrás empujando a los franceses. Pues yo no quiero estar empujando a los franceses, yo quiero que los españoles estén donde deben estar. Ni en audiovisual, ni en agricultura, ni en OMC han estado ustedes donde deberían estar. Dicen que han empujado mucho, ustedes lo sabrán, yo no sé lo apretados que estaban empujando; en todo caso, políticamente, no se les ha visto para nada.


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El señor Alcaraz recordaba esta mañana como ni siquiera el Presidente del Gobierno, al hablar de la cumbre de Bruselas, mencionó la importante victoria --en eso coincido con usted-- que en el tema audiovisual ha obtenido la Unión Europea, sin embargo ustedes no han hecho ni la más mínima vanagloria de ello. ¿Es que les da miedo aparecer, no como antiamericanos que esto es antiguo ya, sino como auténticos patriotas españoles? ¿Es que les da miedo plantar cara al hegemonismo americano en agricultura, en cine, en lo que sea? ¿Es que le da miedo, señor Serra? ¿Es que quizá usted tiene alguna preocupación porque sus relaciones puedan verse deterioradas respecto de los Estados Unidos? Lo parece. Lo parece porque ni usted, ni el señor González, ni el señor Solana han tenido a bien manifestar nada públicamente. (El señor Solana Madariaga: En la Comisión de Asuntos Exteriores.) No en la Comisión de Asuntos Exteriores, a las tres de la tarde, cuando Televisión Española no retransmite; no, señor Solana, no haga bromas no han dicho absolutamente nada a la opinión pública española, nada. Es un drama no sólo de ustedes sino de todo el país que un tema tan importante como el del GATT, que en Francia ha sido motivo de intensísimos debates culturales y políticos, en España haya pasado con encefalograma plano. A ustedes, que tienen la primera responsabilidad como Gobierno y como partido mayoritario, les ha interesado no hablar del tema y explicarnos los que ha pasado después. Vayamos a ver lo que ha pasado después y vayamos un poco a los argumentos del señor Serra. Parecía que el 15 de diciembre era la fecha final, la fecha del fin del mundo; que si no se llegaba al acuerdo, se derrumbaba el mundo, pero se ha llegado al acuerdo, y mejor el acuerdo que el no acuerdo. Vaya por delante esta posición de principio, de nuestro grupo; preferimos el acuerdo al no acuerdo, pero el acuerdo con una serie de condiciones que después explicitaré.
Señor Serra, usted sabe perfectamente que después de la finalización de la Ronda de Tokio, la anterior a ésta que estamos comentando, el comercio mundial sufrió una depresión importante durante tres años; usted sabe perfectamente que el no acuerdo de la Ronda Uruguay en los últimos tres años anteriores a éste no se ha saldado con un descenso del comercio mundial, sino, al contrario, con un aumento del comercio mundial. Por lo tanto, no cifremos tanto en el acuerdo la seguridad de que el comercio va a expansionarse; parece ser que será así, esperemos que sea así, pero esto no es una recta de regresión automática.
Por otra parte, en la famosa previsión de la OCDE que usted ha citado, los 275.000 millones de dólares que incrementarían en un punto el PIB mundial, los economistas serios --y usted creo que lo es-- saben que son tantas las variables que hay que fijar para aceptar este estudio econométrico que es tanto como rizar el rizo, por lo tanto, nadie sabe si de verdad este incremento se va a producir, ¡ojalá se produzca!, pero no lo venda usted como mercancía ya conseguida cuando no es así.
Nosotros nos preguntamos desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya si el crecimiento del comercio mundial es sinónimo y garantía del crecimiento entre la igualdad entre los pueblos, países y Estados, y nos tememos mucho que no, puesto que el comercio «tout court», el mercado «tout court», el mercado sin regulaciones en los Estados-nación o en la naciente Unión Europea no favorece la igualdad, favorece la desigualdad, y usted lo sabe perfectamente.
Por lo tanto, una primera objeción importante de tipo, si usted quiere, ideológico en el sentido noble de la palabra, es que este aumento del comercio internacional no necesariamente se traducirá en un incremento de la igualdad de la cohesión social entre todos los pueblos, países y Estados de la tierra, sino que con toda seguridad los más fuertes serán más fuertes y los más débiles serán aún un poco más débiles.
El GATT es el guardián del libre comercio internacional, o más bien, como ha dicho un prestigioso Premio Nobel francés, es el guardián de los intereses estadounidenses. Yo creo que es más bien lo segundo, aunque la Unión Europea --todo hay que decirlo--ha sabido estar a la altura, por primera vez, y ha sabido plantar cara como Unión Europea a las ambiciones hegemonistas de los Estados Unidos en determinados sectores, el principal de ellos el audiovisual, pero también el de agricultura y otros. Por lo tanto, éste es un primer motivo de satisfacción.
En tercer lugar, el GATT --estoy ciñéndome a los aspectos más políticos de la cuestión, que es lo que creo que corresponde a esta Cámara, no tanto a la descripción técnica del acuerdo comercial-- ¿qué va a representar en el fondo? Para nosotros, el GATT va a representar, señorías, un incremento de la capacidad de decisión de los grandes agentes económicos mundiales, las multinacionales, las regiones comerciales, en detrimento de la capacidad de decisión de los Estados. Los Estados, que tienen como obligación la redistribución de la renta, el mantenimiento de la cohesión social, verán disminuida su capacidad de actuación en favor del comercio internacional desde el liberalismo del que ustedes hacen tanta gala para después hacerlo servir como coartada de la desregulación laboral que quieran aplicar en España; por lo tanto, multinacionales, sí; regiones comerciales, sí, pero Estados, en cierta medida, más debilitados, Estados-nación.
Otra cosa son los grandes agregados comerciales, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, pero el Estado nacional, como lo teníamos entendido hasta ahora (y ha cambiado, porque la década de los 80 nos ha hecho cambiar, el keynesianismo en un solo país ya no es posible, lo sabemos todos), va a perder, ha perdido capacidad de incidencia, de protagonismo y de actuación, y esto es también preocupante.


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Pero también el GATT --y con esto quiero finalizar esta parte de mi intervención-- con su disminución general del 33 por ciento de promedio, como usted ha citado, de aranceles, representa poner en el mismo plano de la comparación comercial productos absolutamente distintos en cuanto a su entorno social de producción, y para ser breve voy a poner un simple ejemplo: el de un coche producido en el sudeste asiático, coche que viene sin las cinco semanas de vacaciones, sin seguridad social, sin derecho a la salud, sin derecho a la educación, sin derecho a la libertad sindical; es evidente que los costes del coche taiwanés, o coreano, me es igual, respecto del coche europeo, la gran diferencia en coste está cifrada ahí, en el entorno social de la producción. El GATT no habla para nada del entorno social de la producción. Y que el GATT no hable, bueno, pero que usted, miembro de un Gobierno que se llama del Partido Socialista Obrero Español, no haya mencionado ni una sola vez el entorno social de la producción y cómo este entorno social está hundiendo los sistemas productivos de los países del llamado capitalismo maduro, por esta enorme diferencia del entorno social de la producción, que usted y su Gobierno nunca hayan dicho nada, es realmente sorprendente, señor Serra. Es realmente sorprendente porque ahí radica uno de los peligros y de las trampas --estoy hablando en términos políticos-- que el GATT puede introducirnos y que a su Gobierno le sirve de magnífica coartada para decir que o los trabajadores españoles se convierten en --comillas, muchas comillas-- «trabajadores taiwaneses o indonesios» o aquí no hay competitividad que valga. Para eso les sirve a ustedes el GATT y para eso en ningún caso debería servir.
Ante estas consideraciones se podría pensar: ¿qué está planteando este Diputado, que interviene en nombre de su formación política? ¿Es que la actitud a tomar, frente al GATT, es decir no al GATT? Por supuesto que no, señorías.
Decir no al GATT sería tanto como querer estar en ninguna parte y nosotros queremos estar en España, queremos estar en Europa y queremos estar en el mundo. Podría también deducirse de este análisis rápido y esquemático, que he tenido que hacer que la solución vendría por el proteccionismo arancelario. Pero sería un proteccionismo insolidario respecto a los países en vías de desarrollo, incluso respecto a los países del sudeste asiático. No es nuestra posición. Esta quizá sería la posición de la derecha española, pero, en todo caso, no es nuestra posición. ¿Cuál sería nuestra posición? Nuestra posición se podría resumir, paradigmáticamente, en: GATT, sí, pero también mundialización del entorno social de la producción, GATT, sí; OIT, también.
Es decir, todos los derechos reconocidos por la OIT, practicados en el área europea, en la Unión Europea, deberían también practicarse en los países con los que vamos a comerciar libremente, para poder comparar, de verdad, producto a producto, sea en el terreno agrario, sea en el terreno industrial, sea en el terreno de bienes y servicios o en el de propiedad intelectual. Pero esto el GATT no lo aborda, es el gran capítulo que queda fuera, el del entorno social de la producción. Es por ahí por donde cojea terriblemente el GATT, en nuestra opinión, y por eso quisiéramos, de alguna forma, como fijación de posición, señalar que desde la izquierda española y europea deberíamos trabajar por impulsar al resto de países del mundo esta extensión de los beneficios sociales que la clase obrera ha conquistado en Europa en un siglo y medio de luchas y de debates. Si no es así, esta aséptica comparación comercial que usted nos pretendía hacer en bienes y servicios y en agricultura es falsa, señor Serra. Y esto es lo que explica --no totalmente, pero sí en buena parte-- el hundimiento de sectores importantes productivos en Europa, ya sea el agrícola, ya sea el de bienes y servicios.


El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego concluya.


El señor ESPASA OLIVER: Sí, señor Presidente, voy a concluir, pero comprenda S.S. que el tema es complejo y largo y que mis antecesores en el uso de la palabra también han apurado su tiempo.
Quisiera señalar, sobre la negociación Unión Europea-Estados Unidos, la ausencia de protagonismo --lo he dicho antes-- de España en el terreno agrícola y en el terreno audiovisual, pero, por cumplir con la petición del señor Presidente, quiero centrarme, para terminar, en la negociación de la posición española en esta importante negociación.
Como ha dicho el señor Rato --en esto sí puedo coincidir con él, puesto que era puramente descriptivo-- no tenemos ninguna garantía --nada más que un acuerdo verbal, con todo lo que tenga de valor, de la Comisión y del Consejo General de Ministros-- de que las organizaciones comunes de comercio para arroz, aceite, vino, frutas, hortalizas y azúcar vayan a materializarse «de facto», para que la renta de los agricultores por una u otra vía, de verdad, sea protegida en estos sectores tan sensibles a la agricultura española.
Tenemos acuerdos, tenemos buenas palabras, pero no tenemos materialización de estos acuerdos, y vamos a exigir a su Gobierno el seguimiento puntual de estos acuerdos para convertirlos en realidades escritas, en auténticas organizaciones comunes de mercado, en la jerga comunitaria.
Esto no está conseguido, señor Serra, y usted, en cierta medida, lo daba por hecho. Nos preguntamos también qué ha pasado y cómo van a corregir ustedes el olvido del tomate en conserva español. El tomate en conserva español ha sido olvidado. Murcia, Albacete y Aragón en este sentido no suponen un volumen importante, pero sí es una cuestión

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relevante que ha sido olvidada en la negociación considerablemente.
Respecto al acuerdo multifibras, se va a producir la integración en el GATT a partir de 1995 y un descreste progresivo. ¿Está usted en condiciones de asegurarnos que las políticas activas de su Gobierno van a permitir mantener los puestos de trabajo en esta importante industria textil y que el descreste arancelario no se cobrará más víctimas de las estrictamente necesarias en cuanto a la supervivencia de las empresas? ¿Cómo se compadece que Portugal haya conseguido 63.000 millones de pesetas y España sólo compromisos y palabras? Ya sé que la industria es distinta, ya sé que el nivel de la industria española es diferente del portugués, pero el resultado también es muy distinto.
Sobre el terreno audiovisual --creo que esta mañana ha sido ya importante la posición que ha fijado el señor Alcaraz por parte de nuestro grupo--quisiera indicar simplemente que los Estados Unidos, el señor Jacques Valenti, continúan en pie de guerra con el hacha desenterrada; piensan cobrarse el 20 por ciento de mercado europeo que les queda por conquistar, y hemos de trabajar como españoles y como miembros de la Unión Europea para evitar que esto sea posible.
De alguna forma, señoras y señores Diputados, nuestra posición respecto al GATT es la que acabo de señalar con esta conclusión: nosotros creemos que es bueno el incremento comercial, creemos que, como decía el señor Southerland, es mejor haber apostado por la cooperación y el comercio que no por la inseguridad y el conflicto en cuanto a las relaciones entre estos 117 países, pero creemos también que esto no puede ser de ninguna manera una coartada, un «alibí» para argumentar y para dar una vuelta más de tuerca a la desregulación del mercado laboral español, señalando que la única vía para hacer frente a la competitividad a la que nos aboca el acuerdo del GATT, por otra parte de necesario cumplimiento, se debe traducir sólo en políticas activas de destrucción de seguridad en el trabajo y de puestos de trabajo, que es lo único que hasta ahora ha sabido ofrecer el Gobierno que usted ha representado en esta comparecencia. Nosotros creemos que hay otras formas de actuar, que hay políticas activas a practicar en la agricultura, en la industria, en investigación más desarrollo, en la protección social, que deberían practicarse en España y en la Unión Europea, y que, como orientación --y hablo aquí no ya en términos simplemente españoles, sino de izquierda española y europea--, también deberíamos preocuparnos de que los beneficios sociales de los que gozan los trabajadores europeos, que se los han ganado en siglo y medio de luchas, no se vean destruidos por este nuevo papanatismo que usted parecía expresar del GATT, sino que, al revés, desde Europa seamos capaces de exportar los logros y las conquistas de la clase trabajadora europea a todo el mundo. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señorasy señores Diputados, el pasado día 15 de diciembre, como ya se ha dicho aquí, los 117 delegados del Comité de negociaciones comerciales del GATT aprobaron por unanimidad el acta final de la Ronda Uruguay después de siete años de negociaciones, tras no haber podido llegar a un acuerdo en tres fechas límite fijadas anteriormente.
Según algunos analistas, de no haberse cerrado ese acuerdo probablemente se hubiera producido un «crack» financiero internacional como consecuencia del miedo a que se desencadenara un proceso de proteccionismo económico nacional como respuesta o alternativa para luchar contra la recesión que hoy padecen buena parte de las economías de todo el mundo.
La valoración más unánime del acuerdo apunta a que a corto plazo el mismo puede llegar a tener unos efectos perversos sobre determinados sectores de algunos países, que pueden quedar indefensos ante la apertura comercial. En cambio, a medio y largo plazo las valoraciones son positivas debido a la contribución que puede llegar a tener la liberalización comercial para las diferentes economías. De acuerdo con los datos de la OCDE ya mencionados aquí, la aplicación de la Ronda Uruguay puede suponer unos beneficios anuales de unos 213.000 millones de dólares para el conjunto del comercio mundial durante los próximos nueve años, lo que equivaldría a generar un crecimiento adicional del producto interior bruto que oscilaría entre el 1 y el 2 por ciento. De acuerdo con los mismos datos de la OCDE, los países industrializados serán claramente los grandes beneficiados y, dentro de éstos, los países de la Unión Europea, por ser la primera potencia comercial del mundo, con un 37 por ciento -- el señor Vicepresidente del Gobierno hacía mención a un 39 por ciento-- del total mundial. Se producirá una estimulación a la reactivación económica, a pesar de que su impacto será gradual debido a los períodos transitorios de aplicación a lo largo de 10 años, según los sectores. La estimación de estos beneficios a nivel de la Unión Europea es de unos 85.000 millones de dólares, de los cuales se calcula que unos 8.000 millones corresponderán al Estado español.
El éxito de la Ronda Uruguay se basa, en primer lugar, en el recorte de los aranceles; concretamente, los tipos arancelarios que se encuentran más elevados llegan a recortarse en algunos casos hasta un 50 por ciento y la media del recorte arancelario para todos los productos es del 33 por ciento. Se incluye en el acuerdo por primera vez la propiedad intelectual, la agricultura y los servicios y, al mismo tiempo, se desmantelan

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los acuerdos multifibras correspondientes al sector textil. Se crea la Organización Mundial del Comercio, que reemplazará el acuerdo general sobre aranceles y comercio que ha estado en vigencia, curiosamente de manera provisional, desde el año 1947. Se refuerzan las reglas y disciplinas comerciales como prevención de posibles abusos, medidas antidumping, de salvaguardia, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas del comercio, etcétera, y se refuerza al papel multilateral que tendrá la Organización Mundial del Comercio ante los conflictos y, en cambio, pierden vigencia las relaciones bilaterales, más estrechamente marcadas por la posición que hasta ahora han venido teniendo los Estados Unidos en el conjunto del GATT.
Resumiendo, pues, en esta rápida introducción a la valoración global, diré que el acuerdo en la Ronda Uruguay del GATT tendrá un impacto positivo a nivel mundial porque incrementa la riqueza a nivel mundial impulsando la eficiencia en la utilización de los recursos y porque incluso a corto plazo puede convertirse en la noticia psicológica necesaria para recuperar el pulso de la actividad económica en las áreas del mundo que, como la europea, lo tienen más bien bajo en estos momentos.
Sin embargo, todos los analistas en general están de acuerdo en que esta valoración positiva a corto, medio y largo plazo a nivel mundial tendrá impactos distintos y diversos en función de los plazos que se contemplen, de las áreas económicas consideradas y de los sectores productivos analizados. Ello quiere decir que de este acuerdo, positivo a nivel global, pueden derivarse consecuencias fatales para la economía de un país concreto o, dentro de un país, para un sector concreto.
Hecha, pues, esta valoración global positiva del acuerdo, vayamos al análisis de sus efectos para el área concreta en que nos situamos: la Unión Europea, y, después, al caso español y su análisis sectorial. Anteriormente he hecho mención a que el acuerdo, según los datos de la OCDE, beneficiará más a los países industrializados y, dentro de ellos, a los países de la Unión Europea, por ser la primera potencia comercial del mundo. Permítaseme al respecto un comentario que nos hace dudar de esa conclusión. Mucho me temo que esa valoración es fruto de la trasposición automática hacia el futuro de una situación que existía hace unos años y que no tiene en cuenta la existencia de las economías emergentes del sudeste asiático ni valora el impacto que sobre el comercio mundial tendrá la propia entrada en vigor de los acuerdos del GATT; es decir que es fruto de valorar que la participación europea en el comercio mundial seguirá siendo del 37 por ciento del comercio total. Me temo que esa valoración olvida que determinados países del sudeste asiático, y no sólo de esa área, también de sudamérica, vienen creciendo en los últimos años a ritmos entre el 5 y el 15 por ciento y que su crecimiento es fundamentalmente fruto de su sector exterior, por su competitividad, ya no sólo en precios, sino también en calidad; por consiguiente, crecimiento tanto más posible de mantener cuanto más libres sean las reglas del juego del comercio mundial. No haré más que recordar a SS.SS., y en particular al Gobierno, las muy amplias discusiones habidas en estos dos últimos años a nivel europeo, recordadas aquí por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, sobre lo que era considerado una competencia desleal de productos fabricados a bajo coste en países donde los salarios son ridículamente bajos y en los que los productos no incorporan tampoco los costes de un estado de bienestar y cómo una de las soluciones a esa competencia desleal podría venir de la mano de añadirel arancel que cobran los países ricos para protegerse de esa competencia desleal y que va disminuyendo poco a poco, añadir, digo, a ese arancel un IVA social que cobraría el país pobre exportador. No es quizá el momento de discutir en profundidad al respecto de estas teorías, pero sí lo es de recordar estos temas para, como mínimo, poner en cuarentena esa valoración globalmente positiva y, sobre todo, para que nos obliguemos todos (Gobierno, fuerzas políticas y sociedad) a una reflexión mucho más profunda sobre el impacto de este acuerdo y, por encima de todo, sobre qué debemos hacer para que ciertamente para nosotros en España, en Europa, el impacto futuro sea efectivamente positivo.
En esto voy a centrar la última parte de mi intervención. La economía española, después de años de mantenerse cerrada en sí misma, inicia su apertura hacia el exterior tímidamente con el plan de estabilización y, sobre todo, con los acuerdos preferenciales con el Mercado Común Europeo de los primeros setenta y más decididamente al final de los setenta y primeros de los ochenta con la adhesión de la Comunidad, el Mercado Unico y recientemente la Unión Europea. En pocos años, por tanto, se han abierto para la economía española grandes posibilidades, pero también grandes riesgos. Una economía protegida en exceso corre el riesgo de ser ineficiente. Una abertura controlada, inteligentemente dirigida y apoyada puede darle la eficiencia y competitividad que necesita para crecer y beneficiarse de las nuevas posibilidades.
Este ha sido el proceso en el que hemos estado inmersos en los últimos años y no ha finalizado todavía; en eso estamos, en la lucha por conseguir un sistema productivo competitivo.
Pues bien, cuando todavía nuestra economía no ha digerido la apertura de mercados que ha significado la creación del Mercado Unico y la Unión Europea, la Ronda Uruguay del GATT acordada ahora significa un nuevo avance en la apertura, es decir, una nueva exigencia en la competitividad de características nuevas.


