Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 48, de 17/02/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 48 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 47 celebrada el jueves, 17 de febrero de 1994

ORDEN DEL DIA:

Página

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Convenio de Cooperación Espacial entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 11 de julio de 1991. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 37.1, de 25 de octubre de 1993 (número de expediente 110/000031) (Página 2289) --Acuerdo para la Protección y Fomento Recíprocos de Inversiones entre el Reino de España y la República Arabe de Egipto, firmado en Madrid el 3 de noviembre de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 38.1, de 25 de octubre de 1993 (número de expediente 110/000032) (Página 2289) --Canje de Notas Modificativo del Tratado General de Cooperación y Amistad entre España y la República Argentina de 3 de junio de 1988, de fechas de 30 de septiembre y 23 de diciembre de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 39.1, de 25 de octubre de 1993 (número de expediente 110/000033) (Página 2289)

Página 2282


Acuerdo para la tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 50.1, de 25 de enero de 1994 (número de expediente 121/000036) (Página 2290) --Proyecto de Ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 51.1, de 4 de febrero de 1994 (número de expediente 121/000038) (Página 2290)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley por la que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 36.1, de 26 de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000022) (Página 2290)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 50.1, de 25 de enero de 1994 (número de expediente 121/000036) (Página 2305) --Proyecto de Ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 51.1, de 4 de febrero de 1994 (número de expediente 121/000038) (Página 2319)

Votación de conjunto:

--Del Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Página 2340)

Avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de iniciativas legislativas:

--Del Proyecto de Ley por el que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil (Página 2340) --Del Proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España (Página 2340)

Solicitud de creación de una Comisión de investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil mientras fue Director General don Luis Roldán.


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 2289)

Convenio de cooperación espacial entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 11 de julio de 1991 (Página 2289)

Acuerdo para la protección y fomento recíprocos de inversiones entre el Reino de España y la República Arabe de Egipto, firmado en Madrid el 3 de noviembre de 1992 (Página 2289)

Canje de notas modificativo del tratado general de Cooperación y Amistad entre España y la Repúblia Argentina, de 3 de junio de 1988, de fechas de 30 de septiembre y 23 de diciembre de 1992 (Página 2289)

Sometido a votación el dictamen relativo al Convenio Internacional de Cooperación Espacial entre

Página 2283


el Reino de España y los Estados Unidos de América, se aprueba por 264 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación se aprueba el dictamen relativo al Acuerdo para la protección y fomento recíprocos de inversiones entre el Reino de España y la República Arabe de Egipto por 273 votos a favor.
Sometido a votacion se aprueba el dictamen sobre el canje de Notas modificativo del Tratado de Cooperación y Amistad entre España y la República Argentina, por 271 votos a favor y dos abstenciones.


Acuerdo para la tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 2290)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Página 2290)

Proyecto de Ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (Página 2290)

El señor Presidente informa que la Mesa de la Cámara, en su reunión del 15 de febrero, previa audiencia de la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 150 del Reglamento, acordó someter a la aprobación del Pleno la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley del Régimen Electoral General y del proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
El Pleno acuerda por asentimiento la tramitación directa y en lectura única de ambos proyectos de ley.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 2290)

Proyecto de Ley por el que se completa el Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil (Página 2290)

Presenta el proyeto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro del Interior (Asunción Hernández), que comienza recordando que el Cuerpo de la Guardia Civil es un Instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del Interior, en el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, teniendo también dependencia del Ministerio de Defensa para el cumplimiento de misiones de carácter militar que se le enco- mienden. El hecho de ser militar y estar integrado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado determina la peculiaridad de su régimen estatutario, que es precisamente el establecido en la propia Ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento militar.
Considera imprescindible una especial regulación del Estatuto del Personal de la Guardia Civil, teniendo en cuenta las funciones atribuidas a dicho Instituto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, regulando aspectos que en la actualidad carecen de una normativa adecuada, adoptando las medidas convenientes para completar su régimen estatutario con la única finalidad de asegurar el futuro de la Guardia Civil, adaptándolo a las demandas de una sociedad moderna.
Expone seguidamente el señor Ministro los puntos de mayor interés del proyecto de ley, afirmando que con el contenido del mismo se logrará, sin duda, un mejor y más eficaz cumplimiento de las funciones que la Constitución y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encomiendan al Cuerpo de la Guardia Civil.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Popular interviene el señor Baón Ramírez, que comienza preguntando por qué se trae en estas condiciones este proyecto de ley para completar, se dice, el régimen del personal de la Guardia Civil. El Grupo Popular solicita la devolución del proyecto al Gobierno por considerar, en primer lugar, que es un claro y patente error político como conjunto normativo y también porque es una iniciativa inoportuna en su concepción y criterios de elaboración en este trance por el que atraviesa la institución de la Guardia Civil y, por último, porque de prosperar el proyecto, como se les ofrece unilateralmente, sin haber sido pactado, ni siquiera consultado, con todos los estamentos dentro de la Guardia Civil, se van a consolidar situaciones de privilegio discriminatorias y de agravio comparativo que son, en cualquier caso, injustas para ese benemérito Instituto.
Agrega el señor Baón que el proyecto representa un error político porque trastoca la tradicional identidad del Cuerpo y no se sabe hacia dónde conduce en un cuerpo policial de naturaleza militar que ha basado su reputación y eficacia en la diligente perseverancia y el sacrificio y no procede crear elitismos clasistas dentro del mismo.
Considera también que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una buena norma que debiera ser el auténtico estatuto de la Guardia Civil, a la que debe estar supeditada cualquier otra ley, entre otras razones porque tiene rango de Ley Orgánica y, sobre todo, porque ha tenido una experimentada aplicación.


Página 2284


Reitera también que el proyecto es inoportuno en estos momentos en que tanto se habla de la Guardia Civil. En el proyecto, además, ha predominado el oscurantismo, como también predomina, por ejemplo, en el plan de despliegue, que mejor habría de denominarse de repliegue de la Guardia Civil, provocando las protestas de los habitantes de las poblaciones donde actualmente está asentada.
Por otra parte, las innovaciones que se introducen en el proyecto son peligrosas, como, por ejemplo, la posibilidad de integrar en sus cuadros, jerarquizados por niveles de empleo militar, hasta un 40 por ciento de civiles, es decir, algo que se podría llamar el cuarto turno de la Guardia Civil. Se quiebra la escala única, se secciona en cuatro partes, en una de las cuales existe la posibilidad de introducir ese cuarto turno de gente que viene de fuera y no participa en ese proceso formativo lento y continuado. Asimismo se fijan topes de niveles de empleo y de edad sin parangón en las Fuerzas Armadas, no aplicándose la Ley 19/87 que debería regir aquí.
En definitiva, el proyecto pone en evidencia, una vez más, que se carece de modelo policial, cuando lo que procede es lograr un cuerpo que se modernice sin abandonar sus virtudes históricas.
Concluye haciendo alusión a las diferencias económicas discriminatorias que en materia de personal representa el proyecto de ley, siendo esta otra razón fundamental para oponerse al mismo.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor López Garrido, manifestando que dicha petición la realiza a los efectos de reelaborar el proyecto con arreglo a criterios políticos y técnicos mucho mejores de los que, lamentablemente, tiene este proyecto de ley sobre un cuerpo que va a cumplir 150 años de vida y que no se merece esta norma.
Alude a las oscilaciones y contradicciones que a lo largo de su existencia ha tenido la Guardia Civil en relación con su carácter militar y civil, señalando que la Constitución Española de 1978 significa una nueva época para los Cuerpos de Seguridad, y en concreto para la Guardia Civil, rompiendo con la situación de ésta en el ejército y situándola entre los Cuerpos de Seguridad. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque mantiene la naturaleza de cuerpo militar en cuanto a su disciplina, también separa claramente a la Guardia Civil de las Fuerzas Armadas. Justamente en esta época se produjo un acontecimiento histórico que es la aparición de un Director General civil al frente del Instituto, lo que supuso el inicio de una cierta esperanza de llevar a sus últimas consecuencias los objetivos trazados en la Constitución y en la Ley de Policía de 1978; en definitiva, la esperanza de una modernización del Cuerpo, pero, desgraciadamente, ha sucedido todo lo contrario, yendo hacia una involución más que hacia una modernización del mismo. El proyecto de ley es la culminación y la expresión de ese movimiento errático en el que no se sabe bien dónde está situada la Guardia Civil, cuál es su proyecto y cuál es su futuro, y donde al final la influencia del Ministerio de Defensa ha sido absoluta a la hora de establecer el diseño de este proyecto. El señor Ministro del Interior se ha encontrado con un proyecto que no es el suyo, en el que no tiene arte ni parte y no ha tenido reflejos para retirar un proyecto que es técnicamente muy malo, absolutamente ininteligible política y jurídicamente. Es un proyecto inservible, e imposible ni siquiera para hacer una enmienda alternativa, y cree que en esto están de acuerdo la mayoría de los que conocen un poco el asunto y, desde luego, la inmensa mayoría de los que integran este Cuerpo de seguridad. Resalta algunos defectos importantes del proyecto, entre los que destaca el profundo malestar que va a producir en el interior de la Guardia Civil, y cree que el mejor favor que se le puede hacer a este Cuerpo es proceder a la retirada del proyecto de ley y abordar una reelaboración del mismo mucho más acorde con las necesidades, funciones y sentido interno de la Guardia Civil. En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Lagunilla Alonso, que lamenta tener que discrepar, y profundamente, de los enmendantes, porque en una lectura atenta del proyecto de ley resulta evidente que del mismo se desprende que los efectos que se pretenden conseguir son absolutamente contrarios a los que tanto el representante del PP como de Izquierda Unida han puesto de manifiesto desde esta tribuna. Contrariamente a lo expuesto por los enmendantes, piensa que se trata de un proyecto de ley que va a permitir modernizar y actualizar a la Guardia Civil; de ahí que lo que a su juicio procede es felicitarse porque un proyecto que pretende conseguir todo eso coincida con el año en que se cumple el 150 aniversario de la fundación del cuerpo.
Añade el interviniente que ya el señor Ministro del Interior ha explicado algunos de los objetivos más importantes del proyecto de ley, del que hay que destacar como el principal el de la modernización, sin perder de vista nunca que la Guardia Civil ha sido un cuerpo efectivo, eficaz, que ha desempeñado labores muy importantes en la seguridad de estepaís, por lo que esa modernización debe realizarse adecuando los cambios que se han producido en todos los organismos de la Administración del

Página 2285


Estado en lo referente a acceso y promoción del personal con la profesionalidad y eficacia demostrada a lo largo de estos años por la Guardia Civil. Para conseguir todo esto se facilita el acceso directo por oposición a la escala de suboficiales y a la escala ejecutiva de personas del exterior del Cuerpo de la Guardia Civil, discrepando sobre este particular de lo manifestado por los enmendantes.
Como argumentos fundamentales de los enmendantes menciona los que, de un lado, expresan que el proyecto de ley inclina a la Guardia Civil hacia una estructura más militar y, después, otro bloque de argumentos que achacan al proyecto el carácter de incompleto, insuficiente y con importantes lagunas. Luego existen algunos otros argumentos que llamaría de intendencia diaria, que se pueden discutir y están dispuestos a hacerlo en la tramitación del proyecto de ley.
Respecto a la naturaleza excesivamente militar del proyecto considera que se trata de una cuestión que está zanjada relativamente en nuestro ordenamiento, puesto que ha habido un largo proceso anterior para clarificar la naturaleza y estructura de la Guardia Civil, tratándose, por tanto, de una cuestión que está perfectamente cerrada en nuestra sociedad desde el punto de vista político y normativo, a lo que contribuyó de manera importante la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Insiste a continuación en los efectos positivos que el proyecto va a tener de cara a la modernización de la Guardia Civil y cuyo contenido será aun mejorable en el trámite parlamentario, lo que significa que el Grupo Socialista va a oponerse a las enmiendas de totalidad debatidas.
Replican los señores Baón Ramírez y López Garrido, duplicando el señor Lagunilla Alonso.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV), y Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometidas a votación, se rechazan las enmiendas de totalidad por 151 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 2305)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Página 2305)

El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas que ha presentado, así como las de su compañero de Grupo señor González Lizondo, formulando un texto alternativo con el que pretenden resaltar la importancia política del proyecto de ley. Añade que la coincidencia en enmendar el mismo artículo por los Grupos de la Cámara pone de manifiesto la importancia de esta reforma y de ahí que en este trámite retire la enmienda de totalidad con el fin de aligerar el debate, limitándose en este momento a poner de manifiesto los aspectos concretoscontenidos en las enmiendas parciales presentadas tanto por él como por su compañero de Grupo señor González Lizondo.
El señor González de Txabarri Miranda defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Agrupa dichas enmiendas en cinco bloques, además de las números 33 a 42, consensuadas con todos los Grupos de la Cámara. Expone los aspectos más sobresalientes de cada uno de dichos grupos de enmiendas, destacando que para su Grupo Parlamentario son fundamentales las números 8 y 9 y de la 16 a la 23, que serían suficientes para justificar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. Entiende que el Estado no puede realizar las elecciones al Parlamento Europeo sin tener en cuenta las circunscripciones territoriales basadas en las Comunidades Autónomas. Consiguientemente, espera el apoyo de la Cámara a dichas propuestas.
El señor López de Lerma i López defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). El primer grupo de enmiendas las han suscrito de manera conjunta con otras formaciones políticas presentes en la Cámara y tratan de introducir mecanismos de reducción de gastos electorales, así como de incrementar el actual grado de control de los mismos, sobre todo de las subvenciones electorales que el Estado otorga a los partidos y coaliciones que se presentan a los distintos comicios.
A continuación explica el contenido del segundo grupo de enmiendas que han presentado y de entre las que destaca su pretensión de adaptar el sistema electoral en las elecciones europeas a la realidad autónomica española.
El señor Vera Pro defiende las enmiendas del Grupo Popular, a la vez que procede a la fijación de la posición de su Grupo respecto de las enmiendas de otros grupos parlamentarios.
Califica la reforma acometida como urgente y democráticamente deseable, gozando el proyecto de ley orgánica que debaten hoy de la conformidad de su Grupo Parlamentario, si bien entiende que la redacción propuesta por el Gobierno presenta insuficiencias técnicas y alguna laguna que les gustaría pensar que se deben a ausencias involuntarias que ahora se proponen corregir. A tal efecto procede el señor Vera a exponer el contenido de las enmiendas

Página 2286


presentadas por el Grupo Popular, para terminar anunciando el voto afirmativo al proyecto de ley orgánica sobre régimen electoral y el rechazo a todas las enmiendas relativas al cambio de circunscripción electoral.
El señor Mardones Sevilla defiende las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Comienza aludiendo a aquel conjunto de enmiendas suscritas con otros Grupos de la Cámara tendentes a la reducción de los gastos electorales. Un segundo grupo de las enmiendas presentadas coinciden con las formuladas por otros grupos nacionalistas y pueden resumirse en el principio político de la creación de una circunscripción electoral coincidente con el ámbito territorial y administrativo de la comunidad autónoma. Dado que ya se han expuesto por otros portavoces los argumentos en defensa de esta pretensión, sencillamente se limita a resaltar la lógica de la concordancia de la circunscripción electoral con lo que dice el Título VIII de la Constitución en relación con el Estado de las autonomías. Piensa que es una petición que tarde o temprano habrá que entender porque responde a los vientos que están soplando en la Unión Europea y en tal sentido se está pronunciando el propio Parlamento Europeo. De ahí que solicite el voto favorable para este conjunto de enmiendas.
El señor López Garrido defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, considerando positivo el límite de gastos que se establece en el proyecto de ley, como igualmente positivo considera que se abrevie la campaña electoral y se amplíen los espacios gratuitos en medios de comunicación social y la prohibición de propaganda en determinados aspectos. No han entrado en un más amplio consenso de lo que debiera ser una reforma global de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por creer que no es éste el momento para ello. Los planteamientos que han hecho algunos Grupos sobre reforma de la circunscripción electoral cree que tienen un mayor calado, sin que sea este el momento de su tramitación, aunque anticipa su posición contraria a ello porque no parece que lo más adecuado sea disminuir la circunscripción electoral para el Parlamento Europeo, ya que no parece que la línea de la historia en el futuro vaya por ahí.
Termina exponiendo el contenido concreto de las enmiendas presentadas por su Grupo Parlamentario.
En defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, y para fijar la posición de dicho Grupo respecto de las enmiendas presentadas por los restantes Grupos de la Cámara, interviene el señor Izquierdo Collado, quien expone que sólo han presentado a esta reforma electoral las enmiendas consensuadas con otros Grupos de la Cámara para una reforma con dos apartados netamente diferenciados como son, por una parte, la adaptación de nuestra legislación a las directivas comunitarias que amplían el número de Diputados al Parlamento Europeo y la posibilidad de que voten los extranjeros residentes en nuestro país y, por otra parte, la introducción de la austeridad en los gastos electorales, respecto de lo cual se remite a lo expuesto por los oradores que le han precedido.
Seguidamente procede a fijar la postura del Grupo Socialista respecto de las restantes enmiendas presentadas por los demás Grupos de la Cámara.
Replican los señores López de Lerma i López, Vera Pro y López Garrido, duplicando el señor Izquierdo Collado.
Se procede a la votación de las enmiendas debatidas anteriormente, así como a la del texto del dictamen, que es aprobado.


Proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (Página 2319)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe), manifestando que el mismo presenta un objetivo muy concreto que es asegurar que el descenso de los tipos de interés del dinero se traslade de manera razonable al mercado hipotecario en las mejores condiciones económicas posibles para los deudores. El origen del proyecto de ley está en una moción del Grupo de Izquierda Unida en torno a la que se articuló un acuerdo del Pleno de 2 de noviembre pasado. Afirma que si cumplir un acuerdo del Pleno siempre es una tarea grata en este caso lo es aún más, dado que tal acuerdo responde a una necesidad social hondamente sentida y que afecta por lo menos a dos millones de familias españolas. Añade el señor Ministro que el proyecto de ley se ajusta al marco del referido acuerdo y está convencido el Gobierno de que será mejorado como consecuencia de las enmiendas o rectificaciones que los Diputados introduzcan.
En relación con el ámbito del proyecto de ley, los préstamos hipotecarios relativos a viviendas y locales de negocios, conoce el Gobierno las enmiendas que en este terreno se han presentado y, desde el punto de vista del Gobierno, no existiría inconveniente en que se ampliara el ámbito de los referidos préstamos, de suerte que el proyecto abarcara a la totalidad de los préstamos hipotecarios. Para describir el objetivo del proyecto de ley pone el ejemplo de que en un préstamo hipotecario tipo de 10 millones de pesetas los costos que hoy serían necesarios

Página 2287


para que un ciudadano pudiera acceder a la nueva situación de los tipos de interés implicaría un coste aproximado de 840.000 pesetas, mientras que beneficiándose de lo establecido en la nueva ley bajaría aproximadamente a 340.000 pesetas, con un ahorro, por tanto, de 500.000 pesetas en la modalidad de subrogación, beneficio que sería aún mayor si se opta por el mecanismo de la novación modificativa. De la importancia del proyecto de ley da idea el hecho de que cada punto de interés que se rebaje implicaría un ahorro neto anual por cada familia de 100.000 pesetas.
Expone seguidamente el señor Ministro los intrumentos de que se vale la ley para lograr el beneficio que con la misma se persigue y las cuestiones jurídicas que se planteaban para llegar a esta solución, destacando la celeridad con que se ha procedido y el proceso de colaboración entre el Congreso y el Gobierno, del que piensa que sinceramente pueden felicitarse todos.
Termina solicitando el respaldo de la Cámara al proyecto de ley, con las enmiendas y observaciones que se considere conveniente introducir, en cuanto que está seguro que servirán para mejorar el texto presentado por el Gobierno.
El señor Espasa Oliver defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Afirma que, en líneas generales, el proyecto de ley que va a ser aprobado con algunas mejoras técnicas responde políticamente a lo que era la demanda del Congreso y en este sentido se siente políticamente satisfecho del trabajo realizado por el Gobierno cumpliendo este mandato parlamentario. Se pueden incorporar algunas mejoras y precisiones respecto al ámbito y contenido de la ley, rechazando que con la misma pretendieran, como alguien les ha acusado, de favorecer el transfuguismo hipotecario, ya que en este caso dependerá de la entidad y del cliente quedarse donde estaba o irse a otra parte, no siendo el propósito del proyecto otro que el de acercar el precio real de las cosas al precio financiero y político y, sobre todo, mejorar el bolsillo de los españoles porque pagarán menos por las hipotecas y se facilitará una inyección de liquidez en el mercado.
Califica la ley de muy positiva y termina dando cuenta del contenido de las enmiendas presentadas por su Grupo Parlamentario.
El señor Fernández de Trocóniz Marcos defiende las enmiendas del Grupo Popular. Comienza destacando la importancia de la ley, aunque no viene a resolver plenamente el problema planteado. Lo contempla sólo parcialmente y además con retraso, ya que si el Gobierno hubiera tenido reflejos suficientes debería haber acometido el problema de la reducción de los tipos de interés de las hipotecas con mayor antelación, evitando encontrarse en este momento con cambios de hipotecas muy difíciles y caros.
Se extiende en la exposición de los problemas que, a su juicio, conlleva la solución que se presenta y termina afirmando que puede hablarse de un proyecto de ley ni malo ni perfecto y respecto del cual podrá alcanzarse una gran unanimidad en la Cámara para su aprobación, sin perjuicio de lo cual el proyecto en su redacción actual tendrá dificultades en su realización práctica, como tendrán ocasión de ver pronto en una copiosa jurisprudencia registral al respecto. Por otra parte, habrá reticencias bancarias a su introducción, a pesar de lo cual cabe pensar que fructificará en lo que se pretende, que es, en definitiva, reducir generalizadamente los tipos de interés del mercado hipotecario.
El señor Olarte Cullen defiende las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria y comienza felicitándose de la rápida respuesta que se ha dado a la iniciativa presentada en su día por Izquierda Unida cara a una regulación más amplia, más liberal y más positiva para el país en general en relación con el mercado hipotecario.
A continuación expone el contenido de las enmiendas presentadas por su Grupo Parlamentario.
El señor Zabalía Lezamiz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), así como la formulada por el señor Albistur, del Grupo Mixto. Destaca el consenso existente en cuanto a la necesidad de articular un texto legal que facilite y permita beneficiarse a los ciudadanos de la reducción de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios, objetivo totalmente asumido también por su Grupo Parlamentario que, al igual que los restantes de la Cámara, viene insistiendo en la imprescindible reducción de esos tipos como medida también de reactivación de la economía al facilitar la inversión e incentivar el consumo. Era lógico que el descenso significativo de los tipos de interés se trasladara a los miles de ciudadanos que suscribieron en su día préstamos hipotecarios a un interés cinco o seis veces superior al actual. De ahí que apoyaran en su día la iniciativa de Izquierda Unida y hoy lo hagantambién respecto de la filosofía y los objetivos del proyecto de ley, aunque piensa que tiene aspectos mejorables en su contenido al cual se dirigen las enmiendas que seguidamente expone a la Cámara.
El señor Homs i Ferret defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y, al igual que los restantes enmendantes, considera conveniente la modificación legal que se propone, que significa un paso positivo que haga menos cautivo el mercado hipotecario en nuestra sociedad y en nuestra

Página 2288


economía, aunque desde el punto de vista del contenido literal del proyecto creen que éste es mejorable, a fin de evitar litigios que sin duda se producirán en el futuro por sus imprecisiones en algunos aspectos. Aun así, reconoce que son muchísimos los aspectos positivos del proyecto y las posibles dificultades que indudablemente generará su aplicación.
Concluye aludiendo al contenido de las enmiendas de su Grupo, así como la retirada de algunas de ellas.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas presentadas, señalando que coincide con muchas otras de otros Grupos de la Cámara y que han sido defendidas con anterioridad, lo cual le evita repetir argumentos que han sido expuestos y que el debate se alargue a esta hora.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista interviene el señor Martínez Noval, que asimismo expone la postura de dicho Grupo respecto de las enmiendas defendidas con anterioridad por los representantes de los demás Grupos Parlamentarios.
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas en relación con el proyecto de ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, así como a la del texto del dictamen, que es aprobado.


Votación de conjunto (Página 2340)

Del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Página 2340)

Realizada la votación, se aprueba este proyecto de ley orgánica por 308 votos a favor y dos abstenciones.


Avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de iniciativas legislativas (Página 2340)

Del proyecto de ley por el que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y del proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España (Página 2340)

El señor Presidente informa que la Mesa de la Cámara ha acordado proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final de estos proyectos de ley. El Pleno aprueba por asentimiento dicha avocación.


Solicitud de creación de una Comisión de investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil mientras fue Director General don Luis Roldán (Página 2340)

En nombre del Grupo proponente interviene el señor Baón Ramírez, del Grupo Popular, manifestando que la quinta parte de los miembros de la Cámara solicitaron la celebración de este debate al haberse producido el relevo en la Dirección General de la Guardia Civil de don Luis Roldán, a finales de 1993, sin que el mismo se explicase por el Gobierno a la opinión pública ni a las Cortes Generales. Es más, se ha presentado a la opinión pública esa sustitución como un cese a petición propia una vez estallado el escándalo, cuando tenía que haber operado como una destitución automática o por lo menos como una destitución en un sentido formal cautelar.
En el escrito por el que se solicitaba la creación de la comisión de investigación plantearon igualmente que era necesario establecer, en cuanto que tenía una presumible conexión con su patrimonio, la responsabilidad del señor Roldán en lo relativo a la adjudicación de proyectos de inversiones y cualesquiera otros aspectos relacionados con su gestión económica al frente de la Dirección General de la Guardia Civil.
Las informaciones suministradas por la Administración a este Diputado, en respuesta escrita a su requerimiento, comprendía las inversiones realizadas en los acuartelamientos de la Guardia Civil durante los ejercicios de 1991 a 1993, así como las declaraciones de intereses y patrimonio efectuadas por el señor Roldán, desde que fue nombrado Delegado del Gobierno en Navarra y luego Director General de la Guardia Civil, obrantes en el Registro de Intereses de Altos Cargos.
Añade el señor Baón que, examinada minuciosamente esta información, considera prudente y políticamente aconsejable y oportuno que la iniciativa del Grupo Popular siga adelante ya.
Existe base documental suficiente para que actuase de oficio en la investigación de los hechos el Fiscal General del Estado. Es más que escandaloso que los innumerables contratos de construcción y reparación de cuarteles de la Guardia Civil, por un monto superior a 40.000 millones de pesetas en ese trienio, se hayan adjudicado de forma directa entre unos cincuenta constructores con los mismos arquitectos y todo un cúmulo de indicios racionales de clientelismo, amiguismo y nepotismo.


Página 2289


Como abogado ejerciente es un devoto del principio constitucional de presunción de inocencia. Sin crear sombras de sospechas aventuradas, puede afirmar que aprecia en este asunto irregularidades significativas en torno a la conducta tanto personal como política del señor Roldán. Expone que el señor Roldán, cuando fue nombrado Delegado del Gobierno en Navarra, no cumplió la ley y no declaró nada. Tampoco declaró nada al ser nombrado Director General de la Guardia Civil y la declaración de 1990 no se corresponde con su realidad patrimonial. En cambio, la declaración formulada en 1993, concretamente el 8 de diciembre último, una vez estallado el escándalo, se realiza fuera de plazo, de forma incompleta y sin aguantar el contraste de cuantos bienes, inmuebles sobre todo, figuran inscritos en los registros públicos.
Sin ánimo de invadir su intimidad, es cierto que este hombre se atribuyó títulos universitarios no obtenidos y un tren de vida manifiestamente desorbitado y por encima de las posibilidades comunes, con una ruptura matrimonial que le desposeyó de la mayoría de sus bienes, reconstruyendo su patrimonio a velocidad fulgurante con un sueldo mensual neto de 500.000 pesetas, pagando una pensión compensatoria y amortizando créditos por más de 37 millones de pesetas.
Por si fuera poco, su actuación ha sido arbitraria de todo punto gobernando esa institución señera que respetan todos los españoles, obteniendo y dando beneficios, por lo que en este momento en que se va a aprobar la constitución de la Comisión de investigación el debate no se centra sobre la oportunidad de la misma, sino sobre cómo, cuándo y con qué alcance va a funcionar dicha Comisión.
Ha leído en la prensa declaraciones de líderes socialistas, incluido Felipe González, diciendo que las atribuciones de la Comisión se supeditan a que no se aborden temas «sub iudice», cuando el tema es meridianamente claro en el artículo 76 de la Constitución, por lo que supeditar la actuación de aquélla es crear la antiinvestigación, es no crear nada porque estaría taponada siempre que hubiera una denuncia en un juzgado o unas diligencias previas.
Agrega que, en virtud del principio de separación de poderes, el Parlamento puede y debe indagar conductas políticas irregulares en función del interés público y durante cualquier procedimiento judicial abierto al respecto y que de no ser así se restringiría ese control que corresponde a la oposición y se descalificaría la investigación. El escritopidiendo la creación de la Comisión de investigación pretende velar por el interés público y se marca el térmio razonable de tres meses para elevar sus conclusiones y la Presidencia de la Cámara velarápara que los trabajos de la Comisión no interfieran en absoluto al Poder Judicial.
Termina apelando al hombre de la calle y se pregunta cómo es posible abrir un expediente disciplinario a un modesto guardia civil que hace una coplilla desenfadada y se entorpezcan las labores de investigación de la gestión del que fue Director General de la Guardia Civil, el primer civil que ocupaba ese cargo.
Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Romero Ruiz, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Caldera Sánchez- Capitán, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil mientras fue Director General don Luis Roldán por 281 votos a favor.


Se levanta la sesión a las tres y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--CONVENIO DE COOPERACION ESPACIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, FIRMADO EN MADRID EL 11 DE JULIO DE 1991 (Número de expediente 110/000031)

--ACUERDO PARA LA PROTECCION Y FOMENTO RECIPROCOS DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARABE DE EGIPTO, FIRMADO EN MADRID EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1992 (Número de expediente 110/000032)

--CANJE DE NOTAS MODIFICATIVO DEL TRATADO GENERAL DE COOPERACION Y AMISTAD ENTRE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARGENTINA DE 3 DE JUNIO DE 1988, DE FECHAS DE 30 DE SEPTIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE DE 1992 (Número de expediente 110/000033)

Página 2290


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto sexto del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Desea algún Grupo intervenir en relación con alguno de estos dictámenes? (Pausa.) Vamos a proceder a las votaciones.
Dictamen relativo al Convenio de cooperación espacial entre el Reino de España y los Estados Unidos de América.
Coienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 264; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo para la protección y fomento recíprocos de inversiones entre el Reino de España y la República Arabe de Egipto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 273.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Canje de Notas modificativo del Tratado General de Cooperación y Amistad entre España y la República Argentina.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor 271; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


ACUERDO PARA LA TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL (Número de expediente 121/000036) --PROYECTO DE LEY SOBRE SUBROGACION Y MODIFICACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS (Número de expediente 121/000038)

El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 15 de febrero, previa audiencia de la Junta de Portavoces, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación del Pleno la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de este proyecto de ley.
Asimismo, la Mesa en su reunión también del día 15 y previa audiencia de la Junta de Portavoces, acordó someter a la aprobación del Pleno la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única.


DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE COMPLETA EL REGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL (Número de expediente 121/000022)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate relativo al proyecto de ley por el que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, tengo el honor de presentar a SS.SS. el proyecto de ley por el que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Como saben SS.SS., el Cuerpo de la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del Interior en el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, teniendo también dependencia del Ministerio de Defensa para el cumplimiento de misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden.
De este modo, el hecho de ser personal militar y estar integrado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, determinan la peculiaridad de su régimen estatutario. Así, conforme al artículo 13 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, su régimen estatutario es el establecido en la propia Ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento militar. En la Ley reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional se perfiló el régimen de personal de los miembros de las Fuerzas Armadas, estableciéndose para

Página 2291


la Guardia Civil su sujeción, por su condición de militares, al régimen general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinares militares, así como a su normativa específica.
Es imprescindible, por ello, una especial regulación del Estatuto del personal de la Guardia Civil, teniendo en cuenta también las funciones específicas atribuidas a dicho instituto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad regulando aspectos que en la actualidad carecen de una normativa adecuada, tales como escalas, provisión de plazas, definición de destinos específicos de la guardia civil, ascensos, promoción interna y fijación de la edad para pasar a la situación de reserva.
Se trata, pues, de adoptar las medidas convenientes para completar el mencionado régimen estatutario, con la única finalidad de asegurar el futuro de la Guardia Civil, adaptándola a las demandas de una sociedad moderna. Paso a exponer a SS.SS. a continuación, y brevemente, los puntos que tienen mayor interés en el citado proyecto.
En primer lugar, determina el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil por remisión a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Ley reguladora del Régimen de Personal Militar Profesional y a la Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Además, el proyecto da rango legal al Consejo Superior de la Guardia Civil y lo configura como órgano colegiado y consultivo de los Ministros de Defensa y del Interior, atribuyéndole las funciones de informar sobre los aspectos básicos de la carrera de personal de dicho Cuerpo y ser oído en los expedientes gubernativos incoados por su director general. En segundo lugar, el Cuerpo de la Guardia Civil se estructura en 16 empleos, que van de guardia civil a general de división, divididos en seis categorías, estableciendo la ordenación jerárquica de sus miembros y quedando agrupados, a su vez, en cuatro escalas según el grado educativo exigido para el ingreso en las funciones asignadas. Así, la escala superior comprenderá los empleos de teniente a general de división; la ejecutiva, los de alferez a teniente coronel; la de suboficiales, de sargento a suboficial mayor, y la escala básica, de guardia civil a cabo primero.
Como pueden observar SS.SS., se procede, por tanto, a distribuir a los oficiales del Cuerpo en dos escalas, superior y ejecutiva, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a las mismas; a crear la escala básica donde se incluya a los cabos y guardias que, conforme a la referida Ley 17, de 1989, no se consideran militares de carrera en las Fuerzas Armadas; a crear una nueva escala, la de suboficiales, que no aparece en el régimen general militar, y a derogar, de forma expre-sa, la Ley 15 de julio de 1952, sobre escalafón único de la Guardia Civil.
El proyecto regula también el sistema de enseñanza de la Guardia Civil, configurándolo como unitario y progresivo, integrado en el sistema educativo general y servido, fundamentalmente, por la estructura docente de la propia dirección general del Cuerpo. Respecto a las situaciones administrativas, el proyecto regula las de servicio activo, servicios especiales y excedencia voluntaria, que se regulan como mínimas especialidades por referencia a la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora ésta del Régimen del Personal Militar Profesional.
El pase a la situación de reserva, por iguales causas que las previstas para las Fuerzas Armadas de la citada Ley 17, de 1989, se producirá a las mismas entidades reguladas para los diferentes empleos de aquéllas, lo cual conlleva que las edades de pase a dicha situación, actualmente fijadas para los tenientes coroneles, suboficiales mayores, cabos y guardias, se incrementen entre uno y dos años.
Por último, el proyecto contempla diversos regímenes transitorios a fin de que los miembros de la Guardia Civil puedan adaptarse, de una manera flexible, a las nuevas disposiciones previstas en la Ley, especialmente por las que se refiere al régimen de la nueva situación de reserva.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el contenido del proyecto establece un nuevo régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, con el que se logrará, sin duda, un mejor y más eficaz cumplimiento de las funciones que la Constitución y la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encomiendan al citado Cuerpo de la Guardia Civil.
Por todo ello, espero de SS.SS. el voto favorable al proyecto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Se han presentado a este proyecto de ley dos enmiendas de totalidad de devolución del mismo al Gobierno.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, señorías, después de escuchar los razonamientos minuciosos del Ministro del Interior en la presentación del proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil --que por cierto dice que completa, es cierto--, me ha venido a la memoria una crítica demoledora de un articulista norteamericano sobre una obra de teatro. Al día siguiente de un estreno muy importante, este crítico teatral despachó el acontecimiento diciendo: Ayer, en el teatro Principal, se ha puesto en escena la obra equis, de la que es autor don fulano de tal. Y luego,

Página 2292


simplemente preguntaba: ¿Por qué? Es la misma pregunta que yo le traslado a usted: ¿Por qué este proyecto de ley? ¿Por qué trae a esta Cámara, en estas condiciones, este proyecto de ley para completar, dice, el régimen de personal de la Guardia Civil? Mi Grupo ha presentado una enmienda a la totalidad solicitando la devolución del proyecto por varios motivos: porque es un claro y patente error político como conjunto normativo, en primer lugar; porque es una iniciativa inoportuna en su concepción y criterios de elaboración en este trance por el que atraviesa esa señera institución que es la Guardia Civil; y porque de prosperar, como se nos ofrece unilateralmente el proyecto sin haber sido pactado, y no ya pactado, sino consultado con todos los estamentos dentro de la Guardia Civil, se van a consolidar situaciones de privilegio discriminatorias, de agravio comparativo, que son, en cualquier caso, injustas para ese benemérito instituto.
Voy a referirme a la primera suerte de razonamientos, que es un error político porque trastoca la tradicional identidad de ese cuerpo. Se malentiende la influencia militar que le ha dado ese carácter jerárquico, disciplinar y sólido. La enjuta memoria con que se acompaña el proyecto (que por cierto carece, por otra parte, de la memoria económica que debe poner cifras a todo su articulado) sitúa a la Guardia Civil --si me permiten que utilice esa metáfora-- en la navegación entre Escila y Caribdis, es decir, con una equidistancia entre dos leyes que han influido de forma sustanciosa, y que influyen, como es la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen de Personal Militar Profesional, de un lado, y la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
Con este proyecto, sin duda, en la navegación, siguiendo la metáfora, la Guardia Civil se va a escorar, se va a ir hacia un punto donde puede correr el peligro de estrellarse.
No se sabe, por tanto, hacia dónde conduce este proyecto, sobre todo a raíz de la experiencia tenida ya con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque este cuerpo policial, de naturaleza militar, ha basado su reputación y eficacia, sin duda alguna, en la formación ascendente y continuada, en la diligente perseverancia frente al sacrificio. No se trata de crear elitismos clasistas dentro de un cuerpo militar, en absoluto, sino de proseguir en esa especie de endogamia solidaria, en la que cuenta, sin duda, el mérito de la antigüedad. Por ejemplo, las casas cuartel de la Guardia Civil son núcleos de viviendas familiares, pero también son centros comunitarios de formación, conforme a un espíritu singular y propio, y perfectamente integradas con la población civil.
Ya veo que el Ministro del Interior se interesa vivamente por las manifestaciones que alega la oposición en la defensa de sus enmiendas, en las que pide la devolución. (El señor Ministro del Interior conversa con el señor Caldera Sánchez- Capitán.) Yo se lo agradezco también vivamente al Ministro del Interior, que sigue encerrado, ensimismado, me imagino, en cuestiones mucho más importantes.
Este peculiar sesgo de la Guardia Civil se pierde, y veo que se va a perder, evidentemente, por la predisposición del señor Ministro del Interior. Hubiésemos hecho, desde luego, un mal servicio a la Guardia Civil, a punto de cumplir siglo y medio de existencia.
La Ley de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado es una buena norma, y debiera ser el auténtico estatuto de la Guardia Civil, al que debe estar supeditada cualquier otra ley, entre otras razones porque tiene rango de ley orgánica, y sobre todo también porque ha tenido una experimentada aplicación. Y ello, aun estableciendo la naturaleza militar de la Guardia Civil -- lo que condiciona ese factor suyo del componente de personal-- , le asigna funciones policiales ordinarias sin necesidad de acentuar el carácter militar de la institución, porque ese carácter militar de la institución sólo es válido, lógicamente, en situaciones de guerra o de sitio, en situaciones excepcionales. Si se me permite un juicio político, señor Ministro, le diré que el socialismo español ha descubierto a la Guardia Civil, por fortuna, pero asimismo, por desgracia, debo decir que no ha entendido, en absoluto, cuál es su estructura y funciones. Este eje dialéctico, las razones que acabo de exponer, constituyen un eje de oposición por el que pedimos la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
Alguien ha dicho, señorías, que la oportunidad es como un ave errática que difícilmente se posa, y yo creo que es cierto.
Pues bien, este proyecto de ley es inoportuno en estos momentos; con la que está cayendo sobre la Guardia Civil yo entiendo, repito, que este proyecto es inoportuno.
De entrada debo añadir más, la Comisión elaboradora que ha preparado los anteproyectos, muy reducida en número, carecía, por otra parte, del solvente conocimiento y formación jurídica suficiente como para hacer una ley de este calado y de la repercusión que va a tener. Eso sí, debo reconocer que los servicios jurídicos de los Ministerios del Interior y de Defensa, al final, dieron el visto bueno, pero no es lo mismo participar en todo su proceso de elaboración.
En cualquier caso, sí le debo decir, señor Ministro, que en este proyecto de ley ha predominado el oscurantismo, como también predomina, por ejemplo, en el plan de despliegue de la Guardia Civil, que yo más que despliegue le llamaría de repliegue, y que espero que esta Casa tenga la ocasión de debatir en todos sus términos, porque supone el cierre o el traslado de mil cuarteles de la Guardia Civil, y eso no se puede hacer en la impunidad del silencio y de la sorpresa, entre otras cosas porque hace que protesten las poblaciones allí donde están asentados.


