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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 49, de 22/02/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 49 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 48 celebrada el martes, 22 de febrero de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, para la identificación del recién nacido. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 47.1, de 3 de diciembre de 1993 (número de expediente 122/000036) (Página 2356) --Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las explotaciones familiares agrarias. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 26.1, de 14 de septiembre de 1993 (número de expediente 122/000016) (Página 2364)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno para que solicite de la Comisión y del Consejo de las Comunidades Europeas la adopción de determinadas medidas en relación con el mercado de la patata. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 20, de 25 de octubre de 1993 (número de expediente 162/000036) (Página 2374)

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--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se crea la Agencia Nacional de Medio Ambiente. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 35, de 7 de diciembre de 1993 (número de expediente 162/000056) (Página 2383)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas previstas para que las inversiones del Plan de Empleo Rural (PER) redunden en iniciativas de creación de empleo estable, y contribuyan al desarrollo y la creación de riqueza en las Comunidades de Andalucía y Extremadura (número de expediente 173/000022) (Página 2391) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la intervención sobre la Sociedad «PSV» en base a la vigente Ley de Cooperativas (número de expediente 173/000023) (Página 2400)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 50, de 23 de febrero de 1994.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2356)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, para la identificación del recién nacido (Página 2356)

En nombre del Grupo Popular defiende la proposición de ley la señora García-Alcañiz Calvo, manifestando que se les ofrece hoy la posibilidad de adoptar una medida concreta que favorece a todos los ciudadanos, y en especial a los más débiles, como son, sin duda, los niños. Afirma que con frecuencia se producen situaciones anómalas que evidencian la necesidad de proteger a los niños. Afortunadamente, los niños han merecido cada vez mayor atención por parte de los poderes públicos en educación y sanidad, pero a veces perviven aspectos cuyo descuido origina graves problemas.
Agrega que la propuesta que hoy someten al Pleno de la Cámara tiene la ventaja de que no implica aumento de gasto público, y si los señores Diputados reflexionan sobre el problema que trata de resolver llegarán a la conclusión de que el mismo precisa de una solución, incluso con carácter inmediato. En apoyo de la proposición menciona asimismo una resolución de la Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada en Nueva York en 1989, resolución ratificada por España y que en su artículo 7.º1 dispone que el niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde ese momento a un nombre. El artículo 8.º1 de la misma resolución ordena que los Estados parte se comprometan a respetar el derecho del niño y a preservar su identidad. Por otra parte, la IX Conferencia de la Unión Interparlamentaria, a propuesta de la delegación española, aprobó una resolución urgiendo a adoptar las medidas precisas para establecer y poner en vigor el derecho de cada niño a su propia identidad y a ser identificado por los medios científicos apropiados existentes en el momento de su nacimiento, a fin de evitar la pérdida y la confusión, que siempre causan desamparo, particularmente en casos de conflicto armado.
En estas circunstancias no cree aventurado decir que existirá votación mayoritaria a la toma en consideración de la proposición de ley. Los casos de intercambio de bebés, más o menos numerosos, no tienen explicación hoy en día y son inadmisibles en una sociedad dotada de sofisticados métodos de información.
Actualmente se distingue al recién nacido en centros hospitalarios con el simple control, en el mejor de los casos, de la colocación de una pulsera, sin más identidad fiable que pueda impedir el intercambio de bebés de forma deliberada o fortuita. Esta situación es fuente de numerosos problemas que sería posible obviar mediante el reconocimiento con efectos jurídicos de determinadas comprobaciones o datos de carácter científico que permitieran establecer una conexión segura y necesaria entre la persona de que se trate y los datos que obran en el Registro Civil. La toma de la huella dactilar es fácil, segura y de nulo coste y, al

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facilitar la identificación de los seres humanos desde el momento de su nacimiento, evitará consecuencias adversas para gran número de seres humanos.
Termina señalando que la deliberación parlamentaria permitirá, sin duda, mejorar el texto de la proposición con las aportaciones que hagan los demás Grupos de la Cámara si, como espera, votan favorablemente a la misma.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, la señora Del Campo Casasús, exponiendo las razones por las que el Grupo Socialista no considera oportuna la toma en consideración de la proposición de ley. Aclara que no se trata de razones referentes al fondo del asunto, sin duda noble, ya que cualquier mejora en los métodos de identificación del recién nacido que se verifique de forma comprobada y que resulte útil es, para su Grupo, elogiable. No obstante, desea disipar cualquier inquietud en torno al problema planteado por la señora García-Alcañiz, toda vez que el derecho a la identidad del niño se encuentra plena y ampliamente garantizado en nuestro ordenamiento jurídico. Y en cuanto a los sistemas de identificación que hoy se emplean en la red hospitalaria con carácter general son, a su juicio, tanto más eficaces que el que se propone en la iniciativa del Grupo Popular. Puede mejorarse ese sistema si se quiere, pero no sustituirlo por algo todavía sin comprobar plenamente. Existe una garantía del derecho a la identidad que hace innecesario el contenido de la proposición de ley. Si considerasen que la proposición no era necesaria, pero sí útil y que podría mejorar los sistemas de identificación del recién nacido, aumentando el cúmulo de garantías que existen en nuestra legislación, la hubieran aceptado sin dudarlo, pero ocurre que tienen serias dudas sobre su utilidad, principalmente por la falta de consenso generalizado en la comunidad científica, en la que todavía existe una opinión muy extendida que considera que la huella dactilar es sólo fiable para su estudio a partir de los seis meses desde su nacimiento. Consiguientemente, no cree útil ni llegado el momento para incluir esta medida en la Ley de Registro Civil.
Replica la señora García-Alcañiz Calvo, duplicando la señora Del Campo Casasús.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria, Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y López Garrido, de Izquierda Unida- Iniciativa per Cataluña. Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del Grupo Popular por 138 votos a favor y 172 en contra.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las explotaciones familiares agrarias (Página 2364)

En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) defiende la proposición de ley el señor Vidal i Sardó, señalando que su objeto es el de establecer incentivos fiscales para la ampliación y la continuidad de las explotaciones agrarias familiares. Si esta iniciativa, o alguna otra en términos similares, ha sido presentada varias veces a la Cámara es porque la consideran necesaria para el campo español y porque están convencidos de que contiene un conjunto de medidas que pueden ayudar a superar los males estructurales que padece el sector agrario, a causa principalmente de la escasa rentabilidad de las numerosas explotaciones, debido a su reducido tamaño y a las dificultades que sufren las nuevas generaciones de agricultores para continuar explotándolas cuando a esa escasa rentabilidad se añaden los elevados costes fiscales que deben soportar en el caso de las sucesiones.
Con la presente iniciativa se pretende mejorar la estructura de las explotaciones agrarias, fundamentalmente de carácter familiar, que conforman la base del campo español y de cuyo mantenimiento depende, en buena parte, el futuro de nuestra agricultura. Sólo si esas explotaciones son más rentables se podrá evitar que los jóvenes del mundo rural abandonen el campo. A continuación resalta la urgencia en la adopción de estas medidas, debido a que los acuerdos del pasado diciembre del GATT en materia agrícola obligarán al campo español a realizar un esfuerzo adicional de similar intensidad al que todavía está efectuando como consecuencia de la adhesión española a la Comunidad Económica Europea y a la más reciente reforma de la PAC. Es también urgente que desde estas Cortes se detenga el progresivo abandono de las actividades agropecuarias y luchen contra la incertidumbre y el desánimo que se han generado en el mundo rural, tan graves como el envejecimiento de su población activa, según lo demuestra el que el 60 por ciento de los agricultores tienen más de 55 años. La actual situación del campo hace aconsejable darles un tratamiento específico, con una fuerte reducción de la carga fiscal que soportan en este momento, que compromete su competitividad y la propia continuidad de muchas explotaciones, haciendo estéril hasta ahora el gran esfuerzo de los agricultores para ser competitivos.
Concluye el señor Vidal explicando las medidas concretas contenidas en la proposición de ley.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y señores Lloréns Torres, del Grupo Popular, y Pau i Pernau, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley debatida por 318 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Proposiciones no de ley (Página 2374)

Del Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno para que solicite de la Comisión del Consejo de las Comunidades Europeas la adopción de determinadas medidas en relación con el mercado de la patata (Página 2374)

En nombre del Grupo Vasco (PNV), el señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la proposición no de ley con el fin de lograr un consenso parlamentario en torno a la regulación del mercado agrícola de la patata. Expone que se trata de uno de los productos con una demanda más inelástica, especialmente en el tramo de precios bajos, debido a que el consumo no responde favorablemente a los descensos de sus precios, los cuales, en cambio, muestran una gran sensibilidad ante pequeñas variaciones de la producción y, dada la variabilidad de ésta, en el caso de la patata está justificado posiblemente más que en ningún otro producto una regulación del mercado. Sin embargo, la patata no está sometida a ningún tipo de regulación de mercado de la Unión Europea, todo lo cual explica que el precio de la misma pueda experimentar de unas campañas a otras enormes variaciones, como ocurrió en 1992, que pueden dejar al producto prácticamente sin valor comercial, generando graves pérdidas económicas a un sector que cuenta con numerosas explotaciones familiares, cuyas rentas son muy sensibles a las circunstancias del mercado.
Consiguientemente, el mercado de la patata requiere, con más razón que muchísimos otros productos, una organización común de mercado que dé respuesta a sus circunstancias estructurales, garantizanndo la estabilidad de precios y posibilitando el cultivo de explotaciones familiares con menor capacidad competitiva, pero con mayor importancia social.
Por otra parte, proponen estudiar la creación de un sistema de producción por cuotas, que es esencial para la articulación y la ordenación del mercado de la patata, a diferencia de lo que ocurre en otros contingentes, bien sean directos o indirectos.
El sistema de cuotas lo considera como un instrumento fundamental tanto para garantizar un funcionamiento estable y eficiente del mercado como para mantener el cultivo en aquellas regiones rurales donde es tradicional y básico para mantener sus economías locales. El sistema de cuotas de superficie constituye un instrumento válido para disciplinar la oferta favoreciendo la viabilidad de las zonas desfavorecidas.
Alude a otras ventajas del sistema de cuotas y termina reiterando la solicitud de creación de una organización común de mercado para evitar la desaparición de este cultivo.
En defensa de las enmiendas presentadas y para fijación de posiciones de sus respectivos Grupos intervienen la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista, y el señor Isasi Gómez, del Grupo Popular.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Baltà i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y señora Rivadulla Gracia, de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV) por 313 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se crea la Agencia Nacional de Medio Ambiente (Página 2383)

En nombre del Grupo Popular, el señor Gortázar Echeverría defiende la proposición no de ley por la que solicitan que se inste al Gobierno a presentar en el plazo de 16 meses un proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Medio Ambiente en sustitución de la actual Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. El objeto de la citada Agencia Nacional es mejorar la gestión medioambiental, simplificar y reducir la burocracia y, en consecuencia, asignar mejor los recursos disponibles. No desean un nuevo organismo burocrático que se acumule al impresionante repertorio de organismos con competencias ambientales en nuestro país. Señala que la eficacia de tanto organismo estatal actual es directamente proporcional al lamentable estado del medio ambiente en España, pues nunca hubo tanto organismo administrativo para tan escasa eficacia.
El Partido Popular propone la simplificación y concentración de la administración ambiental a través de la creación de la

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Agencia Nacional de Medio Ambiente para resolver problemas muy concretos, como por ejemplo ha hecho el Gobierno balear con las aguas residuales.
Otro problema concreto a resolver, como lo está haciendo la Junta de Galicia, es la reducción de incendios forestales o la protección de espacios naturales en la forma en que lo ha acometido el Gobierno de Castilla y León, no a través de la imposición y sí del acuerdo con los vecinos. Frente al concepto extraordinariamente intervencionista del señor Borrell, el Grupo Popular tiene un concepto no intervencionista y sí de solución rigurosa de los problemas medioambientales de la nación. El compromiso del Grupo Popular es tratar de evitar la proliferación de organismos burocráticos inoperantes que sólo favorecen la ineficacia y el gasto público.
Termina calificando de positiva la propuesta que formula a la Cámara, congruente con las modernas políticas presupuestarias con el fin de no duplicar organismos y clarificar responsabilidades. Piensa que aún están a tiempo de recuperar el medio ambiente, a pesar de las oportunidades perdidas en los últimos años.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista interviene el señor Dávila Sánchez.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña. Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por 133 votos a favor, 157 en contra y 13 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2391)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas previstas para que las inversiones del Plan de Empleo Rural (PER) redunden en iniciativas de creación de empleo estable, y contribuyan al desarrollo y a la creación de riqueza en las Comunidades de Andalucía y Extremadura (Página 2391)

El señor Arenas Bocanegra defiende la moción del Grupo Popular. Recuerda que en el debate de la semana anterior preguntaban al Gobierno por el balance de su política en lo que significaba la creación de riqueza en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y por sus políticas de futuro, a la vez que hacían su propio balance de lo que significaban esas políticas en aquellas comunidades autónomas.
Esta semana, a través de la moción correspondiente, dan un paso adelante, atreviéndose a proponer fórmulas de futuro que palíen los efectos negativos de esos sistemas que se venían aplicando en Andalucía y Extremadura. Reconoce que están tratando de un asunto delicado porque de forma directa o indirecta se está jugando con las necesidades, con la pobreza de aquellas comunidades autónomas. Su Grupo no ha puesto en cuestión la necesidad de políticas asistenciales en comunidades autónomas en las que prácticamente en los últimos diez años se ha duplicado el número de parados, pero sí pone de manifiesto que los sistemas actuales de políticas asistenciales no contribuyen a la creación de empleo y que el Plan de Empleo Rural sólo es un plan que detrae inversiones públicas del Estado pero que, siendo plan, ni lo es de desempleo ni lo es rural.
Señala que los subsidios han tenido un efecto positivo de mejores infraestructuras en pueblos andaluces y extremeños, pero como gran defecto tiene la destrucción de empleo y que se fomente la aspiración al subsidio y no la aspiración a un empleo estable, a un puesto de trabajo.
Expone la evolución del número de parados en las dos comunidades autónomas en los últimos años, afirmando que, ante la situación existente, su Grupo Parlamentario ve el asunto con visión de futuro y desea ayudar a la cultura de la empresa y no a fortalecer la cultura del subsidio. El Grupo Popular cree que pueden desarrollarse en los ámbitos rurales iniciativas de creación de empleo y sistemas de formación profesional que se vinculen a la percepción del subsidio, muy especialmente en el caso de los jóvenes.
Termina solicitando la creación de una Comisión de investigación para que se analicen los efectos negativos del sistema y se propongan alternativas positivas de cara al futuro.
El señor Alcaraz Masats defiende la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Amate Rodríguez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular en los términos de una propuesta transaccional a que da lectura el señor Arenas Bocanegra, es aprobada por 300 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.


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Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la intervención sobre la Socidad PSV en base a la vigente Ley de Cooperativas (Página 2400)

El señor Andreu Andreu defiende la moción del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Consideran insuficiente el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado la semana anterior, ya que lo fundamental para su Grupo Parlamentario es que los cooperativistas de la PSV tengan garantizado que en algún momento sus viviendas serán construidas y que el momento no sea excesivamente lejano en el tiempo. En consecuencia, el punto más importante de la moción es aquel en que se pide que el Gobierno se comprometa a que el fin social de la cooperativa PSV se cumpla, independientemente de los graves y grandes errores que se han producido en la gestión de la cooperativa e independientemente de que se deban tomar lecciones para que estos hechos no vuelvan a suceder. Agrega que el Gobierno, en aplicación y cumplimiento de la Ley de Cooperativas, tiene que tomar el compromiso de que se cumpla el fin social con el que nació la PSV y con el que se han adherido a ella 20.000 cooperativistas, que han visto ahí la mejor manera de solucionar el problema de la vivienda.
Considera que corresponde a la responsabilidad de la totalidad de la Cámara conseguir que un proyecto de esta naturaleza y finalidad social llegue a buen término, independientemente de la crítica que les pueda merecer la gestión de la cooperativa.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen, por el Grupo Socialista, el señor Méndez Martínez y por el Grupo Popular la señora Martínez Saiz.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya en los términos resultantes de la enmienda transaccional presentada, se aprueba por 253 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL, DE 8 DE JUNIO DE 1957, PARA LA IDENTIFICACION DEL RECIEN NACIDO (Número de expediente 122/000036)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular, sobre modificación de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, para la identificación del recién nacido.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el punto del orden del día de hoy espero que constituya un motivo de profunda satisfacción en el cumplimiento de nuestras funciones parlamentarias al aprobar una proposición de ley que permite identificar en España a todas las personas que nacen y mueren.
En efecto, se nos ofrece la posibilidad de adoptar una medida concreta que favorece a todos los ciudadanos, en realidad a los más débiles y, a la vez, los más esperanzados de nuestros conciudadanos, que son, sin duda alguna, los niños.
Con frecuencia se producen situaciones anómalas que evidencian la necesidad de proteger a los niños. Esto se pone de manifiesto en la siguiente anécdota, rayana, por otra parte, en esperpento, recogida por el doctor Garrido Lestache. Corría el año de 1871, en la ciudad de Nueva York. La niña Marilyn Willy era maltratada... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señora García-Alcañiz.
(Pausa.) Cuando quiera puede continuar.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Decía que en esta anécdota, rayana en esperpento pero que fue real, corría el año 1871 en la ciudad de Nueva York. La niña Marilyn Willy era maltratada por sus padres adoptivos y la asistente social del distrito lo denunció ante los tribunales, los cuales no pudieron hacer nada porque no había ninguna ley en los Estados Unidos que prohibiese estos desmanes. Entonces, la Sociedad Protectora de Animales, considerando que la niña pertenecía al reino animal y que las leyes prohibían la crueldad contra éstos, presentó una demanda ante los tribunales, demanda que tuvo la consecuencia de privar de la patria potestad a los dueños de este «animal» --entre comillas-- maltratado que se llamaba Marilyn Willy.
Ha pasado mucho tiempo, los niños han merecido, afortunadamente, cada vez mayor atención por parte de los poderes públicos en educación y en sanidad. Pero,

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a veces, perviven aspectos cuyo descuido origina graves problemas. En esta ocasión no vamos a tratar de problemas relacionados con la organización del Estado o de los organismos públicos, ni tan siquiera de las condiciones en que los políticos ejercen sus funciones. Vamos a tratar de la sociedad, de la parte de la sociedad con mayor vitalidad, de los niños, y no del Estado. Y vamos a tratar de este tema en circunstancias favorables.
La primera circunstancia favorable es que las medidas normativas que se proponen no implican aumento alguno del gasto público --repito, no implican aumento del gasto público- -, más bien contribuirán a reducirlo una vez que se comience a sentir en la sociedad sus efectos. La segunda circunstancia favorable consiste en que una vez que SS.SS. escuchen el problema que se plantea, una vez que reflexionen sobre él, por superficialmente que lo hagan, llegarán a la conclusión de que precisa una solución, incluso con carácter inmediato, la sencilla solución cuya aprobación les pido. La tercera circunstancia favorable descansa en una apoyatura jurídica, como es que la Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada en Nueva York en 1989, adoptó una Resolución, ratificada, previa autorización de este Congreso de los Diputados de España, el 11 de noviembre de 1990 y publicada en el «BOE» el 31 de diciembre del mismo año, entrando en vigor en el ordenamiento jurídico interno español en 1991. El artículo 7.1 de dicha Resolución dispone que el niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde éste a un nombre. Y el artículo 8.1 ordena que los Estados parte se comprometan a respetar el derecho del niño y a preservar su identidad.
Finalmente, señorías, la delegación de las Cortes Genereales de España ante la Unión Interparlamentaria presentó una propuesta de resolución en el debate correspondiente al punto del orden del día respecto al tema del derecho humanitario internacional y de apoyo también a la acción humanitaria en los conflictos armados. Se trataba en esos momentos de ver la forma de paliar los múltiples problemas que van aparejados a situaciones de conflictos armados. Entre ellos, de forma muy significada, los que padecen los niños en situaciones de este tipo, como es el caso de los desgraciados hechos que hoy acontecen todavía en Yugoslavia. Destacaba la unánime preocupación de los delegados de todos los países asistentes por la identificación de los niños en situaciones tan complicadas. La frase de la Madre Teresa de Calcuta «no nos olvidemos de los niños» estuvo presente en Camberra. Espero y deseo, señorías, que sea también tenida en cuenta ahora en esta Cámara.
La propuesta que hizo el grupo español, en postura unánime, compartida por miembros de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara, tanto del Gobierno como de la oposición, fue aceptada por unanimidad de las 96 delegaciones que correspondían a los países presentes en la Conferencia. El texto de la Resolución, señorías, fue el siguiente: La 90 Conferencia Interparlamentaria urge a adoptar las medidas precisas para establecer y poner en vigor el derecho de cada niño y de cada niña a su propia identidad y a ser identificado por los medios científicos apropiados existentes en el momento de su nacimiento, con el fin de evitar la pérdida y la confusión, que siempre causan desamparo, particularmente en casos de conflicto armado. Esta preocupación, que a todos afecta, se tiene no sólo en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz. Así pues, la resolución que hizo la UIP a propuesta, repito, del grupo español, obliga a esta Cámara a tomar en consideración la proposición de ley que hoy nos ocupa. En estas circunstancias, no creo aventurado decir que existirá una votación mayoritaria a su toma en consideración.
Determinar la identidad de una persona puede parecer un cometido bastante simple, cuando en realidad no lo es en absoluto. La identidad es la expresión de la personalidad anatómico-antropológica de un ser humano, cuyos signos vitales distinguen a un individuo de todos los demás, en la vida y después de la muerte. Estos signos, o caracteres singulares de cada individuo, no constan en al acta de nacimiento del Registro Civil, como oficina pública encargada justamente de la identificación de las personas. Este hecho impide, en muchos casos, que se pueda reconocer con efectividad a cada uno el derecho a la seguridad sobre su persona y el reconocimiento de su personalidad jurídica, como consta en los artículos 3 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
En la actualidad, los datos que constan en el Registro Civil acerca de las personas son insuficientes para poder garantizar su relación efectiva con una persona determinada, de tal manera que la conexión entre los datos de una inscripción de nacimiento, o de fallecimiento, y la persona a que se refieren, es completamente insegura. De esta manera, puede inscribirse el nacimiento de una persona y aplicarse a la vida de otra, de la misma forma que puede inscribirse la muerte de una persona cuando en realidad es otra la fallecida. Por tanto, el lazo de unión entre el dato oficial y el nuevo ser, y el dato oficial y el ser que ha dejado de existir, resulta inseguro, solamente conjeturable mediante presunciones en función del sexo, la edad u otras condiciones.
Hay, pues, una manifiesta insuficiencia legal, hoy injustificada, del control de identidad del recién nacido desde los primeros momentos del parto. Los casos de intercambio de bebés, más o menos numerosos (no voy a entrar en cifras, cualquier cifra es demasiado), no tienen hoy día explicación y son inadmisibles, desde luego, en una sociedad dotada de sofisticados sistemas y

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métodos de información, de datos relacionados entre sí, para la utilización práctica de informaciones.
Pues bien, señorías, esta misma sociedad, tan característica y rica en datos de todo tipo, recibe al recién nacido en los centros hospitalarios con el simple control (en los mejores casos) de la colocación de una pulsera de cartón antes de llevarle al nido. No hay más control, ni más testigos, ni más identidad fiable que pueda impedir el intercambio de bebés, de forma deliberada o fortuita. Esta situación es fuente de numerosos problemas; problemas que sería posible obviar mediante el reconocimiento de efectos jurídicos a determinadas comprobaciones, o datos de carácter científico, que permitan establecer una conexión segura y necesaria entre la persona de que se trata y los datos que obran en el Registro Civil.
La huella dactilar viene siendo, desde principios de siglo, un elemento fundamental para poder averiguar la identidad de las personas en todo tipo de investigación. La ventaja principal de la huella dactilar es que permite la identificación de una persona porque es posible expresar la estructura de la huella en una fórmula dermatopapiloscípica que no se presta a dudas.
Hoy, un doctor español, el doctor Garrido Lestache, ha conseguido demostrar que la huella dactilar se forma en las primeras semanas de embarazo y permanece viva hasta la destrucción del tejido dactilar que la incorpora. Ha demostrado, asimismo, que la toma de la huella dactilar es fácil, segura, de nulo coste (repito, señorías, de nulo coste) y de fácil descripción. Por ello, consideramos que estas pruebas han de recibirse en el ordenamiento jurídico en servicio al derecho fundamental, a la identidad que posee todo ser humano y que recogen, de manera implícita, pero patente, los artículos 15 al 29 de la Constitución española de 1978.
Son muchas personas, juristas, médicos, psicólogos, periodistas y de otras diversas profesiones, las que se sienten sensibilizadas ante el problema de la falta de identificación del recién nacido y sus consiguientes consecuencias. Facilitar la identificación de los seres humanos desde el momento mismo de su nacimiento hasta el instante de su defunción evitará, sin duda alguna, consecuencias adversas para gran número de seres humanos, no sólo de niños cambiados, secuestrados, robados o vendidos, sino también personas con identificación alterada por error o con finalidades delictivas.
Si es cierto que no existen antecedentes en otros ordenamientos jurídicos sobre esta materia, también lo es que la Convención sobre los Derechos del Niño ya citada, celebrada en Nueva York, rige en España y obliga al Estado español a adoptar las medidas que garanticen la identidad y la identificación de los niños. Igualmente, la resolución de la UIP antes citada ha urgido a los países para que establezcan las medidasconducentes a la identificación de los niños y de las personas en general. Por lo demás, se trata de una materia análoga a aquellas otras en las que la legislación española de los últimos años se ha mostrado pionera.
El texto articulado de la proposición de ley que se somete a SS.SS. apenas necesita más justificación que la finalidad que se propone. Naturalmente, la deliberación parlamentaria permitirá su perfeccionamiento mediante la aportación que hagan...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora García-Alcañiz.
(Pausa.) Pueden continuar cuando quiera.


La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Decía que la deliberación parlamentaria permitirá sin duda alguna su mejora mediante la aportación que hagan todos los Grupos, que sin duda, espero, la van a votar favorablemente.
Se trata de una ley necesaria, de una ley viable que dará una enorme tranquilidad a las familias y que evitará las zozobras y posibles problemas psicológicos que en este aspecto hoy podemos tener. Creo sinceramente que nadie en esta Cámara puede estar en contra de la seguridad propuesta y del derecho de todo recién nacido a su propia identidad.
El contenido humanista de esta proposición de ley tiende a evitar el desamparo legal en que se encuentran y pueden encontrarse millones de personas, sin olvidar que este sentimiento humanista es lo propio de la cultura española, como cultura más profundamente universal, dentro de la cultura europea.
La sintética formulación senequista de que el hombre es un ser sagrado para el hombre --«homo sacra res homini»-- encuentra aquí una respuesta y nos permitirá a los parlamentarios ser considerados como los abogados de los niños y los defensores del derecho. O lo que es igual, los defensores de la dignidad humana. De esta manera, señor Presidente, al estar al servicio de los ciudadanos desaparecen también los muros que nos separan a los gobernantes y los gobernados. Y es que sin duda es esta una de las condiciones del cultivo parlamentario al que nos debemos. Gracias, señor Presidente, señorías.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, señorías, con el mismo tono sereno y mesurado que ha

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empleado la señora García-Alcañiz desde esta tribuna, voy a tratar de exponer las razones por las que el Grupo Socialista no estima oportuno tomar en consideración esta proposición de ley, y quiero adelantar ante todo que no son razones referentes al fondo. El interés que mueve a la señora García- Alcañiz es, sin duda, noble. Cualquier mejora en los métodos de identificación del recién nacido, que se verifique de forma comprobada y que resulte útil, es para nosotros elogiable.
Trataré, por tanto, de exponer por qué, partiendo de esta premisa, no estimamos oportuno tomar en consideración esta concreta proposición de ley.
En primer lugar, quisiera hacer alusión a algunas de las últimas palabras de la ponente del Grupo Popular, para tratar de reducir su efecto a sus justos términos. Hablaba la señora García-Alcañiz de situaciones de zozobra e intranquilidad que se producen en las familias respecto a la identidad de sus hijos; hablaba de la necesidad de garantizar el derecho a la identidad, establecido por la Convención de Derechos del Niño, que ya es derecho interno en España; hablaba también de la resolución de la Unión Interparlamentaria exigiendo que todo niño sea identificado por los procedimientos científicos adecuados en el momento de su nacimiento.
No lo ha citado ella, pero la exposición de motivos de la proposición de ley que hoy se nos presenta a debate dice que el derecho a la identidad no está debidamente garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, y quiero ante todo, en nombre del Grupo Socialista, disipar esa inquietud.
Desde el punto de vista de nuestro Grupo, esta proposición de ley no es necesaria porque ese derecho está plena y ampliamente garantizado, tanto el derecho a la identidad en los términos en que lo recoge la Convención de Derechos del Niño --derecho a un nombre, derecho a una nacionalidad, derecho a conocer a sus padres-- como el derecho a ser identificado por los medios adecuados y a que esa identificación se recoja en el Registro Civil. Reconocerán conmigo, señores del Grupo Popular, que el primer aspecto de estos derechos viene perfectamente regulado tanto en la Constitución como en el Código Civil, y en la propia Ley del Registro Civil cuya modificación hoy debatimos.
En cuanto al segundo, los sistemas de identificación que hoy se emplean en la red hospitalaria con carácter general, el sistema de recoger la huella plantar del recién nacido junto a la huella dactilar de la madre y poner al niño una pulsera identificativa, es, a nuestro juicio, tanto o más eficaz, por estar más comprobado, que el sistema de identificación que ustedes proponen. Ampliemos este sistema, mejorémoslo si ustedes quieren, pero no lo sustituyamos por algo todavía sin comprobar plenamente. Del mismo modo, la inscripción en el Registro Civil del niño con su verdadera identidad está hoy garantizada por la Ley del Registro Civil, por esa doble declaración que se exige, no sólo de quien tenga conocimiento cierto del nacimiento, sino también del médico o sanitario que haya asistido al parto, y por las garantías que la propia Ley y su Reglamento establecen para los casos en que haya duda o dificultades en el momento de la inscripción. Hay, pues, una garantía del derecho a la identidad que hace innecesario el contenido de esta proposición de ley. Pero miren ustedes, señorías --y por eso les decía que quería hablar serenamente-- , si consideráramos que esta proposición de ley no era necesaria, pero era útil y podía mejorar, hoy por hoy, los sistemas de identificación del recién nacido y aumentar ese cúmulo de garantías que ya existen en nuestra legislación, la hubiéramos aceptado sin dudarlo, pero es que nos caben serias dudas sobre su utilidad actual; serias dudas que se refieren fundamentalmente a un aspecto, que es la falta de consenso generalizado en la comunidad científica. Desde el Grupo Socialista somos los primeros en valorar muy altamente y en considerar muy positivos los trabajos del doctor Garrido Lestache, pero no cabe duda de que son los de un investigador --meritorio, pero de una sola persona-- y que todavía no han llegado a alcanzar el consenso generalizado de la comunidad científica. Antes bien, hay todavía una opinión muy extendida que considera que la huella dactilar es sólo fiable para su estudio a partir de los seis meses del nacimiento.
Sinceramente, señorías, creemos que los cambios legislativos deben apoyarse en este consenso generalizado y no en una o varias opiniones por muy fundadas que estén científicamente y por muy estimables que sean. Nos parece prematuro incorporar en este momento, como exigencia generalizada, la inscripción de la huella dactilar en el parte de nacimiento. Aludía la señora García-Alcañiz a que son escasos los precedentes legislativos en cuanto a los ordenamientos jurídicos. Quisiera que reflexionaran sobre si es que no serán precisamente escasos por este motivo, por la falta de consenso generalizado, todavía, en cuanto a la validez de la huella dactilar de un recién nacido.
En un futuro más o menos próximo es posible que se solucione.
Es posible que en un futuro más o menos próximo se pueda establecer la validez, la conveniencia, de implantar la huella dactilar del niño en ese parte de nacimiento que va a pasar al Registro Civil. Además, habrá que establecerlo con unas garantías previas; garantías en cuanto a la recogida de esa huella, garantías que no debe establecer sólo el Estado, pero que hagan que el camino desde la recogida hasta la inscripción en el Registro no pueda llevar a confusión; que no hagamos un brindis al sol y al tratar de inscribir a un niño con su auténtica huella inscribamos al niño Juan con la huella del niño Pedro. También son problemas en el camino que habría que resolver. De todas formas creemos que hoy por hoy no es todavía el momento,