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En esta búsqueda de competitividad, el Estado, las administraciones públicas tienen una responsabilidad muy específica. Cuando los presupuestos de las administraciones públicas significan el 45 por ciento del PIB, ya queda claro que de su eficiencia se deriva casi inevitablemente la eficiencia del conjunto y de su fracaso el fracaso de todo el sistema económico. Ahora ya se convierte en inevitable el buscar la eficiencia del sistema público del bienestar, tantas veces reclamado desde nuestro Grupo parlamentario, precisamente para garantizar su continuidad en el tiempo, pero ahora ya en su eficiencia no nos jugamos sólo su superviviencia, que ya es mucho, sino también la eficiencia de un sistema productivo que en buena parte colabora en su financiación.
Lo mismo ocurre con los sistemas fiscal o de relaciones laborales. Su reforma y actualización no deben analizarse exclusivamente con la mirada puesta en su eficiencia desde el punto de vista recaudatorio o de justicia distributiva o de solidaridad, importantes e imprescindibles todos ellos, sino también desde el punto de vista de la competitividad del sistema productivo cuando inciden sobre él, y diré que directa o indirectamente son las más de las veces.
En este capítulo de responsabilidades directas del Gobierno en la conversión del Acuerdo del GATT en algo positivo para el conjunto de la economía española, quiero ahora referirme a las reglas del juego comercial establecidas y a su utilización como elemento de regulación de la competencia desleal.
Uno de los aspectos más positivos del Acuerdo es la creación del Organismo Mundial de Comercio, que velará multilateralmente por el cumplimiento de las reglas establecidas. No extrañará a nadie que afirme --y al gobierno espero que tampoco, porque es generalmente admitido-- que de los países europeos España no destaca ni por el establecimiento de reglas de competencia claras ni, cuando las establece, por la exigencia de su cumplimiento en los productos que se importan.
Esta afirmación se demuestra sin más que analizar la cantidad de producto que entra en nuestro país procedente del países terceros y compararlo con la que entra en otros países europeos con las mismas reglas del juego teóricas respecto a esos países terceros, pero con una mucho mejor utilización de esas reglas de competencia, legítimas, que de hecho funcionan o actúan como verdaderas barreras extraarancelarias de protección del sistema productivo propio.
Es bien cierto que hoy, con la desaparición de las fronteras extracomunitarias, este ejercicio es más complejo, pero debemos realizarlo, como debe también exigirse un control más estricto de las fronteras exteriores de la Unión cuando éste es ejercido por países que, como Holanda o Dinamarca, tienen en muchos casos un mayor interés en el ejercicio del comercio que en el mantenimiento de una estructura productiva de la que, en muchos casos, ya no disponen, pero de esto hablaré cuando me refiera al capítulo concreto del sector textil.
Permítame ahora, señor Presidente, que analice el impacto que sobre dos sectores concretos van a tener los acuerdos del GATT. Se trata de la agricultura y del sector textil.
No hay duda de que en el contexto de liberalización de los intercambios comerciales propiciada por la Ronda Uruguay del GATT el sector agrario europeo será uno de los sectores utilizados como moneda de cambio con la finalidad de alcanzar un acuerdo global sobre el resto de la economía. La agricultura europea ha perdido con el Acuerdo, por cuanto abre sus mercados a la competencia sin que pueda beneficiarse, por sus especiales circunstancias, de la apertura de posibles mercados a sus producciones. Esta situación nos obliga a vigilar con especial celo la aplicación del mismo y de las posibles actuaciones compensatorias que se deberán adoptar sobre este sector por parte del Consejo de Ministros comunitario y por parte de cada Estado miembro.
La apertura del sector agrario europeo y español a los países no comunitarios es una de las conclusiones más relevantes de la Ronda Uruguay. Por una parte, se deberán recortar diversas producciones, de las que Europa es excedentaria, con la exigencia de eliminar superficies de cultivo. Por otra parte, deberán reducirse las exportaciones subvencionadas y, finalmente, se producirá un aumento de las importaciones de todo tipo de productos agrarios a un precio inferior al actual, debido a la doble circunstancia de reducir aranceles, principalmente afectando a cereales, carne, vacuno y porcino y a los frutos secos --almendras y avellanas--, y por la cláusula que establece la apertura inmediata del mercado consumidor europeo, para que al menos el tres por ciento del mismo se provea con importaciones de países terceros, porcentaje que deberá aumentar hasta el cinco por ciento al cabo de tres años.
En consecuencia, todo apunta a que para la agricultura española los acuerdos de Ginebra acelerarán de nuevo la destrucción de empleo.
Es cierto que el acuerdo final en las conversaciones de Blair House es más beneficioso para Europa que el propuesto inicialmente, gracias a la posición francesa apoyada por España. Sin embargo, cabe notar que la mejora se ha producido principalmente en la posibilidad de exportar un mayor volumen de excedentes, lo cual repercute muy relativamente sobre las problemáticas que tiene la agricultura española en este contexto, ya que, en general, nuestra participación en la producción directa de excedentes en cereales, leche, carnes, etcétera, es baja o nula.
Otra cuestión positiva del nuevo acuerdo es la llamada cláusula de paz, ampliada de seis a nueve años, durante los cuales ni los Estados Unidos ni otros países terceros podrán cuestionar la política agraria común europea, pero, ¿qué ocurrirá transcurrido este plazo?

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Por otra parte, la Comisión Europea, al igual que ha hecho ante la problemática del textil portugués, ha comprometido recursos internos de la Unión Europea para contrarrestar los efectos negativos del GATT sobre determinados sectores agrarios de los países miembros. Este es el problema de los productos mediterráneos que afecta a España o es el problema de las demandas francesas respecto a la ganadería extensiva en el vacuno o respecto a la puesta de tierras en barbecho. Sin embargo, nada ha quedado comprometido; más bien al contrario, pues Alemania se niega a incrementar el presupuesto agrícola de la Comunidad Europea.
¿Habrá subvenciones a los productos mediterráneos? ¿Se cifrarán en los 1.000 millones de ecus que solicita el Gobierno español o bien serán sólo los 300 millones de ecus valorados por la Comisión? ¿Cuándo se regularán estas ayudas? En un análisis más concreto, cabe señalar, como aspecto positivo que se ha obtenido, la modificación del sistema de calendarios para las frutas y hortalizas, ya referido aquí, con la finalidad de proteger los productos del país frente a las importaciones durante determinados períodos anuales, lo cual, obviamente, resulta beneficioso. Sin embargo, también es preciso denunciar que en la revisión de los acuerdos de Blair House la Comunidad Europea aceptó concesiones puntuales, entre las que se encuentran la reducción de derechos arancelarios para frutas y hortalizas, espárragos, uvas, manzanas, avellanas, almendras y zumo de naranja, también mencionados aquí, las cuales perjudican directamente a la agricultura española, y con ello debemos remarcar que en agricultura los aspectos positivos son sólo aquellos que pretenden compensar los negativos que integran el acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego concluya.


El señor MOLINS I AMAT: En síntesis, la agricultura española deberá pagar una factura importante por los acuerdos del GATT.
La cuestión está ahora en saber cuáles van a ser las compensaciones o incentivos.
En esta cuestión es preciso destacar que el impacto del GATT sobre la agricultura española se producirá más por la vía del aumento de la importación que por la vía de la disminución de las exportaciones, lo que significa que, al igual que ocurre con el sector textil, para España puede ser tan importante lo que establece el GATT como la negociación y adopción de medidas compensatorias dentro de la propia Comunidad Europea.
Desde la política interna española también debe contribuirse a aminorar el coste de la factura que deberá pagar la agricultura a causa del GATT. Ello exige actuar principalmente en el ámbito de la fiscalidad, pero también en el ámbito de una mejor definición de objetivos de competitividad para la modernización del sector. En cuanto al sector textil, quiero referirme a él, no sólo por la importancia que nuestro sistema productivo tiene, y más en este momento, sino también porque es uno de los pocos casos en que los acuerdos del GATT conseguidos no mantienen la reciprocidad; es decir, en los que a la apertura de fronteras de la Unión Europea no se corresponde la apertura de fronteras de los países terceros.
El sector textil, intensivo en mano de obra, y a pesar de la brutal apertura a la competencia que ha significado la Unión Europea y los sucesivos acuerdos multifibras, sigue siendo un sector productivo de extraordinaria importancia en España por la mano de obra que ocupa (350.000 personas; 12 por ciento de la ocupación industrial) y por el porcentaje del PIB que representa (10 por ciento del PIB industrial), y se siente dejado en estas negociaciones de la mano de su Gobierno.
La posición negociadora europea en los acuerdos del GATT, por lo que al textil se refiere, descansaba en la aceptación de un incremento de las cuotas de países terceros con respecto a los crecimientos ya convenidos en los acuerdos multifibra, a cambio, fundamentalmente, de la apertura recíproca de fronteras de esos países.
La importancia hoy de los países del sudeste Asiático, pero no sólo de ellos, sino también de China, India, Pakistán e Indonesia, radica no sólo en su capacidad para producir a precio y calidades competitivos, sino también porque deben ser considerados como países consumidores, por cuanto en ellos viven ya más de 100 millones de personas de un alto poder adquisitivo; es decir, representan, para los productos textiles europeos, un mercado potencial tan importante como Gran Bretaña y Francia juntos. De ahí se deriva la extraordinaria importancia que para la industria textil española tiene la apertura de esos mercados. Sólo a cambio de esa apertura tendría sentido el incremento de los crecimientos de las cuotas pactados en el GATT. Portugal lo vio muy claro, y ante la imposibilidad de conseguir esa apertura, su Gobierno exigió, y obtuvo de la Unión Europea, una compensación económica muy importante, que se convierte así en un nuevo golpe comparativo para el textil español. Ya nuestro portavoz Miquel Roca la semana pasada, en el debate en esta Cámara, hizo notar ante el Gobierno la posibilidad de que esto ocurriera. No sólo no se ha pactado la reciprocidad y consiguiente apertura de mercados terceros, sino que, además, el principal competidor europeo de nuestro sector textil: Portugal, recibirá unas compensaciones de la Unión Europea.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Vicepresidente, en las condiciones actuales, el acuerdo del GATT, en lo que al sector textil hace referencia, es inadmisible y, por su falta de homogeneidad y reciprocidad,

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pone en entredicho la validez global de los acuerdos.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario desea que, de aquí al 15 de febrero, en que finalizará la redacción de los acuerdos, o al 15 de abril, en que se firmarán en Marruecos los mismos, el Gobierno fuerce la inclusión de la cláusula de apertura de mercados terceros, cuya exclusión no debería nunca haber aceptado, y menos sin compensaciones europeas para el propio sector, como obtuvo Portugal.
En cualquier caso, señor Presidente --ausente el señor Ministro de Industria--, ya adelanto nuestra posición respecto a la necesidad de una reformulación del vigente plan de competitividad textil, en el que se subraye, mucho más de lo que se hace en el actual, la importancia básica de la formación profesional, del diseño y de la consideración de los muestrarios como investigación que deben, por tanto, ser incluidos en las medidas del Icex de ayuda a la exportación.
Acabo ya, señor Presidente, señoras y señores Diputados, y lo hago proponiendo al Gobierno y a la Cámara la realización de un nuevo debate, a celebrarse, en cualquier caso, antes de la firma definitiva de los acuerdos, el próximo día 15 de abril.
Con anterioridad al mismo, el Gobierno debería remitir a la Cámara un estudio pormenorizado de los impactos previsibles de los acuerdos del GATT sobre todos y cada uno de los diversos sectores, así como de las medidas que piensa adoptar para potenciar los efectos positivos previsibles, que los hay, y relativizar, minimizándolos, los efectos negativos que, obviamente, también existen. Fruto de ese debate, la Cámara, a propuesta del propio Gobierno y de los distintos grupos parlamentarios, debería adoptar un conjunto de medidas tendentes, todas ellas, a dotar a nuestro sistema productivo de una mayor competitividad. Sólo así, con un esfuerzo continuado de toda la sociedad, conseguiremos que este acuerdo del GATT, que ha sido quizá frívolamente recibido con alborozo por toda la opinión pública mundial, se convierta, ciertamente también, en un paso en la vía del progreso para la sociedad española.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco con relación al acuerdo global en el seno del GATT entre las delegaciones de 117 países. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)Señor Vicepresidente, nuestro Grupo Parlamentario se congratula del consenso alcanzado entre la Unión Europea y los Estados Unidos en un primer escalón y, a renglón seguido, multilateralmente entre el resto de los países. Creemos que ha prevalecido la sensatez y la responsabilidad, como debía ser en un asunto de esta transcendencia, pues es más lo que tenían en común las partes negociadoras que lo que les separaba. Al final, se ha pactado dejar fuera los puntos de diferencia, como el sector terciario audiovisual, y ampliar el calendario para continuar las negociaciones en sectores como el transporte marítimo, la aeronáutica y los servicios financieros. La liberalización del comercio mundial estimamos que supondrá un aumento de la actividad económica internacional y será elemento de consideración en la reactivación de la economía europea y mundial. Ello se explica porque la Unión Europea es el primer exportador mundial. Las exportaciones aportan el 35 por ciento del producto interior bruto de la Unión, es decir, algo más de un tercio de la riqueza que produce la Unión Europea tiene en las exportaciones su razón de ser. Por ello, al liberalizarse el comercio internacional, los europeos consolidaremos una de nuestras principales fuentes de riqueza.
El mundo subdesarrollado será el segundo beneficiario del acuerdo, pues las grandes áreas comerciales, como la Unión Europea, el espacio de libre comercio norteamericano --ahora con el Tratado de libre comercio-- y Japón eliminarán las vías porteccionistas.
Para España el acuerdo del GATT, globalmente, es positivo porque tiene un importante volumen de exportaciones; constituye el comercio exterior español un 25 por ciento de su producto interior bruto, siendo en el sector de los servicios, señor Presidente, donde se generará un beneficio mayor debido a que se trata de un sector bastante competitivo.
No obstante, sí apreciamos, señor Vicepresidente, como más adelante expondremos, aspectos limitativos o negativos en lo que atañe al sector primario de la agricultura. Nos parece también que puede ser positivo para España el acuerdo porque podrá permitir importaciones en condiciones económicas más favorables: aparatos electrónicos, maquinaria e informática.
Además, se produce un efecto indirecto y es que, al liberalizarse o abrirse los mercados mundiales, las economías de los estados de la Unión Europea tienen un mayor abanico de actuación, que también se produce para la economía española.
Las negociaciones para alcanzar el acuerdo han sido tan costosas porque, al final, han estado primando intereses sectoriales sobre los generales. Esperamos que el acuerdo impulsará la economía mundial creando, como decía, las condiciones y las bases para el crecimiento económico y las inversiones.


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Señor Vicepresidente, todavía es pronto, debido a que quedan diferentes flecos por cerrar, para hacer un balance más detenido, pero creemos que al disminuir el nivel de protección exterior, se va a facilitar el acceso a otros mercados y que, en definitiva, todo esto constituye un reto para nuestro sistema productivo, que tendrá que esforzarse para progresar en competitividad cara al mercado exterior, como usted decía anteriormente.
Por otra parte, nuestra posición relativa, como parte integrante de la Unión Europea, con un alto grado de liberalización del comercio en base al nivel reducido de nuestro arancel comunitario, nos permite suponer una baja incidencia negativa sobre nuestra economía, mientras, por el contrario, la incidencia positiva será, en términos generales, más alta, porque nuestros adversario comerciales, particularmente los Estados Unidos y Japón, tienen que hacer un mayor esfuerzo de liberalización. Consideramos, señor Vicepresidente, que el acuerdo alcanzado será beneficioso también para los consumidores, pues verán cómo de la reducción arancelaria devendrá una disminución de los precios de diferentes productos que se vendan en el mercado español. En definitiva, señorías, la presente ronda de negociaciones, iniciada en 1986 en Punta del Este, Uruguay, y que ha durado siete años, ha sido la más ambiciosa de todas las existentes, tanto en sentido geográfico, debido al récord de participación de los países intervenientes, como en sentido de cobertura sectorial, al pretender dar un espíritu de liberación y multilateralidad a una serie de nuevos temas, como el siderúrgico, el textil, los servicios y las inversiones extranjeras.
Manifestamos, igualmente, que, a pesar de ser la negociación de la última ronda del GATT, como decíamos, la más ambiciosa en participación y contenido, ha coincidido también en el tiempo con un avance del proceso proteccionista, como es la regionalización o zonificación del comercio mundial, fruto de lo cual estamos asistiendo a la aparición de diferentes bloques comerciales, mediante los cuales los países pretenden defender sus intereses de una manera conjunta. Por un lado, hay que dar la bienvenida a iniciativas regionales de países en desarrollo que intentan conseguir un crecimiento orientado hacia el exterior. No obstante, viniendo a ser la fragmentación del comercio internacional en bloques regionales, protegidos entre sí de la competencia exterior por medidas no arancelarias, estimamos necesario un mecanismo de proteccionismo, por lo menos, en cierto grado. En cuanto al contenido de los acuerdos a los que usted ha hecho referencia, nos parece que lo más sustancial del acuerdo será el recorte arancelario, que alcanza un promedio de un 33 por ciento, y la creación, por fin, de una organización multilateral de comercio, que ve la luz treinta y cinco años después del frustrado intento de su creación al término de la Segunda Guerra Mundial, como organismo encargado de velar por el cumplimiento del acuerdo global y que servirá para reforzar la automaticidad de las decisiones y para el establecimiento de los tribunales encargados de arbitrar en las disputas entre miembros del GATT. Todo lo cual contribuirá, sin duda, a la aplicación justa de reglas comerciales y a que las decisiones no estén supeditadas al consentimiento de las partes en conflicto.
Nos parece adecuado el acuerdo alcanzado en materia de propiedad intelectual, con la protección de los derechos de autor, de obras literarias, artísticas, marcas comerciales y denominaciones de origen, pues, por primera vez, este sector, cuya importancia está siendo cada vez mayor entre los países desarrollados, va a quedar cubierto en el tráfico mercantil.
Igualmente, se ha avanzado por primera vez en el sector terciario de los servicios, al reconocerse el principio general de la liberalización del sector y el de dar a todos los países trato igual al de la nación más favorecida, conocida también como cláusula de favorecimiento. La regulación de los servicios es importante, pues la Unión Europea es el primer exportador del mundo en servicios y su potencial de expansión es muy considerable. La exclusión del ámbito de los servicios del sector audiovisual nos parece que es acertada, a la vista de las posiciones que venían manteniendo cada una de las partes. Estimamos que Europa tiene derecho a proteger la identidad y pluralidad cultural y a mantener su política de ayudas, la libre reglamentación de las nuevas tecnologías y la figura regulada en una directiva como la de la televisión sin fronteras, que reserva el 51 por ciento de la producción a los europeos. Por ello, opinamos que, al final, ha prevalecido el arte frente a la mercantilización de la cultura.
Señalamos también, señor Vicepresidente, que la industria de textiles se incorpora, como decía, de forma gradual, en el marco general del GATT, pero, en todo caso, creemos que la inversión de productos textiles en Europa y otros países occidentales se va a producir en un período de diez años, suficiente para adaptar las medidas adecuadas por parte de las empresas afectadas. En materia de disciplina comercial, nos parece fundamental el consenso alcanzado, que habilita a los países firmantes para la adopción de medidas antidumping, en aras a impedir la importación de productos cuyo valor real en mercado sea inferior al real. En segundo lugar, destacaríamos la sujeción, en la elaboración de productos alimenticios y de origen animal y vegetal, a los estándares y directrices internacionales en materia de sanidad y control de calidad de alimentos.
En cuanto al capítulo agrícola, quiero manifestar que lo vemos con escepticismo y duda, ya que contiene aspectos sombríos y limitativos para nuestra agricultura, pero también hay que reconocer que supone la consolidación