Página 2293


Las innovaciones que introduce el proyecto son peligrosas. Por ejemplo, se introduce la posibilidad de integrar en sus cuadros, jerarquizados por niveles de empleo militar, hasta un 40 por ciento de civiles; es decir, algo que llamaríamos como el cuarto turno de la Guardia Civil. Se quiebra la escala única, se secciona en cuatro partes, y en una de las partes -- y eso no está previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por lo que respecta a la policía-- cabe la posibilidad de introducir el cuarto turno de gente que viene y que no participa de ese proceso formativo lento y continuado.
Se fijan topes de niveles de empleo y topes de edad sin parangón en las Fuerzas Armadas. Aquí no se aplica la Ley 19/1987, que es la que debería regir.
Se conceden competencias a los Departamentos de Defensa y de Interior, vulnerando la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se los da exclusivamente a los titulares ministeriales, a los Ministros de Defensa, y aquí lo amplía a todos los departamentos.
El proyecto, por otra parte, dice --y es toda una perla-- que los miembros de la Guardia Civil podrán ocupar destinos en las unidades, centros y dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil. Va de suyo que pueda: ocupar la misma Guardia Civil sus centros directivos. ¿O es que en un cuerpo estructurado militarmente lo que se pretende es disociar, separar el tronco de las extremidades? No lo entiendo. ¿Se pretende eso? ¿O es que se quiere denunciar que antes podían venir del ejército a ocuparlos? Claro que sí, y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también lo permite.
Igualmente se otorgan funciones a las escalas contraviniendo lo que perfila la Ley 2/1987 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En definitiva, con este proyecto el Gobierno pone en evidencia, una vez más, que carece de modelo policial, por lo menos aquí no lo ha explicado, no ya usted, como nuevo Ministro, tampoco su predecesor, ni el anterior, ni el anterior.
Evidentemente tenemos que lograr un Cuerpo que se modernice y que sea capaz de sostener la agilidad y dispuesto hacia el futuro sin abandonar sus virtudes históricas. Por ello entiendo que el proyecto de ley va a contrapelo de lo que necesita y desea la Guardia Civil y su elaboración sigue una técnica de hechos consumados, cuando menos inconveniente, si no perniciosa, de difícil reparación posterior, y ello porque afecta a situaciones personales, muchas de ellas de carácter económico y otras de situación dentro del marco de personal.
Este nuevo razonamiento, señorías, constituye también una pieza para oponernos al proyecto de ley. El tercer eje de oposición frontal al proyecto viene dado por la inadmisible y justa extensión de los efectos económicos del proyecto. Me estoy refiriendo, lógicamente, como apreciará S.S., a la disposición transitoria primera. Si bien en el artículo 12, apartado 2, de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se establece que las retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se determinarán en las normas del sistema retributivo establecido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la referida a la disposición transitoria genera una bolsa de injusticia patente de quienes están ahora en la situación de reserva. La reserva activa retribuye económicamente mejor a los que pasen a esta situación a partir de esta Ley en relación a los que ya estaban, de tal suerte que vamos a crear, artificialmente, por esta ley --y si no hay dinero, se espera-- dos categorías de reservista entre compañeros del mismo empleo, aunque tengan una diferencia de edad mínima. Esta situación va a crear unas disfunciones enormes entre compañeros. Por ejemplo, los subtenientes en reserva activa que fueron clasificados en el grupo C, tendrán un trato retributivo diferente de sus propios compañeros que a partir de ahora pasen a esta situación nueva de reserva. Caso de prosperar, por lo tanto, esta disposición transitoria primera, vulneraría flagrantemente el principio constitucional de igualdad ante la ley. Y tengan por seguro que producirá un colapso de reclamaciones contencioso-administrativas a los tribunales de justicia, y ello porque afecta a numerosos núcleos de la población de la Guardia Civil y en todos sus empleos, como lo han manifestado los distintos medios de comunicación con cartas de protesta de forma reiterada.
De tal manera estas diferencias son discriminatorias, señorías, que las retribuciones anuales entre los dos colectivos --el anterior a la Ley y el posterior-- será el siguiente, pongo un ejemplo: en un guardia, de 259.440 pesetas al año; en un sargento, de 252.000 y pico; en un teniente, de 268.000, y así sucesivamente. Sobre este último motivo, los medios de comunicación ya han señalado que hay exteriorizada una masiva protesta, y es la que avala también nuestra preocupación y la que justifica que pidamos la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
En conclusión --y con ello termino--, este proyecto de ley es una mala carta de felicitación a la Guardia Civil a punto de cumplir 150 años de existencia y después de haber sido un eficaz garante de nuestra convivencia. Tengo conmigo una antología de manifestaciones de todas las épocas y ahí se mojan a elogiar a la Guardia Civil desde Azaña a Fernández de los Ríos, escritores, artistas, todos ellos glosando ese papel que ha ejercido la Guardia Civil desde que fue creada por el segundo Duque de Ahumada.
Pues bien, a título de curiosidad --y con eso termino--, permítanme que les recuerde un hecho curioso. Con ocasión de aplicarse el Tratado de Versalles en 1934 --mediante un plebiscito en el territorio del Sarre se discutía si pertenecía a Alemania o a Francia-- la opinión pública alemana solicitó que fuese la Guardia Civil

Página 2294


la única que garantice el proceso electoral y decía a este respecto: Es la única gendarmería que existe en el mundo que tiene una ejecutoria limpia, austera, digna, ejemplar y humana. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pide hoy la devolución del proyecto de ley al Gobierno para su reelaboración con arreglo a criterios políticos y técnicos mucho mejores de los que, lamentablemente, tiene este proyecto de ley, sobre un cuerpo que, como se acaba de decir, va a cumplir 150 años de vida y que creo que no se merece este proyecto de ley. La Guardia Civil ha vivido históricamente entre una especie de contradicción reconocida --para algunos quizás está ahí la clave de su subsistencia--, pero una contradicción al fin y al cabo entre una naturaleza militar en cuanto a su disciplina interna y, por otra parte, una estructura de servicio, de funciones nítidamente civil. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad; incluso en su propio nombre lleva esa contradicción. No se llama guardia militar, sino que se llama precisamente Guardia Civil. La Guardia Civil ha tenido una serie de oscilaciones a lo largo de su vida, según el viento político, y normalmente cuando llegaba una época progresista se hacía más énfasis en la función civil de la Guardia Civil, en su naturaleza de cuerpo policial, y cuando llegaba una época más conservadora se ponía mucho más énfasis en su naturaleza militar. La culminación de esto último sin duda fue la época franquista, en que la Guardia Civil era un cuerpo del Ejército, era parte del Ejército de Tierra y, por tanto, no se instalaba dentro de los cuerpos de seguridad. La Constitución española significa una nueva época para los cuerpos de seguridad, y en concreto para la Guardia Civil, porque rompe con la situación de ésta en el Ejército y la sitúa nítidamente entre los cuerpos de seguridad. El artículo 104 de la Constitución señala que la Guardia Civil forma parte de los cuerpos de seguridad y el artículo 8 habla de las Fuerzas Armadas. En el texto constitucional están muy alejados el 8 del 104 y las naturalezas de sus funciones no tienen nada que ver. Consecuencia de ello fue --hay que recordar-- una de las leyes más progresistas de la transición, la Ley de Policía de 1978, en donde a la Guardia Civil se la sitúa a efectos jurisdiccionales bajo la dependencia de la jurisdicción civil, dejando de estar bajo la dependencia, en litigios, delitos contra la Guardia Civil o de miembros de la Guardia Civil, en la jurisdicción militar, lo que supone un paso también en esa dirección.
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque mantiene la naturaleza de cuerpo militar en cuanto a su disciplina, también separa claramente a la Guardia Civil de las Fuerzas Armadas, es un cuerpo de seguridad, y dice que su régimen estatutario se va a regular por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por las leyes que la desarrollen, que se supone que tiene que ser este proyecto de ley, y, en última instancia y subsidiariamente, por el ordenamiento militar. Es aquí cuando llega la época en la que se produce un acontecimiento histórico, que es la aparición de un director general civil al frente de la Guardia Civil, el señor Roldán, sobre el cual hoy vamos a hablar algo aquí, en esta Cámara, y que supuso el inicio de una cierta esperanza de llevar a sus últimas consecuencias los objetivos que estaban ya trazados en la Constitución y en la Ley de Policía del año 1978; es decir, hacer un régimen estatutario propio de la Guardia Civil conforme a la naturaleza de sus funciones, manteniendo una escala única de la Guardia Civil, esto es, establecer una enseñanza propia de la Guardia Civil, no una enseñanza militarizada, sino una enseñanza propia de las funciones que desarrolla la Guardia Civil y un reglamento que sustituyese el antiquísimo Reglamento de la Guardia Civil, que, por cierto, todavía el Gobierno ha sido incapaz de enviar a esta Cámara ni de aprobar. Es decir, se esperaba una modernización de la Guardia Civil. Bien, pues, desgraciadamente, ha sucedido todo lo contrario. La culminación del mandato del señor Roldán puede que termine como el rosario de la aurora; no ha habido un régimen propio de la Guardia Civil, sino que esta ley es una involución en ese sentido, ni tampoco se lleva a sus últimas consecuencias una enseñanza propia de las funciones civiles de la Guardia Civil, ni se ha mandado el Reglamento. Es decir, hay una auténtica involución, y no una modernización, en el proceso de desarrollo de este importante Cuerpo entre los que componen los Cuerpos de Seguridad en nuestro país.
Es sabido que el mandato último de la Dirección General del señor Roldán ha estado presidido por la confusión y el caos, por un arbitrismo muy acusado y por una ausencia de proyecto; ausencia de proyecto que, en definitiva, se ha manifestado en una importante debilidad del Instituto de la Guardia Civil para poder resistir la influencia, la vis atractiva de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Este proyecto de ley es la culminación y la expresión de ese mandato errático, en el que no se sabe bien dónde está situada la Guardia Civil, cuál es su proyecto, cuál es su futuro y donde, al final, las influencias del Ministerio de Defensa han sido absolutas a la hora de establecer el diseño de este proyecto.
Usted, señor Ministro, se ha encontrado con un proyecto de ley que no es el suyo, se le ha caído encima, como un paracaidista, este proyecto de ley y no ha tenido

Página 2295


los reflejos de retirar el proyecto de ley en el momento en que tomó posesión de su Ministerio, o de instar al Gobierno a que lo retirase, y se encuentra con un proyecto de ley en el que no tiene arte ni parte, que ha sido de otra época, con otros criterios, técnicamente malísimo, como veremos, y absolutamente ininteligible política y jurídicamente. Creo que debería haber retirado este proyecto de ley. Sigo dudando de que usted esté de acuerdo con el contenido de este proyecto de ley, que es inservible; es imposible ni siquiera hacer una enmienda alternativa porque es un proyecto de ley inservible.
Creo que con eso está de acuerdo la inmensa mayoría de los que conocen un poco el asunto y, desde luego, la inmensa mayoría de los que integran este Cuerpo de seguridad.
Este proyecto es muy corto, prácticamente se limita a establecer cuatro escalas en la Guardia Civil, pero en la última, en la escala de oficiales, hay una bifurcación, hasta ahora inexistente en la Guardia Civil porque era escala única, situando a quienes provienen de suboficiales, es decir, quienes han estado toda su vida en la Guardia Civil, en una vía diferente de quienes han ido a la Academia Militar de Zaragoza, escalas incomunicadas que degradan la posición de los que provienen de suboficiales en la Guardia Civil, que rompe sus expectativas; lo intuimos por la lectura de este proyecto de ley porque es un proyecto de ley que produce absoluta inseguridad, no se sabe bien lo que hay detrás de él, pero da la impresión de que va a dar lugar a que por la Guardia Civil se entre desde fuera, desde el exterior, por múltiples sitios, a guardia por supuesto, pero también a suboficial, a alférez, a teniente. En la Guardia Civil, como una especie de queso de Gruyère, va a haber entradas múltiples por diversos sitios, lo que va a hacer mucho más lento el progreso interno, la promoción interna en la Guardia Civil.
Tampoco se sabe cuál es el sistema de ascensos en este proyecto de ley porque únicamente se habla del ascenso de cabos, lo cual es algo realmente singular, y no se habla de cómo se va a ascender en el resto de los empleos, y una enseñanza que se despacha por un artículo que cae por ahí en ese proyecto de ley, que podría haberse limitado a citarla y, sin embargo, aparece por ahí la enseñanza, con unas referencias constantes a la enseñanza militar, que no es ni mucho menos una causa de esperanza de que haya verdaderamente una enseñanza centrada en las funciones de la Guardia Civil.
Hay unas transitorias al final tremendamente complejas, dificilísimas de entender, larguísimas, porque se trata de que en la situación actual se encaje a martillazos este esquema de escalas, absolutamente alejado de la tradición de la Guardia Civil, que establece este proyecto de ley.
El proyecto de ley se ha dicho que es discriminatorio y puede atentar contra el artículo 14 de la Constitución. Yo no voy a centrarme en esas disquisiciones sobre la constitucionalidad o no del proyecto de ley, pero creo que tiene profundos errores políticos. Es un proyecto de ley que aleja netamente a la Guardia Civil del área de los cuerpos de seguridad y la acerca al área de las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley es casi una fotocopia en algunos casos de la Ley 17/1989, del personal militar, y, por tanto, es algo así como una criatura de ese personal militar; hay una influencia clarísima del Ministerio de Defensa, que podría haber sido perfectamente el que presentase este proyecto de ley, en vez del Ministerio del Interior, puesto que diríamos que se mueve en ese área de influencia.
Se rompe claramente la situación de escala única que existe en este momento en la Guardia Civil. En este momento la expectativa de alguien que ha trabajado en la Guardia Civil desde guardia, que ha pasado por suboficial, es que al final de su carrera va a instalarse en la oficialidad, exactamente con los mismos derechos y obligaciones que un oficial que ha hecho la carrera partiendo de la Academia Militar de Zaragoza.
Sin embargo, este proyecto de ley rompe esa expectativa, separa absolutamente de esa vía a los suboficiales, los degrada y los sitúa en una escala que va a ser, por supuesto, de mucho más lento ascenso que la otra escala y, por tanto, establece una discriminación incomprensible, una especie de pureza de sangre incomprensible en ésta que ya se empieza a llamar ley de castas sobre la Guardia Civil.
Sobre todo, este proyecto de ley, si se convierte en ley, va a introducir un profundo malestar en el interior de la Guardia Civil, un profundo malestar en el 95 por ciento de los integrantes de la Guardia Civil, porque no es lo mismo la situación de la Guardia Civil que la del ejército. En el ejército la profesionalidad empieza en los suboficiales; en la Guardia Civil empieza en guardias, y entre guardias y suboficiales significan, en la Guardia Civil, el 95 por ciento de ese cuerpo, al que se discrimina a partir de este proyecto de ley y se le rompen las expectativas que tiene de promoción.
Es decir que ese malestar que produjo la ley de 1989 en los suboficiales del ejército va a ser exportado a la Guardia Civil; la Guardia Civil va, probablemente por intereses del Ministerio de Defensa, a soportar esta importación absolutamente artificial de problemas internos en el ejército, que se van a reproducir, no lo duden, en la Guardia Civil. No es precisamente lo más adecuado para la importante labor que tiene encomendada este cuerpo ni tiene que ver con la labor esforzada que realiza la Guardia Civil ni con la labor de promoción interna, de trabajo interno, de experiencia que se tiene desde los puestos de guardia, cabo, suboficiales, que existen en la Guardia Civil, que son, por emplear una expresión laboral, los auténticos cuadros o mandos intermedios de la Guardia Civil, aquellos que son la base del funcionamiento de la Guardia Civil y que, por tanto, tienen que ser alentados para que pueda haber una promoción, de

Página 2296


acuerdo, por cierto, con lo que dice la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en su artículo 6 señala que los poderes públicos proveerán las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Este proyecto de ley no promociona, en absoluto, la promoción interna de la Guardia Civil; al contrario, la hace mucho más difícil y rompe, como digo, esas expectativas, con el producto casi seguro, como se señalaba por el anterior interviniente, de una enorme conflictividad en el interior de la Guardia Civil, con una enorme conflictividad ante los tribunales como consecuencia de la ruptura de lo que se puede considerar por ese mayoritario sector del cuerpo como ruptura de unas expectativas legítimas.
Además, es un proyecto que también rompe la motivación cultural en el interior de la Guardia Civil.
En la Guardia Civil hay en estos momentos una situación peculiar, y es que, precisamente como consecuencia de la estructura laboral española, ha habido una entrada importante de personal con altos estudios, incluso universitarios, que muchas veces es mandado por personal que no tiene estudios universitarios, lo que introduce, sin duda, un elemento disfuncional en la Guardia Civil. Esta situación tenía la salida lógica de una promoción en el interior de la Guardia Civil, dar salida a la misma y motivar el desarrollo cultural. Este proyecto de ley es un jarro de agua fría para esas expectativas, un jarro de agua fría para esa motivación y promoción cultural, que es algo lícito, esperable en un cuerpo de seguridad y que se corresponde, además, como digo, con la sociología interna que tiene el Cuerpo de la Guardia Civil.
Es un proyecto de ley que, en cuanto a la enseñanza, es decepcionante, ya que no aprovecha la oportunidad que tiene para poder desarrollar mucho más ampliamente lo que tiene que ser una enseñanza moderna, adecuada a las funciones civiles de la Guardia Civil, a las funciones de cuerpos de seguridad.
Algunos acontecimientos muy recientes y lamentables como, por ejemplo, los sucesos de Nigrán, con una situación de la Guardia Civil en la que olvida dar cuenta a los jueces, sin duda tiene una causa, entre otras, en un problema de enseñanza, de formación en la Guardia Civil, y esto no se va a solucionar, ni muchísimo menos, con el planteamiento de enseñanza que hay en este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.


El señor LOPEZ GARRIDO: Voy terminando, señor Presidente. Este proyecto de ley, además, adolece --y no voy a hacer mucho hincapié en ello, pero en este caso tiene importancia porque se produce en todo el proyecto de ley-- de profundos errores técnicos; es un proyecto asistemático, no se sabe bien qué es lo que necesita para poder reformarse. Por cierto, tengo que decir que es un proyecto difícil de enmendar; no se sabe qué enmendar en un proyecto de ley tan asistemático, tan caótico y tan confuso como éste, con unas lagunas incomprensibles como, por ejemplo, el citado tema de los ascensos, y que produce al final una tremenda inseguridad jurídica. Por eso no se sabe bien cuál es el sentido de traer este proyecto de ley. No hay, en definitiva, una modernización; no es un proyecto de modernización, sino todo lo contrario; es un proyecto incomprensible políticamente; es un proyecto en el que no aparece ningún proyecto de futuro para el Cuerpo de la Guardia Civil, al que se introduce en un camino muy difícil de inseguridad. Creo que el mejor favor que se le podría hacer en este caso --yo diría que al señor Ministro-- es que se produjese una retirada de este proyecto de ley, una devolución al Gobierno y una reelaboración mucho más de acuerdo con las necesidades del Cuerpo de la Guardia Civil, mucho más de acuerdo con sus funciones, mucho más de acuerdo con el sentir interno del Cuerpo de la Guardia Civil, mucho más riguroso técnicamente. Por todo lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Para turno en contra, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lagunilla.


El señor LAGUNILLA ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Lamento tener que discrepar, y profundamente, de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, excepto del señor Ministro, como es evidente, porque creo que es bastante claro y evidente que de una lectura atenta de este proyecto de ley --es lo que voy a intentar demostrar-- se desprende que los efectos que pretendemos conseguir son absolutamente contrarios a los que tanto el representante del PP como el representante de Izquierda Unida han manifestado desde esta tribuna. Precisamente creo que sería bueno felicitarnos, porque creo eso, creo que es un proyecto de ley que va a permitir modernizar, actualizar, hacer más «competitiva» --entre comillas la palabra competitiva-- a la Guardia Civil. Por eso digo que es conveniente felicitarnos -- ya se ha citado aquí por algún interviniente anterior-- porque este proyecto de ley que pretende conseguir todo eso se presente hoy aquí, en este año en el que se cumple el 150 aniversario de la fundación de la Guardia Civil por el Duque de Ahumada.


Página 2297


Ya ha explicado el señor Ministro algunos de los objetivos más importantes de este proyecto de ley. ¿Y cuál es el objetivo más importante del mismo? Pues modernizar, pero modernizar sin perder de vista nunca que la Guardia Civil ha sido un Cuerpo efectivo, un Cuerpo eficaz, un Cuerpo que ha desempeñado labores muy importantes en la seguridad de este país, por lo que esa modernización debe hacerse adecuando los cambios que se han producido en todos los organismos de la Administración del Estado en lo referente a acceso, promoción del personal, adecuando eso, insisto, con la profesionalidad, estructura y eficacia demostrada a lo largo de estos años por la Guardia Civil. ¿Cómo se puede conseguir eso? ¿Cuáles serían algunas de las medidas encaminadas a conseguirlo? Discrepando una vez más con lo manifestado por los portavoces de otros grupos, yo creo que se conseguiría fomentando la promoción interna --cosa que pretende hacer este proyecto de ley-- y facilitando el acceso directo por oposición a la escala de suboficiales y a la escala ejecutiva de personas del exterior del Cuerpo de la Guardia Civil. Más adelante desarrollaré algunos de los aspectos que en este sentido contiene el proyecto de ley. En este turno en contra al rechazo del proyecto de ley --muchas de las cosas que se han dicho aquí esta mañana yo creo que pueden ser objeto de debate en comisión y, además, está la vía de enmiendas, por si hay que perfeccionar algún aspecto del proyecto de ley, etcétera-- podríamos resumir las dos enmiendas de totalidad presentadas (una haciendo el sesgo hacia un lado y la otra hacia el otro) en dos grandes bloques de argumentos. Por una parte, los que critican el sesgo excesivamente militarista de este proyecto de ley, es decir, los que expresan que este proyecto de ley inclina a la Guardia Civil hacia una estructura más militar. El otro bloque de argumentos sería el que mantiene que este proyecto de ley es incompleto e insuficiente, con importantes lagunas. Yo creo que estos son los dos argumentos más importantes. Luego hay otra serie de argumentos que podríamos denominar pedestres, de intendencia diaria, que se pueden discutir y que estamos dispuestos a hacerlo en su tramitación como proyecto de ley.
Sin embargo, creo que lo que interesa contestar en estos momentos es a esos dos grandes bloques de argumentos.
En cuanto a si el proyecto de ley es de excesiva naturaleza militar, si inclina la balanza hacia un lado o hacia otro, yo creo que ésta es una cuestión que está relativamente zanjada en nuestro ordenamiento. Como ha dicho anteriormente el señor López Garrido, ha existido un proceso largo y complejo para clarificar la naturaleza y la estructura de la Guardia Civil en ese doble lenguaje de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pero, a la vez, de naturaleza militar. Yo creo que, resumiéndolo muy brevemente, las posturas relativas a la naturaleza de la Guardia Civil se han situado siempre en dos extremos: por un lado, los que consideraban --no sé si alguno lo sigue considerando, aunque creo que ya no-- que la Guardia Civil era un cuerpo de naturaleza militar, es decir, un cuerpo más del Ejército, con misiones específicas en materia de seguridad ciudadana, pero un cuerpo del Ejército. Los partidarios de esta postura, en su momento, pretendían defender que la Guardia Civil dependía o estaba funcionalmente adscrita a lo que dice el artículo 8 de la Constitución cuando se refiere a las Fuerzas Armadas.
Incluso recordarán ustedes que la Guardia Civil, en su momento, era un estado mayor dentro del Ejército, etcétera.
Frente a esta postura --las cosas nunca son ni blancas ni negras, siempre hay posturas intermedias-- se situaba otra distinta, que es la que parecen defender otra vez aquí algunos; la que defiende la naturaleza absolutamente civil como Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado y, por tanto, la necesidad de eliminar cualquier referencia a lo militar en su estructura o en su jerarquía, procediendo, en el extremo máximo, a la integración de la Guardia Civil en los cuerpos anteriores de Policía Nacional y Superior de Policía que hoy día están ya integrados en el Cuerpo Nacional de Policía. Ese sería el otro extremo.
Yo creo que la discusión está perfectamente cerrada en nuestra sociedad, desde el punto de vista político y desde el punto de vista normativo, habiendo ayudado a cerrarla de forma muy clara la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta ley, en su artículo 9 b) y en su artículo 13, señala taxativamente que la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar que se estructura jerárquicamente según los diferentes empleos, de conformidad con esa naturaleza militar. ¿Qué significa esta definición? En la práctica, significa que la Guardia Civil queda funcionalmente incluida en los aspectos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cita el artículo 104 de la Constitución, no siendo, por tanto, un cuerpo más del Ejército de Tierra, pero sí conservando su tradicional característica de cuerpo de naturaleza militar.
Teniendo en cuenta que la Ley 2/1986 pretendía zanjar esta discusión, el artículo 13 de la misma Ley señala que el régimen estatutario de la Guardia Civil será el establecido en esa Ley (la Ley 2/1986) y en el ordenamiento militar.
Recordemos en este punto que la Ley 2/1986 fija una regulación completa y exhaustiva para el Cuerpo Nacional de Policía, cosa que no hace en el caso de la Guardia Civil porque lo deja para otros momentos legislativos del ordenamiento. Es importante recordar esto.
Más adelante de esta Ley, la 2/1986, se discute, se aprueba y se publica la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen de Personal Militar Profesional, que vuelve a citar a la Guardia Civil. Y dice textualmente en su preámbulo que en el marco de la función militar no podía faltar la Guardia Civil por su condición

Página 2298


de instituto armado de naturaleza militar, si bien, al tener que ajustarse a lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, su régimen de personal habrá de compaginar lo dispuesto en las dos normas.
Esta previsión genérica del preámbulo de la Ley 17/1989 se concreta de nuevo en el artículo 4, que vuelve a señalar que el régimen de personal de la guardia civil se establecerá conforme a las dos leyes citadas y a la que, en su caso, se promulgue, que es en la que nos encontramos.
Ante esta serie de mandatos legislativos, recordarán SS.SS.
también --lo cito muy brevemente--, que se publica en su momento la Ley Orgánica 11/1991, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, para pretender cubrir dos mandatos; uno, legal, y, otro, del Tribunal Constitucional, que había dicho en doctrina jurisprudencial, en una Sentencia del 16 de noviembre de 1989, que la normativa aplicable a la Guardia Civil era la de las Fuerzas Armadas, mientras no existiera otra, pero que sería de desear que pronto existiera otra específica para ellos en concreto.
Vuelve a insistir esta Ley 11/1991, disciplinaria de la Guardia Civil, en ese carácter doble o carácter de naturaleza militar y, a la vez, sujeta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Queda, por tanto --es el momento en que nos encontramos, y perdonen que insista tanto en estas normativas previas--, completar (aquí se introduce una palabra que, a veces, no gusta, completar) el régimen del personal de la Guardia Civil. Y eso es lo que hace, completar ese régimen.
Por lo tanto --empiezo a contestar ya a un segundo bloque de argumentos, aquel que dice que tiene lagunas importantes este proyecto de ley--, este proyecto de ley no se entiende correctamente no se puede completar él solo, en abstracto, sino permanentemente relacionado con la Ley 17/1989 y la Ley Orgánica 2/1986, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, porque este proyecto de ley, desde su propio artículo 1.º, en el que cita expresamente este aspecto, lo que intenta hacer --yo creo que lo que hace, según otros no lo hace, pero yo creo que sí-- es completar ese régimen del personal y no desarrollar funciones policiales o de seguridad, que están desarrolladas en la Ley 2/1986; completar el régimen del personal de la Guardia Civil, personal que, como cuestión zanjada ya, está definido como personal militar. Y como personal militar que es, nuestro diseño de personal militar profesional en este Estado está hecho en la Ley 17/1989 y no necesitamos ni inventarnos una nueva ni desarrollar una distinta; ésa es la que es para el personal militar y para los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil es de total aplicación en lo que no sea específico de ellos, que es lo que pretende desarrollar este proyecto de ley.
Este proyecto de ley --estamos seguros de ello-- conseguirá esos cambios importantes de modernización, estructura el Cuerpo de la Guardia Civil, de acuerdo con su naturaleza militar y aquí contesto a otro grupo de argumentos. Estructura y da una específica formación y enseñanza a la Guardia Civil --yo creo que no se ha leído correctamente el proyecto de ley-- cuando se dice que la enseñanza es una enseñanza excesivamente militar, elitista, que aleja a la Guardia Civil de la formación que debe tener en un mundo moderno, etcétera.
Si leemos estrictamente el artículo referido a la enseñanza en este proyecto de ley, simplemente en sus primeros renglones dice que se configura el sistema de enseñanza de la Guardia Civil de formación, de perfeccionamiento y de altos estudios militares y profesionales, que no quiere decir que sean altos estudios militares en el sentido de que tengan que hacerse en las academias militares, porque continúa que se configura como un sistema unitario y progresivo integrado en el sistema educativo general, servido, en su parte fundamental, por la estructura docente de la Dirección General de la Guardia Civil. Si esto es decir que se sesga esa enseñanza hacia una enseñanza puramente militarista, yo creo que no es muy correcto; es una enseñanza que permite eso: la modernización y la profesionalización de este Cuerpo.
A partir de la aprobación, si así se consigue por el voto de SS.SS., de este proyecto de ley, con su posterior trámite en la Comisión, al Cuerpo de la Guardia Civil se va a poder acceder de formas distintas a las únicas que había de acceso actual. Y ha dicho el representante de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya que se producía una paradoja actualmente en la Guardia Civil --creo que es importante resaltar sus palabras-- , que podía ocurrir que personal con formación universitaria tenía que iniciar su formación como guardia desde guardia civil para ir ascendiendo lentamente y durante un tiempo estaba mandado por otras personas que no tenían esa titulación, etcétera. Una de las cosas que pretende este nuevo sistema de accesos a la Guardia Civil es que aquellas personas que sientan una vocación o que crean que pueden desarrollar un función interesante en el Cuerpo de la Guardia Civil y que tengan una titulación universitaria de grado medio o superior o de cualquier otro tipo puedan acceder, previa la formación correspondiente en la Academia de la Guardia Civil y la oposición que se establezca, directamente a otras escalas distintas, que no al inicio de su carrera como guardia civil desde guardia. Yo creo que esto va a favorecer, va a ayudar a que personas con una cualificación técnica --y no olvidemos que hoy día a la Guardia Civil, en sus funciones policiales tan importantes que desarrolla necesita una alta cualificación y profesionalización-- puedan acceder a la escala ejecutiva que se crea con este proyecto de ley, personas que, con titulación, de otra forma tendrían que iniciar su carrera desde el primer momento como guardias.


Página 2299


Efectivamente, y aunque son temas surgidos de la discusión en Comisión y de las enmiendas, no se truncan expectativas; se reserva incluso un número determinado de puestos para el acceso de unas escalas a otras. Es absolutamente vigente la permeabilidad entre escalas que establece la Ley 17/1989, puesto que, en lo que no esté específicamente recogido en este proyecto de ley es de aplicación lo establecido para el personal profesional militar.
Todas estas medidas creo que van a conseguir esa modernización. Determina las pautas para la promoción de ascenso, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el aspecto puramente de equiparación al sistema educativo, sería de destacar el hecho de que entre la obtención del primer empleo como militar de la escala básica de cabos y guardias se obtendría la titulación de técnico del sistema educativo, porque --y vuelvo a la enseñanza-- siempre se dice que la enseñanza estará supervisada por los mecanismos del Ministerio de Educación y Ciencia.
Para ir terminando, señor Presidente, señorías, este proyecto de ley, por el que se completa --insisto-- el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil conseguirá, con la introducción de las enmiendas que se consideren necesarias durante su tramitación parlamentaria, una clara actualización y mejora en el funcionamiento de la guardia civil para que, sin menoscabo de la eficacia y disciplina que siempre ha caracterizado a este Cuerpo, continúe desempeñando los servicios que, después de 150 años de existencia, son, sin ninguna duda, tan importantes como siempre, pero no se les oculta a ninguno de ustedes que mucho más complejos. Por lo tanto, en nombre del Grupo Socialista, me he opuesto o he intentado oponerme a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y pido al resto de los grupos parlamentarios su voto favorable para la tramitación de este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lagunilla.
El señor Baón tiene la palabra.


