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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 60, de 24/03/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 60 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 59 celebrada el jueves, 24 de marzo de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Enmiendas del Senado:

--Al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 50.1, de 25 de enero de 1994 (número de expediente 121/000036) (Página 2897) --Al Proyecto de Ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 51.1, de 4 de febrero de 1994 (número de expediente 121/000038) (Página 2900)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 35.1, de 22 de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000021) (Página 2902) --Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. (Procedente del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 41.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000030) (Página 2917)

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--Proyecto de Ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 42.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000032) (Página 2918)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Enmiendas del Senado (Página 2897)

Al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Página 2897)

Al proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (Página 2900) Para fijación de posiciones en relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); Vera Pro, del Grupo Popular; López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, e Izquierdo Collado, del Grupo Socialista.
Asimismo para fijación de posiciones en relacion con las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios intervienen los señores Espasa Oliver, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Martínez Noval, del Grupo Socialista, y Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Popular.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quedan aprobadas dichas enmiendas, y en votación conjunta el citado proyecto de ley orgánica por 317 votos a favor, uno en contra y una abstención. En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, se aprueban las enmiendas correspondientes a la exposición de motivos y a los artículos segundo, sexto y disposición adicional tercera, por 186 votos a favor y 133 abstenciones.
Asimismo, se aprueban las tres enmiendas del Senado a este proyecto de ley por 319 votos a favor.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 2902)

Proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España (Página 2902)

El señor Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria, da por defendidas sus enmiendas a este proyecto de ley y las mantiene a efectos de votación.
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, asimismo da por defendidas sus enmiendas a este proyecto de ley, solicitando que se proceda a la votación de las mismas.
El señor Zabalía Lezámiz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Recuerda que ya en el debate de totalidad expusieron su opinión sobre este proyecto de ley, siendo los objetivos de sus enmiendas a dicho proyecto los de mejorar la redacción del mismo, por una parte, y adecuar la capacidad de financiación de las comunidades autónomas, principalmente en la vertiente orgánica recogida en el capítulo III. Agrupa en cuatro apartados las enmiendas que mantiene vivas al proyecto de ley, el primero de ellos referido a la definición de Banco de España; en segundo lugar, sobre la competencia ejecutiva del Banco; tercero, sobre la instrumentación de la política monetaria, y cuarto, sobre los órganos rectores, detallando seguidamente las modificaciones concretas que solicitan a través de cada una de dichas enmiendas. El señor Martín Villa defiende la enmienda del Grupo Popular. Comienza señalando que su Grupo Parlamentario hace ahora un año, con ocasión de la primera remisión del proyecto de ley de autonomía del Banco de España, ya tuvo ocasión de manifestar su coincidencia básica en los objetivos que el proyecto de ley pretendía.
Manifestaron entonces

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y reitera ahora que es conveniente esta autonomía para el diseño y la ejecución de la política monetaria, aunque también expusieron algunas salvedades, no pocas reticencias y bastantes objeciones, tanto en lo referente a las funciones a desarrollar por el Banco como al control que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, al igual que las Cámaras, debían de tener en relación con el Banco y también con el nombramiento y el «status» de los distintos miembros del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva.
Añade que este proyecto de ley es prácticamente idéntico al remitido hace un año, aunque incluyendo algunos aspectos que el Grupo Popular había sugerido en sus enmiendas.
Por otro lado, casi la mitad de las enmiendas de su grupo han sido admitidas a trámite en Ponencia y Comisión, aunque esa aceptación no se corresponde, lógicamente, con el conjunto de sus pretensiones. De ahí que mantenga en este momento esa posición respecto a tres aspectos, relativos el primero a las funciones que el Banco de España va a seguir en temas no estrictamente monetarios, el segundo sobre el «status» y la designación de los miembros de los órganos de gobierno y, tercero, sobre el control por parte del Gobierno y de las Cámaras en el orden presupuestario y el control político que de alguna manera deben exigir tanto el Gobierno como las Cámaras. Expone seguidamente algunas consideraciones en torno a dichos tres aspectos, con mención de las peticiones concretas contenidas en sus enmiendas. El señor Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, agrupa en tres bloques las enmiendas que mantiene al proyecto de ley.
Un primer grupo de enmiendas van referidas a la cuestión central de la autonomía del Banco de España, considerando que habría otras formas y mecanismos de atemperar la autonomía en política monetaria con otros objetivos a los que ni el Gobierno ni el Banco de España pueden ni deben escapar, es decir, contribuir al mejor funcionamiento de la economía, no sólo desde el control de los precios y de la política monetaria sino asegurando también el crecimiento económico, en la medida de lo posible, y asegurando igualmente la creación de empleo a través de este crecimiento económico. En cambio, el Gobierno y el Grupo Socialista parecen creer que sólo la fijación de una de estas tres importantes variables económicas, índice de precios y política monetaria, es la única clave para asegurar el crecimiento, prosperidad y creación de empleo. El segundo bloque de enmiendas hace referencia al control de la Cámara, por considerar que es bueno que ésta controle de alguna forma los objetivos que se marcan y que para cumplirlos se dote de autonomía al Banco de España. Por último, el tercer bloque de enmiendas, y quizás el más importante, intenta separar las funciones de supervisión del Banco de España sobre el resto de las entidades financieras.
Alude a las funciones en las que el Banco va a gozar de plena y total autonomía, como ocurre con respecto a la política monetaria, mientras que en otras funciones el Banco va a actuar como agencia delegada del Gobierno para la supervisión del resto de las entidades financieras españolas. Sobre este particular proponen que se segreguen dichas funciones, creando un organismo «ad hoc» dependiente del Ministerio de Hacienda para que ejerza esta supervisión prudencial que hasta ahora ha venido ejerciendo el Banco de España a través de sus servicios de inspección. El señor Homs i Ferret defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència y Unió). Comienza manifestando que los elementos fundamentales que se incorporan en el proyecto de ley les parecen acertados en términos generales y ocurre, además, que en la larga tramitación del proyecto en la Cámara se ha realizado un buen trabajo parlamentario que ha servido para mejorar el proyecto. Sin embargo, mantienen seis emiendas, que podría resumir en el intento de adaptar los órganos del Banco de España a lo que es la estructura autonómica del Estado, para permitir la presencia de determinadas administraciones en la organización del Estado de manera que pueda reforzarse el principio de coordinación y de cohesión de las funciones que tiene el Banco de España en política monetaria y las que desarrollan también determinadas administraciones públicas y determinadas comunidades autónomas que tienen competencia en materia de crédito. Agrega que una segunda finalidad de estas enmiendas consiste básicamente en flexibilizar la materialización del coeficiente de caja.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas presentadas, la primera de las cuales incide en el despliegue de la competencia exclusiva que reconocen algunos estatutos de autonomía, entre ellos el catalán, en la ordenación de las cajas de ahorro. Considera que se trata de una enmienda fundamental para fotalecer legalmente la posibilidad de tener en Cataluña una banca pública propia, instrumento absolutamente necesario para revitalizar su dañada economía.
En la segunda enmienda solicita que estas comunidades puedan nombrar un representante, que asistirá a las reuniones del consejo, con voz y sin voto. Es una enmienda que consideran absolutamente necesaria si hay voluntad real de dotar de

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contenido las competencias que en la materia reconocen algunos estatutos de autonomía.
En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Almunia Amann. Considera más adecuado referirse a los principales temas que están siendo objeto de discusión en relación con este proyecto de ley, fijando su posición en torno a cada uno de ellos, lo que le permitirá al mismo tiempo contestar simultáneamente a todas y cada una de las intervenciones de los diferentes grupos, esperando que de esta forma quede clara la posición del Grupo Socialista en cuanto al fondo de dichas enmiendas. En este sentido, alude sucesivamente a la definición del contenido de la autonomía que este proyecto de ley otorga al Banco de España, al tratamiento parlamentario de los presupuestos del Banco de España, nombramiento del Gobernador del Banco, etcétera, ofreciendo algunas enmiendas transaccionales en relación con la formulada por algunos grupos de la Cámara sobre dichas cuestiones.
Replican los señores Zabalía Lezámiz, Martín Villa, Espasa Oliver y Homs i Ferret y la señora Rahola i Martínez, duplicando el señor Almunia Amann. Se procede a la votación de las enmiendas defendidas anteriormente en relación con el proyecto de ley de autonomía del Banco de España, así como al texto del dictamen, que es aprobado.


Proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (Página 2918) El señor Presidente informa a la Cámara de que este proyecto de ley ha sido desglosado, por razones de carácter orgánico de una parte del mismo, en un proyecto de ley orgánica por la que se incluye una disposición adicional cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Anuncia que se procederá en primer lugar al debate y votación de este proyecto de ley desglosado y posteriormente al resto de lo que era el primitivo proyecto de ley.
En defensa de las enmiendas del Grupo Popular interviene la señora Villalobos Talero, que comienza aludiendo al trayecto, que considera bastante anómalo, que ha tenido en esta Cámara el debate en torno al Título II del Estatuto de los Trabajadores que afecta a la representación sindical. Su Grupo mantiene que hay otros párrafos, aparte del que se debate en estos momentos, que tienen carácter de ley orgánica y que el párrafo concreto que ahora discuten tiene exactamente los mismos defectos que todo el Título II y que son, en primer lugar, de inoportunidad política; segundo, que no se les dice por el Ministerio de Trabajo por qué se introduce este Título II, y tercero, algo fundamental como es el rompimiento de la libertad sindical en nuestro país. Entienden que si algo debe caracterizar un proceso electoral de cualquier tipo debe ser el respeto a la libertad, y en este sentido cree que deberían ser especialmente cuidadosos a la hora de elaborar leyes que afectan al mapa sindical, que en este momento es el que es, ignorando cuál puede ser en el futuro.
Termina manteniendo la enmienda de supresión del párrafo que afecta a la consideración orgánica de parte del Título II, referente al proceso electoral sindical, anunciando también que mantendrán para el debate del Título II las enmiendas de supresión de todo el título.
El señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), considera que está siendo un debate raro al tratar sobre un hecho concreto que se ha considerado que tiene carácter de orgánico y respecto del que su Grupo mantiene su oposición a tal consideración por las razones que explicaron al tratar sobre el Título II.
En turno en contra de las enmiendas anteriormente defendidas interviene, en representación del Grupo Socialista, el señor Moragues Gomila, coincidiendo con los enmendantes en la imposibilidad de realizar un debate sobre este proyecto de ley orgánica sin hacer referencia al que mantendrán también sobre la reforma del mercado laboral, en particular sobre el proyecto de ley por el que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y, más en concreto, sobre su Título II. En todo caso, anuncia la postura favorable por parte de su Grupo a modificar la ley que ahora debaten y, por consiguiente, su posición contraria a las enmiendas, que se han considerado de totalidad, presentadas por los Grupos Popular y Convergència i Unió. Agrega que, al igual que han hecho los enmendantes, expondrá las argumentaciones pertinentes en el posterior debate sobre el Título II.
Replican la señora Villalobos Talero y el señor Hinojosa i Lucena, duplicando el señor Moragues Gomila.
Para fijación de posiciones interviene el señor Peralta Ortega, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la enmienda del Grupo Popular es rechazada por 146 votos a favor, 180 en contra y una abstención.


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Asimismo se rechaza la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) por 148 votos a favor, 178 en contra y una abstención. Se realiza la votación de conjunto correspondiente a la condición de ley orgánica del proyecto de ley, aprobándose por 180 votos a favor y 146 en contra.
El señor Presidente anuncia que se pasa al debate correspondiente al resto del proyecto de ley.


Artículos primero a cuarto (Página 2921)

El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a los artículos primero a cuarto del proyecto de ley. Lamenta que esta reforma que ahora acometen, y en general toda la reforma laboral, no se haya llevado a cabo partiendo de un consenso con los agentes sociales y que, por el contrario, se trate de una reforma que cuenta con la oposición activa no sólo de las empresas sindicales sino del conjunto de los trabajadores, como ponen de manifiesto las movilizaciones multitudinarias de finales de noviembre de 1993 y la huelga general del 27 de enero de este año. A través de la defensa de sus enmiendas intentará demostrar el carácter negativo del proyecto de ley que ahora discuten. A continuación expone el contenido de sus enmiendas e insiste nuevamente en el carácter negativo de la reforma propuesta a la Cámara, afirmando que las enmiendas de su Grupo atienden a los problemas reales que presenta hoy nuestro mercado laboral, como son una precarización notable, un deterioro de los derechos de los trabajadores, un número excesivo de horas extraordinarias y unos créditos salariales impagados que se acumulan, pretendiendo a través de dichas enmiendas la corrección de estos problemas que están en la realidad del mercado laboral.
El señor Camps Devesa defiende las enmiendas del Grupo Popular a los artículos primero a cuarto del proyecto, manifestando que si bien no son muchas las enmiendas que mantienen al proyecto de ley sí son importantes cualitativamente y, a su juicio, debieran haber merecido apoyo en Comisión, cosa que evidentemente no ocurrió. Reitera que dichas enmiendas mejoran sensiblemente el texto del proyecto.
Agrega el señor Camps que su Grupo comparte el espíritu de la norma, los principios básicos que conforman el proyecto de ley, al menos en cuanto al articulado que ahora debaten, ya que, si intentan fortalecer nuestra economía a través de una mejora de la competitividad de nuestras empresas, deben potenciar el desarrollo de la negociación colectiva como elemento regulador de las relaciones laborales y condiciones de trabajo. Respecto de estos artículos, considera prácticamente suficiente la reforma, no pudiendo compartir los criterios de otros grupos que quieren devolver a la norma estatal lo que se debe dejar a la norma convencional. Aun así, considera que la reforma no ha tenido el rigor que debiera y sí bastante de improvisación y cuanto está ocurriendo aquí hoy quiere decir que algo ha fallado en el trámite de toda la reforma del mercado de trabajo. Insiste en la falta de sistematización, por no hablar de vacilación, quedándose en algunos aspectos a medio camino, y concluye haciendo hincapié en las mejoras que supondría para el proyecto de ley la aceptación de sus enmiendas. El señor Mauricio Rodríguez defiende las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, anunciando que no cansará a la Cámara con la reiteración de argumentos que ya expusieron en anteriores debates, fundamentalmente en el de totalidad, en apoyo de unas enmiendas que ahora mantienen. Simplemente desea dejar constancia de que en el proceso parlamentario no ha existido prácticamente ningún diálogo, como tampoco hubo, lamentablemente, diálogo social. El texto mantiene rígidamente las posiciones iniciales y de ahí el mantenimiento de las enmiendas por parte de su Grupo.
El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Comienza formulando diversas consideraciones en torno al Estado del bienestar y la situación de grave crisis económica actual, en cuyo contexto se acometen tres proyectos de ley cuya esencia están dispuestos a convalidar. Les parece que son tres proyectos de ley bien concebidos, que pretenden flexibilizar nuestro mercado de trabajo, atendiendo a los requerimientos de una competitividad internacional cada vez más compleja, endosando esta responsabilidad a los interlocutores sociales. Entiende que no hay fórmula más pacífica, incluso podría decir más democrática, que endosar a los interlocutores sociales, a los sujetos activos y pasivos de la negociación colectiva que proclama el artículo 37 de la Constitución, la responsabilidad de algo tan importante como acometer la remoción de las rigideces que en el mercado de trabajo gravitan negativamente sobre el empleo.
Alude posteriormente a las enmiendas que presenta a este bloque de artículos, alguno de los cuales considera muy perfectible, incluso desde la perspectiva de la técnica legislativa, y cuyas deficiencias técnicas ya tuvieron ocasión de exponer en debates precedentes.


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La señora Rahola i Martínez da por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto a este bloque de artículos.
En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Méndez Martínez. Reconoce que los artículos que están debatiendo afectan a los contenidos esenciales de la relación y del contrato de trabajo, razón por la que su regulación no puede ser ni pacífica ni neutral, pues el modo en el que se regule este conjunto de derechos y obligaciones afecta esencialmente al modo en que se entiende que ha de ser la relación entre trabajadores y empresarios. Por consiguiente, cuando hacen que este conjunto sea un bloque de derechos indisponibles, están obviamente negando el paso del tiempo, la posibilidad de adaptar nuestro Derecho laboral a las nuevas demandas y necesidades presentes en la sociedad e indefectiblemente poniendo en grave peligro la capacidad de adaptación de nuestro tejido económico y social o, lo que es lo mismo atando de pies y manos a nuestras organizaciones y empresas, incidiendo en su competitividad e incluso muchas veces en su supervivencia. En consecuencia, es necesario revisar el Estatuto, modernizarlo y adecuarlo a las nuevas circunstancias a las que hay que hacer frente como consecuencia de un proceso más global en la economía y en el tejido social, que sólo puede negarse desde el cerrado dogmatismo o la ceguera.
Continúa exponiendo las características fundamentales del proyecto de ley en relación con la forma, duración y contenido del contrato de trabajo, la movilidad funcional de los trabajadores, sistemas de clasificación profesional y promoción en las empresas, salarios y ordenación del tiempo de trabajo, fijando al mismo tiempo la posición del Grupo Socialista respecto de las enmiendas presentadas sobre estas cuestiones. Afirma que han asumido las enmiendas que entendían que fortalecían el contenido del proyecto y sus objetivos, por lo que las no admitidas lo han sido más por su carácter meramente contradictorio respecto del proyecto. Se consideran obligados, porque es ley de vida, a modernizar y aceptar nuestras leyes laborales permanentemente para que sirvan en el día a día y no sean un obstáculo a las situaciones cambiantes en la sociedad, estando convencidos de hallarse en el camino correcto para apostar por nuestra propia capacidad de crecimiento, competitividad y creación de empleo. Replican los señores Peralta Ortega, Camps Devesa y Olabarría Muñoz, duplicando el señor Méndez Martínez.


Artículos quinto y sexto (Página 2936) El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Destaca la importancia de las cuestiones que se regulan en estos artículos en cuanto que afectan a la movilidad funcional geográfica y despido de los trabajadores en una etapa de recesión económica como la actual, modificándose una normativa establecida en 1980 y que ha funcionado con notable grado de eficacia.
Expone numerosas cifras relativas a despidos y de regulación de empleo en los últimos meses, criticando la supresión de la autorización administrativa y la consagración de la exclusiva voluntad empresarial como sustancia de la reforma, rechazando que la misma se presente como un medio eficaz para la creación de empleo. Agrega que con esta reforma la Administración queda absolutamente maniatada y sin poder hacer nada ante las decisiones empresariales, como ha puesto de relieve el Secretario General de Empleo. Por otro lado, la tramitación parlamentaria del proyecto de ley ha servido, a su juicio, para empeorar notablemente su contenido como consecuencia de las enmiendas introducidas con el apoyo del Grupo Socialista y del Grupo Catalán.
El señor Mauricio Rodríguez mantiene las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, renunciando a repetir argumentos ya expuestos con anterioridad. Simplemente tiene que lamentar, una vez más, la falta de diálogo y de consenso entre los grupos parlamentarios para haber realizado una reforma laboral duradera en lugar de una reforma que se atreve a pronosticar que tendrá una vida muy precaria.
La señora Villalobos Talero defiende las enmiendas del Grupo Popular. Piensa que existe un mínimo consenso en torno a lo que se debe considerar que abarcan los artículos quinto y sexto del proyecto de ley, al menos en torno al concepto de movilidad funcional, concepto al que entendía que daba una gran importancia el Gobierno y el Grupo Socialista como motor de la competitividad de nuestras empresas. Sin embargo, se encuentra con el hecho de una falta de comprensión y apoyo del Grupo Socialista ante enmiendas que tienen que ver con una mayor capacidad de movilidad interna. Espera que en el trámite del Senado sean capaces de rectificar esta postura. Por otra parte, las enmiendas del Grupo Popular intentan, aunque también sin éxito, moderar la excesiva judicialización del procedimiento que se contempla en todo el Estatuto, así como la falta de precisión jurídica en algunos términos.
Igualmente han presentado una enmienda encaminada a lograr un mayor nivel de protección para

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los mayores de 45 años de cara a su reinserción en el mercado laboral.
El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Alude a las características esenciales del Derecho del Trabajo y del contrato de trabajo y su carácter tuitivo o protector para compensar las desigualdades de las partes, esencias que no se pueden desconocer por muy graves e intensos que sean los requerimientos de la competitividad. De todas formas, su Grupo tiene algunas propuestas que hacer en relación con un proyecto de ley perfectible desde la perspectiva de la técnica legislativa utilizada, que en su opinión sigue siendo muy mala. Menciona algunos de los defectos que observan en el texto del proyecto, a la par que expone las propuestas que formulan para la mejora de dicho texto.
El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, solicita que se den por defendidas sus enmiendas, así como las de sus compañeros de Grupo, señores González Lizondo y Mur Bernad y señora Rahola i Martínez.
En turno en contra de las enmiendas a los artículos quinto y sexto interviene el señor Arnau Navarro, en representación del Grupo Socialista. Destaca la importancia de la reforma laboral acometida y, en concreto, de los artículos quinto y sexto objeto de debate en este momento y cuyo contenido considera perfectamente defendible, entre otras razones, por la serie de motivos y causas que a lo largo de este debate se han ido desgranando por los distintos portavoces del Grupo Socialista.
Alude a los argumentos expuestos por los diversos enmendantes, principalmente por el señor Peralta, expresando sus discrepancias con la mayoría de tales argumentaciones, en especial con el tema de los despidos e indemnizaciones, sobre lo que en todo caso el control judicial posterior puede determinar si se produjo algún fraude de los que habla la ley.
Además, están dispuestos a seguir estudiando las argumentaciones del señor Peralta para ver si en trámites sucesivos es posible mejorar la redacción del proyecto, fundamentalmente en apoyo de las garantías de los trabajadores. Concluye expresando la posición del Grupo Socialista respecto de las enmiendas de los grupos parlamentarios Vasco (PNV), Coalición Canaria y Catalán (Convergència i Unió).
Replican el señor Peralta Ortega, la señora Villalobos Talero y el señor Olabarría Muñoz, duplicando el señor Arnau Navarro.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Artículo séptimo (Página 2945) El señor Hinojosa i Lucena defiende la enmienda 428, al artículo séptimo, y las números 430 a 436 al resto del articulado. Señala que el Gobierno lo único que hace ahora es traer un texto pactado entre los sindicatos mayoritarios y que el Ministerio de Trabajo hizo suyo en su momento aprovechando la reforma laboral para presentarlo a la Cámara. Sin embargo, la reforma de las elecciones sindicales nada tiene que ver con la reforma laboral, puesto que no forma parte de la misma, sino que es un simple añadido.
A la vista de lo sucedido en las pasadas elecciones sindicales, su propio Grupo Parlamentario solicitó la modificación de las reglas de juego para estas elecciones, pero pidiendo que el pacto fuese entre todos los sindicatos españoles y no sólo entre las dos fuerzas mayoritarias, que no están autorizadas para pactar unas reglas de juego que les desbordan ampliamente y por muchos lados. No alcanzan a comprender por qué se excuye a los otros sindicatos minoritarios, algunos del ámbito de las comunidades autónomas y otros incluso de ámbito estatal. Señala que aceptarían cualquier reforma que se trajese, siempre que fuese una reforma consensuada también con las centrales minoritarias, porque después de escuchar a unas y otras centrales llegan a la conclusión de que se violan los derechos de las minoritarias con la reforma que se trae a la Cámara.
Esta es la razón básica para oponerse a dicha reforma.
La señora Villalobos Talero defiende las enmiendas del Grupo Popular. Abunda en el debate celebrado esta mañana en torno a las elecciones y la libertad sindical, afirmando que el texto que presenta el proyecto es perjudicial y va mucho más allá del propio acuerdo de las centrales sindicales, planteando dudas incluso sobre la constitucionalidad de algunos de sus contenidos. El señor Peralta Ortega, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, da por defendidas sus enmiendas y solicita que, en la medida en que sustancialmente están de acuerdo con el texto del proyecto, puedan ejercer un turno en contra de otras enmiendas y en defensa de dicho proyecto.
El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Cree que sería un tanto abusivo reproducir las argumentaciones que ya expuso en la sesión de la mañana. Sin embargo, en relación con el precepto que ahora les ocupa alude a

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su negociación con todos los sindicatos más representativos y resalta que no son ésos los únicos que ostentan tal condición de mayor representatividad en el Estado español, además de generar el proyecto un intenso rechazo por parte de todas las demás organizaciones sindicales. La razón es sencilla y es que se trata de un procedimiento electoral que no es equilibrado.
Por consiguiente, no les gusta el articulado de este Título II, que considera desequilibrador y que puede plantear problemas desde otra perspectiva constitucional, desde el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución. De ahí que les satisfaría que se rectificase este aspecto atendiendo a las enmiendas de varios grupos parlamentarios. El señor Mauricio Rodríguez da por defendidas las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
El señor Mur Bernad pide que se den por defendidas las enmiendas de sus compañeros de Grupo, señor González Lizondo y señora Rahola i Martínez, así como las suyas propias.
En turno en contra de las enmiendas interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Moragues Gomila. Alude al sentir de la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales y al de las propias fuerzas sindicales, a la vista de todo lo cual el Gobierno acordó con los sindicatos remitir este texto a la Cámara para su debate, texto que tiene como objetivo tratar de corregir las deficiencias detectadas en la legislación vigente de cara a las próximas elecciones de representantes de los trabajadores en la empresa. Recuerda que hasta la modificación de la normativa electoral ha merecido un dictamen positivo y ampliamente compartido por parte del Consejo Económico y Social y suscitado un acuerdo unánime por parte de las organizaciones sindicales y empresariales allí representadas.
Respecto de las acusaciones de trato de favor a las centrales sindicales mayoritarias y de miedo a aceptar el libre juego en igualdad de condiciones todas las opciones sindicales, no comparte ningunode los argumentos expuestos por los enmendantesy justamente por razones absolutamente contrarias a las que aquéllos han alegado defiende el texto del proyecto de ley. Afirma que se pretende simplificar el sistema electoral, asegurando un sistema más claro y transparente y rechaza con rotundidad cualquier reticencia a aceptar un marco de libertades sindicales amplias en nuestro país.
Replican el señor Hinojosa i Lucena, la señora Villalobos Talero y los señores Peralta Ortega y Olabarría Muñoz, duplicando el señor Moragues Gomila.
Artículos octavo a décimo (Página 2955) El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que considera que resuelven las deficiencias que en la práctica se han constatado en nuestro país en los casi quince años de vigencia del Estatuto de los Trabajadores y representan, además, una manera de adecuar la vigente normativa a la realidad actual con un criterio equilibrado pero progresista y, desde luego, muy distinto del que persigue la reforma económica que hoy plantea el Gobierno con el apoyo de los grupos de la derecha.
El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) con mención especial de aquellas a las que atribuye una relevancia destacada, en una línea argumental absolutamente contraria a la mantenida por el señor Peralta.
Alude concretamente al texto de artículo 86 del Estatuto, que considera que no está mal concebido, pero sí con una expresión desafortunada gramaticalmente y de ahí que pida la reflexión sobre ese texto. En cuanto a las demás las da por defendidas en sus propios términos. El señor Mauricio Rodríguez da por defendidas las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
La señora Villalobos Talero defiende las enmiendas del Grupo Popular. Alude a la necesidad de unas reformas que pueden ser fuertes y difíciles de poner en marcha en este país, pero respecto de las que todos deben estar de acuerdo en que son necesarias para conseguir que nuestras empresas sean competitivas, lo cual no significa estar en contra de los trabajadores sino, por el contrario, a favor del empleo, en contra de las manifestaciones del señor Peralta.
El señor Hinojosa i Lucena defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), remitiéndose en buena parte a las argumentaciones expuestas por el señor Olabarría y la coincidencia con sus enmiendas le evita la repetición de argumentos similares, pero expuestos ya de forma más brillante. La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas presentadas.
En turno en contra de las enmiendas interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Moragues Gomila, manifestando que el artículo octavo del proyecto se orienta, en primer lugar, a favorecer el desarrollo de la negociación colectiva y, en segundo lugar, hace especial mención a la necesidad de reformar las reglas de participación de los empresarios para la negociación de ámbito superior a la empresa.


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Respecto de la derogación de las Ordenanzas Laborales, recuerda que el Estatuto de los Trabajadores, en su disposición transitoria segunda, autorizaba la derogación de esas normas, a pesar de lo cual se mantiene en vigor gran parte de las mismas. En este proyecto de ley se propone su derogación y su sustitución por convenios generales fruto de la negociación colectiva, estableciendo como fecha tope para ello el 31 de diciembre de 1994.
A continuación expone la posición del Grupo Socialista respecto de las enmiendas presentadas a estos artículos.
Replican los señores Peralta Ortega y Olabarría Muñoz, la señora Villalobos Talero y el señor Hinojosa i Lucena, duplicando el señor Moragues Gomila.


Resto del articulado (Página 2963)

El señor Olabarría Muñoz pide que se den por defendidas en sus propios términos las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
El señor Mauricio Rodríguez pide asimismo que se den por defendidas las enmiendas de Coalición Canaria.
El señor Azpiroz Villar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, da por defendidas las enmiendas 275 y 277 y destaca la 279, de modificación del artículo decimocuarto, apartado 3, sobre medidas de traslado o de modificación de las condiciones de trabajo consideradas injustificadas. El señor Peralta Ortega da por defendidas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que plantean el mantenimiento de la figura del despido nulo que, como es sabido, se realiza infringiendo las normas constitucionales o los preceptos de forma de ese despido. En su opinión, y contrariamente a lo propuesto por el Gobierno, cree que deben mantenerse como despidos nulos aquellos supuestos en que el incumplimientode las formas del despido den lugar a indefensión.
El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, solicita que se den por defendidas las enmiendas de su compañero de Grupo señor Mur Bernad.
En turno en contra de las enmiendas interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Moreno González, que mantiene el texto del proyecto, y en relación con la nueva calificación de los despidos la justifica por considerar que se ajusta más a la realidad que la anterior normativa, que establecía la nulidad del despido por meros incumplimiento formales.
Recuerda al señor Peralta que buena parte de la doctrina venía ya sosteniendo esta postura.Replican los señores Azpiroz Villar y Peralta Ortega, duplicando el señor Moreno González.
Se proceden a las votaciones de las enmiendas formuladas al proyecto de ley, así como del texto del dictamen, que es aprobado.
Se levanta la sesión a las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO

--AL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL (Número de expediente 121/000036)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto sexto del orden del día, enmiendas del Senado. Enmiendas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
¿Algún Grupo desea fijar su posición en relación con estas enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), el señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Señorías, con relación al proyecto de ley orgánica para la modificación de la LOREG, después de su tramitación en el Congreso y en el Senado, desde el Grupo Vasco quisiéramos realizar cinco consideraciones rápidas, dado el nivel de consenso con el que se ha trabajado en esta reforma. En primer lugar, el Grupo Vasco quisiera manifestar su satisfacción por el alcance de la reforma conseguida, ya que es coherente con la adaptación de la legislación electoral española a las directivas comunitarias que amplían el número de Diputados al Parlamento Europeo y hacen posible el voto de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en el Estado español. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor González de Txabarri. Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.


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En segundo lugar, quisiéramos manifestar, en relación con el rechazo de las enmiendas del Grupo Nacionalista y de otros grupos de la oposición, referentes al modelo de circunscripción autonómica de las elecciones al Parlamento Europeo, que nuestra valoración no puede ser más que negativa; queremos dejar constancia de la frustración que produce este tipo de situaciones. No ha existido, pensamos nosotros, suficiente voluntad política por parte de los grupos mayoritarios, ni por parte del Grupo Socialista ni por parte del Grupo Popular, ni siquiera por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, para aceptar las recomendaciones de las diferentes instancias europeas en defensa de la circunscripción autonómica en los Estados miembros de la Unión Europea con estructuras territoriales, autonómicas o regionales, alegándose en contra del planteamiento realizado por parte del Grupo Vasco excusas, en nuestra opinión, de menor cuantía, tales como el número excesivo de circunscripciones autonómicas del Estado español o el insuficiente número total de escaños a distribuir entre todas las autonomías del Estado, las posibles variaciones en el sistema proporcional D"'Hont, los principios de permanencia y estabilidad de las leyes, la consideración de España como una nación que elige a sus representantes en una instancia supranacional como es el Parlamento Europeo, etcétera.
En tercer lugar, señor Presidente, quisiéramos manifestar, en relación al resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, sobre el cumplimiento del Estatuto de Autonomía del País Vasco en materia electoral, enmiendas que han sido rechazadas tanto en el Congreso como en el Senado, más que nuestra frustración, puesto que sobre los temas referentes a la defensa de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma Vasca y del Régimen Electoral Municipal del País Vasco, sólo se nos ha contestado, como argumento para su rechazo, que no era el momento oportuno para dichas enmiendas ya que carecen del consenso requerido, cuando ambos temas ahora planteados han sido reiteradamente presentados por el Grupo Vasco y por otros representantes vascos en las diferentes reformas que se han venido realizando en los años 1985, 1991 y 1992, y venía funcionando de manera distinta en la realidad democrática del país hasta el año 1985. Esperemos que este momento de oportunidad llegue, que las razones de oportunidad sean las únicas que primen en este tema y que no se usen estas reformas de leyes electorales como excusa para ir dilapidando los estatutos de autonomía. En cuarto lugar, señorías, quisiéramos manifestar nuestra satisfacción en relación con el paquete de enmiendas suscritas conjuntamente por la mayoría de los grupos parlamentarios, sobre la reducción de gastos en las campañas electorales. Nuestra valoración sobre este tipo de enmiendas es positiva, aunque sin perder de vista el hecho de que no admitir ninguna de nuestras enmiendas de carácter técnico o de mejora de dichos textos ha producido, en nuestra opinión, una incidencia negativa de algunos aspectos de las enmiendas consensuadas en materias de reducción de gastos electorales sobre la Ley 5/1990, de Elecciones al Parlamento Vasco, ya que existen en este momento, y una vez que se apruebe hoy esta reforma, contradicciones evidentes entre el texto del proyecto que vamos a aprobar y la ya vigente en materia electoral en la Comunidad Autónoma Vasca, contradicciones que, a nuestro juicio, se podían haber evitado con las enmiendas técnicas que presentaba el Grupo Vasco.
Por último, señor Presidente, quisiéramos manifestar nuestro apoyo a las dos nuevas enmiendas introducidas en el Senado al texto del proyecto de ley orgánica en relación al censo electoral en vigor para las próximas elecciones al Parlamento Europeo y las andaluzas y sobre la modificación de los supuestos de papeletas nulas en las elecciones al Senado, reformas que, sin duda, suponen una mejora, aunque sea mínima, del texto del proyecto. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Vera.


El señor VERA PRO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de mi Grupo para destacar que este proyecto de ley concluye en este trámite habiendo alcanzado un gran consenso, como ya se puso de manifiesto en su tramitación en lectura única.
Señorías, hace poco más de un mes, desde esta misma tribuna, afirmé que era necesario recuperar un mayor acuerdo parlamentario respecto a la reforma de la Ley electoral que ese día abordábamos. Manifesté mi confianza en que ese espíritu se hiciera extensible a las modificaciones de la Ley electoral que fuera necesario introducir para resolver los problemas reiterados que afectan a nuestro censo electoral.
Pues bien, en el Senado se han introducido dos enmiendas al proyecto de ley orgánica que entran de lleno en ese respaldo mayoritario al que me refería. La primera es una enmienda de mejora técnica que facilita la interpretación del apartado tercero del artículo 96 de la Ley electoral. La segunda ha sido planteada en el Senado a instancias de la ponencia que estudia los problemas del censo que fue creada por esta Cámara hace cuatro meses y que pretende, a través de la introducción de una disposición transitoria, evitar el preocupante desajuste que se produce en nuestro censo electoral en cada convocatoria de elecciones.
En efecto, señorías, sea cual sea el mes de convocatoria de las elecciones, se produce un desfase que es de diez meses como mínimo entre la fecha de su celebración

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y el censo vigente en ese momento, lo que se traduce, sin duda, en un importante desajuste en las modificaciones de los registros censales. El desfase es tal, señorías, que en las próximas elecciones europeas nos íbamos a ver obligados a utilizar un censo anticuado, un censo en el que durante 18 meses no se habrían incorporado las variaciones de los datos censales. Y siendo esto grave, no es la única disfunción que afecta al censo electoral. Tampoco fue la causa principal de las anomalías que se produjeron el pasado 6 de junio y que afectaron a gran número de votantes. Pero sí es, a juicio de la ponencia que estudia estos problemas, la que requiere una más urgente resolución y por ello se planteó esta enmienda, incluso antes de finalizar los trabajos de la ponencia.
Señorías, desde el Grupo Popular siempre estaremos dispuestos a alcanzar los acuerdos que sean necesarios para poner fin a los desfases y disfunciones que afectan a nuestro censo electoral. Esta resolución está pendiente de las conclusiones definitivas que eleve a esta Cámara la ponencia que está estudiando estos problemas y que hoy precisamente finalizará sus trabajos. El Grupo Parlamentario Popular tiene el máximo interés, como espero que lo tenga el resto de los grupos de esta Cámara, en que se solucionen de una vez, de una manera definitiva y estable, los problemas que afectan a nuestro censo electoral y que de una vez por todas se garantice el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través del ejercicio del derecho de sufragio.
Por todo ello, señorías, vamos a votar afirmativamente las enmiendas introducidas en el Senado en la tramitación del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley electoral.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario apoya las enmiendas del Senado a la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, a la modificación de esa Ley Orgánica, al igual que apoya la reforma que ha obtenido un consenso parlamentario significativo, como debe suceder siempre que se trate de la reforma de una ley electoral.
En concreto, apoyamos la enmienda más significativa de las del Senado, que se trae hoy aquí, aquella que va a permitir que las próximas elecciones europeas se realicen con censo actualizado al 1 de enero de 1994. Esta reforma se adecua a lo trabajos de la Ponencia creada en la Comisión Constitucional para el estudio de las condiciones actuales de elaboración del censo electoral en el marco del plan de modernización que está llevando a cabo la Oficina del Censo Electoral.
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario anuncia su voto favorable a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO COLLADO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la reforma de Ley Electoral, cuyos últimos trámites estamos efectuando esta mañana, llega en el momento adecuado de cara a las necesarias transformaciones que requería esa Ley en función de las elecciones al Parlamento Europeo. Por ello, las reformas que afectan a los artículos de la Ley Electoral que hacen referencia al número de parlamentarios, así como al de residentes extranjeros en España, han quedado cumplimentadas como objetivo fundamental y necesario de esta reforma de la Ley Electoral.
Junto a ello, la Cámara, todos los grupos consideraron pertinente y positivo que aprovecháramos este trámite para incorporar otro ingrediente fundamental en materia electoral como era la austeridad en el gasto en los procesos electorales y, de una manera consensuada y prácticamente unánime, esta reforma recoge también nuevas disposiciones que implican una austeridad y, de hecho, un recorte en los gastos electorales y, por tanto, en las subvenciones que los distintos partidos políticos van a recibir a partir ya de las próximas elecciones. Esta reforma va a ser útil en el mes de junio y se puede decir que el Parlamento ha tenido ese carácter de urgencia que, lógicamente, la sociedad, en general, estaba demandándonos. Sin embargo, quiero recalcar también, como los Diputados que me han precedido en el uso de la palabra, que llevamos incorporada una reforma complementaria de la Ley Electoral que afecta al censo. Yo quisiera felicitar al Presidente de la Ponencia, don Virgilio Zapatero, que, recogiendo el sentir de todos los grupos, tramitó de manera rápida a los responsables de todos los grupos parlamentarios la conclusión inicial de la Ponencia del censo, según la cual estábamos en condiciones de efectuar una reforma que pudiera actualizar el censo electoral y solventar lo que podía ser el problema fundamental que ha aparecido en los distintos momentos electorales y que ha sido asumido de manera unitaria por todos los grupos. No es el momento, señor Presidente, de extendernos en consideraciones sobre la reforma de la Ley Electoral con motivo del censo. Para ello está trabajando una Ponencia y me parecería descortés entrar en el contenido de la misma, pues sus trabajos están en estos momentos

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muy avanzados. Quede constancia de la propuesta positiva, sensata y acogida por unanimidad por parte de todos los grupos y que hoy, junto a la reforma necesaria para el Parlamento Europeo y a la reforma en la dirección de austeridad en los gastos, podamos contar también con un instrumento útil y positivo de cara a que las próximas elecciones europeas gocen del censo más actualizado que ninguna otra elección en todo el proceso de transición política ha tenido en nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.


--AL PROYECTO DE LEY SOBRE SUBROGACION Y MODIFICACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS (Número de expediente 121/000038)

El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea fijar posición en relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Esta es una ley que ha sido aprobada con un altísimo grado de consenso, tanto en esta Cámara como en el Senado.
Como recordarán SS.SS., a iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario se aprueba una moción en el mes de noviembre que pide al Gobierno que produzca la normativa adecuada para trasladar, lo más rápidamente posible, el descenso en los tipos de interés al coste de los préstamos hipotecarios. Esta moción es votada por unanimidad y he de decir, con satisfacción, que, en este caso, el Gobierno cumple rápidamente con el mandato del Congreso y remite a las Cortes el proyecto de ley que dictaminamos en su día en el Congreso y que hoy vuelve del Senado con algunas enmiendas positivas que lo enriquecen.
Para nosotros, la ley, con las enmiendas presentadas en el Congreso y en el Senado, responde perfectamente a lo que era el impulso político inicial de la moción que presentó nuestro Grupo, esto es, abaratar el crédito hipotecario en todo lo que se pudiese, facilitar de esta forma el acceso a la vivienda del mayor número posible de ciudadanos españoles, lubrificar la economía reduciendo los costes de construcción y de acceso a la vivienda acercando el precio real pagado al coste real producido, no tanto para el servicio como para la construcción de la vivienda y, en definitiva, mejorar un aspecto sustancial de la actividad económica de nuestro país. No en vano, saben SS.SS. que los créditos hipotecarios vivos hoy en nuestro país suman aproximadamente 13 billones de pesetas; por lo tanto, es una medida económica y financiera que incide sobre un volumen monetario muy sustancial, que incide sobre las economías de, al menos, dos millones de familias españolas. Es una ley cuya bondad y virtualidad ya se ha puesto de manifiesto incluso antes de que haya entrado en vigor; son múltiples ya los casos de créditos hipotecarios que han visto reducido su tipo de interés aun antes de que esta ley haya entrado en vigor.
Por todas estas razones nosotros vamos a votar favorablemente todas las enmiendas y nos satisface este trámite rápido, acertado y positivo de la ley en el que todos los demás grupos han participado junto al nuestro. Muchas gracias, (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Homs. Ruego a los grupos que soliciten el turno correspondiente al inicio del debate y no al hilo de las intervenciones de otros grupos.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, sólo para comunicar a la Cámara que vamos a votar favorablemente las enmiendas que ha introducido el Senado en este proyecto de ley.
Este es un buen proyecto de ley; es una buena medida de política económica, de política monetaria que va en la dirección de contribuir y favorecer la reducción de los tipos de interés en este supuesto de los créditos hipotecarios y que va a repercutir positivamente en el proceso transmisor de reducción progresiva de tipos de interés en otros activos en el mercado financiero. Creemos que nuestra economía en la situación en que se encuentra necesita que se vayan reduciendo progresivamente los tipos de interés para poder favorecer la reactivación de la economía productiva, única vía para poder establecer un proceso de creación de puestos de trabajo.
Esta es una medida que no tiene por objetivo regular profunda y exhaustivamente todo el crédito hipotecario; simplemente se instrumenta un sistema para romper la rigidez que hoy tiene el mercado hipotecario para que se pueda favorecer la reducción de los tipos de interés y nos parece que la aplicación inmediata de esta ley va a ser positiva para ese propósito general que todos perseguimos que es superar la actual situación económica. En ese sentido, creo que va a ser positivo que esta Cámara dé ya, en este último trámite, su aprobación global a este proyecto de ley. Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Tiene la palabra el señor Martínez Noval en nombre del Grupo Socialista.