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y la compatibilidad de la reforma de la política agrícola comunitaria en el marco del acuerdo global alcanzado. Nos parece beneficioso que España haya obtenido el compromiso político de la reforma de las organizaciones comunes del mercado de las frutas y hortalizas, del vino y del azúcar, pero creemos que este compromiso se queda corto, pues no comprende la creación de una organización común de la patata, tal y como se acordó en esta Cámara.
Respecto a los aspectos limitativos, deseo señalar que, en cuanto al sistema de reequilibrio, se prevé un moderado incremento de las importaciones agrarias desde el resto del mundo a la Unión Europea. Sin embargo, a última hora se ha avanzado en relación al principio de preferencia comunitaria, al determinarse que la diferencia de precios en los cereales importados y el precio oficial en el ámbito de la Unión no sea superior a un 55 por ciento. Este aumento de las importaciones creemos que no originará dificultades en los mercados agrarios de la Unión Europea, a excepción del azúcar. Igualmente, si la Unión Europea acepta reducir las exportaciones, nos parece lógico que disminuyan también las importaciones de productos sustitutivos norteamericanos, consolidando el acuerdo las importaciones de productos sustitutivos de cereales a los actuales niveles.
Respecto a la cláusula de paz, por la que se evita que los Estados Unidos emprendan acciones unilaterales de represalia frente a los productos agrícolas comunitarios, nos parece que se ha dado un paso positivo, ya que al período inicialmente pactado de seis años, se añade un período adicional de tres.
Nos inquieta también el acuerdo --aunque no es propiamente en el seno del GATT, sino un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Estados Unidos--en lo relativo a la reducción del cultivo de las oleaginosas en 400.000 hectáreas, puesto que ello supone, señorías, una retirada de tierras complementaria a la ya prevista en la reforma de la política común, conocida también como el «set aside».
Por último, señor Vicepresidente, lo que más preocupa al Grupo parlamentario Vasco (PNV) es la reducción de las ayudas a las exportaciones en un 36 por ciento y la disminución del volumen de las exportaciones subvencionadas, producto por producto, en un 21 por ciento, tomando como referencia la media más favorable de los años 1986/1990 o 1991/1992, según sea la más favorable. Esta medida creemos que es la que más incidencia va a tener, pues afecta a productos como el azúcar, la leche, las carnes y las oleaginosas. Ello va a suponer que se originará un incremento de oferta en el mercado agrícola europeo que conllevará una reducción de los precios en la leche y en las carnes, que entendemos tendría que ser compensada con ayudas directas por parte de la Unión, a través de la política agraria comunitaria. Por tanto, esta situación nos preocupa, pues vuelve a crear incertidumbre e inquietud en la agricultura de corte familiar, que es la que verdaderamente necesita el régimen de ayudas directas, en contraposición a los grandes cerealistas y productores de leche que no necesitan estas ayudas para competir en los mercados agrarios.
Señor Presidente, a nuestro Grupo le preocupa hondamente el efecto negativo que el desarme arancelario ocasione a la flota pesquera española y no al resto de la flota de la Unión Europea, en la medida en que todavía, señor Vicepresidente, al día de hoy, la flota pesquera española está sujeta a una serie de restricciones y limitaciones en cuanto al acceso a determinados caladeros, la captura de diversas especies y el uso de artes variadas que no tienen otros países de la Unión, lo cual hace que, desde el inicio del ingreso en la Comunidad Europea, no podamos disponer de los mismos instrumentos de competitividad que el resto de los países miembros tienen. Por tanto, a la hora de la negociación del acuerdo, la flota española se encuentra en inferioridad de condiciones respecto al resto de las flotas europeas comunitarias. En estos días, cuando se está discutiendo en la Unión Europea las posibles adaptaciones a la flota pesquera española, de conformidad con el Tratado de Adhesión de 1985, nosotros esperamos que el Gobierno mantenga una posición sólida y firme, en aras a terminar con las diferencias, la minusvaloración y las fuertes limitaciones que la flota pesquera española tiene para faenar en aguas de la zona económica exclusiva de la Unión Europea.
Finalizo, señor Vicepresidente, señalando que queremos que nos diga en qué medida se ha cumplido el principio comunitario de acceso a mercados a cambio de acceso a recursos, es decir, que abramos el mercado del pescado hacia otros países en contrapartida a poder acceder a los caladeros de otros países, pues, en otro caso, la flota pesquera española quedará en trance de desaparición, al diversificarse en pabellones de conveniencia, que les hará faenar bajo las banderas de estos países. En definitiva, supondrá la progresiva desaparición de la flota pesquera española al navegar bajo este tipo de pabellones y, en consecuencia, la inversión se canalizará a estos países y no, como requiere la realidad económica española, se ceñirá a los diferentes puertos, tanto de la Cornisa Cantábrica como del Atlántico, puesto que el avance en la liberalización del comercio en materia de pesca se está produciendo cada día más.
Señor Vicepresidente, con la progresiva liberalización de los aranceles que, en cinco años, como tengo entendido, según el acuerdo del GATT, va a suponer que se establezca un arancel tipo cero, el sector pesquero español está muy preocupado, puesto que, al final, lo que puede quedar únicamente es el sector pesquero de cerco y la flota que faena en las aguas de la Comunidad Europea, tendiendo a desaparecer tanto la flota que faena en aguas de la NAFO como en aguas de otros países,

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la flota pesquera congeladora española que faena en todas las aguas del Atlántico y del Pacífico. Por estas razones quería recibir información, al menos la opinión que merece de su Gobierno este aspecto en lo relativo al capítulo pesquero.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, no deja de ser sorprendente --me parece que algún interviniente ya lo ha expresado también en la tarde de hoy-- que algo tan relevante y difícil, como, sin duda, ha sido el GATT, que ha logrado poner de acuerdo, tras siete años de arduas y difíciles negociaciones nada menos que a 117 países, haya suscitado una reacción tan tenue o tibia en la opinión pública, incluso en los sectores económicos más directamente afectados.
Es verdad que probablemente la reacción hubiera sido mucho más amplia si el pasado día 15 no se hubiera firmado el acuerdo.
La memoria histórica habría recordado, a buen seguro, que la recesión de 1929 se convirtió en la gran depresión a causa de la guerra comercial y proteccionista que se desencadenó en aquellos momentos entre los países más desarrollados, cuando equivocadamente pretendieron combatir la crisis cerrando sus mercados. Probablemente la razón de dicha falta de interés público haya que encontrarla en el escepticismo que inunda en estos momentos las opiniones públicas, y muy especialmente la española, ante la gravedad y prolongación de la crisis económica en que estamos inmersos y que no sólo no fue adecuadamente pronosticada y combatida, sino que, muy al contrario, se ha producido traicionando todas las expectativas y pronósticos que se habían hecho de un rápido crecimiento como consecuencia de la implantación del mercado único europeo.
Esta es, señorías, una primera realidad que no se puede desconocer a la hora de analizar adecuadamente qué debemos hacer ante el nuevo reto que supone una alteración tan sustancial de las reglas del comercio internacional como la que se va a producir. Acaso somos mayoría quienes desconfiamos de la seguridad de ese crecimiento que se nos anuncia, y ello no es en sí pernicioso, porque probablemente nos ayudará a superar el síndrome de «Bienvenido, Mister Marshall» que en buena medida se extendió en la sociedad española en 1986 tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea. Pero en la actual situación de crisis la principal tarea política y económica que, a nuestro juicio, deben acometer el Gobierno y este Parlamento es analizar con rigor los retos que la nueva liberalización supone para los diversos sectores de la economía española, a fin de poder planificar adecuadamente las respuestas.
No voy a reproducir el debate que, con frecuencia notable, se realiza, también en esta Cámara, sobre si el Gobierno socialista realizó una adecuada negociación para la integración de España en la Comunidad Europea. Tampoco quiero especular sobre si la posición española ha sido más o menos contundente que la francesa o la portuguesa, por ejemplo, a la hora de defender determinados intereses legítimos de nuestras empresas y trabajadores y a alguna comunidad autónoma también, en concreto. Pero es que una primera gran inquietud requiere una respuesta clara del Gobierno. ¿Cómo va a afectar este acuerdo al empleo? Porque, sin duda, en una sociedad como la nuestra, que tiene las cifras de paro más altas de la OCDE, es ésta la gran pregunta y el baremo que mide el interés que pueda tener este acuerdo para nuestra sociedad. Y permítanme, señorías, señalar que esta preocupación tiene relieve especial en nuestra comunidad canaria que, como no me cansaré ni nos cansaremos los miembros de Coalición Canaria de repetir desde esta tribuna, tiene especiales problemas económicos y de desempleo también, encontrándose en cabeza de los que, en conjunto, señala el Inem. Porque la respuesta que hasta ahora ha dado el Gobierno a este gran interrogante no es satisfactoria. Desde una perspectiva analítica, no cabe duda de que tenía razón el señor Ministro de Comercio al señalar que hay algunos sectores económicos intensivos en mano de obra en los que las empresas españolas van a tener grandes dificultades para competir y que las mayores oportunidades estarán en otro sectores de mayor valor añadido; esto parece indiscutible. Sin embargo, no basta con hacer un diagnóstico correcto.
Lo que debe esperarse del Gobierno es un plan de acción.
Parece indudable que, entre las consecuencias lógicas de la liberalización de los mercados y de los servicios, de la reducción de las subvenciones y de las cuotas de importación, se va a producir una reducción del empleo agrícola. Y también en el sector textil es indiscutible que se va a recibir el impacto del acuerdo. Ello supone que estamos, desde luego, en la antesala de una nueva reconversión que hay que preparar y afrontar adecuadamente. En lo atinente al sector agrario, Coalición Canaria ha reiterado la especial preocupación que existe en el archipiélago ante diversos aspectos conflictivos. En primer lugar, por lo que al plátano respecta, tras las durísimas negociaciones, resultado de las cuales fue el establecimiento de la organización común de mercados, es preciso congratularse de las medidas contenidas en el nuevo régimen, favorables, en principio, desde el pasado mes de julio, para mantener la actividad platanera en Canarias, una de las cuales, el establecimiento de un contingente arancelario de dos millones de toneladas para las importaciones de plátanos de países terceros

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y de plátanos no tradicionales, los ACP, constituye el pilar básico de la filosofía de esta organización.
Sin embargo, en el Consejo del pasado día 15 de los corrientes, la Comisión Europea comunicó que determinados países no ratificaban tal posición, que, según nuestras noticias, está siendo bloqueada por la presión de las grandes compañías multinacionales del plátano, a través de Estados Unidos y de los expresados países latinoamericanos, al igual que Alemania. Nos preocupa el silencio que, con respecto a este tema y concretamente a este país, se pueda tener y, por supuesto, ante la no retirada de los recursos y la incapacidad que vemos, no ya de presionar sobre Alemania en tal sentido, sino de poder conseguir algo positivo, tiene, en proporción inversa, que aumentar nuestra preocupación, ya que no hablamos de nuestra desconfianza. Por eso, no habiéndose cerrado el asunto, se requiere lograr al máximo que la Unión Europea se mantenga absolutamente firme en la última propuesta, ya que cualquier incremento por encima de las toneladas inicialmente fijadas para 1994-1995, 2.100.000 y 2.200.000, respectivamente, lo que ya supone incrementos del 5 y 10 por ciento para tales anualidades, quedaría descafeinada totalmente la eficacia, por lo que a Canarias respecta, del sentido de la OCM con desaparición del principal cultivo de Canarias, con dramáticas consecuencias económicas, sociales e, incluso de nuestra identidad misma, por lo que al paisaje respecta. Problema, por tanto, que no sólo no está resuelto por el GATT, como el señor Vicepresidente expresaba, sino que, por el contrario, permanece abierto ante ese fantasma a que antes nos referíamos de los incrementos en las anualidades expresadas. Bueno es que esta Cámara en su integridad sepa que el tomate representa casi la cuarta parte de valor de producción total agraria de las islas, que es el mayor cultivo agrícola en el archipiélago después del plátano, y que, tras la decisiva integración plena de Canarias en la Comunidad Europea, desaparecieron las precedentes condiciones que suponían la consideración del tomate canario como producción extracomunitaria, de suerte que nuestras producciones tomateras habían quedado en clara desventaja en relación con las producciones de igual clase del Sudeste peninsular español. Y, aunque parezca increíble, cosa que jamás entendieron los canarios, por lo que respecta a las producciones de aquellos países terceros que, no obstante, como Marruecos concretamente, eran objeto de un trato preferente por parte de la Comunidad Europea. Por eso, pese a nuestra integración en la Comunidad de manera plena y, al igual que lo estamos en el Estado español, es evidente que nosotros no hemos sentido la recepción de un mejor trato que el que recibían algunos países no comunitarios. La supresión, tanto de los contingentes como de los precios de referencia, tan sólo era posible en virtud de la entrada de la PAC. Mas he aquí que, por diversas razones, siempre absolutamente incomprensibles para el pueblo canario, pese a la drástica decisión comunitaria, es el caso que nuestras producciones tomateras siguen hallándose en franca desventaja con respecto a las marroquíes, en iguales condiciones de acceso a los mercados comunitarios con nuestra fruta, a la vista, ciencia y paciencia, de quienes tienen que preocuparse, y no sólo somos nosotros quienes constituimos la comunidad canaria, y el dato añadido, de singular importancia para el archipiélago, de que son producciones de una sola competidora, no ya por el mayor favor y la mayor sensibilidad que se puede dispensar en los últimos tiempos, animando incluso desde el Gobierno a invertir en sectores competidores con canarias, amén del agrario, sino porque tal competencia se nos hace, no ya difícil, sino imposible de neutralizar, como consecuencia de los costes de producción en aquel país, tan inferiores a los nuestros. Para paliar tan difícil situación, el sector productivo de las islas, con el respaldo de todas las instituciones canarias, y, por supuesto, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, hemos venido luchando denodadamente por el adelantamiento del calendario de imposición de precios de oferta a los tomates de los países terceros. Dicho calendario venía aplicándose a partir del 1 de abril para proteger no precisamente a la producción canaria. Nosotros hemos tratado, anticipando el citado calendario, de terminar con una injusta situación actual diseñada hace muchos años en el marco de la política agraria comunitaria para proteger exclusivamente la producción de los estados centroeuropeos, que comenzaban a recolectar en abril, y no a los estados miembros meridionales, que recolectan en invierno. Sin embargo, pese a haberse aprobado la extensión de la protección para los tomates comunitarios, habiéndose aceptado definitivamente las negociaciones de la Ronda de Uruguay, beneficiando a Murcia, Almería y Alicante, además de a Canarias, actualmente nos preocupa la negociación del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. España, y el Gobierno español de una manera muy especial, debe exigir que no se hagan concesiones adicionales al Reino alauita en relación con tal producción, puesto que, en otro caso, se esterilizarían las ventajas conseguidas en la Ronda Uruguay. En fechas recientes se ha reabierto en España el debate sobre el grado de participación que deben tener las comunidades autónomas en la definición y realización de nuestra política internacional y en la Unión Europea. No es éste, posiblemente, el mejor momento para realizar un debate profundo y sosegado al respecto, pero permítanme que les diga, señorías, que, con pleno respeto a nuestra Constitución, nos parece imprescindible

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que el Gobierno español recabe el máximo concurso de las comunidades autónomas a la hora de fijar la posición española en aquellas negociaciones que le puedan afectar más especialmente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Es indudable que por numerosas razones la Comunidad Canaria está especialísimamente interesada, y su grado de sensibilidad al respecto es notabilísimo también, en que se pueda alcanzar un acuerdo con Marruecos que no vaya en detrimento de nuestras producciones. Por ello, es obvio que nosotros invitamos al Gobierno español a que busque la cooperación del Gobierno canario a la hora de fijar las posiciones españolas en la negociación, previa la información correspondiente sobre el particular. Hay algunos aspectos del acuerdo alcanzado, señorías, que merecen el aplauso generalizado. Así se ha manifestado hoy por distintos intervinientes y a ello nos sumamos. Entre los mismos ocupa un lugar muy destacado el que se haya conseguido vencer la resistencia norteamericana a la institucionalización de la Organización Mundial del Comercio.
Nuestro Grupo, en definitiva, contempla con esperanza este gran acuerdo comercial. Creemos que es una buena oportunidad que se abre ante la sociedad española para crear nuevos puestos de trabajo en los sectores exportadores de mercancías y servicios, para penetrar en mercados que hasta ahora nos estaban parcial o totalmente vedados. Ellos son una buena noticia, obviamente, en la medida, sobre todo, en que una actitud emprendedora, tenaz e inteligente de toda la sociedad española puede abrir un horizonte de esperanza en estos momentos tan grises.
Pero no podemos terminar esta intervención sin reiterar una preocupación. Nadie nos va a regalar nada; no hay ningún El Dorado a la vuelta de la esquina, ni mucho menos. El futuro es prometedor para aquellos que se vayan a esforzar, y delicado para aquellos que piensen que se puede sestear indefinidamente en mercados cautivos o en subvenciones públicas. Podemos y debemos exigir al Gobierno un análisis e información correctos sobre las oportunidades y los problemas que se abren ante nosotros. El parecer y el debate en el Parlamento, con carácter previo a esta fase que se abre ante nosotros en los próximos meses, parece ocioso tener que defenderlo. Podemos y debemos exigir al Gobierno una política de apoyo y promoción a aquellos sectores que tengan más futuro a la hora de crear empleo y generar riqueza. Podemos y debemos exigir al Gobierno y a la Unión Europea que se faciliten fondos para esas reconversiones que inevitablemente se van a producir, siempre dolorosas, pero que tienen que realizarse en aquellos sectores que no van a poder soportar, cuando transcurran los períodos transitorios, la competencia de otros países. Nosotros somos solidarios con las inversiones que tengan que llevarse a cabo, perfectamente compatibles con la preocupación y la defensa de nuestros intereses, que también reivindicamos. Es mucho, indiscutiblemente, lo que nos jugamos en los próximos años. Por eso, Coalición Canaria desea, de corazón, que se acierte en esa delicada tarea.
Nada más y mucha gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, creo que fue la publicación «Cinco días» la que, en un artículo de reflexión, aseguraba que finalmente se había impuesto lo que los catalanes llamamos el «seny», el sentido común.
Ciertamente, cabe resaltar como muy positivo que el esfuerzo de las 177 delegaciones, y quiero subrayarlo puesto que a veces parecía que sólo negociaran Estados Unidos y la Comunidad Europea, haya culminado en éxito. Desde la remota primera reunión en Punta del Este, el 22 de septiembre de 1986, o incluso la más remota de noviembre de 1985, en Ginebra, cuando se creo el Comité Preparatorio para la octava ronda, ha llovido mucho, y muy a menudo se ha estado cerca del fracaso. Hay, pues, motivos de alegría, como la propia existencia del acuerdo, que va a marcar las grandes líneas de la actividad económica en los próximos años; la más que probable creación, finalmente, de la Organización Mundial de Comercio, y la reducción general de trabas al libre comercio que evitará costos innecesarios y que facilitará la competitividad; todo ello conforme al activo de un acuerdo que mayoritariamente tendría que resultar beneficioso. En todo caso, el GATT va a ser el paisaje que marcará el futuro de la economía mundial en un proceso de mundialización que ya es definitivo. Ir en contra de los acuerdos del GATT es un poco ir contra la historia.
Sin embargo, resulta fundamental ser críticos en algunos aspectos de la negociación, por otra parte aún no concluida, y estar alerta ante algunos de los peligros más previsibles.
Especialmente el GATT obligará a controlar el dumping social y el dumping ecológico, los dos grandes peligros del comercio mundial. Si realmente los países de la Unión Europea tienen que competir con los países del sudeste asiático (India, China) o con los países del Magreb, ello sólo se puede plantear sin renunciar a las conquistas sociales de este siglo. Que el GATT, pues, no signifique la exportación del modelo Taiwan a nuestra economía, que el libre comercio mundial no signifique la reducción de salarios y prestaciones sociales, y que no signifique tampoco la pérdida de un compromiso ecológico cada vez más necesario y más obligado.
Este es el gran reto de la Unión Europea y el reto que tiene el Gobierno español: diferenciar entre la libre

