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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 72, de 17/05/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 72 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 71 celebrada el martes, 17 de mayo de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Parlamento de Galicia, sobre transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la competencia estatal en materia de puertos de interés general. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 1.1, de 7 de julio de 1993 (número de expediente 125/000002) (Página 3601) --Variaciones en el orden del día (Página 3611)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):

--Del Parlamento de Galicia, sobre modificación del artículo 82 de la Ley General de Sanidad estatal, en lo referente al financiamiento de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 3.1, de 7 de julio de 1993 (número de expediente 125/000003) (Página 3611) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 66.1, de 21 de marzo de 1994 (número de expediente 122/000053) (Página 3620)

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--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 40.1, de 22 de noviembre de 1993 (número de expediente 122/000030) (Página 3625) --De los Grupos Socialista, Popular en el Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (CiU), Vasco (PNV), Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las Comisiones de Investigación (número de expediente 410/000004) (Página 3631)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se interesa la remisión a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y al Congreso de los Diputados de aquellas circulares que emanen en lo sucesivo de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios y que sean de obligado cumplimiento para los directores de los centros penitenciarios. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 76, de 22 de marzo de 1994 (número de expediente 162/000086) (Página 3637) --Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se propone la libertad de amortización para las inversiones generadoras de empleo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 26, de 8 de noviembre de 1993 (número de expediente 162/000042) (Página 3642)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 73, de 18 de mayo de 1994.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3601)

Del Parlamento de Galicia, sobre transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la competencia estatal en materia de puertos de interés general (Página 3601)

Defiende la proposición de ley, en nombre del Parlamento de Galicia, el Diputado de aquel Parlamento señor Vila Pérez, manifestando que presentan esta proposición ante las Cortes Generales por afectar a una materia que excede del marco competencial autonómico, por lo que buscan la transferencia de competencias y de los medios económicos correspondientes a los puertos de interés general de La Coruña, El Ferrol, Villagarcía, Marín y Vigo. Expone que la distinción entre puertos de interés general del Estado y puertos de la Comunidad Autónoma no está justificada por la función económica estratégica que cumplen sino simplemente por el tamaño y volumen del tráfico. Aboga por la modernización de las vías de comunicación terrestres con el resto de la península y Europa, sin lo cual los puertos gallegos no pueden aprovechar sus extraordinarias condiciones naturales para convertirse en grandes y eficaces puertos aduaneros.
Agrega que la transferencia a las instituciones autonómicas de los puertos de interés general facilita una planificación conjunta de todos los puertos de Galicia, con la participación de todos los sectores económicos, sociales y territoriales afectados, y asimismo facilita una gestión comercial apropiada de la que carecen hoy los puertos gallegos y que deben constituir la base principal de su modernización.
Termina señalando que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía gallego posibilitan la transferencia de estas competencias y el sentido común lo aconseja, por lo que sólo hace falta la voluntad política necesaria para llevarlo a efecto. Confía en que esa voluntad política mayoritaria salga hoy de esta Cámara, que es la de todos los pueblos de España.
Completa la defensa de la proposición de ley, en nombre del Parlamento de Galicia, el señor Trigo Durán, manifestando que Galicia y su Parlamento reclaman en este momento una transferencia competencial en materia de puertos porque Galicia considera que donde hay intereses propios gallegos tienen que tener competencias. Considera que la mayoría de estos puertos tienen la calificación de

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interés general en función de que en algún momento tuvieron relación con las Fuerzas Armadas y no por razón del comercio, ya que, en este caso, el Estado se habría ocupado de que aquellos puertos tuviesen buenas comunicaciones para que pudiesen servir de relación comercial en el ámbito de todo el Estado y que los productos de Castilla y de otras partes del Estado pudiesen salir a través de Galicia. Lamentablemente, estos puertos para lo único que han servido ha sido para la emigración en el pasado, ya que Galicia permanece totalmente aislada, cuando lo que necesita es un proyecto integral económico y un proyecto de planificación económica que no se puede realizar teniendo cinco fielatos fuera de su jurisdicción. Exige, por tanto, que estos puertos pasen a su competencia, porque es la única manera de que puedan entrar en un proyecto económico integral de la Comunidad Autónoma. En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Nadal i Male, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular, y Jerez Colino, del Grupo Socialista.


Sometida a votación la proposición debatida, es rechazada por 132 votos a favor, 170 en contra y una abstención.


Variaciones en el orden del día (Página 3611)

El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la exclusión del orden del día de la presente sesión del dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado correspondiente a 1990 y resoluciones adoptadas por la misma.
Se aprueba por asentimiento dicha exclusión del orden del día.
Asimismo se somete al Pleno de la Cámara, de conformidad igualmente con el artículo 68 del Reglamento, la inclusión en el orden del día de la presente sesión de la toma en consideración de la proposición de los Grupos Socialista, Popular, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre la publicidad de las Comisiones de Investigación.
Se aprueba por asentimiento la inclusión de este punto en el orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) (Página 3611)

Del Parlamento de Galicia, sobre modificación del artículo 82 de la Ley General de Sanidad estatal, en lo referente al financiamiento de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social (Página 3611)

En nombre del Parlamento de Galicia defiende la proposición de ley el señor Vázquez Vázquez, postulando la modificación del artículo 82 de la Ley General de Sanidad en lo referente a los criterios de financiación de los servicios transferidos a las comunidades autónomas. Afirma que Galicia es un país periférico, secularmente marginado por el poder central, siendo el pueblo gallego cada vez más consciente de su propia identidad y, en consecuencia, cada vez está menos dispuesto a seguir tolerando las actuaciones arbitrarias a las que se ve sometido una y otra vez. No vienen a pedir un trato de favor en la financiación de la sanidad pública gallega sino a exigir un trato justo e igualitario que les permita equiparar la atención a sus ciudadanos con los del resto del país.
Agrega que la aplicación del modelo de financiación establecido en el artículo 82 de la Ley General de Sanidad perjudica claramente a Galicia y la impide recuperar el terreno perdido en los últimos años en materia de recursos sanitarios, por lo cual el Parlamento de la Comunidad Autónoma aprobó por unanimidad una proposición de ley de modificación del citado artículo 82, de manera que la financiación de estos servicios sanitarios gallegos se realizase en función de los criterios que expone a la Cámara. Considera evidente que se necesitan más recursos para atender a las necesidades de una población más dispersa que los de una población más concentrada y que criterios iguales no pueden servir para aplicar a realidades diferentes, todo lo cual justifica, a su entender, la toma en consideración de la proposición de ley.
Continúa la defensa de la proposición de ley el Diputado del Parlamento gallego señor Cerviño González, que desea dejar constancia en esta Cámara de que el Grupo de los Socialistas de Galicia apoyó en su día con su voto esta proposición de ley, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica.
En consecuencia, aunque son conocedores de que se está estudiando la modificación del sistema general de financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, creen que es coherente en este momento pedir a esta Cámara el voto favorable a la proposición de ley, pero además de coherente

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es justo desde el punto de vista de la defensa de los intereses colectivos de Galicia, aunque a veces entren en contradicción con los intereses generales del Estado, porque cuando se trata de cuestiones secundarias los intereses locales son también intereses españoles y la suma de todos ellos es la que ha de constituir la base más sólida para el asentamiento de una democracia.
Facilita algunos datos sobre los gastos sanitarios en Galicia, comparándolos con los relativos al resto del Estado, y afirma que, de aprobarse la proposición de ley, se aceleraría el proceso de igualdad territorial que los gallegos necesitan en ésta y en otras cuestiones.
Completa la defensa de la proposición de ley, en nombre del Parlamento de Galicia, el señor Rodríguez Pérez, señalando que, a su entender, ya los compañeros que le han precedido han aducido razones de peso en favor de la proposición de ley, una iniciativa que parte de la oposición en el Parlamento de Galicia, pero que fue aprobada unánimemente, lo cual indica su carácter no partidista. Alude a los antecedentes del artículo 82 de la Ley General de Sanidad, con una redacción distinta a la que finalmente fue aprobada, redacción que resulta perjudicial para la Comunidad Autónoma gallega, y termina pidiendo el voto favorable para la proposición de ley, que no supone ningún privilegio sino, muy al contrario, una petición de mera justicia. Para fijación de posiciones interviene el señor Cardona i Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la señora Maestro Martín, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor Gómez Vázquez, del Grupo Popular, y la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, es rechazada la proposición de ley debatida por 140 votos a favor, 159 en contra y seis abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes (Página 3620)

En defensa de la proposición de ley del Grupo Popular interviene el señor Cotoner Goyeneche, postulando la inclusión de los ciclomotores junto a los demás vehículos de motor en la redacción del artículo 340 bis a) del Código Penal. Aclara que hastael presente únicamente se han venido considerando incluidos en la redacción de este artículo los vehículos de motor, entre los cuales no se consideran los ciclomotores, debido a que en el Real Decreto legislativo 339/90, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre el tráfico, conducción de vehículos a motor y seguridad vial, se excluye expresamente a los mismos. Agrega que la introducción del artículo 340 bis a) en el Código Penal tuvo su fundamento en la necesidad de política criminal de aumentar los supuestos de conducción temeraria ante la alarma social que estaban originando ciertos comportamientos, como el caso de los llamados conductores suicidas, pero el legislador no pareció tener en cuenta que igual riesgo se derivaba de la conducción de otro tipo de vehículos, como son los ciclomotores, sobre todo teniendo en cuenta que son los jóvenes las personas más afectadas por la siniestralidad y la accidentalidad vial por este tipo de conducción. De ahí la importanciade tipificar esta conducta, derivada de la incidencia en la seguridad vial de este tipo de conducción.
Facilita numerosas cifras sobre accidentes de tráfico en los últimos años en apoyo de la tesis que viene manteniendo y concluye solicitando el voto favorable para la toma en consideración de la presente proposición de ley. Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; González Lizondo, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, de Coalición Canaria, y De la Rocha Rubí, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley del Grupo Popular por 301 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (Página 3625)

En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defiende la proposición de ley la señora Urán González. Comienza señalando que no es la primera vez que su Grupo defiende esta proposición en la Cámara, pero la siguen presentandodado que el marco legal en que se mueve la interrupción voluntaria del embarazo desde que se aprobó la ley vigente en 1985 sigue exactamente igual, manteniéndose, por tanto, las incidencias que han venido denunciando a lo largo de estos años. Afirma que se trata de una ley que no cubre las necesidades de las mujeres, a las que sigue considerando con una minoría de edad que no las permite la libre decisión de una maternidad responsable y tampoco las permite el derecho a la intimidad

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en un acto que a ninguna mujer la gusta tener que adoptar, pero al que las circunstancias posiblemente las obliga. Agrega que su Grupo sigue manteniendo la necesidad de una ley de plazos que permita que las mujeres decidan libremente, dentro de las dieciséis primeras semanas de gestación, si quieren o no ser madres, y al mismo tiempo plantean en su proposición que tiene que aumentarse la planificación familiar y, por supuesto, defender y proteger la intimidad de las mujeres.
También plantean y defienden que la interrupción voluntaria del embarazo ha de ser en la red sanitaria pública y gratuita para todas aquellas mujeres que libremente decidan si quieren o no ser madres, e igualmente pretendenque se regule la objeción de conciencia de manera que los profesionales que se nieguen a practicar interrupciones del embarazo en la sanidad pública tampoco las puedan practicar en la sanidad privada.
Concluye señalando que los planteamientos que formula en la proposición constituyen un marco abierto al debate, ya que si bien entienden que este marco es el adecuado, igual puede serlo otro cualquiera para analizar el tema y buscar el consenso necesario en esta Cámara, a fin de conseguir que sin más demora las mujeres puedan decidir libremente cuándo quieren ser madres. Para fijación de posiciones interviene la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); el señor Cardona i Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Rudi Ubeda, del Grupo Popular, y Pelayo Duque, del Grupo Socialista.
Interviene de nuevo la señora Urán González, manifestando que, a la vista de lo expuesto por la portavoz del Grupo Socialista, haciendo un compromiso firme de que el Gobierno traerá a la Cámara el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, junto con el Código Penal, antes del 30 de julio, su Grupo retira la proposición de ley, aclarando que si tal compromiso no se cumple el 1 de septiembre volverán a presentarla nuevamente a la Cámara.


De los Grupos Socialista, Popular en el Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las Comisiones de Investigación (Página 3631)

El señor Cuesta Martínez, en nombre del Grupo Socialista, recuerda la resolución aprobada el pasado 20 de abril, con motivo del debate de política general sobre el estado de la Nación, en relación con el funcionamiento de las comisiones de investigación y la necesidad de reforma del Reglamento de la Cámara. Alude al tratamiento que a dichas comisiones se les da en la legislación comparada y afirma que el secreto sistemático e injustificado puede producir, en términos democráticos, efectos perversos, resultando en ocasiones que el propio secreto genera indefensión en el ciudadano si trasciende una información incorrecta y falsa sobre una comparecencia. Por consiguiente, se hace preciso dar un paso más en la transparencia del funcionamiento de las instituciones, levantando el carácter secreto de las comparecencias ante las comisiones de investigación en determinadas circunstancias. Menciona también las excepciones que proponen al principio de publicidad, señalando que es necesario combinar publicidad y garantías, publicidad y seguridad del Estado y publicidad y funcionamiento del Poder judicial, sin merma alguna de la independencia de los jueces y de la propia investigación judicial.
En definitiva, con la reforma se pretende potenciar, racionalmente y con responsabilidad, la transparencia de la Cámara con una resolución consensuada que signifique un paso importante que combine garantías, secreto, razones de seguridad, independencia del Poder Judicial, publicidad y transparencia de las instituciones.
La señora De Palacio Valle-Lersundi, en nombre del Grupo Popular, comienza lamentando la confusión que se sigue manifestando por parte del Ejecutivo entre lo que es el Legislativo y lo que es el propio Poder Ejecutivo, a la vista de recientes declaraciones del Secretario General del Portavoz del Gobierno. Aclarando lo anterior, se alegra de que esta disposición sea aprobada por unanimidad de la Cámara, porque va a suponer una mayor agilidad, vitalidad y transparencia en relación con uno de los instrumentos de control que se ha revelado como más útil, más práctico y adecuado para conseguir precisamente ese equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Coincide con su antecesor en el uso de la palabra en relación con las soluciones previstas en la legislación comparada que, lógicamente, se ha tenido en cuenta al elaborar esta proposición de ley, y espera que el consenso alcanzado en esta modificación concreta del Reglamento tenga continuación en un acuerdo próximo para que estas comisiones de investigación se conviertan en un derecho de una minoría cualificada, con las limitaciones a que dé lugar.


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El señor Ribó Massó, en nombre del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, manifiesta que su Grupo ha sido partidario siempre de que las comisiones de investigación fueran públicas, por un principio elemental de trasparencia y de publicidad ligado a la idea de la democracia. De hecho, en este momento ya son públicas, toda vez que cada uno hace de su capa un sayo, señalando que no todos los grupos de la Cámara, ni mucho menos los mayoritarios, han sido siempre partidarios de que las comisiones de investigación tuvieran carácter público, como pudo comprobarse durante la elaboración de los diversos proyectos de Reglamento. En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor López de Lerma i López señala que su propuesta sobre el carácter público de las comisiones de investigación la vienen manteniendo desde hace años, aunque no prosperó en el seno de la ponencia que intentaba revisar el Reglamento de la Cámara. En este momento no importa tanto la autoría de la proposición de ley como el contenido concreto de la misma, que su Grupo avala, primero, para reforzar el principio de publicidad que preside la actividad del Parlamento y, en segundo lugar, para reforzar la tutela constitucional de los derechos fundamentales.
El señor González de Txabarri Miranda, en nombre del Grupo Vasco (PNV), considera que la publicidad y la transparencia de las comisiones de investigación puede ayudar en algunos de los aspectos incluidos dentro de la misma investigación, aunque no debiera ser el único criterio a tener en cuenta en relación con este tipo de comisiones. Alude, por otra parte, al hecho de que no respetar el secreto de dicha comisión o no trabajar con suficiente rigor y eficacia puede provocar que los derechos de algunos ciudadanos o de terceros puedan verse gravemente afectados. De ahí que resalte la necesidad de actuar con responsabilidad suficiente ante materias tan delicadas como las que están contemplando en este momento al tratar de la reforma del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones Sevilla destaca la importancia de la transparencia y la publicidad en los trabajos de la Cámara, afirmando que la modificación del artículo 64 del Reglamento es positiva, porque permite que lo normal en las comisiones de investigación sea el principio de transparencia y publicidad y la excepción sea su carácter secreto. De ahí su apoyo solidario a la modificación que se propone.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, se alegra del consenso que en este momento existe respecto a la proposición de ley, esperando que continúe a lo largo de su tramitación parlamentaria, respecto a lo cual su Grupo anuncia ya la presentación de algunas enmiendas. Menciona también la necesidad de combinar publicidad y garantías e intimidad de los comparecientes en estas comisiones, y de ahí la necesidad de actuar con prudencia en la importante cuestión que les ocupa. Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley debatida por 294 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Proposiciones no de ley (Página 3637)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se interesa la remisión a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y al Congreso de los Diputados de aquellas circulares que emanen en lo sucesivo de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios y que sean de obligado cumplimiento para los directores de los centros penitenciarios (Página 3637)

El señor Gil Lázaro defiende la proposición no de ley del Grupo Popular, manifestando que la misma responde a la necesidad de contribuir a solventar un conflicto prolongado entre la Administración de justicia y la Administración penitenciaria y, por lo mismo, contribuir a garantizar la plena efectividad de los principios de legalidad y de seguridad jurídica en el marco del ejercicio de la legítima potestad auto-organizativa de esa misma Administración penitenciaria.
La proposición pretende conseguir que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria tengan un conocimiento inmediato del contenido de estas circulares, a fin de superar una de las principales disfuncionalidades del actual sistema y, por lo mismo, que este Congreso tenga también constancia de ese contenido, dado el papel vertebrador que estas circulares vienen desempeñando en nuestra práctica penitenciaria. Desde este conocimiento judicial y parlamentario pretenden propiciar una mejor posibilidad de control sobre estas circulares a efectos de que las mismas ni orillen ni traspasen los contenidos y el sentir esencial del ordenamiento penitenciario vigente.
El señor Rodríguez Zapatero, en representación del Grupo Socialista, defiende la enmienda presentada a la proposición no de ley. Para fijación de posiciones, intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Casas i Bedos, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y señora Aguilar Rivero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


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Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, es aprobada por 291 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se propone la libertad de amortización para las inversiones generadoras de empleo (Página 3642)

El señor Sánchez i Llibre defiende la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), manifestando que desde el inicio de esta legislatura su Grupo ha defendido con insistencia que la salida de la crisis pasa inexorablemente por el fomento de la economía productiva, y cree que los hechos les están dando la razón. Menciona algunos indicadores que parecen apuntar a que se encuentran en el buen camino, aunque su responsabilidad como políticos y representantes de los ciudadanos les obliga a cuestionarse de qué manera pueden contribuir al asentamiento de una fase expansiva de nuestra economía. Añade que su primer deber es proporcionar estabilidad y confianza en las instituciones, pero, acto seguido, deben adoptar todos aquellas medidas de estímulo económico susceptibles de consolidar la tan deseada recuperación, porque la superación de la crisis ha de ser en esta Cámara un objetivo común y sin fisuras, por encima de cualquier interés electoral o partidista. Afirma finalmente que la proposición no de ley sobre libertad de amortización supone una gran dosis de confianza, por lo que puede influir notablemente en el avance de unas inversiones que, por fuerza, mejorarán la situación económica de España. Cree que deben ayudar a anticipar la decisión de los inversionistas en beneficio de la economía productiva, abordando de manera decidida una política de estímulos que fomente la inversión, al igual que están haciendo los países más avanzados de nuestro entorno. En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Costa Climent, del Grupo Popular, y la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista. En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV), y Ribó Massó, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas presentadas a lo largo del debate, fue aprobada por 255 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones.Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL PARLAMENTO DE GALICIA, SOBRE TRANSFERENCIA A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DE LA COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE PUERTOS DE INTERES GENERAL (Número de expediente 125/000002)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Parlamento de Galicia sobre transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la competencia estatal en materia de puertos de interés general. Para la defensa de esta proposición de ley, en nombre del Parlamento de Galicia, tiene la palabra, en primer lugar, don José Manuel Vila Pérez.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Vila Pérez): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, buenas tardes.
Me cabe el honor de defender ante esta Cámara la toma en consideración de la proposición de ley de transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la competencia estatal en materia de puertos de interés general, conjuntamente con mis compañeros don José Antonio Ventoso Mariño, del Grupo Parlamentario Socialista, y don Francisco Trigo Durán, del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Gallego.
Constituye para mí una doble satisfacción personal y política.
Por un lado, la satisfacción de poder hablar por primera vez ante esta Cámara y, por otro, el hacerlo en nombre y representación del Parlamento gallego. No quisiera comenzar mi intervención sin recordar al autor proponente de esta iniciativa legislativa, el ex Diputado y compañero don Camilo Nogueira Román, del Partido Socialista Galego Esquerda Galega, incansable trabajador por los intereses de Galicia, que a buen seguro seguirá con suma atención el desenlace de este debate.
Señor Presidente, señorías, utilizando el mecanismo previsto en el artículo 87.2 de nuestra Constitución y el artículo 10, letra f), de nuestro Estatuto de Autonomía, traemos a debate esta proposición de ley que fue aprobada mayoritariamente por el Parlamento gallego.


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Presentamos esta proposición ante las Cortes Generales por tratarse de una materia que excede de nuestro marco competencial, y buscamos la transferencia de competencias y de los medios económicos presupuestarios correspondientes de los puertos de interés general de La Coruña, El Ferrol, Villagarcía, Marín y Vigo. El conjunto de los puertos de Galicia, en su dedicación al comercio de mercancías y específicamente la pesca, tiene una profunda unidad y una gran interrelación con la economía gallega a la que sirven y de la que dependen. La distinción entre puertos de interés general del Estado y puertos de la comunidad autónoma no está justificada por la función económico-estratégica que cumplen.
La distinción no tiene en Galicia más explicación que el tamaño y el volumen de tráfico; ni su dedicación básica ni el carácter de su interland de influencia justifican la separación. El desarrollo económico de un país depende, con otros factores, de la extensión de los mercados comprendidos, que en esta época está básicamente condicionada por las infraestructuras de transporte. Para ello, Galicia cuenta con una singular configuración de puertos naturales dentro de sus más de 1.300 kilómetros de costa, cerca de un quinto de la costa penínsular, que han de facilitar la eficacia del transporte marítimo a través del cual se efectúa en el mundo el mayor volumen de tráfico relacionado con la exportación. Galicia tiene, posiblemente, los mejores muelles naturales de Europa y todavía los más importantes puertos de pesca, los de Vigo y La Coruña, del continente. Pero a pesar de sus condiciones naturales, los puertos gallegos no disfrutan en conjunto de la vitalidad debida en el tráfico de mercancías. El interland de los puertos gallegos, o sea el territorio que traslada a un puerto determinado, como mínimo, el 70 por ciento de su transporte marítimo, está reducido a la propia Galicia, en tanto que los grandes puertos europeos extienden su influencia comercial hasta el corazón del continente. Otros puertos españoles, como los del Cantábrico, extienden su interland hasta el mismo centro de la península.
A partir de los límites geográficos de Galicia existe una auténtica barrera para el tráfico portuario, en correspondencia con las extremas dificultades que caracteriza el tráfico por carretera y ferrocarril, debido a las deficientes infraestructuras existentes. Se demuestra así la urgente necesidad de una actuación simultánea y urgente sobre el conjunto de los medios de transporte y vías de comunicación que afectan a Galicia.
Sin la modernización de las vías de comunicación terrestre con la península y con Europa, los puertos gallegos no pueden aprovechar sus extraordinarias condiciones naturales para convertirse en grandes y eficaces puertos atlánticos.
Por otra parte, es evidente que los puertos gallegos ni siquiera aprovechan las posibilidades de una actuación conjunta. Los puertos de Vigo y de La Coruña están total y radicalmente incomunicados entre sí, debido tanto a las deficientes comunicaciones por carretera y especialmente por ferrocarril entre las dos principales ciudades gallegas como a la dependencia centralizada de su gestión desde la Administración central. De los puertos depende una parte principal de la economía de las ciudades costeras gallegas, acercándose, en el caso de La Coruña y Vigo, al 30 por ciento de su base económica, de tal modo que las principales urbes de Galicia, también en el caso de Ferrol, Villagarcía y Marín, se explican en su desarrollo precisamente por las actividades marítimas y portuarias. La transferencia a las instituciones autonómicas de los puertos de interés general facilita una planificación conjunta de todos los puertos de Galicia, con la participación de todos los sectores económicos, sociales y territoriales afectados y a la creación de un sistema de transporte interno y externo que proyecte la economía gallega cara a la península y cara a Europa. Por otra parte, la transferencia facilita una gestión comercial apropiada de la que carecen hoy los puertos gallegos y que debe constituir la base principal de su modernización.
La Constitución española, a través del artículo 150.2 y el Estatuto de Autonomía a través de los artículos 27.32, 29.5 y 36 posibilita la transferencia de competencias susceptibles por su propia naturaleza de serlo, circunstancia que cumplen las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de puertos de interésgeneral determinado por el artículo 149.20 de la Constitución. Realizada la transferencia de competencias, se efectuará la correspondiente a los servicios y medios de financiación correspondientes. Por estos motivos, y con fundamento en los artículos 150.2 de la Constitución y 36.1 del Estatuto de Autonomía, esta ley contempla igualmente la recalificación de los puertos de Villagarcía y Marín, que no disfrutarán de la calificación de puertos de interés general del Estado, y de los puertos pesqueros de La Coruña, Ferrol y Vigo que, igualmente, dejarán de estar sujetos a tal calificación. En consecuencia, estos puertos pasarán a la competencia de la comunidad autónoma en los términos de los artículos 27.9 y 28.6 respectivamente del Estatuto de Autonomía.
Señorías, me atrevería a decir que la proposición de ley en su formulación denota, por su timidez en algunos puntos, el deseo inequívoco de avanzar y de dar pasos hacia adelante, en definitiva, el deseo de que sea tomada en consideración. Somos conscientes de que estas proposiciones, cuando se toman en consideración, deben seguir un trámite; trámite en el que seguramente se podrá mejorar la redacción actual, pues no debemos ignorar los cambios experimentados desde su formulación en marzo de 1990, con una nueva ley de puertos, una nueva coyuntura política, en definitiva, una nueva forma de ver las cosas. Abrirá, asimismo, un

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camino para otras comunidades hermanas para las que los puertos son de vital importancia. (Rumores.) Este humilde Diputado que les habla, vinculado al mundo del mar y de la pesca...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vila.
Señorías, ruego guarden silencio.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Vila Pérez): Decía, señor Presidente, que este humilde Diputado que les habla, vinculado al mundo del mar y de la pesca, les puede asegurar que la falta de control sobre estos puertos, por parte de la comunidad autónoma, hace que se conviertan en auténticos quistes a la hora de planificar la política pesquera. Señoras y señores Diputados, a las autonomías que nos hemos dado hay que dotarlas de contenido y, sin caer en la política del quítate tú que me pongo yo, hay competencias que razonablemente deben seguir en manos del Estado y otras, como la que nos ocupa, que deben pasar a las comunidades autónomas en bien del interés general. La Constitución española y el Estatuto de Autonomía, a través de los artículos referenciados, posibilitan la transferencia de estas competencias. El sentido común, sin duda la mejor constitución del mundo, lo aconseja; sólo nos hace falta la voluntad política necesaria de llevarla a efecto. Confiamos en que esa voluntad política mayoritaria salga hoy de esta Cámara, que es la Cámara de todos los pueblos de España.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores Diputados. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vila.
Para la defensa de la misma proposición, en nombre del Parlamento de Galicia, tiene la palabra don Francisco Trigo Durán.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Trigo Durán): Señor Presidente, señorías, buenas tardes.
Permítaseme dirigir un saludo porque hoy es un día importante en nuestro país, el día de las Letras gallegas, en que recordamos a Luis Seoane, que fue una de las personas que originó que hoy Galicia pueda ser reconocida en el Estado como una nacionalidad histórica, aunque Galicia es una nación para los que así confesamos nuestra ideología política.
Señoras y señores Diputados, Galicia y su Parlamento reclaman en este momento una transferencia competencial en materia de puertos, porque se considera que donde hay intereses propios Galicia tiene que tener competencias. No podemos permitir que la Ley de Puertos del año 1928, reformada por la Ley de Puertos y de Marina Mercante de 1992, mantenga 27 puertos de interés general, entre ellos cinco gallegos; realmente el título de interés general no se ha visto compensado por ningún lado. (Rumores.) Se dice en la Ley de Puertos del año 28...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Trigo.
Señorías, ruego guarden silencio.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Trigo Durán): Se dice en la Ley de Puertos del año 28, y es el mismo espíritu que recoge la Ley de Puertos y de Marina Mercante de 1992, que los puertos se declaran de interés general por servir y relacionar el comercio de varias provincias o regiones. Tengo que decir que, curiosamente, las únicas provincias que se pueden relacionar con los puertos de interés general de Galicia, en función de la falta de comunicaciones que estamos padeciendo los gallegos, son las provincias gallegas. Ese es un argumento para que los puertos de interés general pasen a ser competencia de la comunidad autónoma. No hay que olvidar que muchos pensamos que Vigo, Villagarcía, Coruña, Ferrol y Marín son puertos de interés general en función de que en algún momento tuvieron relación con las Fuerzas Armadas, y la prueba es que tres de ellos son comandancias de Marina, que Ferrol es base naval y Marín tiene la Escuela Naval Militar.
Esa creemos que fue la razón y no la razón del comercio, porque si fuese la razón del comercio el Estado español se habría ocupado de que nuestros puertos tuviesen buenas comunicaciones para que pudieran servir de relación comercial en el ámbito de todo el Estado, para que los productos, por ejemplo, de Castilla y de otras partes del Estado pudiesen salir por Galicia.
Lamentablemente, nuestros puertos para lo único que han servido es para ser puertos de emigración en la cuestión del pasaje. En este momento, señoras y señores Diputados, estamos en una situación en que la falta de comunicaciones hace que Leixoes y Viana do Castelo en Portugal estén en competencia con un puerto como el de Vigo, que está cayendo de una manera brutal en sus ingresos y en su tráfico de mercancías.
Galicia, señoras y señores Diputados, está totalmente aislada Galicia necesita un proyecto integral económico, y un proyecto de planificación económica no se puede hacer teniendo cinco fielatos fuera de la jurisdicción de nuestra nación. Exigimos, por tanto, que los puertos pasen a nuestra competencia porque es la única manera de que Vigo, Villagarcía, Marín, La Coruña y Ferrol puedan entrar en un proyecto económico integral de nuestro país. No podemos entender que La Coruña quede condenada única y exclusivamente a ser el puerto de una industria de enclave como Repsol; el tráfico de mercancías en La Coruña se mantiene única y exclusivamente por la refinería de petróleo; el tráfico de Vigo prácticamente no existe y el tráfico de Ferrol está especializado en un puerto carbonero para una industria