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El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo votará también favorablemente todas las enmiendas que el Senado ha producido a este proyecto de ley, que en su origen tenía una causa bien sencilla. Se trataba de trasladar, con la máxima celeridad posible, al deudor hipotecario la reducción de los tipos de interés, problema que exigía una solución imaginativa puesto que se trataba de llevar a una norma inconcreta lo prescrito por el artículo 1.211 del Código Civil. Creo que ello se ha hecho con la máxima celeridad y con el mejor contenido posible para solventar todos los problemas asociados a esa reducción de los tipos de interés que debería repercutir en el deudor hipotecario. La ley solventa el problema de la subrogación de hipotecas y solventa también el de la modificación de las mismas. Por lo tanto, señorías, no sólo da respuesta a la posibilidad de reducción de tipos de interés, sino que también regula límites máximos a las comisiones de cancelación anticipada, reduce los aranceles registrales y notariales y también bonifica en buena medida las operaciones sujetas al Impuesto de Actos Jurídicos y Transmisiones Patrimoniales. Por tanto, señorías, mi Grupo cree que con esta ley se da respuesta a esa necesidad social de traslación hasta el deudor hipotecario de la reducción de los tipos de interés que, sin duda, en los próximos días ha de contribuir como un elemento más a la recuperación de la actividad económica en nuestro país. Muchas gracias. (El señor Fernández de Trocóniz Marcos pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Muchas gracias señor Presidente, por dejarme hacer uso de la palabra; ha habido un pequeño despiste, como consecuencia de que no se han votado anteriormente las enmiendas del Senado y, por ello, se pierden un tanto los tiempos.
Señor Presidente, nosotros vamos a mostrar una postura ambivalente en relación con las enmiendas del Senado al proyecto de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. Por una parte, vamos a mostrar nuestra abstención en las enmiendas relativas a la exposición de motivos, así como en aquéllas que introducen unas modificaciones en los artículos 2.º y 6.º y la modificación de los títulos de los artículos 7.º y 9.º, así como la introducción de la disposición adicional tercera. Entendemos que las enmiendas del Senado pueden ser debidas a don Pero Grullo y, por consiguiente, nuestra abstención sólo se producirá para estas enmiendas del Senado.
En relación a las demás enmiendas nuestro voto va a ser favorable, en la medida que creemos acertada la supresión del artículo 10 actual, que se introdujo como consecuencia de una enmienda aprobada en esta Cámara con anterioridad y la introducción de una disposición adicional segunda. También votaremos favorablemente la introducción de las modificaciones que el Senado prevé en el artículo 9.º del proyecto de ley, para acoplar, lógicamente, las modificaciones introducidas en el artículo 1.º, así como la introducción de una disposición adicional cuarta. Y buena falta va a hacer, por otra parte, la autorización que se le da al Gobierno para que pueda regular reglamentariamente los aspectos no contemplados estrictamente en la ley.
En definitiva, señor Presidente, esta es nuestra postura. Nos gustaría mucho equivocarnos, pero esta ley puede que sea simplemente un parto de los montes. Ojalá nos equivoquemos, pero si no fuera así, tenemos preparado el recambio legislativo oportuno, a través de las correspondientes iniciativas, para que así no suceda.
Señor Presidente, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. No habiendo solicitud de votación separada de ninguna de las enmiendas, si no hay objeción por parte de SS.SS. la votación que vamos a efectuar se considerará de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 317; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado, y en votación de conjunto el proyecto de ley orgánica sometido a consideración de la Cámara.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. (El señor Fernández- Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda, tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicito votación separada de las enmiendas correspondientes a la exposición de motivos, al artículo 2.º, al artículo 6.º y a la disposición adicional tercera.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.


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Enmiendas del Senado a la exposición de motivos, a los artículos 2.º y 6.º y a la disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 186; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE AUTONOMIA DEL BANCO DE ESPAÑA (Número de expediente 121/000021)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día, dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen relativo al proyecto de ley de autonomía del Banco de España. Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Doy por defendidas nuestras enmiendas, señor Presidente, y que se mantengan para su votación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo, que tiene la palabra.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, ruego que se den por defendidas y se proceda a su votación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Zabalía. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en el debate de totalidad ya dimos, por una parte, nuestra opinión sobre este proyecto de ley de autonomía del Banco de España y sobre la oportunidad del momento, dada la necesidad de adaptación a la legislación comunitaria y por otra destacamos la importancia del Banco de España en relación con la política monetaria.
Los objetivos de nuestras enmiendas son mejorar el texto del proyecto y la redacción del mismo, así como adecuar la capacidad financiera de las comunidades autónomas, principalmente en la vertiente orgánica, recogida en el Capítulo III.
De acuerdo con el debate que ha tenido lugar en Comisión, las enmiendas vivas de nuestro Grupo Parlamentario podemos agruparlas en cuatro partes: en primer lugar, por lo que respecta a la definición del Banco de España; en segundo lugar, la competencia ejecutiva del mismo; en tercer lugar, la instrumentación de política monetaria, y, en cuarto lugar, los órganos rectores. Por lo que respecta a la naturaleza y al régimen jurídico, pensamos que la definición del Banco de España debe tener otra lectura. Se pretende mejorar la definición que da el proyecto de ley: por una parte, la configuración que se hace del mismo como instrumento y, por otra, la mejor adaptación al Tratado de la Unión Europea. ¿Con qué pretensión? Pues con la idea de reforzar el hecho de que es una institución del Estado, sustituyendo la expresión «entidad de derecho público» por la que figura en el texto y dejar claro que goza de autonomía en el desempeño de sus funciones, no en todo el ámbito de la actividad. Por eso decimos «para el cumplimiento de sus fines actuará con plena autonomía respecto a la Administración del Estado», suprimiendo la expresión «en el desarrollo de su actividad». Por otra parte, limitar su actuación también en el ordenamiento jurídico y acentuar el carácter independiente de la institución, debiendo, como decimos, rendir cuentas de su gestión en materia monetaria a las Cortes.
Estas son las modificaciones que, pensamos, mejoran la definición que el texto actual hace del Banco de España.
En segundo lugar, la competencia ejecutiva del Banco de España. Se mantiene la finalidad primordial del proyecto de ley. El Banco formulará, instrumentalizará y dirigirá la ejecución de la política monetaria sin perder de vista el mandato constitucional, de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución cuando trata de la redistribución de la renta, promoviendo las condiciones favorables para el progreso social y económico en el marco de una política de estabilidad económica y sin perder de vista también el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 105, cuando establece los objetivos, las funciones y los derechos exclusivos dentro de la política monetaria.
El tercer grupo de nuestras enmiendas tratan sobre la instrumentación de la política monetaria, enmiendas números 15 a 20 y 27.


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A través de la enmienda número 15 se trata de dar mayor claridad y procurar mayor adaptación del Tratado de la Unión.
La enmienda número 20 está en coherencia con la definición que hemos propuesto anteriormente, de la naturaleza del Banco de España. Y la enmienda número 27 es una disposición adicional nueva que pretende recoger, de forma taxativa el papel más activo que deben desempeñar las comunidades autónomas en la instrumentación y ejecución de la política monetaria.
El resto de las enmiendas de esta sección primera se centra en el papel de los coeficientes de caja. Para ello damos cuatro alternativas al punto 2 del artículo 4, y estas alternativas, que van de mayor a menor, son las siguientes.
En primer lugar, proponemos suprimir todo el punto 2, del artículo 4. ¿Por qué razones? Reconociendo que los coeficientes de caja como inmovilización de fondos han sido un instrumento más de política monetaria, creemos que hoy es más bien dudosa su importancia dentro de las directrices de política monetaria que puede instrumentalizar el Gobierno. Por otra parte, existe una trayectoria decreciente en los sistemas de bancos centrales europeos en la aplicación de los coeficientes de caja. Es cierto que el Tratado de la Unión contempla la inmovilización de fondos, pero en la práctica se está dando una decreciente aplicación de los mismos. En todo caso, pensamos que sería conveniente, al menos, que estos coeficientes que en estos momentos están del orden del dos por ciento, reducirlos al uno por ciento. La segunda alternativa que proponemos en esta enmienda es suprimir la letra a), del número 2, del artículo 4, propuesta que pretende descentralizar la materialización de estos fondos inmovilizados. Se trata de ejecutar la política monetaria y no de instrumentarla; es decir, la ejecución que deberían tener las comunidades autónomas en la misma.
En tercer lugar, pretendemos sustituir el texto de la letra a), del número dos, del artículo 4, en coherencia con las dos alternativas anteriores. Y, finalmente, partiendo de la supresión de las alternativas segunda y tercera, dar una mejor distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Estas cuatro alternativas que proponemos, como decía señorías, son con respecto a la aplicación de los coeficientes de caja. Otro aspecto de nuestro grupo de enmiendas se refiere a los órganos rectores. Estas son las enmiendas números 22 a 26. Para nosotros es importante y fundamental que las comunidades autónomas tengan un foro de audiencia en el Banco de España, creemos, además que por derecho propio. Decimos esto, entre otras cosas, porque las decisiones que vaya a tomar el Banco de España tienen repercusiones tanto fiscales y de política económica, como autonómicas y un largo etcétera. Por tanto, las comunidades autónomas debemos estar en esa toma de decisiones. Nosotros pensamos que la forma más idónea de esta participación es mantener los principios y la propia filosofía del proyecto de ley; no pensamos o no pretendemos cambiar estos principios y esta filosofía. Para ello, lo que proponemos es la creación de un comité consultivo dentro del Banco de España; un comité consultivo que en realidad es un órgano rector del Banco de España, con una composición que, desde nuestro punto de vista, sería la siguiente. Un representante de cada comunidad autónoma con competencia de desarrollo reglamentario y ejecución en materia de ordenación del crédito y banca, designado por el gobierno autónomo a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda. Este comité consultivo estaría presidido por el Gobernador del Banco de España y tendría entre sus funciones la de informar sobre los asuntos planteados en el Consejo de Gobierno; informar preceptivamente las circulares no monetarias que vayan a dictarse; informar, preceptivamente también, de las sanciones de carácter muy grave que vayan a ser impuestas por el Banco de España, en aplicación de la Ley 26/1988, del 29 de julio, de disciplina de intervención de las entidades de crédito, y, en cuarto lugar, aprobar el Reglamento interno de funcionamiento del comité. Pensamos que ésta no es una propuesta extemporánea porque ya existen antecedentes a la misma. Recuerden SS.SS. que el Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene una composición parecida, aunque es más corporativa, pero con similares funciones a las que aquí se proponen. Por otra parte, también el Consejo General del Banco Central Europeo, que aparece en el artículo 109, letra l), número 3, y se desarrolla posteriormente en el Protocolo de Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, prepara determinada documentación para el Consejo de Gobierno de dicho Banco Central Europeo. Estos dos organismos tienen un comité de las mismas características que el que nosotros proponemos aquí.
Por ello digo, señorías, que para nuestro Grupo Parlamentario es fundamental que las comunidades autónomas estén, de derecho y de hecho, en los órganos de gobierno del Banco de España.
Por lo que respecta al resto de las enmiendas de este capítulo, están directamente relacionadas con la creación de este comité consultivo, y significan, por una parte, el aumento de seis a ocho, es decir, de dos consejeros, en el Consejo de Gobierno del Banco de España; el aumento de un consejero, pasando de dos a tres, en la Comisión Ejecutiva; la distribución de los ocho consejeros, de forma que cinco sean designados por el Gobierno y tres por el Comité Consultivo...


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Zabalía, vaya concluyendo, por favor.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Finalmente, la no distinción entre consejeros natos y no natos en la retribución del Consejo.
Estas son las enmiendas presentadas por nuestro Grupo Parlamentario, que espero que tengan el adecuado reconocimiento por parte de sus señorías. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martín Villa.


El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, el Grupo Popular, ahora hace un año, con ocasión de la primera remisión del proyecto de ley de autonomía del Banco de España por parte del Gobierno, ya tuvo ocasión de manifestar su coincidencia básica en los objetivos que el proyecto de ley pretendía. Nosotros manifestamos entonces y manifestamos ahora que es conveniente la autonomía para el diseño y la ejecución de la política monetaria, pero manifestamos también algunas salvedades, no pocas reticencias y bastantes objeciones, tanto en lo referente a las funciones a desarrollar por el Banco --no estrictamente en el campo de la política monetaria-- como al control que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, al igual que las Cámaras, debían de tener en relación con el Banco, en relación también con el nombramiento y el «status» de los distintos miembros del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva.
Es cierto que este proyecto de ley, que prácticamente es idéntico al que hace un año remitió el Gobierno, incluye algunos aspectos que nosotros habíamos señalado en nuestra posición y en nuestras enmiendas. Es cierto también que, en cuantía, casi la mitad de las emiendas del Grupo Popular han sido aceptadas en los trámites anteriores de Ponencia y Comisión, aunque bien es verdad que, como suele suceder casi siempre, el número de enmiendas aceptadas no se corresponde con la entidad o con el contenido de nuestras pretensiones.
Sin embargo, nosotros queremos mantener aquí nuestra posición en torno a tres aspectos. Primero, las funciones que el Banco de España va a seguir teniendo en temas no estrictamente monetarios; segundo, el «status» y la designación de los miembros de los órganos de Gobierno; tercero, el control por parte del Gobierno, del Consejo de Ministros y de las Cámaras en el orden presupuestario, y el control político que, de alguna manera, deben de exigir también tanto el Gobierno como las Cámarras. En relación con el primer punto, nosotros insistiremos en que la autonomía que se reconoce al Banco es en materia de política monetaria, pero que, en otras cuestiones, como puede ser la política de tipo de cambio y en su caso la supervisión financiera, el Banco de España las desarrolla como una agencia o como una institución que depende del Gobierno. En ese sentido, creemos que debe precisarse la naturaleza jurídica de las disposiciones del Banco de España, así como también que las únicas específicas son las circulares monetarias y no otras. Insistimos también, porque es un debate abierto, en que no deben de consagrarse, en sus términos actuales, todas y cada una de las funciones o competencias que el Banco tiene en materia de supervisión financiera; es lo que se llama, en terminología comunitaria, supervisión prudencial de las entidades financieras. Pues bien, prudentemente, el Grupo Popular no le resta hoy ni una sola de esas competencias, pero lo que sí haría es obligar al Gobierno a que, en un plazo de dos años, remitiera a estas Cortes un proyecto de ley para actualizar esas funciones al marco nuevo que surge de este proyecto de ley de autonomía.
Es evidente que el Banco de España de julio de 1988 no va a ser el Banco de España de la primavera, del otoño o del invierno de 1994, algo ha cambiado y, por tanto, algo tiene que cambiar también en materia de supervisión financiera, en la cual el Banco actúa como una agencia del Gobierno, como una institución dependiente del Gobierno y no como una institución con autonomía. Se nos puede decir, como ya se nos ha dicho en el debate en Ponencia y Comisión, que se producen ciertas sinergias si la autoridad monetaria es al tiempo la supervisora de las entidades financieras; nosotros creemos que es así, pero, como algún cambio se ha producido, algún cambio tendrá que producirse también en esta materia. Por ello insistimos en nuestra enmienda en que hay que obligar al Gobierno a que en el plazo de dos años envíe un proyecto de ley para acomodar estas competencias a la nueva situación.
Particular importancia tiene para nosotros todo lo referido al «status» y al sistema de designación de los miembros de los órganos de Gobierno del Banco (Gobernador, Subgobernador y Consejeros), de ahí nuestra persistencia en dos enmiendas, si se quiere menores. Una de ellas es que, en el proyecto de ley, no se debe designar como tal miembro del Consejo de Gobierno al Director General del Tesoro y Política Financiera. Creemos que es una mala táctica, desde el punto de vista jurídico formal, que en una ley aparezcan con nombres y apellidos representantes concretos de la Administración del Estado, que, por normas inferiores a la ley, por decretos, pueden sufrir ciertos cambios. Nos parecería mucho mejor que se hablara de un representante del Ministerio de Hacienda con categoría, al menos, de director general. Ha habido avances, y no menores, en el sistema de atribución de los sueldos y de los beneficios de la Seguridad Social a los miembros

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del Banco. Sin embargo, persiste que el «status» económico de los miembros natos, del Vicepresidente de la Comisión del Mercado de Valores y del Director General de Tesoro y Política Financiera los determina el Ministerio de Economía y Hacienda.
Los «status» económicos de un director general o del Vicepresidente de la Comisión del Mercado de Valores deben ser independientes de su pertenencia o no al Consejo del Banco.
Por tanto, insistimos en la supresión de este párrafo.
Pero fundamentalmente planteamos que la designación --y en eso insistiremos hasta el final del debate-- de Gobernador, Subgobernador y Consejeros tiene que hacerse con intervención de las Cámaras. Nosotros no somos partidarios, en general, de que las Cámaras intervengan en la designación de miembros más allá de los que supone los órganos constitucionales (el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo), pero cuando surge, como surge con la ley de autonomía del Banco de España, una entidad que ni es del poder Legislativo, ni es del Ejecutivo, ni es del Judicial, es evidente que algún tipo de control en su designación tiene que hacerse por las Cámaras, si no, corremos el peligro de que por muy ilustradamente que se ejerzan esas funciones del Banco de España se haga con cierto despotismo y que la autonomía se convierta en la irresponsabilidad, en el mejor de los sentidos, es decir, que no se es responsable ante nadie. Esta ley, que está obligada por el Tratado de la Unión Europea, repite, a veces de forma excesivamente mimética, muchos de los artículos, muchas de las disposiciones con la misma terminología que el Tratado, y su Protocolo número tres, del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del propio Banco Central Europeo, pero usando, lo dije en la Comisión, una particular ley del embudo, y, como dije también entonces, todas las leyes del embudo son particulares, porque mientras que en el Protocolo Europeo se determina una audiencia, una intervención, una consulta del Parlamento Europeo, para el Banco de España no se determina ninguna audiencia, ninguna consulta, ninguna intervención de las Cámaras. Nosotros creemos que debe establecerse de la forma que sea, y por eso proponemos una fórmula para esta intervención. Insistimos en determinadas fórmulas de control, una, no presupuestaria, el deber de información del Gobernador a las Cámaras. El señor Almunia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en los debates de la Comisión adelantó alguna fórmula que nosotros podríamos estar en disposición de aceptar, pero es evidente que se está empleando, a nuestro juicio torcidamente, una determinada directiva europea para impedir que figure en el proyecto de ley, por medio de una excesiva interpretación del secreto, la comparecencia, la información, en buena parte, del Gobernador y del Banco a las Cámaras.
Al mismo tiempo, nosotros, que hemos insistido en que tanto el presupuesto como la rendición de cuentas y la aprobación del balance lo sean con intervención de las Cortes Generales --y en parte lo hemos logrado--, insistiremos también en que en un anexo especial figure el resultado, favorable o contrario -- normalmente será contrario-- de aquellas operaciones en las que el Banco de España interviene para ayudar a la resolución de determinados problemas de las entidades financieras.
Recientemente hemos tenido la intervención, a mi juicio acertada, por parte del Banco de España del BancoEspañol de Crédito. El Ministro de Economía y Hacienda, en una información que se ha hecho pública y de acuerdo con el plan de saneamiento que ha planteado --y del que ha informado a la Cámara el propio Gobernador del Banco de España--, nos dice que al erario púbico esa operación le puede costar del orden de unos doscientos y pico mil millones de pesetas. Doscientos y pico mil millones de pesetas es justamente lo que cuesta en este país la justicia y es más o menos el conjunto de los Ministerios de Presidencia, Cultura, Asuntos Sociales y Comercio y Turismo. ¿Quiere decirse que una operación de tal calibre no va a tener...?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín Villa, vaya concluyendo, por favor.


El señor MARTIN VILLA: Termino, señor Presidente.
¿Una operación de tal calibre no va a tener una rendición especial de cuentas? En ese sentido, nosotros insistiremos en nuestra propuesta de que cuando el Banco de España intervenga mediante la concesión de créditos a interés inferior al del mercado, mediante participación directa o indirecta, Fondo de Garantía de Depósitos, en ese tipo de operaciones las Cámaras puedan conocer con exactitud el costo de las mismas.
Yo ya sé que eso no se ha producido hasta ahora, ni en este momento ni cuando yo formaba parte del Consejo de Ministros, pero es cierto que es completamente necesario que así como se ha introducido en los mecanismos presupuestarios una disposición por la cual conocemos el coste de las exenciones y de las desgravaciones fiscales, nosotros tenemos que conocer, en el marco de los presupuestos rendidos aquí por el Banco de España, el costo de estas operaciones. No las discutimos ahora, pero, ciertamente, tenemos que conocer ese coste.
Y nada más, señoras y señores Diputados, que insistir en esta nuestra posición, que creo que no desvirtuaría las intenciones que presidieron la formulación de este proyecto de ley, pero que convertiría la ley en un instrumento útil para que, sin merma de la autonomía, no cayéramos en crear un Banco de España que no rindiera cuentas a nadie y ni siquiera a estas Cámaras.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señoras y señores Diputados, las enmiendas que quedan vivas de nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley, que ha sufrido ya algunas modificaciones, y modificaciones positivas, en su dictamen en Comisión, se pueden agrupar en tres bloques, a efectos del último debate político que haremos en esta Cámara sobre este importante proyecto de ley. De la autonomía del Banco de España, la autonomía cuasi mística y metafísica con que el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno se han ungido para presentar este proyecto, creemos --y continuamos creyendo-- que había otras formas y otros mecanismos de atemperar la autonomía en política monetaria con otros objetivos a los que ni el Gobierno ni el Banco de España o el banco central español puede ni debe escapar; es decir, contribuir al mejor funcionamiento de la economía, no sólo desde el control de los precios y de la política monetaria, sino asegurando también el crecimiento económico, en la medida de lo posible, y asegurando también la creación de empleo a través de este crecimiento económico. En cambio, el Grupo Socialista, el Gobierno del PSOE, parecen creer que sólo con la fijación de una de estas tres importantísimas variables económicas, el índice de precios, la política monetaria, se consigue la única clave para asegurar crecimiento, prosperidad, creación de empleo. Nosotros creemos que no es así; no desmerecemos en absoluto la importancia que tiene un adecuado control de la inflación y de los precios en nuestro país y en toda la Unión Europea, pero creemos que el proyecto de ley queda demasiado escorado en pensar y en vender ideología, que los malesde la economía dependen sólo de la inflación y, además, cuando para el Grupo Socialista y para el Gobierno, como saben ustedes, la inflación sólo tiene una causa, esto es: los sueldos de los trabajadores. Naturalmente, esta cadena de razonamientos no la hemos compartido nunca, no la podemos compartir y, de no cambiar el Gobierno en estas posiciones, no la podremos compartir en el futuro.
Los ejemplos que se han aducido, tanto en el propio Tratado de la Unión Europea como en nuestro país, España, y por nuestro Gobierno, para bendecir las bondades de la autonomía, la Reserva Federal americana o el Bundesbank, tiene mecanismos mucho más amplios y el portavoz del Grupo Popular mencionaba alguno de ellos, en forma de enmiendas de su Grupo que vamos a apoyar, en esta línea, porque coinciden con nuestra preocupación de que esta autonomía debía ser atemperada de alguna forma con controles parlamentarios, así como con otros objetivos de crecimiento económico, de crecimiento económico propiamente y de creación de empleo. No en vano, la Reserva Federal americana, cuando habla de su autonomía la defiende en función de asegurar el crecimiento y la prosperidad del país y no sólo el control de los precios. Y en el caso del Bundesbank están previstos mecanismos, si no de intervención directa, sí de audiencia e incluso de suspensión temporal de alguna de las medidas de política monetaria que pueda tomar el Bundesbank, a instancias del gobierno. A nuestro entender, se crea un sistema más equilibrado entre esta función autónoma respecto de la política monetaria y el conjunto de la política económica, que debe continuar siendo responsabilidad de un gobierno, de este Gobierno, ante unas Cámaras. En la enmienda a la totalidad que discutimos en la legislatura anterior, decíamos que el proyecto de ley tal como venía en aquella legislatura --y aquí se han introducido algunas modificaciones positivas, hemos de reconocerlo-- suponía la creación de una especie de cuarto poder --un cuarto poder muy opaco-- de la política monetaria y, por tanto, un cuarto poder muy vinculado al dinero, a la riqueza, sin ningún tipo de control democrático ni parlamentario, y por eso, en su día, nos opusimos a ella. Un segundo bloque de nuestras enmiendas hace referencia al control de la Cámara. Aceptada esta autonomía en política monetaria --que nosotros quisiéramos ver atemperada con otros objetivos de política económica, como he señalado, de crecimiento y creación de empleo--, es bueno que la Cámara controle, de alguna forma, los objetivos que se marcan y que para cumplirlos se dota de autonomía al propio Banco de España. En este sentido, nuestras enmiendas coinciden con algunas del Grupo Vasco y del Grupo Popular, por lo que también las votaremos conjuntamente, para asegurar un adecuado control de la Cámara de esta función de autonomía.
Creemos que nuestra enmienda es la más ambiciosa y, modestamente, pensamos que es la mejor. Nosotros proponemos que, en caso de que, por mayoría cualificada de dos tercios, en dos ocasiones el Parlamento desautorizase la política autónomamente monetaria que hubiese practicado el Banco de España, el Gobernador del Banco de España debería ser cambiado. Esta sería una forma de atemperar la autonomía de la que se dota a la institución para conseguir sus fines, con un último control político de esta Cámara sobre si aquellos fines se han conseguido, si aquella autonomía se ha utilizado para buen fin o si aquella autonomía se ha convertido, como decía el señor Martín Villa, no ya en ilustrada, sino simplemente en despotismo monetario y monetarista. No estamos de acuerdo con estas posibilidades, y de aquí nuestra enmienda o de aquí que podamos compartir enmiendas que van en la misma línea, tanto del PNV como del Grupo Popular.


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Nuestro tercer bloque de enmiendas, y quizá el más importante --dejo para el final una menor, pero no poco importante por ello--intenta separar las funciones de supervisión del Banco de España sobre el resto de entidades financieras. Se ha mencionado aquí la acertada intervención del Banco de España en la crisis de Banesto, pero creemos que éste era un Banco de España anterior a la ley que vamos a aprobar ahora. Y ahora vamos a producir no sé si una quimera, pero quizá sí un pequeño híbrido. Es decir, vamos a producir una entidad que para algunas funciones va a ser total y plenamente autónoma (tan autónoma era --ha corregido en eso el Gobierno su furor autonomista--que incluso los consejeros y el Presidente del Banco de España podían, en nombre de esta sagrada autonomía, autootorgarse el sueldo; ahora, el Gobierno socialista, en un acto de contrición que le honra, ha cambiado esta percepción de lo que es autonomía, que más que autonomía parecía autoblindaje de altos cargos); vamos a crear, pues, una especie de quimera o monstruo al hacer convivir en una misma organización, en unas mismas personas funciones de total autonomía respecto de la política monetaria con funciones de agencia delegada del Gobierno para la supervisión del resto de las entidades financieras españolas. Nosotros proponemos que se segreguen estas funciones, que se cree un organismo «ad hoc», un organismo autónomo administrativo dependiente del Ministerio de Economía que ejerza esta buena supervisión prudencial, que hasta ahora ha venido ejerciendo el Banco de España a través de sus servicios de inspección.
El Grupo Popular plantea una enmienda más atemperada, en el sentido de que, compartiendo esta idea y este interés, propone que esto sea elaborado en una ley en un plazo posterior. En todo caso, vamos a votar favorablemente las dos alternativas, pero creemos que sería importante separar estas dos funciones: la estrictamente autonomizada, es decir, la de la política monetaria del resto de funciones en las que el Banco de España, repito, ejerce como agencia ejecutiva de la política del Gobierno y de las normas que desde esta Casa, desde esta Cámara producimos. Voy a concluir mi intervención mencionando dos enmiendas. Respecto a la autonomía, a la que me he referido al principio, nosotros proponemos como última ratio o, al menos, que el texto finalmente introducido en el proyecto de ley, o en la ley cuando sea plenamente vigente, sea exactamente la traducción de lo que prevé el Tratado de la Unión Europea. De ahí nuestra propuesta de cambio de la expresión «sin menoscabo» por «sin perjuicio». No es todo lo que quisiéramos, ni mucho menos, pero, como dice el castizo, menos da una piedra, y, en consecuencia, proponemos esta enmienda. En relación con nuestra enmienda número 43, la que se refiere a la continuidad en la presencia de un consejero del personal en el Consejo de Administración del Banco de España, también el furor autonomista del Gobierno y del Grupo Socialista lo habían suprimido. Yo no sé qué concepto tiene el Grupo Socialista y el Gobierno de lo que es autonomía, porque tan autónomo tenía que ser este Banco que lo que era la tradición, y es que un representante de los empleados y trabajadores del Banco estuviese en el Consejo de Administración, en aras de la autonomía, era tan autónomo que hasta era autónomo de sus propios trabajadores y de la tradición; es una autonomía que rompe incluso con la tradición. Nosotros proponemos mantener este consejero en el Consejo y entendemos que, por la naturaleza del proyecto de ley y de lo que se entiende en su Sección 1.ª, estaríamos en condiciones de aceptar una enmienda transaccional a nuestra propuesta que explicitase que este consejero no tendría voto en todo lo que hace referencia a la Sección 1.ª, esto es, la autonomía tan querida por el señor Almunia y por el Gobierno que nos ha presentado este proyecto de ley. Pero no entendemos cómo el señor Almunia extiende este furor autonomista no sólo a la Sección 1.ª, esto es, a la política monetaria, sino a todo el proyecto de ley, y tanto lo había extendido que incluso en Comisión votó en contra de la presencia de este representante de los trabajadores, que, sean de color que sean, señor Almunia, no dejan de ser trabajadores y empleados.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Este proyecto de ley de autonomía del Banco de España se plantea a consecuencia del Tratado de la Unión Europea y de nuestra incorporación al sistema europeo de bancos centrales.
Se regula la autonomía del Banco emisor en España, y básicamente los elementos fundamentales que se incorporan en este proyecto de ley nos parecen acertados, en términos generales; nos parece adecuado, e incluso muy positivo, para nuestra economía que el Tesoro ya no pueda incurrir en descubiertos en su cuenta con el Banco de España, ni siquiera de carácter transitorio; nos parece acertada esta exigencia al Banco emisor.
Nos parecen también equilibradas las previsiones que se establecen en el proyecto de ley en conjugar las exigencias del Tratado de la Unión Europea y los preceptos de nuestra Constitución. Nos parece también importante y acertado que el Banco deje de estar sometido a las instrucciones directas del Gobierno. También nos parecen centrales y positivas todas las exigencias en cuanto a los objetivos que debe desarrollar el Banco de España en relación con la política monetaria y en especial en esta finalidad primordial que se establece, que es la estabilidad de los precios. Y nos parece también

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positivo todo lo que se ha avanzado para reforzar la participación o el seguimiento de las Cortes Generales en la actuación del Banco de España en la administración de la política monetaria y en las actuaciones específicas internas, incluso las de su propia organización. Creemos que los seis años de mandato que se establecen para el Gobernador y el Subgobernador, mandatos no renovables, refuerzan ese principio de autonomía de la institución, y en este sentido los elementos centrales de este proyecto de ley que regula la autonomía del Banco de España, como he dicho antes, nos parecen acertados y que guardan un buen equilibrio entre lo que es el texto constitucional en España y las exigencias del Tratado de la Unión Europea. Ha tenido una larga tramitación en esta Cámara este proyecto de ley --tanto en la anterior legislatura como en ésta-- y ha tenido muchas posibilidades de ser ajustado; en ese sentido se ha hecho un buen trabajo de debate parlamentario. No obstante, a nuestro Grupo le quedan, de las enmiendas planteadas --más de doce en este trámite--, seis muy concretas, seis enmiendas que podrían resumirse en tres aspectos innovadores que hemos planteado a este proyecto de ley y que podríamos resumir en los siguientes extremos.
El primer objetivo de esas seis enmiendas podría resumirse en intentar adaptar los órganos de Gobierno del Banco de España a lo que es la estructura autonómica del Estado. En ese sentido trasladamos unas adaptaciones, unos ajustes en los órganos de Gobierno del Banco de España, para permitir la presencia de determinadas administraciones en la organización del Estado; para que pueda reforzarse el principio de coordinación y de cohesión de las funciones que tiene el Banco de España en materia de política monetaria y las que también desarrollan determinadas Administraciones públicas y determinadas comunidades autónomas que tienen competencias en materia de crédito.
En este sentido, en las enmiendas 105, 107, 108 y 109 proponemos ampliar el número de consejeros, pasando de seis a diez, ampliar también el número de consejeros presentes en la Comisión ejecutiva y un sistema de elección de los mismos. Se trata, en síntesis, no de una propuesta rígida, cerrada a cualquier otra consideración, sino simplemente de vincular en los órganos de gobierno de este Banco emisor la presencia de determinadas representaciones de administraciones públicas en España que tienen y administran, como he dicho antes, competencias en materia de crédito. La segunda finalidad de estas enmiendas es, básicamente, la de flexibilizar la materialización del coeficiente de caja. No se trata, como algunos otros grupos han planteado, de trocear el coeficiente de caja en el ámbito de nuestra realidad económica; se trata de flexibilizar la materialización del coeficiente de caja. Según se establece en el proyecto de ley, el coeficiente de caja que administra el Banco emisor, el Banco de España, deberá materializarse de forma exclusiva en los fondos que puedan, digamos, emitirse por parte de esta institución emisora. Nosotros planteamos que el coeficiente de caja que regula y controla el Banco emisor, el Banco de España, pueda, a decisión del Banco de España, materializarse en muchos otros fondos y activos financieros y no exclusivamente en los que emite el Banco de España. Se trata de permitirle al propio Banco de España, en el ejercicio de la autonomía que tiene en cuanto a política monetaria, la posibilidad de que este coeficiente de caja no se localice, no se materialice de forma exclusiva en los activos que emite, sino en los que están en el sistema en el mercado.
El tercer objetivo que persiguen estas enmiendas, todavía vivas, es también una sugerencia innovadora, mediante la que planteamos que los beneficios que pueda hacer el Banco de España estén más condicionados, establecer algún criterio finalista a la distribución última de los beneficios que pueda hacer el Banco de España. El Banco de España, hasta este momento, los beneficios que obtiene deben ingresarse en el Tesoro y, como consecuencia, luego se incorporan en el capítulo de ingresos del presupuesto del Estado. Se trata de que en la ley ya se establezca alguna obligación de que estos beneficios que tiene el Banco de España deban integrarse en los Presupuestos Generales del Estado, pero con una finalidad de distribución entre todas las administraciones públicas.
No obstante, debo reconocer que algunas enmiendas que se han incorporado al proyecto de ley han venido ya a reforzar la vinculación de los Presupuestos Generales del Estado con los presupuestos del Banco de España. Hemos avanzado en acercar, en aproximar lo que podría ser la función de seguimiento de esta Cámara a través de la aprobación y el debate de los Presupuestos Generales del Estado, en relación a los presupuestos de gastos e inversiones del Banco de España. En ese sentido, la pretensión de nuestra enmienda en el fondo era dar ya una mayor seguridad a la distribución de esos ingresos al vincularlos de una forma directa a los Presupuestos Generales del Estado, y en esa dirección hemos avanzado en algunas otras enmiendas.
Estas son, en síntesis, señorías, las enmiendas que todavía quedan vivas, que son propuestas que creemos que podrían generar innovaciones sustantivas al texto del proyecto de ley y que, en todo caso, no alteran el principio fundamental de autonomía que se regula, que no se cuestiona en cuanto a lo que puede ser hoy el marco jurídico aplicable en otros países a bancos emisores, porque la estructura que planteamos en alguna de estas enmiendas en cuanto a apertura de otras administraciones públicas en los órganos de gobierno se acerca a otras normativas y legislaciones en países de la Comunidad, como Alemania o Suiza, y que realmente el banco emisor detecta en sus órganos de gobierno

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estas posibilidades. No obstante, estas enmiendas, a lo largo de la tramitación, no han tenido la aceptación por parte de los Grupos Parlamentarios y por esas razones las mantenemos para que en el debate de esta mañana puedan todavía dar lugar a algún acercamiento entre nuestras posiciones y las de otros Grupos Parlamentarios. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Mixto, la señora Rahola tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestras enmiendas van en el mismo sentido de coherencia nacionalista las dos. La primera incide en el despliegue de la competencia exclusiva que reconocen algunos estatutos de autonomía, entre ellos el catalán, en la ordenación de las cajas de ahorro. Por ello pedimos que en las comunidades autónomas que dispongan de organismos financieros propios, los fondos inmovilizados correspondientes a cajas de ahorro con domicilio central en el territorio de la comunidad autónoma se queden allí. En este sentido, esta enmienda... (Rumores.) Perdonen, señorías, es que tengo mucho ruido y me estoy despistando un poco.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ruego silencio.
Señora Rahola, no suele ser mayor ruido que el habitual.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Ya, pero estoy aquí en el escaño, en todo caso, bajaré.
Esta enmienda es, por así decirlo, una enmienda «avant la letre», puesto que entendemos que es una enmienda fundamental para fortalecer legalmente la posibilidad de tener en Cataluña una banca pública propia, instrumento absolutamente necesario para revitalizar nuestra dañada economía. En este sentido espero que el partido que gobierna cataluña, y que tantos titulares ha llenado con el tema de la banca pública, sea finalmente coherente y vote esta enmienda, a no ser que sus anuncios sobre la banca pública hayan sido sólo meros fuegos de artificio.
La segunda enmienda que presentamos pide que dichas comunidades puedan nombrar un representante que asistirá a las reuniones del consejo con voz y sin voto. Esta enmienda no sólo nos parece obvia, sino estrictamente necesaria si hay voluntad política real de dotar de contenido las competencias que referentes al despliegue legislativo y ejecución en materias de ordenación de crédito y banca reconocen algunos estatutos de autonomía.
Coherente en el sentido de que van todos los Estados con voluntad descentralizadora, y quiero recordar aquí que los länder alemanes tienen, por ejemplo, su representante en el Deutchbank, igual que tienen banco central. Coherente en el sentido de defensa nacional de Cataluña, que es el «leit motiv» de Esquerra Republicana; y coherente porque ni en perspectiva autonómica ni nacionalista hay ninguna justificación para negar a las comunidades autónomas con competencias en este sentido su legítimo y necesario representante.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. ¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo para expresar la opinión de mi Grupo en relación a las diferentes enmiendas defendidas por los demás Grupos Parlamentarios. Quizá sea más fácil para el seguimiento del debate que yo me vaya refiriendo a los principales temas que están siendo objeto de discusión en este proyecto de ley, fijando nuestra posición en cada uno de ellos, lo cual no me va a permitir contestar simultáneamente a todas y cada una de las intervenciones de los diferentes Grupos, pero espero que quede clara la posición del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto al fondo de las mismas. En primer lugar, en cuanto a la definición del contenido de la autonomía que este proyecto de ley otorga al Banco de España, el proyecto recoge desde su versión inicial una definición traída de la redacción aprobada en el Tratado de la Unión Europea para concretar cuál es el margen de autonomía en la definición y ejecución de la política monetaria que tendrá el futuro Banco Central Europeo, el sistema de bancos centrales, respecto del Ejecutivo comunitario.
Ha habido algunas intervenciones, en particular del representante de Izquierda Unida, que expresaba su voluntad, a través de alguna enmienda, de definir mejor, con mayor claridad, cuál es esa relación, cuál es el contenido de la autonomía. Mi Grupo quería plantear una enmienda transaccional a la número 40, de Izquierda Unida, al artículo 7.2, en la numeración, que es la que utilizaré a lo largo de toda mi intervención, del dictamen de la Comisión, que también podría satisfacer el sentido de una enmienda del Grupo Vasco (PNV).
El contenido de nuestra enmienda transaccional sería sustituir el término «sin menoscabo de ese objetivo» por «sin perjuicio», que es el sustantivo utilizado en el Tratado de la Unión Europea para idéntica cuestión. Con lo cual el proyecto de ley diría: «El Banco de España definirá y ejecutará la política monetaria con la finalidad primordial de lograr la estabilidad de precios»

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--en eso estamos todos de acuerdo--, «y, sin perjuicio de ese objetivo, la política monetaria apoyará la política económica general del Gobierno.» Con esta redacción creo que se deshacen las dudas que pudiese haber sobre hipotéticas diferencias entre el grado de autonomía de nuestro Banco de España, en relación a la política económica general del Gobierno, respecto del modelo asumido e integrado ya en nuestro ordenamiento jurídico interno para el Banco Central Europeo en relación a las instituciones comunitarias. En cuanto al modelo de Banco central, no podemos coincidir con la tesis sustentada y defendida aquí por el señor Martín Villa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, respecto de las competencias en materia de supervisión prudencial del Banco de España. La cuestión no está resuelta de forma unívoca en los diferentes modelos comparados en los cuales nos podemos inspirar para encontrar argumentos positivos o favorables a una u otra tesis, pero, de hecho, en nuestro entorno comunitario, en la Unión Europea, de los doce países miembros de la Unión, todos ellos han ratificado como nosotros --como no podía ser de otro modo-- el Tratado de la Unión Europea, sólo tres de ellos tienen el modelo de separación entre la definición y ejecución de la política monetaria encomendada a su banco central y las competencias y funciones ligadas a la supervisión prudencial, que en el caso de esos tres países de la Unión se le encomiendan a una agencia directamente ligada al Gobierno, al Poder ejecutivo. En los otros nueve países, incluido el nuestro, ambas competencias están asumidas por el Banco central, una de ellas como propia, una vez que se le otorga autonomía, la definición y ejecución de la política monetaria, y la otra --es nuestro caso-- como una función cuyo titular es el Poder ejecutivo, pero que encomienda su funcionamiento, su desarrollo y su ejecución al Banco de España. Nos parece que este modelo están funcionando bien. No encontramos argumentos para ni siquiera sugerir, al calor del debate de este proyecto de ley, su modificación, y por tanto no compartimos los argumentos expresados por el Grupo Popular y no apoyaremos sus enmiendas.
El segundo problema suscitado en este debate es el tratamiento parlamentario de los presupuestos del Banco de España. Hay un problema --ya lo sabe la Mesa-- en la transcripción del dictamen de la Comisión, se ha mantenido un párrafo que no fue votado en Comisión porque fue sustituido por el relativo al encaje del presupuesto de gastos y funcionamiento del Banco de España en los Presupuestos Generales del Estado, cosa que se hace por primera vez, y en cambio no se ha incluido en el dictamen de la Comisión un texto que sí aprobamos allí, que es el relativo a la aprobación de las cuentas y balances del Banco de España una vez que ha finalizado el ejercicio. No hay ninguna duda por parte de ninguno de los grupos sobre que ese párrafo ya mantenido en el proyecto inicial esté integrado en el dictamen, porque esa fue la voluntad de la Comisión.
Una vez regulado como se hizo en Comisión, mejorando la redacción del proyecto, el debate parlamentario sobre el proyecto de presupuestos de gastos y funcionamiento corriente y de inversiones del Banco, queda por resolver una cuestión que figura en la enmienda del Grupo Popular --no tengo el número delante--, defendida por el señor Martín Villa, a la que no podemos responder, pero sí comprometemos nuestra voluntad de seguir analizándola para ver si en el trámite subsiguiente del Senado podemos llegar a un acuerdo. Compartimos la idea de que en la rendición de cuentas del Banco de España figure individualizada aquella parte de sus resultados que corresponde a operaciones de intervención en bancos o de intervención, por ejemplo, en operaciones de compra y venta de divisas, pero creemos que el Grupo Popular coincidirá con nosotros en la extremada prudencia que debemos tener en la redacción precisa de esa voluntad política, porque si no podríamos establecer para quienes tengan la obligación de rendir cuentas en nombre del Banco de España de sus resultados de cada año, una obligación de imposible cumplimiento si nuestra voluntad política no se traslada jurídicamente de un modo correcto al texto. Por tanto, comprometemos nuestra voluntad de seguir analizando la cuestión. En la relación con el Parlamento, quedó pendiente en Comisión qué participación tiene esta Cámara, el Congreso de los Diputados, en el nombramiento del Gobernador. En el Tratado de la Unión Europea se establece una participación previa del Parlamento Europeo; en el proyecto inicial del Gobierno no se planteaba esa cuestión, pero nosotros queremos ofrecer a los grupos que han expresado esa voluntad de participar de alguna manera desde esta Cámara opinando sobre el candidato a gobernador una propuesta de transacción a la enmienda número 81 del Grupo Popular, añadiendo un párrafo al artículo 24.1 del dictamen, con la numeración del dictamen de la Comisión, que diría: Con carácter previo al nombramiento del Gobernador, el Ministro de Economía comparecerá en los términos previstos en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados ante la Comisión competente para informar sobre el candidato propuesto.
Esta comparecencia del Gobierno presentando al candidato dará lugar a un debate político y, por tanto, antes de que el Presidente del Gobierno eleve al Rey su propuesta de candidato a Gobernador conocerá el Presidente del Gobierno, conocerá el Gobierno y conocerá la opinión pública la opinión que ese candidato ha merecido a los diferentes grupos parlamentarios.
También en la relación entre Banco de España y Parlamento ofrecemos una transacción, a la que ya se ha referido el señor Martín Villa, que fue presentada en