El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Sólo deseo aludir a un solo punto de la intervención del señor Lagunilla.
El señor Lagunilla ha querido situar al representante de Izquierda Unida, defensor de una enmienda de totalidad, y al representante de mi grupo a ambos extremos, posiciones contrapuestas. La verdad es que yo he puesto un ejemplo muy claro y es el de estar situado entre Escila y Caribdis cuando me refería a los dos proyectos de ley que condicionan y regulan la situación de la guardia civil. Sólo con eso yo me doy por contento porque, por otra parte, el Diputado socialista lo que ha hecho es defender las bondades del proyecto de ley y no ha dado razones en contra, en concreto, por lo menos respecto de este portavoz, sobre las cosas defendidas desde la tribuna. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
El representante del Grupo Socialista ha dicho al final de su intervención, con un rasgo de sinceridad, que más bien no es que se haya opuesto a las enmiendas, sino que ha intentado oponerse a las enmiendas. Yo creo que sí, que efectivamente ha intentado oponerse a las enmiendas, pero no se ha opuesto a ellas porque no ha entrado en ningún momento a combatir los argumentos, me parece que sólidos, que se expresan en la enmienda a la totalidad.
Además, yo no sé si ha profundizado en el proyecto de ley porque parecía que estaba hablando de otro proyecto de ley distinto del que tengo delante. Cuando dice que se fomenta la promoción interna, no sé qué proyecto de ley está leyendo, pues, realmente, en este proyecto de ley es todo lo contrario.
Hasta ahora, para pasar, por ejemplo, de cabo a suboficial la promoción es al 100 por cien; en el proyecto de ley se baja al 60 por ciento. Eso no es favorecer la promoción interna, sino hacer mucho más lenta y dificultosa, poner un cuello de botella, la entrada a suboficial desde cabo y guardia civil.
En cuanto a la promoción, la entrada exterior, pienso que es suficiente con que desde el exterior se pueda acceder a la Guardia Civil desde guardia y como teniente, que es lo que pasa en el Ejército. En el Ejército se pasa desde suboficial, que es donde empieza la carrera profesional, y desde teniente, pero no más. Pero si en la Guardia Civil se puede pasar desde guardia, desde suboficial, desde alférez y desde teniente, se puede pasar desde todas partes y, evidentemente, eso no promociona internamente a quienes están trabajando en la Guardia Civil desde guardia ni les motiva, en absoluto, ni se puede decir que eso favorezca la eficacia de la función, porque en este tema, como en muchos otros, la experiencia es fundamental. Es fundamental tener una experiencia de trabajo en el interior del Cuerpo. Este proyecto de ley va por una línea absolutamente contraria, sencillamente, porque se ha hecho por personas que desconocen lo que pasa en el Cuerpo de la Guardia Civil e importan un modelo, probablemente para justificar que exista otro que ha dado malos resultados en el Ejército.
La escala facultativa. Creen ustedes una escala facultativa para abogados, arquitectos, economistas, que necesita la Guardia Civil, en el sentido en que lo ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía. Una escala facultativa

Página 2300


para ese tipo de profesionales que pueden ayudar, que pueden hacer un buen papel, pero no romper la escala actual en la Guardia Civil para introducir, supuestamente, esas nuevas energías desde fuera.
Dice: Lo militar está zanjado ya. Yo ya me temía que ésa era la argumentación. La Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar, luego, adelante, a fotocopiar la Ley 17/1989, para lo cual no hacía falta traer un proyecto de ley, con hacer un artículo único, se fotocopia la Ley y se acabó. Pero esto no es así. La Guardia Civil ha sido de naturaleza militar y hasta ha estado en el Ejército, como saben, desde siempre y en los últimos tiempos, y como parte del Ejército, y ha tenido una escala única. ¿Es el único modelo el existente en el proyecto de ley? ¿Al final de la carrera profesional romper en dos entre los que vienen de suboficiales y los que vienen directamente por la Academia Militar de Zaragoza? ¿Es ese el único modelo existente? Yo no creo que sea contradictorio con que tenga ese Cuerpo naturaleza militar que se mantenga la escala única, que es lo que ha tenido siempre la Guardia Civil y que ha funcionado bien en el interior de la Guardia Civil.
Por último, dice que no se truncan expectativas y que hay permeabilidad entre escalas. No hay permeabilidad entre escalas; es todo lo contrario. Si se lee las disposiciones transitorias del proyecto de ley, lo que hace es que se encaja a los que ahora mismo provienen de suboficiales en una escala y se sitúa a los que provienen de la Academia Militar de Zaragoza, en otra. Por tanto, se rompen las expectativas y se produce una impermeabilización entre las escalas, con lo cual una persona que haya estado en la Academia Militar de Zaragoza llegará a teniente aproximadamente ocho o nueve años antes que una persona que venga de suboficial y que tenga también un título de licenciado, que tenga también una carrera; esto es evidentemente discriminatorio. Y no puede extrañar que esto produzca muchas posiciones contrariadas en el interior de la Guardia Civil.
No es fácil defender la filosofía de este proyecto de ley --no lo es-- y, como no es fácil, comprendo que la labor de nuestro colega, el representante socialista, ha sido una labor esforzada, difícil y que, para lo malo que es este proyecto de ley, ha hecho una intervención magnífica, porque de él ha sacado gran cantidad de cosas que no tiene el proyecto de ley.
Creo habría que darle un premio por su labor en cuanto a la defensa de un proyecto de ley tan indefendible como éste.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Lagunilla.


El señor LAGUNILLA ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor López Garrido, pero no es así, no he tenido que hacer grandes esfuerzos para defender el proyecto de ley. Le agradezco su amabilidad. Señor Baón, yo no he situado --ni lo he pretendido-- a nadie a los extremos de nada. He dicho que había posicionamientos extremos respecto a la discusión sobre si la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar o de naturaleza civil. Nada más lejos de mi intención que haber situado a los intervinientes. Yo no he querido hacer eso, ni mucho menos. Yo siempre he creído que su Grupo defiende la forma de zanjar esta discusión a través de la Ley 2/1986 y 17/1989. No ha sido mi intención decir que usted ni su Grupo defienden otra situación contraria. Sí que me ha extrañado, en cambio, pensando que defendían eso, que en las argumentaciones escritas de su enmienda a la totalidad hagan alguna matización o se refieran de forma muy subliminal a lo de lo militar, etcétera, pero eso es lo de menos y yo me he intentado atener a lo que usted ha dicho aquí. Yo no puedo entrar aquí, porque no es el momento, a referirme a cada uno de los argumentos que usted ha expresado para justificar su enmienda a la totalidad, porque yo creo --lo he dicho al principio de mi intervención-- que eso es más bien objeto de discusión artículo por artículo en nuestras labores en Comisión, en los sucesivos trámites parlamentarios que debamos tener. Lo que he intentado ha sido hacer una defensa del proyecto de ley y, a la vez, un ataque a las enmiendas a la totalidad, desde el argumento de que aquellos que dicen --y ambos lo dicen en sus enmiendas a la totalidad--que es incompleto, contemplen este proyecto de ley en el marco que se establece conjuntamente con las otras dos leyes, la 17/1989 y la 2/1986, porque si se contempla él solo, «ex novo», sin ninguna relación, estoy de acuerdo con ustedes en que falta mucho, pero es que hasta su título ya dice que pretende completar el régimen del personal de la Guardia Civil. No es una ley del régimen del personal de la Guardia Civil, en cuyo caso estaría dispuesto a asumir sus críticas, porque ahí sí tendrían que contemplarse todas y cada una de las situaciones, administrativas o no, de ascensos, etcétera, pero es que hay que remitirse permanentemente, como militares profesionales que son los integrantes del Cuerpo de la Guardia Civil, a la Ley 17/1989.
En cuanto al señor López Garrido, dice que no se favorece la promoción interna. Podíamos empezar a leer algunos párrafos de la ley en los que esto está patente y es obvio. Por ejemplo, el artículo 10. Si no es favorecer la promoción interna el hecho de que los miembros de la Guardia Civil, dice textualmente, mientras estén en centros de enseñanza militar para acceder, por promoción interna, a otra escala del propio Cuerpo, no se encuentran en situación de excedencia voluntaria, sino en activo. Yo creo que eso es favorecer, potenciar y estimular que los miembros de la Guardia Civil se promocionen

Página 2301


internamente, estudien, se perfeccionen, etcétera. Insisto, todo el sistema de promoción entre escalas, vigente en la Ley 17/1989, en lo que aquí no se especifique, está en vigor exactamente igual para los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil.
Por tanto, y termino, señor Presidente, no he hecho una defensa artificial, aunque agradezco las alabanzas del señor López Garrido en cuanto a que he hecho demasiado para lo poco que da de sí el proyecto de ley, sino que he hecho una defensa porque creemos de verdad en nuestro Grupo que la aprobación de este proyecto de ley, con las enmiendas y las mejoras que sea necesario adaptar durante su tramitación parlamentaria, insisto, puede permitir y va a permitir convertir a un cuerpo como el de la Guardia Civil, sin menoscabo de la tradición y de la eficacia demostrada durante sus años de existencia, en un cuerpo eficaz, que va a continuar desarrollando de forma cada vez más eficiente las misiones que, dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tiene encomendadas por nuestro ordenamiento jurídico y por el Gobierno de la nación. Ese es mi convencimiento, y en él me ha sido relativamente fácil la defensa.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lagunilla.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, Coalición Canaria, a la vista de los argumentos que han expuesto los dos grupos que traen las enmiendas de totalidad y con devolución del proyecto al Gobierno, quiere manifestar la siguiente toma de posición. Efectivamente, al portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no le faltan razones de fondo suficientes para decirnos, al final, la justificación por la cual no traen un texto alternativo. Se producen una serie de paradojas y, si no tenemos una idea práctica, fáctica, de lo que queremos hacer con el Cuerpo y el instituto armado de la Guardia Civil, no podremos salir del callejón sin salida, del atasco, jurídico, procedimental, en que nos encontramos.
Lo que a mí me preocuparía sería que, después de ciento cincuenta años, que se han traído como recuerdo de la Guardia Civil, no tuviéramos, al menos, un mínimo de las ideas claras, como tuvo el Duque de Ahumada cuando formó el Instituto.
Señores, cuando el Duque de Ahumada crea el Instituto no es solamente para luchar contra el bandolerismo; es porque se da cuenta de que en aquella mitad del siglo XIX, en una España dividida entre carlistas y cristianos, entre fondos de lucha que venían ya desde el régimen anterior, había que tener una institución que no fuera la puramente militar, pero que tampoco podía ser una especie de somatén suelto a la discrecionalidad de cualquier cacique o alcalde de turno.
Pues bien, señorías, nosotros entendemos que en la Guardia Civil las contradicciones y paradojas han sido siempre permanentes, pero por esta propia naturaleza del Instituto.
Porque no olvidemos una cosa, la II República, cuando Azaña propone en esta Cámara la creación del Cuerpo de Seguridad y Asalto, respeta el mantenimiento de la Guardia Civil, pero le mantiene los mandos militares. Y cuando el régimen del General Franco se tiene que enfrentar, después de la Guerra Civil, con el tema de la Guardia Civil, tiene sus tremendas dudas y no faltan historiadores que advierten del proyecto que hubo de suprimir y de dejar disuelto totalmente el Instituto. Y se le pusieron unas condiciones draconianas, en las que el personal procedente de la Guardia Civil de carrera no podía pasar de comandante; se le pusieron mandos militares en su Estado Mayor y en su cúpula y los mandos de la cúpula, que procedían incluso de la Academia Militar de Zaragoza, no podían llegar nada más que hasta el grado máximo de General de División y ostentar como mucho --este General de División-- solamente la Subdirección General de la Guardia Civil. La Dirección General y los mandos del Estado Mayor de la misma estuvieron siempre reservados, porque ni el uniforme verde usaban, iban de caqui, de las fuerzas procedentes del Ejército de Tierra, con las graduaciones de comandante para arriba o de Teniente General en el máximo órgano de la Guardia Civil. Nosotros entendemos que el proyecto que trae el Gobierno tiene deficiencias, pero que es perfeccionable con enmiendas al articulado en los trámites correspondientes; y después que tengamos aprobado ese proyecto de ley que complementa, cierra en un cuadrilátero las leyes fundamentales orgánicas que en este momento rigen al Instituto, seguiremos hablando en la discusión permanente de si ese Instituto tiene que tener unas características más o menos de la Administración civil del Estado, o más o menos de la administración y de la jerarquía militar. Lo que sí es cierto y axiomático es que sin un concepto estricto, estrecho y duro de la disciplina, un Instituto armado de estas características no puede funcionar, y a las pruebas fehacientes me remito. Incluso yo diría que España tiene que conservar, mantener y perfeccionar un instrumento de seguridad, de orden público, con esa doble dependencia, de las características que tiene la Guardia Civil. No faltan mandos militares en este momento en el Ejército español que, con un sentido de crítica profesional, han puesto en duda que las fuerzas de cascos azules en la ex Yugoslavia más que haber estado formadas por personal puramente militar, debían haber contado con gendarmerías o con institutos armados del tipo de la Guardia Civil. Porque hay circunstancias y situaciones, como las que se producen en la humillación, como las que se producen

Página 2302


en la tolerancia que hay que tener en controles de carreteras, con partisanos o fuerzas paralelas armadas de los ejércitos serbios, bosnios o croatas, que soporta mejor un instituto de las características de la Guardia Civil que fuerzas regulares del Ejército, que tienen otra doctrina profesional para repeler determinado tipo de agresión.
Por tanto, vamos a defender el proyecto del Gobierno, señorías, porque entendemos que es un avance en la situación que hay, porque no ha habido enmiendas de texto alternativo que digan cómo se sale de esa situación, que para unos tiene contradicciones, para otros tiene insuficiencias o paradojas.
Nosotros creemos que, en primer lugar, y en verdad lo apunta la propia enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el proyecto se limita a establecer cuatro escalas. Pues ya es suficiente para empezar a andar. Porque si no ordenamos el tema que nos está complicando actualmente el funcionamiento de la Guardia Civil con la vigente escala única, no saldremos nunca de este atasco. Crear cuatro escalas, en las cuales se mantiene un sistema de doctrina operativo de la Guardia Civil, que es precisamente llegar al mantenimiento de la escala superior y la escala ejecutiva. No es una casualidad que la escala ejecutiva incluya los empleos de teniente coronel, porque es la estructura operativa que tienen las comandancias de la Guardia Civil. La comandancia tiene su mando máximo en un teniente coronel. Es una estructura operativa; que se le encomiendan después funciones de las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil, del sistema de lucha contra incendios, funciones de resguardo fiscal en el resguardo aduanero al servicio de la Hacienda Pública, etcétera, son funciones operativas que tienen que ser cumplidas con un servicio y un instituto de estas características. Con enmiendas concretas al articulado vamos a tratar de sacar todo lo positivo.
Tengo que decir que el Grupo de Coalición Canaria coincide con lo que ha dicho aquí el señor López Garrido. Llevamos ya ocho años, desde la Ley Orgánica de 1986, esperando que se desarrolle el reglamento. Estando aquí presente el señor Ministro del Interior, le pediría un esfuerzo de voluntad, de compromiso del Gobierno, porque es fundamental para un Instituto como la Guardia Civil más que tener una Ley Orgánica, diría, tener un reglamento. Siempre fue tradicional en el Cuerpo de la Guardia Civil, como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y me remonto a un famoso discurso de Manuel Azaña en esta Cámara en la II República, disponer de un Reglamento; porque la distancia de lo amplio de una ley orgánica no se le alcanza muchas veces a los guardias civiles, aquello que se llamaban «parejas camineras» de la Guardia Civil, al comandante de puesto de cualquier pueblo perdido en la geografía española: el reglamento, sí. El reglamento era una especie de catecismo que el Guardia Civil se sabía perfectamente y sabía donde estaban sus grados de responsabilidad. Por tanto, invoco aquí la voluntad del Gobierno de traer y aprobar cuanto antes el reglamento de la Guardia Civil, porque es lo que la hará funcionar, funcionar operativamente. Yo no puedo pedir a un guardia civil que contemple su comportamiento en ese cuadrilátero que venimos a cerrar hoy con este proyecto de ley, que se enmarca en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; por otro lado, la Ley 17/1989, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional; otra, la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, 11/1991. Si tenemos ya estas tres leyes orgánicas y van a ser complementadas con esta cuarta ley, que complementa precisamente toda esta arquitectura geométrica legislativa, le falta nada más que ese epicentro dentro del cuadrilátero legislativo, que es, sencillamente, el reglamento.
El reglamento es lo que tiene que articular e instrumentalizar. Yo diría que el reglamento es a la Guardia Civil lo que la Guardia Civil es en relación a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, un eslabón intermedio. No es Ejército ni es Cuerpo General de Policía; no es instituto de disciplina militar, con un comportamiento y profesionalidad militar operativo en lo que es el sentido de la guerra, de la batalla o de la defensa, ni es tampoco un cuerpo de orden público, sentido estricto, como la Guardia Municipal o el Cuerpo Nacional de Policía. Es algo intermedio, afortunadamente para los países que lo tienen; un eslabón que nos puede servir para muchísimas cosas: desde el resguardo fiscal a cascos azules en cualquier operación de Naciones Unidas en países en los que se requiera un talante de comportamiento y de comprensión como el que tiene la Guardia Civil.
Señores, no perdamos ese patrimonio, perfeccionémoslo con las normas legislativas. Hagamos el reglamento para que lo entienda el guardia civil caminero, en la tradición del lenguaje español; pero creemos que dentro del proyecto de ley se contemplan las posibilidades de seguir avanzando.
Resolvamos todos los problemas que tengan las situaciones económicas. Se introducen unas escalas, hay promoción. Si están formados será para bien del servicio encomendado, dentro de la pluralidad que requiere saber de tráfico en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, saber de leyes fiscales en el resguardo aduanero o de la Guardia Civil del Mar.
Por todo ello, señorías, votaremos en contra de las dos enmiendas presentadas.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


Página 2303


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, parece bastante claro, a esta alturas del debate, que estamos en presencia de un proyecto de ley construido a base de retales. En cierto modo se confiesa esta misma circunstancia en la exposición de motivos cuando dice que el objetivo de este proyecto de ley es completar las disposiciones de la Ley Orgánica 2/1986 y de la Ley 17/1989.
Claro es que esta complementariedad, tiene un carácter un tanto especial por dos razones especialmente significativas para el Grupo Vasco. En primer lugar, porque se trata de complementar un régimen jurídico bifronte, militar y policial, que ha de seguir acusando tensiones y disfunciones. Y en segundo término, porque al menos varios de esos retales parecen de acompañamiento, parecen destinados a arropar una importante decisión como es la de retribuir a los guardias civiles en situación de reserva de modo paralelo a como se retribuye a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad. Para acreditarlo basta con reparar en que, de conformidad con la disposición transitoria sexta, la aplicación de varias importantes disposiciones del proyecto se pospone en cuatro años, en tanto que la entrada en vigor del artículo 12, regulador de las retribuciones en la situación de reserva, se quiere que se produzca al día siguiente de la publicación de esta ley, según la disposición final citada. Este dato, que parece emparentar claramente los dos proyectos, tiende a demostrar también una cierta inclinación hacia el carácter policial, ya que, en efecto, la situación de reserva segunda se regula con ese parámetro, apartándose del referente de las Fuerzas Armadas justo en este punto, pero la tensión derivada de esta dualidad seguirá lógicamente, en nuestra opinión, generando problemas.
A nuestro juicio, la nueva regulación de la reserva en la Guardia Civil constituye el nudo gordiano de este proyecto porque, de conformidad con el artículo 11.1, el pase a la reserva se determina esencialmente por razones de edad y las edades relevantes resultan paralelas a las que se determinan para el pase a la segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, aunque ligeramente más elevadas. Lo que no parece tener justificación nítida es que no se haga el paralelismo en lo que se refiere al pase a la reserva por discapacidades que no den lugar a la jubilación. Es de suponer que a los guardias civiles, dadas sus funciones, ha de exigírseles al menos similares capacidades físicas y psíquicas que a los policías del Cuerpo Nacional. Por otra parte, las retribuciones correspondientes en situación de reserva establecidas en el artículo 12, como hemos adelantado, resultan paralelas a las de la segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía, esto es, retribuciones básicas más el 80 por ciento de las complementarias generales del empleo que se trate. Esta determinación, que cabe calificar como generosa, se completa además con la regla de equivalencia del número 4 de ese artículo, respecto de los grupos de clasificación generales de los funcionarios, que tampoco es menos generosa que la disposición anterior. Además, las disposiciones transitorias primera y segunda, que juntamente con la final segunda de entrada en vigor de este aspecto vienen a encuadrar los efectos inmediatos y diferidos de esta nueva regulación de la situación de reserva, conllevan unos efectos que van a producirse en varias direcciones y no sería de extrañar que en algunos casos resultaran significativamente duros, porque lo que va a suceder es que algunos guardias civiles, que habían pasado ya a la reserva activa pero que no reúnen en este momento las edades establecidas en el proyecto, se van a ver obligados a volver al servicio activo, cuando quizá tenían su vida ya organizada de otra manera. Además, las nuevas retribuciones se aplicarán a quienes accedan a la situación de reserva tras la entrada en vigor de la ley, por lo que pueden producirse situaciones de agravio comparativo.
Al margen, y además de estos dos aspectos comentados en relación al régimen jurídico bifronte, militar y policial, y al régimen sindical, cabe encontrar en el proyecto en un tercer nivel, otros retales de cierto interés desde la perspectiva de la gestión administrativa del Cuerpo. Nos referiremos muy sucintamente a varios de ellos, los que nos parecen más significativos. Se institucionaliza en el artículo 2.2 el denominado Consejo Sueperior de la Guardia Civil como órgano colegiado en paralelismo con el Consejo de Policía. Quizá quepa anotar que la necesidad de su consulta o informe preceptivo, sin otro criterio de distinción, puede resultar excesivo. La ordenación de las escalas contenidas en el artículo 4 se corresponde con los grupos de clasificación, ya citados en el artículo 12.4, y es en nuestra opinión generosa, buscando establecer sobre esa base una correspondencia con el régimen retributivo de clases pasivas generalizado en el personal dependiente de las administraciones públicas. Parece poco dudoso que con ello se proporciona cobertura legal a lo que podría ser calificado en cierto sentido como los tentáculos de poder del Cuerpo. Ciertamente estamos, señorías, en una zona delicada, y la incursión en ella es de imaginar que ha de ser producente.
Por otro lado, y en relación a la posición que el Grupo Vasco (PNV) mantiene respecto a la visión de este proyecto de ley desde la Comunidad Autónoma del País Vasco, y con la Ertzaintza como referente obligado, quisiéramos dejar constancia en esta toma de posición de las siguientes consideraciones. En primer lugar, la regulación por edades y el procedimiento para la declaración de la situación pueden considerarse, en principio, como homologables entre ambos cuerpos, salvo quizá la posibilidad de acceder a la situación sin que concurra causa de incapacidad, lo que aproxima a una prejubilación voluntaria, pero manteniendo el vínculo

Página 2304


funcionarial. En segundo lugar, entendemos que el régimen retributivo en este caso, en comparación con lo que está vigente en la Ertzaintza, es bastante generoso, sensiblemente más generoso que el consagrado en la Ley de Policía del País Vasco. Eso hace pensar en una intensa presión sindical, que también la hubo con ocasión de la puesta en marcha de la Ley, de Policía Vasca, sin que se alcanzaran estos niveles que aquí ahora se pretenden. Evidentemente surge una cuestión preocupante que es la tendencia a la emulación y a la presión que, en el caso de la policía vasca, este proyecto de ley pueda generar. Es cierto que la Ertzaintza presenta algunas notables particularidades, como las relativas al abanico de edades, que si bien desplaza al futuro el problema lo hace, sin embargo, sustantivamente acuciante. Señor Ministro, este proyecto de ley el Consejero de Interior Vasco lo va a tener en la mesa por parte sindical para reivindicar esto mismo para la policía vasca, y entendemos que hubiera sido mejor que estas cosas hubiesen sido negociadas en su momento por parte institucional, no dando estas bazas generosas en la negociación sindical. Es verdad también que en Euskadi se pueden instrumentalizar otras técnicas para la atención de este problema, dadas las particularidades de la Ertzaintza, pero quisiéramos aquí dejar constancia de esta tendencia a la emulación que este proyecto de ley pueda acarrear. En consecuencia, señor Presidente, porque este proyecto de ley vuelve a incidir en la mixtura del régimen jurídico de la Guardia Civil, militar de un lado y policial del otro; porque entendemos que no ha existido la debida coordinación institucional en un proyecto de ley que va a generar otra serie de problemas de emulación; porque entendemos que en el campo sindical este proyecto de ley se entiende como una concesión de término del anterior Ministro del Interior; también porque el Grupo Vasco (PNV) ha venido manteniendo históricamente la defensa del carácter civil del Cuerpo de la Guardia Civil; por todo ello vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad que se han presentado y, por tanto, a rechazar este proyecto de ley. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con la publicación y entrada en vigor de la Ley 17/1989 se estableció el marco jurídico que ha de regir para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obstante, quedaron una serie de aspectos pendientes de regulación, en lo que se refiere a los miembros de la Guardia Civil, que precisan ahora de una actuación específica.
Nosotros entendemos que surge, por tanto, la necesidad de que se lleve a cabo esta regulación en aquellos aspectos en los que no es de aplicación la normativa correspondiente al personal también militar pero perteneciente a las Fuerzas Armadas. La Ley Orgánica 2/1986 dispone que el Cuerpo de la Guardia Civil se estructura jerárquicamente según los diferentes empleos de coformidad con su naturaleza militar, y con la aplicación de la Ley 17/1989 se hace necesaria la introducción de modificaciones en el régimen vigente, que es lo que intenta este proyecto de ley. Se han presentado dos enmiendas a la totalidad por los grupos parlamentarios Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El primero de ellos por entender que la Guardia Civil es eminentemente un cuerpo de seguridad y no de carácter militar, y presenta vacíos de promoción profesional, con algunas contradicciones entre la exposición de motivos y el contenido al articulado; Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya por entender que el proyecto se queda corto en aspectos sustantivos, es técnicamente deficiente, equipara a la Guardia Civil a otro ejército y, por tanto, a la Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, y entiende asimismo que es discriminatorio en cuanto a ascensos y promociones. Yo por mi parte encuentro en las dos enmiendas dos criterios comunes. El del Partido Popular menos incidente, y el del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mucho más clarificador y mucho más fuerte sobre el carácter militar o no del Cuerpo de la Guardia Civil, y en los dos proyectos encuentro vacíos y discriminaciones en los ascensos, escalas, etcétera.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no ha presentado enmiendas a la totalidad por entender, primero, que la regulación por ley de los aspectos concretos que afectan directamente al Cuerpo de la Guardia Civil como complemento a la Ley 17/1989 y Orgánica 2/1986 es urgente e imprescindible.
Ha habido posiciones contrarias de algún otro portavoz en el sentido de que no era en este caso tan urgente la presentación; nosotros entendemos que sí. Segundo, nuestro Grupo Parlamentario siempre --y lo remarco, siempre-- ha demostrado una gran sensibilidad por la problemática de la Guardia Civil presentando muchas iniciativas, algunas de las cuales han prosperado y otras están todavía en curso. Tercero, también discrepo de alguna manifestación de otro portavoz en este debate. Por nuestra parte, por los contactos habidos con los colectivos con los que hemos incidido en el comentario sobre este proyecto de ley, hemos captado la importancia de que el mismo se tome en consideración, es decir, no se dilate en el tiempo, por entender que su devolución retrasaría precisamente su aplicación. Cuarto, sin perjuicio, claro está, de las posibles mejoras al articulado

Página 2305


con enmiendas puntuales que nosotros, por cierto, también hemos presentado.
Vamos a votar, por tanto, en contra de las enmiendas de devolución presentadas por los grupos Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. De los dos puntos básicos y comunes que me pareció encontrar en las dos enmiendas a la totalidad, en uno no vamos a entrar. Las características y el encuadre del Cuerpo de la Guardia Civil están claras y definidas. Por tanto, no voy ahora a cuestionar su carácter civil o militar; no lo voy a hacer. En cuanto a las deficiencias y discriminaciones en los ascensos, escalas y retribuciones creo --continúo creyendo-- que es posible una mejora sustancial en los trámites posteriores a través de las enmiendas correspondientes. En conclusión, señorías, no por nuestra parte a las enmiendas a la totalidad, emplazando a todos los grupos de esta Cámara a la mejora de este proyecto de ley caso de que prospere su toma en consideración.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Vamos a procede a la votación.
Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de ley por el que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 151; en contra, 154; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!

TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL (Número de expediente 121/000036)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Enmiendas del Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Mur. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, con el permiso del señor Presidente voy a consumir un único turno englobando las enmiendas del Grupo Mixto presentadas por el señor González Lizondo --una enmienda a la totalidad con texto alternativo-- y la presentada por este Diputado. Empezaré hablando de la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por Unión Valenciana, indicando que lo que se pretende con esa enmienda a la totalidad es poner de manifiesto la importancia polítia que le damos a la enmienda fundamental del texto alternativo que afecta a la nueva redacción del artículo 214 de la Ley del Régimen Electoral General. Se ha utilizado para dar mayor énfasis a lo que se quiere poner de manifiesto políticamente la enmienda a la totalidad, aunque la coincidencia en enmiendas sobre este mismo artículo por parte de cinco grupos de la Cámara pone de manifiesto la concordancia no solamente en el sentido de la enmienda, sino la importancia que tiene en esta reforma de la Ley Electoral que ahora estamos tramitando. Ya que los objetivos políticos que se quieren poner de manifiesto se van a lograr en la defensa de las enmiendas parciales al artículo 3.º del texto presentado, en referencia al artículo 214 de la Ley General, con el permiso del señor Presidente voy a retirar la enmienda a la totalidad --por tanto pido que no se vote-- para aligerar el debate, no consumiendo los turnos a favor y en contra, y voy a pasar a defender las enmiendas parciales presentadas tanto por el Grupo de Unión Valenciana como por mí mismo en nombre del Partido Aragonés.
Unión Valenciana ha presentado tres enmiendas parciales. Dos de ellas van dirigidas fundamentalmente a aumentar las garantías de los reconocidos como nuevos votantes a partir del Tratado de Maastricht, las garantías de los residentes fuera de su territorio habitual. Es una enmienda de tipo técnico que de alguna manera está también recogida en otros textos presentados por otros grupos parlamentarios. La otra enmienda, al artículo 3.º, hace referencia al artículo 214 de la Ley Electoral. El artículo 214 de la Ley Electoral dice, y así se ha venido practicando en las dos elecciones anteriores a Diputados al Parlamento Europeo, que la circunscripción electoral para dichas elecciones es única en todo el territorio del Estado. ¿Qué pretendemos los enmendantes a este artículo 214? Pretendemos una cosa muy sencilla: lisa y llanamente que la circunscripción electoral coincida con el ámbito territorial de las comunidades autónomas. Después hacemos una propuesta de distribución de escaños con las nuevas circunscripciones, que es simplemente una propuesta.
Hay enmiendas a este mismo tema en distinto sentido y sobre ello podríamos llegar a un acuerdo puesto que lo que se pretende es seguir manteniendo el mismo sistema proporcional.
La razón política fundamental de cambiar la circunscripción electoral para que coincida con el territorio de las comunidades autónomas no se oculta a

Página 2306


SS.SS. que tiene un trasfondo político claro y simplemente, a nuestro juicio, consiste en adecuar las circunscripciones electorales al mandato constitucional de la España de las autonomías. No se entiende muy bien cómo, después de que la Constitución reconoce una nueva organización territorial del Estado, después de que esta nueva organización territorial va avanzando con lentitud, pero va avanzando en el nuevo desarrollo de la España autonómica, pretendemos en este momento realizar unas elecciones importantísimas al nuevo Parlamento Europeo y pretendemos mantener en el texto que ha enviado el Gobierno la circunscripción electoral única, desconociendo la organización territorial que la Constitución de 1978 nos ha marcado. En este sentido España no habría avanzado absolutamente nada; en este sentido seguiríamos en la más rancia tradición centralista; en este sentido seguiríamos desconociendo la realidad plural de nuestro país; en este sentido se producirían también agravios comparativos para aquellos partidos de implantación territorial y que no abarcan en su acción política a la totalidad, al conjunto del territorio del Estado español. Creo que esta enmienda es muy razonable y que merecerá el apoyo de todas SS.SS., sobre todo porque no puedo dudar del espíritu autonomista y de reconocimiento de la Constitución española que todas SS.SS.
tienen, porque no sería una excepción en el conjunto de los países europeos. Ejemplos hay y vamos a fijarnos en un Estado al que algunas veces queremos parecernos y con quien se nos compara muchas veces cuando se intenta demostrar los avances descentralizadores que se han producido en nuestro país. Me refiero a Alemania, que siempre se nos pone como ejemplo de país descentralizado. Pues ya que queremos parecernos a ese país, adoptemos la misma normativa electoral que tienen allí; una normativa electoral perfectamente adecuada a su distribución del poder político, a los länder, a las circunscripciones electorales reducidas. Creo que esto es lo natural. Lo difícil es argumentar lo contrario, lo difícil es seguir manteniendo el espíritu del Estado centralista, lo difícil es seguir manteniendo que aquí no ha pasado nada desde la Constitución de 1978, que España sigue siendo una unidad, y nunca mejor dicho cuando se pretende contemplar como una sola circunscripción electoral a todo el territorio del Estado. A los partidos de ámbito territorial, como el Partido Aragonés, nos cuesta bastante trabajo explicar a nuestros electores que, para obtener alguna representación en el Parlamento Europeo, el Partido Aragonés se tiene que presentar en Cádiz, en Badajoz, en La Coruña y en Ceuta y que, además, tiene que obtener votos en esas circunscripciones donde no ejercen habitualmente su actividad política. Yo no creo que esta ley que ahora se presenta y que esta circunscripción electoral única que el Gobierno y el Partido que le sustenta siguen defendiendo, se haya hecho precisamente pensando en perjudicar a los partidos de ámbito territorial reducido, nada más lejos de mi intención. Por tanto, creo que más bien habrá sido un lapsus a la hora de hacer este planteamiento, un dejarse llevar por la costumbre, por la inercia, y no me cabe duda de que esta enmienda que presento, en nombre de Unión Valenciana y en nombre del Partido Aragonés, que va a coincidir con enmiendas en el mismo sentido presentadas por otros grupos parlamentarios, por su racionalidad, por su interés, va a ser apoyada por todos los miembros de la Cámara.
Así, con el mayor respeto y con el mayor agradecimiento por el sentido de su voto, me permito plantearlo desde esta tribuna.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Para defender las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Señorías, el Grupo Vasco presenta a este proyecto de ley cinco bloques de enmiendas propias, además de las enmiendas 33 a 42, consensuadas con todos los grupos de la Cámara.
El primer bloque de enmiendas, que corresponde a las enmiendas 8 y 9 y de la 16 a las 23, coincide básicamente con la exposición que el señor Mur, en nombre de Unión Valenciana y del Partido Aragonés Regionalista, acaba de exponer sobre las circunscripciones que el proyecto de ley delimita para las elecciones a este Parlamento Europeo. Las enmiendas 10 y 11 hacen referencia a las salvaguardas de las competencias de la Junta Electoral de las comunidades autónomas; las números 12 y 13 se refieren a la distribución de espacios de propaganda electoral en los medios de comunicación públicos; la 14 y la 15 hacen referencia a la problemática que se suscita en estas elecciones en relación a los residentes ausentes y al voto por correo de residentes temporales en el extranjero y, por fin, la enmienda 24 hace referencia a la salvaguarda del régimen foral, peculiar de los territorios históricos del País Vasco, que ostentan competencias sobre el régimen electoral municipal, según el artículo 37.3 del Estatuto Vasco. En relación al primer bloque de enmiendas, en cuanto a las circunscripciones que se delimitan para estas elecciones al Parlamento Europeo, el Grupo Vasco comparte, total y definitivamente, la exposición que acaba de efectuar el señor Mur, por lo que no voy a ser reiterativo en estas apreciaciones, simplemente indicar, como añadido, que las enmiendas que se presentan en este bloque hacen referencia a las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Regiones de Europa, de 3 de diciembre de 1993; que no hacemos más que aplicar