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que hoy por hoy no es todavía útil incluir esta medida en la Ley del Registro Civil. Además, hay otra cosa, señora García- Alcañiz. Es posible que en un futuro próximo sí se pueda considerar útil y que sea una garantía fiable suplemenaria esa inclusión de la huella; pero entonces no será el Grupo Socialista el que apoye la inclusión de este dato de identificación, un simple dato más junto a otros que ya constan en el Registro Civil y no una garantía fundamental del derecho a la identidad como parece deducirse de la proposición de ley. No seremos partidarios de incluirlo por la vía de la modificación de la Ley del Registro Civil. En ese momento mi Grupo será el primero que estará dispuesto a instar al Gobierno a que por vía reglamentaria, por la vía adecuada, modifique el Reglamento del Registro Civil para incluir ese dato u otro cualquiera que los avances técnicos estimen conveniente para una mejor identificación del recién nacido.
Será en el Reglamento como hoy consta, y no en la Ley del Registro Civil donde deban constar estos datos de identificación del recién nacido. Curiosamente en este aspecto SS.SS. no han pretendido que los otros datos como el nombre, el sexo o la filiación, que constan en el Reglamento del Registro Civil, sean trasladados a la Ley.
Decía, señoría, que no nos parece útil en este momento el cambio que proponen, ni nos parece adecuado el procedimiento por el que quieren llevarlo a cabo.
Incidentalmente también quiero tocar otro aspecto que haría que la aprobación de esta proposición de ley nos pareciera a nosotros perturbadora para el ordenamiento jurídico.
En ocasiones anteriores, al menos en una, el Grupo Popular incluía en esta proposición de ley una modificación del artículo 30 del Código Civil, ese artículo que establece que, a los efectos civiles, sólo se reputará nacido al niño cuando lleve 24 horas enteramente desprendido del seno materno y tenga forma humana.
Esta vez, quizá por la mala acogida que tuvo en la generalidad de la Cámara esta propuesta de modificación en otras ocasiones, la han retirado ustedes, no proponen ninguna modificación directa del Código Civil; pero en la práctica, si se fijan en la redacción que defienden para el artículo 42 de la Ley del Registro Civil, están modificando el Código Civil, ya que declaran inscribible el nacimiento desde el momento mismo en que se produzca, sin exigir la espera de ese plazo de 24 horas que exige el artículo 30 del Código Civil, un artículo que, por cierto, ha venido siendo una garantía de seguridad jurídica; un artículo que es claro, que es eficaz, y que poca o ninguna litigiosidad ha tenido en su casi un siglo de existencia. De ningún modo estaría dispuesto el Grupo Socialista a modificar el Código Civil en ese punto.
Por último, una simple reflexión relativa a ese nuevo artículo 85 que introducen en esta propuesta de reforma. Evidentemente es un artículo novedoso, nunca se había contemplado en iniciativas similares anteriores del Grupo Popular y además, si me lo permiten ustedes, es un artículo bastante sorprendente una proposición de ley con este título y con esta exposición de motivos. Por lo menos podían habernos prevenido haciendo alguna alusión a esa propuesta en el título o en la exposición de motivos.
Con toda sinceridad, señorías, nosotros creemos que aquí sí que no está justificada esta exigencia de inclusión de la huella dactilar del difunto en el parte médico de defunción.
En primer lugar, porque el reglamento del Registro Civil tiene ya, en su artículo 274 y siguientes, una relación bastante exhaustiva de los extremos que deben figurar en ese parte médico. Y, en segundo lugar, porque no siempre se puede recoger la huella dactilar de un difunto. No quiero referirme en casos de muertes trágicas o turbulentas, pero todos estamos de acuerdo en que hay veces en que es imposible obtener la huella de un cadáver, por lo cual es absurdo exigir, con carácter general en la Ley del Registro Civil, que se obtenga esa huella. Por último, sinceramente tampoco vemos muy clara la utilidad de la obtención de una huella que difícilmente va a poder ser comprobable después.
Estos son los motivos, señorías, no de fondo ni que atenten, en absoluto, contra la voluntad de una mejor identificación de los recién nacidos, aspecto este al que siempre nos encontrarán dispuestos, sino motivos realmente de falta de necesidad y de falta de oportunidad en el momento y de falta de oportunidad en el procedimiento que mueven al Grupo Socialista a no aceptar esta proposición de ley.
Decía la señora García-Alcañiz que esta proposición no suponía aumento alguno del gasto público. Estamos totalmente de acuerdo. Si nosotros hubiéramos creído por un momento en la necesidad de introducir en la legislación medidas de este tipo las hubiéramos introducido, hubieran supuesto o no aumento del gasto público, ya que por encima del gasto público están los derechos fundamentales. Sencillamente es que no vemos ahora la oportunidad.
Tenemos que tener en cuenta a los niños, ahora y siempre.
Velemos por los niños, como decía la Ponente del Grupo Popular, y en esto está el Grupo Socialista, en esto está el Gobierno y creo que en esto está toda la Cámara, pero hemos de velar con las medidas adecuadas, oportunas en cada momento y que no distorsionen el ordenamiento jurídico. Por desgracia creemos que ésta que ustedes proponen no reúne esas características.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo.
Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.


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La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Lamentablemente he comprobado una vez más que en el turno en contra del Grupo Socialista, señora portavoz, no ha esgrimido usted ninguna razón de peso que les lleve a votar negativamente esta proposición de ley.
Yo tenía el consenso de toda la Cámara, puesto que toda la Cámara estaba representada en la UIP. Pero el doble lenguaje que ustedes practican dentro de nuestra nación o cuando salimos fuera es francamente sorprendente. La señora Frau y el Presidente, señor Martínez --que está aquí en esta Cámara-- sabían de esta proposición, y todos estaban de acuerdo. Por eso no lo puedo entender, porque usted no ha esgrimido, repito, ninguna razón que justifique su actitud. Señora portavoz del Grupo Socialista, han hecho un mal servicio a la razón reflexiva, han hecho un mal servicio a la deliberación de esta Cámara.
Sin embargo, y siendo esto muy grave, no es lo más grave de todo. Han traicionado ustedes a los ciudadanos. Y permítame, señor Presidente, que lea un acuerdo de uno de los últimos consejos de ministros que, por cierto no sé si lo recordarán, porque es clara la ausencia de miembros del Gobierno, lo que muestra una vez más el desprecio que hacen de este Parlamento.
En el Consejo de Ministros del día 11 pasado, entre los acuerdos adoptados estaba el siguiente. El Consejo de Ministros (del Reino de España claro está) aprobó: Registro de animales. Establecer un sistema de identificación y registro de animales de las especies bovina y porcina. El objetivo de esta disposición es crear un sistema unificado comunitario de identificción y de registro que permita un rápido intercambio de datos entre los estados, además de reconstruir los movimientos de los animales no sólo a través de los distintos países, sino por el propio territorio.
Muy probablemente, señor Presidente, señorías, tengamos que acudir, como a finales del siglo pasado, a sentirnos también animales y que sea la Sociedad Protectora de Animales la que pida el amparo para que la sensatez de los Diputados de esta Cámara tomen en consideración algo tan lógico, tan necesario, tan natural y tan viable.
Quería una vez más, señorías, señores socialistas, y no sé si algún otro grupo acompañará a ustedes en sus desmanes e incoherencia en la utilización del doble lenguaje, dentro y fuera, del engaño y del fraude (Rumores.); quería, repito, decirles que esta actitud nos obliga a no desesperar en la lucha por lo que entendemos que es justo. En cada elección, señorías, los ciudadanos nos pedirán cuenta a los representates que aquí estamos. Nosotros, los que vamos a votar que sí a esa proposición de ley --y en circunstancias análogas lo hemos hecho otras veces-- sabremos, efectivamente, dar razón de nuestra conducta y también de la conducta de algunos otros.
Gracias, Presidente. (Varios Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Tiene la palabra la señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
Señora García-Alcañiz, yo no voy a hablar de desmanes, pero algo incoherente sí que me ha parecido su alusión al registro de animales. No sé si había en ella algún deseo inconsciente o alguna añoranza de la anécdota de 1871 que S.S. nos contaba, y pretendía que quizá lo más seguro para la postura que usted defiende sería volver a esa situación de 1871. No confundamos aquí los derechos fundamentales de un niño con un registro de animales que se garantiza para proteger los intereses económicos de su dueño. Las personas están por encima de consideraciones de ese tipo. Este mismo tema ya se ha tratado en otros debates, señora García-Alcañiz, y no creo necesario insistir.
Dice S.S. que yo no le he dado razones para rechazar la toma en consideración de su proposición de ley. Creo que le he dado cuatro razones: que era innecesaria, que era inoportuna, que conseguir un objetivo de este tipo no requería modificar la Ley del Registro Civil, ya que el procedimiento que ustedes proponen vendría a ser algo así como matar las moscas a cañonazos, y que, además, resultaba perturbadora para una parte de una espina vertebral de nuestro ordenamiento jurídico, como es el Código Civil. Estas son las razones que le he dado y las razones que mantengo.
Señora García-Alcañiz y señores del Grupo Popular, yo quisiera hacerles desde aquí un llamamiento, llamamiento que responde a la preocupación que me han causado sus últimas palabras.
Señorías, hace muchos años que las mujeres españolas venimos pariendo en los hospitales, públicos o privados, y les aseguro que cuando una mujer entra en la sala de partos siente una grave preocupación; una grave preocupación porque le espera un mal rato y una grave preocupación porque no sabe si el niño va a nacer bien o si va a venir al mundo con problemas. Pero no siente preocupación por si le van a dar un cambiazo a su niño, sabe que se va a ir con su hijo, porque tanto la práctica hospitalaria, con las garantías que toma, como el ordenamiento jurídico, así se lo garantizan.
Señores del Grupo Popular, por favor, bastante sufren las parturientas con lo que tienen en esos momentos. No levanten ustedes alarmas infundadas y no creen ustedes, entre ellas y las familias, una preocupación que no tiene justificación alguna. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la finalidad de la toma en consideración de esta proposición de ley es la de garantizar la identidad de las personas desde el mismo momento de su nacimiento. Como consecuencia de la suscripción de España a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, y en virtud de lo establecido en el artículo 7 de la misma, el niño ha de estar registrado inmediatamente después de su nacimiento, comprometiéndose los Estados parte a respetar el derecho del niño y a preservar su identidad. De ahí que Unión Valenciana considere favorable la presentación de esta proposición, que por un lado supone la adaptación a la normativa del derecho internacional, aunque no establezca las medidas a adoptar para garantizar este derecho, y, por otro lado, con la identificación de los niños desde el mismo momento de su nacimiento, se tiende a evitar la pérdida y la confusión que puede crearse con los recién nacidos, cuestión ésta que ya se ha dado en distintas ocasiones.
Por tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, voy a ser muy breve. Quiero expresar nuestra conformidad con la toma en consideración de la proposición de ley que hoy se trae a debate a esta Cámara y, al mismo tiempo, nuestra coincidencia, bastante notable, con los argumentos que se han expuesto y, desde luego, con los que se acaban de poner de manifiesto por el señor Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra.
Asimismo quiero manifestar que, por encima de todo, se trata de preservar de alteraciones la identidad del niño, del recién nacido; de mejorar, por qué no, los dispositivos y el sistema actual de defensa de esa identidad; de que tenga la debida trascedencia en el Registro Civil, y, por supuesto, de satisfacer la necesidad de actuar coherentemente, en virtud de la decisión correspondiente de esta Cámara, con el acuerdo de la Convención de Derechos del Niño de Nueva York de 1989, que, aunque no se refiriese específicamente al tema de la huella dactilar, sí que se refería, de manera contundente, a la necesidad de que los distintos Estados preserven por todos los medios la identidad del recién nacido. Para nosotros esto es una garantía absolutamente imprescindible, insuprimible y tenemos que hacer lo posible para llevar a cabo estos acuerdos, al margen de que también en otros foros se haya discutido el sistema de la huella dactilar, como ha ocurrido en la Junta de Gobierno del Comité Nacional de Unicef, donde de una manera muy concreta se ha hablado de la huella dactilar en relación con la preservación de la identidad del recién nacido.
Por todo ello, y sin perjuicio de tratar de mejorar en el trámite de enmiendas lo que fuere susceptible y requiriera la mejora correspondiente, nosotros, Coalición Canaria, vamos a votar afirmativamente a esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, pudiera parecer, por lo que llevamos de debate, que en España no hay actualmente suficientes medidas para garantizar la identificación de un recién nacido, y esto tampoco es así. Nosotros compartimos y suscribimos los motivos que han llevado al Grupo Parlamentario Popular a presentar esta iniciativa, y estimamos que el objetivo que persigue es razonable porque en cualquier caso mejoraría los sistemas de identificación. En cambio, no compartimos que la iniciativa presentada sea la más idónea para conseguir el objetivo que se propone. Si por la vía de enmiendas en el trámite parlamentario hubiésemos podido mejorar el texto presentado por el Grupo Popular, hubiésemos votado afirmativamente a la toma en consideración, pero entendemos que el mecanismo utilizado por dicho Grupo Popular no es el más idóneo para conseguir los objetivos que persigue la propia iniciativa, y explicaré el porqué.
Es evidente --basta con leer algunos tratados médicos-- que no hay unanimidad en la comunidad científica sobre que la huella dactilar del recién nacido sea una prueba contundente en el momento del nacimiento; en esto hay discrepancias. Es posible que los avances científicos de este importante investigador español en el futuro sean compartidos unánimemente por la comunidad científica, y en este supuesto quizá será un buen mecanismo, pero aun así diríamos que el mecanismo utilizado por el Grupo Popular no es el más idóneo. ¿Por qué razón? En algunas comunidades autónomas de España se está utilizando en este momento como método de identificación, además de otros, la huella plantar, que no plantea ningún problema a la comunidad científica y que no requiere necesariamente la inscripción en el Registro Civil. Por tanto, no entendemos que la huella dactilar sea imprescindible para que cumplamos con la Convención sobre los Derechos del

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Niño; ésa es una interpretación muy rigurosa de lo que dice la citada Convención. Entendemos que una iniciativa que hubiese ido en la línea de instar al Gobierno a generalizar en el conjunto de España la huella plantar y ver con más calma hasta qué punto puede esto introducirse en el Registro Civil sin necesidad de reformar la Ley --porque entendemos que para esto no es necesario reformarla, bastaría con alguna medida de tipo reglamentario--, podría conseguir el mismo objetivo y garantizar más aún si cabe en nuestro ordenamiento jurídico la identificación del recién nacido.
Esta es la razón de nuestro voto en contra, ya que entendemos que el procedimiento no es el correcto, aunque compartimos en toda su literalidad la intención y los objetivos que perseguía el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo comparte la finalidad y la intención de esta proposición de ley, que intenta mejorar técnicamente la forma de asegurar la identidad del recién nacido, pero no compartimos, desde luego, lo que podría desprenderse de una cierta alarma en cuanto a que no esté garantizada la identidad del recién nacido en nuestro país. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente por algún grupo parlamentario, creemos que la fórmula de la proposición de ley no es la adecuada para conseguir esa finalidad.
Esta proposición de ley, básicamente, añade a los artículos correspondientes de la Ley del Registro Civil la inclusión en el parte médico de la huella dactilar del recién nacido. Es una cuestión técnica, una cuestión discutida y discutible. En la práctica, el propio Insalud está llevando a cabo procedimientos diferentes: huella dactilar o huella plantar; no es una cuestión pacífica en este momento. Pero sobre todo es un típico tema de reglamento, de desarrollo de la Ley de Registro Civil, porque, efectivamente, esto mejoraría y precisaría más la identificación, y modernizaría incluso más el Registro Civil, pero la vía de una proposición de ley es excesiva a este respecto. No hace falta una ley, no se está regulando aquí el derecho a la identidad, como se señala en el preámbulo de la proposición de ley; simplemente se está utilizando un procedimiento técnico para mejorar esa identidad, pero el derecho a la misma no se regula por esa proposición de ley, por lo que no sería necesaria una norma de este rango.
Existen, además, otros problemas jurídicos añadidos que también se han señalado. En esta proposición de ley no hay una reforma del Código Civil y, sin embargo, se habla de la posibilidad de llevar el parte médico al Registro antes de transcurridas 24 horas del nacimiento, lo que contradice, evidentemente, dicho Código Civil.
Por otra parte, tampoco se entiende bien por qué se incluye en esta proposición de ley la identificación de los fallecidos, que es un problema absolutamente distinto, no tiene la problemática de la identificación del recién nacido. Pero se incluye, insisto, como parte de esta proposición de ley la identificación de los fallecidos del artículo 85 del Código Civil.
En definitiva, creemos que la pretensión de la proposición de ley es absolutamente compartible, que se podría y se debería mejorar la forma de identificación de los recién nacidos en nuestro país --eso no quiere decir que no esté garantizada esa identidad, yo creo que sí, aunque se podría mejorar--, pero creemos que la vía adecuada es el reglamento y no la ley como dice el preámbulo y luego la proposición.
Si usted se fija, señor portavoz del Grupo Popular, en lo que dice el Reglamento del Registro Civil, el artículo 167 desarrolla lo que tiene que constituir el parte de nacimiento.
Dice: en el parte de nacimiento, además del nombre, apellidos, carácter y número de colegiación de quien lo suscribe, constará, con la precisión que la inscripción requiere, fecha, hora y lugar del alumbramiento, sexo del nacido y menciones de identidad de la madre, indicando si es conocida de ciencia propia o acreditada, documentos oficiales, etcétera. Creemos que ese es el lugar donde debería ir esa técnica de la huella dactilar, de la huella plantar o de la que se considere adecuada, en su caso, por el Gobierno a la hora de desarrollar la Ley del Registro Civil; es decir, en el Reglamento del Registro Civil, no en la Ley del Registro Civil. Porque puede que en el futuro cambie la técnica, sea más adecuada otra, y se pase de la huella dactilar a la plantar o a otra distinta de identificación, pero no es cuestión de estar cambiando constantemente la Ley del Registro Civil cada vez que la técnica cambie. Por eso lo más adecuado sería haber hecho esta iniciativa a través de una proposición no de ley u otra fórmula que instase al Gobierno a que en el Reglamento del Registro Civil introdujese esta técnica o las que se consideren adecuadas para la mejor identificación.
Dicho sea de paso, esto va a producir grandes problemas en el Registro Civil, pero va a contribuir, creemos, a su modernización. En estos momentos, en el Registro Civil se están trasladando los partes médicos a legajos que se meten en sótanos --y quién sabe si algún día se podrán encontrar--, sin que formen parte del libro del Registro, que sigue procedimientos manuales del siglo pasado. Esa es otra razón para que se atienda esta pretensión, ya que supondría un elemento de modernización y de tecnificación de un Registro Civil que está absolutamente anticuado y obsoleto. Pero, repetimos, creemos que la vía de la ley no es la adecuada,

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que la vía adecuada es la del reglamento, y por ello no podemos apoyar esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la proposición de ley del Grupo Popular sobre modificación de la Ley del Registro Civil para la identificación del recién nacido.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 138; en contra, 172.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE INCENTIVOS FISCALES A LA AMPLIACION Y A LA CONTINUIDAD DE LAS EXPLOTACIONES FAMILIARES AGRARIAS (Número de expediente 122/000016)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las explotaciones familiares agrarias. En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, previamente a la defensa de esta proposición de ley debo significar que dos de las modificaciones legislativas que contiene están referidas al texto vigente en el momento de su presentación en junio de 1993. Sin embargo, y con posterioridad, el Gobierno elaboró el Real Decreto-ley 1/1993, de 24 de septiembre, a cuyo texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deberán entenderse remitidas nuestras modificaciones, concretamente las referidas a su artículo 45.1.b), 6, en sustitución del artículo 48.1.b), 6, del texto derogado. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) defiende una vez más ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley presentada al objeto de establecer incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las explotaciones agrarias familiares. Si esta iniciativa o alguna otra en términos similares ha sido presentada varias veces para su aprobación en esta Cámara es porque creemos que es necesaria para el campo español, y porque estamos convencidos de que contiene un conjunto de medidas que pueden ayudar a superar los males estructurales que padece el sector agrario a causa, principalmente, de la escasa rentabilidad de las numerosas explotaciones debido a su reducido tamaño, ocasionada por las dificultades que sufren las nuevas generaciones de agricultores para continuar explotándolas, cuando a esta escasa rentabilidad se le añaden los elevados costes fiscales que deben soportar en el caso de las sucesiones. Con esta iniciativa se pretende mejorar la estructura de las explotaciones agrarias, fundamentalmente las de carácter familiar, que conforman la base del campo español, y de cuyo mantenimiento depende en buena parte el futuro de nuestra agricultura. Sólo si estas estructuras son más rentables se podrá evitar que los jóvenes del mundo rural abandonen el campo para no volver a él, y que el país pueda disponer de jóvenes agricultores más formados y más capaces de asimilar, con mentalidad empresarial, los retos de una agricultura moderna y competitiva. En la actualidad, sólo el 1,6 por ciento de las explotaciones agrarias tienen un titular con formación profesional o bien técnica superior.
Pero si esta iniciativa, a nuestro entender, era ya necesaria en el momento de su presentación, en estos momentos creemos que, además de ser necesaria y oportuna, es urgente. Señorías, es urgente porque los acuerdos obtenidos el pasado mes de diciembre en el seno de la Ronda de Uruguay, en el GATT, en lo referido a materia agrícola obligará el campo español a realizar un esfuerzo adicional de similar intensidad al que todavía está efectuando como consecuencia de la adhesión española a la Comunidad Europea y a la más reciente reforma de la PAC.
En un entorno económico internacional cada vez más abierto a los intercambios comerciales de los productos agrarios, con protecciones arancelarias cada vez menores, con un uso cada vez más restringido de las cláusulas de salvaguardia y con unas dificultades cada vez mayores para subvencionar las producciones agrarias, solamente sobrevivirán aquellas explotaciones modernas y competitivas, por lo que todas las acciones que desde los poderes públicos se realicen para conseguir acelerar esta finalidad son de vital importancia para el futuro de la agricultura, la economía y la sociedad españolas. De lo contrario, el campo se despoblará, y este hecho no es un problema con implicaciones exclusivamente económicas, es, además, un problema de reequilibrio territorial, de cohesión social y de protección del medio ambiente.
En España, el 50 por ciento de la población vive en poco más del cuatro por ciento del territorio, mientras que en el medio rural la densidad de la población está entre cinco y diez habitantes por kilómetro cuadrado, lo que denuncia ya la existencia de un profundo despoblamiento de las zonas rurales, que no debe ni puede incrementarse si no queremos una destrucción cada

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vez mayor del medio rural. En este sentido, no se debe olvidar que el mantenimiento de las actividades agrarias constituyen hoy en día el único instrumento válido para evitar dicha destrucción. Es urgente que desde estas Cortes detengamos el progresivo abandono de las actividades agropecuarias y que luchemos contra la incertidumbre y el desánimo que se ha generado en el mundo rural, tal vez tan grave como grave es el envejecimiento de su población activa, y eso lo demuestra que el 60 por ciento de los agricultores tienen más de cincuenta y cinco años.
La agricultura española viene padeciendo una serie de déficit estructurales que han dificultado la consecución de niveles de rentabilidad económica deseables. Estos déficit no han podido ser corregidos por la legislación vigente ni con la Ley 49/1981 de la empresa familiar agraria y de los jóvenes agricultores, ni tampoco el Real Decreto 447/1993, de fomento del cese anticipado de la actividad agraria, está logrando dimensionar las explotaciones agrarias; al contrario, podría darse en los próximos años la continuación o incluso el incremento de los desequilibrios y de las desigualdades estructurales de la agricultura española, si no se actúa con más decisión, con más urgencia.
Podemos y debemos actuar desde ahora sobre las dos principales causas que merman esta competitividad: la escasa dimensión de las explotaciones y las dificultades en la continuidad de las mismas que padecen los agricultores en caso de sucesión. Estas dos problemáticas son determinantes en el caso de la agricultura española, puesto que, por un lado, el 51 por ciento de las explotaciones tiene una superficie media de solamente tres hectáreas y, por otro, el 76 por ciento de las explotaciones existentes en España es de carácter familiar. Si esta realidad es preocupante, todavía lo es más la evolución del sector en la última década. Así, entre 1982 y 1989, el número de activos agrarios disminuyó un 13 por ciento, sin que, por otro lado, aumentara la superficie media de las explotaciones. Esto significa que los efectos reestructuradores han sido nulos.
Todas las carencias citadas anteriormente provocan que la rentabilidad de las explotaciones agrarias españolas solamente represente el 56 por ciento de la media comunitaria, según datos de Eurostat, cuando, por sus condiciones naturales, el sector agrario español debería ser uno de los más productivos de la Unión Europea. No terciaré, señorías, en la discusión de las rentas reales percibidas por los agricultores y si en el último año éstas se han incrementado un 10 por ciento, ni en su procedencia o si en la última década la diferencia de las rentas agrarias con las de otros sectores se han agravado, porque cualquiera que sea la interpretación la consecuencia es la misma: se abandonan las actividades agrarias, 500.000 personas hasta 1991, 200.000 en los últimos años.
A la vista de estos datos, se puede afirmar que ni el abandono de la población activa que ha sufrido el campo español en los últimos años ni la elevada presencia de pequeñas explotaciones, muchas de ellas muy poco rentables, han provocado un aumento sustancial del tamaño medio de las explotaciones agrarias, por lo que se hace necesario que desde los estamentos públicos se adopten medidas destinadas a lograr unas explotaciones bien dimensionadas y destinadas a la obtención de una rentabilidad superior a la que se está obteniendo en la actualidad.
Para conseguir estos objetivos deben adoptarse diferentes medidas, que abarcan aspectos tan diferenciados como los de las ayudas económicas o la formación profesional, pero un instrumento que puede contribuir eficazmente a la consecución de estos objetivos, señorías, es el de la fiscalidad.
Efectivamente, la actividad agraria tiene unas características propias que dificultan el considerarla como una actividad empresarial más o como una actividad puramente laboral o comercial. Vista su actual situación, hace aconsejable darle un tratamiento específico, con una fuerte reducción de la carga fiscal que soporta en este momento, que compromete su competitividad y la propia continuidad de muchas explotaciones, haciendo estéril hasta ahora el gran esfuerzo de los agricultores para ser competitivos. Deben reformarse los métodos en las bases de cálculo de las cuotas empresariales de la Seguridad Social agraria y de las del IRPF de los agricultores. La concesión de beneficios fiscales de carácter selectivo a estas operaciones cuya finalidad sea incrementar la dimensión de la explotación y favorecer su continuidad, exigiendo las debidas garantías para asegurar la actividad de las mismas a medio plazo puede configurarse como un instrumento válido para propiciar procesos de esa naturaleza.
Se me podría alegar que no solamente con estas medidas fiscales se resuelven todos los problemas del sector agrario, que éstas deberían incluirse en un gran proyecto de modernización de estructuras. Todos aspiramos a tener este marco legal completo, pero todos somos conscientes de que su elaboración y negociación con todos los sectores implicados y el propio trámite parlamentario puede ser complejo y difícil, como lo demuestra que ha sido reiteradamente pospuesto desde que fue anunciado en 1992. Nada impedirá asumir en esta ley de estructuras otras medidas fiscales, algunas ya aprobadas, como la mejora del IVA de los «input» y servicios agrarios, de los impuestos especiales en los carburantes, de la exención del impuesto sobre el patrimonio o de los aplazamientos en el pago de los impuestos de sucesiones, ni debería impedir tampoco asumir las modificaciones derivadas de esta proposición de ley.
A tal efecto, esta proposición de ley propone la exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales y

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actos jurídicos documentados de todas aquellas transmisiones y contratos derivados de permutas forzosas o voluntarias, siempre que con ello se favorezca una mejor reestructuración de las explotaciones agrarias y se garantice su continuidad.
Esta iniciativa también contempla la introducción de una reducción del 75 por ciento de la cuota del impuesto sobre transmisiones patrimoniales en el caso de compraventa de explotaciones agrarias destinadas a ampliar otras explotaciones ya existentes, siempre que se mantenga la actividad agraria en la explotación y no sea enajenada o cedida durante un plazo de cinco años desde la fecha de la adquisición. Esta reducción se elevará al 95 por ciento en el caso de que el adquirente sea un agricultor con edad inferior a 40 años, al objeto de favorecer la incorporación de jóvenes agricultores.
Finalmente, se establecerá una bonificación del 95 por ciento del impuesto sobre sucesiones y donaciones aplicable a todas aquellas transmisiones «mortis causa» y a las donaciones «inter vivos» de explotaciones agrarias, siempre que no se altere su uso y no se transmitan durante los cinco años siguientes al de su adquisición.
En el 4.º y último artículo definimos el aspecto subjetivo de los beneficiarios de los incentivos fiscales. Y lo hacemos de una forma deliberadamente amplia, que beneficie especialmente al profesional de la agricultura y a la empresa familiar agraria, pero sin olvidar que el objetivo básico de la propuesta es conseguir empresas agrarias productivas generadoras de rentas suficientes, de riqueza y de divisas, en una palabra: empresas competitivas.
Introducimos también el concepto de actividades diversificadas que, unidas a la renta agraria principal, permitan llegar a una renta mínima de procedencia agraria del 50 por ciento para tener acceso a las bonificaciones y exenciones fiscales de la proposición de ley.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán cree que los beneficios fiscales establecidos en esta proposición de ley deben alcanzar, además, a los agricultores como personas físicas y también a aquellas personas jurídicas cuyo objeto social sea el de realizar actividades agrícolas, ganaderas o forestales y estén compuestas mayoritariamente por socios agricultores, puesto que lo más importante es que se aumente la rentabilidad económica de dichas explotaciones y se garantice su continuidad, independientemente de cuál sea la forma bajo la que se produce la citada explotación.
No obstante, esta proposición de ley está hecha con mentalidad abierta a las enmiendas razonadas y justificadas de todos los grupos, incluso a la posibilidad de incluir exenciones totales a las sucesiones para ciertos tramos de valores de fincas y para ciertos colectivos con rentas bajas. Estamos abiertos a modificar los porcentajes de las bonificaciones y la determinación de los beneficiarios, pero, señorías, les suplico que voten favorablemente la admisión a trámite de estas medidas. ¿Por qué? Porque los agricultores, ganaderos y forestales las necesitan con urgencia; porque otros países de nuestro entorno de la Unión Europea ya las tienen vigentes, y también porque algunas comunidades autónomas ya han legislado en este sentido y ya las aplican.
Este Congreso, aprobando esta toma en consideración, pienso, abrirá una puerta a la esperanza a muchos agricultores que están pendientes de que estas Cortes Generales les demuestren su sensibilidad hacia su sacrificada profesión y hacia sus problemas auténticos, hacia sus problemas reales.
La agricultura española debe ser competitiva en el marco de los acuerdos del GATT y de la nueva política agraria común, pero conseguir esta finalidad implica unos esfuerzos que nos incumben a todos: agricultores, ganaderos, Gobierno y parlamentarios, por lo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree que la aprobación de esta iniciativa representará un gran paso adelante en esta dirección.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, me da la impresión de que, definitivamente, tras un largo peregrinar de este tipo de proposición, hoy llegamos posiblemente al punto culminante en que, al parecer, va a salir adelante, y me doy cuenta de que no solamente es el señor Homs el que también tiene su gracia, sino que, efectivamente, otros también saben presentarlo en el momento oportuno. Enhorabuena. Nosotros vamos a apoyar esta proposición; la vamos a apoyar con todo gusto y con todo calor.
Según nosotros, esta proposición prevé incentivos fiscales a la permuta de fincas rústicas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y, en concreto, se refiere a permutas relacionadas con concentraciones parcelarias, permutas de acceso a la propiedad derivadas de arrendamientos rústicos, etcétera. Las exenciones también afectan a las ampliaciones de explotaciones agrarias según determinados casos, y de la misma manera prevé también incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Paso a fijar la postura de Unión Valenciana. Quiero recordar que, al igual que lo hicimos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la exención de los Impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones, Unión Valenciana presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 1994 solicitando