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Comisión y que no pudo ser entonces aceptada por el Grupo Popular, aunque hoy parece que sí lo va a ser, a la enmienda número 56, regulando el equilibrio entre el deber de secreto que tiene el Gobernador del Banco de España sobre determinadas cuestiones de índole financiera que no puede desvelar, so pena de arriesgar consecuencias negativas para el conjunto del sistema financiero, con el deber de informar a esta Cámara de todas aquellas cuestiones que la Cámara le plantee. Creemos que con nuestra propuesta de transacción se equilibran ambos objetivos y se da una buena solución a la cuestión, siempre problemática, que ya en alguna ocasión además ha planteado conflictos entre el Banco de España y este Congreso de los Diputados acerca de qué tipo de información podía o no podía darse. La enmienda transaccional diría: El acceso al Congreso de los Diputados a la información sometida al deber de secreto se realizará a través del Gobernador del Banco de España, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Cámara. A tal efecto el Gobernador podrá solicitar motivadamente de los órganos competentes de la Cámara la celebración de sesión secreta o la aplicación del procedimiento establecido para el acceso a las materias clasificadas.
Con relación a las preocupaciones de índole autonómica que han sido mostradas por diferentes grupos, creemos que hay que dar una solución que no pase por una presencia explícita, orgánica, de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno del Banco de España, ni siquiera el Gobierno tiene esa presencia orgánica en la medida que se está dotando de autonomía al Banco, pero sí nos ha parecido lógico proponer una fórmula, que podría ser una transacción a la emienda 110 del Grupo Catalán, que añadiría un párrafo en el artículo 10 del dictamen, en el sentido de que el Gobernador del Banco de España comparecerá ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera para todas aquellas cuestiones competencia del Gobernador y de interés del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creemos que se dota al Consejo de Política Fiscal y Financiera de un ámbito más de actuación en competencias que tiene ya atribuidas genéricamente por la LOFCA y que, sin crear nuevos órganos, se da satisfacción al fondo de la preocupación política expresada tanto por el Grupo Catalán, como también por el Grupo Vasco (PNV).
Por último, con relación a la representación del personal, seguimos manteniendo la actual definición de los órganos de gobierno del Banco de España. No tiene sentido mantener la vieja figura del Consejero representante del personal, pero dada la insistencia del representante de Izquierda Unida, señor Espasa, le ofrecemos una emienda transaccional cuyo contenido ya he anticipado, a su enmienda 43, que añadiría un párrafo al artículo 20.2 del proyecto diciendo que también asistirá al Consejo de gobierno del Banco de España un representante del personal del Banco, elegido en la forma que establezca el reglamento interno del Banco, con voz y sin voto. Queda pendiente, y habrá que resolverlo en el Senado, una inclusión de este representante, aunque no tenga voto, en las causas de incompatibilidad que se fijan para el resto de los miembros de los órganos de gobierno y creo que todos estaremos de acuerdo en el Senado en incluir a este representante en las causas genéricas de incompatibilidad. Por último, presentamos una transacción técnica a una enmienda de Coalición Canaria, que no pudo ser aceptada como transacción porque en aquel momento no estaban en la Comisión los representantes de dicho Grupo. En relación con su enmienda 35, al artículo 9.3 del dictamen de la Comisión, que se refiere a las operaciones que hace el Banco de España implicando a terceras personas, cuando al final del párrafo se dice: «cuando el Gobierno o, con su autorización expresa, el Ministro de Economía y Hacienda lo hubieran autorizado...» hay que añadir «reglamentariamente». Creemos que esa autorización del Gobierno o del Ministro de Economía y Hacienda para que el Banco de España realice operaciones que afecten a intereses de terceros debe tener una regulación reglamentaria y no desarrollar esa competencia del Banco de España sin ningún tipo de encaje jurídico.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Antes de pasar a posibles turnos de réplica, los servicios de la Cámara advierten que en la documentación que ha sido distribuida ha habido un error. En el artículo 4, el apartado 2 que figura como tal no debe existir porque fue sustituido por el apartado que figura como número 3. Es decir, el artículo 4, Régimen económico, quedaría con el apartado 1 tal como figura en la documentación distribuida, sin el apartado 2 que figura en esa documentación y el apartado 3 como apartado 2, añadiéndole un segundo párrafo que se ha omitido, que es el siguiente: Corresponderá al Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, aprobar el balance y cuentas del ejercicio del Banco, que serán remitidos a las Cortes Generales para su conocimiento. El Banco de España quedará sujeto a la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982.
Repito que ha sido un error, lo que comunicamos ahora para su rectificación. ¿Grupos que deseen consumir un turno de réplica? ¿Por Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Señor González Lizondo? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.


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Unicamente me voy a referir al tema de la participación de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno del Banco de España. No es que nuestro Grupo haya tenido una propuesta transaccional por parte del portavoz del Grupo Socialista, pero de hecho podría admitirse la misma en tanto que la propuesta que hace el Grupo Socialista es a una enmienda exactamente igual que la nuestra presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Sin embargo le tengo que decir al señor Almunia que la propuesta que nos hace es francamente difícil de admitir.
No entiendo cómo se puede comparar el proponer la participación en los órganos de gobierno de las comunidades autónomas con la posibilidad de convocar al Gobernador del Banco de España en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, y para el simple hecho de que facilite el ejercicio de las tareas de coordinación financiera y para que informe sobre política monetaria. Esto lo puede hacer el Gobernador del Banco de España en cualquier momento y en cualquier foro de esta Cámara sin tener ninguna necesidad de estar recogido en la ley de autonomía del Banco de España. Si cree que con eso las comunidades autónomas nos vamos a conformar, desde luego desde mi Grupo Parlamentario le tengo que decir que no estamos en absoluto de acuerdo con ello.
Al final volvemos a lo de siempre y es al hecho de que cuando en esta Cámara se ponen encima de la Mesa las competencias autonómicas y cuando las reivindicamos en el ejercicio directo y material, quedan absolutamente sin tener una respuesta; es más, tienen la respuesta de la no admisión. Señor Almunia tengo que decirle que estoy en este caso francamente defraudado con la postura de su Grupo Parlamentario en el sentido de que no contemple en este proyecto de ley ninguna de las enmiendas que tienen relación con nuestras competencias autonómicas.
Como ya venimos siendo permanentemente tratados en esta materia siempre igual, es decir, sin admitir absolutamente ninguna de nuestras enmiendas que tengan relación con el tema autonómico, mi Grupo Parlamentario adelanta que nos vamos a abstener en la aprobación del texto de este proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía. Tiene la palabra el señor Martín Villa.


El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Almunia por su actitud y por sus ofertas de enmiendas transaccionales. Nosotros vamos a votar favorablemente las enmiendas transaccionales presentadas por S.S. en su intervención y simplemente quisiera hacerle una observación. En relación con el trámite de información al Congreso de los Diputados con referencia al nombramiento del Gobernador del Banco de España se hace una alusión concreta al artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Yo creo que sería mejor que la referencia se hiciera al artículo 201. El artículo 203 está concebido para comparecencias del Gobierno a petición del Gobierno o a petición de grupos parlamentarios y por decisión de la Mesa y de la Junta de Portavoces, mientras que el artículo 201 está concebido para rendir informes relacionados con obligaciones del Gobierno, constitucionales o legales, que es el supuesto en el que estamos. Seguramente, señor Almunia, quedaría todo mucho mejor si la referencia fuera genérica al Reglamento de la Cámara, ni al artículo 203 ni al 201. En todo caso, señor Almunia, nosotros insistiremos en la consulta necesaria no solamente para el nombramiento del Gobernador, sino para el nombramiento del Subgobernador y de los consejeros. Incluso podríamos entender que S.S. nos contestara que no es necesaria la consulta o el informe en relación con el Subgobernador, puesto que emana de alguna manera del Gobernador, dado que su nombramiento es a iniciativa de éste. Por cierto, creo que habría que hacer una corrección --no sé si reglamentariamente tenemos holgura para ello-- porque el Gobernador no puede proponer nada al Consejo de Ministros, puede tener iniciativas, pero en respeto no sé si al Derecho administrativo pero sí a la liturgia gubernamental, los únicos que tienen capacidad de propuesta en los gobiernos son sus miembros y, en concreto, el Ministro.
Nosotros insistimos en que esa consulta, ese informe, ese trámite de participación de las Cámaras, del Congreso de los Diputados, afectará también a los consejeros. Nosotros con este sistema no queremos plantear, en relación con los miembros del Consejo de Gobierno del Banco de España el llamado sistema de cuotas; la iniciativa respecto del Gobernador la tiene el señor Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros, la iniciativa respecto de los consejeros la tiene el señor Ministro de Economía y Hacienda y la decisión el Consejo de Ministros. Queremos simplemente un trámite de información, un trámite de consulta, y ya que estamos viviendo el mimetismo del Protocolo tres del Tratado de la Unión Europea, que éste sirva también para este tipo de designaciones. Aceptamos, como he dicho, la enmienda transaccional relacionada con el deber de información, que creo que combina --para ser sincero--, mejor que nuestra enmienda, la prudencia que debe presidir ese tipo de comparecencias con el deber del Gobernador y nuestro derecho a ser informados.
Señor Almunia, nosotros insistiremos en nuestra propuesta de obligar al Gobierno para que en un plazo prudente traiga un proyecto de ley para acomodar el

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sistema de supervisión financiera a las nuevas realidades que surgen del nuevo marco institucional del Banco de España. No restamos esa posibilidad al Banco, pero sí expresamos --es un debate que está abierto-- que tendrá que hacerse de otra forma, porque otro es el Banco que nacerá de esta ley.
Aceptando que hay unas posibilidades abiertas ya en este debate y que S.S. ha abierto más en el posible debate en el Senado en relación con el presupuesto, nosotros insistiremos hasta el final en que es necesario que haya una cuenta especial con sus resultados en relación con las operaciones en las que el Banco de España intervenga, directa o indirectamente, en saneamientos de las entidades financieras.
Insisto, señor Almunia --por declaración del propio señor Ministro de Economía y Hacienda--, el coste del saneamiento de un banco acertadamente intervenido, al menos en mi criterio, va a ser el mismo que el de toda la justicia, bastante superior al de las relaciones exteriores de Españay superior a la suma de los Ministerios de Presidencia, Comercio y Turismo, Cultura y Asuntos Sociales. Creemos que ese montante de cuentas necesita un control especial en un anexo especial en la liquidación de los presupuestos de todos y cada uno de los años. Señor Almunia, vamos a votar a favor, como he indicado, al conjunto de las enmiendas transaccionales a las que S.S. se ha referido. Sin embargo, sí quisiera señalarle, en relación con la participación, con voz pero sin voto, del representante de los empleados en el Consejo de Administración o en el Consejo de Gobierno del Banco de España, aceptando transaccionalmente una enmienda del Grupo de Izquierda Unida, que si no en este momento sí en algún otro tendríamos que determinar que quizás en el reglamento del Banco tenga que expresarse el conjunto de limitaciones y de incompatibilidades que afectan a ese representante. Yo ya sé que no serán las mismas que las que afectan a Gobernador, Subgobernador y consejeros, pero algunas, como por ejemplo el deber de secreto y otras ciertas incompatibilidades deben afectarle.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Martín Villa. Señor Espasa, tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, vamos a aceptar la enmienda transaccional a nuestra enmienda número 40, es decir, la que sustituiría la expresión «sin menoscabo» por «sin perjuicio». Ya he dicho que no es todo lo que quisiéramos, pero menos da una piedra, y, por tanto, recogemos la propuesta favorablemente, aunque después, ya lo advierto, en la Sección 1.ª, es decir, la de la autonomía monetaria del Banco de España --la autonomía para practicar la política monetaria--, nuestro Grupo va a abstenerse. Nuestro Grupo estuvo en contra y presentó una enmienda de totalidad y tiene ahora enmiendas incorporadas que mejoran de forma sensible la sección, no nos satisface todavía políticamente en plenitud el tratamiento que el Gobierno da a la autonomía del Banco de España y, por tanto, en este aspecto nos vamos a abstener. Respecto a la otra transaccional que se nos ofrece a la enmienda número 43, relativa al representante del personal, yo le ofrecería al señor Almunia una transaccional sobre su transaccional. Es decir, nos parece bien la propuesta que nos hace, pero creemos que mejoraría si se eliminase de su texto la expresión «con voz y sin voto» y en el artículo que corresponde, en el punto 3 --la tengo redactada, señor Presidente, ya se la pasaré--, se dijese que «el Director General del Tesoro y Política Financiera, el Vicepresisdente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el representante del personal carecerán de voto cuando se debatan cuestiones referidas a la sección primera», es decir, a la autonomía del Banco de España respecto de la política monetaria. Nosotros proponemos esta transacción sobre la transacción y quisiéramos oír la opinión del Grupo Socialista.
Nada más, señor Presidente, sino que vamos a votar favorablemente algunas enmiendas del Grupo Popular o del Grupo Vasco (PNV) en la medida en que coinciden con nuestras propuestas de autonomía más atemperada del Banco de España, de control parlamentario sobre las actuaciones y las competencias delegadas en el Banco de España y sobre necesidad de separación de las actividades de supervisión y vigilancia prudencial de las entidades financieras por parte del Banco de España respecto de su nueva competencia en régimen de autonomía de política monetaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
Señor Homs, tiene la palabra.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, comunicamos que aceptamos la enmienda transaccional que propone el Grupo Parlamentario Socialista a nuestras enmiendas. Creo que es una enmienda que aproxima las posiciones de ambos grupos parlamentarios. Nuestro Grupo propone la creación de un consejo «ad hoc», específico, y quizá sea más oportuno aprovechar la existencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las comunidades autónomas y que ha desarrollado en los últimos años muchas funciones del ámbito fiscal, casi ninguna en el ámbito financiero, y empezar a darle, mediante las leyes que vayan aprobándose, un mayor contenido y extensión de sus funciones en la dimensión financiera. Nos parece que puede ser una buena vía la que iniciamos en este proyecto de ley de

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autonomía del Banco de España para aproximar la función de coordinación y de consulta de este órgano, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, en vinculación con el Banco de España. Nos parece que es una buena aproximación a nuestras posiciones y, en consecuencia, señor Presidente, comunico que retiramos todas nuestras enmiendas a este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Homs. Señora Rahola, tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero pedirle al señor Almunia que mire de vez en cuando hacia la montaña y en sus réplicas recuerde que no sólo PNV o su aliado natural, Convergència i Unió, han mostrado sus preocupaciones autonómicas. También lo ha hecho y muy claramente Esquerra, a través de nuestras dos enmiendas.
En segundo lugar, la transacción que ustedes plantean a la enmienda de Convergència i Unió es, si me permiten, un pequeño pegote. No se puede de ninguna manera comparar la presencia de un representante de la Comunidad en el Consejo con lo que ustedes plantean, que es meramente una comparecencia. Desde un punto de vista autonomista y no ya nacionalista, su oferta no nos parece aceptable; ni resuelve nuestras inquietudes ni es coherente con la voluntad descentralizadora. Su enmienda es otra cosa más o menos estética. Siempre resultan aconsejables las comparecencias, pero no es la enmienda que los partidos nacionalistas reclamamos. En este sentido, que un partido nacionalista, Convergència i Unió, haya renunciado a que Cataluña tenga representante propio en el Consejo y, por tanto, haya avalado su decisión, no precisamente autonomista, es uno de aquellos misterios francamente difíciles de comprender, una especie de sexo de los ángeles del nacionalismo: cómo ser nacionalista y apoyar medidas que no lo son.
En fin, por coherencia nacionalista, pues, no podremos votar afirmativamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Voy a empezar por el tema autonómico que suscitaba ahora la señora Rahola, a la que pido excusas por no haberme referido desde la tribuna a sus enmiendas. Me he referido, en general, a las enmiendas que planteaban la cuestión dela representación de comunidades autónomas y no he citado las que S.S. ha presentado. Lo siento.
Le quiero decir a usted y también al señor Zabalía, del Grupo Vasco (PNV), que valoren en toda su dimensión la propuesta de transacción, que sí agradezco al representante de Convergència i Unió que haya aceptado, porque, una vez que esta enmienda se integre en el proyecto y cuando entre en vigor la ley, el Gobernador del Banco de España será la única persona que, no siendo miembro de pleno derecho del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pueda comparecer y asistir a sus reuniones. Hoy en día sus miembros, desde que se aprobó la LOFCA en el año 1980, los 17 consejeros designados por cada una de las comunidades autónomas, el Ministro de Economía y Hacienda y el Ministro para las Administraciones Públicas y actúa como secretario un director general del Ministerio de Hacienda.
Nadie más ni del Gobierno ni de la Administración ni de las comunidades autónomas ni de ningún otro lugar ha estado ni está ni estará en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, salvo el Gobernador del Banco de España, lo cual da la auténtica dimensión al paso que hemos dado o daremos cuando votemos la transacción.
Al señor Martín Villa le quiero decir que preferimos mantener la cita al artículo concreto del Reglamento del Congreso.
Quizá no sea buena técnica legislativa, pero nos parece que la comparecencia prevista en el artículo 203 del vigente Reglamento es exactamente la que la enmienda transaccional quiere fijar para ese trámite de presentación de un candidato.
No se puede comparar con trámites reglados que marcan la relación entre instituciones del Estado, como puede ser, por ejemplo, la comparecencia reglada del Presidente del Consejo General del Poder Judicial o de cualquier otra autoridad del Estado, ante una Comisión parlamentaria.
Miraremos los ajustes técnicos que S.S. ha planteado y espero que los podamos resolver a lo largo del resto de los trámites parlamentarios, antes de que votemos definitivamente aquí el proyecto de ley cuando vuelva del Senado, con la misma capacidad de acuerdo, con la misma capacidad de encuentro de posiciones comunes que creo que prácticamente todos los grupos hemos demostrado a lo largo de los meses de debate de este proyecto de ley. Una de las cuestiones técnicas a las que me refería en la tribuna y que usted también ha suscitado es la de la regulación necesaria de las incompatibilidades que afecten al representante del personal previsto en nuestra enmienda transaccional; transacción que le debo decir al señor Espasa que mantenemos en los propios términos en que ha sido presentada. No se puede equiparar al representante del personal de que habla nuestra enmienda transaccional con el Director General del Tesoro o con el Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


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Debe equipararse, sin embargo, al «status» de los directores generales del Banco que, al igual que el consejero representante del personal, hoy en día, con la legislación de 1980, están presentes en el Consejo de Gobierno, pero ni los directores del Banco ni el representante del personal podrán estar presentes con voto en ninguna de las cuestiones del nuevo Consejo de Gobierno. Sería ilógico primar al representante del personal con relación a los directores del Banco. Mantenemos un equilibrio en nuestra enmienda transaccional.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Almunia. En consecuencia, señor Espasa, centrada la transaccional en los términos en que había sido ofrecida, simplemente quiero saber la opinión de su Grupo.


El señor ESPASA OLIVER: Sí, señor Presidente. El señor Almunia ha conseguido convencerme.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Vamos a pasar a la votación, señorías. (El señor Albistur Marín pide la palabra.) Señor Albistur, ¿qué desea?

El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, solamente una cuestión de orden. No ha pedido usted la intervención de los portavoces para fijar la posición de grupos que no hemos enmendado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es que han intervenido todos los grupos, también el Mixto.


El señor ALBISTUR MARIN: De acuerdo, señor Presidente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las enmiendas de los distintos grupos.
Antes de proceder a la misma hago la observación genérica de que se refiere a aquéllas que no han sido retiradas en el curso del debate, entendiendo por retiradas las afectadas por propuestas transaccionales que han sido aceptadas por los respectivos grupos.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.) El señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Pediría votación separada de la enmienda número 29.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 29, del Grupo de Coalición Canaria. Comienza la votación. (Pausa.)Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 28; en contra, 305; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 11; en contra, 324.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del señor González Lizondo (El señor Fernández- Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos la votación separada de la enmienda número 2.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 2, del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 142; en contra, 192.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, nueve; en contra, 324; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 10; en contra, 290; abstenciones, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.


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Solicito votación separada de las enmiendas 12 y 18. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, solicitamos votación separada, en un bloque, de las enmiendas 9, 12, 20 y 26.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 12, del Grupo Vasco (PNV). Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 162; en contra, 156; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda del Grupo Vasco (PNV). (Aplausos.) Enmienda número 18, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 143; en contra, 175; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 9, 20 y 26, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 28; en contra, 289; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, nueve; en contra, 308; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.) El señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, a reserva de que se haya retirado alguna, pediríamos un bloque con las números, 49, 55, 56, 57, 64, 66, 82, 91, 92 y 96.El señor PRESIDENTE: La número 56 está retirada, señor Espasa. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, solicito votación separada de la número 73.


El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda número 73 del Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 314; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 49, 55, 57, 64, 66, 82, 91, 92 y 96 del Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 162; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 134; en contra, 199; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicito votación separada de la enmienda número 45.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 45, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 27; en contra, 176; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 18; en contra, 307; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar las enmiendas transaccionales, excepto la presentada en relación con la número 40 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa al artículo 7.º2 del dictamen, que ha sido modificado como consecuencia de la aprobación por la Cámara de la enmienda del Grupo Vasco (PNV).
(El señor Espasa Oliver pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, simplemente queremos decir que estamos de acuerdo con usted y mostrar nuestra satisfacción puesto que la enmienda aprobada es aún de mayor amplitud que la transaccional que ofrecía el Grupo Socialista a nuestra primera enmienda.


El señor PRESIDENTE: Votación relativa a las enmiendas transaccionales. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 335; a favor, 329; en contra, tres; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas transaccionales. Votaciones relativas al dictamen.
(El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicito votación separada de los artículos 21 y 24.
Gracias, señor Presidente.
(El señor Espasa Oliver pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Nosotros solicitamos votación separada de los artículos 1 al 5.


El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a los artículos 1 al 5 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 336; a favor, 308; en contra, cuatro; abstenciones, 24.El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Artículos 21 y 24.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336: a favor, 196; en contra, 134; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Votación correspondiente al resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 330; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen excepto la exposición de motivos, que pasamos a votar seguidamente. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 330; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.


--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE DICIEMBRE.) (Número de expediente 121/000030)

El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, procedente del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre. Como recuerdan SS.SS., la votación del dictamen correspondiente a este proyecto de Ley quedó pendiente en la sesión plenaria del pasado día 10. La Mesa y la Junta de Portavoces acordaron efectuar una investigación para detectar las anomalías que pudieran haberse producido en la votación correspondiente a las enmiendas de este proyecto de ley.
Efectuada esta investigación, y con los medios disponibles para efectuarla, no ha podido constatarse más que una anomalía referida a un voto emitido desde un escaño en el que no se hallaba presente ningún Diputado en el momento de emitir esos votos.
La Mesa, por mayoría, entendió que esa circunstancia determinaba la anulación de ese voto y el correspondiente descuento de los que habían sido emitidos en el mismo sentido en las sucesivas votaciones. Habida cuenta que esta circunstancia no altera el sentido de las votaciones efectuadas, la Mesa, por mayoría

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--insisto--, acordó mantener las votaciones relativas a las enmiendas y, por tanto, proceder a la votación del dictamen, sin perjuicio de llevar a cabo una investigación para determinar las circunstancias en las que se había producido ese voto nulo y adoptar las consecuencias reglamentarias pertinentes en relación con esta anómala circunstancia. Vamos a proceder, por tanto, a la votación del dictamen de este proyecto de ley. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos votación separada del artículo 1.º, artículo 3.º en su apartado 1, disposiciones adicionales, derogatoria y finales en un bloque. En un segundo bloque, el artículo 3.º en su apartado segundo y la exposición de motivos, y en un tercer bloque el resto.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Votación relativa a los artículos 1.º, 3.º, apartado 1; disposiciones adicionales, disposición derogatoria y disposiciones finales de este dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 312; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos sometidos a votación. Votación relativa del artículo 3.º, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 179; en contra, 156; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Resto del dictamen, excepto la exposición de motivos. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 177; en contra, 24; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 178; en contra, 154; abstenciones, una.El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.


--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL (Número de expediente 121/000032)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto 36, proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.
Como saben SS.SS., este proyecto de ley ha sido desglosado, por razón del carácter orgánico de una parte del mismo, en un proyecto de ley orgánica por la que se incluye una disposición adicional cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Vamos a proceder al debate y votación, en primer lugar, de este proyecto de ley desglosado y, posteriormente, al resto de lo que era el primitivo proyecto de ley. A este proyecto de ley hay mantenidas dos enmiendas, que afectan, por haber sido formuladas antes de que se produjese este desglose, a otras partes de este mismo proyecto de ley. La defensa de las mismas se referirá, lógicamente, a lo que es esta parte desglosada, sin perjuicio de mantener la parte que afecta al resto del proyecto en el momento oportuno del debate. Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Muchas gracias, señor Presidente.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio a sus señorías.
Cuando quiera, señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
En principio, esta Diputada tenía entendido que íbamos a debatir en este momento todas las enmiendas correspondientes al Título II, pero comunica el señor Presidente de la Cámara que no es así, que sólo vamos a debatir lo que corresponde a la supresión del inciso al artículo 74, que se considera orgánico.
Quiero decir que todo el debate en torno al Título II del Estatuto de los Trabajadores, que afecta a la representación sindical, ha tenido un trayecto en esta Cámara que considero bastante anómalo. Refiriéndome sólo y exclusivamente a este inciso, quiero decir que, a nuestro juicio, habiendo tenido lugar un debate respecto a si era orgánico o no este proyecto de ley, nosotros manteníamos, y seguimos manteniendo, que hay otros párrafos, aparte del que debatimos en este momento, que

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son orgánicos, entre otras razones porque el Título II del Estatuto de los Trabajadores, como consecuencia de un acuerdo --me referiré a él luego y a las enmiendas de supresión de la globalidad del Título II en el momento en que debatamos dicho Título II--, no solamente es orgánico en la parte que afecta a la prolongación de mandatos de los representantes sindicales, sino también en cuanto a la capacidad de mayor representatividad que se les da a los sindicatos más representativos.
Este proyecto de ley contempla una ampliación de las capacidades que la Ley Orgánica de Libertad Sindical concede a los sindicatos mayoritarios. Y este párrafo concreto entiende que los mandatos prorrogados se computarán a efectos de las nuevas elecciones sindicales. Nosotros creemos que este párrafo concreto tiene los mismos defectos que todo el Título II. En primer lugar, la inoportunidad política; en segundo lugar, el no análisis, ni propuesta siquiera, por el Ministerio de Trabajo a esta Cámara de por qué se introduce este Título II: y, en última instancia y desde mi punto de vista, algo que debe ser el eje fundamental de cualquier defensa que se quiera hacer de este Título II, que es el rompimiento de la libertad sindical en nuestro país. Si algo debe caracterizar un proceso electoral de cualquier tipo --el proceso electoral general, el de ámbito autonómico general o local y también el de las elecciones sindicales-- debe ser el respeto a la libertad. En este país hemos configurado un sistema sindical, con unas competencias más allá de lo que serían las lógicas de un comité de empresa, y deberíamos ser especialmente cuidadosos a la hora de elaborar leyes que afecten a este mapa sindical, que en este momento es el que es, pero que no sabemos cuál será en el futuro. Por tanto, mi Grupo Parlamentario mantiene la enmienda de supresión del párrafo que afecta a la consideración de orgánica del Título II, que se refiere al proceso electoral sindical, y mantendrá para el debate del Título II las enmiendas de supresión de todo el Título. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. El señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, éste es un extraño debate porque lo que nos parecía coherente era hacer el debate de totalidad del Título II, sobre el que recae este inciso orgánico que modifica la Ley de Libertad Sindical, y «a porteriori», en todo caso, estudiar y votar este aspecto concreto. Se ha decidido que se empiece el debate por el inciso que las Cámaras consideran, que los servicios de las Cámaras y los grupos han considerado que es orgánico, y yo tengo que mantener la posición que mi Grupo ya manifestó en Comisión de oposición a esta declaración de orgánica y a todo el Título II, y tengo que mantenerla por las razones que explicaré a la Cámara cuando hablemos del citado Título II.
Por tanto, nada más, señor Presidente, sino anunciar mi voto en contra en coherencia con el que ya emitimos en la Comisión.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
¿Turno en contra de estas enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como han hecho evidente los otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es imposible hacer un debate sobre este proyecto de ley orgánica por la que se incluye una disposición adicional cuarta en la Ley 11/1985, de Libertad Sindical, sin hacer referencia al que mantendremos después sobre la reforma del mercado laboral y, en particular, sobre el proyecto de ley por el que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y, más en concreto aún, a su artículo 7.º que contiene las modificaciones del Título II del Estatuto de los Trabajadores. Sin estas referencias señor Presidente, que nosotros consideramos obligadas, no se entendería nuestra portura favorable al texto de la modificación de la ley que debatimos y, por consiguiente, nuestra postura contraria a las enmiendas que se han considerado a la totalidad presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular y de Convergència i Unió. Tras la experiencia acumulada por la actual normativa referida a la representatividad sindical, comprobada en los cuatro procesos electorales celebrados, podemos afirmar que se ha consolidado una situación electoral cada vez más clara y estable, que ha canalizado toda la actividad reivindicativa y participativa del mundo laboral y que ha definido el actual mapa sindical español enmarcándolo en unos parámetros francamente aceptables y difícilmente imaginables al principio de la transición democrática. Como decía, pese a esta valoración claramente positiva y al papel esclarecedor que tuvo la Ley Orgánica de Libertad Sindical al distinguir varios tipos de representatividad y establecer un período de cómputo más corto para medir la representatividad sindical, se consolidó un efecto no perseguido por la Ley y, a mi entender, perverso cual es la lucha desatada para ocupar el primer lugar en cuanto al número de representantes sindicales, hecho éste que rápidamente trajo consigo una serie de elementos no deseados a los cuales la nueva redacción del Título II del Estatuto de los Trabajadores quiere dar solución.
Dejaré las argumentaciones para el debate --como han hecho los otros portavoces-- del Título II. Esto solamente, señora Villalobos, es a guisa de introducción para que conociera el conjunto de la Cámara cuál es

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nuestra posición y la razón de por qué nos vamos a oponer a las enmiendas presentadas a la adición de este añadido a la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Por tanto, señorías, el Grupo Socialista va a mantener la defensa del texto presentado y va a votarlo favorablemente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente, voy a ser muy breve. Efectivamente, cuando hablemos del Título II argumentaremos, pero ya que estamos hablando del inciso concreto, lo voy a leer, porque creo que es necesario que esta Cámara lo conozca. Dice: Los delegados de personaly los miembros del comité de empresa con el mandato prorrogado no se computarán a efectos de determinar la capacidad representativa de los artículos 6 y 7 de la presente Ley. Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Es decir, que a partir de este momento, aparte de las diferentes paradojas que en el mundo sindical se dan en nuestro país, se va a dar la paradoja de que, en función del momento en que sean elegidos, formarán parte de los sindicatos más representativos o no. Es decir, que un sindicato puede tener un tanto por ciento de representantes sindicales que son contabilizados en el momento de determinar la mayor representatividad y otros no, con la disparidad de protección que significa, dentro de las mismas siglas sindicales, una situacióno la contraria. Esto unido a algo de lo que hablaremos después, que es el cómputo abierto, es decir, que no hay cómputo electoral y que en cada momento habrá que medirlo. ¿Tampoco se van a poder medir esos comités de empresa prorrogados para otras cuestiones como la negociación colectiva? Usted inmediatamente me va a responder que sí, porque no afecta a la consideración de sindicato más representativo. Luego, en el fondo, lo que está latiendo en este Título II es la protección de una situación y de un mapa sindical cristalizado, y crea aquí una situación de protección desigual a unos delegados sindicales elegidos por el mismo Estatuto de los Trabajadores y con el mismo reglamento; yo creo que esto es profundamente negativo. Hubiera sido mucho más positivo que todo lo que se refiere al Título II, entre otros este absurdo planteamiento en torno a la diferencia entre la capacidad de cada uno de los delegados en función del momento exacto en el que fueron elegidos, lo hubiéramos planteado en otro momento y no en la reforma de las relaciones laborales que nos ocupa en estos momentos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Tiene la palabra el señor Hinojosa.El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, no haré perder el tiempo a la Cámara puesto que el debate se hará más tarde.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente. Voy a responder muy brevemente a la intervención de la señora Villalobos. Lo único que está latiendo en este inciso que se introduce hoy es la posibilidad de aplicación de la reforma del Título II. La prórroga del mandato sindical a los representantes legalmente elegidos en los últimos procesos electorales solamente obedece a la posibilidad de que, en un momento determinado, la reforma que hoy estamos discutiendo, que vamos a debatir próximamente, se pueda aplicar. Si automáticamente vencieran todos los mandatos de los representantes, obviamente, el mapa sindical español sería absolutamente distinto pero no respondería a la realidad, a la voluntad de los trabajadores que ejercieron su derecho en el período del cómputo del año 1990.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
¿Algún Grupo desea fijar posición en relación con este proyecto de ley? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Peralta por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente para manifestar nuestro apoyo a este proyecto de ley y nuestra oposición a las enmiendas que se han presentado, por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, porque de todos es conocido que este proyecto de ley responde a un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos en una materia en la que los sindicatos están muy capacitados, como es la regulación de las elecciones sindicales de los trabajadores.
Nosotros hubiéramos deseado que ese diálogo social, que ese acuerdo Gobierno- sindicatos hubiera sido mucho más amplio, hubiera alcanzado a toda la reforma laboral. Esta es, posiblemente, la razón fundamental de nuestra oposición a la misma, pero aquellos puntos en los que ha existido acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, por supuesto, nuestro Grupo va a respaldarlos, porque su posición es favorable al diálogo social. En segundo lugar, por razones de fondo. Señorías, y en concreto los grupos que defienden estas enmiendas, la Ley Orgánica de Libertad Sindical otorgó el título de sindicato más representativo en nuestro país a aquellos sindicatos que obtuvieran un determinado apoyo en las elecciones llevadas a cabo por los trabajadores. En coherencia con ese principio básico, principio democrático,

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cuando unos representantes sindicales agotan el mandato y no se producen nuevas elecciones, no nos parece nada discriminatorio sino, al contrario, coherente con el principio de respeto a la decisión de los trabajadores y con la voluntad de incentivar elecciones sindicales, que la ley diga que esos representantes sindicales mantienen su mandato pero que no computan para determinar la condición de más representativo.
Eso es lo que dice este proyecto de ley orgánica y nos parece absolutamente respetuoso con los criterios de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, absolutamente respetuoso con la voluntad de los trabajadores, incentivando las elecciones y, por tanto, somos favorables al mismo.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmienda del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 146; en contra, 180; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo Catalán.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 148; en contra, 178; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación del texto del dictamen, que por su carácter orgánico se entiende que también es la votación de conjunto correspondiente a esta condición del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 180; en contra, 146.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado en votación de conjunto el proyecto de ley orgánica sometido a votación.
Pasamos al debate del resto de este proyecto de ley.
Enmiendas a los artículos primero a cuarto. Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Peralta. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Pausa.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños, por favor. (Pausa).
Cuando quiera, señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, comenzamos el debate en Pleno del proyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Procedimiento Laboral. Conocen SS.SS. que de este proyecto inicial se ha desglosado una parte muy concreta, muy puntual, que es la que acabamos de debatir como proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Al comenzar el debate del proyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores quiero dejar constancia de la voluntad de nuestro Grupo de que, ojalá, todo en esta reforma del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Procedimiento Laboral, en definitiva toda la reforma laboral, se hubiera llevado a cabo partiendo de un consenso con los agentes sociales como ha ocurrido en ese proyecto de ley orgánica que nuestro Grupo acaba de votar favorablemente precisamente por coherencia y por respeto a nuestra voluntad de promover el diálogo social. Pero, señorías, esa voluntad nuestra no puede llevarse a la práctica porque a partir de este momento entramos en un proyecto de ley que no cuenta con el apoyo de las organizaciones sindicales. Más exactamente, señorías, cuenta con la oposición activa no sólo de las organizaciones sindicales, sino del conjunto de los trabajadores. Ha habido acontecimientos recientes en este país --las manifestaciones multitudinarias de finales de noviembre de 1993, la huelga general del 27 de enero de este año-- que ponen de manifiesto la contundente, masiva, prácticamente unánime voluntad de los trabajadores de este país en contra de una reforma del mercado laboral que, sin lugar a dudas, los trabajadores de este país consideran gravemente nociva para los mismos y que nosotros, como tercera fuerza política del Estado, valoramos que va a tener una incidencia negativa.
Intentaremos, a lo largo de la defensa de nuestras enmiendas y en las referencias que hagamos a las de otros grupos, demostrar objetivamente este carácter negativo del proyecto de ley que ahora empezamos a discutir.
En primer lugar, señorías, voy a defender las enmiendas de nuestro Grupo relativas a los artículos primero a cuarto del proyecto de ley, artículos que modifican --para que SS.SS.
tengan en consideración la amplitud de lo que en estos momentos debatimos-- hasta prácticamente el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Unos u otros, esa globalidad de los 40 primeros artículos del Estatuto de los Trabajadores, son objeto de reforma en los cuatro primeros artículos de este proyecto de ley.