Página 2307


el proyecto de procedimiento electoral uniforme para la elección de los Diputados al Parlamento Europeo; que somos coherentes con el diseño territorial del Estado español y que recogemos, en consecuencia, la aplicación de esta decisión de la ARE, que dice textualmente, en su acuerdo de 3 de diciembre de 1993, que se adoptan, como base de una adecuada representación de la realidad regional en el procedimiento electoral al Parlamento Europeo, apoyándose en el Tratado de Maastrich, en vigor desde el 1 de noviembre de 1993, los siguientes principios. En referencia a este texto dice: La ley electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo deberá establecer el sistema de circunscripción regional para las elecciones al Parlamento Europeo en aquellos Estados que cuenten con estructuras jurídicas o administrativas descentralizadas a nivel regional.
Las circunscripciones electorales deberán concebirse suficientemente amplias, con objeto de garantizar en el marco de un escrutinio proporcional una representación múltiple por circunscripción. En consecuencia, la ley electoral deberá establecer en aquellos países que cuenten con realidades regionales peculiares por motivos lingüísticos, culturales, étnicos, geográficos o políticos que se adopten las disposiciones especiales, en particular las referentes a la definición del ámbito de la circunscripción adecuada para tomar en consideración estas realidades.
Este es el acuerdo que incumple este proyecto de ley y en este sentido se han presentado enmiendas por distintos grupos parlamentarios. Solicitamos a los Grupos Popular, Socialista y de Izquierda Unida, que además se llama Federal, que sean consecuentes con las propias apreciaciones que hacen, que sean consecuentes con las decisiones que han adoptado otros miembros de estos mismos grupos en la Asamblea General de las Regiones de Europa, en algunos casos, como el del Grupo Popular, con especial relevancia, y que la coherencia les lleve a votar a favor de estas enmiendas.
El bloque de enmiendas presenta, en coherencia con la estimación general, una serie de consideraciones en relación con la circunscripción electoral en cuanto al sistema para distribuir los escaños de Diputados entre las diferentes circunscripciones, en relación con el sistema para distribuir los escaños a las candidaturas en función de los resultados del escrutinio y también en relación con el establecimiento de un umbral mínimo de porcentajes de votos válidos para acceder al reparto de los escaños. Nadie podrá decir que no se presenta un bloque de enmiendas coherente que permita este cambio de circunscripción única por circunscripciones territoriales, dada la coherencia del «corpus» de enmiendas que aquí se presenta. En un segundo bloque se presentan las enmiendas referidas a la salvaguarda de las competencias de la Junta Electoral de las comunidades autónomas, salvaguarda del régimen foral peculiar de los territorios históricos del País Vasco que ostentan competencia sobre el régimen electoral municipal según el artículo 37.3 del Estatuto Vasco. Con estas enmiendas se pretende adecuar el texto de la LOREG a la vigente distribución de competencias, que tampoco son respetadas en este proyecto de ley, y a la vista de que cada uno de los grupos aprovecha esta reforma de la ley electoral general nosotros establecemos aquellas enmiendas que entendemos que son sustanciales desde la perspectiva del Grupo Vasco.
En definitiva, señorías, se trata de salvaguardar las competencias de las juntas electorales de las comunidades autónomas en los procesos electorales sujetos a regímenes electorales especiales, autonómicos y forales, quedando claramente delimitado el ámbito competencial de las juntas electorales de comunidad autónoma dentro de los límites de su respectiva jurisdicción.
En relación con el apartado uno del artículo 21 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se propone, en la enmienda 11, modificar al actual artículo 21.1 de la LOREG para que las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia electoral, y en aquellas elecciones reguladas en ley aprobada por su asamblea legislativa, la junta electoral de comunidad autónoma, como órgano supremo de la administración electoral autonómica en la que culmina la competencia electoral, resuelva los recursos que se le formulen sin que en ningún caso se pueda interponer recurso alguno ante la Junta General Central contra los acuerdos tomados por la Junta Electoral de comunidad autónoma en cualquier materia electoral. El tercer bloque de enmiendas hace referencia a la distribución de espacios de propaganda electoral en los medios de comunicación públicos. Entendemos que en las últimas elecciones generales se han dado perversiones graves en relación a este tema y coincidimos con enmiendas que han presentado otros grupos en relación a este tema, tanto las presentadas por el Grupo Catalán de Convergència i Unió como por las presentadas por Izquierda Unida, que vamos a apoyar. Creemos que esta Cámara debe hacer una reflexión seria en torno a estas perversiones que se han venido dando y que se han dado básicamente en la última campaña electoral. Desde el Grupo Vasco afirmamos taxativamente que este sistema y estas reglas de juego rompen, incluso, el pacto constitucional, y se está jugando con un tema muy grave. Lo queremos decir con la suficiente claridad por entender que es un tema pertinente, un tema importante y básico que nos puede llevar a una situación sin retorno. Desde esta perspectiva, quisiéramos hacer un llamamiento especial a los grupos mayoritarios, al Grupo Socialista, al Grupo Popular, para que no caigan en el riesgo de jugar con fuego porque, indudablemente, los grupos minoritarios en el Estado, pero con una presencia importante en las comunidades

Página 2308


autónomas, no podemos permitir que las reglas del juego se distorsionen al margen de los acuerdos tomados en esta Cámara.
En consecuencia, señor Presidente, y para terminar, quiero indicar que para el Grupo Vasco son fundamentales las enmiendas 8 y 9 y de la 16 a la 23, que entendemos serían motivo suficiente para presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto. Entendemos que el Estado no puede realizar estas elecciones al Parlamento Europeo sin tener en cuenta las circunscripciones territoriales basadas en las comunidades autónomas. Llamamos a la reflexión a los grupos mayoritarios para que sean consecuentes no sólo con las posiciones que toman sus propios representantes en otras instancias europeas sino con el propio ordenamiento constitucional. En consecuencia, esperamos el apoyo a estas enmiendas que presenta el Grupo Vasco.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri. Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario mantiene en este trámite dos grupos de enmiendas a este proyecto de ley que nos ha enviado el Gobierno, modificador en parte de la vigente Ley del Régimen Electoral General.
Un primer grupo de enmiendas vienen suscritas por nuestro Grupo Parlamentario de manera conjunta con otras formaciones políticas presentes en la Cámara. Sus señorías saben que esas enmiendas tratan de introducir mecanismos de reducción de los gastos electorales, de incrementar el actual grado de control de los mismos y, sobre todo, de las subvenciones electorales que el Estado otorga a los partidos y coaliciones que se presentan en los distintos comicios.
De alguna manera, señorías, al menos en lo sustantivo, pretendemos entre distintos grupos introducir --vía enmiendas- -en este proyecto de ley una antigua proposición de ley que, al menos que yo recuerde, suscribimos cuatro grupos parlamentarios en los últimos tiempos, en las postrimerías de la pasada legislatura. He de reconocer que en este caso se ha incrementado el consenso en torno a aquella iniciativa que venía a recoger, por una parte, los trabajos de una ponencia que aprobó el Pleno de esta Cámara, y, por otra, a introducir mecanismos, repito, de ahorro en gastos electorales y de incremento del control de dichos gastos. Ese consenso iniciado en la pasada legislatura se ha visto ahora incrementado con la participación, que a nosotros nos alegra, del Grupo Parlamentario Popular.
Presentamos, por tanto, un primer grupo de enmiendas que tratan de disminuir los gastos al abreviar el período de duración de la campaña electoral, al realizar la publicidad institucional a través de espacios gratuitos en los medios de comunicación social de titularidad pública y al prohibir la propaganda mediante pancartas y banderolas fuera de los lugares reservados como gratuitos por los ayuntamientos. Si unimos todo esto a las limitaciones porcentuales de los gastos en publicidad exterior, podrán convenir conmigo que se trata de dar un paso más, no el primero y espero que tampoco sea el último, hacia una reducción de los gastos electorales en una coyuntura como la presente de austeridad en los gastos públicos.
El segundo grupo de enmiendas está constituido por aquéllas suscritas únicamente por el Grupo Parlamentario al que pertenezco y represento en este acto. La número 27 pretende alcanzar tres objetivos. El primero consiste en permitir que, además de los locales electorales que las juntas de zona ponen a disposición de los partidos y coaliciones o agrupaciones de electores, pueda solicitarse a los respectivos ayuntamientos, por parte de los participantes en la contienda electoral, otros centros u otros lugares de titularidad municipal además de aquellos que los propios ayuntamientos ponen a disposición de las juntas electorales, en cumplimiento de lo establecido en la Ley General Electoral. El segundo objetivo que pretende alcanzar esta enmienda número 27 es el de modificar los criterios de distribución de carteles, pancartas y banderolas atendiendo al número de votos obtenidos por la coalición o los partidos políticos en las últimas elecciones celebradas. Un tercer objetivo sería la introducción de mejoras técnicas que nosotros creemos convenientes en la redacción del proyecto y, finalmente, posibilitar la intervención de los órganos autonómicos con funciones análogas a las del Tribunal de Cuentas.
La enmienda número 28 va dirigida al artículo 3.º del proyecto de ley enviado por el Gobierno. En este punto mantenemos --lo digo nítidamente--una profunda discrepancia respecto del texto enviado por el Ejecutivo del Estado y, a su vez, respecto de los artículos 214, 215 y otros de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
¿Qué establece la vigente normativa que no se modifica por el proyecto de ley presentado por el Gobierno? La vigente normativa electoral contempla a España como una única circunscripción o distrito electoral. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros proponemos que cada comunidad autónoma, así como Ceuta y Melilla de manera conjunta, sea distrito electoral, que a cada circunscripción le corresponda un mínimo inicial de un Diputado y que el resto de Diputados se distribuya proporcionalmente a la población y siempre teniendo por distrito electoral a la comunidad autónoma. ¿Cuál es nuestra pretensión, señorías? En primer lugar, pretendemos poner en práctica la recomendación del Parlamento

Página 2309


Europeo que sugiere aplicar el principio de proporcionalidad en distritos electorales diversos o regiones, que es como los denomina el Parlamento Europeo, pero nunca único. Yo me pregunto, señorías, lo siguiente. ¿Se puede entender que nosotros estemos debatiendo hoy aquí el régimen electoral a aplicar en los comicios europeos y lo primero que vayamos a realizar o que estamos realizando ya sea un atropello a la propia recomendación emanada del Parlamento Europeo que nos pide distritos regionales, y no un distrito único, cuando los comicios son europeos? Una segunda pretensión de nuestra enmienda es la de adaptar el sistema electoral para las elecciones europeas a la realidad autonómica española. En mi opinión, señorías, nosotros padecemos una grave contradicción conceptual. Tenemos un país organizado en comunidades autónomas, con sus respectivos gobiernos y parlamentos, con unos marcos competenciales diseñados por la Constitución y por los estatutos de autonomía, pero, a su vez, tenemos un país que ha sacralizado la provincia como distrito electoral para las elecciones a Cortes Generales y que ha convertido a todo el Estado, a toda España, en circunscripción para las elecciones europeas. ¿No es acaso esto un contrasentido? Por un lado, tenemos las provincias como distritos electorales para unas elecciones a nivel de Parlamento del Estado y, por otro lado, tenemos a toda España como distrito único para unas elecciones europeas, y, mientras, nuestra Constitución dice que la organización territorial del Estado se fundamenta esencialmente --en base a su preámbulo, a su artículo 2.º y a su artículo 8.º-- en las comunidades autónomas, pero cuando llega el momento de las elecciones, que es la manera de proclamar el estado de opinión del país, resulta que convertimos las provincias en distritos electorales y al conjunto del Estado en distrito electoral para unas elecciones europeas.
De alguna manera -- de una manera excesiva, creo yo-- sometemos nuestro modelo autonómico, respecto al cual tanto pregonamos nuestra valentía la del propio Estado, por llevarlo a cabo y lo ponemos como ejemplo a imitar por otros países que están llegando a la democracia en la propia Europa, al más centralista y jacobino que existe en toda la Europa comunitaria, como es el modelo francés.
Una tercera pretensión en esta enmienda que, permítanme la expresión, es una enmienda de calado. Creemos que nuestro modelo sirve mejor al ejercicio de representación democrática que no el modelo que se mantiene en la actual Ley General de Ordenación del Régimen Electoral.
Existe ahora mismo en España, viene existiendo, un amplio debate sobre cómo hacer que el representante, es decir, el Diputado, esté más cercano a los intereses de los representados, es decir, de los electores. Yo me pregunto: cómo podemos ayudar más y mejor a esta idea, que es nuclear en el concepto de democracia, ¿creando circunscripciones en base a las comunidades autónomas o creando una única circunscripción a nivel de todo el Estado? ¿Me pueden decir SS.SS., por ejemplo, quiénes ocuparon los números dos, tres, cuatro y cinco de sus respectivas listas electorales en los últimos comicios europeos? Posiblemente, la mayoría de todos nosotros, ahora mismo, no recordemos los nombres y apellidos de quienes fueron nuestros candidatos y, si se me permite, de quienes son nuestros Eurodiputados.
¿No sería mejor manera de acercar al elector crear circunscripciones más reducidas territorialmente, que sean las comunidades autónomas, que una única circunscripción? ¿Se acerca el elector de Cuenca --me pregunto-- a la realidad europea si su Diputado es, por ejemplo, de Almería? ¿Es la manera de acercar la realidad de Europa, la construcción de Europa, el papel importante, cada vez más importante a partir de Maastricht, del propio Parlamento Europeo, decir que mi Diputado es un señor que vive, que tiene su residencia en Almería, si yo vivo en Cuenca? Me parece que este modelo no sirve a un mejor ejercicio de la representación democrática y que, en cambio, nuestra propuesta sí ayuda a acercar el Diputado a sus electores y viceversa.
Finalmente, señor Presidente, nosotros tenemos dos enmiendas vivas, que son la enmienda número 29 y la enmienda número 30.
La primera trata de realizar una corrección técnica y de introducir la expresión «neutralidad informativa» como objeto también a garantizar por las juntas electorales para con todos los medios de comunicación televisivos, y no sólo los públicos sino también los privados, por lo tanto, sin distinguir entre ellos, como hace ahora --creemos que erróneamente-- la vigente Ley Orgánica 2/1988, de 3 de mayo. En coherencia precisamente con esta enmienda, mantenemos la enmienda número 30, que luego la relacionan con el número 31, que deroga esta Ley al incorporar su contenido con este añadido de «neutralidad informativa», para todos y no sólo para unos, a la Ley del Régimen Electoral General.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y para fijar, asimismo, su posición con respecto a las otras enmiendas, tiene la palabra el señor Vera.


El señor VERA PRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la adaptación de nuestra ley electoral al marco normativo europeo hace necesaria una nueva reforma de la Ley Orgánica del

Página 2310


Régimen Electoral General, sobre la cual el Grupo Popular va a fijar en este momento su posición.
Señorías, conocida es la postura de mi Grupo en torno a la que consideramos una de las leyes medulares del sistema democrático. La Ley Electoral, en el año 1985, fue aprobada en esta Cámara por el 98 por ciento de los Diputados, un respaldo parlamentario cercano a la unanimidad, logrado desde el acuerdo de los grupos parlamentarios, que, en opinión del Grupo Popular, es básico cuando hablamos de normas que afectan a las reglas del juego democrático, por encima de los intereses partidistas o afanes ideológicos. Con esa vocación he subido a la tribuna para abordar una nueva reforma que calificamos urgente y democráticamente deseable.
Dadas las características del trámite de lectura única, voy a proceder a dividir mi intervención en cuatro partes diferenciadas. La primera es la fijación respecto al proyecto de ley presentado por el Gobierno por el que se reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo a los extranjeros de la Unión Europea residentes en España y por el que se amplía el número de escaños a elegir en dichas elecciones.
Señorías, hace dos años, en esta Cámara, se planteó la reforma de nuestra Constitución, en aquella ocasión modificándose el artículo 13.2, para incorporar el reconocimiento a los extranjeros del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Hoy, este Parlamento tiene que abrir nuevamente sus puertas para dar paso a la ciudadanía europea.
Hoy, tenemos que proceder aquí, en este Parlamento, a la reforma de la ley electoral como consecuencia de nuestro compromiso con la Europa de los ciudadanos, basado en la democracia. Ese compromiso supone, en lo que respecta al ejercicio de los derechos políticos, la igualdad de trato que garantiza el derecho comunitario. Y esta igualdad de trato no será realidad hasta que nuestra legislación electoral no consagre jurídicamente el derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros comunitarios residentes en España. En este orden de cosas, como ya hemos anticipado, la reforma de esta materia no es sólo necesaria, sino además democráticamente deseable y satisfactoria en nuestra condición de ciudadanos de Europa. El proyecto de ley al que nos referimos incide también en la adaptación de los artículos 215 y 220.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General respecto al número de representantes de España en el Parlamento Europeo. Corresponde a España elegir 64 representantes en lugar de los 60 que se elegían hasta ahora.
El proyecto de ley orgánica que hoy debatimos goza de nuestra conformidad, si bien entendemos que la redacción propuesta por el Gobierno presenta insuficiencias técnicas y alguna laguna que nos gustaría pensar que obedecen a ausencias involuntarias y que nos pro-ponemos corregir con las enmiendas que ahora paso a defender.
Las enmiendas de nuestro Grupo pretenden concretar, dentro de la propia ley, porque es en ella donde deben concretarse, los requisitos que los extranjeros deben hacer constar, junto a su solicitud de inscripción en el censo, para ejercer los derechos que hoy les reconocemos. Hoy esos requisitos están contenidos en el Real Decreto-ley 2118/1993 por el que se dispone la ampliación del censo electoral a los extranjeros nacionales de Estados miembros de la Unión Europea residentes en España. Sin embargo, parece lógico, y así se pretende con nuestra enmienda, que estos requisitos, definidos en el artículo 9.º de la Directiva comunitaria 93/109, de 6 de diciembre, se incluyan de forma expresa en nuestra ley, para evitar remisiones a otros textos, y con ello conseguimos una mejora de técnica jurídica.
En segundo lugar, nuestras enmiendas hacen referencia a la necesidad de que la Ley Electoral recoja la obligación del Estado de informar en tiempo y forma a los electores y elegibles comunitarios acerca de las condiciones y modalidades del derecho de sufragio activo y pasivo en España. Esto no es nada novedoso, porque esta obligación la tienen los Estados miembros de la Unión Europea, según establece el artículo 12 de la Directiva comunitaria anteriormente mencionada. Se trata de una mejora técnica y de una laguna que proponemos subsanar a través de estas dos enmiendas que redundarán en beneficio de los derechos de sufragio que hoy reconocemos. Este conjunto de razones avala el que pidamos su voto favorable a estas dos enmiendas. Señor Presidente, llegado a este punto de la intervención, me corresponde expresar el sentido de nuestro voto respecto a las enmiendas de otros grupos. Señorías, son varios grupos, todos con la misma intención, los que suscitan, a través de sus enmiendas, reabrir un debate superado no sólo por votaciones realizadas ya en esta Cámara sino por la definición final que se ha acuñado en el Tratado de la Unión Europea. La cuestión que se plantea --que no es otra, señorías, que el debate entre circunscripción única o circunscripción regional-- ya fue examinada en su momento, debatida y resuelta. Una vez zanjado dicho debate, allá por marzo de 1987, y, más aún, una vez anotadas desde la experiencia el significado de las funciones del Parlamento Europeo y el carácter de sus Diputados, el Grupo Popular quiere afirmar y subrayar en esta mañana que se plantea una elección por el pueblo español de sus representantes ante una instancia supranacional en la que es la nación española la que va al Parlamento Europeo. Ello nos conduce a rechazar con nuestros votos las enmiendas que pretenden modificar directa o indirectamente, en concordancia técnica, la circunscripción única para las elecciones al Parlamento Europeo. No creemos que sea la hora de plantear reivindicaciones, por el mero hecho de reivindicar, ni de reavivar un debate

Página 2311


agotado y, por tanto, nos parece una cuestión extemporánea.
Invitamos por ello a los grupos enmendantes a considerar el principio de permanencia y estabilidad de las leyes y a sumarse activamente y desde un compromiso leal al proyecto de España, incardinado y defendido en las instituciones europeas.
Señorías, respecto de otras enmiendas, que no hacen referencia al asunto de la circunscripción, vamos a votar en contra de todas ellas porque entendemos que se aprovecha un trámite que no es el adecuado y que, en definitiva, imposibilita un debate en profundidad sobre las cuestiones planteadas. Señor Presidente, paso a exponer finalmente las razones que nos han llevado a suscribir con otros grupos parlamentarios las modificaciones de la Ley Electoral tendentes a la reducción de los gastos de campaña. Son las enmiendas 33 a 42. Aquellos que siguieron los trabajos de la ponencia parlamentaria que estudió en la pasada legislatura la reducción de los gastos electorales conocen el contenido de las conclusiones que, sustancialmente, están recogidas en estas enmiendas que ahora defendemos y que cabría resumir en cinco grandes bloques: reducir la campaña electoral a 15 días; realizar las campañas institucionales de información al votante en espacios gratuitos de los medios de comunicación de titularidad pública; reducir los límites de los gastos electorales en las campañas generales, municipales y europeas; limitar los presupuestos de campaña de los partidos con destino a publicidad exterior y a medios de comunicación, y, finalmente, otro paquete de medidas que van desde el tratamiento de los anticipos de las subvenciones, pasando por los avales necesarios para obtener las mismas, potenciando la transparencia y el control de gastos, hasta llegar al tratamiento del envío de la propaganda electoral en las elecciones europeas. La disolución anticipada de las Cámaras impidió la aprobación, en aquella ocasión, de la reforma que ahora abordamos. Nos pareció entonces, y nos parece ahora, urgente y necesario realizar una reducción de los gastos de campaña; nos pareció entonces, y nos parece ahora, una reforma asumible en todas sus partes menos en una.
Seguimos manifestando nuestra conformidad para limitar los presupuestos de campaña de los partidos políticos y seguimos mostrando nuestra disconformidad a definir por ley la estructura que deben tener los presupuestos de campaña de los partidos políticos. Esta pretensión socialista de diseñar la forma de presupuestar las campañas de todos los partidos en lo referente a los fondos destinados para publicidad exterior y en los medios de comunicación no es otra cosa que una actitud intervencionista que no compartimos.
Pues bien, llegado este punto del debate, el Grupo Popular entiende, desde una actitud responsable y de compromiso político, que una discrepancia, aunque sea de cierto alcance, respecto de un solo punto no puede ni debe ser obstáculo para asistir hoy a una votación ampliamente mayoritaria, que respalde de manera casi unánime una reforma sobre los gastos de campaña que se ajuste a las características de nuestra crítica situación económica. Con nuestra actitud, damos respuesta a una demanda de la sociedad real, que ve con rechazo, al margen de los voluntarismos del señor González sobre la recuperación económica, la pasividad de las administraciones para extender los ajustes a sus propias cuentas, mientras no descansa en hacer llamamientos a los ajustes en las cuentas ajenas.
Señor Presidente, decía al principio que considerábamos la Ley Electoral como un instrumento medular de las reglas del juego democrático. Por ese motivo, creemos que cualquier modificación que introduzcamos requiere un amplio respaldo parlamentario similar al que obtuvo esta Ley en su aprobación inicial. Han existido ocasiones en que no ha sido así, y hoy, con la votación que vamos a efectuar, recuperamos la amplitud de apoyo parlamentario que consideramos necesaria. Con esta vocación he subido a la tribuna, y confío que este espíritu se haga extensible a las modificaciones legislativas que plantee la Comisión Constitucional tras los trabajos de la ponencia que estudia los problemas del censo electoral, que por cierto no son pocos.
Señor Presidente, para finalizar, resumo, votaremos afirmativamente el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre el Régimen Electoral General; rechazaremos todas las enmiendas relativas al cambio de circunscripción electoral y las demas presentadas a las que me he referido, y solicitamos el voto favorable para nuestras enmiendas en los términos del turno de defensa que acabo de consumir. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Vera.
Para defender las enmiendas presentadas a este proyecto de ley por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a fijar su posición y a hacer la defensa de las enmiendas en un mismo turno del doble escrito que hemos presentado. Por un lado, el conjunto de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (PNV), junto a Coalición Canaria, en lo que no es común, hemos presentado una serie de enmiendas que creemos que perfeccionan y hacen más claro y contundente el principio de ahorro electoral y una serie de normativas de la pura mecánica y de las subvenciones de esa mecánica en los procesos electorales. Como esto también viene siendo expresado por los distintos portavoces de los diferentes grupos que hemos firmado estas

Página 2312


enmiendas comunes, me parece obvio que no debo ser prolijo, por tanto, en su defensa. Estamos plenamente de acuerdo, perfeccionan la Ley de Régimen Electoral General y contribuyen a unos principios de transparencia, de ahorro público y de normalidad en un proceso que, con los años de experiencia democrática que llevamos a nuestras espaldas, nos lleva al perfeccionamiento en nuevos escalones.
Coalición Canaria, igual que han hecho otros grupos nacionalistas de la Cámara, presenta dos enmiendas que pueden ser refundidas en un solo principio político para su defensa: la creación de la circunscripción electoral coincidente con el ámbito territorial y administrativo de la comunidad autónoma.
Señorías, los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tanto el del Partido Aragonés, del Grupo Mixto, como el del Partido Vasco (PNV), como el del Grupo Catalán, de Convergència i Unió, nos hacen también ser austeros en la defensa de los argumentos. Nosotros queremos sencillamente traer aquí una lógica, la lógica de la concordancia de la circunscripción electoral con lo que dice el Título VIII de la Constitución.
Así de sencillo. Si la Constitución española estructura nuestra representatividad territorial interna en las comunidades autónomas, nosotros no podemos seguir en el contrasentido, en la incongruencia de no reconocer esto. Se puede recurrir a argumentos externos, que son de valor también, pronunciamientos del Parlamento Europeo, pronunciamientos en este momento de la Asamblea de las Regiones, pero fíjense que también entra en funcionamiento en 1994 ya, en virtud de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, dentro de la Unión Europea, el Comité de las Regiones. Si ese Comité de las Regiones sirve como instrumento armonizador de lo que es un sustrato administrativo y geográfico de la Unión Europea, ¿por qué nos seguimos empecinando en que el Título VIII de la Constitución española, el Estado español de las autonomías o de las comunidades autónomas, no tiene que servir también a unos fines positivos de Estado? Yo diría más, señorías, estar en este momento armonizando nuestra legislación electoral para las elecciones europeas con el Título VIII de la Constitución, con lo que está ahí impregnándola como doctrina constitucional --no el artículo tal o el artículo cual de transferencias a una comunidad, sino lo que subyace de principio político de reconocimiento del Estado de las autonomías, tengan éstas un grado mayor o menor de competencias dentro de los usos administrativos del Estado-- es algo verdaderamente importante que debemos destacar aquí. Si nosotros concurrimos a las elecciones europeas utilizando la circunscripción electoral estatal, flaco servicio le hacemos a ese nuevo principio que Maastricht trae con las regiones en Europa, pero también flaco servicio le hacemos a nuestra propia Constitución en su Título VIII. Pero si nosotros concurrimos a las elecciones europeas con los 64 Diputados españoles distribuidos por circunscripciones electorales de comunidades autónomas, Coalición Canaria entiende que estamos haciendo un servicio positivo al funcionamiento como Estado de las autonomías, y recalco y subrayo las dos palabras: Estado y autonomías, es decir, traer una vez más aquí, a la solución política, el problema de la vertebración de España, vertebrar en este momento precisamente nuestro Estado sobre las comunidades autónomas, que los partidos políticos, los partidos de ámbito territorial de comunidad autónoma, los partidos nacionalistas o regionalistas, se sientan satisfechos e identificados y naturalizados con su propia circunscripción electoral, porque van a ir dentro del paquete de los 64 que corresponden en la representación al Estado español. Y aquellos partidos de ámbito estatal, que se extienden por toda la geografía del Estado, por todas o la mayoría de sus circunscripciones o comunidades autónomas, se van a sentir también implicados en el proceso de vertebración, porque el mismo partido que presenta Diputados en la circunscripción electoral autonómica A, los presenta en la circunscripción electoral autonómica B, C o D, hasta las 17 nuestras. Entendemos que eso es una vertebración positiva del Estado, utilicémosla. Vamos a utilizarla para evitar confrontaciones internas u obsolescencias en no querer emplear hasta sus últimas consecuencias, en este caso electorales, el Título VIII de la Constitución.
Señorías, yo creo que si aquí estas enmiendas que hemos presentado una serie de grupos con representación parlamentaria de partidos nacionalistas o de ámbito regional no se atienden, tarde o temprano se van a atender, esto va a llegar, porque ese viento está soplando en la Unión Europea, se está pronunciando el Parlamento Europeo, se está pronunciando el Comité de las Regiones, está ahí, lo están haciendo ya otras naciones. Cuando aquí hemos modificado nuestra Constitución para que los ciudadanos de la Unión Europea, que ya no son extranjeros en su municipio, puedan concurrir como electores y elegibles a nuestros comicios municipales, señorías, regionalicemos y razonemos racionalizando este mismo principio de congruencia, porque podríamos llegar a la absurda situación de que un día se reconociera a los ciudadanos de la Unión Europea, como ahora en la Constitución, no solamente votar en las municipales, sino en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Por qué razón se va a excluir a un ciudadano de la Unión Europea que vive en el municipio de otro Estado para que no pueda participar como elector y elegible desde ese territorio donde él tiene fijada su residencia? Podríamos llegar a una situación tan paradójica como la de que a un alemán, por sus circunscripciones electorales al Parlamento Europeo basado en los Länder, que está residiendo en la Comunidad Autónoma de Baleares, de Canarias, o en la Costa Brava o en Málaga, por poner sitios donde hay abundante

Página 2313


población de ciudadanos de estos países, se le dijera que puede entrar en las elecciones al ayuntamiento correspondiente pero que no puede ir a las europeas. Eso se lo decimos al alemán que está en una de estas comunidades autónomas españolas o territorios turísticos por excelencia; en cambio, si el español estuviera residiendo en un municipio alemán situado en un Länder de la República Federal de Alemania resulta que ahí él sí puede votar la lista de la circunscripción electoral del Länder que concurre al Parlamento Europeo.
Señores, vamos a racionalizar esto, antes de que dentro de unos cuantos años tengamos ya que votar definitivamente la ley que reconoce la circunscripción electoral autonómica para el Parlamento Europeo. Lo decimos porque es una idea política que permite la vertebración y quitar de enmedio obstáculos que pueden llevar a una situación de contraposición, de crispación y de oposición.
Por estas razones, Coalición Canaria, al pedir el voto para estas enmiendas relativas a la circunscripción electoral única y su representación de los Diputados correspondientes, pide también el apoyo, y va a votarlas favorablemente, para las enmiendas que los grupos nacionalistas y regionales han presentado a este proyectode ley. Naturalmente también votaremos favorablemente las de otros grupos parlamentarios con las que concordamos. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo ha apoyado y ha firmado toda una serie de enmiendas al proyecto de ley orgánica que modifica la de Régimen Electoral General que examinamos en este momento, porque era una serie de enmiendas donde se ha suscitado un amplísimo consenso -- prácticamente todos los grupos parlamentarios las han firmado- -, y dadas las características y propósitos estrictos y concretos de este proyecto de ley, es decir, preparar legislativamente las elecciones europeas, nos parecía que sólo con ese amplio consenso deberían introducirse enmiendas en este proyecto de ley, que es previo al que en el futuro seguramente vendrá para hacer una reforma más en profundidad del régimen electoral general. Entendemos que el descenso en los gastos electorales, la minoración del límite de gastos electorales que se establece en estas enmiendas, es positivo, no solamente en sí mismo, sino porque esto está unido a un tema que es objeto de reflexiones en esta Cámara, como es el de la financiación de los partidos políticos. Por tanto, nos parece importante, de cara al problema de la financiación de los partidos políticos, que se dé un primer paso significativo en la bajada de los gastos electorales. Nos parece, por tanto, que tiene un interés que va más allá de la pura reforma electoral, que excede de esa reforma electoral y que entra de lleno, como digo, en el problema aún no resuelto de la financiación de los partidos políticos. También nos parece positivo el hecho de que se abrevie la campaña electoral, de que se amplíen los espacios gratuitos en medios de comunicación social y que se prohíba propaganda en determinados aspectos. Hemos apoyado esta enmienda --queremos resaltarlo en esta ocasión así-- o este conjunto de enmiendas.
Nosotros, por tanto, no hemos entrado en un más amplio concepto de lo que debiera ser una reforma global de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General; creemos que no es éste el momento. Los planteamientos que se han hecho por algunos grupos parlamentarios sobre circunscripción electoral creo que tienen --como han dicho algunos-- un calado mucho mayor. No nos parece que sea momento de tratarlo ahora mismo, aunque anticipamos nuestra posición contraria a ello, dado que en las elecciones al Parlamento Europeo, si acaso, lo que habría que plantearse como utopía es una lista única a nivel europeo, pero no disminuir el ámbito de las circunscripciones electorales. No me parece que la línea de la historia en el futuro fuese por ahí. Nosotros hemos hecho dos enmiendas al proyecto de ley. Una se refiere a la prohibición de espacios de publicidad electoral que ya está establecida en la Ley Orgánica 2/1988, reguladora de la publicidad electoral en emisoras de televisión privada, para dejar claro que la prohibición debe extenderse no sólo a publicidad estricta o formalmente electoral, sino al conjunto de la publicidad de índole política, por tanto, repito, no estricta o formalmente electoral.
Aunque toda publicidad política siempre tiene en última instancia una finalidad electoral, como es sabido, creemos que si la tendencia es a disminuir los gastos electorales, a disminuir los gastos de los partidos políticos, precisamente contra esa tendencia iría la posibilidad de que haya unos espacios de índole política pagados en televisiones públicas o privadas, y por eso nos oponemos a esa posibilidad con una enmienda que precise más exactamente que la publicidad política se refiere no solamente a la de carácter electoral o formalmente electoral sino a la que en términos generales sea de carácter político.
La segunda enmienda se refiere a la necesidad de establecer con toda claridad el pluralismo en la campaña electoral y en el acceso de los grupos a los debates en los medios de comunicación. La última campaña electoral no ha sido un modelo de pluralismo precisamente. El programa más visto por los españoles el año

Página 2314


pasado fue un programa en el que sólo participaron dos de las fuerzas políticas que componen el arco político y parlamentario español. Creemos que debe asegurarse ese pluralismo con la presencia de todas las candidaturas de grupos políticos que hubiesen ostentado representación parlamentaria. En ese sentido va la segunda enmienda que presentamos, de forma que quede claro que se garantizará la presencia de representantes de todas las candidaturas de los grupos políticos que hubieren ostentado representación parlamentaria, en los programas de debates electorales que existan en los medios de comunicación públicos y privados.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor López Garrido.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, así como para fijar la posición con respecto a las enmiendas de los restantes grupos, tiene la palabra el señor Izquierdo Collado.