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compentencia y las prácticas desleales de dumping. Este es el reto, señorías, de la reforma del mercado laboral, que tal y como está siendo planteado por el PSOE se acerca peligrosamente a la taiwanización; libre comercio, pues, sin renunciar a las conquistas sociales que han definido este siglo. Peligro también respecto al tercer mundo, puesto que, aunque haya aspectos muy beneficiosos en el acuerdo, también es cierto que el propio informe del Banco Mundial, que intenta preveer la situación de la economía en el año 2002, reconoce que la sitaución en Africa, por ejemplo, habrá empeorado.
Los acuerdos del GATT pueden resultar muy beneficiosos para los grandes centros financieros (bancos alemanes, City de Londres, Wall Street) y las grandes multinacionales, pero el traslado de las fábricas hacia países de mano de obra barata y permisivos ecológicamente puede producir dos efectos: una mayor colonización del tercer mundo, sin garantizar ninguna prestación social, y una precarización de nuestro propio mercado. Pongo como ejemplo la peligrosa reflexión, a nuestro entender, que con referencia al GATT realizaba no hace mucho el Conseller Subirachs del Gobierno catalán: dijo ser favorable a la deslocalización de las empresas textiles catalanas, lo cual garantizaría, ciertamente, el poder económico de los empresarios textiles. Pero, ¿qué pasaría con los obreros del textil catalán? Este es un peligro fundamental del GATT, y representaría la lectura más derechista y más antisocial del acuerdo, que el libre cambio se convirtiera en una precarización del propio mercado. El libre cambio no tiene que estar reñido con medidas de incentivación de la competitividad de la propia industria; esto es fundamental.
Finalmente, hay algunos puntos en el acuerdo que necesariamente tienen que mejorar, y ahí es donde la Administración española ha resultado francamente débil a la hora de negociar. Lo decía también un especialista: vamos hacia un mundo comercialmente más exigente, que exigirá, en consecuencia, unas administraciones políticas también muy competitivas. Francia ha sido, en este sentido, modelo de defensa de los propios intereses, y qué decir de Portugal, que ha garantizado en buena medida la salud de su textil. Como Cataluña no ha podido negociar sus propios intereses por la falta obvia de estructuras de poder, la responsabilidad y las consecuencias de una mala negociación son evidentemente, de los responsables españoles. Existen dos preocupaciones fundamentales para la salud de la economía catalana y de la economía de todo el Estado: preocupación por saber cómo queda el textil y preocupación por algunos aspectos de la agricultura. Desde luego, el textil es la preocupación prioritaria, puesto que la agricultura padecerá en algunos sectores, como puede ser el de oleaginosas o el de frutos secos --van ustedes a hundir definitivamente la avellana, sector que ya empezaron a hundir en su momento--. En cambio, el GATT resulta muy beneficioso, hay que decirlo, para sectores como el cava o el vino, por ejemplo. En mi preocupación sobre el textil quiero recordar lo que dijo el Ministro Javier Gómez Navarro y pedirle que se comprometa realmente. Aseguró que la negociación final de los flecos que quedan se conseguirá en conversaciones para el textil.
Comprométanse y aprieten ustedes en este sentido. Portugal ha conseguido una inyección de 400 millones de ecus --si no me equivoco--de fondos estructurales, inyección que servirá para definir un gran plan de modernización de su textil, y sobre todo ha arrancado un compromiso al Banco Europeo de Inversiones, del BEI, de hasta 500 millones de ecus en préstamos, avales, etcétera, con destino a la industria textil. ¿Qué compromiso han conseguido ustedes para este sector que quedará inevitablemente castigado con el GATT? Quizá éste sea el drama del sector económico catalán. Los catalanes no podemos negociar directamente y ustedes, que negocian por nosotros, no negocian bien. Sin embargo, espero que el compromiso del Ministro sea en firme. Antes de Marrakech, señorías, consigan ustedes, primero, una inyección significativa de dinero para este sector proveniente de los fondos estructurales; como Portugal. Segundo, consigan ustedes que esta inyección económica no venga condicionada por la distribución de las regiones de la Comunidad según los objetivos de desarrollo regional, puesto que ello significaría la exclusión de Cataluña, catalogada --como ustedes saben-- como región de objetivo dos, y es en Cataluña donde el impacto sobre el textil será más grave. Que no pase como con el Plan Retex, el Plan de Reconversión Textil, que prácticamente no llegó a Cataluña. Tercero, consigan, como ha hecho Portugal, un fondo significativo del Banco Europeo de Inversiones para garantizar la competitividad y la modernización del sector. Ya que no consultan, ya que no dan explicaciones, ya que son ustedes los que negocian, negocien, por favor, con más decisión; negocien, y no se dediquen sólo a la vida contemplativa.
Por último, en materia agrícola, la valoración no es mayoritariamente negativa, pero la preocupación por algunos sectores es obligada. En ese sentido, también una petición: que se estudien compensaciones con los fondos de la Comunidad para los sectores castigados. Preocúpense por la avellana, por la almendra, por las oleaginosas, que es muy grave la irresponsabilidad si no consiguen acuerdos, y que los cálculos de retirada de producción agrícola, tal como pediría precisamente el Conseller catalán Marimón, se haga de acuerdo con los cultivos históricos.
Cualquier otro acuerdo será contraproducente. Sean ustedes más valientes y tengan menos complejos en el momento de defender los intereses de nuestra economía. El GATT va a ser nuestro marco en el futuro, bienvenido

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sea, bienvenido el Acuerdo --con mayúsculas--, bienvenido el desbloqueo de site años de negociaciones. Pero aún queda mucha letra pequeña por escribir y el borrador que ustedes presentan no es excelente. Comprométanse ustedes con el textil; sean capaces de conseguir lo que otros sin complejos ya han conseguido. Comprométanse con los sectores agrícolas más damnificados, y comprométanse con una lectura del GATT que no signifique la institucionalización del dumping, que no signifique la pérdida de las conquistas sociales, que no signifique la inhibición del compromiso ecológico.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor Vicepresidente del Gobierno, dentro del GATT, el objetivo más importante es el logro de la reducción de los aranceles y de las subvenciones a la exportación de los productos de los diferentes países que lo integran. El recientemente aprobado pacto con Estados Unidos dentro del seno del GATT provocará en nuestro país un aumento de las importaciones de productos agrícolas no comunitarios, quebrándose el principio de preferencia comunitaria, a la vez que producirá una caída sin precedentes de los precios percibidos por nuestros agricultores.
Por otra parte, es de destacar que el acuerdo del GATT todavía no está cerrado. En los primeros meses se deberán resolver múltiples flecos, y consideramos que un acuerdo de liberalización del comercio internacional, que no tenga previsto algún mecanismo de estabilidad de los tipos de cambio entre las monedas de los países implicados, está condenado a fracasar. Por tanto, pensamos que la tan anunciada disminución de aranceles podrá ser compensada, en algunos casos, mediante fluctuaciones de tipo de cambio entre las monedas.
No podemos tampoco ser tan ingenuos como para esperar que las ganancias estimadas derivadas del acuerdo del GATT se repartan de una manera equitativa entre los diferentes países. En el más optimista de los casos, señor Vicepresidente, nos quedaríamos como estamos, pero, además, con un sector agrícola condenado a su desaparición.
Existe una enorme incertidumbre y preocupación en los sectores económicos afectados, especialmente el agrícola y textil, en los que la Comunidad valenciana es muy importante. Se ha quedado pendiente la reforma de la Organización Común de Mercados, la denominada OCM, relativa a arroz, vino y frutas y hortalizas. Una consecuencia que ya se conoce con certeza es la reducción de los aranceles aplicados por Europa a la importación de zumo de naranja americano, casi el 40 por ciento, del 19 al 12, lo que provocará una caída sin precendentes de los precios percibidos por los agricultores, además, le recuerdo, señor Vicepresidente, que tradicionalmente la industria del zumo, como la de gajos, ha venido a mantener los precios de la naranja en fresco, por lo que las consecuencias serán todavía más preocupantes. Señor Vicepresidente, se puede predecir un aumentode abandono de tierras; un aumento espectacular del desempleo agrícola, derivado de la caída de rentabilidad de los cultivos; una caída de la renta agraria, debida a la disminución de aranceles aplicados a productos importados y el incremento de la competencia; se pueden prever también unas reducciones de las exportaciones agrícolas, y, asimismo, unas reducciones de ayudas a la exportación de productos agrícolas, que se va a producir. Unión Valenciana debe exigir al Gobierno que inste a la Comunidad Europea a que compense a la agricultura mediterránea de las previsibles consecuencias derivadas de la conclusión definitiva de la ronda del GATT: pérdidas de rentas, de empleo, etcétera.
España, señor Vicepresidente, ha reaccionado tarde y con poca firmeza. Nuestro país se limitó a elaborar un memorándum sobre el GATT, pero sin defender nuestra economía con la gallardía demostrada por Francia. Según la prensa, el señor Solana insinuó que nuestro país nunca vetaría un acuerdo tan importante para conseguir mayor protección de los productos agrícolas mediterráneos. Yo recuerdo sus críticas al señor Aznar sobre sus palabras cuando negociaban en Edimburgo, y me pregunto ¿y ahora qué? Además, no podemos olvidar que la agricultura valenciana ha estado marginada por la política del Gobierno de estos últimos años. Recordemos el plan de jubilación anticipada, o las ayudas a la sequía, o las constantes ayudas a la reconversión varietal de Marruecos por parte de la Comunidad Europea para cultivar productos que compiten con los nuestros. Fueron 50.000 millones, señor Serra, los que la Comunidad Europea aprobó para cofinanciar la transformación varietal, y tampoco olvidemos el anunciado acuerdo preferencial Comunidad Europea-Marruecos.
Señor Serra, voy a terminar muy rápidamente leyéndole la portada de un periódico de todo el Estado que dice: Balladur califica de éxito para Francia el pacto del GATT, y los campesinos le acusan de traición. Señor Vicepresidente, lo que sí que queda claro es que España ha sido espectadora en estas negociaciones, pero no protagonista, cuando algunas decisiones nos pueden lastrar para siempre.
Bienvenido ese GATT después de esos siete años; bienvenido que definitivamente estemos en él, pero bienvenidas sean unas soluciones que urgentemente tienen ustedes que aplicar, poniendo encima de la mesa lo que haga falta, porque todo el país, España en

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general, no se puede permitir el lujo de este tipo de negociaciones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solchaga.


El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, decía el representante del Grupo Parlamentario Popular que hoy estábamos asistiendo a algunas primicias. No sé yo si hubiera sido, aunque no una primicia, ciertamente una excepción a la regla, que él, en su intervención, hubiera, como el resto de los grupos parlamentarios, centrado su atención en el tema que era hoy objeto del debate y no hubiera traído a colación cosas que tienen su cauce parlamentario, que han tenido sus atencedentes y que aquí no vienen a cuento, excepto para arrancar un fácil aplauso de su propio Grupo Parlamentario.
(Un señor Diputado en los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Aquí no aplaude nadie!) Además, al centrarse en el debate, hubiera utilizado la lógica económica, porque difícilmente se puede decir, sin sentir un cierto rubor, que España es el país, de los 24 que componen la OCDE, que más tiene que perder en este momento como consecuencia del GATT, por aquello de que sea el que tiene el segundo déficit comercial más elevado. La relación entre el antecedente y el consecuente de esta sentencia simplemente no existe, en lógica económica; es un disparate, y el resto de los Diputados que han intervenido en nombre de sus grupos ha hecho muy bien no trayendo este argumento a colación, porque solamente a quien lo usa puede descalificar. (Varios Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Dicho esto, entre el entusiasmo del Grupo Popular añadiré que quiero que mis primeras palabras --que no estaban destinadas a ser éstas--, las primeras que de verdad están en mi intención política y en mi mente, sean las de unir la satisfacción de mi Grupo Parlamentario, del Grupo Parlamentario Socialista, a la de los demás grupos, por lo que se refiere a la firma del acuerdo del GATT, que concluye la llamada Ronda Uruguay.
He observado que aquí ha existido una clara mayoría en favor de la firma del acuerdo, no una mayoría ingenua compuesta por personas que no creyeran que un acuerdo global y multilateral lo vale en cuanto al contenido, es decir, que hacía frente a diversas actividades productivas, al mismo tiempo, de servicios y de mercancías; multilateral en cuanto a los intereses, es decir, que tenía en cuenta los intereses de regiones, países desarrollados, países no desarrollados, exportadores de alimentos, importadores; a pesar de eso, digo, a pesar de que todos tenemos en cuenta que no se puede dar una ratificación ingenua a este acuerdo, sin embargo, todos parecemos compartir la idea de que es un avance importante, y me parece necesario señalarlo aquí en este momento, porque en este país, en el nuestro, en España, preciso es reconocer que la doctrina del libre comercio no ha sido la regla a lo largo de nuestra historia, sino más bien la excepción.
Aun hoy hemos podido oír opiniones bastante extremadas, centradas y, en mi opinión, cicateras de lo que esta regla del libre comercio representa. Aun hoy, entre nosotros --y no podría ser de otro modo; ningún país puede reescribir su historia en cuatro días--, a pesar de todo lo que ha significado la experiencia de entrada en la Comunidad, la globalización e internacionalización de nuestra economía, la apertura de ella a los mercados, la instalación de las reglas de la competencia; a pesar de todo eso, se oyen, señor Presidente, los viejos ecos, en mi opinión poco progresistas, de la reacción proteccionista ribeteando ciertos discursos.
(Rumores.) Algunos de los que han intervenido directamente en esta negociación no se han recatado de llamar al acuerdo histórico, y seguramente uno debe desconfiar de la propia valoración que dan los protagonistas de un acuerdo a su intervención en el mismo. Pero creo que en esta ocasión el calificativo tiene justificaciones. Por primera vez desde 1947 los países del mundo, todos, porque ahí todos pertenecen al GATT --esto es muy importante, ésta es la primera vez que esto ocurre y a ello ha contribuido, ciertamente, la eliminación del llamado bloque comunista--; todos ellos han aceptado introducir en las negociaciones aspectos totalmente nuevos que hasta ahora habían sido excluidos; aspectos tan fundamentales como la agricultura, que ha suscitado uno de los debates importantes en esta Cámara a lo largo de esta tarde; como las barreras arancelarias, de las que casi no se ha hablado, pero que, sin embargo, afectan al 18 por ciento de los productos manufacturados y al 38 por ciento de los productos agrícolas; barreras que casi siempre las hacen los países más ricos bajo las formas más oscuras, de las que nadie ha hablado en esta Cámara y que a mí me ha sorprendido, esas barreras que no son sólo las restricciones cuantitativas a la importación, que eso es, en las técnicas actuales de desviación del comercio como matar moscas a cañonazos, sino barreras que tienen que ver con normas fitosanitarias, con normas de homologación, con normas de otra naturaleza que las establecen generalmente como quieren y sin contraprestación o sin comprobación por parte de otros, los países ricos, a veces para dificultar el acceso a sus mercados de las exportaciones de los países pobres. Por primera vez se ha hablado de los servicios, y por primera vez se ha tratado de reconducir, en un período largo del que luego hablaré de no menos de diez

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años, a los textiles desde el acuerdo multifibras, que hasta ahora ordenaba su intercambio comercial a nivel internacional, a un acuerdo GATT. También por primera vez se ha hablado de lo que se ha venido a llamar «trips and trims» es decir, acuerdos o medidas relacionadas con el comercio y que afectan a las inversiones y a los derechos de propiedad.
En segundo lugar, creo que es importante lo que hemos concluido entre todos los países, porque hemos creado, además, la Organización Mundial del Comercio. Y en estos tiempos en que la tentación de que cada una de las naciones o grupos de naciones, en la medida en que están relacionadas regionalmente en un proceso de integración o de unión, es la de salvarse a costa del vecino, la de establecer nuevas barreras proteccionistas al intercambio comercial, la de establecer --y luego hablaré de eso un poco si tengo tiempo, como espero, señor Presidente-- nuevas argumentaciones, unas veces a propósito del dumping social y otras veces a propósito de otros argumentos cuando menos no tan claros como algunos los exponen, verdaderamente me parece que ha sido un hito en el que se ha demostrado que creemos todos, o venimos a creer, que la norma en la que estamos basados, la norma con la que pretendemos ordenar nuestras relaciones económicas y comerciales internacionales, tiene y debe responder al sentido de la razonabilidad y no al sentido de la búsqueda insolidaria, individual del beneficio para cada país a costa de los demás. Quizá lo más importante, señor Presidente, de este acuerdo que hemos firmado entre todos sea precisamente eso.
Si creemos --yo lo creo y pienso que esta Cámara también-- que las normas que nos afectan, que regulan nuestro comercio exterior, no pueden estar basadas exclusivamente en un equilibrio de intereses, sino también en la razonabilidad de las mismas, en el hecho de que no puede existir la discriminación entre los países, en el hecho de que los fuertes no pueden, en el mundo en que vivimos, aunque tengan capacidad para hacerlo, imponer sus puntos de vista sobre los débiles; si creemos en eso, este acuerdo de la Ronda Uruguay es un paso de gigante para restablecer, en la norma, lo que en la doctrina y en los hechos se venía produciendo. ¿A qué me estoy refiriendo, señoras y señores Diputados, en esta reconciliación de la norma con la doctrina y con los hechos? A algo tan sencillo como que a lo largo de 1970, y sobre todo de los años ochenta, así como hemos venido asistiendo a una reducción significativa de los aranceles, sobre todo entre los países industrializados y referentes a productos industriales, hemos asistido a un incremento constante de la protección agrícola en los países más ricos, y la consecuencia de todo esto, aparejada si quieren ustedes a las consecuencias nefastas que en su día representó la utilización de su poder político por parte de los países productores del petróleo elevando artificialmente el precio de dicho producto; la consecuencia de todo esto, repito, es que el peso de los países menos desarrollados en el comercio mundial ha pasado desde el 28 por ciento del PIB al 21 por ciento. ¿Qué han hecho, mientras tanto, esos países menos desarrollados que en parte tuvieron, quizá de una manera inadecuada, que recurrir al incremento de la deuda exterior, que en parte trataron de seguir impulsando aquel viejo modelo que en la América latina se llamaba de la CEPAL, porque este organismo lo proponía, de sustitución de importaciones? Lo que han hecho estos países, y tiene mérito y es preciso reconocerlo, es cambiar su filosofía y pasar de la idea de sustituir las importaciones, y por tanto de empobrecer su aportación al comercio internacional, a una filosofía de promover las exportaciones y globalizar su economía aceptando precios internacionales, y con eso han hecho esfuerzos y han conseguido empezar a pagar su deuda. Y cuando los países del antiguo bloque comunista han dicho: queremos entrar en el GATT, entonces la doctrina oficial les ha dicho: primero tienen ustedes que hacer una liberalización «erga omnes», unilateral, sin ninguna compensación. Y a esos países, que están viviendo la peor de las circunstancias económicas, a esos países que han tenido que hacer enormes esfuerzos de ajuste macroeconómico interno; a ésos, en una disputa entre la Unión Europea y los Estados Unidos, les estábamos diciendo que no podían tener acceso a nuestros mercados, que teníamos tal preocupación con las ventas de nuestros agricultores que ellos estaban condenados a no poder exportar sus productos agrícolas.
Haber cambiado esto, señorías, aunque lo hayamos hecho con el cuidado con que hay que hacerlo, con la discreción con la que hay que producir estos cambios, con los períodos transitorios que la delicadeza reglamentaria exige, es algo por lo que nos debemos felicitar, puesto que hemos traído al nivel de la norma internacional que regula el comercio el sentido de una doctrina que es positiva y la reconciliación con los hechos que otros han llevado a cabo.
Esta es la primera vez, señoras y señores Diputados, que hemos asistido a la paradoja siguiente. Hay, como ustedes saben, países importadores netos de alimentos y éstos están, o entre los muy ricos, muy ricos, muy ricos, o entre los muy pobres, muy pobres, muy pobres, pues bien, los muy ricos, que eran importadores netos de alimentos, se han opuesto muchas veces al acuerdo sobre agricultura, porque habría de elevar los precios internacionales de los bienes agrícolas comercializados, mientras que los más pobres han dicho que lo que querían era que, aunque esto ocurriera, ellos pudieran obtener respuesta en otras materias, en materias de acceso a mercados para los bienes que ellos producían, como el textil, como el mueble, como otros bienes sencillos, que ellos, con su capacidad, pueden ahora mismo producir.