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que en el plazo de tres meses el Gobierno elaborara un proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, muy similar al que hoy se discute aquí, y que tampoco obtuvo por parte del Grupo Catalán el voto favorable, al igual que el Grupo Popular. Posteriormente, el Grupo Parlamentario Popular presentó de nuevo esta misma iniciativa y hoy nos encontramos debatiéndola otra vez, en esta ocasión presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Esto es estupendo, es fenomenal, es extraordinario. Nosotros sí vamos a ofrecer nuestro apoyo a esta Proposición de Ley y entendemos que se debe admitir a trámite, pero, según nosotros, a toda iniciativa se puede presentar alguna enmienda y creemos que esta proposición se puede mejorar con enmiendas que presentaremos sobre supresión de las denominadas jornadas teóricas. Las jornadas teóricas son un impuesto camuflado que se cobra a todos aquellos agricultores que tributen contribución rústica. En concreto, el concepto por el que se paga es la parte de seguridad social que se paga por los trabajadores y que, según Hacienda, se supone que tienes que contratar teóricamente. También entendemos que debe intentarse la exclusión de la agricultura de la estimación objetiva por coeficientes, manteniéndoles el anterior régimen fiscal denominado estimación objetiva simplificada, la introducción de la deducción por inversiones para la agricultura, el incremento al 30 por ciento del porcentaje de gastos de difícil justificación en el régimen de la estimación objetiva por coeficientes, exención del Impuesto sobre Hidrocarburos para el gasóleo agrícola, disminución del IVA aplicado a las adquisiciones de maquinaria por parte del agricultor, pasando del 15 al 6 por ciento, posibilidad de acogimiento a los planes de jubilación anticipada a los pequeños agricultores. Y también quiero hacer unas manifestaciones y son las siguientes: Unión Valenciana considera que el verdadero caballo de batalla va a estar en el ámbito de la política internacional, acuerdos como el GATT --pensemos en las subvenciones que obtuvieron los agricultores franceses cifradas en 500.000 millones de pesetas--, acuerdo euromagrebí, espacio económico europeo, etcétera, todos estos acuerdos provocarán graves dificultades en nuestra agricultura a medio plazo, pero, no obstante, creemos que con esas enmiendas se pueden mejorar.
Finalmente, quiero recordar que estos incentivos fiscales, sobre todos aquellos que faciliten la continuidad de las empresas, se deberían aplicar también a nuestras pymes. Con esto termino diciendo nuevamente que apoyaremos esta proposición de ley y que, al mismo tiempo, en su día presentaremos enmiendas, que esperamos que cuenten con el beneplácito de todos ustedes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, ante esta proposición de ley que nos trae hoy aquí el Grupo Catalán (Convergència i Unió), va a da su voto favorable, lo mismo que dijimos --y ésta es nuestra línea de consecuencia y de congruencia-- cuando el pasado día 8 debatíamos en este Pleno, y apoyábamos también, la proposición no de ley que nos traía el Grupo Popular para favorecer una serie de medidas, de exenciones fiscales, a esa especie de concentración parcelaria que se pretendía, con una limitación del valor catastral de 50 millones de pesetas, para nosotros muy afortunada, que debería haber encontrado acogida también aquí por una razón --y ésta sería mi única observación crítica en este momento a la propuesta del Grupo Catalán (Convergència i Unió)--, que parece hecha desde una óptica --y esto es lógico-- dentro del concepto estructural de la propiedad y la producción agraria en Cataluña, una comunidad autónoma que no tiene esos problemas de latifundio que se dan en otras comunidades autónomas y regiones de España. Llevado esto a su aplicación literal, de aprobarse así como está, tendría sus efectos beneficiosos en una estructura agraria basada en la normalidad del minifundio o del tipo de explotación que se da en la cornisa cantábrica o, afortunadamente en cuanto a sus niveles de productividad y racionalidad, en la Comunidad Autónoma de Cataluña e igual se da en Aragón. No sucede lo mismo en esos grandes predios, en esos grandes latifundios de la España central o meridional.
Para eso era muy oportuna la medida del límite corrector de hasta 50 millones de pesetas, porque aquí no lo hay y podrían darse desviaciones muy atípicas, no convenientes para las leyes fiscales, incluso para la propia estructura agraria española.
Qué duda cabe, señorías, de que nuestra agricultura tiene ese mal, yo diría que clásico y tradicional, de su defecto estructural; algunos dicen que es estructural y fiscal; no, es estructural. Al resolver el problema de la pequeñez de lo que aquí denuncia el Grupo Catalán, como en la anterior proposición hacía el Grupo Popular, se plantea cómo vencer esa atomización de la estructura agraria que conlleva el problema de la baja rentabilidad y la escasa productividad, o viceversa, agravado no ya por una cuestión de la Unión Europea hoy en día, sino agravado cuando empiece a tener sus efectos el GATT, con los excedentes agrarios que se produzcan. Vamos a ver qué pasa con esas explotaciones que, a trancas y barrancas y con el esfuerzo del agricultor, tienen un grado de rentabilidad digamos que aceptable, en una estructura familiar con poco gasto en una sociedad de consumo que se va a encontrar con que, al concurrir en el mercado, se produce un excedente

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frente a la política que va a actuar a través del GATT, y ya veremos qué pasa.
Estemos prevenidos y preparados para que una serie de medidas como las que están llegando a la Cámara, yo diría que en este último mes, de los dos Grupos proponentes, el Popular y el Catalán, nos permitan ir adecuando esta situación problemática. Por tanto, qué duda cabe de que, frente a esos problemas estructurales, hay que atender a su resolución con medidas fiscales. Una vez hecha esa observación sobre la aplicación, la extensión y la falta de límites --aquí no se habla de 50 millones más o de 50 millones menos en el valor catastral de lo que se quiera corregir, lo que no se puede omitir--, cuando hablamos en las propuestas de exenciones en las producciones y explotaciones, incentivos fiscales, reducciones de base imponible, incentivos fiscales a la sucesión y donación de las explotaciones agrarias, queda prácticamente lo mismo que había dicho el Grupo Popular en su proposición no de ley.
Yo les pediría aquí que, de ser tramitado esto, las enmiendas que se presenten corrijan incluso con la fórmula que nosotros propusimos en su día al Grupo Popular, y se aceptó en aquel debate, en cuanto a la definición exacta de qué herederos son los que se están entendiendo para ser beneficiarios de esta transmisión. Porque la verdad es que, en la estructura de la explotación agraria en España, si no resolvemos el problema de la herencia, si no solventamos el problema de toda España, no sólo de la institución del «hereu» en la comunidad autónoma que lo tenga, sino de los herederos que tienen, frente a la legislación vigente, una tremenda libertad, una vez que han heredado, de volver a subdividir o vender por parcelas el derecho que han adquirido por la transmisión, si esto no se resuelve, estaremos continuamente en una tremenda noria, en un ir y venir, en un tejer y destejer, la estructura de la dimensión agraria de la explotación en España. Para eso, señorías, nosotros proponemos también que haya una adecuación de dos invocaciones legislativas que ha hecho aquí, acertadamente, el portavoz del Grupo Catalán. Por un lado, perfeccionar uno de los instrumentos jurídicos de la democracia más importantes que nos ha llegado hasta este momento, que es la Ley 49 de 1981, precisamente la que venía a definir el estatuto de la explotación familiar agraria y de los jóvenes agricultores. Hacer las modificaciones pertinentes que el tiempo aconseja, como éstas de tipo fiscal, y, al mismo tiempo, hacer una adecuación de esta importante Ley, creo que es tan necesario como adecuar también, y lo ha recordado aquí el portavoz del Grupo Catalán, el Decretodel fomento del cese anticipado de la actividad agraria; pero este fomento del cese anticipado de la actividad agraria hay que ensamblarlo precisamente con esas medidas que ahora se traen, porque fomentar el cese por fomentarlo y sin que haya unas políticas de reagrupamiento de parcelas, de renovación de nuevos cultivos, el tan debatido asunto de la reforestación o forestación, no nos conduce a ningún sitio. Si no damos una opción a forestar, a repoblar con árboles, mal quedarán en cuanto a sus producciones, en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a su rentabilidad y en cuanto a su uso agrario mientras sigamos teniendo también el componente estructural poblacional del envejecimiento, del abandono o el no incentivo para jóvenes agricultores.
Creemos que esta pieza contribuye a un avance y nosotros, por tanto, la vamos a apoyar. Desearíamos verla pronto convertida en una ley, en la que haremos las aportaciones de las enmiendas complementarias pertinentes.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Para fijar la posición del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco en relación a la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Quiero manifestar que hace quince días debatíamos una proposición no de ley del Grupo Popular en la misma línea que la planteada por el Grupo Catalán, con la misma filosofía. No obstante, no disponía de la articulación, del contenido y del desarrollo que la proposición de ley como tal debe contener, a diferencia de una proposición no de ley que instaba al Gobierno a presentar una modificación legislativa.
Las medidas que plantea el Grupo Catalán nos parecen positivas, pero estimamos que una política de incentivación de la economía agraria requiere tener una visión global de la situación del sector, contemplando la economía agraria en el seno de un marco general que discipline el ejercicio de la actividad agrícola, así como el tipo, el modelo de explotaciones hacia las que queremos caminar y que parcialmente pretende resolver esta proposición de ley del Grupo Catalán.
Plantea el Grupo Catalán una bonificación del 95 por ciento en la base imponible de las transmisiones tanto «mortis causa» como «inter vivos», cuando se produzca con carácter lucrativo, como en definitiva serían las sucesiones, y nuestro Grupo, también como ya hicimos hacer constar en la proposición no de ley que presentó el Grupo Popular, va a adoptar una postura favorable, puesto que va en sintonía con una regulación de la que ya disponemos en el País Vasco, incluso más profunda y más beneficiosa e incentivadora de la actividad agraria, puesto que la exención es total y no únicamente una bonificación del 95 por ciento.
En relación con la segunda cuestión que el Grupo Catalán plantea, relativa a las transmisiones onerosas «inter

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vivos» de las explotaciones agrarias, nos parece que ello tiene que ir ligado con el fomento del cese anticipado de la actividad agraria y la transmisión de la titularidad de la explotación a aquellas personas profesionales de la agricultura que quieran ejercer la actividad con dedicación exclusiva. Por tanto, nos parece también que es una idea adecuada.
En tercer lugar, señor Presidente, se plantea el tema de las transmisiones y demás operaciones que se derivan de la concentración parcelaria que, en definitiva, ya se encuentran plasmadas en el Real Decreto legislativo 1/93, de 24 de septiembre, que regula el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Lo que ocurre es que existe una regulación adicional relativa a los supuestos de las permutas voluntarias y la constitución de servidumbres, así como enclaves de naturaleza agrícola, en el objetivo de lograr esa concentración con el deseo de obtener una explotación agrícola rentable y que pueda dar frutos en debidas condiciones. Por ello, a nuestro Grupo también le parece acertada esa tercera idea. Por último, quiero mencionar, señor Presidente, que el establecimiento de una delimitación de aquellas actividades agrarias, como hace la proposición del Grupo Catalán, así como la vinculación del ejercicio de la actividad agraria con los rendimientos que en ella se obtengan, a la hora de conseguir incentivos o beneficios tributarios, nos parece que es importante, puesto que, a su vez, va ligado, según el texto de la proposición, a la definición de qué se entiende por explotación agraria y el ejercicio profesional y con dedicación de la actividad agraria. Nos parece que ahí está la clave del asunto. Tiene que haber una delimitación de la explotación juntamente con la vinculación de esa explotación con la dedicación fundamental y exclusiva, o por lo menos prioritaria, a la actividad agraria.
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente la proposición de ley del Grupo Catalán.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gazagaetxebarría.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en torno a la proposición de ley de Convergència i Unió de establecimiento de incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las explotaciones familiares agrarias.
Hace pocos días, concretamente el pasado día 8, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley de similares características y objetivos, respecto de la cual nuestro Grupo decidió abstenerse en base a dos razones fundamentales. En primer lugar, porque en ella se establecían una serie de exenciones para las explotaciones agrarias que, a nuestro juicio, no iban a ser en beneficio de los agricultores, a título principal, ni de las explotaciones familiares agrarias, ya que las mismas se establecían en base al único límite del valor catastral de las explotaciones y de la dedicación, término este suficiente ambiguo como para permitir su aplicación indiscriminada.
La segunda razón que esgrimíamos era la de que dicha proposición no de ley, además de las graves deficiencias ya aludidas, iba a constituir un parche, una chapuza, si no quedaba integrada en una normativa mucho más amplia, reguladora del conjunto de actuaciones que, a nuestro juicio, son necesarias para la modernización de las explotaciones agrarias de nuestro país y, sobre todo, de la potenciación de las explotaciones familiares agrarias. En este sentido, señorías, señalábamos la necesidad de que el Gobierno, con carácter urgente, remitiese a esta Cámara el proyecto de ley sobre modernización de explotaciones agrarias, al objeto de que, a la mayor brevedad posible, pudiésemos entrar a debatir sobre los objetivos de dicha modernización, las características y requisitos que deberán reunir las explotaciones agrarias prioritarias, las ayudas y beneficios fiscales previstos para las mismas y el procedimiento registral para su acreditación. Todo ello, además -- indicábamos--, tiene que ser consensuado con las organizaciones agrarias profesionales. Estamos convencidos, señorías, de que esta es la forma más coherente de abordar el tema que nos ocupa. De lo contrario, contribuiremos, una vez más, a sembrar el panorama normativo agrario de normas parciales, desarticuladas, muchas veces desconocidas, incluso, por los propios beneficiarios y, lo que es peor, inaplicadas por falta de desarrollo reglamentario por parte de las administraciones responsables para su aplicación. Todo ello, señorías, quedó suficientemente puesto de manifiesto en el debate del pasado día 8, en el que se vio claramente que normas actualmente en vigor, como son la Ley 49/1981 y parte del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, entre otras, a pesar de contemplar varios de los beneficios fiscales, que hoy seguimos reclamando, han sido ineficaces para aliviar la carga fiscal del sector agrario.
He creído conveniente, señorías, hacer estas consideraciones previas a la fijación de posición respecto a la proposición de ley del Grupo Catalán porque nuestro grupo, a pesar de que va a votar a favor de la misma, considera de todo punto indispensable que dicha iniciativa sea sustanciada en el marco del proyecto de ley de modernización, porque será a partir de este ámbito global cuando los incentivos fiscales que en esta proposición de ley se contemplan puedan obtener la ma

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yor eficacia para los objetivos que se pretenden. El debate parlamentario de dicho proyecto de ley de modernización será también el momento oportuno para formular las enmiendas y suplir asimismo las carencias que, como las relativas a la acreditación registral, no se contemplan en esta iniciativa de Convergència i Unió.
Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentará en su momento parlamentario una serie de enmiendas relativas a las cuantías y encaminadas a terminar con lo que el señor Vidal llamaba la voluntaria ambigüedad de la proposición de ley. Nosotros no queremos que sea ambigua, ni muchísimo menos, sino que la queremos concretar para que sea en beneficio de aquellos por los que nosotros queremos luchar, que son las explotaciones familiares agrarias.
De cualquier manera, señorías, entendemos que, a pesar de que esta proposición de ley entró en el Registro de esta Cámara al inicio de la presente legislatura, sólo por motivos de oportunidad política se elige este momento para su discusión en la misma. Convergència i Unió sabe que, a pesar de que el contenido fundamental de su proposición es compartido por la totalidad de los grupos parlamentarios, no podrá salir adelante con la urgencia que requiere si falta la voluntad política del Gobierno socialista, al que Convergència i Unió da respaldo parlamentario para que siga gobernando en mayoría.
Por tanto, basta ya de crear falsas expectativas, haciendo creer a los agricultores que la solución va a ser a corto plazo, o sea, que va a ser ya, después de este trámite parlamentario. Basta ya de malabarismos políticos de uno u otro signo, porque, señorías, si la situación del sector agrario es tan grave, si el campo está endeudado hasta el máximo de sus posibilidades, si la renta agraria ha decaído en casi un 10 por ciento, si tenemos la población agraria más envejecida de Europa, si es cierto todo lo que Convergència i Unió argumenta en su exposición de motivos, que lo es, ¿por qué Convergència i Unió no ha hecho valer todo su poder de decisión, por qué su «ahora decidiremos» no lo ha utilizado para invertir esta situación? Se ha hecho evidente, señorías, que Convergència i Unió ha puesto más empeño hasta ahora en la desregularización del mercado laboral, en proporcionar a los empresarios mano de obra barata a costa de los jóvenes y de las mujeres, en conceder vacaciones fiscales indiscriminadas a los empresarios, que en hacer valer sus votos para resolver, con carácter de urgencia, los problemas de los profesionales de la agricultura de nuestro país. Esta es la verdad que todos hemos podido comprobar y que, más allá de las promesas y de los falsos gestos, tan bien conoce el sector agrario.
De cualquier manera, señorías, más vale tarde que nunca, y vamos a aprovechar esta proposición de ley para plantear al Gobierno, una vez más, la necesidad de que, con carácter urgente, presente el proyecto de ley de modernización, y vamos a ver si Convergència i Unió, aunque con retraso, pone el mismo empeño en hacer valer su influencia de socio indispensable que el que ha dispensado en otras actuaciones dignas de mejor causa.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo Popular, el señor Llorens tiene la palabra.


El señor LLORENS TORRES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Vidal, le adelanto, en nombre del Grupo Popular, que nosotros atenderemos sus súplicas y vamos a apoyar las propuestas que ustedes presentan hoy en nombre de su grupo, de Convergència i Unió, porque tenemos una visión absolutamente distinta de la política; porque nosotros no tenemos una visión sectaria de la política, la visión que a ustedes les impidió, hace quince días, como han reconocido todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, apoyar la propuesta prácticamente idéntica que, en nombre del Grupo Popular, tuve el honor de defender en esta Cámara. (Rumores.--Aplausos.) Esta es una propuesta coincidente. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Homs creo que no es usted quien me tiene que dirigir estas indicaciones, que a usted se le podrían aplicar muchísimas veces y con mucho más motivo. (Rumores.) Usted además, es la persona menos indicada de ese grupo.
Señorías, la propuesta es prácticamente coincidente en el diagnóstico. Estamos diciendo que la situación del sector agrario, desde el punto de vista económico, es mala. Los sectores agrarios de todos los países comunitarios están en mala situación, pero el sector agrario español está en peor situación. Estamos diciendo (y eso lo recoge la exposición de motivos de la propuesta que hoy ustedes traen aquí y que nosotros vamos a apoyar) que el único sector de la economía que desde la integración de España en el Mercado Común que ha tenido un crecimiento cero es el agrario. El sector de la construcción ha crecido el 57 por ciento; el sector industrial ha crecido el 22 por ciento; el sector servicios ha crecido el 30 por ciento.
Se mire por donde se mire, el sector agrario español está en peor situación que el sector agrario de cualquiera de los países que hoy conforman la Unión Europea y está en una situación mucho peor que cualquiera de los sectores productivos de este país.
Coincidimos también en el diagnóstico que hacen ustedes para justificar la presentación de esta propuesta: que el tamaño de las explotaciones es poco rentable; que hay que fomentar medidas de incentivo fiscal que

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favorezcan la permuta de parcelas para aumentar la base territorial de las explotaciones; que hay que eximir del pago las enajenaciones de las fincas. Estamos absolutamente de acuerdo en que uno de los factores determinantes --se ha convertido en determinante-- en la continuidad de la actividad agraria es el Impuesto de Sucesiones. Por su coste fiscal, por la característica de las explotaciones agrarias, que tienen poca liquidez porque la mayoría de sus valores está inmovilizada en bienes como tierras, edificios y maquinaria, en el momento de la sucesión en ese momento difícil en que el hijo pierde a su padre, a las circunstancias afectivas ciertamente dolorosas, a las circunstancias de mala expectativa porque el hijo ha visto que su padre cada vez vive peor al frente de esa explotación, hay que añadir el pago de un impuesto que va a suponer, en la práctica, la venta de una parte del patrimonio que hereda. Eso no se da en la inmensa mayoría de los países de Europa, porque este impuesto cuenta con importantes bonificaciones fiscales. Incluso en determinadas partes de España, como el País Vasco y Navarra, hay una exención total de este impuesto. Por tanto, nosotros pensamos que está justificadísima la exención del Impuesto de Sucesiones.
Hemos coincidido con el grupo proponente no sólo en la campaña electoral, donde además coincidíamos con el Grupo Socialista (es fácil coincidir con el Grupo Socialista en las campañas electorales) y hemos coincidido en lo que usted señor portavoz del Grupo Catalán, argumentaba el otro día, aunque al final, inexplicablemente, se opuso a nuestra propuesta. Hemos coincidido en el debate cuando se trajo esta propuesta por mi Grupo en la pasada legislatura, donde el entonces portavoz, señor Ferrer i Profitós, apoyó la propuesta y hemos coincidido también cuando ustedes la presentaron la pasada legislatura.
Fíjese usted cuántas coincidencias.
¿Qué ha pasado desde hace dos semanas hasta ahora? No ha pasado nada, porque no han variado sustancialmente las condiciones por las que ustedes decían que no podían apoyar la supresión y la exención de este impuesto, ni hemos definido la figura de ese beneficiario; lo único que ha pasado es que se ha demostrado que a ustedes les han sucedido dos cosas.
Primero que se han contagiado del socio mayor de la coalición, que rechaza las propuestas simplemente por la autoría del que las presenta sin leérselas; supongo que a partir de entonces se las habrán leído. Y segundo, lo que les ha pasado es que ustedes han salido en los medios, es que la negativa de su grupo de sus votos decisivos a la propuesta que yo tuve el honor de defender en nombre del Grupo Popular ha provocado la airada reacción de los payeses de Cataluña, con los que algunos estamos en permanente contacto. Hoy aquí, deciden cambiar, deciden presentar lo mismo y deciden pedir el voto a fa-vor para lo que hace quince días ustedes, de forma decisiva, votaron en contra.
Ustedes presentan aquí una proposición de ley. Adelanto que nosotros en el trámite posterior nos reservamos el derecho a enmendar algunas cuestiones porque, en contra de sus dudas sobre los posibles beneficiarios, ahora resulta que la indefinición es mucho mayor. Nosotros teníamos una propuesta en la que pedíamos la exención del Impuesto de Sucesiones absolutamente definida, limitada y condicionada; limitada a las explotaciones agrarias cuyo valor catastral no superara los 50 millones de pesetas. Ahora esa limitación desaparece.
Alguno se colará que no tendría que colarse; pero como nosotros pensamos que lo que importa es defender los intereses de la mayoría, ya lo enmendaremos en su trámite, lo que ustedes tenían que haber hecho cuando justificaban que no podían apoyar nuestra propuesta; ya lo enmendaremos en su trámite, poniéndole límite. Pedíamos que para garantizar la continuidad en la explotación agraria hubiera un compromiso de cinco años, idéntico. Ustedes ahora presentan una bonificación del 95 por ciento para la base del Impuesto sobre Sucesiones. ¿Por qué no el 97 ó el 98? En el fondo, yo creo que eso obedece a una intención de diferenciación. Pues también lo vamos a enmendar, porque nosotros posiblemente seguiremos en nuestros trece, pero esto no impedirá que apoyemos la propuesta. Para finalizar, les digo lo siguiente. Vamos a apoyar esta propuesta porque nosotros también tenemos otra visión de Cataluña. Desde nuestro grupo, algunos, como el que habla, se siente muy español --no hace falta decírselo--, pero tan catalán como algunos que pretenden dar los títulos en exclusiva, y por eso precisamente, porque no nos condiciona ningún pacto, nosotros, cuando hay que defender los intereses de los payeses catalanes, los colocamos en primer lugar, sin ningún tipo de condicionantes, porque para nosotros los payeses de Cataluña, como los payeses de Extremadura, como los payeses del resto de España, son una finalidad de nuestra acción política y se ha visto claro que para ustedes son un instrumento.
Muchas gracias. (Rumores y protestas.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición del Grupo Socialista, el señor Pau tiene la palabra.


El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señorías, señor Llorens, espero bajar quizá un poco el nivel del debate. De todos modos, yo creo que todos somos conscientes de que, a lo largo de los años, esta Cámara ha tenido ya oportunidad de debatir, en innumerables ocasiones, todo tipo de iniciativas parlamentarias relacionadas con el sector agrario, la agricultura y los agricultores. Incluso, convendrán conmigo que algunos

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consideran excesiva la atención que el Parlamento presta a este sector, que dicen es superior a la importancia económica real del mismo si la comparamos con su participación en el producto interior bruto o el porcentajede población ocupada en esa actividad. Este Diputado y el Grupo Socialista no lo creen así. Entendemos la agricultura no como un sector económico más, sino como una actividad productiva básica, estratégica, como la base imprescindible de una industria agroalimentaria con gran potencialidad, como garantía y defensa del medio ambiente y de la diversidad biológica, como un factor de equilibrio territorial y vertebrador del territorio y como salvaguarda de un patrimonio socio-cultural que debemos conservar.
El análisis del sector no puede realizarse, pues, desde la frialdad de unas cifras, ni podemos hacerlo desde los viejos tópicos, señor Llorens, y alguno de ellos se ha repetido hoy y aquí; tópicos que casi nunca se corresponden con la nueva realidad, distinta y compleja de una agricultura en proceso de cambio permanente, con problemas de adaptación, de modernización, de reconocimiento, de identidad y otros muchos en el contexto de una sociedad que se ha desarraigado del mundo rural, cuyos valores ya son distintos, que contempla por tanto el sector y sus problemas desde un prisma diferente al que muchos de nosotros estamos acostumbrados. De aquí nuestro interés en tratar globalmente sus necesidades y afrontar la solución de sus problemas, ya que este difícil proceso del sector agrario precisa de la colaboración y apoyo de toda la sociedad y de todas las administraciones. Ayuda que no se debe considerar como una discriminación, ni como una limosna al sector, sino como el reconocimiento a la aportación que la agricultura ha realizado durante decenios a la modernización y crecimiento de los demás sectores productivos y económicos del país.
En este contexto, si aceptamos que la acción de cualquier Gobierno puede y debe atender de manera diferenciada situaciones que son distintas, convendrán también conmigo, señorías, que la del sector agrario lo es y que dentro de él conviven realidades todavía más diferentes. De aquí el compromiso del Gobierno y del Grupo Socialista de presentar ante la Cámara un proyecto de ley de modernización que, entre otros aspectos, establecerá una reforma profunda en materia de estructuras agrarias, dirigida a conseguir los objetivos finales que plantea esta proposición de ley que hoy estamos debatiendo y que, en este caso, se ciñe exclusivamente a los aspectos fiscales de parte de los problemas del sector. Este proyecto de ley tratará de definir de manera clara la figura del agricultor a título principal y a dedicación plena, así como las explotaciones prioritarias, que deben ser, a nuestro entender, las figuras destinatarias de una acción protectora especial por parte de los poderes públicos. No se trata, ni queremos porque no nos gusta, de generalizar tratamientos especialesque deben otorgarse en función de situaciones también especiales. De aquí nuestra negativa a contemplar propuestas genéricas como la que nos presentó el Grupo Popular hace quince días, que no persiguen el mismo fin, ni tienen los mismos destinatarios a los que nosotros queremos especialmente proteger.
Recordará el señor Llorens que de los tres apartados que tenía retiraron el primero porque se había cumplido con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos; el último estaba prácticamente subsumido en el Texto Refundido de la Ley de Transmisiones Patrimoniales, y el segundo punto, que era el sustantivo de su proposición, trataba de eximir el pago de este impuesto sólo para los patrimonios de menos de 50 millones de pesetas, sin indicar clarísimamente a qué tipo de agricultor se destinaban; solamente pedía que durante cinco años se continuase con la explotación, pero no de manera directa y personal como pedimos nosotros. Esta es la gran diferencia, señor Llorens. Este compromiso y el compromiso de este grupo parlamentario fue aceptado ya en la pasada Legislatura cuando, a finales de la misma, en un debate similar, propusimos y acordamos con el Grupo Catalán (Convergència i Unió), siendo entonces el señor Ferrer portavoz del Grupo Catalán en estos temas, una moción que además la aprobamos conjuntamente y que mandataba al Gobierno definir la figura del agricultor a título principalcon el compromiso de que sea éste y no otro el destinatario preferente y diferenciado de las ayudas fiscales, financieras, sociales y de otro tipo que puedan y deban establecer desde las administraciones públicas, compromiso que se comprometió y se concretó en nuestro programa electoral y así lo expusimos claramente a los ciudadanos en la campaña que precedió al 6 de junio. Este compromiso fue ratificado en la comparecencia del señor Ministro ante la Comisión de Agricultura para explicar las líneas básicas de su departamento en esta Legislatura y de la que no me resisto a leer algunos extremos, como cuando decía: Favoreceremos la movilidad del suelo, estableciendo un conjunto de medidas y estímulos fiscales para incrementar el tamaño de las explotaciones y además (citando expresamente los temas fiscales en una respuesta al portavoz del Grupo Catalán) creo que los avances que hemos hecho pueden dejar satisfechas las demandas que se han planteado, que van a consistir básicamente en las exenciones de las donaciones, las herencias, las permutas y a todo aquello que, en definitiva, contribuya a desbloquear el mercado de la tierra. Sobre todo, el compromiso que el Grupo Socialista apoyó de forma expresa en este Pleno, en una moción que fue la resultante de una interpelación del Grupo Catalán relativa a los efectos de la agricultura en la Ronda Uruguay del GATT y que se tramitó a finales del mes de octubre; moción que no conviene olvidar, entre otras cosas, porque nos ofrece un marco de actuación en política agraria en la que el Gobierno

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y el Grupo Socialista se ratifican y que, si me permiten, trata entre otros temas, que aquí se han citado, señor González Lizondo, como es el de las peonadas teóricas, el del sistema fiscal por módulos y, sobre todo, entre otras cosas dice: que se inste al Gobierno a elaborar y presentar en el Parlamento un proyecto de ley de modernización de estructuras agrarias que contemple de manera preferente... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Pau.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Pau.