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como Endesa. Creemos que es necesario cambiar la situación actual. Podrá parecerles a ustedes el punto segundo de la proposición de ley que presenta el Parlamento gallego una contradicción con la Ley de Puertos del Estado, en referencia a la unidad portuaria. No lo es. No lo es porque se puede delimitar perfectamente y porque Galicia no puede seguir manteniendo una situación, cuando tiene competencias exclusivas en materia pesquera, en la que 67.300 millones de pesetas de pesca desembarcada se haga en los puertos de interés general del Estado frente a los 91.500 millones en toda Galicia. La competencia en ese aspecto brilla por su ausencia. Señoras y señores Diputados, sabemos que en este momento, en el congreso del partido mayoritario e incluso en congresos llamados regionales del partido mayoritario hoy en este Parlamento, se plantea el debate y la discusión de la transferencia de los puertos a las ciudades. Creemos que ese planteamiento de transferencia de los puertos a las ciudades va claramente en contra de los intereses de la conformación de Estado que ustedes mismos han aprobado en su momento. La transferencia de los puertos a las ciudades originaría claramente una situación de debilitamiento de lo que es Galicia y su economía, ya que de esa manera no tendríamos la posibilidad de planificar la economía gallega.
Señoras y señores Diputados, quisiera terminar haciendo un llamamiento especial a los Diputados gallegos presentes en esta Cámara, y ese llamamiento va en el sentido de que es el Parlamento de Galicia, órgano de soberanía de nuestro país, el que pide el voto afirmativo a la toma en consideración de esta proposición de ley, que después podrá ser enmendada por SS.SS.
Algunos de los Diputados gallegos en estos momentos pueden ser, como decimos en Galicia, «alcumamos de monaguillos».
Esperamos que en este momento no sean monaguillos del Estado y sí gallegos de nación en la defensa de los intereses de nuestro país. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trigo.
¿Turno en contra de la toma en consideración? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a intervenir con la mayor brevedad para, en primer lugar, manifestar nuestra adhesión a esta proposición de ley que se presenta y que ha sido planteada yo diría que de forma sintética y brillante por parte de los representantes del Parlamento gallego, a los que quisiera felicitar por su iniciativa y con los que me quisie-ra solidarizar, sobre todo en cuanto significa la posibilidad de plantear en un Parlamento una problemática que otra comunidad autónoma como la vasca tiene planteada de forma similar. Personalmente me hubiera gustado que esta proposición hubiera incluido la completa actividad de los puertos, no solamente de los puertos pesqueros y con especial referencia a los puertos pesqueros pequeños, sino que las actividades comerciales de los puertos grandes, como los de Vigo y La Coruña, también pudieran estar incluidos. De todas formas, por el sentido práctico y del acuerdo alcanzado en el Parlamento gallego, vuelvo a felicitar a los componentes de dicho Parlamento y a manifestar, como he dicho anteriormente, nuestro voto positivo a esta proposición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, unas palabras tan sólo para sumarse al conjunto de consideraciones que acaba de formular el señor Albistur y para indicar que Coalición Canaria, lógicamente, ha de tener una sensibilidad especial por esta cuestión, habida cuenta del carácter archipielágico de nuestra comunidad y de la existencia y la necesidad de que los puertos canarios --nuestros puertos-- sobrevivan, dado que constituyen un factor de primerísima importancia en el desarrollo de nuestra economía. Por eso, cuando vemos cómo una serie de puertos de las proximidades se desarrollan y progresan, y cuando vemos y percibimos, día a día, el declive de nuestros puertos, tenemos que comprender esas ansias expresadas por el Parlamento de Galicia en lo que respecta a los puertos pesqueros, pero, lógicamente, incorporando también a nuestros afanes la preocupación y el deseo que expresaba el señor Albistur en cuanto al sentido y al contenido comercial que deben ser objeto de la tutela correspondiente. Evidentemente, para nosotros esos defectos de coordinación que apuntan en los problemas de comunicaciones ferroviarias y por carretera entre ambos puertos, etcétera, son algo que tiene que correr parejo --como se expresa en la proposición de ley y como bien han expresado sus representantes-- con esa gestión centralizada y que constituye una perturbación clarísima en el desarrollo, en el progreso de los puertos y, en definitiva, en la economía gallega. Por ello termino expresando, en nombre de Coalición Canaria, nuestro entusiasmo, nuestra adhesión y, por tanto, nuestro voto favorable a la propuesta que ha emanado del Parlamento de Galicia y que hoy se ha defendido tan acertadamente aquí por sus dignos representantes.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte. Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para expresar la posición del Grupo Vasco respecto a la proposición de ley planteada por el Parlamento de Galicia. Quiero señalar, inicialmente, que nuestro Grupo Parlamentario la va a apoyar, y lo va a hacer por diferentes consideraciones que voy a explicitar en mi intervención.
Señorías, el bloque de la constitucionalidad, los estatutos de autonomía y la Constitución definen un cuádruple régimen en materia portuaria. En primer lugar estarían los puertos calificados de interés general, respecto de los cuales la competencia exclusiva sería del Estado. En segundo lugar estarían aquellos puertos que no están calificados de interés general, como pueden ser los puertos pesqueros y comerciales.
En tercer lugar, los puertos definidos por los estatutos de autonomía como de carácter deportivo o de refugio. Y en último lugar, los puertos reservados por la Constitución, definidos como de interés general y cuya gestión se reserve el Estado, salvo en determinadas comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, la Comunidad valenciana y Euskadi, que tienen también la posibilidad de gestionar los puertos de interés general.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario se posicionó en contra de la Ley de Puertos y de Marina Mercante, la Ley 27/1992.
Curiosamente, fueron 12 las enmiendas a la totalidad que se presentaron a la Ley 27/1992 por todos los grupos parlamentarios, incluidos todos los Diputados pertenecientes, en su día, al Grupo Mixto. Nuestro Grupo Parlamentario estaba en contra del ente globalizador en materia de gestión portuaria que en su día se creó y, por tanto, no podemos sino apoyar una iniciativa pertinente oportuna y adecuada, como nos parece la planteada por el Parlamento de Galicia, sin perjuicio de que se pueda extender el régimen que plantea la proposición de ley del Parlamento de Galicia a otras comunidades autónomas.
Nosotros chocábamos con la filosofía de la Ley de Puertos de crear un ente global, un ente público autónomo que planificaba, que llevaba la política de gestión y que, en definitiva, rompía con la autonomía y la unidad económica de determinados puertos. Señorías, en España hasta el año 1992, y sin perjuicio de que existieran los puertos comerciales o pesqueros que se había reservado el Estado, existían cuatro puertos autónomos de gran entidad, cuatro puertos autónomos que tenían autonomía, capacidad económica y capacidad financiera, que eran los de Huelva, Barcelona, Bilbao y Valencia. Esa filosofía que plasmó la Ley 27/1992 supuso la ruptura del planteamiento que inicialmente había adoptado el propio Estado en las décadas anteriores de diseñar un modelo portuario bifronte: por un lado, los puertos que no se tenían que reservar con carácter general, que serían los autónomos, porque tenían una entidad, un comercio y una capacidad económica suficiente, y aquellos otros puertos que podían ser deficitarios y que quedaban sujetos a la política general de la Dirección General de Puertos y a las juntas correspondientes de puertos en cada uno de los puertos dependientes del Ministerio.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario entendía que la política a seguir era totalmente la contraria a la que diseñó el Ministerio. El Ministerio terminó con la autonomía de los puertos con entidad para tender a un planteamiento de globalidad, de centralidad de la gestión de los puertos.
Nuestro planteamiento era el contrario: la política del Ministerio debía ir dirigida a dotar de autonomía a aquellos puertos que tenían capacidad económica suficiente, que generaran un volumen comercial, un volumen pesquero suficiente para poder ser gestionados de otra manera con la participación de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de las cámaras de comercio.
Evidentemente, el Ministerio y el Gobierno optaron por la filosofía centralizadora y por crear un ente global. Fue entonces cuando nuestro Grupo Parlamentario también planteó que la política portuaria en Europa, con puertos pujantes como los de la Unión Europea en Bélgica, en Holanda, en Alemania, se caracterizaba por contar con un ámbito de autonomía, con un ámbito de maniobra que no se tiene con el diseño efectuado por la Ley 27/1992, y no se tiene por una sencilla razón, que es la clave que está en la Ley 27/1992, y es que los puertos autónomos, los puertos que tenían capacidad de dotación propia y de funcionamiento autónomo desde 1992 tienen que contribuir a los déficit de explotación de otros puertos, lo que no había ocurrido en la historia del régimen portuario español. Por tanto, nuestro planteamiento político incluso va más allá de lo que plantea el Parlamento de Galicia. Nosotros no solicitamos únicamente la subrogación en la posición jurídica que mantiene el Estado en la gestión de los entes portuarios en las comunidades autónomas. Es más, nosotros somos partidarios de mantener el régimen que regía con anterioridad a la Ley 27/1992, que era la posibilidad de que existieran puertos autónomos. En la medida en que un puerto fuera adquiriendo dotación, personalidad y capacidad económica suficiente, tuviera una autonomía, y no como ahora plantea la Ley de Puertos. En definitiva, el planteamiento del Parlamento de Galicia nos parece positivo, lo vamos a apoyar, pero desgraciadamente se queda corto, puesto que lo que se plantea es que la comunidad autónoma, en este caso Galicia (como puede ser en cualquier otro momento otra comunidad autónoma) se subroga en la posición jurídica del Estado en los puertos que se mencionan en la proposición de ley a la hora de la gestión de los mismos. Nosotros planteamos que determinados

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puertos, incluso puertos gallegos, pudieran tener un régimen de autonomía, y no como se plantea en la proposición de ley donde recae la gestión en la comunidad autónoma pero en base al modelo, a la planificación y a la gestión diseñada por parte del ente superior, del ente globalizador, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
No obstante, y finalizo, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario entiende que es un avance positivo en la medida en que vamos a intentar romper el planteamiento centralizador y globalizador que tiene la Ley de Puertos y, en definitiva, por lo menos dotar de un mayor margen de maniobra y de capacidad de actuación a las comunidades autónomas, y, por ello, nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar la proposición de ley planteada por el Parlamento de Galicia.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Parlamento gallego presenta hoy una proposición de ley sobre la que tengo que fijar posición. Desearía dejar constancia de que el planteamiento individualizado que con toda lógica realiza el Parlamento gallego no nos satisface del todo, aunque sí vemos y observamos que empieza a traer al Parlamento español una situación existente de hecho, grave y compleja, ocasionada como consecuencia de la publicación y aprobación en esta Cámara, única y exclusivamente por el Grupo Socialista, de una Ley de Puertos que obtuvo la rara unanimidad de que todos los gruposde la oposición la votaran en contra. Precisamente, esta Ley de Puertos es la que ocasiona esta circunstancia actual, esta Ley de Puertos, que genera serias discrepancias entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en cuanto a la administración de los puertos, es la que está ocasionando estas situaciones como la que plantea hoy aquí el Parlamento gallego. Deseo dejar clara constancia en este hemiciclo de que consideramos el planteamiento del Parlamento gallego como correcto en cuanto hace referencia a su comunidad autónoma, a su interés por gestionar los puertos que le pertenecen, a su interés por que los puertos de Coruña, Vigo y Ferrol pertenezcan a la administración de la comunidad autónoma. Pero también desearíamos dejar constancia de que el planteamiento genérico de todo el Estado español nos impide, por el momento, plantear solamente el tema de una comunidad autónoma, cuando existen muchas comunidades que han planteado reivindicaciones sobre estas circunstancias. Nosotros establecimos muy claramente nuestra posición sobre la Ley de Puertos, una posición que ha llevado al Gobierno de Convergència i Unió de Cataluña a plantear un recurso de inconstitucionalidad sobre todo el contenido de la Ley, especialmente en aquellos aspectos que afectan a la autonomía municipal, a la autonomía de las comunidades autónomas, a la administración de los puertos y a la representación de las comunidades autónomas dentro de los consejos de los puertos.
Es precisamente, insisto, esta curiosa Ley, que tendrá que renovarse, modificarse y, sobre todo, adaptarse a la circunstancia actual, la que nos hace que se planteen hoy graves problemas en cada uno de los puertos del Estado.
Tienen ustedes razón, señores parlamentarios gallegos, cuando dicen que la Ley 27/92, cuando establece los puertos de interés nacional, se equivoca. Yo creo que se equivoca notablemente en su artículo 5.º cuando establece las circunstancias que --una sola de ellas-- permitan al Gobierno del Estado determinar qué puerto es de interés nacional y qué puerto no lo es. Es evidente que el determinar que el solo hecho de que exista actividad internacional ya significa que sea un puerto de interés nacional no es correcto. Creo que el plantear que su influencia depende de diferentes comunidades autónomas para determinar la influencia en su interés nacional no es correcto. Creo que hablar del volumen de la carga comercial y de la actividad marítima como un hecho básico para ser declarado de interés nacional, no es correcto. Y creo que las especiales condiciones técnicas o geográficas de un puerto tampoco pueden ser elementos determinantes para que un puerto sea considerado de interés nacional.
Pero este tema nos llevará, en la revisión total de la Ley de Puertos, especialmente de aquellos artículos en los que hemos planteado su inconstitucionalidad, a determinar qué puertos del Estado son o no de interés nacional, qué puertos del Estado tienen que estar administrados por las comunidades autónomas y, sobre todo, a plantear cuál es la representación privada y la representación pública y, de esta última parte, qué representación pertenece a la comunidad autónoma o al Estado en la administración del puerto.
En definitiva, creemos que ustedes están planteando una cuestión correcta en lo que hace referencia, insisto, a su comunidad autónoma. No deseamos discutirles la razón, pero creemos que en estos momentos sería mucho más oportuno el planteamiento genérico de todos los puertos del Estado español, el planteamiento genérico de qué es lo que está haciendo el ente del Estado que está ocupándose de la distribución de los puertos del Estado español; qué es y cómo planteamos el sistema tarifario de cada uno de los puertos; cuál es la actividad del puerto en su contexto, si tiene que ser una actividad generadora de beneficios para cubrir los déficit de otros puertos. Todo esto tiene que detallarse y tiene que establecerse.


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Evidentemente, insisto, esto tiene que tratarse en el marco de la Ley de Puertos del Estado y creemos que sería muy prudente que por parte de esta Cámara se hiciera un análisis de la Ley de Puertos del Estado. En este contexto genérico de la Ley de Puertos del Estado, en este análisis de si son suficientes, si son muchos o si no tiene que existir ningún puerto de interés nacional, creo que cabe perfectamente el determinar su reivindicación.
Por otra parte, soy consciente de que el Gobierno va a decretar la segregación de dos o tres puertos considerados en estos momentos como de interés general. Yo sé que esto va a ocurrir con el fin de dilatar en el tiempo el grave problema que plantea la administración de los puertos, el grave problema de sus tasas para la competitividad de las industrias y el comercio de sus ciudades, el grave problema que está planteando una ley que ha sido realizada de espaldas a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a una gran parte de esta Cámara.
Es por esta razón, señores Diputados del Parlamento gallego, por lo que consideramos que, en estos momentos, plantear este tema no es correcto en cuanto al procedimiento, aunque existe por nuestra parte una amplia coincidencia en temas genéricos como los que ustedes han planteado, excepto en uno, que deseo que quede aclarado, y es cuando hablan de que la transferencia de los puertos no puede ser realizada a las ciudades. En este punto estamos totalmente en desacuerdo, porque dentro de lo que es el contexto europeo de puertos, e incluso el sudamericano, existen notables transferencias de puertos realizadas a ciudades y tenemos ejemplos muy próximos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en primer lugar quiero saludar, en nombre de mi Grupo Parlamentario, a los dignos representantes del Parlamento gallego y constatar aquí que nos encontramos con una de las consecuencias de una ley mal elaborada, mal construida y mal dirigida en el Congreso de los Diputados en el que un Partido Socialista en ese momento con mayoría absoluta se empecinó en sacar adelante un proyecto de ley, que al final se convirtió en ley, con la total oposición del conjunto de los grupos parlamentarios.
Ya en esos momentos diversos grupos parlamentarios, entre ellos el que tengo el honor de representar, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, expusieron que no era digerible por el conjunto del Estado el que se planteara el régimen de competencias que se presenta en la vigente Ley de Puertos. Las enmiendas que presentó mi Grupo Parlamentario iban dirigidas, de forma clara y rotunda en este aspecto, a conseguir una mayor autonomía de los puertos españoles.
Ahora bien, la cuestión que se dirime ahora es si cabe plantearse un trasvase de competencias de los diferentes puertos de una forma segregada, autonomía por autonomía. La iniciativa del Parlamento gallego es correcta porque detecta la situación en su propio entorno y reclama autonomía para los puertos gallegos, pero desde una visión del Estado, desde una visión federal como la que tiene mi Grupo Parlamentario, que apuesta por un Estado federal, ¿se puede considerar adecuado que se traiga proyecto de ley tras proyecto de ley, una comunidad autónoma tras otra? Nosotros consideramos que no es el procedimiento más adecuado. Evidentemente el Parlamento gallego detecta la realidad que se produce en su entorno, pero un grupo parlamentario con responsabilidades estatales debe considerar que esto debe revisarse en una ley de ámbito estatal. Consideramos que lo responsable es que la ley de Puertos sea de nuevo estudiada en este Parlamento y modificada en muchos de sus aspectos, entre ellos, y de forma muy sustancial, los que se refieren a las competencias autonómicas sobre los puertos que hoy en día son competencia únicamente del ente público portuario. Sin entrar en el fondo del asunto, consideramos que debe ser otra la forma en la que se debe regular el régimen competencial de los diferentes puertos, y esto lo planteamos desde la responsabilidad de un grupo que defiende el Estado federal para España.
Por tanto, mi Grupo no va a apoyar el seguimiento del trámite de esta proposición de ley, independientemente de que creemos que en la exposición de motivos hay supuestos que no son totalmente correctos. Por ejemplo, el que las competencias sobre puertos estén ubicadas en la Administración central o en la administración autonómica no empece para que la ordenación del territorio tenga que ser llevada por la comunidad autónoma. No vemos niguna cortapisa para que la Comunidad Autónoma Galega plantee todo el ordenamiento del «hinterland» de los puertos y de las comunicaciones de los puertos. Si no se produce esto será por una falta de colaboración de la Administración central, por una falta de colaboración en las inversiones ferroviarias, de carreteras, etcétera, pero creemos que queda bien claro que la ordenación del territorio corresponde únicamente a la Comunidad Autónoma Galega y que de niguna de las maneras la aprobación o rechazo en este trámite parlamentario, la admisión o denegación a trámite parlamentario de esta proposición de ley va a significar una variación de esas competencias. No lo consideramos, en absoluto.
Por lo tanto, respetando de una forma clara y rotunda la inquietud que el Parlamento gallego plantea con esta proposición de ley, nosotros emplazamos al Gobierno a que se revise la Ley de Puertos en esta Cámara y

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se plantee un nuevo régimen competencial en el cual tengan mucha más presencia las diferentes autonomías del Estado español. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente. Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero dar la bienvenida al Parlamento de la nación a nuestros compañeros del Parlamento autónomo gallego que, por primera vez, acuden ante esta Cámara en un día tan señalado para Galicia como es el de las «Letras galegas».
Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente la propuesta de ley que plantea el Parlamento autonómico gallego en el día de hoy por varios motivos.
En primer lugar, tengo que señalar que cuando algún representante dice que no es el momento adecuado para plantear esta proposición de ley, cabría recordar que esta proposición de ley está votada en el Parlamento gallego en el año 1990, por tanto, bastante antes de que se promulgara la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en el mes de noviembre de 1992. Por otra parte, quiero decir que se trae a esta Cámara en el momento preciso en el que hay datos suficientes para que, un año y medio después de haber visto lo que ha significado la entrada en vigor de aquella Ley, haya que enmendar el rumbo que se tomó en aquella época y que, ciertamente, ha traído malos resultados para la mayor parte de los puertos españoles, y en este caso concreto para los puertos gallegos.
En coherencia con nuestra posición anterior a la entrada en vigor de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Grupo Parlamentario Popular planteó entonces la necesidad no sólo de no votar aquella Ley traída al Parlamento sino de la necesidad de que los puertos de interés general del Estado pudieran optar a aquella autonomía, a ser puertos autónomos, como lo eran el puerto de Huelva desde el año 1971, aunque en el año 1978 se ampliara, y entrara en vigor la auténtica autonomía del puerto, con los puertos de Valencia, Barcelona y Bilbao. No fue así, y todos los grupos de la Cámara nos vimos obligados a enmendar aquella Ley de puertos del Estado que presentaba entonces el Grupo Parlamentario Socialista. Pues bien, llegados a este momento lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992 ha sido única y exclusivamente una mayor centralización de lo que antes existía y la imposibilidad de todos los puertos de acceder a una autonomía que estaba funcionando bien, como lo demostraban los resultados de los puertos autónomos que existían entonces. Y desde el año 1992 a ahora ¿qué es lo que ha pasado? Pues que no han sido capaces de desarrollar el reglamento de practicaje, el reglamento de remolcadores; que no se han desarrollado ni se han puesto en práctica las capitanías de puerto, y las que hay cubiertas no son en virtud de ninguna oposición que se haya publicado sino que se han cubierto a dedo. Y lo que es más grave, todas aquellas cuestiones de delegación periférica que disponían las comandancias de Marina, que tenían la delegación de Defensa, hoy no se han podido poner en práctica no sólo por falta de presupuesto sino también por falta de medios y, lo que es más grave, por falta de personal. Por tanto, nosotros consideramos oportunísimo el que en este momento el Parlamento gallego plantee este tema, porque hay una auténtica voluntad de resolver algo que no está funcionando. A lo que no ha lugar es a que en esta Cámara sigamos hablando de lo divino y de lo humano y no seamos capaces de resolver los problemas que día a día se palpan, y en este caso concreto desde el Parlamento gallego. En tercer lugar, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor porque viene votado por mayoría desde una comunidad autónoma. Y no hacen falta, en modo alguno, planteamientos genéricos en este momento; naturalmente que no hacen falta una vez que la proposición de ley haya pasado este trámite de aceptación y se vean en Comisión o en Ponencia las enmiendas que se pueden presentar. A mí me ha llamado poderosamente la atención que algún grupo parlamentrio diga que porque no es genérico no se puede votar en este momento, cuando hace apenas un mes votábamos exclusivamente la rebaja de las tarifas del puerto de Tarragona. Realmente es inconcebible que algún grupo parlamentario pueda hablar de planteamientos genéricos y única y exclusivamente de intereses particulares cuando le competen a su grupo parlamentario.
(Varios señores diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Señoras y señores Diputados, yo quiero recordarles aquí que el artículo 1.º de la proposición de ley del Parlamento autonómico gallego, en contra de lo que decía el señor Albistur, habla clara y taxativamente de que absolutamente todos los puertos de Galicia que están catalogados como de interés general deben pasar a ser de titularidad autonómica, y no sólo de titularidad sino también de gestión. Por tanto, el planteamiento no es exclusivo para los puertos pesqueros sino que, leyendo el artículo 1.º y la disposición adicional segunda, se ve claramente cuál es la intención del Parlamento gallego al plantear esta proposición de ley aquí hoy. De lo que no cabe duda, señoras y señores Diputados, es de que hay que dar una solución a este «impasse», a este año y medio que llevamos perdido en materia de puertos porque, como anunciábamos también todos los

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grupos políticos de esta Cámara al presentar nuestras enmiendas a la totalidad, se puso en funcionamiento una Ley de Puertos que no se correspondía con la de los países occidentales, que solamente se parecía a las de los países iberoamericanos, cosa que hoy ya no podemos decir, porque hay que tener en cuenta que esos países iberoamericanos han comenzado a privatizar, a dar a las autonomías o a los entes regionales la explotación de esos puertos. En el tema gallego hay que tener en cuenta también que del PDI de este año se desprende que lo que los puertos gallegos van a recibir por superávit de explotación, en cuanto a inversiones se refiere, es muy inferior. Quiere ello decir que ese principio de subsidiariedad que se anunciaba entonces no está funcionando y que, precisamente desde los entes autonómicos, podría funcionar de mejor manera porque, enriqueciendo lo que es el funcionamiento de puertos dentro de su «hinterland» territorial, no les quepa la menor duda de que estarían mejor gestionados. Y lo que es más importante, si cada comunidad autónoma es capaz de rentabilizar y explotar mejor sus puertos, estarán contribuyendo a que los puertos de España, a que el Estado en general se enriquezca de esta buena gestión de los parlamentos y de las autoridades portuarias correspondientes. Termino, señor Presidente, diciendo, como comparación, que si los planteamientos y razonamientos que se hacen en la proposición de ley presentada por el Parlamento gallego no se corresponden con la actual Ley --porque, como he dicho anteriormente, está aprobada en el año 1990--, hay que recordar que los países occidentales como el Reino Unido, Francia y Portugal, como Colombia, Venezuela y Argentina, están, cada vez más, delegando, privatizando o transfiriendo sus puertos a las regiones correspondientes; incluso el Gobierno de Panamá, que en el año 1999 se hará cargo de la gestión plena del canal, está empezando a plantearse un estatuto de autonomía único y exclusivo para él. El Grupo Parlamentario Popular --como he dicho-- va a votar favorablemente la propuesta de ley planteada por el Parlamento gallego por respeto también a una autonomía, por respeto a la voluntad de un parlamento, el autonómico en este caso concreto. Y no les quepa la menor duda de que, asumiendo lo que cada parlamento, en este momento, tiene que plantear en la Cámara, ante una cierta inhibición de los problemas, daremos un toque de atención muy oportuno para que recordemos que estando al frente de cada región y rigiendo los puertos costeros de cada una de ellas se estará contribuyendo también al mejor funcionamiento no sólo de los puertos en cada región, sino de los puertos, en general, del Estado.
El Grupo Parlamentario Popular mostró su oposición a aquella Ley y está dispuesto a traer una ley a estaCámara que enmiende, desde luego, la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, en principio, quiero dar la bienvenida, en nombre de mi Grupo, a los parlamentarios del Parlamento gallego y felicitarles por el coraje y por la convicción con que han expuesto sus ideas.
Nuestra enhorabuena.
Sin embargo, como tengo que fijar la posición de mi Grupo, voy a decir claramente que no vamos a apoyar esta proposición de ley que se nos presenta desde el Parlamento gallego. Se ha dicho aquí que el apoyo a esta proposición de ley podría representar un respeto a la autonomía de Galicia; pues bien, no apoyarla supone también, desde el Partido Socialista, un respeto, como no podía ser menos, a la autonomía de Galicia.
Quizás sería conveniente, para explicar nuestra postura, arrancar de la visión global de la situación de los puertos españoles en estos momentos. Como saben SS.SS., nuestros puertos no tienen las dimensiones de otros grandes puertos europeos que pueden basar su gestión en la economía de escala.
La gestión de nuestrospuertos, en una costa de 7.880 kilómetros, con una dispersión, además, de puertos de tamaño pequeño y medio, supone que tenga que ser peculiar. Junto a ello, el desarrollo histórico de las infraestructuras de transporte periférico hace que nos veamos en una situación, de hecho, de imposible modificación. Este conjunto de 46 puertos que dependen del Estado necesita básicamente la coordinación de toda la gestión de estos puertos, de tal manera que esa coordinación encuentre precisamente en su gestión el mejor de sus aliados. Gracias a ello, pueden producirse la integración en el sistema de intercambio electrónico; pueden producirse centros de distribución logística sin que haya elementos de dispersión u otra finalidad que pueda deformar la gestión o que domine -- como ocurre en nuestros puertos-- la complementariedad sobre la competencia. Por tanto, en ese conjunto de gestión coordinada de los puertos de España, podemos decir que se produce en estos momentos una autofinanciación que repercute no solamente en la financiación de elementos normalizados de gestión sino incluso de las grandes inversiones de la complementariedad de grandes infraestructuras. Por tanto, es evidente que la dispersión de distintos puertos no nos llevaría a una eficacia en el planteamiento de la gestión de estos puertos y que se necesita un sistema coordinado. Pero digo más. Quizás en los puertos de Galicia --que se presentan como un bloque de cinco puertos--

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habría que hacer distinciones, para explicar, puerto a puerto, la situación que justifica que sean considerados puertos de interés general. Nadie que conozca el ámbito de desarrollo del puerto de Vigo, al sur, podrá negarnos que tiene una clara influencia en el norte de Portugal y en algunas de las provincias adyacentes. Aquí se ha dicho que el puerto de Vigo sirve exclusivamente a un territorio gallego, y quien conozca el puerto de Vigo sabe que no puede permitirse ajustar su competencia y su área de influencia a una zona que, evidentemente, no es exclusivamente gallega. Por otra parte, si vamos al norte y miramos los puertos de Coruña y Ferrol, puede decirse otro tanto, aunque no en su aspecto internacional, en cuanto a su desarrollo, y mucho más en la situación de inversiones futuras que pueden plantearnos en estos momentos las limitaciones de crecimiento en la zona interior del puerto de La Coruña y la obligación de planteamientos de grandes infraestructuras en el de Ferrol.
También es necesario decir que la gestión de puertos desde las comunidades crea disfunciones en cuantoa la financiación de sus propias inversiones. La tendencia a hacer puertos de mejores servicios, pero a la vez que traigan gran cantidad de tráfico en función de precios de tarifas baratas, puede resultar incompatible con una gestión económica eficaz. Por tanto, parece mucho más adecuado que en la globalidad de todos los puertos podamos contemplar con mucho mayor realismo la eficacia en una gestión desde todos los puntos de vista.
Querría hacer también una salvedad dentro de esos cinco en la que es posible que podamos hacer un planteamiento distinto. Me estoy refiriendo a los puertos de Marín y Villagarcía. Es evidente que esos dos puertos, por su situación, por su dimensión y por las características de sus atraques, tienen una situación distinta a los otros, lo que hace que pudiera tener alguna lógica la posibilidad de que esos dos puertos estuvieran dentro de esa situación territorial exclusivamente de Galicia. Por tanto, aunque mi Grupo se opone de una manera completa y rotunda a la situación planteada en esta proposición de ley, es bueno hacer esta distinción de futuro para poder adquirir el compromiso más adelante de hacer un planteamiento en esta dirección para conseguir dejar fuera de esos puertos de interés público a estos dos que he apuntado, centralizados en la zona gallega y con características netamente diferenciadas. Por tanto, vaya por delante ese matiz que abre lo que entendemos desde mi Grupo como la racionalidad de los planteamientos que debe tenerse sobre todo cuando se contempla la situación desde una dimensión global nacional, como no puede hacerse de otra manera dentro de este Parlamento. Por eso decía al principio que puedo entender la lógica autonómica de los partidos que apoyan esa situación, pero también tendrán que reconocer SS.SS. --y así creo que puede transmitirse cuando lleguen a su tierra-- que esa visión global rompe la lógica que ellos plantean, puesto que de otra manera tampoco es necesario asociar que el que dependan esos cinco puertos de la Comunidad Autónoma supone mejoras en el desarrollo de Galicia ni en el desarrollo de sus puertos, porque es evidente que la situación actual, con mucha mayor capacidad de creación de infraestructuras, puede ser mejor para el desarrollo de la zona de influencia de cada uno de los puertos.
Por otra parte, he oído por aquí a alguno de los representantes gallegos hablar de descentralización. Mi información, en la tramitación que desde Galicia se hace para gestionar estos puertos del Ente Público Puertos de Galicia, nos está indicando que va en una dirección distinta a lo que las intenciones que se expresan aquí parecen indicarnos. El estudio de esta propuesta nos lleva a puertos descentralizados, a ambigüedades de gestión y a asumir competencias por parte de la Consejería que harían difícil la gestión de los puertos que estuvieran en poder de la Comunidad Autónoma. Por tanto, creo que se ha abundado en razones suficientes como para tener muy claro que no podemos entrar en una situación de este tipo de manera global, y sí me interesa dejar constancia de esta distinción de dos puertos que, por sus características singulares y peculiares, sí podían ajustarse al razonamiento que nos han hecho aquí los dignos parlamentarios del Parlamento gallego.
Por tanto, vaya ese mensaje desde nuestro Grupo en la idea de que no podemos votar a favor de esta proposición de ley que hoy se nos hace. Pero teniendo en cuenta alguna de las afirmaciones y saliendo al paso de la misma, quiero repetir de nuevo que la propiedad, la gestión o las competencias en determinados puertos, por la Administración del Estado o por el ente autonómico que en estos momentos los lleva, no supone ni garantiza mejor desarrollo en la zona, puesto que todos sabemos que el mayor o menor desarrollo de los puertos depende mucho de las infraestructuras terrestres que dispongan para conexiones con el interior. Yo les diría a los representantes de Galicia, que el nuevo puente que nos abre comunicación con Portugal, más las infraestructuras en proyecto que se dirigen a la zona de Galicia y que inciden mucho en las comunicaciones con Vigo, abren una perspectiva distinta y de influencia mucho más grande del propio puerto de Vigo, lo que creo que es beneficioso para la gestión del propio puerto y para los intereses gallegos.
Nada más, señorías. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez.
Vamos a proceder a las votaciones.


Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia sobre transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la

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competencia estatal en materia de puertos de interés general.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 132; en contra, 170; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


VARIACIONES EN EL ORDEN DEL DIA:

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1990 y resoluciones adoptadas por la misma.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la exclusión.
De conformidad, igualmente con el artículo 68, se somete al Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del día de la presente sesión de la toma en consideración de la proposición de los grupos Socialista, Popular, Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las comisiones de investigación.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la inclusión de este punto en el orden del día.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación)

--DEL PARLAMENTO DE GALICIA, SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO 82 DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD ESTATAL, EN LO REFERENTE AL FINANCIAMIENTO DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Número de expediente 125/000003)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Parlamento de Galicia, sobre modificación del artículo 82 de la Ley General de Sanidad estatal, en lo referente al financiamiento de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
En nombre del Parlamento de Galicia, tiene la palabra, en primer lugar, don Guillermo Vázquez Vázquez.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Vázquez Vázquez): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, tengo el honor de defender ante esta Cámara, en nombre del Parlamento de Galicia, la proposición de ley de modificación del artículo 82 de la Ley General de Sanidad, en lo referente a los criterios de financiación de los servicios transferidos a las comunidades autónomas. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Galicia es un país periférico, secularmente marginado por el poder central. El pueblo gallego es cada vez más conscientes de su propia identidad y, en consecuencia, cada vez está menos dispuesto a seguir tolerando las actuaciones arbitrarias a las que se ve sometido una y otra vez. No estamos aquí para pedir un trato de favor en la financiación de la sanidad pública gallega. Estamos aquí para exigir un trato justo e igualitario que nos permita equiparar la atención a nuestros ciudadanos con los del resto del Estado.
El artículo 82 de la Ley General de Sanidad establece que la financiación de los servicios transferidos se realizará siguiendo el criterio de población protegida y que la desviación entre porcentaje de gasto y porcentaje de población se anulará en el plazo de diez años, desde las transferencias, a un ritmo del 10 por ciento anual. La aplicación de este modelo de financiación perjudica claramente a Galicia y le impide recuperar el terreno perdido en los últimos años en materia de recursos sanitarios. Por eso, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición de ley de modificación del mencionado artículo 82 de la Ley General de Sanidad, de manera que la financiación de los servicios sanitarios gallegos se realice en función de los siguientes criterios. Primero, población total de derechos según el último censo o padrón municipal. Segundo, dispersión geográfica de la población. Tercero, renta por habitante.
Además el Parlamento gallego pone de manifiesto la necesidad de acortar a tres años el plazo para equilibrar la proporción entre la población atendida y la participación en el gasto sanitario estatal; renegociar, en definitiva, la transferencia del Insalud a Galicia.
Señoras y señores Diputados, deben tener en cuenta que el gasto sanitario del Insalud en Galicia en el período 1982-1990 fue muy inferior a la media estatal. El diferencial negativo para Galicia durante estos años puede estimarse en más de 100.000 millones de pesetas, lo que ocasionó que, en el momento de las transferencias, la dotación de recursos sanitarios en nuestro país fuese claramente inferior a la del conjunto del Estado.
Esta situación de partida se ve agravada porque, realizadas las transferencias en materia sanitaria en el año 1991, no sólo no se plantea compensar la deuda histórica del Estado con Galicia, un modelo de financiación capaz de corregir el desequilibrio en un corto espacio de tiempo, sino que, por el contrario, durante los diez años que se tardará en alcanzar la proporcionalidad

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entre gasto sanitario y población protegida, supondrá la pérdida para Galicia de otros 140.000 millones de pesetas.
Además, cuando se planifica la distribución de los recursos no basta con que ésta sea lineal para que sea equitativa, sino que hay que tener en cuenta otros factores, como la dispersión geográfica, la renta por habitante o el envejecimiento de la población.
Es evidente que criterios iguales no sirven para aplicar a realidades diferentes. Puede ilustrar lo que afirmo que mientras en el Estado español hay 11 núcleos de población por cada 100 kilómetros cuadrados, en Galicia son 106, o que mientras en el Estado los mayores de 64 años representan el 13,77 por ciento de la población, en Galicia representan el 16,12, por ciento, factores todos ellos que no hacen sino aumentar el gasto sanitario. Es evidente que se necesitan más recursos para atender las necesidades de una población más dispersa que las de una más concentrada. Asimismo, el gasto sanitario originado por la población anciana es muy superior a la media. Cabe recordar aquí que en el mayor envejecimiento proporcional de nuestra población tiene mucho que ver la emigración, a la que durante muchos años estuvo obligada nuestra gente.
Señoras y señores Diputados, éstos son algunos argumentos, brevemente expuestos, porque el tiempo no da para más, para justificar la necesidad de tomar en consideración esta proposición de ley. Espero que este Parlamento comprenda y asuma la propuesta que Galicia, a través de sus representantes, trae aquí. Llegó ya el momento de que los derechos de Galicia sean tenidos en cuenta, y esta es una buena ocasión para que así sea. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez. Tiene la palabra el señor Cerviño González.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Cerviño González): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, permítanme expresar, en primer lugar, mi emoción de demócrata por hablar ante esta Cámara, en este templo de la democracia, lo que no por tópico deja de ser cierto. Aunque hablo en nombre de todo el Parlamento de Galicia, quiero dejar constancia clara y explícita de que el Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia-PSOE apoyó en su día con sus votos esta proposición de ley que, como SS.SS. saben, fue aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica. En consecuencia, y a pesar de que sabemos que existe un grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el 1 de febrero, precisamente, ha discutido una propuesta para modificar el sistema general de financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y que también en el Consejo Interterritorial de Sanidad existe una comisión que está trabajando en un cambio posible en la financiación sanitaria o del Sistema Nacional de Salud de nuestro país, y que lo está haciendo sobre criterios similares a los que la proposición de ley del Parlamento de Galicia propone, a pesar de ello, creemos que es coherente que yo les pida a todos ustedes que den su voto favorable a la toma en consideración de esta proposición. Y no sólo es coherente sino también justo desde el punto de vista de defender los intereses colectivos de Galicia, aunque a veces esos intereses entren en contradicción con los intereses generales del Estado. Cuando se trata de cuestiones secundaria pero cuestiones no menos importantes, lo que llamamos en terminología marxista una contradicción secundaria, no hay ningún peligro para nuestra solidaridad con la política del Estado, porque, como dijo en esta Cámara en la sesión del 23 de mayo de 1933 un Diputado gallego y galleguista, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, los intereses locales son también intereses españoles, y la suma de todos ellos es lo que ha de constituir la base más sólida para el asentamiento de una democracia. No voy a abrumar a SS.SS. con datos económicos o de recursos disponibles, que sin duda SS.SS. conocen o al menos intuyen y que, además, otros compañeros, Diputados de la Cámara gallega, han expuesto o van a exponer, pero permítanme decirles tres cosas. En primer lugar, Galicia tiene casi la mitad del gasto por habitante y año en sanidad que la comunidad que más tiene, que es Navarra, y un tercio menos que la media española. En segundo lugar, Galicia tiene el 55,2 por ciento de sus habitantes viviendo en municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando el número de españoles en su conjunto en esta circuntancia es del 34,9 por ciento, y Galicia tiene 106 entidades de población por 100 kilómetros cuadrados, mientras que el conjunto de España sólo tiene 11. Para garantizar la equidad en relación con esta situación la dotación de recursos debe ser mucho mayor, como sin duda SS.SS. comprenderán. Por último y en tercer lugar, la población gallega es la más envejecida del Estado --ya el señor Vázquez, Diputado que me ha precedido, ha expresado estos datos-- y la utilización de recursos sanitarios por los mayores de 65 años es cinco veces más que en el resto de la población. Es cierto que el Gobierno central socialista hizo un esfuerzo presupuestario entre los años 1983 y 1990, fecha de la transferencia del Insalud a la Xunta de Galicia, al pasar de un 5,39 por ciento del gasto estatal en Galicia en Sanidad en el año 1982 a un 6,49 por ciento en el año 1990, más de un punto por encima, pero este esfuerzo ha sido insuficiente porque partíamos de una situación muy deficitaria, de una situación de la que nadie en concreto tiene la culpa, sino que es fruto del atraso histórico de Galicia, en lo cual los gallegos tenemos gran parte de responsabilidad y no creo que debamos ser victimistas.


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Por tanto, creemos --y voy a terminar ya, señor Presidente-- que esta proposición de ley, si se convierte en ley, aceleraría el proceso de igualdad territorial que los gallegos necesitamos, en ésta como en otras cuestiones, y que nuestra Constitución y la Ley General de Sanidad señalan, si bien es cierto que a esa meta se puede llegar de otra forma si los Consejos Interterritoriales de Política Fiscal y financiera y de Sanidad llevan a buen término sus trabajos. En cualquier caso --insisto y termino--, por coherencia con la proposición y con nuestra posición en el Parlamento de Galicia, nosotros solicitamos el voto favorable. Muchas gracias, señoras y señores Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Cerviño. Tiene la palabra el señor Rodríguez Pérez.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Rodríguez Pérez): Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir con la máxima brevedad, primero porque lo exige el guión --me quedan cinco minutos--, segundo porque creo que ya mis compañeros han aducido razones de peso que explican el porqué de nuestra presencia hoy aquí defendiendo esta proposición de ley aprobada en el Parlamento de Galicia, y en tercer lugar, y como buen gallego soy escéptico, porque no sé hasta qué punto las razones que ellos han dado y las que yo dé pueden influir en el ánimo de SS.SS. --evidentemente del Grupo que conforma la mayoría que apoya al Gobierno en esta Cámara--para que ustedes cambien su decisión, si es que ya la tienen adoptada, o para que les sirvan para votar a favor de esta proposición de ley.
En cualquier caso, y como representante del Partido Popular, sí quiero hacer unas breves matizaciones. En primer lugar, deseo señalar que esta proposición de ley tiene origen en una iniciativa de uno de los portavoces del Grupo Mixto en la pasada legislatura en el Parlamento gallego, el señor Nogueira Román, perteneciente a un Grupo de oposición en aquel Parlamento, el Partido Socialista-Esquerda Galega. Y no es baladí la cuestión, porque alguien podría pensar que teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene mayoría en el Parlamento de Galicia, podríamos traer aquí esta proposición de ley con el ánimo de poner al Gobierno contra las cuerdas, con alguna posición maximalista, con el ánimo de pretender algún privilegio para nuestra tierra. Todo lo contrario, y por eso me interesa señalar que esta es una iniciativa que parte de la oposición en el Parlamento de Galicia y que luego fue aprobada unánimemente --me interesa recalcarlo-- por todos los grupos que en aquel momento --en la pasada legislatura-- componían el Parlamento de Galicia: Partido Socialista- Esquerda Galega, Coalición Galega, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista y, evidentemente, el Partido Popular. Es algo de lo que me gustaría que SS.SS. tomaran conciencia.
Evidentemente, no es una proposición de ley partidista, de ningún modo. En segundo lugar, quiero hacer una matización, refiriéndome ya a la Ley General de Sanidad en sí, por lo que no me resisto a leerles dos artículos muy breves.
El artículo 12 dice: «Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios Públicos en todo el territorio español, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución.» Y el artículo 81 dice: «La generalización del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria que implica la homologación de las atenciones y prestaciones del sistema sanitario público se efectuará mediante una asignación de recursos financieros que tengan en cuenta tanto la población a atender en cada Comunidad Autónoma como las inversiones sanitarias a realizar para corregir las desigualdades territoriales sanitarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.» Es clara, señorías, de un modo diáfano, la voluntad del legislador en orden a corregir los desequilibrios o las desigualdades sanitarias entre las distintas comunidades autónomas que conforman el Estado español; creo que está clarísima en estos dos artículos. Luego surge el artículo 82, y yo aquí tengo que señalar un párrafo concreto de este artículo 82, un párrafo realmente«perverso», que dice: «La desviación, positiva o negativa, entre el porcentaje del gasto en el momento inicial y el porcentaje de la población protegida será anulada en el transcurso de diez años al ritmo de un 10 por 100 anual.» ¿Y por qué digo «perverso»? Primero, porque este artículo se introduce en el debate en esta Cámara, no figuraba en el proyecto originario que se envió a este Parlamento. Y no figuraba, como es lógico, porque este artículo contradice de un modo flagrante los dos artículos anteriores que acabo de leer. Es una flagrante contradicción y por eso me preocupé en investigar cómo era posible que una ley incurriera en semejante contradicción, y viendo el proyecto original --me pude hacer con él-- comprobé que este artículo no figuraba en el proyecto que se remitió aquí, fue añadido merced a una enmienda de adición del Partido Socialista. Voy a poner un ejemplo gráfico hablando casi de las cuentas de la vieja. De acuerdo con esto, uno podía pensar que para corregir las desigualdades podría tenerse en cuenta la famosa deuda histórica, que nos remonta a los años ochenta. A Galicia eso le supuso un déficit. Estaba recibiendo un porcentaje del 5,70 por ciento, cuando su población protegida es del 7,069 por ciento, lo que le supuso, en aquellos años (de 1982 a 1986), 60.000 millones de pesetas. Uno podría pensar que esta ley, siguiendo su espíritu, podría hablar de corregir esa deuda histórica. Pasemos por alto que no corrija ese déficit histórico de los años 1982 a 1986, pero

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que, por lo menos, a partir del momento de su promulgación, corrija esas desigualdades y haga que las comunidades autónomas más desfavorecidas, entre las que por desgracia está Galicia, reciban, desde ese momento, lo que recibe la media nacional, pero tampoco ocurre así. Pasan cuatro años (de 1986 a 1990), el 1 de enero de 1991 se producen las transferencias, y ahí se acumulan otros 65.000 millones de déficit que la Comunidad Autónoma de Galicia deja de percibir, de acuerdo con lo que le correspondería, según esta propia ley. Entonces surge la transferencia y se aplica este párrafo que yo creo que es ferozmente insolidario y de una brutalidad terrible por su insolidaridad, ya que no sólo no corrige los déficit históricos anteriores a la promulgación de la ley, ni siquiera desde el momento en que ésta se promulga, sino que va mucho más allá. Así, en el momento en que se produce la transferencia a Galicia o cualquier otra comunidad que reciba por debajo de la media, la ley obliga a que esa igualación hasta la media española se produzca en 10 años. ¿Qué ocurre entonces? Que los que son más pobres no van a ser más pobres todavía, pero lo que sí van a ser es más desiguales. Quiero decir, antes de nada, que nosotros no vamos contra nadie. Que comunidades como Navarra, Cantabria, o el resto de comunidades que están percibiendo por encima de la media estatal, sigan percibiéndolo, porque reconocemos que, seguramente, el bajar de golpe a estas comunidades a la media estatal podría provocar que sus servicios quedaran desatendidos, porque quizá esas comunidades no tendrían recursos para afrontar el mantenimiento de los servicios que venía prestando; nosotros no vamos contra esas comunidades, lo que sí estamos es a favor de las comunidades más desfavorecidas, que siempre son las mismas (Extremadura, Galicia...), que están percibiendo por debajo de la media y que acumulan en estos momentos un déficit histórico de más de 150.000 millones de pesetas, si lo consideramos desde el año 1982.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rodríguez, vaya concluyendo.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Rodríguez Pérez): No vamos contra nadie, únicamente estamos a favor de las comunidades más desfavorecidas y de la solidaridad. Si aquí se habla siempre de ser solidarios, creo que éste es un buen momento para que esta Cámara hiciese un esfuerzo por serlo.
Al representante de Convergència i Unió, que en su respuesta a la anterior intervención de mis compañeros decía que la proposición de ley no era genérica, he de decirle que ésta sí lo es. Esta es una proposición de ley genérica, señoría, ya que modifica un artículo con-creto de una ley y afecta a todo el Estado. Es una proposición de ley totalmente genérica.
Termino, señor Presidente, siguiendo sus indicaciones, diciendo que nos gustaría que, en este día de honda raigambre y trascendencia en Galicia --como han señalado anteriormente mis compañeros--, el día de las Letras gallegas, ustedes tuvieran la sensibilidad de corregir un artículo que, como decía anteriormente, supone una burla para las comunidades más desfavorecidas, y que tuvieran en cuenta que aquí no venimos a pedir ningún privilegio, muy al contrario, únicamente hacemos una petición de mera justicia. Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desan fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, para fijar la posición de nuestro Grupo parlamentario de Convergència i Unió en relación a la proposición de ley sobre modificación del artículo 82 de la Ley General de Sanidad, en lo que se refiere a la financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, que ha presentado el Parlamento de Galicia.
Hemos de manifestar ya de entrada que participamos de la preocupación por el tema, pues entendemos que la financiación sanitaria ha de dar cumplimiento al principio de suficiencia, de equidad y de automatismo, de forma que los recursos sean adecuados a las necesidades reales y se eviten las indeseables repercusiones a las comunidades autónomas con el Insalud transferido debidas a las desviaciones presupuestarias del Insalud-Gestión directa.
Tanto es así que, después de haberlo manifestado en multitud de ocasiones, se ha llegado al compromiso por parte del Ministerio de Sanidad de crear una comisión en el seno del Consejo Interterritorial de la Salud, de la que forman parte el propio Ministerio y aquellas Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas con el Insalud transferido para, entre todos ellos, llegar a alcanzar unos acuerdos que den una solución adecuada al problema con un nuevo modelo de financiación sanitaria, además de los trabajos que en este sentido se están llevando a cabo en el Consejo de Política Económica y Fiscal.
Una primera consideración o reflexión sería que no se comprende muy bien que, mientras se están negociando las bases de este nuevo modelo de financiación sanitario, sea considerada una proposición que se aleja

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de la negociación conjunta, con unos planteamientos yo diría que unilaterales, aun cuando no pueda decirse que no es genérica, y de ahí que la solución tenga que ir por la vía del consenso entre todas las comunidades afectadas. Deberemos convenir todos en que las fórmulas de financiación se pueden construir con unos resultados pactados y recogiendo indicadores que den respuesta a las distintas comunidades autónomas afectadas. Esta propuesta, en cambio, pretende dar, primero, rango de ley a unos parámetros, y, después, pactar la fórmula.
Otra cuestión importante del nuevo sistema de financiación sanitario que se ha convertido en un punto clave en la negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda es que el problema está no tanto en cómo se reparte, sino a cuánto llega la cantidad total a repartir. En general, se acepta que la fórmula con una sola variable, es decir, población protegida, es más transparente y aceptable para todas las comunidades autónomas que no una más compleja.
El problema grave de la sanidad es que no se presupuesta lo que se gasta, sino bastante menos, y que se quiera justificar esta diferencia con políticas de ahorro que no se han concretado. Es obvio que la coyuntura actual nos obliga a reconducir el crecimiento de la financiación pública del gasto sanitario, pero no se puede hacer ocultando la realidad del coste. Eso sólo perjudica a las instituciones que gestionan los servicios y a sus proveedores.
Dicho esto, señor Presidente, señorías, intentaremos hacer un análisis más concreto de las modificaciones que se plantean.
Esta proposición de ley modifica, como se ha dicho, los parámetros de la financiación de la sanidad a las comunidades autónomas, basado en el reparto del presupuesto del Insalud en función de la población protegida. La modificación fundamental se basa en sustituir esta población protegida por la de población total de derecho, según el último censo, o padrón municipal, añadiendo dos parámetros más en esta distribución, es decir, la dispersión geográfica y la renta por habitante.
Entre los aspectos que creemos que pueden considerarse positivos de la propuesta, está el que se eliminan, por una parte, las deducciones del presupuesto del Insalud en concepto de servicios comunes estatales antes de distribuirlo, y también nos parece positivo, que lo es, que se prevean los anticipos a cuenta de las liquidaciones definitivas de cada ejercicio económico cuando se produzcan desviaciones en el presupuesto del Insalud, cosa que, como todos sabemos, viene produciéndose de una forma constante en mayor o menor intensidad.
Ahora bien, desde nuestro punto de vista, nos parece más lógico la utilización de la población protegida que no la de población total de derecho, puesto que la protegida por otros entes ha de tener su propia financiación. Por otra parte, la introducción de la dispersión geográfica parece tener una cierta lógica. Sin embargo, entendemos que tiene más sentido en la financiación de otros tipos de gasto, como, por ejemplo, inversiones en infraestructuras o bien de otros que mejoren la movilidad de la población. De esta forma, el indicador incentiva si no a la solución definitiva sí por lo menos a la disminución del problema y no a su perpetuación.
Finalmente, la utilización de indicadores de renta por habitante ha sido muy discutida en el campo sanitario.
Suponemos que se pretende establecer una relación inversa entre esta variable y el volumen de recursos a percibir.
Nosotros entendemos que la redacción ha de ser positiva, ya que está claramente demostrado que el gasto sanitario --y eso ocurre en todas partes-- tiene una relación, elasticidad- renta, superior a 1, es decir, que a mayor renta «per capita» mayor consumo de servicios sanitarios. Es, pues, una variable que genera una cierta discrepancia entre las distintas comunidades autónomas afectadas.
A mayor abundamiento, el aspecto de solidaridad o de redistribución de la riqueza ya se efectúa por la vía de los ingresos públicos, es decir, vía contributiva. Esta es la verdadera redistribución, porque si además se redistribuye en el capítulo de los gastos, no dejaría de representar, si se me permite la expresión, una doble cuota de solidaridad; es decir, aportar mayor contribución al conjunto total de recursos --que nos parece bien-- y, a su vez, percibir menos en el reparto del gasto público, cuando el gasto público por habitante debe ser el mismo, como también debe serlo el coste de los servicios sanitarios.
En definitiva, señor Presidente, señorías, participando, como hemos dicho, de la preocupación por esta cuestión, no bien resuelta en los momentos actuales, participando también de la calificación de perversidad, como ha hecho alusión uno de los representantes del Parlamento gallego, entendemos que es en el seno de la Comisión a la que hemos hecho referencia anteriormente y en el marco de la misma donde se puede llegar a acuerdos concretos y puntuales para una mejor solución para todas aquellas comunidades autónomas que tienen transferido el INSALUD.
Por todo ello, nuestro Grupo va a rechazar la toma en consideración de esta proposición de ley, no dejando de reiterar, una vez más, que estamos preocupados por el problema e insistimos en que la solución puede venir por otra vía en la que todas las comunidades autónomas afectadas participen de hecho en la mejor solución del problema.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cardona.


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Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quiero felicitar a la Comunidad Autónoma de Galicia por la oportunidad en el planteamiento de la reforma de la Ley General de Sanidad en un aspecto como el de la financiación, que está abordado --y yo pienso que desde el mismo debate de la Ley General de Sanidad se tuvo conciencia--de una manera insuficiente, parcial y contradictoria con uno de los principios fundamentales de la Ley General de Sanidad, que era el de equidad.
Evidentemente, la Ley General de Sanidad surge con la idea -- adecuada en nuestra opinión-- de conformar un sistema sanitario con transferencias a las comunidades autónomas en materia de servicios sanitarios, pero que mantuviera, tal y como nuestra Constitución prevé, en poder del Estado los instrumentos necesarios para garantizar niveles básicos de equidad en el conjunto del Estado.
La verdad es que el desarrollo de la Ley General de Sanidad en materia de transferencias sanitarias ha ido por caminos bien contradictorios. Se ha producido la transferencia a algunas comunidades autónomas de los servicios sanitarios del Insalud y se ha transferido al conjunto de las comunidades autónomas algunos de los instrumentos básicos en materia de salud pública, que, a juicio de mi Grupo Parlamentario, nunca debieron salir del Ministerio de Sanidad, como instrumentos indispensables para garantizar el ejercicio de criterios de planificación sanitaria, tendentes a la equiparación de los niveles de salud, en las diferentes comunidades autónomas. Sin duda SS.SS. no ignoran --y los representantes del Parlamento gallego así lo han manifestado en esta tribuna-- que las comunidades autónomas de nuestro Estado tienen diferencias muy importantes en materia de servicios sanitarios y en materia de servicios de salud. Han calificado, correctamente, como de deuda histórica el déficit, el decalaje, la variación que existen entre la realidad de los servicios sanitarios, transferidos o no, y la media nacional. Deuda histórica que exigiría, desde el punto de vista de la planificación sanitaria, la instrumentación de medidas destinadas a disminuirla progresivamente. Recuerdo a SS.SS.
que el principal, el número 1 de los 38 objetivos de la Organización Mundial de la Salud, de salud para todos en el año 2000, en la región europea, era disminuir en un 25 por ciento las actuales desigualdades en materia de salud.
No tengo que recordarles que la primera publicación de indicadores de salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, ante las evidencias de desigualdades sostenidas e incluso incrementadas entre las diferentes comunidades autónomas, llevó al responsable, por aquel entonces, de la cartera de Sanidad a eliminar la información relativa a las camas por habitantes en las diferentes comunidades autónomas.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera que los criterios que se propone introducir en la modificación del artículo 82 de la Ley General de Sanidad son enormemente adecuados. Es decir, el criterio demográfico es útil, pero lo suficientemente burdo, lo suficientemente grosero, como para no permitir la discriminación positiva de los desiguales, indispensable para conseguir la equidad. La equidad, señorías --y ustedes lo saben bien--, no consiste, en materia sanitaria al menos, en repartir la tarta presupuestaria en 17 pedazos, ni aun teniendo en cuenta solamente los criterios de población. Saben ustedes que el principal determinante de los niveles de salud de una población es el de renta, las diferencias socioeconómicas y las diferencias culturales y educativas que van asociadas. Por tanto, discrepo profundamente de la valoración que hacía el señor Cardona, representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) acerca de que los mayores niveles de renta «per capita» llevarían a un mayor consumo de niveles de salud. Si bien en una primera impresión eso podría ser real, lo que es cierto, más allá de esa afirmación, es que la demanda de servicios sanitarios, expresada por los ciudadanos, no se corresponde con las necesidades reales en materia de salud que, en este caso, por el contrario, se incrementan de una manera muy importante con los niveles de renta más bajos, independientemente de que se expresen o no como demanda de servicios sanitarios. Aspecto que, entre otras cosas, justifica el cambio de enfoque que planteó en su día, pero de una manera absolutamente insuficiente, la Ley General de Sanidad de actuar no en función de la demanda, sino de una intervención activa, desde los servicios sanitarios, sobre las necesidades de salud de la población. Es evidente que la dispersión geográfica y los niveles de renta «per capita» son uno de los aspectos fundamentales que deben incorporarse al criterio de volumen de población, a aspectos estrictamente cuantitativos en la valoración de la población. Aspectos demográficos más finos, como los que se han señalado aquí, de distribución de la población por edad y sexo, también deberían estar presentes en los criterios de financiación de los servicios sanitarios, porque no solamente el envejecimiento de la población plantea una mayor demanda de servicios sanitarios, sino que también el porcentaje de mujeres y el de niños son criterios que deben modificar la financiación de los servicios sanitarios.


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Hay un elemento que no plantea la modificación que propone el Parlamento gallego y que en su momento nosotros propondremos que se introduzca. Me refiero a la situación de salud de la población. La Ley General de Sanidad habla de la planificación de los servicios sanitarios y de la planificación de las actividades de los mismos en función de las necesidades de salud de la población, de la situación de salud de los ciudadanos. Como saben SS.SS., hasta la fecha no contamos con un diagnóstico de salud, pese a que la Ley General de Sanidad lo exige, y, por tanto, tampoco tenemos plan integrado de salud, como elemento rector de la intervención de los servicios sanitarios sobre la salud de la población. Sin embargo, a pesar de que este criterio no aparece, entendemos que los que propone el Parlamento gallego son adecuados a la situación, en consecuencia suponen avances de acuerdo con lo que en este momento plantea la Ley General de Sanidad, y por tanto, vamos a votar a favor de esta Proposición de ley.
Entendemos que es positivo que exista una Ponencia, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en estos momentos esté debatiendo acerca de posibles modificaciones en los criterios de financiación. Sin embargo, señorías, debo recordarles que el organismo que tiene capacidad legislativa es esta Cámara. A esta Cámara le corresponde hacer las modificaciones que se crean oportunas de la Ley General de Sanidad, sin que eso sea óbice para que ponencias de niveles de la Administración de otro rango debatan las fórmulas concretas por las cuales se aplican a las diferentes comunidades autónomas los indicadores que permiten adecuar la voluntad política expresada en esta Cámara, en su caso en modificaciones de las leyes, para que se instrumenten de manera concreta los cambios que se propongan en materia de financiación.
No creemos que sea justificable, que sea esgrimible como argumento en esta Cámara, el hecho de que exista una ponencia en el Consejo Interterritorial para decir que no es oportuno tomar una decisión que está originando desde hace tiempo un incremento de las desigualdades en materia de salud entre las comunidades autónomas. Asumamos las competencias que la Constitución y el sistema democrático atribuyen a esta Cámara.
Decidamos lo que creamos oportuno en función de los contenidos de las propuestas que se hacen y dejemos a los niveles de la Administración correspondientes que tomen sus decisiones a la hora de adecuar a fórmulas concretas los criterios políticos, la voluntad política, que es patrimonio en exclusiva de esta Cámara, compartido con el Senado.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Maestro. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gómez Vázquez.