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En nuestra opinión, y con brevedad, señorías, en función del tiempo que tenemos, quisiéramos destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, la regulación del trabajo a tiempo parcial y de los fijos discontinuos. Esta es una normativa que tradicionalmente ha formado parte del Estatuto de los Trabajadores que de una manera extraña técnicamente, y menos extraña político-sindicalmente, se incluyó en el Real Decreto- ley 18/1993, de 3 de diciembre, y por tanto hoy forma parte del proyecto de ley dimanante de ese Real Decreto-ley que se tramita. Digo extrañamente desde el punto de vista técnico porque no entendemos cómo una normativa que se pretende que sea estable y permanente se saca de su ámbito natural --el Estatuto de los Trabajadores, la ley básica laboral-- y se pasa a otro proyecto de ley distinto. Sin embargo, decimos, señorías, que no extrañamente desde el punto de vista político-sindical por cuanto que lo que se hace en relación con los trabajos a tiempo parcial y los fijos discontinuos es precisamente la aplicación concreta de ese criterio general claramente regresivo que informaba de una manera total el Real Decreto- ley de medidas de fomento de la ocupación, extrañadamente denominado así, porque tendremos ocasión de ver cómo ese Real Decreto-ley no fomenta la ocupación y desde luego no fomenta la ocupación en los términos de estabilidad y de protección que reclaman los trabajadores y el mercado laboral de este país.
Señorías, nosotros somos partidarios de que el trabajo a tiempo parcial y los fijos discontinuos se mantengan tal como estaban regulados anteriormente. Quiero poner de manifiesto que era una regulación que funcionaba con normalidad y a satisfacción de empresarios y trabajadores, constatado por su regulación y su aceptación en los convenios colectivos firmados voluntariamente por empresarios y trabajadores, con notable incidencia en determinadas zonas geográficas y en determinados sectores productivos de nuestro país.
La reforma que en este punto introduce este proyecto de ley es claramente negativa. Por una parte, suprime los fijos discontinuos como una modalidad de trabajadores fijos, los convierte en una submodalidad dentro de los trabajadores a tiempo parcial y fomenta los trabajadores a tiempo parcial en la medida en que suprime cualquier limitación de jornada que antes existiera. Por otra parte, establece un cambio sustancial en su protección social, un cambio sustancial que empeora notablemente esa protección social. Hasta ahora los trabajadores fijos discontinuos y los trabajadores a tiempo parcial (piensen SS.SS. que va a ser trabajador a tiempo parcial cualquiera que trabaje menos de la jornada habitual) cotizaban a la Seguridad Social por día. Un día trabajado, con independencia de su jornada, era un día cotizado. A partir de ahora, con la normativa que se introduce en este proyecto de ley y que ya ha sido extrañamente avanzado en el Decreto de cotizaciones de este año, los trabajadores a tiempo parcial cotizarán por horas. Señorías, esta medida tiene una trascendencia extraordinaria en la protección social de los trabajadores en nuestro país. Más allá de los recortes que vienen y que se anuncian en la reforma de las pensiones, esta medida introduce un cambio y un recorte fundamental en la protección social de cientos de miles de trabajadores en nuestro país que, a partir de este cambio en el sistema de cómputo de las cotizaciones, van a tener prácticamente imposible en su vida alcanzar no ya los nuevos períodos de cotización que se pidan, sino que difícilmente van a alcanzar los actuales quince años de cotización para la jubilación o para la invalidez. Por tanto, señorías, ésta es una normativa extraordinariamente regresiva y con particular incidencia en determinadas zonas geográficas, como la que este Diputado representa, la Comunidad valenciana, al igual que en Murcia y en sectores productivos --agrario, de conservas, hostelería-- en los cuales esta reforma introduce un recorte sustancial y fundamental en su protección social.
A su vez, señorías, esta reforma introduce un cambio regresivo muy notable en cuanto a la fijeza de los trabajadores, en cuanto a su estabilidad, por la vía de suprimir la presunción de fijeza que existía anteriormente y por la vía de dar mayor amplitud a los supuestos de temporalidad que ya había. Es verdad que no se han ampliado los supuestos de temporalidad, pero no es menos cierto que se ha ampliado cada uno de esos supuestos ya existentes, con lo cual, en definitiva, señorías, el compromiso electoral de que se iba a restablecer el principio de causalidad queda convertido en una auténtica burla al electorado. Esa es la realidad, señorías, de esta reforma del Estatuto de los Trabajadores.
En alguna ocasión se ha dicho a mi Grupo, se ha dicho a los sindicatos que pretendían mantener normas del franquismo cuando decíamos que no se sustituyeran las Ordenanzas Laborales si no había un convenio colectivo, no por amor a las Ordenanzas Laborales, que proceden de una dictadura en un momento en el que no había derechos sindicales, sino por no crear vacíos legislativos que favorecen a la posición más fuerte, al empresario. Pero ahora, señorías, nos encontramos con que se suprime un principio de presunción de fijeza del contrato y se restablece el principio de que se puede contratar a tiempo fijo o temporal, tal como convengan las partes, principio que en nuestro país se remonta a más se sesenta años. En la primera Ley de contrato de trabajo se contenía esa norma: El contrato de trabajo se podrá concertar por tiempo fijo o por tiempo indefinido. Eso, que era del año 1931, es lo que hoy, en el año 1994, restablecemos. Señorías, pienso, en concreto, en los representantes del Grupo Socialista que hacen alusión a que pretendemos ser conservadores y miramos al pasado. Hay que

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decirles que en este punto concreto se remontan casi al siglo XIX. En este, insisto, señorías, breve análisis de los puntos más importantes queremos hacer referencia al tema del salario y su regulación. Conocen perfectamente SS.SS. que en estos momentos en nuestro país hay un Decreto de ordenación del salario del año 1973, que ha funcionado en términos satisfactorios para todos, empresarios y trabajadores, hasta tal punto que en los convenios colectivos se establecen pocas modificaciones de una norma que ha sido considerada modélica.
Pues bien, señorías, nosotros pedimos que ese Decreto de ordenación del salario siga subsistente como tal Decreto, con carácter, incluso, de dispositivo, sustituible por voluntad de las partes, empresarios y trabajadores, pero que quede una norma reglamentaria clara que introduzca en un tema fundamental una determinada claridad y que cuando las partes entiendan que hay que modificarlo lo hagan voluntariamente.
Por contra, hay una disposición que deroga el Decreto de ordenación del salario diciendo, a falta de otra razón más seria, que es que es del año 1973. Les recuerdo que restauran con esta reforma normas del año 1931.
En el tema de los créditos laborales, las enmiendas de nuestro Grupo pretenden que quede claro que las deudas a los trabajadores se les pagan. Simplemente eso, señoría. Algo que parece tan obvio: que para lo que los trabajadores han ganado trabajando y no se les ha pagado se les mantenga la posibilidad de que lo cobren y no se les recorten las preferencias salariales limitándolas sólo al duplo del salario mínimo o estableciendo todavía dudas de si se incluyen las indemnizaciones por despido o no, etcétera. Pura y simplemente, planteamos que lo que los trabajadores han gando trabajando sin cobrarlo, tengan la posibilidad de recuperarlo posteriormente. Nada más y nada menos. Al día de hoy y en este acto, señorías, esas enmiendas siguen vivas porque en el trámite de Ponencia, en el del dictamen de la Comisión el Grupo mayoritario no ha querido atender las enmiendas que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya plantea en este sentido.
Finalmente, señorías, y por lo que se refiere al artículo cuarto, donde se regula fundamentalmente la jornada laboral, tenemos que decir que la posición de nuestro Grupo ha sido la de una notable flexibilidad. Son muchos artículos del Estatuto de los Trabajadores los que se reforman a través de este artículo cuarto y es bien parco el número de enmiendas que presentamos, porque creemos que es ahí, en el día a día del contrato, donde se dilucida la competitividad, la productividad. Y nosotros creemos que es bueno mejorar la competitividad y la productividad de las empresas. Nuestro número de enmiendas, por tanto, es parco. Aceptamos que haya una jornada anual fijada en convenios colectivos.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, vaya concluyendo.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino enseguida, señor Presidente.
Aceptamos que esa jornada pueda distribuirse de manera irregular por voluntad de los convenios colectivos, pero, establecido esto, que es un marco de flexibilidad notabilísimo, tiene que quedar claro que la jornada ordinaria no puede ir más allá de nueve horas diarias. Establecer, como hace el proyecto, jornadas ordinarias de doce horas nos remonta a muchas décadas atrás. Establecer la posibilidad de que el descanso semanal sea acumulable, nos plantea situaciones con notable incidencia negativa en el terreno familiar. Piensen SS.SS. en cuando los hijos van a los colegios por las mañanas y los padres trabajan por las tardes; sólo pueden verse los fines de semana. Los descansos semanales. Estos descansos semanales pueden acumularse en períodos largos de tiempo. Las vacaciones. Una enmienda de nuestro Grupo en la que se pedía que los padres tengan preferencia para disfrutar las vacaciones cuando los hijos están en edad escolar y tienen también vacaciones no ha sido aceptada. Y este es el año internacional de la familia. Por tanto, señorías, que no se nos diga que en este tema no tenemos flexibilidad, ¡de sobra! A lo que no llegamos es a ser flexibles con la realización de horas extraordinarias. Pedimos que se reduzca su número; de 80 a 40 al año. Con cerca de cuatro millones de parados --que, según los estudios de la Comunidad Europea, alcanzaremos-- nos parece escandaloso que en nuestro país se hagan decenas de millones de horas extraordinarias en los años inmediatos, en estos años. Se tiene que reducir ese número de horas extraordinarias y una manera de reducirlas --no les quepa la menor duda a SS.SS.-- es que su realización tenga un recargo económico. Este es uno de los puntos que se suprime en la reforma que patrocina el Grupo Socialista junto con el Grupo Catalán. Por tanto, señorías, en ese punto mantenemos nuestras enmiendas, como en la necesidad de que el trabajo nocturno, que tiene una notable incidencia negativa en la salud --y así se reconoce en el propio texto-- se restrinja por la vía de un recargo económico, que la reforma que defienden los Grupos Socialista y Catalán (Convergència i Unió) suprime.
En definitiva, señorías, las enmiendas de nuestro Grupo atienden los problemas reales que presenta hoy nuestro mercado laboral: una precarización creciente, notable, como no se conoce en Europa, un deterioro de los derechos de los trabajadores, un número excesivo de horas extraordinarias, unos créditos salariales impagados que se acumulan. Las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida pretenden la corrección de esos problemas que están en la realidad del mercado laboral.
Nada más. Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Camps Devesa.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me corresponde hoy, en nombre del Grupo Popular, hacer la defensa de las enmiendas presentadas a los artículos primero a cuarto del proyecto de ley (121/000032) por el que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, enmiendas que, como ya ha sido reflejado por los portavoces de otros grupos, afectan a un número considerable de artículos de la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores, y por lo que se refiere a nuestras enmiendas, en concreto, a los artículos 8 a 38 del citado cuerpo legal. Para tranqulidad de SS.SS. les diré que no son muchas las enmiendas aún vivas presentadas por mi Grupo. No son muchas, ateniéndonos a un criterio cuantitativo, porque únicamente quedan donce, pero sí son, cualitativamente hablando, un grupo de enmiendas que, a nuestro juicio, por su contenido --y reproducimos lo dicho en Comisión-- podían haber encontrado el apoyo de otros grupos de esta Cámara --aunque el hecho de estar ahora en la tribuna demuestra que no lo encontraron en su momento-- porque entendemos que cualitativamente nuestras enmiendas mejoran sensiblemente el texto del proyecto que hoy discutimos.
No son muchas tampoco nuestras enmiendas referencialmente hablando, ya que han sido mucho más numerosas las que han presentado otros grupos a estos artículos, exceptuando, claro está, el Grupo Parlamentario Socialista, cuyas pocas enmiendas se hallan incorporadas ya al texto del proyecto, con el apoyo, entre otros, del Grupo Catalán, cuyas enmiendas a este bloque de artículos han sido en su mayoría transaccionadas, admitidas y, las que no, retiradas, corriendo suerte bien distinta a la del resto de los grupos parlamentarios, lo cual nos alegra, no que nuestras enmiendas hayan corrido suerte distinta, pero sí que, al menos, hayan sido aceptadas las suyas, porque pretendíamos, en la mayoría de los casos, por considerarlas oportunas y que mejoraban el proyecto de ley, apoyarlas en este trámite. He dicho que no son muchas y, en efecto, no lo son, pero, evidentemente, podían ser bastantes menos, porque tampoco han sido muchas las enmiendas que el Grupo Socialista nos ha admitido o en las que ha transaccionado con mi Grupo; exactamente tres, y todas ellas relativas a la ordenación del tiempo de trabajo. Pero algo es algo. Hemos corrido mejor suerte que nuestro propio Grupo cuando discutimos el proyecto de ley anterior, en el que no se aceptó ni una sola de nuestras enmiendas, o que otros Grupos en este proyecto de ley, a los que tampoco se ha aceptado prácticamente ninguna de las enmiendas. La verdad es que este portavoz creyó en su momento que ésa iba a ser la tónica a seguir por el Grupo Socialista, la norma, porque en la primera reunión de la Comisión no se nos aceptó ninguna de nuestras enmiendas, en concreto a los artículos primero a tercero del proyecto, pero hete aquí que en la segunda empezaron a admitirse y a transaccionarse enmiendas del Grupo Popular. No sé yo si tendrán que ver algo los acontecimientos del fin de semana que ustedes vivieron entre ambas comisiones, pero de verdad que los encontré en la segunda reunión, cómo diría yo, con un talante más integrador, más renovado, menos guerrero en sus conductas y actitudes respecto a las enmiendas del Grupo Popular. Connotaciones temporales aparte, el hecho de que mi Grupo presente este número no excesivo de enmiendas a los presentes artículos del proyecto no es debido, evidentemente, a la falta de trabajo ni de rigor, ni siquiera de ganas, sino --y sin que valga de precedente-- a que compartimos --y no es lo mismo compartir que coincidir-- el espíritu de la norma, los principios básicos que informan este proyecto de ley, al menos respecto al articulado que ahora debatimos y, sobre todo, respecto a la ordenación del tiempo de trabajo y del salario. Porque si intentamos fortalecer nuestra economía a través de una mejora de la competitividad de nuestras empresas, es obvio que, si bien no podemos estar con fórmulas puramente desreguladoras, porque traerían consigo la desaparición de las garantías legales para los trabajadores, sí que debemos --y estamos de acuerdo-- potenciar el desarrollo de la negociación colectiva como elemento regulador de las relaciones laborales y condiciones de trabajo, siendo éste un instrumento fundamental para dos principios que conforman el contenido de nuestras enmiendas: la adaptabilidad a las diversas situaciones de los sectores de actividad y de empresa y una gestión más flexible de los recursos humanos en la empresa en temas importantes como la clasificación profesional, la ordenación del tiempo de trabajo y el salario, donde esa flexibilidad se hace más necesaria, más patente, para posibilitar una mejor adaptabilidad de nuestras empresas al mercado competitivo y en constante innovación. Por ello, dado que la presente norma pretende, por un lado, superar los rígidos esquemas de clasificación subjetiva de los trabajadores y, por otro, reordenar la regulación de conceptos como salario y jornada de trabajo, estableciendo, eso sí, los límites y las garantías que, por razones de salud y seguridad o por objetivo de política de empleo, resultan indisponibles, por ello, reitero, entendemos, respecto a estos artículos, prácticamente suficiente la reforma, y no podremos compartir los criterios de otros grupos que quieran romper estos principios generales o que quieran devolver a la norma estatal lo que se debe dejar a la norma convencional.


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Aun así, señorías, y a pesar de lo expuesto, la reforma no ha tenido el rigor que debiera y sí algo o mucho, según se quiera ver, de improvisación; improvisación cuando aún se están defendiendo por nuestro Grupo y por algún otro, que ya ha intervenido, enmiendas que sólo persiguen, en un aspecto formal, que parte del contenido del Real Decreto-Ley 18/1993, aprobado hace un momento su dictamen de Comisión, se integre en este proyecto que ahora discutimos de modificación del Estatuto de los Trabajadores, en concreto el contenido de lo que serían los antiguos artículos 11, 12, 16.1 y 16.2 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando está ocurriendo aquí hoy, quiere decir que algo ha fallado en lo que es el trámite de toda esta reforma del mercado de trabajo, porque es obvio que esa integración se debería haber producido y que encuentra su motivación en conseguir una sistemática más correcta en el Estatuto, sin dejar vacíos normativos formales y de conformidad con la recomendación tanto del Consejo Económico y Social como del Consejo General del Poder Judicial. Existe, a nuestro juicio, una coincidencia, en cuanto a la justificación formal de esta sistematización, con el Grupo Parlamentario Socialista, tal como expresó en la reunión de Comisión, y estamos a la espera, tal como prometió, de que concrete nuestra pretensión por su coherencia, sin necesidad de reabrir o reproducir el debate sobre el contenido de dichos artículos por haberse ya realizado insistentemente y dando por reproducidas las argumentaciones que mi Grupo sostuvo en ese momento, aunque no deja de ser un ejemplo de esa falta de rigor que anteriormente citaba el hecho de que hoy se pudiera reproducir por tercera vez en esta Cámara el debate sobre los tipos de contrato y la inscripción de los mismos, todo ello por un Real Decreto que no ha justificado en absoluto su urgencia --y me remito únicamente a los datos del paro de los últimos dos meses-- y que, además, no ha ido acompañada de las medidas necesarias que aún estamos discutiendo hoy para que ese Real Decreto fuera verdaderamente efectivo. Nos falta sistematización y el Real Decreto no ha cumplido aún hoy los fines para los que fue aprobado con carácter de urgencia.
Esa falta de sistematización, por no hablar ya de vacilación, se produce también en la reforma de la movilidad funcional; reforma necesaria, porque todos entendemos que la actual situación normativa provoca rigidez, sobre todo teniendo en cuenta que si no hay voluntad negociadora de los agentes sociales se mantienen las normas reglamentarias de carácter absolutamente obsoleto en materia de clasificación profesional, y cuando la hay existen dudas interpretativas al día de hoy sobre lo que puede o no puede negociarse en un convenio colectivo en esta materia; reforma que en el proyecto que hoy discutimos, en el proyecto que el Gobierno ha presentado, vuelve a caer en errores del pasado y que nuestras enmiendas resuelven de una forma clara. Caen ustedes en un defecto que ya tenía la anterior legislación en la que chocaban la clasificación profesional, basada en grupos profesionales, recogida ya en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, aún vigente, con el reconocimiento de un sistema de categorías profesionales y de movilidad intercategorial muy rígido, recogido hoy en el artículo 23 del citado cuerpo legal; defecto que no han resuelto en absoluto con la normativa que hoy nos presentan y que la reforma incluye al respecto. Hubiera sido mucho más sencillo, sistemático y, por qué no decirlo, hasta valiente, basar la clasificación profesional, como pretenden nuestras enmiendas, simple y llanamente en grupos profesionales, sin que ello produzca vacío legal alguno, porque se adoptan las determinadas medidas transitorias, como la que se contiene en nuestra enmienda 286, para que no exista un vacío legal entre un cambio de clasificación profesional de categorías a grupos profesionales, más teniendo en cuenta que su propia reforma, que no la nuestra, pretende la sustitución de la normativa contenida ya en las reglamentaciones y ordenanzas y fija un período transitorio para romper con esos principios de clasificación parcelados y estancos y sustituirlos por la regulación que se establezca en los convenios colectivos.
La reforma, señores de la izquierda, se ha quedado a medio camino; en este aspecto, no se han atrevido a dar un paso más.
No era necesario recurrir al concepto ambivalente de categoría profesional equivalente como base de su reforma. Para defender la movilidad funcional basada en la polivalencia bastaba con admitir la existencia de los grupos profesionales. No es simplemente un problema de carácter semántico, no es que estemos diciendo lo mismo con distintas palabras, porque me remito a cómo funciona hoy el sistema de movilidad funcional dentro de la clasificación profesional con el actual estatuto.
Con ese sistema, manteniendo categorías y grupos a la vez, seguimos con un sistema que conlleva infinidad de tensiones en la aplicación práctica del mismo y, además, queremos y mantenemos un sistema rígido y confuso que no contribuye en absoluto a la flexibilidad interna de las relaciones laborales que se recoge como principio en la exposición de motivos. No contribuye en absoluto mantener un sistema bífido en este caso para que la adaptación de nuestras empresas, por su flexibilidad interna al mercado en constante evolución, pueda ser posible y no permite, desde luego, la innovación y la calidad de las mismas para ser más competitivas. Por lo anteriormente expuesto, evidentemente, entendemos que nuestras enmiendas al respecto mejoran y mucho todo el aspecto de movilidad funcional y, sobre todo, clarifican el proyecto de ley, como mejora la claridad del proyecto el hecho de que pretendamos no establecer diferencias a la hora de fijar el período máximo

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de prueba para los trabajadores no titulados entre empresas de más o de menos de 25 trabajadores.
Dicho período debería ser común, porque colocar umbrales sin justificación aparente suele ser, al menos discriminatorio ¿Por qué tres meses de prueba para un trabajador no titulado en una empresa de 24 operarios y únicamente dos meses de prueba para el mismo trabajador en una empresa de 26 operarios? Más, cuando es justamente en estas empresas más pequeñas, en las Pyme, en las que existe un contacto más próximo entre el trabajador y el operario y, por tanto, se conocerá la mayor o menor idoneidad del trabajador para realizar las funciones que tiene encomendadas, por lo que de...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camps, vaya concluyendo.


El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor Presidente.
...Por lo que, de existir algún argumento al respecto, sería justamente el contrario.
Concluyendo, señor Presidente, y con brevedad, hago referencia a nuestras enmiendas respecto al salario y a la ordenación del trabajo donde sólo cabe destacar dos puntos. El primero de ellos, dado que compartimos el principio general de remitir la negociación colectiva, la estructura del salario y la ordenación de la jornada de trabajo, consiste en que entendemos que debemos adecuar la capacidad convencional de las partes a la posibilidad de que por parte del Ministerio se adecue o se apruebe el modelo o modelos que deban servir de base para la inscripción del determinado salario. Desde mi propia experiencia práctica de abogado laboralista --y es una pena que no esté el Presidente del Gobierno, si le queda alguna experiencia de ello aún, para constatarlo--, les puede asegurar el conflicto que respecto al salario, entendido como un concepto formal, surge constantemente en la jurisdicción social, constantemente, no sólo referido a otros aspectos, sino únicamente como tal. No quiero ni llegar a pensar si cada empresa fija su hoja de salarios, con los problemas prácticos que nos podemos encontrar en lo que es la práctica forense.
Respecto del salario y más en concreto de sus garantías, aún no nos han explicado por qué desaparece el término hipotecario o hipotecaria, concretamente, después de ley, en el artículo 3.5 del proyecto. No entendemos que quepa respecto de otra ley porque no cabe generalizar; estaba ya así en el antiguo Estatuto de los Trabajadores, en plena coordinación con la Ley Hipotecaria y nuestro Código Civil y hasta el momento, no existiendo explicación alguna respecto a esta omisión, sin entender, además, porqué se produce esta supresión.
Finalmente, señor Presidente, señorías, quiero decir que únicamente hemos tenido más suerte en lo que respecta a nuestras enmiendas a la ordenación del tiempo de trabajo, donde sólo queda una que verdaderamente quepa destacar en este momento y es la enmienda en la que se pide la supresión de la acumulación por períodos de hasta 14 días del descanso semanal. Y ello es en base no sólo a la directiva comunitaria, como ya nombramos en nuestro debate en Comisión, sino porque entendemos que la seguridad y la salud de los trabajadores, como principios indisponibles en los que puede entrar el Estatuto, pero no puede entrar la capacidad convencional, representan un objetivo que no puede subordinarse a criterios simplemente económicos y que, para garantizar los mismos, éstos, deberán poder disfrutar de períodos mínimos y el mínimo indisponible, al menos, es el del descanso semanal.
Este es el contenido y éstos son los argumentos que sustentan nuestras enmiendas a estos artículos que entendemos que mejoran el contenido del proyecto, que corrigen las deficiencias observadas y suponen un esfuerzo de equilibrio en las posiciones manifestadas por los agentes sociales.
Constituyen un elemento de serenidad junto con las demás enmiendas que mi Grupo ha presentado y que posteriormente se defenderán...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camps, por favor.


El señor CAMPS DEVESA: El último inciso, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Brevísimo, medio segundo.


El señor CAMPS DEVESA: Menos de medio segundo, para señalar que contribuyan a la creación del clima de diálogo y cooperación en el sistema de relaciones laborales tan necesario hoy en día, en estos momentos, en nuestro país.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camps.
Para la defensa de las enmiendas de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, no voy a cansarles con argumentos que ya hemos hecho en la defensa de nuestras enmiendas y que, por supuesto, repetimos y mantenemos porque, en realidad, este debate es exactamente el mismo que tuvimos cuando se discutió el proyecto en el debate de totalidad. Sólo quiero dejar constancia de que en el proceso parlamentario no ha habido prácticamente ningún diálogo, lamentablemente no hubo diálogo social

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y la prueba es que tampoco ha habido diálogo parlamentario.
El texto mantiene rígidamente las posiciones iniciales.
Creemos que está en la filosofía de la desregulación, no ofrece garantías y, tanto en el terreno de las jornadas, como del descanso, como del trabajo nocturno, etcétera, lo único que aparece es un procedimiento de desregulación, de falta de racionalidad, por tanto, de humanización, del sistema laboral y de los derechos de los trabajadores.
Por todo ello, mantenemos las enmiendas que hemos presentado y evitamos a SS.SS. un exceso de repetición de argumentos.
Desgraciadamente, en este asunto, cuando era tan importante lograr un consenso parlamentario, lo único que se está produciendo es la repetición reiterada de argumentos que ya han sido dados por todos los grupos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a hacer un turno breve de intervención para explicar, en primer lugar, los presupuestos teóricos de nuestras enmiendas; con brevedad, puesto que ya fueron anticipados en el debate de totalidad. Estos tres proyectos de ley que reforman el mercado de trabajo se enmarcan en un contexto socioeconómico peculiar, específico, en un contexto socioeconómicorecesivo, crítico para la economía, donde algunos de los presupuestos de los paradigmas del Estado del bienestar no voy a decir que se nieguen, para que no se me hagan luego imputaciones descontextualizadas en programas de televisión, pero sí se están relativizando y casi hasta su negación en sede académica. Hay teóricos --teóricos, no nuestro Grupo Parlamentario-- que proclaman el fin del ciclo histórico del Estado del bienestar, lo cual no quiere decir que esto sea asumir posiciones reaccionarias, conservadoras; el modelo de organización de las relaciones de producción en que el Estado del bienestar consiste puede ser repuesto o sustituido por otro tipo de modelos igualmente progresistas, igualmente tuteladores de los intereses de la clase trabajadora.
Dicho esto, señor Presidente, ¿qué paradigmas del Estado del bienestar son objeto de relativización? Pues todos, todos si ninguna excepción, desgraciada o afortunadamente.
No estamos en condiciones de hacer prospectiva sociológica de esa magnitud en este momento. El ideal keynesiano del pleno empleo se considera una autopía en estos momentos --creo que nadie pueda negar esto--, la protección universal con sistemas aseguratorios públicos y de carácter suficiente se considera cada vez más gravosa para los sistemas aseguratorios públicos, provoca dificultades financieras, desestabilidad en las estructuras financieras de los Estados, de las administraciones públicas basadas en los principios reguladores del Estado del bienestar; la irregresividad del contenido de los convenios colectivos, de la cuantía de las prestaciones y de las condiciones de acceso a las mismas se considera que gravita negativamente sobre la competitividad de las empresas; aquel pacto social rousseauniano en el que se basa el Estado del bienestar, la renuncia por parte de los sindicatos a la revolución y su tránsito hacia una sociedad segmentizada, a cambio de los postulados del Estado del bienestar precisamente, caracterizado ello por las fórmulas participativas de los trabajadores, que se prevé en el artículo 129 de nuestra Constitución --en otras constituciones, como la alemana, de forma mucho más intensa-- y el carácter tuitivo, el carácter protector, el carácter no contractual o contractualista del derecho del trabajo y su función compensadora de las desigualdades que subyacen en el contrato de trabajo, son conceptos que también se revisan porque hay quien opina que provocan deserciones empresariales, que gravitan negativamente sobre la competitividad de nuestras empresas, en una economía que está en este momento en una situación recesiva, cuyos fundamentos son un tanto enigmáticos, que la ciencia económica no termina de despejar. No estamos ante una fase baja del ciclo económico, no es una recesión de carácter coyuntural; es un ciclo bajo de la economía que tiene componentes estructurales que derivan de la situación, en este momento, de globalización, de internacionalización o mundialización de la economía, de los problemas geopolíticos, de las recomposiciones geopolíticas, del desarrollo trepidante de la tecnología y de otras muchas circunstancias. Es un problema muy complejo y, en todo caso, de carácter multidisciplinar.
En este contexto, se acometen tres proyectos de ley, cuya esencia estamos dispuestos a convalidar. Nos parecen tres proyectos de ley bien concebidos, sus principios axiológicos están bien concebidos. ¿Por qué? Porque pretenden desregularizar, flexibilizar nuestro mercado de trabajo, atendiendo a los requerimientos de una competitividad internacional cada vez más compleja, endosando esta responsabilidad a los interlocutores sociales. No hay fórmula aparentemente, «prima facie», más pacífica, incluso podría decir que más democrática, que endosar a los interlocutores sociales, a los sujetos activos y pasivos de la negociación colectiva que proclama el artículo 37 de la constitución, la responsabilidad de algo tan importante, de algo tan relevante como acometer la remoción de las rigideces que en el mercado de trabajo pivotan o gravitan negativamente sobre el empleo.


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Dicho esto, quisiera también salir al paso de algunas reflexiones que otros grupos están haciendo de forma un tanto maniquea, a nuestro juicio. No se puede decir, como algunos han dicho, que los que están con estos proyectos de ley están con el empleo y con las posibilidades de creación de empleo, y quienes están contra estos proyectos de ley están contra el empleo. Esa es una argumentación maniquea y demagógica que no se debería hacer con demasiado énfasis o con demasiada frecuencia en una tribuna de esta naturaleza.
Estos tres proyectos de ley, aun siendo conceptualmente razonables y aceptables --nosotros los convalidamos en cuanto a sus principios esenciales y a sus presupuestos teóricos--, sí son terriblemente perfectibles. Son aceptables porque no modifican la estructura de fuentes de la relación laboral que contiene el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores.
Ustedes saben cómo en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores se establece la jerarquía de fuentes de la relación laboral, en primer lugar ostentando el nivel jerárquico superior las leyes y disposiciones reglamentarias del Estado; en segundo lugar, los convenios colectivos; en tercer lugar, el contrato de trabajo, y, en cuarto lugar, la costumbre (los usos locales y profesionales).
Esa estructura de fuentes no se modifica, lo cual es bueno. Lo único que se hace es que se da más relevancia --como fuente de la relación laboral--, se da más dimensión a la parte que deriva de la negociación colectiva, de los convenios colectivos. ¿De qué forma? Atribuyendo a esos convenios colectivos 23 nuevas materias que han de formar parte, a partir de ahora, del contenido mínimo obligatorio de los convenios colectivos, algunas de ellas anecdóticas, todo hay que decirlo, porque no es lógico que se tenga que negociar colectivamente el formato de la nómina. Ya que me explicarán ustedes cómo gravita sobre la competitividad de las empresas el formato de la nómina, aunque seguramente alguien lo podrá saber sin embargo, otras son materias de trabajo que se van a desregularizar, que se van a flexibilizar a través de la negociación colectiva y que son de gran relevancia: materias de jornada, materias de duración de los contratos, materias de estructura del salario, materia de descanso, materia de turnos, y muchas jornadas que sí que tienen componentes rígidos que gravitan negativamente sobre la competitividad, ubicados no tanto en la legislación de origen estatal (leyes y reglamentos), sino fundamentalmente en las ordenanzas laborales. En este primer bloque sistemático en el que se ha estructurado este debate tenemos que decir que el artículo 15, sobre duración de los contratos --precepto importante--, lo consideramos muy perfectible, incluso desde la perspectiva de la técnica legislativa --que entendemos deficiente--utilizada por los redactores del proyecto de ley. La técnica legislativa desde luego, no destaca por su brillantez en ninguno de los tres proyectos de ley.
En los anteriores debates ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto las deficiencias técnico-jurídicas que, en algunos casos, son bien groseras. Este artículo 15 también es perfectible en materia de duración de los contratos. Por ejemplo, se deben establecer las condiciones de determinabilidad del principio y del fin de los mismos, ya que no tiene esencia regular el contrato temporal si se incorpora a nuestro Derecho el denominado principio de causalidad, la posibilidad de que no sólo convenios colectivos normales (los que prevé el Título III del Estatuto de los Trabajadores), sino también convenios colectivos extraestatutarios puedan establecer aquellas actividades cuya naturaleza permita concluir este tipo de contratos (los contratos de naturaleza temporal). Los efectos del fraude en este caso deben ser necesariamente la nulidad --así lo prescribe con claridad el artículo 6.4 del Código Civil--; y el efecto jurídico-laboral, además de la nulidad de los contratos (un principio general del Derecho del fraude es la nulidad del contrato) es la conversión de ese contrato en un contrato de carácter indefinido. Pero esto no se puede regular utilizando la expresión «se presumirán», como se hace en el artículo 15 del proyecto, sino con la expresión «se considerarán», puesto que es una materia que opera «ex lege», por mandato de la ley --esto no es una presunción, sino una consecuencia jurídica del fraude--que está también mal regulado en el siguiente precepto, en el artículo 16, relativo a la clasificación profesional.
Nos da la impresión de que el proyecto de ley llega a un nivel de desregulación excesivo. La desregulación, en aquellas materias que están rígidamente reguladas, es razonable, pero sin desequilibrar los principios esenciales del ordenamiento laboral y la transacción equilibrada entre los legítimos intereses del trabajador y del empresario. Este es uno de los preceptos en donde ese equilibrio se sobrepasa. Y entendemos que se sobrepasa porque, siendo una materia susceptible de ser regulada de forma libre y convencional en convenios colectivos, sí que debe mantenerse alguna cautela en materia de determinación de las prestaciones profesionales y de las categorías que de esas prestaciones profesionales derivan. El artículo 22 se refiere al derecho de asistencia a cursos. El ejercicio de este derecho, por requerimientos constitucionales bastante evidentes, no se puede subordinar a la observancia de una diligencia profesional superior a la exigida para la especialidad habitual del trabajo, superior a las facultades del trabajador.
En relación al salario --artículo 26-- la desregulación que se acomete en este proyecto de ley también es excesiva y probablemente desequilibrada. La estructura del salario es razonable también que se articule, que se regule convencionalmente a través de convenios colectivos

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de forma libre, pero sin excederse en la desregulación, sin desequilibrar el sinalagma, sin desequilibrar la igualdad de las contraprestaciones de las partes que contratan.
Aquí nos parece que se ha hecho una predeterminación convencional excesiva o que se atribuye demasiada habilitación a los convenios colectivos para regular la materia del salario, y se deberían incorporar al proyecto de ley cautelas como el porcentaje del salario que se puede pagar en especie, del salario total, y algunas otras que nosotros les proponemos en nuestras enmiendas. Por ejemplo, que la fijación del salario no podría nunca subordinarse a una diligencia profesional superior a la exigible de acuerdo con la especialidad habitual o las facultades del trabajador, y una mejor regulación técnico- jurídica de la absorción y compensación. Se sigue regulando desde una perspectiva estrictamente legislativa técnico-jurídica muy mala la absorción y la compensación, utilizando expresiones un tanto castizas y bastante perturbadoras para la interpretación posterior del precepto. Evitemos el casticismo de algunas de las rotulaciones que regulan la compensación y la absorción, y regulémoslo. Nosotros proponemos una enmienda que consideramos interesante, de forma mucho más clara, de forma mucho menos perturbadora, en definitiva, atribuyendo una acción al trabajador para cobrar más de lo previsto cuando ya lo esté cobrando de hecho, cuando ya lo esté cobrando «de facto», de lo previsto, repito, en las regulaciones tanto convencionales como jurídicas, o de origen estatal, consideradas salarialmente como mínimas. Ya por último, señor Presidente, una enmienda de carácter competencial. El artículo 29 prevé una competencia administrativa que es para determinar el formato del recibo del salario, el formato de la nómina, que es una cosa que no tendría que tener un reconocimiento legal de esta magnitud, porque el formato de la nómina sí que es algo que se puede hacer convencionalmente, y, si no se hace así, cualquier formato seguramente bastaría en una empresa cuyos interlocutores sociales no manifiestan específico interés por regular convencionalmente esta materia.
Pero en cuanto se atribuya al Ministerio de Trabajo la competencia para articular y configurar el formato de la nómina, el formato del recibo del salario, también se debe reconocer esta facultad administrativa a las comunidades autónomas que poseen competencia de ejecución de la legislación laboral del Estado, en concreto, la de Euskadi, la de Cataluña y otras que, en virtud de las previsiones del artículo 12 de sus Estatutos de Autonomía, la poseen.
Había otras cuestiones en estos preceptos, pero yo me voy a referir para acabar, señor Presidente (interpreto bien sus gestos inequívocos), a la mora del empleador en proporcionar lo previsto en el artículo 30, a la mora del empresario en proporcionar ocupación efectiva.
Del contrato de trabajo deriva siempre un crédito del trabajador a obtener inmediatamente ocupación efectiva, y la mora del empleador, la mora del empresario en proporcionar ocupación efectiva, la llamada jurídicamente mora «excipiendi» del empleador, no puede nunca considerarse tiempo trabajado. En este precepto se desregulariza esta materia de forma peligrosa, porque se admite la posibilidad de la compensación, de la mora, del tiempo no trabajado por la mora del empresario en proporcionar ocupación efectiva por tiempo trabajado posteriormente, cuando la mora, por su propia naturaleza, por su propia esencia, se considera tiempo trabajado, ya que genera necesariamente el derecho del trabajador a la prestación salarial. Les pido que reflexionen detenidamente sobre cuál es la naturaleza de la mora en proporcionar ocupación efectiva, y que nos regule como en Derecho, como requerimientos y principios generales del Derecho laboral se debe regular esta materia.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. Por parte del Grupo Mixto han presentado enmiendas a este bloque de artículos, del primero al cuarto, el señor Mur, el señor González Lizondo y el señor Albistur.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Mur.
(La señora Rahola i Martínez pide la palabra.) Señora Rahola, tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Yo también he presentado enmiendas, señor Presidente. Lo digo porque iba a defenderlas todas conjuntamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Son a este primer bloque, que es de los artículos primero al cuarto?

La señora RAHOLA I MARTINEZ: Perdón. Doy por defedidas todas las del Grupo Mixto.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Da por defendidas todas las del Grupo Mixto a todos los bloques?

La señora RAHOLA I MARTINEZ: No, sólo a este primer bloque.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo. Muchas gracias. ¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Méndez, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, se afirmaba en este debate, creo que con absoluto rigor, que los artículos que estamos debatiendo del primero al cuarto de este proyecto, afectan a los contenidos esenciales de la relación y del contrato de trabajo. Se establece en ellos la regulación de la forma y duración del contrato, la regulación de la prueba, la clasificación profesional, la promoción, la regulación de los contenidos salariales y también el tiempo de trabajo, elementos todos ellos, por tanto, fundamentales y medulares en esta relación. Creemos que su regulación, de uno u otro modo, no puede ser ni pacífica ni neutral. El modo en el que se ordene ese conjunto de derechos y obligaciones afecta, esencialmente, al modo en que se entienda que ha de ser la relación entre trabajadores y empresarios.
Por tanto, cuando hacemos que todo ese conjunto sea un bloque de derechos indisponibles estamos, obviamente, negando el paso del tiempo, la posibilidad de adaptar nuestro Derecho laboral a las nuevas demandas y necesidades presentes en la sociedad e, indefectiblemente, poniendo en grave peligro la capacidad de adaptación de nuestro tejido económico y social o, lo que es lo mismo, atando de pies y manos nuestras organizaciones, nuestras empresas, impidiendo su competitividad e incluso, sin dramatismos, muchas veces su supervivencia.
Es necesario, por tanto, señorías, revisar el Estatuto, modernizarlo, adecuarlo a las nuevas circunstancias a las que hay que hacer frente como consecuencia de un proceso más global en la economía y en el tejido social, y que solamente pueden ser negadas como circunstancias imperativas, a efectos de esa modernización y modificación del estatuto, desde un cerrado dogmatismo o la ceguera.
En relación con la forma, duración y contenido del contrato de trabajo, el proyecto mantiene la posibilidad de que la misma sea escrita o de palabra, como ya es tradicional en nuestro Derecho. No obstante, se enumeran aquellos supuestos en los que el contrato ha de ser formalmente escrito, como consecuencia siempre de tratarse de supuestos singulares en los que la forma escrita es una garantía adicional. Incorpora, además, el proyecto una novedad, que es el contenido de la reciente directiva europea que dispone la obligación adicional del empresario de dar información por escrito al trabajador sobre los contenidos de su contrato. Por tanto, desde esa perspectiva no podemos aceptar aquellas enmiendas que van en contradicción con esta nueva regulación, que entendemos absolutamente llena de sentido. Respecto de la movilidad funcional de los trabajadores, el proyecto pretende facilitar la misma en la empresa para mejorar la capacidad de hacer más eficiente la organización de la producción, la capacidad también de adaptarse a los cambiantes ciclos productivos en la misma empresa y, evidentemente, también una demanda más moderna de polivalencia funcional de sus trabajadores. Esta movilidad funcional insisto que está relacionada con lo dispuesto en el proyecto sobre el sistema de clasificación profesional, sobre el sistema de ascensos y sobre el sistema de promoción en las empresas.
El proyecto dispone que la capacidad de dirección sobre la organización en la empresa sea objeto de regulación en convenio colectivo, y sea, desde el convenio colectivo, desde donde se pacten incluso los permisos formativos, por cierto, aplicando criterios similares a los recogidos y establecidos como mandato de inserción de este tema en los convenios colectivos desde el acuerdo nacional de formación continua del año 1992, razón, por la que no podemos entender la defensa que algunos grupos, en particular Izquierda Unida, ha hecho de su enmienda 309, en clara contradicción con este criterio, que, insisto, fue pactado por las centrales sindicales y los empresarios y que debe ser incorporado al contenido de los convenios y nunca al contenido de la norma.
Hemos propuesto, eso sí, y nos agrada escuchar un comentario positivo al respecto, al Grupo Vasco una enmienda transaccional a la 48 del citado grupo, sobre los permisos formativos, que esperamos sea aceptada. El proyecto deja atrás también la vieja concepción de las rígidas categorías profesionales, a las que se ha aludido aquí, basadas en la antigüedad, en categorías absolutamente abstractas, que no sólo no se han modificado en el tiempo, a lo largo de muchos años, sino que todos sabemos fríamente que nada tienen que ver con el trabajo que efectivamente se realiza ya en las empresas. Se trataba de una vieja práctica, poco objetiva y escasamente racional, que sólo puede ser justificada hoy desde enmiendas que mantengan la visión absolutamente gremial y corporativista de la legislación franquista. Una legislación que nos ha dejado como herencia, entre otras cosas --y se cita aquí muchas veces-- las ordenanzas laborales. Ningún sistema moderno de organización del trabajo en las empresas --quiero decirlo, señorías-- utiliza ya este concepto de clasificación. Los nuevos criterios, además, dice la norma, habrán de ser taxativamente comunes para ambos sexos y se acordarán en convenio, a través de la negociación. Por todo ello hemos rechazado, insisto, aquellas enmiendas que pretenden volver a ese viejo sistema de clasificación, de origen ciertamente franquista y corporativista.
En relación con el salario, el proyecto considera que la estructura salarial no debe ser fijada, indexada por la normativa estatal, porque se trata de una materia que debe quedar sujeta a la negociación por su propia naturaleza. Por ello, resulta chocante que, a través de sus enmiendas, el Grupo de Izquierda Unida pretenda volver a la vieja regulación del decreto de ordenación salarial, que citaba el señor Peralta. Ya le dije a S.S., en

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la Ponencia, que es efectivamente una regulación franquista, no sólo por el tiempo, el año 1973, sino por su contenido, y además, debería saber S.S. que ha incorporado una absoluta rigidez en materia salarial al funcionamiento de este aspecto.
Por tanto, el proyecto es rotundo cuando fija la no discriminación salarial por razón de sexo, estableciendo un principio muy fuerte de lo clásico en nuestra jurisprudencia, también contenido en las actuaciones del segundo plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres, que es el principio de igual salario a trabajo de igual valor.
En relación con la ordenación del tiempo de trabajo, jornada, horas extras, descansos, etcétera, debo decir que todo esto constituye uno de los ejes del sistema de relaciones laborales, y en éste, evidentemente, también. Su regulación, insisto, tiene en cuenta tres elementos que el proyecto potencia. En primer lugar, garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, así como la calidad de vida de los mismos y su familia; en segundo lugar, garantizar la calidad de organización del trabajo en las diferentes empresas, y, en tercer lugar, tener en cuenta que la regulación del tiempo incide en las políticas activas de empleo.
Por ello, el proyecto ha sido tremendamente cuidadoso con esta cuestión, estableciendo límites indisponibles máximos y mínimos siempre por razón de preservación de la salud y de garantía de la seguridad del trabajador. A su vez, establece un marco para la negociación entre las partes que haga compatibles, de un lado, la capacidad de dirección y de organización de las empresas y, de otro lado, los intereses y las aspiraciones de los trabajadores.
Al mismo tiempo, el proyecto, junto con estos dos elementos, trata de potenciar nuevos espacios, y quizá el más significativo sea la regulación de las horas extraordinarias que hagan posible unas políticas que ayuden a la creación de empleo. Es en este apartado, además, en el que encontramos las mayores contradicciones en las enmiendas presentadas, y citaré tres casos. Si estableciéramos el límite indisponible de nueve horas diarias que pretenden algunos grupos, en particular el Grupo Vasco, y Eusko Alkartasuna dentro del Grupo Mixto, quiero decir a SS.SS. que ninguna de las empresas españolas podría llegar a pactar jornadas semanales de cuatro días, como ya sucede en otros países europeos y como en esta Cámara, muchas veces, algún grupo ha reivindicado como una política más modena que incluso flexibiliza --en el nivel de la calidad de vida del trabajador, pero también en el nivel organizativo del empresario-- el funcionamiento de las empresas. Otro ejemplo.
Si estableciéramos, al margen de lo que se dispone en convenio, el incremento en el coste de las horas extras, propuesto por multitud de grupos, señorías, no tengamos duda de que estaríamos incentivando su realización. Pero si al mismo tiempo alguno de esos grupos pretende, junto con eso, limitar el número máximo anual de horas, estaríamos --aunque desde un criterio muy dudoso-- dificultando, en primer lugar, la capacidad de respuesta de las empresas a situaciones excepcionales que requieren, efectivamente, la realización de horas extraordinarios, y, además, estaríamos ignorando que España es ya, de hecho, el país que tiene el techo más bajo en el número de horas extraordinarias permitidas a lo largo del año. O si aceptáramos, como tercer ejemplo, la enmienda 90, de Coalición Canaria, que pide, además, que las horas extraordinarias estuvieran sometidas a un informe sindical, les aseguro, señorías, que estaríamos creando una burocracia de carácter absolutamente inaguantable. Vamos a aceptar, eso sí, la enmienda 317 de Izquierda Unida. Al señor Peralta le otorgo la razón en el criterio de las mayores garantías posibles respecto del salario como crédito privilegiado, no es una cuestión de rigidez; por tanto, le aceptaremos la enmienda 317 en este trámite. Le vamos a proponer una transaccional a la 318, cuyo texto le leo. Los apartados 4 y 5 del artículo 32 del Estatuto quedan redactados de la siguiente forma: 4. Las preferencias reconocidas en los números precedentes serán de aplicación tanto en el supuesto de que el empresario haya iniciado un procedimiento concursal como en cualquier otro en el que concurran con otro u otros créditos sobre bienes del empresario. 5. Las acciones que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los créditos a los que se refiere este artículo no quedarán en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En resumen, señorías --y concluyo mi intervención--, tengan la certeza de que hemos asumido aquellas enmiendas que entendíamos fortalecían el contenido del proyecto y sus objetivos. Debo decir, por tanto, que las enmiendas no aceptadas lo han sido más por su carácter meramente contradictorio respecto del proyecto o incluso errático respecto del mismo. También tengo que manifestar que el Grupo Popular, a través de sus enmiendas, no ha presentado alternativa a nuestro proyecto, y sus proupestas, incluso por lo que afecta a su concepción de los derechos de los trabajadores, siguen profundamente marcadas por una vieja retórica contradictoria, de carácter paternalista, que no duden que, de aceptarse, haría más rígida aún la relación laboral y en ningún caso facilitaría la creación de empleo ni permitiría la adaptación, que tanto predican, del mundo laboral a las nuevas necesidades.
Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en materia de regulación laboral debo decirle, señor Peralta, que a través de sus enmiendas y de la defensa de las mismas he llegado a la convicción de que está melancólicamente anclado en el inmovilismo más absoluto. Sus constantes remisiones a que se mantenga