El señor PAU I PERNAU: Proyecto que contemple de manera preferente al profesional de la agricultura a título principal, la incorporación de jóvenes agricultores, así como las medidas normativas y fiscales que favorezcan la continuidad de las explotaciones.
La proposición que hoy debatimos tiene este objetivo y así lo desarrolla en su articulado. Sin duda alguna, como ya hemos indicado, afecta solamente a incentivos fiscales que aunque interesantes no pueden por sí solos garantizar el objetivo que todos pretendemos de modernización, adaptación y competitividad de nuestra agricultura; incentivos, por otra parte, que pueden establecerse a través de otros mecanismos y que algunas comunidades autónomas han utilizado subvencionando parte de los gastos fiscales que ocasionan las transmisiones patrimoniales, las permutas, las sucesiones y donaciones. En Cataluña, el artículo 18 de la Ley 9/1985, de Modernización de la empresa familiar agraria, establece que el Gobierno de la Generalitat fijará ayudas económicas para facilitar los pagos derivados de la transmisión en la empresa familiar agraria; ayudas, por otra parte, que hasta este momento no han sido establecidas.
Sin duda alguna, señorías, la proposición de ley que esta tarde ha presentado el señor Vidal, en nombre de su grupo, puede ser mejorada no sólo desde nuestro punto de vista sino también desde el de otros grupos. Compartimos, no obstante, la preocupación que la motiva y también parte de las medidas concretas que propone, sobre todo cuando introduce, en su artículo 4.º, el ámbito de aplicación de los beneficios fiscales, los destinatarios de los mismos y, dentro de ellos, también los distintos niveles. Consideramos que las medidas fiscales que propone sólo tendrán sentido si las acompañamos de otras que en el marco de un tratamiento normativo unificado defina y favorezca la constitución de explotaciones económicamente viables; que fomenten la transmisión integral de tales explotaciones facilitando a los jóvenes su titularidad; que faciliten el acceso prioritario al crédito a quienes pretendan modernizar sus explotaciones; que eviten el fraccionamiento de las fincas y explotaciones --en esto estamos de acuerdo con lo que decía el señor Mardones--, y que fomente la concentración parcelaria entre particulares; que promuevan el asociacionismo agrario en las diferentes fases de la producción, transformación y comercialización, medidas todas ellas cuya eficacia dependerá de la aceptación y aplicación por aquellos a quienes se destina que entendemos será mayor cuanto más íntegramente se aborden los problemas que se quieren resolver.
Para finalizar, quiero anunciar que nuestro voto, como es de suponer, será positivo a la tramitación de esta proposición de ley. Somos partidarios de que siga su trámite parlamentario y que durante el mismo se puedan mejorar algunos aspectos que hoy nos ofrecen dudas.
Nuestro grupo estudiará con detenimiento su contenido y participará, sin ningún tipo de recelo, en su elaboración definitiva que no ocultamos hoy aquí querríamos paralela e incluso asumida en el mismo texto del proyecto de ley de modernización que he mencionado y que el Gobierno se ha comprometido a presentar próximamente a la Cámara; interés que tiene su razón de ser en la voluntad inequívoca expresada por la mayoría de esta Cámara, y por el sector, de que este tratamiento especial para determinados agricultores debe inscribirse en el marco de una norma específica que establezca un régimen especial para agricultores a título principal y explotaciones prioritarias, manteniendo el criterio de la Ley 29/1987 de no admisión de beneficios fiscales de carácter objetivo por razón de la naturaleza de los bienes, excepción que se mantiene en la disposición final de la misma para un tipo de explotaciones familiares --las previstas en la Ley 49/1981-- y que se mantiene precisamente porque está expuesto en una ley específica.
Nos complace, para terminar, poder votarla con otras fuerzas políticas que ya en el pasado asumimos este compromiso y que además mantenemos. Nos congratulamos que se sumen a él otras fuerzas que con intereses y propuestas distintas reconocen hoy la validez del principio --para nosotros fundamental-- del destinatario preferente de este tipo de incentivos. Iniciamos, por tanto, un trámite que precisa de tiempo, de rigor, de imaginación y de voluntad de acuerdo, pero cuyo objetivo final debe ser facilitar, en la medida de nuestras posibilidades, la dimensión, ampliación y continuidad de unas explotaciones agrarias que pueden y deben ser competitivas en el marco de una nueva agricultura que con éstas y otras medidas debemos ayudar a alumbrar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), vamos a pasar a su votación.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.--Pausa.)

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El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre incentivos fiscales a la ampliación y continuidad de las explotaciones familiares agrarias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 318; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO VASCO (PNV), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE SOLICITE DE LA COMISION Y DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACION CON EL MERCADO DE LA PATATA (Número de expediente 162/000036)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno para que solicite de la Comisión y del Consejo de las Comunidades Europeas la adopción de determinadas medidas en relación con el mercado de la patata. El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
(Rumores.--Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
Cuando quiera, señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado la proposición no de ley con el fin de lograr un acuerdo y consenso parlamentario relativo a la regulación del mercado agrícola de la patata.
Sus señorías recordarán cómo en el verano del año 1992 se produjeron alteraciones y distorsiones muy fuertes en el mercado de la patata. Ante aquella situación de hundimiento de los precios esta Cámara debatió profundamente la situación originada y logró un consenso unánime de los grupos parlamentarios sobre la iniciativa presentada por el Grupo Popular relativa a la creación de una organización común de la patata. Sobre tal cuestión se está debatiendo actualmente a nivel comunitario y por ello, mediante esta iniciativa, queremos participar e influir en el proceso de formación de la voluntad comunitaria, encontrándonos en un momento de tranquilidad en el mercado de la patata y no esperando para ello a que se produzcan alteraciones en dicho mercado, sino abordando tal cuestión actualmente con serenidad.
La patata, señorías, es uno de los productos con demanda más inelástica, sobre todo en el tramo de precios bajos, debido a que el consumo no responde favorablemente a los descensos de sus precios; por consiguiente, sus precios muestran una gran sensibilidad ante pequeñas variaciones de la producción y, dada la variabilidad de ésta en el caso de la patata, está justificada, posiblemente más que en ningún otro producto, una regulación de mercado. Paradójicamente, a pesar de las circunstancias mencionadas y de representar más de 1.400 millones de hectáreas, la patata no está sometida a ningún tipo de regulación de mercado de la Unión Europea, a excepción de la aplicación del arancel aduanero común.
Todo lo anterior explica que el precio de la patata pueda experimentar, de unas campañas a otras, enormes variaciones, que, tal y como ha ocurrido en 1992, pueden dejar el producto prácticamente sin valor comercial, generando graves pérdidas económicas a un sector que cuenta con numerosas explotaciones familiares y cuyas rentas son muy sensibles a las circunstancias del mercado. En el caso del mercado de la patata corresponde al Consejo de Ministros de Agricultura la determinación del modo en que se aplican las normas de defensa de la competencia a nivel de la Unión Europea. Dada la inexistencia de una organización común de mercado de la patata, las autoridades pueden poner en marcha cualquier tipo de medida de intervención: compras públicas, subvenciones a las exportaciones y otras ayudas, tal y como ha sucedido en el año 1992 en Holanda, Francia, Italia, España y Portugal. La proliferación descoordinada de ayudas estatales es política y técnicamente incorrecta en una situación de mercado único. Asimismo, constituye una seria amenaza a la libertad de competencia y a la competitividad de los productores de las zonas más desfavorecidas, además de ser, en muchos casos, ineficaz para reconducir el mercado hacia situaciones más normales. Así, de nada sirve reducir incluso notablemente la producción española mientras que en Holanda o Francia se pueda adquirir toda la patata que se desee a precios ruinosos.
Señorías, la patata, tras un período prolongado en que estaba experimentando un descenso en su superficie de cultivo, se está configurando como un cultivo refugio frente a la reciente reforma de la política agrícola comunitaria y particularmente frente a la reducción que ésta promueve en la superficie de cultivo de cereales y remolacha en la agricultura europea. Por tanto, el mercado de la patata requiere, con más razón que en muchísimos otros productos, de una organización común de mercado que dé respuesta a sus distinciones estructurales.
La creación de una OCM de la patata perseguiría disciplinar la producción, garantizando la estabilidad de

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precios y posibilitando el cultivo de las explotaciones familiares con menor capacidad competitiva pero con mayor importancia social. Igualmente se pretende corregir las coyunturas de precios muy extremas mediante una regulación del mercado en supuestos ocasionales y excepcionales. Es decir, se trataría de mejorar la eficacia del funcionamiento de un mercado que es muy errático y volátil, neutralizando los altibajos espectaculares de los precios.
Es preciso, pues, señalar que, aunque esta Cámara solicitó la creación de una organización común de mercado semejante a la que ya rige en cereales y oleaginosas, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de organización común de mercado, minimalista. Obviamente, una OCM de estas características no da solución a los problemas específicos planteados en el mercado de la patata. Así, el Parlamento Europeo considera que la propuesta de la Comisión en relación a los mecanismos previstos para hacer frente a las inestabilidades cíclicas en la producción y en los precios, es insuficiente. Pero, indudablemente, es el Comité Económico y Social de la Unión Europea el que, en su dictamen sobre la propuesta de la Comisión para la creación de la OCM, califica ésta de minimalista. Considera el Comité Económico y Social de la Unión Europea que los instrumentos propuestos por la Comisión, apoyo a agrupaciones de productores e introducción de un sistema de certificado de importación, son insuficientes para garantizar la deseada estabilidad del mercado y garantizar ingresos razonables a los productores afectados.
Igualmente, el Comité Económico y Social estima que, independientemente de los intercambios con terceros países, alrededor de un volumen de la oferta comunitaria, la fluctuación de la oferta interna constituye en sí misma una amenaza constante para la estabilidad del mercado. El Comité Económico y Social concibe la patata, pues, como un cultivo refugio y considera que la Comisión Europea en su propuesta no tiene en cuenta suficientemente la relación que existe y el equilibrio que debe existir entre la OCM de la patata y las medidas de reforma de la Política Agraria Comunitaria establecidas para otros productos agrícolas.
Como segunda gran propuesta, el Grupo Parlamentario Vasco propone estudiar la creación de un sistema de producción por cuotas que nos parece el núcleo central de nuestra proposición no de ley y que es esencial para la articulación y la ordenación del mercado de la patata, a diferencia de lo que ocurre en otros contingentes, bien sean directos o indirectos --directos en el caso de la remolacha o de la leche e indirectos por la contingentación de primas a la producción en el caso de las oleaginosas, las proteaginosas y de las vacas nodrizas--, a través de un sistema de contingentación de cuotas directas o indirectas.
Pues bien, señorías, el sistema de cuotas de producción se perfila como un instrumento fundamental, tanto para garantizar un funcionamiento estable y eficiente del mercado como para mantener el cultivo en aquellas regiones rurales donde es tradicional y básico para mantener sus economías locales. Por tecnología y estructuras productivas y por ventajas naturales y estructuras comerciales, no podemos competir a largo plazo, en igualdad de condiciones, con países como Bélgica y Francia y especialmente con Holanda. Las cuotas por agrupaciones de productores y regiones pueden constituirse en elemento clave para condicionar el juego de la ventaja competitiva en el mercado europeo en base a criterios de política regional y social. Evidentemente, a la hora de fijar el nivel concreto de las cuotas, se debería recurrir a unos años de referencia en los que la superficie de sembrado de la patata sea suficientemente representativa de la importancia tradicional del cultivo en cada región. A nuestro juicio, pues, el sistema de cuotas de superficie constituye un instrumento válido para disciplinar la oferta, porque dispone de las siguientes características: En primer lugar, es socialmente justo, porque no podemos olvidar que detrás de los sectores agrícolas hay mucho más que la producción y el empleo, como son la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.
El sistema de cuotas favorece la viabilidad de las zonas desfavorecidas, al condicionar la relocalización total de la producción hacia las zonas más competitivas, y no hipotecarían la competitividad de la producción comunitaria, ya que la ausencia, hasta ahora, de regulación de la patata ha favorecido una localización determinada totalmente por la ventaja comparativa.
Segunda ventaja. Permite una disciplina de la oferta y, por tanto, de los precios, siendo un argumento importante frente a terceros países respecto de la Unión Europea para dotar mecanismos de protección del mercado interno ante las oscilaciones de los precios internacionales. De este modo, el mercado comunitario estaría sometido a un cierto control y estaría legitimado para adoptar medidas defensivas frente a países cuya oferta no se disciplina.
Tercera ventaja. No sólo no comporta nuevos gastos presupuestarios, sino que, en la medida en que lleve asociada una penalización a los productores que no respeten los umbrales de cultivo en la producción, proporcionaría ingresos que podrían ser utilizados por la Unión Europea para financiar otras medidas complementarias de la organización común del mercado.
Cuarta ventaja. No entraña costes administrativos significativos, ya que su gestión podría incoporarse dentro del procedimiento previsto en el Reglamento comunitario 3508/92, que prevé un régimen de control para las superficies de cultivo.
Quinta. Tendría un perfecto encaje en cualquier negociación agrícola, como se ha planteado con el sistema

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del acuerdo alcanzado en el seno de la Ronda Uruguay del GATT en materia agrícola.
La tercera cuestión que expone el Grupo Parlamentario Vasco en su proposición no de ley es la articulación paulatina del sector mediante ayudas para la creación de agrupaciones de productores de patata. Consideramos que, en el plazo de dos o tres años, debería ser obligatoria la pertenencia a estas asociaciones, especialmente de los grandes productores, tal y como está ocurriendo en Holanda, ya que de esa forma las mismas agrupaciones de productores realizarían y financiarían directamente en gran parte, a través de las cotizaciones de sus propios socios, las medidas para la autodisciplina del mercado, haciendo más ocasional la necesidad de intervención pública. Con el fin de evitar posibles comportamientos fraudulentos por parte de algunas agrupaciones de productores respecto de la responsabilidad de disciplinar la oferta de la patata en situaciones coyunturales excedentarias, se establecería un patrón o parámetro de medida de retiradas obligatorias de patata del mercado en situaciones excepcionales.
Igualmente he de manifestar que la fórmula de las agrupaciones de productores tiene ventajas para los mismos asociados, incluso en el caso de que se autofinancien íntegramente la retirada del producto. Ello es debido a que, dada la inelasticidad de la demanda de patata, los ingresos aumentan mucho a medida que disminuye la oferta.
Además, señorías, mediante una organización común de mercado y unas agrupaciones de productores bien articuladas, la Comisión de la Unión Europea podría cumplir también con otro fin social que nos parece importante, como es el de dotar parte de la ayuda al tercer mundo a través de la compra parcial de la producción de patata retirada por algunos de los productores durante las situaciones de crisis en el mercado.


El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego concluya.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Concluyo, señor Presidente, expresando que el mercado comunitario de la patata tiene un mal funcionamiento al encontrarse muy desregulado, suscitándose, por ello, problemas para el productor y también para los consumidores, cuando uno de los objetivos de la política agrícola comunitaria es garantizar la estabilidad de los precios.
Señorías, España está perdiendo cuota de mercado de forma alarmante en los últimos años. En primer lugar, la superficie cultivada se ha reducido en un 32,02 por ciento en los últimos ocho años, desde el ingreso en la Comunidad Económica Europea; en cambio, en el conjunto de la Unión Europea, la reducción ha sido únicamente de un 4,21 por ciento. Y, en segundo lugar, las importaciones españolas se han multiplicado por seis en los últimos cinco años.
Por todo ello --y finalizo, señor Presidente--, para evitar la desaparición de este cultivo, nos parece que es necesaria la creación de una organización común de mercado y el establecimiento de un sistema de cuotas de producción como ya existe en otros productos agrícolas, bien cuotas directas, como en el caso de la leche o de la remolacha, o bien indirectas, a través de la contingentación de ayudas, en el caso de las oleaginosas, los cereales o las vacas nodrizas.
Nada más.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista y fijar su posición en esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Mendizábal.


La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señorías, es indudable la importancia que ha tenido siempre la política agrícola común en la construcción europea, sobre todo si tenemos en cuenta la cuantía presupuestaria que se ha ido dedicando siempre a estos temas.
Con motivo del establecimiento del mercado único, ha habido una serie de aprobaciones por parte del Consejo que tenían como objetivo mejorar esa política agrícola común. El exceso de producción en algunos mercados agrarios y el rápido crecimiento de los gastos presupuestarios hizo que el Consejo estuviera preocupado por garantizar la competitividad de la agricultura europea y proteger, al mismo tiempo, el equilibrio que pudiera haber entre las zonas rurales, adoptando siempre, parece ser, una serie de decisiones, cuyo objetivo principal era mejorar el equilibrio de los mercados y la competitividad interna internacional de la agricultura comunitaria.
Todas estas buenas intenciones, sin embargo, no han entrado en algo tan claro como es el mercado de la patata; la agricultura comunitaria no se ha preocupado de que se regule el mercado de la patata como se ha regulado otra serie de productos, quedando así a las normativas de las legislaciones nacionales.
Dentro de este marco, la Comisión presentó al Consejo, como ya se ha citado, una propuesta de reglamento el 25 de noviembre de 1992. Esta propuesta de reglamento, que establece la creación de una organización común de mercado para la patata, recogía una serie de importantes elementos, como puede ser el estímulo a la constitución de las agrupaciones de productores, o el régimen que tiene que ver con terceros países, existiendo la posibilidad del establecimiento de la cláusula de salvaguardia en caso de perturbaciones

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graves, o la prohibición de la concesión de una serie de ayudas nacionales, o igualmente la constitución de un comité de gestión para el seguimiento del mercado.
Pero, ante esta propuesta, en el Consejo se han mantenido posiciones encontradas por las distintas delegaciones que han impedido que esta organización común de mercado sea aprobada por el Consejo. De hecho, hay delegaciones que consideran que no es necesaria la creación de una organización común de mercado en el campo de la patata, mientras que hay otras, como es el caso de España, que incluso consideran que la propuesta presentada por la propia Comisión es insuficiente en determinados aspectos. Desde nuestro punto de vista, es deseable que haya una organización común de mercado más completa que permita disponer de una serie de instrumentos comunitarios para enfrentarse a las situaciones de crisis, sobre todo en cuestión de protección frente a las importaciones. Pero, además, es necesario que se fomente la agrupación, porque nuestra comercialización asociativa es bastante deficitaria.
Por todas estas razones, desde el Grupo Socialista consideramos adecuada y oportuna la presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo Vasco (PNV), así como también pensamos que tiene un especial interés porque contribuye a reforzar desde este Parlamento una postura firme de negociación en este ámbito por parte de la delegación española.
Haciendo un análisis más minucioso de la proposición no de ley presentada y conectando con la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, el primer punto nos parece aceptable en su totalidad.
Respecto al segundo punto, estamos de acuerdo en que es de gran importancia potenciar la creación de organizaciones de productores con medidas de apoyo en los primeros años de funcionamiento, y, además, con una serie de medidas que posibiliten la constitución de una serie de fondos de rotación para financiar compras y almacenamiento, así como una serie de instrumentos que permitan la regulación del mercado. Sin embargo, nos parece excesivamente rígido convertir esto en obligatorio y por eso hemos presentado la enmienda a este punto.
El tercer punto, que propone la creación de un sistema de cuotas por agrupación de productores y regiones, nos parece algo peligroso en un doble aspecto: primero, porque es difícilmente defendible, dentro del contexto comunitario en el que hablamos de libre circulación de mercancías y de creación de un mercado único, siendo esto uno de los pilares básicos, establecer cuotas, y, además, hasta ahora las cuotas que existen sólo son cuotas por productor o cuotas por Estado. De hecho, el representante del Grupo Vasco (PNV) no lo ha establecido en los mismos términos que está escrita la enmienda, sino que ha hablado de la defensadel sistema de cuotas, que quizás puede ser algo más aceptable, desde el punto de vista comunitario.
Segundo, puede caber la posibilidad de que la solicitud de este establecimiento de cuotas pueda actuar en contra de lo que realmente se pretende con su establecimiento, que es la protección de los agricultores productores de patata, porque puede incitar --y así están las cosas en Europa-- a otra serie de productores --y me estoy refiriendo en este caso a los productores de fécula, productores ligados a la industria, como son todos los del Norte de Europa, que son los que en estos momentos están paralizando la OCM-- a que sigan solicitando y pidiendo este sistema de cuotas.
Pensamos que si lo que se pretende es proteger al productor, a través de mecanismos que permitan, fundamentalmente, mantener su renta en momentos difíciles, desde nuestro punto de vista es más efectivo hacer frente a estas situaciones coyunturales excedentarias mediante mecanismos de retirada de la producción que garanticen la compra de los excedentes a un precio mínimo.
Para corregir esto que vemos en la proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco (PNV) hemos presentado esta enmienda por parte del Grupo Socialista, que lo que pretendía era corregir estos dos temas fundamentales. Quisiéramos hacer llegar al PNV que lo que nos parece importante que no debe aparecer en esta proposición no de ley es, en primer lugar, el tema de la obligatoriedad en el caso de las agrupaciones de productores y, en segundo lugar, el establecimiento del sistema de cuotas, especificándolo ya por agrupaciones y por regiones. Nos parecería mejor que se hablara del sistema de cuotas sin establecer por agrupaciones y por regiones, independientemente de que luego internamente, porque eso no sería admitido por la Comunidad, pudiera organizarse a través de un sistema de agrupaciones o de regiones.
Nada más.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Por el Grupo Popular, para la defensa de la enmienda presentada y la fijación de su posición, tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco (PNV), tendente a la creación de una organización común de mercado para la patata y, al mismo tiempo, para defender las enmiendas que mi Grupo ha presentado a los puntos segundo y tercero de la citada proposición.
Pero, señor Presidente, antes de nada quisiera hacer una reflexión previa y que viene a cuento del asunto que estamos tratando en este momento, el sentido ejecutivo

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y vinculante que para el Gobierno tienen las proposiciones no de ley aprobadas por esta Cámara, que representa la soberanía nacional.
Digo esto, señor Presidente, porque el 30 de septiembre de 1992 esta Cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y defendida por este Diputado, mediante la cual se instaba al Gobierno para que planteara y defendiera ante los organismos comunitarios una organización común de mercado para la patata. Y así se refleja en el Boletín Oficial de las Cortes del 5 de octubre de 1992, en una publicación firmada por el Secretario General del Congreso de los Diputados. Sin embargo, señorías, ¿qué ha hecho el Gobierno español para cumplir con el mandato de esta Cámara sobre esta cuestión? A la vista de los acontecimientos, podemos asegurar que absolutamente nada, como lo demuestra el hecho de que estemos hoy nuevamente debatiendo la misma cuestión, ya aprobada por unanimidad de los grupos en el Congreso, haciendo perder el tiempo a SS.SS. y, lo que es peor, dejando en muy mal lugar la alta misión de esta institución.
Dicho todo lo anterior y puesto que las cosas son como son y no como debieran ser, paso al fondo de la cuestión. Señorías, esta iniciativa, que firma el Grupo Vasco (PNV), es un producto de la inquietud y preocupación de más de cinco gobiernos de otras tantas comunidades autónomas, de diverso signo político, que, ante la pasividad más absoluta del Gobierno español, a finales del pasado año se han visto obligados a plantear formalmente la consecución de la organización común de mercado para la patata. El Grupo Popular es altamente sensible ante los problemas por los que atraviesan cíclicamente los productores de patata en nuestro país, como lo demuestra el hecho de que ya el 29 de mayo de 1990 presentáramos, por primera vez, una proposición no de ley ante la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, solicitando una OCM para la patata, que fue debatida y rechazada por el Grupo Socialista en el mes de octubre de este mismo año.
Señores del Grupo Socialista, aquí cada uno somos responsables de nuestros actos y comportamientos, por lo que en este asunto ustedes son los responsables no sólo de que estemos hoy aquí debatiendo este asunto sino también, lo que es aún más grave, de la ruina de muchos cultivadores de patata de nuestro país, puesto que si hubieran votado favorablemente la citada proposición no de ley, en 1990, y luego hubiera cumplido el Gobierno con aquel mandato de 1992, no se habría producido la gravísima crisis de la patata durante la campaña 1992/1993 y que, como es sabido, cíclicamente se reproduce. Por ello, entre todos tenemos la obligación, señorías, de, justamente en tiempos de relativa paz comercial, encontrar las mejores soluciones para este importante sector de la producción agraria española. Y, sin duda, las principales pasan por la implantación de una OCM que regule las producciones por regiones y, al mismo tiempo, establezca unos precios mínimos de garantía, dando fin a las competencias desleales de otros países miembros.
Sin perjuicio de impulsar políticas de modernización de nuestras estructuras tendentes a minorar sustancialmente los costes de producción, acercándonos a la media europea, el cultivo de la patata, señorías, es fundamental para numerosas comarcas de la geografía nacional, habida cuenta de que se produce con más o menos intensidad en la mayoría de las provincias españolas, en su mayor parte en pequeñas parcelas pertenecientes a modestos agricultores, cuyas economías dependen, en muchos casos y en gran medida, de este cultivo.
En España se dedica una media de en torno a las 300.000 hectáreas, ocupando el segundo lugar de la Unión Europea, en superficie del cultivo de la patata. Sin embargo, nos situamos en el penúltimo lugar, delante de Portugal, en rendimiento de toneladas por hectárea, produciendo unos cinco millones y medio de toneladas e importando alrededor de otras 400.000 toneladas, frente a las 49.000 que se importaron durante 1985 y 153.000 justo al año siguiente, coincidente con el primero de pertenencia de España al Mercado Común.
Asimismo, señorías, el sector ha podido comprobar cómo llegaban a nuestros mercados patatas subvencionadas directa o indirectamente por determinados estados miembros de la Unión, aun estando prohibido, practicando un auténtico «dumping» comercial, ante la más absoluta pasividad del Gobierno español, siempre dócil ante el resto de los mandatarios europeos e incapaz a la hora de solicitar una sola vez la aplicación de la cláusula de salvaguardia para ayudar a regular el mercado interior entre la oferta y la demanda.
Por otra parte, señorías, como nos pasa con la mayoría de los sectores productivos de nuestro país, a causa de las estructuras de nuestro sector agrario, más obsoletas, producimos con unos costes de aproximadamente el doble de la media de la Unión Europea, cuyos principales países nos inundan con sus productos a precios muchas veces del 50 por ciento por debajo del coste de producción en España, provocando en muchos casos la ruina de nuestros productores, arrastrando tras de sí a multitud de pequeñas empresas de servicios que dependen de la economía agraria, como sucedió en 1992 en numerosas comarcas españolas. Para terminar, señorías, y por razones obvias, dado que ésta viene siendo una de las reivindicaciones agrarias más importantes que permanentemente mantiene el Grupo Popular desde 1990, como ha quedado demostrado, una vez más en esta Cámara vamos a votar a favor de que el Gobierno español, usando todos los recursos de la legislación que la Unión Europea le permite

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a un Estado miembro, sin más dilaciones presente y defienda ante los organismos comunitarios una propuesta de organizaci]on común de mercado para la patata en los términos de la proposición no de ley que estamos debatiendo.
Señoras y señores Diputados del Grupo Socialista, aunque la frase es muy manida, no por ello deja de ser para los agricultores afectados dramáticamente real aquello que, con acierto, pronunció desde esta misma tribuna Manuel Fraga: ustedes solamente aciertan cuando rectifican. Y si hoy rectifican, les podrán pedir responsabilidades por las consecuencias de su actitud en el pasado, pero, en cambio, señorías, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena; en este caso, como ven, la dicha, la oportunidad y la propuesta, sin duda, que es buena e imprescindible para los agricultores españoles.
Señorías, en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, la primera se refiere al párrafo segundo de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, por la cual pretendemos suprimir del texto la obligatoriedad de los agricultores a pertenecer a las agrupaciones de productores.
Entendemos que no es de recibo obligar a nadie a agruparse ni a asociarse, sin perjuicio de que a través de incentivos de diferentes tipos se pueda ayudar al mismo cometido, pero nunca plasmar en una norma la obligatoriedad de agruparse para nuestros agricultores. La segunda enmienda se refiere al sistema de cuotas. Nosotros estamos de acuerdo con las últimas intervenciones que se han realizado desde esta tribuna. Por tanto, estaríamos de acuerdo si se retira del texto presentado por el Grupo Parlamentario Vasco la palabra obligatoria.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Mi intervención, que pretendo sea breve, va dirigida fundamentalmente a manifestar el apoyo del Grupo Mixto, del Grupo al que represento, a esta oportuna y a mi modo de entender eficaz proposición no de ley. Estamos ante el tratamiento de un producto agrícola modélico que afecta, en algunas zonas del Estado y particularmente en el País Vasco, a un proceso de formación profesional, investigación y experimentación, control de calidad y producción selectiva para, a su vez, ser empleada en una producción masiva de calidad. Estamos ante un proceso productivo interesante e importante de carácter agrícola, equilibrador y capaz de consolidar la renta de extensas zonas agrícolas asegurando ingresos regulares y un desarrollo sostenido.
Además, la experiencia demuestra que, en estas zonas, el efecto de arrastre no es solamente en el sector agrícola, sino que también afecta a otros sectores como el industrial y de servicio. Apoyamos esta proposición no de ley porque con ella se pretende la creación de una organización común de mercado para la patata, económicamente eficiente y socialmente justa y equitativa. La apoyamos porque esta organización común de mercado es un conjunto de normas y derechos de los productores agrícolas en cuanto a fijación de precios de retirada, primas de restitución, calendarios para la exportación y un sinnúmero de etcéteras que no vienen al caso en este momento. Todos ellos son de importancia crucial y de ésta dependen la competitividad y salida de un producto agrícola como el que tratamos.
La apoyamos también porque se propone el establecimiento de una línea de ayudas para la articulación de los agricultores a través de agrupaciones de productores --todo ello, consideramos, dentro precisamente de un proceso de modernización-- adoptando las medidas oportunas y --quiero subrayarlo pese a las enmiendas presentadas-- para hacer obligatoria a medio plazo su participación en las mismas y, en su caso, la entrada coordinada de la producción en situaciones excedentarias.
Nos parece --y estamos, por ello, de acuerdo-- muy importante que se proponga la creación de un sistema de cuotas de producción por agrupaciones de productores y regiones, como instrumento fundamental para la disciplina del mercado a largo plazo y para una solidaridad económica de la que tanto necesitamos.
Por último, se establece un mecanismo de regulación de la oferta, que consideramos también oportuna, precisamente para las situaciones excedentarias basadas en unas exigencias mínimas de calidad del producto. Desde ese punto de vista, nos manifestamos favorables a la creación de esta organización común de mercado para la patata y para cualquier producto agrícola de nuestra Comunidad. Todo aquello que suponga la organización común de mercado supone una regulación de dicho mercado, mayores posibilidades de conseguir ayudas de la Comunidad Europea y, en definitiva, mayor protección para el sector.
Sin embargo, se ha de señalar que ha quedado pendiente --y consideramos que así se debe aplicar en el futuro-- la reforma de la organización común de mercado, relativa, por ejemplo, a otros productos como el arroz, el vino, frutas y hortalizas, particularmente tras la firma del Acuerdo del GATT. Por lo tanto, la futura reforma de las OCM de estos productos estará condicionada al Acuerdo del GATT y, probablemente, no se alcanzará un grado de protección aceptable, tema que planteamos porque consideramos que debe ser tomado en consideración. Ante la nueva situación, aparece como urgente la reforma de las OCM de los productos anteriormente citados