El señor GOMEZ VAZQUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hoy, 17 de mayo, celebramos en Galicia el día de las Letras gallegas, dedicado en esta ocasión al escritor y artista coruñés Luis Seoane. Me parece una feliz coincidencia que en día tan señalado se debatan en esta Cámara dos iniciativas del Parlamento gallego, tan importantes para Galicia. Por eso quiero, de una manera especial, dar la bienvenida a los Diputados del Parlamento gallego que hoy han defendido aquí sus iniciativas. (El señor Diputado pronuncia unas palabras de saludo en gallego). Señorías, en tan señalado día tengo el honor de fijar la posición del Grupo Popular en un tema tan trascendente para Galicia como es el de la financiación de la sanidad. Porque lo que hoy se trata aquí no es de solucionar la sanidad gallega, sino la financiación de la sanidad gallega. Ya desde este momento quiero que quede bien claro que nuestro sentido del voto es el de total apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley que presentan nuestros compañeros del Parlamento de Galicia, como no podía ser de otra forma.
Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de un bien básico. Hablamos de enfermeras, de médicos, de hospitales, de centros de atención primaria, de listas de espera y hablamos, sobre todo, señorías, de dinero que haga posible que este bien básico llegue al mayor número de personas y en las mejores condiciones posibles. Con este dinero Galicia demostrará que sabe hacerlo tan bien como con la lucha contra los incendios forestales, como ponía de manifiesto la pasada semana desde esta tribuna mi compañera la Diputada Martínez Saiz, dándose, además, la feliz circunstancia de que la persona que tiene que gestionar estos recursos es la que con anterioridad hizo posible ese éxito en la lucha contra el fuego en Galicia. Estamos hablando de financiación, de dinero, de intereses de Galicia y no de intereses de partido.
Después de escuchar hace un momento al portavoz del Partido Socialista Galego no entendíamos la contradicción. Después de haber sido votada por unanimidad por todos los grupos políticos en el Parlamento gallego, incluido el Partido Socialista, no entenderíamos el doble lenguaje, al que, por otra parte, desgraciadamente, nos tienen acostumbrados; y nunca nos acostumbraremos a pesar de ejemplos tan recientes como el del «Mar Egeo» hace tres semanas y el de Santa Bárbara también muy recientemente. En octubre pasado, con ocasión de las elecciones al Parlamento gallego, la Ministra, Angeles Amador (que, por cierto, lamento que no esté esta tarde en el debate en un tema trascendente para la sanidad de Galicia y la sanidad de España), decía que admitía la posibilidad de renegociar la deuda con Galicia. Pues bien, si hay voluntad de renegociar la deuda con Galicia ahora es el momento. Que se apruebe ahora esta proposición de ley y que se demuestre ahora que hay esa voluntad de

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negociar. Y tiene que ser de una manera bilateral, no de una manera multilateral. Hasta la propia Ministra decía en esas mismas declaraciones que el señor Sánchez Presedo bien sabía de lo que se hablaba y cómo tenían que solucionarse estos problemas, y que es mejor plantearlo, decía taxativamente, desde una perspectiva bilateral y no multilateral. Si el señor Sánchez Presedo tiene el apoyo de la Ministra, espero entender que la Ministra asuma que es de una manera bilateral como hay que enfocar este problema y no de una manera multilateral.
No somos insolidarios con el resto de las comunidades autónomas porque pidamos más dinero para nuestra sanidad. No queremos quitar nada a los demás. Queremos simplemente lo que nos corresponde.
No vamos a hablar, porque ya lo dijeron mis compañeros del Parlamento gallego, de la deuda histórica de los años 1982 a 1990, por la cual se detraen a Galicia más de 120.000 millones de pesetas. Podemos hablar, por el contrario, del desfase en estos diez años para acercanos al gasto medio estatal. El famoso artículo 82 de la Ley de Sanidad supone a la Comunidad Autónoma 139.000 millones en el período 1991-2000 y, por ejemplo, en este año 1994, en el que nos encontramos, supone sólo ese concepto 19.000 millones de pesetas.
Además, esta exigencia de la proposición de ley está amparada por la Constitución, en sus artículos 9, 43 y 159, y por la propia Ley General de Sanidad, en los artículos 1, 3, 12 y 81, que reconocen el derecho a la protección de la salud a toda la población y la necesidad de superar progresivamente las desigualdades territoriales.
Señor Cardona, no es un tema multilateral, sino bilateral, como la propia Ministra reconoce. No es un tema del Consejo Interterritorial de la Salud, como decía muy bien hace un momento la portavoz de Izquierda Unida. Esto es previo a eso, señor Cardona.
Creemos que tienen que ser los poderes públicos, el Parlamento de Galicia en su día, hoy estas Cortes Generales, los que hagan que sea una realidad el objetivo de alcanzar el máximo nivel posible de equidad territorial en la asignación de los recursos públicos, superando viejas desigualdades geográficas en el terreno sanitario.
Esta, señores, es la razón de nuestro apoyo y de que no entendería que no se tomara en consideración esta iniciativa.
Después de oír aquí esta tarde al portavoz del Partido Socialista Gallego-Partido Socialista Español, entiendo que todos los diputados gallegos, sin distinción de grupos políticos, es decir, diputados del Partido Socialista y del Partido Popular, tenemos que votar positivamente esta proposición de ley. Galicia no los demanda y más cuando se declara, no hace más de dos días, por parte de un significado diputado gallego que se ha terminado el ser los monaguillos de Madrid.
El Partido Socialista ya votó en contra de Galicia cuando se introdujo la enmienda a la Ley de Sanidad que alargó a diez años el plazo para corregir las desviaciones entre los porcentajes de gasto y de población protegida. Puede decirse en este caso, como decía el Senador Hernández Cochón en el debate de esta proposición de ley en el Parlamento gallego, que el que hace la ley hace la trampa. Espero que hoy no, que hoy, señores del Partido Socialista, no sigan siendo tramposos, diputados gallegos del Partido Socialista. (El señor García-Arreciado Batanero: ¡Ignorante!) Es importante, por lo tanto, que se tome en consideración esta proposición de ley. El interés primordial es modificar el nefasto artículo 82 que permita anticipar a tres los siete años que quedan para equilibrarnos con la media del gasto estatal.
Hay otros intereses, como son la toma en cuenta de otros criterios de la dispersión demográfica, desde el envejecimiento de población, que ya se ha tratado aquí; el retraso en los acuerdos de liquidación con las comunidades autónomas, que suponen un endeudamiento crónico por parte de aquellas comunidades autónomas más desfavorecidas; los acuerdos de cofinanciación de inversiones sanitarias. Todos estos son también temas importantes y esperamos que se alcancen acuerdos en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, para la que pedimos el apoyo, una vez más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.


La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los miembros del Parlamento gallego que se encuentran en esta Cámara y empezar diciendo que la proposición de ley que presenta hoy aquí el Parlamento gallego estamos seguros que incide, sin duda, en un tema de gran importancia, como es el sistema de financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social con un gran peso específico dentro de cada comunidad autónoma y, por tanto, con una gran incidencia en cada uno de sus presupuestos.
La preocupación que inspira esta proposición es, sin duda, razonable y coincide con la del Gobierno y, por supuesto, con la del Grupo Socialista. Esta propuesta es una aportación relevante para el necesario proceso de debate sobre la financiación del Sistema Nacional de Salud y quiero expresar que mi Grupo participa del objetivo general y de fondo y nos comprometemos, por tanto, a avanzar en el camino de mejorar el sistema de financiación del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, me veo en la obligación y debo señalar también que no participamos del mecanismo utilizado y tampoco de la formulación concreta que se ha hecho en esta proposición de ley que hoy debatimos,

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y voy a pasar a continuación a expresar cuáles son las razones de estos dos pequeños problemas.
La proposición de ley solicita la modificación del artículo 82 de la vigente Ley General de Sanidad y supone la introducción de modificaciones importantes en el sistema de financiación, como son, en primer lugar, la supresión de la deducción que representan los servicios comunes y centros nacionales de gestión centralizados para el cálculo de la participación de las comunidades autónomas en el presupuesto total del Insalud; en segundo lugar, supone la sustitución del criterio de población protegida por el criterio de población de derecho; en tercer lugar, supone la introducción de los parámetros de dispersión geográfica, por un lado, y el de renta por habitante como ponderados dentro de la población de derecho; en cuarto lugar, supone también el acortamiento del plazo de 10 a 3 años para eliminar las diferencias entre el porcentaje de gasto sanitario en el momento inicial y el porcentaje de la protección de derecho ponderado, y, en quinto y último lugar, supone la modificación del sistema de liquidación anual del presupuesto total del Insalud.
Todas estas modificaciones tienen distinto peso específico y, por tanto, voy a centrarme en dos de ellas de manera más exhaustiva porque son las que pueden plantear, quizá, más dificultades a la hora de su aplicación. Y me refiero, en primer lugar, a la sustitución del criterio de «población protegida» por el de «población de derecho» y, en segundo lugar, a la introducción de diferentes parámetros para ponderar, para corregir la variable «población».
Respecto al primero, es evidente que, debido a las diferentes fechas y formas en las que se hizo la negociación de los distintos decretos de transferencias, se ha podido dar lugar a criterios distintos poblacionales a la hora de establecer los cálculos de porcentajes de participación. Efectivamente, no fueron homogéneos y, por lo tanto, parece racional alcanzar una cierta unificación de criterio sobre el porcentaje de población a aplicar. Pero lo anterior no implica sustituir la población protegida por la población de derecho.
Efectivamente, habrá que aplicar el censo a la población protegida. Pero el pasar al criterio de «población de derecho» supone no tener en cuenta que hay colectivos cuya cobertura se establece no por el Insalud, sino a través de los regímenes específicos de la Seguridad Social o de las mutualidades públicas de funcionarios y, por tanto, está financiado por estos propios organismos. Además, la población cubierta por estas otras entidades fuera del Insalud no se distribuye de manera homogénea entre todas las Comunidades Autónomas. Por tanto, está claro que al utilizar este criterio de «población de derecho» se desnaturalizaría de cierta forma la finalidad para la que se dota al Insalud de recursos, ya que al recibir el presupuesto global en función de lo que le corresponde por los regímenes cubiertos por el propio Insalud y, en cambio, distribuir según otros criterios, eso originaría consecuencias negativas tanto para el Insalud no transferido como, además, una serie de diferencias o de agravios comparativos entre las distintas comunidades autónomas en función de la proporción que tuvieran estos colectivos. Por tanto, resulta dificultoso, y hay que valorar, este tipo de criterio.
Respecto al segundo criterio, que es la introducción de los parámetros correctores del criterio poblacional anterior, en el sentido de dar una mayor equidad a la distribución de los recursos, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, nos parece, por tanto, un principio bastante aceptable. Pero yo creo que hay que pensar más, y el problema radica precisamente en seleccionar esos criterios.
El principio de dispersión geográfica que se aplica, que puede ser un principio como el que significa la desigualdad al acceso a la sanidad, puede aceptarse lógicamente que tenga una relación directa con el nivel de gastos a realizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que la tecnología sanitaria no se puede distribuir de la misma forma por todo el territorio. Existen determinados recursos que forzosamente siempre van a estar concentrados. Además, para contemplar esa desigualdad de acceso sería necesario establecer previamente lo que se considera como un estándar mínimo de servicio, y la desigualdad podría establecerse no sólo en base a la distancia, y, por tanto, a la dispersión geográfica, sino también en base al tiempo de espera. Respecto al segundo indicador, que es la introducción del nivel de renta --y en esta Cámara se ha planteado una diferencia entre dos Grupos, concretamente el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo de Izquierda Unida--, el tema resulta controvertido, porque empíricamente está demostrado que, a mayor nivel de renta, aumenta la demanda de servicios sanitarios. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Mendizábal. Señorías, por favor, ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.) Continúe, por favor, señora Mendizábal.


La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor Presidente.
Decía que la introducción del parámetro nivel de renta es un tema controvertido porque, efectivamente, a mayor nivel de renta, existe mayor demanda de servicios sanitarios porque la sanidad, en economía, es un bien que tiene una elasticidad de renta muy elevada y esto, por supuesto, desde nuestro punto de vista, está en total contradicción con el objetivo redistributivo. Nuestra opinión es que hay que permitir corregir los desequilibrios existentes y evitar que se perpetúe una serie de desigualdades sanitarias. Creemos que aquí hay un problema respecto a la ponderación, que pueden

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darse resultados diametralmente opuestos y que hay que considerarlo técnicamente mejor para saber cuál es la opción que hay que tomar. Sin embargo, creo que además hay una deficiencia, porque existe otra serie de criterios, que ya se han señalado por alguno de los parlamentarios del Parlamento gallego, y hay otra serie de variables que son fundamentales, como es la edad de la población, que sí puede tener, y de hecho tiene, una relación directa con el nivel de gasto sanitario.
Desde nuestro punto de vista, está claro que la utilización de estos indicadores condiciona el resultado final de la distribución, tanto por la definición que se haga de ellos como por la ponderación que se pueda dar a estos parámetros, por lo que pequeños cambios en la metodología seguida puede tener un gran impacto en la cantidad asignada a cada una de las comunidades autónomas. Toda esta complejidad hace que una sola propuesta, como es la que tenemos ahora aquí, no sea suficiente para tomar en consideración una reforma del sistema de financiación, que tiene una serie de efectos que hay que valorar previamente. Para abordar la reforma del sistema de financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y la transferida a las comunidades autónomas, hay que tener en cuenta que no es posible, en ningún caso, definir un modelo óptimo, por lo que la solución está condicionada por un proceso de negociación política, con lo cual vuelvo a la primera parte de mi intervención donde señalaba que mi Grupo no coincide con el mecanismo utilizado. La negociación política para alcanzar el consenso necesario, desde nuestro punto de vista, debe seguir otra vía. La reforma de este sistema de financiación debe encauzarse a través del Consejo interterritorial de Salud, tomando como referencia el análisis que se está realizando en estos momentos en el seno del grupo de trabajo creado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera; grupo de trabajo formado por representantes de la Administración central y de las comunidades autónomas, para examinar las disfunciones que los procesos de presupuestación y liquidación de las prestaciones sanitarias introducen precisamente en la financiación de las comunidades autónomas. Hay dos grandes líneas de acción en este grupo de trabajo: una es el saneamiento del sistema y la otra es la modificación del sistema de asignación de recursos entre las comunidades autónomas, que es lo que en este momento estamos tratando. Desde que se creó este grupo se ha venido trabajando en este tema y, de hecho, el pasado 1 de febrero el grupo ya ha discutido una propuesta para modificar el sistema general de financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Pero es que además existe, de forma complementaria, la Comisión de financiación del Consejo interterritorial, que está llevando a cabo el estudio del sistema de financiación sobre el problema de desplazamientos dentro de las comunidades autónomas, que también es otro problema a tener en cuenta. Los trabajos desarrollados hasta la fecha muestran el interés de todas las partes en llegar a un acuerdo, así como las no escasas complejidades técnicas que ya hemos comentado. Dado que la Comunidad Autónoma gallega está colaborando activamente en este grupo de trabajos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y del Consejo Interterritorial, está claro que el contenido de esta iniciativa legislativa de la Comunidad Autónoma gallega es conocido y ha sido tenido en cuenta en los foros que hemos mencionado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Mendizábal, vaya concluyendo, por favor.


La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Acabo, señor Presidente.
Esperemos que se alcance --y ése es nuestro objetivo-- el más amplio acuerdo entre todas las comunidades y las Administraciones implicadas. La iniciativa legislativa de la Comunidad Autónoma gallega es, sin duda, una contribución interesante, aunque, lógicamente, parcial, por lo cual no podemos dar nuestro voto afirmativo, pero esperamos que en ambos foros se produzcan, en un plazo razonable, los acuerdos necesarios, para dar satisfacción a las inquietudes de fondo que han inspirado esta iniciativa legislativa que debatimos y que, por supuesto, mi Grupo, el Grupo Socialista, comparte en su fondo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley discutida. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de ley, del Parlamento de Galicia, sobre modificación del artículo 82 de la Ley General de Sanidad estatal, en lo referente al financiamiento de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 140; en contra, 159; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO 340 BIS. a), APARTADO 1.º, DEL CODIGO PENAL, CON EL FIN DE TIPIFICAR LA CONDUCCION

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DE UN CICLOMOTOR BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTRAS SUSTANCIAS ESTIMULANTES (ORGANICA) (Número de expediente 122/000053)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley, del Grupo Popular, sobre modificación del artículo 340 bis. a), apartado 1.º, del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cotoner. (Rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.


El señor COTONER GOYENECHE: Señor Presidente, señorías, la presente proposición de ley orgánica presentada por mi Grupo Parlamentario y que tengo el honor de defender intenta reformar el artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código Penal vigente, tipificando como delito la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, además de la conducción de un vehículo de motor. La redacción vigente del artículo 340 bis a) dice que serán castigados con la pena de arresto mayor o multa de 100.000 a un millón de pesetas y privación, en todo caso, del permiso de conducción por tiempo de tres meses y un día a cinco años, primero, el que condujera un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefancientes o sustancias psicotrópicas. La modificación que pretende la presente modificación a través de ley orgánica únicamente intenta añadir la palabra ciclomotor, además de los vehículos de motor. Algunas de SS.SS. no versadas en cuestiones jurídico- penales se preguntarán: ¿Qué tontería quiere introducir el Grupo Popular? ¡Como si el ciclomotor no fuera un vehículo de motor! Pues no, señorías; hasta ahora únicamente se ha venido considerando delito la conducción bajo la influencia de dichas sustancias de los vehículos de motor, entre los cuales no está incluido el ciclomotor, debido a que en el punto 9.º del anexo del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se excluye.
El punto 9.º de dicho anexo define el vehículo de motor como el vehículo provisto de motor para su propulsión; se excluyen de esta definición --dice textualmente-- los ciclomotores y los tranvías. En ese mismo anexo, en el punto 7.º se define el ciclomotor como el vehículo de dos ruedas y una sola plaza con motor térmico de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos o con motor eléctrico de potencia no superior a mil vatios y cuya velocidad no excede de los límites que reglamentariamente se determinen. Queda claro, por tanto, que la expresión «vehículo de motor» no es omnicomprensiva de todo tipo de vehículo que se mueva por autopropulsión. En el supuesto de hecho del artículo 340 bis a), apartado 1.º, introducido en el Código Penal por la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, anterior a la Ley de Seguridad Vial, tipifica la conducta de conducir un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, quedando excluida, como hemos dicho, del tipo la conducta de conducir un ciclomotor bajo estos efectos. La introducción del artículo 340 bis a) en el Código Penal tuvo su fundamento en la necesidad de política criminal de aumentar los supuestos de conducción temeraria ante la alarma social que estaban originando ciertos comportamientos, caso de los llamados conductores suicidas. Con ello, además, se intentaba reforzar la función preventiva y la capacidad correctora de dichos comportamientos gravemente antisociales. Sin embargo, el legislador no pareció tener en cuenta que igual riesgo se deriva de la conducción de otros tipos de vehículos, como son los ciclomotores, máxime teniendo en cuenta que son los jóvenes las personas más afectadas por la siniestralidad y la accidentalidad vial por este tipo de conducción, riesgo para el propio conductor y para los demás. La importancia de tipificar esta conducta deriva de la incidencia en la seguridad vial de este tipo de conducción.
Según datos provisionales de la Dirección General de Tráfico relativos a 1993, 12 de cada 100 víctimas de accidentes circulaban en ciclomotor. Durante 1992, según el Anuario de la Dirección General de Tráfico, de 4.126 vehículos implicados en accidentes con víctimas, 3.128 eran ciclomotores; el número de accidentes con víctimas ocasionados por ciclomotores fue de 3.473; el número de muertos en ciudad por conducción de un cliclomotor durante 1992 se elevó a 103 y en carretera a 331.
Los porcentajes, como se puede apreciar, son bastante elevados. De ahí la necesidad de adoptar algún tipo de medida coercitiva que prevenga, al máximo este tipo de accidentes, en los que de modo muy frecuente pierden su vida personas muy jóvenes.
En 1993 perdieron su vida en accidentes de ciclomotor en carretera 32 jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 17 años y 21 jóvenes de 18 a 20 años; en zonas urbanas perdieron su vida 24 jóvenes de 15 a 17 años. En la memoria de la Fiscalía General del año 1992, elevada al Gobierno, en el año 1993, en la página 82 se puede leer --lo cual se infiere ya implícitamente--la necesidad de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas.
Dice la Fiscalía General del Estado que observa con cierto desánimo que el proyecto del Código Penal de 1992 no recoge, en el capítulo relativo a los delitos contra la seguridad del tráfico, la conducta de conducir un ciclomotor

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bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Sigue diciendo que ya en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1989 se solicitaba la tipificación de tal conducta, y decía que la no tipificación de tal conducta resultaba un supuesto insólito en Derecho comparado. Seguía diciendo que tal conducta estadísticamente tenía una influencia importantísima en un elevado número de accidentes y que, en definitiva, era generadora de más riesgo que la conducción en tal estado de un vehículo a motor.
Pese a estas consideraciones el proyecto de Código Penal, en los artículos 357 a 362, hoy en el nuevo proyecto, que remitió el Gobierno a los Diputados de esta Cámara para su estudio, se refleja en los artículos 362 a 371 y bajo la rúbrica de «delitos contra la seguridad del tráfico», que no regula tal conducta, puesto que continúa tipificando en exclusiva la conducción de vehículo de motor, con lo que queda de nuevo excluido de tal ilícito penal la conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como también la conducción temeraria de ciclomotores, como la posible conducción suicida del artículo 361, hoy anteproyecto 370, pues se remite el artículo 358, que hoy es el 367, y que requiere, igualmente, el presupuesto de vehículos de motor. No nos parece acertada tal exclusión por las razones antes dichas y más aún cuando en el propio proyecto, en el artículo 244, hoy 248, en la utilización ilegítima de vehículos de motor, da entrada al ciclomotor de manera expresa, al castigar el que sustrajere un automóvil o ciclomotor ajenos. Entendemos que sería deseable, de la misma forma que en tal artículo se da entrada al ciclomotor, que se hiciera en los delitos contra la seguridad del tráfico. Es necesario, por tanto, tipificar esta conducta, de la que, además, de no hacerse referencia en el proyecto de Código Penal de 1992, resulta un supuesto insólito en Derecho comparado, como bien dice la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Como se ha puesto de manifiesto, la incidencia estadística de esta conducta en el número total de accidentes permite pensar que la misma es generadora de más riesgo, si cabe, que la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes de un vehículo de motor. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la jurisprudencia ha sido unánime, hasta ahora, en excluir la sanción de este tipo de conductas debido a que en el Código de la Circulación del año 1934, modificado por una serie de Reales decretos, se catalogaba el ciclomotor como las bicicletas. Hoy día, el Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor, de suscripción obligatoria, en su artículo 5.º asimila al vehículo de motor, a los únicos efectos de la obligación de estar asegurado, los ciclomotores y todo vehículo terrestre automóvil que esté accionado por una fuerza mecánica. Este Real Decreto es copia literal del Real Decreto 1653/1980, de 4 de julio, que, a su vez, lo ha derogado. Por ello, creemos que hacemos un favor a la magistratura, ya que se unifican criterios y damos la posibilidad de que estas conductas antisociales se puedan sancionar debidamente, puesto que estará tipificado el delito.
Por todo ello, señorías, en nombre de mi grupo parlamentario solicito, el voto favorable a la presente proposición de ley orgánica para su toma en consideración.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotoner.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Una primera constatación, a la vista de esta iniciativa del Grupo Popular, es la evidencia de que el hecho de no tener actualmente en trámite el proyecto de ley de reforma del Código Penal provoca no poder ordenar de forma conveniente toda la serie de iniciativas en torno a temas que serían propios de regulación en dicho proyecto. Ello pone en evidencia, como decía, la conveniencia de que el Gobierno presente cuanto antes dicho proyecto de reforma del Código Penal.
Con relación a esta proposición de ley de reforma del artículo 340 bis a) del actual Código Penal, cabe anunciar, en primer lugar, nuestro voto favorable a la misma, porque viene a regular un vacío legal, como muy bien ha explicitado el portavoz del Grupo Popular, puesto que la extensión del concepto de vehículo a motor no se puede hacer a los ciclomotores, lo que conlleva una serie de elementos negativos que provocan más de un vacío y ciertas dificultades en las posibles actuaciones a nivel judicial. En cuanto al contenido estricto de la proposición de ley, creemos que será interesante hacerle alguna modificación en su tramitación; tramitación que, si depende de nuestro grupo, intentaremos que sea muy en paralelo con los propios trabajos de reforma del Código Penal, si finalmente lo presenta el Gobierno. Sí queremos anunciar que sería conveniente la definición de una tasa numérica que permitiera dar mayor claridad a la influencia de las bebias alcohólicas, pues ello permitiría superar apreciaciones subjetivas que actualmente los magistrados, los jueces tienen que aplicar y que llevan incluso a sentencias absolutorias por conducciones con niveles muy elevados de alcoholemia.


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Por ello ya anunciamos que nuestro grupo en su momento presentará una iniciativa en el sentido de objetivar al máximo la tasa penal de alcoholemia, posiblemente a partir del 1 por ciento, de un gramo por litro de sangre, que sería un criterio como muy objetivo a partir del cual se podría tipificar este tipo de conductas. Si bien es cierto que los estudios que existen ya demuestran una pérdida de reflejos a partir del 0,5 por ciento, hoy por hoy la tasa de alcoholemia que se tiene fijada a efectos gubernativos es del 0,8. Por consiguiente, nosotros pensamos que fijar una tasa en la línea de responsabilidad penal en el 1 por ciento permitiría incluso bajar la tasa gubernativa al 0,5 y con ello establecer una gradación que también tendría sus efectos a fin de intentar evitar ese tipo de conducciones peligrosas. Por todo ello, como decía al principio, nuestro grupo va a dar su voto favorable a esta iniciativa con el convencimiento, primero, de que va a ser tramitada en paralelo con la reforma del Código Penal, haciendo votos de que el Gobierno presente de forma rápida el proyecto de ley de reforma del actual Código Penal y, en segundo lugar, anunciando estas reformas que acabo de indicar sobre el texto actual.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica que modifica el artículo 340 bis a), 1.º, del Código Penal.
Nos parece efectivamente oportuna ya que introduce en el tipo que castiga el Código Penal a quien conduzca un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, quien lo hace en un ciclomotor. La verdad es que no tiene ninguna justificación que se castigue a quien conduce un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y no a quien conduce en un ciclomotor, teniendo en cuenta que, como señala la Memoria del año pasado de la Fiscalía General del Estado, y que ha sido citada por el defensor de esta proposición de ley, resulta que estos delitos, futuros delitos, si esta proposición de ley se aprueba, están causando un número elevadísimo de accidentes.
En estos momentos parece que la mejoría en cuanto al número de accidentes que se producen en nuestro país por vehículos de motor no está correspondida por una trayectoria parecida en el caso de los ciclomotores. Los ciclomotores se resisten a seguir esta estadística, con lo cual se está probando que resulta mucho más peligrosa la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en un ciclomotor que en otro tipo de vehículos de motor.
Realmente el problema de la terminología proviene del Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se aprobó el texto articulado de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que, de una forma no justificada, exime de ser considerado vehículo de motor a los ciclomotores, algo que habría que reformar para considerar como vehículo de motor también a los ciclomotores.
Nos parece desde luego que es plenamente acertada esta proposición de ley, oportuna, señalada su necesidad por la Memoria de la Fiscalía General del Estado que, como también indica, es un supuesto que no tiene parangón en el Derecho comparado y, por tanto, nos parece que debe producirse esta modificación. Esta proposición de ley, no obstante, necesitaría algún tipo de enmienda, que ya anunciamos para el sucesivo trámite, si es que supera la toma en consideración, ya que en la redacción que nos presenta el Grupo proponente, el Grupo Popular, se habla de la privación del permiso de conducción y aquí ya habría que introducir una enmienda, puesto que los ciclomotores no son objeto de permiso de conducción, sino de licencia. Es este caso, repito, ya habría que introducir una enmienda, cosa que se haría en el trámite correspondiente.
Esperamos que el futuro Código Penal, anunciado tantas veces por el Gobierno y parece que de inminente llegada a esta Cámara, introduzca, prevea esta conducta --se nos dice que va a ser así--, pero también hay que tener en cuenta que el Código Penal sufre una tramitación que puede resultar muy larga; ya veremos incluso --esperemos que sí-- si puede terminar y aprobarse en esta azarosa legislatura, de vida incierta. El hecho de que se introduzca esta modificación en el artículo 340 del Código Penal nos parece urgente, nos parece necesario y por tanto, vamos a apoyar con nuestro voto favorable la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir brevemente que desde Unión Valenciana vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, que creemos oportuna. Asimismo, entendemos que precisa de una serie de enmiendas que nuestro grupo presentará en el momento oportuno, y también queremos urgir al Gobierno, igual que mis anteriores compañeros, para que la aprobación que se hizo

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sobre la rápida presentación de la reforma del Código Penal tenga efecto lo más pronto posible.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, ante todo darle las gracias por su benevolencia, ya que acaso yo no hice un gesto tan significativo como para que el señor Presidente lo apreciara e inmediatamente verificara en orden a mis deseos de intervenir, brevemente por cierto, en esta fase del debate.
Hace unos días, en una moción consecuencia de interpelación urgente, el Grupo Popular planteaba una iniciativa a propósito de la nueva mayoría de edad penal, que fijaba a los 18 años.
Nosotros votamos sí entonces, en primer lugar, porque no constituía en sí misma un anticipo de la reforma del Código Penal, sino que simplemente explicitaba el deseo de que se tuviesen en cuenta una serie de consideraciones a la hora de verificar la reforma y porque, además, había razones intrínsecas importantes.
Ahora, después de haber oído la intervención del señor Cotoner y de los grupos parlamentarios que posteriormente han intervenido, lo hacemos convencidos de que se debe apoyar esta iniciativa del Grupo Popular porque, evidentemente, la reforma que se pretende puede verificarse sin necesidad de que se conmueva la estructura de una reforma del Código Penal, como podría ocurrir en otros casos de más importancia, y no porque esto no lo tenga, ya que, evidentemente, tiene una importancia intrínseca notable, pero no es preciso acudir a grandes debates políticos ni filosóficos sobre la cuestión. Me parece que es un asunto razonable, puntual y que no precisa de grandes debates en el seno de esta Cámara sin perjuicio de que por la vía de las enmiendas, sobre todo por lo referente a la posibilidad de obtener el permiso de conducir en los supuestos correspondientes, pueda mejorarse el texto que hoy ha traído el Grupo Popular y al que nosotros, con nuestro voto afirmativo, prestaremos respaldo. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición que ha defendido el señor Cotoner, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, ha suscitado hasta el momento la unanimidad de los grupos sobre la oportunidad de que a través de una norma con el grado de sanción que incorpora el Derecho Penal se regule la materia que afecta a la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias psicotrópicas también de los ciclomotores.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que tratándose de una reforma muy puntual del Código Penal, y aun estando en puertas que el Código Penal sea presentado ante esta Cámara, dado el aspecto, repito, estrictamente puntual, considera que cabe abordar la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica qe se ha defendido, porque efectivamente afecta a una cuestión importante para los ciudadanos, también, lógicamente, para los poderes públicos, que es cómo abordar el problema de la siniestralidad en el tráfico, problema derivado del incremento del parque automovilístico, problema derivado del constante incremento de la utilización de vehículos -- sobre todo particulares--, por los ciudadanos, problema que el Gobierno socialista en los últimos tiempos ha venido abordando a través de dos tipos de acciones políticas, por una parte, a través del presupuesto, mediante el incremento de las partidas que las Cortes Generales autorizaban para mejora de carreteras, incremento del número de kilómetros de autovía y eliminación de puntos negros, que sin duda ha sido un factor positivo en la evolución negativa, en la disminución de la siniestralidad en el tráfico, y, por otra parte, a través de la modificación de normas de circulación, a través de lo que llamaríamos política directa de tráfico, normas de circulación en unos casos de carácter administrativo, y ahí está la importante ley sobre tráfico o circulación de vehículos de motor y seguridad vial, texto articulado aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, Ley de Seguridad Vial que se ha traducido ya en una mejora sustancial de la «ratio» de accidentalidad. Hay que hablar con prudencia de un efecto positivo, aunque es verdad que tiene todavía sus lagunas y es en esta laguna en la que incide, precisamente, la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Junto con las mejoras en la legislación sobre el tráfico, en la legislación que conlleva en su caso sanciones administrativas, también en algunos supuestos es necesario acudir al Derecho Penal, último argumento que puede esgrimir el legislador que quiere una sociedad democrática para intentar neutralizar, bien por vía preventiva, también por vía represiva, determinados comportamientos que se consideran excesivamente gravosos.
En el año 1989 la modificación del Código Penal tuvo como uno de sus objetivos fundamentales hacer frente a la aparición súbita, pero generalizada en parte, de los llamados conductores suicidas. Se hizo una reforma del artículo 340 bis, d), precisamente para traducir en un tipo específico sancionado penalmente con una sanción más dura de lo que habitualmente suponen las sanciones de tráfico, las sanciones penales por violaciones de tráfico de aquel tipo de delito.
Hoy se nos trae