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Señor Presidente, cuando pasamos desde estas consideraciones generales a las que nos afectan a nosotros, yo creo que el Gobierno tiene muchas razones para sentirse satisfecho por los resultados de esta negociación. Son resultados razonables siempre que se entienda este doble aspecto de la globalidad y de la multilateralidad. Y no se crea que uno puede ir a sentarse en una mesa de negociaciones de esta naturaleza a ganar por diez a cero en todos y cada uno de los campos sin transigir, sin aceptar en otros campos beneficios para otros.
No estamos hablando de un juego de suma cero, como alguien decía esta mañana hablando de otro tema; estamos hablando de un juego de suma positiva y de ése habremos de beneficiarnos todos. En la agricultura hemos mejorado el acuerdo primitivo de Blair House y creo que lo hemos mejorado de una manera en la que España no tiene nada que perder. Además, también hemos mejorado los calendarios de entrada de nuestros productos tales como el pepino, el tomate, el calabacín, etcétera, cosa que hasta el momento no estaba resuelta.
Algunos dirán: ¿Por qué no más? ¿Por qué no tenemos ya el compromiso sobre los productos mediterráneos? ¿Por qué no tenemos más ventajas? Quizá están olvidando una cosa y es que la iniciativa de la Comunidad en relación con la producción agrícola y el acuerdo que habría de haber en esta materia fue adelantarse a los acontecimientos y hacer la reforma de la PAC. En esa reforma de la PAC, de la que España ha sido uno de los principales, si no el principal per capita beneficiario, es donde está la nueva filosofía que es compatible ahora con las subvenciones que todavía se admiten en la agricultura. Por consiguiente, lo que había que hacer sobre una situación que ya era muy favorable para España era tratar de mejorar algunas cosas. Existen compromisos de mejora; en la agricultura hemos mejorado y hemos mejorado notablemente. No debo decir que el textil sea una situación tan fácil; ciertamente es complicada, pero tenemos diez años, diez años en tres etapas. En las primeras etapas todo lo que se refiere a la reducción de los derechos aplicados por el Acuerdo multifibras es relativamente lento: 16, 17, 15 por ciento; la última del 49 por ciento.
¿Pero seremos también capaces de reconocer ante nosotros y ante nuestra población que desde que existe en España el sector textil está en proceso de crisis? (Rumores.) ¿No habremos de decir ya la verdad a nuestros conciudadanos de que, quitando algunos años excepcionales, siempre hemos tenido un problema de crisis en nuestro sector textil? Cuando no era el textil lanero, era el textil algodonero; cuando no era la confección, cuando no eran otros.
Desde que yo tengo uso de razón y conocimiento de los acontecimientos en la historia económica de nuestro país, el sector textil ha tenido una de las mayores protecciones. Ya he explicado muchas veces el signo de nuestros aranceles en los debates dentro de esta nación: ha sido un sector protegido. Lo que estamos diciendo, señoras y señores Diputados, es que tenemos diez años, quizá con ayudas, con apoyos y con comprensión, para tratar de establecer cuál debe ser el papel y el futuro del sector textil en España, que no será aquel que algunos se representaron a principios del siglo XIX, pero que tampoco tiene que ser, en la medida en que mejoremos nuestro diseño, nuestra calidad, nuestra penetración en los mercados, aquel tan negro que algunos nos quieren pintar. Señor Presidente, voy terminando en la evaluación. En los servicios creo que lo más importante que se ha conseguido ha sido crear un acuerdo marco semejante al del GATT para las mercancías.
Algunos dirán --y no sin razón--que los resultados en esta materia son modestos. Y es verdad que en cuanto se haya firmado el acuerdo de la Ronda Uruguay habremos de convocarnos una vez más todos los países para hablar del transporte marítimo, para hablar de los servicios profesionales, para mejorar los acuerdos en servicios financieros e igualmente para estrechar los contactos y ampliar las negociaciones en materia de telecomunicaciones. Pero con todo y con eso, en un mundo en el que los servicios cada vez son más importantes en el crecimiento total de los intercambios globales, qué duda cabe que tener ya un punto de referencia, un acuerdo semejante al que el GATT ha representado desde 1947 para las mercancías es importante. No insistiré mucho en esto, señor Presidente, y tampoco en materia de las coberturas de patentes, marcas y diseños, resultados todos ellos favorables para la economía de nuestro país, pero sí me gustaría, antes de terminar, hablar de la importancia que se le ha dado a las nuevas reglas.


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Solchaga.


El señor SOLCHAGA CATALAN: Muy brevemente, señor Presidente, las reglas actuales de funcionamiento en el GATT, ya fuera la cláusula de salvaguardia junto con la cláusula de nación más favorecida, ya fuera la cláusula de antidumping, ya sea el sistema de regulación de las subvenciones, ya sea el sistema que se aplica para la solución de las diferencias, han demostrado en su funcionamiento que eran muy inadecuadas y han producido muchos más problemas que los que han sido capaces de resolver. Yo creo que debemos fecilitarnos porque la mayor parte de estas reglas se han corregido de una manera razonable, introduciendo modulación de cuotas en el caso de la cláusula de salvaguardia, introduciendo un establecimiento de distinción entre las diversas subvenciones --aquellas que están permitidas y aquellas que no lo están--, estableciendo el límite máximo del cinco por ciento al valor de la producción en las subvenciones antes de que

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puedan crear lo que podríamos llamar un problema internacional. En materia antidumping --y con esto termino porque me gustaría finalizar, señor Presidente, conectando con las preocupaciones iniciales que he tenido en mi intervención- - yo me siento obligado a decir algo que creo que muchas de sus señorías compartirán. En estos momentos, preocupados por nuestro nivel de bienestar en Europa, procupados por el peligro que a veces están corriendo algunos de nuestros esquemas de solidaridad nacional a través del desarrollo del Estado de bienestar, y preocupados ciertamente por la pérdida de empleo a la que estamos asistiendo, estamos reaccionando muchas veces contra esos países que están empezando a industrializarse de una manera agresiva hablando sobre todo, refiriéndonos al llamado dumping social. Yo sobre esto sólo quiero decir una cosa. Entiendo la preocupación de todo el mundo, pero me gustaría encontrar también el espíritu abierto y generoso que en otras ocasiones se encuentra, tanto en esta Cámara como en la opinión pública española, como ahora recientemente cuando algunas personas creían que podían hacer más, por ejemplo, por el desarrollo de los países atrasados mediante la aplicación del 0,7 del PIB en forma de ayuda que lo que pueda hacer precisamente un acuerdo comercial multilateral como del que estamos hablando; opinión que por cierto no comparto. Ese espíritu generoso yo quisiera que lo compartiéramos tratando de mirar a nuestra propia historia, tratando de vernos a nosotros mismos hace algunos años, cuando nosotros desarrollábamos un sector turístico floreciente en todo el mundo haciendo lo que entonces podían haber llamado los alemanes, los norteamericanos, los canadienses o los franceses dumping social, porque ni el nivel de tributos en nuestro país, ni el nivel de cotizaciones sociales, ni otras muchas cargas que hoy nos parecen absolutamente esenciales en el desarrollo de las conquistas sociales que hay en nuestro país existían en la economía española de 1960. Debemos juzgar la idea del dumpin social, pero no de una manera ahistórica, sino considerando cuál es el papel que puede jugar en cada momento en un país según cuál sea su proceso de desarrollo histórico.
Y no hacerlo así, señorías, podrá aliviarnos alguna de nuestras preocupaciones, podrá ayudarnos, como en todas las falsas soluciones, a encontrar un enemigo fácil contra el que atacar, aunque no pueda resolver los problemas, pero no nos permitirá poder estar tranquilos y defender ante la población la justicia, el buen sentido, el aspecto moral positivo que tiene un acuerdo como del que acabamos de hablar en relación con el GATT.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solchaga.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor Presidente, señorías, creo que aunque ha habido matices por parte de todos los grupos intervinientes hay un denominador común en el debate de esta tarde. Todos creemos que el acuerdo denominado la Ronda Uruguay ha sido un avance en el comercio mundial y, por lo tanto, puede suponer un progreso para el intercambio entre los países y debe suponer un progreso también para el crecimiento económico de los países de todo el mundo. Todos sabemos que la globalización de la economía mundial se ha producido de forma vertiginosa en los últimos años, y creo que es un signo (lo ha dicho la señora Rahola) de seny, es decir, un signo de sentido común de la humanidad entera poner en orden, enfrentarse a este fenómeno de globalización mediante el diálogo, mediante el acuerdo, mediante las cesiones mutuas, pero creando un marco compartido para favorecer el crecimiento de todos.
Quisiera hacer alusión, por cortesía parlamentaria, a la totalidad de las intervenciones que se han producido, aunque en algunos casos se ha incidido sobre los mismos puntos y quizá en mi respuesta lo que haré será tocarlos de forma que responda a las distintas intervenciones.
El señor Rato ha empezado bien. (Rumores.--Risas.) Luego me referiré a sus palabras iniciales, pero cuando se ha referido al tema que hoy nos ocupa, que es el GATT, ha empezado bien.
Ha empezado diciendo que no se exagera cuando se menciona la importancia del acuerdo, aunque no todos se beneficiarán de la misma forma. También comparto su criterio sobre que debemos aceptar el fin de esas formas de colonialismo económico según las cuales los países desarrollados tenían que comprar materias primas a buen precio y, en cambio, los productos industriales eran colocados a alto precio en los países subdesarrollados. Pero luego ha hablado de la situación española, de que nuestras importaciones provienen sobre todo de Europa. Ignora el señor Rato que en los meses transcurridos del año 1993 nuestras exportaciones a Europa han crecido el 14,4 por ciento en valor. Ha entrado luego en la forma en que el Gobierno ha actuado en esa negociación, acusándolo de falta de ideas, de criterios, según ha dicho taxativamente: yendo con las manos en los bolsillos a esta negociación. Yo creo que el señor Rato ignora el procedimiento exacto de la negociación en la que estamos sumergidos. Los países miembros de la Unión Europea han cedido a la Comisión la política comercial y, por tanto, ha sido la Unión Europea la que ha negociado con los demás países la Ronda Uruguay. Y lo que ha hecho España, como tantos otros países, es más complejo pero ha sido mucho más efectivo: primero, convencer a nuestros socios europeos de cuáles eran nuestros intereses, de cuál debía ser la posición común europea, y luego poner detrás de esa posición

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toda la fuerza que ha tenido la Unión Europea en esta negociación. Sin lugar a dudas esto ha reforzado a España en las demandas y ha obtenido muchísimas más cosas que si hubiera ido sola o que los países que han ido en solitario a la Ronda Uruguay, porque estos países que han ido en solitario, señorías, ya les digo yo a ustedes cuál ha sido la respuesta normal a sus peticiones: Aquí hay 117 países y no podemos atender las demandas de todos: o lo toma usted, o lo deja. Esa ha sido la posición ante la mayoría de los países que han tenido que negociar en la Ronda Uruguay. Hablan ustedes de Francia: ¿Pero por qué no hablan ustedes de Alemania? ¿Por qué no hablan ustedes del Reino Unido? ¿Por qué no hablan ustedes de Bélgica o de Holanda? Porque ellos han obtenido, como España, la mayoría razonable de las cosas que pedían a través del convencimiento, a través de la persuasión, no a través de un diálogo político interno en su país. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de medir los beneficios de la Ronda Uruguay por los resultados finales y no por los decibelios del debate político interno de cada uno de los países de la Unión Europea? (Rumores.) Les pido que eso sea lo que hagamos. Y si esto es lo que hacemos, nos daremos cuenta de que en todos los temas, incluida la agricultura, hemos obtenido razonablemente la mayor parte de las solicitudes que habíamos hecho a la Unión Europea y, sobre todo, hemos resuelto problemas agrícolas que España no había podido resolver desde que era miembro de la Comunidad Europea en 1986; por ejemplo, el calendario para productos como el tomate, a que se ha referido el señor Olarte. No se diga que no tenemos por parte de la Comunidad Europea más que compromisos verbales. Voy a referirme al acta del Consejo celebrado el 20 de septiembre de 1993, en la parte que hace referencia a las organizaciones comunitarias de mercado de productos hortofrutícolas o de productos mediterráneos. Allí se acordó --y consta en acta--, para los sectores cuyas organizaciones comunes de mercado no han sido modificadas todavía, lo siguiente: El Consejo y la Comisión se comprometen a adoptar las disposiciones necesarias para garantizar las rentas agrarias y la preferencia comunitaria. Se tendrá en cuenta, en estos sectores, las condiciones y principios agrícolas y financieros que se han aplicado para el conjunto del sector agrícola. Este es el compromiso del Consejo Europeo del 20 de septiembre y la Comisión se ha comprometido a que sea realidad en el primer semestre de 1994. (Rumores.) Ha dicho también el señor Rato que hemos tenido demasiada preocupación por Francia. Está claro que en muchos temas tenemos intereses comunes. Precisamente la colaboración con Francia y con Bélgica en el tema audiovisual ha sido un elemento muy positivo para persuadir a socios comunitarios de adoptar posiciones muy alejadas de las que tenían al principio de tratar esos temas. Ha dicho el señor Rato que los acuerdos agrícolas van a limitar las exportaciones. No es cierto, señor Rato; sólo van a limitar las exportaciones que en este momento tenían subvención, y en el caso español son escasísimas.
Debiera usted conocer mejor la materia. (Risas.) Ha hablado también, como si fuera un problema gravísimo, de la reducción de aranceles del espárrago, de las almendras y --así contesto también al señor González Lizondo--del zumo de naranja. En el caso del espárrago, producto que preocupa al señor Rato, el arancel bajará del 12,8 al 10,2; en el caso de las almendras, con un arancel bajísimo del 5,6 va a quedar en el 3,5; en el zumo de naranja, del 15,2 al 12,2. Frente a esto hemos resuelto el problema de las organizaciones comunitarias de mercado de productos hortofrutícolas y de productos mediterráneos que nos interesaba; hemos consolidado la situación del plátano canario; hemos resuelto el problema, que no habíamos podido resolver hasta ahora, insisto, del tomate y otros productos hortofrutícolas, modificando radicalmente el calendario. Por ese motivo y por muchos otros que podría citarles creo, señorías, que podemos estar razonablemente satisfechos de la defensa de nuestros intereses que, de forma colegiada, ha hecho la Unión Europea en la discusión de la Ronda Uruguay y de los resultados que ha obtenido.
Se ha referido también el señor Rato al tema textil, y aquí no voy a insistir en ello porque desde esta misma tribuna ya se le ha recordado la incoherencia de hacer definiciones librecambistas pero luego, en el momento de entrar en puntos concretos, ser única y exclusivamente proteccionista. Ha esgrimido el señor Rato un recorte de prensa, relativo al sector textil, supongo que del año pasado porque citaba al Ministro de Industria de aquel momento. Hubiera podido leer las declaraciones del Presidente de Intertextil, inmediatas, posteriores al acuerdo de la Ronda Uruguay, de las que yo dispongo, en la prensa del 17 de diciembre. Dice la crónica que el Presidente de Intertextil estimó que el frente común protagonizado por los países del sur de Europa, básicamente Portugal y España, ha dado sus frutos. En el acuerdo final se ha logrado el compromiso de varios países que mantenían fuertes restriccionesa las importaciones textiles, como la India y Paquistán, de que abrirán sus fronteras. Y sigue la crónica: El máximo representante de la patronal textil española explicó que el Gabinete de Madrid, así como otros gobiernos europeos, han entendido nuestra preocupación. Esta es, señor Rato, la posición hoy, después de que se ha firmado la Ronda Uruguay, del Presidente de Intertextil. No nos traiga, en el debate, recortes de periódicos atrasados y que son muy anteriores al tema que estábamos debatiendo. (Rumores.--Varios señores del Grupo Socialista: ¡Bien! ¡Bien!)

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Por otra parte, habla usted del declive del sector. ¿Por qué no cita que en el año 1993 el sector textil español ha incrementado sus exportaciones en un 25 por ciento? ¿Por qué no cita que en los diez primeros meses de 1993 se han reducido las importaciones textiles en España en un 11 por ciento y que, por tanto, el déficit comercial textil, en un solo año, se ha reducido a la mitad? Porque éste es el camino --y quiero responder cordialmente al señor Molins en su intervención sobre este tema--, el camino es seguir el debate con el sector paraaprovechar al máximo los once --no diez-- años de adaptación que nos quedan hasta eliminar por completo los contingentes del Acuerdo multifibras. Eso pretende hacer el Gobierno y eso hará el Gobierno. Y ofrezco el debate con el sector, el estudio de las medidas más adecuadas, y en la medida en que sea necesario y conveniente no excluye tampoco el Gobierno la posibilidad de recurrir a fondos comunitarios para ayudar a nuestro sector textil.
Ha dicho el señor Rato que para aprovechar la Ronda Uruguay debe producirse un cambio en la realidad económica española y, sobre todo, un cambio en la política económica. Quisiera decirle que no va a ser en la dirección del paquete de medidas de política económica que apresuradamente han presentado ustedes ayer a la prensa, porque sería la peor política que en este momento se podría proponer a la economía española, señor Rato. (Fuertes protestas y rumores. Aplausos.) Si por cambiar la política económica proponen ustedes, como han hecho, el aumento de los gastos públicos, la reducción de impuestos, es decir el aumento del déficit público, están conduciendo a la economía española exactamente en la dirección contraria a la que debe conducirse. (Fuertes protestas y rumores en los bancos del Grupo Popular.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Cuando ustedes hablan, como hablaron --y lo colocan en el fontispicio de sus medidas--, de medidas fiscales, de aumento de la demanda, se están equivocando otra vez, yerran incluso en el diagnóstico. El problema de la economía española es la competitividad. (Fuertes protestas y rumores en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Nosotros crearemos empleo cuando nuestras empresas sean competitivas exteriormente y, por tanto, sus productos tengan garantizado el mercado interior frente a la competencia extranjera y también tengan un lugar en el mercado exterior.
Mientras ustedes propongan medidas de las cuales --se lo acepto--algunas son sensatas (Rumores.), pero todas ellas de acuerdo con otros grupos parlamentarios, ya las hemos introducido en los presupuestos del Estado y en la ley financiera que los acompañan, todas las que son. (Rumores.) El resto de las medidas, estimadas por lo bajo, tendrían un coste fiscal de 700.000 millones de pesetas. ¿Esa es la política que proponen? ¿Esa es la política de incremento del déficit, cuando precisamente hemos de ir en otra dirección, que supondría inevitablemente el aumento de los tipos de interés? (Rumores.) Por otra parte, y para acabar de comentar este tema, por si quieren ustedes enmendar las propuestas de ayer,...
(Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Un momento, señor Vicepresidente. (Rumores.) ¡Silencio, señorías! ¡Señor Robles! Continúe, señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Y para acabar de sugerirles --aunque más que mejoras lo que tendría que hacerse es un cambio radical de esa política para que no sea nociva para nuestra economía--, permítanme que les diga que es incomprensible para cualquier ciudadano medio conocedor de lo que sucede en la economía española que se hagan, en una propuesta de política económica, ofertas de transformación estructural, como en el sector servicios o telecomunicaciones, y se omita, se deje de hablar de la reforma esencial del mercado de trabajo.
(Rumores.) Por tanto, por ese camino, si ésa es la nueva política económica que SS.SS. creen que debe hacerse para enfrentarse al problema del reto que supone el acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT, déjenme que les diga que se equivocan de medio a medio, que con ese camino lo único que haríamos es impedir que nuestra economía aproveche las ventajas que nos ofrece esa Ronda Uruguay. (Rumores.) El señor Espasa ha hecho una serie de consideraciones, entre otras, el no debate previo al acuerdo final de la Ronda. Déjeme que le recuerde que ha discutido este asunto con el Ministro de Asuntos Exteriores en Comisión usted personalmente, que ha habido otra comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado, y que el Ministro de Agricultura en varias ocasiones ha comparecido para tratar el tema de la Ronda Uruguay con SS.SS. Ha dicho el señor Espasa que el comercio mundial no irá ligado a una situación más igualitaria entre los países desarrollados y subdesarrollados.
Déjeme que cordialmente, señor Espasa, discrepe de su apreciación. Un incremento del comercio internacional tiene que redundar en un enriquecimiento de todos los países que participen de este incremento. Y precisamente la apertura, el intercambio de productos industriales y de servicios tiene que tender a igualar la economía de los países. Si no fuera así, no se hubiera producido la firma del acuerdo de la Ronda Uruguay por parte de tantos países en vías de desarrollo. Quisiera entrar en un tema que ha abordado el señor Espasa. Ha dicho: Yo no digo no al GATT; digo GATT sí, pero OIT también, ocupémonos del entorno social de la producción. Parece que tenga una prevención el