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la regulación de 1980, e incluso de normas anexas a la misma anteriores en el tiempo, creo que son dignas de mejor causa, especialmente, porque, paradojas de la vida política, defienden ahora lo que no defendieron en su momento; es seguro que entonces se equivocaron, y me temo que es previsible que perseveren ahora en ese error. Nosotros creemos que estamos obligados, es ley de vida, a modernizar y a adaptar nuestras leyes laborales permanentemente para que sirvan en el día a día y no sean un obstáculo a las situaciones cambiantes en la sociedad. Si lo hacemos, tenemos la convicción, que hemos trasladado a la Cámara repetidamente, de que estaremos en el camino correcto para apostar por nuestra propia capacidad de crecimiento, competitividad y creación de empleo. Si no lo hacemos, también tenemos la convicción de que habrá otras sociedades más dinámicas, más modernas, con mayor capacidad de adaptación, que dispondrán de mejores oportunidades que nosotros y, al final, no servirá para nada todo ese esfuerzo que venimos realizando en la consolidación de una sociedad que creemos que es una sociedad bien asentada, con una cultura laboral que defiende ya de manera absolutamente unánime un modelo de libertad sindical, negociación colectiva y protección social. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Méndez.
Señor Peralta, tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para contestar a las alegaciones formuladas tanto por el portavoz del Grupo Socialista como por algún otro portavoz en las referencias que se han hecho a posiciones de este Grupo Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Se decía que no había más democracia y mayor libertad que endosar a las partes la modificación de las rigideces del mercado laboral. Veo que, efectivamente, se me asiente con la cabeza a la literalidad de la cita. Pues, si es así, yo creo que la democracia y la libertad, desde un Estado Social de Derecho, consiste en trabajar por compensar las desigualdades.
Eso es lo que dice nuestra Constitución, que conoce perfectamente el portavoz al que tengo el honor de dirigirme.
Por tanto, no se fomenta la democracia y la libertad cuando se constata una situación de desigualdad y una posición débil y se deja libertad a las partes para que sobre esa debilidad el fuerte imponga sus posiciones.
La Constitución Española --y esta es la norma que nos vincula a todos y que debe influir y presidir, desde sus principios, toda la normativa-- nos obliga a intentar compensar las desigualdades y promover una igualdad real entre las partes.
Por ello, una normativa como la que existía hasta ahora, que con limitaciones, que con susceptibilidades de mejora, establecía una determinada corrección de las desigualdades fundamentales, no puede ser positivamente valorada desde nuestro Grupo, y entendemos que desde una perspectiva constitucional, cuando se suprime eso que se denomina rigideces y se utiliza terminología de flexibilidad, de democracia o de libertad para encubrir, en definitiva, una clara apuesta por primar las posiciones de la parte fuerte, la parte empresarial, sobre las posiciones de los trabajadores que desgraciadamente en la realidad socioeconómica, y especialmente en nuestro país, donde no hay mecanismos como en otros europeos, a los que el GrupoSocialista no mira --a pesar de haberse inspirado en esos criterios, como en el caso de la cogestión alemana--; entendemos, insisto, que desde una perspectiva constitucional existe una clara diferencia de posiciones de los trabajadores en términos peyorativos.
Se ha dicho también que, en sustancia, esta reforma no cambia el Derecho de trabajo porque no altera el sistema de fuentes; sigue estando la ley, luego el convenio colectivo, y luego el contrato individual. Pero sería bueno que se reflexionara sobre que ese criterio de fuentes, esa jerarquía normativa del Derecho laboral precisamente responde a una realidad de fondo de desigualdad de los trabajadores, y por eso el contrato individual se establece como la norma de menor rango reguladora de la relación laboral. Aquí nos encontramos con una reforma laboral que prima, en muchos casos, lo que diga el contrato individual entre las partes, y es ahí precisamente donde el empresario tiene mayor capacidad de acción porque tiene más debilidad el trabajador. Por tanto, sin perjuicio de reconocer la valía técnica de alguna de las enmiendas que se presentaban por aquel grupo, pediríamos que sean coherentes con estos criterios, apoyen las enmiendas presentadas por nuestro Grupo y en todo caso voten en contra de una reforma que contradice la filosofía que se decía defender.
Se nos decía por parte del portavoz socialista en el turno en contra que esta reforma, entre otras cosas, regula la forma del contrato y obliga a que el mismo sea por escrito. Pues bien, tenemos que decir, señoría, que uno de los términos concretos de esta reforma es la posibilidad de que, con posterioridad al inicio del contrato, elementos sustanciales del mismo sean comunicados por el empresario al trabajador, ni siquiera negociados ni pactados, sino simplemente comunicados, con lo cual, señorías, elementos sustanciales del contrato se eluden del control sindical porque a los sindicatos se les remite una copia básica, cuyo contenido ya no sabemos cuál va a ser porque, insisto, elementos sustanciales del contrato pueden ser comunicados a los sindicatos sin que tenga la totalidad de los elementos básicos, que posteriormente el empresario queda facultado para comunicarlos al trabajador; no negociarlos, no pactarlos, simplemente comunicarlos. Por tanto, señorías,

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a través de ese mecanismo se produce un serio golpe al control sindical de los contratos. Y eso que nos decía el representante del Grupo Socialista referente a que esta reforma iba encaminada a una sociedad bien asentada, tenemos que decir que no sabemos dónde; debe ser en el paro, en la precariedad. La libertad sindical, en una sociedad con un paro de casi cuatro millones de personas, con un porcentaje de cerca del 40 por ciento de los trabajadores activos en precario, es necesaria para desenvolverse con absoluta comodidad, como debería conocer un representante socialista.
En cuanto a la seguridad, no hagamos referencia a las condiciones de salud, que el portavoz socialista conocía perfectamente de su etapa de gestor del organismo que gestiona en España la Seguridad Social.
Se nos ha dicho en el tema de las categorías que nos olvidemos de la normativa que había antes, que establecía muchas rigideces, que la normativa que se introduce ahora nos da todas las garantías.
Dice que no puede haber discriminaciones por razón de sexo.
¡Faltaba más que lo que es un principio constitucional no se recogiera en la normativa ordinaria! No haría falta contemplarlo. Si lo suprimimos nos quedamos con que esta reforma que introduce el Gobierno no contiene la menor normativa del tema de las categorías profesionales.


El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego concluya.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor Presidente.
Por supuesto, esta afirmación o la afirmación de que la ordenación del salario se quede absolutamente desregulada se adorna con decirnos que defendemos normas franquistas. Quiero recordarle aquí al representante socialista que una autoridad tan objetiva, tan poco sospechosa de cercanía a Izquierda Unida como el Comisario Europeo de Protección Social, que estos días ha estado en España, ha tenido ocasión de intervenir en el Consejo Económico y Social en tres ocasiones --y alguna razón tendría para esta reiteración--, y repitió que no hay que confundir flexibilidad laboral, presentada casi como panacea contra el desempleo, con la desregulación del mercado de trabajo. Decía, y lo suscribimos: «El futuro de Europa no son bajos salarios; ya tenemos bastante pobreza aquí», seguramente se refería a nuestro país.
Por tanto, señorías, no se defienda la desregulación laboral alegando que eso es panacea para luchar contra el desempleo.
No se nos diga que con normas como las que pretendemos nosotros haríamos imposibles jornadas de cuatro días a la semana, porque no se pueden hacer más de nueve horas. Nosotros somos partidarios de que se reparta el trabajo y nos pareceque una jornada de treinta y seis horas semanales podría permitir repartir adecuadamente el trabajo.
Que se diga, señorías, que suprimiendo el recargo de las horas extraordinarias no se incentivan las mismas, nos parece que es lo contrario de lo que se afirma cuando se dice que los altos salarios inciden en el empleo y provocan desempleo. Si eso es así, señorías, ¿cómo es posible que el recargo de las horas extraordinarias no provoque la no realización de las mismas, sino su incentivo, como sostiene el representante socialista?

El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego concluya.


El señor PERALTA ORTEGA: Agradezco esas dos enmiendas testimoniales que se aceptan y desearíamos, insisto, que el Grupo Socialista continuara trabajando, por razones de justicia, de eficacia y de solidariad, con el resto.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Recuerdo a SS.SS. que la ordenación de este debate, por acuerdo de la Junta de Portavoces, contiene una limitación para su finalización, que son las siete de la tarde. Es práctica parlamentaria habitual fijar una fecha de finalización de los debates. Hay un compromiso por parte de los Grupos de atenerse a los turnos establecidos en el Reglamento para los debates de los distintos bloques de enmiendas. Les ruego se ciñan a esta previsión de ordenación del debate y no desborden los turnos, porque, en caso contrario, la Presidencia tendrá que adoptar las medidas conducentes a cumplir la previsión de la hora de finalización del debate.
Para turno de réplica, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps Devesa.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo atendiendo a su petición de brevedad, porque además tampoco mi Grupo ha sido excesivamente contestado por el portavoz del Grupo Socialista. En principio creía que no iba a ser en absoluto contestado cuando oía su turno en contra de nuestras enmiendas, porque además coincidíamos en todos los principios generales, como he reiterado en mi anterior intervención, que inspiraban esta reforma, pero me ha extrañado que no se hiciera ningún tipo de afirmación y al final se ha hecho de modo general para justificar el porqué de su voto negativo a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Toda la argumentación ha sido que nosotros, como siempre, no hemos presentado alternativa alguna; que nosotros, como siempre, mantenemos una vieja retórica paternalista; que nosotros, como otros Grupos, parece que estemos en esa retórica paternalista que anteriormente estaba

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mencionando. Mire si es difícil, señor Méndez; sólo con leerse las enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Popular hubiera visto que no podemos coincidir en lo mismo, que no coincidimos prácticamente en nada. ¿Cómo pueda dar la misma argumentación para rebatirles a ellos que para rebatirnos a nosotros? Nos dice, como contestación, que no hemos presentado alternativa alguna, y tal vez eso sea cierto. ¿Pero sabe por qué? Porque las alternativas se presentan a los sistemas que existen y el sistema de relaciones laborales que existe, que hoy reformamos, no es patrimonio del Gobierno, ni siquiera patrimonio del Grupo Socialista que lo sustenta; el sistema de relaciones laborales que hoy reformamos es patrimonio de un acuerdo entre los agentes sociales conseguido ya en el antiguo Estatuto de los Trabajadores en 1980, en el que ustedes participaron, pero del que no se pueden atribuir, en modo alguno, su monopolio. Por eso no hay alternativa por parte del Grupo Popular a ese sistema, porque ese sistema que hoy mejoramos entre todos es de todos.
Desde luego, no nos comportamos de una forma errática, como nos acusan para poder decir que no se pueden aceptar nuestras enmiendas. En modo alguno nos comportamos de una forma errática y vacilante; son ustedes los que en esta reforma se han comportado de dicha manera; son ustedes los que se comportan, además, habitualmente de dicha manera. Valga el ejemplo de la reducción del 50 por ciento de cuotas para los mayores de 45 años. Lo expusimos en esta Cámara, lo propuso este Grupo en la anterior discusión del proyecto de ley; ustedes lo rechazaron y sin vacilaciones y sin ser errantes ahora lo propone el Gobierno. Ustedes son los que se comportan de forma errática, cuando después de haberse dado cuenta de la rigidez de nuestro sistema de trabajo por la flexibilidad interna del mismo en las empresas cargan la mano en esta reforma sobre la flexibilidad externa, impidiendo la flexibilidad interna de las mismas y mantienen las categorías profesionales junto a los grupos profesionales que ahora existen, manteniendo un sistema anquilosado, rígido y cerrado.
Esa forma errática y vacilante de comportarse, no la del Grupo Popular, la de ustedes, la del Grupo Socialista y la del Gobierno Socialista, continúa y tiene su más claro ejemplo en Santana, CASA, Santa Bárbara y esas tristes páginas de los periódicos que llenan de ajustes de plantillas las primeras carátulas de economía y trabajo, cuando ustedes siguen siendo de verdad vacilantes en esta reforma para poner medidas, como propone el Grupo Popular, de solución a esos temas.
Ustedes, señores socialistas, son los vacilantes y los errantes y los que se apropian de sistemas a los que no tiene por qué haber alternativa porque son de todos nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, la verdad es que no iba a hacer uso de este turno de réplica, pero lo voy a hacer con brevedad y, además, aunque parezca una paradoja y el encaje parlamentario quizá no sea pacífico, para replicar al portavoz de Izquierda Unida, que es el que me ha aludido reiteradamente, no así el del Partido Socialista.
Como cuestión previa, señor Presidente, tengo que comentar que vamos a admitir la transacción que nos ofrece el Grupo Socialista a la enmienda número 48. Por tanto, retiramos nuestra enmienda número 48. En relación a lo demás, señor Peralta, usted ha puesto en mi boca reflexiones que yo no he hecho y las alusiones más pertinentes en relación a palabras sí manifestadas expresamente por mí. Tengo que comentarle que no ha incorporado elementos de convicción que puedan hacer mutar razonable e intelectualmente mis opiniones.
Usted ha comentado que no es democrático, interpretando sus palabras «sensu contrario», utilizar la negociación colectiva para acometer la remoción de las rigideces que todavía gravitan en nuestro mercado de trabajo, gravitan todavía negativamente sobre la competitividad de las empresas; rigideces que ustedes no niegan. Ustedes reconocen que hay elementos rígidos en el ordenamiento laboral, particularmente en algunas ordenanzas laborales. Usted no considera un instrumento jurídico adecuado el convenio colectivo o la negociación colectiva para desregular aquello que sea desregulable y para acometer la remoción de estas rigideces.
Yo creo que no se puede sostener esa opinión con demasiado fundamento, en primer lugar por la propia naturaleza jurídica de los convenios colectivos en el Estado español. La naturaleza jurídica que les atribuye el artículo 37.1 de la Constitución y la naturaleza jurídica que deriva del Título III del Estatuto de los Trabajadores.
Los convenios colectivos aprobados y negociados en virtud de los requerimientos del Título III del Estatuto de los Trabajadores son genuino ordenamiento jurídico extraestatal, son normas jurídicas de origen no estatal, autónomas, no heterónomas. Utilizar un instrumento que está catalogado por la propia estructura de fuentes de la relación laboral de esta manera, por el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, no puede ser más que una fórmula absolutamente idónea, señor Peralta, para acometer las rigideces de forma consensuada, de forma negociada y, por tanto, de forma equilibrada --subrayo la expresión: de forma equilibrada-- que todavía pivotan negativamente sobre nuestra competitividad.


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No hay mejor fórmula, porque las otras o son el ordenamiento estatal, «stricto sensu» la legislación laboral y reglamentaria del Estado, y no parece este el instrumento idóneo, puesto que carece del elemento de legitimación social que sí posee la negociacicón colectiva, puesto que los interlocutores sociales no participan en la configuración de la legislación social y, desde luego, no creo que ustedes quieran, como piden las asociaciones de empresarios, como pide la patronal, que sean los contratos individuales de trabajo los que se utilicen para esta desregulación o para esta flexibilización.
Luego, por exclusión, me tiene usted que aceptar que no hay fórmula mejor para acometer las rigideces que subyacen en nuestro mercado que la negociación colectiva. Y de la negociación colectiva no presuma usted, que derivan clausulados normativos u obligatorios desequilibrados, porque la correlación de fuerzas en la negociación colectiva garantiza normalmente una eficiente tutela de los legítimos intereses de los interlocutores, de los protagonistas del hecho industrial.
Me gustaría que usted negase taxativa y expresamente estas reflexiones que estoy haciendo, porque usted sí sabe Derecho del trabajo. Dicho esto, señor Presidente, y esperando no crear polémicas o discusiones no ajustadas a los requerimientos de nuestro Reglamento --era una posición de pura aclaración de conceptos la que mantenía--, le repito la aceptación de la enmienda transaccional que ofrece el Grupo Socialista al artículo 22. También quiero recordar a los portavoces del Grupo Socialista que hay un tema en relación al artículo 33, en materia de salario, que debe ser objeto de reflexión y yo les pido que hagan una consideración detenida del mismo. El Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi y los interlocutores que lo componen han llegado a la conclusión de que los laudos que emita este Consejo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, puedan tener eficacia para el reconocimiento del carácter salarial de determinada prestación contractual y del carácter indemnizatorio atinente a las prestaciones o indemnizaciones que debe pagar el Fondo de Garantía Salarial.
Esto ha sido objeto de aceptación pacífica por todos los interlocutores con presencia en el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi. Sólo se trata de reformar la legislación atinente a esta materia y que estos laudos arbitrales tengan la misma eficacia que las resoluciones judiciales para el reconocimiento del carácter salarial o indemnizatorio vinculado al salario a efectos del Fondo de Garantía Salarial de lo que así se determine por los correspondientees laudos.
Por lo demás, señor Presidente, gracias por su paciencia y nada más por ahora. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Tiene la palabra el señor Méndez.
El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Seré muy breve. Tan sólo voy a hacer unas pequeñas precisiones. El señor Peralta creo que ha podido dejar alguna sombra de duda sobre la regulación del contrato y su forma que se hace en el proyecto. Yo quiero recordarle que es explícita la mención en el proyecto respecto de que en cualquier momento de la duración del contrato cualquiera de las partes puede exigir que el mismo sea formulado por escrito. Una cosa es que la costumbre nos indique que en nuestro ámbito de relaciones laborales funciona de igual modo una relación por escrito que una relación de carácter verbal; eso es tradición en nuestro país y en la mayoría de los sistemas. Otra cosa bien distinta es que haya o no una facultad explícita en el propio proyecto --como en este caso, que sí la hay-- de que cualquiera de las partes durante la relación de trabajo pueda pedir que se formule el contrato por escrito. Por tanto, si existe la facultad, no tengamos ningún miedo. Le quiero decir también que la información adicional que se incorpora como garantía en el texto yo creo que tiene que ser francamente bien recibida. No es una cuestión baladí, no es una cuestión meramente retórica, es una garantía adicional de información procedente de lo que se ha regulado en una directiva europea que viene, en todo caso, a indicarle al empresario que deberá de informar por escrito de aquellos contenidos esenciales del contrato, salvo que estos contenidos esenciales ya estuvieran previamente en el contrato de trabajo, en cuyo caso sería, obviamente, innecesario. Le agradezco, señor Peralta, su actitud de aceptar la transaccional que le habíamos propuesto a la 318.
En relación a la intervención del PP, tengo poco que añadir.
No pude decirle en la primera intervención --se lo digo ahora, en todo caso-- que yo lamento tener que decir que, desde mi criterio personal, entiendo que las enmiendas que presentaron a los artículos primero, segundo, tercero y cuarto del proyecto son enmiendas meramente de tenor literal, son literarias, son literatura. Tengo un montón de ellas. «Se podrá establecer» en vez de «se establecerá». Por tanto, creo que no ha habido voluntad de aportar no ya solamente un proyecto alternativo, sino una visión adicional a la del proyecto. Por consiguiente, me he visto obligado a decir que, efectivamente, según mi juicio de valores, eran enmiendas meramente literarias o de tenor literal. Respecto a la intervención del portavoz del PNV, lamento no haberle dicho en la primera parte que me agradó su comentario de que la reforma es una reforma aceptable, pero que es necesariamente una reforma perfectible. Yo creo que éste es el punto de inflexión. Es una reforma aceptable porque es racional, equilibrada y está al hilo de los tiempos. Y es perfectible en la medida en que lo que produce la reforma es la posibilidad

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en el tiempo de que la aplicación misma de los contenidos en la reforma de sumar, de reglas, de sus capacidades de maniobra, de autonomía de las partes, demuestre si efectivamente la perfección en la práctica nos indica que el sistema de reforma será correcto. Por tanto, no es en la norma donde debemos encasquillar propuestas y reglas, sino en la dinámica de la autonomía de las partes.
Le agradezco también la aceptación de la enmienda transaccional y estudiaremos detenidamente ese comentario que nos ha hecho. Finalmente, al señor Mauricio querría decirle...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Méndez. El señor Mauricio no ha hecho uso del turno de réplica. Por tanto, no ha lugar a contestar.


El señor MENDEZ MARTINEZ: Entonces, nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Méndez.
Concluido el debate correspondiente a los artículos primero a cuarto, vamos a pasar al debate correspondiente a los artículos quinto y sexto. En primer lugar, para defender las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, señorías, los artículos quinto y sexto del proyecto de ley de reforma del estatuto de los trabajadores, respecto a los cuales vamos a discutir las enmiendas de mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, regulan un tema fundamental en la vida de los trabajadores: todo el apartado relativo a movilidad funcional, movilidad geográfica, despidos por causas económicas, tecnológicas, organizativas, de producción, despidos objetivos individuales, lo que pasan a ser despidos de hasta 30 trabajadores en las empresas de más de 300 o lo que se continuará técnicamente denominando despidos colectivos. Los despidos de importantes grupos de trabajadores en períodos trimestrales. Por tanto, señorías, estamos hablando de palabras mayores, de temas de la mayor importancia en un país que atraviesa una etapa de recesión económica con una fuerte destrucción de empleo.
Para comenzar, señorías, tengo que decirles que esta normativa que se reforma, y que se reforma en profundidad, es una normativa establecida efectivamente en el año 1980, pero es bueno recordar que ha funcionado con un notabilísimo grado de eficacia en nuestro país.
Les voy a dar un dato muy reciente y que en la Comisión ya tuve ocasión de alegar y me reconocían los portavoces socialistas que era correcto. El año pasado, de enero a noviembre del 93, se tramitaron en nuestro país 22.000 regulaciones de empleo por todos los conceptos: movilidad funcional, movilidad geográfica, suspensiones y extinciones de contrato; 22.000 expedientes. Pues bien, señorías, de esos 22.000 expedientes casi 21.000, exactamente 20.828, fueron autorizados. Desde el punto de vista empresarial no se puede alegar que este era un sistema rígido. No lo era. Menos de 1.000, de un total de 22.000, fueron rechazados. Esta es la realidad estadística del año 1993; la realidad oficial del Ministerio de Trabajo. Por tanto, señorías, la normativa que existía no podemos decir que era una normativa que introducía rigideces a los empresarios. Hay más, señorías. De esos casi 21.000 expedientes que fueron aceptados, más de 18.000 lo fueron basándose en un acuerdo entre las partes. Por tanto, era una normativa, la que existe hoy todavía, en tanto no entre en vigor esta reforma, que fomentaba un notable acuerdo entre las partes. Ahí está ese porcentaje de más del 90 por ciento de expedientes con acuerdo.
Es verdad, señorías, que eso incluso se producía en un contexto tan negativo para los trabajadores como es que el año pasado cerca de 500.000 trabajadores se vieron afectados por regulación de empleo; un 64 por ciento más que el año anterior. En esas condiciones de una notable crisis social, con un notable incremento de trabajadores afectados por regulación de empleo, el sistema permitía un funcionamiento eficaz desde el punto de vista empresarial y un notabilísimo consenso social en esos expedientes. Esa era la realidad. Ahora nos encontramos con una reforma que consagra, en última instancia, no el acuerdo como elemento decisivo, sino la exclusiva voluntad empresarial porque esta reforma lo que hace sustancialmente, señorías, es suprimir la necesidad de autorización del Ministerio de Trabajo o de las consellerías autonómicas donde se ha producido la transferencia. Esta es la sustancia de esta reforma: suprimir esta necesidad de autorización y consagrar como criterio determinante la exclusiva voluntad empresarial.
Que no se nos diga que esta reforma es eficaz desde el empleo.
No, señorías.
En un momento determinado se alegaba que era necesario reformar estas materias por la presión de las inversones extranjeras que estaban pendientes de venir a nuestro país tan pronto se produjera esta modificación. Pues bien, señorías, extraña y sorprendentemente se ha anunciado la reforma laboral e inversiones extranjeras levantan el vuelo: Suzuki Santana; Volkswagen Seat; Kubota Ebro; Gillette. Justo cuando se anuncia la reforma laboral, que, teóricamente, según algunos miembros del Gobierno, reclamaban esas inversiones extranjeras, se produce la huida de las mismas. Fíjense, señorías, a que extremo se puede llegar cuando ayer, el Secretario General de Empleo, persona competente en esta materia, ante el caso de Gillette, decía:

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Si no podemos hacer nada, tendremos que pensarnos si se consumen los productos de Gillette.
El no poder hacer nada, señorías, es a lo que conduce esta reforma en la que la Administración queda absolutamente maniatada en función de las decisiones empresariales. Ya es notorio que la normativa actual es insuficiente. No hay condiciones reales de intervenir ante abusos de este tipo que los propios altos cargos ministeriales denuncian como abusos.
Pero si había que hacer alguna reforma ésta sería la de coartar los mismos y no restringir aún más las posibilidades de intervención por parte de la Administración. Por tanto, señorías, esta reforma no se justifica desde el punto de vista de la eficacia, no se justifica desde el punto de vista del fomento del consenso social, porque consagra exclusivamente el criterio empresarial como decisivo. Tengo que decir aquí, señorías, que la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley en estos puntos concretos ha empeorado notablemente el proyecto que remitía el Gobierno. En virtud de enmiendas del Grupo Socialista se ha producido una definición extraordinariamente abierta de las causas tecnológicas, económicas, organizativas y de producción notablemente más amplias en número que las que había antes. Y, para rematar esta faena, el Grupo de Convergència i Unió ha introducido, con el apoyo del Grupo Socialista, una enmienda en virtud de la cual el fraude de ley queda notablemente reducido. Ahí sí que nos dice el Grupo de Convergència i Unió, mediante sus enmiendas, que hay que dar seguridad ante el fraude. No, señorías. Hay que dar seguridad contra el fraude. Y ustedes lo que han hecho con su enmienda, apoyada por el Grupo Socialista, ha sido limitar el fraude exclusivamente a los supuestos de la misma causa, cuando han consagrado --con el acuerdo conjunto-- un amplísimo elenco de causas y los empresarios un trimestre cogerán unas, al trimestre siguiente otras y otra y otra... Tienen muchas para escoger. Y ustedes han dicho que sólo será fraude de ley cuando sea la misma.
Pero es más --si no era bastante eso, más-- sólo serán nulas las nuevas, cuando el proyecto de ley remitido por el Gobierno decía que serán nulas todas y ustedes lo dejan sólo «en las nuevas». Y no sabemos cuáles son las nuevas, porque no se definen cuáles son las nuevas en relación con las antiguas, si las del último trimestre, las de los dos últimos trimestres, las de los tres, no lo sabemos. La ambigüedad, la falta de seguridad y el riesgo a los derechos de los trabajadores (cuyo recorte es cierto, pero además hay una notable incertidumbre en cuanto a la amplitud de ese recorte) es extraordinariamente nocivo con esta reforma del Gobierno y por ello nosotros hemos presentado un importante elenco de iniciativas y de enmiendas que doy por defendidas.
Gracias, señor Presidente.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta. Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, convencido de que SS.SS. van a agradecer la brevedad de la intervención del portavoz del Grupo de Coalición Canaria, cuyo único objetivo en esta intervención es mantener las enmiendas presentadas, a excepción de una enmienda transaccional y otra que ha sido aprobada en Comisión, quiero decir que, en definitiva, el debate no ha hecho sino reiterar argumentos que ya hemos expuesto y que no vamos a repetir a lo largo de esta intervención.
El gran debate que ha habido se resume --y de ahí el mantenimiento de nuestras enmiendas-- en si lo que había que hacer era una reforma laboral flexibilizando el mercado de trabajo, con lo que nosotros estábamos de acuerdo, o desregular el mercado de trabajo, con lo que no estábamos de acuerdo. Hay un gran debate sobre si el ordenamiento jurídico del Estado debería establecer las reglas que desarrollaran la negociación, el consenso y el acuerdo de las partes. La filosofía que predomina en estos proyectos de ley es que son las partes las que tienen que regular el mercado de trabajo y el Estado lo que tiene que hacer es --desde una posición no intervencionista-- alejarse de esa regulación. Nosotros creíamos que las dos cosas eran necesarias y compatibles. El Estado debe marcar unas reglas, unas normas, unas tutelas, unos controles, y garantizar, por tanto, su papel arbitral.
Las partes, desde una posición de equilibrio de fuerzas, son las que deben pactar, negociar y consensuar. Al establecer estas reformas, que desregulan claramente el mercado de trabajo, lo que se consigue es fortalecer la posición de una parte, dificultar la negociación, hacerla más conflictiva, porque en definitiva lo que se va a producir es un combate sin reglas, o con muy pocas, y una lucha sin árbitro, y todos sabemos que las luchas en las negociaciones donde hay unas limitaciones, unos controles, unas tutelas y un arbitraje es posible resolverlas, pero, si no, lo que se hace simplemente es dejar un vacío en el equilibrio social y en la regulación de las condiciones laborales de este país que nosotros consideramos enormemente preocupante. Por todo ello, mantenemos nuestras enmiendas, no repetimos argumentos y lamentamos la falta de diálogo y de consenso entre los grupos parlamentarios para haber hecho una reforma laboral duradera y no una reforma laboral que, sin duda, me atrevo a pronosticar, va a tener una vida muy precaria y escasa para el bien de las relaciones sociales en este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Villalobos.


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La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
A estas alturas del debate que ha tenido lugar a lo largo de toda la mañana y en la Comisión en los últimos tiempos en torno a la necesidad de la reforma laboral, de si esta reforma laboral es la mejor posible, si contiene los términos más adecuados que incidan en la adaptabilidad de nuestro mercado de trabajo --aquí ha habido debates sobre qué se considera adaptabilidad, qué flexibilidad--, parece que existe un mínimo consenso en torno a lo que se debe considerar que abarcan los artículos quinto y sexto de la ley que reforma el Estatuto de los Trabajadores, por lo menos en torno al concepto de movilidad funcional. Yo tenía entendido, por los debates en los que han participado, tanto dentro como fuera de la Cámara, los miembros del Grupo Socialista y del Gobierno, que el Grupo y el Partido Socialista, así como el Gobierno, le daban una enorme importancia a la movilidad funcional como motor de la competitividad de nuestras empresas y de la superación de las dificultades internas de la empresa española en torno a la falta de cualificación de nuestros trabajadores, a la fuerza que tendría que tener en la nueva negociación colectiva y en las nuevas relaciones laborales la movilidad funcional, y nos encontramos aquí, ante cualquier enmienda que tenga que ver con una mayor capacidad de movilidad interna en torno a los grupos y no a las viejas categorías obsoletas, como ha determinado el propio representante anterior del Grupo Socialista, con la falta de comprensión y de apoyo del Grupo de la mayoría. Yo espero que en el Senado seamos capaces de convencerles, porque sus argumentos no terminan de tener una excesiva racionalidad ni responden excesivamente a la verdad.
Por tanto, yo espero que en el trámite del Senado seamos capaces de convencerles de que lo que queremos nosotros es adecuar nuestra movilidad a lo que debe ser cuando desaparezcan las ordenanzas laborales, cuando nuestro plan nacional de formación profesional tenga auténticamente la dimensión que tiene que tener, cuando los perfiles profesionales en nuestro país sean los que tienen que ser -- que en este momento ni existen--, y yo creo que entonces el Grupo Socialista y el Gobierno entenderán que, en cuanto al grupo profesional, cuando nosotros quitamos el término de categoría, lo que estamos haciendo es dar una mayor amplitud a la movilidad funcional y a la capacidad y cualificación de nuestros trabajadores, que es uno de los graves problemas que siguen teniendo nuestras empresas para conseguir la mayor productividad y la mayor competitividad interna. Por otro lado, las enmiendas del Grupo Popular intentan, también sin éxito, ante una preocupación que no es solamente de este Grupo, sino que también se ha expresado aquí por otros miembros y por el Consejo General del Poder Judicial, moderar la excesiva judicialización del procedimiento que contempla no este artículo, sino todo el Estatuto. Este es un tema que yo creo que habrá que analizar, sobre todo ante el exceso de judicialización y la falta de precisión jurídica en algunos términos. Aquí se ha hablado antes del concepto de fraude de ley. Hemos presentado una enmienda porque entendemos, entre otras muchas razones, que un juez es el que va a determinar ciertamente si una norma aplicada está en fraude de ley o no lo está; es decir, si un empresario va a utilizar mal lo que le concede el Estatuto en el artículo 51 o en el artículo 41 o en el artículo 40 para la movilidad o para la suspensión de contratos, qué duda cabe que será el juez el que determinará el fraude de ley. No se puede condicionar el fraude de ley; será él el que entienda si ese acto del empresario está fuera de la ley o no lo está. En cualquier caso, no creo que deba ser la norma la que determine el concepto de fraude de ley.
Por otro lado, creemos, en lo que se refiere al artículo 51, que tal como ha sido planteado en el proyecto de ley, tal vez no sea la mejor fórmula, porque, desde nuestro punto de vista, tendría que haber venido negociado a esta Cámara. El principal defecto que tiene este Estatuto es la falta de concertación y de negociación, no se trata de un arma política arrojadiza de un partido contra otro ante el fracaso del pacto social por el empleo como norma básica de la política económica, como decía el señor González en su campaña electoral. No se trata de eso.
Se trata de la necesidad de unas relaciones laborales en una mínima paz social imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra economía y, en este sentido, nos hubiera gustado que el artículo 51 hubiera llegado a esta Cámara con el mismo acuerdo con que lo hizo el antiguo artículo 51, que sustituye a éste, del Estatuto de los Trabajadores del año 1980, como consecuencia del acuerdo interconfederal entre la UGT y la patronal CEOE, recogido por el Partido Socialista, entonces en la oposición, y recogido a su vez por el Gobierno de UCD. Como esto ha sido imposible, como se ha demostrado la incapacidad del Gobierno y más tarde del Grupo Socialista --incluiría a todos los grupos de la Cámara-- para conseguir este acuerdo, planteamos la posibilidad de que en un tiempo prudencial los agentes sociales, una vez transcurrida la situación de crisis, de conflictividad social, de enfrentamientos que estamos viviendo en este momento puedan llegar a acuerdos para reformar el artículo 51 de forma que su actual redacción dejara de tener validez a partir de ese momento y la Cámara recogiera como nuevo artículo 51 la consecuencia de ese pacto entre la UGT, la CEOE y el sindicato Comisiones Obreras.
Nuestras enmiendas también intentan completar algo que ya el propio representante del Grupo de la mayoría prometió en el debate en Ponencia, y es que la parte correspondiente de la Ley de Fomento de la Ocupación, que corresponde a determinados artículos del

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Estatuto de los Trabajadores, desde nuestro punto de vista, habría que ubicarla de nuevo en el Estatuto. Así fue prometido por el representante del Grupo mayoritario en la Cámara y, además, dijo que al Pleno vendrían ubicados los artículos 15, 16, 8 y 43 del Estatuto en su lugar correspondiente, es decir, en el Estatuto de los Trabajadores. Creo que esto es importante, porque debe haber una unidad de normas y no una dispersión de normas como se contempla en este momento.
Esperodel Grupo de la mayoría que recoja de nuevo en el Estatuto lo que al Estatuto corresponde, porque, además--y termino con esto, señor Presidente--, hay una cosa que, desde mi punto de vista, debería ser el leitmotiv de esta reforma: adaptar nuestro mercado y la cualificación de nuestros trabajadores. Cuando uno observa cuál es la situación de nuestro mercado laboral en lo que se refiere a la formación, nos encontramos, en comparación con el resto de los países del mundo, con que en España el 80 por ciento de la población de 16 a 64 años tiene estudios de preescolar o es analfabeta, mientras que en Alemania es el 18 por ciento y, por ejemplo, en los Estados Unidos, es el 17 por ciento. Mientras los niveles de cualificación de nuestros trabajadores sean éstos, es muy difícil conseguir la adaptación. Además, si uno lo analiza, a los mayores de 45 años se les une a esta falta de cualificación profesional la incapacidad para encontrar un puesto de trabajo. A lo largo de todo el año 1993 se han producido 4.700 contratos de mayores de 45 años y, sin embargo, según datos del Inem de paro registrado, los parados de más de 44 años son aproximadamente medio millón de personas en España en edad de trabajar. Este es un problema grave. Por eso nuestro Grupo ha planteado una enmienda para que en los expedientes de regulación de empleo, de suspensión o de terminación de contrato; en el plan social haya una especial dedicación a los parados, a los posibles trabajadores de esa empresa que puedan entrar en ese plan, que tengan más de 45 años, porque con estos datos que acabo de leer aquí es muy difícil que esas personas puedan volver a reinsertarse en el mundo laboral, y formarán parte de lo que la Comunidad Europea llama los excluidos sociales que son ya una legión, cada vez más importante, de europeos, y, sobre todo, si lo situamos en el nivel de España, la preocupación debe ser mucho mayor. Por eso, entendemos que los mayores de 45 años deben tener un nivel de protección mayor que otros jóvenes, como así reconocía, en el día de ayer, el Ministro de Trabajo en una pregunta oral, ya que requieren mayor protección que los menores de 40 años que es más fácil que puedan reinsertarse en el mercado laboral.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, con brevedad para no hacer incurrir en un estado hipoglucémico superior al que ya se empieza a percibir en SS.SS., para decir que en lo relativo a este bloque las reflexiones generales hechas para enmarcar el debate de estos tres proyectos de ley, no sólo de este proyecto de ley, son especialmente pertinentes. Esto se enmarca en un contexto socioeconómico de carácter general donde se van relativizando los paradigmas del Estado del bienestar y el carácter tuitivo del Derecho del trabajo. Lo que pasa es que en lo atinente a estas materias que son objeto de regulación en los preceptos que ahora estamos discutiendo hay que ser especialmente cauto. Le doy al señor Peralta la razón en esta materia.
El carácter tuitivo del derecho de trabajo debe ser objeto de una especial y minuciosa observación aquí. El carácter compensador de las desigualdades que subyacen en el contrato de trabajo, y esa es la esencia justificativa de la propia existencia del derecho del trabajo, debe ser en esta materia relativa a las modificaciones de las condiciones de trabajo, relativa a la movilidad geográfica y funcional, relativa a los despidos --ya sean éstos individuales o colectivos--, objeto de especial ponderación y cuidado. Porque desestructurar o desregular aquí puede provocar desestructuraciones de las esencias del derecho del trabajo perturbadoras y gravemente desequilibradoras de los pactos sociales, de los contratos sociales entre interlocutores en los que el derecho del trabajo funda su propia existencia. El derecho del trabajo, bien lo ha dicho el señor Peralta, nunca ha sido un derecho privado, nunca ha sido un derecho contractual. El derecho del trabajo quiere cubrir, precisamente, las deficiencias, las desigualdades, la falta de sinalagma, la falta de conmutatividad de obligaciones, la falta de equivalencia de prestaciones que subyace en el contrato de trabajo. Las relaciones de producción en la primera Revolución Industrial se articularon a través de contratos de arrendamiento de servicios, a través de contratos de ejecución de obras de sociedad que produjeron las situaciones de injusticia más atroces de la historia de la humanidad, de donde afloraron las doctrinas también más lúcidas de la historia de la humanidad, las doctrinas del humanismo cristiano, las doctrinas marxistas, las doctrinas anarquistas, las doctrinas de los socialistas utópicos y algunas otras que perfilaron una figura contractual nueva: el derecho del trabajo, que ya consideraba el salario no una mera contraprestación contractual del trabajo, sino un medio de vida del trabajador. Esa es la gran transformación inicial de la presión de estas doctrinas que hemos citado y del incipiente derecho del trabajo que se empezó a constituir en aquella época. Y en cuanto al contrato de trabajo, también se demostró sociológicamente que el presupuesto jurídico en el que se fundaba, el presupuesto jurídico de la igualdad entre las partes contratantes,

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entre el trabajador y el empresario, devino en falso sociológicamente, devino en falso fácticamente. Luego surgió un derecho tuitivo, un derecho protector, un derecho compensador de las desigualdades contractuales siempre tutelando, siempre protegiendo la discapacitación, la menor posición o la peor posición contractual del trabajador, sometido, como saben SS.SS., a una doble dependencia, a la dependencia jurídica, al poder de dirección del empresario, y a la dependencia económica del salario. Esta es la esencia, el flujo, el tracto, la senda del nacimiento del derecho del trabajo. Estas esencias no se pueden desestructurar, por muy graves e intensos que sean los requerimientos de la competitividad, porque es vulnerar y desestabilizar una de las esencias, uno de los principios de orden público en los que se basa toda sociedad civilizada y organizada hoy en día.
Afortunadamente, reflexiones como éstas están en alguna de las ponencias aprobadas por el Congreso del Partido Socialista, entiendo que ya vigentes. No voy a reproducirlas ni profundizar en ellas de forma mucho más pormenorizada.
De todas formas, también aquí hay que desregularizar algo de forma equilibrada, de forma no desestructurada de los equilibrios que regulan las materias como las del artículo 51 o como las de modificaciones de condiciones en materia de desplazamiento, de movilidad o algunas otras. Nosotros tenemos algunas propuestas que hacer; también en este ámbito consideramos el proyecto de ley perfectible desde la perspectiva de la técnica legislativa utilizada, que sigue siendo muy mala. Desde luego, los redactores de este proyecto no se van a hacer famosos ni van a pasar a los anales de la Academia Jurídica por la redacción, incluso en términos puramente literarios, por lo regulado en estos tres proyectos de ley, y también por algunas cuestiones de naturaleza más esencial o más axiológica. Por ejemplo, en relación al artículo 40 en materia de traslado, entendemos --es un requerimiento impuesto por la situación de un mercado cada vez más sofisticado, cada vez más complejo, en el que las decisiones de los empresarios tienen que tener una atención más perentoria, más rápida-- que la paralización prevista en el artículo 40 por la autoridad laboral de la efectividad de un traslado no es que no pueda ser superior a un año, que es lo que se prevé en el proyecto de ley; es que pensamos que no puede ser superior a los tres meses. Un mercado tan sofisticado, tan competitivo como el actual necesita una atención más ajustada temporalmente a las decisiones de la autoridad laboral cuando las pretensiones de los empresarios en materia de traslado sean legítimas.
Con relación a las causas justas de extinción del contrato por el trabajador, entendemos que causa justa es la extinción del contrato por el trabajador cuando concurre la falta de pago o los retrasos continuados en el pago del salario, siempre que éstos sean injustificados. Esta es la expresión relevante.
¿Por qué? Porque en esta materia no se puede instaurar un sistema de responsabilidad jurídica objetiva, y la justificación o no es muy relevante a efectos de determinar una causa justa de extinción de una relación contractual, nada menos que una relación contractual. En lo relativo al artículo 51, que es el artículo paradigmático de este proyecto de ley, el relativo a los despidos colectivos, es un artículo que está, en términos generales, bien concebido, aunque se introducen dos nuevas causas para proceder a los despidos colectivos que son las organizativas o de producción, bastante omnicomprensivas, quizás universalmente legitimadoras para el empresario, si bien estas causas ya han sido objeto de alguna precisión en el debate de Comisión. A pesar de que hay un elemento de cierta regresión al incorporar nuevas causas para despedir colectivamente, nuestro Grupo, señor Presidente, va a retirar su enmienda número 63, relativa a la reducción de los tramos que en este precepto, el artículo 51 del proyecto de ley, permiten concebir un despido como colectivo o como no colectivo. Retiramos la enmienda número 63.
Aquí sí nos parece pertinente --ésta es una reflexión que hacemos al portavoz socialista de forma muy particular-- que se instaure en nuestro Derecho una institución que tiene ya reconocimiento, tiene acogida y resulta muy funcional, muy eficiente en países de nuestro contexcto socioeconómico. Es la posibilidad --se tendría que recoger y ubicar esta posibilidad en el artículo 51--de creación de fondos económicos, constituidos estos fondos por las indemnizaciones legales, las indemnizaciones convencionales, ya sean colectivas o individuales, y por las aportaciones de las instituciones públicas para la reinserción laboral de los trabajadores afectados por despidos colectivos. Esto es algo que existe en prácticamente la totalidad de los países de nuestro entorno, de nuestro contexto socioeconómico, y aconsejo una debida reflexión sobre esta materia.
En materia de elecciones sindicales, nos preocupa en el título II, el artículo 67. También esperamos del Grupo mayoritario de esta Cámara una ponderación de los argumentos que vamos a exponer en este ámbito. En cuanto a la iniciativa de propuesta para la convocatoria de elecciones sindicales, entendemos que la previsión del artículo 67 de que sea el primer sindicato in genere, la primera organización legitimada in genere la que presente la convocatoria de elecciones, la que condicione el resto del calendario electoral no es pertinente. Esto se debe regular de la siguiente manera. En el caso de concurrecia de promotores para la realización de elecciones sindicales, tendrá preferencia la formulada --ésta es la expresión que modifica el tenor literal del precepto-- por la organización de representantes de la empresa o centro de trabajo --esto sería lo relevante--que se presente en primer lugar.