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además de la patata: arroz, vino, frutas y hortalizas, para ofrecerles la máxima protección y poder garantizar el mantenimiento de la renta de los agricultores; renta que, según la Agencia estadística europea, Intrastat, disminuyó un 7,8 por ciento en 1992 y que esperamos que, bajo esta fórmula, mantenga un nivel de crecimiento equiparable por lo menos al nivel de precios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a dar su apoyo, con voto favorable, a esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Vasco (PNV).
Vamos a fijar nuestra posición en razón de este texto, que nos parece absolutamente ajustado a tratar de resolver, para el mercado y la producción española de patatas, un problema en este momento complejo y compartido por otros países productores de la Unión Europea.
Valga esta primera intervención para que aquí al menos, ya que no hay ningún Ministro del Gobierno, quede constancia de nuestra propuesta para que el Gobierno insista ante los ministros comunitarios, ante el Consejo de la Comunidad, en que los países nórdicos de la Unión Europea desbloqueen la situación de la organización común de mercado. No puede la Unión Europea seguir tolerando este principio de prepotencia que estos países productores, que incluso tienen para sus producciones destinos que no permite la legislación española, como es la transformación en alcoholes para bebida o para usos industriales, siguen mateniendo. Valga esta denuncia para que el Gobierno español se ocupe sencillamente de desbloquear esa situación en la que los países, como he dicho, del norte de la Unión Europea tienen paralizada en este momento la organización común de mercado, también con una especie de temor de que esto se organice a nivel de la parte sur de la Unión Europea, tanto en sus cuencas atlánticas como en la cuenca mediterránea.
En cuanto a la proposición del Grupo Vasco, solamente hago una observación, y en esto coincidimos con la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, sobre la supresión de la referencia a la obligatoriedad de pertenencia de los agricultores-productores a la OCM. La experiencia desde Canarias nos hace dar este consejo. En este momento en que venimos batallando desde la organización común de mercado para el plátano, tenemos que basarnos precisamente en la no obligatoriedad de pertenencia al mismo, igual que la que se pueda estructurar y se perfeccione para el sector productor del tomate. En esto coincidimos también con la otra enmienda del Grupo Popular, que apoyaríamos de seraceptada por el Grupo Vasco, en lo referente a las cuotas de producción.
Aquí sí quiero decir algo a la portavoz del Grupo Socialista.
Estamos de acuerdo en que se suprima la obligatoriedad, porque no es de recibo en una normativa comunitaria; en cuanto al problema de cuotas, estamos viendo que tanto el GATT como la Unión Europea, antiguamente la Comunidad Económica Europea, son receptivos a entender que las cuotas disciplinan una producción en un mercado. No hay que temer a las cuotas.
Nosotros, desde Canarias, digo que por un principio de solidaridad estamos apoyando en esta Cámara tanto la iniciativa del Grupo Vasco como los apoyos que vaya a recibir, y por supuesto al sector agrícola productor español, por la singularidad de Canarias con este mercado que, en verdad, no nos afecta, dado que Canarias no puede recibir importación de patata de áreas en que está metida la famosa plaga del escarabajo de la patata. En Canarias nos suministramos de semillas de origen británico o acaso holandés, pero fundamentalmente británico, y después nuestro comercio es solamente de importación de áreas exentas de la plaga. Pero sí tenemos la experiencia frente a las organizaciones comunes de mercado. El tema de cuotas lo tenemos en la producción platanera, por islas; lo tenemos, además, en el mercado del tomate, y ha dado buenos resultados para autorregular. En el tema de cuotas, bajo mi punto de vista, no hay que tener ninguna precaución, sino que puede ser un apoyo si se deja funcionar ordenadamente en coordinación con las agrupaciones comunes de mercado y las regiones.
Hay una diferencia curiosa en la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, que contiene exactamente el mismo texto que la del Grupo Vasco, en cuanto a que este último sí habla del sistema de cuotas, de producciones, de agrupaciones de productores y por regiones, y la del Grupo Popular solamente se refiere a las regiones. Creo que si las agrupaciones de productores van a tener un ámbito regional, porque las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas pueden tutelar y ordenar este régimen de agrupaciones, aunque sea de una manera digamos didáctica y de autodisciplina, tanto monta, monta tanto, porque si las agrupaciones de la OCM se autodisciplinan con el tema de cuotas, me da lo mismo que estén autodisciplinadas en la Comunidad Autónoma vasca, en la catalana, en la valenciana, en la andaluza o en la extremeña, por poner unos ejemplos, que lo estén como tales OCM de esa comunidad autónoma o que la cuota venga dada por comunidad autónoma, porque el producto final de puesta en mercado, incluso en circunstancias excedentarias, va a ser regulado a nivel de esa comunidad autónoma. La Unión Europea no entra, porque con tal de que el mercado español regule la aportación final española, son estas comunidades, estos territorios, los que sí pueden autodisciplinarse y tener su cuota. Lo estamos viendo

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con el plátano, lo hemos visto con el tomate; no creemos una diferencia, un agravio, que al final, dentro del mercado de la patata, en el territorio de la Unión Europea no va a existir por estas razones.
Por tanto, Coalición Canaria quiere apoyar también aquí el sistema de cuotas de producción, y lo mismo nos da que sea por comunidad autónoma, por regiones, como que sea por agrupación de productores. Lo que sí es conveniente es que si se emplea la palabra regiones se sepa jurídicamente de qué estamos hablando, porque las OCM sí tienen ya una personalidad jurídica reconocida, y cuando se creen para la patata tendrán, digamos, su documento nacional de identidad agrario como tal OCM de la patata; pero seamos muy cuidadosos y cuando hablemos aquí de regiones sepamos a qué nos estamos refiriendo, si son regiones agrarias. Me da la sensación de que el derecho que vamos a manejar no puede basarse en ese tipo de regiones, salvo que se estén identificando aquí como regiones a las comunidades autónomas en respeto a las competencias que en materia agraria tienen en sus estatutos prácticamente hoy día todas las comunidades autónomas del territorio del Estado español.
Hechas estas salvedades, nosotros vamos a apoyar la proposición del Grupo Vasco, con las enmiendas que hemos comentado, tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista, que se puedan introducir.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, tomo la palabra para manifestar, con brevedad, la posición de mi Grupo respecto al texto propuesto por el Grupo Parlamentario Vasco en su proposición no de ley, instando al Gobierno para que, a su vez, solicite de la Comisión y del Consejo de Europa la creación de una organización común del mercado de la patata que plantee el tema con justa eficiencia, mediante la potenciación del sector, creando los esquemas adecuados para que los precios alcancen la equidad y el equilibrio tras un proceso de evolución de los mismos.
El sistema de cuotas podría ser un mecanismo de regulación del mercado y repercutir favorablemente en las rentas del sector.
Nosotros lo hemos demandado desde nuestra posición para algún otro sector agropecuario y ahora nos parecen adecuados los mecanismos y consideraciones expuestos por el portavoz del PNV. Nos preocupa, igualmente, la pérdida de la cuota de mercado que se está produciendo para este sector, y no nos cabe duda de que con la aplicación de normas dirigidas a la ordenación del mismo, articulando a los productores como se ha hecho en otros países europeos, se producirían medidas de autodisciplina y harían más excepcional la intervención del sector público. También nos parecen adecuadas las medidas de control de las posibles situaciones excedentarias evitando situaciones como las del verano de 1992 que dejaron el producto prácticamente en valor cero.
Finalmente, consideramos que la creación de una OCM para el sector de la patata, a cuyo favor ya votamos, contribuiría a disciplinar la producción y al equilibrio de los precios. Por tanto, ayudaría a dar respuesta a las disfunciones estructurales que aquejan especialmente a la fluctuación de la oferta interna, frecuentemente desestabilizadora.
Nos reiteramos manifestando nuestro acuerdo con la segunda propuesta del Grupo Vasco --ya lo hemos dicho-- al proponer un sistema de producción por cuotas que podría garantizar el funcionamiento más estable del mercado.
Por todo ello, anunciamos nuestro voto a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a votar a favor de esta proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco.
Pensamos que es un problema que no se da únicamente a nivel nacional, aquí se ha dicho. El planteamiento a nivel comunitario enfrenta en estos momentos a países como Grecia, Italia, Portugal y España con los países del norte de Europa, a la cabeza de los cuales está Holanda con unas producciones de alrededor de ocho millones de toneladas, y son precisamente las actitudes de los países a los que me he referido las que tienen paralizada en este momento la organización común de mercado de la patata, a la que nuestro Grupo dará su apoyo y voto favorable.
Si no conseguimos sacar adelante la organización común de mercado de la patata, corremos el grave peligro de que las producciones españolas, tanto en cultivo de fécula como en el de siembra, desaparezcan en pocos años. Esta proposición no de ley que nosotros vamos a aprobar viene avalada por varias comunidades autónomas, así como por cooperativas de patata tanto de siembra como de consumo y, al parecer, tiene el visto bueno de la Comisión Europea. Por tanto, sería conveniente que esta organización común de mercado de la patata se aprobase durante el semestre de presidencia griega. Por ello, valoramos la importancia de la proposición no de ley que hoy el Partido Nacionalista Vasco presenta a esta Cámara.
La importancia de esta proposición no de ley viene dada porque se propone la regulación del mercado, el

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fomento de la agrupación de productores, fomento de la calidad y también el mantenimiento de esta actividad para aquellos sectores que son tradicionalmente cultivadores de patata.
Respecto al sistema de cuotas, al que todos los grupos parlamentarios se han referido, nosotros estamos a favor de él. Tenemos alguna duda sobre su virtualidad para la aprobación por parte de la Comisión, pero entendemos que sería uno de los mecanismos importantes, de salir adelante y de ser aprobado por la Comisión, precisamente para favorecer a los cultivadores tradicionales de patata en nuestro país.
Aparte de las anteriores consideraciones, quería señalar, señorías, que en la regulación de la organización común de mercado de la patata las agrupaciones de productores no deberían quedarse únicamente en la producción, y que deberíamos ir hacia la creación de estructuras comerciales propias para la patata de consumo. No es gratuito (aquí nos hemos referido continuamente a los países del norte europeo, a Europa) que Holanda sea de los principales exportadores. Todos tememos las exportaciones, las avalanchas de patata holandesa.
Holanda tiene, desde 1949, una oficina holandesa de la patata y cuenta con 15.000 agricultores, 600 exportadores, 27 empresas de patatas que ahora, en la actualidad, no se dedican únicamente al cultivo para siembra y para el consumo, sino también al proceso de transformación de este producto, lo que hace que últimamente nuestros mercados estén ya inundados de productos transformados de patata holandesa, que hasta ahora se han introducido en sectores de mayoristas, sectores de empresas de catering, pero que van a entrar, y con fuerza, en los sectores de restauración social: hospitales, colegios, residencias de la tercera edad, instituciones penitenciarias, etcétera.
Por ello, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya felicita al Partido Nacionalista Vasco por la presentación de esta proposición no de ley. La vamos a aprobar; la aprobaremos con las enmiendas que el Partido Nacionalista Vasco quiera admitir del Partido Socialista y del Partido Popular, e instamos a los grupos parlamentarios a continuar en este trabajo para ir más allá y hacer que estas agrupaciones de productores hagan extensiva también su actividad y se potencien asimismo las actividades de comercialización y transformación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, a efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, para fijar la posición res-pecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular.
Primero, respecto a la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, queremos indicar que observamos una carencia en su texto, en la medida en que no se hace referencia a un tema que para nosotros es crucial, como decía en mi intervención, como es el contenido en el párrafo tercero de la parte resolutiva de nuestra proposición no de ley, relativo al establecimiento de un instrumento de cuotas de producción. Creemos que este instrumento sirve como arma para garantizar el funcionamiento estable y eficiente del mercado, sirve también para mejorar la competitividad de la producción comunitaria, y disciplina la oferta y los precios, siendo, por tanto, un argumento para la protección del mercado interno. En este sentido, si el Grupo Parlamentario Socialista lo aceptara, estaríamos de acuerdo en la petición verbal realizada por la portavoz del mismo respecto al párrafo segundo de nuestra proposición no de ley relativo a que la participación en las agrupaciones de productores fuera obligatoria. La portavoz socialista pedía que, en vez de decir que sea obligatoria, se diga que se fomente su participación. Si el Grupo proponente no tuviera inconveniente, nuestro Grupo Parlamentario aceptaría únicamente esa enmienda presentada verbalmente.
La enmienda del Grupo Parlamentario Popular relativa al párrafo segundo va en la misma línea que la planteada por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Por ello creo que integraríamos la voluntad que se desprende de aquella enmienda con lo expuesto por la portavoz socialista, y no aceptaríamos la enmienda relativa al párrafo segundo presentada por el Grupo Popular. En cuanto al párrafo tercero, creemos que nuestra proposición no de ley recoge igualmente el espíritu por ustedes planteado y, por tanto, mantenemos inicialmente nuestra propuesta.
Por todo ello, señor Presidente, si el Grupo Socialista aceptara la interpretación que nosotros hacemos de su planteamiento, estaríamos muy agradecidos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Entiendo que el segundo párrafo quedaría, en la parte afectada: «...adoptando las medidas oportunas para su participación».


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, diría: «... adoptando las medidas oportunas para fomentar su participación».


El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra la señora Mendizábal.


La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, estamos de acuerdo y, además, aprovechamos

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para retirar nuestra enmienda porque consideramos que en un tema como este, en que la delegación española está negociando y los objetivos son comunes para todos, el consenso de la Cámara es lo más importante. Por tanto, aceptamos la modificación que ha admitido el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y retiramos nuestra enmienda.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Isasi Gómez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, retiramos nuestras enmiendas y aceptamos el texto que ha propuesto finalmente el Grupo Vasco (PNV). Lo señalo a efectos de que no se sometan a votación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) que se somete a votación en los términos resultantes de la corrección transaccional introducida a la misma por el señor Gatzagaetxebarría en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 313.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (Número de expediente 162/000056)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, por la que se crea la Agencia Nacional de Medio Ambiente.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gortázar. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Vicepresidente, señorías, subo a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo Popular, la proposición no de ley en la que mi Grupo solicita a la Cámara que inste al Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Medio Ambiente, en sustitución de la actual Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
No quisiera que sobre esto que parece sólo un modelo de organización administrativa se ocultara el fondo de una propuesta global, de un concepto o de una política del medio ambiente distinta de la que ha practicado, desde 1982, el Partido Socialista. El objeto de la Agencia Nacional que proponemos es mejorar la gestión medioambiental, simplificar y reducir la burocracia y, consecuentemente, asignar mejor los recursos disponibles. No queremos un nuevo organismo burocrático que se acumule al impresionante repertorio de organismos con competencias ambientales en nuestro país. El ciudadano español que pretenda informarse del organismo competente ambiental puede ahora, gracias a la Dirección General de Política Ambiental, buscar en esta Guía de Organización Administrativa del Medio Ambiente --que parece una guía telefónica, con tapas amarillas--, entre sus cuatrocientas páginas, cuál es el organismo competente o recurrente al que tiene que dirigirse.
La mitad de las cuatrocientas Páginas de esta Guía es una enumeración de organismos burocráticos, administrativos en ocasiones, bien útiles en otras, pero, sin embargo, realmente prolijo y complejo para encontrar dónde tiene que dirigirse un ciudadano; el resto corresponde a la administración autónomica y a la local. Señor Vicepresidente, permítame decir, con toda claridad, que la eficacia de tanto organismo estatal es directamente proporcional con el lamentable estado del medio ambiente en España. Nunca hubo tanto organismo administrativo para tan escasa eficacia. Es más, puede decirse que, cuanto más aumenta el número de organismos, más se reduce la posibilidad de encontrar claros responsables políticos y administrativos.
A la lógica pregunta de la opinión: ¿Qué hará el Partido Popular desde el Gobierno de la nación?, respondemos muy claramente: Simplificar y concentrar la administración ambiental. Por eso proponemos la Agencia Nacional del Medio Ambiente. ¿Y para hacer qué? Para resolver problemas muy concretos como, por ejemplo, ha hecho el Gobierno balear con las aguas residuales. Queremos evitar que los operadores turísticos alemanes aconsejen a sus clientes no viajar a una zona importante de nuestro litoral mediterráneo por el estado calamitoso de las aguas residuales. El señor Borrell asegura que este importante tema se resolverá en veinte años, el 2014, con seis billones de pesetas. Nosotros decimos a los empresarios turísticos, a los trabajadores y vecinos de esas zonas que vean lo que ha hecho el Gobierno balear, que trata al cien por ciento las aguas residuales y no vierte un solo litro de aguas sucias en el Mediterráneo.
Otro problema concreto que resolveremos, como lo está haciendo la Junta de Galicia, será reducir los incendios forestales. A los ciudadanos preocupados por la impunidad de los pirómanos y la imprevisión del Gobierno en relación a los incendios forestales, les decimos que observen la drástica reducción conseguida por los vecinos y la acción preventiva de la Junta de Galicia.
Un último ejemplo, aunque podría enumerar una enorme cantidad de ellos referentes a las administraciones

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autonómicas que gobernamos, en relación a los espacios naturales protegidos, en este caso en la Junta de Castilla y León. A los vecinos preocupados por el afán expropiador de los derechos de uso por parte del Icona les sugerimos que vean las propuestas de política ambiental del Gobierno de Castilla y León de protección de espacios naturales, en donde los parques naturales o regionales no son el resultado de una imposición, sino de un acuerdo y donde los vecinos aceptan las figuras de protección en cuanto que las perciben como un beneficio y aseguran la continuidad y mejora de su sostenimiento y no una penalización precisamente por haber mantenido aquellos territorios adecuadamente.
Frente a esta experiencia de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, el Partido Socialista centra su acción en la burocracia y es particularmente aficionado a la constitución de consejos consultivos y asesores.
Recientemente hemos asistido a un rocambolesco nombramiento del Consejo Asesor del Medio Ambiente, en el que el Ministerio de Obras Públicas no se había puesto de acuerdo previamente con el resto de los Ministerios y, después de anunciar a bombo y platillo el próximo nombramiento, tuvo que ampliar y demorar la designación de sus componentes. He ahí una muestra más de la descoordinación y pelea de la pequeña política sobre competencias entre los diversos Ministerios y, en medio de estas disputas, los unos por los otros y la casa sin barrer.
Pondré otro ejemplo en relación a los esenciales informes de impacto ambiental. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que depende del Ministerio de Obras Públicas, elabora informes distintos de los que confecciona el Icona, que depende del Ministerio de Agricultura. A esto se añade una deslucida participación de la delegación española en la reunión internacional de conservación de la naturaleza, celebrada en Buenos Aires, que finalmente ha costado el cese del Subdirector del Icona. Por tanto, señor Vicepresidente, estamos ante claros y repetidos ejemplos de descoordinación, irresponsabilidad y gestos teatrales corolario de una política ambiental postmoderna, más pensada en lo aparente que en servir los intereses nacionales, los intereses de la ciudadanía en su conjunto. Una política costosa e ineficaz más pensada para la neutralización de los grupos ecologistas y para salir en la prensa que para abordar con rigor los serios problemas de nuestro país. Una política cuyo objetivo es la justificación intervencionista del señor Borrell, que imagino que en estos momentos estará dando una rueda de prensa sobre planes de medio ambiente que luego sistemáticamente no cumple.
Al señor Borrell le encantan los consejos asesores, los institutos, las direcciones generales, etcétera. En última instancia, tiene un concepto terriblemente intervencionista y él se jacta de ello. En este sentido le decimos que nosotros tenemos un concepto distinto, no intervencionista y sí de solución rigurosa de los problemas medioambientales de la nación.
Señor Vicepresidente, el Grupo Popular en el Senado presentó una moción en la Cámara Alta, el pasado 3 de noviembre, en la que pedíamos que el Gobierno de la Nación, en el plazo de seis meses realice una reforma de la Administración central por medio de la cual se residencien todas las competencias de dicha Administración en materia de medio ambiente en un único organismo, sin que esta medida genere un aumento del número de funcionarios, ni un incremento del gasto público.
El Grupo Socialista no aceptó esta redacción inicial y finalmente se llegó a una transaccional, que se votó prácticamente por la totalidad de la Cámara, en la que se reconocía explícitamente la necesidad de una mayor coordinación e integración de competencias sin aumentar el número de funcionarios ni el gasto público. En coherencia con nuestra moción presentada en el Senado, pedimos la sustitución de la actual Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la concentración de competencias en un único organismo, fundamentalmente de las que ahora tiene la Secretaría de Estado dentro de Obras Públicas y el Icona en Agricultura. El compromiso del Grupo Popular es tratar de evitar la proliferación de organismos burocráticos inoperantes que sólo favorecen la ineficacia y el gasto público. Por eso me explico las dificultades que tiene el Grupo Socialista para votar esta proposición.
En el fondo no estamos ante el debate de si el organismo ha de ser de un tipo o de otro. No estamos ante el debate de una agencia nacional de medio ambiente, una agencia española o un ministerio. Estamos en el enfrentamiento de dos conceptos distintos. Por un lado un concepto reglamentista, burocrático, dirigista, intervencionista, en última instancia borrelliano y por otro ante una propuesta que busca la simplificación administrativa, la reducción del gasto público y la clarificación de las responsabilidades políticas en una materia como ésta de alta sensibilización para los ciudadanos, y es que el intervencionismo medioambiental se ha convertido en el último refugio de la ideología socialista y de la acción política del actual Gobierno; pero por muy bien intencionado que éste sea, al igual que ocurrió con la economía planificada, la experiencia demuestra que la burocracia obtiene una deficiente información de los complejos problemas sociales y una errónea política de incentivos.
Desde el Partido Popular defendemos el marco de referencia ambiental basado en la libertad, en la responsabilidad individual, en el derecho de propiedad, en los usos tradicionales y en los mecanismos de información que facilita el mercado. Por eso queremos crear la Agencia Nacional del Medio Ambiente, para aplicar una política distinta en la que prime la eficacia y la capacidad

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de los ciudadanos de acudir a un responsable o interlocutor prestigioso e independiente.
Se da la circunstancia de que el Ministerio agresor por autonomasia del medio ambiente es el de Obras Públicas, quien a su vez tiene las mayores competencias sobre el medio ambiente. Señorías, ¿qué credibilidad puede tener la declaración de impacto ambiental aprobada y muchas veces elaborada por el mismo Ministerio que tiene que aprobar la adjudicación de una obra? Eso es lo que ocurre ahora en España. Se da la circunstancia de que lo que en lenguaje liso y llano se llama ser juez y parte de un mismo tema.
El gran error de los enfoques burocráticos e intervencionistas, socialistas en suma, como señalaba el Premio Nóbel de Economía Hayes, es la fatal arrogancia de pretender sustituir la información que proporcionan los intereses de los particulares por un gran hermano, un moderno Leviatán, un pretendido vigilante que justifica el intervencionismo, precisamente cuando éste es más difícil de vender en la opinión pública.
Lo que es realmente importante es asignar a cada cual su nivel de responsabilidad. La Administración del Estado tiene la responsabilidad de proponer normas básicas claras y hacerlas cumplir. Las Cortes tienen que establecer el marco normativo en el que se tienen que desenvolver los particulares y todas las administraciones del Estado. Esto, que ya es mucho, es una tarea esencial y no tiene sentido que el Gobierno invada competencias ajenas cuando ni siquiera resuelve sus competencias exclusivas. Señor Vicepresidente, el origen histórico de este casi ya bicentenario parlamento, y de todos los parlamentos del mundo civilizado, se fundamenta en un control y limitación del poder de los gobiernos y de su tendencia a sobrepasar el gasto, el límite de ingresos que le confían los ciudadanos.
Pues bien, el Grupo Popular hace hoy una propuesta positiva, congruente con las modernas políticas presupuestarias, con el fin de no duplicar organismos, centralizar y clarificar responsabilidades.
Ya termino, señor Vicepresidente, señorías, aún estamos a tiempo de recuperar el medio ambiente a pesar de las oportunidades perdidas en los últimos años. En el medio ambiente hay algo peor que el burocratismo socialista, la inacción y el despilfarro de medios. Frente a una política socialista de gestos y propaganda, el Partido Popular intenta abordar y resolver problemas concretos proponiendo esta Agencia Nacional e informando a la opinión de cuál será nuestra opción de modelo político ambiental.
Nos proponemos aplicar el sentido común y los principios políticos de libertad y responsabilidad, y contamos con el concurso y colaboración de expertos y de los sectores interesados en resolver los problemas que hoy todavía estamos a tiempo de solventar. Contamos también con la experiencia de diversos gobiernos autonómicos y en esa tarea, señorías, pueden tener la seguridad de que el próximo gobierno del Partido Popular hará frente a estos nuevos retos desde el rigor y la responsabilidad. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Dávila.


El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, me comprometo ante SS.SS. a refrenar mis tentaciones de entrar al debate generalista, multiforme, confusor de planos y de perspectivas que hemos oído y que se ha reiterado en bastantes ocasiones. Más de una de SS.SS. sabe que en ese tema me va la marcha y suelo entrar al trapo, pero esta vez no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque mi misión en este momento es la de explicar ante SS.SS. --porque puede ser útil-- cuál es la razón por la cual el Grupo parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo parlamentario Popular que, ya les avanzo, es reproducción textual y literal de la que en el Senado tuvo una aprobación mayoritaria en fecha reciente; tan textual y literal que lo único que se ha sustituido --como era lógico-- es el encabezamiento y donde decía: «... el Senado insta al Gobierno...», aquí dice: «... el Congreso de los Diputados insta al Gobierno...».
Señorías, para comprender la razón de esta enmienda permítanme que ante ustedes haga una ligera y sucinta secuencia de acontecimientos que lo explican y, en nuestra opinión, lo avalan. Al principio del pasado período de sesiones, coincidente con la legislatura, se presentó en el Senado una moción en la que el Grupo parlamentario Popular --incluso se ha leído textualmente--proponía que el Gobierno quedaba emplazado--reitero ese detalle para ver diferencias posteriores-- en un plazo de seis meses a proceder a una reforma de la Administración central, consistente en que todas las competencias que existiesen --como ellos dicen en su texto-- se residenciasen en un único organismo --se entiende, y ello es cierto, las relativas a competencias sobre temas ambientales--, y se añadía una coletilla --que luego viene arrastrándose siempre-- que decía que esa residenciación en un único organismo tuviese lugar sin incremento del número de funcionarios ni del gasto público.
Esta moción dio origen a un debate, el 3 de noviembre, en el que el Senado llegó a una votación mayoritaria: 200 votos a favor, uno en contra y sólo 12 abstenciones. Pero no sobre el texto --y esto es importante-- de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sino sobre un texto absolutamente

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distinto --y es lo que me importa resaltar ante SS.SS.-- que sí tuvo este apoyo mayoritario. El texto había sido presentado por todos los grupos, incluido el Grupo Parlamentario Popular, porque en él figuraba la firma de su portavoz señor Ruiz- Gallardón. Ese texto es distinto del de la moción del Grupo Parlamentaria Popular, porque donde había un emplazamiento a hacer algo en un término de seis meses, se dice que se siga profundizando. Pero, ¿en qué, señorías? En una mayor coordinación e integración.
Si hay algo contrario a residenciar todo en un único organismo, es propugnar que se continúe en la profundización de la coordinación y de la integración. Incluso se utilizaba la expresión de que «en su caso» --que quiere decir, perdón la reiteración, señorías, si procede, si se considera oportuno-- se procediese, no a la reforma, sino a las «adaptaciones administrativas correspondientes». Continuaba (lo que yo he calificado de coletilla y de lo que alguna de SS.SS.
discrepaba, no era en tono despectivo, simplemente lo he calificado así porque estaba al final) el corolario final, diciendo que todo esto tenga lugar sin incremento del número de funcionarios ni de gasto público. Esos buenos deseos que se hacen en muchas ocasiones.
Señorías, lo que me importa aclarar es que el texto que realmente consiguió el gran consenso del Senado no tiene nada que ver con esta proposición no de ley. En la expresión reglamentista del Senado se dice «modificación»; yo la llamaría «transmutación», porque no tiene nada que ver un texto con otro. El texto con el que se instó al Gobierno es el que acabo de mencionarles. ¿Por qué, señorías --incluso después de la lectura atenta de las intervenciones que tuvieron lugar en ese debate--, creo que se produjo este cambio de texto y de posición política de fondo que a mí me importa resaltar? Señorías, yo citaría varias cosas, pero una de ellas --no la menor, pero sí tal vez la primera-- es que sólo algunas semanas antes de la celebración de ese debate, y desde luego en el momento en el que se presentó la moción, habían tenido lugar iniciativas gubernamentales que, desde nuestra perspectiva, no son baladíes. Por ejemplo, el Real Decreto 1.773, de 13 de julio, hace que por primera vez en el Gobierno de España haya un Ministro en el cual están residenciadas expresamente las competencias ambientales. Esa presencia, más que como organismo de Gobierno, en ese Consejo de Ministros de alguien responsable de las competencias ambientales y a su vez muy importante como interlocutor, dentro de la Unión Europea, de las competencias ambientales, no nos parece cuestión menor. En el Real Decreto 1.671, de 24 de septiembre, se procede a una definición de los objetivos y finalidades de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y se hace una profunda ruptura con planteamientos anteriores. Por lo tanto, señorías, en más de alguno de los Senadores --estoy seguro-- esas modificaciones recientemente introducidas merecían alguna atención para ver sus resultados.
Habría una segunda cuestión que también --no en exclusiva, sino concurrente con todas las que voy a citar--, estoy seguro, tuvo lugar en las reflexiones de los señores Senadores. Hay muchos grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, que tienen muy claro que existen ciertos repartos competenciales, cierta distribución competencial; esa es una realidad y olvidarla o no partir de ella es, primero un profundo error y, segundo, no hay razón para él. El artículo 148.1 de la Constitución Española, en la novena materia que entonces decía asumible, pero que hoy hay que decir que está completamente asumida por todas las comunidades autónomas, cita precisamente la gestión de los temas ambientales y la normativa adicional sobre las que se hagan de base en función del artículo 149.1, ya que en la vigésimo tercera de las competencias exclusivas del Estado se reconoce la competencia sobre la legislación básica. Hay incluso otra más que hay que tener permanentemente presente en este profundo respeto a la distribución competencial: mientras la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, sea la que es y su artículo 25, párrafo 2.f) sea el que es, las competencias, y en consecuencia responsabilidades, de las corporaciones locales en los temas ambientales son incuestionables. Por tanto, en muchos de esos Senadores ha tenido que pesar la reflexión de que en el complejo entramado competencial que significa el Estado español no convienen precipitaciones que puedan producir efectos indeseables.
Estoy seguro de que también habría quien --como es, por ejemplo, el caso de nuestro Grupo-- tendría presente la reflexión acerca de la distribución de competencias que existe entre nosotros y que nosotros no consideramos dispersión. En un castellano de la meseta sólo es dispersión aquella distribución que no tiene coordinación, y no es un juego de palabras; sólo quienes consideran que no somos capaces de que la distribución de competencias, incluso dentro de los organismos ministeriales, pueda ser coordinada la califican de dispersión. Entre esto y el detalle de que, como ya se han sedimentado los lirismos y las fantasías del «post» Conferencia de Río y queda lo verdaderamente sustancial, la consideración de que Río 92 es un punto de inflexión y ahora sí queda descarnado el verdadero e importante motor de todo el problema ambiental, que es de naturaleza intrínsecamente económica: la proyección de externalidades económicas entre actividades, o entre países, o entre generaciones, es lo que está haciendo que esa destrucción ambiental avance y, por lo tanto, su naturaleza económica exige también una aproximación de naturaleza económica. Esto hace, señorías, que para muchos de nosotros no sólo no nos baste un ministerio de medio ambiente, sino que necesitamos un gobierno capaz de impulsar una política ambiental distinta.