El señor IZQUIERDO COLLADO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Socialista sólo ha presentado a esta reforma electoral las enmiendas consensuadas con otros grupos a una reforma electoral que tiene dos apartados netamente diferenciados. Por una parte, la adaptación de nuestra legislación a las directivas comunitarias que amplían el número de Diputados al Parlamento Europeo y la posibilidad de que voten los extranjeros residentes en nuestro país y, por otra parte, una tentativa, que la convocatoria de las anteriores elecciones yuguló, que es emitir un mensaje y llevar a cabo una realidad que nosotros estamos demandando a todos los ciudadanos y que ellos esperan también que en cada uno de los apartados la introduzcamos en nuestra práctica, que es la austeridad, la austeridad en este caso en los gastos electorales.
Me remito a las indicaciones y a las reflexiones que los parlamentarios que me han precedido y que han firmado las enmiendas consensuadas han hecho ante la Cámara para no reiterar argumentos, porque me parecen solventes y eficaces los que ellos han expuesto desde esta tribuna.
Quiero empezar recalcando que este proyecto de ley viene del Gobierno apurando los tiempos, apurando los plazos con el afán de llegar a esta Cámara de una manera consensuada. He de decir que ese consenso se ha conseguido y que el Gobierno, concretamente el Ministro de la Presidencia, ha estado actuando desde los inicios de elaboración del proyecto de ley y en contacto con la totalidad de los grupos, convirtiéndose en un motor de consenso como requiere la Ley electoral. Dejo constancia, por tanto, de que estamos ante una ley que tiene ya tradición de consenso, tradición con la que queremos seguir. Junto con las enmiendas presentadas por varios grupos de la Cámara quiero dejar constancia a la Presidencia de que mi Grupo va a aceptar la enmienda número 29, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), incorporándola a la enmienda número 42 de los grupos firmantes, introduciendo a continuación de «...
y personal... a los electores,» --añado y reitero-- «en, al menos, una comunidad autónoma...», y seguiría el texto: «...de sobres y papeletas...» También va aceptar la enmienda número 27, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), presentada al apartado 2 del artículo 56, de la que aceptamos el segundo párrafo que dice: «En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, ...», hasta el final del mismo. Este párrafo se incorpora a la enmienda número 37 presentada por los diferentes grupos.
Señorías, la lección de flexibilidad que los grupos parlamentarios están dando en relación con esta ley, la Ley electoral, es un factor positivo que nos está permitiendo mantener una ley con tradición y, a su vez, estarla remozando y adaptando permanentemente, de tal manera que la realidad actual es que es una ley moderna y consensuada. La línea divisoria viene marcada por el consenso. Yo, desde esta tribuna, me voy a oponer a aquellas enmiendas que no vienen precisamente selladas por el consenso, sin más profundidades en argumentos de otro tipo, y también quiero decir que nunca será acusada esta ley ni de rápida ni de frívola, siempre y cuando las enmiendas que lleguen a ella, aunque sea con urgencia, gocen de ese consenso que reclamamos para una ley fundamental.
Señorías, quiero reconocer que la práctica totalidad de los grupos a los que me opongo entienden perfectamente qué es el consenso, porque lo están practicando en esta misma reforma de ley. Prueba de ello es su incorporación a las enmiendas importantísimas que aluden a reducción de gastos electorales y a otras materias ya reseñadas. Es más, los grupos están en su derecho, incluso posiblemente en su obligación, de presentar enmiendas que no alcanzan consenso, porque son manifestaciones inequívocas e inalienables de sus posiciones políticas. Al Grupo Parlamentario Socialista le corresponde como tantas veces, comprender y oponerse a ciertas enmiendas y exigir el consenso como conditio sine qua non en esta ley electoral. No estamos, por tanto, negando la coherencia de algunas enmiendas a las que nos oponemos. Sencillamente recabamos de ellas que, antes de llegar a este trámite, alcancen el consenso suficiente que les da solidez como para que esta Ley siga siendo una bandera de consenso para todas las fuerzas políticas. Algunas, incluso, merecen reflexiones posteriores y no sería muy atrevido si llegara a la conclusión de que merecen apoyos posteriores, pero estamos en un trámite en que esas enmiendas no han traído a la Cámara el consenso suficiente.
Quiero poner como ejemplo una enmienda sobre Televisión Española, presentada por el Grupo Catalán

Página 2315


(Convergència i Unió), una enmienda que merece reflexiones posteriores y que posiblemente consiga el consenso de esta Cámara en una futura reforma de la Ley electoral, que a buen seguro no va a tardar mucho tiempo, dado que hay comisiones elegidas por esta Cámara para reformar aspectos importantes de la ley. La enmienda por excelencia, señorías, es la de la circunscripción autonómica. La peculiar estructura de partidos políticos, el sistema y subsistemas de partidos políticos de nuestro país, hace que se conforme un conjunto de grupos parlamentarios consistentes, entre los que, como han podido observar SS.SS., se incorporan Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y, dentro del Grupo Mixto, prácticamente la totalidad de sus miembros, que reclaman una circunscripción autonómica.
Aluden, además, a la recomendación que desde instancias europeas se emite para los diferentes estados de procurar, en aquellos sitios donde haya tradición de instituciones y de estructuras regionales, que se tengan en cuenta a la hora de configurar la circunscripción.
Quiero decir a los enmendantes en esta materia que esta petición genera importantes tentaciones para mi Grupo Parlamentario, porque con ella obtendríamos mayor número de parlamentarios europeos, simplificaríamos enormemente los partidos mayoritarios, la campaña electoral en la práctica mayoría de las comunidades autónomas por lo que a continuación voy a comentar y los partidos mayoritarios precisamente podrían concentrar sus inversiones electorales en prácticamente tres comunidades autónomas: Cataluña, Madrid y Andalucía, que serían las únicas que ofrecerían un número de Diputados suficiente como para que no se impusiera, de manera mecánica, el sistema mayoritario o el bipartidismo más perfecto.
La enmienda a su vez, presenta un menú importante de variaciones. Unión Valenciana, con aspiraciones a ser enmienda de totalidad, sólo puntea que haya circunscripción regional.
El señor Mur propone dos parlamentarios fijos por comunidad autónoma, uno por Ceuta, uno por Melilla y el resto distribuido en función de la población. Coalición Canaria también tiene su propia personalidad en la enmienda, y propone una circunscripción autonómica y una circunscripción estatal, dos por cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla no es mencionada en dicha enmienda. Los Grupos Nacionalista Vasco y Convergència i Unió proponen un Diputado por autonomía, más el resto distribuido en función de la población, y uno conjuntamente para Ceuta y Melilla.
Como ven, señorías, hay una oferta diferenciada importante, pero todos coinciden en buscar la circunscripción regional.
La recomendación a la que antes aludía choca con la estructura autonómica de nuestro país, precisamente por ser tan diferenciada y tan rica, y porque el Estado de las autonomías no debemos olvidar que en España incorpora 17 autonomías, más Ceuta y Melilla.
¿Cuáles serían, por tanto, los efectos de las propuestas de los diferentes grupos que reclaman circunscripción regional? Sistema mayoritario en alguna región, sistema bipartidista territorial en la práctica totalidad de las autonomías españolas, ruptura de la proporcionalidad y daño irreparable para los partidos no mayoritarios de ámbito estatal.
Señorías, cuando la recomendación europea se exhibe ante esta tribuna no se comenta que, junto a esa recomendación, se exige que las circunscripciones sean lo suficientemente amplias como para evitar el sistema mayoritario y el sistema puro bipartidista, y que en naciones que tienen bastantes más Diputados que España solamente existen cuatro circunscripciones en algunos de ellos. Por tanto, hay que tener en cuenta estos datos si no se quiere caer en una cierta falacia.
El denostado sistema D"'Hont y la denostada situación de participación de las circunscripciones provinciales, tan criticada por los grupos, en estas elecciones no tiene efecto, porque el sistema D"'Hont no opera como un correctivo importante, al ser 64 escaños los que se distribuyen, y porque salta la circunscripción provincial. Estamos precisamente ante un modelo reclamado por no pocos de los intervinientes y que da un carácter proporcional importante.
No quiero olvidarme de mencionar algunas enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (PNV) que hacen referencia a otros temas, como el voto por correo o las juntas de comunidad autónoma.
Sencillamente quiero comentar que, según nosotros estimamos, no es el momento procesal oportuno y que no vienen con la carga de consenso requerido.
Sobre las enmiendas del Grupo Popular, la primera, la número 25, como su propio representante comentaba, está ya incluida en esos términos en un decreto-ley que es aplicable, puesto que el censo de residentes extranjeros en España no es de oficio, sino que tiene que ser a instancia del interesado; un decreto que va contemplado en un impreso que se pone a disposición de la persona que va a censarse y, por tanto, no consideramos conveniente incorporar todo el decreto a la ley dado que existe el cauce suficiente.
La segunda enmienda consideramos que está suficientemente contemplada en la Ley Electoral, el dar publicidad de las elecciones a los electores, incluso con campaña institucional.
A Izquierda Unida he de decirles que su enmienda no corresponde a esta ley, porque si estamos hablando de la negativa a que se incluya propaganda de carácter político en las televisiones privadas, eso no afecta a la Ley Electoral.
Puede ser contemplado en la propia ley de televisión o en una ley de publicidad, pero aquí tenemos que centrarnos fundamentalmente en los temas que hacen referencia, insisto, a la Ley Electoral.


Página 2316


He de decir, de todas maneras, que coincido con el fondo del sentimiento de la enmienda de Izquierda Unida, porque ante las medidas de austeridad que estamos plasmando en la ley necesitamos credibilidad, y es difícil obtenerla provocando esa austeridad en los gastos electorales y que el mercado se vea inundado de propaganda, de «spots» televisivos financiados por las distintas formaciones políticas, puesto que los ciudadanos entenderían que no hay relación de causa-efecto entre un mensaje de austeridad y la apertura de una escotilla por la que se podrían ir presupuestos muy importantes de las distintas formaciones políticas.
En resumen, señor Presidente, esta ley da un paso de consenso muy importante. Como el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) hacía referencia desde la tribuna, incluso materias que no estaban consensuadas al final de la anterior legislatura quedan superadas por el consenso en ésta, y la participación de los grupos, desde el punto de vista del Grupo Socialista, ha sido constructiva y ejemplar, lo que nos da esperanzas respecto a que las reglas del juego democrático contempladas en la segunda constitución, que es la Ley Electoral, sean una seña de identidad de nuestro Parlamento hoy y en el futuro.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Izquierdo, le ruego nos entregue los textos de las dos enmiendas que acepta parcialmente. Aunque el turno del señor Izquierdo ha sido de fijación de posiciones, sin duda alguna ha consumido una intervención en contra de una serie de enmiendas. Por ello, si algún grupo desea utilizar un turno de réplica puede hacerlo.
(Pausa.) Tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero reconocer la actitud receptiva del Grupo Parlamentario Socialista, no sólo en relación a las enmiendas números 27 y 29, que van a ser parcialmente aceptadas e incorporadas al texto originario del Gobierno, sino también respecto de otras, como, por ejemplo, la relativa a la vigente Ley de Publicidad que merecen, por parte del Grupo Socialista, una actitud positiva y abierta al diálogo en posteriores tiempos. Quisiera también manifestar que, aceptando algunas de las explicaciones que ha dado el señor Izquierdo en relación a por qué no se acepta el planteamiento de este Grupo Parlamentario y otras respecto a que la circunscripción electoral coincida con las comunidades autónomas, aceptando, repito, algunos aspectos expuestos en cuanto a dificultad técnica, nuestro Grupo Parlamentario no entiende que un Estado estructurado, organizado en comunidades autónomas prime a la provincia en unas elecciones, por ejemplo, la de Diputados y Senadores a Cortes, y que prime al conjunto del Estado, al conjunto del territorio estatal como circunscripción única para unas elecciones europeas.
Teniendo en cuenta las dificultades objetivas que existen -- algunas han sido muy bien expuestas por el señor Izquierdo-- posiblemente ahora no sea el momento --lo puedo aceptar porque estamos bajo la presión de una convocatoria electoral inminente, como es la de los comicios europeos--, pero después con la calma que precisa y reclama toda ponencia de estudio y revisión de una ley electoral, podíamos alcanzar también un grado de acuerdo respecto a cómo territorializar las elecciones europeas.
Finalmente, quiero decir, señor Presidente, que desde la discrepancia sustancial respecto de este punto que exponen nuestras enmiendas, nuestro Grupo Parlamentario se suma con gusto y nuevamente al consenso en el que fue redactada y tramitada la vigente Ley Electoral. Nuestras discrepancias son las que son, no son nuevas, son ya conocidas por la Cámara, pero nuestro apoyo y colaboración para hacer posible que la Ley que rige nuestras elecciones sea consensuada y aprobada por un número elevadísimo de Diputados y Senadores prima más en estos momentos que nuestras discrepancias puntuales.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor López de Lerma.
Tiene la palabra el señor Vera.


El señor VERA PRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a insistir en la defensa de las enmiendas del Grupo Popular en contestación al turno en contra del Grupo Socialista. Por lo que he oído, quizá al Grupo Socialista le resulte banal la enmienda que pretende que figuren en la Ley los requisitos que tienen que hacer constar los extranjeros comunitarios en su solicitud de inscripción en el censo.
Para el Grupo Popular es muy importante que se cumpla la Constitución Española, que en su artículo 53.1 dispone que sólo por ley podrá regularse el derecho del ejercicio de los derechos y libertades. Evidentemente, en el capítulo de derechos y libertades se encuentra lo relativo a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El Real Decreto 2118/1993, que yo sepa, no es ninguna ley.
Por otro lado, resulta también una paradoja que esos requisitos se recojan en el artículo 210 bis respecto al derecho de sufragio pasivo, y no les parezca necesario que se establezca en la ley cuando se refiere al derecho de sufragio activo.
Referente a la segunda enmienda, se podría contraargumentar -- y así lo ha hecho el señor Izquierdo-- que

Página 2317


el artículo 50 de la vigente Ley Electoral ya contempla la posibilidad de que los poderes públicos puedan realizar una campaña institucional destinada a informar e incentivar la participación en las elecciones. Pero, en primer lugar, dicho precepto se establece con carácter potestativo, mientras que la Directiva comunitaria lo entiende como un deber obligatorio de los Estados. Y, en segundo lugar, una cosa es informar de la campaña y otra dar información de las condiciones y modalidades del derecho de sufragio de los extranjeros en España. ¿O es que acaso vamos a tener que publicar la Ley Electoral también en danés, en francés, en los diferentes idiomas de la Comunidad Europea? Tampoco puede argumentarse, para obviar la obligación del Estado de informar, que el Real Decreto 2118/1993, de 20 de diciembre, ya contiene este deber de información al referirse su artículo 8.º a la obligación de la oficina del censo electoral de realizar una campaña informativa para dar a conocer a la población afectada la ampliación del censo electoral y el procedimiento de inscripción, porque eso tiene que ver también poco con las condiciones y modalidades del derecho de sufragio.
Permítanme SS.SS. que insista en la conveniencia de que se acepten estas enmiendas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vera.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor López Garrido para turno de réplica.


El señor LOPEZ GARRIDO: Muy brevemente, señor Presidente, voy a referirme a la argumentación del señor Izquierdo sobre una de nuestras dos enmiendas, porque respecto de la otra no ha señalado nada, a lo mejor incluso la apoya. Respecto a la que se ha referido la ha criticado a medias, porque ha dicho que está de acuerdo con el fondo. Nos alegramos mucho de que esté de acuerdo con el fondo de esta enmienda que pretende que la publicidad prohibida en televisiones no sea solamente electoral, sino en su conjunto de índole política. El argumento es también algo formalista porque se dice que no cabe en esta ley por estar ante un tema electoral. Es que precisamente la publicidad de carácter político, aunque formalmente no pida el voto --por ejemplo evite ese formalismo--, evidentemente tiene una naturaleza y una proyección electoral.
Por tanto, tiene todo su sentido que aprovechemos la ocasión, ya que el Grupo Socialista está de acuerdo con el fondo de la enmienda, para reformar la Ley de 1988 sobre publicidad electoral en televisiones privadas, y precisemos que la prohibición electoral se refiere también a la publicidad de índole política. Como ha dicho muy acertadamente el señor Izquierdo, no tiene ninguna congruencia el que, por un lado, se estén bajando los gastos electorales, que se esté afrontando o se deba afrontar de verdad el problema de la financiación de partidos políticos, y al mismo tiempo se permita esa publicidad electoral, evidentemente muy cara, que es la publicidad política en emisoras de televisión.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO COLLADO: Al señor Lerma quiero decirle, como él sabe muy bien, que nunca hemos tenido una actitud negativa ante la posibilidad de seguir trabajando y debatiendo sobre las propuestas de los distintos grupos. Quizá una propuesta constructiva fuera que todos los que han estado alrededor de la propuesta de la circunscripción autonómica elaborarán algún criterio que pudiera romper los efectos profundamente negativos a los que me he referido desde la tribuna. Puede haber fórmulas, y creo que si hay disposición al consenso y al trabajo entre todos quizá en algún momento pudiéramos encontrar alguna. Quisiera decirle al señor Vera que estamos ante una circunstancia curiosa, y es que la premura de tiempo para que se pudiera elaborar el censo electoral de los extranjeros residentes en España ha hecho contemplar en un decreto los requisitos que normalmente son aludidos en la ley y a los que se refiere la legislación en función del desarrollo reglamentario posterior. De todas maneras, mi Grupo se compromete a seguir estudiando este tema, que es sencillamente si dicho texto debe contemplarse en la ley o mantenerlo estrictamente en el decreto. Lo vamos a seguir estudiando en trámites posteriores, pero en estos momentos no estoy en condiciones de aceptarlo. En cuanto al tema de la información, creo que debe tener la tranquilidad objetiva y práctica, porque en todas las campañas electorales, el Gobierno, cuando es el que las convoca, suele dar información suficiente y suele realizar una campaña institucional neutral, como era y va a seguir siendo la tónica. La especificidad de estas elecciones no se oculta al Gobierno. Por tanto, tenemos el convencimiento de que no es necesario mandatarlo por ley, puesto que en la Ley Electoral está suficientemente contemplado. Al señor López Garrido he de decirle que, si fuéramos analizando qué puede tener incidencia, sería difícil buscar la frontera de aquellos temas que no tengan impacto y efecto electoral.
Afortunadamente tenemos la posibilidad de diferenciar los textos legales, aunque entre ellos haya concomitancias, y desde luego su propuesta no tiene sentido, tanto en la Ley Electoral como

Página 2318


en otras posibles leyes que no voy a enmunerar y a las que debería acudir con sus enmiendas.
Mi fondo de acuerdo se refiere a la última parte de su intervención: a que no podemos dar una imagen de austeridad en la reglamentación legal y una imagen de despilfarro mediante la contratación de espacios de televisión pagados. En ese sentido, estoy de acuerdo; en todo lo demás estamos abiertos al debate y a la colaboración.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Izquierdo.
Finalizado el debate en lectura única del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Régimen Electoral General, vamos a pasar a su votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar las votaciones relativas a este proyecto de ley, pongo en conocimiento de SS.SS, que la votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de este proyecto tendrá lugar una vez concluido el debate del siguiente punto del orden del día; en cualquier caso, en el momento en que sea posible después de la una de la tarde. Votaciones correspondientes al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General.
Enmiendas del Grupo Mixto, seño González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, ocho; en contra, 284; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor González Lizondo.
Enmiendas del señor Mur Bernad.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 24; en contra, 280; abstenciones dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (El señor López Garrido pide la palabra.) Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nosotros querríamos votación separada de las enmiendas del Grupo Vasco números 12, 13, 23 y 24 en un bloque, de las enmiendas 14 y 15 en otro bloque y el resto conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 12, 13, 23 y 24, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos emitidos, 309; a favor, 20; en contra, 273; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 14 y 15 del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 34; en contra, 275.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 21; en contra, 285.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), excepto las números 29 y 27. (El señor López Garrido pide la palabra.) Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, pedimos votación de las enmiendas 27 y 30 --la enmienda 29 me parece que no se vota-- en un bloque, de la enmienda 31 en otro bloque y el resto en otro.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, la enmienda número 27 en principio no iba a ser objeto de votación al entenderla retirada por estar afectada por una enmienda transaccional en relación con la misma. Por tanto vamos a votar las enmiendas 30, la 31 y las restantes. Entiendo que esto es lo que solicita S.S.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, solicitamos que se vote la enmienda 31 separada de la 30.


El señor PRESIDENTE: Es lo que he dicho.
Votamos la enmienda número 30, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 35; en contra, 274.


El seño PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 30.


Página 2319


Votamos la enmienda número 31, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 20; en contra, 274; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 31.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 20; en contra, 288.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor López Garrido pide la palabra.) Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, creo que solamente hay dos enmiendas, la 25 y la 26. Solicitaríamos que se votasen separadamente.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 25, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 136; en contra, 159; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos la enmienda número 26, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 151; en contra, 158.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 22; en contra, 287.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 19; en contra 289; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas suscritas por los Grupos Socialista, Popular, Vasco, Catalán, Coalición Canaria e Izquierda Unida, excepto la número 33. (El señor Mur Bernad pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada de la número 42 y el resto en un solo bloque. Enmiendas suscritas conjuntamente por los Grupos mencionados, excepto la número 42 y 37, que están afectadas por enmiendas transaccionales. Entiendo, señor Mur, que solicita votación separada, en su caso, también de la enmienda 42. (Asentimiento.) Enmienda conjunta número 42.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 305; en contra, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda, lógicamente en los términos resultantes de la transacción que se ha ofrecido con relación a la misma. Enmienda número 37, igualmente conjunta, sometida a votación en los términos resultantes de la transacción aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas conjuntas a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Recuerdo que la votación orgánica de conjunto se celebrará al término del debate del siguiente punto del orden del día.


--SOBRE SUBROGACION Y MODIFICACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS (Número de expediente 121/000038)

Página 2320


El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
Para la presentación de este proyecto de ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
(Rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Continúan los rumores.) Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio. (Pausa.)

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente. Señorías, el proyecto que tengo el honor de presentar ante SS.SS. en nombre del Gobierno persigue un objetivo muy concreto: pretende asegurar que el descenso de los tipos de interés del dinero se traslade de manera razonable al mercado hipotecario en las mejores condiciones económicas posibles para los deudores.
El origen de este proyecto de ley está en esta misma Cámara.
Inicialmente existió una moción del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en torno a la cual se articuló un acuerdo del Pleno de 2 de noviembre del pasado año. Si cumplir un acuerdo del Pleno siempre es, por definición, una tarea grata, en este caso lo es particularmente, dado que, en opinión del Gobierno, tal acuerdo responde a una necesidad social hondamente sentida que afecta por lo menos a dos millones de familias españolas.
El proyecto que presenta el Gobierno se ajusta al marco del referido acuerdo y está convencido el Gobierno que será mejorado como consecuencia de las enmiendas o rectificaciones que SS.SS. introduzcan.
El título de la propia ley marca los dos procedimientos, las dos instituciones jurídicas que se ha considerado conveniente introducir como medios o instrumentos para el logro del referido objetivo. Su ámbito, tal como viene en el proyecto, sería los préstamos hipotecarios relativos a viviendas y locales de negocio.
Conoce el Gobierno las enmiendas que en este terreno se han presentado y quiere decir que, desde luego, desde el punto de vista del Gobierno, ningún inconveniente existiría en que se ampliara el ámbito de los referidos préstamos, de suerte que abarcara la totalidad de préstamos hipotecarios. Afecta, y conviene aclararlo, porque en ocasiones se ha dicho otra cosa, tanto a los préstamos hipotecarios de interés fijo como a los préstamos hipotecarios de interés variable; lo que ocurre es que afecta de manera diferenciada. Para la totalidad de préstamos se establecen dos mecanismos que tratan de cubrir el objetivo indicado: el primero --mecanismo, en definitiva, de orden fiscal-- estableciendo exenciones en el ámbito del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados; en segundo lugar, en la reducción de costes por la vía de disminuir los honorarios que por vía de arancel perciban los funcionarios públicos -- notarios y registradores-- que se ocupan de la instrumentalización del eventual acuerdo. La única diferencia radica, por lo tanto, en que, para el caso de los préstamos de interés variable, se establece, además, la fijación de un tope máximo de un uno por ciento con respecto a la comisión por cancelación siempre y cuando, naturalmente, el pactado fuera superior a dicho tope.
Un ejemplo creo que puede describir gráficamente la situación y el objetivo que pretende la ley. Partiendo de un préstamo hipotecario tipo de 10 millones de pesetas, los costos que serían hoy necesarios para que un ciudadano pudiera acceder al nuevo mercado y a la nueva situación de los tipos de interés implicaría un coste aproximado de 840.000 pesetas. Si, por el contrario, SS.SS. aprueban esta Ley, en ambas modalidades se obtendrían beneficios sustanciales, tanto en la modalidad de subrogación como en la de novación modificativa.
Concretamente, en la modalidad de subrogación, los costos bajarían a aproximadamente 340.000 pesetas, lo que supondría un ahorro de 500.000 pesetas y, en el supuesto de que se optara por el mecanismo de la novación modificativa, se lograría rebajar todavía más los costes, sin que llegaran prácticamente a las 50.000 pesetas. Es evidente que, de manera indirecta y tal como se desprendía del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados, con ello vamos a lograr que se produzca un descenso en los tipos de interés. Y bastará recordar su importancia con que en ese ejemplo que hemos puesto cada punto de tipo de interés que se rebaje implicaría un ahorro neto anual para cada familia de 100.000 pesetas.
Me corresponde en este trámite parlamentario exponer a SS.SS.
los instrumentos de los que se vale la ley para lograr la consecución de esos objetivos, aclarando que, desde luego, no se ha acudido al mecanismo de la plena innovación, no se han inventado instituciones jurídicas, sino que el proyecto del Gobierno se ha limitado a desarrollar y completar instituciones jurídicas actualmente presentes en nuestro ordenamiento jurídico. El primero de los instrumentos es el que se recogía expresamente en el acuerdo del Pleno, es decir, el mecanismo de subrogación. Pero, además, se ha añadido un mecanismo que entiende el Gobierno es conducente a los mismos fines que se proponía el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados y que puede ser, en la mayoría de los casos, el menos oneroso y el más satisfactorio. Me refiero, desde luego, al mecanismo de la novación modificativa.
Los costes, en todo caso, de las operaciones han sido el elemento esencial tenido en cuenta por el Gobierno a la hora de elaborar el proyecto. Partiendo de la convicción de que podemos lograr los instrumentos jurídicos más perfectos, pero que si no se acomodan a unos costes razonables los haríamos simplemente inviables para los ciudadanos. De ahí que no se tomara en consideración

Página 2321


el mecanismo de la constitución de nuevo préstamo y cancelación simultánea de la antigua porque, aun cuando supusiera un descenso en los tipos de interés y aun cuando se pudieran articular mecanismo de exención de carácter tributario, lo cierto es que los costes seguirían siendo excesivamente elevados y, además, se crearían claras complicaciones en la gestión administrativa de los impuestos, con lo que eso trae consigo siempre de merma de seguridad jurídica y, en su caso, de multiplicación de litigios. Pero, por las mismas razones de signo inverso, se introdujo --como les decía-- el mecanismo de la novación modificativa.
Efectivamente, ello supone, sustancialmente, que en el ámbito de la propia entidad financiera en la que está constituido el préstamo hipotecario, las partes pueden, por vía de la novación modificativa, llegar a modificar a la baja no solamente los tipos de interés, que también conviene subrayarlo porque en ocasiones no se ha entendido, sino que también puede afectar a los plazos de amortización. Este podría ser, si nos atenemos a la lógica de las leyes del mercado y al previsible interés del acreedor en seguir manteniendo la relación con su correspondiente cliente, el mecanismo que, además de ser el más barato, como he indicado, probablemente sea el más generalizado. A la materia dedica el proyecto el artículo 9 que, en síntesis, se limita a establecer dos criterios: por un lado, declarar exentas del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad gradual, esta clase de operaciones, es decir, las escrituras públicas en las que se instrumentaliza esta clase de operaciones, y, por otro lado, limitar de manera severa los honorarios de los profesionales, puesto que este arancel, de acuerdo con el proyecto, sólo se calculará sobre el diferencial entre el tipo de interés antiguo y el nuevo, aun en el supuesto de que se modifique el plazo. El grueso de la ley, sin embargo, se refiere al mecanismo que SS.SS. habían acordado en el reiteradamente citado acuerdo del Pleno, es decir, la subrogación, subrogación prevista en el artículo 1.211 del Código Civil. En este caso, la regulación va más allá de los meros estímulos fiscales o de la reducción de honorarios, para adentrarse en complejos problemas técnico- jurídicos, civiles, procesales y registrales.
Como saben SS.SS., la subrogación prevista en el artículo 1.211 del Código Civil es una excepción a la subrogación convencional o negocial que regula el Código.
No creo que tenga excesivo interés perderse en una explicación prolija de los fundamentos y argumentos técnico-jurídicos que justifican el instrumento que finalmente ofrece el Gobierno a la consideración de la Cámara. Más interesante será ir directamente al contenido material del proyecto y no alegar la doctrina o los fundamentos jurídicos que lo avalan. Hablando lisa y llanamente, dos son los temas centrales: el primero el consentimiento del acreedor primitivo para reconocerse satisfecho hoy, en segundo lugar, el tratamiento de la comisión por cancelación, también llamada de amortización anticipada.
Lo que realmente se ha producido, en opinión del Gobierno, en esta clase de préstamos hipotecarios es que, ciertamente, han cambiado de manera real y profunda las circunstancias concretas que existían al tiempo de celebrarse los referidos contratos. El dilema que se produce en la realidad --que, por otra parte es un tema clásico entre los juristas-- es, por un lado, la obligatoriedad del contrato para las partes que lo han firmado libremente y, por otro lado, la modificación esencial o sustancial de las circunstancias que concurrieron al tiempo de la conclusión de ese contrato. Es un tema clásico en la doctrina que ha despertado --como ocurre siempre en el Derecho, que nunca hay unanimidad-- diversas soluciones. Sin embargo, sí puede afirmarse que la solución prácticamente unánime es entender que ese cambio es perfectamente posible, sobre todo tratándose de contratos de larga duración --que, evidentemente, es el caso de los préstamos hipotecarios-- cuando la relación de equivalencia de las prestaciones entre las partes ha sufrido bien un cambio drástico, en cuyo caso la vía jurídica sería la resolución, o, simplemente, un cambio lo suficientemente relevante para que fuera innecesaria la modificación. Ciertamente se ven diariamente en la vida judicial múltiples contratos firmados de estas características. Sin embargo, el Gobierno, siguiendo la orientación del Parlamento, consideró que no era riguroso dejar el problema en manos del Poder Judicial, por muchas razones, porque afecta a dos millones de situaciones. No tenía ninguna lógica que se fuera a la revisión individualizada, por vía judicial, de todos y cada uno de los préstamos hipotecarios que existían en el mercado. Se trataba, por el contrario, de una situación de carácter general frente a la cual la lógica respuesta es la respuesta normativa, la respuesta legal. Este es, por otra parte, un instrumento usual y tradicionalmente usado por el legislador para atender situaciones de carácter general. Por tanto, lo que el proyecto pretende es aplicar un remedio jurídico acuñado por el Derecho, que consistiría en la revisión legal de los contratos de ejecución sucesiva y de larga duración, en atención a la generalidad de sujetos afectados --más de dos millones de españoles--, al bien jurídico protegido y a la alteración de las circunstancias que sobrevinieron después de concluido ese contrato; situación perfectamente válida, perfectamente ortodoxa, que ya recogía el acuerdo del Congreso de 2 de noviembre de 1993.
Hubo que abordar, de manera inmediata, una cuestión previa importante. Me refiero al polémico problema de la comisión por cancelación o amortización anticipada. Esta comisión, al menos en su actual o muy próxima importancia cuantitativa, es un fenómeno relativamente

Página 2322


reciente en el mercado hipotecario. Coincide con el momento en que el interés del dinero alcanza su cuota más elevada y tuvo su origen en la enérgica competencia que mantuvieron las distintas entidades bancarias, durante ese concreto período de tiempo, para tratar de captar clientela. Lo cierto es que no tiene regulación legal, sus tipos varían de unas a otras entidades financieras y, ciertamente, en opinión del Gobierno, se hace difícil admitir su justificación en los préstamos a interés variable. ¿Por qué particularmente en los préstamos a interés variable? Porque en este tipo de préstamos, a diferencia de lo que ocurre en los préstamos a interés fijo, el riesgo financiero que asume la entidad es prácticamente nulo. Todo ello, unido a la incidencia grave que dichas comisiones producen en la economía del prestatario y en la propia libertad de mercado, atendida la situación de crisis económica actual y atendida la larga duración de los préstamos hipotecarios, bloquea de hecho la posibilidad de que se obtengan otros préstamos a interés más bajo, es decir que se pueda acceder libremente al actual mercado del dinero. La realidad evidencia, por otro lado, que estas comisiones se pactaron precisamente en los préstamos hipotecarios a interés variable y ciertamente en este caso, opina el Gobierno, se trataba de cláusulas que debería equivaler a las que se denominan cláusulas penales, es decir, a tener el carácter de pena por el desestimiento. Hay un dato, creo, revelador a este respecto. Los préstamos hipotecarios a interés variable representan el 88,5 por ciento del total de los préstamos hipotecarios. Sólo el 1,2 son los préstamos a interés fijo. Lo importante de esta estadística radica en comprender que, sin embargo, la comisión de amortización, que tenía su lógica, en los tipos de préstamo a interés fijo, no se aplicó en ellos y se generalizó, por el contrario, en los de interés variable. Me parece que la conclusión es obvia: esa comisión se utilizó para cautivar una buena parte de ese 88,5 por ciento de préstamos de interés variable.
Es conocido por SS.SS. que la pena por desestimiento, la cláusula penal, es moderable judicialmente, de acuerdo con lo que prevé el artículo 1.154 del Código Civil, y no cabe duda, por otro lado, que, respecto de los préstamos que pudieran quedar fuera del marco de la ley, los tribunales van a tener trabajo en ese terreno. Es evidente, sin embargo, que, si puede moderar el juez, por vía del análisis individualizado de un caso, estas cláusulas de carácter penal, con mayor razón puede y debe hacerlo el Parlamento soberano. Procede, pues, moderar, por medio de la vía legal, el exceso en que se haya podido incurrir. Para ello, el criterio que propone el Gobierno trata de ser coherente con este planteamiento. Por un lado, modera las comisiones, fijando un porcentaje significativo, el 1 por ciento, el cual no se podrá superar, pero, por otro lado, deja abierta la vía judicial. Esto es necesario, es imprescindible, puesto que, efectivamente, puede darse el caso singular de que la entidad financiera pueda llegar a acreditar que sufre perjuicios distintos de la pérdida de ganancias implícita en la cláusula penal. Para esos supuestos, puede --y así lo permite la ley-- acudir a reclamar la correspondiente indemnización ante los tribunales, pero, lógicamente, con la salvedad y cautela imprescindible de que semejante procedimiento en modo alguno suspenda la ejecución del proceso subrogatorio, pues, en otro caso, simplemente, la ley carecería de toda viabilidad. Despejadas, pues, estas dos cuestiones jurídicas o políticas fundamentales, se ha previsto un procedimiento que viene a suplir la eventual falta de consentimiento del acreedor, que, como les apuntaba, constituye otro de los graves problemas que presenta el proyecto de ley actual. La necesidad de ese procedimiento se comprende con sólo recordar que, si no existiera, sería necesario acudir a la normativa general, que actualmente supondría el ofrecimiento de pago y la consignación judicial.
Volveríamos, si no estableciéramos este procedimiento, a provocar los mismos errores que tratamos de evitar, puesto que el procedimiento del ofrecimiento de pago en consignación judicial implica de nuevo la duplicación de gastos, puesto que implica la intervención judicial y notarial y, al propio tiempo, impondría un retraso considerable, de suerte que la remisión a ese procedimiento constituye también, en opinión del Gobierno, un elemento central, esencial, de la norma que presenta ante el Congreso de los Diputados. Para evitar que la falta de consentimiento del antiguo acreedor pueda plantear dificultades, el proyecto parte, en primer lugar, de una actitud que me parece inevitable, y es confiar en que las entidades financieras respondan de acuerdo con los usos y prácticas comerciales, en las que hay que presumir la necesaria lealtad comercial recíproca y, por tanto, hay que presumir su colaboración. Sin embargo, por si acaso, para el supuesto de que, por el contrario, no se produjera esa colaboración de manera espontánea, es necesario prever subsidiariamente su procedimiento, que es el previsto en el artículo 2. Convendrá aclarar respecto de él --no voy a entrar en los detalles técnicos-- que no es, como se ha dicho erróneamente, un procedimiento de nuevo innovador o extraño en nuestro ordenamiento jurídico, es la práctica trasposición del procedimiento establecido en el artículo 153 de la vigente Ley Hipotecaria --pocas leyes con más prestigio jurídico--, con las lógicas adaptaciones al sistema.
Objetivamente, la extensión la limitaba el proyecto a los préstamos hipotecarios de viviendas y de locales de negocio.
Ha conocido el Gobierno las diversas enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios y, desde este mismo momento, manifiesta que no tiene, como he dicho antes, inconveniente alguno en que se universalice el ámbito de aplicación de la ley a la totalidad de préstamos hipotecarios.