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Este artículo 67 y otros del título II, en materia de relaciones sindicales, ponen de relieve uno de los problemas que afectan a este proyecto de ley: la asimetría de sus legitimaciones sociales. Este título II está consensuado por las organizaciones sindicales UGT y Comisiones Obreras y, sin embargo, genera el repudio de todas las demás; con otros títulos u otros artículos de este precepto sucede exactamente lo contrario. Hay una cierta asimetría en las legitimaciones sociales y nosotros consideramos que el agravio que algunos sindicatos (no los dos mayoritarios, UGT y CCOO) manifiestan en cuanto a las previsiones que, en materia de articulación del proceso electoral, hace este título, es muy razonable.
Nosotros consideramos que sí, usted, señor Peralta, considera que no; lo legítimo es no coincidir en todo o no coincidir en muchas materias y manifestarlo públicamente en esta tribuna.
Ese es el sentido del artículo 67.
En cuanto a nuestra enmienda al artículo 75, relativo a las competencias de la Oficina Pública (no le puedo entender, señor Peralta, no tengo un conocimiento de la semiótica tan fino como para comprender sus signos; en todo caso me lo podrá decir después) en el proceso electoral que ahí se prevé, entendemos que las competencias de esta oficina no pueden limitarse sólo al control de los aspectos formales o procedimentales de las elecciones sindicales. Nosotros atribuimos más competencias a la oficina electoral en materia de control de las elecciones sindicales en relación con el contenido material y no sólo formal de las actas que se registren en dicha oficina. Por último --y con esto acabo, señor Presidente--, en relación con el artículo 86, hemos presentado una enmienda que intenta impedir lo que en expresión seguramente poco feliz se denomina «ultraactividad de los convenios colectivos». La verdad es que la expresión «ultraactividad» no es feliz gramaticalmente, y, por otra parte, es un concepto absolutamente metajurídico, jurídicamente indeterminado; sin embargo, en esta enmienda sí queremos poner de relieve una dificultad grave que puede afectar a la eficiencia práctica e incluso a la vigencia práctica de este proyecto de ley.
La esencia de este proyecto de ley consiste en atribuir a los convenios colectivos, atribuyéndoles 23 nuevas materias para negociar, la facultad de remover las rigideces que todavía subyacen en nuestro mercado de trabajo.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego concluya.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, concluyo inmediatamente, pero lo que sí le rogaría es cierto amparo, si es pertinente, aunque sea fuera de plazo, para terminar esta argumentación, que le aseguro que es la última.El señor PRESIDENTE: Le voy a dejar concluir, señor Olabarría, pero me temo que S.S. está defendiendo las enmiendas y haciendo referencia a las materias correspondientes al siguiente bloque, que se corresponde con el artículo séptimo.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, le solicito disculpas y acabo mi intervención diciendo que intentaremos debatir con más prolijidad esta materia en el siguiente punto.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo. (El señor Albistur Marín pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, puede dar por defendidas las del señor González Lizondo, las mías propias y las del señor Mur que creo que también corresponden a este bloque.


El señor PRESIDENTE: Hay enmiendas del señor González Lizondo, de la señora Rahola y del señor Mur.


El señor ALBISTUR MARIN: Puede darlas por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, brevemente, porque breves han sido las intervenciones en defensa de las enmiendas a los artículos quinto y sexto de reforma del Estatuto de los Trabajadores.
Querría comenzar mi intervención con una afirmación general que derivo de las conclusiones de la comisión que analizó la contratación temporal en España, presidida por el profesor Segura, que indicaba que la tendencia natural y deseable en el mercado de trabajo es ir hacia una menor intervención administrativa y una mayor sencillez y eficacia, de tal forma que, en primer lugar, la sencillez jurídica es un bien en sí mismo, y, en segundo lugar, la tendencia hacia mercados menos intervenidos exige el cambio de prácticas muy arraigadas de las partes provenientes de la legislación del anterior régimen. Esta reforma laboral, la reforma de estos artículos importantes (los artículos quinto y sexto del Estatuto de los Trabajadores), como ha sido destacado, contiene suficiente sencillez jurídica y también menor intervención. Esta reforma es perfectamente defendible no

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sólo por eso, sino por otra serie de motivos y de causas que, a lo largo de este extenso debate, hemos ido desgranando los distintos portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Peralta, de Izquierda Unida, no ha hablado realmente de la movilidad funcional de la empresa (lo hizo en Comisión), sabemos que está en contra de la reforma, que está en contra de la movilidad funcional, pero nos ha extrañado que aludiera otra vez a los datos de expedientes de regulación de empleo contenidos en las estadísticas del Ministerio de Trabajo relativos a enero-noviembre de 1993. Dice el señor Peralta (yo no he tenido ocasión de comprobarlo, pero estoy seguro de que es así) que durante este período de tiempo de los 22.000 expedientes de regulación de empleo por todos los conceptos, es decir, despidos, suspensiones, cambio de condiciones, etcétera, casi 21.000 fueron autorizados. Deduce que éste, por tanto, no es un sistema rígido para los empresarios; pero, señor Peralta, cuando hablamos de rigidez, o cuando hablamos de flexibilidad no nos estamos refiriendo a una parte exclusivamente de la relación laboral. Nosotros interpretamos la flexibilidad como una exigencia del mercado de trabajo que beneficia a trabajadores y empresarios. Usted interpreta la flexibilidad como una facultad adicional del empresario. En esta Cámara nadie ha dado esta interpretación, y, por tanto, que conste nuestra absoluta disconformidad.
Dice el señor Peralta que la reforma no consagra el acuerdo.
Es totalmente lo contrario, es el acuerdo, es el convenio colectivo el que se convierte en eje de esta reforma sustancial del Estatuto de los Trabajadores. La reforma se basa en el acuerdo, impone una gran importancia al convenio colectivo, impone también importancia a las consultas previas a la modificación de condiciones, a la movilidad funcional, etcétera. En definitiva, señor Peralta, estamos en absoluto desacuerdo en lo relativo a la interpretación de la flexibilidad que estamos introduciendo en la normativa laboral.
En general, en relación con la movilidad funcional y la modificación de concidiones, hay que tener en cuenta la legislación de los países europeos, que es mucho menos casuística y detallada que la española, también que ésta que estamos debatiendo. En un estudio del profesor Sala se dice que la legislación de los restantes países europeos sobre modificación de condiciones de trabajo viene caracterizada por un menor grado de concreción y detalle. En segundo lugar, se dice que de los países que él analiza, que son los más importantes de la Comunidad Europea, solamente Italia tiene una regulación específica de la movilidad funcional del trabajador. En tercer lugar, el empresario tiene un poder de dirección y el trabajador está sujeto a un deber de obediencia de las órdenes empresariales legítimas. Existen procedimientos para efectuar modificaciones esenciales de la prestación laboral, ya que si el empresario puede extinguir el contrato, también puede, en presencia de necesidades organizativas de la empresa, modificar las condiciones de la prestación laboral.
Pero una parte muy importante y común a todos estos países es la ausencia de controles previos a la decisión empresarial de modificar la prestación laboral. Se produce, eso sí, un control judicial a posteriori. La señora Villalobos dice que hay un exceso de judicialización; ella lo que quisiera es que no hubiera ningún tipo de control, usted lo sabe perfectamente, señor Peralta, pero mantenemos el control absoluto por parte de la jurisdicción social, y, cuando usted dice que el acuerdo que se producía en los expedientes de regulación de empleo, ese acuerdo, en definitiva obligaba a negociar, también ahora la necesidad de llevar a los temas a la autoridad judicial puede provocar esa negociación pero no ante la autoridad administrativa, sino ante y antes del proceso correspondiente en la jurisdicción social. Mantenemos evidentes discrepancias en relación con el despido colectivo, pero aquí también, señor Peralta, debe aceptarnos los criterios de la reforma, que son ni más ni menos que seguir la directiva del Consejo Europeo de 17 de febrero de 1975, modificada por la de 24 de junio de 1992. Usted se sitúa al margen de esta directiva, se sitúa al margen de lo que ocurre en los países europeos y al margen también de los nuevos requerimientos laborales contrarios al intervencionismo innecesario.
Señor Peralta, el proyecto no extiende las causas, como dice la directiva, a todas aquellas que no tengan nada que ver con la conducta del trabajador. Esto es lo que dice la Directiva, pero nosotros mantenemos las causas del despido colectivo en aquellas que usted ha anunciado perfectamente, económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es más, el Grupo Socialista ha precisado estas causas. Usted está en contra de esa enmienda, pero nosotros mantenemos que ha habido una mayor precisión en cuanto a las causas económicas, por ejemplo, que ya se vinculan a las pérdidas, y en cuanto a las causas organizativas y de producción, que se vinculan a la competitividad de la empresa. Queda absolutamente claro con estas enmiendas que una empresa con beneficios puede ajustar su plantilla si con ello mejora su competitividad, que equivale a asegurar la estabilidad del resto de su empleo, del empleo en la empresa, en el centro de trabajo. Esto es lo que nosotros queremos en definitiva, promover el empleo, mantener el empleo en la empresa, poniendo siempre en primer lugar el funcionamiento económico y la viabilidad de la empresa, conjuntamente con su competitividad.
No hablaré más de la autorización administrativa, pero sabe usted que solamente Holanda, dentro de la Unión Europea, mantiene la autorización administrativa,

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junto con España, en relación con los despidos colectivos.
Dice S.S. que se cambia la regulación sobre el despido disciplinario. No es así. Se mantiene totalmente el despido disciplinario prácticamente en su actual regulación, sin perjuicio de reforzar también en este aspecto la negociación colectiva.
Y, en cuanto a las indemnizaciones por despido sin causa, tenga usted en cuenta --aunque no se ha mencionado aquí, pero sí en Comisión-- que mantenemos unas indemnizaciones muy superiores a las del resto de los países europeos, en relación con los despidos sin causa.
Ha mencionado usted una enmienda, que fue aceptada por mi Grupo, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Estamos dispuestos, en trámites sucesivos, a mejorar el texto para evitar interpretaciones dudosas, pero, en principio, nos parece adecuado mantener el texto del dictamen porque puede suceder, por ejemplo, que una empresa, en un primer período de noventa días, se vea obligada a despedir a nueve trabajadores, por debajo de los umbrales del despido colectivo, por pérdida de una cuota de mercado, que le lleve a cerrar una línea de producción. Y en un segundo período de noventa días se vea obligada a despedir a otros tantos trabajadores, por atravesar una situación económica de pérdidas.
En todo caso, el control judicial posterior puede determinar si en este supuesto pudiera haberse producido algún fraude del que habla la ley. Con todo, señor Peralta, le digo que estamos dispuestos a analizar su argumentación y, en trámites sucesivos, ver si es posible mejorar la redacción del proyecto, después de incorporadas las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió. Vamos a aceptarle su enmienda 355, que incluye una garantía más para los trabajadores en caso de extinción de los contratos, referida a los casos en que la extinción afectase a más del 50 por ciento de los trabajadores, consistente en la obligación del empresario de dar cuenta de la venta de los bienes de la empresa, excepto de aquellos que constituyen el tráfico normal de la misma, a los representantes legales de los trabajadores y, asimismo, a la autoridad competente. Como ve, S.S., combinamos flexibilidad con garantía de los trabajadores. Esta es un garantía de los trabajadores que nos parece importante y por eso la aceptamos.
En cuanto a la señora Villalobos --el Partido Popular vive en la indefinición y en la contradicción permanente--, pide otra vez el acuerdo, pero cuando nos llega a la Cámara un artículo como el séptimo del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las elecciones sindicales y nos llega acordado, entonces el Grupo Popular está en contra o se abstiene. En este caso, está en contra. Seamos coherentes, señora Villalobos. En este caso es usted quien está incurriendo en esa contradicción porque está contra el acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y la aceptación por el Gobierno de ese artículo séptimo. Usted vota en contra de ese artículo séptimo. Y en cuanto al resto de los preceptos, usted nos echa en cara que no hemos alcanzado el acuerdo.
Termino refiriéndome al señor Mauricio, de Coalición Canaria, que debe tener en cuenta que en este trámite ya han sido aceptadas más de 31 enmiendas. Por tanto, señor Mauricio, diálogo, como el diálogo prometido, se ha producido en el debate de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Dice el señor Mauricio, que sólo ha intervenido para mantener sus enmiendas, que con esta reforma se favorece a una de las partes. Se favorece el empleo, señor Mauricio. Dice, además, que se dificulta la negociación.
Totalmente en contra. Se está promoviendo la negociación colectiva hasta el punto de que uno de los ejes más importantes de esta reforma es precisamente el acuerdo, la negociación colectiva.
En cuanto al señor Olabarría, representante del Partido Nacionalista Vasco (PNV), coincidimos total y absolutamente con él en la relativización de los paradigmas, en la relativización del carácter tuitivo del Derecho del trabajo.
Contamos con su valiosa colaboración para mejorar el proyecto.
Pero tenga en cuenta, señor Olabarría, en relación con la enmienda 65 que usted ha defendido, que está recogida en el dictamen de la Comisión por aceptación de la enmienda 420 del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Esta enmienda se refiere a la extinción de contratos que afecten a la totalidad de la plantilla y a su consideración como despido colectivo, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco.
En cuanto a su enmienda número 60, de reducción del plazo de paralización de desplazamientos, implícitamente, está admitida al reducir el plazo de un año, que es el que señala el proyecto, a seis meses, como proponía el Grupo Popular, cuya enmienda 241 aceptamos en Comisión.
En definitiva, señor Olabarría, aceptamos su valiosa colaboración, y no voy a contestar a lo que usted ha argumentado en relación con el artículo 67 respecto a la llamada cláusula de ultraactividad, porque pertenece, como ha señalado el señor Presidente de la Cámara, a otros grupos de discusión en este debate.
Por último, quiero decirle a la señora Villalobos que vamos a aceptar la enmienda 241, mediante la que se reduce a seis meses el plazo posible y máximo de paralización de un traslado por la autoridad laboral. Esto es lo que vamos a hacer en este preciso momento, en el Pleno. Creo, señora Villalobos, que es importante esta enmienda porque de un año vamos a pasar a seis meses. Esto es importante, si bien el proyecto también era defendible ya que el año de que hablaba el proyecto era un año máximo, siempre cabía que hubiera sido reducido ese plazo por parte de la autoridad laboral. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.
El señor Peralta tiene la palabra.
Visto el curso del debate, ruego a SS.SS. a partir de este momento, la máxima brevedad en los turno de réplica y la utilización del mismo estrictamente para réplicas y no para agradecimientos.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
A la vista de la advertencia del señor Presidente, no le agradeceré al Grupo Socialista la enmienda que acepta de mi Grupo, la número 355, y me limitaré a poner de manifiesto que es una enmienda --como conoce el portavoz socialista-- que reproduce un aspecto muy concreto de la normativa actualmente vigente. Brevemente, me permitiré replicar al portavoz socialista que me decía, contestando a mi afirmación de que la normativa actualmente vigente, reguladora de los expedientes de regulación de empleo, con datos reales del propio Ministerio de Trabajo del año 1993, se acredita que es eficaz desde el punto de vista de empresarios y de trabajadores, porque en la mayor parte de las peticiones de expediente de regulación de empleo se aprueban, y cuando se acredita que es una norma que favorece el consenso, dado que más del 90 por ciento de los expedientes aprobados lo han sido en base a un consenso; me decía, repito, que la flexibilidad no es sólo de los empresarios. «La flexibilidad no es una facultad adicional para el empresario», me decía literalmente el portavoz socialista. Señor Arnau, eso sería así si no estuviera establecido el poder de dirección del empresario. Pero cuando está regulado legalmente el poder de dirección del empresario y, además, la norma que limita ese poder se disuelve, se desregulariza, se introduce la flexibilidad, no cabe duda de que ese poder de dirección del empresario sale notablemente reforzado. Reforzado, señor Arnau, porque se amplía notablemente el número de causas de despido. Antes había dos, económicos y tecnológicos. Ahora se añaden los organizativos y de producción, definidos en unos términos muy ambiguos. Tan ambiguos, señor Arnau, que usted ha presentado un caso paradigmático: una empresa con beneficios podrá despedir, podrá ajustar la plantilla para mantener los beneficios futuros. Pero, señor Arnau, hoy ya se puede despedir. Lo que ocurre es que cuando una empresa tiene beneficios, tiene el cauce del despido ordinario y no el despido barato del expediente de regulación de empleo. Esa es la filosofía actual. Y ustedes a una empresa en beneficios, le admiten que despida barato a los trabajadores.
Ha dicho usted que hay control judicial. ¡Qué duda cabe que hay control judicial! Pero los expertos en el mercado laboral se pronuncian a favor de controles no judiciales por considerarlos más eficaces. En todo caso, señor Arnau, control judicial con normas en blanco como las que aquí introducimos, en concreto en la definición de las causas, es poner al control judicial en un brete, es introducir incertidumbre en el mercado laboral. Dice usted, señor Arnau, que el despido disciplinario no se toca. Es verdad, no se toca substancialmente; se retocan algunos aspectos del mismo, salarios de tramitación, etcétera. Pero, señor Arnau, no es menos cierto que cuando las causas de despido disciplinario no se tocan pero se amplían notablemente las causas de los despidos más baratos: expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos, despidos objetivos, está claro que el conjunto del coste del despido, que ya en nuestro país, según el informe de Segura, se encontraba en la media de los países europeos, con esta reformase va a abaratar notablemente. Por tanto, señor Arnau, esta reforma no fomenta el empleo.
Le voy a recordar lo que, según los medios de comunicación del martes, dice la Comisión Europea: «A corto plazo» --cito literalmente--, «el incremento de flexibilidad del mercado laboral puede tener un efecto perverso en la tasa de desempleo de España con un coste presupuestario adicional». Recuérdelo, señor Arnau, un efecto perverso en la tasa de desempleo con un coste presupuestario adicional.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
La señora Villalobos tiene la palabra.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Arnau, si hablamos de contradicciones, nadie en este mundo tiene más contradicciones internas que ustedes en este instante. En el Estatuto de los Trabajadores se ven muy claramente sus propias contradicciones, las de ustedes, las del Gobierno socialista y las del Grupo Socialista. Pero no me intente echar a mí su mala conciencia, porque ésa es suya.
Diferente es lo que yo he dicho respecto al artículo 51, que me admitirá que fue consecuencia de un pacto en el año 1980. Y a mí me gustaría que viniera con ese mismo pacto aquí, y, si no es posible, que a lo largo del año se pudiera favorecer la posibilidad de volver a restaurar ese tipo de acuerdos y de pactos.
Por la brevedad del tiempo que nos pide el señor Presidente, le diré la posición de nuestro Grupo cuando hablemos del artículo séptimo. Muchísimas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo sólo para retirar la enmienda número 65 de mi Grupo Parlamentario por coincidir exactamente

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con la ya transada con el Grupo Catalán en debate en Comisión, y no la otra pretendidamente aceptada, porque hay una diferencia de seis meses en los plazos que todavía impide que mi Grupo Parlamentario se adhiera al consenso que solicita el Grupo mayoritario.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
El señor Arnau tiene la palabra.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
En relación con lo manifestado por el señor Peralta y la flexibilidad, le repito que la flexibilidad favorece el empleo. Pero seguramente esto al señor Peralta no le convence, porque el empleo tiene un valor colectivo y él prefiere hablar del trabajador, del empleado, manteniendo esas garantías que contiene la actual legislación laboral respecto al trabajador y no respecto al trabajo. Incluso respecto al empleado, al trabajador, la flexibilidad individual le favorece. Usted sabe perfectamente que hay casos como el de la ordenación de la jornada o el de las vacaciones que, flexibilizados, tienen un valor importante para el trabajador individualmente considerado; es decir, que la flexibilidad no sólo favorece el empleo, sino que también favorece al trabajador individualmente considerado. De ahí que nosotros defendamos esa idea, pero siempre y cuando mantengamos la flexibilidad unida a las garantías necesarias que debe contener la legislación laboral. El mercado de trabajo no es un mercado de tornillos y, por tanto, deben subsistir rigideces en la medida en que son garantías del trabajo y del trabajador individual.
Dice, además, que al control judicial se le pone en un brete porque debe decidir sobre unas causas genéricas en materia de despido colectivo. Precisamente para evitarlo, el Grupo Socialista introdujo unas enmiendas en las que definíamos perfectamente qué se debe entender por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción.
Por último, en cuanto al despido disciplinario y el coste de los despidos, simplemente quiero recordarle al señor Peralta que en España los despidos sin causa tienen una indemnización, como él sabe perfectamente, de 24 meses; en Holanda, tres meses; en Bélgica, seis meses; en Francia, seis meses; en Dinamarca, doce meses; en Italia, catorce meses; en Alemania, dieciocho; en definitiva, una indemnización superior a la que tienen regulada estos países.
En definitiva, señorías, señor Peralta, cuando todo está cambiando, cuando, como se ha dicho, ya ni el futuro es lo que era, o se hace un esfuerzo de comprensión de este nuevo mundo o, de lo contrario, medidas como las que estamos discutiendo no se entenderán, se pondrán en contra de las mismas y, por tanto, iremos contra corriente.
En cuanto a lo dicho por la señora Villalobos, me remito a lo pronunciado por mi parte en la tribuna en mi primera intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.
Concluido el debate relativo a los artículos quinto y sexto, vamos a suspender la sesión hasta las cuatro de la tarde. Se suspende la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, se reanuda la sesión. Vamos a iniciar el tercer bloque del debate que se refiere exclusivamente al artículo séptimo del proyecto de ley. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Hinojosa.
(Rumores.) Por favor, señorías, silencio.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en este acto procedo a defender nuestras enmiendas a este Título II o artículo séptimo, como ustedes quieran, que son las números 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435 y 436.
La enmienda 428 es a la totalidad de este Título II o de este artículo séptimo, y para nosotros tiene una gran importancia, como ya dijimos en la Comisión. Como se ha dicho aquí esta mañana --aunque creo que no acertadamente, como diré después-- , este Título II contiene la única cuestión pactada entre el Gobierno y las centrales sindicales mayoritarias que se trae en este proyecto de reforma. La verdad es que el Gobierno lo único que hace es traernos un texto pactado entre los sindicatos mayoritarios que el Ministerio de Trabajo hizo suyo en su momento y, aprovechando la reforma laboral, lo trae a la Cámara. Pero esta reforma de las elecciones sindicales, a las que se refiere este Título II, no tiene nada que ver con la reforma laboral. Esta mañana se ha dicho, creo que erróneamente, que la única parte de la reforma laboral pactada era ésta. Y no es verdad, señor Peralta. Esta no es una parte de la reforma laboral. Esta es una conclusión a la que llegaron las fuerzas mayoritarias sindicales después de las últimas elecciones sindicales y pensaron, con razón, que debían modificar las reglas del juego de estas elecciones. El Gobierno la asume y la trae aquí, pero no está en el paquete de la reforma laboral; no lo considero así. Por tanto, no es una parte de la reforma laboral sino un añadido a la reforma laboral.


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UGT y Comisiones Obreras tienen razones de peso, fundadas y suficientes, para presentarnos lo que ellos consideran que tenía que ser la reforma de las elecciones, de la legislación en la que se basan las elecciones sindicales. El espectáculo de las acusaciones mutuas de corrupción que se dedicaron en las ultimas --en las anteriores también pero sobre todo en las últimas elecciones sindicales-- evidenciaba que este tema se tenía que tratar y modificar. Este Diputado, en nombre de su grupo, desde esta misma tribuna ha pedido más de una vez, después de esas elecciones, la revisión y la modificación de las reglas del juego para las elecciones sindicales. Lo que pasa es que, cuando nosotros hablábamos de esa necesidad, hablábamos también de la necesidad de que el pacto fuese entre todos los sindicatos españoles, no entre las fuerzas mayoritarias del sindicalismo español, fuerzas mayoritarias que tienen su origen en el artículo 6.7 de la LOLS y que nadie discute. Nadie discute que la UGT y Comisiones Obreras son las fuerzas mayoritarias en nuestro Estado. Lo que discutimos es que éstas no están autorizadas a pactar unas reglas del juego que les desbordan, que les desbordan ampliamente y por muchos lados. La riqueza sindical de nuestro Estado, afortunadamente, es mucho mayor y mucho más amplia de lo que pueden representar, siendo mucho lo que representan Comisiones Obreras y UGT. Desde nuestra óptica (y así lo hemos dicho a ambos sindicatos), no alcanzamos a comprender cuáles son las razones por las cuales excluyen Comisiones Obreras y UGT a las otros sindicatos minoritarios, algunos de ámbito de comunidades autónomas y otros incluso de ámbito estatal; por qué y en base a qué razón se excluye a estos sindicatos minoritarios de la reforma. Conste que también esto lo hemos dicho y lo hemos debatido con ellos; y conste que no queremos entrar en el detalle de la reforma. Nos es igual esta que otra reforma, siempre que ésta realmente hubiese tenido en cuenta (Rumores.) los derechos de las minorías sindicales del Estado... Agradezco profundamente su silencio.
Digo que sin entrar en el detalle, sin querer mediatizar cómo tiene que ser la reforma de la legislación por la que se hacen las elecciones sindicales, aceptaríamos cualquier reforma que nos trajesen siempre que fuese una reforma pactada, consensuada con las centrales sindicales minoritarias. Digo esto desde la conciencia de que no es bueno el minifundismo sindical en el Estado. Y digo esto después de debatir con las fuerzas mayoritarias y minoritarias las razones de unos y otros. Pero la conclusión final es que se violan los derechos de las minorías con esta reforma que se trae aquí hoy. Esta es la razón básica por la que nos oponemos a ella; no hay otra razón. No hay ni siquiera la razón de proteger a nadie, salvo a todos; a nadie en particular: a todos en conjunto, a todos los colectivos, algunos con grandes méritos históricos para estar en el mapa sindical español y para ser escuchados a la hora de hacer una reforma como ésta.
Mi grupo considera que es necesaria una reflexión mayor sobre este tema y preferiría (por eso hace la enmienda a la totalidad) que se tratase en una específica ley y no en la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Sé que tiene connotación con artículos del Estatuto de los Trabajadores, pero buscaríamos el acoplamiento desde una ley específica de elecciones sindicales. A nosotros nos parece (y esta mañana lo hemos visto aquí, hemos hecho un debate un tanto extraño) que pretendee ampliar el mandato de los delegados, representantes elegidos en unas elecciones determinadas para cuatro años, y que por decisión de dos partes, no de todas las partes, se amplíe ese mandato, se amplíe la colaboración y la representación en las instituciones del Estado y de las autonomías, y cualquier otra institución, de unos delegados elegidos legítimamente para cuatro años, repito, ampliar ese mandato en algunos casos hasta quince meses no es razonable, puede que no sea ni constitucional y, sobre todo, no respeta las reglas del juego. Que desaparezcan las comisiones nacionales y provinciales de las elecciones sindicales nos parece un error, y nos parece un error porque éstas son unas comisiones creadas y en las que participan Comisiones Obreras, UGT y la Administración. No nos parece razonable sustituir la intervención de la autoridad laboral por una oficina de registro; oficina de registro que en su momento tendrá que calificar las actas y tendrá que dar validez a unos certificados que dirán quién tiene el título de sindicato mayoritario o no. Que las centrales sindicales mayoritarias publiquen su calendario electoral y que los demás tengan que adaptarse a ese calendario electoral nos parece una ruptura de las reglas del juego en perjuicio de los minoritarios. Y no vale decir que, como las centrales sindicales tienen mayor aparato cuanto más largo es el espacio electoral, menos les favorece, que favorece más a los minoritarios. No es cierto.
Lo cierto es que los minoritarios tendrán que adaptarse al calendario de los mayoritarios e ir al ritmo que éstos les marquen. Eliminar el tiempo del computo nos parece otro error.
Posiblemente tres meses eran poco, pero se podía buscar un camino entre los tres meses y los quince que propone la reforma. Que en las empresas de menos de treinta trabajadores, señorías, la elección del representante sindical se haga en un solo acto, en un solo día, en una mañana, en unas horas nos parece un doble error; doble error, en este caso, porque ya se tiene conciencia, y los mayoritarios lo saben. Las actas cuestionadas en las últimas elecciones son actas de pequeñas empresas en las que se había enviado un agente electoral y la obtención del acta ofrecía luego dudas porque se hacía en un acto inmediato. Nos parece que reincidir en este defecto no es corregir el defecto anterior, es mantenerlo y probablemente agrandarlo. Sabemos que las comisiones electorales...


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hinojosas, vaya concluyendo, por favor.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Acabo, señor Presidente, inmediatamente. Sabemos --digo-- que las comisiones electorales han tenido grandes dificultades en ponerse de acuerdo en la calificación de las actas, lo sabemos, pero ése es el mínimo esfuerzo que podemos pedir a las partes, ése es el mínimo esfuerzo que podemos pedir a los sindicatos mayoritarios: que aclaren cuáles son las actas buenas o malas de sus propios actos. Nos parece que es lo menos que se les puede pedir.
Toda la reforma se hace sobre la base de que hay una unidad de acción sindical, pero esta Cámara tiene el deber de prever que esa unidad sindical puede cambiar. Con un cambio de ejecutivo de una de las dos centrales sindicales puede cambiar esa política de acción sindical conjunta. ¿Y qué ocurre entonces? Que los enfrentamientos que se puedan producir en el futuro serán, señor Presidente, aún más complicados.
Doy, pues, por defendida la enmienda de totalidad y al articulado en este acto, en espera de oír lo que dicen los demás grupos y especialmente los que defienden esta parte de la reforma laboral. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, Presidente.
La enmienda del Grupo Popular también insiste en lo que ha sido el tema del anómalo debate de esta mañana, concretamente este artículo séptimo, y la verdad es que yo no quiero, porque ya lo hemos debatido en Ponencia y en Comisión, utilizar el instrumento de decir que está en contra o a favor de determinadas organizaciones sindicales, si lo que se intenta proteger son determinadas organizaciones sindicales que son minoritarias en este momento. Para mí, lo fundamental en este tema es lo que la propia Constitución, entre los derechos fundamentales, mantiene, plantea y nos obliga a todos, que es la libertad sindical. Yo creo que si en esta Cámara propusiéramos una reforma de la Ley Electoral, por la cual los dos partidos mayoritarios acordaran que celebrar elecciones cada cuatro años es muy caro, que puede haber problemas en las provincias, que sería más cómodo repartinos el Gobierno durante un tiempo y las minorías ¡qué le vamos a hacer! son minorías, pobrecitos, la sociedad española no admitiría esta cuestión; estoy segura de que no la admitiría ningún representante del pueblo español en esta Cámara. Yo pienso que, en cierta manera, en esta reforma de las elecciones sindicales en el Título II se está siguiendo el mismo proceso: se está conculcando el derecho a la libertad sindical, con todo lo que conlleva. Porque si en este país no hubiera existido una Ley Orgánica de Libertad Sindical que da una capacidad de irradiación a la representación sindical, a los más representativos, con unas capacidades que van más allá de las propias obligaciones, derechos y deberes de un representante de los trabajadores, tal vez no tendríamos que hablar de lo que estamos hablando. Aquí no hablamos de que las elecciones sindicales en las empresas estén sometidas a fraude o que la sociedad española pueda pensar que en esas elecciones pueda haber fraude. Aquí estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando del papel que los sindicatos más representativos, por medio de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, juegan en el mapa político y social de nuestro país, con todo lo que conlleva de disfrutar de beneficios extrasindicales a los que los demás no tienen derecho. Y en función de esas obligaciones y derechos de los más representativos que otorga la Ley Orgánica de Libertad Sindical es por lo que yo creo que esta reforma no es la más adecuada, compartiendo que las fórmulas que ha habido, los períodos de cómputo para la consideración de sindicatos más representativos han producido quiebras en la confianza de las organizaciones sindicales; las más representativas y las menos, aquí han sufrido todos en general. Eso es cierto, pero también es cierto que en este país se han celebrado ya cuatro elecciones sindicales sin un censo; eso también es cierto. Es muy difícil entender que unas elecciones se puedan celebrar sin censo: éstas se celebran. Desde luego no entendería yo unas elecciones generales, autonómicas, locales o europeas que se celebrasen sin censo; no lo entenderíamos. Estas tampoco. Y desde luego, no me sirve que me digan que la Administración no tiene capacidad tecnológica para acceder a un listado, con una fecha determinada, de censo de centros de trabajo y número de trabajadores inscritos en cada censo, porque eso no me lo voy a creer. Por tanto, hay otras fórmulas de resolver este problema. Y cuando hablamos de las soluciones planteadas, yo creo que hay que ser profundamente honestos y preguntarse por qué se trae esta reforma de las relaciones laborales en el Título II. No se trae porque el Gobierno socialista tenga una especial sensibilidad por estas cuestiones, ya que podía haber puesto el censo en marcha, pues desde que gobierna ha habido dos elecciones sindicales en los últimos años. Luego, posibilidades de resolver problemas las han tenido. No lo han hecho. No se responde. Luego ¿a qué responde? Responde a algo que las propias organizaciones sindicales dicen claramente en su documento de propuesta de modificación de la normativa electoral y de representatividad sindical que firman Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. En la presentación y en el preámbulo

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dicen claramente por qué quieren esta reforma. Cuando analizan la situación de las elecciones sindicales en nuestro país y dicen que el transcurso de las elecciones lo que ha hecho es consolidar un proceso en el que, desde su punto de vista, a medio plazo, la legitimación de un mapa sindical representativo no es previsible que sufra ninguna modificación, con lo cual se justificaría que no tuviera que haber un plazo de cómputo para el sindicato más representativo; cuando añaden que los problemas surgen y arrancan del dramatismo con que se vive por los sindicatos mayoritrios los procesos electorales, las causas hay que buscarlas, indudablemente, en la politización de los mismos, debido a su finalidad de vehículo del cómputo de mayor representatividad y, con ello, de la participación política de los sindicatos.
Aquí está la auténtica realidad de por qué se trae a la Cámara este acuerdo de las centrales sindicales. Además, las propias centrales sindicales dicen que no tienen ningún problema a la hora de poner en marcha la normativa legislativa, desde su punto de vista, en cada una de las empresas; que el problema se produce cuando vamos al cómputo de más representativo en función de la falta de los censos y del mal funcionamiento de los consejos de las elecciones sindicales. Ahí está el problema. El Gobierno socialista trae a esta Cámara, en el Título II, una reforma de estas elecciones. Yo creo que supone falta de estilo político, de estilo procesal y de estilo jurídico remitir a esta Cámara, en la exposición de motivos, la justificación de este título, que es una copia del acuerdo de las centrales sindicales. Ni tan siquiera se han molestado en dar una visión de más preocupación por el ejercicio de la libertad sindical, por la propia imagen de los sindicatos. Lo recoge con pelos y señales. Lo mismo que he leído del acuerdo de las centrales sindicales forma parte de la exposición de motivos.
No es de recibo que en una ley que va a permanecer en el Boletín Oficial y en el recuento de nuestros descendientes aparezca que el motivo de traer este texto a esta Cámara sea la innecesaria pero excesiva confrontación entre las organizaciones sindicales y la gran litigiosidad en el control del cómputo de los resultados electorales. Me parece que esto es poco serio. Lo digo sinceramente y lo digo a los grupos parlamentarios que lo sostienen. En mi opinión, esto no favorece para nada a las organizaciones más representativas. Yo sí quiero organizaciones sindicales más representativas con auténtica fuerza. Si a partir de ahora ya no hay cómputo para la elección de sindicato más representativo, puede suceder que aquello que los mismos sindicatos anuncian en su documento de intentar luchar contra organizaciones extrasindicales o contrasindicales y antisindicales se puede producir en nuestro país. El sistema anterior no producía problemas en las elecciones en el seno de las empresas. Las elecciones eran libres, eran claras, eran democráticas. El problema se producía cuando trasladábamos esa cuestión a la ley orgánica con todas las ventajas políticas, como reconocen las organizaciones sindicales, para la consideración de más representativo. Desde el momento en que no hay cómputo de los sindicato más representativos puede crecer también la duda de que esa capacidad representativa que ostentan en este momento, y que intenta cristalizar la nueva normativa, sea profundamente negativa para los sindicatos más representativos que en este momento existen y que yo estoy segura de que seguirán siendo los mismos; estoy totalmente segura de que seguirán siendo los mismos. Pero entiendo que no podemos crear ninguna duda sobre su propia legitimidad en función, como digo, de la mayor representatividad, con lo que significa de acceso a los acuerdos políticos, a los Presupuestos Generales del Estado, a la formación profesional, a la definición de los perfiles profesionales, etcétera, que en este momento tienen otorgados nuestros sindicatos más representativos. Además, en este texto que los socialistas traen a esta Cámara van mucho más allá del propio acuerdo de las centrales sindicales. Me explico. No hay un censo electoral, pero el texto del Gobierno permite a las centrales sindicales más representativas el acceso a los datos que mantiene la Administración, que son secretos incluso para los miembros de esta Cámara. No creo que se haya analizado muy profundamente lo que esto significa. No creo que ninguna organización sindical, ni más representativa ni menos representativa, que promueva elecciones sindicales en un sector o en una empresa, tenga derecho a acceder a datos que son privados y que no pueden salir del control de la propia Administración. En función de que puedan entender los sindicatos, sea el que sea, que son útiles para el proceso electoral, tienen derecho a acceder a esos datos. En mi opinión eso es inconstitucional, lo digo totalmente convencida.
Pero es que se va más lejos. Los sindicatos plantean el arbitraje desde un punto de vista que yo comparto y mis enmiendas van en ese sentido: que el arbitraje debe existir.
Pero un arbitraje en que las partes deciden quiénes son sus árbitros. Lo que yo no entiendo es por qué la Administración tiene que decir qué tipo de personas pueden ser árbitros. Les impone el arbitraje, la fórmula del arbitraje, la metodología del arbitraje y el laudo de ese arbitraje. Yo creo que eso introduce aspectos que deberían depender, desde mi punto de vista, de la capacidad de negociación de las partes implicadas en el proceso electoral y no de la propia Administración. Y por último, porque no quiero pasarme del tiempo, hay otra cosa que creo que clarifica todavía más este Título II. Acompañando al acuerdo de las centrales sindicales mayoritarias existe un protocolo de acuerdos entre UGT y Comisiones Obreras. Ese protocolo dice:

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Primero, las confederaciones firmantes acuerdan entre sí la distribución paritaria de las asignaciones presupuestarias al 50 por ciento. Está clarísimo que es una cristalización del sistema electoral y del sistema de mayor representatividad en nuestro país. Laudos arbitrales: Ambas confederaciones se comprometen a no impugnar ante la jurisdicción social los laudos arbitrales promovidos por cualquiera de las dos confederaciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Villalobos, vaya concluyendo.