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Yo les diría más incluso, señorías; es necesario una sociedad en la que se haga la reflexión en los modelos de desarrollo que han venido manteniéndose hasta ahora. No son compatibles con un futuro ilimitado y, por lo tanto, deben ser revisados.
Estas reflexiones tan complejas estoy seguro que estuvieron en la mente de más de un Senador y, desde luego, alguna de ellas debió estar en la del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ruiz-Gallardón, cuando le movió no ya sólo a votar, sino incluso a firmar entre los proponentes de ese texto que obtuvo la mayoría, tan distinto del de esta proposición no de ley. Pues bien, señorías, ¿qué es lo que nos encontramos, y es el motivo de la posición que estoy tratando de defender? Que simplemente un par de semanas después --el debate del Senado fue el 3 de noviembre-- en el Registro del Congreso, el 25 de noviembre, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley en la que se vuelven a reiterar el emplazamiento a seis meses, la modificación tan profunda como, incluso, la desaparición de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para ser sustituida por una agencia nacional --aquí ya le ponen nombre, incluso al organismo único--, pero que vuelve a ser reiteración exacta del texto que ni siquiera su portavoz en el Senado pudo mantener y, desde luego, no votó.
En resumen, como explicación de todo ello, creemos que esta proposición, en el mejor de los casos, significa una precipitación. Saben SS.SS. que el Reglamento del Senado concede un plazo de seis meses, en su artículo 172.8, para que el Gobierno informe de cómo instrumenta o responde a las iniciativas que le instan desde la Cámara Alta. Por tanto, lo que hay, por lo menos, es precipitación demasiado ardorosa.
Desde nuestro Grupo Parlamentario...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Dávila, vaya concluyendo, por favor.


El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, simplemente quiero decir que encontramos que fueron tan lógicos los motivos que movieron a aprobar el texto que salió del Senado que al no haber, al menos desde nuestra percepción, causas justificadas que modificasen esa percepción, nos parece que seguir propugnando la profundización de la coordinación y, en su caso, la adopción de adaptaciones administrativas, hace que con nuestra iniciativa al presentar esta enmienda demos ocasión al Grupo Parlamentario Popular para que su portavoz en este acto parlamentario en que nos encontramos facilite, como lo hizo el Senador Ruiz-Gallardón en el Senado con su unión a la propuesta de gran mayoría, el que aceptando nuestra enmienda podamos expresar también en esta Cámara ese consenso, esa gran mayoría. El Senado dio una lección hacia el futuro y si el Grupo Popular, por boca de su portavoz, acepta la enmienda que nosotros hemos presentado, nos darán ocasión a los restantes grupos para poder manifestar también esa gran mayoría que merece y espera de nosotros desde tiempo atrás un tema de las características del que comentamos.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, al fijar su posición ante esta proposición que nos trae el Grupo Parlamentario Popular, adelanta que la apoya y va a votar favorablemente.
El señor Dávila ha invocado acertadamente aquí la legislación que existe sobre distribución competencial. Teniendo en cuenta lo que señalan determinados artículos de la Constitución española, que marcan las competencias del Estado en materia de medio ambiente y la capacidad de transferencia a las comunidades autónomas, debemos manifestar que son muchas, por no decir todas, las comunidades autónomas del Estado español las que en este momento tienen competencias en medio ambiente.
Les recuerdo, por lo que afecta a Coalición Canaria, que el apartado a), del artículo 33, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad canaria señala las competencias que han de ser ejecutadas por la Comunidad Autónoma en materia de medio ambiente, de acuerdo con las leyes legislativas de ámbito estatal.
El señor Dávila, también acertadamente, no sólo se ha quedado en las comunidades autónomas, sino que ha hablado de las competencias municipales, con lo que llegamos a la conclusión de que, si los ayuntamientos no ejercen competencias medioambientales, mal funcionará el medio ambiente en España.
Además, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma canaria, incluso tiene competencias la propia administración insular de los cabildos. Por tanto, nos podemos encontrar con una auténtica constelación de entramados competenciales entre el Estado, las comunidades autónomas, los cabildos insulares, que en el caso del archipiélago canario son siete, y los ayuntamientos, que también ejercen una serie de responsabilidades en materia de medio ambiente.
Yo no sé si es que vamos a tratar de hacer una especie de estilo o género literario con el asunto del medio ambiente, pero en este tema creemos que la propuesta del Grupo Popular, sin entrar a enjuiciar aquí lo que pasó en el Senado, aporta un componente importante ante este maremágnum de competencias y de distribución de las mismas, incluso a nivel estatal, mediante la creación de una agencia del medio ambiente, con todas

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las garantías y cautelas en cuanto al tipo de plantilla, así como también tratando de evitar el aumento del gasto público y la sujeción a unos presupuestos ordinarios.
Para mí tendría más justificación que las competencias en medio ambiente estuvieran en el Ministerio de Industria en este momento que en el Ministerio de Obras Públicas, y que también las ejerciese el Ministerio de Educación y Ciencia, aunque fuese desde un punto de vista pedagógico, por llamarlo de alguna manera. Porque yo no sé si es más importante en estos momentos en España ejercer una labor pedagógica sobre el medio ambiente o ejercer funciones ejecutivas relativas al medio ambiente. Pero no solamente nos podemos parar aquí, ya que la denominada reforma Ledesma del Código Penal de la segunda legislatura introdujo el delito ecológico y, por tanto, tiene que llamarse también como parte al Ministerio Fiscal, y/a los jueces y magistrados que tengan que fallar las denuncias --muy escasas por cierto-- que incoadas por parte de dicho Ministerio Fiscal o de quien proceda lleguen ante los tribunales de justicia.
Por tanto, si aquí hubiera que armonizar las competencias legislativas y ejecutivas sobre medio ambiente, yo creo que la figura de la agencia es oportuna y pertinente. Lo que no podemos es seguir haciendo retórica en la profundización del medio ambiente porque vamos a terminar en las antípodas, saliendo por Nueva Zelanda.
Cuando España postuló, señores que apoyan al Gobierno, la sede en España de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se aportaron unos razonamientos, pero ¿qué ocurrió? Que ibamos bastante en precario, porque pedir para España la sede de la Agencia Europea de Medio Ambiente sin tener nosotros una agencia nacional de medio ambiente, suponía que desde la Unión Europea nos contestasen diciéndonos que comenzásemos por tener la agencia en nuestra propia casa antes de pedir la sede de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Era una incongruencia.
Pero tan incongruente y tan incoherente es que en estos momentos España no tenga una Agencia Nacional de Medio Ambiente, frente a esa petición formulada a la Unión Europea en razón de los tratados existentes, como que en este momento hayamos localizado la sacralización administrativa del medio ambiente ni más ni menos que en la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas. Si antes existía una Secretaría de Estado de Medio Ambiente, cuyo titular era el actual Ministro de Agricultura, resulta que ahora se refunde en el Ministerio de Obras Públicas y aparece en un sitio verdaderamente incoherente: en la Secretaría de Estado de la Vivienda. No se puede mezclar con el tema de la vivienda el medio ambiente, porque, como sabemos y como ha expuesto con un ejemplo el Portavoz del Grupo Popular, en una acción de informe de impacto ambiental, ¿cómo un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, adscrito a vivienda o carreteras, va siquiera a proponer un informe negativo a una obra del propio Departamento? No lo haría por razones de Estado, por razones políticas y por razones de interés público (de amplia consideración y que yo apoyaría). Pero seamos consecuentes, teniendo una obra pública todo el apoyo de interés social, etcétera, pueden producirse ataques a ese patrimonio medioambiental que un informe de impacto aconseje a un funcionario vocacional y administrativamente responsable a emitir un juicio negativo. Ni qué decir tiene que este funcionario lo va a tener difícil para promocionarse dentro de la Secretaría de la Vivienda y Medio Ambiente.
Parecería mucho más lógico y natural si, como dice la enmienda socialista --que a mí no me gusta y por tanto en esta toma de posición me defino en contra para no hacer una retórica--, decimos que se siga profundizando en una mayor coordinación e integración de la competencia; qué mayor coordinación e integración de las competencias, señor Dávila, que una agencia nacional del medio ambiente que imparta una doctrina al respecto y que coordine todo ese ámbito de distribución competencial, que en este momento está disperso, porque no hay comunidad autónoma, no hay cabildo, no hay ayuntamiento que se crea en este momento como doctrina una norma de medio ambiente emanada desde la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas correspondiente; no tiene credibilidad administrativa ni doctrinal ni aplicativa alguna.


Por tanto, creo que deberíamos consentir su creación, porque, además, lo que me extraña de la enmienda socialista es que, con la magnífica invocación que ha hecho el señor Dávila --que apoyo-- a la distribución competencial, aquí sólo se refieren a la Administración central; no sé por qué se ha excluido de esta enmienda que trae el Grupo Socialista la Administración periférica, la Administración autonómica, y también la Administración municipal en este caso, porque ha sido invocado por él. No sé si es que ha sido redactada con rapidez y en el tema de la profundización ni siquiera se ha hecho una lectura lateral de las administraciones competentes al respecto, porque al menos la propuesta del Grupo Popular, en su apartado f), señala la cooperación y coordinación entre las administraciones públicas, en las que hay que leer que se está dando entrada a las comunidades autónomas y a la Administración local.
Europa está valorando positivamente a los países que están haciendo un esfuerzo institucional (no competencial sino institucional) en el tema del medio ambiente, y ya vimos el fiasco que nos llevamos cuando pedimos la sede para España --y lo reitero-- de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que se la llevó Dinamarca país

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que, como ya la tenía, poseía una plataforma de experiencia para, desde su agencia nacional, ir hacia la Agencia Europea.
Esto es sencillamente de lo que se trata. A lo mejor dentro de pocos años estaremos de una manera muy natural creando en España, con la pertinente disposición legislativa, la Agencia Nacional del Medio Ambiente, porque lo que no puede ser es que aquí unos por otros tengamos la casa sin barrer, y el deterioro medioambiental de España es cada vez una materia más denunciable; el deterioro de costa, de playa es ya preocupante desde un índice no solamente medible en turistas, sino medible en sanidad, medible en calidad de vida.
Yo creo que si España ya tiene ese compromiso y lo quiere mantener, la mejor manera de ponernos en la órbita europea es sencillamente la creación de una agencia, que yo creo que con que fuera solamente un organismo coordinador van a agradecer todas las adminstraciones públicas, autonómicas, locales y ministeriales, porque España tiene muy bien atribuidas estas competencias en distintos rangos.
Por esa razón, Coalición Canaria va a apoyar el sentido, el fondo que trae aquí la proposición no de ley del Grupo Popular. Nada más y muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Mardones.
Para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, tomo la palabra para fijar nuestra posición acerca de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y de entrada quiero decir que el que entendemos que es el objetivo último de la iniciativa, el conseguir una mayor coordinación y eficacia de las competencias medioambientales de la Administración central, nos parece no sólo deseable, sino también necesario.
Creo que no está de más que nos preguntemos de nuevo en voz alta sobre las consecuencias prácticas de la distribución de la política medioambiental entre, al menos, seis departamentos ministeriales, sobre la capacidad real de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de coordinar dichas políticas y, sobre todo --y esto le parece muy importante a nuestro Grupo-- , de impregnar de contenidos medioambientales la actuación de todos y cada uno de los distintos ministerios del Gobierno.
Como decía hace un momento, éste no es un debate nuevo, puesto que hemos tenido sobradas ocasiones de mantenerlo en la correspondiente Comisión de la Cámara.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán siempre hemos creído que la política medioambiental es una política interdepartamental y que, por tanto, es una política que no se agota en la gestión de un Ministerio. En nuestro caso, trasladando esta reflexión a la práctica, entiende este Diputado que, como señala el quinto programa comunitario en materia de medio ambiente, debemos de avanzar hacia una mayor integración de las políticas de la Administración central en la materia y, si quieren ustedes, de todas las políticas en materia medioambiental.
¿Cómo podemos conseguir avanzar en este camino? Yo creo, sinceramente, que la única vía posible es a través del convencimiento y del compromiso político. Del convencimiento de que la política medioambiental es un componente fundamental de toda política de bienestar social, y que hoy en día el realizar una política medioambiental eficaz constituye un deber inexcusable no sólo de todos los gobiernos, sino también de la sociedad actual para con las generaciones futuras, ya que lógicamente nos podrían pasar factura por los problemas medioambientales que tanto a escala local como a escala mundial no seamos capaces de resolver, optando irresponsablemente por diferirles el problema y su solución.
Situándonos a nivel de la Administración central del Estado, que al fin y al cabo es a la que le compete controlar este Parlamento, ¿qué organismo es el que debe gestionar estas competencias? Pues entiende este Grupo Parlamentario que debe ser un organismo administrativo con rango y capacidad suficiente, pero sobre todo con unos responsables políticos al frente de los mismos con las ideas claras acerca de la política medioambiental que requieren nuestros problemas y de cuál es su papel en un Estado en el que, como se ha dicho reiteradamente en el debate de esta tarde, las competencias de gestión en política medioambiental residen en las comunidades autónomas.
Este papel entendemos nosotros que lo puede desempeñar perfectamente una Secretaría de Estado de Medio Ambiente. No voy a entrar en la discusión de si es correcto y conveniente que, además, en esa Secretaría de Estado residencien las competencias de vivienda; creo que éste es otro debate que hoy no toca tratar, pero creemos que así será; es decir, creemos y confiamos en la capacidad de la actual Secretaría de Estado para desempeñar correctamente el papel que le atribuye a la Administración central del Estado nuestro bloque constitucional.
Queda claro, pues, con ello que no consideramos necesaria la creación de una agencia. Es más, leyendo con detenimiento la proposición no de ley del Grupo Popular, tanto en su exposición de motivos como en el articulado se relacionan las competencias que debería asumir la agencia que ellos proponen.
Nosotros nos preguntamos en voz alta si esas competencias no las puede asumir, y si no las está asumiendo ya, la Secretaría

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de Estado. Que las puede asumir es evidente. Si concluyéramos que no las está asumiendo, podríamos exigir responsabilidad política al Gobierno para que así lo hiciera.
Pero, como decía, creemos que no es necesaria la creación de una agencia, y no sólo por lo expuesto, sino porque, además, dado el reparto de competencias en política medioambiental en nuestro país, la figura de la agencia no es la más adecuada para residenciar las que tiene la Administración central, que, como decía hace un momento, se relacionan correctamente en el texto de la proposición no de ley. Una agencia es un ente público fundamentalmente de gestión, y las competencias de gestión en política medioambiental --como reiterábamos hace un momento-- es sabido que corresponden fundamentalmente a las comunidades autónomas.
Les voy a dar otro argumento que para nosotros es muy importante, aunque quizá para otros grupos no lo sea tanto.
Nuestro Grupo Parlamentario ha defendido siempre, en los programas electorales con los que ha concurrido a las elecciones generales, la creación de esta Secretaría de Estado. Pero no lo defendimos en el año 1993 ni en el año 1989 --que también lo hicimos-- ya lo defendíamos en el año 1986, cuando no existía la Secretaría de Estado. Con ello quiero dejar muy claramente sentada cuál es nuestra posición sobre futuros debates que se pudieran plantear acerca de cuál es el organismo más conveniente para gestionar estas competencias.
Por ello, y aun estando de acuerdo con el fondo de la iniciativa, no podemos votarla favorablemente, y quedamos a la espera de lo que decida el Grupo proponente respecto de la aceptación o no de la enmienda planteada por el Grupo Socialista, que es evidente que --como ha dicho el propio ponente socialista-- es reiterativa con lo que aprobó el Senado el pasado 3 de noviembre, pero entendemos que no estaría de más que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, manifestara, una vez más, la voluntad política del Parlamento acerca de cuál debe ser la línea que debe orientar la política medioambiental de nuestro país en el aspecto competencial.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Recoder.
Por el grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Como se sabe, la estrategia verde, ecológica es fundamental para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Alcaraz.
Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
Puede continuar.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
A nuestro juicio, el desarrollo tiene dos límites no franqueables: el de la ética y el del equilibrio ecológico.
Por tanto, y desde ese punto de vista, nosotros, administrativa, política y gubernamentalmente apuntamos alto.
Hace un par de meses hemos presentado en el Registro de esta Cámara una proposición de ley pidiendo la creación del ministerio del medio ambiente. Pensamos que hay que ir a una unidad administrativa y a una vocación política en el terreno de la ecología que no se mezclen con ningún tipo de medias tintas, con ningún tipo de desvío administrativo, político o ideológico.
En ese sentido, indudablemente no compartimos que se dedique tan poco dinero al tema del medio ambiente en los Presupuestos Generales del Estado. En esto ya no coincidimos ni con el PSOE ni con el Partido Popular. Ustedes confunden austeridad con gastar menos en todo. No, gastar más en el futuro es también austeridad, y la ecología es precisamente eso, la solidaridad con el futuro. Por tanto, no aceptamos que los presupuestos contengan de una manera diseminada, dispersa, solamente 123.000 millones dedicados al medio ambiente, es decir, aproximadamente un 0,8 del total de los Presupuestos Generales del Estado, y por eso no nos vale esa cautela que ustedes utilizan de corte electoral: que no aumente el gasto, que no aumenten los funcionarios. No tiene sentido alguno hablar de que el medio ambiente tenga más importancia y confundir austeridad con limitación en la propuesta política y administrativa que se hace.
De otra parte, nosotros hemos sufrido la actuación de una agencia de medio ambiente, el AMA, la Agencia de Medio Ambiente andaluza, que en función de su adscripción aministrativa, en función de sus pocos medios, en función de que está al pairo de las distintas consejerías, es peor que si no existiera. Nosotros creemos que sería bueno pasar de la situación actual, donde incluso hay una Secretaría de Estado que indudablemente no concentra ni coordina las distintas actuaciones ni mucho menos el dinero disperso, a la creación de un ministerio de medio ambiente.
Hay una serie de cuestiones en la proposición no de ley del Partido Popular que también nos llevan a tener una duda menor, no ya de tipo político o de carácter ideológico, sino más bien de tipo administrativo, pero son datos a tener en cuenta a la hora de anunciar nuestra posición.
No se puede valorar en profundidad la proposición no de ley del Grupo Popular al faltarle datos como, por ejemplo, el rango y la dependencia administrativa a esa

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agencia de medio ambiente, y dado que actualmente existe una Secretaría de Estado, repito, a nuestro juicio sólo valdría una figura con participación directa en el Consejo de Ministros. No se puede sustituir algo muy débil y disperso por algo que en el caso de Andalucía tiene una actuación absolutamente negativa, dada la enorme potencia de la consejería aquí, allí de los ministerios, que indudablemente la están presionando, atravesando constantemente desde la política desarrollista a ultranza que el Partido Socialista Obrero Español viene poniendo en práctica en cuanto a la economía.
Por otro lado, creemos que la figura de ente de derecho público no es la más apropiada para un organismo que tiene que legislar y diseñar políticas en donde las funciones de control y de sanción son especialmente importantes, y el personal adscrito a ese ente no serviría de infraestructura suficiente para estas funciones que le acabo de anunciar.
Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que debido a la filosofía que hay en el fondo, menos gasto público en medio ambiente --eso choca con nuestra posición--; debido a la figura que se diseña; debido a la experiencia política que tenemos con respecto a Andalucía, porque nosotros apuntamos directamente a un ministerio de medio ambiente, en principio nos vamos a abstener ante la presente proposición no de ley del Partido Popular.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz. El señor Gortázar tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Socialista.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, en relación con la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Socialista yo le digo al portavoz, señor Dávila, que no busque tres pies al gato, por cuanto en noviembre pedimos lo mismo que estamos pidiendo ahora, es decir, un único organismo que residencie el conjunto de las competencias. En ese sentido no hay una contradicción, sino en todo caso una repetición de posiciones, porque realmente hay dos modelos: uno de dispersión, de subordinación, y otro modelo de concentración, de rigor, de ahorro y de eficacia, que es el que ofrecemos en esta proposición no de Ley.
Por todo ello, no podemos aceptar su enmienda en el sentido fundamental de lo que para ustedes es precipitación para nosotros es parálisis. No tenemos la culpa de que ustedes estén paralizados y no puedan avanzar en posiciones relativas al mes de noviembre del año pasado. Nosotros avanzamos un paso en dirección de dar una alternativa a los problemas de descoordinación, y yo lamento mucho que ustedes estén con susdificultades de gobierno propias de las divisiones que tiene en estos momentos el Partido Socialista.
Por tanto, no aceptamos la enmienda de sustitución.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gortázar, era un turno para expresar únicamente la aceptación o no de la enmienda presentada.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Popular por la que se crea la Agencia Nacional de Medio Ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303, a favor, 133; en contra, 157; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA QUE LAS INVERSIONES DEL PLAN DE EMPLEO RURAL (PER) REDUNDEN EN INICIATIVAS DE CREACION DE EMPLEO ESTABLE Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO Y LA CREACION DE RIQUEZA EN LAS COMUNIDADES DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA (Número de expediente 173/000022)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Popular subsiguiente a interpelación relativa a las medidas previstas para que las inversiones del Plan de Empleo Rural redunden en iniciativas de creación de empleo estable y contribuyan al desarrollo y la creación de riqueza en las Comunidades de Andalucía y Extremadura.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arenas.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la semana pasada, a través de una interpelación del Grupo Parlamentario Popular, preguntábamos al Gobierno cuál era el balance de su política en lo que significaba la creación de riqueza en dos comunidades como las de Andalucía y Extremadura. Le preguntábamos al Gobierno por sus políticas de futuro y hacíamos también ante la Cámara

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balance de lo que significaban esas políticas en Andalucía y Extremadura.
Esta semana, señorías, a través de la correspondientemoción, que presentamos en la Cámara 24 horas después de la interpelación, no corresponde a este Diputado ni a este Grupo Parlamentario continuar hablando del Gobierno ni señalando básicamente los efectos negativos de esas políticas que se han aplicado en Andalucía y Extremadura. En la esencia de la moción está la capacidad de la propuesta, en la esencia de la moción está el paso adelante de un Grupo Parlamentario que se atreve a proponer fórmulas de futuro que palíen los efectos negativos de esos sistemas que se han venido aplicando en Andalucía y en Extremadura.
Reconoceré, señorías, que siempre que abordamos el asunto de los subsidios y del Plan de Empleo Rural estamos ante temas delicados, temas delicados que partende un elemento positivo: si hablamos de las intervenciones producidas en la Cámara el pasado miércoles, todoslos Grupos Parlamentarios expresaron la coincidencia en lo que significaba estudiar mecanismos de reforma, mecanismos de perfeccionamiento del sistema.
Estamos hablando también, señorías, de un asunto delicado porque en muchos de sus comentarios, de sus opiniones, se está jugando de forma directa o indirecta con las necesidades, con la pobreza de Andalucía y Extremadura. Estamos también, señorías, ante un asunto delicado, porque delicado siempre es hablar de solidaridad, no sólo cuando hablamos de Andalucía y Extremadura, sino cuando hablamos también de otras tierras de España, y al hablar de los subsidios y del Plan de Empleo Rural estamos hablando de necesaria solidaridad con comunidades pobres y estamos hablando concretamente de necesaria solidaridad con el sector agrario, con el ámbito rural de esas comunidades pobres. Mi Grupo Parlamentario nunca ha puesto en cuestión la necesidad de políticas asistenciales en comunidades autónomas en las que prácticamente en los últimos diez años se ha duplicado el número de parados, se ha duplicado el desempleo, pero sí pone de manifiesto que los sistemas actuales de política asistencial no contribuyen a la creación de empleo, que el Plan de Empleo Rural sólo es un plan que detrae inversiones públicas del Estado y de las comunidades autónomas ya asignadas previamente, pero que, siendo plan, ni lo es de empleo ni lo es rural.
Señorías, el otro día, ante el Ministerio de Trabajo hacía un triste balance de lo que significaban estos mecanismos de creación de empleo en Andalucía y Extremadura, y advertía al señor Ministro de Trabajo que el Grupo Socialista o el Gobierno socialista no había inventado la política asistencial en Andalucía y Extremadura. El Ministro de Trabajo, en su réplica, me advertía que estaba en un error, que ese sistema de po-lítica asistencial --decía el señor Ministro-- procedía del franquismo. A efectos de que resplandezca la verdad, y a efectos también del «Diario de Sesiones», conviene decir que la política asistencial en Andalucía y en Extremadura sí procede de los gobiernos de Unión de Centro Democrático y que, efectivamente, en 1978 aparece el primer Decreto sobre coordinación de acciones para mitigar el desempleo agrario estacional en Andalucía. Cierto es que este Decreto es de 1978, que plantea ya una política de generosidad solidaria con Andalucía, y que posteriormente asistimos a Decretos importantes, el del año 1984, en los que «se perfecciona el sistema», entre comillas, y el del año 1990.
Dicho esto, señorías, los subsidios han existido, se han paliado necesidades en Andalucía y Extremadura, han tenido un efecto positivo de mejores infraestructuras en pueblos andaluces y extremeños. Sin embargo, tienen como gran defecto la destrucción de empleo y tienen como gran defecto el que se fomente la aspiración al subsidio y no la aspiración a un empleo estable, a un puesto de trabajo. Y es así, señorías, porque en 1983 en Andalucía teníamos, según la encuesta de población activa, 453.000 parados, y en el cuarto trimestre de 1993, 873.000 parados. ¿Y en Extremadura, señorías? En el último trimestre de 1983, 58.000 parados, y en el último trimestre de 1993 se ha duplicado el número de desempleados.
Luego coincidiremos en que los tres pilares de lo que se entiende por paro agrario en Extremadura y Andalucía, que son el subsidio al personal eventual agrario, el Plan de Empleo Rural --mal llamado Plan de Empleo Rural-- y la formación ocupacional agraria, han significado paliar necesidades puntuales, pero han significado también bloqueos al desarrollo, más paro y destrucción de empleo. Así se reconoce, señorías, en los documentos oficiales de la propia Junta de Andalucía, que tuve ocasión de esgrimir ante SS.SS. en el pasado debate.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular quiere ver el asunto con visión de futuro. El Grupo Parlamentario Popular, en plena coincidencia con lo que significan las advertencias de las Comunidades Europeas y de la propia OCDE, tiene como objetivo el fortalecimiento de las economías locales en Andalucía y en Extremadura. El Grupo Parlamentario Popular quiere ayudar a la cultura de la empresa y no fortalecer la cultura del subsidio. El Grupo Parlamentario Popular cree que se pueden desarrollar en los ámbitos rurales, ya sea desde propuestas públicas o privadas, iniciativas de creación de empleo, que requieren un cierto apoyo de políticas concretas por parte de los poderes públicos. El Grupo Parlamentario Popular cree que iniciativas de creación de empleo en el ámbito rural, que cuenten con el asesoramiento técnico de la Administración local, provincial y autonómica, que cuenten con un marco financiero adecuado y con líneas de financiación

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blandas que otorguen dinero barato a la inversión, y que cuenten también con un sistema fiscal especial, pueden promover empleo en los pueblos de Andalucía y en los pueblos de Extremadura. El Grupo Parlamentario Popular cree que hay que dotar a Andalucía y a Extremadura de sistemas de formación profesional que se vinculen a la percepción del subsidio, muy especialmente en el caso de los jóvenes.
El otro día, señorías, con tristeza señalaba que más de 37.000 andaluces y extremeños jóvenes perciben el subsidio, que les hace falta, pero mucha más falta les hace formación profesional para competir en el mercado de trabajo de España y de Europa. No podemos ser responsables en esta Cámara de que generaciones de jóvene andaluces y extremeños estén siempre condenados al subsidio y a la imposibilidad de competir en el mercado de trabajo en el futuro. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Señorías, ¿en qué se puede invertir en los pueblos de Andalucía? Lo dice el Plan de Bases de Desarrollo Rural de la propia Junta de Andalucía, que advierte efectos perversos en el actual sistema y que señala claramente la agroindustria, la mejora de la comercialización agraria, la defensa de los ecosistemas, los planes forestales y el turismo interior como marcos de actuación. También el Grupo Parlamentario Popular, en base no sólo a planteamientos ideológicos, sino al puro sentido común, considera que esas iniciativas locales de empleo deben tener prioridad cuando se refieran a los aspectos que he citado: agroindustria, mejora de la comercialización agraria, defensa de ecosistemas y medio ambiente, plan forestal y turismo rural.
Finalmente, señorías, consigamos que el PER sea, al menos, rural, aunque no cree empleo. La segunda parte del sistema, ¿cómo se puede considerar arreglo de una prisión Plan de Empleo Rural? La construcción de viviendas en las capitales, ¿Plan de Empleo Rural? El acceso a un puerto de una capital, ¿Plan de Empleo Rural? Señorías, Plan de Empleo Rural es la mejora de las infraestructuras rurales, es la mejora de las conducciones hidráulicas, es la mejora de los caminos forestales. Que no se nos engañe y se considere la mejora de una carretera interprovincial, o que comunique a varias comunidades autónomas, con el Plan de Empleo Rural. Luego que el Plan de Empleo Rural redunde siempre en beneficio de crear condiciones objetivas en el campo, para que la iniciativa pública o privada desarrolle políticas conducentes a la creación de riqueza.
Señor Presidente, nuestro Grupo termina esta moción solicitando a la Cámara una comisión de investigación para que se analicen los efectos negativos de este sistema y se propongan alternativas positivas de cara al futuro, y también, señor Presidente, si es que no es desmentido por el propio denunciante, que se constituya una comisión de investigación para saber si de verdad, señorías, como advirtió un Diputado de esta Cámara, y secretario general del Partido Socialista en una comunidad autónoma, los fondos del PER han sido utilizados como arma o instrumento en los congresos del Partido Socialista.
Esa afirmación no ha sido desmentida ni por quien la hizo ni por el Ministro de Trabajo, y, de no desmentirse, consideramos plenamente justificado que se investigue acerca de la verdad de una aseveración tan grave.
Señor Presidente, sólo se han presentado enmiendas a nuestra iniciativa por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, enmiendas que consideramos que, en todo caso (al final decidiremos nuestra posición, tras la intervención de su portavoz), tienen la sana intención de contribuir a la mejora del sistema. En este momento, señorías, hay comisiones regionales y comarcales de seguimiento. Con buena intención, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos sugiere la posibilidad de establecer comisiones locales y provinciales para objetivar los criterios en la selección de personal y en la adjudicación de obras del sistema. Esperamos la intervención de su portavoz, pero vemos con interés positivo esas enmiendas de Izquierda Unida. Finalmente, ponen el dedo en la llaga en dos asuntos primordiales: que sepamos que hoy muchos trabajadores del campo andaluz se humillan para conseguir una peonada de un empresario o de un alcalde, y eso tiene su tratamiento a efectos de los tribunales de justicia (el Estado de Derecho es el que es), y también tiene su tratamiento en lo que significa la conceptuación moral de ese asunto. A veces, señorías, cuando uno piensa en PSV, en Banesto, en la Guardia Civil, en el «Boletín Oficial del Estado», en el Cesid, la verdad es que mira estos asuntos de otra forma, porque, señorías, el Estado de Derecho es el Estado de Derecho, pero los asuntosson francamente distintos. Nuestros amigos de Izquierda Unida nos piden que estudiemos el sistema de peonadas y nos parece que hay que estudiarlo para buscar alternativas que eviten la humillación de los trabajadores del campo en Andalucía.
Señorías, muchos de ustedes pensarán que, después de invertirse dos billones de pesetas en los últimos diez años (un billón en subsidio, un billón en el mal llamado PER), en Andalucía y en Extremadura hay menos paro agrario. Son de las pocas comunidades autónomas en las que hay más paro agrario, rompiéndose la tendencia general de huida de los trabajadores del sector primario en la búsqueda del secundario y del terciario.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Tenemos que terminar, señor Presidente, diciendo que nos parece también positiva (y creo que explicará su idea) la iniciativa de Izquierda Unida para que en la Cámara se constituya una ponencia (nosotros hablamos de comisión de investigación) que estudie el sistema, cómo ha funcionado