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señor Espasa a que se produzca después de la Ronda Uruguay el fenómeno del dumping social. Es un tema complejo sobre el que hemos de reflexionar en relación a nuestra propia historia, señor Espasa, porque nosotros también hemos sido acusados por países europeos más desarrollados, en el pasado reciente, de haber efectuado dumping social. Por tanto, hemos de encontrar el equilibrio para ayudar a los países en vías de desarrollo a crecer, a progresar, a la vez que también ayudamos a que ese progreso redunde en un incremento de los niveles de protección social y de bienestar de la población de esos países que se desarrollan.
En la dirección de esa reflexión, en la dirección de las acciones que puedan llevarnos a ese objetivo, señor Espasa, siempre estaremos de acuerdo, y estoy dispuesto a que discutamos en otras sesiones o con otros miembros del Gobierno sobre cuál puede ser la posición del Gobierno español para trabajar en la dirección que usted señala.
Ha hablado también del sector textil. Ya he contestado a este tema. Creo que el sector textil español tieneaún un nivel de penetración de importaciones extranjeras inferior al europeo.
En España no llega al 23 por ciento el mercado interno cubierto por importaciones, mientras que en Europa es el 40.
Nuestra debilidad no está en este dato, sino en las exportaciones; mientras que los países europeos exportan igualmente el 40 por ciento de su producción, nosotros exportamos escasamente el 11 por ciento. Este tema se ha transformado radicalmente en un solo año. Esperemos que las condiciones actuales de paridad de la peseta, de estímulos y también la apertura de mercados de la Ronda Uruguay permita que el sector textil español corrija ese talón de Aquiles y vaya incrementando el peso de las exportaciones dentro del volumen de su producción.
Señor Espasa, se lo digo con toda cordialidad, porque usted ha usado la palabra «papanatismo» en relación con que esos acuerdos de libre cambio pueden ser utilizados para la reducción de las cuotas de bienestar social adquiridas en nuestro país; creo que el peligro no es el papanatismo de utilizar el GATT en esa dirección, el peligro real que tienen los trabajadores de este país de ver reducidos los niveles de bienestar social que hemos adquirido sería que cerráramos los ojos a la realidad, que no nos enfrentáramos al fenómeno de globalización internacional que se ha producido y que no tomáramos las medidas para hacer que nuestra economía siga siendo competitiva, que nuestra economía siga creando empleos y tenga un puesto en Europa y, a través de Europa, en el mundo.
El señor Molins hace unas reflexiones sobre la Ronda Uruguay que comparto en gran medida y que, por tanto, no merece la pena que comente, porque estoy de acuedo con él, sobre todo en el énfasis de que lo que se nos abre en este momento es la necesidad de luchar por conseguir un sistema productivo más competitivo que nos permita sacar ventaja de la nueva situación. En este sentido comparto su criterio. La Ronda Uruguay es un desafío, es una nueva exigencia, pero si respondemos a ella el sector exterior seguirá siendo el más dinámico de nuestra economía, que falta nos hace en los momentos de crisis actuales.
Ha dicho el señor Molins que nos falta exigencia en el control de las reglas de competencia, de defensa comercial frente a prácticas desleales. Quiero decirle al señor Molins que este objetivo estuvo ya inscrito en el memorándum que el Gobierno español aprobó para la reunión del 20 de septiembre y que fue aprobado también en una moción en este Parlamento. En general hemos conseguido en esa dirección, de acuerdo con otros países europeos, pero en contra de los criterios iniciales de muchos otros países de la Unión Europea, la aceleración de los plazos de todos los mecanismos de tramitación de medidas antidumping o antisubvención, es decir, de medidas de defensa contra la competencia desleal. Hemos conseguido pasar de la minoría de bloque contra cualquier medida de ese estilo a la votación de mayoría simple, en la cual cada país tiene un voto. Hemos logrado que para la aplicación de la cláusula de salvaguardia se necesiten mayorías más reducidas, sobre todo si son en relación a acuerdos preferenciales de la Unión Europea, y, además, mantenemos lo que se denomina el nuevo instrumento de política comercial; instrumento que Europa activaría si los Estados Unidos no retiran la denominada sección 301, es decir, la sección que les permite la respuesta unilateral y no multilateral a situaciones de competencia desleal en el mercado. Por tanto, sí que ha habido una atención. Y en esta dirección nos hemos de esforzar también en el futuro. Quiero responderle a un tema de detalle cuando se ha referido en su intervención al tema agrícola. Ha dicho como elemento negativo la apertura del 3 por ciento de nuestros mercados agrícolas, hasta el 5 por ciento en un período corto. Debo decirle, señor Molins, que, dentro de esos porcentajes de acceso a los mercados, se ha aceptado finalmente en la Ronda que se incluyan las importaciones procedentes de los acuerdos preferenciales de la Unión Europea. Lo cual reduce drásticamente la importancia de esta cláusula de acceso a los mercados agrícolas.
En relación a espárragos, almendras, etcétera, ya me he expresado en cuanto a su reducción arancelaria. Por lo que se refiere al textil, manifiesto la voluntad del Gobierno de seguir el diálogo con este sector industrial para que, entre todos, tomemos las decisiones a fin de que no sólo defendamos la competitividad del sector en ese proceso de desarme contingentario, más que arancelario, de once años, sino que hagamos nuestro sector más competitivo para que pueda aprovechar las ventajas reales que va a tener el sector textil dentro de las reducciones arancelarias de la Ronda Uruguay.


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El señor Gatzegaetxebarría, supongo que he pronunciado bien su nombre (Varios señores Diputados: ¡No! ¡No!) ha glosado también el acuerdo de la Ronda Uruguay con muchas observaciones, en las que yo también estoy de acuerdo. Ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar las medidas antidumping en esta nueva situación; ha expresado determinadas dudas en relación a la agricultura y, sobre todo, como elemento novedoso ha hablado de la situación del pescado. En este tema sucede algo que también debe tenerse en cuenta en otras intervenciones, como la del señor Olarte con el tomate canario. Una cosa es la Ronda Uruguay y otra las negociaciones que la Unión Europea emprenda con otros países. Por tanto, no creo que de la Ronda Uruguay se deriven problemas para nuestra industria pesquera.
La reducción arancelaria prevista para determinados productos está condicionada a conseguir accesos a recursos en el marco de los acuerdos de pesca. Estos accesos son para el tipo de pescado que nos interesa, como la merluza, el rape, etcétera. Creo, por tanto, que este tema está razonablemente resuelto en la negociación de la Ronda Uruguay, aunque siempre tendremos que seguirlo discutiendo en el marco de los temas comunitarios ligados a la pesca.
El señor Olarte, como buen canario, ha hablado del plátano y del tomate. Creo que de la intervención del señor Olarte se deriva la satisfacción de los acuerdos alcanzados, tanto en la integración de la Organización comunitaria de mercado del plátano dentro de las ofertas comunitarias en el tema agrícola, como la modificación de calendarios para el tomate, que es sustancial para el sector. Ha expresado su preocupación acerca de la negociación de la Unión Europea con Marruecos.
Este es otro tema posterior a la Ronda Uruguay y tendremos que vigilar, de la misma manera que tendremos que atender a muchos otros temas que directa o indirectamente están relacionados con la Ronda Uruguay. La señora Rahola se ha referido a la agricultura y al sector textil, y creo que se puede considerar contestada con las intervenciones que he tenido anteriormente sobre estos temas. El señor González Lizondo ha hecho una observación muy atinada. Este acuerdo de tipo comercial y arancelario, que simplemente introduce las prácticas de nación más favorecida, de trato nacional, de arancelización en el comercio internacional, puede quedar alterado por modificaciones de paridades monetarias en un sentido o en otro si se iniciara una carrera de devaluaciones competitivas. En cualquier caso, señor González Lizondo, usted está de acuerdo conmigo en que el resultado de la Ronda Uruguay es un extraordinario avance hacia la racionalización de todo el comercio internacional, incluida no sólo la agricultura, sino también los servicios. Ha dado, creo yo, una visión excesivamente pesimista de lo que va a suceder en la agricultura. Ha dicho que España ha reaccionado tarde y con poco firmeza. Ha citado otra vez el caso de Francia. Yo quisiera volverle a recordar que en el tema agrícola España está razonablemente satisfecha, no sólo de la defensa que la Unión Europea ha hecho de nuestras posiciones en la Ronda Uruguay, sino de la aceptación de nuestras posiciones en el seno de la Unión Europea.
De este modo, señor Presidente, señorías, querría terminar mi intervención, pero no sin antes hacer una alusión a las primeras palabras del señor Rato. El señor Rato ha dicho al subirse a esta tribuna que se habían producido primicias, novedades, en la sesión de hoy. Yo, lamentablemente, no he podido vislumbrar ninguna novedad, ninguna primicia en esas primeras palabras suyas, y mucho menos nada novedoso en relación al debate que sobre el tema de mis comparecencias ya tuve con un miembro de su Grupo Parlamentario el pasado miércoles.
La intervención suya, señor Rato, no ha sido para mí ni una primicia ni tampoco una sorpresa. Una vez más, como sucedió el pasado miércoles, ha querido usar el debate sobre un tema que nada tenía que ver con ello para la descalificación global, para una enumeración tediosa de acusaciones y de imputaciones falsas. (Rumores.) Quizá es esperar demasiado del PP que deje de lanzar acusaciones infundadas. Quizá es demasiado esperar del Partido Popular, en debates que nada tienen que ver, que se realicen imputaciones sobre algo más sólido que la lectura apresurada de titulares de periódicos. (Rumores.) Quizá también, señor Rato, es demasiado esperar del Partido Popular un debate en profundidad sobre los temas que debíamos haber discutido, en vez de cuatro consideraciones formales que demuestran que usted no ha estudiado, no conoce el resultado de la Ronda Uruguay (Rumores.); no ha entrado en ningún tema a fondo y se ha limitado, simplemente a hacer cuatro observaciones superficiales sobre la forma en que el Gobierno español ha negociado ese acuerdo a través de la Unión Europea. (Rumores.) Mientras tanto, quiero declarar aquí que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, de ejercer nuestras responsabilidades seguiremos en este camino, y seguiremos haciéndolo como lo hemos hecho para negociar la Ronda Uruguay, defendiendo los intereses nacionales en coordinación estrecha, como no puede ser de otra manera, con nuestros socios europeos y utilizando toda la fuerza de ser miembros de la Unión Europea al servicio de los intereses nacionales.
Los acuerdos del GATT coinciden con la política económica que está desarrollando el Gobierno; una política que persigue convencer a los ciudadanos españoles de que nuestro principal reto es incrementar la competitividad en nuestra economía. Si queremos incrementar el empleo hemos de hacer que nuestras

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empresas no sólo sean viables, sino competitivas. Para eso hemos elaborado un marco de política económica que con tenacidad persigue mantener la paridad monetaria adecuada a estos fines; con tenacidad persigue la reducción de los tipos de interés, porque ello es conveniente para esos fines; con tenacidad persigue la reducción del déficit público. A la vez, compatible con esa reducción sostenida que no podremos hacerla en un sólo año, que tendremos que hacerla continuadamente, hemos incluido, tanto en el presupuesto, como en otras medidas de política económica, el impulso posible a la actividad económica, el impulso posible mediante el máximo énfasis, por ejemplo, en nuestra política de inversión en infraestructuras, política que pasa, para ser competitivos, por la reforma de las estructuras, de los servicios. Hemos aprobado leyes que afectan al mercado financiero, a los seguros. Va a venir la ley de arrendamientos urbanos. Hemos hecho reformas en el campo de las telecomunicaciones, siguiendo la liberalización europea.
Seguiremos en esta vía, que es la que conviene a la economía de nuestro país.
Nuestro país tiene futuro, señorías, si creemos en él y si practicamos con tenacidad la política de confianza en nuestras propias posibilidades. La Ronda Uruguay del GATT muestra hasta qué punto, si seguimos en esta política, podemos hacer progresar la economía del país. El sector exterior es, con mucho, el más dinámico de la economía española en 1993. Ha aportado al crecimiento del PIB más de dos puntos en 1993. Se trata de hacer a nuestra economía más competitiva, y eso no es abstracto. Es un tema real que hay que discutir en las empresas, entre empresarios y trabajadores, con el marco adecuado y las políticas adecuadas del Gobierno.
Si de verdad conseguimos avanzar en esa dirección, y esta es la propuesta del Gobierno, sacaremos el máximo provecho de la Ronda Uruguay, incrementaremos el peso del sector exterior en nuestra propia economía y aprovecharemos a la vez el impacto psicológico positivo que ha supuesto para todo el mundo, pero también para España, ese acuerdo histórico que es la Ronda Uruguay.
En la dirección del trabajo, de la asunción plena de todas las responsabilidades, de explicar al país de verdad qué es lo que le conviene y en qué dirección hemos de avanzar, estará el Gobierno en ese y en todos los debates que SS.SS. quieran realizar sobre este tema.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista y protestas en los del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente. (El señor De Rato Figaredo pide la palabra.) Tiene la palabra el señor De Rato. (Rumores.) Silencio, señorías. El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, señorías, señor Solchaga, en el momento en que usted se subió a esta tribuna y habló de lógica económica, mi Grupo realmente pensó, con susto, que pudiera usted decir que estaba de acuerdo con nosotros, porque yo creo que en este momento en España cualquier personaque coincida con la lógica económica del señor Solchaga seguramente tendrá que explicar a los ciudadanos cómo es posible que nos encontremos en la situación en la que estamos. Ni siquiera su propio Gobierno se quiere solidarizar con su lógica económica. El Ministro de Economía - -en este momento ausente--, en sus primeras declaraciones oficiales, nos confesaba que el Consejo de Ministros no había conocido las cifras del déficit. Es verdad que el señor Solchaga nos ha dicho en esta Cámara, en sus diversas responsabilidades, que él nunca le daba importancia al déficit exterior, que al fin y al cabo había siempre dinero extranjero para financiar; eso está en el «Diario de Sesiones». Es verdad que el señor Solchaga nos lo ha vuelto a reiterar hoy; considera que no tiene nada que ver nuestra situación económica con el hecho de que nuestras importaciones crezcan mucho más deprisa que nuestras exportaciones y que nuestro comercio exterior haya cambiado, con un mayor peso de importaciones sobre exportaciones que antes de nuestra entrada en la comunidad. Sí que le tengo que decir, señor Solchaga, que para nosotros es un alivio no coincidir con su lógica económica. Es un alivio político y económico. No queremos tener nada que ver con todo lo que usted ha mantenido y mantiene, y consideramos que ninguna de sus afirmaciones en este hemiciclo, en sus responsabilidades anteriores y en las actuales, pueden mantenerse con un mínimo de rigor. Estamos ante la peor crisis económica de los últimos 20 años y no cabe duda, señor Solchaga, que se lo hemos estado advirtiendo a usted durante años, pero se ha empecinado usted en los errores, errores como el de la cotización de la moneda --ha sido reconocido por usted que entramos en el Sistema Monetario Europeo por presiones políticas de nuestros socios--, y que a estas alturas venga usted a darnos lecciones económicas a los demás es realmente sorprendente. (La señora Fernández Sanz: Las da muy bien.) Si puede, puede, no cabe duda; sigan ustedes con él de portavoz económico que a nosotros desde luego nos va estupendamente; sigan con él que es lo mejor que nos puede pasar. (Un señor Diputado de los bancos del Grupo Socialista: Seguiremos así muchos años.) Sí, sí, cuantos más mejor. El señor Serra ha empezado su intervención --después tendré que hablar del final de su intervención, que era el principio de la mía-- diciéndonos muy ufano que las exportaciones españolas habían crecido en el año 1993 un 14 por ciento. Señor Serra, estamos en una recesión, con una caída del producto interior bruto de un punto negativo y es natural que esto suceda; usted comprenderá que las empresas tienen que sobrevivir. Ha

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habido tres devaluaciones conseguidas gracias a la pericia del señor Solchaga, que ha batido todos los récord, tres devaluaciones seguidas. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, fantástico, no cabe duda, se han hecho grandes operaciones de dinero con esas tres devaluaciones, pero hay que ver el coste en mano de obra, en empleo y en tejido productivo que hemos pagado durante los años anteriores. En cualquier caso, el señor Vicepresidente del Gobierno está terriblemente ufano del ritmo de nuestras exportaciones.
Pues bien, señor Vicepresidente del Gobierno, yo le recomiendo que lea usted el Boletín del Banco de España, que dice lo siguiente: Si la economía española inicia una etapa expansiva en la que vuelva a producir nuevas pérdidas sistemáticas de competitividad, el déficit comercial crecerá rápidamente, alcanzando de nuevo una elevada dimensión que anularía por completo la ligera corrección registrada en 1993. Una baja tasa de crecimiento aparece como el único factor de compensación de la tendencia al deterioro del déficit comercial que se deriva de la desfavorable evolución de la competitividad.
Por tanto, señor Serra, preocúpese usted de nuestra competitividad --que seguramente no tiene ningún interés para el señor Solchaga, pero que el Gobierno parece decir que para él sí lo tiene-- y no nos venga con las cifras de que nuestras exportaciones están creciendo en 1993. Es lo único que está creciendo, es la supervivencia de las empresas, pero no será por lo que ustedes han hecho por ellas, porque las devaluaciones se las han cascado desde fuera sin que ustedes fueran capaces en ningún momento de tomar ninguna decisión al respecto. (Rumores.) Ninguna, ninguna, señorías. Pero para qué vamos a repetir aquí debates anteriores. (Continúan los rumores.) Dice el señor Vicepresidente del Gobierno que el Grupo Popular ignora cómo se producen las negociaciones internacionales.
Seguramente se deben producir de distinta manera para nosotros que para los griegos, los portugueses y los franceses. A nosotros nos deben meter en otra habitación y ahí la negociación es distinta.
Como están obsesionados con la media comunitaria y, además, están preocupadísimos porque Francia no se quede aislada, seguramente a ustedes les meten en una habitación y a los portugueses, a los griegos y a los franceses les meten en otra; lo que pasa es que las consecuencias son distintas para los productos y para las posiciones de cada país. Lo grave de este tema, señor Serra, es que no podemos saber cuál era la posición del Gobierno, porque el debate de hoy no es tanto para poder saber cuáles son las consecuencias del GATT (entre otras cosas porque ustedes no han sido capaces de decírnoslas, producto por producto, región por región), sino para analizar cuálha sido la estrategia negociadora del Gobierno, y no la hemos podido conocer ni siquiera hoy. El señor Serra nos coloca ante la disyuntiva de que España o bien tiene que ir en solitario o bien aceptar la media comunitaria. Señor Serra, para eso no hace falta que vayan ustedes a ningún sitio. Si nosotros tenemos que aceptar la media comunitaria, de poco sirven esos cuatro ministros, con todo su equipo en Bruselas (creo que hasta un ministro accidentado tuvo que ir a Bruselas; yo le tengo todo el respeto, pero no sé qué hacía accidentado, tenía que haber ido, muchos meses antes), porque de lo que se trata es de saber cuál era la posición negociadora del Gobierno. Y la posición negociadora del Gobierno se la voy a leer, porque está dicha por su compañero de gabinete el Ministro de Asuntos Exteriores desde el año 1992: El Gobierno español no hará valoración en este momento hasta que no esté todo finalizado. (Eso se llama liderar a la opinión pública interna). Es competencia de la Comunidad encontrar fórmulas en las que puedan encontrarse cómodos todos los países (eso se llama desde luego tener una política propia sobre los problemas españoles). El señor Serra también nos dice que hay que medir la Ronda por los resultados. Los resultados, aparte del señor Solchaga que no le da importancia, será el déficit comercial, ¿o cuáles son los resultados? ¿Los resultados qué son, señor Vicepresidente, la cantidad de buenas palabras que les dan a ustedes en las relaciones internacionales, o la cantidad de productos que vendemos nosotros fuera? Porque, claro, entrar en la Comunidad Económica Europea para que el ritmo del crecimiento de nuestras exportaciones se reduzca, no cabe duda que es una muestra clara de lo que no tenemos que estar haciendo. Y si usted no nos quiere escuchar, está llevando el camino de alguno de sus antecesores, pero me da la sensación de que la situación de la economía española en este momento no avala que hayan ustedes acertado tanto.
Ha dicho el señor Serra que se han solucionado problemas agrícolas. Sí, claro, del Tratado de Adhesión, porque ustedes van con una negociación de retraso. En ésta arreglan lo del Tratado de Adhesión y en la siguiente, si hay siguiente, tratarán de arreglar lo de ésta, porque hicieron ustedes el Tratado de Adhesión para tratar de arreglar su problema de posicionamiento sobre la Alianza Atlántica, y así vamos una negociación tras otra, pero con una de retraso.
¿Por qué no se ponen ustedes al día, señor Serra, al día con la economía española y con la sociedad española?