La señora VILLALOBOS TALERO: Voy concluyendo, señor Presidente. Es decir, promuevo un sistema electoral donde la solución que antes estaba en la Administración la transfiero a la justicia, pero me comprometo con mi sindicato, que estoy en este momento en una unidad de acción, a que no voy a recurrir los arbitrajes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que determinados sindicatos pueden actuar conjuntamente en arbitraje contra otros minoritarios? No creo que se haga ningún favor a los sindicatos mayoritarios con este tipo de acuerdo. Tampoco cuando en el texto se concede a esos sindicatos más representativos, aumentándoles su capacidad de representación cuando se dice que, incluso en sectores donde no tienen ningún tipo de representación, ni siquiera el 10 por ciento en el sector, tienen capacidad para convocar elecciones. Por último, para acabar, quiero decir que no me convence el texto del Gobierno cuando dice que la representatividad se pedirá para cada acto. Todos los que están en la negociación colectiva saben exactamente igual que yo que la medición para la negociación colectiva en estos momentos en España, se hace automáticamente. Los convenios de sector, los sindicatos y las patronales justifican su mayor representatividad en ese sector para la negociación del convenio. Estamos hablando de la presencia de los sindicatos más representativos en el Inem, en el Insalud, en el INSS, en la formación profesional, en el acceso a los Presupuestos Generales del Estado y una serie de ventajas que los mismos sindicatos determinan políticos que, desde mi punto de vista, debería ser el «leitmotiv» por el cual la garantía de estas elecciones debería ser de transparencia, de control de cómputo y de control absoluto desde la propia Administración. Creo que haríamos un gran favor a esos sindicatos más representativos, que lo seguirán siendo en el futuro, si somos capaces de proteger su capacidad dentro de las empresas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Peralta tiene la palabra.El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente para dar por defendidas las enmiendas de nuestro grupo y solicitar, señor Presidente y, en la medida que sustancialmente estamos de acuerdo con el texto, poder ejercer el turno en contra de otras enmiendas para defender el texto de las nuestras.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente esta mañana impropiamente me adelanté y empecé a justificar y reflexionar sobre nuestras enmiendas en esta materia y sería un tanto abusivo, incluso desde una perspectiva reglamentaria, señor Presidente, volver a reproducir esas argumentaciones.
Comentaba, señor Hinojosa, la opinión de nuestro grupo de que este proyecto de ley posee legitimaciones sociales y políticas asimétricas, desiguales. Este título, por ejemplo, está convalidado, está consensuado, incluso negociado previamente con dos sindicatos, con dos de los sindicatos más representativos (no son los únicos que ostentan esta condición de mayor representatividad en el Estado español) y, sin embargo, genera un intenso repudio, un intenso rechazo para todas las demás organizaciones sindicales. La razón es fácil deducirla: El sistema de elecciones sindicales, el procedimiento sindical que se articula en este Título II de reforma del Estatuto de los Trabajadores, no es una reforma equilibrada, no es un sistema, no es una metodología de elecciones, no es un procedimiento electoral equilibrado, propicia los intereses estratégico-electorales de las dos organizaciones sindicales que han negociado y que han consensuado este importante título del Estatuto de los Trabajadores.
Deducir de esto que se vulnera la libertad sindical, como alguna señora portavoz ha comentado, me parece una conclusión excesiva. La libertad sindical la proclaman dos preceptos, no uno, sino dos de la Constitución española, los artículos 7 y 28, además en concreto el artículo 28 con una ubicación sistemática privilegiada, está en la Sección segunda del Título II, del Capítulo I, es uno de estos preceptos que son incluso amparables a través del recurso de amparo constitucional, de rango jurídico-constitucional privilegiado por ello y está precisada por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El derecho genérico de libertad sindical o el principio genérico de libertad sindical se desagrega en la posibilidad de fundar libremente sindicatos, en primer lugar; en segundo lugar, en la posibilidad de afiliarse, a la libre elección; que el trabajador se pueda afiliar al de su libre elección;

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y, en tercer lugar, el no afiliarse, el corolario negativo de este derecho sería no afiliarse a ningún sindicato. Deducir que un procedimiento, una mecánica, una metodología sindical específica como la que se regula en este Título II contradice estos principios en los que el Tribunal Constitucional consagra o concreta la libertad sindical y que genéricamente su tipo abstracto está consignado por los artículos 7 y 28, me parece una deducción excesiva.
En todo caso, a nosotros no nos gusta tampoco el articulado de este Título II. Nos parece que es un articulado desequilibrador, es un articulado que sí puede tener problemas desde otra perspectiva constitucional; parece que tiene dificultades de ubicación en el seno del principio de igualdad ante la ley que consagra otro importante precepto de la Constitución, el artículo 14, y nos gustaría que se rectifique aceptando alguna de las enmiendas presentadas en nuestro grupo parlamentario, por el Grupo Catalán y por el Grupo Parlamentario Popular. Hay dos que nos parecen de especial importancia, señor Presidente.
En primer lugar, el artículo 67 en materia de elecciones sindicales. Este es un artículo importante, puesto que hace referencia a la iniciativa de convocatoria de las elecciones sindicales y se establece en el artículo que la iniciativa para establecer el calendario y la metodología de las elecciones corresponderá a las organizaciones sindicales que presentan la iniciativa de celebración de elecciones. En primer lugar, nos parece desafortunada la expresión, nos parece que esto se debía regular atribuyendo esta iniciativa y la legitimidad particualr, el calendario y la metodología de elecciones, a las organizaciones de representantes de la empresa o centro de trabajo, no a las organizaciones sindicales «in genere», con carácter general; y, en segundo lugar, en materia de las funciones y competencias de la oficina pública, las competencias en materia de registro, de depósito de actas de las elecciones sindicales, competencias importantes, existen oficinas públicas estatales, y existen oficinas públicas en algunas comunidades autónomas con competencia de ejecución de la legislación laboral del Estado. Nosotros, y con esto acabo, señor Presidente (pido perdón por la complicación de argumentaciones) pretendemos que el artículo 75 del proyecto de ley se corrija y se atribuyan a las oficinas de control de las elecciones sindicales, a las oficinas públicas, repito, competencias no sólo de contraste, no sólo de control de la concurrencia de los requisitos formales que tienen que configurar las actas, que tienen que configurar las proposiciones de iniciativa sindical, sino también el control de los contenidos materiales de estas actas.
Estas son algunas de las correcciones que mi grupo parlamentario propone; nos parecen también pertinentes algunas propuestas del Partido Popular, bastantes propuestas del Grupo Parlamentario Catalán, y también, de forma parcial, algunas propuestas de Izquierda Unida.
En todo caso, hay un problema no de legitimación jurídica, no de inconstitucionalidad; estas reflexiones nos parecen exageradas. Nos parece que este Título II del Estatuto de los Trabajadores tiene un problema de bastante legitimación social. Dos organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras, por muy relevantes, por muy representativas que sean, no pueden por sí solas convalidar un proyecto de ley que afecta directamente a intereses particulares, a intereses estratégicos, en este caso de naturaleza electoral. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. Para la defensa de las enmiendas de Coalición Canaria, el señor Mauricio tiene la palabra.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Para darlas por defendidas, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Mauricio. Se han presentado enmiendas por el Grupo Mixto por parte de los señores González Lizondo, Mur y Albistur.
Señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Agradezco el tema del señor Albistur, pero es la señora Rahola.
Solamente que se den por defendidas las enmiendas de los tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo, gracias.
Para un turno en contra de las enmiendas, el señor Moragues tiene la palabra.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como decía en la breve intervención que hemos hecho esta mañana varios portavoces en el debate de modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, hacía referencia a una serie de efectos no deseados que la propia ley había introducido en los procesos electorales sindicales.
Permítanme, señorías, que haga referencia a una breve descripción de las mismas, porque de ello se va a entender la postura favorable del Grupo Parlamentario Socialista al texto de la ley que estamos debatiendo. En primer lugar, el enfrentamiento entre sindicatos que, con un sinnúmero de acusaciones en los órganos encargados de velar por los procesos electorales, mantenían un nivel de discrepancias importantísimas. En segundo término, el desgaste y desprestigio para los sindicatos y hacia el sistema de participación que estos

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enfrentamientos han originado. Y, en tercero y último lugar, dado que las elecciones se concentran cada vez más en el período de cómputo, se generaba una dinámica que obligaba a los sindicatos a poner en marcha una organización especial con un elevado coste económico que marginaba «de facto» a las organizaciones sindicales de menor tamaño.
Todos estos elementos fueron señalados y discutidos en el seno de la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales, y las organizaciones representadas en dicha comisión decidieron remitir al Gobierno propuestas de modificación de la aún vigente normativa electoral. Teniendo en cuenta el sentir de la Comisión Nacional y las propuestas de las fuerzas sindicales, el Gobierno acuerda con los sindicatos remitir este texto para su debate en la Cámara; texto que tiene como objetivo tratar de corregir las deficiencias detectadas a través de los mecanismos siguientes. En primer lugar, supresión del período de cómputo, introduciendo transitoriamente un período de quince meses para la celebración de las próximas elecciones de representantes de los trabajadores en la empresa. En segundo lugar, control de las actas electorales. A partir de la desaparición del período de cómputo y de proclamación de resultados, carece de sentido mantener las comisiones nacional y provinciales de elecciones sindicales, y sus funciones serán asumidas por un árbitro designado por las partes, respetando mutuamente la última tutela de la jurisdicción social. En tercer lugar, creación de una oficina pública de registro como depositaria de las actas de elecciones y cauce de todas las gestiones derivadas. Y en cuarto, y último lugar, modificaciones en el régimen de preavisos de acuerdo con la configuración del proceso electoral.
Como saben SS.SS., esta modificación de la normativa electoral ha merecido un dictamen positivo y ampliamente compartido por parte del Consejo Económico y Social, pues considera este organismo positivos los mecanismos previstos para la consecución de los objetivos de la reforma a los cuales acabo de hacer referencia. A este dictamen --creo que vale la pena recordarlo--sólo se mantuvo el voto particular de un consejero del grupo segundo que además deja clara constancia de que su disconformidad no tiene nada que ver con la desconcentración del proceso electoral que anima al proyectode ley que, como he dicho, suscitó un acuerdo prácticamente unánime por parte de las organizaciones sindicales y empresariales allí representadas.
Quisiera hacer referencia especial a las argumentaciones utilizadas por los grupos que mantienen posturas contrarias a la modificación del Título II del Estatuto de los Trabajadores y que se han basado esquemáticamente en tres cuestiones: trato de favor a las centrales sindicales mayoritarias; denuncia de aumento de la complejidad del proceso electoral; y, finalmente, miedo, creo que inexistente por otra parte, a la libertad sindical a aceptar el libre juego en igualdad de condiciones de todas las opciones sindicales. He de decir de antemano que no compartimos ninguno de estos argumentos sino que, por razones absolutamente contrarias a las que se alegan, defendemos el texto del proyecto de ley. En primer lugar, porque se pretende simplificar el proceso electoral y, suprimiendo las comisiones electorales, eliminar las posibilidades de enfrentamiento que han dificultado tradicionalmente el rápido conocimiento de resultados, instaurándose, en su lugar, un sistema arbitral que deberá emitir un laudo sobre los temas sujetos a su consideración en un plazo razonable.
Por otro lado, la ley asegura un sistema electoral más claro y transparente, a partir de un triple vía: denegación de registro, por parte de la oficina pública, cuando se constate la existencia de defectos formales; creación de un sistema arbitral para todo el proceso, arbitrio al que es posible acudir, en caso de controversia, tanto los sindicatos como la representación empresarial (naturalmente, hemos de aceptar que puedan acudir todos los sindicatos, los mayoritarios y los minoritarios; no se puede entrar en discriminaciones positivas ni negativas) y el mantenimiento, como no podía ser de otra forma, del control judicial, tanto en la denegación de registro de la oficina pública como por disconformidad con el laudo arbitral. En segundo término, porque es incierto completamente que la ley introduzca una serie de limitaciones para las centrales minoritarias. Incluso, debo decir que creemos exactamente lo contrario. Las opciones de estos sindicatos minoritarios se incrementan si se enfrentan a un período electoral abierto sin período de cómputo, es decir, que no concentren en un período limitado de tiempo el cómputo electoral. Ello, por una razón elemental que tuve ocasión de comentar el otro día en la Comisión, aunque al señor Hinojosa creo que no lo convencí excesivamente. A modo de ejemplo, repetiré la misma argumentación. En el último proceso electoral del año 1990, en el período de cómputo, de 15 de septiembre a 15 de diciembre, se movilizaron más de cinco millones de trabajadores, ejercieron el derecho al voto más de cuatro millones de ellos, y resultaron elegidos 230.000 representantes sindicales. ¿Quién sale beneficiado de este sistema sino los sindicatos de mayor implantación y organización, que pueden movilizar mayor número de efectivos en tan corto período de tiempo? Con esta reforma, la representación sindical será, mucho más que antes, una consecuencia de la acción reivindicativa en la empresa; estará mucho más ligada a la acción sindical desarrollada en los centros de trabajo que al producto de una normativa electoral que, por ser muy estricta en cuanto al período de cómputo, beneficiaba a unos sindicatos en detrimento de otros.


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En tercer lugar, manifestar con rotundidad la ausencia a cualquier miedo, a cualquier reticencia a aceptar un marco de libertades sindicales amplias en nuestro país. Sin menoscabo de las actuaciones que otros partidos políticos u organizaciones sociales hayan podido efectuar en este sentido, nadie podrá negar que el Partido Socialista ha tenido, desde siempre, un interés especial en la defensa de los intereses de los trabajadores, y ha apoyado la consecución de un régimen de libertad sindical, amplio y estable, comparable con el de cualquier país europeo de nuestro entorno. Por supuesto, no compartimos, en absoluto, las descalificaciones que ha hecho la portavoz del Grupo Popular en cuanto a nuestra postura sobre la libertad sindical. Quiero recordar aquí cuál fue la postura que mantuvo el Grupo Popular ante la Ley de Libertad Sindical. Hagamos memoria, señorías, no podemos decir que estamos a favor de la libertad y la primera actuación que hacemos sea recurrir ante el Tribunal Constitucional el texto legal que define y protege la libertad sindical. Que no se engañe nadie, señorías, uno no está más a favor que otro en la libertad sindical por el mero hecho de hablar más, sino el que hace más para que exista y permanezca un marco de libertad sindical aceptable. Siento mucho que a los grupos que están en contra de este artículo no les guste que venga encima pactado; pero qué le vamos a hacer, la vida es así y a veces es duro aceptarla. En cuanto a la cuestión del censo, pérmitanme que haga un rápido comentario. Nosotros, por supuesto, no compartimos la dureza de las argumentaciones a favor de un censo nacional, porque los problemas derivados de mantener un censo laboral que cambia diariamente seguramente entorpecerían mucho más que el sistema actual de censo por empresa, que tiene una exposición pública en los propios centros de trabajo. Finalmente, señor Presidente, quisiera hacer una mención especial a las enmiendas que ha mantenido el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya a través de su portavoz el señor Peralta. Aunque es verdad que en este capítulo no mantenemos diferencias sustanciales, sí quisiera decir que las varias enmiendas que ha presentado van dirigidas a reforzar requisitos que nosotros no consideramos necesarios, puesto que, a nuestro entender, introducen una serie de rigideces que se contradicen con el espíritu de flexibilidad que anima el texto que discutimos y que, como he dicho antes, ya ha pasado por el filtro de un pacto con las distintas centrales sindicales mayoritarias de este país. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moragues. Para un turno de réplica, el señor Hinojosa tiene la palabra.El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, antes de nada quiero hacer una puntualización. No recuerdo haber puesto en cuestión la libertad sindical en mi intervención. Yo no creo, en absoluto, que esta propuesta vaya en contra de la libertad sindical; la libertad sindical es otra cosa. Yo he dicho que se violan derechos de la minoría sindical, no he dicho que vayan en contra de la libertad sindical.
Pero al hilo, además, de la intervención del portavoz socialista, sí conviene ser realista. Las cosas, efectivamente, son como son y la composición de la Cámara es la que es, etcétera. Pero si aceptamos esto, aceptamos que esta reforma no es otra cosa que la historia de un fracaso, la historia del fracaso de las dos centrales sindicales mayoritarias, el fracaso de no poder resolver el problema que ellas mismas se crean acusándose mutuamente de fraude. Ellos han querido, legítimamente, resolver ese problema y lo hacen pactando y llegando a acuerdos del 50 por ciento por aquí, otros índices por allá, e ignoran todo lo demás. Esta es la única acusación fundamental que hacemos a esta reforma.
Con esta reforma las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras van a resolver su problema, no a resolver el problema, y esta es la parte débil de esta reforma que nos traen.
Como tampoco vamos a convencer a los contrarios que tienen opiniones diferentes, no tengo más que añadir.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. Señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
Yo no sé si es la hora, pero el señor portavoz... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, por favor, señora Villalobos.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Puede continuar cuando quiera.
La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, Presidente.
Decía que no sé si es la hora, pero parece que el portavoz socialista se ha puesto sentimental hablando de que las cosas son como son. Claro que son como son, pero para eso estamos nosotros, creo yo, para intentar cambiar, por lo menos, la realidad cuando ésta no es la más adecuada. Estoy de acuerdo con el señor Hinojosa cuando habla de la crónica de un fracaso anunciado. Este, efectivamente, es un acuerdo entre las centrales sindicales.


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Pero a mí eso no me molesta. Si el acuerdo hubiera sido para hacer un proceso electoral abierto y transparente, me hubiera parecido muy bien, aunque no hubieran estado las minoritarias.
Recuerdo que en la Comisión Nacional Consultiva de Elecciones Sindicales, el acuerdo era que todos los que estaban representados allí iniciaran esas negociaciones. Pero eso es lo menos importante; lo que ocurre es que este proceso no es transparente, y ahí es donde yo digo que la libertad sindical es algo más que el derecho a sindicarse libremente, si nos vamos estrictamente a lo que dice el texto de la Constitución.
El ejercicio del derecho de la libertad sindical es algo más; es, por ejemplo, el derecho a afiliarse a un sindicato y el derecho también a no afiliarse; y, en ese sentido, este texto legal tampoco es demasiado igualitario, puesto que favorece en determinadas cuestiones a los trabajadores que están afiliados a un sindicato, luego ahí ya hay discriminación también.
No me diga usted que el censo existe en las empresas; no intente usted engañar a los que están sentados en esta Cámara.
Usted sabe muy bien que no me estoy refiriendo al censo en el seno interno de las empresas, me estoy refiriendo al censo que garantiza que las elecciones se han celebrado en empresas que existen, no en empresas que cerraron o, como ocurrió en 1990, elecciones sindicales hasta en una iglesia. Para intentar evitar esas situaciones, es por lo que pido el censo de los centros de trabajos y con el número de trabajadores correspondientes que existen a una fecha determinada. Si usted cree que le da transparencia y le quita fraude el proceso electoral el hecho de que un candidato elegido en una empresa o un interventor de ese candidato puede trasladar el acta de esa empresa a la oficina de registro, yo tengo que decirle que a mí me parece que eso da poca claridad y poca transparencia al proceso electoral.
No intento atacar a las centrales sindicales mayoritarias, porque creo que la libertad de una democracia y también la libertad de la empresa necesita unos sindicatos fuertes y representativos, pero también quiero decirle, por último, que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque más tarde nos daremos cuenta que este texto no era el más adecuado para evitar esos problemas. Van a surgir problemas nuevos y yo creo que hemos perdido nuevamente una oportunidad histórica para elaborar un texto que hubiera dado transparencia, claridad e igualdad de oportunidades a todas las centrales sindicales que se quisieran presentar al proceso electoral. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Villalobos. Tiene la palabra el señor Peralta que dijo se reservaba para el turno de réplica.El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente. El debate de la reforma de este artículo del Estatuto de los Trabajadores nos ha permitido escuchar argumentaciones de radical descalificación del texto de la reforma, fundamentalmente, señor Presidente, señorías, porque el tema viene pactado con los sindicatos mayoritarios.
Basándose en esa característica de acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y el Gobierno en este tema, sectores o partidos representantes de la derecha han utilizado distintos argumentos para descalificar la misma. Desde decir, como se ha hecho en un momento determinado, que puede ser inconstitucional, hasta decir que se violan derechos de la minoría.
Señorías, a nuestro grupo le agradaría que, cuando esos partidos de derecha se preocupan tanto por la representación de los trabajadores, tuvieran la misma inquietud por la representación de la CEOE, donde no hay...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, céntrese en la réplica a lo que le ha rebatido el señor Moragues en relación con sus enmiendas.


El señor PERALTA ORTEGA: Sí, señor Presidente, voy a intentar centrarme en lo que se ha argumentado en contra y en la fijación de posición efectuada por los otros grupos.
Insisto, señorías, en que a nosotros nos gustaría que hubiera la misma preocupación por conseguir que la representación en el terreno socioeconómico se hiciera como se hace en el terreno social, por elecciones, porque esta reforma garantiza que la representatividad de los sindicatos se determina por elecciones, no por ningún otro criterio y, si que tiene preocupación por este criterio, convendría que orientaran sus miradas hacia la derecha para ver cómo se determina la representación allí. Vamos a la cuestión. La cuestión es que, en el terreno de la representación sindical, decidida por elecciones, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Comité de Libertad Sindical de la OIT dice que es compatible la libertad sindical con la existencia de sindicatos más representativos. Eso es así en España y en todo el mundo, porque la libertad sindical es compatible con procurar sindicatos fuertes que, a lo mejor, a determinadas opciones ideológicas no les gusta, pero, a nivel internacional, la OIT dice que eso es así, siempre que esa mayor representatividad, señor Presidente, señorías, se determine por resultados electorales. Aquí, señorías, esta reforma dice que podrán promover elecciones a delegados de personal los sindicatos más representativos, los que cuenten con un mínimo del 10 por ciento de representantes en la empresa, o los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario.


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¿Cómo se puede decir que aquí se está promoviendo un trato distinto para la minoría cuando se reconoce a favor de los mismos trabajadores, no de las organizaciones sindicales, cuando se dice, a continuación, que sólo previo acuerdo mayoritario entre los sindicatos más representativos --o representativos, también--se podrán celebrar elecciones con carácter general? Se nos ha dicho, vertiendo sombras de dudas sobre esas elecciones sindicales, que se hacen en nuestro país sin censo.
No es verdad, señorías. Los censos son por empresa, porque las elecciones sindicales son por empresa. No hay elecciones generales; hay elecciones en empresa. El calendario podrá establecerse a nivel general, pero las elecciones son en empresa y claro que hay censos en empresa; claro que los hay y los puede reclamar, de acuerdo con la legislacion, cualquier trabajador. Hemos oído decir que el censo se entrega a organizaciones como los sindicatos. Pues bien, señorías, nos gustará recordar esto cuando algún día veamos aquí que a las agencias privadas de colocación se les considera con derecho a tener los datos como, por ejemplo, a los sindicatos se les daba una copia básica del contrato con el DNI, con el sueldo y demás: el grito en el cielo y al Tribunal Constitucional por inconstitucional. Ya veremos los datos que tienen las agencias privadas de colocación y quién lleva ese tema al Tribunal Constitucional.
Por tanto, señorías y señor Presidente --con esto voy terminando-- esta reforma tiene el plus de legitimidad de quien tiene un acuerdo. Nos hubiera gustado que cuando el resto de la reforma sindical no tiene acuerdo con ningún sindicato hubiéramos oído esos argumentos a los Grupos Catalán (Convergència i Unió) o Popular. Nos hubiera gustado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, termine ya, por favor.


El señor PERALTA ORTEGA: Y termino, muy brevemente, señoría.
Esta es una reforma, por tanto, que tiene ese plus de legitimidad y que garantiza que los sindicatos tienen la representatividad de las elecciones secretas, libres y democráticas. No se puede pedir más y a lo mejor los que representan a la derecha convendría que miraran a sus organizaciones y que las pusieran en práctica. Nada más y gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, la verdad es que mi Grupo empieza a estar un tanto confuso y perplejo porque el debate se está complicando, amén de encendiendo, cosa que no es mala necesariamente, complicando, porque empieza a haber aquí una serie de alusiones innominadas e inconcretas --las atinentes a mi Grupo no sé exactamente cuáles son--, por lo que, para evitar cautelarmente las que puedan ser referidas a mi Grupo, voy a hacer una reflexión de nuevo intentando explicar más didácticamente y mejor qué es lo que mi Grupo opina sobre esta materia, señor Presidente. Sobre esta materia yo he dicho algo que es incuestionable, por mucho que se grite o por muy encendidas que sean las valoraciones y reflexiones políticas que se hagan, que carece de la legitimidad social derivada del consenso de todos los sindicatos que tienen que actuar desde la perspectiva de lo que aquí se regula, en el ámbito de las elecciones sindicales, en condiciones de estricta igualdad, so pena de contradecir, en caso contrario, el principio de igualdad ante la ley --artículos 7.º y 28 que consagran la libertad sindical--. Contra esto se hacen una serie de reflexiones, algunas ponderadas, reflexivas, algunas rigurosas y otras bastante menos, señor Presidente.
Yo no he dicho que este Título II sea inconstitucional, porque pienso que no lo es. Me parece sólo que tiene otro defecto jurídico-político: una insuficiente legitimación sindical, porque sólo son dos los sindicatos, aunque sean los mayores, que consensuan este Título II, lo cual no quiere decir que sea inconstitucional, porque ya el Tribunal Constitucional --y aquí habrá entendidos en la materia que lo sepan contrastar--, en prolija jurisprudencia, ha determinado cómo deben entenderse los artículos 7.º y 28 de la Constitución y estos derechos subjetivos en qué posibilidades de acción se desagregan; en concreto, fundar sindicatos, afiliarse al de libre elección o no afiliarse. Este Título no contradice ninguno de estos principios en los que se desagrega la libertad sindical «in genere», el tipo abstracto constitucional de libertad sindical.
Ahora, señor Peralta, no me diga que tiene suficiente legitimidad social porque no todos los sindicatos --y hay muchos e importantes-- lo suscriben; no sólo no lo suscriben, sino que lo repudian.
Usted para defender sus tesis ¿qué hace? Algo que resulta intelectualmente paradójico: defiende la mayor representatividad y su constitucionalidad como concepto, pero ¿quién niega aquí, qué portavoz ha negado que la mayor representatividad sea constitucional, si está regulada por los artículos 6.º y 7.º de la Ley Orgánica de Libertad Sindical; si hay seis convenios de la OIT que la consagran? ¿A qué viene defender la mayor representatividad? Hay otra cosa muy diferente, una diferencia de matiz que usted no se ha encargado de ponderar: la mayor representatividad se debe obtener en unas elecciones libres, en unas elecciones neutrales y en unas elecciones en condiciones de igualdad entre todos los sindicatos. Dudo mucho que este Título II provea ese

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tipo de igualdad a ese tipo de neutralidad y a esas elecciones absolutamente libres.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. Tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Le aseguro, señora Villalobos, que a esta hora no me pongo sentimental, a mí me da poco este estado de cosas y cuando me da suele ser a horas bastante más avanzadas. (Risas.) ¡Qué le vamos a hacer, uno es como es! (Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Ahora hablando en serio, creo que la reforma del Título II que hoy estamos discutiendo mantiene un proceso mucho más transparente, porque contiene más garantías que estaban reguladas en el anterior Título II del Estatuto de los Trabajadores: oficina pública, laudo y tutela judicial.
Sobre estas tres bases hay suficientes garantías para construir un proceseo más transparente que dé suficiente satisfacción a todos. Es un proceso más abierto, es un proceso más largo, casi permanente, y por ello continúo sosteniendo que todos tienen más oportunidades y, en consecuencia, suele ser más justo en sus tratamientos últimos. Más justo para los sindicatos minoritarios y también para los sindicatos mayoritarios, que no deberían tener ninguna vergüenza en serlo, porque a veces parece vergonzante tener el título de sindicato mayoritario.
Los sindicatos son mayoritarios --los que lo son-- por el propio esfuerzo desarrollado en conseguir esta calificación y creo que no deberían ser anatemizados por ser mayoritarios.
Las posturas sobre la mayor representatividad de las organizaciones sindicales es un antiguo debate reproducido en esta Cámara en varias ocasiones con motivo de la anterior reforma del Estatuto de los Trabajadores, con motivo del debate de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y ahora de nuevo en esta segunda reforma del Estatuto de los Trabajadores. Lamentablemente, para tener una mayor conjunción en esta idea deberán pasar más años de tradición y práctica legal y sindical.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate del artículo séptimo, pasamos al debate del bloque que comprende los artículos octavo a décimo, ambos inclusive.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, comenzamos el debate de las enmiendas al proyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores, relativas a los artículos ocho, nueve y diez, según la ordenación del debate. Estos artículos reforman los apartados del Estatuto de los Trabajadores relativos, fundamentalmente, a la negociación colectiva en su parte más amplia, amén de la disposición transitoria del Estatuto relativa a las ordenanzas laborales, así como el artículo décimo, que es en el que comienza la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral.
Al hablar de la negociación colectiva --que es, sin lugar a duda, una de las facultades fundamentales del derecho de libertad sindical--, al entrar a discutir este apartado de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, bueno sería que representantes de fuerzas políticas de la derecha miraran cuántos sindicatos apoyan esta propuesta de reforma del Gobierno y si encuentran alguno no digo mayoritario, esos minoritarios que teóricamente defienden ustedes, que apoye esta reforma, a lo mejor tiene algún sentido que sean grupos que la respaldan que incluso consideran que es insuficiente y que debe derogarse la prórroga de los convenios colectivos, a lo que el Grupo Socialista no ha accedido, con muy buen criterio, pensamos nosotros, y desearíamos desde luego que no accedan tampoco en trámites posteriores. Por tanto, señorías, trasladen esa preocupación que han manifestado (me refiero sólo al punto que tenía el acuerdo de los sindicatos mayoritarios, el 80 por ciento de la representación laboral elegida libremente en nuestro país) a este apartado o a todos los otros apartados de la reforma laboral, los despidos colectivos, la contratación, y ya no digamos el famoso Real Decreto-ley.
Si no quieren que hablemos de sindicatos, hablamos de los trabajadores directamente, porque por algo se ha hecho en este país una huelga general el pasado 27 de enero con millones de trabajadores protestando por esta reforma. Sería bueno que tuvieran ocasión de respaldar esa posición de los sindicatos, de los trabajadores (y esto sirve para todos, no sólo para la derecha, sino también para el Grupo Socialista) y revisaran el apartado de esta reforma en donde, so pretexto de un mayor ámbito de actuación de los convenios colectivos, nos encontramos en presencia de una desregulación estatal de toda una serie de materias que la experiencia había demostrado que constituían un sólido soporte sobre el que desarrollar la negociación colectiva. La simple expectativa de esta reforma laboral que se está tramitando en estos momentos en esta Cámara, ha

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dado lugar a que en este año la negociación colectiva esté bloqueada. Los empresarios están pendientes de que salga la reforma laboral para, a partir de ahí, intentar negociar y hacerlo sólo en lo que ellos llaman la política de rentas, el aumento del salario en el que ya han dicho que su posición en la mayoría de los casos es el cero por ciento.
Piensen ustedes lo que conseguiríamos, no en este año, sino en los demás, si suprimiéramos la prórroga tácita de los convenios. En lugar de fomentar la negociación colectiva, los empresarios estarían pendientes de que se cumpliera ese plazo de seis meses, de ocho meses, el plazo en definitiva llegado el cual el empresario quedaba absolutamente liberado de toda obligación. Señorías, esas pretensiones que hay de derogar la prórroga tácita quiebran fundamentalmente el sistema de negociación colectiva de nuestro país, y, desde luego, esa no es la posición de nuestro Grupo. No diré que sea una posición antidemocrática, no lo diré, pero creo que es una posición poco ajustada a la filosofía constitucional, porque la Constitución insiste repetidas veces en que en el terreno socioeconómico hay una desigualdadfundamental de los empresarios sobre los trabajadores y que, en consecuencia, el Estado, la Administración tiene que intervenir para corregir esa desigualdad, y esa intervención del Estado aquí se restringe notablemente. Se insiste --repito-- en decir que es mejor dejar ámbitos para la libertad, pero se desconoce que cuando en esa libertad hay una diferencia de posiciones, los empresarios utilizan esta diferencia de posiciones y este mayor poder que tienen para restringir los derechos de los trabajadores. Ese no es el objetivo de la sociedad que persigue nuestra Constitución, que persigue una sociedad con igualdad real, superando las desigualdades en el terreno socioeconómico.
Nosotros creemos que la actual normativa de los convenios colectivos debe mejorarse en el sentido de fomentar la posición de las organizaciones sindicales. Desde ese punto de vista, la cláusula de descuelgue salarial, que se prevé como una cláusula imperativa en los convenios colectivos, nos parece una grave intromisión en la autonomía de las partes.
Dejemos que las partes negocien si estiman oportuno la cláusula de descuelgue salarial. ¿Por qué hay que imponerles obligatoriamente cláusulas de descuelgue salarial? ¿Por qué razón? ¿Cómo se compatibiliza eso con la autonomía de las partes? Si lo estiman oportuno, lo pactarán. ¿Cómo se explica que por ley, con carácter imperativo, el convenio colectivo tenga que regular los mecanismos de aplicación de cláusulas de descuelgue salarial? Con eso sólo se pretende, desde la Administración del Estado, favorecer recortes salariales que perjudican a los trabajadores; sólo se pretende eso, y eso -- insisto-- no es una medida que quepa pensar que tenga carácter progresista. ¿Por qué, señorías, no se contemplan en esta reforma de la negociación colectiva los convenios de grupos de empresa, cuando en la realidad social cada día tienen un peso mayor, en muchos casos, además, ligados a multinacionales que actúan en distintos países? Después de esta reforma seguiremos careciendo de una normativa que regule todo lo relativo a la negociación de convenios en grupos de empresa, y seguirá posibilitando esa ausencia de normativa el que determinadas empresas trasladen la producción de una zona geográfica a otra, donde hay menores derechos sindicales, donde los trabajadores son más débiles y tienen peores condiciones. Y no me invento datos, señorías. Lo están haciendo en estos momentos empresas en nuestro país. Sería bueno que se avanzara en la corrección de esos mecanismos, de vacíos normativos. Somos partidarios --y esto conviene que lo sepan los grupos que se manifiestan inquietos por la representación de los entes sociales-- de que se regule de una manera más acorde a la funcionalidad de los convenios la legitimación de las asociaciones empresariales. No creemos que sea bueno que se pida que las asociaciones empresariales tengan un 10 por ciento de los trabajadores y un 10 por ciento de los empresarios, porque nos parece que eso es poco funcional.
Creemos --y ya lo hemos dicho antes-- que las organizaciones sindicales tienen que basar su representación en elecciones -- es bueno--, pero, para la funcionalidad de los convenios colectivos, el criterio fundamental debe ser el número de trabajadores, porque de eso es de lo que se trata, de regular las condiciones de los trabajadores. Finalmente, somos partidarios de que los convenios colectivos se basen en un mecanismo de fomento de sistemas no jurisdiccionales de resolución de los problemas.
En este sentido presentamos las enmiendas.
En definitiva, señorías, creemos que las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya resuelven las deficiencias que en la práctica se han constatado en nuestro país en estos casi 15 años de vigencia del Estatuto de los Trabajadores. Son una manera de adecuar esa normativa a la realidad actual, y ello con un critero equilibrado, o incluso me atrevería a decirlo con claridad, con un criterio pogresista, desde luego muy distinto del que persigue la reforma que hoy nos presenta el Gobierno con el apoyo de los grupos de la derecha. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, me voy a referir a una de ellas, que para mi Grupo tiene una relevancia especial.
Es la enmienda al artículo 86, y ya el señor Peralta puede ir imaginando cómo mi argumentación va a ser absolutamente contraria a la suya.


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Viene a ser un planteamiento que supone un giro copernicano a sus muy legítimas, siempre ponderadas y lúcidas reflexiones.
El artículo 86 no está mal concebido en el proyecto de ley que reforma el Estatuto de los Trabajadores. No estando mal concebido, sí que hay que hacer referencia, sí que hay que reflexionar en este debate sobre lo que se denomina, seguramente desde una perspectiva lingüística, poco afortunada ultraactividad.
La ultraactividad es una expresión desafortunada gramaticalmente. Su sentido etimológico es difuso y su sentido jurídico inexistente. Es un concepto estrictamente metajurídico. Lo que pasa es que cuando se habla de ultraactividad se está hablando de otra cosa mucho más relevante, mucho más importante, señor Presidente. Se está hablando de la posibilidad de desvirtuar la propia esencia de esta importante reforma del mercado de trabajo, puesto que esta reforma consiste en atribuir a la negociación colectiva laboral, que proclama el artículo 37 de la Constitución y por ello los interlocutores sociales, la facultad, el derecho- facultad de remover las rigideces que subyacen en nuestro mercado de trabajo; una actitud renuente, una actitud obstaculizadora de la negociación colectiva priva a esta reforma laboral de su propia esencia.
Así pues, nosotros consideramos oportuna y pertinente la reflexión que hace uno de los interlocutores legítimamente implicados en el hecho industrial, el interlocutor patronal, el interlocutor asociación empresarial, de la dificultad que derivaría de una actitud renuente, de una actitud negativa o negatoria de la negociación de nuevos convenios colectivos a los que incorporar esta remoción de rigideces que gravita negativamente sobre la competitividad de nuestras empresas.
Desde esa perspectiva, mi Grupo parlamentario, señor Presidente, sí considera muy razonable, congruente y legítima (congruente con los principios axiológicos del Derecho del trabajo y legítimo desde la perspectiva de que esto no supone una renuncia ni desequilibrio de los contratos sociales, de los pactos en los que este derecho se funda) la previsión de que si nuevos contenidos colectivos no son posibles de negociar a efectos de ir incorporando estos elementos de reforma, estos elementos de regulación, estos elementos de flexibilización, en un plazo que consideremos razonable, de seis meses, vayan perdiendo vigor no sólo las cláusulas obligacionales del convenio colectivo --que pierden vigor, decaen automáticamente cuando acaba la vigencia del convenio--, sino también las cláusulas normativas, salvo en lo atinente a la condición de trabajo- jornada, a la condición de trabajo-salario, entendiendo en ésta comprendido, englobado, tanto el salario básico como los complementos de naturaleza salarial y todas las cláusulas relativas a la seguridad e higiene en el trabajo.
No reconocer esto, que no tiene ningún tipo de obstáculo desde una perspectiva de análisis jurídico, de hermenéutica del Derecho del trabajo y sus esencialidades, no tiene ninguna dificultad, salvo que alguien me pueda demostrar lo contrario --estoy esperando todavía argumentaciones suficientemente relevantes a este nivel--; no admitir esto -- digo-- supone negar la propia virtualidad, la propia eficacia potencial o pretendida de esta reforma, y puesto que nosotros, señor Presidente, creemos en las facultades de remoción de rigideces y en la eficacia desde la perspectiva de creación de empleo de esta reforma, vamos a apoyar este aspecto que consideramos importante en el proyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores.
Las demas enmiendas requerirían un debate un tanto prolijo -- estos debates se han producido en trámites anteriores-- y, señor Presidente, no voy a cansar a SS.SS. con su relación.
Las doy por defendidas en sus propios términos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olbarría. Para la defensa de las enmiendas de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, doy por defendidas nuestras enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a hablar desde el escaño para ahorrar el tiempo del traslado. He observado el planteamiento del portavoz de Izquierda Unida y me da la sensación de que este tema concreto está sirviendo no para defender sus enmiendas, sino para hacer el turno en contra sin que hayamos intervenido todavía los portavoces del resto de los Grupos.
Yo vengo observando durante todo el debate la actitud del Grupo de Izquierda Unida...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Villalobos, quiero hacerle una aclaración. Al organizarse el debate de manera que cada Grupo interviene una sola vez, en ese mismo turno hace defensa de sus enmiendas y fija posición respecto a los otros Grupos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Es lo que estoy haciendo, señor Presidente, si usted me deja, claro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Parecía que usted estaba denunciando una práctica poco reglamentaria. No, es absolutamente reglamentaria.