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y qué podemos mejorar de cara al futuro. Por nuestra parte tenemos muy claro que hemos de decir a andaluces y extremeños que nunca, nunca, el subsidio es una esperanza, que el subsidio siempre, siempre, es una necesidad, que sólo estaremos satisfechos cuando Andalucía y Extremadura no necesiten un sistema especial, como el que tienen ahora, con respecto a otras comunidades autónomas, y que nosotros, lejos de auspiciar la esperanza del subsidio, siempre defenderemos la esperanza de la creación de riqueza y del empleo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para defender la enmienda presentada y fijar la posición del Grupo, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
De nuevo hablamos de un tema recurrente en esta Cámara y en los medios de comunicación, sobre todo últimamente, un tema con el que pasa un poco como con El Quijote, del que todo el mundo habla, pero no todos lo han leído.
Se trata de un tema complejo sobre el que no deben caber, por lo menos a nuestro juicio, frivolidades, porque va indisolublemente unido a la situación laboral, económica, incluso al propio paisaje humano en estos momentos en Andalucía.
Desde ese punto de vista, no nos valen declaraciones del tipo de la de que es un tema local y, por tanto, el resto de las comunidades no tenemos nada que ver, para, acto seguido, poder decir: el sur vive del norte. Luego no es un tema local, nos afecta a todos y no se puede frivolizar con ello, como no se podría frivolizar con el IRPF. Es como si los andaluces dijésemos que se pusiese una casilla con el impreso de declaración de IRPF y que cada cual, con independencia de la comunidad donde viviera, pusiera en la casilla dónde quiere que vaya su dinero de IRPF. No se puede frivolizar ni con el PER, ni con el subsidio ni con el IRPF. Son cuestiones muy complejas que hay que tratar de una manera muy seria. Se ha dicho aquí que a veces el PER y el subsidio bloquean la situación económica de Andalucía, que bloquean la salida de Andalucía por una puerta de la productividad. No es ese el proeblema de fondo; ese es un problema adjetivo, circunstancial. El problema de fondo es el modelo económico que se está implantando en Andalucía, como escaparate incluso de un modo de entender las cosas. Ahí está la Expo"'92 como una gran locomotora que ha echado mucho humo, que ha pitado mucho, pero no se ha movido. Se vendió como la salida de la situación de bache, de socavón económico de Andalucía y ahí la tenéis, al otro lado del río, un río cosido por doce puentes, desplomada la Expo como un águila que actualmente no tiene ningún sentido, ninguna utilidad y como escaparate de un modelo económico, incluso lastrado en aquello que se llamó los polos de desarrollo de altísima concentración económica y espacial.
Eso no tiene nada que ver con el PER. Alguna parte del AVE se ha hecho con obras del PER; la Expo en ningún caso.
Por tanto, eso no tiene nada que ver con el bloqueo que el PER o el subsidio puedan suponer para la salida de la situación económica, absolutamente bloqueada, de Andalucía, que en los últimos 25 años sigue aportando el mismo porcentaje al producto interior bruto nacional. Lo de Santana no tiene nada que ver con el PER y el subsidio ni con la siesta ni con la cultura de los andaluces y andaluzas. Lo de Santana tiene que ver con una dejación de cualquier tipo de estructura industrial. Andalucía está sufriendo los efectos de un auténtico genocidio industrial que afecta a Santana, que afecta a Astilleros, que afecta a toda la infraestructura agroalimentaria, que había poquísima, que no aprovecha en ningún caso el valor añadido de una tierra absolutamente rica que saca camiones a punta de pala de aceitunas para refinar y envasar en Italia, que sí, ésa sí, cobra el valor añadido. Eso no tiene nada que ver con el PER o el subsidio. El PER y el subsidio sí tienen que ver con una Andalucía de la que una parte, un 40 por ciento, es fundamentalmente agraria. No es lo mismo agraria que rural, que a veces hay esa confusión; todo el mundo confunde lo agrario con lo rural: el medio rural es mucho más amplio que el medio agrario.
Como ya dije la vez anterior, otras comunidades han tenido su reconversión en el sector económico fundamental, sea textil, industrial o naval; Andalucía --incluso tenía que ser pagada por el centro, digámoslo así, como han sido pagadas otras reconversiones industriales-- no ha tenido la reconversión que necesitaba: la reforma agraria. Siempre que en este país se ha hablado de reforma agraria ha habido una guerra civil o cerca hemos estado. Siempre, siempre: la famosa alianza de terratenientes andaluces con el capital industrial, vasco y catalán. Desde ese punto de vista, yo les pido a los compañeros y compañeras de esta Cámara, Diputados de cualquier otra formación, que se tienten la ropa antes de desprestigiar a Andalucía a través del PER y del subsidio, que se tienten la ropa, porque yo demostré el otro día --y el Ministro estaba ahí y no pudo desmentirlo-- que recibimos menos dinero que el año pasado, un 25 por ciento menos teniendo en cuenta la inflación. Del dinero afectado al PER, que son 11.000 y pico millones, del año 1979 a esta parte, señorías, ¿saben ustedes lo que hemos recibido de dinero del PER en Andalucía? 140.000 millones; lo que se dice que estamos recibiendo en un año, desde el 79 a esta parte. ¿Por qué? Porque el resto son obras, la cárcel de Jaén, del Puerto de Santa María, el AVE, la construcción

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de tal fábrica, que si trabajas ahí, te firman como una jornada del PER, pero eso no es dinero del PER ni del subsidio; y no confundan ustedes, como suelen hacer, en las declaraciones PER con subsidio, que no tiene nada que ver. Es decir, sí se relacionan, pero son dos realidades interconectadas, pero exentas en cierta parte, relativamente hablando.
Desde ese punto de vista, nosotros hemos presentado enmiendas que van en el camino de nuestra filosofía, reconozco que son enmiendas parciales, que no casan efectivamente con lo del Partido Popular, aunque en nuestro texto aparecen como de adición debieran ser de sustitución, pero hemos intentado exponer nuestra filosofía. Nuestra filosofía es que hay que ir a una reconversión profunda de la agricultura, teniendo en cuenta todo el aspecto integral de esa reconversión: canales de comercialización, la agroindustria, el valor añadido para Andalucía, dejar que Andalucía sea Andalucía en el marco europeo, no convertir a Andalucía en una patera, en la patera europea hacia la Unión Europea. Realmente, después de lo de Santana --lo de Santana destruye el 20 por ciento del empleo industrial en Jaén--, lo de Santana es más grave, por descontado, que el Liceo, pero mucho más grave que lo de Seat en Barcelona. Y a partir de lo de Santana, Astilleros; a partir de lo de Astilleros, el vino, el algodón, el aceite.
¿Qué más? Nos quedan camareros y jubilados, y, naturalmente, queda gente que o se la atiende o tiene que comer raíces, porque no se ha pagado la reforma agraria en Andalucía. Se dice allí: ¡Tienes más hambre que un caracol en un espejo! Todavía existe eso y, con la crisis, aumenta, compañeros de otras comunidades autónomas. Desde ese punto de vista, nuestra filosofía va por: Ahí hay un dinero, hagamos que sea productivo; es más difícil de lo que parece, mucho más difícil. Lo ha intentado el PP, pero me parece que no están conseguidas las propuestas, no están conseguidas.
Naturalmente, hagamos algo si hay que pagar subsidios, porque recuerdo que hay un Régimen Especial Agrario que no tiene derecho al desempleo como el obrero industrial. Luego, si no les damos el derecho al desempleo, les tenemos que dar derecho a algo, a una cosa que se llama subsidio, de 30.000 pesetas mensuales, de las que tienen que pagar tres o cuatro mil de sellos a la Seguridad Social, que no es algo fuera de la retribución correspondiente en el Régimen Especial Agrario. Si eso es así, vayamos a sistemas que hagan que las comisiones provinciales controlen cómo se distribuye el dinero, ayuntamiento por ayuntamiento, comarca por comarca. Ante el dinero público hay que ser daltónico, no distinguir de colores; actualmente se distingue de colores. Además, es necesario que los ayuntamientos den los salarios a quien tienen que dárselos: comisiones locales de empleo. No al barbero, no al hijo del terrateniente, no al hermano del camionero que acaba de volver de otro sitio, sino a quien realmente tiene que recibir ese subsidio, no quitando dinero, no enfriando los fondos del PER y del subsidio. No, no, no estoy hablando de enfriar eso, que ya tenemos un constipado doble. Desde ese punto de vista, comisiones provinciales, comisiones locales, y fin de las sesenta peonadas. ¿Por qué hay que conseguir sesenta peonadas, que sabemos que no son posibles para doscientas y pico mil personas? Son peonadas que no se hacen con la azada, se hacen con el bolígrafo, son irreales muchas de ellas, no hay sesenta peonadas para doscientas mil personas en Andalucía, el 53 por ciento de ellas mujeres que se acaban de apuntar al subsidio. Por lo tanto, vamos a quitar esa dependencia, ese cordón umbilical con la dependencia política y electoral. ¿Por qué hay que alcanzar sesenta peonadas si a través de una comisión local de empleo se va a saber si tú mereces, por decirlo así, o no el subsidio correspondiente? ¿Por qué hay que ir a un sistema que es falso, que efectivamente provoca la corrupción, tanto en quien a veces lo recibe injustamente como en aquél --corrupción en este caso del Estado-- que no da el subsidio a quien lo merece, porque no consigue sesenta peonadas a lo mejor en una comarca de secano? Allí no hay ni sesenta, ni treinta ni veinte. A lo mejor hay dos jornales al año para los ciento cincuenta jornaleros de esa comarca de secano y no se diferencia entre una comarca y otra. El dinero no funciona por razones de equilibrio intraterritorial, intercomarcal, sino por razones de otro tipo, subjetivas, por decirlo así bondadosamente, que hay que evitar con esta clase de sistemas. Evitemos las sesenta peonadas.
En cuanto al punto quinto de la moción del Grupo Popular, se refiere a la vinculación formativa conducente a una cualificación profesional reconocida al nacimiento del derecho a la percepción del subsidio agrario. Si hay doscientas mil personas, ¿cómo se puede vincular con formación profesional a doscientas mil personas? ¿Vamos a dividir eso por las escuelas-taller o por las escuelas de oficios que hay, por la infraestructura que hay a este nivel? Veremos que eso es imposible, que eso está bien orientado en el sentido de un futuro muy allá, pero que en estos momentos no es posible.
Por tanto, termino, señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: La comisión de investigación no nos parece procedente, porque podíamos terminar todos, sin darnos cuenta, persiguiendo a jornaleros, al menos a través de titulares de prensa, y podríamos ver saliendo por una puerta al Duque de Feria y por otra entrando jornaleros en la cárcel.
Me parece que no es una imagen que debamos perseguir en estos momentos. Yo creo que lo que hay que hacer, y aquí figura en nuestra enmienda, es una ponencia. Lo digo en el sentido de que yo hago también la autocrítica de

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nuestras enmiendas, lo mismo que hago la crítica de las enmiendas del Grupo Popular.
Es muy difícil casar nuestras enmiendas con las del Grupo Popular, es muy difícil llegar a una resolución seria en esta reunión del Pleno del Congreso, que debe ser rigurosa y seria y, por tanto, habría que darnos un plazo, dos o tres meses, para que una ponencia estudie la reforma de los fondos del PER y del subsidio para ver la forma de cómo se emplean y cómo se aplican. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, votaremos a favor por la necesidad de racionalizar una ayuda, la del PER, que, en lugar de resolver los problemas endémicos de Andalucía, a nuestro parecer no ha hecho sino agravar la cultura de la corrupción y la cultura del caciquismo y ha inhibido la capacidad de reacción de los sectores afectados.
No se ha creado cultura de empresa, cultura, en definitiva, de iniciativa privada, sino cultura del subsidio permanente y, sobre todo, el PER ha sido la coartada perfecta del PSOE para evitar la gran reforma económica que necesitaba Andalucía y que, ésa, sí, era la gran asignatura pendiente.
Con los PER el PSOE ha consolidado el caciquismo, las grandes oligarquías, y ha impedido la capacidad de rebelión; se ha asegurado, asimismo, la bolsa más grande de voto cautivo que se conocía en tiempos.
Esto no es solidaridad, esto es cultura de corrupción. Que la solidaridad sirva para crear futuro y no para anclar definitivamente a Andalucía en el pasado. Y la cultura del subsidio no es futuro, no es solidaridad. Es un pegote indignante que humilla a los que lo reciben y que los condene a vivir en el pasado. Desde Cataluña --la Comunidad, junto con las islas Baleares, que más expolio fiscal padece de todo el Estado--quiséramos que ese expolio económico sirviera como mínimo para invertir en la cultura de la empresa, para articular soluciones de fondo y no para consolidar la cultura de la limosna permanente; una cultura, la de la limosna, que ni es solidaria, ni es progresista ni es efectiva.
Aprovecho la ocasión para pedir a alguna señoría de Izquierda Unida que milita en la obsesión con Cataluña que deje en paz el «Liceu», la burguesía catalana y, si hace falta, el pan con tomate, ya que, señor Alcaraz, Cataluña no tiene la culpa del drama de Andalucía. Del drama de Andalucía es responsable la oligarquía andaluza.
Gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señorías, una brevísima intervención sólo para añadir a lo que ya dije la semana pasada, que a mi grupo este tema del PER --ya lo ha manifestado otras veces en esta Cámara-- no es un tema que le entusiasme. Consideramos que no es el adecuado para lograr el reequilibrio territorial que se pide para Andalucía, y que se puede pedir para otras zonas.
Tenemos la impresión, por el desarrollo del debate y por lo que hemos oído en los pasillos, de que se llegará a cierto consenso a lo largo de este debate. Estamos a la espera de ese consenso y mi grupo actuará en consecuencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Socialista, el señor Amate tiene la palabra.


El señor AMATE RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la verdad es que a mi grupo parlamentario no le ha sorprendido la presentación, la semana pasada, de esa interpelación urgente sobre el Plan de Empleo Rural y la consecuente moción que hoy estamos debatiendo.
Digo que no nos sorprendió porque ya nos vamos acostumbrando - -qué casualidad-- a que cada vez que se aproximan procesos electorales el Partido Popular se vuelve hipersensible con los problemas de los jornaleros andaluces y extremeños, con el PER, con el fraude, con la formación y con el subsidio agrario. (Rumores.--Aplausos.) Lo que nos sorprendió un poco más es que en la interpelación de la semana pasada y en la moción de hoy no haya intervenido la portavoz habitual de estos temas y sí lo haya hecho el señor Arenas que tengo que reconocer es un buen parlamentario --no me duelen prendas en reconocerlo-- que le hemos escuchado en muchísimos debates en temas diferentes pero nunca, que yo recuerde, habíamos tenido la oportunidad de conocer su sensibilidad y su profunda preocupación por las condiciones de vida y de trabajo de los parados agrícolas de Extremadura y de Andalucía. (Fuertes rumores.) Además lo defendió, y lo ha defendido hoy, unas veces con vehemencia y otras como con pesar, quebrándosele la voz como si de verdad sintiera lo que estaba diciendo. (Risas.--Rumores y protestas.) Lo que sucede, señor Presidente (Fuertes rumores.- -Unseñor Diputado del Grupo Popular: ¡Que venga Sanjuán!) -- ahora hablaremos de eso también-- es que estamos en precampaña electoral. (Continúan los rumores.--Un señor Diputado: ¡Claro!)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Amate.
Silencio, señorías. (Rumores.) ¡Silencio! (Pausa.) Puede continuar, señor Amate.


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El señor AMATE RODRIGUEZ: Decía que lo que sucede, señor Presidente, es que estamos en precampaña en Andalucía, como todos ustedes saben el señor Arenas es candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía (Rumores.) y eso hace que todo este debate tenga un tufillo electoral difícil de disimular y más difícil aún de creer. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi pronuncia palabras que no se perciben.) Yo estoy convencido de que la interpelación urgente que se presentó la semana pasada es por motivo de las elecciones andaluzas. Porque estamos en esa precampaña es por lo que se ha producido la presente moción y porque es candidato el señor Arenas a la Presidencia de la Junta es por lo que ha intervenido, aunque no con demasiada fortuna. (Rumores.) Digo que sin demasiada fortuna porque cada vez que hablan de estos temas suelen caer --él también cayó la semana pasada-- en el tópico de hacer una caricatura de Andalucía y de Extremadura, que él sabe no es justa y que en nada se parece a la realidad actual de esas dos regiones. (Continúan los rumores.--Aplausos.--Un señor Diputado del Grupo Socialista: Os va a dar algo.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Amate.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) ¡Silencio! Señorías. Continúe, señor Amate.


El señor AMATE RODRIGUEZ: Decía, señor Presidente, que oyendo hablar a los señores del Partido Popular, da igual quien lo haga, puede parecer por sus manifestaciones, que Andalucía y Extremadura son sólo la tierra del PER, del subsidio, de las peonadas falsas y del fraude. (Un señor Diputado: ¡y de Guerra!) Fíjense lo que pueden influir comentarios como los que se vienen oyendo que dan lugar a intervenciones como la de la señora Rahola, totalmente distorsionantes de lo que es la realidad andaluza, porque nada más lejos de la verdad de lo que está pasando en Andalucía.
La semana pasada tuvimos oportunidad de oír la interpelación y cuando oíamos al Ministro de Trabajo, señor Griñán, resaltar los aspectos positivos de Andalucía, de los que todos nos debíamos sentir orgullosos, lo tuvo que hacer a voces, a gritos, para dejarse oír entre las protestas y abucheos de los bancos del Partido Popular. (Rumores y protestas.) Parecía como si les molestara que alguien recordara los avances espectaculares que se han producido en nuestra tierra.
(Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.- -Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Créanme, señoras y señores Diputados, que en esos momentos pensé que éstos (señalando los bancos del Grupo Popular.) no creen en Andalucía (Fuertes rumores y protestas.), que disfrutan aireando las miserias que pueden existir en Andalucía, y sufren hasta llegar a abuchear a aquel que hable con orgullo de los grandes cambios que en estas dos regiones se han producido. (Continúan las protestas en los bancos del Grupo Popular.--Un señor Diputado: ¡Venga hombre!) Hoy, señoras y señores Diputados, aunque les disguste a los Diputados de la oposición, Andalucía y Extremadura han cambiado. Hoy Andalucía y Extremadura son regiones mucho más emprendedoras, son regiones más modernas (La señora De Palacio Valle-Lersundi: Con el doble de parados.), con mucho más futuro (La señora De Palacio Valle-Lersundi: Con el doble de parados.--Rumores y protestas.) que hace unos años. (Continúan los rumores y las protestas.) Las inversiones que se han llevado a cabo durante estos años en infraestructuras, en comunicaciones, en obras hidráulicas, en servicios, han dado como resultado (La señora De Palacio Valle-Lersundi: El doble de parados.), una nueva realidad de estas dos regiones con un futuro espléndido y esperanzador.
(Protestas.) Seguimos teniendo dificultades y bolsas de pobreza, como cualquier otra comunidad autónoma, muchísimo desempleo y algún fraude también en la percepción del subsidio agrario, no generalizado, como intencionadamente se quiere hacer creer (Rumores.); fraude que nos preocupa tanto o más que a ustedes (Fuertes protestas en los bancos del Grupo Popular.); pero una cosa es reconocer que existen, y otra muy distinta es magnificarlas y utilizarlas políticamente, aunque con ello se desvirtúe la imagen de Andalucía y de Extremadura. (Continúan las protestas.) No deja de sorprendernos el especial énfasis que ponen ustedes en casi todas sus intervenciones públicas, en el fraude del subsidio agrario y el poco caso que se presta a otros tipos de fraude, que se dan también en otros regímenes de la Seguridad Social, como en el régimen general de la Seguridad Social, en el de autónomos, en el de las empleadas del hogar, que pasan casi inadvertidos; y no se piden comisiones de investigación para los fraudes fiscales que se están produciendo, como, por ejemplo, el del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa.
(Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.) ¡Qué celo manifiestan, sin embargo, en el fraude del subsidio agrario! (Continúan las protestas.) ¡Qué celo manifiestan en el fraude del subsidio agrario y en las posibles peonadas falsas del PER! (Prosiguen las protestas.) Lo ha recordado el señor Alcaraz. ¿Saben ustedes lo que cobra un subsidiado agrario en Andalucía y en Extremadura? Poco más de 32.000 pesetas al mes, durante seis meses al año, los menores de 52 años; y el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, las personas mayores de 52 años. (Un señor Diputado: ¡Qué miseria!) De eso es de lo que estamos hablando.
Eso es lo que le quita el sueño al PP. Ese es el despilfarro y el fraude que se comete en el campo andaluz y extremeño.
(Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.- -Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

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Por una parte --es paradójico, ¿eh?--, están apoyando el abandono de cultivos tradicionales para recibir las ayudas europeas y, por tanto, disminuyendo la posibilidad de peonados para los agricultores (Rumores y protestas.) y, por otra, criticando las ayudas que reciben estos jornaleros por parte de las administraciones públicas, ya sean locales, autonómicas o nacionales. (Fuertes protestas.--Un señor Diputado del Grupo Popular: No señor.) Nosotros somos conscientes de que este sistema de protección no puede ser definitivo, tenemos que ir sustituyendo subsidio por empleo estable (Un señor Diputado: ¡Eso es!); tenemos la obligación de poner en marcha todas las potencialidades que Andalucía y Extremadura tienen para aprovechar mucho mejor los recursos y las personas. Estos nuevos retos son los que han llevado al Presidente de la Junta de Andalucía, al señor Chaves (Rumores.), a encargar al Consejero de Agricultura que coordine un equipo de trabajo que elabore un plan para el desarrollo rural en Andalucía, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias asentadas en áreas rurales buscando la participación activa de todos los recursos materiales y humanos con posibilidades de generar rentas, ya sean agrarias, turísticas, industriales, etcétera.
En definitiva, señorías, en ese plan se trata de potenciar desde la Administración pública proyectos viables que generen empleo estable, buscando las singularidades de cada localidad o comarca. Como conocen SS.SS., la Mesa de Concertación sobre el Desarrollo Rural Andaluz se creó con este objetivo y fue una comisión de expertos en torno a la Universidad de Córdoba la encargada de la realización de las bases de este plan. Ya existen bastantes trabajos elaborados, pero son proyectos que habrán de ponerse en marcha y que darán sus frutos a medio y largo plazo. Por consiguiente, mientras no se produzcan los puestos de trabajo estables que este plan prevé y se vayan trasvasando jornaleros agrarios a otras actividades productivas con el nuevo plan de desarrollo rural, tendrá que seguir perviviendo el sistema actual de protección.
La moción que ustedes presentan pretende modificar la esencia misma del PER (Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.) y dicen ustedes que es con la finalidad...
(Continúan los rumores y las protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Ruego silencio.
(Pausa.) Señor Amate, continúe y concluya.


El señor AMATE RODRIGUEZ: Termino rápidamente, señor Presidente. Dicen ustedes que es con la finalidad de transformarlo en otro que base su contenido en el impulso y promoción de iniciativas de creación de empleo estable dirigidas a elevar el nivel de desarrollo económico y social en el ámbito rural de las comunidades de Andalucía y Extremadura. Se olvidan en su moción de que las líneas maestras de un programa de desarrollo económico para una determinada región deben ser establecidas por las instituciones representativas y competenciales de esa región y, por tanto, es a la Junta de Andalucía y a la Junta de Extremadura a las que corresponde fijar las bases para el desarrollo de sus respectivos territorios. En consecuencia, es en el parlamento andaluz o en el parlamento extremeño donde se debería haber presentado esta moción.
Por otra parte, el PER es un plan finalista destinado a la protección inmediata de los desempleados agrarios en un ámbito geográfico determinado y no puede ser despojado de su contenido esencial para convertirse en incentivo a la inversión privada. Para esto existen otras iniciativas, como pueden ser los fondos estructurales, los incentivos regionales o los incentivos para la transformación agraria. Estos son precisamente los fondos que la Junta de Andalucía pretende dedicar a ese plan de desarrollo rural.
Por estas cuestiones no podemos apoyar la presente moción. El PER no puede cambiar su finalidad protectora y dedicarse a crear empresas públicas o a subvencionar iniciativas privadas, aunque estemos dispuestos a estudiar posibles reformas, como la que plantea en su última enmienda Izquierda Unida.
Esta moción no respeta las competencias que en esta materia tienen las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.
Ya está bien de intentar manipular unas declaraciones que tuvieron en su momento una aclaración oficial por parte del Secretario General del PSOE de Andalucía. (Rumores.) Ustedes saben lo que dijo, cómo se tergiversaron sus palabras y cómo están intentando manipularlas ustedes.
No se puede pedir al Grupo Parlamentario Socialista que avalemos con nuestros votos lo que tan sólo es puro electoralismo por parte de ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Protestas en los bancos del Grupo Popular.--El señor Arenas Bocanegra pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amate.
Por el grupo proponente de la moción, tiene la palabra el señor Arenas a efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas. (Rumores.--Protestas.--Varios señores Diputados: ¡No, no!)

El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, con todos los respetos tengo que decir que el portavoz socialista ha dedicado el 90 por ciento de su tiempo a agredir verbalmente... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

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El señor ARENAS BOCANEGRA: ... a este parlamentario, que es Diputado a Cortes (Rumores.), y sólo el 5 por ciento a la moción. Reclamo el derecho a responder a sus argumentos ya que no se ha referido más que un minuto a mi moción, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, respecto al representante del Grupo Socialista --es subjetiva la valoración de lo que pueda decir cada cual-- creo que no se puede aceptar que le ha agredido.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Verbalmente, he dicho. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Ni verbalmente. (Risas.--Rumores.) ¡Silencio! Señorías, silencio.
En este debate, como en otros muchos relativos a mociones subsiguientes a interpelaciones, cuentan ustedes con no sé si hablar de benevolencia de la Presidencia o de otra característica que no me atrevo a llamar virtud, desbordando lo que es el debate propio de la moción y convirtiéndolo en réplicas y contrarréplicas del debate propio de la interpelación incluso, muchas veces, refiriéndose a las intervenciones del ministro o de miembros del Gobierno que no están aquí para replicar.
(Rumores.) Silencio, señorías.
¿Sería mucho pedir que dejasen hablar, que es para lo que estamos? (Rumores.) Por tanto, yo les rogaría que no intentasen después sacar provecho de la flexibilidad con que se aplica no llamarles a la cuestión en la defensa de las mociones, intentando alargar los debates de las mismas con turnos de réplicas y contrarréplicas que saben ustedes no están en el Reglamento.
Señor Arenas, le ruego no intente desbordar lo que es el marco de este debate; exprese la aceptación o rechazo de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida y vamos a concluir el debate.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, con todos los respetos tengo que decir que en mi intervención me he ceñido a la defensa de la moción y el portavoz socialista no ha consumido un turno sobre mi moción. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Señor Arenas, entiendo que S.S. crea que esto es lo que ha hecho; permita que la Presidencia valore lo que es el contenido y el alcance de las intervenciones. (Continúan los rumores.--Pausa.)