El señor PRESIDENTE: Señor De Rato, le ruego concluya.


El señor DE RATO FIGAREDO: Sí, señor Presidente.


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No le da usted importancia a las subvenciones a las exportaciones. Teniendo en cuenta que afectan al aceite de oliva, que vivimos en España y que usted es Ministro del Gobierno de España, sorprende que no le dé usted importancia, pero no tengo tiempo ahora para detenerme.
Sí tengo que detenerme en el tema de las declaraciones del sector textil, porque quiere usted confundir a la Cámara, y eso está mal, señor Serra, está mal que la primera vez que hace usted un debate en tres años confunda usted a la Cámara.
El Plan de competitividad del Gobierno --que usted ha mencionado, es usted el que lo saca muy ufano-- es de hace dos años, y las declaraciones son de hace dos años; qué quiere que le haga, las declaraciones son clarísimas, hechas por los mismos señores que hoy. Pero de ayer. Ya que quiere usted ver declaraciones concretas, de ayer hay un documento de Intertextil, que dice, aparte de lo que yo he leído antes, que la industria de la confección española, con un potencial equivalente a una décima parte del existente en la Unión Europea, constituye un sector plenamente competitivo; no están pidiendo ningún tipo, lo que quieren es que les dejen en paz, que les den un marco estable, pero dicen que siempre que el marco económico en que se desenvuelva sea neutro y la nefasta --nefasta, la palabra no es mía-- política económica de los últimos años, etcétera.
Pero añaden otra cosa sobre la negociación: La industria textil-confección se siente acreedora del Estado (porque tampoco en estos momentos ha sido defendida) y nos encontramos con la asignación de 62.000 millones a favor de Portugal, claramente en contra de nuestra industria española. Y continúan: y en una reconversión del malhadado plan de competitividad de la industria textil, protestado en el momento de su aprobación hace dos años y desertado por inadecuado por toda la industria. Eso son documentos, no declaraciones, documentos de ayer. Si usted me habla de hace dos años, yo le enseño documentos de hace dos años; si me habla usted de hoy, le enseño documentos de hoy.
Señor Presidente, no me queda más remedio que hablar de las propuestas económicas del Partido Popular --que no estaban a debate-- porque el señor Vicepresidente ha aprovechado para poder hablar de ellas. Señor Vicepresidente, en muy pocas pinceladas: que este Gobierno quiera dar lecciones de déficit público es algo terrible, algo que da miedo (Risas.) ¿Usted sabe cuál es el déficit público de este año, de caja? ¿Sabe cuánto ha aumentado? (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Dejadlo, que no tengo tiempo. ¿Sabe cuánto ha aumentado, señor Serra? El 188 por ciento sobre el del año anterior. ¿Y ustedes son los que nos van a dar lecciones a los demás de reducir el déficit público? Porque hay que mantener la política económica, ¿cómo no? Es la mejor política económica, ya lo dice la OCDE, elFondo Monetario Internacional, ya lo dice la propia Comisión. ¡Es inaudito que usted nos quiera dar lecciones! Y nos dice usted que han contabilizado el coste de 700.000 millones. Siempre es la misma cifra. Da igual que propongamos modificar todos los impuestos que uno solo, la cifra es siempre de 700.000 o 800.000 millones. Dentro de nada nos dirá usted que les vamos a quitar 8.000 pesetas a los pensionistas, que son las que les han quitado ustedes. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Señor Serra, al ser una primicia su debate de hoy aquí, diga usted cosas sólidas. La única medida que se puede cuantificar de esta propuesta es la reducción del impuesto sobre la renta; las otras dependen de la actividad, y eso usted lo sabe igual que yo. Es decir, no sé si usted lo sabe, pero alguien lo tiene que saber. (Risas.) El señor que se ha ido seguramente lo sabe. Es inaudito que diga usted esas cosas, siempre es la misma medida. A propósito --y ya se lo dijimos a sus antecesores--, como parece ser que el Gobierno se dedica no a cuantificar el déficit de sus presupuestos --que se les sube al 188 por ciento sobre el previsto-- sino a cuantificar las propuestas económicas de los partidos de la oposición, vamos a volverles a pedir que nos den las de todos. Porque si tienen ustedes a los funcionarios trabajando en las propuestas económicas de la oposición y cuantificándolas, seguramente será interesante ver las de todos, ¿o trabajan sólo para ustedes? Pero, repito es la misma cifra de 700.000 millones. Y en la intervención siguiente me hablará usted de las 8.000 pesetas; lo que pasa es que esa cifra ya no la debe usar, porque es la que les han quitado este año a los pensionistas.
Vamos a ver, al final, habla usted de las primicias. Señor Serra, ¿yo qué culpa tengo de que usted se haya negado a tener debates en el Pleno? No será porque nosotros no le hayamos sugerido que los tuviera. Es usted el que se ha negado, por eso son primicias. ¿Yo qué culpa tengo de que usted no haya dicho, desde el año 1986 hasta la fecha, nada sobre el GATT? Son primicias. Usted tenía la responsabilidad de haberlo hecho, porque usted es un miembro del Gobierno y tenía que haber hecho las dos cosas muchas veces, pero son primicias.
Es más, usted dice que nosotros hacemos afirmaciones superficiales. Señor Serra, nosotros hemos pedido su comparecencia en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para que respondiera de la protesta, en pleno, de todo el Tribunal de Cuentas español por el nombramiento del representante en el Tribunal de Cuentas Europeo, decidido por usted. Y si no es así, acuda usted a la comparecencia y díganoslo. Nosotros le brindamos la ocasión para que venga, pero es usted el que no quiere venir.


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Señor Serra, nosotros le pedimos a usted, que era el coordinador de la EXPO --¿no era usted el coordinador de la EXPO?-- que viniera aquí a explicar las cuentas de la EXPO, y usted se negó. Y nosotros le hemos pedido a usted que viniera a hablar de cuál era la participación del Cesid --si la había- - en el escándalo de las escuchas de Barcelona, y usted se negó. Y encima dice usted que nosotros hacemos acusaciones superficiales y falsas. Esta documentado en el Registro de la Cámara esto que yo estoy afirmando. Yo a usted no le he acusado de nada, le he pedido que venga a hablar a la Cámara de temas que se relacionan con S.S., y usted se niega. Y viene usted a hablar aquí hoy del GATT, que no ha hablado nunca, y yo lo valoro políticamente. ¿A usted no le gusta mi valoración? A mí no me preocupa nada si a usted no le gusta.
Dice usted --y con esto termino-- que tienen ustedes tenacidad contra el déficit público. ¡Bárbaro! (Risas.) El día que no la tengan ustedes hemos entrado en barrena, porque un incremento del 188 por ciento... ¡bárbaro, señor Serra! (Risas y aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Es usted un genio de la tenacidad con el déficit público. Y tiene tenacidad el Gobierno en la paridad de la peseta --¿sí, eh?--, tres devaluaciones seguidas, ¡fantástico! La tenacidad la demostramos hoy con la noticia de que nuestro Gobierno tiene que tratar de impedir la ampliación de la Comunidad porque tiene miedo a la segunda velocidad. ¿Y no vamos a cambiar de política económica, no? Va a seguir todo igual, pero ya reconocemos que tenemos un claro riesgo de segunda velocidad.
¡Estupendo, señor Serra! Esperamos tener más oportunidades de debatir y que dentro de tres años no tengamos otra primicia.
Claro que dentro de tres años la primicia será al revés, en cualquier caso.


El señor PRESIDENTE: Señor Rato, le ruego concluya.


El señor RATO FIGAREDO: Tiene usted razón, señor Presidente, le agradezco su deferencia.
Señor Serra, aparte de las valoraciones políticas, el Gobierno ¿tiene o no tiene una evaluación sector por sector? ¿La tiene o no la tiene? Ya no discutimos más. Yo la he pedido esta misma tarde, usted se la manda a la Cámara y ya está, sector por sector y región por región. Usted la manda y entonces me la podrá usted enseñar. Ahora, si todo lo que tiene usted es lo que ha enseñado hoy aquí, entonces es perfectamente comprensible que cuando nuestro Gobierno va a hablar en la negociación del GATT nos metan en otra habitación.
Lamentablemente, eso es lo que nos está costando la competitividad y eso es lo que nos está costando la crisis económica que tenemos.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) (El señor Solchaga Catalán pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: El señor Solchaga tiene la palabra.


El señor SOLCHAGA CATALAN: Gracias, señor Presidente.
Deseaba hacer uso de la palabra por las alusiones que ha hecho el señor Rato a mis responsabilidades anteriores.


El señor PRESIDENTE: No, S.S. tiene un turno de réplica.


El señor SOLCHAGA CATALAN: Tengo un turno de réplica. Eso ¿es más o menos? (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Eso es más.


El señor SOLCHAGA CATALAN: Gracias, señor Presidente. Lo entenderé de manera muy rápida porque, de verdad, si no puedo dejar pasar por alto las alusiones, tampoco la naturaleza de las mismas merece la pena que suba a la tribuna, porque sobre lo que ha dicho el señor Rato la verdad es que sólo ha hecho una aseveración de hecho y es que las importaciones están creciendo más que las exportaciones, la cual es simplemente falsa en estos momentos. Todo lo demás han sido connotaciones valorativas como que ha sentido un enorme alivio al ver que su Grupo no coincidía con mis opiniones de política económica. Me parece muy bien, es un exordio ante la Cámara, una manifestación y una confesión agustiniana. A mí me deja frío lo que a usted le parezca, si siente alivio o no siente alivio sobre la coincidencia. (Risas.) También ha dicho el señor Rato que no sé cómo voy a darles lecciones de Economía a esos señores. Créanme ustedes que no se las quiero dar. En 1974 dejé la Universidad, preocupado por el aire que ésta estaba tomando en algunos aspectos, y nunca he vuelto a dar lecciones de Economía, convencido de «quod natura non dat, Salamanca non prestat» y, por consiguiente, no haré ningún esfuerzo en esta materia. (Risas.) Concluiré, señor Presidente, sin embargo, diciendo que sí me preocupa un uso parlamentario que parece nacer de la inseguridad. No hay nada peor en este mundo que el miedo, o, si quieren ustedes, el miedo al miedo. Parece como si tuviera el interés el representante del Grupo Parlamentario Popular en callar mi voz y mi opinión, sacando a la palestra cada vez que hable la opinión que a él le merece lo que haya sido mi ejercicio como responsable al frente de la política económica durante unos años. Y yo se lo digo, señor Rato, no siga usted por ahí. Me deja frío. Voy a seguir diciendo lo que pienso, porque puedo mirar hacia atrás con tranquilidad. No habré acertado en todo, pero he presidido un período de política económica en España como ha habido pocos en la historia reciente. (Protestas y aplausos.)

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Estoy seguro de que ustedes podrían, quizá, hacerlo igual o mejor, pero todavía están por demostrarlo. Ustedes están hablando en esta materia en teoría, y así seguirán durante mucho tiempo en tanto se mantenga el sentido común predominante hoy entre los españoles. En todo caso, no sigan por esa línea. Quizá a otras personas con menor valor, con menores reservas les podría impresionar. A mí les aseguro que no. Estoy persuadido de que habiéndome equivocado, como todos los que estamos en esta Cámara, en algunas cosas, sin embargo, puedo mirar con tranquilidad lo que ha sido la ejecución de mis responsabilidades, y voy a hablar de política económica todo lo que quiera. Y cuando digan ustedes cosas basadas en la ignorancia, cuando digan cosas que contravienen hechos que están comprobados, cuando den ustedes fórmulas que están equivocadas --y hoy no entraré en las que ha dicho el señor Rato porque para eso está el señor Vicepresidente y al él le estaba contestando--, naturalmente que contestaré... y cuando «haiga» (Risas.) risas así de desaforadas, me quedaré tan tranquilo como vengo haciéndolo siempre.
Señor Presidente, no crea usted que va a tener que darme nunca un amparo en esta materia, porque, naturalmente, seguiré haciendo uso de los derechos parlamentarios sin temor a las descalificaciones de otros. Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Supongo que la novedad de la comparecencia explica la extremada extensión de la misma. El señor Serra tardó en prodigarse, pero se ha prodigado abundantemente esta tarde.
Yendo al tema que nos ocupaba, al GATT, quiero reiterarme en algunas de las afirmaciones que he hecho y contradecir algunas de las respuestas que el señor Serra ha dado.
En primer lugar, señor Serra, no es lo mismo una comparecencia informativa en la Comisión de Exteriores que un debate político previo a la ratificación del GATT, como se ha hecho en Francia, donde el Presidente de la República Francesa convocó a todos los líderes políticos del arco parlamentario; así se conformó en la vecina República la opinión del conjunto de fuerzas políticas para abordar la negociación del GATT.
En cuanto a las ventajas agrícolas, usted y yo podemos coincidir en parte. Están conseguidas sobre las propuestas, pero hay que seguir y hay que vigilar su materialización. Para esto, en otros países --vuelvo al ejemplo francés-- se ha creado una comisión de seguimiento compuesta por el Gobierno, las fuerzas parlamentarias y los sectores interesados. Espero que esto también lo hagamos aquí para ver que, con seguridad, lo conseguido para las organizaciones comunes de comercio se traduzca de verdad en el mantenimiento de la renta de los agricultores, porque la cuantía, y usted lo sabe mejor que yo, pero lo ha obviado en su respuesta, no está garantizada. Está garantizada la voluntad política, pero no la cuantía y, por lo tanto, hay que estudiar y vigilar muy de cerca estos aspectos que usted presenta ya como triunfos de la negociación, que nosotros quisiéramos que acabasen siéndolo, pero que lo serán sólo si hay participación de todos en el seguimiento de estos aspectos. Sobre la cuestión de fondo, que también han abordado usted y el señor Solchaga, quisiera señalarle, señor Serra, que usted ha pretendido explicar a la Cámara una manifiesta falta de verdad. Usted ha pretendido convencer a la Cámara de que el fabuloso crecimiento económico y la cohesión social que Europa ha vivido desde 1945 hasta 1980 se debía al incremento del comercio. Nada más falso, señor Serra; se ha debido a políticas de izquierda, a políticas de corte keynesiano, a políticas que han practicado en toda Europa socialistas, comunistas y otras fuerzas de izquierda y que ustedes ahora quieren abandonar completamente en el papanatismo librecambista. No diga que el crecimiento europeo, entre los años 1945 y 1980 el más fuerte de toda la historia de la humanidad, se ha producido gracias al libre cambio. No sea tan inexacto, por no decir una palabra más gruesa. Se ha producido cuando se producían en Europa --porque la izquierda gobernaba desde Suecia hasta la raya de los Pirineos-- políticas de izquierda, políticas de protección de los derechos sociales, políticas de implemento del empleo público, de la empresa pública y de la protección social, y no convierta usted esto en un triunfo del librecambismo cuando no es así. Ahora, con el GATT, puede pasar lo contrario. Usted me dice --y ha sido receptivo a nuestro argumento--: De acuerdo con el libre comercio, pero acepto su preocupación por el entorno social. Y el señor Solchaga y usted nos decían: ¡Hombre!, sean ustedes «piadosos» --entre comillas--; recuerden la historia española.
Señor Serra y señor Solchaga --ausente ahora--, España no exportaba bienes; España recibía remesas de emigrantes, producía turismo, pero no exportaba, como ahora hacen los países del sudeste asiático.
Esta es la gran novedad de la década de los noventa; la deslocalización industrial nos está produciendo la degradación del tejido industrial y del mercado laboral en nuestros países y ustedes, en lugar de hacerle frente, de buscar caminos con el conjunto de la izquierda europea para hacer frente a esta situación, aplauden esta nueva situación, se declaran furibundos librecambistas --la exposición del señor Solchaga ha sido paradigmática en este sentido-- y en el fondo nos dicen que sólo seremos competitivos cuando nuestros trabajadores, cuando nuestro sistema productivo sea parecido al de Taiwan, al de Corea del Sur o al de Indonesia.


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Esta es la filosofía de su Gobierno. Este es el papanatismo que hay tras la aprobación del GATT, que unos podemos aceptar de una u otra forma, y que yo creo ver en sus palabras. Es evidente que es mucho mejor --éste es un viejo proverbio sindical y político--un mal acuerdo que un no acuerdo, y el GATT no en todos sus aspectos es un mal acuerdo, ni mucho menos (no lo hemos dicho y en parte se ha recogido así), pero también es evidente que hemos de enfocar, al menos los que nos reclamamos de la izquierda, en un sentido positivo esta famosa competitividad.
El sentido positivo lo he señalado yo --lo ha señalado también, por cierto, el portavoz de Convergència i Unió-- y le he dado dos salidas posibles: Una, la «exportación» --entre comillas-- de los derechos sociales conquistados por la clase obrera europea al resto del mundo; otro, el arancel social, el impuesto social para igualar aquel coche producido en el sudeste asiático sin vacaciones, sin sindicatos, sin derecho a la educación, sin derecho a la seguridad social, sin derecho a la salud, con el coste del SEAT, del coche producido en nuestro país. De esto ustedes no dicen nada. Ustedes están instalados en el papanatismo librecambista para garantizar así argumentos que no son tales, para armarse de valor, porque valor hace falta tener para presentar la propuesta de regulación del mercado laboral que ustedes han hecho.
En la legislatura pasada, cariñosamente, acusaba al señor Solchaga de tener una deriva asiática. Hoy ha quedado claro.
Su propuesta en materia laboral es la deriva asiática.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa. (El señor González Lizondo y el señor Molins i Amat piden la palabra.) No es un turno obligado; es decir que si no quieren intervenir...
(Risas.) Tiene la palabra el señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.
Mi turno es absolutamente voluntario, obviamente, para replicar, porque entendemos que podría ser útil para el debate, a las intervenciones habidas hasta ahora y particularmente a la del señor Vicepresidente del Gobierno o, mejor, exclusivamente a la del señor Vicepresidente del Gobierno. Se ha suscitado un debate entre proteccionismo y libre cambio. Me parece que no nos llevaría muy lejos el entrar en esta discusión. De hecho, a lo largo de la historia derechas e izquierdas han sido en determinados momentos librecambistas y proteccionistas, tanto en un sitio como en otro, y por tanto, me sorprende que algunos se sorprendan de las posiciones de unos y otros a lo largo de este debate.
Se ha comentado también el tema de la solidaridad con el Tercer Mundo, debate en el cual nuestro Grupo tiene muchas cosas para el acuerdo. El problema está en que si en este momento países del Tercer Mundo considerados pobres y que lo son todavía están teniendo esos crecimientos a los que hacía referencia en mi primera intervención es precisamente porque cuentan con capitales que no son del Tercer Mundo y que con la política de deslocalización industrial que se adopta en estos momentos en determinados sitios (en Estados Unidos probablemente y también en muchos países europeos, pero fundamentalmente los nórdicos, Alemania, Francia y Gran Bretaña) realizan la competencia en la propia Unión Europea con las industrias instaladas en esos terceros países.
Por tanto, la solidaridad evidentemente hay que tenerla con los ciudadanos de los países, pero debemos cuidar la forma en que aplicamos automáticamente esa solidaridad, sin saber qué hay detrás de esa competencia que, seguimos considerando, puede ser catalogada como desleal.
Se ha hablado también del sector textil. Mencionaba en mi primera intervención nuestra tristeza por no ver presente en este debate al Ministro de Industria. Debo reconocer que en este momento me alegro de que no haya oído las palabras que se han oído en esta Cámara respecto al sector textil, no dichas precisamente por el señor Vicepresidente. Se ha dicho que es un sector que siempre está en crisis, sobreprotegido. No me extraña que las dijera quien las dijo. Es conocido en el sector porque cuando tenía responsabilidades en el Gobierno tuvo una entrevista con el sector y advirtió a su secretaria, cuando le dijo que estaba esperándole en la puerta el sector textil para hablar con él: Que pasen, pero llorados. Es decir, que parece ser que esta opinión expresada por el señor Solchaga ya viene de tiempo atrás. El señor Vicepresidente ha explicado otra opinión respecto al sector textil que está mucho más de acuerdo con nuestro Grupo parlamentario. Nuestro Grupo parlamentario insiste en que el sector textil da empleo a 350.000 personas en nuestro país; corresponde al 10 por ciento del producto interior bruto industrial y, en ningún caso, y menos en este momento de graves dificultades en la creación de empleo, debemos considerarlo como un sector sobreprotegido y que no es digno de merecer nuestra atención.
Insistiríamos, señor Vicepresidente, y lo he dicho en mi primera intervención, en que el sector textil no está pidiendo sobreprotección; pide simplemente reciprocidad en los acuerdos del GATT; pide la apertura de mercados que como Indonesia, China, Paquistán, India son ya hoy mercados muy atractivos para la industria textil europea y, por tanto, está exigiendo no una protección --que no la pide--, sino la apertura recíproca de los mercados, que a nuestra apertura deben corresponder con la suya propia. Este es uno de los principios fundamentales de los acuerdos del GATT, la reciprocidad,