Página 2323


Subjetivamente, el proyecto de Ley comprende, desde el punto de vista pasivo, tanto a las personas físicas como a las jurídicas y, desde el punto de vista activo, comprende solamente a las entidades financieras agentes del mercado hipotecario. Quizá esto requiera también algún comentario. La universalización en este caso no la propone el Gobierno, no ya sólo por la obvia consideración de que la práctica totalidad del mercado hipotecario está dentro de estas entidades, sino porque, además, en los supuestos en que no es así, la efectividad del mecanismo de suplir el consentimiento del acreedor sería sumamente difícil de lograr.
Ya terminando, me gustaría hacer una valoración global del proyecto que hoy se presenta por el Gobierno ante sus señorías. Y, antes de referirme concretamente a una valoración del proyecto en sí, me parece importante exponer al menos tres ideas. La primera, que me parece que este proyecto de ley implica un alto grado de cooperación entre el Congreso y el Gobierno. En segundo lugar, supone, desde mi punto de vista, si no el nacimiento, sí el incremento de una nueva sensibilidad que nos dice a todos los que tenemos responsabilidades públicas que ya no sólo basta defender los intereses generales de los ciudadanos, sino también los intereses concretos cotidianos y tangibles de esos ciudadanos. Y, en tercer lugar, evidencia la eficacia y celeridad de ese proceso de colaboración entre el Congreso y el Gobierno, del que yo creo que, sinceramente, nos podemos felicitar todos. Con relación al proyecto en particular, sólo destacaría tres notas. La primera, que ha buscado una razonable salida a un conflicto de intereses --quizá nunca mejor dicho lo de intereses-- entre las entidades financieras y los ciudadanos. La segunda, que se abre, si SS.SS, aprueban el proyecto, la posibilidad de incidir sobre la renta de millones de ciudadanos, proporcionándoles un alivio tangible y concreto en las cargas que actualmente tienen que sufrir. Finalmente, implica reconocer y llegar de manera real a la convicción de que, si es fundamental y necesario buscar y encontrar criterios de competitividad, tan importante es buscar y encontrar criterios de solidaridad. Por todo ello, señorías, con las enmiendas y observaciones que estoy seguro mejorarán el proyecto presentado por el Gobierno, en nombre de él me considero legitimado para solicitar el respaldo de la Cámara a este proyecto de Ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro. A este proyecto de ley se han presentado enmiendas por parte de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Popular, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió, Mixto, señor Mur, y Socia-lista. En el mismo orden de presentación de las enmiendas van a ser las intervenciones. Para defender las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, como decía el Ministro de Justicia, éste es un momento políticamente importante y gratificante para esta Cámara que aprobó por unanimidad no hace mucho tiempo, el 2 de noviembre, una moción que perseguía rebajar el tipo de interés en los créditos hipotecarios para hacerlos sensibles al descenso en los tipos de interés. He de decir que en líneas generales el proyecto de ley, que va a ser aprobado con algunas mejoras técnicas, responde políticamente a lo que era la demanda del Congreso, y en ese sentido nos sentimos satisfechos del trabajo que ha hecho el Gobierno cumpliendo este mandato parlamentario. Se pueden añadir aún --y lo vamos a hacer los distintos grupos parlamentarios-- algunas mejoras, algunas precisiones en el ámbito de la clarificación del procedimiento jurídico de la subrogación, en el ámbito de la extensión de la aplicación de la Ley y en el de la limitación a las entidades financieras, a las entidades crediticias, en el resarcimiento de los pactos que pudieran tener con sus acreedores cuando se produzca la subrogación.
Quiero significar que quizá el artículo más importante de esta ley y el resumen político de esta ley y de la moción que aprobó el Congreso es el noveno; un artículo introducido desde el Ministerio de Justicia, que creo que viene a resumir el espíritu que todos teníamos al aprobar aquella moción. No tratábamos, como algunas entidades nos han acusado, especialmente las cajas de ahorro, de producir un transfuguismo hipotecario; altos representantes de la Asociación Hipotecaria Española acusan a este Diputado y a este Congreso de que lo que perseguíamos era eso. Perseguíamos --y vamos a conseguirlo con esta ley-- que bajen los tipos de interés y que se produzca el menor baile posible de clientes. Esto dependerá de las propias entidades financieras.
Una enmienda transaccional que se va a aprobar articula mejor aún este procedimiento y da, como salida final, que es la que se busca políticamente en esta ley, la posibilidad de la novación modificativa en el ámbito de la propia entidad.
Dependerá de la entidad y del cliente quedarse donde estaba o irse a otra parte, pero habrá conseguido lo fundamental que perseguíamos todos en esta ley: acercar el precio real de las cosas al precio financiero pagado, aceptando que debe haber un margen financiero, porque si no no habría entidades financieras, pero intentando reducir al máximo este margen financiero y pidiendo a las entidades crediticias que mejoren sus mecanismos de gestión para servir mejor

Página 2324


a los clientes, al interés general del país que, en definitiva, esta ley también viene a reforzar.
Decíamos en la moción --y quiero repetirlo hoy-- que, mejorando el bolsillo de los españoles, porque pagarán menos por sus hipotecas, estábamos dando también una inyección de liquidez al mercado, estábamos también facilitando el que particulares y constructoras pudiesen ampliar su capacidad de demanda y, por tanto, lubrificar un poco más la economía de nuestro país y mejorar nuestra situación económica.
Creemos que ésta es una ley muy positiva, que se enmarca en un proyecto más amplio de otra política económica que desde nuestro Grupo siempre hemos defendido y que este es un pequeño ejemplo en el que hemos contado con la aquiescencia de toda la Cámara. Pasando a las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario, voy a ser muy breve, porque creo que lo importante van a ser las enmiendas y las transaccionales que se aprueben en el respeto al espíritu de la ley, en la aprobación urgente y en lectura única, como vamos a hacer, de esta ley para que surta efectos cuanto antes, para que en el plazo máximo de uno o dos meses pueda ya estar en el «Boletín Oficial del Estado» y pueda surtir efectos positivos en el bolsillo de los españoles y en la economía española. Nuestras enmiendas pretenden --algunas de ellas son de tipo técnico-- mejorar la redacción de la ley y no voy a detenerme en cada una de ellas. Quisiera señalar la que para nosotros resulta más importante. Pretendemos limitar la percepción de la comisión por cancelación anticipada al uno por ciento como máximo en las hipotecas de interés fijo, que han quedado fuera del ámbito de la ley. Sé que hay razones jurídicas y constitucionales importantes para esta exclusión. No tengo la seguridad de que sean del todo decisivas. En todo caso, nuestro Grupo plantea la posibilidad de incluir también en el ámbito de aplicación de la ley esta limitación a la comisión anticipada también para las hipotecas de interés fijo.
Respecto a la limitación en las hipótesis de interés variable, que la ley ya fija en el uno por ciento, creemos que nuestra enmienda es más oportuna, en el sentido estrictamente técnico, al convertirla en una disposición transitoria, en lugar de dejarlo en el cuerpo de la ley, para que quede bien claro que, en el futuro, las nuevas hipotecas a interés variable no van a poder tener cláusulas de penalización por cancelación anticipada. Finalmente, tenemos una enmienda que pensamos que será mejorada por enmiendas de otros grupos, que viene a recordar la necesidad de que la subrogación quede inscrita plenamente en el Registro de la Propiedad, no sólo como nota marginal, puesto que, en el caso de nuevos problemas o de nuevas actuaciones judiciales sobre aquella hipoteca subrogada, sería mejor, técnicamente más seguro, que ésta hubiese sido inscrita nuevamente. Lo que no está inscrito en el Registro de la Propiedad no tiene valor jurídico legal, sobre todo en los sumarios judiciales y a nosotros nos parece que nuestra enmienda mejora técnicamente la ley.
Insisto, de todas formas, en que nosotros estamos satisfechos con el proyecto de ley. Creemos que vamos a mejorarlo con enmiendas del Grupo Socialista y con alguna enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Vamos a votar alguna de estas transaccionales para conseguir el efecto global de la ley que, como he señalado al principio, se puede resumir en dos aspectos: Primero, ampliación del universo de aplicación de la ley, no sólo a los créditos hipotecarios de vivienda y locales comerciales, sino a todo el universo hipotecario. Segundo, pensamos que el objetivo final del «iter» de la ley es la aplicación lo más amplia posible de su artículo noveno, es decir, la novación de los créditos, porque, al fin y al cabo, es, como decía el Ministro, lo más barato, lo más rápido y lo que acerca más rápidamente al consumidor a reducir el precio que paga en sus mensualidades hipotecarias.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, efectivamente nos encontramos ante un proyecto de ley importante, proyecto de ley que no viene a resolver plenamente --seamos sinceros, conozcamos la realidad jurídica española-- el problema planteado. Porque --y aquí adelanto un tanto el discurso que haré con posterioridad- - es una ley que contempla parcialmente el problema y contempla, sobre todo, los aspectos traumáticos de la subrogación de hipoteca, los aspectos traumáticos del cambio de acreedor hipotecario y no contempla la normalidad de los casos. En esto intentaré posteriormente replicar al señor Ministro en el sentido de que sí creo que el sistema más lógico no es extinción de hipoteca y constitución de nueva hipoteca, sino constitución de segunda hipoteca y extinción de la hipoteca primigenia. Este es un instrumento sencillo, fácil y nosotros lo proponemos en nuestras enmiendas.
Sin perjuicio de esto, creo que es importante, antes que nada, reseñar dos aspectos básicos que atañen, en general, a este proyecto. Es, por una parte, que, cuando la política económica monetaria del Gobierno se desmorona en la primavera del año pasado con la consiguiente reducción de los tipos de interés, el Gobierno no tiene reflejos en absoluto para acometer el problema para que se transponga al mercado hipotecario, a los consumidores de hipotecas, a los deudores

Página 2325


de hipotecas la reducción los tipos de interés que se viene produciendo en el mercado en aquellos momentos.
Así, nos encontramos con cambios de hipoteca muy difíciles, con cambios de hipoteca caros y ya tuvimos ocasión de exponer en esta misma tribuna la cuantificación aproximada o lo que venía a representar para un deudor normal el cambio de hipoteca de una entidad bancaria a otra. Cambio de hipoteca de una entidad bancaria a otra que es absolutamente necesario e imprescindible lógicamente para que la libertad del mercado funcione adecuadamente, para que la competencia entre las entidades financieras represente y origine la transposición de la reducción de los tipos de interés del mercado a los préstamos hipotecarios. Dicho esto, y es importante señalarlo en esta tribuna, es importante que, a pesar de que yo pertenezca al Grupo Parlamentario Popular, lo diga, esta ley se debe, y no me duelen prendas en decirlo, al señor Espasa. Nosotros presentamos también en el mes de octubre una proposición no de ley en análogos términos a ésta, que, posteriormente, y a iniciativa del señor Espasa, votó este Pleno por unanimidad, pero no fructificó porque se adelantó el señor Espasa. Es preciso decirlo, es preciso reconocerlo y, desde lueego, nos honra que un compañero, a pesar de que pertenezca a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, haya conseguido que el Gobierno se movilice en su pereza, en su tardanza en acometer una situación tan importante en aquel momento para el ciudadano español.
Bien podía el Gobierno por decreto-ley, bien podía el Gobierno utilizar la situación para acometer, cuando el Derecho normal no puede llegar con prontitud suficiente a solucionar los problemas sociales, aquellos mecanismos, también constitucionalmente previstos y establecidos, para poder solucionarlo, cual es la medida del decreto-ley. ¡Qué situación más urgente y excepcional que poder utilizar en aquel momento, posiblemente el verano pasado, un decreto-ley para solucionar este problema! Este proyecto de ley, a los efectos de conseguir la transposición de la reducción de los tipos de interés del mercado hipotecario, para conseguir la adecuada libertad de mercados dentro de los préstamos hipotecarios, para conseguir la adecuada competencia entre las entidades financieras, lo articula lógicamente a través de dos principios básicos: por una parte, la transposición hipotecaria del artículo 1.211 del Código Civil, que, como SS.SS. saben, dice que el deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor cuando para pagar la deuda hubiera tomado el dinero-préstamo en escritura pública, haciendo constar su propósito en ella y haciendo asimismo constar en la carta de pago la procedencia del dinero así obtenido.
Hipotecariamente no se podía transponer este precepto en la medida en que es imprescindible el consentimiento del titular registral, del titular hipotecario, para poder proceder a la cancelación de la hipoteca anterior, para poder proceder a la subrogación del acreedor hipotecario, del acreedor del préstamo hipotecario. Esta ley lo regula, en su artículo 2.º, entendemos que de una manera un tanto defectuosa, si bien es de destacar, señor Ministro, que nos parece una solución brillante jurídicamente acudir al artículo 153 vigente de la actual Ley Hipotecaria. Nosotros lo intentamos mejorar también en nuestras enmiendas.
Existe un elemento básico que, a nuestro juicio, no trata de manera adecuada el proyecto de ley, cual es la exención en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados del cambio de acreedor hipotecario, que lo refiere exclusivamente al cambio de acreedor y siempre que se dé el supuesto de reducción en los tipos de interés, pero no a todos aquellos supuestos en que se modifican los demás elementos del préstamos hipotecario, o bien de la garantía hipotecaria, llámese plazo, llámese cantidad garantizada con hipoteca, llámese cuantía de las amortizaciones, llámese, en fin, diferentes condiciones del préstamo o de la garantía hipotecaria.
De esto quiero decirles algo importante. Es un lástima que las notas marginales se regulen por ley. Las notar marginales dejémoslas al reglamento hipotecario, dejémoslas a la vía reglamentaria. Es una lástima que ahora por ley se pretendan modificar los Reales Decretos 1.426 y 1.427, de 17 de noviembre de 1991, relativos a los aranceles de notarios y registradores de la propiedad. Hágase por real decreto, no se haga por ley, que se puede hacer perfectamente.
Y siento desilusionarles, pero el artículo nueve de la ley no soluciona absolutamente nada; la exención allí prevista hoy se consigue de una manera más rápida y eficaz realizando los actos allí previstos, como se viene haciendo por entidades financieras, simplemente por documento privado, que, como ustedes saben, no está sujeto ni a aranceles ni a inscripción en el Registro ni al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Dicho esto, creo que ya es tiempo de pasar a exponer el contenido de nuestras enmiendas a este proyecto de ley.
Por una parte, y nos congratula que el señor Ministro lo haya aceptado así, el Gobierno está dispuesto a ampliar la aplicación de esta ley no solamente a aquellos préstamos hipotecarios obtenidos para la adquisición de viviendas o locales de negocio, sino también a todo tipo de préstamos hipotecarios. Y en este sentido también me gustaría señalarles a ustedes que no conviene limitar subjetivamente la posible subrogación de acreedores hipotecarios a las entidades financieras reguladas en la Ley del Mercado Hipotecario, en la medida de que si transponemos el artículo 1.211 del Código Civil a la Ley Hipotecaria y a su acceso al Registro de la Propiedad, bueno es que sea, en general, para todo tipo de préstamos hipotecarios.


Página 2326


Ciertamente, y he de reconocerlo, no tiene un sentido práctico excesivo lo que estoy diciendo, pero sí es importante que jurídicamente no se marquen excepciones que no conducen a nada; más bien conviene regular con amplitud --y nosotros así lo hacemos-- una modificación directa de la Ley Hipotecaria, para que, posteriormente y en su día, se dicte un texto refundido al respecto. Creemos que no es bueno realizar simplemente leyes temporales, leyes coyunturales que cuando pase el tiempo, dada su temporalidad, son de difícil aplicación. Bueno es modificar las leyes generales y no tiene por qué dolernos prendas al hacerlo. No nos engañemos, esta ley posiblemente sea una ley de aplicación muy limitada en el tiempo, tres, seis meses, hasta que el mercado hipotecario se regule y se adecue a los nuevos tipos de interés vigentes en el mercado financiero. En este sentido, el artículo 2 del proyecto de ley tiene un defecto importante. ¿Cuál es? Que no se requiere en ningún caso ni siquiera la notificación al acreedor primitivo de la operación de subrogación hipotecaria y no existe la constatación posible registral de su conocimiento y su aceptación a la cuantía pendiente de préstamo hipotecario, intereses vencidos y demás cargas posibles de ese préstamo hipotecario. Nos parece que es de solución simple, acudiendo sin más a la propia idea del Gobierno de la aplicación directa del artículo 153 de la Ley Hipotecaria, que procuramos nosotros poner en la enmienda correspondiente.
Existiría otro gran pilar dentro de este proyecto de ley, cual es la exención en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y asimismo la reducción de aranceles de Notarios y Registradores de la Propiedad, que entendemos que el proyecto trata de una manera excesivamente parcial. Creemos, y sería sencillo, considerar como base imponible en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados estos aspectos y, por supuesto, la mejor solución de todas sería la que propone el Partido Nacionalista Vasco en el sentido de reducir con carácter general el gravamen del 0,5 por ciento al 0,1 por ciento, en todo tipo de gravámenes en Actos Jurídicos Documentados, como ya ocurre en el País Vasco y Navarra. Como decía, sería muy simple reducir la base imponible en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados a la diferencia de garantías hipotecarias en todo supuesto de modificación, constitución y extinción de hipotecas, aplicando esta misma base a la cuantificación de los aranceles de Notarios y Registradores de la Propiedad. Dicho esto, nosotros creemos que el proyecto no puede quedarse en la posible subrogación de préstamos hipotecarios, no puede quedarse sólo en la exención en Actos Jurídicos Documentados, y el tratamiento nuevo de aranceles de Notarios y Registradores de la Propiedad. El proyecto debe ir más allá y debe incluir en sus medidas --y así lo hacemos en nuestras enmiendas-- una disposición adicional que autorice al Gobierno a que en el plazo de un año regule las ofertas y publicidadde todo tipo de préstamos y operaciones financieras en desarrollo de la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios que, como ustedes conocen, es de 19 de julio de 1984.
Entendemos que es importante para dar la necesaria claridad y transparencia al mercado, que hoy, por desgracia, no existe.
Existe una gran confusión en la cuantificación de las tasas anuales equivalentes; existe una gran confusión en todo lo que se refiere a las comisiones de constitución, comisiones de estudio, diversas comisiones y diferentes pagos, directos o indirectos, como consecuencia de las operaciones financieras, en general, y entendemos que es importante su regulación por el Gobierno. Por otra parte, nos parece que es momento bueno y oportuno de modificar la Ley sobre nulidad de préstamos de 23 de julio de 1908. Hoy día ciertas operaciones bancarias y ciertas operaciones financieras, no nos engañemos, rayan en la usura. Es una ley que, como ustedes saben, no modifica las condiciones contractuales, sino que acude a los posibles vicios de la voluntad en el momento de la celebración del contrato para incidir en la posible nulidad de ese tipo de préstamos. Creemos que es bueno adaptarla a la actualidad, adaptar sus principios a los vigentes en la sociedad económica española.
Por último, y como les decía, voy a referirme a las comisiones de cancelación anticipada.
Las comisiones de cancelación anticipada tienen un fundamento económico, y, efectivamente, como pena --y he de decirle que me parece brillante, señor Ministro, la solución dada de aplicación-- llegamos casi a la lógica del artículo 1.154 del Código Civil, en cuanto dice que los Tribunales podrán moderar equitativamentela pena, en el supuesto de que ésta exista. No podemos olvidar tampoco que la cláusula final sustituye a la indemnización de daños y perjuicios, y así se contempla en las comisiones de cancelación anticipada, comisiones de cancelación anticipada que lo que realizaban en su momento era asegurar a la entidad financiera el menor interés cobrado como consecuencia de dar un préstamo de larga duración.
Ultimamente, en el mercado financiero hay ofertas en que préstamos a cinco años son al 12 por ciento y préstamos a 12 o 15 años son al 9 o al 8 por ciento. Evidentemente, existe un diferencial que en su día se utilizó al respecto. Sin embargo, no nos engañemos, estamos hablando de una comisión de cancelación anticipada diferente. Es una comisión de cancelación anticipada que lo que quiere impedir es el traspaso de un préstamo que va a seguir, dentro del conjunto del sistema financiero, igual y el mismo, con reducción en sus condiciones, con modificación en el tipo de interés, tal vez, con modificación quizás en el plazo de duración del

Página 2327


préstamo, pero dentro del sistema el préstamo sigue uno y el mismo; por consiguiente, no hay una extinción real del préstamo hipotecario en cuanto sigue en el sistema. Es un supuesto diferenciado y diferente al que en su día se estableció en relación con las comisiones de cancelación anticipada, porque seriamente no existe cancelación anticipada; existe cambio, subrogación en la persona del acreedor manteniéndose una y la misma la obligación garantizada por hipoteca.
Entendemos que no es bueno poner puertas al campo. El mercado lo hará y no les quepa duda a ustedes, señorías, de que así será. Señor Ministro, estoy convencido de que el mercado en la libertad de competencia que ahora se abre como consecuencia de este proyecto de ley así lo realizará pero, insisto, nos parece una apertura excesivamente corta, una apertura que podría lograrse de una manera mucho más extensa, posiblemente ampliando los supuestos de exención en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los cuales no se perjudicaría, en absoluto, los ingresos de las comunidades autónomas en la medida en que se trata de situaciones que hoy no se dan y sí se darían como consecuencia, precisamente, de la introducción de la exención que nosotros pretendemos.
Por todo, en principio y concluyendo, podemos decir: es un proyecto de ley no malo, es un proyecto de ley no perfecto, es un proyecto de ley en que se podrá obtener --y creo que así será-- una gran unanimidad en esta Cámara para su aprobación, sin perjuicio de lo cual es un proyecto que, en su redacción actual, tendrá dificultades en su realización práctica. Y, señor Ministro, pronto tendremos --y estaremos presentes-- ocasión de ver una --me imagino-- copiosa jurisprudencia registral al respecto.
Por otra parte, habrá reticencias bancarias a su introducción, sin perjuicio de lo cual y a pesar de lo soslayado, de lo corto de sus previsiones podemos seriamente pensar que fructificará en lo que se pretende, que es, en definitiva, reducir los tipos de interés generalizadamente dentro del mercado hipotecario. Por último, señor Presidente, simplemente quiero decir que me congratulo de que el Grupo Catalán haya retirado su enmienda número 70, aunque más que retirarla lo que hace es sacar la pata que había metido y de manera importante.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, fue positiva, evidentemente, la iniciativa en su día traída a esta Cámara por Izquierda Unida y hoy nos felicitamos de que, en razón de que se ha dado una respuesta, no lenta precisamente, a aquella iniciativa, podamos intervenir todos los grupos parlamentarios en algo que demanda el Estado español y que, desde luego, requiere una regulación más afortunada, más liberal, más amplia y más positiva para el país en general, en todos sus términos, en el mercado hipotecario.
Fue positiva y recordará el señor Espasa cómo yo le felicitaba por ello en su día, si bien decía que echaba de menos lo que después ha sido corregido por el Gobierno, que ha sido, precisamente, la introducción del contenido de los artículos 8.º y 9.º La introducción de estos dos artículos creo que ha sido profundamente positiva, si bien en este caso también echamos de menos que el Gobierno no haya acudido a la fórmula de decreto-ley, que acaso habría sido la ideal (con la posterior tramitación del correspondiente proyecto de ley) en una situación como la presente, ya que todas las razones que animaban a respaldar aquella iniciativa aconsejaban, precisamente para lograr la máxima presteza, utilizar la vía de un real decreto-ley que habría sido convalidado sin lugar a dudas y hoy estaríamos, con el sosiego correspondiente, tratando de perfeccionar el artículado.
El señor Ministro de Justicia en su intervención ha hecho una referencia a cuál es el objetivo concreto de este proyecto de ley. Nosotros creemos que es no un objetivo concreto sino concretísimo, porque el proyecto de ley se refiere a las viviendas, los locales de negocio y de nuevo a las viviendas en orden a su rehabilitación, y nosotros consideramos -- coincidiendo con otros grupos parlamentarios que han plasmado su sentir en sus respectivas enmiendas-- la necesidad de ampliar a todos los préstamos hipotecarios, sin excepción, estas posibilidades tan importantes que se deparan en el proyecto de ley. Hemos visto que esta preocupación ha animado, a la hora de elaborar sus enmiendas, a los restantes grupos parlamentarios, a excepción del socialista, y esperamos fervientemente que el Grupo Socialista se adhiera a esa buena intención que manifestaba el señor Ministro en su intervención cuando decía que, en principio --así lo entendí yo--, no habría inconveniente en ampliar el ámbito de esta ley. Nosotros creemos, además, que en muchas ocasiones hay que tener una gran generosidad a la hora de contemplar esta posibilidad no sólo para beneficiar el sistema productivo, en general, sino también por una serie de datos puntuales y de la máxima justicia. Nosotros no podemos comprender cómo se puede favorecer de los beneficios que esta ley depara al deudor aquel que quiere mejorar las condiciones de un préstamo hipotecario constituido sobre un chalet con un par de piscinas. Y cómo, por ejemplo, tampoco se pueden extender los beneficios de este proyecto --y de la ley que en consecuencia resulte aprobada-- a los supuestos de hipoteca naval, porque no sólo afecta a aquellos casos de armadores importantes que constituyen un entramado considerable del sistema

Página 2328


productivo, sino también a modestos armadores que están viviendo a trancas y barrancas --y esto lo sabemos bien los que pertenecemos a comunidades donde la pesca constituye una actividad importante--, soportando hipotecas navales sobre modestas unidades con las que sólo pueden mantener media docena de puestos de trabajo, que es la dotación de tales empresas.
En definitiva, nosotros creemos que con este proyecto de ley se consigue dar respuesta a una demanda que tácita o expresamente se había generado por la sociedad entera y que podía haber sido mucho más rápida su tramitación por la vía anteriormente mencionada. Creemos también que hay que modificar no sólo los objetivos concretos que establece, ampliándolos, sino posibilitando que las mejoras en los plazos de amortización se beneficien de los efectos positivos que tiene el proyecto en relación con la mejora de los tipos. En consecuencia --y entrando a comentar puntualmente las enmiendas presentadas por Coalición Canaria--, quiero decir que así como en muchas ocasiones los medios de comunicación, escrita fundamentalmente, se justifican de diversos errores cometidos por los famosos duendecillos que campan por los talleres, eso nos ha ocurrido ahora a nosotros en la primera enmienda. Ha sido una mala jugada del ordenador ya que se veía, por nuestra enmienda siguiente, que nuestro propósito era ampliar al máximo las posibilidades de subrogación extendiéndolas a todos los contratos de préstamos hipotecarios sin excepción, y no sólo refiriéndonos a lo que en la primera enmienda se expresaba por lo que atañe a la legislación del patrimonio histórico español. Consecuente con ello, nosotros en el momento de la votación estamos abiertos a apoyar a otros grupos, después del análisis correspondiente, que mejoren la redacción de nuestra enmienda número 2.
No hacemos cuestión de gabinete por lo que respecta al tipo del tanto por ciento del capital que se expresa en nuestra enmienda número 3 y que situamos en el 0,75 por ciento. No hacemos cuestión de gabinete, fundamentalmente, porque el sentido unánime de la Cámara se encuentra precisamente en la unidad redonda, si bien sí decimos --y queremos puntualizarlo- - que esta imposibilidad de exceso se debe referir tanto a los préstamos de interés fijo como variable.
Por lo que respecta a la enmienda número 4, coincidiendo con el criterio de Izquierda Unida de mejora técnica por lo que se refiere a la supresión de la palabra «cambio», sin embargo, al estudiar la enmienda del Partido Nacionalista Vasco --me parece que es la número 18-- pensamos que su redacción es más afortunada. En cualquier caso apoyaremos esta enmienda. No tenemos la menor reserva en reconocer esa mejora en el texto y en su contenido respecto a nuestro planteamiento.
Mantenemos exclusivamente, eso sí, como enmienda viva, señor Presidente, la número 5, en la que se establece un mayor rigor y claridad al añadir a partir de la expresión «...y la modificación...», en el primer párrafo del artículo 9.º, «...y la modificación se refiera tanto a los plazos como al tipo de interés, variable o fijo, inicialmente pactado o vigente».
Finalmente, por lo que se refiere a nuestra enmienda número 6, también de adición, proponíamos un texto que consideramos que resulta mejorado por el de la enmienda 73, del Grupo Catalán de Convergència i Unió: «El Banco de España publicará mensualmente los índices de referencia que las entidades financieras podrán aplicar a los préstamos de interés variable con garantía hipotecaria». Si bien el sentido de nuestra enmienda era el mismo, no tenemos el menor inconveniente, antes al contrario, en dejar paso a lo que constituye una propuesta mejor --y así lo reconocemos-- que la que habíamos formulado.
Con esto termino y agradezco la atención de sus señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olarte, S.S.
indica que la enmienda que mantiene viva es la número 5 de su enumeración, al artículo 9.º y las demás se dan por retiradas.


El señor OLARTE CULLEN: Exactamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Olarte. Para la defensa de las enmiendas firmadas conjuntamente por el Grupo Vasco (PNV) y el señor Albistur, el señor Zabalía tiene la palabra.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en defensa de las enmiendas a este proyecto de ley en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ/PNV) y del señor Albistur, del Grupo Mixto.
Este proyecto de ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios es consecuencia de la moción presentada en su día por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya y a la cual nos adherimos el resto de los grupos políticos dado el consenso existente en cuanto a la necesidad de articular un texto legal que facilitara y permitiera beneficiarse de la reducción de los tipos de interés a los ciudadanos con préstamos hipotecarios. Estos objetivos, contemplados tanto en la exposición de motivos como en la memoria del proyecto de ley, son totalmente asumidos por nuestro Grupo Parlamentario. Estamos permanentemente insistiendo, no sólo nuestro Grupo sino todos los grupos de la Cámara, sobre la imprescindible reducción de los tipos de interés como medida para la reactivación de la economía, a través de facilitar la inversión e incentivar el consumo. Esta reducción del precio del dinero se está produciendo. No

Página 2329


llegamos a los porcentajes de la media de los países de la Unión Europea --aún nos faltan tres puntos aproximadamente--, pero nos vamos acercando. Ante este descenso significativo era lógico que el mismo se trasladara a los miles y miles de ciudadanos y entidades que suscribieron en su día préstamos hipotecarios a un interés cinco o seis puntos superior al actual. Así lo entendimos y por ello apoyamos la redacción de un proyecto de ley que permitiera jurídicamente encontrar una solución a esta situación. Vuelvo a insistir en que participamos de la filosofía y de los objetivos del proyecto de ley. Sin embargo, entendemos que hay aspectos mejorables en su contenido; aspectos que hemos intentado introducir a través de las enmiendas a su articulado, que paso seguidamente a defender.
Con el fin de agilizar la exposición y estructura de su contenido de forma más adecuada, permítanme, señorías, que las agrupe en varios apartados. En primer lugar, aquellas enmiendas que hacen referencia al ámbito de aplicación. En éstas se encuadran los artículos 1 y 9, en los cuales se limita la aplicación a aquellos préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición o promoción de viviendas y locales de negocio o para la rehabilitación de viviendas. Es cierto que éste es el principal destino desde el punto de vista de impacto social que tiene. Sin embargo, ¿por qué limitar los beneficios de la subrogación y el ahorro inherente exclusivamente al préstamo destinado a vivienda o adquisición de locales comerciales? ¿Por qué excluir los préstamos hipotecarios solicitados por un empresario que los haya destinado a la realización de obras de urbanización o de equipamiento social o edificios agrarios, turísticos e industriales? ¿Por qué limitar el destino a viviendas y locales de negocio? Si de lo que se trata es de agilizar el rígido mercado hipotecario, hagamos extensibles los beneficios económicos derivados de la subrogación a todos los préstamos hipotecarios.
He visto con agrado que otros grupos parlamentarios están en esta línea y que incluso el Gobierno, después de su intervención, ha apuntado la posibilidad de contemplar la extensión de la subrogación de los créditos hipotecarios. Por lo tanto, me alegro de esta decisión. En esta línea de argumentación estaba también el artículo 7 sobre régimen fiscal, que establece la exención de las escrituras de subrogación en el Impuesto sobre actos jurídicos documentados. No hemos procedido a enmendar este artículo porque entendíamos que la exención de las escrituras notariales de subrogación se refiere, tal como está redactado el proyecto, a todas las escrituras de subrogación de préstamos hipotecarios, no sólo a las destinadas a viviendas y locales de negocio, pero como veo, y por lo que antes he dicho, esto queda totalmente aclarado.
En segundo lugar, hay otro grupo de enmiendas que hacen referencia a las condiciones del préstamo. Desde nuestra óptica, proponemos ampliar las medidas de este proyecto de ley a los préstamos hipotecarios pactados a interés fijo, artículo 3 del proyecto de ley; fórmula muy habitual, como saben SS.SS., sobre todo en gran número de ciudadanos que integran las capas sociales más desfavorecidas. No voy a entrar aquí en qué porcentaje se escrituran créditos hipotecarios a plazo fijo o variable, pero creo que es importante, sobre todo por el colectivo que normalmente suele suscribir los créditos hipotecarios a plazo fijo, por lo que, desde nuestro punto de vista, no deben quedar excluidos. Por otra parte, es preciso preservar, a su vez, al deudor de su derecho a que no se le modifiquen sus actuales condiciones contractuales, sobre todo cuando, mediante acuerdo negociado, no pacta la comisión. Entendemos que la redacción actual del artículo 3 deja excesiva iniciativa a la entidad financiera. No somos partidarios de que exista comisión por amortización anticipada. Esta debe ser objeto de pacto y, en tal caso, debe tener un límite. Otro de los aspectos que entendemos necesario ampliar se refiere a la posibilidad de modificación de la escritura de novación, no sólo al tipo de interés sino también al plazo de amortización, ya que la refinanciación de un préstamo debe contemplar la modificación de las dos condiciones principales que determinan su cuantía, como son el tipo de interés y el plazo de amortización. Por otro lado, vemos necesario establecer un límite del 1 por ciento en el cálculo de los honorarios notariales y registrales, en congruencia con el objetivo de abaratar los gastos de intervención de estos préstamos.
Finalmente, hemos incluido dos enmiendas como disposiciones adicionales que modifican el texto refundido del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con el fin de abaratar el gravamen de las primeras copias de escrituras y actas notariales, reduciendo el tipo de gravamen del 0,5 por ciento al 0,1 por ciento. Esta es una reivindicación que nosotros estamos haciendo permanentemente, dado que en el País Vasco, como conocen SS.SS., ya se está aplicando. Hay que tener en cuenta que un tributo como el de actos jurídicos documentados tiene un carácter estrictamente formal y resulta difícilmente reconducible a la capacidad contributiva que, según el artículo 13.1 de la Constitución, debe inspirar el conjunto del sistema tributario. En definitiva, supone un obstáculo al tráfico jurídico y en el supuesto que ahora nos ocupa --el gravamen proporcional sobre determinados documentos notariales-- se desincentiva, además, la mayor seguridad en el tráfico que la intervención del notario supone.
Por todo esto, el Impuesto sobre actos jurídicos documentados ha ido viendo reducido progresivamente su ámbito de aplicación, tanto en el ordenamiento español como en el Derecho comparado: derecho de registro y de timbre, lo que pone de manifiesto que la

Página 2330


reducción del tipo que se propone, sobre todo en el gravamen proporcional, que además discrimina el documento público inscribible respecto al privado, muy bien puede considerarse como una media perfectamente razonable, y no arbitraria, destinada a favorecer el tráfico jurídico y la seguridad del mismo. Recuerden SS.SS. el Real Decreto-ley del 14 de marzo de 1986 que suprimió el Impuesto sobre actos jurídicos documentados que constituía aquella famosa póliza de 25 pesetas que había que acompañar a todas las instancias y documentos presentados en oficinas públicas. Fue una pequeña revolución en su día contra aquella famosa frase de «vuelva usted mañana porque le falta la póliza», característica, típica de la burocracia española. Por tanto, es necesario ir reduciendo, llegando hasta la supresión del Impuesto sobre actos jurídicos documentados. Asimismo, la Comisión de las Comunidades Europeas ha sugerido repetidas veces la conveniencia de suprimir los gravámenes sobre el timbre, que constituyen un obstáculo y dificultan el tráfico jurídico mercantil. La reducción gradual del tipo de gravamen en la modalidad de actos jurídicos documentados ya fue adoptada, como saben perfectamente SS.SS. y les he dicho antes, por la normativa tributaria de los territorios históricos del País Vasco y Navarra y queremos que se haga extensiva el resto del Estado.
Para terminar, diré que en estas modificaciones del Impuesto sobre actos jurídicos documentados se recoge la posibilidad de incluir como exención en el impuesto la futura ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, en todo punto necesaria por técnica legislativa y al objeto de que dicho texto refundido siga conteniendo toda la legislación tributaria sobre el impuesto.
Estas son, señorías, las enmiendas que nuestro Grupo Parlamentario, junto con el señor Albistur, del GrupoMixto, propone introducir al proyecto de ley de subrogación y modificación de la ley hipotecaria y que espero tengan la aceptación adecuada, porque, señores del Partido Socialista, si nuestras propuestas, junto con otras presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, no son tenidas en cuenta, corremos el riesgo de que este proyecto de ley quede descafeinado y no recoja las medidas necesarias para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Zabalía. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, señoras y señores Diputados, quisiera comunicar que ha sido ya tramitada ante los registros de la Cámara una petición de retirada de tres enmiendas de nuestro Grupo, 60, 69 y 70. Tiene ya conocimiento el Presidente para que así conste en la ordenación del trámite de las votaciones que a continuación se realicen.
La posición global del Grupo Parlamentario Catalán, al que represento en este trámite, sobre este proyecto de ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios es favorable al mismo. Con esta iniciativa legislativa el Gobierno da cumplimiento al mandato de esta Cámara, acordado el pasado día 2 de noviembre de 1993, por el que se le instaba a elaborar una normativa para habilitar los mecanismos para que los deudores, en aplicación de los artículos 1.211 y 1.212 del Código Civil, puedan subrogar sus hipotecas a otro acreedor.
Consideramos, pues, que esta es una medida positiva y sin duda necesaria para alcanzar el propósito que este Grupo Parlamentario persigue hace meses, que es hacer llegar a los ciudadanos y al mercado la reducción de los tipos de interés que propugnamos y que el cambio de política monetaria ya ha permitido en estos momentos. Es cierto que el descenso de los tipos de interés --y en ese sentido se expresan muchas voces en el mercado-- en los últimos años ya ha tenido su efecto en los préstamos hipotecarios concedidos recientemente, en una progresiva revisión de aquellos que se constituyeron con anterioridad a la bajada de los tipos de interés en el mercado interbancario. Pero el Grupo Parlamentario que represento considera que no ha sido suficiente esa traslación de la reducción de los tipos de interés a este mercado, debido precisamente a la existencia de mecanismos que complican o hacen muy gravoso el cambio de crédito hipotecario o la reducción de los tipos de interés dentro de la misma entidad crediticia, como se hace constar en multitud de opiniones y de dictámenes que se han ido señalando últimamente en nuestra sociedad. Por ello, señorías, consideramos que es conveniente una regulación específica de la institución de la subrogación, prevista en el Código Civil, así como del supuesto de novación modificativa con dos propósitos fundamentales que son los que animan a la posición de nuestro Grupo Parlamentario. El primero, específico, se refiere a la defensa de los intereses de las personas que tienen suscritos créditos hipotecarios y, el segundo, más de carácter general, de alcanzar en el mercado una efectiva reducción de los tipos de interés para contribuir a la reactivación de la economía, única vía para poder crear, señorías, puestos de trabajo. Creemos, pues, que es un paso positivo que se haga menos cautivo el mercado hipotecario en nuestra sociedady en nuestra economía; que ello se haga favoreciendo el ejercicio de la subrogación por el deudor; que se limiten las comisiones de amortización anticipada, ya sea parcial o total; que se reduzcan los costes fiscales, los honorarios notariales y registrales. Nuestro Grupo Parlamentario entiende que todo ello debe hacerse de forma