El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir para explicar brevemente nuestra posición en lo que hace referencia a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida respecto a nuestra moción.
Los parlamentarios de Izquierda Unida, concienciados con los criterios de selección en el personal del Plan de Empleo Rural, concienciados con la utilización partidista y electoral de la que algunos se sienten orgullosos (Rumores.), presentan, señorías, dos enmiendas en esta moción intentando objetivar de alguna forma el tema y sensibilizados para que se acabe la manipulación interna partidista y electoral externa respecto a los fondos del PER, que tanto orgullo lleva a algunos parlamentarios. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Un señor Diputado: ¡Muy bien!) En ese sentido, señorías, mi grupo, no viene aquí a hacer méritos porque afortunadamente nuestra salud interna es muy importante. Alguien sí tenía que hacer méritos, a pesar de que no estaba aquí el señor Guerra.
(Risas.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Estaba usted haciendo méritos, que le hemos visto. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, le ruego que se ciña a lo que es el contenido de su intervención.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Por supuesto, señor Presidente.
Efectivamente, los parlamentarios de Izquierda Unida, en otra enmienda, se refieren al sistema de peonadas, y no porque el parlamentario de Izquierda Unida no sea consciente de que pueden existir fraudes en otras materias, aunque no haya hecho ninguna referencia en ese sentido; algunos otros se pueden referir al fraude en otras materias, aunque ese fraude sea imputable a un miembro del Gobierno que respaldan. Pueden hacerlo, como ha pasado en este debate; sin embargo, los parlamentarios de Izquierda Unida se refieren al sistema de las peonadas, y yo quiero decir, señorías, con la voz un poco de gripe pero también con la voz algo quebrada... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor ARENAS BOCANEGRA: ... tengo que decir, señorías que nosotros somos sensibles a la enmienda de Izquierda Unida relativa al estudio del sistema de peonadas, porque compartimos con este grupo, aunque algunos no lo vean, que hay un sistema de humillación y de aprovechamiento de la necesidad y de la pobreza de Andalucía y de Extremadura; por tanto, hay que estudiar ese sistema, señorías.
Finalmente, existe otra enmienda de Izquierda Unida relativa a un trabajo sereno, positivo y constructivo en una ponencia en la que analizaríamos los efectos del PER. Señorías, lo que propone Izquierda Unida es que en esa ponencia evaluemos algo que a algunos les pone

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orgullosos, el doble de paro en Andalucía y el doble de paro en Extremadura. Esa intención de Izquierda Unida nosotros queremos analizarla también en esa ponencia. Por cierto, señorías, como nosotros planteábamos una comisión de investigación, en esta ponencia también podremos hablar del fraude, pero la estrella invitada en ese debate sobre el fraude será un Diputado socialista que lo ha denunciado y que está ahí sentado. Ese Diputado socialista es quien debe hablar con el anterior interviniente para que no haga un discurso del año diecinueve que no conduce a ninguna parte. (Rumores.) Señorías, mi grupo parlamentario ofrece una enmienda transaccional que, de aceptarse, supondría la retirada del texto de nuestra moción. ¿Puedo leerla, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: Sí, por favor.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda transaccional dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados acuerda la creación de una ponencia especial, en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con participación de miembros de todos los grupos parlamentarios con presencia en la misma, al objeto de estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo Rural y el subsidio agrario, concluyendo sus trabajos en el plazo de dos meses y medio. Esta es la enmienda transaccional que ofrece mi grupo al resto de grupos parlamentarios, con el honor de no sentirse nunca satisfecho, como algunos, de instrumentalizar permanentemente la miseria de Andalucía. (Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, entiendo que la posición del Grupo Popular es aceptar el punto sexto de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, y que es al apartado último, relativo a la creación de la comisión de investigación, al que se refiere la transacción.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, nosotros renunciaríamos a todo el texto de nuestra moción si quedara solamente la última enmienda de Izquierda Unida, que es la que he leído, puesto que podríamos analizar todas las cuestiones en el seno de esa ponencia. La puedo leer si quiere.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Por tanto, el texto de la moción que se somete a votación es estrictamente el que ha leído S.S. en la tribuna, quedando retirado el resto de la moción.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Sí, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente. He entendido (Rumores.) y espero que me dejen hablar (no sé si en caso de subsidio parlamentario todas SS.SS. sumarían las sesenta peonadas, porque se ha hablado mucho mientras los demás intervenimos desde la tribuna) que el resto de las propuestas se retira. Quedaría la ponencia y el Grupo Popular añade «en el plazo de dos meses y medio». En ese caso, estaríamos de acuerdo. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los términos resultantes de la redacción leída por el señor Arenas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 300; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, RELATIVA A LAS PREVISIONES ACERCA DE LA INTERVENCION SOBRE LA SOCIEDAD PSV EN BASE A LA VIGENTE LEY DE COOPERATIVAS (Número de expediente 173/000023)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la intervención sobre la sociedad PSV en base a la vigente Ley de Cooperativas.
En nombre del Grupo proponente de la moción, el señor Andreu tiene la palabra. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.--Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, por favor, ocupen sus escaños. (Continúan los rumores.) Silencio, señorías. (Pausa.) Cuando quiera, señor Andreu.


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El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, aunque fuera hay una manifestación de cooperativistas de la PSV, que están francamente preocupados por cómo está el asunto, parece que el tema no interesa mucho en esta Cámara porque son muchos los escaños que se abandonan cada vez que se habla de PSV.
Sin embargo, creo que ha sido una labor importante la que ha hecho la Cámara en la sesión anterior y la que se puede concluir en el día de hoy. Fue una labor importante porque terminábamos el debate en la sesión anterior, teniendo una discusión con el ministro en la que planteábamos que se nos diera la orden ministerial que se había producido en el anterior consejo, sin que el ministro fuera capaz en ese momento de aportarnos dicha orden ministerial. Al día siguiente se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» cuál había sido el auténtico acuerdo del Consejo. Nosotros, una vez que pudimos leer aquí el acuerdo, comprobamos que ese acuerdo era, a nuestro entender, insuficiente; que no se garantizaba lo que para nosotros es fundamental y para lo que merece la pena que esta Cámara controle, se pronuncie y tenga una actitud clara ante el Gobierno. Para nosotros lo fundamental es que los cooperativistas de la PSV tengan garantizado que en algún momento sus viviendas estarán construidas y que no sea, por supuesto, un momento excesivamente lejano en el tiempo; que el fin social con el que se inició la cooperativa PSV se cumpla, fin social que no es otro que el que cada uno de los cooperativistas que pertenecen a la PSV tenga una vivienda en un momento dado.
Por eso, el punto más importante de la moción que, como consecuencia de la interpelación, presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es aquel en el que se pide que el Gobierno se comprometa a que ese fin social de la cooperativa PSV se cumpla, independientemente de los grandes y graves errores que se han producido en la gestión de esa cooperativa, independientemente de que se deben tomar lecciones para que estos hechos no vuelvan a suceder; independientemente de esto, el Gobierno, en aplicación y en cumplimiento de la Ley de Cooperativas, tiene que tomar el compromiso de que se cumpla el fin social con el que nació la PSV y con el cual se han adherido a ella 20.000 cooperativistas, que son 20.000 familias que han visto que ésa era la mejor manera de solucionar el problema de la vivienda.
Nosotros creemos que no es oportuno utilizar un problema como éste que ha existido en la PSV, para entrar en dinámicas y en debates que nosotros consideramos falsos, como es quién debe asumir el problema, si debe asumirlo el sector privado o si, por contra, debe asumirlo el sector cooperativo.
Son debates inoportunos en este caso; son perfectamente compatibles estos dos sectores. Es más, yo diría que el sector cooperativo es un sector enormemente regulador del mercado de la vivienda. Un mercado que tiene una gran tendencia a dispararse en los precios, un mercado que tiende a ser enormemente especulativo en determinados momentos de auge económico tiene en el sector cooperativo un importantísimo elemento de regulador del mercado, un importantísimo elemento que, además, hace que precisamente los sectores sociales que están más necesitados de la vivienda puedan acceder a ella mediante el sector cooperativo. Por lo tanto, parece que corresponde a la responsabilidad de la totalidad de la Cámara el conseguir que un proyecto de esta naturaleza, en su fin social, llegue a buen término.
Independientemente de las críticas, justas, sin duda, que nos puedan merecer a cada uno de los grupos parlamentarios cómo ha devenido la gestión de esta cooperativa; independientemente de que esto tendrá que ser depurado en las instancias en las que tenga que serlo; independientemente de todo esto, hay una corresponsabilidad, que yo creo que es de Estado, que supera, incluso, a la ideología de los distintos grupos parlamentarios, para que un proyecto de esta naturaleza llegue a su buen fin y se cumpla su fin social.
No debemos entrar en debates sobre si debe desaparecer el sistema cooperativo o no, porque serían debates extraordinariamente irresponsables.
Pero Izquierda Unida no solamente plantea esto en su moción.
Cuando Izquierda Unida considera que tiene que haber una intervención del Estado en algún sector económico, automáticamente entiende que debe haber un control de la acción del Gobierno. En nuestra moción decimos que el Gobierno debe presentar ante la Cámara un informe sobre cómo se encuentra el conjunto de la PSV y cómo se encuentra cada una de las cooperativas y promociones que forman parte de ella, porque sabemos también --lo hemos podido conocer a lo largo de este proceso-- que son casos muy diferentes los de unas y otras promociones. Y precisamente esa diferencia de casos viene de la mala gestión --y no me duelen prendas en decir que ha habido una mala gestión-- de esa cooperativa, que ha hecho que unos proyectos se monten sobre otros y que unos proyectos se financien sobre otros. Y como nosotros no podemos permitir, de ninguna manera, que existan cooperativistas que salgan perjudicados y otros que no salgan perjudicados, pedimos que se haga un informe sobre todas y cada una de las promociones, para que luego se pueda llegar a una solución pormenorizada de todas las promociones que han estado vinculadas a la PSV.
Otro aspecto de esta moción que nos parece importante es que el Gobierno llame la atención al sistema financiero para que se desbloquee el conjunto de los créditos que hasta este momento han estado bloqueados y que ha sido, en gran parte, lo que ha hecho que este proyecto, en un momento dado, haya entrado en

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crisis absoluta. Independientemente de las malas gestiones, el sector financiero ha hecho que, una vez detectados, los problemas de gestión hayan bloqueado los créditos. Y nos parece extraordinariamente importante que el Gobierno (que tiene una gran preeminencia en el sector financiero público, evidentemente, pero no ciñéndose únicamente al sector financiero público, sino también al sector financiero privado) actúe para que se desbloqueen los créditos y que pueda hacer posible que el fin social de esta cooperativa vaya hacia adelante. Estamos convencidos de que si esto es así no va a ser gravosa para las arcas del Estado la solución de este problema.
El problema de la PSV, independientemente del pequeño o gran problema financiero que nos podremos encontrar cuando la auditoría se realice, es fundamentalmente un problema de bloqueo de gestión. Un bloqueo de gestión, sin duda, en gran parte merecido por una mala gestión de quienes han estado al frente de esta cooperativa, pero también un bloqueo de gestión porque, al estar bloqueados completamente los créditos, ha sido imposible que el conjunto de las promociones marche hacia adelante. Es absolutamente imprescindible que este desbloqueo de las entidades financieras ante la PSV acabe y precisamente en este sentido el Gobierno tiene muchísimas cosas que hacer y que decir.
Por último, creemos que es importante que exista un control de la Cámara hasta que el fin social de la PSV se cumpla, hasta que el fin social último se cumpla. Y la Cámara debe estar controlando la acción del Gobierno alrededor de la cooperativa PSV hasta que quede terminado, adjudicado y completamente comprometido el conjunto de las viviendas de la PSV.
Esta moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya no se hace sobre el vacío, tiene un antecedente claro, que es el acuerdo que se tomó en la Asamblea de Madrid el pasado jueves. La Asamblea de Madrid, porque en esta Comunidad es donde de forma más sustancial se da el problema de la PSV (aunque no es la única, porque este problema se da también en comunidades como Cataluña, como Andalucía, como Aragón, etcétera), ya tomó un acuerdo en el cual se abordaban todos y cada uno de los puntos que hoy trae la moción parlamentaria de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a esta Cámara.
Nosotros consideramos que la responsabilidad que, sin duda, tiene esta Cámara (responsabilidad que ha ejercido correctamente, porque no hay que olvidar que la actuación del Gobierno hasta que se trajo a la Cámara esta interpelación fue una actuación confusa, enormemente confusa, y la actuación de esta Cámara creo que ha servido para ir aclarando, para ir marcando al Gobierno en qué dirección debe actuar en este problema) debe hacer que la moción salga adelante. De esta manera, considero que habremos conseguido algo importante y es la garantía ante la sociedad española de que quien se apunta a una cooperativa tendrá la tutela del Estado, no una tutela paternal que se prolongue indefinidamente, ni muchísimo menos, pero sí la tutela de que se garantiza el cumplimiento de las leyes, en este caso la Ley de Cooperativas, y que los fines sociales de este sector se cumplen porque estamos en un Estado de Derecho.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se han presentado enmiendas por parte del Grupo Socialista y por parte del Grupo Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Méndez.


El señor MENDEZ MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de sustitución a la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya consecuencia de la interpelación urgente discutida el pasado día 16 de febrero, en torno a la situación que se había creado en la sociedad cooperativa PSV.
Nuestra enmienda, que esperamos y deseamos que sea asumida por el Grupo proponente de la moción, insta a la actuación del Gobierno en tres planos perfectamente complementarios: un plano que podríamos denominar de acciones de apoyo a una solución positiva al conflicto PSV; un segundo plano que podemos denominar de acciones de transparencia informativa tanto ante los cooperativistas como ante los acreedores y, por supuesto, ante la sociedad en general; y un tercer plano que podríamos denominar de acciones de acompañamiento o complementarias a las dos anteriores.
Creemos que ése debe ser el contenido de la moción porque ésos son, además, los mismos planos en los que es posible y es necesario instar y apoyar la acción del Gobierno y de la administración pública afectada, porque hay un problema de dimensión social incuestionable que afecta también a la viabilidad de un proyecto de vivienda social y repercute gravemente sobre las economías familiares y del ahorro en miles de cooperativistas, pero porque entendemos asimismo que hay que tener en cuenta que la forma en que se resuelva el problema que estamos tratando va a condicionar en el futuro, incuestionablemente, la credibilidad de este tipo de iniciativas de la economía social del mismo modo que creemos que hay que tener en cuenta que la actuación de los poderes públicos habrá de ser necesariamente en este aspecto objetiva, transparente, eficaz, sometida a los principios generales y normas, pero también finalista, esto es, comprometida con la solución final del problema que estamos debatiendo.
No podemos olvidar que los afectados viven la situación con incertidumbre y con angustia y ello exige que

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nuestra actitud sea clara, por tanto, no demagógica, no populista y, además, rápida en el tiempo y muy eficaz. Todo ello debe hacerse sin menoscabo de la existencia de un procedimiento judicial que está en marcha, instado por los propios interesados, por los afectados, que determina en gran medida el margen de maniobra en el que ha de moverse el Gobierno y que exige, además, un enorme respeto a todos los intereses en juego.
Por tanto, nuestra propuesta de enmienda pretende, en primer lugar, apoyar el trabajo y las decisiones de los administradores provisionales de la cooperativa PSV a través del grupo de trabajo interministerial creado en su día con participación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Hacienda, de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, grupo interministerial que, por otra parte, viene funcionando desde finales del año 1993 en muy estrecho contacto con interesados y afectados. Ese trabajo de apoyo que estoy citando debe --así lo entendemos-- concluir en la elaboración de un plan de viabilidad que facilite la ejecución del proyecto original, sin olvidar que ello --lo decía anteriormente-- ha de hacerse en el marco de una suspensión de pagos sometida ya al control de la Administración de Justicia.
Entendemos también que en ese trabajo de apoyo de nuestra primera parte de la propuesta, debe descenderse también a la necesaria asistencia técnica que desde el Infes se puede prestar --se está prestando ya «de facto»-- a los cooperativistas, eso sí, con la mirada bien puesta en las soluciones que aporte el plan de viabilidad respecto de lo que puedan ser las futuras segregaciones de las 250 promociones o la puesta en marcha de nuevos órganos de gestión.
En segundo lugar, queremos dar la máxima transparencia informativa al conocimento de este problema y también de sus posibles soluciones. Por ello, instamos a la elaboración de un informe, cuya fecha máxima sea la de un mes a partir de la fecha en la que los interventores judiciales provisionales comuniquen al juez el balance definitivo de la suspensión de pagos. Todo ello sin que obste o sea menoscabo en absoluto de aquellas informaciones puntuales requeridas desde la Cámara, que en todo caso estén en cada momento perfectamente disponibles.
En tercer lugar, nuestra propuesta de enmienda pretende también colaborar desde el grupo interministerial que antes citaba con los administradores provisionales en las gestiones que deban realizar con las entidades financieras, sean éstas públicas o privadas, que han de hacer posible en todo caso la viabilidad económica del proyecto PSV.
No podría pasar por alto aquellas cuestiones que en el fondo no compartimos de la moción presentada por el Grupo proponente. No podríamos aceptar el punto uno de la moción, en el que se señala que el Gobierno tiene ya asumida la administración de la cooperativa PSV, porque es una grave imprecisión, no solamente gramatical sino de fondo, porque el debate del día 16 lo dejó bien claro y porque, en todo caso, hay que insistir en que estamos ante una intervención judicial en una suspensión de pagos.
El otro aspecto en el que también nos separamos es que nunca sería posible elaborar el informe de situación sino a partir del momento en el que el juez haya clarificado el estado contable, el estado gestor y las responsabilidades consiguientes de la gestora PSV. Hacerlo antes sería tanto como echar una manta protectora, cobertora, sobre el problema, esconder la cabeza y, cuando menos, introducir confusión.
Por otra parte, insisto, señor Andreu, en que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 152 c) de la Ley de Cooperativas es excepcional y ha de ser, además, provisional. Se trata, y éste es el objetivo, de garantizar, eso sí, que, hasta que el juez dicte el auto de suspensión de pagos, haya una toma de decisiones que garantice, que clarifique, ese estado contable, ese estado gestor de la PSV. En todo caso, debe ser un medida provisional en el tiempo, que no debe prorrogarse más allá de lo necesario. Finalmente, tampoco podríamos aceptar el punto cuarto de su moción, relativo a constituir una ponencia específica, en la Comisión de Política Social y Empleo, que analizara, que supervisara, que interviniera directamente en el proceso que está sometido, insisto, a la tutela judicial y al interés de los afectados. Estaríamos constituyendo «de facto» una supergestora PSV o interviniendo incluso con criterios políticos en un problema que tiene que ser desdramatizado, que tiene que ser objetivado, para poder tener buen fin.
Quisiera terminar, señorías, diciendo que nos alegra que la propuesta de moción de Izquierda Unida no incorpore ningún aspecto al paso y que tampoco caiga en la tentación de establecer planteamientos maniqueos respecto de cuestiones que hoy no preocupan a los afectados; esta Cámara debe tener exactamente la preocupación que tienen los afectados. No ignoro que otros grupos parlamentarios aprovecharán su moción para insistir en aspectos que nada tienen que ver con la preocupación de la sociedad en general y mucho menos de los afectados a cuyos intereses nos estamos refiriendo. Agradezco que, efectivamente, en su moción no haya caído en esa trampa.
Nosotros compartimos, creo que con buena parte de la Cámara, la preocupación sobre el deterioro de este proyecto PSV. Lo compartimos porque expresamos con nitidez que tenemos sensibilidad respecto de ese problema y evidentemente vamos a tener sensibilidad respecto de las soluciones.
Queremos también --lo decía antes, pero quiero insistir en ello--manifestar nuestro compromiso con los miles de familias afectadas; ese compromiso, insisto, no puede nunca desbordar, no lo va a hacer, los límites

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administrativos, legales, judiciales, en los que se mueve el problema.
Nuestra actividad, por tanto, a este respecto, desde la Cámara creemos que no debe ser otra que la de apoyar decidida y comprometidamente la acción del Gobierno y la instancia judicial que ha de ir adoptando las decisiones en las próximas semanas y en los próximos meses.
Las asociaciones de los afectados saben, por otra parte, porque están en contacto con todos nosotros, que estamos interesados en la solución del problema, que estamos ya tomando decisiones, que estamos haciendo ya propuestas y que estamos tratando de que el buen fin del proyecto se consiga.
Pretendemos que los objetivos que buscamos sean obtenidos con la preservación de los siguientes criterios, en los que nuevamente insisto: Una solución objetiva, una solución aceptable; una solución basada en la transparencia; una solución basada en la eficacia; una solución basada en el compromiso y una solución basada, finalmente, en la seguridad jurídica o, lo que es lo mismo, el respeto a la intervención de la Administración de Justicia. Queremos que se haga, eso sí, en un clima de sosiego y confianza, en el que la cuestión esencial no sea otra que la solución del problema de los cooperativistas. Creemos que nuestra propuesta es francamente aceptable para su Grupo, y suponemos --nos alegraría-- que así será.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Méndez.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Martínez Saiz.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Popular voy a defender las enmiendas que hemos presentado a la moción de Izquierda Unida respecto a las medidas a acordar por esta Cámara sobre la intervención de la sociedad PSV en base a la vigente Ley de Cooperativas.
En su conjunto, señorías, y en un principio, la moción de Izquierda Unida contempla puntos básicos para hacer frente a la viabilidad futura de este proyecto social de viviendas, con el conocimiento de esta Cámara y con la transparencia que hasta ahora no ha existido. Aun estando de acuerdo en los aspecto fundamentales de la moción, desde el Grupo Popular hemos creído conveniente presentar una serie de enmiendas con la idea de garantizar la ejecución del proyecto --y digo la ejecución del proyecto, no la viabilidad del proyecto-- y de que por parte de esta Cámara se pueda ejercer al máximo el control sobre los resultados de la intervención actual.
En el primer punto de la moción de Izquierda Unida se insta al Gobierno, como se ha dicho aquí por el representante de Izquierda Unida, a través de la intervención, a que elabore un plan para asegurar la viabilidad del proyecto PSV. Nosotros, desde el Grupo Popular, y ante la situación creada por la mala gestión de un proyecto de cuya viabilidad, hasta hace bien poco, dado el perfil político de sus gestores, casi todo el mundo estaba seguro, pretendemos con nuestra primera enmiendaque la intervención se prolongue hasta que se asegure la ejecución de dicho plan. Decimos hasta que se asegure la ejecución de dicho plan, porque no nos fiamos absolutamente nada de lo que pueda pasar en un futuro si no se toman las medidas oportunas y no se conocen por esta Cámara.
Señorías, los cooperativistas, una vez que se elabore dicho plan por los actuales gestores, deberán conocer el precio final de su vivienda, como mínimo, y el plazo de la construcción de su vivienda, porque es tal la maraña, son tantas las situaciones diferentes en las que se encuentra cada promoción, que va a ser muy difícil, si ese plan no es lo suficiente claro y lógico, si nos conformamos sólo con que los actuales gestores y el Gobierno nos aseguren la viabilidad de dicho plan.
Cabría hacernos la siguiente pregunta: ¿Hasta cuándo? Porque yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el representante del Grupo Socialista en la defensa de sus enmiendas, en el sentido de que en las enmiendas presentadas por otros grupos no se trata de dar respuesta a las reales preocupaciones de los cooperativistas. ¡Qué sabrá el Grupo Socialista de lo que son las verdaderas preocupaciones de los cooperativistas! Han tenido, a través del Gobierno, en su mano desde hace meses la solución de ese problema y han esperado a que un Grupo de la oposición presentara en esta Cámara la interpelación para presentar, a su vez, una enmienda descafeinada a la moción.
En el segundo punto de la moción presentamos una enmienda de adición con la intención de que, además de que se elabore un informe sobre la situación actual, se pueda conocer por parte de esta Cámara las causas que han provocado esta quiebra; saber, de una vez por todas, si ha habido responsabilidades y quién son los verdaderos responsables de este gran escándalo y desaguisado, porque algunos responsables tiene que haber. El daño económico y social ha sido mucho y no nos debemos conformar en esta Cámara, dada la posibilidad que tenemos, con que sólo se nos asegure por el Gobierno la viabilidad de este proyecto. Queremos conocer todos los datos, queremos disponer de los mismos datos que el Gobierno.
Nos resulta indignante que cada vez que un grupo de la oposición denuncia casos como éste, un grave problema como el que estamos tratando estos días, que afecta a 20.000 familias españolas, aparezca el Ministro responsable --como ocurrió el miércoles pasado--

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diciendo que lo que aquí se dice es equivocado, erróneo, y que no responde a la realidad.
Señorías, en nuestra última enmienda proponemos que por la Mesa de la Cámara se cree una comisión, compuesta por el máximo de tres miembros de cada uno de los grupos parlamentarios, proporcional a su representación en la Cámara, cuyo objetivo sea estudiar y analizar todo lo relativo a la cooperativa PSV, y, concretamente, ese plan de viabilidad. Además, que conozcamos el plan de viabilidad del Gobierno de la nación y los informes elaborados por el Gobierno.
Si realmente, como decía el representante del Grupo Socialista, con el acuerdo de esta Cámara se trata de garantizar la transparencia, creo que lo menos que podía haber hecho el Grupo Socialista es incluir en su enmienda o mantener la propuesta de Izquierda Unida de la creación de una potencia.
Nosotros creemos que es más justo, para que podamos debatir en igualdad de condiciones que los miembros del Gobierno y que los miembros del Grupo que apoya al Gobierno, del Grupo Socialista, que haya en esta Cámara esa comisión de investigación para que todos tengamos los mismos datos a la hora de elaborar las propuestas. Todo lo demás sería descafeinado y sería engañar a esos cooperativistas que, como a otros millones de españoles, representamos en esta Cámara.
Una vez dicho esto, señorías, quiero manifestar en nombre de mi Grupo, porque luego no voy a tener la oportunidad de hacerlo, que si el Grupo de Izquierda Unida acepta la enmienda del Grupo Socialista, nosotros la vamos a apoyar. Pero ante queremos decir en esta Cámara que es una enmienda vacía, que no va a servir para nada, que lo que propone el Grupo Socialista lo podía haber hecho el Gobierno sin esperar a que se aprobara esa enmienda. Todos los puntos de la enmienda los podía haber llevado a efecto cuando tuvo conocimiento de los problemas que tenían los gestores anteriores y la viabilidad del proyecto de PSV. No ha debido esperar hasta este momento para hacer unas propuestas descafeinadas y vacías. Una vez más ustedes serán los responsables de engañar a los ciudadanos, pero nosotros no les vamos a dar la coartada de que digan que el Partido Popular se ha opuesto a una enmienda transada con el Grupo de Izquierda Unida. Lo vamos a apoyar, pero ustedes serán responsables de que los cooperativistas no tengan la máxima información, que esta Cámara no tenga la máxima información, y que, una vez más, hayan presentado ustedes una enmienda descafeinada.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Martínez Saiz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, después de leer el texto de la moción que se ha presentado y de las enmiendas de uno y otro grupo, así como escuchar a los portavoces que me han precedido, estoy convencido de que todos los grupos --incluido, naturalmente, el mío--queremos buscar una solución al problema de los cooperativistas de la PSV. Se pide que se colabore en la redacción de un plan de ejecución o viabilidad del proyecto; se pide apoyo técnico; se pide que todos los administradores que hay en este momento tengan los recursos necesarios para realizar su gestión, y mi Grupo está de acuerdo y votará a favor del texto que salga de este debate y de las conversaciones que ha habido entre bambalinas.
Dicho esto, y asegurando que mi Grupo quiere la solución de este problema, querría decirle, en un tono menor, al señor Andreu que el dramatismo de su intervención le ha llevado a decir textualmente que este es el problema de 20.000 familias que han invertido sus ahorros para resolver el problema de su vivienda. Como S.S. sabe igual que yo, si lo dejáramos así, los propios cooperativistas pensarían que somos una asamblea de ingenuos, y no lo somos, ¿verdad? Lo cierto es que hay familias que han invertido sus ahorros para resolver el problema de su vivienda, pero no es menos cierto que hay familias que han invertido dinero en un producto más barato que los productos de mercado; es decir, han invertido su dinero en comprar dos y más viviendas, porque eran viviendas que se les ofrecían a un precio inferior al del mercado, y eso no es ningún secreto, porque se ha dicho en los medios de comunicación; han salido los propios damnificados diciendo: Yo he invertido veinte millones porque he comprado tres pisos. En ese caso, no estamos ante ese dramatismo. Creo que también hay que defender a éstos, creo que también hay que intentar que se resuelva ese problema, pero digo esto desde la realidad de que éstos han jugado a una inversión respecto a la que, en principio, vamos a creer todos que solucionaremos el papel del proyecto, que obtendrán el resultado de su inversión, pero que no lo han hecho con esa bondad que S.S. señalaba aquí. Y, desde otro punto de vista, también hay españoles que oirán y leerán estas conclusiones, que son miembros de cooperativas que no han tenido la fortuna de que sea una cooperativa auspiciada o creada por un gran sindicato, ni han tenido la fortuna de que un Grupo Parlamentario los traiga a esta Cámara, que se han quedado sin su capital, sin su trabajo y sin los medios que pusieron en la cooperativa. Digo esto para que los españoles sepan que no estamos haciendo ninguna discriminación gratuita; estamos atendiendo a un colectivo, pero conscientes de que hay otros colectivos a los que no defendimos, en todo caso, con la misma fuerza

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que estamos defendiendo a éstos. Eso también conviene decirlo.
Dicho esto, repito, votaremos favorablemente que se resuelva el problema de la PSV con el texto que SS.SS. ya han pactado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. El señor Andreu tiene la palabra a los efectos de indicar la postura de su Grupo con relación a la aceptación o no de las enmiendas presentadas a su iniciativa.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero agradecer a SS.SS. las intervenciones tan constructivas que han tenido sobre la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y precisamente apoyándonos en ese debate, mi Grupo Parlamentario ofrece al conjunto de la Cámara una transacción en la cual se plantea, basándonos en la moción original de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, un nuevo texto transado que confío tenga el apoyo de todas sus señorías.
El punto 1.º que plantea mi Grupo Parlamentario en este caso y que ofrece como transacción, diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, una vez realizada la intervención, de conformidad con el artículo 152 c) de la Ley de Cooperativas, apoye permanentemente, a través del grupo de trabajo interministerial formado por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Hacienda, Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, la labor de los administradores provisionales de la Cooperativa PSV, Promoción Social de Viviendas, y, en concreto, para la elaboración de un plan de viabilidad que haga posible la ejecución del proyecto cooperativo PSV con el objeto de que su fin social se vea cumplido. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, un momento, por favor. Ruego a SS.SS. que guarden silencio porque de lo contrario es imposible prestar atención a la propuesta de transacción que está haciendo el señor Andreu a los diferentes grupos que han presentado enmiendas y también al resto de la Cámara, puesto que dentro de un momento ha de manifestarse sobre ella. ¡Silencio, por favor, señorías! Cuando quiera, señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Por tanto, señorías, sobre la base de ese primer punto que planteó en su moción Izquierda Unida y utilizando la enmienda que presenta el Grupo Socialista, se excluye de esa propuesta del Grupo Socialista el último párrafo, en el que se pretendía que el apoyo fuera únicamente en el ámbito del expediente de la suspensión de pagos, y, en cambio, se plantea que el apoyo sea permanente y hasta que se cumpla el fin social de la cooperativa PSV. En este primer punto se acepta un segundo párrafo que es idéntico al que planteaba el Grupo Socialista, y que, por tanto, no leeré a sus señorías.
El segundo punto que propone mi Grupo Parlamentario insiste en que se informe a esta Cámara por parte del Gobierno un mes después de que se entregue la auditoría en curso, y no como solicitaba en su enmienda el Grupo Socialista, que fuera un mes después de que se entregara por parte del juez el balance de los trabajos de los administradores judiciales. Por tanto, son plazos de tiempo radicalmente diferentes.
Plantea un tercer punto la moción que ofrecemos para transar al conjunto de la Cámara que diría: A que ofrezca su colaboración a través del mencionado grupo de trabajo interministerial a los administradores provisionales en sus gestiones con las entidades financieras para interesarlas en la financiación de las distintas promociones de la cooperativa en orden a facilitar los créditos necesarios.
Por último, como un elemento de control de la actuación de este grupo interministerial que en última instancia representa al Gobierno, se le insta a comparecer periódicamente ante la Comisión competente para informar del curso de las tareas del grupo de trabajo interministerial en relación con el cumplimiento del plan de viabilidad. Allí podremos controlar cómo se produce este proceso e incluso si ha habido adjudicaciones que no hayan sido las correctas, porque --me dirijo al señor Hinojosa-- según la legislación de VPO, solamente puede adjudicarse una vivienda a cada familia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señor Méndez, ¿acepta la transaccional presentada por el señor Andreu? (Asentimiento.) Señora Martínez Saiz, ¿acepta la enmienda transaccional? (Asentimiento.) Muchas gracias. Vamos a pasar a la votación, señorías. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la intervención sobre la Sociedad PSV en base a la vigente Ley de Cooperativas, que se somete a votación en los términos resultantes de la propuesta transaccional ofrecida por el propio Grupo proponente de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 253; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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