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La señora VILLALOBOS TALERO: Tengo una cierta práctica en el Parlamento. Simplemente estoy haciendo el uso de mi tiempo que considero oportuno.
Señor Peralta, y esto le sirve igualmente al Grupo Socialista, usted utiliza --y el Grupo Socialista ha hecho algo muy similar--los términos constitucional o inconstitucional en función de sus propios intereses.
Yo no he dicho antes que el concepto de mayor representatividad de los sindicatos sea o no constitucional, porque eso, como bien ha dicho el representante del Grupo Vasco, no está en cuestión para nada. Sin embargo, ahora a usted, cuando habla de la negociación colectiva, ya sí le interesa utilizar otros conceptos, tal vez de no constitucionalidad, cuando no se ajusta a los términos de sus enmiendas o de su planteamiento ideológico respecto a la negociación colectiva.
Comprendo que si se es comunista, y además abogado laboralista se tenga una cierta tendencia a judicializar los temas. Cuando uno tiene mucha costumbre de llevar en su labor profesional expedientes de regulación de empleo, se cree que las relaciones laborales se circunscriben sólo y exclusivamente a los expedientes de regulación de empleo. Cuando no se consigue lo que mejor tiene esta reforma, desde mi punto de vista, que es la potenciación de la negociación colectiva de las dos partes, con todo lo que significa de esfuerzo, de nueva cultura de relaciones laborales, de mayor compromiso del empressario y de los sindicatos en el desarrollo de esa empresa y del conjunto de la economía, cuando llegamos a la situación de los convenios colectivos y de la llamada o mal llamada ultraactividad, nos encontramos con que esa reforma no tiene fórmulas para ponerlo en práctica. Aquí no se está atentando contra los sindicatos.
Usted tiene un concepto bastante pobre de lo que son los trabajadores y los sindicatos. Los convenios que se han negociado y que se están negociando en este país desde que entre todos hemos traído la democracia, en su mayoría, tienen grandes ventajas económicas y de otro tipo para los trabajadores. Eso es positivo, porque lo han conseguido en la negociación, y la negociación significa cesión por dos partes y firma de un documento por dos partes, empresario y sindicatos. Y esto se lleva produciendo desde que somos un país democrático, gracias a Dios. El que ahora resulte que para aplicar esta reforma laboral, en lo que se refiere a los convenios colectivos, se fuerce a que se inicie la negociación colectiva no crea que eso va contra los sindicatos y contra los trabajadores. Tiene usted muy poca confianza en esos comités de empresa que existen en las empresas españolas.
Tiene usted muy poca confianza en la fuerza que puedan tener esos trabajadores en el seno de las empresas para conseguir ventajas para el conjunto de los trabajadores, porque los empresarios tendrán que ceder en muchas cosas, porque ésa es la negociación. Hasta ahora los convenios contienen fórmulas que, usted me perdonará, parecen más lógicas de los Presupuestos Generales del Estado que de los convenios colectivos. Si no que me expliquen por qué un convenio tiene que contemplar un premio a un trabajador por nacimiento de hijos, ¿No le parece más lógico que eso estuviese en los Presupuestos Generales del Estado, en la política de ayuda a las familias en última instancia? Pero ¿por qué tiene que pagarlo un empresario? ¿Usted cree que eso es lógico? Yo creo que no. Yo creo que es mucho más lógico hablar de otras cuestiones más concretas, que tienen algo más que ver con lo que es la relación laboral, que de algunos aspectos que todavía contemplan nuestros convenios colectivos. La fórmula que plantea el Grupo Popular conserva las cláusulas normativas, exactamente igual que hablaba el portavoz del PNV, en lo que se refiere a jornada, a salarios y a salud en el trabajo; seguridad e higiene en el trabajo, como se llamaba antes. Son cláusulas normativas que permanecen, pero hay otras muchas que no. Y usted interpreta, y el Grupo Socialista también, puesto que no admite esta enmienda, que estamos poniendo en inferioridad de condiciones a los trabajadores. Yo le puedo garantizar que no. No creo que ésa sea la razón, y no entiendo la razón de sus oposiciones a esta reforma. Porque, desde luego, el modelo de Izquierda Unida, como corresponde a un buen pensamiento comunista, es rígido y prefiere antes los expedientes de regulación de empleo, que lleva a un montón de trabajadores de este país a recibir prestaciones por desempleo y a la exclusión social, que unas reformas que pueden ser fuertes, que pueden ser difíciles de ponerlas en marcha en este país, pero en las que todos tenemos que estar de acuerdo que son necesarias para conseguir que nuestras empresas se adapten y sean competitivas. Esto no es estar en contra de los trabajadores.
Esto es estar en favor del empleo, y usted me va a permitir que le diga, señor Peralta, que estar a favor del empleo es estar a favor de los trabajadores. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el señor Olabarría ha hecho, como siempre, magistralmente la defensa de su enmienda 69, que es coincidente, cuasi literal, con la 437 nuestra, con lo cual evito a la Cámara la repetición de argumentos similares que, sin duda, no serían tan brillantemente expuestos como lo ha hecho él. Si el Presidente me lo permite, sólo quisiera hacer una intervención sobre las enmiendas y los comentarios del señor Peralta, para decirle amablemente, señor Peralta, que los recursos dialécticos en política son absolutamente válidos, pero no se debe rozar lo que no

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es cierto. No debe usted coger mi intervención y poner en mi boca que dudo de la legitimidad de las centrales sindicales, como si yo ignorase el contenido de la LOLS. Yo no he hablado en ningún momento, ni tiene por qué traerlos aquí, de los convenios de la OIT, que ambos conocemos. No he puesto en cuestión eso; es que no encuentro razón (se lo digo de verdad, con toda sinceridad, y así lo he dicho a las centrales sindicales) para que no se haya consultado y se haya hablado con otros compañeros, de menor legitimidad en cuanto a mayorías, pero de auténtica legitimidad en cuanto personas dedicadas al mundo sindical. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Es que no encuentro razón; por eso me opongo, no por otras causas. Cuando usted, dirigiéndose a mí, nos habla de derecha, esté usted seguro de que, en ese caso, a mí sí me preocupa, porque hay que saber distinguir; algún día tendremos que hablar y le explicaré lo injusto de su alusión cuando, dirigiéndose a mí, me habla de derecha.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Enmiendas del Grupo Mixto. (Pausa.) Señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Las doy por defendidas, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las reformas en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, artículo octavo del proyecto de ley que debatimos, se orientan en una doble dirección. Primero, a favorecer el desarrollo de la negociación colectiva, proporcionando a los convenios una mayor capacidad en la fijación de sus contenidos y muy especialmente en cuanto se refiere a los mecanismos de determinación de los salarios, dada la insensibilidad que mantiene el actual sistema de negociación a las situaciones cíclicas de la economía y aún más a la situación concreta de cada realidad empresarial. Y, en segundo lugar, hace especial mención a la necesidad de reformar las reglas de participación de los empresarios para la negociación de ámbito superior a la empresa, modificando también el porcentaje de voto necesario de cada una de las partes para dar validez a los acuerdos de la comisión negociadora y estableciendo una nueva regla para la prórroga de los convenios en ausencia de acuerdo entre las partes.
Con relación al tema de la derogación de las ordenanzas laborales, que, juntamente con los reglamentos de trabajo, constituyen una de las escasas parcelas preconstitucionales de la legislación laboral española, el Estatuto de los Trabajadores, en su disposición transitoria segunda, autorizaba ya la derogación de estas normas. Desde el mes de marzo de 1980, fecha de la promulgación de la Ley, hasta ahora, han transcurrido catorce años y en este lapso de tiempo sólo se han derogado quince ordenanzas laborales, entre las que cabe destacar la del sector de químicas. Sin embargo, aún hoy se mantienen en vigor más de un centenar de ordenanzas, algunas de las cuales datan de los años 1940 y 1950. En este proyecto de ley se propone la derogación de las Ordenanzas Laborales en vigor y su sustitución por convenios generales, fruto de la negociación colectiva, estableciendo una fecha tope para ello, el 31 de diciembre de 1994, con posibilidad de prórroga y de arbitraje en caso de imposibilidad de acuerdo. Dicho esto a guisa de introducción y para dar la visión de carácter integral de los fundamentos de la reforma de este conjunto de artículos, pasaré rápidamente a comentar las enmiendas que mantienen los distintos grupos. En primer lugar, querríamos ofrecer una transaccional a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, a la número 71, en la que propone establecer la no afectación de los convenios colectivos por los acuerdos pactados para sustituir las Ordenanzas, aunque no creemos necesaria la referencia a que los convenios o acuerdos de sustitución limitarán su eficacia a cubrir los defectos de cobertura, pues ya se dice que dicha negociación se produce para que elimine los efectos de cobertura. En cuanto a la no afectación de los convenios colectivos, entendemos que no hay que prever ninguna regla nueva, puesto que en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores ya se menciona que un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenio de ámbito distinto, salvo pacto en contrario, conforme a lo dispuesto en el número 2 del artículo 83. Por ello, ofrecemos esa transaccional, que añade un párrafo en el que se dice que la concurrencia de estos convenios o acuerdos de sustitución con los convenios que estuvieran vigentes en los correspondientes ámbitos se regirá por lo dispuesto en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. El tenor literal de la transaccional que proponemos a su enmienda sería: La concurrencia de los convenios o acuerdos de sustitución de las Ordenanzas con los convenios colectivos que estuvieran vigentes en los correspondientes ámbitos se regirá por lo dispuesto en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, números 268, 269 y 270, quiere introducir supuestos de negociación en los convenios colectivos. Son enmiendas que, a nuestro entender, no añaden nada que no esté ya regulado en las normas actualmente vigentes ni cambia el efecto que éstas tienen y con su aceptación,

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además, señorías, podría producirse una confusión innecesaria en el proceso negociador.
Respecto a la enmienda 271, que trata de producir un fuerte desgaste de la garantía constitucional de la eficacia vinculante del convenio y cuyo efecto práctico sería crear una gran confusión e inseguridad jurídica para las dos partes de la relación laboral, una vez transcurrido el plazo de ocho meses sin acuerdo, debo decir que también será rechazada por nuestro Grupo, porque, además, rechazamos la idea de fondo de la enmienda en lo que tiene de erosionadora del sistema de negociación colectiva en sí mismo y, en particular, por lo que tiene de desequilibradora en la correlación de fuerzas en la negociación, en perjuicio de los trabajadores. Izquierda Unida plantea en sus enmiendas cerrar las posibilidades de adaptabilidad del convenio a las circunstancias existentes en el momento de su firma o a las peculiaridades que puedan presentarse en las empresas a las que se aplica el convenio: supresión de la inserción obligatoria de la cláusula de descuelgue, supresión de la posibilidad de que un convenio disponga de los derechos reconocidos en el convenio anterior, supresión de la posibilidad de que el convenio establezca qué aspectos se prorrogan y qué otros no, una vez vencido el plazo de vigencia, etcétera. En resumen, demuestran, a nuestro entender, una desconfianza hacia la negociación colectiva que nosotros no compartimos, máxime cuando reforzar esta negociación, dando una mayor responsabilidad a las partes, es una de las piezas angulares de la reforma del mercado laboral que estamos discutiendo. Tampoco compartimos la tesis de las enmiendas números 379 y 382, del mismo Grupo parlamentario, puesto que la negociación colectiva de grupos de empresa no requiere una regulación específica --artículo 83.1 del Estatuto de los Trabajadores--, aunque es cierto --y el Grupo Socialista no está cerrado a reflexionar sobre el particular-- que no sería desaconsejable considerar la posibilidad de una legitimación específica para negociar acuerdos-marco en los grupos de empresa. Sin embargo, no consideramos conveniente debatirlo en estos momentos.
Asimismo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya propone suprimir la redacción de la disposición transitoria segunda.
Nuestra postura --ya fue claramente manifestada en Comisión-- es contraria a mantener la fórmula actualmente prevista en el Estatuto de los Trabajadores, puesto que creemos que no puede dilatarse más la derogación de las ordenanzas una vez demostrado, en el transcurso de 14 años, el escaso avance logrado en este asunto. La derogación de las ordenanzas y su sustitución por la negociación colectiva resulta necesaria para eliminar de nuestro ordenamiento regulaciones anacrónicas, como son muchas de las partes de las ordenanzas.
En la fórmula del proyecto de ley se combina la perentoriedad de dar por terminado este proceso por medio del establecimiento de plazos finales, con la garantía de que no se van a producir vacíos de regulación; garantía que se deriva de la valoración de la existencia de tales vacíos por un órgano tripartito, como es la comisión consultiva, y por la previsión de sistemas de negociación para la cobertura de los vacíos y de procedimientos para solventar las discrepancias, tanto en la negociación como en el arbitraje. El resto de las enmiendas que han mantenido los grupos, que son, en muchos casos, coincidentes con otras que hemos mencionado, vamos a darlas por contestadas por parte del Grupo Socialista.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el debate en torno a los artículos octavo, noveno y décimo de la reforma del Estatuto se ha centrado, fundamentalmente, en la aceptación o no, planteada por los distintos grupos de derecha, de la derogación de la ultraactividad de los convenios colectivos o la prórroga de los mismos, en una terminología más clásica.
La argumentación más consistente, a la que se han remitido los otros grupos, ha sido llevada a cabo por el señor Olabarría, del Grupo Vasco (PNV). Decía usted, señor Olabarría: ¿Por qué se plantea que no se deroguen los convenios colectivos totalmente, dando a las partes la facultad de adecuarse a las nuevas circunstancias? (Rumores.) Por una razón muy clara, señor Olabarría: porque estamos en el contexto...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Peralta.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)

El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Le decía, señor Olabarría, que por una razón muy clara: porque estamos en el contexto de una reforma que consagra --y usted ha tenido ocasión de decirlo esta mañana en la tribuna-- una supercapacidad empresarial para modificar las condiciones sustanciales del contrato de trabajo. Los empresarios tienen capacidad para modificar las condiciones del contrato de trabajo incluso durante la vigencia del convenio; fíjese.
Además de eso, se pretende decir: No, no se preocupe usted.
Si, vencido el convenio, dentro de unos cuantos meses, desaparece totalmente. En definitiva, señor Olabarría, creo que convendrá conmigo en que eso es reforzar extraordinariamente las ya --lo decía usted esta mañana en la tribuna-- amplias

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facultades empresariales de modificar las condiciones sustanciales, que ya no requieren autorización del Ministerio de Trabajo o de la Consellería, no; lo decide, por su propia voluntad, el empresario. Por tanto, partamos de esa realidad y reconozcamos que si alguien reclama en este país negociar convenios colectivos, no son los empresarios; son los trabajadores, porque sufren la inflación y el deterioro de sus condiciones. No nos encontramos con empresarios que se manifiesten pidiendo que quieren negociar convenios colectivos. No, no es ésa la realidad. Hoy --no hablemos de principios genéricos--, hoy, en nuestro país, en el año 1994, la negociación colectiva está parada, porque los empresarios están pendientes de que salga esta reforma laboral. Pretenden ustedes que no sólo este año, sino todos los años, los empresarios paren la negociación colectiva a la espera de que desaparezca absolutamente el convenio colectivo. Esa es la realidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego concluya.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino inmediatamente, señor Presidente. En el tema de las ordenanzas laborales se plantea lo mismo. Nosotros decimos que se sustituyan las ordenanzas laborales y pierdan vigencia cuando se negocien convenios colectivos y hay quienes dicen: no, no, pongamos una fecha fija en la que desaparecen. Conseguirán ustedes que los empresarios esperen hasta esa fecha fija, porque lo ganan todo; para qué van a negociar algo, si a una fecha fija lo ganan todo.
Termino, señor Presidente, diciendo al señor Hinojosa que le he calificado de derechas pero porque, en mi opinión, hay muchas derechas. Evidentemente, usted y su Grupo no son igual que aquélla, una derecha que, simplemente porque le he dicho, sin calificarla de ninguna manera de antidemócrata que sus propuestas no se inspiraban en el criterio constitucional, me ha regalado una sarta de calificativos: abogado laboralista, comunista... Señora Villalobos, ¿es malo ser abogado laboralista? Lo ha dicho usted. Me ha dedicado usted a mí ese término diciendo que mi modelo, como abogado laboralista... En alguna ocasión creo que ha presumido usted de ser abogado laboralista. Ha aludido también a lo de ser comunista. Señora Villalobos, en este país, ser abogado laboralista y ser comunista coincidía en el 99 por ciento de los casos; la excepción era quienes, como usted, presumían de abogados laboralistas y defendían a la derecha. Pero no se engañe usted, señora Villalobos, hoy, aquí, las posiciones, no de los sindicatos, sino de los trabajadores --y ahí está la huelga general del 27 de enero--, no son las que defiende su Grupo; no es esta reforma laboral. Ahí estaban los trabajadores el 27 de enero. (Rumores.) Esas posiciones son las de nuestro Grupo.
Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Peralta, le agradezco, en primer lugar, su encendida defensa de los abogados laboralistas. Sabe usted qué tiempos de mudanza estamos viviendo; antes, los abogados laboralistas representaban a un colectivo ordinariamente progresista al que ahora algunos tildan de reaccionario. Parece que está de moda en estos momentos criticar a los abogados laboralistas y criticar a los sindicatos; algunos consideran que eso es lo progresista; nuestro Grupo Parlamentario, no. Entre otras cosas, yo me precio de serlo, y a mucha honra.
En todo caso, esas reflexiones alusivas a cuerpos de naturaleza un tanto corporativa, esas reflexiones quizá ligeramente demagógicas descalificando con expresiones rotundas a los demás y atribuyéndose la defensa casi en exclusiva, monopolios que no son pertinentes en absoluto, la defensa de unos u otros colectivos, ya sean los trabajadores o los empresarios, es un sistema argumental que usted afortunadamente no usa frecuentemente; por eso me sorprende ese estilo encendido que usted está practicando hoy y por primera vez en muchos años poco riguroso, permítame que se lo diga, señor Peralta.
Además, en el fragor del debate, parece que está usted olvidando hasta sus profundos conocimientos del Derecho del trabajo y eso me sorprende mucho más, porque el Derecho del trabajo cuesta mucho estudiarlo, hay que profundizar en él, en sus principios axiológicos, en sus principios de hermenéutica, que usted conoce bien, y, de repente, parece que ha hecho abstracción de todo eso, en un momento en el que quizá ha hecho una reflexión más política que jurídica, todo hay que decirlo. Usted sabe cómo está concebido en el Título III del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 37 de la Constitución el sistema español de la negociación colectiva. Como en muchos otros casos, España es diferente en esto. Mientras que en los países de nuestro contexto el sistema de negociación colectiva es de los que se califican de libertad de negociación, lo que quiere decir que ejercida legítimamente la iniciativa a negociar por una de las partes la otra puede negarse a negociar sin que se considere atentatorio a la libertad sindical (esto lo proclama la OIT y ése es el sistema de todos los países europeos, salvo en España), en el Estado español, el sistema de negociación colectiva es un sistema de los que se denomina doctrinalmente derecho-deber a negociar. Ello quiere decir, como usted debía saber, por lo menos, debía saber, que ejercida válida y legítimamente la iniciativa a negociar por una de las partes, normalmente los trabajadores, aunque no necesariamente, eventualmente está legitimado

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el empresario para ejercer la iniciativa negocial. Lo que pasa es que siempre la ejercen los trabajadores. Ya es calificada y bien calificada la negociación colectiva como una vía de un único sentido que opera en forma de plus-petición siempre y esto interesa a los trabajadores.
Pues bien, el sistema de derecho-deber significa que ejercida válidamente la iniciativa negocial, si la otra parte se niega a negociar, esta actitud, esta negativa se considera atentatoria a la propia libertad. Desde esta perspectiva, si usted me acepta que esto es cierto, y lo tiene que aceptar -- hágame un gesto de asentimiento, al menos, señor Peralta--, ¿Cómo no puede comprender nuestra enmienda? ¿Cómo no puede comprender la enmienda del PP y cómo no puede comprender la enmienda del Grupo Catalán? Si es que se debe negociar cuando se ejercita legítima y válidamente la iniciativa negocial, cómo usted está auspiciando que un sindicato o un grupo de empresarios, me da lo mismo, se niegue a negociar. Si se niega, algún tipo de cautela jurídica tiene que contenerse en el ordenamiento jurídico. Si no, se priva de vigencia, se priva de eficacia esta reforma laboral. Igual es que, en el fondo, eso es lo que pretende, privar de eficiencia, privar de vigencia esta reforma laboral por este subrepticio procedimiento, pero acépteme que las argumentaciones jurídicas que le hago son ciertas y acépteme que, si esto es cierto, algún tipo de cautela se tiene que establecer contra la negativa de un sindicato, o contra la negativa de un empresario, me da exactamente lo mismo, a negociar un nuevo convenio colectivo.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego concluya.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acabo con esto, señor Presidente.
Esta es una situación que no se puede mantener indefinidamente. Si esto se pretende mantener indefinidamente, hay que privar de vigencia incluso al contenido normativo, manteniendo tres tipos de cláusulas. No a todos se priva de vigencia, señor Peralta, no mienta usted. Se mantiene el contenido relativo a las cláusulas salariales, se mantiene el contenido relativo a la jornada y se mantiene todo el contenido de seguridad e higiene en el trabajo. Esto es difícilmente discutible.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, Presidente.
Siento muchísimo que estas enmiendas no hayan conseguido el apoyo del Grupo de la mayoría. Creí, sinceramente, que uno de los motivos de esta reforma era las relaciones internas en la empresa, la flexibilidad interna en la empresa, y para mí la base fundamental era la negociación colectiva. En función de esa creencia, en la necesidad de potenciar la negociación colectiva, de adaptar nuestra negociación colectiva a las nuevas realidades de las empresas parecería lógico que se hubieran aceptado las enmiendas del Grupo Popular que son similares, si no iguales a las del PNV y Convergència i Unió.
No voy a defenderlas porque creo que el señor representante del PNV lo ha hecho con una enorme brillantez y no quiero perder ni un minuto. Lo que sí quiero decir es que, al final, la sensación que da es que el intento real del Gobierno en esta reforma laboral era simplemente en lo que se refería al artículo 51 del Estatuto. Esa es la única voluntad de cambio que se ha producido en el Gobierno y en el Grupo Socialista.
Las demás cuestiones son simplemente palabras, palabras y palabras, que, al final, no se podrán poner en marcha en el día a día de nuestras empresas. Por último, señor Peralta, yo no le he acusado a usted, y, por supuesto, no le he intentado ofender, ni atacar, con la expresión de abogado laboralista, entre otras muchas razones porque tenía en este momento aquí a dos compañeros míos, ambos abogados laboralistas, que no me lo hubieran consentido, aparte de que la ofensa no era la de abogado laboralista. El problema es que usted se lo ha tomado así, porque a usted le ha convenido. Lo que he dicho es que usted, como abogado laboralista, está acostumbrado a una serie de actividades en su trabajo profesional, de expedientes de regulación de empleo, etcétera, que le hace ver a usted, señor Peralta, no al conjunto de los abogados laboralistas, sólo y exclusivamente el mundo laboral a través del ojo de la cerradura de su despacho y no del conjunto de lo que significa todas las relaciones laborales del conjunto de nuestro país, que es muy amplio y muy variado.
Por otro lado, yo no me siento representante de un grupo ni de otro. No defiendo los intereses de los trabajadores, ni de los sindicatos, ni de los empresarios, ni de las organizaciones empresariales. Intento defender, lo mejor que sé, los intereses del conjunto de la sociedad y de los ciudadanos que me trajeron a mí a esta Cámara y con los cuales adquirí un compromiso de defensa de unos principios en los que creo. Y le voy a decir una cosa, en uno de los que creo y de una forma mucho más profunda es en la democracia, en la existencia de sindicatos fuertes, en unas relaciones de trabajo adecuadas y modernas, y en la creación de empleo, imprescindible para mantener otra cosa en la que por encima de todo creo: el mantenimiento de una sociedad del bienestar, y para eso es necesario crear empleo. Esa nueva negociación colectiva --crea que se lo digo de corazón-- creo que podría ayudar, sólo ayudar, a crear empleo. Las rigideces a lo único que contribuyen es a más expedientes de regulación de empleo, a más desempleo y a más exclusión social.


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Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
El señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, dos segundos nada más para decir que con nuestra enmienda 437 mi Grupo pretende una cosa muy sencilla: fortalecer la negociación colectiva.
Nosotros creemos en la capacidad de negociación de los sindicatos. Lo vienen demostrando año tras año en las negociaciones. Sólo pretendíamos esto. Si se aprueba nuestra enmienda, coincidente con la del PNV, creo que haremos un favor a la negociación entre las partes, sin menoscabo de ninguna; si no, se perderá una oportunidad de que los sindicatos y los empresarios puedan negociar con más frecuencia de lo que hacen hasta este momento. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
El representante del Partido Nacionalista Vasco creo que no nos ha contestado a nuestra oferta de transaccionar su enmienda 71. Con referencia a las distintas manifestaciones que han hecho los portavoces de los diversos grupos parlamentarios, querría intentar dejar claro que los objetivos que persiguen los artículos que hemos estado discutiendo últimamente son muy claros: adecuar la negociación colectiva a la realidad empresarial concreta; no hablar palabras, palabras, etcétera, como nos acusaba la portavoz del Grupo Popular. Adecuar esta negociación colectiva a la realidad empresarial, que muchas veces no es reconocida por los convenios que se negocian y que, a nuestro entender, debe reconocerse no sólo como mecanismo de defensa de la empresa, sino como garantía o como recurso último e importantísimo de la defensa y estabilidad del empleo. Yo, a diferencia de lo que ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida, creo que la negociación no está parada; tiene, seguramente, más dificultades, porque estamos en un momento de transición de la normativa, pero la negociación ataca por primera vez en muchos años temas que han sido tradicionalmente olvidados en la negociación colectiva. No estoy muy seguro de que en una dirección demasiado correcta, a mi entender, al menos, pero no se negocia, como había sido habitual hasta ahora, solamente temas de jornada y de salarios, sino que se han introducido en la negociación temas de carácter social y jurídico más importantes. Para acabar, señor Presidente, querría hacer un reconocimiento público a los servicios que el colectivo de abogados laboralistas, comunistas o socialistas, conservadores o nacionalistas, ha prestado a nuestro país, no sólo a la causa laboral, sino incluso en la lucha por la conquista, por las libertades y estabilidad democrática que estamos disfrutando en estos momentos.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, pido la palabra a los efectos de aceptar la transacción que nos ofrece el Grupo Parlamentario Socialista y retirar nuestra enmienda número 71.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Vamos a pasar al debate correspondiente al resto de enmiendas a este proyecto de ley.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, que se den por defendidas en sus propios términos. (Algunos señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Silencio, señorías.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Las doy por defendidas, para que conste su defensa, simplemente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Procuraré ser breve, y tal vez así consiga el aplauso de mis compañeros. Voy a defender en este acto las enmiendas procesales, tras la defensa de las enmiendas sustantivas que se ha hecho a lo largo de todo el día; estas enmiendas son las números 275, 277 y 279. En aras a la brevedad y al momento en que nos encontramos, voy a dar por defendida la enmienda 275, en relación con otra al artículo 55.1, del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, voy a dar también por defendida la enmienda 277, relacionada con nuestra enmienda de supresión al artículo séptimo, del que tanto se ha hablado a lo largo de todo el día. No obstante, hay una enmienda que creo que tiene una importancia particular, es la número 279

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de modificación del artículo 14.3 del proyecto, es decir, relativa al artículo 137 bis, 5, párrafo segundo, de la Ley Procesal, que tiene, a su vez relación con nuestras enmiendas a los artículos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores prevén que el trabajador podrá recurrir ante la jurisdicción las medidas de traslado o de modificación de las condiciones de trabajo que considere injustificadas, y obtendrá una sentencia en la cual se declare la decisión empresarial como justificada o injustificada. En tal supuesto, el trabajador tendrá derecho a ser repuesto en la situación preexistente.
Ahora bien, se nos plantea un problema que creemos que es corregible y que intentaba --era la voluntad política de nuestro Grupo-- corregir con la enmienda 279. No obstante, la portavoz del Grupo Socialista, doña Carmen Moreno, nos hizo ver en Comisión unos argumentos en orden a que este instrumento es perfectible o se puede llegar a otros lugares de encuentro, a otros instrumentos. El tema estriba en que un trabajador que se encuentre con una sentencia que declare injustificada la decisión empresarial, si el empresario no lo cumple, vía artículo 50 tendrá que ir a una rescisión de contrato para obtener una indemnización equivalente al despido improcedente. Quiere decirse que va a tener que recurrir a un doble procedimiento judicial. Pondré un ejemplo para que la Cámara, por cansada que esté, pueda entender la modesta intervención de este Diputado.
Supongamos un empresario que traslada a un trabajador de Madrid a Sevilla; supongamos que el juez estima injustificada la decisión empresarial; supongamos que el empresario no cumple la reposición y le da el trabajo en Madrid que inicialmente tenía el trabajador, ¿qué ocurre? Que si ese trabajador quiere desvincularse de la empresa y percibir una indemnización por una extinción motivada va tener que recurrir a un nuevo procedimiento; va a estar cinco, seis o siete meses en Sevilla en una situación dilatoria, le va a costar dinero, le va a costar la salud y evidentemente eficacia a la empresa.
Creo que es obligación de estas Cortes, no sólo de esta Cámara sino también del Senado --y estoy convencido que todos los grupos pueden coincidir con el Grupo Popular--, instrumentar algún método similar al del incidente de no readmisión, o la ejecución en el supuesto de los despidos regulada en la Ley de Procedimiento Laboral en los artículos 276 y siguientes. Con esto conseguimos favorecer al trabajador, evitar un doble procedimiento, descargar a los juzgados de lo social, que en noviembre han tenido 19.800 procedimientos por conflictos individuales, según datos del CES, y además conciliamos los intereses de todas las partes sociales que allí están implicadas. En el trámite del Senado se tiene la oportunidad de que en esta materia no se recuerde el viejo aforismo de que no hay mayor injusticia que la justicia tardía.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente también, señorías, para dar por defendidas las enmiendas de nuestro Grupo al resto de disposiciones que integran el proyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores. Sustancialmente, señorías, las enmiendas de nuestro Grupo plantean el mantenimiento de la figura del despido nulo. Es conocido de SS.SS. que, en la actualidad, el despido nulo es aquel que se lleva a cabo infringiendo las normas constitucionales o los preceptos de forma de ese despido. La reforma del Gobierno plantea que sólo se consideren nulos aquellos despidos que se producen infringiendo los principios de discriminación. En nuestra opinión, un despido sin respeto de la forma escrita, que posibilite al trabajador conocer las causas por las que es despedido, puede afectar a derechos constitucionales del mismo, como el derecho a la no indefensión. Por tanto, creemos que se debe mantener un despido nulo en aquellos supuestos en que el incumplimiento de las formas del despido den lugar a indefensión. Nos oponemos también, señorías, a que en aquellos supuestos en que el empresario pierde el pleito en el juzgado y decide recurrir al Tribunal superior, el coste de ese recurso corra por cuenta de todos los ciudadanos de este país por el procedimiento legal de declarar en situación de desempleo, con derecho a las prestaciones correspondientes, a ese trabajador. Nos parece que esto es fomentar la litigiosidad al abaratar y hacer gratuito el recurso de un empresario que ya ha tenido la posibilidad de dejar a un trabajador sin medio de vida durante la tramitación del procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia y que, a continuación, puede permitirse el lujo de cargar a la colectividad el coste del recurso. Nos parece, en definitiva, que estas materias son un tipo de materias en las que debe mantenerse sustancialmente la regulación que hay. Por hacer una breve referencia a alguna enmienda de otro grupo, diré, señoría, que no se puede pretender abaratar el despido por la vía de conseguir que, cuando el empresario no ha decidido despedir, se aplique la normativa del despido por su simple voluntad. Si el empresario, cuando pierde una reclamación judicial por traslado, decide despedir al trabajador, tiene absoluta libertad para hacerlo, pero con arreglo a la normativa correspondiente. Lo que no se puede es obligar a un trabajador, que tiene derecho a que se cumpla una sentencia, a que a continuación se encuentre con un

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despido, y más barato que el que corresponde legalmente.
Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Mur.
Señor Albistur, tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Decir solamente que se den por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.


La señora MORENO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, paso a ejercer mi turno en contra respecto a las enmiendas presentadas a los artículos decimotercero a decimosexto, que constituyen las modificaciones que se introducen en el texto de la Ley de Procedimiento Laboral; modificaciones que se han producido ya que, en buena técnica legislativa, una vez alterado el contenido sustantivo del Estatuto de los Trabajadores, se tenía que producir la correspondiente variación en el texto de la Ley de Procedimiento Laboral, que es la que proporciona el adecuado cauce procesal.
Es evidente que una reforma procesal de estas características, y que tiene como génesis todo un proyecto de reforma del Estatuto de los Trabajadores, tenía que contener novedades en su regulación, de las que paso a citar las más importantes. Por ejemplo, una nueva regulación en materia de calificación y efectos del despido en el proceso de impugnación de registro de actas electorales y laudos arbitrales y en la ejecución provisional de sentencias.
Es evidente, señorías --con esto contesto al señor Peralta--, que lo que tradicionalmente había venido siendo calificado como despido nulo en el ordenamiento jurídico laboral español, o, lo que es lo mismo, despido disciplinario producido sin observar los requisitos de forma, pasa ahora a calificarse como despido improcedente.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos esta nueva calificación de los despidos por considerar que se ajusta más a la realidad que la anterior normativa, que establecía la nulidad del despido por meros incumplimientos formales más propios de calificación de improcedencia, dejando la nulidad para situaciones de gravedad, tal y como hace al proyecto; es decir, para los despidos que tengan como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.
Pero esta nueva calificación de los despidos nulos no la invocamos como más realista sólo en el Grupo Socialista; sabe el señor Peralta que buena parte de la doctrina venía sosteniendo iguales postulados. En su intervención, su señoría no ha cuestionado los argumentos para dar la calificación de improcedencia a los despidos nulos, y creo que no lo ha hecho porque sabe perfectamente lo perversa que ha sido esta calificación para los trabajadores, ya que, por imperativo del artículo 113 de la Ley de Procedimiento Laboral, se obliga en todos los casos de despido nulo a la inmediata readmisión del trabajador despedido con abono de los salarios dejados de percibir y que, además, había que ejecutar en sus propios términos, es decir, una readmisión «in natura», sin posibilidad, por tanto, de sustituir la obligación por una indemnización, como ocurre en el caso de los despidos improcedentes. Esto ha dado lugar a que trabajadores que no se podían reincorporar a sus empresas porque éstas habían cerrado o habían cesado en su actividad, ni tenían trabajo ni cobraban indemnización, produciéndose un auténtico peregrinaje de juzgado en juzgado y, además, sin un título legal que les permitiese el acceso al desempleo. Esta experiencia ha demostrado que no hay peor sentencia, señor Peralta, que la que no se puede ejecutar. En estos casos eran lamentables las consecuencias personales y sociales que se producían. Y no crea que es otro motivo, es simplemente éste el que lleva a reformar la calificación de los despidos.
Por lo que respecta al Grupo Popular, no me ha parecid ver una oposición radical a las modificaciones introducidas en la Ley de Procedimiento Laboral, y ello por el número de sus enmiendas, que han sido relativamente pocas (cuatro, de las que dos han sido subsumidas). Además, estoy segura que no ha sido por inactividad de su Grupo, ya que me atrevo a presuponer que no hay un rechazo frontal, insisto, al contenido de los artículos decimoprimero a decimosexto, que son los que estamos debatiendo. No obstante, se ha referido el señor Portavoz del Grupo Popular al supuesto de una sentencia por la que se declara injustificada la movilidad geográfica o las condiciones sustanciales de trabajo si el empresario no reincorpora al trabajador o no lo hace de la debida manera, y las causas nefastas que esto puede tener para los trabajadores, dando la posibilidad al empresario de optar entre la readmisión o la indemnización por despido improcedente. Sabe su señoría que técnicamente, tal y como estaba formulada su enmienda, no podía haber ni readmisión ni indemnización porque no había habido despido; es decir, seguía existiendo el vínculo contractual entre empresario y empleado.
Por tanto, si la reincorporación no se produce, lo que corresponde es ejercitar la acción del artículo 50 del Estatuto. Pero evidentemente, y coincido con usted, no se observa ninguna dificultad para

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que en la ejecución de la sentencia que declara injustificado el traslado o el desplazamiento, el juez de lo social, además de extinguir el contrato y fijar la correspondiente indemnización, pueda pronunciarse sobre la viabilidad de los salarios, así como de la responsabilidad en orden a su pago.
Coincidimos con ese postulado y posiblemente se buscarán las vías de modificación. Como los demás ponentes han dado sus enmiendas por defendidas, no tengo más que añadir.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moreno.
Tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Señor Presidente, brevísimamente.
Quiero alegrarme, ya que no lo puedo agradecer, por esa coincidencia que la señora Moreno ha entendido en mi intervención.
Lamentablemente, no sé si debido a la impericia de este Diputado, no así con el señor Peralta. Yo he pretendido decir que nuestra enmienda no era la más adecuada técnicamente, que hay que buscar otra fórmula de encuentro, pero que el proyecto, tal cual va a salir hoy de esta Cámara, va a obligar a un doble procedimiento, y eso lo tenemos que subsanar desde la legitimación activa que tendrá el trabajador y desde la posibilidad de la percepción de una indemnización equivalente a la de un despido improcedente. Animo a todos los grupos a llegar a un acuerdo sobre esto en el Senado, porque creo que lo peor que podemos hacer es dejar un vacío en esta materia y no regular lo que podemos regular fácilmente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz. Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para contestar en una única intervención a las dos referencias que se me han hecho.
Se ha puesto el ejemplo del empresario que decide trasladar a un trabajador y la Magistratura o el Juzgado de lo Social lo declara injustificado. Se ha pretendido que en ese caso concreto el empresario tenga posibilidad de pagar la indemnización por despido al trabajador y dejarle en la calle.
Señorías, yo creo que lo que corresponde en esos casos es cumplir la sentencia del Juzgado, sin perjuicio de la facultad empresarial de despedir, que en este país y con esta reforma la va a tener en unos términos más que sobrados. Lo que no parece lógico es que teníendola en esos términos tan sobrados ya, además le financiemos la posibilidad de recurrir en aquellos casos en que los juzgados le digan que no tiene razón. De ahí que nos opongamos a que los salarios de tramitación, cuando recurre el empresario, vayan por cuenta del desempleo. Si el empresario ha perdido el pleito y decide recurrir, tendrá que pagar los salarios de tramitación. Es así en buena lógica jurídica y esa lógica se rompe cuando se decide pasar al trabajador al desempleo y que el empresario tenga toda la facultad de recurrir y toda la facilidad para sobrecargar a los juzgados de trabajo. Nada más y gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta. Tiene la palabra la señora Moreno.


La señora MORENO GONZALEZ: Señor Peralta, usted propone el caso de que no se ejecute la sentencia en primera instancia que condena al empresario a indemnizar por un despido improcedente si no ha optado por la readmisión. En su intervención se entrevé que el perjuicio sería que se colapsarían los juzgados de lo social porque el empresario siempre recurrirá. Creo que lo que ha dado a entender es efectivamente eso.
Pero, señor Peralta, la misma opción de recurrir tienen ahora tanto el empresario como el trabajador y, además, me atrevería a decir que no es una opción, es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva. Atreverse a preconizar esto, aparte de ser un ejercicio de futurología, me va a permitir que se lo diga, implica que se presupone una mala fe genérica y una perversidad absoluta a toda la clase empresarial de este país, porque no va a ejecutar ninguna sentencia y va a ir siempre a los juzgados a colapsarlos. De todas maneras, su actitud ante este tema yo creo que denota que va a haber una conflictividad laboral que se va a trasladar a los juzgados de lo social, lo cual no es más que un juicio de valor que le merece el proyecto de la reforma del mercado laboral que estamos defendiendo. Yo creo, señor Peralta, que usted y varios miembros de su Grupo han puesto en una balanza el empleo y al empleador y se les ha ido la balanza por el empleador. Nuestro Grupo ha puesto en la balanza el empleo y el empleador y le ha quedado equilibrada, es decir, se mantienen absolutamente todos los derechos de los trabajadores, pero se apuesta por el empleo desde una perspectiva de la competitividad y de la flexibilidad laboral. Una perspectiva que, además, desde un punto de vista intelectual y desde un punto de vista de izquierdas y progresista es la única que se puede sostener, porque no hay actividad más insolidaria, más demagógica y más injusta que la que se produce entre la clase que está parada.
Esto, señor Peralta, es una reforma con un único objetivo: el empleo. Hacia ahí va encaminada esta reforma, que yo creo que va a tener futuro. Se equivocaron

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ustedes en el Estatuto de los Trabajadores de 1984 y yo creo que se vuelven a equivocar ahora.
Muchas gracias y nada más. (Varios señores Diputados en los bancos del Grupo Socialista: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moreno.
Vamos a proceder a las votaciones y hago la misma advertencia que he hecho en otro momento de esta sesión. Las votaciones de las enmiendas de cada uno de los grupos se refieren a aquellas que se mantienen vivas, es decir, las que no han sido retiradas en el curso del debate, bien directamente, bien por estar afectadas por alguna transaccional aceptada.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana, pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas números 327, 330, 331 y 350 en un bloque, y el resto en otro.
Gracias, señor Presidente. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Pedimos votación separada de la enmienda número 317, de Izquierda Unida, y de la 355. (El señor Peralta Ortega, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, en relación con la enmienda 318, yo creo que el Grupo Socialista había ofrecido una transaccional, y de constar así retiraríamos dicha enmienda 318 para votar esa transaccional.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Efectivamente, hay una transaccional referida a la enmienda 318, del Grupo de Izquierda Unida, que entiendo retirada para poder votar la transaccional. Enmiendas números 327, 330, 331 y 350, del Grupo de Izquierda Unida. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 149; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 317 y 355, del mismo Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 192; en contra, 130.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 20; en contra, 302.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


Enmiendas del Grupo Mixto, señor Mur. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Para pedir votación separada de la enmienda número 153.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 153, del señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 24; en contra, 297.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, siete; en contra, 314; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del señor González Lizondo. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Pediríamos votación separada, y en un mismo bloque, de las enmiendas números 25, 28, 30, 32, 33, 34, 36 y 37. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


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El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de las enmiendas números 26 y 43.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 25, 28, 30, 32, 33, 34, 36 y 37 del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 24; en contra, 297; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 26 y 43, del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 134; en contra, 184; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, ocho; en contra, 312; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas de la señora Rahola. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)

El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Pediríamos votación separada de la enmienda número 4.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 4, de la señora Rahola. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 20; en contra, 300.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, cinco; en contra, 316.El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del señor Albistur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, siete; en contra, 314; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor Hinojosa i Lucena pide la palabra.) El señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, para pedir votación separada de las enmiendas del Partido Popular de la 256 a la 265, ambas inclusive, y todas votadas en un solo bloque.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) El señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Para pedir votación separada en un mismo bloque de las enmiendas números 222, 223, 239, 240 y 245.
Gracias. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Caldera tiene la palabra.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de la enmienda 241, del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 222, 223, 239, 240 y 245, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 151; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 241, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 300; en contra, 17; abstenciones, cinco. El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.


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Enmiendas números 256 a 265, ambas inclusive, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 150; en contra, 168; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 131; en contra, 189; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 23; en contra, 299.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicito votación separada de las enmiendas números 46, 58, 61, 66 a 69, ambas inclusive, 70 y 75 en un bloque, la número 64 por separado y el resto en un tercer bloque.
Gracias, señor Presidente. (El señor Caldera Sanchez-Capitán pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Caldera tiene la palabra.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo ha presentado dos enmiendas transaccionales a las enmiendas números 48 y 71, del Grupo Vasco (PNV). Desearíamos saber si son admitidas.


El señor PRESIDENTE: En el curso del debate, el representante del Grupo Vasco (PNV) ya ha aceptado estas enmiendas transaccionales y ha retirado las enmiendas de su Grupo a las que se referían. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) El señor Peralta tiene la palabra.El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Pediríamos la votación separada en un mismo bloque de las enmiendas números 57, 58 y 59. (El señor Hinojosa i Lucena pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Pedimos votación separada de las enmiendas números 69, 72, 73 y 74, del Grupo Vasco (PNV).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Enmiendas números 46, 58, 61, 66 a 68, 70 y 75, del Grupo Vasco (PNV). (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) El señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Ha citado usted en este bloque, señor Presidente, la número 58, que nosotros habíamos pedido que se votara en un bloque aparte.


El señor PRESIDENTE: Disculpe, lleva razón. Es la enmienda que coincide con otro bloque que ha sido solicitado.
Repito: enmiendas números 46, 61, 66 a 68, ambas inclusive, 70 y 75. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 137; en contra, 184.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 57 y 59, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 25; en contra, 297.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 58, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 151; en contra, 169; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 64, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, nueve; en contra, 185; abstenciones, 127.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 69, del mismo Grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 154; en contra, 166; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 72, 73 y 74, del mismo Grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 24; en contra, 297; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, siete; en contra, 312; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 149; en contra, 172; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas transaccionales propuestas en relación con la enmienda 318, de Izquierda Unida, y con las enmiendas 48 y 71, del Grupo Vasco (PNV). (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, ¿se podrían votar separadamente la transaccional relativa a nuestro Grupo?

El señor PRESIDENTE: Enmienda transaccional formulada en relación con la enmienda 318, de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 192; en contra, uno; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas transaccionales formuladas en relación con las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 176; en contra, dos; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Pasamos a votar el dictamen de la Comisión correspondiente a este proyecto de ley.
El Grupo Popular ha solicitado la votación separada de los artículos primero, apartados 1, 2 y 3; artículo segundo, apartados 2, 3 y 4; artículo tercero, apartados 1 y 2... (El señor Arias-Salgado Montalvo entra en el hemiciclo.--Rumores.) Ruego silencio. Artículo cuarto, apartados 1, 2 y 3...
(Pausa.) Señorías, la Presidencia no está dando lectura a la solicitud del Grupo Popular para su placer personal, sino para información de SS.SS. Les ruego guarden silencio.
Se votará en un bloque: artículo quinto, apartados 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14; artículo sexto; artículo octavo, apartados 1, 2, 5, 6, 7 y 8; artículo noveno; artículo decimoprimero; artículo decimosegundo, apartados 2, 3, 5, 6 y 7; artículo decimotercero; artículo decimoquinto; artículo decimosexto; disposición transitoria primera; disposición derogatoria y disposiciones finales primera y quinta; y en otro bloque, el artículo tercero, apartado 5; artículo quinto, apartado 6; artículo séptimo; artículo octavo, apartados 3 y 4; artículo décimo; artículo decimosegundo, apartado 1; artículo decimocuarto, apartado 2; disposición adicional primera; disposiciones transitorias segunda y tercera y disposiciones finales segunda, tercera y cuarta. (El señor Peralta Ortega pide a palabra.) El señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Con más modestia, pero con más claridad también, pedimos votación separada sólo del artículo siete. (El señor Hinojosa y Lucena pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente sólo era para pedir votación separada del artículo siete, como ya se ha solicitado.


El señor PRESIDENTE: Votación relativa al primero de los bloques de apartados del dictamen que han sido leídos, que ha sido solicitado por el Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 301; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente al artículo siete.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 172; en contra, 147; abstencione, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente al segundo bloque de los solicitados por el Grupo Popular, con exclusión, lógicamente, del artículo siete, que ha sido votado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 170; en contra, 151; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente a la exposición de motivos. (El señor Hinojosa i Lucena pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, para pedir votación separada del punto 5 de la exposición de motivos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa. Antes de votar la exposición de motivos votaremos el resto del dictamen que no estaba incluido en estos bloques. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: No hemos entendido exactamente qué es lo que se acaba de plantear. ¿Puede repetirse?

El señor PRESIDENTE: El señor Hinojosa ha pedido la votación separada de una parte de la exposición de motivos, pero antes, como digo, vamos a votar el resto del dictamen que no ha sido objeto de votación hasta este momento.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 168; en contra, 21; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa al párrafo 5.º de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 166; en contra, 148; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa al resto de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 170; en contra, 150; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen y con ello concluidas las votaciones relativas a este proyecto de ley.
Se levanta la sesión.


Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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