Página 2331


que no se generen desequilibrios en el sistema financiero y que en cierta parte no se incida negativamente sobre la evolución futura de la economía. No obstante las valoraciones de carácter general que consideramos --el contenido del proyecto de ley desde la perspectiva global es positivo y necesario, como he indicado--, desde la óptica más específica, desde su contenido literal, creemos que puede ser mejorable.
Esta futura ley generará litigios, y el señor Ministro lo sabe; litigios por sus imprecisiones en algunos aspectos y por su discutible incidencia en otros supuestos que no tiene en cuenta su regulación. Pero son muchísimos más los aspectos positivos que las posibles dificultades --expresadas ya por algunos portavoces anteriormente-- que seguro se generarán con la aplicación de esta regulación que estamos debatiendo. En ese sentido se plantean las enmiendas que propone nuestro Grupo Parlamentario. Estas enmiendas concretamente, señorías, podrían agruparse en cuatro propósitos.
En primer lugar, extender el ámbito de esta ley a todas las hipotecas constituidas en el mercado, puesto que entendemos que esto supone extender las ventajas que contiene este proyecto de ley a las actividades agrarias, pesqueras o industriales; es decir, extender las ventajas de este proyecto de ley a lo que es hoy la economía productiva. Este es el propósito de las enmiendas 59 y 71 de nuestro Grupo Parlamentario que plantean que no solamente sean los créditos hipotecarios destinados a financiar viviendas o locales de negocio los que puedan beneficiarse de las facilidades de subrogación y de reducción de costes que contempla esta ley, sino que en todos los casos estas ventajas puedan ser aplicables a todos los créditos hipotecarios, con la voluntad estricta de favorecer la reducción de los tipos de interés que hoy afecta a la actividad económica productiva. En segundo lugar, las enmiendas que planteamos proponen reducir los costes y tipos de interés que pagan los ciudadanos mediante procedimientos más efectivos. Este es básicamente el propósito de la enmienda 61, al artículo 2, por la que trasladamos al debate de este proyecto de ley una medida ciertamente creo que positiva por la conjunción de intereses de todas las partes afectadas por este proyecto de ley, que es aportar un sistema simplificado de tanteo en las condiciones de subrogación. Lo que se propone, señorías, es un mecanismo simplificado de tanteo más ágil y efectivo en los procedimientos de subrogación que, a nuestro juicio, permitirá la reducción real de los tipos de interés y coste de las hipotecas, sin que ello genere flujos masivos de traslación de clientes entre las instituciones financieras. Creemos que este mecanismo puede ayudar al propósito y al fin que persigue este proyecto de ley, que es hacer efectiva la reducción en el mercado de los tipos de interés. La enmienda número 67 y siguientes plantean la reducción de la comisión anticipada en los préstamos de interés variable. En este punto proponemos tres innovaciones. La primera referida al límite máximo del uno por ciento para las hipotecas que se subrogan o para las amortizaciones que se aplican en las novaciones modificativas anteriores a la aprobación de esta ley. La segunda plantea la aplicación de un límite máximo no superior a un uno por ciento para las amortizaciones parciales que no tengan su causa en una subrogación, que, según parece, puede ser una medida muy bien aceptada y que podría ser una buena solución de futuro para hacer más barato el coste que hoy soporta el instrumento hipotecario. Y en la tercera proponemos la supresión de la comisión de amortización para las futuras hipotecas que se puedan constituir a partir de la entrada en vigor de este proyecto de ley; aspecto este último más controvertido pero que entiende nuestro Grupo Parlamentario que favorecería una utilización más extensa de este instrumento en nuestra economía.
El tercer objetivo que plantea nuestras enmiendas es extender algunas ventajas hoy contempladas en el proyecto de ley a todo lo que son las nuevas hipotecas. Asimismo, y con la misma intención de propiciar una reducción de los costes de constitución de préstamos con garantía hipotecaria, se propone reducir el coste de las nuevas constituciones de créditos hipotecarios con carácter transitorio durante el ejercicio de 1994 y con la posibilidad de que, en el debate de presupuestos generales del Estado, se pueda prorrogar esta medida transitoria para el ejercicio de 1995 mediante una bonificación del 25 por ciento en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como en los aranceles notariales y en los aranceles aplicables a las inscripciones en el Registro de la Propiedad.
El cuarto objetivo que persiguen nuestras enmiendas es otorgar mayor transparencia a los contratos de préstamos hipotecarios.
Proponemos que el Banco de España publique mensualmente los índices de referencia que las entidades financieras podrán aplicar a los préstamos de interés variable con garantía hipotecaria. El objetivo de esta enmienda 73 es no excluir ninguno de los índices de referencia que hoy se aplican en el mercado; lo que proponemos es que, si el mercado aplica índices de referencia establecidos por las instituciones financieras, el Banco de España publique esos índices de referencia para que los ciudadanos puedan conocer cuál es su evolución, así como las variaciones que puedan ir experimentando, para poder acogerse al cumplimiento que se establezca en los créditos hipotecarios para su revisión. Por tanto, no limitamos los índices de referencia, simplemente decimos que todos los que operen en el mercado sean publicados por el Banco de España, no estrictamente cuatro, como se hace en estos momentos, sino que el Banco de España reconozca los que se utilicen y los publique para que se conozca cuál es su evolución en el sistema. Estos son los cuatro objetivos

Página 2332


que persiguen las enmiendas que plantea nuestro Grupo Parlamentario. He escuchado la intervención del señor Ministro y he podido comprobar que el Gobierno ha tomado una decisión yo creo que importante al admitir la ampliación del ámbito de aplicación de esta ley. Creo que es una muy buena decisión, sin duda provocada y forzada por la posición de este Grupo Parlamentario y también por la de algunos otros que se han expresado en esta misma dirección. El Gobierno toma una decisión acertada puesto que, de lo contrario, sería complicada la aplicación de la misma ley porque dejaríamos a los notarios que pudieran interpretar cuál es el contenido de estos créditos hipotecarios, así como juzgar si se aplica o no esa ley a las propuestas de subrogación que se pudieran formalizar. Por tanto, señor Presidente, señorías, hoy esta Cámara debe felicitarse porque se toma una decisión que va a incidir de forma positiva en el funcionamiento de la economía productiva, haciendo más llevadero los costes financieros que hoy soporta o los créditos hipotecarios que pudiera haber contraído esta economía productiva.
Creo también que es acertada la posición de contemplar la limitación del uno por ciento para las comisiones de amortización anticipada cuando éstas no se causen por un procedimiento de subrogación. La enmienda que propone nuestro Grupo en ese sentido, de ser aceptada (parece ser que podrá serlo por las expresiones que ha hecho el señor Ministro) sería una buena decisión, porque los ciudadanos que puedan estar atentos a este debate sabrán que sus decisiones de amortización anticipada, por lo tanto, sus comportamientos de ahorro que puedan realizar para anticipar la amortización de sus créditos hipotecarios, van a tener una reducción en el coste que supone hoy amortizar estas hipotecas. Por lo tanto, una buena decisión con una incidencia positiva para los ciudadanos que tienen hoy suscritos créditos hipotecarios y me alegro de que, en este sentido, se admitan estas sugerencias.
Espero y confío, a la luz de la intervención del Portavoz del Grupo Socialista, que podamos avanzar en algunas de las otras sugerencias que hacemos, especialmente en hacer más transparente el mercado y facilitar la información necesaria que requieren los ciudadanos para poder saber cómo evolucionan los índices de referencia hoy aplicables a los créditos hipotecarios.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Homs.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, muy brevemente, para defender las enmiendas que he presentado en nombre del Partido aragonés y para decir que coinciden con muchas de las enmiendas presentadas por otros grupos, que han sido ya defendidas y argumentadas aquí por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, lo cual me va a evitar el tener que argumentar en exceso y a ustedes les va a liberar de que el debate se alargue a esta hora de la mañana.
Quiero empezar diciendo que este proyecto de ley que hoy se está debatiendo recoge una sensibilidad y una realidad que está en la calle. Me parece que, primero, hubo un acierto en la presentación de la propuesta por parte del señor Espasa y, después, el Gobierno ha sido muy ágil y muy rápido en recoger esta inquietud y traernos un proyecto de ley, que es el que hoy estamos debatiendo. Bien es verdad que, quizá por la premura o por no haber querido entrar en mayores honduras (la verdad es que se presta para muchas mayores honduras), a nuestro juicio, han quedado pendientes algunos asuntos que podríamos aprovechar en este trámite para mejorarlos porque no es una cuestión sólo de detalle, es que aquí, a veces, el detalle se convierte en cuestión fundamental. En ese sentido van las enmiendas que nosotros hemos presentado al artículo 3.º, que hacen referencia a la comisión por amortización anticipada. Nuestra enmienda pretende simplemente que, cuando se habla de la cantidad de comisión por amortización anticipada, se aclare que es sobre el capital pendiente, no sobre el capital global de la constitución del préstamo, porque si no se está castigando a aquel que más tiempo lleva y por tanto que más ha amortizado. Creo que es una enmienda técnica pero que tiene un gran sentido. La que hemos presentado con el número 24 al artículo 4.º, es una enmienda de adición que pretende ampliar las modificaciones que se introducen en la escritura, no solamente al interés, que es de lo que se trata, sino también al plazo del préstamo.
Nos parece que resultaría útil que, a la hora de hacer algunas modificaciones pactadas entre las partes, acreedor y deudor, se pudiera también modificar los plazos de la hipoteca, teniendo en cuenta, en este momento, el mercado hipotecario y la titularización hipotecaria que hemos puesto en marcha en este Congreso recientemente, puesto que se ha creado un mercado precisamente de transmisión de títulos hipotecarios y ese mercado podría verse muy restringido o constreñido si no permitiéramos que en este movimiento de modificaciones de hipotecas se pudiera también modificar el plazo, porque creo que, a veces, resulta tan sustancial la ampliación del plazo como la modificación de los intereses. Esto, evidentemente, es algo que ya se está haciendo en la práctica, pero me parece que el proyecto de ley no lo aclaraba o más bien impedía, precisamente por el carácter restrictivo del artículo 4.º, que esto pudiera ser así. Como esto se ha recogido en enmiendas de otros grupos, yo, por economía procesal, después

Página 2333


de haberlas defendido y de haber dado mi argumento, retiraré de la votación la 23 y la 24 y apoyaremos las enmiendas de otros grupos que van en el mismo sentido.
Y, por fin, con la enmienda número 25, que es una enmienda adicional que nosotros presentamos que he visto que no coincide con la de ningún otro grupo parlamentario, lo que hemos pretendido, no sé si de la mejor manera posible, es hacer una llamada a la minoración de ingresos que supone para las comunidades autónomas la exención en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que estamos legislando desde aquí.
Estamos diciendo que hay una exención de actos jurídicos documentados en todas estas modificaciones y subrogaciones y, de hecho, estamos incidiendo en impuestos cedidos a comunidades autónomas que no tienen capacidad legislativa sobre los hechos fiscales. Les estamos modificando el hecho fiscal, lo cual es legítimo y perfectamente válido desde el Congreso de los Diputados, pero estamos causando un perjuicio en la recaudación de estos impuestos. De ahí que crea que, como ocurre cuando la legislación estatal afecta a los ingresos de impuestos cedidos a las comunidades autónomas, se haga una previsión --no sé si tal y como la he plasmado en la adicional--, a través del Ministerio de Economía y Hacienda o a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que esta legislación, esta norma que estamos debatiendo aquí no suponga una minoración de ingresos a las depauperadas arcas de las comunidades autónomas. Si hay alguna otra fórmula que pueda recoger esta intención, que me parece que no debería o no podría ser negada fácilmente por ningún grupo parlamentario, la aceptaría con mucho gusto.
Pero, si no la hay, someteríamos a votación la enmienda número 25, porque querría que quedara constancia, no solamente de la voluntad, sino también de la realidad de este hecho.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mur, ¿entonces la Presidencia entiende que queda viva para someter a votación la enmienda número 25 y quedan retiradas la 23 y la 24? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista y, al mismo tiempo, para fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas por los otros grupos, tiene la palabra el señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el señor Ministro de Justicia ha hecho la presentación del proyecto, en cuya intervención ha explicado perfectamente el contenido y el alcance económico, político e incluso personal de este proyecto. Por lo tanto, entendiendo que mi intervención no mejoraría en nada la del señor Ministro y coincidiendo, en nombre del grupo, en todo cuanto él dijo, les eximo de una interpretación personal del contenido y alcance del proyecto y paso directamente al contenido de nuestras enmiendas y a la posición que mi grupo adoptará en relación con las enmiendas que otros grupos han presentado.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cuatro enmiendas, 55, 56, 57 y 58, que no modifican lo sustancial del proyecto, pero que sí clarifican algunos términos o, en otro caso, añaden otros que precisan con mayor claridad y con mayor rigor cuál es el significadode una parte del contenido de esta norma. En particular, nuestra primera enmienda, la 55, trata de clarificar un poco más el artículo 3.º del proyecto, para dejar sentado bien claro que cuando se habla de comisiones de cancelación estamos refiriéndonos a una base sobre la que se aplica esa comisión que ha de ser la parte pendiente de amortizar del crédito hipotecario. Por lo tanto, había que modificar ese término, tanto en el artículo3.º, que se refiere a la comisión de cancelación por subrogación, como en el artículo 9.º, que se refiere a la institución de la novación modificativa del contrato.
En segundo lugar, señorías, queríamos modificar también y precisar, en el artículo 4.º, a qué nos referimos cuando hablamos de cambio en el tipo de interés en el caso de una subrogación. Pues estamos refiriéndonos, tal como dice nuestra enmienda, a una mejora de los tipos de interés. Entendemos que con ese término es suficiente, porque será el deudor hipotecario el mejor intérprete de qué significa para él «mejora de los tipos de interés». Mi impresión es que se pueden dar tres posibilidades, en relación con un cambio en los tipos de interés, que signifiquen mejora para el deudor hipotecario. Que se trate de una hipoteca a tipo fijo, con lo que deberíamos estar en presencia de una reducción del tipo de interés; que se trate de una hipoteca a tipo de interés variable o bien de un cambio en el tipo de interés de referencia que sea inferior al tipo de interés de referencia de la primera entidad acreedora, o bien que, manteniendo el tipo de referencia inicial, reduzca el margen respecto a ese tipo de referencia. Eso es lo que nosotros entendemos por mejora de los tipos de interés, que hemos querido llevar al proyecto para clarificarlo.
Señorías, las otras dos enmiendas son concordantes con estas dos precisiones anteriores en lo que afectan a los artículos 5.º y 9.º Esas son las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
En relación con las enmiendas del resto de los grupos, señorías, creo que podrían agruparse en un conjunto de cuestiones que son las que, en mayor medida, todos los grupos parlamentarios han hecho objeto de sus enmiendas. En primer lugar, si extender o no el ámbito objetivo de aplicación de esta ley. Dicho en otros términos más inteligibles, si se benefician del contenido de esta ley todos los préstamos hipotecarios --es decir,

Página 2334


todos los créditos con garantía hipotecaria-- o única y exclusivamente aquellos --tal cual es la redacción inicial del proyecto de ley-- que vayan destinados a la promoción o adquisición de vivienda y locales de negocio o a su rehabilitación. Pues bien, señorías, mi Grupo va a presentar una enmienda transaccional a la correspondiente del Grupo Catalán que, sin duda alguna, va a afectar a otras muchas enmiendas de la práctica totalidad de los grupos que se han inclinado por esa extensión del ámbito de aplicación objetiva del contenido de la ley.
En segundo lugar, señorías, muchos grupos parlamentarios se han inclinado por extender el procedimiento de la limitación en la comisión de cancelación a los tipos de interés fijo y no sólo a los tipos de interés variable. Quiero precisar que así como las hipotecasa tipo de interés fijo pueden ser objeto de subrogación o de novación modificativa de acuerdo con la ley, lo que de acuerdo con el contenido de la misma no se podría llevar a cabo sería una limitación en las comisiones de cancelación en aquellas hipotecas a tipo de interés fijo.
Entendemos que la postura del proyecto de ley y la de mi Grupo Parlamentario es de todo punto razonable, porque, de lo contrario, si estableciéramos la posibilidad de limitar las condiciones de cancelación en el caso de tipos de interés fijo, estaríamos, en primer lugar --dijo el señor Espasa que lo temía y nosotros tenemos la seguridad-- introduciéndonos en un terreno dudosamente constitucional, en lo que se refiere a derechos ya consolidados y en lo que se refiere al efecto retroactivo de esta ley. Además, en segundo lugar, señorías, también estaríamos llevando a las entidades financieras a un terreno en el que no existiría simetría alguna en la asunción del riesgo por parte del acreedor y del deudor cuando convienen un contrato en una hipoteca a tipo de interés fijo, porque bien es verdad que el tipo de interés puede bajar y, en ese caso, beneficiar a la entidad acreedora, pero también los tipos de interés puede subir en el mercado y, en ese caso, beneficiar al deudor.
Por otra parte, señorías, muchas entidades financieras, particularmente aquellas que tienen una vocación muy marcada en este ámbito del crédito hipotecario, han hecho las correspondientes emisiones a largo plazo para fondear o dar respaldo financiero a sus operaciones de activo a largo plazo y, por tanto, en el caso de aceptar la limitación en hipotecas a tipo fijo, incurriríamos en un daño, entiendo yo que irreparable, para las entidades financieras que tienen esa vocación y que son además, señorías --¿por qué no decirlo?-- aquéllas que mayor disposición han mostrado a colaborar con los poderes públicos locales, regionales y estatales en la realización y la materialización de los planes de vivienda, particularmente la vivienda de protección oficial y las viviendas libres de precio tasado. Por tanto, señorías, creo que ésa es una cuestión que también está presente en muchas de las enmiendas que presentan los grupos y que nosotros vamos a rechazar. En particular, señorías, y refiriéndome a enmiendas en concreto de los grupos, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) amplía ese ámbito de aplicación y creo que también podrá retirar sus enmiendas en el caso de que le resulte aceptable la transacción que nosotros vamos a presentar a una enmienda del Grupo Catalán.
Ya he dicho que nosotros rechazamos la posibilidad de limitación de la comisión de cancelación en tipos de interés fijo.
Hay otro grupo de enmiendas que han presentado el Partido Nacionalista Vassco y otros grupos y que tienen que ver con la posibilidad de que en la figura de la subrogación se incluya no sólo la posibilidad de cambio en los tipos de interés, sino también en los plazos. Entendemos que eso ya no sería una subrogación, estaríamos hablando de otra cosa, de la novación modificativa. Entendemos que la figura de la subrogación, que no tiene prácticamente efectos registrales, se tiene que referir exclusivamente a la modificación del tipo de interés, pero no de los plazos, porque la modificación de los plazos, sin ninguna duda, tiene efectos, y efectos importantes desde el punto de vista registral, y, por tanto, debe incluirse, como así lo hace el proyecto de ley, en la figura de la novación modificativa y no de la subrogación. Pues bien, de todo el conjunto de enmiendas que presenta el Partido Nacionalista Vasco no podremos aceptar más que aquellas que tengan relación con esa transacción a la que yo me refería. En relación con las enmiendas de Izquierda Unida, de donde procede --hay que decirlo-- la voluntad inicial en la iniciativa parlamentaria, vamos a apoyar la primera enmienda, la que se refiere a una introducción en la exposición de motivos, en la que se reconoce precisamente la diligencia que el Gobierno ha manifestado en la puesta en práctica y en la materialización de una iniciativa apoyada unánimemente en esta Cámara. En segundo lugar, señor Espasa, su enmienda número 2, que se refiere al artículo 2.º, creo que queda también incluida en la transacción que presentamos a la enmienda del Grupo Catalán, que se refiere precisamente a ese tema. Tenemos también una transacción al artículo 2.º, de la que luego hablaré. Por tanto, creo que esas son las dos enmiendas que resultarían aceptadas, una por la vía del apoyo explícito y otra por la vía de la inclusión en una transacción. El resto de las enmiendas se incluyen en aquellas que acabo de rechazar en términos generales respecto de otros grupos parlamentarios.
En relación con las enmiendas de Coalición Canaria, señorías, quiero decir lo mismo. Tiene enmiendas afectadas por esa transacción, que extiende el ámbito objetivo de la ley, y en esos términos verá reflejada parte de su voluntad o de sus puntos de vista. Coalición Canaria también se inclinaba por la posibilidad de introducir

Página 2335


el tipo fijo. Ya le he dicho antes que no somos partidarios de eso. También encontrará alguna satisfacción el señor Olarte a su punto de vista en relación con los tipos de referencia del Banco de España, a lo que posteriormente me referiré en relación con las enmiendas del Grupo Catalán. En cuanto a las enmiendas del señor Mur, creo que el problema que plantea la enmienda número 23 lo resuelve nuestra enmienda número 55...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señor Martínez Noval, el señor Mur ha indicado que retiraba las números 23 y 24.


El señor MARTINEZ NOVAL: Perdón, señorías. Entonces me ahorra mi intervención en ese sentido.
En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, señorías, vamos a rechazar la práctica totalidad de las mismas, no sin reconocer, y lo digo con absoluta sinceridad, que hay un trabajo importante en dichas enmiendas. Yo creo que lo que ocurre es que se ha elegido otra vía para solventar el problema --el propio portavoz lo ha dicho--, que es la vía de modificar artículos concretos de la Ley Hipotecaria, e incluso, en el caso de la rebaja de la fiscalidad, no plantear la modificación en esta ley, sino modificar artículos correspondientes de la Ley sustantiva del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Ese no es el procedimiento de la ley, señorías, y aun reconociendo el trabajo importante que hay en esas enmienda vamos a rechazar la práctica totalidad. Aceptaremos algunas de ellas que tienen que ver con mejoras de redacción y en algunos casos con mejoras técnicas. En particular, apoyaremos la enmienda número 36 y presentaremos una enmienda transaccional a la número 42, que suprime tres términos al inicio del primer párrafo del artículo 5.º Por último, en relación con las enmiendas del Grupo Catalán, mi Grupo presenta en este instante una enmienda transaccional al artículo 1.º, párrafo primero, en el cual extendemos, lo digo una vez más, el ámbito objetivo de aplicación del proyecto a todo préstamo con garantía hipotecaria. En segundo lugar, mi Grupo presenta otra enmienda transaccional a las enmiendas del Grupo Catalán números 61, 62, 63, 64, 65 y 66, que mejora la redacción del artículo 2.º y que introduce la figura del derecho de tanteo para la primera entidad acreedora, pero como ya la ha expuesto el señor Homs, no la voy a repetir yo. Creo que es conveniente que algunas entidades financieras tengan esa posibilidad... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Martínez Noval. Por favor, señorías, guarden silencio. Es imposible hacer un seguimiento de las indicaciones que hace el interviniente acerca de enmiendas aceptadas o no. En cualquier caso, es imposible seguir su discurso. Ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, si me lo permite, repito que mi Grupo presenta una transaccional a las enmiendas 61, 62, 63, 64, 65 y 66 del Grupo Catalán, que mejora la redacción del artículo 2.º e introduce la figura del derecho de tanteo para la primera entidad acreedora cuando hay otra entidad dispuesta a subrogarse en el crédito.
En tercer lugar, señorías, mi Grupo también presenta una enmienda transaccional a la número 67 del Grupo Catalán, donde se introducía la conveniencia de establecer limitación en las comisiones de amortización anticipada en casos de no subrogación. Es decir, hay muchos casos --ustedes los conocen- - en los que una persona física o jurídica decide amortizar, en todo o en parte, anticipadamente una parte de su crédito total sin que tenga lugar ni la subrogación ni la novación modificativa. Pues, señorías, en ese caso, entendemos que también tiene sentido --siempre que ese préstamo sea a interés variable, insisto--, la introducción de limitación en las comisiones de cancelación, que en este caso sería también del 1 por ciento, pero puesto que la Ley tiene un rótulo que se refiere a la figura de la subrogación y de la novación modificativa, y en este caso no estamos hablando ni de una cosa ni de la otra, esta disposición se iría a una disposición adicional única y no formaría parte del articulado de la Ley. Además de eso, señorías, mi Grupo va a admitir, y apoyará con sus votos, la enmienda número 73, que se refiere a la obligación que tendrá, a partir de la vigencia de la Ley, el Banco de España de publicar mensualmente un conjunto de índices de tipos de interés de referencia para créditos hipotecarios. En realidad, señorías, por ser objetivo y por decirlo todo, el Banco de España ya lo viene haciendo desde el mes de diciembre de 1993. En su boletín económico de diciembre ya ha publicado esos tipos de interés de referencia, y para nuestra satisfacción y para la de todos los grupos que apoyaron la moción, tiene sentido que les transcriba lo que el Banco de España dice: «Ante esta situación y atendiendo a una preocupación reflejada en las instancias políticas del país» - -sin ninguna duda que se está refiriendo a la moción aprobada en esta Cámara--, «ha recomendado recientemente a las asociacionees de entidades de crédito que utilicen en lo sucesivo, en operaciones de préstamo hipotecario a tipo variable a personas físicas, alguno de los siguientes tipos de interés: ...» De manera que vamos a llevar a la Ley algo que el Banco de España ya está cumpliendo desde el mes de diciembre del año precedente.
En último lugar, señorías, hay otra enmienda del Grupo Catalán, sobre la que quiero decir unas palabras. Se trata de la enmienda número 74, que introduce una disposición

Página 2336


transitoria que pretende rebajar o bonificar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos Documentados para todos los préstamos hipotecarios que se lleven a efecto a lo largo del año 1994 con posibilidad de prórroga a los presupuestos del año 1995, que rebaja los aranceles notariales y registrales también en un 25 por ciento. Nosotros, señorías, coincidimos con el fondo de la enmienda. Encontramos en la misma algunos defectos nada desdeñables en cuanto a los términos que se utilizan y en cuanto a algunos conceptos, y le pediría al Grupo Catalán que tuviéramos la oportunidad, en el trámite del Senado, de precisar con mayor detalle los contenidos exactos de esa enmienda, en la que estamos de acuerdo en el fondo, pero no en el contenido exacto de la misma. Y esto es todo, señor Presidente, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Noval, si pudiera, le agradecería que pasara a la Presidencia las tres enmiendas transaccionales anunciadas a las de Convergència i Unió y la enmienda transaccional anunciada a la del Partido Popular. (Pausa.) Señorías, la enmienda transaccional que el Grupo Socialista presenta a la enmienda número 42 del Grupo Popular consiste en que en el primer párrafo del artículo 5.º se suprima «el hecho de» y la coma se ponga entre «tercero» y «si». Quedaría de la siguiente manera: «La subrogación no surtirá efecto contra tercero, si no se hace...» etcétera.
La enmienda transaccional presentada a la número 59 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sería la siguiente: El artículo 1.º, apartado 1, tendría la siguiente redacción: «Las entidades financieras a las que se refiere el artículo 2.º de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, del Mercado Hipotecario, podrán ser subrogadas con el deudor en los préstamos hipotecarios concedidos por otras entidades análogas, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.» La enmienda transaccional con las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) números 61, 62, 63, 64, 65 y 66, haría que en el artículo 2.º, en los requisitos de la subrogación...
¿La enmienda transaccional se refiere a lo subrayado, señor Martínez Noval? Es para no dar lectura a todo.


El señor MARTINEZ NOVAL: Así es, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se trataría de que en el primer párrafo, después de «otra entidad financiera», se añadiera «de las mencionadas en el artículo anterior». También en ese primer párrafo, al final, añadir, después de «su propósito en ella», «conforme a lo dispuesto en el artículo 1.211 del Código Civil».
Habría un segundo párrafo nuevo que dice: «La entidad que esté dispuesta a subrogarse presentará al deudor y a la entidad acreedora una oferta vinculante en la que constarán las condiciones financieras del nuevo préstamo hipotecario y requerirá a aquélla para que le entregue, en el plazo máximo de siete días naturales, certificación del importe del débito del deudor por el préstamo hipotecario en que se ha de subrogar». En el tercer párrafo se añadiría al principio: «Entregada la certificación, la entidad acreedora tendrá derecho a enervar la subrogación si en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde dicha entrega formaliza con el deudor novación modificativa del préstamo hipotecario.
En caso contrario...» Y seguirá tal como aparece en el texto.
Este sería el contenido de la transaccional a las enmiendas números 61 a 66 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Finalmente, hay una transaccional a la número 67 de Convergència i Unió, que sería: Disposición adicional única.
«En los préstamos hipotecarios a interés variable a que se refiere el artículo 1.º de esta Ley, la entidad acreedora no podrá percibir por comisión de amortización anticipada no subrogatoria más del 1 por ciento del capital que se amortiza, aunque estuviese pactada una comisión mayor.» Este es el contenido de las enmiendas transaccionales planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
¿Alguno de los grupos que han defendido sus enmiendas quiere consumir algún turno de réplica? (Rumores.--Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, intervengo a los solos efectos de poder responder a las transacciones planteadas y comuicar el resultado final de las enmiendas que tenemos, a raíz de las explicaciones que ha dado el portavoz del Partido Socialista. Lo voy a hacer brevemente. Aceptamos la transacción a la enmienda 59, que es la que amplía el ámbito de la ley. Quiero indicar a la Cámara y a los letrados que probablemente habrá que adecuar el artículo 9; no se ha formalizado la transacción, pero tendrá que adecuarse. En todo caso, en el trámite del Senado se podrá corregir esta cuestión. Por consiguiente, la enmienda 71 de nuestro Grupo, que también proponía eso mismo, si no se vota, queda retirada, señor Presidente, y, en todo caso, por los servicios de la Cámara o en el Senado ya se hará la corrección.
Deseo manifestar que en cuanto al artículo 2 aceptamos la enmienda transaccional a las enmiendas 61, 62, 63, 64, 65 y 66, que se refieren al nuevo sistema de mecanismo de tanteo.
También quiero comunicar que aceptamos la transaccional al artículo 3, enmienda 67. Asimismo, también quiero decirles que las enmiendas 68 y 72 del Grupo Parlamentario Catalán quedan subsumidas en la enmienda 56 del Grupo Parlamentario

Página 2337


Socialista, que persigue el mismo objetivo e incluso va más lejos, y, por lo tanto, no tiene objeto que se voten y pedimos que queden retiradas dichas enmiendas 68 y 72, puesto que -- repito-- quedan incorporadas en la enmienda 56 del Grupo Socialista, que vamos a votar favorablemente. Agradecería que votaran favorablemente nuestra enmienda 73, que es la que obliga al Banco de España a publicar los índices de referencia.
En cuanto a la 74, que se refiere a la bonificación del 25 por ciento en todos los costes para las nuevas hipotecas, comparto con usted su preocupación. Tiene ustedrazón. En el punto 2 habría que modificar la literalidadde la enmienda de nuestro Grupo. En cualquier caso, le acepto el ofrecimiento en el sentido de que esta enmienda se considere en el Senado y, en todo caso, que esa decisión se tome allí. La enmienda 74 queda retirada.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz a los efectos de indicar si acepta la transaccional presentada por el Grupo Socialista a la enmienda número 42 del Grupo Popular.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, intervengo brevemente para decirle al señor Martínez Noval que no aceptamos la transacción. No le digo por qué, simplemente por no alargar la discusión esta mañana.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, en primer lugar, para aceptar la propuesta del Grupo Socialista de incluir nuestra enmienda número 2 en la transaccional que se ha leído respecto de las enmiendas 61 a 66 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y, por lo tanto, nuestra enmienda número 2 quedaría retirada por esta aceptación de la transaccional.
Después, si me lo permite, señor Presidente, quiero agradecer a todos los grupos que han reconocido, bien al Grupo o, en algún caso, inmerecidamente, al Diputado que lo había hecho, la iniciativa de esta ley que vamos a aprobar. Sobre esta ley que vamos a aprobar tan positiva, que todos se han felicitado por ella, yo sólo quisiera añadir una apostilla final: es una idea de izquierda para una izquierda sin ideas. A buen entendedor, sobrarían más palabras. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, por favor, señorías. Tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para decir que nuestro Grupo Parlamentario acepta la transaccional presentada por el Grupo Socialista. No me voy a extender en contestar al señor Martínez Noval en aras a la rapidez, dada la hora en que estamos. Simplemente quiero decirle que en cuanto a no regular dentro de este proyecto de ley la reforma de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que efectivamente no tienen una incidencia directa, yo creo que es una mecánica parlamentaria que se está utilizando habitualmente y, por lo tanto, yo le voy a recordar esto cuando en otra ocasión se introduzca alguna regulación de otro impuesto que no tiene referencia con el que se está tratando aquí. Pero, en fin, este es un debate que podremos tenerlo, me imagino, muchas veces. Simplemente quiero decir que por nuestra parte nuestras enmiendas lo único que pretendían era poder extender los beneficios a los usuarios -- en este caso, a los deudores--, porque creo que las entidades financieras están suficientemente protegidas y tienen argumentos suficientes para protegerse. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía. El señor Olarte tiene la palabra.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, intervengo simplemente para congratularme porque haya sucumbido la rigidez socialista ante la pretensión de común acuerdo, a posteriori expresado por todos los grupos parlamentarios, por lo que se refiere a la extensión del ámbito, objetivo del proyecto de ley que nos ocupa y también para lamentar, sin embargo, que no haya existido comprensión y, por lo tanto, sí una importante cicatería política a la hora de no posibilitar que las modificaciones en los plazos de amortización se lleven a cabo produciendo una serie de ventajas en el mercado hipotecario, que no sólo estriban en los tipos de interés pactados en su día, sino en los plazos de amortización correspondiente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Finalmente, pasamos a la votación de este proyecto de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández- Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


Página 2338


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicito la votación separada de las enmiendas números 1 y 4 en un bloque y el resto, en otro.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 1 y 4, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) El señor Caldera tiene la palabra.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, solicito votación aparte para la enmienda número 1. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 153; en contra, 158.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 15; en contra, 294; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.) El señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Pediríamos dos bloques de votaciones el primero para las enmiendas 26, 28, 34, 36, 40, 43, 44, 46, 51, 52 y 53; y el resto en otro bloque. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Caldera tiene la palabra.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, a su vez, del primer bloque ruego votación separada de la número 36.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Enmienda número 36 del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas números 26, 28, 34, 40, 43, 44, 46, 51, 52 y 53 del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 151; en contra, 158; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 135; en contra, 172; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 11, del Grupo de Coalición Canaria, que, entiendo, es la única que queda para votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 154; en contra, 158.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) y del señor Albistur. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas 16, 18, 19, 21 y 22, y el resto en otro bloque. Gracias, señor Presidente. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
El señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Por nuestra parte, solicitamos que se voten en un bloque las enmiendas 15, 16, 17 y 20, y las otras en otro bloque.


Página 2339


El señor PRESIDENTE: De las solicitudes que han formulado SS.SS. parece que las relativas a las enmiendas 15, 16, 17 y 18 no pueden atenderse por ser enmiendas que han sido retiradas. Por tanto, vamos a proceder a la votación de la enmienda número 20 del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 21; en contra, 291.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos las enmiendas número 19, 21 y 22 del Grupo Vasco (PNV) y del señor Albistur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 141; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV) y del señor Albistur. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, siete; en contra, 305.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), excepto las números 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 59, afectadas por enmiendas transaccionales, y obviamente tampoco las que han sido retiradas en el curso del debate. (El señor Martínez Noval pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, ¿podría precisar qué enmiendas quedan vivas, para votación, del Grupo Catalán?

El señor PRESIDENTE: Voy a intentar precisarlas.
Si las anotaciones que se han efectuado durante el debate no son erróneas, quedan las enmiendas 73 y 74. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, sólo la 73.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a votar, por tanto, la enmienda número 73 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 174; en contra, 136; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votamos la enmienda número 25, del señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, siete; en contra, 302; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos las enmiendas del Grupo Socialista. Entiendo que son las enmiendas 55, 56, 57 y 58. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Pediríamos votación separada de la enmienda número 55.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 55 del Grupo Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 158; en contra, 151; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 174; en contra, 135; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas transaccionales presentadas en relación con el artículo 1.1, el artículo 2 y la disposición adicional única, que afectan a las enmiendas números 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y número 2, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 176; en contra, 134; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas transaccionales.


Página 2340


Votación correspondiente al texto del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 309; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.


VOTACION DE CONJUNTO:

--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, EL REGIMEN ELECTORAL GENERAL (Número de expediente 121/000036)

El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 308; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.


AVOCACION POR EL PLENO DE LA CAMARA DE LA DELIBERACION Y VOTACION FINAL DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE COMPLETA EL REGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL (Número de expediente 121/000022) --DEL PROYECTO DE LEY DE AUTONOMIA DEL BANCO DE ESPAÑA (Número de expediente 121/000021)

El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara ha acordado proponer al Pleno la avocación de la liberación y votación final del proyecto de ley por el que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. ¿Lo acuerda el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobada la avocación.
Ha acordado también la Mesa, oída la Junta de Portavoces, proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de autonomía del Banco de España.
¿Se acuerda la avocación? (Asentimiento.) Queda aprobada la avocación.


--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA GESTION DE LOS FONDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL MIENTRAS FUE DIRECTOR GENERAL DON LUIS ROLDAN (Número de expediente 059/000015)

El señor PRESIDENTE: De acuerdo con la decisión del Pleno de incluir un nuevo punto en el orden del día, procede tramitar el punto relativo a la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los fondospresupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil mientras fue Director General don Luis Roldán.
Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, señorías, al igual que lamento que debatamos este tema a estas horas, lamentaría que en el próximo tomo de «La historia del pensamiento socialista», su autor, el eminente profesor Cole, de la Universidad de Oxford, al hablar indefectiblemente de la ola de corrupción que azotó a España, afirmase que ese fenómeno también había tocado a la Guardia Civil. Para evitarlo, para despejar esa nefasta posibilidad y dejarlo sólo en un episodio individual frente a lo que pudiera ser una corrupción sistemática organizada, el Grupo Popular ofrece en este debate la oportunidad de constituir hoy una comisión de investigación, solicitada por la quinta parte de los miembros de la Cámara. En el escrito en cuestión planteamos que el relevo en la Dirección de la Guardia Civil de don Luis Roldán, a finales de 1993, no ha sido explicado por el Gobierno a la opinión pública ni tampoco a las Cortes Generales. Es más, esa sustitución fue presentada a la opinión pública como un cese a petición propia, estallado ya el escándalo, cuando tenía que haber operado como una destitución automática o por lo menos como una destitución con un sentido formal cautelar.
Planteamos igualmente en nuestro escrito que era necesario esclarecer, en cuanto que tenía una presumible conexión con su patrimonio, la responsabilidad del señor Roldán en cuanto a la adjudicación de proyectos de inversión y cualesquiera otros aspectos relacionados con su gestión económica al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, y eso en los distintos ejercicios presupuestarios.
Las informaciones suministradas por la Administración a este Diputado, en respuesta escrita a su requerimiento, comprendían: las inversiones realizadas en acuartelamientos de la Guardia Civil durante los ejercicios 1991 a 1993, con expresión detallada del tipo de

Página 2341


obras, cuantía de la inversión, arquitectos y constructoras.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Baón.
Señorías, ruego guarden silencio.