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una modificación del artículo 340 bis, a) para incluir a los ciclomotores. Realmente el problema de los ciclomotores no deriva de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial; el problema de los ciclomotores deriva de su origen, deriva del propio Código de la Circulación, del año 1934, que asimilaba los ciclomotores a las bicicletas. El ciclomotor era una bicicleta que tenía un pequeño motor y que no tenía nada que ver con las motos, y toda la legislación posterior hasta hoy, incluida la legislación penal desde aquella Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor, del año 1962, ya decaída hace muchos años, a la reforma del Código Penal, del año 1967, cuando se incorpora al Código el tipo de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas, o el también llamado delito básico de conducción temeraria, solamente se refieren a vehículos de motor y excluye los ciclomotores. La jurisprudencia, y todas las circulares de la Fiscalía General del Estado en estos años han insistido siempre en que los ciclomotores no eran vehículos de motor, que no estaban sujetos a esta normativa y tampoco al artículo que regulaba el llamado hurto de uso o utilización ilegítima de vehículos de motor.
¿Cuál es la situación actual? Pues que habiendo mejorado sustancialmente --y hay que decirlo con prudencia-- la evolución de la siniestralidad (hay que decir que desde el año 1990 a 1993 ha disminuido el 20 por ciento el número de accidentes, tanto en vía urbana como en carretera y el número de muertos en accidentes de tráfico), sin embargo, esa evolución que ha sido positiva, repito, no se ha traducido de la misma manera en los siniestros en ciclomotores. Hay incluso un dato que yo creo es el que, de una manera sintomática, nos debe llevar a la incorporación al Código Penal de una medida de este tipo, y es que, efectivamente, entre los años 1990 y 1993, el porcentaje de conductores que han participado en accidentes de tráfico sometidos a bebidas alcohólicas o drogas en ciclomotores es sustancialmente mayor al de motocicletas de tipo ordinario superiores a 50 centímetros cúbicos, de tal manera que, incluso, en el año 1993, por cada 100 motoristas que han participado en un accidente de tráfico, y que estaban bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, eran 178 los conductores de ciclomotores que se encontraban en esa misma situación.
Hay que decir que ésta es la primera vez que se plantea en la sede legislativa este problema; que cuando se trajo y se aprobó la Ley de Tráfico y Seguridad Vial (primero la Ley de Bases y luego el debate sobre el texto articulado aprobado por Real Decreto legislativo), ningún Grupo Parlamentario planteó el problema de los ciclomotores, es decir, ningún Grupo planteó que la conducción de ciclomotores bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, o el tipo básico de la conducción temeraria, fuera sancionado penalmente, y tampoco cuando esta Cámara discutió el proyecto de reforma del Código Penal, del año 1992. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que en el anteproyecto actual del Código Penal --probablemente el Diputado proponente desconoce el nivel actual de este anteproyecto-- sí figura ya incluido, en sus artículos 357 y 358, bajo la rúbrica de los delitos contra la seguridad del tráfico. El anteproyecto de Código Penal va a tener entrada en esta Cámara en fechas muy inmediatas. En la sesión de mañana miércoles de la Comisión de Subsecretarios ya figura en el orden del día el primer debate sobre este anteproyecto y la semana próxima va a ser remitido por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial para la emisión del informe preceptivo.
Estamos introduciendo una reforma puntual, que si tuviera carácter más general o afectara a mayor número de artículos, como hemos dicho en otros casos, mi grupo parlamentario no la apoyaría, pero tratándose de una reforma puntual que, además, recoge un concepto que ya está incluido en el anteproyecto de Código Penal, no parece razonable, o al menos imprescindible, postergarlo.
Sí quiero decir para terminar, como ha expresado algún otro grupo parlamentario, que cuando entre el proyecto ya global de Código Penal en esta Cámara --que sin duda alguna será en este período de sesiones--, mi grupo entiende que, en función de cómo vaya la tramitación del mismo, quizá lo razonable o conveniente sea enganchar este proyecto al del Código Penal en su globalidad, entre otras cosas porque hay un ajuste de penas que se vinculan a los tipos penales correspondientes, y para que no sólo ante la Judicatura, sino también ante la opinión pública, tampoco generemos la sensación de que una determinada conducta es tipificada como delito pero que, en un período de dos o tres meses, pueda cambiar el tipo de sanción en función de un proyecto global de Código Penal.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, sobre modificación del artículo 340 bis a), del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción del ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA,

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SOBRE REGULACION DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente 122/000030)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.) Puede comenzar, señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tengo el honor de defender la proposición de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Esta proposición no es la primera vez que se presenta en esta Cámara por nuestro grupo, pero nosotros la seguimos presentando dado que el marco legal en que se mueven las interrupciones voluntarias del embarazo, desde que se aprobó la Ley en 1985, sigue exactamente igual y, por tanto, mantiene las insuficiencias que hemos venido denunciando a lo largo de estos años.
Insuficiencias que significan que las mujeres se han visto perseguidas y los profesionales abocados a juicios por interrupciones que incluso estaban dentro del propio marco de la ley. Es una ley que no cubre las necesidades de las mujeres, que nos sigue considerando con minoría de edad, que no nos permite la libre decisión de nuestra maternidad responsable y que no nos permite tampoco el derecho a la intimidad en un acto que a ninguna mujer en concreto le gusta tener que adoptar, pero que las circunstancias posiblemente le obliguen.
En 1991, cuando otra Diputada, en nombre de nuestro Grupo, defendía esta proposición de ley, hacía referencia a un informe que se había acordado solicitar por esta Cámara al Gobierno y que en julio de 1991 fue presentado en esta Cámara.
En ese informe se hacía un balance y un estudio de lo que había sido la aplicación de la normativa hasta ese momento. Hay que decir que en ese informe se destacan dos cosas que nos parecen relevantes: que fundamental y mayoritariamente, y así se sigue demostrando, las interrupciones voluntarias del embarazo, en los supuestos que la ley permite, se practican en clínicas privadas y por mujeres que tienen estudios medios o superiores que son las que se acogen a los supuestos, y que la mayoría de ellos son supuestos de grave riesgo para la mujer psíquica o físicamente. Y una de las cosas que llama mucho la atención de ese informe, a pesar de que sea del año 1991, es que las interrupciones del embarazo que son consideradas ilegales las practican mujeres con escaso nivel cultural, con escasez de medios económicos, con excesivo número de hijos y dependiendo de la edad de la embarazada, que se suele dar en dos franjas muy concretas: o muy corta edad o muy avanzada edad. Esto nos viene a decir que la ley no ha permitido que las mujeres en peores circunstancias económicas o con peores condiciones de vida tengan acceso a una maternidad libre y responsable, cuando nosotros consideramos que precisamente las leyes son las que tienen que estar dirigidas a proteger a los colectivos más desfavorecidos.
Seguimos manteniendo la necesidad de una ley de plazos que permita que las mujeres decidan libremente, dentro de las dieciséis primeras semanas de gestación, si quieren y desean ser madres. Al mismo tiempo planteamos en nuestra proposición que tiene que aumentarse la planificación familiar, que se tienen que dar condiciones de educación sexual, una mejor información y, por supuesto, defender y proteger la intimidad de las mujeres. En nuestra proposición planteamos que el aborto tiene que estar despenalizado; por tanto, que no debe figurar en el Código Penal, salvo en dos casos: uno, que sea practicado en contra de la voluntad de la mujer y, otro, que sea en los llamados abortos blancos. En nuestra proposición de ley planteamos y defendemos que la interrupción voluntaria del embarazo ha de ser en la red sanitaria pública y gratuita para todas aquellas mujeres que libremente deciden si quieren o no ser madres. También pretendemos que se regule la objeción de conciencia. La experiencia de la despenalización en parte de la interrupción voluntaria del embarazo respecto a la objeción de conciencia, que lo ha dejado completamente en una laguna, ha venido a coincidir en que hay profesionales que han objetado en la sanidad pública, pero que después han podido hacer abortos en la sanidad privada. Por tanto, consideramos que es imprescindible que dado que se puede objetar, y así lo respalda nuestra Constitución, la objeción de conciencia esté reflejada en un registro, con lo cual los profesionales que se niegan a practicar interrupciones del embarazo en la sanidad pública tampoco los puedan practicar en la sanidad privada.
El planteamiento que hacemos con esta proposición es un marco que está abierto al debate. Planteamos que debemos solucionarlo ya, pues se han producido excesivas demoras, demasiadas reflexiones y las mujeres tenemos el problema de una maternidad responsable todavía sin solucionar.
Consideramos que éste es el marco adecuado, igual que pueda serlo cualquier otro, para iniciar el debate y buscar el consenso necesario en esta Cámara para conseguir que al final las mujeres podamos decidir libremente cuándo queremos ser madres. Por tanto, desde la serenidad y desde lo que consideramos oportunidad política, dado el momento, proponemos que sea tomada en consideración esta proposición

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de ley, abiertos al diálogo, conociendo --como la conocemos-- la voluntad política de una parte de esta Cámara que no juega a la doble moral pero que, al mismo tiempo, sí viene demorando, desde hace años, el que de una vez tengamos solucionado este tema.
Creo que son suficientes tanto la exposición de motivos como la experiencia que nos ha venido dada desde la aplicación, en 1985, de la despenalización parcial del aborto, para tomar en consideración y tener en cuenta que tenemos que decidir ya que las mujeres somos personas adultas y podemos decidir libremente nuestra maternidad. Por tanto, señorías, solicitamos que esta proposición de ley sea tomada en consideración y que, a partir de aquí, establezcamos el debate y los consensos necesarios para poder llegar a un acuerdo y solucionar, de una vez por todas, un problema que para las mujeres ha sido hasta ahora tan importante, y que seguirá siéndolo si se vuelve a perder la oportunidad política y el momento adecuado, como es éste, para de una vez zanjar este tema.
Nada más. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Respecto a la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la que coincido plenamente, quiero decir que sólo hay una actitud consecuente con el compromiso de izquierdas, que es la de garantizar legalmente que la mujer sea libre para decidir sobre la interrupción del embarazo y que la sanidad pública la ampare.
Como mujer, y como mujer comprometida con el progresismo, entiendo que la actual Ley de Interrupción del Embarazo no sólo es muy deficitaria sino que condena a muchísimas mujeres a la ilegalidad, fruto de la desesperación, o a buscar soluciones en el extranjero, siempre más complejas e inevitablemente más caras. La ley de plazos evitaría tantos y tantos dramas que en la actualidad viven centenares de mujeres y, sobre todo, garantizaría el derecho al propio cuerpo. El aborto es siempre un drama y ninguna mujer disfruta con él, pero puesto que existe y que condenarlo a la ilegalidad es sólo marginarlo y dramatizarlo aún más pero nunca evitarlo, y puesto que hay que proteger este derecho, es necesaria su regulación legal; regulación seria y comprometida y no la actual ley que sólo esconde, en un paquete de buenas intenciones, su incapacidad de comprometerse.Por tanto, estamos a favor de la proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer una intervención breve, desde el escaño, para indicar al Grupo proponente que no es práctica de mi Grupo obstaculizar la toma en consideración de proposiciones de cualquier naturaleza, pero que en este caso vamos a modificar este criterio y vamos a votar en contra de su toma en consideración.
Obviamente, señor Presidente, yo no puedo hablar como mujer, y tengo dudas de que se deba hablar como mujer o como hombre sobre este tipo de materias. Yo creo que es pertinente hablar a la luz de lo que dispone el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y desde esa perspectiva, señor Presidente, existe una conocida sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo encaje o ajuste con el contenido de esta proposición de ley es, por lo menos, complicado. Entiendo que esta proposición de ley, a tenor de lo dispuesto en su contenido material, contradice expresamente los fundamentos jurídicos tercero, quinto, noveno y decimosegundo de la aludida sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se establece --entre otros criterios y de forma muy enfática e inequívocamente, esto no requiere exégesis particularmente complicada--, en primer lugar, que el nasciturus es una vida humana, que el nasciturus es una vida humana diferente a la de la madre y que como toda vida humana constituye un valor superior del ordenamiento jurídico, un valor superior constitucional, que está a la cabecera de todos los demás o que tiene un rango jurídico superior a todos los demás derechos constitucionales puesto que la vida humana es el presupuesto inevitable para el ejercicio de todos los demás derechos constitucionales y que, en caso de colisión o de conflicto de intereses, de conflicto de valores, en caso de diarquía entre los intereses de la maternidad de la madre y del nasciturus, de la vida prenatal, sólo podrán ser equivalentes y, por tanto, despenalizables estas conductas en los tres supuestos ya despenalizados por el Código Penal, en aquéllos tres supuestos a los que expresamente alude el Tribunal Constitucional.
Entiendo que también tiene difícil ajuste la proposición de ley que presenta Izquierda Unida con el contenido de una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, una sentencia paradigmática del año 1975 en la que se entronca la jurisprudencia en materia de aborto de múltiples países, de múltiples tribunales constitucionales e incluso diversas legislaciones estatales en

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esta materia, en las que también con énfasis se da rango constitucional, valor prevalente a la vida prenatal y se exige el reconocimiento y la protección con cargo al ordenamiento jurídico, con cargo a los poderes del Estado de esta vida.
También hay razones de oportunidad temporal, señor Presidente --con esto acabo--, que dificultan un voto positivo, una aceptación por nuestra parte de esta proposición de ley. Esta es una materia que va a ser objeto de próximo debate, de próxima regulación bien en el Código Penal, bien en una ley paralela que acompañará, regulando particularmente esta materia, el Código Penal. Nosotros preferimos esperar a que el Gobierno presente este proyecto de ley del Código Penal o la ley de acompañamiento, la ley paralela donde se regule el aborto y las consecuencias punitivas que el ordenamiento jurídico, a tenor de la jurisprudencia constitucional comentada, prevé en materia de aborto. Ahí nosotros presentamos nuestras propuestas, nuestras valoraciones, señor Presidente, y por razones de extemporaneidad de esta proposición de ley entendemos que en este momento no podemos prestar nuestro consentimiento a la misma.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente desde el propio escaño para fijar la posición de nuestro Grupo. Nosotros entendemos que ni la forma es la más adecuada ni el momento el más oportuno para tomar en consideración la proposición de ley que se nos presenta. Por tanto, más que entrar en consideraciones sobre el fondo de la cuestión, nos vamos a referir a cómo se pretende dar solución a la despenalización del aborto, ampliando los supuestos que actualmente contempla nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, la proposición de ley que estamos debatiendo contempla en su disposición adicional la modificación de los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal con una nueva redacción de los mismos y, a su vez, dicha proposición contiene una disposición que propone la derogación de los artículos 411 a 417 bis, inclusive, del Código Penal, que quedarían sustituidos por los artículos que tipifican las conductas sancionadas en esta materia y que se recogen en la disposición adicional a la que hemos hecho referencia.
Estando ya próxima, como se ha dicho, la presentación del nuevo Código Penal, como también ha manifestado el señor Ministro de Justicia en diversas ocasiones, entendemos más oportuno debatir esta cuestión cuando el nuevo Código Penal se presente a las Cortes Generales y nos parece más adecuada la vía de debate y aprobación del mismo para llegar a una solución lo más adaptada posible al problema que se nos plantea. Por consiguiente, ésta es la forma más adecuada, de la misma manera que entonces será el momento más oportuno.
Cuando el nuevo Código Penal aprobado por el Gobierno llegue a la Cámara será el momento adecuado y oportuno para decidir y debatir por parte de todos si la mejor solución ha de ir por la vía de ampliar o no las indicaciones de las causas legales del aborto con nuevos supuestos para la interrupción legal del embarazo, o bien, por el contrario, si se opta por la vía que se propone, dejando a un lado las indicaciones y estableciendo una vía de plazos; es decir, interrupción del embarazo dentro de las dieciséis semanas primeras de gestación a voluntad de la embarazada, interrupción del embarazo si es presumible que el feto nazca con malformaciones físicas o psíquicas siempre que la intervención se practique dentro de las veintidós semanas primeras de gestación y, finalmente, interrupción del embarazo en todo el período de gestación si los médicos certifican que la prosecución del embarazo pone en peligro la vida o la salud de la embarazada, o si ésta pertenece a un grupo considerado de riesgo en salud pública.
En consecuencia, señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo va a votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.


La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más se habla en esta Cámara de la interrupción voluntaria del embarazo o de lo que en la calle se conoce por regulación del aborto. Hay que recordar aquí que ya en el año 1991, como bien decía la representante de Izquierda Unida, se trajo este mismo texto de ley y yo creo que, salvo un par de líneas en el inicio de la exposición de motivos, no hay nada nuevo, no se apunta nada nuevo. Por tanto, quizá valdría con releer lo que todos los grupos dijimos o, por lo menos, lo que mi Grupo y esta misma Diputada dijo respecto a aquella proposición de ley publicada el 23 de abril de 1990 y debatida en este mismo hemiciclo en el año 1991. Mi Grupo Parlamentario que también de manera excepcional, o en muy pocas ocasiones, se opone a la toma en consideración de proposiciones de ley, sin embargo, en ésta sí lo va a hacer y va a votar en contra con toda rotundidad de la toma en consideración de esta proposición de ley, y lo va a hacer por distintos motivos que de manera muy breve voy a exponer aquí. En

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primer lugar, porque desde la primera línea de la exposición de motivos no coincide en absoluto con la visión que el Grupo de Izquierda Unida refleja en el texto de la exposición de motivos. Izquierda Unida da por sentado, y así lo manifiesta en la exposición de motivos, que la Ley Orgánica actualmente en vigor, la aprobada en el año 1985, se ha demostrado como escandalosamente insuficiente. Este es un concepto con el que mi Grupo nunca ha estado de acuerdo. La señora Diputada interviniente hacía referencia a un informe que se nos mandó por el Ministerio de Sanidad respecto a los problemas que había tenido la aplicación de esta ley. Pues bien, de aquel informe, que era del año 1990 --efectivamente es un poco antiguo-- no se puede deducir, se lea como se lea, que la ley se haya demostrado escandalosamente insuficiente. La exposición de motivos también hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional que unos y otros manejamos, porque fue una sentencia importante que dio luz al texto de la ley que había salido de esta Cámara y que, además, indicó las líneas por las cuales debía ser rectificado. Esta sentencia lo que dice, como ya se ha puesto de manifiesto aquí por un portavoz de otro grupo, es que la vida humana es un bien constitucionalmente protegible y que sólo en aquellos casos en los cuales el derecho a la vida del nasciturus chocara frontalmente con algunos de los derechos también fundamentales de la mujer es cuando se podría entender --y así se ha hecho-- la despenalización que nos trajo la actual legislación de los tres supuestos.
Se habla también en la exposición de motivos de que no es tanto un problema de número. A los problemas de la sociedad hay que procurar darles solución. Lo que pasa es que en muchas ocasiones un problema limitado a unos casos muy específicos y que pueden tener solución con otras medidas, sin embargo, a base de repetirlos una y otra vez se puede expandir la sensación de que este problema existe en la sociedad. Tampoco estamos de acuerdo con la opinión vertida en la misma exposición de motivos diciendo que el aborto es un problema de salud comunitaria. Nosotros creemos que en ningún caso --y luego entraré en ello-- se puede pretender solucionar un problema creando otro mayor, pero en ningún caso es un problema de salud comunitaria. Debo decir a los representantes de Izquierda Unida que de todo el texto de su proposición de ley el único aspecto en el que estaríamos de acuerdo es en el espíritu de las líneas de su artículo 2, las cuales dicen que las autoridades sanitarias competentes deben tomar medidas necesarias para que la información y la práctica de la contracepción estén realmente al alcance de las mujeres. Tengo que recordar aquí que ya mi Grupo, en el año 1991, no sólo presentó una proposición no de ley que contemplaba esto sino algo mucho más amplio, en lo que se incluían ayudas a las madres con hijos pequeños en situación económica difícil, ayudas también a lo que se ha llamado familias monoparentales.
Concretamente hace dos o tres semanas, en esta misma tribuna, una compañera de mi Grupo defendió estas tesis y también la necesidad de una verdadera educación sexual que permita a nuestros adolescentes tener la información precisa que impida que se produzcan estos embarazos.
Para terminar, señor Presidente, y refiriéndome a la intervención de la representante de Izquierda Unida tengo que decir lo siguiente. Indudablemente no podemos --ya lo he dicho-- aceptar la toma en consideración de esta proposición de ley porque lo que ellos interpretan como maternidad responsable desde mi Grupo se interpreta de forma muy distinta. No se puede pretender equiparar la utilización de la interrupción voluntaria del embarazo como un método anticonceptivo más. La maternidad responsable la mujer la puede ejercer precisamente con los adelantos farmacológicos que hay en este momento hasta que se queda embarazada; es decir, ahí la mujer ejerce su decisión de ser o no ser madre y en qué momento quiere ser madre. Pero lo que no se puede olvidar es que en el momento en que una mujer está embarazada ya no solamente es su derecho el que puede ejercer, sino que su derecho está condicionando el derecho a la vida de una vida humana mucho más débil.
La señora representante de Izquierda Unida también ha dicho que el estar bajo protección penal la vida del nasciturus y, por tanto, las prácticas de interrupciones voluntarias del embarazo fuera de nuestra legislación es tratar como menores de edad a las mujeres. No generalice, señora representante de Izquierda Unida. Quizá haya algunas mujeres que piensan eso.
Yo le puedo asegurar que son otros temas los que nos hacen a muchas mujeres entender que se nos puede tratar como menores de edad, pero en ningún caso cuando ese condicionante viene impuesto por una protección a una vida humana que no tiene más defensa que la legal que le pueda dar la sociedad. Lo mismo le diría cuando habla de la protección de colectivos más desfavorecidos. Indudablemente su argumentación, que la utiliza en un sentido, desde mi Grupo yo misma la utilizo en otro: qué colectivo más desprotegido que aquella vida humana que es la sociedad, con su legislación, la que debe proteger.
Por último, señores representantes de Izquierda Unida, mi Grupo Parlamentario, como ya ha venido diciendo desde esta tribuna y en tantos cuantos foros se le ha pedido opinión, se va a seguir oponiendo a una modificación de la actual legislación que suponga introducir nuevos supuestos. Y lo hacemos, como hemos dicho muchas veces, basándonos en principios de Derecho natural porque creemos que precisamente por ser el derecho a la vida un derecho contemplado en nuestra Constitución, y que además necesita protección, es por lo que debe existir esta protección penal. Recordemos

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aquí una de las muchas definiciones de Derecho naturalque existen que dice que son los primeros principios de lo justo y de lo injusto inspirados por la naturaleza y que como ideal trata de realizar el Derecho positivo. Pues bien, basándonos en esta definición de Derecho natural que entendemos debe proteger el derecho a la vida, mi Grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pelayo.


La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, a lo largo de los años en los que con tanto trabajo hemos venido construyendo nuestro sistema democrático parece, a juzgar por lo que hemos presenciado en el día de hoy, que algún avance hemos conseguido en la estrategia para no deteriorar lo que algún jurista no dudó en calificar de amistad cívica entre los españoles; definición que está en el sentido profundo de la democracia, al menos en el sentido profundo que tenemos algunas personas de la democracia como suma de voluntades, como el arte del convencimiento y no del vencimiento. Señorías, basta repasar los «Diarios de Sesiones» que sobre esta materia han recogido los debates producidos en esta Cámara y en el Senado y analizar también un poco los debates que se han producido en la sociedad para constatar lo que digo.
Desde que en 1978 tuve oportunidad de participar como ponente en aquella Ley de Despenalización del Uso de los Anticonceptivos, pasando por la sentencia del Tribunal Constitucional, poco conocida pero que se produjo en 1984, por virtud de la cual se cerró el paso a la pretensión del Tribunal Supremo de declarar españoles a los no nacidos a efectos de aplicar la extraterritorialidad de la ley penal, a fin de impedir que las españolas pudieran ir al extranjero a abortar sin que fueran castigadas en nuestro país; desde esa sentencia, digo, del Tribunal Constitucional 75/1984 o la ya conocida y reiterada en este debate 53/1985, de 11 de julio, que declaró inconstitucional en parte y que aceptó, también en parte, un recurso previo de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Popular, hasta la vigente Ley 9/1985, de 5 de julio, hemos tenido oportunidad de comprobar hasta qué grado ha aumentado la tolerancia y la comprensión hacia esta cuestión; tolerancia y comprensión que, por cierto, se constata más en los menores de 40 años. Es también notorio que esa tolerancia no sólo ha sido el fruto del debate --de ahí que se evidencie el valor de la palabra en un sistema democrático--, sino también de los esfuerzos hechos por aquellas personas y grupos políticos que hemos entendido que era imprescindible introducir en este debate dosis importantes de racionalidad. Hemos excluido adjetivos, hemos multiplicado las razones, hemos rechazado juicios de intenciones, hemos fomentado los cauces de información y comunicación, los últimos producidos en la pasada legislatura con motivo de una proposición no de ley del Grupo Socialista, de una proposición de ley de Izquierda Unida y de un informe que el Gobierno de la nación remitiera a la Cámara, como consecuencia de un acuerdo de esta Cámara, en virtud de la citada iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Hoy la iniciativa de Izquierda Unida nos permite volver sobre el asunto y he de empezar por decir que parece que las cosas no pueden quedar como están. España, como saben SS.SS., eligió un sistema de indicaciones (ética, terapéutica y eugenésica), revestidas de especiales garantías, en la línea de como lo hicieron Portugal, Luxemburgo y Grecia. La despenalización de esos supuestos contemplados en la Ley de 1985 supuso un paso adelante, pero ha resultado, con la experiencia y con el paso del tiempo, a juicio de nuestro Grupo, claramente insuficiente. En su aplicación se han revelado algunos problemas que es necesario no eludir. En primer lugar está la quiebra del principio de seguridad jurídica y el perjuicio al principio de legalidad por la distancia producida entre la norma actual y la realidad social. En segundo lugar está, señorías, que la regulación actual no garantiza la decisión final de la mujer, no protege su derecho a la imagen y a la intimidad y, en fin, no protege adecuadamente el valor fundamental de la dignidad de la persona humana mujer. También habría que evidenciar, a la vista de aquel informe que el Gobierno remitiera a la Cámara la pasada legislatura, el que la ley tampoco garantiza el principio de igualdad. Está claro, según el citado informe, que de la mayor parte de los abortos clandestinos que todavía se siguen produciendo en nuestro país algunos se llevan a cabo en mujeres jóvenes y en mujeres con escasos medios económicos o bajo nivel cultural. Por tanto, es un principio de justicia social el que nos impulsa también a reconsiderar o a analizar la cuestión, tal como está planteada en nuestro país. Luego están también los problemas de inoperancia de la sanción penal. Alguna intervención en el día de hoy y también en otros debates anteriores han evidenciado la inoperancia de la sanción penal, así como problemas, por último, derivados de la inadecuada protección de la salud de las mujeres. Consciente de todo ello, el Gobierno en la anterior legislatura remitió a esta Cámara un proyecto de Código Penal en el que se producía un avance importante; un avance importante que es necesario reconocer aun cuando a algunas personas y a algunos compañeros de partido nos hubiera parecido insuficiente.


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Hoy nos encontramos con esta iniciativa y la pregunta es qué hacer. Resulta claro que no nos vamos a conformar con la situación tal como está y que algo habrá que hacer en el sentido de mejorar la situación. Mi Grupo piensa que hay un abanico de opciones posibles, incluida la de los plazos, como ya adelantara en abril del año 1991 el ponente constitucional y catedrático profesor Peces-Barba y como han defendido los profesores Ruiz Miguel o Luis Arroyo. El Gobierno, además, por boca de alguno de sus ministros, ha reiterado en los últimos meses la oportunidad de remitir a esta Cámara no sólo un proyecto de Código Penal, sino también una nueva ley que regule todos los aspectos de la interrupción voluntaria del embarazo, desde el punto de vista positivo, en la que se contemplen aspectos sanitarios, médicos, éticos, sociales, etcétera. Además, se ha fijado un plazo para la presentación y remisión a esta Cámara tanto del Código Penal como de esa ley positiva antes del 30 de julio de este año. Por ello, nuestro Grupo va a votar en contra de la iniciativa de Izquierda Unida. Yo creo, señorías, que tenemos la obligación de crear las condiciones para que el debate sea lo más enriquecedor posible, no aumente las dificultades objetivas del tema y ayude a todos los que, de buena voluntad, quieren ofrecer soluciones y coadyuvar a conformar una opinión libre y acertada. Creo que, con esta iniciativa del Grupo de Izquierda Unida y con las iniciativas que remitirá el Gobierno, en breve plazo, a la Cámara, tendremos oportunidad de retomar el debate sobre algunas de las cuestiones que han planteado los grupos de esta Cámara. Sin embargo, porque mi Grupo entiende que la democracia no consiste sólo en el pronunciamiento soberano de los ciudadanos, sino también en el respeto de los elegidos a la voluntad mayoritaria expresada en el compromiso de un programa electoral, votado mayoritariamente por los ciudadanos en las últimas elecciones --saben SS.SS. que en nuestro programa electoral también se contemplaba la posibilidad de retocar los aspectos legales de la interrupción voluntaria del embarazo; ésta es la razón última--, es por lo que mi Grupo va a rechazar la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya en esta cuestión.
Creo, señorías, que cuando lleguen a esta Cámara los proyectos que va a remitir el Gobierno, tendremos oportunidad de hacer el esfuerzo por aumentar el consenso. Yo creo que un poder democrático tiene la obligación de asumir sus compromisos y sacar adelante los objetivos políticos que han sido respaldados mayoritariamente. A nosotros, en ese empeño, nos gustaría contar con la mayoría de la Cámara y en especial con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Por ello, pedimos el voto negativo para esta iniciativa por ahora. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (La señora Urán González pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Urán, ¿a qué efectos solicita la palabra?

La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, a efectos de que, dado que la portavoz del Partido Socialista, en nombre de su Grupo, ha hecho un compromiso firme de que el Gobierno traerá ante esta Cámara el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, junto con el Código Penal, antes del 30 de julio, mi Grupo retira la proposición de ley. Pero, también con el compromiso firme de nuestro Grupo de que si el 30 de julio no se ha traído la ley, el 1 de septiembre nuestro Grupo volverá a presentar esta proposición. (Algunos señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.


--DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), VASCO (PNV), COALICION CANARIA Y MIXTO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE PUBLICIDAD DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION (Número de expediente 410/000004)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Retirada la proposición de ley que estaba siendo debatida, vamos a pasar al punto siguiente, que es: Debate acerca de la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las comisiones de investigación, tramitada como proposición de ley y firmada por los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Coalición Canaria y Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta. (Rumores.) ¡Silencio!, señorías. (Continúan los rumores.--Algunos señores Diputados abandonan el hemiciclo.) Señorías, ocupen sus escaños. (Pausa.) Puede comenzar, señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión de 20 de abril de 1994, con motivo del debate de política general sobre el estado de la Nación, aprobó una serie de resoluciones referidas al funcionamiento de las comisiones de investigación de la Cámara y a la necesidad de reformar el Reglamento del Congreso. En este sentido, el Congreso de los Diputados acordó que:

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«las comisiones de investigación podrán tener carácter público» --leo literalmente--, «regulándose los supuestos de levantamiento del carácter secreto para las sesiones de las comisiones de investigación, exceptuando aquéllas en que la investigación se refiera a asuntos a los que les sea de aplicación la Ley que regula los secretos oficiales, que deberán llevarse a cabo mediante el procedimiento acordado por resolución de la Presidencia de la Cámara». Fin de la cita literal de lo que ha sido una resolución del Pleno de esta Cámara.
Como ustedes saben, la legislación comparada, reconociendo el carácter secreto de las comisiones de investigación en algunos casos, contempla también la publicidad de las comparecencias o testimonios ante las mismas. Por ejemplo, en el Derecho anglosajón, sobre todo, son públicas las comparecencias ante las comisiones de encuesta o de investigación. En Portugal se ha reformado recientemente el Reglamento de la Cámara y ocurre lo mismo: las comisiones, conforme establece el artículo 252 y concordantes del vigente Reglamento de la Asamblea de la República portuguesa, son públicas, salvo, lógicamente, acuerdo en contrario. Y en la misma línea, nos encontramos con el tenor de los reglamentos del Parlamento Federal alemán, artículos 68, 69 y 70; o el artículo 37 del Reglamento de la Asamblea Popular danesa; o el Reglamento de la Asamblea Nacional francesa, que establece también --eso sí-- supuestos de secreto y un régimen sancionador específico para la violación del secreto.
Pero los acuerdos del Pleno del Congreso de 20 de abril de 1994, al lado del carácter público de las comparecencias ante las comisiones de investigación, también establecen que --y leo literalmente-- «se tutelarán las garantías y el respeto de los derechos fundamentales de cuantas personas intervengan, comparezcan o sean objeto de investigación parlamentaria». En este sentido, el artículo 1.º punto 2, de la Ley Organica 5/1984, de 24 de mayo, que regula --como ustedes saben-- la comparecencia ante las comisiones de investigación establece de manera rotunda: «Las Mesas de las Cámaras velarán porque ante las comisiones de investigación queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales». Mi Grupo entiende que ningún ciudadano puede encontrarse ante el Parlamento en peores condiciones que ante un juez. A más competencias de las comisiones de investigación --lo habíamos dicho en el anterior debate sobre la ampliación de las competencias de las comisiones de investigación--, deben reconocerse y garantizarse mejor --valga la redundacia-- las garantías fundamentales. La publicidad es no sólo un elemento de transparencia política sino también --y debe ser reconocido así--un elemento de garantía del propio compareciente. El secreto sistemático e injustificado puede producir, en términos democráticos, efectos perversos. En ocasiones, el propio secreto genera indefensión en el ciudadano. Cuando trasciende una información incorrecta y falsa sobre una comparecencia, se deja indefenso al ciudadano, que, por razón del carácter secreto, se ve en la imposibilidad de replicar adecuadamente.
Esto debe merecer una reflexión de esta Cámara y también con una concepción autocrítica por parte de todos aquellos que intervenimos en tareas parlamentarias de carácter de investigación. Se hace preciso, por tanto, dar un paso más en la transparencia del funcionamiento de las instituciones, levantando el carácter secreto de las comparecencias ante las comisiones de investigación en determinadas circunstancias. La publicidad que proponemos tiene necesariamente sus excepciones: la primera, cuando la comisión así lo acuerde; la segunda, por razón del respeto al derecho a la intimidad y al honor y a las garantías constitucionales, la tercera, cuando el tema sobre el que verse el testimonio afecte a materias que hubieran sido declaradas clasificadas conforme a la Ley de Secretos Oficiales; y la cuarta, cuando la investigación parlamentaria tenga como objeto una cuestión sobre la que se sigan actuaciones judiciales que hayan sido declaradas secretas, mientras no se levante el secreto de las citadas actuaciones.
La violación del carácter secreto de las comisiones debería sancionarse con rigor. El artículo 99, en relación con el artículo 16 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, establece un mecanismo sancionador que implica la pérdida de determinados derechos en los supuestos de violación de la obligación de guardar secreto en los casos que contempla el Reglamento. Podría servirnos de reflexión el modelo francés, por ejemplo. El artículo 140.4 del Reglamento de la Asamblea Nacional de Francia contempla un modelo de sanción sobre el que deberíamos reflexionar. Para ilustrar a SS.SS., dicho artículo del Reglamento de la Asamblea Nacional Francesa afirma que no podrán ser designados miembros de una comisión de investigación o de control los Diputados que hubieren sido sancionados penal o disciplinariamente por faltar a la obligación de secreto con motivo de los trabajos de una comisión constituida durante la misma legislatura. Yo creo, señor Presidente, señorías, que es preciso combinar publicidad y garantías, publicidad y seguridad del Estado, publicidad y funcionamiento del Poder judicial, sin merma alguna de la independencia de los jueces y de la propia investigación Judicial. No obstante, ante esta proposición, queremos dejar claro que para mi Grupo deberán mantener el carácter secreto, como ocurre con las ponencias, las sesiones internas de las comisiones de investigación y los documentos que ante las mismas se aporten. Con esta reforma se pretende potenciar racionalmente y con responsabilidad la transparencia de la Cámara, todo ello sin perjuicio

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de que sea precisa, en efecto, una reforma más amplia del Reglamento del Congreso y una mejor regulación de las garantías fundamentales en las comparecencias por vía reglamentaria o por vía de legislación especial en la materia.
Sin perjuicio de todo ello, creemos que con esta proposición consensuada estamos dando un importante paso que combina garantías, secreto, razones de seguridad, independencia del Poder judicial, publicidad y transparencia de las instituciones.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuesta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. El Grupo Popular ha suscrito, lo mismo que el resto de los grupos, la proposición de ley, cuya toma en consideración va a ser hoy acordada por el Pleno de la Cámara, que supone una modificación parcial, consensuada del Reglamento de la misma. Sin embargo, en el día de hoy no puedo por menos que señalar desde esta tribuna que es lamentable que, tan a menudo, nos veamos tristemente sorprendidos por la confusión que se sigue manifestando por parte del Ejecutivo, por parte de responsables inmediatos del Gobierno, entre lo que es el Legislativo y lo que es el Ejecutivo. Quiero decir que cuando esta mañana yo leía que el Secretario General del Portavoz, Miguel Gil, anuncio ayer con gran entusiasmo que el Gobierno presentaría hoy una proposición de ley que contaba con el respaldo de todos los grupos de la Cámara precisamente para hacer que las comparecencias ante las comisiones de investigación fueran públicas, realmente me he quedado perpleja; perpleja por no decir que, una vez más, he comprendido que no se ha producido ningún cambio de talante, que el Gobierno Socialista sigue confundiendo las situaciones; que sigue confundiendo lo que es el Ejecutivo y lo que es el Legislativo y que aquello que dijo, en su día el antiguo Vicepresidente del Gobierno de que Montesquieu había muerto, es una doctrina que, indudablemente, ha hecho mella en el Gobierno y sus aledaños, y lo siento profundamente.
Dicho todo esto, he de decir que nos alegramos del texto que va a ser acordado hoy, supongo, por la unanimidad de la Cámara. Nos alegramos porque va a dar una mayor agilidad, una mayor vitalidad, una mayor transparencia a uno de los instrumentos parlamentarios de control que se ha revelado como más útil, más práctico y más adecuado precisamente para conseguir ese reequilibrio de poderes, que es el control por parte del Parlamento de la acción del Ejecutivo.
Las comisiones de investigación son uno de los instrumentos básicos de control en este parlamentarismo de fin de siglo.
Estamos viendo cómo la Comisión del llamado caso Roldán está demostrando plenamente las posibilidades, las capacidades de llevar a cabo una investigación, un análisis desde el Parlamento de lo que han sido actuaciones del Ejecutivo y, en su caso, de señalar lo que son responsabilidades políticas en torno a la cuestión estudiada.
Podemos pensar en este momento qué hubiera pasado si hubiera sido distinta la historia de nuestra democracia, y no estuviéramos hoy, como estamos, en la situación angustiosa de los múltiples casos de corrupción que saltan día tras día; si en octubre de 1985 o en diciembre de 1986 o en mayo o en diciembre de 1987, el Gobierno Socialista, la entonces mayoría absoluta socialista, hubiera permitido que se hubiera investigado la reprivatización de Rumasa o el asunto de Galerías Preciados. Seguramente la situación de la vida política española sería muy otra. Pero es lo cierto y verdad que, en este momento, las comisiones de investigación están dando su fruto y esperamos que esto se convierta en una tradición del parlamentarismo español que, a lo largo de los próximos años, permita un mayor control del Gobierno y una mayor transparencia de sus actividades.
Mi antecesor en el uso de la palabra, con cuyas palabras no puedo por menos que coincidir plenamente, señalaba los casos de Derecho parlamentario comparado, tanto el alemán como el francés o el danés, donde las comparecencias ante las comisiones de investigación, salvo por cuestiones de seguridad o de derechos fundamentales, se mantienen dentro de un ámbito cerrado, pero que son, en general, públicas y que permiten así una mejor información, un mejor conocimiento por parte de la ciudadanía de lo que allí se habla. Así, la propuesta que hoy traemos al conocimiento de los señores Diputados recoge perfectamente todos esos aspectos. Queda todavía pendiente, y es el momento de decirlo, la propuesta que en su día hizo el Partido Popular de que estas comisiones de investigación, cuyos frutos estamos viendo día a día y cuya función, absolutamente positiva a la hora de conseguir una democracia limpia y transparente, podemos ir comprobando cada día con mayor fuerza, se convirtieran en un derecho de la minoría, que no fueran, como lo son con el actual Reglamento del Congreso, unas posibilidades reservadas únicamente a la mayoría. Es decir, que esas comisiones se crearan a iniciativa de una minoría como sucede, por ejemplo, si nos vamos también al Derecho parlamentario comparado, concretamente en Alemania.
Esperamos que este consenso que hemos alcanzado en esta modificación concreta, que creo que va a dar buenos resultados y que se podrá aplicar de forma inmediata en algunas de las comisiones de investigación que todavía están abiertas en este momento en el Congreso, tenga una continuación en un acuerdo que se

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pueda adoptar en los próximos tiempos que recoja, precisamente, que esas comisiones de investigación se conviertan, repito, en un derecho de una minoría cualificada - -de la que siempre hemos hablado--, con las limitaciones a que haya lugar, de forma que sea, una vez más, un instrumento dentro de una democracia parlamentaria racionalizada, que es lo que todos pretendemos en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.
Podríamos entrar todos en una carrera de atribuirse la paternidad de la proposición de ley que se está discutiendo y se va a aprobar, al estar suscrita por todos los grupos parlamentarios. Podíamos decir que el nuestro, al acabar el debate del estado de la Nación presentó una proposición de ley y declaró públicamente que la retiraría en el momento que hubiese un compromiso, por parte de todos los grupos parlamentarios, como el que se está realizando en estos momentos.
Me cabe el honor de ratificar una posición que no ha variado desde que trabajamos en el Parlamento. Nuestro Grupo ha sido siempre, y subrayo siempre, partidario de que las comisiones de investigación sean públicas, por un principio elemental de transparencia y de publicidad ligado a la idea de democracia.
Ahora, «de facto», ya son públicas desde el momento que quien quiere se larga, al acabar las mismas, explicando el contenido de las sesiones. (Rumores.) Aunque algunos Diputados y Diputadas protestan quiero dejar claro que no es imputable a ningún grupo parlamentario en concreto que se expliquen las sesiones de las comisiones de investigación.
Cada uno de su capa hace un sayo. Lo que sí quiero subrayar es que no todos los grupos parlamentarios en esta Cámara, ni mucho menos los mayoritarios, han sido siempre partidarios de que las comisiones de investigación fuesen públicas. Me atengo a las elaboraciones de los diversos redactados del Reglamento de la Cámara y a las votaciones que hubo en torno a esta cuestión. No siempre todas SS.SS. han sido partidarias de que las comisiones de investigación fuesen públicas. Ventajas de una Cámara donde ahora no hay mayorías absolutas, y donde poco a poco vamos introduciendo un criterio más plural. Ojala, señor Presidente, que en esta línea pudiésemos avanzar hacia auténticas comisiones de «hearings», de audiencias públicas, no sólo en la investigación de escándalos o de casos de corrupción, sino en nombramientos y otras previsiones constitucionales. Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario también es firmante de esta proposición de ley de reforma puntual del Reglamento de nuestra Cámara, relativa a la publicidad de las comisiones de investigación en una doble condición: una primera, porque nuestro Grupo Parlamentario fue autor de una de las resoluciones aprobadas con motivo del debate de política general habido en esta Cámara el día 20 de abril, donde concretamente solicitábamos, y así lo acordó la Cámara, esta revisión puntual; y también porque quien les habla, como miembro por Convergència i Unió de la Ponencia que elaboró un «non nato» proyecto de reforma del Reglamento, lo propuso a esa Ponencia. Lo que ocurrió entonces es que quienes tenían la mayoría no estuvieron de acuerdo y quienes ahora quieren la autoría de esta iniciativa abandonaron la Ponencia. Por tanto, nuestra propuesta, que viene desde hace años siendo presentada allí donde pudo serlo, es decir, en el seno de la Ponencia que intentaba revisar el Reglamento, no prosperó.
Lo que importa no es tanto la autoría, porque formalmente lo somos todos, como el contenido de esta propuesta de reforma, que nosotros avalamos por un doble motivo: primero, para reforzar el principio de publicidad que preside la actividad parlamentaria. En efecto, nuestros trabajos son eminentemente públicos. Nuestro Reglamento en el capítulo séptimo del Título IV, el título relativo a las disposiciones generales de funcionamiento de la Cámara, trata de la publicidad de los trabajos parlamentarios. El artículo 63 habla de que las sesiones del Pleno son públicas, mientras que el 64 dice que no son públicas las sesiones de las Comisiones y acto seguido permiten asistir a los representantes de los medios de comunicación, que es otra forma, y mucho más extensa, de publicidad que la propia de las sesiones públicas del Pleno.
Además, nuestro Reglamento en su artículo 98 encarga a la Mesa de la Cámara la adopción de las medidas adecuadas en cada caso para facilitar a los medios de comunicación social la información sobre las actividades de los distintos órganos del Congreso de los Diputados, sin distinción entre Pleno o unas comisiones, comisiones abiertas o comisiones cerradas, comisiones públicas o comisiones secretas. Por tanto, hay un mandato, dentro del propio Reglamento, de publicidad, que es, creo yo, el principio genérico bajo el cual actúa este Parlamento, como no podía ser de otra manera. En consecuencia, nuestro aval lo es para reforzar, repito, el principio de publicidad que preside la actividad parlamentaria. El Reglamento vigente, como he manifestado y he expuesto a través de la cita de algunos artículos y títulos, expresa de manera terminante este principio general de la

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publicidad, pero además el Reglamento también imprime fuerza expansiva, podríamos decir, a este principio, al conjunto de sus actividades, y convierte en excepcional, con una interpretación restrictiva, algunos de sus trabajos, en concreto el que tratamos de las comisiones de investigación.
La segunda motivación de nuestro aval a esta proposición de ley lo es para reforzar la tutela constitucional de derechos fundamentales. Esto, dicho así, puede parecer como contradictorio, pues podía ser objeto de contenida polémica, al menos, el situar como mejor lugar para la tutela constitucional de derechos fundamentales lo secreto en vez de lo público. Pero, ¿qué ocurre, qué ha venido ocurriendo a lo largo de estos años, desde la creación de la primera comisión de investigación que, si no recuerdo mal, lo fue sobre la gestión de Radiotelevisión Española en tiempos de la UCD? Ha venido ocurriendo algo perfectamente previsible en sede parlamentaria, como es la coincidencia, y a menudo la colisión, de aspectos tan importantes como el carácter de fiscalización del Ejecutivo, que, quiérase o no, se encuentra en la propia naturaleza de las comisiones de investigación; el derecho, y también el deber, de todo Diputado de informar a sus electores respecto a su trabajo en esta casa, en este Parlamento; el deber de guardar secreto respecto de los actos de toda comisión de investigación, y de forma especial cuando se producen comparecencias; el derecho de la sociedad a ser informada de cuanto acontece en la vida política, y más cuando el objeto de la investigación parlamentaria es algo, como exige el artículo 76 de nuestra Constitución, de interés público; el carácter de instrumento de información del propio Parlamento que, naturalmente, tiene toda comisión de investigación y que, ciertamente, el decreto-ley que vamos a convalidar este jueves próximo viene a avalar y acaso a reforzar; el derecho que asiste a los parlamentarios a valorar políticamente todo cuanto acontece en el seno de una comisión de naturaleza política y no judicial, como es una comisión de investigación; y el derecho, no menos cierto, de los comparecientes a que lo dicho en sesión secreta permanezca en secreto y, sobre todo, a que no trascienda de manera tergiversada su declaración.
Este difícil equilibrio de derechos y deberes mejor será mantenido y protegido --creemos nosotros-- dando publicidad a los trabajos de las comisiones de investigación, mucho más que echando un erróneo, por falso, cerrojazo bajo el secretismo de unas comisiones de investigación que requieren precisamente la publicidad que vamos a otorgarles en esta proposición de ley.
Estas son los dos motivos que, a nuestro juicio, avalan esta proposición de ley.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López de Lerma. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco, al igual que los distintos grupos parlamentarios, suscribe esta propuesta de cambio de Reglamento, si bien quisiera hacer notar la sensación que tienen los Diputados de este Grupo de estar en cierta riada que nos va arrastrando de alguna forma en nuestro quehacer legislativo; creemos que sería bueno enfriar las cabezas antes de actuar en caliente ante este tipo de reformas legislativas.
Entendemos que la publicidad y la transparencia de estas comisiones de investigación pueden ayudar en algunos de los aspectos incluidos dentro de la misma investigación, pero ésos no son los únicos criterios sobre los que debieran estar asentadas dichas comisiones de investigación. La responsabilidad de los propios Diputados tiene que considerarse como un eje de actuación importante en la labor de estas comisiones, que en sus propias investigaciones pueden llegar a alterar los derechos que nosotros mismos nos hemos dado dentro de este Estado de Derecho, y el no ser capaces de respetar el secreto en aquellas materias en que el mismo Congreso así lo ha determinado puede llevar, por una parte, a no trabajar con el suficiente rigor o la suficiente eficacia y, por otra, a que los derechos de ciudadanos o de terceros puedan verse grandemente afectados.
Por ello, señor Presidente, desde el Grupo Vasco entendemos que es necesario actuar con responsabilidad suficiente ante materias tan delicadas como las que se están tratando en este momento respecto a la reforma del Reglamento de la Cámara.
Creemos que es necesario incrementar estos niveles de publicidad y de transparencia, pero también que es una irresponsabilidad el decir que cualquier Diputado puede «largar» lo que le parezca, como se ha oído en este debate.
Creemos que cada Diputado tiene su propia responsabilidad y nosotros quisiéramos estar en un Congreso de los Diputados donde, si se declara el secreto de una materia, los Diputados seamos capaces de que ese secreto se respete.
Nadas más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, que también suscribe y apoya esta proposición de ley de reforma de nuestro Reglamento, quiere poner énfasis en destacar unos valores fundamentales de la propia proposición en sí misma.


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En primer lugar damos por bienvenida esta dinámica de reactivación de la vida parlamentaria, con la garra que tienen las comisiones de investigación. Esto revitaliza y justifica una vida de debate parlamentario interno y responsable. En segundo lugar, transformar en normal lo que en una sociedad pluralista tiene que ser también normal. No hay que tenerle miedo a ninguna normativa democrática que permita una apertura. Pero esto también es un compromiso para todas las fuerzas políticas que lo suscribimos; esto no puede ser un instrumento de dinámica contraria a principios de normalidad en el debate parlamentario; no puede ser un elemento de distorsión de lo que es el cometido democrático de una comisión ni puede ser tampoco un elemento de crispación añadida a una falsa publicidad de un debate parlamentario.
Creemos que este cambio que se efectúa en el artículo 64 de nuestro Reglamento es positivo porque se transforma en el sentido de que lo normal sea el principio de transparencia y publicidad, y deja como excepción el carácter secreto. Hasta ahora nuestro Reglamento, nuestro ya secular, por así decirlo, Reglamento en esta Cámara, venía a consagrar que el principio de normalidad era el secreto de las comisiones, cuando las cosas secretas en un Estado de Derecho son muy pocas, y son precisamente las excepciones que vienen aquí: o bien es el interés supremo del Estado con la Ley de Secretos Oficiales, el respeto a la seguridad de los principios de lo que son cimientos del Estado, Ley de Secretos Oficiales, en la defensa, en el interior, etcétera, o bien aquellos principios constitucionales que amparan el derecho de las personas ante la Magistratura, ante la ley, ante el principio de la legislación que va por sus cauces ante el Poder Judicial. Por tanto, si hay un principio que es el amparo del secreto que hay en los sumarios judiciales, ese secreto de la dignidad de la persona también tiene que estar inserto aquí. Por eso nosotros nos congratulamos, y lo repito, de que lo normal sea la transparencia y la publicidad, y la excepción sea el secreto, ahora bien, regulando también el secreto.
El secreto no puede ser campo de agresividad entre fuerzas políticas por unas cuestiones electorales o de oportunidad de ocupar el poder. A mí me interesa fundamentalmente, como fuerza minoritaria, algo muy importante: la estabilidad del suelo político donde nos movemos, la estabilidad, fundamentalmente, de lo que es un entramado de instituciones para que la vida y la convivencia democráticas encuentren también en una comisión de investigación las necesarias exigencias que la opinión pública nos demanda, que tenga acceso directo y transparencia. No puede ocurrir que una comisión de investigación tenga traductores de la misma. La comisión de investigación es, en sus justos términos, lo que allí democráticamente se apruebe. En cuanto a lo que llega a la opinión pública y que ésta transmite por sus medios, para eso tienen los medios de opinión pública unos profesionales que saben entender, leer y oír, porque un sistema de intérpretes es un sistema perjudicial cuando tratamos todos de hablar un lenguaje de exigencia democrática.
¡Ojalá! se siga avanzando en este perfeccionamiento de la vida democrática para que cada cual sea responsable de lo que dice y de lo que interpreta que dicen otros, de lo que escucha en una comisión de investigación para enriquecimiento, y que posibilite una decisión legítima pero siempre democrática. El transformar en normalidad lo que es normal nos permitirá a nosotros que la información política no sea cuestión de mercadería. La información política es la que es y la que la inteligencia y los que la presente leyeren y entendieren tengan que hacer así. Lo demás es hacer arma arrojadiza y de crispación en una sociedad que, democráticamente, no lo merece.
Por ello, nuestro apoyo solidario a esta modificación.
Nadas más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, también desde el Grupo Mixto hemos suscrito esta proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso para este trámite de toma en consideración. Por tanto, éste es un proyecto de múltiples paternidades y espero que la coincidencia en el comienzo del mismo continúe durante toda la tramitación, porque desde el Grupo Mixto ya anunciamos que vamos a presentar enmiendas.
Vamos a presentar enmiendas porque, en primer lugar, querríamos hacer una llamada a la prudencia y a la reflexión, y no dejarnos llevar por lo que parece que en este momento está de moda: las comisiones de investigación, sus consecuencias y la necesaria reglamentación de las mismas. Y aprovecho para decir que si hubiéramos tomado con mayor interés la tantas veces comenzada y todavía no terminada reforma del Reglamento del Congreso, posiblemente no tuviéramos que ir legislando al hilo de la actualidad o presionados por la necesidad imperiosa y pudiéramos acomodar todo el texto del Reglamento, que debe tener una visión de conjunto y una unidad de actuación, y no ir haciendo enmiendas parciales como la que esta tarde proponemos aquí, con el riesgo de que, a lo mejor, estas enmiendas parciales no encajen en el tono de conjunto del Reglamento que, en su día, habrá que reformar, porque es un Reglamento que yo creo que está resultando ineficaz para el trabajo parlamentario, como así se ha entendido tantas cuantas veces se ha iniciado el trámite de su reforma y tantas cuantas veces, en la legislatura anterior, tuvimos la oportunidad de trabajar en la Ponencia,

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evitando la disolución anticipada de las Cámaras que ese proyecto llegara a un buen fin.
Volviendo a lo que esta tarde nos ocupa, yo empezaría por decir que tenemos una duda de concepto y de partida, y es la naturaleza de las comisiones de investigación. Creo que tendríamos que hacer una reflexión profunda para ponernos de acuerdo sobre cuál es la verdadera naturaleza de las comisiones de investigación, que, al hilo de la moda, del ambiente político o de la temperatura política, a veces más bien parecen comisiones de debate político que comisiones de investigación. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para evadirnos del ambiente exterior cuando las comisiones de investigación se ponen en marcha; de ahí que creamos necesaria una mayor reglamentación de las propias comisiones de investigación y no sólo en el aspecto de su publicidad. Porque no puede dejarse al arbitrio de la propia comisión y de la buena fe o mala voluntad de los miembros allí representados la propia regulación de los trabajos de la comisión, ya que en unos casos puede resultar fácil encontrar el acuerdo, pero, en otros casos, el procedimiento o el método de trabajo a seguir, a veces, suele consumir más horas que la propia materia objeto de la investigación. De ahí que creo que haga falta una mayor regulación y no solamente en el aspecto de su publicidad. Creemos también, aprovechando la circunstancia de esta regulación, que deberíamos hacer una reflexión sobre lo que está siendo la publicidad no deseada, ni siquiera autorizada, de las comisiones de investigación y cómo choca eso con las necesarias garantías, tanto de las personas investigadas como de los comparecientes. Ahí sí que creo que hay que ser prudentes a la hora de reglamentar el sistema de publicidad, porque, si no, podemos encontrarnos con que las garantías, la intimidad de los comparecientes o de los investigados sufran una merma en su derecho constitucional, o lo que sería todavía más grave, que los investigados o los comparecientes, al no tener garantías o bien en cuanto al secreto de lo que allí dicen o bien en cuanto a una excesiva publicidad, se acogieran al derecho constitucional de no querer declarar. Desde luego, yo creo que hasta ahora hemos visto, por la experiencia que tenemos de algunas de las comisiones en la que participamos, la buena predisposición de los comparecientes a colaborar con los trabajos de la Comisión, y yo creo que muchas de las veces esta buena predisposición no ha sido suficientemente valorada a la hora de respetar el secreto o, lo que es todavía mucho más grave, a la hora de interpretar lo que los comparecientes han dicho. Me parece que ésta también es una cuestión que habrá que tener muy en cuenta no vaya a ser cosa que por un exceso de publicidad de la comisión lo que logremos sea la ineficacia del trabajo de dicha comisión.
Por tanto, sabiendo que la publicidad es la mejor garantía contra los intérpretes interesados de lo que en las comisiones de investigación se dice, hacemos una llamada a la prudencia para que procuremos todos --y así lo esperamos del consenso que ha habido en la iniciativa, y espero que continúe porque ésta es una reforma que debe aprobarse por consenso, si es posible-- ni pasarnos ni quedarnos cortos y sobre todo saber sobrevolar por la circunstancia, por el momento y por el ambiente político en que vivimos en este momento, porque una reforma reglamentaria no debe hacerse al hilo, al calor del ambiente o de la presión política, porque, si no, me temo que estaremos reformando el Reglamento demasiadas veces, y un reglamento debe tener, como mínimo, el deseo de perdurar, el deseo de pervivir. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Vamos a someter a votación la toma en consideración de esta proposición de reforma del Reglamento. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las comisiones de investigación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 294; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INTERESA LA REMISION A LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE AQUELLAS CIRCULARES QUE EMANEN EN LO SUCESIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y QUE SEAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS (Número de expediente 162/000086)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular por la que se interesa la remisión a los jueces de vigilancia penitenciaria y al Congreso de los Diputados de aquellas circulares que emanen en lo sucesivo de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios y que sean de obligado cumplimiento para los directores de los centros penitenciarios.


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Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, la iniciativa que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular responde a la necesidad de contribuir a solventar un conflicto prolongado entre la Administración de justicia y la Administración penitenciaria a propósito de este asunto y, por lo mismo, de contribuir a garantizar la plena efectividad de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, en el marco del ejercicio de la legítima potestad autoorganizativa de esa misma Administración penitenciaria. En su formulación instrumental, nuestra proposición pretende conseguir que los juzgados de vigilancia penitenciaria tengan un conocimiento inmediato del contenido de estas circulares, a fin de superar una de las principales disfuncionalidades actuales del sistema, y, por lo mismo, que el Congreso de los Diputados tenga constancia de dicho contenido, dado el papelvertebrador que estas circulares vienen desempeñando en nuestra práctica penitenciaria. Desde estas consideraciones, resulta fácil de entender que nuestra proposición tiene un claro significado de fondo, que afecta fundamentalmente a una quíntuple intención. En primer lugar, queremos con ella propiciar, desde ese conocimiento judicial y parlamentario, una mejor posibilidad de control sobre estas circulares, a efectos de que las mismas ni orillen ni traspasen los contenidos y sentido esencial del ordenamiento penitenciario vigente. En segundo lugar, pretendemos revestir a la propia Administración penitenciaria de una mayor garantía de transparencia en la verificación ordinaria de sus cometidos, venciendo así un cierto estado de sospecha que, hoy por hoy, existe en cuanto al uso dado por esa Administración a alguna de estas circulares, como vehículo para la determinación de un posibleordenamiento de hecho paralelo a las normas vigentes. En tercer lugar, pretendemos también impedir que estas circulares puedan permanecer ajenas al sistema de garantías que comporta el principio de publicidad de los actos dispositivos de la Administración. En cuarto lugar, queremos garantizar los derechos del personal penitenciario y los derechos básicos de los internos, tratando de evitar que los mismos puedan verse conculcados por disposiciones cuya fuerza real de obligar se encuentra en el ejercicio de la cadena de mando de la autoridad penitenciaria. Finalmente y por lo dicho, se trata también de coadyuvar con esta iniciativa a la reubicación del papel de la Administración penitenciaria en su función subordinada de la Administración de justicia, en todos los aspectos esenciales que afectan al modo y duración de las condenas.
El calado singular de esta iniciativa se comprende teniendo en cuenta que estas circulares, por una parte, son el exponente auténtico de la política penitenciaria del Gobierno, de modo que, como señalaba literalmente la circular de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 12 de julio de 1984, mal se puede conocer esta política penitenciaria sin un conocimiento exacto del contenido de estas circulares. Por otra parte, también consideramos que la importancia de estas circulares está en función de las cuestiones capitales para la vertebración práctica del sistema que en ellas se han venido abordando, en los últimos tiempos. Es evidente que no pretendemos ser exhaustivos en esta cita, pero sí conviene señalar, a modo ilustrativo, que a través de estas circulares, por ejemplo, se han establecido las condiciones regimentales del llamado sistema FIES, con un alcance que ha ido más allá de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica para el primer grado de clasificación y tratamiento penitenciario, tal y como han destacado el Defensor del Pueblo y alguna sentencia. De hecho, se ha restablecido el régimen especial del antiguo artículo 47 del Reglamento, derogado en su momento por el Real Decreto 787/1984, de 28 de marzo. Se modificó, en la práctica, el contenido del artículo 251 del Reglamento, relativo al acceso directo al tercer grado penitenciario, antes de que se produjera la correspondiente reforma del mismo por parte del Consejo de Ministros. Se ha creado el sitema de fases dentro de los diversos grados de clasificación de los reclusos; sistema de fases que ha permitido a la Administración penitenciaria actuar con enorme discrecionalidad a la hora de vertebrar su relación con esta población penitenciaria. Se han fijado criterios generales para la adopción de decisiones que afectan a los derechos fundamentales de los internos, incardinándolosen el ámbito de las normas de régimen interior, cuando, en realidad, a través de ellas se ha creado todo un modo de sanciones encubiertas, restricciones o beneficios sin ninguna cobertura legal. O, en fin, se ha modificado, en la práctica, la concepción de una institución clave, como es la del permiso penitenciario en su condición de parte de la ejecución de la pena en cuanto figura capital, dentro de la individualización de aquélla, sustituyéndola por una mera concepción del permiso como simple pieza del régimen penitenciario, cuando no de las meras conveniencias materiales de la propia Administración. Pues bien, en la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondinte a 1992 se hace una cita expresiva del verdadero estado de la cuestión cuando se eleva a rango de conclusiones generales las establecidas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Baleares, a propósito del asunto que nos ocupa, y en síntesis, en estas conclusiones se señala: en primer lugar, que la función con la que nació la jurisdicción de vigilancia penitenciaria sigue siendo, doce años después, una entelequia, porque sigue siendo la Administración penitenciaria la que, en la práctica, no sólo determina el modo e incluso la duración de las condenas, sino que también varía,

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a través de circulares, decisiones e instrucciones concretas, el sentido de algunos fallos condenatorios.
Dice la memoria del Fiscal que la Adminitración penitenciaria, en segundo lugar, denota o ha venido denotando una permanente resistencia no sólo al control judicial sobre sus decisiones sino también a un mero conocimiento de las mismas por parte de los juzgados de vigilancia.
Dice la Memoria, en tercer lugar, que, bajo la falsa apariencia de meras directrices de organización interna, la Administración penitenciaria viene constituyendo una especie de normas penitenciarias paralelas de ámbito administrativo y totalmente arbitrarias y cambiantes. Concluye señalando la Memoria que dichas circulares no son facilitadas al Juzgado de Vigilancia y, lo que es más grave, son de obligado cumplimiento para los directores de los establecimientos, de modo que si alguna decisión del Juzgado de Vigilancia resulta opuesta a cualquiera de estas circulares, lo que se cumple, evidentemente, no es lo resuelto por el órgano judicial, sino lo que ha decidido la Administración penitenciaria.
Comprenderán bien SS.SS. que con esta cita se pone un énfasis especial en la necesidad de poner fin a este conflicto cuando menos de incomunicación si no de invasión competencial, que viene de alguna manera marcando negativamente una necesaria relación de cooperación y de comunicación permanente y, desde luego, de equilibrio y de respeto mutuo en el ejercicio de sus funciones por parte de la Administración de Justicia y de la Administración penitenciaria. La necesidad de sustraer estas circulares de la indefinición y de la polémica que vienen provocando quedó igualmente plasmada en la reciente comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios ante la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, celebrada el pasado 22 de diciembre, cuando reconocía que éste era un asunto que le preocupaba y que estaba concentrando sus esfuerzos en ello. Al hilo de la cuestión que nos ocupa, no quisiéramos concluir sin recordar a la Administración penitenciaria la necesidad de dar, también, un efectivo cumplimiento a lo dicho en la citada circular de la Dirección General de 12 de julio de 1984, cuando en ella se afirmaba que si las circulares se remiten a los directores de los centros no es para su conocimiento exclusivo, sino para que hagan llegar el contenido de las mismas a todos los funcionarios, por la consideración y el respeto que los mismos se merecen y porque tienen el derecho y la obligación de conocerlas. Concluía esta circular: dichas circulares han de estar a disposición de todos los funcionarios y de todos los colectivos sindicales para poder consultarlas cuantas veces lo deseen.
En definitiva, con la iniciativa que sometemos hoy al Pleno de la Cámara creemos dar un paso adelante en pro del adecuado equilibrio y respeto competencial entre lo que es propio de la función de los órganos jurisdiccionales y lo que corresponde ejecutar a la Administración penitenciaria en el contexto del modelo que nuestro Derecho prevé para el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Creemos que damos un paso adelante en pro de favorecer la coherencia de la Administración conforme a sus propios planteamientos, porque si en la circular de julio de 1984 se decía «esta Dirección General ve con preocupación e incluso con alarma que las circulares remitidas a los centros no sean conocidas en muchas ocasiones y en algunos establecimientos por parte de los funcionarios» --fin de la cita--, parece que, en coherencia de sentido con lo dicho, ya es hora, después de diez años, de que esa misma preocupación y alarma la sienta la Administración por el desconocimiento que de esas circulares tienen los Juzgados de Vigilancia y esta misma Cámara, y contribuya, a través del Grupo Parlamentario Socialista, a ponerle el debido remedio.
Creemos, señor Presidente, señoras y señores Diputados, que con esta iniciativa damos un paso adelante en el recordatorio de que el principio de jerarquía normativa es pilar básico del Estado de Derecho, y que desvirtuar ese principio sólo comporta una devaluación indeseada de la filosofía que da fundamento a nuestro sistema político.
Por todo ello, señor Presidente, señoras y señores Diputados, solicitamos el voto favorable de la Cámara para esta iniciativa que en su sentido último pretende al fin y al cabo, como bien comprenderán SS.SS., ser útil en términos políticos para recuperar de manera activa y coherente la doctrina Montesquieu. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Socialista, para defender la enmienda presentada a esta proposición y fijar la posición, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Para defender la enmienda que el Grupo Socialista ha presentado a esta proposición no de ley del Grupo Popular, enmienda que responde a la filosofía, creo que conocida por la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, de intentar, en la medida de lo posible, acercar lo máximo las posturas en todo aquello que afecta a nuestro sistema penitenciario por la propia naturaleza de la institución y esa Administración. Además, es bueno intentar permanecer en el espíritu de la propia Ley General Penitenciaria, que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara, porque, obviamente, en el servicio público que supone la custodia de las personas que están privadas de su libertad están en juego derechos fundamentales.


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He de manifestar, antes de explicar la enmienda sintéticamente, que hay, como no podía ser de otra manera, discrepancias de fondo en lo que viene a ser el sustento o la fundamentación de la proposición no de ley. Discrepancias que pasan por considerar que la fundamentación aporta un relato o una traslación de algunas consideraciones incompletas de la Fiscalía General del Estado, en cuya memoria aparecen otras consideraciones que razonan de manera muy distinta. En segundo lugar, porque no se pueden sostener con carácter general el conjunto de circulares, instrucciones y directrices, conceptos los tres, como creo que todos conocemos en esta Cámara, cuya naturaleza jurídica siempre es extraordinariamente discutible en el ámbito de la actuación de la potestad organizatoria de la Administración.
Como decía, no todas las circulares han sido remitidas a los jueces de vigilancia penitenciaria.
A pesar de ello, en el intento de que exista el mayor acercamiento de posturas, el Grupo Socialista propone una enmienda que da respuesta al objetivo último, al más importante de fondo, que es que quien está llamado a ejercer el control jurisdiccional de la actuación de la Administración (y por tanto a ser el garante básico, fundamental y esencial de los derechos fundamentales que tienen las personas privadas de libertad como prevé nuestro ordenamiento, es decir los jueces de vigilancia penitenciaria), tenga ese instrumento en su poder. De ahí que la enmienda del Grupo Socialista acepte el punto 2 con algún matiz, es decir, con la supresión del inciso que textualmente dice: «a partir de la aprobación por el Pleno de la presente proposición no de ley». Y con la adición entre la expresión: «...que emanen de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios...» y la expresión: «...sean remitidas por ésta...», añadir la siguiente frase: «...que tengan relación con el régimen y tratamiento penitenciario sometido a control jurisdiccional». Parece lemental, y creo que en esto no habrá ninguna problema desde el punto de vista del sentido común y de la lógica política y jurídica, que aquellas otras circulares, directrices e instrucciones que no tienen una vinculación directa con lo que es el régimen y el tratamiento penitenciario, en relación con el control jurisdiccional, no tengan por qué ser remitidas a los jueces de vigilancia penitenciaria por parte de la Secretaría de Estado.
En nuestra enmienda planteamos, como se deduce del contenido de mi intervención, la supresión del apartado 1 y del apartado último. En el primer caso, porque el apartado 1 de la proposición no de ley no es más que un juicio de valor político que puede estar bien para sustentar, pero que el Grupo Socialista no puede compartir, entendiendo que la actuación de la Administración penitenciaria hasta ahora ha respetado lo que es básicamente el ámbito de sus competencias dentro del ordenamiento. En última instancia, el control jurisdiccional siempre ha podido limitar, matizar y perfilar lo que ha sido esa actividad o esa potestad auto- organizatoria. Pero como nuestro interés es que existan los mayores mecanismos de control y de garantías en poder de los jueces de vigilancia penitenciaria, de ahí que la segunda enmienda recoja, creo, el anhelo básico de la proposición no de ley. En cuanto al tercer punto, creo que también es innecesario. La actividad de control parlamentario la tienen garantizada todos los grupos políticos de esta Cámara en relación con lo que es la gestión del propio Gobierno, y parece que no es muy apropiado que la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias remita cada vez que emana una circular o una directriz. No hay ningún precedente en la Cámara. Sería --yo creo-- una decisión de este Pleno fuera, en cierta medida, de lugar. Eso no quiere decir que el Grupo Socialista, seguramente como la mayoría de los grupos de la Cámara, no esté en la disponibilidad más absoluta para que la Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias comparezca y se le requiera periódicamente, o cuando sea menester, lógicamente sobre lo que es esa potestad auto- organizatoria en relación con las circulares, instrucciones y directrices.
Por tanto, en aras a esa posición inicial que los grupos políticos de la Cámara, en especial el Grupo Popular, tienen constancia de la voluntad del Grupo Socialista de recoger aquellas iniciativas que puedan tener un fundamento constructivo y que puedan perfilar básicamente la actividad de esta Cámara en relación con lo que es la función de la Administración penitenciario, creemos que con esa enmienda de supresión de los punto uno y tres y aceptación, con las correcciones que he indicado, del segundo se recoge el espíritu de la proposición y solicitamos lógicamente que el Grupo proponente la acepte.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quizás a alguna de sus señorías les pueda extrañar que un Diputado como yo, que viene de provincias, esta tarde en las dos últimas intervenciones empiece a sentir una cierta satisfacción al darse cuenta de que la política se está llevando a efecto, que es el arte de dialogar, de consensuar y de poder llegar a hacer cosas comúnmente, como ha sucedido con la proposición anterior y como, al parecer, puede suceder en ésta en las que se ha visto a dos jóvenes diputados --yo creo que los dos con mucho porvenir y además así se lo deseo--

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defender cada uno su punto de vista, con discrepancias técnicas, pero sin acidez, manteniendo cada uno de ellos las formas y sin recurrir para nada a ninguna bandería de tipo político. Yo suscribiría prácticamente las palabras del portavoz, en esta ocasión del Grupo Popular, señor Gil Lázaro, con lo que puedo añadir poco a su buena argumentación. Creo que también por parte del portavoz socialista se han planteado temas importantes, como es esa enmienda al punto dos, que pienso que puede ser aceptada, y la del punto tres, que tiene una doble lectura. Podría aceptarse, inclusive, una enmienda transaccional porque, en definitiva, aquí nadie busca, si hay una compra de patatas, saber que ha bajado cincuenta céntimos o pequeñez parecida.
Podría interpretarse tanto que se aceptaba la enmienda como que no. Creo que las dos cosas puede ser importantes. Entiendo que esta proposición es oportuna en el tiempo y en la forma.
Creo que no sólo es necesaria, sino imprescindible.
La normalización en la materia de vigilancia penitenciaria está por encima de banderías políticas. Felicito al autor de esta proposición, señor Gil Lázaro, del Grupo Popular, y celebro también que por parte del Grupo Socialista se intente llegar a acuerdos --vuelvo a repetir-- para hacer realidad esa palabra de política y políticos que, lamentable y últimamente, parece ser que está bastante devaluada.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Quisiera hacer unas consideraciones previas, advirtiendo que mi grupo va a votar favorablemente, entendiendo que la enmienda va a ser aceptada. Supongo que esto va a ser así.
A nuestro grupo le parece que las circulares que hasta ahora dicta la Administración penitenciaria respetan el ordenamiento jurídico y, evidentemente, si en algún caso no lo han hecho, no puede entenderse que suplanten a la legislación vigente.
Tampoco nos consta que haya sido una práctica de estas circulares intentar innovar la normativa ni crear una legislación paralela. Deben servir sólo, y de hecho ésta es su justificación, como un elemento definidor del marco organizativo de la propia Administración o para dictar normas que hagan homogénea la solución a problemas que se dan para personas distintas en diferentes centros penitenciarios. Así es como se viene actuando hasta la fecha: así es como actúa, en definitiva, el Gobierno de la Generalitat, competente en esta materia.
He de decir, lo anuncio a SS.SS., que, de aprobarse el texto con la enmienda presentada, se instalaría una práctica en la Administración central que es norma habitual en la administración penitenciaria de Cataluña, donde ya desde hace tiempo las circulares se mandan a jueces y fiscales y también a la Administración central del Estado para coordinar y, como digo, para tener una actuación homogénea en cuanto a los mismos problemas. Por tanto, nos parece un tema interesante, constructivo, positivo para dar un mejor servicio y coordinar, en la medida de lo posible, una actuación que opera en distintos sitios para las mismas personas.
Nadas más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para fijar posición en torno a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular; proposición por la que se interesa la remisión a los jueces de vigilancia penitenciaria y a esta Cámara de aquellas circulares que emanen en lo sucesivo de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios y que sean de obligado cumplimiento para los directores de los centros penitenciarios. Desde el punto de vista de nuestro Grupo Parlamentario, esta proposición no de ley del Grupo Popular es oportuna y adecuada, toda vez que la misma va a permitir que se corrija el error actual, así como superar la realidad de que, en definitiva, quien determina en estos momentos el modo e incluso el «quantum» de la condena cuando es carcelaria es la Administración penitenciaria. Señorías, debemos recordar que la jurisdicción de vigilancia penitenciaria nació con un claro objetivo: evitar que la ejecución o el cumplimiento de la pena privativa de libertad siguiera realizándose bajo el exclusivo control de la Administración penitenciaria.
El objetivo trazado en su día, después de los años transcurridos, tal como ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, no se ha logrado, y creemos que es un buen momento para actuar, estableciendo los mecanismos de control necesarios al respecto, ya que es notoria la actual situación en la que por parte de instituciones penitenciarias se elude el que sobre ella se ejerza un control efectivo desde los juzgados de vigilancia. Es más, la Administración penitenciaria no acepta la función, que le es propia, de subordinada que se le asigna, sino que crea sus propias normas para llevar a cabo el cumplimiento de la condena. Normas que, hay que decirlo con absoluta claridad, pueden llegar

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a modificar incluso el sentido del fallo condenatorio, tanto en la modalidad de su cumplimiento como incluso en la duración del mismo. Normas, por otra parte, que pueden cercenar o limitar los derechos de los internos, que pueden crear situaciones de privilegios entre los distintos internos, que afectan a los derechos penitenciarios, como el caso de traslados, autorización de comunicación, etcétera. Todo ello puede concurrir sin conocimiento de los jueces de vigilancia penitenciaria, salvo en el caso de que lo recurra algún recluso, que es el momento en el que el juez de vigilancia penitenciaria tiene conocimiento de ello. Normas que, por otra parte, son de obligado cumplimiento para los directores de cada uno de los centros.
Además de lo expuesto, es hoy también un hecho prácticamente irrefutable el que, ante normas contradictorias, del órgano judicial y del órgano de la Administración, están prevalenciendo las de la Administración, cosa, por otra parte, que podemos corregir precisamente aprobando esta proposición no de ley. Desde nuestro punto de vista, hay que encontrar el equilibrio entre las normas internas de la Administración penitenciaria, que debe tenerlas, y las del órgano judicial, de tal forma que ambas puedan coexistir y que la Administración penitenciaria no siga prevalenciendo sobre la Administración judicial. No puede, pues, pretenderse el continuar con la misma situación, el no poner medidas que desde nuestro punto de vista sí viene a plantear esta proposición no de ley del Grupo Popular. Hay que decir también con claridad que no se puede, por parte de la Administración penitenciaria, continuar intentando eludir el control judicial. Además, creemos que en este momento hay que reseñar que estamos ventilando un asunto que responde, en cuanto a los términos de la proposición, a una aspiración legítima, ya manifestada en 1993 por los propios jueces de vigilancia penitenciaria. Yo creo que es importante que situemos las cosas en su sitio. Esta proposición nos permite que cada administración cumpla su papel y además, de una vez por todas, llenamos de contenido lo que son las funciones propias de los jueces de vigilancia penitenciaria. Por todo ello, y a expensas de lo que el Grupo Popular manifieste en relación a la enmienda del Grupo Socialista, anunciamos ya el voto favorable a esta proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
A efectos de expresar la aceptación o rechazo de la enmienda defendida por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Nosotros, partiendo del reconocimiento que ha hecho el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, de que esta iniciativa nuestra responde a un fundamento y a un deseo constructivo, vamos a corresponder a ese sentido o esa vocación constructiva aceptando la enmienda que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, no sin antes hacer alguna advertencia en relación con la propia enmienda, que pretende la supresión de los puntos 1 y 3. Debo señalar que el punto 1 no responde a ninguna declaración política por parte de este Grupo Parlamentario, sino a expresiones literales de la memoria de la Fiscalía General, tal y como ya hemos señalado, y que aceptamos el compromiso que subyace en la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a los términos del control político, es decir, de propiciar cuantas iniciativas de control político en este ámbito presenten los demás grupos de la Cámara. Nuestra proposición pretendía que este control fuera ambivalente, tanto en el terreno parlamentario político como en el terreno judicial. Sin embargo, la razón fundamental de ser, como ha señalado la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, es poder solventar esa situación de incomunicación entre Administración penitenciaria y Administración de justicia y poder permitir, a través de esta iniciativa, que la Administración de justicia y que los juzgados de vigilancia penitenciaria puedan tener conocimiento de estas circulares.
Aceptando los términos en que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista el redactado de esta proposición no de ley, creemos que ese objetivo fundamental queda cubierto, pero desde luego, en todo caso, el seguimiento de ese objetivo lo vamos a acompañar permanentemente a través de la correspondiente iniciativa de control parlamentario y de control político. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo parlamentario Popular en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 291; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR LA QUE SE PROPONE LA LIBERTAD DE AMORTIZACION PARA LAS INVERSIONES GENERADORAS DE EMPLEO (Número de expediente 162/000042)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), por la que se propone

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la libertad de amortización para las inversiones generadoras de empleo.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, desde el inicio de esta legislatura, el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha defendido con insistencia que la salida de la crisis pasa inexorablemente por el fomento de la economía productiva, y creo que los hechos nos están dando la razón. Los primeros síntomas de recuperación atisbados en 1993 fueron debidos al sector exportador y a su capacidad de respuesta a la demanda exterior, de tal modo que la producción industrial ha experimentado incrementos del 4,6 por ciento en los meses de enero y febrero, según las recientes cifras facilitadas por el Banco de España.
Otros indicadores apuntan que nos hallamos ya en el buen camino. El descenso de los tipos de interés, que ha mejorado las expectativas de los agentes económicos; el descenso de la tasa de desempleo; la existencia de 48.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de febrero o los 43.000 del mes de marzo, todo ello confirma que el negro túnel de la recesión puede estar llegando a su fin.
Sin embargo, nuestra responsabilidad como políticos y representantes de los ciudadanos nos obliga a cuestionarnos de qué manera podemos contribuir al asentamiento de una fase expansiva de nuestra economía. Ciertamente, coincidirán conmigo, señorías, en que nuestro primer deber es proporcionar estabilidad y confianza en las instituciones, pero acto seguido debemos adoptar todas aquellas medidas de estímulo económico susceptibles de consolidar la tan deseada recuperación, porque también coincidirán conmigo en que la superación de la crisis ha de ser en esta Cámara un objetivo común y sin fisuras, por encima de cualquier interés electoral o partidista. Cuando en octubre del año pasado Convergència i Unió presentó una proposición no de ley sobre libertad de amortizaciones para las inversiones generadoras de empleo y que ahora nos ocupa, poco podía intuir que su oportunidad sería confirmada desde todas las instancias económicas. El Banco de España, en su último informe trimestral, resalta la debilidad de dos indicadores económicos de suma importancia y notoriamente relacionados: la demanda interna y la inversión en bienes de equipo. En este último apartado, el Banco de España constata que su recuperación se está retrasando a la espera de signos más fuertes de reactivación interna y externa. Pero no sólo el Banco de España mantiene esta tesis; el Comisario europeo responsable de asuntos económicos y financieros, señor Christophersen, ha justificado que las previsiones económicas de la Comisión sean menos favorables para España que para otros países de la Unión Europea por la escasa actividad inversora de nuestro país.
Así, mientras la Comisión prevé que la formación bruta de capital fijo, o sea, inversiones, crecerá el 1,6 por ciento este año y el 4,9 por ciento el año próximo en el conjunto de la Unión Europea, en España sus previsiones se cifran, respectivamente, en un descenso del 1,3 por cientoy un posterior aumento del 2,6 por ciento para los años indicados.
Cuando los indicadores económicos proporcionan claros síntomas de recuperación, es innegable que las empresas y los ciudadanos en general están esperando señales, muestras inequívocas de una opción institucional a favor de la economía productiva.
Una medida como la que se propone sólo puede comportar una anticipación de las inversiones que hasta este momento no se han producido por las dudas e inseguridad de nuestros agentes económicos. Si desde esta Cámara podemos infundir confianza, y la proposición no de ley sobre libertad de amortizaciones que se propone supone un gran dosis de confianza, podemos influir notablemente en avanzar unas inversiones que por fuerza mejorarán la situación económica de España. Todos los indicadores así lo demuestran; asistimos a una recuperación de la industria, un mejor comportamiento de la construcción y una aportación positiva de los servicios, debido a unas excelentes expectativas del turismo y a una mayor actividad comercial.
Frente a todo ello, la etapa económica de recuperación sólo se ve lastrada por la indecisión inversora. Ayudemos, pues, a anticipar estas decisiones inversionistas en beneficio de la economía productiva. Convendrán conmigo, señorías, en que a estas alturas uno de nuestros primeros deberes consiste en hacer posible el incremento de la productividad de las empresas españolas y abordar de manera decidida una política de estímulos que fomenten la inversión, porque estas y no otras son las medidas que están adoptando los países más avanzados de nuestro entorno. La recuperación americana, en palabras de su propio Presidente aparecidas en la prensa la semana pasada, se debe a que la inversión está en alza en los negocios, en viviendas, en bienes de consumo duradero. La inversión real en bienes de equipo, según Bill Clinton, creció en 1993 siete veces más rápido que en los cuatro últimos años anteriores. Para el presupuesto americano de 1995 se anuncia la continuación de incentivos fiscales para la inversión en crecimiento futuro y para las ganancias de capital procedentes de inversiones a largo plazo en nuevas compañías.
Conociendo nuestros males, es imperdonable no ponerles remedio, y la sociedad tendría pleno derecho a pedirnos cuentas por ello. Uno de estos remedios es la proposición no de ley de libertad de amortización de

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las inversiones generadoras de empleo que nuestro Grupo de Convergència i Unió presenta hoy a esta Cámara. Nadie ignora el tratamiento fiscal de las amortizaciones, que es uno de los mecanismos legales que más pueden influir en las decisiones de inversión de los agentes económicos. Ya se utilizó como medida de estímulo y con notable éxito, por cierto, en el famoso «decreto Boyer». También lo entendió así, aunque tímidamente, la Orden ministerial de 12 de mayo de 1993, por la que se aprobó la nueva tabla de coeficientes anuales de amortización, en un intento de acercar la normativa fiscal a la realidad de la vida económica; intento que ha tenido que ser completado con un coeficiente multiplicador de los índices de las tablas del 1,5 por ciento, cuando se trate de elementos de activo fijo nuevos puestos a disposición del sujeto pasivo a partir del 3 de marzo de 1993. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la empresa radica, como es lógico, en optimizar su capacidad de inversión mediante el mayor uso posible de los recursos propios, evitando así la necesidad de recurrir a la financiación externa, normalmente demasiado gravosa para nuestras empresas. La libertad de amortización, con las cautelas que luego se dirán, permitiría, permitirá, si se aprueba esta proosición no de ley en esta Cámara, a las empresas desplazar hacia períodos futuros el pago de impuestos de beneficios generados en los períodos en que se realiza la inversión, con lo que todos los recursos generados por la empresa podrán destinarse el pago de las inversiones efectuadas. Es cierto que ello redunda en perjuicio de la recaudación fiscal inmediata, pero la mayor productividad de las empresas, la generación de mayor actividad y las contrataciones laborales derivadas constituyen alicientes de no poca importancia, con lo cual no hace falta recurrir a complicados y discutidos multiplicadores keynesianos para deducir los efectos, siempre beneficiosos y tonificantes, del aumento de la inversión respecto del crecimiento de la renta de nuestro país. No conviene limitar los efectos de la libertad de amortización a meros aspectos fiscales. Téngase en cuenta que la elevación de las cantidades destinadas a amortización comporta facilitar a nuestras empresas una mejor adaptación a los grandes y rápidos avances tecnológicos que se producen en la actualidad. Regular y guardar con criterios obsoletos la capacidad de adaptación de nuestras empresas supone hipotecar no sólo su competitividad futura, sino la de todo el conjunto nacional. Tratamientos informáticos, bienes de equipo de tecnología avanzada, son algunos ejemplos de inversiones cuya amortización real ha de efectuarse con mayor rapidez que la prevista en las anquilosadas tablas del Impuesto de Sociedades, si se desea pertenecer a una economía competitiva y avanzada. Además, la iniciativa que se presenta para su tratamiento normativo por parte del Gobierno no consiste en una libertad de amortización indiscriminada. Piénsese en la hipótesis de que una mayor inversión podría repercutir en la sustitución de puestos de trabajo por capital y conllevar efectos nefatos para la política de empleo. Por ello, la proposición no de ley condiciona la libertad de amortización a la creación de empleo y permite regular la cuantía de dicha amortización al número de empleos adicionales generados. A mayor creación de empleo, mayor capacidad de amortizar fiscalmente los activos adquiridos. Nuestra propuesta abarca el período comprendido entre el uno de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1996. Apartado para todas aquellas inversiones en activos fijos nuevos, siempre que durante los 24 meses siguientes a la inversión la plantilla media de las compañías se vea incrementada. La cuantía de la inversión, que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortizaciones, será proporcional a la cifra de 25 millones de pesetas por cada trabajador, como incremento de plantilla generado durante los 24 meses de inversión o durante los 24 meses que durará este plazo que nosotros hemos propuesto en nuestra proposición no de ley. Se trata de una medida de estímulo a la economía que las actuales circunstancias exigen con incontenible urgencia, porque podemos ayudar a las empresas a invertir con capitales propios y a generar mayor empleo y porque podemos anticipar decisiones de inversión que aún hoy se mantienen entre dudas.
Permítanme, señorías, que insista, una vez más, en los efectos beneficiosos de la medida que se pretende. Cuando todas las instancias económicas insisten en la atonía y carácter depresivo de los niveles de inversión españoles, podemos, desde esta Cámara, estimular uno de los últimos indicadores que se resisten a evidenciar la proximidad de la recuperación económica.
Con esta medida, cuya regulación --caso de aprobarse-- deberá efectuar el Gobierno con urgencia, podremos demostrar, señoras y señores Diputados, que los grupos parlamentarios que integran esta Cámara son sensibles a los hechos que preocupan a nuestras empresas y a nuestros agentes económicos. Conviene no malbaratar una oportunidad para demostrar al país que nuestro objetivo prioritario es trabajar en favor de la nación. El progreso de España requiere que seamos capaces, no sólo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sánchez i Llibre, vaya concluyendo, por favor.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: ... no sólo de proporcionar estabilidad, sino también serenidad y, cosa no menos importante, eficacia. Serena y eficaz es toda aquella medida que, fundada en la confianza en nuestras empresas, favorezca a todos nuestros ciudadanos.


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Por todas estas consideraciones, nuestro Grupo de Convergència i Unió solicita el voto favorable de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara a nuestra proposición no de ley sobre libertad de amortizaciones. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra por parte del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Costa Climent.


El señor COSTA CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en estos momentos nuestra economía está abandonando la fase de recesión por la que ha atravesado en los dos últimos años. Sin embargo, la recuperación económica es todavía sumamente débil e incapaz de mejorar los niveles de empleo en los que en estos momentos se encuentra nuestro país. Así resulta de la totalidad de los últimos indicadores económicos.
El moderado crecimiento del producto interior bruto, que, además, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Europea, resultará en nuestro país inferior a la tasa media de crecimiento del producto interior bruto del resto de los países de la Unión Europea, hará que la posición relativa de nuestro país, en términos de bienestar económico, se vea empeorada respecto al resto de los países de los Estados miembros de la Unión Europea. La destrucción de más de 88.000 puestos de trabajo durante el primer trimestre de 1994, es decir, 1.000 puestos de trabajo por día, y nuestra tasa de ocupación, que ha alcanzado un mínimo histórico, situándose por debajo del 37 por ciento en este primer trimestre de 1994, han arrojado unos indicadores económicos que confirman que la recuperación económica por la que atraviesa en estos momentos nuestro país es, repito, sumamente débil. Esta débil recuperación económica es consecuencia de que se encuentra justificada solamente por el buen comportamiento que ha experimentado el sector exterior en los últimos meses. Sin embargo, debido a la falta de confianza de los agentes económicos en la política del Gobierno socialista, se ha producido una situación de atonía en el consumo y en la inversión privada. Por tanto, para apostar por una recuperación económica sólida, estable y decidida, es necesario adoptar medidas de política económica que contribuyan a incentivar la inversión productiva en nuestro país y que hagan que esa salida de la fase de recesión en la que nos encontramos en estos momentos no dé lugar a pasar a una fase de estancamiento en la que el crecimiento económico sea tan débil que el coste, en términos de desempleo que soportamos en estos momentos, se vea mantenido y perpetuado en el futuro, afectando, tan negativamente como afecta, a nuestro actual sistema de protección social y al nivel de bienestar general de todos los ciudadanos de nuestro país. Por ello, en opinión de mi Grupo, se encuentra plenamente justificado apostar por instrumentos fiscales que anticipen, en un determinado marco temporal, futuros proyectos de inversión.
Por ello --y ya lo anticipo aquí--, nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente a la proposición no de ley sobre libertad de amortización que estamos debatiendo en estos momentos, y lo va ha hacer porque es un instrumento eficaz para concentrar y anticipar en un determinado marco temporal los proyectos de inversión que los agentes económicos plantean emprender en un futuro. Así lo reconoció el propio Gobierno socialista en la exposición de motivos del Real Decreto de 11 de septiembre de 1985, por el que se desarrollaba el régimen de libertad de amortización.
En segundo lugar, votaremos sí porque es necesario fortalecer la autofinanciación de las empresas, contribuir a mejorar la capitalización de nuestras empresas para que sean más competitivas con el resto de las empresas de nuestros socios comunitarios.
También votaremos sí porque esta medida contribuirá a eliminar, aunque sea de forma coyuntural, el efecto nocivo que supone en nuestro sistema fiscal la inexistencia de un método para corregir el efecto inflación en la cuantificación de las dotaciones a la amortización de los elementos del activo de la empresa, un efecto nocivo que da lugar a gravar beneficios meramente nominales y a promocionar una dispersión de los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades.
Finalmente, votaremos que sí a esta proposición no de ley porque en estos momentos el marco jurídico fiscal que existe en nuestro país no contiene instrumentos eficaces para promocionar la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión y, además, genera inseguridad jurídica en los agentes económicos, en parte por los continuos cambios normativos a los que nos vemos sometidos y en parte por la indeterminación del Gobierno, que de forma repetida anuncia la adopción de nuevas medidas de reforma tributaria que, sin embargo, es incapaz de poner en marcha.
Antes de proceder a hacer una valoración del contenido concreto de la proposición no de ley que es objeto de debate en estos momentos, me gustaría incidir en este último extremo.
En primer lugar, nuestro actual sistema fiscal no contiene instrumentos eficaces para promocionar la inversión, y así resulta del hecho de que, por ejemplo, la deducción por inversiones en activo fijo no afecte a las decisiones de las empresas a la hora de acometer nuevos proyectos de inversión, porque se mantiene en los mismos términos de forma reiterada ejercicio tras ejercicio, y las empresas son conscientes de que, aunque no anticipen sus proyectos de inversión, en ejercicios

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sucesivos van a disfrutar del mismo sistema de incentivos fiscales.
Las medidas tributarias que introdujo el artículo 12 del Real Decreto-ley de 26 de febrero de 1993 también han resultado un fracaso para incentivar la puesta en marcha a nuevos proyectos de inversión. Así resulta de la evolución de la inversión en nuestro país en 1993, que fue el primer ejercicio en el que tuvieron vigencia las medidas tributarias introducidas por el Real Decreto-ley al que he hecho referencia. La inversión cayó en un 10 por ciento y, si nos referimos a bienes de equipo, la inversión cayó en más de un 15 por ciento.
Las razones del fracaso de estas medidas tributarias son obvias. En primer lugar, la complejidad de las propias medidas, que, unido al hecho de que la Administración no hizo en su día el esfuerzo necesario para informar a los agentes económicos sobre el contenido de las mismas, ha provocado que hayan pasado desapercibidas para un gran número de empresas en nuestro país. En segundo lugar, por los defectos técnicos de ese Real Decreto-ley, que no contemplaba de forma expresa si los beneficios tributarios que incorporaba nuestro ordenamiento jurídico resultaban aplicables a aquellos sujetos pasivos que, por ejemplo, se acogían a un método de amortización regresiva o a un método de amortización según turnos de trabajo.
Finalmente, por el hecho de que, en el mejor de los casos, las medidas tributarias introducidas por ese Real Decreto-ley no pueden calificarse más que de tímidas, en la medida en que únicamente reducen en un tercio el plazo de vida útil de los activos a efectos de amortizaciones.
Sin embargo, si bien es cierto que resulta necesario adoptar medidas coyunturales, como la que contiene la proposición no de ley que es objeto de debate en estos momentos, también es cierto que para apostar de forma decidida por la recuperación económica en nuestro país es necesario acometer una reforma completa de todo nuestro sistema tributario.
El Gobierno del señor González ha incumplido de forma reiterada los plazos que le concedía esta Cámara para elaborar y remitir el proyecto del nuevo Impuesto sobre Sociedades. El primer plazo finalizaba el 31 de diciembre de 1992; el segundo plazo finalizó el 31 de diciembre de 1993; nos encontramos en mayo de 1994 y el Gobierno del señor González todavía no ha remitido a esta Cámara el proyecto de ley del nuevo Impuesto sobre Sociedades. Mantener esa situación constituye, en mi opinión, una grave falta de responsabilidad política, porque genera falta de seguridad jurídica e introduce un elemento de incertidumbre en las decisiones empresariales, y en nuestro país existen en estos momentos multitud de empresas que no ponen en marcha nuevos proyectos de inversión porque desconocen cuáles van a ser a corto plazo las consecuencias fiscales, el tratamiento fiscal de la inversión que van a realizar o de los resultados que van a obtener como consecuencia de esa inversión.
Es necesario que el Gobierno cese en su situación de pasividad actual y que acometa una reforma completa de nuestro ordenamiento tributario que favorezca la inversión productiva de manera decidida y que haga que resulte más competitivo con el resto de los sistemas fiscales de nuestros socios de la Unión Europea. De esta manera mejorará la posición de nuestro país para mantener y atraer capitales y actividades y, por lo tanto, seremos capaces de mejorar los actuales niveles de empleo de nuestro país. Si el Gobierno no es capaz de acometer una reforma fiscal profunda, no lograremos crear las condiciones objetivas que devuelvan la confianza a los inversores y que hagan posible apostar de forma decidida por la recuperación económica. Me voy a centrar en la valoración del contenido de la proposición no de ley. Ya he anticipado que nuestro Grupo va a votar favorablemente el contenido de la proposición no de ley; sin embargo, hemos presentado un paquete de enmiendas que tienen como finalidad, en primer lugar, hacer que sea más eficaz en el cumplimiento del objetivo que persigue, que es anticipar en un marco temporal determinado la puesta en práctica de nuevos proyectos de inversión y, en segundo lugar, dotar de mayor neutralidad las medidas que introduce o propone la proposición no de ley. En primer lugar, proponemos reducir hasta el 31 de diciembre de 1995 el plazo durante el cual los activos que se adquieran puedan acogerse al régimen de libertad de amortización. En nuestra opinión, un plazo de tres años resulta excesivo, dado que no anticipará las decisiones de las empresas para poner en marcha proyectos de inversión que piensan realizar en el futuro. Por otra parte, valoramos muy positivamente la voluntad del grupo proponente de vincular la aplicación de este beneficio fiscal al hecho de que las empresas incrementen su plantilla y se incrementen los puestos de trabajo. Sin embargo, me voy a permitir realizar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, vaya finalizando.


El señor COSTA CLIMENT: Voy concluyendo. Gracias, señor Presidente. Decía que voy a realizar un par de precisiones sobre este tema. En primer lugar, considerando el tipo de beneficio fiscal, resulta muy discutible que el hecho de que se conceda la libertad de amortización por unas inversiones de 25 millones pueda incentivar de forma decidida la creación de nuevos puestos de trabajo. En este sentido, el beneficio de la libertad de amortización es un beneficio puramente financiero y, por lo tanto, una cifra de 25 millones puede no ser suficiente para incentivar a las empresas a que contraten a nuevos trabajadores.


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Desde esta perspectiva proponemos elevar a 50 millones el volumen de inversión que pueda acogerse al régimen de libertad de amortización por cada trabajador en que se incremente la plantilla. Pero en todo caso quiero destacar que resulta cuestionable que este régimen de libertad de amortización solamente resulte de aplicación cuando se incrementan puestos de trabajo en una empresa y no por la buena voluntad de esta medida, que la compartimos plenamente, sino porque en muchas ocasiones puede introducir una discriminación. Pensemos en una empresa que se encuentra en una situación de crisis, que tiene que acometer unas grandes inversiones para mantener sus niveles de empleo y que, debido a que no va a ser capaz de incrementar su plantilla, no va a poder beneficiarse de este régimen fiscal.
Por otra parte, proponemos que se permita acoger a la libertad de amortización aquellos activos que no entren en funcionamiento durante el período de vigencia de este régimen, pero que sean adquiridos en virtud de contratos de obra que sean formalizados durante el período de vigencia de este régimen de libertad de amortización.
Proponemos sustituir el recargo del 20 por ciento que se propone con la finalidad de penalizar el incumplimiento de las condiciones que dan derecho al régimen de libertad de amortización por un régimen según el cual se deban ingresar intereses de demora desde el momento en el que se aplicó el beneficio fiscal y hasta el ejercicio en el que se ha incumplido el requisito que daba derecho para mantener este beneficio fiscal. Finalmente, debido al hecho de que la libertad de amortización tiene como ventaja fundamental el hecho de atenuar el efecto inflación sobre la imposición del Impuesto sobre Sociedades, proponemos que esta medida sea completada con otra en virtud de la cual las plusvalías derivadas de la enajenación de activos de una empresa, para determinar el importe de esas plusvalías sometidas a tributación, actualicen los valores de adquisición de los elementos del activo en función de unos coeficientes correctores. Como ya he dicho, mi Grupo va a votar que sí a la proposición no de ley y lo va a hacer porque votar que no supondría...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, le ruego concluya.


El señor COSTA CLIMENT: Concluyo ya, señor Presidente.
Y va a votar que sí, repito, porque votar que no supondría aceptar la paralización de nuevos proyectos de inversión, supondría renunciar a un crecimiento económico idéntico al del resto de los países de nuestro entorno y supondría aceptar con pasividad los actuales niveles de desempleo en nuestro país.
Y, desde luego, mi Grupo Parlamentario no quiere asumir esa responsabilidad.
Muchas gracias. (Algunos señores Diputados: Muy bien, muy bien.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz Ibáñez.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías, el Grupo Socialista coincide en la oportunidad de la proposición presentada por el Grupo de Convergència i Unió por la que se propone la libertad de amortización para las inversiones generadoras de empleo.
Esta propuesta viene a sumarse al conjunto de medidas, entre ellas de carácter fiscal, que a lo largo de la presente legislatura se han adoptado por el Gobierno con los grupos que le apoyan en esta Cámara, medidas que tienen un objetivo prioritario, que es la creación de empleo y que responden a una orientación básica de la política económica, como es el apoyo a la economía productiva, la recuperación de la economía en un marco de condiciones macroeconómicas estables.
La medida que se propone de establecer la libertad de amortización para nuevas inversiones va a contribuir, sin duda, a animar la inversión, y además llega en un momento preciso, un momento de claros indicios de recuperación de la economía, que nadie niega, y cuando a lo largo de los meses precedentes la política económica que se ha llevado a cabo ha sentado las bases para la recuperación de la inversión.
Quisiera recordar, como lo ha hecho el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, que este instrumento fiscal tiene precedente en su utilización por el Gobierno socialista, ya que, efectivamente, fue una de las medidas contenidas en el conjunto aprobado dentro del denominado Decreto Boyer, en 1985, conjunto de medidas que contribuyó a la reactivación económica en su momento y a la evolución positiva de la inversión y del empleo en los años posteriores. Esta medida se suma también a medidas recientes, aprobadas por esta Cámara el pasado año, relativas al tratamiento de las amortizaciones, que ha supuesto una reducción importante en la presión fiscal sobre las empresas, pero que ha tenido también, como efecto recaudatorio, una disminución importante de los ingresos del Estado en 1994. Coincidiendo, por tanto, el Grupo Socialista con la oportunidad de esta proposición, hemos presentado varias enmiendas.
Quisiera señalar, señor Presidente, que existe un error material en dos de las enmiendas presentadas relativo a la cantidad que en ellas figura, así como también que nuestro grupo ha presentado una enmienda técnica, que

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no sé si ha llegado a la Mesa, pero que, en su momento, al hacer referencia a las mismas, podré señalar.
Las enmiendas que hemos presentado van en el sentido de reducir el período de vigencia que plantea la proposición, de disminuir el impacto recaudatorio en la cuantía que contiene supone, de facilitar las inversiones que puedan requerir un período más amplio que el que se propone en la proposición, así como establecer la incompatibilidad en relación con otros beneficios fiscales relativos a la inversión.
Respecto a la enmienda presentada al punto número 1, proponemos limitar el período de vigencia para las inversiones que se hayan realizado entre el 1.º de enero de 1994 y que puedan realizarse a lo largo de todo el año, hasta el 31 de diciembre de dicho año. Como saben SS.SS., la medida de libertad de amortización para nuevas inversiones tiene su justificación en períodos cortos de tiempo para lograr el efecto anticíclico que se desea, y consideramos que, para conseguir el mayor impacto posible en el momento actual, debe tener un carácter estrictamente coyuntural. La aplicación desde el 1.º de enero de 1994 ayudará a las decisiones de nuevas contrataciones, de incremento de plantilla, para las inversiones que ya se han hecho o están en proceso y, además, evitará que puedan paralizarse decisiones a la espera de que entre en vigor esta medida. También en esta enmienda se introduce una cuestión, que es la precisión respecto al objeto de la inversión, señalando que debe estar circunscrita a los activos fijos productivos. La segunda enmienda al punto número 1 propone reducir la cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización, a 15 millones por persona de incremento medio anual. Señorías, ésta es la cantidad que corrige a la que figura en las enmiendas que se han repartido y que recogen la cifra de cinco millones, tanto en la enmienda al punto 1, párrafo dos, como en la del punto 1, párrafo tres. Esta propuesta que presentamos trata de disminuir el mayor impacto recaudatorio negativo, evidentemente, de la cifra propuesta contenida en la proposición, manteniendo, a la vez, una cuantía que nos parece supone realmente un estímulo a la inversión y a la creación de puestos de trabajo. Con relación al punto 3, se persigue facilitar la flexibilización de la inversión, cuando ello sea necesario, estableciendo los mismos derechos contenidos en la proposición para las inversiones que se inicien y no puedan ser terminadas en el período de vigencia, siempre que se hubiera realizado al menos un 40 por ciento en el citado período y que en los seis meses siguientes se realice el total de la inversión; es decir, la inversión acabe, como muy tarde, el 30 de junio de 1995.
La enmienda al punto 4 establece la incompatibilidad con otros beneficios fiscales a la inversión, entre otros los que se refiere la proposición en el punto 4, desde nuestra consideración de que no debe incentivarse una misma conducta mediante beneficios fiscales concurrentes. Señor Presidente, señorías, ésta es la posición del Grupo Socialista sobre la proposición presentada y la explicación de nuestras enmiendas que esperamos sean aceptadas por el grupo proponente. Estamos convencidos de que ésta es una medida que, como decía anteriormente, llega en el momento preciso y que va a contribuir positivamente a animar la inversión y a mejorar el clima social, actuando positivamente sobre las expectativas empresariales.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aroz.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, el señor Albistur tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Brevemente porque ya a la altura de la noche creo que vale mucho más la brevedad y la eficacia que meternos en grandes diatribas. En primer lugar, reconocer la oportunidad de esta proposición no de ley en un momento donde se apunta la salida de una crisis y donde es más necesario que nunca el impulso a la inversión, y también animar proyectos de renovación empresarial que, de alguna forma, van a estar esperando a una consolidación de esta salida de la crisis que precisaría un impulso de este estilo para poder avanzarse en su realización.
En segundo lugar, en cuanto significa también un impulso y animación del empleo, del que estamos verdaderamente necesitados en buscar todo tipo de incentivos para poder terminar con la lacra que ahora mismo nos está dominando, para cuya salida no vemos en estos momentos soluciones a corto plazo.
Existe entre los empresarios la impresión de una penalización de la inversión, yo diría que, además, existe como una demanda social importante en relación precisamente a la modificación de todos los elementos incentivadores de la inversión que hasta ahora no han estado centrados en los incentivos fiscales. Existe una gran diversidad de incentivos directos a la inversión, pero no con la eficacia que pueden tener los incentivos fiscales por su impacto psicológico y por su capacidad de respuesta inmediata demostrada.
Desde la Administración, se ha tenido una visión excesivamente recaudadora, que ha pesado sobre una visión impulsora del gasto social que debía haberse concebido como inversión, pero esto no se ha hecho.
La proposición no de ley que hoy se nos presenta puede ser mejorable, yo diría que incluso más valiente en sus planteamientos. En este sentido recordaré --creo

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que se recordará más adelante también en esta misma sala--que, con motivo de la presentación del presupuesto, el Grupo Vasco presentó una enmienda de este tenor, que no fue admitida, y que, a mi modo de entender, era más valiente y más decisiva en cuanto a los efectos incentivadores.
Pero hoy por hoy tal y como está presentada me parece adecuada; me parece adecuada la duración a la que está destinada; el incremento del empleo en dos años; la referencia a los 25 millones como fórmula para iniciar la cuantía de la inversión; superar el ejercicio anual en cuanto a la aplicación de la inversión; y también la clara apelación a la sanción por incumplimiento.
Esta proposición no de ley, como decía antes, creo que puede no ser la mejor, quizás es algo tímida, pero inicia a mi modo de ver como elemento más importante la ruptura de una inercia que existe en la Administración del Estado respecto a tomar medidas fiscales como incentivadoras del impulso y del ánimo que hace falta en la economía actualmente.
Quisiera aprovechar este hecho para recordar al Gobierno la actitud obstaculizadora que en otros casos ha planteado con recursos ante el Tribunal Constitucional de las leyes del Parlamento Vasco de las Juntas Generales de los territorios de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, sobre temas relacionados con la actualización de balances y libertad de amortización. Creo que sería hora de empezar a reconsiderar la retirada de estos recursos y extender su aplicación al conjunto del Estado. En ese sentido, quisiera animar al Grupo Socialista a que asuma esta propuesta porque lo inteligente es responder a una amplia demanda social, que creo va a significar pan para hoy, de verdad, y peces para mañana, que los recogeremos con un amplio beneficio fiscal. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur. Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Zabalía tiene la palabra.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, voy a fijar la posición de nuestro grupo parlamentario respecto a esta proposición no de ley, adelantando que nuestro grupo va a apoyar la misma. Sin embargo, sí me gustaría hacer algunas consideraciones, quizás en cierto modo críticas, a esta proposición no de ley, por cuanto que la libertad de amortización para las inversiones generadoras de empleo, desde mi punto de vista, tiene algunos aspectos que creo que no son los que la propia medida quiere conseguir. La finalidad perseguida con esta proposición no de ley es la creación de empleo y ésta debe ser una cuestión indiscutible.
Sin embargo, la creación de empleo, desde mi punto de vista, ha de discurrir por otros derroteros y por medio de otras medidas ajenas a la propuesta de dar libertad de amortización a las inversiones generadoras de empleo, máxime cuando los requisitos para que las inversiones en activos fijos nuevos accedan a los incentivos fiscales preconizados en esta proposición no de ley pasan por la creación obligatoria de empleo. Esta medida parece que, lejos de fomentar una reactivación de la economía que permita un crecimiento estable y duradero, puede dar lugar a una creación ficticia de empleo estable, ya que si bien una empresa puede necesitar esa inversión de reposición para mejorar sus condiciones de competitividad, puede no estar capacitada para ampliar la plantilla de trabajadores y, desde este punto de vista --ya se ha dicho por algún otro grupo parlamentario--, situaciones en que una empresa necesita invertir para mantener exclusivamente la plantilla y no tiene capacidad para ampliar la misma. Situaciones de este tipo podrían generar que, lejos de reactivar la economía, se esté produciendo lo contrario, siendo además la creación de empleo una ficción en el tiempo y que contribuye a estabilizar el crecimiento que se produce.
Esto me parece bien, pero, aparte de lo que se ha dicho, no se observa una limitación de la inversión circunscribiéndolo a la reinversión del beneficio no repartido, que daría lugar a una potenciación de la empresa, considerando y mejorando la competitividad de la empresa, de cara a una mejor adaptación de la política europea. Esta no limitación puede traer efectos totalmente contrarios a los pretendidos, dado que se podrían adquirir los activos con cargo a reservas o mediante una reducción de capital, lo cual implicaría una disminución del patrimonio neto de la empresa, siendo esta descapitalización aún mayor con la permisión de la libertad de amortización.
En este sentido, y reconociendo las ventajas empresariales, por supuesto, en la aplicación de una generalización en la libertad de amortización, entendemos que en su caso deberían adoptarse incentivos específicos, tanto para la creación de empleo como para fomentar nuevas inversiones en activos fijos productivos. Mezclar incentivos de diferente naturaleza, a mi entender, sólo crea confusión y dificultades de control y aplicación práctica. Con esto quiero recordar algo que también ya se ha dicho, y es que en este sentido mi grupo parlamentario, con motivo de la Ley de Presupuestos y de las medidas financieras, propuso incentivos específicos a la creación de empleo y al fomento de las inversiones productivas, propuestas que, como es conocido, fueron rechazadas por esta Cámara. Esas propuestas y esos incentivos estaban recogidos en el Impuesto sobre Sociedades, por lo cual entendíamos que sería conveniente la aplicación de una deducción de 500.000 pesetas por cada persona-año de incremento de plantilla, con contrato de trabajo indefinido, deducción que elevamos a

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700.000 pesetas en caso de incremento de plantillas para trabajadores minusválidos. También decíamos que sería conveniente establecer una deducción por inversiones, que fijábamos en el 15 por ciento del importe de las inversiones que se realicen a partir de una cierta fecha en activos fijos nuevos, afectos al desarrollo de la actividad empresarial.
Estos incentivos que proponíamos no fueron recogidos y nosotros volvemos a insistir en que, desde nuestro punto de vista, serían mucho más eficientes. Sin embargo, y volviendo al principio de mi intervención, a pesar de todo, reconozco que la libertad de amortización puede ser un elemento importante para la reactivación de la economía y de la inversión empresarial. Por tanto, nuestro grupo apoyará esta proposición no de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señoras y señores Diputados, subo a la tribuna para hacerle honor al amigo Sánchez i Llibre y para decirle --y lo siento-- que no puedo votar sí, pero creo que tampoco se merecen el no ni él, en la valoración y en la defensa que ha hecho, ni, sobre todo, los destinatarios de esta ley; no se merecen el no y, por tanto, vamos a abstenernos. Sin embargo, es demasiado sospechoso que, de nuevo, vuelvan a coincidir todos en esta proposición no de ley, en otras proposiciones de ley o en reformas del mercado de trabajo, es sospechoso, repito. Hace tres, cuatro, cinco, dos años, la política cambiaria, monetarista, era perfecta; prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo, simplemente existían matices, discrepancias en cómo se deberían apretar las tuercas por aquí y por allá, pero se estaba de acuerdo. Luego se ha visto que esta política ha sido un desastre para el tejido industrial de este país, para el aumento del paro, etcétera; por tanto, me lo pintan demasiado bien, de nuevo. Me lo pintan demasiado bien, «tout ensemble», demasiado bien y tengo la sospecha de que tampoco aquí vamos a acertar o lo vamos a hacer plenamente. Señor Sánchez i Llibre, la proposición no de ley de su Grupo Convergència i Unió, es aparentemente correcta desde el punto de vista económico y social. Plantea nada más y nada menos ayudar a la empresa, fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, crear empleo, cosa muy loable en los tiempos que corren, y reforzar o relanzar la economía, en un momento en que usted dice --y parece que todo el mundo también está de acuerdo-- que la economía está avanzando. Se está avanzando, se está saliendo de la crisis, de la recesión, pero yo les auguro, para los futuros debates, que estas salidas de la recesión y de la crisis por relanzamientos económicos --me temo--desgraciadamente cada vez van a ser los ciclos más cortos, más caóticos y más contradictorios, porque nunca abordan ustedes los gravísimos defectos estructurales que hay en el fondo y para los que no plantean soluciones. Su grupo propone la libre amortizacion de las inversiones en activos fijos, adquiridos entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de este año y con un requisito adicional --lo remarcan, lo señalan--la creación de empleo.
Esto se producirá anticipando las cuotas de amortización correspondientes, lo cual --se reconoce-- supone un coste financiero para la hacienda pública. Se reconoce, repito, en la proposición no de ley, que esto va a representar un coste financiero para la Hacienda pública, coste que se compensa, según ustedes, según la proposición no de ley, por los incrementos en impuestos directos e indirectos ligados, naturalmente --todo ello--, a la creación de empleo. Es el «leitmotiv» recurrente en cada una de las proposiciones.
Finalmente, se penaliza con un recargo en caso de incumplimiento; es decir, tocan todas las teclas posibles.
Dicen: es que si no pasa todo esto, si no desfiscalizamos un poquito más, finalmente va a caer el garrote sobre los que no cumplan con la ley, tal como está planteada.
En definitiva, en conjunto, incluso podría decir que parece correcta la propuesta. Ayuda a la empresa, sobre todo a la pequeña, para reactivar la economía, la creación de empleo y a la renovación de activos fijos, lo que anticipa proyectos empresariales, etcétera. En definitiva, impulsa y potencia proyectos empresariales.
No es que la posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sea brutalmente antagónica a la propuesta que hacen ustedes; y menos lo sería si ésta tuviese una secuencia tan ejemplar y pulida como la que están planteando. Lo que nos cuesta entender es que las cosas puedan ser así. Nos gustaría conocer, en concreto --si ustedes son capaces de dar una visión un poquito más amplia--, dónde ha dado excelentes resultados, como dicen en la exposición de motivos de la proposición no de ley, la libertad de amortizaciones. ¿Cómo, en qué condiciones y en qué marco económico han dado resultado estas medidas legislativas para potenciar la economía real? A nuestro entender, la propuesta continúa escorada junto con otras propuestas hacia una continuación de la desregulación sistemática que se está aplicando, la desregulación fiscal que se está aplicando de forma sistemática. Hace escasamente un mes discutimos otra proposición no de ley, y conecta con otras medidas económicas aprobadas en esta Cámara recientemente, las últimas las votamos la pasada semana.
Ustedes saben que las amortizaciones aceleradas suponen aumentar los gastos deducibles de las empresas aminorando ficticiamente los beneficios, y, lógicamente, el pago del Impuesto de Sociedades o el IRPF que también

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queda aminorado. Si se trata de garantizar la inversión mediante estímulos fiscales, el problema es encontrar la relación ayuda fiscal e inversión, y podríamos entrar a discutir en concreto desde una postura positiva sobre este concepto. No se trata de planificar, porque luego nos acusan de que todavía estamos estancados en el año 1917, pero hay que prevenir un poco y aplicar el sentido común, la economía también necesita un poco de buen sentido, valorar los costes en ingresos públicos y déficit público, por ejemplo. Es decir, si no hay tantos ingresos públicos, tendrán que buscarse otras formas para hacer frente a las necesidades que tiene el Estado. La decisión de invertir se relaciona, pensamos nosotros, con las expectativas de rendimientos del proyecto de inversión; no en abstracto, no porque se desfiscaliza, sino porque hay proyectos de inversión que interesan. Sólo habrá tributación efectiva en IRPF y en Impuesto de Sociedades si realmente hay beneficios. Un régimen fiscal en general no altera la rentabilidad o no da una inversión superior si realmente no hay posibilidades de sacar beneficios. El régimen fiscal puede ayudar a la potenciación de la economía, pero poco; si no hay una verdadera política económica en el fondo de ello, poco ayudará. Sin embargo, los gastos fiscales que presuponen en su proposición no de ley previstos para 1994 serían una realidad, porque ya están presupuestados y, sin embargo, el Estado tendría menos recaudación en el impuesto público. La relación gastos fiscales e ingresos del Impuesto de Sociedades en estos momentos concretos alcanza ya, como usted sabe, el 53,2 por ciento de «ratio», en 1994. ¿De qué forma se consigue --hago esta pregunta concreta-- el objetivo perseguido de ahorro público superior? Nos da la impresión de que se reduce el ahorro público pero no hay posibilidades, no hay propuestas de que el ahorro público se vea aumentado por otra parte con la capacidad de poder continuar haciendo las políticas a las cuales está comprometido el Estado. En definitiva, es una proposición no de ley que redunda, señor Sánchez i Llibre, en lo mismo que han ido planteando durante estos pasados meses. Además, hay otro aspecto preocupante para nosotros. Todos coindicimos en la necesidad de crear empleo, es uno de los elementos más importantes en la vida política y económica de este país, la necesidad de crear empleo; para ustedes, aunque sea precario, por eso han aprobado las leyes que han aprobado, aunque sea precario, aunque sea con contratos de esos que la «vox populi» llama contratos basura. Nosotros preferimos otros contratos más estables, ya hay demasiados contratos basura en este país, pero la duda que no asalta es la siguiente: si hay libertad de plazos de amortización, cabe la sustitución de tecnologías más intensivas en capital y menos en puestos de trabajo; es decir, que no se avanza hacia la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que se avanza en la destrucción de puestos de trabajo por tecnologías que son superiores a las anteriores, más intensivas en capital, pero que crean menos puestos de trabajo. No es que nosotros o yo personalmente defienda volver a 1834; no es éste el problema, pero sí tenemos que combinar el desarrollo tecnológico con los puestos de trabajo que se pueden crear.
La proposición se adorna con el requisito de puestos de trabajo nuevos. Miren, la experiencia señala que con estas políticas aprobadas hasta ahora, monetaristas, cambiarias, etcétera, no se han creado puestos de trabajo. Si ustedes quieren modernizar el utillaje y los métodos, estaremos de acuerdo, pero siempre que no se haga contra los puestos de trabajo. Podremos llegar a acuerdos concretos sobre ello en este Parlamento, en esta Cámara; pero ustedes no quieren saber nada, por ejemplo, de la obsolescencia planificada, ni ustedes ni los países de alrededor. Yo sé que es un elemento que debería discutirse a nivel de la Comunidad Europea, no pueden tomarse medidas de estas características en un solo país. Debería verse a nivel de la Comunidad Europea, pero ustedes no están de acuerdo con ellos.
Obsolescencia planificada para saber si son necesarios cuatro años, cinco, seis, diez o dos años únicamente para que un utillaje y unos métodos de trabajo se tengan que cambiar de la noche a la mañana, lo que lleva muchas veces a la ruina de muchas empresas que no pueden competir, no con empresas de nuestro país, sino con empresas de la Comunidad Europea y con empresas de la Comunidad Europea y de nuestro país que se instalan en otros sitios donde hay mano de obra y condiciones laborales mucho más baratas.
Por tanto, con la reforma del mercado de trabajo, con la contrarreforma como usted sabe que la llamamos, se crearán empleos de ínfima calidad, es decir, empleos sujetos a una práctica desregulación. Nosotros hemos planteado reiteradamente con poca fortuna, y no creo que hoy vayamos a tener más, no ya porque planteemos o no enmiendas, sino al menos para que nuestros razonamientos puedan ser reflexionados por el grupo que S.S. representa y por todos los grupos de la Cámara, hemos planteado, digo, fondos de inversión y no han sido tenidos en cuenta para un debate concreto, en profundidad. Hemos planteado un tema para la pequeña y la mediana empresa, la potenciación de la investigación más desarrollo con ayudas del Estado, créditos blandos sobre planes concretos de la pequeña empresa; es decir, hemos planteado una batería de propuestas que no han tenido, repito, mucha fortuna y que no creo que la tengan hoy.
Nos gustaría haber podido votar la propuesta que hacen ustedes especialmente en mi caso concreto porque debo tener una debilidad personal con usted, pero nos tememos que sea la misma propuesta de desregulación y de desfiscalización, eso sí reconozco que bien cubierta por la estética.


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Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Sánchez i Llibre, tiene la palabra para indicar si acepta o no las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, la presentada al punto número 1, nuestro grupo presentaría una enmienda transaccional que haré llegar rápidamente a la Mesa, en la cual introduciríamos la siguiente variación respecto a la siguiente frase: «Los elementos de activo fijo nuevos afectos a actividades empresariales adquiridas a partir del 1.º de enero de 1994.» Respecto a la enmienda referida al punto número 1, párrafo dos, la aceptaríamos siempre que haya quedado bien clara por parte de la Mesa la corrección que ha indicado la Diputada del Grupo Socialista en el sentido de que pasaba de cinco millones a quince millonesde pesetas. Aceptaríamos también la enmienda referida al punto número 1, párrafo tres, con la consideración de que esté debidamente recogida la variación de cinco millones a quince millones de pesetas.
Respecto a la enmienda referida al punto número 3, nuestro grupo también presentaría una enmienda transaccional que quedaría de la siguiente forma: «Cuarenta por ciento al citado período y en los doce meses siguientes». Sustituiríamos seis meses por doce meses siguientes. Nuestro grupo aceptaría la enmienda presentada por el Grupo Socialista al punto número 4.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, las referidas al punto número 1, de modificación y al punto número 2, de modificación, han quedado prácticamente sobreseídas por la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista.
Respecto a la enmienda al número 3 presentaríamos una enmienda transaccional por la cual rectificamos los plazos definitivos referidos a los contratos de obra fija, quedando de la siguiente forma: «Siempre que su puesta en disposición sea anterior al 31 de diciembre de 1995».
Respecto a las enmiendas referidas al punto número 5, de modificación, y al punto número 6, nuevo, de adición, nuestro grupo no las acepta. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere dar las gracias a todos los grupos que han valorado positivamente nuestra proposición no de ley sobre libertad de amortización. Asimismo quiere agradecer la explicación que ha dado, al explicar su voto, el representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque cada vez más sus posiciones se van acercando a las nuestras. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Preocúpate.--Rumores.) Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i Llibre. Silencio, por favor, señorías.
Tiene la palabra la señora Aroz exclusivamente a los efectos de indicar si acepta la enmienda transaccional presentada a la enmienda al punto 1 que, si la Presidencia no ha entendido mal, quedaría en los siguientestérminos: Los elementos de activo fijo afectos a actividades empresariales adquiridos...
etcétera. Asimismo la segunda enmienda transaccional, al punto número 3, que se limita a sustituir, en la penúltima línea, la cifra de 6 por 12 referida a meses.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Aceptamos las dos enmiendas transaccionales, pero quisiera señalar que en la primera debe decir también «nuevos»; es decir, los elementos de activo fijo nuevos afectos a actividades empresariales...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es conforme.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Costa para que indique si acepta o no la enmienda transaccional presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) a su enmienda al punto 3, modificando el año de 1997 por el de 1995.


El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Aceptamos la enmienda transaccional del Grupo proponente dado que, en definitiva, no hace más que adecuar a los términos en los que queda en la proposición no de ley el texto de la enmienda que habíamos presentado. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Costa.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas con las modificaciones introducidas por vía transaccional y que resultan de los términos del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 255; en contra, uno; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las diez y cinco minutos de la noche.

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