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y el sector textil no merece que este principio no sea respetado precisamente cuando se trata de él. Si esto no fuera posible, si la reciprocidad, la apertura de mercados no fuera posible, piden las mismas compensaciones que una economía industrial, como la portuguesa, competitiva con nosotros dentro de la Unión Europea, ha conseguido por parte de la propia Unión Europea, y a eso no debería renunciar, en ningún caso, el Gobierno español.
Ha mencionado el señor Vicepresidente nuestra debilidad en la exportación del producto textil. Ha dejado de dar un dato.
Nuestro sector textil tenía una balanza de pagos con superávit en 200.000 millones de pesetas hasta el año 1990, en el que la sobrevaloración de la peseta la situó, en el año 1992, en un déficit comercial de menos 300.000 millones de pesetas, situación que ha variado, como recordaba el señor Vicepresidente, en un tercio aproximadamente, unos 100.000 millones de mejora en los seis meses en los que las tres devaluaciones están ya situando a nuestro sector textil en plena competencia en los mercados europeos.
Ha hecho referencia también el señor Vicepresidente a mi intervención primera en la cual solicitaba medidas de control contra prácticas ilegales. Estoy seguro de que el Gobierno pone mucho interés, pero sigue siendo cierto que en Europa existe hoy un 12 por ciento de las importaciones de terceros países que son ilegales y que entran ilegalmente, con certificados de origen ilegales, fundamentalmente por Holanda y por Dinamarca, y eso es suficientemente conocido como para que sea ignorado por el Gobierno. Por tanto, debemos exigir y seguir en esa línea, que me dice emprendida el señor Vicepresidente del Gobierno, para evitar precisamente ese 12 por ciento de competencia desleal. No estoy hablando de la competencia leal que de acuerdo con las reglas internacionales del comercio se está realizando, no hablo de ese porcentaje del mercado interior que está legal y legítimamente ocupado por una oferta exterior; hablo de la competencia desleal, que utilizando mecanismos ilegales se realiza, valorada, como le decía, en un 12 por ciento de las importaciones totales.
Decía el señor Vicepresidente, y aquí finalizaré, señor Presidente, con nuestro acuerdo con esta política, que hay que seguir el diálogo con el sector, y ha hecho referencia el señor Vicepresidente a unas declaraciones del Presidente del Intertextil que decía de hoy. No eran de hoy; eran del jueves y el sector parece ser que del jueves a hoy se ha replanteado su posición global sobre el textil, porque es bien cierto que Intertextil hoy no está contento con esa negociación y expresa las opiniones que aquí nuestro Grupo le ha hecho llegar.
Plan de competitividad a través del diálogo. Ese es el camino, señor Vicepresidente. Yo se lo decía en mi primera intervención. Hay que reformar el plan de competitividad para que esta vez sí sea acordado con el sector, cosa que no lo fue hace dos años; que sea, por tanto, dialogado y pactado con el sector, que es, insisto, un sector de extraordinaria importancia para el conjunto de la economía española y no sólo para una parte del territorio. Finalmente, señor Vicepresidente, nos quedamos con su oferta final, diálogo abierto con todos los sectores. Ese mismo proceso de negociación con el sector textil hay que llevarlo a cabo con todos los sectores buscando esa competitividad que es el camino para hacer provechoso para el conjunto de nuestra economía los acuerdos del GATT a los que se llegaron en fechas recientes. Por tanto, insistiríamos en la petición expresada en nuestra primera intervención de que el Gobierno envíe a la Cámara un estudio pormenorizado de los impactos previsibles de los acuerdos del GATT sobre los diversos sectores y, más importante que ese impacto, las medidas que piensa adoptar el Gobierno para potenciar los efectos positivos previsibles, que los hay, y relativizar, minimizándolos, los efectos negativos que, obviamente, también existen.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Señor González Lizondo, tiene la palabra.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Muy rápidamente, señor Vicepresidente. En primer lugar, quiero agradecer sus formas corteses al dirigirse a mí, y luego quiero aclararle unos temas por si pudieran servir definitivamente, porque me da la impresión de que no ha terminado de entenderme. Usted decía que están satisfechos.
Usted hablaba de que tenemos futuro y que hay que creer en él.
Bueno, hay que creer en él; yo pienso que tenemos futuro, pero la verdad es que no puedo estar satisfecho y le voy a decir muy rápidamente el porqué.
Por ejemplo, Asaja, que usted la conocerá, cifra en 500.000 millones las necesidades de la agricultura en esta negociación. Dígame usted dónde están, porque no las veo.
Nuestras exportaciones, señor Serra, son, en un 80 por ciento, a la Unión Europea. Está claro que no nos puede beneficiar, por tanto, el desarme arancelario. El 80 por ciento, y cada vez lo hemos ido aumentando; hemos reducido el mercado de América, por ejemplo, y hemos aumentado, sin embargo, el mercado de la Europa comunitaria. Usted me podía decir que hay una cosa que nos beneficia, y más a mi Comunidad, porque en Alicante, concretamente, mejoramos las exportaciones de calzado a Japón.
Cierto: mejoramos las posibilidades de exportar calzado a Japón, pero las hemos empeorado muchísimo con Estados Unidos, Canadá y Méjico. Las hemos

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empeorado una barbaridad con el pacto de esos tres países, y dispongo de un informe que desde su propio Gobierno se me ha facilitado reconociendo que, efectivamente, lo tenemos más difícil.
Y hay otro tema también muy importante en estas negociaciones.
En un principio, las bases para las reducciones de las exportaciones subvencionadas eran las de 1986-1990. Señor Serra, ¿por qué ahora se han tomado sobre las bases del año 1991-1992? Esa ha sido una reforma que no ha sido buena tampoco.
Aquí se ha hablado de frutos secos, de avellanas, de agricultura, y me parece muy bien, pero reconocerá conmigo que hay un producto, la naranja, especialmente exportador, que mueve centenares de miles de millones y que, al mismo tiempo, genera unos puestos de trabajo, porque el tema de la naranja no es solamente un tema económico, sino que también es un tema social. En nuestra Comunidad, en Alicante, Castellón y Valencia, son 300.000 familias las que viven de este producto, además de la riqueza que suponen. Bueno, pues en estos momentos, en la Europa actual, la Europa comunitaria, el 80 por ciento del zumo que se consume es zumo americano, y con estas medidas de la reducción del 40 por ciento está claro que prácticamente van a llegar al cien por cien. Luego comprenderá usted que no pueda estar satisfecho y que no coincida con usted.
Usted dice que 1993 ha sido más competitivo en las exportaciones. Cierto. Pero no ha sido más competitivo por las medidas generales de su Gobierno; solamente hay una medida que lo ha dinamizado, y ha sido la devaluación. Devaluación que yo le venía pidiendo constantemente al señor Solchaga, y él lo recordará: devalúe, devalúe, devalúe. Luego nos han obligado a devaluar. Pero yo le digo: bienvenidas estas devaluaciones, señor Solchaga. Lo tenía que haber hecho usted antes. Y, por favor, políticamente, no se le ocurra influir para que vuelva a subir la peseta, porque, señor Serra, volverán a bajar las exportaciones. Es el huevo de Colón.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor Presidente, señorías, empezaré contestando a la intervención del señor González Lizondo. Habla de que mejoramos las posibilidades de exportar calzado a Japón, pero no a otros países. Pero ¿por qué sólo habla del calzado, señor González Lizondo? ¿Por qué no habla de los productos textiles, que verán enormemente abierto el mercado de Estados Unidos? ¿Por qué no habla de los productos cerámicos? ¿Por qué no habla de los muebles? Son muchos los productos que precisamente después de este acuerdo de la Ronda Uruguay (lleva usted razón, no en relación a los países de la Unión Europea, sino en relación a terceros países), tendrán abiertas nuevas posibilidades, y hemos de hacer entre todos que esos sectores industriales tengan conciencia de esas nuevas posibilidades, incrementen (que ya la tienen) su vocación exportadora, y exploten al máximo las posibilidades de la Ronda Uruguay. Se ha referido a que es un error que se haya trasladado, por presión europea, la base para el cálculo de las subvenciones a la exportación agrícola hacia el año 1991-1992. No, precisamente esto lo ha pedido la Unión Europea porque en 1991-1992, ha habido muchas más exportaciones que en los últimos ochenta. Por tanto, precisamente para no tener que hacer reducciones drásticas, una de las exigencias para mejorar el denominado Acuerdo de Blair House ha sido modificar la base que inicialmente se había acordado allí, pero en beneficio de nuestras posibilidades europeas y para reducir el impacto que en otro caso hubiera tenido el usar la base 1986-1988. Ha dicho el señor González Lizondo que no suba la peseta.
Absolutamente de acuerdo. Nos ocuparemos desde el Gobierno de que esto sea así. Como he dicho antes, con tenacidad seguiremos manteniendo la paridad actual, que creemos que es la adecuada para nuestra moneda. (El señor González Lizondo: Por lo menos.) El señor Molins ha dicho que hemos tenido, en cierta manera, un debate proteccionismo-libre cambio. Creo que lo peor que podría suceder en este debate no es que haya posiciones antagónicas, sino que, enzarzados en él nos olvidemos, como discutiendo de si son galgos o podencos, de la realidad, y la realidad es una globalización vertiginosa de la economía mundial; por lo tanto, la necesidad de competir y de hacer que nuestra industria y nuestros sectores productivos sean crecientemente competitivos, tengan un lugar en Europa y, a través de tener un lugar en Europa, lo tengan en el mundo. Ha indicado que muchas veces la competencia desde los terceros países se hace con tecnología y capital de los países desarrollados. Estoy de acuerdo con usted. También España está fomentando, en algunos casos --y hace bien--, la inversión en determinados países para asegurarse aquellos mercados o para asegurarse determinadas producciones.
Por lo que se refiere al textil, señor Molins, no quiero repetir lo que ya he dicho en mi anterior intervención. Es evidente que es un sector importante en nuestro tejido industrial, es evidente que es el sector que tiene delante de sí la necesidad de una mayor transformación; pero me atrevo a afirmar que no es simplemente por la Ronda Uruguay, sino también por la realidad de las cosas, porque la competencia de productos textiles de estos países, con la mano de obra tan barata, se está produciendo en la actualidad. Quizás es mejor ordenarla, regularla, establecer leyes recíprocas y canalizar esa competencia que ignorar la posibilidad

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de competencia por parte de esos países. Habla usted de que el textil de nuestro país no pide más protección, sino reciprocidad, apertura recíproca. Quiero reafirmarle que la tiene. En la Ronda Uruguay se exige la apertura de los países que son tradicionalmente productores de ese sector. Y si no se produce esta apertura, habrá respuesta por parte de los países desarrollados que han tomado esa decisión de aceptar la descontingentación del acuerdo multifibras en once años.
Quiero indicarle que para el textil en la Ronda Uruguay hay una cláusula de salvaguardia específica, doblemente específica: para producto y para país. Y que, además, en los acuerdos dentro de la Unión Europea podemos solicitar la aplicación de esa cláusula de salvaguardia para un solo país, solicitándolo la Unión Europea, pero para un solo país exportador o para un solo país europeo afectado. Por tanto, creo que se han tomado precauciones para cuidar de la lealtad recíproca del proceso de descontingentación. No quiero insistir en ello. La solución reside en el diálogo entre el Gobierno del sector afectado y alcanzar un plan de competitividad que realmente lo refuerce y haga que no sólo pueda defenderse de esa descontingentación, sino que pueda utilizar las otras ventajas de la Ronda Uruguay para incrementar la proporción de exportaciones sobre su producción. Ha pedido que el Gobierno estudie el impacto de la Ronda Uruguay; eso también lo ha pedido el señor Espasa; contesto incluso en este punto a la intervención del señor Rato. El Gobierno comparecerá cuantas veces sea necesario para ir explicando, en las comisiones respectivas, los resultados del Acuerdo. Quiero indicar a la Cámara que aún quedan temas por cerrar, que se están concretando temas que hasta quizás el mes de febrero no los tendremos definitivamente resueltos y que, por lo tanto, aún no hay un campo de seguimiento respecto de la negociación y, evidentemente, hay un campo de seguimiento respecto de las consecuencias y de las acciones que hemos de tomar en relación a esta negociación.
El señor Espasa creo yo que ha deformado parte de mis explicaciones para poderlas contradecir. En cualquier caso, quiero contestar al señor Espasa que los términos del compromiso del Consejo de la Unión Europea, aunque no fijan las cantidades, al decidir que tiene que ser con igual tratamiento en los productos agrícolas que en las OCM ya aprobadas, están indicando que la financiación de las organizaciones comunitarias de mercado de productos mediterráneos va a tener que ser equivalente, en los mismos términos y manteniendo la renta de los agricultores de la misma forma que para las organizaciones comunitarias de mercado ya aprobadas.
Me ha acusado el señor Espasa de querer atentar a las políticas de protección social, de que queremos abandonar el keynesianismo, que el progreso de Europa no lo ha dado el libre cambio, sino la política de protección social. Yo creo que ningún juicio tan taxativo que no excluye ninguna de esas razones es bueno y que precisamente es la síntesis de todo ello la que nos da el progreso. Porque ¿qué es el mercado común, sino también una creencia en el libre cambio? ¿Y no podemos afirmar todos que la construcción de la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, ha sido enormemente beneficiosa para todos los países que la integran? En otra ocasión quisiera discutir con el señor Espasa tanto el tema de la exportación de nuestra protección social a otros países como lo que él denomina el impuesto social. Yo quiero reiterar que se olvida el período de crecimiento español en el que los países ricos nos acusaban de dumping social, y quiero reiterar que, detrás de la exigencia del denominado impuesto social, puede haber una actitud profundamente reaccionaria. Por lo tanto, discutamos con sosiego este tema, encontrando el equilibrio entre la defensa de nuestros propios intereses; pero en nuestros intereses también está el progreso de los terceros países, progreso económico del tercer mundo y, por lo tanto, la estabilidad y el progreso de todo el mundo. El señor Rato se ha referido al incremento de las exportaciones. Señor Rato, las exportaciones españolas en 1993 a terceros países, a la Comunidad Europea, que está en crisis, han crecido el 14,4 por ciento; al resto del mundo, el 32. En 1993 hemos reducido el déficit comercial, que a usted tanto le preocupa --y con razón, porque a mí también--, en el 38 por ciento. No diga, por lo tanto, solamente que somos el primer país europeo en déficit comercial. ¿Por qué no añade, inmediatamente, que hemos sido y somos el primer país europeo en la corrección del déficit comercial? Porque esa medalla también podemos apuntárnosla.
Luego, el señor Rato ha hecho una serie de consideraciones sobre las negociaciones internacionales, el no conocimiento de la estrategia negociadora del Gobierno, en la que sólo se repite en relación a lo que ya dijo en su primera intervención.
También el señor Rato tiene que acudir a deformar mi intervención para poder contradecirla. En absoluto he dicho que España puede ir en solitario o aceptar la media europea.
He dicho que si estamos en Europa, en vez de ir en solitario tenemos detrás de nosotros la fuerza negociadora de la Unión Europea, que ha sido la entidad negociadora en la Ronda Uruguay de más entidad económica de todas las que se han sentado a la mesa para negociar esta ronda.
Y cuando el señor Rato dice el despropósito de que hay que medir el resultado de la Ronda Uruguay por el déficit comercial español, le diré que hay que medir el resultado de la Ronda Uruguay, señor Rato, precisamente por lo que hemos conseguido en ella, que son las posibilidades de incrementar la exportación, sobre todo

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a terceros países, por parte de España. De esa forma hay que medir la Ronda Uruguay e indirectamente también las soluciones que hemos encontrado a los productos mediterráneos y hortofrutícolas que hasta ahora no tenían.
En relación al textil, ya he contestado suficientemente al señor Molins. En cuanto a la política económica, constato una cosa, señor Rato. No ha defendido ni por un momento la política económica que ayer su partido explicó que debía aplicarse, quizás porque no es capaz de hacerlo. Usted dice que hemos sido poco cuidadosos en el control del déficit público. Precisamente es conocido que en situación de crisis se dispara el déficit público. Y le recuerdo, señor Rato, que nuestro déficit público no está por encima del déficit público de los países de la Unión Europea. Pero lo que es un despropósito es que, si usted denuncia el déficit público, proponga en el día de ayer una reducción de impuestos y un aumento de gastos precisamente para incrementar el déficit público y, lo que es peor, señor Rato, que indiquen ustedes que el incremento de actividad económica que se producirá por el descenso de impuestos ya producirá un incremento de ingresos fiscales. Mire, señor Rato, esto ya lo dijo en la economía americana Ronald Reagan, apoyándose en un instrumento económico que en aquel momento se llamó la curva de Laffer. Y este tema no es que haya fracasado teóricamente, sino que se ha contrastado en Estados Unidos, y ha sido el más estrepitoso de los fracasos y ha llevado a los Estados Unidos a esa posición que usted ayer dijo, a una crisis económica de la que empieza a salir ahora. ¿Quiere usted precisamente trasladar a España la crisis que este reaganismo fiscal introdujo en Estados Unidos? Porque esto es lo que ustedes hicieron ayer al explicar su política económica.
Para explicar política económica hay que saber un poco de economía y bastaría conocer lo que pasó en Es-tados Unidos para no proponer nunca más el hecho de que la reducción de impuestos dará nuevos ingresos fiscales. Para hacer una política económica que convenga al país hay que tener sentido común y la suya va absolutamente en contra del Libro Blanco europeo, y en este momento proponer una política económica en contra de lo que se acuerda en Europa es carecer de sentido común. Para proponer una política económica conveniente para el país, señor Rato, hay que saber sumar y en su política económica no salen las cuentas; y ésa es la realidad no sólo de política económica, sino de sus proposiciones. Por eso, señor Rato, en su última intervención no ha dicho nada nuevo, y con arrogancia, con el tono altanero, pretende usted suplir la falta de argumentos. (Rumores.) En este terreno nunca le seguiré.
Y déjeme acabar refiriéndome a las comparecencias que usted dice haber demandado. No compareceré ni en el Congreso ni en Senado cuando crea que estoy sustituyendo a un Ministro que es plenamente responsable de aquella tarea y que se devalúa o se deteriora la fuerza de ese Ministro si le sustituyo en esa tarea. El Gobierno cumplirá escrupulosamente el deber democrático de acudir a este Parlamento, a las sesiones de control, a contestar, a dialogar y a debatir los temas que SS.SS. deseen. El Gobierno decidirá, también libremente en cada momento, cuál es el miembro del Gobierno más adecuado para llevar ese debate con sus señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Parece que es el momento idóneo para desearles paz y felicidad.
Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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