El señor BAON RAMIREZ: De otra parte, también nos fueron suministradas las declaraciones de intereses y patrimonios efectuadas por el señor Roldán desde que fue nombrado Delegado del Gobierno en Navarra y luego Director General de la Guardia Civil, y ellas obrantes en el Registro de intereses de altos cargos.
Pues bien, examinada minuciosamente esa información, entiendo prudente, políticamente aconsejable, de todo punto oportuna que la iniciativa del Grupo Popular siga adelante, se abra camino en sede parlamentaria, de conformidad con el artículo 76, número 1, de la Constitución, que encuentra su desarrollo normativo en el artículo 52 del Reglamento de esta Cámara, y asimismo en la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, sobre la validez y obligatoriedad de quienes sean llamados a comparecer ante la comisión de investigación.
A la vista de esta información, y lo digo sin otra vehemencia que la derivada de la propia indignación, existe base documental suficiente para que actuase de oficio en la indagación de los hechos del Fiscal General del Estado, ciertamente tal como lo pidió, como así lo subrayó mi compañero, el Diputado señor Trillo Figueroa, al mismo don Eligio Hernández. Pues bien, es más que escandaloso que los innumerables contratos de construcción y reparación de cuarteles de la Guardia Civil por un monto superior a 40.000 millones de pesetas en ese trienio se hayan adjudicado de forma directa, sin concurso público, entre unos 50 constructores, con los mismo arquitectos, con arreglo a una práctica repetitiva, todo un cúmulo de indicios racionales de clientelismo, amiguismo y nepotismo. Como abogado ejerciente, señorías, soy un devoto del principio constitucional de presunción de inocencia, y en esa creencia, sin crear sombras de sospecha aventuradas, puedo afirmar que aprecio en este asunto irregularidades significativas que constituyen un robusto haz de convicciones en torno a la conducta irregular, ya personal como política, del señor Roldán.
La Ley 25/1983, sobre incompatibilidades de altos cargos justificaba en la exposición de motivos la necesidady la obligatoriedad también, al igual que para Diputados y Senadores, de que todos los cargos políticos, desde ministro hasta director general, pasando por delegados del Gobierno y sus equivalentes respectivos, declarasen dentro del plazo de los tres meses siguientes a su nombramiento, las actividades y bienes patrimoniales. Y añadía: «... esta ley constituye un ejemplo para todos los ciudadanos y un importante paso más hacia la solidaridad y la moralización de la vida pública, es- pecialmente importante en la actual situación de crisis económica».
Pues bien, el señor Roldán, cuando fue nombrado Delegado del Gobierno en Navarra, no cumplió la ley, no declaró nada.
Tampoco declaró nada al ser nombrado, en noviembre de 1986, Director General de la Guardia Civil, y la declaración de 1990 no se corresponde con su realidad patrimonial. En cambio, la declaración que formula en 1993, por lo demás, la efectúa el 8 de diciembre último, es decir, quince días después de que el Grupo Popular demandase al Registro de intereses de altos cargos las declaraciones obrantes sobre el señor Roldán; todo eso habiendo estallado ya el escándalo profusamente y llevado a cabo las investigaciones por un periódico de Madrid, «Diario 16». Llevó a cabo esa declaración fuera de plazo, de forma incompleta y que no aguantaba el contraste de cuantos bienes, inmuebles sobre todo, figuran inscritos en los registros públicos.
Sin ánimo de invadir su intimidad, es lo cierto que este hombre de vida azarosa, que se atribuyó títulos universitarios no obtenidos y con un tren de vida manifiestamente desorbitado y por encima de las posibilidades comunes, con una ruptura matrimonial que le ha desposeído de la mayoría de sus bienes.
(Protestas en los escaños del Grupo Socialista), reconstruye su patrimonio a velocidad fulgurante con un sueldo mensual neto de 500.000 pesetas, pagando a su mujer --y lo que digo son datos públicos--una pensión compensatoria que excede de las 100.000 pesetas, amortizando créditos de más de 37 millones de pesetas, etcétera. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Socialista.--La señora Martínez Saiz: Eso es blanqueo.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor BAON RAMIREZ: Vamos, que sería un portento para sacar a las empresas públicas con números rojos de esa situación, y a lo peor se les ocurre a ustedes nombrarle para que reflote Hunosa.
Por si fuera poco, su actuación ha sido arbitraria de todo punto gobernando esa institución señera que respetan todos los españoles, concediendo beneficios, como una paga extraordinaria en la Navidad última a quienes él designó, o concediendo una medalla al chófer que conducía a su mujer a Suiza. Ello me recordaba esa escena de «Los violentos de Kelli», en la que el general Patton repartía condecoraciones a troche y moche. Señorías, en el escrutinio de la corrupción individual, dentro de la amplia tipología de conductas ilícitas, que abarca desde la recomendación hasta el cohecho, puede ser más difícil perseguir a ese invisible ejército de intermediarios -- personas físicas o jurídicas-- que participan de una conciencia laxa con los dineros públicos, sobre todo en esa alocada carrera por ver quién se enriquece antes y más. Pero en el control, y en su

Página 2342


caso persecución, de quienes ostentan cargos de responsabilidad política como servidores del Estado, la tarea debe ser facilitada desde las instituciones, dando carácter sacrosanto a los fondos estatales (Rumores y protestas.) para desterrar de una vez por todas esa creencia popular que está asentada en un refrán y que dice: «Administrador que administra y enfermo que enjuaga, algo traga.» (Rumores y protestas.) A juzgar por las declaraciones de los líderes del Partido mayoritario, y también de otros grupos que le apoyan, esta mañana, ya tarde, se va a aprobar la constitución de una comisión de investigación para el caso Roldán. Ciertamente, el debate ya no se centra sobre la oportunidad de la Comisión, sobre el qué, sobre la causa que lo provoca; el debate gira más sobre cómo, cuándo y con qué alcance va a funcionar esa Comisión. He leído en los periódicos a los líderes socialistas, incluido don Felipe González, diciendo que la aprobación se supedita a que no se aborden temas «sub iudice».
El Presidente del Gobierno ha dicho exactamente que el trabajo de la Comisión debe ser compatible con la investigación judicial. Y puntualiza: «En tanto haya abierto un proceso judicial, las comisiones, aunque se creen, deben estar suspendidas» ¿Qué significado tienen esos condicionamientos? Nuestra Constitución, señorías, es meridiana en su artículo 76 cuando afirma, en relación con las comisiones de investigación, lo siguiente: «Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.» Es claro que una comisión parlamentaria de investigación o de encuesta no puede condenar o exculpar a nadie de conductas ilícitas, pero es evidente, porque si son susceptibles de tipificación penal lógicamente lo comunicará, como dice la Constitución, al fiscal, deduciendo esa información, sencillamente eso. Pero supeditar las actuaciones informativas a que algo esté o no «sub iudice», es crear la anti- investigación, es no crear nada, porque estaría taponada siempre que haya una denuncia en el juzgado o unas diligencias previas, y en estos casos seguro que sí las emprendería con suma diligencia y prontitud don Eligio Hernández.
¿Qué quiere decir estar «sub iudice»? ¿Cuándo hay inculpación? ¿Cuándo hay procesamiento? Por virtud de la separación de poderes, el Parlamento, en un ejercicio típico de control --y una comisión de investigación es eso, un ejercicio típico de control al Gobierno-- puede y debe indagar conductas políticas irregulares en función del interés público «ex ante», «ex post» y durante cualquier procedimiento judicial abierto al respecto. De no ser así, se restringiría ese control que corresponde a la oposición. (Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (Continúan las protestas.) ¡Silencio, señorías! ¡Señor Curiel, señor Hernández-Sito, silencio!

El señor BAON MARTINEZ: Digo, señorías, que de no ser así se restringiría el control y se descalificaría la investigación, pasando la Comisión al baño María, a ser absolutamente inocua.
(Rumores y protestas.) Nuestro escrito, señorías --ruego a los señores Diputados de los bancos de la mayoría que se tranquilicen--, pidiendo una comisión de investigación, atiende a velar, sin duda alguna, por el interés público. Pide estar compuesta paritariamente y se marca el término razonable de tres meses para elevar sus conclusiones. Por supuesto, la Presidencia de la Cámara velará para que los trabajos de esta comisión no interfieran en absoluto al Poder Judicial, a la Administración de justicia, dictando, en su caso, las medidas precisas, que no han de afectar a las resoluciones judiciales.
Por tanto, nuestra propuesta se inscribe en la doctrina clásica del «Selec Committee», ciertamente depurada y ampliada después de la segunda guerra mundial en el sentido de ser constituida para algo oscuro, «ad hoc», paritaria, de carácter temporal y de voto ponderado. Por otra parte, la Ley Orgánica de 24 de mayo de 1984 refuerza el Reglamento de la Cámara, llenando el vacío que existía a este respecto en punto a requerir papeles y a llamar a comparecientes, dándoles también garantías constitucionales a esos comparecientes. De no ser así, de no admitir nuestro planteamiento concreto, habremos hecho un flaco favor a la opinión pública, y sin duda alguna también al Parlamento, pero sobre todo a la sociedad, que nos está demandando respuestas de moralidad para todos estos casos. En este sentido, señoras y señores Diputados, debo apelar a que don Felipe González haga suya nuevamente, si ya no es tarde, aquellas afirmaciones que formuló antes de ocupar el Gobierno y que durante un largo decenio han sido olvidadas. Hay que hacer --decía don Felipe González-- la revolución de la honestidad a todoslos niveles y en todos los campos. No se pueden someter una vez más los intereses de España a los intereses mezquinos de cuatro o cinco docenas de políticos. Sinceramente, creo que sin voluntad política decidida nunca serán suficientes las normas legales para contrarrestar o atajar de una vez la ola de corrupción, y acudo para sostenerlo a Montesquieu, desdeñado y abandonado por algunos cuando asevera, en «El espíritu de las leyes», que nada ha de ser cambiado por las leyes si no se puede cambiar por la costumbre y la moralidad. Entiendo que, por fortuna, surge una corriente social anticorrupción paulatina e implacable, y por ello quizá sea la hora de revisar las reglas de la política, incluso esa dicotomia de Max Weber sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, sustituyéndola por una muy sencilla: la ética de la honradez,

Página 2343


porque no todo consiste en ganar elecciones a cualquier precio. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Baón, le ruego concluya.


El señor BAON RAMIREZ: Termino, señorías, apelando precisamente a esa honradez del pueblo, del hombre de la calle que se plantea cómo es posible abrir un expediente disciplinario a un modesto guardia civil que hace una coplilla desenfadada y se entorpecen las labores de investigación de la gestión autonómica del que fue su Director General, por cierto el primer civil que ocupó aquel cargo.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señoría. Voy a intervenir brevemente para fijar la posición de Esquerra y de todo el Grupo Mixto. Quiero decir que estamos a favor de la creación de esta comisión, fundamentalmente porque es obligación de esta Cámara velar por el buen uso de los cargos públicos y por una gestión pública transparente, controlada y, desde luego, no corrupta. El caso Roldán contiene tantos agujeros negros, disfruta de tantos interrogantes sospechosos, que por su trascendencia se convierte en un escándalo público de primera magnitud. Si no se llevase a fondo la investigación, si esta Cámara no asumiera su compromiso a fondo para dilucidar todos los términos del escándalo, su imagen se corresponsabilizaría con éste, y, por tanto, como siempre pasa con los escándalos de corrupción, se erosionaría su credibilidad. Por salud colectiva, pues, estamos a favor de la creación de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir, desde el escaño y muy brevemente, para tratar de traer algo de sosiego a este debate donde por lo menos Coalición Canaria no quiere entender que en la vida ciudadana del país haya malos y malísimos, ni mucho menos. Simplemente quiero destacar que cualquier irregularidad en la conducta humana, si tiene visos de delito, tiene su cauce a través de los órganos judiciales. Tal es el supuesto de las cuatro ocasiones en las que se han instruido diligencias en los juzgados de Madrid, y en las que es parte, por ministerio de la ley, el Ministerio Fiscal, que por tanto tiene el derecho y a la vez la obligación de actuar como tal, y es lo que está haciendo, aunque a veces alguien pretenda expresarse o dar a entender lo contrario a propósito de determinadas inhibiciones que nosotros no compartimos, no en cuanto a las inhibiciones mismas, que no existen, sino en cuanto a tales acusaciones de inhibición.
Si esto es la norma general, en los supuestos políticos es obvio que las Cortes, en general, tienen que estar ojo avizor, fundamentalmente cuando cualquier irregularidad es achacada a quien ostenta funciones políticas, las cuales están revestidas de su carácter de alto cargo nombrado nada menos que en un Consejo de Ministros.
Queremos expresar también nuestra preocupación por el hecho de que a lo largo de siete años haya ejercido tales funciones, preocupación que nos lleva a considerar que en el supuesto de que en los resultados de la investigación se determinara algo al efecto, la responsabilidad no podría terminar ahí.
Asimismo, queremos decir que en el supuesto de manejos no ortodoxos de los fondos del Estado, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley de Contratos del Estado, es obvio que hay que exigir un rigor, una pureza y una ortodoxia en las actitudes y en tales manejos. Pero cuando, además, se produce el supuesto o la posibilidad de manejar fondos reservados, sin perjuicio de respetar los criterios jurisprudenciales modernos expresados al efecto, a nosotros nos preocupa sensible y doblemente la cuestión. En definitiva, creo que estamos en presencia de la necesidad rigurosa de la constitución de una comisión de investigación. En este supuesto hay conductas que, tal como viene en la formulación del objeto de la misma, pudieran estar cercanas, en su imputación o en sus sospechas, a una malversación propia o impropia, lo cual me preocupa en el supuesto de que pudiésemos apartarnos de la ortodoxia que la comisión debe seguir en tal sentido. Nos parece bien el plazo que se propone; esta comisión no debe desarrollar su trabajo durante un tiempo superior al propuesto, ni tampoco debe ser inferior, obviamente. Creemos que es preciso actuar con el máximo sentido del rigor y de la responsabilidad en un Estado como el nuestro, que cada día, por éstas y otras similares cuestiones, se va acercando más al concepto de república bananera.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.


Página 2344


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario respecto a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular reclamando de la Cámara la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del ex Director General de la Guardia Civil. Esta petición se enmarca en el artículo 76 de la Constitución y en el 52 de nuetro Reglamento, que contemplan, respectivamente, la posibilidad legal de nombrar comisiones de investigación, así como la regulación reglamentaria de las mismas.
A lo largo de las últimas legislaturas --buena parte de SS.SS.
lo conocen--varias han sido las propuestas de creación de comisiones de investigación tratadas en el Pleno del Congreso de los Diputados; unas obtuvieron el voto favorable de la mayoría y otras no. Sin embargo, nuestro Grupo Parlamentario - -esto me lo deberán reconocer todos ustedes--, al margen del origen político de la iniciativa y del objeto político de la misma, invariablemente ha mantenido idéntica posición respecto de las distintas propuestas que se han visto en esta Cámara, a saber. Primero. Toda comisión de investigación ha de versar sobre asunto de interés público, de acuerdo con el artículo 76, apartado 1, de nuestra Constitución, y no de interés de parte, por más legitimidad política que exista en la iniciativa.
Segundo. Toda comisión de investigación ha de alcanzar un notorio grado de consenso en torno al concepto o asunto a investigar y al plan de trabajo que, en cumplimiento del artículo 52.2 de nuestro Reglamento, debe elaborarse como pauta de actuación de la propia comisión. Tercero. Toda comisión de investigación debe trabajar en el ámbito que le es propio, es decir, en el ámbito exclusivamente político, y nunca solaparse o intentar introducirse con/o en otros campos, como el judicial por ejemplo, porque ésta es una exigencia absolutamente lógica y coherente en un Estado de derecho como es el nuestro.
Cuarto. Toda comisión de investigación debe trabajar en un asunto concreto y nunca en el terreno de lo genérico, porque ni ello concuerda con las previsiones constitucionales y reglamentarias, ni facilita el correcto y concluyente trabajo de esta Cámara. Quinto. Toda comisión de investigación debe servir para investigar, y aunque la redundancia es evidente, en este caso resulta del todo necesaria para recordar que la instrumentalización de las comisiones de este tipo, como herramienta de erosión política o de desprestigio público, no se compadece ni con la Constitución, ni con nuestro Reglamento, ni --permítanme, señorías-- con la ética que debe presidir la actividad parlamentaria. Estos cinco puntos, que resumen la actitud de nuestro Grupo Parlamentario respecto de las comisiones de investigación no hoy sino siempre, nos llevan a decir lo siguiente.
Primero, que apoyaremos la creación de la comisión de investigación propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, y, segundo, que ajustaremos nuestra participación en la misma a la literalidad del artículo 52 de nuestro Reglamento, y en especial al contenido no judicial de la investigación, a la estricta ejecución del plan de trabajo elaborado por la comisión y al respeto más claro, más contundente y más nítido a las normas de procedimiento que, en su caso, dicte la Presidencia de la Cámara de acuerdo con las previsiones reglamentarias.
Quede claro, por tanto, que no vamos a participar en ningún tipo de proceso parajudicial contra nada ni contra nadie, porque eso sería ofendernos a nosotros mismos, Diputados, como representantes de una sociedad reglada bajo el principio de la división de poderes, ni tampoco vamos a concurrir en un posible proceso de erosión política de nada ni de nadie por la vía del descrédito público, porque ni éste es el cometido constitucional de una comisión de investigación, ni es el estilo, al menos, del Grupo Parlamentario Catalán, de Convergència i Unió.
Nada mas, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario respalda la constitución de una comisión de investigación que analice la gestión del señor Roldán al frente de la Guardia Civil.
Es ésta la primera investigación parlamentaria de esta V Legislatura de la democracia española. Hoy existen poderosas razones de orden jurídico y formal, y también de orden político y ético, para poner en marcha la comisión. El Parlamento es la expresión de la soberanía popular de donde nacen los poderes del Estado de derecho.
De acuerdo con la Constitución y con el Reglamento de la Cámara, el Parlamento controla, fiscaliza, aprueba presupuestos, créditos extraordinariios, solicita comparecencias, etcétera, al Gobierno y a todas y cada una de las áreas administrativas y de gestión del mismo. Es esta Cámara la que debe encomendar a la Comisión que investigue la gestión del señor Roldán en su etapa como Director General de la Guardia Civil, gestión que podemos desglosar de la siguiente forma: gestión política en el campo de la seguridad, de la lucha antiterrorista, de la delincuencia común y de la información; gestión administrativa y presupuestaria; gestión sancionadora,

Página 2345


patrimonial y de relaciones con empresas y proveedores que han prestado servicios a la Guardia Civil durante su etapa como Director General.
Hay otros temas en los que también tienen una responsabilidad en su gestión, en la aplicación directa --me refiero a los temas generales--, los inmediatamente superiores miembros del Consejo de Ministros (me refiero a la seguridad, etcétera), pero en lo que nos ocupa está claro que el Parlamento debe depurar y analizar las responsabilidades políticas. Esto no es un tribunal que dicte resoluciones judiciales o resoluciones penales. Hay que hablar de la gestión del señor Roldán (patrimonial, presupuestaria, administrativa), y de sus relaciones con las empresas que han prestado servicios a la Guardia Civil. No hay que hablar, desde el punto de vista ético y democrático del Estado de derecho, del estado civil del señor Roldán. Puede tener el estado civil que quiera; no estamos en la dictadura, señor Portavoz del Grupo Popular. En un país democrático cada persona es dueña de sus relaciones y de su estado civil, sea divorciado sea casado o tenga una posición distinta, tal y como se indica en la legislación vigente.
Por tanto, es necesario que se analicen a fondo los problemas de la gestión de esta comisión, señorías, porque no puede tener más zonas vedadas que las únicas que ha decidido este Parlamento (me refiero a los fondos reservados), hasta que el Congreso mismo decida lo contrario, con la modificación de las leyes que dicho Parlamento ha aprobado. Esa es, repito, la única zona vedada que tiene esta comisión, los fondos reservados, y no otra. Y si el Parlamento decidiera, como expresión máxima de la voluntad popular, que se levantara esa acotación para investigar algunas de las procedencias, insisto en que modificaría las leyes que él mismo ha aprobado, y podría también introducirse en esa zona que, de momento y con la legislación vigente, está vedada, pero no otra. Porque el Congreso está claro que tiene independencia, y el poder judicial también la tiene, y debe quedar salvaguardada tanto como que las resoluciones que aquí se dicten no pueden interferir en las resoluciones judiciales.
La investigación no es paralela a la actividad de la justicia, sino coincidente en el tiempo, desarrollada de acuerdo con las tareas parlamentarias y con el Reglamento de la Cámara, es decir, tareas específicas del Parlamento. Por tanto, no va a haber ningún tipo de colisión con los trabajos concretos que las autoridades judiciales han puesto en marcha. No lo hubo en la Comisión de Investigación de Renfe, y no tiene por qué haberlo ahora; no se pueden aceptar acotaciones que impidan que la comisión se abra camino y que trabaje a fondo.
Desde un punto de vista ético y político se ha producido alarma social en España. La sociedad ha ido conociendo informaciones y documentos publicados sobre la gestión y el patrimonio del señor Roldán, y aquí nuestro Grupo quiere rendir un homenaje y un reconocimiento a la prensa, en general, a su trabajo de denuncia y de investigación y, en particular, en el caso que nos ocupa, a «Diario 16». La sociedad debe saber quedando constancia de ello, que los cargos públicos abandonan sus responsabilidades ligeros de equipaje, con el mismo con el que entraron a ocupar el cargo público. La sociedad debe saber que la gestión patrimonial de los caudales públicos se hace con transparencia y con honestidad, al servicio del interés general. Señorías, en estos últimos años se han rechazado varias peticiones de creación de comisiones de investigación, y en la sociedad existía el criterio de que la mayoría absoluta del PSOE procuraba que dichas comisiones de investigación no se abrieran camino. Pero tan malo es, cuando hay datos que lo aconsejan, oponerse a la creación de una comisión de investigación como crearla con la intención de limitar tanto su labor que en la práctica la haga inservible y frustrante.
Por eso es necesario, y en nombre de mi Grupo quiero dejarlo claro en esta fijación de posición, que al apoyar la creación de esta comisión de investigación sobre la gestión del Director General de la Guardia Civil, esta Cámara contrae ante la opinión pública española el compromiso de trabajar a fondo, de dedicar todas las horas necesarias para contribuir, a través de los representantes de los grupos parlamentarios, a un trabajo riguroso, a una tarea de envergadura que la sociedad demanda y a la que todos debemos prestarnos, llegando a las conclusiones que tengamos que llegar, pero que la gente en España sepa que en la democracia es necesario que se hagan estas investigaciones. Y cuando se haga todo lo humanamente posible, cuando se analicen todas las documentaciones y toda la gestión, se llegará a las conclusiones a las que haya que llegar y la gente comprenderá que se ha utilizado el Estado de derecho y que las instituciones de la democracia española funcionan.
Por tanto, analicemos todas estas vertientes de la gestión del Director General de la Guardia Civil española y consigamos que esta comisión de investigación lleve un mensaje a la sociedad civil de confianza en la democracia y en las instituciones, para conseguir que, de comprobarse finalmente que hay hechos de carácter corrupto, se depuren las responsabilidades, se informe a la ciudadanía y que los tribunales, en su independencia, juzguen y decidan lo que deban decidir, que para ello tienen establecidas estas misiones por nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, les asesguro que

Página 2346


breve, casi parca, debiera haber sido esta mi intervención para indicar y transmitir a todos ustedes cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la petición de creación de una comisión de investigación defendida por el Grupo Parlamentario Popular.
Y digo que hubiera debido ser breve y parca atendiendo únicamente al criterio esencial que regula la constitución de este tipo de comisiones establecido en la Constitución española: el interés público. Pero, señorías, créanme que con desolación he podido intuir ocultos intereses en la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular (Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Palamentario Socialista.), sólo atemperados por la inteligente, útil y comedida intervención del representante del Grupo de Convergència i Unió y la muy correcta intervención también del representante de Izquierda Unida. Eso me permite orientar los términos de esta intervención. Y le diré algo más. En cierta ocasión, un Diputado de su Grupo Parlamentario --lo que me entristece-- que había ocupado altísimas responsabilidades gubernamentales, me espetó, arrojándomela a la cara, esta afirmación: El poder corrompe. Y yo tuve, señoría, que contestarle de la siguiente guisa: Si el poder corrompe, usted será un corrupto o aspira a corromperse en el futuro. Y eso no lo quiero ni para mi país ni para el Parlamento que deriva de la soberana representación popular. (Protestas y rumores.) Y como no lo creo, señoría, como creo que no se pueden hacer afirmaciones en el vacío, de carácter absoluto, indicando que España vive una ola de corrupción (Varios señores Diputados: ¡Sí, sí!), ignorando, señorías, la distribución del poder político, económico y social que se da en este país; ignorando el componente de la utilización del gasto público entre las diversas administraciones públicas; ignorando, por tanto, que todos somos corresponsables, en la medida en que toque a nuestra responsabilidad, de las afirmaciones que realizamos. (Varios señores Diputados: ¡No, no!--Rumores y protestas.) No estoy nervioso.


El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Me entristece, además, pervertir la naturaleza del debate. Me entristece, además, que quien pretende ser un buen abogado invierta completamente los términos de la genuina función que debe tener una comisión de investigación: conocer, analizar y proponer; no comenzar por el fallo, por los resultados y llegar, al final, a los considerandos, permitiendo que ese gran principio de presunción de inocencia que regula nuestra Constitución y que está en la base de toda nuestra normativa, especialmente en la penal, pueda consagrarse. Y me entristece porque yo, sencillamente, debería haber subido a esta tribuna a ofrecer la más estricta colaboración de mi Grupo Parlamentario y hacerlo también en nombre del Gobierno, que no tiene voz ni turno en este debate.
(La señora Martínez Saiz pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores y protestas.), indicándoles...


El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: ...que estamos dispuestos a velar porque, identificado un hipotético problema, porque, ante la existencia de posibles indicios, que efectivamente crean inquietud social y que tienen que ver con aquello que nosotros podemos y debemos hacer con los instrumentos reglamentarios que están a nuestra disposición, es decir, con el cumplimiento de la legislación vigente, al solicitarse la creación de una comisión de investigación al amparo del artículo 52 y de acuerdo con su naturaleza, nosotros decimos que sí, que estamos, señorías, de acuerdo (El señor Gayarre Bermejo: ¿Por qué hablas tanto?) y que, existiendo dudas acerca del cumplimiento del principio...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Caldera.
¡Señor Gayarre, le llamo al orden! Continúe, señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: ...que existiendo dudas, decía, señorías, acerca del cumplimiento de los principios que deben presidir todo actuar administrativo --que bajo la rúbrica general del principio de legalidad nos preocupa extraordinariamente, que bajo el conjunto de principios que abarca también el de legalidad y entre los cuales señaladamente situamos el de transparencia--queremos que la Administración, toda la Administración, sin merma de la debida agilidad y sin merma, señorías, de la seguridad y utilización de los instrumentos legales, que pueden o no gustarnos, pero que están en la Ley y que, en el caso al que concretamente nos referimos, permiten claramente que la utilización de las adjudicaciones de inversiones para determinado tipo de construcciones, por motivos de seguridad, se hagan al amparo de una determinada normativa administrativa --que no es el caso entrar a debatir aquí ahora, pero que correctamente, en nuestra opinión, ya que usted también ha hecho juicios de valor, es la que se ha venido utilizando a lo largo de estos últimos años--, quiero decirle, señoría, que si es para esto para lo que queremos, efectivamente, trabajar en esta Cámara, mi Grupo Parlamentario no sólo está de acuerdo con la creación de la comisión de investigación, sino que ofrece su más entusiasta colaboración para el éxito de sus trabajos.
Y hay algo más que delata su intención oculta, señoría, porque lo hace la propia exposición de motivos del texto que vamos a someter a la consideración de la Cámara. Fíjese lo que usted dice --¡cómo le traiciona el subconsciente!-- La Guardia Civil, en la adjudicación

Página 2347


de proyectos de inversión (...) hacen necesario analizar y conocer si se respetó la legislación vigente. ¿No será primero conocer y después analizar? (Rumores.) ¿Qué estructura del análisis científico tienen ustedes? ¿Lo saben todo? ¿Se sabe todo? Señorías, porque nosotros somos los más firmes defensores del sector público y éste --el interés público-- no puede sino fortalecerse a través de la depuración y corrección de cualquier anomalía posible; porque somos portadores de una rigurosa ética individual y colectiva (Protestas.); porque somos --y en nuestro ideario político lo hemos demostrado a lo largo de los decenios--partidarios de la acreditación y de la transmisión a las normas legales de esos comportamientos éticos, que sólo deben imperar de modo riguroso en el mundo del derecho; porque creemos de verdad, porque sentimos de verdad esa necesidad ante los ciudadanos, es por lo que estamos de acuerdo en crear esta comisión de investigación. Todo lo demás que se pueda añadir resultará prejuzgar o ir en contra de la misma esencia de la comisión de investigación y de su naturaleza, es decir, señorías, de situar en un plano superior y doctrinario --sí, doctrinario, digo bien-- todo posible dato, toda posible información de cuya utilidad y posible fundamento yo no dudo, pero que desde luego no están sometidos al aval político de esta Cámara.
Señorías, sólo existen dos vías para enjuiciar la adecuación de los procedimientos por los que discurre la actuación administrativa al principio de legalidad: el Parlamento en su componente política y el poder judicial en la penal, además de los controles internos, naturalmente, de carácter administrativo que desarrolla, enjuicia y acota la Administración. No olvidemos que parece --repito, salvando presunciones, no utilizándolas--que últimamente el papel lo aguanta todo (Un señor Diputado del Grupo Popular: El «BOE».), y yo no quisiera que algunos resultados de graves acusaciones luego no confirmadas pudieran enturbiar nuestro trabajo. Yo no quisiera que la genial ocurrencia de cualquiera o el posible - -yo hablo de posible, de hipotético, no lo consagro-- ánimo insidioso o injuriante perturbe nuestras decisiones, y desde luego menos aún convirtiendo ya en prueba de cargo cualquier vía investigadora. Eso no creo yo que sirva en absoluto para identificar la buena labor de un letrado. Quería decir algo más, si me permite el consejo. Dice un viejo refrán castellano que de la palabra que no das, siendo su dueño seguirás. Ahora bien, de la que has dado, te has hecho esclavo. (Rumores.) Voy a acabar. Ustedes tienen un problema empírico profundo, es decir, como sabe bien, cualquier realidad, cualquier análisis parte de la base de la experimentación y verificación de las hipótesis y al final hay que ir a los talantes personales. No podemos experimentar y verificar el comportamiento de su Grupo Parlamentario, porque en este ámbito no ha tenido nunca el ejercicio del Gobierno, pero sí podemos --y no voy a traer casos concretos, créame, señoría, ni voy a citar nombres concretos--hacer comparaciones globales. Antes le decía que la distribución del poder territorial en España, en lo político, está compartida por muchas fuerzas --podemos poner ejemplos--, y yo pertenezco a una Comunidad Autónoma, que es la de Castilla y León, donde ustedes han querido señeramente (Rumores.) enseñarnos el camino de su actuación, y yo le voy a decir una cosa: en las Cortes de Castilla y León no se aprueban comisiones de investigación, aunque afecten al interés público. (Protestas.--La señora Martínez Saiz: Tampoco en Andalucía.--La señora De Palacio del Valle Lersundi: No es verdad.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Ese hecho condiciona claramente las posiciones de cada cual. En todo caso, señorías, y acabo, mi Grupo Parlamentario va a tomar en consideración esta propuesta de creación de comisión de investigación, no sin antes aclarar, porque este fue el acuerdo que asumimos todos los portavoces parlamentarios, que el texto contiene algunas importantes deficiencias y, por tanto, querría yo que, antes de proceder a la votación, estuviéramos en disposición de corregirlas, de suerte tal que si el artículo 52 del Reglamento indica que será el Presidente de la Cámara quien establezca el procedimiento ulterior, los procedimientos a desarrollar o a utilizar con esta comisión de investigación, queremos claramente que figuren dos puntos, al menos. Primero, el que vertebra toda la actuación de nuestro Reglamento, es decir, de la norma que nos hemos dado para funcionar, desde el juego de las mayorías y minorías, indicando que con independencia del número de miembros que tenga la Comisión, si hubiera de votar, es decir, si hubiera de tomar acuerdos mediante el procedimiento de votación, lo haga a través del sistema del voto ponderado. (Rumores.) Ese fue el acuerdo tomado, señorías, por todos los portavoces de la Cámara.
En segundo lugar, recuperar, rescatar un importante antecedente que utilizó esta Cámara de forma útil en otra Comisión de Investigación para el caso de Renfe, un punto que hace referencia a la no interferencia en la Administración de Justicia; porque, señorías, no es un capricho nuestro, es la justa aplicación de la distribución competencial establecida en la Constitución entre los diversos poderes. (Fuertes rumores.) Diría así el texto que rogamos que el Presidente de la Cámara desarrolle en la norma a la que le habilita el artículo 52. «El Presidente de la Cámara velará para que los trabajos de la citada Comisión no interfieran el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y deberá tomar las medidas precisas para que

Página 2348


aquéllos no afecten, en su caso, a las resoluciones judiciales.» Sólo me queda añadir, señorías, que espero los resultados del trabajo de esta Comisión de Investigación con verdadero interés para revalidar el papel del Parlamento, para que todos contribuyamos a la defensa de aquel interés que debe ser prioritario: el público que recoge nuestra Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.--El señor Baón Ramírez y la señora De Palacio del Valle-Lersundi piden la palabra.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Agradezco las colaboraciones en la dirección del debate, pero dejen que me equivoque solo.
Tiene la palabra el señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Soy consciente del dolor famélico de sus señorías, pero también deben ser conscientes del dolor que me produce oír tantas vacuidades del portavoz socialista. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Un momento, señor Baón. Les ruego que se escuche con respeto y, si es posible, además, en silencio.
Puede continuar, señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Gracias por su amparo, señor Presidente. Yo repetiría aquella frase de San Agustín a un espontáneo filósofo que se puso a improvisar alocadamente sobre temas que no entendía: «Corres mucho, muchacho, pero fuera de la pista.» (Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Popular.) Usted está entristecido, señor Caldera; mucho más entristecido está el pueblo español, mucho más entristecida está la Guardia Civil por todas esas cosas que han ocurrido durante el mandato del Gobierno socialista. No quisiera ser exhaustivo, pero no quiero enumerarle ningún caso de corrupción en los que han estado implicados.
Respecto de doctrina política o teoría jurídico-política con esas invocaciones que hace de si soy abogado, si quiere usted discuto donde quiera y cuando quiera sobre la teoría de las comisiones de investigación. (Fuertes rumores.) Me ha sonado a amenaza, señor Caldera, además con ese dedo apuntándome, a esta modesta señoría, que iba a ser prisionero de mis palabras. Lo que hay que ser es prisionero de la conciencia de cada uno. Claro que lo soy, y no tiene que repetirme un refrán castellano sobre el hecho, «verba volant, scripta manent».
Todos lo sabemos. Ahí está, en el «Diario de Sesiones», lo que ha dicho. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.-- Rumores.) Señor Romero, creo que usted no ha entendido mis palabras y le remito al «Diario de Sesiones» para que compruebe que yo no me he inmiscuido en vida privada alguna. Si he hablado de ruptura matrimonial es en tanto que es una situación pública que se refleja en registros públicos y que hay una adjudicación de una sociedad de gananciales con expresión en el Registro de la Propiedad y en el Registro Civil. (Rumores.) Sólo ha sido en esos términos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Desde luego, lo que sí quiero desterrar es cualquier idea de amenaza, que en mi ánimo nunca ha estado. Yo he formulado un debate político, donde, además, señor Presidente, como se ha podido apreciar, no he citado ni un solo caso de corrupción, no he hecho ninguna imputación, salvo un ejemplo político de comportamiento en otra Cámara con competencias en su ámbito territorial similares a ésta, y, por tanto, no he pretendido, en modo alguno, entrar ni en su honorabilidad profesional ni en sus comportamientos particulares.
He criticado el tono de su discurso político y, señoría, créame que lo he hecho justificando mi intervención, indicando que somos partidarios de crear una comisión de investigación que tenga como norte la defensa del interés público, que vele por el cumplimiento del principio de legalidad, que nos demuestre, a través de la rigurosa y oportuna investigación, si ha existido o no algún tipo de comportamiento que debe ser depurado. Eso, única y exclusivamente, es lo que he dicho.
Creo que usted encaja bastante mal las ironías que puede utilizar otro portavoz en el debate. Todos somos prisioneros de nuestras palabras. Y usted, hoy --por acabar con una cita taurina--, ha visto los toros desde la barrera o --como decimos también en castellano y usted conoce muy bien esa lengua-- desde la talanquera, que es aquel lugar en el cual uno puede refugiarse al abrigo del peligro y sin poner en consideración su propia seguridad, en este caso política.
Yo quiero decir una cosa. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Lo que no queremos, en modo alguno, es extender nuestra responsabilidad hacia los demás. Cuando yo he hecho un canto desde la tribuna en defensa de todo el pueblo español diciendo que este país, como usted dijo, no padece una ola generalizada de corrupción, créame que también en el fondo les estoy defendiendo a ustedes. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Vamos a proceder a la votación.


Página 2349


Votación relativa a la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil mientras fue Director General don Luis Roldán.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 281.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal